Datasets:

NCube

/

europa-random-split

like 0

61985CJ0311

es

Motivación de la sentencia 1 Mediante decisión de 12 de julio de 1984, recibida en el Tribunal de Justicia el 15 de octubre de 1985, el Vicepresidente del Rechtbank van Koophandel (Tribunal de Comercio) de Bruselas planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, tres cuestiones relativas a la interpretación de los artículos 30, 34 y apartado 1 del artículo 85 del citado Tratado. 2 Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre la ASBL Vereniging van Vlaamse Reisbureaus (Asociación de las agencias de viajes flamencas; en lo sucesivo, "VVR"), y la ASBL Sociale Dienst van de Plaatselijke en Gewestelijke Overheidsdiensten (Servicio social de los servicios públicos locales y regionales; en lo sucesivo, "Sociale Dienst"), que se refería a una demanda de cesación formulada al amparo del artículo 55 de la Ley de 14 de julio de 1971 sobre las prácticas comerciales por el VVR contra el Sociale Dienst para que este último dejase de conceder descuentos a sus clientes en contra de las normas deontológicas de los agentes, tal y como están establecidas en el artículo 22 del Real Decreto de 30 de junio de 1966 (Moniteur belge de 27.7.1966). 3 En lo que se refiere a los hechos del asunto, al desarrollo del procedimiento y a las observaciones presentadas con arreglo al artículo 20 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la CEE, el Tribunal se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal. 4 El Sociale Dienst, parte demandada en el asunto principal, fue creado por la Caisse spéciale pour allocations familiales que le asignó, entre otras, la tarea de actuar en calidad de agente de viajes de cara a los miembros del personal de los servicios públicos locales y regionales. En dicha calidad, el Sociale Dienst concede a estas personas descuentos sobre los precios de viajes fijados por los organizadores ("tour-operators"), cediendo en favor de sus clientes una parte o la totalidad de la comisión sobre dichos precios que normalmente corresponde a los agentes de viajes. 5 El artículo 22 del Real Decreto de 30 de junio de 1966, anteriormente citado, cuya infracción alega el VVR en el asunto principal, dispone que: "El titular de una autorización (para el ejercicio de la actividad de agente de viajes) está obligado: "1).Frente a sus clientes: "((...)) "b) a respetar los precios y tarifas convenidos o legalmente impuestos; "((...)) "2).Frente a sus proveedores: "a) a respetar los precios y tarifas convenidos o legalmente impuestos; "((...)) "d) a respetar la prohibición convenida de repartir con el cliente las comisiones percibidas. "3).Frente a sus colegas: "a abstenerse de todo acto contrario a los usos lícitos en materia mercantil mediante el que les quite o intente quitar, a todos o a uno de ellos, parte de su clientela, o atente o intente atentar contra su crédito o, de manera más general, atente o intente atentar contra su capacidad competitiva. "Perpetra un acto contrario a los usos lícitos en materia mercantil, en particular, quien: "((...)) "e) no respeta los precios y tarifas convenidos o legalmente impuestos; "f) reparte comisiones, hace descuentos u ofrece ventajas de cualquier tipo en condiciones contrarias a los usos (traducción no oficial) "((...))" 6 El Real Decreto de 1966, en el que se inserta el ya citado artículo 22, fue adoptado en virtud del apartado 2 del artículo 5 de la Ley de 21 de abril de 1965, por la que se establece el estatuto de los agentes de viajes (Moniteur belge de 1.6.1965), según el cual el Rey puede establecer normas deontológicas. Esta Ley prevé, entre otras cosas, que el ejercicio de la actividad de agente de viajes está sometido a una autorización administrativa (apartado 1 del artículo 1). La autorización puede ser revocada en particular cuando las normas deontológicas establecidas en virtud del apartado 2 del artículo 5 no se cumplen o dejan de cumplirse (apartado 1 del artículo 6). Las modalidades por las que se decide la revocación de la autorización se establecen en el apartado 1 del artículo 18 del citado Real Decreto de 1966. 7 Por otra parte, dado que la falta de respeto a las normas deontológicas a que se refiere el artículo 22 del Real Decreto de 1966 es calificada por el párrafo 2 del apartado 3 de ese mismo artículo de "acto contrario a los usos lícitos en materia mercantil", dicha actuación está también prohibida por el artículo 54 de la Ley de 14 de julio de 1971 sobre prácticas comerciales, y, por consiguiente, puede ser objeto de una acción de cesación de acuerdo con el artículo 55 de esta misma Ley. Dicha acción no sólo puede ser ejercitada por los interesados, sino también "a instancia de una agrupación profesional o interprofesional interesada, que tenga personalidad civil" (párrafo 1 del artículo 57). 8 Por lo demás, fue en el marco de una acción de cesación interpuesta en virtud del ya citado artículo 55 en el que el Vicepresidente del Rechtbank van Koophandel de Bruselas, en procedimiento sobre medidas provisionales, decidió suspender el procedimiento por considerar que el litigio que le había sido sometido planteaba problemas de interpretación de ciertas disposiciones del Derecho comunitario, y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones siguientes: "A) ¿Son compatibles con las disposiciones del apartado 1 del artículo 85 del Tratado CEE las disposiciones de las letras e y f del apartado 3 del artículo 22 del Real Decreto belga de 30 de junio de 1966, que prevén que perpetra un acto contrario a los usos lícitos en materia mercantil una agencia de viajes autorizada (es decir, una agencia de viajes titular de la autorización impuesta por la Ley de 21 de abril de 1965): "1) que no respeta los precios y tarifas convenidos o legalmente impuestos, "2) que reparte comisiones, hace descuentos u ofrece ventajas de cualquier tipo, en condiciones contrarias a los usos, habida cuenta en especial de que el artículo 54 de la Ley belga de 14 de julio de 1971 sobre prácticas mercantiles prohíbe manifiestamente los actos contrarios a los usos lícitos? "B) ¿Son compatibles con el apartado 1 del artículo 85 del Tratado CEE los acuerdos celebrados por agencias de viajes con arreglo a las disposiciones anteriormente citadas? "C) ¿Son compatibles con los artículos 30 y 34 del Tratado CEE las disposiciones anteriormente citadas del ordenamiento jurídico interno belga y los acuerdos eventualmente celebrados en aplicación de las mismas?" Cuestión A 9 A pesar de que la primera cuestión no menciona expresamente más que el apartado 1 del artículo 85 del Tratado CEE, debe entenderse, como así lo han sugerido los Gobiernos belga y francés, que pretende saber si el hecho de que un Estado miembro imponga, mediante una disposición legal o reglamentaria, a los agentes de viajes que respeten los precios y tarifas de viajes establecidos por los "tour-operators", la prohibiciónrde que estos mismos agentes repartan con los clientes las comisiones percibidas por la "venta" de dichos viajes o les concedan descuentos, o considere que tales actuaciones son constitutivas de un acto de competencia desleal, es compatible con las obligaciones que para los Estados miembros se desprenden del artículo 5 del Tratado CEE, en conexión con la letra f del artículo 3 y con el artículo 85 de este mismo cuerpo legal. 10 Conviene recordar a este respecto que, según una constante jurisprudencia del Tribunal de Justicia (véase, en último lugar, la sentencia de 30 de abril de 1986, Asjes, asuntos acumulados 209 a 213/84, Rec. 1986, p. 1425), si bien es cierto que los artículos 85 y 86 del Tratado CEE se refieren al comportamiento de las empresas y no a medidas legales o reglamentarias de los Estados miembros, no es menos cierto que el Tratado impone a estos últimos que se abstengan de adoptar o de mantener en vigor medidas que puedan eliminar la eficacia de tales disposiciones. De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, tal sería el caso si un Estado miembro impusiera o favoreciera la celebración de acuerdos contrarios al artículo 85 o reforzase sus efectos. 11 Para dar una respuesta útil al órgano jurisdiccional nacional, conviene, por consiguiente, examinar, en primer lugar, si los autos revelan la existencia de acuerdos de este tipo en el ámbito contemplado por la cuestión de dicho órgano jurisdiccional, y, en segundo lugar, si disposiciones como las belgas de que aquí se trata tienen por objeto o como efecto reforzar los efectos de tales acuerdos. 12 De los autos se desprende que las disposiciones belgas se insertan en un contexto caracterizado por la presencia a varios niveles de acuerdos dirigidos a imponer a los agentes de viajes el respeto de los precios de venta de los viajes, fijados por los "tour-operators". 13 A este respecto, conviene señalar, en primer lugar, que, de acuerdo con las explicaciones indiscutidas que han sido suministradas por la Comisión, la Union professionnelle des agences de voyages belges (en lo sucesivo, "UPAV") había establecido en 1963 un "Código deontológico" válido de cara a sus asociados. El artículo 22 del Real Decreto de 30 de junio de 1966, del que es cuestión en el asunto principal, consideraba ya como acto constitutivo de competencia desleal en particular el hecho de que un agente repartiera comisiones con sus clientes o les otorgase descuentos prohibidos o contrarios a los usos. 14 Conviene recordar, en segundo lugar, que, siempre de acuerdo con las explicaciones suministradas por la Comisión, en 1975 se celebró un acuerdo marco en el seno de la UPAV sobre cooperación entre el Consejo de agentes de viajes y la agrupación de organizadores de vuelos "charter" adherida a dicha asociación. La letra b del artículo 8 de dicho acuerdo prevé que un agente no puede ceder a un tercero una parte de la comisión que percibe, sea en una forma u otra, y debe respetar los precios y las condiciones de venta establecidos por el organizador. 15 Por lo que se refiere a las relaciones contractuales entre los diferentes "tour-operators" y los diferentes agentes de viajes, importa subrayar que el contrato tipo que se adjunta a las observaciones del Gobierno belga prevé, en el nº 1 de las condiciones generales de colaboración, que el "tour-operator" "puede negarse a vender ((sus viajes)) a los agentes que infrinjan la deontología profesional y que violen el espíritu de la legislación". Esta fórmula autoriza al "tour-operator" a rescindir el contrato con los agentes de viajes que no respeten las normas deontológicas que les son aplicables, incluidas las que prohíben el reparto de las comisiones y la concesión de descuentos. 16 La existencia de una red de acuerdos tendentes a excluir tales prácticas es confirmada, por otra parte, por el propio texto del artículo 22 del Real Decreto de 30 de junio de 1966, en torno al cual versa el debate en el asunto principal. En efecto, el apartado 2, relativo a las obligaciones de un agente de viajes "frente a sus proveedores", dispone, en su letra d, que el agente debe "respetar la prohibición convenida de repartir con los clientes las comisiones percibidas". 17 Con arreglo a los datos obrantes en las actuaciones del asunto hay que concluir, pues, que en el ámbito de las actividades de los agentes de viajes hay una red de acuerdos, tanto entre los propios agentes como entre los agentes y los "tour-operators", cuyo objeto o efecto es la imposición a los agentes del respeto a los precios de venta de los viajes que han sido fijados por los "tour-operators". Acuerdos de este tipo tienen por objeto o por efecto restringir la competencia entre agentes de viajes. En efecto, impiden que los agentes de viajes compitan entre sí en materia de precios al decidir, por propia iniciativa, la renuncia en favor de sus clientes de una parte más o menos importante de la comisión que les corresponde. 18 Por otra parte, tales acuerdos pueden afectar al comercio entre Estados miembros de múltiples maneras. En primer lugar, los agentes de viajes que operan en un Estado miembro pueden vender viajes organizados por "tour-operators" establecidos en otros Estados miembros. En segundo lugar, estos mismos agentes pueden vender viajes a clientes residentes en otros Estados miembros. En tercer lugar, los viajes en cuestión se efectúan en muchos casos a otros Estados miembros. 19 El Gobierno belga se opone a que el apartado 1 del artículo 85 pueda aplicarse a las relaciones existentes entre un "tour-operator" y un agente de viajes, manteniendo que dichas relaciones son las que existen entre un mandante y un mandatario. Por consiguiente, el agente de viajes debe ser considerado como un órganorauxiliar del "tour-operator". En apoyo de su postura, el Gobierno belga ha señalado que el agente de viajes no celebra con sus clientes contratos en nombre propio, sino en nombre y por cuenta del "tour-operator" que organiza el viaje en cuestión. 20 Hay que observar que, por el contrario, un agente de viajes del tipo contemplado por el órgano jurisdiccional nacional debe ser considerado como un intermediario independiente que ejerce una actividad autónoma de prestación de servicios. En efecto, por una parte, el agente vende viajes organizados por un número muy elevado de "tour-operators", y, por otra parte, un "tour-operator" vende sus viajes a través de un número muy elevado de agentes. Semejante agente de viajes no puede ser calificado, como sugiere el Gobierno belga, de órgano auxiliar integrado en la empresa de tal o cual "tour-operator". 21 De cuanto precede se deduce que los acuerdos de la misma naturaleza que los que se debaten en el asunto principal son incompatibles con el apartado 1 del artículo 85 del Tratado. 22 Queda por examinar la cuestión de si disposiciones del tipo de las contempladas por el órgano jurisdiccional nacional pueden, en este contexto, reforzar los efectos propios de los acuerdos entre agentes de viajes y "tour-operators". 23 En primer lugar, una norma como la del artículo 22 del Real Decreto de 1966, al traducir en una disposición reglamentaria una prohibición de origen meramente contractual, refuerza el efecto entre las partes de los acuerdos en cuestión, en el sentido de que la regla adquiere un carácter permanente y no puede ser derogada por la voluntad de las partes. En segundo lugar, una disposición de este tipo, al erigir la falta de respeto a los precios y tarifas convenidos y a la prohibición de repartir con los clientes las comisiones percibidas en acto contrario a los usos lícitos en materia mercantil, permite que los agentes de viajes que permanezcan fieles a la disciplina convenida en el seno de la profesión ejerciten una acción de cesación frente a los agentes de viajes ajenos al acuerdo, que no se amolden a dicha disciplina. En tercer lugar, la posibilidad de revocar la autorización del ejercicio de la actividad de agente de viajes en caso de falta de respeto a la disciplina convenida, constituye una sanción eminentemente eficaz tanto de cara a las partes en los acuerdos como de cara a terceros. 24 Por consiguiente, debe responderse a la cuestión A) planteada por el órgano jurisdiccional nacional en el sentido de que el hecho de que un Estado miembro imponga, mediante una disposición legal o reglamentaria, a los agentes de viajes el respeto a los precios y tarifas de viajes establecidos por los "tour-operators", la prohibición a estos mismos agentes de viajes de que repartan con los clientes las comisiones percibidas por la venta de dichos viajes o de que les concedan descuentos, así como el de considerar que tales actuaciones son constitutivas de un acto de competencia desleal, es incompatible con las obligaciones que para los Estados miembros se derivan del artículo 5 del Tratado CEE, en relación con la letra f del artículo 3 y con el artículo 85 del mismo Tratado, en la medida en que la disposición de que se trata tenga por objeto o como efecto el refuerzo de los efectos de acuerdos contrarios al citado artículo 85. Cuestión B 25 Mediante esta cuestión, el órgano jurisdiccional nacional pretende saber si acuerdos del tipo de los celebrados por los agentes de viajes son compatibles con el apartado 1 del artículo 85 del Tratado. 26 A este respecto, debe hacerse constar que, si bien el órgano jurisdiccional nacional no precisa en su cuestión a qué acuerdos de los celebrados por los agentes de viajes se está refiriendo, del contexto en el que se ubica el asunto principal puede, sin embargo, deducirse que se trata de los diferentes acuerdos evocados en el curso del procedimiento y que ya han sido mencionados en el marco de la respuesta a la primera cuestión. 27 Puesto que ya se ha declarado que acuerdos de este género son incompatibles con el apartado 1 del artículo 85, no ha lugar a responder de manera distinta a la cuestión B planteada por el órgano jurisdiccional nacional. Cuestión C 28 Mediante esta cuestión, el órgano jurisdiccional nacional se pregunta si disposiciones de la misma naturaleza que las belgas de que se trata y acuerdos del tipo de los celebrados entre agentes de viajes y entre agentes de viajes y "tour-operators", son compatibles con los artículos 30 y 34 del Tratado. 29 A este respecto debe recordarse que los artículos 30 y 34 forman parte del título I del Tratado dedicado a la libre circulación de mercancías. Dichos artículos disponen que quedarán prohibidas, entre los Estados miembros, las restricciones cuantitativas a la importación y a la exportación así como las medidas de efecto equivalente. 30 Habida cuenta de que los artículos 30 y 34 del Tratado no se refieren a comportamientos de empresas sino únicamente a medidas de carácter público, sólo deberá examinarse la compatibilidad con dichos artículos de las disposiciones nacionales del tipo de las que se debaten en el asunto principal. 31 Por lo que se refiere a las disposiciones nacionales de dicho tipo, debe señalarse que no tienen por objeto restringir la circulación de mercancías entre los Estados miembros. 32 En efecto, los viajes no son mercancías sino servicios, sea cual fuere la denominación que se les dé en el ámbito de las relaciones profesionales. De ello se deriva que no se pueden considerar contrarias al artículo 30 o al artículo 34 disposiciones como las belgas en cuestión. 33 Por consiguiente, debe responderse a la cuestión C del órgano jurisdiccional nacional en el sentido de que una disposición legal o reglamentaria de un Estado miembro como la contemplada en la respuesta a la primera cuestión no es incompatible con los artículos 30 y 34 del Tratado. Decisión sobre las costas Costas 34 Los gastos efectuados por los Gobiernos belga, francés e irlandés y por la Comisión de las Comunidades Europeas, querhan presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Parte dispositiva En virtud de todo lo expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA, pronunciándose sobre la cuestión planteada por el Vicepresidente del Rechtban van Koophandel de Bruselas, mediante resolución de 12 de julio de 1984, declara: 1) El hecho de que un Estado miembro imponga a los agentes de viajes, mediante una disposición legal o reglamentaria, el respeto a los precios y tarifas de viajes establecidos por los "tour-operators", la prohibición a esos mismos agentes de que repartan con los clientes las comisiones percibidas por la venta de dichos viajes o de que les concedan descuentos, así como el de considerar tales actuaciones constitutivas de un acto de competencia desleal, es incompatible con las obligaciones que para los Estados miembros se derivan del artículo 5 del Tratado CEE, en relación con la letra f del artículo 3 y con el artículo 85 del mismo Tratado, en la medida en que la disposición nacional en cuestión tenga por objeto o como efecto el refuerzo de los efectos de acuerdos contrarios al citado artículo 85. 2) Una disposición legal o reglamentaria de un Estado miembro como la contemplada en la respuesta a la primera cuestión no es incompatible con los artículos 30 y 34 del Tratado.

62016CJ0519

pl

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 26 i 27 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt ( Dz.U. 2004, L 165, s. 1 ; sprostowanie Dz.U. 2004, L 191, s. 1 ), zmienionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 652/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ( Dz.U. 2014, L 189, s. 1 ) (zwanego dalej „rozporządzeniem nr 882/2004”), jak również art. 107 TFUE i 108 TFUE oraz zasad równego traktowania, niedyskryminacji, wolnej konkurencji i wolności prowadzenia działalności gospodarczej. Wniosek ten został złożony w ramach sporu między Superfoz – Supermercados Lda (zwanym dalej „Superfozem”) a Fazenda Pública (skarbem państwa, Portugalia) w przedmiocie zapłaty opłaty przeznaczonej na finansowanie kosztów związanych z wykonywaniem kontroli urzędowych w zakresie bezpieczeństwa żywności, ochrony i zdrowia zwierząt oraz roślin. Ramy prawne Prawo Unii Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności ( Dz.U. 2002, L 31, s. 1 ), zmienione rozporządzeniem nr 652/2014 (zwane dalej „rozporządzeniem nr 178/2002”) tworzy podstawy do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego i interesów konsumentów związanych z żywnością, ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowania podaży żywności. Jak wynika z jego art. 1 ust. 1, celem tego rozporządzenia jest określenie wspólnych zasad i obowiązków, środków umożliwiających stworzenie solidnej bazy naukowej, skutecznych struktur i procedur organizacyjnych wspierających podejmowanie decyzji w sprawach bezpieczeństwa żywności i pasz. Rozporządzenie nr 882/2004 Motywy 11 i 32 rozporządzenia nr 882/2004 przewidują: „(11) Organy właściwe w zakresie przeprowadzania kontroli urzędowych powinny spełniać szereg kryteriów operacyjnych, tak aby zapewnić bezstronność oraz skuteczność takich kontroli. Organy te powinny dysponować dostateczną liczbą wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników oraz posiadać odpowiednie urządzenia i sprzęt, aby wykonywać swoje obowiązki prawidłowo. […] (32) Należy zapewnić dostępność odpowiednich środków finansowych przeznaczonych na organizowanie kontroli urzędowych. Dlatego właściwe organy państw członkowskich powinny mieć możliwość nakładania opłat [lub] należności w celu pokrycia kosztów poniesionych w ramach kontroli urzędowych. W ramach tego procesu właściwe organy państw członkowskich będą miały swobodę w ustalaniu opłat i należności jako kwoty ryczałtowe w oparciu o poniesione koszty oraz biorąc pod uwagę szczególną sytuację przedsiębiorstw […]”. Artykuł 1 owej dyrektywy, zatytułowany „Przedmiot i zakres”, przewiduje w ust. 1 i 4: „1.   Niniejsze rozporządzenie ustanawia ogólne zasady wykonywania kontroli urzędowych mających na celu sprawdzenie zgodności z regułami ukierunkowanymi w szczególności na: a) zapobieganie, eliminowanie lub ograniczanie dopuszczalnych poziomów zagrożenia ludzi i zwierząt, bezpośrednio lub poprzez środowisko naturalne [zapobieganie zagrożeniom dla ludzi i zwierząt, mogącym wystąpić bezpośrednio bądź za pośrednictwem środowiska naturalnego, usuwanie takich zagrożeń lub ich ograniczanie do akceptowalnego poziomu], oraz b) gwarantowanie uczciwych praktyk w handlu paszami i żywnością oraz ochron[y] interesów konsumenta łącznie z etykietowaniem pasz i żywności oraz innymi formami przekazywania informacji konsumentom. […] 4.   Wykonywanie kontroli urzędowych na podstawie niniejszego rozporządzenia pozostaje bez uszczerbku dla pierwotnej odpowiedzialności prawnej podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa paszowe i żywnościowe za zapewnienie bezpieczeństwa pasz i żywności, jak ustanowiono w [rozporządzeniu nr 178/2002], oraz dla jakiejkolwiek odpowiedzialności cywilnej lub karnej wynikającej z naruszenia ich obowiązków”. Artykuł 2 pkt 1 rozporządzenia nr 882/2004 definiuje „kontrolę urzędową” jako „każdą formę kontroli, którą właściwy organ lub Wspólnota wykonuje do celów sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym, regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i ich dobrostanu”. Artykuł 3 tego samego rozporządzenia jest zatytułowany „Zobowiązania ogólne w odniesieniu do organizacji kontroli urzędowych”. Ustęp 3 tego artykułu stanowi: „Kontrole urzędowe przeprowadza się na każdym etapie produkcji, przetwarzania i dystrybucji pasz lub żywności oraz zwierząt i produktów zwierzęcych. Obejmują one kontrole przedsiębiorstw paszowych i żywnościowych, wykorzystania pasz i żywności, magazynowania pasz i żywności, wszelkich procesów, materiałów, substancji, działań lub czynności, łącznie z transportem stosowanym w odniesieniu do pasz lub żywności, oraz żywych zwierząt, wymagane do osiągnięcia celów niniejszego rozporządzenia”. Rozporządzenie nr 882/2004 zawiera rozdział VI, zatytułowany „Finansowanie kontroli urzędowych”, w którym znajdują się między innymi art. 26 i 27 tego rozporządzenia. Artykuł 26 wskazanego rozporządzenia, zatytułowany „Zasada ogólna”, stanowi: „Państwa członkowskie zapewniają odpowiednie środki finansowe w celu zagwarantowania niezbędnego personelu oraz inn[ych] środk[ów] na kontrole urzędowe, osiągnięte wszelkimi sposobami uznanymi za właściwe, w tym poprzez ogólne opodatkowanie lub poprzez ustanowienie opłat lub należności”. Artykuł 27 tego samego rozporządzenia, zatytułowany „Opłaty lub należności”, stanowi w ust. 1–4 oraz 10: „1.   Państwa członkowskie mogą pobierać opłaty lub należności mające na celu pokrycie kosztów poniesionych w ramach kontroli urzędowych. 2.   Jednakże w odniesieniu do działań określonych w załączniku IV sekcja A oraz załączniku V sekcja A państwa członkowskie zapewniają pobieranie opłat. 3.   Bez uszczerbku dla ust. 4 i 6 opłaty pobrane w odniesieniu do szczególnych działań wymienionych w załączniku IV sekcja A oraz załączniku V sekcja A nie są niższe niż minimalne stawki określone w załączniku IV sekcja B oraz [w] załączniku V sekcja B […]. […] 4.   Opłaty pobrane do celów kontroli urzędowych zgodnie z ust. 1 lub 2: a) nie są wyższe od kosztów poniesionych przez odpowiedzialne właściwe organy w odniesieniu do kwestii wymienionych w załączniku VI, oraz b) mogą być ustalone jako stawka ryczałtowa na podstawie kosztów poniesionych przez właściwe organy przez dany okres lub, tam gdzie ma to zastosowanie, jako kwoty ustalone w załączniku IV sekcja B lub w załączniku V sekcja B. […] 10.   Bez uszczerbku dla kosztów wynikających z wydatków określonych w art. 28 państwa członkowskie nie pobierają żadnych opłat innych niż opłaty określone w niniejszym artykule do celów wykonania niniejszego rozporządzenia”. Prawo portugalskie Opłata za bezpieczeństwo żywności plus (Taxa de Segurança Alimentar Mais, zwana dalej „TSAM”) została ustanowiona w drodze dekretu z mocą ustawy nr 119/2012 z dnia 15 czerwca 2012 r. W preambule tego dekretu z mocą ustawy wskazano, że uregulowania Unii przewidują „obowiązek finansowania kosztów związanych z wykonywaniem kontroli urzędowych przez państwa członkowskie i przyznają im możliwość uzyskania odpowiednich środków finansowych w drodze ogólnego opodatkowania lub wprowadzenia specjalnych opłat lub należności obciążających podmioty gospodarcze” oraz że „[n]a podstawie tych przepisów zostały już ustanowione różne opłaty służące finansowaniu czynności weryfikacyjnych i kontrolnych, mające za punkt odniesienia koszty i wydatki dotyczące personelu, czyli wynagrodzenia, urządzenia, narzędzia, sprzęt, szkolenia, delegacje i związane z tym wydatki, w tym wydatki związane z pobieraniem i wysyłaniem próbek oraz z analizami w laboratorium”. Artykuł 9 wspomnianego dekretu z mocą ustawy przewiduje: „1   – Tytułem świadczenia wzajemnego za zapewnienie bezpieczeństwa i jakości żywności sklepy spożywcze, w których sprzedawane są towary pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, świeże lub mrożone, przetworzone lub surowe, luzem lub opakowane wstępnie, są zobowiązane do zapłaty rocznej opłaty, której wysokość jest ustalana na kwotę od 5 do 8 EUR za metr kwadratowy powierzchni sprzedażnej sklepu w drodze rozporządzenia członków rządu odpowiedzialnych za finanse i rolnictwo. 2   – Z zapłaty opłaty przewidzianej w poprzednim ustępie są zwolnione sklepy o powierzchni sprzedażnej poniżej 2000 m lub należące do mikroprzedsiębiorstw, pod warunkiem że: a) nie należą one do przedsiębiorstwa, które używa jednego lub więcej znaków firmowych i które dysponuje na szczeblu krajowym łączną powierzchnią sprzedażną wynoszącą co najmniej 6000 m ; b) nie należą one do grupy, która dysponuje na szczeblu krajowym łączną powierzchnią sprzedażną wynoszącą co najmniej 6000 m . 3   – Do celów niniejszego uregulowania »sklep« oznacza miejsce, w którym jest prowadzony detaliczny handel żywnością, w tym sklepy mieszane, które są zdefiniowane w art. 4 ust. 1 dekretu z mocą ustawy nr 21/2009 z dnia 19 stycznia [2009 r.]”. Rozporządzenie nr 215/2012 z dnia 17 lipca 2012 r. reguluje TSAM. Artykuł 3 ust. 3 lit. b) tego rozporządzenia przewiduje, że przewidziane w prawie krajowym zwolnienia z zapłaty tej opłaty nie mają zastosowania do sklepów, które „należą do grupy, która dysponuje na szczeblu krajowym łączną powierzchnią sprzedażną wynoszącą co najmniej à 6000 m ”. Artykuł 3 ust. 5 owego rozporządzenia precyzuje, że „do celów stosowania ust. 3 lit. b) »grupa« jest zbiorem przedsiębiorstw, które, mimo że są odrębne prawnie, utrzymują między sobą relacje współzależności lub podporządkowania wynikające z używania tego samego znaku firmowego bądź praw lub uprawnień zgodnie z art. 4 lit. o) dekretu z mocą ustawy nr 21/2009 z dnia 19 stycznia [2009 r.]”. Postępowanie główne i pytania prejudycjalne Superfoz jest spółką, której działalność polega na komercyjnym prowadzeniu supermarketów i na dystrybucji żywności oraz towarów nieprzeznaczonych do spożycia, jak również na prowadzeniu stacji benzynowych i na zarządzaniu centrami handlowymi. Superfoz używa znaku firmowego „Intermarché”. W postanowieniu odsyłającym uściślono jednak, że spółka ta jest osobą prawną odrębną zarówno od franchisingodawcy ITMI Portugal – Sociedade de Desenvolvimento e Investimento SA, jak i od innych przedsiębiorstw, które zawarły umowę franchisingu z tą ostatnią spółką i które używają tego samego znaku firmowego. Wspomniano również, że franchisingodawca ten nie ma udziału w kapitale zakładowym Superfozu, który by jej przyznawał uprawnienie do zarządzania lub administrowania tą spółką. Pismem z dnia 1 lipca 2014 r. Direção Geral de Alimentação e Veterinária (dyrekcja generalna ds. żywienia i weterynarii, Portugalia) poinformowała Superfoz, że jest zobowiązany do zapłaty TSAM za rok 2014 w wysokości 10274,25 EUR. Dyrekcja ta wyjaśniła, że zgodnie z przepisami prawa krajowego kwota ta wynika z zastosowania opłaty, której kwota została ustalona na 7 EUR za metr kwadratowy, do powierzchni sprzedażnej sklepu należącego do Superfozu, to jest 1467,75 metrów kwadratowych. Superfoz kwestionuje przed sądem odsyłającym zgodność z prawem opinii, które doprowadziły do nałożenia na niego TSAM. W odniesieniu do TSAM sąd odsyłający zauważył, że wspomniana opłata wpisuje się w ramy polityki ochrony łańcucha żywnościowego i zdrowia konsumentów, opartej na zasadzie odpowiedzialności podmiotów gospodarczych działających w dziedzinie bezpieczeństwa i jakości żywności. Owa opłata służy finansowaniu funduszu zdrowia i bezpieczeństwa żywności plus (Fundo Sanitário e de Segurança Alimentar Mais), utworzonego w drodze dekretu z mocą ustawy nr 119/2012. Zdaniem sądu fundusz ten ma kompetencje do przeprowadzania jedynie kontroli przewidzianych w rozporządzeniu nr 882/2004. Wskazuje on ponadto, że TSAM jest roczną opłatą, która stanowi świadczenie wzajemne za zapewnienie bezpieczeństwa i jakości żywności. Posiadacze sklepów, w których są sprzedawane towary pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, są zobowiązani do zapłaty tej opłaty, zaś opłata ta jest obliczana poprzez zastosowanie kwoty jednostkowej ustalonej na 5–8 EUR za metr kwadratowy powierzchni sprzedażnej sklepu. Sąd odsyłający podkreśla, że prawo krajowe przewiduje jednak odstępstwo od zapłaty wspomnianej opłaty w przypadku sklepów o powierzchni poniżej 2000 metrów kwadratowych lub należących do mikroprzedsiębiorstw, pod warunkiem że sklepy te nie należą do przedsiębiorstwa, które używa jednego lub więcej znaków firmowych i które dysponuje na szczeblu krajowym łączną powierzchnią sprzedaży wynoszącą co najmniej 6000 metrów kwadratowych, oraz że nie należą one do grupy, która dysponuje na szczeblu krajowym łączną powierzchnią sprzedażną wynoszącą co najmniej 6000 metrów kwadratowych. Według sądu odsyłającego Tribunal Constitucional (trybunał konstytucyjny, Portugalia) orzekł w tym względzie, że wspomniane odstępstwo nie jest sprzeczne z konstytucyjnym pojęciem równości. Sąd odsyłający zastanawia się nad zgodnością TSAM z przepisami rozporządzenia nr 882/2004 oraz z zasadami prawa Unii, a w szczególności z zasadami równego traktowania, niedyskryminacji i wolnej konkurencji. W pierwszej kolejności sąd ten zadaje sobie pytanie, czy owa opłata jest zgodna z art. 27 ust. 10 rozporządzenia nr 882/2004, jako że po pierwsze, wydatki związane z kontrolami przewidzianymi w tym rozporządzeniu są pokrywane z innych opłat, oraz po drugie, TSAM dotyczy jedynie sklepów spożywczych, na których ciążą obowiązki i zadania przewidziane w przepisach rozporządzenia nr 178/2002 i rozporządzenia nr 882/2004. W drugiej kolejności ów sąd ma wątpliwości co do zgodności TSAM z zasadą równego traktowania, jako że opłata ta ciąży tylko na niektórych sklepach spożywczych. W trzeciej kolejności sąd ten uważa, że zasada równoważności przewidziana w rozporządzeniu nr 882/2004 wymaga, by opłata taka jak TSAM była przeznaczana na finansowanie świadczenia administracyjnego, które zostaje bezpośrednio wywołane przez zobowiązanego do zapłaty lub które jest bezpośrednio spełniane na jego rzecz, co nie ma miejsca w przypadku TSAM. Zdarzeniem powodującym powstanie obowiązku zapłaty tej opłaty jest bowiem fakt posiadania sklepów spożywczych niepodlegających zwolnieniu z tejże opłaty. W czwartej kolejności sąd odsyłający ma wątpliwości co do kwestii, czy TSAM narusza wolność prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiadający jej obowiązek neutralności gospodarczej państw członkowskich, w związku z tym że opłata ta może spowodować zakłócenia konkurencji w dziedzinie handlu żywnością, między innymi poprzez podatkowe uprzywilejowanie przedsiębiorstw, które nie uiszczają tej opłaty. W takich okolicznościach Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (sąd administracyjny i podatkowy w Coimbrze, Portugalia) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi: „1) Czy art. 27 ust. 10 rozporządzenia nr 882/2004 lub jakikolwiek inny przepis względnie ogólną zasadę prawa Unii Europejskiej podlegające zdaniem Trybunału zastosowaniu należy interpretować w ten sposób, że nie jest z nimi zgodny przepis prawa krajowego, na mocy którego wprowadzono opłatę do celów finansowania urzędowych kontroli w dziedzinie bezpieczeństwa żywności podlegającą zapłacie jedynie przez posiadaczy detalicznych sklepów spożywczych lub mieszanych, przy czym owa opłata nie jest związana z konkretnymi urzędowymi kontrolami wywołanymi przez zobowiązanych do zapłaty lub wykonywanymi z korzyścią dla nich? 2) Czy na pytanie to należałoby odpowiedzieć odmiennie, gdyby w miejsce opłaty wprowadzono wkład finansowy na rzecz organu administracji, świadczony przez tych samych zobowiązanych do zapłaty, służący pokryciu kosztów w związku z kontrolami jakości artykułów spożywczych, jednak z jedynym celem polegającym na rozszerzeniu odpowiedzialności za finansowanie owych kontroli na wszystkie podmioty gospodarcze uczestniczące w łańcuchu obrotu żywnością? 3) Czy zwolnienie określonych podmiotów gospodarczych z [TSAM], ciążącej jedynie na określonych detalicznych sklepach spożywczych lub mieszanych (w szczególności na dużych detalicznych sklepach spożywczych), służącej do celów finansowania kosztów urzędowych kontroli w dziedzinie bezpieczeństwa żywności, ochrony i zdrowia zwierząt oraz ochrony i zdrowia roślin stanowi pomoc państwa niezgodną z rynkiem wewnętrznym na podstawie art. 107 ust. 1 TFUE, jako że poprzez korzystne traktowanie niektórych przedsiębiorstw lub gałęzi produkcji zakłóca konkurencję lub zagraża jej zakłóceniu, lub czy owo zwolnienie z opłaty stanowi co najmniej element pomocy państwa podlegającej zgłoszeniu Komisji Europejskiej na podstawie art. 108 ust. 3 TFUE? 4) Czy zasady Unii Europejskiej, w szczególności zasady równości, niedyskryminacji, konkurencji (włącznie z zakazem odwrotnej dyskryminacji) oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej stoją na przeszkodzie przepisowi krajowemu, który: a) zobowiązuje do zapłaty opłaty jedynie duże detaliczne sklepy spożywcze? b) wyłącza z obowiązku zapłaty opłaty sklepy lub mikroprzedsiębiorstwa o powierzchni sprzedażnej poniżej 2000 m , które nie należą do grupy względnie do przedsiębiorstwa używającego jednego lub więcej znaków firmowych i posiadającego na szczeblu krajowym łączną powierzchnię sprzedaży wynoszącą co najmniej 6000 m ?”. W przedmiocie pytań prejudycjalnych W przedmiocie pytań pierwszego i drugiego Na podstawie utrwalonego orzecznictwa Trybunału okoliczność, że sąd odsyłający zadał pytanie, powołując się jedynie na określone przepisy prawa Unii, nie stoi na przeszkodzie temu, by Trybunał przekazał temu sądowi wszelkie wskazówki dotyczące wykładni, które mogą być pomocne w rozstrzygnięciu rozpatrywanej przez niego sprawy, niezależnie od tego, czy sąd ten powołał się na nie w treści pytań. W tym względzie do Trybunału należy wyprowadzenie z całości informacji przedstawionych przez sąd krajowy, a w szczególności z uzasadnienia postanowienia odsyłającego, elementów prawa Unii, które wymagają wykładni w świetle przedmiotu sporu (zob. w szczególności wyrok z dnia 7 marca 2017 r., X i Y, C‑638/16 PPU , EU:C:2017:173 , pkt i przytoczone tam orzecznictwo). W takich okolicznościach należy zrozumieć, że w drodze pytań pierwszego i drugiego, które należy rozpatrzyć łącznie, sąd odsyłający pragnie zasadniczo dowiedzieć się, czy art. 26 i 27 rozporządzenia nr 882/2004 należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie nałożeniu opłaty takiej jak ta będąca przedmiotem sporu w postępowaniu głównym jedynie na detaliczne sklepy spożywcze, w sytuacji gdy przychody z tej opłaty nie służą konkretnie finansowaniu kontroli urzędowych, które zostały wywołane przez zobowiązanych do zapłaty tej opłaty lub są wykonywane z korzyścią dla nich. Zgodnie z art. 3 ust. 3 rozporządzenia nr 882/2004 te kontrole urzędowe są przeprowadzane na dowolnym etapie produkcji, przetwarzania i dystrybucji danych środków spożywczych. Obejmują one zatem między innymi kontrole przedsiębiorstw sektora spożywczego wymagane w celu osiągnięcia celów przyświecających temu rozporządzeniu. Z motywów 11 i 32 wspomnianego rozporządzenia wynika, że właściwe organy państw członkowskich, aby prawidłowo wypełnić swoje zobowiązania, powinny dysponować dostateczną liczbą wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników oraz posiadać odpowiednie urządzenia i sprzęt. W tym celu państwa członkowskie powinny być w stanie dysponować odpowiednimi środkami finansowymi w celu organizowania kontroli. Zgodnie z art. 26 rozporządzenia nr 882/2004 państwa członkowskie zapewniają odpowiednie środki finansowe w celu zagwarantowania niezbędnego personelu oraz innych środków na kontrole urzędowe, osiągnięte wszelkimi sposobami uznanymi za właściwe, w tym poprzez ogólne opodatkowanie lub poprzez ustanowienie opłat lub należności. Artykuł 27 owego rozporządzenia odnosi się konkretnie do opłat i należności. Zgodnie z jego ust. 1 państwa członkowskie mogą pobierać takie opłaty lub należności wyłącznie w celu „pokryci[a] kosztów poniesionych w ramach kontroli urzędowych”. A zatem opłaty lub należności przewidziane w tym artykule mogą być przeznaczone tylko na pokrycie kosztów obciążających państwa członkowskie, wynikających rzeczywiście z prowadzenia kontroli w przedsiębiorstwach sektora spożywczego (zob. podobnie wyrok z dnia 17 marca 2016 r., Kødbranchens Fællesråd, C‑112/15 , EU:C:2016:185 , pkt ). Zgodnie z brzmieniem art. 26 rozporządzenia nr 882/2004, interpretowanego w świetle motywu 32 tego rozporządzenia, państwa członkowskie dysponują szerokim zakresem uznania w celu udostępnienia, w szczególności w ramach ich ogólnego opodatkowania, odpowiednich środków finansowych, aby mieć do dyspozycji pracowników i inne zasoby na potrzeby kontroli urzędowych. Natomiast zakres tego uznania podlega zharmonizowanym normom przewidzianym w art. 27 rozporządzenia nr 882/2004, gdy państwa członkowskie decydują się nałożyć na podmioty gospodarcze opłaty lub należności, o których mowa w tym artykule (zob. podobnie wyrok z dnia 17 marca 2016 r., Kødbranchens Fællesråd, C‑112/15 , EU:C:2016:185 , pkt , ). Jeśli chodzi o kwalifikację TSAM, w świetle art. 26 i 27 rozporządzenia nr 882/2004 z informacji przedstawionych Trybunałowi wynika, że – z zastrzeżeniem zweryfikowania tej informacji przez sąd odsyłający – opłata ta nie została ustanowiona jako należność lub opłata w ramach stosowania art. 27 tego rozporządzenia, lecz wchodzi w zakres innych środków finansowych, które państwo członkowskie może udostępnić na podstawie art. 26 owego rozporządzenia. Jak bowiem Komisja podkreśliła w swoich uwagach, zdarzeniem powodującym powstanie obowiązku zapłaty tej opłaty jest fakt posiadania sklepu o określonej powierzchni, a nie – jak ma to miejsce w przypadku zdarzenia powodującego powstanie obowiązku zapłaty należności lub opłaty w rozumieniu art. 27 rozporządzenia nr 882/2204 – wykonanie kontroli urzędowych, które byłyby konkretnie przeprowadzane w sklepach spożywczych zobowiązanych do zapłaty tej opłaty. W powyższym względzie zgodnie z art. 9 dekretu z mocą ustawy nr 119/2012 TSAM stanowi „świadczenie wzajemne za zapewnienie bezpieczeństwa i jakości żywności”. Ponadto z informacji przedstawionych przez sąd odsyłający wynika, że celem tej opłaty jest obciążenie sklepów spożywczych ogólnymi kosztami związanymi z organizowaniem kontroli urzędowych, jako że sklepy te korzystają z kontroli przeprowadzonych na wcześniejszym etapie łańcucha produkcji żywności. Co więcej, wpływy z TSAM służą do finansowania funduszu zdrowia i bezpieczeństwa żywności plus, w którym są gromadzone wszystkie przychody przeznaczone na finansowanie kosztów związanych z wykonywaniem kontroli urzędowych w dziedzinie bezpieczeństwa żywności. Nie istnieje zatem żaden bezpośredni związek między tą opłatą a wydatkami, których pokryciu ona służy. W świetle powyższych rozważań rozporządzenie nr 882/2004 nie stoi na przeszkodzie temu, by zgodnie z art. 26 tego rozporządzenia państwo członkowskie ustanowiło opłatę taką jak TSAM, z której wpływy służą pokryciu kosztów ogólnych związanych z organizowaniem kontroli urzędowych, a nie kosztów rzeczywiście spowodowanych kontrolami urzędowymi, których przedmiotem lub beneficjentem są sklepy spożywcze zobowiązane do zapłaty tej opłaty. Takiego wniosku nie podważa argument, zgodnie z którym podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze miałyby podlegać obowiązkom autokontroli na podstawie rozporządzenia nr 178/2002. Artykuł 1 ust. 4 rozporządzenia nr 882/2004 przewiduje bowiem, że wykonywanie kontroli urzędowych na podstawie tego rozporządzenia pozostaje bez uszczerbku dla pierwotnej odpowiedzialności prawnej podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa paszowe i żywnościowe za zapewnienie bezpieczeństwa pasz i żywności, jak ustanowiono w rozporządzeniu nr 178/2002, oraz dla jakiejkolwiek odpowiedzialności cywilnej lub karnej wynikającej z naruszenia ich obowiązków. Z powyższego wynika, że prawodawca Unii uznał, że obok kontroli wynikających z odpowiedzialności podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa, o których mowa, kontrole urzędowe są niezbędne do osiągnięcia celów przyświecających rozporządzeniu nr 882/2004. W świetle całości powyższych rozważań na pytania pierwsze i drugie należy odpowiedzieć, że art. 26 i 27 rozporządzenia nr 882/2004 należy interpretować w ten sposób, że nie stoją one na przeszkodzie nałożeniu opłaty takiej jak ta będąca przedmiotem sporu w postępowaniu głównym jedynie na detaliczne sklepy spożywcze, w sytuacji gdy przychody z tej opłaty nie służą konkretnie finansowaniu kontroli urzędowych, które zostały wywołane przez zobowiązanych do zapłaty tej opłaty lub są wykonywane z korzyścią dla nich. W przedmiocie pytań trzeciego i czwartego Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału w ramach ustanowionej w art. 267 TFUE współpracy między Trybunałem a sądami krajowymi konieczność dokonania użytecznej dla sądu krajowego wykładni prawa Unii wymaga, aby dokładnie określił on ramy faktyczne i prawne stawianych pytań lub przynajmniej aby wyjaśnił założenia faktyczne, na których pytania te są oparte. Trybunał jest bowiem jedynie uprawniony do orzekania w przedmiocie wykładni aktu prawa Unii na podstawie okoliczności faktycznych, które zostały mu wskazane przez sąd krajowy (postanowienie z dnia 4 maja 2017 r., Svobodová, C‑653/16 , niepublikowane, EU:C:2017:371 , pkt i przytoczone tam orzecznictwo). Owe wymogi dotyczące zawartości wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym są wyraźnie zawarte w art. 94 regulaminu postępowania przed Trybunałem, zgodnie z którym każdy wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym zawiera między innymi „zwięzłe omówienie przedmiotu sporu oraz istotnych okoliczności faktycznych sprawy, jakie ustalił sąd odsyłający, lub co najmniej wskazanie okoliczności faktycznych, na jakich oparte są pytania” oraz „omówienie powodów, dla których sąd odsyłający rozpatruje kwestię wykładni lub ważności określonych przepisów prawa Unii Europejskiej, jak również związku, jaki dostrzega on między tymi przepisami a uregulowaniami krajowymi, które znajdują zastosowanie w postępowaniu głównym”. W pierwszej kolejności w drodze pytania trzeciego sąd odsyłający chciałby się zasadniczo dowiedzieć, czy art. 107 ust. 1 TFUE i art. 108 ust. 3 TFUE należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie pobieraniu opłaty takiej jak TSAM, z której zwolnione są detaliczne sklepy spożywcze o małej powierzchni. Nawet przy założeniu, że zwolnienie podatkowe na rzecz określonych przedsiębiorstw stanowi środek pomocy w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE, ewentualna niezgodność z prawem pomocy nie może mieć wpływu na zgodność z prawem opłaty, z której przedsiębiorstwa te są zwolnione. W tym względzie Trybunał orzekł już, że podmioty zobowiązane do zapłaty opłaty nie mogą, w celu uniknięcia zapłaty tej opłaty, powoływać się na okoliczność, iż zwolnienie z tej opłaty, z którego korzystają inne przedsiębiorstwa, stanowi pomoc państwa (zob. podobnie wyrok z dnia 27 października 2005 r., Distribution Casino France i in., od C‑266/04 do C‑270/04, C‑276/04 i od C‑321/04 do C‑325/04 , EU:C:2005:657 , pkt , , a także przytoczone tam orzecznictwo). Ponadto postanowienie odsyłające nie zawiera żadnej wskazówki, z której można by wywnioskować, że jakkolwiek Superfoz nie może odnieść korzyści z ewentualnego naruszenia art. 107 TFUE i art. 108 ust. 3 TFUE, to odpowiedź na trzecie pytanie prejudycjalne jest jednak niezbędna, by sąd odsyłający mógł rozstrzygnąć zawisły przed nim spór. W takich okolicznościach nie wydaje się, by pytanie trzecie miało związek z przedmiotem sporu w postępowaniu głównym. W drugiej kolejności – pytanie czwarte dotyczy zasad równego traktowania, niedyskryminacji, wolnej konkurencji i wolności prowadzenia działalności gospodarczej. Sąd odsyłający ogranicza się do stwierdzenia, że można mieć wątpliwości co do zgodności TSAM z tymi zasadami, nie podając jednak powodów leżących u podstaw swych wątpliwości. W szczególności postanowienie odsyłające nie dostarcza żadnych informacji, które pozwoliłyby ocenić porównywalność sytuacji podmiotów gospodarczych, które są zobowiązane do zapłaty TSAM, z sytuacją podmiotów gospodarczych, które są zwolnione z tej opłaty. Ponadto ewentualna różnica w traktowaniu może zostać uzasadniona odpowiednimi powodami dopuszczonymi w orzecznictwie Trybunału, lecz również w tym względzie postanowienie odsyłające nie zawiera żadnych informacji. Należy zatem stwierdzić, że postanowienie odsyłające w oczywisty sposób nie czyni zadość wymogom przypomnianym w pkt 45 niniejszego wyroku. W związku z powyższym pytania trzecie i czwarte są niedopuszczalne. W przedmiocie kosztów Dla stron w postępowaniu głównym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed sądem odsyłającym, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż koszty stron w postępowaniu głównym, nie podlegają zwrotowi. Z powyższych względów Trybunał (dziewiąta izba) orzeka, co następuje: Artykuły 26 i 27 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt, zmienionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 652/2014 z dnia 15 maja 2014 r., należy interpretować w ten sposób, że nie stoją one na przeszkodzie nałożeniu opłaty takiej jak ta będąca przedmiotem sporu w postępowaniu głównym jedynie na detaliczne sklepy spożywcze, w sytuacji gdy przychody z tej opłaty nie służą konkretnie finansowaniu kontroli urzędowych, które zostały wywołane przez zobowiązanych do zapłaty tej opłaty lub są wykonywane z korzyścią dla nich. Podpisy ( *1 ) Język postępowania: portugalski.

62020CJ0463

cs

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu článků 1, 2 a 5 až 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/ES ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí ( Úř. věst. 2012, L 26, s. 1 ). Tato žádost byla předložena v rámci sporu mezi sdružením Namur-Est Environnement ASBL a Région wallonne (Valonský region, Belgie) ve věci rozhodnutí, kterým tento region udělil společnosti Sagrex SA výjimku z opatření na ochranu živočišných a rostlinných druhů stanovených použitelnou právní úpravou za účelem provozování lomu na vápencové kamenivo (dále jen „rozhodnutí o výjimce“). Právní rámec Unijní právo Směrnice 92/43/EHS Směrnice Rady 92/43/EHS Rady ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin ( Úř. věst. 1992, L 206, s. 7 ; Zvl. vyd. 15/02, s. 102) v článcích 12 a 13 stanoví, že členské státy přijmou nezbytná opatření pro vytvoření systému přísné ochrany živočišných a rostlinných druhů uvedených v příloze IV písm. a) a b) směrnice. Článek 16 směrnice ve svém odstavci 1 stanoví, že neexistuje-li žádné jiné uspokojivé řešení a za podmínky, že příslušný druh přetrvává navzdory udělené výjimce ve svém přirozeném areálu rozšíření bez negativního ovlivnění v dobrém stavu z hlediska své ochrany, mohou se členské státy z různých důvodů uvedených v písmenech a) až e) téhož ustanovení odchýlit mj. od ustanovení článků 12 a 13 směrnice. Směrnice 2011/92 Článek 1 odst. 2 směrnice 2011/92 obsahuje mimo jiné následující definice: „a) ‚záměrem‘[se rozumí]: – provádění stavebních prací nebo výstavba jiných zařízení nebo děl, – jiné zásahy do přírodního prostředí a krajiny včetně těch, které se týkají těžby nerostných surovin; […] c) ‚povolením‘ [se rozumí] rozhodnutí příslušného orgánu nebo orgánů, které opravňuje oznamovatele k uskutečnění záměru; […]“ Článek 2 směrnice v odstavcích 1 a 2 stanoví: „1.   Členské státy přijmou všechna opatření nezbytná k zajištění, aby před vydáním povolení musely záměry, které mohou mít významný vliv na životní prostředí mimo jiné v důsledku své povahy, rozsahu nebo umístění, získat povolení a posouzení z hlediska jejich [svých] vlivů na životní prostředí. Tyto záměry jsou vymezeny v článku 4. 2.   Posuzování vlivů na životní prostředí může být zahrnuto do povolovacích řízení již existujících v členských státech[…]“ Článek 3 směrnice uvádí: „Posuzování vlivů na životní prostředí vhodným způsobem určí, popíše a posoudí v každém jednotlivém případě přímé a nepřímé […] vlivy záměru na tyto faktory: a) člověka, faunu a flóru; b) půdu, vodu, ovzduší, podnebí a krajinu; c) hmotný majetek a kulturní dědictví; d) vzájemné působení mezi faktory uvedenými v písmenech a), b) a c).“ Článek 5 směrnice v odstavci 1 stanoví, že „[v] případě záměrů, které podle článku 4 podléhají posouzení vlivů na životní prostředí v souladu s tímto článkem a s články 6 až 10, přijmou členské státy nezbytná opatření k zajištění, aby oznamovatel poskytl ve vhodné formě informace upřesněné v příloze IV“, pokud jsou tyto informace považovány za důležité v daném případě a pokud je odůvodněné požadovat po oznamovateli, aby tyto informace shromáždil. Podle uvedené přílohy musí poskytované informace obsahovat mj. „popis aspektů životního prostředí, které by mohly být navrhovaným záměrem významně zasaženy, zejména včetně […] fauny, flóry, […] a vzájemných vztahů mezi těmito faktory“. Článek 6 směrnice zní následovně: „1.   Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby orgány, kterých by se záměr mohl týkat, měly vzhledem ke své zvláštní působnosti v otázkách životního prostředí nebo na základě místní a regionální příslušnosti možnost vyjádřit své stanovisko k informacím poskytnutým oznamovatelem a k žádosti o povolení[…]. 2.   Následující informace musí být sděleny veřejnosti v počátečním stadiu rozhodovacích řízení pro oblast životního prostředí podle čl. 2 odst. 2 a nejpozději, jakmile je možné tyto informace rozumně poskytnout[…]: a) žádost o povolení; b) skutečnost, že záměr podléhá posouzení vlivů na životní prostředí, a případně také skutečnost, že se na něj vztahuje článek 7; […] d) povaha možných rozhodnutí nebo návrh rozhodnutí, je-li k dispozici; e) údaj o dostupnosti informací shromážděných podle článku 5; f) informace o tom, kdy, kde a jakým způsobem budou příslušné informace zpřístupněny; g) podrobné podmínky účasti veřejnosti stanovené podle odstavce 5 tohoto článku. 3.   Členské státy zajistí, aby dotčené veřejnosti byly v přiměřených lhůtách zpřístupněny tyto informace: a) veškeré informace shromážděné podle článku 5; b) v souladu s vnitrostátními právními předpisy hlavní zprávy a doporučení adresované příslušnému orgánu nebo orgánům v době, kdy je dotčená veřejnost informována v souladu s odstavcem 2 tohoto článku; c) v souladu s ustanoveními směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí[…] informace neuvedené v odstavci 2 tohoto článku, které jsou významné pro rozhodnutí podle článku 8 této směrnice a které jsou dostupné až po informování dotčené veřejnosti podle odstavce 2 tohoto článku. 4.   Dotčená veřejnost musí dostat včasné a účinné možnosti účastnit se rozhodovacích řízení ve věcech životního prostředí podle čl. 2 odst. 2 a musí mít za tím účelem právo vyjádřit své připomínky a stanoviska příslušnému orgánu nebo orgánům v době, kdy jsou všechny možnosti ještě otevřené, tedy před učiněním rozhodnutí o žádosti o povolení. […]“ Článek 7 směrnice stanovuje zvláštní postup posuzování vlivů na životní prostředí v případě projektu, který může mít významný vliv na životní prostředí více členských států. Článek 8 směrnice uvádí, že „výsledky jednání a informace shromážděné podle článků 5, 6 a 7 musí být brány v úvahu v povolovacím řízení“. Příloha I směrnice 2011/92 vyjmenovává záměry, které musí být podle čl. 4 odst. 1 směrnice podrobeny posouzení v souladu s jejími články 5 až 10. Bod 19 přílohy uvádí „lomy a povrchovou těžbu, pokud plocha místa přesahuje 25 hektarů“. Belgické právo Směrnice 92/43 byla do belgického práva provedena loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature (zákon ze dne 12. července 1973 o ochraně přírody) ( Moniteur belge ze dne 11. září 1973, s. 10306) ve znění décret de la Région wallonne du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages (nařízení Valonského regionu ze dne 6. prosince 2001 o ochraně lokalit Natura 2000, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin) ( Moniteur belge ze dne 22. ledna 2002, s. 2017) (dále jen „zákon z 12. července 1973“). Články 2bis, 3 a 3bis uvedeného zákona zavádějí režim ochrany řady druhů ptáků, savců a rostlinných druhů, které jsou chráněny podle směrnice 92/43 nebo ohroženy ve Valonsku. Tento režim spočívá na takových opatřeních, jako je zákaz, podle okolností, kladení pastí, odchytu a usmrcování, jakož i sběru, kácení a vytrhávání dotčených druhů, zákaz jejich úmyslného vyrušování, zákaz držet je, přepravovat, vyměňovat, prodávat, kupovat a nabízet je, jakož i ničit nebo poškozovat jejich přírodní stanoviště. Článek 5 zákona uvádí, že valonská vláda může za určitých podmínek a z určitých důvodů udělit výjimky z těchto opatření. Článek 5bis stanoví možnost podat žádost o výjimku z uvedených opatření, přičemž ponechává na valonské vládě, aby upravila formu a obsah této žádosti, jakož i podmínky a způsoby udělování požadované výjimky. Je nesporné, že zákon z 12. července 1973 ani vyhláška přijatá valonskou vládou k jeho provedení nestanoví, že by muselo být provedeno posouzení vlivů požadované výjimky na životní prostředí ani že by dotčená veřejnost musela být před jejím udělením konzultována. Spor v původním řízení a předběžné otázky Dne 4. listopadu 2008 předložila společnost Sagrex příslušnému valonskému orgánu žádost o jednotné povolení týkající se projektu, který počítal s obnovením provozu povrchového lomu o rozloze více než 50 hektarů nacházejícího se v lokalitě Bossimé (Belgie) a vybudováním zařízení, jakož i souvisejících úprav zejména na břehu Mázy. Dne 12. května 2010 vydalo místní ředitelství odboru přírody a lesů Valonského regionu v Namuru k této žádosti záporné stanovisko, ve kterém zaprvé uvedlo, že projekt dotčený v původním řízení sousedí s lokalitou Natura 2000 a zasahuje do dvou lokalit velkého biologického významu a že by vedl k úplnému nebo částečnému zničení těchto dvou lokalit, jakož i úplnému nebo částečnému zániku přírodního stanoviště různých chráněných druhů ptáků, hmyzu, plazů a rostlin, které se v nich nacházejí. Zadruhé konstatovalo, že navzdory této situaci spis popisující tento záměr neuváděl existenci jakéhokoliv povolení odchýlit se od opatření na ochranu chráněných druhů stanovených použitelnou právní úpravou. A zatřetí mělo za to, že sanace předpokládané oznamovatelem před stavbou spojenou s realizací uvedeného záměru, během ní a po ní nemohly vzhledem k povaze a rozsahu tohoto záměru zmírnit a vyvážit jeho dopady na dotyčná přírodní stanoviště. Dne 1. září 2010 vyzval příslušný valonský orgán společnost Sagrex, aby mu předložila plány změn a doplňující posouzení vlivů záměru dotčeného v původním řízení na životní prostředí. Dne 15. dubna 2016 podala Sagrex v souvislosti s uvedeným záměrem generálnímu inspektorovi odboru přírody a lesů Valonského regionu žádost o výjimku z opatření na ochranu živočišných a rostlinných druhů stanovených zákonem z 12. července 1973. Dne 27. června 2016 přijal inspektor rozhodnutí o výjimce uvedené v bodě 2 tohoto rozsudku. Toto rozhodnutí opravňuje společnost Sagrex v souvislosti se záměrem dotčeným v původním řízení k vyrušování určitých chráněných živočišných a rostlinných druhů, jakož i k poškozování nebo ničení určitých oblastí jejich přírodních stanovišť za podmínky, že bude provedena řada zmírňujících opatření Dne 30. září 2016 předložila Sagrex příslušnému valonskému orgánu plány změn a doplňující posouzení uvedeného záměru, o něž byla požádána dne 1. září 2010. Veřejné připomínkové řízení k uvedenému záměru, tak jak byl pozměněn a doplněn, proběhlo od 21. listopadu do 21. prosince 2016 a vyvolalo řadu stížností týkajících se dopadu dotčeného záměru na chráněné druhy a jejich stanoviště. Dne 21. prosince 2016 vydalo místní ředitelství v Namuru k žádosti o jednotné povolení podané společností Sagrex podmíněné kladné stanovisko, ve kterém uvedlo zaprvé, že záměr dotčený v původním řízení částečně sousedí s lokalitou Natura 2000, ale že je vyloučena existence rizika významného dopadu na ni. Pokud šlo zadruhé o dvě lokality velkého biologického zájmu rovněž sousedící s předmětným záměrem, uvedené ředitelství mělo především za to, že při neexistenci zvláštních preventivních opatření by tento záměr měl pravděpodobně významný dopad na chráněné živočišné a rostlinné druhy, které se v nich nacházejí, jakož i na jejich přírodní stanoviště. Dále mělo za to, že pomocí zmírňujících a kompenzačních opatření nabídnutých společností Sagrex a upřesněných v rozhodnutí o výjimce uvedený záměr dotčené druhy neohrozí a povede pouze k pozvolnému ničení jejich přírodních stanovišť, které bude mimoto kompenzováno vytvořením nových přírodních stanovišť. Nakonec dospělo k závěru, že s ohledem na všechny tyto skutečnosti bylo možné rozumně předpokládat, že po uplynutí doby provozování v délce 30 let, s níž Sagrex počítala, budou mít lokality dotčené lomem provozovaným touto společností stále značný biologický význam, takže dopad záměru na životní prostředí z hlediska ochrany přírody lze považovat za omezený na přijatelnou úroveň. Vyhláškou ze dne 25. září 2017 však valonský ministr odpovědný za životní prostředí a územní plánování odmítl jednotné povolení požadované společností Sagrex vydat. Žaloba na neplatnost podaná proti uvedené vyhlášce společností Cimenteries CBR SA, která společnost Sagrex kontroluje, byla následně zamítnuta rozsudkem Conseil d’État (Státní rada, Belgie) ze dne 14. května 2020. Mezitím podalo sdružení Namur-Est Environnement ke Conseil d’État (Státní rada) návrh na zrušení rozhodnutí o výjimce, v němž zejména tvrdilo, že toto rozhodnutí představuje povolení záměru ve smyslu čl. 1 odst. 2 směrnice 2011/92 a nepředcházel mu postup splňující požadavky stanovené v článku 2 a následujících směrnice. Uvedené sdružení zejména tvrdí, že k tomu, aby posouzení takového záměru, jako je záměr, který je dotčený ve věci v původním řízení a doprovází projednání s veřejností, odpovídala těmto požadavkům a umožnila dotčené veřejnosti účinně se zúčastnit řízení a příslušnému orgánu k této účasti přihlédnout, musí k nim dojít před přijetím takového aktu, jako je rozhodnutí o výjimce, a nikoli po něm, jako tomu bylo v projednávaném případě. Valonský region v podstatě namítá, že rozhodnutí o výjimce nemůže být považováno za rozhodnutí představující povolení záměru ve smyslu směrnice 2011/92, jelikož generální inspektor se v něm nejen cíleně a ještě před posouzením záměru jiným orgánem, ale rovněž bez jakéhokoli předjímání výsledků tohoto posouzení omezil na to, že společnosti Sagrex v reakci na její žádost povolil odchýlit se od opatření na ochranu živočišných a rostlinných druhů stanovených použitelnou právní úpravou. Obecně daná žádost o výjimku a žádost o jednotné povolení předložená společností Sagrex spadají pod dva odlišné právní režimy a dva odlišné rozhodovací postupy, byť spolu související, a nikoli tedy pod jeden a tentýž právní režim či rozhodovací proces. Cimenteries CBR rovněž tvrdí, že rozhodnutí o výjimce je pouze akcesorickým aktem, který nemůže být sám o sobě považován za povolení záměru dotčeného v původním řízení. Mimoto má tato společnost za to, že posouzení stanovené směrnicí 2011/92 a projednání s veřejností, která jej musí doprovázet, mohou, či dokonce musí být uskutečněna až po rozhodnutí o výjimce, tak aby se tato veřejnost mohla účinně účastnit řízení a vyjádřit se k záměru co možná nejúplněji a příslušný orgánu poté mohl plně zohlednit tuto účast. S ohledem na tyto jednotlivé argumenty předkládající soud nejprve ve své žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce podotýká, že takový záměr, jako je záměr dotčený ve věci v původním řízení, nemůže být předmětem povolení ve formě jednotného povolení, aniž oznamovatel získal takovou výjimku, jako je výjimka uvedená v rozhodnutí o výjimce, takže tuto lze považovat za nutný, avšak nikoliv dostačující předpoklad pro získání povolení takové povahy. Kromě toho upřesňuje, že hlavním rozhodnutím, kterým oznamovatel získává právo realizovat svůj záměr, je jednotné povolení, které může být po veřejném připomínkovém řízení zamítnuto nebo podrobeno přísnějším podmínkám, než jaké obsahuje rozhodnutí o výjimce, jelikož orgán pověřený vydáním uvedeného povolení musí zkoumat všechny aspekty záměru týkající se životního prostředí, a z tohoto důvodu může posoudit jeho vliv přísněji v porovnání s parametry určenými autorem rozhodnutí o výjimce. Dále se předkládající soud zabývá tím, zda v tomto právním a skutkovém kontextu mohou být takové akty, jako je rozhodnutí o výjimce a následné rozhodnutí, kterým je oznamovateli uděleno jednotné povolení, považovány společně za součást komplexního rozhodovacího procesu, jehož výsledkem je povolení nebo odmítnutí záměru ve smyslu směrnice 2011/92. A nakonec se zabývá tím, zda v případě kladné odpovědi musí být účast dotčené veřejnosti na tomto komplexním rozhodovacím procesu zajištěna před přijetím takového aktu, jako je rozhodnutí o výjimce, nebo zda k ní může dojít až mezi tímto přijetím a okamžikem, kdy příslušný orgán rozhodne o jednotném povolení, o něž oznamovatel žádá. K těmto dvěma posledně uvedeným aspektům předkládající soud uvádí, že právní a skutkový kontext, kterým se spor v původním řízení vyznačuje, se mu jeví odlišné od situací povolovacího řízení probíhajícího v několika fázích, o nichž Soudní dvůr doposud rozhodoval, počínaje rozsudkem ze dne 7. ledna 2004, Wells ( C‑201/02 , EU:C:2004:12 ). Za těchto podmínek se Conseil d’État (Státní rada) rozhodla přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky: „1) Představují rozhodnutí ‚o povolení k vyrušování živočišných druhů a poškození stanovišť těchto druhů za účelem provozování lomu‘ a rozhodnutí, kterým se toto provozování povoluje nebo zamítá (jednotné povolení), totéž povolení (ve smyslu čl. 1 odst. 2 písm. c) směrnice 2011/92[…]) týkající se téhož záměru (ve smyslu čl. 1 odst. 2 písm. a) uvedené směrnice), jestliže jednak nelze lom provozovat bez prvního z uvedených povolení a jednak orgánu příslušnému k vydávání jednotných povolení zůstává zachována možnost přísnějšího posouzení vlivů tohoto provozu na životní prostředí v porovnání s parametry definovanými orgánem, který vydal první z uvedených rozhodnutí? 2) V případě kladné odpovědi na první otázku: Jsou požadavky stanovené v uvedené směrnici, zejména jejích článcích 2, 5, 6, 7 a 8, dostatečně dodrženy, pokud fáze účasti veřejnosti probíhá až po vydání rozhodnutí ‚o povolení k vyrušování živočišných druhů a poškození stanovišť těchto druhů za účelem provozování lomu‘, avšak před vydáním hlavního rozhodnutí opravňujícího oznamovatele k uvedenému provozování?“ K předběžným otázkám K první otázce Podstatou první otázky předkládajícího soudu je, zda směrnice 2011/92 musí být vykládána v tom smyslu, že rozhodnutí přijaté podle čl. 16 odst. 1 směrnice 92/43, které za účelem uskutečnění záměru ve smyslu čl. 1 odst. 2 písm. a) směrnice opravňuje oznamovatele odchýlit se od opatření použitelných v oblasti ochrany druhů, spadá do procesu povolování tohoto záměru ve smyslu čl. 1 odst. 2 písm. c) směrnice, pokud tento záměr nemůže být realizován, aniž by jeho oznamovatel získal takové rozhodnutí, a pokud si dále orgán příslušný k povolení uvedeného záměru zachovává možnost přísnějšího posouzení jeho vlivů na životní prostředí, než tomu bylo v uvedeném rozhodnutí. K přípustnosti Ve svém písemném a ústním vyjádření belgická vláda v podstatě tvrdila, že první otázka musí být odmítnuta jako nepřípustná z důvodu, že vychází ze dvou nesprávných právních předpokladů a správný výklad ustanovení unijního a vnitrostátního práva, na která odkazuje předkládající soud, vede k závěru, že tato otázka zjevně postrádá vztah k realitě a předmětu sporu v původním řízení. O udělení výjimky z opatření na ochranu druhů stanovených ustanoveními vnitrostátního práva, kterými byla provedena směrnice 92/43, totiž může být na základě těchto ustanovení požádáno před získáním jednotného povolení, kterým se dotčené povolení materializuje, i po něm, takže rozhodnutí o výjimce je nikoliv předpokladem pro toto získání, nýbrž právně samostatným aktem. Tento výklad je v souladu s unijním právem, jelikož žádné jeho ustanovení neukládá, aby takové rozhodnutí, jako je dotčené rozhodnutí, které uděluje výjimku z těchto opatření, muselo nutně předcházet schválení takového záměru, jako je záměr dotčený v původním řízení, ve smyslu směrnice 2011/92. V tomto ohledu z judikatury Soudního dvora vyplývá zaprvé, že argumenty, které se dotýkají podstaty otázky položené vnitrostátním soudem nemohou ze samotné podstaty věci vést k její nepřípustnosti [rozsudky ze dne 2. března 2021, A. B. a další (Jmenování soudců Nejvyššího soudu – odvolání), C‑824/18 , EU:C:2021:153 , bod , jakož i ze dne 13. ledna 2022, Ministr spravedlnosti, C‑55/20 , EU:C:2022:6 , bod ]. V projednávané věci je přitom nutno konstatovat, že část argumentace belgické vlády shrnutá v bodě 35 rozsudku v projednávané věci spočívá na výkladu ustanovení unijního práva, na která předkládající soud odkazuje v rámci své první otázky, a týká se tedy merita této otázky. Zadruhé je pouze na vnitrostátním soudu, kterému byl spor předložen a jenž musí nést odpovědnost za soudní rozhodnutí, které bude vydáno, aby posoudil s ohledem na konkrétní okolnosti sporu nezbytnost rozhodnutí o předběžné otázce pro vydání svého rozsudku i relevanci otázek, které klade Soudnímu dvoru (rozsudky ze dne 10. prosince 2018, Wightman a další, C‑621/18 , EU:C:2018:999 , bod , jakož i ze dne 19. prosince 2019, Junqueras Vies, C‑502/19 , EU:C:2019:1115 , bod ). Týkají-li se tak položené otázky výkladu unijního práva, je Soudní dvůr v zásadě povinen rozhodnout [rozsudky ze dne 24. listopadu 2020, Openbaar Ministerie (Padělání dokumentů), C‑510/19 , EU:C:2020:953 , bod , jakož i ze dne 18. května 2021, Asociaţia Forumul Judecătorilor din România a další, C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 a C‑397/19 , EU:C:2021:393 , bod ]. Z toho plyne, že na otázky položené vnitrostátními soudy ohledně unijního práva se vztahuje domněnka relevance a Soudní dvůr smí rozhodnutí o těchto otázkách odmítnout pouze tehdy, pokud je zjevné, že žádaný výklad nemá žádný vztah k realitě nebo předmětu sporu v původním řízení, jestliže se jedná o hypotetický problém nebo také pokud Soudní dvůr nedisponuje skutkovými a právními poznatky nezbytnými pro užitečnou odpověď na uvedené otázky (rozsudky ze dne 10. prosince 2018, Wightman a další, C‑621/18 , EU:C:2018:999 , bod , jakož i ze dne 19. prosince 2019, Junqueras Vies, C‑502/19 , EU:C:2019:1115 , bod ). Kromě toho postup stanovený v článku 267 SFEU vychází z jasného oddělení funkcí vnitrostátních soudů a Soudního dvora, přičemž Soudní dvůr je oprávněn rozhodovat o výkladu nebo platnosti unijních aktů uvedených v tomto článku s přihlédnutím ke skutkovému a právnímu kontextu, do něhož jsou otázky, které jsou mu položeny, zasazeny, tak jak je vymezen předkládajícími soudy, a nikoli posuzovat, zda je výklad ustanovení vnitrostátního práva provedený uvedenými soudy správný. Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce tedy nelze posuzovat s ohledem na výklad vnitrostátního práva, kterého se dovolává vláda členského státu [v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 26. září 2013, Texdata Software, C‑418/11 , EU:C:2013:588 , body a , jakož i ze dne 15. dubna 2021, État belge (Skutečnosti, které nastaly po přijetí rozhodnutí o přemístění), C‑194/19 , EU:C:2021:270 , bod ]. V projednávaném případě se přitom první otázka zjevně týká výkladu unijního práva, jak je uvedeno v bodě 37 tohoto rozsudku. A dále, úvahy, na nichž je tato otázka založena a které jsou shrnuty v bodech 30 až 32 tohoto rozsudku, dokládají její relevanci ve zvláštním skutkovém kontextu, který charakterizuje spor v původním řízení, i nezbytnost odpovědi Soudního dvora z pohledu předkládajícího soudu. S ohledem na všechny tyto skutečnosti nelze říci, že by první otázka zjevně postrádala jakýkoliv vztah k realitě nebo předmětu sporu v původním řízení. V důsledku toho musí být tato otázka považována za přípustnou. K věci samé Zaprvé, čl. 1 odst. 2 písm. a) a c) definuje význam pojmů „záměr“ a „povolení“ pro účely směrnice, přičemž upřesňují, že odkazují, u prvního z nich na provádění stavebních prací nebo výstavbu jiných zařízení nebo děl, jakož i na zásahy do přírodního prostředí a krajiny, a u druhého z nich na rozhodnutí příslušného orgánu nebo orgánů, které opravňuje oznamovatele k uskutečnění záměru. Tyto formulace přitom samy o sobě neumožňují odpovědět na první otázku, kterou se předkládající soud v podstatě táže, zda takové rozhodnutí, jako je rozhodnutí o výjimce, i když nepředstavuje „rozhodnutí příslušného orgánu nebo orgánů, které opravňuje oznamovatele k uskutečnění záměru“, jehož se týká, je třeba s ohledem na souvislosti, které s tímto rozhodnutím vykazuje, považovat za povolení tohoto záměru. Uvedené formulace zajisté definují pojem „povolení“ odkazem na rozhodnutí jiné povahy, než je rozhodnutí o výjimce, a tudíž vylučují, aby toto rozhodnutí mohlo být izolovaně a jako takové považováno za „povolení“ záměru, kterého se týká, ve smyslu čl. 1 odst. 2 písm. c) směrnice 2011/92. Nicméně ani nevylučují, aby takové rozhodnutí přijaté v kombinaci s pozdějším rozhodnutím, kterým bude rozhodnuto o právu oznamovatele uskutečnit daný záměr, mohlo být považováno za rozhodnutí představující jeho povolení, resp. zamítnutí. Za těchto podmínek je třeba v souladu s ustálenou judikaturou Soudního dvora vykládat uvedenou směrnici tak, že se vedle znění ustanovení uvedených v předchozích dvou bodech zohlední jejich kontext, jakož i cíle sledované právní úpravou, jejíž jsou součástí (rozsudky ze dne 7. června 2005, VEMW a další, C‑17/03 , EU:C:2005:362 , bod , jakož i ze dne 21. ledna 2021, Německo v. Esso Raffinage, C‑471/18 P , EU:C:2021:48 , bod ). Pokud jde zadruhé o kontext, do něhož spadají definice uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. a) a c) uvedené směrnice, je třeba nejprve podotknout, že jak vyplývá ze všech jejích ustanovení, rozhodnutí o povolení mají být vydávána na konci celého procesu posuzování záměrů, které mohou mít významný vliv na životní prostředí a které jsou uvedeny v čl. 2 odst. 1 směrnice. Z uvedených ustanovení tedy vyplývá, že povolení záměru je vyvrcholením rozhodovacího procesu, který začíná předložením žádosti v tomto smyslu oznamovatelem a z procesního hlediska zahrnuje veškeré úkony nezbytné k vyřízení dané žádosti. Dále z uvedených ustanovení vyplývá, že z věcného, a nikoli tedy již z procesního, hlediska musí tento rozhodovací proces vést příslušný orgán k tomu, aby plně zohlednil dopady, které záměry podléhající dvojí povinnosti, tedy posouzení a povolení, stanovené v čl. 2 odst. 1 směrnice 2011/92 mohou mít na životní prostředí, tak jak uvedla generální advokátka v bodě 44 svého stanoviska. Článek 2 odst. 1 směrnice se tak obecně týká „významného vlivu na životní prostředí“, který tyto záměry mohou mít, aniž by konkrétně odkazoval na ten, či onen druh významného dopadu nebo některý z nich výslovně vyloučil ze své působnosti. Stejně tak článek 3 směrnice obecně odkazuje na „přímé a nepřímé“ vlivy uvedených záměrů na životní prostředí. Z toho plyne, že rozhodovací proces zavedený směrnicí 2011/92 se musí týkat zejména významných vlivů, které projekt podléhající tomuto procesu může mít na faunu a flóru vyskytující se v různých oblastech, kterých se tento projekt může dotknout, jako jsou např. oblast jeho umístění nebo oblasti k přiléhající, jak to ostatně vyplývá již z judikatury Soudního dvora (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 24. listopadu 2011, Komise v. Španělsko, C‑404/09 , EU:C:2011:768 , body až ). Ostatně právě z tohoto důvodu ukládá článek 5 směrnice 2011/92 oznamovateli povinnost poskytnout k tomu příslušnému orgánu specifické informace. Z toho plyne, že ve zvláštním případě, kdy uskutečnění záměru podléhajícího dvojí povinnosti (posouzení a povolení) stanovené v čl. 2 odst. 1 směrnice 2011/92 předpokládá, že oznamovatel požádá o výjimku z opatření na ochranu živočišných a rostlinných druhů stanovených ustanoveními vnitrostátního práva, která zajišťují provedení článků 12 a 13 směrnice 92/43, a tuto i získá, a když v důsledku toho daný záměr může mít dopady na tyto druhy, musí se posuzování uvedeného záměru týkat zejména těchto dopadů. Proto není důležité, že samotná směrnice 92/43 nestanoví povinnost posouzení dopadů, které tato výjimka může mít na dotčené druhy, jelikož tato směrnice má samostatnou působnost ve vztahu k působnosti směrnice 2011/92 a použije se, aniž je dotčena povinnost posouzení vlivů na životní prostředí zavedená posledně uvedenou směrnicí, jejíž působnost je, jak vyplývá z judikatury Soudního dvora, obecná (v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 21. září 1999, Komise v. Irsko, C‑392/96 , EU:C:1999:431 , bod ; ze dne 31. května 2018, Komise v. Polsko, C‑526/16 , nezveřejněný, EU:C:2018:356 , bod , a ze dne 12. června 2019, CFE, C‑43/18 , EU:C:2019:483 , bod ). A konečně z přezkumu kontextu ustanovení, na která odkazuje předkládající soud ve své první otázce, vyplývá, že posouzení vlivů daného záměru na životní prostředí může být provedeno nejen v rámci postupu vedoucího k vydání rozhodnutí o povolení uvedeného v čl. 1 odst. 2 písm. c) směrnice 2011/92, ale rovněž v rámci postupu vedoucího k vydání rozhodnutí předcházejícího tomuto povolení, přičemž v takovém případě mohou být tato jednotlivá rozhodnutí považována za součást komplexního rozhodovacího procesu v tom smyslu, že tento proces probíhá v několika fázích (obdobně viz rozsudky ze dne 7. ledna 2004, Wells, C‑201/02 , EU:C:2004:12 , body , a , jakož i ze dne 17. března 2011, Brussels Hoofdstedelijk Gewest a další, C‑275/09 , EU:C:2011:154 , bod ). Článek 2 odst. 2 směrnice 2011/92 totiž výslovně stanoví, že toto posuzování vlivů na životní prostředí může být zahrnuto do povolovacích řízení již existujících v členských státech, z čehož vyplývá, že uvedené posouzení nemusí být nutně provedeno v rámci postupu zvláště vytvořeného za tímto účelem a dále že ani nemusí být nutně prováděno v rámci jediného řízení. Členské státy tedy mají prostor pro uvážení, který jim umožňuje stanovit procesní podmínky, za kterých je takové posuzování prováděno, a rozdělit jednotlivé s ním související pravomoci mezi několik orgánů, zejména tím, že jim přizná rozhodovací pravomoc v dané oblasti, jak již Soudní dvůr uvedl (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 3. března 2011, Komise v. Irsko, C‑50/09 , EU:C:2011:109 , body až ). Využívání tohoto prostoru pro uvážení musí nicméně probíhat na základě požadavků zakotvených směrnicí 2011/92 a zaručovat plné dodržování jí stanovených cílů (rozsudek ze dne 3. března 2011, Komise v. Irsko, C‑50/09 , EU:C:2011:109 , bod ). V tomto ohledu je třeba zaprvé podotknout, že posouzení vlivů záměru na životní prostředí musí být v každém případě jednak úplné a jednak provedeno před přijetím rozhodnutí o povolení tohoto záměru (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 3. března 2011, Komise v. Irsko, C‑50/09 , EU:C:2011:109 , body a ). Z toho plyne, že v případě, kdy členský stát svěří pravomoc posoudit část vlivů záměru na životní prostředí a přijmout rozhodnutí po tomto částečném posouzení jinému orgánu, než kterému svěřuje pravomoc záměr povolit, musí být toto rozhodnutí nutně přijato před povolením záměru. V opačném případě by totiž toto povolení bylo vydáno na neúplném základě, a nesplňovalo by tedy platné požadavky (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 3. března 2011, Komise v. Irsko, C‑50/09 , EU:C:2011:109 , body a ). Zadruhé z článku 3 směrnice 2011/92 výslovně plyne, že povinnost provést úplné posouzení vlivů záměru na životní prostředí, uvedená v bodech 48 a 58 tohoto rozsudku, znamená zohlednit nejen každý z těchto vlivů pojímaný samostatně, ale rovněž jejich vzájemný vztah, a tedy celkový dopad záměru na životní prostředí. Stejně tak příloha IV směrnice 2011/92 oznamovateli ukládá, aby poskytl informace zejména o vzájemném vztahu vlivů, které záměr může mít současně na různé složky životního prostředí, jako je fauna a flóra. Toto celkové posouzení přitom může vést příslušný orgán k závěru, že s ohledem na vzájemné působení nebo vzájemný vztah, které existují mezi jednotlivými vlivy záměru na životní prostředí, musí být tyto vlivy posuzovány přísněji, nebo případně mírněji než ten či onen vliv posuzovaný předtím samostatně. Z toho plyne, že v případě, kdy členský stát svěří pravomoc posoudit část vlivů záměru na životní prostředí a přijmout rozhodnutí po tomto částečném posouzení jinému orgánu, než kterému svěřuje pravomoc záměr povolit, toto částečné posouzení nemůže předjímat celkové posouzení, které musí orgán příslušný pro povolení záměru v každém případě provést, a toto předchozí rozhodnutí nemůže předjímat rozhodnutí přijímané na základě uvedeného celkového posouzení, jak v podstatě uvedla generální advokátka v bodech 73 a 74 svého stanoviska. V projednávaném případě z formulací obsažených v předkládacím rozhodnutí, zejména z formulací shrnutých v bodě 30 tohoto rozsudku, a ze znění první otázky vyplývá, že tyto požadavky byly, s výhradou ověření, která musí provést předkládající soud, patrně dodrženy. Z toho totiž plyne, že povolení takového záměru, jako je záměr dotčený ve věci v původním řízení, nemůže být vydáno, aniž jeho oznamovatel získá rozhodnutí povolující mu odchýlit se od opatření použitelných v oblasti ochrany druhů, což znamená, že toto rozhodnutí musí být nutně přijato před tímto povolením. A dále platí, že orgán příslušný k povolení tohoto záměru si zachovává možnost posoudit jeho vlivy na životní prostředí přísněji, než tomu bylo v uvedeném rozhodnutí. Zatřetí a na posledním místě je třeba uvést, že co se týče cílů sledovaných směrnicí 2011/92 a zejména jejího základního cíle spočívajícího v zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí a lidského zdraví stanovením minimálních požadavků na posuzování vlivů záměrů na životní prostředí, výklad, který vyplývá z kontextuálních prvků zkoumaných v bodech 46 až 63 tohoto rozsudku, přispívá k uskutečnění takového cíle tím, že umožňuje členským státům, aby na určitý orgán přenesly odpovědnost za předběžné a cílené rozhodnutí o určitých vlivech záměrů, u nichž musí být provedeno posouzení, na životní prostředí, a zároveň vyhradil orgánu příslušnému k povolení těchto záměrů úkol provést úplné a konečné posouzení. V případě negativního výsledku takového částečného posouzení může totiž oznamovatel od svého záměru upustit, aniž je třeba pokračovat v komplexním procesu posuzování a povolování zavedeném směrnicí 2011/92, nebo pozměnit tento záměr způsobem, který umožní odstranit negativní vlivy zjištěné tímto dílčím posouzením, přičemž příslušný orgán bude muset s konečnou platností rozhodnout o tomto pozměněném záměru. Naopak v případě kladného výsledku může tento orgán zohlednit předchozí rozhodnutí, i když jej nezavazuje v jeho konečném posouzení ani v právních důsledcích, které je třeba z něj vyvodit. Existence částečného posouzení vedoucího k vydání předběžného rozhodnutí tak může v každém případě představovat faktor kvality, efektivity a vyšší konzistentnosti posuzovacího a povolovacího postupu. S ohledem na všechny předcházející úvahy je třeba na první otázku odpovědět, že směrnice 2011/92 musí být vykládána v tom smyslu, že rozhodnutí přijaté podle čl. 16 odst. 1 směrnice 92/43, které za účelem uskutečnění záměru ve smyslu čl. 1 odst. 2 písm. a) směrnice opravňuje oznamovatele odchýlit se od opatření použitelných v oblasti ochrany druhů, spadá do procesu povolování tohoto záměru ve smyslu čl. 1 odst. 2 písm. c) směrnice, pokud tento záměr nemůže být realizován, aniž by jeho oznamovatel získal takové rozhodnutí, a pokud si dále orgán příslušný k povolení uvedeného záměru zachovává možnost přísnějšího posouzení jeho vlivů na životní prostředí, než tomu bylo v uvedeném rozhodnutí. Ke druhé otázce Podstatou druhé otázky předkládajícího soudu, položené pro případ kladné odpovědi na první otázku, je, zda směrnice 2011/92 musí být zejména s ohledem na její články 6 a 8 vykládána v tom smyslu, že přijetí předběžného rozhodnutí povolujícího oznamovateli odchýlit se od opatření použitelných v oblasti ochrany druhů za účelem uskutečnění záměru ve smyslu čl. 1 odst. 2 písm. a) směrnice nemusí nutně předcházet účast veřejnosti, pokud je tato účast zajištěna před přijetím rozhodnutí, které má přijmout orgán příslušný k případnému povolení daného záměru. V tomto ohledu článek 6 směrnice 2011/92 mj. v odstavcích 2 a 3 stanoví, že soubor informací o záměrech, na něž se vztahuje dvojí povinnost (posouzení a povolení) zavedená touto směrnicí, musí být v závislosti na konkrétním případě sdělen veřejnosti nebo jí zpřístupněn „v počáteční fázi rozhodovacích procesů […] a nejpozději jakmile je možné tyto informace rozumně poskytnout“. Daný článek mimoto v odstavci 4 uvádí, že „dotčená veřejnost musí dostat včasné a účinné možnosti účastnit se rozhodovacích řízení […][,] a musí mít za tím účelem právo vyjádřit své připomínky a stanoviska příslušnému orgánu nebo orgánům v době, kdy jsou všechny možnosti ještě otevřené, tedy před učiněním rozhodnutí o žádosti o povolení“. Článek 8 směrnice zase uvádí, že výsledky jednání a informace shromážděné mj. díky účasti veřejnosti jsou příslušným orgánem zohledněny v povolovacím řízení. Jak plyne z nich samotných, tato ustanovení ukládají členským státům přijmout opatření nezbytná k tomu, aby v rámci postupu posuzování a povolování záměrů podléhajících směrnici 2011/92 zajistily účast veřejnosti splňující soubor určitých požadavků. Zaprvé sdělení nebo zpřístupnění informací, které jsou základem této účasti, veřejnosti i možnost veřejnosti předkládat připomínky a stanoviska k těmto informacím, jakož i obecně k dotčenému záměru a jeho vlivům na životní prostředí, musí proběhnout v počáteční fázi a v každém případě před přijetím rozhodnutí o povolení tohoto záměru. Zadruhé uvedená účast musí být účinná, což znamená, že veřejnost musí mít možnost vyjádřit se k dotčenému záměru, jakož i k jeho vlivům na životní prostředí nejen užitečným a úplným způsobem, ale rovněž v době, kdy jsou všechny možnosti ještě otevřené. Zatřetí musí příslušný orgán zohlednit výsledek této účasti při rozhodování o schválení či neschválení dotčeného projektu. Tyto jednotlivé požadavky se přitom mohou jevit jako obtížně sladitelné v rámci komplexního rozhodovacího procesu v závislosti na jeho jednotlivých fázích a na rozdělení pravomocí mezi jednotlivé orgány, které se jich mají účastnit. Tak je tomu zejména v případě, kdy určitý orgán má v předběžné nebo střední fázi takového rozhodovacího procesu posoudit pouze část vlivů dotčeného záměru na životní prostředí. V takovém případě se totiž účast veřejnosti může týkat pouze té části vlivů tohoto projektu na životní prostředí, která spadá do pravomoci daného orgánu, což z ní vylučuje část, která do ní nespadá, ale i vzájemné působení nebo vzájemný vztah mezi těmito částmi. V takovém případě je třeba mít za to, že požadavek na ranou účast veřejnosti na rozhodování musí být vykládán a uplatňován způsobem, který je v souladu se stejně důležitým požadavkem na její účinnou účast na tomto procesu. V tomto ohledu z ustálené judikatury Soudního dvora vyplývá, že v případě, kdy je záměr předmětem rozhodování v několika fázích, které se vyznačuje postupným přijímáním hlavního rozhodnutí a prováděcího rozhodnutí k němu, musí být povinnost posoudit vlivy tohoto záměru na životní prostředí, kterou ukládá směrnice 2011/92, v zásadě splněna před přijetím hlavního rozhodnutí, ledaže není v této fázi možné určit a posoudit všechny tyto vlivy, přičemž v takovém případě musí být celkové posouzení uvedených vlivů provedeno před přijetím prováděcího rozhodnutí (rozsudky ze dne 7. ledna 2004, Wells, C‑201/02 , EU:C:2004:12 , body a , ze dne 28. února 2008, Abraham a další, C‑2/07 , EU:C:2008:133 , bod , jakož i ze dne 29. července 2019, Inter-Environnement Wallonie a Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, C‑411/17 , EU:C:2019:622 , body a ). Povinná účast veřejnosti stanovená uvedenou směrnicí je přitom úzce spjata s touto posuzovací povinností, jak vyplývá z bodů 47 a 68 tohoto rozsudku. S ohledem na tuto spojitost je třeba mít analogicky za to, že v případě uvedeném v bodě 75 tohoto rozsudku požadavek na včasnou účast veřejnosti na rozhodovacím procesu stanovený v článku 6 směrnice 2011/92 nevyžaduje, aby přijetí předběžného rozhodnutí o části vlivů dotčeného záměru na životní prostředí předcházela taková účast pod podmínkou, že účast bude účinná, což je požadavek, který předpokládá, zaprvé že proběhne před přijetím rozhodnutí, které má přijmout orgán příslušný k povolení tohoto záměru, zadruhé že umožní veřejnosti vyjádřit se užitečným a úplným způsobem ke všem vlivům uvedeného záměru na životní prostředí a zatřetí že orgán příslušný k povolení takového záměru může tuto účast plně zohlednit. Pouze předkládajícímu soudu přísluší ověřit, zda tyto podmínky byly v projednávaném případě dodrženy, a tedy že se veřejnost mohla mezi okamžikem přijetí předběžného rozhodnutí, které povolilo oznamovateli odchýlit se od opatření použitelných v oblasti ochrany druhů za účelem uskutečnění záměru dotčeného ve věci v původním řízení, a okamžikem, kdy orgán příslušný k povolení tohoto záměru v tomto ohledu rozhodl, užitečným a úplným způsobem vyjádřit ke všem vlivům záměru na životní prostředí S ohledem na všechny výše uvedené úvahy je třeba na druhou otázku odpovědět tak, že směrnice 2011/92 musí být zejména s ohledem na své články 6 a 8 vykládána v tom smyslu, že přijetí předběžného rozhodnutí povolujícího oznamovateli odchýlit se od opatření použitelných v oblasti ochrany druhů za účelem uskutečnění záměru ve smyslu čl. 1 odst. 2 písm. a) směrnice nemusí nutně předcházet účast veřejnosti, pokud je tato účast účinně zajištěna před přijetím rozhodnutí, které má přijmout orgán příslušný k případnému povolení daného záměru. K nákladům řízení Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení ve vztahu ke sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud. Výdaje vzniklé předložením jiných vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se nenahrazují. Z těchto důvodů Soudní dvůr (třetí senát) rozhodl takto: 1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/ES ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí musí být vykládána v tom smyslu, že rozhodnutí přijaté podle čl. 16 odst. 1 směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, které za účelem uskutečnění záměru ve smyslu čl. 1 odst. 2 písm. a) směrnice 2011/92 opravňuje oznamovatele odchýlit se od opatření použitelných v oblasti ochrany druhů, spadá do procesu povolování tohoto záměru ve smyslu čl. 1 odst. 2 písm. c) směrnice, pokud tento záměr nemůže být realizován, aniž jeho oznamovatel získá takové rozhodnutí, a pokud si dále orgán příslušný k povolení uvedeného záměru zachovává možnost přísnějšího posouzení jeho vlivů na životní prostředí, než tomu bylo v uvedeném rozhodnutí. 2) Směrnice 2011/92 musí být zejména s ohledem na své články 6 a 8 vykládána v tom smyslu, že přijetí předběžného rozhodnutí povolujícího oznamovateli odchýlit se od opatření použitelných v oblasti ochrany druhů za účelem uskutečnění záměru ve smyslu čl. 1 odst. 2 písm. a) směrnice nemusí nutně předcházet účast veřejnosti, pokud je tato účast účinně zajištěna před přijetím rozhodnutí, které má přijmout orgán příslušný k případnému povolení daného záměru. Podpisy. ( *1 ) – Jednací jazyk: francouzština.

61998TJ0166

sl

Pravni okvir Uredba Sveta (EGS) št. 337/79 z dne 5. februarja 1979 o skupni ureditvi trga za vino (UL L 54, str. 1), kot je bila spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2144/82 Sveta z dne 27. julija 1982 (UL L 227, str. 1), je v členu 11(1) določala, da se lahko preventivna destilacija namiznih vin in vin, iz katerih se lahko pridobijo namizna vina, opravi vsako vinsko leto. Na podlagi šeste uvodne izjave Uredbe št. 2144/82 je bilo za izboljšanje prihodkov zadevnih proizvajalcev primerno, da se jim pod določenimi pogoji omogoči minimalno zagotovljeno ceno za namizno vino in da se v ta namen predvidi možnost, da proizvajalec dobavi namizno vino, ki ga proizvaja destilarni za zagotovljeno minimalno ceno, ali da ima možnost dostopa do drugih primernih ukrepov, ki se lahko sprejmejo. Komisija je 15. septembra 1982 sprejela Uredbo (EGS) št. 2499/82, ki predpisuje določbe o preventivni destilaciji za vinsko tržno leto 1982/1983 (UL L 267, str. 16). Člen 1(1) te uredbe določa, da morajo proizvajalci, ki želijo destilirati svoje namizno vino, na podlagi člena 11 Uredbe št. 337/79 skleniti pogodbe o dobavi s pooblaščenim destilaterjem in jih predložiti nacionalnemu intervencijskemu organu. Člen 1(3) iste uredbe, kot je bila spremenjena, določa, da začnejo te pogodbe učinkovati šele, če jih je najkasneje do 20. marca 1983 odobril nacionalni intervencijski organ države članice, v kateri se je nahajalo vino v trenutku sklenitve pogodbe. Člen 21(1) Uredbe št. 2499/82, kot je bila spremenjena, nalaga državam članicam, da Komisiji najkasneje do 15. aprila 1983 sporočijo količine vina, navedene v odobrenih pogodbah za destiliranje. Na podlagi določbe člena 4 Uredbe št. 2499/82, vino ne more biti destilirano, preden je odobrena pogodba ali deklaracija, katere predmet je. Člen 5(1) iste uredbe določa minimalno nakupno ceno vina, ki je namenjeno destilaciji. Na podlagi osme uvodne izjave Uredbe št. 2499/82 ta cena običajno ne omogoča trženja proizvodov, pridobljenih z destilacijo, po tržnih pogojih. Zato uredba predvideva mehanizem kompenzacije, ki je določen tako, da intervencijski organ izplača pomoč, katere višina je določena v prvi in drugi alinei 6. člena navedene uredbe. Na podlagi enajste uvodne izjave te uredbe je treba predvideti, da bo proizvajalcem minimalna zagotovljena cena izplačana v rokih, ki jim bodo omogočali, da iz tega pridobijo dobiček, ki je primerljiv s tistim, ki bi ga prejeli, če bi šlo za tržno prodajo. V teh okoliščinah je treba čim prej izplačati pomoč za zadevno destilacijo, hkrati pa z mehanizmom primernega zavarovanja zagotoviti pravilno odvijanje operacij. Da bi ta ukrep v celoti dosegel svoj cilj v državah članicah, je treba prav tako predvideti način plačila pomoči in predujmov, ki ustreza upravnim sistemom različnih držav članic. Člen 8 Uredbe št. 2499/82 predvideva, da lahko države članice za plačilo minimalne nakupne cene za vino in za plačilo pomoči s strani intervencijskega organa po svoji izbiri uporabijo en ali drug postopek, ki ju določata člena 9 in 10 iste uredbe. Italijanska republika se je odločila, da bo na svojem ozemlju uporabljala postopek, ki ga določa 9. člen. Člen 9 Uredbe št. 2499/82 določa: „1. Minimalno nakupno ceno iz prve točke prvega odstavka 5. člena plača destilater proizvajalcu najkasneje v devetdesetih dneh po tem, ko je v destilarno prispela [celotna količina vina ali, odvisno od primera, vsaka posamezna pošiljka vina]. 2. Intervencijski organ destilaterju najkasneje v devetdesetih dneh po predložitvi dokaza, da je bila celotna količina vina, omenjenega v pogodbi, destilirana, izplača pomoč, omenjeno v 6. členu [...] Destilater mora intervencijskemu organu predložiti dokazilo, da je plačal minimalno nakupno ceno iz prve točke prvega odstavka 5. člena v roku, določenem v prvem odstavku. Če tega dokaza ne predloži v stodvajsetih dneh po dnevu, ko predloži dokazilo iz prve točke, intervencijski organ izterja že plačane zneske [...]” Člen 10 te uredbe določa: „1. Najkasneje trideset dni po prihodu v destilarno [celotne količine vina ali, odvisno od primera, vsake posamezne pošiljke vina] destilater izplača proizvajalcu najmanj razliko med minimalno nakupno ceno iz prve alinee člena 5(1) in pomočjo iz člena 6(1). 2. Najkasneje trideset dni po predložitvi dokaza, da je bila celotna količina vina, ki je navedena v pogodbi, destilirana, intervencijski organ izplača proizvajalcu pomoč, navedeno v členu 6 [...]” Člen 11 Uredbe št. 2499/82, kot je bila spremenjena, določa: „Destilater, v primeru, ki ga določa člen 9, ali proizvajalec v primeru, ki ga določa člen 10, lahko zahteva, da se mu izplača znesek, ki je enak pomoči, določeni v 1. točki člena 6, kot predujem, pod pogojem, da zagotovi zavarovanje v korist intervencijskega organa v višini 110 % tega zneska. 2. To zavarovanje je zagotovljeno v obliki garancije, ki jo da družba, ki ustreza merilom, ki jih je določila država članica, ki ji pripada intervencijski organ. 3. Predujem se izplača najkasneje devetdeset dni po predložitvi dokaza, da je bilo zagotovljeno zavarovanje, in v vsakem primeru po dnevu, ko je bila potrjena pogodba ali deklaracija. 4. Z izjemo določbe člena 13 se zavarovanje iz prvega odstavka vrne samo, če je najkasneje do 29. februarja 1983 predložen dokaz, –        da je bila destilirana celotna količina vina, navedena v pogodbi, –        in če je bil predujem izplačan destilaterju, da je ta proizvajalcu plačal minimalno nakupno ceno, določeno v členu 5(1), prva alinea, [...] Če se dokazi iz prve alinee predložijo po datumu, določenem v tej alinei, a pred 1. junijem 1984, se vrne znesek 80 % zavarovanja, razlika pa zapade. Če ti dokazi niso predloženi pred 1. junijem 1984, zavarovanje v celoti zapade.” Člen 13 Uredbe št. 2499/82 določa, kadar zaradi naključja ali višje sile, vse vino ali del tega ne more biti destiliran, destilater ali proizvajalec o tem nemudoma obvesti intervencijski organ. V tem primeru ta organ izplača pomoč, predvideno v 6. členu za količino vina, ki je bila dejansko destilirana. Člen 2(1) Uredbe Sveta (ES) št. 352/78 z dne 20. februarja 1978 o dodelitvi zaseženih varščin, poroštev in jamstev, danih v skladu s skupno kmetijsko politiko (UL L 50, str. 1), določa, da zasežene varščine v celotni višini uporabijo plačilne službe ali telesa v državah članicah za zmanjšanje izdatkov Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS). Dejansko stanje Tožeče stranke, vinogradniške zadruge, so proizvajalci vin na Sardiniji v Italiji. V okviru preventivne destilacije za tržno leto 1982/1983 so sklenile pogodbe o dobavi vin s pooblaščeno destilarno – Distilleria Agricola Industriale de Terralba (v nadaljevanju DAI). Te pogodbe je potrdila l’Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo (italijanski intervencijski organ, v nadaljevanju AIMA) v skladu z določbo člena 1 Uredbe št. 2499/82. Iz računov, ki izrecno navajajo znesek „premije organa AIMA” („premio AIMA” ali „premio comunitario, a carico della AIMA”), vključene v minimalno nakupno ceno, ki je določena z Uredbo št. 2499/83 in bi jo DAI morala plačati za vino, ki je bilo dobavljeno v okviru preventivne destilacije za tržno leto 1982/1983 in so ga proizvedle tožeče stranke, izhaja, da je pomoč Skupnosti znašala 169.328.945 italijanskih lir (ITL) za minimalno nakupno ceno 247.801.380 ITL, v kar je vključen davek na dodano vrednost (DDV), za vino, ki ga je dobavila Cantina sociale di Dolianova (račun z dne 18. aprila 1983); 102.145.631 ITL za minimalno nakupno ceno 149.483.181 ITL, vključno z DDV, za vino, ki ga je dobavila Cantina Trexenta (račun z dne 30. aprila 1983); 346.391.958 ITL za minimalno nakupno ceno 506.921.061 ITL, vključno z DDV, za vino, ki ga je dobavila Cantina sociale Marmilla (račun z dne 28. februarja 1983); 215.084.906 ITL za minimalno nakupno ceno 316.505.762 ITL, vključno z DDV, za vino, ki ga je dobavila Cantina sociale Santa Maria La Palma (računa z dne 30. marca 1983 in 20. aprila 1983), in 33.908.702 ITL za minimalno nakupno ceno 54.812.419 ITL, vključno z DDV, za vino, ki ga je dobavila Cantina sociale del Vermentino (račun z dne 10. maja 1983). Po podatkih, ki so jih predložile tožeče stranke in jih Komisija ni prerekala, je bilo vino dobavljeno med januarjem in marcem 1983, destilacija pa je bila opravljena v rokih, ki jih določa člen 4 Uredbe št. 2499/82. Rok za destilaterjevo plačilo minimalne nakupne cene za vino, ki ga predvideva člen 9(1) te uredbe, se je iztekel junija 1983, saj so bile zadnje dobave vina opravljene v marcu 1983. DAI je 22. junija 1983 zahtevala od organa AIMA, naj na podlagi 11. člena Uredbe št. 2499/82 izplača predujem pomoči Skupnosti za vino, ki so ga dobavile tožeče stranke in je bilo destilirano. V ta namen je DAI sklenila predpisano zavarovanje v višini 110 % zneska pomoči na podlagi police, ki jo je izdala Assicuratrice Edile SpA (v nadaljevanju Assedile) v korist organa AIMA. To zavarovanje je znašalo 1.169.040.262 ITL. Organ AIMA je 10. avgusta 1983 izplačal predujem pomoči Skupnosti 1.062.763.876 ITL v dobro DAI, v skladu členom 11 Uredbe št. 2499/82. DAI zaradi finančnih težav ni poplačala, odvisno od primera, v celoti ali delno, proizvajalcev, med njimi tožečih strank, ki so dobavile vino, namenjeno destilaciji. DAI je 17. oktobra 1983 predlagala začetek postopka prisilne uprave, ki ga predvideva italijansko stečajno pravo. Ker je sodišče, na katero je bil naslovljen ta predlog, to je Tribunale d’Oristano (Italija), predlogu ugodilo, je DAI ustavila vsa svoja izplačila, vključno s tistimi, ki jih je bila dolžna proizvajalcem, ki so ji dobavili vino. Čeprav je bil obveščen o začetku tega postopka, je organ AIMA zahteval od DAI, naj vrne pomoč Skupnosti, od katere bi odštela zneske, ki so bili pravilno izplačani zgoraj navedenim proizvajalcem, ker ji DAI ni v roku, določenem v členu 9(2) Uredbe št. 2499/82, predložila dokazila o plačilu minimalne nakupne cene za vino drugim proizvajalcem v devetdesetih dneh po dobavi v destilarno, predvidenem v členu 9(1) te Uredbe. Ker DAI te pomoči ni vrnila, je organ AIMA zahteval, naj mu Assedile izplača znesek varščine. Na podlagi zahteve DAI je Pretore de Terralba (Italija) 26. julija 1984 izdalo začasno odredbo, s katero je Assedile prepovedalo plačati varščino organu AIMA. DAI je določil rok šestdeset dni za vložitev tožbe v glavni stvari. DAI je meseca septembra 1984 vložila tako tožbo pred Tribunale civile v Rimu (Italija). Predlagala je predvsem, naj to sodišče ugotovi, da so bili proizvajalci tisti, ki bi bili končni prejemniki varščine v okviru zneskov, ki jim jih je še treba izplačati, in, podredno, da bi se pravice organa AIMA lahko izpolnile največ s preostalim zneskom cene, ki ga DAI še ni izplačala proizvajalcem. Navedla je, da je v konkretnem primeru proizvajalcem plačala približno polovico zneska predujma, ki ji ga je izplačal organ AIMA, vendar pred sodiščem ni navedla, kot je to ugotovilo v sodbi z dne 27. januarja 1989, da je ta plačila izvedla v roku, ki ga določa uredba št. 2499/88 (glej v nadaljevanju navedeno točko 30). Predlagala je, naj se Sodišču postavi vprašanja za predhodno odločanje glede razlage uredb Skupnosti, ki se uporabljajo v tej zadevi. Ni ji mogoče očitati opustitve, ker se je znašla v položaju, v katerem ni mogla izvršiti vseh plačil. Zatrjevala je, da je bila varščina namenjena zavarovanju plačila minimalne nakupne cene proizvajalcem v sorazmerju z dobavljeno proizvodnjo, če destilater ne izpolni svojih obveznosti. Poudarila je, da bi morala biti pomoč, v skladu z veljavnimi predpisi Skupnosti, če bi bila vrnjena organu AIMA, vrnjena pristojnemu organu Skupnosti. Možnosti proizvajalcev, imetnikov subjektivne pravice do izplačila pomoči, bi bile tako ogrožene zaradi dejanja tretjega (to je zaradi dejanja osebe, ki ni DAI). Assedile in organ AIMA sta bila toženi stranki, proizvajalci, na katere se je nanašala zadeva, to je tožeče stranke, še ena vinogradniška zadruga in konzorcij vinogradniških zadrug, pa so intervenirali v tem postopku. Iz sodbe z dne 27. januarja 1989 Tribunale civile iz Rima izhaja, da je po navedbah organa AIMA od dvanajstih pogodb o nakupu vina, ki jih je sklenila DAI in so bile potrjene v skladu z določbo člena 1 Uredbe št. 2499/82, DAI v skladu s predpisi Skupnosti predložila dokazilo o plačilu minimalne nakupne cene trem proizvajalcem, v skupni višini 111.602.075 ITL. AIMA je zatrjevala, da razen tem trem proizvajalcem DAI ni plačala minimalne nakupne cene proizvajalcem, da v vsakem primeru ni dokazala, da je bilo to plačilo opravljeno v roku, ki ga določa člen 9(1) Uredbe št. 2499/82, in na koncu, da tega dokazila ni predložila v roku, ki ga določa člen 9(2) te uredbe. AIMA je poudarila, da ji v tem kontekstu „varščina zapade v celoti na podlagi člena 11 prej navedene uredbe in da lahko posledično proizvajalci, ki niso dobili plačila, svoje pravice uveljavljajo le od destilarne […]” Zato je z nasprotno tožbo zahtevala, naj se Assedile naloži, da ji izplača varščino 1.047.084.185 ITL, skupaj z obrestmi. Intervenienti v postopku pred Tribunale civile iz Rima so se strinjali z navedbami DAI (glej zgoraj navedeno točko 25). Navajali so, da jim zneski, ki so predmet varščine, ki jo je dala Assedile, pripadajo v sorazmerju z dobavljenim vinom. Zahtevali so, naj Tribunale civile iz Rima odloči, da jim je Assedile dolžna izplačati znesek njihovih revaloriziranih neplačanih terjatev do DAI, skupaj z obrestmi, podredno pa, da jim je organ AIMA dolžan izplačati te zneske. Še posebej so tožeče stranke navedle, da znesek njihovih neplačanih terjatev, ki izhaja iz pogodb, potrjenih v skladu z določbami Uredbe št. 2499/82, znaša 106.571.589 ITL za Cantina sociale di Dolianova, 79.483.181 ITL za Cantina Trexenta, 506.921.061 ITL za Cantina sociale Marmilla, 192.954.189 ITL za Cantina sociale Santa Maria La Palma in 54.812.419 ITL za Cantina sociale del Vermentino. V vmesnem času je Tribunale d’Oristano s sodbo z dne 27. februarja 1986 izreklo, da je DAI v stečaju. V sodbi z dne 27. januarja 1989 je Tribunale civile iz Rima ugotovilo: „V končni fazi Uredba [...] št. 2499/82 podeljuje pravico do pomoči, če se spoštujejo strogo postavljeni roki in pogoji, nespoštovanje teh rokov in pogojev pa povzroči, da se del pomoči ali vsa pomoč, ki je bila izplačana s predujmom, vrne. Na podlagi postopka, ki ga je sprejela [Italijanska republika], [postopek, ki ga določa člen 9 Uredbe št. 2499/82], so destilaterji prejemniki pomoči, medtem ko so proizvajalci vina in grozdja tisti, ki jim je pomoč v končni fazi namenjena. Iz navedenega izhaja, da je zadevno uredbo lahko razlagati in da ni treba predložiti Sodišču vprašanja za predhodno odločanje. [...] Glede odnosa med Assedile in organom AIMA, [polica za varščino, ki jo je izdala Assedile], člen 2 splošnih zavarovalnih pogojev predvideva, da Assedile jamči organu AIMA do višine zavarovanega zneska (to je 1.169.040.262 ITL) za povračilo zneskov, ki bi ji jih bila eventualno dolžna pogodbena stranka [DAI] kot celotno ali delno povrnitev predujma, ki ga je izplačal organ AIMA, če bi se izkazalo, da ni pravice za izredno pomoč pri destilaciji za celoto ali dela količin, navedenih v predlogu za predplačilo ali v pogodbi za destilacijo. Po drugi strani člen 3 določa, da mora organ AIMA od DAI zahtevati povračilo neupravičeno prejetih zneskov, ta pa je dolžna izplačati zahtevani znesek v petnajstih dneh. Če po poteku tega roka zahteva ni imela učinka, lahko organ AIMA zahteva plačilo tega zneska od družbe [Assedile], ki je to plačilo dolžna izvesti v petnajstih dneh po prejemu zahteve, ne da bi lahko temu kakor koli ugovarjala. Na podlagi določbe člena 4 se na družbo [Assedile] v mejah plačanega zneska cedirajo vse pravice, regresi in pravna sredstva, ki jih ima organ AIMA do pogodbene stranke in njenih pravnih naslednikov. Navedene pogodbene določbe se zdijo jasne in se lahko razlagajo: še posebej je jasno, da je jamstvo dano v korist organa AIMA in ne v korist drugih oseb, kot so to proizvajalci, ter da zato ti nimajo nobene pravice do Assedile glede jamčenega zneska. Prav tako iz določbe člena 3, ki določa obveznost družbe [Assedile], da plača v petnajstih dneh po prejemu zahteve upravičenca, ki ni prejel plačila, jasno izhaja, da se porok zoper upravičenca ne more sklicevati na nobene ugovore. Tudi če bi domnevali, da je pred kakršnim koli povračilom treba ugotoviti neobstoj (v celoti ali delno) pravice do pomoči pri destilaciji, ni nobenega dvoma, da je ta pravica ugasnila, ker tožeča stranka DAI ni upoštevala rokov in pogojev, ki jih je predvidela uredba Skupnosti. Ugotovljeno je namreč, da tožeča destilarna ni izpolnila treh obveznosti iz različnih naslovov: 1. ni izplačala (kot to izhaja iz neobstoja dokazov o plačilu v spisu) minimalne cene proizvajalcem z izjemo 110.795.870 ITL; 2. ni izplačala pomoči proizvajalcem v devetdesetih dneh po sprejetju vina v destilarno (rok, ki je iztekel junija 1983) in ne glede na to, ali se je to zgodilo, 3. pred 1. junijem 1984 ni predložila dokazov, da je izvršila plačila. Sankcija za opustitev teh obveznosti je, da varščina v celoti zapade. Poleg tega sodišče ne more sprejeti razlogov, ki jih je navedla destilarna, da bi upravičila svoje neplačilo (nemožnost izvedbe plačil zaradi postopka prisilne uprave in zaradi spoštovanja načela enakosti upnikov), ker so roki za izvedbo teh plačil (junij 1983) in za vrnitev pomoči (julij 1983) iztekli pred dnem, na kateri je bilo odločeno, da predlaga svoje nadzorovano upravljanje (oktober 1983). [...] Zato je treba AIMA povrniti, na podlagi prej navedenih določb Skupnosti, znesek v višini 110 % pomoči izplačane kot predujem, od katerega se odšteje pomoč, katere dejansko izplačilo je bilo dokazano, to je 1.047.084.185 ITL (celoten znesek pogodb, za katere ni bil predložen dokaz o plačilu, povečan za 10 % – to je 1.046.277.980 ITL –, k čemur se prišteje razlika med pomočjo, za plačilo katere je bil predložen dokaz, in pomočjo, izplačano kot predujem, to je 806.205 ITL). Pripomniti je treba, da DAI ni nikoli izpodbijala teh zneskov: čeprav je zatrjevala, da je izplačala približno polovico prejetih pomoči, ni nikoli zatrjevala, kaj šele dokazala, da je izplačala te pomoči v rokih, ki jih predvideva Uredba št. 2499/82. [...] Primerno je navesti, da tožeča destilarna ni v položaju, v katerem bi se lahko sklicevala na to, da imajo zadružne vinske kleti, ki so dostavile svoje proizvode, težave z izpolnitvijo svojih terjatev, ker se je sama spravila v položaj, v katerem ni mogla izplačevati, ker je takoj po prejemu pomoči Skupnosti, ki bi jih morala izplačati proizvajalcem, predlagala stečajni postopek. Zadružne vinske kleti lahko, kot tudi porok, če se odloči, da bo uveljavljal regresni zahtevek, dobijo poplačilo svojih terjatev v okviru stečajnega postopka, skupaj z drugimi upniki in v skladu z načelom enakosti upnikov.” Štiri tožeče stranke, z izjemo Cantina sociale del Vermentino, so 27. septembra 1989 vložile pritožbo na to sodbo pred pritožbenim sodiščem v Rimu. Pritožbeno sodišče je s sodbo z dne 19. novembra 1991 odločilo, da pritožba ni dopustna, ker tožeče stranke pritožbe niso pravilno vročile stečajnemu upravitelju („la curatela fallimentare”) DAI, temveč DAI sami, ki je bila takrat v stečaju, in ker niso pravilno opravile vročitve v roku, ki jim ga je postavil sodnik, ki je bil zadolžen za spis („il consigliere istruttore”). V vmesnem obdobju je Assedile 16. januarja 1990 organu AIMA plačala dolgovane zneske. Italijansko kasacijsko sodišče je s sodbo z dne 28. novembra 1994 zavrnilo zahtevo za varstvo zakonitosti, ki so jo štiri zgoraj navedene tožeče stranke vložile proti sodbi pritožbenega sodišča. V zahtevi za varstvo zakonitosti so se sklicevale predvsem, da so vložile pritožbo proti zgoraj navedeni sodbi Tribunale civile iz Rima, da bi se ugotovilo, da sodba ni pravilna, in sicer ne glede DAI, temveč le glede organa AIMA in Assedile. Pet tožečih strank je pravilno prijavilo svoje terjatve do DAI v okviru stečajnega postopka, ki je potekal v zvezi s to družbo. Z dopisom z dne 22. januarja 1996 so od organa AIMA zahtevale, naj izpolni njihove terjatve do DAI, pri čemer so navedle, da organ AIMA ni bil upravičeno obogaten s prejemom varščine. Organ AIMA je zavrnil to zahtevo z navedbo, da mu varščina pripada in da proizvajalci nimajo nobenega neposrednega pravnega sredstva, s katerim bi lahko od njega zahtevali izpolnitev terjatev, ki so jih imeli do DAI. Tožeče stranke so 16. februarja 1996 na Tribunale civile v Cagliariju (Italija) vložile tožbo proti organu AIMA zaradi neupravičene obogatitve. Tožeče stranke so 13. novembra 1996 naslovile prijavo na Komisijo, v kateri so navedle, da je organ AIMA domnevno kršil predpise Skupnosti, še posebej Uredbo št. 2499/82, in predlagale Komisiji, naj naloži organu AIMA in Italijanski republiki, naj jim povrneta zneske, ki jih niso prejele iz naslova pomoči Skupnosti za tržno vinsko leto 1982/1983. Komisija je z dopisom z dne 25. junija 1997 tožečim strankam navedla, da je Assedile organu AIMA 16. januarja 1990 izplačala znesek varščine, skupaj z obrestmi. Dodala je, da morajo v skladu s členom 2(1) Uredbe št. 352/78 intervencijski organi zasežene varščine uporabiti za zmanjšanje izdatkov EKUJS, drugače rečeno, te morajo biti knjižene v korist EKUJS. Dodala je, da bodo njene službe opravile potrebne poizvedbe, predvsem pri organu AIMA, da ugotovijo dejanskega prejemnika zneska varščine, ki ga je prejel organ AIMA. Po opravljeni poizvedbi pri organu AIMA je Komisija z dopisom z dne 8. decembra 1997 obvestila tožeče stranke, da ji je organ AIMA navedel, da je 21. februarja 1991 unovčil nakazilo („il vaglia”) 1.047.084.185 ITL, izdano na račun Assedile 16. januarja 1990, in da je v poslovnem letu 1991 ta znesek – „ki verjetno ustreza znesku varščine” – vknjižila v korist EKUJS. Tožeče stranke so z dopisom dne 23. januarja 1998, ki je na Komisijo prispel 5. februarja 1998, od te institucije zahtevale, naj jim nakaže znesek, ki ustreza vsoti terjatev, ki so jih imele do DAI, ker je bila varščina, izplačana organu AIMA, povrnjena EKUJS. Zatrjevale so, da iz Uredbe št. 2499/82, katere namen je koristiti proizvajalcem vina, izhaja, da bi ti morali biti dejanski in edini prejemniki pomoči, ki jo predvideva ta uredba. Možnost izbire, ki jo prepušča zadevni državi članici glede postopka plačila pomoči s strani intervencijskega organa, ki ju določata tako člen 9 kot tudi člen 10 te uredbe, ne more ogroziti tega namena. Še posebej v postopku, ki ga predvideva člen 9 navedene uredbe, je zavarovanje, ki ga zagotovi destilater, namenjeno jamstvu pravilnosti celotnega postopka preventivne destilacije, predvsem glede dejanskega izplačila pomoči proizvajalcem. Vsaka drugačna razlaga bi bila kršitev načela enakega obravnavanja, ki ga določa člen 6 Pogodbe ES (po spremembi je postal člen 12 ES). To mnenje potrjujejo tudi nadaljnji predpisi Komisije, ki določajo pravila, ki se nanašajo na naslednja vinska tržna leta in izrecno predvidevajo, da če destilater ni plačal minimalne nakupne cene proizvajalcu, ta lahko zahteva plačilo pomoči neposredno od intervencijskega organa. Komisija je to zahtevo zavrnila z dopisom z dne 31. julija 1998, ki ga je podpisal generalni direktor in so ga tožeče stranke prejele 14. avgusta 1998 (v nadaljevanju sporno pismo). Navedla je, da je bil postopek plačila pomoči destilaterju, ki se je uporabljal v konkretni zadevi, primarno v korist destilaterju, da bi lahko kompenziral visoko nakupno ceno vina. Zavarovanje je bila zagotovljeno v korist organa AIMA in proizvajalci ne morejo uveljavljati nobene pravice do njegovega zneska. Možnost, prepuščena zadevni državi članici med tem postopkom, ki ga predvideva člen 9 Uredbe št. 2499/82, in postopkom neposrednega plačila pomoči proizvajalcu, ki ga predvideva člen 10 te uredbe, ne pomeni, da je treba ti določbi razlagati na enak način v smislu, da so proizvajalci vedno prejemniki pomoči. Med drugim je Komisija navedla, da ta razlika v postopkih ni v nasprotju z načelom enakega obravnavanja, ker je nastala zaradi dejanskih razlik (različni upravni sistemi in različno število proizvajalcev v posameznih državah članicah lahko v nekaterih državah članicah utemeljijo centralizacijo plačila pomoči pri destilaterjih). Komisija je poudarila, da je v sodbi z dne 27. januarja 1989, ki je že postala pravnomočna, Tribunale civile iz Rima zavrnilo ugotovitev, da imajo tožeče stranke terjatev do varščine. Iz tega je sklepala, da tožeče stranke nimajo nobene pravice do zneska varščine, ki jo je unovčil organ AIMA, ta pravica pa tudi ne more nastati, ko se ta znesek vrne Komisiji. Podredno je Komisija navedla, da je potrditev pogodb s strani organa AIMA, ki so jih sklenile tožeče stranke in DAI, ne spremeni zasebne narave teh pogodb, tako da bi bile zatrjevane obveznosti Komisije do tožečih strank nepogodbene narave. Posledično je vsaka tožba proti Skupnosti zastarala na podlagi člena 46 Statuta Sodišča, ker je bil znesek varščine organu AIMA izplačan 16. januarja 1990 in vrnjen EKUJS med proračunskim letom 1991. Med drugim je bil po pisnih odgovorih tožečih strank na vprašanja Sodišča prve stopnje postopek zaradi neupravičene obogatitve, ki je bil začet pred Tribunale civile v Cagliariju, prekinjen zaradi iskanja možnosti poravnave glede stroškov na podlagi rezultatov poizvedbe Komisije, omenjene zgoraj v točki 40. Ker je ta poizvedba pokazala, da je organ AIMA, v nasprotju s tem, kar je zatrjeval pred začetkom tega postopka in med njim, povrnil znesek varščine EKUJS, po mnenju tožečih strank ta postopek ni bil več smiseln, ker je postalo jasno, da se organ AIMA ni mogel neupravičeno obogatiti. V pisnem odgovoru na vprašanje Sodišča prve stopnje so tožeče stranke končno navedle, da je bil stečajni postopek končan leta 2000 in da so pri delitvi sodelovale kot privilegirani upniki zaradi svojega položaja kmetijske zadruge v skladu s členom 2751(a)(5)(a) in členom 2776 italijanskega civilnega zakonika. V delitvi so prejele plačilo svojih priznanih terjatev do DAI, in sicer 39 % zneska teh terjatev. Po tej delitvi so njihove neplačane terjatve znašale 72.797.022 ITL za Cantina sociale di Dolianova, 54.412.685 ITL za Cantina Trexenta, 350.554.208 ITL za Cantina sociale Marmilla, 133.888.664 ITL za Cantina sociale Santa Maria La Palma in 37.212.737 ITL za Cantina sociale del Vermentino. Postopek in predlogi strank Tožeče stranke so v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 12. oktobra 1998 vložile to tožbo. Po vložitvi odgovora na tožbo je Sodišče prve stopnje s pismom sodnega tajništva z dne 25. februarja 1999 predlagalo tožečim strankam, naj se v repliki osredotočijo na vprašanje dopustnosti tožbe. Temu predlogu so tožeče stranke ugodile. Tožeče stranke Sodišču prve stopnje predlagajo, naj: –        „na podlagi členov 173 in/ali 175 Pogodbe ES za nično razglasi odločbo Komisije z dne 31. julija 1998 […], kot tudi kateri koli drugi akt, na katerega se sklicuje, ali v vsakem primeru akt, na katerega se opira, mu je podrejena ali povezana z njim […];” –        „ugotovi, da imajo [tožeče stranke] pravico prejeti pomoč Skupnosti, ki jim je DAI zaradi svojega stečaja ni izplačala v primernem času in katere znesek je prejel organ AIMA [...] ter je bila povrnjena EKUJS […];” –        „naloži Komisiji tudi, če je to primerno, na podlagi neupravičene obogatitve in/ali povrnitve škode na podlagi člena 178 Pogodbe ES, naj plača [tožečim strankam odškodnino v višini, ki ustreza višini njihovih neplačanih terjatev do DAI, ki so podrobno navedene v tožbi], skupaj z morebitnimi zakonitimi zamudnimi obrestmi od 1. januarja 1992 naprej oziroma vsaj od 23. januarja 1998 naprej, ko je bila Komisiji poslana zahteva za plačilo […];” –        „toženi stranki naloži plačilo stroškov”. Komisija Sodišču prve stopnje predlaga, naj: –        tožbo razglasi za nedopustno; –        podredno, tožbo zavrne kot neutemeljeno; –        tožečim strankam naloži plačilo stroškov. Na podlagi poročila sodnika poročevalca je Sodišče prve stopnje (drugi senat) odločilo začeti ustni postopek brez predhodnih pripravljalnih ukrepov. Stranke so na obravnavi, ki je bila 14. septembra 2000, podale ustne navedbe in odgovorile na vprašanja Sodišča prve stopnje. Na tej obravnavi so tožeče stranke umaknile drugo točko zahtevka. Na koncu obravnave 14. septembra 2000 je predsednik drugega senata zaključil ustni postopek in prekinil postopek za tri mesece, da bi stranke lahko ponovno preučile zadevo. Komisija je z dopisom z dne 14. decembra 2000 obvestila, da ni bilo mogoče doseči mirne rešitve zadeve. Sodišče prve stopnje je s sklepom z dne 18. septembra 2001 ponovno odprlo ustni postopek, da bi strankam lahko postavilo določena pisna vprašanja v okviru ukrepov procesnega vodstva, ki jih določa člen 64 Poslovnika Sodišča prve stopnje. Komisija je na ta vprašanja odgovorila z vlogo, ki je bila vložena v tajništvu Sodišča prve stopnje 16. novembra 2001. Tožeče stranke so stališča o teh odgovorih predstavila v vlogi, ki je bila vložena v tajništvu Sodišča prve stopnje 27. junija 2003. V vmesnem času se je spremenila sestava drugega senata Sodišča prve stopnje, ker je enemu od sodnikov Sodišča prve stopnje potekel mandat. Sodišče prve stopnje (drugi senat) je povabilo stranke na drugo obravnavo in tožečim strankam predlagalo, naj pred dnem obravnave pisno odgovorijo na novo postavljena vprašanja. Tožeče stranke so ugodile temu predlogu z vlogo, ki je bila vložena v tajništvu Sodišča prve stopnje 5. januarja 2004. Stranke so na obravnavi, ki je bila 10. februarja 2004, podale ustne navedbe in odgovorile na vprašanja Sodišča prve stopnje. Pravno stanje A – Dopustnost ničnostne tožbe in tožbe zaradi nedelovanja Trditve strank Komisija najprej navaja, da zahtevek za razglasitev ničnosti na podlagi člena 173 Pogodbe ES (po spremembi postal člen 230 ES) ni dopusten, ker sporni dopis z dne 31. julija 1998 nima narave odločbe. Komisija s tem dopisom ni zavrnila plačila zahtevanih zneskov, temveč je le navedla, da nima pooblastila delovati ali sprejeti odločbe o zahtevanem plačilu. To pooblastilo imajo nacionalni intervencijski organi, ki so odgovorni za plačilo pomoči, ki jih predvideva Uredba št. 2499/82. Edini element, ki ima naravo odločbe v spornem pismu, je odločitev, da je zadeva končana. Pri tem pa je šlo le za notranjo in administrativno odločitev, ki ne ogroža položaja tožečih strank. Drugič, Komisija navaja, da zahteva na podlagi člena 175 Pogodbe ES (po spremembi postal člen 232 ES) prav tako ni dopustna, ker je tožeče stranke niso predhodno pozvale, naj ukrepa. Tudi če je mogoče dopis z dne 23. januarja 1998 šteti za poziv k ukrepanju, kar Komisija prereka, je bila ta tožba zaradi nedelovanja vložena prepozno. V nasprotju s tem, kar zatrjujejo tožeče stranke, začnejo procesni roki teči od poziva k ukrepanju. Tožeče stranke najprej zatrjujejo, da je njihov zahtevek za razglasitev ničnosti dopusten. Vsebina spornega dopisa kaže, da ima ta dopis naravo odločbe, ker je z njim zavrnjena njihova zahteva z dne 23. januarja 1998 in ker je bila z njim zadeva zaključena. Tožeče stranke navajajo, da je bila zahteva z dne 23. januarja 1998 jasna, utemeljena glede dejanskega stanja in tudi pravno, ter dokončna. Poleg tega ji je sledil dolg postopek preiskave. S spornim dopisom je Komisija na podlagi zadevne preiskave to zahtevo zavrnila ter to zavrnitev obrazložila dejansko in pravno. Poleg tega bi bil zahtevek za razglasitev ničnosti, tudi če spornega dopisa, v nasprotju s tezo tožečih strank, ne bi bilo mogoče šteti za pravo odločbo, kljub temu dopusten, ker ni naperjen le proti temu dopisu, temveč tudi proti „kateremu koli drugemu aktu, na katerega se [ta dopis] sklicuje, ali v vsakem primeru aktu, na katerega se opira, mu je podrejen ali je povezan z njim”. Tako bi bilo treba šteti, da se ta zahtevek nanaša na „zatrjevani negativni ukrep, ki ga predstavlja nesprejetje ugodne odločitve glede zahteve, ki so jo v tistem času podale zadruge z enako utemeljitvijo”. Vložena je bila v skladu z določbo člena 44(1)(c) Poslovnika, ki predvideva le to, da mora tožba obsegati „predmet postopka in kratek povzetek tožbenih razlogov”. Drugič, tožeče stranke ocenjujejo, da je njihov zahtevek – na podlagi člena 175 Pogodbe ES usmerjen proti opustitvi „sprejetja pozitivnega ukrepa, ki je bil zahtevan od Komisije” – prav tako dopusten. Navajajo, da se rok dveh mesecev za vložitev tožbe zaradi opustitve institucije Skupnosti, da sprejeme mnenje, potem ko je bila pozvana k ukrepanju, začne z dnem, ko se izkaže nedelovanje institucije. Tožeče stranke zatrjujejo, da se je nedelovanje Komisije izkazalo po dopisu Komisije z dne 31. julija 1998, s katerim je bila zavrnjena zahteva, izražena v dopisu z dne 23. januarja 1998. Pred tem položaj ni bil jasen. V telefonskih pogovorih z odvetnikom tožečih strank v mesecih po Komisijinem prejemu zgoraj omenjene zahteve tožečih strank je namreč uradnik generalne direkcije za kmetijstvo dal zagotovilo, da službe Komisije preučujejo spis in da bo odločitev sprejeta pred koncem poletja 1998. Tožeče stranke so predlagale, naj Sodišče prve stopnje, če je to potrebno, kot pričo zasliši g. Petruccija in tako preveri zatrjevana dejstva. Presoja Sodišča prve stopnje Dopustnost ničnostne tožbe Da bi se lahko najprej presojalo dopustnost ničnostne tožbe, je treba pretehtati naravo spornega dopisa. Da bi bil dopis lahko odločba v smislu člena 173 Pogodbe (po spremembi postal člen 230 ES), namreč ne zadošča, da institucija Skupnosti pošlje ta dopis naslovniku kot odgovor na zahtevo, ki jo je ta vložil. V skladu z ustaljeno sodno prakso so akti, zoper katere je mogoče vložiti ničnostno tožbo na podlagi člena 173 Pogodbe, le tisti, ki ustvarjajo obvezne pravne učinke, ki lahko vplivajo na interese tožeče stranke, tako da pomembno spremenijo njen pravni položaj (sodba Sodišča z dne 14. januarja 1993 v zadevi Italsolar proti Komisiji, C-257/90, Recueil, str. I-9, točka 21, sklepa Sodišča prve stopnje z dne 4. oktobra 1996 v zadevi Sveriges Betodlares in Henrikson proti Komisiji, T-5/96, Recueil, str. II-1299, točka 26, in z dne 11. decembra 1998 v zadevi Scottish Soft Fruit Growers proti Komisiji, T-22/98, Recueil, str. II-4219, točka 34). V tej zadevi je torej treba najprej preveriti, ali je sporni dopis v pravnem kontekstu, v katerega se umešča, lahko imel take učinke, ker je obsegal zavrnitev izpolnitve zahteve tožečih strank, ki so predvsem zahtevale, naj jim Komisija neposredno izplača neprejeto pomoč Skupnosti, ki jo predvideva Uredba št. 2499/82 za vino, dobavljeno za preventivno destilacijo v vinskem tržnem letu 1982/1983 (glej zgoraj navedeni točki 41 in 42). Glede tega je treba predhodno omeniti, da morajo v skladu s pravili, ki urejajo odnose med Skupnostjo in državami članicami, te, kadar ni nasprotne določbe prava Skupnosti, na svojem ozemlju zagotavljati izvrševanje predpisov Skupnosti, med drugim na področju skupne kmetijske politike. Natančneje, določbe Skupnosti, ki se nanašajo na skupno organizacijo trgov, morajo izvrševati nacionalni organi, ki so zato določeni. Službe Skupnosti nimajo nikakršne pristojnosti, da bi sprejele odločbe, s katerimi bi uporabile te določbe (sklep Sodišča prve stopnje z dne 21. oktobra 1993 v zadevi Nutral proti Komisiji, T-492/93 in T-492/93 R, Recueil, str. II-1023, točka 26, in sodba Sodišča prve stopnje z dne 15. septembra 1998 v zadevi Oleifici Italiani in Fratelli Rubino proti Komisiji, T-54/96, Recueil, str. II-3377, točka 51). V tej zadevi iz Uredbe št. 2499/82 izhaja, da morajo nacionalni intervencijski organi (v konkretni zadevi organ AIMA), čeprav mora finančno breme operacije preventivne destilacije na koncu nositi Skupnost, na svojem ozemlju zagotoviti izvršitev operacij preventivne destilacije v skladu z določili te uredbe. Na podlagi Uredbe št. 2499/82 so nacionalni organi tisti, ki –        nadzorujejo in potrjujejo pogodbe, sklenjene med proizvajalci vin in destilaterji (člena 1(3) in 3 Uredbe), –        izplačujejo pomoč Skupnosti ali pod določenimi pogoji kot predujem izplačujejo znesek, ki je enak tej pomoči (6. člen, člen 9(2) in 11. člen Uredbe), –        izterjajo, kadar je treba, vsote, ki niso bili upravičeno plačane kot pomoč ali predujem pomoči (člena 9(2) in 11(3) Uredbe). Nasprotno pa Uredba št. 2499/82 Komisiji ne daje nobenih pristojnosti, da bi se vključila v izvrševanje operacij preventivne destilacije s strani nacionalnih intervencijskih organov. Iz te uredbe namreč izhaja, da se je lahko Komisija le seznanila z operacijami, ki so jih izvedli ti nacionalni organi, v okviru obveznosti držav članic, ki jo je določal člen 21 te uredbe, da tej instituciji v predvidenih rokih sporočijo količine vina, navedene v potrjenih pogodbah o destilaciji, količine destiliranega vina in količine pridobljenih proizvodov, kot tudi o primerih, v katerih destilater ni spoštoval svojih obveznosti, in ukrepih, ki so bili posledično sprejeti. V tem pravnem okviru Komisija vsekakor ni imela pristojnosti, da bi ugodila taki zahtevi, kot so jo nanjo v tej zadevi naslovile tožeče stranke, in sicer naj ta institucija izplača pomoč, ki naj bi pripadala proizvajalcem vina na podlagi Uredbe št. 2499/82. Iz tega izhaja, da zavrnitev te zahteve v spornem dopisu in sočasni zaključek postopka nista bila take narave, da bi lahko spremenila pravni položaj tožečih strank. Ta dopis tako nima nobene značilnosti odločbe in zato ne more biti akt, ki ga je mogoče izpodbijati na podlagi člena 173 Pogodbe v delu, kjer obsega zavrnitev izplačila zahtevane pomoči Skupnosti tožečim strankam. Poleg tega je treba presoditi tudi dopustnost zahtevka za razglasitev ničnosti spornega dopisa, kolikor bi se to lahko razumelo kot zavrnitev implicitne zahteve tožečih strank, naj se popravijo določbe Uredbe št. 2499/82, tako da bi bile v skladu z načelom enakega obravnavanja, na katerega se sklicujejo tožeče stranke. Komisija se v tem pismu namreč ni omejila na pojasnila v zvezi z uporabo sistema izplačil pomoči Skupnosti s strani organa AIMA na podlagi upoštevnih določb Uredbe št. 2499/82, predvsem glede tega, da nacionalni intervencijski organ unovči varščino, ki jo je zagotovil destilater, da bi dobil izplačan predujem v višini zneska pomoči, če slednji ne izpolni svojih obveznosti. Sporni dopis vsebuje tudi mnenje Komisije, da je sistem plačil, ki ga določa člen 9 Uredbe št. 2499/82, v skladu z načelom enakega obravnavanja. Glede tega Sodišče prve stopnje ugotavlja, da tudi če bi se dopis tožečih strank z dne 23. januarja 1998 lahko razumel, kot da vsebuje zahtevo, naj Komisija sprejme retroaktivni popravek Uredbe št. 2499/82, da bi zagotovila izplačilo pomoči Skupnosti zadevnim proizvajalcem, kar sicer ne izhaja izrecno iz besedila tega dopisa tožečih strank, in da bi se strani sporni dopis lahko razumel, kot da je bila z njim taka zahteva zavrnjena, zahtevek za razglasitev ničnosti tega dopisa kljub temu ne bi bil dopusten, ker tožeče stranke za to nimajo procesnega upravičenja. V skladu z ustaljeno sodno prakso namreč tožba, ki jo vloži fizična ali pravna oseba proti zavrnitvi Komisije, da sprejme retroaktiven popravek akta, ni dopustna, če bi moral biti zahtevani popravek sprejet v obliki splošno veljavne uredbe (zgoraj navedena sklepa Sveriges Betodlares in Henrikson proti Komisiji, točka 28, in Scottish Soft Fruit Growers proti Komisiji, točka 41). V tej zadevi je torej Uredba št. 2499/82 splošno veljavna, ker se nanaša na vse proizvajalce vina in destilaterje v Skupnosti ter na splošen in abstrakten način predpisuje določbe o preventivni destilaciji za vinsko tržno leto 1982/1983. V teh okoliščinah bi se popravek te uredbe lahko sprejel le v obliki splošno veljave uredbe. Zaradi vseh teh razlogov zahtevek za razglasitev ničnosti spornega dopisa ni dopusten. V delu, kjer tožeče stranke predlagajo razveljavitev tudi katerega koli akta, na katerega se sporni dopis sklicuje, na katerega se opira ali ki mu je podrejen oziroma je povezan z njim, zadošča navedba, da ti predlogi ne določajo dovolj natančno svojega predmeta in zato prav tako niso dopustni na podlagi člena 44(1)(c) Poslovnika, kot navaja Komisija. Iz tega izhaja, da ničnostna tožba v celoti ni dopustna. Dopustnost tožbe zaradi nedelovanja Na drugem mestu, glede nezakonitega nedelovanja, ki naj bi ga storila Komisija z opustitvijo sprejetja odločbe o dodelitvi zadevne pomoči Skupnosti tožečim strankam, zadošča ponovno navesti, da Komisija ni imela pristojnosti, da bi sprejela tako odločbo, kot je bilo že navedeno zgoraj v točki 70. Tožba zaradi nedelovanja, vložena na podlagi člena 175 Pogodbe ES (postal člen 232 ES), zato ni dopustna v delu, v katerem napada tako opustitev, ker Komisiji ni mogoče očitati, da na tožeče stranke ni naslovila drugega akta kot priporočila ali mnenja v smislu člena 175, tretji pododstavek, Pogodbe (glej na primer zgoraj navedeno sodbo Italsolar proti Komisiji, točka 30). Poleg tega, tudi če bi se ugotovilo, da je dopis tožečih strank z dne 23. januarja 1998, ki ga je Komisija prejela 5. februarja 1998, vsebovalo jasen predlog, naj sprejme odločbo, s katero bi zadevno pomoč dodelilo tožečim strankam, bi bila ta tožba, ki je bila vložena 12. oktobra 1998, v vsakem primeru prepozna, kot to navaja Komisija. Na podlagi člena 175, drugi pododstavek, Pogodbe bi namreč Komisija morala zavzeti stališče pred 5. aprilom 1998, tožba zaradi nedelovanja pa bi morala biti vložena najkasneje 15. junija 1998, če se upošteva rok, podaljšan zaradi oddaljenosti. Poleg tega je treba navesti, da bi bilo treba, čeprav bi se domnevalo, da je mogoče to tožbo razumeti tako, da je bilo očitano nedelovanje domnevna zavrnitev Komisije, da sprejme uredbo, s katero bi retroaktivno popravila Uredbo št. 2499/82, tako da bi bila zajamčena plačila pomoči Skupnosti zadevnim proizvajalcem, tudi to tožbo razglasiti za nedopustno. V tej zadevi namreč dopisa tožečih strank z dne 23. januarja 1998 ni mogoče razumeti kot poziva k ukrepanju v smislu člena 175, drugi pododstavek, Pogodbe, ker tožeče stranke v njem ne zahtevajo jasno, naj Komisija spremeni Uredbo št. 2499/82, da bi bila usklajena z načeli, na katera se sklicujejo. Poleg tega za posameznike, katerih tožbe zoper zakonitost zakonskega akta niso dopustne, velja, da niso dopustne tudi njihove tožbe zaradi nedelovanja pred Sodiščem, potem ko so naslovile na institucijo Skupnosti predlog, naj sprejme zakonski akt (sodba Sodišča z dne 26. aprila 1988 v zadevi Asteris in ostali proti Komisiji, 97/86, 99/86, 193/86 in 215/86, Recueil, str. 2181, točka 17). Sprememba Uredbe št. 2499/82 pa je, kot je bilo že odločeno, zahtevala sprejetje akta s splošno veljavnostjo (glej zgoraj navedeno točko 77). Iz tega izhaja, da je treba tožbo zaradi nedelovanja razglasiti za nedopustno. B – Odškodninska tožba in zahtevek za povračilo zaradi neupravičene obogatitve Dopustnost zahtevka za povračilo zaradi neupravičene obogatitve Že na začetku je treba zavreči kot nedopustne podredne predloge tožečih strank, naj se Komisiji naloži, naj jim izplača zadevne pomoči Skupnosti kot povračilo zaradi neupravičene obogatitve, ker Pogodba med pravnimi sredstvi, ki jih predvideva, ne določa možnosti tožbe zaradi neupravičene obogatitve. To pa ne vpliva na morebitno utemeljenost tožbenega razloga kršitve načela prepovedi neupravičene obogatitve, kolikor je mogoče iz podrednega predloga tožečih strank razumeti, da tožeče stranke to načelo navajajo v podporo svojemu odškodninskemu zahtevku (glej v nadaljevanju navedene točke od 159 do 164). Dopustnost odškodninske tožbe Navedbe strank Komisija navaja tri razloge za nedopustnost te odškodninske tožbe. Prvič, v okviru urejanja podpornih ukrepov, ki so predvideni v okviru skupne kmetijske politike, ni nobenega neposrednega odnosa med Skupnostjo in gospodarskimi subjekti. V tej zadevi ni ravnanja, ki bi ga bilo mogoče pripisati Komisiji, tako da pogoji za tožbo pred Sodiščem na podlagi člena 215, drugi pododstavek, Pogodbe ES (postal člen 288, drugi pododstavek, ES) niso izpolnjeni (sodbe Sodišča z dne 10. maja 1978 v zadevi Exportation des sucres proti Komisiji, 132/77, Recueil, str. 1061; z dne 12. decembra 1979 v zadevi Wagner Agrarhandel proti Komisiji, 12/79, Recueil, str. 3657, in z dne 27. marca 1980 v zadevi Sucrimex in Westzucker proti Komisiji, 133/79, Recueil, str. 1299). Glede tega je Komisija na pisno vprašanje Sodišča prve stopnje zatrjevala, da tožeče stranke v podporo svojemu odškodninskemu zahtevku niso navedle nezakonitosti Uredbe št. 2499/82. Pred nacionalnimi sodišči in nato pred Sodiščem prve stopnje so izpodbijale le razlago upoštevnih določb te uredbe, ki so jo uporabili italijanski organi in Komisija v svojem dopisu z dne 31. julija 1998. Drugič, tožeče stranke lahko učinkovito sodno varstvo dosežejo pred nacionalnim sodiščem. Tako bi lahko vložile tožbo za plačilo proti intervencijskemu organu pred nacionalnim sodiščem v skladu s sodbo Sodišča z dne 12. aprila 1984 v zadevi Unifrex proti Komisiji in Svetu (281/82, Recueil, str. 1969, točka 11). V tej zadevi bi lahko tožeče stranke v okviru tožbe zaradi neupravičene obogatitve proti organu AIMA, ki je vložena pred Tribunale civile v Cagliariju, nacionalnemu sodišču predlagale tudi, naj postavi vprašanje za predhodno odločanje na podlagi člena 177 Pogodbe ES (postal člen 234 ES), da bi Sodišče lahko preverilo veljavnost zadevnih določb uredbe. Na obravnavi 10. februarja 2004 je Komisija na odgovor na vprašanja Sodišča prve stopnje poudarila, da italijanski pravni red nudi primerna pravna sredstva, ki bi zadevnim proizvajalcem omogočila, da se v njihovo korist izda odločba, ki organu AIMA nalaga, naj plača znesek pomoči Skupnosti, ki ga predvideva Uredba št. 2499/82. Zahtevki tožečih strank niso bili uspešni pred Tribunale civile de Rome, ker se je ta postopek nanašal na varščino, ki jo je zagotovila DAI v korist organa AIMA, in torej ni zadeval subjektivne pravice do pomoči Skupnosti, ki jo zatrjujejo tožeče stranke. Poleg tega bi morale tožeče stranke v okviru svojih kvazipogodbenih odnosov z organom AIMA vložiti tožbo na plačilo proti temu organu namesto tožbe zaradi neupravičene obogatitve, kot je bila vložena pred Tribunale civile v Cagliariju. Tožba zaradi plačila pred nacionalnim sodiščem, ki bi bila morda utemeljena na zatrjevani nezakonitosti Uredbe št. 2499/82, bi bila lahko vložena, ne da bi bilo treba čakati na konec stečajnega postopka. Končno, okoliščina, da je bil znesek varščine vrnjen Komisiji, kakor navajajo tožeče stranke v utemeljitev dopustnosti te tožbe zaradi nepogodbene odgovornosti, tej tožbi zaradi plačila ne bi odvzela njene učinkovitosti. To namreč ne bi bila ovira, da italijansko sodišče organu AIMA ne naloži plačilo zneska zadevne pomoči Skupnosti tožečim strankam na podlagi postavljenega vprašanja za predhodno odločanje o presoji veljavnosti upoštevnih določb Uredbe št. 2499/82, če bi Sodišče ugotovilo, da nekatere od teh določb niso zakonite. Komisija se je glede tega sklicevala na sklep Sodišča prve stopnje z dne 25. aprila 2001 v zadevi Coillte Teoranta proti Komisiji (T-244/00, Recueil, str. II-1275). Tretjič, Komisija ocenjuje, da predlogi glede odškodnine v vsakem primeru niso dopustni na podlagi člena 46 Statuta Sodišča, ki se uporablja za postopek pred Sodiščem prve stopnje na podlagi člena 53 istega statuta, na podlagi katerega tožbe zaradi nepogodbene odgovornosti zastarajo po petih letih od nastanka kršitve. Ta zastaralni rok naj bi se začel v trenutku, ko so bile tožeče stranke seznanjene z dejstvom, zaradi katerega je nastala škoda. V konkretni zadevi bi se tožeče stranke s tem seznanile, ne glede na to, ali gre za napačno uporabo predpisa Skupnosti ali za njegovo nezakonitost, najkasneje ob uporabi tega predpisa. Niti sodba Tribunale civile de Rome z dne 27. januarja 1989 niti kasnejše sodbe pritožbenega sodišča v Rimu in italijanskega kasacijskega sodišča niso mogle prekiniti tega zastaranja. Glede tega tožena stranka opozarja, da je bila škoda, ki jo zatrjujejo tožeče stranke, neplačilo cene vina, prodanega DAI, tj. cene, ki bi jim morala biti plačana najkasneje junija 1983. Odškodninski zahtevek se torej nanaša na dejstva, ki so se zgodila v letu 1983. Ker je bila ta tožba vložena šele 12. oktobra 1998, je ta zahtevek zastaran. Če bi priznali – čemur Komisija nasprotuje –, da se začne zastaralni rok v trenutku, ko se izkaže, da tožbe pred nacionalnimi sodišči ne morejo biti uspešne, je treba vzeti datum izreka sodbe Tribunale civile iz Rima, tj. 27. januar 1989. Gre namreč za edino meritorno sodbo glede tožečih strank. Pritožbeno sodišče v Rimu je „zavrglo” pritožbo, ki je bila vložena proti tej sodbi, ker ni bila pravilno vročena, italijansko kasacijsko sodišče pa je to sodbo potrdilo. Komisija primerja to neupoštevanje procesnih pravil, ki so ga storile tožeče stranke med pritožbenim postopkom, z zamudno vložitvijo pravnega sredstva po poteku predpisanega roka. Tožba zaradi nepogodbene odgovornosti bi tako zastarala januarja 1994. Glede navedbe tožečih strank, da je bilo dejstvo, zaradi katerega je nastala škoda, to, da je organ AIMA znesek varščine preknjižil v korist EKUJS, Komisija temu nasprotuje, da se ta varščina nanaša na razmerje med DAI in organom AIMA ter ne na razmerje med tožečimi strankami in DAI. Poleg tega se je knjigovodska operacija glede varščine nanašala na EKUJS in organ AIMA ter ni imela nobenega bistvenega pomena na morebitne pravice, ki bi jih tožeče stranke lahko imele do Komisije. Tudi če bi bilo treba priznati, da je knjiženje varščine v korist EKUJS, nezakonitost, ki jo je mogoče pripisati Komisiji, bi bil odškodninski zahtevek zastaran. Tožeče stranke so bile namreč že pred tem seznanjene s tem knjiženjem, ker je izrecno predvideno s predpisi Skupnosti. Poleg tega je Komisija na obravnavi 10. februarja 2004 navedla, da iz sodbe Tribunale civile iz Rima z dne 27. januarja 1989 izhaja, da je DAI navedla, da mora organ AIMA povrniti varščino pristojnemu organu Skupnosti. Tožeče stranke ocenjujejo, da ta tožba zaradi nepogodbene odgovornosti ni zastarala na podlagi člena 46 Statuta. Navajajo, da ni mogoče uveljavljati zastaranja proti oškodovancu, ki se je seznanil z dejstvom, ki je povzročilo to škodo, prepozno in tako ni imel primernega roka, da bi tožbo vložil pred iztekom zastaralnega roka (sodba Sodišča z dne 7. novembra 1985 v zadevi Adams proti Komisiji, 145/83, Recueil, str. 3539, točka 50). Tožeče stranke so se šele po dopisu Komisije z dne 31. julija 1998 seznanile z dejstvom, da je organ AIMA vsaj delno povrnil znesek varščine Komisiji. Zato so od Komisije zahtevale, naj jim izplača znesek zadevne pomoči Skupnosti kot povračilo zaradi neupravičene obogatitve ali odškodnino za škodo, ki so jo utrpele, na podlagi členov 178 in 215 Pogodbe (postala člena 235 in 288 ES). V nasprotju z zatrjevanjem Komisije tožeče stranke niso mogle vedeti, da bo zadevna pomoč knjižena v dobro EKUJS. Komisija se je šele kasneje seznanila s tem vračilom in to po opravljeni poizvedbi pri organu AIMA, po pritožbi tožečih strank. Poleg tega, tudi če je obveznost povračila izhajala iz predpisa Skupnosti, katerega razlaga ni lahka, ni bilo nikoli dano, da je bila v konkretni zadevi, glede na ravnanje organa AIMA, ta obveznost izpolnjena. V pisnih odgovorih na vprašanja Sodišča prve stopnje in na obravnavi 10. februarja 2004 so tožeče stranke glede tega poudarile, da organ AIMA ni nikoli izjavil, da bo varščina povrnjena Komisiji. Nasprotno, pred in med postopkom pred Tribunale civile v Cagliariju je zatrjevala, da je imela pravico zadržati znesek varščine. V vsakem primeru, tudi če vzamemo, da se je dejstvo, ki je povod za odškodninsko tožbo, zgodilo 31. decembra 1991, na dan, ko je organ AIMA vrnil znesek varščine EKUJS, bi bil petletni rok prekinjen ali z dopisom z dne 22. januarja 1996, s katerim so tožeče stranke od organa AIMA zahtevale plačilo zneskov, ki bi ustrezali zadevnim pomočem, ali z dopisom z dne 13. novembra 1996, s katerim so tožeče stranke na Komisijo naslovile pritožbo, da bi dobile to plačilo. Presoja Sodišča prve stopnje Preveriti je treba tri razloge za nedopustnost odškodninske tožbe, ki jih navaja Komisija, prvič, da očitanega ravnanja ni mogoče pripisati Skupnosti, drugič, obstoj učinkovitega nacionalnega pravnega varstva, in tretjič, zastaranje tožbe na podlagi člena 46 Statuta Sodišča. 1.     Ugovor, da očitanega ravnanja ni mogoče pripisati Skupnosti Ker se ta odškodninski zahtevek nanaša na uporabo predpisa Skupnosti, za izvrševanje katerega so pristojni nacionalni organi, kot je bilo že odločeno (glej zgoraj navedeno točko 67), je treba v skladu s sodno prakso preveriti, ali nezakonitost, ki jo zatrjujejo tožeče stranke v podporo temu zahtevku, izhaja s strani institucije Skupnosti in je ni mogoče pripisati nacionalnemu organu (v točki 27 navedena sodba Sodišča Exportation des sucres proti Komisiji, v točki 85 navedena sodba Sucrimex in Westzucker proti Komisiji, točke 16 in od 22 do 25, ter sodba z dne 26. februarja 1986 v zadevi Krohn proti Komisiji, 175/84, Recueil, str. 753, točka 19). V ta namen je smiselno najprej v pravnem in dejanskem kontekstu tega spora natančno ugotoviti ravnanje, ki ga tožeče stranke očitajo Komisiji in zaradi katerega so podredno vložile to tožbo na podlagi člena 178 Pogodbe ES. Čeprav se skrben in dobro obveščen gospodarski subjekt v pravnem in dejanskem kontekstu te tožbe, ki je izjemen, lahko upravičeno ne bi zavedal, da ni zagotovil plačila zadevne pomoči proizvajalcem pri nesolventnosti destilaterja (glej v nadaljevanju navedene točke od 136 do 154), presoja te uredbe pokaže, da v sistemu posrednih plačil pomoči proizvajalcem prek posrednika destilaterja, ki ga določa člen 9 te uredbe, proizvajalci pri destilaterjevem neplačilu minimalne nakupne cene za dobavljeno in destilirano vino v skladu z določbami te uredbe niso imeli nobene pravice do varščine, ki jo je destilater zagotovil le v korist nacionalnega intervencijskega organa, da bi znesek pomoči prejel kot predujem. Poleg tega na podlagi sistema, ki ga določa člen 9 Uredbe št. 2499/82, proizvajalci tudi pri nesolventnosti destilaterja niso imeli pravice neposredno prejeti zadevne pomoči Skupnosti, kot je to smiselno navedla Komisija v dopisu z dne 31. julija 1998. Glede tega je Komisija med drugim v istem dopisu navedla, da razlika med sistemoma, ki ju določata člen 9. oziroma člen 10 te uredbe, ni v nasprotju z načelom enakega obravnavanja. Vendar je treba poudariti, da ni sporno, da so tožeče stranke izpolnile vse obveznosti, ki so izhajale iz njihovih pogodb z DAI, ki jih je potrdil organ AIMA v skladu z določbami Uredbe št. 2499/82, in da so bile količine vina, ki so jih dobavile tožeče stranke, destilirane v rokih, ki jih določa ta uredba. Zaradi finančnih težav DAI tožečim strankam ni izplačala minimalne nakupne cene, ki jo predvideva Uredba št. 2499/82 in zajema pomoč Skupnosti, ali pa jo je izplačala le delno. Tožeče stranke v tem kontekstu podredno zahtevajo, naj se jim povrne škoda, ki jim je nastala zaradi delnega ali popolnega neplačila minimalne nakupne cene, do česar je prišlo zaradi pravnih praznin v sistemu posrednega plačila pomoči Skupnosti, ki ga določajo upoštevne določbe te uredbe, kot je to med drugim navedla Komisija v dopisu z dne 31. julija 1998. Čeprav so tožeče stranke dejansko pred nacionalnimi sodišči in v korespondenci s Komisijo res izpodbijale razlago upoštevnih določb Uredbe št. 2499/82, ki jo je sprejel organ AIMA, ne da bi izrecno podvomile v zakonitost teh določb, pa se niso omejile na to, da bi pred Sodiščem prve stopnje le ponovile te očitke. V tožbi so namreč podredno navedle tudi, da če bi bilo treba ugotoviti, ali je Uredba št. 2499/82 ustvarila neenakost obravnavanja proizvajalcev vin različnih držav članic – glede na sistem plačil pomoči Skupnosti, ki so ga izbrale države članice, ki so imele možnost na podlagi člena 8 zgoraj omenjene uredbe izbrati med dvema različnima sistemoma, ki ju predvidevata člena 9 in 10 te uredbe –, bi ta uredba še posebej grobo kršila načelo enakega obravnavanja. Sodišče prve stopnje na podlagi navedenega ugotavlja, da je Komisiji očitano ravnanje predvsem dejstvo, da s sistemom izplačil pomoči, ki ga predvideva člen 9, ki se glede tega razlikuje od sistema, ki ga predvideva člen 10, Uredba št. 2499/82 predvsem pri stečaju destilaterja ne zagotavlja izplačila pomoči, vključene v minimalno nakupno ceno, zadevnim proizvajalcem za vino, ki je bilo dobavljeno destilaterju in destilirano v skladu z določbami te uredbe. Tako zatrjevano nezakonitost je torej mogoče pripisati Komisiji, ki je avtorica Uredbe št. 2499/82. Še posebej trditev te institucije Skupnosti, da način uporabe sistema, ki ga predvideva člen 9 Uredbe št. 2499/82, izhaja iz možnosti, ki jo je izbrala Italijanska republika na podlagi člena 8 te uredbe, in ne bi pripeljal do drugačne presoje, ker se zatrjevana nezakonitost nanaša na Uredbo in ne na ravnanje države članice, ki se je omejila na pravilno uporabo te uredbe. Natančneje, tožeče stranke ne izpodbijajo zakonitosti sistema, ki ga določa člen 9 Uredbe št. 2499/82, glede na to, da je predvideval posredno plačilo proizvajalcem preko destilaterja. Vendar pa izpodbijajo načine izvrševanja tega sistema, kot ga določajo upoštevne določbe navedene uredbe, ker ti načini niso omogočali zagotavljanja plačila pomoči proizvajalcem pri nesolventnosti destilaterja. Kadar se je država članica odločila za sistem posrednega izplačila pomoči, pristojni nacionalni organi niso imeli nobene diskrecijske pravice glede ukrepov, ki bi jih lahko sprejeli za izvršitev Uredbe št. 2499/82, če destilater ni izplačal zadevne pomoči proizvajalcem. V tej zadevi očitana nezakonitost torej izhaja neposredno iz zatrjevane praznine v Uredbi in ne iz odločitev Italijanske republike za sistem posrednega izplačila pomoči. Iz tega izhaja, da je treba ugovor, da očitanega ravnanja ni mogoče pripisati Skupnosti, v konkretnem primeru Komisiji, zavrniti. 2.     Ugovor, da obstajajo učinkovita nacionalna pravna sredstva Glede tega je treba najprej omeniti, da tožeče stranke v predlogih za odškodnino zahtevajo plačilo odškodnin, ki so enake znesku njihovih neplačanih terjatev do DAI, kot so določene v tožbi, skupaj z zamudnimi obrestmi. Zato je primerno preveriti, ali ta odškodninska tožba ne pomeni zlorabe postopka, tako glede pravnih sredstev pred nacionalnimi sodišči kot tudi glede na ostala pravna sredstva Skupnosti. Na podlagi ustaljene sodne prakse je treba odškodninsko tožbo na podlagi člena 178 in člena 215, drugi pododstavek, Pogodbe, presojati glede na celoten sistem sodnega varstva posameznikov, ki ga ustanavlja Pogodba. Iz tega izhaja, da je, kadar posameznik meni, da mu je bila povzročena škoda zaradi pravilne uporabe predpisa Skupnosti, za katerega meni, da ni zakonit, in da je dejstvo, ki je povzročilo zatrjevano škodo, mogoče pripisati izključno Skupnosti, lahko dopustnost take odškodninske tožbe kljub vsemu v določenih primerih pogojena z izčrpanjem nacionalnih pravnih sredstev. Poleg tega morajo ta nacionalna pravna sredstva zato na učinkovit način zagotoviti varstvo pravic zadevnih oseb in morajo biti sposobna povrniti zatrjevano škodo (glej v tem smislu sodbo Sodišča z dne 17. decembra 1981 v zadevi Ludwigshafener Walzmühle in ostali proti Svetu in Komisiji, od 197/80 do 200/80, 243/80, 245/80 in 247/80, Recueil,str. 3211, točki 8 in 9, zgoraj navedena sodba Krohn proti Komisiji, točki 27 in 28, sodba Sodišča z dne 29. september 1987 v zadevi De Boer Buizen proti Svetu in Komisiji, 81/86, Recueil,str. 3677, točka 9, ter sodba Sodišča prve stopnje z dne 10. aprila 2003 v zadevi Travelex Global and Financial Services in Interpayment Services proti Komisiji, T 195/00 Recueil, str. II-1677, točka 87). Še posebej, dopustnost odškodninske tožbe, ki temelji na členih 178 in 215, drugi pododstavek, Pogodbe, ni podrejena izčrpanju nacionalnih pravnih sredstev, kadar, ob predpostavki, da je bil zadevni predpis Skupnosti razglašen za neveljavnega s sodbo, ki jo je Sodišče izdalo pri predhodnem odločanju na podlagi člena 177 Pogodbe ES, nacionalna sodišča ne morejo ugoditi tožbi zaradi plačila ali kateri koli drugi primerni tožbi brez predhodne intervencije zakonodajalca Skupnosti zaradi neobstoja določbe Skupnosti, ki dovoljuje pristojnim nacionalnim organom, da izplačajo zahtevane vsote. To presojo je implicitno ali izrecno potrdila sodna praksa (glej v tem smislu sodbe Sodišča z dne 2. decembra 1971 v zadevi Zuckerfabrik Schoeppenstedt proti Svetu, 5/71, Recueil, str. 975; z dne 14. maja 1975 v zadevi CNTA proti Komisiji, 74/74, Recueil, str. 533; z dne 4. oktobra 1979 v zadevi Dumortier in ostali proti Svetu, 64/76 in 113/76, 167/78 in 239/78, 27/79, 28/79 in 45/79, Recueil, str. 3091, točka 6; z den 4. oktobra 1979 v zadevi Interquell Stärke-Chemie proti Svetu in Komisiji, 261/78 in 262/78, Recueil, str. 3045, točka 6, ter zgoraj navedeni sodbi Unifrex proti Komisiji, točka 12, in De Boer proti Svetu in Komisiji, točka 10). V primeru, ki je bil ravnokar naveden, bi bilo namreč izvrševanje pravic oseb, ki menijo, da so bile oškodovane, pred nacionalnimi sodišči pretirano oteženo. Zato ne bi bilo v nasprotju samo z dobrim delovanjem sodnega varstva ali ekonomičnostjo postopka, temveč tudi s pogojem, ki se nanaša na neobstoj učinkovitega notranjega pravnega varstva (glej zgoraj navedeno točko 115) zahtevati, da zainteresirane osebe izčrpajo nacionalna pravna sredstva in da se čaka na to, da se o njihovi zahtevi odloči dokončno, potem ko so, odvisno od primera, zadevne institucije Skupnosti spremenile ali dopolnile določbe Skupnosti, ki se uporabljajo, zaradi izvršitve sodbe, ki jo je Sodišče izdalo v postopku predhodnega odločanja, s katero je bila ugotovljena nezakonitost teh določb (glej v tem smislu sodbi Sodišča z dne 24. oktobra 1973 v zadevi Merkur Aussenhandels proti Komisiji, 43/72, Recueil, str. 1055, točka 6, in z dne 19. oktobra 1977 v zadevi Ruckdeschel in drugi, 117/76 in 16/77, Recueil, str. 1753, točka 13, ter po analogiji sodbo Sodišča z dne 8. marca 2001 v zadevi Metallgesellschaft in drugi, C-397/98 in C-410/98, Recueil, str. I-1727, točka 106). V tej zadevi je treba ugotoviti, da v nasprotju s trditvami Komisije tožeče stranke nimajo učinkovitega sodnega varstva pred nacionalnim sodiščem. Ne da bi to vplivalo na presojo morebitne utemeljenosti navedb tožečih strank, je treba ugotoviti, da bi v pravnem kontekstu tega postopka nacionalno sodišče v vsakem primeru imelo pooblastilo, da organu AIMA naloži, naj tožečim strankam izplača znesek zadevnih pomoči Skupnosti, le, če bi se morda retroaktivno popravila Uredba št. 2499/82, za kar bi bilo v tem primeru potrebno, da Komisija sprejme uredbo, kot je bilo že presojeno (glej zgoraj navedeno točko 77). Namreč, tudi če bi Sodišče v takem primeru v sodbi, izdani na podlagi postopka predhodnega odločanja, ugotovilo nezakonitost nekaterih določb navedene uredbe, bi lahko le intervencija zakonodajalca Skupnosti omogočila sprejetje pravne podlage, ki bi dovolila tako plačilo, kar je Komisija med drugim priznala v odgovoru na tožbo. Glede tega niso upoštevne navedbe Komisije, ki se opirajo na zgoraj navedeni sklep Coillte Teoranta proti Komisiji, ki je bil izdan na podlagi ničnostne tožbe in ne na podlagi odškodninske tožbe, kot je ta v tej zadevi. Iz tega izhaja, da je treba zavrniti ugovor, da obstajajo učinkovita nacionalna pravna sredstva. Poleg tega, v skladu z razmišljanjem na podlagi razlikovanja med pravnimi sredstvi, je treba omeniti, kot so med drugim potrdile tožeče stranke v repliki, da je odškodninska tožba podredna glede na ničnostno tožbo in tožbo zaradi nedelovanja, ki so ju tožeče stranke prav tako vložile, da bi dobile plačilo teh zneskov, in za kateri je Sodišče prve stopnje ugotovilo, da nista dopustni (glej zgoraj navedeni točki 80 in 83). Glede tega Sodišče prve stopnje meni, da je primerno ponoviti, da je bila po ustaljeni sodni praksi odškodninska tožba iz člena 178 in člena 215, drugi pododstavek, Pogodbe ustanovljena kot avtonomno pravno sredstvo, ki ima posebno funkcijo v okviru sistema pravnih sredstev in je podrejena pogojem za izvajanje, ki so določeni glede na njen specifični predmet. Namenjena je namreč povračilu, le v odnosu do tožeče stranke, škode, ki jo je povzročila institucija Skupnosti in ne odstranitvi določenega ukrepa ali ugotovitvi nedelovanja zadevne institucije. Zato bi bila presoja, da odškodninska tožba ni dovoljena, v nasprotju z avtonomnostjo te tožbe in z učinkovitostjo sistema pravnih sredstev, ki jih ustanavlja Pogodba, ker bi lahko vsaj za tožeče stranke vodila do podobnega rezultata kot ničnostna tožba ali tožba zaradi nedelovanja. Odškodninska tožba bi lahko predstavljala zlorabo postopka le, če bi se z njo dejansko želelo odstraniti individualno odločbo, namenjeno tožečim strankam, ki je postala dokončna, tako da bi imela enak predmet in učinek kot ničnostna tožba (glej v tem smislu sodbo Sodišča z dne 28. aprila 1971 v zadevi Lütticke proti Komisiji, 4/69, Recueil, str. 325, točka 6, zgoraj navedene sodbe Zuckerfabrik Schoeppenstedt proti Svetu, točke od 3 do 5; Krohn proti Komisiji, točke 26, 32 in 33, kot tudi Interquell Stärke-Chemie proti Svetu in Komisiji, točka 7, in sodba Sodišča prve stopnje z dne 24. septembra 1996 v zadevi Richco proti Komisiji, T-491/93, Recueil, str. II-1131, točke od 64 do 66, v tem smislu glej tudi sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice z dne 16. aprila 2002 v zadevi SA Dangeville proti Franciji, pritožba št. 26677/97, Recueil des arrêts et décisions, 2002-III, točki 47 in 61). Vendar v tej zadevi glede na to, da Komisija nima nobene pristojnosti, da bi sprejela individualno odločbo glede zadevnih pomoči, kot to izhaja iz predhodnih ugotovitev, ni tako (glej zgoraj navedeni točki 70 in 71). Zaradi vseh teh razlogov ta odškodninska tožba ne pomeni zlorabe postopka. 3.     Ugovor zastaranja odškodninske tožbe –        Uvodne ugotovitve Na podlagi člena 46 Statuta Sodišča tožbe proti Skupnosti zaradi nepogodbene odgovornosti zastarajo v petih letih od nastanka kršitve. To zastaranje pretrga vložitev tožbe pred sodiščem Skupnosti ali naslovitev predhodne zahteve oškodovanca na pristojno institucijo Skupnosti, pri čemer v tem primeru pretrganje velja le, če mu sledi tožba, ki je vložena v rokih, ki jih določajo členi, na katere napotuje člen 46 Statuta Sodišča, to je dveh mesecih, kot predvideva člen 173 Pogodbe ES, oziroma v štirih mesecih, ki jih predvideva člen 175 Pogodbe ES (sodbi Sodišča prve stopnje z dne 18. septembra 1995 v zadevi Nölle proti Svetu in Komisiji, T-167/94, Recueil, str. II-2589, točka 30, in z dne 31. januarja 2001 v zadevi Jansma proti Svetu in Komisiji, Recueil, str. II-243, točka 81). V tej zadevi Sodišče prve stopnje meni, da je primerno najprej navesti, preden se sploh začne ugotavljati, kdaj se je začel zastaralni rok, da v vsakem primeru in v nasprotju s trditvami tožečih strank tega roka ni pretrgal niti njihov dopis organu AIMA z dne 22. januarja 1996 niti njihov dopis Komisiji z dne 13. novembra 1996. Prvič, očitno je namreč, da noben od teh dopisov ni odškodninski zahtevek, ki bi bil naslovljen na Komisijo. Dopis z dne 13. novembra 1996 vsebuje pritožbo glede zatrjevane napačne razlage Uredbe št. 2499/82 s strani organa AIMA. Zakonitosti te uredbe, ali splošneje ravnanja Komisije, pa se z njim ne izpodbija (glej zgoraj navedeno točko 38). Drugič, tožeče stranke se ne morejo sklicevati na omenjena dopisa glede pretrganja zastaranja, ki ga predvideva člen 46 Statuta Sodišča, ker nobenemu od teh dopisov ni sledila vložitev tožbe pred Sodiščem prve stopnje v rokih, ki jih predvideva ta člen (glej zgoraj navedeno točko 125). Na podlagi teh uvodnih ugotovitev je treba ugotoviti, kdaj se je začel zastaralni rok za to odškodninsko tožbo. –        Obstoj nedvomne škode Zastaralni rok, ki ga predvideva člen 46 Statuta Sodišča se ne začne, dokler niso izpolnjeni vsi pogoji, ki jim je podrejena obveznost povračila škode. Ti pogoji se nanašajo na obstoj nezakonitega ravnanja institucij Skupnosti, na dejanskost zatrjevane škode in na vzročno zvezo med tem ravnanjem in zatrjevano škodo (sodba Sodišča z dne 27. januarja 1982 v zadevi Birra Wührer in drugi proti Svetu in Komisiji, 256/80, 257/80, 265/80, 267/80 in 5/81, Recueil, str. 85, točka 10, sodba Sodišča prve stopnje z dne 16. aprila 1997, Hartmann proti Svetu in Komisiji, T-20/94, Recueil, str. II-595, točka 107, in zgoraj navedena sodba Jansma proti Komisiji, točka 76). Navedeni pogoj nedvomne škode je izpolnjen, ko je škoda neizbežna in predvidljiva z zadostno gotovostjo, tudi če je ni mogoče natančno številčno opredeliti (sodba Sodišča z dne 14. januarja 1987 v zadevi Zuckerfabrik Bedburg proti Svetu in Komisiji, 281/84, Recueil, str. 49, točka 14). Glede tega je treba opozoriti, da kadar gre, kot v tej zadevi, za primer, v katerem odgovornost Skupnosti izhaja iz normativnega akta, se zastaralni rok ne začne, preden so nastali škodljivi učinki tega akta in posledično ne pred trenutkom, ko so oškodovanci utrpeli nedvomno škodo (zgoraj navedena sodba Birra Wührer in drugi proti Svetu in Komisiji, točka 10). V tej zadevi Sodišče prve stopnje zato ugotavlja, da se je zastaralni rok začel v trenutku, ko so tožeče stranke nedvomno utrpele škodo zaradi delnega ali popolnega neizplačila pomoči Skupnosti. Stranke ne izpodbijajo tega, da bi jim morala DAI na podlagi ureditve Uredbe št. 2499/82 minimalno nakupno ceno za vino izplačati najkasneje junija 1983 ob uporabi člena 9(1) te uredbe, kot je to poudarila Komisija. Na podlagi te določbe bi moral destilater to ceno plačati proizvajalcu najkasneje v devetdesetih dneh po prejemu vina v destilarno. V tej zadevi pa ni sporno, da so se zadnje pošiljke vina dobavile marca 1983 (glej zgoraj navedeno točko 18). Vendar v posebnih okoliščinah tega spora škoda, ki so jo utrpele tožeče stranke na koncu meseca junija 1983 zaradi delnega ali popolnega neizplačila pomoči Skupnosti v predpisanem roku, ne more biti obravnavana, kot da je že od tega datuma imela nedvomno naravo, to je da je bila neizbežna in predvidljiva. DAI je namreč 22. junija 1983 prosila organ AIMA za plačilo zneska zadevne pomoči Skupnosti kot predujma in zaradi tega zagotovila varščino na ime tega organa v skladu z členom 11 Uredbe št. 2499/82. Vendar med strankami ni sporno, da je DAI, potem ko je 10. avgusta 1983 prejela ta predujem, izplačala del te vsote nekaterim zadevnim proizvajalcem, med drugim nekaterim od tožečih strank, kot to izhaja iz podatkov, ki so jih te predložile v odgovor na vprašanja Sodišča prve stopnje, in kot je tudi DAI potrdila pred Tribunale civile iz Rima (glej zgoraj navedene točke 16, 19, 20, 25, 26 in 43). Poleg tega je DAI septembra 1984 začela postopek pred Tribunale civile iz Rima, predvsem da bi se ugotovilo, da je varščina namenjena zagotovitvi plačila minimalne nakupne cene proizvajalcem, če destilater ne izpolni svojih obveznosti. Zadevni proizvajalci, med njimi tudi tožeče stranke, so intervenirali v postopku na strani DAI. Ti zahtevki so bili s sodbo Tribunale civile iz Rima z dne 27. januarja 1989 zavrnjeni (glej zgoraj navedene točke 25, 26, 28 in 30). Pritožbo, ki so jo vložile proti tej sodbi štiri od petih tožečih strank, je zavrnila sodba pritožbenega sodišča iz Rima z dne 19. novembra 1991, ki jo je potrdila sodba italijanskega kasacijskega sodišča z dne 28. novembra 1994. Da bi presodili nedvomno naravo škode, je treba upoštevati tiste postopke, ki se specifično nanašajo na usodo varščine. Kljub neučinkovitosti nacionalnih pravnih sredstev, ki jo je ugotovilo Sodišče prve stopnje (glej zgoraj navedeno točko 118), je treba namreč priznati, da je bilo v izjemnih okoliščinah te zadeve izredno težko, da bi se skrben in dobro obveščen gospodarski subjekt zavedal tega, da ne bo mogel doseči izplačila zadevnih pomoči pred nacionalnim sodiščem. Treba je navesti, da v tej zadevi izmenjava korespondence med tožečimi strankami in organom AIMAO ter Komisijo, hkrati pa tudi postopki, začeti pred italijanskimi sodišči, kažejo, da so tožeče stranke zavrnitev organa AIMA, da jim izplača zadevno pomoč, na začetku jasno pripisovale nepravilni razlagi Uredbe št. 2499/82 (glej zgoraj navedene točke 28, od 35 do 38, 41 in 42). Glede tega je treba omeniti, da se ta zavrnitev organa AIMA ni opirala na izrecno določbo Uredbe št. 2499/82, temveč na pravno praznino te uredbe, ker ni predvidevala, na podlagi sistema, ki ga je določal njen člen 9, mehanizma, ki bi zagotavljal izplačilo pomoči zadevnim proizvajalcem pri nesolventnosti destilaterja. Med drugim je člen 11 te uredbe podrejal plačilo predujma pomoči destilaterju s tem, da ta zagotovi varščino v višini 110 % zneska te pomoči na ime intervencijskega organa. V teh okoliščinah zainteresirane osebe seveda razumljivo niso vedele, da je vzrok za njihovo škodo prav v pravni praznini Uredbe št. 2499/82, tako da povračila te škode ne morejo dobiti pred nacionalnim sodiščem, ker ni pravne podlage, ki bi dovolila plačilo pomoči proizvajalcem, kot je bilo že razsojeno (glej zgoraj navedeno točko 118). Poleg tega je treba ugotoviti, da so tožeče stranke v okviru svojih kvazipogodbenih odnosov z organom AIMA legitimno pričakovale, da bo nacionalno sodišče ta organ obsodilo na plačilo zneska pomoči, vključenega v minimalno nakupno ceno, ki jim je DAI ni izplačala, kot je med drugim na obravnavi navedla Komisija (glej zgoraj navedeno točko 89). Ni namreč sporno, da vse pogodbe, ki so bile sklenjene med tožečimi strankami in DAI ter jih je potrdil organ AIMA, izrecno omenjajo znesek subvencije EKUJS, ki je bil vključen v minimalno nakupno ceno, ki jo je določila Uredba št. 2499/82 in je bila dogovorjena v pogodbi, kot to izhaja iz dokazov v spisu. Poleg tega ni sporno, da so tožeče stranke izpolnile vse svoje obveznosti in da je bila preventivna destilacija opravljena v rokih, ki jih predvideva zgoraj navedena uredba. Poleg tega neobstoj mehanizma, ki v okviru sistema, ki ga ustanavlja člen 9 te uredbe, zagotavlja izplačilo pomoči Skupnosti zadevnim proizvajalcem, predvsem pri stečaju destilaterja, ni združljiv z enim od bistvenih namenov preventivne destilacije. Preventivna destilacija ni namenjena samo preprečevanju trženja vin slabe kvalitete, temveč tudi temu, kot to izhaja iz šeste uvodne izjave Uredbe št. 2144/82, da se izboljšajo prihodki proizvajalcev tako, da se jim pod določenimi pogoji zagotovi „minimalna zagotovljena cena” za namizno vino. Med drugim je v skladu z enajsto uvodno izjavo Uredbe št. 2499/82 pomembno predvideti, da se po splošnem pravilu minimalna cena, zagotovljena proizvajalcem, izplača v rokih, ki jim omogočajo pridobiti primerljiv dohodek s tistim, ki bi ga pridobili, če bi šlo za tržno prodajo; zato se je na podlagi te uvodne izjave izkazalo za potrebno, da se dolžna pomoč izplača čim prej, s hkratnim zagotavljanjem pravilne izvedbe operacij s primernim sistemom zavarovanja. V tem kontekstu je lahko skrben in dobro obveščen proizvajalec razumno pričakoval, da bo prejel plačilo zadevne pomoči. Še posebej, če je destilater zagotovil varščino na podlagi člena 11 Uredbe št. 2499/82, da bi zagotovil pravilno izvedbo operacij, je bilo legitimno pričakovati, da ni tveganja nesolventnosti destilaterja glede zneska pomoči, ki je predhodno izplačan destilaterju kot predujem, če so proizvajalci izpolnili vse svoje obveznosti in je bilo vino destilirano v skladu z določbami te uredbe. Izjemno naravo položaja, ki izhaja iz zgoraj omenjene pravne praznine Uredbe št. 2499/82 na področju preventivne destilacije namiznega vina, potrjuje tudi dejstvo, da v sistemu, ki ga določa Uredba Sveta (EGS) št. 1931/76 z dne 20. julija 1976, ki določa splošna pravila o operacijah destilacije vin, ki jo določajo členi 6(b), 6(c), 24(a) in 24(b) Uredbe (EGS) št. 816/70 (UL 1976 L 211, str. 5), nacionalni intervencijski organ izplača pomoč Skupnosti neposredno zadevnim proizvajalcem. Čeprav je Uredba Sveta (EGS) št. 343/79 z dne 5. februarja 1979, ki določa splošna pravila določenih operacij destilacije vina (UL L 54, str. 64) in je nadomestila Uredbo št. 1931/76 od 2. aprila 1979 naprej, omogočala državam članicam, da predvidijo plačilo dela pomoči proizvajalcem prek intervencijskega organa ali prek destilaterja (v tem drugem primeru je intervencijski organ povrnil znesek pomoči destilaterju, ko je bil predložen dokaz, da je bila celotna količina vina, ki je bila navedena v pogodbi, destilirana), ni določala sistema temu, ki bi bil podoben sistemu, ki ga določa člen 9 Uredbe št. 2499/82 in se uporablja v tej zadevi. Člen 4(3) Uredbe št. 343/79 je namreč določal, da je intervencijski organ, ko je bil predložen zgoraj navedeni dokaz, proizvajalcu izplačal razliko med dolgovano pomočjo in zneskom, navedenem v drugem odstavku. V nasprotju s sistemom, ki ga predvideva člen 9 Uredbe št. 2499/82, dodelitev pomoči Skupnosti dejansko ni bila podrejena dokazu, da je destilater v predvidenem roku izplačal pomoč proizvajalcu. Zaradi vseh teh razlogov, upoštevaje zapletenost sistema, ki ga je določila Uredba št. 2499/82 in izjemnih okoliščin, ki so bile navedene, so se tožeče stranke šele po koncu postopkov o varščini, ki so jih začele pred italijanskimi sodišči, lahko zavedele, da ne bodo dosegle plačila zneskov zadevne pomoči s pomočjo varščine. V tej zadevi, čeprav je organ AIMA varščino unovčil po mesecu februarju 1991 na podlagi sodbe Tribunale civile iz Rima in je bila ta istega leta knjižena v korist EKUJS (glej zgoraj navedeno točko 40), italijansko sodišče do zgoraj navedene sodbe italijanskega kasacijskega sodišča z dne 28. novembra 1994 ni dokončno odločilo, kdo je na podlagi določb Uredbe št. 2499/82 upravičenec te varščine. Glede tega okoliščina, ki jo navaja Komisija, da je pritožbeno sodišče iz Rima razglasilo, da pritožba ni dopustna zaradi nepravilne vročitve pritožbe DAI, ne omogoča zaključka, da je o varščini dokončno odločila zgoraj navedena sodba Tribunale civile iz Rima, ker so štiri tožeče stranke v predpisanem roku vložile pritožbo in pravilno obvestile organ AIMA in Assedile ter kasneje pravilno vložile zahtevo za varstvo zakonitosti proti sodbi pritožbenega sodišča (glej zgoraj navedeni točki 31 in 33 ter po analogiji sklepne predloge generalnega pravobranilca M. Darmona z dne 18. junija 1991 k sodbi Sodišča z dne 8. aprila 1992 v zadevi Cato proti Komisiji, C-55/90, Recueil, str. I-2533, I-2545, točke od 25 do 27, in z dne 4. februarja 1992, Recueil, str. I-2559, točka 19). Iz tega izhaja, da odškodnina, ki so jo utrpele tožeče stranke, ni mogla biti nedvoumna pred 28. novembrom 1994. V teh pogojih se petletni zastaralni rok, ki ga določa člen 46 Statuta Sodišča, ni mogel začeti pred tem zadnjim datumom, tako da ta odškodninska tožba, ki je bila vložena leta 1998, ni prepozna. Iz tega izhaja, da je treba ugovor zastaranja tožbe zavrniti. Poleg tega je treba natančneje navesti, da je, nasprotno, po sodbi italijanskega kasacijskega sodišča z dne 28. novembra 1994 škodo mogoče šteti kot nedvomno, saj je bila takrat neizbežna in predvidljiva, čeprav njene vsote še ni bilo mogoče natančno ugotoviti (glej zgoraj navedeni točki 129 in 130). Glede na to, da so imele tožeče stranke kot vinogradniške zadruge položaj privilegiranih upnic, kot to izhaja iz odgovorov tožečih strank na pisna vprašanja Sodišča prve stopnje, ki jim Komisija ni ugovarjala, namreč ni bilo izključeno, da ne bodo uspele pridobiti dela neplačanih terjatev do DAI v okviru stečajnega postopka, ki je po zgoraj navedenih odgovorih potekal šele v letu 2000. Iz celote vseh predhodnih ugotovitev izhaja, da so odškodninski zahtevki dopustni. Utemeljenost odškodninske tožbe Trditve strank Tožeče stranke v oporo svojemu odškodninskemu zahtevku najprej navajajo nezakonitost Uredbe št. 2499/82, z utemeljitvijo, da pravna praznina, ki jo napadajo, najprej povzroča neenakost obravnavanja proizvajalcev glede na to, v kateri državi imajo sedež. Ta uredba grobo krši načelo prepovedi diskriminacije, ki je določeno v členu 6 in členu 40(3), druga alinea, Pogodbe ES (po spremembi postala člen 12 in člen 34(2), druga alinea, Pogodbe ES), ker bi bila v okoliščinah, kakršne so v tej zadevi, le za proizvajalce, za katere velja sistem iz člena 9 te uredbe, upravičenost do pomoči Skupnosti izključena. Med drugim iz take ureditve izhaja, da bi bila enaka pomoč namenjena ali proizvajalcu, če je zadevna država članica izbrala postopek, ki ga predvideva člen 10 iste uredbe, ali destilaterju, če je izbrala postopek, ki ga predvideva člen 9 te uredbe, kar je poleg tega v očitnem nasprotju s cilji, ki jih zasleduje ta uredba. Poleg tega tožeče stranke navajajo, da je neobstoj zagotovila, da bodo zadevne pomoči izplačane proizvajalcem, v tej zadevi povzročil neupravičeno obogatitev Skupnosti. Med drugim so tožeče stranke glede ocene utrpljene škode v tožbi navedle zneske svojih neplačanih terjatev do DAI, ki so jih navajale že pred Tribunale civile iz Rima (glej zgoraj navedeno točko 28) in jih Komisija ni prerekala. Na obravnavi 10. februarja 2004 so na vprašanje Sodišča prve stopnje natančneje pojasnile, da je po izvršeni delitvi v okviru stečajnega postopka DAI v letu 2000 škoda, ki jo uveljavljajo, le del, ki ga proporcionalno predstavlja pomoč Skupnosti v vsoti njihovih neplačanih terjatev do DAI po tej delitvi (glej zgoraj navedeno točko 44). Ta del bi se tako moral izračunati v sorazmerju z delom, ki ga predstavlja pomoč, ki jo omenjajo pogodbe, ki jih je potrdil organ AIMA, v dogovorjeni minimalni nakupni ceni. Komisija navaja, da so bili v skladu s sistemom izplačil pomoči Skupnosti, ki ga predvideva člen 9 Uredbe št. 2499/82, destilaterji neposredni upravičenci do te pomoči. Po drugi strani pa so bili v sistemu, ki ga določa člen 10 te uredbe, njeni upravičenci proizvajalci. Ta razlika, ki še zdaleč ni diskriminacija, ustreza obveznosti, da se pri izplačilu predujmov in pomoči upoštevajo različni upravni sistemi držav članic, kot je to navajala enajsta uvodna izjava te uredbe. Presoja Sodišča prve stopnje Nepogodbena odgovornost Skupnosti zaradi škode, ki jo povzročijo institucije in je predvidena v členu 215, druga alinea, Pogodbe ES, ne more biti uveljavljena, če niso izpolnjeni vsi pogoji, ki se nanašajo na nezakonitost ravnanja, ki se očita institucijam, na dejanskost zatrjevane škode in na vzročno zvezo med zatrjevanim nezakonitim ravnanjem in zatrjevano škodo (zgoraj navedena sodba Ludwigshafener Walzmühle in drugi proti Svetu in Komisiji, točka 18, in sodba Sodišča prve stopnje z dne 9. decembra 1997 v zadevi Quiller in Heusmann proti Svetu in Komisiji, T-195/94 in T-202/94, Recueil, str. II-2247, točka 48). Glede prvega od teh pogojev sodna praksa zahteva, da se ugotovi dovolj resna kršitev pravnega pravila, ki podeljuje pravice posameznikom (sodba Sodišča z dne 4. julija 2000 v zadevi Bergaderm in Goupil proti Komisiji, C-352/98 P, Recueil, str. I-5291, točka 42). Glede zahteve, da mora biti kršitev dovolj resna, je ključno merilo za njeno izpolnitev, da je zadevna institucija Skupnosti očitno in grobo prestopila meje svojih pooblastil. Kadar ima ta institucija le zelo omejeno prosto presojo ali je sploh nima, za ugotovitev obstoja dovolj resne kršitve zadošča že kršitev prava Skupnosti (sodba Sodišča z dne 10. decembra 2002 v zadevi Komisija proti Camar in Tico, C-312/00 P, Recueil, str. I-11355, točka 54, ter sodba Sodišča prve stopnje z dne 12. julija 2001 v zadevi Comafrica in Dole Fresh Fruit Europe proti Komisiji, T-198/95, T-171/96, T-230/97, T-174/98 in T-225/99, Recueil, str. II-1975, točka 134). Tožeče stranke v tej zadevi glede materialnega prava zatrjujejo, da ima razlika med sistemoma izplačil pomoči, ki ju določata člen 9 in 10 Uredbe št. 2499/82, diskriminatorno naravo, ker v sistemu, ki ga predvideva člen 9, ni zagotovila za plačilo pomoči zadevnim proizvajalcem. Poleg tega bi delno ali popolno neplačilo zadevnih pomoči tožečim strankam povzročilo neupravičeno obogatitev Skupnosti (glej zgoraj navedeno točko 84). Prvič, v zvezi s tožbenim razlogom kršitve načela prepovedi neupravičene obogatitve, je treba poudariti, da so tožeče stranke izpolnile vse svoje obveznosti in da je bila destilacija vina, ki so ga dobavile DAI, opravljena v rokih, ki jih predpisuje Uredba št. 2499/82, kot je bilo že ugotovljeno (glej zgoraj navedeno točko 141). Cilji, ki jih glede preventivne destilacije zasleduje ta uredba, so bili tako v celoti doseženi. Kljub temu tožeče stranke zaradi nesolventnosti DAI niso prejele protidajatve za svoje dobave, ki je bila predvidena v okviru njihovih kvazipogodbenih odnosov z organom AIMA v obliki plačila – prek DAI – zneskov pomoči od EKUJS, ki so bili omenjeni v pogodbah, ki so jih sklenile z DAI in jih je potrdil organ AIMA. V teh okoliščinah Skupnost ni bila upravičeno obogatena, kar je bila posledica nepopolnega plačila zadevne pomoči tožečim strankam, saj je bila varščina, ki jo je zagotovila DAI – da bi zajamčila pravilnost operacije preventivne destilacije in da bi pridobila izplačilo predujma za te pomoči – in jo je unovčil organ AIMA, s strani tega knjižena v korist EKUJS v proračunskem letu 1991. Prepoved neupravičene obogatitve pa je splošno načelo prava Skupnosti (sodba Sodišča z dne 10. julija 1990 v zadevi Grčija proti Komisiji, C-259/87, Recueil, str. I-2845, objava povzetka, točka 26, in sodbi Sodišča prve stopnje z dne 10. oktobra 2001 v zadevi Corus UK proti Komisiji, Recueil, str. II-2967, točka 55, in z dne 3 aprila 2003 v zadevi Vieira in Vieira Argentina proti Komisiji, T-44/01, T-119/01 in T-126/01, Recueil, str. II-1209, točka 86). Zato je treba ugotoviti, da je sistem posrednega plačila pomoči, ki ga določa člen 9 Uredbe št. 2499/82, očitno v nasprotju s splošnim načelom, ki prepoveduje neupravičeno obogatitev, saj pri tem sistemu ni bil predviden noben mehanizem, ki bi lahko proizvajalcem pri nesolventnosti destilaterja zagotovil plačilo pomoči Skupnosti, kadar so sicer bili izpolnjeni vsi pogoji za dodelitev pomoči. Iz tega izhaja, da Uredba št. 2499/82 dovolj resno krši načelo, ki prepoveduje neupravičeno obogatitev in katerega predmet je podeliti pravice posameznikom. Drugič, glede utemeljitve zahtevka na podlagi kršitve načela prepovedi diskriminacije Sodišče prve stopnje najprej ugotavlja, da je bila možnost izbire, ki jo predvideva člen 8 Uredbe št. 2499/82, med plačilom pomoči proizvajalcem prek destilaterja (člen 9) in neposrednim plačilom pomoči intervencijskega organa proizvajalcem (člen 10), načeloma utemeljena zaradi potrebe zagotoviti polno učinkovitost preventivne destilacije za vinsko tržno leto 1982/1983 v celotni Skupnosti, upoštevajoč različne upravne sisteme različnih držav članic, kot to navaja enajsta uvodna izjava te uredbe. Tožeče stranke pa načeloma tudi ne izpodbijajo sistema posrednega izplačila pomoči proizvajalcem. V tej zadevi je treba obravnavati, ali načini uporabe sistema posrednega izplačila pomoči, ki so jih predvidevali zadevni predpisi, niso povzročili diskriminacije, ki jo prepoveduje člen 40(3) Pogodbe, med proizvajalci Skupnosti, ko so proizvajalci, ki imajo svoj sedež v državi članici, ki je izbrala ta sistem posrednih plačil, ki ga določa člen 9 Uredbe št. 2499/82, zaradi tega nosili tveganje glede izplačila pomoči Skupnosti, ki ga proizvajalci s sedežem v državi članici, ki je izbrala sistem, ki ga določa člen 10 te uredbe, niso nosili. V skladu z ustaljeno sodno prakso je prepoved diskriminacije, ki jo določa člen 40(3) Pogodbe, le poseben izraz splošnega načela enakosti, ki je eno od temeljnih načel prava Skupnosti. To načelo zahteva, da se podobne okoliščine ne obravnavajo na različen način, razen če razlikovanje ni objektivno utemeljeno (sodba Sodišča z dne 21. februarja 1990 v zadevi Wuidart in drugi, od C-267/88 do C-285/88, Recueil, str. I-435, točka 13). Glede sodnega nadzora pogojev za izvrševanje te prepovedi je treba poudariti, da ima zakonodajalec Skupnosti na področju skupne kmetijske politike široko diskrecijsko pravico, ki je posledica političnih odgovornosti, ki mu jih podeljujeta člena 40 in 43 Pogodbe (postala člena 34 in 37 Pogodbe ES) (zgoraj navedena sodba Wuidart in drugi, točka 14). V tej zadevi iz namena zgoraj navedene uredbe izhaja, da je bila pomoč ne glede na to, kateri sistem njenega izplačila je bil izbran, namenjena proizvajalcem (glej zgoraj navedeno točko 142). Čeprav je res, da je na podlagi člena 9(2) Uredbe št. 2499/82 intervencijski organ moral izplačati pomoč destilaterju, je bilo to plačilo vseeno podrejeno temu, da destilater v rokih, ki so bili določeni v prvem odstavku istega člena, izplača proizvajalcu minimalno nakupno ceno, ki je vključevala znesek pomoči. V tem sistemu je bil destilater dejansko posrednik pri plačilu pomoči Skupnosti, ki je bila vključena v zagotovljeno minimalno nakupno ceno. V teh pogojih Sodišče prve stopnje ugotavlja, da pomanjkanje zagotovila za plačilo pomoči Skupnosti zadevnim proizvajalcem v sistemu, ki ga predvideva člen 9 Uredbe št. 2499/82, predvsem pri stečaju destilaterja, ni vključeno v normalna tržna tveganja, ki so neločljivo povezana z izvrševanjem pogodb o dobavi, kakršne so bile v tej zadevi sklenjene med destilaterji in proizvajalci, predvsem glede tveganja neizpolnitve obveznosti plačila dogovorjene cene pri nesolventnosti kupca. Glede tega je treba navesti, da v okviru predpisov, v katerega se umeščajo pogodbe med destilaterji in proizvajalci, na katere se sklicujejo členi 1, 3 in 4 Uredbe št. 2499/82, teh ni mogoče šteti za običajne gospodarske pogodbe, saj cena, ki je v njih dogovorjena, vsebuje znesek pomoči Skupnosti. S tem, da je predvidela dodelitev pomoči EKUJS, oddelek „Jamstva”, v korist določene skupine gospodarskih subjektov v natančno določenih pogojih, ki jih definira, je Uredba št. 2499/82 načeloma izključila vsako ekonomsko ali tržno tveganje, ki bi se nanašalo na izplačilo pomoči, v trenutku, ko so bili ti pogoji za dodelitev pomoči izpolnjeni. V tem kontekstu izrecna navedba zneska pomoči Skupnosti, ki je vključena v dogovorjeno minimalno nakupno ceno v pogodbah, sklenjenih med proizvajalci in destilaterji ter potrjenimi s strani intervencijskih organov, potrjuje načelen neobstoj kakršnega koli tveganja neizpolnitve, ki se nanaša na plačilo cene v višini zneska pomoči. Po drugi strani pa je treba poudariti, da je del minimalne nakupne cene, ki ga ne krije pomoč Skupnosti, še vedno izpostavljen tveganjem, ki so neločljivo povezana z vsako gospodarsko pogodbo. Vendarle je bilo v praksi zaradi neobstoja sistema, ki bi zagotavljal plačilo pomoči proizvajalcem v sistemu, ki ga določa člen 9 Uredbe, predvsem pri stečaju destilaterja, dejansko izplačilo pomoči Skupnosti proizvajalcem prav tako izpostavljeno tveganjem povsem tržne narave, ki so lahko izkrivili pogoje za njeno dodelitev. Okoliščina, da je bil sistem pomoči za destilacijo urejen tako, da so se finančna sredstva Skupnosti, ki so bila za to predvidena, lahko izgubila v vmesnih tržnih odnosih, preden so dosegla upravičenca, je očitno v nasprotju z namenom tega sistema in njegovo javno naravo. Čeprav je varščina, ki je bila predvidena pri plačilu predujma pomoči, res lahko zavarovala, če je bilo to potrebno, finančne interese Skupnosti, ta sistem še vedno v okoliščinah, kakršne so v tej zadevi, očitno ni izpolnil enega od svojih namenov, to je izboljšati prihodke zadevnih proizvajalcev. Glede tega je treba omeniti, da trditev Komisije, da je običajno, da je v okviru skupne kmetijske politike pravni upravičenec do pomoči pred ekonomskim upravičencem, ki je kmetijski proizvajalec, ne more vplivati na to presojo, ker možnost izbire med postopkoma, ki ju določata člena 9 in 10 Uredbe, nikakor ni bila dana, da bi omogočila državam članicam, da po svoji presoji izberejo upravičenca do pomoči, temveč le zato, da bi olajšala prilagoditev načinov izvrševanj njihovemu upravnemu sistemu (enajsta uvodna izjava Uredbe št. 2499/82). Zato je treba ugotoviti, da je ta pravna praznina v Uredbi št. 2499/82 povzročila različno obravnavanje v državah članicah glede natančnejših zagotovil izplačila pomoči Skupnosti zadevnim proizvajalcem, čeprav jim je bila ta pomoč načeloma dolgovana na podlagi predpisov Skupnosti, ki se uporabijo. Tako razlikovanje je v skladu z načelom prepovedi diskriminacije samo, če je objektivno utemeljeno zaradi razlike v obravnavanih okoliščinah. Vendar je treba ugotoviti, da v tej zadevi ni tako. Še posebej, ker se očitana razlika v obravnavanju ne nanaša na pogoje za dodelitev pomoči za preventivno destilacijo, temveč le na upravne postopke za to dodelitev, je ni mogoče razložiti z razlikami v položaju proizvajalcev vina oziroma, splošneje, v položaju vinogradniških sektorjev različnih držav članic. Poleg tega v nasprotju s trditvami Komisije te razlike v obravnavanju prav tako ni mogoče utemeljiti s praktičnimi razlogi, ki so povezani s tem, da je treba upoštevati različne upravne sisteme v različnih državah članicah. Poleg sistema izplačila pomoči zadevnim proizvajalcem prek destilaterja, ki ga določa člen 9 Uredbe št. 2499/82, bi bil lahko določen mehanizem, ki bi zagotavljal plačilo proizvajalcem pri nesolventnosti destilaterja, ne da bi to poslabšalo učinkovitost tega sistema. Zato je bila naloga Komisije, da v primernem času sprejme ukrepe, ki bi jih ocenila za najbolj primerne, da bi odpravila to pravno praznino zgoraj omenjene uredbe. Glede tega trditev Komisije, da je bila razlika v obravnavanju utemeljena z dejstvom, da je sistem izplačila pomoči, ki ga določa člen 10 Uredbe št. 2499/82, nalagal več upravnih omejitev na zadevne proizvajalce kot sistem, ki ga določa člen 9 te uredbe, ni niti podkrepljena z dokazi niti utemeljena. Očitki tožečih strank se namreč ne nanašajo na načelo izplačila pomoči proizvajalcem prek destilaterja, temveč na pravno praznino tega sistema, ki ne zagotavlja izplačila pomoči dejanskim upravičencem pri nesolventnosti destilaterja. Ta neobstoj zagotovila je torej zaradi zunanjih razlogov lahko povzročil, da zadevni proizvajalci niso dobili pomoči, ki so jo imeli pravico zahtevati, in zato nima nič skupnega s preprostimi pogoji dokazovanja, ki jim je bilo podrejeno neposredno plačilo pomoči intervencijskega organa proizvajalcem na podlagi člena 10 Uredbe št. 2499/82. Glede trditve, ki jo je Komisija navedla v odgovorih na pisna vprašanja Sodišča prve stopnje, da bi zadevni proizvajalci v sistemu, ki ga predvideva člen 10 Uredbe št. 2499/82, prav tako nosili tveganje neprejetja pomoči Skupnosti, če destilater ne bi izpolnil svoje obveznosti, da opravi destilacijo vina v predpisanih rokih, je treba poudariti, da so to tveganje nosili vsi proizvajalci, ne glede na možnost, ki jo je izbrala zadevna država članica, in da to nima nobene povezave s tveganjem, povezanim z nesolventnostjo destilaterja, ki se edino obravnava v tej zadevi, saj ni sporno, da je bilo vino, ki so ga dobavile tožeče stranke, destilirano v predpisanih rokih. V teh pogojih je Komisija s tem da v okviru ureditve Uredbe št. 2499/82 ob sistemu plačila pomoči, ki ga določa člen 9 te uredbe ni predvidela mehanizma, ki bi zagotavljal plačilo pomoči zadevnim proizvajalcem pri nesolventnosti destilaterja, očitno in resno prestopila meje svoje diskrecijske pravice. Iz tega izhaja, da Uredba št. 2499/82 prav tako dovolj resno krši načelo prepovedi diskriminacije, katerega predmet je podeliti pravice posameznikom (zgoraj navedena sodba Dumortier in drugi proti Svetu, točka 11). Med drugim je treba zavrniti zaključek Komisije, da tožeče stranke niso uspele dokazati vzročne zveze med škodo, ki je nastala zaradi delnega ali celotnega neplačila pomoči tožečim strankam in med ravnanjem te institucije, ker niso izkazale vzročne zveze med tem, da jim DAI ni izplačala pomoči – kar je po mnenju Komisije škodno dejanje – in ravnanjem te institucije. Glede tega zadošča omeniti, da so tožeče stranke utemeljeno zatrjevale, da jim je škoda, ki je Komisija ne prereka, nastala zaradi opustitve te institucije, da v sistem plačila, ki ga določa člen 9 Uredbe št. 2499/82, vključi mehanizem, ki bi zagotovil izplačilo pomoči zadevnim proizvajalcem pri nesolventnosti destilaterja (glej zgoraj navedeni točki 111 in 112). Dejansko delno ali celotno neplačilo zadevne pomoči tožečim strankam po stečaju DAI izhaja neposredno iz pravne praznine Uredbe št. 2499/82. Iz tega izhaja, da je vzročna zveza med to škodo in očitanim ravnanjem Komisije jasno izkazana. Glede na navedeno je treba zaključiti, da so izpolnjeni pogoji za odgovornost Skupnosti, ki se nanašajo na nezakonitost očitanega dejanja, na dejanskost škode in na vzročno zvezo med tem ravnanjem in zatrjevano škodo. Ker višine škode, ki so jo utrpele tožeče stranke, v trenutni fazi postopka glede na trditve strank ni mogoče ugotoviti, je primerno z vmesno sodbo ugotoviti, da mora Komisija povrniti škodo, ki je tem nastala zaradi delnega ali celotnega neplačila dela njihovih neplačanih terjatev do DAI, ki ustreza pomoči Skupnosti, ki jo imajo pravico zahtevati na podlagi Uredbe št. 2499/82. Sodišče prve stopnje zato poziva stranke, da glede na to sodbo dosežejo dogovor glede višine odškodnine za utrpljeno škodo v štirih mesecih od dneva razglasitve te sodbe. Če stranke ne bodo dosegle dogovora, morajo Sodišču prve stopnje v istem roku predložiti predloge, ki se nanašajo na višino zahtevkov. Stroški Glede na navedeno v prejšnji točki se odločitev o stroških pridrži. Iz teh razlogov je SODIŠČE PRVE STOPNJE (drugi senat) razsodilo: 1) Komisija mora povrniti škodo, ki je nastala tožečim strankam zaradi stečaja Distilleria Agricola Industriale de Terralba, ker ni bil vzpostavljen mehanizem, ki bi lahko v okviru ureditve iz člena 9 Uredbe (EGS) št. 2499/82 glede preventivne destilacije za vinsko tržno leto 1982/1983 zagotavljal izplačila pomoči Skupnosti zadevnim proizvajalcem, ki jih določa ta uredba. 2) Stranke Sodišču prve stopnje v štirih mesecih od dneva razglasitve te sodbe predložijo znesek odškodnine, ki ga določijo sporazumno. 3) Če stranke ne dosežejo dogovora, Sodišču prve stopnje v istem roku predložijo višino svojih zahtevkov. Pirrung Meij Forwood Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 23. novembra 2004 Sodni tajnik Predsednik H. Jung J. Pirrung Kazalo Pravni okvir Dejansko stanje Postopek in predlogi strank Pravno stanje A – Dopustnost ničnostne tožbe in tožbe zaradi nedelovanja Trditve strank Presoja Sodišča prve stopnje Dopustnost ničnostne tožbe Dopustnost tožbe zaradi nedelovanja B – Odškodninska tožba in zahtevek za povračilo zaradi neupravičene obogatitve Dopustnost zahtevka za povračilo zaradi neupravičene obogatitve Dopustnost odškodninske tožbe Navedbe strank Presoja Sodišča prve stopnje 1. Ugovor, da očitanega ravnanja ni mogoče pripisati Skupnosti 2. Ugovor, da obstajajo učinkovita nacionalna pravna sredstva 3. Ugovor zastaranja odškodninske tožbe Utemeljenost odškodninske tožbe Trditve strank Presoja Sodišča prve stopnje Stroški * Jezik postopka: italijanščina.

62019CJ0776

en

These requests for a preliminary ruling concern the interpretation of Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts ( OJ 1993 L 95, p. 29 ). The requests have been made in proceedings between, first, VB, WA, XZ, YY, ZX, DY and EX, on the one hand, and BNP Paribas Personal Finance SA, on the other, and, second, AV, BW, CX and FA, on the one hand, and BNP Paribas Personal Finance and the Procureur de la République (Public Prosecutor, France), on the other, concerning the alleged unfairness of terms in mortgage loan agreements denominated in a foreign currency which provide, inter alia, that the Swiss franc is the account currency and the euro the settlement currency and which have the effect that the foreign exchange risk is borne by the borrower. Legal context EU law The sixteenth and twenty-fourth recitals of Directive 93/13 state: ‘Whereas the assessment, according to the general criteria chosen, of the unfair character of terms, in particular in sale or supply activities of a public nature providing collective services which take account of solidarity among users, must be supplemented by a means of making an overall evaluation of the different interests involved; whereas this constitutes the requirement of good faith; whereas, in making an assessment of good faith, particular regard shall be had to the strength of the bargaining positions of the parties, whether the consumer had an inducement to agree to the term and whether the goods or services were sold or supplied to the special order of the consumer; whereas the requirement of good faith may be satisfied by the seller or supplier where he deals fairly and equitably with the other party whose legitimate interests he has to take into account; … Whereas the courts or administrative authorities of the Member States must have at their disposal adequate and effective means of preventing the continued application of unfair terms in consumer contracts’. Article 3 of that directive provides: ‘1.   A contractual term which has not been individually negotiated shall be regarded as unfair if, contrary to the requirement of good faith, it causes a significant imbalance in the parties’ rights and obligations arising under the contract, to the detriment of the consumer. 2.   A term shall always be regarded as not individually negotiated where it has been drafted in advance and the consumer has therefore not been able to influence the substance of the term, particularly in the context of a pre-formulated standard contract. …’ As set out in Article 4 of that directive: ‘1.   Without prejudice to Article 7, the unfairness of a contractual term shall be assessed, taking into account the nature of the goods or services for which the contract was concluded and by referring, at the time of conclusion of the contract, to all the circumstances attending the conclusion of the contract and to all the other terms of the contract or of another contract on which it is dependent. 2.   Assessment of the unfair nature of the terms shall relate neither to the definition of the main subject matter of the contract nor to the adequacy of the price and remuneration, on the one hand, as against the services or goods supplie[d] in exchange, on the other, in so far as these terms are in plain intelligible language.’ Article 5 of that directive provides: ‘In the case of contracts where all or certain terms offered to the consumer are in writing, these terms must always be drafted in plain, intelligible language. Where there is doubt about the meaning of a term, the interpretation most favourable to the consumer shall prevail. …’ Article 6(1) of Directive 93/13 states: ‘Member States shall lay down that unfair terms used in a contract concluded with a consumer by a seller or supplier shall, as provided for under their national law, not be binding on the consumer and that the contract shall continue to bind the parties upon those terms if it is capable of continuing in existence without the unfair terms.’ Article 7(1) of that directive provides: ‘Member States shall ensure that, in the interests of consumers and of competitors, adequate and effective means exist to prevent the continued use of unfair terms in contracts concluded with consumers by sellers or suppliers.’ French law Article 2224 of the code civil (Civil Code) provides: ‘The limitation period for bringing personal actions or actions involving moveable property shall be five years from the date on which the holder of a right became aware, or should have become aware, of the facts entitling him to exercise that right.’ The disputes in the main proceedings and the questions referred for a preliminary ruling In 2008 and 2009, VB, WA, XZ, YY, ZX, DY, EX, AV, BW, CX and FA (‘the applicants in the main proceedings’) each individually concluded with BNP Paribas Personal Finance a mortgage loan agreement denominated in a foreign currency and referred to as ‘Helvet Immo’. Those agreements, which had been marketed principally by intermediaries, were concluded in order to purchase immovable property or shares in property companies for varying amounts between 48000 and 426000 Swiss francs (CHF) (being between approximately EUR 44000 and 389000) and for periods of between 22 and 25 years. It is apparent from the orders for reference that those agreements contained contractual terms according to which: – the loans in question were financed by borrowings taken out in Swiss francs and managed in both Swiss francs (the account currency) and euro (the settlement currency); – as regards exchange transactions, the payments in respect of the loans at issue could be made only in euro for repayment in Swiss francs; – the exchange transactions to be carried out were listed in the loan agreements at issue in the main proceedings, and in the event of default by the borrower, the lender could unilaterally replace the Swiss franc by the euro; – since the amortisation depended on fluctuations in the euro/Swiss franc exchange rate, the amortisation would be less rapid if the exchange transaction entailed a sum below the amount due in Swiss francs and any unpaid capital would be added to the debit balance. In the opposite case, repayment of the loan would be quicker; – if maintaining the amount of the payments in euro did not allow the total balance of the account to be settled over the remaining term plus five years, payments would be increased. If, at the end of the fifth year of extension, a debit balance remained, payments would have to continue until the amount in question was settled in full; – the fixed interest rate initially agreed was subject to review every five years according to a predetermined formula and, upon review, the borrower could choose to change the account currency to euro by choosing to apply either a new increased fixed interest rate or a variable rate. For the applicants in the main proceedings in Cases C‑776/19, C‑778/19, C‑779/19 and C‑780/19, two simulations were annexed to the loan offer illustrating the impact of exchange rate fluctuations on the amount and duration of the loan. The first simulation related to the impact of a two-point increase or decrease in the interest rate taking place from the 61st instalment on the amount of the payments, the duration and the total cost of the loan. The second, headed ‘information relating to the exchange transactions carried out in the context of the management of your credit’, simulated how those elements would vary if the euro should appreciate against the Swiss franc (in Case C‑776/19, EUR 1 = CHF 1.5896; in Case C‑778/19, EUR 1 = CHF 1.57; in Case C‑779/19, EUR 1 = CHF 1.59; in Case C‑780/19, EUR 1 = CHF 1.66) and if the euro should depreciate (in Case C‑776/19, EUR 1 = CHF 1.4296; in Case C‑778/19, EUR 1 =CHF 1.41; in Case C‑779/19, EUR 1 = CHF 1.43; in Case C‑780/19, EUR 1 = CHF 1.5). No simulation was provided by the lender to the applicants in the main proceedings in Cases C‑777/19, C‑781/19 and C‑782/19. Due to the unfavourable movement in exchange rates since the date on which the agreements at issue in the main proceedings were concluded, the applicants in the main proceedings encountered difficulties in repaying the mortgage loans taken out. Subsequently, in the period between 2015 and 2018, each of those applicants brought proceedings against BNP Paribas Personal Finance before the referring court, claiming, inter alia, that the terms establishing the financial mechanism provided for in the ‘Helvet Immo’ agreements were unfair. In addition, following a judicial investigation, BNP Paribas Personal Finance was committed for trial before the tribunal correctionnel (Criminal Court, France) on 29 August 2017, charged with misleading commercial practice. By judgment of 26 February 2020, the 13th Criminal Chamber of the tribunal de grande instance de Paris (Regional Court, Paris) convicted that bank of misleading commercial practice. According to information provided by the parties to the main proceedings during the hearing before the Court, BNP Paribas Personal Finance has brought an appeal against that judgment, which is therefore not final. The applicants in the main proceedings are claiming before the referring court, inter alia, that the terms establishing the financial mechanism provided for in the loan agreements at issue are unfair. BNP Paribas Personal Finance argues that the claims brought by the applicants in the main proceedings alleging that those contractual terms are unfair are time-barred and, in any event, unfounded. As regards, first, the question whether the claims brought by the applicants in the main proceedings are time-barred, the referring court states that application of the five-year limitation period under Article 2224 of the French Civil Code would lead to a finding that the claims are time-barred. According to national case-law, that period begins to run from the date of acceptance of the loan offer. In that context, the referring court is unsure whether application of such a limitation period to claims brought by consumers in order to assert their rights under Directive 93/13 is compatible with the principle of effectiveness. In the referring court’s view, given that the exchange rate may remain stable during the first years of an agreement and deteriorate only later during the life of the agreement, it cannot be ruled out that borrowers would not be able to assert their rights. As regards, second, the assessment of the unfairness of the terms of the agreement, the referring court notes that the loan agreements at issue in the main proceedings contain several terms forming part of a currency conversion mechanism, which has the effect that the foreign exchange risk is borne by the borrower. In that context, the referring court asks in particular whether, on account of the fact that those contractual terms relate to the foreign exchange risk, they should be regarded as forming part of the main subject matter of the loan agreements at issue in the main proceedings, which cannot, on that basis, be regarded as unfair provided they are plain and intelligible. In that regard, the question also arises as to the effect on the classification of those contractual terms of another term inserted in the loan agreements at issue in the main proceedings allowing the borrower to exercise an option to convert the loan into euro on predetermined dates. As regards the criteria for assessing whether a contractual term is plain and intelligible and whether there is a significant imbalance in the contracting parties’ rights and obligations arising under that contract, the referring court notes that the applicants in the main proceedings received information regarding the impact of fluctuations in the euro/Swiss franc exchange rate on the cost of the loan concerned. However, nowhere in the loan agreements at issue in the main proceedings is the foreign exchange risk mentioned. The referring court also states that, in national case-law, contractual terms such as those at issue in the main proceedings have been regarded as plain and intelligible on the ground, inter alia, that the borrowers received information regarding exchange transactions carried out during the term of the loan agreement concerned and the impact of fluctuations in the euro/Swiss franc exchange rate on the duration of that agreement and on the payments necessary to settle the account balance. In that context, given that the seller or supplier has greater means than the consumer to foresee economic developments and the foreign exchange risk, the referring court is unsure as to what specific information concerning the foreign exchange risk is to be provided to a borrower who is not aware of the economic forecasts that may have an impact on changes in the exchange rate between the account currency and the settlement currency and on the associated risks. In that regard, the question also arises as to the burden of proving that a contractual term is plain and intelligible, since the communication of certain information is disputed in the main proceedings. In those circumstances, the tribunal de grande instance de Paris (Regional Court, Paris) decided to stay the proceedings and to refer the following questions to the Court of Justice for a preliminary ruling: ‘(1) Does Directive 93/13, interpreted in the light of the principle of effectiveness, preclude, in [cases] such as [those] in the main proceedings, the application of limitation rules, in the following cases: (a) for a declaration that a term is unfair; (b) for any restitutions; (c) where the consumer is the applicant; and (d) where the consumer is the defendant, including to a counter-claim? (2) If the answer to the first question is wholly or partly negative, does Directive 93/13, interpreted in the light of the principle of effectiveness, preclude, in [cases] such as [those] at issue in the main proceedings, the application of national case-law which fixes the starting-point of the limitation period at the date of acceptance of the loan offer, rather than at the date on which serious financial difficulties arise? (3) Do terms such as those at issue in the main proceedings, which provide in particular that the Swiss franc is the account currency and the euro the settlement currency, and have the effect that the exchange risk is borne by the borrower, come within the main subject matter of the agreement within the meaning of Article 4(2) of Directive 93/13, where there is no dispute as to the amount of the exchange charges and where there are terms providing for the possibility for the borrower, on fixed dates, to exercise an option to convert the loan into euro according to a predetermined formula? (4) Does Directive 93/13, interpreted in the light of the principle of effectiveness of [EU] law, preclude national case-law in which a term or set of terms, such as those at issue in the main proceedings, are considered to be “plain [and] intelligible” for the purposes of the directive, on the grounds that: – the preliminary loan offer sets out in detail the exchange transactions carried out during the life of the credit and makes clear that the euro/Swiss franc exchange rate will be that applicable two working days before the date of the event that determines the transaction and which is published on the website of the European Central Bank; – it is stated in the offer that the borrower agrees to the Swiss franc/euro and euro/Swiss franc exchange transactions necessary for the functioning and repayment of the loan, and that the lender will convert the balance of the monthly payments after payment of the charges associated with the credit into Swiss francs; – the offer states that, if the exchange transaction results in a sum lower than the amount payable in Swiss francs, the amortisation of the capital will be less rapid and any unpaid capital in respect of a repayment period will be entered on the debit side of the account in Swiss francs, and that it is made clear that the amortisation of the capital of the loan will change according to upwards or downwards variations in the exchange rate applied to the monthly payments that that change may result in the extension or reduction of the loan amortisation period and, where appropriate, alter the total repayment cost; – the articles “internal account in euro” and “internal account in Swiss francs” describe the transactions carried out in each payment period to the credit and the debit of each account, and the contract explains in transparent terms the actual functioning of the foreign currency conversion mechanism; and although there is no express reference in the offer to the “exchange risk” which is borne by the borrower since he does not receive income in the account currency, or any explicit reference to the “interest rate risk”? (5) If the answer to the fourth question is in the affirmative, does Directive 93/13, interpreted in the light of the principle of effectiveness of [EU] law, preclude national case-law according to which a term or set of terms, such as those at issue in the main proceedings, are “plain [and] intelligible” for the purposes of the directive, when in addition to the elements referred to in the fourth question there is only a simulation of a reduction of [5 to 6%] of the payment currency by reference to the account currency, in an agreement having an initial duration of [22 to 25] years, without any reference to terms such as “risk” or “difficulty”? (6) Is the burden of proving the “plain [and] intelligible” nature of a term for the purposes of Directive 93/13 borne, including in respect of the circumstances attending the conclusion of the contract, by the professional party or by the consumer? (7) If the burden of proving the plain and intelligible nature of the term is borne by the professional party, does Directive 93/13 preclude national case-law in which it was held that, in the presence of documents relating to sales techniques, it is for the borrowers to prove, first, that they were the addressees of the information contained in those documents and, second, that it was the bank that communicated that information to them, or, conversely, does it require that that evidence constitutes a presumption that the information contained in those documents was transmitted, including orally, to borrowers, a rebuttable presumption that it is for the professional party, which must assume responsibility for the information communicated by the intermediaries which it has chosen, to rebut? (8) May the existence of a significant imbalance be characterised in [agreements] such as [those] at issue in the main proceedings in which both parties bear an exchange risk, when, first, the professional party has greater means than the consumer to foresee the exchange risk and when, second, the risk borne by the professional party is subject to an upper limit while that borne by the consumer is not?’ By decision of the President of the Court of Justice of 19 November 2019, Cases C‑776/19 to C‑782/19 were joined for the purposes of the written and oral parts of the procedure. Consideration of the questions referred The first and second questions By its first and second questions, which it is appropriate to examine together, the referring court asks, in essence, whether Directive 93/13, read in the light of the principle of effectiveness, must be interpreted as precluding national legislation which makes the submission of a claim by a consumer for a declaration that a term in a contract concluded between a seller or supplier and that consumer is unfair or for repayment of sums paid but not due, on the basis of unfair terms for the purposes of that directive, subject to a five-year limitation period which begins to run from the date of acceptance of the loan offer. In that regard, it should be noted that, in accordance with settled case-law, in the absence of specific EU rules governing the matter, the rules implementing the consumer protection provided for by Directive 93/13 are a matter for the domestic legal order of the Member States in accordance with the principle of the procedural autonomy of the Member States. However, those rules must not be less favourable than those governing similar domestic actions (principle of equivalence); nor may they be framed in such a way as to make it in practice impossible or excessively difficult to exercise the rights conferred by EU law (principle of effectiveness) (see, to that effect, judgment of 16 July 2020, Caixabank and Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C‑224/19 and C‑259/19 , EU:C:2020:578 , paragraph and the case-law cited). As regards the principle of effectiveness, which is the only principle referred to in the present case, it should be noted that every case in which the question arises as to whether a national procedural provision makes the application of EU law impossible or excessively difficult must be analysed by reference to the role of that provision in the procedure, its progress and its special features, viewed as a whole, before the various national bodies. In that context, it is necessary to take into consideration, where relevant, the principles which lie at the basis of the national legal system, such as the protection of the rights of the defence, the principle of legal certainty and the proper conduct of the proceedings (see, inter alia, judgment of 16 July 2020, Caixabank and Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C‑224/19 and C‑259/19 , EU:C:2020:578 , paragraph and the case-law cited). In addition, the Court has stated that the obligation on the Member States to ensure the effectiveness of the rights that individuals derive from EU law, particularly the rights deriving from Directive 93/13, implies a requirement for effective judicial protection, also guaranteed by Article 47 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, which applies, inter alia, to the definition of detailed procedural rules relating to actions based on such rights (see, to that effect, judgment of 31 May 2018, Sziber, C‑483/16 , EU:C:2018:367 , paragraph and the case-law cited). As regards the analysis of the characteristics of the limitation period at issue in the main proceedings, the Court has stated that that analysis must cover the duration of the limitation period and the detailed rules for its application, including the mechanism adopted to start the period running (see, to that effect, judgment of 9 July 2020, Raiffeisen Bank and BRD Groupe Société Générale, C‑698/18 and C‑699/18 , EU:C:2020:537 , paragraph and the case-law cited). First, as regards the application of a limitation period to claims made by consumers in order to assert their rights under Directive 93/13, it should be noted that, according to the Court’s case-law, reasonable time limits for bringing proceedings, laid down in the interests of legal certainty, are not liable to make it in practice impossible or excessively difficult to exercise the rights conferred by the EU legal order if such time limits are sufficient in practical terms to enable a consumer to prepare and bring an effective action (see, inter alia, judgment of 9 July 2020, Raiffeisen Bank and BRD Groupe Société Générale, C‑698/18 and C‑699/18 , EU:C:2020:537 , paragraph and the case-law cited). The Court has recognised that consumer protection is not absolute and that in the interests of legal certainty it is compatible with EU law to lay down reasonable time limits for bringing proceedings (see, inter alia, judgments of 9 July 2020, Raiffeisen Bank and BRD Groupe Société Générale, C‑698/18 and C‑699/18 , EU:C:2020:537 , paragraph , and of 16 July 2020, Caixabank and Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C‑224/19 and C‑259/19 , EU:C:2020:578 , paragraph and the case-law cited). However, highlighting the protection which Directive 93/13 confers on consumers, the Court has held that that directive precludes national legislation which prohibits a national court, after expiry of a limitation period, from finding that a term inserted into a contract concluded between a seller or supplier and a consumer is unfair (see, to that effect, judgments of 21 November 2002, Cofidis, C‑473/00 , EU:C:2002:705 , paragraph , and of 9 July 2020, Raiffeisen Bank and BRD Groupe Société Générale, C‑698/18 and C‑699/18 , EU:C:2020:537 , paragraph ). In the present case, the request for a preliminary ruling concerns two distinct situations, namely, first, the application of a limitation period to an application brought by a consumer for a declaration that a term in an agreement concluded between a seller or supplier and that consumer is unfair and, second, the application of such a period to a claim brought by that consumer for repayment of sums paid but not due, on the basis of unfair terms for the purposes of Directive 93/13. As regards, first, the application of a limitation period to an application brought by a consumer for a declaration that a term in an agreement concluded between a seller or supplier and that consumer is unfair, it should be borne in mind, in the first place, that, under Article 6(1) of Directive 93/13, unfair terms in a contract concluded between a seller or supplier and a consumer are not binding on that consumer. In the second place, given the nature and significance of the public interest constituted by the protection of consumers, Directive 93/13, as is apparent from Article 7(1) thereof, read in conjunction with its twenty-fourth recital, obliges the Member States to provide for adequate and effective means to prevent the continued use of unfair terms in contracts concluded with consumers by sellers or suppliers. To do this, it is for the national courts to exclude the application of the unfair terms so that they do not produce binding effects with regard to the consumer, unless the consumer objects (see, to that effect, judgment of 9 July 2020, Raiffeisen Bank and BRD Groupe Société Générale, C‑698/18 and C‑699/18 , EU:C:2020:537 , paragraphs and and the case-law cited). In the third place, it is apparent from case-law that a contractual term held to be unfair must be regarded, in principle, as never having existed, so that it cannot have any effect on the consumer. The Court has concluded that the determination by a court that such a term is unfair must, in principle, have the consequence of restoring the consumer to the legal and factual situation that he or she would have been in had that term not existed, with the result that the obligation for the national court to exclude an unfair contract term imposing the payment of amounts that prove not to be due entails, in principle, a corresponding restitutory effect in respect of those same amounts (see, to that effect, judgments of 21 December 2016, Gutiérrez Naranjo and Others, C‑154/15, C‑307/15 and C‑308/15 , EU:C:2016:980 , paragraphs and , and of 9 July 2020, Raiffeisen Bank and BRD Groupe Société Générale, C‑698/18 and C‑699/18 , EU:C:2020:537 , paragraph ). Against that background, it should be held that, in order in particular to ensure effective protection of the rights which the consumer derives from Directive 93/13, he or she must be able to raise, at any time, the unfairness of a contractual term not only as a means of defence, but also in order to obtain a declaration by the court that a contractual term is unfair, with the result that an application brought by a consumer for a declaration that a term in an agreement concluded between a seller or supplier and a consumer is unfair cannot be subject to any limitation period. As regards, second, the application of a limitation period to a claim brought by a consumer for repayment of sums paid but not due, on the basis of unfair terms for the purposes of Directive 93/13, it is sufficient to note that the Court has previously held that Article 6(1) and Article 7(1) of that directive do not preclude national legislation which, while providing that an action for a declaration of nullity of an unfair term in a contract concluded between a seller or supplier and a consumer is not subject to a time limit, subjects the action to enforce the restitutory effects of that finding to a limitation period, provided that the principles of equivalence and effectiveness are observed (see, to that effect, judgments of 9 July 2020, Raiffeisen Bank and BRD Groupe Société Générale, C‑698/18 and C‑699/18 , EU:C:2020:537 , paragraph , and of 16 July 2020, Caixabank and Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C‑224/19 and C‑259/19 , EU:C:2020:578 , paragraph ). Accordingly, it should be held that the application of a limitation period to claims for restitution brought by consumers in order to enforce rights which they derive from Directive 93/13 is not, in itself, contrary to the principle of effectiveness, provided that its application does not make it in practice impossible or excessively difficult to exercise the rights conferred by that directive. Second, as regards the duration of the limitation period applicable to a claim brought by a consumer for repayment of sums paid but not due, on the basis of unfair terms for the purposes of Directive 93/13, the Court has previously had occasion to rule on the compatibility with the principle of effectiveness of limitation periods similar to that at issue in the main proceedings, which were of three and five years’ duration and applied to actions seeking to enforce the restitutory effects of a finding that a contractual term was unfair. According to the Court, provided they are established and known in advance, those periods are, in principle, sufficient to enable the consumer concerned to prepare and bring an effective action. Accordingly, periods of three to five years are not, in themselves, incompatible with the principle of effectiveness (see, to that effect, judgments of 9 July 2020, Raiffeisen Bank and BRD Groupe Société Générale, C‑698/18 and C‑699/18 , EU:C:2020:537 , paragraphs and , and of 16 July 2020, Caixabank and Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C‑224/19 and C‑259/19 , EU:C:2020:578 , paragraph and the case-law cited). Consequently, it should be held that, provided that it is established and known in advance, a five-year limitation period such as that at issue in the main proceedings that is applied to a claim brought by a consumer for repayment of sums paid but not due, on the basis of unfair terms for the purposes of Directive 93/13, does not appear such as to make it in practice impossible or excessively difficult to exercise the rights conferred by Directive 93/13. A period of such a duration is, in principle, sufficient in practical terms to enable a consumer to prepare and bring an effective action in order to enforce the rights that he or she derives from that directive, in the form, inter alia, of a claim for restitution based on the unfairness of a contractual term. However, as regards, third, the starting point of the limitation period at issue in the main proceedings, there is a real risk that the consumer will not be able to rely, during that period, on the rights conferred on him or her by Directive 93/13 (see, to that effect, judgment of 5 March 2020, OPR-Finance, C‑679/18 , EU:C:2020:167 , paragraph and the case-law cited). It is apparent from the information provided by the referring court that the five-year limitation period laid down in Article 2224 of the Civil Code begins to run, according to the case-law of the French courts, from the date of acceptance of the loan offer in question. In that regard, it is necessary to take account of the weaker position of the consumer vis-à-vis the seller or supplier as regards both bargaining power and level of knowledge, which leads the consumer to accept terms drawn up in advance by the seller or supplier, without being able to influence their content (see, to that effect, judgment of 9 July 2020, Raiffeisen Bank and BRD Groupe Société Générale, C‑698/18 and C‑699/18 , EU:C:2020:537 , paragraph and the case-law cited). Similarly, it is important to recall that consumers may be unaware of the unfairness of a term in a mortgage loan agreement or not appreciate the extent of their rights under Directive 93/13 (see, to that effect, judgment of 16 July 2020, Caixabank and Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Case C‑224/19 and C‑259/19 , EU:C:2020:578 , paragraph and the case-law cited). A limitation period may be compatible with the principle of effectiveness only if the consumer has had the opportunity to become aware of his or her rights before that period begins to run or expires (see, to that effect, judgments of 6 October 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C‑40/08 , EU:C:2009:615 , paragraph ; of 9 July 2020, Raiffeisen Bank and BRD Groupe Société Générale, C‑698/18 and C‑699/18 , EU:C:2020:537 , paragraph ; and of 16 July 2020, Caixabank and Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C‑224/19 and C‑259/19 , EU:C:2020:578 , paragraph ). The application of a five-year limitation period, such as that at issue in the main proceedings, to a claim brought by a consumer for repayment of sums paid but not due, on the basis of unfair terms for the purposes of Directive 93/13, which begins to run from the date of acceptance of the loan offer, is not capable of affording that consumer effective protection, since that period is likely to have expired even before the consumer becomes aware of the unfair nature of a term in the contract at issue. Such a period makes it excessively difficult for the consumer to exercise the rights deriving from Directive 93/13 and therefore infringes the principle of effectiveness (see, by analogy, judgments of 9 July 2020, Raiffeisen Bank and BRD Groupe Société Générale, C‑698/18 and C‑699/18 , EU:C:2020:537 , paragraphs and , and of 16 July 2020, Caixabank and Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C‑224/19 and C‑259/19 , EU:C:2020:578 , paragraph ). In the light of the foregoing, the answer to the first and second questions is that Article 6(1) and Article 7(1) of Directive 93/13, read in the light of the principle of effectiveness, must be interpreted as precluding national legislation which makes the submission of a claim by a consumer: – for a declaration that a term in an agreement concluded between a seller or supplier and that consumer is unfair subject to a limitation period; – for repayment of sums paid but not due, on the basis of such unfair terms, subject to a five-year limitation period, where that period begins to run from the date of acceptance of the loan offer such that, at that time, the consumer may have been unaware of all of the rights that he or she has under that directive. The third question By its third question, the referring court asks, in essence, whether Article 4(2) of Directive 93/13 must be interpreted as meaning that the concept of the ‘main subject matter of the contract’, within the meaning of that provision, covers terms of the loan agreement which provide that the foreign currency is the account currency and the euro the settlement currency and which have the effect that the foreign exchange risk is borne by the borrower. Article 4(2) of Directive 93/13 provides that assessment of the unfair nature of contractual terms is to relate neither to the definition of the main subject matter of the contract nor to the adequacy of the price and remuneration, on the one hand, as against the services or goods supplied in exchange, on the other, in so far as those terms are in plain, intelligible language. The court may therefore review the unfairness of a term which relates to the definition of the main subject matter of the contract only if that term is not plain and intelligible. In that regard, the Court has held that Article 4(2) of Directive 93/13 lays down an exception to the mechanism for reviewing the substance of unfair terms, such as that provided for in the system of consumer protection put in place by that directive, and that that provision must therefore be strictly interpreted (judgment of 20 September 2017, Andriciuc and Others, C‑186/16 , EU:C:2017:703 , paragraph and the case-law cited). As regards the category of contractual terms that come within the concept of the ‘main subject matter of the contract’ within the meaning of Article 4(2) of Directive 93/13, the Court has also held that those terms must be understood as being those that lay down the essential obligations of the contract and, as such, characterise it. By contrast, terms ancillary to those that define the very essence of the contractual relationship cannot fall within that concept (judgment of 3 October 2019, Kiss and CIB Bank, C‑621/17 , EU:C:2019:820 , paragraph and the case-law cited). It is for the referring court to examine, having regard to the nature, general scheme and the stipulations of the loan agreements at issue in the main proceedings as well as their legal and factual context, whether the terms referred to in the third question constitute an essential element of the debtor’s obligations, consisting in the repayment of the amount made available to it by the lender (see, to that effect, judgment of 3 October 2019, Kiss and CIB Bank, C‑621/17 , EU:C:2019:820 , paragraph and the case-law cited). That said, it is nevertheless for the Court to elicit from Article 4(2) of Directive 93/13 the criteria applicable in that examination (see, to that effect, judgment of 20 September 2017, Andriciuc and Others, C‑186/16 , EU:C:2017:703 , paragraph ). In that regard, as concerns loan agreements denominated in a foreign currency and repayable in the national currency, the Court has stated that the exclusion of the assessment of the unfairness of terms relating to the adequacy of the price and remuneration, on the one hand, as against the services or goods supplied in exchange, on the other, cannot apply to terms that merely determine the conversion rate of the foreign currency in which the loan agreement is denominated, in order to calculate the repayment instalments, without however any foreign exchange service being supplied by the lender in making that calculation and do not, therefore, constitute ‘remuneration’, the adequacy of which as consideration for a service supplied by the lender could be assessed to determine its unfairness pursuant to Article 4(2) of Directive 93/13 (judgment of 30 April 2014, Kásler and Káslerné Rábai, C‑26/13 , EU:C:2014:282 , paragraph ). The Court has also stated, without, however, limiting this finding solely to loan agreements denominated in a foreign currency and repayable in that currency, that contractual terms which relate to the foreign exchange risk define the main subject matter of that agreement (see, inter alia, judgments of 20 September 2018, OTP Bank and OTP Faktoring, C‑51/17 , EU:C:2018:750 , paragraph and the case-law cited, and of 14 March 2019, Dunai, C‑118/17 , EU:C:2019:207 , paragraph ). In that connection, it must be observed that, under a loan agreement, the lender undertakes, in particular, to make available to the borrower a certain sum of money and the latter undertakes, in particular, to repay that sum, usually with interest, on the scheduled payment dates. Therefore, the essential obligations of such a contract relate to a sum of money which must be determined by the stipulated currency in which it is paid and repaid. Thus, the fact that a loan must be repaid in a certain currency relates, in principle, not to an ancillary repayment arrangement, but to the very nature of the debtor’s obligation, thereby constituting an essential element of a loan agreement (judgment of 20 September 2017, Andriciuc and Others, C‑186/16 , EU:C:2017:703 , paragraph ). It is therefore for the referring court to determine, taking account of the criteria set out in paragraphs 55 to 57 above, whether the terms of the agreements at issue in the main proceedings, which provide that the foreign currency is the account currency and the euro the settlement currency and which have the effect that the foreign exchange risk is borne by the borrower, relate to the very nature of the debtor’s obligation to repay the amount made available to him or her by the lender, irrespective of whether the consumer’s objection also concerns the exchange charges. Furthermore, it should be stated that the existence, in a loan agreement denominated in a foreign currency, of another term allowing the borrower to exercise an option to convert the loan into euro on predetermined dates cannot mean that terms relating to the foreign exchange risk thereby take on an ancillary dimension. The fact that the parties are able to amend, at certain stages, one of the essential terms of the agreement enables the borrower to alter the terms of his or her loan ex nunc , without that having a direct effect on the assessment of the essential obligation characterising the agreement at issue. In the light of all of the above considerations, the answer to the third question is that Article 4(2) of Directive 93/13 must be interpreted as meaning that terms of a loan agreement which provide that the foreign currency is the account currency and the euro the settlement currency and which have the effect that the foreign exchange risk is borne by the borrower come within that provision where those terms lay down an essential element characterising the agreement. The fourth and fifth questions By its fourth and fifth questions, which it is appropriate to examine together, the referring court asks, in essence, whether Article 4(2) of Directive 93/13 must be interpreted as meaning that, in the context of a loan agreement denominated in a foreign currency, the requirement of transparency of the terms of that agreement, which provide that the foreign currency is the account currency and the euro the settlement currency and which have the effect that the foreign exchange risk is borne by the borrower, is satisfied where the seller or supplier has provided the consumer with information relating to the impact on the consumer’s financial obligations of any appreciation or depreciation of the euro against the foreign currency in which the loan is denominated. According to settled case-law on the requirement of transparency, information provided before the conclusion of a contract, on the terms of the contract and the consequences of concluding it, is of fundamental importance for a consumer. It is on the basis of that information in particular that the consumer decides whether he or she wishes to be contractually bound to a seller or supplier by the terms previously drawn up by the latter (judgment of 3 March 2020, Gómez del Moral Guasch, C‑125/18 , EU:C:2020:138 , paragraph and the case-law cited). It follows that the requirement of transparency of contractual terms, as resulting from Article 4(2) and Article 5 of Directive 93/13, cannot be reduced merely to their being formally and grammatically intelligible. As the system of protection introduced by that directive is based on the idea that consumers are in a weak position vis-à-vis sellers or suppliers, in particular as regards their level of knowledge, the requirement, laid down by the directive, that the contractual terms are to be drafted in plain, intelligible language and, accordingly, that they be transparent must be understood in a broad sense (judgment of 3 March 2020, Gómez del Moral Guasch, C‑125/18 , EU:C:2020:138 , paragraph and the case-law cited). Consequently, that requirement must be understood as requiring not only that the term in question must be formally and grammatically intelligible to the consumer, but also that an average consumer, who is reasonably well informed and reasonably observant and circumspect, is in a position to understand the specific functioning of that term and thus evaluate, on the basis of clear, intelligible criteria, the potentially significant economic consequences of such a term for his or her financial obligations (judgment of 3 March 2020, Gómez del Moral Guasch, C‑125/18 , EU:C:2020:138 , paragraph and the case-law cited). That means, in particular, that the contract should set out transparently the specific functioning of the mechanism to which the relevant term relates and, where appropriate, the relationship between that mechanism and that provided for by other contractual terms, so that the consumer is in a position to evaluate, on the basis of clear, intelligible criteria, the economic consequences for him or her which derive from the contract (see, to that effect, judgment of 27 January 2021, Dexia Nederland, C‑229/19 and C‑289/19 , EU:C:2021:68 , paragraph and the case-law cited). The question whether, in the present case, the requirement of transparency has been observed must be examined by the referring court in the light of all the relevant information, including the promotional material and information provided in the negotiation of the loan agreements at issue in the main proceedings, not only by the lender itself, but also by any other person who, on behalf of that professional, participated in the marketing of the loans concerned. Specifically, it is for the national court, when it considers all the circumstances surrounding the conclusion of the loan agreement, to ascertain whether, in the case concerned, all the information likely to have a bearing on the extent of his or her commitment has been communicated to the consumer, enabling the consumer to estimate in particular the total cost of the loan. First, whether the terms of the agreement are drafted in plain, intelligible language enabling an average consumer, as described in paragraph 64 above, to estimate such a cost and, second, the fact of failing to mention in the loan agreement the information regarded as being essential with regard to the nature of the goods or services which are the subject matter of that agreement play a decisive role in that assessment (see, to that effect, judgment of 3 March 2020, Gómez del Moral Guasch, C‑125/18 , EU:C:2020:138 , paragraph and the case-law cited). In the present case, the referring court states that, before entering into their loans, the applicants in the main proceedings received information regarding the impact of fluctuations in the exchange rate between the euro and the Swiss franc on the duration of the agreement and on the repayments necessary to settle the account balance. However, no mention was made of the foreign exchange risk. As regards loan agreements denominated in a foreign currency, such as those at issue in the main proceedings, it should be noted, in the first place, that any information provided by the seller or supplier which seeks to inform the consumer about the functioning of the exchange mechanism and the risk associated with it is relevant for the purposes of that assessment. Details of the risks faced by the borrower in the event of a severe depreciation of the legal tender of the Member State in which the borrower is domiciled and an increase in foreign interest rates are factors of particular importance. In that regard, as the European Systemic Risk Board stated in its Recommendation ESRB/2011/1 of 21 September 2011 on lending in foreign currencies ( OJ 2011 C 342, p. 1 ), financial institutions must provide borrowers with adequate information to enable them to take well informed and prudent decisions and should at least encompass the impact on instalments of a severe depreciation of the legal tender of the Member State in which a borrower is domiciled and of an increase of the foreign interest rate (Recommendation A – Risk awareness of borrowers, paragraph 1) (judgment of 20 September 2018, OTP Bank and OTP Faktoring, C‑51/17 , EU:C:2018:750 , paragraph and the case-law cited). The Court has held, in particular, that the borrower must be clearly informed that, in entering into a loan agreement denominated in a foreign currency, the borrower is exposing him or herself to a certain foreign exchange risk which may be economically difficult to bear in the event of a depreciation of the currency in which the borrower receives his or her income. In addition, the seller or supplier must set out the possible variations in the exchange rate and the risks inherent in entering into such an agreement (see, to that effect, judgment of 20 September 2018, OTP Bank and OTP Faktoring, C‑51/17 , EU:C:2018:750 , paragraph and the case-law cited). It follows that, in order to comply with the requirement of transparency, the information communicated by the seller or supplier must enable the average consumer, who is reasonably well informed and reasonably observant and circumspect, not only to understand that, depending on exchange rate fluctuations, changes in the exchange rate between the account currency and settlement currency may have unfavourable consequences for his or her financial obligations, but also to understand, in the context of taking out a loan denominated in a foreign currency, the actual risk to which he or she is exposed, throughout the term of the agreement, in the event of a severe depreciation of the currency in which the borrower receives his or her income as against the account currency. In that context, it is important to point out that quantitative simulations, such as those included in some of the loan offers at issue in the main proceedings, may constitute a useful piece of information if they are based on sufficient and accurate data and contain objective assessments which are communicated to the consumer in plain, intelligible language. It is only on those conditions that such simulations may enable the seller or supplier to draw the consumer’s attention to the risk of potentially significant adverse economic consequences of the contractual terms at issue. Like any other information relating to the scope of the consumer’s commitment communicated by the seller or supplier, quantitative simulations must help the consumer to understand the actual scope of the risk, in the long term, associated with possible exchange rate fluctuations and thus the risks inherent in entering into a loan agreement denominated in a foreign currency. Accordingly, in the context of a loan agreement denominated in a foreign currency that exposes the consumer to a foreign exchange risk, the requirement of transparency cannot be satisfied by communicating to the consumer information – even a large amount of information – if that information is based on the assumption that the exchange rate between the account currency and settlement currency will remain stable throughout the term of the agreement. That is the case, in particular, where the consumer has not been informed by the seller or supplier of the economic context liable to have an impact on exchange rate variations, with the result that the consumer was not given the opportunity to understand in concrete terms the potentially serious consequences on his or her financial situation which might result from taking out a loan denominated in a foreign currency. In the second place, the relevant factors for the purposes of the assessment referred to in paragraph 67 above include the language used by the financial institution in the pre-contractual and contractual documentation. In particular, the absence of terms or explanations expressly informing the borrower of the existence of specific risks associated with loan agreements denominated in a foreign currency may confirm that the requirement of transparency, as resulting, inter alia, from Article 4(2) of Directive 93/13, is not satisfied. In the third and final place, having regard to the factual circumstances set out in paragraph 15 above, it should be borne in mind that a finding that a commercial practice, which the parties to the main proceedings discussed at the hearing before the Court, is unfair may also be one element among others on which the national court may base its assessment of the unfairness of terms in a contract concluded between a seller or supplier and a consumer (see, to that effect, judgment of 15 March 2012, Pereničová and Perenič, C‑453/10 , EU:C:2012:144 , paragraph ). However, that element cannot establish, automatically and on its own, that the requirement of transparency arising from Article 4(2) of Directive 93/13 is not satisfied, which is a question to be considered in relation to the circumstances of the particular case (see, to that effect, judgment of 15 March 2012, Pereničová and Perenič, C‑453/10 , EU:C:2012:144 , paragraph and the case-law cited). In the light of the foregoing, the answer to the fourth and fifth questions is that Article 4(2) of Directive 93/13 must be interpreted as meaning that, in the context of a loan agreement denominated in a foreign currency, the requirement of transparency of terms of that agreement, which provide that the foreign currency is the account currency and the euro the settlement currency and which have the effect that the foreign exchange risk is borne by the borrower, is satisfied where the seller or supplier has provided the consumer with sufficient and accurate information to enable the average consumer, who is reasonably well informed and reasonably observant and circumspect, to understand the specific functioning of the financial mechanism in question and thus to evaluate the risk of potentially significant adverse economic consequences of such terms on his or her financial obligations throughout the term of the agreement. The sixth and seventh questions By its sixth and seventh questions, which it is appropriate to examine together, the referring court asks, in essence, whether Directive 93/13 must be interpreted as precluding the burden of proving that a contractual term is plain and intelligible, for the purposes of Article 4(2) of that directive, from being borne by the consumer, and whether that is also the case as regards the transmission of information contained in documents relating to sales techniques used by the seller or supplier or by another person who participated, on behalf of that seller or supplier, in marketing the loans in question. In that regard, it should be noted that Directive 93/13 contains no provision relating to the burden of proof as regards the plain and intelligible nature of a contractual term for the purposes of Article 4(2) of that directive. Therefore, as is apparent from the case-law cited in paragraph 27 above, such rules implementing the consumer protection provided for by Directive 93/13 are a matter for the domestic legal order of the Member States in accordance with the principle of the procedural autonomy of the Member States, whereby those rules must not be less favourable than those governing similar domestic actions (principle of equivalence) nor may they be framed in such a way as to make it in practice impossible or excessively difficult to exercise the rights conferred by EU law (principle of effectiveness). In that regard, it should be noted that Directive 93/13 is intended, inter alia, to protect consumers in order to rebalance the asymmetry between the position of the seller or supplier and that of the consumer in the contractual relationship. That asymmetry results from the consumer’s weaker position vis-à-vis the seller or supplier as regards both bargaining power and level of knowledge, which leads the consumer to accept, as pointed out in paragraph 45 above, terms drawn up in advance by the seller or supplier, without being able to influence their content. Similarly, as has already been noted in paragraph 78 above, in order to satisfy the requirement of transparency, resulting in particular from Article 4(2) of Directive 93/13, the seller or supplier must provide the consumer with sufficient and accurate information to enable the consumer to evaluate the risk of potentially significant adverse economic consequences of contractual terms on his or her financial obligations. From that point of view, it should be noted that observance of the principle of effectiveness and the attainment of the underlying objective of Directive 93/13, consisting in protecting consumers by rebalancing the asymmetry between the position of the seller or supplier and that of the consumer, could not be ensured if the burden of proving that a contractual term is plain and intelligible, for the purposes of Article 4(2) of that directive, is borne by the consumer. Indeed, as the French Government and the European Commission pointed out, in essence, in their written observations, the effective exercise of the rights conferred by Directive 93/13 could not be ensured if consumers were required to prove a negative fact, namely that the seller or suppler did not provide them with all the information necessary to satisfy the requirement of transparency, as resulting in particular from Article 4(2) of Directive 93/13. On the contrary, the effective exercise of the rights conferred by Directive 93/13 may be ensured where the seller or supplier is, in principle, required to prove to the court that its pre-contractual and contractual obligations, relating in particular to the requirement of transparency of contractual terms, as resulting in particular from Article 4(2) of Directive 93/13, have been fulfilled. Consumer protection may thus be ensured, without disproportionately interfering with the right of the seller or supplier to a fair trial (see, by analogy, judgment of 18 December 2014, CA Consumer Finance, C‑449/13 , EU:C:2014:2464 , paragraph ). In that regard, it should also be made clear, as regards the ‘documents relating to sales techniques’, specifically referred to in the seventh question, that the obligation on the seller or supplier to prove that its pre-contractual and contractual obligations have been fulfilled must also include proof that the information contained in such documents has been provided to the consumer by the seller or supplier, or by any other person who participated, on behalf of that seller or supplier, in marketing the loans at issue. That is the case, in particular, where it is considered that those documents may be useful for assessing whether a contractual term is plain and intelligible for the purposes of Article 4(2) of Directive 93/13. As the referring court has rightly pointed out, it is ultimately for the seller or supplier to control the distribution channels for its products, whether with respect to the choice of intermediaries or of marketing material vis-à-vis the consumer. It should therefore be able to provide evidence that the documents at issue were not used or were no longer used at the date of conclusion of the agreement in order to prove that its pre-contractual and contractual obligations relating in particular to the requirement of transparency of contractual terms have been fulfilled. It follows from the foregoing that the answer to the sixth and seventh questions is that Directive 93/13 must be interpreted as precluding the burden of proving that a contractual term is plain and intelligible, for the purposes of Article 4(2) of that directive, from being borne by the consumer. The eighth question By its eighth question, the referring court asks, in essence, whether Article 3(1) of Directive 93/13 must be interpreted as meaning that terms of a loan agreement which provide that the foreign currency is the account currency and the euro the settlement currency and which have the effect that the foreign exchange risk is borne by the borrower cause a significant imbalance in the parties’ rights and obligations arising under that agreement, to the detriment of the consumer, where, first, the seller or supplier has greater means than the consumer to foresee the foreign exchange risk and, second, the risk borne by the seller or supplier is subject to an upper limit while that borne by the consumer is not. It should be noted, first of all, that, under Article 3(1) of Directive 93/13, a non-negotiated term of a contract concluded between a consumer and a seller or supplier is to be regarded as unfair if, contrary to the requirement of good faith, it causes a significant imbalance in the parties’ rights and obligations arising under the contract, to the detriment of the consumer. It should also be noted that, according to settled case-law, the jurisdiction of the Court extends to the interpretation of the criteria which the national court may or must apply when examining a contractual term in the light of the provisions of that directive, and in particular when examining whether a term is unfair within the meaning of Article 3(1) of that directive, whereby it is for that court to determine whether a particular contractual term is actually unfair in the circumstances of the case. It is thus clear that the Court must limit itself to providing the referring court with guidance which the latter must take into account in order to assess whether the term at issue is unfair (see, to that effect, judgment of 3 September 2020, Profi Credit Polska, C‑84/19, C‑222/19 and C‑252/19 , EU:C:2020:631 , paragraph and the case-law cited). As regards the assessment of whether a contractual term is unfair, it is for the national court to determine, taking account of the criteria laid down in Article 3(1) and Article 5 of Directive 93/13, whether, having regard to the particular circumstances of the case, such a term meets the requirements of good faith, balance and transparency laid down by that directive (see, inter alia, judgment of 7 November 2019, Profi Credit Polska, C‑419/18 and C‑483/18 , EU:C:2019:930 , paragraph and the case-law cited). Thus, the transparent nature of a contractual term, as required under Article 5 of Directive 93/13, is one of the elements to be taken into account in the assessment of whether that term is unfair, which is for the national court to carry out pursuant to Article 3(1) of that directive (judgment of 3 October 2019, Kiss and CIB Bank, C‑621/17 , EU:C:2019:820 , paragraph and the case-law cited). In the present case, the contractual terms at issue in the main proceedings, included in loan agreements denominated in a foreign currency, provide that both parties are to bear a foreign exchange risk, but that the risk borne by the seller or supplier, in this case the bank, is subject to an upper limit whereas the risk borne by the consumer is not. Accordingly, in the event of a severe depreciation of the national currency against the foreign currency, those terms place the foreign exchange risk on the consumer. In that regard, it is apparent from the Court’s case-law that, in the context of loan agreements denominated in a foreign currency, such as those at issue in the main proceedings, the national court must assess, having regard to all the circumstances of the case in the main proceedings, taking account in particular of the expertise and knowledge of the seller or supplier, as far as concerns possible exchange rate variations and the inherent risks in taking out a loan in a foreign currency, first, the possible failure to observe the requirement of good faith and, second, the existence of a significant imbalance within the meaning of Article 3(1) of Directive 93/13 (see, to that effect, judgment of 20 September 2017, Andriciuc and Others, C‑186/16 , EU:C:2017:703 , paragraph ). As regards the requirement of good faith, it should be noted, as is apparent from the sixteenth recital of Directive 93/13, that, in making that assessment, account must be taken in particular of the strength of the bargaining positions of the parties and the question whether the consumer had an inducement to agree to the term concerned. As regards whether, contrary to the requirement of good faith, a term causes a significant imbalance in the contracting parties’ rights and obligations arising under the contract to the detriment of the consumer, the national court must assess whether the seller or supplier, dealing fairly and equitably with the consumer, could reasonably assume that the consumer would have agreed to such a term in individual contract negotiations (see, inter alia, judgment of 3 September 2020, Profi Credit Polska, C‑84/19, C‑222/19 and C‑252/19 , EU:C:2020:631 , paragraph and the case-law cited). Therefore, in order to assess whether the terms of an agreement, such as those at issue in the main proceedings, cause, to the detriment of the consumer, a significant imbalance in the rights and obligations of the parties to the loan agreement containing those terms, account must be taken of all the circumstances which could have been known to the professional lender at the time that agreement was entered into, having regard in particular to its expertise, as far as concerns possible exchange rate variations and the inherent risks in taking out such a loan, and which were such as to have an impact on the subsequent performance of the agreement and on the consumer’s legal position. In the light of the seller or supplier’s knowledge and greater means to foresee the foreign exchange risk, which may materialise at any time during the term of the agreement, and of the risk of exchange rate fluctuations that is not subject to an upper limit and which contractual terms such as those at issue in the main proceedings place on the consumer, it must be held that such terms may give rise to a significant imbalance in the parties’ rights and obligations arising under the loan agreement concerned, to the detriment of the consumer. Subject to the verifications to be carried out by the referring court, the contractual terms at issue in the main proceedings seem to place on the consumer, in so far as the seller or supplier has failed to comply with the requirement of transparency with regard to that consumer, a risk which is disproportionate in relation to the services provided and to the amount of the loan received, since the effect of applying those terms is that the consumer must ultimately bear the cost of changes in the exchange rate. Depending on those changes, the consumer may be in a situation in which, first, the outstanding capital due in the settlement currency, in this case euro, is considerably higher than the sum initially borrowed and, second, the monthly instalments paid have, almost exclusively, covered the interest alone. That is the case, in particular, where the increase in the outstanding capital due in the national currency is not offset by the difference between the interest rate of the foreign currency and that of the national currency, whereby the fact that there is such a difference constitutes the principal advantage of a loan denominated in a foreign currency for the borrower. In such circumstances, taking into account, in particular, the requirement of transparency resulting from Article 5 of Directive 93/13, it cannot be considered that the seller or supplier could reasonably expect, when dealing with the consumer in a transparent manner, that the consumer would have agreed to such terms in individual contract negotiations (see, by analogy, judgment of 3 September 2020, Profi Credit Polska, C‑84/19, C‑222/19 and C‑252/19 , EU:C:2020:631 , paragraph ), which it is nevertheless for the referring court to ascertain. In the light of the foregoing, the answer to the eighth question is that Article 3(1) of Directive 93/13 must be interpreted as meaning that terms of a loan agreement which provide that the foreign currency is the account currency and the euro the settlement currency and which have the effect that the foreign exchange risk, without being subject to an upper limit, is borne by the borrower, are liable to cause a significant imbalance in the parties’ rights and obligations arising under that agreement, to the detriment of the consumer, where the seller or supplier could not reasonably expect, in compliance with the requirement of transparency in relation to the consumer, that the consumer would have agreed, in individual contract negotiations, to a disproportionate foreign exchange risk as a result of those terms. Costs Since these proceedings are, for the parties to the main proceedings, a step in the action pending before the national court, the decision on costs is a matter for that court. Costs incurred in submitting observations to the Court, other than the costs of those parties, are not recoverable. On those grounds, the Court (First Chamber) hereby rules: 1. Article 6(1) and Article 7(1) of Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts, read in the light of the principle of effectiveness, must be interpreted as precluding national legislation which makes the submission of a claim by a consumer: – for a declaration that a term in a contract concluded between a seller or supplier and that consumer is unfair subject to a limitation period; – for repayment of sums paid but not due, on the basis of such unfair terms, subject to a five-year limitation period, where that period begins to run from the date of acceptance of the loan offer such that, at that time, the consumer may have been unaware of all of the rights that he or she has under that directive. 2. Article 4(2) of Directive 93/13 must be interpreted as meaning that terms of a loan agreement which provide that the foreign currency is the account currency and the euro the settlement currency and which have the effect that the foreign exchange risk is borne by the borrower come within that provision where those terms lay down an essential element characterising the agreement. 3. Article 4(2) of Directive 93/13 must be interpreted as meaning that, in the context of a loan agreement denominated in a foreign currency, the requirement of transparency of terms of that agreement, which provide that the foreign currency is the account currency and the euro the settlement currency and which have the effect that the foreign exchange risk is borne by the borrower, is satisfied where the seller or supplier has provided the consumer with sufficient and accurate information to enable the average consumer, who is reasonably well informed and reasonably observant and circumspect, to understand the specific functioning of the financial mechanism in question and thus to evaluate the risk of potentially significant adverse economic consequences of such terms on his or her financial obligations throughout the term of the agreement. 4. Directive 93/13 must be interpreted as precluding the burden of proving that a contractual term is plain and intelligible, for the purposes of Article 4(2) of that directive, from being borne by the consumer. 5. Article 3(1) of Directive 93/13 must be interpreted as meaning that terms of a loan agreement which provide that the foreign currency is the account currency and the euro the settlement currency and which have the effect that the foreign exchange risk, without being subject to an upper limit, is borne by the borrower, are liable to cause a significant imbalance in the parties’ rights and obligations arising under that agreement, to the detriment of the consumer, where the seller or supplier could not reasonably expect, in compliance with the requirement of transparency in relation to the consumer, that the consumer would have agreed, in individual contract negotiations, to a disproportionate foreign exchange risk as a result of those terms. [Signatures] ( *1 ) Language of the case: French.

62016CJ0200

bg

Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на член 1, параграф 1, буква а) от Директива 2001/23/ЕО на Съвета от 12 март 2001 година относно сближаването на законодателствата на държавите членки във връзка с гарантирането на правата на работниците и служителите при прехвърляне на предприятия, стопански дейности или части от предприятия или стопански дейности ( OВ L 82, 2001 г., стр. 16 ; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 6, стр. 20). Запитването е представено в рамките на спор между Securitas — Serviços e Tecnologia de Segurança SA (наричано по-нататък „Securitas“), от една страна, и ICTS Portugal — Consultadoria de Aviação Comercial SA (наричано по-нататък „ICTS“), както и Arthur George Resendes и шестнадесет други лица в качеството им на бивши работници на ICTS, от друга страна, по повод на отказа на Securitas да признае, че съществуващите трудови правоотношения между тези работници и ICTS са били прехвърлени на Securitas посредством прехвърляне на стопанска дейност. Правна уредба Правото на Съюза Съображение 3 от Директива 2001/23 гласи следното: „Необходимо е да се осигури закрила на работниците и служителите при смяна на работодателя, в частност за да се гарантират техните права“. Съображение 8 от тази директива гласи: „Съображенията във връзка с правната сигурност и прозрачността наложиха изясняване на правната концепция за прехвърляне в светлината на практиката на Съда на Европейските общности. Това изясняване не променя приложното поле на Директива 77/187/ЕИО, както тя беше разтълкувана от Съда“. Член 1, параграф 1, букви a) и б) от Директива 2001/23 от посочената директива гласи: „а) Настоящата директива се прилага към всички прехвърляния на предприятия, стопански дейности или обособени части от предприятия или стопански дейности на друг работодател в резултат на юридическо прехвърляне или сливане. б) Съгласно буква а) и следващите разпоредби на настоящия член по смисъла на настоящата директива прехвърляне е налице, когато има прехвърляне на стопански субект, който запазва своята идентичност, което означава организирано групиране на ресурси с цел извършване на стопанска дейност, независимо от това дали дейността е основна или спомагателна“. Съгласно член 3, параграф 1, първа алинея от Директива 2001/23: „Правата и задълженията на прехвърлителя във връзка със съществуващите към датата на прехвърлянето трудови договори или трудови правоотношения се прехвърлят на приобретателя по силата на прехвърлителната сделка“. Португалското право Кодекс на труда Съгласно член 285 от codigo do trabalho (Кодекс на труда), одобрен със Закон № 7/2009 от 12 февруари 2009 г.: „1.   При прехвърляне на каквото и да е основание на предприятие или стопанска дейност, както и на обособена част от предприятие или стопанска дейност, представляващи стопански субект, приобретателят встъпва в качеството на работодател в трудовите договори със съответните работници или служители и носи отговорността за плащане на глобите, наложени за нарушения на трудовото законодателство. 2.   През годината, следваща прехвърлянето, прехвърлителят отговаря солидарно за задълженията, възникнали до датата на прехвърлянето. 3.   Предвиденото в предходните параграфи се прилага и при прехвърляне, преотстъпване или възстановяване на прякото стопанисване на предприятието, стопанската дейност или стопанския субект, като в случаите на преотстъпване или възстановяване солидарно отговаря лицето, което преди това е извършвало дейността по стопанисване. 4.   Предвиденото в предходните параграфи не е приложимо в случая на работник или служител, който прехвърлителят е преместил в друго място на стопанска дейност или в друг стопански субект по смисъла на член 194 преди прехвърлянето, като го е оставил на неговата длъжност, с изключение на предвиденото относно отговорността на приобретателя за плащането на глобите, наложени за нарушение на трудовото законодателство. 5.   Стопанският субект представлява организирано групиране на ресурси с цел извършване на основна или спомагателна стопанска дейност. 6.   Нарушението на параграф 1 и на параграф 3, първа част представлява тежка форма на нарушение“. Колективният трудов договор Клауза 13 от колективния трудов договор, сключен през 2011 г. между Associação de Empresas de Segurança Privada (Асоциация на частните охранителни предприятия), Associação Nacional das Empresas de Segurança (Национална асоциация на охранителните предприятия), и в частност Sindicato dos Trabalhadores dos Serviços de Portaria, Vigilância, Limpeza, Domésticas e Actividades Diversas (Синдикат на работниците и служителите в областта на услугите по охрана, контрол, почистване, помощ в домакинството и различни други дейности), публикуван в Boletim do Trabalho e Emprego (Бюлетин за труд и заетост) № 17/2011, предвижда следното: „1. При прехвърляне на каквото и да е основание на предприятие или стопанска дейност, както и на обособена част от предприятие или стопанска дейност, представляваща стопански субект, приобретателят встъпва в качеството на работодател в трудовите договори със съответните работници или служители. 2. В понятието за прехвърляне на предприятие или стопанска дейност не се включва загубата на клиент от икономически оператор в резултат на възлагането на обществена поръчка за услуги на друг икономически оператор“. Спорът в главното производство и преюдициалните въпроси До 14 юли 2013 г. г‑н Resendes и шестнадесет други лица, в качеството им на работници на ICTS, извършват охранителна дейност в съоръженията (марина, пристанище, кей) на Portos dos Açores SA, разположени в Понта Делгада (Португалия), по силата на договор, сключен между последното дружество и ICTS. Те са натоварени по-специално да контролират влизането и излизането на лица и стоки чрез система за видеонаблюдение в съответствие с поставените им от ICTS изисквания. Техният работодател им предоставя и съответни униформи, както и радиокомуникационно оборудване. На 17 януари 2013 г. Portos dos Açores обявява обществена поръчка за предоставяне на услуги за охрана и превантивно осигуряване на безопасност в неговите съоръжения в Понта Делгада. На 17 април 2013 г. поръчката е възложена на Securitas. Пред запитващата юрисдикция работниците на ICTS посочват, че на 17 юни 2013 г. ICTS им е посочило в писмена форма, че поради възлагането на посочената обществена поръчка на Securitas от 15 юли същата година, техните трудови договори щели да бъдат прехвърлени на последното дружество, считано от тази дата. На 14 юли 2013 г., след като получава от своя работодател инструкции в този смисъл, работник на ICTS предава на служител на Securitas радиокомуникационното оборудване, използвано от работниците на ICTS в съоръженията на Portos dos Açores. След това Securitas връща това оборудване на Portos dos Açores. Securitas започва да извършва услуги за охрана и осигуряване на безопасност на 15 юли 2013 г. На персонала по сигурността, отговарящ за изпълнението на тези услуги, това дружество предоставя свое радиокомуникационно оборудване, както и еднакви униформи с логото на предприятието. Securitas също информира г‑н Resendes и останалите шестнадесет засегнати лица, че те не са част от неговия персонал и че техният работодател остава ICTS. Поради това тези лица подават до Tribunal do Trabalho de Ponta Delgada (Трудов съд Понта Делгада, Португалия) искове срещу Securitas и ICTS с цел Securitas, или при условията на субсидиарност ICTS, да бъде осъдено да признае, че те са част от неговия персонал, и да им плати трудовите възнаграждения заедно с лихвите за забава, считано от 15 юли 2013 г., или по отношение на трима от тях — обезщетение за незаконно уволнение. Посочената юрисдикция уважава тези искове. Тя счита, че е имало прехвърляне на стопанска дейност между двете дружества и че трудовите договори на бившите работници на ICTS са били прехвърлени на Securitas. Поради това тя квалифицира уволнението на последните от Securitas като „незаконно“ и осъжда това дружество да възстанови на работа повечето от засегнатите лица, както и да им плати различни вземания за трудови възнаграждения и обезщетения. Securitas подава жалба срещу това решение до Tribunal da Relação de Lisboa (Апелативен съд Лисабон, Португалия), който потвърждава решението, постановено в първоинстанционното производство. Поради тази причина Securitas подава извънредна ревизионна жалба до Supremo Tribunal de Justiça (Върховен съд, Португалия). Тази юрисдикция по същество си задава въпроса дали заместването на ICTS от Securitas в дейността по охрана и осигуряване на безопасност в съоръженията на Portos dos Açores вследствие на възлагането на обществена поръчка на Securitas попада в рамките на понятието „прехвърляне на предприятие [или] стопанска дейност“ по смисъла на член 1, параграф 1, буква а) от Директива 2001/23. При тези обстоятелства Supremo Tribunal de Justiça (Върховен съд, Португалия) решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси: „1) Представлява ли описаният в акта за преюдициално запитване случай прехвърляне на предприятие или стопанска дейност, при което предприятието […] ICTS е прехвърлено на предприятието […] Securitas в резултат на провеждането на обществена поръчка, в която на избраното предприятие […] Securitas се възлага извършването на услуги за охрана и осигуряване на безопасност на пристанището в Понта Делгада на остров Сан Мигел (Азорски острови, Португалия), и става ли въпрос за прехвърляне на стопански субект по смисъла на член 1 от Директива 2001/23? 2) Представлява ли описаният в акта за преюдициално запитване случай единствено последователно предоставяне на услуги от конкурентни предприятия в резултат на възлагане на обществена поръчка за услуги на спечелилото споменатата поръчка предприятие, което последователно предоставяне попада извън рамките на понятието „прехвърляне на предприятие [или] стопанска дейност“ за целите на посочената директива? 3) Клауза 13, параграф 2 от колективния трудов договор, сключен между Асоциацията на частните охранителни предприятия, Националната асоциация на охранителните предприятия, Синдиката на работниците и служителите в областта на услугите по охрана, контрол, почистване, помощ в домакинството и различни други дейности и други синдикални организации, противоречи ли на право[то на Съюза], що се отнася до изведеното от Директива 2001/23 определение на прехвърлянето на предприятие или стопанска дейност, доколкото в посочената клауза се предвижда, че „[в] понятието за прехвърляне на предприятие или стопанска дейност не се включва загубата на клиент от икономически оператор в резултат на възлагането на обществена поръчка за услуги на друг икономически оператор?“. С определение на председателя на Съда от 24 май 2016 г. е отхвърлено искането на запитващата юрисдикция за разглеждане на настоящото дело по реда на бързото производство, предвидено в член 105, параграф 1 от Процедурния правилник на Съда. По преюдициалните въпроси По първия и втория въпрос С първите два въпроса, които следва да се разгледат заедно, запитващата юрисдикция иска по същество да се установи дали член 1, параграф 1, буква а) от Директива 2001/23 трябва да се тълкува в смисъл, че случай, в който възложителят е развалил договора за предоставяне на услуги за наблюдение и охрана в своите съоръжения, сключен с едно предприятие, а след това за извършването на тези услуги е сключил нов договор с друго предприятие, което отказва да поеме работниците на първото предприятие, попада в рамките на понятието „прехвърляне на предприятие [или] стопанска дейност“. Съгласно член 1, параграф 1, буква a) от Директива 2001/23 същата се прилага към всички прехвърляния на предприятия, стопански дейности или обособени части от предприятия или стопански дейности на друг работодател в резултат на юридическо прехвърляне или сливане. В това отношение следва да се припомни, че съгласно постоянната практика на Съда приложното поле на Директива 2001/23 обхваща всички случаи на промяна в рамките на договорни отношения на физическото или юридическото лице, отговорно за дейността на предприятието, което поема задълженията на работодател спрямо заетите в предприятието лица. Ето защо, за да се приложи Директива 2001/23, не е необходимо да съществуват преки договорни правоотношения между прехвърлителя и приобретателя, тъй като прехвърлянето може да се осъществи посредством участието на трето лице (вж. по-специално решение от 7 март 1996 г., Merckx et Neuhuys, C‑171/94 и C‑172/94 , EU:C:1996:87 , т. и и от 20 ноември 2003 г., Abler и др., C‑340/01 , EU:C:2003:629 , т. ). Оттук следва, че липсата на договорно правоотношение между двете предприятия, на които последователно е поверено управлението на наблюдението и охраната на пристанищни съоръжения, не се отразява на отговора на въпроса дали Директива 2001/23 се прилага или не към случай като разглеждания в главното производство. Освен това следва да се припомни, че съгласно член 1, параграф 1, буква б) от Директива 2001/23 приложимостта на последната зависи и от условието прехвърлянето да засяга „стопански субект, който запазва своята идентичност, което означава организирано групиране на ресурси с цел извършване на стопанска дейност, независимо от това дали дейността е основна или спомагателна“. За да се прецени дали това условие е действително изпълнено, следва да се вземе предвид съвкупността от фактически обстоятелства, характеризиращи съответната сделка, сред които фигурират по-специално видът на съответното предприятие или стопанска дейност, наличието или липсата на прехвърляне на материални активи като сгради и движимо имущество, стойността на нематериалните активи към момента на прехвърлянето, поемането или не на съществена част от заетите лица от новия работодател, наличието или липсата на прехвърляне на клиенти, както и степента на сходство между дейностите, упражнявани преди и след прехвърлянето, и продължителността на евентуалното преустановяване на тези дейности. Тези елементи трябва да се разгледат в рамките на цялостната преценка на конкретните обстоятелства и поради това не могат да се преценяват поотделно (вж. в този смисъл решение от 26 ноември 2015 г., Aira Pascual и Algeposa Terminales Ferroviarios, C‑509/14 , EU:C:2015:781 , т. и цитираната съдебна практика). Съдът е приел в частност, че при преценката на фактическите обстоятелства, характеризиращи съответната сделка, националният съд трябва по-специално да вземе предвид вида на съответното предприятие или стопанска дейност (решение от 26 ноември 2015 г., Aira Pascual и Algeposa Terminales Ferroviarios, C‑509/14 , EU:C:2015:781 , т. ). Оттук следва, че значението, което съответно следва да се придаде на различните критерии за преценка на наличието на прехвърляне по смисъла на Директива 2001/23, неминуемо варира в зависимост от извършваната дейност и дори от производствените или оперативните методи, използвани във въпросното предприятие, стопанска дейност или част от стопанска дейност (решение от 26 ноември 2015 г., Aira Pascual и Algeposa Terminales Ferroviarios, C‑509/14 , EU:C:2015:781 , т. ). В това отношение Съдът е постановил, че в сектор, в който дейността зависи основно от работната сила, идентичността на даден стопански субект не може да бъде запазена, ако съществената част от неговия персонал не е поета от предполагаемия приобретател (решение от 26 ноември 2015 г., Aira Pascual и Algeposa Terminales Ferroviarios, C‑509/14 , EU:C:2015:781 , т. ). Когато обаче дейността зависи основно от оборудването, обстоятелството, че бившите работници на дадено предприятие не са поети от новото предприятие за извършването на тази дейност, както е случаят в главното производство, не е достатъчно, за да се изключи наличието на прехвърляне на стопански субект, който запазва своята идентичност по смисъла на Директива 2001/23. Всъщност различно тълкуване би влязло в противоречие с основната цел на посочената директива, а именно запазване на трудовите договори на работниците на прехвърлителя дори и против желанието на приобретателя (решение от 26 ноември 2015 г., Aira Pascual и Algeposa Terminales Ferroviarios, C‑509/14 , EU:C:2015:781 , т. ). Поради това запитващата юрисдикция следва да установи, с оглед на изложените по-горе съображения и като вземе предвид съвкупността от фактически обстоятелства, характеризиращи разглежданата в главното производство сделка, дали последната трябва да се разглежда като прехвърляне на предприятие по смисъла на Директива 2001/23. За тази цел тя трябва по-специално да провери дали ICTS е прехвърлило пряко или непряко на Securitas оборудване или материални или нематериални активи за извършване на дейността по охрана и осигуряване на безопасност в разглежданите съоръжения. Освен това посочената юрисдикция трябва да провери дали подобни активи са били предоставени на разположение на CTS и Securitas от Portos dos Açores. В това отношение следва всъщност да се припомни, че обстоятелството, че поетите от новото предприятие материални активи, които са абсолютно необходими за извършването на разглежданата в главното производство дейност, не са принадлежали на неговия предшественик, а само са му били предоставени на разположение от възложителя, не може да изключи наличието на прехвърляне на предприятие или стопанска дейност по смисъла на Директива 2001/23 (решение от 26 ноември 2015 г., Aira Pascual и Algeposa Terminales Ferroviarios, C‑509/14 , EU:C:2015:781 , т. и ). Само оборудването, което реално е използвано за предоставянето на услугите за охрана, като се изключат съоръженията, които са предмет на посочените услуги, трябва обаче евентуално да бъде взето предвид, за да се установи наличието на прехвърляне на субект, който запазва своята идентичност по смисъла на Директива 2001/23 (решение от 29 юли 2010 г., UGT-FSP, C‑151/09 , EU:C:2010:452 , т. ). Предвид изложените по-горе съображения на първите два въпроса следва да се отговори, че член 1, параграф 1, буква а) от Директива 2001/23 трябва да се тълкува в смисъл, че случай, в който възложителят е развалил договора за предоставяне на услуги за наблюдение и охрана на своите съоръжения, сключен с едно предприятие, а след това за извършването на тези услуги е сключил нов договор с друго предприятие, което отказва да поеме работниците на първото предприятие, попада в рамките на понятието „прехвърляне на предприятие [или] стопанска дейност“ по смисъла на тази разпоредба, когато оборудването, абсолютно необходимо за предоставянето на тези услуги, е било поето от второто предприятие. По третия въпрос С третия въпрос запитващата юрисдикция по същество иска да се установи дали член 1, параграф 1 от Директива 2001/23 трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска национална разпоредба като разглежданата в главното производство, която предвижда, че в понятието за „прехвърляне на предприятие [или] стопанска дейност“ по смисъла на този член 1, параграф 1 не се включва загубата на клиент от икономически оператор в резултат на възлагането на обществена поръчка за услуги на друг икономически оператор. В това отношение Съдът вече е постановил, че загубването на обществена поръчка, която е спечелена от конкурент, само по себе си не може да разкрие наличието на прехвърляне на предприятие или стопанска дейност по смисъла на Директива 2001/23 (вж. в този смисъл решение от 11 март 1997 г., Süzen, C‑13/95 , EU:C:1997:141 , т. ). При все това национална разпоредба, която изключва общо от приложното поле на това понятие загубата на клиент от икономически оператор в резултат на възлагането на обществена поръчка за услуги на друг икономически оператор, не позволява да се вземат предвид съвкупността от фактически обстоятелства, характеризиращи разглежданата сделка. Поради това, като се има предвид, от една страна, постоянната практика на Съда, припомнена в точки 26 и 27 от настоящото решение, и от друга страна, целта на Директива 2001/23, която, както следва от съображение 3 от нея, е да се осигури закрила на работниците и служителите при смяна на работодателя, като се гарантират техните права, следва да се приеме, че член 1, параграф 1 от тази директива трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска такава национална разпоредба. С оглед на всички изложени по-горе съображения на третия въпрос следва да се отговори, че член 1, параграф 1 от Директива 2001/23 трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска национална разпоредба като разглежданата в главното производство, която предвижда, че в приложното поле на понятието „прехвърляне на предприятие [или] стопанска дейност“ по смисъла на член 1, параграф 1 не се включва загубата на клиент от икономически оператор в резултат на възлагането на обществена поръчка за услуги на друг икономически оператор. По съдебните разноски С оглед на обстоятелството, че за страните по главното производство настоящото дело представлява отклонение от обичайния ход на производството пред запитващата юрисдикция, последната следва да се произнесе по съдебните разноски. Разходите, направени за представяне на становища пред Съда, различни от тези на посочените страни, не подлежат на възстановяване. По изложените съображения Съдът (десети състав) реши: 1) Член 1, параграф 1, буква а) от Директива 2001/23/ЕО на Съвета от 12 март 2001 година относно сближаването на законодателствата на държавите членки във връзка с гарантирането на правата на работниците и служителите при прехвърляне на предприятия, стопански дейности или части от предприятия или стопански дейности трябва да се тълкува в смисъл, че случай, в който възложителят е развалил договора за предоставяне на услуги за наблюдение и охрана на своите съоръжения, сключен с едно предприятие, а след това за извършването на тези услуги е сключил нов договор с друго предприятие, което отказва да поеме работниците на първото предприятие, попада в рамките на понятието „прехвърляне на предприятие [или] стопанска дейност“ по смисъла на тази разпоредба, когато оборудването, абсолютно необходимо за предоставянето на тези услуги, е било поето от второто предприятие. 2) Член 1, параграф 1 от Директива 2001/23 трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска национална разпоредба като разглежданата в главното производство, която предвижда, че в приложното поле на понятието „прехвърляне на предприятие [или] стопанска дейност“ по смисъла на член 1, параграф 1 не се включва загубата на клиент от икономически оператор в резултат на възлагането на обществена поръчка за услуги на друг икономически оператор. Подписи ( *1 ) Език на производството: португалски.

61990CJ0330

el

Με Διατάξεις της 11ης Σεπτεμβρίου και της 11ης Οκτωβρίου 1990, που περιήλθαν στο Δικαστήριο στις 25 Οκτωβρίου 1990, το Juzgado de lo Penal αριθ. 4 του Alicante υπέβαλε, δυνάμει του άρθρου 177 της Συνθήκης ΕΟΚ, δύο προδικαστικά ερωτήματα ως προς την ερμηνεία της οδηγίας 67/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιανουαρίου 1967, περί πραγματοποιήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών των μη μισθωτών δραστηριοτήτων που υπάγονται: 1 ) στον τομέα των συναλλαγών επί ακινήτων ( εκτός 6401 ) ( ομάδα ex 640 ΔΤΤΒ ), 2 ) στον τομέα ορισμένων υπηρεσιών παρεχομένων σε επιχειρήσεις που δεν έχουν ταξινομηθεί αλλού ( ομάδα 839 ΔΤΤΒ ) ( ΕΕ ειδ. έκδ. 06/001, σ. 64 ). Τα ερωτήματα αυτά ανέκυψαν στο πλαίσιο διαφορών μεταξύ του Ministerio fiscal και των Angel López Brea και Carlos Hidalgo Palacios, Ισπανών υπηκόων, κατοίκων Ισπανίας, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στο Alicante ως κτηματομεσίτες χωρίς να είναι κάτοχοι των απαιτούμενων επαγγελματικών προσόντων και αδειών. Το επιληφθέν της υποθέσεως Juzgado de lo Penal de Alicante, αφού το Ministerio fiscal κίνησε την ποινική διαδικασία κατά των Angel López Brea και Carlos Hidalgo Palacios με την κατηγορία της αντιποιήσεως επαγγέλματος, κατά την έννοια του άρθρου 321 του ισπανικού ποινικού κώδικα, αποφάσισε να αναστείλει τη διαδικασία μέχρις ότου το Δικαστήριο αποφανθεί προδικαστικώς επί των εξής ερωτημάτων: « 1) Ενόψει των διατάξεων των άρθρων 3, 2 και 5 της οδηγίας 67/43 του Συμβουλίου, διατηρεί ή όχι την ισχύ του το άρθρο 1 του διατάγματος της 4ης Δεκεμβρίου 1969, ως και το βασιλικό διάταγμα 1464/88, το οποίο ορίζει ότι οι δραστηριότητες διαμεσολαβήσεως και μεσιτείας επί αγοράς, πωλήσεως και ανταλλαγής αστικών και αγροτικών ακινήτων, ενυπόθηκων δανείων επί των ακινήτων αυτών, συμβάσεων μισθώσεως αγροτικών και αστικών ακινήτων, εκχωρήσεως και μεταβιβάσεως, καθώς και εκτιμήσεως της αξίας των αγαθών αυτών σε περίπτωση πωλήσεως, εκχωρήσεως ή μεταβιβάσεως, είναι καθήκοντα επιφυλασσόμενα στους κτηματομεσίτες; Μπορούν τα κράτη μέλη, από της ενάρξεως ισχύος της οδηγίας αυτής, να χορηγούν, στον εν λόγω τομέα των ακινήτων, το αποκλειστικό δικαίωμα ασκήσεως των δραστηριοτήτων αυτών σε συγκεκριμένη επαγγελματική ομάδα; 2) Μπορεί κράτος μέλος να περιορίσει ή και να αποκλείσει κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο την εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας; » Στην έκθεση ακροατηρίου αναπτύσσονται διεξοδικώς τα περιστατικά των υποθέσεων της κύριας δίκης, η εξέλιξη της διαδικασίας και οι γραπτές παρατηρήσεις που κατατέθηκαν στο Δικαστήριο. Τα στοιχεία αυτά της δικογραφίας δεν επαναλαμβάνονται πιο κάτω παρά μόνον καθόσον απαιτείται για τη συλλογιστική του Δικαστηρίου. Προκαταρκτικώς, επιβάλλεται να υπομνηστεί ότι, κατά πάγια νομολογία, το Δικαστήριο δεν είναι αρμόδιο, στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 177 της Συνθήκης, να αποφαίνεται επί του συμβιβαστού μιας εθνικής διατάξεως με το κοινοτικό δίκαιο. Το Δικαστήριο μπορεί ωστόσο να συναγάγει από τα ερωτήματα που διατυπώνει το εθνικό δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα που αυτό εκθέτει, εκείνα τα στοιχεία που αναφέρονται στην ερμηνεία του κοινοτικού δικαίου, για να δώσει στο εν λόγω δικαστήριο τη δυνατότητα να επιλύσει το νομικό ζήτημα που τον απασχολεί (βλ. ειδικότερα, την απόφαση της 11ης Ιουνίου 1987, υπόθεση 14/86, Pretore di Salò κατά Χ, Συλλογή 1987, σ. 2545 ). Υπό τις περιστάσεις αυτές, πρέπει να θεωρηθεί ότι με το πρώτο ερώτημα το εθνικό δικαστήριο ζητεί να πληροφορηθεί αν το κοινοτικό δίκαιο, και ειδικότερα οι διατάξεις της Συνθήκης περί της ελευθερίας εγκαταστάσεως και η οδηγία 67/43, πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι αντιτίθεται σε εθνική κανονιστική ρύθμιση η οποία επιφυλάσσει ορισμένες δραστηριότητες που εμπίπτουν στον τομέα των συναλλαγών επί ακινήτων στα πρόσωπα τα οποία ασκούν το ρυθμιζόμενο επάγγελμα του κτηματομεσίτη. Σχετικώς, επιβάλλεται να υπομνηστεί κατ' αρχάς ότι, κατά πάγια νομολογία, οι διατάξεις της Συνθήκης περί της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, δεν εφαρμόζονται σε δραστηριότητες των οποίων όλα τα στοιχεία έχουν σχέση με ένα και μόνο κράτος μέλος (βλ., για παράδειγμα, απόφαση της 23ης Απριλίου 1991, C-41/90, Höfner και Eiser, Συλλογή 1991, σ. Ι-1979 ). Από τα πραγματικά περιστατικά, όπως αυτά εκτίθενται από το εθνικό δικαστήριο στις Διατάξεις του περί παραπομπής, προκύπτει ότι οι διαφορές της κύριας δίκης αφορούν Ισπανούς υπηκόους οι οποίοι ασκούν στην Ισπανία τις δραστηριότητες του κτηματομεσίτη και οι οποίοι δεν υποστηρίζουν ότι απέκτησαν σε άλλο κράτος μέλος τα απαιτούμενα προσόντα για την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών. Συνεπώς, τέτοιες καταστάσεις δεν εμφανίζουν κανένα συνδετικό στοιχείο με μιαν οποιαδήποτε από τις καταστάσεις που προβλέπονται στο κοινοτικό δίκαιο, ώστε οι διατάξεις της Συνθήκης περί της ελευθερίας εγκαταστάσεως δεν έχουν εφαρμογή. Επιβάλλεται, εν συνεχεία, να εξεταστεί το περιεχόμενο της προαναφερθείσας οδηγίας 67/43, προκειμένου να εξακριβωθεί αν αυτή περιλαμβάνει διατάξεις εναρμονίσεως εφαρμοστέες επίσης σε καθαρά εσωτερικές καταστάσεις, όπως αυτή στην οποία αναφέρονται οι υποθέσεις της κύριας δίκης. Σχετικώς, επιβάλλεται η παρατήρηση ότι το άρθρο 1 της προαναφερθείσας οδηγίας 67/43 ορίζει ότι τα κράτη μέλη καταργούν, υπέρ των φυσικών προσώπων και των εταιριών που προβλέπονται στον τίτλο Ι των γενικών προγραμμάτων για την κατάργηση των περιορισμών στην ελευθερία εγκαταστάσεως και στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών ( ΕΕ ειδ. έκδ. 06/001, σ. 64), τους περιορισμούς που αναφέρονται στον τίτλο III των εν λόγω γενικών προγραμμάτων, όσον αφορά την ανάληψη και την άσκηση των δραστηριοτήτων που καθορίζονται στα άρθρα 2 και 3. Τα άρθρο 2 και 3 της οδηγίας 67/43 διασαφηνίζουν, στην παράγραφο 1, ότι οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται στις μη μισθωτές δραστηριότητες τις σχετικές με τις συναλλαγές επί ακινήτων που περιέχονται στο παράρτημα Ι του γενικού προγράμματος για την κατάργηση των περιορισμών στην ελευθερία εγκαταστάσεως, που προαναφέρθηκε, και στις μη μισθωτές δραστηριότητες που εμπίπτουν στον τομέα των « υπηρεσιών παρεχομένων σε επιχειρήσεις που δεν έχουν ταξινομηθεί αλλού » οι οποίες περιλαμβάνονται στο ίδιο παράρτημα. Από την ανάλυση των προαναφερθέντων γενικών προγραμμάτων για την κατάργηση των περιορισμών στην ελευθερία εγκαταστάσεως και στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών προκύπτει ότι οι περιορισμοί στους οποίους αναφέρονται οι διατάξεις αυτές συνίστανται ουσιαστικά στα μέτρα τα οποία εισάγουν διάκριση, άμεση ή έμμεση, μεταξύ των υπηκόων των άλλων κρατών μελών και των ημεδαπών. Η ερμηνεία αυτή της οδηγίας 67/43 επιβεβαιώνεται επίσης από τη διατύπωση του άρθρου 5, του οποίου η παράγραφος 1 απαιτεί από τα κράτη μέλη να καταργήσουν τους περιορισμούς οι οποίοι, ιδίως: α) παρακωλύουν την εγκατάσταση δικαιούχων ή την παροχή υπ' αυτών υπηρεσιών στη χώρα υποδοχής, υπό τους αυτούς όρους και με τα αυτά δικαιώματα, όπως και οι ημεδαποί· β) απορρέουν από διοικητική πρακτική που έχει ως αποτέλεσμα τη διακριτική σε σχέση με τους ημεδαπούς μεταχείριση των δικαιούχων. Πρέπει, επομένως, να γίνει δεκτό ότι η οδηγία 67/43 περιορίζεται στο να απαιτεί την κατάργηση κάθε άμεσης ή έμμεσης διακρίσεως λόγω ιθαγενείας, αλλά δεν αποβλέπει στην εναρμόνιση των προϋποθέσεων οι οποίες προβλέπονται στις εθνικές κανονιστικές ρυθμίσεις που διέπουν την ανάληψη και την άσκηση του επαγγέλματος του κτηματομεσίτη. Υπό τις προϋποθέσεις αυτές, στο πρώτο ερώτημα, όπως αναδιατυπώθηκε, επιβάλλεται να δοθεί η απάντηση ότι η οδηγία 67/43 δεν αντιτίθεται σε εθνική κανονιστική ρύθμιση η οποία επιφυλάσσει ορισμένες δραστηριότητες που εμπίπτουν στον τομέα των συναλλαγών επί ακινήτων στα πρόσωπα τα οποία ασκούν το ρυθμιζόμενο κανονιστικώς επάγγελμα του κτηματομεσίτη. Λαμβάνοντας υπόψη την απάντηση αυτή στο πρώτο ερώτημα, η απάντηση στο δεύτερο ερώτημα που υπέβαλε το παραπέμπον δικαστήριο παρέλκει. Eni των δικαστικών εξόδων Τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία υπέβαλε παρατηρήσεις στο Δικαστήριο, δεν αποδίδονται. Δεδομένου ότι η διαδικασία ως προς τους διαδίκους της κύριας δίκης έχει τον χαρακτήρα παρεμπίπτοντος, που ανέκυψε ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου, σ' αυτό εναπόκειται να αποφανθεί επί των δικαστικών εξόδων. Για τους λόγους αυτούς, ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ( δεύτερο τμήμα ), κρίνοντας επί των ερωτημάτων που του υπέβαλε το Juzgado de lo Penal de Alicante, με Διατάξεις της 11ης Σεπτεμβρίου και της 11ης Οκτωβρίου 1990, αποφαίνεται: Η οδηγία 67/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιανουαρίου 1967, περί πραγματοποιήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών των μη μισθωτών δραστηριοτήτων που υπάγονται: 1 ) στον τομέα των συναλλαγών επί ακινήτων ( εκτός 6401 ) ( ομάδα ex 640 ΔΤΤΒ ), 2 ) στον τομέα ορισμένων υπηρεσιών παρεχομένων σε επιχειρήσεις που δεν έχουν ταξινομηθεί αλλού ( ομάδα 839 ΔΤΤΒ ), δεν αντιτίθεται σε εθνική κανονιστική ρύθμιση η οποία επιφυλάσσει ορισμένες δραστηριότητες που εμπίπτουν στον τομέα των συναλλαγών επί ακινήτων στα πρόσωπα τα οποία ασκούν το ρυθμιζόμενο κανονιστικώς επάγγελμα του κτηματομεσίτη. Schockweiler Mancini Murray Δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο στις 28 Ιανουαρίου 1992. Ο Γραμματέας J.-G. Giraud Ο Πρόεδρος του δευτέρου τμήματος F. Α. Schockweiler ( *1 ) Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική.

62016CJ0234

lv

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu ir par LESD 49. un 54. panta, kā arī LESD 107. panta 1. punkta interpretāciju. Šie lūgumi tika iesniegti tiesvedībās, kurās Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución ( ANGED ) vēršas pret Consejería de Economía y Hacienda del Principado de Asturias (Astūrijas firstistes Ekonomikas un finanšu reģionālā ministrija, Spānija) un Consejo de Gobierno del Principado de Asturias (Astūrijas firstistes Valdības padome) par nodokļa, kas ir piemērojams lieliem mazumtirdzniecības objektiem, kuri atrodas Astūrijas firstistes autonomajā apgabalā, likumību. Spānijas tiesību normas Ar 2002. gada 27. decembra Ley del Principado de Asturias 15/2002, de medidas presupuestarias, administrativas y fiscales (Astūrijas firstistes Likums 15/2002 par budžeta, pārvaldes un nodokļu pasākumiem) ( BOPA Nr. 301, 2002. gada 31. decembris), pamatlietā piemērojamajā redakcijā (turpmāk tekstā – “Likums 15/2002”), 21. pantu no 2003. gada 1. janvāra tika ieviests nodoklis attiecībā uz lieliem mazumtirdzniecības objektiem (turpmāk tekstā – “ IGEC ”). Likuma 15/2002 preambulā ir norādīts, ka šī nodokļa mērķis ir novirzīt uz lielām tirdzniecības platībām nelabvēlīgo ietekmi, ko to darbība rada attiecībā uz teritoriju, vidi un pilsētas mazumtirdzniecības struktūru. Likuma 15/2002 21. panta 2. punktā ir paredzēts, ka IGEC ieņēmumi ir izmantojami, lai “izstrādātu un īstenotu programmas attiecībā uz nozares vadlīniju, kas attiecas uz tirdzniecības teritoriālo organizāciju, īstenošanu” un “uzlabotu vides stāvokli un infrastruktūras tīklus”. Saskaņā ar Likuma 15/2002 21. panta 3. punktu šis nodoklis ir piemērojams individuāliem vai kolektīviem mazumtirdzniecības objektiem, kuru sabiedrībai pieejamā izstādīšanas un tirdzniecības platība ir vienāda vai lielāka par 4000 m . Šī robežvērtība, kas ir spēkā kopš 2005. gada 1. janvāra, iepriekš bija noteikta 2500 m apmērā. Saskaņā ar Likuma 15/2002 21. panta 4. punktu IGEC nav piemērojams lieliem individuāliem mazumtirdzniecības objektiem, kuru sabiedrībai pieejamā izstādīšanas un tirdzniecības platība nepārsniedz 10000 m un kuri veic vienīgi kādu no šādām darbībām: dārzniecība, transportlīdzekļu, būvmateriālu, tehnikas un ražošanas vajadzībām paredzētu preču tirdzniecība. No Likuma 15/2002 21. panta 5. punkta izriet, ka IGEC maksātāji ir īpašnieki, kas darbojas lielos mazumtirdzniecības objektos neatkarīgi no tā, vai šie objekti ir individuāli vai kolektīvi, t.i., telpas vai telpu, kas ir daļa no šiem lielajiem objektiem, īpašnieki, kuri vai nu tieši veic uzņēmējdarbību, vai arī nodod telpu vai telpas tādu trešo personu rīcībā, kuras veic šādu uzņēmējdarbību. Šī likuma 21. panta 7. punktā ir paredzēta nodokļa bāzes aprēķina kārtība, kurā tostarp ir ņemts vērā iedzīvotāju blīvums desmit kilometru rādiusā ap objekta atrašanās vietu. Likuma 15/2002 21. panta 11. punktā ir paredzēts, ka IGEC aprēķina, attiecīgajā gadījumā nodokļa summai piemērojot 10 % samazinājumu attiecībā uz lieliem mazumtirdzniecības objektiem, kas neatrodas pilsētas teritorijā un kuriem var piekļūt vismaz ar diviem dažādiem sabiedriskajiem transportlīdzekļiem, kā arī samazinājumu lieliem mazumtirdzniecības objektiem, kas īsteno vides aizsardzības projektus, kurus vides aizsardzības jomā kompetentā administrācija uzskata par piemērotiem. Kopš 2015. gada 1. janvāra šī nodokļa tiesiskais režīms līdzīgā redakcijā ir izteikts ar 2014. gada 23. jūlija decreto legislativo 1/2014, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales del Principado de Asturias en materia de Tributos Propios (Leģislatīvais dekrēts 1/2014 par Astūrijas firstistes tiesiskā regulējuma nodokļu jomā pārskatītā teksta apstiprināšanu) ( BOPA Nr. 175, 2014. gada 29. jūlijs). Šī leģislatīvā dekrēta preambulas III punktā būtībā ir pārņemta Likuma 15/2002 preambula, tomēr neatsaucoties uz lielu mazumtirdzniecības objektu darbības negatīvo ietekmi uz pilsētas mazumtirdzniecības struktūru. Pamatlietas un prejudiciālie jautājumi Ar Likumu 15/2002 visā Astūrijas firstistes autonomā apgabala teritorijā tika ieviests reģionālais nodoklis attiecībā uz lieliem mazumtirdzniecības objektiem, lai kompensētu teritoriālo ietekmi, tostarp ietekmi uz pilsētas mazumtirdzniecības struktūru, un ietekmi uz vidi, kas var izrietēt no šiem lielajiem mazumtirdzniecības objektiem. Ar 2003. gada 3. jūlija lēmumu Astūrijas firstistes Ekonomikas un finanšu reģionālā ministrija apstiprināja paraugdeklarāciju attiecībā uz nodokļa maksātāja reģistrāciju, statusa maiņu un reģistrācijas izbeigšanu IGEC vajadzībām. 2009. gada 11. novembrī Astūrijas firstistes Valdības padome ar decreto 139/2009, por el que se aprueba el Reglamento des Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales (Dekrēts 139/2009, ar kuru tiek apstiprināts regulējums par lieliem mazumtirdzniecības objektiem piemērojamo nodokli) ( BOPA Nr. 273, 2009. gada 25. novembris) apstiprināja regulējumu attiecībā uz IGEC . 2003. gadā ANGED – apvienība, kurā valsts līmenī ir apvienojušies lieli tirdzniecības uzņēmumi, – cēla prasību Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias (Astūrijas firstistes Augstā tiesa, Spānija), lūdzot atcelt šo lēmumu tā nesaderības gan ar brīvību veikt uzņēmējdarbību, gan arī ar valsts atbalsta tiesībām dēļ. 2009. gadā ANGED tāpat cēla šajā tiesā prasību par minētā dekrēta atcelšanu. Šī tiesa atlika nolēmumu pieņemšanu šajās divās lietās, sagaidot jautājuma par tiesību aktu, kas attiecas uz IGEC , atbilstību konstitūcijai, ko tā bija uzdevusi Tribunal Constitucional (Konstitucionālā tiesa, Spānija), iznākumu. Pēc tam, kad Tribunal Constitucional (Konstitucionālā tiesa) 2014. gada 10. aprīlī bija noraidījusi šo lūgumu, Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Astūrijas Augstā tiesa) arī noraidīja ANGED celtās prasības. Par šiem diviem noraidošajiem spriedumiem ANGED iesniedza apelācijas sūdzību Tribunal Supremo (Augstākā tiesa, Spānija). ANGED tāpat iesniedza sūdzību Komisijā par IGEC ieviešanu un tā apgalvoto valsts atbalsta raksturu. Ar 2014. gada 28. novembra vēstuli Komisija informēja Spānijas iestādes, ka atbilstoši IGEC režīma sākotnējam vērtējumam maziem mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kā arī noteiktiem specializētiem objektiem piešķirtais atbrīvojums var tikt uzskatīts par valsts atbalstu, kas nav saderīgs ar iekšējo tirgu, un ka Spānijas Karalistei ir jāatceļ vai jāgroza šis nodoklis. Šajā kontekstā Tribunal Supremo (Augstākā tiesa) nolēma apturēt tiesvedību lietā un uzdot Tiesai šādus prejudiciālus jautājumus, kuru redakcija lietās C‑234/16 un C‑235/16 ir identiska: “1) Vai LESD 49. un 54. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka ar tiem nav saderīgs reģionālais nodoklis, kas tiek uzlikts tādu lielu tirdzniecības platību darbībai, kuru preču izstādīšanai un tirdzniecībai izmantoto sabiedrībai pieejamo telpu platība ir vienāda vai lielāka par 4000 m , to nelabvēlīgās ietekmes uz šī reģiona teritoriju, vidi un pilsētas mazumtirdzniecības struktūru dēļ, neatkarīgi no tā, vai šie mazumtirdzniecības objekti atrodas ārpus konsolidētas pilsētas teritorijas vai tās ietvaros, un kas vairumā gadījumu tiek uzlikts citu dalībvalstu uzņēmumiem, ņemot vērā, ka a) tas netiek uzlikts tirgotājiem, kam pieder vairāki individuāli vai kolektīvi mazumtirdzniecības objekti, kuru preču izstādīšanai un tirdzniecībai izmantoto sabiedrībai pieejamo telpu platība ir mazāka par 4000 m , neatkarīgi no tā, cik liela ir visu to objektu kopējā preču izstādīšanai un tirdzniecībai izmantoto sabiedrībai pieejamo telpu platība, un b) nodoklis netiek uzlikts lieliem individuāliem mazumtirdzniecības objektiem, kuru preču izstādīšanai un tirdzniecībai izmantoto sabiedrībai pieejamo telpu platība nepārsniedz 10000 m , ja tajos tiek pārdotas tikai un vienīgi dārza preces, transportlīdzekļi, būvmateriāli, tehnika un ražošanas vajadzībām paredzētas preces? 2) Vai LESD 107. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka par aizliegtu valsts atbalstu saskaņā ar šo tiesību normu ir jāuzskata tas, ka Astūrijas firstistes autonomajā apgabalā paredzētais IGEC netiek uzlikts individuāliem un kolektīviem mazumtirdzniecības objektiem, kuru preču izstādīšanai un tirdzniecībai izmantoto sabiedrībai pieejamo telpu platība ir mazāka par 4000 m , un lieliem individuāliem mazumtirdzniecības objektiem, kuru preču izstādīšanai un tirdzniecībai izmantoto sabiedrībai pieejamo telpu platība nepārsniedz 10000 m , ja tajos tiek pārdotas tikai un vienīgi dārza preces, transportlīdzekļi, būvmateriāli, tehnika un ražošanas vajadzībām paredzētas preces?” Par prejudiciālajiem jautājumiem Par pirmo jautājumu Ar savu pirmo jautājumu iesniedzējtiesa būtībā vēlas noskaidrot, vai LESD 49. un 54. pants ir interpretējami tādējādi, ka ar tiem netiek pieļauts tāds nodoklis, ar kuru tiek aplikti lieli mazumtirdzniecības objekti, kāds tiek aplūkots pamatlietā. Saskaņā ar pastāvīgo judikatūru brīvības veikt uzņēmējdarbību mērķis ir uzņemošajā dalībvalstī nodrošināt citu dalībvalstu pilsoņiem un LESD 54. pantā minētajām sabiedrībām tādu pašu attieksmi kā pret šīs valsts pilsoņiem un sabiedrībām, aizliedzot, ciktāl runa ir par sabiedrībām, jebkādu diskrimināciju atkarībā no sabiedrību juridiskās adreses atrašanās vietas (skat. it īpaši spriedumus, 2006. gada 12. decembris, Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, C‑374/04 , EU:C:2006:773 , 43. punkts, kā arī 2006. gada 14. decembris, Denkavit Internationaal un Denkavit France, C‑170/05 , EU:C:2006:783 , 22. punkts). Šajā ziņā ir aizliegta ne tikai atklāta diskriminācija, kuras pamatā ir sabiedrību juridiskās adreses atrašanās vieta, bet arī visas slēptās diskriminācijas formas, kas, piemērojot citus nošķiršanas kritērijus, rada tādu pašu rezultātu (spriedums, 2014. gada 5. februāris, Hervis Sport‑és Divatkereskedelmi, C‑385/12 , EU:C:2014:47 , 30. punkts un tajā minētā judikatūra). Turklāt obligāts nodoklis, kas paredz šķietami objektīvu diferenciācijas kritēriju, bet kas, ņemot vērā tā īpašības, vairumā gadījumu nostāda nelabvēlīgā situācijā sabiedrības, kuru juridiskā adrese ir citās dalībvalstīs un kuras ir salīdzināmā situācijā ar sabiedrībām, kuru juridiskā adrese ir nodokļa piemērošanas dalībvalstī, rada netiešu diskrimināciju uz sabiedrību juridiskās adreses atrašanās vietas pamata, kura ir aizliegta ar LESD 49. un 54. pantu (šajā nozīmē skat. spriedumu, 2014. gada 5. februāris, Hervis Sport‑és Divatkereskedelmi, C‑385/12 , EU:C:2014:47 , 37. – 41. punkts). Pamatlietās attiecīgajos tiesību aktos ir uzstādīts kritērijs attiecībā uz uzņēmuma izstādīšanai un tirdzniecībai izmantoto platību, kurš nerada nekādu tiešu diskrimināciju. No Tiesai sniegtās informācijas tāpat neizriet, ka ar šo kritēriju nelabvēlīgā situācijā vairumā gadījumu tiktu nostādīti citu dalībvalstu pilsoņi vai sabiedrības, kuru juridiskā adrese ir citās dalībvalstīs. Proti, šāds konstatējums neizriet no ANGED tās rakstveida apsvērumos sniegtajiem datiem, kuri turklāt būtībā attiecas uz nodokli lieliem mazumtirdzniecības objektiem, kuru ir ieviesusi Katalonijas autonomā kopiena. Savukārt Astūrijas firstistes autonomais apgabals turklāt ir norādījis, ka ar IGEC galvenokārt tiek aplikti Spānijas izcelsmes nodokļa maksātāji. Iesniedzējtiesa turklāt precizē, ka tai trūkst “atbilstošas” informācijas, lai pierādītu slēptas diskriminācijas iespējamo esamību. Tādējādi uz pirmo jautājumu ir jāatbild, ka LESD 49. un 54. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka ar tiem tiek pieļauts tāds nodoklis, ar kuru tiek aplikti lieli mazumtirdzniecības objekti, kāds tiek aplūkots pamatlietā. Par otro jautājumu Ar savu otro jautājumu iesniedzējtiesa būtībā vēlas noskaidrot, vai par valsts atbalstu LESD 107. panta 1. punkta izpratnē ir uzskatāms tāds nodoklis kā pamatlietās aplūkotais, ar ko tiek aplikti lieli mazumtirdzniecības objekti pamatā atkarībā no to izstādīšanas un tirdzniecības platības, ciktāl no tā ir atbrīvoti objekti, kuru tirdzniecības platība ir mazāka par 4000 m , un tie, kuri veic savu darbību dārzniecības jomā un transportlīdzekļu, būvmateriālu, tehnikas un ražošanas vajadzībām paredzētu preču tirdzniecības jomā un kuru tirdzniecības platība nepārsniedz 10000 m . Valsts pasākuma kvalificēšanai par “valsts atbalstu” LESD 107. panta 1. punkta izpratnē tiek prasīta visu turpmāk norādīto nosacījumu izpilde. Pirmkārt, tam ir jābūt saistītam ar valsts iejaukšanos vai tajā ir jābūt izmantotiem valsts līdzekļiem. Otrkārt, šādas iejaukšanās raksturam ir jābūt tādam, ka tā var ietekmēt tirdzniecību starp dalībvalstīm. Treškārt, ar to ir jābūt piešķirtai selektīvai priekšrocībai tā saņēmējam. Ceturtkārt, tam jābūt tādam, ar ko tiek izkropļota konkurence vai tiek radīti draudi to izkropļot (skat. it īpaši spriedumu, 2016. gada 21. decembris, Komisija/World Duty Free Group SA u.c., C‑20/15 P un C‑21/15 P , EU:C:2016:981 , 53. punkts). Attiecībā uz priekšrocības selektivitātes nosacījumu, uz kuru turklāt ir ticis norādīts Tiesā, no pastāvīgās judikatūras izriet, ka šī nosacījuma izvērtēšanai ir jānosaka, vai saistībā ar konkrētu tiesisko kārtību attiecīgais valsts pasākums var sniegt priekšroku “konkrētiem uzņēmumiem vai konkrētu preču ražošanai” salīdzinājumā ar citiem, kas, ievērojot ar minēto tiesisko kārtību izvirzīto mērķi, ir faktiski un juridiski līdzīgā situācijā un kam tiek piemērota atšķirīga attieksme, kuru būtībā var kvalificēt kā “diskriminējošu” (skat. it īpaši spriedumu, 2016. gada 21. decembris, Komisija/World Duty Free Group SA u.c., C‑20/15 P un C‑21/15 P , EU:C:2016:981 , 54. punkts, kā arī tajā minētā judikatūra). It īpaši attiecībā uz valsts pasākumiem, ar kuriem piešķir nodokļu priekšrocību, ir jāatgādina, ka šāda veida pasākums, kas, lai gan ar to netiek veikta valsts līdzekļu nodošana, rada saņēmējiem finansiāli izdevīgāku stāvokli salīdzinājumā ar pārējiem nodokļu maksātājiem, var sniegt selektīvu priekšrocību tā saņēmējiem un tātad tas ir kvalificējams par valsts atbalstu LESD 107. panta 1. punkta izpratnē. Turpretī par šādu atbalstu šīs tiesību normas izpratnē nav uzskatāma nodokļu priekšrocība, kas izriet no vispārēji piemērojama pasākuma, kas bez atšķirības ir piemērojams visiem saimnieciskās darbības subjektiem (spriedums, 2016. gada 21. decembris, Komisija/World Duty Free Group SA u.c., C‑20/15 P un C‑21/15 P , EU:C:2016:981 , 56. punkts). Šajā ziņā, lai valsts nodokļu pasākumu kvalificētu par “selektīvu”, pirmkārt, ir jāidentificē vispārējais vai “normālais” nodokļu režīms, kas ir piemērojams attiecīgajā dalībvalstī, un, otrkārt, ir jāpierāda, ka izvērtējamais nodokļu pasākums ir atkāpe no minētā vispārējā režīma, ciktāl ar to tiek ieviestas atšķirības subjektu starpā, kuri, ievērojot ar attiecīgo vispārējo režīmu izvirzīto mērķi, ir faktiski un juridiski salīdzināmā situācijā (skat. it īpaši spriedumu, 2016. gada 21. decembris, Komisija/World Duty Free Group SA u.c., C‑20/15 P un C‑21/15 P , EU:C:2016:981 , 57. punkts, kā arī tajā minētā judikatūra). Šajā ziņā arī ir jāatgādina, ka atsauces tiesību ietvars, lai novērtētu pasākuma selektivitāti, nav obligāti jānosaka attiecīgās dalībvalsts teritorijas robežās, bet tas var būt saistīts ar teritoriju, kurā reģionāla vai vietēja iestāde īsteno kompetenci, kas tai ir piešķirta ar konstitūciju vai likumu. Tas tā ir tad, ja šai vienībai ir tiesisks un faktisks statuss, kas to padara pietiekami autonomu salīdzinājumā ar dalībvalsts centrālo valdību, lai šai vienībai, tai nosakot pasākumus, nevis centrālajai valdībai būtu noteicoša loma, veidojot politisko un ekonomisku vidi, kurā darbojas uzņēmumi (šajā nozīmē skat. spriedumu, 2008. gada 11. septembris, Union General de Trabajadores de La Rioja (UGT‑Rioja) u.c., no C‑428/06 līdz C‑434/06 , EU:C:2008:488 , 47. – 50. punkts, kā arī tajos minētā judikatūra). Tomēr valsts atbalstu LESD 107. panta 1. punkta izpratnē neveido pasākums, ar ko nosaka diferenciāciju starp uzņēmumiem, kuri, ievērojot ar attiecīgo tiesisko režīmu izvirzīto mērķi, ir faktiski un juridiski salīdzināmā situācijā, un kas tātad a priori ir selektīvs, ja attiecīgā dalībvalsts spēj pierādīt, ka šāda diferenciācija ir pamatota, jo tā izriet no sistēmas, kurā tie ietilpst, būtības vai uzbūves (spriedums, 2016. gada 21. decembris, Komisija/World Duty Free Group SA u.c., C‑20/15 P un C‑21/15 P , EU:C:2016:981 , 58. punkts, kā arī tajā minētā judikatūra). Pasākums, kas ir izņēmums no vispārējās nodokļu sistēmas piemērošanas, var būt pamatots ar nodokļu sistēmas būtību un vispārējo uzbūvi, ja attiecīgā dalībvalsts var pierādīt, ka šis pasākums tieši izriet no dalībvalsts nodokļu sistēmas pamatprincipiem vai vadošajiem principiem. Šajā ziņā ir jānošķir mērķi, kas ir izvirzīti īpašajai nodokļu sistēmai un kas nav daļa no tās, no vienas puses, un mehānismi, kas ir ietverti pašā nodokļu sistēmā un kas ir nepieciešami, lai sasniegtu šos mērķus, no otras puses (spriedums, 2006. gada 6. septembris, Portugāle/Komisija, C‑88/03 , EU:C:2006:511 , 81. punkts). Ir arī jāatgādina, ka, lai gan, lai pierādītu nodokļu pasākuma selektivitāti, ne vienmēr ir nepieciešams, lai tam būtu atkāpes raksturs attiecībā uz nodokļu režīmu, kas tiek uzskatīts par vispārēju, apstāklis, ka tam šāds raksturs piemīt, ir pilnībā piemērots šādam pierādīšanas nolūkam, tiklīdz no pasākuma izriet, ka tiek nošķirti divu kategoriju saimnieciskās darbības subjekti un a priori tiem tiek piemērota atšķirīga attieksme, proti, uz dažiem attiecas atkāpes pasākums, savukārt citiem turpina piemērot vispārējo nodokļu režīmu, kaut gan abas šīs kategorijas, ievērojot ar minēto režīmu izvirzīto mērķi, ir salīdzināmā situācijā (spriedums, 2016. gada 21. decembris, Komisija/World Duty Free Group SA u.c., C‑20/15 P un C‑21/15 P , EU:C:2016:981 , 77. punkts). Runājot par pamatlietās aplūkojamajiem tiesību aktiem, Tiesā nav ticis apstrīdēts fakts, ka teritoriālajam atsauces kontekstam ir jābūt tam, kas ir saistīts ar Astūrijas firstistes autonomo apgabalu. Turklāt, lai gan kritērijs attiecībā uz izstādīšanai un tirdzniecībai izmantoto platību nav uzskatāms par tādu, kam formāli būtu atkāpes raksturs salīdzinājumā ar konkrēto atsauces tiesisko ietvaru, tomēr tā rezultātā no šī nodokļa piemērošanas jomas ir izslēgti mazumtirdzniecības objekti, kuru izstādīšanai un tirdzniecībai izmantotā platība ir mazāka par 4000 m . Tādējādi IGEC nevar tikt nošķirts no reģionāla nodokļa, kura maksātāji ir mazumtirdzniecības objekti, kuru izstādīšanai un tirdzniecībai izmantotā platība pārsniedz zināmu robežvērtību. LESD 107. panta 1. punktā valsts iejaukšanās pasākumi ir definēti, ņemot vērā to radītās sekas – neatkarīgi no izmantotajiem paņēmieniem (spriedums, 2008. gada 22. decembris, British Aggregates Association, C‑487/06 P , EU:C:2008:757 , 89. punkts). Tātad nevar a priori izslēgt, ka šāds kritērijs praksē ļauj sniegt priekšrocības “konkrētiem uzņēmumiem vai konkrētu preču ražošanai” LESD 107. panta 1. punkta izpratnē, atvieglojot to izdevumus salīdzinājumā ar tiem uzņēmumiem, kas tiek aplikti ar pamatlietā aplūkojamo nodokli. Šajā kontekstā tādējādi ir jānosaka, vai mazumtirdzniecības objekti, kas tātad ir izslēgti no šī nodokļa piemērošanas jomas, ir vai nav salīdzināmā situācijā ar to objektu situāciju, kas ietilpst šajā piemērošanas jomā. Šajā analīzē ir jāņem vērā, ka, tā kā šajā jomā nav Savienības tiesiskā regulējuma, dalībvalstīm vai valsts teritoriālā iedalījuma vienībām, kurām ir autonomija nodokļu jomā, ir nodokļu kompetence noteikt nodokļu bāzes un nodokļu maksājumu sadali atkarībā no dažādiem ražošanas faktoriem un dažādām tautsaimniecības nozarēm (spriedums, 2011. gada 15. novembris, Komisija un Spānija/Government of Gibraltar un Apvienotā Karaliste, C‑106/09 P un C‑107/09 P , EU:C:2011:732 , 97. punkts). Proti, kā Komisija atgādina sava Paziņojuma par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. panta 1. punktā minēto valsts atbalsta jēdzienu ( OV 2016, C 262, 1. lpp. ) 156. punktā, “dalībvalstis var brīvi lemt par to, kāda ekonomikas politika tām šķiet vispiemērotākā, un tostarp var pēc saviem ieskatiem sadalīt nodokļu slogu starp visiem ražošanas faktoriem [..] atbilstoši Savienības tiesībām”. Saistībā ar pamatlietās aplūkojamo nodokli no iesniedzējtiesas sniegtajām norādēm izriet, ka tā mērķis ir dot ieguldījumu vides aizsardzībā un teritorijas plānošanā. Runa esot par šo lielo mazumtirdzniecības objektu darbības radīto vides un teritoriālo seku, kas it īpaši izriet no radītajām satiksmes plūsmām, koriģēšanu un kompensēšanu, liekot šiem objektiem piedalīties vides rīcības plānu un infrastruktūras uzlabošanas finansēšanā. Šajā ziņā nevar tikt apstrīdēts, ka mazumtirdzniecības objektu ietekme uz vidi lielā mērā ir atkarīga no to apmēra. Proti, jo lielāka ir to tirdzniecības platība, jo lielāks ir sabiedrības pieplūdums, un tas noved pie pieaugoša kaitējuma videi. No minētā izriet, ka kritērijs, kura pamatā ir platības robežvērtība, tāds kā tas, kas ir paredzēts pamatlietās aplūkojamajos tiesību aktos, lai noteiktu atšķirību starp uzņēmumiem atkarībā no to lielākas vai mazākas ietekmes [uz vidi], ir saskanīgs ar sasniedzamajiem mērķiem. Tāpat ir acīmredzams, ka šādu objektu izveidošana neatkarīgi no to atrašanās vietas rada īpašu izaicinājumu saistībā ar teritorijas plānošanas politiku (pēc analoģijas skat. spriedumu, 2011. gada 24. marts, Komisija/Spānija, C‑400/08 , EU:C:2011:172 , 80. punkts). Kas attiecas uz šīs robežvērtības līmeņa noteikšanu, tai ir piemērojama valsts likumdevēja rīcības brīvība un tā ir balstīta uz tehniskiem un sarežģītiem vērtējumiem, attiecībā uz kuriem Tiesa var īstenot tikai ierobežotu tiesas pārbaudi. Šajā ziņā tātad nav uzskatāms, ka sākotnējā robežvērtība 2500 m vai tā, kas ir tikusi noteikta vēlāk – 4000 m apmērā, saistībā ar nospraustajiem mērķiem būtu acīmredzami nepiemērota. Šajos apstākļos tāds nodokļa piemērošanas kritērijs, kas ir balstīts uz uzņēmuma tirdzniecības platību, kāds tiek aplūkots pamatlietās, rada objektu kategoriju nošķiršanu, kas, ņemot vērā nospraustos mērķus, nav salīdzināmā situācijā. Tādējādi atbrīvojums no nodokļa, kas ir piešķirts mazumtirdzniecības objektiem, kuri atrodas Astūrijas firstistes autonomajā apgabalā un kuru tirdzniecības platība ir mazāka par noteiktu robežvērtību, nevar tikt uzskatīts par tādu, ar kuru šiem objektiem ir piešķirta selektīva priekšrocība, un tātad tas nevar būt valsts atbalsts LESD 107. panta 1. punkta izpratnē. Iesniedzējtiesa uzdod jautājumu arī par citām pamatlietās aplūkojamā nodokļa raksturiezīmēm. Tā vēlas noskaidrot, vai atbrīvojums no nodokļa, kas ir piešķirts mazumtirdzniecības objektiem, kuri veic savu darbību vienīgi dārzniecības jomā un transportlīdzekļu, būvmateriālu, tehnikas un ražošanas vajadzībām paredzētu preču tirdzniecības jomā un kuru tirdzniecības platība nepārsniedz 10000 m , ir tiem par labu piešķirta priekšrocība. Ir jānorāda, ka saistībā ar atsauces regulējumu, ko veido šis konkrētais nodoklis, šis pasākums ir raksturojams kā atkāpe. Astūrijas firstistes autonomais apgabals savos rakstveida apsvērumos norāda, ka attiecīgo mazumtirdzniecības objektu darbība pēc sava rakstura prasot būtiskas tirdzniecības un noliktavu platības. To radītā negatīvā ietekme uz vidi un teritoriālo plānošanu tiekot novērtēta atkarībā no atšķirīgas robežvērtības, kas tomēr esot ekvivalenta tai, kura principā tiek piemērota objektu, kuriem ir piemērojams nodoklis, mazumtirdzniecības darbībai. Šāds apstāklis var pamatot pamatlietās apstrīdētajos tiesību aktos paredzēto atšķirību, kas tādējādi nerada selektīvas priekšrocības piešķiršanu par labu attiecīgajiem mazumtirdzniecības objektiem. Tomēr iesniedzējtiesai ir jāpārbauda, vai tas tā tiešām ir. Ņemot vērā visu iepriekš minēto, uz otro jautājumu ir jāatbild, ka par valsts atbalstu LESD 107. panta 1. punkta izpratnē nav uzskatāms tāds nodoklis kā pamatlietās aplūkotais, ar ko tiek aplikti lieli mazumtirdzniecības objekti pamatā atkarībā no to tirdzniecības platības, ciktāl no tā ir atbrīvoti objekti, kuru tirdzniecības platība ir mazāka par 4000 m . Šāds nodoklis tāpat nav uzskatāms par valsts atbalstu šīs tiesību normas izpratnē, ciktāl no tā ir atbrīvoti objekti, kuri veic savu darbību dārzniecības jomā un transportlīdzekļu, būvmateriālu, tehnikas un ražošanas vajadzībām paredzētu preču tirdzniecības jomā un kuru tirdzniecības platība nepārsniedz 10000 m , ja tie nerada tik būtisku negatīvu ietekmi uz vidi un teritoriālo plānošanu kā pārējie uzņēmumi, bet tas ir jāpārbauda iesniedzējtiesai. Par tiesāšanās izdevumiem Attiecībā uz pamatlietas pusēm šī tiesvedība ir stadija procesā, kuru izskata iesniedzējtiesa, un tā lemj par tiesāšanās izdevumiem. Izdevumi, kas radušies, iesniedzot apsvērumus Tiesai, un kas nav minēto pušu izdevumi, nav atlīdzināmi. Ar šādu pamatojumu Tiesa (pirmā palāta) nospriež: 1) LESD 49. un 54. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka ar tiem tiek pieļauts tāds nodoklis, ar kuru tiek aplikti lieli mazumtirdzniecības objekti, kāds tiek aplūkots pamatlietā. 2) Par valsts atbalstu LESD 107. panta 1. punkta izpratnē nav uzskatāms tāds nodoklis kā pamatlietās aplūkotais, ar ko tiek aplikti lieli mazumtirdzniecības objekti pamatā atkarībā no to tirdzniecības platības, ciktāl no tā ir atbrīvoti objekti, kuru tirdzniecības platība ir mazāka par 4000 m . Šāds nodoklis tāpat nav uzskatāms par valsts atbalstu šīs tiesību normas izpratnē, ciktāl no tā ir atbrīvoti objekti, kuri veic savu darbību dārzniecības jomā un transportlīdzekļu, būvmateriālu, tehnikas un ražošanas vajadzībām paredzētu preču tirdzniecības jomā un kuru tirdzniecības platība nepārsniedz 10000 m , ja tie nerada tik būtisku negatīvu ietekmi uz vidi un teritoriālo plānošanu kā pārējie uzņēmumi, bet tas ir jāpārbauda iesniedzējtiesai. [Paraksti] ( *1 ) Tiesvedības valoda – spāņu.

62004CJ0046

sl

Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago členov 4, 7 in 10 Direktive Sveta 69/335/EGS z dne 17. julija 1969 o posrednih davkih na zbiranje kapitala (UL L 249, str. 25), kakor je bila spremenjena z Direktivo Sveta 73/80/EGS z dne 9. aprila 1973 o določitvi skupnih stopenj za dajatev na kapital (UL L 103, str. 15) in Direktivo Sveta 85/303/EGS z dne 10. junija 1985 (UL L 156, str. 23, v nadaljevanju: Direktiva 69/335). Ta predlog je bil vložen v okviru spora med družbo Aro Tubi Trafilerie SpA (v nadaljevanju: Aro Tubi ali prevzemna družba) in Ministero dell’Economia et delle Finanze glede obračuna takse za registracijo pri dvojni združitvi, s katero je družba Aro Tubi pripojila dve družbi, in sicer svojo hčerinsko družbo Aro Tubi Estrusi e Profilati SpA (v nadaljevanju: Aro Tubi Estrusi ali prevzeta družba) in svojo družbo mater Fratelli Gaggini SpA (v nadaljevanju: Fratelli Gaggini ali prevzeta družba). Pravni okvir Skupnostna ureditev Kot izhaja iz prve in druge uvodne izjave, je cilj Direktive 69/335 pospeševanje prostega pretoka kapitala, temeljna svoboščina, ki je bistvena za vzpostavitev notranjega trga. Iz tega naslova predvideva odpravo vseh davčnih ovir na področju zbiranja kapitala, med katerimi so zlasti vložki kapitala. V ta namen členi od 1 do 9 Direktive 69/335 določajo obračun usklajene dajatve na vložke kapitala (v nadaljevanju: dajatev na kapital). Člen 4 Direktive 69/335 določa seznam transakcij, ki jih države članice glede na posamezen primer lahko ali morajo obdavčiti z dajatvijo na kapital (v nadaljevanju: vložki kapitala). Tako člen 4(1)(c) te direktive določa, da države članice z dajatvijo na kapital obdavčijo „povečanje kapitala kapitalske družbe z vložkom sredstev katere koli vrste“. V smislu člena 4(2)(b) te direktive lahko države članice z dajatvijo na kapital obdavčijo „povečanje sredstev kapitalske družbe prek storitev člana [družbenika], ki ne povzročijo povečanja kapitala družbe, temveč je njihova posledica sprememba pravic v družbi ali pa lahko povečajo vrednost deležev družbe“. Člen 7 Direktive 69/335 določa stopnjo dajatve na kapital. Glede združitev je člen 7(1) Direktive 69/335 v prvotni različici ob določenih pogojih določal znižano stopnjo: „Do začetka veljavnosti določb, ki naj bi jih sprejel Svet v skladu z odstavkom 2: […] (b)   […] stopnja se zniža za 50 % ali več, če ena ali več kapitalskih družb prenese vsa svoja sredstva in obveznosti ali enega ali več delov svojega poslovanja na eno ali več kapitalskih družb, ki so v postopku ustanavljanja ali že obstajajo. To znižanje velja ob pogoju, da: –        plačilo za vložke sestavlja izključno razporeditev deležev družbe ali družb […], –        imajo družbe, ki sodelujejo v transakciji, sedež dejanske uprave ali registrirani sedež na ozemlju države članice; […]“ Tako določena stopnja je bila dvakrat spremenjena. Sprva je člen 2 Direktive 73/80 določal, da so „[z]nižane stopnje iz člena 7(1)(b) […] Direktive [69/335] […] določene od 0 % do 0,50 % od 1. januarja 1976“. Nato je člen 1(2) Direktive 85/303, ki se uporablja od 1. januarja 1986, določal, da se člen 7(1) Direktive 69/335 nadomesti z besedilom: „Države članice oprostijo od dajatve na kapital transakcije razen tistih, navedenih v členu 9, ki so bile 1. julija 1984 oproščene ali obdavčene po stopnji 0,50 % ali manj. Za oprostitev veljajo pogoji, ki so se uporabljali na ta dan za odobritev oprostitve ali za obdavčitev po stopnji 0,50 % ali manj. […]“ Torej člen 7(1) Direktive 69/335 zdaj po navedenih spremembah določa oprostitev dajatve na kapital, če so izpolnjeni trije pogoji, in sicer (i) prenos vseh sredstev in obveznosti kapitalske družbe ali enega ali več delov njenega poslovanja na eno ali več kapitalskih družb, ki so v postopku ustanavljanja ali že obstajajo, (ii) plačilo za vložke sestavlja izključno razporeditev deležev družbe ali družb in (iii) sedež dejanske uprave ali registrirani sedež družb, ki sodelujejo v transakciji, na ozemlju države članice. Poleg tega člen 10 Direktive 69/335, bran ob upoštevanju njene zadnje uvodne izjave, določa odpravo davkov z enakimi značilnostmi, kakor jih ima dajatev na kapital (v nadaljevanju: davek, podoben dajatvi na kapital). Nacionalna ureditev V smislu člena 1 dekreta predsednika republike št. 131/1986 z dne 26. aprila 1986 (navaden dodatek h GURI št. 99 z dne 30. aprila 1986), v različici, ki se je uporabljala v času obstoja dejstev, „se taksa za registracijo uporabi za akte, katerih registracija je obvezna, in za tiste, ki se k registraciji predložijo prostovoljno“. Na podlagi člena 2(a) dekreta št. 131/1986 se v skladu z naslednjimi členi registrirajo akti, navedeni v priloženi tabeli tarif, če so bili sestavljeni v pisni obliki na ozemlju države. Glede tega člen 4, prvi odstavek, točka (b), prvega dela navedene tabele tarif določa, da so združitve družb obdavčene s proporcionalno registracijsko takso v višini 1 %. Spor o glavni stvari in vprašanje za predhodno odločanje Aro Tubi je delniška družba, ustanovljena po italijanskem pravu, katere vse delnice so bile v lasti druge delniške družbe, ustanovljene po italijanskem pravu, družbe Fratelli Gaggini. Družba Aro Tubi pa je bila lastnica vseh delnic tretje delniške družbe, ustanovljene po italijanskem pravu, družbe Aro Tubi Estrusi. Z aktom z dne 19. decembra 1995 je družba Aro Tubi na podlagi združitve pripojila svojo hčerinsko družbo Aro Tubi Estrusi (t. i. „neprava“ združitev). Z istim aktom je družba Aro Tubi poleg tega pripojila svojo družbo mater, družbo Fratelli Gaggini (t. i. „obratna“ združitev). Družba Aro Tubi je tako pridobila premoženje družbe Fratelli Gaggini, ki ga sestavljajo zlasti nepremičnine, patenti in znamke. Za povračilo so delničarji družbe Fratelli Gaggini pridobili vse delnice družbe Aro Tubi. Družba Aro Tubi je morala ob teh dveh združitvah 2. januarja 1996 plačati registracijsko takso v višini 1 % premoženja obeh prevzetih družb, družbe Aro Tubi Estrusi in družbe Fratelli Gaggini, kar je bilo skupaj 54.761.000 LIT. Z vlogo z dne 29. julija 1996 je družba Aro Tubi pri l’Ufficio Atti Pubblici di Milano zahtevala povračilo plačane takse za registracijo. Ker so davčni organi z molkom zavrnili njeno vlogo, je družba Aro Tubi vložila tožbo, s katero je izpodbijala utemeljenost tega obdavčenja. Tožbi je najprej ugodila Commissione Tributaria Provinciale di Milano, vendar jo je pozneje, na podlagi pritožbe Amministrazione Finanziaria dello Stato, zavrnila Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. Družba Aro Trubi je zoper odločbo o pritožbi vložila kasacijsko pritožbo. Ker je Corte Suprema di Cassazione dvomilo o skladnosti italijanske ureditve, ki določa obračun takse za registracijo ob t. i. „obratni“ združitvi, torej ob združitvi s pripojitvijo, kadar so vsi družbeni deleži prevzemne družbe v lasti prevzete družbe, s pravom Skupnosti, je prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo vprašanje, ali Direktiva 69/335 temu nasprotuje. Vprašanje za predhodno odločanje Predložitveno sodišče v bistvu sprašuje, ali v okoliščinah, kakršne so v postopku v glavni stvari, Direktiva 69/335 nasprotuje obračunu proporcionalne takse za registracijo v višini 1 % od vrednosti transakcije ob t. i. „obratni“ združitvi, torej združitvi s pripojitvijo, kadar so vsi družbeni deleži prevzemne družbe v lasti prevzete družbe. V ta namen je treba najprej preveriti, ali ima taksa za registracijo, ki je sporna v postopku v glavni stvari, značilnosti „dajatve na kapital“ v smislu členov od 1 do 9 Direktive 69/335 ali jo je treba opredeliti kot „davek, podoben dajatvi na kapital“ v smislu člena 10 te direktive. Glede tega iz ustaljene sodne prakse izhaja, da opredelitev davkov, taks, dajatev ali pristojbin glede na pravo Skupnosti opravi Sodišče na podlagi objektivnih značilnosti obdavčenja, neodvisno od značilnosti, ki jih ima po nacionalnem pravu (glej sodbo z dne 13. februarja 1996 v združenih zadevah Bautiaa in Société française maritime, C‑197/94 in C‑252/94, Recueil, str. I-505, točka 39). Kar v obravnavanem primeru zadeva proporcionalno dajatev v višini 1 % od vrednosti vložkov v družbo, je treba šteti, da je glavni razlog take dajatve prav v vložku samem, in ne v kakršni koli drugi transakciji ali predhodni formalnosti, čeprav je treba tako takso za namene Direktive 69/335 načeloma kvalificirati kot „dajatev na kapital“, ne kot „davek, podoben dajatvi na kapital“ (glej v tem smislu zgoraj navedeno sodbo Bautiaa in Société française maritime, točka 40). Torej se zdi, da je treba zakonitost dajatve, ki je sporna v postopku v glavni stvari, obravnavati ob upoštevanju členov od 1 do 9 Direktive 69/335. Najprej je treba spomniti, da so transakcije, ki so ali so lahko v državah članicah obdavčene z dajatvijo na kapital, določene v členu 4 Direktive 69/335 (glej v tem smislu zlasti sodbo z dne 18. marca 1993 v zadevi Viessmann, C‑280/91, Recueil, str. I-971, točka 12; zgoraj navedeno sodbo Bautiaa in Société française maritime, točki 31 in 32, in sodbo z dne 27. oktobra 1998 v zadevi Agas, C‑152/97, Recueil, str. I-6553, točki 19 in 20). Obravnavana transakcija v postopku v glavni stvari je združitev s pripojitvijo. Tako združitev se lahko načeloma analizira ali ob upoštevanju člena 4(1)(c) Direktive 69/335 ali njenega člena 4(2)(b). Tako člen 4(1)(c) Direktive 69/335 določa obračun dajatve na kapital iz naslova povečanja kapitala kapitalske družbe z vložkom sredstev katere koli vrste. Člen 4(2)(b) te direktive določa, da lahko države članice z dajatvijo na kapital obdavčijo povečanje sredstev kapitalske družbe prek storitev člana, ki ne povzročijo povečanja kapitala družbe, temveč lahko povečajo vrednost deležev družbe. Ob primerjavi teh dveh določb pa je treba ugotoviti, da „povečanje kapitala“ v smislu člena 4(1)(c) Direktive 69/335 nujno vključuje formalno povečanje kapitala družbe bodisi z izdajo novih deležev bodisi s povečanjem nominalne vrednosti obstoječih deležev družbe (glej v tem smislu sodbi z dne 15. julija 1982 v zadevi Felicitas Rickmers-Linie, 270/81, Recueil, str. 2771, točka 15, in z dne 12. januarja 2006 v zadevi Senior Engineering Investments, C‑494/03, ZOdl., str. I-525, točka 33). Nasprotno pa, ker so „sredstva družbe“ določena kot vse premoženje, ki so ga prispevali družbeniki skupaj z njegovim povečanjem (glej v tem smislu sodbo z dne 28. marca 1990 v zadevi Siegen, C‑38/88, Recueil, str. I-1447, točka 12), „povečanje sredstev“ v smislu člena 4(2)(b) Direktive 69/335 načeloma zajema vsakršno obliko povečanja sredstev kapitalske družbe (zgoraj navedena sodba Senior Engineering Investments, točka 34). Tako je Sodišče za „povečanje sredstev“ v smislu te določbe opredelilo na primer prenos dobička (glej sodbo z dne 13. oktobra 1992 v zadevi Weber Haus, C‑49/91, Recueil, str. I-5207, točka 10), brezobrestno posojilo (glej zlasti sodbo z dne 17. septembra 2002 v zadevi Norddeutsche Gesellschaft zur Beratung und Durchführung von Entsorgungsaufgaben bei Kernkraftwerken, C‑392/00, Recueil, str. I-7397, točka 18), prevzem izgub (glej zgoraj navedeno sodbo Siegen, točka 13) in odpoved terjatvi (glej sodbo z dne 5. februarja 1991 v zadevi Deltakabel, C‑15/89, Recueil, str. I‑241, točka 12). V postopku v glavni stvari ni bilo izpodbijano, da obravnavana združitev ni povzročila „povečanja kapitala“ prevzemne družbe (Aro Tubi). Za to združitev se torej ne more uporabljati člen 4(1)(c) Direktive 69/335. Vendar pa spada na področje uporabe člena 4(2)(b) navedene direktive. Prvič, iz akta o združitvi namreč izhaja, da prevzeta družba (Fratelli Gaggini) po eni strani ni bila prezadolžena in da je po drugi strani imela v lasti ne le delnice prevzemne družbe (Aro Tubi), temveč tudi drugo aktivo, kot so med drugim nepremičnine, patenti in znamke. S to združitvijo je bilo to premoženje preneseno na prevzemno družbo (Aro Tubi). Ta združitev je torej povzročila „povečanje sredstev“ slednje družbe. Drugič, glede na to povečanje sredstev družbe bi združitev, ki je predmet obravnave v postopku v glavni stvari, ,,lahko povečala vrednost deležev družbe“ v prevzemni družbi (Aro Tubi). Zaradi te združitve imajo njene delnice de facto večjo vrednost. Tretjič, obravnavana združitev se kaže kot „storitev člana“ v smislu člena 4(2)(b) Direktive 69/335. Iz tega sledi, da združitev, ki je predmet obravnave v postopku v glavni stvari, pomeni vložek kapitala iz člena 4(2)(b) Direktive 69/335, ki je načeloma lahko obdavčen z dajatvijo na kapital. Vendarle je treba opozoriti, da člen 7(1) Direktive 69/335 oprošča plačila dajatve na kapital za določene transakcije, ki so bile na dan 1. julija 1984 obdavčene po stopnji 0,5 % ali manj. Iz predhodnih različic te določbe (opisanih v točkah 9 in 11 te sodbe) pa izhaja, da so bile na ta zadnji datum, torej 1. julija 1984, združitve obdavčene po stopnji od 0 do 0,5 %, če so izpolnjevale tri pogoje, in sicer (i) prenos vseh sredstev in obveznosti kapitalske družbe ali enega ali več delov njenega poslovanja na eno ali več kapitalskih družb, ki so v postopku ustanavljanja ali že obstajajo, (ii) plačilo za vložke sestavlja izključno razporeditev deležev družbe ali družb in (iii) sedež dejanske uprave ali registrirani sedež družb, ki sodelujejo v transakciji, na ozemlju države članice. Kar zadeva združitev, ki je predmet obravnave v postopku v glavni stvari, je treba ugotoviti, prvič, da je kapitalska družba Fratelli Gaggini vložila vsa sredstva in obveznosti na že obstoječo družbo Aro Tubi. Drugič, ta vložek je bil plačan izključno z razporeditvijo delnic v prevzemni družbi (Aro Tubi). V bistvu so bile lastne delnice družbe, ki jih je družba Aro Tubi pridobila zaradi sredstev družbe Fratelli Gaggini, nato (pre)razporejene med delničarje družbe Fratelli Gaggini. Tretjič, obe udeleženi družbi, Aro Tubi in Fratelli Gaggini, imata sedež v Italiji. Zato se za združitev, ki je predmet v postopku v glavni stvari, uporablja člen 7(1) Direktive 69/335. Torej je oproščena in je ni mogoče obdavčiti iz naslova dajatve na kapital. Glede na vse navedeno je treba na postavljeno vprašanje odgovoriti, da v okoliščinah, kakršne so v postopku v glavni stvari, Direktiva 69/335 nasprotuje obračunu proporcionalne takse za registracijo v višini 1 % od vrednosti transakcije ob t. i. „obratni“ združitvi, torej združitvi s pripojitvijo, kadar so vsi družbeni deleži prevzemne družbe v lasti prevzete družbe. Stroški Ker je ta postopek za stranki v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških. Stroški, priglašeni za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo. Iz teh razlogov je Sodišče (prvi senat) razsodilo: V okoliščinah, kakršne so v postopku v glavni stvari, Direktiva Sveta 69/335/EGS z dne 17. julija 1969 o posrednih davkih na zbiranje kapitala, kakor je bila spremenjena z Direktivo Sveta 73/80/EGS z dne 9. aprila 1973 o določitvi skupnih stopenj za dajatev na kapital in Direktivo Sveta 85/303/EGS z dne 10. junija 1985, nasprotuje obračunu proporcionalne takse za registracijo v višini 1 % od vrednosti transakcije ob t. i. „obratni“ združitvi, torej združitvi s pripojitvijo, kadar so vsi družbeni deleži prevzemne družbe v lasti prevzete družbe. Podpisi Jezik postopka: italijanščina

62008TJ0097

fi

Asian tausta Kantaja KUKA Roboter GmbH teki 29.8.2005 yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (jäljempänä SMHV) yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) perusteella, sellaisena kuin asetus on muutettuna (korvattu yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1)). Merkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on seuraava oranssin värin sävy: Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, kuuluvat SMHV:n menettelyn aikana tehdyn rajoituksen jälkeen tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 7, sellaisena kuin tämä sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, ja vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Nivelrobotit käsittelyyn, työstämiseen ja hiomiseen, lukuun ottamatta puhdastilarobotteja, lääketieteellisiä robotteja ja lakkausrobotteja; edellä mainittujen tavaroiden osat”. Tutkija hylkäsi 7.8.2007 tekemällään päätöksellä rekisteröintihakemuksen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta) perusteella, koska haetulta tavaramerkiltä puuttui erottamiskyky. Kantaja valitti 2.10.2007 tutkijan päätöksestä asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 58–64 artikla) nojalla. SMHV:n neljäs valituslautakunta hylkäsi valituksen 14.12.2007 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) sillä perusteella, että haetulta tavaramerkiltä puuttuu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla erottamiskyky. Se katsoi etenkin, että kohdeyleisö ei miellä yhteisön tavaramerkkihakemuksessa mainittua väriä sellaisenaan osoitukseksi kyseisten tavaroiden kaupallisesta alkuperästä. Asianosaisten vaatimukset Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin –        kumoaa riidanalaisen päätöksen –        velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut. SMHV vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin –        hylkää kanteen –        velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut. Oikeudellinen arviointi Unionin yleiselle tuomioistuimelle esitettyjen todisteiden tutkittavaksi ottaminen Kantaja on sen väitteensä tueksi, jonka mukaan haettu tavaramerkki on ominaispiirteidensä vuoksi erottamiskykyinen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla, esittänyt 25.3.2009 päivätyssä kirjelmässä tulokset kahdesta 27.6.2008 päivätystä tutkimuksesta, joista ensimmäinen on tehty Saksassa, Kiinassa, Yhdysvalloissa ja Italiassa puhelintiedustelulla ja toinen kesäkuussa 2008 Münchenissä (Saksa) pidettyjen Automatica-nimisten ammattilaismessujen aikana yleisölle esitetyllä kysymyslomakkeella. Kantaja on myös tehnyt CD-ROMin, joka sisältää eri valmistajien mainosesitteitä sekä kuvia alan eri yritysten, jotka olivat edustettuina messuilla, esittelypisteistä. SMHV riitautti 12.5.2009 päivätyllä kirjeellä kyseisten asiakirjojen tutkittavaksi ottamisen sillä perusteella, että ne ovat uusia todisteita. Sen seikan lisäksi, että nämä asiakirjat on jätetty unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 48 artiklan 1 kohdan vastaisesti myöhässä unionin yleisen tuomioistuimen menettelyn aikana esittämättä mitään perusteluja viivästymiselle, on todettava, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan unionin yleisessä tuomioistuimessa nostetun kanteen tarkoituksena on SMHV:n valituslautakuntien päätösten laillisuuden valvonta asetuksen N:o 40/94 63 artiklassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 65 artikla) tarkoitetulla tavalla, joten unionin yleisen tuomioistuimen tehtävänä ei ole tutkia uudelleen tosiseikkoja niiden asiakirjojen valossa, jotka esitetään ensimmäistä kertaa tässä tuomioistuimessa (ks. vastaavasti asia T-346/04, Sadas v. SMHV – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), tuomio 24.11.2005, Kok., s. II-4891, 19 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Valituslautakunnan päätöksen lainmukaisuus voidaan näin ollen riitauttaa vetoamalla uusiin tosiseikkoihin unionin yleisessä tuomioistuimessa ainoastaan siinä tapauksessa, että osoitetaan, että valituslautakunnan oli viran puolesta otettava nämä tosiseikat huomioon hallinnollisessa menettelyssä ennen kuin se teki päätöksen asiassa (asia T-247/01, eCopy v. SMHV (ECOPY), tuomio 12.12.2002, Kok., s. II-5301, 46 kohta). Koska käsiteltävänä olevassa asiassa kantajan esittämissä asiakirjoissa ei ilmiselvästi käsitellä tosiseikkoja, jotka valituslautakunnan olisi pitänyt ottaa huomioon viran puolesta asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohta) nojalla, mainitut asiakirjat on jätettävä ottamatta huomioon, eikä niiden todistusvoimaa ole tarpeellista tutkia. Asiakysymys Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kolmeen kanneperusteeseen, jotka liittyvät EY 28 artiklan rikkomiseen, asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan, 73 artiklan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 75 artikla) ja 74 artiklan rikkomiseen ja lopuksi harkintavallan väärinkäyttöön. Aluksi on tutkittava toista, sitten kolmatta ja lopuksi ensimmäistä kanneperustetta. Toinen kanneperuste, joka liittyy asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan sekä 73 ja 74 artiklan rikkomiseen –       Asianosaisten lausumat Kantaja väittää valituslautakunnan olleen väärässä katsoessaan, että haettu tavaramerkki ei ole erottamiskykyinen kyseisille tavaroille. Aluksi kantaja väittää, että valituslautakunta on arvioinut virheellisesti unionin tuomioistuimen asiassa C-104/01, Libertel, 6.5.2003 antaman sellaisen tuomion (Kok., s. I-3793) merkitystä, josta kantajan mukaan seuraa, että värin rekisteröinti yhteisön tavaramerkiksi on suljettu pois vain silloin, kun väri ei ole erottamiskykyinen. Näin ollen tavaramerkin jokaisen erottamiskykyisen ominaisuuden, vaikka se olisi vähäinen, pitäisi mahdollistaa sen rekisteröinti. Kantaja väittää, että unionin tuomioistuimen edellä mainitussa asiassa Libertel toteamat vaatimukset täyttyvät käsiteltävänä olevassa asiassa. Haettu tavaramerkki kattaa nimittäin vain tietynlaiset tavarat, nimittäin ”nivelrobotit käsittelyyn, työstämiseen ja hiomiseen, lukuun ottamatta puhdastilarobotteja, lääketieteellisiä robotteja ja lakkausrobotteja; edellä mainittujen tavaroiden osat”. Sitä paitsi kyseiset markkinat ovat hyvin erikoistuneet, koska ensiksi haetun tavaramerkin kattamat robotit ovat pitkäaikaisia investointitavaroita, joiden yksittäishinta euroissa on vähintään viisinumeroinen, toiseksi robotteja käytetään hyvin erikoistuneissa sovelluksissa ja kolmanneksi kantajan valmistaman robotin hankkiminen aiheuttaa huomattavia mukautustoimenpiteitä hankkijan luona. Tämän jälkeen kantaja riitauttaa riidanalaisen päätöksen 19 ja 20 kohdassa esitetyn valituslautakunnan arvion kohdeyleisöstä ja väittää, että kohdeyleisönä ovat käsiteltävänä olevassa asiassa käsittelyyn, työstämiseen ja hiomiseen tarkoitettujen nivelrobottien hankkijat ja välittäjät, jotka tuntevat hyvin nämä tuotemarkkinat Euroopassa. Se riitauttaa näin ollen valituslautakunnan arvioinnin, jonka mukaan kyseiseen yleisöön kuuluu haetun tavaramerkin kattamien tavaroiden hankkijoiden lisäksi myös tehtaissa, joissa robotteja käytetään, työskentelevä tekninen henkilökunta. Kantaja kiistää, että olisi olemassa värien vapaana pitämisen tarve, koska erottamiskykyisten värien määrä on vähäinen. Se väittää, että vain muutamia merkkejä sisältävät sanamerkit voidaan rekisteröidä, vaikka ne kuuluisivat rajalliseen varastoon. Se esittää lisäksi, että haetun tavaramerkin monopolisointi koskee vain vähäistä tavarakokonaisuutta. Lisäksi haetun tavaramerkin rekisteröinti ei kantajan mukaan estä sitä, että kilpailevat yritykset myyvät oranssinvärisiä robotteja, koska tällainen myynti ei tarkoita haetun tavaramerkin käyttöä asetuksen N:o 40/94 9 artiklassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 9 artikla) tarkoitetulla tavalla. Tältä osin se korostaa, että asiakkaat lähtökohtaisesti valitsevat tuotteen värin sen tilatessaan, joten kantajan kilpailijaa ei voida estää myymästä oranssinvärisiä robotteja. Haettu tavaramerkki estäisi ainoastaan sen, että tätä väriä käytetään mainos- ja myynninedistämistarkoituksiin, esimerkiksi messuilla tai esitteissä. Lisäksi mikään muu yleinen etu ei estä haetun tavaramerkin rekisteröintiä. Viimeksi mainittua ei käytetä kuvailevasti eikä sillä ole teknistä tarkoitusta. Kantaja riitauttaa myös valituslautakunnan toteamuksen, jonka mukaan haettu tavaramerkki on hyvin lähellä mönjän, joka on korroosionestoaine, väriä. Yhtäältä kyseiset värit ovat selvästi erottamiskykyisiä. Toisaalta mönjän käyttö on kielletty tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 27.1.2003 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/95/EY (EUVL 2003, L 37, s. 19). Lopuksi kantaja esittää, että sen robotit koostuvat etupäässä alumiiniseoksesta, joka on materiaali, joka ei tarvitse korroosionestokäsittelyä. Kantaja väittää tämän jälkeen, että ääriviivatonta punaista tai oranssia väriä koskevien tavaramerkkihakemusten määrän ei voida katsoa osoittavan, ettei haettu tavaramerkki ole epätavanomainen ja että siltä näin ollen puuttuu erottamiskyky. Sen mukaan pelkällä ääriviivattomia värejä koskevien tavaramerkkihakemusten määrällä ei ole merkitystä, koska valituslautakunnan on arvioitava haettua tavaramerkkiä yksittäistapauksessa ja otettava huomioon haetun tavaramerkin kattamat tavarat ja palvelut. Kantaja väittää, että valituslautakunta on todetessaan riidanalaisen päätöksen 20 kohdassa, että kyseinen yleisö päättää kyseisten tavaroiden ostamisesta pelkästään niitä koskevien teknisten tai taloudellisten näkökohtien perusteella, eikä niiden värin perusteella, jättänyt ottamatta huomioon sen seikan merkityksen, että kyseinen yleisö voi värin avulla yhdistää tavaran tiettyyn valmistajaan ja saada kuvan sen laadusta. Tältä osin kantaja viittaa valituslautakunnalle esitettyihin mainosesitteisiin, joista ilmenee, että käsittelyyn, työstämiseen ja hitsaukseen tarkoitettujen nivelrobottien väri on kyseisissä piireissä osoitus kaupallisesta alkuperästä. Lisäksi kantaja väittää, että asiakirja, jonka otsikko on ”Icon Added Value” ja joka liittyy vuonna 2005 tehtyyn tiedusteluun, jonka edustavuus koko Euroopan unionin osalta on näytetty toteen valituslautakunnalle esitetyssä asiakirjassa, jonka otsikko on ”World Robotics 2006”, osoittaa, että kyseinen yleisö muodostaa yhteyden värin ja tavaroiden alkuperän välille. Kantajan mukaan robottimarkkinat toimivat toisenlaisten lakien mukaan kuin kulutustavaramarkkinat. Se riitauttaa muun muassa sen, että kyseisen yleisön keskuudessa suoritettu tiedustelu perustuu huonosti esitettyyn kysymykseen. Valmistajan mainitseminen ei sen mukaan nimittäin voi vääristää tuloksia. Lopuksi kantaja katsoo, että valituslautakunta on rikkonut asetuksen N:o 40/94 73 ja 74 artiklaa sikäli kuin se ei ole tutkinut kyseisen asian tosiseikkoja ja olosuhteita. Tällä perusteella myös riidanalaisen päätöksen perustelut ovat puutteelliset. SMHV kiistää kantajan esittämät väitteet ja niiden perustelut. –       Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan ei rekisteröidä tavaramerkkejä, joilta puuttuu erottamiskyky. Lisäksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 2 kohta) säädetään, että ”1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisteröinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa yhteisöä”. Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu tavaramerkin erottamiskyky merkitsee sitä, että tavaramerkki pystyy yksilöimään rekisteröintihakemuksessa tarkoitetun tavaran tietyn yrityksen tavaraksi ja erottamaan näin tämän tavaran muiden yritysten tavaroista (yhdistetyt asiat C-456/01 P ja C-457/01 P, Henkel v. SMHV, tuomio 29.4.2004, Kok., s. I-5089, 34 kohta). Erottamiskykyä on arvioitava yhtäältä suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joille sen rekisteröintiä on haettu, ja toisaalta suhteessa siihen, miten kohdeyleisö mieltää tavaramerkin (em. yhdistetyt asiat Henkel v. SMHV, tuomion 35 kohta). Sen määrittelemiseksi, voiko väri sellaisenaan erottaa tietyn yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista asetuksen N:o 40/94 4 artiklassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 4 artikla) tarkoitetulla tavalla, on arvioitava sitä, voidaanko väreillä sellaisenaan välittää täsmällisiä tietoja erityisesti tavaran tai palvelun alkuperästä (ks. vastaavasti em. asia Libertel, tuomion 39 kohta ja asia C-49/02, Heidelberger Bauchemie, tuomio 24.6.2004, Kok., s. I-6129, 37 kohta). Tältä osin on palautettava mieliin, että vaikka väreillä voidaankin välittää tiettyjä mielleyhtymiä ja herättää tunteita, ne eivät juuri voi välittää täsmällisiä tietoja. Näin on varsinkin siitä syystä, että värejä tavanomaisesti käytetään suuressa määrin mainoksissa sekä tavaroiden ja palveluiden myymisessä niiden vetovoiman takia ilman, että niillä välitettäisiin mitään täsmällistä viestiä (em. asia Libertel, tuomion 40 kohta ja em. asia Heidelberger Bauchemie, tuomion 38 kohta). Kohdeyleisö ei välttämättä miellä merkkiä, joka muodostuu väristä, samalla tavoin kuin sana- tai kuviomerkkiä, joka muodostuu merkistä, joka ei liity sillä varustettujen tavaroiden ulkonäköön. Vaikka yleisö on tottunut välittömästi mieltämään, että sana- tai kuviomerkit osoittavat tavaran kaupallisen alkuperän, näin ei välttämättä ole silloin, kun merkki sekoittuu sen tavaran ulkonäköön, jota varten merkin rekisteröintiä tavaramerkiksi on haettu (em. asia Libertel, tuomion 65 kohta ja asia C-447/02 P, KWS Saat v. SMHV, tuomio 21.10.2004, Kok., s. I-10107, 78 kohta). Kun kyse on väristä, erottamiskyvyn olemassaolo ennen mitään käyttöä on mahdollista vain poikkeuksellisissa olosuhteissa, erityisesti silloin, kun niiden tavaroiden ja palvelujen määrä, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haetaan, on hyvin pieni ja kun kohdemarkkinat ovat hyvin erikoistuneet (em. asia Libertel, tuomion 66 kohta ja em. asia KWS Saat v. SMHV, tuomion 79 kohta). On myös korostettava, että koska tavaramerkkioikeus on olennainen osa EY:n perustamissopimuksella luodun vääristymättömän kilpailun järjestelmää, merkin haltijalleen antamia oikeuksia ja vapauksia on tarkasteltava tämän tavoitteen valossa. Kun otetaan huomioon se seikka, että rekisteröity tavaramerkki antaa haltijalleen tiettyjen tavaroiden tai palvelujen osalta yksinoikeuden, jonka nojalla haltija voi yksin käyttää tavaramerkiksi rekisteröityä merkkiä ilman ajallisia rajoituksia, tavaramerkin rekisteröintimahdollisuudelle voidaan asettaa yleiseen etuun perustuvia rajoituksia (ks. vastaavasti em. asia Libertel, tuomion 48–50 kohta). Tältä osin tosiasiallisesti käytettävissä olevien värien pienestä määrästä seuraa, että jo se, että pieni määrä värejä rekisteröidään tavaramerkiksi tiettyjä palveluja tai tavaroita varten, voisi ammentaa tyhjiin koko käytettävissä olevien värien varaston. Näin laaja yksinoikeus ei olisi sopusoinnussa vääristymättömän kilpailun järjestelmän kanssa erityisesti siitä syystä, että se voisi antaa perusteettoman kilpailuedun yhdelle ainoalle talouden toimijalle. On siis myönnettävä, että yhteisön tavaramerkkioikeudessa on yleisen edun mukaista olla rajoittamatta aiheettomasti sentyyppisiä tavaroita tai palveluja, joita varten rekisteröintiä on haettu, tarjoavien muiden toimijoiden mahdollisuutta käyttää värejä (em. asia Libertel, tuomion 54 ja 55 kohta). Nyt käsiteltävänä olevaa, asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista koskevaa kanneperustetta on tutkittava edellä esitetyn valossa. Kohdeyleisön osalta valituslautakunta on yhtäältä riidanalaisen päätöksen 19 kohdassa ottanut huomioon konehuoneissa työskentelevän teknisen henkilökunnan, eli ammattilaisten, joiden tehtävänä on ohjata tai käyttää kyseisiä robotteja, käsityksen käsittelyyn, työstämiseen ja hitsaukseen tarkoitetuista roboteista, ja toisaalta riidanalaisen päätöksen 20 kohdassa tällaisia robotteja ostavien yritysten käsityksen. Kantaja riitauttaa sen, että kohdeyleisö sisältäisi myös kyseisiä robotteja käyttävissä tehtaissa työskentelevän teknisen henkilökunnan. Tältä osin on riittävää todeta, kuten SMHV huomauttaa perustellusti, että vaikka tekninen henkilökunta ei todennäköisesti suoraan osallistukaan robotteja koskevaan ostopäätökseen, ei voida sulkea pois sitä, että tietyissä yrityksissä se vaikuttaa tähän päätökseen, koska se on välittömästi tekemisissä robottien käyttöönoton ja jokapäiväisen käytön kanssa. Valituslautakunta ei ole näin ollen tehnyt virhettä, kun se on ottanut tavaramerkin erottamiskykyä arvioidessaan huomioon yhtäältä teknisen henkilökunnan käsityksen ja toisaalta niiden yritysten johtohenkilöiden käsityksen, jotka valitsevat ja ostavat haetun tavaramerkin kattamia tavaroita. Joka tapauksessa riidanalaisesta päätöksestä ilmenee yksiselitteisesti, että valituslautakunta on ottanut huomioon ammattimaisen yleisön, joka kiinnittää ostopäätöksissään erityistä huomiota mainittujen koneiden teknisiin toimintoihin, joihin kuuluvat muun muassa niiden käyttötarkoitukset, mallit tai työturvallisuuteen liittyvät näkökohdat. Haetun merkin erottamiskyvyn arvioinnin osalta on todettava, kuten valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 11 ja 12 kohdassa todennut, että haettu tavaramerkki koostuu yhdestä ainoasta väristä, nimittäin ääriviivattomasta oranssin värin sävystä, joka peittää kokonaan tai osittain joko haetun tavaramerkin kattamat tavarat tai niiden pakkauksen tai jota mahdollisesti käytetään mainittuja tavaroita koskevissa mainoksissa. Valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 12 ja 16–20 kohdassa todennut, että haetulta tavaramerkiltä puuttuu erottamiskyky sillä perusteella, että sitä ei katsota osoitukseksi kyseisten tavaroiden alkuperästä. Se on nimittäin esittänyt etenkin, ettei haettu väri ole epätavanomainen teollisuusrobottien eikä laitteistojen rakentamisen alalla, eikä se ole sellaisenaan sillä tavoin erikoinen, että se katsottaisiin kyseisellä alalla huomiota herättäväksi. Kantaja ei osoita, että valituslautakunta olisi tehnyt tältä osin virheen. On nimittäin korostettava, että kuluttajat eivät ole tottuneet olettamaan tavaroiden tai niiden pakkauksen värin perusteella graafisen tai sanallisen osatekijän puuttuessa, että tavaroilla olisi tietty alkuperä, sillä väriä sellaisenaan ei nykyisessä liike-elämässä lähtökohtaisesti käytetä yksilöimiskeinona. Väriltä sellaisenaan puuttuu yleensä se ominaisuus, että se erottaisi tietyn yrityksen tavarat muiden yritysten tavaroista (em. asia Libertel, tuomion 65 kohta). Tältä osin on todettava, että valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 26 kohdassa todennut, mitä kantaja ei ole riitauttanut, että kyseisellä alalla teollisuusrobotteja myydään yleensä erivärisinä. Kantaja ei ole kuitenkaan esittänyt mitään seikkaa, joka osoittaisi, että kyseisellä alalla teollisuusrobottien värien katsotaan yleisesti osoittavan kyseisten tavaroiden kaupallisen alkuperän. Joka tapauksessa on korostettava, että värien vapaana pitämisen tarve, joka vaikuttaa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan tulkintaan, näyttää olevan, paitsi poikkeuksellisissa olosuhteissa, este yhdestä väristä koostuvan tavaramerkin rekisteröimiselle. Tältä osin kantajan värien vapaana pitämisen tarvetta nivelrobottien alalla koskevan riitauttamisen osalta on korostettava, että oranssin värin sävyn rekisteröinti yhteisön tavaramerkiksi ei johtaisi vain tämän yhden sävyn monopolisointiin, vaan sen tuloksena kilpailevia yrityksiä kiellettäisiin lisäksi käyttämästä kaikkia oranssin värin sävyjä, koska ei voida sulkea pois sitä, että voidaan osoittaa sekaannusvaara kyseisen tavaramerkkihakemuksen kohteena olevan oranssin värin sävyn ja muiden oranssin värin sävyjen tai jopa sen kaltaisten värien välillä. Kun otetaan huomioon saatavilla olevien värien erityisen pieni määrä, määritellyn värin monopolisointi ja näin ollen mahdollisesti kaikkien sen kaltaisten värien ja sävyjen monopolisointi voisi johtaa koko käytettävissä olevien värien varaston nopeaan tyhjentymiseen ja antaa joillekin taloudellisille toimijoille kilpailuedun, joka ei ole sopusoinnussa vääristymättömän kilpailun järjestelmän ja sen yleisen intressin kanssa, että muiden talouden toimijoiden mahdollisuutta käyttää värejä ei saa aiheettomasti rajoittaa (ks. vastaavasti em. asia Libertel, tuomion 54 ja 56 kohta). Esillä olevassa asiassa on todettava, ettei minkään kantajan valituslautakunnalle esittämän seikan perusteella voida katsoa, että esillä olevassa asiassa on kyse poikkeuksellisista olosuhteista ja että erityisesti tavaramerkkihakemuksen kattamien tavaroiden määrä on siinä määrin pieni ja kyseiset markkinat ovat siinä määrin erikoiset, että yhtäältä väri sellaisenaan voi osoittaa sillä varustettujen tavaroiden alkuperän ja että toisaalta sen monopolisointi ei anna tavaramerkin haltijalle yleisen edun vastaista perusteetonta kilpailuetua. Tältä osin kantaja nimittäin vetoaa kyseisen alan erikoispiirteisiin ja huomauttaa muun muassa, että haetun tavaramerkin kattamat robotit ovat hyvin erityisiä tavaroita, että ne ovat kalliita, pitkäaikaisia investointituotteita, joita käytetään hyvin erikoistuneissa sovelluksissa, ja että robotin hankkiminen aiheuttaa huomattavia mukautustoimenpiteitä hankkijan tiloissa. Nämä seikat eivät kuitenkaan muuta sitä valintalautakunnan riidanalaisen päätöksen 26 kohdassa esittämää arviota, jonka mukaan kyseisten tavaroiden alalla on tavanomaista, että niitä on saatavilla erivärisinä. Tältä osin kantaja väittää itse, että asiakkaat valitsevat tavaroiden värin tehdessään tilauksen. Näin ollen on todettava, että kyseisellä alalla kohdeyleisö tavanomaisesti kohtaa kyseisiä tuotteita erivärisinä, eikä näiden värien katsota ilmaisevan mainittujen tavaroiden kaupallista alkuperää. Lisäksi kantaja ei esitä, millä tavoin sen esittämien seikkojen perusteella voidaan katsoa, että haetun tavaramerkin rekisteröinti ei aiheuttaisi kyseisellä alalla haittaa yleiselle intressille siitä, että mahdollisuutta käyttää värejä ei saa aiheettomasti rajoittaa. Kantaja väittää kuitenkin, että se aikoo käyttää haettua tavaramerkkiä vain mainos- ja myynninedistämistarkoitukseen, eikä tämän tavaramerkin rekisteröinti olisi este sille, että kilpailevat yhtiöt valitsevat vapaasti värit, joita ne käyttävät roboteissaan. Tältä osin on muistutettava, että asetuksen N:o 40/94 9 artiklan nojalla yksinoikeus yhteisön tavaramerkkiin antaa sen haltijalle oikeudelliset keinot kieltää muita käyttämästä elinkeinotoiminnassa samaa tai samankaltaista merkkiä. Asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 2 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 2 kohta) mukaan voidaan muun muassa kieltää merkin paneminen tavaroihin tai niiden päällyksiin, tavaroiden tarjoaminen tai liikkeelle laskeminen tai niiden varastoiminen tällaista tarkoitusta varten merkkiä käyttäen taikka palvelujen tarjoaminen tai suorittaminen merkkiä käyttäen, tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkiä käyttäen ja merkin käyttäminen liikeasiakirjoissa ja mainonnassa. Kantaja ei näin ollen voi väittää, että ei olisi kyse asetuksen N:o 40/94 9 artiklassa tarkoitetusta haetun tavaramerkin käytöstä, kun kilpailevat yhtiöt käyttävät oranssia väriä roboteissaan. Lisäksi on todettava, että markkinointisuunnitelma riippuu yksin kyseisen yrityksen valinnasta ja voi näin olen muuttua sen jälkeen, kun merkki on rekisteröity yhteisön tavaramerkiksi. Sillä ei näin ollen voi olla minkäänlaista vaikutusta merkin rekisteröitävyyden arviointiin (asia T-355/00, DaimlerChrysler v. SMHV (TELE AID), tuomio 20.3.2002, Kok., s. II-1939, 42 kohta). Vaikka näin ollen kantaja väittää käyttävänsä haettua tavaramerkkiä vain mainostarkoitukseen, ei voida sulkea pois sitä, että se käyttäisi yksinoikeuttaan kieltääkseen kilpailijoitaan käyttämästä kyseistä oranssin värin sävyä itse roboteissa. Näin ollen kantajan väitteellä, jonka mukaan haetun tavaramerkin käyttö rajoitetaan mainostarkoituksiin, ei ole tehokasta vaikutusta haetun merkin vapaana pitämisen tarpeen arviointiin. Kantaja väittää kuitenkin perustellusti, että valituslautakunnan riidanalaisen päätöksen 20 kohdassa esittämä seikka, jonka mukaan kohdeyleisö päättää kyseisten tavaroiden ostamisesta pelkästään teknisten tai taloudellisten seikkojen perusteella, on merkityksetön sen kysymyksen osalta, voiko väri sellaisenaan osoittaa tavaroiden kaupallisen alkuperän. Tämän toteamuksen perusteella ei kuitenkaan voida katsoa, että valituslautakunta olisi tehnyt virheen katsoessaan, että haetun tavaramerkin rekisteröinti on vastoin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, kun otetaan huomioon muut riidanalaisessa päätöksessä huomioon otetut seikat. Kantajan esittämien väitteiden, joilla riitautetaan valituslautakunnan toteamusten, joiden mukaan yhtäältä haetun tavaramerkin kohteena oleva väri muistuttaa mönjän, joka on korroosionestoaine, väriä ja toisaalta suuri määrä SMHV:n päätöksistä koskee sävyille punaisesta oranssiin tehtyjä rekisteröintihakemuksia, merkitys, perusteella ei voida myöskään asettaa kyseenalaiseksi valituslautakunnan ratkaisua, kun otetaan huomioon edellä 42–48 kohdassa esitetyt toteamukset. Kantaja väittää lisäksi, että asiakirja, jonka otsikko on ”Icon Added Value”, osoittaa, että kohdeyleisö muodostaa kyseisellä alalla yhteyden värin ja tavaroiden alkuperän välille. Tältä osin on kuitenkin todettava, että tässä asiakirjassa esitetty tiedustelun kysymyslomake sisältää kysymyksiä, joiden muotoilu ja järjestys vaikuttivat vahvasti tutkimuksen tuloksiin. Kyseinen kysymyslomake muodostuu nimittäin kolmesta osasta. Ensimmäinen osa, nimittäin kysymykset K1–K10, keskittyy täysin siihen kuvaan, joka haastatellulla henkilöllä on kantajasta, ja kuten valituslautakunta esittää, kehottaa häntä luomaan kuvan viimeksi mainitusta. Toinen osa, nimittäin kysymykset HW1–HW3, koskee tiettyjä kantajan kilpailijoita, eikä siinä mainita kantajaa. Kolmas osa, joka koostuu viidestä kysymyksestä, sisältää kaksi kysymystä, joiden tarkoituksena on vertailla kantajaa yhteen sen kilpailijoista. Tässä kolmannessa osassa kysymys, jossa pyydetään tiedusteluun osallistuvia henkilöitä yhdistämään värejä kantajaan ja sen kolmeen kilpailijaan, esitetään toiseksi viimeisenä. Näin ollen sekä kysymysten sisältö että niiden esittämisjärjestys antavat tiedusteluun osallistuville henkilöille tietoa siitä, että tässä kysymyslomakkeessa keskitytään kantajaan. Näin ollen haastatelluille henkilöille esitetyn kysymyksen siitä, minkä värin he yhdistävät kantajaan, perusteella ei voida määritellä, onko tavaramerkkihakemuksen kohteena olevalla oranssin värin sävyllä kyseisellä alalla asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu ominaispiirteisiin perustuva erottamiskyky, eikä sitä, katsooko kohdeyleisö värit osoitukseksi tavaroiden kaupallisesta alkuperästä. Kuten valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 25 kohdassa perustellusti esittänyt, käytetty menetelmä on mahdollisesti merkityksellinen haetun tavaramerkin käytöllä saavutetun erottamiskyvyn osoittamiseksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohta) tarkoitetulla tavalla. Tämä ei kuitenkaan ole tavaramerkkihakemuksen tekemisen perusta esillä olevassa asiassa. Kun otetaan huomioon edellä esitetty, on katsottava, ettei valituslautakunta ole tehnyt virhettä katsoessaan, että otettaessa huomioon kyseisen kyselylomakkeen kysymysten muotoilu ja järjestys, asiakirjan, jonka otsikko on ”Icon Added Value”, tulosten perusteella ei voida ottaa huomioon tavaramerkkiä koskevia käytäntöjä kyseisellä alalla eikä sillä voida näyttää toteen, että haetulla tavaramerkillä on ominaispiirteisiin perustuva erottamiskyky asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Näin ollen kantajan väite, jonka mukaan asiakirjan, jonka otsikko on ”Icon Added Value”, edustavuus koko unionin alueella on osoitettu asiakirjassa, jonka otsikko on ”World Robotics 2006”, on merkityksetön. Siitä kantajan väitteestä, jonka mukaan valituslautakunta ei ole riittävällä tavalla perustellut riidanalaista päätöstä, on todettava, että asetuksen N:o 40/94 73 artiklan mukaan SMHV:n päätösten perusteluista on saatava tietää syyt rekisteröintihakemuksen hylkäämiselle, ja lisäksi perusteluiden on oltava sellaisia, että riidanalainen päätös voidaan asianmukaisesti riitauttaa (ks. asia T-173/00, KWS Saat v. SMHV (oranssin sävy), tuomio 9.10.2002, Kok., s. II-3843, 55 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Esillä olevassa asiassa riidanalaisesta päätöksestä ilmenee, että valituslautakunta on osoittanut eri seikkoja, jotka on otettava huomioon määriteltäessä värin erottamiskykyä, eli muun muassa kohdeyleisön käsitys haetusta tavaramerkistä, tämän värin tavanomaisuus sekä tavaramerkkejä koskevat käytännöt kyseisellä alalla. Valituslautakunta on lisäksi arvioinut kantajan esittämien todisteiden perusteella paitsi käsitystä oranssin värin sävystä yleensä, myös teollisuusrobottialan erityisestä asiayhteydestä. Näin ollen kantajalla on ollut tiedossaan sellaiset seikat, jotka ovat tarpeen riidanalaisen päätöksen ymmärtämiseksi ja sen laillisuuden riitauttamiseksi unionin tuomioistuimessa. Näin ollen on katsottava, että valituslautakunta ei ole rikkonut asetuksen N:o 40/94 73 artiklaa. Lopuksi siitä kantajan väitteestä, jonka mukaan valituslautakunta ei ole tarkastellut tosiseikkoja ja asian olosuhteita tapauskohtaisesti ja konkreettisesti asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan mukaisesti, on todettava, että valituslautakunta on, kuten riidanalaisen päätöksen 22–25 kohdasta ilmenee, tutkinut kantajan itsensä esittämiä merkityksellisiä seikkoja arvioidessaan haetun tavaramerkin erottamiskykyä rekisteröintihakemuksen kattamien tavaroiden osalta. Näin ollen on todettava, ettei valituslautakunta ole rikkonut asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohtaa. Edellä esitetystä seuraa, että toinen kanneperuste on hylättävä. Kolmas kanneperuste, joka liittyy harkintavallan väärinkäyttöön –       Asianosaisten lausumat Kantaja esittää, että riidanalaista päätöstä koskee harkintavallan väärinkäyttö, koska se perustuu seikkoihin, jotka se katsoo osoitetun merkityksettömiksi. SMHV kiistää kantajan väitteiden paikkansapitävyyden. –       Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta On muistutettava, että harkintavallan väärinkäytöllä on unionin oikeudessa täsmällinen merkitys ja että sillä tarkoitetaan tilannetta, jossa hallintoviranomainen käyttää valtuuksiaan muuhun tarkoitukseen kuin siihen, jota varten ne on sille annettu. Tältä osin on vakiintunutta oikeuskäytäntöä, että harkintavaltaa on päätöstä tehtäessä käytetty väärin vain, jos objektiivisten, asiaankuuluvien ja yhtäpitävien seikkojen perusteella on selvää, että päätös on tehty muussa kuin esitetyssä tarkoituksessa (yhdistetyt asiat T-551/93 ja T-231/94–T-234/94, Industrias Pesqueras Campos ym. v. komissio, tuomio 24.4.1996, Kok., s. II-247, 168 kohta ja asia T-19/99, DKV v. SMHV (COMPANYLINE), tuomio 12.1.2000, Kok., s. II-1, 33 kohta). Esillä olevassa asiassa kantaja ei ole esittänyt tällaisia seikkoja eikä edes väittänyt, että sellaisia olisi olemassa. Tarkemmin sanottuna jopa olettaen, että valituslautakunta on kantajan väitteen mukaisesti perustanut riidanalaisen päätöksen toteamuksiin, joiden kantaja katsoo näytetyn merkityksettömiksi, tämä ei ole seikka, joka osoittaa, että päätös tehtiin yksinomaan tai ainakin olennaisilta osin muussa kuin esitetyssä tarkoituksessa. Lisäksi on muistutettava, ettei valituslautakunta ole tehnyt virhettä arvioidessaan haetun tavaramerkin erottamiskykyä (ks. edellä 41–58 kohta). Näin ollen kolmas kanneperuste on hylättävä. Ensimmäinen kanneperuste, joka liittyy EY 28 artiklan rikkomiseen –       Asianosaisten lausumat Kantaja esittää, että haetun tavaramerkin rekisteröinnin epääminen on EY 28 artiklassa tarkoitettu tuonnin rajoitusta vaikutukseltaan vastaava toimenpide. Tämä epääminen nimittäin mahdollistaa väärennettyjen tavaroiden pääsyn markkinoille, mikä johtaa kantajan liikevaihdon pienentymiseen. Kantajan mukaan mitään EY 30 artiklassa mainituista poikkeuksista ei voida soveltaa esillä olevassa asiassa. SMHV kiistää kantajan väitteiden paikkansapitävyyden. –       Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta Kantajan ensimmäisestä kanneperusteesta, joka liittyy EY 28 artiklan rikkomiseen, on todettava, että oikeus yhteisön tavaramerkkiin ja sillä annettava suoja voidaan saada vain haetun tavaramerkin rekisteröinnillä. Suojaa väärennettyjen tuotteiden markkinoille saattamista vastaan, jonka kantaja on maininnut ensimmäisessä kanneperusteessaan, sovelletaan vain, jos kantaja on yhteisön tavaramerkin haltija (ks. vastaavasti ja analogisesti asia C-10/89, HAG GF, tuomio 17.10.1990, Kok., s. I-3711, Kok. Ep. X, s. 543, 14 kohta). Koska valituslautakunta ei ole tehnyt virhettä, kun se on todennut, ettei haettu tavaramerkki ole asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla erottamiskykyinen (ks. edellä 41–58 kohta), myös tämä kanneperuste on hylättävä. Oikeudenkäyntikulut Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut SMHV:n vaatimusten mukaisesti. Näillä perusteilla UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti: 1) Kanne hylätään. 2) KUKA Roboter GmbH velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut. Meij Papasavvas Truchot Julistettiin Luxemburgissa 13 päivänä syyskuuta 2010. Allekirjoitukset * Oikeudenkäyntikieli: saksa.

62007CJ0397

it

Con il presente ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che: — subordinando a talune condizioni l’applicazione delle esenzioni obbligatorie dall’imposta sui conferimenti; — gravando con un’imposta sui conferimenti il trasferimento in Spagna della sede della direzione effettiva o della sede statutaria delle società che non siano state assoggettate a un tributo analogo a quello spagnolo nello Stato membro di provenienza; e — assoggettando ad imposta sui conferimenti il capitale destinato alle attività commerciali svolte nel territorio spagnolo dalle succursali o dai centri permanenti di attività di società stabilite in uno Stato membro che non applica un’imposta analoga a quella spagnola; il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali ( GU L 249, pag. 25 ), come modificata con direttive del Consiglio , 73/79/CEE ( GU L 103, pag. 13 ) e , 85/303/CEE ( GU L 156, pag. 23 ; in prosieguo: la «direttiva 69/335»). Contesto normativo La normativa comunitaria Ai sensi del suo primo ‘considerando’, la direttiva 69/335 ha per obiettivo di promuovere la libera circolazione dei capitali, per la creazione di un’unione economica con caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno. Nell’ambito di tale obiettivo, come emerge dai ‘considerando’ sesto, settimo e ottavo di tale direttiva, essa è diretta ad armonizzare l’imposta alla quale sono sottoposti i conferimenti a società nella Comunità europea attraverso l’introduzione di un’imposta unica sulla raccolta di capitali che può essere applicata soltanto una volta nel mercato comune e attraverso la soppressione di tutte le altre imposte indirette aventi le stesse caratteristiche dell’imposta unica sui conferimenti. Così, ai sensi dell’art. 1 della direttiva 69/335, «[g]li Stati membri applicano un’imposta sui conferimenti alle società di capitali, armonizzata». L’art. 2 della direttiva 69/335 determina una ripartizione, in questo settore, delle competenze tributarie tra gli Stati membri. Esso dispone quanto segue: «1.   Le operazioni sottoposte all’imposta sui conferimenti sono tassabili unicamente nello Stato membro sul territorio del quale si trova la sede della direzione effettiva della società di capitali al momento in cui hanno luogo dette operazioni. (…) 3.   Allorché la sede statutaria e la sede della direzione effettiva di una società di capitali si trovano in un paese terzo, la messa a disposizione di una filiale situata in uno Stato membro di capitali investiti o di esercizio può essere assoggettata all’imposta nello Stato membro sul territorio del quale si trova la filiale». L’art. 4, n. 1, della direttiva 69/335 elenca le operazioni che sono soggette all’imposta sui conferimenti, tra cui segnatamente la costituzione di una società di capitali e l’aumento del capitale sociale della medesima. Questa disposizione assoggetta altresì all’imposta sui conferimenti le operazioni seguenti: «g) il trasferimento da uno Stato membro in un altro Stato membro della sede della direzione effettiva di una società, associazione o persona giuridica che è considerata, per l’applicazione dell’imposta sui conferimenti, come società di capitali in quest’ultimo Stato membro, mentre non lo è nell’altro Stato membro; h) il trasferimento da uno Stato membro in un altro Stato membro della sede statutaria di una società, associazione o persona giuridica la cui sede della direzione effettiva si trova in un paese terzo e che è considerata, per l’applicazione dell’imposta sui conferimenti, come società di capitali in quest’ultimo Stato membro, mentre non lo è nell’altro Stato membro». L’art. 7 della direttiva 69/335 si riferisce all’aliquota dell’imposta sui conferimenti. Nella versione originaria tale articolo disponeva quanto segue: «1.   Fino all’entrata in vigore delle disposizioni adottate dal Consiglio in conformità del paragrafo 2: a) l’aliquota dell’imposta sui conferimenti non può superare il 2%, né essere inferiore all’1%; b) tale aliquota è ridotta del 50% almeno quando una o più società di capitali conferiscono la totalità dei loro patrimoni, o uno o più rami della loro attività, ad una o più società di capitali in via di creazione o già esistenti. (…)». Quest’ultima riduzione dell’aliquota dell’imposta sui conferimenti, subordinata a taluni presupposti, è disposta per operazioni solitamente denominate «ristrutturazioni di società di capitali». La direttiva del Consiglio 9 aprile 1973, 73/80/CEE, che fissa le aliquote comuni dell’imposta sui conferimenti ( GU L 103, pag. 15 ) ha ridotto, a decorrere dal , l’aliquota dell’imposta sui conferimenti contenuta in tale versione originaria dell’art. 7, n. 1, lett. b), per le operazioni di ristrutturazione di capitali, fissandola dallo 0 allo 0,50%. Con la direttiva 73/79, alla citata disposizione dell’art. 7, n. 1, è stato aggiunto un punto b) bis, ai sensi del quale gli Stati membri hanno la facoltà di estendere l’applicazione dell’aliquota ridotta dell’imposta sui conferimenti ad operazioni equiparabili alle citate operazioni di ristrutturazione, e cioè «quando una società di capitali in via di costituzione o già esistente ottiene quote rappresentanti almeno il 75% del capitale sociale precedentemente emesso da un’altra società di capitali». Infatti, conformemente al secondo ‘considerando’della direttiva 73/79, in tal caso una società ottiene una quantità di quote sociali di un’altra società tale da farla disporre di pieni poteri decisionali in quest’ultima società. La direttiva 85/303, precisando al quarto ‘considerando’«che è opportuno esentare obbligatoriamente le operazioni attualmente soggette all’aliquota ridotta dell’imposta sui conferimenti», ha modificato l’art. 7 della direttiva 69/335 come segue: «1.   Gli Stati membri esentano dall’imposta sui conferimenti le operazioni (…) che, alla data del 1 o luglio 1984, erano esentate o assoggettate ad un’aliquota pari o inferiore a 0,50%. (…) 2.   Gli Stati membri possono esentare dall’imposta sui conferimenti o assoggettare ad un’unica aliquota non superiore all’1% le operazioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1. (…)». La normativa nazionale Il trattamento delle operazioni di ristrutturazione delle società di capitali L’art. 1, n. 1, punto 2, del testo consolidato della legge sulla tassazione dei trasferimenti patrimoniali e degli atti giuridici documentali (Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados), promulgata con regio decreto legislativo 24 settembre 1993 n. 1, (BOE — Gazzetta ufficiale spagnola — del ; in prosieguo: la «legge tributaria»), assoggetta ad imposta indiretta talune operazioni sulle società commerciali. Conformemente all’art. 19, n. 1, punto 1, della legge tributaria, le operazioni soggette ad imposta sono la costituzione, l’aumento e la riduzione del capitale nonché la fusione, la scissione, e lo scioglimento delle società. Per quanto riguarda le operazioni esenti, l’art. 45, parte I, lett B), n. 10, della legge tributaria, in combinato disposto con l’art. 21 di quest’ultima e la seconda disposizione aggiuntiva del testo consolidato della legge relativa all’imposta sulle società (Disposición Adicional Segunda del texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades), promulgata con regio decreto legge 5 marzo 2004, n. 4 (BOE dell’; in prosieguo: la «legge sulla tassazione delle società»), dispone l’esenzione per le operazioni di fusione, di scissione, di conferimento di parti di impresa, nonché di scambio di quote, definite al capo VIII, titolo VII, della legge sulla tassazione delle società, che istituisce in tale contesto un regime speciale, con la riserva che tale regime sia applicabile all’operazione di cui trattasi. L’art. 96 della legge sulla tassazione delle società, intitolato «Applicazione del regime tributario», espone le condizioni per l’applicabilità di detto regime speciale. Esso dispone quanto segue: «1.   L’applicazione della disciplina speciale prevista nel presente capo presuppone che essa venga scelta a norma delle seguenti disposizioni: a) In caso di operazioni di fusione o di scissione, tale opzione fiscale dovrà essere inclusa nel progetto e nelle delibere di fusione o di scissione degli enti cedenti e cessionari che hanno la loro residenza fiscale in Spagna. (…) b) Per quanto riguarda i conferimenti in natura, l’opzione fiscale viene esercitata dall’acquirente e compare nella delibera societaria corrispondente o, in mancanza, nell’atto pubblico che documenta l’operazione o il contratto di cui trattasi. (…) c) In caso di operazioni di scambio di titoli, l’opzione viene esercitata dall’acquirente e compare nella delibera societaria corrispondente o, in mancanza, nell’atto pubblico che documenta l’operazione o il contratto di cui trattasi. In caso di offerta pubblica di acquisto di azioni, l’opzione viene esercitata dall’organo sociale competente a realizzare l’operazione e compare nella nota d’informazione. (…) In tutti i casi, l’esercizio dell’opzione fiscale deve essere comunicato al Ministero delle finanze nella forma e nei termini previsti dalla disciplina in vigore. 2.   Il regime istituito nel presente capo non è applicabile se l’operazione realizzata ha come obiettivo primario la frode o l’evasione fiscali. In particolare, detto regime non è applicabile se l’operazione non viene intrapresa per validi motivi economici come la ristrutturazione o la razionalizzazione delle attività degli enti che vi prendono parte, bensì al solo scopo di ottenere un vantaggio fiscale. (…)». Il trasferimento della sede della direzione effettiva o della sede statutaria di una società di capitali Conformemente al disposto dell’art. 19, n. 3, della legge tributaria, costituisce fatto generatore d’imposta: «il trasferimento in Spagna della sede della direzione effettiva oppure della sede sociale di una società, se né l’una né l’altra era precedentemente stabilita in uno Stato membro (…), oppure se, sul territorio di uno di tali Stati, l’ente non era soggetto ad un’imposta analoga a quella disciplinata in tale titolo». La tassazione in caso di succursali o di centri permanenti di attività di una società di capitali stabilita in un altro Stato membro Ai sensi dell’art. 20 della legge tributaria: «Gli enti che svolgono attività commerciali sul territorio spagnolo, mediante succursali oppure centri permanenti di attività, e la cui sede societaria o la sede dell’effettiva direzione si trova in Stati non appartenenti alla Comunità (…) o che, se essa è sita in Stati appartenenti alla Comunità, non sono soggetti ad una tassazione come quella prevista nel presente capo, devono pagare, in uguale misura e ad uguali condizioni delle imprese spagnole, le imposte sulla quota del capitale che è destinato a tali attività». Il procedimento precontenzioso Nutrendo dubbi sulla conformità delle citate disposizioni della normativa spagnola con i requisiti della direttiva 69/335, il 19 dicembre 2003 la Commissione ha trasmesso al Regno di Spagna una lettera di diffida e, il , una lettera di diffida integrativa. Le autorità spagnole hanno risposto con lettere, rispettivamente, 3 febbraio e . Poiché tali risposte hanno confermato i dubbi iniziali della Commissione, il quest’ultima ha trasmesso al Regno di Spagna un parere motivato. In esito alla risposta fornita il dalle autorità spagnole al citato parere motivato, le censure della Commissione sono concretate e circoscritte nel presente ricorso. Sul ricorso Sul primo motivo di ricorso Questo primo motivo verte sulle condizioni, stabilite all’art. 96 della legge sulla tassazione delle società, che devono sussistere affinché le società interessate possano fruire del regime speciale di esenzione dall’imposta predisposto al capo VIII, titolo VII, della legge medesima. La Commissione deduce l’illegittimità di tali condizioni relativamente alle operazioni obbligatoriamente esentate dall’imposta sui conferimenti in forza della direttiva 69/335. Nonostante la formulazione generica di tale motivo, dalla motivazione del ricorso emerge che esso verte sulle operazioni di cui all’art. 7, n. 1, lett. b), e su quelle ricomprese nell’art. 7, n. 1, lett. b) bis, della direttiva 69/335, nella versione risultante dalle direttive 73/79 e 73/80, prima della modifica introdotta dalla direttiva 85/303. Il contenuto di tali disposizioni, tenuto conto del riferimento operato dall’art. 7, n. 1, come modificato da quest’ultima direttiva, alla situazione in essere alla data del 1 o luglio 1984, conserva la sua rilevanza anche dopo l’entrata in vigore di tale direttiva. Occorre ricordare anzitutto, a questo proposito, che con sentenza 21 giugno 2007 causa C-366/05, Optimus — Telecomunicações (Racc. pag. I-4985, punti 25-33) , la Corte ha dichiarato che, per quanto riguarda uno Stato che, come nel caso di specie il Regno di Spagna, è divenuto membro della Comunità con effetto dal , la data del , presa come data di riferimento ai fini dell’esenzione obbligatoria ex art. 7, n. 1, della direttiva 69/335, nella versione risultante dalla direttiva 85/303, è valida anche per tale Stato. Nel corso dell’udienza dinanzi alla Corte, il rappresentante del Regno di Spagna si è richiamato ad un testo normativo concernente le operazioni sulle società di capitali che sarebbero state tassate in tale Stato membro alla data del . Le parti sono state invitate dal presidente del collegio giudicante a prendere posizione su questa comunicazione, che potrebbe integrare un elemento nuovo, e hanno accettato che la Corte si pronunci in merito, sulla scorta delle memorie scritte depositate dinanzi ad essa. Per quanto riguarda le operazioni di cui al citato art. 7, n. 1, lett. b), l’aliquota dell’imposta sui conferimenti era stata ridotta in modo vincolante, a far data dal 1 o gennaio 1976, dalla direttiva 73/80 e fissata dallo 0 allo 0,50%. Pertanto, in esito alla modifica dell’art. 7, n. 1, ad opera della direttiva 85/303, dal le operazioni di cui trattasi erano obbligatoriamente esonerate dall’imposta sui conferimenti. Le censure della Commissione vertono pertanto su queste operazioni. Per quanto riguarda invece le operazioni di cui al citato art. 7, n. 1, lett. b) bis, per le quali, al momento dell’introduzione di tale disposizione mediante la direttiva 73/79, una riduzione dell’aliquota dell’imposta sui conferimenti era semplicemente facoltativa, esse dovevano essere obbligatoriamente esentate dall’imposta sui conferimenti, in forza della direttiva 85/303, unicamente se erano esonerate o tassate con aliquota pari o inferiore allo 0,50% al 1 o luglio 1984, data di riferimento valida anche per il Regno di Spagna, conformemente alla sentenza nella citata causa Optimus — Telecomunicações. A quella data, le operazioni di cui è causa non erano uniformemente e obbligatoriamente assoggettate ad un’aliquota dell’imposta sui conferimenti che ne comportasse l’esenzione obbligatoria in forza della direttiva 85/303. Orbene, nel caso di specie la Commissione non ha addotto nessun elemento atto a dimostrare che in Spagna le operazioni di cui all’art. 7, n. 1, lett. b) bis, della direttiva 69/335 fossero esonerate o tassate con aliquota pari o inferiore allo 0,50% alla data del 1 o luglio 1984, con la conseguenza che tali operazioni non possono essere considerate obbligatoriamente esentate dall’imposta sui conferimenti in forza della direttiva 69/335. Occorre pertanto disattendere la prima censura per la parte che riguarda il citato art. 7, n. 1, lett. b) bis, della menzionata direttiva e proseguire l’esame di tale censura per quanto attiene alle operazioni di cui all’art. 7, n. 1, lett. b). A questo proposito la Commissione critica in concreto il fatto che, conformemente alla normativa spagnola, la società interessata, onde poter usufruire, per le operazioni di cui è causa, dell’esenzione dall’imposta stabilita all’art. 1, n. 1, punto 2, della legge tributaria, deve formalmente optare per il regime speciale di esenzione istituito al capo VIII, titolo VII, della legge sulla tassazione delle società, mentre la direttiva 69/335, in seguito alla modifica introdotta dalla direttiva 85/303, prevede l’esenzione obbligatoria di tali operazioni a prescindere dal rispetto di condizioni, come la scelta di un regime speciale di esenzione. Inoltre, la società interessata deve comunicare la sua scelta al Ministero delle Finanze, e ciò configurerebbe un ulteriore ostacolo all’applicazione dell’esenzione. Il Regno di Spagna, pur non contestando che queste operazioni rientrano nella categoria delle operazioni che devono essere obbligatoriamente esentate, afferma in sostanza che la scelta in favore del regime speciale di esenzione non impone nessun onere materiale alla società interessata e configura un requisito minimo, puramente formale. L’unico requisito sostanziale cui sarebbe subordinata l’applicazione del citato regime sarebbe che l’operazione di cui trattasi non abbia come obiettivo principale frode o evasione fiscali. L’obbligo di comunicare l’operazione all’amministrazione finanziaria sarebbe volto proprio ad accertare il sussistere di validi motivi economici atti a giustificare l’operazione in parola. Quest’ultimo argomento non può essere condiviso. Va sottolineato infatti che la direttiva 69/335, allo scopo di promuovere la libera circolazione dei capitali mediante l’armonizzazione e, per quanto possibile, la graduale soppressione dell’imposta sui conferimenti, ha disposto l’esonero da quest’ultima per le operazioni ricomprese nell’art. 7, n. 1, lett. b). Tale esenzione è obbligatoria e incondizionata, e costituisce per le società interessate un diritto il cui esercizio dev’essere garantito a livello nazionale in modo semplice e scevro di ambiguità. Ora, l’inquadramento di tale diritto in un regime speciale nazionale e la subordinazione del suo esercizio ad un’opzione formale a favore di tale regime può generare, nelle società interessate, un dubbio o un’ambiguità quanto all’origine del diritto e ai presupposti del suo esercizio, e non può, già per questo, essere considerato conforme al sistema istituito con la direttiva 69/335. Inoltre l’obbligo di scegliere il citato regime speciale non configura una mera formalità, dato che tale scelta dev’essere comunicata all’amministrazione finanziaria con le forme e nei termini stabiliti dalla normativa nazionale. Siffatto doppio obbligo di scelta e informazione in quanto condizione per l’esercizio di un diritto concesso incondizionatamente dalla direttiva 69/335 costituisce un ostacolo in contrasto con quest’ultima. Il regime speciale controverso non può essere giustificato con la finalità di lotta contro frode e evasione fiscali. Infatti, conformemente alla giurisprudenza della Corte, nei limiti in cui la direttiva 69/335 armonizza esaustivamente i casi in cui gli Stati membri possono applicare un’imposta sui conferimenti e tale direttiva non contiene alcuna esplicita disposizione che autorizzi gli Stati membri ad adottare misure generali per lottare contro l’evasione fiscale, gli Stati membri possono opporsi all’applicazione del diritto comunitario solo in circostanze specifiche, che integrino una pratica abusiva o fraudolenta (sentenza 7 giugno 2007, causa C-178/05, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-4185, punto 32) . Di conseguenza, come afferma giustamente la Commissione, provvedimenti del genere non possono essere fondati su di un sospetto generale di frodi. Essi possono essere adottati solo caso per caso, per evitare costruzioni di puro artificio, prive di effettività economica e finalizzate a eludere l’imposta normalmente dovuta (v., in tal senso, sentenza 8 novembre 2007, causa C-251/06, ING. AUER, Racc. pag. I-9689, punto 44) . Ovviamente in tali casi l’onere della prova della natura fraudolenta o artificiosa dell’operazione di cui trattasi grava sulle autorità nazionali competenti. Poiché il Regno di Spagna non ha prodotto la prova che la sua normativa riguardi unicamente costruzioni di puro artificio nel senso suesposto, si deve constatare che il primo motivo dedotto dalla Commissione è fondato per quanto attiene alle operazioni di cui all’art. 7, n. 1, lett. b), della direttiva 69/335. Sul secondo motivo di ricorso Questo secondo motivo verte sull’art. 19, n. 3, della legge tributaria, in forza del quale integra fatto generatore dell’imposta sui conferimenti il trasferimento in Spagna della sede della direzione effettiva o della sede statutaria di una società di capitali, che si trovava prima in uno Stato membro che non riscuote un’imposta sui conferimenti analoga a quella prevista dalla normativa spagnola. La Commissione sostiene che l’art. 4 della direttiva 69/335, che contiene un elenco completo delle operazioni soggette all’imposta sui conferimenti, non prevede come fatto generatore di tale imposta un’operazione come quella disciplinata dalla citata disposizione della legge tributaria ed è pertanto in contrasto con quest’ultima. Il Regno di Spagna replica che la disposizione di cui è causa è intesa ad impedire che le disposizioni della direttiva 69/335 vengano utilizzate allo scopo di eludere l’applicazione del regime tributario spagnolo ed è quindi giustificata dalla finalità di lotta contro frode e evasione fiscali. Ciò si verificherebbe nel caso di società di capitali che, concepite sin dall’inizio per svolgere attività in Spagna, vengono però costituite in uno Stato membro in cui tale operazione non è assoggettata ad un’imposta sui conferimenti analoga a quella applicata in Spagna. L’argomento della convenuta non può essere condiviso. Infatti, a questo proposito occorre rilevare in primo luogo che, conformemente all’art. 4, n. 1, lett. g) e h), della direttiva 69/335, sono assoggettati all’imposta sui conferimenti i trasferimenti, da uno Stato membro in un altro Stato membro, della sede, effettiva o statutaria, delle società che sono considerate, al fine dell’applicazione dell’imposta sui conferimenti, come società di capitali in quest’ultimo Stato membro, mentre non lo sono nel primo Stato membro. Pertanto, l’unico criterio cui questa disposizione subordina l’applicazione dell’imposta sui conferimenti in caso di un trasferimento del genere è quello che l’ente di cui trattasi costituisca o meno una «società di capitali» nello Stato membro d’origine. A siffatto trasferimento non può quindi essere applicata l’imposta sui conferimenti qualora l’ente di cui è causa sia considerato una «società di capitali» nello Stato membro d’origine e in quello ospite (v., in tal senso, sentenza Commissione/Grecia, cit., punti 26, 27 e 29). In tale contesto va poi ancora sottolineato che, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 62 delle conclusioni nella presente causa, la questione di quali siano i soggetti da considerarsi «società di capitali» per l’applicazione dall’imposta sui conferimenti è disciplinata in maniera uniforme e vincolante per gli Stati membri dall’art. 3, n. 1, della direttiva 69/335. Orbene, l’art. 19, n. 3, della legge tributaria subordina l’applicazione dell’imposta sui conferimenti in Spagna, in caso di trasferimento in tale Stato membro della sede della direzione effettiva o della sede statutaria di una società di capitali, al criterio che tale società non sia stata assoggettata ad imposta analoga nello Stato membro d’origine. Questo criterio di «imposizione» o «assoggettamento» nello Stato membro d’origine non corrisponde al criterio suesposto, stabilito all’art. 4, n. 1, lett. g) e h), della direttiva 69/335, e consente pertanto l’applicazione dell’imposta sui conferimenti in casi non contemplati dalla direttiva. Poiché la citata direttiva opera un’armonizzazione completa dell’ambito impositivo di competenza degli Stati membri in caso di trasferimento della sede statutaria o della sede della direzione effettiva, questa norma della legge tributaria è incompatibile con le disposizioni dell’art. 4, n. 1, lett. g) e h), della direttiva 69/335. Tale norma contravviene del resto al sistema generale istituito con la direttiva 69/335. Infatti, la circostanza che taluni Stati membri, avvalendosi della facoltà concessa dalla citata direttiva, abbiano rinunciato all’esazione dell’imposta sui conferimenti non implica che, all’atto del trasferimento della sede della direzione effettiva o della sede statutaria di una società di capitali da uno Stato membro ad un altro Stato membro, quest’ultimo possa automaticamente applicare tale imposta (v., in tal senso, sentenza ING. AUER, cit., punti 34 e 35). In secondo luogo, si deve rilevare che l’art. 19, n. 3, della legge tributaria è fondato su di una presunzione generica di frode, atteso che tale norma comporta provvedimenti applicati automaticamente ed indistintamente. Ora, per i motivi illustrati ai punti 29 e 30 della presente sentenza e conformemente alla costante giurisprudenza della Corte ivi citata, la norma di cui trattasi non può essere giustificata dalla finalità di reprimere frode e evasione fiscali. Va sottolineato più particolarmente, a questo proposito, che l’esercizio di un diritto creato dal diritto comunitario, come la costituzione di una società in un altro Stato membro o il trasferimento della sede di quest’ultima, di per sé non può giustificare un sospetto di abuso (sentenza Commissione/Grecia, cit., punto 32). Il secondo motivo di ricorso deve essere pertanto considerato fondato. Sul terzo motivo di ricorso Nell’ambito di questo motivo, la Commissione afferma che l’art. 20 della legge tributaria comporta l’applicazione dell’imposta sui conferimenti, per la quota di capitale sociale destinata all’esercizio di attività commerciali nel territorio spagnolo, a qualunque succursale e a qualunque centro permanente di attività di una società di capitali la cui sede statutaria e la cui sede della direzione effettiva si trovino in un altro Stato membro che non riscuote un’imposta analoga a quella applicata in Spagna. La Commissione deduce la contrarietà di siffatta imposta con la regola della ripartizione delle competenze tributarie tra gli Stati membri, dettata all’art. 2, n. 1, della direttiva 69/335. Conformemente all’art. 20 della legge tributaria, le imprese che effettuano, per il tramite di succursali o centri permanenti di attività, operazioni commerciali nel territorio spagnolo e la cui sede statutaria e la sede della direzione effettiva si trovino in Stati membri che non le gravano di un’imposta analoga a quella applicata in Spagna, vengono tassate allo stesso modo ed alle stesse condizioni delle imprese spagnole per la quota di capitale allocata alle citate operazioni. Dalla formulazione di tale disposizione, che si riferisce agli «enti» che effettuano operazioni commerciali in Spagna per il tramite di succursali o centri permanenti di attività, si desume che la normativa spagnola dispone la tassazione di società di capitali che hanno la sede della direzione effettiva in altri Stati membri e a cui appartengono succursali o centri permanenti di attività ubicati nel territorio spagnolo, per la quota di capitale destinata alle operazioni svolte nel territorio spagnolo dalle succursali o dai centri permanenti di attività di cui è causa. Il Regno di Spagna non contesta che detta imposizione sia considerata in tale Stato membro come un’imposta sui conferimenti sulle operazioni di cui è causa. Il convenuto si limita infatti ad affermare, a sua difesa, che la disposizione in parola è giustificata dall’obiettivo di evitare atti di evasione fiscale che consistono nel costituire una società in uno Stato membro che non applichi un’imposta simile all’imposta spagnola, creando immediatamente dopo un centro permanente di attività o una succursale mediante i quali tale società effettua operazioni commerciali in Spagna. Orbene, la tassazione di siffatte operazioni di società di capitali con sede della direzione effettiva in altri Stati membri è in contrasto con l’art. 2, n. 1, della direttiva 69/335, il quale dispone che le operazioni sottoposte all’imposta sui conferimenti sono tassabili unicamente nello Stato membro sul territorio del quale si trova la sede della direzione effettiva della società di capitali al momento in cui hanno luogo dette operazioni. Detto tributo, che configura un provvedimento generalmente e indistintamente applicabile, non può essere giustificato dalla finalità di repressione di frode e evasione fiscali, per i motivi illustrati ai punti 29 e 30 della presente sentenza. Pertanto il terzo motivo dedotto dalla Commissione è fondato. Alla luce di quanto precede, si deve dichiarare che il Regno di Spagna: — subordinando alle condizioni dettate dall’art. 96 della legge sulla tassazione delle società l’esenzione dall’imposta sui conferimenti per le operazioni di cui all’art. 7, n. 1, lett. b), della direttiva 69/335; — assoggettando ad imposta sui conferimenti il trasferimento, da uno Stato membro alla Spagna, della sede della direzione effettiva o della sede statutaria delle società di capitali che non siano state assoggettate ad imposta analoga nello Stato membro di origine; e — assoggettando ad imposta sui conferimenti il capitale destinato alle attività commerciali svolte nel territorio spagnolo dalle succursali o dai centri permanenti di attività di società stabilite in uno Stato membro che non riscuote un tributo simile; è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della direttiva 69/335. Il ricorso è respinto per il resto. Sulle spese Ai sensi dell’ art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno di Spagna, risultato soccombente, deve essere condannato alle spese. Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il Regno di Spagna: — subordinando alle condizioni poste all’art. 96 della seconda disposizione aggiuntiva del testo consolidato della legge relativa all’imposta sulle società (Disposición Adicional Segunda del texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades), promulgata con regio decreto legge 5 marzo 2004, n. 4, l’esenzione dall’imposta sui conferimenti per le operazioni di cui all’art. 7, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio , 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, come modificata con direttive del Consiglio , 73/79/CEE, , 73/80/CEE, e , 85/303/CEE; — assoggettando ad imposta sui conferimenti il trasferimento, da uno Stato membro alla Spagna, della sede della direzione effettiva o della sede statutaria delle società di capitali che non siano state assoggettate ad imposta analoga nello Stato membro di origine; e — assoggettando ad imposta sui conferimenti il capitale destinato alle attività commerciali svolte nel territorio spagnolo dalle succursali o dai centri permanenti di attività di società stabilite in uno Stato membro che non riscuote un tributo simile; è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della direttiva 69/335, come modificata con direttive 73/79, 73/80 e 85/303. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) Il Regno di Spagna è condannato alle spese. Firme ( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.

62020CJ0064

hr

Zahtjev za prethodnu odluku odnosi se na tumačenje članka 288. UFEU‑a i članka 58. stavka 4., članka 59. stavka 3. i članka 61. stavka 1. Direktive 2001/82/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenoga 2001. o zakoniku Zajednice o veterinarsko‑medicinskim proizvodima ( SL 2001., L 311, str. 1 .) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 30., str. 76.), kako je izmijenjena Direktivom 2004/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. ( SL 2004., L 136, str. 58 .) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 61., str. 125.) (u daljnjem tekstu: Direktiva 2001/82). Zahtjev je upućen u okviru spora između osobe UH i Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara (ministar poljoprivrede, prehrane i pomorstva, Irska), Éire (Irska) te Ard‑Aighne (Glavni državni odvjetnik, Irska) o usklađenosti s jezičnim zahtjevima propisanima Direktivom 2001/82 irskog zakonodavstva o označivanju i uputi za veterinarsko‑medicinske proizvode. Pravni okvir Pravo Unije Direktiva 2001/82 Glava V. Direktive 2001/82, naslovljena „Označivanje i uputa o veterinarsko‑medicinskom proizvodu”, sadržava, među ostalim, članke 58., 59. i 61. Članak 58. navedene direktive u stavcima 1. do 4. propisuje: „1.   Osim u slučaju veterinarsko‑medicinskih proizvoda navedenih u članku 17. stavku 1., unutarnje i vanjsko pakovanje veterinarsko‑medicinskog proizvoda odobrava nadležno tijelo. Na pakovanju se moraju nalaziti sljedeći podaci koji moraju biti u skladu s podacima i dokumentima dostavljenim sukladno člancima od 12. do 13.d, i sažetku opisa svojstava veterinarsko‑medicinskog proizvoda, a isti trebaju biti napisati čitljivim znakovima: (a) naziv veterinarsko‑medicinskog proizvoda, iza kojeg slijedi njegova jačina i farmaceutski oblik. Uobičajeni naziv se navodi ako veterinarsko‑medicinski proizvod sadržava samo jednu djelatnu tvar, a njegov naziv je neki izmišljeni naziv; (b) navod djelatnih tvari izraženih kvalitativno i kvantitativno po jedinici ili prema obliku primjene za određeni volumen ili težinu, uz primjenu uobičajenih imena; (c) broj serije proizvođača; (d) broj odobrenja za stavljanje u promet; (e) naziv ili naziv poduzeća i stalna adresa ili registrirano poslovno sjedište nositelja odobrenja za stavljanje veterinarsko‑medicinskog proizvoda u promet i, ako je potrebno, predstavnika nositelja odobrenja za stavljanje veterinarsko‑medicinskog proizvoda u promet; (f) vrsta životinje kojoj je veterinarsko‑medicinski proizvod namijenjen; način i, ako je nužno, put primjene. Treba predvidjeti prazan prostor za navođenje propisane doze; (g) razdoblje karencije za veterinarsko‑medicinski proizvod koji se primjenjuju na vrstama životinja od kojih se proizvodi hrana, za sve vrste životinja u pitanju i za razne prehrambene proizvode u pitanju (meso i iznutrice, jaja, mlijeko, med), uključujući i one za koje je razdoblje karencije nula; (h) rok valjanosti, napisan jednostavnim jezikom; (i) posebne mjere čuvanja, ako postoje; (j) određene mjere opreza koje se tiču odlaganja u otpad neiskorištenih veterinarsko‑medicinskih proizvoda ili, prema potrebi, otpada nastalog od veterinarsko‑medicinskih proizvoda kao i upućivanje na bilo koji postojeći, odgovarajući sustav sakupljanja; (k) podatke koje je potrebno navesti u skladu s člankom 26. stavkom 1., ako je potrebno; (l) riječi „Samo za primjenu na životinjama” ili, u slučaju veterinarsko‑medicinskog proizvoda navedenog u članku 67., riječi „Samo za primjenu na životinjama – izdaje se samo na veterinarski recept”. […] 4.   Podaci iz stavka 1. točke (f) do (l) ovog članka navode se na vanjskom pakovanju i na spremniku veterinarsko‑medicinskih proizvoda na jeziku ili jezicima države u čiji promet se stavljaju.” Sukladno članku 59. Direktive 2001/82: „1.   Kad su u pitanju ampule, podaci navedeni u prvom stavku članka 58. stavka 1., navode se na vanjskom pakovanju. Na unutarnjem pakovanju međutim, nužni su samo sljedeći podaci: naziv veterinarsko‑medicinskog proizvoda, – naziv veterinarsko‑medicinskog proizvoda – količina djelatne tvari, – način primjene, – broj serije proizvođača, – rok valjanosti, – riječi „Samo za liječenje životinja”. 2.   Što se tiče malog, unutarnjeg pakovanja koje sadržava jednu dozu koja nije ampula, na kojem nije moguće navesti podatke navedene iz stavka 1. ovog članka, zahtjevi iz članka 58. stavka 1., 2. i 3. primjenjuju se samo na vanjsko pakovanje. 3.   Podaci navedeni u trećoj i šestoj alineji stavka 1., stavljaju se na vanjsko pakovanje i na unutarnje pakovanje veterinarsko‑medicinskog proizvoda na jeziku ili jezicima zemlje na čije se tržište stavljaju.” Člankom 61. stavkom 1. te direktive predviđeno je: „Umetanje upute o veterinarsko‑medicinskom proizvodu u njegovo pakovanje obvezno je osim ako svi podaci koji su potrebni sukladno tom članku mogu biti navedeni na unutarnjem pakovanju i vanjskom pakiranju. Države članice poduzimaju sve odgovarajuće mjere kako bi zajamčile da se uputa o veterinarsko‑medicinskom proizvodu odnosi isključivo na veterinarsko‑medicinski proizvod uz koji je priložena. Uputa o veterinarsko‑medicinskom proizvodu mora biti napisana jezikom razumljivom korisnicima te na službenom jeziku ili jezicima države članice gdje se veterinarsko‑medicinski proizvod stavlja u promet.” Informacije koje se moraju navesti u toj uputi navedene su u članku 61. stavku 2. točkama (a) do (i) navedene direktive. Uredba (EU) 2019/6 Uvodne izjave 52., 53. i 96. Uredbe (EU) 2019/6 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o veterinarsko‑medicinskim proizvodima i stavljanju izvan snage Direktive 2001/82 ( SL 2019., L 4, str. 43 .) glase: „(52) Kako bi se smanjilo administrativno opterećenje i u najvećoj mogućoj mjeri povećala dostupnost veterinarsko‑medicinskih proizvoda u državama članicama, trebalo bi utvrditi pojednostavnjena pravila o izgledu pakiranja i označivanju. Pružene tekstualne informacije trebalo bi smanjiti […]. Trebalo bi paziti da se tim pravilima ne ugrožava javno zdravlje, zdravlje životinja ili sigurnost okoliša. (53) Osim toga, države članice trebale bi moći odabrati jezik teksta upotrijebljenog u sažetku opisa svojstava proizvoda, označivanju i uputi o proizvodu za veterinarsko‑medicinske proizvode odobrene na njihovu državnom području. […] (96) Uzimajući u obzir glavne promjene koje je potrebno unijeti u postojeća pravila te imajući za cilj poboljšanje funkcioniranja unutarnjeg tržišta, uredba je primjeren pravni instrument za zamjenu Direktive 2001/82/EZ radi utvrđivanja jasnih, detaljnih i izravno primjenjivih pravila. Osim toga, uredbom se osigurava istodobno i usklađeno provođenje pravnih zahtjeva u cijeloj Uniji.” Članak 7. te uredbe naslovljen „Jezici” propisuje: „1.   Jezik ili jezici na kojima moraju biti napisani sažetak opisa svojstava te informacije na označivanju i uputi o proizvodu, osim ako država članica odredi drukčije, odgovaraju službenom jeziku ili službenim jezicima države članice u kojoj se veterinarsko‑medicinski proizvod stavlja na raspolaganje na tržištu. 2.   Veterinarsko‑medicinski proizvodi mogu se označiti na nekoliko jezika.” Članak 149. prvi stavak navedene uredbe glasi: „Direktiva 2001/82/EZ stavlja se izvan snage.” U skladu s člankom 160. iste uredbe, naslovljenim „Stupanje na snagu i primjena”: „Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije . Primjenjuje se od 28. siječnja 2022.” Irsko pravo Direktiva 2001/82 prenesena je u irski pravni poredak putem Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Leigheasanna Ainmhithe), 2007 (I. R. Uimh 144 iz 2007.) (Uredba iz 2007. Europskih zajednica (veterinarsko‑medicinski proizvodi) (S. I. br. 144/2007)), zatim, nakon stavljanja izvan snage te uredbe, Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Leigheasanna Ainmhithe) (Uimh. 2) 2007. (I. R. Uimh. 786 iz 2007.) (Uredba iz 2007. Europskih zajednica (veterinarsko‑medicinski proizvodi) (br. 2) (S. I. br. 786/2007)). Potonja uredba predviđa da se informacije koje se moraju nalaziti na vanjskim pakiranjima, unutarnjim pakiranjima i uputama o veterinarsko‑medicinskom proizvodu „navode na engleskom ili irskom jeziku”. Glavni postupak i prethodna pitanja Tužitelj u glavnom postupku irski je državljanin čiji je materinski jezik irski i koji potječe iz irskog govornog područja regije Galway (Gaeltacht Galway, Irska). On govori irski kod kuće i na radnom mjestu. Sve službene poslove obavlja na irskom jeziku u onoj mjeri u kojoj su dostupna za to potrebna sredstva. Vlasnik je psa zbog kojeg su mu potrebni veterinarsko‑medicinski proizvodi. Prigovorio je da su informacije uz veterinarsko‑medicinske proizvode sastavljene isključivo na engleskom jeziku, a ne, kao što je to propisano Direktivom 2001/82, na dvama službenim jezicima u Irskoj, odnosno engleskom i irskom jeziku. Nakon razmjene dopisa između stranaka glavnog postupka, tužitelj u glavnom postupku je 14. studenoga 2016. pred Ard‑Chúirt (Visoki sud, Irska) zatražio da mu se odobri podnošenje pravnog sredstva („judicial review”) u vezi s nepravilnim prenošenjem, od strane ministra poljoprivrede, prehrane i pomorstva, Direktive 2001/82 u pogledu jezičnih zahtjeva predviđenih tom direktivom. Taj je njegov zahtjev usvojen i predmet se 24. i 25. srpnja 2018. razmatrao pred sudom koji je uputio zahtjev. Tužitelj u glavnom postupku je od tog suda osobito zatražio da utvrdi nepravilno prenošenje Direktive 2001/82 u irski pravni poredak i obvezu Irske da izmijeni svoje nacionalno zakonodavstvo kako bi informacije navedene u toj direktivi bile sastavljene na dvama službenim jezicima države, odnosno na i na engleskom i na irskom jeziku, za veterinarsko‑medicinske proizvode stavljene na tržište u toj državi, pri čemu za oba jezika veličina fonta mora biti jednaka uz davanje jasne prednosti irskoj jezičnoj verziji zato što je to nacionalni jezik i prvi službeni jezik. Nakon što je 26. srpnja 2019. priznao tužiteljev pravni interes u glavnom postupku zbog toga što su odredbe Direktive 2001/82 u jezičnom području bile jasne, precizne i bezuvjetne te utvrdio da nacionalno zakonodavstvo nije u skladu s tim odredbama, sud koji je uputio zahtjev ipak je napomenuo da od 28. siječnja 2022., datuma početka primjene Uredbe 2019/6, u skladu s njezinim člankom 160., informacije koje se moraju nalaziti na vanjskim pakiranjima, unutarnjim pakiranjima i uputama o veterinarsko‑medicinskom proizvodu mogu biti sastavljene na engleskom ili irskom jeziku. Navedeni se sud stoga pita ima li, bez obzira na povredu prava Unije u ovom slučaju, diskrecijsku ovlast koja mu omogućuje da ne prihvati tužbeni zahtjev, kao što je to dopušteno učiniti nacionalnom sudu u slučaju povrede nacionalnog prava, te je pozvao stranke glavnog postupka da u tom pogledu podnesu očitovanja. Tužitelj u glavnom postupku tvrdio je da se takva diskrecijska ovlast ne može prihvatiti u slučaju povrede prava Unije zbog načela izravnog učinka i nadređenosti, prava na djelotvornu sudsku zaštitu iz članka 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima i poštovanja vladavine prava. S druge strane, Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Éire (ministar poljoprivrede, prehrane i pomorstva, Irska), Éire (Irska) i Ard‑Aighne (glavni državni odvjetnik, Irska), tuženici u glavnom postupku, podsjetili su da, čak i kad tužitelj uspješno osporava odluku tijela javne vlasti putem sudskog nadzora, sud pred kojim se vodi postupak može, koristeći diskrecijsku ovlast, odbiti prihvatiti mjere koje je tražio taj tužitelj uzimajući u obzir određene okolnosti, poput nedostatka korisnosti mjera ili postojanja nanošenja štete trećoj strani. U ovom slučaju korist koju tužitelj u glavnom postupku može imati od zatraženih mjera vrlo je ograničena zbog stupanja na snagu Uredbe 2019/6 od 28. siječnja 2022. Osim toga, određivanje tih mjera moglo bi dovesti do toga da se dobavljači i distributeri veterinarsko‑medicinskih proizvoda povuku s irskog tržišta zbog poteškoća koje uzrokuje obveza navođenja informacija na engleskom i irskom jeziku, što bi imalo ozbiljne posljedice po zdravlje životinja i gospodarsku i socijalnu situaciju. S obzirom na argumente koji su mu tako izneseni, sud koji je uputio zahtjev želi provjeriti da odbijanje dodjele mjera koje je zatražio tužitelj u glavnom postupku ne povređuje pravo Unije. U tim je okolnostima Ard‑Chúirt (Visoku sud) odlučio prekinuti postupak i uputiti Sudu sljedeća prethodna pitanja: „(1) Ima li nacionalni sud diskrecijsku ovlast odbiti zahtjev unatoč svojoj odluci prema kojoj određeni aspekt direktive Europske unije nije prenesen u nacionalno pravo i, ako sud ima tu ovlast, koji su odgovarajući čimbenici koje treba uzeti u obzir u odnosu na tu diskrecijsku ovlast i/ili ima li nacionalni sud pravo uzeti u obzir iste čimbenike koje bi uzeo u obzir da je došlo do povrede nacionalnog prava? (2) Bi li bilo povrijeđeno načelo izravnog učinka u pravu Unije kada bi nacionalni sud u ovom predmetu odbio zahtjev zbog stupanja na snagu članka 7. Uredbe [2019/6] (čija se primjena odgađa do 28. siječnja 2022.) unatoč činjenici da je nacionalni sud presudio da u nacionalno pravo nije prenesena obveza iz članka 61. stavka 1., članka 58. stavka 4. i članka 59. stavka 3. Direktive [2001/82], prema kojoj pakiranje i označivanje veterinarskih proizvoda mora biti na službenim jezicima države članice, odnosno u Irskoj na [engleskom i irskom jeziku]?” O prethodnim pitanjima Dopuštenost Republika Irska i poljska vlada u svojim pisanim očitovanjima dovode u pitanje dopuštenost prethodnih pitanja. Republika Irska tvrdi, s jedne strane, da je pravilno prenijela odredbe Direktive 2001/82 o kojima je riječ u glavnom postupku, čiji je tekst dvosmislen, tako da odluka te države članice da ih provede na način koji omogućuje uporabu samo jednog od njezinih službenih jezika ulazi u njezinu marginu prosudbe. S druge strane, iz izričite svrhe te direktive proizlazi da prava koja iz nje proizlaze ne čine jezična ili kulturna prava, nego prava u pogledu pristupa informacijama o veterinarsko‑medicinskim proizvodima. Takva prava bila bi povrijeđena samo ako bi potrošač imao pakiranje ili oznaku koje u potpunosti ne razumije. Međutim, tužitelj iz glavnog postupka ne tvrdi da se susreo s pakiranjem ili označivanjem koje nije mogao u postupnosti razumjeti. Prema mišljenju poljske vlade, pravo Unije ne nalaže nacionalnim sudovima da odrede mjere kojima se nadležnim nacionalnim tijelima nalaže da izmijene nacionalno pravo kako bi ga uskladili s pravom Unije. U svakom slučaju, tužbu u glavnom postupku nije moguće prihvatiti. Naime, čak i pod pretpostavkom da pravo na dostupnost informacija uz veterinarsko‑medicinski proizvod na irskom jeziku proizlazi iz bezuvjetnih i dovoljno preciznih odredbi Direktive 2001/82, na to se pravo, zbog njegove prirode, nije moguće pozivati protiv irskih tijela. Obveza označivanja tih proizvoda na irskom jeziku upućena je privatnim subjektima, to jest proizvođačima i distributerima tih proizvoda, protiv kojih se tužitelj ne može pozvati na odredbe direktive. U tom pogledu, kao što je to nezavisni odvjetnik istaknuo u točki 26. svojeg mišljenja, argumenti koje su istaknule i Republika Irska i poljska vlada odnose se na meritum tužbe u glavnom postupku. Međutim, elementi koji se odnose na materijalnopravne aspekte tužbe ni na koji način ne mogu utjecati na dopuštenost upućenih pitanja (vidjeti u tom smislu presudu od 19. studenoga 2019., A. K. i dr. (Neovisnost Disciplinskog vijeća Vrhovnog suda), C‑585/18, C‑624/18 i C‑625/18 , EU:C:2019:982 , t. 111. ). Osim toga, u skladu s ustaljenom sudskom praksom Suda, pitanja o tumačenju prava Unije koja uputi nacionalni sud unutar zakonodavnog i činjeničnog okvira koji utvrđuje pod vlastitom odgovornošću i čiju točnost Sud nije dužan provjeravati, uživaju presumpciju relevantnosti (presuda od 2. veljače 2021., Consob, C‑481/19 , EU:C:2021:84 , t. 29. ). Ta presumpcija relevantnosti ne može se oboriti mogućnošću da tužitelj u glavnom postupku koji se vodi pred nacionalnim sudom u konačnici ne uspije u postupku, osobito na temelju tumačenja prava Unije koje je usvojio Sud. S obzirom na prethodno navedeno, prethodna pitanja treba proglasiti dopuštenima. Meritum Svojim dvama pitanjima, koja valja ispitati zajedno, sud koji je uputio zahtjev u biti pita Sud treba li članak 288. UFEU‑a tumačiti na način da mu se protivi to da nacionalni sud, koji je u okviru postupka predviđenog u tu svrhu nacionalnim pravom utvrdio da država članica kojoj pripada nije ispunila svoju obvezu pravilnog prenošenja Direktive 2001/82, odbije utvrditi, s obrazloženjem da mu se nacionalno zakonodavstvo čini usklađenim s Uredbom 2019/6 koja je stavila izvan snage tu direktivu i koja će se primjenjivati od 28. siječnja 2022., da država članica nije pravilno prenijela navedenu direktivu i mora to ispraviti. U tom pogledu, valja podsjetiti na to da se obveza država članica na postizanje propisanog rezultata, koja proizlazi iz direktive, te njihova dužnost na temelju članka 4. stavka 3. UEU‑a i članka 288. UFEU‑a da poduzmu sve odgovarajuće mjere, opće ili posebne, potrebne da se osigura ispunjenje te obveze odnosi na sva tijela država članica, uključujući i sudove kad je riječ o stvarima koje potpadaju pod njihovu nadležnost (presude od 19. travnja 2016., DI, C‑441/14 , EU:C:2016:278 , t. 30. i navedena sudska praksa; od 4. listopada 2018., Link Logistik N&N, C‑384/17 , EU:C:2018:810 , t. 57. , i od 13. prosinca 2018., Hein, C‑385/17 , EU:C:2018:1018 , t. 49. ). U ovom slučaju iz odluke kojom se upućuje prethodno pitanje proizlazi da irsko pravo omogućuje pojedincima da sud utvrdi da Irska nije pravilno prenijela direktivu Unije te ju je dužna prenijeti, ostavljajući mogućnost nacionalnim sudovima da odbiju donošenje takve odluke na temelju razloga koji su utvrđeni tim pravom. U tom pogledu ipak valja podsjetiti da, s obzirom na to da je sud koji je uputio zahtjev utvrdio nepravilno prenošenje Direktive 2001/82, on mora poduzeti sve opće ili posebne mjere potrebne da se osigura postizanje rezultata predviđenog tom direktivom (vidjeti u tom smislu presudu od 24. listopada 1996., Kraaijeveld i dr., C‑72/95 , EU:C:1996:404 , t. 55. ). Okolnost da je irsko zakonodavstvo već u skladu s Uredbom 2019/6, koja će se početi primjenjivati od 28. siječnja 2022., ne može dovesti u pitanje utvrđenje neusklađenosti tog zakonodavstva s pravom Unije do tog datuma ni, a fortiori , opravdati takvu neusklađenost. Naime, do trenutka stavljanja Direktive 2001/82 izvan snage tom uredbom, njezine odredbe zadržavaju svoju obvezujuću narav dok Sud ne utvrdi njihovu nevaljanost (vidjeti u tom smislu presude od 13. veljače 1979., Granaria, 101/78 , EU:C:1979:38 , t. 5. i od 21. rujna 1989., Hoechst/Komisija, 46/87 i 227/88 , EU:C:1989:337 , t. 64. ). Također, samo Sud može, u iznimnim slučajevima i iz posebno važnih razloga pravne sigurnosti, odobriti privremenu suspenziju učinaka koje pravilo prava Unije ima u odnosu na nacionalno pravo koje mu se protivi (vidjeti u tom smislu presudu od 28. srpnja 2016., Association France Nature Environnement, C‑379/15 , EU:C:2016:603 , t. 33. i navedenu sudsku praksu). U tim okolnostima, članak 288. UFEU‑a sprečava nacionalni sud da zanemari obvezu koja se stavlja na teret državi članici kojoj pripada da prenese direktivu zbog navodne neproporcionalnosti tog prenošenja jer bi se ono moglo pokazati skupim ili nepotrebnim zbog skorašnje primjene uredbe čija je svrha zamijeniti tu direktivu i s kojom je u potpunosti usklađeno pravo te države članice. Iz toga slijedi da je, u skladu s člankom 288. UFEU‑a, sud koji je uputio zahtjev, koji je utvrdio neusklađenost nacionalnog zakonodavstva s Direktivom 2001/82, dužan prihvatiti zahtjev za utvrđivanje da Irska ima obvezu ispraviti nepravilno prenošenje te direktive. Iz svega prethodno navedenog proizlazi da članak 288. UFEU‑a treba tumačiti na način da mu se protivi to da nacionalni sud, koji u okviru postupka predviđenog u tu svrhu nacionalnim pravom utvrdi da država članica kojoj pripada nije ispunila svoju obvezu pravilnog prenošenja Direktive 2001/82, odbije utvrditi, s obrazloženjem da mu se nacionalno zakonodavstvo čini usklađenim s Uredbom 2019/6, koja je stavila izvan snage tu direktivu i koja će se primjenjivati od 28. siječnja 2022., da država članica nije pravilno prenijela navedenu direktivu i mora to ispraviti. Troškovi Budući da ovaj postupak ima značaj prethodnog pitanja za stranke glavnog postupka pred sudom koji je uputio zahtjev, na tom je sudu da odluči o troškovima postupka. Troškovi podnošenja očitovanja Sudu, koji nisu troškovi spomenutih stranaka, ne nadoknađuju se. Slijedom navedenoga, Sud (prvo vijeće) odlučuje: Članak 288. UFEU‑a treba tumačiti na način da mu se protivi to da nacionalni sud, koji u okviru postupka predviđenog u tu svrhu nacionalnim pravom utvrdi da država članica kojoj pripada nije ispunila svoju obvezu pravilnog prenošenja Direktive 2001/82/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenoga 2001. o zakoniku Zajednice o veterinarsko‑medicinskim proizvodima, kako je izmijenjena Direktivom 2004/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004., odbije utvrditi, s obrazloženjem da mu se nacionalno zakonodavstvo čini usklađenim s Uredbom (EU) 2019/6 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o veterinarsko‑medicinskim proizvodima i stavljanju izvan snage Direktive 2001/82, koja stavlja izvan snage tu direktivu i koja će se primjenjivati od 28. siječnja 2022., da država članica nije pravilno prenijela navedenu direktivu i mora to ispraviti. Potpisi ( *1 ) Jezik postupka: irski

62017CJ0502

lt

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos ( OL L 347, 2006, p. 1 ) išaiškinimo. Šis prašymas pateiktas nagrinėjant C&D Foods Acquisition ApS (toliau – C&D Foods ) ir Skatteministeriet (Mokesčių ministerija, Danija) ginčą dėl šios institucijos atsisakymo leisti atskaityti pridėtinės vertės mokestį (PVM), sumokėtą perkant konsultavimosi paslaugas, kuriomis ta bendrovė naudojosi įgyvendindama antro laipsnio patronuojamosios bendrovės, kuriai ji teikė administravimo ir informacinių technologijų paslaugas, akcijų perleidimo planą; tas perleidimas nebuvo įvykdytas. Teisinis pagrindas Sąjungos teisė Direktyvos 2006/112 2 straipsnio 1 dalyje numatyta: „PVM objektas yra šie sandoriai: <…> c) paslaugų teikimas už atlygį valstybės narės teritorijoje, kai paslaugas teikia apmokestinamasis asmuo, veikdamas kaip toks; <…>“ Šios direktyvos 9 straipsnio 1 dalis suformuluota taip: „„Apmokestinamasis asmuo“ – asmuo, kuris savarankiškai bet kurioje vietoje vykdo ekonominę veiklą, neatsižvelgiant į tos veiklos tikslą ar rezultatą. „Ekonominė veikla“ – gamintojų, prekybininkų ar paslaugas teikiančių asmenų veikla, įskaitant kasybą bei žemės ūkio veiklą ir laisvųjų profesijų veiklą. Visų pirma ekonomine veikla laikomas materialiojo ar nematerialiojo turto naudojimas siekiant gauti nuolatinių pajamų.“ Direktyvos 2006/112 168 straipsnyje nustatyta: „Jeigu prekes ir paslaugas apmokestinamasis asmuo naudoja savo apmokestinamiesiems sandoriams, apmokestinamasis asmuo turi turėti valstybėje narėje, kurioje jis vykdo šiuos sandorius, teisę iš PVM, kurį sumokėti jam tenka prievolė, atskaityti: a) mokėtiną ar sumokėtą PVM toje valstybėje narėje už prekių tiekimą ar paslaugų teikimą, kurį jam atliko ar turi atlikti kitas apmokestinamasis asmuo; <…>“ Danijos teisė Tuo metu, kai klostėsi pagrindinėje byloje nagrinėjamos faktinės aplinkybės, atitinkamos momsloven (PVM įstatymas) nuostatos buvo nustatytos iš dalies pakeistame 2005 m. spalio 14 d. Įstatyme Nr. 966 (toliau – PVM įstatymas). PVM įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje numatyta: „Apmokestinami fiziniai ir juridiniai asmenys, vykdantys savarankišką ekonominę veiklą.“ Šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nustatyta: „„Prekių tiekimas“ – tai teisės, kaip savininkui disponuoti materialiuoju turtu, perdavimas.“ Šio įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 11 punkte nurodyta: „PVM neapmokestinamos šios prekės ir paslaugos: 11.   Tokia finansinė veikla: <…> e) sandoriai, įskaitant derybas, bet išskyrus valdymą ir saugojimą, susijusius su vertybiniais popieriais, išskyrus dokumentus, kuriais nustatomos tam tikros nuosavybės teisės į prekes, ir kitus dokumentus, konkrečiai teisė naudoti nekilnojamąjį turtą, taip pat nuosavą kapitalą ir akcijas, kurių turėjimas faktiškai ir teisiškai suteikia teises į nekilnojamojo turto arba jo dalies nuosavybę arba jo naudojimą.“ To paties įstatymo 37 straipsnio 1 dalyje numatyta: „Įmonės, kurios įregistruotos pagal 47, 49, 51 ir 51a straipsnius, apskaičiuojant mokėtiną pirkimo pridėtinės vertės mokestį, turi teisę (žr. 56 straipsnio 3 dalį) atskaityti šiame įstatyme numatytą mokestį, kuris apskaičiuojamas įmonei sudarant pirkimo ir kitus sandorius, susijusius su prekėmis ir paslaugomis, kurie išimtinai naudojami įmonės tiekimo, kuris nėra atleidžiamas nuo apmokestinimo pagal 13 straipsnį, konkrečiai tiekimo į užsienį tikslais, tačiau nepažeidžiant 6 dalies.“ Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas teigia, kad pagal SKAT (Danijos muitų ir mokesčių institucija) praktiką pagrindinė patronuojančioji bendrovė, kuri dalyvavo valdant patronuojamąją bendrovę, neturi teisės atskaityti PVM, kuris taikytas konsultavimosi paslaugų išlaidoms, patirtoms perleidžiant vertybinius popierius, kurie sudaro tos patronuojamosios įmonės kapitalą, – net visų šių vertybinių popierių perleidimo atveju, – nes toks perleidimas yra neapmokestinamas, taikant PVM įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 11 punkto e papunktį. Nors ankstesnis vertybinių popierių įsigijimas ir laikymas patronuojamojoje bendrovėje buvo laikomas ekonomine veikla, SKAT mano, kad pagrindinės patronuojančiosios bendrovės turimų patronuojamojoje bendrovėje akcijų perleidimas sudaro neapmokestinamą sandorį. Todėl pirkimo PVM, taikytas su perleidimu susijusioms išlaidoms, nėra atskaitomas. Vis dėlto teisė atskaityti PVM, taikytą išlaidoms už konsultavimosi paslaugas, gautas perleidžiant patronuojamosios bendrovės vertybinius popierius, gali būti suteikta, jeigu šias išlaidas galima priskirti apmokestinamojo asmens ekonominės veiklos bendrosioms išlaidoms. Šiuo tikslu reikalaujama, kad patirtas išlaidas būtų galima laikyti sandorių, kuriuos tas apmokestinamasis asmuo sudarė vykdydamas ekonominę veiklą, kainos sudėtine dalimi. Vis dėlto, jei šios išlaidos gali būti įtrauktos į perleistų akcijų kainą, jokia teisė į atskaitą nesuteikiama. SKAT manymu, teisė į atskaitą priklauso nuo konkretaus vertinimo, kuriuo siekiama išsiaiškinti, ar patirtos išlaidos gali būti įtrauktos į perleistų akcijų kainą, ar jos yra tik vienas iš sandorių, kurie priskiriami bendrai apmokestinamojo asmens ekonominei veiklai, kainos elementų. Pagrindinė byla ir prejudiciniai klausimai C&D Foods , pagal Danijos teisę įsteigta bendrovė, yra tarptautinės Arovit grupės (toliau – Arovit grupė) narė. Ji buvo taip pat pagal Danijos teisę įsteigtos bendrovės Arovit Holding A/S , kuriai priklausė Arovit Petfood , o pastarajai priklausė kitos grupės bendrovės, patronuojančioji bendrovė. Iki 2007 m. kovo 1 d. C&D Foods pagrindinė veikla buvo veikti kaip Arovit Holding patronuojančioji bendrovė. Tą dieną C&D Foods sudarė su savo antro laipsnio patronuojamąja bendrove Arovit Petfood valdymo sutartį dėl administravimo ir informacinių technologijų paslaugų teikimo. Pagal šią sutartį pirmoji iš šių bendrovių kas mėnesį pateikdavo antrajai bendrovei sąskaitą už paslaugas, remdamasi savo personalo išlaidų suma su 10 % antkainiu; prie šios bendros sumos buvo pridedamas PVM. 2008 m. rugpjūčio 13 d. Islandijos kredito įstaiga Kaupthing Bank perėmė Arovit grupę už vieną eurą, kadangi ankstesnis šios grupės savininkas šiai įstaigai negrąžino paskolos, kuri buvo suteikta. Numatęs perleisti visas Arovit Petfood turimas akcijas, kad daugiau nebebūtų šios grupės kreditore, laikotarpiu nuo 2008 m. gruodžio iki 2009 m. kovo mėn. Kaupthing Bank bendrovės C&D Foods vardu sudarė su šiuo perleidimo planu susijusias konsultavimosi paslaugų sutartis (toliau – ginčijamų paslaugų teikimas). Apmokėjusi su šiuo planu susijusias išlaidas, 2009 m. C & D Foods atskaitė su jomis susijusį PVM. Perleidimo planas buvo nutrauktas 2009 m. rudenį arba metų pabaigoje, nes nebuvo rasta nė vieno potencialaus pirkėjo. 2012 m. sausio 26 d. sprendimu SKAT atsisakė atskaityti PVM, susijusį su išlaidomis, patirtomis dėl ginčijamų paslaugų. Šį sprendimą Landsskatteretten (Nacionalinė mokestinių ginčų komisija, Danija) patvirtino, grįsdama, be kita ko, tuo, kad šios išlaidos nebuvo pakankamai susijusios su C&D Foods PVM apmokestinamais sandoriais. C&D Foods pateikė ieškinį Retten i Esbjerg (Esbjergo apygardos teismas, Danija); atsižvelgdamas į tai, kad byloje nagrinėjami principiniai klausimai, šis teismas perdavė bylą Vestre Landsret (Vakarų regiono apeliacinis teismas, Danija). Vestre Landsret (Vakarų regiono apeliacinis teismas) suabejojo, ar pagrindinė patronuojančioji bendrovė turi teisę atskaityti PVM, taikytą numatyto, bet neįvykdyto antro laipsnio patronuojamosios bendrovės, kuriai ta pagrindinė patronuojančioji bendrovė teikia administravimo ir informacinių technologijų paslaugas, akcijų perleidimo išlaidoms. Šiomis aplinkybėmis Vestre Landsret (Vakarų regiono apeliacinis teismas) nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui šiuos prejudicinius klausimus: „1. Ar Direktyvos 2006/112 168 straipsnį reikia aiškinti taip: pagal jį tokiomis aplinkybėmis, kokios nagrinėjamos pagrindinėje byloje, pagrindinė patronuojančioji bendrovė turi teisę visiškai atskaityti pirkimo PVM, taikytą gautoms paslaugoms, susijusioms su išsamiu patikrinimu prieš numatytą, bet neįvykdytą patronuojamosios bendrovės, kuriai pagrindinė patronuojanti bendrovė teikė PVM apmokestinamas administravimo ir informacinių technologijų paslaugas, akcijų pardavimą? 2. Ar atsakymui į pirmesnį klausimą turi reikšmės aplinkybė, kad PVM apmokestinamų administravimo ir informacinių technologijų paslaugų, kurias pagrindinė patronuojančioji bendrovė teikia savo ekonominės veiklos tikslais, kaina yra nustatyta suma, atitinkanti šios bendrovės išlaidas darbuotojų atlyginimams su 10 % antkainiu? 3. Ar, neatsižvelgiant į atsakymus į pirmesnius klausimus, gali egzistuoti teisė į PVM atskaitą, kai pagrindinėje byloje nagrinėjamos konsultavimosi išlaidos laikomos bendrosiomis išlaidomis, ir, jei gali, kokiomis sąlygomis?“ Dėl prejudicinių klausimų Pirmiausia pažymėtina, kad, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo manymu, pateikti klausimai yra susiję tik su teise atskaityti su ginčijamomis paslaugomis susijusioms išlaidoms taikomą PVM esant tokioms aplinkybėms, kaip nagrinėjamos pagrindinėje byloje, o ne su klausimu, kam iš tiesų turi būti priskirtos tos išlaidos. Šiuo klausimu primintina, kaip generalinė advokatė pažymėjo išvados 16 punkte, kad pagal Direktyvos 2006/112 168 straipsnį teisė į atskaitą įgyjama, tik jei apmokestinamasis asmuo yra nagrinėjamų prekių arba paslaugų gavėjas. Pagrindinėje byloje iš Teisingumo Teismo turimos bylos medžiagos matyti, kad Kaupthing Bank bendrovės C&D Foods vardu paprašė konsultavimosi paslaugų, kad pasirengtų perleisti turimas Arovit Petfood akcijas. Pajamos iš šio planuojamo perleidimo turėjo sudaryti sąlygas Kaupthing Bank nustoti būti Arovit grupės kreditoriumi. Kadangi iš prašymo priimti prejudicinį sprendimą matyti, kad C&D Foods gavo bent kai kurias šiuo atveju ginčijamas paslaugas ir kad, be to, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas paaiškino priežastį, dėl kurios jis manė, jog būtina atsakyti į pateiktus klausimus, šie klausimai nėra hipotetiniai. Be to, siekiant atsakyti į pateiktus klausimus, pirmiausia reikia nustatyti, ar akcijų perleidimo sandoris, kaip antai nagrinėjamas pagrindinėje byloje, yra ekonominė veikla, patenkanti į Direktyvos 2006/112 taikymo sritį. Todėl reikia konstatuoti, kad savo klausimais, kuriuos reikia nagrinėti kartu, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekia sužinoti, ar Direktyvos 2006/112 2, 9 ir 168 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad numatomas, bet neįvykdytas akcijų perleidimas, kaip antai nagrinėjamas pagrindinėje byloje, patenka į Direktyvos 2006/112 taikymo sritį, ir, jeigu taip, nustatyti, ar šios nuostatos suteikia bendrovei teisę atskaityti sumokėtą pirkimo PVM, susijusį su išlaidomis, patirtomis perleidžiant antro laipsnio patronuojamosios bendrovės, kuriai ši bendrovė teikia PVM apmokestinamas administravimo paslaugas, akcijas, kai numatyta, jog už šį pardavimą gautos pajamos bus panaudotos mokėtinai skolai grąžinti ir atitinkamai šios atskaitos dydžiui apibrėžti. Iš pradžių svarbu nurodyti, kad Direktyva 2006/112, kuri įsigaliojo 2007 m. sausio 1 d., panaikinta 1977 m. gegužės 17 d. Šeštąja Tarybos direktyva dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo – Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas ( OL L 145, 1977, p. 1 ; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 9 sk., 1 t., p. 23), tačiau, palyginti su ja, esminių pakeitimų nepadaryta. Kadangi atitinkamos Direktyvos 2006/112 nuostatos turi iš esmės tapačią prasmę kaip ir Šeštosios direktyvos 77/388 nuostatos, su šia direktyva susijusi Teisingumo Teismo jurisprudencija taip pat taikoma Direktyvai 2006/112. Iš Direktyvos 2006/112 2 straipsnio 1 dalies, kurioje apibrėžiama PVM taikymo sritis, matyti, kad valstybės narės viduje šiuo mokesčiu apmokestinama tik ekonominio pobūdžio veikla. Pagal šios direktyvos 9 straipsnį apmokestinamasis asmuo – tai asmuo, kuris savarankiškai bet kurioje vietoje vykdo ekonominę veiklą, nepriklausomai nuo tos veiklos tikslo ar rezultato. Be to, iš šio 9 straipsnio matyti, kad „ekonominės veiklos“ sąvoka apibrėžta kaip apimanti visokią gamintojų, prekiautojų ir kitų paslaugas teikiančių asmenų veiklą, įskaitant, be kita ko, materialiojo ir nematerialiojo turto naudojimą, siekiant gauti nuolatinių pajamų (šiuo klausimu žr. 2009 m. spalio 29 d. Sprendimo SKF, C‑29/08 , EU:C:2009:665 , punktą). Iš Teisingumo Teismo jurisprudencijos matyti, kad bendrovė, kurios vienintelis tikslas – įsigyti kitų įmonių kapitalo dalių ir kuri nesiekia tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvauti jas valdant, neturi nei PVM mokėtojo statuso, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2006/112 9 straipsnį, nei teisės į atskaitą pagal šios direktyvos 168 straipsnį. Iš tiesų, paprastas akcijų įsigijimas ir turėjimas nėra ekonominė veikla, kaip tai suprantama pagal Direktyvą 2006/112, suteikianti subjektui apmokestinamojo asmens statusą, nes tai nėra turto naudojimas, siekiant gauti nuolatinių pajamų, ir vienintelis atlygis už šiuos sandorius yra galimas pelnas tas akcijas parduodant (šiuo klausimu žr. 2009 m. spalio 29 d. Sprendimo SKF, C‑29/08 , EU:C:2009:665 , punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją ir 2018 m. spalio 17 d. Sprendimo Ryanair, C‑249/17 , EU:C:2018:834 , punktą). Šiuo klausimu Teisingumo Teismas patikslino, kad tik mokėjimas kaip atlygis už sandorius ar ekonominę veiklą patenka į PVM taikymo sritį ir kad taip nėra mokėjimo dėl turto turėjimo nuosavybės teise, pavyzdžiui, dėl dividendų ar kitų pajamų iš akcijų, atveju (2009 m. spalio 29 d. Sprendimo SKF, C‑29/08 , EU:C:2009:665 , punktą ir nurodytą jurisprudenciją). Vis dėlto kitaip yra tada, kai ne tik turima kitos bendrovės kapitalo dalis, bet ir tiesiogiai arba netiesiogiai dalyvaujama tą bendrovę valdant, nepažeidžiant teisių, kurias asmuo turi kaip akcininkas ar dalininkas, kai toks dalyvavimas valdant reiškia, jog įgyvendinami tokie pagal Direktyvos 2006/112 2 straipsnį apmokestinami PVM sandoriai, kaip antai administracinių, apskaitos ir informacinių technologijų paslaugų teikimas (šiuo klausimu žr. 2009 m. spalio 29 d. Sprendimo SKF, C‑29/08 , EU:C:2009:665 , punktą ir nurodytą jurisprudenciją). Be to, iš Teisingumo Teismo jurisprudencijos matyti, kad sandoriai dėl akcijų ar dalyvavimo bendrovės kapitale patenka į PVM taikymo sritį, kai jie atliekami vykdant komercinę vertybinių popierių prekybą, kai jais siekiama išsaugoti tiesioginį ar netiesioginį dalyvavimą valdant bendrovę, kurios akcijų turima, arba kai jie yra tiesioginis, nuolatinis ir būtinas apmokestinamosios veiklos pratęsimas (šiuo klausimu žr. 2009 m. spalio 29 d. Sprendimo SKF, C‑29/08 , EU:C:2009:665 , punktą ir nurodytą jurisprudenciją). Kiek tai susiję su klausimu, ar išlaidos, susijusios su akcijų perleidimu, patenka į PVM taikymo sritį, reikia priminti, kad 2009 m. spalio 29 d. Sprendime SKF ( C‑29/08 , EU:C:2009:665 ) Teisingumo Teismas turėjo galimybę nagrinėti šį klausimą dėl išlaidų, kurių patronuojančioji bendrovė patyrė vykdydama patronuojamosios ir kontroliuojamos bendrovės, kurioms pirmoji bendrovė, kaip patronuojančioji bendrovė, teikė PVM apmokestinamas paslaugas, akcijų perleidimo sandorius. 2009 m. spalio 29 d. Sprendimo SKF ( C‑29/08 , EU:C:2009:665 ) punkte Teisingumo Teismas pažymėjo, kad tokiomis aplinkybėmis šis perleidimas, kurį grupės patronuojančioji bendrovė įvykdė siekdama restruktūrizuoti bendrovių grupę, gali būti laikomas sandoriu, iš kurio gaunamos nuolatinės pajamos iš veiklos, kuri yra daugiau nei paprastas akcijų pardavimas. Todėl Teisingumo Teismas nusprendė, kad šis sandoris buvo tiesiogiai susijęs su atitinkamos grupės vykdomos veiklos organizavimu ir yra tiesioginis, nuolatinis ir būtinas apmokestinamojo asmens apmokestinamos veiklos išplėtimas, ir dėl to pateko į PVM taikymo sritį. Be to, iš Teisingumo Teismo jurisprudencijos matyti, kad tai, ar egzistuoja tiesioginis ir nedelsiant atsirandantis ryšys tarp nurodytų prekių ar paslaugų ir apmokestinamojo pardavimo sandorio ar (išimtiniais atvejais) apmokestinamojo pirkimo sandorio, būtina nustatyti taip pat atsižvelgiant į jų objektyvų turinį (2013 m. vasario 21 d. Sprendimo Becker, C‑104/12 , EU:C:2013:99 , punktas ir jame nurodyta jurisprudencija). Šiomis aplinkybėmis Teisingumo Teismas patikslino, kad reikia atsižvelgti į sandorio tiesioginį ir išimtinį apmokestinimo momentą, nes jis turi būti laikomas objektyvaus turinio nustatymo kriterijumi. Jei nustatoma, kad sandoris nebuvo skirtas apmokestinamojo asmens apmokestinamajai veiklai, jis negali būti laikomas turinčiu tiesioginį ir nedelsiant atsirandantį ryšį su šia veikla, kaip tai suprantama pagal Teisingumo Teismo jurisprudenciją, net jei šis sandoris, atsižvelgiant į jo objektyvų turinį, būtų apmokestinamas PVM (2013 m. vasario 21 d. Sprendimo Becker, C‑104/12 , EU:C:2013:99 , punktas). Vadinasi, tam, kad akcijų perleidimo sandoris patektų į PVM taikymo sritį, iš principo reikia, kad šis sandoris būtų sudarytas tiesiogiai ir išimtinai dėl atitinkamos patronuojančiosios įmonės apmokestinamos ekonominės veiklos arba kad jis būtų tiesioginis, nuolatinis ir būtinas tokios veiklos išplėtimas. Taip yra tada, kai sandoris vykdomas siekiant priskirti iš šio perleidimo gautas pajamas tiesiogiai atitinkamos patronuojančiosios įmonės apmokestinamai ekonominei veiklai arba grupės, kurioje ji yra pagrindinė patronuojančioji bendrovė, vykdomai ekonominei veiklai. Nagrinėjamu atveju iš Teisingumo Teismo turimos bylos medžiagos matyti, kad pagrindinėje byloje nagrinėjamų akcijų perleidimo tikslas – iš šio perleidimo gautomis pajamomis padengti skolas, kurias reikia grąžinti Kaupthing Bank , naujam Arovit grupės savininkui. Toks perleidimas, kaip buvo paaiškinta pirmesniame punkte, negali būti laikomas nei sandoriu, tiesiogiai ir išimtinai sudarytu dėl C&D Foods apmokestinamos ekonominės veiklos, nei tiesioginiu, nuolatiniu ir būtinu šios bendrovės apmokestinamos ekonominės veiklos išplėtimu. Šiomis aplinkybėmis šis perleidimas nėra sandoris, iš kurio gaunamos nuolatinės pajamos iš veiklos, kuri yra daugiau nei paprastas akcijų pardavimas, ir todėl nepatenka į PVM taikymo sritį. Iš to matyti, kad su ginčijamomis paslaugomis susijęs PVM nėra atskaitytinas. Šios išvados negali paneigti vien tai, kad galimai pardavus Arovit Petfood akcijas turėtų būti perleistos ir pirmajai bendrovei bendrovės C&D Foods suteiktos administravimo ir informacinių technologijų paslaugos. Kaip matyti iš Teisingumo Teismo turimos bylos medžiagos, Kaupthing Bank bet kuriuo atveju ketino parduoti turimas Arovit Petfood akcijas. Taigi, su ginčijamų paslaugų teikimu susijusios išlaidos būtų patirtos, net jeigu C&D Foods nebūtų teikusi Arovit Petfood jokių administravimo ir informacinių technologijų paslaugų. Taigi galimas pagrindinėje byloje nagrinėjamų paslaugų teikimo perleidimas negali būti tiesiogiai ir išimtinai įvykdytas dėl C&D Foods ekonominės veiklos. Galiausiai taip pat reikia patikslinti, kad minėtos išvados nepaneigia ir tai, kad numatomas perleidimas nebuvo įvykdytas. Iš tiesų, šiomis aplinkybėmis svarbu tai, kad net ir įvykdžius šį perleidimą su ginčijamų paslaugų teikimu susijusios išlaidos vis tiek nepatektų į PVM taikymo sritį ir dėl to nebūtų galima įgyti teisės į atskaitą. Atsižvelgiant į visa tai, kas išdėstyta, į pateiktus klausimus reikia atsakyti, kad Direktyvos 2006/112 2, 9 ir 168 straipsniai turi būti aiškinami taip, jog numatytas, bet neįvykdytas akcijų perleidimo sandoris, kaip antai nagrinėjamas pagrindinėje byloje, kuris nėra tiesiogiai ir išimtinai sudarytas dėl atitinkamos bendrovės apmokestinamos ekonominės veiklos arba kuris nėra tiesioginis, nuolatinis ir būtinas tos ekonominės veiklos išplėtimas, nepatenka į PVM taikymo sritį. Dėl bylinėjimosi išlaidų Kadangi šis procesas pagrindinės bylos šalims yra vienas iš etapų prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo nagrinėjamoje byloje, bylinėjimosi išlaidų klausimą turi spręsti šis teismas. Išlaidos, susijusios su pastabų pateikimu Teisingumo Teismui, išskyrus tas, kurias patyrė minėtos šalys, nėra atlygintinos. Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (šeštoji kolegija) nusprendžia: 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 2, 9 ir 168 straipsniai turi būti aiškinami taip, jog numatytas, bet neįvykdytas akcijų perleidimo sandoris, kaip antai nagrinėjamas pagrindinėje byloje, kuris nėra tiesiogiai ir išimtinai sudarytas dėl atitinkamos bendrovės apmokestinamos ekonominės veiklos arba kuris nėra tiesioginis, nuolatinis ir būtinas tos ekonominės veiklos išplėtimas, nepatenka į pridėtinės vertės mokesčio taikymo sritį. Parašai. ( *1 ) Proceso kalba: danų.

61998CJ0041

sv

Domskäl 1 Europeiska gemenskapernas kommission har genom ansökan, som inkom till domstolens kansli den 18 februari 1998, med stöd av en skiljedomsklausul grundad på artikel 181 i EG-fördraget (nu artikel 238 EG), väckt talan mot bolaget Tecnologie Vetroresina SpA (nedan kallat TVR) om att detta skall förpliktas att dels återbetala ett belopp på 77 558,80 ecu som kommissionen har utbetalat i förskott inom ramen för avtal nr BREU-0114-I (A) (nedan kallat avtalet), jämte avtalad ränta, det vill säga 24,97 ecu per dag från och med den 1 februari 1990, dels betala skadestånd med 7 700 ecu för den skada som kommissionen har åsamkats. 2 Den 21 december 1989 ingick Europeiska ekonomiska gemenskapen, företrädd av kommissionen, ett avtal med TVR avseende finansiella stöd enligt gemenskapens särskilda program för forskning och teknisk utveckling inom området för industriella produktionstekniker och användningen av avancerade material (BRITE/EURAM) för åren 1989-1992. Programmet antogs genom rådets beslut 89/237/EEG av den 14 mars 1989 (EGT L 98, s. 18). 3 I detta avtal, som ingicks för en period av 36 månader från och med den 1 januari 1990, förpliktade sig TVR att mot erhållande av finansiellt stöd från Europeiska ekonomiska gemenskapen genomföra det forskningsprojekt som beskrevs i en bilaga till avtalet. 4 I enlighet med artiklarna 1.3 och 10.2 i avtalet ingick TVR två samarbetsavtal dels den 21 maj 1990 med Imperial College of Science and Technology and Medicine (nedan kallat ICSTM), dels den 30 maj 1990 med DSM Limburg BV (nedan kallat DSM) om genomförande av en del av projektet. 5 Enligt artikel 3.2 i bilaga II till avtalet medför inte slutande av samarbetsavtal att TVR befrias från sina skyldigheter och sitt ansvar gentemot kommissionen vad gäller avtalets fullgörande. 6 Enligt artikel 6.1 i avtalet och artikel 6.1 i bilaga II till avtalet är TVR skyldigt att till kommissionen inlämna halvårsrapporter om arbetenas fortskridande och även en delrapport efter de 15 första månaderna av kontraktstiden. Dessa rapporter skall inlämnas inom en månad efter utgången av varje berörd period. TVR skall dessutom till kommissionen inlämna en vetenskaplig slutrapport inom två månader från och med att de arbeten som finansieras av kommissionen har avslutats, avbrutits eller upphört. 7 Enligt artikel 5.1 och 5.2 i avtalet och artikel 36.1 i bilaga II till avtalet skall TVR lämna en årlig kostnadsredovisning till kommissionen inom en månad efter utgången av varje berörd period och en fullständig sammanställning över uppkomna utgifter inom tre månader från och med att de arbeten som finansieras av kommissionen har avslutats, avbrutits eller upphört. Enligt artikel 5.4 i avtalet skall även varje samarbetspart, genom TVR, lämna in en kostnadsredovisning till kommissionen. 8 Av artikel 4 i avtalet framgår att kommissionens totala finansiella stöd utgörs av ett initialt förskott på 460 000 ecu, åtföljt av periodiska utbetalningar inom två månader efter det att respektive halvårsrapport om arbetenas fortskridande och respektive kostnadsredovisning har godkänts. Enligt artikel 39 i bilaga II till avtalet kan kostnadsredovisningarna emellertid bli föremål för granskning även efter det att kommissionen har gjort dessa utbetalningar till dess att två år har förflutit efter det att avtalet har hävts eller fullgjorts. 9 I artikel 8.2 d i bilaga II till avtalet föreskrivs att kommissionen kan häva avtalet om en avtalspart underlåter att fullgöra någon av sina avtalsförpliktelser - om inte avtalsbrottet är föranlett av rimliga och berättigade skäl av teknisk och ekonomisk art - efter att genom rekommenderat brev med mottagningsbevis ha delgivit motparten en anmodan om att fullgöra sina avtalsförpliktelser och mottagaren inte efterkommer denna anmodan inom en månad. 10 I artikel 8.4 första stycket i samma bilaga föreskrivs att vid tillämpning av artikel 8.2 d kan kommissionen kräva att hela eller en del av det belopp som utbetalats i form av finansiellt stöd återbetalas. Kommissionen skall härvid göra en skälighetsbedömning med beaktande av de utförda arbetenas art och resultat av dessa samt deras nytta för kommissionen. 11 Enligt artikel 8.4 andra stycket i denna bilaga kan ränta krävas från och med den dag då avtalsparten mottog de utbetalade beloppen, enligt den räntesats som Europeiska fonden för monetärt samarbete tillämpar för sina transaktioner i ecu, vilken offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning första arbetsdagen varje månad, med ett tillägg på 2 procentenheter. 12 I enlighet med artikel 12 i bilaga II till avtalet är domstolen behörig att avgöra alla tvister med anledning av avtalet. Enligt artikel 11 i samma bilaga skall italiensk lag tillämpas på avtalet. 13 Den 21 december 1989 utbetalade kommissionen ett förskott på 460 000 ecu till TVR. 14 Den 22 juli 1991 utbetalade kommissionen, oaktat den inledande förseningen av projektets genomförande till följd av interna svårigheter inom ICSTM, ett belopp på 128 418,20 ecu till TVR på grundval av de uppgifter som lämnats för perioden den 1 januari-den 31 december 1990. .15 Den 13 november 1991 inlämnade TVR en rapport om arbetenas fortskridande för perioden den 1 januari-den 31 oktober 1991 till kommissionen. 16 Genom en skrivelse av den 2 december 1991 upplyste kommissionen TVR om att den tredje halvårsrapporten borde omfatta perioden den 1 januari-den 30 juni 1991. Kommissionen påminde även TVR om att det inte fick underlåta att inlämna delrapporten. 17 Genom skrivelse av den 20 januari 1992 påpekade kommissionen för TVR att trots att tidpunkten för ingivande av denna rapport hade flyttats fram till september 1991 på grund av svårigheter som uppstått under projektets inledande fas, hade denna delrapport fortfarande inte kommit kommissionen till handa. Den uppmanade sålunda TVR att omedelbart vidta nödvändiga åtgärder för att undvika att projektet drabbades av allvarliga vetenskapliga och finansiella problem. 18 Efter att ha konstaterat en försening med ingivandet av de periodiska rapporter om arbetenas fortskridande som anges i artikel 6.1 i avtalet, uppmanade kommissionen TVR, genom en skrivelse av den 23 januari 1992, att snarast inkomma med dessa rapporter och påminde om att kommissionen enligt artikel 8.2 d i bilaga II till avtalet kan häva avtalet om en avtalspart inte fullgör en av sina avtalsförpliktelser. 19 Den 30 januari 1992 översände TVR olika handlingar till kommissionen, bland annat delrapporten. 20 Kommissionen gav en extern expert, professor Goedel, i uppdrag att kontrollera det arbete som utförts av TVR. I sitt granskningsprotokoll av den 6 februari 1992 avgav denna expert ett negativt utlåtande om de resultat som erhållits till och med detta datum. 21 Genom skrivelse av den 25 mars 1992 underrättade kommissionen TVR om sin avsikt att häva avtalet, bland annat på grund av en total avsaknad av samordning mellan parterna, oberättigade förseningar med arbetenas genomförande och frånvaron av resultat, vilket konstaterades vid det utvärderingsmöte som hölls efter halva projekttiden. 22 TVR gjorde i en skrivelse av den 15 april 1992 till kommissionen gällande att villkoren för att häva avtalet inte var uppfyllda. TVR framhöll särskilt att det hade utfört sitt forskningsarbete i enlighet med den ändrade tidsplanen. 23 Kommissionen uppmanade, genom skrivelse av den 10 juni 1992, TVR att inkomma med fullständiga sammanställningar över samtliga samarbetsparters utgifter under år 1991 och under perioden den 1 januari-den 31 maj 1992, det vill säga de perioder för vilka någon utbetalning ännu inte gjorts. Kommissionen påpekade för TVR att enligt artikel 8.2 d i bilaga II till avtalet skulle artikel 8.4 i samma bilaga vara tillämplig om dess begäran inte uppfylldes. 24 I september 1992 godtog kommissionen bland annat den sammanställning över utgifter som TVR hade tillsänt denna den 2 juli 1992. Kommissionen översände emellertid den 23 mars 1993 till svaranden en räkenskapshandling, i vilken den avsevärt nedsatte beloppen i den ovan nämnda räkenskapssammanställningen, vilka hänförde sig till perioden den 1 januari-den 31 maj 1992. Kommissionen krävde sålunda, oaktat TVR:s invändningar, återbetalning av ett belopp på 109 444,80 ecu, vilket utgjorde skillnaden mellan de belopp som redan hade utbetalats till svaranden och hälften av de utgifter som godtagits. Kommissionen övertog därmed ansvaret för 50 procent av de ersättningsbara utgifterna i enlighet med artikel 3.2 i avtalet. 25 I augusti 1993 gav kommissionen bolaget Reconta Ernst & Young i uppdrag att utföra en granskning av det berörda projektet såvitt gällde perioden den 1 januari 1990-den 31 december 1992. Den granskningsrapport som upprättades den 8 september 1994 fastställde att de utgifter som bokförts av TVR var, med undantag för vissa avvikelser, riktiga med hänsyn till bokföringsreglerna och avtalsvillkoren. Vad beträffar utgifterna för arbetskraft var dessa till och med lägre än de faktiska utgifterna. 26 Kommissionen underrättade genom skrivelse av den 6 juni 1995 TVR om att den hade nedsatt det belopp som skulle återbetalas till 77 558,80 ecu. 27 TVR har inte betalat tillbaka något belopp. Upptagande till sakprövning 28 TVR har gjort gällande att den talan som väckts av kommissionen angående återbetalning av en del av förskottet, jämte avtalad ränta, och angående skadestånd skall avvisas. Kommissionen har nämligen inte yrkat att domstolen skall fastställa att avtalet har hävts på grund av avtalsbrott. Avtalet skall följaktligen fortfarande gälla och ha rättsverkningar. Kommissionen kan sålunda inte åberopa avtalets återgång i enlighet med artikel 1458 i Codice civile (nedan kallad den italienska civillagen), eftersom det avtalade hävningsförfarande som inletts av kommissionen inte har avslutats. 29 Kommissionen har gjort gällande att dess yrkanden om återbetalning och skadestånd är grundade på att en hävning av avtalet kommit till stånd genom tillämpning av den hävningsklausul som avses i artikel 8.2 d i bilaga II till avtalet. Under dessa omständigheter är yrkandet om fastställelse av att avtalet har hävts inbegripet i yrkandena om återbetalning av finansiellt stöd och om skadestånd. 30 Domstolen konstaterar att när det i en lag eller i ett avtal föreskrivs en möjlighet för avtalsparterna att ensidigt häva ett avtal vid avtalsbrott, kan varje part som har utnyttjat denna möjlighet i förekommande fall väcka en fastställelsetalan om att hävningen har skett på eget initiativ (se dom av Corte suprema di Cassazione (högsta domstolen i Italien) av den 12 december 1979, nr 6489, Mass. Foro it. 1979, s. 1309, och av den 5 april 1990, nr 2802, Mass. Foro it. 1990, s. 406). 31 Domstolen erinrar vidare om att Corte suprema di Cassazione har godtagit att ett icke uttalat yrkande kan anses ha framställts implicit och faktiskt ingå i den talan som väckts, i den mån det är oundvikligen sammankopplat med tvisteföremålet och grunderna för talan (se särskilt Corte suprema di Cassazione av den 14 juni 1991, nr 6727, Mass. Foro it. 1991, s. 582). 32 I förevarande mål har kommissionen i sin ansökan uppgivit att den har tillämpat den hävningsklausul som avses i artikel 8.2 d i bilaga II till avtalet, på grund av TVR:s avtalsbrott, och att den omständigheten att TVR inlämnade en mängd olika slutliga handlingar, bland annat en sammanställning över utgifter, vilka enligt avtalet skulle ha inkommit inom tre månader från och med att de arbeten som finansierades av kommissionen hade avbrutits. Kommissionen har vidare anfört att eftersom den inte godtog alla de belopp som uppgivits av TVR krävde den sedan återbetalning av en del av de belopp som hade betalats i förskott för avtalets fullgörande. Det är på grundval av dessa omständigheter som kommissionen har yrkat att domstolen skall förplikta TVR att, i enlighet med artikel 8.4 första stycket i bilaga II till avtalet, till kommissionen återbetala en del av de belopp som den har mottagit som finansiellt stöd. 33 Eftersom kommissionen har begärt att avtalet, i enlighet med artikel 8.4 första stycket i bilaga II till avtalet, skall återgå på grund av den hävning som påståtts ha kommit till stånd till följd av inledandet av det hävningsförfarande som föreskrivs i artikel 8.2 d i bilaga II till avtalet, förutsätter dess talan nödvändigtvis att domstolen fastställer att avtalet faktiskt har hävts. 34 Domstolen konstaterar följaktligen att kommissionen i förevarande mål implicit har väckt en fastställelsetalan om att hävning har kommit till stånd på eget initiativ genom tillämpning av det nämnda hävningsförfarandet. 35 Invändningen om rättegångshinder skall därför ogillas. Hävning av avtalet 36 Kommissionen har gjort gällande att den på eget initiativ har hävt avtalet bland annat på grund av att TVR hade uppvisat en anmärkningsvärd försening vad gäller genomförandet av arbetena och visat sig vara oförmöget att på ett godtagbart sätt utföra sin roll som huvudavtalspart. Kommissionen har uppgivit att den genom en skrivelse av den 23 januari 1992 först skickade en anmodan till TVR om att fullgöra avtalet och att den sedan till följd av företagets passivitet hävde avtalet genom ett rekommenderat brev av den 25 mars 1992. Kommissionen har tillagt att även om det skulle antas att den sistnämnda skrivelsen utgör den egentliga anmodan skall avtalet, enligt artikel 8.2 d i bilaga II till avtalet och artiklarna 1454 och 1456 i italienska civillagen, anses vara hävt vid utgången av den frist på en månad som följer efter denna sista skrivelse, vilket medför att det inte är nödvändigt att hävningen av avtalet fastställs av domstolen. Vid sammanträdet avstod kommissionen från att göra gällande att skrivelsen av den 23 januari 1992 utgjorde den formella anmodan om att fullgöra avtalet och uppgav att hävningen kommit till stånd på grund av TVR:s passivitet efter den anmodan som gjorts genom skrivelsen av den 25 mars 1992. 37 TVR har invänt att denna anmodan, som det svarade på genom skrivelse av den 15 april 1992 och i vilken det bestred punkt för punkt av de av kommissionen uppräknade avtalsbrotten, inte har åtföljts av en formell skrivelse om hävning av avtalet. Eftersom avtalet aldrig hävdes genom en formell hävningsförklaring kan domstolen inte förklara att avtalet hävts. 38 De av TVR framförda argumenten kan inte godtas. 39 I detta hänseende konstaterar domstolen att anmodan av den 25 mars 1992 under alla omständigheter åtföljdes av en skrivelse, av vilken det tydligt framgår att kommissionen ansåg att avtalet hade hävts. Genom en skrivelse av den 10 juni 1992 påminde nämligen kommissionen TVR om att företaget hade informerats genom en skrivelse av den 25 mars 1992 om kommissionens beslut att häva avtalet. Kommissionen begärde dessutom att TVR skulle inkomma med fullständiga sammanställningar över de utgifter som uppstått för samtliga samarbetsparter under perioden den 1 januari 1991-den 31 maj 1992. Enligt artikel 5.2 och 5.4 i avtalet skulle dessa sammanställningar skickas till kommissionen inom tre månader efter det att de arbeten som finansieras av kommissionen hade avslutats, avbrutits eller upphört. 40 Det framgår vidare av akten att TVR, oaktat anmodan av den 25 mars 1992, inte har lyckats genomföra vissa arbeten, vilka enligt avtalsvillkoren redan borde vara avslutade, inom den fastställda fristen på en månad. TVR vitsordade i sin skrivelse av den 15 april 1992, som anges i punkt 37 ovan i denna dom, att konstruktionen av en prototyp för en utrustning avsedd för lindningsförfarande ännu inte var avslutad. Enligt avtalsvillkoren skulle emellertid denna prototyp ha varit färdig före slutet av avtalsperiodens tjugofjärde månad, nämligen den 31 december 1991. En försening på flera månader av fullgörandet av huvudvillkoret i avtalet måste anses vara ett allvarligt avtalsbrott. Denna omständighet förvärras av att TVR i strid mot artikel 2.2 i avtalet inte underrättade kommissionen om denna försening. 41 Det förefaller sålunda som om såväl de processuella som de materiella villkoren för hävning av avtalet var uppfyllda. 42 Med hänsyn till vad som ovan anförts skall det fastställas att avtalet hävdes senast den dag då TVR mottog kommissionens skrivelse av den 10 juni 1992. Återbetalning av förskottet 43 Om kommissionen häver avtalet på grund av motpartens avtalsbrott kan kommissionen enligt artikel 8.4 första stycket i bilaga II till avtalet kräva återbetalning av hela eller en del av det belopp som den har utbetalat som finansiellt stöd. Den skall härvid göra en skälighetsbedömning med beaktande av de utförda arbetenas art, resultatet av dessa samt deras nytta för kommissionen. 44 Vad gäller de bevishandlingar som inlämnats av TVR och den granskningsrapport som upprättats av bolaget Reconta Ernst & Young har kommissionen gjort gällande att TVR skall till den återbetala ett belopp på 77 558,80 ecu. Kommissionen har preciserat att den har bedömt det arbete som utförts av TVR på två olika plan; den gav bolaget Reconta Ernst & Young i uppdrag att göra en finansiell utvärdering och professor Goedel i uppdrag att göra en teknisk utvärdering. Kommissionen har framhållit att revisionsbolaget endast kunde göra en finansiell kontroll, vilket skiljer sig från en teknisk utvärdering. En revision gör det nämligen möjligt att uppskatta kostnaden för varje arbetstimme per person, men inte att fastställa huruvida det är tekniskt rimligt att ägna tio timmar åt ett arbete som egentligen bara kräver två. Det är av denna anledning som en finansiell utvärdering skall åtföljas av en teknisk utvärdering, som i förevarande fall har gjorts av professor Goedel som avgav ett negativt yttrande. 45 TVR har gjort gällande att kommissionen motsäger sig själv, eftersom den först godtog den fullständiga sammanställningen över uppkomna utgifter och sedan krävde återbetalning av ett belopp på 109 444,80 ecu. Kommissionens inkonsekventa handlande är desto allvarligare eftersom den senare nedsatte det belopp som skulle återbetalas till 77 558,80 ecu, oaktat resultatet av Reconta Ernst & Youngs revision, enligt vilken TVR är skyldig att återbetala ett belopp på högst 22 000 000 ITL. TVR har även gjort gällande att kommissionen inte har framlagt något bevis för att det faktiska antalet timmar som har ägnats projektet var för högt. Vad gäller den tekniska utvärderingen har professor Goedel, enligt TVR, inte behandlat frågan om antal arbetstimmar. 46 Domstolen konstaterar för det första att den grund som TVR anfört angående kommissionens påstådda motsägelsefulla handlande, som bestod i att den först godtog den fullständiga sammanställningen över utgifterna och sedan förkastade den, inte kan godtas. I artikel 39 i bilaga II till avtalet föreskrivs nämligen att kostnadsredovisningarna kan bli föremål för en granskning, även efter det att kommissionen har gjort dessa utbetalningar och fram till dess att två år har förflutit efter det att avtalet har hävts eller fullgjorts. Kommissionen kan följaktligen i förekommande fall justera tidigare gjorda utbetalningar inom de ovan angivna tidsgränserna. Det är precis detta som kommissionen har gjort i förevarande fall. 47 Vidare kan den grund som TVR anfört avseende kommissionens påstådda motsägelsefulla handlande, enligt vilken den fortsatte att kräva återbetalning av ett belopp på 77 558,80 ecu i strid med revisionsrapportens resultat. Denna bestod nämligen i huvudsak av en kontroll av överensstämmelse mellan fakturerade utgifter och de utgifter som företaget faktiskt haft, såsom de framgår av företagets bokföring. Även om det antas att en fullständig överensstämmelse föreligger mellan de fakturerade utgifterna och de utgifter som företaget faktiskt haft utgör detta inget hinder för att en teknisk bedömning görs av huruvida de fakturerade utgifterna står i rimlig proportion till de avtalade tjänster som har utförts av nämnda företag. 48 Det kvarstår sålunda att kontrollera om det av handlingarna i målet framgår omständigheter som medför att den rätt att kräva återbetalning som kommissionen har gjort gällande kan ifrågasättas. 49 TVR beskrev i sin halvårsrapport av den 30 januari 1992 och i sin skrivelse av den 15 april samma år hur de arbeten som det enligt avtalet var skyldigt att utföra fortskred. TVR redogjorde i sin skrivelse av den 29 mars 1993 för utgifterna i förhållande till de olika verksamheter som avses i kontraktet. I sin skrivelse av den 6 juni 1995, genom vilken kommissionen justerade sin tidigare beviljade finansiering av ersättningsberättigade utgifter, har kommissionen redogjort för utgifterna i samma ordningsföljd som TVR. 50 Det framgår emellertid av handlingarna att kommissionen under alla omständigheter endast har godkänt en del av de utgifter som TVR har bokfört, att de arbeten som hänfördes till dessa inte hade avslutats i enlighet med avtalet eller vidare att antalet personal som hade anställts för denna uppgift översteg vad som avtalats. Det enda fallet då kommissionen har vägrat att göra någon utbetalning rörde det sig om utgifter som hänförde sig till arbeten, som i enlighet med avtalet inte skulle ha genomförts av TVR utan av en av dess samarbetspartners, nämligen ICSTM. 51 Av handlingarna i målet framgår inga omständigheter som ger anledning att ifrågasätta den rätt till återbetalning som åberopats av kommissionen. 52 Följaktligen skall kommissionens yrkande om återbetalning bifallas och svaranden skall förpliktas att till kommissionen återbetala 77 558,80 ecu. Ränta 53 Kommissionen har även yrkat att TVR skall förpliktas att betala avtalsenlig ränta på beloppet 77 558,80 ecu från och med den 1 februari 1990. 54 TVR har inte inkommit med något yttrande avseende detta yrkande. 55 Vid hävning av avtalet på initiativ av kommissionen skall den felande parten, enligt artikel 8.4 andra stycket i bilaga II till avtalet, inte bara återbetala de belopp som den mottagit från kommissionen i form av förskott, utan även betala ränta enligt avtalad räntesats på dessa belopp från och med den dag beloppen mottogs. Tillämplig räntesats är den som Europeiska fonden för monetärt samarbete tillämpar för sina transaktioner i ecu, vilken offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning första arbetsdagen varje månad, med ett tillägg på 2 procentenheter. 56 Eftersom TVR till kommissionen skall återbetala det belopp på 77 558,80 ecu, som kommissionen har krävt som huvudfordran skall TVR även betala den accessoriska fordringen, det vill säga avtalsenlig ränta på detta belopp från och med den 1 februari 1990, det vill säga det datum då det ostridigt mottog 460 000 ecu. Skadeståndsanspråket 57 Kommissionen har dessutom, med stöd av artikel 1453 i den italienska civillagen, yrkat att TVR skall förpliktas att till den betala skadestånd med 7 700 ecu som ersättning för den skada som kommissionen har åsamkats på grund av avtalsbrottet. 58 I detta hänseende har kommissionen för det första anfört att vissa av dess tjänstemän har tillbringat ett stort antal timmar med att granska svarandens verksamhet och med att vid upprepade tillfällen begära att TVR skall iaktta de föreskrivna fristerna för upprättande av vetenskapliga rapporter. För det andra såg sig kommissionen nödgad att anlita ett revisionsföretag för att bokföringsmässigt kontrollera TVR:s arbete. För det tredje har kommissionen inte kommit i åtnjutande av sådana eventuella fördelar som anges i artikel 19 i bilaga II till avtalet och har således inte kunnat dra nytta av de kunskaper som erhållits genom den forskning som den har finansierat eller de patenträttigheter som i detta fall kunde ha uppstått. För det fjärde har kommissionen, genom att sluta ett avtal med ett rättssubjekt som inte har iakttagit sina åtaganden, åsamkats en skada vad gäller dess trovärdighet gentemot alla de andra personer som eventuellt kan ha ett intresse av att ingå ett avtal med kommissionen. 59 TVR anser att kommissionen inte har lyckats visa att den skada den gör gällande verkligen föreligger. 60 Inledningsvis erinrar domstolen om att enligt artikel 11 i avtalet skall italiensk lag tillämpas på avtalet. 61 Även om det antas att artikel 1453 i den italienska civillagen, i vilken det föreskrivs att en avtalspart har rätt att kräva av en felande part att den ersätter den skada som uppkommit, endast är tillämplig när avtalet har hävts genom ett domstolsbeslut, kvarstår trots allt den omständigheten att enligt artikel 1218 i samma lag skall den part som inte korrekt fullgör en förfallen skyldighet betala ersättning om det inte kan fastställas att avtalsbrottet beror på att fullgörandet var omöjligt till följd av en orsak som inte kan läggas parten till last. 62 Det skall därför prövas om kommissionen har visat att den påstådda skadan verkligen föreligger. 63 Vad gäller de påstådda kostnader som uppkommit till följd av den ökade arbetsbördan som uppstod för kommissionens tjänstemän vid hanteringen av avtalet skall det konstateras att artikel 4.3 i avtalet jämförd med artikel 8.2 d i bilaga II till avtalet, gav kommissionen en möjlighet att i god tid vidta åtgärder om avtalsparten inte uppfyllde sina avtalsförpliktelser och att ensidigt och i förtid avsluta avtalsförhållandet (se dom av den 10 juni 1999 i mål C-334/97, kommissionen mot Montorio, REG 1999, s. I-3387, punkt 53). 64 Eftersom kommissionen under en viss tid godtog att TVR inte fullgjorde sina åtaganden innan den hävde avtalet kan inte de ytterligare kostnader för hantering av avtalet under denna period anses vara en skada som kan tillskrivas TVR. 65 Vad gäller den påstådda skadan i form av revisionskostnader konstaterar domstolen att kommissionen inte vid något tillfälle har försökt att påvisa ett orsakssamband mellan TVR:s agerande och behovet av en revision. Under dessa omständigheter kan inte dessa revisionskostnader läggas TVR till last. 66 Vad beträffar de övriga skador som kommissionen har åberopat har den inte på ett klart och övertygande sätt visat att skada faktiskt föreligger. 67 Kommissionens skadeståndsyrkande skall därför ogillas. TVR:s genkäromål 68 TVR har yrkat att domstolen skall fastställa att kommissionen är skyldig att fullgöra avtalet och följaktligen förplikta denna att utbetala de belopp som behövs för att fullgöra detta. 69 Kommissionen har gjort gällande att avtalsförhållandet på ett riktigt sätt har avslutats på grund av TVR:s underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter. Den har sålunda inte längre någon förpliktelse gentemot TVR. 70 Eftersom kommissionens talan har bifallits skall TVR:s genkäromål ogillas. 71 Med tillämpning av artikel 2.1 i rådets förordning (EG) nr 1103/97 av den 17 juni 1997 om vissa bestämmelser som har samband med införandet av euron (EGT L 162, s. 1) skall varje hänvisning till ecun ersättas med en hänvisning till euron till en kurs av en euro för en ecu. Beslut om rättegångskostnader Rättegångskostnader 72 Enligt artikel 69.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Kommissionen har yrkat att TVR skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom TVR delvis har tappat målet, skall kommissionens yrkande bifallas. Domslut På dessa grunder beslutar DOMSTOLEN (sjätte avdelningen) följande dom: 1) Tecnologie Vetroresina SpA (TVR) förpliktas att till Europeiska gemenskapernas kommission betala 77 558,80 euro, jämte ränta på detta belopp enligt avtalad räntesats från och med den 1 februari 1990 till dess att skulden har betalats. 2) Talan ogillas i övrigt. 3) Tecnologie Vetroresinas SpA (TVR) genkäromål ogillas. 4) Tecnologie Vetroresina SpA (TVR) skall ersätta rättegångskostnaderna.

61996CJ0091

nl

Overwegingen van het arrest 1 Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Hof op 22 maart 1996, heeft de Commissie van de Europese Gemeenschappen krachtens artikel 169 EG-Verdrag beroep ingesteld, strekkende tot vaststelling dat de Helleense Republiek, door niet tijdig de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen om te voldoen aan richtlijn 92/118/EEG van de Raad van 17 december 1992 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke en de gezondheidsvoorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van produkten waarvoor ten aanzien van deze voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving geldt als bedoeld in bijlage A, hoofdstuk I, van richtlijn 89/662/EEG, en, wat ziekteverwekkers betreft, van richtlijn 90/425/EEG (PB 1993, L 62, blz. 49), en aan richtlijn 93/52/EEG van de Raad van 24 juni 1993 tot wijziging van richtlijn 89/556/EEG tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer in embryo's van als huisdier gehouden runderen en de invoer daarvan uit derde landen (PB 1993, L 175, blz. 21), de krachtens het Verdrag en deze richtlijnen op haar rustende verplichtingen niet is nagekomen. 2 Ingevolge artikel 20, lid 1, van richtlijn 92/118 moesten de Lid-Staten de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking doen treden om per 1 januari 1993 aan de artikelen 12, lid 2, en 17 en vóór 1 januari 1994 aan de overige bepalingen van deze richtlijn te voldoen. Bovendien moesten zij ingevolge dezelfde bepaling de Commissie daarvan onverwijld in kennis stellen. 3 Ingevolge artikel 2, lid 1, van richtlijn 93/52 moesten de Lid-Staten de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking doen treden om vóór 1 januari 1994 aan deze richtlijn te voldoen, en moesten zij de Commissie daarvan onverwijld in kennis stellen. 4 Omdat de Commissie van de Helleense Republiek geen mededeling had ontvangen over maatregelen tot omzetting van de richtlijnen 92/118 en 93/52 in nationaal recht en over geen enkel ander gegeven beschikte dat de conclusie wettigde, dat deze staat aan haar verplichting had voldaan, zond zij op 10 februari 1994 een aanmaningsbrief aan de Griekse regering. 5 Toen een antwoord hierop uitbleef, richtte de Commissie op 21 september 1994 een met redenen omkleed advies aan de Griekse regering, waarin zij haar verzocht, binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van het advies de nodige maatregelen vast te stellen. 6 Omdat zij nog steeds geen mededeling over de maatregelen tot omzetting van de richtlijnen 92/118 en 93/52 in nationaal recht had ontvangen, heeft de Commissie onderhavig beroep wegens niet-nakoming ingesteld. 7 In haar verzoekschrift herinnert de Commissie eraan, dat ingevolge de artikelen 5 en 189 EG-Verdrag de Helleense Republiek de richtlijnen binnen de vastgestelde termijnen volledig in nationaal recht moest omzetten. 8 De Helleense Republiek betwist deze verplichting niet. Zij voert evenwel aan, dat twee ontwerpen voor een presidentieel decreet strekkende tot uitvoering van de twee richtlijnen ter ondertekening aan de bevoegde minister zijn voorgelegd. 9 Daar de richtlijnen 92/118 en 93/52 niet binnen de gestelde termijnen zijn omgezet, moet het door de Commissie daartegen ingestelde beroep gegrond worden verklaard. 10 Mitsdien moet worden vastgesteld, dat de Helleense Republiek, door niet binnen de gestelde termijnen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen om te voldoen aan de richtlijnen 92/118 en 93/52, de verplichtingen niet is nagekomen die op haar rusten krachtens respectievelijk de artikelen 20, lid 1, en 2, lid 1, van deze richtlijnen. Beslissing inzake de kosten Kosten 11 Volgens artikel 69, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, indien dit is gevorderd. De Commissie heeft gevorderd dat de Helleense Republiek in de kosten wordt verwezen. Aangezien deze laatste in het ongelijk is gesteld, moet zij in de kosten worden verwezen. Dictum HET HOF VAN JUSTITIE (Zesde kamer), rechtdoende, verstaat: 1) Door niet binnen de gestelde termijnen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen om te voldoen aan richtlijn 92/118/EEG van de Raad van 17 december 1992 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke en de gezondheidsvoorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van produkten waarvoor ten aanzien van deze voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving geldt als bedoeld in bijlage A, hoofdstuk I, van richtlijn 89/662/EEG, en, wat ziekteverwekkers betreft, van richtlijn 90/425/EEG, en aan richtlijn 93/52/EEG van de Raad van 24 juni 1993 tot wijziging van richtlijn 89/556/EEG tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer in embryo's van als huisdier gehouden runderen en de invoer daarvan uit derde landen, is de Helleense Republiek de verplichtingen niet nagekomen die op haar rusten krachtens respectievelijk de artikelen 20, lid 1, en 2, lid 1, van deze richtlijnen. 2) De Helleense Republiek wordt verwezen in de kosten.

62006TJ0024

hu

A Németországi Szövetségi Köztársaság által a digitális földfelszíni műsorszórás (DVB‑T) Berlin‑Brandenburgban történő bevezetésére nyújtott állami támogatásra vonatkozóan hozott 2005. november 9‑i 2006/513/EK bizottsági határozat (HL 2006. L 200., 14. o.) megsemmisítése iránti kereset. Rendelkező rész 1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet mint elfogadhatatlant elutasítja. 2) Az Elsőfokú Bíróság a Medienanstalt Berlin‑Brandenburgot (MABB) kötelezi a költségek viselésére.

62013CJ0255

sv

Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artiklarna 19.1, 20.1 och 20.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen ( EUT L 166, s. 1 och rättelse EUT L 200, 2004, s. 1 , vilken rättats genom EUT L 201, 2005, s. 47 ). Begäran har framställts i ett mål mellan irländske medborgaren I och Health Service Executive (myndigheten för folkhälsa) (nedan kallad HSE). Målet gäller HSE:s beslut att inte bevilja ytterligare förlängning av giltighetsperioden för intyg E 112 för att täcka kostnaderna för den behandling som I erhåller i Tyskland. Tillämpliga bestämmelser Förordning (EEG) nr 1408/71 Rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen ( EGT L 149, s. 2 , svensk specialutgåva, område 5, volym 1, s. 57, och rättelse EGT L 323, 1996, s. 38 ) har ersatts av förordning nr 883/2004. Enligt artikel 91 i förordning nr 883/2004 och artikel 97 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 987/2009 av den 16 september 2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 ( EUT L 284, s. 1 ), trädde förordning nr 883/2004 i kraft den 1 maj 2010. Samma datum upphörde förordning nr 1408/71 att gälla. Artikel 1 i förordning nr 1408/71 innehöll följande definitioner: ”I denna förordning används följande beteckningar med de betydelser som här anges: ... h) Bosättning: stadigvarande bosättning. i) Vistelse: tillfällig vistelse. ...” Artikel 22 i samma förordning hade rubriken ”Vistelse utanför den behöriga staten – Återkomst eller flyttning till en annan medlemsstat under sjukdom eller moderskap – Behov av att resa till en annan medlemsstat för att få lämplig vård”. Artikel 22.1 hade följande lydelse: ”En anställd eller egenföretagare som uppfyller villkoren i den behöriga statens lagstiftning för att få förmåner, i förekommande fall med beaktande av bestämmelserna i artikel 18, och a) vars hälsotillstånd kräver omedelbara förmåner under en vistelse inom en annan medlemsstats territorium, eller b) som, efter att ha fått rätt till förmåner på den behöriga institutionens bekostnad, får tillstånd av denna institution att återvända till den medlemsstats territorium där han är bosatt eller att flytta till en annan medlemsstats territorium, eller c) som efter tillstånd av den behöriga institutionen beger sig till en annan medlemsstats territorium för att där få den vård som hans hälsotillstånd kräver, har rätt till följande förmåner: i) Vårdförmåner som utges för den behöriga institutionens räkning av institutionen på vistelse- eller bosättningsorten enligt bestämmelserna i den lagstiftning som den sistnämnda institutionen tillämpar som om han vore försäkrad där. Längden av den period under vilken förmåner utges skall dock bestämmas enligt den behöriga statens lagstiftning. ii) Kontantförmåner som utges av den behöriga institutionen enligt bestämmelserna i den lagstiftning som denna institution tillämpar. Efter överenskommelse mellan den behöriga institutionen och institutionen på vistelse- eller bosättningsorten, kan dock sådana förmåner utges av den sistnämnda institutionen för den förstnämndas räkning enligt bestämmelserna i den behöriga statens lagstiftning.” Förordning (EEG) nr 574/72 Rådets förordning (EEG) nr 574/72 av den 21 mars 1972 om tillämpningen av förordning (EEG) nr 1408/71 ( EGT L 74, s. 1 ; svensk specialutgåva, område 5, volym 1, s. 156) har ersatts av förordning nr 987/2009. Sistnämnda förordning trädde i kraft den 1 maj 2010 enligt artikel 97 häri. Artikel 21 i förordning nr 574/72 har rubriken ”Vårdförmåner vid vistelse i en annan medlemsstat än den behöriga staten – Andra anställda än de som omfattas av tillämpningsförordningens artikel 20 eller egenföretagare”. Artikel 21.1 hade följande lydelse: ”För att få vårdförmåner enligt förordningens artikel 22.1 a i skall, utom i fall som avses i tillämpningsförordningens artikel 20, en anställd eller egenföretagare till institutionen på vistelseorten lämna in ett intyg som anger att han har rätt till vårdförmåner. Detta intyg, som skall utfärdas av den behöriga institutionen på den berörda personens begäran om möjligt innan han lämnat den medlemsstats territorium inom vilket han är bosatt, skall, när det behövs, särskilt ange den längsta period under vilken vårdförmåner får utges enligt den behöriga statens lagstiftning. Om personen i fråga inte lämnar in detta intyg skall institutionen på vistelseorten skaffa det från den behöriga institutionen.” Administrativa kommissionen för social trygghet för migrerande arbetare, vilken avses i artikel 80 i förordning nr 1408/71, antog med stöd av artikel 2.1 i förordning nr 574/72 ett standardformat för det certifikat som avser tillämpningen av artikel 22.1 a i i förordning nr 1408/71, nämligen intyg E 111. Detta intyg ersattes från och med den 1 juni 2004 av det europeiska sjukförsäkringskortet. Den nämnda administrativa kommissionen har även utarbetat ett standardformat för certifikatet avseende tillämpning av artikel 22.1 c i i förordning nr 1408/71, nämligen intyg E 112. Detta intyg ersattes från och med den 1 maj 2010 av intyg S 2. Förordning nr 883/2004 Skälen 3 och 15 i förordning nr 883/2004 har följande lydelse: ”(3) [Förordning nr 1408/71] har vid flera tillfällen ändrats och uppdaterats med beaktande inte bara av utvecklingen på gemenskapsnivå, inklusive domstolens domar, utan även förändringar i lagstiftningen på nationell nivå. Sådana faktorer har medverkat till att göra gemenskapens samordningsregler komplexa och omständliga. Därför är det väsentligt att dessa regler ersätts, moderniseras och förenklas, så att målet fri rörlighet för personer kan uppnås. ... (15) Personer som rör sig inom gemenskapen måste omfattas av systemet för social trygghet endast i en medlemsstat, för att undvika situationer med flera tillämpliga nationella lagstiftningar och de komplikationer detta kan leda till.” I artikel 1 i förordning nr 883/2004, med rubriken ”Definitioner”, föreskrivs följande: ”I denna förordning används följande beteckningar med de betydelser som här anges: ... j) bosättning : den ort där en person är stadigvarande bosatt. k) vistelse : tillfällig bosättning. ... va) vårdförmåner: i) enligt avdelning III kapitel 1 (förmåner vid sjukdom, moderskaps- och likvärdiga faderskapsförmåner): vårdförmåner som tillhandahålls enligt en medlemsstats lagstiftning vilka är avsedda att tillhandahålla, tillgängliggöra, direkt betala eller ersätta kostnaden för sjukvård och sjukvårdsprodukter samt sidotjänster till denna vård; Detta inbegriper förmåner vid långvarigt vårdbehov, ...” Artikel 11 i den nämnda förordningen återfinns i avdelning II med rubriken ”Fastställande av tillämplig lagstiftning”. I artikel 11.1 och 11.3 föreskrivs följande: ”1.   De personer som denna förordning tillämpas på skall omfattas av endast en medlemsstats lagstiftning. Denna lagstiftning skall fastställas i enlighet med denna avdelning. ... 3.   Om inget annat följer av artiklarna 12–16, skall a) en person som arbetar som anställd eller bedriver verksamhet som egenföretagare i en medlemsstat omfattas av lagstiftningen i den medlemsstaten, b) en offentligt anställd omfattas av lagstiftningen i den medlemsstat till vilken den förvaltning som sysselsätter denne hör, c) en person som erhåller arbetslöshetsersättning i enlighet med artikel 65 enligt lagstiftningen i den medlemsstat där denne är bosatt omfattas av den medlemsstatens lagstiftning, d) en person som är inkallad eller återinkallad till militärtjänstgöring eller civil tjänstgöring i en medlemsstat omfattas av lagstiftningen i den medlemsstaten, e) en person på vilken a–d inte är tillämpliga omfattas av lagstiftningen i den medlemsstat där denne är bosatt, utan att det påverkar tillämpningen av andra bestämmelser i denna förordning enligt vilka personen har rätt till förmåner enligt lagstiftningen i en eller flera andra medlemsstater.” Artiklarna 19 och 20 i samma förordning återfinns i avdelning III med rubriken ”Särskilda bestämmelser om olika förmånskategorier”, närmare bestämt i kapitel 1 i denna avdelning som behandlar förmåner vid sjukdom samt moderskapsförmåner och likvärdiga faderskapsförmåner. Artikel 19 i förordning nr 883/2004 har rubriken ”Vistelse utanför den behöriga medlemsstaten”. I artikel 19.1 föreskrivs följande: ”… en försäkrad person och dennes familjemedlemmar som vistas i en annan medlemsstat än den behöriga medlemsstaten [ska] ha rätt till de vårdförmåner som av medicinska skäl blir nödvändiga under vistelsen med beaktande av förmånernas karaktär och vistelsens förväntade längd. Dessa förmåner skall för den behöriga institutionens räkning utges av institutionen på vistelseorten i enlighet med den lagstiftning som den tillämpar, som om de berörda personerna vore försäkrade enligt denna lagstiftning.” Artikel 20 i förordningen har rubriken ”Resa i syfte att erhålla vårdförmåner – tillstånd till lämplig behandling utanför bosättningsmedlemsstaten”. I artikel 20.1 och 20.2 föreskrivs följande: ”1.   Om inte annat följer av denna förordning skall en försäkrad person, som reser till en annan medlemsstat för att erhålla vårdförmåner under vistelsen där söka tillstånd från den behöriga institutionen. 2.   En försäkrad person som av den behöriga institutionen fått tillstånd att resa till en annan medlemsstat i syfte att där få den vård som är lämplig med hänsyn till hans hälsotillstånd, skall erhålla de vårdförmåner som för den behöriga institutionens räkning utges av institutionen på vistelseorten i enlighet med bestämmelserna i den lagstiftning som institutionen tillämpar, som om personen vore försäkrad enligt denna lagstiftning. Tillstånd skall beviljas om den behandling det gäller finns bland de förmåner som tillhandahålls enligt lagstiftningen i den medlemsstat där den berörda personen är bosatt och denna behandling inte kan ges inom den tid som är medicinskt försvarbar, med hänsyn till personens aktuella hälsotillstånd och sjukdomens sannolika förlopp.” Förordning nr 987/2009 Skäl 11 i förordning nr 987/2009 har följande lydelse: ”Medlemsstaterna bör samarbeta för att fastställa bosättningsorten för en person som omfattas av denna förordning och förordning … nr 883/2004, och i händelse av tvist bör de beakta alla relevanta kriterier för att lösa denna. Dessa kan omfatta kriterier som hänvisas till i den relevanta artikeln i den förordningen”. Artikel 11 i samma förordning, med rubriken ”Kriterier för fastställande av bosättningsort”, har följande lydelse: ”1.   Om två eller flera medlemsstaters institutioner har skilda uppfattningar när det gäller att fastställa bosättningsorten för en person som omfattas av [förordning nr 883/2004], ska dessa institutioner i samförstånd fastställa var den berörda personen har sina huvudsakliga intressen, på grundval av en samlad bedömning av alla tillgängliga uppgifter om relevanta fakta, vilket skulle kunna omfatta följande: a) Vistelsens varaktighet och kontinuitet på de berörda medlemsstaternas territorier. b) Personens situation, inbegripet: i) Verksamhetens art och särskilda karaktär, särskilt platsen där verksamheten vanligtvis utövas, verksamhetens stadigvarande karaktär och ett anställningsavtals varaktighet. ii) Personens familjesituation och personens familjeband.; iii) Utövandet av oavlönad verksamhet. iv) När det gäller studerande, deras inkomstkälla. v) Personens bostadsförhållanden, särskilt huruvida bostaden har permanent karaktär. vi) Den medlemsstat där personen anses vara bosatt för skatteändamål. 2.   Om de berörda institutionerna efter övervägande av olika kriterier som grundar sig på relevanta fakta enligt punkt 1 inte kan komma överens, ska den berörda personens avsikt såsom den framgår av sådana fakta och omständigheter, särskilt skälen till att personen har flyttat, anses vara avgörande för fastställandet av personens faktiska bosättningsort.” Enligt punkt 5 i beslut nr H1 av den administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen av den 12 juni 2009 om ramar för övergången från rådets förordningar (EEG) nr 1408/71 och (EEG) nr 574/72 till Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 883/2004 och (EG) nr 987/2009 samt om tillämpningen av beslut och rekommendationer av administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen ( EUT C 106, 2010, s. 13 ) gäller följande: ”De handlingar som krävs för tillämpningen av förordningarna … nr 1408/71 och … nr 574/72 (dvs. E-blanketter, europeiska sjukförsäkringskort och provisoriska intyg) och som utfärdats av de behöriga institutionerna och myndigheterna och andra organ i medlemsstaterna innan förordningarna … nr 883/2004 och … nr 987/2009 trädde i kraft ska fortsätta att vara giltiga (trots att hänvisningarna avser förordningarna … nr 1408/71 och … nr 574/72) och ska även efter denna dag beaktas av andra medlemsstaters institutioner, myndigheter och andra organ tills deras egna giltighetstider löper ut eller tills de dras tillbaka eller ersätts med de handlingar som utfärdas eller sänds i enlighet med förordningarna … nr 883/2004 och … nr 987/2009.” Beslutet ska enligt punkt 6 häri tillämpas från och med den dag då förordning (EG) nr 987/2009 träder i kraft, det vill säga den 1 maj 2010. Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågan Det framgår av begäran om förhandsavgörande och av de handlingar som tillställts domstolen att I är en 56 år gammal irländsk medborgare som har arbetat i både Irland och Förenade kungariket. I augusti 2002 bodde I i Irland och åkte till Tyskland på semester med sin flickvän, B, som är rumänsk medborgare. Under semestern togs I in på akutmottagningen vid Universitätsklinikum Düsseldorf (Tyskland). Han fick diagnosen att han drabbats av en dubbel infarkt på hjärnstammen, en ovanlig åkomma. Sedan dess lider han av svår förlamning och förlust av motoriska funktioner. Kort tid efter visade det sig att I lider av en genetisk mutation som påverkar hans blodsammansättning negativt. Sedan talan väcktes vid den hänskjutande domstolen har I också diagnostiserats med cancer som han nu behandlas för. Med hänsyn till I:s allvarliga hälsotillstånd har han sedan augusti 2002 stått under kontinuerlig tillsyn och vård av specialistläkarna på Universitätsklinikum Düsseldorf. I är helt rullstolsbunden. Sedan han skrevs ut från sjukhuset år 2003 har han bott i Düsseldorf med B som har tagit hand om och vårdat honom. De bor i en rullstolsanpassad lägenhet som de hyr. I har ansökt om handikappersättning från det irländska ministeriet för social trygghet. Ansökan om sådan ersättning avslogs inledningsvis med motiveringen att han inte var stadigvarande bosatt i Irland. År 2008 inledde han ett domstolsförfarande som utmynnade i en förlikning. Ministeriet omprövade härvid sitt beslut och biföll I:s ansökan. Sedan dess uppbär I handikappersättning. Enligt den hänskjutande domstolen ska ersättningen anses som en kontantförmån som Irland enligt de tillämpliga unionsförordningarna på området för social trygghet har rätt att förbehålla medborgare som är bosatta i denna medlemsstat. I uppbär även en mindre tjänstepension från Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland på grund av att han tidigare arbetat i denna medlemsstat. Han erhåller inga bidrag eller förmåner i Tyskland. Under år 2004 antog B, som arbetat i Tyskland, ett erbjudande om att avgå för att ta hand om I på heltid. Hon uppbär arbetslöshetsersättning från Förbundsrepubliken Tyskland. Enligt begäran om förhandsavgörande har hon ansökt om vårdbidrag. I Tyskland ska sådant bidrag betalas av sjukförsäkringen för den person som vårdas. Ansökan avslogs på den grunden att I var bosatt i Irland och att det inte finns något sådant bidrag enligt det irländska systemet för social trygghet. Den hänskjutande domstolen har angett att I, även om han hyser stor tacksamhet till den tyska sjukvården, är tvungen att bo i Tyskland på grund av sitt hälsotillstånd och att han måste genomgå ständig behandling. Samma domstol har härvid påpekat att hans anknytning till Förbundsrepubliken Tyskland är svag. I har inget bankkonto i Tyskland och äger inga fastigheter i denna medlemsstat men har ett bankkonto i en irländsk bank och står i ständig kontakt med sina två barn, födda år 1991 respektive år 1994, som bor i Irland. I talar inte tyska och har inte gjort några ansträngningar för att integrera sig i Tyskland. I begäran om förhandsavgörande preciseras att I önskar återvända till Irland. Detta är emellertid avhängigt ett antal omständigheter, såsom hans förmåga att resa, att han kan få motsvarande behandling som den han erhåller i Tyskland och inte minst möjligheten att få en rullstolsanpassad bostad. Om dessa förutsättningar var uppfyllda skulle B följa med I till Irland. Sedan I insjuknade har han vid ett fåtal tillfällen haft möjlighet att resa utomlands, dock endast för en kortare tid och under övervakning av läkare. Han har således rest till Lissabon (Portugal) för att ge en föreläsning i oktober 2004 och även till Irland vid några tillfällen, senast år 2009. Det var då endast med största svårighet som han kunde resa, mot bakgrund av problemen att kunna få den assistans vid flygplatserna som krävs för en så svårt handikappad resenär. Det är ostridigt mellan parterna i det nationella målet att det skulle vara nästan omöjligt för honom att resa till Irland, åtminstone om resan skulle ske med reguljärflyg. Kostnaden för I:s sjukvård i Tyskland täcktes inledningsvis enligt ett E 111-intyg utfärdat i Irland. Intyget gäller situationer då en sjukförsäkrads tillstånd omedelbart kräver vårdförmåner under en vistelse i en annan medlemsstat än den där vederbörande är bosatt. Detta intyg omfattas i nuläget av artikel 19 i förordning nr 883/2004. I mars 2003 ändrade HSE I:s status och utfärdade från denna tidpunkt ett E 112-intyg för honom. Den behöriga myndigheten gav honom således tillstånd att bege sig till en annan medlemsstat för att få vård där som var lämplig för hans hälsotillstånd. Detta intyg omfattas i nuläget av artikel 20 i förordning nr 883/2004 och dess giltighetsperiod har förlängts ett tjugotal gånger sedan det utfärdades. Den 25 november 2011 beslutade HSE att inte medge I någon ytterligare förlängning av giltighetsperioden för intyg E 112 med motiveringen att han numera är bosatt i Förbundsrepubliken Tyskland. Den 5 december 2011 väckte I talan vid High Court med yrkande att denna domstol skulle meddela att tvingande föreläggande för HSE att fortsätta att utfärda E 112-intyg för honom. HSE angav att myndigheten, med hänsyn till I:s mycket speciella situation, är beredd att även fortsättningsvis stå för kostnaderna för hans behandling ex gratia i enlighet med E l06 intyget om rätt till vårdförmåner enligt sjuk- och moderskapsförsäkringen för personer som är bosatta i en annan stat än den behöriga staten. Den hänskjutande domstolen är osäker på om en socialförsäkrad person som är tvungen att stanna kvar i en medlemsstat på grund av ett synnerligen allvarligt hälsotillstånd enligt unionsbestämmelserna om sjukvård som erhålls i utlandet kan anses ”vistas” i denna medlemsstat i den mening som avses i artiklarna 19 eller 20 i förordning nr 883/2004. Samma domstol anser att trots att många av de kriterier som anges i artikel 11 i förordning nr 987/2009 kan föranleda ett annat svar, bör I ändå anses vistas i Tyskland med hänsyn till avsikten bakom och syftet med denna bestämmelse. Mot denna bakgrund beslutade High Court att vilandeförklara målet och ställa följande fråga till domstolen: ”Ska en försäkrad medborgare i en medlemsstat (’den första medlemsstaten’) som har varit svårt sjuk under 11 år till följd av en allvarlig sjukdom som först visade sig när denna person var bosatt i den första medlemsstaten men var på semester i en annan medlemsstat (’den andra medlemsstaten’) anses ha vistats i den andra medlemsstaten under denna tid vid tillämpningen av artikel 19.1 eller artikel 20.1 och 20.2 i förordning nr 883/2004 när personen på grund av sitt akuta sjukdomstillstånd och fördelen av att ha närhet till specialistvård varit tvungen att faktiskt stanna kvar i den medlemsstaten under denna tid?” I skrivelse av den 15 maj 2014 informerades EU-domstolen av den hänskjutande domstolen om att I avlidit den 7 april 2014. I samma skrivelse angav den hänskjutande domstolen att den vidhåller sin tolkningsfråga, eftersom svaret på frågan är nödvändigt för att avgöra det nationella målet. Under dessa omständigheter ska frågan från High Court besvaras. Prövning av tolkningsfrågan Den hänskjutande domstolen har ställt sin fråga för att få klarhet i huruvida artikel 1 j och k i förordning nr 883/2004 ska tolkas så, att när en unionsmedborgare som var bosatt i en första medlemsstat blir svårt och hastigt sjuk under en semester i en andra medlemsstat och är tvungen att stanna kvar i denna stat under elva år på grund av sin sjukdom och närheten till specialistvård på den plats där han eller hon bor, ska vederbörande anses ”vistas” i den sistnämnda medlemsstaten vid tillämpning av artiklarna 19.1, 20.1 och 20.2 i ovannämnda förordning. Domstolen erinrar inledningsvis om att enligt fast rättspraxis infördes genom förordning nr 1408/71 ett system för samordning av de nationella sociala trygghetssystemen och i avdelning II i förordningen föreskrevs bestämmelser om vilken lagstiftning som är tillämplig. Syftet med de sistnämnda bestämmelserna var inte bara att förhindra att de berörda blir utan skydd på området för social trygghet när det inte finns lagstiftning som är tillämplig på dem, utan även att de berörda skulle omfattas av det sociala trygghetssystemet i en enda medlemsstat, så att sammanträffande av flera medlemsstaters tillämpliga lagstiftningar och de komplikationer som kan följa härmed undviks (se, för ett liknande resonemang, dom Wencel, C‑589/10, EU:C:2013:303 , punkterna 45 och 46 samt där angiven rättspraxis). Även om förordning nr 883/2004, såsom stadgas i skäl 3 häri, syftar till att modernisera och förenkla reglerna för samordning av de nationella systemen för social trygghet, har den behållit samma syfte som förordning nr 1408/71. I det system som infördes genom förordning nr 1408/71 var bosättningen således det anknytningskriterium utifrån vilket det fastställdes vilken lagstiftning som skulle tillämpas (se, för ett liknande resonemang, dom Wencel, EU:C:2013:303 , punkt 48). Detsamma gäller förordning nr 883/2004. Enligt artikel 1 j i förordning nr 883/2004 förstås med ”bosättning” den ort där en person är stadigvarande bosatt. Termen bosättning är således ett självständigt unionsrättsligt begrepp (se analogt dom Swaddling, C‑90/97, EU:C:1999:96 , punkt 28). Domstolen har redan slagit fast vad gäller förordning nr 1408/71 att när en persons rättsliga ställning kan anses ha anknytning till lagstiftningen i flera medlemsstater avses med begreppet ”den medlemsstat där en person är bosatt” den medlemsstat där vederbörande är stadigvarande bosatt och även har varaktigt centrum för sina levnadsintressen (se domarna Hakenberg, 13/73, EU:C:1973:92 , punkt 32, Swaddling, EU:C:1999:96 , punkt 29, och Wencel, EU:C:2013:303 , punkt 49). I detta sammanhang ska särskilt beaktas den berörda personens familjesituation, anledningen till att han eller hon har flyttat, bosättningens längd och huruvida den är sammanhängande, huruvida han eller hon i förekommande fall har fast arbete samt vederbörandes avsikter, såsom de framgår av samtliga omständigheter (se, för ett liknande resonemang, domarna Knoch, C‑102/91, EU:C:1992:303 , punkt 23, och Swaddling, EU:C:1999:96 , punkt 29). Förteckningen över de kriterier som ska beaktas då en persons bosättningsort fastställs, såsom denna förteckning utarbetats i rättspraxis, är numera kodifierad i artikel 11 i förordning nr 987/2009. Domstolen delar generaladvokatens bedömning i punkt 32 i hans förslag till avgörande att förteckningen inte är uttömmande och inte har fastställt någon prioritetsordning för de kriterier som anges i artikel 11.1. Det följer av ovannämnda överväganden att en person, vid tillämpningen av förordning nr 883/2004, inte kan anses vara stadigvarande bosatt i två olika medlemsstater samtidigt (se, för ett liknande resonemang, dom Wencel, EU:C:2013:303 , punkt 51). Inom ramen för denna förordning är en persons bosättningsort nämligen nödvändigtvis en annan än vederbörandes vistelseort. Eftersom man vid fastställandet av en försäkrads bosättningsort ska utgå ifrån en rad faktorer innebär inte enbart det faktum att vederbörande stannar kvar i en medlemsstat – även under en längre period och stadigvarande – nödvändigtvis att han eller hon är bosatt i den staten i den mening som avses i artikel 1 j i förordning nr 883/2004. Längden av bosättningen i den stat där den omtvistade förmånen begärs kan nämligen inte anses utgöra ett avgörande kriterium för tolkningen av begreppet bosättning i den mening som avses i förordning nr 1408/71 (se, för ett liknande resonemang, dom Swaddling, EU:C:1999:96 , punkt 30). I artikel 1 k i förordning nr 883/2004 definieras begreppet ”vistelse” visserligen som ”tillfällig bosättning”. En sådan ”vistelse” innebär, såsom generaladvokaten påpekade i punkterna 43–46 i sitt förslag till avgörande, emellertid inte nödvändigtvis ett kortare besök. Det följer nämligen av ordalydelsen i artikel 1 va i i förordning nr 883/2004 att artiklarna 19 och 20 i samma förordning är tillämpliga på vårdförmåner som inbegriper förmåner vid ”långvarigt vårdbehov”. En person kan följaktligen anses vistas i en annan medlemsstat även då han eller hon erhåller förmåner där under en längre period. Medan det i artikel 22.1 i i förordning nr 1408/71 föreskrevs att längden på den period under vilken förmåner utges ska bestämmas enligt den behöriga statens lagstiftning, återfinns denna regel inte längre i vare sig artikel 19.1 eller i artikel 20.1 och 20.2 i förordning nr 883/2004, vilka i allt väsentligt har ersatt nämnda artikel 22.1 a–i. Enbart det förhållandet att I stannade kvar i Tyskland i elva år är således inte i sig och som sådant tillräckligt för att anse att han var bosatt i den medlemsstaten. För att avgöra var I hade varaktigt centrum för sina levnadsintressen ska den hänskjutande domstolen beakta samtliga relevanta kriterier, bland annat dem som anges i artikel 11.1 i förordning nr 987/2009, och även – enligt artikel 11.2 i samma förordning – den berörda personens avsikt vad gäller vederbörandes faktiska bosättningsort. Avsikten ska bedömas utifrån de faktiska omständigheterna och objektiva förhållandena i det nationella målet. Enbart ett uttalande om en avsikt att bosätta sig på en viss plats är inte i sig tillräckligt för att nämnda artikel 11.2 ska vara tillämplig. Även om det inom ramen för en begäran om förhandsavgörande slutligen ankommer på den nationella domstolen att göra en bedömning av de faktiska omständigheterna, är EU-domstolen, som ska ge den nationella domstolen användbara svar, emellertid behörig att mot bakgrund av handlingarna i målet vid den nationella domstolen och de yttranden som förelagts den lämna upplysningar av sådant slag att den nationella domstolen får möjlighet att avgöra målet (se, för ett liknande resonemang, domarna Brunnhofer, C‑381/99, EU:C:2001:358 , punkt 65, och Alakor Gabonatermelő és Forgalmazó, C‑191/12, EU:C:2013:315 , punkt 31). Bland de kriterier som den hänskjutande domstolen bör beakta vid tillämpningen av artikel 1 j och k i förordning nr 883/2004 återfinns bland annat det förhållandet att även om I stannade kvar i Tyskland en lång period var denna situation inte ett personligt val, eftersom han, enligt vad som anges i tolkningsfrågan, var tvungen härtill ”på grund av sitt akuta sjukdomstillstånd och fördelen av att ha närhet till specialistvård”. Det ankommer i förevarande fall på den hänskjutande domstolen att, utifrån omständigheterna i det nationella målet, pröva huruvida I hade förmåga att resa och huruvida en behandling motsvarande den han erhöll i Tyskland fanns tillgänglig i Irland. Utöver de omständigheter som nämns i begäran om förhandsavgörande gör domstolen följande påpekande. Vid förhandlingen, och som svar på en fråga från domstolen, gjorde I gällande att han inte hade någon anknytning till det tyska skattesystemet och att hans skattemässiga hemvist var Irland, även om han inte betalade någon skatt där på grund av att han saknade inkomster, med undantag för en handikappersättning som Irland utbetalade och en mindre pension från Förenade kungariket. Mot bakgrund av samtliga ovanstående överväganden ska den ställda frågan besvaras enligt följande. Artikel 1 j och k i förordning nr 883/2004 ska tolkas så, att när en unionsmedborgare som var bosatt i en första medlemsstat blir svårt och hastigt sjuk under en semester i en andra medlemsstat och är tvungen att stanna kvar i denna stat under elva år på grund av detta sjukdomstillstånd och närheten till specialistvård på den plats där han eller hon bor, ska vederbörande anses ”vistas” i denna andra medlemsstat vid tillämpning av artiklarna 19.1, 20.1 och 20.2 i ovannämnda förordning om han eller hon har varaktigt centrum för sina levnadsintressen i den första medlemsstaten. Det ankommer på den nationella domstolen att fastställa var unionsmedborgaren har varaktigt centrum för sina levnadsintressen genom att göra en bedömning av samtliga relevanta omständigheter och härvid beakta vederbörandes avsikt, såsom denna framgår av dessa faktiska omständigheter. Enbart det förhållandet att unionsmedborgaren har stannat kvar i den andra medlemsstaten under en längre period är inte i sig och som sådant tillräckligt för att anse att han eller hon är bosatt i den staten. Rättegångskostnader Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i det nationella målet utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den hänskjutande domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttrande till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla. Mot denna bakgrund beslutar domstolen (fjärde avdelningen) följande: Artikel 1 j och k i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen ska tolkas så, att när en unionsmedborgare som var bosatt i en första medlemsstat blir svårt och hastigt sjuk under en semester i en andra medlemsstat och är tvungen att stanna kvar i denna stat under elva år på grund av detta sjukdomstillstånd och närheten till specialistvård på den plats där han eller hon bor, ska vederbörande anses ”vistas” i denna andra medlemsstat vid tillämpning av artiklarna 19.1, 20.1 och 20.2 i ovannämnda förordning om han eller hon har varaktigt centrum för sina levnadsintressen i den första medlemsstaten. Det ankommer på den nationella domstolen att fastställa var unionsmedborgaren har varaktigt centrum för sina levnadsintressen genom att göra en bedömning av samtliga relevanta omständigheter och härvid beakta vederbörandes avsikt, såsom denna framgår av dessa faktiska omständigheter. Enbart det förhållandet att unionsmedborgaren har stannat kvar i den andra medlemsstaten under en längre period är inte i sig och som sådant tillräckligt för att anse att han eller hon är bosatt i den staten. Underskrifter ( *1 ) Rättegångsspråk: engelska.

61993CJ0439

de

1 Die französische Cour de cassation hat mit Urteil vom 26. Oktober 1993, beim Gerichtshof eingegangen am 10. November 1993, gemäß dem Protokoll vom 3. Juni 1971 betreffend die Auslegung des Übereinkommens vom 27. September 1968 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen durch den Gerichtshof eine Frage nach der Auslegung des Artikels 5 Nr. 5 dieses Übereinkommens (ABl. 1972, L 299, S. 32) in der Fassung des Übereinkommens vom 9. Oktober 1978 über den Beitritt des Königreichs Dänemark, Irlands und des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland (ABl. L 304, S. 1, geänderter Text S. 77; im folgenden: Übereinkommen) zur Vorabentscheidung vorgelegt. 2 Diese Frage stellt sich in einem Rechtsstreit zwischen der Gesellschaft französischen Rechts Campenon Bernard (im folgenden: Firma Campenon Bernard) mit Sitz in Clichy (Frankreich) und The Lloyd' s Register of Shipping (im folgenden: Lloyd' s Register), charity (gemeinnützige Einrichtung) englischen Rechts mit Sitz in London, über die ordnungsgemässe Ausführung eines Auftrags betreffend die Kontrolle von Betonstählen. 3 Ende November 1985 nahm die Firma Campenon Bernard Kontakt zur französischen Zweigniederlassung von Lloyd' s Register auf, um Betonstähle kontrollieren zu lassen, die sie für den Bau einer Autobahn in Kuwait verwenden wollte. Der Auftrag ging dahin, zu prüfen, ob die Betonstähle einer amerikanischen technischen Norm entsprachen, die das kuwaitische Ministerium für öffentliche Arbeiten in das Lastenheft aufgenommen hatte, und gegebenenfalls ein Konformitätszeugnis auszustellen. 4 Nach Abschluß der Verhandlungen erteilte die Firma Campenon Bernard der französischen Zweigniederlassung mit Schreiben vom 3. Dezember 1985 den Auftrag. In dem Schreiben hieß es, daß die Inspektion in Spanien von der spanischen Zweigniederlassung von Lloyd' s Register durchgeführt werden sollte. Es wurde weiter angegeben, daß die Zahlung in Peseten erfolgen würde. Am 9. Dezember 1985 erklärte die französische Zweigniederlassung von Lloyd' s Register die Annahme des Auftrags. 5 Das kuwaitische Ministerium für öffentliche Arbeiten wies die Betonstähle wegen Nichteinhaltung der amerikanischen technischen Norm zurück, obwohl die spanische Zweigniederlassung von Lloyd' s Register Konformitätszeugnisse ausgestellt hatte. 6 Auf Druck der französischen Zweigniederlassung von Lloyd' s Register bezahlte die Firma Campenon Bernard am 2. Februar 1988 die ihr von der spanischen Zweigniederlassung erteilte Rechnung, wobei sie sich ihre Rechte vorbehielt. Unter dem Vorwurf, Lloyd' s Register habe zu Unrecht die Übereinstimmung der Stähle mit der amerikanischen technischen Norm festgestellt, erhob sie sodann beim Tribunal de commerce Paris Klage auf Schadensersatz gegen Lloyd' s Register über dessen französische Zweigniederlassung. 7 Lloyd' s Register rügte die mangelnde Zuständigkeit der französischen Gerichte. 8 Diese Rüge wurde in erster Instanz aufgrund innerstaatlichen Rechts zurückgewiesen. Erst in der Berufungsinstanz wurde sie im Hinblick auf Artikel 5 Nrn. 1 und 5 des Übereinkommens geprüft, die bestimmen: "Eine Person, die ihren Wohnsitz in dem Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats hat, kann in einem anderen Vertragsstaat verklagt werden: 1. wenn ein Vertrag oder Ansprüche aus einem Vertrag den Gegenstand des Verfahrens bilden, vor dem Gericht des Ortes, an dem die Verpflichtung erfuellt worden ist oder zu erfuellen wäre; ... 5. wenn es sich um Streitigkeiten aus dem Betrieb einer Zweigniederlassung, einer Agentur oder einer sonstigen Niederlassung handelt, vor dem Gericht des Ortes, an dem sich diese befindet". 9 In ihrem Urteil vom 5. Juni 1991 entschied die Cour d' appel Paris, der Rechtsstreit betreffe den Betrieb der französischen Zweigniederlassung von Lloyd' s Register und falle daher in ihre Zuständigkeit. Diese Zweigniederlassung sei der einzige Gesprächspartner der Firma Campenon Bernard gewesen, da sie die Verhandlungen geführt und den Vertrag geschlossen sowie später von dieser Firma Zahlung verlangt habe. Es komme nicht darauf an, daß die Verpflichtungen in Spanien erfuellt worden seien. Artikel 5 Nr. 5 des Übereinkommens verlange nicht, daß die Verpflichtungen in dem Vertragsstaat erfuellt werden müssten, in dem sich der Mittelpunkt geschäftlicher Tätigkeit befinde. Würde eine solche Einschränkung zugelassen, so käme Artikel 5 Nr. 5 gegenüber Artikel 5 Nr. 1 keine Bedeutung mehr zu, da dieser bereits die Zuständigkeit des Gerichts des Erfuellungsorts der streitigen Verpflichtung begründe. 10 Lloyd' s Register hat hiergegen Kassationsbeschwerde eingelegt und unter anderem einen Verstoß gegen Artikel 5 Nr. 5 des Übereinkommens gerügt. Seiner Auffassung nach liegt eine Streitigkeit aus dem Betrieb einer Zweigniederlassung, einer Agentur oder einer sonstigen Niederlassung im Sinne dieser Vorschrift nur vor, wenn die von einem solchen Mittelpunkt geschäftlicher Tätigkeit eingegangenen Verpflichtungen in dem Vertragsstaat erfuellt werden müssen, in dem sich dieser Mittelpunkt befindet. 11 Unter diesen Umständen hat die Cour de cassation dem Gerichtshof mit Urteil vom 26. Oktober folgende Frage vorgelegt: Setzt in Anbetracht des Artikels 5 Nr. 1 des Übereinkommens vom 27. September 1968 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen der Begriff "Streitigkeiten aus dem Betrieb einer Zweigniederlassung, einer Agentur oder einer sonstigen Niederlassung" in Artikel 5 Nr. 5 des Übereinkommens notwendigerweise voraus, daß die von der Zweigniederlassung im Namen des Stammhauses eingegangenen streitigen Verpflichtungen in dem Vertragsstaat zu erfuellen sind, in dem sich die Zweigniederlassung befindet? 12 Lloyd' s Register macht geltend, der Gerichtshof habe in seinem Urteil vom 22. November 1978 in der Rechtssache 33/78 (Somafer, Slg. 1978, 2183, Randnr. 13) festgestellt, daß die in Artikel 5 Nr. 5 aufgestellte Regel Rechtsstreitigkeiten betreffe, die sich auf Verbindlichkeiten bezögen, die von einer solchen Niederlassung im Namen des Stammhauses eingegangen seien, sofern die Verbindlichkeiten im Vertragsstaat der Niederlassung zu erfuellen seien. 13 Ein solches Lokalisierungserfordernis entspreche dem Bedürfnis einer geordneten Rechtspflege, das dieser Vorschrift zugrunde liege. Es solle nämlich die Möglichkeit eröffnen, einen Rechtsstreit, der in der tatsächlichen Tätigkeit einer Niederlassung begründet sei, aus praktischen Gründen wie aus Gründen der erleichterten Beweisführung von dem Gericht des Ortes entscheiden zu lassen, an dem sie sich befinde. 14 Da sich eine Niederlassung zudem nicht darauf beschränken könne, Bestellungen an das Stammhaus zu übermitteln, sondern auch an ihrer Ausführung teilnehmen müsse und das Tätigkeitsgebiet einer Niederlassung insoweit natürlich auf das Gebiet des Vertragsstaats beschränkt sei, in dem sie niedergelassen sei, sei die in Artikel 5 Nr. 5 vorgesehene Zuständigkeit nur gegeben, wenn die von der Niederlassung im Namen ihres Stammhauses eingegangenen Verpflichtungen im Gebiet des Vertragsstaats zu erfuellen seien, in dem sie sich befinde. 15 Diesem Vorbringen kann nicht gefolgt werden. 16 Erstens verlangt Artikel 5 Nr. 5 des Übereinkommens seinem Wortlaut nach nicht, daß die von einer Zweigniederlassung eingegangenen Verbindlichkeiten in dem Vertragsstaat erfuellt werden müssen, in dem sie sich befindet, um zu ihrem Betrieb zu gehören. 17 Zweitens würde die von der Lloyd' s Register vertretene Auffassung Artikel 5 Nr. 5 beinahe völlig um seine praktische Wirksamkeit bringen. Da Artikel 5 Nr. 1 es dem Kläger bereits erlaubt, eine Vertragsklage bei dem Gericht des Erfuellungsorts der Verpflichtung, die Gegenstand seiner Klage ist, zu erheben, wäre Artikel 5 Nr. 5 eine unnötige Wiederholung dieser Vorschrift, wenn er nur für die von der Zweigniederlassung eingegangenen Verpflichtungen gelten würde, die im Gebiet des Vertragsstaats zu erfuellen sind, in dem sich diese befindet. Allenfalls würde er in diesem Fall einen zweiten besonderen Gerichtsstand begründen, wenn sich ° innerhalb des Vertragsstaats der Zweigniederlassung ° der Erfuellungsort der streitigen Verpflichtung in einem anderen Gerichtsbezirk als dem der Zweigniederlassung befindet. 18 Drittens ist eine Niederlassung ein Mittelpunkt geschäftlicher Tätigkeit, der auf Dauer als Aussenstelle eines Stammhauses hervortritt, eine Geschäftsführung hat und sachlich so ausgestattet ist, daß er in der Weise Geschäfte mit Dritten betreiben kann, daß diese, obgleich sie wissen, daß möglicherweise ein Rechtsverhältnis mit dem im Ausland ansässigen Stammhaus begründet wird, sich nicht unmittelbar an dieses zu wenden brauchen (siehe Urteil Somafer, a. a. O., Randnr. 12). 19 Im Sinne des Artikel 5 Nr. 5 des Übereinkommens ist eine Zweigniederlassung, eine Agentur oder eine sonstige Niederlassung also eine Einheit, die als hauptsächlicher, wenn nicht ausschließlicher Gesprächspartner von Dritten in Vertragsverhandlungen auftreten kann. 20 Allerdings besteht nicht notwendigerweise eine enge Verbindung zwischen der Einheit, mit der ein Kunde verhandelt und der er einen Auftrag erteilt, und dem Ort, an dem dieser ausgeführt wird. Verpflichtungen können daher auch dann zum Betrieb einer Niederlassung im Sinne des Artikel 5 Nr. 5 des Übereinkommens gehören, wenn sie ausserhalb des Vertragsstaats dieser Niederlassung ° gegebenenfalls von einer anderen Niederlassung ° erfuellt werden. 21 Diese Auslegung entspricht im übrigen dem Zweck der besonderen Zuständigkeitsregeln. Wie sich aus dem Jenard-Bericht (ABl. 1979, C 59, insbesondere S. 22) ergibt, ermöglichen diese es dem Kläger nämlich, bei einem anderen Gericht als demjenigen des Wohnsitzes des Beklagten zu klagen, soweit eine besonders enge Verbindung zwischen dem Rechtsstreit und dem für seine Entscheidung zuständigen Gericht besteht. 22 Nach alledem ist daher auf die Frage des vorlegenden Gerichts zu antworten, daß der Begriff "Streitigkeiten aus dem Betrieb einer Zweigniederlassung, einer Agentur oder einer sonstigen Niederlassung" in Artikel 5 Nr. 5 des Übereinkommens nicht voraussetzt, daß die von der Zweigniederlassung im Namen des Stammhauses eingegangenen streitigen Verpflichtungen in dem Vertragsstaat zu erfuellen sind, in dem sich die Zweigniederlassung befindet. Kostenentscheidung Kosten 23 Die Auslagen der französischen und der griechischen Regierung sowie der Regierung des Vereinigten Königreichs und der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, die vor dem Gerichtshof Erklärungen abgegeben haben, sind nicht erstattungsfähig. Für die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem bei dem vorlegenden Gericht anhängigen Rechtsstreit; die Kostenentscheidung ist daher Sache dieses Gerichts. Tenor Aus diesen Gründen hat DER GERICHTSHOF auf die ihm von der Cour de cassation der Französischen Republik mit Urteil vom 26. Oktober 1993 vorgelegte Frage für Recht erkannt: Der Begriff "Streitigkeiten aus dem Betrieb einer Zweigniederlassung, einer Agentur oder einer sonstigen Niederlassung" in Artikel 5 Nr. 5 des Übereinkommens vom 27. September 1968 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen in der Fassung des Übereinkommens vom 9. Oktober 1978 über den Beitritt des Königreichs Dänemark, Irlands und des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland setzt nicht voraus, daß die von der Zweigniederlassung im Namen des Stammhauses eingegangenen streitigen Verpflichtungen in dem Vertragsstaat zu erfuellen sind, in dem sich die Zweigniederlassung befindet.

62020CJ0683

es

Mediante su recurso, la Comisión Europea solicita al Tribunal de Justicia que declare que la República Eslovaca ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 8, apartado 2, y del artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental ( DO 2002, L 189, p. 12 ), en relación con el anexo VI de dicha Directiva, al no haber elaborado planes de acción ni haber comunicado a la Comisión resúmenes de los planes de acción para los grandes ejes viarios y los grandes ejes ferroviarios enunciados en el anexo de la sentencia. Marco jurídico A tenor del artículo 3 de la Directiva 2002/49, titulado «Definiciones»: «A efectos de la presente Directiva se entenderá por: […] n) “gran eje viario”: cualquier carretera regional, nacional o internacional, especificada por el Estado miembro, con un tráfico superior a tres millones de vehículos por año; o) “gran eje ferroviario”: cualquier vía férrea, especificada por el Estado miembro, con un tráfico superior a 30000 trenes por año; […] t) “planes de acción”: los planes encaminados a afrontar las cuestiones relativas al ruido y a sus efectos, incluida la reducción del ruido si fuere necesario; […]». El artículo 8 de esta Directiva, con el epígrafe «Planes de acción», establece: «[…] 2.   Los Estados miembros garantizarán que, a más tardar el 18 de julio de 2013, las autoridades competentes hayan elaborado planes de acción, en particular para afrontar las prioridades que puedan determinarse como consecuencia de la superación de determinados valores límite o según otros criterios elegidos por los Estados miembros correspondientes a las aglomeraciones, a los grandes ejes viarios situados en su territorio, así como a los grandes ejes ferroviarios situados en su territorio. […] 5.   Los planes de acción se revisarán, y en caso necesario se modificarán, cuando se produzca un cambio importante de la situación existente del ruido, y al menos cada cinco años a partir de la fecha de su aprobación. […] 7.   Los Estados miembros garantizarán que se consulte a la población sobre las propuestas de planes de acción, que se les ofrezca a tiempo la posibilidad efectiva de participar en la preparación y revisión de los planes de acción, que el resultado de dicha participación se tenga en cuenta y que se mantenga informad[a] a la población sobre las decisiones adoptadas. Deberán establecerse plazos razonables que permitan a la población disponer del tiempo suficiente para intervenir en cada una de las fases. Cuando la obligación de llevar a cabo un procedimiento de participación de la población se derive simultáneamente de la presente Directiva y de alguna otra norma [de la Unión], los Estados miembros podrán facilitar procedimientos comunes con el fin de evitar las duplicaciones.» El artículo 10 de dicha Directiva, con el epígrafe «Recogida y publicación de datos por los Estados miembros y la Comisión», dispone, en su apartado 2: «Los Estados miembros velarán por que la información resultante de los mapas estratégicos de ruido y de los resúmenes de los planes de acción contemplados en el anexo VI de la presente Directiva se envíe a la Comisión a más tardar seis meses después de las fechas mencionadas respectivamente en los artículos 7 y 8.» El anexo V de esta Directiva establece los requisitos mínimos de los planes de acción. El anexo VI de la misma Directiva prevé la información que debe comunicarse a la Comisión, que incluye, en particular, en relación con los grandes ejes viarios, los grandes ejes ferroviarios y los grandes aeropuertos, «un resumen del plan de acción, de una extensión no superior a 10 páginas, que aborde los aspectos pertinentes indicados en el anexo V». Procedimiento administrativo previo El 25 de junio de 2010, las autoridades eslovacas comunicaron a la Comisión, a través del portal electrónico Reportnet de la Red Europea de Información y de Observación sobre el Medio Ambiente (Eionet), una lista de aglomeraciones, grandes ejes viarios, grandes ejes ferroviarios y grandes aeropuertos comprendidos en el ámbito de aplicación de la Directiva 2002/49. El 16 de enero de 2014 actualizaron esa lista en lo que respecta a los grandes ejes ferroviarios. El 27 de marzo de 2015, tras un primer intercambio de correspondencia, los servicios de la Comisión dirigieron a las autoridades eslovacas, en el marco del procedimiento EU Pilot 7453/15/ENVI, una solicitud relativa a la aplicación de la Directiva 2002/49. El 26 de mayo de 2015, las autoridades eslovacas respondieron a esta solicitud y, el 24 de julio de 2015, actualizaron los datos relativos a las aglomeraciones y a los grandes ejes viarios. El 29 de abril de 2016, la Comisión remitió a la República Eslovaca un escrito de requerimiento en el que señalaba varios incumplimientos de las obligaciones que incumbían a dicho Estado miembro en virtud de la Directiva 2002/49, en particular la obligación de elaborar planes de acción, prevista en el artículo 8, apartado 2, y la de enviarle los resúmenes de esos planes de acción, prevista en el artículo 10, apartado 2, en relación con los anexos V y VI, de dicha Directiva. Mediante escrito de 17 de junio de 2016, la República Eslovaca respondió a dicho escrito de requerimiento. El 15 de junio de 2017, tras examinar esta respuesta y la información comunicada después de ella, la Comisión remitió a la República Eslovaca un dictamen motivado. En el referido dictamen, la Comisión señaló, en particular, que dicho Estado miembro no había elaborado planes de acción para 462 grandes ejes viarios y dieciséis grandes ejes ferroviarios, infringiendo el artículo 8, apartados 2 y 4, en relación con el anexo V de la Directiva 2002/49, y que no había transmitido, respecto a esos grandes ejes viarios y grandes ejes ferroviarios, los resúmenes de los planes de acción, infringiendo el artículo 10, apartado 2, en relación con los anexos V y VI, de dicha Directiva. La Comisión concedió a la República Eslovaca un plazo de dos meses a partir de la recepción de dicho dictamen para adoptar las medidas necesarias al objeto de poner fin a esos incumplimientos. Mediante escrito de 24 de julio de 2017, la República Eslovaca indicó que no había podido cumplir plenamente y a su debido tiempo las obligaciones derivadas de la Directiva 2002/49, ya que los administradores de infraestructuras viarias y los operadores ferroviarios no habían cumplido sus obligaciones legales en los plazos establecidos. Además, dicho Estado miembro comunicó a la Comisión que se estaban elaborando 17 planes de acción relativos a grandes ejes viarios. Los días 21 de agosto y 10 de septiembre de 2020, las autoridades eslovacas transmitieron a la red Eionet nueva información relativa a los grandes ejes viarios y a los grandes ejes ferroviarios, respectivamente. Al considerar que la República Eslovaca no había cumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 8, apartado 2, y del artículo 10, apartado 2, en relación con el anexo VI, de la Directiva 2002/49, la Comisión decidió interponer el presente recurso. Sobre el recurso Alegaciones de las partes Si bien reconoce que la República Eslovaca ha logrado cierto progreso en la aplicación de la Directiva 2002/49 desde el inicio del procedimiento, la Comisión sostiene que dicho Estado miembro ha incumplido su obligación de enviarle los resúmenes de los planes de acción relativos a 445 grandes ejes viarios fuera de aglomeraciones y a dieciséis grandes ejes ferroviarios fuera de aglomeraciones, de conformidad con el artículo 10, apartado 2, en relación con el anexo VI, de la Directiva 2002/49. A falta de indicación contraria, la Comisión deduce de ello que la República Eslovaca no ha elaborado planes de acción para esos ejes, por lo que ha incumplido la obligación que le incumbe en virtud del artículo 8, apartado 2, de dicha Directiva. La República Eslovaca reconoce haber cumplido con retraso las obligaciones derivadas del artículo 8, apartado 2, y del artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2002/49. No obstante, considera que el presente recurso ha quedado sin objeto. Señala que, tras haber comunicado a la Comisión, el 10 de septiembre de 2020, un documento titulado «Plan de acción en materia de protección contra el ruido procedente de determinados grandes ejes ferroviarios gestionados por la Sociedad nacional de ferrocarriles eslovacos (ŽSR) y operativos en 2011 — Resumen», de julio de 2013, y, el 31 de diciembre de 2020, un documento titulado «Plan de acción en materia de protección contra el ruido procedente de determinados grandes ejes viarios gestionados por la Administración eslovaca de carreteras (SSC) sobre la base de la situación en 2011 — Resumen», de noviembre de 2020, ya no subsiste ninguno de los incumplimientos alegados. En la fase de réplica, la Comisión niega la pertinencia de dichos documentos. Indica que estos ponen de manifiesto consultas públicas efectuadas durante el año 2020. Dado que, conforme al artículo 8, apartado 7, de la Directiva 2002/49, las consultas públicas deben preceder a la adopción de los planes de acción, estos documentos no pueden referirse a planes de acción relativos al período comprendido entre 2013 y 2018. Se trata probablemente de documentos recientes que se refieren a una situación pasada. Pues bien, de la interpretación sistemática de las disposiciones de la Directiva 2002/49 se desprende que un plan de acción debe adoptarse a su debido tiempo para cubrir un período futuro. En particular, del sistema de obligaciones instaurado por dicha Directiva, concretamente del artículo 8, apartado 5, de esta, se desprende que, al cabo de cinco años como máximo, los planes de acción se revisarán, y en caso necesario se modificarán. Por consiguiente, la adopción en 2020 del plan de acción que debería haberse elaborado en 2013 no es conforme con la Directiva 2002/49. Si fuese posible adoptar planes de acción después de la expiración del período al que se refieren, la Directiva 2002/49 quedaría privada de eficacia. La Comisión añade que, en cualquier caso, la cuestión de si la República Eslovaca cumplió las obligaciones que le incumbían en virtud del artículo 8, apartado 2, y del artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2002/49 debe apreciarse en función de la situación tal como se presentaba al final del plazo fijado en el dictamen motivado, en el caso de autos, el 15 de agosto de 2017. Pues bien, consta que, en esa fecha, la República Eslovaca aún no había elaborado planes de acción para 445 grandes ejes viarios y dieciséis grandes ejes ferroviarios. La República Eslovaca rechaza esta argumentación de la Comisión, que considera ilógica y confusa. En su opinión, de la Directiva 2002/49 se desprende que los planes de acción que dicho Estado miembro estaba obligado a elaborar antes del 18 de julio de 2013 para dieciséis grandes ejes ferroviarios y 445 grandes ejes viarios debían basarse en los datos del año 2011 e incluir medidas para los años 2013 a 2018. La República Eslovaca cumplió esta obligación a posteriori . Las exigencias formuladas por la Comisión en la fase de réplica equivalen, en la práctica, a que la República Eslovaca deba renunciar a esforzarse, aunque solo sea a posteriori , en cumplir la obligación establecida en el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2002/49 y a la que se refiere el presente recurso, y a que se le imponga que trate de cumplir otra obligación, a saber, la prevista en el artículo 8, apartado 5, de la Directiva 2002/49, obligación por cuyo incumplimiento no se ha interpuesto ningún recurso contra ella. En otras palabras, las alegaciones de la Comisión significan que, si un Estado miembro no ha cumplido sus obligaciones en el plazo fijado por dicha Directiva, nunca podrá hacerlo. En el supuesto de que la Comisión impute a la República Eslovaca, en la réplica, el incumplimiento de la obligación de llevar a cabo a su debido tiempo una consulta pública sobre los planes de acción, prevista en el artículo 8, apartado 7, de la Directiva 2002/49, y de la obligación de revisar o modificar los planes de acción a más tardar cinco años después de su fecha de aprobación, prevista en el artículo 8, apartado 5, de la misma Directiva, la República Eslovaca considera que estas imputaciones son inadmisibles. Por otra parte, la República Eslovaca señala, en primer lugar, que, aunque los planes de acción a que se refiere el recurso no se finalizaron hasta 2020, ello no significa que no se adoptara ninguna medida de lucha contra el ruido ambiental con respecto a los grandes ejes viarios y ferroviarios de que se trata después de 2013. A este respecto, menciona varias medidas de modernización de las vías férreas o dirigidas directamente a reducir las fuentes de ruido. Además, la República Eslovaca tiene pleno conocimiento de las obligaciones que para ella se derivan del artículo 8, apartado 5, de la Directiva 2002/49. Con arreglo a dicha disposición, afirma haber elaborado y comunicado a la Comisión varios resúmenes de planes de acción teniendo en cuenta la situación para el año 2016. Por último, la República Eslovaca subraya que estaba lejos de ser el único Estado miembro que se había retrasado en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 8, apartado 2, y en el artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2002/49. Apreciación del Tribunal de Justicia Conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la existencia de un incumplimiento debe apreciarse en función de la situación del Estado miembro tal como esta se presentaba al final del plazo señalado en el dictamen motivado y el Tribunal de Justicia no puede tener en cuenta los cambios producidos posteriormente [véase la sentencia de 27 de enero de 2021, Comisión/Austria (IVA — Agencias de viajes), C‑787/19 , no publicada, EU:C:2021:72 , apartado , y jurisprudencia citada]. En el caso de autos, la República Eslovaca no niega que, en la fecha de expiración del plazo fijado en el dictamen motivado, es decir, el 15 de agosto de 2017, no había elaborado planes de acción para los grandes ejes viarios y los grandes ejes ferroviarios mencionados en el anexo de la presente sentencia ni había comunicado a la Comisión resúmenes de dichos planes de acción. Por lo que respecta a los documentos titulados «Plan de acción en materia de protección contra el ruido procedente de determinados grandes ejes ferroviarios gestionados por la Sociedad nacional de ferrocarriles eslovacos (ŽSR) y operativos en 2011 — Resumen» y «Plan de acción en materia de protección contra el ruido procedente de determinados grandes ejes viarios gestionados por la Administración eslovaca de carreteras (SSC) sobre la base de la situación en 2011 — Resumen», la República Eslovaca no niega haberlos comunicado a la Comisión los días 10 de septiembre y 31 de diciembre de 2020, es decir, después de la fecha de expiración del plazo fijado en el dictamen motivado. Por otra parte, en lo que atañe al primero de esos dos documentos, la República Eslovaca aclara que se mantuvo la indicación del año 2013 (véase el apartado 18 de la presente sentencia) porque dicho documento debía haberse elaborado inicialmente en 2013. Sin embargo, confirma que incluso este documento no se finalizó hasta 2020, tras la consulta pública. De ello se deduce que, de conformidad con la jurisprudencia citada en el apartado 26 de la presente sentencia, esos documentos carecen de pertinencia para apreciar la existencia, en esa fecha, de los incumplimientos alegados. Por otra parte, procede señalar que la alegación de la República Eslovaca relativa a la inadmisibilidad de determinadas alegaciones de la Comisión se basa en una lectura errónea de los escritos de dicha institución. En efecto, como señala la propia República Eslovaca, la Comisión no solicita al Tribunal de Justicia que declare un incumplimiento de obligaciones distintas de las previstas en el artículo 8, apartado 2, y en el artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2002/49. En realidad, la Comisión se refirió a las obligaciones de modificar los planes de acción y de consultar a la población en relación con las propuestas de planes de acción, previstas en el artículo 8, apartados 5 y 7, de dicha Directiva, únicamente en el contexto de los documentos mencionados en el apartado 28 de la presente sentencia, y ello para demostrar, en particular, que esos documentos fueron adoptados recientemente y, en cualquier caso, tras la expiración del plazo fijado en el dictamen motivado, hecho al que la República Eslovaca no se opone en el marco del presente procedimiento. En la medida en que esta última subraya que estaba lejos de ser el único Estado miembro que se había retrasado en el cumplimiento de las obligaciones derivadas del artículo 8, apartado 2, y del artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2002/49, basta recordar que el Tribunal de Justicia ha declarado reiteradamente que un Estado miembro no puede justificar el incumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado FUE alegando que otros Estados miembros también han incumplido o incumplen sus obligaciones (sentencia de 18 de noviembre de 2010, Comisión/España, C‑48/10 , no publicada, EU:C:2010:704 , apartado y jurisprudencia citada). En estas circunstancias, procede estimar el recurso. Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede declarar que la República Eslovaca ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud, respectivamente, del artículo 8, apartado 2, y del artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2002/49, en relación con el anexo VI de esta, por una parte, al no haber elaborado planes de acción para los grandes ejes viarios y los grandes ejes ferroviarios contemplados en el anexo de la presente sentencia y, por otra, al no haber comunicado a la Comisión resúmenes de dichos planes de acción. Costas En virtud del artículo 138, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber solicitado la Comisión la condena en costas de la República Eslovaca y al haber sido desestimadas las pretensiones de esta, procede condenarla en costas. En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Octava) decide: 1) Declarar que la República Eslovaca ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud, respectivamente, del artículo 8, apartado 2, y del artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, en relación con el anexo VI de esta, por una parte, al no haber elaborado planes de acción para los grandes ejes viarios y los grandes ejes ferroviarios contemplados en el anexo de la presente sentencia y, por otra, al no haber comunicado a la Comisión resúmenes de dichos planes de acción. 2) Condenar en costas a la República Eslovaca. Firmas Anexo Grandes ejes viarios Número de identificación nacional Número de identificación único 90269 SK_b_rd001 90260 SK_b_rd002 90290 SK_b_rd003 90290 SK_b_rd004 90308 SK_b_rd005 90308 SK_b_rd006 90309 SK_b_rd007 90309 SK_b_rd008 90309 SK_b_rd009 90100 SK_b_rd010 90100 SK_b_rd011 90100 SK_b_rd012 90118 SK_b_rd013 90118 SK_b_rd014 90118 SK_b_rd015 90118 SK_b_rd016 90119 SK_b_rd017 90120 SK_b_rd018 90120 SK_b_rd019 90120 SK_b_rd020 90120 SK_b_rd021 90120 SK_b_rd022 90120 SK_b_rd023 90130 SK_b_rd024 90130 SK_b_rd025 90140 SK_b_rd026 90149 SK_b_rd027 90149 SK_b_rd028 90149 SK_b_rd029 90149 SK_b_rd030 90149 SK_b_rd031 90158 SK_b_rd032 90158 SK_b_rd033 90158 SK_b_rd034 90158 SK_b_rd035 90158 SK_b_rd036 90158 SK_b_rd037 90169 SK_b_rd038 90170 SK_b_rd039 90180 SK_b_rd040 90180 SK_b_rd041 90187 SK_b_rd042 90187 SK_b_rd043 90187 SK_b_rd044 90210 SK_b_rd045 90210 SK_b_rd046 90220 SK_b_rd047 37 SK_b_rd048 30 SK_b_rd049 30 SK_b_rd050 47 SK_b_rd051 47 SK_b_rd052 40 SK_b_rd053 40 SK_b_rd054 69 SK_b_rd055 69 SK_b_rd056 60 SK_b_rd057 60 SK_b_rd058 60 SK_b_rd059 60 SK_b_rd060 60 SK_b_rd061 60 SK_b_rd062 66 SK_b_rd063 70 SK_b_rd064 70 SK_b_rd065 70 SK_b_rd066 80 SK_b_rd067 127 SK_b_rd068 127 SK_b_rd069 127 SK_b_rd070 130 SK_b_rd071 380 SK_b_rd072 390 SK_b_rd073 390 SK_b_rd074 390 SK_b_rd075 390 SK_b_rd076 390 SK_b_rd077 410 SK_b_rd078 410 SK_b_rd079 410 SK_b_rd080 410 SK_b_rd081 410 SK_b_rd082 420 SK_b_rd083 420 SK_b_rd084 430 SK_b_rd085 430 SK_b_rd086 430 SK_b_rd087 430 SK_b_rd088 440 SK_b_rd089 446 SK_b_rd090 470 SK_b_rd091 80027 SK_b_rd092 80027 SK_b_rd093 80027 SK_b_rd094 80027 SK_b_rd095 80027 SK_b_rd096 80027 SK_b_rd097 80027 SK_b_rd098 80026 SK_b_rd099 80630 SK_b_rd100 80630 SK_b_rd101 80640 SK_b_rd102 80658 SK_b_rd103 80658 SK_b_rd104 80659 SK_b_rd105 80659 SK_b_rd106 83660 SK_b_rd107 83668 SK_b_rd108 83668 SK_b_rd109 83668 SK_b_rd110 83668 SK_b_rd111 83668 SK_b_rd112 83668 SK_b_rd113 92099 SK_b_rd114 92099 SK_b_rd115 92099 SK_b_rd116 92099 SK_b_rd117 92099 SK_b_rd118 92100 SK_b_rd119 92107 SK_b_rd120 92107 SK_b_rd121 92107 SK_b_rd122 91450 SK_b_rd123 91450 SK_b_rd124 92107 SK_b_rd125 92107 SK_b_rd126 92107 SK_b_rd127 91456 SK_b_rd128 92117 SK_b_rd129 92117 SK_b_rd130 92110 SK_b_rd131 92110 SK_b_rd132 92110 SK_b_rd133 92110 SK_b_rd134 92120 SK_b_rd135 92120 SK_b_rd136 92150 SK_b_rd137 92160 SK_b_rd138 92160 SK_b_rd139 90460 SK_b_rd140 90470 SK_b_rd141 90470 SK_b_rd142 90480 SK_b_rd143 90480 SK_b_rd144 90480 SK_b_rd145 90480 SK_b_rd146 90490 SK_b_rd147 90490 SK_b_rd148 90490 SK_b_rd149 90500 SK_b_rd150 90509 SK_b_rd151 90510 SK_b_rd152 90510 SK_b_rd153 90510 SK_b_rd154 90510 SK_b_rd155 90510 SK_b_rd156 90520 SK_b_rd157 90520 SK_b_rd158 90527 SK_b_rd159 90527 SK_b_rd160 90527 SK_b_rd161 90527 SK_b_rd162 90527 SK_b_rd163 90527 SK_b_rd164 90527 SK_b_rd165 90527 SK_b_rd166 90527 SK_b_rd167 90530 SK_b_rd168 90536 SK_b_rd169 90540 SK_b_rd170 90550 SK_b_rd171 90550 SK_b_rd172 90550 SK_b_rd173 90560 SK_b_rd174 90560 SK_b_rd175 90560 SK_b_rd176 90560 SK_b_rd177 90580 SK_b_rd178 90580 SK_b_rd179 90590 SK_b_rd180 90596 SK_b_rd181 540 SK_b_rd182 540 SK_b_rd183 540 SK_b_rd184 550 SK_b_rd185 600 SK_b_rd186 618 SK_b_rd187 618 SK_b_rd188 618 SK_b_rd189 239 SK_b_rd190 239 SK_b_rd191 240 SK_b_rd192 240 SK_b_rd193 240 SK_b_rd194 258 SK_b_rd195 269 SK_b_rd196 270 SK_b_rd197 270 SK_b_rd198 280 SK_b_rd199 290 SK_b_rd200 290 SK_b_rd201 299 SK_b_rd202 300 SK_b_rd203 300 SK_b_rd204 310 SK_b_rd205 310 SK_b_rd206 80750 SK_b_rd207 80750 SK_b_rd208 80750 SK_b_rd209 80780 SK_b_rd210 80780 SK_b_rd211 85520 SK_b_rd212 85526 SK_b_rd213 85526 SK_b_rd214 85526 SK_b_rd215 85526 SK_b_rd216 85526 SK_b_rd217 81170 SK_b_rd218 81170 SK_b_rd219 81180 SK_b_rd220 81180 SK_b_rd221 81180 SK_b_rd222 81180 SK_b_rd223 81200 SK_b_rd224 81200 SK_b_rd225 81230 SK_b_rd226 81230 SK_b_rd227 81720 SK_b_rd228 81720 SK_b_rd229 81726 SK_b_rd230 81726 SK_b_rd231 81726 SK_b_rd232 81726 SK_b_rd233 81726 SK_b_rd234 81726 SK_b_rd235 81726 SK_b_rd236 90660 SK_b_rd237 90660 SK_b_rd238 90660 SK_b_rd239 90670 SK_b_rd240 90670 SK_b_rd241 90700 SK_b_rd242 90756 SK_b_rd243 90750 SK_b_rd244 90750 SK_b_rd245 90750 SK_b_rd246 90750 SK_b_rd247 90780 SK_b_rd248 90780 SK_b_rd249 90790 SK_b_rd250 90790 SK_b_rd251 80140 SK_b_rd252 80146 SK_b_rd253 80190 SK_b_rd254 80190 SK_b_rd255 80190 SK_b_rd256 80200 SK_b_rd257 80200 SK_b_rd258 80200 SK_b_rd259 80200 SK_b_rd260 80260 SK_b_rd261 80030 SK_b_rd262 80030 SK_b_rd263 80040 SK_b_rd264 80050 SK_b_rd265 90019 SK_b_rd266 90019 SK_b_rd267 90019 SK_b_rd268 90019 SK_b_rd269 90019 SK_b_rd270 90019 SK_b_rd271 90010 SK_b_rd272 90010 SK_b_rd273 90040 SK_b_rd274 90040 SK_b_rd275 90040 SK_b_rd276 90040 SK_b_rd277 80286 SK_b_rd278 80286 SK_b_rd279 80286 SK_b_rd280 80288 SK_b_rd281 80288 SK_b_rd282 80288 SK_b_rd283 80288 SK_b_rd284 80288 SK_b_rd285 80289 SK_b_rd286 80289 SK_b_rd287 80296 SK_b_rd288 80297 SK_b_rd289 80297 SK_b_rd290 80297 SK_b_rd291 80297 SK_b_rd292 81460 SK_b_rd293 81460 SK_b_rd294 81478 SK_b_rd295 81478 SK_b_rd296 81478 SK_b_rd297 81479 SK_b_rd298 81480 SK_b_rd299 81480 SK_b_rd300 81480 SK_b_rd301 81480 SK_b_rd302 81496 SK_b_rd303 81496 SK_b_rd304 81496 SK_b_rd305 81496 SK_b_rd306 81500 SK_b_rd307 81510 SK_b_rd308 81510 SK_b_rd309 81510 SK_b_rd310 81510 SK_b_rd311 81570 SK_b_rd312 81570 SK_b_rd313 81570 SK_b_rd314 80420 SK_b_rd315 80458 SK_b_rd316 80459 SK_b_rd317 80560 SK_b_rd318 80560 SK_b_rd319 80570 SK_b_rd320 80590 SK_b_rd321 80590 SK_b_rd322 80620 SK_b_rd323 80628 SK_b_rd324 80628 SK_b_rd325 80628 SK_b_rd326 80628 SK_b_rd327 91460 SK_b_rd328 91460 SK_b_rd329 91460 SK_b_rd330 91440 SK_b_rd331 91440 SK_b_rd332 91430 SK_b_rd333 91430 SK_b_rd334 91430 SK_b_rd335 91380 SK_b_rd336 91380 SK_b_rd337 91380 SK_b_rd338 91370 SK_b_rd339 91370 SK_b_rd340 91360 SK_b_rd341 80350 SK_b_rd342 80350 SK_b_rd343 80357 SK_b_rd344 80357 SK_b_rd345 80360 SK_b_rd346 80360 SK_b_rd347 80360 SK_b_rd348 80370 SK_b_rd349 80370 SK_b_rd350 80380 SK_b_rd351 80390 SK_b_rd352 80390 SK_b_rd353 80390 SK_b_rd354 80390 SK_b_rd355 90390 SK_b_rd356 90390 SK_b_rd357 91300 SK_b_rd358 91300 SK_b_rd359 91296 SK_b_rd360 91290 SK_b_rd361 91290 SK_b_rd362 91260 SK_b_rd363 91250 SK_b_rd364 91250 SK_b_rd365 91550 SK_b_rd366 91550 SK_b_rd367 91530 SK_b_rd368 91530 SK_b_rd369 95376 SK_b_rd370 95377 SK_b_rd371 95380 SK_b_rd372 95380 SK_b_rd373 95377 SK_b_rd374 95376 SK_b_rd375 90880 SK_b_rd376 90880 SK_b_rd377 90897 SK_b_rd378 90897 SK_b_rd379 90900 SK_b_rd380 90900 SK_b_rd381 90900 SK_b_rd382 90900 SK_b_rd383 90900 SK_b_rd384 90910 SK_b_rd385 90910 SK_b_rd386 90910 SK_b_rd387 90920 SK_b_rd388 90930 SK_b_rd389 90930 SK_b_rd390 90937 SK_b_rd391 90937 SK_b_rd392 90940 SK_b_rd393 90940 SK_b_rd394 1300 SK_b_rd395 1300 SK_b_rd396 1300 SK_b_rd397 1300 SK_b_rd398 1300 SK_b_rd399 1300 SK_b_rd400 1310 SK_b_rd401 1310 SK_b_rd402 1310 SK_b_rd403 1320 SK_b_rd404 910 SK_b_rd405 910 SK_b_rd406 910 SK_b_rd407 910 SK_b_rd408 920 SK_b_rd409 930 SK_b_rd410 936 SK_b_rd411 930 SK_b_rd412 930 SK_b_rd413 940 SK_b_rd414 950 SK_b_rd415 2069 SK_b_rd416 95610 SK_b_rd417 91230 SK_b_rd418 91230 SK_b_rd419 91230 SK_b_rd420 91230 SK_b_rd421 91230 SK_b_rd422 91230 SK_b_rd423 1330 SK_b_rd424 1330 SK_b_rd425 1330 SK_b_rd426 5570 SK_b_rd427 5570 SK_b_rd428 5570 SK_b_rd429 5570 SK_b_rd430 5580 SK_b_rd431 1789 SK_b_rd432 81330 SK_b_rd433 81330 SK_b_rd434 81330 SK_b_rd435 81340 SK_b_rd436 81340 SK_b_rd437 81340 SK_b_rd438 81340 SK_b_rd439 81350 SK_b_rd440 81350 SK_b_rd441 81350 SK_b_rd442 81360 SK_b_rd443 81360 SK_b_rd444 81360 SK_b_rd445 Grandes ejes ferroviarios Número de identificación nacional Número de identificación único ŽSR-110 SK_a_rl1 ŽSR-110 SK_a_rl2 ŽSR-120 SK_a_rl3 ŽSR-120 SK_a_rl4 ŽSR-130 SK_a_rl5 ŽSR-130 SK_a_rl6 ŽSR-120 SK_a_rl7 ŽSR-127 SK_a_rl8 ŽSR-180 SK_a_rl9 ŽSR-180 SK_a_rl10 ŽSR-180 SK_a_rl11 ŽSR-180 SK_a_rl12 ŽSR-180 SK_a_rl13 ŽSR-180 SK_a_rl14 ŽSR-180 SK_a_rl15 ŽSR-190 SK_a_rl16 ( *1 ) Lengua de procedimiento: eslovaco.

62007CJ0004

sv

Fördragsbrott – Underlåtenhet att inom den föreskrivna fristen införliva rådets direktiv 2003/110/EG av den 25 november 2003 om bistånd vid transitering i samband med återsändande med flyg (EGT L 321, s. 26). Domslut 1) Republiken Portugal har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 10.1 i rådets direktiv 2003/110/EG av den 25 november 2003 om bistånd vid transitering i samband med återsändande med flyg genom att inte inom den föreskrivna fristen anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet. 2) Republiken Portugal skall ersätta rättegångskostnaderna.

61988CJ0236

el

Με δικόγραφο που κατέθεσε στη γραμματεία του Δικαστηρίου στις 17 Αυγούστου 1988 η Επιτροπή άσκησε, δυνάμει του άρθρου 169 της Συνθήκης ΕΟΚ, προσφυγή με την οποία ζητείται να αναγνωριστεί ότι η Γαλλική Δημοκρατία, αρνούμενη να χορηγήσει ή να διατηρήσει το ευεργέτημα του συμπληρωματικού επιδόματος του Fonds national de solidarité υπέρ των δικαιούχων γαλλικών συντάξεων αναπηρίας, γήρατος ή επιζώντος συζύγου που κατοικούν ή μεταφέρουν την κατοικία τους σε άλλο κράτος μέλος της Κοινότητας, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τα άρθρα 48 έως 51 της Συνθήκης ΕΟΚ και το άρθρο 10 του κανονισμού 1408/71 του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1971, περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας (όπως κωδικοποιήθηκε με τον κανονισμό 2001/83 του Συμβουλίου, της 2ας Ιουνίου 1983, ΕΕ L 230, σ. 6 ). Από τη δικογραφία προκύπτει ότι το συμπληρωματικό επίδομα χορηγείται από το Fonds national de solidarité, που ιδρύθηκε το 1956 προκειμένου να προωθήσει τη γενική πολιτική προστασίας των ηλικιωμένων ατόμων, ορισμένα από τα οποία, ιδίως οι δικαιούχοι παροχών γήρατος ή αναπηρίας βάσει νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων, δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους. Οι προϋποθέσεις χορηγήσεως του επιδόματος αυτού, που προβλέπονταν παλαιότερα στα άρθρα L 684 έως 711 του κώδικα κοινωνικής ασφαλίσεως (code de la sécurité sociale, στο εξής: CSS), καθορίζονται στο εξής από τα άρθρα L 815-1 έως 815-11 του ίδιου κώδικα. Το συμπληρωματικό επίδομα χρηματοδοτείται με φορολογικά έσοδα και η χορήγηση του είναι ανεξάρτητη από την ιδιότητα πρώην μισθωτού ή μη μισθωτού εργαζομένου. Πρόκειται για παροχή που συμπληρώνει τους κάθε φύσεως πόρους, συμπεριλαμβανομένων των παροχών που στηρίζονται σε καταβολή εισφορών, μέχρι ένα επίπεδο που θεωρείται απαραίτητο ενόψει του κόστους διαβιώσεως στη Γαλλία. Το άρθρο L 815-11 του CSS ορίζει ότι παύει η χορήγηση του συμπληρωματικού επιδόματος σε πρόσωπα που μεταφέρουν την κατοικία τους εκτός της επικράτειας της Γαλλικής Δημοκρατίας. Το άρθρο 4, παράγραφος 1, του προαναφερθέντος κανονισμού 1408/71 ορίζει ότι ο εν λόγω κανονισμός ισχύει για όλες τις νομοθεσίες σχετικά με τους κλάδους κοινωνικής ασφαλίσεως που αφορούν, μεταξύ άλλων, τις παροχές αναπηρίας και τις παροχές γήρατος. Το άρθρο 10, παράγραφος 1, του κανονισμού 1408/71 ορίζει ότι οι συντάξεις και τα επιδόματα που « αποκτώνται » δυνάμει της νομοθεσίας ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών δεν δύνανται να υποστούν καμιά μείωση λόγω του ότι ο δικαιούχος κατοικεί στο έδαφος κράτους μέλους εκτός εκείνου στο οποίο ευρίσκεται ο φορέας οφειλέτης. Με έγγραφο της 12ης Φεβρουαρίου 1979 η Επιτροπή ζήτησε από τη Γαλλική Κυβέρνηση να προσαρμόσει τις γαλλικές διατάξεις στο κοινοτικό δίκαιο, έτσι ώστε, σύμφωνα με την απόφαση της 9ης Οκτωβρίου 1974, Biason ( 24/74, Rec. 1974, σ. 999 ), οι δικαιούχοι γαλλικής συντάξεως γήρατος που δικαιούνται συμπληρωματικό επίδομα του Fonds national de solidarité να εξακολουθούν να εισπράττουν το εν λόγω επίδομα, όταν μεταφέρουν την κατοικία τους στο έδαφος άλλου κράτους μέλους. Με έγγραφα της 15ης Ιουνίου και της 9ης Αυγούστου 1979, οι γαλλικές αρχές πληροφόρησαν την Επιτροπή ότι από εμπεριστατωμένη εξέταση του ανακύψαντος προβλήματος δεν κατέστη δυνατή η άρση των εμποδίων στην καταβολή της υπό κρίση παροχής εκτός του γαλλικού εδάφους. Η Επιτροπή εξέδωσε την αιτιολογημένη γνώμη του άρθρου 169 της Συνθήκης ΕΟΚ στις 24 Ιουλίου 1980, καλώντας τη Γαλλική Κυβέρνηση να συμμορφωθεί εντός μηνός. Στις 29 Απριλίου 1981 η Επιτροπή αποφάσισε να αναστείλει την ήδη κινηθείσα διαδικασία του άρθρου 169. Στις 8 Αυγούστου 1985 διαβίβασε στο Συμβούλιο πρόταση κανονισμού περί τροποποιήσεως του κανονισμού 1408/71 [ COM( 85 ) 396 τελικό, ΕΕ C 240, σ. 6 ]. Η πρόταση αυτή, της οποίας η υιοθέτηση θα έθετε τέρμα στην επικρινόμενη παράβαση, είχε ως αντικείμενο, αφενός, να υπαγάγει ρητώς τις κοινωνικές χρηματικές παροχές που δεν στηρίζονται σε καταβολή εισφορών στις παροχές που εμπίπτουν στον κανονισμό 1408/71 και, αφετέρου, να επιφυλάξει το ευεργέτημα των παροχών αυτών που αποκτήθηκαν βάσει νομοθεσίας κράτους μέλους μόνο στα πρόσωπα που κατοικούν στο έδαφος του οικείου κράτους. Ενόψει, ωστόσο, του ότι δεν προχώρησαν οι διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του Συμβουλίου, η Επιτροπή αποφάσισε να ανακαλέσει την απόφαση της περί αναστολής της διαδικασίας του άρθρου 169 της Συνθήκης και να ασκήσει την παρούσα προσφυγή. Στην έκθεση για την επ' ακροατηρίου συζήτηση αναπτύσσονται διεξοδικώς τα πραγματικά περιστατικά, η διαδικασία, καθώς και οι ισχυρισμοί και τα επιχειρήματα των διαδίκων. Τα στοιχεία αυτά της δικογραφίας δεν επαναλαμβάνονται κατωτέρω παρά μόνο καθόσον απαιτείται για τη συλλογιστική του Δικαστηρίου. Από τη δικογραφία προκύπτει ότι η Επιτροπή, μολονότι ζητεί την καταδίκη της Γαλλίας για παράβαση των υποχρεώσεων που υπέχει από τα άρθρα 48 έως 51 της Συνθήκης και το άρθρο 10 του κανονισμού 1408/71, στηρίζει την επιχειρηματολογία της μόνο στην παράβαση των διατάξεων του άρθρου 10 από το εν λόγω κράτος. Επομένως, μόνο υπό το πρίσμα των διατάξεων αυτών πρέπει να εξεταστεί το βάσιμο της παρούσας προσφυγής λόγω παραβάσεως. Η Επιτροπή ισχυρίζεται ότι, κατά τη νομολογία του Δικαστηρίου, που υπομνήστηκε ιδίως στην απόφαση της 24ης Φεβρουαρίου 1987, Giletti και λοιποί ( 379/85 έως 381/85 και 93/86, Συλλογή 1987, σ. 955 ), η άρνηση χορηγήσεως ή διατηρήσεως επιδόματος, όπως το υπό κρίση, υπέρ των δικαιούχων που κατοικούν ή μεταφέρουν την κατοικία τους σε άλλο κράτος μέλος συνιστά παράβαση του άρθρου 10, παράγραφος 1, του κανονισμού 1408/71. Πρέπει να υπομνηστεί, συναφώς, ότι το Δικαστήριο, με την προαναφερθείσα απόφαση της 24ης Φεβρουαρίου 1987, Giletti και λοιποί, που εκδόθηκε επί διαφόρων προδικαστικών ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από το γαλλικό Cour de cassation σχετικά με το ίδιο επίδομα, έκρινε ότι νομοθεσία όπως η υπό κρίση εμπίπτει στο σύστημα κοινωνικής ασφαλίσεως κατά την έννοια του κανονισμού 1408/71, κατά το μέτρο που θεμελιώνει δικαίωμα επί συμπληρωματικών παροχών που αποσκοπούν στην προσαύξηση του ύψους συντάξεων που εμπίπτουν στην κοινωνική ασφάλιση, χωρίς οποιαδήποτε στάθμιση των αναγκών και των ατομικών καταστάσεων, η οποία αποτελεί χαρακτηριστικό της κοινωνικής πρόνοιας. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο έκρινε ότι το άρθρο 10 του κανονισμού 1408/71 έχει την έννοια ότι ούτε 11 κτήση ούτε η διατήρηση του δικαιώματος προς παροχές, συντάξεις και επιδόματα που αναφέρει η διάταξη αυτή εμποδίζονται από το γεγονός και μόνο ότι ο ενδιαφερόμενος δεν κατοικεί στο έδαφος του κράτους μέλους όπου ευρίσκεται ο οφειλέτης φορέας. Η Γαλλική Κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι το υπό κρίση συμπληρωματικό επίδομα χορηγείται ενόψει ορισμένου οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, δεδομένου ότι έχει ως σκοπό να εξασφαλίσει τα ελάχιστα μέσα διαβιώσεως εντός της Γαλλίας. Η καταβολή του επιδόματος αυτού εντός άλλου κράτους μέλους δεν θα επιτελούσε, επομένως, την ίδια λειτουργία και θα έχανε τον λόγο υπάρξεως του. Το επιχείρημα αυτό δεν μπορεί να γίνει δεκτό. Εφόσον συμπληρωματικό επίδομα, όπως το υπό κρίση, εμπίπτει στο καθεστώς της κοινωνικής ασφαλίσεως, κατά την έννοια του κανονισμού 1408/71, το γεγονός ότι η καταβολή του συνδέεται προς ορισμένο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον δεν μπορεί να δικαιολογήσει, υπό το πρίσμα του υφισταμένου κοινοτικού δικαίου, τον διαχωρισμό του από τη σύνταξη της οποίας αποτελεί αυτοδικαίως το παρεπόμενο. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η εξάρτηση της καταβολής του υπό κρίση συμπληρωματικού επιδόματος από την προϋπόθεση της κατοικίας στο γαλλικό έδαφος είναι ασυμβίβαστη προς το άρθρο 10, παράγραφος 1, του κανονισμού 1408/71. Η Γαλλική Κυβέρνηση ισχυρίζεται επίσης ότι η εξαγωγή του συμπληρωματικού επιδόματος του Fonds national de solidarité, όπως και εκείνη των παροχών που δεν στηρίζονται σε καταβολή εισφορών κατά το δίκαιο των λοιπών κρατών μελών, γεννά σημαντικά προβλήματα διαχειρίσεως, συντονισμού και ουσίας, που μπορούν να επιλυθούν μόνο με κοινοτική ρύθμιση. Προς τούτο άλλωστε η Επιτροπή κατέθεσε την προαναφερθείσα πρόταση κανονισμού της 8ης Αυγούστου 1985. Πρέπει να παρατηρηθεί συναφώς ότι, ελλείψει ειδικών ρυθμίσεων για τις εν λόγω παροχές που δεν στηρίζονται στην καταβολή εισφορών, η λύση των προβλημάτων που επισημάνθηκαν από τη Γαλλική Κυβέρνηση πρέπει να αναζητηθεί στις διατάξεις των ισχυόντων κανονισμών, όπως ερμηνεύθηκαν από το Δικαστήριο. Μολονότι είναι ακριβές ότι κατά την εφαρμογή των διατάξεων αυτών μπορούν να ανακύψουν πρακτικής φύσεως δυσχέρειες, το γεγονός αυτό, όπως παρατήρησε ήδη το Δικαστήριο στην απόφαση της 28ης Μαΐου 1974, Callemeyn, σκέψη 12 ( 187/73, Rec. 1974, σ. 553 ), δεν μπορεί να βλάψει τα δικαιώματα που αντλούν οι ιδιώτες από τις αρχές της κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας της Κοινότητας. Πρέπει να παρατηρηθεί, εξάλλου, ότι τα πρακτικά προβλήματα μπορούν πάντοτε να υποβληθούν στην κρίση της διοικητικής επιτροπής για την κοινωνική ασφάλιση των διακινουμένων εργαζομένων, που προβλέπεται ειδικά προς τούτο στο άρθρο 81, στοιχείο δ), του κανονισμού 1408/71. Από τα προεκτεθέντα προκύπτει ότι οι δυσχέρειες που επικαλέστηκε η Γαλλική Δημοκρατία δεν είναι ικανές να δικαιολογήσουν τη μη τήρηση των υποχρεώσεων που υπέχει από το κοινοτικό δίκαιο. Ως προς την επίκληση της προτάσεως της Επιτροπής της 8ης Αυγούστου 1985 από τη Γαλλική Κυβέρνηση, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι το γεγονός ότι διαβιβάστηκε στο Συμβούλιο πρόταση που θα μπορούσε να θέσει τέρμα στην παράβαση δεν μπορεί να απαλλάξει το υπεύθυνο για την παράβαση αυτή κράτος μέλος από την υποχρέωση συμμορφώσεως προς τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις. Πρέπει, επομένως, να αναγνωριστεί ότι η Γαλλική Δημοκρατία, αρνούμενη να χορηγήσει ή να διατηρήσει το ευεργέτημα του συμπληρωματικού επιδόματος του Fonds national de solidarité υπέρ των δικαιούχων γαλλικών συντάξεων αναπηρίας, γήρατος ή επιζώντος συζύγου που κατοικούν ή μεταφέρουν την κατοικία τους σε άλλο κράτος μέλος της Κοινότητας, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 10 του κανονισμού 1408/71. Επί των δικαστικών εξόδων Κατά το άρθρο 69, παράγραφος 2, του κανονισμού διαδικασίας, ο ηττηθείς διάδικος καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα. Επειδή η Γαλλική Δημοκρατία ηττήθηκε, πρέπει να καταδικαστεί στα δικαστικά έξοδα. Για τους λόγους αυτούς, ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ αποφασίζει: 1) Η Γαλλική Δημοκρατία, αρνούμενη να χορηγήσει ή να διατηρήσει το ευεργέτημα του συμπληρωματικού επιδόματος του Fonds national de solidarité υπέρ των δικαιούχων γαλλικών συντάξεων αναπηρίας, γήρατος ή επιζώντος συζύγου που κατοικούν ή μεταφέρουν την κατοικία τους σε άλλο κράτος μέλος της Κοινότητας, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το όρθρο 10 του κανονισμού 1408/71 του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1971, περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας. 2) Καταδικάζει τη Γαλλική Δημοκρατία στα δικαστικά έξοδα. Schockweiler Zuleeg Mancini O'Higgins Moitinho de Almeida Grévisse Kapteyn Δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο στις 12 Ιουλίου 1990. Ο γραμματέας J.-G. Giraud Ο προεδρεύων F. Α. Schockweiler ( *1 ) Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική.

62007CJ0295

cs

Kasačním opravným prostředkem se Komise Evropských společenství domáhá zrušení rozsudku Soudu prvního stupně Evropských společenství ze dne 29. března 2007, Département du Loiret v. Komise ( T-369/00, Sb. rozh. s. II-851 , dále jen „napadený rozsudek“), kterým Soud zrušil rozhodnutí Komise 2002/14/ES ze dne 12. července 2000 o státní podpoře poskytnuté Francií ve prospěch Scott Paper SA/Kimberly-Clark ( Úř. věst. 2002, L 12, s. 1 ), dále jen „sporné rozhodnutí“) v rozsahu, v jakém se týká podpory poskytnuté formou preferenční ceny pozemku uvedené v jeho článku 1. Právní rámec Nařízení (ES) č. 659/1999 Článek 14 nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku [88] Smlouvy o ES, nazvaný „Navrácení podpory“ ( Úř. věst. L 83, s. 1 ; Zvl. vyd. 08/01, s. 339), zní takto: „1.   Je-li v případech protiprávní podpory přijato záporné rozhodnutí, Komise rozhodne, že dotyčný členský stát učiní všechna nezbytná opatření, aby příjemce podporu navrátil (dále jen ‚rozhodnutí o navrácení‘). Komise nebude vyžadovat navrácení podpory, pokud by to bylo v rozporu s obecnými zásadami práva Společenství 2.   Podpora, která má být navrácena podle rozhodnutí o navrácení, zahrnuje úroky v přiměřené výši stanovené Komisí. Úroky jsou splatné od data, kdy byla protiprávní podpora k dispozici příjemci, do data jejího navrácení 3.   Aniž je dotčen příkaz Soudního dvora Evropských společenství […] podle článku [242] Smlouvy, navrácení se provede bezodkladně a v souladu s postupy vnitrostátního práva dotyčného členského státu za předpokladu, že umožňují okamžitý a účinný výkon rozhodnutí Komise. Aniž je dotčeno právo Společenství, učiní za tímto účelem a v případě řízení před vnitrostátními soudy dotyčné členské státy všechny nezbytné kroky v rámci jejich právních řádů, včetně dočasných opatření.“ Sdělení o úrokových sazbách, které se použijí v případě navrácení protiprávně poskytnuté podpory Ve svém sdělení o úrokových sazbách, které se použijí v případě navrácení protiprávně poskytnuté podpory ze dne 8. května 2003 ( Úř. věst. C 110, s. 21 ; dále jen „sdělení z roku 2003“), Komise uvádí následující: „[…] vyvstala […] otázka, zda tyto úroky mají být jednoduché, nebo složené. […] Komise má za to, že je naléhavé vyjasnit její postoj v tomto ohledu. […] […] Zdá se […], bez ohledu na rozličnost možných situací, že účinkem protiprávní podpory je poskytnutí finančních prostředků příjemci za stejných podmínek jako střednědobá bezúročná půjčka. Z toho vyplývá, že uplatnění složeného úročení je nezbytné za účelem zajištění úplné neutralizace finančních výhod plynoucích z takové situace. Komise tedy informuje členské státy a zúčastněné strany, že v každém rozhodnutí nařizujícím navrácení protiprávní podpory, které v budoucnu přijme, použije referenční sazbu použitou pro výpočet čistého subvenčního ekvivalentu regionální podpory na základě složeného úročení. V souladu s obvyklou tržní praxí se toto složení vypočítává na ročním základě. Komise rovněž očekává, že členské státy budou uplatňovat složené úročení při výkonu všech dosud nevykonaných rozhodnutí o navrácení, pokud to nebude v rozporu s obecnými zásadami práva Společenství.“ (neoficiální překlad) Nařízení (ES) č. 794/2004 Článek 11 nařízení Komise (ES) č. 794/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ( Úř. věst. L 140, s. 1 ), nazvaný „Metoda pro uplatnění úroku“, stanoví: „1.   Úroková sazba, která se má použít, je sazba použitelná v den, kdy byla protiprávní podpora poprvé dána k dispozici příjemci. 2.   Úroková sazba se uplatňuje jako složený úrok až do data navrácení podpory. Úroky narostlé v předcházejícím roce jsou v každém následujícím roce úročeny. 3.   Úroková sazba podle odstavce 1 se použije po celé období až do data vrácení podpory. Pokud však mezi dnem, kdy byla protiprávní podpora poprvé dána k dispozici příjemci, a dnem navrácení podpory uplynulo více než pět let, přepočítá se úroková sazba každých pět let, přičemž základem je sazba, která je platná v době přepočtu.“ Podle článku 13 pátého pododstavce uvedeného nařízení se článek 11 použije v souvislosti s jakýmkoli rozhodnutím o navrácení podpory, které bylo oznámeno po dni vstupu tohoto nařízení v platnost. Skutečnosti předcházející sporu a sporné rozhodnutí Skutečnosti předcházející sporu uvedené v bodech 1 až 8 napadeného rozsudku lze shrnout následovně. Dne 31. srpna 1987 uzavřely město Orléans, département du Loiret (Francie) a společnost Scott SA (dále jen „Scott“) dohodu týkající se zejména prodeje posledně uvedené společnosti pozemku za účelem otevření továrny. Uvedená dohoda stanovila, že département du Loiret a město Orléans poskytnou ve prospěch společnosti Scott příspěvek ve výši maximálně 80 milionů FRF (12,2 milionu eur) na investiční přípravu pozemku. V lednu 1996 byly akcie společnosti Scott odkoupeny společností Kimberly-Clark Corp., která oznámila v lednu 1998 uzavření továrny. Aktiva továrny, a sice pozemek a papírna, byla v červnu 1998 odkoupena společností Procter & Gamble. V návaznosti na zprávu francouzského Účetního dvora zveřejněnou v listopadu 1996 obdržela Komise v lednu 1997 stížnost týkající se dotčené podpory, a po výměně informací s francouzskými orgány od ledna 1997 do dubna 1998 dopisem ze dne 10. července 1998 uvedené orgány informovala o svém rozhodnutí ze dne 20. května 1998 zahájit řízení podle čl. 93 odst. 2 Smlouvy o ES (nyní čl. 88 odst. 2 ES). Sporné rozhodnutí je v napadeném rozsudku citováno takto: „10 [Sporné] rozhodnutí v pozměněném znění stanoví: ‚Článek 1 Státní podpora formou preferenční ceny pozemku a preferenční sazby poplatku za odvádění a čištění odpadních vod, kterou Francie poskytla společnosti Scott ve výši 39,58 milionu FRF (6,03 milionu eur) nebo, vyjádřeno aktualizovanou hodnotou, ve výši 80,77 milionu FRF (12,3 milionu eur), co se týče preferenční ceny pozemku […], je neslučitelná se společným trhem. Článek 2 1.   Francie přijme veškerá nezbytná opatření k tomu, aby příjemce podpory uvedené v článku 1, která mu již byla protiprávně poskytnuta, tuto podporu navrátil. 2.   Navrácení bude provedeno bezodkladně v souladu s postupy upravenými vnitrostátním právem, pokud umožňují okamžitý a účinný výkon tohoto rozhodnutí. Podpora, která má být navrácena, zahrnuje úroky od data, kdy byla dána k dispozici příjemci, až do data jejího navrácení. Úroky se vypočítají na základě referenční sazby používané pro výpočet ekvivalentu podpory v rámci podpor na regionální účely.‘ (neoficiální překlad) Co se týče zdanění úroků, Komise uvedla (bod 239 odůvodnění [sporného] rozhodnutí: ‚[Z]a účelem obnovení předchozího stavu, pokud jde o hospodářské podmínky, jimž by byl podnik vystaven, pokud by mu neslučitelná podpora nebyla bývala poskytnuta, jsou francouzské orgány povinny přijmout veškerá nezbytná opatření k tomu, aby bylo odstraněno zvýhodnění vyplývající z podpory a podpora byla jejím příjemcem navrácena. […].‘ (neoficiální překlad) Aktualizovaná hodnota podpory, která má být navrácena, vypočítaná Komisí, a sice 80,77 milionu FRF (viz bod 10 výše), tak zohledňuje použití úrokové míry od data poskytnutí protiprávní podpory do data [sporného] rozhodnutí. Tato úroková míra odpovídá referenční sazbě používané Komisí pro vyhodnocení prvku veřejných dotací ve Francii, jenž představuje podporu, a sice ‚5,7 % od 1. ledna 2000‘ (body 172 a 239 odůvodnění [sporného] rozhodnutí).“ Řízení v prvním stupni a napadený rozsudek Návrhem došlým kanceláři Soudu dne 4. prosince 2000 podal département du Loiret žalobu proti spornému rozhodnutí směřující k jeho zrušení v rozsahu, v jakém prohlašuje za protiprávní státní podporu poskytnutou formou preferenční ceny pozemku a nařizuje vrácení částky 39,58 milionu FRF (6,03 milionu eur) nebo vyjádřeno v aktualizované hodnotě, 80,77 milionu FRF (12,3 milionu eur). Společnost Scott, která rovněž podala žalobu k Soudu směřující k částečnému zrušení sporného rozhodnutí (Scott v. Komise, T-366/00), vstoupila do řízení jako vedlejší účastnice na podporu návrhových žádání département du Loiret. Komise navrhla, aby Soud zamítl žalobu jako neopodstatněnou. Napadeným rozsudkem Soud rozhodl, že co se týče kapitalizace úroků, sporné rozhodnutí nebylo dostatečně odůvodněné. Vyhověl tedy páté části druhého žalobního důvodu a zrušil dané rozhodnutí v rozsahu, v jakém se týkalo podpory poskytnuté ve formě preferenční ceny pozemku uvedené v jeho článku 1, aniž by přezkoumal další žalobní důvody a argumenty uplatněné na podporu žaloby. Ohledně použití složené úrokové míry konstatoval Soud především v bodě 36 napadeného rozsudku, že sporné rozhodnutí neuvádí, že používá složenou úrokovou míru a že až provedením výpočtu ve vztahu k původní hodnotě a „aktualizované hodnotě“ podpory, jak byly stanoveny v uvedeném rozhodnutí lze dovodit, že byla použita složená úroková míra. Nejsou nijak uvedeny důvody pro použití složené úrokové míry, spíše než jednoduché úrokové míry. Dále Soud v bodě 43 napadeného rozsudku dospěl k závěru, že uložení složených úroků v projednávaném případě bylo prvním projevem nové a důležité politiky Komise, kterou Komise nijak nevysvětlila. Komise měla ve sporném rozhodnutí jednak uvést, že se rozhodla kapitalizovat úroky, a jednak svůj přístup odůvodnit. Podle bodu 44 napadeného rozsudku byla povinnost odůvodnění zvýšená na základě skutečnosti, že vzhledem k době, která uplynula mezi datem prodeje pozemku a přijetím sporného rozhodnutí, a sice třináct let, mělo uložení složených úroků značné finanční důsledky na částku podpory, která má být navrácena. V bodě 45 napadeného rozsudku konstatoval Soud, že odůvodnění sporného rozhodnutí bylo rovněž nedostačující, pokud jde o výši použité úrokové míry. Poté Soud – v odpovědi na argument Komise, podle kterého je použití složeného úročení pro účely aktualizace původní hodnoty dotace odůvodněno nezbytností obnovení účinné hospodářské soutěže odstraněním zvýhodnění, z něhož příjemce těžil – rozhodl v bodě 49 napadeného rozsudku, že takové odůvodnění přitom vychází předpokladu, že jednak příjemce k tomuto datu stále tohoto zvýhodnění požívá, a jednak formu sporné podpory lze postavit na roveň bezúročné půjčce částky odpovídající hodnotě původní dotace. Sporné rozhodnutí v tomto ohledu neobsahuje žádné vysvětlení. V tomto ohledu Soud v bodě 50 napadeného rozsudku poznamenal, že s ohledem na formu podpory poskytnuté společnosti Scott v průběhu roku 1987, tedy převod investičně připraveného pozemku za preferenční cenu, není vůbec zřejmé, že aktualizace předpokládané hodnoty původní dotace uplatněním složené úrokové míry ve výši 5,7 % po dotčenou dobu povede k číselnému výsledku odpovídajícímu hodnotě zvýhodnění, z něhož těžil příjemce jakožto vlastník pozemku v roce 2000. Podle bodu 51 napadeného rozsudku bylo navíc nesporné, že pozemek a továrna byly v roce 1998 prodány společnosti Procter & Gamble. Cena oznámená francouzskými orgány – Komise nezpochybnila, že k tomuto prodeji došlo za obvyklých tržních podmínek a na základě analýzy tohoto prodeje ve sporném rozhodnutí přijala možnost, že pozemek byl prodán za uvedenou cenu – byla přitom nejen nižší než hodnota, kterou Komise určila v roce 1987, ale i nižší než cena, kterou zaplatila společnost Scott. V bodě 52 napadeného rozsudku měl Soud za to, že za daných okolností a při nedostatku jakéhokoli odůvodnění ve sporném rozhodnutí, pokud jde o spojitost mezi zvýhodněním, o němž se má za to, že z něj Scott těžila v roce 2000, a částkou 80,77 milionu FRF, není s to vykonat svůj soudní přezkum, co se týče otázky, zda použití složené úrokové míry vede k aktualizované hodnotě odpovídající hodnotě zvýhodnění, jež má být odstraněno. Konečně v bodě 53 napadeného rozsudku Soud konstatoval, že sporné rozhodnutí obsahuje nesoudržnost, neboť bez odůvodnění uplatňuje složené úročení až do data svého přijetí a poté jednoduché úročení až do navrácení podpory. Článek 2 uvedeného rozhodnutí, který stanoví, že k navrácení musí dojít v souladu s vnitrostátními pravidly, má totiž za následek, že úroky vztahující se na období od data sporného rozhodnutí do data navrácení podpory budou počítány jednoduchým úročením. Řízení před Soudním dvorem a návrhová žádání účastníků řízení Návrhem došlým kanceláři Soudního dvora dne 20. června 2007 podala Komise kasační opravný prostředek proti napadenému rozsudku. Komise navrhuje, aby Soudní dvůr konstatoval opodstatněnost tohoto kasačního opravného prostředku, a v důsledku toho zrušil napadený rozsudek v plném rozsahu. Krom toho s ohledem na stav sporu Komise navrhuje, aby Soudní dvůr vydal konečné rozhodnutí ve věci a prohlásil sporné rozhodnutí za dostatečně odůvodněné, pokud jde o použití složeného úročení. V opačném případě Komise navrhuje, aby Soudní dvůr v případě všech otázek, ohledně kterých má za to, že spor nelze rozhodnout, vrátil věc k rozhodnutí Soudu. V důsledku toho Komise také navrhuje, aby département du Loiret nesl vlastní náklady řízení, jakož i nahradil náklady řízení vynaložené Komisí v řízení před Soudním dvorem a před Soudem a aby společnost Scott nesla vlastní náklady řízení vynaložené v řízeních před Soudním dvorem a před Soudem. Département du Loiret požaduje zamítnutí kasačního opravného prostředku v plném rozsahu a uložení Komisi náhrady nákladů řízení v tomto stupni. Scott požaduje zamítnutí kasačního opravného prostředku Komise a uložení posledně jmenované náhrady nákladů vynaložených společností Scott na obhajobu svých zájmů v řízení v tomto stupni. Ke kasačnímu opravnému prostředku Na podporu kasačního opravného prostředku vznáší Komise osm důvodů založených na následujících tvrzeních: — rozhodnutí je dostatečně odůvodněné, jestliže jednoduchý matematický výpočet umožňuje určit, jaká metoda byla při výpočtu použita; — používání složené úrokové míry vyplývá implicitně z odůvodnění sporného rozhodnutí, vzhledem k cíli obnovit dřívější stav; — protiprávní obrácení důkazního břemene: přísluší žalobci, aby prokázal údajnou změnu praxe; nepřísluší Komisi, aby prokázala neexistenci takové změny; — Komise není podle práva povinna posoudit, zda v okamžiku vydání příkazu vrátit státní podporu z ní její příjemce stále ještě měl prospěch; — rozsudek se opírá o dohady, a nikoli o důkazy a došlo k obrácení důkazního břemene v souvislosti s údajnou prodejní cenou aktiv továrny společnosti Procter & Gamble; — údajná prodejní cena, která se vztahuje k prodeji uskutečněnému jedenáct let po poskytnutí podpory, není relevantní pro určení výše podpory, která má být vrácena; — v souladu s povinností Komise zajistit výkon konečných rozhodnutí v oblasti státních podpor se otázka, zda vrácení podpory podléhá jednoduchému či složenému úročení, v případě, že to konečné rozhodnutí nezmiňuje, řídí právem Společenství, a nikoli vnitrostátním právem, a — otázku úrokové míry lze oddělit od otázky hlavní částky: v žádném případě neexistuje právní základ pro zrušení sporného rozhodnutí, s výjimkou uplatnění vyšší úrokové míry, než je jednoduchá úroková míra. K prvnímu důvodu kasačního opravného prostředku Argumentace účastníků řízení Komise má za to, že rozhodnutí je dostatečně odůvodněno, jestliže jednoduchý matematický výpočet umožňuje určit, jaká metoda byla při výpočtu použita (v projednávané věci složené úročení). Přitom všechny nezbytné údaje byly uvedeny ve sporném rozhodnutí a vzorec byl všeobecně známý. Soud tedy zejména nemohl založit zrušení sporného rozhodnutí na skutečnosti uvedené v bodě 36 napadeného rozsudku, že až provedením určitého výpočtu lze dovodit, že byla použita složená úroková míra. Podle département du Loiret je tento důvod neúčinný, protože konstatování Soudu kritizované tímto důvodem není prvkem odůvodnění ze strany Soudu, ale prvkem popisným, který nahrazuje nedostatek oznámení a vysvětlení v textu sporného rozhodnutí ohledně použitého způsobu aktualizace. Soud totiž zrušil uvedené rozhodnutí, protože v něm nebylo uvedeno žádné odůvodnění použití daného způsobu, který byl v rozhodné době v praxi Komise bezprecedentní. Scott má rovněž za to, že jde pouze o skutkovou poznámku, na které Soud nezaložil zrušení sporného rozhodnutí. Závěry Soudního dvora Je pravda, že konstatování Soudu v bodě 36 napadeného rozsudku, podle kterého sporné rozhodnutí neuvádí, že byla použita složená úroková míra, a až provedením výpočtu lze dovodit, že byla použita složená úroková míra, je součástí analýzy Soudu směřující k ověření, zda Komise dostatečně odůvodnila své rozhodnutí o aktualizaci hodnoty podpory prostřednictvím uplatnění složeného úročení. Při čtení uvedené části textu v jejím kontextu, a zejména ve spojení s body 37 až 43 napadeného rozsudku, se nicméně ukazuje, že dané konstatování je pouze úvodní povahy a není základem pro závěr Soudu v bodě 54 napadeného rozsudku, že sporné rozhodnutí není dostatečně odůvodněno. Daný závěr spočívá spíše na zjištění, provedeném v tomtéž bodě 36 napadeného rozsudku, že Komise měla uvést důvody, proč použila složené úročení namísto jednoduchého. První důvod kasačního opravného prostředku tedy musí být zamítnut jako neúčinný. Ke druhému důvodu kasačního opravného prostředku Argumentace účastníků řízení Komise znovu odkazuje na bod 36 napadeného rozsudku a domnívá se, že použití složené úrokové míry v každém případě nezbytně vyplývá implicitně z odůvodnění sporného rozhodnutí vzhledem k oznámenému cíli odstranit zvýhodnění a obnovit dřívější stav. Inflace je moderní hospodářskou skutečností a vyjadřuje se v ročních složených termínech. V důsledku toho nelze, krom případů použití složené úrokové míry, správně změřit současnou hodnotu peněz a odstranit zvýhodnění. Tato analýza byla potvrzena rozsudkem Soudu ze dne 8. června 1995, Siemens v. Komise ( T-459/93, Recueil, s. II-1675 , body 96 až 98). Département du Loiret má zaprvé za to, že s ohledem na tehdy platný právní rámec, přijetí stanoviska a praxi Komise nemohlo použití složené úrokové míry v rozhodné době implicitně vyplývat. Uvádí zejména, že dopis Komise členským státům SG(91) D/4577 ze dne 4. března 1991 (sdělení členským státům o postupech při oznamování podpor a o postupech použitelných v případě poskytnutí podpory v rozporu s pravidly čl. [88] odst. 3 Smlouvy o ES) pro výpočet úroků výslovně určil způsob výpočtu stanovený vnitrostátním právem státu, kterému je záporné rozhodnutí určeno. Na konci bodu 2 odst. 3 daného dopisu totiž Komise uvedla, že vrácení „se uskuteční na základě ustanovení vnitrostátního práva, včetně ustanovení o úrocích z prodlení z pohledávek státu“. Daný dopis, jehož referenční úloha byla uznána Soudním dvorem v rozsudku ze dne 24. září 2002, Falck a Acciaierie di Bolzano v. Komise ( C-74/00 P a C-75/00 P, Recueil, s. I-7869 , body 164 a 165), představoval, ohledně úroků, vyjádření Komise ohledně práva použitelného v tomto ohledu, až do přijetí nařízení č. 794/2004. Sdělení z roku 2003 jej změnilo pouze v otázce způsobu aktualizace. Přitom v daném období měla vnitrostátní právní úprava mnoha členských států za to – a nadále má za to, – že cena času je vyrovnána prostřednictvím jednoduchého úročení. Zadruhé, jak vyplývá z rozsudku Soudního dvora ze dne 26. listopadu 1975, Groupement des fabricants de papiers peints de Belgique a další v. Komise ( 73/74, Recueil, s. 1491 ), sporné rozhodnutí nemohlo v žádném případě být odůvodněno implicitně, neboť zachází citelně dále, než předcházející rozhodnutí. Scott uplatňuje, že tento důvod neodpovídá na argumentaci Soudu, na které založil zrušení sporného rozhodnutí, a že je rovněž v rozporu jak s vývojem legislativy, tak s praxí Komise v rozhodné době. Závěry Soudního dvora Především je třeba konstatovat, že Soud v bodě 35 napadeného rozsudku správně zdůraznil ustálenou judikaturu, podle které odůvodnění vyžadované článkem 253 ES musí být přizpůsobeno povaze dotčeného aktu a musejí z něho jasně a jednoznačně vyplývat úvahy orgánu, jenž akt vydal, tak, aby se zúčastněné osoby mohly seznámit s důvody, které vedly k přijetí opatření, a příslušný soud mohl vykonávat svůj přezkum. Požadavek odůvodnění musí být posuzován v závislosti na okolnostech případu, zejména v závislosti na obsahu aktu, povaze dovolávaných důvodů a zájmu, který mohou mít osoby, kterým je akt určen, nebo jiné osoby, kterých se akt bezprostředně a osobně dotýká, na získání těchto vysvětlení. Není požadováno, aby odůvodnění upřesňovalo všechny relevantní skutkové a právní okolnosti, jelikož otázka, zda odůvodnění aktu splňuje požadavky článku 253 ES, musí být posuzována s ohledem nejen na jeho text, ale také na jeho celkovou souvislost, jakož i na všechna právní pravidla upravující dotčenou oblast (viz zejména rozsudky ze dne 2. dubna 1998, Komise v. Sytraval a Brink’s France, C-367/95 P, Recueil, s. I-1719 , bod 63, jakož i rozsudek ze dne 10. července 2008, Bertelsmann a Sony Corporation of America v. Impala, C-413/06 P, Sb. rozh. s. I-4951 , bod 166). Nadto z judikatury rovněž vyplývá, že ačkoli rozhodnutí Komise navazující na ustálenou rozhodovací praxi lze odůvodnit souhrnně, zejména odkazem na danou praxi, pokud jde rozhodnutí významně nad rámec dřívějších rozhodnutí, přísluší Komisi výslovně rozvinout své úvahy (viz v tomto smyslu výše uvedený rozsudek ze dne 26. listopadu 1975, Groupement des fabricants de papiers peints de Belgique a další v. Komise, bod 31, jakož i rozsudek ze dne 30. září 2003, Německo v. Komise, C-301/96, Recueil, s. I-9919 , body 88 a 92). Jak poznamenal generální advokát v bodě 38 stanoviska, tento požadavek se uplatňuje a fortiori v případě údajného implicitního odůvodnění. Přitom je nesporné, že v době přijetí sporného rozhodnutí žádné ustanovení práva Společenství ani judikatura Soudního dvora nebo Soudu neuváděla, že úroky, které musí zahrnovat podpora, jež má být vrácena, se vypočítají na základě složeného úročení. Naopak, jak uvádí Soud v bodě 40 napadeného rozsudku, Komise ve sdělení z roku 2003 výslovně přiznala, že vyvstala otázka, zda úroky mají být jednoduché, nebo složené a rozhodla, že je naléhavé vyjasnit její postoj v tomto ohledu. Informovala tedy členské státy a zúčastněné strany, že v každém rozhodnutí o navrácení protiprávní podpory, které v budoucnu přijme, použije složené úročení. Krom toho je třeba konstatovat, že Komise v odpovědi ze dne 11. září 2006 na dopis Soudu ze dne 27. července 2006 přiznala, že její konečná záporná rozhodnutí předcházející spornému rozhodnutí neuváděla, že má být použito složené úročení. Ostatně podle zjištění Soudu v bodě 42 napadeného rozsudku nebyla Komise s to poukázat ani na jedno rozhodnutí předcházející spornému rozhodnutí, které by skutečně ukládalo složené úroky. Komise se v tomto ohledu před Soudním dvorem spokojila s poznámkou, bez dalšího upřesnění, že již sdělila Soudu příklady státních podpor, v nichž uplatnila složené úročení. Soud tedy v bodě 43 napadeného rozsudku právem konstatoval, že uložení složených úroků v projednávané věci bylo prvním projevem nové a důležité politiky Komise, kterou Komise měla odůvodnit. Z toho vyplývá, že v rozporu s tím, co tvrdí Komise, i kdyby sporné rozhodnutí uvádělo, že výhody plynoucí z podpory musí být zrušeny za účelem obnovení původního stavu, použití složeného úročení nelze považovat za nezbytně implicitní v odůvodnění sporného rozhodnutí. Proto je třeba zamítnout druhý důvod kasačního opravného prostředku jako neopodstatněný. Ke třetímu důvodu kasačního opravného prostředku Argumentace účastníků řízení Komise odkazuje na bod 42 napadeného rozsudku a tvrdí, že uvedený rozsudek protiprávně obrací důkazní břemeno v řízeních o státní podpoře a v řízeních před Soudem. Département du Loiret nepředložil žádný důkaz na podporu svého tvrzení, podle kterého měla Komise změnit svoji praxi, a v každém případě bylo toto tvrzení vyvráceno Komisí, zejména v její odpovědi ze dne 11. září 2006 na otázku Soudu. Département du Loiret má za to, že tento důvod je nesprávný po stránce skutkové i právní. Vzhledem k tomu, že département du Loiret dostatečně před Soudem rozvinul svůj žalobní důvod směřující k prohlášení neplatnosti a vycházející z nedostatku odůvodnění ve vztahu k dřívější praxi, příslušelo Komisi, která je již pojmově největším znalcem vlastní praxe, opravit tvrzení, která považuje za nepřesná. Scott rovněž poznamenává, že spolu s département du Loiret podrobně Soudu vysvětlili, že z jejich šetření vyplývá, že Komise před sporným rozhodnutím nikdy nepoužila výpočet složených úroků. Dovolávat se obrácení důkazního břemene v tomto ohledu je zcela neopodstatněné. Závěry Soudního dvora Úvodem je třeba uvést, že otázka, jaká byla rozhodovací praxe Komise před sporným rozhodnutím, je v zásadě otázkou skutkové povahy, kterou Soudní dvůr nemůže rozhodnout v rámci kasačního opravného prostředku, neboť pouze Soud je příslušný ke zjištění a posouzení rozhodných skutkových okolností, jakož i k hodnocení důkazů (viz v tomto smyslu rozsudek ze dne 28. června 2005, Dansk Rørindustri a další v. Komise, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P až C-208/02 P a C-213/02 P, Sb. rozh. s. I-5425 , body 177 a 180). Naproti tomu je Soudní dvůr příslušný ověřit, zda byla dodržena procesní pravidla použitelná v oblasti důkazního břemene a provádění důkazů (viz v tomto smyslu rozsudek ze dne 17. prosince 1998, Baustahlgewebe v. Komise, C-185/95 P, Recueil, s. I-8417 , bod 24, jakož i výše uvedený rozsudek Bertelsmann a Sony Corporation of America v. Impala, bod 29). Je však třeba bez dalšího připomenout, že nedostatečné odůvodnění, v důsledku kterého může být porušen článek 253 ES, spadá pod porušení podstatných formálních náležitostí ve smyslu článku 230 ES a představuje důvod, který může nebo dokonce musí být uplatněn soudem Společenství i bez návrhu (rozsudek ze dne 20. února 1997, Komise v. Daffix, C-166/95 P, Recueil, s. I-983 , bod 24, jakož i výše uvedený rozsudek Bertelsmann a Sony Corporation of America v. Impala, bod 174). Soud tedy mohl v rámci své analýzy směřující k určení, zda sporné rozhodnutí bylo, či nebylo dostatečně odůvodněné ohledně výpočtu úroků, přezkoumat otázku, jaká byla rozhodovací praxe Komise před sporným rozhodnutím, položit danému orgánu otázky v tomto ohledu a z odpovědi vyvodit nezbytné závěry. V důsledku toho nelze přijmout třetí důvod kasačního opravného prostředku. Ke čtvrtému důvodu kasačního opravného prostředku Argumentace účastníků řízení Komise odkazuje na body 50 a 52 napadeného rozsudku a domnívá se, že daný rozsudek neprávem konstatoval, že Komise je rovněž povinna prověřit, zda v okamžiku vydání příkazu vrátit státní podporu z ní její příjemce stále ještě měl prospěch. Má za to, že toto pojetí spočívá na omylu ohledně hlavního předmětu a cíle úpravy státních podpor, která se ve skutečnosti týká hospodářské soutěže mezi členskými státy, a nikoli hospodářské soutěže mezi podniky. Komise pouze ke dni poskytnutí podpory shledala, že jsou splněny podmínky uvedené v čl. 87 odst. 1 ES. Není ani povinna, ani oprávněna znovu ověřit, zda jsou podmínky splněny v okamžiku vydání příkazu k navrácení. Podle département du Loiret je tento důvod neopodstatněný, protože dává napadenému rozsudku význam, který tento nemá. Soud totiž nijak nezamýšlel vytvořit novou podmínku pro navrácení spočívající v ověření, že společnost Scott byla v okamžiku vydání záporného rozhodnutí stále ještě zvýhodněna. Měl jednoduše za to, že takové rozhodnutí mu umožňuje ujistit se o opodstatněnosti kvantifikace takového zvýhodnění k danému datu prostřednictvím úvah a zvolených hospodářských parametrů. Scott v tomto ohledu tvrdí, že napadený rozsudek se omezuje na rozvoj své kritiky neexistence jakéhokoli odůvodnění ohledně uplatnění složeného úročení ve sporném rozhodnutí. Závěry Soudního dvora Jak vyplývá z bodů 48 až 52 napadeného rozsudku, Soud nezamýšlel vytvořit všeobecnou zásadu, podle které má Komise, aby mohla nařídit vrácení státní podpory, povinnost prokázat, že v okamžiku vydání příkazu vrátit státní podporu z ní její příjemce stále ještě měl prospěch. Úvahy Soudu ohledně otázky, zda má příjemce státní podpory v daném okamžiku z podpory prospěch, byly totiž jasně součástí analýzy směřující k určení, zda je použití složeného úročení odůvodněno potřebou odstranit zvýhodnění, z něhož příjemce těžil. Tento důvod je tedy neopodstatněný, neboť spočívá na nesprávném čtení napadeného rozsudku. Krom toho je neúčinný v rozsahu, v jakém zjištění Soudu v bodě 43 napadeného rozsudku, podle kterého Komise nijak nevysvětlila, proč poprvé použila složený úrok, samo o sobě postačí k potvrzení závěru v bodě 54 napadeného rozsudku, že sporné rozhodnutí není dostatečně odůvodněno. K pátému důvodu kasačního opravného prostředku Argumentace účastníků řízení Komise odkazuje na bod 51 napadeného rozsudku a domnívá se, že daný rozsudek protiprávně spočívá spíše na dohadech než na důkazech, pokud jde o cenu za údajný převod aktiv továrny na společnost Procter & Gamble v roce 1998. Komise připomíná pravidla týkající se důkazního břemene v řízení jak před ní, tak před Soudem, a poznamenává, že sporné rozhodnutí uvedlo, že v každém případě nebyl poskytnut žádný důkaz odůvodňující takovou cenu za převod. Département du Loiret tvrdí, že tento důvod se týká nadbytečného bodu, který představuje jednu okolnost mezi jinými, a má zpochybnit posouzení skutečností provedené Soudem. Z toho důvodu je nepřípustný. Scott tvrdí, že zpochybněný bod napadeného rozsudku se omezuje na popis skutkového stavu před Soudem, takže Komise nemůže zpochybňovat jeho obsah. Navíc by tento bod mohl být vyjmut, aniž by se to napadeného rozsudku dotklo. Závěry Soudního dvora Pátý důvod kasačního opravného prostředku se týká části napadeného rozsudku, v níž Soud v rámci analýzy směřující k určení, zda je použití složeného úročení odůvodněno potřebou odstranit zvýhodnění, z něhož příjemce těžil, zamýšlel zdůraznit své pochybnosti ohledně hodnoty zvýhodnění společnosti Scott v okamžiku vydání sporného rozhodnutí. Podobně jako čtvrtý důvod je tedy neúčinný v rozsahu, v jakém zjištění Soudu v bodě 43 napadeného rozsudku, podle kterého Komise nijak nevysvětlila, proč poprvé použila složený úrok, samo o sobě postačí k potvrzení závěru v bodě 54 daného rozsudku, že sporné rozhodnutí není dostatečně odůvodněno. K šestému důvodu kasačního opravného prostředku Argumentace účastníků řízení Komise odkazuje na body 51 a 52 napadeného rozsudku a tvrdí, že daný rozsudek má neprávem za to, že cena údajného převodu aktiv továrny na společnost Procter & Gamble v roce 1998, jedenáct let po poskytnutí podpory, byla relevantní pro účely výpočtu částky podpory, která měla být vrácena. Uvádí, že není pochyb, že Scott obdržela významnou státní podporu a že existuje vícero důvodů, které mohou vysvětlit snížení hodnoty aktiv. Přitom hodnota protiprávní a se společným trhem neslučitelné podpory se počítá k datu jejího poskytnutí a cíl spočívající v obnovení dřívějšího stavu nezbytně znamená použití složeného úročení, nezávisle na tom, co mezitím příjemce se státní podporou udělal. Podle département du Loiret je tento důvod nepřípustný v rozsahu, v jakém směřuje proti posouzení skutkového stavu provedenému Soudem. Navíc vzhledem k tomu, že body 50 a 51 napadeného rozsudku obsahují nadbytečné odůvodnění, jsou tedy námitky, které se k nim mohou vztahovat, neúčinné. Scott předkládá tytéž argumenty, jako v rámci pátého důvodu. Závěry Soudního dvora Podobně jako pátý důvod se šestý důvod týká části napadeného rozsudku, v níž Soud v rámci analýzy směřující k určení, zda je použití složené úrokové míry odůvodněno potřebou odstranit zvýhodnění, z něhož příjemce těžil, zamýšlel zdůraznit své pochybnosti ohledně hodnoty zvýhodnění společnosti Scott v okamžiku vydání sporného rozhodnutí. Je tedy rovněž neúčinný v rozsahu, v jakém zjištění Soudu v bodě 43 napadeného rozsudku, podle kterého Komise nijak nevysvětlila, proč poprvé použila složený úrok, samo o sobě postačí k potvrzení závěru v bodě 54 daného rozsudku, že sporné rozhodnutí není dostatečně odůvodněno. K sedmému důvodu kasačního opravného prostředku Argumentace účastníků řízení Komise odkazuje na bod 53 napadeného rozsudku a má za to, že daný rozsudek neprávem uvádí, že v případě, že to konečné rozhodnutí v oblasti státních podpor nezmiňuje, spadá otázka, zda vrácení podpory podléhá jednoduchému, či složenému úročení, do rámce „vnitrostátních řízení“. Potřeba použít složenou úrokovou míru je otázka hmotněprávní, nikoli procesněprávní, stejně jako sama úroková míra. Jedná se o zásadní otázku práva Společenství, přičemž cílem je odstranit zvýhodnění v plném rozsahu a obnovit dřívější stav, což vyžaduje správný výpočet hodnoty peněž v průběhu času. Krom toho, i kdyby bylo použití složené úrokové míry procesněprávní otázkou, bylo by nařízení č. 794/2004 již pojmově protiprávní, neboť by zasahovalo do oblastí spadajících do působnosti členských států na základě čl. 14 odst. 3 nařízení č. 659/1999. Département du Loiret má za to, že tomuto důvodu nelze vyhovět. Ačkoli je pravda, že způsob aktualizace státní podpory prohlášené za protiprávní je hmotněprávní otázkou vycházející z práva Společenství, nemění to nic na tom, že posledně uvedené v rozhodné době v případě, že to konečné rozhodnutí nezmiňovalo, odkazovalo na vnitrostátní právo. Scott má za to, že s ohledem na právní stav, jak vyplývá zejména z bodu 88 výše uvedeného rozsudku Siemens v. Komise, a na praxi v rozhodné době, nemůže sporné rozhodnutí být rozumně vykládáno tak, že nařizuje francouzským orgánům obejít všechna pravidla vnitrostátního práva a provést výpočet složených úroků za účelem aktualizace částky, která má být vrácena, v období od data vydání uvedeného rozhodnutí do data skutečného vrácení. Závěry Soudního dvora Článek 2 odst. 2 první a druhá věta sporného rozhodnutí stanoví: „Navrácení [dotčené podpory] bude provedeno bezodkladně v souladu s postupy upravenými vnitrostátním právem, pokud umožňují okamžitý a účinný výkon tohoto rozhodnutí. Podpora, která má být navrácena, zahrnuje úroky od data, kdy byla dána k dispozici příjemci, až do data jejího navrácení.“ (neoficiální překlad) Tuto formulaci je třeba číst s ohledem na stav práva Společenství, jakož i na praxi Komise týkající se aktualizace částky podpory, která má být vrácena, jak existovaly v okamžiku přijetí sporného rozhodnutí. Jak bylo konstatováno v bodě 46 tohoto rozsudku, v době přijetí sporného rozhodnutí žádné ustanovení práva Společenství ani judikatura Soudního dvora nebo Soudu neuváděla, zda se úroky, které musí zahrnovat podpora, jež má být vrácena, vypočítají na základě jednoduchého nebo složeného úročení. Ačkoli je pravda, že způsob aktualizace protiprávní podpory je otázka hmotněprávní, nikoli procesněprávní, je nicméně třeba konstatovat, jak správně poznamenává département du Loiret, že Komise v dopise členským státům SG(91) D/4577 ze dne 4. března 1991 uvedla, že konečné rozhodnutí, jímž konstatuje neslučitelnost podpory se společným trhem, „bude zahrnovat vrácení částky již protiprávně vyplacené podpory, přičemž vrácení se uskuteční v souladu s ustanoveními vnitrostátního práva, včetně ustanovení týkajících se úroků z prodlení z pohledávek státu, přičemž úroky začínají obvykle běžet k datu poskytnutí dotčené protiprávní podpory“. Daný dopis tedy spojoval otázku uložení úroků s procesními postupy vrácení a odkazoval v tomto ohledu na vnitrostátní právo. Teprve ve sdělení Komise o obsoletním charakteru určitých předpisů týkajících se politiky v oblasti státních podpor ( Úř. věst. 2004, C 115, s. 1 ) Komise informovala členské státy a dotčené třetí strany, že nebude nadále uplatňovat uvedený dopis, který mimo jiné kvalifikovala, jako další texty dotčené uvedeným sdělením, jako „text týkající se procesních otázek v oblasti státních podpor“. Vzhledem k tomu, že sporné rozhodnutí výslovně neuvádí, že podpora, která má být vrácena, musí být aktualizována na základě složené úrokové míry, a že je krom toho nesporné, že francouzské právo stanoví použití jednoduché úrokové míry, Soud tedy správně vyložil čl. 2 odst. 2 sporného rozhodnutí v tom smyslu, že v důsledku daného ustanovení se úroky za období od data vydání sporného rozhodnutí do data vrácení podpory vypočítají na základě jednoduché úrokové míry, a z toho důvodu konstatoval, že sporné rozhodnutí je zjevně nesoudržné. V důsledku toho je třeba zamítnout sedmý důvod kasačního opravného prostředku. K osmému důvodu kasačního opravného prostředku Argumentace účastníků řízení Komise tvrdí, že napadený rozsudek je nepřiměřený, neboť zrušuje sporné rozhodnutí v plném rozsahu (v rozsahu, v jakém se týká pozemku a továrny) na základě úvah omezených na odůvodnění uplatnění složené úrokové míry. Přitom otázka úroků mohla a měla být oddělena od otázky hlavní částky, a otázka složeného úročení mohla a měla být oddělena od otázky jednoduchého úročení. Původní částka podpory konstatovaná ve sporném rozhodnutí a použití jednoduché úrokové míry totiž nebyly v napadeném rozsudku zpochybněny. Osmý důvod nemění předmět sporu. Důvody kasačního opravného prostředku vyjmenované v čl. 58 odst. 1 druhé větě statutu Soudního dvora již pojmově odkazují na otázky, které mohou vyvstat, nebo vyjít najevo v rozsudku Soudu. V této věci sám napadený rozsudek porušuje právo Společenství. Bylo by hluboce nespravedlivé a neslučitelné s požadavkem účinné soudní ochrany, aby byl rozsudek (v projednávané věci vydaný proti Komisi) ponechán ve prospěch nesprávného právního posouzení bez jakékoli možnosti přezkumu v kasačním řízení. Tento závěr se zakládá na čl. 113 odst. 1 jednacího řádu Soudního dvora, který připomíná základní pravidlo, podle kterého žaloba směřující k úplnému nebo částečnému zrušení rozhodnutí Soudu již pojmově spadá pod otázky, které mohou vést k podání kasačního opravného prostředku. Mimoto osmý důvod kasačního opravného prostředku se nepojí se samotnými důvody neplatnosti, jak je přijal Soud, ale spíše s jejich důsledky. Komise se nedomnívá, že žalovanému před Soudem přísluší spontánně přezkoumat na účet žalobce či Soudu, jaké by mohly být různé důsledky úspěchu protistrany. To by žalovaného nutilo rozvinout celou podpůrnou argumentaci založenou na předpokladech toho, co by Soud mohl nebo nemohl udělat. Département du Loiret a Scott mají za to, že tento důvod je nepřípustný, neboť rozšiřuje předmět sporu a je novým návrhovým žádáním, přičemž Komise nikdy Soudu nenavrhla, aby se omezil na určení částečné neplatnosti, ačkoli byla výslovně vznesena kritika způsobu aktualizace. Mimoto rozlišení mezi jednoduchým a složeným úročením, které by Soudní dvůr měl zohlednit v rámci tohoto důvodu kasačního opravného prostředku za účelem změny napadeného rozsudku, by vedlo k podstatné změně samotného sporného rozhodnutí, ačkoli Soud v oblasti státních podpor nedisponuje pravomocí přezkumu v plné jurisdikci. Technika výpočtu úroků představuje složku tvořící nedílnou součást výpočtu vedoucího ke konečné částce podpory a odůvodnění jejího výběru je stejně důležité, jako odůvodnění zjištění protiprávnosti podpory a výpočet její částky před aktualizací. Jejich konečná neoddělitelnost neumožňuje dospět k částečnému zrušení. Závěry Soudního dvora – K přípustnosti osmého důvodu kasačního opravného prostředku Podle článku 58 prvního pododstavce statutu Soudního dvora jsou opravné prostředky k Soudnímu dvoru omezeny na právní otázky a mohou se zakládat na důvodech vycházejících zejména z porušení práva Společenství Soudem. Krom toho čl. 113 odst. 2 jednacího řádu Soudního dvora stanoví, že kasační opravný prostředek nesmí měnit předmět sporu před Soudem. V tomto ohledu je třeba připomenout, že podle ustálené judikatury je příslušnost Soudního dvora v zásadě omezena na posouzení právního řešení důvodů kasačního opravného prostředku projednávaných před soudy prvního stupně (rozsudky ze dne 1. června 1994, Komise v. Brazzelli Lualdi a další, C-136/92 P, Recueil, s. I-1981 , bod 59, jakož i ze dne 1. února 2007, Sison v. Rada, C-266/05 P, Sb. rozh. s. I-1233 , bod 95). Komise tímto důvodem nezamýšlí zpochybnit právní řešení přijaté Soudem vůči žalobnímu důvodu projednanému před ním. Kritizuje spíše důsledky vyvozené Soudem z jeho závěru, že je třeba vyhovět páté části druhého žalobního důvodu uplatněného département du Loiret, podle kterého Komise neodůvodnila dostatečně své rozhodnutí aktualizovat hodnotu podpory prostřednictvím uložení složeného úročení. Podle Komise totiž Soud neprávem, neboť tím porušil zásadu proporcionality, na základě pouze tohoto závěru zrušil sporné rozhodnutí v plném rozsahu, neboť se týká podpory poskytnuté ve formě preferenční ceny dotčeného pozemku. Přitom, jestliže je Soudní dvůr příslušný k posouzení právního řešení důvodů projednaných před Soudem, musí být, aby řízení o kasačním opravném prostředku nebylo zbaveno podstatné části svého smyslu, rovněž příslušný k posouzení právních důsledků vyvozených Soudem z takového řešení, které jsou rovněž právní otázkou. V tomto kontextu je třeba mimo jiné uvést, že konkrétní důsledky, které by případně Soud mohl vyvodit ve svém rozsudku ze zjištění, že žalobní důvod je opodstatněný, nemohou být v průběhu řízení před Soudem účastníky řízení nezbytně předvídány. Z výše uvedeného vyplývá, že důvod vznesený v rámci kasačního opravného prostředku proti právnímu důsledku vyvozenému Soudem z právního řešení důvodů projednaných před Soudem, nelze považovat za „[změnu] předmětu sporu před Soudem“ ve smyslu čl. 113 odst. 2 jednacího řádu Soudního dvora. Krom toho v rozporu s tím, co tvrdí département du Loiret a Scott, osmý důvod není ani novým návrhovým žádáním nepřípustným na základě čl. 113 odst. 1 druhé odrážky uvedeného jednacího řádu. Jak totiž uvedl generální advokát v bodě 93 svého stanoviska, je třeba mít za to, že návrh Komise, aby Soud zamítl žalobu département du Loiret, v sobě rovněž zahrnuje užší návrh na případné pouze částečné zamítnutí. V důsledku toho musí být námitka nepřípustnosti vznesená département du Loiret a Scott vůči osmému důvodu zamítnuta. – K opodstatněnosti osmého důvodu kasačního opravného prostředku Na základě čl. 231 prvního pododstavce ES a čl. 224 šestého pododstavce ES, pokud je žaloba opodstatněná, Soud napadený akt prohlásí na neplatný. V tomto ohledu je třeba jednak konstatovat, že pouhá skutečnost, že považuje žalobní důvod uplatněný žalobcem na podporu žaloby na neplatnost za opodstatněný, neumožňuje Soudu automaticky zrušit napadený akt v plném rozsahu. Zrušení v plném rozsahu je totiž nepřípustné v případě, že je zcela zjevné, že daný důvod týkající se výhradně konkrétního aspektu napadeného aktu, může vést pouze k částečnému zrušení. Krom toho je třeba připomenout, že v souladu s ustálenou judikaturou je částečné zrušení aktu Společenství možné, pouze pokud části, jejichž zrušení je požadováno, jsou oddělitelné od zbývající části aktu (rozsudek ze dne 24. května 2005, Francie v. Parlament a Rada, C-244/03, Sb. rozh. s. I-4021 , bod 12, jakož i citovaná judikatura). Tento požadavek oddělitelnosti není splněn, jestliže částečné zrušení aktu způsobí změnu jeho podstaty (výše uvedený rozsudek Francie v. Parlament a Rada, bod 13). Přitom v projednávané věci je nesporné, že otázka, zda původní částka podpory musí být aktualizována na základě jednoduché úrokové míry nebo složené úrokové míry, neovlivňuje zjištění, ve sporném rozhodnutí, že podpora je neslučitelná se společným trhem a musí být vrácena. V tomto ohledu je zejména třeba konstatovat, že výrok sporného rozhodnutí sám v článku 1 rozlišuje mezi původní částkou dotčené podpory a aktualizovanou částkou. Ani ze sporného rozhodnutí, ani z napadeného rozsudku nevyplývá argument, který by bránil považovat otázku úroků za oddělitelnou od původní částky podpory. Naproti tomu v rozporu s tím, co tvrdí Komise, nelze vytýkat Soudu, že neoddělil otázku složeného úročení od otázky jednoduchého úročení. Jednak totiž Soud nemohl nahradit aktualizaci původní částky podpory tak, že namísto složené úrokové míry uplatní jednoduchou úrokovou míru, aniž by změnil podstatu sporného rozhodnutí. Krom toho je třeba uvést, že v bodech 45 až 47 napadeného rozsudku Soud konstatoval, že odůvodnění sporného rozhodnutí je rovněž nedostatečné, pokud jde o uplatnění úrokové míry ve výši 5,7 % na období třinácti let. Z výše uvedeného vyplývá, že osmý důvod kasačního opravného prostředku je třeba přijmout v rozsahu, v jakém vytýká Soudu, že neoddělil otázku úroků od otázky hlavní částky a zrušil sporné rozhodnutí v plném rozsahu, v jakém se týká pozemku a továrny, na základě návrhových žádání omezených na odůvodnění aktualizace původní částky podpory. K vrácení věci Soudu Podle čl. 61 prvního pododstavce statutu Soudního dvora, pokud je kasační opravný prostředek opodstatněný, Soudní dvůr zruší rozhodnutí Soudu. Soudní dvůr může sám vydat konečné rozhodnutí ve věci, pokud to soudní řízení dovoluje, nebo věc vrátit zpět Soudu k rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že Soud přezkoumal pouze pátou část druhého žalobního důvodu, který département du Loiret uplatnil na podporu své žaloby, má Soudní dvůr za to, že projednávaný spor nemůže být rozhodnut. Proto je třeba věc vrátit zpět Soudu k rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že věc musí být vrácena zpět Soudu, je třeba rozhodnout o nákladech řízení souvisejících s tímto řízením o kasačním opravném prostředku později. Z těchto důvodů Soudní dvůr (první senát) rozhodl takto: 1) Rozsudek Soudu prvního stupně Evropských společnství ze dne 29. března 2007, Département du Loiret v. Komise (T-369/00), se zrušuje. 2) Věc se vrací Soudu prvního stupně Evropských společenství. 3) O nákladech řízení bude rozhodnuto později. Podpisy. ( *1 ) – Jednací jazyk: francouzština.

61994CJ0257

en

Grounds 1 By application lodged at the Registry of the Court of Justice on 16 September 1994, the Commission of the European Communities brought an action under Article 169 of the EC Treaty for a declaration that, by not adopting within the prescribed period the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with Council Directive 91/685/EEC of 11 December 1991 amending Directive 80/217/EEC introducing Community measures for the control of classical swine-fever (OJ 1991 L 377, p. 1) and with Council Directive 91/688/EEC of 11 December 1991 amending Directive 72/462/EEC on health and veterinary inspection problems upon importation of bovine, ovine and caprine animals and swine, fresh meat or meat products from third countries (OJ 1991 L 377, p. 18), the Italian Republic has failed to fulfil its obligations under the EC Treaty. 2 Under Article 2 of Directive 91/685 and Directive 91/688, Member States were required to bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with those directives not later than 1 July 1992 and forthwith to inform the Commission thereof. 3 In its statement of defence, the Italian Government submitted the Ministerial Decree of 26 July 1994 published in the Official Gazette of the Italian Republic No 217 of 16 September 1994, which was designed to ensure transposition of Directive 91/688. 4 In its statement of reply, the Commission acknowledged the adoption of those measures and, having established that Directive 91/688 had been correctly transposed into the Italian legal system, declared that it would no longer be pursuing its claim in that regard, although it maintained its application in respect of Directive 91/685. 5 The Italian Republic does not deny that Directive 91/685 was not transposed within the prescribed period but does, however, point out that the legislation intended to transpose it is in the process of being drafted. 6 Since Directive 91/685 was not transposed within the period prescribed by Article 2 thereof, the failure relied on by the Commission in that regard is well founded. 7 It must for that reason be held that, by not adopting within the prescribed period the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with Directive 91/685, the Italian Republic has failed to fulfil its obligations under Article 2 of that directive. Decision on costs Costs 8 Under Article 69(2) of the Rules of Procedure, the unsuccessful party is to be ordered to pay the costs. 9 Under Article 69(5) of the Rules of Procedure, a party who discontinues is to be ordered to pay the costs unless the discontinuance is justified by the conduct of the other party. 10 The Commission withdrew some of the complaints set out in its application in so far as the Italian Republic informed it, after the application had been lodged, of the measures necessary to ensure the transposition of Directive 91/688 into its national legal system. 11 It follows that the Commission' s partial discontinuance was justified by the conduct of the Italian Republic, which has, in any event, been unsuccessful with regard to the remainder of the application. 12 The Italian Republic must therefore be ordered to pay the costs. Operative part On those grounds, THE COURT (Sixth Chamber) hereby: 1. Declares that, by not adopting within the prescribed period the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with Council Directive 91/685/EEC of 11 December 1991 amending Directive 80/217/EEC introducing Community measures for the control of classical swine-fever, the Italian Republic has failed to fulfil its obligations under Article 2 of Directive 91/685; 2. Orders the Italian Republic to pay the costs.

62015CJ0486

it

Con la sua impugnazione la Commissione europea chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 2 luglio 2015, Francia e Orange/Commissione (T‑425/04 RENV e T‑444/04 RENV; in prosieguo: la «sentenza impugnata, EU:T:2015:450 ) con cui il Tribunale ha annullato l’articolo 1 della decisione 2006/621/CE della Commissione, del 2 agosto 2004, relativa agli aiuti di Stato cui la Francia ha dato esecuzione in favore di France Télécom ( GU 2006, L 257, pag. 11 ; in prosieguo: la «decisione controversa»). Fatti I fatti all’origine della controversia sono sintetizzati ai punti da 1 a 98 della sentenza impugnata. Gli elementi necessari all’esame della presente impugnazione sono i seguenti: Il contesto generale della causa La France Télécom, divenuta successivamente l’Orange, (in prosieguo: la «FT»), operatore nonché fornitore di reti e servizi di telecomunicazioni, è stata costituita nel corso del 1991 con la forma di persona giuridica di diritto pubblico e, dal 31 dicembre 1996, ha lo status di società per azioni. Dall’ottobre 1997 la FT è quotata in borsa. Nel 2002 la partecipazione dello Stato francese al capitale della FT era pari al 56,45%, mentre il resto delle partecipazioni era ripartito tra il pubblico (32,25%), l’autocontrollo (8,26%) e i dipendenti dell’impresa (3,04%). Nel primo trimestre del 2002 la FT ha pubblicato i conti per il 2001. Tali conti presentavano un debito netto di EUR 63,5 miliardi e una perdita di EUR 8,3 miliardi. Nel periodo che va dal mese di marzo al mese di giugno 2002 le agenzie di rating Moody’s e Standard & Poor’s (in prosieguo: la «S & P») hanno declassato il «rating» della FT e ne hanno anche rivisto in negativo l’outlook. In particolare, il 24 giugno 2002 Moody’s ha declassato il rating delle note di credito a breve e a lungo termine della FT all’ultima posizione del grado di investimento sicuro. Parallelamente, il corso delle azioni della FT ha subìto un significativo calo. Alla luce della situazione finanziaria della FT, il ministro francese dell’Economia, delle Finanze e dell’Industria (in prosieguo: il «ministro dell’Economia») ha dichiarato, in un’intervista pubblicata il 12 luglio 2002 dal quotidiano Les Échos (in prosieguo: la «dichiarazione del 12 luglio 2002»), quanto segue: «Siamo l’azionista di maggioranza, con il 55% del capitale (…). Lo Stato azionista si comporterà da investitore avveduto e, se [la FT] dovesse avere difficoltà, adotteremmo le disposizioni appropriate (…). Ribadisco che, se [la FT] avesse problemi di finanziamento, che attualmente non esistono, lo Stato adotterebbe le decisioni necessarie per superarli. Lei sta rilanciando la voce di un aumento di capitale… No, certo che no! Dico semplicemente che adotteremo, in tempo utile, le misure appropriate. Se necessario (…)». In questa stessa data, la S & P ha pubblicato un comunicato stampa così redatto: «[La] FT potrebbe avere difficoltà a rifinanziare il debito in scadenza nel 2003. Tuttavia, l’indicazione dello Stato [francese] sostiene il rating [della] FT nella categoria investimento [sicuro] (…) [L]o Stato francese – che detiene il 55% [della FT] – ha chiaramente detto [alla S & P] che si comporterà da investitore avveduto e che adotterebbe le disposizioni appropriate se [la] FT dovesse avere difficoltà. Il rating a lungo termine [della FT] è stato declassato a BBB- (…)». Il 12 settembre 2002 le autorità francesi hanno annunciato di aver accettato le dimissioni dell’amministratore delegato della FT. Il 13 settembre 2002 la FT ha pubblicato i conti semestrali, che confermavano che, al 30 giugno 2002, il patrimonio netto consolidato della FT era divenuto negativo per EUR 440 milioni e che il suo debito netto raggiungeva EUR 69,69 miliardi, di cui EUR 48,9 miliardi di indebitamento obbligazionario con scadenza di rimborso tra il 2003 e il 2005. Secondo i medesimi conti semestrali, il fatturato della FT mostrava un aumento del 10% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 2001, un margine operativo lordo pari a EUR 6,87 miliardi, con un aumento del 13,3% in dati storici e del 9,8% in dati pro forma, ed un utile operativo di EUR 3,18 miliardi, in aumento del 15% in dati pro forma. Gli utili al netto degli oneri finanziari (EUR 1,75 miliardi), ma al lordo delle imposte, delle partecipazioni e degli interessi di minoranza erano pari, salvo elementi eccezionali, a EUR 718 milioni contro EUR 271 milioni al 30 giugno 2001. Il flusso di cassa disponibile operativo era pari a EUR 3,6 miliardi, ossia un aumento del 15% rispetto al primo semestre 2001. In un comunicato stampa sulla situazione finanziaria della FT del 13 settembre 2002, le autorità francesi hanno dichiarato quanto segue: «A seguito delle gravi perdite registrate nel primo semestre, [la FT] deve far fronte a una grave insufficienza del patrimonio netto. Si tratta di una situazione finanziaria che mina le potenzialità [della FT]. Il governo [francese] è quindi deciso a esercitare appieno le proprie responsabilità (…). [L’amministratore delegato della FT,] preso atto del nuovo quadro venutosi a creare a causa del grave deterioramento della situazione di bilancio, ha presentato le dimissioni, che sono state accettate dal governo [francese]. Le dimissioni avranno effetto dalla riunione del consiglio di amministrazione che si terrà nelle prossime settimane e nel corso della quale verrà presentato un nuovo amministratore delegato (…). Il nuovo amministratore delegato proporrà in tempi rapidissimi al consiglio di amministrazione un piano di risanamento finanziario che consenta [la] riduzione dell’indebitamento [della FT] e il riequilibrio della sua struttura finanziaria, salvaguardandone però i punti di forza strategici. Lo Stato [francese] sosterrà [la FT] nell’attuazione di questo piano e contribuirà, per la sua parte, al notevolissimo rafforzamento del patrimonio netto [della FT], secondo un calendario e modalità da determinare in funzione delle condizioni di mercato. Nel frattempo, lo Stato [francese] prenderà, se necessario, le misure che consentano di evitare [alla FT] qualsiasi problema di finanziamento». Lo stesso giorno, la Moody’s ha modificato da negativo a stabile l’outlook del debito della FT, in un comunicato stampa, il quale indicava, segnatamente, quanto segue: «La dichiarazione del governo [francese] che ha ancora una volta ribadito il suo forte sostegno a favore [della FT] accresce la fiducia [della] Moody’s. Anche se persiste la preoccupazione [della] Moody’s relativa al livello complessivo del rischio finanziario e soprattutto in merito alla precaria situazione della liquidità [della FT], [la] Moody’s nutre maggiore fiducia, vista l’aspettativa di un intervento di sostegno da parte del governo francese a favore [della FT] qualora l’impresa dovesse avere difficoltà a rispettare le scadenze di rimborso del debito». Il 2 ottobre 2002 è stato nominato un nuovo amministratore delegato della FT. Il comunicato stampa che annunciava tale nomina era così redatto: «Su proposta del consiglio di amministrazione [della FT], il Consiglio dei ministri ha deciso di nominare [un nuovo amministratore delegato della FT] (…). A tal fine il nuovo amministratore delegato avvierà immediatamente una ricognizione delle condizioni [della FT], i cui risultati verranno comunicati nel corso delle prossime settimane al consiglio di amministrazione e che costituirà la base di partenza per un piano di risanamento finanziario e di sviluppo strategico, che consenta [alla FT] di ridurre il proprio indebitamento con un contestuale rafforzamento dei suoi punti di forza. In questo contesto [il nuovo amministratore delegato della FT] disporrà del sostegno dello Stato azionista, deciso a esercitare appieno le proprie responsabilità. Lo Stato [francese] parteciperà all’attuazione delle iniziative di risanamento e contribuirà, per la sua parte, al rafforzamento del patrimonio netto [della FT] secondo modalità che saranno determinate in stretto collegamento con l’amministratore delegato [della FT] e con il consiglio d’amministrazione. Come ha già indicato, nel frattempo lo Stato [francese] prenderà, se necessario, le misure che consentano di evitare [alla FT] qualsiasi problema di finanziamento». Il 19 novembre 2002, le autorità francesi hanno trasmesso alla Commissione delle Comunità europee una «nota informativa», che, da un lato, descriveva la situazione finanziaria della FT sottolineando al contempo che «i suoi risultati operativi [erano] eccellenti» e, dall’altro, attestava la loro intenzione di partecipare ad una ricapitalizzazione della FT nelle condizioni di mercato, chiarendo le modalità del loro contributo al piano di risanamento della FT. In tale nota, le autorità francesi hanno precisato, tra l’altro, quanto segue: «Per garantire [alla FT] il margine di manovra necessario per negoziare sul mercato nelle migliori condizioni e nel momento più opportuno, lo Stato [francese] è disposto ad anticipare la propria partecipazione all’aumento di capitale sotto forma di un anticipo di azionista che sarà convertito in capitale al momento dell’emissione di nuovi titoli. L’importo di tale anticipo sarà pari all’intera sottoscrizione dello Stato [francese] al futuro aumento di capitale, o a parte di essa, e potrà raggiungere fino a EUR 9 miliardi. Tale anticipo sarà provvisorio e la sua conversione in titoli sarà obbligatoria. Esso sarà esecutivo secondo le necessità [della FT]. Inoltre, esso sarà remunerato alle condizioni di mercato attualmente vigenti e gli interessi saranno incorporati al capitale. Per attuare la propria partecipazione al piano di [risanamento della FT], lo Stato [francese] intende utilizzare l’ERAP, ente pubblico industriale e commerciale dello Stato [francese,] che accorderà [alla FT] un anticipo d’azionista e potrà divenire un importante azionista [della FT] al momento della conversione di tale anticipo in capitale. Portando al proprio attivo la partecipazione pubblica [nella FT], detto ente pubblico avrà al passivo debiti obbligazionari. Tale scelta dell’ERAP riflette la volontà dello Stato [francese] di identificare chiaramente lo sforzo patrimoniale consentito, isolandolo in una struttura appositamente prevista». Il 4 dicembre 2002, in occasione del consiglio di amministrazione della FT i nuovi dirigenti della FT hanno presentato un piano d’azione intitolato «Ambition France Télécom 2005» (in prosieguo: il «piano Ambition 2005»), diretto essenzialmente a riequilibrare il bilancio dell’impresa mediante un incremento del patrimonio netto fino a EUR 15 miliardi. La presentazione del piano Ambition 2005 è stata accompagnata da un comunicato stampa del Ministro dell’economia del 4 dicembre 2002 (in prosieguo: l’«annuncio del 4 dicembre 2002»), così redatto: «Il] Ministro dell’Economia (…) conferma il sostegno dello Stato [francese] al piano di azione approvato dal consiglio di amministrazione [della FT] il 4 dicembre [2002]. 1) Il gruppo [FT] costituisce un complesso industriale coerente caratterizzato da ottime prestazioni. Ciononostante, [la FT] deve attualmente fare fronte allo squilibrio della propria struttura finanziaria, al fabbisogno di capitale proprio e di rifinanziamento a medio termine. Questa situazione è il prodotto del fallimento di pregressi investimenti, inadeguatamente condotti e realizzati al momento della massima espansione della “bolla” finanziaria, e più in generale è il risultato dell’inversione di tendenza sui mercati. Questo quadro è stato aggravato dal fatto che [la FT] non [ha] potuto finanziare il proprio sviluppo con strumenti diversi dall’indebitamento. 2) Lo Stato [francese], azionista di maggioranza, ha chiesto ai nuovi dirigenti di ripristinare l’equilibrio finanziario [della FT], salvaguardando nel contempo l’integrità del gruppo (…) 3) Tenuto conto del piano d’azione elaborato dai dirigenti e delle prospettive di redditività del capitale investito, lo Stato [francese] parteciperà al rafforzamento del patrimonio netto (previsto in 15 miliardi di euro) in misura proporzionale alla propria quota di capitale, ovvero con un investimento di 9 miliardi di euro. Lo Stato [francese] azionista intende agire quindi come investitore avveduto. Spetterà [alla FT] stabilire le modalità e il calendario preciso per il rafforzamento del patrimonio netto. Il governo [francese] auspica che questa operazione si svolga tenendo nella massima considerazione la situazione degli azionisti individuali e dei dipendenti azionisti [della FT]. Per dare [alla FT] la possibilità di varare un’operazione di mercato nel momento più propizio, lo Stato [francese] è pronto ad anticipare la propria partecipazione al rafforzamento del patrimonio netto mediante un prestito temporaneo d’azionista, messo a disposizione [della FT] e remunerato a condizioni di mercato. 4) La totalità della partecipazione dello Stato [francese] [nella FT] verrà trasferita all’ERAP (…) che ricorrerà ai mercati finanziari per finanziare la quota di partecipazione dello Stato [francese] al rafforzamento del patrimonio netto [della FT]». L’11 e il 12 dicembre 2002 la FT ha proceduto a due emissioni di obbligazioni consecutive per un importo complessivo di EUR 2,9 miliardi. Il 20 dicembre 2002 l’ERAP ha comunicato alla FT un progetto di contratto di prestito d’azionista siglato e sottoscritto (in prosieguo: l’«offerta di prestito d’azionista»). Quest’ultima non ha sottoscritto tale progetto di contratto e l’offerta di prestito d’azionista non è mai stata eseguita. Il 15 gennaio 2003 la FT ha ricevuto prestiti obbligazionari per un importo complessivo di EUR 5,5 miliardi. Tali prestiti obbligazionari non erano assicurati da fideiussioni o garanzie statali. Il 10 febbraio 2003 la FT ha rinnovato una parte di un credito consortile in scadenza fino a EUR 15 miliardi. Il 4 marzo 2003 è stata avviata l’operazione di rifinanziamento del patrimonio netto prevista dal piano Ambition 2005. Il 24 marzo 2003, la FT ha proceduto ad un aumento di capitale per EUR 15 miliardi. Lo Stato francese ha partecipato a tale operazione con EUR 9 miliardi proporzionalmente alla sua quota nel capitale della FT. Un importo di EUR 6 miliardi è stato garantito da un consorzio bancario composto di 21 banche. Tale operazione si è conclusa l’11 aprile 2003. La FT ha chiuso l’esercizio finanziario 2002 con una perdita di circa EUR 21 miliardi e un indebitamento finanziario netto di circa EUR 68 miliardi. I conti dell’esercizio 2002, pubblicati dalla FT il 5 marzo 2003, riportavano un aumento del fatturato dell’8,4%, del margine operativo lordo del 21,1% e del margine operativo del 30,9%. Il 14 aprile 2003 lo Stato francese deteneva il 58,9% del capitale della FT, di cui il 28,6% tramite l’ERAP. Il procedimento amministrativo e la decisione controversa Il 4 dicembre 2002 la Repubblica francese ha notificato alla Commissione le misure finanziarie previste dal piano Ambition 2005, ivi compresa l’offerta di prestito d’azionista, in applicazione dell’articolo 88, paragrafo 3, CE e dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [88 CE] ( GU 1999, L 83, pag. 1 ). Il 22 gennaio 2003, la Bouygues SA e la Bouygues Télécom SA (in prosieguo, congiuntamente: le «società Bouygues»), due società di diritto francese, la seconda delle quali opera sul mercato francese della telefonia mobile, hanno presentato alla Commissione una denuncia riguardante taluni aiuti asseritamente concessi dallo Stato francese alla FT nell’ambito del rifinanziamento di quest’ultima. Tale denuncia concerneva più in particolare, da un lato, l’annuncio di un investimento dello Stato francese per EUR 9 miliardi e, dall’altro, le dichiarazioni del 12 luglio, del 13 settembre e del 2 ottobre 2002 (in prosieguo: le «dichiarazioni rilasciate a partire dal mese di luglio 2002»). Con lettera del 31 gennaio 2003, la Commissione ha notificato alla Repubblica francese la sua decisione di avviare il procedimento di indagine formale previsto all’articolo 88, paragrafo 2, CE, nei confronti, in particolare, delle misure finanziarie disposte dallo Stato francese a sostegno della FT (in prosieguo: la «decisione di avvio») ( GU 2003, C 57, pag. 5 ). In essa la Commissione invitava le parti interessate a presentare le loro osservazioni sulle misure in questione. Il 3 agosto 2004 la Commissione ha notificato alle autorità francesi la decisione controversa. Al punto 185 di detta decisione, figurante al titolo 6 di quest’ultima e intitolato «Oggetto della presente decisione» la Commissione ha, in particolare, indicato che le misure notificate non potevano essere analizzate «senza tener conto delle dichiarazioni [del governo francese] tra luglio e dicembre 2002». Infatti, con le medesime, le autorità francesi avrebbero manifestato la loro volontà di adottare le misure adeguate per risolvere le difficoltà finanziarie della FT. L’offerta di prestito d’azionista costituirebbe la materializzazione delle intenzioni da esse precedentemente espresse. Al punto 186 della decisione controversa, la Commissione ha dichiarato quanto segue: «Nel caso di specie, la Commissione rileva che le misure del dicembre 2002, oggetto della notifica, erano state precedute da varie dichiarazioni e provvedimenti delle autorità francesi sin dal mese di luglio [2002]. Da un lato, tali dichiarazioni e provvedimenti permettono di comprendere meglio le ragioni e la portata delle misure di dicembre [2002]. Dall’altro, queste dichiarazioni e provvedimenti preliminari avevano certamente avuto un impatto sull’idea che i mercati e gli operatori economici si erano fatti della situazione di FT nel mese di dicembre [2002]. Il comportamento degli operatori economici, essendo influenzato dal comportamento dello Stato, non costituisce un parametro oggettivo per giudicare il comportamento dello Stato. Questi interventi preliminari devono dunque essere presi in considerazione per stabilire se le misure di dicembre [2002] contengano aiuti». Al punto 187 della decisione impugnata, la Commissione ha rilevato che era, infatti, possibile considerare le dichiarazioni e i provvedimenti successivi delle autorità francesi a decorrere dal luglio 2002 come un «insieme il cui momento di concretizzazione sarebbe costituito dalle misure di dicembre [2002]». Inoltre, ai punti da 188 a 191 della decisione controversa, la Commissione ha osservato quanto segue: «(188) L’analisi del caso di specie suggerisce a prima vista uno scarto temporale tra i vantaggi per l’impresa, che sarebbero stati particolarmente sensibili nel mese di luglio [2002], e l’impegno potenziale di risorse pubbliche, che sembra più chiaramente provato nel mese di dicembre [2002]. Infatti, le dichiarazioni del ministro dell’Economia (…) potrebbero essere considerate come un aiuto, in quanto hanno chiaramente avuto un effetto sui mercati ed hanno conferito un vantaggio [alla FT]. Tuttavia, non sarebbe facile stabilire senza ombra di dubbio che l[a] dichiarazion[e] del [12] luglio 2002 [era] tal[e] da impegnare almeno potenzialmente risorse statali. (…). (189) Tuttavia, nella fattispecie la Commissione non dispone di elementi sufficienti per dimostrare irrefutabilmente, in base a questa tesi innovativa, l’esistenza di un aiuto. Per contro, essa ritiene di potere stabilire la presenza di elementi d’aiuto seguendo un approccio più tradizionale, a partire dalle misure di dicembre [2002] oggetto della notifica. (190) Infatti, da un canto, è chiaro che nel mese di dicembre [2002] esisteva un impegno di risorse statali. Dall’altro, l’esistenza nel mese di dicembre [2002] di un vantaggio per [la FT] è anch’essa evidente se si tiene conto dell’impatto avuto sui mercati dalle dichiarazioni e misure preliminari. (191) A tale riguardo, il “principio dell’investitore privato in economia di mercato” non può giustificare, come vorrebbero le autorità francesi, l’intervento di dicembre [2002], perché i comportamenti degli operatori economici in dicembre erano chiaramente influenzati dalle azioni e dichiarazioni preliminari del governo a partire dal mese di luglio [2002]. Se si può dubitare che l[a] dichiarazion[e] [del 12] luglio [2002] [fosse] abbastanza concret[a] da costituire di per sé aiut[o], non vi è alcun dubbio che tal[e] dichiarazion[e] [fosse] più che sufficient[e] per “contaminare” la percezione dei mercati ed [influire sul] comportamento ulteriore dei soggetti economici. Se così stanno le cose, non si può prendere il comportamento dei soggetti economici come punto di riferimento neutro per valutare il comportamento dello Stato [francese]. La presunzione fondata sul “principio dell’investitore privato in economia di mercato” non può dunque basarsi sulla situazione del mercato quale si presentava [nel] dicembre [2002], ma dovrebbe logicamente basarsi su una situazione del mercato non contaminata dall’impatto delle dichiarazioni preliminari». Dopo aver constatato che il vantaggio concesso alla FT falsava o minacciava di falsare la concorrenza e poteva incidere sugli scambi tra gli Stati membri (punti da 198 a 201 della decisione controversa), la Commissione, al titolo 8 della decisione controversa, intitolato «Principio dell’investitore privato avveduto in economia di mercato», ha proceduto all’esame della questione se detto principio fosse stato rispettato in considerazione di tutte le dichiarazioni rilasciate dalle autorità francesi durante i mesi che hanno preceduto l’offerta di prestito d’azionista (punti da 202 a 230 della decisione controversa). Infatti, il tenore di tali dichiarazioni e il loro effetto sul mercato rivelerebbero che lo Stato francese aveva deciso, fin da luglio 2002, di sostenere la FT (punto 203 della decisione controversa). Basandosi segnatamente sulla relazione del 28 aprile 2004, che attestava un aumento anomalo e non trascurabile del valore delle azioni e delle obbligazioni della FT in seguito alla dichiarazione del 12 luglio 2002, sul comunicato stampa della S & P dello stesso giorno nonché sulla relazione della Deutsche Bank del 22 luglio 2002, la Commissione ha concluso che «il mercato [aveva] considerato [le] dichiarazioni [delle autorità francesi] come una strategia d’impegno credibile dello Stato [francese] a sostenere [la] FT» (punti 220 e 221 della decisione impugnata). La Commissione ha aggiunto, al punto 222 della decisione impugnata, che tali dichiarazioni avevano avuto effetti notevolissimi sul mercato. Infatti, esse avrebbero contribuito a ridare fiducia ai mercati finanziari e sarebbero state determinanti ai fini del mantenimento del rating della FT al grado di investimento. Un declassamento di tale rating avrebbe reso l’offerta di prestito d’azionista improbabile e certamente molto più onerosa. Secondo la Commissione, il fatto «[c]he le misure notificate [nel] dicembre [2002] possano dare l’impressione, se considerate isolatamente, di operazioni del tutto razionali non toglie nulla al fatto che il comportamento degli operatori economici era in quel mese chiaramente influenzato dalle precedenti iniziative e dichiarazioni del governo [francese], soprattutto a partire dal luglio 2002, dalle quali risultava l’intenzione dello Stato [francese] di alleviare i problemi di finanziamento [della FT]» (punto 225 della decisione impugnata). In tal senso, la decisione delle autorità francesi di anticipare la ricapitalizzazione della FT concedendo una linea di credito costituirebbe il concretarsi delle loro dichiarazioni (punto 226 della decisione impugnata). Secondo la Commissione, non è determinante che l’operazione di ricapitalizzazione della FT, realizzata nell’aprile 2003, sia stata un successo e che l’offerta di prestito d’azionista non sia mai stata attuata. Nell’ambito dell’applicazione del criterio dell’investitore privato avveduto, ci si dovrebbe basare, infatti, sugli elementi di cui l’investitore dispone nel momento in cui decide d’investire. Peraltro, poiché le dichiarazioni delle autorità francesi hanno influenzato il mercato e il comportamento dei soggetti economici, la Commissione non potrebbe basarsi «sul comportamento degli altri soggetti economici per giudicare il comportamento dello Stato e applicare il criterio della concomitanza». Ad avviso della Commissione, «[i]nfatti, le dichiarazioni con cui lo Stato [francese] ha annunciato che avrebbe fatto il necessario per consentire [alla FT] di superare i problemi di finanziamento, fatte a luglio e poi ripetute, distorcono la prova di concomitanza in quanto, ancora una volta, non si può ritenere che gli investitori privati si siano decisi sulla sola base della situazione [della FT], e ciò indipendentemente dalla questione se tali dichiarazioni [rappresentino o meno] un aiuto pubblico». L’applicazione del criterio dell’investitore privato avveduto non potrebbe fondarsi sulla situazione del mercato nel dicembre 2002, ma dovrebbe logicamente basarsi «sulla situazione di un mercato non contaminato dalle dichiarazioni e dagli interventi preliminari» (punto 227 della decisione impugnata). Orbene, «sembrerebbe» che, se esaminate nel contesto della situazione precedente al luglio 2002, le decisioni di investimento in questione non rispettino detto principio (punto 228 della decisione impugnata). In tale momento, la FT si sarebbe trovata in una situazione economica difficile e avrebbe perso la fiducia dei mercati, e le autorità francesi non avrebbero ancora adottato alcuna misura diretta a migliorare la gestione della FT ed i suoi risultati, né ordinato un audit approfondito, né nominato un nuovo gruppo dirigente, né tantomeno preparato un piano di risanamento dell’impresa. In tali circostanze, sarebbe «improbabile che un investitore privato avrebbe fatto, a partire dal luglio 2002, dichiarazioni simili a quelle formulate dal governo francese, le quali, da un punto di vista puramente economico, erano idonee a mettere seriamente in gioco la sua credibilità e la sua reputazione e, da un punto di vista giuridico, erano tali da obbligarlo sin da allora a sostenere finanziariamente [la FT] in ogni caso». Così facendo, un investitore del genere avrebbe assunto da solo e senza alcuna compensazione un rischio molto elevato nei confronti della FT. Orbene, anche un azionista di riferimento, in possesso delle stesse informazioni di cui disponevano all’epoca le autorità francesi, non avrebbe fatto dichiarazioni di sostegno a favore della FT nel luglio 2002 senza prima procedere a un audit approfondito della sua situazione finanziaria e delle misure di risanamento necessarie per poter valutare la portata del rischio e le prospettive di remunerazione che un tale passo avrebbe implicato. In ogni caso, un siffatto azionista di riferimento avrebbe avuto bisogno della partecipazione dei mercati finanziari per risanare la situazione della FT. Orbene, all’epoca, detti mercati «non sembravano disposti a investire o a concedere molto credito [alla] FT» (punto 229 della decisione impugnata). Pertanto, secondo la Commissione «[v]ista la situazione economica [della] FT e l’assenza di informazioni chiare e complete, è poco probabile che un investitore privato avveduto che si fosse trovato nella stessa situazione dello Stato francese avrebbe fatto dichiarazioni di sostegno a favore [della] FT nel luglio 2002». Sarebbe ancor meno probabile che un investitore privato avveduto «[avesse] concesso un prestito d’azionista assumendo da solo un rischio finanziario rilevantissimo» (punto 229 della decisione impugnata). La Commissione ha concluso da tutto quanto precede che «il [criterio] dell’investitore privato avveduto in economia di mercato non [era] soddisfatto» e che, «[d]i conseguenza, il vantaggio accordato [alla] FT mediante il progetto di concessione del prestito d’azionista – esaminato alla luce delle dichiarazioni e degli interventi preliminari delle autorità francesi – [era] un aiuto pubblico, anche se la sua portata [era] difficile da determinare» (punto 230 della decisione impugnata). L’articolo 1 di tale decisione prevede che «[i]l prestito d’azionista concesso dalla [Repubblica francese alla FT] nel dicembre 2002 sotto forma di una linea di credito di 9 miliardi di euro costituisce, nel contesto delle dichiarazioni (…) [rilasciate] a partire dal [mese di] luglio 2002, un aiuto pubblico incompatibile con il mercato comune». I procedimenti giurisdizionali precedenti Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 13 ottobre 2004 (causa T‑425/04), il 5 novembre 2004 (causa T‑444/04) e il 9 novembre 2004 (causa T‑450/04), la Repubblica francese, la FT e le società Bouygues hanno ciascuna proposto un ricorso al fine di ottenere l’annullamento integrale della decisione controversa. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 novembre 2004 (causa T‑456/04), l’Association française des opérateurs de réseaux et services de télécommunications (AFORS Télécom) ha proposto un ricorso al fine di ottenere l’annullamento dell’articolo 2 di tale decisione. Con la sentenza del 21 maggio 2010, Francia/Commissione ( T‑425/04, T‑444/04, T‑450/04 e T‑456/04 , EU:T:2010:216 ), il Tribunale ha, da un lato, annullato l’articolo 1 della decisione controversa e, dall’altro, dichiarato che non occorreva più statuire sulle domande di annullamento dell’articolo 2 di tale decisione. In particolare, il Tribunale ha ritenuto, al punto 298 di tale sentenza, che la Commissione non avesse dimostrato che l’annuncio del 4 dicembre 2002 comportasse un trasferimento di risorse statali. Peraltro, per quanto riguarda l’offerta di prestito d’azionista, il Tribunale ha considerato, al punto 299 di tale sentenza, che, non avendo la Commissione sufficientemente dimostrato un vantaggio derivante da tale offerta, esso non poteva a maggior ragione accertare l’esistenza di un trasferimento di risorse eventualmente connesso a tale vantaggio. Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria della Corte, rispettivamente, il 4 e il 3 agosto 2010, le società Bouygues (causa C‑399/10 P) e la Commissione (causa C‑401/10 P) hanno proposto un’impugnazione avverso la sentenza del 21 maggio 2010, Francia/Commissione ( T‑425/04, T‑444/04, T‑450/04 e T‑456/04 , EU:T:2010:216 ). Con la sentenza del 19 marzo 2013, Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione e a. e Commissione/Francia e a. (C‑399/10 P e C‑401/10 P; in prosieguo: la «sentenza Bouygues, EU:C:2013:175 ), la Corte ha annullato la sentenza del 21 maggio 2010, Francia/Commissione ( T‑425/04, T‑444/04, T‑450/04 e T‑456/04 , EU:T:2010:216 ), ha rinviato le cause T‑425/04, T‑444/04 e T‑450/04 dinanzi al Tribunale affinché statuisca sui motivi dedotti e sulle domande presentate dinanzi ad esso su cui essa non si era pronunciata, e ha riservato la decisione sulle spese. A tale riguardo, innanzitutto, al punto 76 della sentenza Bouygues, la Corte ha constatato che la Commissione, nella decisione controversa, non aveva preso posizione sull’argomento sollevato dalle società Bouygues nella loro denuncia del 22 gennaio 2003 secondo il quale le dichiarazioni rilasciate a partire dal mese di luglio 2002 costituivano di per sé aiuti di Stato. Essa ha, in particolare, rilevato, ai punti da 73 a 75 di tale sentenza, che dette dichiarazioni erano state considerate solo in quanto oggettivamente rilevanti ai fini della valutazione dell’offerta di prestito d’azionista e che la Commissione le aveva pertanto esaminate unicamente in quanto costituenti il contesto dell’aiuto constatato. Pertanto, al punto 77 della sentenza Bouygues, la Corte ha statuito che il Tribunale aveva commesso un errore di diritto dichiarando, ai punti 128 e 131 della sentenza del 21 maggio 2010, Francia/Commissione ( T‑425/04, T‑444/04, T‑450/04 e T‑456/04 , EU:T:2010:216 ), che l’articolo 1 della decisione controversa comportava il rifiuto della Commissione di qualificare come aiuti di Stato le dichiarazioni rilasciate a partire dal mese di luglio 2002. Un’omessa presa di posizione da parte della Commissione relativamente alla qualificazione come aiuti di Stato di tali dichiarazioni in seguito alla denuncia delle società Bouygues non può infatti essere assimilata di per sé ad una decisione di rigetto delle richieste di tali denunzianti. Successivamente, la Corte ha dichiarato, ai punti 103 e 104 della sentenza Bouygues, che poiché gli interventi statali assumono forme diverse e devono essere analizzati in funzione dei loro effetti, non si può escludere che più interventi consecutivi dello Stato debbano essere considerati un solo intervento ai fini dell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Ciò può verificarsi, in particolare, nel caso in cui interventi consecutivi siano connessi tra loro, segnatamente per quanto riguarda la loro cronologia, il loro scopo e la situazione dell’impresa al momento di tali interventi, in modo tanto stretto da renderne impossibile la dissociazione. La Corte ha da ciò concluso, al punto 105 della sentenza Bouygues che, avendo ritenuto necessario identificare una riduzione del bilancio statale o un rischio economico sufficientemente concreto di oneri gravanti su tale bilancio, rischio strettamente connesso con un vantaggio specifico derivante o dall’annuncio del 4 dicembre 2002 o dall’offerta di prestito d’azionista – e corrispondente a o avente come controprestazione tale vantaggio –, il Tribunale aveva commesso un errore di diritto applicando un criterio tale da escludere a priori che detti interventi statali potessero essere considerati un solo intervento in funzione dei legami tra gli stessi ed i loro effetti. Infine, la Corte ha ritenuto di disporre degli elementi necessari per statuire definitivamente, da un lato, sulla domanda di annullamento dell’articolo 1 della decisione controversa in quanto la Commissione aveva rifiutato di qualificare come aiuti di Stato le dichiarazioni rilasciate a partire dal mese di luglio 2002 nella causa T‑450/04 e, dall’altro, sulla seconda parte del secondo motivo e sul terzo motivo sollevati dalla Repubblica francese e dalla FT a sostegno dei loro ricorsi nelle cause T‑425/04 e T‑444/04, nei limiti in cui tale parte e detto motivo erano diretti contro la constatazione, effettuata nella decisione controversa, dell’esistenza di un vantaggio concesso alla FT da parte dello Stato francese. Per quanto riguarda il primo aspetto, al punto 118 della sentenza Bouygues, la Corte ha considerato inoperanti i motivi del ricorso nella causa T‑450/04 diretti all’annullamento dell’articolo 1 della decisione controversa, in quanto la Commissione avrebbe rifiutato di qualificare come aiuti di Stato le dichiarazioni rilasciate a partire dal mese di luglio 2002. Per quanto riguarda il secondo aspetto, la Corte ha concluso, ai punti da 129 a 131 della sentenza Bouygues, da taluni passaggi dei punti 194 e 196 della decisione controversa che la Commissione aveva ritenuto che l’annuncio del 4 dicembre 2002 e l’offerta di prestito d’azionista, considerati nel loro insieme, avessero conferito un vantaggio implicante l’impegno di risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e che tale istituzione aveva giustamente esaminato congiuntamente tali due misure, dal momento che era evidente che la prima non poteva essere dissociata dalla seconda. Per contro, ai punti 140 e 141 della sentenza Bouygues, la Corte ha constatato che la controversia non era matura per la decisione per quanto riguarda i motivi secondo e terzo dedotti dalla Repubblica francese e dalla FT, nella parte in cui tali motivi erano diretti contro l’applicazione del criterio dell’investitore privato avveduto operata dalla Commissione. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata A seguito della pronuncia della sentenza Bouygues, le cause T‑425/04 RENV, T‑444/04 RENV e T‑450/04 RENV sono state riassegnate alla Sesta Sezione ampliata del Tribunale. Con lettera del 22 luglio 2013 la France Télécom ha informato il Tribunale di aver cambiato denominazione sociale in Orange il 1 o luglio 2013. Con ordinanze del presidente della Sesta Sezione ampliata del Tribunale del 27 giugno 2014, da un lato, le società Bouygues sono state cancellate dal ruolo della causa T‑444/04 RENV come parti intervenienti a sostegno delle conclusioni della Commissione e, dall’altro, la causa T‑450/04 RENV è stata cancellata dal ruolo del Tribunale, in quanto tali società avevano ritirato il loro intervento e rinunciato ai loro ricorsi. Con ordinanza del presidente della Sesta Sezione ampliata del Tribunale del 15 luglio 2014 le cause T‑425/04 RENV e T‑444/04 RENV sono state riunite ai fini della fase orale del procedimento e della sentenza. Nella causa T‑425/04 RENV, la Repubblica francese, sostenuta dalla Repubblica federale di Germania, e, nella causa T‑444/04 RENV, l’Orange hanno chiesto al Tribunale di annullare la decisione controversa e di condannare la Commissione alle spese. In tali cause, la Commissione ha chiesto il rigetto dei ricorsi in quanto infondati e la condanna della Repubblica francese e dell’Orange alle spese. All’udienza del 24 settembre 2014, la Commissione ha altresì chiesto il rigetto del ricorso nella causa T‑444/04 RENV in quanto irricevibile. Con la sentenza impugnata, il Tribunale, innanzitutto, ha respinto l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione nella causa T‑444/04 RENV, per la motivazione che l’Orange continuava a disporre di un interesse esistente ed attuale all’annullamento dell’articolo 1 della decisione controversa. In seguito, esso ha esaminato la domanda di annullamento dell’articolo 1 della decisione controversa. Nell’ambito di tale esame, il Tribunale, da un lato, ha respinto i primi motivi dei ricorsi, vertenti entrambi su una violazione delle forme sostanziali e dei diritti della difesa. Dall’altro lato, esso ha esaminato congiuntamente e accolto il secondo e il terzo motivo dei ricorsi, vertenti su errori di diritto e su errori manifesti di valutazione per quanto riguarda l’applicazione del criterio dell’investitore privato avveduto. Il Tribunale ha, pertanto, annullato detto articolo 1. Il Tribunale ha ritenuto che, in tali circostanze, non occorresse più statuire sulle conclusioni della Repubblica francese e dell’Orange dirette all’annullamento dell’articolo 2 della decisione controversa. Infine, alla luce di tali valutazioni, il Tribunale ha condannato la Commissione a sopportare le proprie spese, nonché otto decimi delle spese sostenute dalla Repubblica francese e dalla Orange. Conclusioni delle parti La Commissione chiede, in via principale, alla Corte di: — annullare la sentenza impugnata nella parte in cui ha annullato l’articolo 1 della decisione controversa e ha condannato la Commissione a sopportare le proprie spese, nonché otto decimi delle spese sostenute dalla Repubblica francese e dall’Orange nelle cause T‑425/04 e T‑444/04; — respingere i ricorsi della Repubblica francese e dell’Orange nelle cause T‑425/04 e T‑444/04, e — condannare la Repubblica francese e l’Orange alle spese. In subordine, tale istituzione chiede alla Corte di rinviare le cause T‑425/04 e T‑444/04 dinanzi al Tribunale e di riservare la decisione sulle spese. L’Orange e, in via principale, la Repubblica francese chiedono il rigetto dell’impugnazione e la condanna della Commissione alle spese. In subordine, nell’ipotesi in cui la Corte dovesse annullare la sentenza impugnata, la Repubblica francese chiede il rinvio al Tribunale della causa T‑425/04 RENV affinché statuisca sulla prima parte del secondo motivo del ricorso nonché sul terzo e sul quarto motivo dello stesso. In ulteriore subordine, tale Stato membro chiede alla Corte di accogliere tali parti e motivi del ricorso e di condannare la Commissione alle spese. Sull’impugnazione A sostegno dell’impugnazione, la Commissione deduce quattro motivi vertenti, il primo, su una violazione dell’obbligo di motivazione, il secondo, su sette violazioni distinte dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, il terzo, su un superamento dei limiti del sindacato giurisdizionale e, il quarto, su un’interpretazione erronea, ossia su uno snaturamento della decisione controversa. L’Orange contesta la ricevibilità del primo e del secondo motivo dell’impugnazione. Sulla ricevibilità del primo e del secondo motivo dell’impugnazione Argomentazione dell’Orange L’Orange rileva che, ai sensi dell’articolo 1 della decisione controversa, da un lato, gli unici interventi dello Stato francese che possono essere considerati come un intervento unico qualificato come aiuto di Stato sono l’annuncio del 4 dicembre 2002 e l’offerta di prestito d’azionista e, dall’altro, che le dichiarazioni rilasciate a partire dal mese di luglio 2002 non sono state prese in considerazione se non in quanto elemento di contesto. La stessa sarebbe stata, durante i vari procedimenti dinanzi al Tribunale e alla Corte, l’argomentazione della Commissione. In particolare, come risulterebbe peraltro dal punto 259 della sentenza impugnata, anche interrogata espressamente e specificamente su tale punto dal Tribunale, la Commissione non si sarebbe mai spinta sino ad affermare che le dichiarazioni rilasciate a partire dal mese di luglio 2002, al pari dell’annuncio del 4 dicembre 2002 e dell’offerta di prestito d’azionista, sarebbero state elementi costitutivi di un intervento unico qualificato come aiuto di Stato. In tali circostanze, l’Orange ritiene che il primo e il secondo motivo dell’impugnazione debbano essere dichiarati irricevibili, poiché la Commissione invoca, in tali motivi, argomenti nuovi consistenti nel contestare al Tribunale di non essersi pronunciato sulla questione se dette dichiarazioni dovessero essere comprese nel perimetro dell’intervento unico. Giudizio della Corte È sufficiente rilevare, come risulta sia dalle osservazioni del governo francese sia dal punto 255 della sentenza impugnata, che la Commissione ha addotto, dinanzi al Tribunale, l’argomentazione secondo la quale le dichiarazioni rilasciate a partire dal mese di luglio 2002 dovevano essere incluse nel perimetro dell’intervento unico a sostegno della FT, e che quest’ultimo ha espressamente risposto a tale argomentazione ai punti da 256 a 261 di detta sentenza. In tali circostanze, l’eccezione di irricevibilità sollevata dall’Orange, vertente sul fatto che detta argomentazione presenterebbe un carattere nuovo nell’ambito dell’impugnazione, deve essere respinta. Sul primo motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione Argomentazione della Commissione La Commissione fa valere, innanzitutto, che il Tribunale ha ignorato i principi stabiliti dalla sentenza Bouygues, poi, non ha sufficientemente risposto agli argomenti che aveva addotto nell’ambito del procedimento di rinvio e, infine, ha inficiato il suo ragionamento di contraddizioni. Infatti, il Tribunale nell’esporre, ai punti da 185 a 196 della sentenza impugnata, la giurisprudenza da esso ritenuta pertinente in relazione al criterio dell’investitore privato avveduto, non avrebbe menzionato la sentenza Bouygues e avrebbe quindi omesso di interrogarsi sulla questione se tale sentenza avesse apportato precisazioni riguardo alla portata di tale criterio. La Commissione aggiunge, inoltre, che, nelle sue osservazioni nell’ambito del rinvio, avrebbe spiegato come le dichiarazioni rilasciate a partire dal mese di luglio 2002 facessero oggettivamente parte del contesto di analisi dell’offerta di prestito d’azionista e fossero ad esso connesse cronologicamente, economicamente e funzionalmente, di modo che esse costituivano, insieme a tale offerta, un unico intervento. Orbene, pur avendo il Tribunale esaminato, ai punti da 255 a 258 della sentenza impugnata, taluni aspetti della nozione di intervento unico, esso si sarebbe limitato ad esaminare questioni semantiche al fine di evitare di procedere a un vero e proprio esame dell’argomentazione della Commissione. Infine, la Commissione sostiene che il Tribunale si è contraddetto nell’affermare, da un lato, ai punti 219 e 222 della sentenza impugnata, che, per stabilire se lo Stato francese abbia adottato o meno il comportamento di un investitore privato avveduto in un’economia di mercato, occorreva porsi nel contesto del mese di dicembre 2002, durante il quale sono state adottate le misure di sostegno finanziario, ed escludere così da tale ambito le dichiarazioni rilasciate a partire dal mese di luglio 2002, e, dall’altro, ai punti 227 e 228 di tale sentenza, che la Commissione poteva prendere in considerazione, per valutare la razionalità economica del comportamento dello Stato francese, tutti gli elementi che caratterizzavano tale contesto, ivi comprese siffatte dichiarazioni. Giudizio della Corte Occorre ricordare che l’obbligo di motivazione previsto all’articolo 296 TFUE costituisce una formalità sostanziale che deve essere distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, la quale attiene alla legittimità nel merito dell’atto controverso (sentenza del 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C‑521/09 P , EU:C:2011:620 , punto e giurisprudenza ivi citata). Secondo una costante giurisprudenza della Corte, l’obbligo di motivare le sentenze, che incombe al Tribunale ai sensi degli articoli 36 e 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che ripercorra esaustivamente e singolarmente tutti i ragionamenti svolti dalle parti nella controversia. La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere i motivi sui quali si fonda il Tribunale e alla Corte di disporre di elementi sufficienti per esercitare il suo controllo in sede di impugnazione (sentenza dell’8 marzo 2016, Grecia/Commissione, C‑431/14 P , EU:C:2016:145 , punto ). Nel caso di specie, si deve necessariamente rilevare che la motivazione riportata ai punti da 185 a 196, 219, 222, 227, 228 e da 255 a 258 della sentenza impugnata consente agli interessati, e in particolare alla Commissione, di conoscere i motivi sui quali si è fondato il Tribunale e alla Corte di disporre di elementi sufficienti per esercitare il suo controllo nell’ambito della presente impugnazione. Infatti, come fatto valere giustamente dal governo francese e dall’Orange, non possono costituire, di per sé, un difetto di motivazione né il fatto che il Tribunale non abbia menzionato, nel ricordare la giurisprudenza di cui ai punti da 185 a 196 della sentenza impugnata, la sentenza Bouygues, né il fatto che esso abbia respinto, dopo un esame dettagliato effettuato ai punti da 255 a 258 di tale sentenza, le pretese della Commissione. Inoltre, l’argomento della Commissione secondo cui sussisterebbe una contraddizione tra, da un lato, i punti da 219 a 222 della sentenza impugnata e, dall’altro, i punti 227 e 228 della stessa deriva da una lettura erronea di tali punti. Infatti, il Tribunale si è limitato, in essi, a rilevare che la Commissione non poteva limitarsi a prendere in considerazione unicamente le dichiarazioni rilasciate a partire dal mese di luglio 2002, escludendo altri elementi che erano pertinenti per l’analisi. Alla luce delle considerazioni che precedono, il primo motivo dell’impugnazione deve essere respinto in quanto infondato. Sul terzo motivo, vertente su un superamento dei limiti del sindacato giurisdizionale Argomentazione della Commissione Con il terzo motivo dell’impugnazione, che occorre esaminare in secondo luogo, la Commissione fa valere che il criterio dell’investitore privato avveduto implica una valutazione economica complessa, nel contesto della quale ad essa è riconosciuta un’ampia discrezionalità. Di conseguenza, in tale ambito, il sindacato giurisdizionale dovrebbe, in linea di principio, limitarsi a verificare l’esistenza di un errore manifesto nella valutazione dei fatti. In particolare, non spetterebbe al giudice dell’Unione europea, nell’ambito di tale sindacato, sostituire la propria valutazione economica a quella della Commissione. Orbene, nell’affermare, ai punti 235 e 236 della sentenza impugnata, che la percezione da parte del mercato delle dichiarazioni rilasciate a partire dal mese di luglio 2002 non era pertinente nel caso di specie, il Tribunale, ad avviso della Commissione, ha sostituito la propria analisi a quella di quest’ultima, mentre avrebbe dovuto limitarsi ad esaminare se i punti 210, 217 e 229 della decisione controversa fossero viziati da un errore manifesto di valutazione. Giudizio della Corte Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di aiuto di Stato, quale definita nel Trattato FUE, ha carattere giuridico e deve essere interpretata sulla base di elementi obiettivi. Per tale ragione, il giudice dell’Unione deve esercitare, in linea di principio e tenuto conto sia degli elementi concreti della causa sottopostagli che del carattere tecnico o complesso delle valutazioni effettuate dalla Commissione, un controllo completo per quanto riguarda la questione se una misura rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (sentenza del 21 giugno 2012, BNP Paribas e BNL/Commissione, C‑452/10 P , EU:C:2012:366 , punto ). La Corte ha tuttavia affermato che, quando le valutazioni operate dalla Commissione presentano carattere tecnico o complesso, il controllo giurisdizionale sulla questione se una misura rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE è limitato (sentenza del 21 giugno 2012, BNP Paribas e BNL/Commissione, C‑452/10 P , EU:C:2012:366 , punto ). A tale riguardo, quando la Commissione, al fine di verificare se una misura rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, deve applicare il criterio dell’investitore privato avveduto in un’economia di mercato, l’uso di tale criterio implica, in generale, da parte della Commissione una valutazione economica complessa (v., in tal senso, sentenza del 2 settembre 2010, Commissione/Scott, C‑290/07 P , EU:C:2010:480 , punto ). Nella specie, come rilevato giustamente dal governo francese e dall’Orange, da un lato, le considerazioni del Tribunale contestate dalla Commissione vertono non già sull’applicazione stessa del criterio dell’investitore privato avveduto, bensì sul momento nel quale la Commissione doveva porsi per effettuare tale valutazione e, pertanto, sugli elementi di prova che essa doveva prendere in considerazione a tale riguardo. Dall’altro lato, anche supponendo che il sindacato che il Tribunale è chiamato ad esercitare a tale riguardo debba essere limitato, come sostiene la Commissione, tale circostanza non comporta che il Tribunale fosse stato obbligato ad astenersi dal controllo della qualificazione giuridica, da parte di tale istituzione, di dati di natura economica. Infatti, pur non spettando a quest’ultimo sostituire la propria valutazione economica a quella della Commissione, da una giurisprudenza ormai costante della Corte emerge che il giudice dell’Unione deve, in particolare, non soltanto verificare l’esattezza materiale degli elementi di prova invocati, la loro affidabilità e la loro coerenza, ma anche controllare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per la valutazione di una situazione complessa e se essi siano idonei a corroborare le conclusioni che ne sono tratte (v., in particolare, sentenza dell’11 settembre 2014, CB/Commissione, C‑67/13 P , EU:C:2014:2204 , punto ). Orbene, ai punti da 235 a 248 della sentenza impugnata, il Tribunale ha appunto effettuato un esame della valutazione operata dalla Commissione degli elementi di prova sui quali quest’ultima si era fondata per ritenere che si dovesse applicare il criterio dell’investitore privato avveduto al mese di luglio 2002, e non al mese di dicembre 2002. A tale riguardo, esso ha dichiarato che tale valutazione era fondata su una presa in considerazione selettiva degli elementi di prova disponibili e che tali elementi non erano idonei a corroborare le conclusioni che la Commissione aveva tratto da ciò. Esso ha, pertanto, dichiarato che la valutazione effettuata da quest’ultima era viziata da un errore manifesto. Così, alla luce della giurisprudenza ricordata al punto 91 della presente sentenza e contrariamente a quanto sostiene la Commissione, il Tribunale non ha ecceduto, nel procedere a una siffatta analisi, i limiti del sindacato giurisdizionale che aveva il compito di esercitare. Ne consegue che il terzo motivo deve essere respinto in quanto infondato. Sul quarto motivo, vertente su un’interpretazione erronea, ossia su uno snaturamento, della decisione controversa nonché su uno snaturamento dei fatti Argomentazione della Commissione Con il quarto motivo dell’impugnazione, che occorre esaminare in terzo luogo, la Commissione sostiene che il Tribunale ha snaturato la decisione controversa nell’aver ritenuto, ai punti da 246 a 248 della sentenza impugnata, da un lato, che una mera aspettativa dei mercati non potesse creare un obbligo di agire e che la Commissione non avesse dimostrato che il mancato rispetto da parte dello Stato delle sue dichiarazioni nei confronti della FT potesse pregiudicare la sua reputazione sui mercati finanziari. Infatti, il punto 217 di tale decisione conterrebbe una siffatta dimostrazione, con elementi concreti a sostegno. Dall’altro lato, tale istituzione sostiene che il Tribunale ha parimenti snaturato i fatti nel considerare che un investitore privato avveduto avrebbe potuto emettere dichiarazioni analoghe a quelle rilasciate a partire dal mese di luglio 2002, sebbene, fino all’inizio del mese di dicembre 2002, né il governo francese né la FT disponessero di un piano di risanamento e di una stima del capitale necessario. La Commissione spiega, infatti, che, in assenza di informazioni sul rendimento finanziario della sua operazione, uno Stato non potrebbe sostenere di agire come un investitore privato avveduto. Giudizio della Corte Dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE e dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea emerge che il Tribunale è l’unico competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risultasse dagli atti del fascicolo sottopostogli e, dall’altro, a valutare tali fatti (sentenze del 6 aprile 2006, General Motors/Commissione, C‑551/03 P , EU:C:2006:229 , punto , e del 29 marzo 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, C‑352/09 P , EU:C:2011:191 , punto ). Pertanto, la valutazione dei fatti, salvo il caso di snaturamento degli elementi di prova addotti dinanzi al Tribunale, non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte (sentenze del 18 maggio 2006, Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione, C‑397/03 P , EU:C:2006:328 , punto , nonché del 29 marzo 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, C‑352/09 P , EU:C:2011:191 , punto ). Il ricorrente che alleghi uno snaturamento di elementi di prova da parte del Tribunale deve, ai sensi dell’articolo 256 TFUE, dell’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura di quest’ultima, indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati dal Tribunale e dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero portato il Tribunale a tale snaturamento (sentenze del 17 giugno 2010, Lafarge/Commissione, C‑413/08 P , EU:C:2010:346 , punto e giurisprudenza ivi citata). Peraltro, secondo costante giurisprudenza della Corte, uno snaturamento deve emergere in modo manifesto dagli atti di causa, senza che sia necessario procedere a una nuova valutazione dei fatti e delle prove (sentenza del 27 ottobre 2011, Austria/Scheucher-Fleisch e a., C‑47/10 P , EU:C:2011:698 , punto nonché giurisprudenza ivi citata). Nella specie, innanzitutto, dal punto 246 della sentenza impugnata emerge che il Tribunale ha preso in considerazione il punto 217 della decisione controversa, come ha fatto valere giustamente il governo francese. Inoltre, è stato rilevato al punto 92 della presente sentenza che il Tribunale ha esaminato, ai punti da 235 a 248 della sentenza impugnata, la valutazione operata dalla Commissione degli elementi di prova sui quali tale istituzione si era fondata per ritenere che si dovesse applicare il criterio dell’investitore privato avveduto al mese di luglio 2002 e non al mese di dicembre 2002, che esso ha considerato che tale valutazione era fondata su una presa in considerazione selettiva degli elementi di prova disponibili e che tali elementi non erano idonei a corroborare le conclusioni che la Commissione aveva tratto da ciò. Infine, si deve necessariamente constatare che, con la sua argomentazione, la Commissione non indica in modo preciso gli elementi che sarebbero stati manifestamente snaturati dal Tribunale, bensì contesta la valutazione dei fatti effettuata dal Tribunale secondo la quale le conclusioni figuranti nella decisione controversa non erano sufficientemente corroborate dal punto di vista giuridico dagli elementi di prova addotti a loro sostegno. Così, alla luce delle considerazioni che precedono, la Commissione non può contestare al Tribunale di avere snaturato la decisione controversa né gli elementi di prova. Ne consegue che il quarto motivo deve essere respinto in quanto infondato. Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE Argomentazione della Commissione Con il suo secondo motivo di impugnazione, la Commissione fa valere che il Tribunale, nell’avere isolato le dichiarazioni rilasciate a partire dal mese di luglio 2002 dall’annuncio del 4 dicembre 2002 e dall’offerta di prestito d’azionista, ha separato la rassicurazione dei mercati da parte di tali dichiarazioni, da un lato, dall’aumento dei mezzi di finanziamento, dall’altro lato, e ha accolto, così, un approccio puntinista che riposa su sette errori di diritto distinti che costituiscono altrettante violazioni dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Tale argomentazione si divide in sette parti. Con la prima parte, la Commissione sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’aver proceduto, ai punti da 219 a 248 della sentenza impugnata, all’identificazione di un momento preciso al quale doveva applicarsi il criterio dell’investitore privato avveduto. Ad avviso di tale istituzione, detto approccio contrasta con il punto 103 della sentenza Bouygues, secondo cui non si può escludere che più interventi consecutivi dello Stato debbano essere considerati un solo intervento ai fini dell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Infatti, la Corte avrebbe non soltanto dichiarato che più eventi non simultanei possono essere valutati congiuntamente, ma avrebbe altresì ammesso che non è necessario che ciascuno di tali eventi comporti allo stesso tempo il conferimento di un vantaggio e un trasferimento di risorse statali. Sarebbe sufficiente che tali elementi ricorrano come risultato di uno qualsiasi di detti eventi o della loro combinazione. Pertanto, non si può ritenere che il criterio dell’investitore privato avveduto sia circoscritto in un istante preciso né che la presenza di un vantaggio derivante da risorse statali costituisca una condizione preliminare rispetto all’applicazione di tale criterio, come il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato ai punti 202, 203 e 226 della sentenza impugnata. Orbene, la Commissione avrebbe spiegato, in particolare ai punti 222 e 225 della decisione controversa, che il mantenimento, grazie alle dichiarazioni rilasciate a partire dal mese di luglio 2002, del rating della FT al grado di investimento ha avuto un’influenza determinante, in particolare, sulle misure di dicembre 2002. Si tratterebbe di un processo continuo di sostegno alla FT che sarebbe iniziato nel mese di luglio 2002 e si sarebbe concretizzato nel mese di dicembre 2002. Con la seconda parte, la Commissione sostiene che il Tribunale, nell’aver ritenuto, al punto 205 della sentenza impugnata, che il criterio dell’investitore privato avveduto dovesse essere applicato esclusivamente all’annuncio del 4 dicembre 2002 e all’offerta di prestito d’azionista, considerati congiuntamente, non ha considerato né lo stretto legame esistente tra il vantaggio identificato e l’applicazione di tale criterio né la giurisprudenza elaborata nella sentenza Bouygues. Infatti, poiché il criterio dell’investitore privato avveduto serve ad escludere una misura che, prima facie, costituirebbe un vantaggio, il campo di esame tanto materiale quanto temporale delle misure costitutive del vantaggio dovrebbe coincidere con quello a cui si applica tale criterio. Pertanto, se il vantaggio produce i suoi effetti in un periodo determinato, detto criterio non potrebbe essere applicato soltanto a una parte di tale periodo. Orbene, nella specie, la Corte avrebbe identificato, ai punti da 132 a 139 della sentenza Bouygues, il vantaggio conferito alla FT in quanto comprendente due parti, ossia l’aumento dei mezzi di finanziamento della FT e la rassicurazione dei mercati quanto alla sua capacità di far fronte alle scadenze, rassicurazione la quale derivava dalle dichiarazioni rilasciate a partire dal mese di luglio 2002. Con la terza parte, la Commissione ritiene che il Tribunale, avendo operato, ai punti da 227 a 232 e da 255 a 261 della sentenza impugnata, una differenza semantica tra le misure statali esaminate e gli elementi di contesto, abbia violato il principio secondo cui l’analisi dell’esistenza di un aiuto di Stato deve essere effettuata in funzione degli effetti e non già della forma o della semantica. Secondo la Commissione, esiste, infatti, soltanto una mera differenza semantica tra l’esame di una misura statale nel contesto di un’altra misura statale a cui essa è indissolubilmente connessa e l’esame congiunto di tali due misure. Orbene, nella specie, le dichiarazioni rilasciate a partire dal mese di luglio 2002 e l’offerta di prestito d’azionista sarebbero indissolubilmente connesse, poiché, nel mese di dicembre 2002, la situazione del mercato sarebbe stata falsata da dette dichiarazioni e, senza queste ultime, detta offerta non avrebbe potuto realizzarsi né produrre i suoi effetti. Inoltre, deriverebbero da un’interpretazione errata della decisione controversa, delle memorie della Commissione e della sentenza Bouygues le affermazioni del Tribunale secondo le quali, da un lato, da tali documenti non emergerebbe che le dichiarazioni rilasciate a partire dal mese di luglio 2002 e l’offerta di prestito d’azionista costituissero un unico intervento e, dall’altro, la Corte avrebbe deciso che tali dichiarazioni non facessero oggetto della decisione della Commissione. Con la quarta parte, la Commissione ritiene che il Tribunale abbia attribuito un’importanza determinante alla precisazione delle modalità esatte del sostegno che lo Stato francese ha apportato alla FT e abbia trascurato in tal modo gli effetti delle dichiarazioni rilasciate a partire dal mese di luglio 2002, mentre queste ultime rivestivano un’importanza fondamentale. La Commissione fa osservare a tale riguardo che non era necessario che le misure esaminate fossero della stessa natura per essere considerate come indissolubilmente connesse. Infatti, ai punti da 132 a 136 della sentenza Bouygues, la Corte si sarebbe riferita a tali dichiarazioni e ai loro effetti per stabilire la presenza di un vantaggio legato all’offerta di prestito d’azionista, circostanza che dimostrerebbe che esse dovevano essere prese in considerazione nel contesto dell’analisi. Nell’ambito della quinta parte, la Commissione ricorda che, ai punti 103 e 104 della sentenza Bouygues, la Corte ha dichiarato che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, devono essere considerati un solo intervento, più interventi consecutivi dello Stato qualora tali interventi siano connessi tra loro, per quanto riguarda la loro cronologia, il loro scopo e la situazione dell’impresa al momento di tali interventi, in modo tanto stretto da renderne impossibile la dissociazione. Essa ricorda, inoltre, che la Corte ha suggerito, ai punti da 132 a 136 di tale sentenza, che le dichiarazioni rilasciate a partire dal mese di luglio 2002 facevano oggettivamente parte del contesto di analisi dell’offerta di prestito d’azionista. Orbene, secondo la Commissione, i criteri fissati dalla Corte ai punti 103 e 104 della sentenza Bouygues erano soddisfatti nella specie, alla luce dei legami stretti e indissolubili esistenti tra tali dichiarazioni e detta offerta. Infatti, come potrebbe essere dedotto da tali punti, tutti questi interventi consecutivi dovevano essere considerati come uno stesso e unico intervento. Peraltro, la Commissione fa valere di avere applicato, ai punti da 203 a 230 della decisione controversa, il criterio dell’investitore privato avveduto a tutto il processo di salvataggio della FT, e ciò in particolare a partire dall’inizio di tale processo, ossia a partire dalla dichiarazione del 12 luglio 2002, la quale ha condizionato tutto il seguito di detto processo. La Commissione aggiunge di aver accertato, ai punti da 215 a 218 della decisione controversa, che le dichiarazioni rilasciate a partire dal mese di luglio 2002 avevano creato un rischio economico e giuridico che poteva mettere in pericolo le risorse dello Stato francese. Con la sesta parte, la Commissione fa valere che, ai punti da 230 a 232 e da 249 a 254 della sentenza impugnata, il Tribunale ha erroneamente concluso per l’esistenza di una cesura, sopravvenuta nel mese di dicembre 2002, nella successione delle misure statali di cui trattasi, nell’essersi collocato, da un lato, nella logica erronea consistente nel circoscrivere l’esame del criterio dell’investitore privato avveduto a un momento preciso, ossia al 4 dicembre 2002 e, dall’altro, nell’essersi fondato su elementi di fatto che non attestavano una siffatta cesura e che sarebbero stati influenzati dalle dichiarazioni rilasciate a partire dal mese di luglio 2002. Orbene, a causa dell’influenza determinante delle dichiarazioni rilasciate a partire dal mese di luglio 2002, persino una decisione autonoma di operatori privati sarebbe stata sufficiente a sopprimere il nesso esistente tra tali dichiarazioni e l’offerta di prestito d’azionista. Inoltre, la constatazione del Tribunale, figurante ai punti da 249 a 254 della sentenza impugnata, secondo la quale ci sarebbe stata un’importante cesura nel mese di dicembre 2002, perché l’impegno inizialmente annunciato diveniva concreto, sarebbe in contraddizione sia con la constatazione di fatto svolta dallo stesso Tribunale ai punti da 212 a 215 di tale sentenza, secondo cui le dichiarazioni rilasciate a partire dal mese di luglio 2002 avevano conferito alla FT un vantaggio che sarebbe perdurato almeno fino al 17 dicembre 2002, sia con le constatazioni di fatto definitive della Corte enunciate al punto 133 della sentenza Bouygues. Con la settima parte, la Commissione rileva che, ai punti 246 e 247 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che, anche tenendo in considerazione tutta la serie degli interventi dello Stato francese durante il periodo da luglio a dicembre 2002, tutte le fasi di tale processo avrebbero potuto essere condotte in modo simile da un operatore privato avveduto in economia di mercato, che vigila affinché tutti i requisiti richiesti vengano soddisfatti prima di assumere un impegno irrevocabile d’investimento. Secondo il Tribunale, lo Stato francese avrebbe quindi inteso influire sui mercati, mettendo in gioco la sua reputazione, per ripristinare la fiducia dei medesimi e, in particolare, tentato di ottenere la conferma del rating della FT al fine di preparare un rifinanziamento solido e meno oneroso di tale impresa in una fase successiva. Orbene, secondo la Commissione, ragionando così, il Tribunale non ha tenuto in considerazione il rischio alla reputazione che una dichiarazione non onorata comporta e la situazione particolare dello Stato che rende una siffatta dichiarazione. Infatti, gli operatori accorderebbero ancor meno credito alle dichiarazioni di sostegno dello Stato considerato alle imprese pubbliche quando tali dichiarazioni non siano seguite da alcun effetto. La Commissione aggiunge che, pur avendo effettivamente rinunciato, al punto 219 della decisione controversa, ad accertare la presenza di aiuti sulla sola base delle dichiarazioni rilasciate a partire dal mese di luglio 2002, ciò non significherebbe che essa abbia sollevato dubbi circa il danno alla reputazione dello Stato francese che sarebbe derivato da un mancato rispetto delle proprie dichiarazioni. In tali circostanze, la Commissione fa valere che il Tribunale ha commesso errori di diritto consistenti nel richiedere che il trasferimento di risorse statali si produca simultaneamente alla concessione del vantaggio e nel ritenere che possano sussistere rischi per la reputazione solo se vi sia l’impegno di risorse statali. La Commissione fa osservare, peraltro, che dichiarazioni che impegnano lo Stato presentano la particolarità di impegnare non soltanto la credibilità dello Stato azionista, ma anche quella dello Stato potere pubblico, e ciò anche se esso dichiari di esprimersi in nome dello Stato azionista, poiché il rispetto delle dichiarazioni è anche una questione di credibilità politica. Infine, secondo la Commissione, il Tribunale non ha motivato adeguatamente il suo ragionamento figurante al punto 247 della sentenza impugnata, secondo cui si dovrebbe paragonare lo Stato azionista a un attore globale dell’economia. Infatti, non sarebbe possibile applicare il criterio dell’investitore privato avveduto allo Stato attore globale senza che ciò sia giustificato da circostanze particolari. Giudizio della Corte Con l’argomentazione avanzata tramite le sette parti del secondo motivo, la Commissione mira, in sostanza a dimostrare che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto riguardo alla determinazione del momento in cui essa doveva collocarsi per valutare il criterio dell’investitore privato avveduto. Infatti, la Commissione spiega che tale momento corrispondeva al mese di luglio 2002, e non già, come avrebbe erroneamente ritenuto il Tribunale, al mese di dicembre 2002. In primo luogo, nei limiti in cui la Commissione fa valere, nell’ambito delle parti dalla seconda alla quinta, che il vantaggio identificato dalla sentenza Bouygues si estende alle dichiarazioni rilasciate a partire dal mese di luglio 2002, occorre rilevare che tale argomentazione contrasta con l’interpretazione che la Corte stessa ha dato della decisione controversa, ai punti da 70 a 75 e da 126 a 129 della sentenza Bouygues. Infatti, a tali punti, la Corte ha constatato che il vantaggio identificato da tale decisione era costituito esclusivamente dall’annuncio del 4 dicembre 2002, accompagnato dall’offerta di prestito d’azionista. Al contrario, dai punti 132, 134, 136 e 139 di tale sentenza risulta implicitamente ma necessariamente che la Corte non ha inteso estendere tale vantaggio alle dichiarazioni rilasciate a partire dal mese di luglio 2002, le quali rientrano esclusivamente nel contesto della misura di aiuto così identificata. Pertanto, poiché l’argomentazione della Commissione deriva da una lettura erronea della sentenza Bouygues e non corrisponde neppure al contenuto stesso della decisione controversa, essa deve essere respinta in quanto inoperante (v., in tal senso, sentenza Bouygues, punto 79). In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomentazione addotta con la prima parte, va constatato che essa deriva parimenti da una lettura erronea della sentenza impugnata, giacché il Tribunale ha considerato, ai punti da 219 a 222 della stessa, che il criterio dell’investitore privato avveduto doveva essere applicato all’«epoca in cui sono state adottate le misure di sostegno finanziario» e quindi, nella specie, «all’annuncio del 4 dicembre 2002 accompagnato dall’offerta di prestito d’azionista». Pertanto, il Tribunale ha preso in considerazione i due eventi che costituiscono, conformemente alla giurisprudenza elaborata nella sentenza Bouygues, il vantaggio di cui trattasi e non ha assolutamente escluso, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, che possa essere necessario effettuare l’esame richiesto in relazione a un periodo anziché rispetto a un momento preciso. Ne consegue che la prima parte deve essere respinta in quanto infondata. La sesta parte deve essere parimenti respinta, dato che questa, da un lato, si basa sulla medesima lettura erronea della sentenza impugnata e, dall’altro, fa emergere che la Commissione si limita a contestare la valutazione dei fatti effettuata dal Tribunale riguardo alla questione se le circostanze fattuali esistenti tra il mese di luglio 2002 e il mese di dicembre 2002 facciano o meno apparire una cesura nella successione delle misure statali. In terzo luogo, si deve necessariamente constatare che l’argomentazione addotta dalla Commissione riguardo alla settima parte è irricevibile, in quanto diretta a rimettere in discussione la valutazione dei fatti del Tribunale secondo cui non si può escludere che un investitore privato avrebbe adottato, tra il mese di luglio 2002 e il mese di dicembre 2002, un comportamento analogo a quello adottato dallo Stato francese. In quarto luogo, nei limiti in cui l’argomentazione della Commissione, considerata nel suo complesso, deve essere intesa nel senso che, secondo tale istituzione, esisterebbe un legame indissolubile tra la misura di aiuto concessa e taluni elementi rientranti nel contesto della stessa, e detto legame avrebbe come conseguenza che, nonostante il fatto che tali elementi siano distinti da detta misura, la conformità di quest’ultima alla luce del criterio dell’investitore privato avveduto doveva essere valutata al momento in cui detti elementi si sono prodotti e non già al momento in cui la stessa misura è stata adottata, occorre rilevare quanto segue. Innanzitutto, dalla sentenza del 5 giugno 2012, Commissione/EDF ( C‑124/10 P , EU:C:2012:318 , punto ), risulta che elementi successivi al momento in cui la misura considerata è adottata non possono essere presi in considerazione per la valutazione del criterio dell’investitore privato avveduto. Inoltre, dalla stessa sentenza risulta che tale valutazione deve essere effettuata in relazione agli elementi disponibili al momento dell’adozione della decisione di procedere all’investimento (sentenza del 5 giugno 2012, Commissione/EDF, C‑124/10 P , EU:C:2012:318 , punto ). A tale riguardo, la Corte ha rilevato che il momento in cui la decisione di procedere all’investimento è stata adottata e quello in cui la misura è stata concessa non coincidono necessariamente, poiché detta decisione può essere adottata ben prima della concessione della misura (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2012, Commissione/EDF, C‑124/10 P , EU:C:2012:318 , punto ). Nella specie, occorre rilevare che, in base ad una valutazione sovrana dei fatti, il Tribunale ha constatato, ai punti da 222 a 232 della sentenza impugnata, che l’offerta di prestito d’azionista era intervenuta soltanto nel mese di dicembre 2002, ai punti da 234 a 245 di tale sentenza, che il governo francese non aveva assunto alcun impegno fermo nel mese di luglio 2002 e, ai punti da 249 a 254 della stessa sentenza, che la decisione di sostenere finanziariamente la FT tramite l’offerta di prestito d’azionista era stata adottata non già durante il mese di luglio 2002 bensì all’inizio del mese di dicembre 2002. In tali circostanze, anticipare al mese di luglio 2002 il momento in cui il criterio dell’investitore privato avveduto doveva essere valutato avrebbe necessariamente portato ad escludere da detta valutazione taluni elementi pertinenti intervenuti tra il mese di luglio 2002 e il mese di dicembre 2002, come constatato a giusto titolo dal Tribunale al punto 230 della sentenza impugnata. Orbene, si deve necessariamente constatare che un siffatto risultato sarebbe stato inconciliabile con la giurisprudenza costante della Corte, ricordata al punto 91 della presente sentenza, secondo la quale spetta alla Commissione prendere in considerazione, ai fini della sua valutazione, tutti gli elementi pertinenti. Ne consegue che il secondo motivo dev’essere respinto in quanto, in parte, irricevibile e, in parte, infondato. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l’impugnazione deve essere respinta. Sulle spese A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, quest’ultima statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del suo articolo 184, paragrafo 1, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Commissione, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese conformemente alle conclusioni dell’Orange e del governo francese. Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara e statuisce: 1) L’impugnazione è respinta. 2) La Commissione europea è condannata alle spese. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il francese.

62013CJ0481

sl

Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 31 Konvencije o statusu beguncev, ki je bila podpisana v Ženevi 28. julija 1951 in je začela veljati 22. aprila 1954 ( Recueil des traités des Nations unies , zvezek 189, str. 150, št. 2545 (1954)), v nadaljevanju: Ženevska konvencija), kakor je bila dopolnjena s Protokolom o statusu beguncev z dne 31. januarja 1967, ki je začel veljati 4. oktobra 1967. Predlog je bil vložen v okviru kazenskega postopka, uvedenega proti M. F. Qurbaniju zaradi ponarejanja listin, nezakonitega vstopa in nezakonitega prebivanja brez potnega lista. Pravni okvir Mednarodno pravo Ženevska konvencija Člen 31 Ženevske konvencije, naslovljen „Begunci, ki so nezakonito v deželi sprejema“, določa: „1.   Države pogodbenice ne uporabljajo kazenskih sankcij za begunce zaradi nezakonitega vstopa ali navzočnosti [prebivanja], če so prišli neposredno z ozemlja, kjer sta bila njihovo življenje ali svoboda ogrožena v smislu 1. člena in ki so nedovoljeno vstopili ali se nahajajo na njihovem ozemlju, pod pogojem, da se brez odlašanja prijavijo oblastem in jim pojasnijo razloge, ki so priznani kot veljavni, za njihov nezakonit vstop ali navzočnost. 2.   Države pogodbenice glede gibanja teh beguncev ne uporabljajo omejitev razen tistih, ki so nujne, te omejitve bodo uporabljale samo dokler v državi sprejema ni urejen status teh beguncev ali dokler begunci ne pridobijo dovoljenja za vstop v neko drugo državo. Države pogodbenice beguncem dajejo na voljo primeren rok in nudijo vse potrebne olajšave za pridobitev dovoljenja za vstop v neko drugo državo.“ Pravo Unije Direktiva 2004/83/ES Člen 14 Direktive Sveta 2004/83/ES z dne 29. aprila 2004 o minimalnih standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da se jim prizna status begunca ali osebe, ki iz drugih razlogov potrebuje mednarodno zaščito, in o vsebini te zaščite (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 19, zvezek 7, str. 96) določa: „[…] 4.   Države članice prekličejo, odpravijo ali zavrnejo podaljšanje statusa begunca državljanu tretje države ali osebi brez državljanstva, če po priznanju statusa begunca ugotovijo naslednje: (a) da bi moral biti ali da je izključen iz statusa begunca skladno s členom 12; (b) po pravnomočni obsodbi za izredno težko kaznivo dejanje predstavlja nevarnost za skupnost te države članice. 5.   V situacijah iz odstavka 4 se lahko države članice odločijo, da beguncu ne priznajo statusa, če takšna odločitev še ni bila sprejeta. 6.   Osebe, za katere se uporabljata odstavka 4 ali 5, uživajo pravice iz členov 3, 4, 16, 22, 31, 32 in 33 Ženevske konvencije ter podobne pravice, v kolikor se te osebe nahajajo v zadevni državi članici.“ Nemško pravo Člen 267(1) kazenskega zakonika (Strafgesetzbuch, v nadaljevanju: StGB) določa: „Kdor z namenom prevare v pravnem prometu ponaredi listino ali spremeni pravo listino ali ponarejeno ali spremenjeno listino uporabi, se kaznuje z zaporom do pet let ali z denarno kaznijo.“ Spor o glavni stvari in vprašanja za predhodno odločanje M. F. Qurbani je afganistanski državljan, ki je z uporabo storitev tihotapca ljudi vstopil v Grčijo, potem ko je prečkal Iran in Turčijo. Z letalom je 17. avgusta 2010 zapustil Grčijo in pristal v Münchnu (Nemčija) s ponarejenim pakistanskim potnim listom, ki ga je prejel od drugega tihotapca ljudi. Na letališču v Münchnu so nadzorni organi odkrili, da je potni list, ki ga je predložil M. F. Qurbani, ponarejen, in ga prijeli. M. F. Qurbani je takoj povedal, da želi zaprositi za status begunca. M. F. Qurbani je bil 18. avgusta 2010 priveden pred Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (zvezni urad za migracije in begunce), kjer je vložil uradno prošnjo za azil. Iz podatkov, ki jih je posredovalo predložitveno sodišče, je razvidno, da postopek v zvezi s to prošnjo za azil še vedno ni končan. Staatsanwaltschaft Würzburg (državno tožilstvo v Würzburgu) je 11. aprila 2011 predlagalo Amtsgericht, naj po poenostavljenem postopku izda kaznovalni nalog zoper M. F. Qurbanija zaradi nezakonitega vstopa, nezakonitega prebivanja in nezakonitega prebivanja brez potnega lista ter ponarejanja listin. M. F. Qurbani je zoper kaznovalni nalog, ki ga je izdalo Amtsgericht, pri istem sodišču vložil ugovor. Amtsgericht Würzburg (prvostopenjsko sodišče v Würzburgu) je s sodbo z dne 4. februarja 2013 M. F. Qurbanija oprostilo vseh teh obtožb. Po mnenju tega sodišča pravica do azila, določena v nemški ustavi, nasprotuje obsodbi zadevne osebe zaradi nezakonitega prebivanja in nezakonitega prebivanja brez potnega lista, ker naj bi se razlog za oprostitev kazni iz člena 31 Ženevske konvencije uporabljal za kaznivi dejanji nezakonitega vstopa in ponarejanja listin. Staatsanwaltschaft Würzburg je vložilo revizijo pri Oberlandesgericht Bamberg (višje deželno sodišče v Bambergu) in se v bistvu sklicevalo, da v obravnavanem primeru ni mogoče uporabiti člena 31 Ženevske konvencije, ker zadevna oseba na nemško ozemlje ni vstopila neposredno iz države pregona, temveč je pri tem prečkala državo članico, ki ni Zvezna republika Nemčija, v tem primeru Helensko republiko. Poleg tega se ta člen nanaša le na nezakonit vstop in nemškim organom ne more odvzeti možnosti, da kaznujejo kazniva dejanja, ki so z njim povezana. V teh okoliščinah je Oberlandesgericht Bamberg, ki ima dvome glede tega, kako je treba razlagati člen 31 Ženevske konvencije, prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ta vprašanja: „1. Ali se osebni razlog za oprostitev kazni iz člena 31 [Ženevske konvencije] nanaša tudi, ne da bi bilo to v njem izrecno navedeno, na ponarejanje listin, do katerega je prišlo s predložitvijo ponarejenega potnega lista policijskemu uradniku ob vstopu v [Nemčijo] po zračni poti, če za uveljavljanje azila uporaba ponarejenega potnega lista v tej državi sploh ni bila potrebna? 2. Ali uporaba storitev tihotapca ljudi onemogoča sklicevanje na člen 31 [Ženevske konvencije]? 3. Ali je treba element dejanskega stanu ‚neposrednega‘ izvora z območja, kjer je bilo ogroženo življenje ali svoboda zadevne osebe, iz člena 31 [Ženevske konvencije] razlagati tako, da je ta pogoj izpolnjen, tudi če zadevna oseba najprej vstopi v drugo državo članico Evropske unije (v obravnavanem primeru [Helensko republiko]) in od tam vstopi v naslednjo državo članico (v obravnavanem primeru Zvezno republiko Nemčijo), kjer zaprosi za azil?“ Pristojnost Sodišča Predložitveno sodišče z vprašanji v bistvu sprašuje, ali je treba člen 31 Ženevske konvencije razlagati tako, da nasprotuje temu, da bi se oseba na eni strani kazensko sankcionirala v državi članici, v kateri prosi za azil, za kazniva dejanja, povezana z njenim nezakonitim vstopom na ozemlje te države članice, kot sta med drugim nezakonit vstop ob pomoči tihotapca ljudi in uporaba ponarejenega osebnega dokumenta, in na drugi strani temu, da bi se ta oseba sklicevala na razlog za oprostitev kazni iz tega člena, če je na ozemlje te države članice vstopila s prečkanjem druge države članice Unije. Najprej je treba navesti, da se s tem predlogom za sprejetje predhodne odločbe postavlja vprašanje pristojnosti Sodišča. V zvezi s tem nemška in nizozemska vlada ter Evropska komisija zatrjujejo nepristojnost Sodišča za odgovor na vprašanja za predhodno odločanje kot taka, s katerimi se predlaga, naj Sodišče neposredno razlaga člen 31 Ženevske konvencije. V teh okoliščinah je treba opozoriti, da glede na to, da Ženevska konvencija ne vsebuje določbe o dodelitvi pristojnosti Sodišču, lahko to poda želeno razlago njenega člena 31 le, če je tako izvrševanje njegovih funkcij predvideno v členu 267 PDEU (sodba TNT Express Nederland, C‑533/08, EU:C:2010:243 , točka 58). Toda v skladu z ustaljeno sodno prakso se pristojnost dajanja razlag s sprejemanjem predhodnih odločb, kot je razvidna iz te določbe, razteza zgolj na predpise, ki so del prava Unije (sodba TNT Express Nederland, EU:C:2010:243 , točka 59 in navedena sodna praksa). Glede mednarodnih sporazumov ni sporno, da so tisti, ki so sklenjeni z Evropsko unijo, sestavni del pravnega reda Unije in so torej lahko predmet predloga za sprejetje predhodne odločbe. Nasprotno, Sodišče načeloma ni pristojno, da bi v okviru postopka za sprejetje predhodne odločbe razlagalo mednarodne sporazume, sklenjene med državami članicami in tretjimi državami (sodba TNT Express Nederland, EU:C:2010:243 , točki 60 in 61 in navedena sodna praksa). Zgolj če in v delu, v katerem je Unija prevzela pristojnosti, ki so jih pred tem na področju uporabe neke mednarodne konvencije, ki je Unija ni sklenila, izvrševale države članice, in če so zato določbe te konvencije za Unijo zavezujoče, je Sodišče pristojno za razlago take konvencije (sodba TNT Express Nederland, EU:C:2010:243 , točka 62 in navedena sodna praksa). V obravnavanem primeru, čeprav je bilo v okviru vzpostavitev skupnega evropskega azilnega sistema na področju uporabe Ženevske konvencije sprejetih več pravnih aktov Unije, ni sporno, da so države članice na tem področju obdržale nekatere pristojnosti, zlasti kar zadeva področje, ki ga pokriva člen 31 te konvencije. Zato Sodišče ne more biti pristojno za neposredno razlago člena 31 te konvencije kot tudi ne za vse njene preostale člene. Dejstvo, da člen 78 PDEU določa, da mora biti skupna politika o azilu v skladu z Ženevsko konvencijo in da je v členu 18 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah poudarjeno, da je pravica do azila priznana ob upoštevanju pravil te konvencije in protokola z dne 31. januarja 1967 o statusu beguncev, ne more omajati ugotovitve o nepristojnosti Sodišča, kot je to ugotovljeno v prejšnji točki. Poleg tega, in kot je že bilo razsojeno v točki 71 sodbe B in D (C‑57/09 in C‑101/09, EU:C:2010:661 ), čeprav je gotovo v interesu Unije, da se zaradi preprečevanja prihodnjih razhajajočih se razlag določbe mednarodnih konvencij, ki so povzete v nacionalno pravo in pravo Unije, razlagajo enako, ne glede na okoliščine, v katerih se uporabljajo, je treba ugotoviti, da člen 31 Ženevske konvencije ni bil prevzet v pravni akt Unije, saj več določb tega pravnega akta napotuje na ta člen. V zvezi s tem Komisija v pisnih stališčih navaja, da člen 14(6) Direktive 2004/83 napotuje na člen 31 Ženevske konvencije. Vendar čeprav se je Sodišče v sodbah Bolbol (C‑31/09, EU:C:2010:351 ) in Abed El Karem El Kott in drugi (C‑364/11, EU:C:2012:826 ) nedvomno razglasilo za pristojno za razlago določb Ženevske konvencije, na katere napotujejo določbe prava Unije, je treba ugotoviti, da v tem predlogu za sprejetje predhodne odločbe ni nikjer omenjen predpis prava Unije, ki bi napotoval na člen 31 Ženevske konvencije, zlasti pa ni omenjen člen 14(6) Direktive 2004/83. Poleg tega je treba poudariti, da ta predlog ne vsebuje nobenih elementov, na podlagi katerih bi lahko domnevali, da bi bila v postopku v glavni stvari upoštevna slednja določba. Iz vseh teh navedb izhaja, da v tej zadevi Sodišče nima pristojnosti za razlago člena 31 Ženevske konvencije. V teh okoliščinah je treba ugotoviti, da Sodišče ni pristojno, da bi odgovorilo na vprašanja za predhodno odločanje, ki jih je postavilo Oberlandesgericht Bamberg. Stroški Ker je ta postopek za stranke v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških. Stroški, priglašeni za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo. Iz teh razlogov je Sodišče (četrti senat) razsodilo: Sodišče Evropske unije ni pristojno, da bi odgovorilo na vprašanja za predhodno odločanje, ki jih je Oberlandesgericht Bamberg (Nemčija) postavilo z odločbo z dne 29. avgusta 2013 v zadevi C‑481/13. Podpisi ( *1 ) Jezik postopka: nemščina.

62008CJ0451

nl

Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van het begrip „overheidsopdrachten voor werken” in de zin van richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten (PB L 134, blz. 114). Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Helmut Müller GmbH (hierna: „Helmut Müller”) en de Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Duitse federale instelling voor het beheer van het openbaar onroerend erfgoed; hierna: „Bundesanstalt”) over de verkoop door deze laatste van een stuk grond waarop de koper later werken moest uitvoeren die beantwoordden aan de stedenbouwkundige doelstellingen van een territoriaal lichaam, in casu de gemeente Wildeshausen. Toepasselijke bepalingen Unierecht Punt 2 van de considerans van richtlijn 2004/18 luidt: „Bij het plaatsen van overheidsopdrachten die worden afgesloten in de lidstaten voor rekening van de staat, territoriale lichamen en andere publiekrechtelijke instellingen moeten de beginselen van het [EG]-Verdrag geëerbiedigd worden, met name het vrije verkeer van goederen, vrijheid van vestiging en het vrij verlenen van diensten, alsmede de daarvan afgeleide beginselen, zoals gelijke behandeling, het discriminatieverbod, wederzijdse erkenning, evenredigheid en transparantie. Voor overheidsopdrachten boven een bepaalde waarde is het echter raadzaam om bepalingen voor de coördinatie door de Gemeenschap van de nationale procedures voor de plaatsing van dergelijke opdrachten op te stellen die gebaseerd zijn op die beginselen, om ervoor te zorgen dat zij effect sorteren en daadwerkelijke mededinging op het gebied van overheidsopdrachten te garanderen. Bijgevolg moeten deze coördinatiebepalingen overeenkomstig voornoemde regels en beginselen alsmede overeenkomstig de andere Verdragsregels worden uitgelegd.” Artikel 1, leden 2 en 3, van deze richtlijn bepaalt: „2.      a)     ‚Overheidsopdrachten’ zijn schriftelijke overeenkomsten onder bezwarende titel die tussen een of meer ondernemers en een of meer aanbestedende diensten zijn gesloten en betrekking hebben op de uitvoering van werken, de levering van producten of de verlening van diensten in de zin van deze richtlijn. b)      ‚Overheidsopdrachten voor werken’ zijn overheidsopdrachten die betrekking hebben op hetzij de uitvoering, hetzij zowel het ontwerp als de uitvoering van werken in het kader van een van de in bijlage I vermelde werkzaamheden of van een werk, dan wel het laten uitvoeren met welke middelen dan ook van een werk dat aan de door de aanbestedende dienst vastgestelde eisen voldoet. Een ‚werk’ is het product van een geheel van bouwkundige of civieltechnische werken dat ertoe bestemd is als zodanig een economische of technische functie te vervullen. [...] 3.      De ‚concessieovereenkomst voor openbare werken’ is een overeenkomst met dezelfde kenmerken als een overheidsopdracht voor werken, met uitzondering van het feit dat de tegenprestatie voor de uit te voeren werken bestaat hetzij uit uitsluitend het recht het werk te exploiteren, hetzij uit dit recht, gepaard gaande met een prijs.” Artikel 16, sub a, van richtlijn 2004/18 bepaalt: „Deze richtlijn is niet van toepassing op overheidsopdrachten voor diensten: a)      betreffende de verwerving of huur, ongeacht de financiële modaliteiten ervan, van grond, bestaande gebouwen of andere onroerende zaken of betreffende de rechten hierop; [...]” Nationaal recht § 10, lid 1, van het Duitse Baugesetzbuch (Duits bouwwetboek) van 23 september 2004 (BGBl. 2004 I, blz. 2414; hierna: „BauGB”) luidt: „De gemeente stelt bij besluit het bestemmingsplan vast.” § 12 BauGB bepaalt: „1)      De gemeente kan bij met het conceptplan overeenstemmend bestemmingsplan vaststellen dat een project is toegelaten, wanneer de projectontwikkelaar op basis van een met de gemeente overeengekomen plan tot uitvoering van het project en van ontwikkelingsmaatregelen (project‑ en ontwikkelingsplan) bereid en in staat is alsook zich verbindt tot uitvoering binnen een bepaalde termijn en tot het volledig of gedeeltelijk dragen van de plannings‑ en ontwikkelingskosten vóór het besluit krachtens § 10, lid 1 (uitvoeringsovereenkomst). [...] [...] 3 a)      Wanneer in een met het conceptplan overeenstemmend bestemmingsplan [...] door de vaststelling van een bouwgebied [...] of anderszins een gebruik voor bouw [...] is vastgesteld, moet worden vastgesteld dat in het kader van het vastgestelde gebruik alleen de projecten zijn toegelaten tot uitvoering waarvan de projectontwikkelaar zich in de uitvoeringsovereenkomst verbindt. [...] [...]” Hoofdgeding en prejudiciële vragen De Bundesanstalt was eigenaar van het nagenoeg 24 hectare grote onroerend goed, de „Wittekind-kazerne”, te Wildeshausen (Duitsland). De gemeenteraad van Wildeshausen besloot in oktober 2005 in het vooruitzicht van een civiele herbestemming van de betrokken grond – ongeveer 3 % van de bebouwde en onbebouwde oppervlakte van deze gemeente – om een onderzoek uit te voeren voor een stedenbouwkundig ontwikkelingsproject. De Bundesanstalt maakte in oktober 2006 via internet en de pers bekend de Wittekind-kazerne te willen verkopen. Helmut Müller, een vastgoedonderneming, deed op 2 november 2006 een bod van 4 miljoen EUR, waaraan evenwel de voorwaarde was verbonden dat het gebied planologisch overeenkomstig haar concept werd ingericht. De Wittekind-kazerne werd begin 2007 herbestemd. De Bundesanstalt schreef in januari 2007 een aanbesteding uit met het doel dit onroerend goed zo snel mogelijk te verkopen in de staat waarin het zich bevond. Helmut Müller deed op 9 januari 2007 een bod van 400 000 EUR, dat zij op 15 januari 2007 op 1 miljoen EUR bracht. Een andere vastgoedonderneming, Gut Spascher Sand Immobilien GmbH (hierna: „GSSI”), die toentertijd in oprichting was, deed een bod van 2,5 miljoen EUR. Er waren nog twee andere biedingen. Een door de Bundesanstalt aan de verwijzende rechter voorgelegd deskundigenadvies taxeerde de betrokken grondwaarde per 1 mei 2007 op 2,33 miljoen EUR. Volgens de verwijzingsbeslissing liet de gemeente Wildeshausen de plannen door de bieders in aanwezigheid van de Bundesanstalt toelichten en besprak zij deze plannen met hen. De Bundesanstalt beoordeelde inmiddels de projecten van Helmut Müller en GSSI, verkoos om stedenbouwkundige redenen het project van GSSI omdat werd verwacht dat de attractiviteit van de gemeente Wildeshausen zou toenemen, en deelde dit de gemeente mee. Vervolgens werd overeengekomen het goed pas na goedkeuring van het project door de gemeenteraad van Wildeshausen over te dragen. De Bundesanstalt verklaarde de beslissing van de gemeente Wildeshausen te zullen volgen. Volgens de verwijzingsbeslissing verklaarde de gemeenteraad van Wildeshausen zich voorstander van het project van GSSI en besloot op 24 mei 2007 met name het volgende: „De gemeenteraad van Wildeshausen is bereid het conceptplan van R. [directeur van GSSI] te onderzoeken en een procedure voor de opstelling van een daarmee overeenstemmend bestemmingsplan te starten. [...] Er is geen wettelijk recht op opstelling van een (in voorkomend geval met het conceptplan overeenstemmend) bestemmingsplan. De wet verbiedt [Wildeshausen] om vóór de beëindiging van een regelmatige stedenbouwkundige procedure verbindende toezeggingen over de bebouwbaarheid te doen of haar beoordelingsbevoegdheid (die overigens wettelijk begrensd is) op planologisch gebied te verbinden. De vorige besluiten binden de planologische bevoegdheden van [Wildeshausen] dus niet. Uitgaven voor de plannen en andere maatregelen komen voor risico van de projectontwikkelaar en de andere belanghebbenden.” Meteen na dit besluit van 24 mei 2007 trok de gemeenteraad van Wildeshausen zijn besluit van oktober 2005 over de inleiding van een stedenbouwkundig vooronderzoek in. De Bundesanstalt verkocht in overleg met de gemeente Wildeshausen de Wittekind-kazerne aan GSSI bij notariële overeenkomst van 6 juni 2007. Zij gaf Helmut Müller daarvan kennis op 7 juni 2007. GSSI is in januari 2008 als eigenares ervan ingeschreven in het kadaster. De Bundesanstalt en GSSI bevestigden deze verkoopovereenkomst van 6 juni 2007 bij notariële overeenkomst van 15 mei 2008. Helmut Müller stelde beroep in bij de Vergabekammer (kamer voor de plaatsing van overheidsopdrachten) en stelde dat geen reguliere aanbestedingsprocedure had plaatsgevonden hoewel de verkoop van voormelde kazerne onder het aanbestedingsrecht viel. Volgens Helmut Müller was de verkoopovereenkomst nietig doordat de bieders niet tijdig waren ingelicht. De Vergabekammer verklaarde het beroep niet-ontvankelijk in wezen op grond dat geen enkele opdracht voor werken aan GSSI was gegund. Helmut Müller stelde tegen deze afwijzingsbeslissing hoger beroep in bij het Oberlandesgericht Düsseldorf en stelde dat GSSI, gelet op de omstandigheden, moest worden geacht een overheidsopdracht in de vorm van een concessie voor werken te hebben gekregen. Volgens Helmut Müller zijn de relevante besluiten in overleg door de Bundesanstalt en de gemeente Wildeshausen genomen. Het Oberlandesgericht Düsseldorf is dit betoog genegen. Volgens deze rechter zal de gemeente Wildeshausen over niet al te lange, maar thans nog niet nader te bepalen tijd in de uitoefening van haar planologische bevoegdheid een met het conceptplan overeenstemmend bestemmingsplan opstellen in de zin van § 12 BauGB en met GSSI een uitvoeringsovereenkomst in de zin van deze paragraaf sluiten, met gunning van een opdracht voor werken aan GSSI tot gevolg. Aangezien de gemeente Wildeshausen geen vergoeding zal hoeven te betalen, zal de overheidsopdracht voor werken volgens deze rechter de rechtsvorm van een concessieovereenkomst voor openbare werken moeten aannemen en zal GSSI het economische risico ervan dragen. Volgens de rechter dienen de overdracht van de eigendom van het stuk grond en de gunning van een overheidsopdracht voor werken aanbestedingsrechtelijk als een eenheid te worden beschouwd. Alleen hebben de Bundesanstalt en de gemeente Wildeshausen niet gelijktijdig gehandeld. Het Oberlandesgericht Düsseldorf voegt eraan toe dat dit ook zijn standpunt was in andere voor hem aanhangig gemaakte gedingen, met name in zijn beslissing van 13 juni 2007 over het vliegterrein te Ahlhorn (Duitsland). Zijn analyse werd evenwel niet eenparig gevolgd en door de Duitse rechters overwegend afgewezen. Bovendien, aldus de verwijzende rechter, stond de Duitse bondsregering op het punt het Duitse aanbestedingsrecht te wijzigen in het tegendeel van de opvatting van deze rechter. Het door de verwijzende rechter bedoelde wetsontwerp strekte ertoe, de definitie van het begrip „overheidsopdrachten voor werken” in § 99, lid 3, van de wet tegen mededingingsbeperkingen (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen) van 15 juli 2005 (BGBl. 2005 I, blz. 2114) te preciseren als volgt, waarbij de voorgestelde wijzigingen cursief zijn weergegeven: „Overheidsopdrachten voor werken zijn overeenkomsten die betrekking hebben op hetzij de uitvoering, hetzij zowel het ontwerp als de uitvoering voor de aanbestedende dienst van werken of van een werk dat het product van bouwkundige of civieltechnische werken is dat ertoe bestemd is als zodanig een economische of technische functie te vervullen, of van een werk dat voor de aanbestedende dienst een rechtstreeks economisch belang oplevert, en wordt uitgevoerd door derden overeenkomstig de door de aanbestedende dienst vastgestelde eisen.” Voorts werd aan § 99 van deze wet een nieuw lid 6 toegevoegd met de volgende definitie van de concessieovereenkomst voor openbare werken: „De concessieovereenkomst voor werken is een overeenkomst die betrekking heeft op een opdracht voor werken, waarin de tegenprestatie voor de werken niet bestaat in een vergoeding, maar in het recht het werk gedurende een bepaalde tijd te exploiteren, of in dit recht, gepaard gaande met een prijs.” Kort na indiening van het onderhavige verzoek om een prejudiciële beslissing zijn deze wijzigingen aangebracht in het kader van de wet inzake de modernisering van het aanbestedingsrecht (Gesetz zur Modernisierung des Vergaberechts) van 20 april 2009 (BGBl. 2009 I, blz. 790). Daarop heeft het Oberlandesgericht Düsseldorf de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende vragen gesteld: „1)      Is een constitutief vereiste voor een overheidsopdracht voor de uitvoering van werken in de zin van artikel 1, lid 2, sub b, van richtlijn [2004/18] dat het uit te voeren werk fysiek of materieel ten behoeve van de aanbestedende dienst wordt verkregen en hem rechtstreeks economisch voordeel oplevert? 2)      Indien volgens de definitie van overheidsopdracht voor de uitvoering van werken in artikel 1, lid 2, sub b, van richtlijn [2004/18] het aspect van een verkrijging niet mag ontbreken: kan dan volgens de tweede variant van de bepaling worden uitgegaan van een verkrijging, indien het voorgenomen werk voor de aanbestedende dienst een bepaalde publieke bestemming (bijvoorbeeld de stedenbouwkundige ontwikkeling van een bepaalde wijk) vervult en de aanbestedende dienst op grond van de opdracht over de juridische bevoegdheid beschikt ervoor te zorgen dat de publieke bestemming wordt gerealiseerd en het werk daarvoor in de toekomst ter beschikking staat? 3)      Vereist het begrip overheidsopdracht voor de uitvoering van werken volgens de eerste en de tweede variant van artikel 1, lid 2, sub b, van richtlijn [2004/18], dat de aannemer direct of indirect verplicht is het werk uit te voeren? Dient het in voorkomend geval te gaan om een afdwingbare verplichting? 4)      Vereist het begrip overheidsopdracht voor de uitvoering van werken volgens de derde variant van artikel 1, lid 2, sub b, van richtlijn [2004/18], dat de aannemer tot de uitvoering van bouwwerken verplicht is of dat de uitvoering van dergelijke werken behoort tot het voorwerp van de opdracht? 5)      Vallen opdrachten die, door middel van door de aanbestedende dienst vastgestelde eisen, beogen te waarborgen dat het uit te voeren werk voor een bepaalde publieke bestemming ter beschikking staat, en waarbij tegelijkertijd aan de aanbestedende dienst (krachtens contractuele afspraak) de juridische bevoegdheid wordt verleend om (in indirect eigen belang) ervoor te zorgen dat het werk voor de publieke bestemming beschikbaar is, onder het begrip overheidsopdracht voor de uitvoering van werken in de zin van de derde variant van artikel 1, lid 2, sub b, van richtlijn [2004/18]? 6)      Is aan de voorwaarden van het begrip ‚de door de aanbestedende dienst vastgestelde eisen’ in de zin van artikel 1, lid 2, sub b, van richtlijn [2004/18] voldaan, indien het werk wordt uitgevoerd overeenkomstig door de aanbestedende dienst onderzochte en goedgekeurde plannen? 7)      Dient ervan te worden uitgegaan dat er geen sprake is van een concessieovereenkomst voor openbare werken in de zin van artikel 1, lid 3, van richtlijn [2004/18], indien de concessiehouder eigenaar is of wordt van de grond waarop het werk dient te worden gerealiseerd, of indien de concessie voor onbepaalde tijd wordt verleend? 8)      Dient richtlijn [2004/18] ook te worden toegepast – met als rechtsgevolg een aanbestedingsplicht voor de aanbestedende dienst –, wanneer de verkoop van een grondperceel door een derde en de aanbesteding van een overheidsopdracht voor de uitvoering van werken niet tegelijkertijd plaatsvinden en de overheidsopdracht voor de uitvoering van werken ten tijde van de sluiting van de verkooptransactie nog niet was verleend, maar de aanbestedende dienst op dat moment wel de bedoeling had om een dergelijke opdracht te verlenen? 9)      Dienen de van elkaar onderscheiden, maar met elkaar samenhangende handelingen – verkoop van grond en plaatsing van een overheidsopdracht voor de uitvoering van werken – in aanbestedingsrechtelijk opzicht als een eenheid te worden beschouwd, indien ten tijde van de sluiting van de verkoopovereenkomst de bedoeling bestond om een overheidsopdracht voor de uitvoering van werken te verlenen en de betrokkenen de overeenkomsten bewust aan elkaar hebben gekoppeld wat betreft het voorwerp, maar eventueel ook naar de tijd (analoog aan het arrest van het Hof van Justitie van 10 november 2005, Commissie/Oostenrijk, C‑29/04, Jurispr. blz. I‑9705)?” Beantwoording van de prejudiciële vragen Opmerkingen vooraf In de meeste taalversies van richtlijn 2004/18 behelst het begrip „overheidsopdrachten voor werken” in artikel 1, lid 2, sub b, ervan drie gevallen: het eerste de uitvoering – eventueel met het ontwerp – van bouwwerkzaamheden in het kader van een van de in bijlage I bij deze richtlijn vermelde categorieën; het tweede de uitvoering – eventueel met het ontwerp – van een werk en het derde het laten uitvoeren met welke middelen dan ook van een werk dat aan de door de aanbestedende dienst vastgestelde eisen voldoet. Een „werk” in de zin van deze bepaling is gedefinieerd als „het product van een geheel van bouwkundige of civieltechnische werken dat ertoe bestemd is als zodanig een economische of technische functie te vervullen”. Terwijl de meeste taalversies de term „werk” zowel in het tweede als in het derde geval gebruiken, gebruikt de Duitse taalversie twee verschillende termen, namelijk „Bauwerk” (werk) in het tweede geval en „Bauleistung” (bouwactiviteit) in het derde geval. Bovendien bepaalt alleen de Duitse taalversie van dit artikel 1, lid 2, sub b, dat de in het derde geval bedoelde activiteit niet alleen „met welke middelen dan ook”, maar ook „door derden” („durch Dritte”) moet worden uitgevoerd. Volgens vaste rechtspraak kan de in een van de taalversies van een unierechtelijke bepaling gebruikte formulering niet als enige grondslag voor de uitlegging van die bepaling dienen; evenmin kan er in zoverre voorrang aan worden toegekend boven de andere taalversies. Een dergelijke benadering zou immers onverenigbaar zijn met het vereiste van eenvormige toepassing van het Unierecht. Wanneer er verschillen zijn tussen de taalversies, moet bij de uitlegging van de betrokken bepaling worden gelet op de algemene opzet en de doelstelling van de regeling waarvan zij een onderdeel vormt (zie arresten van 27 maart 1990, Cricket St Thomas, C‑372/88, Jurispr. blz. I‑1345, punten 18 en 19; 12 november 1998, Institute of the Motor Industry, C‑149/97, Jurispr. blz. I‑7053, punt 16, en 9 oktober 2008, Sabatauskas e.a., C‑239/07, Jurispr. blz. I‑7523, punten 38 en 39). De vragen van de verwijzende rechter dienen tegen de achtergrond van deze overwegingen te worden beantwoord. Eerste en tweede vraag Met zijn eerste twee vragen, die samen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of het begrip „overheidsopdrachten voor werken” in de zin van artikel 1, lid 2, sub b, van richtlijn 2004/18 vereist dat de in het kader van de opdracht uit te voeren werken fysiek of materieel ten behoeve van de aanbestedende dienst en in diens rechtstreeks economisch belang wordt verkregen dan wel of volstaat dat deze werken een bepaalde publieke bestemming vervullen, zoals de stedenbouwkundige ontwikkeling van een bepaalde wijk. Van meet af aan dient te worden gepreciseerd dat de verkoop van een onbebouwd of bebouwd kavel door een overheidsinstantie aan een onderneming geen overheidsopdracht voor werken in de zin van artikel 1, lid 2, sub b, van richtlijn 2004/18 vormt. In het kader van een dergelijke opdracht moet de overheidsinstantie immers optreden als koper en niet als verkoper. Bovendien moet een dergelijke opdracht betrekking hebben op de uitvoering van werken. Deze analyse vindt steun in de bewoordingen van artikel 16, sub a, van de richtlijn. Uitgesloten is dus dat een verkoop – als in het hoofdgeding de verkoop van de Wittekind-kazerne door de Bundesanstalt aan GSS – op zich een overheidsopdracht voor werken in de zin van artikel 1, lid 2, sub b, van richtlijn 2004/18 kan vormen. Deze vragen van de verwijzende rechter betreffen evenwel niet deze betrekking tussen verkoper en koper, maar veeleer de betrekkingen tussen de gemeente Wildeshausen en GSSI, namelijk tussen de bevoegde stedenbouwkundige overheidsdienst en de koper van de Wittekind-kazerne. De rechter wenst te vernemen of deze betrekking een overheidsopdracht voor werken in de zin van dit artikel kan vormen. Dienaangaande dient te worden opgemerkt dat overheidsopdrachten volgens artikel 1, lid 2, sub a, van richtlijn 2004/18 schriftelijke overeenkomsten onder bezwarende titel zijn. Het begrip overeenkomst is van wezenlijk belang voor de afbakening van de werkingssfeer van richtlijn 2004/18. Zoals is verklaard in punt 2 van de considerans van de richtlijn, strekt zij tot toepassing van de regels van het Unierecht bij het plaatsen van overheidsopdrachten voor rekening van de staat, territoriale lichamen en andere publiekrechtelijke instellingen. Deze richtlijn heeft geen betrekking op andere categorieën overheidsactiviteiten. Bovendien kan alleen een overeenkomst onder bezwarende titel een overheidsopdracht vormen die onder richtlijn 2004/18 valt. Een overeenkomst onder bezwarende titel betekent dat de aanbestedende dienst die een overheidsopdracht voor werken heeft afgesloten, in het kader ervan een prestatie voor een tegenprestatie ontvangt. Deze prestatie bestaat in de uitvoering van de werken waarover de aanbestedende dienst beoogt te beschikken (zie arresten van 12 juli 2001, Ordine degli Architetti e.a., C‑399/98, Jurispr. blz. I‑5409, punt 77, en 18 januari 2007, Auroux e.a., C‑220/05, Jurispr. blz. I‑385, punt 45). Een dergelijke prestatie moet wegens de aard ervan alsook de systematiek en de doelstellingen van richtlijn 2004/18 voor de aanbestedende dienst een rechtstreeks economisch belang inhouden. Dit economisch belang staat duidelijk vast wanneer is bepaald dat de aanbestedende dienst eigenaar zal worden van de werken of het werk waarop de opdracht betrekking heeft. Een dergelijk economisch belang kan ook worden vastgesteld wanneer is bepaald dat de aanbestedende dienst krachtens een rechtstitel over de in het kader van de opdracht uit te voeren werken zal kunnen beschikken met het oog op hun openbare bestemming (zie in die zin arrest Ordine degli Architetti e.a., reeds aangehaald, punten 67, 71 en 77). Het economisch belang kan ook liggen in de economische voordelen die de aanbestedende dienst zal kunnen halen uit het toekomstige gebruik of de toekomstige overdracht van het werk, in het feit dat hij financieel aan de verwezenlijking van het werk heeft deelgenomen of in de risico’s die hij loopt bij economische mislukking van het werk (zie in die zin arrest Auroux e.a., reeds aangehaald, punten 13, 17, 18 en 45). Het Hof heeft al geoordeeld dat een overeenkomst waarbij een eerste aanbestedende dienst een tweede aanbestedende dienst belast met de uitvoering van een bouwwerk, een overheidsopdracht voor werken kan vormen, ongeacht of daarin al dan niet wordt bepaald dat de eerste aanbestedende dienst eigenaar is of wordt van het gehele bouwwerk of van een gedeelte ervan (arrest Auroux e.a., reeds aangehaald, punt 47). Uit het voorgaande vloeit voort dat het begrip „overheidsopdrachten voor werken” in de zin van artikel 1, lid 2, sub b, van richtlijn 2004/18 vereist dat de in het kader van de opdracht uit te voeren werken in het rechtstreeks economisch belang van de aanbestedende dienst worden uitgevoerd zonder dat de prestatie evenwel noodzakelijkerwijze bestaat in de verkrijging van een materieel of fysiek voorwerp. De vraag rijst of aan deze voorwaarden is voldaan wanneer de geplande werken beogen te voldoen aan een openbaar doel van algemeen belang, waarvoor de aanbestedende dienst moet zorgen, zoals de stedenbouwkundige ontwikkeling of coherentie van een wijk. In de lidstaten van de Europese Unie is gewoonlijk voor de uitvoering van bouwwerken, althans van een bepaalde omvang, een voorafgaande vergunning van de bevoegde stedenbouwkundige dienst vereist. Deze dienst moet in de uitoefening van zijn regulerende bevoegdheden oordelen of de uitvoering van de bouwwerken strookt met het algemeen belang. Tot de gewone uitoefening van regulerende bevoegdheden inzake stedenbouw met het oog op het algemeen belang behoort evenwel niet het ontvangen van een contractuele prestatie of het voldoen aan een rechtstreeks economisch belang van de aanbestedende dienst, zoals vereist door artikel 1, lid 2, sub a, van richtlijn 2004/18. Bijgevolg dient op de eerste en de tweede vraag te worden geantwoord dat het begrip „overheidsopdrachten voor werken” in de zin van artikel 1, lid 2, sub b, van richtlijn 2004/18 niet vereist dat de werken waarop de opdracht betrekking heeft, materieel of fysiek ten behoeve van de aanbestedende dienst worden uitgevoerd, wanneer deze werken in het rechtstreekse economische belang van deze dienst worden uitgevoerd. De uitoefening door deze laatste van regulerende bevoegdheden inzake stedenbouw volstaat niet om aan deze laatste voorwaarde te voldoen. De derde en de vierde vraag Met zijn derde en vierde vraag, die samen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of het begrip „overheidsopdrachten voor werken” in de zin van artikel 1, lid 2, sub b, van richtlijn 2004/18 vereist dat de aannemer zich direct of indirect verbindt tot de uitvoering van de betrokken werken en dat de uitvoering van deze verbintenis in rechte kan worden afgedwongen. Zoals in de punten 45 en 47 van het onderhavige arrest in herinnering is gebracht, definieert artikel 1, lid 2, sub a, van richtlijn 2004/18 de overheidsopdracht voor werken als een overeenkomst onder bezwarende titel. Dit begrip gaat ervan uit dat de aannemer zich voor een tegenprestatie verbindt tot de bij overeenkomst omschreven prestatie. Bij het afsluiten van een overheidsopdracht voor werken verbindt de aannemer zich er dus toe, de betrokken werken uit te voeren of te laten uitvoeren. Het is irrelevant of de aannemer de werken met eigen middelen uitvoert dan wel daartoe onderaannemers inschakelt (zie in die zin reeds aangehaalde arresten Ordine degli Architetti e.a., punt 90, en Auroux e.a., punt 44). Daar de uit de opdracht voortvloeiende verbintenissen juridisch bindend zijn, moet de uitvoering ervan in rechte kunnen worden gevorderd. Bij gebreke van een unierechtelijke regeling en overeenkomstig het beginsel van de procesautonomie moet de wijze van uitvoering van deze verbintenissen naar nationaal recht worden geregeld. Bijgevolg dient op de derde en de vierde vraag te worden geantwoord dat het begrip „overheidsopdrachten voor werken” in de zin van artikel 1, lid 2, sub b, van richtlijn 2004/18 vereist dat de aannemer zich direct of indirect verbindt tot de uitvoering van de betrokken werken en dat de uitvoering van deze verbintenis in rechte kan worden afgedwongen op de naar nationaal recht bepaalde wijze. Vijfde en zesde vraag Met zijn vijfde en zesde vraag, die samen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of „de door de aanbestedende dienst vastgestelde eisen” in de zin van het derde geval van artikel 1, lid 2, sub b, van richtlijn 2004/18 kunnen bestaan in de uitoefening door de aanbestedende dienst van de bevoegdheid te waarborgen dat het uit te voeren werk voldoet aan een openbaar belang, of in de uitoefening van de aan de aanbestedende dienst verleende bevoegdheid de bouwplannen te onderzoeken en goed te keuren. Deze vragen vinden hun oorsprong in het feit dat in het hoofdgeding de gemeente Wildeshausen, die de aanbestedende dienst heet te zijn, geen bestek met eisen heeft opgesteld voor een op het terrein van de Wittekind-kazerne uit te voeren werk. Volgens de verwijzingsbeslissing verklaarde deze gemeente zich alleen bereid het conceptplan van GSSI te onderzoeken en een procedure voor de opstelling van een daarmee overeenstemmend bestemmingsplan te starten. In het kader van het derde geval van artikel 1, lid 2, sub b, van richtlijn 2004/18 is bepaald dat de overheidsopdrachten voor werken betrekking hebben op een „werk dat aan de door de aanbestedende dienst vastgestelde eisen voldoet”. Een aanbestedende dienst heeft zijn eisen in de zin van deze bepaling eerst vastgesteld, wanneer hij maatregelen heeft genomen om de kenmerken van het werk te definiëren of althans een beslissende invloed op het ontwerp ervan uit te oefenen. Het enkele feit dat een overheidsdienst in de uitoefening van zijn regulerende bevoegdheden inzake stedenbouw een aantal hem voorgelegde bouwplannen onderzoekt of op basis van bevoegdheden ter zake een besluit neemt, voldoet niet aan de voorwaarde „door de aanbestedende dienst vastgestelde eisen” in de zin van deze bepaling. Op de vijfde en de zesde vraag dient dus te worden geantwoord dat de „door de aanbestedende dienst vastgestelde eisen” in de zin van het derde geval van artikel 1, lid 2, sub b, van richtlijn 2004/18 niet kunnen bestaan in het enkele feit dat een overheidsdienst een aantal hem voorgelegde bouwplannen onderzoekt of een besluit neemt in de uitoefening van zijn regulerende bevoegdheden inzake stedenbouw. Zevende vraag Met zijn zevende vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of een concessieovereenkomst voor openbare werken in de zin van artikel 1, lid 3, van richtlijn 2004/18 is uitgesloten, wanneer de enige marktdeelnemer aan wie de concessie kan worden verleend, reeds eigenaar van de grond is waarop het werk dient te worden gerealiseerd, of wanneer de concessie voor onbepaalde tijd is verleend. Volgens artikel 1, lid 3, van richtlijn 2004/18 is de concessieovereenkomst voor openbare werken „een overeenkomst met dezelfde kenmerken als een overheidsopdracht voor werken, met uitzondering van het feit dat de tegenprestatie voor de uit te voeren werken bestaat hetzij uit uitsluitend het recht het werk te exploiteren, hetzij uit dit recht, gepaard gaande met een prijs”. Een aanbestedende dienst moet over de exploitatie van een werk in de zin van deze bepaling kunnen beschikken om het recht van exploitatie aan zijn medecontractant te kunnen overdragen. Dat is gewoonlijk niet het geval wanneer het exploitatierecht zijn oorsprong alleen in het eigendomsrecht van de betrokken marktdeelnemer vindt. De eigenaar van een stuk grond heeft namelijk het recht het te exploiteren met inachtneming van de toepasselijke wettelijke voorschriften. Zolang een marktdeelnemer het recht geniet een stuk grond te exploiteren dat zijn eigendom is, kan een overheidsinstantie in beginsel geen concessie met betrekking tot deze exploitatie verlenen. Bovendien zij erop gewezen dat de concessie er in wezen in bestaat dat de concessiehouder zelf het voornaamste economische en in elk geval wezenlijke risico van de exploitatie draagt (zie in die zin betreffende openbaredienstconcessies arrest van 10 september 2009, Eurawasser, C‑206/08, Jurispr. blz. I‑00000, punten 59 en 77). Volgens de Commissie van de Europese Gemeenschappen kan dit risico bestaan in de onzekerheid voor de ondernemer over de vraag of de stedenbouwkundige dienst van het betrokken lichaam al dan niet zijn plannen zal goedkeuren. Dit argument kan niet slagen. In een situatie als bedoeld door de Commissie houdt het risico verband met de regulerende bevoegdheden inzake stedenbouw van de aanbestedende dienst en niet met de uit de concessie voortvloeiende contractuele betrekking. Het risico houdt dus geen verband met de exploitatie. Wat de concessieduur betreft, zijn er hoe dan ook gegronde redenen, waaronder met name de mededingingshandhaving, om aan te nemen dat concessieverlening voor onbepaalde tijd in strijd is met de Unierechtsorde, zoals de advocaat-generaal in de punten 96 en 97 van zijn conclusie heeft opgemerkt (zie in dezelfde zin arrest van 19 juni 2008, pressetext Nachrichtenagentur, C‑454/06, Jurispr. blz. I‑4401, punt 73). Op de zevende vraag dient dus te worden geantwoord dat in omstandigheden als in het hoofdgeding een concessieovereenkomst voor openbare werken in de zin van artikel 1, lid 3, van richtlijn 2004/18 uitgesloten is . Achtste en negende vraag De achtste en de negende vraag van de verwijzende rechter dienen samen te worden onderzocht. Met zijn achtste vraag wenst hij in wezen te vernemen of richtlijn 2004/18 van toepassing is op een situatie waarin een overheidsinstantie een stuk grond aan een onderneming verkoopt terwijl een andere overheidsinstantie voornemens is een opdracht voor werken op deze grond te plaatsen, hoewel deze laatste nog niet formeel tot de aanbesteding ervan heeft besloten. De negende vraag betreft de mogelijkheid om de verkoop van het stuk grond en de latere gunning van een opdracht voor werken op deze grond juridisch als een eenheid te beschouwen. Dienaangaande is het raadzaam niet meteen de toepassing van richtlijn 2004/18 uit te sluiten op een procedure tot gunning in twee fasen, gekenmerkt door de verkoop van een stuk grond en vervolgens de gunning van een opdracht voor uitvoering van werken op deze grond, door deze handelingen als een eenheid te beschouwen. De omstandigheden in het hoofdgeding bevestigen evenwel niet dat de voorwaarden voor een dergelijke toepassing van deze richtlijn aanwezig zijn. Zoals de Franse regering in haar opmerkingen heeft gesteld, zijn de partijen in het hoofdgeding geen juridisch bindende verbintenissen aangegaan. Om te beginnen zijn de gemeente Wildeshausen en GSSI geen dergelijke verbintenissen aangegaan. Vervolgens is GSSI geen enkele verbintenis tot realisatie van het project tot ontwikkeling van het verworven stuk grond aangegaan. Ten slotte wijzen de notariële verkoopakten nergens op de op til zijnde plaatsing van een overheidsopdracht voor werken. De voornemens waarvan sprake in het dossier, vormen geen bindende verbintenissen en kunnen geenszins voldoen aan de voorwaarde van een door het begrip zelf van overheidsopdracht in artikel 1, lid 2, sub a, van richtlijn 2004/18 vereiste schriftelijke overeenkomst. Op de achtste en de negende vraag dient dus te worden geantwoord dat in omstandigheden als in het hoofdgeding richtlijn 2004/18 niet van toepassing is op een situatie waarin een overheidsinstantie een stuk grond verkoopt aan een onderneming terwijl een andere overheidsinstantie voornemens is een opdracht voor werken op deze grond te plaatsen, hoewel deze laatste nog niet formeel tot de aanbesteding ervan heeft besloten. Kosten Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking. Het Hof (Derde kamer) verklaart voor recht: 1) Het begrip „overheidsopdrachten voor werken” in de zin van artikel 1, lid 2, sub b, van richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, vereist niet dat de werken waarop de opdracht betrekking heeft, materieel of fysiek ten behoeve van de aanbestedende dienst worden uitgevoerd, wanneer deze werken in het rechtstreekse economische belang van deze dienst worden uitgevoerd. De uitoefening door deze laatste van regulerende bevoegdheden inzake stedenbouw volstaat niet om aan deze laatste voorwaarde te voldoen. 2) Het begrip „overheidsopdrachten voor werken” in de zin van artikel 1, lid 2, sub b, van richtlijn 2004/18 vereist dat de aannemer zich direct of indirect verbindt tot de uitvoering van de betrokken werken en dat de uitvoering van deze verbintenis in rechte kan worden afgedwongen op de naar nationaal recht bepaalde wijze. 3) De „door de aanbestedende dienst vastgestelde eisen” in de zin van het derde geval van artikel 1, lid 2, sub b, van richtlijn 2004/18 kunnen niet bestaan in het enkele feit dat een overheidsdienst een aantal hem voorgelegde bouwplannen onderzoekt of een besluit neemt in de uitoefening van zijn regulerende bevoegdheden inzake stedenbouw. 4) In omstandigheden als in het hoofdgeding is een concessieovereenkomst voor openbare werken in de zin van artikel 1, lid 3, van richtlijn 2004/18 uitgesloten. 5) In omstandigheden als in het hoofdgeding is richtlijn 2004/18 niet van toepassing op een situatie waarin een overheidsinstantie een stuk grond verkoopt aan een onderneming terwijl een andere overheidsinstantie voornemens is een opdracht voor werken op deze grond te plaatsen, hoewel deze laatste nog niet formeel tot de aanbesteding ervan heeft besloten. ondertekeningen * Procestaal: Duits.

62012CJ0211

fr

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 35 du règlement (CE) n o 1291/2000 de la Commission, du 9 juin 2000, portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles ( JO L 152, p. 1 ), tel que modifié par le règlement (CE) n o 325/2003 de la Commission, du 20 février 2003 ( JO L 47, p. 21 , ci-après le «règlement n o 1291/2000»). Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Martini SpA (ci-après «Martini») au Ministero delle Attività produttive (ci-après le «Ministero»), au sujet du montant de la sanction infligée pour dépôt tardif de la preuve de l’utilisation d’un certificat d’importation. Le cadre juridique Le règlement n o 1291/2000 Le règlement n o 1291/2000 a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n o 376/2008 de la Commission, du 23 avril 2008, portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles ( JO L 114, p. 3 ). Toutefois, compte tenu de la date des faits du litige au principal, celui-ci demeure régi par le règlement n o 1291/2000 dont les considérants 10 et 12 énoncent: «(10) Les règlements communautaires ayant institué les certificats [d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles] disposent que la délivrance de ces derniers est subordonnée à la constitution d’une garantie qui garantit l’engagement d’importer ou d’exporter pendant leur durée de validité. Il convient de définir le moment où l’engagement d’importer ou d’exporter est rempli. [...] (12) Des certificats d’importation sont parfois utilisés pour gérer des régimes quantitatifs à l’importation. Cette gestion n’est possible que lorsqu’on a connaissance des importations réalisées sur la base des certificats délivrés dans des délais relativement courts; dans ces cas, la fourniture des preuves de l’utilisation des certificats n’est plus demandée dans le cadre de la bonne gestion administrative, mais devient un élément essentiel de la gestion de ces régimes quantitatifs. Cette preuve est apportée par la présentation de l’exemplaire 1 du certificat et, le cas échéant, par la présentation des extraits; il est possible d’apporter cette preuve dans un délai relativement court. Il y a donc lieu de prévoir un tel délai qui est applicable dans les cas où la réglementation communautaire concernant des certificats utilisés pour gérer des régimes quantitatifs à l’importation y fait référence.» L’article 35 dudit règlement contient les règles gérant les modalités de libération des garanties et désigne, notamment, les conditions et les proportions dans lesquelles la garantie doit rester acquise. Son paragraphe 2 prévoit: «Sous réserve de l’application des dispositions des articles 40, 41 et 49, lorsque l’obligation d’importer ou d’exporter n’a pas été remplie, la garantie reste acquise à raison d’un montant égal à la différence entre: a) 95 % de la quantité indiquée dans le certificat et b) la quantité effectivement importée ou exportée. Si le certificat est délivré par tête, le résultat du calcul des 95 % susvisés est, le cas échéant, arrondi au nombre entier de têtes immédiatement inférieur. Toutefois, si la quantité importée ou exportée s’élève à moins de 5 % de la quantité indiquée dans le certificat, la garantie reste acquise en totalité. [...]» Le paragraphe 4 de cet article 35, relatif notamment aux conséquences d’un retard dans la présentation de la preuve de l’utilisation du certificat, était rédigé comme suit: a) La preuve de l’utilisation du certificat visée à l’article 33, paragraphe 1, point a), et point b), doit être apportée dans les deux mois suivant l’expiration du certificat, sauf impossibilité imputable à la force majeure, [...] b) le montant devant rester acquis au titre des quantités pour lesquelles la preuve concernant le certificat d’exportation comportant fixation à l’avance de la restitution n’a pas été apportée dans le délai fixé au point a), premier tiret, est réduit [de différents pourcentages en fonction du retard de l’apport de la preuve, calculé par mois suivant la date d’expiration du certificat]; c) dans les cas autres que b), le montant devant rester acquis au titre des quantités pour lesquelles la preuve, qui n’a pas été apportée dans le délai fixé au point a), est apportée au plus tard le vingt-quatrième mois suivant la date d’expiration du certificat, est égal à 15 % du montant qui serait définitivement resté acquis au cas où les produits n’auraient pas été importés ou exportés; dans le cas où, pour un produit déterminé, il y avait des certificats prévoyant des taux de garantie différents, le taux le plus bas applicable à l’importation ou à l’exportation est utilisé pour calculer le montant devant rester acquis. [...]» Le règlement (CE) n o 1162/95 Aux termes de l’article 10 du règlement (CE) n o 1162/95 de la Commission, du 23 mai 1995, portant modalités particulières d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur des céréales et du riz ( JO L 117, p. 2 ), tel que modifié par le règlement (CE) n o 2333/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002 ( JO L 349, p. 24 , ci-après le «règlement n o 1162/95»): «Le montant de la garantie relative aux certificats pour les produits prévus à l’article 1 er du règlement (CEE) n o 1766/92 [du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ( JO L 181, p. 21 )] est: a) de 1 euro par tonne, s’il s’agit de certificats d’importation pour lesquels les dispositions de l’article 10, paragraphe 4, quatrième tiret, du règlement (CEE) n o 1766/92 ne s’appliquent pas [...]» Le règlement (CE) n o 958/2003 Le règlement (CE) n o 958/2003 de la Commission, du 3 juin 2003, portant modalités d’application de la décision 2003/286/CE du Conseil, en ce qui concerne les concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits céréaliers en provenance de la République de Bulgarie et modifiant le règlement (CE) n o 2809/2000 ( JO L 136, p. 3 ), a été abrogé par le règlement (CE) n o 1996/2006 de la Commission, du 22 décembre 2006, adaptant plusieurs règlements relatifs au marché des céréales et du riz en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne ( JO L 398, p. 1 ). Toutefois, compte tenu de la date des faits du litige au principal, celui-ci demeure régi par le règlement n o 958/2003. Le considérant 6 du règlement n o 958/2003 énonce: «Pour permettre une bonne gestion des contingents, il est nécessaire que la garantie relative aux certificats d’importation soit fixée à un niveau relativement élevé, par dérogation à l’article 10 du [règlement n o 1162/95]». L’article 1 er , paragraphe 2, de ce règlement dispose: «Les importations de maïs [...] en provenance de la République de Bulgarie et bénéficiant d’un droit nul à l’importation dans le cadre du contingent tarifaire [...] sont soumises à un certificat d’importation délivré conformément aux dispositions du présent règlement.» Aux termes de l’article 1 bis dudit règlement: «Un opérateur ne peut introduire qu’une seule demande de certificat d’importation par période concernée [...] Lorsqu’un opérateur présente plus d’une demande, toutes ses demandes sont rejetées, et les garanties constituées lors du dépôt des demandes sont acquises au profit de l’État membre concerné.» L’article 8 de ce même règlement prévoit que la «garantie relative aux certificats d’importation prévus par le présent règlement est de trente euros par tonne». Le litige au principal et les questions préjudicielles Martini était titulaire d’un certificat, émis par l’autorité compétente italienne le 15 septembre 2003, pour l’importation, en provenance de Bulgarie, de 7000 tonnes de maïs à droit nul. Conformément à l’article 8 du règlement n o 958/2003, cette société a constitué une garantie égale à 30 euros par tonne au titre de ses obligations d’importation. Outre lesdites obligations, dont la satisfaction n’est pas contestée, Martini était tenue de présenter la preuve de l’utilisation de son certificat au plus tard à l’échéance du second mois suivant la date d’expiration de sa validité pour libérer la garantie en cause. Le 17 février 2004, le Ministero a adopté un décret déclarant acquis un montant de 31500 euros correspondant à 15 % de cette garantie, au motif que cette société n’avait pas respecté le délai imparti. Le 20 février 2004, Martini a introduit un recours contre ce décret, contestant l’utilisation du montant de la garantie effectivement constituée pour l’importation en cause comme paramètre pour le calcul du montant devant être acquis. Elle considère que, en application de l’article 35, paragraphe 4, sous c), du règlement n o 1291/2000, le montant devant rester acquis pour présentation tardive de la preuve de l’utilisation du certificat d’importation doit être calculé, non pas sur la base du taux de garantie de 30 euros par tonne de produit importé versé en l’espèce, mais sur la base du taux d’un euro par tonne, qui est généralement appliqué aux certificats pour les opérations d’importation de maïs provenant de pays tiers en vertu de l’article 10 du règlement n o 1162/95. Le 8 mars 2004, le Ministero a confirmé ledit décret. Pourtant, à la suite d’une proposition de Martini, il a demandé à la direction générale de l’agriculture de la Commission européenne un avis sur l’interprétation de l’article 35, paragraphe 4, sous c), du règlement n o 1291/2000. Il résulte de la réponse de la Commission, du 20 avril 2004, que l’application de la dernière partie de cette disposition n’est possible qu’en présence d’un second certificat d’importation avec un taux de garantie différent utilisable pour l’importation, aux mêmes conditions, du produit en cause. À la lumière de cette réponse, le Ministero a confirmé le contenu de son décret déclarant l’acquisition de la garantie. Par lettre du 21 mai 2004, Martini a informé le Ministero qu’elle relevait des conditions d’application de la dérogation prévue à l’article 35, paragraphe 4, sous c), du règlement n o 1291/2000, étant donné qu’elle était également titulaire d’un certificat d’importation, délivré pour la même période et pour le même type de produit provenant d’un pays tiers autre que la Bulgarie, visant une garantie d’un euro par tonne. Par conséquent, elle a réitéré sa demande au Ministero de calculer le montant devant être déclaré acquis, en se basant sur le taux normal de la garantie appliquée sur le marché en cause. Le Ministero a toutefois estimé que cet autre certificat ne remplissait pas les conditions d’application de la dérogation car il n’avait pas été délivré sur le fondement du règlement n o 958/2003 et ne concernait pas les importations de maïs en provenance de Bulgarie. En conséquence, le 22 juin 2004, le Ministero a une fois encore confirmé son décret. Le recours de Martini intenté devant le Tribunale di Roma contre ledit décret ayant été rejeté par un jugement daté du 14 janvier 2008, cette société a interjeté appel de ce jugement devant la Corte d’appello di Roma. Celle-ci a estimé que les règles en cause se prêtaient à plusieurs interprétations possibles. Dans ces conditions, la Corte d’appello di Roma a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes: «1) L’article 35 du [règlement n o 1291/2000] doit-il être interprété en ce sens que la sanction qu’il prévoit, consistant dans l’acquisition dans sa totalité de la garantie imposée aux opérateurs économiques communautaires qui ont obtenu un certificat d’importation/d’exportation pour un produit relevant de l’organisation commune du marché des céréales, a pour objectif essentiel de décourager le non-respect par les opérateurs économiques précités d’une obligation principale (telle que l’importation ou l’exportation effective des céréales mentionnées dans le certificat en cause) que les opérateurs sont tenus de respecter, s’agissant de l’opération pour laquelle ils ont obtenu la délivrance du certificat en cause et versé la garantie correspondante? 2) Les dispositions visées à l’article 35, paragraphe 4, du [règlement n o 1291/2000], dans la partie dans laquelle elles réglementent les délais et les modalités de libération de la garantie versée lors de la délivrance d’un certificat d’importation, doivent-elles être interprétées en ce sens que, en cas de non-respect d’une obligation secondaire, consistant notamment dans la présentation avec retard de la preuve de l’exécution correcte d’une importation (et le retard qui en résulte pour la présentation de la demande de libération de la garantie constituée), le montant de la sanction à appliquer doit être fixé indépendamment du montant de la garantie spécifique dont il y a lieu de prévoir l’acquisition dans sa totalité en cas de non-respect d’une observation principale relative à la même opération d’importation et, notamment, en faisant référence au montant normal de la garantie généralement appliqué aux importations des produits du même type effectuées au cours de la période de référence? 3) L’article 35, paragraphe 4, sous c), du [règlement n o 1291/2000], dans la partie dans laquelle il prévoit que, ‘dans le cas où, pour un produit déterminé, il y a des certificats prévoyant des taux de garantie différents, le taux le plus bas applicable à l’importation ou à l’exportation est utilisé pour calculer le montant devant rester acquis [...]’, doit-il être interprété en ce sens que, dans le cas où une importation de céréales a été correctement exécutée par un opérateur économique communautaire, le non-respect du délai prescrit pour la présentation de la preuve que l’importation a été effectuée à l’intérieur de la Communauté européenne doit être soumis à une sanction dont il y a lieu de calculer le montant en faisant référence au taux de garantie le moins élevé en vigueur au cours de la période pendant laquelle le produit en cause a été importé, indépendamment des conditions spécifiques relatives aux droits à acquitter (comme le soutient [...] Martini) ou uniquement en présence de ces conditions spécifiques (comme le soutient l’État italien)?» Sur les questions préjudicielles Sur la première question Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 35 du règlement n o 1291/2000 doit être interprété en ce sens que l’objectif de la garantie visée par cette disposition est d’assurer l’obligation d’importation. À cet égard, il y a lieu de relever que, selon le considérant 10 du règlement n o 1291/2000, l’un des objectifs d’une telle garantie est d’assurer l’engagement d’importer les produits concernés pendant la durée de validité du certificat d’importation. Toutefois, ainsi qu’il ressort du libellé même de l’article 35, paragraphe 4, dudit règlement, ladite garantie vise également à assurer que la preuve de l’utilisation du certificat soit présentée endéans un certain délai. En effet, ainsi que le confirme le considérant 12 de ce même règlement, des certificats d’importation sont parfois utilisés pour gérer des régimes quantitatifs à l’importation, ce qui nécessite la connaissance des importations réalisées sur la base des certificats délivrés dans des délais relativement courts. De ce fait, la garantie visée à l’article 35 du règlement n o 1291/2000 contribue également à la poursuite de l’objectif de gérer les régimes quantitatifs à l’importation. Il convient, dès lors, de répondre à la première question que l’article 35 du règlement n o 1291/2000 doit être interprété en ce sens que l’objectif de la garantie visée par cette disposition est non seulement d’assurer l’obligation d’importation, mais également que la preuve de l’utilisation du certificat soit présentée endéans un certain délai. Sur les deuxième et troisième questions Par ses deuxième et troisième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 35, paragraphe 4, sous c), du règlement n o 1291/2000 doit être interprété en ce sens que, en cas de présentation tardive de la preuve de l’exécution correcte d’une importation, le montant devant rester acquis, au titre des quantités pour lesquelles la preuve n’a pas été apportée dans le délai fixé au point a) du même paragraphe, doit être calculé sur la base d’un taux de garantie qui a été effectivement appliqué lors de la demande de délivrance du certificat ou des certificats concernant cette importation. Aux fins d’une telle interprétation, la juridiction de renvoi s’interroge sur l’incidence éventuelle de la circonstance que la garantie ait été constituée sur la base d’un taux supérieur à celui applicable aux autres importations du même type de produit que le produit importé, étant donné que ce dernier a été exonéré de paiements des droits d’importation. À titre liminaire, il convient de souligner que le libellé de l’article 35, paragraphe 4, sous c), du règlement n o 1291/2000 indique clairement que la sanction pour une présentation tardive de la preuve de l’exécution correcte d’une importation est, en règle générale, égale à 15 % du montant de la garantie constituée qui serait définitivement resté acquis si les produits n’avaient pas été importés. Il en résulte qu’il y a lieu, en principe, de baser le calcul de cette sanction sur le taux de garantie qui a été effectivement appliqué lors de la demande de délivrance du certificat d’importation relative à l’importation dont la preuve de l’exécution n’a pas été produite dans le délai imparti. Toutefois, il y a lieu de rappeler que l’article 35, paragraphe 4, sous c), du règlement n o 1291/2000 prévoit également dans sa dernière partie que, dans le cas où, pour un produit déterminé, il y avait des certificats prévoyant des taux de garantie différents, le taux le plus bas applicable à l’importation serait utilisé pour calculer le montant devant rester acquis. Or, il importe que lesdits certificats soient simultanément applicables à une même quantité importée. En effet, le libellé de la dernière partie de l’article 35, paragraphe 4, sous c), du règlement n o 1291/2000, en particulier les termes «le taux le plus bas applicable à l’importation», exclut qu’un taux de garantie qui n’est pas concrètement applicable à l’importation en cause (voire utilisé aux fins d’un certificat qui couvre effectivement les quantités importées), puisse être pris en compte pour le calcul de la sanction prévue à cette disposition, et ce indépendamment du fait qu’un tel taux de garantie pourrait être considéré comme un «taux normal» pour le type de produit concerné. Une telle interprétation est d’ailleurs confortée par la circonstance que, ainsi que l’a fait observer la Commission, la règle spécifique visée à la dernière partie de l’article 35, paragraphe 4, sous c), du règlement n o 1291/2000 s’explique par le caractère interchangeable des quantités importées et la difficulté à mettre en relation un certificat déterminé avec une quantité plutôt qu’avec une autre. Or, sans cette règle spécifique, une autorité compétente risquerait de sanctionner un retard en appliquant le taux le plus haut au lieu du taux le plus bas, en ce qui concerne les quantités auxquelles des certificats prévoyant des taux de garantie différents sont applicables. Par conséquent, ladite règle spécifique trouve à s’appliquer uniquement lorsque l’importateur invoque auprès de l’autorité compétente simultanément plusieurs certificats prévoyant des taux de garantie différents pour l’ensemble d’une opération relative au même produit de même origine. Dans ces circonstances, il convient de considérer que plusieurs certificats prévoyant des taux de garantie différents sont applicables à une importation d’un produit spécifique, au sens de la dernière partie de l’article 35, paragraphe 4, sous c), du règlement n o 1291/2000, dès lors que l’importateur invoque, auprès de l’autorité compétente, simultanément plusieurs certificats prévoyant des taux de garantie différents pour l’ensemble d’une opération relative au même produit de même origine et que l’autorité compétente est concrètement en mesure d’appliquer ces taux différents à une quantité importée. En ce qui concerne le litige au principal, il y a lieu de noter qu’il ne ressort pas du dossier soumis à la Cour que Martini avait présenté plusieurs certificats prévoyant des taux de garantie différents pour l’importation de maïs en provenance de Bulgarie, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Si cela s’avère être le cas, la règle spécifique visée à la dernière partie de l’article 35, paragraphe 4, sous c), du règlement n o 1291/2000 ne s’applique pas aux circonstances du litige au principal. En revanche, à supposer même que cette règle spécifique s’applique aux circonstances du litige au principal, dès lors que la juridiction de renvoi constate que Martini a effectivement présenté plusieurs certificats prévoyant des taux de garantie différents pour l’importation du maïs en cause dans l’affaire au principal, il y a lieu de relever que les termes «taux le plus bas applicable à l’importation», au sens de la dernière partie de l’article 35, paragraphe 4, sous c), du règlement n o 1291/2000, visent, compte tenu du caractère général de ces termes, également une situation dans laquelle le taux de garantie appliqué lors de la délivrance d’un certificat à droit plein est inférieur à celui applicable lors de la délivrance d’un certificat à droit nul sous un régime préférentiel, tel que celui créé par le règlement n o 958/2003. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre aux deuxième et troisième questions que l’article 35, paragraphe 4, sous c), du règlement n o 1291/2000 doit être interprété en ce sens que, en cas de présentation tardive de la preuve de l’exécution correcte d’une importation, le montant devant rester acquis, au titre des quantités pour lesquelles la preuve n’a pas été apportée dans le délai fixé à l’article 35, paragraphe 4, sous a), de ce règlement, doit être calculé sur la base d’un taux de garantie qui a été effectivement appliqué lors de la demande de délivrance du certificat ou des certificats concernant cette importation. Aux fins d’une telle interprétation, il est sans incidence que la garantie ait été constituée sur la base d’un taux supérieur à celui applicable aux autres importations du même type de produit que le produit importé, étant donné que ce dernier a été exonéré de paiements des droits d’importation. Sur les dépens La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit: 1) L’article 35 du règlement (CE) n o 1291/2000 de la Commission, du 9 juin 2000, portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles, tel que modifié par le règlement (CE) n o 325/2003 de la Commission, du 20 février 2003, doit être interprété en ce sens que l’objectif de la garantie visée par cette disposition est non seulement d’assurer l’obligation d’importation, mais également que la preuve de l’utilisation du certificat soit présentée endéans un certain délai. 2) L’article 35, paragraphe 4, sous c), du règlement n o 1291/2000, tel que modifié par le règlement n o 325/2003, doit être interprété en ce sens que, en cas de présentation tardive de la preuve de l’exécution correcte d’une importation, le montant devant rester acquis, au titre des quantités pour lesquelles la preuve n’a pas été apportée dans le délai fixé à l’article 35, paragraphe 4, sous a), dudit règlement, doit être calculé sur la base d’un taux de garantie qui a été effectivement appliqué lors de la demande de délivrance du certificat ou des certificats concernant cette importation. Aux fins d’une telle interprétation, il est sans incidence que la garantie ait été constituée sur la base d’un taux supérieur à celui applicable aux autres importations du même type de produit que le produit importé, étant donné que ce dernier a été exonéré de paiements des droits d’importation. Signatures ( *1 ) Langue de procédure: l’italien.

62019CJ0301

hu

Fellebbezésében az Európai Bizottság az Európai Unió Törvényszéke által 2019. február 12‑én hozott Printeos kontra Bizottság ítélet (T‑201/17, a továbbiakban: megtámadott ítélet) hatályon kívül helyezését kéri, amely ítéletben a Törvényszék a Printeos SA keresetének részben helyt adva kötelezte a Bizottság által képviselt Európai Uniót, hogy térítse meg e társaság annak következtében felmerült kárát, hogy e társaság részére nem került megfizetésre az a 184592,95 euró összeg, amely a 2015. március 9‑től 2017. február 1‑jéig terjedő időszak során felhalmozott késedelmi kamatok címén az EUMSZ 266. cikk első bekezdése alapján, a Törvényszék 2016. december 13‑i Printeos és társai kontra Bizottság ítéletében (T‑95/15) foglaltak teljesítéseképpen járt volna neki, továbbá elrendelte, hogy e kártérítés után a megtámadott ítélet kihirdetésének napjától kezdve a teljes megfizetésig késedelmi kamatot kell fizetni, amelynek mértéke az Európai Központi Bank (EKB) által a fő refinanszírozási műveleteire vonatkozóan megállapított kamatláb (a továbbiakban: EKB refinanszírozási kamatláb), 3,5 százalékponttal növelve. A Printeos csatlakozó fellebbezést terjesztett elő, amelyben a megtámadott ítélet rendelkező részén belül az említett növelés kezdő időpontjára vonatkozó 2) pont részleges hatályon kívül helyezését kéri. Jogi háttér Az 1/2003/EK rendelet Az [EUMSZ 101. cikkben] és az [EUMSZ 102. cikkben] meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16‑i 1/2003/EK tanácsi rendeleten ( HL 2003. L 1., 1. o. ; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet, 2. kötet, 205. o.) belül „A Bíróság felülvizsgálata” című 31. cikk így rendelkezik: „A Bíróság korlátlan jogkörrel rendelkezik az olyan határozatok felülvizsgálatára, amelyekben a Bizottság bírságot vagy kényszerítő bírságot határozott meg. A Bíróság törölheti, csökkentheti vagy növelheti a kiszabott bírság vagy kényszerítő bírság összegét.” A költségvetési rendelet Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25‑i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeleten ( HL 2012. L 298., 1. o. , a továbbiakban: költségvetési rendelet) belül „A követelések megállapítása” cím alatt a 78. cikk így rendelkezett: „(1)   A követelés megállapítása olyan eljárás, amellyel az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő: a) ellenőrzi, hogy az adós tartozása fennáll; b) megállapítja vagy ellenőrzi a tartozás valódiságát és összegét; c) ellenőrzi azon feltételeket, amelyek mellett a tartozás esedékes. (2)   A Bizottság számára rendelkezésre bocsátott saját forrásokat, és bármely nem vitatott, határozott összegű és esedékes követelést a számvitelért felelős tisztviselőnek szóló beszedési megbízás állapít meg, amelyet az adósnak megküldött terhelési értesítés követ – mindkét okmányt az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő készíti el. (3)   A jogalap nélkül kifizetett összegeket vissza kell fizettetni. (4)   A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 210. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadjon el a követelések megállapításával kapcsolatos részletes szabályokra vonatkozóan, beleértve az eljárásokat és a bizonylatokat, valamint a késedelmi kamat megállapításával kapcsolatos részletes szabályokra vonatkozóan.” A költségvetési rendelet „A Bizottság által kiszabott pénzbírságok, büntetések és felhalmozódott kamatok” című 83. cikke így rendelkezett: „(1)   A pénzbírságok, büntetések és szankciók útján befolyt összegek és minden felhalmozott kamat vagy ezek által generált egyéb bevétel mindaddig nem számolható el költségvetési bevételként, amíg az azokat kivető határozatokat az Európai Unió Bírósága semmissé nyilváníthatja. (2)   Az (1) bekezdésben említett összegeket mihamarabb, és legkésőbb a valamennyi jogorvoslati lehetőség kimerülését követő évben kell költségvetési bevételként nyilvántartásba venni. A kifizető jogalanynak az Európai Unió Bíróságának ítélete nyomán visszafizetett összegeket nem lehet költségvetési bevételként feltüntetni. […] (4)   A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy […] felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadjon el a pénzbírságok, büntetések és felhalmozott kamat útján befolyt összegekkel kapcsolatos részletes szabályokra vonatkozóan.” A költségvetési rendelet „Határidők” című 92. cikke így rendelkezett: „(1)   A kifizetéseket az alábbi határidőkön belül kell teljesíteni: a) 90 naptári napon belül olyan technikai szolgáltatásokra vagy fellépésekre kiterjedő hatáskör‑átruházási megállapodások, szerződések, vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó megállapodások vagy vissza nem térítendő támogatásról szóló határozatok esetén, amelyek értékelése különösen összetett feladat, és amelyek esetében a kifizetés jelentés vagy igazolás elfogadásától függ; b) 60 naptári napon belül minden egyéb hatáskör‑átruházási megállapodás, szerződés, vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó megállapodás vagy vissza nem térítendő támogatásról szóló határozat esetén, amelyek esetében a kifizetés jelentés vagy igazolás elfogadásától függ; c) 30 naptári napon belül minden egyéb hatáskör‑átruházási megállapodás, szerződés, vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó megállapodás vagy vissza nem térítendő támogatásról szóló határozat esetén. […] (5)   A tagállamok esetét kivéve az (1) bekezdésben megállapított határidők lejártával a hitelező kamatra jogosult. (6)   A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 210. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadjon el a fizetési határidőkkel és azon körülményekkel kapcsolatos részletes szabályokra vonatkozóan, amelyek esetén a késedelmes fizetésben részesülő hitelezők késedelmi kamatra jogosultak, amelyet azon tételre kell elszámolni, amelyből a megfelelő kiadást elsősorban kifizették.” Az 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelet A költségvetési rendelet alkalmazási szabályairól szóló, 2012. október 29‑i 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletet ( HL 2012. L 362., 1. o. ) a Bizottság a költségvetési rendelet 78. cikkének (4) bekezdése alapján fogadta el. A 1268/2012 felhatalmazáson alapuló rendelet 80. cikkének (3) bekezdése így rendelkezett: „A terhelési értesítés tájékoztatja az adóst arról, hogy: […] b) ha a tartozást a határidő előtt megfizetik, nincs késedelmi kamat; […]” E rendelet „Késedelmi kamat” című 83. cikke értelmében: „(1)   Az ágazatspecifikus szabályozások alkalmazásából fakadó különös rendelkezések sérelme nélkül minden olyan követelés után, amelyet nem fizettek meg a 80. cikk (3) bekezdésének b) pontjában említett határidőig, e cikk (2) és (3) bekezdésével összhangban kamatot kell fizetni. (2)   A 80. cikk (3) bekezdésének b) pontjában említett határidőig meg nem fizetett követelés utáni kamat mértékét úgy kell megállapítani, hogy […] az esedékesség napja szerinti hónap első naptári napján érvényes [EKB refinanszírozási kamatlábból] kell kiindulni, amelyhez hozzáadandó: a) nyolc százalékpont, ha a kötelezettség alapja az V. címben meghatározott, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződés; b) minden egyéb esetben három és fél százalékpont. (3)   A kamatot a terhelési értesítésben megadott, a 80. cikk (3) bekezdésének b) pontjában említett határidőt követő naptári naptól azon napig kell számítani, amelyen a tartozás teljes összegének megfizetésére sor kerül. A késedelmi kamat összegének megfelelő beszedési utalvány e kamat tényleges beérkezésekor kerül kiállításra. (4)   Pénzbírságok esetében, amennyiben az adós olyan pénzügyi biztosítékot nyújt, amelyet a számvitelért felelős tisztviselő elfogad kifizetés helyett, a 80. cikk (3) bekezdésének b) pontjában említett határidőtől alkalmazandó kamatláb az e cikk (2) bekezdésében említett, a pénzbírságról szóló határozat elfogadása hónapjának első napján érvényes kamatlábnak felel meg, amelyet mindössze másfél százalékponttal kell növelni.” Az említett rendelet „Pénzbírságok és egyéb büntetések beszedése” című 90. cikke így rendelkezett: „(1)   Amennyiben az Európai Unió Bíróságánál keresetet nyújtanak be egy az [EUM‑Szerződés] vagy az Euratom‑Szerződés szerinti pénzbírságot vagy egyéb büntetést kiszabó bizottsági határozattal szemben, és amíg valamennyi jogorvoslati lehetőség ki nem merül, az adós ideiglenesen átutalja az érintett összeget a számvitelért felelős tisztviselő által megjelölt bankszámlára, vagy a számvitelért felelős tisztviselő számára elfogadható pénzügyi biztosítékot nyújt. A biztosítéknak függetlennek kell lennie a pénzbírság vagy egyéb büntetés megfizetési kötelezettségétől, és első lehívásra végrehajthatónak kell lennie. E biztosíték az alapkövetelésre és a 83. cikk (4) bekezdésében meghatározott esedékes kamatra nyújt fedezetet. (2)   Az ideiglenesen beszedett összegeket a Bizottság pénzügyi eszközökbe fekteti, garantálva ezáltal azok biztonságát és likviditását, és arra törekedve, hogy azok pozitív hozamot eredményezzenek. […] (4)   Miután valamennyi jogorvoslati lehetőség kimerült, és a pénzbírságot vagy büntetést eltörölték vagy csökkentették, az alábbi intézkedések valamelyikére kerülhet sor: a) az indokolatlanul beszedett összeget és annak kamatát vissza kell fizetni az érintett harmadik fél számára; amennyiben a vonatkozó időszakban elért hozam összességében negatív, az indokolatlanul beszedett összeg névértékét kell visszafizetni; b) pénzügyi biztosíték nyújtása esetén fel kell szabadítani a biztosítékot.” Az 1268/2012 felhatalmazáson alapuló rendelet 111. cikkének (4) bekezdése így rendelkezett: „A költségvetési rendelet 92. cikkének (1) bekezdésben megállapított határidők lejáratát követően a hitelező az alábbi feltételeknek megfelelően kamatra jogosult: a) a kamatlábak az e rendelet 83. cikke (2) bekezdésében említett kamatlábak; b) a kamatot a költségvetési rendelet 92. cikkének (1) bekezdésében megállapított fizetési határidő lejáratát követő naptári naptól a kifizetés napjáig tartó időszakra kell fizetni. […]” A jogvita előzményei A jogvita előzményei – amelyeket a megtámadott ítélet 1–27. pontja ismertet – a jelen eljárás szempontjából a következőképpen foglalhatók össze. Az [EUMSZ 101. cikk] és az EGT‑Megállapodás 53. cikkének alkalmazására vonatkozó eljárásban (AT.39780 – „borítékok”‑ügy) 2014. december 10‑én hozott C(2014) 9295 final határozat (a továbbiakban: 2014. évi határozat) 1. cikke (5) bekezdésének a) pontjában az Európai Bizottság megállapította, hogy a Printeos megsértette az EUMSZ 101. cikket és az Európai Gazdasági Térségről szóló, 1992. május 2‑i megállapodás ( HL 1994. L 1., 3. o. ; magyar nyelvű különkiadás 11. fejezet, 52. kötet, 3. o.) 53. cikkét azáltal, hogy a 2003. október 8‑tól 2008. április 22‑ig terjedő időszakban részt vett a szabványos, katalógusból kiválasztható borítékok és az egyedi igények szerint nyomott borítékok európai piacán, ezen belül Dániában, Németországban, Franciaországban, Svédországban, az Egyesült Királyságban és Norvégiában létrehozott és végrehajtott kartellben. E határozat 2. cikke (1) bekezdésének e) pontjában a Bizottság a megállapított jogsértés miatt a Printeosszal szemben bizonyos leányvállalataival egyetemlegesen 4729000 euró összegű bírságot szabott ki. Az említett határozat 2. cikkének (2) bekezdése értelmében a kiszabott bírságot ugyanezen határozat közlésétől számított három hónapos határidőn belül kellett megfizetni. Az 2014. évi határozat 2. cikkének (3) bekezdése így rendelkezett: „E határidő lejártát követően automatikusan az [EKB refinanszírozási kamatlábnak megfelelő], 3,5 százalékponttal növelt kamatláb alapján számított kamatfizetési kötelezettség keletkezik azon hónap első napján, amikor a jelen határozatot elfogadták. Ha az 1. cikkben említett valamely vállalkozás keresetet indít, e vállalkozásnak fedeznie kell a bírság esedékességkori összegét, akár azáltal, hogy elfogadható pénzügyi biztosítékot nyújt, akár pedig azáltal, hogy a bírság összegét [az 1268/2012] felhatalmazáson alapuló […] rendelet 90. cikkének megfelelően ideiglenesen átutalja.” A 2014. évi határozatot 2014. december 11‑én közölték a Printeosszal. A Bizottság a 2015. február 16‑i levélben emlékeztette a Printeost, hogy az e határozattal kiszabott bírságra az említett határozat közlésétől számított három hónapos határidőn belül fedezetet kell nyújtani, továbbá ha a Printeos úgy döntene, hogy a Törvényszék előtt megsemmisítés iránti keresetet indít, akkor vagy megfelelő bankgaranciát kell nyújtania, vagy pedig ideiglenesen át kell utalnia e bírságot. A Bizottság e levélhez mellékelt egy „Information Note on Provisionally Paid or Guaranteed Fines” (tájékoztató feljegyzés az ideiglenesen megfizetett vagy biztosított bírságokról) című, 2002. július 20‑án kelt feljegyzést, amelyben többek között a következők szerepeltek: „[…] a számvitelért felelős tisztviselő az érintett vállalkozástól ideiglenesen beszedi az Európai Unió Bírósága előtti kereset tárgyát képező bírságok összegeit, vagy felhívja e vállalkozást arra, hogy nyújtson biztosítékot. Miután valamennyi jogorvoslati lehetőség kimerült, az ideiglenesen beszedett összegeket és a kapott kamatokat egészben vagy részben be kell vezetni a költségvetésbe vagy vissza kell fizetni az érintett vállalkozásnak. […] A Bizottság által 2010‑től kiszabott bírságok esetében a Bizottság az ideiglenesen átutalt összegeket jó országkockázati besorolásra korlátozódó kitettséggel rendelkező és legfeljebb [két] év fennmaradó futamidejű eszközportfólióból álló olyan alapba fogja befektetni, amelyet a Bizottság szervezeti egységei kezelnek. Ha a Bíróság egészben vagy részben megsemmisíti a bírságot, a Bizottság ennek megfelelően egészben vagy részben, a garantált hozammal együtt visszafizeti annak összegét. E garantált hozam a konkrét referenciaindexnek a befektetés időtartamára kiszámított teljesítményén alapul. […]” A Printeos egyrészt 2015. február 20‑án keresetet indított a Törvényszék előtt elsődlegesen a 2014. évi határozat őt érintő részében történő megsemmisítése iránt, másrészt pedig 2015. március 9‑én ideiglenesen megfizette az e határozatban vele szemben kiszabott bírságot. A Printeos által megfizetett bírság összegét olyan pénzügyi eszközalapba (a továbbiakban: BUFI‑alap) utalták, amelyet az ideiglenesen beszedett bírságok kezelésével kapcsolatos kockázatok csökkentéséről szóló, 2009. június 15‑i C(2009) 4264 végleges bizottsági határozat alapján hoztak létre, és amelyet a Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóság kezelt. E határozat az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25‑i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet ( HL 2002. L 248., 1. o. ; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 4. kötet, 74. o.; helyesbítés: HL 2007. L 99., 18. o. ) 74. cikkén alapult, amelynek helyébe a költségvetési rendelet 83. cikke lépett. A 2016. december 13‑iPrinteos és társai kontra Bizottság ítéletben ( T‑95/15 , EU:T:2016:722 ) a Törvényszék megsemmisítette a 2014. évi határozat 2. cikke (1) bekezdésének e) pontját. Mivel ezen ítélettel szemben az előírt határidőn belül nem terjesztettek elő fellebbezést, az ítélet jogerőssé vált. 2017. január 26‑án levélváltásra került sor a Bizottság és a Printeos között. A Bizottság tájékoztatta a Printeost, hogy miután a Törvényszék megsemmisítette a 2014. évi határozatot a vele szemben bírságot kiszabó részében, vissza fogja téríteni részére az ideiglenesen megfizetett bírságot. A Printeos kérte, hogy a visszatérítés foglalja magában az e bírság Printeos általi ideiglenes megfizetésének időpontjától, vagyis 2015. március 9‑től járó, az EKB refinanszírozási kamatlábnak megfelelő, 3,5 százalékponttal növelt kamatokat, vagyis ugyanazt a kamatot, mint amelyet a 2014. évi határozat 2. cikkének (3) bekezdése a bírság késedelmes megfizetése esetére ír elő. A Bizottság az ugyanezen a napon kelt két levélben elutasította e kérelmet, emlékeztetve arra, hogy – mint az a 2015. február 16‑i leveléhez mellékelt tájékoztató feljegyzésben is szerepelt – az ideiglenesen beszedett bírságok egy alapba kerülnek befektetésre, megsemmisítés esetén pedig visszafizetésre kerülnek, növelve a referenciaindex teljesítménye alapján biztosított hozammal. Márpedig e teljesítmény negatív volt azon időszak vonatkozásában, amelynek során a Printeos által megfizetett bírság összegét befektették a BUFI‑alapba, vagyis e bírságnak csak a tőkeösszegét kell visszatéríteni a Printeos részére. 2017. január 27‑én a Printeos az EUMSZ 266. cikkre, valamint a 2001. október 10‑iCorus UK kontra Bizottság ítéletre ( T‑171/99 , EU:T:2001:249 ) hivatkozva ismét előterjesztette a kamatfizetés iránti kérelmét. 2017. február 1‑jén a Bizottság visszatérítette a Printeosnak az utóbbi által 2015. március 9‑én megfizetett bírságot. Ezzel szemben a 2017. február 3‑i levelében elutasította a Printeos által a kamatfizetés iránti kérelmének alátámasztása érdekében előadott érveket, hangsúlyozva, hogy annak eldöntése, hogy pénzügyi biztosíték nyújtása helyett inkább ideiglenesen átutalja a bírságot, magára a Printeosra tartozott, ráadásul a Printeos tökéletesen tisztában volt azzal, hogy az ideiglenesen megfizetett bírság összegét egy alapba fogják befektetni, amelynek működését és a garantált hozam fogalmát részletesen ismertette a 2015. február 16‑i levélhez mellékelt tájékoztató feljegyzés. A Törvényszék előtti eljárás és a megtámadott ítélet A Törvényszék Hivatalához 2017. március 31‑én benyújtott keresetlevelével a Printeos keresetet terjesztett elő, amely elsődlegesen arra irányult, hogy a Törvényszék kötelezze a Bizottságot, hogy egyrészt a 4729000 euró összeg vonatkozásában a 2015. március 9‑től 2017. február 1‑jéig terjedő időszakra fizessen 184592,95 euró összegű, az EKB 2 százalékponttal növelt refinanszírozási kamatlába szerint, illetve ennek hiányában a Törvényszék által megfelelőnek ítélt kamatláb szerint kiszámított kompenzációs kamatoknak megfelelő mértékű kártérítést, másrészt a 184592,95 euró összeg vonatkozásában a 2017. február 1‑jétől addig az időpontig terjedő időszakra, amikor a Bizottság ténylegesen megfizeti az említett összeget, fizessen kompenzációs kamatokat az EKB 3,5 százalékponttal növelt refinanszírozási kamatlába szerint, illetve ennek hiányában a Törvényszék által megfelelőnek ítélt kamatláb szerint, másodlagosan pedig e kereset arra irányult, hogy a Törvényszék semmisítse meg a Bizottság 2017. január 26‑i két levelét. A Printeos első két kereseti kérelme elsődlegesen az EUMSZ 266. cikk első bekezdésén, másodlagosan pedig az EUMSZ 266. cikk első bekezdésén, az EUMSZ 268. cikken és az EUMSZ 340. cikk második bekezdésén, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartája 41. cikkének (3) bekezdésén alapult. A Törvényszék előtti tárgyalás során a Törvényszék szóbeli kérdéseire adott válaszként a Printeos egyrészt jelezte, hogy az EUMSZ 266. cikk első bekezdését a továbbiakban nem kívánja az első kereseti kérelmének önálló jogorvoslati értelemben vett elsődleges jogalapjaként fenntartani, másrészt pedig megerősítette, hogy az e keresetben szereplő „kompenzációs kamatok” kifejezést akként kell érteni, mint amely a 2015. február 12‑iBizottság kontra IPK International ítélet ( C‑336/13 P , EU:C:2015:83 ) 30. pontja értelmében vett „késedelmi kamatokra” vonatkozik. Másfelől a Printeos ugyanezen alkalommal kérte, hogy az EKB refinanszírozási kamatlábnak az első kereseti kérelmében említett növelését terjesszék ki 3,5 százalékpontra. A megtámadott ítéletben a Törvényszék részben helyt adott a Printeos keresetének, és kötelezte a Bizottság által képviselt Uniót, hogy térítse meg e társaság annak következtében felmerült kárát, hogy részére nem került megfizetésre az a 184592,95 euró összeg, amely a 2015. március 9‑től 2017. február 1‑jéig terjedő időszak során felhalmozott késedelmi kamatok címén az EUMSZ 266. cikk első bekezdése alapján, a 2016. december 13‑iPrinteos és társai kontra Bizottság ítéletben ( T‑95/15 , EU:T:2016:722 ) foglaltak teljesítéseképpen járt volna neki. A Törvényszék ezenkívül kimondta, hogy a Printeosnak járó kártérítés után a megtámadott ítélet kihirdetésének napjától kezdve a teljes megfizetésig késedelmi kamatot kell fizetni, amelynek mértéke az EKB 3,5 százalékponttal növelt kamatlába, az ezt meghaladó részében pedig a keresetet elutasította. A Törvényszék a megtámadott ítélet 55‐68. pontjában megvizsgálta, hogy fennállt‑e az EUMSZ 266. cikk első bekezdésének kellően súlyos megsértése. E kontextusban, hivatkozva többek között a 2015. február 12‑iBizottság kontra IPK International ítéletre ( C‑336/13 P , EU:C:2015:83 , 29. és 30. pont), a Törvényszék a megtámadott ítélet 56. pontjában rámutatott arra, hogy arra az esetre, ha bírságot kiszabó határozat megsemmisítéséről vagy jogalap nélkül megfizetett összeg visszafizetését elrendelő határozat megsemmisítéséről van szó, az ítélkezési gyakorlat elismerte az érintett fél ahhoz való jogát, hogy visszahelyezzék őt abba a helyzetbe, amelyben e határozatot megelőzően volt, ami magában foglalja többek között azt, hogy fizessék vissza a megsemmisített határozat folytán jogalap nélkül megfizetett tőkeösszeget, valamint fizessenek késedelmi kamatokat, e kamatfizetés pedig az EUMSZ 266. cikk első bekezdésének értelmében vett, a megsemmisítést kimondó ítéletben foglaltak teljesítésére irányuló intézkedés, amennyiben annak célja, hogy átalányösszegben kompenzálja a követelés nyújtotta előnyök élvezetétől való megfosztást, illetve hogy az adóst ösztönözze a megsemmisítést kimondó ítéletben foglaltak mielőbbi teljesítésére. A megtámadott ítélet 60‐65. pontjában a Törvényszék azt a kérdést vizsgálta, hogy a Bizottság által a Printeos részére történő késedelmi kamatfizetés elmaradása és az 1268/2012 felhatalmazáson alapuló rendelet 90. cikke (4) bekezdése a) pontjának alkalmazása a 2016. december 13‑iPrinteos és társai kontra Bizottság ítéletben ( T‑95/15 , EU:T:2016:722 ) foglaltak olyan teljesítésének minősül‑e, amely megfelel az EUMSZ 266. cikk első bekezdéséből eredő követelményeknek. E vizsgálatot követően a Törvényszék a megtámadott ítélet 66. pontjában kiemelte, hogy a Bizottság tévesen ítélte úgy, hogy e rendelkezés megakadályozta volna őt azon abszolút és feltétlen kötelezettségének teljesítésében, hogy az EUMSZ 266. cikk első bekezdése értelmében késedelmi kamatokat fizessen. Hozzátette, hogy az említett 90. cikk (4) bekezdésének a) pontja értelmében vett „kamatok” nem minősíthetők „késedelmi kamatoknak” vagy átalány‑kártérítésnek, hanem kizárólag a szóban forgó összeg befektetésének valós pozitív hozamát jelölik. A Törvényszék tehát a megtámadott ítélet 67. pontjában úgy ítélte meg, hogy a Bizottság az EUMSZ 266. cikknek az ítélkezési gyakorlat által értelmezett első bekezdése alapján, a 2016. december 13‑iPrinteos és társai kontra Bizottság ítéletben ( T‑95/15 , EU:T:2016:722 ) foglaltak teljesítése címén nem csupán arra volt köteles, hogy visszatérítse a Printeos részére a szóban forgó bírság tőkeösszegét, hanem arra is, hogy késedelmi kamatokat fizessen neki. A megtámadott ítélet 68. pontjában a Törvényszék elutasította a Bizottság által arra alapított érvelést, hogy a Printeos adott esetben jogalap nélkül gazdagodik annak következtében, hogy a szóban forgó bírság tőkeösszege után negatív hozam keletkezett azon időszakban, amelynek során ez az összeg a BUFI‑alapban volt elhelyezve; az elutasításnak az volt az indoka, hogy ez az értelmezés közvetlen ellentmondásban állt a késedelmi kamatok odaítélése útján történő átalányösszegű kompenzációnak az ítélkezési gyakorlat által kiemelt logikájával. Következésképpen a Törvényszék a megtámadott ítélet 69. pontjában megállapította, hogy fennáll az EUMSZ 266. cikk első bekezdésének olyan kellően súlyos megsértése, amely megalapozhatja az Uniónak az EUMSZ 340. cikk második bekezdésével együtt értelmezett EUMSZ 266. cikk második bekezdése értelmében vett, szerződésen kívüli felelősségét. Az Unió szerződésen kívüli felelőssége megállapításának egyéb feltételeit illetően a Törvényszék a megtámadott ítélet 71. pontjában kiemelte: az, hogy a Bizottság nem teljesítette azt a kötelezettségét, hogy az EUMSZ 266. cikk első bekezdése alapján késedelmi kamatokat fizessen, kellően közvetlen okozati összefüggésben áll azzal a kárral, amely a felperest érte, és amely egyenértékű a késedelmi kamatok elvesztésével. A megtérítendő kár összegét illetően a Törvényszék a megtámadott ítélet 75. pontjában a megfizetendő tőkeösszeget 184592,95 euróban állapította meg, amely összeg a 2015. március 9‑től 2017. február 1‑jéig terjedő időszakra vonatkozó, az EKB két százalékponttal növelt refinanszírozási kamatlába szerint számított késedelmi kamatoknak felelt meg. A Törvényszék ezen ítélet 73. pontjában megjegyezte, hogy a Printeos ezt az összeget említette az első kereseti kérelmében, anélkül hogy ezt a Bizottság vitatta volna. Ami a Printeos által a tárgyalás során előterjesztett azon kérelmet illeti, hogy az EKB refinanszírozási kamatláb növelését terjesszék ki 3,5 százalékpontra, a Törvényszék azt elutasította, miután a megtámadott ítélet 74. pontjában úgy ítélte meg, hogy e kérelem elkésett, továbbá ellentétes a felek kérelmei megváltoztathatatlanságának elvével, valamint hogy a ne ultra petita elve kizárja, hogy a Törvényszék túlterjeszkedjen azon az összegen, amely a Printeos első kereseti kérelméből kitűnik. A késedelmi kamatok megfizetése iránt a második kereseti kérelem címén előterjesztett kérelmet illetően a Törvényszék a megtámadott ítélet 76. pontjában késedelmi kamatokat ítélt meg a Printeos részére ezen ítélet kihirdetésétől a Bizottság általi teljes kifizetésig, a 3,5 százalékponttal növelt EKB refinanszírozási kamatlábnak megfelelő mértékben. Ezzel szemben elutasította e kérelmet annyiban, amennyiben az arra irányult, hogy a Törvényszék 2017. február 1‑jétől ítéljen meg késedelmi kamatokat. A felek kérelmei a Bíróság előtti eljárásban A Bizottság azt kéri, hogy a Bíróság: – helyezze hatályon kívül a megtámadott ítéletet; – az ügyet érdemben bírálja el, és megalapozatlanként utasítsa el a Printeos kártérítési kérelmét és az általa felhozott, az 1268/2012 felhatalmazáson alapuló rendelet 90. cikke (4) bekezdésének a) pontjára vonatkozó jogellenességi kifogást, továbbá elfogadhatatlanként, illetve – másodlagosan – megalapozatlanként utasítsa el a 2017. január 26‑i két levél megsemmisítése iránti kérelmet, és – a Printeost kötelezze az első‑ és másodfokú eljárás költségeinek viselésére. A Printeos azt kéri, hogy a Bíróság: – utasítsa el a fellebbezést; – ennek hiányában az ügyet érdemben elbírálva adjon helyt a kártérítési kérelmének, és kötelezze a Bizottságot 184592,95 euró összegű kártérítés megfizetésére, növelve azt olyan késedelmi kamatokkal, amelyek a T‑201/17. sz. ügyben a kereset előterjesztésének időpontjától, vagyis 2017. március 31‑től e kamatok tényleges kifizetéséig járnak; – másodlagosan, kártérítési kérelmének elutasítása esetén semmisítse meg a Bizottság azon határozatát, amely a 2017. január 26‑i két levélben jelenik meg, és – a Bizottságot kötelezze az első‑ és másodfokú eljárás költségeinek viselésére. Csatlakozó fellebbezésében a Printeos azt kéri, hogy a Bíróság: – részben helyezze hatályon kívül a megtámadott ítélet rendelkező részének 2) pontját, amely a 184592,95 euró összegű kártérítésnek az említett ítélet kihirdetésétől számított késedelmi kamatokkal történő növelésére vonatkozik, és az ügyet érdemben elbírálva kötelezze a Bizottságot e kártérítés után az EKB 3,5 százalékponttal növelt refinanszírozási kamatlába szerint számított késedelmi kamatok megfizetésére a kereset előterjesztésének időpontjától, vagyis 2017. március 31‑től e kamatok tényleges kifizetéséig, és – a Bizottságot kötelezze az első‑ és másodfokú eljárás költségeinek viselésére. A Bizottság azt kéri, hogy a Bíróság a csatlakozó fellebbezést mint elfogadhatatlant, illetve másodlagosan mint megalapozatlant utasítsa el, és a Printeost kötelezze az e csatlakozó fellebbezéssel összefüggésben felmerülő költségek viselésére. A fellebbezésről Fellebbezésének alátámasztása érdekében a Bizottság öt jogalapra hivatkozik, amelyeket a következőkre alapít: az elsőt arra, hogy a Törvényszék megsértette a védelemhez való jogot és a ne ultra petita elvét; a másodikat az EUMSZ 266. cikk téves értelmezésére; a harmadikat arra, hogy a Törvényszék elmulasztotta figyelembe venni a versenyjog területén fennálló új szabályozási hátteret; a negyediket az Unió szerződésen kívüli felelőssége megállapításának feltételeivel kapcsolatos téves jogalkalmazásra, az ötödiket pedig a jogszerűség és a jogbiztonság elvének megsértésén. Először az első jogalapot kell megvizsgálni, majd együttesen a második és a harmadik jogalapot, utána az ötödik jogalapot, végül pedig a negyedik jogalapot. A védelemhez való jognak és a ne ultra petita elvének a Törvényszék általi megsértésére alapított első jogalapról A felek érvei Első jogalapjával a Bizottság azt állítja, hogy a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, és megsértette a védelemhez való jogát, amikor megengedte a Printeosnak, hogy módosítsa a jogvita tárgyát. A Bizottság emlékeztet arra, hogy a Törvényszék előtti eljárás folyamán mindvégig, továbbá egészen addig, amíg a tárgyalás során kérdéseket tettek fel, a Printeos azt kérte, hogy a Törvényszék arra kötelezze a Bizottságot, hogy olyan összeget fizessen a Printeosnak, amelyet a Printeos „kompenzációs kamatoknak” minősített. A Printeos csak a Törvényszék erre irányuló kérdésére adott válaszában minősítette át ezt az összeget akként, hogy az „késedelmi kamatokat” jelöl. A Bizottság ezért úgy véli, hogy a Törvényszék ily módon eljárva figyelmen kívül hagyta a Bíróság által az uniós bíróság azon kötelezettségével kapcsolatban kialakított ítélkezési gyakorlatot, hogy a fél kereseti kérelmeit aszerint kell megvizsgálnia, ahogyan azokat a fél a beadványaiban megfogalmazta, azok tárgyának vagy tartalmának megváltoztatása nélkül, továbbá hogy a Törvényszék túlterjeszkedett a kereseti kérelmen. A Printeos elismeri, hogy a Törvényszék kifejezett felhívása alapján átminősítette a keresetében követelt kamatokat, de hangsúlyozza, hogy csupán az általa követelt kamatok jogi minősítésének egyszerű módosításáról volt szó, anélkül hogy ez befolyásolta volna a kereseti kérelmét, amely 184592,95 euró, vagyis a megtámadott ítélet rendelkező részében említett pontos összeg megfizetésére irányult. A Bíróság álláspontja Meg kell állapítani, hogy a Törvényszékhez benyújtott keresetében a Printeos azt kérte, hogy a Törvényszék kötelezze a Bizottságot arra, hogy fizessen meg 184592,95 euró összeget a Printeos részére az általa „kompenzációsnak” minősített azon kamatok jogcímén, amelyek tekintetében a Printeos azt állította, hogy azok azon időszak vonatkozásában járnak neki, amely a 2014. évi határozatban vele szemben kiszabott bírság ideiglenes megfizetésének időpontjától e bírság összegének a Bizottság általi visszatérítéséig terjed. Mindazonáltal, mint az a megtámadott ítélet 32. pontjából kitűnik, a Törvényszék által a tárgyaláson feltett egyik szóbeli kérdésre válaszolva a Printeos megerősítette, hogy a keresetében használt „kompenzációs kamatok” kifejezést akként kell érteni, mint amely a 2015. február 12‑iBizottság kontra IPK ítélet ( C‑336/13 P , EU:C:2015:83 ) 30. pontja értelmében vett „késedelmi kamatokra” vonatkozik. A Bizottság szerint – amely e tekintetben többek között a 2018. június 7‑iOri Martin kontra az Európai Unió Bírósága ítéletre ( C‑463/17 P , EU:C:2018:411 , 18. pont) támaszkodik –, amikor a Törvényszék megengedte, hogy a Printeos átminősítse az általa követelt kamatokat, a jogvita tárgyának tiltott módosítását hagyta jóvá, ezáltal megsértve a Bizottság védelemhez való jogát, következésképpen pedig túlterjeszkedett a kereseti kérelmen. Ennek az érvelésnek nem lehet helyt adni. A megtámadott ítéletből kitűnik, hogy a Törvényszék igenis tiszteletben tartotta a 2018. június 7‑iOri Martin kontra az Európai Unió Bírósága ítélet ( C‑463/17 P , EU:C:2018:411 ) 18. pontjában hivatkozott azon kötelezettséget, hogy felperes által előterjesztett különböző kereseti kérelmeket és az általa felhozott jogalapokat akként vizsgálja meg, ahogyan azokat a felperes a beadványaiban megfogalmazta, azok tárgyának vagy tartalmának megváltoztatása nélkül. A Törvényszék ugyanis annak érdekében, hogy a Printeos által „késedelminek” minősített kamatokat megítélje a Printeosnak, kizárólag azokra a tényekre támaszkodott, amelyeket a Printeos a keresetlevelében előadott, vagyis a szóban forgó bírság ideiglenes megfizetésére, a 2014. évi határozatnak a 2016. december 13‑iPrinteos és társai kontra Bizottság ítélettel ( T‑95/15 , EU:T:2016:722 ) történő megsemmisítésére, valamint a Bizottság azon kötelezettségére, hogy ezen ítélet kihirdetésének időpontjában visszatérítse az ideiglenesen megfizetett bírságot. A Törvényszék ezenkívül kamatok jogcímén pontosan azt az összeget ítélte meg a Printeosnak, amelyet az a keresetében követelt. Mint az kitűnik a megtámadott ítélet 74. pontjából, a Törvényszék késedelmesként és a felek kérelmei megváltoztathatatlanságának elvével ellentétesként elutasította a Printeos azon kérelmét, amely arra irányult, hogy a követelt kamatok kiszámításához figyelembe vett kamatlábat növeljék azon kamatlábhoz képest, amelyet a Printeos a keresetlevelében megjelölt. Kétségtelen, hogy a Törvényszék a Printeos által követelt kamatokat másként minősítette, mint amilyen minősítést a Printeos alkalmazott. Ezáltal azonban a Törvényszék csupán annyit tett, hogy azt a jogi minősítést alkalmazta, amely a Printeos által előadott tények vonatkozásában megfelelőnek tűnt számára, összhangban a iura novit curia elvével. E tekintetben a Bíróság ítélkezési gyakorlatából kitűnik, hogy a késedelmi kamatok fizetésére vonatkozó kötelezettség arra irányul, hogy átalányösszegben kompenzálja a követelés nyújtotta előnyök élvezetétől való megfosztást, és arra ösztönözze az adóst, hogy a lehető leghamarabb teljesítse az e követelés megfizetésére irányuló kötelezettségét (lásd ebben az értelemben: 2015. február 12‑iBizottság kontra IPK International ítélet, C‑336/13 P , EU:C:2015:83 , 30. pont). Ilyen kötelezettség csak akkor jöhet szóba, ha a főkövetelés az összege tekintetében egyértelmű, vagy legalábbis előre megállapított objektív körülmények alapján meghatározható. Ami a kompenzációs kamatokat illeti, e kamatkategóriának az a célja, hogy a kár összegének bíróság által történő értékeléséig bekövetkezett időmúlást kompenzálja, az adósnak felróható bármely késedelemtől függetlenül. E kamatkategória tehát az Unió szerződésen kívüli felelősségére vonatkozó, az EUMSZ 266. cikk második bekezdése és az EUMSZ 340. cikk értelmében vett jogviták körébe tartozik (2015. február 12‑iBizottság kontra IPK International ítélet, C‑336/13 P , EU:C:2015:83 , 37. pont). Mivel a Törvényszék úgy ítélte meg, hogy a Printeos által a keresetében előadott tények – ha azokat bizonyítottnak feltételezzük – igazolják a Bizottság arra kötelezését, hogy e társaságnak fizesse meg azt az összeget, amelyet e társaság a jelen ítélet 55. pontjában hivatkozott ítélkezési gyakorlat értelmében vett késedelmi kamatok címén követel, a Törvényszék a ne ultra petita elvének megsértése nélkül megtehette, hogy az ezen összeg megfizetése iránti kérelmet átminősítse akként, hogy az késedelmi kamatok megfizetésére irányul, amit egyébként a Printeos a Törvényszék kérdésére adott válaszul maga is megerősített. Jóllehet ugyanis a bíróságnak csak a felek kérelmeiről kell döntenie, akiknek a feladata a jogvita kereteinek a meghatározása, e bíróság nem kötheti magát kizárólag a felek által az állításaik alátámasztására felhozott érvekhez, mivel adott esetben arra kényszerülne, hogy határozatát téves jogi megállapításokra alapítsa (2010. szeptember 21‑iSvédország és társai kontra API és Bizottság ítélet, C‑514/07 P, C‑528/07 P és C‑532/07 P , EU:C:2010:541 , 65. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). A jelen ügy körülményei tehát eltérnek a Bizottság által hivatkozott, 2018. június 7‑iOri Martin kontra az Európai Unió Bírósága ítélet ( C‑463/17 P , EU:C:2018:411 ) alapjául szolgáló ügy körülményeitől. Mint az kitűnik ezen ítélet 23. pontjából, ebben az ügyben a Törvényszék azt a kérdést vizsgálta, hogy az alperes elkövetett‑e olyan szabálytalanságot, amely különbözik a felperes által a keresetében állított szabálytalanságtól. Ezzel szemben, mint az már megállapításra került, a jelen ügyben a Tövényszék kizárólag a Printeos által előadott tényekre támaszkodott annak érdekében, hogy a Printeosnak megítélje a keresetében követelt pontos összeget. Ezzel sem a jogvita tárgyának az eljárás során történő tiltott módosításához nem adta beleegyezését, sem pedig a Bizottság védelemhez való jogát nem sértette meg. Következésképpen az első jogalap nem megalapozott, és azt el kell utasítani. A második és a harmadik jogalapról, amelyek közül az előbbi az EUMSZ 266. cikk téves értelmezésén, az utóbbi pedig azon alapul, hogy a Törvényszék elmulasztotta figyelembe venni a versenyjog területén fennálló új szabályozási hátteret A felek érvei Második jogalapja keretében a Bizottság azt állítja, hogy a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor a megtámadott ítélet 55. és 56. pontjában úgy ítélte meg, hogy a jelen ügy körülményei között az EUMSZ 266. cikk első bekezdése abszolút és feltétlen kötelezettséget támaszt a Bizottsággal szemben arra, hogy a szóban forgó bírság ideiglenes megfizetésének időpontjától kezdve késedelmi kamatokat fizessen. Ez az értelmezés abból ered, hogy a Törvényszék tévesen értelmezi mind a Bíróságnak, mind pedig magának a Törvényszéknek az ítélkezési gyakorlatát. Harmadik jogalapja keretében a Bizottság kifejti, hogy az EUMSZ 266. cikkből az következik, hogy az az intézmény, amelytől a megsemmisített aktus származik, köteles megtenni a megsemmisítést kimondó ítélet teljesítéséhez szükséges intézkedéseket. Márpedig az 1268/2012 felhatalmazáson alapuló rendelet 90. cikke e kötelezettség teljesítésének mechanizmusát képezi a versenyszabályok megsértése miatt kiszabott bírságok esetében. Mivel a Bizottság a 2014. évi határozat megsemmisítését követően új határozatot fogadott el, a szóban forgó bírság visszatérítését illetően pedig e felhatalmazáson alapuló rendelet 90. cikkét alkalmazta, úgy véli, hogy teljes mértékben eleget tett az EUMSZ 266. cikkből eredő kötelezettségeinek. Álláspontja szerint e 90. cikkre tekintettel, amelynek elfogadása későbbi, mint a 2015. február 12‑iBizottság kontra IPK International ítélet ( C‑336/13 P , EU:C:2015:83 ) alapjául szolgáló ügy tárgyát képező tényállás, ezen ítélet iránymutatásait árnyalni kell. A Bizottság úgy véli, hogy csak akkor kellett volna késedelmi kamatokat fizetnie a Printeosnak, ha a 2014. évi határozat megsemmisítését követően késedelembe esett volna a Printeos által megfizetett bírság visszatérítésében. A Törvényszék ezáltal a megtámadott ítélet 67. pontjában figyelmen kívül hagyta a késedelmi kamatok lényegét és célját, amely kamatok arra irányulnak, hogy az adóst a kötelezettsége késedelem nélküli teljesítésére ösztönözzék. A Törvényszék összekeverte a késedelmi kamatokat és a kompenzációs kamatokat, mint azt a megtámadott ítélet 56. pontja is tanúsítja, és ezen ítélet 32. pontjában tévesen értelmezte a 2015. február 12‑iBizottság kontra IPK International ítélet ( C‑336/13 P , EU:C:2015:83 ) 30. pontját. E tekintetben a Bizottság hangsúlyozza, hogy csak akkor lett volna köteles kompenzációs kamatokat fizetni, ha e bírság megfizetésének időpontja és a visszatérítésének időpontja között pénzromlás következik be. Márpedig a jelen ügyben nem került sor ilyen pénzromlásra. A Printeos vitatja a Bizottság érvelését, és kijelenti, hogy fenntartja az 1268/2012 felhatalmazáson alapuló rendelet 90. cikkére vonatkozó azon jogellenességi kifogást, amelyet a Törvényszék előtt hozott fel. A Bíróság álláspontja A Bíróság ítélkezési gyakorlatából kitűnik, hogy ha bizonyos összegeket az uniós jog megsértésével szednek be, e jogból az következik, hogy az említett összegeket kamatokkal kell visszatéríteni (lásd ebben az értelemben: 2012. július 19‑iLittlewoods Retail és társai ítélet, C‑591/10 , EU:C:2012:478 , 26. pont). Ez az eset áll fenn többek között akkor, ha az összegeket az Unió olyan jogi aktusa alapján szedték be, amelyet az uniós bíróság érvénytelennek nyilvánított vagy megsemmisített (lásd ebben az értelemben: 2017. január 18‑iWortmann ítélet, C‑365/15 , EU:C:2017:19 , 37. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). Ami közelebbről azt az esetet illeti, amikor az uniós bíróság olyan aktust semmisít meg, amely bizonyos összegnek az Unió részére történő megfizetését foglalja magában, a Bíróság megállapította, hogy a késedelmi kamatok fizetése az EUMSZ 266. cikk első bekezdése értelmében vett, a megsemmisítést kimondó ítéletben foglaltak teljesítésére irányuló intézkedésnek minősül, mivel annak célja, hogy átalányösszegben kompenzálja a követelés nyújtotta előnyök élvezetétől való megfosztást, és hogy az adóst ösztönözze a megsemmisítést kimondó ítéletben foglaltak mielőbbi teljesítésére (2015. február 12‑iBizottság kontra IPK International ítélet, C‑336/13 P , EU:C:2015:83 , 30. pont). Ennélfogva a Törvényszék nem alkalmazta tévesen a jogot, amikor a megtámadott ítélet 55. és 56. pontjában lényegében ugyanazokat a megfontolásokat fejtette ki, mint amelyek a jelen ítélet 66‐68. pontjában szerepelnek. A Bizottságnak az 1268/2012 felhatalmazáson alapuló rendelet 90. cikkére alapított érvét illetően meg kell állapítani, mint azt a Törvényszék is tette a megtámadott ítélet 61. pontjában, hogy mivel másodlagos jogi rendelkezésről van szó, azt az elsődleges jog rendelkezéseivel, különösen az EUMSZ 266. cikkel összhangban kell értelmezni. Következésképpen a Törvényszék a megtámadott ítélet 66. pontjában helyesen vélte úgy, hogy e 90. cikk nem akadályozza meg a Bizottságot abban, hogy teljesítse a késedelmi kamatok megfizetésére vonatkozó kötelezettségét. Az 1268/2012 felhatalmazáson alapuló rendelet 90. cikkének (2) bekezdése ugyanis akként rendelkezik, hogy az ideiglenesen beszedett összegeket a Bizottság pénzügyi eszközökbe fekteti, garantálva ezáltal azok biztonságát és likviditását, ezzel együtt pedig arra törekedve, hogy azok pozitív hozamot eredményezzenek. Ezenkívül e cikk (4) bekezdésének a) pontja értelmében, ha valamennyi jogorvoslati lehetőség kimerült, és a szóban forgó bírságot vagy szankciót eltörölték vagy csökkentették, az indokolatlanul beszedett összeget és annak kamatát vissza kell fizetni. Így az 1268/2012 felhatalmazáson alapuló rendelet 90. cikkéből nem következik, hogy amennyiben a Bizottság köteles visszatéríteni az ideiglenesen beszedett bírság összegét, minden esetben mentesül azon kötelezettség alól, hogy ezen összeg után késedelmi kamatot fizessen. Kétségtelen, hogy ha az a kamat, amelyet a Bizottság e rendelkezés (4) bekezdése alapján ugyanabban az időpontban köteles megfizetni az érdekelt részére, mint amikor visszatéríti az érdekelt által jogalap nélkül megfizetett tőkeösszeget, megegyezik az e tőkeösszeg után járó késedelmi kamatokkal vagy magasabb azoknál, a Bizottságnak a keletkezett kamatokon felül nem kell késedelmi kamatot is fizetnie az érdekeltnek. Ugyanakkor nem ilyen helyzet áll fenn abban az esetben, ha a kamat összege alacsonyabb, mint a fizetendő késedelmi kamatok összege, sőt ha nem keletkezett kamat, mivel a befektetett tőke hozama negatív lett. Ebben az esetben a Bizottság az EUMSZ 266. cikkből eredő kötelezettségének teljesítése érdekében köteles megfizetni az érdekeltnek az 1268/2012 felhatalmazáson alapuló rendelet 90. cikkének (4) bekezdése értelmében vett „kamat” összege, és azon késedelmi kamatok összege közötti különbözetet, amelyek a szóban forgó összeg megfizetésének időpontjától a visszatérítéséig terjedő időszakra járnak. A jelen esetben, mivel nem vitatott, hogy a Printeos által a 2014. évi határozat teljesítéseképpen megfizetett bírság összegének a Bizottság általi befektetése nem keletkeztetett kamatokat, a Törvényszék helyesen állapította meg, hogy a Bizottság e határozat megsemmisítését követően köteles volt kamatot fizetni ezen öszegnek a Printeos részére történő visszatérítése után, anélkül hogy ezt az 1268/2012 felhatalmazáson alapuló rendelet 90. cikke megakadályozta volna. A Törvényszék akkor is helyesen járt el, amikor e kamatokat „késedelminek” minősítette. Olyan főkövetelés megfizetésével együtt járó kamatokról volt ugyanis szó, amely az összege tekintetében egyértelmű volt, vagyis a Printeosszal szemben a 2014. évi határozatban kiszabott azon bírság összegének felelt meg, amelyet a Printeos ideiglenesen megfizetett, és amelyet e határozat megsemmisítését követően vissza kellett téríteni a Printeosnak. Mint az kitűnik a jelen ítélet 55. pontjában hivatkozott ítélkezési gyakorlatból, az ilyen esetben fizetendő kamatok késedelmi kamatok. Így a Bizottság állításával ellentétben a Törvényszék a megtámadott ítéletben nem keverte össze a késedelmi kamatokat és a kompenzációs kamatokat. Mivel a Printeosnak visszatérítendő főkövetelés egyértelmű volt, és annak nem kellett bírósági értékelés tárgyát képeznie, a jelen ítélet 56. pontjában hivatkozott ítélkezési gyakorlatból az következik, hogy a jelen ügyben nem lehet szó kompenzációs kamatok megfizetéséről. A fenti megfontolásoknak nem mond ellent a Bizottság által beadványaiban hivatkozott, 2019. szeptember 5‑iEurópai Unió kontra Grardian Europe és Guardian Europe kontra Európai Unió ítélet ( C‑447/17 P és C‑479/17 P, EU:C:2019:672 ). Ezen ítélet 56. pontjából kitűnik, hogy a Bizottság által kiszabott bírságot megfizető vállalkozás részére az e bírság megsemmisítését követően fizetendő késedelmi kamatok összegének meghatározása szempontjából a Bizottságnak azt a kamatlábat kell alkalmaznia, amelyet az 1268/2012 felhatalmazáson alapuló rendelet e célból meghatároz. Márpedig olyan hivatkozásról van szó, amely e rendeletnek nem a 90. cikkére utal, amely semmilyen kamatlábat nem említ, hanem az említett rendelet 83. cikkére, amely a határidő lejártáig meg nem fizetett követelésekre irányadó kamatlábat határozza meg. Egyébiránt emlékeztetni kell arra, hogy – mint az a 2019. szeptember 5‑iEurópai Unió kontra Grardian Europe és Guardian Europe kontra Európai Unió ítélet ( C‑447/17 P és C‑479/17 P , EU:C:2019:672 ) 54. pontjából kitűnik – az ezen ítélet alapjául szolgáló ügyben a Bizottság olyan határozatot hozott, amely arról szólt, hogy a bírságnak az uniós bíróság által megsemmisített részét olyan késedelmi kamatokkal növelve térítsék vissza az érintett vállalkozás részére, amelyek összegét e vállalkozás nem vitatta. A Bíróságnak csak azt kellett meghatároznia, hogy az a körülmény, hogy e vállalkozás nem vitatta az említett összeget, megakadályozta‑e az említett vállalkozást abban, hogy kártérítési keresetet indítson a jogalap nélkül megfizetett összeg élvezetétől való megfosztásból eredő azon kár megtérítése érdekében, amelyet nem fedez a Bizottság által fizetendő késedelmi kamatoknak megfelelő összeg, amely kérdésre a Bíróság nemleges választ adott (2019. szeptember 5‑iEurópai Unió kontra Guardian Europe és Guardian Europe kontra Európai Unió ítélet, C‑447/17 P és C‑479/17 P , EU:C:2019:672 , 64. pont). Nem lehet helyt adni a Bizottság azon érvének sem, amely szerint az ideiglenesen megfizetett bírság visszatérítésére vonatkozó kötelezettsége csak az e bírságot megsemmisítő ítélet kihirdetésének időpontjában keletkezett, vagyis azok a késedelmi kamatok, amelyeket az említett bírság ideiglenes megfizetésének időpontjától számítanak fel, nem képezhetnek a 2015. február 12‑i Bizottság kontra IPK International ítélet (C‑336/13, EU:C:363) 30. pontja értelmében vett ösztönzést „a megsemmisítést kimondó ítéletben foglaltak mielőbbi teljesítésére”. Egyrészt, ez az ösztönzés csupán az egyikét képezi a késedelmi kamatok fizetéséhez kapcsolódó azon két célkitűzésnek, amelyeket a Bíróság ebben az ítéletben meghatározott. Márpedig az, hogy a szóban forgó bírság ideiglenes megfizetésének időpontjától kezdve ítéljenek meg késedelmi kamatokat, a Bíróság által meghatározott másik célt szolgálja, nevezetesen azt, hogy az e bírságot megfizető vállalkozást átalányösszegben kompenzálják azért, hogy az említett bírság ideiglenes megfizetésének időpontjától e bírság visszatérítésének időpontjáig terjedő időszak során meg volt fosztva a pénzeszközeinek élvezetétől. Másrészt, a versenyszabályok megsértése miatt kiszabott bírsághoz hasonló összeg ideiglenes megfizetését magában foglaló határozat megsemmisítése esetén az a kötelezettség, hogy a megfizetett összeget olyan késedelmi kamatokkal növelve térítsék vissza, amelyeket ezen összeg megfizetésének időpontjától számítanak fel, arra ösztönzi az érintett intézményt, hogy különös figyelmet tanúsítson az ilyen határozatok elfogadása során, amelyek azzal a kötelezettséggel járhatnak a magánszemélyek számára, hogy azonnal fizessenek meg jelentős összegeket. A fenti megfontolások összességéből következik, hogy a második és a harmadik jogalap nem megalapozott, és azokat el kell utasítani. A jogszerűség és jogbiztonság elvének megsértésére alapított ötödik jogalapról A felek érvei Ötödik jogalapjával a Bizottság azt állítja, hogy a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, továbbá megsértette a jogszerűség és a jogbiztonság elvét, amikor megállapította, hogy a Bizottság köteles volt a Printeosnak a visszatérítendő bírság összege után olyan kamatokat fizetni, amelyeket a 2014. évi határozat 2. cikke (3) bekezdésének második albekezdésében meghatározottól eltérő alapon számítottak ki. A Bizottság hangsúlyozza, hogy e rendelkezést a Printeos nem vitatta, így az végleges. A Bizottság ezenkívül megismétli a harmadik és negyedik jogalap keretében kifejtett azon érvelését, amely szerint nem köteles kamatokat fizetni a Printeosnak, mivel a 2014. évi határozat megsemmisítését követően haladéktalanul visszafizette a Printeos által megfizetett bírságot, és nem következett be pénzromlás az e bírság megfizetésének időpontjától az annak visszatérítéséig terjedő időszakban. A Printeos vitatja a Bizottság érvelését, és úgy véli, hogy az ötödik jogalapot el kell utasítani. A Bíróság álláspontja A második és a harmadik jogalap vizsgálata keretében kifejtett indokok alapján eleve el kell utasítani a Bizottság azon érvelését, amely egyrészt azon alapul, hogy a Bizottság a 2014. évi határozat megsemmisítését követően haladéktalanul visszatérítette a Printeos által megfizetett bírságot, másrészt pedig azon, hogy állítólag nem következett be pénzromlás e bírság megfizetésének időpontja és a visszatérítésének időpontja között. Csupán azon érvek megismétléséről van ugyanis szó, amelyeket a Bíróság e két jogalap elemzése keretében már megvizsgált és elutasított. Nem lehet helyt adni a Bizottság azon érvének sem, amely szerint mivel a 2014. évi határozat 2. cikke (3) bekezdésének második albekezdését a Printeos nem vitatta, és a Törvényszék sem semmisítette meg, a Bizottság csak azon feltételek szerint köteles e társaságnak kamatokat fizetni, amelyeket az 1268/2012 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az e 2. cikk (3) bekezdésének második albekezdésében említett 90. cikke határoz meg. Ki kell emelni, hogy a 2014. évi határozat 2. cikke (3) bekezdésének második albekezdése csak azokra a feltételekre vonatkozik, amelyek mellett abban az esetben, ha az e határozattal érintett valamely vállalkozás keresetet indít, e vállalkozásnak fedeznie kell a bírság esedékességkori összegét, akár azáltal, hogy elfogadható pénzügyi biztosítékot nyújt, akár pedig azáltal, hogy a bírság összegét az 1268/2012 felhatalmazáson alapuló rendelet 90. cikkének megfelelően ideiglenesen átutalja. Ennélfogva e rendelkezés nem vonatkozik azokra a feltételekre, amelyek mellett a Bizottság az említett határozat megsemmisítése esetén kamatokkal együtt visszatéríti az említett vállalkozás által ideiglenesen megfizetett bírság összegét. Ezenkívül a 2014. évi határozat 2. cikke (3) bekezdésének második albekezdése annak megismétlésére szorítkozik, ami már az 1268/2012 felhatalmazáson alapuló rendelet 90. cikkéből is következik. Márpedig, mint az kitűnik a jelen ítélet 71. pontjából, ez utóbbi cikk nem mentesítheti a Bizottságot azon kötelezettsége alól, hogy késedelmi kamatokat fizessen a Printeos helyzetében lévő vállalkozásnak. Mint az ugyanis kitűnik a jelen ítélet 68. pontjából, a Bizottság azon kötelezettsége, hogy a versenyszabályok megsértése miatt bírságot kiszabó határozat megsemmisítése esetén olyan késedelmi kamatokkal együtt térítse vissza az ideiglenesen megfizetett bírság összegét, amelyek az e bírság ideiglenes megfizetésének időpontjától az annak visszatérítéséig terjedő időszakra járnak, közvetlenül az EUMSZ 266. cikkből ered. Ebből következik, hogy a Bizottság nem rendelkezik hatáskörrel arra, hogy egyedi határozattal megállapítsa azokat a feltételeket, amelyek mellett késedelmi kamatot fog fizetni azon határozat megsemmisítése esetén, amely olyan bírságot szabott ki, amelyet ideiglenesen megfizettek. Következésképpen az ötödik jogalapot mint megalapozatlant el kell utasítani. Az Unió szerződésen kívüli felelőssége megállapításának feltételeivel kapcsolatos téves jogalkalmazásra alapított negyedik jogalapról A felek érvei Negyedik jogalapjában a Bizottság azt állítja, hogy a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor megállapította: annak megtagadása, hogy a Printeosszal szemben kiszabott bírság összege után kamatot fizessenek az e bírság ideiglenes megfizetésének időpontjától a visszatérítésének időpontjáig terjedő időszakra, az EUMSZ 266. cikk kellően súlyos megsértésének minősül, amely a Printeosnak olyan egyértelmű és számszerűsíthető kárt okozott, amelyet a Bizottság köteles megtéríteni. A Bizottság ebben az összefüggésben megismétli a többi fellebbezési jogalap keretében kifejtett azon érvelését, amely szerint egyrészt a Törvényszék az EUMSZ 266. cikk téves értelmezéséből indult ki, és nem vette kellőképpen figyelembe az 1268/2012 felhatalmazáson alapuló rendelet 90. cikkét, valamint a 2014. évi határozat 2. cikke (3) bekezdésének második albekezdését, amelyet a Printeos nem vitatott, másrészt pedig nem következett be pénzromlás a szóban forgó bírság megfizetésének időpontja és a visszatérítésének időpontja között. A Bizottság hozzáteszi, hogy a Printeos mindenesetre nem bizonyította, hogy kára keletkezett volna azon bírság ideiglenes megfizetése folytán, amelyet a 2014. évi határozat szabott ki vele szemben. Közelebbről, a Printeos sem a közigazgatási eljárás során nem állította, hogy képtelen lenne e bírság megfizetésére, sem pedig azt nem bizonyította, hogy emiatt kellett neki külső finanszírozást igénybe vennie. A Bizottság e tekintetben azt állítja, hogy a megtámadott ítélet 73. pontjában foglaltakkal ellentétben soha nem ismerte el azt a megtérítendő összeget, amelyet a Printeos kért, még kevésbé pedig azt a jogcímet, amelynek alapján a Printeos ezt az összeget követelte. A Printeos vitatja a Bizottság érvelését, és úgy véli, hogy a negyedik jogalapot el kell utasítani. A Bíróság álláspontja Elöljáróban ki kell emelni, hogy amennyiben a negyedik jogalap keretében a Bizottság olyan érveket ismétel meg, amelyeket a már megvizsgált többi fellebbezési jogalap keretében már előadott, ezeket az érveket el kell utasítani ugyanazon indokok alapján, mint amelyek e jogalapok elutasítását indokolták. Ennélfogva a Bizottság érvei közül csak azokat kell megvizsgálni, amelyek szerint az, hogy nem fizetett késedelmi kamatokat a Printeosnak, nem minősül az EUMSZ 266. cikk kellően súlyos megsértésének, és nem okozott semmilyen kárt a Printeosnak. E tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy a Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata szerint, ha valamely uniós intézmény csak jelentősen korlátozott mérlegelési mozgástérrel rendelkezik, vagy egyáltalán nem rendelkezik mozgástérrel, az uniós jog puszta megsértése elegendő lehet e jog olyan kellően súlyos megsértésének megállapításához, amely megalapozhatja az Unió szerződésen kívüli felelősségét (2000. július 4‑iBergaderm és Goupil kontra Bizottság ítélet, C‑352/98 P , EU:C:2000:361 , 44. pont; 2007. április 19‑iHolcim [Deutschland] kontra Bizottság ítélet, C‑282/05 P , EU:C:2007:226 , 47. pont). Márpedig a jelen ítélet 67. és 68. pontjából kitűnik, hogy a 2014. évi határozat megsemmisítését követően a Bizottság köteles volt visszatéríteni a Printeosnak az ideiglenesen megfizetett bírság késedelmi kamatokkal növelt összegét, és nem rendelkezett semmilyen mérlegelési mozgástérrel annak kapcsán, hogy helye van‑e ilyen kamatok fizetésének. Egyébiránt, mivel a Bizottság elmulasztott ilyen kamatokat fizetni a Printeosnak, nyilvánvaló, hogy a Printeost a részére ki nem fizetett kamatok összegének megfelelő kár érte. A Törvényszék tehát nem alkalmazta tévesen a jogot, amikor ezen összeg megfizetésére kötelezte a Bizottságot. A fenti megfontolásokból következik, hogy a negyedik jogalap nem megalapozott, és azt el kell utasítani, mint ahogy a fellebbezést is teljes egészében el kell utasítani. A csatlakozó fellebbezésről A felek érvei A Printeos emlékeztet arra, hogy amikor a Törvényszék a második kereseti kérelmét bírálta el, a megtámadott ítélet 76. és 77. pontjában akként határozott, hogy a 184592,95 euró összeg után járó, a 3,5 százalékponttal növelt EKB refinanszírozási kamatláb szerint számított késedelmi kamatokat csak ezen ítélet kihirdetésétől kezdve és a Bizottság általi teljes kifizetésig ítéli meg neki, nem pedig – mint azt a Printeos kérte – 2017. február 1‑jétől, vagyis a szóban forgó bírság visszatérítésének időpontjától kezdve. Márpedig a Printeos szerint ugyanazon indokok alapján, mint amelyeket a megtámadott ítélet a visszatérítendő bírság összege után járó késedelmi kamatokkal kapcsolatban kifejtett, a Törvényszéknek attól az időponttól kezdve kellett volna köteleznie a Bizottságot a 184592,95 euró kártérítés után járó késedelmi kamatok megfizetésére, amikor a jogalap nélkül megfizetett bírság visszatérítésre került, vagy legkésőbb a kereset előterjesztésének időpontjától, vagyis 2017. március 31‑től kezdve. A Printeos ezért azt kéri a Bíróságtól, hogy a T‑201/17. sz. ügyben előterjesztett keresetlevél benyújtásának időpontjától, vagyis 2017. március 31‑től kezdve ítélje meg neki a 184592,95 euró összeg után járó, a 3,5 százalékponttal növelt EKB refinanszírozási kamatláb szerint számított késedelmi kamatokat. A Bizottság ezzel szemben elsődlegesen azt állítja, hogy a csatlakozó fellebbezés elfogadhatatlan, mivel az a Printeos által a Törvényszék előtt előterjesztett kereseti kérelmek módosítását foglalja magában. A Bizottság mindazonáltal úgy véli, hogy a csatlakozó fellebbezés nem megalapozott, és azt el kell utasítani, mivel a Bizottság fellebbezésében kifejtett indokok alapján a Printeos nem jogosult kamatokra. Hozzáteszi, hogy a Printeos tévesen állítja, hogy a 184592,95 euró összeg likvid volt, mivel az egyetlen összeg, amely a keresetnek a Törvényszék elé terjesztését megelőzően likvid és meghatározott volt, az a Printeos által ideiglenesen megfizetett bírság összege volt. Következésképpen azokat a kamatokat, amelyek ezen összeg után keletkezhettek, csak a megtámadott ítélet állapította meg, végeredményben tévesen. A Bizottság szerint azok a kamatok, amelyeket a Printeos a Törvényszék elé terjesztett második kereseti kérelme keretében követel, a kamatok után felszámított kamatok. Márpedig a 2015. február 12‑iBizottság kontra IPK International ítéletből ( C‑336/13 P , EU:C:2015:83 , 54. és 76. pont) kitűnik, hogy a kamatok tőkésítése nem igazolt. A Bíróság álláspontja A csatlakozó fellebbezésre vonatkozóan a Bizottság által felhozott elfogadhatatlansági kifogást eleve el kell utasítani. Mint az ugyanis kitűnik a megtámadott ítéletből, a Printeos a Törvényszék elé terjesztett második kereseti kérelmével azt kérte, hogy a Törvényszék kötelezze a Bizottságot arra, hogy a 184592,95 euró összeg után fizessen neki kamatokat a 2017. február 1‑jétől ezen összeg tényleges megfizetésének időpontjáig terjedő időszakra. Ez az időszak magában foglalja a 2017. március 31‑től, vagyis a Printeos által a Törvényszék előtt történő keresetindítás időpontjától addig az időpontig terjedő időszakot, amikor ténylegesen megfizetésre kerül az e keresetben követelt tőkeösszeg. A fentiekből következik, hogy a Printeos nem változtatta meg a Törvényszék előtti jogvita tárgyát, amikor azt kérte a Bíróságtól, hogy a megtámadott ítélet részleges hatályon kívül helyezését követően kötelezze a Bizottságot arra, hogy a 184592,95 euró összeg után az előző pontban említett időszakra fizessen kamatokat. A Printeos csupán elállt a Törvényszék elé terjesztett második kereseti kérelmének egy részétől, vagyis attól a résztől, amely a 2017. február 1‑jétől március 31‑ig terjedő időszak tekintetében történő kamatfizetésre vonatkozott. A csatlakozó fellebbezés ennélfogva elfogadható, és azt érdemben kell megvizsgálni. Ugyanakkor, mivel a Printeos kizárólag a 2017. március 31‑től, vagyis a keresetének a Törvényszékhez történő benyújtásától számított időszak vonatkozásában vitatja, hogy a Törvényszék elutasította a keresetében követelt tőkeösszeg után járó kamatok fizetése iránti kérelmét, csak ezt az időszakot kell figyelembe venni. Ki kell emelni, hogy a megtámadott ítélet 76. pontjában a Törvényszék a 2017. január 10‑iGascogne Sack Deutschland és Gascogne kontra Európai Unió ítéletre ( T‑577/14 , EU:T:2017:1 , 178. és 179. pont) hivatkozva kimondta, hogy a Printeos részére késedelmi kamatokat kell megítélni a megtámadott ítélet kihirdetésétől a Bizottság általi teljes kifizetésig, a 3,5 százalékponttal növelt EKB refinanszírozási kamatlábnak megfelelő mértékben. A megtámadott ítélet 77. pontjában a Törvényszék hozzátette, hogy el kell utasítani a Printeos második kereseti kérelmét, amennyiben az a késedelmi kamatok 2017. február 1‑jétől történő odaítélésére vonatkozik. Meg kell tehát állapítani, hogy a 2017. január 10‑iGascogne Sack Deutschland és Gascogne kontra Európai Unió ítélet ( T‑577/14 , EU:T:2017:1 ) 178. és 179. pontjára való hivatkozáson kívül a Törvényszék semmilyen indokolással nem szolgált azzal kapcsolatban, hogy elutasította a Printeosnak a jelen ítélet előző pontjában említett kérelmét. Márpedig, mint az kitűnik a 2017. január 10‑iGascogne Sack Deutschland és Gascogne kontra Európai Unió ítélet ( T‑577/14 , EU:T:2017:1 ) ‐ 173. pontjából, ez az ítélet a jelen ügy tárgyát képezőtől eltérő esetre vonatkozik, mivel ebben az ítéletben a kereset benyújtásának időpontjától kezdve kompenzációs kamatok kerültek megítélésre, így az ugyanezen időszakra vonatkozó késedelmi kamatok megítélése nem volt indokolt. Egyébiránt, a Bizottság állításával ellentétben a 2015. február 12‑iBizottság kontra IPK International ítélet ( C‑336/13 P , EU:C:2015:83 ) 54. és 76. pontjában a Bíróság nem zárta ki általános érvénnyel a valamely uniós intézmény által fizetendő kamatok tőkésítését, hanem annak megállapítására szorítkozott, hogy az ezen ítélet alapjául szolgáló ügy egyetlen sajátos körülménye sem igazolt ehhez hasonló tőkésítést. Márpedig a jelen ügyben meg kell állapítani egyrészt, hogy a Bizottság azon kötelezettsége, hogy a Printeos által ideiglenesen megfizetett bírság összegének visszatérítésével együtt késedelmi kamatokat fizessen, az EUMSZ 266. cikkből és a Bíróság ezzel kapcsolatos ítélkezési gyakorlatából, így különösen a 2015. február 12‑iBizottság kontra IPK International ítéletből ( C‑336/13 P , EU:C:2015:83 , 31. és 71. pont) következik. Másrészt, a megtámadott ítélet 22. és 25. pontjából kitűnik, hogy a Printeos egyértelműen emlékeztette a Bizottságot az EUMSZ 266. cikkből és az arra vonatkozó ítélkezési gyakorlatból eredő kötelezettségeire, és nem csupán azt kérte, hogy térítsék vissza neki az általa ideiglenesen megfizetett bírság összegét, hanem azt is, hogy ezen összeg után fizessenek kamatokat az említett összeg megfizetésének időpontjától a visszatérítésének időpontjáig. A Bizottság azonban megtagadta, hogy ilyen kamatokat fizessen, és e bírság összegének visszatérítésére szorítkozott. A jelen ügy e sajátos körülményei indokolták volna a Printeos által a Törvényszék elé terjesztett keresetében követelt kamatok tőkésítését. Ilyen tőkésítés hiányában ugyanis a Printeos semmilyen módon nem lenne kártalanítva azért, hogy a keresete benyújtásától a megtámadott ítélet kihirdetéséig terjedő időszakban meg volt fosztva azon kamatok összegének élvezetétől, amelyek az EUMSZ 266. cikk alapján ugyanabban az időpontban jártak volna neki, mint amikor a Bizottság visszatérítette számára az általa ideiglenesen megfizetett bírság összegét, mindez pedig annak ellenére, hogy a Printeos egyértelműen kérte a Bizottságtól ilyen kamatok fizetését, amit a Bizottság jogellenesen tagadott meg. A fentiekből következik, hogy a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor a megtámadott ítélet 77. pontjában a 2017. március 31‑től számított időszak vonatkozásában elutasította a Printeos második kereseti kérelmét. Következésképpen helyt kell adni a csatlakozó fellebbezésnek, és hatályon kívül kell helyezni a megtámadott ítélet rendelkező részének 2) pontját. A Törvényszékhez benyújtott keresetről Az Európai Unió Bírósága alapokmánya 61. cikkének első bekezdése szerint a Törvényszék határozatának hatályon kívül helyezése esetén az ügyet maga a Bíróság is érdemben eldöntheti, ha a per állása megengedi. A jelen ügyben a Printeos második kereseti kérelmét illetően ez a helyzet. A jelen ítélet 122‐124. pontjában kifejtett indokok alapján helyt kell adni a Printeos második kereseti kérelmének, és a 184592,95 euró összeg után késedelmi kamatokat kell megítélni részére 2017. március 31‑től a Bizottság általi teljes kifizetésig, az 1268/2012 felhatalmazáson alapuló rendelet 83. cikke (2) bekezdésének b) pontjával analóg módon a 3,5 százalékponttal növelt EKB refinanszírozási kamatlábnak megfelelő mértékben. A költségekről A Bíróság eljárási szabályzata 184. cikkének (2) bekezdése értelmében, ha a fellebbezés megalapozott, és a Bíróság maga hoz a jogvita kapcsán végleges határozatot, a Bíróság határoz a költségekről. E szabályzat 138. cikkének (1) bekezdése értelmében, amelyet ugyanezen szabályzat 184. cikkének (1) bekezdése értelmében a fellebbezési eljárásban is alkalmazni kell, a Bíróság a pervesztes felet kötelezi a költségek viselésére, ha a pernyertes fél ezt kérte. A jelen ügyben, mivel a Printeos kérte, hogy a Bizottságot kötelezzék a költségek viselésére, a Bizottság pedig pervesztes lett, a Bizottságot kötelezni kell a saját költségein felül a Printeos részéről mind a T‑201/17. sz. ügyben lefolytatott elsőfokú eljárásban, mind pedig a Bíróság előtti eljárásban felmerült költségek viselésére. A fenti indokok alapján a Bíróság (negyedik tanács) a következőképpen határozott: 1) A Bíróság a fellebbezést elutasítja. 2) A Bíróság az Európai Unió Törvényszéke 2019. február 12‑iPrinteos kontra Bizottság ítélete ( T‑201/17 , EU:T:2019:81 ) rendelkező részének 2) pontját hatályon kívül helyezi. 3) A Bíróság kötelezi az Európai Bizottságot, hogy a 184592,95 euró összeg után a 2017. március 31‑től a teljes kifizetésig terjedő időszak vonatkozásában fizessen a Printeos SA részére olyan kamatokat, amelyek mértéke az Európai Központi Bank által a fő refinanszírozási műveleteire vonatkozóan megállapított kamatláb, 3,5 százalékponttal növelve. 4) Az Európai Bizottság mind a T‑201/17. sz. ügyben lefolytatott elsőfokú eljárásban, mind pedig a Bíróság előtti eljárásban felmerült saját költségein kívül köteles viselni a Printeos SA részéről ugyanezen eljárásokban felmerült költségeket. Aláírások ( *1 ) Az eljárás nyelve: spanyol.

62001CJ0386

nl

Overwegingen van het arrest 1 Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Hof op 8 oktober 2001, heeft de Commissie van de Europese Gemeenschappen krachtens artikel 226 EG beroep ingesteld tot vaststelling dat het Koninkrijk Spanje, door niet de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen om te voldoen aan richtlijn 98/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 tot wijziging van richtlijn 87/102/EEG betreffende de harmonisatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake het consumentenkrediet (PB L 101, blz. 17; hierna: richtlijn"), of althans deze bepalingen niet ter kennis van de Commissie te brengen, de krachtens artikel 2, lid 1, van deze richtlijn op hem rustende verplichtingen niet is nagekomen. 2 Artikel 2 van de richtlijn bepaalt: 1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding ervan aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan in kennis. [...] 2. De lidstaten delen de Commissie de bepalingen van nationaal recht mee, die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen." 3 De richtlijn is op 1 april 1998 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. Overeenkomstig artikel 254, lid 1, EG is zij dus op 21 april 1998 in werking getreden, en de termijn voor de omzetting ervan is verstreken op 21 april 2000. 4 Overeenkomstig de procedure van artikel 226, eerste alinea, EG deed de Commissie, na het Koninkrijk Spanje te hebben aangemaand om opmerkingen te maken, deze lidstaat bij brief van 9 maart 2001 een met redenen omkleed advies toekomen, met het verzoek binnen een termijn van twee maanden na kennisgeving van dit advies de nodige maatregelen te nemen om aan zijn verplichtingen uit hoofde van de richtlijn te voldoen. 5 Bij brief van 25 juni 2001 stelde de Spaanse overheid de spoedige vaststelling in het vooruitzicht van de voor de omzetting van de richtlijn noodzakelijke maatregelen. 6 Toen verdere informatie over bedoelde omzetting van de richtlijn uitbleef, besloot de Commissie het onderhavige beroep in te stellen. 7 In zijn verweerschrift wijst het Koninkrijk Spanje erop dat het ministerie van Justitie een voorontwerp van wet tot omzetting van de richtlijn heeft voorbereid. Alle relevante formaliteiten zouden zijn vervuld en de regering zou het wetsontwerp houdende omzetting in de Spaanse rechtsorde van verschillende gemeenschapsrichtlijnen inzake de bescherming van de belangen van consumenten en gebruikers" reeds hebben goedgekeurd. Het ontwerp zou dus enkel nog moeten worden goedgekeurd door de Cortes Generales. 8 Deze elementen doen evenwel niet af aan het feit dat de richtlijn blijkens de toelichtingen van het Koninkrijk Spanje niet binnen de in het met redenen omkleed advies vastgestelde termijn is omgezet. In deze omstandigheden is het beroep van de Commissie gegrond. 9 Vastgesteld moet dus worden dat het Koninkrijk Spanje, door niet binnen de voorgeschreven termijn de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen om te voldoen aan de richtlijn, de krachtens deze richtlijn op hem rustende verplichtingen niet is nagekomen. Beslissing inzake de kosten Kosten 10 Ingevolge artikel 69, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voorzover zulks is gevorderd. Aangezien het Koninkrijk Spanje in het ongelijk is gesteld, moet het overeenkomstig de vordering van de Commissie in de kosten worden verwezen. Dictum HET HOF VAN JUSTITIE (Eerste kamer), rechtdoende, verstaat: 1) Door niet binnen de voorgeschreven termijn de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen om te voldoen aan richtlijn 98/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 tot wijziging van richtlijn 87/102/EEG betreffende de harmonisatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake het consumentenkrediet, is het Koninkrijk Spanje de krachtens deze richtlijn op hem rustende verplichtingen niet nagekomen. 2) Het Koninkrijk Spanje wordt verwezen in de kosten.

62021CJ0403

ro

Cererea de decizie preliminară privește interpretarea articolelor 58 și 63 din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE ( JO 2014, L 94, p. 65 ), precum și a principiilor proporționalității, răspunderii și transparenței. Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între SC NV Construct SRL, pe de o parte, și Județul Timiș (România), pe de altă parte, în legătură cu atribuirea unui contract de achiziții publice având ca obiect evaluarea fezabilității construirii unui drum. Cadrul juridic Dreptul Uniunii Directiva 89/665/CEE Intitulat „Cerințe referitoare la căile de atac”, articolul 2 din Directiva 89/665/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind coordonarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind aplicarea procedurilor care vizează căile de atac față de atribuirea contractelor de achiziții publice de produse și a contractelor publice de lucrări ( JO 1989, L 395, p. 33 , Ediție specială, 06/vol. 1, p. 237), astfel cum a fost modificată prin Directiva 2007/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2007 ( JO 2007, L 335, p. 31 , denumită în continuare „Directiva 89/665”), prevede la alineatul (9): „În cazul în care organismele responsabile de soluționarea căilor de atac nu sunt de natură judiciară, acestea prezintă întotdeauna motivații scrise privind deciziile adoptate. De asemenea, în acest caz, trebuie să se adopte dispoziții care să garanteze că există proceduri prin care orice măsuri pretins ilegale, luate de organismul responsabil de soluționarea căilor de atac, sau orice presupus viciu în exercitarea competențelor conferite acestuia să poată face obiectul controlului judecătoresc sau al controlului de către un alt organism care reprezintă o instanță de judecată în înțelesul articolului [267 TFUE], care să fie independent atât față de autoritatea contractantă, cât și față de organismul responsabil de soluționarea căilor de atac. Membrii unui astfel de organism independent sunt numiți și eliberați din funcție în aceleași condiții ca și membrii corpului magistraților în ceea ce privește autoritatea care răspunde pentru numirea acestora, durata mandatului lor și revocarea acestora. Cel puțin președintele acestui organism independent are aceleași calificări juridice și profesionale ca și membrii corpului magistraților. Organismul independent ia decizii în cadrul unei proceduri în care sunt audiate ambele părți, iar deciziile respective au forță juridică obligatorie, prin mijloacele stabilite de fiecare stat membru.” Directiva 2014/24 Articolul 18 din Directiva 2014/24, intitulat „Principii aplicabile achizițiilor”, prevede la alineatul (1): „Autoritățile contractante îi tratează pe operatorii economici în mod egal și fără discriminare și acționează într‑o manieră transparentă și proporțională. Conceptul achiziției nu se poate face cu intenția de excludere a acesteia din domeniul de aplicare al prezentei directive sau restrângerea artificială a concurenței. Se consideră că se restrânge artificial concurența în cazul în care conceptul achiziției este făcut cu intenția favorizării sau dezavantajării nejustificate a anumitor operatori economici.” Articolul 42 din această directivă se referă la „[s]pecificații tehnice”. Intitulat „Criterii de selecție”, articolul 58 din directiva menționată are următorul cuprins: „(1)   Criteriile de selecție se pot referi la: (a) capacitatea de exercitare a activității profesionale; (b) situația economică și financiară; (c) capacitatea tehnică și profesională. Autoritățile contractante pot impune operatorilor economici doar criteriile menționate la alineatele (2), (3) și (4) drept cerințe de participare. Autoritățile contractante limitează eventualele cerințe de participare la cele care sunt adecvate pentru a garanta că un candidat sau ofertant are capacitatea juridică și financiară și competențele tehnice și profesionale pentru a executa contractul care urmează să fie atribuit. Toate cerințele trebuie să aibă legătură cu obiectul contractului și să fie proporționale cu acesta. (2)   În ceea ce privește capacitatea de exercitare a activității profesionale, autoritățile contractante pot impune operatorilor economici obligația de a fi înscriși în unul dintre registrele profesionale sau comerciale din statul membru de stabilire, care figurează în anexa XI sau de a se conforma oricăror cerințe stabilite în respectiva anexă. Pentru procedurile de achiziții publice de servicii, în cazul în care operatorii economici au nevoie de o autorizație specială sau trebuie să fie membri ai unei anumite organizații pentru a putea presta serviciile în cauză în țara lor de origine, autoritatea contractantă le poate solicita să demonstreze că dețin o astfel de autorizație sau că aparțin unei astfel de organizații. […] (4)   În ceea ce privește capacitatea tehnică și profesională, autoritățile contractante pot impune cerințe care să asigure faptul că operatorii economici dețin experiența și resursele umane și tehnice necesare pentru a executa contractul la un standard de calitate corespunzător. Autoritățile contractante pot impune, în special, ca operatorii economici să aibă un nivel suficient de experiență demonstrată prin referințe adecvate din cadrul contractelor executate în trecut. […] […] (5)   Autoritățile contractante precizează condițiile impuse pentru participare, care pot fi exprimate ca niveluri minime de capacitate, împreună cu mijloacele de probă corespunzătoare, în anunțul de participare sau în invitația pentru confirmarea interesului.” Intitulat „Utilizarea capacităților altor entități”, articolul 63 din aceeași directivă prevede la alineatul (1): „În ceea ce privește criteriile referitoare la situația economică și financiară stabilite în conformitate cu articolul 58 alineatul (3) și criteriile privind capacitatea tehnică și profesională stabilite în conformitate cu articolul 58 alineatul (4), un operator economic poate, dacă este cazul și pentru un anumit contract, să recurgă la capacitățile altor entități, indiferent de natura juridică a legăturilor pe care le are cu acestea. În ceea ce privește criteriile referitoare la calificările educaționale și profesionale stabilite la anexa XII partea II litera (f) sau la experiența profesională relevantă, operatorii economici pot, cu toate acestea, să se bazeze doar pe capacitățile altor entități atunci când acestea din urmă vor desfășura activitățile sau serviciile pentru îndeplinirea cărora sunt necesare respectivele capacități. În cazul în care un operator economic dorește să se bazeze pe capacitățile altor entități, acesta dovedește autorității contractante că va avea la dispoziție resursele necesare, de exemplu prin prezentarea unui angajament din partea respectivelor entități în acest sens. Autoritatea contractantă verifică, în temeiul articolelor 59, 60 și 61, dacă entitățile pe a căror capacitate operatorul economic intenționează să se bazeze îndeplinesc criteriile de selecție relevante și dacă există motive de excludere în temeiul articolului 57. Autoritatea contractantă solicită ca operatorul economic să înlocuiască o entitate care nu îndeplinește un criteriu de selecție relevant sau în legătură cu care există motive obligatorii de excludere. Autoritatea contractantă poate solicita, sau statul membru îi poate impune să solicite, ca operatorul economic să înlocuiască o entitate în legătură cu care există motive neobligatorii de excludere. În cazul în care un operator economic se bazează pe capacitățile altor entități în ceea ce privește criteriile referitoare la situația economică și financiară, autoritatea contractantă poate solicita ca operatorul economic și acele entități să fie răspunzătoare solidar pentru executarea contractului. În aceleași condiții, un grup de operatori economici prevăzut la articolul 19 alineatul (2) se poate baza pe capacitățile membrilor grupului sau ale altor entități.” Intitulat „Criterii de atribuire a contractelor”, articolul 67 din Directiva 2014/24 prevede la alineatul (3): „Criteriile de atribuire sunt considerate a fi legate de obiectul contractului de achiziții publice în cazul în care acestea se referă la lucrările, produsele sau serviciile care urmează să fie furnizate în temeiul contractului din orice punct de vedere și în orice stadiu al ciclului lor de viață, inclusiv factorii implicați: (a) în procesul specific de producție, furnizare sau comercializare a acestor lucrări, produse sau servicii; sau (b) într‑un proces specific pentru un alt stadiu al ciclului lor de viață, chiar și în cazul în care acești factori nu fac parte din structura lor materială.” Articolul 70 din această directivă, intitulat „Condiții de executare a contractului”, prevede: „Autoritățile contractante pot stabili condiții speciale privind executarea unui contract, cu condiția ca acestea să fie legate de obiectul contractului în sensul articolului 67 alineatul (3) și să fie indicate în invitația la procedura concurențială de ofertare sau în documentele achiziției. Aceste condiții pot include aspecte economice, legate de inovare, de mediu, sociale sau legate de ocuparea forței de muncă.” Dreptul român Legea nr. 101/2016 Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor din 19 mai 2016 ( Monitorul Oficial al României , Partea I, nr. 393 din 23 mai 2016), în versiunea aplicabilă litigiului principal (denumită în continuare „Legea nr. 101/2016”), prevede la articolul 2 alineatul (1): „Orice persoană care se consideră vătămată într‑un drept al său ori într‑un interes legitim printr‑un act al unei autorități contractante sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri poate solicita anularea actului, obligarea autorității contractante la emiterea unui act sau la adoptarea de măsuri de remediere, recunoașterea dreptului pretins sau a interesului legitim, pe cale administrativ‑jurisdicțională sau judiciară, potrivit prevederilor prezentei legi.” Potrivit articolului 4 alineatul (1) din această lege: „Pentru soluționarea contestației, persoana care se consideră vătămată se poate adresa: a) fie pe cale administrativ‑jurisdicțională Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor; b) fie pe cale judiciară instanței de judecată.” Articolul 15 alineatul (1) din legea menționată prevede: „Procedura de soluționare a contestațiilor se desfășoară cu respectarea principiilor legalității, celerității, contradictorialității, asigurării dreptului la apărare, imparțialității și independenței activității administrativ‑jurisdicționale.” Potrivit articolului 28 alineatul (1) din aceeași lege: „Decizia Consiliului este obligatorie pentru părțile cauzei.” Articolul 37 din Legea nr. 101/2016 prevede: „(1)   Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, denumit în continuare Consiliul, este organism independent cu activitate administrativ‑jurisdicțională. […] (3)   În activitatea sa, Consiliul se supune numai legii, iar ședințele plenului Consiliului sunt legal constituite în prezența majorității membrilor acestuia. (4)   În ceea ce privește deciziile sale, Consiliul este independent și nu este subordonat niciunei autorități sau instituții publice.” În conformitate cu articolul 44 alineatul (4) din această lege: „Competențele Consiliului se realizează cu respectarea principiilor independenței și stabilității în funcție a membrilor săi.” Potrivit articolului 45 din legea menționată: „(1)   Membrii Consiliului sunt selectați prin concurs, fiind numiți în funcție prin decizia prim‑ministrului, în condițiile legii. (2)   Membrii Consiliului sunt selecționați pe baza aptitudinilor profesionale și a bunei reputații. Candidații trebuie să aibă studii universitare, o vechime de 10 ani în domeniul juridic, economic sau tehnic, precum și o experiență de cel puțin 3 ani în domeniul achizițiilor publice. […] (4)   Președintele Consiliului înaintează prim‑ministrului propunerile de numire a membrilor Consiliului, pentru candidații declarați admiși la concurs.” Articolul 47 din aceeași lege prevede la alineatele 1-3: „(1)   Membrilor Consiliului le este interzis: a) să desfășoare activități comerciale, direct sau prin persoane interpuse; b) să dețină calitatea de asociat sau de membru în organele de conducere, administrare sau control la societăți civile, societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv bănci sau alte instituții de credit, societăți de asigurare sau financiare, companii naționale, societăți naționale sau regii autonome; c) să dețină calitatea de membru al unui grup de interes economic; d) să dețină calitatea de membru al unui partid politic și să desfășoare sau să participe la activități cu caracter politic; e) să exercite orice funcție/activitate publică sau privată, cu excepția funcțiilor didactice din învățământul superior și a creației literar‑artistice; f) să exercite oricare alte activități profesionale sau de consultanță. (2)   Membrii Consiliului au obligația să depună declarațiile de avere și de interese […]. (3)   Membrii Consiliului nu au dreptul de a participa la soluționarea unei contestații dacă se află în una dintre situațiile prevăzute mai jos, sub sancțiunea nulității deciziei pronunțate: a) dacă aceștia, soțul sau ascendenții ori descendenții lor au vreun interes în soluționarea contestației sau când sunt soți, rude sau afini până la al patrulea grad inclusiv cu vreuna dintre părți; b) dacă între aceștia și una dintre părți a fost un proces penal cu până la 5 ani înaintea soluționării cauzei; c) dacă s‑au pronunțat public în legătură cu contestația pe care o soluționează; d) dacă se constată că au primit de la una dintre părți bunuri materiale sau promisiuni de bunuri materiale ori altfel de avantaje.” Articolul 48 din Legea nr. 101/2016 prevede: „(1)   Constatarea abaterilor disciplinare săvârșite de membrii Consiliului revine comisiei de disciplină care se constituie în cadrul Consiliului. (2)   Comisia de disciplină are un număr de 3 membri, dintre care unul este numit de președintele Consiliului, unul este ales de membrii Consiliului, cu majoritate simplă, și unul este reprezentant al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. (3)   La propunerea comisiei de disciplină, sancțiunile disciplinare se aplică de președintele Consiliului, cu excepția sancțiunii destituirii din funcția publică, care se aplică de persoana care are competența legală de numire în funcția publică.” Regulamentul de ordine interioară al Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor Articolul 39 alineatul (1) din Regulamentul de ordine interioară al Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor stabilește sancțiunile care se pot aplica în cazul în care un funcționar săvârșește o abatere disciplinară, în conformitate printre altele cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, din 3 iulie 2019 ( Monitorul Oficial al României , Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, denumit în continuare „Codul administrativ”). Codul administrativ Articolul 492 din Codul administrativ, intitulat „Răspunderea administrativ‑disciplinară”, prevede: „(1)   Încălcarea cu vinovăție de către funcționarii publici a îndatoririlor corespunzătoare funcției publice pe care o dețin și a normelor de conduită profesională și civică prevăzute de lege constituie abatere disciplinară și atrage răspunderea administrativ‑disciplinară a acestora. (2)   Constituie abateri disciplinare următoarele fapte: a) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor; b) neglijența repetată în rezolvarea lucrărilor; c) absența nemotivată de la serviciu; d) nerespectarea programului de lucru; e) intervențiile sau stăruințele pentru soluționarea unor cereri în afara cadrului legal; f) nerespectarea secretului profesional sau a confidențialității lucrărilor cu acest caracter; g) manifestări care aduc atingere prestigiului autorității sau instituției publice în care funcționarul public își desfășoară activitatea; h) desfășurarea în timpul programului de lucru a unor activități cu caracter politic; i) refuzul nemotivat de a îndeplini atribuțiile de serviciu; j) refuzul nemotivat de a se supune controlului de medicina muncii și expertizelor medicale ca urmare a recomandărilor formulate de medicul de medicina muncii, conform prevederilor legale; k) încălcarea prevederilor referitoare la îndatoriri și interdicții stabilite prin lege pentru funcționarii publici, altele decât cele referitoare la conflicte de interese și incompatibilități; l) încălcarea prevederilor referitoare la incompatibilități dacă funcționarul public nu acționează pentru încetarea acestora într‑un termen de 15 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de incompatibilitate; m) încălcarea prevederilor referitoare la conflicte de interese; n) alte fapte prevăzute ca abateri disciplinare în actele normative din domeniul funcției publice și funcționarilor publici sau aplicabile acestora. (3)   Sancțiunile disciplinare sunt: […] f) destituirea din funcția publică. (4)   Ca urmare a săvârșirii abaterilor disciplinare prevăzute la alineatul (2), se aplică următoarele sancțiuni disciplinare: a) pentru abaterile disciplinare prevăzute la alineatul (2) literele a), b) și d), se aplică una dintre sancțiunile disciplinare prevăzute la alineatul (3) litera a) sau b); b) pentru abaterile disciplinare prevăzute la alineatul (2) litera c) se aplică una dintre sancțiunile disciplinare prevăzute la alineatul (3) literele b)-f); c) pentru abaterile disciplinare prevăzute la alineatul (2) literele e)-h), se aplică una dintre sancțiunile disciplinare prevăzute la alineatul (3) literele c)-f); d) pentru abaterile disciplinare prevăzute la alineatul (2) literele i)-k) și m), se aplică una dintre sancțiunile disciplinare prevăzute la alineatul (3); e) pentru abaterile disciplinare prevăzute la alineatul (2) litera l), se aplică sancțiunea disciplinară prevăzută la alineatul (3) litera f), în condițiile prevăzute la articolul 520; f) pentru abaterile disciplinare prevăzute la alineatul (2) litera n), se aplică una dintre sancțiunile disciplinare prevăzute la alineatul (3). […] (6)   La individualizarea sancțiunii disciplinare, conform prevederilor alineatului (4), se va ține seama de cauzele și gravitatea abaterii disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârșită, gradul de vinovăție și consecințele abaterii, comportarea generală în timpul serviciului a funcționarului public, precum și de existența în antecedentele acestuia a altor sancțiuni disciplinare care nu au fost radiate în condițiile prezentului cod. […]” Reiese din articolul 568 alineatul (2) din acest cod: „Răspunderea administrativ‑disciplinară se stabilește cu respectarea principiului contradictorialității și al dreptului la apărare și este supusă controlului instanțelor de contencios administrativ, în condițiile legii.” Legea privind achizițiile publice Articolul 3 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice din 19 mai 2016 ( Monitorul Oficial al României , Partea I, nr. 390 din 23 mai 2016, denumită în continuare „Legea privind achizițiile publice”) prevede la punctele w) și yy): „w) furnizor – entitatea care pune la dispoziția unui contractant produse, inclusiv servicii de instalare sau amplasare a acestora, dacă este cazul, ori care prestează servicii către acesta, care nu are calitatea de subcontractant; […] yy) subcontractant – orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziție publică și care execută și/sau furnizează anumite părți ori elemente ale lucrărilor sau ale construcției ori îndeplinește activități care fac parte din obiectul contractului de achiziție publică, răspunzând în fața contractantului de organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în acest scop.” Litigiul principal și întrebările preliminare La 6 aprilie 2021, în cadrul unei proceduri de licitație deschisă organizate în vederea atribuirii unui contract având ca obiect „elaborarea documentației tehnico‑economice – fazele studiu de fezabilitate și proiect tehnic – privind investiția: construirea drumului județean de legătură pentru conectarea Aeroportului Internațional «Traian Vuia» Timișoara la Autostrada Al”, județul Timiș, în calitatea sa de autoritate contractantă, a clasat societatea NV Construct pe a patra poziție. La 16 aprilie 2021, aceasta din urmă a sesizat Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, care este organismul de trimitere, pentru a obține descalificarea celor trei ofertanți clasați înaintea sa, precum și o reevaluare a ofertelor lor. NV Construct susține în esență că acești trei ofertanți nu au îndeplinit cerințe care, deși nu figurau în documentele achiziției, erau impuse în temeiul unor legi speciale ce reglementează diverse activități care vor trebui realizate în timpul executării contractului sau care sunt susceptibile să trebuiască să fie realizate. Autoritatea contractantă ar fi trebuit astfel să verifice dacă ofertanții sau subcontractanții lor erau autorizați și agrementați de Autoritatea Feroviară Română (România). În plus, din moment ce ofertantul câștigător intenționa să recurgă la capacitățile unor entități terțe pentru executarea contractului, el ar fi trebuit în mod necesar să recurgă la subcontractanți, cu excluderea oricărei alte forme de cooperare, pentru a se conforma articolului 3 alineatul (1) litera yy) din Legea privind achizițiile publice. În sfârșit, ar fi trebuit să se desemneze un subcontractant pentru activitatea „Servicii în vederea realizării documentației de avizare și aprobare a scoaterii din circuitul agricol a terenurilor expropriate și schimbarea categoriei de folosință” chiar dacă nu este sigur că va trebui să se recurgă la aceste servicii, întrucât documentele achiziției precizează că această activitate va trebui realizată „doar dacă este cazul”. Autoritatea contractantă și ofertantul câștigător susțin, la rândul lor, că documentele achiziției nu conțin nicio indicație referitoare la necesitatea de a menționa în ofertă exclusiv operatori agreați de Autoritatea Feroviară Română și de Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România. De altfel, potrivit autorității contractante, la momentul depunerii ofertelor este imposibil să se știe dacă va fi necesar să se recurgă la serviciile de elaborare a documentației pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor expropriate și să se elaboreze un studiu pedologic. Acesta ar fi motivul pentru care ofertantul câștigător a indicat în oferta sa că va întocmi el însuși și „doar dacă este cazul” respectiva documentație. Pe de altă parte, faptul că nu a menționat de la bun început intenția sa de a subcontracta aceste servicii nu ar ridica dificultăți, întrucât ar putea solicita noi subcontractanți după semnarea contractului. În plus, ar fi fost desemnați experți ai asociației naționale a evaluatorilor autorizați și aceștia ar fi prezentat declarații de disponibilitate. Cu titlu introductiv, organismul de trimitere arată că valoarea contractului de servicii care urmează să fie atribuit este estimată la 1970967 de lei românești (RON) (aproximativ 421553 de euro), astfel încât ea depășește pragul de aplicabilitate a Directivei 2014/24. Acest organism subliniază că instanțele române au opinii diferite în ceea ce privește aspectul dacă o autoritate contractantă poate exclude un operator economic a cărui ofertă nu respectă o obligație ce decurge din reglementarea aplicabilă unei profesii fără a‑i acorda acestuia posibilitatea de a‑și rectifica oferta și în condițiile în care această obligație nu era menționată în mod expres în documentele achiziției în cauză. Prezenta cauză ar oferi, prin urmare, ocazia de a clarifica aspectul dacă, pe de o parte, trebuie să se considere că reglementările speciale referitoare la fiecare activitate vizată de un contract, indiferent de importanța acestor activități în contractul respectiv, completează documentele achiziției și, pe de altă parte, dacă ofertanții trebuie să desemneze în mod obligatoriu în oferta lor, sub sancțiunea respingerii acesteia, subcontractanții cărora le vor încredința activitățile care nu au o importanță semnificativă în contractul menționat. Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor arată că rezultă în special din Hotărârea din 2 iunie 2016, Pizzo ( C‑27/15 , EU:C:2016:404 ), că un operator economic nu poate fi exclus din procedură pentru motivul că nu a respectat cerințe neprevăzute în documentele achiziției. Or, în cauza principală, normele referitoare la activitățile de construire, de modernizare, de întreținere și de reparare a infrastructurii feroviare, care nu figurau în documentele achiziției, nu s‑ar impune ofertantului câștigător decât în stadiul executării contractului în cauză. În plus, numărul de operatori economici autorizați pentru anumite activități de pe această piață ar fi limitat. Prin urmare, obligația de a‑i desemna drept subcontractanți ar diminua drastic concurența, majorând totodată sarcina administrativă a participanților la procedura de cerere de ofertă în discuție în litigiul principal, ceea ce ar putea fi contrar principiului proporționalității. Organismul de trimitere ridică, în consecință, problema dacă este necesar să se impună în mod sistematic ofertanților să își desemneze eventualii subcontractanți la momentul depunerii ofertei, indiferent de importanța activităților ce le vor fi atribuite în contractul menționat, de momentul la care acești subcontractanți vor interveni în timpul executării aceluiași contract sau de probabilitatea ca aceștia să fie solicitați. Pe de altă parte, potrivit acestui organism, documentele achiziției nu pot fi completate cu anumite criterii al căror caracter obligatoriu ar rezulta din legi speciale fără relevanță în materie de achiziții publice. Astfel, completarea de drept a documentelor achiziției cu asemenea criterii ar încălca principiul proporționalității și ar repune în discuție marja de apreciere pe care articolul 58 alineatul (1) al doilea paragraf din Directiva 2014/24 o recunoaște autorității contractante în ceea ce privește stabilirea criteriilor de selecție. De asemenea, în cadrul acțiunilor lor eventuale, operatorii economici vătămați ar putea contesta doar documentele achiziției pe care le consideră prea restrictive, fără a putea susține că acestea sunt prea permisive și că ar trebui să includă criterii suplimentare de natură să restrângă accesul altor operatori la procedura în cauză. În plus, operatorii economici clasați pe o poziție inferioară nu pot repune în discuție o evaluare a ofertelor efectuată în conformitate cu cerințele enunțate în documentele achiziției. Dimpotrivă, ei ar trebui să demonstreze că evaluarea menționată nu respectă aceste documente, astfel încât principiul transparenței ar fi fost încălcat. În sfârșit, impunerea subcontractării ca unică formă de desfășurare a unei activități dintr‑un contract ar încălca libertatea contractuală, dreptul la organizare al operatorilor economici și articolul 63 din Directiva 2014/24. Astfel, în măsura în care din acest articol 63 ar rezulta că prezentarea unui angajament este suficientă pentru a demonstra respectarea unor criterii de selecție, o simplă declarație de disponibilitate ar trebui să fie a fortiori suficientă atunci când, fiind vorba despre activități care au o importanță minoră în contract, respectarea unor asemenea criterii nu este necesară. În aceste condiții, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarele întrebări preliminare: „1) Dispozițiile articolului 58 din Directiva [2014/24], principiul proporționalității și principiul asumării răspunderii trebuie interpretate în sensul că autoritatea contractantă are dreptul să își stabilească criteriile privind capacitatea tehnică, respectiv să aprecieze asupra necesității de a include sau de a nu include în documentația de atribuire criterii privind capacitatea tehnică și profesională și capacitatea de exercitare a activității tehnice și profesionale ce ar rezulta din prevederile unor legi speciale, pentru activități din cadrul contractului cu o pondere nesemnificativă? 2) Principiile transparenței și proporționalității se opun completării de drept a documentației de atribuire cu criterii de calificare ce ar rezulta din legi speciale aplicabile unor activități aferente contractului ce urmează să fie atribuit, ce nu au fost prevăzute în documentația de atribuire și pe care autoritatea contractantă a înțeles să nu le impună operatorilor economici? 3) a) Articolul 63 din Directiva [2014/24] și principiul proporționalității se opun respingerii din procedură a unui ofertant care nu a nominalizat un operator drept subcontractant pentru dovedirea îndeplinirii unor criterii privind capacitatea tehnică și profesională și capacitatea de exercitare a activității tehnice și profesionale ce ar rezulta din prevederile unor legi speciale care nu sunt prevăzute în documentația de atribuire, în condițiile în care ofertantul respectiv a ales o altă formă contractuală de implicare în contract a specialiștilor, respectiv [un] contract de furnizare/prestări servicii, sau a depus [o] declarație de disponibilitate din partea acestora? b) Dreptul de a‑și stabili propria organizare și relațiile contractuale din interiorul grupului îi aparține operatorului economic, existând posibilitatea implicării în contract și a unor prestatori/furnizori în condițiile în care respectivul prestator nu face parte din entitățile pe a căror capacitate ofertantul intenționează să se bazeze în dovedirea îndeplinirii criteriilor relevante?” Cu privire la admisibilitatea cererii de decizie preliminară Cu titlu introductiv, trebuie să se verifice dacă Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor poate fi calificat drept „instanță națională” în sensul articolului 267 TFUE. Astfel, deși organismul de trimitere consideră că această calitate i‑a fost recunoscută de Curte prin Ordonanța din 17 octombrie 2018, Beny Alex ( C‑353/18 , nepublicată, EU:C:2018:829 ), trebuie să se constate că în această ordonanță Curtea s‑a limitat la respingerea cererii de decizie preliminară care i‑a fost adresată de acest organism ca fiind vădit inadmisibilă, în sensul articolului 53 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Curții, fără a califica organismul menționat drept „instanță națională” în sensul articolului 267 TFUE. După cum reiese din jurisprudența constantă a Curții, pentru a aprecia dacă organismul de trimitere în discuție are caracterul unei „instanțe” în sensul articolului 267 TFUE, aspect care ține doar de dreptul Uniunii, Curtea ia în considerare un ansamblu de elemente cum sunt originea legală a acestui organism, caracterul său permanent, caracterul obligatoriu al competenței sale, natura contradictorie a procedurii, aplicarea de către organism a normelor de drept, precum și independența acestuia (a se vedea în acest sens Hotărârea din 30 iunie 1966, Vaassen‑Göbbels, 61/65 , EU:C:1966:39 , p. 395, și Hotărârea din 21 ianuarie 2020, Banco de Santander, C‑274/14 , EU:C:2020:17 , punctul ). Având în vedere informațiile pe care Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor le‑a furnizat Curții la 6 iulie 2022 ca răspuns la o cerere pe care aceasta i‑a adresat‑o la 16 mai 2022, este cert că acest organism îndeplinește criteriile privind originea sa legală, caracterul său permanent, natura contradictorie a procedurii și aplicarea de către organismul menționat a unor norme de drept. În schimb, se pune problema dacă același organism îndeplinește, pe de o parte, criteriul caracterului obligatoriu al competenței sale și, pe de altă parte, cel de independență. În ceea ce privește, în primul rând, caracterul obligatoriu al competenței organismului de trimitere, rezultă, desigur, din articolul 4 alineatul (1) din Legea nr. 101/2016 coroborat cu articolul 2 alineatul (1) din această lege că orice persoană care se consideră vătămată într‑un drept al său ori într‑un interes legitim printr‑un act sau printr‑o omisiune a unei autorități contractante poate alege să se adreseze fie pe cale administrativ‑jurisdicțională Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, fie pe cale judiciară unei instanțe care are o secție de contencios administrativ. Așadar, reiese din dosarul de care dispune Curtea că legiuitorul român a ales, în vederea transpunerii articolului 2 alineatul (9) din Directiva 89/665, astfel cum a fost modificată de Directiva 2007/66, să atribuie competența de a judeca acest tip de litigii concomitent organismului de trimitere, pe de o parte, și instanțelor care dispun de o secție de contencios administrativ, pe de altă parte. Prin urmare, trebuie reținut că deciziile Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, a cărui competență nu depinde de acordul părților, sunt obligatorii pentru acestea din urmă (a se vedea prin analogie Hotărârea din 6 octombrie 2015, Consorci Sanitari del Maresme, C‑203/14 , EU:C:2015:664 , punctul ). În aceste condiții, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor îndeplinește criteriul caracterului obligatoriu al jurisdicției sale. În al doilea rând, în ceea ce privește criteriul independenței, componenta externă a acestui principiu al independenței instanțelor naționale impune ca organismul respectiv să își exercite funcțiile în mod complet autonom, fără a fi supus vreunei legături ierarhice sau de subordonare și fără să primească dispoziții sau instrucțiuni, indiferent de originea lor. În această privință este esențial să fie garantată inamovibilitatea membrilor organismului în cauză, astfel încât situațiile de revocare a membrilor acestui organism să fie stabilite printr‑o reglementare specifică, prin intermediul unor dispoziții legislative exprese care să ofere garanții care să le depășească pe cele prevăzute de normele generale de drept administrativ și de drept al muncii aplicabile în cazul revocării abuzive (a se vedea în acest sens Hotărârea din 21 ianuarie 2020, Banco de Santander, C‑274/14 , EU:C:2020:17 , punctele - ). În ceea ce privește componenta internă a principiului independenței instanțelor naționale, aceasta este legată de noțiunea de „imparțialitate” și vizează echidistanța față de părțile în litigiu și de interesele lor din perspectiva obiectului acestuia. Astfel, noțiunea de „independență” presupune ca organismul în cauză să aibă calitatea de terț în raport cu autoritatea care a adoptat decizia atacată (a se vedea în acest sens Hotărârea din 21 ianuarie 2020, Banco de Santander, C‑274/14 , EU:C:2020:17 , punctele și ). Aceste garanții de independență și de imparțialitate postulează existența unor norme, în special în ceea ce privește compunerea organismului, numirea, durata funcției, precum și cauzele de abținere, de recuzare și de revocare a membrilor săi, care să permită înlăturarea oricărei îndoieli legitime, în percepția justițiabililor, referitoare la impenetrabilitatea acestui organism în privința unor elemente exterioare și la neutralitatea sa în raport cu interesele care se înfruntă (Hotărârea din 21 ianuarie 2020, Banco de Santander, C‑274/14 , EU:C:2020:17 , punctul ). În speță, după cum reiese din informațiile de care dispune Curtea, Legea nr. 101/2016 subliniază, în mai multe rânduri, componenta externă a independenței Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor. Astfel, alineatele (1), (3) și (4) ale articolului 37 din legea amintită prevăd că acest consiliu „este un organism independent cu activitate administrativ‑jurisdicțională”, „se supune numai legii” și, respectiv, „este independent și nu este subordonat niciunei autorități sau instituții publice”. Reiese de asemenea din articolul 15 alineatul (1) din legea menționată că procedura de soluționare a contestațiilor respectă printre altele principiul independenței activității administrativ‑jurisdicționale. Articolul 44 alineatul (4) din aceeași lege prevede, în aceeași ordine de idei, că Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor „își realizează competențele cu respectarea principiilor independenței și stabilității în funcție a membrilor săi”. În ceea ce privește numirea membrilor acestui organism, reiese din articolul 45 din Legea nr. 101/2016 că acești membri sunt selectați prin concurs, pe baza aptitudinii lor profesionale și a bunei reputații, dintre candidații care dispun de o formare universitară și de o experiență profesională de zece ani în domeniile prevăzute la acest articol, precum și de o experiență de cel puțin trei ani în domeniul achizițiilor publice. Candidații declarați admiși la concurs sunt numiți prin decizia prim‑ministrului, la propunerea președintelui organismului menționat. Pe de altă parte, din articolul 48 din Legea nr. 101/2016 rezultă că abaterile disciplinare săvârșite de membrii organismului de trimitere nu pot fi constatate decât de o comisie de disciplină constituită în cadrul său. La propunerea acestei comisii, sancțiunile disciplinare se aplică de președintele acestui organism, cu excepția sancțiunii destituirii din funcția publică, aceasta neputând fi pronunțată decât de autoritatea de numire a membrilor organismului menționat, și anume prim‑ministrul român. În plus, articolul 39 alineatul (1) din Regulamentul de ordine interioară al Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor prevede o scară de sancțiuni graduale, în conformitate cu articolul 492 alineatul (6) din Codul administrativ. În sfârșit, faptul că acest articol 39 face trimitere la Codul administrativ pentru a identifica ipotezele în care un membru al Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor riscă sancțiunea destituirii din funcția publică este de natură să garanteze securitatea juridică. Astfel, această sancțiune poate fi aplicată în special împotriva unui membru al Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor care ar fi în imposibilitatea de a‑și justifica absența la locul de muncă sau care nu ar fi respectat normele referitoare la secretul profesional sau la conflictele de interese. Asemenea situații, prevăzute la articolul 492 alineatul (2) din Codul administrativ coroborat cu alineatul (4) al acestui articol, corespund unor ipoteze excepționale care exprimă motive legitime și imperative care justifică adoptarea unei atare sancțiuni, cu respectarea principiului proporționalității și a procedurilor corespunzătoare (a se vedea prin analogie Hotărârea din 21 ianuarie 2020, Banco de Santander, C‑274/14 , EU:C:2020:17 , punctele , și ). Prin urmare, membrii Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor beneficiază pe durata mandatului lor de o garanție de stabilitate de la care nu se poate deroga decât pentru motivele enumerate în mod expres de lege (a se vedea prin analogie Hotărârea din 21 ianuarie 2020, Banco de Santander, C‑274/14 , EU:C:2020:17 , punctul ). Cu toate acestea, este necesar să se precizeze că principiul stabilității de care beneficiază, în temeiul articolului 44 alineatul (4) din Legea nr. 101/2016, membrii Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor trebuie interpretat în conformitate cu criteriul independenței, așa cum este definit la punctul 44 din prezenta hotărâre, pe care trebuie să îl îndeplinească orice organism național pentru a putea fi calificat drept „instanță națională”, în sensul articolului 267 TFUE, în scopul de a coincide cu principiul inamovibilității. În plus, trebuie arătat că, în răspunsul amintit la punctul 40 din prezenta hotărâre, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a subliniat că membrii săi sunt supuși acelorași incompatibilități și interdicții precum cele impuse magistraților, iar revocarea acestor membri intervine numai în situația unei abateri disciplinare grave. De asemenea, în ipoteza în care o atare sancțiune este pronunțată împotriva unuia dintre membrii menționați, acesta din urmă are dreptul la o cale de atac în fața instanțelor administrative, în temeiul articolului 568 alineatul (2) din Codul administrativ. În aceeași ordine de idei, organismul de trimitere a indicat că, în practică, niciun consilier nu fusese revocat de la înființarea sa în anul 2006. În ceea ce privește componenta internă a „instanțelor naționale”, în sensul articolului 267 TFUE, aceasta pare garantată de articolul 47 din Legea nr. 101/2016, care urmărește evitarea situațiilor susceptibile să dea naștere unor conflicte de interese. Astfel, membrii Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor nu trebuie să desfășoare activități comerciale, să fie membri ai organului de conducere al unui operator economic, să fie implicați în activități politice sau să exercite o activitate publică sau privată, cu excepția funcțiilor didactice din învățământul superior. De altfel, aceste incompatibilități sunt aceleași cu cele la care sunt supuși magistrații în temeiul dreptului român. Pe de altă parte, membrii Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor sunt supuși unor norme privind cauzele de recuzare, prevăzute la articolul 47 alineatul (3) din această lege, în temeiul cărora nu sunt autorizați să participe la soluționarea unei contestații, sub sancțiunea nulității deciziei pronunțate, atunci când se află în una dintre situațiile enumerate în această dispoziție. Totodată, reiese din articolul 15 alineatul (1) din legea menționată că procedura de soluționare a contestațiilor în fața organismului de trimitere respectă, printre altele, principiile contradictorialității, garantării dreptului la apărare și imparțialității. Având în vedere ansamblul considerațiilor care precedă, trebuie să se constate că Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor poate fi calificat drept „instanță națională” în sensul articolului 267 TFUE și că, în consecință, prezenta cerere de decizie preliminară este admisibilă. Cu privire la întrebările preliminare Cu privire la prima întrebare Prin intermediul primei întrebări, instanța de trimitere solicită în esență să se stabilească dacă articolul 58 din Directiva 2014/24 coroborat cu principiile proporționalității și transparenței garantate la articolul 18 alineatul (1) primul paragraf din această directivă trebuie interpretat în sensul că autoritatea contractantă are posibilitatea de a impune drept criterii de selecție obligații rezultate din reglementări speciale aplicabile unor activități care sunt susceptibile să trebuiască să fie realizate în cadrul executării unui contract de achiziții publice și care nu au o importanță semnificativă. Fiind cel mai bine plasată pentru a evalua propriile nevoi, autorității contractante i s‑a recunoscut de către legiuitorul Uniunii o largă putere de apreciere cu ocazia stabilirii criteriilor de selecție, fapt demonstrat în special de utilizarea recurentă a verbului „a putea” la articolul 58 din Directiva 2014/24. Astfel, în conformitate cu alineatul (1) al acestui articol, aceasta beneficiază de o anumită marjă de apreciere pentru definirea condițiilor de participare la o procedură de atribuire a unui contract pe care le consideră ca având legătură și fiind proporționale cu obiectul contractului și de natură să garanteze că un candidat sau un ofertant dispune de capacitate juridică și financiară, precum și de competențele tehnice și profesionale necesare pentru executarea contractului care urmează să fie atribuit. Mai precis, potrivit alineatului (4) al articolului menționat, autoritatea contractantă apreciază în mod liber condițiile de participare pe care le consideră proprii, din punctul său de vedere, pentru a garanta în special executarea contractului la un nivel de calitate pe care îl estimează ca adecvat (Hotărârea din 31 martie 2022, Smetna palata na Republika Bulgaria, C‑195/21 , EU:C:2022:239 , punctul ). În exercitarea acestei largi puteri de apreciere, autoritatea contractantă poate decide să includă, printre criteriile de selecție menționate într‑un anunț de participare sau într‑un caiet de sarcini, obligații rezultate din reglementări speciale aplicabile unor activități care sunt susceptibile să trebuiască să fie realizate în cadrul executării unui contract de achiziții publice și care nu au o importanță semnificativă. Invers, autoritatea contractantă poate utiliza deopotrivă această largă putere de apreciere pentru a considera că nu este necesar ca aceste obligații să figureze printre criteriile de selecție. O atare alegere s‑ar putea explica în special prin faptul că obligațiile respective nu au o importanță semnificativă sau prin caracterul eventual al realizării activităților cărora li se aplică obligațiile în cauză. Autoritatea contractantă ar putea prefera de asemenea să menționeze aceleași obligații în cadrul condițiilor de executare a contractului pentru a nu impune respectarea acestora decât ofertantului câștigător (a se vedea prin analogie Hotărârea din 7 septembrie 2021, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, C‑927/19 , EU:C:2021:700 , punctele și ). Astfel, Directiva 2014/24 nu exclude ca cerințe tehnice să poată fi reținute în același timp ca fiind criterii de selecție care au legătură cu capacitățile tehnice și profesionale, ca specificații tehnice și/sau drept condiții de executare a contractului, în sensul articolului 58 alineatul (4), al articolului 42 și, respectiv, al articolului 70 din această directivă (Hotărârea din 7 septembrie 2021, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, C‑927/19 , EU:C:2021:700 , punctul ). În mod reciproc, o autoritate contractantă poate decide să opteze pentru una singură dintre aceste calificări. În această privință, o autoritate contractantă poate stabili, în temeiul articolului 70 din Directiva 2014/24, cerințe speciale privind executarea unui contract, cu condiția ca acestea să fie legate de obiectul contractului, în sensul articolului 67 alineatul (3) din această directivă, și să fie indicate în invitația la procedura concurențială de ofertare sau în documentele achiziției. În plus, a constrânge ofertanții să îndeplinească toate condițiile de executare a contractului încă de la prezentarea ofertei lor constituie o cerință excesivă, care riscă să descurajeze acești operatori să participe la procedurile de achiziții publice și încalcă prin aceasta principiile proporționalității și transparenței garantate la articolul 18 alineatul (1) din directiva menționată (Hotărârea din 8 iulie 2021, Sanresa, C‑295/20 , EU:C:2021:556 , punctul ). În consecință, este necesar să se răspundă la prima întrebare că articolul 58 din Directiva 2014/24 coroborat cu principiile proporționalității și transparenței garantate la articolul 18 alineatul (1) primul paragraf din această directivă trebuie interpretat în sensul că autoritatea contractantă are posibilitatea de a impune drept criterii de selecție obligații rezultate din reglementări speciale aplicabile unor activități care sunt susceptibile să trebuiască să fie realizate în cadrul executării unui contract de achiziții publice și care nu au o importanță semnificativă. Cu privire la a doua întrebare Prin intermediul celei de a doua întrebări, instanța de trimitere solicită în esență să se stabilească dacă principiile proporționalității și transparenței garantate la articolul 18 alineatul (1) primul paragraf din Directiva 2014/24 trebuie interpretate în sensul că se opun ca documentele achiziției să fie completate de drept cu criterii de calificare rezultate din reglementări speciale aplicabile unor activități legate de contractul ce urmează să fie atribuit care nu au fost prevăzute în aceste documente și pe care autoritatea contractantă nu a intenționat să le impună operatorilor economici în cauză. Astfel cum reiese din răspunsul dat la prima întrebare, pentru a nu a lipsi de substanță larga putere de apreciere de care dispune autoritatea contractantă pentru a stabili criteriile de selecție pe care intenționează să le impună operatorilor economici drept condiții de participare la o procedură de atribuire a unui contract de achiziții, obligațiile rezultate din reglementări speciale aplicabile unor activități legate de un contract de achiziții publice care urmează să fie atribuit nu se pot adăuga de drept în calitate de criterii de selecție la criteriile menționate expres în documentele acestui contract. Prin urmare, este necesar să se răspundă la a doua întrebare că principiile proporționalității și transparenței garantate la articolul 18 alineatul (1) primul paragraf din Directiva 2014/24 trebuie interpretate în sensul că se opun ca documentele achiziției să fie completate de drept cu criterii de calificare rezultate din reglementări speciale aplicabile unor activități legate de contractul ce urmează să fie atribuit care nu au fost prevăzute în aceste documente și pe care autoritatea contractantă nu a intenționat să le impună operatorilor economici în cauză. Cu privire la a treia întrebare litera a) Prin intermediul celei de a treia întrebări litera a), instanța de trimitere solicită în esență să se stabilească dacă articolul 63 alineatul (1) din Directiva 2014/24 trebuie interpretat în sensul că se opune ca un ofertant să fie exclus de la o procedură de atribuire a unui contract pentru motivul că nu a desemnat subcontractantul căruia intenționează să îi încredințeze executarea unor obligații rezultate din reglementări speciale aplicabile activităților legate de contractul în cauză și care nu sunt prevăzute în documentele achiziției, atunci când acest ofertant a precizat în oferta sa că va executa aceste obligații recurgând la capacitățile unei alte entități, fără a fi însă legat de aceasta din urmă printr‑o convenție de subcontractare. Astfel cum reiese din cuprinsul punctului 62 din prezenta hotărâre, dacă obligațiile care rezultă din reglementări speciale aplicabile activităților legate de contractul în cauză și care nu sunt prevăzute, în calitate de criteriu de selecție, în documentele achiziției ar fi calificate drept condiție de executare a contractului și dacă ofertantul câștigător nu le‑ar îndeplini la atribuirea contractului, nerespectarea acestor obligații nu ar avea incidență asupra conformității atribuirii contractului cu dispozițiile Directivei 2014/24 (a se vedea în acest sens Hotărârea din 7 septembrie 2021, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, C‑927/19 , EU:C:2021:700 , punctul ). În ipoteza în care obligațiile care decurg din reglementări speciale aplicabile activităților legate de contractul în cauză și care nu sunt prevăzute în documentele achiziției ar constitui efectiv criterii de selecție, în sensul articolului 58 din Directiva 2014/24, este suficient să se amintească faptul că articolul 63 alineatul (1) din această directivă conferă oricărui operator economic un drept de a recurge, pentru un anumit contract, la capacitățile altor entități, indiferent de natura juridică a legăturilor pe care le are cu acestea, pentru a satisface diferitele categorii de criterii de selecție enumerate la articolul 58 alineatul (1) din directiva menționată și concretizate la alineatele (2)-(4) ale aceluiași articol (a se vedea în acest sens Hotărârea din 10 octombrie 2013, Swm Costruzioni 2 și Mannocchi Luigino, C‑94/12 , EU:C:2013:646 , punctele și , precum și Hotărârea din 7 septembrie 2021, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, C‑927/19 , EU:C:2021:700 , punctul ). Pe de altă parte, reiese cu claritate din ultima teză a articolului 63 alineatul (1) din Directiva 2014/24 că, atunci când un operator economic dorește să se bazeze pe capacitățile altor entități, este suficient ca acesta să dovedească autorității contractante că va avea la dispoziție resursele necesare, de exemplu prin prezentarea unui angajament din partea respectivelor entități în acest sens. În consecință, este evident că subcontractarea nu constituie decât una dintre modalitățile prin care un operator economic poate recurge la capacitățile altor entități și că, prin urmare, aceasta nu îi poate fi impusă de autoritatea contractantă. Având în vedere considerațiile care precedă, este necesar să se răspundă la a treia întrebare litera a) că articolul 63 alineatul (1) din Directiva 2014/24 trebuie interpretat în sensul că se opune ca un ofertant să fie exclus de la o procedură de atribuire a unui contract pentru motivul că nu a desemnat subcontractantul căruia intenționează să îi încredințeze executarea unor obligații rezultate din reglementări speciale aplicabile activităților legate de contractul în cauză și care nu sunt prevăzute în documentele achiziției, atunci când acest ofertant a precizat în oferta sa că va executa aceste obligații recurgând la capacitățile unei alte entități, fără a fi însă legat de aceasta din urmă printr‑o convenție de subcontractare. Cu privire la a treia întrebare litera b) Prin intermediul celei de a treia întrebări litera b), instanța de trimitere solicită în esență să se stabilească dacă articolul 63 alineatul (1) din Directiva 2014/24 coroborat cu principiul proporționalității enunțat la articolul 18 alineatul (1) primul paragraf din această directivă trebuie interpretat în sensul că un operator economic are dreptul de a‑și stabili organizarea și relațiile contractuale în cadrul grupului și dacă poate de asemenea să solicite intervenția prestatorilor sau a furnizorilor într‑un contract în cazul în care prestatorul în cauză nu face parte dintre entitățile pe a căror capacitate intenționează să se bazeze ofertantul pentru a demonstra respectarea criteriilor relevante. În această privință trebuie amintit că, desigur, potrivit jurisprudenței constante a Curții, întrebările referitoare la interpretarea dreptului Uniunii adresate de instanța națională în cadrul normativ și factual pe care îl definește sub răspunderea sa și a cărui exactitate Curtea nu are competența să o verifice beneficiază de o prezumție de pertinență (a se vedea în acest sens Hotărârea din 7 septembrie 1999, Beck și Bergdorf, C‑355/97 , EU:C:1999:391 , punctul , precum și Hotărârea din 26 martie 2020, Miasto Łowicz și Prokurator Generalny, C‑558/18 și C‑563/18 , EU:C:2020:234 , punctul ). Conform însă unei jurisprudențe de asemenea constante, procedura instituită la articolul 267 TFUE constituie un instrument de cooperare între Curte și instanțele naționale cu ajutorul căruia Curtea furnizează acestora din urmă elementele de interpretare a dreptului Uniunii care le sunt necesare pentru soluționarea litigiilor asupra cărora urmează să se pronunțe, astfel încât justificarea trimiterii preliminare nu este formularea unor opinii consultative cu privire la probleme generale sau ipotetice, ci nevoia inerentă soluționării efective a unui litigiu (a se vedea în acest sens Hotărârea din 16 decembrie 1981, Foglia, 244/80 , EU:C:1981:302 , punctul , precum și Hotărârea din 26 martie 2020, Miasto Łowicz și Prokurator Generalny, C‑558/18 și C‑563/18 , EU:C:2020:234 , punctul ). Din această perspectivă și întrucât cererea de decizie preliminară servește drept temei pentru procedura în fața Curții, este indispensabil ca instanța națională să definească în această cerere în special cadrul factual și normativ al litigiului principal, îndeosebi în anumite domenii care se caracterizează prin situații de fapt și de drept complexe, așa cum este cel al achizițiilor publice (a se vedea în acest sens Hotărârea din 26 ianuarie 1993, Telemarsicabruzzo și alții, C‑320/90-C‑322/90 , EU:C:1993:26 , punctele și , precum și Ordonanța din 25 aprilie 2018, Secretaria Regional de Saúde dos Açores, C‑102/17 , EU:C:2018:294 , punctele și ). Or, în speță este necesar să se constate că decizia de trimitere nu conține o descriere suficientă a cadrului factual și normativ al litigiului principal pentru a permite Curții să răspundă în mod util la a treia întrebare litera b). În consecință, a treia întrebare litera b) trebuie declarată inadmisibilă. Cu privire la cheltuielile de judecată Întrucât, în privința părților din litigiul principal, procedura are caracterul unui incident survenit la instanța de trimitere, este de competența acesteia să se pronunțe cu privire la cheltuielile de judecată. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observații Curții, altele decât cele ale părților menționate, nu pot face obiectul unei rambursări. Pentru aceste motive, Curtea (Camera a treia) declară: 1) Articolul 58 din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE coroborat cu principiile proporționalității și transparenței garantate la articolul 18 alineatul (1) primul paragraf din această directivă trebuie interpretat în sensul că autoritatea contractantă are posibilitatea de a impune drept criterii de selecție obligații rezultate din reglementări speciale aplicabile unor activități care sunt susceptibile să trebuiască să fie realizate în cadrul executării unui contract de achiziții publice și care nu au o importanță semnificativă. 2) Principiile proporționalității și transparenței garantate la articolul 18 alineatul (1) primul paragraf din Directiva 2014/24 trebuie interpretate în sensul că se opun ca documentele achiziției să fie completate de drept cu criterii de calificare rezultate din reglementări speciale aplicabile unor activități legate de contractul ce urmează să fie atribuit care nu au fost prevăzute în aceste documente și pe care autoritatea contractantă nu a intenționat să le impună operatorilor economici în cauză. 3) Articolul 63 alineatul (1) din Directiva 2014/24 trebuie interpretat în sensul că se opune ca un ofertant să fie exclus de la o procedură de atribuire a unui contract pentru motivul că nu a desemnat subcontractantul căruia intenționează să îi încredințeze executarea unor obligații rezultate din reglementări speciale aplicabile activităților legate de contractul în cauză și care nu sunt prevăzute în documentele achiziției, atunci când acest ofertant a precizat în oferta sa că va executa aceste obligații recurgând la capacitățile unei alte entități, fără a fi însă legat de aceasta din urmă printr‑o convenție de subcontractare. Jürimäe Safjan Piçarra Jääskinen Gavalec Pronunțată astfel în ședință publică la Luxemburg, la 26 ianuarie 2023. Grefier A. Calot Escobar Președintă de cameră K. Jürimäe ( *1 ) Limba de procedură: româna.

61993CJ0396

fr

Motifs de l'arrêt 1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 6 septembre 1993, M. Helmut Henrichs a, en vertu de l' article 49 du statut CEE et des dispositions correspondantes des statuts CECA et CEEA de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l' arrêt du Tribunal de première instance du 24 juin 1993, Henrichs/Commission (T-92/91, Rec. p. II-611), en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions tendant à l' annulation de la décision de la Commission du 25 avril 1991 relative au calcul de l' indemnité qui lui était due, à l' annulation de la décision de la Commission du 3 mai 1991 l' excluant du régime commun d' assurance maladie et à l' allocation de dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison du comportement fautif de la Commission. 2 Aux termes de l' arrêt attaqué, les faits à l' origine de l' affaire sont les suivants: "1 Jusqu' à la date du 31 décembre 1990, le requérant avait la qualité d' agent temporaire à la Commission des Communautés européennes (ci-après 'la Commission' ). A cette date, les deux parties ont, d' un commun accord, mis fin au contrat à durée indéterminée de l' agent qui comptait seize années de service. Depuis le 3 janvier 1991, le requérant a la qualité de fonctionnaire ministériel, au service de la République fédérale d' Allemagne. A ce titre, il perçoit des émoluments qui se composent d' un traitement de base, ainsi que de diverses primes et indemnités. 2 Lors de son départ de la Commission, le requérant a bénéficié des dispositions du règlement (Euratom/CECA/CEE) n 2274/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, instituant des mesures particulières de cessation des fonctions d' agents temporaires des Communautés européennes (JO L 209, p. 1, ci-après 'le règlement' ), modifié par le règlement (CEE) n 2168/89 du Conseil, du 18 juillet 1989 (JO L 208, p. 4). A la suite de l' adhésion aux Communautés européennes du royaume d' Espagne et de la République portugaise, ce règlement prévoit que certains agents temporaires, comptant au moins quinze années de services, peuvent, après la cessation de leurs fonctions, bénéficier des dispositions qu' il édicte. Dans son principe, ce règlement prévoit, d' une part, le versement aux agents qui en bénéficient d' une indemnité égale à 70 % du traitement antérieurement perçu en qualité d' agent temporaire et, d' autre part, que le montant de la rémunération perçue par l' agent au titre de l' exercice de ses nouvelles fonctions vient en déduction de l' indemnité due. 3 A cette fin, l' article 4 de ce règlement dispose notamment que: "4. Le montant des revenus bruts perçus par l' intéressé dans ses nouvelles fonctions vient en déduction de l' indemnité prévue au paragraphe 1, dans la mesure où ces revenus, cumulés avec cette indemnité, dépassent la dernière rémunération globale brute du bénéficiaire établie sur la base du tableau des traitements en vigueur le premier jour du mois pour lequel l' indemnité est à liquider. Cette rémunération est affectée du coefficient correcteur visé au paragraphe 3. Les revenus bruts et la dernière rémunération globale brute visés au premier alinéa s' entendent comme étant des montants pris en compte après déduction des charges sociales et avant déduction de l' impôt. L' intéressé est tenu de fournir les preuves écrites qui peuvent être exigées et de notifier à l' institution tout élément susceptible de modifier ses droits à l' indemnité. [...] 6. Le bénéficiaire de l' indemnité a droit, pour lui-même et les personnes assurées de son chef, aux prestations garanties par le régime de sécurité sociale prévu à l' article 72 du statut, sous réserve qu' il verse la cotisation y afférente, calculée sur la base du montant de l' indemnité visée au paragraphe 1, et qu' il ne soit pas couvert par une autre assurance maladie, légale ou réglementaire." 4 Le 23 avril 1991, le requérant a informé la Commission de sa nouvelle situation administrative. A cet effet, il a notamment communiqué un bulletin de salaire faisant apparaître une rémunération mensuelle brute de 8 681,66 DM perçue en République fédérale d' Allemagne. Ce bulletin ne contenait aucune indication relative à des charges sociales éventuellement supportées par le requérant. Par décision du 25 avril 1991, la Commission a réduit de 1 356,25 DM le montant de l' indemnité versée en application du règlement précité. La Commission justifie cette décision par le fait que la rémunération mensuelle brute du requérant, perçue en République fédérale d' Allemagne, augmentée de l' indemnité versée par les Communautés européennes au titre du règlement, dépassait de ce montant le dernier traitement du requérant en tant qu' agent des Communautés. Le 28 mai 1991, le requérant a formé une réclamation, au sens de l' article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés (ci-après 'statut' ), à l' encontre de cette décision. Le 12 septembre 1991, la Commission, sans répondre expressément à la réclamation, a communiqué au requérant le détail des calculs qui, selon elle, justifiaient la solution retenue. 5 Par décision du 3 mai 1991, la Commission a exclu le requérant du régime commun d' assurance maladie. Le requérant a formé contre cette décision, le 23 mai 1991, une réclamation qui a été implicitement rejetée." 3 C' est dans ces conditions que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 décembre 1991, M. Henrichs a introduit un recours tendant à l' annulation des décisions prises par la Commission le 25 avril 1991 et le 3 mai 1991 et à l' allocation de dommages-intérêts pour le préjudice subi. 4 Par l' arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours de M. Henrichs. 5 Dans le cadre de son pourvoi, M. Henrichs met en cause le raisonnement ayant conduit le Tribunal à rejeter tous les moyens invoqués à l' appui de ses conclusions aux fins d' annulation des décisions litigieuses et d' allocation de dommages-intérêts. 6 En ce qui concerne la décision du 25 avril 1991, il invoque deux moyens visant, le premier, la violation par le Tribunal de l' article 25, deuxième alinéa, du statut (applicable aux agents temporaires en vertu de l' article 11 du Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes) et, le second, la violation par le Tribunal de l' article 4, paragraphe 4, du règlement. 7 En ce qui concerne la décision du 3 mai 1991, il soulève également deux moyens, le premier tiré de la violation par le Tribunal de l' article 25, deuxième alinéa, du statut et, le second, de la violation par le Tribunal de l' article 4, paragraphe 6, du règlement. 8 Par ailleurs, il met en cause la décision du Tribunal sur sa demande de dommages-intérêts et sur les dépens. Sur les documents versés après l' introduction du pourvoi 9 Avant de statuer sur les moyens invoqués au soutien du pourvoi, il y a lieu d' examiner les documents que M. Henrichs a demandé à verser au dossier sur la base des articles 118 et 42, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure. Le requérant affirme que ces documents sont pertinents pour la solution du litige et qu' ils ont été portés à sa connaissance après l' introduction du pourvoi. Il s' agit du document n 7481/91 qui est une note "Point I/A du groupe 'statut' au Comité des représentants permanents", des attestations délivrées par l' AOK Augsburg et l' AOK Freiburg (caisses générales d' assurance maladie de Augsbourg et de Fribourg) en matière de sécurité sociale et d' une lettre de la Commission du 5 octobre 1993. Ces documents ont été versés au dossier le 9 mars 1994. 10 Sur la note "Point I/A du groupe 'statut' au Comité des représentants permanents", M. Henrichs affirme que la Commission connaissait la déclaration unilatérale de la délégation allemande aux termes de laquelle: "La délégation allemande considère que les prestations versées en cas de maladie au titre du régime applicable à la fonction publique en Allemagne (Beihilfe) ne sont pas des remboursements de frais au titre d' une assurance maladie obligatoire et qu' elles ne sauraient y être assimilées. Par conséquent, les prestations du régime d' assurance maladie des Communautés européennes sont prééminentes en raison du caractère subsidiaire du régime de la fonction publique allemande." 11 Il observe toutefois que la Commission ne s' est à aucun moment référée à cette position. Au contraire, la Commission aurait voulu donner l' impression que son analyse de la nature juridique de la Beihilfe était partagée par le gouvernement allemand. 12 Sur les attestations délivrées par l' AOK Augsburg et l' AOK Freiburg, concernant l' affiliation de ses fils Michael et Martin en tant qu' étudiants à l' assurance maladie depuis le 1er août 1993, et sur la lettre de la Commission du 5 octobre 1993, qui lui annonce une réduction de 1 479,25 DM de son indemnité, M. Henrichs affirme que, puisqu' il a bénéficié d' une augmentation de son traitement allemand, mais que, en même temps, le montant de la réduction a été diminué par la Commission, il part de l' idée que la Commission considère désormais que les cotisations d' assurance maladie de ses fils sont déductibles lors du calcul du montant de la réduction. En outre, la lettre de la Commission ne permet pas de déterminer comment elle a défini le montant de la réduction. 13 Il y a lieu d' observer que la déclaration unilatérale de la délégation allemande n' est pas, ainsi que la Commission l' a relevé à juste titre, un acte au sens de l' article 189 du traité CEE ni une mesure produisant des effets juridiques obligatoires (arrêt du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, Rec. p. 2639, points 9 et 10, et ordonnance du 17 octobre 1984, F. B./Commission, 135/84, Rec. p. 3577, point 6). Elle n' est donc pas pertinente aux fins de la présente procédure. 14 Quant aux attestations et à la lettre de la Commission, il ne s' agit pas de moyens nouveaux mais d' offres de preuve destinées à établir que les enfants du requérant étaient couverts par une assurance maladie. Elles sont irrecevables au stade d' un pourvoi, lequel est limité aux questions de droit, conformément à l' article 51, premier alinéa, du statut CEE. De surcroît, elles ne se rapportent pas à la période déterminante pour la décision attaquée, datée du 25 avril 1991. 15 La demande de jonction des documents en cause est donc rejetée. Sur la décision du 25 avril 1991 relative au calcul de l' indemnité due au requérant Moyen tiré de la violation par le Tribunal de l' article 25, deuxième alinéa, du statut 16 Quant au premier moyen, tiré de l' absence de motivation de la décision du 25 avril 1991, le Tribunal a affirmé que: ° cette décision contient les éléments de fait nécessaires à sa compréhension, à savoir les éléments chiffrés pertinents qui permettent de vérifier l' exactitude de la réduction de l' indemnité qu' elle a opérée (point 14 de l' arrêt); ° le fait que ladite décision ne contient aucune référence à sa base légale n' est pas de nature à affecter sa légalité, dès lors qu' il est établi que, dans l' esprit du destinataire de l' acte, aucun doute ne pouvait exister sur cette base légale (point 15); ° les objections soulevées par M. Henrichs, dès le stade de la réclamation formée devant l' autorité administrative, à l' encontre de ladite décision, montrent que, dans les faits, celui-ci n' a éprouvé aucune difficulté à identifier les éléments de calcul sur lesquels la Commission s' est appuyée (point 16). 17 Selon M. Henrichs, le Tribunal a jugé à tort (points 14 à 17 de l' arrêt) que la décision du 25 avril 1991 était suffisamment motivée. La simple indication, dans celle-ci, d' une réduction par la Commission de l' indemnité de M. Henrichs à concurrence de 1 356,25 DM ne permettait pas la compréhension des détails de ladite décision, d' autant plus que l' article 4, paragraphe 4, du règlement soulèverait la question de l' interprétation de la notion de "revenus bruts" et celle des indemnités qu' il y a lieu d' y inclure. En outre, bien que le requérant ait eu connaissance de la base juridique de la décision attaquée, celle-ci ne lui aurait pas fourni les éléments nécessaires quant à l' interprétation et à l' application de la disposition en cause. Enfin, les mémoires présentés en première instance démontreraient bien les difficultés rencontrées par le requérant pour comprendre le calcul des montants litigieux. 18 Cette argumentation ne saurait être accueillie. 19 Se fondant sur les difficultés de compréhension de la décision litigieuse éprouvées par le requérant, difficultés dont le Tribunal n' a pas retenu l' existence aux points 15 et 16 de l' arrêt, elle porte sur une appréciation de fait, dont la Cour ne peut connaître sur pourvoi, conformément à l' article 51, premier alinéa, du statut. 20 Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté comme étant irrecevable. Moyen tiré de la violation par le Tribunal de l' article 4, paragraphe 4, du règlement 21 Ce second moyen comporte trois branches: ° absence de prise en considération de certaines charges sociales; ° absence de prise en considération de l' article 8 du Bundesbesoldungsgesetz (loi fédérale relative à la rémunération des fonctionnaires, ci-après le "BBesG") ou de l' article 56 du Beamtenversorgungsgesetz (loi relative au régime de pensions des fonctionnaires, ci-après le "BeamtVG"); ° défaut d' interprétation finaliste du règlement. Absence de prise en considération de certaines charges sociales 22 Le Tribunal a estimé (point 28 de l' arrêt) que l' évaluation de la contribution personnelle de M. Henrichs au système de protection sociale dont il bénéficie excède les pouvoirs d' interprétation du juge communautaire. Dès lors qu' il est constant que M. Henrichs, exclu par le droit national du bénéfice du système de protection sociale de droit commun, ne verse, en conséquence de cette exclusion, aucune cotisation sociale destinée à l' acquisition des droits à la protection dont il bénéficie en vertu d' une législation spécifique, il n' appartiendrait pas au Tribunal d' évaluer une part de contribution personnelle, fictive, pour laquelle le requérant n' est d' ailleurs pas en mesure de proposer, même en termes approximatifs, une base quelconque et se borne, du même coup, à renvoyer à une évaluation par expertise. 23 Le Tribunal a ensuite estimé (point 29) que, en vertu de la règle de preuve énoncée à l' article 4, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement, il appartenait au requérant de rapporter la preuve du versement des charges sociales dont il demandait la prise en considération, ainsi que de leur montant. Il a ajouté que le requérant n' avait apporté aucune preuve à cet égard. 24 M. Henrichs soutient que la notion de "revenus bruts" figurant à l' article 4 du règlement renvoie au système juridique des États membres. A cet égard, il observe que, selon le droit allemand, le régime de la Beihilfe applicable à la fonction publique est un système mixte d' allocation sociale et de prévoyance financée par le fonctionnaire lui-même, le traitement comportant une "allocation compensatoire" destinée à assurer la couverture, par le fonctionnaire, du risque de maladie. La Commission aurait dû déduire cette partie du traitement et le Tribunal aurait déclaré à tort qu' il ne lui appartenait pas d' évaluer le montant de la contribution personnelle du requérant au système de protection sociale. M. Henrichs rappelle qu' il avait demandé la détermination du montant de cette contribution par voie d' expertise. 25 Il ajoute que la Commission n' a pas non plus déduit les charges sociales résultant de l' affiliation de ses enfants au régime légal d' assurance, dont il aurait rapporté la preuve. 26 Cette argumentation ne saurait être accueillie. 27 En effet, il n' appartient pas à la Commission mais, le cas échéant, au législateur national de déterminer quelle est la partie du traitement destinée à permettre au fonctionnaire d' assurer le risque de maladie en complément de celui déjà assuré par la Beihilfe. Par ailleurs, en ce qui concerne les charges sociales relatives aux enfants du requérant, leur non-déduction par la Commission n' a pas été invoquée dans le cadre du moyen soumis au Tribunal. 28 La branche du moyen tirée de la violation de l' article 4, paragraphe 4, du règlement pour non-déduction des charges sociales doit donc être rejetée. Absence de prise en considération de l' article 8 du BBesG ou de l' article 56 du BeamtVG 29 L' article 8 du BBesG dispose: "Si un fonctionnaire [...] perçoit une allocation au titre de ses activités au service d' une institution internationale ou supranationale, son traitement est réduit. Cette réduction se monte à 1,875 % (2,14 % jusqu' au 31 décembre 1991) pour chaque année pleine passée au service de l' institution internationale ou supranationale; il conserve toutefois au moins 40 % de son traitement." 30 L' article 56 du BeamtVG énonce: "Si un fonctionnaire en retraite perçoit une pension au titre de son activité au service d' une institution internationale ou supranationale, sa pension allemande est réduite de 2,14 % pour chaque année pleine passée au service de l' institution internationale ou supranationale [...] Pour l' application de la phrase 1, la période pendant laquelle le fonctionnaire, bien que n' exerçant pas d' activité auprès d' une institution internationale ou supranationale, y acquiert des droits à rémunération ou à toute autre indemnisation ainsi que des droits à pension est comptée comme période passée au service de l' institution internationale ou supranationale; il en va de même pour la période qui suit la fin des fonctions auprès de l' institution internationale ou supranationale, lorsque cette période y est prise en compte pour le calcul de la pension de retraite. La phrase 1 est également applicable lorsque, à la cessation de ses fonctions auprès d' une institution internationale ou supranationale, le fonctionnaire actif ou retraité perçoit un capital à la place d' une pension, à titre d' indemnisation ou de versement par un fonds de retraite [...]" 31 Le Tribunal a considéré (point 37 de l' arrêt) que la légalité de la décision attaquée doit s' apprécier compte tenu des éléments qui s' imposaient à l' autorité administrative à la date à laquelle celle-ci s' est prononcée. 32 Il en a déduit (points 37 et 40) que la Commission n' avait pas à tenir compte, dans son appréciation, de l' incidence des articles 8 du BBesG et 56 du BeamtVG, dans la mesure où ces dispositions n' avaient donné lieu à aucune application effective à la situation du requérant. 33 Selon M. Henrichs, s' il est vrai qu' aucune réduction de son traitement n' avait été effectuée sur la base de l' article 8 du BBesG et que l' article 56 du BeamtVG n' est applicable qu' aux fonctionnaires en retraite, le Tribunal aurait dû néanmoins prendre en considération ces dispositions afin d' éviter un contentieux ultérieur, lorsque l' administration nationale aura procédé à la réduction prescrite par la loi. 34 Cette argumentation ne saurait être accueillie. 35 Lorsque la Commission est appelée à se prononcer sur une demande d' un fonctionnaire ou agent, elle doit se fonder uniquement sur les circonstances de fait et de droit existant au moment de la décision. Ni le Tribunal dans le cadre d' un recours en annulation ni, d' ailleurs, la Cour sur pourvoi ne possèdent le pouvoir de fixer pour l' avenir la situation juridique d' une partie à la procédure. 36 Le Tribunal a donc considéré à juste titre qu' il n' y avait pas lieu de tenir compte de l' incidence des dispositions nationales précitées puisque, au moment de la décision de la Commission, aucune retenue n' avait été opérée sur la rémunération du requérant. 37 La branche du moyen tirée de la violation de l' article 4, paragraphe 4, du règlement pour absence de prise en considération des articles 8 du BBesG et 56 du BeamtVG doit, dès lors, être rejetée. Défaut d' interprétation finaliste du règlement 38 Selon le Tribunal (point 58 de l' arrêt), le raisonnement du requérant selon lequel il y aurait lieu de tenir compte de l' effet cumulatif résultant de la progressivité de l' impôt ne peut qu' être écarté, puisque l' article 4, paragraphe 4, du règlement prévoit la prise en compte de la rémunération avant impôt. Contrairement à ce que soutient le requérant en invoquant la forte progressivité du système allemand, l' application des dispositions du règlement serait nécessairement dépendante, pour une part, des systèmes fiscaux nationaux, quelle que soit leur diversité. 39 Selon M. Henrichs, l' article 4 vise à placer les agents communautaires cessant leurs fonctions mais continuant leur activité professionnelle dans une situation pécuniaire comparable à celle qu' ils connaissaient auparavant. Or, la partie du traitement national soumise à compensation serait prise en considération pour la détermination de la tranche d' imposition comportant un taux applicable non seulement à la rémunération allemande mais également à tous les autres revenus du requérant. Dès lors, et si l' on considère aussi que les taux d' imposition allemands sont les plus élevés, le requérant se trouverait, en l' absence de toute compensation sur le plan fiscal, dans une situation plus défavorable qu' avant la cessation de ses fonctions d' agent communautaire. 40 Compte tenu de ce qui précède, une interprétation non finaliste de l' article 4 aboutirait à des différences de traitement entre agents communautaires, par suite des différences existant entre les divers systèmes fiscaux nationaux. Se référant à l' arrêt de la Cour du 16 décembre 1960, Humblet/État belge (6/60, Rec. p. 1125), le requérant soutient qu' il y a lieu de déduire des revenus bruts, au sens de la disposition précitée, un montant pour la différence sur le plan fiscal. 41 Cette argumentation ne saurait être accueillie. 42 En effet, l' article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, dispose sans ambiguïté que "les revenus bruts et la dernière rémunération globale brute visés au premier alinéa s' entendent comme étant des montants pris en compte après déduction des charges sociales et avant déduction de l' impôt". La différence des régimes fiscaux nationaux ayant été à la connaissance du législateur communautaire, celui-ci a nécessairement accepté que cette différence puisse se répercuter sur la situation pécuniaire des intéressés. 43 Quant à l' argument du requérant tiré de la violation du principe d' égalité de traitement, il y a lieu de relever que la situation des anciens agents communautaires ne doit pas être appréciée uniquement du point de vue fiscal, mais globalement, en tenant compte de l' ensemble des avantages qu' ils reçoivent de l' État membre sur le territoire duquel ils exercent leur activité professionnelle. 44 Il résulte des considérations qui précèdent que le second moyen d' annulation doit être rejeté en ses trois branches. Sur la décision du 3 mai 1991 excluant le requérant du régime commun d' assurance maladie Moyen tiré de la violation par le Tribunal de l' article 25, deuxième alinéa, du statut 45 En ce qui concerne le premier moyen tiré de l' absence de motivation de la décision du 3 mai 1991, le Tribunal a affirmé (point 66 de l' arrêt) que cette décision énonce clairement la mesure prise, sa date d' effet, ainsi que la base légale sur laquelle elle repose. Quant à la référence à l' équivalence des prestations (c' est-à-dire de celles versées au titre de l' aide garantie aux fonctionnaires par le droit national et de celles assurées par un régime d' assurance maladie de droit commun), il a observé (point 67) qu' il s' agissait non pas d' une question relative à l' existence d' une motivation ou à son caractère suffisant, mais d' une question relative au bien-fondé de la décision. 46 Selon M. Henrichs, la décision du 3 mai 1991, qui se limite à reproduire le texte de l' article 4, paragraphe 6, du règlement, n' est pas suffisamment motivée. La question de savoir si le régime de la Beihilfe peut être considéré comme une assurance maladie légale dont les prestations sont comparables à celles d' une assurance sociale ordinaire était une question nouvelle à laquelle la décision attaquée a répondu positivement sans aucune justification. Le requérant se serait ainsi trouvé dans l' impossibilité d' apprécier la réponse donnée et de choisir les moyens nécessaires pour se défendre. Il se serait vu également dans l' impossibilité de fonder son comportement pour l' avenir sur une situation juridique sûre. 47 A cet égard, il suffit de relever que la décision attaquée se fonde sur la comparaison entre les prestations garanties par le régime allemand et celles garanties par l' assurance sociale ordinaire et que l' intéressé n' avait aucune difficulté pour vérifier si ladite comparaison était justifiée. Dès lors, au sens de la jurisprudence constante de la Cour, la motivation de la décision attaquée fournissait à l' intéressé les indications nécessaires pour savoir si la décision était ou non fondée et pour rendre possible le contrôle juridictionnel (arrêts du 21 juin 1984, Lux/Cour des comptes, 69/83, Rec. p. 2447, point 36, et du 13 juillet 1989, Jaenicke Cendoya/Commission, 108/88, Rec. p. 2711, point 10). 48 Le premier moyen tiré de l' absence de motivation de la décision du 3 mai 1991 doit en conséquence être rejeté. Moyen tiré de la violation par le Tribunal de l' article 4, paragraphe 6, du règlement 49 En ce qui concerne le second moyen, tiré de la violation de l' article 4, paragraphe 6, du règlement, le Tribunal (points 78 à 82 de l' arrêt) a examiné d' abord l' article 79 du Bundesbeamtengesetz (loi relative aux fonctionnaires fédéraux) et l' article 1er, paragraphe 1, des dispositions d' application de cet article, et en a déduit que la Beihilfe présente toutes les caractéristiques d' une assurance légale ou réglementaire, au sens de l' article 4, paragraphe 6, du règlement. Il a considéré que le mécanisme repose sur un dispositif de droit public et que le requérant n' est pas fondé à soutenir que les prestations ne seraient pas comparables à celles d' un système de sécurité sociale de droit commun. Il a en effet constaté que le montant de l' aide versée aux fonctionnaires allemands est égal à 50 % des frais exposés par le bénéficiaire, ce taux étant porté à 70 % si le bénéficiaire a au moins deux enfants à charge, à 70 % des frais exposés par le conjoint et à 80 % pour ceux exposés par les enfants à charge. Ainsi, dès lors qu' il a deux enfants à charge, le requérant bénéficie donc, sans versement de cotisation d' aucune sorte, d' un taux de remboursement égal, selon le cas, à 70 % ou 80 % des dépenses engagées, comme il l' a d' ailleurs expressément confirmé dans ses réponses aux questions écrites posées par le Tribunal. 50 Le Tribunal a en outre jugé (points 83 à 85) que les principes d' interprétation dégagés par la Cour dans l' arrêt du 12 décembre 1989, Kontogeorgis/Commission (C-163/88, Rec. p. 4189), sont applicables par analogie en l' espèce, compte tenu de la similitude des dispositions en cause dans cet arrêt. 51 M. Henrichs soutient d' abord que le Tribunal a constaté à tort que la Beihilfe présente toutes les caractéristiques d' une assurance légale ou réglementaire, au sens de l' article 4, paragraphe 6, du règlement. Il observe que la Beihilfe ne couvre que 50 % des frais exposés tandis que le système communautaire en couvre 80 à 100 %. Il admet que, compte tenu de sa situation familiale, il bénéficie du taux de remboursement le plus élevé prévu par la réglementation de la Beihilfe, c' est-à-dire 80 %. Toutefois, le taux de remboursement sera bientôt réduit à 50 % lorsque son fils aîné aura atteint l' âge de 26 ans. 52 M. Henrichs conteste ensuite la référence faite par le Tribunal à l' arrêt Kontogeorgis/Commission, précité, estimant que les principes d' interprétation dégagés par la Cour dans cet arrêt ne peuvent être transposés dans la présente affaire. En effet, M. Kontogeorgis bénéficiait d' une couverture en matière d' assurance peu élevée mais complète, alors que le requérant ne bénéficie que d' une couverture partielle. 53 Cette argumentation ne saurait être accueillie. 54 Il résulte clairement de l' article 4, paragraphe 6, que celui-ci exclut l' affiliation au régime communautaire d' assurance maladie des anciens agents, lorsqu' ils sont couverts contre le risque de maladie par une autre assurance maladie, légale ou réglementaire. 55 Or, ainsi que le Tribunal l' a relevé aux points 81 et 82 de l' arrêt, la Beihilfe présente toutes les caractéristiques d' une assurance légale ou réglementaire au sens de l' article 4, paragraphe 6, du règlement, étant donné qu' il s' agit d' un régime prévu par la loi, qui accorde aux intéressés une couverture comparable à celle d' un système de sécurité sociale de droit commun. 56 Quant à l' argument du requérant selon lequel il devrait bientôt bénéficier d' un taux de couverture des frais médicaux de 50 %, inférieur au taux de couverture des régimes d' assurance maladie de droit commun, il y a lieu d' observer que la Commission devait prendre en considération la situation juridique de l' intéressé au moment de la décision et que, en toute hypothèse, à ce moment, le taux de couverture des frais médicaux correspondait à celui normalement assuré par les régimes d' assurance maladie, légale ou réglementaire. 57 Il convient de relever également que, ainsi que la Cour l' a jugé dans l' arrêt Kontogeorgis/Commission, précité, l' appréciation de l' équivalence entre le régime communautaire et le régime national de sécurité sociale applicable ne s' impose que lorsqu' elle est prévue par la réglementation communautaire, notamment par l' article 72, paragraphe 1, du statut. Elle est prévue également par l' article 11 du règlement n 422/67/CEE, n 5/67/Euratom du Conseil, du 25 juillet 1967, portant fixation du régime pécuniaire du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice, ainsi que du président, des membres et du greffier du Tribunal de première instance, et par l' article 12 du règlement (CEE, Euratom, CECA) n 2290/77 du Conseil, du 18 octobre 1977, portant fixation du régime pécuniaire des membres de la Cour des comptes, dans leur rédaction résultant du règlement (CECA, CEE, Euratom) n 2426/91 du Conseil, du 29 juillet 1991 (JO L 222, p. 1). Toutefois, contrairement à ce que le requérant a soutenu à l' audience, ces dernières dispositions ne peuvent être interprétées comme consacrant un principe applicable à la fonction publique communautaire en général. 58 Il résulte de ce qui précède que le second moyen tiré par M. Henrichs de l' illégalité de la décision du 3 mai 1991 doit être rejeté. Sur les dommages-intérêts 59 Le Tribunal a affirmé (point 91) que, les demandes d' annulation des décisions des 25 avril et 3 mai 1991 ayant été rejetées dans leur ensemble, le requérant ne pouvait se prévaloir d' aucune faute de service de nature à engager, à son égard, la responsabilité extracontractuelle des Communautés européennes. 60 M. Henrichs fait valoir que le défaut de motivation des décisions litigieuses ainsi que le comportement postérieur de la Commission, qui s' est abstenue de lui fournir les éclaircissements nécessaires, lui ont causé plusieurs préjudices, dont il demande réparation. 61 S' agissant du moyen tiré de la violation par la Commission de son obligation de motivation et d' information au moment où elle a pris les décisions des 25 avril et 3 mai 1991, la Cour a jugé ci-dessus que le Tribunal a considéré à juste titre que les conclusions et moyens tendant à l' annulation de ces décisions étaient mal fondés. Par conséquent, aucune faute de service ne pouvait être retenue à l' encontre de la Commission, de nature à engager la responsabilité extracontractuelle des Communautés européennes. 62 S' agissant du moyen tiré du comportement de la Commission postérieur aux décisions précitées, le Tribunal a constaté au point 91 de l' arrêt attaqué que le préjudice allégué, à le supposer établi, n' est pas la conséquence d' un comportement de la Commission, mais du retard, quelle qu' en soit l' origine, avec lequel le requérant a notifié sa nouvelle situation à la Commission. Cette constatation relève de l' appréciation des faits. Elle échappe au contrôle de la Cour, conformément à l' article 51, premier alinéa, du statut. 63 Les deux moyens doivent donc être rejetés, le premier comme étant mal fondé et le second comme irrecevable. Sur les dépens de la procédure de première instance 64 M. Henrichs conteste également sa condamnation aux dépens par le Tribunal. En particulier, il estime que, si la Commission avait respecté son devoir de sollicitude et d' information à son égard, le litige aurait pu être évité, de sorte que le Tribunal, appliquant l' article 87, paragraphe 3, second alinéa, du règlement de procédure, aurait dû condamner la Commission à supporter l' ensemble des frais. 65 Aux termes de l' article 51, second alinéa, du statut de la Cour, "un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens". 66 Tous les autres moyens invoqués par le requérant ayant été rejetés, celui concernant les dépens doit, en application de cette disposition, être rejeté comme irrecevable. 67 Il y a lieu, dès lors, de rejeter le pourvoi du requérant en sa totalité. Décisions sur les dépenses Sur les dépens 68 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Aux termes de l' article 70 du même règlement, les frais exposés par les institutions dans les litiges les opposant à leurs agents restent à la charge de celles-ci. Cependant, en vertu de l' article 122 de ce règlement, l' article 70 n' est pas applicable aux pourvois formés par les fonctionnaires ou autres agents des institutions. M. Henrichs ayant succombé en son pourvoi, il y a donc lieu de le condamner aux dépens de la présente instance. Dispositif Par ces motifs, LA COUR (cinquième chambre) déclare et arrête: 1) Le pourvoi est rejeté. 2) La partie requérante est condamnée aux dépens.

61985CJ0188

en

Grounds 1 By an application lodged at the Court Registry on 18 June 1985, the EEC Seed Crushers' and Oil Processors' Federation ( hereinafter referred to as "Fediol ") brought an action under the second paragraph of Article 173 of the EEC Treaty for a declaration that Commission Decision 85/233 of 16 April 1985 terminating the anti-subsidy proceeding, initiated on the basis of a complaint submitted by the applicant, concerning imports of soya meal originating in Brazil for the period from 1 January to 30 December 1983 ( Official Journal L 106, p . 19 ) is void . 2 Fediol' s complaint was submitted by letter of 6 January 1984 in accordance with Article 5 of Council Regulation No 2176/84 of 23 July 1984 on protection against dumped or subsidized imports from countries not members of the European Economic Community ( Official Journal L 201, p . 1 ) and dealt with the following practices : ( a ) concessionary financing for imports of soya beans; ( b ) concessionary export financing through a programme of aid for the development of exports; ( c ) differential taxation of exports of soya-based products; ( d ) obstacles in the way of exports of soya beans; ( e ) concessionary financing for storage of soya beans; ( f ) concessionary financing for exports of soya oil; ( g ) income-tax relief on profits from exports of soya oil; ( h ) concessionary financing for exports of soya meal ( i ) tax benefits in respect of hedging transactions on foreign markets . 3 In its decision of 16 April 1985, cited above, the Commission found that the first two of the above practices had not occurred during the period covered by the investigation . As regards the practices indicated under ( c ), ( d ), ( e ), ( f ) and ( g ), the Commission found that they did not constitute subsidies in respect of soya meal . Finally, as regards the last two practices, mentioned under ( h ) and ( i ), the Commission found that they constituted subsidies but considered that the interest of the Community did not require the introduction of a countervailing duty . 4 The application contests on the one hand, that part of the decision of 16 April 1985 which concerns the Commission' s refusal to regard as subsidies the practices mentioned under ( c ), ( d ), ( e ), ( f ) and ( g ) and, on the other, that part of the said decision in which the Commission concluded that the last two of the abovementioned practices ( ( h ) and ( i ) ), notwithstanding the fact that they constituted subsidies, did not justify the introduction of countervailing duties . 5 Reference is made to the Report for the Hearing for a fuller account of the facts of the case and the submissions and arguments of the parties, which are mentioned or discussed hereinafter only in so far as is necessary for the reasoning of the Court . The scope of judicial review 6 Having regard to the observations of the Commission and the intervener as to the possible limits of judicial review of the decision, it should be noted that the Court has already held ( see, in particular, the judgment of 4 October 1983 in Case 191/82 Fediol v Commission (( 1983 )) ECR 2913 ) that, even though a discretion has been conferred on the Commission in the matter at issue, the Court is required to verify whether or not it has observed the procedural guarantees granted to complainants by the Community provisions in question, has committed manifest errors in its assessment of the facts, has omitted to take into consideration any essential matters of such a nature as to give rise to a belief in the existence of subsidization or has based the reasons for its decision on considerations amounting to a misuse of powers . 7 It is in that context that the Court must consider the applicant' s submissions to the effect that the Commission failed to take account of essential factors of such a nature as to give rise to the belief that there was a subsidy within the meaning of Regulation No 2176/84 and that there was an interest of the Community calling for the introduction of a countervailing duty . Differential taxes on exports of soya-based products 8 In the contested measure ( paragraph 12 ), the Commission states that according to Fediol, transaction tax is levied at a rate of 13% on soya beans, 11.1% on soya meal and 8% on soya oil . The effect of that differential taxation is to restrict exports of beans and thus to guarantee to the Brazilian oil-seed crushing industry supplies of the raw material at low cost . That, in terms of cost price, constitutes an advantage in the exportation of soya meal to the Community, to which must be added the advantage resulting from the taxation of meal at a rate lower than that applied to beans . The contested measure accepts that Fediol' s allegations of fact were correct . 9 However, in the grounds of the contested decision it is stated on that point that "as far as international trade is concerned, the crucial characteristic of a subsidy is that it involves a financial contribution by government", that "any subsidy must involve a charge on the public account" and that the "concept of a charge on the public account includes the waiving by the authorities of taxes or other dues owed ". In this case, however, according to the decision, no dues are owed and, in particular, the Brazilian authorities have not waived any tax debt owed to them . 10 In the proceedings before the Court, the Commission explained that the tax in question was not an export tax but the Brazilian turnover tax ( ICM ) which is, in principle, levied at all stages of the marketing or processing of products on Brazilian territory . As a general rule, exports of processed products are not liable to ICM . Consequently, the tax levied on the raw materials contained in the exported products should have been taken into account . However, by way of exception to the general rule and as a result of the Commission' s intervention, Brazil, in 1977, agreed to levy ICM on the export of the processed products, namely soya meal and soya oil, at the rates of 11% and 8% respectively . According to the Commission, the ICM system constitutes general taxation which applies to soya-based products at different rates . That differential taxation does not give rise, so far as beans are concerned, to an advantage which may be regarded as a subsidy within the meaning of Regulation No 2176/84 because there is in any event no charge on the public account . 11 According to the applicant, the concept of subsidy in Article 3 of Regulation No 2176/84 does not necessarily presuppose a charge on the public account and should be construed broadly : there is a subsidy if the result of all the measures adopted is to provide an advantage to those who benefit from them . 12 It should be pointed out in the first place that the concept of subsidy in Article 3 of Regulation No 2176/84 is not expressly defined, either in that regulation or in other Community measures . However, an "illustrative list" of export subsidies, referred to in Article 3 ( 2 ) of the regulation, is annexed thereto . The last paragraph of that list defines as constituting an export subsidy in the sense of Article XVI of the GATT "any other charge on the public account ". It follows both from the terms of that general provision and from the other examples mentioned in the list that in the mind of the Community legislature the concept of export subsidy necessarily implied a financial burden borne directly or indirectly by public bodies . It also follows from Article 3 ( 3 ) of the said regulation, which expressly excludes from the concept of subsidy the exemption of a product from certain export charges or taxes, that the concept of a charge covers not merely cases in which the State advances funds but also those in which it waives recovery of tax debts thereby introducing an exception to a generally applicable rule of taxation . 13 The concept of subsidy thus understood is not incompatible with the Community' s obligations under international law, in particular under GATT and agreements concluded in the framework thereof . It should be pointed out in that regard that neither GATT nor the Agreement on Interpretation and Application of Articles VI, XVI and XXIII of the General Agreement on Tariffs and Trade has contained or now contains an express definition of the term "subsidy" and the list mentioned above is merely a verbatim reproduction of the "illustrative list" annexed to the latter agreement . 14 It follows from the foregoing that the Commission was not wrong or arbitrary in concluding that the concept of subsidy in Article 3 of Regulation No 2176/84 presupposes the grant of an economic advantage through a charge on the public account . Barriers to soya bean exports 15 In the contested measure ( paragraph 13 ), it is mentioned that a possible restriction on exports of soya beans does not constitute a subsidy in favour of soya meal because there is no charge on the public account . 16 The applicant states that exports of soya beans are subject in Brazil to registration under rules providing for quotas and are thereby impeded . That practice thus has effects similar to and convergent with those of the abovementioned system of differential taxation . 17 It is sufficient to note in that regard that in putting forward that submission, the applicant starts from the premiss that a subsidy may exist even where there is no charge on the public account . Since that premiss has been refuted above, this submission must fail . Concessionary financing for storage of soya beans 18 In the contested measure ( paragraph 7 ) it is stated that in order to finance the preparation and in particular the storage of 27 agricultural commodities, the Brazilian Government operates a system of loans at 45% which is less than the cost of money to the Brazilian Government and lower than ordinary market rates, and thus constitutes a concessionary rate . Since such a practice does not amount to an export subsidy, the contested measure examines the question whether it constitutes a domestic subsidy . 19 According to the contested measure, the existence of a domestic subsidy presupposes that the State intervention from which it arises is not general in nature but seeks to grant an advantage only to certain undertakings, thus distorting competition . In this case, the programme of loans at concessionary rates is not directed specifically at the soya sector but applies to 27 agricultural commodities . Even if certain agricultural commodities are not covered by the programme, the latter is none the less of general application because all agricultural commodities requiring or suitable for storage aids are eligible . 20 In response to that reasoning, set out in the contested measure, the applicant argues that the practice at issue is specific in nature because the essential beneficiaries of it are industries which process agricultural products, in particular in the soya sector . By refusing to regard that practice as a domestic subsidy, the Commission has infringed Articles 3 and 7 of Regulation No 2176/84 . It has also failed to seek out and take account of certain essential factors and has committed manifest errors in its assessment of the facts . 21 The Commission contends essentially that the practice in question has no "sectoral specificity" because it is applied to all the main agricultural commodities ( 27 products ) without being of specific benefit to soya beans, which represent 31.9% of agricultural production and absorb 31.7% of the financing . 22 The Commission' s argument must be upheld since the applicant has not shown that the concessionary financing granted by the Brazilian State is intended to favour specifically a particular sector of agriculture or of the agri-foodstuffs industry . It appears from the documents before the Court that the financing at issue constitutes a general measure applicable to 27 agricultural commodities . 23 This submission must therefore be rejected . Concessionary financing for exports of soya oil and income-tax relief on profits from such exports 24 In the contested measure ( paragraph 10 ), it is stated that in 1983, Brazilian exporters obtained financing for exports of certain products, including soya oil, at a rate varying between 40 and 60 %. Those rates were concessionary because they were lower than both the cost of money to the Brazilian exchequer and the rates available on the market . However, that concession was withdrawn with effect from 2 January 1984 . 25 According to the contested measure, such concessionary financing cannot be held to constitute a subsidy on soya meal exports because its purpose is to promote exports of soya oil and it is linked to the quantity of oil actually exported . Furthermore, the investigation produced no evidence of such financing having any influence on exports of soya meal and, in any event, such an influence is indirect and impossible to prove . 26 The contested measure ( paragraph 11 ) also states that Fediol' s allegations to the effect that profits from exports of soya oil are exempt from income tax are well founded . It notes that the Brazilian Government confirmed the existence of that practice . However, the practice in question does not, according to the contested measure, constitute a subsidy on exports of soya meal but a subsidy on exports of soya oil . 27 The applicant alleges that the Commission has infringed Articles 3 and 7 of Regulation No 2176/84 by not seeking to determine the precise effects produced in regard to soya meal by the subsidy and the income tax relief granted in respect of soya oil . In particular, the applicant claims that Brazilian exporters were entitled to transfer the benefit they obtained from the subsidy and the tax relief on soya oil to soya meal ( of which 80% is exported, compared to 40% of soya oil ), an associated product, which thus benefits from indirect subsidy . 28 It is sufficient to point out in that regard that the fact that a trader obtains benefits in the context of the activities of his business, taken as a whole, by taking advantage inter alia of the concessionary rate of the financing granted for exports of soya oil and of tax relief does not mean that such benefit provides a specific advantage in regard to soya meal . Consequently, the submission must be rejected . The two practices recognized as constituting subsidies 29 In the contested measure ( paragraphs 5 and 6 ), the Commission accepted that subsidies had been granted ( a ) through concessionary financing for exports of soya meal by way of loans at concessionary rates of 40% ( 60% since 10 June 1983 ) whereas the cost of money to the Brazilian Government was 156.6% and ( b ) through tax benefits in respect of hedging transactions carried out by exporters of soya meal . The Commission calculated the amount of the first subsidy as being 7.66% and that of the second as being 0.09% of the fob value of exports of soya meal ( 7.75% in total ). 30 In the contested measure, the Commission also found that the European vegetable oil industry had suffered significant damage as a result of the low prices for Brazilian soya meal brought about by the two subsidies mentioned above . 31 However, it considered that the Community interest did not require the imposition of countervailing duties because the first advantage, representing practically the entire amount of the subsidy and of the consequent damage to the European industry, was withdrawn in regard to soya meal with effect from 14 September 1983 . 32 The applicant puts forward the following submissions against that part of the contested measure . 33 In its first submission, the applicant claims that the Commission did not have the power to terminate the proceeding without proposing anti-subsidy measures on the basis of the "interests of the Community ". After a definitive finding had been made that a subsidy existed and damage resulted therefrom, the interests of the Community could be considered and taken into account only by the Council under Article 12 of Regulation No 2176/84 with a view to the imposition of definitive countervailing duties . The Commission, too, may consider the interests of the "interests of the Community", but only in regard to the imposition of provisional duties under Article 11 of Regulation No 2176/84 and not in order to terminate the proceeding . 34 According to the second submission, having itself admitted that there was a need to impose countervailing duties and having proposed to the Council on 4 January 1985 the imposition of a countervailing duty of 7.27%, application of which was suspended, the Commission could no longer withdraw that proposal and thus prevent the Council from adopting a decision on that subject . 35 It should be observed in regard to the Commission' s powers that Article 9 ( 1 ) of Regulation No 2176/84 provides that the proceeding is to be terminated "if it becomes apparent after consultation that protective measures are unnecessary (( and )) where no objection is raised within the Advisory Committee ". That provision does not require the Commission to terminate the proceeding only where no subsidy or injury has been found to exist but in all cases in which the adoption of protective measures does not prove to be necessary and thus also in cases in which the assessment made of the interests of the Community shows that the adoption of protective measures would be inappropriate . 36 That interpretation of Article 9 ( 1 ) is not contradicted by the fact that, under Article 12, it is for the Council to decide, on the basis of a proposal submitted by the Commission, whether or not protective measures are to be adopted, because the purpose of that measure is merely to confer on the Council alone the power to adopt a definitive decision on the imposition of protective measures and only in cases in which the Commission considers it necessary to adopt such measures and has submitted a proposal to the Council for that purpose . 37 Moreover, the Commission is free to amend or withdraw its proposal as long as the Council has not adopted a decision if, as a result of a new assessment of the interests of the Community, it considers the adoption of protective measures superfluous . 38 In its third submission, the applicant maintains that, having regard to Articles 7 ( 1 ) ( c ) and 12 ( 1 ) of Regulation No 2176/84, the finding that a subsidy exists and that Community industry has suffered injury is decisive and cannot be set at naught by the subsequent withdrawal of the subsidy . The concept of the interests of the Community, as a criterion for a decision, cannot be so wide as to permit the existence of genuine injury, the continuance of the subsidy and its probable reintroduction after being withdrawn to be disregarded . 39 In this case, according to the applicant, the findings made during the investigation show the necessity for the adoption of protective measures within the meaning of Article 9 ( 1 ) of Regulation No 2176/84 and any other decision would amount to a misuse of powers, since the Brazilian Government' s practice is to grant cumulative and disguised subsidies which are constantly withdrawn and reintroduced in various forms . 40 It should be pointed out that although it is true that the Commission is under a duty to establish objectively the facts concerning the existence of subsidization practices and of injury caused thereby to Community undertakings, it has a very wide discretion to decide, in terms of the interests of the Community, whether or not to terminate the proceeding in accordance with Article 9 ( 1 ) of Regulation No 2176/84 ( see the judgment of 4 October 1983, Fediol v Commission, cited above ). 41 In this case, the Commission considered that the interests of the Community did not justify the adoption of protective measures since the Brazilian Government had, during the reference period, withdrawn the concessionary financing in question, which constituted practically the entire amount of the subsidy which had caused the injury suffered by the Community industry concerned . That asssessment does not exceed the powers conferred on the Commission by Article 9 ( 1 ) of Regulation No 2176/84 and cannot therefore be regarded as constituting a misuse of powers . 42 Consequently, the submissions put forward by the applicant in regard to the two subsidies found to exist cannot be upheld . 43 For all of the foregoing reasons, the application must be dismissed . Decision on costs Costs 44 Under Article 69 ( 2 ) of the Rules of Procedure the unsuccessful party is to be ordered to pay the costs . Since the applicant has failed in its submissions, it must be ordered to pay the costs, including those of the intervener . Operative part On those grounds, THE COURT hereby : ( 1 ) Dismisses the application; ( 2 ) Orders the applicant to pay the costs, including those of the intervener .

62021CJ0431

hu

Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem az EK 43. cikk, az EK 49. cikk, valamint az EUMSZ 49. cikk és az EUMSZ 56. cikk értelmezésére vonatkozik. E kérelmet az X GmbH & Co. KG és a Finanzamt Bremen (brémai adóhatóság, Németország) között folyamatban lévő jogvita keretében terjesztették elő, amelynek tárgya az utóbbi által az adóköteles jövedelemnek a kapcsolt társaságok közötti határokon átnyúló kereskedelmi kapcsolatokra vonatkozó adónyilvántartás‑vezetési kötelezettség megsértése miatt alkalmazott növelése (a továbbiakban: adópótlék). Jogi háttér Az Abgabenordnung (adótörvénykönyv) (BGBl. 2002 I, 3866. o.) alapeljárásra alkalmazandó változatának (a továbbiakban: adótörvénykönyv) az adóalany együttműködési kötelezettségéről szóló 90. §‑a előírja: „(1)   Az érintett személyek kötelesek együttműködni a tényállás megállapításában. Különösen azáltal tesznek eleget együttműködési kötelezettségüknek, hogy őszintén feltárják az adózás szempontjából releváns tények összességét, és közlik az általuk ismert bizonyítékokat. E kötelezettségek terjedelme az adott ügy körülményeitől függ. […] (3)   A külföldi elemet tartalmazó ügyletek esetében az adóalanynak az 1972. szeptember 8‑i Außensteuergesetz (Gesetz über die Besteuerung bei Auslandsbeziehungen [a külföldi kapcsolatok adóztatásáról szóló törvény]) (BGBl. 1972 I, 1713. o.) 1. §‑ának (2) bekezdése értelmében vett kapcsolt személyekkel fennálló gazdasági kapcsolatainak jellegéről és tartalmáról nyilvántartásokat kell készítenie. A nyilvántartás‑vezetési kötelezettség a szokásos piaci ár elvét tiszteletben tartó, az árakra és más üzlet feltételekre vonatkozó, kapcsolt felekkel fennálló megállapodás gazdasági és jogi alapjaira is kiterjed. Rendkívüli kereskedelmi ügyletek esetén a nyilvántartásba vételt rövid határidőn belül kell megtenni. A nyilvántartás‑vezetési kötelezettségeket analógia útján azokra az adóalanyokra is alkalmazni kell, akiknek nemzeti szinten meg kell osztaniuk a nyereséget belföldi vállalkozásuk és külföldi telephelyeik között, vagy meg kell határozniuk a külföldi vállalkozásuk belföldi intézményeinek nyereségét. A jog egységes alkalmazásának biztosítása érdekében a szövetségi pénzügyminisztérium a Bundesrat hozzájárulásával jogosult végrehajtási rendelet útján meghatározni a vezetendő nyilvántartások jellegét, tartalmát és terjedelmét. Az adóhatóság főszabály szerint csak adóellenőrzés lefolytatása céljából írhatja elő a nyilvántartások benyújtását. A benyújtás a 97. §‑on alapul, azzal a feltétellel, hogy e rendelkezés (2) bekezdése nem alkalmazható. A benyújtást kérelemre 60 napon belül kell elvégezni. Amennyiben a benyújtás rendkívüli kereskedelmi ügyletekre vonatkozó nyilvántartásokra vonatkozik, a határidő 30 nap. Különleges, kellően indokolt esetekben a benyújtás határideje meghosszabbítható.” Az adótörvénykönyvnek „Az adóalapok becslése” című 162. §‑a a következőképpen rendelkezik: „(1)   Ha az adóhatóság nem tudja megállapítani vagy kiszámítani az adóalapot, azt meg kell becsülnie. A becslés szempontjából figyelembe veszi az összes releváns körülményt. […] (3)   Amennyiben az adóalany megsérti a 90. § (3) bekezdése szerinti együttműködési kötelezettségét azáltal, hogy a nyilvántartásokat nem nyújtja be, a benyújtott nyilvántartások lényegében használhatatlanok, vagy megállapításra kerül, hogy az adóalany a 90. § (3) bekezdésének harmadik mondata értelmében vett nyilvántartásokat nem kellő időben készítette el, megdönthető vélelem áll fenn arra vonatkozóan, hogy az adóalany belföldön adóköteles jövedelme, amelynek megállapítására a 90. § (3) bekezdése értelmében vett nyilvántartások szolgálnak, meghaladja az általa bevallott jövedelmet. Ha ilyen esetekben az adóhatóságnak becslést kell végeznie, és e jövedelmek csak meghatározott keretek között, különösen csak ártartományok alapján állapíthatók meg, e keret az adóalany terhére kimeríthető. Ha az adóalany által hasznosítható nyilvántartások bemutatása ellenére vannak arra utaló jelek, hogy a szokásos piaci ár elvének tiszteletben tartása esetén jövedelme magasabb lenne, mint a nyilvántartásba vétel alapján bevallott jövedelmek, és ha az ezzel kapcsolatos kételyek nem oszlathatók el amiatt, hogy egy külföldön letelepedett kapcsolt személy nem teljesíti a 90. § (2) bekezdésében előírt együttműködési kötelezettségét vagy a 93. § (1) bekezdésének második mondata szerinti tájékoztatási kötelezettségét, a második mondatot analógia útján kell alkalmazni. (4)   Ha az adóalany nem nyújtja be a 90. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásokat, vagy ha a benyújtott nyilvántartások lényegében használhatatlanok, 5000 euró összegű pótlékot kell megállapítani. A pótlék mértéke eléri a (3) bekezdés alapján elvégzett korrekcióból származó többletjövedelmek összegének legalább 5%‑át, de legfeljebb 10%‑át, amennyiben e korrekciót követően a pótlék meghaladja az 5000 eurót. A használható nyilvántartások késedelmes benyújtása esetén a pótlék legnagyobb összege 1000000 euró, a határidő‑túllépés minden teljes napjára azonban legalább 100 euró. Amennyiben az adóhatóságok a pótlék összegét illetően mérlegelési jogkörrel rendelkeznek, e pótlék célján kívül, amely arra irányul, hogy az adóalany betartsa a 90. § (3) bekezdésében említett nyilvántartások határidőn belüli elkészítésére és bemutatására vonatkozó kötelezettséget, figyelembe kell venni különösen az adóalany által szerzett előnyöket, és késedelmes benyújtás esetén a határidő túllépésének időtartamát is. Nem lehet megállapítani pótlékot, ha a 90. § (3) bekezdésében említett nyilvántartási kötelezettségek megsértése kimenthető, vagy a kötelezettségszegés csak kevésbé súlyos. A jogi képviselő vagy az alkalmazott által elkövetett hiba a saját felróható magatartásnak felel meg. A pótlékot főszabály szerint az adóellenőrzés befejezését követően kell meghatározni.” A külföldi kapcsolatok adóztatásáról szóló törvény alapügyben alkalmazandó változata 1. §‑ának (2) bekezdése előírja: „Az adóalanyhoz kapcsolt személynek minősül valamely személy, ha: 1. az adott személy az adóalanyban legalább egynegyed részben közvetett vagy közvetlen részesedéssel rendelkezik (jelentős részesedés), vagy az adóalanyra közvetetten vagy közvetlenül meghatározó befolyást gyakorolhat, vagy fordítva, az adóalany e személyben jelentős részesedéssel rendelkezik, vagy e személyre közvetetten vagy közvetlenül meghatározó befolyást gyakorolhat, vagy 2. egy harmadik személy mind az adott személyben, mind az adóalanyban jelentős részesedéssel rendelkezik, vagy mindkettőjükre közvetetten vagy közvetlenül meghatározó befolyást gyakorolhat, vagy 3. az adott személy vagy az adóalany képes arra, hogy a valamely kereskedelmi kapcsolat feltételeiről való megállapodás során az adóalanyra vagy az adott személyre a kereskedelmi kapcsolat keretén kívüli befolyást gyakoroljon, vagy közülük az egyiknek saját érdeke fűződik a másik bevételeinek eléréséhez.” Az alapeljárás és az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés Az alapeljárás felperese, X Brémában (Németország) székhellyel rendelkező betéti társaság, amely részesedéseket tart és kezel, és segítségnyújtási, tanácsadási és ügyviteli szolgáltatásokat nyújt. Az alapügy tényállásának megvalósulása idején egy Németországban székhellyel rendelkező korlátolt felelősségű társaságban 100%‑os részesedéssel rendelkezett, amely társaság e tagállamban székhellyel rendelkező négy másik korlátolt felelősségű társaság részesedéseinek 100%‑ával rendelkezett. Az X társaság kültagja egy Németországban letelepedett társaság, beltagja pedig egy hollandiai székhelyű társaság, amelynek egyedüli tagja, Y szintén Hollandiában székhellyel rendelkező társaság. 2013‑ban X és a beltag egyesült. Y 2007 vonatkozásában X kültagjával, majd a vitatott időszak következő éveiben X‑szel kötött ügyviteli szerződés alapján szolgáltatásokat nyújtott. E szerződés előírja, hogy Y díjazása figyelembe veszi a ténylegesen felmerült költségeket és kiadásokat, kivéve az Y társasági jogi érdekében felmerült költségeket (a továbbiakban: visszatéríthető költségek). Y köteles a visszatéríthető költségekre vonatkozó dokumentumokat és egy részletes éves elszámolást készíteni. Az előzetes döntéshozatalra utaló határozatból kitűnik, hogy Y azonban nem nyújtott be ilyen elszámolást. X‑nél a 2007 és 2010 közötti évek tekintetében adóellenőrzést végeztek, többek között az Y részére fizetett ügyvezetői díjak vonatkozásában. A német adóhatóság elégtelennek ítélte az X által az adótörvénykönyv 90. §‑ának (3) bekezdésében előírt kötelezettség (a továbbiakban: adónyilvántartás‑vezetési kötelezettség) címén benyújtandó dokumentációt. 2016. január 7‑én az X által megkeresett holland adóhatóság arról tájékoztatta a német adóhatóságot, hogy Y teljes költségeit kiszámlázta X‑nek, ideértve azokat a költségeket is, amelyek nem visszatéríthető költségek. 2016. március 17‑én X és a német adóhatóság Y részvételével olyan ügyletet kötött, amelyben megállapodtak, hogy X által a vitatott időszakban Y részére teljesített kifizetéseinek egy részét évi 400000 euró összegben és összesen 1,6 millió euró összegben tévesen számolták el működési költségként. 2016. június 10‑i jelentésében a német adóhatóság jelezte, hogy az X által az adónyilvántartás‑vezetési kötelezettség címén benyújtott dokumentumok nem használhatóak fel. Következésképpen 2016. november 8‑án e hatóság X jövedelemtöbblete – amelyet e hatóság évente 20000 euróra, azaz összesen 80000 euróra becsült – 5%‑ának megfelelő adópótlékot szabott ki X‑szel szemben. 2016. december 9‑én X e határozattal szemben panaszt nyújtott be az említett közigazgatási szervhez, amely elutasította azt. 2017. december 27‑én X e határozattal szemben keresetet indított a Finanzgericht Bremen (brémai pénzügyi bíróság, Németország) előtt, amelyben arra hivatkozott, hogy az adótörvénykönyv 162. §‑ának (4) bekezdése, amely alapján adópótlékot alkalmaztak vele szemben, sérti a letelepedés szabadságát. A Finanzgericht Bremen kifejti, hogy a Bundesfinanzhof (szövetségi pénzügyi bíróság, Németország) úgy ítélte meg, hogy a adónyilvántartási‑vezetési kötelezettség korlátozza a letelepedés szabadságát, amelyet nyomós közérdek igazol, és különösen annak szükségessége, hogy biztosítani kell az adóztatási joghatóság tagállamok közötti megosztását, és lehetővé kell tenni a hatékony adóellenőrzést, de nem határozott az e kötelezettség megsértése esetén kiszabható adópótlék uniós joggal való összeegyeztethetőségéről. A kérdést előterjesztő bíróság szerint e pótlék meghaladhatja az e célok eléréséhez szükséges mértéket. E körülmények között a Finanzgericht Bremen (brémai pénzügyi bíróság) úgy határozott, hogy az eljárást felfüggeszti, és előzetes döntéshozatal céljából a következő kérdést terjeszti a Bíróság elé: „Úgy kell‑e értelmezni a letelepedés szabadságát biztosító EK 43. cikket, illetve EUMSZ 49. cikket (vagy a szolgáltatásnyújtás szabadságát biztosító EK 49. cikket, illetve EUMSZ 56. cikket), hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely szerint a külföldi elemet tartalmazó ügyleteket érintő esetekben az adóalanynak a kapcsolt személyekkel fennálló gazdasági kapcsolatainak jellegéről és tartalmáról olyan nyilvántartásokat kell készítenie, amelyek a szokásos piaci ár elvét tiszteletben tartó, az árakra és más üzleti feltételekre vonatkozó, kapcsolt felekkel kötött megállapodás gazdasági és jogi alapjait is magukban foglalják, és amely szerint akkor, ha az adóalany az említett nyilvántartásokat az adóhatóság felszólítására nem nyújtja be, vagy a benyújtott nyilvántartások lényegében használhatatlanok, nemcsak megdönthető vélelem áll fenn arra vonatkozóan, hogy az adóalany belföldön adóköteles jövedelme, amelynek megállapítására a nyilvántartások szolgálnak, meghaladja az általa bevallott jövedelmet, és ha ilyen esetekben az adóhatóságnak becslést kell végeznie, és e jövedelmek csak meghatározott keretek között, különösen csak ártartományok alapján állapíthatók meg, e keret az adóalany terhére kimeríthető, hanem adópótlékot is meg kell állapítani, amely a jövedelemtöbblet megállapított összegének legalább 5 és legfeljebb 10 százaléka, azonban legalább 5000 euró, felhasználható nyilvántartások késedelmes benyújtása esetén pedig akár 1000000 euró, azonban legalább 100 euró a határidő túllépés minden teljes napjára, amelynek során az adópótlék megállapításától csak akkor lehet eltekinteni, ha a nyilvántartás vezetési kötelezettségek teljesítésének elmulasztása kimenthetőnek tűnik, vagy a kötelezettségszegés kevésbé súlyos?” Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésről Előzetes észrevételek Elöljáróban meg kell állapítani, hogy magából az előzetes döntéshozatalra utaló határozat szövegéből és az előterjesztett kérdés megfogalmazásából kitűnik, hogy az uniós jog értelmezéséhez olyan szempontokat kell adni, amelyek lehetővé teszik a kérdést előterjesztő bíróság számára, hogy ne csupán az adónyilvántartás‑vezetési kötelezettség be nem tartását szankcionáló adópótlék uniós joggal való összeegyeztethetőségét értékelje, hanem magának e kötelezettségnek a tiszteletben tartását is. Ezzel szemben az alapeljárás szempontjából nem tűnik szükségesnek, hogy a kérdést előterjesztő bíróság számára olyan választ adjon, amely lehetővé teszi annak értékelését, hogy a német szabályozás e bíróság által hivatkozott, az alkalmazandó adódokumentum késedelmes benyújtása esetén alkalmazandó adópótlékra vonatkozó szempontok megfelelnek‑e az uniós jognak. Az alkalmazandó mozgási szabadságról Meg kell állapítani, hogy bár az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés az EK‑Szerződésnek és az EUM‑Szerződésnek a letelepedés szabadságára és a szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó rendelkezéseire vonatkozik, meg kell határozni az alapeljárásban alkalmazandó szabadságot. E tekintetben az állandó ítélkezési gyakorlatból következik, hogy azt illetően, hogy a nemzeti szabályozás egyik vagy másik szabadság körébe tartozik‑e, az érintett szabályozás célját kell figyelembe venni (2010. január 21‑iSGI ítélet, C‑311/08 , EU:C:2010:26 , 25. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). Egyébiránt a letelepedési szabadság hatálya alá tartozik az a nemzeti szabályozás, amely célját tekintve kizárólag olyan részesedésekre alkalmazandó, amelyek lehetővé teszik, hogy irányítást biztosító befolyást gyakoroljanak a társaság döntéseire és meghatározzák annak tevékenységét (2018. május 31‑iHornbach‑Baumarkt ítélet, C‑382/16 , EU:C:2018:366 , 28. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). E tekintetben meg kell jegyezni, hogy az adónyilvántartás‑vezetési kötelezettség kizárólag a nemzeti jog értelmében „kapcsolt” vállalkozások közötti, határokon átnyúló kereskedelmi ügyletekre vonatkozik, amely viszonyt a kölcsönös, tőke vagy egyéb kapcsolat fennállása határozza meg, amelyet – úgy tűnik – minden egyes esetben a másikra történő, irányítást biztosító befolyás gyakorlása jellemez. Mindenesetre ez a helyzet akkor, amikor ezt a kapcsolatot az alapügyben szereplő azon körülmény határozza meg, amely szerint valamely személy közvetlenül vagy közvetve az adóalany tőkéje legalább egynegyedének megfelelő részesedéssel rendelkezik. Y ugyanis egy Hollandiában letelepedett társaságon keresztül közvetetten 100%‑os részesedéssel rendelkezik a Németországban letelepedett X tőkéjében. A fentiekre tekintettel az alapügyben szóban forgó nemzeti intézkedést kizárólag a letelepedés szabadságára tekintettel kell vizsgálni. Egyébiránt, bár a kérdést előterjesztő bíróság kérdésében az EK 43. cikkben, illetve az EUMSZ 49. cikkben biztosított letelepedés szabadságára hivatkozik, csak az EUMSZ 49. cikkre történik hivatkozás, és az értelmezés mindenképpen az EK 43. cikk tekintetében is érvényes. Következésképpen meg kell állapítani, hogy kérdésével a kérdést előterjesztő bíróság lényegében arra keresi a választ, hogy az EUMSZ 49. cikket úgy kell‑e értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan szabályozás, amelynek értelmében először is az adóalanyt nyilvántartás‑vezetési kötelezettség terheli az olyan személyekkel folytatott határokon átnyúló kereskedelmi ügyletei árának és egyéb kereskedelmi feltételeinek jellegéről és tartalmáról, valamint gazdasági és jogi alapjáról, akikkel olyan – akár tőkén, akár egyéb kapcsolaton alapuló – kölcsönös függőségi viszonyban áll, amely lehetővé teszi az adóalanynak vagy e személyeknek, hogy a másikra irányítást biztosító befolyást gyakoroljanak, és amely másodszor e kötelezettség megsértése esetén nemcsak azt írja elő, hogy az érintett tagállamban az adóköteles jövedelméről megdönthető módon vélelmezik, hogy magasabb, mint a bevallott jövedelem, és az adóhatóság az adóalany kárára becslést készíthet, hanem a kiszámított jövedelem többletösszege legalább 5%‑ának és legfeljebb 10%‑ának megfelelő összegű pótdíj kiszabását is, amelynek minimális összege 5000 euró, kivéve, ha e kötelezettség elmulasztása kimenthető vagy az elkövetett hiba csekély súlyú. A letelepedés szabadsága korlátozásának fennállásáról Az adóbevallási kötelezettségről Az állandó ítélkezési gyakorlat szerint a letelepedés szabadsága, amelyet az EUMSZ 49. cikk elismer az európai uniós állampolgárokkal szemben, az EUMSZ 54. cikknek megfelelően magában foglalja, hogy a valamely tagállam jogszabályai alapján létrehozott olyan társaságok, amelyek létesítő okirat szerinti székhelye, központi ügyvezetése vagy üzleti tevékenységének fő helye egy másik uniós tagállam területén van, jogosultak tevékenységüket az érintett tagállamban leányvállalat, fióktelep vagy képviselet útján gyakorolni (2020. október 8‑iImpresa Pizzarotti [Külföldi illetőségű társaságnak nyújtott rendkívüli kedvezmény] ítélet, C‑558/19 , EU:C:2020:806 , 21. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). A Bíróság többek között kimondta, hogy a letelepedés szabadsága korlátozásának minősül az a nemzeti szabályozás, amely szerint a belföldi illetőségű társaság által a vele kölcsönös függőségi viszonyban álló társaságnak nyújtott rendkívüli vagy ellenszolgáltatás nélküli kedvezményeket csak akkor adják hozzá az előbbi társaság saját nyereségéhez, ha a kedvezményezett társaság más tagállamban rendelkezik illetőséggel (2020. október 8‑iImpresa Pizzarotti [Külföldi illetőségű társaságnak nyújtott rendkívüli kedvezmény] ítélet, C‑558/19 , EU:C:2020:806 , 24. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). A jelen ügyben az adónyilvántartás‑vezetési kötelezettség a belföldi illetőségű társaság és egy másik társaság közötti, határokon átnyúló kereskedelmi ügyletekre vonatkozik, amellyel olyan – tőkén, vagy egyéb kapcsolaton alapuló – kölcsönös függőségi viszonyban áll, amely lehetővé teszi ez utóbbi számára, hogy irányítást biztosító befolyást gyakoroljon a belföldi illetőségű társaságra. A Bírósághoz benyújtott iratokból kitűnik továbbá, hogy a belföldi illetőségű társaságokat nem terheli hasonló kötelezettség a belföldi illetőségű társaságokkal kötött kereskedelmi ügyletek vonatkozásában. Az ilyen eltérő bánásmód alkalmas arra, hogy a letelepedés szabadságának az EUMSZ 49. cikk értelmében vett korlátozását képezze, mivel az adózás helye szerinti államban letelepedett társaságok kedvezőtlenebb bánásmódban részesülnek, ha azok a társaságok, amelyekkel kölcsönös függőségi viszonyban állnak, más tagállamban rendelkeznek székhellyel. A másik tagállamban letelepedett anyavállalatot ugyanis arra ösztönözheti, hogy lemondjon arról, hogy e tagállamban fióktelepet alapítson vagy tartson fenn (lásd analógia útján: 2020. október 8‑iImpresa Pizzarotti [Külföldi illetőségű társaságnak nyújtott rendkívüli kedvezmény] ítélet, C‑558/19 , EU:C:2020:806 , 27. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). Márpedig az állandó ítélkezési gyakorlat szerint azon intézkedés, amely korlátozhatja a letelepedési szabadságot, csak akkor engedhető meg, ha olyan helyzetekre vonatkozik, amelyek objektíve nem hasonlíthatók össze, vagy ha azt az uniós jogban elismert, közérdeken alapuló nyomós okok igazolhatják. Azonban ebben az esetben is szükséges, hogy az alkalmas legyen az elérni kívánt cél megvalósításának biztosítására, és ne lépje túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket (2020. október 8‑iImpresa Pizzarotti [Külföldi illetőségű társaságnak nyújtott rendkívüli kedvezmény] ítélet, C‑558/19 , EU:C:2020:806 , 28. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). E tekintetben az állandó ítélkezési gyakorlatból következik, hogy a határokon átnyúló helyzetek és a tagállamon belüli helyzetek összehasonlíthatóságának a vizsgálata során figyelembe kell venni a kérdéses nemzeti rendelkezések célját, valamint ez utóbbiak tárgyát és tartalmát (2022. április 7‑iVeronsaajien oikeudenvalvontayksikkö [A szerződéssel létrehozott befektetési alapok adómentessége] ítélet, C‑342/20 , EU:C:2022:276 , 69. pont]. Ugyanakkor a német kormány lényegében arra vonatkozó érvekre hivatkozik, hogy biztosítani kell a transzferárak adóellenőrzésének hatékonyságát annak ellenőrzése érdekében, hogy az adóalany kapcsolt vállalkozásokkal végrehajtott határokon átnyúló műveletei megfelelnek‑e a piaci feltételeknek, amelyek kevésbé hasonlítnak a helyzetek összehasonlíthatóságának kérdésére, mint az adóztatási joghatóság tagállamok közötti kiegyensúlyozott megosztásának megőrzése érdekében az adóellenőrzések hatékonysága biztosításának szükségességére alapított igazolás kérdésére (lásd analógia útján: 2018. május 31‑iHornbach‑Baumarkt ítélet, C‑382/16 , EU:C:2018:366 , 40. pont). A Bírósághoz benyújtott iratokból ugyanis kitűnik, hogy az ilyen szabályozás, az adóellenőrzések megkönnyítése révén az adóztatási joghatóság tagállamok közötti kiegyensúlyozott megosztása biztosításának célját követi, amely, amint az a Bíróság ítélkezési gyakorlatából következik, közérdeken alapuló nyomós indoknak minősül (lásd ebben az értelemben: 2012. július 12‑iBizottság kontra Spanyolország ítélet, C‑269/09 , EU:C:2012:439 , 63. pont; 2020. október 8‑iImpresa Pizzarotti [Külföldi illetőségű társaságnak nyújtott rendkívüli kedvezmény] ítélet, C‑558/19 , EU:C:2020:806 , 31. pont). Márpedig az adóztatási joghatóság tagállamok közötti kiegyensúlyozott megosztásának szükségessége csak abban az esetben igazolhatja az eltérő bánásmódot, ha a vizsgált rendszer olyan magatartások megakadályozására irányul, amelyek alkalmasak arra, hogy veszélyeztessék a tagállamnak a területén végzett tevékenységekre vonatkozó adóztatási joghatósága gyakorlását (2018. május 31‑iHornbach‑Baumarkt ítélet, C‑382/16 , EU:C:2018:366 , 43. pont). E tekintetben a Bíróság már megállapította, hogy az a tény, hogy a külföldi illetőségű társaságok leányvállalatai számára lehetővé válik, hogy nyereségüket rendkívüli kedvezmények formájában átvigyék az anyavállalataikba, veszélyeztetné az adóztatási joghatóság tagállamok közötti kiegyensúlyozott megosztását, és ez magát az adóztatási joghatóság tagállamok közötti megosztásának rendszerét veszélyeztetné, mivel az ilyen kedvezményeket nyújtó leányvállalat illetősége szerinti tagállam, mint ezen leányvállalat székhelye szerinti állam, adott esetben kénytelen lenne a kedvezményezett anyavállalat székhelye szerinti tagállam javára lemondani a társaság jövedelmének megadóztatásra vonatkozó jogáról (lásd ebben az éeretelmben: 2020. október 8‑iImpresa Pizzarotti [Külföldi illetőségű társaságnak nyújtott rendkívüli kedvezmény] ítélet, C‑558/19 , EU:C:2020:806 , 32. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). Következésképpen azzal, hogy az adóalanytól, jelen esetben az adózás helye szerinti tagállamban illetőséggel rendelkező leányvállalattól megköveteli, hogy a határokon átnyúló kereskedelmi ügyleteire vonatkozó dokumentációt készítsen olyan vállalkozásokkal, amelyekkel kölcsönös függőségi viszonyban áll, és amely mind ezen ügyletek jellegére és feltételeire, mind pedig az árakra és az egyéb kereskedelmi feltételekre vonatkozó megállapodások gazdasági és jogi alapjaira vonatkozik, az adónyilvántartás‑vezetési kötelezettség lehetővé teszi e tagállam számára, hogy hatékonyabban és pontosan ellenőrizze, hogy ezen ügyleteket a piaci feltételeknek megfelelően kötötték‑e meg (lásd analógia útján: 2020. október 8‑iImpresa Pizzarotti [Külföldi illetőségű társaságnak nyújtott rendkívüli kedvezmény] ítélet, C‑558/19 , EU:C:2020:806 , 33. pont). Következésképpen az olyan nemzeti szabályozás, amely adónyilvántartás‑vezetési kötelezettséget ír elő, amely az adóalany hatékonyabb és pontosabb adóellenőrzését biztosítja, és annak megakadályozására irányul, hogy az érintett tagállamban képződött nyereséget adózatlanul ez utóbbi adóztatási joghatóságán kívülre helyezzék át olyan ügyletek útján, amelyek nem felelnek meg a piaci feltételeknek, alkalmas arra, hogy biztosítsa az adóztatási joghatóság tagállamok közötti megosztásának fenntartását (lásd analógia útján: 2020. október 8‑iImpresa Pizzarotti [Külföldi illetőségű társaságnak nyújtott rendkívüli kedvezmény] ítélet, C‑558/19 , EU:C:2020:806 , 34. pont) Mindazonáltal fontos, hogy az ilyen szabályozás ne lépje túl az elérni kívánt cél megvalósításához szükséges mértéket. Ez a helyzet akkor áll fenn, ha az adóalany indokolatlan adminisztratív terhek nélkül képes a határokon átnyúló üzleti tranzakciókkal kapcsolatos releváns információkat benyújtani azon társaságokkal kapcsolatban, amelyekkel kölcsönös függőségi viszonyban áll (lásd analógia útján: 2020. október 8‑iImpresa Pizzarotti [Külföldi illetőségű társaságnak nyújtott rendkívüli kedvezmény] ítélet, C‑558/19 , EU:C:2020:806 , 36. pont) A jelen ügyben magából az előterjesztett kérdés szövegéből kitűnik, hogy az adónyilvántartás‑vezetési kötelezettség a kereskedelmi kapcsolatok „jellegét és tartalmát”, valamint az „árakra és más üzleti feltételekre vonatkozó megállapodás gazdasági és jogi alapjait” is érinti. Az adótörvénykönyv 90. §‑ának (3) bekezdése ugyanakkor pontosítja, hogy az elkészítendő nyilvántartások jellegét, tartalmát és terjedelmét végrehajtási rendeletben kell pontosítani, amelynek tartalmát az előzetes döntéshozatalra utaló határozat nem pontosítja, és amelynek tartalmát a kérdést előterjesztő bíróságnak kell megvizsgálnia, hogy az nem jár‑e túlzott adminisztratív nehézségekkel az adóalany számára. Egyébiránt az előzetes döntéshozatalra utaló határozatból kitűnik, hogy az adóhatóság főszabály szerint csak az adóellenőrzés lefolytatása céljából írhatja elő e dokumentumok bemutatását, és hogy e bemutatásnak főszabály szerint 60 napon belül kell megtörténnie, amely különleges, kellően indokolt esetekben meghosszabbítható. Következésképpen – az e tekintetben a kérdést előterjesztő bíróság által elvégzendő vizsgálatok függvényében – nem tűnik úgy, hogy az ilyen adónyilvántartás‑vezetési kötelezettség meghaladná a kitűzött cél eléréséhez szükséges mértéket. Ebből következik, hogy az EUMSZ 49. cikkel főszabály szerint nem ellentétes az ilyen kötelezettség. Az adópótlékról Ami az adópótlékot illti, amely az adónyilvántartás‑vezetési kötelezettség megsértését szankcionálja, emlékeztetni kell arra, hogy jóllehet az adóztatással kapcsolatos szankciók rendszere uniós szintű harmonizáció hiányában a tagállamok hatáskörébe tartozik, az ilyen rendszerek nem járhatnak az EUM‑Szerződésben előírt szabadságok veszélyeztetésével (lásd ebben az értelemben: 2020. március 3‑iGoogle Ireland ítélet, C‑482/18 , EU:C:1988:141 , 37. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). A jelen ügyben, mivel az adópótlék szankcionálja az adónyilvántartás‑vezetési kötelezettség be nem tartását, amely a letelepedés szabadsága korlátozásának minősülhet, önmagában alkalmas arra, hogy ilyen korlátozásnak minősüljön. Mindazonáltal, amint arra a jelen ítélet 35. pontja emlékeztet, az ilyen korlátozás megengedhető, ha azt nyomós közérdek igazolja, és ha ilyen esetben alkalmazása alkalmas az elérni kívánt cél megvalósítására, és nem haladja meg az annak eléréséhez szükséges mértéket. A Bíróság azt is megállapította, hogy a szankciók előírása – ideértve a büntetőjogi jellegűeket is – szükségesnek tekinthető a nemzeti szabályozás tényleges tiszteletben tartásának biztosításához, feltéve azonban, hogy az előírt büntetés minden esetben arányban áll a szankcionálni kívánt jogsértés súlyával (2020. március 3‑iGoogle Ireland ítélet, C‑482/18 , EU:C:2014:141 , 47. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). Azon kérdést illetően, hogy az adópótlék alkalmas‑e a nemzeti jogalkotó által követett cél biztosítására, meg kell állapítani, hogy a kellően magas összegű pótlék alkalmazása visszatarthatja az adónyilvántartás‑vezetési kötelezettség alá eső adóalanyt e kötelezettség figyelmen kívül hagyásától, és így lehetővé teszi annak elkerülését, hogy az adóztatás helye szerinti tagállamot megfosszák attól a lehetőségtől, hogy hatékonyan ellenőrizze a kölcsönös függőségi viszonyban álló társaságok közötti, határokon átnyúló ügyleteket az adóztatási joghatóság kiegyensúlyozott megosztásának biztosítása érdekében. Az alapeljárás felperese és az Európai Bizottság azon érve, amely szerint az ilyen pótlék szükségtelen lehet, ha már léteznek enyhébb, kevésbé szigorú szankciók hasonló nemzeti jogi helyzetekben, valójában inkább az adópótlék összegének megfelelő jellegére irányul. Mindenesetre meg kell jegyezni, hogy ilyen szankciók létezése nem tűnik ki a Bíróság rendelkezésére álló iratokból. Ezenkívül meg kell állapítani, hogy az a tény, hogy a német szabályozás kevésbé szigorú szankciókat ír elő arra az esetre, ha az adóalany Németországban tisztán belső helyzetekben nem tartja tiszteletben az adóelkerülés és a tisztességtelen adóverseny elleni küzdelem keretében fennálló együttműködési kötelezettségeket, a priori nem releváns az eltérő célt – nevezetesen az adóztatási joghatóság tagállamok közötti kiegyensúlyozott megosztásának megőrzése – követő adópótlék szükséges jellegének értékelése szempontjából. E pótlék arányosságát illetően meg kell állapítani, hogy az adóhatóság által az adónyilvántartás‑vezetési kötelezettség megsértése esetén elvégzett korrekcióból eredő jövedelmek legalább 5%‑ának, legfeljebb 10%‑ának megfelelő szankció alkalmazása, a teljes összeg felső határának korlátozása nélkül, és legalább 5000 euró összeg erejéig, még abban az esetben is, ha az adóhatóság végül semmilyen többletjövedelem‑összeget nem állapított meg, önmagában nem tűnik aránytalan összegű szankció kiszabásához. Amint ugyanis arra a Bizottság rámutat, e szankció összegének az adóalap‑csökkentés százalékos aránya alapján történő megállapítása lehetővé teszi a bírság összege és a kötelezettségszegés súlyossága közötti összefüggés megállapítását. Az 5000 eurós minimális szankció előírása ezenkívül lehetővé teszi az adópótlék elrettentő hatásának megőrzését, amennyiben annak minimális összege túl alacsony, míg az 10%‑os felső határ megállapítása biztosítja, hogy e növelés összege ne legyen túl magas. Ezt az elemzést támasztja alá az a körülmény, hogy az adópótlék nem alkalmazható, ha az adófizetési kötelezettség megsértése kimenthető, vagy ha a kötlezettségszegés csak kevésbé súlyos. Végül az a körülmény, hogy a német szabályozás az adóbevallási kötelezettség megsértése esetén az adóalany adóköteles jövedelmének korrekcióját is előírja, amely jövedelmeket tehát megdönthető módon alulértékeltnek vélelmezik, nem igazolja az ettől eltérő értelmezést. E szabályok ugyanis különböznek az adópótlékra vonatkozó szabályoktól, mivel nem arra irányulnak, hogy szankcionálják az adónyilvántartás‑vezetési kötelezettség be nem tartását, hanem arra, hogy helyesbítsék az adóalany adóköteles jövedelmeinek összegét. Következésképpen az EUMSZ 49. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal sem ellentétes az alapügyben szereplőhöz hasonló adópótlék. Következésképpen az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésre azt a választ kell adni, hogy az EUMSZ 49. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amelynek értelmében először is az a0dóalanyt nyilvántartás‑vezetési kötelezettség terheli az olyan személyekkel folytatott határokon átnyúló kereskedelmi ügyletei árának és egyéb kereskedelmi feltételeinek jellegéről és tartalmáról, valamint gazdasági és jogi alapjáról, akikkel olyan – akár tőkén, akár egyéb kapcsolaton alapuló – kölcsönös függőségi viszonyban áll, amely lehetővé teszi az adóalanynak vagy e személyeknek, hogy a másikra irányítást biztosító befolyást gyakoroljanak, és amely szabályozás másodszor e kötelezettség megsértése esetén nemcsak azt írja elő, hogy az érintett tagállamban az adóalany adóköteles jövedelméről megdönthető módon vélelmezik, hogy magasabb, mint a bevallott jövedelem, és az adóhatóság az adóalany kárára becslést készíthet, hanem a kiszámított jövedelem többletösszege legalább 5%‑ának és legfeljebb 10%‑ának megfelelő összegű pótdíj kiszabását is, amelynek minimális összege 5000 euró, kivéve, ha e kötelezettség elmulasztása kimenthető vagy az elkövetett hiba csekély súlyú. A költségekről Mivel ez az eljárás az alapeljárásban részt vevő felek számára a kérdést előterjesztő bíróság előtt folyamatban lévő eljárás egy szakaszát képezi, ez a bíróság dönt a költségekről. Az észrevételeknek a Bíróság elé terjesztésével kapcsolatban felmerült költségek, az említett felek költségeinek kivételével, nem téríthetők meg. A fenti indokok alapján a Bíróság (kilencedik tanács) a következőképpen határozott: Az EUMSZ 49. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amelynek értelmében először is az adóalanyt nyilvántartás‑vezetési kötelezettség terheli az olyan személyekkel folytatott határokon átnyúló kereskedelmi ügyletei árának és egyéb kereskedelmi feltételeinek jellegéről és tartalmáról, valamint gazdasági és jogi alapjáról, akikkel olyan – akár tőkén, akár egyéb kapcsolaton alapuló – kölcsönös függőségi viszonyban áll, amely lehetővé teszi az adóalanynak vagy e személyeknek, hogy a másikra irányítást biztosító befolyást gyakoroljanak, és amely szabályozás másodszor e kötelezettség megsértése esetén nemcsak azt írja elő, hogy az érintett tagállamban az adóalany adóköteles jövedelméről megdönthető módon vélelmezik, hogy magasabb, mint a bevallott jövedelem, és az adóhatóság az adóalany kárára becslést készíthet, hanem a kiszámított jövedelem többletösszege legalább 5%‑ának és legfeljebb 10%‑ának megfelelő összegű pótdíj kiszabását is, amelynek minimális összege 5000 euró, kivéve, ha e kötelezettség elmulasztása kimenthető vagy az elkövetett hiba csekély súlyú. Aláírások ( *1 ) Az eljárás nyelve: német.

62008CJ0052

pt

Através da sua petição, a Comissão das Comunidades Europeias pede ao Tribunal de Justiça que declare que, não tendo adoptado as disposições legislativas, regulamentares e administrativas necessárias para dar cumprimento à Directiva 2005/36/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de Setembro de 2005, relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais (JO L 255, p. 22), a República Portuguesa não cumpriu as obrigações que lhe incumbem por força desta directiva. Quadro jurídico Direito da União O considerando 9 da Directiva 2005/36 enuncia que, «[n]o que se refere à liberdade de estabelecimento, sem deixar de manter os princípios e as garantias subjacentes aos diferentes sistemas de reconhecimento em vigor, as regras destes sistemas deveriam ser melhoradas à luz da experiência». Em conformidade com o disposto no considerando 14 desta directiva, «[o] mecanismo de reconhecimento estabelecido [pela Directiva 89/48/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, relativa a um sistema geral de reconhecimento dos diplomas de ensino superior que sancionam formações profissionais com uma duração mínima de três anos (JO 1989, L 19, p. 16)] mantém‑se inalterado». O considerando 41 da Directiva 2005/36 enuncia que esta «não prejudica a aplicação do n.° 4 do artigo 39.° [CE] e do artigo 45.° [CE], designadamente no que diz respeito aos notários». O artigo 2.°, n.° 3, da Directiva 2005/36 tem a seguinte redacção: «Sempre que num instrumento separado da legislação comunitária sejam estabelecidas outras regras específicas directamente relacionadas com o reconhecimento de qualificações profissionais para determinada profissão regulamentada, não se aplicarão as disposições correspondentes da presente directiva.» A profissão de notário não foi objecto de nenhum instrumento separado de direito da União, do tipo visado no referido artigo 2.°, n.° 3. A Directiva 2005/36 revogou, nos termos do seu artigo 62.°, a Directiva 89/48, com efeitos a partir de 20 de Outubro de 2007. Legislação nacional Os notários exercem as suas funções, na ordem jurídica portuguesa, no âmbito de uma profissão liberal. A organização desta profissão é regulada pelo Decreto‑Lei n.° 26/2004, de 4 de Fevereiro de 2004, que aprova o Estatuto do Notariado ( Diário da República , I série‑A, n.° 29, de 4 de Fevereiro de 2004, a seguir «Estatuto do Notariado»). O artigo 1.°, n. os 1 e 2, do Estatuto do Notariado dispõe: «1.      O notário é o jurista a cujos documentos escritos, elaborados no exercício da sua função, é conferida fé pública. 2.      O notário é, simultaneamente, um oficial público que confere autenticidade aos documentos e assegura o seu arquivamento e um profissional liberal que actua de forma independente, imparcial e por livre escolha dos interessados.» O artigo 4.°, n.° 1, do referido Estatuto enuncia que «[c]ompete, em geral, ao notário redigir o instrumento público conforme a vontade dos interessados, a qual deve indagar, interpretar e adequar ao ordenamento jurídico, esclarecendo‑os do seu valor e alcance». O artigo 4.°, n.° 2, do mesmo Estatuto precisa que compete ao notário, designadamente, lavrar testamentos e outros instrumentos públicos, exarar termos de autenticação ou de reconhecimento da autoria da letra ou das assinaturas, passar certificados, certificar traduções, passar certidões e extrair públicas formas, lavrar instrumentos de actas de reuniões e conservar documentos. Nos termos do artigo 25.° do Estatuto do Notariado, o acesso à profissão de notário está sujeito aos seguintes requisitos cumulativos: –        não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito para o exercício de funções notariais; –        possuir licenciatura em Direito reconhecida pelas leis portuguesas; –        ter frequentado o estágio notarial; e –        ter obtido aprovação em concurso realizado pelo Conselho do Notariado. O Decreto‑Lei n.° 27/2004, de 4 de Fevereiro de 2004 ( Diário da República , I série‑A, n.° 29, de 4 de Fevereiro de 2004), criou a Ordem dos Notários. A atribuição do título de notário é, por seu lado, regulada pela Portaria n.° 398/2004 do Ministro da Justiça, de 21 de Abril de 2004. Nos termos do artigo 38.° do Decreto‑Lei n.° 76‑A/2006, de 29 de Março de 2006 ( Diário da República , I série‑A, n.° 63, suplemento, de 29 de Março de 2006), os poderes de autenticação, de certificação e de reconhecimento de documentos também foram atribuídos aos conservadores e aos oficiais de registo, às câmaras de comércio e indústria, bem como aos advogados e aos solicitadores. As autenticações, as certificações e os reconhecimentos efectuados nestes termos conferem ao documento em causa a mesma força probatória que teria se tais actos tivessem sido realizados com intervenção notarial. Como foi explicado pela República Portuguesa na audiência, o legislador português eliminou progressivamente a necessidade de autenticação notarial no que respeita à quase totalidade dos actos para os quais essa autenticação era anteriormente exigida. Procedimento pré‑contencioso Foi apresentada à Comissão uma queixa relativa à não transposição da Directiva 89/48, no que respeita à profissão de notário em Portugal. Depois de ter examinado esta queixa, a Comissão, por carta de 20 de Dezembro de 2001, enviou à República Portuguesa uma notificação para cumprir, para que esta, no prazo de dois meses, apresentasse as suas observações a propósito da não transposição desta directiva. Na sua resposta de 17 de Junho de 2002 à notificação para cumprir, a República Portuguesa informou a Comissão de que estava a proceder a uma reforma legislativa em matéria de acesso à profissão de notário. A Comissão, em 18 de Outubro de 2006, dirigiu a este Estado‑Membro um parecer fundamentado no qual concluiu que o referido Estado‑Membro não tinha cumprido as obrigações que lhe incumbiam por força da Directiva 89/48. Esta instituição convidou a República Portuguesa a adoptar as medidas necessárias para dar cumprimento ao parecer fundamentado no prazo de dois meses a contar da sua recepção. Por carta de 24 de Janeiro de 2007, a República Portuguesa apresentou os motivos pelos quais considerava que a posição defendida pela Comissão não era procedente. Foi nestas condições que a Comissão decidiu intentar a presente acção. Quanto à acção Argumentos das partes A Comissão alega, em primeiro lugar, que a actividade dos notários não está ligada ao exercício da autoridade pública na acepção do artigo 45.°, primeiro parágrafo, CE. A este respeito, recorda que, na parte em que prevê uma excepção à liberdade de estabelecimento, esta disposição deve ser interpretada restritivamente (acórdão de 21 de Junho de 1974, Reyners, C‑2/74, Colect., p. 325, n.° 43). O âmbito de aplicação da referida excepção deve, além disso, ser restringido às actividades que, em si próprias, constituem a participação directa e específica no exercício do poder público (acórdão Reyners, já referido, n. os 44 e 45). Segundo a Comissão, o conceito de poder público decorre de um poder de decisão que vai além do direito comum, que se traduz na capacidade de agir independentemente da vontade de outros sujeitos ou mesmo contra essa vontade. Em especial, a autoridade pública manifesta‑se, segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça, através do exercício de poderes de coerção (acórdão de 29 de Outubro de 1998, Comissão/Espanha, C‑114/97, Colect., p. I‑6717, n.° 37). Ficam assim excluídas do âmbito de aplicação do artigo 45.°, primeiro parágrafo, CE as actividades que constituem assistência ou colaboração no funcionamento da autoridade pública (v., neste sentido, acórdão de 13 de Julho de 1993, Thijssen, C‑42/92, Colect., p. I‑4047, n.° 22). A Comissão e o Reino Unido da Grã‑Bretanha e da Irlanda do Norte são de opinião de que as actividades que estão ligadas ao exercício da autoridade pública devem ser distinguidas das que são exercidas no interesse geral. Com efeito, são atribuídas a diversas profissões competências específicas no interesse geral, que não são suficientes para conferir à sua actividade a natureza de exercício da autoridade pública. Uma vez que a legislação portuguesa não atribui poderes decisórios aos notários, a actividade destes não está ligada ao exercício da autoridade pública. Em segundo lugar, a Comissão examina, à luz das exigências da Directiva 2005/36, os requisitos a que está sujeito o acesso à profissão de notário em Portugal. À semelhança do Reino Unido, esta instituição considera que o considerando 41 desta directiva não exclui a profissão de notário do âmbito de aplicação da referida directiva. Este considerando deve ser interpretado no sentido de que o artigo 45.°, primeiro parágrafo, CE é aplicável à profissão de notário, uma vez que as actividades desempenhadas nesta profissão estão ligadas ao exercício da autoridade pública. Ora, uma vez que as actividades dos notários não estão, na ordem jurídica portuguesa, ligadas ao exercício da autoridade pública, é‑lhes aplicável a Directiva 2005/36. A este respeito, a Comissão observa que o exercício da profissão de notário em Portugal está sujeito a cinco requisitos. Em primeiro lugar, os candidatos devem ser licenciados em Direito por uma Universidade portuguesa ou possuir habilitação académica equivalente face à lei portuguesa. Em segundo lugar, os candidatos devem ser aprovados num concurso de atribuição do título de notário. Em terceiro lugar, devem efectuar um estágio, no termo do qual o notário patrono elabora uma informação do estágio na qual se pronuncia sobre a aptidão do estagiário para o exercício da profissão. Em quarto lugar, depois de terem efectuado o referido estágio, os candidatos devem ser aprovados num segundo concurso que lhes permita exercer a profissão. Em quinto lugar, os candidatos tomam posse mediante juramento perante o Ministro da Justiça e o bastonário da Ordem dos Notários. A Comissão considera que os primeiros três requisitos mencionados no número anterior não são compatíveis com as exigências da Directiva 2005/36. Assim, o primeiro requisito contraria os artigos 13.°, n.° 1, e 14.°, n.° 3, desta directiva, uma vez que proíbe que os titulares de licenciaturas em Direito conferidas por Universidades de outros Estados‑Membros ou de habilitações académicas que não são consideradas equivalentes exerçam a profissão de notário em Portugal. O segundo requisito contraria, nomeadamente, o artigo 14.°, n.° 3, da referida directiva, uma vez que o concurso que permite obter o título de notário incide num amplo espectro de matérias que constam do diploma ou da formação do candidato. No que respeita ao terceiro requisito, o estágio em causa constitui não apenas um estágio de adaptação mas, simultaneamente, uma prova de aptidão, quando o artigo 14.°, n.° 3, da Directiva 2005/36 proíbe que se exija cumulativamente a frequência de um estágio de adaptação, por um lado, e a aprovação numa prova de aptidão, por outro. A República Portuguesa, apoiada pela República da Lituânia, pela República da Eslovénia e pela República Eslovaca, alega, em primeiro lugar, que as actividades do notário participam, em conformidade com a legislação da União e a jurisprudência do Tribunal de Justiça, no exercício de prerrogativas de autoridade pública na acepção do artigo 45.°, primeiro parágrafo, CE. Com efeito, o Tribunal de Justiça já confirmou, no seu acórdão de 30 de Setembro de 2003, Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española (C‑405/01, Colect., p. I‑10391, n.° 42), que as actividades do notário relativas à elaboração de testamentos constituem uma participação no exercício de prerrogativas de autoridade pública. O Parlamento Europeu também concluiu pela aplicabilidade do artigo 45.°, primeiro parágrafo, CE à profissão de notário, na sua Resolução de 18 de Janeiro de 1994 sobre a situação e organização do notariado nos doze Estados‑Membros da Comunidade (JO C 44, p. 36), e na sua Resolução de 23 de Março de 2006 sobre as profissões jurídicas e o interesse geral no funcionamento da ordem jurídica (JO C 292E, p. 105). Do mesmo modo, as Directivas 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de Junho de 2000, relativa a certos aspectos legais dos serviços da sociedade de informação, em especial do comércio electrónico, no mercado interno («Directiva sobre o comércio electrónico») (JO L 178, p. 1), e 2006/123/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Dezembro de 2006, relativa aos serviços no mercado interno (JO L 376, p. 36), excluem dos respectivos âmbitos de aplicação as actividades de notário. Certos aspectos do Estatuto do Notariado, a saber, nomeadamente, o seu estatuto de oficial público, o regime de numerus clausus a que está sujeito e o juramento bem como as incompatibilidades previstas na lei, também comprovam a participação dos notários no exercício da autoridade pública. No que respeita à pretensa não transposição da Directiva 2005/36, a República Portuguesa, a República da Lituânia e a República da Eslovénia alegam, em segundo lugar, que o considerando 41 desta directiva enuncia expressamente que esta «não prejudica a aplicação do n.° 4 do artigo 39.° [CE] e do artigo 45.° [CE], designadamente no que diz respeito aos notários». Esta reserva confirma que a profissão de notário está excluída do âmbito de aplicação da Directiva 2005/36. No considerando 12 da Directiva 89/48 figura uma reserva similar. Referindo‑se aos trabalhos preparatórios da Directiva 2005/36, nomeadamente à Resolução legislativa do Parlamento Europeu sobre uma proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais (JO 2004, C 97E, p. 230), adoptada em primeira leitura, em 11 de Fevereiro de 2004, a República Portuguesa conclui que o legislador da União retirou a profissão de notário do âmbito de aplicação da referida directiva. A República Checa considera que, na medida em que o exercício da profissão de notário exige um conhecimento aprofundado do direito nacional do Estado‑Membro de acolhimento, a exigência de uma prova de aptidão que incida sobre questões relativas ao direito interno desse Estado‑Membro está em consonância com as condições que figuram no artigo 3.°, n.° 1, alínea h), da Directiva 2005/36. A República da Eslovénia alega que o Tribunal de Justiça deve, oficiosamente, julgar improcedente a presente acção, pelo facto de o processo pré‑contencioso ter por objecto a pretensa não transposição da Directiva 89/48, ao passo que, na presente acção, se acusa a República Portuguesa é acusada de não ter cumprido as obrigações que lhe incumbem por força do disposto na Directiva 2005/36. Apreciação do Tribunal de Justiça Quanto à admissibilidade da acção Resulta da petição inicial da Comissão que a presente acção tem por objecto uma pretensa não transposição da Directiva 2005/36. Contudo, há que notar que tanto a notificação para cumprir como o parecer fundamentado enviados pela Comissão se referem à Directiva 89/48. Por conseguinte, há que analisar oficiosamente a questão da admissibilidade da presente acção. Com efeito, nos termos da sua jurisprudência, o Tribunal de Justiça pode apreciar oficiosamente se estão preenchidas as condições estabelecidas no artigo 226.° CE para a propositura de uma acção por incumprimento (acórdãos de 31 de Março de 1992, Comissão/Itália, C‑362/90, Colect., p. I‑2353, n.° 8, e de 9 de Setembro de 2004, Comissão/Grécia, C‑417/02, Colect., p. I‑7973, n.° 16). É jurisprudência constante que a existência de um incumprimento no âmbito de uma acção intentada ao abrigo do artigo 226.° CE deve ser apreciada à luz da legislação da União em vigor no termo do prazo que a Comissão concedeu ao Estado‑Membro em causa para dar cumprimento ao seu parecer fundamentado (v., nomeadamente, acórdãos de 10 de Setembro de 1996, Comissão/Alemanha, C‑61/94, Colect., p. I‑3989, n.° 42, de 5 de Outubro de 2006, Comissão/Bélgica, C‑377/03, Colect., p. I‑9733, n.° 33, e de 10 de Setembro de 2009, Comissão/Grécia, C‑416/07, Colect., p. I‑7883, p. 27). Ora, há que constatar que a Directiva 2005/36 revogou a Directiva 89/48 a partir de 20 de Outubro de 2007, ou seja, depois de ter expirado o prazo fixado no parecer fundamentado. Contudo, como o Tribunal de Justiça já declarou, embora os pedidos contidos na petição inicial não possam, em princípio, ser ampliados para além dos incumprimentos alegados nas conclusões do parecer fundamentado e na notificação para cumprir, na verdade a Comissão pode procurar obter a declaração de um incumprimento das obrigações que têm origem na versão inicial de um acto da União, posteriormente alterado ou revogado, e que foram mantidas pelas disposições de um novo acto da União. Em contrapartida, o objecto do litígio não pode ser ampliado a obrigações resultantes de novas disposições que não tenham equivalência na versão inicial do acto em questão, sem incorrer na violação das formalidades essenciais da regularidade do processo destinado a declarar o incumprimento (v., a este respeito, acórdãos de 9 de Novembro de 1999, Comissão/Itália, C‑365/97, Colect., p. I‑7773, n.° 36, de 12 de Junho de 2003, Comissão/Itália, C‑363/00, Colect., p. I‑5767, n.° 22, e de 10 de Setembro de 2009, Comissão/Grécia, já referido, n.° 28). Por conseguinte, os pedidos contidos na petição inicial da Comissão que visam obter a declaração de que a República Portuguesa não cumpriu as obrigações que lhe incumbem por força da Directiva 2005/36 são, em princípio, admissíveis, na condição de as obrigações decorrentes desta directiva serem análogas às que decorrem da Directiva 89/48 (v., por analogia, acórdão de 10 de Setembro de 2009, Comissão/Grécia, já referido, n.° 29). Ora, como resulta do considerando 9 da Directiva 2005/36, embora vise melhorar, reorganizar e racionalizar as disposições existentes através de uma uniformização dos princípios aplicáveis, esta directiva mantém, no que se refere à liberdade de estabelecimento, os princípios e as garantias subjacentes aos diferentes sistemas de reconhecimento em vigor, como o instaurado pela Directiva 89/48. Do mesmo modo, o considerando 14 da Directiva 2005/36 enuncia que o mecanismo de reconhecimento estabelecido, nomeadamente, pela Directiva 89/48 se mantém inalterado. No presente caso, a acusação que a Comissão faz à República Portuguesa visa, no que se refere à profissão de notário, a falta de transposição, não de uma determinada disposição da Directiva 2005/36 mas desta directiva na sua totalidade. Nestas condições, há que constatar que a pretensa obrigação de transposição da Directiva 2005/36 para a profissão de notário é análoga à que decorre da Directiva 89/48, na medida em que, por um lado, os princípios e as garantias subjacentes ao mecanismo de reconhecimento criado por esta última directiva são mantidos na primeira e, por outro, este mecanismo de reconhecimento não foi alterado depois da adopção da Directiva 2005/36. Por conseguinte, o presente fundamento é admissível. Quanto ao mérito A Comissão acusa a República Portuguesa de não ter transposto a Directiva 2005/36, no que respeita à profissão de notário. Por conseguinte, há que examinar se a referida directiva é aplicável a esta profissão. A este respeito, há que tomar em consideração o contexto legislativo em que esta se inscreve. Importa assim salientar que o legislador previu expressamente, no considerando 12 da Directiva 89/48, que antecedeu a Directiva 2005/36, que o sistema geral de reconhecimento de diplomas do ensino superior, criado pela primeira destas directivas, «em nada prejudica a aplicação do [artigo 45.° CE]». A reserva assim emitida traduz a vontade do legislador de deixar as actividades abrangidas pelo artigo 45.°, primeiro parágrafo, CE fora do âmbito de aplicação da Directiva 89/48. Ora, no momento em que a Directiva 89/48 foi adoptada, o Tribunal de Justiça ainda não tinha tido a oportunidade de se pronunciar sobre a questão de saber se as actividades notariais são ou não abrangidas pelo artigo 45.°, primeiro parágrafo, CE. Nos anos que se seguiram à adopção da Directiva 89/48, o Parlamento afirmou, nas suas Resoluções de 1994 e de 2006, mencionadas no n.° 32 do presente acórdão, por um lado, que o artigo 45.°, primeiro parágrafo, CE se devia aplicar integralmente à profissão de notário enquanto tal, ao passo que, por outro, manifestou a vontade de eliminar o requisito da nacionalidade para o acesso a esta profissão. Além disso, no momento da adopção da Directiva 2005/36, que substituiu a Directiva 89/48, o legislador da União teve o cuidado de precisar, no considerando 41 da primeira destas directivas, que esta não prejudica a aplicação do artigo 45.° CE, «designadamente no que diz respeito aos notários». Ora, ao emitir esta reserva, o legislador da União não tomou posição sobre a aplicabilidade do artigo 45.°, primeiro parágrafo, CE, e, por conseguinte, da Directiva 2005/36, às actividades notariais. Este facto é, nomeadamente, comprovado pelos trabalhos preparatórios desta última directiva. Com efeito, o Parlamento tinha proposto, na sua resolução legislativa mencionada no n.° 36 do presente acórdão, que fosse expressamente indicado no texto da Directiva 2005/36 que esta não se aplica aos notários. Se esta posição não foi incluída na Proposta alterada de Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais [COM(2004) 317 final], nem na Posição Comum (CE) n.° 10/2005, de 21 de Dezembro de 2004, adoptada pelo Conselho, deliberando nos termos do procedimento previsto no artigo 251.° do Tratado que institui a Comunidade Europeia, tendo em vista a adopção de uma directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais (JO 2005, C 58E, p. 1), não foi por a directiva em causa se dever aplicar à profissão de notário, mas, nomeadamente, por «[o] artigo 45.°[, primeiro parágrafo,] do Tratado […] prev[er] uma derrogação ao princípio da liberdade de estabelecimento e da livre prestação de serviços para as actividades que impliquem uma participação directa e específica no exercício da autoridade pública». A este respeito, atendendo a todas as circunstâncias específicas que caracterizaram o processo legislativo e a situação de incerteza que dele resultou, como decorre do contexto legislativo acima recordado, não é possível constatar que existia, no termo do prazo concedido no parecer fundamentado, uma obrigação suficientemente clara de os Estados‑Membros transporem a Directiva 2005/36 no que respeita à profissão de notário. Por conseguinte, há que julgar a acção improcedente. Quanto às despesas Por força do disposto no artigo 69.°, n.° 2, do Regulamento de Processo, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo a República Portuguesa pedido a condenação da Comissão e tendo esta sido vencida, há que condená‑la nas despesas. Nos termos do artigo 69.°, n.° 4, primeiro parágrafo, deste mesmo regulamento, os Estados‑Membros que intervenham no litígio suportam as suas próprias despesas. Por conseguinte, a República Checa, a República da Lituânia, a República da Eslovénia, a República Eslovaca e o Reino Unido da Grã‑Bretanha e da Irlanda do Norte suportarão as suas próprias despesas. Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Grande Secção) decide: 1) A acção é julgada improcedente. 2) A Comissão Europeia é condenada nas despesas. 3) A República Checa, a República da Lituânia, a República da Eslovénia, a República Eslovaca e o Reino Unido da Grã‑Bretanha e da Irlanda do Norte suportam as suas próprias despesas. Assinaturas * Língua do processo: português.

62006TJ0164

lt

Prašymas panaikinti 2006 m. balandžio 7 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 788/2005‑4) atsisakyti įregistruoti žodinį prekių ženklą BASICS kaip Bendrijos prekių ženklą Bylos duomenys Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: ColArt/Americas, Inc. Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: žodinis prekių ženklas BASICS 2 klasės prekėms – paraiška Nr. 2 433 613 Eksperto sprendimas: atsisakyti įregistruoti. Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją. Rezoliucinė dalis 1. Atmesti ieškinį. 2. Priteisti iš ColArt/Americas, Inc. bylinėjimosi išlaidas.

62018CJ0309

fr

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE ( JO 2014, L 94, p. 65 ), ainsi que des principes du droit de l’Union en matière de marchés publics. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Lavorgna Srl au Comune di Montelanico (commune de Montelanico, Italie), au Comune di Supino (commune de Supino, Italie), au Comune di Sgurgola (commune de Sgurgola, Italie) et au Comune di Trivigliano (commune de Trivigliano, Italie) au sujet de l’attribution d’un marché public à une société ayant omis d’indiquer de façon distincte les coûts de main-d’œuvre dans son offre économique. Le cadre juridique Le droit de l’Union Les considérants 40 et 98 de la directive 2014/24 sont libellés comme suit : « (40) Le contrôle du respect [des] dispositions du droit [...] du travail devrait être effectué aux stades pertinents de la procédure de passation de marché, lors de l’application des principes généraux régissant le choix des participants et l’attribution des marchés, lors de l’application des critères d’exclusion et lors de l’application des dispositions concernant les offres anormalement basses. [...] [...] (98) [L]es exigences concernant les conditions de travail de base réglementées par la directive 96/71/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services ( JO 1997, L 18, p. 1 )], telles que les taux minimaux de rémunération, devraient demeurer au niveau établi par le droit national ou par des conventions collectives appliqués conformément au droit de l’Union dans le cadre de ladite directive. » L’article 18 de la directive 2014/24 dispose : « 1.   Les pouvoirs adjudicateurs traitent les opérateurs économiques sur un pied d’égalité et sans discrimination et agissent d’une manière transparente et proportionnée. Un marché ne peut être conçu dans l’intention de le soustraire au champ d’application de la présente directive ou de limiter artificiellement la concurrence. La concurrence est considérée comme artificiellement limitée lorsqu’un marché est conçu dans l’intention de favoriser ou de défavoriser indûment certains opérateurs économiques. 2.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que, dans l’exécution des marchés publics, les opérateurs économiques se conforment aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par le droit de l’Union, le droit national, les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail énumérées à l’annexe X. » Aux termes de l’article 56, paragraphe 3, de cette directive : « Lorsque les informations ou les documents qui doivent être soumis par les opérateurs économiques sont ou semblent incomplets ou erronés ou lorsque certains documents sont manquants, les pouvoirs adjudicateurs peuvent, sauf disposition contraire du droit national mettant en œuvre la présente directive, demander aux opérateurs économiques concernés de présenter, compléter, clarifier ou préciser les informations ou les documents concernés dans un délai approprié, à condition que ces demandes respectent pleinement les principes d’égalité de traitement et transparence. » Le droit italien L’article 83, paragraphe 9, du decreto legislativo n. 50 – Codice dei contratti pubblici (décret législatif n o 50 portant code des marchés publics), du 18 avril 2016 [supplément ordinaire à la GURI n o 91, du 19 avril 2016, tel que modifié par le decreto legislativo n. 56 (décret législatif n 56), du 19 avril 2017, (supplément ordinaire à la GURI n. 103, du 5 mai 2017) ci-après le « code des marchés publics »], est libellé comme suit : « Un manquement affectant un élément de forme, quel qu’il soit, de la demande peut faire l’objet d’une régularisation au moyen de la procédure d’assistance à l’établissement du dossier visée au présent paragraphe. En particulier, en cas d’absence ou de caractère incomplet des éléments et du document unique de marché européen visés à l’article 85, ou de toute autre irrégularité substantielle affectant ces éléments ou déclarations, à l’exception des vices afférents à l’offre technique et économique, le pouvoir adjudicateur accorde au soumissionnaire un délai, n’excédant pas dix jours, pour présenter, compléter ou régulariser les déclarations requises, et indique quel doit en être le contenu et quelles sont les personnes tenues de les produire [...] » Selon l’article 95, paragraphe 10, du code des marchés publics : « Les opérateurs doivent indiquer dans leur offre économique leurs coûts de main-d’œuvre et le montant des charges d’entreprise allouées au respect de leurs obligations en matière de santé et de sécurité sur les lieux de travail, à l’exclusion des fournitures ne nécessitant pas de travaux de pose, des services de nature intellectuelle et des marchés visés à l’article 36, paragraphe 2, point a). En ce qui concerne les coûts de main-d’œuvre, les pouvoirs adjudicateurs vérifient avant l’attribution le respect des dispositions prévues à l’article 97, paragraphe 5, point d). » Le litige au principal et la question préjudicielle Par un avis du 29 septembre 2017, la commune de Montelanico a lancé une procédure ouverte d’appel d’offres dont la valeur du marché dépassait le seuil prévu à l’article 4 de la directive 2014/24. Cet avis ne rappelait pas expressément l’obligation faite aux opérateurs d’indiquer dans leur offre économique les coûts de main-d’œuvre, prévue à l’article 95, paragraphe 10, du code des marchés publics. Six soumissionnaires, au nombre desquels figuraient Gea Srl et Lavorgna, ont présenté une offre. Après l’expiration du délai fixé pour la présentation des offres, la commission adjudicatrice a, en ayant recours à la procédure d’assistance à l’établissement du dossier (soccorso istruttorio) , prévue à l’article 83, paragraphe 9, du code des marchés publics, invité certains des soumissionnaires, parmi lesquels Gea, à indiquer leurs coûts de main-d’œuvre. Par décision du 22 décembre 2017, la commune de Montelanico a attribué le marché public à Gea. Lavorgna, classée deuxième à l’issue de la procédure de sélection, a saisi la juridiction de renvoi d’un recours tendant, notamment, à l’annulation de cette décision, en faisant valoir que Gea aurait dû être exclue de la procédure d’appel d’offres pour avoir omis d’indiquer, dans son offre, les coûts de main-d’œuvre, sans que lui soit offerte la possibilité de bénéficier de la procédure d’assistance à l’établissement du dossier. Le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional pour le Latium, Italie) rappelle que, dans l’arrêt du 2 juin 2016, Pizzo ( C‑27/15 , EU:C:2016:404 ) et l’ordonnance du 10 novembre 2016, Edra Costruzioni et Edilfac ( C‑140/16 , non publiée, EU:C:2016:868 ), la Cour s’est exprimée sur la question de savoir si des concurrents peuvent être exclus d’une procédure de marché public pour ne pas avoir précisé les coûts relatifs à la sécurité au travail et si une telle omission peut être régularisée a posteriori. À cette occasion, la Cour aurait souligné que, dans l’hypothèse où une condition de participation à la procédure de passation du marché, sous peine d’exclusion du soumissionnaire, n’est pas expressément prévue par les documents du marché et où cette condition ne peut être identifiée que par une interprétation jurisprudentielle du droit national, le pouvoir adjudicateur peut accorder au soumissionnaire exclu un délai suffisant pour régulariser sa situation. La juridiction de renvoi précise que, lorsqu’il a adopté le code des marchés publics aux fins de transposer la directive 2014/24 dans l’ordre juridique italien, le législateur national a expressément prévu l’obligation pour les soumissionnaires d’indiquer dans l’offre économique leurs coûts de main-d’œuvre, tout en excluant la faculté, pour le pouvoir adjudicateur, de recourir à la procédure d’assistance à l’établissement du dossier pour inviter les soumissionnaires n’ayant pas rempli cette obligation à régulariser leur situation. Le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional pour le Latium) s’interroge sur la compatibilité de la réglementation nationale en cause au principal avec les principes généraux de la protection de la confiance légitime, de sécurité juridique et de proportionnalité, notamment dans le cas où, comme dans l’affaire dont il est saisi, l’offre économique, qui ne contient pas l’indication des coûts de main-d’œuvre, a été rédigée par l’entreprise participant à l’appel d’offres conformément à la documentation préétablie à cet effet par l’entité adjudicatrice, et où la question du respect matériel des règles concernant les coûts de main-d’œuvre n’est pas en cause. La juridiction de renvoi fait valoir que l’application de cette réglementation nationale pourrait entraîner des discriminations à l’égard des entreprises établies dans d’autres États membres qui voudraient participer à un appel d’offres lancé par une administration italienne, car elles ne pourraient pas se fier au caractère correct du formulaire préétabli fourni par l’entité adjudicatrice. Dans ces circonstances, le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional pour le Latium) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « Les principes du droit de l’Union européenne de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique, associés aux principes de libre circulation des marchandises, de liberté d’établissement et de libre prestation des services énoncés dans le [traité FUE], ainsi que les principes qui en découlent tels que l’égalité de traitement, la non-discrimination, la reconnaissance mutuelle, la proportionnalité et la transparence, visés dans la directive [2014/24], font-ils obstacle à l’application d’une réglementation nationale telle que la réglementation italienne issue des dispositions combinées de [l’article 95, paragraphe 10, et de l’article 83, paragraphe 9, du code des marchés publics], selon laquelle le défaut d’indication séparée des coûts de main-d’œuvre, dans les offres économiques présentées dans une procédure d’adjudication de marché public, entraîne en toute hypothèse l’exclusion de l’entreprise auteure de l’offre sans possibilité d’assistance à l’établissement du dossier (“ soccorso istruttorio ”), y compris dans le cas où l’obligation d’indiquer ces coûts séparément n’était pas spécifiée dans la documentation de l’appel d’offres, et ce indépendamment du fait que, du point de vue du fond, l’offre respecte bien les coûts minimaux de main-d’œuvre, conformément d’ailleurs à une déclaration spécifique en ce sens de l’entreprise en question ? » Sur la question préjudicielle Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les principes de sécurité juridique, d’égalité de traitement et de transparence, visés dans la directive 2014/24, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, selon laquelle le défaut d’indication séparée des coûts de main-d’œuvre, dans une offre économique présentée dans une procédure d’adjudication de marché public, entraîne l’exclusion de cette offre sans possibilité d’assistance à l’établissement du dossier, y compris dans le cas où l’obligation d’indiquer ces coûts séparément n’était pas spécifiée dans la documentation de l’appel d’offres. À cet égard, il est de jurisprudence constante de la Cour, d’une part, que le principe d’égalité de traitement impose que les soumissionnaires disposent des mêmes chances dans la formulation des termes de leurs offres et implique donc que ces offres soient soumises aux mêmes conditions pour tous les soumissionnaires. D’autre part, l’obligation de transparence, qui en constitue le corollaire, a pour but de garantir l’absence de risque de favoritisme et d’arbitraire de la part du pouvoir adjudicateur. Cette obligation implique que toutes les conditions et les modalités de la procédure d’attribution soient formulées de manière claire, précise et univoque dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges, de façon, premièrement, à permettre à tous les soumissionnaires raisonnablement informés et normalement diligents d’en comprendre la portée exacte et de les interpréter de la même manière et, deuxièmement, à mettre le pouvoir adjudicateur en mesure de vérifier effectivement si les offres des soumissionnaires correspondent aux critères régissant le marché en cause (arrêt du 2 juin 2016, Pizzo, C‑27/15 , EU:C:2016:404 , point et jurisprudence citée). Eu égard à ces considérations, la Cour a jugé que le principe d’égalité de traitement et l’obligation de transparence doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à l’exclusion d’un opérateur économique de la procédure de passation d’un marché public à la suite du non-respect, par celui-ci, d’une obligation qui résulte non pas expressément des documents afférents à cette procédure ou de la loi nationale en vigueur, mais d’une interprétation de cette loi et de ces documents ainsi que du comblement des lacunes, de la part des autorités ou des juridictions administratives nationales, présentées par lesdits documents (arrêt du 2 juin 2016, Pizzo, C‑27/15 , EU:C:2016:404 , point ; voir, en ce sens, ordonnance du 10 novembre 2016, Spinosa Costruzioni Generali et Melfi, C‑162/16 , non publiée, EU:C:2016:870 , point ). En revanche, ces mêmes principes ne sauraient, en principe, s’opposer à l’exclusion d’un opérateur économique de la procédure de passation d’un marché public en raison du non-respect, par celui-ci, d’une obligation expressément imposée, sous peine d’exclusion, par les documents afférents à cette procédure ou les dispositions du droit national en vigueur. Une telle considération s’impose d’autant plus que, selon une jurisprudence constante de la Cour, dans l’hypothèse où des obligations étaient clairement imposées dans les documents relatifs au marché public sous peine d’exclusion, le pouvoir adjudicateur ne peut admettre des rectifications quelconques à des omissions auxdites obligations (voir, par analogie, arrêts du 6 novembre 2014, Cartiera dell’Adda, C‑42/13 , EU:C:2014:2345 , points et ; du 2 juin 2016, Pizzo, C‑27/15 , EU:C:2016:404 , point , ainsi que du 10 novembre 2016, Ciclat, C‑199/15 , EU:C:2016:853 , point ). À cet égard, il convient d’ajouter que l’article 56, paragraphe 3, de la directive 2014/24 autorise les États membres à limiter les cas dans lesquels les pouvoirs adjudicateurs peuvent demander aux opérateurs économiques concernés de présenter, de compléter, de clarifier ou de préciser les informations ou les documents prétendument incomplets, erronés ou manquants dans un délai approprié. Enfin, conformément au principe de proportionnalité, qui constitue un principe général du droit de l’Union, une réglementation nationale concernant les procédures de marché public ayant pour objectif de garantir l’égalité de traitement des soumissionnaires ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif visé (voir, en ce sens, arrêt du 8 février 2018, Lloyd’s of London, C‑144/17 , EU:C:2018:78 , point et jurisprudence citée). En l’occurrence, il ressort des éléments fournis par la juridiction de renvoi que l’obligation, sous peine d’exclusion, d’indiquer de manière séparée les coûts de main-d’œuvre découle clairement d’une lecture combinée des dispositions de l’article 95, paragraphe 10, du code des marchés publics et de l’article 83, paragraphe 9, de ce code, en vigueur au moment de la publication de l’avis de marché en cause au principal. Sur le fondement de l’article 56, paragraphe 3, de la directive 2014/24, le législateur italien a décidé, à l’article 83, paragraphe 9, dudit code, d’exclure de la procédure d’assistance à l’établissement du dossier le cas, notamment, où les informations manquantes concernent les coûts de main-d’œuvre. Par ailleurs, si la juridiction de renvoi relève que l’avis de marché en cause au principal ne rappelait pas explicitement l’obligation faite aux soumissionnaires potentiels, prévue à l’article 95, paragraphe 10, du code des marchés publics, d’indiquer, dans l’offre économique, leurs coûts de main-d’œuvre , il ressort néanmoins des éléments du dossier dont dispose la Cour que cet avis précisait que, « pour ce qui n’était pas expressément prévu dans ledit avis, dans les documents et dans le cahier des charges de l’appel d’offres, les règles du [code des marchés publics] » s’appliquent. Il s’ensuit que tout soumissionnaire raisonnablement informé et normalement diligent était, en principe, en mesure de prendre connaissance des règles pertinentes applicables à la procédure d’appel d’offres en cause au principal, y compris l’obligation d’indiquer dans l’offre économique les coûts de main-d’œuvre. Dans ces conditions, les principes d’égalité de traitement et de transparence ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, selon laquelle le défaut d’indication des coûts de main-d’œuvre entraîne l’exclusion du soumissionnaire concerné sans qu’il soit possible de recourir à la procédure d’assistance à l’établissement du dossier, et ce même dans le cas où l’avis de marché ne rappelait pas explicitement l’obligation légale de fournir cette indication. Toutefois, il ressort des observations écrites soumises à la Cour par Gea que le formulaire préétabli que les soumissionnaires à l’appel d’offres en cause au principal devaient obligatoirement utiliser ne leur permettait pas matériellement d’y indiquer séparément les coûts de main-d’œuvre. De plus, le cahier des charges relatif à cet appel d’offres précisait que les soumissionnaires ne pouvaient soumettre aucun document qui n’avait pas été spécifiquement demandé par le pouvoir adjudicateur. Il incombe à la juridiction de renvoi, seule compétente pour statuer sur les faits du litige au principal et la documentation afférente à l’avis de marché en cause, de vérifier s’il était, effectivement, matériellement impossible aux soumissionnaires d’indiquer les coûts de main-d’œuvre conformément à l’article 95, paragraphe 10, du code des marchés publics et d’apprécier si, de ce fait, cette documentation créait, en dépit du renvoi explicite aux dispositions claires de ce code, une confusion dans le chef des soumissionnaires. Dans l’hypothèse où cette juridiction parviendrait à la conclusion que tel était effectivement le cas, il convient encore d’ajouter que, dans un tel cas, eu égard aux principes de sécurité juridique, de transparence et de proportionnalité, le pouvoir adjudicateur peut accorder à un tel soumissionnaire la possibilité de régulariser sa situation et de satisfaire aux obligations prévues par la législation nationale en la matière dans un délai fixé par le pouvoir adjudicateur (voir, en ce sens, arrêt du 2 juin 2016, Pizzo, C‑27/15 , EU:C:2016:404 , point , ainsi que ordonnance du 10 novembre 2016, Spinosa Costruzioni Generali et Melfi, C‑162/16 , non publiée, EU:C:2016:870 , point ). Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question préjudicielle que les principes de sécurité juridique, d’égalité de traitement et de transparence, tels que visés dans la directive 2014/24, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, selon laquelle le défaut d’indication séparée des coûts de main-d’œuvre, dans une offre économique présentée dans une procédure d’adjudication de marché public, entraîne l’exclusion de cette offre sans possibilité d’assistance à l’établissement du dossier, y compris dans le cas où l’obligation d’indiquer ces coûts séparément n’était pas spécifiée dans la documentation de l’appel d’offres, dans la mesure où cette condition et cette possibilité d’exclusion sont clairement prévues par la réglementation nationale relative aux procédures de marchés publics à laquelle un renvoi explicite y était effectué. Toutefois, si les dispositions de l’appel d’offres ne permettent pas aux soumissionnaires d’indiquer ces coûts dans leurs offres économiques, les principes de transparence et de proportionnalité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas au fait de permettre aux soumissionnaires de régulariser leur situation et de satisfaire aux obligations prévues par la réglementation nationale en la matière dans un délai fixé par le pouvoir adjudicateur. Sur les dépens La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit : Les principes de sécurité juridique, d’égalité de traitement et de transparence, tels que visés dans la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, selon laquelle le défaut d’indication séparée des coûts de main-d’œuvre, dans une offre économique présentée dans une procédure d’adjudication de marché public, entraîne l’exclusion de cette offre sans possibilité d’assistance à l’établissement du dossier, y compris dans le cas où l’obligation d’indiquer ces coûts séparément n’était pas spécifiée dans la documentation de l’appel d’offres, dans la mesure où cette condition et cette possibilité d’exclusion sont clairement prévues par la réglementation nationale relative aux procédures de marchés publics à laquelle un renvoi explicite y était effectué. Toutefois, si les dispositions de l’appel d’offres ne permettent pas aux soumissionnaires d’indiquer ces coûts dans leurs offres économiques, les principes de transparence et de proportionnalité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas au fait de permettre aux soumissionnaires de régulariser leur situation et de satisfaire aux obligations prévues par la réglementation nationale en la matière dans un délai fixé par le pouvoir adjudicateur. Signatures ( *1 ) Langue de procédure : l’italien.

62001CJ0202

pt

Fundamentação jurídica do acórdão 1 Por petição apresentada na Secretaria do Tribunal de Justiça em 16 de Maio de 2001, a Comissão das Comunidades Europeias intentou, ao abrigo do artigo 226.° CE, uma acção destinada a obter a declaração de que, ao não classificar de maneira suficiente em zonas de protecção especial (a seguir «ZPE») os territórios mais apropriados para a conservação das espécies de aves selvagens referidas no anexo I da Directiva 79/409/CEE do Conselho, de 2 de Abril de 1979, relativa à conservação das aves selvagens (JO L 103, p. 1; EE 15 F2 p. 125), na redacção dada pela Directiva 97/49/CE da Comissão, de 29 de Julho de 1997 (JO L 223, p. 9, a seguir «directiva»), e das espécies migratórias e, em especial, ao não classificar em suficiente extensão o território da Plaine des Maures (França) em zona de protecção especial, a República Francesa não respeitou as obrigações decorrentes desta directiva e não cumpriu as obrigações que lhe incumbem por força do Tratado CE. O enquadramento jurídico 2 O artigo 4.° , n.os 1, 2 e 4, da directiva estabelece: «1. As espécies mencionadas no anexo I são objecto de medidas de conservação especial respeitantes ao seu habitat, de modo a garantir a sua sobrevivência e a sua reprodução na sua área de distribuição. Para o efeito, tomar-se-ão em consideração: a) As espécies ameaçadas de extinção; b) As espécies vulneráveis a certas modificações dos seus habitats; c) As espécies consideradas raras porque as suas populações são reduzidas ou porque a sua repartição local é restrita; d) Outras espécies necessitando de atenção especial devido à especificidade do seu habitat. Ter-se-á em conta, para proceder às avaliações, quais as tendências e as variações dos níveis populacionais. Os Estados-Membros classificarão, nomeadamente, em zonas de protecção especial os territórios mais apropriados, em número e em extensão, para a conservação destas últimas na zona geográfica marítima e terrestre de aplicação da presente directiva. 2. Os Estados-Membros tomarão medidas semelhantes para as espécies migratórias não referidas no anexo I e cuja ocorrência seja regular, tendo em conta as necessidades de protecção na zona geográfica marítima e terrestre de aplicação da presente directiva no que diz respeito às suas áreas de reprodução, de muda e de invernada e às zonas de repouso e alimentação nos seus percursos de migração. Com esta finalidade, os Estados-Membros atribuem uma importância especial à protecção das zonas húmidas e muito particularmente às de importância internacional. [...] 4. Os Estados-Membros tomarão as medidas adequadas para evitar, nas zonas de protecção referidas nos n.os 1 e 2, a poluição ou a deterioração dos habitats bem como as perturbações que afectam as aves, desde que tenham um efeito significativo a propósito dos objectivos do presente artigo. Para além destas zonas de protecção, os Estados-Membros esforçam-se igualmente por evitar a poluição ou a deterioração dos habitats.» O procedimento pré-contencioso O procedimento relativo à alegada insuficiência dos territórios classificados em ZPE 3 Por carta de notificação de incumprimento dirigida em 23 de Abril de 1998 ao Governo francês, a Comissão formulou uma acusação baseada na aplicação incorrecta do artigo 4.° da directiva. Nesta carta, a Comissão afirmou que as autoridades francesas não tinham classificado em ZPE territórios suficientes, em número e em extensão, e que as zonas classificadas não eram suficientemente variadas e representativas, por forma a oferecerem protecção a todas as espécies de aves selvagens enumeradas no anexo I da directiva, bem como às espécies migratórias não mencionadas no referido anexo. Nesta carta, a Comissão defende também que a protecção dos territórios classificados como ZPE não estava garantida num número considerável de casos. 4 Por carta de 13 de Novembro de 1998, o Governo francês comunicou a sua resposta à notificação de incumprimento. Através de diversas cartas enviadas entre Novembro de 1998 e 25 de Fevereiro de 2000, este governo informou a Comissão da designação de oito novas ZPE. Enviou também uma circular, de 29 de Julho de 1999, do Ministro do Ordenamento do Território e do Ambiente, aos prefeitos de departamento, na qual lhes era indicado que a República Francesa se tinha comprometido a proceder a designações complementares de ZPE. 5 Por carta de 4 de Abril de 2000, a Comissão emitiu um parecer fundamentado em que declarava que, ao não classificar de maneira suficiente em ZPE os territórios mais apropriados para a conservação das espécies de aves selvagens referidas no anexo I da directiva e das espécies migratórias, a República Francesa não tinha respeitado as obrigações decorrentes da directiva. A Comissão convidava o referido Estado-Membro a adoptar as medidas necessárias para dar cumprimento a este parecer fundamentado no prazo de dois meses a contar da sua notificação e a comunicar-lhe tais medidas. 6 Em 23 de Junho de 2000, o Governo francês respondeu ao parecer fundamentado. O procedimento relativo à alegada falta de classificação da Plaine des Maures em ZPE 7 Em 22 de Junho de 1994, a Comissão dirigiu ao Governo francês uma carta de notificação de incumprimento por inobservância das obrigações que incumbem à República Francesa por força dos artigos 3.° e 4.° da directiva. Nessa carta, a Comissão indicava que, tendo em conta o seu grande interesse ornitológico, a Plaine des Maures, da qual 7 500 ha estão incluídos no inventário nacional das zonas importantes para a conservação das aves (a seguir «ZICO»), publicado em 1994 pelo Ministério do Ambiente francês e pela Liga para a Protecção dos Pássaros, devia ter sido classificada em ZPE. A Comissão também afirmou que uma parte deste local estava ameaçada de poluição e de deterioração devido à realização de vários projectos de desenvolvimento, entre os quais o projecto de parque de diversões de Bois de Bouis. 8 Por carta de 9 de Abril de 1996, as autoridades francesas anunciaram à Comissão, designadamente, que tinha sido intentado um processo judicial contra os trabalhos ilegais de arroteamento e de construção iniciados na zona de ordenamento concertado de Bois de Bouis, que, a fim de proteger definitivamente a Plaine des Maures de toda e qualquer agressão pública e privada a curto ou a longo prazo, tinha sido iniciado um procedimento de projecto de interesse geral e que o decreto instituindo tal projecto estava previsto para 1996. 9 Por carta de 19 de Dezembro de 1997, a Comissão emitiu um parecer fundamentado em que declarava que, ao não classificar a Plaine des Maures em ZPE, ao não adoptar medidas de conservação especial relativas ao habitat das aves em causa e ao não tomar as medidas apropriadas para preservar, manter ou restabelecer uma diversidade e uma extensão suficientes dos habitats das aves e para evitar a poluição ou a deterioração destes habitats devido à realização do projecto de parque de diversões de Bois de Bouis, a República Francesa não tinha cumprido as obrigações que lhe incumbem por força dos artigos 3.° e 4.° da directiva. A Comissão convidou o referido Estado-Membro a adoptar as medidas necessárias para dar cumprimento a este parecer fundamentado no prazo de dois meses a contar da sua notificação. 10 Por carta de 5 de Novembro de 1998, as autoridades francesas indicaram que tinham classificado em ZPE 879 ha da Plaine des Maures. Na sua carta de 29 de Novembro de 1999, as autoridades francesas anunciaram um importante aumento desta ZPE. 11 Por carta de 23 de Junho de 2000, as autoridades francesas anunciaram que tinham a intenção de aumentar, futuramente, a superfície da ZPE da Plaine des Maures para mais de 4 700 ha. 12 Considerando que as respostas das autoridades francesas não lhe permitiam concluir que a República Francesa tinha adoptado, nos prazos fixados nos pareceres fundamentados de 4 de Abril de 2000 e de 19 de Dezembro de 1997, as medidas necessárias para pôr fim aos incumprimentos censurados, a Comissão decidiu propor a presente acção no Tribunal de Justiça. Quanto à acção Quanto à alegada insuficiência dos territórios classificados em ZPE 13 A Comissão afirma que o artigo 4.° da directiva implica a classificação em ZPE de territórios suficientes, quantitativa e qualitativamente, tendo em conta as características dos locais cientificamente demonstradas. Ora, durante a fase pré-contenciosa, o Governo francês não contestou, no essencial, a afirmação segundo a qual as ZPE designadas em França não permitiam dar cumprimento a tal obrigação. Pelo que a acção deveria, em qualquer caso, ser julgada procedente. 14 A Comissão acrescenta que a melhor forma de atingir o objectivo fixado no artigo 4.° , n.os 1 e 2, da directiva consiste em classificar em ZPE os territórios inventariados cientificamente pela sua importância ornitológica objectiva como habitats de aves selvagens referidas no anexo I desta directiva ou de aves migratórias. 15 Assim, reportando-se à informação científica disponível e designadamente ao inventário das ZICO, a Comissão afirma que o Governo francês não cumpriu a sua obrigação de classificar de maneira suficiente em ZPE os territórios mais apropriados na acepção do artigo 4.° , n.os 1 e 2, da directiva. Este inventário, que seria, aliás, compatível com o inventário das «Important Bird Areas» elaborado à escala comunitária para a Comissão (a seguir «inventário das IBA»), na sua versão publicada em Março de 2000, e que identificou 285 ZICO no território metropolitano da França, constitui a melhor prova científica disponível para avaliar globalmente as classificações operadas pela República Francesa em todo o seu território. Efectivamente, não tendo o Governo francês apresentado inventários que contradissessem as conclusões do inventário das ZICO, devia ter classificado em ZPE todas as zonas consideradas como ZICO por este último inventário. 16 O Governo francês indica que, em 17 de Julho de 2001, existiam 117 ZPE, com uma superfície de cerca de 900 000 ha, o que representa 41% do número das ZICO e 19% da sua superfície. Contudo, reconhece que deve proceder a classificações complementares de ZPE para dar cumprimento à obrigação prevista no artigo 4.° da directiva. 17 Este governo considera, no entanto, que a directiva não o obriga a classificar em ZPE a totalidade do território referido no inventário das ZICO ou no inventário das IBA de 2000. Segundo o Governo francês, nem todos os territórios identificados nestes inventários se destinam a ser identificados como «os territórios mais apropriados» para a classificação em ZPE na acepção do artigo 4.° da directiva. Por outro lado, a abordagem adoptada pelo inventário das ZICO, publicado em 1994, e pelo inventário das IBA de 2000 era mais ampla e mais global do que a que tinha inspirado a elaboração do inventário das IBA de 1989. Este último é o único a concentrar-se nos «territórios mais apropriados», enquanto os outros inventários abrangem um território muito mais importante. 18 O Governo francês admite também que 6 das 116 espécies de aves selvagens referidas no anexo I da directiva, existentes no território francês, não gozam de protecção em, pelo menos, uma ZPE francesa. 19 Deve salientar-se que o Governo francês não contesta o facto de não ter classificado de maneira suficiente em ZPE os territórios mais apropriados para a conservação das espécies de aves selvagens referidas no anexo I da directiva e das espécies migratórias. 20 Por outro lado, é pacífico que a águia-pomarina, o maçarico-sovela, o peneireiro-cinzento, o papa-moscas-pequeno, a pardela-sombria das Baleares e a cotovia-montesina, que constam entre as espécies enumeradas no anexo I da directiva, não estavam, de qualquer forma, protegidas pela designação de nenhuma ZPE no território francês, no termo do prazo fixado no parecer fundamentado. 21 Assim, sem que seja necessário abordar a questão de saber se todos os territórios que figuram nas ZICO devem ser classificados em ZPE, há que declarar que a República Francesa não classificou, no prazo fixado, de maneira suficiente, em ZPE, na acepção do artigo 4.° , n.os 1 e 2, da directiva, os territórios mais apropriados para a conservação das espécies de aves selvagens referidas no anexo I da directiva e das espécies migratórias. Consequentemente, a acção da Comissão deve ser, quanto a este ponto, julgada procedente. Quanto à alegada insuficiência da classificação da Plaine des Maures em ZPE 22 A Comissão alega que, ao classificar apenas 879 ha da Plaine des Maures em ZPE, quando, para este local, as ZICO abrangem 7 500 ha, a República Francesa também não cumpriu a obrigação, que decorre do artigo 4.° , n.os 1 e 2, da directiva, de classificar em ZPE os territórios mais apropriados em número e em superfície. Uma vez que o Governo francês se comprometeu a aumentar a ZPE da Plaine des Maures de 879 ha para 4 700 ha, reconheceu, dessa forma, a insuficiência da superfície então classificada em ZPE neste local. Além disso, uma vez que os 7 500 ha da Plaine des Maures constam do inventário das ZICO, as autoridades francesas deviam classificá-los integralmente em ZPE, a menos que se demonstrasse que não é necessária uma classificação integral do local em ZPE segundo a directiva. 23 O Governo francês defende que a petição não contém qualquer argumentação jurídica especial relativa à classificação em ZPE de um território insuficientemente vasto da Plaine des Maures. Com efeito, a Comissão, na petição, não fez uma exposição, ainda que sumária, dos elementos de direito que lhe permitiram concluir pela existência de um incumprimento relativo especificamente à Plaine des Maures. Consequentemente, esta acusação deve declarar-se inadmissível. 24 Quanto ao mérito, o Governo francês admite que a classificação, em vigor à data do termo do prazo fixado no parecer fundamentado, de 879 ha em ZPE na Plaine des Maures era insuficiente para cumprir, no que diz respeito a este local, as obrigações resultantes do artigo 4.° da directiva. Contudo, o incumprimento deixou de existir desde o aumento, para 4 537 ha, da ZPE da Plaine des Maures, notificado em 17 de Maio de 2001. 25 Quanto à questão prévia de admissibilidade, há que lembrar que, nos termos dos artigos 19.° do Estatuto (CE) do Tribunal de Justiça e 38.° , n.° 1, alínea c), do Regulamento de Processo, da petição deve constar, designadamente, uma exposição sumária dos fundamentos do pedido. Consequentemente, incumbe à Comissão, em qualquer requerimento apresentado ao abrigo do artigo 226.° CE, indicar as acusações exactas sobre as quais o Tribunal se deve pronunciar, bem como, de forma pelo menos sumária, os elementos de direito, designadamente, em que essas acusações se baseiam (v. acórdão de 13 de Dezembro de 1990, Comissão/Grécia, C-347/88, Colect., p. I-4747, n.° 28). 26 Ora a Comissão, na sua petição, indicou a base jurídica bastante para a acusação da insuficiência de classificação da Plaine des Maures em ZPE. O próprio Governo francês reconheceu, na tréplica, que os elementos de direito em que assenta a referida acusação podiam ser extrapolados a partir dos desenvolvimentos da Comissão relativos à primeira acusação. 27 A questão prévia de admissibilidade deve, portanto, ser julgada improcedente. 28 Quanto ao mérito, há que lembrar que o Governo francês reconhece sem qualquer reserva que não tinha classificado em ZPE, no termo do prazo fixado no parecer fundamentado, uma parte suficiente do território da Plaine des Maures, face às obrigações decorrentes da directiva. 29 Além disso, é pacífico que a Plaine des Maures abriga 23 espécies de aves selvagens referidas no anexo I da directiva e igualmente várias espécies migratórias não referidas neste anexo, sendo que algumas delas, designadamente a sombria, a garça-pequena, o rolieiro, o noitibó da Europa e o picanço-de-dorso-ruivo, fazem desta zona um local de grande interesse ornitológico. 30 Consequentemente, sem que seja necessário abordar a questão de saber se, no que respeita à Plaine des Maures, todo e qualquer território que consta das ZICO deve ser classificado em ZPE há que declarar que a República Francesa não classificou em ZPE, no prazo fixado, na acepção do artigo 4.° , n.os 1 e 2, da directiva, uma superfície suficiente da Plaine des Maures. Pelo que a acção da Comissão deve, neste ponto, ser considerada procedente. 31 À luz do que foi exposto, há que declarar que, ao não classificar de maneira suficiente em ZPE os territórios mais apropriados para a conservação das espécies de aves selvagens referidas no anexo I da directiva e das espécies migratórias e, em especial, ao não classificar uma superfície suficiente da Plaine des Maures em ZPE, a República Francesa não cumpriu as obrigações que lhe incumbem por força do artigo 4.° , n.os 1 e 2, da directiva. Decisão sobre as despesas Quanto às despesas 32 Por força do disposto no artigo 69.° , n.° 2, do Regulamento de Processo, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo a Comissão pedido a condenação da República Francesa e tendo esta sido vencida, há que condená-la nas despesas. Parte decisória Pelos fundamentos expostos, O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Sexta Secção) decide: 1) Ao não classificar de maneira suficiente em zonas de protecção especial os territórios mais apropriados para a conservação das espécies de aves selvagens referidas no anexo I da Directiva 79/409/CEE do Conselho, de 2 de Abril de 1979, relativa à conservação das aves selvagens, na redacção dada pela Directiva 97/49/CE da Comissão, de 29 de Julho de 1997, e das espécies migratórias e, em especial, ao não classificar uma superfície suficiente da Plaine des Maures (França) em zona de protecção especial, a República Francesa não cumpriu as obrigações que lhe incumbem por força do artigo 4.° , n.os 1 e 2, desta directiva. 2) A República Francesa é condenada nas despesas.

61993CJ0360

de

1 Das Europäische Parlament hat mit Klageschrift, die am 20. Juli 1993 bei der Kanzlei des Gerichtshofes eingegangen ist, gemäß Artikel 173 Absatz 1 EWG-Vertrag die Nichtigerklärung des Beschlusses 93/323/EWG des Rates vom 10. Mai 1993 über den Abschluß eines Abkommens in Form einer Vereinbarung für die Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und den Vereinigten Staaten von Amerika über das öffentliche Beschaffungswesen (ABl. L 125, S. 1) und der Entscheidung 93/324/EWG des Rates vom 10. Mai 1993 betreffend die Ausdehnung der Vorteile der Bestimmungen der Richtlinie 90/531/EWG auf die Vereinigten Staaten von Amerika (ABl. L 125, S. 54) beantragt. 2 Die Richtlinie 90/531/EWG des Rates vom 17. September 1990 betreffend die Auftragsvergabe durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie im Telekommunikationssektor (ABl. L 297, S. 1) wurde gestützt auf die Rechtsgrundlage der Artikel 57 Absatz 2 Satz 3, 66, 100a und 113 EWG-Vertrag erlassen. 3 Artikel 29 dieser Richtlinie lautet wie folgt: "(1) Dieser Artikel gilt für die Angebote betreffend Waren mit Ursprung in den Drittländern, mit denen die Gemeinschaft keine Übereinkunft in einem multilateralen oder bilateralen Rahmen geschlossen hat, durch die ein vergleichbarer und tatsächlicher Zugang der Unternehmen der Gemeinschaft zu den Märkten dieser Drittländer gewährleistet wird. Er gilt unbeschadet der Verpflichtungen der Gemeinschaft oder ihrer Mitgliedstaaten gegenüber den Drittländern. (2) Ein im Hinblick auf die Vergabe eines öffentlichen Lieferauftrags eingereichtes Angebot kann zurückgewiesen werden, wenn der Anteil der aus Drittländern stammenden Waren ° wobei der Warenursprung gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 802/68 des Rates vom 27. Juni 1968 über die gemeinsame Begriffsbestimmung für den Warenursprung, zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 3860/87, festgelegt wird ° mehr als 50 % des Gesamtwertes der im Angebot enthaltenen Waren beträgt. Im Sinne dieses Artikels gilt Software, die in der Ausstattung für Telekommunikationsnetze verwendet wird, als Ware. (3) Sind zwei oder mehrere Angebote gemäß den in Artikel 27 aufgestellten Zuschlagskriterien gleichwertig, so ist vorbehaltlich des Absatzes 4 das Angebot zu bevorzugen, das gemäß Absatz 2 nicht zurückgewiesen werden kann. Die Preise solcher Angebote gelten im Sinne dieses Artikels als gleich, sofern sie um nicht mehr als 3 % voneinander abweichen. (4) Absatz 3 gilt jedoch nicht, soweit die Annahme eines Angebotes aufgrund dieser Vorschrift den Auftraggeber zum Erwerb von Ausrüstungen zwingen würde, die andere technische Merkmale als bereits genutzte Ausrüstungen haben und dadurch zu Inkompatibilität oder technischen Schwierigkeiten bei Betrieb und Wartung oder unverhältnismässigen Kosten führen würden. (5) Im Sinne dieses Artikels werden bei der Bestimmung des Anteils der aus Drittländern stammenden Waren gemäß Absatz 2 diejenigen Drittländer nicht berücksichtigt, auf die der Geltungsbereich dieser Richtlinie durch einen Beschluß des Rates gemäß Absatz 1 ausgedehnt worden ist. (6) Die Kommission unterbreitet dem Rat ° erstmalig im zweiten Halbjahr 1991 ° einen Jahresbericht über die Fortschritte bei den multilateralen bzw. bilateralen Verhandlungen hinsichtlich des Zugangs der Unternehmen der Gemeinschaft zu den Märkten von Drittländern in den unter diese Richtlinie fallenden Bereichen, über alle durch diese Verhandlungen erzielten Ergebnisse sowie über die tatsächliche Anwendung aller geschlossenen Übereinkünfte. Ausgehend von diesen Entwicklungen kann der Rat diesen Artikel auf Vorschlag der Kommission mit qualifizierter Mehrheit ändern." 4 Der Rat erließ am 10. Mai 1993 gestützt auf Artikel 113 EWG-Vertrag den Beschluß 93/323 und die Entscheidung 93/324. 5 Durch den Beschluß 93/323 nahm der Rat das Abkommen in Form einer Vereinbarung für die Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und den Vereinigten Staaten von Amerika über das öffentliche Beschaffungswesen (im folgenden: Abkommen) im Namen der Gemeinschaft an. 6 Das Abkommen gilt nach seinem Artikel 1 für Liefer- und Bauaufträge sowie andere Dienstleistungsaufträge, die ° für die Gemeinschaft ° von den in Anhang 1 aufgeführten Auftraggebern vergeben werden, und für Liefer- und Bauaufträge, die ° für die Gemeinschaft ° von den in Anhang 3 des Abkommens genannten Auftraggebern vergeben werden. 7 Gemäß Artikel 2 Absatz 1 des Abkommens wendet die Gemeinschaft ° sofern bestimmte Schwellenwerte überschritten werden ° bei der Vergabe von Aufträgen durch in Anhang 1 aufgeführte Auftraggeber auf Lieferanten, Unternehmer und Dienstleistungserbringer aus den Vereinigten Staaten sowie auf aus den Vereinigten Staaten stammende Waren und Dienstleistungen die in den Richtlinien 77/62/EWG des Rates vom 21. Dezember 1976 über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher Lieferaufträge (ABl. 1977, L 13, S. 1), 92/50/EWG des Rates vom 18. Juni 1992 über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher Dienstleistungsaufträge (ABl. L 209, S. 1) und 71/305/EWG des Rates vom 26. Juli 1971 über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher Bauaufträge (ABl. L 185, S. 5) geregelten Verfahren an. 8 Gemäß Artikel 3 Absatz 1 1. Halbsatz des Abkommens ist die Gemeinschaft verpflichtet, bei der Vergabe von Liefer- und Bauaufträgen im Zusammenhang mit der Produktion, dem Transport oder der Verteilung von Strom durch die in Anhang 3 des Abkommens genannten Auftraggeber die Richtlinie 90/531 auf Waren, Lieferanten und Unternehmer aus den Vereinigten Staaten anzuwenden; gemäß Artikel 3 Absatz 1 2. Halbsatz ist die Richtlinie 92/13/EWG des Rates vom 25. Februar 1992 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Anwendung der Gemeinschaftsvorschriften über die Auftragsvergabe durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie im Telekommunikationssektor (ABl. L 76, S. 14) anzuwenden. 9 In Erfuellung dieser Verpflichtungen werden die Vorteile der Bestimmungen der Richtlinie 90/531 durch Artikel 1 der Entscheidung 93/324 auf Angebote ausgedehnt, welche Waren mit Ursprung in den Vereinigten Staaten von Amerika betreffen und welche im Hinblick auf die Vergabe eines Lieferauftrages durch die in Anhang 3 des Abkommens bezeichneten Auftraggeber eingereicht werden. 10 Das Parlament stützt seine Klage auf eine Verletzung des EWG-Vertrags und seiner wesentlichen Formvorschriften. Es begründet dies damit, daß der Beschluß 93/323 und die Entscheidung 93/324 unter Verstoß gegen die für die betreffenden Sachgebiete geltenden Vorschriften ausschließlich auf Artikel 113 EWG-Vertrag gestützt worden seien. Die Entscheidung 93/324 insbesondere ändere die Wirkungen der Richtlinie 90/531, die in Zusammenarbeit mit dem Parlament gestützt auf die Artikel 57, 66, 100a und 113 erlassen worden sei. Allein Artikel 113 werde derzeit als Rechtsgrundlage für diese Entscheidung herangezogen. 11 Nach Auffassung des Rates ist Artikel 113 EWG-Vertrag die richtige Rechtsgrundlage für den Erlaß des Beschlusses 93/323 und der Entscheidung 93/324, da die Verpflichtungen nach Artikel 2 Absatz 1 und Artikel 3 Absatz 1 2. Halbsatz des Abkommens akzessorisch gegenüber der im 1. Halbsatz enthaltenen Verpflichtung seien, mit der lediglich eine Regelung der Aussenhandelsbeziehungen der Gemeinschaft im Sinne von Artikel 113 bezweckt werde. 12 Für die Gültigkeit des Beschlusses 93/323 und der Entscheidung 93/324 sei nicht erheblich, ob diese Rechtsakte, wie das Parlament annehme, eine Änderung der Richtlinie 90/531 oder eine Ausdehnung ihres Geltungsbereichs auf ein Drittland im Sinne von Artikel 29 Absatz 5 dieser Richtlinie darstellten. 13 Da nämlich der Hauptzweck der Rechtsakte ausschließlich darin bestehe, die Gemeinschaftspräferenz nach Artikel 29 Absatz 3 für bestimmte Angebote, die aus den Vereinigten Staaten stammende Waren umfassten, auszuschalten, müsse das Verfahren für ihren Erlaß unabhängig davon das gleiche sein, ob sie als eine Änderung von Artikel 29 der Richtlinie oder als eine Ausdehnung des Geltungsbereichs der Richtlinie anzusehen seien. 14 Im ersten Fall sei Artikel 29 Absatz 6 der Richtlinie, im zweiten Fall Artikel 113 EWG-Vertrag die Rechtsgrundlage. In beiden Fällen entscheide der Rat auf Vorschlag der Kommission mit qualifizierter Mehrheit, ohne daß eine Beteiligung des Parlaments vorgesehen sei. 15 Falls sich der Rat zwischen diesen beiden Rechtsgrundlagen für die falsche entschieden haben sollte, so sei dies unter diesen Umständen ein rein formaler Fehler, der nicht zur Nichtigkeit der Rechtsakte führen könne. Das folge aus dem Urteil vom 27. September 1988 in der Rechtssache 165/87 (Kommission/Rat, Slg. 1988, 5545, Randnr. 19). 16 Die Kommission, die die Anträge des Rates unterstützt, weist darauf hin, daß sie Artikel 113 als Rechtsgrundlage für den Beschluß 93/323 vorgeschlagen habe, da die gemeinsame Handelspolitik im Sinne von Artikel 113 aus den in ihrem Streithilfeschriftsatz ausgeführten Gründen den Waren- und den Dienstleistungsverkehr umfasse. Zulässigkeit 17 Nach ständiger Rechtsprechung (vgl. u. a. Urteil vom 28. Juni 1994 in der Rechtssache C-187/93, Parlament/Rat, Slg. 1994, I-2857, Randnr. 14) kann das Europäische Parlament beim Gerichtshof eine Klage auf Nichtigerklärung eines Rechtsakts des Rates oder der Kommission erheben, sofern diese Klage nur auf den Schutz seiner Befugnisse gerichtet ist und nur auf Klagegründe gestützt wird, mit denen die Verletzung dieser Befugnisse geltend gemacht wird. 18 Im vorliegenden Fall macht das Parlament geltend, als Rechtsgrundlage für den Erlaß des Beschlusses 93/323 und der Entscheidung 93/324 habe nicht nur Artikel 113, sondern es hätten auch die Artikel 57 Absatz 2, 66 und 100a EWG-Vertrag herangezogen werden müssen, die bereits vor dem Inkrafttreten des Vertrages über die Europäische Union anders als Artikel 113 das Verfahren der Zusammenarbeit mit dem Parlament vorgeschrieben hätten. Dadurch, daß der Rat den Erlaß dieser Rechtsakte allein auf Artikel 113 gestützt habe, habe er diese Befugnis verletzt. 19 Die Klage des Parlaments ist daher zulässig. 20 Das Parlament beantragt, den Antrag der ° durch Beschluß des Präsidenten des Gerichtshofes vom 8. November 1993 als Streithelferin zugelassenen ° Kommission gemäß Artikel 37 Absatz 3 der Satzung des Gerichtshofes für unzulässig zu erklären, da sie eine Auslegung von Artikel 113 EWG-Vertrag vertrete, die in klarem Widerspruch zur Auslegung des Rates stehe. 21 Diese Unzulässigkeitseinrede ist zurückzuweisen. 22 Zwar macht die Kommission für die Wahl des Artikels 113 EWG-Vertrag als Rechtsgrundlage des Beschlusses 93/323 Ausführungen, die erheblich vom diesbezueglichen Vorbringen des Rates abweichen, jedoch stehen die Streithilfeanträge im Einklang mit Artikel 37 Absatz 3 der Satzung, da mit ihnen nur die Anträge des Rates unterstützt werden sollen. Begründetheit 23 Nach ständiger Rechtsprechung muß im Rahmen des Zuständigkeitssystems der Gemeinschaft die Wahl der Rechtsgrundlage eines Rechtsakts auf objektiven, gerichtlich nachprüfbaren Umständen beruhen. Zu diesen Umständen gehören insbesondere das Ziel und der Inhalt des Rechtsakts (vgl. u. a. Urteil Parlament/Rat, a. a. O., Randnr. 17). 24 Nach seiner Präambel hat das durch den Beschluß 93/323 angenommene Abkommen zum Ziel, im Einklang mit den von den Parteien bereits im Rahmen des multilateralen GATT-Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen eingegangenen Verpflichtungen und zur Erleichterung der Durchführung eines neuen multilateralen Übereinkommens in diesem Bereich auf bilateraler Ebene auf der Grundlage der Gegenseitigkeit bestimmte Verpflichtungen einzugehen, die auf eine Öffnung ihres öffentlichen Beschaffungswesens gerichtet sind. 25 Das Abkommen sieht hierfür eine Öffnung des öffentlichen Beschaffungswesens der beiden Vertragsparteien vor, die ° anders als das multilaterale GATT-Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen, das durch den Beschluß 80/271/EWG des Rates vom 10. Dezember 1979 über den Abschluß der multilateralen Übereinkommen, die im Zuge der Handelsverhandlungen von 1973 °1979 ausgehandelt wurden (ABl. 1980, L 71, S. 1), auf der Grundlage von Artikel 113 EWG-Vertrag angenommen wurde ° über den Kauf von Waren und mit deren Lieferung etwa verbundene Dienstleistungen hinausgeht. 26 Das Abkommen gilt vielmehr gemäß seinem Artikel 1 Absatz 1 für die Liefer-, Bau- und sonstigen Dienstleistungsaufträge, die von den in den Anhängen 1 und 2 aufgeführten Auftraggebern vergeben werden, und für die Liefer- und Bauaufträge, die von den in den Anhängen 3 und 4 des Abkommens genannten Auftraggebern vergeben werden. Gemäß Artikel 1 Absatz 2 Unterabsatz 2 des Abkommens bezieht sich der Begriff "sonstige Dienstleistungen" auf Aufträge, die im wesentlichen eine oder mehrere der in den Anhängen 5 und 6 des Abkommens aufgeführten Dienstleistungen, wie u. a. Leistungen der Wartung, Instandsetzung, Beförderung, Informatik, Werbung und Buchhaltung, zum Gegenstand haben. 27 Das Abkommen betrifft also auch selbständige Dienstleistungen. 28 Die Entscheidung 93/324 bezweckt nach ihrer zweiten und ihrer dritten Begründungserwägung die Ausdehnung der Vorteile der Bestimmungen der Richtlinie 90/531 auf die unter das Abkommen fallenden öffentlichen Aufträge. 29 Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes fällt beim gegenwärtigen Stand des Gemeinschaftsrechts nur die grenzueberschreitende Erbringung von Dienstleistungen in den Anwendungsbereich von Artikel 113 EWG-Vertrag (Gutachten 1/94 vom 15. November 1994, Slg. 1994, I-5267, Randnr. 53). 30 Da die durch den Beschluß 93/323 zur Annahme des Abkommens und die Entscheidung 93/324 zur Ausdehnung des Geltungsbereichs der Richtlinie 90/531 auf die unter das Abkommen fallenden öffentlichen Aufträge erfassten Erbringungsweisen für Dienstleistungen nicht sämtlich ohne Grenzuebertritt von Personen grenzueberschreitend geschehen, sondern auch Dienstleistungen betreffen, die durch eine gewerbliche Niederlassung oder die Niederlassung natürlicher Personen im Gebiet des anderen Vertragspartners erbracht werden, konnten der Beschluß 93/323 und die Entscheidung 93/324 nicht ausschließlich auf Artikel 113 des Vertrages als Rechtsgrundlage gestützt werden. 31 Der Beschluß 93/323 und die Entscheidung 93/324 sind daher für nichtig zu erklären. Zur Begrenzung der Wirkungen der Nichtigerklärung 32 Der Rat hat beantragt, die Wirkungen einer etwaigen Nichtigerklärung der Rechtsakte zu beschränken. Das Parlament hat gegen diesen Antrag keine Einwände erhoben. 33 Würden der Beschluß 93/323 und die Entscheidung 93/324 ohne weiteres für nichtig erklärt, so könnte dies die Ausübung der durch diese Rechtsakte begründeten Rechte beeinträchtigen. 34 Zudem ist das Abkommen am 30. Mai 1995 ausser Kraft getreten. 35 Unter diesen Umständen rechtfertigen schwerwiegende ° den bei der Nichtigerklärung bestimmter Verordnungen vorliegenden Gründen vergleichbare ° Gründe der Rechtssicherheit, daß der Gerichtshof von der ihm in Artikel 174 Absatz 2 EWG-Vertrag für den Fall der Nichtigerklärung einer Verordnung eingeräumten Befugnis Gebrauch macht und die Wirkungen der Rechtsakte bezeichnet, die aufrechtzuerhalten sind. 36 Unter den besonderen Umständen des vorliegenden Falles sind die gesamten Wirkungen der für nichtig erklärten Rechtsakte aufrechtzuerhalten. Kostenentscheidung Kosten 37 Gemäß Artikel 69 § 2 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da der Rat mit seinem Vorbringen unterlegen ist, sind ihm die Kosten aufzuerlegen. Gemäß Artikel 69 § 4 Absatz 1 tragen die Kommission und die Regierung des Vereinigten Königreichs als Streithelfer ihre eigenen Kosten. Tenor Aus diesen Gründen hat DER GERICHTSHOF (Sechste Kammer) für Recht erkannt und entschieden: 1. Der Beschluß 93/323/EWG des Rates vom 10. Mai 1993 über den Abschluß eines Abkommens in Form einer Vereinbarung für die Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und den Vereinigten Staaten von Amerika über das öffentliche Beschaffungswesen und die Entscheidung 93/324/EWG des Rates vom 10. Mai 1993 betreffend die Ausdehnung der Vorteile der Bestimmungen der Richtlinie 90/531/EWG auf die Vereinigten Staaten von Amerika werden für nichtig erklärt. 2. Die Wirkungen der für nichtig erklärten Rechtsakte werden aufrechterhalten. 3. Der Rat trägt die Kosten des Verfahrens. 4. Die Kommission und die Regierung des Vereinigten Königreichs tragen ihre eigenen Kosten.

62002TJ0351

mt

Il-kuntest ġuridiku 1       L-Artikolu 1(1) tad-Direttiva tal-Kunsill 92/81/KEE tad-19 ta’ Ottubru 1992 fuq l-armonizzazzjoni ta’ l-istrutturi tat-taxxa tas-sisa fuq żjut minerali (ĠU L 316, p. 12), kien jipprovdi li l-Istati Membri kellhom japplikaw sisa armonizzata għaż-żjut minerali skond din id-Direttiva. 2       Skond l-Artikolu 8(1) tad-Direttiva 92/81, l-Istati Membri għandhom jeżentaw mis-sisa armonizzata, inter alia , iż-“żjut minerali forniti biex jintużaw bħala karburant għall-iskop ta' navigazzjoni bl-ajru barra mill-avjazzjoni privata għat-turiżmu”. [traduzzjoni mhux uffiċjali] 3       Id-Direttiva 92/81 ġiet abrogata b’effett mill-31 ta’ Diċembru 2003 permezz tad-Direttiva tal-Kunsill 2003/96/KE tas-27 ta’ Ottubru 2003 li tirriforma l-istruttura tal-Komunità dwar tassazzjoni fuq prodotti ta’ enerġija u elettriku (ĠU L 283, p. 51). 4       Skond l-Artikolu 4(1) tal-Mineralölsteuergesetz (Liġi Ġermaniża dwar it-tassazzjoni taż-żjut minerali) tal-21 ta’ Diċembru 1992 (BGBl.1992 I, p.2185, rettifika f'BGBl. 1993 I, p. 169, iktar ’il quddiem “MinöStG”) : “1.      Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 12, iż-żjut minerali jistgħu jiġu użati b'eżenzjoni mit-taxxa […] 3)      bħala karburant għan-navigazzjoni bl-ajru a)      mill-kumpanniji ta’ l-ajru li jwettqu t-trasport kummerċjali ta’ persuni u ta’ merkanzija jew il-provvista ta’ servizzi bi ħlas, […]” 5       Skond l-Artikolu 4 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 659/1999 tat-22 ta’ Marzu 1999 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta’ l-Artikolu [88] tat-Trattat KE (ĠU L 83, p. 1): “1. Il-Kummissjoni għandha teżamina n-notifika malli tirċevieha. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 8, il-Kummissjoni għandha tieħu deċiżjoni skond il-paragrafi 2, 3 jew 4. 2. Fejn il-Kummissjoni, wara eżami preliminari, issib li l-miżura notifikata ma tikkostitwixix għajnuna, għandha tirreġistra dik is-sejba permezz ta' deċiżjoni. 3. Fejn il-Kummissjoni, wara eżami preliminari, issib li ma tqajjem l-ebda dubju f'dik li l-kompatibilità mas-suq komuni ta' miżura notifikata, safejn taqa' fi ħdan l-iskop ta' l-Artikolu [87](1) tat-Trattat, għandha tiddeċiedi li l-miżura hija kompatibbli mas-suq komuni […]. Id-deċiżjoni għandha tispeċifika liema eċċezzjoni taħt it-Trattat kienet applikata. 4. Fejn il-Kummissjoni, wara eżami preliminari, issib li tqajjmu dubji dwar il-kompatibilità mas-suq komuni ta' miżura notifikata, għandha tiddeċiedi jekk għandhomx jibdew proċeduri skond l-Artikolu [88](2) tat-Trattat […]” 6       L-Artikolu 10 tar-Regolament Nru 659/1999 jaqra kif ġej: “1. Fejn il-Kummissjoni għandha fil-pussess tagħha informazzjoni minn kwalunkwe sors li jirrigwarda allegata għajnuna kontra l-liġi, għandha teżamina dik l-informazzjoni mingħajr dewmien. 2. Jekk meħtieġ, għandha titlob l-informazzjoni mill-Istat Membru kkonċernat. L-Artikolu 2(2) u l-Artikolu 5(1) u (2) għandhom japplikaw mutatis mutandis. […]” 7       L-Artikolu 13(1) tar-Regolament Nru 659/1999 jipprovdi: “L-eżami ta’ għajnuna llegali possibli għandu jirriżulta f'deċiżjoni skond l-Artikolu 4(2), (3) jew (4) […]” 8       Skond l-Artikolu 20 tar-Regolament Nru 659/1999: “[…] 2. Kull parti interessata tista' tinforma lill-Kummissjoni dwar kull allegata għajnuna llegali u dwar kull allegat użu ħażin ta' għajnuna. Fejn il-Kummissjoni tikkonsidra li abbażi ta' l-informazzjoni fil-pussess tagħha m'hemmx raġunijiet biżżejjed biex tingħata opinjoni dwar il-każ, għandha tinforma lill-parti interessata b'dan. Fejn il-Kummissjoni tieħu deċiżjoni fuq każ li jikkonċerna s-suġġett ta' l-argument ta' l-informazzjoni fornuta, għandha tibgħat kopja ta' dik id-deċiżjoni lill-parti interessata. 3. Fuq talba tagħha, kull parti interessata għandha tikseb kopja ta' kull deċiżjoni skond l-Artikoli 4 u 7, l-Artikolu 10(3) u l-Artikolu 11.” 9       Skond l-Artikolu 25 tar-Regolament Nru 659/1999: “Deċiżjonijiet meħudha skond il-Kapitoli II, III, IV, V u VII għandhom ikunu indirizzati lill-Istat Membru kkonċernat. Il-Kummissjoni għandha tinnotifika lill-Istat Membru kkonċernat mingħajr dewmien u biex tagħti [lil] dan ta' l-aħħar l-opportunità li jindika lill-Kummissjoni liema informazzjoni jikkonsidra li għandha tkun koperta mill-obbligu ta' segretezza professjonali.” Fatti u proċedura 10     Deutsche Bahn AG hija l-impriża ferrovjarja nazzjonali Ġermaniża. Billi kkunsidrat li l-eżenzjoni mit-taxxa prevista fl-Artikolu 4(1)(3)(a) tal-MinöStG li jgawdi l-karburant għall-ajruplani kienet twassal għal distorsjoni tal-kompetizzjoni bejn l-impriżi tat-trasport ferrovjarju (b’mod partikolari għal dak li jikkonċerna l-ferroviji ta’ veloċità għolja) u l-impriżi tat-trasport bl-ajru, ir-rikorrenti, permezz ta’ ittra tal-5 ta’ Lulju 2002, ressqet ilment lill-Kummissjoni dwar l-imsemmija eżenzjoni u stidnitha tibda proċedura ta' investigazzjoni skond l-Artikolu 88 KE. 11     Fit-12 ta’ Settembru 2002, is-Sinjura Loyola de Palacio, li dak iż-żmien kienet Membru tal-Kummissjoni responsabbli għat-trasport, bagħtet ittra lir-rikorrenti, datata bi żball 21 ta’ Settembru 2002, li taqra kif ġej (iktar ’il quddiem id-“deċiżjoni kkontestata”): “Nirringrazzjakom ta’ l-ittra reċenti tagħkom dwar il-kompetizzjoni fil-Ġermanja bejn Deutsche Bahn u l-‘kumpanniji ta’ l-ajru low-cost ’, li fiha titolbu lill-Kummissjoni sabiex tieħu miżuri kontra l-eżenzjoni mit-taxxa għall-karburant ta’ l-avjazzjoni. Fl-ilment formali anness ma’ l-ittra tagħkom, intom issostnu li l-eżenzjoni mit-taxxa għall-karburant ta’ l-avjazzjoni mhijiex kompatibbli mas-suq intern. Madankollu, il-Kummissjoni Ewropea tqis li l-eżenzjoni kkonċernata ma tikkostitwixxix għajnuna mill-Istat fis-sens ta' l-Artikolu 87(1) tat-Trattat KE. L-eżenzjoni mit-taxxa hija bbażata fuq id-Direttiva tal-Kunsill fuq l-armonizzazzjoni ta’ l-istrutturi tat-taxxa tas-sisa fuq żjut minerali, li ġiet adottata b’mod unanimu mill-Istati Membri, skond l-Artikolu 93 […] KE. Għandu jiġi wkoll ippreċiżat li d-Direttiva ma tħalli l-ebda marġini ta’ diskrezzjoni lill-Istat Membru. Għaldaqstant, l-eżenzjoni mit-taxxa msemmija fl-Artikolu 4(1)(3)(a) tal-[MinöStG] għandha tiġi kkunsidrata bħala implementazzjoni tad-Direttiva [92/81], u mhux bħala tentattiv li tingħata għajnuna. Barra minn hekk, id-Direttiva Ewropea hija konformi mal-prattika internazzjonali, ibbażata fuq il-politiki stabbiliti mill-Organizzazzjoni ta’ l-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali (l-ICAO) fil-kuntest tal-Konvenzjoni dwar l-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali (iktar ’il quddiem il-‘Konvenzjoni ta’ Chicago’). Peress li l-eżenzjoni mit-taxxa għall-karburant ta’ l-avjazzjoni mhijiex meqjusa li tqajjem problemi ta’ għajnuna mill-Istat, il-Kummissjoni m’għandhiex l-intenzjoni li tibda proċedura ta’ investigazzjoni dwar għajnuna mill-Istat, skond l-Artikolu 88 […] KE. Effettivament, il-Kummissjoni Ewropea – kif ġustament tosservaw fl-ittra tagħkom – ripetutament eżaminat il-problema ta’ l-eżenzjoni mit-taxxa. F’bosta okkażjonijiet, il-Kummissjoni talbet li l-kwistjoni tiġi diskussa fil-kuntest ta’ l-ICAO bil-ħsieb li tiġi introdotta taxxa fuq il-karburant għall-ajruplani jew miżuri ekwivalenti. Grupp ta’ ħidma ta’ l-ICAO qiegħed attwalment jeżamina l-modalitajiet ta' introduzzjoni, għall-avjazzjoni ċivili internazzjonali, ta’ miżuri bbażati fuq is-suq, bħalma huma taxxi, kummerċ ta’ kwoti ta’ emissjoni u mekkaniżmi volontarji. Indipendentement mill-kwistjoni tad-dritt internazzjonali, il-Kummissjoni Ewropea tosserva, fil- White Paper tagħha fuq il-politika Ewropea tat-trasport, ippubblikata fl-2001, li tista' tiġi kkunsidrata ‘it-tneħħija ta’ l-eżenzjoni mit-taxxa tal-karburant għall-ajruplani fuq titjiriet intra-Komunitarji. Din l-istrateġija mhijiex nieqsa mid-diffikulta, peress li teżiġi trattament ugwali fir-rigward tat-trasportaturi mhux Komunitarji li jagħmlu titjiriet intra-Komunitarji’. Sa llum, l-isforzi tal-Kummissjoni ma wasslu għal ebda emenda ta[d-Direttiva 92/81].” 12     Bi tweġiba għal din l-ittra, ir-rikorrenti bagħtet ittra lill-Kummissjoni, fit-30 ta’ Settembru 2002, li taqra kif ġej: “Nirringrazzjakhom ta’ l-ittra tagħkom tat-[12] ta’ Settembru 2002, li fiha tieħdu pożizzjoni fir-rigward ta’ l-ilment imressaq minn Deutsche Bahn kontra l-eżenzjoni mit-taxxi tas-sisa fuq iż-żjut minerali għall-karburant ta’ l-avjazzjoni. Huwa b’interess u sodisfazzjon li sirt naf li l-Kummissjoni wkoll m'għadhiex tikkunsidra l-eżenzjoni mit-taxxa għall-pitrolju bħala opportuna. F’dan ir-rigward, Deutsche Bahn issib konferma espressa ta' l-opinjoni tagħha li l-eżenzjoni mit-taxxi tas-sisa fuq iż-żjut minerali twassal dejjem iktar għal kompetizzjoni żleali, b’mod partikolari min-naħa tal-kumpanniji ta’ l-ajru low-cost , għad-detriment tat-trasport bil-ferrovija ta’ veloċità għolja ICE. Għaldaqstant, iżjed u iżjed ninsabu ddiżappuntati li ma tridu tibdew l-ebda investigazzjoni dwar għajnuna mill-Istat fir-rigward ta' din l-eżenzjoni mit-taxxa li toħloq distorsjoni tal-kompetizzjoni. Aħna nitolbukom tirrevedu għal darb’oħra l-pożizzjoni tagħkom. Fil-fehma tagħna, l-adozzjoni tad-Direttiva dwar iż-żjut minerali ma tipprekludix eżami ta’ l-aspetti li jirrigwardaw l-għajnuna mill-Istat. Dak iż-żmien, ma kienx hemm kompetizzjoni bejn il-ferrovija u t-trasport bl-ajru. Din is-sitwazzjoni nbidlet f'dawn l-aħħar għaxar snin. Fil-fehma tagħna, il-Kummissjoni tista' u għandha tieħu dan il-tibdil in kunsiderazzjoni. F'każ li l-Kummissjoni żżomm mal-pożizzjoni legali mogħtija fl-ittra tagħkom, din il-kwistjoni jkollha tiġi sottomessa lill-qrati Ewropej kompetenti sabiex tingħata kjarifika. Bit-tama li tali proċeduri ġudizzjarji jkunu jistgħu jiġu evitati, aħna nibqgħu għad-dispożizzjoni tagħkom.” 13     F’ittra tal-25 ta’ Novembru 2002, li r-rikorrenti rċeviet wara li tressaq dan ir-rikors, is-Sinjura Loyola de Palacio sostanzjalment irrepetiet dak li kien hemm fl-ittra tagħha tat-12 ta’ Settembru 2002. 14     Permezz ta’ rikors ippreżentat fir-Reġistru tal-Qorti tal-Prim’Istanza fit-28 ta’ Novembru 2002, ir-rikorrenti ressqet il-preżenti rikors. 15     Permezz ta’ rikors ippreżentat fir-Reġistru tal-Qorti tal-Prim’Istanza fil-5 ta’ Diċembru 2002, hija ressqet ukoll rikors għal nuqqas li tittieħed azzjoni (irreġistrat bin-numru T-361/02) bil-għan li jiġi kkonstatat li l-Kummissjoni illegalment naqset milli tiddeċiedi fuq l-ilment tar-rikorrenti. 16     Fid-9 ta’ Jannar 2003, is-Sinjura Loyola de Palacio bagħtet ittra lir-rikorrenti li taqra kif ġej: “Nirreferi għall-ittri tiegħi tat-12 ta’ Settembru 2002, li bi żball ġiet datata 21 ta’ Settembru, u tal-25 ta’ Novembru 2002, li nixtieq nirrepeti u nikkonferma l-kontenut tagħhom fid-dawl ta’ l-avvenimenti sussegwenti. Jiena tal-fehma li dan il-każ ma jaqax taħt ir-regoli fuq l-għajnuna mill-Istat. La jiena u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma adottajna, f’dan ir-rigward, deċiżjoni skond ir-Regolament [Nru 659/1999] jew abbażi ta’ bażi ġuridika oħra. Il-Kummissjoni lanqas ma ħadet pożizzjoni. Jirriżulta b’mod ċar mill-ittri ċċitati iktar ’il fuq li jiena naqbel ma' din l-opinjoni. Madankollu, sabiex tiġi evitata kull interpretazzjoni żbaljata min-naħa tagħkom, tistgħu tikkunsidraw kull parti ta’ l-ittri tiegħi li minnha intom jew il-konsulenti tagħkom taslu għal konklużjoni oħra, jew bħala konformi mal-pożizzjoni tiegħi, jew bħala li ġiet irtirata.” 17     Fl-istess ġurnata, il-Kummissjoni bagħtet din l-ittra lill-Qorti tal-Prim’Istanza, fejn infurmata li hija kienet irtirat iż-żewġ ittri tat-12 ta’ Settembru u tal-25 ta’ Novembru 2002 imsemmija hawn fuq. Minn dan il-Kummissjoni kkonkludiet li l-preżenti rikors preżenti m'għadx kellu skop. 18     Fil-25 ta’ Frar 2003, ir-rikorrenti ppreżentat l-osservazzjonijiet tagħha fuq din l-ittra tad-9 ta’ Jannar 2003, li fihom enfasizzat li kien għad għandha interess li tkompli bir-rikors. 19     B’digriet tas-6 ta’ Novembru 2003, il-President tal-Ħames Awla Estiża tal-Qorti tal-Prim’Istanza awtorizza lill-Kunsill sabiex jintervjeni sabiex isostni t-talbiet tal-Kummissjoni f'din il-kawża. Is-sottomissjonijiet ta’ l-intervent tal-Kunsill ġew ippreżentati fit-22 ta’ Diċembru 2003. Ir-rikorrenti ppreżentat l-osservazzjonijiet tagħha fuq dawn is-sottomissjonijiet fil-15 ta’ Marzu 2004. 20     Fuq rapport ta’ l-Imħallef Relatur, il-Qorti tal-Prim’Istanza (l-Ewwel Awla Estiża) iddeċidiet tiftaħ il-proċedura orali u, bħala miżura ta’ organizzazzjoni tal-proċedura, stiednet lill-partijiet iwieġbu għal ċerti domandi. Il-partijiet ikkonformaw ruħhom ma’ dawn it-talbiet. 21     B’digriet ta’ l-20 ta’ Ġunju 2005, Deutsche Bahn vs Il-Kummissjoni (T-361/02, li għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġabra), il-Qorti tal-Prim’Istanza ċaħdet ir-rikors għal nuqqas li tittieħed azzjoni mressaq mir-rikorrenti bħala manifestament inammissibbli. 22     It-trattazzjoni tal-partijiet u r-risposti tagħhom għad-domandi tal-Qorti tal-Prim’Istanza nstemgħu fis-seduta tal-21 ta’ Settembru 2005. It-talbiet tal-partijiet 23     Ir-rikorrenti titlob li l-Qorti tal-Prim’Istanza jogħġobha: –       tiddikjara r-rikors ammissibbli; –       tannulla d-deċiżjoni kkontestata u tordna lill-Kummissjoni tbati l-ispejjeż; –       sussidjarjament, f'każ li l-Qorti tal-Prim’Istanza tiddeċiedi li d-deċiżjoni kkontestata ġiet abrogata jew irtirata permezz ta’ l-ittra tad-9 ta’ Jannar 2003, tikkonstata li din id-deċiżjoni ta' l-aħħar hija nulla u tordna lill-Kummissjoni tbati l-ispejjeż; –       iktar sussidjarjament, f'każ li l-Qorti tal-Prim’Istanza tiddeċiedi li m’hemmx lok li tagħti deċiżjoni, tordna lill-Kummissjoni tbati l-ispejjeż skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 87(6) u l-Artikolu 90(a) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Prim’Istanza, meħuda flimkien. 24     Il-Kummissjoni titlob li l-Qorti tal-Prim’Istanza jogħġobha: –       tiċħad ir-rikors bħala inammissibbli u, f’kull każ, bħala infondat; –       tordna lir-rikorrenti tbati l-ispejjeż. 25     Il-Kunsill jitlob li l-Qorti tal-Prim’Istanza jogħġobha, f'każ li tikkunsidra r-rikors bħala ammissibbli, li tiddikjara l-eċċezzjoni ta’ illegalità imqajma mir-rikorrenti bħala manifestament infondata u li tordna lir-rikorrenti tbati l-ispejjeż. Fuq l-ammissibbiltà L-argumenti tal-partijiet 26     L-ewwel nett, il-Kummissjoni ssostni li l-ittra tat-12 ta’ Settembru 2002 ma tikkostitwix att li jista' jiġi kkontestat. Hija tippretendi li din l-ittra m’għandhiex effett ġuridiku billi fiha s-Sinjura Loyola de Palacio tinforma lir-rikorrenti dwar sitwazzjoni ġuridika ċara, jiġifieri l-fatt li l-informazzjoni mogħtija mir-rikorrenti fil-5 ta’ Lulju 2002 ma kinitx tidħol fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni relattiva għall-għajnuna mill-Istat, u li, għal din ir-raġuni, l-eżenzjoni kkonċernata ma setgħetx tikkostitwixxi għajnuna mill-Istat. Skond il-Kummissjoni, is-Sinjura Loyola de Palacio ma kellhiex l-intenzjoni li tirriżolvi l-kwistjoni b'mod legalment vinkolanti. Il-Kummissjoni tenfasizza wkoll li d-deċiżjoni kkontestata ma tistax tiġi kkwalifikata bħala deċiżjoni dwar għajnuna mill-Istat fid-dawl tan-nuqqas, f’dan il-każ, ta’ wħud mill-karatteristiċi tal-proċedura applikabbli f’din il-materja, relattivi għall-adozzjoni ta’ tali deċiżjonijiet mill-Kummissjoni, għall-pubblikazzjoni tagħhom u għall-fatt li huma indirizzati lill-Istat Membru (sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-2 ta’ April 1998, Il-Kummissjoni vs Sytraval u Brink’s France, C-367/95 P, Ġabra p. I-1719, iktar ’il quddiem is-“sentenza Sytraval”, punt 45). Anki jekk ir-Regolament Nru 659/1999 kellu jkun applikabbli f'dan il-każ, id-deċiżjoni kkontestata ma tkun xejn ħlief komunikazzjoni informali ta’ informazzjoni, kif previst mit-tieni sentenza ta’ l-Artikolu 20(2) ta’ dan ir-Regolament u, għalhekk, tkun inkontestabbli. 27     Il-Kummissjoni żżid li s-sentenzi ċċitati mir-rikorrenti dwar l-allegat effett ġuridiku tad-deċiżjoni kkontestata huma neqsin minn rilevanza peress li jew ġew mogħtija qabel l-adozzjoni tar-Regolament Nru 659/1999, jew ma jirrigwardawx fatti li jistgħu jaqgħu taħt l-Artikolu 20 ta’ dan ir-Regolament. Barra minn hekk, ir-rikorrenti tilgħab bil-kliem meta tippretendi li l-Kummissjoni effettivament ippronunzjat ruħha fuq il-każ li tressaq quddiemha u li, għaldaqstant, l-Artikolu 20(2) tar-Regolament Nru 659/1999 mhuwiex applikabbli. Il-Kummissjoni ssostni li hija ma setgħetx tippronunzja ruħha fuq dan il-każ, peress li hija diġà kienet taf, fil-mument meta tressaq l-ilment, li l-fatti li ġew ikkomunikati lilha ma kinux jikkonċernaw għajnuna mill-Istat u wisq inqas għajnuna illegali jew applikata abużivament. 28     It-tieni nett, il-Kummissjoni tafferma li r-rikorrenti m’għandhiex interess ġuridiku. Fil-fatt, l-ittra tat-12 ta’ Settembru 2002, anki jekk jitqies li kienet att li seta' jiġi kkontestat, ġiet irtirata permezz ta’ l-ittra tad-9 ta’ Jannar 2003 u għaldaqstant hija nieqsa minn kull effett. 29     F’kull każ, din ittra ta' l-aħħar tikkonferma l-opinjoni ġuridika espressa fit-12 ta’ Settembru 2002 u tindika wkoll, mingħajr l-ebda ambigwità, li din tirrigwarda biss opinjoni ġuridika personali li ma torbotx lill-Kummissjoni u li din ta’ l-aħħar ma adottat l-ebda deċiżjoni. 30     Il-Kummissjoni tispeċifika f’dan ir-rigward li huwa biss fil-każ li “l-avukat jew l-avukati tad-destinatarju ta’ l-ittra tat-12 ta’ Settembru 2002 jkunu ġibdu konklużjonijiet oħrajn minnha li kien neċessarju li jispeċifikaw, fl-aħħar sentenza [ta’ l-ittra tad-9 ta’ Jannar 2003], li f’dan il-każ, hija ppreferiet tirtira s-siltiet li dwarhom ingħatat interpretazzjoni oħra, qabel ma jsiru s-suġġett ta' kawża superfluwa u evitabbli”. 31     Skond il-Kummissjoni, ma jeżisti l-ebda riskju li hija tirrepeti l-aġir ikkonċernat fil-futur. Fil-fatt, ikun biżżejjed għar-rikorrenti li tagħmel talba bbażata fuq l-Artikolu 20(2) tar-Regolament Nru 659/1999 sabiex il-Kummissjoni twieġeb għaliha b’deċiżjoni indirizzata lir-Repubblika Federali tal-Ġermanja, li mbagħad tkun tista' tiġi effettivament ikkontestata. Skond l-Artikolu 20(3) ta’ dan ir-Regolament, ir-rikorrenti tirċievi kopja ta’ din id-deċiżjoni. 32     Ir-rikorrenti tikkunsidra li l-preżenti rikors huwa ammissibbli. Hija ssostni b’mod partikolari li l-ittra tat-12 ta’ Settembru 2002, hija att li jista jiġi kkontestat peress li fiha l-Kummissjoni tagħti opinjoni ġuridika definittiva li tipproduċi effetti vinkolanti (sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-11 ta’ Novembru 1981, IBM vs Il-Kummissjoni, 60/81, Ġabra p. 2639, punt 10, u d-digriet tal-Qorti tal-Prim’Istanza tat-30 ta’ Settembru 1999, UPS Europe vs Il-Kummissjoni, T-182/98, Ġabra p. II-2857, punt 39). 33     Hija tisħaq fuq il-fatt li r-rikors ma sarx mingħajr skop wara l-ittra tad-9 ta’ Jannar 2003. Hija kien għad għandha interess ġuridiku peress li d-deċiżjoni kkontestata ma kinitx ġiet irtirata b’mod validu. Barra minn hekk, anki jekk jitqies li l-ittra tat-12 ta’ Settembru 2002 kienet ġiet irtirata, l-interess leġittimu tar-rikorrenti li tiġi kkonstatata l-illegalità ta’ din l-ittra baqa', madankollu, intatt. Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti tal-Prim’Istanza 34     Skond ir-raba’ paragrafu ta’ l-Artikolu 230 KE, persuna fiżika jew legali tista' tippreżenta rikors kontra deċiżjoni indirizzata lejha. 35     Skond ġurisprudenza stabbilita, huma biss il-miżuri li jipproduċu effetti ġuridiċi vinkolanti b'mod li jaffettwaw l-interessi tar-rikorrent, billi jbiddlu l-pożizzjoni ġuridika tiegħu b'mod ċar, li jikkostitwixxu atti li jistgħu jkunu s-suġġett ta’ rikors għal annullament skond l-Artikolu 230 KE (sentenza IBM vs Il-Kummissjoni, punt 32 iktar ’il fuq, punt 9, u s-sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tat-18 ta’ Settembru 2001, Métropole Télévision – M6 et vs Il-Kummissjoni, T-112/99, Ġabra p. II-2459, punt 35). Għaldaqstant, jistgħu jkunu s-suġġett ta' rikors għal annullament id-dispożizzjonijiet kollha meħuda mill-istituzzjonijiet, tkun xi tkun in-natura jew il-forma tagħhom, li huma intiżi sabiex jipproduċu effetti legali (sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-31 ta’ Marzu 1971, Il-Kummissjoni vs Il-Kunsill, 22/70, Ġabra p. 263, punt 42, u s-sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza ta’ l-10 ta’ April 2003, Le Pen vs Il-Parlament, T-353/00, Ġabra p. II-1729, punt 77). 36     Ir-rikorrenti tallega, fl-ilment tagħha, li l-eżenzjoni prevista fl-Artikolu 4(1)(3)(a) tal-MinöStG favur il-kumpanniji ta’ l-ajru biss toħloq distorsjoni tal-kompetizzjoni bejn it-trasport bl-ajru, b’mod partikolari fil-każ ta’ kumpanniji li joffru rati baxxi, u t-trasport ferrovjarju fis-suq tat-trasport tal-passiġġieri, bi ksur ta’ l-Artikolu 87 KE. 37     Fl-ittra tat-12 ta’ Settembru 2002, il-Kummissjoni twieġeb li hija tqis li l-eżenzjoni kkonċernata ma tistax tikkostitwixxi għajnuna mill-Istat peress li tirriżulta mit-transpożizzjoni tad-Direttiva 92/81, jiġifieri att Komunitarju u li, konsegwentement, ir-regoli li jikkonċernaw l-għajnuna mill-Istat mhumiex applikabbli (ara l-punt 11 iktar 'il fuq). 38     Fil-kuntest tal-preżenti rikors, il-Kummissjoni ssostni li l-ittra tat-12 ta’ Settembru 2002 mhijiex att kontestabbli (ara l-punt 26 iktar 'il fuq). 39     Sabiex jiġi vverifikat jekk l-imsemmija ittra tikkostitwixxix miżura kontestabbli, għandu, l-ewwel nett, jiġi stabbilit is-suġġett ta’ l-ittra tar-rikorrenti tal-5 ta’ Lulju 2002 li hija twieġeb. 40     Għandu jiġi kkonstatat jekk l-ittra tar-rikorrenti tal-5 ta’ Lulju 2002 kellha l-għan li tressaq ilment motivat dwar allegat ksur ta’ l-Artikolu 87 KE quddiem il-Kummissjoni. Dan l-ilment, li kien fih iżjed minn 800 paġna, kien jinkludi numru kbir ta’ elementi ta’ prova, data ekonomiċi u statistiċi, intiżi sabiex jikkoroboraw l-allegazzjoni dwar l-eżistenza ta’ għajnuna mill-Istat u, b’mod partikolari, ta’ distorsjoni tal-kompetizzjoni li tirriżulta mill-eżenzjoni in kwistjoni. Fl-ilment tagħha, ir-rikorrenti talbet espliċitament lill-Kummissjoni sabiex tibda proċedura ta’ investigazzjoni formali skond l-Artikolu 88 KE. 41     Indipendentement mill-kwistjoni jekk l-ilment kienx fondat jew le, huwa evidenti li, bil-fatt li rċeviet dan l-ilment, il-Kummissjoni ġiet fil-pussess ta’ “informazzjoni li [t]irrigwarda allegata għajnuna kontra l-liġi” fis-sens ta' l-Artikolu 10(1) tar-Regolament Nru 659/1999. Jirriżulta minn din id-dispożizzjoni ta' l-aħħar li l-Kummissjoni għandha teżamina tali informazzjoni mingħajr dewmien (ara l-punt 6 iktar 'il fuq). Hija għandha dritt tagħmel dan, iżda f'dan l-istadju m’għandhiex l-obbligu li tikkuntattja l-Istat Membru kkonċernat. 42     Skond l-Artikolu 13 tar-Regolament Nru 659/1999, l-eżami preliminari ta’ “għajnuna illegali possibbli” għandu jirriżulta fl-adozzjoni ta’ deċiżjoni skond l-Artikolu 4(2), (3) jew (4) (ara l-punt 7 iktar 'il fuq). B’mod partikolari, l-Artikolu 4(2) ta’ l-istess Regolament jipprovdi li jekk, wara eżami preliminari, il-Kummissjoni ssib li l-miżura li dwarha tittratta l-informazzjoni fil-pussess tagħhaa ma tikkostitwixxix għajnuna, hija għandha tirreġistra dik il-konstatazzjoni permezz ta’ deċiżjoni (ara l-punt 5 iktar 'il fuq). 43     Barra minn din il-possibbiltà li tieħu deċiżjoni skond l-Artikolu 4 tar-Regolament Nru 659/1999, il-Kummissjoni, meta titressaq quddiemha informazzjoni dwar l-eżistenza possibbli ta’ għajnuna mill-Istat, m'għandha l-ebda għażla oħra ħlief li tinforma lill-partijiet ikkonċernati, skond it-tieni sentenza ta’ l-Artikolu 20(2) ta’ l-istess Regolament, li “m’hemmx raġunijiet biżżejjed sabiex tingħata opinjoni dwar il-każ” (ara l-punt 8 iktar 'il fuq). 44     F’dan il-każ, jidher ċar li l-ittra tat-12 ta’ Settembru 2002 ma tinkludix deċiżjoni li ma jitqajmux oġġezzjonijiet fis-sens ta' l-Artikolu 4(3) tar-Regolament Nru 659/1999, jew deċiżjoni li tibda il-proċedura ta’ investigazzjoni formali skond l-Artikolu 4(4). Għaldaqstant, hemm lok li jiġi ddeterminat jekk din l-ittra tinkludix deċiżjoni fis-sens ta' l-Artikolu 4(2) ta’ l-imsemmi Regolament, jew jekk tikkostitwixxix sempliċement komunikazzjoni informali, kif previst mill-Artikolu 20(2) ta’ l-istess Regolament. 45     Il-Qorti tal-Prim’Istanza tqis li f'dan il-każ il-Kummissjoni, kuntrarjament għal dak li ssostni, ma għażlitx il-possibbiltà li tipprovdi t-tieni sentenza ta’ l-Artikolu 20(2) tar-Regolament Nru 659/1999. Mhux talli ma ssostnix li ma jeżistux raġunijiet biżżejjed sabiex tingħata opinjoni dwar l-ilment, talli l-Kummissjoni, kemm fid-deċiżjoni kkontestata kif ukoll fl-ittri tal-25 ta’ Novembru 2002 u tad-9 ta’ Jannar 2003, tieħu pożizzjoni ċara u definittiva. Hija ssib li l-ilment ma jippermettix li tiġi identifikata l-eżistenza ta’ għajnuna mill-Istat peress li l-eżenzjoni kkonċernata ma toħroġx minn deċiżjoni ta’ l-awtoritajiet Ġermaniżi li jagħtu għajnuna iżda li hija l-konsegwenza ta’ l-obbligu impost fuq il-Ġermanja li tittrasponi d-Direttiva 92/81 (ara l-punt 11 iktar 'il fuq). 46     Għandu jiġi mfakkar, f’dan ir-rigward, li fid-digriet tagħha Deutsche Bahn vs Il-Kummissjoni, punt 21 iktar ’il fuq, il-Qorti tal-Prim’Istanza ċaħdet ir-rikors għal nuqqas li tittieħed azzjoni mressaq mir-rikorrenti fil-kawża T-361/02, għar-raġuni li l-ittra tat-12 ta’ Settembru 2002 kienet tikkostitwixxi “teħid ta’ pożizzjoni ċara u espliċita fuq l-ilment tar-rikorrenti” [traduzzjoni mhux uffiċjali] (punt 20). 47     Għaldaqstant, din l-ittra ma tistax tiġi interpretata bħala li tillimita ruħha li tinforma lir-rikorrenti dwar in-nuqqas ta’ raġunijiet biżżejjed sabiex tingħata opinjoni dwar il-każ, fis-sens tat-tieni sentenza ta’ l-Artikolu 20(2) tar-Regolament Nru 659/1999. Fl-imsemmija ittra, il-Kummissjoni adottat pożizzjoni espliċita u motivata. 48     Fir-rigward tal-kwistjoni jekk l-ittra tat-12 ta’ Settembru 2002 tinkludix deċiżjoni bħal dik prevista mill-Artikolu 4(2) tar-Regolament Nru 659/1999, jiġifieri l-konstatazzjoni min-naħa tal-Kummissjoni, wara eżami preliminari, li l-miżura kkonċernata ma tikkostitwixxix għajnuna, hemm lok li jiġi rrilevat li huwa espressament indikat li l-Kummissjoni tqis li “l-eżenzjoni kkonċernata ma tikkostitwixxix għajnuna mill-Istat fis-sens ta' l-Artikolu 87(1) tat-Trattat KE” (ara l-punt 11 iktar 'il fuq). 49     Għaldaqstant, konformement ma’ l-obbligu impost fuqha skond l-Artikolu 10 tar-Regolament Nru 659/1999, il-Kummissjoni eżaminat l-informazzjoni mogħtija mir-rikorrenti u kkonkludiet, fl-ittra tat-12 ta’ Settembru 2002, li ma kien hemm ebda għajnuna minħabba li l-eżenzjoni ma kinitx imputabbli lill-Istat Membru kkonċernat. Huwa għalhekk stabbilit li din l-ittra tinkludi deċiżjoni fis-sens ta' l-Artikolu 4(2) tar-Regolament Nru 659/1999. Ir-raġuni li għaliha l-Kummissjoni waslet għall-konklużjoni li mhemmx għajnuna mill-Istat, kif ukoll il-fatt li l-eżami preliminari ma rrikjediex analiżi profonda u fit-tul, min-naħa tagħha, ta’ l-informazzjoni li kienet is-suġġett ta’ l-ilment, huma irrilevanti f’dan ir-rigward. 50     Il-Kummissjoni ssostni li l-ittra tat-12 ta’ Settembru 2002 ma tistax tiġi kkunsidrata bħala deċiżjoni bħal dik imsemmija fl-Artikolu 4(2) tar-Regolament Nru 659/1999 minħabba li l-ilment imressaq fil-5 ta’ Lulju 2002 ma kienx jidħol fil-kamp ta’ applikazzjoni tar-regoli dwar għajnuna mill-Istat. Il-Kummissjoni żżid li l-ittra la kienet indirizzata u lanqas ikkomunikata lil Stat Membru, kif jitlob l-Artikolu 25 ta’ l-istess Regolament (ara l-punt 9 iktar 'il fuq). 51     Dawn l-argumenti ma jistgħux jiġu aċċettati. L-ewwel nett, hija ġurisprudenza stabbilita li l-forma li fiha jittieħdu atti jew deċiżjonijiet hija, bħala regola, irrilevanti għal dak li jikkonċerna l-possibbiltà li jiġu kkontestati permezz ta’ rikors għal annullament u li hija s-sustanza tagħhom li għandha titqies sabiex jiġi ddeterminat jekk dawn jikkostitwixxux atti fis-sens ta' l-Artikolu 230 KE (ara l-ġurisprudenza ċċitata fil-punt 35 iktar 'il fuq; ara wkoll, f’dan is-sens, is-sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza ta’ l-24 ta’ Marzu 1994, Air France vs Il-Kummissjoni, T-3/93, Ġabra p. II-121, punti 43, 57 u 58). 52     Barra minn hekk, kif ġie indikat fil-punt 41 iktar 'il fuq, meta titressaq quddiem il-Kummissjoni informazzjoni li dwar għajnuna allegatament illegali, il-Kummissjoni għandha l-obbligu li teżamina din l-informazzjoni mingħajr dewmien skond l-Artikolu 10(1) tar-Regolament Nru 659/1999. Jekk, bħal f’dan il-każ, il-Kummissjoni ma tikkuntentax ruħha biss li tinforma l-parti interessata li m’hemmx raġunijiet biżżejjed sabiex tingħata opinjoni dwar il-każ, iżda tieħu pożizzjoni ċara u motivata billi tindika li l-miżura in kwistjoni ma tikkostitwixxix għajnuna, hija ma tista' tipproċedi biss skond l-Artikolu 4(2) ta’ dan ir-Regolament. Billi adottat deċiżjoni li essenzjalment tinkludi deċiżjoni meħuda skond din id-dispożizzjoni ta' l-aħħar, il-Kummissjoni m’għandhiex dritt li teskludiha mill-istħarriġ tal-qorti Komunitarja billi tiddikjara li ma ħaditx tali deċiżjoni, billi tipprova tirtiraha, jew billi tiddeċiedi li ma tindirizzax id-deċiżjoni lill-Istat Membru kkonċernat, bi ksur ta’ l-Artikolu 25 tar-Regolament Nru 659/1999. 53     Il-Kummissjoni lanqas ma tista' tinvoka l-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja f’dan ir-rigward u, b’mod partikolari, is-sentenza Sytraval. Fil-fatt, din is-sentenza ta' l-aħħar ingħatat qabel ma ġiet stabbilita bir-Regolament Nru 659/1999 is-sistema proċedurali ta’ l-ilmenti fil-kuntest ta’ l-għajnuna mill-Istat. Dan ir-Regolament ta' l-aħħar huwa intiż sabiex jikkodifika u jsaħħaħ il-prassi tal-Kummissjoni f’din il-materja, konformement mal-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (it-tieni premessa tar-Regolament). 54     Għandu wkoll jiġi mfakkar li, fil-kawża li tat lok għas-sentenza Sytraval, il-Kummissjoni kienet adottat deċiżjoni indirizzata lill-Istat Membru kkonċernat u li ċaħdet l-ilment in kwistjoni, iżda ma kinitx ikkomunikat it-test ta’ din id-deċiżjoni lill-persuni li għamlu l-ilment (is-sentenza Sytraval, punti 14 u 46). Il-Kummissjoni kienet biss infurmat lill-persuni li għamlu l-ilment dwar l-effett tad-deċiżjoni tagħha (punt 15). Il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet li kienet id-deċiżjoni indirizzata lill-Istat Membru li kellha tkun is-suġġett ta’ eventwali rikors għal annullament u mhux il-komunikazzjoni indirizzata lill-persuni li għamlu l-ilment (punt 45). 55     F’dan il-każ, il-Kummissjoni ma indirizzatx deċiżjoni dwar l-allegata għajnuna mill-Istat lir-Repubblika Federali tal-Ġermanja. Li kieku l-Kummissjoni indirizzat tali deċiżjoni lill-awtoritajiet Ġermaniżi, kif setgħet tagħmel skond l-Artikolu 25 tar-Regolament Nru 659/1999, ir-rikorrenti, fil-kwalità tagħha ta’ benefiċjarja tal-garanziji proċedurali previsti fl-Artikolu 88(2) KE, kien ikollha d-dritt li tikkontesta l-validità tagħha bħala persuna direttament u individwalment ikkonċernata mid-deċiżjoni fil-kawża skond ir-raba’ paragrafu ta’ l-Artikolu 230 KE (ara, f’dan is-sens, is-sentenza Sytraval, punti 41 u 48). Għaldaqstant, il-Kummissjoni ma tistax tinvoka l-fatt li hija ma indirizzatx deċiżjoni lill-Istat Membru, u għalhekk in-nuqqas tagħha li tosserva l-Artikolu 25 tar-Regolament Nru 659/1999, sabiex iċċaħħad lir-rikorrenti mill-garanziji proċedurali tagħha. 56     Għandu jiżdied li jirriżulta espliċitament mir-Regolament Nru 659/1999 li dan ir-Regolament huwa intiż, inter alia , sabiex iżid iċ-ċertezza legali, partikolarment għal dak li jikkonċerna l-proċeduri li għandhom jiġu segwiti fil-qasam ta’ l-għajnuna mill-Istat (il-premessi 3, 7 u 11). Dan il-għan jiġi manifestament ippreġudikat li kieku l-Kummissjoni kellha d-dritt li tirriżolvi każijiet f'dan il-qasam barra mill-kuntest proċedurali previst minn dan ir-Regolament. 57     Barra minn hekk, kuntrarjament għal dak li ssostni l-Kummissjoni (ara punt 29 iktar 'il fuq), is-Sinjura Loyola de Palacio imkien ma speċifikat, la fid-deċiżjoni kkontestata (ara l-punt 11 iktar 'il fuq), u lanqas fl-ittra tagħha tad-9 ta’ Jannar 2003 (ara l-punt 16 iktar 'il fuq), li hija kienet esprimiet opinjoni personali f’din id-deċiżjoni. Għall-kuntrarju, hija manifestatament ħadet deċiżjoni amministrattiva f’isem il-Kummissjoni. 58     F’dan ir-rigward, huwa irrilevanti li din l-ittra ma tirriżultax mill-adozzjoni ta’ deċiżjoni definittiva fuq l-ilment mill-kulleġġ tal-Kummissarji (ara l-punt 26 iktar 'il fuq). Tali deċiżjoni tista' tiġi adottata biss jekk titressaq proposta għal dan il-għan mill-Membru tal-Kummissjoni responsabbli. L-ittra tat-12 ta’ Settembru 2002 tagħti x'tifhem li s-Sinjura Loyola de Palacio ma kellha l-ebda intenzjoni li tressaq l-inkartament quddiem il-kulleġġ. Fil-fatt, hija ddikjarat li l-ilment ma setax ikun is-suġġett ta’ eżami fil-kuntest ta’ l-Artikolu 87 KE u tar-Regolament Nru 659/1999 u li, għaldaqstant, ma seta' jkun is-suġġett ta' ebda deċiżjoni tal-kulleġġ. 59     Fir-rigward tal-fatt li l-ittra ma ġietx ippubblikata (ara l-punt 26 iktar 'il fuq), huwa biżżejjed li jiġi kkonstatat li mhuwiex neċessarju li att jiġi ppubblikat sabiex ikun is-suġġett ta’ rikors għal annullament. 60     Barra minn hekk, il-Kummissjoni tafferma li r-rikorrenti m’għandhiex interess ġuridiku peress li l-ittra tat-12 ta’ Settembru 2002 ġiet irtirata permezz ta’ l-ittra tad-9 ta’ Jannar 2003 (ara l-punt 16 iktar 'il fuq) u għalhekk hija nieqsa minn kull effett (ara l-punt 28 iktar 'il fuq). 61     Għandu mill-ewwel jiġi kkonstatat li l-ittra tad-9 ta’ Jannar 2003 hija fformulata b’mod ambigwu. Minn naħa, meta tirreferi għall-ittri tat-12 ta’ Settembru u tal-25 ta’ Novembru 2002, il-Membru tal-Kummissjoni tiddikjara li hija “[t]ixtieq [t]irrepeti u [t]ikkonferma l-kontenut tagħhom fid-dawl ta’ l-avvenimenti sussegwenti”. Min-naħa l-oħra, hija tindika li r-rikorrenti tista' “tikkunsidr[a] kull parti ta’ l-ittri t[agħha] li minnha [hija] jew il-konsulenti tagħ[ha] [j]aslu għal konklużjoni oħra, jew bħala konformi mal-pożizzjoni t[agħha], jew bħala li ġiet irtirata”. Fid-dawl ta’ dawn it-termini partikolarment ambigwi, il-Qorti tal-Prim’Istanza tqis li din l-ittra għandha tinqara b’mod li ma tiffavorixxix il-pożizzjoni tal-Kummissjoni. 62     Jirriżulta mill-ittra tad-9 ta’ Jannar 2003 li l-Kummissjoni żammet mal-pożizzjoni tagħha li l-ebda investigazzjoni ta’ l-ilment fil-kuntest ta’ l-Artikolu 88 KE ma kienet iġġustifikata. Għaldaqstant, hija ma biddlitx il-pożizzjoni tagħha li skontha l-eżenzjoni mit-taxxa ma kinitx tikkostitwixxi għajnuna mill-Istat skond l-Artikolu 87(1) KE, u ma bdietx il-proċedura prevista mill-Artikolu 88(2) KE. Fil-fatt, hija kkonfermat espressament il-kontenut ta’ l-ittra tat-12 ta’ Settembru 2002 fl-ittra tagħha tal-25 ta' Novembru 2002, u, kif tammetti l-Kummissjoni fl-atti tagħha, fl-ittra tagħha tad-9 ta’ Jannar 2003 wkoll. Il-Kummissjoni lanqas ma ddeċidiet li tirrevedi l-pożizzjoni tagħha. 63     Jirriżulta mill-kunsiderazzjonijiet preċedenti kollha li l-ittra tat-12 ta’ Settembru 2002 essenzjalment tinkludi deċiżjoni fis-sens ta’ l-Artikolu 4(2) tar-Regolament Nru 659/1999 u li għad għandha effetti ġuridiċi minkejja l-ittra tad-9 ta’ Jannar 2003. Għaldaqstant, il-preżenti rikors huwa ammissibbli u għad hemm lok li tingħata deċiżjoni fuqu. Fuq il-mertu 64     Ir-rikorrenti tinvoka sitt motivi. L-ewwel motiv huwa bbażat fuq ksur tal-prinċipju tal-legalità, it-tieni fuq ksur ta’ l-obbligu ta’ motivazzjoni, it-tielet fuq ksur ta’ l-Artikolu 87 KE, ir-raba’ fuq ksur ta’ l-Artikolu 88 KE, il-ħames fuq applikazzjoni żbaljata ta’ l-Artikolu 307 KE, u sitt fuq il-ksur tal-prinċipju tat-trattament ugwali. 65     L-ewwel, it-tielet u r-raba’ motivi għandhom jiġu eżaminati flimkien. Fuq l-ewwel, it-tielet u r-raba’ motivi L-argumenti tal-partijiet 66     Fir-rigward tat-tielet motiv, ir-rikorrenti ssostni li l-Artikolu 4(1)(3)(a) tal-MinöStG jikkostitwixxi għajnuna mill-Istat, fis-sens ta' l-Artikolu 87 KE, li hija inkompatibbli mas-suq komuni. 67     L-ewwel nett, hija tirrimarka li billi l-kumpanniji ta’ l-ajru li joperaw fil-Ġermanja huma totalment eżentati mit-taxxi tas-sisa ġenerali fuq iż-żjut minerali bis-saħħa ta’ l-Artikolu 4(1)(3)(a) tal-MinöStG, il-piżijiet fiskali tagħhom huma konsiderevolment imnaqqsin, b'mod li jibbenefikaw minn vantaġġ finanzjarju. 68     It-tieni nett, billi t-telf ta’ dħul dovut għal din l-eżenzjoni (435 miljun EUR fl-2002) huwa a spejjeż tal-baġit Ġermaniż, il-vantaġġ mogħti jingħata permezz tar-riżorsi ta’ l-Istat. Ir-rikorrenti tispeċifika li, kuntrarjament għal dak li jsostni l-Kunsill, l-eżistenza ta’ għajnuna ma tiddependix mill-preżenza ta’ “piż addizzjonali” għall-Istat. F’dan ir-rigward, il-Kunsill jirrikonoxxi li eżenzjoni mit-taxxa, bħal dik f’dan il-każ, hija eżempju klassiku ta’ għajnuna fis-sens ta' l-Artikolu 87 KE. 69     Ir-rikorrenti żżid li l-Artikolu 4(1)(3)(a) tal-MinöStG jikkostitwixxi mingħajr dubju att tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja, peress li ġiet adottata mill-organi leġiżlattivi ta’ dan l-Istat Membru. Hija tispeċifika li din id-dispożizzjoni tirrappreżenta biss element wieħed tas-sistema ġenerali tat-tassazzjoni taż-żjut minerali fil-Ġermanja u li l-Qorti tal-Ġustizzja ma qegħditx fid-dubju n-natura ġuridika ta’ miżura nazzjonali ta’ l-atti li jittrasponu l-Artikolu 8(1)(a) u (b) tad-Direttiva 92/81 fis-sentenzi tagħha ta’ l-10 ta’ Ġunju 1999, Braathens (C-346/97, Ġabra p. I-3419), u tal-25 ta’ Settembru 2003, Il-Kummissjoni vs L-Italja (C-437/01, Ġabra p. I-9861). 70     Fil-fatt, għalkemm l-Artikolu 4(1)(3)(a) tal-MinöStG huwa miżura ta' traspożizzjoni ta' l-Artikolu 8(1)(b) tad-Direttiva 91/81, huwa jikkostitwixxi att ta’ l-Istat Membru u, għaldaqstant, hija miżura imputabbli lill-Istat skond l-Artikolu 87(1) KE (ara, f’dan ir-rigward, is-sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-25 ta’ Lulju 1991, Emmott, C-208/90, Ġabra p. I-4269, punt 21, u tat-12 ta’ Ottubru 1993, Vanacker u Lesage, C-37/92, Ġabra p. I-4947, punt 7). Ir-rikorrenti tirrileva li, skond l-Artikolu 249 KE, direttiva torbot biss f'dak li għandu x'jaqsam mar-riżultat li jrid jinkiseb, filwaqt li l-għażla tal-forma u tal-metodi titħalla f’idejn il-leġiżlatur nazzjonali. Għaldaqstant, kuntrarjament għal dak li tafferma l-Kummissjoni, ma jistgħux jeżistu direttivi li ma jħallux marġini ta’ diskrezzjoni lill-Istat. 71     F’dan il-każ, l-Artikolu 8(1) tad-Direttiva 92/81 ħalla marġini ta’ diskrezzjoni lill-Istati Membri billi huma kellhom jeżentaw il-karburant għall-ajruplani mis-sisa armonizzata, “taħt il-kundizzjonijiet li huma jistabbilixxu bil-għan li tiġi assigurata l-applikazzjoni korretta u ċara ta’ dawn l-eżenzjonijiet u jiġi impedit kull frodi, evażjoni jew abbuż”. Barra minn hekk, kif sostna l-Kunsill, il-leġiżlatur Ġermaniż għandu marġini ta' diskrezzjoni biex jevita distorsjoni tal-kompetizzjoni billi jeżenta mezzi oħra ta’ trasport mis-sisa fuq iż-żjut minerali, fil-kuntest tal-possibbiltajiet offerti mid-Direttiva 92/81. 72     It-tielet nett, ir-rikorrenti ssostni li l-eżenzjoni in kwistjoni tikkostitwixxi wkoll miżura selettiva li tiffavorixxi ċerti impriżi jew ċerti produzzjonijiet skond l-Artikolu 87 KE. 73     Ir-raba’ nett, hija tesponi li l-Artikolu 4(1)(3)(a) tal-MinöStG iwassal għal distorsjoni tal-kompetizzjoni fis-sens ta' l-Artikolu 87(1) KE. Il-Kummissjoni rrikonoxxiet l-eżistenza ta’ relazzjoni kompetittiva bejn il-ferroviji ta’ veloċità għolja u l-mezzi tat-trasport ta’ l-ajru fuq rotot intra-Komunitarji [Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-9 ta’ Diċembru 1998 (Każ N IV/M.1305 – Eurostar) (ĠU 1999, C 256, p. 4) punt 21]. Ir-rikorrenti tippretendi li, fl-ilment tagħha, hija spjegat suffiċjentement li tali relazzjoni kompetittiva teżisti wkoll fuq ir-rotot interni Ġermaniżi. Barra minn hekk, filwaqt li r-rikorrenti trid iħallas numru ta’ taxxi fuq is-sorsi ta’ enerġija primarja li hija tuża, l-eżenzjoni kkonċernata tippermetti lill-kumpanniji ta’ l-ajru li jnaqqsu konsiderevolment l-ispejjeż tagħhom u, għaldaqstant, joffru prezzijiet fuq rotot interni Ġermaniżi li huma iktar baxxi minn dawk li toffri r-rikorrenti. 74     Il-ħames nett, l-eżenzjoni kkonċernata taffetwa l-kummerċ bejn Stati Membri billi, minn naħa, il-kumpanniji ta’ l-ajru ġeneralment joperaw f’diversi Stati Membri u, min-naħa l-oħra, il-ferroviji ta’ veloċità għolja jgħaqqdu diversi bliet kapitali Ewropej bejniethom b’mod li jinsabu f’relazzjoni kompetittiva diretta mal-mezzi ta' trasport bl-ajru. 75     Skond ir-rikorrenti, jirriżulta minn dak li jippreċedi li l-Artikolu 4(1)(3)(a) tal-MinöStG jikkostitwixxi għajnuna mill-Istat fis-sens ta' l-Artikolu 87(1) KE. Għaldaqstant, id-deċiżjoni kkontestata hija illegali. 76     Ir-rikorrenti tqis ukoll li l-għajnuna kkonċernata hija inkompatibbli mas-suq komuni. L-Artikolu 4(1)(3)(a) tal-MinöStG ma jissodisfax manifestament il-kundizzjonijiet imposti mill-Artikolu 87(2) KE u ma jistax jiġi ddikjarat kompatibbli taħt l-Artikolu 87(3) KE. 77     Barra minn hekk, hija tissottometti li l-Kummissjoni m'għandhiex raġun tikkunsidra, fid-deċiżjoni kkontestata, li l-Artikolu 8(1)(b) tad-Direttiva 92/81 jeskludi l-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 87 KE. Fil-fatt, din id-dispożizzjoni tad-dritt sekondarju għandha tiġi evalwata fid-dawl ta’ l-Artikolu 87 KE u ta’ dispożizzjonijiet oħra tad-dritt primarju li jirregolaw l-għajnuna mill-Istat, li huma espressjoni partikolari tal-prinċipju tal-kompetizzjoni ħielsa (sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-5 ta’ Ottubru 1978, INAMI vs Viola, 26/78, Ġabra p. 1771, punti 9 sa 14; ara wkoll il-konklużjonijiet ta’ l-Avukat Ġenerali Lenz fl-atti tas-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-15 ta’ Jannar 1986, Il-Kummissjoni vs Il-Belġju, 52/84, Ġabra p. 89, 99). Jirriżulta minn prinċipju tas-supremazija tad-dritt Komunitarju li kunflitt ta' applikazzjoni bejn id-dritt sekondarju u d-dritt primarju għandu jiġi riżolt jew bl-interpretazzjoni tad-dispożizzjoni tad-dritt sekondarju b'mod li tkun konformi mad-dritt primarju (b’mod partikolari billi l-eżenzjoni mit-taxxa tiġi estiża għall-operaturi tal-ferroviji ta’ veloċità għolja), jew, fil-każ fejn tali interpretazzjoni ma tkunx possibbli, billi ma tiġix applikata d-dispożizzjoni tad-dritt sekondarju (sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tad-29 ta’ Ġunju 1988, van Landschoot vs Mera, 300/86, Ġabra p. 3443). 78     Għandu wkoll jiġi konkluż minn interpretazzjoni testwali, sistematika u teleoloġika ta’ l-Artikolu 8(1) tad-Direttiva 92/81 li l-Artikolu 87 KE huwa applikabbli f’dan il-każ. L-ewwel nett, jirriżulta mill-kliem użat f'din id-dispożizzjoni li l-eżenzjoni mit-taxxi tas-sisa għandha valida biss “bla ħsara għal dispożizzjonijiet Komunitarji oħra”. It-tieni nett, skond il-ġurisprudenza, l-eżenzjonijiet mit-taxxi fakultattivi taħt l-Artikolu 8(2) u (4) tad-Direttiva 92/81 huma limitati mid-dispożizzjonijiet ġenerali intiżi sabiex jipproteġu l-kompetizzjoni, li jinkludu l-Artikolu 87 KE (ara, per eżempju, is-sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tas-27 ta’ Settembru 2000, BP Chemicals vs Il-Kummissjoni, T-184/97, Ġabra p. II-3145, punt 62), b'mod li l-eżenzjoni mit-taxxa kkonċernata għandha tkun limitata bl-istess mod. It-tielet nett, interpretazzjoni teleoloġika ta’ l-Artikolu 8(1)(b) tad-Direttiva 92/81 ixxaqleb lejn l-applikabbiltà tar-regoli ta’ kompetizzjoni tat-Trattat għall-eżenzjoni mit-taxxa tal-karburant għall-ajruplani billi din id-dispożizzjoni tfittex li toħloq suq intern effettiv u l-uniformizzazzjoni tal-kundizzjonijiet tal-kompetizjoni. 79     Ir-rikorrenti tikkontesta l-affermazzjoni tal-Kunsill li l-konsegwenza neċessarja ta' l-armonizzazzjoni parzjali ta’ taxxa permezz ta’ att tad-dritt Komunitarju hija li l-miżura ma taqax taħt id-dispożizzjonijiet tat-Trattat li jirrigwardaw l-għajnuna mill-Istat, ħlief jekk id-direttiva li fuqha din l-armonizzazzjoni hija bbażata tipprovdi espressament għall-applikazzjoni tagħhom. Fil-fatt, din l-interpretazzjoni tikser il-ġerarkija tan-normi. Li kieku l-Kunsill ried jeskludi l-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 87(1) KE, kien imissu bbaża d-Direttiva mhux biss fuq l-Artikolu 93 KE, iżda wkoll fuq l-Artikolu 89 KE, u b’hekk, kien ineħħi l-miżuri kkonċernati mill-proċedura ta’ stħarriġ ta’ l-għajnuna mill-Istat. Bl-istess mod, il-Kunsill seta' jiddikjara li l-miżuri previsti mid-Direttiva kienu kompatibbli mas-suq komuni abbażi ta’ l-Artikolu 88(2) KE, ta’ l-Artikolu 87(3)(e) KE, jew, possibbilment, ta’ l-Artikolu 73 KE. Dan jikkorrispondi mal-prassi ġeneralment segwita mill-Kunsill [ara, per eżempju, ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1107/70 ta’ l-4 ta’ Ġunju 1970 dwar l-għoti ta’ għajnuniet għal trasport bil-ferrovija, bit-triq u bil-passaġġi fuq l-ilma interni (ĠU L 130, p. 1)]. Peress li l-Kunsill ma stabbilixxiex deroga għad-dritt primarju abbażi tas-setgħat previsti mid-dritt primarju, huwa d-dritt primarju li huwa applikabbli, jiġifieri, f’dan il-każ, l-Artikoli 87 KE u 88 KE. L-affermazzjoni tal-Kunsill li tali deroga ġiet effettivament prevista għandha tiġi miċħuda peress li l-imsemmija deroga ma ġietx espressa b’mod ċar u espliċitu. 80     F’dan ir-rigward, ir-rikorrent jikkontesta l-pożizzjoni tal-Kunsill li skontha l-fatt li ma ntużatx, bħala setgħa, waħda mid-dispożizzjonijiet iċċitati iktar ’il fuq fil-qasam ta’ l-għajnuna jikkostitwixxi biss difett formali negliġibbli. Fil-fatt, abbażi tad-Direttiva, ma jistax jiġi taċitament eskluż l-istħarriġ tal-miżuri ta’ traspożizzjoni li għandhom jiġu adottati skond id-Direttiva fid-dawl tad-dispożizzjonijiet applikabbli għall-għajnuna mill-Istat. Għall-kuntrarju, huwa neċessarju li d-Direttiva tkun effettivament ibbażata fuq is-setgħa korrispettiva. 81     Ir-rikorrenti żżid li l-Kummissjoni u l-Kunsill jassoġġettaw l-eżenzjonijiet mit-taxxa previsti mid-Direttiva 2003/96, li tissostitwixxi d-Direttiva 92/81, għal eżami dettaljat fid-dawl tal-leġiżlazzjoni fil-qasam ta’ l-għajnuna. Ikun għalhekk inkomprensibbli li l-konvenuta u l-intervenjenti issa jirrifjutaw li jipproċedu għal stħarriġ ta’ l-eżenzjonijiet mit-taxxi previsti mid-Direttiva 92/81 fid-dawl tal-kriterji ta’ l-Artikolu 87 KE. 82     Huwa minnu li r-rikorrenti tammetti li l-Kummissjoni ma tistax tagħti deċiżjoni fuq il-validità tad-direttivi tal-Kunsill. Madankollu, hija tista', u għandha, teżamina jekk it-traspożizzjoni, minn Stat Membru, ta’ l-eżenzjoni mit-taxxa prevista mid-Direttiva 92/81 hijiex konformi mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat fil-qasam ta’ l-għajnuna u tiżgura li l-leġiżlazzjoni nazzjonali ma tasalx, wara d-data tat-transpożizzjoni, biex toħloq distorsjoni tal-kompetizzjoni inkompatibbli mas-suq komuni. Il-Kummissjoni għandha wkoll tistħarreġ il-marġini ta’ diskrezzjoni residwa li għandhom l-Istati Membri biex jestendu din l-eżenzjoni mit-taxxa għat-trasport ferrovjarju skond l-Artikolu 8(2)(ċ) ta’ l-istess Direttiva. F'dan ir-rigward, ir-rikorrenti ssostni li s-sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tas-17 ta’ Ġunju 1999, ARAP et vs Il-Kummissjoni (T-82/96, Ġabra p. II-1889, punt 14) mhijiex rilevanti billi din tirrigwarda regolament, li m’għandux bżonn jiġi ttraspost mill-Istat Membru, u mhux direttiva. 83     Ir-rikorrenti għalhekk tiddeduċi minn dak li jippreċedi li l-eżenzjoni mit-taxxi tas-sisa favur karburant għall-ajruplani prevista mill-Artikolu 8(1)(b) tad-Direttiva 92/81 mhijiex kompatibbli ma’ l-Artikolu 87 KE u għaldaqstant hija inapplikabbli fil-forma attwali tagħha. 84     Barra minn hekk, ir-rikorrenti tallega li lanqas l-Artikolu 8(1)(b) tad-Direttiva 92/81 mhuwa applikabbli peress li m'għadux iżjed kopert bis-setgħa mogħtija bl-Artikolu 93 KE. F'dan ir-rigward, hija tosserva li jirriżulta mill-Artikolu 241 KE li xejn ma jżommha milli tinvoka l-inapplikabbiltà ta’ l-Artikolu 8(1)(b) tad-Direttiva 92/81. 85     Fil-fatt, din id-Direttiva armonizzat l-istrutturi tat-taxxi tas-sisa fuq iż-żjut minerali u, bħad-direttivi l-oħra adottati f’dan il-qasam, hija bbażata esklużivament fuq l-Artikolu 93 KE u hija intiża għat-twettiq tas-suq intern Komunitarju fis-sens ta' l-Artikolu 14 KE. Ir-rikorrenti tammetti li, meta ġiet adottata din id-Direttiva, l-eżenzjoni mit-taxxa tal-karburant għall-ajruplani prevista mill-Artikolu 8(1)(b) tad-Direttiva 92/81 probabbilment kienet neċessarja għat-twettiq tas-suq intern, fid-dawl tas-sitwazzjoni kompetittiva ta’ dak iż-żmien. Madankollu, kif jikkonferma wkoll il-Kunsill, il-kumpanniji ta’ l-ajru u l-operaturi tal-ferroviji ta’ veloċità għolja jinsabu attwalment f’relazzjoni kompetittiva qawwija u l-eżenzjoni mit-taxxi tas-sisa kkonċernata twasslu għal distorsjoni tal-kompetizzjoni (ara punt 73 iktar 'il fuq). Għaldaqstant, l-eżenzjoni mit-taxxa tal-karburant għall-ajruplani twassal mhux biex twettaq is-suq intern, iżda, għall-kuntrarju, sabiex toħloq distorsjoni qawwija tal-kompetizzjoni. 86     Issa miżura li twassal għal distorsjoni tal-kompetizzjoni ma tistax tkun “neċessarja” sabiex tiżgura t-twettiq u l-funzjonament tas-suq komuni fis-sens ta' l-Artikolu 93 KE. Skond il-prinċipju tal-proporzjonalità, miżura tista' biss tiġi kkunsidrata bħala neċessarja fin-nuqqas ta’ alternattiva li toħloq inqas distorsjoni tal-kompetizzjoni (sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tal-5 ta’ Ġunju 1996, NMB France et vs Il-Kummissjoni, T-162/94, Ġabra p. II-427, punt 69). Skond ir-rikorrenti, ikun hemm inqas distorsjoni tal-kompetizzjoni bl-estensjoni ta’ l-eżenzjoni mit-taxxa prevista mill-Artikolu 8(1)(b) tad-Direttiva 92/81 għall-operaturi tal-ferroviji ta’ veloċità għolja jew bit-tneħħija ta’ din l-eżenzjoni mit-taxxi tas-sisa fuq iż-żjut minerali għat-titjiriet intra-Komunitarji. Konsegwentement, wara t-tibdil fis-sitwazzjoni kompetittiva fis-suq ikkonċernat, l-eżenzjoni mit-taxxa tal-karburant ta’ l-avjazzjoni prevista mill-Artikolu 8(1)(b) tad-Direttiva 92/81 m'għadhiex iżjed neċessarja sabiex tiżgura t-twettiq u l-funzjonament tas-suq intern u ma tkunx iżjed koperta bl-Artikolu 93 KE. 87     Ir-rikorrenti tenfasizza li hija ma tikkontestax il-fatt li l-Kunsill seta' jibbaża d-Direttiva 92/81 fuq l-Artikolu 93 KE. Tibqa' madankollu l-kwistjoni jekk, minħabba t-tibdil fir-relazzjoni kompetittiva li teżisti bejn l-avjazzjoni ċivili u l-ferroviji ta’ veloċità għolja, is-setgħa prevista mill-Artikolu 93 KE hijiex biżżejjed sabiex teskludi eżami tal-miżuri ta’ transpożizzjoni fil-kuntest tad-dispożizzjonijiet ġenerali fil-qasam ta’ l-għajnuna. Ir-rikorrenti tispeċifika li hija m’għandhiex l-intenzjoni li tikseb l-annullament tad-Direttiva, iżda li hija tqis li s-setgħa użata ma teskludix li jsir stħarriġ min-naħa tal-Kummissjoni. 88     Fir-rigward ta’ l-ewwel motiv, ir-rikorrenti ssostni li l-Kummissjoni kien imissha pproċediet għal eżami diliġenti u imparzjali ta’ l-ilment (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-17 ta’ Mejju 2001, IECC vs Il-Kummissjoni, C-449/98 P, Ġabra p. I-3875, punt 45, u s-sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tal-15 ta’ Settembru 1998, Gestevisión Telecinco vs Il-Kummissjoni, T-95/96, Ġabra p. II-3407, punt 72). Bil-fatt li ċaħdet l-ilment tagħha kompletament, il-Kummissjoni kisret il-prinċipju tal-legalità kif ukoll ċerti dispożizzjonijiet tar-Regolament Nru 659/1999. 89     Ir-rikorrenti tiddubita jekk, meta fformulat l-ittra tat-12 ta’ Settembru 2002, il-Kummissjoni rrispettatx il-prinċipju ta’ amministrazzjoni tajba u r-regoli interni tagħha. Hija tispeċifika f’dan ir-rigward li, filwaqt li skond dwar ir-regoli interni, il-kulleġġ tal-Kummissarji kien kompetenti f’dan il-każ, apparentement dan il-każ ma tressaqx quddiem dan il-kulleġġ. 90     Fl-aħħarnett, sabiex issostni r-raba’ motiv, ir-rikorrenti tallega li, billi l-Kummissjoni tirrifjuta, fid-deċiżjoni kkontestata, li tibda proċedura ta' investigazzjoni formali, hija taġixxi bi ksur ta’ l-obbligi tagħha li joħorġu mill-Artikolu 88(2)(3) KE kif ukoll mill-Artikolu 10(1) u mill-Artikolu 17 tar-Regolament Nru 659/1999. 91     Fir-replika tagħha, ir-rikorrenti tafferma li l-Kummissjoni m'għandhiex raġun tqis li, fid-dawl ta' l-emendi proposti għad-dispożizzjonijiet ikkonċernati tad-Direttiva 92/81, hija dispensata milli tibda proċedura ta’ investigazzjoni formali ta’ l-għajnuna li hemm fis-seħħ. 92     Il-Kummissjoni tqis li, f’dan il-każ, huwa manifest li ma jistax ikun hemm kwistjoni ta’ għajnuna mill-Istat. Hija ssostni li l-eżenzjoni in kwistjoni mhijiex imputabbli lil Stat fis-sens tal-ġursprudenza rilevanti (sentenza tal-Qorti tas-16 ta’ Mejju 2002, Franza vs Il-Kummissjoni, C-482/99, Ġabra p. I-4397). L-eżenzjoni mit-taxxa prevista fl-Artikolu 4(1)(3)(a) tal-MinöStG tistrieħ fuq l-Artikolu 8(1)(b) tad-Direttiva 92/81 u l-Istati Membri m’għandhom l-ebda marġini ta’ manuvra sabiex jittrasponu l-imsemmija eżenzjoni (sentenza Braathens, punt 69 iktar ’il fuq). 93     Bi tweġiba għall-argument tar-rikorrenti li, fid-dawl tas-supremazija tad-dritt primarju, il-leġiżlazzjoni dwar l-għajnuna mill-Istat għandha tkun applikabbli, il-Kummissjoni ssostni li r-rikorrenti tinjora l-fatt li s-sentenza Franza vs Il-Kummissjoni, punt 92 iktar ’il fuq, ukoll tirrigwarda l-leġiżlazzjoni dwar l-għajnuna mill-Istat u għandha tiġi rrispettata. Barra minn hekk, hija ma taċċettax l-argument li l-Artikolu 8(1) tad-Direttiva 92/81 mhuwiex kopert bis-setgħa ta’ l-Artikolu 93 KE, billi tikkunsidra li r-rikorrenti tħallat il-kwistjoni realment rilevanti f'dan ir-rigward, jiġifieri dik ta’ l-armonizzazzjoni rikjesta, mal-kwistjoni tar-riperkussjonijiet fuq il-kompetizzjoni, li m'għandha l-ebda rabta ma’ l-Artikolu 93 KE. 94     Il-Kummissjoni ma tweġibx għall-argumenti magħmula mir-rikorrenti sabiex issostni l-ewwel motiv tagħha. 95     Fir-rigward tar-raba’ motiv, il-Kummissjoni tqis li ma kienx hemm lok li tibda proċedura ta' investigazzjoni formali. Hija żżid li d-Direttiva 92/81 ġiet sostitwita bid-Direttiva 2003/96, b’mod li ma kienx hemm għalfejn tibda proċedura ta' investigazzjoni formali. 96     Il-Kunsill iressaq tliet argumenti sabiex juri li s-sistema u l-proċedura ta’ stħarriġ ta’ l-għajnuna mill-Istat previsti mill-Artikoli 87 KE sa 89 KE mhumiex applikabbli f’dan il-każ. L-ewwel nett, dawn id-dispożizzjonijiet mhumiex applikabbli għall-miżuri adottati mil-leġiżlatur Komunitarju, sakemm dan ta’ l-aħħar ma jiddeċidix mod ieħor. Fil-fatt, il-poteri li l-Artikolu 88 KE jagħti lill-Kummissjoni ma jippermettulhiex tiddikjara li dispożizzjoni Komunitarja fis-seħħ hija inapplikabbli. 97     It-tieni nett, l-eżenzjoni kkontestata ma tistax titqies bħala għajnuna mill-Istat peress li, mill-għan u mill-istruttura ġenerali tagħha, mhijiex maħsuba biex toħloq vantaġġ li jikkostitwixxi piż addizzjonali għall-Istat. 98     It-tielet nett, il-Kunsill ifakkar li, anki kieku l-eżenzjoni kkontestata kellha tiġi meqjusa bħala għajnuna mill-Istat, huwa għandu l-poter li jeżenta ċerti kategoriji ta’ għajnuna mill-osservanza tal-proċedura ta’ stħarriġ tal-kompatibbiltà tagħhom mas-suq komuni. Issa jirriżulta min-natura inkondizzjonata tad-dispożizzjoni kkontestata li l-leġiżlatur Komunitarju, f’dan il-każ, eskluda speċifikament il-possibbiltà ta' tali stħarriġ. Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti tal-Prim’Istanza 99     L-Artikolu 87(1) KE jiddikjara kull għajnuna, ta’ kwalunkwe forma, mogħtija minn Stat Membru jew permezz ta' riżorsi ta’ l-Istat, li twassal għal distorsjoni jew theddida ta’ distorsjoni għall-kompetizzjoni billi tiffavorixxi ċerti impriżi jew ċerti produtturi, safejn tolqot il-kummerċ bejn l-Istati Membri, inkompatibbli mas-suq komuni,. 100   Għaldaqstant, din id-dispożizzjoni tkopri d-deċiżjonijiet ta’ l-Istati Membri li bihom dawn ta’ l-aħħar, sabiex jilħqu l-għanijiet ekonomiċi u soċjali tagħhom, iqiegħdu riżorsi għad-dispożizzjoni ta’ l-impriżi jew ta’ persuni ġuridiċi oħra, permezz ta’ deċiżjonijiet unilaterali u awtonomi, jew jagħtuhom vantaġġi intiżi sabiex jinkoraġġixxu t-twettiq ta’ l-għanijiet ekonomiċi u soċjali mfittxija (sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-27 ta’ Marzu 1980, Amministrazione delle finanze dello Stato vs Denkavit italiana, 61/79, Ġabra p. 1205, punt 31). 101   Minn dan isegwi li, sabiex vantaġġi jistgħu jiġu kkwalifikati bħala għajnuna fis-sens ta' l-Artikolu 87(1) KE, għandhom, b’mod partikolari, ikunu imputabbli lill-Istat (ara s-sentenza Franza vs Il-Kummissjoni, punt 92 iktar ’il fuq, u l-ġurisprudenza ċċitata). 102   Dan mhuwiex il-każ hawnhekk. Fil-fatt, l-Artikolu 4(1)(3)(a) tal-MinöStG jimplementa l-Artikolu 8(1)(b) tad-Direttiva 92/81. Issa, kif deċiż mill-Qorti tal-Ġustizzja, din dispożizzjoni ta' l-aħħar timponi obbligu ċar u preċiż fuq l-Istati Membri li ma jassoġġettawx il-karburant li jintuża għan-navigazzjoni kummerċjali bl-ajru għat-taxxa tas-sisa armonizzata (sentenza Braathens, punt 69 ’il fuq, punti 30 sa 32). Billi jittrasponu l-eżenzjoni fid-dritt nazzjonali, l-Istati Membri ma għamlu xejn ħlief li jimplementaw dispożizzjonijiet Komunitarji konformement ma’ l-obbligi tagħhom skond it-Trattat. Minn dan isegwi li d-dispożizzjoni kkonċernata mhijiex imputabbli lill-Istat Ġermaniż, iżda, fir-realtà, tirriżulta minn att tal-leġiżlatur Komunitarju. 103   Ir-rikorrenti tenfasizza li l-eżenzjoni ngħatat permezz ta' riżorsi ta’ l-Istat. Madankollu, l-imputabbiltà ta’ għajnuna lil Stat hija distinta mill-kwistjoni jekk l-għajnuna ngħatatx permezz ta' riżorsi ta’ l-Istat. Fil-fatt, jirriżulta mill-ġurisprudenza li dan huwa każ ta' kundizzjonijiet distinti u kumulattivi (sentenza Franza vs Il-Kummissjoni, punt 92 ’il fuq, punt 24). 104   Jirriżulta mill-kunsiderazzjonijiet preċedenti li wħud mill-kundizzjonijiet essenzjali għall-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 87 KE mhumiex sodisfatti, b'mod li l-Kummissjoni kellha d-dritt tikkonkludi li l-eżenzjoni kkonċernata ma kinitx taqa' fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan l-Artikolu. 105   Kuntrarjament għal dak li ssostni r-rikorrenti, il-marġini ta’ diskrezzjoni mogħtija lill-Istati Membri bil-kliem tal-bidu ta’ l-Artikolu 8(1) tad-Direttiva 92/81, li jispeċifika li l-eżenzjonijiet għandhom jingħataw mill-Istati Membri “taħt il-kundizzjonijiet li huma jistabbilixxu bil-għan li tiġi assigurata l-applikazzjoni korretta u ċara ta’ dawn l-eżenzjonijiet u jiġu impedit kull frodi, evażjoni jew abbuż”, japplika biss għall-formulazzjoni tal-kundizzjonijiet għall-implementazzjoni ta’ l-eżenzjoni kkonċernata u ma tqiegħedx fid-dubju n-natura inkondizzjonata ta’ l-obbligu ta’ eżenzjoni prevista minn din id-dispożizzjoni (sentenza Braathens, punt 69 iktar ’il fuq, punt 31). 106   Fir-rigward ta’ l-argument tar-rikorrent li r-Repubblika Federali tal-Ġermanja setgħet tevita d-distorsjoni tal-kompetizzjoni billi testendi l-eżenzjoni għall-ferroviji ta’ veloċità għolja bis-saħħa ta’ l-Artikolu 8(2)(c) tad-Direttiva 92/81, huwa biżżejjed li jiġi kkonstatat li l-Istati Membri kellhom perfettament id-dritt li jikkuntentaw ruħhom li jittrasponu d-dispożizzjonijiet obbligatorji tad-Direttiva u li ma jirrikorrux għall-possibbiltà li jwessgħu l-eżenzjoni. 107   Barra minn hekk, ir-rikorrenti tinvoka l-inapplikabbiltà ta’ l-Artikolu 8(1)(b) tad-Direttiva 92/81. Minn naħa, hija tinsisti dwar il-fatt li, bis-saħħa tal-prinċipju tas-supremazija, l-eżenzjoni mit-taxxi tas-sisa għall-karburant ta’ l-ajruplani prevista minn din id-dispożizzjoni mhijiex kompatibbli ma’ l-Artikolu 87 KE u li, għaldaqstant, hija inapplikabbli fil-forma attwali tagħha. Li kieku l-Kunsill ried jeskludi l-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 87 KE, kien imissu bbaża d-Direttiva mhux biss fuq l-Artikolu 93 KE, iżda wkoll fuq artikoli oħra tat-Trattat (ara punt 79 iktar 'il fuq). Min-naħa l-oħra, ir-rikorrenti ssostni li l-Artikolu 8(1)(b) tad-Direttiva 92/81 huwa inapplikabbli billi m'għadux iżjed kopert mis-setgħa ta’ l-Artikolu 93 KE. Hija ssostni li l-kumpanniji ta’ l-ajru u l-operaturi tal-ferroviji ta' veloċità għolja jinsabu attwalment f’relazzjoni kompetittiva qawwija u li, b’konsegwenza ta’ dan, l-eżenzjoni kkonċernata twassal mhux biex twettaq is-suq intern, iżda, għall-kuntrarju, sabiex toħloq distorsjoni qawwija tal-kompetizzjoni (ara l-punt 85 iktar 'il fuq). 108   Anki jekk jitqies li r-rikorrenti qajmet eċċezzjoni ta’ illegalità fir-rigward ta’ l-Artikolu 8(1)(b) tad-Direttiva 92/81, din l-eċċezzjoni ma toħroġx b'mod ċar mill-atti tagħha. B’mod partikolari, fl-osservazzjonijiet tagħha fuq l-intervent tal-Kunsill, ir-rikorrenti speċifikat li l-argument essenzjali tagħha hu li l-Artikolu 8(1)(b) tad-Direttiva 92/81 ma jistax iwaqqaf lill-Kummissjoni milli teżamina l-eżenzjoni kkonċernata fil-kuntest tal-proċeduri dwar l-għajnuna mill-Istat. 109   F’kull każ, l-argumenti tar-rikorrenti fir-rigward ta' l-inapplikabbiltà ta’ l-Artikolu 8(1)(b) tad-Direttiva 92/81 ma jistgħux jiġu milqugħa. 110   Fir-rigward ta’ l-argument tagħha li din id-dispożizzjoni hija inapplikabbli minħabba li tikser l-Artikolu 87 KE, huwa biżżejjed li jiġi kkonstatat li, kif jirriżulta mill-punt 104 iktar 'il fuq, dan l-Artikolu ta' l-aħħar mhuwiex applikabbli f’dan il-każ. 111   Għal dak li jikkonċerna l-argument ibbażat fuq l-Artikolu 93 KE, għandu jiġi mfakkar li d-Direttiva 92/81 ġiet adottata mill-Kunsill, b’deċiżjoni unanima abbażi ta’ dan l-artikolu, sabiex jiġu armonizzati l-istrutturi tat-taxxi tas-sisa fuq iż-żjut minerali. L-eżenzjoni prevista mill-Artikolu 8(1)(b) tad-Direttiva 92/81 tirriżulta mid-dispożizzjonijiet tad-dritt internazzjonali li jipprovdu għal eżenzjoni mit-taxxa favur il-karburant għall-ajruplani. Ir-rikorrenti stess tammetti, fir-rikors tagħha, li l-Artikolu 8(1)(b) tad-Direttiva 92/81 probabbilment kien neċessarju fiż-żmien ta’ l-adozzjoni tad-Direttiva, billi kien intiż sabiex tiggarantixxi li ma jkunx hemm distorsjoni tal-kompetizzjoni bejn id-diversi kumpanniji ta’ l-ajru ta’ l-Istati Membri, kif ukoll bejn dawn il-kumpanniji u l-operaturi ta’ Stati terzi (ara l-punt 85 iktar 'il fuq). 112   Anki jekk jitqies li r-rikorrenti ġustament tinvoka l-eżistenza, wara l-adozzjoni tad-Direttiva 92/81, ta’ relazzjoni kompetittiva ġdida bejn it-trasport bl-ajru u dak ferrovjarju, minn dan ma jsegwix li l-Artikolu 8(1)(b) tad-Direttiva 92/81 sar illegali. Kien il-leġiżlatur Komunitarju, li għandu marġini ta' diskrezzjoni wiesgħa fl-eżerċizzju tal-poter tiegħu, li kellu jevalwa s-sitwazzjoni u, f’każ ta' bżonn, jiddeċiedi jekk kienx opportun li jemenda d-dispożizzjonijiet fis-seħħ. 113   F’dak li jikkonċerna l-argument tar-rikorrent ibbażat fuq il-fatt li l-Kummissjoni u l-Kunsill jassoġġettaw l-eżenzjonijiet mit-taxxa previsti mid-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2003/96 għal eżami dettaljat fid-dawl tal-leġiżlazzjoni fil-qasam ta’ l-għajnuna mill-Istat, għandu jiġi rilevat li l-Artikolu 14(1)(b) ta’ din id-Direttiva jipprovdi għal eżenzjoni li tapplika għal “prodotti ta’ enerġija forniti biex jintużaw bħala karburant għall-iskop ta' navigazzjoni bl-ajru barra minn safar b'mod privat u għad-divertiment [barra mill-avjazzjoni privata għat-turiżmu]”.Issa jirriżulta mill-Artikolu 14(2) ta’ l-istess Direttiva li Stat Membru jista', minn naħa, jillimita l-kamp ta’ applikazzjoni ta’ l-eżenzjoni prevista mill-Artikolu 14(1) għat-trasport internazzjonali u intra-Komunitarju u, min-naħa l-oħra, jirrinunzja għall-eżenzjoni meta jidħol fi ftehim bilaterali ma' Stat Membru ieħor. Minn dan isegwi li l-miżuri ta’ transpożizzjoni ta’ l-Artikolu 14 tad-Direttiva 2003/96 huma miżuri li dwarhom l-Istati jgawdu marġini ta’ diskrezzjoni, ħaġa li tispjega li s-sorveljanza tal-konformità tagħhom mad-dispożizzjonijiet dwar l-għajnuna mill-Istat hija prevista mill-Artikolu 26(2) ta’ din id-Direttiva. Jirriżulta mill-kunsiderazzjonijiet preċedenti li t-tielet motiv m’huwiex fondat. 114   Fl-aħħarnett, l-ewwel u r-raba’ motivi huma bbażati fuq il-premessa li r-rikorrenti ressqet ilment li jistħoqqlu li jiġi eżaminat fid-dettall mill-Kummissjoni. Issa fid-dawl tal-fatt li l-Artikolu 4(1) tal-MinöStG jillimita ruħu li jimplementa dispożizzjoni obbligatorja ta’ att Komunitarju (ara l-punti 99 sa 104 iktar 'il fuq), il-Kummissjoni kellha d-dritt li tiċħad l-ilment fid-deċiżjoni kkontestata mingħajr ma kien neċessarju li tirreferih lill-kulleġġ tal-Kummissarji u li tibda proċedura ta' investigazzjoni formali skond l-Artikolu 88(2) KE. 115   Għaldaqstant, hemm lok li l-ewwel, it-tielet u r-raba’ motivi jiġu miċħuda. Fuq it-tieni motiv, ibbażat fuq ksur ta’ l-obbligu tal-motivazzjoni L-argumenti tal-partijiet 116   Ir-rikorrenti tesponi li d-deċiżjoni kkontestata għandha tiġi annullata minħabba l-ksur ta’ l-obbligu tal-motivazzjoni stabbilit fl-Artikolu 253 KE. Fir-rigward ta' deċiżjonijiet li jikkonkludu li ma teżisti ebda għajnuna mill-Istat allegata f’ilmenti, il-Kummissjoni hija marbuta li tispjega lill-persuna li tkun għamlet l-ilment ir-raġunijiet li għalihom l-elementi ta’ fatt u ta’ dritt invokati fl-ilment ma kinux suffiċjenti sabiex jippruvaw l-eżistenza ta’ għajnuna mill-Istat (sentenza Sytraval, punt 64). 117   Issa f’dan il-każ, il-motivazzjoni tad-deċiżjoni kkontestata ma tippermettix li jinftehmu r-raġunijiet li għalihom l-elementi ta’ fatt u ta’ dritt invokati mir-rikorrenti fl-ilment tagħha ma jippruvawx l-eżistenza ta’ għajnuna illegali mill-Istat. 118   Il-Kummissjoni u l-Kunsill ma jgħidu xejn fuq l-argumenti mressqa mir-rikorrenti sabiex issostni t-tieni motiv tagħha. Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti tal-Prim’Istanza 119   Skond ġurisprudenza stabbilita, il-motivazzjoni rikjesta mill-Artikolu 253 KE għandha tkun adattata għan-natura ta’ l-att ikkonċernat u trid turi r-raġunament ta’ l-istituzzjoni, awtriċi ta' l-att, b’mod ċar u inekwivoku, b’mod li tippermetti lill-persuni kkonċernati li jsiru jafu r-raġunijiet għall-miżura li ttieħdet u lill-qorti kompetenti li teżerċita l-istħarriġ tagħha. Ir-rekwiżit tal-motivazzjoni għandu jiġi evalwat skond iċ-ċirkustanzi tal-każ, b'mod partikolari l-kontenut ta’ l-att, in-natura tal-motivi invokati u l-interess li d-destinatarji jew persuni oħra kkonċernati direttament u individwalment mill-att jista' jkollhom sabiex jirċievu spjegazzjonijiet. M’hemmx bżonn li l-motivazzjoni tispeċifika l-elementi kollha rilevanti ta’ fatt u ta’ dritt, billi l-kwistjoni jekk il-motivazzjoni ta’ att tissoddisfax ir-rekwiżiti ta’ l-Artikolu 253 KE għandha tiġi evalwata mhux biss b'referenza għall-kliem tagħha, iżda wkoll għall-kuntest tagħha kif ukoll għar-regoli ġuridiċi kollha li jirregolaw il-qasam ikkonċernat (ara s-sentenza Sytraval, punt 63, u l-ġurisprudenza ċċitata). 120   F’dan il-każ, jirriżulta mid-deċiżjoni kkontestata li l-Kummissjoni ċaħdet l-ilment minħabba li l-eżenzjoni msemmija fl-Artikolu 4(1)(3)(a) tal-MinöStG kienet tikkostitwixxi implementazzjoni tad-Direttiva 92/81 u mhux tentattiv sabiex tingħata għajnuna (ara punt 11 iktar 'il fuq). Kuntrarjament għal dak li ssostni r-rikorrenti, tali motivazzjoni, għalkemm fil-qosor, kienet suffiċjentement ċara u komprensibbli. 121   Konsegwentement, it-tieni motiv għandu wkoll jiġi miċħud bħala infondat. Fuq il-ħames motiv, ibbażat fuq ksur ta’ l-Artikolu 307 KE u tar-regoli tad-dritt internazzjonali L-argumenti tal-partijiet 122   Ir-rikorrenti ssostni li l-affermazzjoni tal-Kummissjoni li l-applikabbiltà tad-dispożizzjonijiet Komunitarji fil-qasam ta’ l-għajnuna mill-Istat hija eskluża mill-Konvenzjoni ta’ Chicago dwar l-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali tas-7 ta’ Diċembru 1944 ( Ġabra tat-trattati tan-Nazzjonijiet Uniti , vol. 15, p. 295, iktar ’il quddiem il-“Konvenzjoni ta’ Chicago”) kif ukoll minn diversi ftehim bilaterali dwar it-traffiku bl-ajru li ġew konklużi abbażi ta’ din il-Konvenzjoni la hija kompatibbli mad-dispożizzjonijiet tad-dritt internazzjonali u lanqas ma’ l-Artikolu 307 KE. 123   Fir-rigward tad-dritt internazzjonali pubbliku, ir-rikorrenti tippretendi li l-eżenzjoni mit-taxxa tal-karburant għall-ajruplani prevista fil-ftehim internazzjonali bl-ebda mod ma tipprekludi li dik ibbażata fuq l-Artikolu 4(1)(3)(a) tal-MinöStG titqies bħala li tikser l-Artikolu 87(1) KE. Skond ir-regola ta’ kunflitt tal-liġijiet stabbilita fl-Artikolu 30 tal-Konvenzjoni ta’ Vjenna fuq il-Liġi tat-Trattati tat-23 ta’ Mejju 1969 ( Ġabra tat-trattati tan-Nazzjonijiet Uniti , vol. 788, p. 354), id-dispożizzjonijiet tat-trattati internazzjonali konklużi preċedentement bejn l-Istati Membri japplikaw biss sakemm dawn ikunu kompatibbli ma’ l-obbligi konvenzjonali sussegwenti, bħal dawk li jirriżultaw mis-sħubija tagħhom mal-Komunitajiet Ewropej. 124   Fir-rigward tad-dritt Komunitarju, l-ewwel paragrafu ta’ l-Artikolu 307 KE jillimita ruħu li jiggarantixxi d-drittijiet ta’ Stati terzi skond id-dritt internazzjonali pubbliku mingħajr ma jobbliga l-Istati Membri jassumu l-obbligi konvenzjonali tagħhom li ġew qabel it-Trattati Komunitarji (sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-13 ta’ Lulju 1966, Consten u Grundig vs Il-Kummissjoni tal-KEE, 56/64 u 58/64, Ġabra p. 430). B’konsegwenza ta’ dan, peress li s-sitwazzjoni f'dan il-każ hija purament intra-Komunitarja, huwa d-dritt primarju li huwa applikabbli f’każ ta’ kunflitt (sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza ta’ l-10 ta’ Lulju 1991, RTE vs Il-Kummissjoni, T-69/89, Ġabra p. II-485, punt 103). Għaldaqstant, anki fir-rigward ta’ l-Artikolu 307 KE, la l-Konvenzjoni ta’ Chicago u lanqas il-ftehim internazzjonali bilaterali bbażati fuqha ma jipprekludu l-applikabbiltà għall-Artikolu 4(1)(3)(a) tal-MinöStG tad-dispożizzjonijiet tad-dritt Komunitarju li jirregolaw l-għajnuna mill-Istat. Barra minn hekk, il-Kummissjoni kkonstatat bosta drabi li l-Konvenzjoni ta’ Chicago ma kellha l-ebda effett vinkolanti fir-rigward ta’ sitwazzjonijiet intra-Komunitarji. 125   Il-Kummissjoni u l-Kunsill ma jgħidu xejn fuq l-argumenti invokati mir-rikorrenti sabiex issostni l-ħames motiv tagħha. Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti tal-Prim’Istanza 126   Dan il-motiv mhuwiex rilevanti. Id-deċiżjoni kkontestata hija bbażata fuq il-fatt li l-Artikolu 4(1)(3)(a) tal-MinöStG ma jiksirx ir-regoli Komunitarji li jikkonċernaw l-għajnuna mill-Istat fid-dawl tan-nuqqas ta’ miżura ta’ l-Istat f’dan il-każ (ara punt 11 iktar 'il fuq). Konsegwentement, il-Kummissjoni m'applikatx id-dispożizzjonijiet tat-Trattat dwar l-għajnuna mill-Istat. 127   Għaldaqstant, kuntrarjament għal dak li tagħti x’tifhem ir-rikorrenti, id-deċiżjoni kkontestata bl-ebda mod mhija bbażata fuq id-dritt internazzjonali. Il-Kummissjoni qatt ma invokat id-dritt internazzjonali sabiex tiġġustifika l-inapplikabbiltà tad-dispożizzjonijiet li jirregolaw l-għajnuna mill-Istat. Hija għamlet biss riferenza għad-dritt internazzjonali sabiex tispjega l-kuntest ta’ l-eżenzjoni kkonċernata u sabiex tafferma li d-Direttiva 92/81 kienet konformi mal-prattika internazzjonali (ara l-punt 11 iktar 'il fuq). 128   Din il-konklużjoni ma tistax tiġix affetwata mill-fatt li l-Kummissjoni żiedet sempliċement, fid-deċiżjoni kkontestata, li d-Direttiva 92/81 kienet “konformi mal-prattika internazzjonali, ibbażata fuq il-politiki stabbiliti mill-[ICAO] fil-kuntest tal-[Konvenzjoni ta’ Chicago]”. 129   Minn dan isegwi li l-ħames motiv huwa infondat. Fuq is-sitt motiv, ibbażat fuq ksur tal-prinċipju tat-trattament ugwali L-argumenti tal-partijiet 130   Ir-rikorrenti tfakkar li l-prinċipju tat-trattament ugwali jipprojbixxi li sitwazzjonijiet paragunabbli jiġu ttrattati b’mod differenti sakemm tali trattament ma jkunx oġġettivament iġġustifikat (sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-13 ta’ April 2000, Karlsson et , C-292/97, Ġabra p. I-2737, punt 39; ara, ukoll, is-sentenza van Landschoot vs Mera, punt 77 iktar ’il fuq, punt 9). 131   Issa f’dan il-każ, l-eżenzjoni mit-taxxa tal-karburant għall-ajruplani bbażata fuq l-Artikolu 8(1)(b) tad-Direttiva 92/81 u fuq ir-regola ta’ transpożizzjoni ta’ din id-dispożizzjoni fid-dritt intern, jiġifieri l-Artikolu 4(1)(3)(a) tal-MinöStG, twassal għal nuqqas ta’ trattament ugwali bejn ir-rikorrenti u l-kumpanniji ta’ l-ajru li joperaw fuq rotot interni Ġermaniżi. Peress li fuq ir-rotot interni Ġermaniżi, ir-rikorrenti u l-kumpanniji ta’ l-ajru joffru servizz li, f’għajnejn il-konsumaturi, huwa sostitwibbli, huma qiegħdin f’sitwazzjoni paragunabbli. Ir-rikorrenti tinsisti f’dan ir-rigward fuq ir-relazzjoni kompetittiva li teżisti bejn l-ajruplan u l-ferrovija, u fuq kollox il-ferroviji ta’ veloċità għolja. It-trattament diskriminatorju tar-rikorrenti meta mqabbla mal-kumpanniji ta’ l-ajru li joperaw fuq ir-rotot interni jirriżulta għalhekk mill-fatt li huma biss dawn il-kumpanniji ta’ l-aħħar li huma eżentati mit-taxxi tas-sisa fuq iż-żjut minerali. Din id-differenza fit-trattament mhijiex oġġettivament iġġustifikata. Barra minn hekk, l-eżistenza ta’ diskriminazzjoni mhux iġġustifikata ġiet espressament irrikonoxxuta mill-istituzzjonijiet. 132   Ir-rikorrenti tissuġġerixxi lill-Qorti tal-Prim’Istanza sabiex ittemm din id-diskriminazzjoni billi tapplika, mutatis mutandis , it-tieni paragrafu ta’ l-Artikolu 231 KE (sentenza van Landschoot vs Mera, punt 77 iktar ’il fuq). Dan l-approċċ jippermetti, b’mod partikolari, li ma tiġix applikata l-eżenzjoni mit-taxxa kkontestata lill-kumpanniji ta’ l-ajru li jinsabu f’relazzjoni kompetittiva diretta mar-rikorrenti. 133   Fil-fatt, fis-sentenza tagħha tat-13 ta’ Lulju 2000, Idéal tourisme (C-36/99, Ġabra p. I-6049), il-Qorti tal-Ġustizzja ddikjarat li, sabiex jevitaw in-nuqqas ta’ trattament ugwali, l-Istati Membri setgħu jintaxxaw ukoll it-trasport bl-ajru (punt 33). Barra minn hekk, f’dan il-każ, in-nuqqas ta’ trattament ugwali invokat seta' wkoll ġie rrimedjat billi jiġu eżentati l-ferroviji ta' veloċità għolja. 134   Il-Kummissjoni ma tgħid xejn fuq l-argumenti invokati mir-rikorrenti fil-kuntest ta’ dan il-motiv. 135   Il-Kunsill iqis li r-rikorenti tibbaża ruħha fuq premessa żbaljata, jiġifieri li t-trasport ferrovjarju u t-trasport bl-ajru, peress li potenzjalment huma f'kompetizzjoni ma' xulxin, huma paragunabbli u għandhom jiġu ttrattati bl-istess mod. 136   Il-Kunsill jindika li bħala leġiżlatur iqis, li, fid-dawl tal-karatteristiċi speċifiċi tat-trasport bl-ajru, il-karburant għan-navigazzjoni bl-ajru barra mill-avjazzjoni privata għat-turiżmu kellu jiġi eżentat. Meta tistħarreġ l-eżerċizzju tas-setgħa diskrezzjonali wiesgħa tal-leġiżlatur, il-qorti għandha tillimita ruħha sabiex jeżamina jekk huwiex ivvizzjat bi żball manifest jew b'użu ħażin tas-setgħa jew jekk l-awtorità kkonċernata qabżitx manifestament il-limiti tas-setgħa diskrezzjonali tagħha. Issa r-rikorrenti bl-ebda mod ma tispjega għaliex il-Kunsill aġixxa b’mod manifestament mhux xieraq fl-eżerċizzju tas-setgħa diskrezzjonali tiegħu. Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti tal-Prim’Istanza 137   Jirriżulta mill-ġurisprudenza li l-prinċipju tat-trattament ugwali jipprojbixxi li sitwazzjonijiet paragunabbli jiġu ttrattati b’mod differenti, b'mod li jwassal għal żvantaġġ għal ċerti operaturi meta mqabbla ma’ oħrajn, sakemm tali trattament ma jkunx oġġettivament iġġustifikat (sentenza Karlsson et , punt 130 iktar ’il fuq, punt 39; sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tas-6 ta’ Marzu 2003, Westdeutsche Landesbank Girozentrale u Land Nordrhein-Westfalen vs Il-Kummissjoni, T-228/99 u T-233/99, Ġabra p. II-435, punt 272). 138   Il-Qorti tal-Prim’Istanza tikkunsidra li l-prinċipju tat-trattament ugwali ma nkisirx f’dan il-każ, billi s-sitwazzjoni ta’ l-impriżi tat-trasport bl-ajru hija manifestatament distinta minn dik ta’ l-impriżi tat-trasport ferrovjarju. F'dak li jikkonċerna l-karatteristiċi operazzjonali tagħhom, l-istruttura ta’ l-ispejjeż tagħhom u d-dispożizzjonijiet leġiżlattivi li għalihom huma soġġetti, is-servizzi tat-trasport bl-ajru u tat-trasport ferrovjarju huma differenti ħafna u mhumiex paragunabbli fis-sens tal-prinċipju tat-trattament ugwali. 139   F’kull każ, il-Qorti tal-Prim’Istanza tqis li d-differenza fit-trattament hija oġġettivament iġġustifikata f’dan il-każ, fid-dawl tasetgħa diskrezzjonali wiesgħa tal-Kunsill fir-rigward tal-ġustifikazzjoni oġġettiva ta’ eventwali trattament differenti (sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tal-11 ta’ Lulju 1997, Oleifici Italiani vs Il-Kummissjoni, T-267/94, Ġabra p. II-1239, punt 47). Fil-fatt, fid-dawl tal-prattika internazzjonali ta’ l-eżenzjoni tat-taxxi tas-sisa favur il-karburant għall-ajruplani, sanċita mill-Konvenzjoni ta’ Chicago, kif ukoll minn ftehim bilaterali konklużi bejn Stati, ikun hemm distorsjoni tal-kompetizzjoni bejn l-operaturi Komunitarji tat-trasport bl-ajru u l-operaturi ta’ l-Istati terzi li kieku l-leġiżlatur Komunitarju impona taxxi tas-sisa fuq dan il-karburant unilateralment. Konsegwentement, l-eżenzjoni prevista mill-Artikolu 8(1)(b) tad-Direttiva kienet oġġettivament iġġustifikata. 140   Għaldaqstant, is-sitt motiv għandu wkoll jiġi miċħud bħala infondat. 141   Jirriżulta mill-kunsiderazzjonijiet preċedenti kollha li r-rikors għandu jiġi miċħud fl-intier tiegħu. Fuq l-ispejjeż 142   Skond l-Artikolu 87(2) tar-Regoli tal-Proċedura, il-parti li titlef il-kawża għandha tbati l-ispejjeż, jekk dawn ikunu ġew mitluba. Peress illi r-rikorrenti tilfet, hemm lok li tiġi ordnata tbati l-ispejjeż, kif mitlub mill-Kummissjoni. 143   Skond l-ewwel paragrafu ta’ l-Artikolu 87(4) tar-Regoli tal-Proċedura, il-Kunsill għandu jbati l-ispejjeż tiegħu. Għal dawn il-motivi, IL-QORTI TAL-PRIM'ISTANZA (l-Ewwel Awla Estiża) taqta’ u tiddeċiedi: 1) Ir-rikors huwa miċħud. 2) Ir-rikorrenti għandha tbati l-ispejjeż. 3) Il-Kunsill għandu jbati l-ispejjeż tiegħu. Vesterdorf Cooke García-Valdecasas Labucka                                                       Trstenjak Mogħtija fil-Qorti bil-miftuħ fil-Lussemburgu fil-5 ta' April 2006. Ir-Reġistratur Il-President E. Coulon B. Vesterdorf * Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż.

62003TJ0018

pl

Okoliczności powstania sporu 1. Przedsiębiorstwa, których dotyczy niniejsza sprawa Nintendo Co., Ltd (zwana dalej „NCL” lub „Nintendo”), notowana na giełdzie spółka mająca siedzibę w Kioto (Japonia), stoi na czele grupy spółek Nintendo specjalizujących się w produkcji i dystrybucji konsoli do gier wideo i kartridżów z grami wideo przeznaczonych do wykorzystania w tychże konsolach. Działalność Nintendo w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) prowadzona jest na niektórych terytoriach przez spółki zależne należące do Nintendo w 100%, wśród których najważniejsza jest Nintendo of Europe GmbH (zwana dalej „NOE” lub „Nintendo”). W okresie, gdy zaszły zdarzenia leżące u podstaw niniejszego postępowania, NOE koordynowała pewne rodzaje działalności handlowej Nintendo w Europie i była jej wyłącznym dystrybutorem w Niemczech. Na pozostałych obszarach sprzedaży Nintendo wyznaczyła niezależnych wyłącznych dystrybutorów. Tak więc The Games Ltd, oddział handlowy spółki John Menzies Distribution Ltd będącej w 100% spółką zależną John Menzies plc, został w sierpniu 1995 r. wyłącznym dystrybutorem Nintendo w Zjednoczonym Królestwie oraz w Irlandii i pozostał nim przynajmniej do dnia 31 grudnia 1997 r. Skarżąca, CD-Contact Data GmbH, była wyłącznym dystrybutorem Nintendo w Belgii i Luksemburgu w okresie od kwietnia do przynajmniej 31 grudnia 1997 r. 2. Postępowanie administracyjne Dochodzenie dotyczące sektora gier wideo (sprawa IV/35.587 PO Video Games) W marcu 1995 r. Komisja wszczęła dochodzenie dotyczące sektora gier wideo (sprawa IV/35.587 PO Video Games). W ramach tego dochodzenia w dniach 26 czerwca i 19 września 1995 r. Komisja skierowała do Nintendo żądania udzielenia informacji na podstawie art. 11 rozporządzenia Rady nr 17 z dnia 6 lutego 1962 r., pierwszego rozporządzenia wprowadzającego w życie art. [81 WE] i [82 WE] ( Dz.U. 1962, 13, s. 204 ) w celu uzyskania informacji dotyczących w szczególności: dystrybutorów i spółek zależnych Nintendo, porozumień w sprawie dystrybucji zawieranych formalnie z tymi przedsiębiorstwami oraz ogólnych warunków sprzedaży. NOE udzieliła odpowiedzi na owe żądania udzielenia informacji w pismach z dnia 31 lipca i z dnia 26 września 1995 r. Dochodzenie uzupełniające dotyczące w szczególności systemu dystrybucji Nintendo (sprawa IV/35.706 PO Nintendo Distribution) Po sformułowaniu wniosków wstępnych Komisja wszczęła we wrześniu 1995 r. dochodzenie uzupełniające dotyczące w szczególności systemu dystrybucji Nintendo (sprawa IV/35.706 PO Nintendo Distribution). W ramach tego dochodzenia w dniu 9 października 1995 r. Komisja skierowała do Nintendo żądanie udzielenia informacji. Przedstawiciele Nintendo i Komisji odbyli szereg spotkań dotyczących polityki dystrybucji prowadzonej przez Nintendo. Nintendo przekazała ponadto różne wersje porozumień, jakie zawarła z niektórymi z jej dystrybutorów. Dochodzenie wszczęte na podstawie skargi do Komisji złożonej przez Omegę Electro BV (sprawa IV/36.321 Omega — Nintendo) W dniu 26 listopada 1996 r. Omega Electro, spółka działająca w sektorze importu i sprzedaży gier elektronicznych, wniosła do Komisji skargę na podstawie art. 3 ust. 2 lit. b) rozporządzenia nr 17 dotyczącą zasadniczo dystrybucji kartridżów i konsoli do gier Nintendo, uzasadniając ją w szczególności tym, że Nintendo utrudniała handel równoległy i stosowała w Niderlandach system narzucanych cen odsprzedaży. Po tym, jak wniesiono tę skargę, Komisja rozszerzyła zakres dochodzenia (sprawa IV/36.321 Omega — Nintendo). W dniu 7 marca 1997 r. Komisja wysłała do Nintendo i do John Menzies żądanie udzielenia informacji. W odpowiedzi z dnia 16 maja 1997 r. Nintendo przyznała, że niektóre z zawieranych przez nią porozumień w sprawie dystrybucji i niektóre ze stosowanych przez nią ogólnych warunków zawierały ograniczenia handlu równoległego wewnątrz EOG. W październiku 1997 r. Komisja skierowała do John Menzies kolejne żądanie udzielenia informacji, na które spółka ta odpowiedziała w dniu 1 grudnia 1997 r., przekazując pewne informacje dotyczące spornego kartelu. W piśmie z dnia 23 grudnia 1997 r. Nintendo poinformowała Komisję, że zdała sobie sprawę z istnienia „poważnego problemu związanego z handlem równoległym wewnątrz Wspólnoty” i wyraziła wolę podjęcia współpracy z Komisją. W dniu 13 stycznia 1998 r. John Menzies przekazała dalsze informacje. W dniach 21 stycznia, 1 kwietnia i 15 maja 1998 r. Nintendo przekazała Komisji setki dokumentów. W dniu 15 grudnia 1998 r. Komisja odbyła spotkanie z przedstawicielami Nintendo, podczas którego podjęto kwestię ewentualnego przyznania rekompensat osobom trzecim poszkodowanym wskutek spornego kartelu. Ponadto w następstwie złożonego zeznania Nintendo podjęła działania w celu zapewnienia poszanowania w przyszłości prawa wspólnotowego i zaoferowała rekompensaty finansowe osobom trzecim, które wskutek jej czynów poniosły szkodę finansową. Pismem z dnia 9 czerwca 1999 r. Komisja zażądała od skarżącej przekazania jej informacji, czy dokumenty dotyczące tej spółki znajdujące się w aktach Komisji zawierały poufne dane. W piśmie tym wskazano też, że Komisja rozważała wszczęcie formalnego postępowania przeciwko pewnym spółkom, w tym przeciwko skarżącej. W dniu 26 kwietnia 2000 r. Komisja skierowała do Nintendo oraz do innych zainteresowanych przedsiębiorstw, w tym do skarżącej, pismo w sprawie przedstawienia zarzutów w związku z naruszeniem art. 81 ust. 1 WE oraz art. 53 ust. 1 porozumienia o EOG (zwanego dalej „porozumieniem EOG”). W odpowiedzi na zarzuty postawione przez Komisję Nintendo i pozostałe zainteresowane przedsiębiorstwa przekazały uwagi na piśmie, w których Nintendo i kilka z tychże przedsiębiorstw wnosiły o zastosowanie komunikatu Komisji z dnia 18 lipca 1996 r. dotyczącego nienakładania grzywien lub obniżenia ich kwoty w sprawach dotyczących karteli ( Dz.U. C 207, s. 4 , zwanego dalej „komunikatem w sprawie współpracy”). Żadna ze stron nie wystąpiła o przeprowadzenie formalnego przesłuchania. Nintendo nie zakwestionowała prawdziwości okoliczności faktycznych przedstawionych w piśmie w sprawie przedstawienia zarzutów. Jeśli chodzi w szczególności o skarżącą, odpowiedź na pismo w sprawie przedstawienia zarzutów została wysłana do Komisji w dniu 13 lipca 2000 r. W dniu 16 października 2000 r. odbyło się nieformalne spotkanie skarżącej ze służbami Komisji. Po tym spotkaniu skarżąca wystosowała w dniu 6 listopada 2000 r. dodatkową odpowiedź na pismo w sprawie przedstawienia zarzutów. 3. Sporna decyzja W dniu 30 października 2002 r. Komisja wydała decyzję 2003/675/WE dotyczącą postępowania na podstawie art. 81 [WE] i art. 53 porozumienia EOG (COMP/35.587 PO Video Games, COMP/35.706 PO Nintendo Distribution i COMP/36.321 Omega — Nintendo) ( Dz.U. 2003, L 255, s. 33 , zwaną dalej „decyzją”). Decyzja została doręczona skarżącej w dniu 8 listopada 2002 r. Decyzja zawiera w szczególności następujące postanowienia: „ Artykuł 1 Następujące przedsiębiorstwa naruszyły art. 81 ust. 1 [WE] i art. 53 ust. 1 porozumienia EOG, uczestnicząc we wskazanych okresach w szeregu porozumień i uzgodnionych praktyk na rynkach konsoli do gier i kartridżów z grami kompatybilnych z konsolami do gier wytwarzanymi przez Nintendo, których celem i skutkiem było ograniczenie eksportu równoległego konsoli i kartridżów z grami Nintendo: […] — [skarżąca], od dnia 28 października 1997 r. do końca grudnia 1997 r. […] Artykuł 3 Na wskazane w art. 1 przedsiębiorstwa nakłada się, z tytułu popełnionego przez nie naruszenia, następujące grzywny: […] — [skarżąca], grzywnę w wysokości 1 mln EUR. […]” [tłumaczenie nieoficjalne]. Jeśli chodzi o zdarzenia, które miały miejsce w Belgii i w Luksemburgu, Komisja wskazuje w szczególności, że „[D]la [skarżącej] było oczywiste, że musiała czuwać nad tym, by jej klienci nie prowadzili eksportu równoległego”. Wynika to z faksu wysłanego przez skarżącą do NOE w dniu 28 października 1997 r., w którym skarżąca zapewniała, że nie chce żadnego eksportu (zob. motywy 195 i 196 decyzji). Według Komisji owo pismo, stanowiące odpowiedź na pismo NOE, w którym ta ostatnia pytała się skarżącą, czy jeden z jej klientów mógłby sprzedać produkty Nintendo klientom Nintendo France SARL, wskazuje, że skarżąca i Nintendo „osiągnęły »zbieżność woli« co do tego, że eksport […] nie powinien mieć miejsca i że [skarżąca] będzie nadzorowała dostawy dla klientów […], którzy mogli być podejrzewani o prowadzenie eksportu” (zob. motyw 317 decyzji). Komisja wskazuje również na fakt, iż w okresie od września do grudnia 1997 r. skarżąca prowadziła z NOE korespondencję dotyczącą importu równoległego na jej terytorium w nadziei, że ten „problem” zostanie rozwiązany (zob. motyw 197 decyzji). W celu obliczenia kwoty grzywien Komisja zastosowała w decyzji metodologię określoną w wytycznych w sprawie metody ustalania grzywien nakładanych na mocy art. 15 ust. 2 rozporządzenia nr 17 oraz art. 65 ust. 5 [EWWiS] ( Dz.U. 1998, C 9, s. 3 , zwanych dalej „wytycznymi”). Komisja postanowiła jednak nie stosować komunikatu w sprawie współpracy ze względu na pionowy charakter naruszenia. W pierwszej kolejności Komisja określiła na podstawie wagi i czasu trwania naruszenia kwotę podstawową grzywien. Mając na uwadze charakter naruszenia, jego rzeczywisty wpływ na rynek oraz rozmiar właściwego rynku geograficznego, Komisja uznała w tym względzie przede wszystkim, że zainteresowane przedsiębiorstwa popełniły bardzo poważne naruszenie. Następnie Komisja uznała, że skoro jednolite i ciągłe naruszenie, o którym mowa, dotyczyło kilku przedsiębiorstw krańcowo różnych pod względem wielkości, zainteresowane przedsiębiorstwa należało potraktować w zróżnicowany sposób w celu uwzględnienia określonego znaczenia każdego z nich, a zatem rzeczywistego wpływu ich zachowania noszącego znamiona naruszenia na konkurencję. W tym celu przedsiębiorstwa, których dotyczy niniejsza sprawa, podzielono na trzy grupy w zależności od względnego znaczenia każdego z nich w porównaniu z Nintendo jako dystrybutorem danych produktów w EOG. Porównania dokonano w odniesieniu do udziału każdego przedsiębiorstwa w łącznej ilości konsoli i kartridżów z grami Nintendo zakupionych celem ich dystrybucji w EOG w 1997 r., czyli w ostatnim roku trwania naruszenia. Na tej podstawie Nintendo jako jedyna została zaliczona do pierwszej grupy, John Menzies zaś znalazła się jako jedyna w drugiej grupie. Jeśli chodzi o te przedsiębiorstwa, Komisja ustaliła na podstawie wagi naruszenia wstępną kwotę wyjściową w wysokości 23 mln EUR w wypadku Nintendo i 8 mln EUR w wypadku John Menzies. Jeśli chodzi o pozostałe przedsiębiorstwa wskazane w decyzji, Komisja przyjęła wstępną kwotę wyjściową w wysokości 1 mln EUR. Ponadto Komisja podwyższyła te kwoty wyjściowe, po pierwsze, po to, by zapewnić grzywnie wystarczająco odstraszający skutek, a po drugie, po to, by uwzględnić wielkość i całkowite zasoby Nintendo, John Menzies oraz Itochu Corp. Konkretnie, jeśli chodzi o Nintendo, Komisja uznała, iż poza okolicznością, że Nintendo była znacznie mniejsza od Itochu, należało uwzględnić fakt, iż była ona producentem produktów stanowiących przedmiot naruszenia. Mając na względzie te informacje, Komisja zastosowała mnożnik w wysokości 3 do kwot ustalonych w odniesieniu do Nintendo i Itochu oraz mnożnik w wysokości 1,25 w odniesieniu do John Menzies, tak że kwoty wyjściowe zostały ustalone na: 69 mln EUR w wypadku Nintendo, 10 mln EUR w wypadku John Menzies i 3 mln EUR w wypadku Itochu. Jeśli chodzi o czas trwania naruszenia popełnionego przez każde z przedsiębiorstw, kwota wyjściowa została podwyższona o 10% za każdy jego rok. Ponieważ skarżąca brała udział w naruszeniu zaledwie przez okres trwający niewiele ponad dwa miesiące, Komisja uznała, że nie zachodziła potrzeba podwyższenia kwoty wyjściowej nałożonej na nią grzywny. W związku z tym Komisja ustaliła kwotę podstawową grzywny nałożonej na skarżącą na 1 mln EUR. W drugiej kolejności Komisja podwyższyła z tytułu okoliczności obciążających kwotę podstawową grzywny nałożonej na Nintendo, po pierwsze, o 50% z tego względu, że przedsiębiorstwo to było przywódcą i inicjatorem naruszenia, a po drugie, o 25%, ponieważ Nintendo kontynuowała naruszenie po podjęciu przez Komisję w czerwcu 1995 r. pierwszych czynności dochodzeniowych. Kwota podstawowa grzywny nałożonej na John Menzies została podwyższona o 20%, przy czym pierwsze podwyższenie o 10% zastosowano w celu uwzględnienia faktu, iż spółka ta kontynuowała naruszenie po wszczęciu przez Komisję dochodzenia, a drugie podwyższenie o 10% zastosowano ze względu na jej odmowę podjęcia współpracy z Komisją. W trzeciej kolejności przy badaniu okoliczności łagodzących Komisja uznała najpierw, że zasadne było obniżenie grzywny nałożonej na jedno z przedsiębiorstw wskazanych w decyzji, a mianowicie na Concentra — Produtos para crianças, SA (zwane dalej „Concentrą”), wyłącznego dystrybutora Nintendo w Portugalii, ze względu na jego wyłącznie bierną rolę przez znaczną część rozpatrywanego okresu. Następnie Komisja przyznała Nintendo obniżkę w wysokości 300 tys. EUR w celu uwzględnienia rekompensat finansowych zaoferowanych przez to przedsiębiorstwo osobom trzecim poszkodowanym wskutek spornego kartelu, wskazanym w piśmie w sprawie przedstawienia zarzutów. Wreszcie Komisja przyznała obniżki wynoszące odpowiednio 40% i 25% spółkom John Menzies oraz Nintendo z uwagi na ich efektywną współpracę z Komisją. Komisja nie uwzględniła natomiast żadnej okoliczności łagodzącej w wypadku pozostałych przedsiębiorstw wskazanych w decyzji. Przebieg postępowania i żądania stron Pismem złożonym w sekretariacie Sądu w dniu 17 stycznia 2003 r. skarżąca wniosła niniejszą skargę. Na podstawie sprawozdania sędziego sprawozdawcy Sąd (ósma izba) postanowił otworzyć procedurę ustną. Na rozprawie w dniu 21 maja 2008 r. wysłuchano wystąpień stron i ich odpowiedzi na zadane przez Sąd pytania. Podczas rozprawy Komisja przekazała na żądanie Sądu szereg dokumentów, w przedmiocie których Sąd wezwał skarżącą do przedstawienia uwag. W piśmie złożonym w sekretariacie Sądu w dniu 26 maja 2008 r. skarżąca oświadczyła, że nie miała uwag do tych dokumentów. Po złożeniu tego pisma Sąd postanowił zamknąć procedurę ustną. Skarżąca wnosi do Sądu o: — stwierdzenie nieważności decyzji w całości lub w części w zakresie, w jakim decyzja jest do niej skierowana, a w szczególności art. 1 i 3; — obciążenie Komisji kosztami postępowania. Komisja wnosi do Sądu o: — oddalenie skargi; — obciążenie skarżącej kosztami postępowania. Co do prawa Na poparcie swej skargi skarżąca podnosi dwa zarzuty. Zarzut pierwszy oparty jest na naruszeniu art. 81 WE i obowiązku uzasadnienia, jak również na oczywistym błędzie w ocenie. Zarzut drugi opiera się na naruszeniu zasad dobrej administracji, równego traktowania i proporcjonalności, jak również na naruszeniu obowiązku uzasadnienia. Podczas rozprawy skarżąca podniosła też, że z uwagi na czas trwania postępowania administracyjnego i sądowego kwota nałożonej na nią grzywny powinna przynajmniej zostać obniżona. 1. W przedmiocie zarzutu pierwszego opartego na naruszeniu art. 81 WE i obowiązku uzasadnienia, jak również na oczywistym błędzie w ocenie Argumenty stron Skarżąca twierdzi, że Komisja nie mogła uznać na podstawie dokumentów, które wymieniła w decyzji, że pomiędzy skarżącą a Nintendo istniało porozumienie lub uzgodnione praktyki. Dlatego też Komisja nie tylko błędnie zastosowała art. 81 WE, ale również naruszyła obowiązek uzasadnienia, który na niej spoczywa na podstawie art. 253 WE. Skarżąca podnosi przede wszystkim, że art. 4.6 porozumienia w sprawie dystrybucji zawartego przez nią z Nintendo w kwietniu 1997 r. pozwalał na „eksport bierny”, a samo porozumienie nie zawierało żadnej klauzuli ograniczającej handel z naruszeniem art. 81 WE. Następnie skarżąca przypomina, że nie zawarła nigdy porozumienia zmierzającego do utrudnienia handlu równoległego ani nie uczestniczyła w takim porozumieniu. Skarżąca twierdzi w tym względzie, że eksportowała w bierny sposób i na szeroką skalę produkty Nintendo i że zaopatrywała — przy znajomości stanu rzeczy — klientów, którzy albo odsprzedawali te produkty klientom mającym siedzibę poza Belgią i Luksemburgiem, albo sami mieli siedzibę poza tymi krajami. Akta Komisji nie zawierają żadnej informacji wskazującej, że klienci skarżącej spotkali się z odmową dostawy na tej podstawie, że znajdowali się poza wspomnianymi krajami lub że dostarczane produkty byłyby następnie eksportowane. Skarżąca podnosi, że istniała wyraźna różnica między dotyczącym jej stanem faktycznym a stanem faktycznym odnoszącym się do pozostałych dystrybutorów będących adresatami decyzji. Zakres ustaleń dokonanych przez Komisję w odniesieniu do jej zachowania jest bowiem bardzo ograniczony. Wniosek Komisji, że wystarczające dowody pozwalały uznać, iż skarżąca uczestniczyła w porozumieniu lub w uzgodnionej praktyce z Nintendo w celu ograniczenia eksportu równoległego, wydaje się opierać raczej na ustaleniach dotyczących polityki dystrybucyjnej prowadzonej przez Nintendo na początku lat dziewięćdziesiątych, niż na specyficznej i obiektywnej ocenie dokumentów odnoszących się do skarżącej. Skarżąca twierdzi w szczególności, że Komisja nie uwzględniła faktu, iż została ona dystrybutorem danych produktów dopiero w kwietniu 1997 r., to znaczy w okresie, w ciągu którego Nintendo dokonała przeglądu swojej ogólnej polityki dystrybucyjnej i starała się postępować zgodnie ze wspólnotowymi regułami konkurencji. W tych okolicznościach Komisja nie mogła jedynie oprzeć się na przekonaniu, iż niedawno wyznaczeni dystrybutorzy zostali po prostu włączeni do wprowadzonego wcześniej planu dystrybucji. W niniejszej sprawie nie istnieje żaden dowód świadczący o istnieniu zbieżności woli między skarżącą a Nintendo czy też o milczącej lub wyraźnej zgodzie ze strony skarżącej na jednostronną politykę Nintendo. Komisja naruszyła określone w orzecznictwie wymogi dowodowe w zakresie wykazania istnienia porozumienia. Skarżąca twierdzi, że — jak zostało przez nią podniesione w odpowiedzi na pismo w sprawie przedstawienia zarzutów — czynniki, które umożliwiają stwierdzenie istnienia porozumienia horyzontalnego, nie mogą we wszystkich wypadkach zostać uznane za wystarczające, by wykazać istnienie porozumienia wertykalnego. Skarżąca uważa w szczególności, że o ile kontakty między dostawcami a dystrybutorami są logiczne i dopuszczalne z punktu widzenia prawa konkurencji, o tyle nie ma to miejsca w stosunkach horyzontalnych między konkurentami. Po pierwsze, jeśli chodzi o dowody na istnienie przeszkody w eksporcie równoległym z obszaru Belgii i Luksemburga, Komisja oparła się na jednym tylko dokumencie, a mianowicie na faksie wysłanym przez skarżącą do NOE w dniu 28 października 1997 r. Skarżąca uważa jednak, że Komisja dokonała częściowej i dyskusyjnej lektury tego dokumentu. W omawianym faksie skarżąca chciała po prostu poinformować Nintendo, że sprzedaże dokonane na rynek francuski, na które Nintendo skarżyła się, nie mogły być postrzegane de facto jako „aktywna sprzedaż” za pośrednictwem hurtownika mającego siedzibę w Belgii. Wspomniany faks odwoływał się jedynie do „jednostronnej” decyzji skarżącej, by podzielić dystrybucję produktów z uwzględnieniem ograniczonych ilości, którymi ona dysponowała. W omawianym faksie nie było natomiast żadnego odniesienia do jakiegokolwiek porozumienia lub zobowiązania skarżącej, by ograniczyć eksport. Skarżąca wskazuje w replice, że obawiając się, iż Nintendo ograniczy jej dostawy lub rozwiąże z nią porozumienie w sprawie wyłącznej dystrybucji, skarżąca mogła wywołać u niej wrażenie, że nie eksportowała jej produktów na inne terytoria. Po drugie, jeśli chodzi o dowody na istnienie zakazu importu równoległego do Belgii i Luksemburga, skarżąca podnosi, że także w tym wypadku Komisja oparła się na stronniczej i niepełnej lekturze omawianych dokumentów, to jest szeregu pism wysłanych przez skarżącą do Nintendo. W pismach tych skarżąca zamierzała jedynie upewnić się, czy cena, jaką płaciła Nintendo za dane produkty, nie była zbyt wysoka. Po trzecie, jeśli chodzi o dowód na istnienie uzgodnionej praktyki, skarżąca uważa, że dokumenty przedstawione w toku postępowania administracyjnego wyraźnie wskazują, iż nie brała ona udziału w uzgodnionej praktyce mającej na celu utrudnienie eksportu równoległego produktów Nintendo. W szczególności żaden z tych dokumentów nie wskazuje, że skarżąca ograniczyła swą sprzedaż do klientów znajdujących się poza Belgią czy Luksemburgiem oprócz sytuacji, gdy nie miała ona towarów na składzie. Wprost przeciwnie, dokumenty te wskazują, iż skarżąca była aktywnym eksporterem równoległym produktów Nintendo i że uczestniczyła w handlu równoległym tymi produktami. Komisja kwestionuje wszystkie te argumenty. Ocena Sądu W przedmiocie istnienia naruszenia art. 81 ust. 1 WE Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem dla istnienia porozumienia w rozumieniu art. 81 ust. 1 WE konieczne jest, a zarazem wystarczy, aby dane przedsiębiorstwa wyraziły wspólną wolę postępowania na rynku w określony sposób (wyroki Sądu: z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie T-7/89 Hercules Chemicals przeciwko Komisji, Rec. s. II-1711 , pkt 256; z dnia 26 października 2000 r. w sprawie T-41/96 Bayer przeciwko Komisji, Rec. s. II-3383 , pkt 67; zob. też podobnie wyroki Trybunału: z dnia 15 lipca 1970 r. w sprawie 41/69 ACF Chemiefarma przeciwko Komisji, Rec. s. 661 , pkt 112 oraz z dnia 29 października 1980 r. w sprawach połączonych od 209/78 do 215/78 i 218/78 Van Landewyck i in. przeciwko Komisji, Rec. s. 3125 , pkt 86). Co się tyczy formy wyrażenia wspólnej woli, wystarczy, by poczynione ustalenie stanowiło wyraz woli stron co do postępowania na rynku zgodnie z jego treścią (ww. w pkt 46 wyrok w sprawie Bayer przeciwko Komisji, pkt 68; zob. również podobnie ww. w pkt 46 wyrok w sprawie ACF Chemiefarma przeciwko Komisji, pkt 112; ww. w pkt 46 wyrok w sprawach połączonych Van Landewyck i in. przeciwko Komisji, pkt 86). Pojęcie porozumienia w rozumieniu art. 81 ust. 1 WE, tak jak zostało ono zinterpretowane przez orzecznictwo, zakłada istnienie zgodności woli co najmniej dwóch stron. Forma tej zgodności woli nie jest ważna, o ile stanowi ona wierne odzwierciedlenie woli stron. Owa zgodność woli może wynikać zarówno z klauzul w umowie, takiej jak umowa o dystrybucję, jak i z zachowań poszczególnych zainteresowanych przedsiębiorstw (zob. podobnie wyrok Trybunału z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie C-74/04 P Komisja przeciwko Volkswagen, Zb.Orz. s. I-6585 , pkt 39). Jeśli chodzi o przeprowadzenie dowodu naruszenia art. 81 ust. 1 WE, należy przypomnieć, że na Komisji spoczywa obowiązek udowodnienia stwierdzonych przez nią naruszeń oraz przedstawienia środków dowodowych pozwalających wykazać w sposób wymagany prawem występowanie okoliczności stanowiących naruszenie (wyroki Trybunału: z dnia 17 grudnia 1998 r. w sprawie C-185/95 P Baustahlgewebe przeciwko Komisji, Rec. s. I-8417 , pkt 58; z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie C-49/92 P Komisja przeciwko Anic Partecipazioni, Rec. s. I-4125 , pkt 86). W tym względzie Komisja powinna przedstawić precyzyjne i spójne dowody w celu wykazania istnienia naruszenia (zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 6 lipca 2000 r. w sprawie T-62/98 Volkswagen przeciwko Komisji, Rec. s. II-2707 , pkt 43 i przytoczone tam orzecznictwo). Wreszcie, jeśli chodzi o zakres kontroli sądowej, należy przypomnieć, że w przypadku gdy do Sądu wpływa skarga o stwierdzenie nieważności decyzji wydanej na podstawie art. 81 ust. 1 WE, powinien on zasadniczo dokonać całościowej kontroli tego, czy spełnione są przesłanki zastosowania art. 81 ust. 1 WE (wyrok Sądu z dnia 15 września 2005 r. w sprawie T-325/01 DaimlerChrysler przeciwko Komisji, Zb.Orz. s. II-3319 , pkt 81; zob. też podobnie wyroki Trybunału: z dnia 11 lipca 1985 r. w sprawie 42/84 Remia i in. przeciwko Komisji, Rec. s. 2545 , pkt 34; z dnia 17 listopada 1987 r. w sprawach połączonych 142/84 i 156/84 BAT i Reynolds przeciwko Komisji, Rec. s. 4487 , pkt 62). Przed zbadaniem okoliczności uwzględnionych w niniejszej sprawie przez Komisję, należy wskazać, że — wbrew temu, co ona twierdzi — nie można podnosić argumentu opartego na tym, że Nintendo, druga strona porozumienia, wyraźnie oświadczyła w odpowiedzi na pismo w sprawie przedstawienia zarzutów, iż akceptuje sposób, w jaki Komisja przedstawiła okoliczności faktyczne w owym piśmie, i uznała tym samym w pełni istnienie porozumienia i uzgodnionych praktyk ze skarżącą. Ewentualne uznanie przez Nintendo, drugą stronę porozumienia w sprawie dystrybucji, pewnych okoliczności faktycznych nie może bowiem w żadnym razie podważyć prawa skarżącej do zakwestionowania tychże faktów przed Sądem. Uwaga ta ma jeszcze większe znaczenie w niniejszej sprawie, jako że skarżąca istotnie zaprzeczyła w swoich odpowiedziach na pismo w sprawie przedstawienia zarzutów, że dopuściła się jakiegokolwiek naruszenia art. 81 ust. 1 WE. Poza tym należy zaznaczyć, że — wbrew temu, co skarżąca wydaje się twierdzić w swoich pismach — Komisja nie odwołała się, by stwierdzić istnienie porozumienia sprzecznego z art. 81 ust. 1 WE, do treści porozumienia w sprawie dystrybucji zawartego między Nintendo a skarżącą rozpatrywanego jako takiego. Komisja wskazała w tym względzie w motywie 196 decyzji, że „[t]ekst porozumienia w sprawie dystrybucji zawartego między [skarżącą] a Nintendo pozwalał tej pierwszej na prowadzenie eksportu biernego”. W odróżnieniu od ustaleń dokonanych w odniesieniu do niektórych dystrybutorów wskazanych w decyzji porozumienie w sprawie dystrybucji zawarte między skarżącą a Nintendo blisko dwa lata po wszczęciu przez Komisję dochodzenia i dotyczące omawianego systemu dystrybucji nie zawierało jako takie żadnej klauzuli zakazanej w art. 81 ust. 1 WE. Należy również zaznaczyć, że — wbrew temu, co wynika z argumentacji przedstawionej przez skarżącą — Komisja w ogóle nie odwołała się, jeśli chodzi o skarżącą, do istnienia uzgodnionej praktyki między nią a Nintendo, a jedynie do zawarcia „porozumienia” (zob. motyw 196 decyzji) sprzecznego z art. 81 ust. 1 WE. Dlatego też argumenty skarżącej dotyczące niewystępowania uzgodnionej praktyki są bezskuteczne. Ze względu na brak bezpośredniego dowodu z dokumentów świadczącego o zawarciu porozumienia w formie pisemnej między Nintendo a skarżącą dotyczącego ograniczenia lub zmniejszenia eksportu biernego Komisja uznała, że potwierdzeniem udziału skarżącej w porozumieniu sprzecznym z art. 81 ust. 1 WE były jej zachowania, o których mowa w prowadzonej przez nią korespondencji. W tej sytuacji należy zbadać, czy — zważywszy na treść prowadzonej korespondencji — Komisja wykazała w sposób wymagany prawem istnienie zbieżności woli między skarżącą a Nintendo w celu ograniczenia handlu równoległego. Należy przypomnieć w tym względzie, że Komisja odwołała się w decyzji do szeregu dowodów pisemnych, a w szczególności do faksu wysłanego przez skarżącą do NOE w dniu 28 października 1997 r. Między stronami bezsporne jest, że ten faks został wysłany w następstwie skargi złożonej przez Nintendo France do NOE w dniu 24 października 1997 r. dotyczącej w szczególności eksportu produktów z Belgii, czyli z obszaru, na którym skarżąca była dystrybutorem zatwierdzonym przez Nintendo. Z tej skargi wynika w szczególności, co następuje: „Nawet jeśli ten rodzaj importu równoległego jest nieunikniony, uważamy, że NOE dysponuje różnymi środkami, by pomóc [Nintendo France] w ograniczeniu tych problemów. Najskuteczniejszymi są następujące środki: 1. […] 2. prowadzenie negocjacji z dystrybutorami w celu uniknięcia tego importu. Niektórzy (wiemy, że ma to miejsce w Belgii i we Włoszech) organizują je prawie nieoficjalnie z niektórymi hurtownikami, a nawet z niektórymi detalistami. Co by się stało, gdybyśmy postępowali tak samo, eksportując artykuł cieszący się bardzo dużym popytem ich klientom po obniżonej cenie?”. W faksie z dnia 28 października 1997 r. wysłanym do NOE w następstwie tej skargi skarżąca wyjaśnia, że nie była w stanie dostarczyć BEM, hurtownikowi mającemu siedzibę w Belgii i prowadzącemu przypuszczalnie handel równoległy, pewnych ilości produktów. Ów faks, przytoczony fragmentarycznie w motywie 195, ma następujące brzmienie: „Sprawdziłem Państwa informację i nie znalazłem żadnej zgodności z naszą informacją. 1) Do chwili obecnej [BEM] otrzymał w różnych dostawach 960 sztuk Lylat Wars. To akurat wystarczy, by zaopatrzyć około 100 jego klientów znajdujących się we francuskojęzycznej części Belgii. 2) Ponieważ przy rozpoczęciu działalności przez Contact Data Belgium [BEM] dostarczył konsole we Francji, jesteśmy bardzo ostrożni z tym klientem i nie dostarczymy mu nigdy dużych ilości. 3) Otrzymaliśmy zaledwie 7000 sztuk Lylat Wars i nie jesteśmy w stanie dostarczyć 5 tys. egzemplarzy programu jednemu klientowi. […] Jak wspomnieliśmy podczas rozmowy z Państwem w ubiegłym tygodniu, jesteśmy bardzo ostrożni w zakresie prowadzonych przez nas dostaw, ponieważ nie chcemy żadnego eksportu, jako że potrzebujemy tych produktów na nasz rynek belgijski”. Wbrew twierdzeniom Komisji z treści tego faksu nie wynika wyraźnie, że skarżąca wiedziała o tym, iż miała ona zapobiec eksportowi równoległemu i że skarżąca chciała bronić się przed zarzutami ze strony Nintendo France dotyczącymi takiego eksportu równoległego z obszaru Belgii. W szczególności nie można wywodzić w niezbity sposób, że wspomniana „ostrożność” skarżącej wobec klientów prowadzących w ogóle eksport świadczy o tym, iż skarżąca zgodziła się na sporną politykę ograniczania handlu równoległego. Broniona przez skarżącą interpretacja, zgodnie z którą odesłanie do ograniczonych ilości produktów pozostających w jej dyspozycji należy rozumieć jako informację dotyczącą jej faktycznej niemożności prowadzenia aktywnej sprzedaży za pośrednictwem hurtownika mającego siedzibę w Belgii, również nie może a priori zostać odrzucona. Jednakże, jak wskazano w pkt 58 powyżej, faks z dnia 28 października 1997 r. został nadany bezpośrednio po wysłaniu pisma z dnia 24 października 1997 r., w którym Nintendo France skarżyła się na eksport równoległy z Belgii, gdzie skarżąca była wówczas wyłącznym dystrybutorem omawianych produktów, i w którym Nintendo France wystąpiła do NOE o podjęcie niezbędnych środków w celu zaradzenia „problemom”, jakie nastręczał jej ów eksport. W następstwie skargi dotyczącej eksportu równoległego z obszaru Belgii skarżąca uznała więc za konieczne przekazanie wyjaśnień co do ilości produktów, jakimi dysponowała, oraz co do warunków, na jakich eksportowała dane produkty. Jeśli chodzi o dokumenty dotyczące importu równoległego do Belgii i Luksemburga, Komisja nawiązała do okoliczności, że Nintendo i niektórzy z jej zatwierdzonych dystrybutorów, w tym skarżąca, wprowadzili system praktycznej współpracy i wymiany informacji dotyczących handlu równoległego. Co się tyczy skarżącej, jej udział w systemie wymiany informacji wynika z szeregu pism przytoczonych w motywie 197 decyzji. Kontynuując rozważania przedstawione powyżej, należy stwierdzić, że treść tych różnych pism pozwala uznać, iż ich celem było poinformowanie o imporcie równoległym produktów Nintendo do Belgii i że wpisywały się one w ramy systemu wymiany informacji wprowadzonego przez Nintendo. W piśmie z dnia 4 września 1997 r. wysłanym do NOE przed rozpatrywanym w niniejszej sprawie okresem skarżąca oświadczyła w szczególności, co następuje: „Nasi klienci anulują zamówienia na konsole N64, ponieważ mogą je widocznie nabyć taniej we Francji […]. Bez wątpienia musi to być naszym głównym priorytetem podczas naszych rozmów w Monako. Niezwłoczne działanie w tym zakresie jest z całą pewnością nieodzowne”. Z pisma z dnia 3 listopada 1997 r. wysłanego przez skarżącą do NOE, o którym Komisja również wspomniała w motywie 197 decyzji, wynika w szczególności: „Na rynku belgijskim dostępna jest obecnie następująca oferta: 1420 sztuk N64 HW […] z instrukcją w języku niemieckim”. W faksie wysłanym w dniu 12 listopada 1997 r. do Nintendo France, która nie miała żadnych uprawnień w zakresie ustalania cen kupna produktów, skarżąca przedstawia następujące uwagi: „Otrzymaliśmy właśnie od Toys’R’Us broszurę, w której oferowany jest w Belgii SNES Donkey Kong Country 3 po cenie konsumenckiej 1496,50 [franków belgijskich] (około 249 [franków francuskich]), podczas gdy jest on oferowany za 372 [franki francuskie] [bez podatku] w Państwa najnowszym cenniku. Czy chodzi tu o import równoległy, czy też o specjalną promocję na ten artykuł?”. Jeśli chodzi o dokument z dnia 4 grudnia 1997 r. wysłany przez NOE do skarżącej, zawiera on prośbę o udzielenie informacji dotyczących produktów importowanych równolegle. Okoliczność, że skarżąca uczestniczyła w rzeczywistości w handlu równoległym, eksportując produkty dla klientów znajdujących się poza Belgią i Luksemburgiem, nie podważa wniosku przedstawionego w pkt 62 powyżej. Fakt, iż przedsiębiorstwo, którego udział w porozumieniu niezgodnym z prawem na mocy art. 81 ust. 1 WE został wykazany, nie zachowywało się na rynku w sposób uzgodniony z jego konkurentami, nie musi koniecznie stanowić okoliczności, którą należy uwzględnić. Przedsiębiorstwo, które pomimo porozumienia z konkurentami realizuje politykę odbiegającą od poczynionych uzgodnień, może bowiem po prostu próbować wykorzystywać kartel dla swoich celów (zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie T-62/02 Union Pigments przeciwko Komisji, Zb.Orz. s. II-5057 , pkt 130). Wreszcie, jeśli chodzi o dowody na istnienie zakazu importu równoległego do Belgii i Luksemburga, skarżąca nie może twierdzić, że pisma wskazane przez Komisję (zob. pkt 63–66 powyżej) zostały niewłaściwie zinterpretowane, ponieważ w pismach tych chciała ona po prostu upewnić się, czy cena, jaką płaciła Nintendo za dane produkty, nie była zbyt wysoka. Z lektury tych wszystkich pism, a w szczególności faksu z dnia 12 listopada 1997 r. (zob. pkt 65 powyżej), wynika bowiem, że poruszały one kwestię ceny danych produktów w mniej lub bardziej bezpośrednim związku z występowaniem importu równoległego. Z całości powyższych rozważań wynika, że Komisja poprawnie uznała, iż skarżąca uczestniczyła w porozumieniu mającym na celu ograniczenie handlu równoległego. Dlatego też zarzut oparty na naruszeniu art. 81 ust. 1 WE należy oddalić. W przedmiocie istnienia naruszenia obowiązku uzasadnienia Skarżąca podnosi zasadniczo, że Komisja nie omówiła sytuacji każdego z dystrybutorów. W ten sposób Komisja wyszła z założenia, że wszyscy dystrybutorzy uzgodnili z Nintendo utrudnienie handlu równoległego, niezależnie od daty i okoliczności zawarcia porozumień w sprawie dystrybucji. Argumentacja ta nie może zostać uwzględniona. Komisja wskazuje bowiem wyraźnie w decyzji okoliczności faktyczne właściwe dla każdego z danych dystrybutorów. Jeśli chodzi w szczególności o skarżącą, decyzja zawiera liczne wyjaśnienia dotyczące zwłaszcza zdarzeń w Belgii i w Luksemburgu (motywy 194–197) oraz argumentów odnoszących się do istnienia zakazanego porozumienia i zasięgu naruszenia (motywy 313–330). Ponadto zgodnie z utrwalonym orzecznictwem uzasadnienie, jakiego wymaga art. 253 WE, powinno przedstawiać w sposób jasny i jednoznaczny rozumowanie instytucji wspólnotowej, która wydała zaskarżony akt, pozwalając zainteresowanym poznać podstawy podjętej decyzji, a właściwemu sądowi dokonać jej kontroli. Wymóg uzasadnienia należy oceniać w odniesieniu do konkretnej sytuacji, w szczególności do treści aktu, charakteru powołanych argumentów, a także interesu, jaki w uzyskaniu informacji mogą mieć adresaci aktu lub inne osoby, których dotyczy on bezpośrednio i indywidualnie (wyrok Trybunału z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie C-367/95 P Komisja przeciwko Sytraval i Brink’s France, Rec. s. I-1719 , pkt 63; wyrok Sądu z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie T-16/99 Lögstör Rör przeciwko Komisji, Rec. s. II-1633 , pkt 368). Należy stwierdzić w tym względzie, że jak wynika z analizy pierwszej części zarzutu pierwszego, decyzja przedstawia w sposób jasny i jednoznaczny rozumowanie Komisji i pozwala skarżącej poznać podstawy podjętej decyzji, a Sądowi dokonać jej kontroli. W związku z tym należy oddalić zarzut pierwszy. 2. W przedmiocie zarzutu drugiego opartego na naruszeniu zasad dobrej administracji, równego traktowania i proporcjonalności, jak również na naruszeniu obowiązku uzasadnienia Argumenty stron Skarżąca twierdzi, że przy ustalaniu kwoty grzywny za naruszenie art. 81 WE Komisja winna zawsze uwzględnić z osobna sytuację każdego przedsiębiorstwa uczestniczącego w naruszeniu. Komisja powinna w szczególności wziąć pod uwagę różnice istniejące między poszczególnymi rolami odgrywanymi w ramach naruszenia przez dane przedsiębiorstwa, jak również różne stopnie uczestnictwa, czy też różny czas trwania tego uczestnictwa. Zdaniem skarżącej Komisja naruszyła te zasady, nakładając na skarżącą grzywnę, której kwota jest porównywalna z kwotami grzywien nałożonych na pozostałych dystrybutorów Nintendo, a nawet wyższa od nich, mimo że naruszenie, którego skarżąca jakoby dopuściła się, miało bardziej ograniczony wpływ, jak i czas trwania. Poza tym Komisja nie uwzględniła w stosunku do skarżącej ani różnych okoliczności łagodzących przewidzianych w wytycznych, ani cech charakteryzujących jej szczególną sytuację. W tym względzie skarżąca podnosi najpierw, że jej zachowanie nie wskazuje ani na zamiar, ani na świadomość podjęcia zachowania noszącego znamiona naruszenia. Skarżąca nigdy nie brała udziału w formalnym porozumieniu zmierzającym do ograniczenia importu równoległego, nie otrzymała kwestionariusza ani nie uczestniczyła w spotkaniach, podczas których przedmiotem rozmów była kwestia importu równoległego. Skarżąca podkreśla, że była małym dystrybutorem niedysponującym wiedzą oraz infrastrukturą prawną i gospodarczą, które pozwalają większym przedsiębiorstwom na dokonanie oceny ich zachowania noszącego znamiona naruszenia. Skarżąca wskazuje następnie, że zakładając, iż brała ona udział w naruszeniu, odegrała w nim wyłącznie bierną rolę, co — zgodnie z wytycznymi — powinno doprowadzić do obniżenia kwoty nałożonej na nią grzywny. Komisja nie udowodniła bowiem, że skarżąca odegrała czynną rolę, informując Nintendo o imporcie równoległym produktów Nintendo. Skarżąca postępowała nawet niezgodnie z domniemywanym porozumieniem, jako że dostarczała produkty spółkom mającym siedzibę za granicą oraz spółkom mającym siedzibę na jej terytorium, wiedząc, że produkty te zostaną wyeksportowane. Skarżąca podkreśla też, że w okresie, gdy miały jakoby miejsce ograniczenia w handlu równoległym, nie była ona dystrybutorem Nintendo i nie wiedziała zatem o wspomnianych ograniczeniach. Skarżąca uważa, że gdyby takie okoliczności nie doprowadziły do uchylenia nałożonej na nią grzywny, powinny one przynajmniej skłonić Sąd do obniżenia jej o 50% zgodnie z zasadą równego traktowania. Skarżąca wskazuje bowiem, że Concentra skorzystała z takiej obniżki, mimo że jej rola była nie mniej czynna niż rola skarżącej. Skarżąca wskazuje w replice w szczególności, że Concentra, podobnie jak skarżąca, przekazała informacje NOE. Skarżąca uważa ponadto, że jej jakoby bezprawne zachowanie miało w każdym razie jedynie ograniczony wpływ na rynek. Skarżąca przypomina, że nie stosowała domniemywanego porozumienia i że zarzucane jej naruszenie trwało bardzo krótko w szczególności w porównaniu z zachowaniami pozostałych dystrybutorów. Poza tym skarżąca zarzuca Komisji, że naruszyła zasadę równego traktowania, dzieląc sprawców naruszenia na trzy grupy. Konkretnie skarżąca żali się, że jeśli chodzi o kwotę wyjściową grzywny, to skarżąca została zaliczona do tej samej grupy, co wielu dystrybutorów, którzy uczestniczyli w domniemywanym naruszeniu przez znacznie dłuższe okresy i którzy — w przeciwieństwie do niej — brali czynny udział w naruszeniu. Traktując w ten sam sposób różne sytuacje, to znaczy ustalając dla tych spółek tę samą kwotę podstawową wynoszącą 1 mln EUR, Komisja naruszyła zasadę równego traktowania. Skarżąca podnosi w replice w szczególności, że różnice w zakresie udziałów w rynku między przedsiębiorstwami z trzeciej grupy są większe od różnic między przedsiębiorstwami w trzech grupach. Mając na względzie poszczególne średnie udziały zainteresowanych przedsiębiorstw w sprzedaży danych produktów, trudno jest więc zrozumieć, dlaczego Concentra, Linea GIG SpA, Nortec AE, Bergsala AB, Itochu oraz skarżąca zostały zaliczone do jednej i tej samej grupy, podczas gdy John Menzies i Nintendo zostały zaliczone do różnych grup. Różnica ta jest tym bardziej niezrozumiała w świetle kwot podstawowych grzywien, które zostały ustalone dla każdej z tych grup. Skarżąca zarzuca też Komisji, że w celu dokonania podziału danych przedsiębiorstw na trzy grupy oparła się ona wyłącznie na udziałach w rynku każdego z tych przedsiębiorstw, co świadczy o nieuwzględnieniu rzeczywistego wpływu zachowania każdego z nich. Skarżąca uważa ponadto, że decyzja nakładająca grzywnę w wysokości 1 mln EUR na zależnego i niewielkiego dystrybutora za domniemywane, trwające maksymalnie dwa miesiące porozumienie, które nigdy nie było stosowane i które w rzeczywistości było ciągle naruszane, jest sprzeczna z zasadą proporcjonalności. Skarżąca zarzuca również Komisji, że skontaktowała się z nią dopiero w dniu 9 czerwca 1999 r., czyli w dniu, w którym śledztwo dobiegało końca. Komisja pozbawiła ją więc możliwości podjęcia współpracy, a zatem możliwości skorzystania na tej podstawie z obniżki kwoty podstawowej grzywny o przynajmniej 40%. Fakt, iż Komisja nie uznała, że poinformowanie skarżącej o dochodzeniu i zażądanie od niej udzielenia informacji było potrzebne, stanowi wskazówkę co do jej niewielkiej roli w ramach systemu wprowadzonego przez Nintendo. Skarżąca twierdzi wreszcie, że Komisja naruszyła zasadę dobrej administracji i prawo do obrony, pozbawiając ją możliwości przedstawienia uwag podczas formalnego przesłuchania w obecności osób trzecich. Skarżąca podnosi, że zainteresowane przedsiębiorstwa powinny mieć zapewnioną możliwość przedstawienia stanowiska w przedmiocie postawionych im zarzutów oraz dokumentów, na których owe zarzuty się opierają. Prawo strony do bycia wysłuchaną podczas formalnego przesłuchania odbywającego się pod przewodnictwem niezależnego funkcjonariusza ds. przesłuchań jest szczególnie ważne w ramach stosowania przepisów traktatu dotyczących konkurencji: chodzi tu bowiem o jedyną okazję przekazania uwag niezależnym osobom trzecim, które mogą mieć wpływ na decyzję Komisji. W niniejszej sprawie Komisja wywarła na skarżącą „wpływ mający charakter nadużycia”, po to, by zrzekła się ona przysługującego jej prawa do przesłuchania w obecności niezależnych osób trzecich. Skarżąca twierdzi, że o ile Komisja nie wywarła na nią wyraźnego nacisku, tak by zrzekła się przysługującego jej prawa do formalnego przesłuchania, o tyle zachęcała ją bardzo do poprzestania na nieformalnym przesłuchaniu, twierdząc, że pozwoli to zaoszczędzić czas i pieniądze. W konsekwencji Komisja ograniczyła de facto prawo skarżącej do obrony w toku postępowania administracyjnego. Skarżąca wskazuje w tym względzie, że pomimo zrzeczenia się przez nią tego prawa ze względu na fakt, iż Komisja chciała jak najszybciej wydać decyzję, między jej prośbą a wydaniem decyzji minęły ponad dwa lata. Skarżąca uważa też, że Komisja winna była w każdym razie uwzględnić jej współpracę polegającą na tym, że skarżąca nie wystąpiła o takie przesłuchanie, i obniżyć w związku z tym kwotę nałożonej na nią grzywny. Skarżąca wskazuje w replice, że nie twierdziła, iż Komisja wywierała na nią bezpośrednie lub wyraźne naciski po to, by zrezygnowała z obrony w toku formalnego przesłuchania prowadzonego przez funkcjonariusza ds. przesłuchań. Podobnie skarżąca nie twierdziła, że Komisja nie poinformowała jej o przysługującym skarżącej prawie do formalnego przesłuchania. Ponadto skarżąca przyznaje, że z wnioskiem o przeprowadzenie formalnego przesłuchania powinni wystąpić adresaci pisma w sprawie przedstawienia zarzutów. Skarżąca podnosi jednak, że czuła się zobowiązana do zrzeczenia się tego prawa, ponieważ urzędnik prowadzący sprawę poinformował ją, iż pozostałe strony zrezygnowały już z niego i że służby Komisji chciały jak najszybciej doprowadzić do wydania decyzji. Skarżąca uważa, że praktyka Komisji jest sprzeczna z art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2842/98 z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie przesłuchania stron w określonych procedurach na podstawie art. [81 WE] i art. [82 WE] ( Dz.U. L 354, s. 18 ), rozwiniętym w art. 4 decyzji Komisji 2001/462/WE, EWWiS z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień funkcjonariuszy ds. przesłuchań w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji ( Dz.U. L 162, s. 21 ), który stanowi, że przesłuchania są prowadzone przez funkcjonariusza ds. przesłuchań. Z przepisów tych wynika, że wszelkie kwestie dotyczące prawa stron do przesłuchania winny być badane przez funkcjonariusza ds. przesłuchań, a nie przez prowadzących sprawę pracowników Komisji, którzy podejmują decyzje w ramach tej sprawy. Osoby prowadzące sprawę nie są więc uprawnione do kontaktowania się ze stronami, aby omówić celowość zorganizowania przesłuchania. Skarżąca uważa, że w zakresie, w jakim takie naruszenie istotnych wymogów proceduralnych nie musi samo w sobie prowadzić do stwierdzenia nieważności decyzji w odniesieniu do skarżącej, Komisja winna była przynajmniej uwzględnić je przy ustalaniu kwoty grzywny. Komisja kwestionuje wszystkie te zarzuty. Ocena Sądu W ramach zarzutu drugiego skarżąca podnosi różne argumenty dotyczące, po pierwsze, sposobu ustalenia kwoty nałożonej na nią grzywny, a po drugie, przebiegu postępowania administracyjnego. Podniesione zarzuty poruszają kwestię poszanowania, po pierwsze, zasad równego traktowania i proporcjonalności przy ustalaniu kwoty grzywien, po drugie, prawa skarżącej do obrony i zasady dobrej administracji w toku postępowania administracyjnego poprzedzającego wydanie decyzji, a po trzecie, obowiązku uzasadnienia. W przedmiocie poszanowania zasad równego traktowania i proporcjonalności przy ustalaniu kwoty grzywny nałożonej na skarżącą W niniejszym przypadku należy przypomnieć, że z motywów 366–464 decyzji wynika, iż grzywny wymierzone przez Komisję z tytułu stwierdzonych naruszeń art. 81 ust. 1 WE i art. 53 ust. 1 porozumienia EOG zostały przez nią nałożone na podstawie art. 15 ust. 2 rozporządzenia nr 17 i że Komisja — jak sama to wyraźnie potwierdziła w odpowiedzi na skargę — ustaliła kwotę grzywien, stosując metodę określoną w wytycznych. Wytycznych nie można uznać za normę prawną, której w każdym razie musi przestrzegać administracja, lecz za normę postępowania, która stanowi pewną wskazówkę dla praktyki administracyjnej i od której administracja nie może odstąpić w konkretnym przypadku bez podania powodów, które byłyby zgodne z zasadą równego traktowania (zob. wyrok Trybunału z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie C-397/03 P Archer Daniels Midland i Archer Daniels Midland Ingredients przeciwko Komisji, Zb.Orz. s. I-4429 , pkt 91, i przytoczone tam orzecznictwo). Gdy skarżąca podnosi, że Komisja nie uwzględniła na różnych etapach obliczania kwoty grzywny jej szczególnej sytuacji, myli ona w dużej mierze ocenę rzeczywistego wpływu naruszenia na rynek służącą określeniu jego wagi (pkt 1A akapit pierwszy wytycznych), w ramach której należy uwzględnić skutki całego naruszenia, a nie rzeczywiste zachowanie każdego przedsiębiorstwa, z oceną indywidualnego zachowania każdego przedsiębiorstwa w celu oceny okoliczności obciążających lub łagodzących (pkt 2 i 3 wytycznych), w ramach której to oceny należy zbadać — zgodnie z zasadą indywidualizacji kar i sankcji — względną wagę udziału przedsiębiorstwa w naruszeniu. W wypadku gdy Komisja opiera się na wpływie naruszenia, by ocenić jego wagę, zgodnie z pkt 1A akapit pierwszy i drugi wytycznych, skutki, które należy uwzględnić z tego tytułu, to skutki wynikające z całego naruszenia, w którym brały udział wszystkie przedsiębiorstwa, tak że uwzględnienie indywidualnego zachowania lub danych właściwych dla każdego przedsiębiorstwa nie ma w tym względzie znaczenia (wyrok Sądu z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawach połączonych T-236/01, T-239/01, od T-244/01 do T-246/01, T-251/01 i T-252/01 Tokai Carbon i in. przeciwko Komisji, Rec. s. II-1181 , pkt 203). Jednakże, jak wynika z orzecznictwa, w wypadku gdy naruszenie zostało popełnione przez kilka przedsiębiorstw, należy zbadać względną wagę udziału w naruszeniu każdego z tych przedsiębiorstw (wyrok Trybunału z dnia 16 grudnia 1975 r. w sprawach połączonych od 40/73 do 48/73, 50/73, od 54/73 do 56/73, 111/73, 113/73 i 114/73 Suiker Unie i in. przeciwko Komisji, Rec. s. 1663 , pkt 623 i ww. w pkt 49 wyrok w sprawie Komisja przeciwko Anic Partecipazioni, pkt 150) celem ustalenia, czy występują w odniesieniu do nich okoliczności obciążające lub łagodzące. Wniosek ten stanowi logiczną konsekwencję zasady indywidualizacji kar i sankcji, zgodnie z którą przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność wyłącznie za czyny, które mu się indywidualnie zarzuca. Jest to zasada, która znajduje zastosowanie we wszelkich postępowaniach administracyjnych mogących doprowadzić do nałożenia sankcji na podstawie wspólnotowych uregulowań dotyczących konkurencji (zob. ww. w pkt 67 wyrok w sprawie Union Pigments przeciwko Komisji, pkt 119; zob. też podobnie wyrok Sądu z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawach połączonych T-45/98 i T-47/98 Krupp Thyssen Stainless i Acciai speciali Terni przeciwko Komisji, Rec. s. II-3757 , pkt 63). Punkty 2 i 3 wytycznych przewidują w tym względzie dostosowanie kwoty podstawowej grzywny na podstawie pewnych okoliczności obciążających i łagodzących, które są właściwe dla danego przedsiębiorstwa. Należy więc zbadać z osobna argumenty podniesione przez skarżącą w zależności od tego, czy odnoszą się one do określenia kwoty podstawowej na podstawie wagi i czasu trwania naruszenia, czy też do wykazania pewnych okoliczności łagodzących. — W przedmiocie określenia kwoty podstawowej grzywny: podział zainteresowanych przedsiębiorstw w celu określenia konkretnej kwoty wyjściowej grzywny i czas trwania udziału w naruszeniu Według metody zdefiniowanej w wytycznych Komisja — przy ustalaniu kwoty grzywien, które mają zostać nałożone na dane przedsiębiorstwa — za punkt wyjścia przyjmuje kwotę określoną w zależności od wagi naruszenia. Przy ocenie wagi naruszenia należy wziąć pod uwagę jego charakter, rzeczywisty wpływ na rynek tam, gdzie może to być zmierzone, oraz rozmiar właściwego rynku geograficznego (pkt 1A akapit pierwszy). W tym kontekście naruszenia zostały podzielone na trzy kategorie, a mianowicie: „naruszenia o małym znaczeniu”, dla których kwota możliwych grzywien może wynosić od 1000 do 1 miliona EUR, „poważne naruszenia”, dla których kwota możliwych grzywien może wynosić od 1 miliona do 20 milionów EUR oraz „bardzo poważne naruszenia”, dla których kwota możliwych grzywien przekracza 20 milionów EUR (pkt 1A akapit drugi, tiret od pierwszego do trzeciego). W ramach każdej z tych kategorii możliwa skala grzywien pozwala według wytycznych na stosowanie zróżnicowanego traktowania przedsiębiorstw w zależności od charakteru popełnionych naruszeń (pkt 1A akapit trzeci). Zgodnie z wytycznymi należy wziąć również pod uwagę rzeczywiste ekonomiczne możliwości spowodowania przez sprawcę naruszenia znaczących szkód innym podmiotom działającym na rynku, w szczególności konsumentom, i w zależności od tego ustalić grzywnę na takim poziomie, który zapewni odpowiednio odstraszający charakter (pkt 1A akapit czwarty). Zgodnie z wytycznymi w ramach każdej z trzech zdefiniowanych w ten sposób kategorii naruszeń w niektórych przypadkach może wystąpić potrzeba stosowania kwot ważonych w celu uwzględnienia określonej wagi naruszenia i tym samym rzeczywistego wpływu zachowania o znamionach naruszenia każdego z przedsiębiorstw na konkurencję, w szczególności tam, gdzie istnieje znaczna dysproporcja między wielkością przedsiębiorstw popełniających naruszenie tego samego typu, i dostosowania w związku z tym punktu wyjścia kwoty podstawowej w zależności od swoistych cech każdego przedsiębiorstwa (pkt 1 A akapit szósty). W niniejszym przypadku skarżąca nie podważa ani bardzo poważnego charakteru omawianego naruszenia, ani ocen, na których Komisja oparła się, by uznać, iż naruszenie to jest bardzo poważne, a które dotyczą charakteru tego naruszenia, jego rzeczywistego wpływu na rynek oraz rozmiaru właściwego rynku geograficznego (motywy 374–384 decyzji). Skarżąca nie kwestionuje też samej zasady podziału członków kartelu na kilka kategorii. Zarzuca natomiast Komisji, że ta naruszyła zasady równego traktowania i proporcjonalności, jako że, po pierwsze, zaliczyła do tej samej kategorii przedsiębiorstwa o różnej wielkości, a po drugie nie uwzględniła różnic w zakresie czasu trwania, jak i intensywności udziału poszczególnych przedsiębiorstw w omawianym naruszeniu. Sąd przypomina w tym względzie, że metoda oparta na potwierdzonej orzecznictwem Sądu zasadzie, polegająca na podziale członków kartelu na kategorie celem zastosowania zróżnicowanego traktowania na etapie ustalania kwot wyjściowych grzywien, choć sprowadza się ona do nieuwzględniania różnicy rozmiarów przedsiębiorstw należących do tej samej kategorii, pociąga za sobą zryczałtowanie kwoty wyjściowej ustalonej dla przedsiębiorstw należących do tej samej kategorii (zob. wyrok Sądu z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie T-26/02 Daiichi Pharmaceutical przeciwko Komisji, Zb.Orz. s. II-713 , pkt 83, i przytoczone tam orzecznictwo). Nie ulega wątpliwości, że taki podział na kategorie powinien uwzględniać zasadę równego traktowania, zgodnie z którą zakazane jest traktowanie sytuacji porównywalnych w różny, a sytuacji różnych w identyczny sposób, chyba że jest to obiektywnie uzasadnione. Ponadto zgodnie z orzecznictwem kwota grzywien powinna co najmniej być proporcjonalna do elementów wziętych pod uwagę w celu dokonania oceny wagi naruszenia. Aby sprawdzić, czy podział członków kartelu na kategorie jest zgodny z zasadami równego traktowania oraz proporcjonalności, Sąd — w ramach kontroli legalności korzystania przez Komisję z przysługującego jej w tej dziedzinie swobodnego uznania — powinien jednak ograniczyć się do sprawdzenia, czy podział ten jest spójny i obiektywnie uzasadniony, nie zastępując od razu oceny dokonanej przez Komisję swoją oceną (ww. w pkt 104 wyrok w sprawie Daiichi Pharmaceutical przeciwko Komisji, pkt 84, 85). W niniejszej sprawie Komisja uznała, że „zainteresowane przedsiębiorstwa [mogły] zasadniczo zostać podzielone na trzy grupy w zależności od względnego znaczenia każdego z nich w porównaniu z Nintendo […] jako dystrybutorem danych produktów (i wyłącznie ich) w EOG, przy czym porównanie przeprowadza się na podstawie udziału każdej ze stron w łącznej ilości konsoli i kartridżów z grami Nintendo zakupionych celem ich dystrybucji w EOG w 1997 r., czyli w ostatnim roku trwania naruszenia” (motyw 386 decyzji). Nintendo (której udział w rynku oszacowano na [ poufne ] ( )%) i John Menzies (mająca udział w rynku wynoszący [ poufne ]%) zostały zaliczone odpowiednio do pierwszej i drugiej grupy. Pozostałe zainteresowane przedsiębiorstwa (z udziałami w rynku wynoszącymi od [ poufne ] do [ poufne ]%), do których zalicza się skarżąca, zostały zaliczone do trzeciej grupy. Decyzja Komisji, by zaliczyć do tej samej grupy przedsiębiorstwa mające udział w rynku dystrybucji omawianych produktów nieprzekraczający [ poufne ]%, nie może zostać uznana za arbitralną i nie wykracza poza zakres przysługującego jej w tym względzie swobodnego uznania. Fakt, iż kwoty wyjściowe odnoszące się do każdej z kategorii nie są ściśle proporcjonalne do poszczególnych udziałów w rynku zainteresowanych przedsiębiorstw, nie może być ujemnie oceniany, ponieważ jest on jedynie następstwem systemu podziału na kategorie oraz ryczałtowego ustalenia kwot, które stąd wynika. Należy bowiem przypomnieć, że nawet jeśli wskutek podziału na grupy do niektórych przedsiębiorstw stosuje się identyczną kwotę podstawową pomimo ich różnej wielkości, należy uznać, iż zróżnicowane traktowanie jest obiektywnie uzasadnione tym, że przy określaniu wagi naruszenia ważniejszy jest charakter naruszenia aniżeli wielkość przedsiębiorstw (zob. wyrok Sądu z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie T-213/00 CMA CGM i in. przeciwko Komisji, Rec. s. II-913 , pkt 411, i przytoczone tam orzecznictwo). W niniejszej sprawie wprawdzie istnieją różnice w zakresie wartości względnych między udziałami w rynku należącymi do przedsiębiorstw zaliczonych do tej samej grupy, jednak owe różnice w zakresie wartości bezwzględnych nie są na tyle duże, by uzasadniały zaliczenie skarżącej do innej grupy. W szczególności metoda przyjęta przez Komisję nie doprowadziła do poważnego zniekształcenia obrazu danych rynków (zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie T-15/02 BASF przeciwko Komisji, Zb.Orz. s. II-497 , pkt 159). W okresie, gdy zaistniały zdarzenia leżące u podstaw niniejszego postępowania, rozpatrywany rynek, a mianowicie rynek dystrybucji produktów Nintendo, był zdominowany przez Nintendo i jej spółki zależne. Niezależni dystrybutorzy, z wyjątkiem John Menzies, zajmowali w ramach omawianego systemu dystrybucji jedynie stosunkowo nieistotne miejsce (zob. motywy 388–390 decyzji). Należy więc uznać, że istnienie znacznych względnych różnic między udziałami w rynku przedsiębiorstw należących do ostatniej kategorii, które jest nierozerwalnie związane z systemem podziału na kategorie i z wynikającym z niego ryczałtowym ustaleniem kwot, jest obiektywnie uzasadnione. Prawo Komisji do dokonania podziału na kategorie byłoby w znacznym stopniu pozbawione swojej użyteczności, gdyby jakakolwiek różnica między udziałami w rynku — nawet, jeśli jest istotna w zakresie wartości względnych, mimo że odpowiada niewielkiej różnicy pod względem punktów procentowych — uniemożliwiała zaliczenie różnych przedsiębiorstw do tej samej kategorii. Skarżąca nie może w tym względzie zarzucać Komisji, że nie uwzględniła na tym etapie różnic w zakresie udziału każdego z danych przedsiębiorstw, jako że owe różnice mogą zostać wzięte pod uwagę dopiero na etapie badania okoliczności łagodzących (zob. pkt 97–99 powyżej). Wreszcie, jeśli chodzi o argument, że Komisja nie uwzględniła bardzo krótkiego czasu trwania udziału skarżącej w naruszeniu, wystarczy przypomnieć, że zgodnie z metodą przedstawioną w wytycznych po określeniu kwoty grzywny ustalonej w oparciu o wagę naruszenia kwota grzywny podlega dostosowaniu na podstawie czasu trwania. Ponadto Komisja wyraźnie wskazała w motywie 404 decyzji, że z uwagi na fakt, iż skarżąca brała udział w naruszeniu zaledwie przez okres trwający niewiele ponad dwa miesiące, postanowiła ona nie podwyższać z tego tytułu kwoty początkowej grzywny ustalonej na podstawie wagi naruszenia. Stąd Komisja uwzględniła w należyty sposób stosunkowo krótki czas trwania udziału skarżącej w omawianym naruszeniu. — W przedmiocie istnienia okoliczności łagodzących i w przedmiocie poszanowania w tym względzie zasady równego traktowania W niniejszej sprawie należy zbadać, czy Komisja słusznie odmówiła uwzględnienia na rzecz skarżącej pewnych okoliczności, a mianowicie, po pierwsze, faktu, iż skarżąca nie dysponowała wiedzą pozwalającą jej uświadomić sobie, że jej zachowanie nosiło znamiona naruszenia, a po drugie, faktu, iż odegrała ona wyłącznie bierną rolę w naruszeniu. Jeśli chodzi o pierwszą podnoszoną okoliczność, to nie można jej uwzględnić jako okoliczności łagodzącej w rozumieniu wytycznych, co Komisja zresztą podkreśliła. Zamieszczone w pkt 1A wytycznych stwierdzenie, że „[o]gólnie mówiąc, można również wziąć pod uwagę fakt, że duże przedsiębiorstwa posiadają zazwyczaj wiedzę prawną i gospodarczą oraz infrastrukturę, która umożliwia im łatwiejsze zdanie sobie sprawy, że ich działanie stanowi naruszenie, i mogą być świadom[e] konsekwencji wynikających z prawa konkurencji”, nie oznacza a contrario, iż Komisja jest zobowiązana do uwzględnienia niewielkich rozmiarów niektórych przedsiębiorstw. Jeśli chodzi o drugą podnoszoną okoliczność, a mianowicie domniemywaną bierną rolę skarżącej w naruszeniu, należy przypomnieć, iż Komisja wskazała w motywie 431 decyzji, że skarżąca dobrowolnie przekazywała NOE informacje dotyczące handlu równoległego i że w związku z tym jej udział powinien zostać uznany za czynny. Komisja odsyła w tym względzie do motywu 197 decyzji, w którym wspomniano o czterech pismach skarżącej z dnia 4 września, z dnia 3 listopada, z dnia 12 listopada i z dnia 4 grudnia 1997 r. Pismo z dnia 4 września 1997 r., o którym mowa w pkt 63 powyżej, zostało zredagowane przed początkiem okresu naruszenia i z tego względu nie ma ono znaczenia. Pisma z dnia 3 listopada i z dnia 4 grudnia 1997 r., które zostały wysłane do NOE, wskazują na istnienie ofert produktowych Nintendo na rynkach belgijskim i luksemburskim. Pismo z dnia 12 listopada 1997 r. wskazuje, iż skarżąca nawiązała kontakt tylko i wyłącznie z Nintendo France w przedmiocie kartridżów z grami, co do których miała podejrzenia, że były przedmiotem importu równoległego. Elementy, na których opiera się stwierdzenie, iż Concentra odegrała bierną rolę, zostały wskazane w motywach 212, 213 i 421 decyzji. Stwierdzono tam w szczególności, że nie istnieje wprawdzie żaden dowód świadczący o tym, iż Concentra zapobiegała lub próbowała zapobiegać handlowi równoległemu, ale istnieją „dowody wskazujące, że Concentra poinformowała NOE o imporcie równoległym do Portugalii i zwróciła się do niej o pomoc w tym zakresie” (zob. motywy 212 i 213 decyzji). Bezsporne jest, że na cztery pisma Concentry do NOE lub do Nintendo of America, Inc., o których mowa w motywie 213 decyzji, trzy z nich zostały zredagowane po wysłaniu kwestionariusza, a jedno zostało przekazane dobrowolnie. W wysłanym dobrowolnie piśmie z dnia 21 listopada 1997 r., które przytoczono fragmentarycznie w motywie 213 decyzji, Concentra stwierdziła: „Niestety jesteśmy pewni, że niektórzy detaliści skorzystają z tej możliwości podwyższenia ich marży na N64 [i poprosiła NOE o udzielenie jej pomocy, jako że] mamy nadzieję, iż Nintendo znajdzie rozwiązanie tej kwestii w najbliższej przyszłości”. Należy stwierdzić, że przytoczone przez Komisję dokumenty, jak również okoliczności, w jakich zostały one przekazane, nie wskazują na żadną znaczącą różnicę między rolą odegraną w naruszeniu przez skarżącą a rolą Concentry. Zróżnicowane traktowanie przez Komisję jest tym mniej zasadne, iż, po pierwsze, skarżąca weszła na rynek będący przedmiotem naruszenia wyjątkowo późno (zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie T-220/00 Cheil Jedang przeciwko Komisji, Rec. s. II-2473 , pkt 168, i przytoczone tam orzecznictwo), a po drugie, Concentra zawarła z Nintendo formalne porozumienie w sprawie dystrybucji ograniczające konkurencję, co nie miało miejsca w wypadku skarżącej. Z powyższych rozważań wynika, iż Komisja naruszyła zasadę równego traktowania, jako że uznała, iż skarżąca nie odegrała wyłącznie biernej roli w naruszeniu, mimo że uwzględniła tę okoliczność łagodzącą wobec Concentry. Niniejszy zarzut winien zatem zostać częściowo uwzględniony, w związku z czym należy zmienić decyzję, przyznając skarżącej stopę obniżki grzywny taką samą jak ta, którą przyznano Concentrze na podstawie okoliczności łagodzącej związanej z bierną rolą odegraną w ramach spornego naruszenia, to znaczy obniżkę w wysokości 50%. Konkretne skutki tej zmiany zostaną wyjaśnione poniżej. W przedmiocie poszanowania prawa skarżącej do obrony i zasady dobrej administracji Jeśli chodzi o twierdzenie, że Komisja zachęcała skarżącą do zrzeczenia się prawa do formalnego przesłuchania, należy stwierdzić, iż nie zostało ono w ogóle uzasadnione. Skarżąca wspomniała bowiem, że „w dniu 3 lipca 2000 r. Komisja poinformowała [ją], iż wszyscy pozostali adresaci zrzekli się swego prawa do przesłuchania, a Komisja chciała posuwać się w sprawie naprzód najszybciej jak to możliwe”, i że Komisja, postępując tak, skłoniła skarżącą w sposób dorozumiany do zrzeczenia się przysługującego jej prawa do formalnego przesłuchania. Wskazówka ta nie stanowi dowodu naruszenia prawa do obrony czy też zasady dobrej administracji. Ponadto Komisja wyraźnie wskazała w piśmie załączonym do pisma w sprawie przedstawienia zarzutów, że zgodnie z rozporządzeniem nr 2842/98 do stron należało wystąpienie w uwagach na piśmie o przedstawienie ich argumentów podczas przesłuchania. Oparty na błędnym założeniu argument, że Komisja naruszyła art. 10 rozporządzenia nr 2842/98 rozwinięty w art. 4 decyzji 2001/462, również nie może zostać uwzględniony. Przepisy te stanowią bowiem odpowiednio, iż „[p]rzesłuchania są prowadzone przez funkcjonariusza ds. przesłuchań” (art. 10 rozporządzenia nr 2842/98) i że „[f]unkcjonariusz ds. przesłuchań organizuje i prowadzi przesłuchania przewidziane w przepisach wdrażających art. 81 [WE] i 82 [WE]” (art. 4 decyzji 2001/462). Nie wynika z nich w żadnym razie, że wyłącznie funkcjonariusze ds. przesłuchań mogą kontaktować się z przedsiębiorstwami, którym zarzuca się naruszenie, w celu podjęcia rozmów i poinformowania ich o ewentualnym przeprowadzeniu formalnego przesłuchania. Takie nawiązanie kontaktu, które wpisuje się w ramy zwyczajnych działań administracyjnych, nie narusza zatem zakresu zadań powierzonych funkcjonariuszowi ds. przesłuchań. Ponadto fakt, iż skarżąca postanowiła nie wnosić o przesłuchanie, nie może być traktowany jako współpraca pozwalająca jej na skorzystanie z obniżki kwoty nałożonej na nią grzywny. Za współpracę, która stosownie do okoliczności uprawnia do obniżki kwoty grzywny na podstawie pkt 3 wytycznych, należy bowiem uznać „efektywną współpracę przedsiębiorstwa w toku postępowania”, to znaczy zachowanie, które umożliwiło Komisji łatwiejsze stwierdzenie naruszenia oraz, w stosownym przypadku, doprowadzenie do jego zakończenia (wyroki Trybunału: z dnia 16 listopada 2000 r. w sprawie C-297/98 P SCA Holding przeciwko Komisji, Rec. s. I-10101 , pkt 36; z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie C-328/05 P SGL Carbon przeciwko Komisji, Zb.Orz. s. I-3921 , pkt 83). Rezygnacja z formalnego przesłuchania — przy założeniu, że pozwoliła Komisji nie opóźnić wydania decyzji — nie może zostać uznana za współpracę w rozumieniu pkt 3 wytycznych. Skarżąca nie może też twierdzić, że Komisja pozbawiła ją możliwości podjęcia współpracy, informując ją o dochodzeniu dopiero w dniu 9 czerwca 1999 r. Jak wskazano w pkt 125 powyżej, ewentualne obniżenie kwoty nałożonej na przedsiębiorstwo grzywny na podstawie pkt 3 wytycznych zakłada bowiem jego „efektywną współpracę”. Tymczasem w niniejszej sprawie nic nie pozwala uznać, że skarżąca była w stanie zaoferować taką współpracę, zważywszy że sama skarżąca twierdzi, iż nie wiedziała o zarzucanych praktykach. Dlatego też należy oddalić wszystkie zarzuty dotyczące przebiegu postępowania administracyjnego. W przedmiocie poszanowania obowiązku uzasadnienia Jeśli chodzi o twierdzenie, że uzasadnienie decyzji dotyczące oceny szczególnej sytuacji skarżącej jest niewystarczające, wystarczy zauważyć, że z motywów 194–197, 313–330, 352, 359, 404, 430 i 431 decyzji wynika, iż Komisja wyraźnie nawiązała do elementów odnoszących się do sytuacji skarżącej. Takie uzasadnienie spełnia wymogi art. 253 WE w wykładni dokonanej przez orzecznictwo, o którym mowa w pkt 73 powyżej. 3. W przedmiocie zarzutu podniesionego podczas rozprawy, dotyczącego czasu trwania postępowania administracyjnego i sądowego Wreszcie argumentacja przedstawiona przez skarżącą podczas rozprawy, zmierzającą do obniżenia kwoty nałożonej na nią grzywny ze względu na czas trwania postępowania administracyjnego i sądowego, również nie zasługuje na uwzględnienie. Zarzut ten należy uznać za niedopuszczalny na podstawie art. 48 § 2 regulaminu Sądu w zakresie, w jakim dotyczy on czasu trwania postępowania administracyjnego prowadzonego przez Komisję, ponieważ ów zarzut, którego nie podniesiono w skardze wszczynającej postępowanie, nie może zostać uznany za rozwinięcie zarzutu podniesionego wcześniej, bezpośrednio lub pośrednio, w skardze wszczynającej postępowanie, i nie opiera się na okolicznościach prawnych i faktycznych ujawnionych dopiero w toku postępowania. Ponadto w okolicznościach niniejszej sprawy nie zachodzi potrzeba zbadania z urzędu zarzutu opartego na twierdzeniu, że czas trwania postępowania przed Komisją wykroczył poza rozsądne ramy (zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawach połączonych T-189/95, T-39/96 i T-123/96 SGA przeciwko Komisji, Rec. s. II-3587 , pkt 46, utrzymany w mocy postanowieniem Trybunału z dnia 13 grudnia 2000 r. w sprawie C-39/00 P SGA przeciwko Komisji, Rec. s. I-11201 , pkt 42–45). Jeśli chodzi o krytykę w odniesieniu do czasu trwania postępowania przed Sądem, należy stwierdzić, że być może nadmiernie długi czas trwania tego postępowania nie ma wpływu na zgodność decyzji z prawem, którą Sąd ma zbadać. Wynika stąd, że taki zarzut jest bezskuteczny. 4. W przedmiocie określenia ostatecznej kwoty grzywny Jak wynika z pkt 116–121 powyżej, należy zmienić decyzję w zakresie, w jakim Komisja nie uwzględniła w jej treści w stosunku do skarżącej okoliczności łagodzącej związanej z wyłącznie bierną rolą skarżącej w naruszeniu, mimo że uwzględniła tę okoliczność łagodzącą wobec Concentry. W pozostałym zakresie rozważania Komisji przedstawione w decyzji oraz metoda obliczenia grzywien zastosowana w niniejszej sprawie pozostają niezmienione. Ostateczna kwota grzywny zostaje więc obliczona w następujący sposób: kwota podstawowa grzywny nałożonej na skarżącą (1 mln EUR) zostaje obniżona o 50% ze względu na okoliczność łagodzącą związaną z wyłącznie bierną rolą skarżącej w naruszeniu, co daje kwotę ostateczną równą 500 tys. EUR. W przedmiocie kosztów Zgodnie z art. 87 § 3 regulaminu Sądu w razie częściowego tylko uwzględnienia żądań każdej ze stron Sąd może postanowić, że koszty zostaną rozdzielone albo że każda ze stron poniesie własne koszty. W okolicznościach niniejszej sprawy należy postanowić, że każda ze stron poniesie własne koszty. Z powyższych względów SĄD (ósma izba) orzeka, co następuje: 1) Kwota grzywny nałożonej na CD-Contact Data GmbH zostaje ustalona na 500 tys. EUR. 2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. 3) Każda ze stron poniesie własne koszty. Martins Ribeiro Papasavvas Wahl Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 30 kwietnia 2009 r. Podpisy Spis treści Okoliczności powstania sporu 1. Przedsiębiorstwa, których dotyczy niniejsza sprawa 2. Postępowanie administracyjne Dochodzenie dotyczące sektora gier wideo (sprawa IV/35.587 PO Video Games) Dochodzenie uzupełniające dotyczące w szczególności systemu dystrybucji Nintendo (sprawa IV/35.706 PO Nintendo Distribution) Dochodzenie wszczęte na podstawie skargi do Komisji złożonej przez Omegę Electro BV (sprawa IV/36.321 Omega — Nintendo) 3. Sporna decyzja Przebieg postępowania i żądania stron Co do prawa 1. W przedmiocie zarzutu pierwszego opartego na naruszeniu art. 81 WE i obowiązku uzasadnienia, jak również na oczywistym błędzie w ocenie Argumenty stron Ocena Sądu W przedmiocie istnienia naruszenia art. 81 ust. 1 WE W przedmiocie istnienia naruszenia obowiązku uzasadnienia 2. W przedmiocie zarzutu drugiego opartego na naruszeniu zasad dobrej administracji, równego traktowania i proporcjonalności, jak również na naruszeniu obowiązku uzasadnienia Argumenty stron Ocena Sądu W przedmiocie poszanowania zasad równego traktowania i proporcjonalności przy ustalaniu kwoty grzywny nałożonej na skarżącą — W przedmiocie określenia kwoty podstawowej grzywny: podział zainteresowanych przedsiębiorstw w celu określenia konkretnej kwoty wyjściowej grzywny i czas trwania udziału w naruszeniu — W przedmiocie istnienia okoliczności łagodzących i w przedmiocie poszanowania w tym względzie zasady równego traktowania W przedmiocie poszanowania prawa skarżącej do obrony i zasady dobrej administracji W przedmiocie poszanowania obowiązku uzasadnienia 3. W przedmiocie zarzutu podniesionego podczas rozprawy, dotyczącego czasu trwania postępowania administracyjnego i sądowego 4. W przedmiocie określenia ostatecznej kwoty grzywny W przedmiocie kosztów ( *1 ) Język postępowania: angielski. ( ) Poufne dane, które utajniono.

62008CJ0019

sl

Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 20(1)(d) in (2) Uredbe sveta (ES) št. 343/2003 z dne 18. februarja 2003 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ( UL L 50, str. 1 ). Ta predlog je bil vložen v okviru spora med E. Petrosianom, N. Petrosian, njunimi tremi otroki (v nadaljevanju: člani družine Petrosian), armenskimi državljani (razen N. Petrosian, ki je ukrajinska državljanka), in med Migrationsverket (državni urad za migracije), ki je odgovoren za vprašanja glede imigracij in za reševanje prošenj za azil zadevnih oseb, in sicer glede odločbe tega urada, da bodo člani družine Petrosian predani v drugo državo članico, v kateri je bila zavrnjena njihova prva prošnja za azil. Pravni okvir Skupnostna ureditev V četrti uvodni izjavi Uredbe št. 343/2003 je zapisano: „Tak [jasen in izvedljiv način za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil,] bi moral temeljiti na objektivnih, poštenih merilih za državo članico in za osebe. Zlasti bi moral omogočati hitro določitev odgovorne države članice, da zagotavlja učinkovit dostop do postopkov za določanje statusa begunca in da ne ogroža cilja hitre obravnave prošenj za azil.“ V petnajsti uvodni izjavi te uredbe je zapisano: „Uredba upošteva temeljne pravice in načela, ki so zlasti priznani v Listini temeljnih pravic Evropske unije [razglašeni 7. decembra 2000 v Nici ( UL C 364, str. 1 )]. Njen cilj je zlasti zagotovitev popolnega spoštovanja pravice do azila, zajamčene s členom 18.“ Člen 1 Uredbe št. 343/2003 določa: „Ta uredba določa merila in mehanizme za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države.“ Člen 3(1) te uredbe določa: „Države članice obravnavajo prošnjo katerega koli državljana tretje države, ki na meji ali ozemlju katere koli od članic zaprosi za azil. Prošnjo obravnava ena sama država članica, in sicer tista, ki je za to odgovorna glede na merila iz poglavja III.“ Člen 4 navedene uredbe določa: „1.   Postopek določanja države članice, odgovorne v smislu te uredbe, se začne takoj, ko je v državi članici vložena prošnja za azil. […] 5.   Prosilca za azil, ki je prisoten v drugi državi članici in tam vloži prošnjo za azil po umiku svoje prošnje med postopkom določanja odgovorne države članice, država članica, v kateri je bila vložena prošnja za azil, ponovno sprejme pod pogoji iz člena 20, z namenom dokončanja postopka določitve države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil. […]“ V poglavju V Uredbe št. 343/2003, ki je namenjeno sprejemu in ponovnemu sprejemu prosilca za azil, člen 16 te uredbe določa: „1.   Države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil po tej uredbi, so obvezane: […] (e) pod pogoji iz člena 20 ponovno sprejeti državljana tretje države, katerega prošnjo je zavrnila in ki je na ozemlju druge države članice brez dovoljenja. […]“ Člen 20 Uredbe št. 343/2003 določa: „1.   Prosilec za azil je ponovno sprejet v skladu s členom 4(5) in členom 16(1)(c), (d) in (e): (a) zahteva za ponovni sprejem prosilca mora vsebovati informacije, ki državi članici, na katero je zahteva naslovljena, omogočajo preveriti, ali je odgovorna; (b) država članica, pozvana, naj sprejme prosilca, mora ustrezno preveriti in odgovoriti na zahtevo, naslovljeno nanjo, čim prej in v nobenem primeru ne kasneje od obdobja enega meseca od njenega prejetja. Če zahteva temelji na podatkih, pridobljenih iz sistema Eurodac, se rok skrajša na dva tedna; (c) če država članica ne sporoči svoje odločitve v roku enega meseca oz. dveh tednov iz pododstavka (b), se šteje, da je privolila v ponovni sprejem prosilca za azil; (d) država članica, ki privoli v ponovni sprejem prosilca za azil, mora to osebo ponovno sprejeti na svoje ozemlje. Predaja se izvede v skladu z nacionalnim pravom države članice, ki daje zahtevo, po posvetu med zadevnima državama članicama, kakor hitro je to praktično izvedljivo in najkasneje v šestih mesecih po privolitvi v zahtevo za ponovni sprejem s strani druge države članice ali po odločbi o pritožbi ali pregledu z odložilnim učinkom; (e) država članica, ki daje zahtevo, prosilca za azil obvesti o odločitvi glede njegovega ponovnega sprejema v odgovorno državo članico. V odločitvi morajo biti navedeni razlogi, na katerih temelji. Vsebovati mora podrobnosti o roku za predajo in po potrebi informacije o kraju, kamor mora prosilec priti, in datumu, ko mora tja priti, če v odgovorno državo članico potuje z lastnimi sredstvi. Ta odločitev je lahko predmet pritožbe ali pregleda. Pritožba na odločitev ali njen pregled ne zadržita izvedbe premestitve [predaje], razen če se sodišča ali pristojni organi odločijo tako za vsak primer posebej, če nacionalno pravo to dopušča. Po potrebi država članica, ki daje zahtevo, prosilca za azil preskrbi s prepustnico v obliki, sprejeti v skladu s postopkom iz člena 27(2). Odgovorna država članica obvesti državo članico, ki daje zahtevo, kot je ustrezno, o varnem prihodu prosilca za azil ali o dejstvu, da v roku, ki je bil določen, ni prišel. 2.   Če se predaja ne opravi v roku šestih mesecev, je odgovorna država članica, v kateri je bila vložena prošnja za azil. Ta rok se lahko podaljša na največ eno leto, če predaja ali obravnavanje prošnje nista bili možni, ker je prosilec za azil v zaporu, ali na največ osemnajst mesecev, če se prosilec za azil skriva. […]“ Nacionalna ureditev Člen 9 poglavja 1 zakona 2005:716 o tujcih (utlänningslagen (2005:716)) določa, da se določbe o izgonu prosilcev za azil iz tega zakona uporabljajo mutatis mutandis pri odločitvah o predaji, ki so bile sprejete na podlagi Uredbe št. 343/2003. Člen 6 poglavja 4 ter člena 4 in 7 poglavja 8 tega zakona določajo, da odločbe o priznavanju statusa političnega begunca in o izgonu prosilcev za azil sprejme Migrationsverket. V skladu s členom 3 poglavja 14 tega zakona je mogoče zoper odločbo Migrationsverket vložiti tožbo na prvi stopnji na migrationsdomstol (okrožno upravno sodišče, pristojno za odločanje na področju imigracij), če je v tej odločbi med drugim določen izgon prosilca za azil. V členu 9(1) in (3) poglavja 16 tega istega zakona je določeno, da je mogoče zoper sodbe migrationsdomstol vložiti pritožbo na Migrationsöverdomstol (višje upravno sodišče, pritožbena stopnja za odločanje na področju imigracij), zoper njegovo sodbo pa ni mogoče vložiti nobene pritožbe. Člen 28 zakona 1971:291 o upravnem postopku (förvaltningsprocesslagen (1971:291)) določa, da lahko sodišče, na katerem je bilo vloženo pravno sredstvo, prvič, naloži, da se izpodbijana odločba, če je izvršljiva takoj, do nadaljnjega ne izvrši, in, drugič, sprejme druge začasne ukrepe glede zadeve. Spor o glavni stvari in vprašanje za predhodno odločanje Člani družine Petrosian so 22. marca 2006 na Švedskem, kjer so bili tedaj, vložili prošnje za azil. Pri obravnavi teh prošenj se je izkazalo, da so zadevne osebe že vložile prošnje za azil drugje, med drugim v Franciji. Migrationsverket je zato francoske organe zaprosil, naj na podlagi člena 16(1)(e) Uredbe št. 343/2003 ponovno sprejmejo člane družine Petrosian. Migrationsverket od navedenih organov ni prejel odgovora v roku, določenem v členu 20(1)(b) Uredbe št. 343/2003. Zato jim je sporočil, da se v skladu s členom 20(1)(c) te uredbe šteje, da je Francoska republika privolila v ponovni sprejem članov družine Petrosian. Francoski organi so Migrationsverket naknadno obvestili, da se strinjajo s ponovnim sprejemom zadevnih oseb. V teh okoliščinah je Migrationsverket 1. avgusta 2006 odločil, da bodo člani družine Petrosian na podlagi člena 20(1)(d) in (e) Uredbe št. 343/2003 predani Franciji. Člani družine Petrosian so zoper odločbo z dne 1. avgusta 2006 o navedeni predaji vložili tožbo na länsrätten i Skåne län, migrationsdomstolen (okrožno upravno sodišče Skanije, pristojno za odločanje na področju imigracij), in zahtevali, naj se njihove prošnje za azil obravnavajo na Švedskem. To sodišče je 23. avgusta 2006 odločilo, da se izvedba predaje družine Petrosian Franciji zadrži do končne meritorne odločitve ali dokler ne bo odločeno drugače. To sodišče je sprejelo meritorno sodbo, s katero je zavrnilo tožbo članov družine Petrosian in s tem odpravilo zadržanje njihove predaje Franciji. Člani družine Petrosian so zoper sodbo länsrätten i Skåne län, migrationsdomstolen, vložili pritožbo na Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen (višje upravno sodišče v Stockholmu, pritožbena stopnja za odločanje na področju imigracij), in sicer zaradi napak v postopku, ter zahtevali razveljavitev odločbe, v skladu s katero bi bili predani Franciji, in, podredno, vrnitev zadeve v novo odločanje na länsrätten i Skåne län. Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen, je 10. maja 2007 odločilo, da zadrži predajo članov družine Petrosian Franciji do končne meritorne odločitve ali dokler ne bo odločeno drugače. To sodišče je 16. maja 2007 izreklo dokončno sodbo, s katero je razveljavilo sodbo länsrätten i Skåne län, migrationsdomstolen, in mu zadevo vrnilo v novo odločanje, pri čemer se je sklicevalo na postopkovni razlog, in sicer na nepravilnost pri sestavi senata, ki je izrekel sodbo v zadevi. Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen, je tudi odredilo odložitev izvršitve odločbe o predaji družine Petrosian Franciji, dokler länsrätten i Skåne län, migrationsdomstolen, ne izreče meritorne sodbe ali dokler ne bo odločeno drugače. To zadnje sodišče je o zadevi ponovno odločilo 29. junija 2007 in razveljavilo odločbo Migrationsverket o predaji članov družine Petrosian Franciji. Zadevo je vrnilo v ponovno obravnavo pred Migrationsverket. Länsrätten i Skåne län, migrationsdomstolen, se je v obrazložitvi sodbe sklicevalo na temeljno sodbo Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen, z dne , v kateri je to presodilo, da je treba člen 20(1)(d) Uredbe št. 343/2003 – na podlagi katerega je treba predajo opraviti najpozneje v šestih mesecih po privolitvi v zahtevo za ponovni sprejem s strani druge države članice ali po odločbi o pritožbi ali pregledu z odložilnim učinkom – razlagati tako, da mora rok za izvedbo predaje teči od začasne odločitve, da se izvedba predaje zadrži. Ker je länsrätten i Skåne län, migrationsdomstolen, o tej odložitvi odločilo 23. avgusta 2006, se je torej po njegovem mnenju rok za izvedbo predaje iztekel in od tega datuma, prvič, je na podlagi člena 20(2) Uredbe št. 343/2003 za obravnavo prošenj za azil članov družine Petrosian ponovno pristojna Kraljevina Švedska, in, drugič, zadevne osebe ni več mogoče predati Franciji. Migrationsverket je 9. julija 2007 zoper sodbo länsrätten i Skåne län, migrationsdomstolen, vložil pritožbo na Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen. Pred tem sodiščem je trdil, da je bil rok izvedbe predaje prekinjen po sprejetju odločitve z odložilnim učinkom, in sicer tako, da je tekel šest mesecev od dneva ponovne izvršljivosti odločitve, katere učinek je bil odložen. V teh okoliščinah je Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen, prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo to vprašanje: „Ali je treba člen 20(1)(d) in člen 20(2) Uredbe […] št. 343/2003 […] razlagati tako, da je za obravnavanje prošnje za azil odgovorna država članica, v kateri je bila prošnja vložena, če se predaja ne opravi v roku šestih mesecev od sprejetja začasne odločitve, da se izvedba predaje zadrži, in ne glede na čas sprejetja dokončne odločitve o tem, ali je treba opraviti predajo?“ Vprašanje za predhodno odločanje Predložitveno sodišče z vprašanjem v bistvu sprašuje, ali je treba člen 20(1)(d) in (2) Uredbe št. 343/2003 razlagati tako, da kadar zakonodaja države članice, ki daje zahtevo, v okviru postopka predaje prosilca za azil določa odložilni učinek pravnega sredstva, začne rok za izvedbo predaje teči že z začasno sodno odločitvijo, da se izvedba postopka predaje odloži, ali šele s sodno odločitvijo, s katero se odloči o temelju postopka in s katero ni več mogoče ovirati te izvedbe. Stališča, predložena Sodišču V tej zadevi je pisna stališča predložilo osem vlad in Komisija Evropskih skupnosti, ki menijo, da je treba člen 20(1)(d) in (2) Uredbe št. 343/2003 razlagati tako, da začne rok šestih mesecev, v katerem je treba opraviti predajo, v primeru odložilnega učinka pravnega sredstva zoper odločbo o predaji teči šele s sprejetjem odločitve o temelju v zvezi s tem pravnim sredstvom, in ne z odločbo za zadržanje navedene predaje. Po mnenju teh vlad in Komisije iz pripravljalnih dokumentov za Uredbo št. 343/2003 izhaja, da je zakonodajalec Skupnosti želel vzpostaviti sistem, v katerem se predaja ne sme izvesti, dokler se ne odloči o temelju pravnega sredstva. Z nasprotno rešitvijo bi se pristojnim sodiščem in organom dejansko določil najdaljši rok pri odločanju v zvezi s pravnimi sredstvi glede odločb o predaji, kar pa naj ne bi bilo v pristojnosti zakonodajalca Skupnosti; poleg tega naj bi obravnava posameznih položajev, ki spadajo pod to uredbo, zahtevala kompleksno proučitev, ki bi jo bilo težko opraviti v roku šestih mesecev. Nekatere od vlad s pragmatičnega vidika med drugim navajajo, da naj bi se s tem, da se nacionalnim sodiščem določi, da odločijo v roku šestih mesecev, spodbujalo prosilce za azil k zlorabam pravnih sredstev, saj naj bi bil v državah članicah, kjer so ta sodišča preobremenjena, ta rok pogosto presežen, in zato bi država članica, ki daje zahtevo, avtomatsko postala država, ki je odgovorna za prošnjo za azil. Odgovor Sodišča Na podlagi člena 20(1)(d) Uredbe št. 343/2003 se predaja prosilca za azil v drugo državo članico, ki ga mora ponovno sprejeti, izvede, kakor hitro je to praktično izvedljivo in najkasneje v šestih mesecih po privolitvi v zahtevo za ponovni sprejem s strani druge države članice ali po odločbi o pritožbi ali pregledu z odložilnim učinkom. V odstavku 2 istega člena je določeno, da če se predaja ne opravi v tem roku šestih mesecev, je odgovorna država članica, v kateri je bila vložena prošnja za azil. Na podlagi besedila teh določb ni mogoče določiti, ali začne rok za izvedbo predaje teči že z začasno sodno odločitvijo, da se izvedba postopka predaje odloži, ali šele s sodno odločitvijo, s katero se odloči o temelju tega postopka. Vendar je treba spomniti, da je treba v skladu z ustaljeno sodno prakso za razlago določbe prava Skupnosti upoštevati ne le njeno besedilo, ampak tudi njeno sobesedilo in cilje ureditve, katere del je (glej zlasti sodbi z dne 18. maja 2000 v zadevi KVS International, C-301/98, Recueil, str. I-3583 , točka 21, in z dne v zadevi ZVK, C-300/05, ZOdl., str. I-11169 , točka 15). Na podlagi člena 20(1)(d) Uredbe št. 343/2003 v povezavi z odstavkom 1(c) istega člena lahko začne rok šestih mesecev, ki ga ima država članica, ki daje zahtevo, za predajo prosilca za azil, odvisno od okoliščin, teči zaradi treh dogodkov. To so lahko, prvič, odločitev države članice, na katero je naslovljena zahteva, o privolitvi v ponovni sprejem prosilca za azil, drugič, iztek roka enega meseca, ki ga ima država članica, na katero je naslovljena zahteva, za to, da se odloči o zahtevi države članice, ki daje zahtevo, za ponovni sprejem prosilca za azil, in, tretjič, odločba o pritožbi ali pregled z odložilnim učinkom v državi članici, ki daje zahtevo. Te tri dogodke je treba analizirati glede na to, ali v zakonodaji države članice, ki daje zahtevo, obstaja pravno sredstvo, ki lahko ima odložilni učinek, ali ne, pri čemer se upošteva cilj, zaradi katerega je v Uredbi št. 343/2003 rok izvedbe predaje določen. V zvezi s tem je treba razlikovati med dvema položajema. V prvem položaju, in sicer če ni nobenega pravnega sredstva, ki bi lahko imelo odložilni učinek, začne rok za izvedbo predaje teči, kot izhaja iz besedila člena 20(1)(d) Uredbe št. 343/2003, z izrecno ali domnevano odločitvijo, s katero država članica, na katero je naslovljena zahteva, privoli v ponovni sprejem zadevne osebe, ne glede na negotovosti v zvezi s pravnim sredstvom, ki ga je, če je bilo treba, zoper odločitev o predaji vložil prosilec za azil na sodiščih države članice, ki daje zahtevo. Ostane torej le še način izvedbe predaje, vključno z določitvijo datuma zanjo. V teh okoliščinah člen 20(1)(d) Uredbe št. 343/2003 državi članici, ki daje zahtevo, določa rok šestih mesecev za predajo. Ob upoštevanju dejanske kompleksnosti in organizacijskih težav, povezanih z izvedbo predaje, je cilj tega roka, da zadevnima državama članicama omogoči, da se dogovorita o izvedbi predaje, in, natančneje, da državi članici, ki daje zahtevo, omogoči, da določi načine, na katere se bo predaja, ki se opravi v skladu z nacionalno zakonodajo slednje države, izvedla. Poleg tega iz obrazložitvenega memoranduma, priloženega k predlogu Uredbe Sveta o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države, ki ga je podala Komisija 26. julija 2001 (COM(2001) 447 konč., str. 5, 19 in 20), izhaja, da je Komisija ravno zaradi upoštevanja težav, na katere so države članice naletele pri izvedbi predaje, predlagala podaljšanje roka zanjo. Ta rok enega meseca, ki je bil določen v Konvenciji o določanju države, odgovorne za obravnavanje prošenj za azil, vloženih v eni od držav članic Evropskih skupnosti, podpisani v Dublinu ( UL 1997, C 254, str. 1 ) in ki jo je nadomestila Uredba št. 343/2003, je bil nato v skladu z navedenim predlogom Uredbe podaljšan, in sicer na šest mesecev v členu 20(1)(d) iste uredbe. V drugem položaju, in sicer če je v državi članici, ki daje zahtevo, določeno, da obstaja pravno sredstvo, ki bi lahko imelo odložilni učinek, in sodišče te države članice za svojo odločitev določi takšen učinek, člen 20(1)(d) Uredbe št. 343/2003 določa, da začne rok za izvedbo predaje teči z „odločbo o pritožbi ali pregledu“. V tem drugem položaju, čeprav se začetek roka za izvedbo predaje razlikuje od tistega, določenega v prvem navedenem položaju, še vedno velja, da se morata pri organizaciji predaje obe zadevni državi članici spoprijeti z dejansko enakimi težavami, in zato bi morali imeti za izvedbo predaje na voljo enak rok šestih mesecev. Nič v besedilu člena 20(1)(d) Uredbe št. 343/2003 ne nakazuje, da je zakonodajalec Skupnosti nameraval različno obravnavati ta položaja. Iz tega izhaja, da je treba v drugem navedenem položaju – ob upoštevanju cilja določitve roka za države članice – začetek roka določiti tako, da imajo države članice, tako kot v prvem položaju, na voljo šest mesecev, ki jih morajo popolnoma izkoristiti za določitev tehničnih podrobnosti izvedbe predaje. Zato lahko rok za izvedbo predaje začne teči šele, ko je nameravana izvedba predaje načeloma dogovorjena in zagotovljena, in ko je treba določiti le še njen način. Te izvedbe pa ni mogoče šteti za zagotovljeno, če sodišče – na katero je bilo vloženo pravno sredstvo – države članice, ki daje zahtevo, ni odločilo o temelju vprašanja, temveč se je omejilo na to, da je odločilo o predlogu za odložitev izvršitve izpodbijane odločbe. Iz tega izhaja, da ta rok v drugem navedenem položaju zaradi ohranitve polnega učinka člena 20(1)(d) Uredbe št. 343/2003, ki določa rok za izvedbo predaje, ne sme začeti teči že z začasno sodno odločitvijo, da se izvedba postopka predaje odloži, temveč šele s sodno odločitvijo, s katero se odloči o temelju postopka in s katero ni več mogoče ovirati te izvedbe. Takšna ugotovitev je podprta še z dvema sklopoma razlogov, in sicer, prvič, s spoštovanjem sodnega varstva, ki ga zagotavlja država članica, in, drugič, s spoštovanjem načela procesne avtonomije držav članic. Prvič, ugotoviti je treba, da zakonodajalec Skupnosti z zahtevo po hitrosti pri obravnavanju prošenj za azil ni želel ogroziti sodnega varstva, ki ga zagotavljajo države članice, v katerih lahko sodišča odložijo izvršitev odločbe o predaji in tako prosilcu za azil omogočijo, da ustrezno ugovarja odločitvam, ki se nanj nanašajo. Države članice, ki so želele zagotoviti pravna sredstva, ki bi lahko v okviru postopka predaje vodili do odločitev z odložilnim učinkom, se namreč zaradi spoštovanja zahteve po hitrosti ne smejo znajti v položaju, ki bi bil manj ugoden od tistega, v katerem se znajdejo tiste države članice, ki so menile, da taka pravna sredstva niso nujna. Tako bi bila država članica, ki se je v okviru postopka predaje odločila zagotoviti pravna sredstva, ki imajo glede na okoliščine odložilni učinek, in ki bi se ji čas, ki ga ima na voljo za izgon prosilca za azil, skrajšal za toliko, kot je potrebno, da nacionalna sodišča odločijo o temelju zadeve, v neugodnem položaju, saj bi ta država članica na podlagi člena 20(2) Uredbe št. 343/2003 – v skladu s katerim odgovornost države članice, na katero je naslovljena zahteva, ne obstaja več po izteku roka za izvedbo predaje – postala dokončno odgovorna za obravnavanje prošnje za azil, če ne bi bilo mogoče organizirati predaje prosilca za azil v zelo kratkem času med sodno odločitvijo o temelju in iztekom roka za izvedbo predaje. Iz tega izhaja, da na podlagi razlage člena 20(1)(d) Uredbe št. 343/2003, v katerem je državi članici, ki daje zahtevo, določen začetek roka za predajo prosilca za azil, ni mogoče izpeljati ugotovitve, da bi morala država članica, ki daje zahtevo, zaradi spoštovanja prava Skupnosti prezreti odložilni učinek začasne sodne odločitve, sprejete v okviru pravnega sredstva, ki bi lahko imelo takšen učinek, ki pa ga vendarle želi zagotoviti v nacionalnem pravu. Drugič, glede spoštovanja načela procesne avtonomije držav članic je treba poudariti, da če bi prevladala razlaga člena 20(1)(d) Uredbe št. 343/2003, da začne rok za izvedbo predaje teči že z začasno odločitvijo z odložilnim učinkom, bi to povzročilo, da bi nacionalno sodišče – ki bi želelo uskladiti upoštevanje tega roka s tistim od začasne sodne odločitve z odložilnim učinkom – moralo odločiti o temelju postopka za predajo pred iztekom navedenega roka, in to z odločitvijo, v kateri zaradi premalo časa, ki mu je bil dan, ni bilo mogoče zadostno upoštevati kompleksnosti spora. Kot so določene vlade in Komisija pravilno poudarile v svojih pisnih stališčih, predloženih Sodišču, bi bila takšna razlaga v nasprotju z navedenim načelom, kot je priznano v sodni praksi Skupnosti (glej v tem smislu sodbi z dne 11. septembra 2003 v zadevi Safalero, C-13/01, Recueil, str. I-8679 , točka 49, in z dne v zadevi Unibet, C-432/05, ZOdl., str. I-2271 , točka 39). Ob upoštevanju navedenih ugotovitev je treba na predhodno vprašanje odgovoriti, da je treba člen 20(1)(d) in (2) Uredbe št. 343/2003 razlagati tako, da kadar zakonodaja države članice, ki daje zahtevo, v okviru postopka predaje prosilca za azil določa odložilni učinek pravnega sredstva, rok za izvedbo predaje ne začne teči že z začasno sodno odločitvijo, da se izvedba postopka predaje odloži, temveč šele s sodno odločitvijo, s katero se odloči o temelju postopka in s katero ni več mogoče ovirati te izvedbe. Stroški Ker je ta postopek za stranke v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških. Stroški, priglašeni za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo. Iz teh razlogov je Sodišče (četrti senat) razsodilo: Člen 20(1)(d) in (2) Uredbe Sveta (ES) št. 343/2003 z dne 18. februarja 2003 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države, je treba razlagati tako, da kadar zakonodaja države članice, ki daje zahtevo, v okviru postopka predaje prosilca za azil določa odložilni učinek pravnega sredstva, rok za izvedbo predaje ne začne teči že z začasno sodno odločitvijo, da se izvedba postopka predaje odloži, temveč šele s sodno odločitvijo, s katero se odloči o temelju postopka in s katero ni več mogoče ovirati te izvedbe. Podpisi ( *1 ) Jezik postopka: švedščina.

62005CJ0409

ro

Prin cererea introductivă formulată, Comisia Comunităților Europene solicită Curții să constate că, prin refuzul de a proceda la calculul și la plata resurselor proprii nepercepute în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 1998 și 31 decembrie 2002, privind importul de material militar cu scutire de taxe vamale, precum și prin refuzul de a plăti dobânzile de întârziere legate de neplata resurselor proprii menționate către Comisie, Republica Elenă nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolelor 2 și 9-11 din Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1552/89 al Consiliului din 29 mai 1989 de punere în aplicare a Deciziei 88/376/CEE, Euratom privind resursele proprii ale Comunităților ( JO L 155, p. 1 ), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (Euratom, CE) nr. 1355/96 al Consiliului din 8 iulie 1996 ( JO L 175, p. 3 , denumit în continuare „Regulamentul nr. 1552/89”), până la 31 mai 2000, precum și, începând de la aceeași dată, în temeiul acelorași articole din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000 al Consiliului din 22 mai 2000, privind punerea în aplicare a Deciziei 94/728/CE, Euratom referitoare la sistemul resurselor proprii ale Comunităților ( JO L 130, p. 1 , Ediție specială, 01/vol. 2, p. 184). Cadrul juridic Reglementarea comunitară Articolul 2 alineatul (1) din Decizia 88/376/CEE, Euratom a Consiliului din 24 iunie 1988 privind sistemul de resurse proprii ale Comunităților ( JO L 185, p. 24 , Ediție specială, 01/vol. 1, p. 62) și articolul 2 alineatul (1) din Decizia 94/728/CE, Euratom a Consiliului din 31 octombrie 1994 privind sistemul de resurse proprii ale Comunităților Europene ( JO L 293, p. 9 ) prevăd: „Veniturile următoare constituie resurse proprii înscrise în bugetul Comunităților: […] (b) taxe ale Tarifului vamal comun și alte taxe stabilite sau de stabilit de către instituțiile Comunităților privind schimburile cu țările nemembre și taxe vamale asupra produselor prevăzute de Tratatul de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului; […]” Articolul 20 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar ( JO L 302, p. 1 , Ediție specială, 02/vol. 5, p. 58, denumit în continuare „Codul vamal comunitar”) prevede: „(1)   Drepturile legal datorate la apariția unei datorii vamale se bazează pe Tariful vamal al Comunităților Europene. […] (3)   Tariful vamal al Comunităților Europene cuprinde: (a) Nomenclatura combinată a mărfurilor; […] (c) ratele și alte elemente de taxare aplicabile în mod normal mărfurilor cuprinse în Nomenclatura combinată în ceea ce privește: — drepturile vamale […] (d) măsurile tarifare preferențiale cuprinse în acorduri pe care le-a încheiat Comunitatea cu anumite țări sau grupuri de țări și care prevăd acordarea tratamentului tarifar preferențial; (e) măsurile tarifare preferențiale adoptate unilateral de Comunitate pentru anumite țări, grupuri de țări sau teritorii; (f) măsurile autonome de suspendare, care prevăd o reducere sau o exonerare de drepturi de import aferente anumitor mărfuri; (g) alte măsuri tarifare prevăzute de legislația comunitară. […]” Articolul 217 alineatul (1) din Codul vamal comunitar prevede: „Orice valoare a drepturilor de import sau export care rezultă dintr-o datorie vamală, denumită în continuare «valoarea drepturilor», se calculează de autoritățile vamale de îndată ce intră în posesia datelor necesare și este înregistrată de autoritățile respective în evidențele contabile sau pe orice alt suport echivalent (înscrierea în evidența contabilă). […]” În cadrul punerii la dispoziția Comisiei a resurselor proprii ale Comunităților, Consiliul Uniunii Europene a adoptat Regulamentul nr. 1552/89, aplicabil în perioada în discuție în prezenta cauză până la 30 mai 2000. Acest regulament a fost înlocuit de la 31 mai 2000 de Regulamentul nr. 1150/2000, care procedează la codificarea Regulamentului nr. 1552/89 fără modificarea conținutului acestuia. Articolul 2 din Regulamentul nr.1552/89 prevede: „(1)   În scopul aplicării prezentului regulament, dreptul Comunității asupra resurselor proprii la care se referă articolul 2 alineatul (1) literele (a) și (b) din Decizia 88/376/CEE, Euratom se constată de îndată ce sunt îndeplinite condițiile prevăzute de regulamentul vamal privind înregistrarea sumei cuvenite și notificarea debitorului. (1a)   Data stabilită la care se referă dispozițiile din alineatul (1) trebuie să fie data înregistrării, prevăzută de regulamentul vamal. […]” [traducere neoficială] Articolul 9 alineatul (1) din acest regulament prevede: „Conform procedurii definite la articolul 10, fiecare stat membru înscrie resursele proprii în creditul contului deschis în acest scop în numele Comisiei la trezoreria sa sau la organismul pe care l-a desemnat. Contul se menține fără a se plăti taxe.” [traducere neoficială] În conformitate cu articolul 10 alineatul (1) din regulamentul menționat: „După deducerea cu 10% sub formă de cheltuieli de încasare, conform articolului 2 alineatul (3) din Decizia 88/376/CEE, Euratom, înregistrarea resurselor proprii la care se referă articolul 2 alineatul (1) literele (a) și (b) din decizia menționată trebuie făcută cel târziu în prima zi lucrătoare după data de 19 a celei de a doua luni următoare aceleia în care s-a constatat dreptul, conform articolului 2 din prezentul regulament. […]” [traducere neoficială] Articolul 11 din Regulamentul nr. 1552/89 prevede: „Orice întârziere în intrările în conturi prevăzută la articolul 9 alineatul (1) are drept rezultat plata de către statul membru vizat a unei dobânzi la o rată egală cu rata dobânzii aplicate finanțărilor pe termen scurt în ziua scadenței pe piața monetară a statului membru, majorată cu două puncte. Această rată este majorată cu 0,25 puncte pentru fiecare lună de întârziere. Rata majorată se aplică întregii perioade de întârziere.” [traducere neoficială] În conformitate cu articolul 22 din Regulamentul nr. 1150/2000: „Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1552/89 se abrogă. Trimiterile la acest regulament trebuie înțelese ca fiind trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondențe din anexă, partea A.” Astfel, cu excepția împrejurării că Regulamentul nr. 1552/89 și, respectiv, Regulamentul nr. 1150/2000 fac trimitere la Decizia 88/376 și, respectiv, la Decizia 94/728, articolele 2 și 9-11 din aceste două regulamente sunt, în esență, identice. Rata de 10% prevăzută la articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul nr. 1150/2000 a fost majorată la 25% prin Decizia 2000/597/CE, Euratom a Consiliului din 29 septembrie 2000 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene ( JO L 253, p. 42 , Ediție specială, 01/vol. 2, p. 206). Punctul 1 din motivarea deciziei menționate prevede: „Consiliul European care s-a întrunit la Berlin la 24 și 25 martie 1999 a hotărât, inter alia , că sistemul de resurse proprii al Comunităților trebuie să fie echitabil, transparent, eficient, simplu și bazat pe criteriul care exprimă cel mai bine capacitatea de contribuție a fiecărui stat membru.” Regulamentul (CE) nr. 150/2003 al Consiliului din 21 ianuarie 2003 privind suspendarea drepturilor vamale la anumite armamente și echipamente militare ( JO L 25, p. 1 , Ediție specială, 02/vol. 15, p. 71), adoptat pe baza articolului 26 CE, prevede în considerentul (5): „Pentru a se ține seama de protecția secretului militar al statelor membre, este necesar să se prevadă proceduri administrative specifice pentru acordarea beneficiului suspendării drepturilor. O declarație a autorității competente din statul membru ale cărui forțe armate sunt destinatare ale armamentului sau ale echipamentelor militare, care ar putea, de asemenea, să îndeplinească rolul de declarație vamală în sensul Codului vamal, ar constitui o garanție corespunzătoare a îndeplinirii condițiilor cerute. Declarația ar lua forma unui certificat. Este necesar să se precizeze forma pe care trebuie să o ia aceste certificate și să se prevadă, de asemenea, posibilitatea de a întocmi declarația cu ajutorul tehnicilor de prelucrare a datelor.” Articolul 1 din acest regulament prevede: „Prezentul regulament stabilește condițiile necesare pentru suspendarea autonomă a drepturilor vamale la anumite armamente și echipamente militare importate din țări terțe de către autoritățile însărcinate cu apărarea militară ale statelor membre sau în numele acestora.” Articolul 3 alineatul (2) din regulamentul menționat prevede: „Fără a aduce atingere alineatului (1), din motive de secret militar, certificatul și mărfurile importate pot fi prezentate altor autorități desemnate în acest scop de către statul membru importator. În acest caz, autoritatea competentă care emite certificatul transmite în fiecare an autorităților vamale din statul său membru, înainte de 31 ianuarie și 31 iulie, un raport de sinteză cu privire la importurile în cauză. Raportul acoperă o perioadă de șase luni imediat premergătoare lunii în cursul căreia a fost prezentat raportul. Acesta precizează numărul și data emiterii certificatelor, data importului și valoarea totală, precum și greutatea brută a produselor importate împreună cu certificatele.” În conformitate cu articolul 8, Regulamentul nr. 150/2003 se aplică de la 1 ianuarie 2003. Procedura precontencioasă Prin scrisoarea de punere în întârziere din 17 octombrie 2003, Comisia a inițiat procedura de încălcare în privința Republicii Elene și a solicitat acestui stat membru să procedeze la calculul și la plata resurselor proprii care nu fuseseră plătite în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 1998 și 31 decembrie 2002, aferente importurilor în litigiu, precum și la plata dobânzilor de întârziere legate de acestea. În răspunsul său din 18 august 2003 referitor la procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor inițiată la 21 decembrie 2001 pentru aceleași fapte, răspuns transmis, cu toate acestea, la 24 octombrie 2003, Republica Elenă a susținut că articolul 296 alineatul (1) litera (b) CE o autoriza să scutească de taxe vamale importurile de material militar în scopul protejării intereselor esențiale ale siguranței sale. După ce a luat cunoștință de acest răspuns, Comisia a emis, la 18 octombrie 2004, un aviz motivat prin care invita acest stat membru să ia măsurile necesare pentru a se conforma în termen de două luni de la primirea acestuia. Statul membru menționat a răspuns la 18 februarie 2005, reiterând și precizând considerațiile prezentate anterior. Ținând seama de elementele astfel furnizate de Republica Elenă, Comisia a decis să introducă prezenta acțiune. Prin Ordonanța din 13 septembrie 2007 președintele Curții a admis intervenția Regatului Danemarcei, a Republicii Italiene, a Republicii Portugheze și a Republicii Finlanda, în susținerea concluziilor Republicii Elene. Cu privire la acțiune Cu privire la admisibilitate Mai întâi, Republica Elenă ridică o excepție de inadmisibilitate în considerarea unui viciu de formă care ar afecta acțiunea, și anume alegerea unei căi legale eronate. Acest stat membru explică faptul că, întrucât el a invocat articolul 296 CE pentru a nu plăti taxele vamale corespunzătoare importurilor în litigiu de material militar, Comisia nu era îndrituită să introducă prezenta acțiune în temeiul articolului 226 CE, ci era obligată să utilizeze procedura specială prevăzută la articolul 298 al doilea paragraf CE. Se impune, cu toate acestea, să se constate că, deși Republica Elenă invocă această excepție de inadmisibilitate în cadrul memoriului în apărare, ea nu formulează totuși concluzia corespunzătoare decât în duplică, astfel încât, în conformitate cu articolul 42 din Regulamentul de procedură al Curții, această excepție trebuie declarată inadmisibilă în măsura în care reclamanta a fost privată de posibilitatea de a o combate. Independent de considerațiile referitoare la regulamentul de procedură, trebuie subliniat că, prin intermediul prezentei acțiuni, obiectivul Comisiei este de a obține constatarea unei neîndepliniri a obligațiilor prevăzute la articolele 2 și 9-11 din Regulamentele nr. 1552/89 și 1150/2000. Articolul 298 CE nu ar avea vocația de a se aplica decât dacă Comisia ar fi pretins că un stat membru abuzează de competențele prevăzute la articolele 296 CE și 297 CE. În al doilea rând, în cursul ședinței, agentul guvernului elen a ridicat o excepție de inadmisibilitate argumentând că acțiunea în constatarea neîndeplinirii obligațiilor nu permite obținerea unei decizii a Curții prin care să se impună statului membru adoptarea unor anumite măsuri. În această privință, este suficient a sublinia că rezultă din însuși modul de redactare a cererii introductive formulate de Comisie că aceasta din urmă s-a limitat să solicite constatarea pretinsei neîndepliniri a obligațiilor, fără a solicita Curții să impună statului membru în cauză anumite măsuri. În consecință, acțiunea Comisiei trebuie declarată admisibilă. Cu privire la fond Argumentele părților Comisia arată că în mod eronat se întemeiază Republica Elenă pe articolul 296 CE pentru a refuza plata taxelor vamale, întrucât perceperea acestora nu amenință interesele esențiale ale siguranței acestui stat membru. Cu titlu preliminar, Comisia arată că nu contestă poziția geografică specifică a Republicii Elene, ci necesitatea, pentru acest stat membru, de a scuti de taxe vamale importul de material militar în scopul de a proteja interesele esențiale ale siguranței sale. Comisia consideră că măsurile care consacră derogări sau excepții, precum, printre altele, articolul 296 CE, trebuie interpretate strict. Astfel, statul membru în cauză, care pretinde aplicarea acestui articol, ar trebui să demonstreze îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute de acesta din urmă în cazul în care înțelege să deroge de la articolul 20 din Codul vamal comunitar, fondat pe articolul 26 CE, și, în consecință, de la Tariful vamal comun aplicabil importurilor în discuție. Comisia susține că revine autorităților elene sarcina de a proba în mod concret și circumstanțiat că perceperea taxelor vamale la importul în discuție în prezenta cauză amenință interesele esențiale ale siguranței acestui stat membru. În această privință, nu ar constitui o asemenea probă creșterea stocurilor de material militar sau modernizarea acestuia și diminuarea sensibilă a resurselor afectate programului de înzestrare și nici volumul cheltuielilor „de apărare” invocate care nu se referă la date relevante probate. Comisia evidențiază că argumentarea Republicii Elene referitoare la temerea divulgării unor informații care să afecteze secretul militar în cadrul procedurilor de control este fără temei în măsura în care, pe de o parte, oricine poate accesa, pe internet, informații detaliate privind, de exemplu, tipul de arme care a fost exportat către pârâtă și în care, pe de altă parte, obiectul prezentei proceduri de încălcare este limitat la principiul însuși al plății taxelor vamale. Comisia precizează de asemenea că, în orice caz, aplicarea regimului vamal comunitar implică intervenția agenților, comunitari și naționali, care sunt ținuți de o obligație de confidențialitate, în situația prelucrării unor date sensibile. Comisia apreciază că argumentul dedus din faptul că inacțiunea sa, după inițierea, împotriva Republicii Elene, a procedurii de încălcare privind importul de material de uz deopotrivă civil și militar, arată că a renunțat implicit la urmărirea încălcării respective în prezenta cauză nu poate fi primit. Astfel, acest stat membru nu poate invoca o atingere adusă principiului protecției încrederii legitime considerând că această inacțiune ar caracteriza acceptarea de către Comisie a scutirii respective în prezenta cauză, întrucât cele două proceduri, deși prezintă puternice similitudini, sunt totuși diferite, iar Comisia dispune de o largă putere discreționară în materia acțiunii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor. Comisia adaugă că Regulamentul nr. 150/2003 își află temeiul juridic direct în articolul 26 CE, referitor la stabilirea taxelor vamale, iar nu în articolul 296 CE, care, chiar în cadrul noii reglementări, nu ar putea fonda scutirea în cauză. Neperceperea taxelor vamale în discuție determină, potrivit Comisiei, o inegalitate între statele membre din perspectiva contribuțiilor lor respective la bugetul comunitar. Această nepercepere ar demonstra, din partea acestui stat membru, o nerespectare a obligațiilor sale de cofinanțare solidară a bugetului comunitar. În sfârșit, Comisia apreciază că rambursarea taxelor vamale către statele membre care aplică în mod corect Tariful vamal comun nu poate remedia inegalitatea de tratament bugetar ale cărei victime au fost. Astfel, Comisia, în calitatea sa de gardian al tratatelor, nu poate lăsa să persiste o asemenea încălcare a legislației comunitare în detrimentul bugetului comunitar. Republica Elenă consideră că rezultă din însuși modul de redactare a articolului 296 alineatul (1) litera (b) CE că tratatul a înțeles să confere statelor membre o importantă putere de apreciere privind măsurile pe care le adoptă pentru protecția intereselor esențiale ale siguranței lor și care se raportează la produsele cărora li se aplică dispozițiile alineatului (1) litera (b) menționat anterior. Astfel, articolul 296 alineatul (1) litera (b) CE ar permite statelor membre să deroge de la articolul 26 CE și de la Codul vamal comunitar în cazul importurilor de echipamente destinate în exclusivitate unor scopuri militare atunci când obiectivul acestor importuri este de a proteja interesele esențiale ale siguranței statului membru în cauză, ținând seama de situația specifică a acestuia din urmă. Astfel, pentru justificarea neperceperii taxelor vamale la importurile de material militar pe parcursul perioadei respective, Republica Elenă invocă aplicarea excepțiilor prevăzute la articolul 296 alineatul (1) literele (a) și (b) CE întrucât aplicarea legislației vamale comunitare în privința acestor importuri ar fi pus în pericol interesele esențiale ale siguranței sale. Republica Elenă consideră că problema existenței sau a inexistenței unei infracțiuni vamale anterior intrării în vigoare a Regulamentului nr. 150/2003 nu a fost tranșată definitiv. În plus, apariția unei datorii financiare depinde, potrivit acestui stat membru, de apariția datoriei vamale corespunzătoare. Republica Elenă afirmă că plata taxelor vamale la momentul importului de echipamente militare nu doar că ar influența în mod semnificativ programul național de înarmare, ci ar avea și o consecință directă asupra capacității sale de apărare, punând prin aceasta direct în joc protecția intereselor esențiale ale siguranței sale, în sensul articolului 296 CE. Republica Elenă consideră că dispune de o largă putere de apreciere în ceea ce privește măsurile necesare protecției intereselor esențiale ale siguranței sale. În această privință, faptul că Regulamentul nr. 150/2003 ține seama de interesele esențiale ale siguranței statelor membre prevăzând, cu începere de la 1 ianuarie 2003, suspendarea taxelor vamale la importul de echipamente militare nu pune în discuție posibilitatea aplicării articolului 296 CE atunci când statele membre îndeplinesc condițiile stabilite de acest articol. În această privință, Republica Elenă este, de altfel, de părere că, prin adoptarea Regulamentului nr. 150/2003, legiuitorul comunitar a confirmat necesitatea respectării intereselor privind siguranța statelor membre și dreptul lor de a invoca confidențialitatea atunci când e necesar, și aceasta prin intermediul procedurilor administrative specifice în cadrul regimului de suspendare a taxelor vamale. Republica Elenă apreciază că a furnizat Comisiei informații atât cât era posibil, în măsura în care informații suplimentare ar aduce atingere intereselor esențiale ale siguranței sale și în care rezultă în mod clar din informațiile comunicate că plata taxelor vamale ar fi influențat capacitatea sa de apărare, de exemplu prin reducerea programului de aprovizionare și de întreținere a forțelor aeriene, ținând seama de costul deosebit de ridicat al interceptărilor. În plus, Republica Elenă apreciază că este imposibilă calcularea cu precizie a taxelor vamale care ar fi datorate fără a comunica și informațiile referitoare la importuri pe tip de material, din moment ce constituie în egală măsură baza de calcul pentru nomenclatura vamală. Aprecierea Curții Codul vamal comunitar prevede perceperea taxelor vamale la importul de bunuri de uz militar, precum cele din speță, provenite din state terțe. Nicio dispoziție din reglementarea vamală comunitară nu prevedea, pentru perioada importurilor în litigiu, și anume perioada cuprinsă între 1 ianuarie 1998 și 31 decembrie 2002, scutirea specifică de taxe vamale pentru importul acestui tip de bunuri. În consecință, nu exista pentru această perioadă nici o scutire expresă de obligația de a plăti autorităților competente taxele datorate, însoțite, după caz, de dobânzi de întârziere. Se poate deduce, pe de altă parte, din adoptarea Regulamentului nr. 150/2003, care prevede suspendarea taxelor vamale la anumite armamente și echipamente militare de la 1 ianuarie 2003, că legiuitorul comunitar a plecat de la ipoteza că o obligație de a plăti taxele vamale exista anterior acestei date. Republica Elenă nu a negat, în niciun moment, existența importurilor în litigiu pe parcursul perioadei luate în considerare. Republica Elenă s-a mărginit să conteste dreptul Comunității la resursele proprii în cauză, argumentând că, în virtutea articolului 296 CE, obligația de a plăti taxele vamale pe armamentul importat din state terțe ar aduce o gravă atingere intereselor esențiale ale siguranței sale. Potrivit unei jurisprudențe constante a Curții, deși adoptarea măsurilor apte să asigure siguranța lor internă și externă este de competența statelor membre, totuși nu rezultă din aceasta că asemenea măsuri se sustrag în totalitate domeniului de aplicare al dreptului comunitar (a se vedea Hotărârea din 26 octombrie 1999, Sirdar, C-273/97, Rec., p. I-7403, punctul 15, și Hotărârea din 11 ianuarie 2000, Kreil, C-285/98, Rec., p. I-69, punctul 15). Astfel, după cum Curtea a constatat deja, tratatul prevede derogări exprese aplicabile în situații susceptibile să afecteze siguranța publică doar la articolele 30 CE, 39 CE, 46 CE, 58 CE, 64 CE, 296 CE și 297 CE, care privesc ipoteze excepționale precis delimitate. Nu se poate deduce din aceasta că ar exista o rezervă generală, inerentă tratatului, care ar exclude din sfera de aplicare a dreptului comunitar orice măsură luată în temeiul siguranței publice. Recunoașterea unei astfel de rezerve, în afara condițiilor specifice ale prevederilor tratatului, ar risca să aducă atingere caracterului imperativ al dreptului comunitar și aplicării uniforme a acestuia (a se vedea Hotărârea din 11 martie 2003, Dory, C-186/01, Rec., p. I-2479, punctul 31 și jurisprudența citată). În plus, astfel cum rezultă dintr-o jurisprudență constantă în ceea ce privește derogările de la libertățile fundamentale (a se vedea printre altele Hotărârea din 31 ianuarie 2006, Comisia/Spania, C-503/03, Rec., p. I-1097, punctul 45, Hotărârea din 18 iulie 2007, Comisia/Germania, C-490/04, Rep., p. I-6095, punctul 86, și Hotărârea din 11 septembrie 2008, Comisia/Germania, C-141/07, Rep., p. I-6935, punctul 50), derogările prevăzute la articolele 296 CE și 297 CE trebuie interpretate strict. Mai particular, în ceea ce privește articolul 296 CE, trebuie subliniat că, deși acest articol face vorbire de măsuri pe care un stat membru le poate aprecia ca necesare pentru protecția intereselor esențiale ale siguranței sale sau de informații a căror divulgare o consideră contrară acestor interese, acesta nu poate totuși să fie interpretat într-un asemenea mod încât să confere statelor membre autoritatea de a deroga de la dispozițiile tratatului prin simpla invocare a intereselor menționate. Pe de altă parte, în domeniul taxei pe valoarea adăugată, în Hotărârea din 16 septembrie 1999, Comisia/Spania ( C-414/97, Rec., p. I-5585 ), Curtea a constatat neîndeplinirea obligațiilor în cauză pentru motivul că Regatul Spaniei nu demonstrase că scutirea de taxa menționată la importurile și achizițiile de armament, de muniție și de material de uz exclusiv militar, scutire prevăzută de legislația spaniolă, era justificată, în temeiul articolului 296 alineatul (1) litera (b) CE, de necesitatea de a proteja interesele esențiale ale siguranței acestui stat membru. În consecință, statul membru care invocă beneficiul articolului 296 CE trebuie să dovedească necesitatea recurgerii la derogarea prevăzută la acest articol în scopul protejării intereselor esențiale ale siguranței sale. În lumina acestor considerații, nu poate fi admis ca un stat membru să invoce scumpirea materialului militar ca urmare a aplicării taxelor vamale la importurile de astfel de material provenind din state terțe pentru a pretinde să fie scutit, în detrimentul altor state membre care, în ceea ce le privește, percep și achită taxele vamale referitoare la asemenea importuri, de obligațiile pe care i le impune solidaritatea financiară în privința bugetului comunitar. În ceea ce privește argumentul potrivit căruia procedurile vamale comunitare nu ar fi de natură să asigure siguranța Republicii Elene, având în vedere exigențele de confidențialitate conținute în acordurile încheiate cu statele exportatoare, trebuie subliniat, după cum observă pe bună dreptate Comisia, că aplicarea regimului vamal comunitar implică intervenția agenților, comunitari și naționali, care sunt ținuți dacă este cazul de o obligație de confidențialitate, în situația prelucrării unor date sensibile, de natură să protejeze interesele esențiale ale siguranței statelor membre. Pe de altă parte, declarațiile pe care statele membre trebuie să le completeze și să le transmită Comisiei în mod periodic nu presupun atingerea unui nivel de precizie de o asemenea natură încât să conducă la prejudicierea intereselor statelor menționate atât în materie de siguranță, cât și de confidențialitate. În aceste condiții și în conformitate cu articolul 10 CE referitor la obligația care revine statelor membre de a facilita îndeplinirea misiunii Comisiei care constă în a veghea la respectarea tratatului, acestea sunt ținute să pună la dispoziția acestei instituții documentele necesare verificării regularității transferului de resurse proprii ale Comunității. Totuși, o asemenea obligație nu se opune, astfel cum a subliniat avocatul general la punctul 168 din concluzii, posibilității statelor membre de a limita informația transmisă, de la caz la caz și în mod excepțional, pe baza articolului 296 CE, la anumite elemente ale unui document sau de a refuza complet transmiterea acesteia. Având în vedere considerațiile care precedă, Republica Elenă nu a demonstrat îndeplinirea condițiilor necesare pentru aplicarea articolului 296 CE. În sfârșit, în ceea ce privește argumentele Republicii Elene care vizează a demonstra că, din cauza inacțiunii prelungite a Comisiei, precum și a adoptării Regulamentului nr. 150/2003, acest stat membru putea să considere în mod legitim că Comisia nu ar introduce prezenta acțiune în măsura în care aceasta ar fi acceptat în mod tacit existența unei derogări în materie, trebuie amintit că în niciun stadiu al procedurii Comisia nu a abandonat poziția sa de principiu. Astfel, în declarația sa formulată cu ocazia negocierilor referitoare la Regulamentul nr. 150/2003, Comisia și-a exprimat voința fermă de a nu renunța la perceperea taxelor vamale care ar fi trebuit plătite pentru perioadele anterioare intrării în vigoare a acestuia și și-a rezervat dreptul de a adopta inițiativele care s-ar impune în această privință. Rezultă din ceea ce precedă că, prin refuzul de a proceda la calculul și la plata către Comisie a resurselor proprii nepercepute în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 1998 și 31 decembrie 2002, privind importul de material militar cu scutire de taxe vamale, precum și prin refuzul de a plăti dobânzile de întârziere legate de neplata resurselor proprii menționate către Comisie, Republica Elenă nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolelor 2 și 9-11 din Regulamentul nr. 1552/89, până la 31 mai 2000, precum și, începând de la aceeași dată, în temeiul acelorași articole din Regulamentul nr. 1150/2000. Cu privire la cheltuielile de judecată În temeiul articolului 69 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, partea care cade în pretenții este obligată, la cerere, la plata cheltuielilor de judecată. Întrucât Comisia a solicitat obligarea Republicii Elene la plata cheltuielilor de judecată, iar Republica Elenă a căzut în pretenții, se impune obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecată. Conform alineatului (4) primul paragraf al aceluiași articol, Regatul Danemarcei, Republica Italiană, Republica Portugheză și Republica Finlanda, care au intervenit în litigiu, suportă propriile cheltuieli de judecată. Pentru aceste motive, Curtea (Marea Cameră) declară și hotărăște: 1) Prin refuzul de a proceda la calculul și la plata către Comisia Comunităților Europene a resurselor proprii nepercepute în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 1998 și 31 decembrie 2002, privind importul de material militar cu scutire de taxe vamale, precum și prin refuzul de a plăti dobânzile de întârziere legate de neplata resurselor proprii menționate către Comisia Comunităților Europene, Republica Elenă nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolelor 2 și 9-11 din Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1552/89 al Consiliului din 29 mai 1989 de punere în aplicare a Deciziei 88/376/CEE, Euratom privind resursele proprii ale Comunităților, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (Euratom, CE) nr. 1355/96 al Consiliului din 8 iulie 1996, până la 31 mai 2000, precum și, începând de la aceeași dată, în temeiul acelorași articole din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000 al Consiliului din 22 mai 2000 privind punerea în aplicare a Deciziei 94/728/CE, Euratom referitoare la sistemul resurselor proprii ale Comunităților. 2) Obligă Republica Elenă la plata cheltuielilor de judecată. 3) Regatul Danemarcei, Republica Italiană, Republica Portugheză și Republica Finlanda suportă propriile cheltuieli de judecată. Semnături ( *1 ) Limba de procedură: greaca.

61999CJ0045

de

Entscheidungsgründe 1 Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften hat mit Klageschrift, die am 16. Februar 1999 bei der Kanzlei des Gerichtshofes eingegangen ist, gemäß Artikel 169 EG-Vertrag (jetzt Artikel 226 EG) Klage erhoben auf Feststellung, daß die Französische Republik dadurch gegen ihre Verpflichtungen aus dem EG-Vertrag und aus der Richtlinie 94/33/EG des Rates vom 22. Juni 1994 über den Jugendarbeitsschutz (ABl. L 216, S. 12; im folgenden: Richtlinie) verstoßen hat, daß sie nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist alle erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften erlassen hat, um dieser Richtlinie nachzukommen, und - hilfsweise - diese Vorschriften der Kommission nicht mitgeteilt hat. 2 Nach Artikel 17 der Richtlinie haben die Mitgliedstaaten die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften zu erlassen, um dieser Richtlinie spätestens am 22. Juni 1996 nachzukommen, bzw. sich spätestens zu jenem Zeitpunkt zu vergewissern, daß die Sozialpartner die notwendigen Vorschriften durch Vereinbarungen einführen, und die Kommission davon unverzüglich in Kenntnis zu setzen. 3 Da die Kommission von der französischen Regierung keine Mitteilung über Maßnahmen zur Umsetzung der Richtlinie in der französischen Rechtsordnung erhalten hatte und auch nicht über anderweitige Informationen darüber verfügte, daß die Französische Republik die erforderlichen Vorschriften erlassen hatte, beschloß die Kommission, gegenüber diesem Mitgliedstaat das in Artikel 169 des Vertrages vorgesehene Verfahren einzuleiten. Mit Schreiben vom 16. Januar 1997 erinnerte die Kommission die Französische Republik an die Verpflichtungen aus der Richtlinie und forderte sie auf, sich innerhalb von zwei Monaten zu äußern. 4 Die französische Regierung antwortete am 13. März 1997, das geltende französische Recht enthalte bereits die meisten Normen der Richtlinie; sie räumte aber ein, daß dieses Recht noch ergänzt werden müsse, um eine zufriedenstellende Umsetzung sicherzustellen. Sie gab an, ein Gesetzentwurf mit den erforderlichen Vorschriften solle in Kürze im Parlament eingebracht werden. 5 Nachdem die Kommission keine weitere Mitteilung über diese Umsetzung erhalten hatte, richtete sie mit Schreiben vom 12. Januar 1998 eine mit Gründen versehene Stellungnahme an die Französische Republik. Die Kommission wiederholte darin die Erklärungen aus dem Mahnschreiben und forderte die Französische Republik auf, dieser Stellungnahme binnen zwei Monaten nach ihrer Bekanntgabe nachzukommen. 6 Mit Schreiben vom 13. März 1998 antwortete die französische Regierung auf die mit Gründen versehene Stellungnahme, daß die Umsetzung der Richtlinie in der innerstaatlichen Rechtsordnung noch im Gange sei. Daraufhin hat die Kommission beschlossen, die vorliegende Klage zu erheben. 7 Die Französische Republik bestreitet nicht, daß ihre Rechtsvorschriften zur Anpassung an die Richtlinie geändert werden müssen; sie gibt jedoch an, die meisten Vorschriften der Richtlinie seien bereits Bestandteil des geltenden innerstaatlichen Rechts. 8 Unter diesen Voraussetzungen genügt die Feststellung, daß die Französische Republik dadurch gegen ihre Verpflichtungen aus der Richtlinie verstoßen hat, daß sie nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften erlassen hat, um der Richtlinie nachzukommen. Kostenentscheidung Kosten Gemäß Artikel 69 § 2 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da die Kommission beantragt hat, der Französischen Republik die Kosten aufzuerlegen, und diese mit ihrem Vorbringen unterlegen ist, sind ihr die Kosten aufzuerlegen. Tenor Aus diesen Gründen hat DER GERICHTSHOF (Vierte Kammer) für Recht erkannt und entschieden: 1. Die Französische Republik hat dadurch gegen ihre Verpflichtungen aus der Richtlinie 94/33/EG des Rates vom 22. Juni 1994 über den Jugendarbeitsschutz verstoßen, daß sie nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften erlassen hat, um dieser Richtlinie nachzukommen. 2. Die Französische Republik trägt die Kosten des Verfahrens.

61997CJ0333

pt

Fundamentação jurídica do acórdão 1 Por despacho de 29 de Agosto de 1997, que deu entrada no Tribunal de Justiça em 24 de Setembro seguinte, o Arbeitsgericht Gelsenkirchen submeteu a este Tribunal, nos termos do artigo 177._ do Tratado CE (actual artigo 234._ CE), três questões prejudiciais sobre a interpretação do artigo 119._ do Tratado CE (os artigos 117._ a 120._ do Tratado CE foram substituídos pelos artigos 136._ CE a 143._ CE), do artigo 11._, n._ 2, alínea b), da Directiva 92/85/CEE do Conselho, de 19 de Outubro de 1992, relativa à implementação de medidas destinadas a promover a melhoria da segurança e da saúde das trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes no trabalho (décima directiva especial na acepção do n._ 1 do artigo 16._ da Directiva 89/391/CEE) (JO L 348, p. 1), e da cláusula 2, ponto 6, do anexo da Directiva 96/34/CE do Conselho, de 3 de Junho de 1996, relativa ao acordo-quadro sobre a licença parental celebrado pela UNICE, pelo CEEP e pela CES (JO L 145, p. 4). 2 Estas questões foram suscitadas num litígio que opõe S. Lewen a L. Denda, na qualidade de proprietário da sociedade Denda Zahntechnik, em Gelsenkirchen, quanto ao pedido de S. Lewen de que a sua entidade patronal seja condenada a pagar-lhe a gratificação de Natal relativa ao ano de 1996. Enquadramento legal Disposições comunitárias 3 Nos termos do artigo 119._ do Tratado, os Estados-Membros são obrigados a assegurar e a manter a aplicação do princípio da igualdade de remunerações entre trabalhadores masculinos e trabalhadores femininos, por trabalho igual. Por remuneração deve entender-se o salário ou vencimento ordinário, de base ou mínimo, e quaisquer outras regalias pagas, directa ou indirectamente, em dinheiro ou em espécie, pela entidade patronal ao trabalhador em razão do emprego deste último. 4 O artigo 8._ da Directiva 92/85 dispõe: «1. Os Estados-Membros tomarão as medidas necessárias para que as trabalhadoras referidas no artigo 2._ beneficiem de uma licença de maternidade de, pelo menos, 14 semanas consecutivas, a gozar antes e/ou depois do parto em conformidade com as legislações e/ou práticas nacionais. 2. A licença de maternidade prevista no n._ 1 deve incluir uma licença de maternidade obrigatória de, pelo menos, duas semanas, repartidas antes e/ou depois do parto, em conformidade com as legislações e/ou práticas nacionais.» 5 As disposições pertinentes para o processo principal constantes do artigo 11._ da Directiva 92/85 prevêem: «A fim de garantir às trabalhadoras, na acepção do artigo 2._, o exercício dos direitos de protecção da sua segurança e saúde reconhecidos pelo presente artigo, prevê-se que: 1. ... 2. No caso referido no artigo 8._: a) Devem ser garantidos os direitos decorrentes do contrato de trabalho das trabalhadoras referidas no artigo 2._ não referidos na alínea b) do presente ponto; b) Devem ser garantidos a manutenção de uma remuneração e/ou o benefício de uma prestação adequada às trabalhadoras, na acepção do artigo 2._ 3. A prestação referida na alínea b) do ponto 2 é considerada adequada quando garanta um rendimento pelo menos equivalente ao que a trabalhadora em causa receberia no caso de uma suspensão da sua actividade por razões relacionadas com o seu estado de saúde, eventualmente dentro de um limite determinado pelas legislações nacionais.» 6 Nos termos do seu artigo 1._, a Directiva 96/34 destina-se a aplicar o acordo-quadro sobre a licença parental, incluído em anexo. 7 A cláusula 2, ponto 6, do anexo da Directiva 96/34 dispõe que «Os direitos adquiridos ou em fase de aquisição pelo trabalhador no momento de início da licença parental são mantidos tal como se encontram até ao final da licença parental. No termo da licença parental, são aplicáveis estes direitos, incluindo as alterações introduzidas pela legislação, por convenções colectivas ou pelas práticas nacionais.» 8 Nos termos do artigo 2._, n._ 1, da Directiva 96/34, os Estados-Membros deveriam pôr em vigor as disposições legislativas, regulamentares e administrativas necessárias para dar cumprimento à mesma directiva o mais tardar até 3 de Junho de 1998. Assim, na data em que a entidade patronal em causa no processo principal se recusou a pagar a gratificação de Natal, o prazo de transposição dessa directiva ainda não tinha expirado. Disposições nacionais 9 Os §§ 3 e 6 da Mutterschutzgesetz (lei relativa à protecção da mãe, a seguir «MuSchG») dispõem: «§ 3 (proibição de trabalho das mulheres grávidas) 1) A actividade de uma futura mãe deve ser interrompida se, em face de um atestado médico, a vida ou a saúde da mulher ou da criança estiverem ameaçadas em caso de continuação da actividade. 2) As futuras mães não devem ser empregadas durante as seis últimas semanas que precedem o parto, a menos que se declarem expressamente dispostas a fazê-lo. Devem poder revogar a qualquer momento esta declaração. § 6 (proibição de trabalho após o parto) 1) Durante o período subsequente ao parto, as mulheres não devem ser empregadas durante um período de oito semanas. Em caso de nascença de prematuros ou de partos múltiplos, este prazo é de doze semanas.» 10 A licença para educação (ou licença parental) rege-se pela Gesetz über die Gewährung von Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub - Bundeserziehungsgeldgesetz (lei relativa à concessão do subsídio e da licença para educação, a seguir «BErzGG»). A licença para educação, que pode ser usada a título voluntário e independentemente do sexo, inicia-se o mais tardar, nos termos do § 15, n._ 2, da BErzGG, no termo do período de protecção da mãe e dura no máximo até que a criança tenha atingido os três anos completos. Durante este período, o contrato de trabalho do trabalhador assalariado em licença é suspenso. O assalariado ou assalariada em licença para educação não recebe o salário mensal, mas recebe, nos termos do § 1 e seguintes da BErzGG, uma prestação denominada «subsídio de educação» que é paga pelo Estado em função dos rendimentos. O litígio no processo principal 11 S. Lewen é empregada desde 1 de Setembro de 1990 de L. Denda, na empresa deste último, Denda Zahntechnik. O seu salário mensal bruto é de 5 500 DEM, correspondente a 39,25 horas semanais de trabalho. L. Denda emprega também trabalhadores do sexo masculino. 12 A demandante no processo principal, que estava grávida desde o início do ano de 1996, trabalhou de 1 de Janeiro a 8 de Abril de 1996 e de 15 a 18 de Abril de 1996. Entrou em licença de 9 a 12 de Abril de 1996 e de 19 de Abril a 15 de Maio de 1996. Em 16 de Maio de 1996, começou o período de protecção à mãe, de uma duração de seis semanas, previsto no § 3, n._ 2, da MuSchG, já que o parto estava previsto para o dia 27 de Junho de 1996. A filha da demandante no processo principal nasceu em 12 de Julho de 1996. Em conformidade com o § 6, n._ 1, da MuSchG, o período de protecção terminava em 6 de Setembro de 1996. Desde 7 de Setembro de 1996, S. Lewen estava em licença para educação a seu pedido, ao abrigo do § 15 e seguintes da BEzrGG, cujo termo estava fixado para 12 de Julho de 1999. 13 Nos anos anteriores a 1996, a demandante no processo principal recebeu, tal como os restantes empregados do demandado, sempre no dia 1 de Dezembro de cada ano, uma gratificação de Natal no montante de um mês de salário. Nessa ocasião, o demandado exigiu à demandante a assinatura da seguinte declaração: «Gratificação de Natal A presente gratificação constitui uma prestação social única, livre e revogável em qualquer altura, que se restringe às festividades de Natal deste ano. O pagamento da presente gratificação não constitui qualquer expectativa jurídica para o futuro nem quanto ao seu fundamento nem quanto ao seu montante, nem ainda quanto à sua constituição e modalidades de pagamento. A gratificação de Natal é, além disso, concedida exclusivamente com a condição de não pôr termo à sua relação de trabalho antes de 1 de Julho do ano seguinte ou não dar justa causa para despedimento da nossa parte sem aviso prévio. O mesmo é válido para a quebra do contrato de trabalho. Atenta a reserva atrás referida, no caso de cessação de funções, a gratificação deve ser reembolsada na totalidade. A aceitação da gratificação constitui o reconhecimento das condições acima referidas.» 14 No pedido apresentado em 10 de Janeiro de 1997 no órgão jurisdicional de reenvio, S. Lewen concluiu pedindo a condenação do demandado no processo principal a pagar-lhe uma gratificação de Natal relativa ao ano de 1996 no montante bruto de 5 500 DEM. 15 O órgão jurisdicional de reenvio fez, entre outras, as seguintes observações: «5. ... No entender desta secção, a gratificação tem o carácter de remuneração no sentido dos artigos 119._ do Tratado e 11._, n._ 2, alínea b), da Directiva 92/85/CEE, quanto ao trabalho prestado no ano do pagamento da gratificação de Natal. Ao excluir do número dos potenciais beneficiários de uma remuneração especial por altura do Natal as mulheres que se encontrem, à data do seu pagamento, em licença parental, não se tem em conta que a relação de trabalho destas mulheres, apesar de, devido ao gozo daquela licença se encontrarem suspensas as obrigações recíprocas, subsiste e, por isso, a mãe no gozo daquela licença continua a manter a sua fidelidade à empresa. A ameaça da retirada das prestações pecuniárias de gratificação pode ter como resultado que as mulheres que hajam dado à luz não façam uso do seu direito à licença de maternidade no interesse do filho. Esta secção considera totalmente incompatível com a proibição de discriminação directa e indirecta constante do Tratado CE e do direito dele derivado a distinção entre trabalhadores no activo e na situação de licença parental, para efeitos da concessão de uma gratificação, por forma que os períodos de prestação de trabalho no ano do seu pagamento e ainda os correspondentes à interdição da prestação de serviço por uma mulher grávida ou que haja dado recentemente à luz não sejam considerados para a aquisição do direito à gratificação em medida proporcional. A motivação da entidade patronal - como em relação a si o demandado se arroga - de com a gratificação apenas pretender estimular prestações de trabalho futuras (que a entidade patronal, devido a uma mais longa licença parental da mãe num próximo futuro, não pode esperar) não constitui, no entender desta secção, justificação suficiente para não se ter em conta o facto da prestação de serviço no ano da concessão e os períodos da proibição de exercício de actividade da grávida e da mulher que acaba de dar à luz na concessão das prestações de gratificação, bem como na fixação da remuneração, no sentido das disposições de direito comunitário. Efectivamente, a entidade patronal beneficiou do exercício da actividade profissional da mãe no ano do pagamento e a proibição do exercício da actividade resultante do disposto na MuSchG decorre directamente da lei sem necessidade de pedido. O facto de uma mãe, logo a seguir ao termo do período da proibição do exercício da actividade laboral, fazer uso do seu direito à concessão de licença parental, situação em que se encontra aquando do pagamento da gratificação, assenta, no essencial, numa circunstância específica do seu sexo. O facto de não ter em conta os períodos de proibição do exercício de actividade por razões de protecção da mãe ao calcular e fixar uma gratificação viola, no entender desta secção, o objectivo da Directiva 92/85/CEE, que consiste na `manutenção de uma remuneração' na acepção do seu artigo 11._, n._ 2, alínea b). No acórdão de 21 de Fevereiro de 1996, Gillespie (C-342/93, Colect., p. I-475), o Tribunal de Justiça não teve a oportunidade de interpretar o artigo 11._, n._ 2, alínea b), da mencionada Directiva 92/85/CEE, uma vez que os factos da causa ocorreram antes do termo do prazo para a sua transposição. Os períodos de proibição do exercício de actividade nos termos da MuSchG não podem, por força desta lei, ser equiparados aos períodos de incapacidade para o trabalho que, no entender do Bundesarbeitsgericht, podem ser tidos em conta para a diminuição das gratificações, independentemente de a entidade patronal demandada não ter tido em conta no ano de 1996 aqueles períodos de incapacidade de forma a diminuir a gratificação aos trabalhadores da sua empresa que dela beneficiaram. Também em relação aos artigos 119._, primeiro parágrafo, do Tratado CE e 1._ da Directiva 75/117/CEE não é admissível, no entender desta secção, a diminuição de uma prestação pecuniária especial anual com base em períodos de ausência devido ao regime legal de protecção da mãe. Dentro dos limites em que o Tribunal de Justiça, no referido acórdão Gillespie, procedeu à interpretação dos artigos 119._ do Tratado CE e 1._ da Directiva 75/117/CEE, aquele Tribunal concluiu que as referidas disposições `também não estabeleciam critérios específicos para determinar o montante das prestações que lhes eram devidas durante esse período' (n._ 20 do acórdão). Todavia, `quanto à questão de saber se o trabalhador feminino em licença por maternidade deve beneficiar de um aumento de salário ocorrido antes ou depois desse período, a resposta deve ser afirmativa' (n._ 21 do acórdão). Consequentemente, essa mesma trabalhadora, se o regime legislativo nacional lhe reconhecer o direito à continuação do pagamento da totalidade da sua remuneração - é o caso na República Federal da Alemanha nos termos dos §§ 13 e 14 da MuSchG -, por força do direito comunitário, terá igualmente direito a todos os aumentos salariais posteriores que se reportem ao período de ausência por maternidade. Isto aplica-se igualmente a uma prestação pecuniária especial anual de carácter misto... que, no mínimo, deverá ser paga relativamente à actividade laboral exercida no ano do seu pagamento.» As questões prejudiciais 16 Nestas circunstâncias, o Arbeitsgericht Gelsenkirchen decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais: «1) Uma gratificação atribuída em relação com as festividades natalícias constitui remuneração, no sentido do artigo 119._ do Tratado CE ou no do artigo 11._, n._ 2, alínea b), da Directiva 92/85/CEE, referente ao serviço prestado no ano da sua concessão ainda que concedida pela entidade empregadora fundamental ou exclusivamente como estímulo para o trabalho futuro e/ou a fidelidade à empresa? O carácter de remuneração é de reconhecer pelo menos quando a entidade patronal não haja comunicado, antes do início do ano da concessão, que nas festas natalícias do ano seguinte teria em conta exclusivamente o trabalho futuro, pelo que excluiria os trabalhadores cuja relação de trabalho estivesse suspensa à data do pagamento daquela gratificação e dali em diante? 2) Verifica-se violação do artigo 119._ do Tratado CE, do n._ 2 do artigo 11._ da Directiva 92/85/CEE e da cláusula 2, ponto 6, do anexo da Directiva 96/34/CEE (a transpor para direito interno) se a entidade patronal excluir totalmente da concessão da gratificação de Natal as mulheres que, à data do seu pagamento, se encontrem na situação de licença parental, sem ter em conta o trabalho prestado nesse ano e o período de licença de maternidade (proibição da prestação de trabalho) gozado? 3) No caso de resposta afirmativa à questão 2: Verifica-se violação dos artigos 119._ do Tratado CE, 11._, n._ 2, alínea b), da Directiva 92/85/CEE e da cláusula 2, ponto 6, do anexo da Directiva 96/34/CEE se a entidade patronal, ao conceder a gratificação de Natal, tem em conta, como factor de redução da prestação de trabalho, os seguintes períodos: - o período da licença parental; - o período da licença de maternidade (proibição da prestação de trabalho)?» Quanto à primeira questão 17 Através da primeira questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta em substância se uma gratificação de Natal como a que está em causa no processo principal é abrangida pelo conceito de remuneração na acepção do artigo 119._ do Tratado ou do artigo 11._, n._ 2, alínea b), da Directiva 92/85, apesar de esta gratificação ser paga pela entidade patronal principal ou exclusivamente como um incentivo para o trabalho futuro e/ou pela fidelidade à empresa. 18 Segundo o demandado no processo principal, a gratificação, na medida em que foi paga voluntariamente como subsídio excepcional por ocasião do Natal, não pode ser considerada como uma remuneração na acepção do artigo 119._ do Tratado. 19 A este propósito deve recordar-se que, segundo jurisprudência assente, o conceito de remuneração, para efeitos do segundo parágrafo do artigo 119._ do Tratado, inclui todas as prestações actuais ou futuras pagas pela entidade patronal a um trabalhador em razão da relação de trabalho, independentemente de serem pagas em virtude de um contrato de trabalho, por força de disposições legais ou a título voluntário (v. acórdãos de 25 de Maio de 1971, Defrenne, 80/70, Colect., p. 161, n._ 6; de 9 de Fevereiro de 1982, Garland, 12/81, Recueil, p. 359, n._ 10, e de 17 de Maio de 1990, Barber, C-262/88, Colect., p. I-1889, n._ 20). 20 Para aplicação do artigo 119._, o fundamento que conduz a entidade patronal a pagar a prestação pouco importa, desde que esta prestação seja concedida em razão da relação de trabalho. 21 Daí resulta que uma gratificação de Natal, como a que está em causa no processo principal, mesmo que tenha sido paga a título voluntário e mesmo que se destine principal ou exclusivamente a servir como incentivo para o trabalho futuro e/ou pela fidelidade à empresa, constitui uma remuneração na acepção do artigo 119._ do Tratado. 22 No que respeita ao conceito de remuneração utilizado no artigo 11._, n._ 2, alínea b), da Directiva 92/85, deve observar-se que esta disposição tem por fim garantir às trabalhadoras, durante a sua licença de maternidade, um rendimento de montante equivalente ao previsto pelo artigo 11._, n._ 3, da mesma directiva, quer este rendimento seja pago sob a forma de uma prestação, de uma remuneração ou de uma combinação das duas (acórdão de 27 de Outubro de 1998, Boyle e o., C-411/96, Colect., p. I-6401, n.os 31 a 33). 23 Não sendo destinada a assegurar esse nível de rendimento durante a licença de maternidade ao trabalhador do sexo feminino, a gratificação em causa no processo principal não pode ser considerada como abrangida pelo conceito de remuneração na acepção do artigo 11._, n._ 2, alínea b), da Directiva 92/85. 24 Por conseguinte, deve responder-se à primeira questão que uma gratificação de Natal como a que está em causa no processo principal constitui uma remuneração na acepção do artigo 119._ do Tratado, apesar de esta gratificação ter sido paga a título voluntário pela entidade patronal e mesmo que se destine principal ou exclusivamente a servir de incentivo para o trabalho futuro ou pela fidelidade à empresa. Pelo contrário, não é abrangida pelo conceito de remuneração na acepção do artigo 11._, n._ 2, alínea b), da Directiva 92/85. Quanto à segunda questão 25 Através da segunda questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta essencialmente se o artigo 119._ do Tratado, o artigo 11._, n._ 2, da Directiva 92/85 e a cláusula 2, ponto 6, do anexo da Directiva 96/34 se opõem a que uma entidade patronal exclua integralmente do benefício de uma gratificação, paga a título voluntário como subsídio excepcional por ocasião do Natal, as mulheres que, no momento do pagamento dessa gratificação, se encontrem em licença parental, sem ter em conta o trabalho cumprido no decurso do ano a que se refere a concessão da gratificação nem os prazos que correspondem à protecção da mãe (proibições de trabalho). 26 Deve recordar-se, em primeiro lugar, que, tendo um carácter imperativo, a proibição da discriminação entre trabalhadores do sexo feminino e trabalhadores do sexo feminino não só se impõe à acção das autoridades públicas, mas estende-se também a quaisquer convenções que visem regular de forma colectiva o trabalho assalariado, bem como aos contratos entre particulares (v., nomeadamente, acórdãos de 7 de Fevereiro de 1991, Nimz, C-184/89, Colect., p. I-297, n._ 11, e de 9 de Setembro de 1999, Krüger, C-281/97, Colect., p. I-0000, n._ 20). Esta proibição impõe-se também à acção unilateral de uma entidade patronal relativamente ao pessoal que emprega. 27 Deve observar-se, em segundo lugar, que a conclusão quanto à qualificação de um benefício como a gratificação de Natal em questão no processo principal como remuneração em sentido amplo na acepção do artigo 119._ do Tratado não implica necessariamente que a mesma gratificação deva ser considerada como uma remuneração retroactiva do trabalho cumprido no decurso do ano de concessão da gratificação, como parece supor o órgão jurisdicional de reenvio. Isso, todavia, é uma questão de facto que releva da apreciação do órgão jurisdicional nacional à luz do seu direito nacional. 28 Compete, portanto, ao órgão jurisdicional de reenvio apreciar, para efeitos da qualificação da gratificação à luz do seu direito nacional, a pertinência da argumentação do demandado no processo principal, segundo a qual ele tinha por objectivo, ao pagar a gratificação de Natal do ano de 1996, encorajar os assalariados «activos» na relação de trabalho em 1 de Dezembro de 1996, a fim de que efectuassem bom trabalho nos meses seguintes e recompensar assim a sua fidelidade futura à entidade patronal. 29 Para responder de forma útil à questão colocada, tendo em atenção as dúvidas quanto à qualificação exacta da gratificação à luz do direito nacional, há, portanto, que analisar antes de mais a hipótese segundo a qual o pagamento de uma gratificação como o subsídio excepcional concedido a título voluntário pela entidade patronal por ocasião do Natal não constitui uma remuneração retroactiva do trabalho cumprido e apenas está sujeita à condição de que o trabalhador se encontre em actividade no momento da sua concessão. 30 A este propósito, deve observar-se, em primeiro lugar, que o pagamento a um trabalhador, durante a licença parental, de uma gratificação a título de subsídio concedido voluntariamente por uma entidade patronal por ocasião do Natal não é abrangido nem pelo artigo 11._, n._ 2, da Directiva 92/85 nem pela cláusula 2, ponto 6, do anexo da Directiva 96/34. 31 Com efeito, no que se refere ao artigo 11._, n._ 2, da Directiva 92/85, na medida em que a alínea a) respeita aos direitos decorrentes do contrato de trabalho das trabalhadoras que devem ser assegurados no caso duma licença de maternidade, a mesma não se aplica. A gratificação, paga a título voluntário como subsídio excepcional, não durante a licença de maternidade mas durante um período de educação, não pode ser considerada como um direito que tenha de ser garantido em caso de maternidade. Quanto à alínea b), resulta do n._ 23 do presente acórdão que a mesma também não se aplica. 32 No que respeita à cláusula 2, ponto 6, do anexo da Directiva 96/34, a gratificação não constitui um direito adquirido ou em vias de aquisição na data do início da licença parental, dado que a mesma é paga a título voluntário após o início desta licença. 33 Em segundo lugar, deve concluir-se que, para efeitos do artigo 119._ do Tratado, essa prática da entidade patronal não comporta qualquer discriminação directa, uma vez que se aplica indistintamente aos trabalhadores masculinos e femininos. Convém, por conseguinte, apreciar se essa prática pode constituir uma discriminação indirecta. 34 Segundo a jurisprudência assente, existe discriminação indirecta quando a aplicação de uma medida nacional, apesar da sua formulação neutra, prejudica, de facto, um número muito mais elevado de mulheres do que de homens (v., nomeadamente, acórdão Boyle e o., já referido, n._ 76). 35 A este propósito, deve observar-se antes de mais que, tal como declarou o órgão jurisdicional de reenvio, as mulheres recorrem bastante mais à licença parental do que os homens, o que aliás se confirma pela situação na empresa do demandado no processo principal. 36 Convém recordar em seguida que, segundo jurisprudência assente, uma forma de discriminação consiste na aplicação de regras diferentes a situações comparáveis ou na aplicação da mesma regra a situações diferentes (v. acórdão Boyle e o., já referido, n._ 39). 37 Ora, o trabalhador que exerce o direito à licença parental que lhe confere a legislação e que implica o subsídio de educação pago pelo Estado encontra-se numa situação específica, que não pode ser equiparada à de um homem ou de uma mulher que trabalha, uma vez que esta licença se caracteriza pela suspensão do contrato de trabalho e, por conseguinte, das obrigações respectivas da entidade patronal e do trabalhador. 38 A recusa de pagar a uma mulher na situação de licença parental uma gratificação a título de subsídio excepcional concedido a título voluntário pela entidade patronal por ocasião do Natal não constitui, portanto, uma discriminação na acepção do artigo 119._ do Tratado, uma vez que a concessão deste subsídio apenas está subordinada à condição de um trabalhador se encontrar em situação de actividade no momento da sua concessão. 39 Seria diferente se o órgão jurisdicional nacional devesse, à luz do seu direito nacional, qualificar a gratificação em causa no processo principal como remuneração retroactiva do trabalho cumprido no decurso do ano de concessão da gratificação. 40 Em tal situação, a recusa da entidade patronal de conceder uma gratificação, ainda que fosse proporcionalmente reduzida, aos trabalhadores em situação de licença parental que tivessem prestado trabalho no decurso do ano de concessão da gratificação, apenas em virtude de o seu contrato de trabalho estar suspenso no momento da concessão da gratificação, prejudica-os em comparação com aqueles cujo contrato não está suspenso no momento da concessão e que recebem efectivamente a gratificação a título de remuneração do trabalho cumprido no decurso desse ano. Uma tal recusa constitui, portanto, uma discriminação na acepção do artigo 119._ do Tratado, dado que os trabalhadores do sexo feminino correm o risco, tal como se conclui no n._ 35 do presente acórdão, de se encontrar bastante mais frequentemente em licença parental no momento da concessão da gratificação do que os trabalhadores do sexo masculino. 41 Quanto à questão de saber se os períodos de protecção da mãe (proibições de trabalho) devem ser tomados em consideração, deve concluir-se que os mesmos devem ser equiparados aos períodos de trabalho. 42 Com efeito, excluir os períodos de protecção da mãe dos períodos de trabalho cumpridos para efeitos da concessão de uma gratificação que visasse remunerar retroactivamente o trabalho cumprido constituiria uma discriminação do trabalhador do sexo feminino apenas pela sua qualidade de trabalhadora, uma vez que, se não tivesse ficado grávida, os referidos períodos deveriam ter sido contados como períodos de trabalho. 43 Deve, pois, responder-se à segunda questão que o artigo 119._ do Tratado opõe-se a que uma entidade patronal exclua integralmente os trabalhadores do sexo feminino em situação de licença parental do benefício de uma gratificação paga a título voluntário como subsídio excepcional por ocasião do Natal, sem ter em conta o trabalho cumprido no decurso do ano de concessão da gratificação nem os períodos correspondentes à protecção da mãe (proibições de trabalho), quando tal gratificação visa remunerar retroactivamente o trabalho cumprido no decurso desse ano. 44 Pelo contrário, nem o artigo 119._ do Tratado nem o artigo 11._, n._ 2, da Directiva 92/85, nem a cláusula 2, ponto 6, do anexo da Directiva 96/34 se opõem à recusa de pagar essa gratificação a uma mulher em situação de licença parental, quando a concessão dessa gratificação apenas está subordinada à única condição de o trabalhador se encontrar em actividade no momento da sua concessão. Quanto à terceira questão 45 Através da terceira questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta essencialmente se o artigo 119._ do Tratado, o artigo 11._, n._ 2, alínea b), da Directiva 92/85 e a cláusula 2, ponto 6, do anexo da Directiva 96/34 se opõem a que uma entidade patronal, no momento de concessão de uma gratificação de Natal a um trabalhador do sexo feminino que se encontre em licença parental, tenha em conta, de forma a reduzir proporcionalmente a prestação, os períodos seguintes: - períodos de licença parental - períodos de protecção da mãe (proibições de trabalho). 46 Em primeiro lugar, tal como se observou nos n.os 23 e 32 do presente acórdão, o pagamento, durante a licença parental de um trabalhador, de uma gratificação a título de subsídio concedido voluntariamente por ocasião do Natal não é abrangido nem pelo artigo 11._, n._ 2, alínea b), da Directiva 92/85 nem pela cláusula 2, ponto 6, do anexo da Directiva 96/34. 47 Resulta, em segundo lugar, da resposta dada à segunda questão que o facto de uma entidade patronal, no momento da concessão de uma gratificação de Natal, como a que está em causa no processo principal, não ter em conta o trabalho cumprido no decurso do ano de concessão da gratificação e os períodos correspondentes à protecção da mãe (proibições de trabalho) constitui uma discriminação na acepção do artigo 119._ do Tratado. 48 Daí resulta que o artigo 119._ do Tratado se opõe a que uma entidade patronal, no momento da concessão de uma gratificação de Natal, tenha em conta, de forma a reduzir proporcionalmente a prestação, os períodos de protecção da mãe. 49 Pelo contrário, não se pode impedir que tome em consideração, de forma a reduzir proporcionalmente a prestação, os períodos de licença parental, dado que, tal como se observou no n._ 37 do presente acórdão, a situação dos trabalhadores que se encontram em situação de licença parental não pode ser equiparada à de um homem ou de uma mulher que trabalha. 50 Por conseguinte, deve responder-se à terceira questão que o artigo 119._ do Tratado, o artigo 11._, n._ 2, alínea b), da Directiva 92/85 e a cláusula 2, ponto 6, do anexo da Directiva 96/34 não se opõem a que uma entidade patronal, no momento da concessão de uma gratificação de Natal a uma mulher que se encontra em situação de licença parental, tenha em conta, de forma a reduzir proporcionalmente a prestação, os períodos de licença parental. 51 Pelo contrário, o artigo 119._ do Tratado opõe-se a que uma entidade patronal, no momento da concessão de uma gratificação de Natal, tenha em conta, de forma a reduzir proporcionalmente a prestação, os períodos de protecção da mãe (proibições de trabalho). Decisão sobre as despesas Quanto às despesas 52 As despesas efectuadas pelos Governos alemão e do Reino Unido, bem como pela Comissão, que apresentaram observações ao Tribunal, não são reembolsáveis. Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional nacional, compete a este decidir quanto às despesas. Parte decisória Pelos fundamentos expostos, O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Sexta Secção), pronunciando-se sobre as questões submetidas pelo Arbeitsgericht Gelsenkirchen, por despacho de 29 de Agosto de 1997, declara: 53 Uma gratificação de Natal como a que está em causa no processo principal constitui uma remuneração na acepção do artigo 119._ do Tratado CE (os artigos 117._ a 120._ do Tratado CE foram substituídos pelos artigos 136._ CE a 143._ CE), apesar de esta gratificação ter sido paga a título voluntário pela entidade patronal e mesmo que se destine principal ou exclusivamente a servir de incentivo para o trabalho futuro ou pela fidelidade à empresa. Pelo contrário, não é abrangida pelo conceito de remuneração na acepção do artigo 11._, n._ 2, alínea b), da Directiva 92/85/CEE do Conselho, de 19 de Outubro de 1992, relativa à implementação de medidas destinadas a promover a melhoria da segurança e da saúde das trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes no trabalho (décima directiva especial na acepção do n._ 1 do artigo 16._ da Directiva 89/391/CEE). 54 O artigo 119._ do Tratado opõe-se a que uma entidade patronal exclua integralmente os trabalhadores do sexo feminino em situação de licença parental do benefício de uma gratificação paga a título voluntário como subsídio excepcional por ocasião do Natal, sem ter em conta o trabalho cumprido no decurso do ano de concessão da gratificação nem os períodos correspondentes à protecção da mãe (proibições de trabalho), quando tal gratificação visa remunerar retroactivamente o trabalho cumprido no decurso desse ano. Pelo contrário, nem o artigo 119._ do Tratado nem o artigo 11._, n._ 2, da Directiva 92/85, nem a cláusula 2, ponto 6, do anexo da Directiva 96/34/CE do Conselho, de 3 de Junho de 1996, relativa ao acordo-quadro sobre a licença parental celebrado pela UNICE, pelo CEEP e pela CES, se opõem à recusa de pagar essa gratificação a uma mulher em situação de licença parental, quando a concessão dessa gratificação apenas está subordinada à única condição de o trabalhador se encontrar em actividade no momento da sua concessão. 55 O artigo 119._ do Tratado, o artigo 11._, n._ 2, alínea b), da Directiva 92/85 e a cláusula 2, ponto 6, do anexo da Directiva 96/34 não se opõem a que uma entidade patronal, no momento da concessão de uma gratificação de Natal a uma mulher que se encontra em situação de licença parental, tenha em conta, de forma a reduzir proporcionalmente a prestação, os períodos de licença parental. Pelo contrário, o artigo 119._ do Tratado opõe-se a que uma entidade patronal, no momento da concessão de uma gratificação de Natal, tenha em conta, de forma a reduzir proporcionalmente a prestação, os períodos de protecção da mãe (proibições de trabalho).

62011CJ0528

sl

Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 3(2) Uredbe Sveta (ES) št. 343/2003 z dne 18. februarja 2003 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 19, zvezek 6, str. 109, v nadaljevanju: Uredba) in členov 18, 41 in 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (v nadaljevanju: Listina). Ta predlog je bil vložen v okviru spora med Z. F. Halafom, iraškim državljanom, in Daržavna agencija za bežancite pri Ministerski savet (nacionalna agencija za begunce pri ministrskem svetu, v nadaljevanju: DAB) zaradi odločbe, ki jo je sprejela ta agencija in s katero je zavrnila uvedbo postopka za priznanje statusa begunca v zvezi z Z. F. Halafom ter odobrila njegovo predajo Grčiji. Pravni okvir Ženevska konvencija Konvencija o statusu beguncev, podpisana v Ženevi 28. julija 1951 ( Recueil des traités des Nations unies , zv. 189, str. 150, št. 2545 (1954), v nadaljevanju: Ženevska konvencija), je začela veljati 22. aprila 1954. Vse države članice ter Republika Islandija, Kneževina Lihtenštajn, Kraljevina Norveška in Švicarska konfederacija so pogodbenice Ženevske konvencije. Evropska unija ni pogodbenica Ženevske konvencije, vendar se v členu 78(1) PDEU in členu 18 Listine sklicuje na to konvencijo. V preambuli navedene konvencije je navedeno, da je naloga Urada visokega komisarja Združenih narodov za begunce (UNHCR) nadzorovanje uporabe mednarodnih konvencij za varstvo beguncev, in priznano, da bo učinkovita uskladitev ukrepov za rešitev tega problema odvisna od sodelovanja držav z UNHCR. Člen 35(1) te konvencije določa: „Države pogodbenice se obvezujejo sodelovati z [UNHCR] ali vsako drugo agencijo Združenih narodov, ki bi ga v opravljanju njegovih nalog nasledila, še posebej pa olajšati njegovo dolžnost pri izvajanju nadziranja uporabe določb te Konvencije.“ Pravo Unije Uredba V uvodni izjavi 12 Uredbe je pojasnjeno, da so za obravnavanje oseb, za katere velja Uredba, države članice obvezane s sporazumi mednarodnega prava, katerih pogodbenice so in ki prepovedujejo diskriminacijo. Člen 2 Uredbe med drugim določa: „V tej uredbi: […] (c) ‚prošnja za azil‘ pomeni prošnjo, ki jo vloži državljan tretje države in ki se lahko razume kot zahteva za mednarodno zaščito s strani države članice v okviru Ženevske konvencije. Za katero koli prošnjo za mednarodno zaščito se predpostavlja, da je prošnja za azil, razen če državljan tretje države izrecno zahteva drugačno vrsto zaščite, za katero se lahko zaprosi ločeno; […]“ Člen 3(1) in (2) Uredbe določa: „1.   Države članice obravnavajo prošnjo katerega koli državljana tretje države, ki na meji ali ozemlju katere koli od članic zaprosi za azil. Prošnjo obravnava ena sama država članica, in sicer tista, ki je za to odgovorna glede na merila iz poglavja III. 2.   Z odstopanjem od odstavka 1 lahko vsaka država članica obravnava prošnjo za azil, ki ji jo predloži državljan tretje države, tudi če to obravnavanje ni njena odgovornost glede na merila iz te uredbe. V takem primeru navedena država članica postane odgovorna v smislu te uredbe in prevzame obveznosti v zvezi s to odgovornostjo. […]“ Za določitev „odgovorne države članice“ v smislu člena 3(1) Uredbe je v njenih členih od 6 do 14, ki spadajo v poglavje III, naveden seznam objektivnih meril, ki so razvrščena hierarhično. Člen 15 Uredbe, ki je edini člen v poglavju IV, naslovljenem „Humanitarna določba“, določa: „1.   Katera koli država članica, tudi če ni odgovorna po merilih, določenih v tej uredbi, lahko združi družinske člane ter druge nepreskrbljene sorodnike iz humanitarnih razlogov, zlasti na podlagi družinskih ali kulturnih vidikov. […] 2.   V primeru, da je oseba odvisna od pomoči druge osebe zaradi nosečnosti ali novorojenega otroka, resne bolezni, hude invalidnosti ali starosti, države članice običajno prosilca za azil obdržijo skupaj ali združijo s sorodnikom, ki se nahaja na ozemlju ene od držav članic, pod pogojem, da so družinske vezi obstajale že v izvorni državi. […]“ Poglavje V Uredbe z naslovom „Sprejem in ponovni sprejem“ vsebuje člen 16, ki v odstavku 1 določa: „Države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil po tej uredbi, so obvezane: […] (c) pod pogoji iz člena 20 ponovno sprejeti prosilca, katerega prošnja je obravnavana in ki je na ozemlju druge države članice brez dovoljenja; […]“ Člen 20 Uredbe določa: „Prosilec za azil je ponovno sprejet v skladu s členom 4(5) in členom 16(1)(c), (d) in (e): […] (b) država članica, pozvana, naj sprejme prosilca, mora ustrezno preveriti in odgovoriti na zahtevo, naslovljeno nanjo, čim prej in v nobenem primeru ne kasneje od obdobja enega meseca od njenega prejetja. Če zahteva temelji na podatkih, pridobljenih iz sistema Eurodac, se rok skrajša na dva tedna; (c) če država članica ne sporoči svoje odločitve v roku enega meseca oz. dveh tednov iz pododstavka (b), se šteje, da je privolila v ponovni sprejem prosilca za azil; […]“ Direktiva 2005/85/ES V uvodni izjavi 29 Direktive Sveta 2005/85/ES z dne 1. decembra 2005 o minimalnih standardih glede postopkov za priznanje ali odvzem statusa begunca v državah članicah ( UL L 326, str. 13 ) je pojasnjeno, da ta direktiva ne zadeva postopkov, ki jih ureja Uredba. Člen 8(2) navedene direktive določa: „Države članice zagotovijo, da organ za presojo izdaja odločbe v zvezi s prošnjami za azil na podlagi ustreznega obravnavanja. Države članice zato zagotovijo, da: […] (b) se iz različnih virov, kot npr. od [UNHCR], pridobijo točni in ažurni podatki o splošnih razmerah, ki vladajo v izvornih državah prosilcev za azil, in po potrebi v državah, skozi katere so potovali, ter da so ti podatki dostopni osebju, odgovornemu za obravnavanje prošenj in odločanje; […]“ Člen 21 iste direktive, naslovljen „Vloga UNHCR“, določa: „1.   Države članice omogočijo UNHCR: […] (c) da v okviru izvajanja svojih nadzornih nalog po členu 35 Ženevske konvencije predstavi svoje mnenje v zvezi s posameznimi prošnjami za azil vsem pristojnim organom v kateri koli fazi postopka. […]“ Spor o glavni stvari in vprašanja za predhodno odločanje Z. F. Halaf je iraški državljan, ki je 1. junija 2010 vložil prošnjo za azil v Bolgariji. Ker je iskanje v sistemu Eurodac pokazalo, da je 6. avgusta 2008 že zaprosil za azil v Grčiji, je DAB 6. julija 2010 od grških organov zahtevala, naj ga v skladu s členom 16(1)(c) ponovno sprejmejo. Ker na navedeno zahtevo ni bilo odgovorjeno v roku dveh tednov, določenem v členu 20(1)(b), drugi stavek, Uredbe, je DAB na podlagi člena 20(1)(c) štela, da je Helenska republika privolila v ponovni sprejem Z. F. Halafa. DAB je tako z odločbo z dne 21. julija 2010 zavrnila uvedbo postopka za priznanje statusa begunca v zvezi z Z. F. Halafom in odobrila njegovo predajo Grčiji. Z. F. Halaf je 1. decembra 2010 pri predložitvenem sodišču vložil tožbo, s katero mu je predlagal, naj to odločbo DAB odpravi in ji naloži uvedbo postopka za priznanje statusa begunca. Tožbo je obrazložil zlasti s sklicevanjem na dejstvo, da je UNHCR pozval evropske vlade, naj nehajo predajati prosilce za azil Grčiji. Predložitveno sodišče se ob upoštevanju dejstva, da v primeru Z. F. Halafa nobena okoliščina ne omogoča uporabe člena 15 Uredbe, sprašuje o možnosti uporabe člena 3(2) Uredbe v takem kontekstu. V teh okoliščinah je Administrativen sad Sofija-grad z odločbo z dne 12. oktobra 2011 prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo šest vprašanj. Sodno tajništvo Sodišča je z dopisom z dne 21. decembra 2011 predložitvenemu sodišču poslalo sodbo z dne 21. decembra 2011 v zadevi N. S. in drugi ( C-493/10, ZOdl., str. I-13905 ) in ga pozvalo, naj glede na navedeno sodbo sporoči, ali vztraja pri predlogu za sprejetje predhodne odločbe. Z odločbo z dne 24. januarja 2012, ki je na Sodišče prispela 25. januarja 2012, je Administrativen sad Sofija-grad umaknilo prvo in tretje vprašanje in ohranilo le ta štiri vprašanja za predhodno odločanje: „1. Ali je treba člen 3(2) Uredbe […] razlagati tako, da dovoljuje, da država članica prevzame odgovornost za obravnavanje prošnje za azil, kadar niso podane osebne okoliščine v zvezi z prosilcem za azil, ki utemeljujejo uporabo humanitarne določbe iz člena 15 […] [U]redbe, in kadar država članica, ki je v skladu s členom 3(1) […] [U]redbe odgovorna, ni odgovorila v skladu s členom 20(1) Uredbe […] na zahtevo za ponovni sprejem, pri čemer [U]redba nima določb glede spoštovanja načela solidarnosti iz člena 80 PDEU? 2. Kakšno vsebino ima pravica do azila iz člena 18 v zvezi s členom 53 Listine […] ter v zvezi z opredelitvijo iz člena 2(c) in uvodno izjavo 12 Uredbe […]? 3. Ali je treba člen 3(2) Uredbe […] v zvezi z obveznostjo iz člena 78(1) PDEU, in sicer spoštovanja mednarodnopravnih instrumentov z azilnega področja, razlagati tako, da so države članice, v postopku določitve odgovorne države članice v skladu z Uredbo […], dolžne zaprositi UNHCR za mnenje, kadar so v aktih UNHCR navedena dejstva in sklepne ugotovitve, iz katerih je razvidno, da država članica, ki je odgovorna v skladu s členom 3(1) Uredbe […], krši predpise Evropske unije na azilnem področju? [4.] Če je odgovor na [tretje] vprašanje pritrdilen, […] [a]li je, kadar se […] UNHCR ne zaprosi za mnenje, bistveno kršen postopek določitve odgovorne države članice v skladu s členom 3 Uredbe […] in ali so s tem kršeni pravica do dobrega upravljanja in pravica do učinkovitega pravnega sredstva iz členov 41 in 47 Listine […], zato ker člen 21 Direktive 2005/85 določa pravico tega urada, da v zvezi z obravnavo posamičnih prošenj za azil poda mnenje?“ Vprašanja za predhodno odločanje Dopustnost Vlada Združenega kraljestva, ne da bi izrecno podala ugovor nedopustnosti, trdi, da so vprašanja za predhodno odločanje zgolj teoretična. Meni namreč, da je iz zgoraj navedene sodbe N. S. in drugi razvidno, da bi predaja prosilca za azil Grčiji vodila do resne nevarnosti kršitve člena 4 Listine, in da lahko zdaj pristojni bolgarski organi na podlagi te sodbe določijo državo članico, odgovorno za obravnavanje prošnje za azil. V zvezi s tem je treba poudariti, da v skladu z ustaljeno sodno prakso le nacionalno sodišče, pred katerim poteka sodni postopek in ki mora prevzeti odgovornost za sodno odločbo, ki jo bo izdalo, glede na posebnosti zadeve presodi nujnost sprejetja predhodne odločbe, da bi lahko izdalo sodbo, in upoštevnost vprašanj, ki jih postavi Sodišču. Kadar se postavljena vprašanja nanašajo na razlago prava Unije, mora Sodišče načeloma odločiti (sodbi z dne 10. marca 2009 v zadevi Hartlauer, C-169/07, ZOdl., str. I-1721 , točka 24, in z dne 19. julija 2012 v zadevi Garkalns, C-470/11, točka 17). Iz tega je razvidno, da se predpostavlja upoštevnost vprašanj o pravu Unije. Sodišče lahko odločanje o vprašanju nacionalnega sodišča za predhodno odločanje zavrne samo, če je jasno, da zahtevana razlaga prava Unije nima nobene zveze z resničnostjo ali predmetom spora v postopku o glavni stvari, če je problem hipotetičen ali če Sodišče nima na voljo pravnih in dejanskih elementov, ki so potrebni za to, da bi lahko na zastavljena vprašanja koristno odgovorilo (sodbi z dne 1. junija 2010 v združenih zadevah Blanco Pérez in Chao Gómez, C-570/07 in C-571/07, ZOdl., str. I-4629 , točka 36, in z dne 5. julija 2012 v zadevi Geistbeck, C-509/10, točka 48). Ugotoviti je treba, da je predložitveno sodišče postavilo vprašanja o razlagi pravil iz prava Unije. Zgolj okoliščina, da je Sodišče v zgoraj navedeni sodbi N. S. in drugi že razlagalo nekatera od teh pravil, ne pomeni, da so zdaj navedena vprašanja teoretična ali hipotetična. V teh okoliščinah ni očitno, da zaprošena razlaga prava Unije nima nobene zveze z resničnostjo ali predmetom spora. Argument vlade Združenega kraljestva torej ne zadostuje za ovrženje domneve upoštevnosti iz točke 29 te sodbe. Zato je treba vprašanja, ki jih je postavilo predložitveno sodišče, šteti za dopustna. Prvo vprašanje Predložitveno sodišče s prvim vprašanjem v bistvu sprašuje, ali je treba člen 3(2) Uredbe razlagati tako, da dovoljuje, da država članica, ki se po merilih iz poglavja III Uredbe ne šteje za odgovorno, obravnava prošnjo za azil, čeprav ni nobene okoliščine, ki bi utemeljevala uporabo humanitarne določbe iz člena 15 Uredbe, saj država članica, odgovorna na podlagi navedenih meril, ni odgovorila na zahtevo za ponovni sprejem zadevnega prosilca za azil. V zvezi s tem je treba spomniti, da člen 3(1) Uredbe določa, da prošnjo obravnava ena sama država članica, in sicer tista, ki je za to odgovorna glede na merila iz poglavja III. Vendar člen 3(2) Uredbe izrecno določa, da lahko z odstopanjem od odstavka 1 vsaka država članica obravnava prošnjo za azil, ki ji jo predloži državljan tretje države, tudi če to obravnavanje glede na merila iz Uredbe ni njena odgovornost. Tako je iz besedila samega člena 3(2) Uredbe jasno razvidno, da za uporabo te možnosti ne velja noben poseben pogoj. Ta sklep je potrjen tudi s pripravljalnimi dokumenti za Uredbo. V predlogu Komisije, ki je vodil do njenega sprejetja (COM(2001) 447 final) je namreč pojasnjeno, da je bilo pravilo iz člena 3(2) Uredbe uvedeno, da bi se lahko vsaka država članica glede na politične, humanitarne ali praktične ozire suvereno odločila, da sprejme obravnavo prošnje za azil, tudi če na podlagi meril iz Uredbe za to ni odgovorna. Zato ob upoštevanju obsega diskrecijske pravice, ki je tako dana vsaki državi članici, vprašanje, ali je država članica, ki je odgovorna na podlagi meril iz poglavja III Uredbe, odgovorila na zahtevo po ponovnem sprejemu prosilca za azil, ne vpliva na možnost, da druga država članica obravnava prošnjo za azil na podlagi člena 3(2) Uredbe. Glede na navedeno je treba na prvo vprašanje odgovoriti, da je treba člen 3(2) Uredbe razlagati tako, da dovoljuje, da država članica, ki se po merilih iz poglavja III Uredbe ne šteje za odgovorno, obravnava prošnjo za azil, tudi če ni nobene okoliščine, ki bi utemeljevala uporabo humanitarne določbe iz člena 15 Uredbe. Ta možnost ni pogojena s tem, da država članica, odgovorna na podlagi navedenih meril, ni odgovorila na zahtevo po ponovnem sprejemu zadevnega prosilca za azil. Drugo vprašanje Predložitveno sodišče z drugim vprašanjem sprašuje, kakšno vsebino ima pravica do azila na podlagi člena 18 Listine v povezavi z njenim členom 53 ter z opredelitvijo iz člena 2(c) in uvodno izjavo 12 Uredbe. Iz predložitvene odločbe je razvidno, da je razlog za drugo vprašanje premisa, da bi lahko država članica, kadar je uporaba humanitarne določbe iz člena 15 Uredbe izključena, obravnavala prošnjo za azil na podlagi člena 3(2) Uredbe le, če je dokazano, da država članica, odgovorna na podlagi meril iz poglavja III Uredbe, ne spoštuje pravice, ki jo imajo prosilci za azil na podlagi člena 18 Listine. Glede na to, da je že iz odgovora na prvo vprašanje razvidno, da za uporabo možnosti, ki jo imajo države članice na podlagi člena 3(2) Uredbe, ne velja noben poseben pogoj, na drugo vprašanje ni treba odgovoriti. Tretje vprašanje Predložitveno sodišče s tretjim vprašanjem v bistvu sprašuje, ali mora država članica, v kateri je prosilec za azil, v postopku določitve odgovorne države članice UNHCR zaprositi za mnenje, kadar je iz dokumentov te organizacije razvidno, da država članica, odgovorna na podlagi meril iz poglavja III Uredbe, krši pravila iz prava Unije na azilnem področju. Najprej je treba spomniti, da so dokumenti, ki jih izda UNHCR, del instrumentov, ki lahko državam članicam omogočijo presojo delovanja azilnega sistema v državi članici, odgovorni po merilih iz poglavja III Uredbe, in tako oceno dejanskih tveganj za prosilca za azil, če bi bil predan tej državi članici (glej v tem smislu zgoraj navedeno sodbo N. S. in drugi, točki 90 in 91). Pri tej presoji so navedeni dokumenti glede na vlogo, ki jo ima UNHCR v skladu z Ženevsko konvencijo, ob upoštevanju katere je treba razlagati pravila iz prava Unije o azilu, posebej upoštevni (glej v tem smislu zgoraj navedeno sodbo N. S. in drugi, točka 75, in sodbo z dne 19. decembra 2012 v zadevi Abed El Karem El Kott in drugi, C-364/11, točka 43). Čeprav člena 8(2)(b) in 21 Direktive 2005/85 določata različne oblike sodelovanja med UNHCR in državami članicami, kadar te obravnavajo prošnjo za azil, pa se ta pravila, kot je pojasnjeno v uvodni izjavi 29 Direktive 2005/85, ne uporabljajo v postopku določitve odgovorne države članice v skladu z Uredbo. V zvezi s tem je treba pojasniti, da državi članici nič ne preprečuje, da UNHCR zaprosi za mnenje, če meni, da je to smotrno, zlasti v položaju, kot je ta iz zadeve v postopku v glavni stvari. Glede na navedeno je treba na tretje vprašanje odgovoriti, da kadar je iz dokumentov UNHCR razvidno, da država članica, odgovorna na podlagi meril iz poglavja III Uredbe, krši pravila iz prava Unije na azilnem področju, državi članici, v kateri je prosilec za azil, v postopku določitve odgovorne države članice ni treba zaprositi te organizacije za mnenje. Četrto vprašanje Glede na odgovor na tretje vprašanje na četrto ni treba odgovoriti. Stroški Ker je ta postopek za stranke v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških. Stroški za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo. Iz teh razlogov je Sodišče (četrti senat) razsodilo: 1. Člen 3(2) Uredbe Sveta (ES) št. 343/2003 z dne 18. februarja 2003 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države je treba razlagati tako, da dovoljuje, da država članica, ki se po merilih iz poglavja III te uredbe ne šteje za odgovorno, obravnava prošnjo za azil, tudi če ni nobene okoliščine, ki bi utemeljevala uporabo humanitarne določbe iz člena 15 navedene uredbe. Ta možnost ni pogojena s tem, da država članica, odgovorna na podlagi navedenih meril, ni odgovorila na zahtevo po ponovnem sprejemu zadevnega prosilca za azil. 2. Kadar je iz dokumentov Urada visokega komisarja Združenih narodov za begunce razvidno, da država članica, odgovorna na podlagi meril iz poglavja III Uredbe št. 343/2003, krši pravila iz prava Unije na azilnem področju, državi članici, v kateri je prosilec za azil, v postopku določitve odgovorne države članice ni treba zaprositi te organizacije za mnenje. Podpisi ( *1 ) Jezik postopka: bolgarščina.

62000CJ0240

fr

Motifs de l'arrêt 1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 15 juin 2000, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ne procédant pas au classement complet et définitif des zones de protection spéciale, la république de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1, ci-après la «directive oiseaux»). La directive oiseaux 2 L'article 4, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive oiseaux prévoit: «1. Les espèces mentionnées à l'annexe I font l'objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin d'assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution. À cet égard, il est tenu compte: a) des espèces menacées de disparition; b) des espèces vulnérables à certaines modifications de leurs habitats; c) des espèces considérées comme rares parce que leurs populations sont faibles ou que leur répartition locale est restreinte; d) d'autres espèces nécessitant une attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat. Il sera tenu compte, pour procéder aux évaluations, des tendances et des variations des niveaux de population. Les États membres classent notamment en zones de protection spéciale les territoires les plus appropriés en nombre et en superficie à la conservation de ces dernières dans la zone géographique maritime et terrestre d'application de la présente directive. 2. Les États membres prennent des mesures similaires à l'égard des espèces migratrices non visées à l'annexe I dont la venue est régulière, compte tenu des besoins de protection dans la zone géographique maritime et terrestre d'application de la présente directive en ce qui concerne leurs aires de reproduction, de mue et d'hivernage et les zones de relais dans leur aire de migration. À cette fin, les États membres attachent une importance particulière à la protection des zones humides et tout particulièrement de celles d'importance internationale. 3. Les États membres adressent à la Commission toutes les informations utiles de manière à ce qu'elle puisse prendre les initiatives appropriées en vue de la coordination nécessaire pour que les zones visées au paragraphe 1, d'une part, et au paragraphe 2, d'autre part, constituent un réseau cohérent répondant aux besoins de protection des espèces dans la zone géographique maritime et terrestre d'application de la présente directive.» La procédure précontentieuse 3 Par lettre du 11 octobre 1996, les autorités finlandaises ont adressé à la Commission des informations relatives à 15 territoires classés en zones de protection spéciale (ci-après les «ZPS») et couvrant une superficie totale de 967 km2. 4 Le 10 juillet 1998, la Commission a adressé à la république de Finlande une lettre de mise en demeure reprochant à cette dernière le non-respect des dispositions de l'article 4, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive oiseaux. Dans cette lettre, il était constaté que la liste des ZPS adressée à la Commission par ledit État membre le 11 octobre 1996 était manifestement incomplète et ne suffisait pas à satisfaire aux exigences de la directive oiseaux. Ladite lettre mentionnait certains exemples précis de sites, tels que les tourbières de Kemihaara, qu'il aurait fallu classer en ZPS. 5 Par lettre du 9 octobre 1998, le gouvernement finlandais a informé la Commission que le Conseil des ministres finlandais avait adopté, le 20 août 1998, une décision relative à la proposition finlandaise Natura 2000, conformément à la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7, ci-après la «directive habitats»). Cette décision (ci-après la «décision du Conseil des ministres») contiendrait la liste des ZPS désignées conformément à l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive oiseaux. 6 Dans cette même lettre, il était indiqué que la décision du Conseil des ministres, qui avait été communiquée à titre provisoire à la Commission par lettre du 3 septembre 1998, serait notifiée à cette dernière au terme du délai de recours prévu par la loi finlandaise en matière de décisions du Conseil des ministres, soit au plus tôt en novembre 1998. Le gouvernement finlandais soulignait en outre que la liste des ZPS devant être transmise à la Commission indiquerait également les zones faisant l'objet d'un recours devant une juridiction nationale et qui ne pourraient de ce fait être intégrées au réseau Natura 2000 en tant que ZPS que lorsqu'il aurait été statué sur ces recours. À la fin de ladite lettre, il était précisé que les tourbières de Kemihaara n'avaient pas été incluses dans la proposition relative au programme Natura 2000. 7 Par lettre du 15 décembre 1998, le gouvernement finlandais a déclaré que, pendant le délai de recours, environ 850 demandes avaient été introduites devant le Korkein hallinto-oikeus (Finlande), visant à obtenir la modification de 610 points différents de la décision du Conseil des ministres. De nombreux recours auraient visé à obtenir que celle-ci soit rectifiée sur plusieurs points. À cet égard, ce gouvernement précisait qu'il se réservait la possibilité de modifier la liste des zones entrant dans le réseau Natura 2000 adressée à la Commission dans le sens indiqué par ladite juridiction nationale lorsque cette dernière aurait statué sur les recours dont elle était saisie. Dès lors, au regard de l'Union européenne, la décision susmentionnée n'aurait pas concerné les zones faisant l'objet d'un recours. Ainsi, les ZPS prévues par la directive oiseaux ne pourraient être intégrées audit réseau que lorsque le Korkein hallinto-oikeus aurait statué sur les recours dans un sens permettant une telle intégration. 8 Par lettre du 17 décembre 1998, la Commission a émis un avis motivé dans lequel elle considérait que le classement de certains sites en ZPS établi par les autorités finlandaises n'était pas suffisant ou, à tout le moins, que celles-ci ne lui avaient pas fourni la liste complète des ZPS à classer comme telles ni les informations d'ordre géographique nécessaires à cet égard. Selon la Commission, la république de Finlande aurait dû, compte tenu des données scientifiques disponibles, classer en ZPS au moins les 91 zones répertoriées dans le rapport BirdLife de 1997 (ci-après le «rapport BirdLife») comme zones importantes pour la conservation des oiseaux (il s'agit des «Important Bird Areas», ci-après les «IBA»). Parmi ces zones, 12 d'entre elles seulement auraient été classées en ZPS. La Commission a de nouveau souligné que les tourbières de Kemihaara, notamment, n'avaient pas été classées en ZPS, bien que cette région figure dans ledit rapport. 9 Par lettre du 23 décembre 1998, les autorités finlandaises ont communiqué à la Commission la décision du Conseil des ministres, comprenant notamment une liste de 439 ZPS dont la superficie totale représente environ 2,81 millions d'hectares. 10 Ladite décision précise cependant que, au regard de la Communauté européenne, la proposition finlandaise ne concerne pas les zones faisant l'objet d'un recours. S'agissant des ZPS prévues par la directive oiseaux, cela signifierait que la liste de celles-ci adressée à la Commission indique les zones faisant l'objet d'un recours devant le Korkein hallinto-oikeus et ne pouvant de ce fait être intégrées dans le réseau Natura 2000 comme ZPS qu'après que ladite juridiction aura statué sur ces recours dans un sens permettant leur intégration à ce réseau. 11 Par lettre du 11 février 1999, les autorités finlandaises ont répondu à l'avis motivé de la Commission. Elles ont notamment indiqué que les ZPS proposées en vue de leur incorporation dans le réseau Natura 2000 avaient été délimitées au moyen de critères scientifiques. Cette lettre confirmait en outre que, compte tenu des recours pendants contre la décision du Conseil des ministres, celle-ci n'avait pas force de loi. 12 Par lettre adressée à la Commission le 19 mars 1999, les autorités finlandaises ont précisé que, même en ce qui concerne les ZPS n'ayant pas fait l'objet d'un recours spécifique, la décision du Conseil des ministres pourrait être modifiée en raison des décisions de justice rendues à la suite de recours ayant invoqué des vices de procédure. Sur le recours 13 La Commission fait grief à la république de Finlande, en premier lieu, de ne pas avoir opéré un classement définitif des ZPS et, en second lieu, de ne pas avoir opéré un classement complet de celles-ci. Sur le grief tiré de l'absence de classement définitif des ZPS Arguments des parties 14 La Commission fait valoir que la liste des territoires désignés comme ZPS qui lui a été adressée par les autorités finlandaises le 23 décembre 1998 n'est pas définitive, puisque des modifications peuvent y être apportées à la suite du jugement des recours actuellement pendants devant le Korkein hallinto-oikeus. Dès lors, la république de Finlande aurait violé les dispositions de l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive oiseaux. En outre, faute d'avoir reçu la liste définitive des ZPS situées sur le territoire finlandais, la Commission n'aurait pu arrêter les mesures nécessaires en vue de constituer un réseau cohérent, ainsi que le prévoit l'article 4, paragraphe 3, de ladite directive. 15 Le gouvernement finlandais reconnaît qu'il n'avait pas transmis la liste définitive des ZPS à l'expiration du délai fixé dans l'avis motivé. En effet, à cette date, la décision du Conseil des ministres n'était pas encore entrée en vigueur en raison des recours dont elle était frappée. Toutefois, il conteste que ce retard ait porté préjudice à la réalisation des objectifs des directives oiseaux et habitats ainsi qu'à la poursuite des travaux de la Commission. En effet, les autorités finlandaises auraient communiqué à la Commission, par lettre du 18 décembre 1998, soit avant le terme dudit délai, les renseignements afférents à toutes les zones proposées par elles en vertu de la directive habitats et à toutes les ZPS classées au titre de la directive oiseaux. Ces renseignements, notifiés au moyen du formulaire prescrit par la décision 97/266/CE de la Commission, du 18 décembre 1996, concernant le formulaire d'information d'un site proposé comme site Natura 2000 (JO 1997, L 107, p. 1), répondraient donc aux exigences de l'article 4, paragraphe 3, de la directive oiseaux. Appréciation de la Cour 16 Il convient de rappeler que l'article 4, paragraphe 1, de la directive oiseaux impose aux États membres une obligation de classer en ZPS les territoires les plus appropriés en nombre et en superficie à la conservation des espèces mentionnées à l'annexe I de cette directive (voir arrêt du 19 mai 1998, Commission/Pays-Bas, C-3/96, Rec. p. I-3031, point 55). En vertu du paragraphe 2 de la même disposition, les États membres classent également en ZPS les aires de reproduction, de mue et d'hivernage des espèces migratrices non visées à ladite annexe dont la venue est régulière, ainsi que les zones de relais dans leur aire de migration (voir, en ce sens, arrêt du 18 mars 1999, Commission/France, C-166/97, Rec. p. I-1719, points 14 et 15, et du 7 décembre 2000, Commission/France, C-374/98, Rec. p. I-10799, point 16). 17 Il n'est pas contesté que certains des sites figurant sur la liste des ZPS énumérées dans la décision du Conseil des ministres devaient être classés en ZPS en vertu de l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive oiseaux. 18 Il est constant que, la décision du Conseil des ministres n'étant pas encore entrée en vigueur à la date d'expiration du délai fixé dans l'avis motivé en raison des recours dont elle faisait l'objet, lesdits sites n'étaient pas classés de manière définitive en ZPS. 19 Or, un classement virtuel de sites en ZPS, tel que celui résultant de la décision du Conseil des ministres, modifiable en fonction du jugement des recours intentés à l'encontre de celle-ci, ne saurait être considéré comme constituant une exécution valable de l'obligation de classement qui incombe aux États membres en vertu de l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive oiseaux. 20 Au demeurant, l'absence d'un classement définitif en ZPS des sites en question est susceptible d'empêcher la Commission de prendre, conformément à l'article 4, paragraphe 3, de la directive oiseaux, les initiatives appropriées en vue de la coordination nécessaire pour que les ZPS constituent un réseau cohérent. 21 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que, en ne procédant pas au classement définitif en ZPS de certains sites figurant sur la liste des ZPS énumérées dans la décision du Conseil des ministres, la république de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive oiseaux. Par conséquent, le recours de la Commission doit être considéré comme fondé sur ce point. Sur le grief tiré du caractère incomplet de la liste des ZPS Arguments des parties 22 La Commission rappelle que le rapport BirdLife, élaboré en collaboration avec la direction finlandaise de l'environnement et proposé en vue d'établir la liste des IBA, dénombrait 96 zones méritant de figurer sur la liste des ZPS relative au territoire finlandais. La république de Finlande n'aurait toutefois procédé qu'au classement de 69 seulement de ces zones. En particulier, les tourbières de Kemihaara, qui sont répertoriées dans le rapport BirdLife comme un site d'importance internationale, ne figureraient pas sur la liste des ZPS recensées dans la décision du Conseil des ministres. La valeur ornithologique de ces tourbières tiendrait au fait qu'elles constituent l'une des zones de nidification d'espèces énumérées à l'annexe I de la directive oiseaux. L'absence de mention de ce site ainsi que de 17 autres sites importants pour la conservation des oiseaux sauvages parmi les ZPS proposées par ledit État membre prouverait que les autorités finlandaises n'ont pas tenu compte de critères scientifiques lors de la procédure de classement des ZPS. 23 La Commission ajoute que le rapport BirdLife a été confirmé, en ce qui concerne la liste des IBA finlandaises, par l'ouvrage sur les IBA en Europe, intitulé «Important Bird Areas in Europe», Volume 1: Northern Europe, BirdLife Conservation Series n_ 8, BirdLife International, 2000. Compte tenu de la dimension européenne de cet inventaire des IBA et de sa valeur scientifique, la république de Finlande aurait dû, si elle entendait le contester, fournir des éléments de preuve scientifiques. Or, malgré les demandes de la Commission en ce sens, les autorités finlandaises n'auraient pas produit d'éléments permettant de vérifier qu'elles se sont fondées sur des critères scientifiques pour procéder au choix des sites à classer en ZPS. En tout état de cause, il serait évident que des zones dont la valeur ornithologique est importante n'auraient pas été classées en ZPS. 24 Le gouvernement finlandais soutient, en premier lieu, qu'il s'est fondé sur les critères scientifiques énoncés par la directive oiseaux pour dresser la liste des ZPS finlandaises. À cet égard, il indique qu'il a transmis à la Commission des informations complètes relatives aux critères l'ayant guidé dans le choix de ces ZPS en utilisant le formulaire prévu dans la décision 97/266. En outre, il précise que le Korkein hallinto-oikeus, durant l'été de l'année 2000, a statué sur la totalité des recours dirigés contre la décision du Conseil des ministres. Cette juridiction aurait considéré que les critères de choix et de délimitation des ZPS étaient de nature écologique, comme l'exigent les directives oiseaux et habitats. Elle serait parvenue à cette conclusion après avoir procédé à un examen approfondi de chaque recours et après avoir vérifié que ladite décision repose, s'agissant de chacune des zones et de la délimitation de celles-ci, sur des faits exacts et sur des études de la valeur écologique des sites fondées sur des connaissances scientifiques fiables. À l'issue de cet examen, le Korkein hallinto-oikeus aurait: - accueilli les recours relatifs à 50 zones, parmi lesquelles 18 ZPS mentionnées dans la décision du Conseil des ministres; - ordonné des modifications de la délimitation de 4 ZPS et, pour les 14 autres ZPS, renvoyé l'affaire au Conseil des ministres pour qu'il les agrandisse ou les réduise selon les cas, et - renvoyé l'affaire au Conseil des ministres pour 4 sites qui ne figurent pas dans le projet Natura 2000. Il s'agit des tourbières de Kemihaara ainsi que des sites du Karunginjärvi, de Peuralamminneva et de Korpoo Långviken. 25 En deuxième lieu, le gouvernement finlandais fait valoir que le rapport BirdLife ne constitue pas un moyen de preuve scientifique permettant d'apprécier si la république de Finlande a classé comme ZPS les territoires les plus appropriés au sens de l'article 4 de la directive oiseaux. D'abord, ce rapport n'aurait pas été complet à la date d'expiration du délai fixé dans l'avis motivé, de sorte qu'il n'était pas certain que toutes les zones qui y étaient proposées en tant qu'IBA seraient confirmées au niveau international ni que d'autres sites ne seraient pas proposés par BirdLife Finlande, organisme regroupant les associations ornithologiques finlandaises. Ensuite, les critères adoptés pour proposer lesdites zones comme IBA ne se prêteraient pas bien à l'évaluation de l'avifaune finlandaise et des erreurs auraient été commises en ce qui concerne le comptage des spécimens des espèces d'oiseaux protégées. Enfin, certaines zones feraient défaut dans le rapport BirdLife alors qu'elles présenteraient de l'importance pour l'avifaune, y compris sur le plan international. 26 Le gouvernement finlandais conclut sur ce point qu'il n'aurait pas pu fonder son choix des ZPS sur le seul rapport BirdLife, à moins qu'il n'ait existé une liste des IBA définitive et entérinée sur le plan international. 27 En troisième lieu, ce gouvernement fait valoir que la liste des ZPS finlandaises ne serait insuffisante que si le nombre et la superficie des sites désignés à ce titre étaient manifestement inférieurs au nombre et à la superficie des sites considérés comme les plus appropriés à la conservation des espèces d'oiseaux visées à l'article 4 de la directive oiseaux. Or, les autorités finlandaises auraient classé en ZPS un nombre plus élevé de sites et une superficie totale plus étendue que ceux prévus par l'inventaire des IBA publié en 1989 ou par la liste des IBA proposées dans le rapport BirdLife. En tout état de cause, il ne découlerait ni de l'article 4 de la directive ni de la jurisprudence de la Cour que la liste des ZPS finlandaises doit être conforme à la liste des IBA énumérées dans le rapport BirdLife. Il ne ressortirait pas davantage de la jurisprudence que les autorités finlandaises doivent justifier scientifiquement la non-inclusion dans la liste des ZPS de sites figurant sur ladite liste des IBA. Appréciation de la Cour 28 Il importe de rappeler que, à la date d'expiration du délai fixé dans l'avis motivé, la décision du Conseil des ministres incluait une liste de ZPS qui non seulement n'était pas en vigueur, mais n'était pas non plus définitive, cette liste pouvant être modifiée notamment par des ajouts ou des retraits de sites, ainsi que l'a indiqué le gouvernement finlandais. 29 Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner le grief de la Commission en ce qu'il est fondé sur la circonstance que la liste des ZPS figurant dans la décision du Conseil des ministres est incomplète au motif qu'elle ne prévoit le classement en ZPS que de 69 des 96 sites retenus dans le rapport BirdLife comme méritant de bénéficier d'un tel classement. 30 En effet, compte tenu du fait que, à la date d'expiration dudit délai, la liste en question n'était pas en vigueur et avait un caractère non définitif et modifiable, le grief ainsi invoqué par la Commission ne concerne pas une situation effective au moment pertinent aux fins d'apprécier l'existence d'un éventuel manquement. 31 Néanmoins, il est constant que, à la date susdite, seuls 15 sites avaient été définitivement classés comme ZPS en Finlande. Il est également constant que ce classement n'était, en tout état de cause, pas suffisant au regard des obligations incombant à la république de Finlande en vertu de la directive oiseaux et, notamment, de son article 4, paragraphes 1 et 2. 32 Il convient donc de constater que, en ne procédant pas au classement complet en ZPS des sites les plus appropriés au sens de l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive oiseaux, la république de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites dispositions. Dès lors, le recours de la Commission doit également être accueilli sur ce point. 33 En conséquence, force est de constater que, en ne procédant pas au classement définitif et complet des ZPS situées sur son territoire, la république de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive oiseaux. Décisions sur les dépenses Sur les dépens 34 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la république de Finlande et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens. Dispositif Par ces motifs, LA COUR (sixième chambre) déclare et arrête: 1) En ne procédant pas au classement définitif et complet des zones de protection spéciale situées sur son territoire, la république de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979 , concernant la conservation des oiseaux sauvages. 2) La république de Finlande est condamnée aux dépens.

62019CJ0117

de

Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung der Verordnung (EG) Nr. 945/2005 des Rates vom 21. Juni 2005 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 658/2002 zur Einführung eines endgültigen Antidumpingzolls auf die Einfuhren von Ammoniumnitrat mit Ursprung in Russland und der Verordnung (EG) Nr. 132/2001 zur Einführung eines endgültigen Antidumpingzolls auf die Einfuhren von Ammoniumnitrat mit Ursprung in unter anderem der Ukraine nach einer teilweisen Interimsüberprüfung gemäß Artikel 11 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 384/96 ( ABl. 2005, L 160, S. 1 ). Es ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen der „Linas Agro“ AB und dem Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Zollabteilung des Finanzministeriums, Litauen) (im Folgenden: zentrale Steuerverwaltung) wegen der Entrichtung endgültiger Antidumpingzölle auf Einfuhren von Düngemitteln auf Ammoniumnitratbasis. Rechtlicher Rahmen Grundverordnungen Da die im Ausgangsverfahren in Rede stehenden Einfuhren in der Zeit vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2017 erfolgten, fielen sie nacheinander unter die Verordnung (EG) Nr. 1225/2009 des Rates vom 30. November 2009 über den Schutz gegen gedumpte Einfuhren aus nicht zur Europäischen Gemeinschaft gehörenden Ländern ( ABl. 2009, L 343, S. 51 ) und dann unter die Verordnung (EU) 2016/1036 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 über den Schutz gegen gedumpte Einfuhren aus nicht zur Europäischen Union gehörenden Ländern ( ABl. 2016, L 176, S. 21 ) (im Folgenden: Grundverordnungen). Da jedoch die einschlägigen Bestimmungen dieser Verordnungen nicht wesentlich geändert wurden, werden nur die relevanten Bestimmungen der Verordnung 2016/1036 wiedergegeben. Art. 11 („Geltungsdauer, Überprüfung und Erstattung“) der Verordnung 2016/1036 bestimmt in den Abs. 1 bis 3: „(1)   Eine Antidumpingmaßnahme bleibt nur solange und in dem Umfang in Kraft, wie dies notwendig ist, um das schädigende Dumping unwirksam zu machen. (2)   Eine endgültige Antidumpingmaßnahme tritt fünf Jahre nach ihrer Einführung oder fünf Jahre nach dem Datum des Abschlusses der letzten Überprüfung außer Kraft, die sowohl das Dumping als auch die Schädigung betraf, außer wenn in einer Überprüfung festgestellt wird, dass das Dumping und die Schädigung bei einem Auslaufen der Maßnahme wahrscheinlich anhalten oder erneut auftreten würden. Eine solche Überprüfung bei Auslaufen der Maßnahme wird von der Kommission von Amts wegen oder auf einen von den Unionsherstellern oder in deren Namen gestellten Antrag hin eingeleitet, und die Maßnahme bleibt bis zum Abschluss dieser Überprüfung in Kraft. Eine Überprüfung bei Auslaufen der Maßnahme wird eingeleitet, wenn der Antrag genügend Beweise dafür enthält, dass das Dumping und die Schädigung bei einem Auslaufen der Maßnahmen wahrscheinlich anhalten oder erneut auftreten würden. Diese Wahrscheinlichkeit kann beispielsweise durch Beweise für ein Anhalten des Dumpings und der Schädigung aufgezeigt werden oder durch Beweise dafür, dass die Beseitigung der Schädigung teilweise oder ausschließlich auf die geltenden Maßnahmen zurückzuführen ist, oder durch Beweise dafür, dass die Umstände der Ausführer oder die Marktbedingungen darauf hindeuten, dass das schädigende Dumping wahrscheinlich anhalten wird. Im Rahmen der Untersuchungen gemäß diesem Absatz erhalten die Ausführer, die Einführer, die Vertreter des Ausfuhrlandes und die Unionshersteller Gelegenheit, die in dem Überprüfungsantrag dargelegten Behauptungen zu ergänzen, zu widerlegen oder zu erläutern, und in den Schlussfolgerungen werden alle einschlägigen und ordnungsgemäß belegten Beweise gebührend berücksichtigt, die im Zusammenhang mit der Frage vorgelegt werden, ob die Schädigung und das Dumping bei einem Auslaufen der Maßnahmen wahrscheinlich anhalten oder erneut auftreten würden. Eine Bekanntmachung über das bevorstehende Auslaufen der Maßnahme wird im Amtsblatt der Europäischen Union zu einem geeigneten Zeitpunkt im letzten Jahr der Geltungsdauer der Maßnahmen gemäß diesem Absatz veröffentlicht. Danach sind die Unionshersteller bis spätestens drei Monate vor Ablauf des Fünfjahreszeitraums berechtigt, einen Antrag auf Überprüfung gemäß Unterabsatz 2 zu stellen. Ferner wird eine Bekanntmachung über das tatsächliche Auslaufen von Maßnahmen gemäß diesem Absatz veröffentlicht. (3)   Die Notwendigkeit der Aufrechterhaltung der Maßnahmen kann bei Bedarf ebenfalls von der Kommission von Amts wegen oder auf Antrag eines Mitgliedstaats oder, sofern seit der Einführung der endgültigen Maßnahme eine angemessene Zeitspanne, mindestens aber ein Jahr vergangen ist, auf Antrag eines Ausführers oder Einführers oder der Unionshersteller überprüft werden, wenn dieser Antrag ausreichende Beweise für die Notwendigkeit einer solchen Interimsüberprüfung enthält. Eine Interimsüberprüfung wird eingeleitet, wenn der Antrag ausreichende Beweise dafür enthält, dass die Aufrechterhaltung der Maßnahme zum Ausgleich des Dumpings nicht mehr notwendig ist und/oder dass die Schädigung im Fall der Aufhebung oder Änderung der Maßnahme wahrscheinlich nicht anhalten oder erneut auftreten würde oder dass die Maßnahme nicht oder nicht mehr ausreicht, um das schädigende Dumping unwirksam zu machen. Bei Untersuchungen gemäß diesem Absatz kann die Kommission unter anderem prüfen, ob sich die Umstände hinsichtlich des Dumpings und der Schädigung wesentlich verändert haben oder ob die geltenden Maßnahmen zum angestrebten Ergebnis führen und die Beseitigung der gemäß Artikel 3 festgestellten Schädigung ermöglichen. Zu diesen Fragen werden alle einschlägigen und ordnungsgemäß belegten Beweise in der endgültigen Feststellung berücksichtigt.“ Art. 13 („Umgehung“) Abs. 1 Unterabs. 1 bis 3 dieser Verordnung lautet: „Die gemäß dieser Verordnung eingeführten Antidumpingzölle können auf die Einfuhren der gleichartigen Ware aus Drittländern, geringfügig verändert oder nicht, auf die Einfuhren der geringfügig veränderten gleichartigen Ware aus dem von Maßnahmen betroffenen Land oder auf die Einfuhren von Teilen dieser Ware ausgeweitet werden, wenn eine Umgehung der geltenden Maßnahmen stattfindet. Antidumpingzölle, die den gemäß Artikel 9 Absatz 5 eingeführten residualen Antidumpingzoll nicht übersteigen, können auf die Einfuhren von Unternehmen in den von Maßnahmen betroffenen Ländern, für die ein unternehmensspezifischer Zoll gilt, ausgeweitet werden, wenn eine Umgehung der geltenden Maßnahmen stattfindet. Die Umgehung wird als eine Veränderung des Handelsgefüges zwischen den Drittländern und der Union oder zwischen einzelnen Unternehmen in dem von Maßnahmen betroffenen Land und der Union definiert, die sich aus einer Praxis, einem Fertigungsprozess oder einer Arbeit ergibt, für die es außer der Einführung des Zolls keine hinreichende Begründung oder wirtschaftliche Rechtfertigung gibt, und wenn Beweise für eine Schädigung oder dafür vorliegen, dass die Abhilfewirkung des Zolls im Hinblick auf die Preise und/oder Mengen der gleichartigen Ware untergraben wird, und wenn erforderlichenfalls im Einklang mit Artikel 2 ermittelte Beweise für Dumping im Verhältnis zu den Normalwerten, die für die gleichartige Ware vorher festgestellt wurden, vorliegen.“ Art. 14 („Allgemeine Bestimmungen“) der Verordnung 2016/1036 sieht in Abs. 1 Unterabs. 1 Satz 1 vor: „Vorläufige oder endgültige Antidumpingzölle werden durch Verordnung eingeführt und von den Mitgliedstaaten in der Form, zu dem Satz und nach den sonstigen Modalitäten erhoben, die in der Verordnung zur Einführung dieser Zölle festgelegt sind.“ Durchführungsverordnung (EU) Nr. 999/2014 In den Erwägungsgründen 1, 2 und 44 bis 48 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 999/2014 der Kommission vom 23. September 2014 zur Einführung eines endgültigen Antidumpingzolls auf die Einfuhren von Ammoniumnitrat mit Ursprung in Russland im Anschluss an eine Auslaufüberprüfung nach Artikel 11 Absatz 2 der Verordnung Nr. 1225/2009 ( ABl. 2014, L 280, S. 19 ) heißt es: „(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 2022/95 [des Rates vom 16. August 1995 zur Einführung eines endgültigen Antidumpingzolls auf die Einfuhren von Ammoniumnitrat mit Ursprung in Russland ( ABl. 1995, L 198, S. 1 )] führte der Rat einen endgültigen Antidumpingzoll auf die Einfuhren von Ammoniumnitrat, das derzeit unter den KN‑Codes 31023090 und 31024090 eingereiht wird, mit Ursprung in Russland ein. Nach einer weiteren Untersuchung, bei der sich herausstellte, dass der Zoll aufgefangen wurde, wurden die Maßnahmen durch die Verordnung (EG) Nr. 663/98 [des Rates vom 23. März 1998 zur Änderung der Verordnung Nr. 2022/95 ( ABl. 1998, L 93, S. 1 )] geändert. Nach [einer] ersten Auslaufüberprüfung und einer ersten Interimsüberprüfung gemäß Artikel 11 Absatz 2 beziehungsweise Absatz 3 der [Verordnung Nr. 1225/2009] wurde mit der Verordnung (EG) Nr. 658/2002 des Rates [vom 15. April 2002 zur Einführung eines endgültigen Antidumpingzolls auf die Einfuhren von Ammoniumnitrat mit Ursprung in Russland ( ABl. 2002, L 102, S. 1 )] ein endgültiger Antidumpingzoll in Höhe von 47,07 [Euro] pro Tonne auf die Einfuhren von Ammoniumnitrat der KN‑Codes 31023090 und 31024090 mit Ursprung in Russland eingeführt. Im weiteren Verlauf wurde eine Interimsüberprüfung nach Artikel 11 Absatz 3 der [Verordnung Nr. 1225/2009] bezüglich der Warendefinition durchgeführt; daraufhin wurden mit der Verordnung [Nr. 945/2005] endgültige Antidumpingzölle in Höhe von 41,42 [Euro] bis 47,07 [Euro] je Tonne auf die Einfuhren fester Düngemittel mit einem Gehalt an Ammoniumnitrat von mehr als 80 GHT, die derzeit unter den KN‑Codes 31023090, 31024090, ex31022900, ex31026000, ex31029000, ex31051000, ex31052010, ex31055100, ex31055900 und ex31059020 eingereiht werden, mit Ursprung in Russland eingeführt. (2) Im Anschluss an eine zweite Auslaufüberprüfung und eine zweite teilweise Interimsüberprüfung nach Artikel 11 Absätze 2 und 3 der [Verordnung Nr. 1225/2009] beschloss der Rat mit der Verordnung (EG) Nr. 661/2008 [vom 8. Juli 2008 zur Einführung eines endgültigen Antidumpingzolls auf die Einfuhren von Ammoniumnitrat mit Ursprung in Russland nach einer Überprüfung wegen bevorstehenden Außerkrafttretens gemäß Artikel 11 Absatz 2 und einer teilweisen Interimsüberprüfung gemäß Artikel 11 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 384/96 ( ABl. 2008, L 185, S. 1 )], die geltenden Maßnahmen aufrechtzuerhalten. … … (44) Bei der von dieser Überprüfung betroffenen Ware handelt es sich um die in der Verordnung [Nr. 661/2008] definierte Ware, d. h. feste Düngemittel mit einem Gehalt an Ammoniumnitrat von mehr als 80 GHT, die derzeit unter den KN‑Codes 31023090, 31024090, ex31022900, ex31026000, ex31029000, ex31051000, ex31052010, ex31055100, ex31055900 und ex31059020 eingereiht werden, mit Ursprung in Russland (‚AN‘ oder ‚betroffene Ware‘). … (45) Der Hauptrohstoff für die Herstellung von AN ist Gas, auf das 70 % bis 80 % der gesamten Produktionskosten entfallen. Die Ausweitung der Warendefinition im Jahr 2005 zielte darauf ab, auch Ammoniumnitrat, dem Phosphor- und/oder Kaliumnährstoffe beigemengt wurden, aufzunehmen, da festgestellt worden war, dass diese Mischungen im Wesentlichen dieselben grundlegenden materiellen und chemischen Eigenschaften und dieselben agronomischen Eigenschaften aufweisen. (46) Es sei darauf hingewiesen, dass unter die KN‑Codes 31023090 und 31024090 (‚Anderes Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) als in wässriger Lösung‘ beziehungsweise ‚Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 28 GHT‘) sowohl AN fallen kann, das für industrielle Zwecke (beispielsweise die Herstellung von Explosivstoffen) verwendet wird, als auch AN, das für landwirtschaftliche Zwecke verwendet wird. Beide Typen weisen dieselben technischen und chemischen Eigenschaften auf, sind leicht austauschbar und werden als betroffene Ware angesehen. (47) Nach ihrer Unterrichtung, brachten die Vertreter der russischen Behörden vor, dass die 2005 erfolgte Ausweitung der Warendefinition nicht mit dem WTO-Antidumpingübereinkommen [der Welthandelsorganisation] im Einklang stehe, da in Bezug auf die zusätzlichen Waren, die von der Erweiterung der Warendefinition betroffen waren, keine Ermittlung des Dumpings, der Schädigung und des ursächlichen Zusammenhangs erfolgt sei. (48) Aus den bereits in Erwägungsgrund 22 dargelegten Gründen ist dieses Vorbringen unbegründet und wird daher zurückgewiesen.“ Art. 1 Abs. 1 dieser Durchführungsverordnung sieht vor: „Es wird ein endgültiger Antidumpingzoll auf die Einfuhren fester Düngemittel mit einem Gehalt an Ammoniumnitrat von mehr als 80 GHT mit Ursprung in Russland eingeführt, die derzeit unter den KN‑Codes … ex31052010 … eingereiht werden.“ Nach Art. 1 Abs. 2 Buchst. c der Durchführungsverordnung beträgt der feste Zoll (Euro pro Tonne) für alle Waren, die von anderen als den in Art. 1 Abs. 2 Buchst. a und b genannten Unternehmen hergestellt wurden (TARIC-Zusatzcode A999), für feste Düngemittel mit einem Gehalt an Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) von mehr als 80 GHT und einem Gehalt an Phosphor, berechnet als P O , und Kalium, berechnet als K O, von 6 GHT oder mehr, aber weniger als 9 GHT (KN‑Code 31052010, TARIC‑Code 50) 42,83 Euro pro Tonne. Verordnung Nr. 945/2005 In den Erwägungsgründen 4, 6, 7, 16, 20 bis 23, 28, 35 und 37 der Verordnung Nr. 945/2005 heißt es: „(4) Am 15. März 2004 erhielt die Kommission einen Antrag gemäß Artikel 11 Absatz 3 der [Verordnung (EG) Nr. 384/96 des Rates vom 22. Dezember 1995 über den Schutz gegen gedumpte Einfuhren aus nicht zur Europäischen Gemeinschaft gehörenden Ländern ( ABl. 1996, L 56, S. 1 )] auf Untersuchung des Geltungsbereichs der geltenden Maßnahmen im Hinblick auf die Einbeziehung neuer Warentypen. … (6) In dem Antrag wurden neue Warentypen genannt, definiert als Ammoniumnitratdüngemittel mit einem Gehalt an Stickstoff (‚N‘) von mehr als 28 GHT und bis zu 33 GHT, denen bis zu 5 GHT P O ‑Äquivalent (Nährstoff Phosphor ‚P‘) und/oder bis zu 5 GHT K O‑Äquivalent (Nährstoff Kalium ‚K‘) durch Mischen, Beimengen oder auf andere Weise zugesetzt wurden. Diese Waren werden nachstehend ‚im Antrag genannte neue Warentypen‘ genannt. (7) Es wurde geltend gemacht, dass die im Antrag genannten neuen Warentypen im Wesentlichen dieselben grundlegenden materiellen und chemischen Eigenschaften aufwiesen wie die betroffene Ware und über dieselben Absatzkanäle zu denselben Zwecken an dieselben Endverwender verkauft würden. Ferner wurde in dem Antrag darauf hingewiesen, dass die neuen Warentypen bei der Einfuhr in die Gemeinschaft den KN‑Codes 31051000, 31052010, 31052090, 31055100, 31055900 und 31059091 zugewiesen würden. … B. BETROFFENE WARE IM RAHMEN DER URSPRÜNGLICHEN VERORDNUNGEN (16) Bei der betroffenen Ware handelt es sich um Ammoniumnitrat mit Ursprung in Russland und der Ukraine, das unter die KN‑Codes 31023090 (anderes Ammoniumnitrat als in wässriger Lösung) und 31024090 (Mischungen von Ammoniumnitrat und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 28 GHT) fällt. Ammoniumnitrat ist ein fester Stickstoffdünger, der in der Landwirtschaft häufig verwendet wird. Er wird aus Ammoniak und Salpetersäure hergestellt[,] und sein Stickstoffgehalt beträgt mehr als 28 GHT in geprillter und granulierter Form. … C. ERGEBNISSE DER UNTERSUCHUNG … 1. Chemische und materielle Eigenschaften und Endverwendungen der betroffenen Ware und der im Antrag genannten neuen Warentypen (20) Die betroffene Ware wird hergestellt, indem Salpetersäure (HNO3) mit Ammoniak (NH3) neutralisiert wird, wobei Ammoniumnitrat (NH4NO3, nachstehend ‚AN‘ abgekürzt) entsteht. Der Stickstoffgehalt der betroffenen Ware liegt über 28 GHT (er liegt in der Regel zwischen 33 GHT und 34 GHT). Das Verhältnis des AN‑Gehalts zum Stickstoffgehalt, das von dem Atomgewicht der Elemente abhängt, beträgt 2,86 zu 1. Folglich liegt der AN-Gehalt der betroffenen Ware, die ja einen Gehalt an Stickstoff von mehr als 28 GHT aufweist, automatisch über 80 GHT (in der Regel zwischen 94 GHT und 97 GHT). Wie unter [dem] 17[. Erwägungsgrund] erwähnt enthält die betroffene Ware auch marginale Stoffe und/oder Nährstoffe, deren Gehalt keinesfalls über 20 GHT liegt, da der AN‑Gehalt der betroffenen Ware mindestens 80 GHT beträgt. (21) Zwei Hauptmerkmale charakterisieren die chemische Zusammensetzung der betroffenen Ware: die Bewertung des Stickstoffgehalts und des Stickstoff- und AN‑Gehalts insgesamt. Stickstoff wird bewertet als Nitratstickstoff (Nitrat‑Ion NO3‑) und als Ammoniumstickstoff (Ammonium‑Ion NH4+), und ihr Verhältnis zueinander ist 1 zu 1. Der Stickstoffgehalt liegt immer über 28 GHT, und folglich liegt der AN-Gehalt, wie bereits dargelegt, stets über 80 GHT. (22) Was die im Antrag genannten neuen Warentypen angeht, so ergab die Untersuchung, dass sie ebenfalls aus Ammoniak und Salpetersäure hergestellt wurden und ihr Stickstoffgehalt 28 GHT und folglich ihr AN‑Gehalt 80 GHT überstiegen. Neben AN könnten diese neuen Warentypen auch marginale Stoffe und/oder Nährstoffe enthalten. In diesen Waren wurde der Stickstoff ebenfalls als Nitratstickstoff und als Ammoniumstickstoff bewertet, und ihr Verhältnis zueinander betrug auch ungefähr 1 zu 1. (23) Die im Antrag genannten neuen Warentypen wurden jedoch einem zusätzlichen Verfahren zur Beimengung anderer Primärnährstoffe … als N, nämlich P und/oder K, unterzogen, um Mehrnährstoffdünger … zu gewinnen. Diese Mehrnährstoffdünger können auf chemischem Wege oder durch Mischen gewonnen werden. Trotz dieser Beimengung anderer Primärnährstoffe und ungeachtet der Gewinnungsart (chemisch oder Mischen) hatte dieser Prozess den Untersuchungsergebnissen zufolge keine Auswirkungen auf die chemischen Hauptmerkmale des darin enthaltenen AN, d. h. die Bewertung des Stickstoffgehalts und [den] Gesamtgehalt an Stickstoff und AN, die über 28 GHT bzw. 80 GHT lagen. … (28) Deshalb wurde der Schluss gezogen, dass die im Antrag genannten neuen Warentypen chemisch und materiell/agronomisch nicht als betroffene Ware angesehen werden konnten, weil sie [andere] Primärnährstoffe als Stickstoff, nämlich P und/oder K, enthalten. Allerdings waren die betroffene Ware und die im Antrag genannten neuen Warentypen in ihrem AN‑Gehalt – sofern dieser über 80 GHT lag –, den gegebenenfalls enthaltenen marginalen Stoffen und Nährstoffen und ihren grundlegenden Endverwendungen identisch. Daher sollten der AN-Gehalt und die marginalen Stoffe und Nährstoffe der im Antrag genannten neuen Warentypen als konform mit jenen der betroffenen Ware angesehen werden. … 3. Schlussfolgerungen (35) Im Lichte der vorstehenden Feststellungen wird der Schluss gezogen, dass alle neuen Warentypen ausschließlich hinsichtlich ihres AN‑Gehalts – sofern dieser über 80 GHT liegt – und der marginalen Stoffe und Nährstoffe, nicht aber der Primärnährstoffe P und K als betroffene Ware anzusehen sind. Folglich ist eine proportionale Anwendung der geltenden Maßnahmen geboten, damit die geltenden Maßnahmen nur nach Maßgabe des Gehalts an der betroffenen Ware auf die neuen Warentypen angewendet werden. … (37) Abschließend wird der Schluss gezogen, dass die Beschreibung der betroffenen Ware im verfügenden Teil der ursprünglichen Verordnungen präzisiert werden muss. Der Wortlaut ‚Ammoniumnitrat‘ sollte durch ‚feste Düngemittel mit einem Gehalt an Ammoniumnitrat von mehr als 80 GHT‘ ersetzt werden, um einzuräumen, dass verschiedene Düngemittel einen Gehalt an Ammoniumnitrat von mehr als 80 GHT und einen Gehalt an Stickstoff, bewertet als Nitratstickstoff oder Ammoniumstickstoff, von mehr als 28 GHT aufweisen, und um Verwechslungen zwischen der betroffenen Ware und ihrem Hauptbestandteil (AN) zu vermeiden.“ Der 20. Erwägungsgrund dieser Verordnung enthält folgende Fußnote: „Das Atomgewicht von Stickstoff (N) ist 14,00674, das von Wasserstoff (H) 1,00794 und das von Sauerstoff (O) 15,9994. Das Gesamtgewicht von AN ist daher 80,04, wovon 28,01 auf N entfallen. Das Verhältnis von AN zu N entspricht somit 2,86 zu 1.“ Art. 1 Abs. 1 der genannten Verordnung bestimmt: „Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 658/2002 erhält folgende Fassung: ‚(1)   Auf die Einfuhren fester Düngemittel mit einem Gehalt an Ammoniumnitrat von mehr als 80 GHT der KN‑Codes … ex31052010 … mit Ursprung in Russland wird ein endgültiger Antidumpingzoll eingeführt.‘“ Kombinierte Nomenklatur Die Kombinierte Nomenklatur (im Folgenden: KN) ist in Anhang I der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates vom 23. Juli 1987 über die zolltarifliche und statistische Nomenklatur sowie den Gemeinsamen Zolltarif ( ABl. 1987, L 256, S. 1 ) in der für den im Ausgangsverfahren in Rede stehenden Zeitraum nacheinander durch die Durchführungsverordnung (EU) 2015/1754 der Kommission vom 6. Oktober 2015 ( ABl. 2015, L 285, S. 1 ) und durch die Durchführungsverordnung (EU) 2016/1821 der Kommission vom 6. Oktober 2016 ( ABl. 2016, L 294, S. 1 ) geänderten Fassung enthalten. Abschnitt VI („Erzeugnisse der chemischen Industrie und verwandter Industrien“) von Teil II („Zolltarif“) der KN enthält u. a. Kapitel 31 („Düngemittel“) der KN, in dem eine Tabelle enthalten ist, die, was insbesondere Position 3105 und ihre Unterpositionen betrifft, wie folgt lautet: „3105 Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend; andere Düngemittel; Erzeugnisse dieses Kapitels in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von 10 kg oder weniger: … … 3105 20 – mineralische oder chemische Düngemittel, die drei düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend: 3105 20 10 – – mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff 3105 20 90 – – andere … …“ Integrierter Tarif der Europäischen Gemeinschaften Art. 2 der Verordnung Nr. 2658/87 in geänderter Fassung, wie sie in Rn. 13 des vorliegenden Urteils angeführt wird, sieht vor: „Von der Kommission wird ein Integrierter Tarif [der Europäischen Union], nachstehend ‚Taric‘ genannt, erstellt, der den Erfordernissen des Gemeinsamen Zolltarifs, der Außenhandelsstatistiken, der Handels- und Agrarpolitik sowie sonstiger Politiken [der Union] auf dem Gebiet der Wareneinfuhr oder ‑ausfuhr genügt. Dieser Tarif beruht auf der [KN] und umfasst: a) die in dieser Verordnung enthaltenen Maßnahmen; b) die zusätzlichen [unionsspezifischen] Unterteilungen, genannt ‚Unterpositionen Taric‘, die zur Durchführung der in Anhang II aufgeführten besonderen [Unions‑]Maßnahmen notwendig sind; …“ Der TARIC‑Code 3105201050 lautet wie folgt: „Feste Düngemittel mit einem Gehalt an Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) von mehr als 80 GHT und einem Gehalt an Phosphor, berechnet als P O , und Kalium, berechnet als K O, von 6 GHT oder mehr, aber weniger als 9 GHT“. Der TARIC‑Code 3105201090 ist wie folgt definiert: „andere“. Ausgangsverfahren und Vorlagefragen In der Zeit vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2017 führte Linas Agro, ein Unternehmen mit Sitz in Litauen, den von dem russischen Unternehmen PAO „Dorogobuzh“ hergestellten 30‑4‑4‑NPK-Dünger auf der Basis von Ammoniumnitrat mit einem Stickstoffgehalt von 30 GHT, einem Phosphorgehalt von 4 GHT und einem Kaliumgehalt von 4 GHT in das litauische Hoheitsgebiet ein. In den Einfuhrzollanmeldungen gab Linas Agro an, dass die eingeführte Ware unter den TARIC-Code 3105209000 („Sonstige mineralische oder chemische Düngemittel, die drei düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend“) oder den TARIC‑Code 3105201090 („Sonstige mineralische oder chemische Düngemittel mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff“) einzureihen sei. Bei einer Kontrolle stellte das Kauno teritorinė muitinė (Zollamt Kaunas, Litauen) (im Folgenden: Zollamt) auf der Grundlage der Qualitätsbescheinigungen des Herstellers fest, dass der im Ausgangsverfahren in Rede stehende Dünger einen Stickstoffgehalt von 30 GHT, also über 28 GHT, aufweise und der Gehalt an Phosphor und Kalium 4 GHT für jeden dieser Bestandteile betrage. Das Zollamt ließ außerdem Laboruntersuchungen durchführen, die bestätigten, dass der Stickstoffgehalt des Düngemittels 28 GHT übersteige. Das Zollamt zog daraus unter Berufung auf die in den Erwägungsgründen 21 bis 23 der Verordnung Nr. 945/2005 aufgestellte Vermutung den Schluss, dass der im Ausgangsverfahren in Rede stehende Dünger zwangsläufig einen Gehalt an Ammoniumnitrat von mehr als 80 GHT aufweise und dass er angesichts der anderen Primärnährstoffe (Phosphor und Kalium) unter den TARIC‑Code 3105201050 falle, wobei der TARIC‑Zusatzcode A 999 sei. Das Zollamt Kaunas wandte daraufhin auf diesen Dünger einen Einfuhrzoll in Höhe von 6,5 % und einen endgültigen Antidumpingzoll von 42,83 Euro pro Tonne an und kam zu dem Ergebnis, dass Linas Agro endgültige Antidumpingzölle in Höhe von 496302 Euro zuzüglich Einfuhrumsatzsteuer, Verzugszinsen und einer Geldbuße schulde. Die von Linas Agro bei der zentralen Steuerverwaltung eingelegte Beschwerde wurde mit Bescheid vom 16. November 2018 zurückgewiesen. In diesem Bescheid vertrat die zentrale Steuerverwaltung denselben Standpunkt wie das Zollamt. Sie wies darauf hin, dass wegen der in den Erwägungsgründen 21 bis 23 der Verordnung Nr. 945/2005 dargelegten Vermutung die Bestimmung des genauen Gehalts an Ammoniumnitrat durch Laboruntersuchungen nicht erforderlich sei, weil dieser vermutet werde. Die vom Hersteller des im Ausgangsverfahren in Rede stehenden Düngemittels zur Verfügung gestellten Unterlagen, in denen die im Düngemittel enthaltenen Primärnährstoffe und deren Gehalt angegeben seien, reichten für die zolltarifliche Einreihung dieses Düngemittels und damit für die Anwendung des entsprechenden Antidumpingzolls aus. Am 12. Dezember 2018 reichte Linas Agro gegen diesen Bescheid Klage bei der Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Kommission für Steuerstreitigkeiten bei der Regierung der Republik Litauen) ein. Zur Stützung ihrer Klage bestreitet Linas Agro zwar nicht, dass der Gehalt des Primärnährstoffs Stickstoff in dem im Ausgangsverfahren in Rede stehenden Düngemittel 30 GHT betrage, sie macht aber geltend, der bloße Umstand, dass der Gehalt an Stickstoff 28 GHT übersteige, bedeute nicht zwangsläufig, dass der Gehalt an Ammoniumnitrat des Düngemittels mehr als 80 GHT betrage und dass dieses Düngemittel zu Recht unter dem TARIC‑Code 3105201050 eingereiht worden sei. Der Anteil an Ammoniumnitrat in dem Düngemittel könne nicht allein auf Basis des in den Erwägungsgründen der Verordnung Nr. 945/2005 angegebenen Verhältnisses zwischen dem Gehalt an Ammoniumnitrat und dem Gehalt an Stickstoff bestimmt werden. Linas Agro weist darauf hin, dass diese Erwägungsgründe rechtlich nicht verbindlich seien, so dass die zentrale Steuerverwaltung ohne Rechtsgrundlage entschieden habe, indem sie sich nicht auf Tatsachen gestützt habe, die sich aus Laboranalysen ergäben, sondern auf die in diesen Erwägungsgründen aufgestellten Vermutungen zum Ammoniumnitratgehalt von Mischdüngern wie dem im Ausgangsverfahren in Rede stehenden. Linas Agro wendet sich auch gegen die Auslegung der Erwägungsgründe der Verordnung Nr. 945/2005 durch die zentrale Steuerverwaltung und weist darauf hin, dass der Begriff „betroffene Ware“ im Sinne des 17. Erwägungsgrundes nicht einen Mischdünger wie den im Ausgangsverfahren in Rede stehenden bezeichne, sondern Ammoniumnitrat. Daraus folge, dass die Stickstoffmenge nicht im Verhältnis zum Gesamtgewicht des Mischdüngers, sondern nur im Verhältnis zum Gesamtgewicht des darin enthaltenen Ammoniumnitrats zu messen sei. Aufgrund dieser Erwägungen hat die Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Kommission für Steuerstreitigkeiten bei der Regierung der Republik Litauen) das Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt: 1. Ist die in den Erwägungsgründen der Verordnung Nr. 945/2005, insbesondere in den Erwägungsgründen 20 bis 23, enthaltene Feststellung, „wenn die betroffene Ware einen Gehalt an Stickstoff von mehr als 28 GHT aufweist, liegt der AN-Gehalt automatisch über 80 GHT“, als eine gesicherte Vermutung anzusehen, aus der der Schluss gezogen werden kann, dass der Gehalt an Ammoniumnitrat (AN), wenn die betroffene Ware (Ammoniumnitratdünger) einen Gehalt an Stickstoff (N) von 28 GHT oder mehr aufweist, immer über 80 GHT liegt? 2. Findet diese Vermutung auf die neuen Warentypen Anwendung, die in der Verordnung Nr. 945/2005 erwähnt werden, d. h. auf NPK-Dünger mit einem Gehalt an Stickstoff (N), der 28 GHT oder mehr beträgt, mit einem Verhältnis zwischen Ammoniumstickstoff und Nitratstickstoff von ungefähr 1:1 und mit einem Gehalt an Phosphor (P) und/oder Kalium (K), der nicht mehr als 12 GHT beträgt, z. B. auf den im vorliegenden Rechtsstreit in Rede stehenden NPK‑30‑4‑4-Dünger? 3. Falls die vorstehenden Fragen zu bejahen sind, ist die oben erwähnte, in der Verordnung Nr. 945/2005 enthaltene Vermutung rechtsverbindlich, d. h., kann die Einreihung der (in der zweiten Frage) beschriebenen NPK-Dünger unter TARIC‑Codes und die entsprechende Anwendung der geltenden Maßnahmen (Antidumpingzoll) auf sie gestützt werden, obwohl Art. 1 Abs. 1 und 3 der Verordnung Nr. 945/2005 (und ebenso Art. 1 Abs. 1 und Art. 1 Abs. 2 Buchst. c der zum Zeitpunkt der [streitigen Einfuhren] geltenden Durchführungsverordnung Nr. 999/2014) die Verhängung eines endgültigen Antidumpingzolls nicht an den Gehalt des chemischen Elements Stickstoff (N) in einer Ware knüpfen, sondern an den Gehalt der chemischen Verbindung Ammoniumnitrat (AN) und den Gehalt von Phosphor und Kalium in einer Ware? 4. Kann die (in der ersten Frage) erwähnte Vermutung – unter Berücksichtigung der in den Erwägungsgründen 35 und 36 der Verordnung Nr. 945/2005 festgelegten Ziele, die geltenden Maßnahmen verhältnismäßig auf neue Warentypen anzuwenden und die Zollabfertigung und die Anwendung angemessener Zollsätze nach Maßgabe des Gehalts an der betroffenen Ware zu erleichtern – zum Zweck der Einreihung der (in der zweiten Frage) erwähnten NPK-Dünger unter TARIC‑Codes und dementsprechend zum Zweck der Anwendung der geltenden Maßnahmen (Antidumpingzoll) herangezogen werden, um den Gehalt an Ammoniumnitrat (AN) solcher Dünger zu berechnen (festzustellen)? Mit anderen Worten, ist nach Feststellung des Gehalts an Stickstoff (N) der [in der zweiten Frage] erwähnten NPK-Dünger (auf der Grundlage der vom Einführer zum Zeitpunkt der Zollabfertigung zur Verfügung gestellten Unterlagen oder mittels Laboruntersuchungen) der Gehalt an Ammoniumnitrat (AN) unter Berücksichtigung des im 20. Erwägungsgrund der Verordnung Nr. 945/2005 festgelegten Verhältnisses zwischen dem Gehalt an Ammoniumnitrat (AN) und an Stickstoff (N), das auf dem Atomgewicht der Elemente beruht und 2,86 beträgt, zu berechnen (festzustellen), ohne dass zusätzliche Laboruntersuchungen durchgeführt werden müssen, um den genauen Gehalt an Ammoniumnitrat (AN) zu bestimmen? Zu den Vorlagefragen Vorab ist erstens festzustellen, dass die Verordnung Nr. 945/2005, zu deren Auslegung das vorlegende Gericht den Gerichtshof befragt, die Verordnung Nr. 658/2002 (im Folgenden: ursprüngliche Verordnung) geändert und die Definition der von den mit der ursprünglichen Verordnung eingeführten Maßnahmen betroffenen Ware präzisiert hat. Diese Maßnahmen wurden in der Folge nacheinander durch die Verordnung Nr. 661/2008 und die Durchführungsverordnung Nr. 999/2014, die die Definition der betroffenen Ware im Sinne der Verordnung Nr. 945/2005 unverändert übernommen haben, in Kraft belassen. Daraus folgt, dass die Durchführungsverordnung Nr. 999/2014 zwar die in zeitlicher Hinsicht auf den Ausgangsrechtsstreit anwendbare Antidumpingverordnung ist, die Verordnung Nr. 945/2005 jedoch für deren Auslegung relevant bleibt. Zweitens hat das Gericht mit Urteil vom 10. September 2008, JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat/Rat ( T‑348/05 , nicht veröffentlicht, EU:T:2008:327 ), ausgelegt durch das Urteil des Gerichts vom 9. Juli 2009, JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat/Rat, ( T‑348/05 INTP , nicht veröffentlicht, EU:T:2009:261 ), die Verordnung Nr. 945/2005 wegen Verstoßes gegen Art. 11 Abs. 3 der Verordnung Nr. 384/96 für nichtig erklärt, soweit sie das JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat betrifft. Diese Verordnung wurde hinsichtlich der anderen Hersteller und Ausführer der betroffenen Ware, darunter Dorogobuzh, bestandskräftig, da diese innerhalb der in Art. 230 Abs. 5 EG vorgesehenen Frist keine Nichtigkeitsklage dagegen erhoben haben. Im Licht dieser Erwägungen sind die Vorlagefragen zu prüfen. Mit diesen Fragen, die zusammen zu prüfen sind, möchte das vorlegende Gericht wissen, ob Art. 1 der Durchführungsverordnung Nr. 999/2014 im Licht der Erwägungsgründe 20 bis 23 der Verordnung Nr. 945/2005 dahin auszulegen ist, dass bei einem Düngemittel auf der Basis von Ammoniumnitrat mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 28 GHT, mit einem Verhältnis zwischen Ammoniumstickstoff und Nitratstickstoff von etwa 1:1 und mit einem Gehalt an Phosphor und Kalium, der nicht mehr als 12 GHT beträgt, zwecks Verhängung des in diesem Artikel festgelegten endgültigen Antidumpingzolls ein Gehalt an Ammoniumnitrat von mehr als 80 GHT vermutet wird, ohne dass es erforderlich wäre, eine Laboranalyse vorzunehmen, um den genauen Gehalt an Ammoniumnitrat zu bestimmen. Mit Art. 1 der Durchführungsverordnung Nr. 999/2014 wurde ein endgültiger Antidumpingzoll auf die Einfuhren fester Düngemittel mit Ursprung in Russland mit einem Gehalt an Ammoniumnitrat von mehr als 80 GHT eingeführt, die unter den verschiedenen in diesem Artikel genannten KN‑Codes eingereiht werden. Linas Agro macht im Wesentlichen geltend, dass diese Verordnung auf das im Ausgangsverfahren in Rede stehende Düngemittel nicht anwendbar sei, da sein Gehalt an Ammoniumnitrat trotz seines Stickstoffgehalts von mehr als 28 GHT nicht mehr als 80 GHT betrage. Insoweit ist erstens zu prüfen, ob vermutet werden kann, dass der Ammoniumnitratgehalt eines Düngemittels wie des im Ausgangsverfahren in Rede stehenden mehr als 80 GHT beträgt, wenn sein Stickstoffgehalt 28 GHT übersteigt. Wie aus dem ersten Erwägungsgrund der Durchführungsverordnung Nr. 999/2014 hervorgeht, ergibt sich die Definition der Waren, für die diese Verordnung gilt, insbesondere aus den entsprechenden Klarstellungen, die in der Verordnung Nr. 945/2005 erfolgt waren. Wie nämlich dem 16. Erwägungsgrund der letztgenannten Verordnung zu entnehmen ist, handelte es sich bei der von der ursprünglichen Verordnung betroffenen Ware um Ammoniumnitrat, einen festen Stickstoffdünger, der in der Landwirtschaft häufig verwendet wird, aus Ammoniak und Salpetersäure hergestellt wird und einen Stickstoffgehalt von mehr als 28 GHT aufweist. In den Erwägungsgründen 4 und 6 der genannten Verordnung wird ferner ausgeführt, dass die Kommission einen Antrag gemäß Art. 11 Abs. 3 der Verordnung Nr. 384/96 auf Untersuchung des Geltungsbereichs der geltenden Maßnahmen im Hinblick auf die Einbeziehung neuer Warentypen erhalten habe. Diese neuen Warentypen seien definiert als Ammoniumnitratdüngemittel mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 28 GHT und bis zu 33 GHT, denen bis zu 5 GHT P O ‑Äquivalent und/oder bis zu 5 GHT K O‑Äquivalent durch Mischen, Beimengen oder auf andere Weise zugesetzt würden. Daher erfolgten in den Erwägungsgründen 20 bis 23 der Verordnung Nr. 945/2005 einige Klarstellungen zu den chemischen und physikalischen Merkmalen sowie zu den Endverwendungen sowohl der betroffenen Ware im Sinne der ursprünglichen Verordnung als auch der neuen Warentypen, die Gegenstand der Antidumpingmaßnahmen sind. In diesen Erwägungsgründen heißt es, dass die betroffene Ware im Sinne der ursprünglichen Verordnung hergestellt werde, indem Salpetersäure mit Ammoniak neutralisiert werde, wobei Ammoniumnitrat entstehe. Zwei Hauptmerkmale charakterisierten die chemische Zusammensetzung der betroffenen Ware: die Bewertung des Stickstoffgehalts und des Stickstoff- und Ammoniumnitratgehalts insgesamt. Zum einen werde Stickstoff als Nitratstickstoff (Nitrat‑Ion NO ‑) und als Ammoniumstickstoff (Ammonium‑Ion NH4+) bewertet, und ihr Verhältnis zueinander sei etwa 1 zu 1. Zum anderen liege der Stickstoffgehalt immer über 28 GHT. Das Verhältnis des Ammoniumnitratgehalts zum Stickstoffgehalt, das von dem Atomgewicht der Elemente abhänge, betrage 2,86 zu 1. Das Atomgewicht von Stickstoff sei 14,00674, das von Wasserstoff 1,00794 und das von Sauerstoff 15,9994. Das Gesamtgewicht von Ammoniumnitrat sei daher 80,04, wovon 28,01 auf N entfielen. Da der Stickstoffgehalt der betroffenen Ware immer mehr als 28 GHT betrage, liege der Ammoniumnitratgehalt immer über 80 GHT. Die betroffene Ware im Sinne der ursprünglichen Verordnung enthalte auch marginale Stoffe und/oder Nährstoffe, deren Gesamtgehalt 20 GHT niemals übersteigen könne, da die betroffene Ware mindestens 80 GHT Ammoniumnitrat enthalte. Mit anderen Worten beruhte die ursprüngliche Verordnung auf der Prämisse, dass, sobald der Stickstoffgehalt der betroffenen Ware im Sinne dieser Verordnung 28 GHT übersteige, vermutet werden könne, dass der Ammoniumnitratgehalt mehr als 80 GHT betrage, da der Stickstoff in einer derartigen Ware vom Ammoniumnitrat stamme. Wie dem sechsten Erwägungsgrund der Verordnung Nr. 945/2005 zu entnehmen ist, wurden in dem Überprüfungsantrag neue Warentypen genannt, definiert als Ammoniumnitratdüngemittel mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 28 GHT und bis zu 33 GHT, denen bis zu 5 GHT P O ‑Äquivalent (Nährstoff Phosphor „P“) und/oder bis zu 5 GHT K O-Äquivalent (Nährstoff Kalium „K“) durch Mischen, Beimengen oder auf andere Weise zugesetzt wurden. Die in Rn. 37 des vorliegenden Urteils erwähnte Vermutung gilt aber auch für diese neuen Warentypen. Es wurde nämlich festgestellt, dass der Stickstoffgehalt dieser neuen Warentypen mehr als 28 GHT und folglich ihr Gehalt an Ammoniumnitrat mehr als 80 GHT beträgt. In diesen Waren wurde der Stickstoff ebenfalls als Nitratstickstoff und als Ammoniumstickstoff bewertet, und ihr Verhältnis zueinander betrug auch ungefähr 1 zu 1. Trotz der Beimengung anderer Primärnährstoffe und ungeachtet der Gewinnungsart (chemisch oder Mischen) hatte der Prozess, dem die neuen Warentypen unterzogen werden, den Untersuchungsergebnissen zufolge keine Auswirkungen auf die chemischen Hauptmerkmale des darin enthaltenen Ammoniumnitrats, d. h. die Bewertung des Stickstoffgehalts und den Gesamtgehalt an Stickstoff und Ammoniumnitrat, die über 28 GHT bzw. 80 GHT lagen. Daher wurde im 35. Erwägungsgrund der Verordnung Nr. 945/2005 festgestellt, dass alle neuen Warentypen ausschließlich hinsichtlich ihres Ammoniumnitratgehalts – sofern dieser über 80 GHT liege – als betroffene Ware im Sinne der ursprünglichen Verordnung anzusehen seien, und im 37. Erwägungsgrund dieser Verordnung heißt es, dass die Beschreibung der betroffenen Ware im verfügenden Teil der ursprünglichen Verordnung präzisiert werden müsse, und zwar um einzuräumen, dass verschiedene Düngemittel einen Gehalt an Ammoniumnitrat von mehr als 80 GHT und einen Gehalt an Stickstoff, bewertet als Nitratstickstoff oder Ammoniumstickstoff, von mehr als 28 GHT aufweisen, und um Verwechslungen zwischen der betroffenen Ware und ihrem Hauptbestandteil, dem Ammoniumnitrat, zu vermeiden. Deshalb wurde nach Art. 1 der Verordnung Nr. 945/2005 der Begriff „Ammoniumnitrat“, der in Art. 1 Abs. 1 der ursprünglichen Verordnung enthalten war, durch den Ausdruck „feste Düngemittel mit einem Gehalt an Ammoniumnitrat von mehr als 80 GHT“ ersetzt, und diese Definition der betroffenen Ware wurde wörtlich in die nachfolgenden Verordnungen zur Einführung eines Antidumpingzolls, insbesondere in die Durchführungsverordnung Nr. 999/2014, übernommen. Daraus folgt, dass entgegen dem Vorbringen von Linas Agro die in den Erwägungsgründen 20 bis 23 der Verordnung Nr. 945/2005 aufgestellte Vermutung nicht nur für die betroffene Ware im Sinne der ursprünglichen Verordnung gilt, sondern auch für die neuen Warentypen, so dass Art. 1 der Durchführungsverordnung Nr. 999/2014 im Licht dieser Erwägungsgründe 20 bis 23 nicht dahin ausgelegt werden kann, dass es danach ausgeschlossen ist, für die zolltarifliche Einreihung und Verhängung eines Antidumpingzolls nach dieser Durchführungsverordnung zu vermuten, dass der Ammoniumnitratgehalt eines Ammoniumnitratdüngemittels mehr als 80 GHT beträgt, falls sein Stickstoffgehalt 28 GHT übersteigt. Zweitens ist jedoch klarzustellen, dass eine solche Vermutung widerlegbar ist. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass nach Art. 14 Abs. 1 der Grundverordnungen Antidumpingzölle durch Verordnung eingeführt und von den Mitgliedstaaten in der Form, zu dem Satz und nach den sonstigen Modalitäten erhoben werden, die in der Verordnung zur Einführung dieser Zölle festgelegt sind. Auf eine Ware sind nur dann Zölle und Steuern zu erheben, wenn sie in die KN‑Unterposition eingereiht wird, die in einer Antidumpingverordnung genannt ist, und zugleich alle Merkmale der betroffenen Ware aufweist (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 18. April 2013, Steinel Vertrieb, C‑595/11 , EU:C:2013:251 , Rn. und ). Aus dem klaren Wortlaut von Art. 1 der Durchführungsverordnung Nr. 999/2014 und den darin enthaltenen TARIC‑Codes ergibt sich jedoch, dass das entscheidende Kriterium zum einen für die zolltarifliche Einreihung und zum anderen für die Verhängung des Antidumpingzolls der tatsächliche Ammoniumnitratgehalt des eingeführten Düngemittels ist und nicht der auf der Grundlage des Stickstoffgehalts vermutete Ammoniumnitratgehalt. Daher kann die in den Erwägungsgründen 20 bis 23 der Verordnung Nr. 945/2005 erwähnte Vermutung nicht aufrechterhalten werden, wenn nachgewiesen wird, dass das betreffende Düngemittel trotz eines Stickstoffgehalts von mehr als 28 GHT in Wirklichkeit einen Ammoniumnitratgehalt von nicht mehr als 80 GHT aufweist. Jede andere Auslegung der Durchführungsverordnung Nr. 999/2014 im Licht der Verordnung Nr. 945/2005 hätte zur Folge, dass die Anwendung von Antidumpingmaßnahmen auf Düngemittel ausgedehnt würde, die nicht unter die Definition der Waren im Sinne der Verordnung Nr. 999/2014 fallen. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass es nicht mit dem Zweck und der Systematik der Grundverordnungen vereinbar ist, wenn die Anwendung der Antidumpingzölle auf andere Waren als die von einer Antidumpingverordnung betroffene Ware ausgeweitet wird (vgl. entsprechend Urteil vom 18. April 2013, Steinel Vertrieb, C‑595/11 , EU:C:2013:251 , Rn. ). Drittens ist zur Beantwortung der Fragen des vorlegenden Gerichts zu den Beweismodalitäten für die Widerlegung dieser Vermutung, wie etwa einer Laboranalyse, darauf hinzuweisen, dass es nach ständiger Rechtsprechung mangels einer einschlägigen Unionsregelung Sache des innerstaatlichen Rechts der einzelnen Mitgliedstaaten ist, unter Wahrung der Grundsätze der Äquivalenz und der Effektivität die Verfahrensmodalitäten für Klagen zu regeln, die den Schutz der dem Bürger aus dem Unionsrecht erwachsenden Rechte gewährleisten sollen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 13. März 2007, Unibet, C‑432/05 , EU:C:2007:163 , Rn. und ). Es ist daher Sache des vorlegenden Gerichts, nach den nationalen Verfahrensvorschriften zu beurteilen, ob die von Linas Agro vorgelegten Beweise geeignet sind, die in den Erwägungsgründen 20 bis 23 der Verordnung Nr. 945/2005 aufgestellte Vermutung zu widerlegen, und gegebenenfalls, ob eine Laboranalyse durchzuführen ist, um den tatsächlichen Ammoniumnitratgehalt des im Ausgangsverfahren in Rede stehenden Düngemittels zu bestimmen. Nach alledem ist Art. 1 der Durchführungsverordnung Nr. 999/2014 im Licht der Erwägungsgründe 20 bis 23 der Verordnung Nr. 945/2005 dahin auszulegen, dass bei einem Düngemittel auf der Basis von Ammoniumnitrat mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 28 GHT, mit einem Verhältnis zwischen Ammoniumstickstoff und Nitratstickstoff von etwa 1:1 und mit einem Gehalt an Phosphor und Kalium, der nicht mehr als 12 GHT beträgt, zwecks Verhängung des in diesem Artikel festgelegten endgültigen Antidumpingzolls bis zum Beweis des Gegenteils ein Gehalt an Ammoniumnitrat von mehr als 80 GHT vermutet wird, ohne dass es erforderlich wäre, eine Laboranalyse vorzunehmen, um den genauen Gehalt an Ammoniumnitrat zu bestimmen. Kosten Für die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem beim vorlegenden Gericht anhängigen Rechtsstreit; die Kostenentscheidung ist daher Sache dieses Gerichts. Die Auslagen anderer Beteiligter für die Abgabe von Erklärungen vor dem Gerichtshof sind nicht erstattungsfähig. Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Neunte Kammer) für Recht erkannt: Art. 1 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 999/2014 der Kommission vom 23. September 2014 zur Einführung eines endgültigen Antidumpingzolls auf die Einfuhren von Ammoniumnitrat mit Ursprung in Russland im Anschluss an eine Auslaufüberprüfung nach Artikel 11 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1225/2009 des Rates ist im Licht der Erwägungsgründe 20 bis 23 der Verordnung (EG) Nr. 945/2005 des Rates vom 21. Juni 2005 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 658/2002 zur Einführung eines endgültigen Antidumpingzolls auf die Einfuhren von Ammoniumnitrat mit Ursprung in Russland und der Verordnung (EG) Nr. 132/2001 zur Einführung eines endgültigen Antidumpingzolls auf die Einfuhren von Ammoniumnitrat mit Ursprung in unter anderem der Ukraine nach einer teilweisen Interimsüberprüfung gemäß Artikel 11 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 384/96 dahin auszulegen, dass bei einem Düngemittel auf der Basis von Ammoniumnitrat (AN) mit einem Gehalt an Stickstoff (N) von mehr als 28 GHT, mit einem Verhältnis zwischen Ammoniumstickstoff und Nitratstickstoff von etwa 1:1 und mit einem Gehalt an Phosphor und Kalium, der nicht mehr als 12 GHT beträgt, zwecks Verhängung des in diesem Artikel festgelegten endgültigen Antidumpingzolls bis zum Beweis des Gegenteils ein Gehalt an Ammoniumnitrat (AN) von mehr als 80 GHT vermutet wird, ohne dass es erforderlich wäre, eine Laboranalyse vorzunehmen, um den genauen Gehalt an Ammoniumnitrat zu bestimmen. Unterschriften ( *1 ) Verfahrenssprache: Litauisch.

62009CJ0500

it

Inadempimento di uno Stato – Violazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 199797/67/CE, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU L 15, pag. 14). Dispositivo 1) La Repubblica ellenica, continuando ad applicare il decreto ministeriale 12 ottobre 2005, A1/44351/3608, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/67/CE, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 giugno 2002, 2002/39/CE e, in particolare, del suo art. 9, nn. 1 e 2. 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

62009CJ0497

nl

De verzoeken om een prejudiciële beslissing betreffen de uitlegging van de artikelen 2, 5, lid 1, en 6, lid 1, van de Zesde richtlijn (77/388/EEG) van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting – Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag (PB L 145, blz. 1), zoals gewijzigd bij richtlijn 92/111/EG van de Raad van 14 december 1992 (PB L 384, blz. 47; hierna: „Zesde richtlijn”), en van het begrip „levensmiddelen” in bijlage H, categorie 1, van deze richtlijn. Deze verzoeken zijn ingediend in het kader van vier gedingen tussen respectievelijk het Finanzamt Burgdorf en M. Bog (zaak C‑497/09), CinemaxX Entertainment GmbH & Co. KG, voorheen Hans‑Joachim Flebbe Filmtheater GmbH & Co. KG (hierna: „CinemaxX”), en het Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst (zaak C‑499/09), L. Lohmeyer en het Finanzamt Minden (zaak C‑501/09), en Fleischerei Nier GmbH & Co. KG (hierna: „Fleischerei Nier”) en het Finanzamt Detmold (zaak C‑502/09), over de vraag of diverse activiteiten bestaande in het verstrekken van voor onmiddellijke consumptie bereide spijzen of eetwaren leveringen van goederen vormen in de zin van artikel 5 van de Zesde richtlijn dan wel dienstverrichtingen in de zin van artikel 6 hiervan en of deze, ingeval het leveringen van goederen zijn, als verkopen van „levensmiddelen” in de zin van bijlage H, categorie 1, van deze richtlijn onder het in het Duitse recht vastgestelde verlaagde tarief van de belasting over de toegevoegde waarde (hierna: „btw”) vallen. Toepasselijke bepalingen Recht van de Unie Artikel 2, punt 1, van de Zesde richtlijn luidt: „Aan de [btw] zijn onderworpen: 1.      de leveringen van goederen en de diensten, welke in het binnenland door een als zodanig handelende belastingplichtige onder bezwarende titel worden verricht”. Artikel 5, lid 1, van de Zesde richtlijn bepaalt: „Als levering van een goed wordt beschouwd de overdracht of overgang van de macht om als een eigenaar over een lichamelijke zaak te beschikken.” Artikel 6, lid 1, van de Zesde richtlijn luidt: „Als dienst wordt beschouwd elke handeling die geen levering van een goed in de zin van artikel 5 is. [...]” Artikel 12, lid 3, sub a, van de Zesde richtlijn bepaalt: „Het normale tarief van de [btw] wordt door elke lidstaat vastgesteld op een percentage van de maatstaf van heffing, dat voor leveringen van goederen en voor diensten gelijk is. [...] [...] De lidstaten kunnen bovendien een of twee verlaagde tarieven toepassen. Deze tarieven worden vastgesteld op een percentage van de maatstaf van heffing dat niet lager mag zijn dan 5 % en zijn uitsluitend van toepassing op de in bijlage H genoemde categorieën goederen en diensten.” Bijlage H („Lijst van de leveringen van goederen en de diensten waarop verlaagde btw-tarieven mogen worden toegepast”) van de Zesde richtlijn noemt in categorie 1 onder meer „levensmiddelen (met inbegrip van dranken, maar met uitsluiting van alcoholhoudende dranken) voor menselijke en dierlijke consumptie; [...] ingrediënten welke gewoonlijk bestemd zijn voor gebruik bij de bereiding van levensmiddelen; producten die gewoonlijk bestemd zijn ter aanvulling of vervanging van levensmiddelen”. Overeenkomstig richtlijn 2009/47/EG van de Raad van 5 mei 2009 tot wijziging van richtlijn 2006/112/EG wat verlaagde btw-tarieven betreft (PB L 116, blz. 18), mogen de lidstaten een verlaagd tarief invoeren voor „restaurantdiensten, restauratie en cateringdiensten”. Deze richtlijn was evenwel niet van kracht ten tijde van de feiten aan de orde in de diverse hoofdgedingen. Nationaal recht § 1, lid 1, punt 1, van het Umsatzsteuergesetz (Duitse wet op de omzetbelasting; hierna: „UStG”) bepaalt: „Aan omzetbelasting zijn onderworpen: 1.      leveringen en andere prestaties die een ondernemer in het kader van zijn bedrijf onder bezwarende titel op het nationale grondgebied verricht.” Volgens § 3, lid 1, UStG zijn „[l]everingen van een ondernemer [...] handelingen waardoor hij of in diens opdracht een derde, de afnemer of in diens opdracht een derde in staat stelt, in eigen naam over een goed te beschikken (verschaffing van de beschikkingsmacht)”. § 3, lid 9, UStG bepaalt: „Andere prestaties zijn prestaties die geen leveringen zijn. [...] De verstrekking van spijzen en drank voor consumptie ter plaatse is een andere prestatie. Spijzen en drank worden voor consumptie ter plaatse verstrekt, indien zij op grond van de omstandigheden van de verstrekking bestemd zijn om op een plaats te worden genuttigd die in ruimtelijk verband staat met de plaats van de verstrekking, en indien bijzondere voorzieningen voor het nuttigen ter plaatse ter beschikking worden gesteld.” Overeenkomstig § 12, lid 2, punt 1, UStG geldt een verlaagd btw-tarief voor onder meer leveringen van „bereidingen van vlees, vis, [enz.]”, „bereidingen op basis van graan, meel, zetmeel of melk [alsmede voor] gebak”, „bereidingen van groente, fruit, [enz.]” en „diverse producten voor menselijke consumptie” (deze producten zijn opgenomen in de punten 28 en 31 tot en met 33 van de bijlage waarnaar deze bepaling verwijst). Hoofdgedingen en prejudiciële vragen Zaak C‑497/09 Bog verkocht op weekmarkten in drie gelijksoortige snackwagens drank en kant-en-klaargerechten voor onmiddellijke consumptie (in het bijzonder worst en friet). Deze snackwagens waren uitgerust met een verkooptoonbank met glazen spatbescherming en een daaronder bevestigde doorlopende „plank” vervaardigd uit een onder de benaming „resopal” in de handel verkrijgbaar materiaal, die voor het nuttigen van de spijzen ter plaatse kon worden gebruikt. Aan de zijkant van deze wagens bevond zich boven de dissel een installatie die wordt beschreven als een uitklapbare „tong”vormige plank die als een soort tafel op gelijke hoogte was bevestigd en uit hetzelfde materiaal bestond als de doorlopende „eetbalie”. Het gebied waar de spijzen konden worden genuttigd, was door middel van een uitklapbaar dak tegen regen beschermd. In zijn btw-aangifte voor 2004 paste Bog op de omzet uit de verkoop van drank het normale btw-tarief toe, terwijl hij op de omzet uit de verkoop van spijzen het verlaagde tarief toepaste. In het kader van een bijzondere btw-controle is door de inspecteur vastgesteld dat de klanten van Bog de producten in de regel ter plaatse nuttigden. Aangezien Bog geen gegevens had verstrekt over de omvang van de consumptie bij de snackwagens, werd de tegen het normale tarief te belasten omzet geschat op 70 %. Op 27 december 2006 heeft de fiscus dienovereenkomstig een gewijzigde belastingaanslag voor 2004 afgegeven, waartegen Bog bezwaar heeft aangetekend. Het bevoegde Finanzgericht heeft Bogs beroep toegewezen. Het nam daarbij in wezen in aanmerking dat voor de afbakening van tegen het normale btw-tarief belaste omzet uit het verstrekken van spijzen en tegen het verlaagde tarief belaste omzet uit diezelfde activiteit, van belang is of het dienstenaspect in kwalitatief opzicht de overhand heeft. In casu gaat het evenwel om leveringen van goederen omdat verzoeker in het hoofdgeding naast de bereiding van spijzen bij zijn snackwagens slechts een overdekte ruimte beschikbaar had gesteld waar de spijzen konden worden geserveerd en vuilnisbakken waren neergezet. Andere dienstenaspecten die bij een restaurantbezoek de totaalindruk van de door de restaurateur verrichte prestaties bepalen (onder meer bediening, zitgelegenheid, gesloten en verwarmde ruimten alsmede aantrekkelijke eetvoorzieningen buiten, garderobe en toiletten), ontbraken echter. De fiscus heeft tegen de beslissing van het Finanzgericht beroep tot „Revision” ingesteld bij het Bundesfinanzhof, waarbij hij betoogde dat het verstrekken van eetwaren gepaard was gegaan met het leveren van prestaties (bereiding van het voedsel tot spijzen en aanbieden van overdekte eetvoorzieningen) die verder gingen dan verkoop alleen. De verwijzende rechter wijst erop dat het Hof in zijn arrest van 2 mei 1996, Faaborg-Gelting Linien (C‑231/94, Jurispr. blz. I‑2395) ter afbakening tussen de begrippen levering van goederen en dienstverrichtingen in het kader van de verstrekking van bereide spijzen en drank, onderscheid heeft gemaakt tussen restaurantverrichtingen en verrichtingen die betrekking hebben op afhaalmaaltijden. Restaurantverrichtingen (dienstverrichtingen) worden „gekenmerkt door een reeks van aspecten en handelingen die begint bij de toebereiding van de spijzen en eindigt bij de feitelijke opdiening”, waarbij de levering van voedsel niet meer dan een onderdeel is en waarin het dienstenaspect ruimschoots de overhand heeft, terwijl sprake is van afhaalmaaltijden (levering van goederen) wanneer naast de levering van voedsel „de verrichting niet gepaard gaat met diensten die de nuttiging ter plaatse in een passend kader moeten veraangenamen”. Daarenboven is het Bundesfinanzhof er tot op heden van uitgegaan dat het niet aankomt op de vraag in hoeverre de bediening als dienstverrichting ten opzichte van de bereiding en levering van spijzen overheerst in kwantitatieve zin, maar dat van belang is of bij de algehele beoordeling de voor de bediening kenmerkende dienstverrichtingen in kwalitatieve zin overheersen. Een kwantitatieve beoordeling zou voorts vanwege de grote verscheidenheid in feitelijke situaties, dat wil zeggen de diversiteit en complexiteit van de spijzen alsook van de presentatievormen ervan, leiden tot onoplosbare afbakeningsproblemen. Het Bundesfinanzhof heeft de bereiding van spijzen of maaltijden op een door de klant bepaald tijdstip als een wezenlijk dienstenaspect aangemerkt, op grond waarvan de conclusie gerechtvaardigd is dat de dienstverrichtingen in kwalitatief opzicht overwegen, althans wanneer de bereiding gepaard gaat met een aanvullende dienstverrichting, zoals bijvoorbeeld in het onderhavige geval de terbeschikkingstelling van statafels of andere voorzieningen voor onmiddellijke consumptie. In het licht van de huidige ontwikkelingen van het btw-recht van de Unie vraagt de verwijzende rechter zich evenwel af of de bereiding van spijzen of maaltijden voor onmiddellijke consumptie op zich niet reeds dermate kenmerkend is voor de verrichting, dat niet van belang is of aanvullende prestaties worden verricht. Voor het geval dat de verstrekking van maaltijden daarentegen alleen als dienstverrichting dient te worden beschouwd wanneer bovendien verdere diensten worden verleend, benadrukt de verwijzende rechter dat verweerder in het hoofdgeding extra voorzieningen ter beschikking heeft gesteld die consumptie ter plaatse mogelijk maakten. Hij wijst er echter op dat in onderhavig geval een deel van de klanten de bereide spijzen of maaltijden slechts heeft gekocht om deze mee te nemen en dus geen gebruik heeft gemaakt van de ter beschikking gestelde eetvoorzieningen. De verwijzende rechter merkt ten slotte op dat indien de voor onmiddellijke consumptie bereide spijzen of maaltijden geen „levensmiddelen” in de zin van bijlage H, categorie 1, van de Zesde richtlijn zijn, de lidstaten niet bevoegd zijn om deze spijzen of maaltijden onder een verlaagd btw-tarief te laten vallen – ook niet wanneer het om een levering van goederen gaat. Daarop heeft het Bundesfinanzhof de behandeling van de zaak geschorst en het Hof volgende prejudiciële vragen gesteld: „1)      Is er sprake van een levering [van goederen] in de zin van artikel 5 van de Zesde richtlijn [...], indien voor onmiddellijke consumptie bereide spijzen of maaltijden worden verstrekt? 2)      Is het voor de beantwoording van de eerste vraag van belang of aanvullende diensten worden verricht (terbeschikkingstelling van eetvoorzieningen)? 3)      Indien de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord, dient het begrip ‚levensmiddelen’ in bijlage H, categorie 1, van de Zesde richtlijn dan in die zin te worden uitgelegd dat daaronder alleen zijn begrepen levensmiddelen ‚om mee te nemen’ zoals deze in de levensmiddelenhandel plegen te worden verkocht, of zijn daaronder ook begrepen spijzen of maaltijden die – door koken, braden, bakken of op andere wijze – zijn bereid om onmiddellijk te worden geconsumeerd?” Zaak C‑499/09 CinemaxX exploiteert bioscopen op verschillende plaatsen in Duitsland. Naast snoepgoed en drank kunnen bioscoopbezoekers in de foyers van deze bioscopen ook popcorn en „tortilla”chips („nacho’s”) kopen in verschillende hoeveelheden. Bij de verkooppunten zelf zijn geen balies beschikbaar waaraan gegeten kan worden, maar in de foyers van een aantal bioscopen bevindt zich een variabel aantal statafels, barkrukken en soms zitbanken, stoelen, tafels om aan te zitten en aan de muur bevestigde statafels. Al deze voorzieningen zijn evenwel niet in alle bioscopen aanwezig. In sommige bioscoopzalen zijn de stoelen uitgerust met drankhouders. Popcorn wordt bereid door suiker, maïs, popcornzout en vet in een bepaalde verhouding in een popcornmachine te doen, waarin de ingrediënten worden verhit. Een deel van de popcorn wordt daarna meteen in de bij de verkooppunten voorhanden warmhouders gedaan. Wanneer de klanten popcorn bestellen, wordt deze uit voornoemde warmhouders met een schep in papieren zakken van verschillende formaten gedaan. De overige popcorn wordt in grote zakken of kuipen bewaard en dan naar behoefte in de warmhouders bijgevuld. De „tortilla”chips worden gewoonlijk in verpakkingen van elk 500 gram bij de leveranciers besteld. Ook zij worden in een warmhouder bewaard, waar zij op een lauwwarme temperatuur worden gehouden. Bij de nacho’s worden verschillende sauzen („dippen”) aangeboden. Deze worden in grotere bakken kant-en-klaar aangeleverd. Deze sauzen worden opgewarmd en in porties verdeeld. In haar btw-aangifte voor juni 2005 gaf CinemaxX de omzet uit de verkoop van popcorn en „tortilla”chips aan als vallend onder het verlaagde belastingtarief. De fiscus heeft deze aangifte afgewezen en een beschikking vastgesteld waarbij het normale belastingtarief op deze verrichtingen werd toegepast. Het bezwaar dat CinemaxX tegen deze beschikking heeft aangetekend bij de fiscus, is afgewezen en ook haar bij het bevoegde Finanzgericht ingestelde beroep is verworpen. Het Finanzgericht oordeelde dat het bij de betrokken verrichtingen niet om de levering van goederen ging, maar om „andere prestaties” in de zin van § 3, lid 9, UStG, aangezien CinemaxX geen „meeneemmaaltijden”, maar spijzen voor consumptie ter plaatse had verstrekt. Bij het bij de verwijzende rechter ingestelde beroep tot „Revision” betoogt CinemaxX dat er in het kader van de verstrekking van spijzen of maaltijden slechts sprake is van restaurantverrichtingen waarvoor het normale btw-tarief geldt, indien het dienstenaspect overheerst. Dit is niet het geval bij het warm houden van popcorn en „tortilla”chips, omdat het hierbij slechts gaat om een voor deze levensmiddelen geschikte bewaarmethode en/of om waarborging van een voor de verkoop optimale temperatuur. Ook het ontbreken van een meeneemverpakking heeft geen negatieve gevolgen voor haar rechtszaak, omdat dit noch het ontbreken van het dienstenaspect noch het ontbreken van een passend kader voor consumptie ter plaatse kan compenseren. Evenzo mag het schoonmaken van de bioscoopzalen niet ten nadele van CinemaxX worden meegewogen. De statafels, barkrukken en andere voorzieningen zijn niet bedoeld voor het nuttigen van de popcorn of de „tortilla”chips, omdat de bezoekers deze meestal niet in de foyer, maar in de bioscoopzaal opeten. Voor het overige verschillen de door CinemaxX verrichte prestaties niet van die welke in supermarkten of bij kiosken in het kader van de verkoop van eetwaren worden verricht. Vanuit het perspectief van de gemiddelde bioscoopbezoeker dient dit soort verkoop uitsluitend ter aanvulling van het bioscoopbezoek. CinemaxX verricht geen restaurantdiensten zoals bediening aan tafel. Op dezelfde gronden als die welke in de punten 18 tot en met 23 van het onderhavige arrest in het kader van zaak C‑497/09 zijn uiteengezet, heeft het Bundesfinanzhof de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld: „1)      Is er sprake van een levering [van goederen] in de zin van artikel 5 van de Zesde richtlijn [...], indien voor onmiddellijke consumptie bereide spijzen of maaltijden worden verstrekt? 2)      Is het voor de beantwoording van de eerste vraag van belang of aanvullende diensten worden verricht (terbeschikkingstelling van tafels, stoelen, overige eetvoorzieningen, aanbod van een bioscoopvoorstelling)? 3)      Indien de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord, dient het begrip ‚levensmiddelen’ in bijlage H, categorie 1, van de Zesde richtlijn dan in die zin te worden uitgelegd dat daaronder alleen zijn begrepen levensmiddelen ‚om mee te nemen’ zoals deze in de levensmiddelenhandel plegen te worden verkocht, of zijn daaronder ook begrepen spijzen of maaltijden die – door koken, braden, bakken of op andere wijze – zijn bereid om onmiddellijk te worden geconsumeerd?” Zaak C‑501/09 Lohmeyer exploiteerde in de jaren 1996 tot en met 1999 verschillende snackbars en een grill. Daar verkocht hij kant-en-klaargerechten (braadworst, curryworst, hotdog, friet, steak, buikvlees, spiesen, ribvlees, enz.). Op de gehele omzet uit de verkoop hiervan paste hij het verlaagde btw-tarief toe. De fiscus heeft echter vastgesteld dat die snackbars waren uitgerust met balies en meende dat er sprake was van bijzondere voorzieningen die voor het ter plaatse nuttigen van spijzen ter beschikking werden gesteld, zodat de betrokken verrichtingen in beginsel tegen het normale btw-tarief dienden te worden belast. Aangezien de fiscus niet uitsloot dat een deel van de klanten de beschikbare balies niet voor het nuttigen van spijzen gebruikte, maar de spijzen kocht om mee te nemen, schatte hij het aandeel van de onder het normale tarief vallende omzet op 80 %. Op 28 mei 2002 heeft de fiscus dienovereenkomstig voor 1996 tot en met 1999 gewijzigde belastingaanslagen vastgesteld. Lohmeyer heeft hiertegen zonder succes bezwaar aangetekend. Het door hem ingestelde beroep is eveneens verworpen. Daarop heeft Lohmeyer beroep tot „Revision” ingesteld bij de verwijzende rechter, waarbij hij in wezen aanvoert dat de bij een snackbar aanwezige balie geen infrastructuur in de zin van de rechtspraak van het Hof is. Onder verwijzing naar het voormelde arrest Faaborg-Gelting Linien heeft het Bundesfinanzhof in een arrest van 18 december 2008 de bereiding van spijzen en maaltijden op een – door de klant – bepaald tijdstip als een wezenlijk dienstenaspect aangemerkt. Gelet op de op die rechtspraak geformuleerde kritiek, is de verwijzende rechter echter niet meer met de vereiste mate van zekerheid ervan overtuigd dat de bereiding van spijzen op een bepaald tijdstip als een wezenlijk dienstenaspect te beschouwen is, dat óf alleen óf samen met een andere prestatie van enig belang bij de verstrekking aan de klant tot gevolg heeft dat het geheel als een dienstverrichting aan te merken is. Daarop heeft het Bundesfinanzhof de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld: „1)      Dient het begrip ‚levensmiddelen’ in bijlage H, categorie 1, van de Zesde richtlijn [...] in die zin te worden uitgelegd dat daaronder alleen zijn begrepen levensmiddelen ‚om mee te nemen’ zoals deze in de levensmiddelenhandel plegen te worden verkocht, of zijn daaronder ook begrepen spijzen of maaltijden die – door koken, braden, bakken of op andere wijze – zijn bereid om onmiddellijk te worden geconsumeerd? 2)      Indien ‚levensmiddelen’ in de zin van bijlage H, categorie 1, van de Zesde richtlijn ook spijzen of maaltijden voor onmiddellijke consumptie zijn[,] dient artikel 6, lid 1, eerste zin, van de Zesde richtlijn dan in die zin te worden uitgelegd dat daaronder is begrepen de verstrekking van vers bereide spijzen of maaltijden die de afnemer onder gebruikmaking van eetvoorzieningen, zoals bijvoorbeeld balies, statafels en dergelijke, ter plaatse nuttigt en niet meeneemt?” Zaak C‑502/09 Fleischerei Nier is een commanditaire vennootschap die een slagerij en een partyservice exploiteert. De bij de partyservice bestelde spijzen worden door haar in afgesloten warmhoudbakken geleverd en op verzoek van de klant stelt zij ook servies en bestek, statafels alsmede personeel ter beschikking. Fleischerei Nier paste in haar facturen het normale btw-tarief toe op de vergoedingen voor de verstrekking van servies, bestek, statafels en personeel, en het verlaagde btw-tarief op de vergoedingen voor de spijzen. De fiscus heeft zich echter op het standpunt gesteld dat ook de leveringen van eetwaren, voor zover zij gepaard gingen met de verstrekking van servies en bestek, statafels of personeel, onder het normale btw-tarief vielen en heeft een dienovereenkomstig gewijzigde belastingaanslag opgelegd. In de bezwaarprocedure zijn de betrokkenen overeengekomen dat de vergoedingen voor de leveringen van eetwaren onder het normale tarief vielen in de gevallen waarin Fleischerei Nier ook personeel ter beschikking had gesteld. Zowel het bezwaar als het beroep tegen de gewijzigde aanslag is afgewezen. In haar beroep tot „Revision” voert Fleischerei Nier in wezen aan dat de verstrekking van servies en bestek een bijkomende prestatie naast de levering van spijzen is, die niet rechtvaardigt dat de hele prestatie als dienstverrichting wordt gekwalificeerd. Voor de werkzaamheden van een partyservice is kenmerkend dat de klant zijn gasten in zijn eigen huis wil ontvangen, zodat dit soort prestaties niet kan worden vergeleken met een restaurantverrichting. Het Bundesfinanzhof heeft onder verwijzing naar het voormelde arrest Faaborg-Gelting Linien geoordeeld dat de prestaties van een partyservice één enkele prestatie vormen, indien naast de verstrekking van de bereide spijzen servies en bestek ter beschikking wordt gesteld en aansluitend wordt gereinigd, en dat de bereiding van spijzen en maaltijden op een – door de klant bepaald – tijdstip een wezenlijk dienstenaspect is. Gelet op de argumenten van Fleischerei Nier en de in de doctrine geformuleerde kritiek, is het Bundesfinanzhof echter niet meer met de vereiste mate van zekerheid ervan overtuigd dat de voornoemde rechtspraak voldoet aan de beginselen van het recht van de Unie. Volgens de verwijzende rechter verricht een partyservice ten behoeve van zijn afnemers één enkele prestatie en niet meerdere zelfstandige hoofdprestaties, ongeacht of de afnemer behalve van de verstrekking van spijzen gebruikmaakt van slechts één dan wel van meerdere van de facultatief aangeboden aanvullende prestaties, zoals de terbeschikkingstelling van bestek, servies, statafels of personeel. Volgens de verwijzende rechter is opheldering gewenst met betrekking tot de vraag of het verenigbaar is met het recht van de Unie, dat bij de kwalificatie van de totale prestatie van een partyservice de bereiding van de spijzen uit verschillende levensmiddelen als dienstenaspect wordt aangemerkt. De verwijzende rechter acht het noodzakelijk dat in de praktijk bruikbare criteria worden geformuleerd om tot voorzienbare resultaten bij de kwalificatie van deze prestaties te komen en rechtszekerheid voor alle betrokken ondernemers te waarborgen. De totale prestatie moet zonder enige twijfel steeds als dienstverrichting worden aangemerkt wanneer bedieningspersoneel ter beschikking wordt gesteld, terwijl de overige in aanmerking komende prestaties niet als kenmerkend of overheersend te beschouwen zijn indien de som van hun daadwerkelijke kosten ver achter blijft bij de daadwerkelijke kosten van de kant-en-klaargerechten voor onmiddellijke consumptie. De verwijzende rechter vraagt zich echter af of deze zienswijze verenigbaar is met de rechtspraak van het Hof. Hij wijst erop dat volgens het arrest van 27 oktober 2005, Levob Verzekeringen en OV Bank (C‑41/04, Jurispr. blz. I‑9433, punt 28), bij de bepaling van de overheersende aspecten van een samengestelde prestatie onder meer ook de kosten van belang kunnen zijn, maar dat op grond van het arrest van 29 maart 2007, Aktiebolaget NN (C‑111/05, Jurispr. blz. I‑2697, punt 37), bij de kwalificatie van een samengestelde verrichting geen doorslaggevend belang mag worden gehecht aan de kosten alleen. Daarop heeft het Bundesfinanzhof de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld: „1)      Dient het begrip ‚levensmiddelen’ in bijlage H, categorie 1, van de Zesde richtlijn [...] in die zin te worden uitgelegd dat daaronder alleen zijn begrepen levensmiddelen ‚om mee te nemen’ zoals deze in de levensmiddelenhandel plegen te worden verkocht, of zijn daaronder ook begrepen spijzen of maaltijden die – door koken, braden, bakken of op andere wijze – zijn bereid om onmiddellijk te worden geconsumeerd? 2)      Indien ‚levensmiddelen’ in de zin van bijlage H, categorie 1, van de Zesde richtlijn ook spijzen of maaltijden voor onmiddellijke consumptie zijn[,] dient de bereiding van de spijzen of maaltijden dan als dienstenaspect te worden beschouwd wanneer moet worden beslist over de vraag of de totale prestatie van een partyservice (verstrekking van kant-en-klare spijzen of maaltijden, het vervoer ervan en eventueel de verstrekking van bestek en servies en/of van statafels alsmede het afhalen van de ter beschikking gestelde voorwerpen) moet worden gekwalificeerd als levering van levensmiddelen die onder het verlaagde belastingtarief valt (bijlage H, categorie 1, van deze richtlijn), dan wel als onder het normale belastingtarief vallende dienstverrichting (artikel 6, lid 1, van deze richtlijn)? 3)      Indien de tweede vraag ontkennend wordt beantwoord [,] is het verenigbaar met artikel 2, punt 1, juncto artikel 5, lid 1, en artikel 6, lid 1, van de Zesde richtlijn dat bij de kwalificatie van de totale prestatie van een partyservice als levering van goederen of als dienstverrichting van eigen aard ten behoeve van de typering uitsluitend rekening wordt gehouden met het aantal aspecten met het karakter van een dienstverrichting (twee of meer) ten opzichte van het leveringsaandeel, of moeten de aspecten met het karakter van een dienstverrichting ongeacht hun aantal in aanmerking worden genomen, en, zo ja, op grond van welke kenmerken?” Bij beschikking van de president van het Hof van 3 februari 2010 zijn de zaken C‑497/09, C‑499/09, C‑501/09 en C‑502/09 overeenkomstig artikel 43 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof wegens verknochtheid gevoegd voor de schriftelijke en de mondelinge behandeling alsmede voor het arrest. Beantwoording van de prejudiciële vragen Met de eerste twee vragen in de zaken C‑497/09 en C‑499/09, de tweede vraag in zaak C‑501/09 en de tweede en de derde vraag in zaak C‑502/09, die samen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter van het Hof in wezen te vernemen of het bij de verschillende, in de vier hoofdgedingen aan de orde zijnde werkzaamheden bestaande in de verstrekking van voor onmiddellijke consumptie bereide spijzen of maaltijden gaat om leveringen van goederen in de zin van artikel 5 van de Zesde richtlijn dan wel om dienstverrichtingen in de zin van artikel 6 daarvan, en welke invloed aanvullende handelingen met het karakter van een dienst dienaangaande kunnen hebben. Inleidende opmerkingen Vooraf dient te worden uitgemaakt of de diverse activiteiten waarom het in elk van de hoofdgedingen gaat, voor de btw moeten worden behandeld als verschillende afzonderlijk belastbare handelingen dan wel als samengestelde handelingen die uit verschillende aspecten bestaan. Zoals uit de rechtspraak van het Hof blijkt, dient, wanneer een handeling uit een reeks aspecten en verrichtingen bestaat, rekening te worden gehouden met alle omstandigheden waarin de betrokken handeling plaatsvindt, teneinde te bepalen of het om twee of meer afzonderlijke prestaties dan wel om één prestatie gaat, en of, in dit laatste geval, deze prestatie als levering van goederen dan wel als dienstverrichting moet worden gekwalificeerd (zie reeds aangehaalde arresten Levob Verzekeringen en OV Bank, punt 19, en Aktiebolaget NN, punt 21). Het Hof heeft voorts geoordeeld dat blijkens artikel 2 van de Zesde richtlijn elke handeling normaal gesproken als onderscheiden en zelfstandig moet worden beschouwd, en dat de handeling die economisch gezien uit één prestatie bestaat, niet kunstmatig uit elkaar mag worden gehaald omdat anders de goede werking van het btw-stelsel zou worden aangetast. Er is sprake van één prestatie wanneer twee of meer aspecten of handelingen die de belastingplichtige verricht voor de klant, zo nauw met elkaar verbonden zijn dat zij objectief gezien één, niet te splitsen economische prestatie vormen, waarvan het kunstmatig zou zijn die uit elkaar te halen (reeds aangehaalde arresten Levob Verzekeringen en OV Bank, punten 20 en 22, en Aktiebolaget NN, punten 22 en 23). Tevens is er sprake van één enkele handeling wanneer een of meer aspecten moeten worden geacht de hoofddienst te vormen, terwijl andere aspecten moeten worden beschouwd als een of meer bijkomende diensten die het fiscale lot van de hoofddienst delen. Een prestatie moet in het bijzonder als bijkomend bij een hoofdprestatie worden beschouwd, wanneer zij voor de klant geen doel op zich is, maar een middel om de hoofddienst van de dienstverrichter zo aantrekkelijk mogelijk te maken (zie met name arrest van 25 februari 1999, CPP, C‑349/96, Jurispr. blz. I‑973, punt 30; reeds aangehaald arrest Levob Verzekeringen en OV Bank, punt 21; arresten van 11 juni 2009, RLRE Tellmer Property, C‑572/07, Jurispr. blz. I‑4983, punt 18, en 2 december 2010, Everything Everywhere, C‑276/09, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punten 24 en 25). In het kader van de krachtens artikel 267 VWEU ingevoerde samenwerking is het aan de nationale rechterlijke instanties om te bepalen of dit in een concreet geval zo is, en om alle definitieve feitelijke vaststellingen dienaangaande te doen (zie in die zin reeds aangehaalde arresten CPP, punt 32, en Levob Verzekeringen en OV Bank, punt 23). In het onderhavige geval is er in alle hoofdgedingen sprake van een combinatie van de levering van een of meer goederen en de verrichting van verschillende handelingen met het karakter van een dienst; de verwijzende rechter is van oordeel dat die levering en deze verrichting voor de btw één enkele handeling vormen. Noch uit de verwijzingsbeslissingen noch uit de bij het Hof ingediende opmerkingen blijkt dat deze kwalificatie niet volgens de voornoemde criteria heeft plaatsgevonden. Met betrekking tot de prestaties die worden geleverd in het kader van activiteiten van een partyservice als die welke in het hoofdgeding in zaak C‑502/09 aan de orde zijn, zij met name erop gewezen dat het antwoord op de vraag of er sprake is van één enkele prestatie niet afhangt van het feit dat de partyservice één enkele factuur opmaakt waarin alle aspecten worden opgevoerd, dan wel integendeel voor de levering van de spijzen een afzonderlijke factuur opmaakt (zie in die zin reeds aangehaalde arresten CPP, punt 31; Levob Verzekeringen en OV Bank, punt 25, en Everything Everywhere, punt 29). Kwalificatie als levering van goederen dan wel als dienstverrichting Er zij aan herinnerd dat de Zesde richtlijn een gemeenschappelijk btw-stelsel heeft ingevoerd dat in het bijzonder is gebaseerd op een uniforme omschrijving van de belastbare handelingen (zie met name arrest van 21 februari 2006, Halifax e.a., C‑255/02, Jurispr. blz. I‑1609, punt 48). Wat het begrip „levering van goederen” betreft, preciseert artikel 5, lid 1, van de Zesde richtlijn dat als een dergelijke levering wordt beschouwd de overdracht of overgang van de macht om als een eigenaar over een lichamelijke zaak te beschikken. Blijkens de rechtspraak van het Hof omvat dit begrip elke overdrachtshandeling met betrekking tot een lichamelijke zaak door een partij die de andere partij in staat stelt daadwerkelijk over die zaak te beschikken als ware zij er de eigenaar van (zie met name reeds aangehaald arrest Halifax e.a., punt 51). Onder het begrip „dienstverrichting” valt volgens artikel 6, lid 1, van de Zesde richtlijn elke handeling die geen levering van een goed in de zin van artikel 5 van deze richtlijn is. Om uit te maken of één samengestelde handeling als die welke in elk van de hoofdgedingen aan de orde is, als een „levering van goederen” dan wel als een „dienstverrichting” moet worden gekwalificeerd, moeten alle omstandigheden waaronder de betrokken handeling wordt verricht in aanmerking worden genomen om daaruit de kenmerkende aspecten naar voren te halen en de overheersende onderdelen ervan te bepalen (zie in die zin met name reeds aangehaalde arresten Faaborg-Gelting Linien, punten 12 en 14; Levob Verzekeringen en OV Bank, punt 27, en Aktiebolaget NN, punt 27; arrest van 11 februari 2010, Graphic Procédé, C‑88/09, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 24). Voorts zij erop gewezen dat het overheersende aspect moet worden bepaald uit het oogpunt van de modale consument (zie in die zin met name reeds aangehaalde arresten Levob Verzekeringen en OV Bank, punt 22, alsmede Everything Everywhere, punt 26), en in het kader van een algehele beoordeling, met inaanmerkingneming van het kwalitatieve – en niet enkel het kwantitatieve – belang van het dienstenaspect tegenover het met een levering van goederen verband houdende aspect. Aangezien met de verhandeling van een goed steeds een zekere dienstverrichting gepaard gaat, zoals het uitstallen van de producten op schappen of het afgeven van een factuur, kunnen ter bepaling van het aandeel van de dienstverrichting in een complexe transactie die tevens de levering van een goed omvat, enkel de andere diensten dan die welke voor de verhandeling van een goed noodzakelijk zijn in aanmerking worden genomen (arrest van 10 maart 2005, Hermann, C‑491/03, Jurispr. blz. I‑2025, punt 22). In punt 14 van het voormelde arrest Faaborg-Gelting Linien heeft het Hof meer bepaald geoordeeld dat de restaurantverrichting wordt gekenmerkt door een reeks van aspecten en handelingen, waarvan de levering van voedsel niet meer dan een onderdeel is en waarin het dienstenaspect ruimschoots de overhand heeft. Zij moet bijgevolg als dienst in de zin van artikel 6, lid 1, van de Zesde richtlijn worden beschouwd. Dit is echter anders, wanneer de verrichting betrekking heeft op afhaalmaaltijden en niet gepaard gaat met diensten die de nuttiging ter plaatse in een passend kader moeten veraangenamen. Zo heeft het Hof met betrekking tot restaurantverrichtingen aan boord van een veerboot benadrukt dat de verstrekking van toebereide spijzen en drank voor onmiddellijke consumptie het resultaat is van een reeks diensten, die begint bij de toebereiding van de spijzen en eindigt bij de feitelijke opdiening, en waarbij de klant een infrastructuur ter beschikking wordt gesteld, bestaande uit een restauratiezaal met bijbehorende ruimten (garderobe, etc.) alsmede meubilair en serviesgoed. In voorkomend geval zullen de natuurlijke personen wier beroep dit is, de tafel dekken, de klant adviseren en hem informeren over de aangeboden spijzen of drank, de gerechten aan tafel opdienen en ten slotte na de maaltijd de tafel afruimen (reeds aangehaald arrest Faaborg-Gelting Linien, punt 13). In het hoofdgeding in de zaken C‑497/09 en C‑501/09 betreffen de aan de orde zijnde activiteiten volgens de door de verwijzende rechter verstrekte gegevens de verkoop in snackwagens of snackbars van worst, friet en andere warme spijzen voor onmiddellijke consumptie. In dit verband moet om te beginnen worden vastgesteld dat de verstrekking van dergelijke producten noodzakelijkerwijs inhoudt dat deze eerst worden gekookt of opgewarmd, hetgeen een dienst is die bij de algehele beoordeling van de betrokken verrichting met het oog op de kwalificatie ervan als levering van goederen dan wel als dienstverrichting in aanmerking moet worden genomen. Nu de bereiding van het warme eindproduct zich in wezen beperkt tot eenvoudige, vaste handelingen, die meestal niet op verzoek van een bepaalde klant worden verricht, maar naargelang van de algemeen verwachte vraag voortdurend of op regelmatige basis, vormt zij evenwel niet het overheersende bestanddeel van de betrokken verrichting en kan zij op zich hieraan niet het karakter van een dienstverrichting verlenen. Aangaande de voor restaurantverrichtingen kenmerkende dienstenaspecten zoals die blijken uit de in de punten 63 tot en met 65 van het onderhavige arrest aangehaalde rechtspraak, zij bovendien vastgesteld dat er bij de activiteiten aan de orde in het hoofdgeding in de zaken C‑497/09 en C‑501/09 noch sprake is van kelners noch van echte adviesverstrekking aan de klanten of bediening in de eigenlijke zin van het woord – die met name bestaat in het doorgeven van bestellingen aan de keuken, het vervolgens presenteren van de gerechten en deze voor de klant aan tafel opdienen; er worden geen gesloten en verwarmde, speciaal voor het nuttigen van de verstrekte spijzen ingerichte ruimten ter beschikking gesteld, net zo min als garderobes en toiletten, en doorgaans is geen serviesgoed, meubilair of tafelgerei voorhanden. De door de verwijzende rechter genoemde dienstenaspecten bestaan namelijk slechts in de terbeschikkingstelling van rudimentaire voorzieningen, te weten gewone eetbalies zonder zitgelegenheid, waaraan een beperkt aantal klanten hun spijzen ter plaatse, in de open lucht, kunnen nuttigen. Dergelijke rudimentaire voorzieningen vereisen slechts een geringe personeelsinzet. In die omstandigheden vormen voornoemde aspecten slechts onbeduidende, bijkomende prestaties die het overheersende karakter van de hoofdprestatie, namelijk dat van een levering van goederen, niet kunnen wijzigen. Hetzelfde geldt voor de in het hoofdgeding in zaak C‑499/09 aan de orde zijnde verkoop van popcorn en „tortilla”chips in bioscoopfoyers. Zoals uit de beschrijving van de feiten door de verwijzende rechter blijkt, vormen de bereiding van popcorn – die samenvalt met de productie ervan – en de aflevering van popcorn en „tortilla”chips in verpakking bestanddelen van de verkoop van deze producten, en dus geen hiervan losstaande verrichtingen. Voorts gebeurt zowel de bereiding als het op een bepaalde temperatuur houden van het voedsel op regelmatige basis en niet op bestelling van een bepaalde klant. Tevens zij erop gewezen dat de terbeschikkingstelling van meubilair (statafels, barkrukken, stoelen en zitbanken) – afgezien van het feit dat dit niet in alle bioscopen voorhanden is – in de regel van de verkoop van popcorn en „tortilla”chips losstaat, en dat de met dit meubilair uitgeruste ruimten evenzeer als wachtruimte en trefpunt dienen. Het voedsel wordt in de praktijk overigens in de bioscoopzalen genuttigd. Daartoe zijn de stoelen in sommige zalen uitgerust met drankhouders, die er tevens voor moeten zorgen dat de zalen net blijven. De enkele terbeschikkingstelling van dit meubilair, dat niet uitsluitend bedoeld is om het nuttigen van dergelijke eetwaren eventueel te vergemakkelijken, kan niet worden beschouwd als een dienstenaspect dat aan de verrichting in haar geheel de hoedanigheid van een dienstverrichting kan verlenen. Uit het voorgaande blijkt dat bij activiteiten als die welke in het hoofdgeding in de zaken C‑497/09, C‑499/09 en C‑501/09 aan de orde zijn, het overheersende aspect van de betrokken verrichtingen in hun geheel beschouwd bestaat in de levering van spijzen of eetwaren voor onmiddellijke consumptie, waarbij de eenvoudige standaardbereiding die voor dit voedsel kenmerkend is, en de terbeschikkingstelling van rudimentaire voorzieningen waardoor een beperkt aantal klanten de spijzen ter plaatse kan nuttigen, slechts prestaties van zuiver bijkomende en ondergeschikte aard zijn. Of de klanten voornoemde rudimentaire voorzieningen al dan niet gebruiken, is niet relevant, aangezien de onmiddellijke consumptie ter plaatse geen wezenlijk kenmerk van de betrokken verrichting is, en dus niet bepalend kan zijn voor de aard ervan. Aangaande activiteiten van een partyservice als de in het hoofdgeding in zaak C‑502/09 aan de orde zijnde, zij eerst en vooral benadrukt dat, zoals uit punt 38 van het onderhavige arrest blijkt, volgens de wensen van de klant verschillende combinaties van verrichtingen denkbaar zijn, gaande van het gewoon bereiden en leveren van spijzen tot een all-inprestatie die bovendien de terbeschikkingstelling van serviesgoed en meubilair (tafels en stoelen), de presentatievorm van de gerechten, de decoratie, de terbeschikkingstelling van bedieningspersoneel en advisering over de samenstelling van het menu en zo nodig de keuze van de drank omvat. Voorts zij eraan herinnerd dat de kwalificatie van de verrichting als levering van goederen dan wel als dienstverrichting, wanneer het om één enkele prestatie gaat, afhangt van alle feitelijke omstandigheden, waarbij de kwalitatief overheersende aspecten uit het oogpunt van de consument in aanmerking moeten worden genomen. Met betrekking tot door een partyservice aan huis geleverde spijzen moet erop worden gewezen dat deze, anders dan die welke in snackbars, snackwagens en bioscopen worden verstrekt, in de regel niet het resultaat zijn van een gewone standaardbereiding, maar een duidelijk groter dienstenaandeel omvatten en meer arbeid en bedrevenheid vereisen. De kwaliteit van de gerechten, de creativiteit en de presentatievorm zijn in dit geval aspecten die voor de klant meestal van doorslaggevend belang zijn. Vaak wordt de klant niet alleen de mogelijkheid geboden om een menu samen te stellen, maar ook om gerechten op maat te laten bereiden. Dit dienstenaandeel komt trouwens ook in het taalgebruik tot uitdrukking, aangezien in de omgangstaal doorgaans wordt gesproken van een „partyservice” en van daarbij „bestelde” in plaats van „gekochte” spijzen. De spijzen worden nadien door de partyservice in afgesloten warmhoudbakken geleverd of ter plaatse door hem opgewarmd. Voor de klant is ook essentieel dat de spijzen precies op het door hem bepaalde ogenblik worden geleverd. De prestaties van een partyservice kunnen verder aspecten omvatten die gericht zijn op het mogelijk maken van consumptie, zoals de terbeschikkingstelling van serviesgoed, bestek en zelfs meubilair. Anders dan de enkele terbeschikkingstelling van een rudimentaire infrastructuur in het geval van snackbars, snackwagens en bioscopen, verlangen deze aspecten bovendien een zekere inzet van personeel om het materiaal te brengen, op te halen en zo nodig schoon te maken. In het licht van het voorgaande moet worden vastgesteld dat de activiteiten van een partyservice dienstverrichtingen vormen, tenzij in de gevallen waarin deze gewoon standaardspijzen levert zonder verder aanvullende diensten te verrichten of wanneer blijkens andere bijzondere omstandigheden de levering van de spijzen het overheersende bestanddeel van de handeling is. Hieruit volgt dat op de eerste twee vragen in de zaken C‑497/09 en C‑499/09, de tweede vraag in zaak C‑501/09 en de tweede en de derde vraag in zaak C‑502/09 moet worden geantwoord dat de artikelen 5 en 6 van de Zesde richtlijn aldus moeten worden uitgelegd dat: –        de verstrekking in snackbars, snackwagens of bioscoopfoyers van vers bereide spijzen of eetwaren voor onmiddellijke consumptie een levering van goederen in de zin van voormeld artikel 5 vormt, wanneer uit een kwalitatief onderzoek van de handeling in haar geheel blijkt dat de diensten waarmee de levering van de eetwaren gepaard gaat, niet overheersen; –        de activiteiten van een partyservice dienstverrichtingen in de zin van voormeld artikel 6 vormen, tenzij in de gevallen waarin deze gewoon standaardspijzen levert zonder verder aanvullende diensten te verrichten of wanneer blijkens andere bijzondere omstandigheden de levering van de spijzen het overheersende bestanddeel van de handeling is. Begrip „levensmiddelen” in bijlage H, categorie 1, van de Zesde richtlijn Met de derde vraag in de zaken C‑497/09 en C‑499/09 en de eerste vraag in de zaken C‑501/09 en C‑502/09, die samen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter van het Hof te vernemen of het begrip „levensmiddelen” in bijlage H, categorie 1, van de Zesde richtlijn, zo het bij de in de verschillende hoofdgedingen aan de orde zijnde handelingen om leveringen van goederen gaat, ook voor onmiddellijke consumptie bereide spijzen of maaltijden omvat. Aangezien de Zesde richtlijn het begrip „levensmiddelen” niet definieert, dient dit begrip te worden uitgelegd tegen de achtergrond van de context waarin het in de Zesde richtlijn wordt gebruikt (zie naar analogie arresten van 18 januari 2001, Commissie/Spanje, C‑83/99, Jurispr. blz. I‑445, punt 17, en 18 maart 2010, Erotic Center, C‑3/09, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 14). Dienaangaande volgt uit artikel 12, lid 3, sub a, van de Zesde richtlijn dat de toepassing van een of twee verlaagde btw-tarieven een aan de lidstaten toegekende mogelijkheid is in afwijking van het beginsel dat het normale tarief van toepassing is. Bovendien kunnen de verlaagde btw-tarieven ingevolge deze bepaling uitsluitend op de in bijlage H bij deze richtlijn genoemde leveringen van goederen en dienstverrichtingen worden toegepast (zie reeds aangehaalde arresten Commissie/Spanje, punt 18, en Erotic Center, punt 15). Volgens vaste rechtspraak moeten btw-bepalingen die een afwijking vormen op een beginsel, strikt worden uitgelegd, waarbij ervoor moet worden gewaakt dat de uitzondering haar nuttige werking niet verliest (zie met name arresten van 30 september 2010, EMI Group, C‑581/08, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 20, en 28 oktober 2010, Axa UK, C‑175/09, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 25). In dit verband zij erop gewezen dat de betrokken bepaling ziet op levensmiddelen in het algemeen en geen onderscheid of voorbehoud maakt naargelang van het soort handel, de verkoopmethode, de verpakking, de bereiding of de temperatuur. Verder wordt in deze bepaling ook melding gemaakt van „ingrediënten welke gewoonlijk bestemd zijn voor gebruik bij de bereiding van levensmiddelen” en „producten die gewoonlijk bestemd zijn ter aanvulling of vervanging van levensmiddelen”. Ten slotte worden de voor onmiddellijke consumptie bereide spijzen en maaltijden voor voedingsdoeleinden aan de consument verkocht. Derhalve moet op de derde vraag in de zaken C‑497/09 en C‑499/09 en de eerste vraag in de zaken C‑501/09 en C‑502/09 worden geantwoord dat het begrip „levensmiddelen” in bijlage H, categorie 1, van de Zesde richtlijn in het geval van leveringen van goederen aldus moet worden uitgelegd dat het ook spijzen en maaltijden omvat die door koken, braden, bakken of op andere wijze zijn bereid om onmiddellijk te worden geconsumeerd. Kosten Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking. Het Hof (Derde kamer) verklaart voor recht: 1) De artikelen 5 en 6 van de Zesde richtlijn (77/388/EEG) van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting – Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag, zoals gewijzigd bij richtlijn 92/111/EG van de Raad van 14 december 1992, moeten aldus worden uitgelegd dat: – de verstrekking in snackbars, snackwagens of bioscoopfoyers van vers bereide spijzen of eetwaren voor onmiddellijke consumptie een levering van goederen in de zin van voormeld artikel 5 vormt, wanneer uit een kwalitatief onderzoek van de handeling in haar geheel blijkt dat de diensten waarmee de levering van de eetwaren gepaard gaat, niet overheersen; – de activiteiten van een partyservice dienstverrichtingen in de zin van voormeld artikel 6 vormen, tenzij in de gevallen waarin deze gewoon standaardspijzen levert zonder verder aanvullende diensten te verrichten of wanneer blijkens andere bijzondere omstandigheden de levering van de spijzen het overheersende bestanddeel van de handeling is. 2) In het geval van leveringen van goederen moet het begrip „levensmiddelen” in bijlage H, categorie 1, van de Zesde richtlijn (77/388), zoals gewijzigd bij richtlijn 92/111, aldus worden uitgelegd dat het ook spijzen en maaltijden omvat die door koken, braden, bakken of op andere wijze zijn bereid om onmiddellijk te worden geconsumeerd. ondertekeningen * Procestaal: Duits.

62009TJ0397

es

Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 23 de julio de 2009 (asunto R 1361/2008-1) relativa a una solicitud de registro como marca comunitaria de un signo figurativo que representa el escudo de armas de la casa de Hannover. Datos relativos al asunto Solicitante de la marca comunitaria: Ernst August Prinz von Hannover Herzog zu Braunschweig und Lüneburg Marca comunitaria solicitada: Marca figurativa que representa un escudo de armas para productos y servicios de las clases 16, 25, 28, 32, 33, 35, 39, 41 y 43 — Solicitud de registro nº 5.627.245 Decisión del examinador: Denegación del registro Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso Fallo 1) Desestimar el recurso. 2) Condenar en costas al Sr. Ernst August Prinz von Hannover Herzog zu Braunschweig und Lüneburg.

62008TJ0097

sl

Dejansko stanje Tožeča stranka, družba KUKA Roboter GmbH, je 29. avgusta 2005 pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (v nadaljevanju: Urad) vložila prijavo znamke Skupnosti na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1), kakor je bila spremenjena (nadomeščena z Uredbo Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1)). Znak, katerega registracija se zahteva, je ta odtenek oranžne barve: Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija znamke, so iz razreda 7 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen, in ustrezajo temu opisu: „roboti z gibljivimi rokami za prenašanje, obdelovanje in varjenje, razen robotov, ki delujejo v sterilnih prostorih, medicinskih robotov in robotov za lakiranje; sestavni deli navedenih proizvodov“. Preizkuševalec je z odločbo z dne 7. avgusta 2007 zavrnil zahtevo za registracijo na podlagi člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 (postal člen 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009) z obrazložitvijo, da prijavljena znamka nima razlikovalnega učinka. Tožeča stranka je 2. oktobra 2007 na podlagi členov od 57 do 62 Uredbe št. 40/94 (postali členi od 58 do 64 Uredbe št. 207/2009) vložila pritožbo zoper odločbo preizkuševalca. Četrti odbor za pritožbe Urada je z odločbo z dne 14. decembra 2007 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) zavrnil pritožbo z obrazložitvijo, da prijavljena znamka nima razlikovalnega učinka v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94. V bistvu je menil, da upoštevna javnost barve, na katero se nanaša prijava znamke Skupnosti, ne bo zaznavala kot označbo trgovskega izvora zadevnih proizvodov. Predlogi strank Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj: –        razveljavi izpodbijano odločbo; –        Uradu naloži plačilo stroškov. Urad Splošnemu sodišču predlaga, naj: –        tožbo zavrne; –        tožeči stranki naloži plačilo stroškov. Pravo Dopustnost dokazov, predloženih Splošnemu sodišču Tožeča stranka je v oporo svoji trditvi, da ima prijavljena znamka poseben razlikovalni učinek v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94, z dopisom z dne 25. marca 2009 predložila rezultate dveh raziskav z dne 27. junija 2008, pri čemer je pri prvi raziskavi šlo za telefonsko anketo, opravljeno v Nemčiji, na Kitajskem, v Združenih državah in Italiji, pri drugi pa za vprašalnik, ki je bil javnosti predložen na sejmu Automatica 2008, ki je potekal junija 2008 v Münchnu (Nemčija). Tožeča stranka je prav tako predložila CD-ROM, ki je vseboval oglasne brošure različnih proizvajalcev ter fotografije razstavnih stojnic različnih podjetij iz sektorja, ki so zastopana na sejmih. Urad je z dopisom z dne 12. maja 2009 izpodbijal dopustnost navedenih dokumentov, ker naj bi šlo za nove dokaze. Poleg tega, da so bili ti dokumenti v nasprotju s členom 48(1) Poslovnika Splošnega sodišča predloženi z zamudo, ne da bi bili ob tem navedeni razlogi za zamudo, je treba poudariti, da je v skladu z ustaljeno sodno prakso namen tožb pred Splošnim sodiščem nadzor zakonitosti odločb odborov za pritožbe Urada v smislu člena 63 Uredbe št. 40/94 (postal člen 65 Uredbe št. 207/2009), tako da preučevanje dejanskih okoliščin ob upoštevanju dokumentov, ki so bili prvič predloženi pred Splošnim sodiščem, ni njegova naloga (glej v tem smislu sodbo Splošnega sodišča z dne 24. novembra 2005 v zadevi Sadas proti UUNT – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, ZOdl., str. II‑4891, točka 19 in navedena sodna praksa). Zakonitosti odločbe odbora za pritožbe zato ni mogoče izpodbijati s sklicevanjem na nova dejstva pred Splošnim sodiščem, razen če se dokaže, da bi odbor za pritožbe ta dejstva moral upoštevati po uradni dolžnosti med upravnim postopkom pred sprejetjem odločbe v obravnavanem primeru (sodba Splošnega sodišča z dne 12. decembra 2002 v zadevi eCopy proti UUNT (ECOPY), T‑247/01, Recueil, str. II‑5301, točka 46). Ker se v obravnavanem primeru dokumenti, ki jih je predložila tožeča stranka, očitno ne nanašajo na dejstva, ki bi jih odbor za pritožbe na podlagi člena 74(1) Uredbe št. 40/94 (postal člen 76(1) Uredbe 207/2009) moral upoštevati po uradni dolžnosti, je treba zgoraj navedene dokumente zavrniti, ne da bi bilo treba preučiti njihovo dokazno moč. Vsebinska presoja Tožeča stranka v oporo svoji tožbi navaja tri tožbene razloge, in sicer kršitev člena 28 ES ter členov 7(1)(b), 73 (postal člen 75 Uredbe št. 207/2009) in 74 Uredbe št. 40/94 ter zlorabo pooblastil. Najprej je treba preizkusiti drugi, nato tretji, nazadnje pa še prvi tožbeni razlog. Drugi tožbeni razlog: kršitev členov 7(1)(b), 73 in 74 Uredbe št. 40/94 –       Trditve strank Tožeča stranka trdi, da je odbor za pritožbe napačno ugotovil, da prijavljena znamka nima razlikovalnega učinka glede proizvodov, na katere se nanaša. Tožeča stranka najprej zatrjuje, da je odbor za pritožbe napačno presodil pomen sodbe Sodišča z dne 6. maja 2003 v zadevi Libertel (C‑104/01, Recueil, str. I‑3793), iz katere naj bi izhajalo, da je registracija barve kot znamke Skupnosti izključena samo, če barva nima razlikovalnega učinka. Tako naj bi znamko bilo mogoče registrirati, če ima kakršen koli, pa čeprav omejen razlikovalni učinek. Tožeča stranka zatrjuje, da so v obravnavanem primeru merila, ki jih je Sodišče postavilo v zgoraj navedeni sodbi Libertel, izpolnjena. Prijavljena znamka se namreč nanaša zgolj na eno vrsto posebnih proizvodov, in sicer na robote z gibljivimi rokami za prenašanje, obdelovanje in varjenje, razen robotov, ki delujejo v sterilnih prostorih, medicinskih robotov in robotov za lakiranje. Poleg tega naj bi bil zadevni trg zelo specifičen, saj so, prvič, roboti, na katere se prijavljena znamka nanaša, dolgoročne naložbe, njihova cena na kos v eurih pa je sestavljena iz vsaj petih številk, drugič, roboti naj bi se uporabljali za zelo specializirane namene in, tretjič, zaradi nakupa robota tožeče stranke mora kupec opraviti veliko prilagoditev. Tožeča stranka dalje izpodbija analizo odbora za pritožbe glede upoštevne javnosti iz točk 19 in 20 izpodbijane odločbe in trdi, da v obravnavanem primeru upoštevno javnost sestavljajo kupci in veletrgovci z roboti z gibljivimi rokami za prenašanje, obdelovanje in varjenje, ki dobro poznajo trg teh proizvodov v Evropi. Tožeča stranka tako ugovarja presoji odbora za pritožbe, v skladu s katero zadevno javnost ne sestavljajo zgolj kupci proizvodov, na katere se nanaša prijavljena znamka, temveč tudi tehnično osebje v tovarnah, kjer se ti roboti nahajajo. Tožeča stranka izpodbija, da glede barv obstaja zahteva po razpoložljivosti zaradi majhnega števila barv, ki jih je mogoče razlikovati. Zatrjuje, da je mogoče registrirati besedne znamke, ki vsebujejo zgolj nekaj znakov, čeprav tudi zaloge teh znakov niso neomejene. Poleg tega poudarja, da se monopolizacija prijavljene znamke nanaša zgolj na omejeno skupino proizvodov. Tožeča stranka tudi meni, da registracija prijavljene znamke konkurenčnih podjetij ne bi ovirala pri trženju oranžnih robotov, saj tako trženje ne pomeni uporabe prijavljene znamke v smislu člena 9 Uredbe št. 40/94 (postal člen 9 Uredbe št. 207/2009). Tožeča stranka v zvezi s tem vztraja pri tem, da stranke načeloma izberejo barvo proizvoda ob naročilu, tako da konkurentu tožeče stranke ne bi bilo onemogočeno, da prodaja oranžne robote. Prijavljena znamka naj bi preprečevala zgolj uporabo te barve v oglaševalske in promocijske namene, na primer na sejmih in v brošurah. Registracija prijavljene znamke naj poleg tega ne bi bila v nasprotju z nobenim drugim splošnim interesom. Ta znamka naj ne bi bila predmet opisne uporabe in naj ne bi sledila tehničnemu cilju. Tožeča stranka prav tako izpodbija ugotovitev odbora za pritožbe, da je prijavljena znamka zelo blizu barvi minija, ki se uporablja kot zaščitno sredstvo proti rjavenju. Po eni strani naj bi bili zadevni barvi povsem različni. Po drugi strani uporabo minija prepoveduje Direktiva 2002/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 2003 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (UL L 37, str. 19). Nazadnje, roboti tožeče stranke naj bi bili v glavnem izdelani iz taljenega aluminija, materiala, ki ga ni treba obdelati proti rjavenju. Tožeča stranka tudi zatrjuje, da ni mogoče šteti, da naj bi število prijav znamk, katerih predmet je rdeča ali oranžna barva kot taka, pomenilo, da prijavljena znamka ni neobičajna in da zato nima razlikovalnega učinka. Meni, da zgolj število vloženih prijav znamk, ki se nanašajo na barve kot take, ni pomembno in da mora odbor za pritožbe ocenjevati prijavljeno znamko za vsak posamezen primer, ob upoštevanju proizvodov in storitev, na katere se prijavljena znamka nanaša. Tožeča stranka trdi, da odbor za pritožbe s tem, da je v točki 20 izpodbijane odločbe navedel, da se zadevna javnost za nakup zadevnih proizvodov odloča zgolj na podlagi njihovih tehničnih in ekonomskih lastnosti, ne pa na podlagi njihove barve, ni upošteval pomembnega dejstva, da barva zadevni javnosti omogoča, da proizvod poveže z določenim proizvajalcem in da dobi predstavo o kakovosti tega proizvoda. Tožeča stranka se v zvezi s tem sklicuje na oglasne brošure, predložene odboru za pritožbe, iz katerih naj bi bilo razvidno, da barva robotov z gibljivimi rokami za prenašanje, obdelovanje in varjenje v zainteresiranih krogih pomeni označbo trgovskega izvora. Tožeča stranka poleg tega zatrjuje, da naj bi dokument z naslovom „Icon Added Value“, ki se nanaša na raziskavo, opravljeno leta 2005, katere reprezentativnost za celotno Evropsko unijo naj bi dokazoval dokument z naslovom „World Robotics 2006“, ki je bil predložen odboru za pritožbe, dokazoval, da zadevna javnost barvo povezuje z izvorom proizvodov. Tožeča stranka meni, da trg robotov deluje na podlagi drugačnih zakonitosti kot trgi potrošniškega blaga. Poleg tega ugovarja temu, da naj bi raziskava zadevnega javnega mnenja temeljila na slabo postavljenem vprašanju. Navedba proizvajalca naj namreč ne bi izkrivljala rezultatov. Nazadnje tožeča stranka meni, da je odbor za pritožbe kršil člena 73 in 74 Uredbe št. 40/94, ker naj ne bi preizkusil dejstev in okoliščin obravnavane zadeve. Zato naj bi bila izpodbijana odločba tudi nezadostno obrazložena. Urad ugovarja utemeljenosti trditev tožeče stranke. –       Presoja Splošnega sodišča V skladu s členom 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 se kot znamka ne registrirajo „znamke, ki so brez slehernega razlikovalnega učinka“. Člen 7(2) Uredbe št. 40/94 (postal člen 7(2) Uredbe št. 207/2009) poleg tega določa, da se „odstavek 1 […] uporablja ne glede na to, da razlogi proti registraciji obstajajo le v delu Skupnosti“. Razlikovalni učinek znamke v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 pomeni, da je ta znamka primerna, da proizvode, za katere se zahteva registracija, označuje kot proizvode, ki izhajajo iz določenega podjetja, in jih tako razlikuje od proizvodov drugih podjetij (sodba Sodišča z dne 29. aprila 2004 v združenih zadevah Henkel proti UUNT, C‑456/01 P in C‑457/01 P, Recueil, str. I‑5089, točka 34). Ta razlikovalni učinek je treba presojati glede na proizvode ali storitve, za katere se zahteva registracija, in glede na to, kako ga zaznava upoštevna javnost (zgoraj navedena sodba Henkel proti UUNT, točka 35). Da bi bilo mogoče ugotoviti, ali je z barvo kot tako mogoče razlikovati blago in storitve nekega podjetja od blaga in storitev drugih podjetij v smislu člena 4 Uredbe št. 40/94 (postal člen 4 Uredbe št. 207/2009), je treba presoditi, ali barve kot take lahko posredujejo natančne informacije, zlasti o izvoru določenega blaga ali storitve (glej po analogiji zgoraj navedeno sodbo Libertel, točka 39, in sodbo Sodišča z dne 24. junija 2004 v zadevi Heidelberger Bauchemie, C‑49/02, ZOdl., str. I‑6129, točka 37). V zvezi s tem je treba opozoriti, da čeprav lahko barve vzbujajo nekatere miselne povezave in vzbujajo občutke, so po značilnostih le malo primerne za sporočanje natančnih informacij. Še toliko manj, ker se zaradi svoje privlačnosti po navadi in pogosto uporabljajo v oglasih in pri trženju proizvodov in storitev, ne da bi prenašale kakršno koli natančno sporočilo (zgoraj navedeni sodbi Libertel, točka 40, in Heidelberger Bauchemie, točka 38). Zaznavanje javnosti ni nujno enako pri znaku, ki ga sestavlja barva, in pri besedni ali figurativni znamki, ki jo sestavlja znak, neodvisen od videza proizvoda, ki ga znamka opisuje. Čeprav namreč javnost po navadi takoj prepozna besedne ali figurativne znamke kot znake, ki opredeljujejo trgovski izvor blaga, pa to ne velja v primeru, v katerem se znak pomeša z videzom proizvoda, za katerega se zahteva registracija znaka kot znamke (zgoraj navedena sodba Libertel, točka 65, in sodba Sodišča z dne 21. oktobra 2004 v zadevi KWS Saat proti UUNT, C‑447/02 P, ZOdl., str. I‑10107, točka 78). Pri barvi se obstoj razlikovalnega učinka, neodvisnega od njene uporabe, lahko doseže le v izjemnih okoliščinah, zlasti ko je število proizvodov ali storitev, za katere je prijavljena znamka, zelo omejeno in je upoštevni trg zelo specifičen (zgoraj navedeni sodbi Libertel, točka 66, in KWS Saat proti UUNT, točka 79). Prav tako je treba poudariti, da ker je pravo znamk bistven del sistema neizkrivljene konkurence, ki ga vzpostavlja Pogodba ES, je treba pravice in pooblastila, ki jih znamka daje imetniku, preučiti glede na ta cilj. Glede na to, da registrirana znamka imetniku zagotavlja izključno pravico monopolizirati registrirani znak kot časovno neomejeno znamko za določene proizvode ali storitve, je možnost registracije neke znamke lahko predmet omejitev na podlagi javnega interesa (glej po analogiji zgoraj navedeno sodbo Libertel, točke od 48 do 50). V zvezi s tem je posledica majhnega števila dejansko razpoložljivih barv to, da lahko majhno število registracij kot znamk za storitve ali proizvode izčrpa vso paleto razpoložljivih barv. Tako širok monopol ni združljiv s sistemom neizkrivljene konkurence, zlasti ker bi lahko omogočil nezakonito konkurenčno prednost v korist enega samega gospodarskega subjekta. Na področju prava znamk je treba torej priznati splošen interes, da se neupravičeno ne omejuje razpoložljivost barv drugim subjektom, ki ponujajo take proizvode ali storitve, kot so ti, za katere se zahteva registracija (zgoraj navedena sodba Libertel, točki 54 in 55). Tožbeni razlog kršitve člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 je treba preizkusiti glede na te ugotovitve. Odbor za pritožbe je glede upoštevne javnosti v točki 19 izpodbijane odločbe upošteval, kako tehnično osebje v strojni hali, torej strokovnjaki, ki so odgovorni za upravljanje ali delovanje teh robotov, zaznavajo robote z gibljivimi rokami za prenašanje, obdelovanje in varjenje, v točki 20 izpodbijane sodbe pa, kako take robote zaznavajo podjetja, ki jih kupujejo. Tožeča stranka izpodbija, da je upoštevna javnost sestavljena tudi iz tehničnega osebja, zaposlenega v tovarnah, v katerih so ti roboti. Glede tega zadostuje ugotoviti, kot je pravilno navedel Urad, da čeprav tehnično osebje neposredno verjetno ne sodeluje pri sprejetju odločitve za nakup robotov, ni izključeno, da v nekaterih podjetjih vpliva na to odločitev, saj se neposredno ukvarja z njihovim delovanjem in dnevno uporabo. Odbor za pritožbe torej ni storil napake s tem, da je za presojo razlikovalnega učinka prijavljene znamke po eni strani upošteval zaznavanje tehničnega osebja, po drugi strani pa zaznavanje osebja v podjetju, ki je zadolženo za izbiro in nakup proizvodov, na katere se nanaša prijavljena znamka. Vsekakor je iz izpodbijane odločbe jasno razvidno, da je odbor za pritožbe upošteval strokovno javnost, ki je pri odločitvah o nakupih posebej pozorna na tehnične funkcije navedenih naprav, zlasti na možnosti njihove uporabe, modele ali na dejavnike, povezane z varnostjo pri delu. Glede presoje razlikovalnega učinka prijavljenega znaka je treba poudariti, kot je navedel odbor za pritožbe v točkah 11 in 12 izpodbijane odločbe, da je prijavljena znamka sestavljena iz ene barve, in sicer iz odtenka oranžne barve kot take, ki lahko v celoti ali delno pokriva bodisi proizvode, na katere se nanaša prijavljena znamka, bodisi njihovo embalažo ali ki jo je mogoče, če je treba, uporabiti za oglaševanje teh proizvodov. Odbor za pritožbe je v točkah 12 in od 16 do 20 izpodbijane odločbe ugotovil, da prijavljena znamka nima razlikovalnega učinka, ker je ni mogoče zaznati kot označbo izvora proizvodov, na katere se nanaša. Odbor za pritožbe je namreč ugotovil, da prijavljena barva v sektorju industrijskih robotov in načrtovanja naprav v bistvu ni nenavadna in da kot taka ni tako izjemna, da bi jo v zadevnem sektorju zaznavali kot presenetljivo. Tožeča stranka pa ni dokazala, da je odbor za pritožbe s tem v zvezi storil napako. Poudariti je namreč treba, da potrošniki ob neobstoju kakršnih koli grafičnih ali besednih elementov izvora proizvodov po navadi ne domnevajo na podlagi njihove barve ali barve njihove embalaže, ker se v skladu s trenutnimi trgovinskimi običaji barva kot taka načeloma ne uporablja kot sredstvo identifikacije. Barva kot taka ponavadi ni lastnost, ki bi omogočala razlikovanje proizvodov nekega podjetja (zgoraj navedena sodba Libertel, točka 65). V zvezi s tem je treba poudariti, da je odbor za pritožbe, ne da bi tožeča stranka temu ugovarjala, v točki 26 izpodbijane odločbe ugotovil, da se v zadevnem sektorju industrijski roboti običajno tržijo v zelo različnih barvah. Tožeča stranka pa ni predložila ničesar, s čimer bi dokazala, da se v zadevnem sektorju barve industrijskih robotov na splošno zaznavajo kot označba trgovskega izvora teh proizvodov. Vsekakor je treba poudariti, da je zahteva po razpoložljivosti barv, ki vpliva na razlago člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94, razen v izjemnih okoliščinah, ovira za registracijo znamke, ki je sestavljena iz barve kot take. V zvezi s tem je glede trditve tožeče stranke o zahtevi po razpoložljivosti barv v sektorju robotov z gibljivimi rokami treba poudariti, da zaradi registracije odtenka oranžne barve kot znamke Skupnosti ne bi prišlo do monopolizacije zgolj tega odtenka, temveč bi s tem konkurenčnim podjetjem bila prepovedana uporaba vseh odtenkov oranžne barve, saj prav tako ni mogoče izključiti, da ne bi bila dokazana verjetnost zmede med odtenkom oranžne barve, ki je predmet prijave znamke v obravnavanem primeru, in drugimi odtenki oranžne barve, torej podobnimi barvami. Ob upoštevanju posebno omejenega števila razpoložljivih barv bi monopolizacija določene barve in tako morda vseh podobnih barv in odtenkov lahko pripeljala do hitrega izčrpanja celotne palete razpoložljivih barv in nekaterim gospodarskim subjektom dala konkurenčno prednost, nezdružljivo s sistemom neizkrivljene konkurence in s splošnim interesom, da se neupravičeno ne omeji razpoložljivost barv za druge gospodarske subjekte (glej v tem smislu zgoraj navedeno sodbo Libertel, točki 54 in 56). V obravnavanem primeru je treba ugotoviti, da tožeča stranka pred odborom za pritožbe ni predložila dokazov, na podlagi katerih bi bilo mogoče ugotoviti, da so v tej zadevi obstajale izjemne okoliščine, zlasti pa, da je število proizvodov, glede katerih je bila znamka prijavljena, tako omejeno in da je upoštevni trg tako poseben, da bi po eni strani barva kot taka lahko označevala trgovski izvor proizvodov, za katere je uporabljena, po drugi strani pa njena monopolizacija v nasprotju z javnim interesom ne bi ustvarila nezakonite konkurenčne prednosti v korist imetnika znamke. Tožeča stranka se v zvezi s tem namreč sklicuje na posebnosti zadevnega sektorja, zlasti pa na to, da naj bi bili roboti, na katere se nanaša prijavljena znamka, zelo posebni proizvodi, da naj bi bili dolgoročne naložbe, dragi, uporabljali naj bi se za zelo specializirane namene, zaradi nakupa robota pa naj bi kupec moral opraviti veliko prilagoditev. Vendar ti elementi ne spremenijo okoliščine, ki jo je v točki 26 izpodbijane odločbe navedel odbor za pritožbe, da je v sektorju zadevnih proizvodov običajno, da so ti na voljo v zelo različnih barvah. Tožeča stranka glede tega trdi, da stranke izbirajo barve proizvodov ob naročilu. Zato je treba ugotoviti, da je v zadevnem sektorju upoštevna javnost po navadi soočena z zadevnimi proizvodi v različnih barvah, ne da bi bile te zaznane kot da označujejo trgovski izvor teh proizvodov. Tožeča stranka poleg tega ne obrazloži, kako bi na podlagi elementov, na katere se sklicuje, bilo mogoče ugotoviti, da splošni interes v zadevnem sektorju, da se neupravičeno ne omeji razpoložljivosti barv, z registracijo prijavljene znamke ne bi bil oškodovan. Tožeča stranka kljub temu zatrjuje, da namerava prijavljeno znamko uporabljati zgolj v oglaševalske in promocijske namene ter da registracija te znamke konkurenčnih družb ne bo ovirala pri svobodni izbiri barv za njihove robote. V zvezi s tem je treba spomniti, da na podlagi člena 9 Uredbe št. 40/94 izključna pravica, ki jo ima imetnik znamke Skupnosti, temu daje pravna sredstva, da prepreči vsem tretjim osebam, da v gospodarskem prometu uporabljajo podoben ali enak znak. Člen 9(2) Uredbe št. 40/94 (postal člen 9(2) Uredbe št. 207/2009) prepoveduje zlasti opremljanje blaga ali njegove embalaže z znakom, ponujanje blaga, njegovo dajanje na trg ali skladiščenje v te namene pod tem znakom ali ponujanje ali opravljanje storitev pod tem znakom, uvoz ali izvoz blaga pod tem znakom in uporabo znaka na poslovni dokumentaciji in v oglaševanju. Tožeča stranka tako ne more zatrjevati, da to, da bi konkurenčne družbe za svoje robote uporabljale oranžno barvo, ne bi pomenilo uporabe prijavljene znamke v smislu člena 9 Uredbe št. 40/94. Poleg tega je treba poudariti, da je način trženja odvisen zgolj od izbire zadevnega podjetja in ga je tako mogoče spremeniti po registraciji znaka kot znamke Skupnosti. Zato ne more nikakor vplivati na presojo, ali je ta znak mogoče registrirati (sodba Splošnega sodišča z dne 20. marca 2002 v zadevi DaimlerChrysler proti UUNT (TELE AID), T‑355/00, Recueil, str. II‑1939, točka 42). Tako, čeprav tožeča stranka zatrjuje, da bo prijavljeno znamko uporabljala zgolj v oglaševalske namene, ni mogoče izključiti, da svoje pravice ne bo izvrševala tako, da bo svojim konkurentom prepovedala uporabo zadevnega odtenka oranžne barve iz obravnavanega primera na samih robotih. Zato trditev tožeče stranke, da se bo prijavljena znamka uporabljala zgolj za oglaševalske namene, nikakor ne more vplivati na presojo zahteve po razpoložljivosti prijavljenega znaka. Tožeča stranka kljub temu utemeljeno zatrjuje, da okoliščina, ki jo je odbor za pritožbe navedel v točki 20 izpodbijane odločbe, da se zadevna javnost za nakup zadevnih proizvodov odloča zgolj na podlagi njihovih tehničnih in ekonomskih lastnosti, ni pomembna v zvezi z vprašanjem, ali barva kot taka lahko označuje trgovski izvor proizvodov. Kljub temu na podlagi te ugotovitve glede na druge elemente, ki so bili upoštevani v izpodbijani odločbi, ni mogoče ugotoviti, da je odbor za pritožbe storil napako s tem, da je ugotovil, da člen 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 nasprotuje registraciji prijavljene znamke. Prav tako trditve tožeče stranke, s katerimi se izpodbija upoštevnost ugotovitev odbora za pritožbe, v skladu s katerimi je barva, ki je predmet prijavljene znamke, podobna barvi minija, sredstva za zaščito proti rjavenju, in v skladu s katerimi se veliko število odločb Urada nanaša na zahteve za registracijo odtenkov od rdeče do oranžne barve, glede na ugotovitve v točkah od 42 do 48 zgoraj ne morejo izpodbiti utemeljenosti ugotovitve odbora za pritožbe. Tožeča stranka tudi zatrjuje, da dokument z naslovom „Icon Added Value“ dokazuje, da bo v zadevnem sektorju upoštevna javnost povezovala barvo in izvor proizvodov. V zvezi s tem pa je treba ugotoviti, da vprašalnik raziskave, ki je naveden v tem dokumentu, vsebuje vprašanja, ki so bila zastavljena in razporejena tako, da so močno vplivala na rezultate ankete. Zadevni vprašalnik ima namreč tri dele. Prvi del, in sicer vprašanja od K1 do K10, se v celoti osredotoča na predstavo, ki jo ima vprašana oseba o tožeči stranki, in, kot poudarja odbor za pritožbe, to osebo spodbuja, da si o tožeči stranki ustvari predstavo. Drugi del, in sicer vprašanja od HW1 do HW3, se nanaša na nekatere konkurente tožeče stranke, nje pa ne omenja. Tretji del, ki je sestavljen iz petih vprašanj, pa vsebuje dve vprašanji, katerih namen je tožečo stranko primerjati z enim od njenih konkurentov. V tem tretjem delu je vprašanje, s katerim se anketirane osebe pozivajo, naj tožeči stranki in njenim trem konkurentom pripišejo barve, na predzadnjem mestu. Torej, tako na podlagi vsebine vprašanj kot na podlagi njihovega vrstnega reda so bile anketirane osebe seznanjene s tem, da se ta vprašalnik osredotoča na tožečo stranko. V teh okoliščinah na podlagi vprašanja, postavljenega anketiranim osebam, katero barvo povezujejo s tožečo stranko, ni mogoče ugotoviti, ali ima v zadevnem sektorju odtenek oranžne barve, ki je predmet prijave znamke, poseben razlikovalni učinek v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94, niti ali upoštevna javnost barve zaznava kot označbo trgovskega izvora proizvodov. Kot je odbor za pritožbe pravilno poudaril v točki 25 izpodbijane odločbe, je uporabljena metoda lahko koristna pri dokazovanju razlikovalnega učinka, pridobljenega z uporabo prijavljenega znaka v smislu člena 7(3) Uredbe št. 40/94 (postal člen 7(3) Uredbe št. 207/2009). To pa ni podlaga za vložitev prijave znamke v obravnavani zadevi. Glede na navedeno ni mogoče ugotoviti, da je odbor za pritožbe storil napako s tem, da je ob upoštevanju vsebine in vrstnega reda vprašanj v zadevnem vprašalniku ugotovil, da na podlagi rezultatov v dokumentu z naslovom „Icon Added Value“ ni mogoče ne ugotoviti navad na področju znamk v zadevnem sektorju ne dokazati posebnega razlikovalnega učinka prijavljenega znaka v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94. Zato trditev tožeče stranke, da reprezentativnost dokumenta „Icon Added Value“ v vsej Uniji dokazuje dokument z naslovom „World Robotics 2006“, ni pomembna. Glede trditve tožeče stranke, da odbor za pritožbe izpodbijane odločbe ni zadostno obrazložil, je treba poudariti, da mora biti v skladu s členom 73 Uredbe št. 40/94 na podlagi obveznosti obrazložitve tožeči stranki omogočeno, da se, če je treba, seznani z razlogi za zavrnitev zahteve za registracijo in da učinkovito nasprotuje sporni odločbi (glej sodbo Splošnega sodišča z dne 9. oktobra 2002 v zadevi KWS Saat proti UUNT (odtenek oranžne barve), T‑173/00, Recueil, str. II‑3843, točka 55 in navedena sodna praksa). V obravnavanem primeru je iz izpodbijane odločbe razvidno, da je odbor za pritožbe navedel različne elemente, ki jih je treba upoštevati pri ugotavljanju, ali je neka barva razlikovalna, in sicer zlasti to, kako prijavljeno znamko zaznava upoštevna javnost, običajne značilnosti te barve ter navade na področju znamk v zadevnem sektorju. Odbor za pritožbe je nato na podlagi dokazov, ki jih je predložila tožeča stranka, analiziral ne zgolj splošno zaznavanje odtenka oranžne barve, temveč tudi poseben kontekst sektorja industrijskih robotov. Tožeča stranka je tako imela na voljo potrebne elemente za razumevanje izpodbijane odločbe in jo je izpodbijala pred sodiščem Unije. Zato ni mogoče ugotoviti, da je odbor za pritožbe kršil člen 73 Uredbe št. 40/94. Nazadnje, glede trditve tožeče stranke, da odbor za pritožbe ni opravil posamične in konkretne presoje dejstev in okoliščin obravnavane zadeve v skladu s členom 74(1) Uredbe št. 40/94, je treba ugotoviti, da je odbor za pritožbe, zlasti kot je razvidno iz točk od 22 do 25 izpodbijane odločbe, preizkusil pomembna dejstva, ki jih je predložila tožeča stranka, da bi ocenil razlikovalni učinek prijavljene znamke v zvezi s proizvodi, na katere se zahteva za registracijo nanaša. Zato je treba ugotoviti, da odbor za pritožbe ni kršil člena 74(1) Uredbe št. 40/94. Iz navedenega izhaja, da je treba drugi tožbeni razlog zavrniti. Tretji tožbeni razlog: zloraba pooblastil –       Trditve strank Tožeča stranka trdi, da gre pri izpodbijani odločbi za zlorabo pooblastil, ker temelji na ugotovitvah, glede katerih tožeča stranka meni, da je dokazala, da niso pomembne. Urad ugovarja utemeljenosti trditev tožeče stranke. –       Presoja Splošnega sodišča Spomniti je treba, da ima pojem zlorabe pooblastil natančno določen doseg v pravu Unije in da se nanaša na položaj, v katerem upravni organ svoja pooblastila uporablja za drug namen kot za tistega, za katerega so mu bila podeljena. V skladu z ustaljeno sodno prakso v zvezi s tem je pri odločitvi ugotovljena zloraba pooblastil le, če je na podlagi objektivnih, upoštevnih in skladnih dokazov jasno, da je bila sprejeta za doseganje drugih ciljev, kot so tisti, ki jih navaja (sodbi Splošnega sodišča z dne 24. aprila 1996 v združenih zadevah Industrias Pesqueras Campos in drugi proti Komisiji, T‑551/93 in od T‑231/94 do T‑234/94, Recueil, str. II‑247, točka 168, in z dne 12. januarja 2000 v zadevi DKV proti UUNT (COMPANYLINE), T‑19/99, Recueil, str. II‑1, točka 33). V obravnavanem primeru pa tožeča stranka tega ni ne dokazala ne zatrjevala. Natančneje, tudi če bi odbor za pritožbe, kot trdi tožeča stranka, izpodbijano odločbo utemeljil na ugotovitvah, glede katerih tožeča stranka meni, da je dokazala, da niso pomembne, to ne bi pomenilo, da je bila odločitev sprejeta zgolj ali predvsem zato, da bi bili doseženi drugi cilji kot so tisti, ki jih navaja. Poleg tega je treba spomniti, da odbor za pritožbe ni napačno presodil razlikovalnega učinka prijavljene znamke (glej točke od 41 do 58 zgoraj). Zato je treba tretji tožbeni razlog zavrniti. Prvi tožbeni razlog: kršitev člena 28 ES –       Trditve strank Tožeča stranka trdi, da je zavrnitev registracije prijavljene znamke ukrep z enakim učinkom kot količinske omejitve pri uvozu v smislu člena 28 ES. Ta zavrnitev naj bi namreč omogočila, da na trg vstopijo ponaredki, kar bi privedlo do zmanjšanja prometa tožeče stranke. Tožeča stranka meni, da v obravnavanem primeru ni mogoče uporabiti nobene izjeme iz člena 30 ES. Urad ugovarja utemeljenosti trditev tožeče stranke. –       Presoja Splošnega sodišča Glede prvega tožbenega razloga tožeče stranke glede kršitve člena 28 ES je treba poudariti, da je pravico na znamki Skupnosti ter varstvo, ki ga ta zagotavlja, mogoče pridobiti zgolj z registracijo prijavljenega znaka. Tako se je na varstvo pred trženjem ponaredkov, ki ga s prvim tožbenim razlogom zahteva tožeča stranka, mogoče sklicevati le, če je tožeča stranka imetnica znamke Skupnosti (glej v tem smislu in po analogiji sodbo Sodišča z dne 17. oktobra 1990 v zadevi HAG GF, C‑10/89, Recueil, str. I‑3711, točka 14). Ker odbor za pritožbe ni storil napake s tem, da je ugotovil, da prijavljena znamka nima razlikovalnega učinka v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 (glej točke od 41 do 58 zgoraj), je treba zavrniti tudi ta tožbeni razlog. Stroški V skladu s členom 87(2) Poslovnika se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Tožeča stranka ni uspela, zato se ji v skladu s predlogi Urada naloži plačilo stroškov. Iz teh razlogov je SPLOŠNO SODIŠČE (šesti senat) razsodilo: 1. Tožba se zavrne. 2. Družbi KUKA Roboter GmbH se naloži plačilo stroškov. Meij Papasavvas Truchot Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 13. septembra 2010. Podpisi * Jezik postopka: nemščina.

62018CJ0446

fi

Ennakkoratkaisupyyntö koskee yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY ( EUVL 2006, L 347, s. 1 ; jäljempänä arvonlisäverodirektiivi) 179, 183 ja 273 artiklan sekä arvonlisäverotuksen neutraalisuuden periaatteen tulkintaa. Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Agrobet CZ s. r. o. (jäljempänä Agrobet) ja Finanční úřad pro Středočeský kraj (Keski-Böömin alueen verotoimisto, Tšekki) ja jossa on kyse tämän verotoimiston arvonlisäveron verotarkastusmenettelyn aloittamisen jälkeen pidättämästä arvonlisäveron ylijäämästä. Asiaa koskevat oikeussäännöt Unionin oikeus Arvonlisäverodirektiivin 1 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa säädetään seuraavaa: ”Jokaisesta liiketoimesta on suoritettava tavaran tai palvelun hinnan perusteella tähän tavaraan tai palveluun sovellettavan verokannan mukaan laskettu arvonlisävero (ALV), josta on vähennetty hinnan muodostavia eri kustannuksia välittömästi rasittavan arvonlisäveron määrä.” Tämän direktiivin 167 artiklassa säädetään seuraavaa: ”Vähennysoikeus syntyy, kun vähennyskelpoista veroa koskeva verosaatava syntyy.” Saman direktiivin 168 artiklan a alakohdan sanamuoto on seuraava: ”Siltä osin kuin tavaroita ja palveluja käytetään verovelvollisen verollisiin liiketoimiin, verovelvollisella on oikeus siinä jäsenvaltiossa, jossa tämä suorittaa kyseiset liiketoimet, vähentää verosta, jonka tämä on velvollinen maksamaan, seuraavat määrät: a) arvonlisävero, joka on kyseisen jäsenvaltion alueella maksettava tai maksettu tavaroista tai palveluista, jotka toinen verovelvollinen on luovuttanut tai luovuttaa tälle; – –” Mainitun direktiivin 179 artiklan ensimmäisessä kohdassa säädetään seuraavaa: ”Verovelvollisen on tehtävä vähennys vähentämällä verokaudelta maksettavan arvonlisäveron kokonaismäärästä se arvonlisäveron määrä, josta vähennysoikeus on syntynyt ja joka voidaan vähentää 178 artiklan säännösten mukaisesti saman kauden aikana.” Saman direktiivin 183 artiklan ensimmäisessä kohdassa säädetään seuraavaa: ”Jos vähennysten määrä ylittää verokaudelta maksettavan arvonlisäveron määrän, jäsenvaltiot voivat siirtää ylimenevän osan seuraavalle kaudelle tai palauttaa sen tarkemmin määräämillään ehdoilla.” Arvonlisäverodirektiivin 273 artiklan ensimmäisessä kohdassa säädetään seuraavaa: ”Jäsenvaltiot voivat säätää muista arvonlisäveron kannon oikean toimittamisen varmistamiseksi ja petosten estämiseksi välttämättöminä pitämistään velvollisuuksista, ellei yhdenvertaisen kohtelun noudattamisesta verovelvollisten suorittamien jäsenvaltion sisäisten ja jäsenvaltioiden välisten liiketoimien välillä muuta johdu, ja jos nämä velvollisuudet eivät aiheuta rajanylitykseen liittyviä muodollisuuksia jäsenvaltioiden välisessä kaupassa.” Tšekin oikeus Arvonlisäverolain nro 235/2004 (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnotyi) 105 §:n 1 momentissa, sellaisena kuin sitä sovelletaan pääasiaan, säädetään seuraavaa: ”Arvonlisäveron ylijäämän määrittämisen tuloksena saatu yli 100 [Tšekin korunan (CZK) (n. 3,94 euroa)] suuruinen palautettavan veron määrä maksetaan takaisin verovelvolliselle automaattisesti 30 päivän kuluessa siitä päivästä, jona arvonlisäveron ylijäämä määritettiin. Tämä ei päde, jos palautettavan arvonlisäveron ylijäämä seuraa oikaisun jälkeen tehdystä vahvistetun veron muutoksesta.” Verotusmenettelylain nro 280/2009 (zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád), sellaisena kuin sitä sovelletaan pääasiaan (jäljempänä verotusmenettelylaki), 85 §:n 1, 3 ja 4 momentissa säädetään seuraavaa: ”1.   Verotarkastuksen kohteena ovat verovelvoitteet, verovelvollisen ilmoitukset tai muut seikat, jotka ovat ratkaisevia verotusmenettelyyn liittyvän veron täsmällistä määrittämistä ja määräämistä varten. – – 3.   Veroviranomainen tarkistaa verotarkastuksen kohteen siinä laajuudessa, josta sen osalta määrätään. Verotarkastuksen laajuutta voidaan menettelyn kuluessa laajentaa tai supistaa verotarkastusten aloittamista varten säädetyn menettelyn mukaisesti. 4.   Verotarkastus voidaan suorittaa yhdessä useiden, samaa verovelvollista koskevien verotusmenettelyiden kanssa. Veroviranomainen voi aloittaa verotarkastuksen myös muiden verotusmenettelyiden osalta laajentamalla jo vireillä olevaa verotarkastusta, joka koskee toista verotusmenettelyä.” Verotusmenettelylain 89 §:n 4 momentissa säädetään seuraavaa: ”Jos tavanomaisesta veroilmoituksesta tai sitä täydentävästä veroilmoituksesta ilmenee, että verovelvollisella on oikeus veron alentamiseen, veroviranomainen kehottaa silloin, jos se epäilee tämän paikkansapitävyyttä, verovelvollista poistamaan nämä epäilyt tällaisen ilmoituksen jättämisestä alkavan 30 päivän pituisessa määräajassa kuitenkin siten, että tämä määräaika alkaa kulua aikaisintaan tavanomaisen veroilmoituksen tai täydentävän veroilmoituksen jättämiselle asetetun määräajan viimeisestä päivästä.” Verotusmenettelylain 90 §:n 2 ja 3 momenttien sanamuoto on seuraava: ”2.   Jos epäilyksiä ei ole poistettu eikä veron määrää ole osoitettu riittävän uskottavalla tavalla, veroviranomainen ilmoittaa verovelvolliselle asian selvitysmenettelyn tuloksista. Verovelvollinen voi siitä päivästä, jona hän sai tiedon selvitysmenettelyn tuloksesta, alkavan 15 päivän määräajan kuluessa esittää todistelun jatkamista koskevan pyynnön, johon on liitetty uusien todisteiden esittämistä koskeva pyyntö. 3.   Jos veroviranomaisen mukaan todistelun jatkamiselle on perusteita, se aloittaa verotarkastuksen näiden perusteiden mukaisessa laajuudessa. Jos veroviranomaisen mukaan perusteita todistelun jatkamiselle ei ole, se tekee päätöksen veron määräämisestä 15 päivän määräajassa, joka alkaa siitä päivästä, jona verovelvollinen esitti pyynnön todistelun jatkamisesta.” Kyseisen lain 148 §:ssä säädetään seuraavaa: ”1.   Veroa ei voida määrätä sen jälkeen, kun veron määräämiselle asetettu kolmen vuoden määräaika on päättynyt. Veron määräämisen määräaika alkaa siitä päivästä, jona tavanomaisen veroilmoituksen jättämiselle asetettu määräaika päättyi, tai päivästä, jona verosaatava syntyi ilman, että verovelvollisella oli velvollisuutta jättää tavanomaista veroilmoitusta. – – 3.   Jos ennen veron määräämiselle asetetun määräajan päättymistä on aloitettu verotarkastus, jätetty tavanomainen veroilmoitus tai annettu kehotus tavanomaisen veroilmoituksen jättämisestä, määräaika veron määräämiselle alkaa kulua uudelleen siitä päivästä, jona tällainen toimenpide on tehty. 4.   Veron määräämiselle asetettu määräaika lakkaa kulumasta: – – f) sinä päivänä, jona kansainvälistä yhteistyötä verojen hallinnoinnissa pyydetään, siihen päivään saakka, jona tähän pyyntöön saadaan vastaus, tai siihen päivään saakka, jona ilmoitus verojen hallinnointia koskevan kansainvälisen yhteistyön päättymisestä kyseisessä tapauksessa lähetetään. 5.   Veron määräämisen määräaika päättyy viimeistään 10 vuoden kuluttua siitä, kun se on alkanut kulua 1 momentin mukaan. – –” Saman lain 254a §:ssä säädetään seuraavaa: ”1.   Jos tavanomaisen veroilmoituksen tai täydentävän veroilmoituksen osalta käytävä selvitysmenettely, josta ilmenee, että verovelvollisella on oikeus veron alentamiseen, kestää yli viisi kuukautta, verovelvollisella on oikeus saada korkoa veroviranomaisen vahvistamalle veron alennukselle. 2.   Verovelvollisella on oikeus saada veron alennukselle korkoa sellaisen viiden kuukauden pituisen määräajan päättymistä seuraavasta päivästä lukien, joka kuluu yli viisi kuukautta kestävän asian selvitysmenettelyn aloittamispäivästä veron alennuksen palauttamispäivään tai siihen päivään, jona se käytetään maksamattoman veron maksamiseen, kuitenkin viimeistään veron alennuksen palauttamista koskevan määräajan päättymiseen asti. 3.   Veron alennukselle maksettava korko on Tšekin keskuspankin kyseisen puolivuotiskauden ensimmäisen päivän osalta sovellettavaksi vahvistama vuotuinen repo-viitekorko, jota on korotettu yhdellä prosenttiyksiköllä. – – 6.   Tämän säännöksen perusteella määrättyä korkoa on sovellettava myönnettyihin vahingonkorvauksiin tai verovelvolliselle veroviranomaisen lainvastaisesta päätöksestä tai sääntöjenvastaisesta hallintomenettelystä aiheutuneesta aineettomasta vahingosta maksettaviin korvauksiin.” Pääasian oikeudenkäynti ja ennakkoratkaisukysymys Agrobet jätti helmikuussa 2016 kaksi – joulukuun 2015 verokautta ja tammikuun 2016 verokautta koskenutta – arvonlisäveroilmoitusta, joissa arvonlisäveron ylijäämän määriksi ilmoitettiin 2958167 CZK (n. 116462 euroa) ja 1559241 CZK (n. 61386 euroa). Koska Keski-Böömin alueen verotoimistolla oli vakavia epäilyjä Abrobetin näiden kahden verokauden aikana suorittamien, rapsiöljyä koskeneiden liiketoimien sääntöjenmukaisuudesta, se aloitti verotarkastuksen pelkästään näiden liiketoimien osalta. Verotoimisto pohti, täyttyivätkö edellytykset, joiden mukaisesti Agrobetille voitiin myöntää arvonlisäverovapautus rapsiöljyn luovutuksista ja se pystyi vähentämään sen ostoihin sisältyvän arvonlisäveron, koska kyseisen verotoimiston toteamusten mukaan Puolasta peräisin olevalla rapsiöljyllä käytiin Tšekeissä kauppaa ilman, että sen muotoa olisi muutettu, ennen kuin Agrobet luovutti sen uudelleen Puolaan. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin toteaa, että Keski-Böömin alueen verotoimisto oli jo aloittanut tällaiset menettelyt lokakuun 2015 ja marraskuun 2015 verokausien osalta. Agrobet teki oikaisuvaatimukset näiden menettelyjen aloittamisesta ja väitti muun muassa, että koska veroviranomaisen epäilyt koskivat vain pientä osaa ilmoitetusta arvonlisäveron ylijäämästä, koko ylijäämän pidättäminen usealta peräkkäiseltä verokaudelta oli sille suhteeton rasitus veropetosten estämistä koskevaan tavoitteeseen nähden. Agrobet vaati näin ollen, että sille oli maksettava kyseisen ylijäämän riidaton osa eli se osa, joka liittyy niihin liiketoimiin, jotka eivät kuuluneet näiden menettelyiden piiriin. Keski-Böömin alueen verotoimiston hylättyä Abrobetin oikaisuvaatimukset Abrobet pyysi toukokuussa 2016 Odvolací finanční ředitelstvíä (veroasioiden muutoksenhakuviranomainen, Tšekki) tutkimaan sitä tapaa, jolla oikaisuvaatimukset oli käsitelty, ja toisti erityisesti, että sellaisten ilmoitettujen arvonlisäveron ylijäämien, joista huomattavan osan osalta veroviranomaisella ei ollut epäilyjä, pidättäminen usean peräkkäisen kuukauden aikana oli suhteetonta. Verohallinnon muutoksenhakuviranomainen katsoi, ettei vaatimus ollut perusteltu, koska verotusmenettelylaissa ei säädetä osittaisen verotuspäätöksen tekemisestä ja koska arvonlisävero liittyy aina koko verokauteen eikä ainoastaan osaan verollisista suorituksista. Agrobet vaati tämän jälkeen Krajský soud v Prazea (Prahan alueellinen tuomioistuin, Tšekki) velvoittamaan veroviranomaisen vahvistamaan lokakuun 2015 verokauden osalta arvonlisäveron ylijäämän sellaisen määrän, jota kyseessä olevat verotarkastusmenettelyt eivät koskeneet. Kyseinen tuomioistuin hyväksyi Agrobetin vaatimuksen 4.10.2016 antamallaan tuomiolla ja viittasi siltä osin muun muassa arvonlisäverodirektiivin 183 artiklaan ja 18.12.1997 annettuun tuomioon Molenheide ym. ( C-286/94, C-340/95, C-401/95 ja C-47/96 , EU:C:1997:623 ). Koska veroasioiden muutoksenhakuviranomainen kieltäytyi soveltamasta 4.10.2016 annettua tuomiota joulukuun 2015 ja tammikuun 2016 verokausiin, Agrobet saattoi asian uudelleen Krajský soud v Prazen käsiteltäväksi saadakseen samanlaisen päätöksen näiden ajanjaksojen osalta. Krajský soud v Prazen 4.10.2016 antama tuomio kumottiin tällä välin ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen 11.5.2017 antamalla tuomiolla sillä perusteella, että koska verotusmenettelylaissa ei nimenomaisesti säädetä mahdollisuudesta tehdä osittainen verotuspäätös, veroviranomainen ei voi käyttää tällaista valtaa, koska siltä puuttuu siihen oikeudellinen perusta. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin täsmensi lisäksi, että 18.12.1997 annetusta tuomiosta Molenheide ym. ( C-286/94, C-340/95, C-401/95 ja C-47/96 , EU:C:1997:623 ) ei ilmene, että kansallisessa oikeudessa olisi sallittava arvonlisäveron ylijäämän osittainen vahvistaminen riidattoman määrän suuruisena. Krajský soud v Praze viittasi tähän 11.5.2017 annettuun tuomioon ja hylkäsi 13.6.2017 antamallaan tuomiolla Agrobetin joulukuun 2015 ja tammikuun 2016 verokausien osalta nostamat kanteet. Agrobet teki 13.6.2017 annetusta tuomiosta kassaatiovalituksen ennakkoratkaisua pyytäneelle tuomioistuimelle ja väitti, että koska kansallisissa menettelysäännöksissä ei sallita osittaisen verotuspäätöksen tekemistä, kyseinen kansallinen oikeus on yhteensopimaton arvonlisäverodirektiivin ja unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön kanssa. Agrobetin mukaan arvonlisäveron ylijäämän palauttamisen lykkääminen verotarkastusmenettelyn aloittamisen seurauksena on unionin oikeuden ja erityisesti suhteellisuusperiaatteen mukaan mahdollista vain siltä osin kuin se on tarpeen tämän menettelyn tavoitteen saavuttamiseksi. Koska veroviranomainen ei ole kyseenalaistanut arvonlisäveron ylijäämän osaa eikä tämä osa ole mainitun menettelyn kohteena, ylijäämän riidattoman osan pidättämistä ei voida lähtökohtaisesti pitää oikeasuhteisena. Keski-Böömin alueen verotoimisto esittää ennakkoratkaisua pyytäneessä tuomioistuimessa, että koska arvonlisäveron ylijäämä liittyi koko verokauteen, se saattoi syntyä vain osiin jakamattomana kokonaisuutena. Kyseisen verotoimiston mukaan näin ollen ei ole olemassa arvonlisäveron ylijäämän sellaista riidatonta osaa, joka voitaisiin määrittää osittain ja palauttaa siten verovelvolliselle. Lisäksi verotoimisto katsoi, ettei 18.12.1997 annetusta tuomiosta Molenheide ym. ( C‑286/94, C-340/95, C-401/95 ja C-47/96 , EU:C:1997:623 ) ilmene, että jäsenvaltioiden verohallinnot olisivat velvollisia tekemään tällaisia osittaisia palautuksia. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin myöntää, että arvonlisäverodirektiivin 273 artiklan nojalla veropetosten torjumiseksi toteutetut kansalliset toimenpiteet voivat johtaa arvonlisäveron vähennysoikeuden rajoittamiseen ja siihen, että jäsenvaltiot pidättävät niille kyseisen direktiivin 183 artiklassa tunnustetun menettelyllisen itsemääräämisoikeuden nojalla arvonlisäveron ylijäämän verotarkastuksen yhteydessä. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin viittaa erityisesti 12.5.2011 annetun tuomion Enel Maritsa Iztok 3 ( C‑107/10 , EU:C:2011:298 ) 33 ja 53 kohtaan ja muistuttaa siitä, että tällainen pidätys ei saa ylittää sitä, mikä on tarpeen tämän tarkastusmenettelyn loppuunsaattamiseksi, ja että kaikki verovelvolliselle aiheutunut taloudellinen haitta on hyvitettävä maksamalla korkoja verotuksen neutraalisuuden periaatteen noudattamisen takaamiseksi, ja toteaa, että 28.7.2016 annetun tuomion Astone ( C‑332/15 , EU:C:2016:614 ) 49 kohdan mukaan veropetosten torjumista varten toteutettuja toimenpiteitä ei voida käyttää siten, että niillä asetettaisiin järjestelmällisesti kyseenalaiseksi arvonlisäveron vähennysoikeus ja näin ollen arvonlisäverotuksen neutraalisuus. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin katsoo pääasiallisesti, että kansallisessa lainsäädännössä – kuten Tšekin lainsäädännössä –, jossa kieltäydytään tietyn ajanjakson aikana tunnustamasta sellaista ilmoitettua verollista suoritusta, joka on epäilyksettä hyväksyttävä tai jossa ei edes sallita esittää näyttöä sen toteennäyttämiseksi, kyseenalaistetaan järjestelmällisesti arvonlisäveron vähennysoikeus. Kyseinen tuomioistuin katsoo, että silloin kun tiettyjen suoritusten sääntöjenmukaisuudesta ei ole mitään epäilystä verokauden aikana, veroviranomaiset eivät saa pidättää näihin suorituksiin liittyvää arvonlisäveron ylijäämää. Nimittäin heti kun edellytykset arvonlisäveron ylijäämän sen osan, joka liittyy näihin suorituksiin, palauttamiselle täyttyvät, tätä ylijäämän osaa ei saada enää pidättää ja se on palautettava. Nejvyšší správní soud (ylin hallintotuomioistuin, Tšekki) on tässä tilanteessa päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavan ennakkoratkaisukysymyksen: ”Onko sellainen jäsenvaltion toimenpide unionin oikeuden ja erityisesti arvonlisäverotuksen neutraalisuuden periaatteen mukainen, jossa asetetaan vaaditun arvonlisäverovähennyksen osan määrittämisen ja maksamisen edellytykseksi, että kaikkia kyseisen verokauden verollisia suorituksia koskeva menettely on päättynyt?” Ennakkoratkaisukysymyksen tarkastelu Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee kysymyksellään, onko arvonlisäverodirektiivin 179, 183 ja 273 artiklaa, luettuina verotuksen neutraalisuuden periaatteen valossa, tulkittava siten, että ne ovat esteenä kansalliselle säännöstölle, jossa ei säädetä, että veroviranomainen voi päättää palauttaa ennen sellaista arvonlisäveroilmoitusta, josta ilmenee ylijäämä tietyn verokauden osalta, koskevan verotarkastusmenettelyn päättymistä tämän ylijäämän osan, joka liittyy sellaisiin liiketoimiin, jotka eivät kuulu tämän tarkastuksen piiriin sen aloittamishetkellä. Aluksi on todettava, että tämä kysymys on esitetty asiayhteydessä, jossa veroviranomainen on ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen toimittamien tietojen mukaan ilmoittanut rajaavansa kyseessä olevan verotarkastusmenettelyn koskemaan vain tiettyjä arvonlisäveroilmoituksessa mukana olevia liiketoimia ja jossa kyseistä menettelyä aloitettaessa ilmeni, että tämän menettelyn piiriin kuulumattomiin liiketoimiin liittyvä arvonlisäveron ylijäämän osa voitaisiin siten katsoa riidattomaksi ja mahdollisesti palauttaa ennen menettelyn päättymistä. Tšekin oikeudessa ei kuitenkaan ole säädetty tällaisesta mahdollisuudesta. Ensinnäkin siitä, onko tietyn verokauden aikana syntynyt ylijäämä ymmärrettävä siten, että tästä ylijäämästä voidaan kenties määrittää kyseisen ylijäämän riidaton osa, on muistutettava, että arvonlisäverodirektiivin 179 artiklan 1 kohdan mukaan verovelvollisen on tehtävä vähennys vähentämällä verokaudelta maksettavan arvonlisäveron kokonaismäärästä se arvonlisäveron määrä, josta vähennysoikeus on syntynyt ja joka voidaan vähentää saman kauden aikana. Kyseisen direktiivin 183 artiklan 1 kohdassa täsmennetään, että jos vähennysten määrä ylittää verokaudelta maksettavan arvonlisäveron määrän, arvolisäveron ylimenevä osa voidaan siirtää seuraavalle kaudelle tai palauttaa; Tšekin oikeudessa on valittu palauttaminen. Arvonlisäverodirektiivin 179 artiklan 1 kohdan ja 183 artiklan 1 kohdan säännöksistä ilmenee, että arvonlisäveron ylijäämä seuraa verovelvollisen koko verokauden osalta kokonaisuutena suorittamasta laskutoimituksesta, joten tällainen arvonlisäveron ylijäämä voidaan esittää arvonlisäveroilmoituksessa vain yhden ainoan tuloksen muodossa. Se, että arvonlisäveron ylijäämä liittyy kokonaismäärään, ei kuitenkaan merkitse sitä – kuten Tšekin ja Espanjan hallitukset sekä Euroopan komissio ovat kirjallisissa ja suullisissa huomautuksissaan pääpiirteissään esittäneet – että ylijäämää oli pidettävä erottamattomana kokonaisuutena, jota on mahdotonta jakaa riidanalaiseen osaan ja riidattomaan osaan siten, että ensimmäinen osa koskee sellaisia erityisiä liiketoimia, jotka kuuluvat pääasiassa kyseessä olevan kaltaisen verotarkastusmenettelyn piiriin, ja toinen osa ei. Yhtäältä nimittäin arvonlisäverodirektiivin 179 artiklan sanamuodosta ilmenee, kuten julkisasiamies on todennut ratkaisuehdotuksensa 34 kohdassa, että kyseisen artiklan 1 kohdassa ainoastaan säädetään verovelvollisen velvollisuudesta tehdä vähennys arvonlisäveron kokonaismäärästä. Mainitun direktiivin 183 artiklan 1 kohdan sanamuoto ei myöskään sellaisenaan ole esteenä sille, että arvonlisäveron ylijäämä siirretään tai palautetaan osissa tai murto-osissa. Tätä tulkintaa tukee se asiayhteys, johon arvonlisäverodirektiivin 179 ja 183 artikla kuuluvat. Kuten unionin tuomioistuin on jo todennut, kyseisen direktiivin 178–183 artikla koskevat ainoastaan vähennysoikeuden käyttöä koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä, mutta itse tämän oikeuden, joka syntyy, kun vähennyskelpoista veroa koskeva verosaatava syntyy, olemassaolosta säädetään mainitun direktiivin X osaston 1 lukuun, jonka otsikko on ”Vähennysoikeuden syntyminen ja laajuus”, sisältyvissä 167–172 artiklassa (ks. vastaavasti tuomio 28.7.2011, komissio v. Unkari, C-274/10 , EU:C:2011:530 , kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Tästä seuraa, että arvonlisäverodirektiivissä tehdään selvä ero arvonlisäveron vähennysoikeutta koskevien aineellisten vaatimusten ja tämän oikeuden muotovaatimusten välillä (tuomio 28.7.2016, Astone, C-332/15 , EU:C:2016:614 , kohta). Vaikka siis verovelvollisen on noudatettava arvonlisäveron vähennysoikeuden käyttöä koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä ja erityisesti jätettävä yksi ainoa arvonlisäveroilmoitus koko verokaudelta, sitä ei voida tämän jälkeen estää – koska direktiivissä ei ole vastakkaisia säännöksiä – vetoamasta osittain niihin oikeuksiin ja esittämästä osittain niitä aineellisia vaatimuksia, joita sillä on kunkin liiketoimen osalta edellä mainitun 1 luvun perusteella. Toisaalta kyseisen direktiivin 1 artiklan 2 kohdan toisesta alakohdasta ja 168 artiklan a kohdasta ilmenee, että verovelvollinen on arvonlisäveron veronmaksuvelvollinen jokaisen liiketoimensa osalta tai se voi vaatia veron vähentämistä jokaisen liiketoimensa osalta. Kuten julkisasiamies on todennut ratkaisuehdotuksensa 36 kohdassa, ostoihin sisältyvän arvonlisäveron vähennysoikeus on täten ymmärrettävä siten, että se liittyy tiettyyn liiketoimeen. Unionin tuomioistuin on lisäksi täsmentänyt, että vaikka jäsenvaltioilla on tietty vapaus, kun ne määräävät arvonlisäverodirektiivin 183 artiklassa tarkoitetuista yksityiskohtaisista säännöistä, nämä yksityiskohtaiset säännöt eivät saa vaarantaa verotuksen neutraalisuuden periaatetta siten, että arvonlisävero jää kokonaan tai osittain verovelvollisen rasitteeksi. Näiden yksityiskohtaisten sääntöjen on etenkin oltava sellaisia, että ne sallivat asianmukaisin tavoin kyseiseen arvonlisäveron ylijäämään perustuvan koko saatavan suorittamisen verovelvolliselle, mikä edellyttää sitä, että palauttaminen suoritetaan kohtuullisen ajan kuluessa käteissuorituksena tai vastaavalla tavalla ja että käyttöön otetusta palautusjärjestelmästä ei varsinkaan aiheudu verovelvolliselle minkäänlaista taloudellista riskiä (ks. vastaavasti tuomio 10.7.2008, Sosnowska, C-25/07 , EU:C:2008:395 , kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Yksityiskohtaiset säännöt, joiden mukaan verovelvollisen ei olisi pääasiassa kyseessä olevan kaltaisessa tilanteessa mahdollista yksilöidä arvonlisäveron ylijäämästä tiettyä riidattomaksi katsomaansa osaa, estäisivät kyseistä verovelvollista vetoamasta tällaisen riidattoman osan olemassaoloon ja vaatimasta kyseisen osan palauttamasta ja pakottaisivat sen verotuksen neutraalisuuden periaatteen vastaisesti ottamaan arvonlisäverorasitteen osittain vastattavakseen. Tästä seuraa, että arvonlisäverodirektiivin 179 ja 183 artiklaa, luettuina verotuksen neutraalisuuden periaatteen valossa, ei voida tulkita siten, että niissä suljettaisiin lähtökohtaisesti pois mahdollisuus yksilöidä verokauden osalta arvonlisäveroilmoituksesta ilmenevän arvonlisäveron ylijäämän sellainen riidaton osa, jonka osalta osittainen palauttaminen tai siirtäminen voi tulla kyseeseen. Toiseksi sitä koskevasta kysymyksestä, minkä edellytysten perusteella voidaan katsoa, että arvonlisäveron ylijäämän osa ei ole tosiasiallisesti riidanalainen sellaisessa verotarkastusmenettelyssä, jonka veroviranomainen on kansallisen oikeutensa nojalla rajannut koskemaan tiettyjä verokauden liiketoimia, on todettava, että koska arvonlisäveron ylijäämä seuraa tämän tuomion 30 ja 31 kohdassa mieleen palautetusta laskutoimituksesta, tämän ylijäämän riidattomasta osasta on mahdollista puhua ainoastaan silloin, jos näihin liiketoimiin liittyvän maksettavan arvonlisäveron määrä ja vähennyskelpoisen veron määrä eivät ole itsessään riidanalaisia. Jos veroviranomainen ei verotarkastusmenettelyä aloitettaessa tai sen kuluessa voi sulkea pois sitä, että kyseisen menettelyn piiriin kuulumattomia liiketoimia vastaavat maksettavan veron ja vähennyskelpoisen veron määrät voivat poiketa verovelvollisen ilmoittamista määristä tämän menettelyn päättyessä, ei voida katsoa, ettei niitä vastaava arvonlisäveron ylijäämän osa ole riidanalainen. Sitä paitsi veroviranomaisen on kyseessä olevaa verotarkastusmenettelyä aloittaessaan tai sen kuluessa varmistauduttava siitä, että kyseisen osan laskemisessa mukana olleita tietoja ei voida enää kyseenalaistaa ennen kyseisen menettelyn päättymistä. Tästä seuraa, että siihen, että arvonlisäveron ylijäämän osaa voidaan pitää riidattomana, ei riitä, että verovelvollinen yksipuolisesti väittää, että ylijäämästä on olemassa riidaton osa eikä se, että tällainen osa vaikuttaa olevan olemassa pelkästään siksi, että veroviranomainen rajasi kyseistä tarkastusmenettelyä aloittaessaan menettelyn koskemaan tiettyjä verovelvollisen liiketoimia. Päinvastoin on välttämätöntä, että veroviranomainen varmistuu yhtäältä siitä, että sen tapahtuneeksi epäilemillä sääntöjenvastaisuuksilla ei voi olla siinä tapauksessa, että ne osoittautuvat paikkansapitäviksi, vaikutuksia niihin maksettavan arvonlisäveron ja vähennyskelpoisen arvonlisäveron määriin, jotka vastaavat kyseisen menettelyn piiriin kuulumattomia liiketoimia ja näin ollen arvonlisäveron riidattomalta vaikuttavaan ylijäämän määrään, ja toisaalta, ettei veroviranomainen joudu laajentamaan tämän saman menettelyn laajuutta sisällyttämällä siihen kaikki liiketoimet, jotka eivät alun perin ole tarkastuksen kohteena, tai osan niistä. Tällaisten seikkojen on ilmettävä selvästi, täsmällisesti ja yksiselitteisesti kaikista verotarkastusmenettelyn asiakirjoista ja käsiteltävän asian kannalta merkityksellisistä olosuhteista. Tässä yhteydessä on muistutettava yhtäältä siitä, että arvonlisäveron ylijäämän palauttamisen määräaikaa voidaan lähtökohtaisesti jatkaa verotarkastuksen suorittamista varten ilman, että tällaista jatkettua määräaikaa olisi pidettävä kohtuuttomana, kunhan jatkaminen ei ylitä sitä, mikä on tarpeen tämän tarkastusmenettelyn loppuunsaattamiseksi (tuomio 12.5.2011, Enel Maritsa Iztok 3, C‑107/10 , EU:C:2011:298 , kohta oikeuskäytäntöviittauksineen), ja toisaalta, että kun arvonlisäveron ylijäämää ei palauteta verovelvolliselle kohtuullisessa ajassa, arvonlisäverojärjestelmän neutraalisuuden periaate edellyttää, että verovelvolliselle korvataan siitä aiheutunut taloudellinen menetys, ettei kyseessä oleva rahamäärä ollut hänen käytettävissään, maksamalla hänelle viivästyskorkoja (tuomio 28.2.2018, Nidera, C‑387/16 , EU:C:2018:121 , kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Lisäksi koska mahdollisten veropetosten, veronkierron ja muiden väärinkäytösten torjuminen on arvonlisäverodirektiivissä tunnustettu tavoite, johon tässä direktiivissä ja erityisesti sen 273 artiklassa rohkaistaan, ja koska oikeussubjektit eivät saa vedota unionin oikeuteen vilpillisesti tai käyttää sitä väärin, kansallisten viranomaisten ja tuomioistuinten tehtävänä on evätä vähennysoikeus, jos asiassa on objektiivisten seikkojen perusteella osoitettu, että vähennysoikeuteen vedotaan vilpillisesti tai sitä käytetään väärin (ks. vastaavasti tuomio 28.7.2016, Astone, C‑332/15 , EU:C:2016:614 , kohta ja tuomio 16.10.2019, Glencore Agriculture Hungary, C-189/18 , EU:C:2019:861 , kohta). Verotarkastusmenettelyissä veroviranomaisten ei ole sen takia, että niiden lopullisena tarkoituksena on veron oikea määrittäminen, pelkästään poistettava epäilyt, joita niillä voi olla verovelvollisen suorittamien tiettyjen liiketoimien sääntöjenmukaisuudesta, vaan niiden on myös varmistuttava siitä, että niiden havaitsemat mahdolliset sääntöjenvastaisuudet eivät ole suurempia kuin ne epäilevät. On myös todettava, että – kuten ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin esittää tämän tuomion 25 kohtaan otetuissa perusteluissaan – pääasiassa kyseessä olevassa Tšekin lainsäädännössä ei anneta hyvän hallinnon yleisestä periaatteesta ilmenevien vaatimusten vastaisesti verovelvolliselle edes mahdollisuutta esittää näyttöä siitä, että sen arvonlisäveron ylijäämän riidattoman osan olemassaolosta esittämät väitteet pitävät paikkansa. Tässä yhteydessä on yhtäältä muistutettava siitä, että kun jäsenvaltio panee täytäntöön unionin oikeutta, hyvää hallintoa koskevasta oikeudesta, joka ilmentää unionin oikeuden yleistä periaatetta, johtuvia vaatimuksia ja erityisesti jokaisen oikeutta saada asiansa käsitellyksi puolueettomasti ja kohtuullisessa ajassa, sovelletaan verotarkastusmenettelyssä (ks. analogisesti tuomio 8.5.2014, N., C‑604/12 , EU:C:2014:302 , ja kohta). Toisaalta on todettava, että hyvän hallinnon periaate edellyttää, että pääasiassa kyseessä olevan veroviranomaisen kaltaisen hallintoviranomaisen on sille kuuluvan tarkastusvelvollisuuden puitteissa tutkittava huolellisesti ja puolueettomasti kaikki merkitykselliset näkökohdat sen varmistamiseksi, että sillä on päätöstä tehdessään käytettävissään mahdollisimman kattavat ja luotettavat tiedot (ks. vastaavasti tuomio 2.9.2010, komissio v. Scott, C‑290/07 P , EU:C:2010:480 , kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Lisäksi tämä huolellisuusvelvoite, josta seuraa välittömästi, että jokaiselle on annettu oikeus siihen, että hallintoviranomaiset käsittelevät hänen asiansa puolueettomasti, oikeudenmukaisesti ja kohtuullisessa ajassa, edellyttää pääasiallisesti sitä, että hallintoviranomaiset tutkivat huolella ja puolueettomasti kaikki käsiteltävänä olevan tapauksen kannalta merkitykselliset seikat, mukaan lukien ennen kaikkea seikat, jotka koskevat Agrobetin kaltaisen verovelvollisen esittämiä väitteitä (ks. analogisesti tuomio 22.10.1991, Nölle, C-16/90 , EU:C:1991:402 , – kohta). Tätä oikeuskäytäntöä sovelletaan myös siinä tapauksessa, että verovelvollinen väittää, että veroviranomaisen sitä koskevilla epäilyillä, että osa arvonlisäveroilmoituksessa mukana olevista liiketoimista ei ole sääntöjenmukaisia, ei voi olla vaikutuksia sellaisiin liiketoimiin, joita kyseinen verotarkastusmenettely ei koske, eikä tästä arvonlisäveroilmoituksesta ilmenevän arvonlisäveron ylijäämän osaan ja että näin ollen on olemassa tämän ylijäämän osa, joka on riidaton. Verovelvollisen hyväksyttävänä intressinä saattaa nimittäin olla saada sellainen veroviranomaisen päätös, jossa vahvistetaan, että kyseinen menettely rajoittuu vain tiettyihin liiketoimiin, ja näin on etenkin silloin, kun nämä liiketoimet muodostavat vain pienen osan verovelvollisen liiketoiminnasta. Näin ollen on korostettava, että kansallinen säännöstö, jossa jäsenvaltion arvonlisäverodirektiivin 273 artiklan nojalla toteuttamien toimenpiteiden yhteydessä verovelvollisten ei annettaisi esittää tällaista näyttöä eikä veroviranomaisten tehdä tästä päätöstä, olisi ristiriidassa hyvän hallinnon periaatteen kanssa eikä se olisi näin ollen yhteensopiva arvonlisäverodirektiivin kanssa. Lisäksi on täsmennettävä, että se, että verovelvollisen on mahdollista vedota verokauden osalta arvonlisäveron ylijäämän riidattoman osan olemassaoloon saadakseen palautuksen ennen verotarkastusmenettelyn päättymistä, ei automaattisesti merkitse sitä, että veroviranomaisilla on velvollisuus palauttaa tämä osa etukäteen myös silloin, kun viranomainen myöntää, että kyseinen osa on riidaton. Arvonlisäverodirektiivin 183 artiklasta nimittäin ilmenee, että jäsenvaltioiden on vahvistamistaan yksityiskohtaisista säännöistä riippumatta palautettava tai siirrettävä arvonlisäveron ylijäämä vain, jos vähennysten määrä ylittää kyseiseltä verokaudelta maksettavan arvonlisäveron määrän. Tässä säännöksessä jäsenvaltioille asetettu palauttamis- ja siirtämisvelvollisuus edellyttää näin ollen koko kyseisen verokauden osalta olemassa olevaa arvonlisäveron ylijäämää. Näin ollen on katsottava, että jos verovelvollinen vetoaa arvonlisäveron ylijäämän riidattoman osan olemassaoloon verotarkastusmenettelyssä, veroviranomaisella on velvollisuus palauttaa tai siirtää vain se osa arvonlisäveron ylijäämästä, jonka se voi – kun otetaan huomioon sen tämän menettelyn yhteydessä esittämät epäilyt ja käsiteltävän asian kannalta merkitykselliset seikat – todeta selvästi, täsmällisesti ja yksiselitteisesti alkuperäisen arvonlisäveroilmoituksen kohteena olleen koko verovuoden osalta siitä riippumatta, millaiseksi kyseisen tarkastusmenettelyn lopputulos muodostuu. Koska tällainen palauttamis- ja siirtämisvelvollisuus liittyy tiettyyn verokauteen, sen ei ole oltava olemassa pelkästään niiden maksettavan veron ja vähennyskelpoisen veron määrien osalta, jotka vastaavat kyseisen verotarkastusmenettelyn piiriin kuulumattomia liiketoimia ja jotka veroviranomainen on todennut riidattomiksi, vaan arvonlisäveron ylijäämän sen osan osalta, joka jää jäljelle tämän verotarkastusmenettelyn lopputuloksesta riippumatta ja jota yksin voidaan loppujen lopuksi pitää riidattomana. Tältä osin on huomattava, että tämä arvonlisäveron ylijäämän riidaton osa voi mahdollisesti olla pienempi kuin se verovelvollisen palautettavaksi vaatima ylijäämän osa, joka liittyy näihin määriin, jotka veroviranomainen on todennut riidattomiksi. Nyt käsiteltävässä asiassa ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on tarkistettava, onko veroviranomainen todennut tai olisiko sen pitänyt todeta Agrobetin mahdollisesti esittämän näytön perusteella jossakin pääasiassa kyseessä olevan verotarkastusmenettelyn vaiheessa selvästi, täsmällisesti ja yksiselitteisesti, että arvonlisäveron ylijäämästä oli olemassa riidaton osa, ja erityisesti, onko se vahvistanut tai olisiko sen pitänyt vahvistaa, että kyseisen menettelyn piiriin kuulumattomiin liiketoimiin liittyvät maksettavan veron ja vähennyskelpoisen veron määrät eivät voineet enää muuttua verovelvollisen ilmoittamista määristä ennen kyseisen menettelyn päättymistä. Tämän lisäksi sen on tarkistettava, onko veroviranomainen voinut tai olisiko sen pitänyt voida – kun otetaan huomioon kyseisen viranomaisen verotarkastusmenettelyn yhteydessä esittämät epäilyt ja kaikki verotarkastusmenettelyn asiakirjat ja käsiteltävän asian kannalta merkitykselliset olosuhteet – vahvistaa samalla tavalla, että kyseisen menettelyn lopputuloksesta riippumatta jäljelle jää arvonlisäveron ylijäämä, jonka määrä voi olla pienempi kuin tarkastuksen piiriin kuulumattomiin liiketoimiin liittyvä ylijäämä. Tällaisessa tarkistamisessa on erityisesti otettava huomioon ne seuraamukset, joita verovelvolliselle voi aiheutua siinä tapauksessa, että sille on palautettu osittain tai väliaikaisesti sen vaatima arvonlisäveron ylijäämän osa, jos verotarkastus osoittautuu menestykselliseksi. Jos veroviranomainen ei ole pystynyt toteamaan mitään tällaisia seikkoja, sitä ei voida moittia siitä, että se kieltäytyi tekemästä osittaista verotuspäätöstä ennen pääasiassa kyseessä olevan verotarkastusmenettelyn päättymistä. Edellä esitetyn perusteella esitettyyn kysymykseen on vastattava, että arvonlisäverodirektiivin 179, 183 ja 273 artiklaa, luettuina verotuksen neutraalisuuden periaatteen valossa, on tulkittava siten, että ne eivät ole esteenä kansalliselle säännöstölle, jossa ei säädetä, että veroviranomainen voi päättää palauttaa ennen sellaista arvonlisäveroilmoitusta, josta ilmenee ylijäämä tietyn verokauden osalta, koskevan verotarkastusmenettelyn päättymistä tämän ylijäämän osan, joka liittyy sellaisiin liiketoimiin, jotka eivät kuulu tämän menettelyn piiriin sen aloittamishetkellä, edellyttäen, ettei ole mahdollista vahvistaa selvästi, täsmällisesti ja yksiselitteisesti, että kyseisen menettelyn lopputuloksesta riippumatta jäljelle jää arvonlisäveron ylijäämä, jonka määrä voi olla mahdollisesti pienempi kuin kyseisen menettelyn piiriin kuulumattomiin liiketoimiin liittyvä ylijäämän määrä, mikä ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on tarkistettava. Oikeudenkäyntikulut Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely unionin tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä unionin tuomioistuimelle, ei voida määrätä korvattaviksi. Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (toinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti: Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY 179, 183 ja 273 artiklaa, luettuina verotuksen neutraalisuuden periaatteen valossa, on tulkittava siten, että ne eivät ole esteenä kansalliselle säännöstölle, jossa ei säädetä, että veroviranomainen voi päättää palauttaa ennen sellaista arvonlisäveroilmoitusta, josta ilmenee ylijäämä tietyn verokauden osalta, koskevan verotarkastusmenettelyn päättymistä tämän ylijäämän osan, joka liittyy sellaisiin liiketoimiin, jotka eivät kuulu tämän menettelyn piiriin sen aloittamishetkellä, edellyttäen, ettei ole mahdollista vahvistaa selvästi, täsmällisesti ja yksiselitteisesti, että kyseisen menettelyn lopputuloksesta riippumatta jäljelle jää arvonlisäveron ylijäämä, jonka määrä voi olla mahdollisesti pienempi kuin kyseisen menettelyn piiriin kuulumattomiin liiketoimiin liittyvä ylijäämän määrä, mikä ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on tarkistettava. Allekirjoitukset ( *1 ) Oikeudenkäyntikieli: tšekki

61998TJ0094

sl

Pravni okvir Uredba Sveta (EGS) št. 1078/77 z dne 17. maja 1977 o uvedbi sistema premij za netrženje mleka in mlečnih proizvodov in za preusmeritev mlečnih čred ( UL L 131, str. 1 ) je določila izplačilo premije za netrženje ali premije za preusmeritev za pridelovalce, ki so se zavezali, da v petletnem obdobju netrženja ne bodo tržili mleka ali mlečnih izdelkov ali da ne bodo tržili mleka ali mlečnih izdelkov in da bodo v štiriletnem preusmeritvenem obdobju svojo mlečno čredo preusmerili v čredo za zakol. Pridelovalci mleka, ki so sprejeli obveznost netrženja na podlagi Uredbe št. 1078/77, se ponavadi imenujejo „pridelovalci SLOM“, ta kratica pa izhaja iz nizozemskega izraza „slachten en omschakelen“ (klati in preusmeriti), s katerim so opisane njihove obveznosti v okviru sistema netrženja ali preusmeritve. Z Uredbo Sveta (EGS) št. 856/84 z dne 31. marca 1984 o spremembi Uredbe (EGS) št. 804/68 o skupni organizaciji trgov v sektorju mleka in mlečnih izdelkov ( UL L 90, str. 10 ) in Uredbo (EGS) št. 857/84 z dne 31. marca 1984 o splošnih pravilih za uporabo dajatve iz člena 5c Uredbe (EGS) št. 804/68 v sektorju mleka in mlečnih izdelkov ( UL L 90, str. 13 ) je bila s 1. aprilom 1984 uvedena dodatna dajatev na količine dobavljenega mleka, ki so prekoračile referenčno količino, ki jo je bilo treba določiti za vsakega odkupovalca v okviru skupne količine, zagotovljene v vsaki državi članici. Referenčna količina, izvzeta iz dodatne dajatve, je bila enaka količini mleka ali ekvivalenta mleka, ki jo je dobavil pridelovalec ali jo je na podlagi formule, ki jo je izbrala država, kupila mlekarna med referenčnim letom, ki je bilo za Kraljevino Nizozemsko leto 1983. Podrobna pravila za uporabo dodatne dajatve iz člena 5c Uredbe Sveta (EGS) št. 804/68 z dne 27. junija 1968 o organizaciji trgov v sektorju mleka in mlečnih izdelkov ( UL L 148, str. 13 ) so bila določena z Uredbo Komisije (EGS) št. 1371/84 z dne 16. maja 1984 ( UL L 132, str. 11 ). Ta je bila razveljavljena z Uredbo Komisije (EGS) št. 1546/88 z dne 3. junija 1988 o načinu uporabe dodatnih dajatev iz člena 5c Uredbe št. 804/68 ( UL L 139, str. 12 ), katere namen je bil prenoviti uporabljive predpise na zadevnem področju (prva uvodna izjava navedene uredbe). Pridelovalci, ki zaradi obveznosti na podlagi Uredbe št. 1078/77 v referenčnem letu, ki ga je določila zadevna država članica, niso dobavljali mleka, so bili izključeni iz dodelitve referenčne količine. S sodbama z dne 28. aprila 1988 v zadevi Mulder ( 120/86, Recueil, str. 2321 , v nadaljevanju: sodba Mulder I) in von Deetzen ( 170/86, Recueil, str. 2355 , v nadaljevanju: sodba von Deetzen I) je Sodišče Uredbo št. 857/84, kot je bila dopolnjena z Uredbo št. 1371/84, razglasilo za neveljavno, ker ni določala dodelitve referenčne količine za pridelovalce, ki zaradi izvršitve obveznosti, sprejete na podlagi Uredbe št. 1078/77, niso dobavljali mleka v referenčnem letu, ki ga je določila zadevna država članica. Na podlagi sodb Mulder I in von Deetzen I, navedenih zgoraj v točki 6, je Svet 20. marca 1989 sprejel Uredbo (EGS) št. 764/89 o spremembi Uredbe št. 857/84 ( UL L 84, str. 2 ), ki je začela veljati 29. marca 1989, da bi kategoriji pridelovalcev iz teh sodb omogočil dodelitev posebne referenčne količine, ki znaša 60 % njihove pridelave v dvanajstih mesecih pred tem, ko so se na podlagi Uredbe št. 1078/77 zavezali, da ne bodo tržili mleka oziroma da bodo preusmerili vzrejo. Člen 3a(1), točke od a) do d), Uredbe št. 857/84, kot je bila spremenjena z Uredbo št. 764/89, določa: „Pridelovalec iz člena 12[, (točka c)], tretja alinea: […] na svojo zahtevo, ki jo vloži v treh mesecih, šteto od 29. marca 1989, začasno prejema posebno referenčno količino, če: a) ni prenehal opravljati dejavnost v okviru člena 2(3) in (4) Uredbe […] št. 1078/77 ali ni popolnoma prenesel svojega mlečnega gospodarstva pred potekom obdobja netrženja ali preusmeritve; b) pristojnemu organu za utemeljitev zahtevka dokaže, da lahko zahtevano referenčno količino v celotnem obsegu pridela v svojem gospodarstvu; c) se zaveže, da bo mleko ali druge mlečne izdelke prodajal neposredno potrošniku in/ali da bo mleko dobavljal kupcu; d) se glede posebne referenčne količine zaveže, da ne bo uveljavljal koristi od kakršnega koli programa opustitve referenčnih količin do konca veljavnosti sistema dodatnih dajatev.“ Člen 3a(3) Uredbe št. 857/84, kot je bila spremenjena z Uredbo št. 764/89, določa: „Če lahko pridelovalec v roku dveh let, šteto od 29. marca 1989, pristojnemu organu dokaže, da je dejansko izvajal neposredno prodajo in/ali dobavo in da te neposredne prodaje in/ali dobave v zadnjih dvanajstih mesecih ustrezajo vsaj 80 odstotkom začasne posebne referenčne količine, se mu ta dokončno dodeli. Če tega ne more dokazati, se referenčna količina v celoti vrne v zaloge Skupnosti […]“ Člen 12, točka c), Uredbe št. 857/84, kot je bila spremenjena z Uredbo št. 764/89, določa, da „se za namene uporabe člena 3a za pridelovalca šteje kmetijski pridelovalec kot fizična ali pravna oseba ali kot skupina fizičnih ali pravnih oseb, katerega gospodarstvo je na geografskem ozemlju Skupnosti“. Člen 12, točka d), Uredbe št. 857/84 določa: „V tej uredbi pomenijo: d) gospodarstvo: vse pridelovalne enote na geografskem ozemlju Skupnosti, ki jih upravlja pridelovalec.“ Člen 3a(1) Uredbe št. 1546/88, kot je bila spremenjena z Uredbo Komisije (EGS) št. 1033/89 z dne 20. aprila 1989 ( UL L 110, str. 27 ), določa: „Zahtevo za [posebno referenčno količino] iz člena 3a(1) Uredbe št. 857/84 zainteresirani pridelovalec vloži pri pristojnem organu, ki ga določi država članica, v skladu s podrobnimi pravili, ki jih je določila, in pod pogojem, da lahko pridelovalec dokaže, da še vedno v celoti ali deloma upravlja isto gospodarstvo, kot ga je upravljal ob pridobitvi soglasja iz člena 5(2) Uredbe Komisije (EGS) št. 1391/78 glede zahteve za premijo. Pristojni organ potrdi prejem zahtevka, preveri, ali so izpolnjeni pogoji, določeni v zgoraj navedenemu odstavku 1, in zabeleži pisne zaveze pridelovalca. Zmožnost pridelovalca, da pridela zahtevano referenčno količino, se lahko dokazuje zlasti: — z neposrednimi prodajami in/ali dobavami mleka, ki so bile izvedene od konca obdobja netrženja ali preusmeritve, — z mlečno čredo na gospodarstvu v smislu člena 1(1)[(b)] Uredbe […] št. 1391/78, — s površinami, ki so še vedno porasle s travo, in/ali s površinami s krmnimi rastlinami na gospodarstvu, kot izhajajo iz izpeljanega načrta kolobarjenja in sejanja, — z investicijami iz člena 3, točka 1, druga alinea, Uredbe […] št. 857/84.“ Pridelovalci, ki so sprejeli obveznost netrženja ali preusmeritve in ki so ob uporabi Uredbe št. 764/89 prejeli „posebno“ referenčno količino, se imenujejo „pridelovalci SLOM I“. Sodišče je s sodbo z dne 11. decembra 1990 v zadevi Spagl ( C-189/89, Recueil, str. I-4539 ) člen 3a(1), prva alinea, Uredbe št. 857/84, kot je bila spremenjena z Uredbo št. 764/89, razglasilo za neveljavnega v delu, v katerem je določena izključitev dodelitve posebne referenčne količine na podlagi te določbe pridelovalcem, za katere se je obdobje netrženja ali preusmeritve ob izvrševanju obveznosti na podlagi Uredbe št. 1078/77 izteklo pred 31. decembrom 1983 oziroma pred 30. septembrom 1983. Svet je na podlagi sodbe Spagl, navedene zgoraj v točki 14, sprejel Uredbo (EGS) št. 1639/91 z dne 13. junija 1991 o spremembi Uredbe št. 857/84 ( UL L 150, str. 35 ), ki je z ukinitvijo pogojev, ki jih je Sodišče razglasilo za neveljavne, zadevnim pridelovalcem dovolila dodelitev posebne referenčne količine. Ti se imenujejo „pridelovalci SLOM II“. Sodišče je z vmesno sodbo z dne 19. maja 1992 v združenih zadevah Mulder in drugi proti Svetu in Komisiji ( C-104/89 in C-37/90, Recueil, str. I-3061 , v nadaljevanju: sodba Mulder II) razsodilo, da je Evropska gospodarska skupnost odgovorna za škodo, ki so jo utrpeli nekateri pridelovalci mleka, ki so sprejeli obveznost na podlagi Uredbe št. 1078/77 in jim je potem bilo onemogočeno prodajati mleko zaradi uporabe Uredbe št. 857/84. Sodišče je stranki pozvalo k sporazumni določitvi zneska za plačilo škode. S sodbo z dne 27. januarja 2000 v združenih zadevah Mulder in drugi proti Svetu in Komisiji ( C-104/89 in C-37/90, Recueil, str. I-203 ) je Sodišče odločilo o znesku odškodnin, ki so jih zahtevale tožeče stranke v zadevah, na katere se je nanašala sodba Mulder II, navedena zgoraj v točki 16. Dejansko stanje Tožeče stranke, A. Alferink in 67 drugih pridelovalcev mleka na Nizozemskem, so v okviru Uredbe št. 1078/77 sprejele obveznost netrženja. Tožeče stranke so na podlagi upoštevnih predpisov nizozemskim organom predložile zahtevek za dodelitev posebne referenčne količine, da bi lahko pridelovale določeno količino mleka, ne da bi morale plačevati dodatno dajatev. Nekaterim tožečim strankam je bila dodeljena začasna posebna referenčna količina, medtem ko je bila drugim dodeljena dokončna posebna referenčna količina. Po dodelitvi zgoraj navedenih posebnih referenčnih količin so nizozemski organi začeli izvajati nadzor, da bi preverili, ali so tožeče stranke pridelovale referenčne količine pod pogoji, določenimi s predpisi Skupnosti. Ker so nizozemski organi ugotovili, da se pridelava mleka ni nadaljevala na prvotnem gospodarstvu SLOM ali v isti organizacijski in gospodarski enoti gospodarstva, kot je enota, ki je obstajala ob sprejetju obveznosti netrženja, ker so tožeče stranke za pridelavo mleka uporabljale sredstva, najeta pri tretjih osebah, so ugotovili, da zahteve predpisov Skupnosti za dodelitev dokončne referenčne količine niso bile spoštovane. Zato tožečim strankam, ki so jim bile dodeljene začasne referenčne količine, niso dodelili dokončne referenčne količine, tožečim strankam, ki so jim bile dodeljene dokončne referenčne količine, pa so te odvzeli. Tožeče stranke so pri College van Beroep voor het bedrijfsleven (upravno sodišče za gospodarske zadeve, Nizozemska) vložile tožbo zoper odločbe nizozemskega ministrstva za kmetijstvo, naravno dediščino in ribištvo (v nadaljevanju: ministrstvo), na podlagi katerih jim niso bile dodeljene oziroma so jim bile odvzete dokončne referenčne količine. Tožeče stranke so zlasti trdile, da v nasprotju s tem, kar zatrjuje navedeno ministrstvo, upoštevni predpisi za dodelitev posebne referenčne količine ne zahtevajo, naj se pridelava mleka nadaljuje na prvotnem gospodarstu SLOM ali v isti organizacijski in gospodarski enoti gospodarstva, kot je enota, ki je obstajala ob sprejetju obveznosti netrženja. College van Beroep voor het bedrijfsleven je tožbo zavrnilo. G. J. Hulter, ena od tožečih strank, je pri Rechtbank te 's-Gravenhage (okrožno sodišče v Haagu, Nizozemska) vložil tožbo zaradi ugotovitve odgovornosti, ker niti odločba ministrstva niti upoštevni predpisi niso določali oziroma niso zadostno določali pogojev za spremembo začasne referenčne količine v dokončno referenčno količino ali ker natančni podatki glede meril za dokončno dodelitev referenčne količine niso bili pravočasno predloženi. Ta tožba je bila zavrnjena s sodbo z dne 20. januarja 1999. G. J. Hulter je vložil pritožbo pri Gerechtshof te 's-Gravenhage (pritožbeno sodišče v Haagu, Nizozemska), ki je s sodbo z dne 17. februarja 2000 potrdilo sodbo Rechtbank te 's-Gravenhage. G. J. Hulter je pri Hoge Raad der Nederlanden (vrhovno sodišče) vložil pritožbo, ki je bila zavrnjena s sodbo z dne 8. marca 2002. Postopek A. Alferink in 67 tožečih strank, katerih imena so navedena v prilogi, so 19. junija 1998 v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje vložili to tožbo. Pri Sodišču prve stopnje je bil 30. septembra 1998 neformalni sestanek, na katerem so sodelovali zastopniki strank. Na tem sestanku so stranke imele priložnost predstaviti svoja stališča o analitični razvrstitvi zadev, ki jo je opravilo Sodišče prve stopnje glede pridelovalcev SLOM. Sodišče prve stopnje je s sklepom predsednika četrtega senata z dne 8. oktobra 1998 prekinilo postopek v tej zadevi. Pri Sodišču prve stopnje je bil 17. maja 2000 drugi neformalni sestanek, na katerem so sodelovali zastopniki strank. Pri Sodišču prve stopnje je bil 17. januarja 2002 tretji neformalni sestanek, na katerem so sodelovali zastopniki strank. Na tem sestanku je bilo s soglasjem strank odločeno, da se postopek v tej zadevi prekine, dokler Hoge Raad der Nederlanden ne sprejme odločitve. Sodišče prve stopnje je s sklepom predsednika prvega senata z dne 30. marca 2004 sklenilo, da se ta postopek nadaljuje. Komisiji je bil tako določen rok za predložitev odgovora na tožbo. Stranke so nato predložile repliko oziroma dupliko. Ker se je na začetku novega sodnega leta sestava senatov Sodišča prve stopnje spremenila, je bil sodnik poročevalec dodeljen petemu senatu, ki mu je bila ta zadeva posledično dodeljena. Na podlagi poročila sodnika poročevalca je Sodišče prve stopnje (peti senat) odločilo, da začne ustni postopek brez izvedbe predhodnih pripravljalnih ukrepov. Stranke so podale ustne navedbe in odgovorile na vprašanja Sodišča prve stopnje na obravnavi 25. septembra 2007. Predlogi strank Tožeče stranke Sodišču prve stopnje predlagajo, naj: — Skupnosti naloži plačilo zneskov, navedenih v prilogi k tožbi, kot povračilo škode, ki jim je nastala zaradi neustreznega besedila člena 3a Uredbe št. 1546/88, z obrestmi po obrestni meri 8 % letno, od 23. februarja 1998 do plačila; — Skupnosti naloži plačilo stroškov. Komisija Sodišču prve stopnje predlaga, naj: — tožbo zavrne; — tožečim strankam naloži plačilo stroškov. Ugovor nezakonitosti Uredbe št. 1546/88 Trditve strank Tožeče stranke so se na obravnavi sklicevale na nezakonitost Uredbe št. 1546/88, ker naj bi ta diskriminirala med pridelovalci SLOM in drugimi pridelovalci mleka in ker naj bi kršila načelo legitimnih pričakovanj. Komisija je trdila, da gre za nov tožbeni razlog, ki ga je zato treba razglasiti za nedopustnega. Presoja Sodišča prve stopnje Iz člena 44(1)(c) v povezavi s členom 48(2) Poslovnika Sodišča prve stopnje izhaja, da mora tožba vsebovati predmet spora in povzetek uporabljenih tožbenih razlogov ter da navajanje novih tožbenih razlogov med postopkom ni dovoljeno, razen če ti izhajajo iz pravnih in dejanskih okoliščin, ki so se pojavile med postopkom. Vendar pa je tožbeni razlog, ki pomeni neposredno ali implicitno razširitev razloga, predhodno navedenega v tožbi, in je z njim v tesni zvezi, treba razglasiti za dopustnega (sodba Sodišča z dne 14. oktobra 1999 v zadevi Atlanta proti Evropski skupnosti, C-104/97 P, Recueil, str. I-6983 , točka 29; sklep predsednika tretjega senata Sodišča z dne 13. novembra 2001 v zadevi Dürbeck proti Komisiji, C-430/00 P, Recueil, str. I-8547 , točka 17, in sodba Sodišča prve stopnje z dne 8. marca 2007 v zadevi France Télécom proti Komisiji, T-340/04, ZOdl., str. II-573 , točka 164). V obravnavanem primeru je treba ugotoviti, da je tožbeni razlog nezakonitosti Uredbe št. 1546/88 nov tožbeni razlog, ki ne temelji na nobeni novi pravni ali dejanski okoliščini, ki bi se pojavila med postopkom, in ki ga ni mogoče šteti za neposredno ali implicitno razširitev razloga, predhodno navedenega v tožbi, in ki bi bil z njim v tesni zvezi (v tem smislu glej sodbo Sodišča prve stopnje z dne 28. novembra 2002 v zadevi Scan Office Design proti Komisiji, T-40/01, Recueil, str. II-5043 , točka 96). Tožeče stranke poleg tega niso navedle razlogov, zaradi katerih se na ta ugovor nezakonitosti ni bilo mogoče sklicevati med obravnavo. Sledi, da je ta tožbeni razlog treba zavreči kot nedopustnega. Odškodninski zahtevek Trditve strank Tožeče stranke opozarjajo, da zaradi mnogih let, ki so pretekla med sprejetjem obveznosti netrženja in dodelitvijo posebne začasne referenčne količine, na svojem gospodarstvu niso več mogle nadaljevati opravljanja dejavnosti vzreje molzne živine, ki so jo opravljale prej, tako da so uporabile pridelovalna sredstva, najeta pri tretjih osebah, kot so hlev ali mlekarniške naprave. Začasne referenčne količine, ki so bile dodeljene tožečim strankam, torej niso bile spremenjene v dokončne količine oziroma so bile tožečim strankam odvzete. Tožeče stranke poudarjajo, da ministrstvo, College van Beroep voor het bedrijfsleven in Komisija menijo, da je treba pravo Skupnosti, zlasti pa člen 3a Uredbe št. 1546/88, kot je bila spremenjena z Uredbo št. 1033/89, razlagati tako, da mora biti za dodelitev dokončne referenčne količine začasna referenčna količina pridelana na istem prvotnem gospodarstvu SLOM ali v isti organizacijski in gospodarski enoti gospodarstva, kot je enota, ki je obstajala ob sprejetju obveznosti SLOM. Tako naj ne bi bili izpolnjeni pogoji za dodelitev referenčne količine, saj so bila uporabljena pridelovalna sredstva najeta pri tretjih osebah. Komisija je z dopisom z dne 15. februarja 1995 v odgovor na dopis tožečih strank z dne 13. oktobra 1994 pojasnila, da meni, da odločba College van Beroep voor het bedrijfsleven pravilno odseva stanje predpisov Skupnosti glede trajnosti gospodarstva, na katerem je treba pridelati posebno referenčno količino, namreč prvotnega gospodarstva SLOM v celoti ali deloma, ki vključuje vse dodatke, do datuma dodelitve začasne referenčne količine. Komisija se je v zvezi s tem sklicevala na sodbo Sodišča z dne 3. decembra 1992 v zadevi O’Brien ( C-86/90, Recueil, str. I-6251 ), zlasti na njeni točki 16 in 17, iz katerih naj bi jasno izhajalo, da je upoštevno gospodarstvo tisto, ki je obstajalo na datum dodelitve referenčne količine, pod pogojem, da za namene dodelitve dokončne količine pridelovalec „še vedno v celoti ali deloma upravlja isto gospodarstvo, kot ga je upravljal ob pridobitvi soglasja glede zahteve za premijo“ (točka 17). Komisija je v istem dopisu dodala, da naj bi iz dejanskih okoliščin, ki so ji jih predložili zastopniki tožečih strank, izhajalo, da te niso bile v položaju, navedenem v zgornji točki, ker so bodisi imele v posesti prvotno gospodarstvo SLOM, niso pa ga uporabljale za pridelavo posebne referenčne količine, bodisi je bilo gospodarstvo, na katerem je bila pridelana referenčna količina, pridobljeno po dodelitvi začasne posebne referenčne količine. Komisija je tudi pojasnila, da je treba trditve glede najema pridelovalnih sredstev posebnih referenčnih količin preizkusiti ob upoštevanju predhodnih ugotovitev glede datuma pridobitve teh sredstev in datuma, ko so bila dodana prvotnemu gospodarstvu SLOM. Komisija je nazadnje navedla, da naj se sodba Sodišča z dne 15. januarja 1991 v zadevi Ballmann ( C-341/89, Recueil, str. I-25 ), v nasprotju s tem, kar so trdile tožeče stranke, ki so se nanjo sklicevale, ne bi nanašala na pridelovalce SLOM. Tožeče stranke kljub temu menijo, da iz člena 3a(1) Uredbe št. 1546/88, kot je bila spremenjena z Uredbo št. 1033/89, izhaja, da vložniku zahteve za začasno referenčno količino ni več treba imeti v posesti celotnega prvotnega gospodarstva SLOM. Če bi zadostovalo, da se še naprej uporablja zgolj del, četudi zmanjšan, tega gospodarstva, bi bila začasna referenčna količina neizbežno pridelana z drugimi pridelovalnimi sredstvi. Tožeče stranke menijo, da torej zadostuje, da ima pridelovalec še vedno v posesti del pridelovalnih enot, ki jih je upravljal ob sprejetju obveznosti netrženja. Poleg tega naj bi druge določbe člena 3a Uredbe št. 1546/88, kot je bila spremenjena z Uredbo št. 1033/89, potrjevale, da je večino dodeljene referenčne količine mogoče pridelati s pridelovalnimi sredstvi, ki niso del prvotnega gospodarstva SLOM. Tožeče stranke v zvezi s tem poudarjajo, da je zmožnost pridelovalca, da pridela zahtevano referenčno količino, mogoče dokazati s površinami, ki so še vedno porasle s travo, in/ali s površinami s krmnimi rastlinami na gospodarstvu, kot izhajajo iz izpeljanega načrta kolobarjenja in sejanja. V zgoraj navedenem členu 3a naj ne bi bil naveden noben pogoj, da bi to morale biti površine, ki so še vedno porasle s travo, ali druge površine, ki pripadajo prvotnemu gospodarstvu SLOM. Isto načelo naj bi se uporabljalo za investicije iz zadnje alinee navedenega člena 3a, ki se načeloma nanašajo na obdobje po preteku sporazuma SLOM (in sicer investicije v okviru razvojnega projekta, predloženega pred 1. oktobrom 1984). Poleg tega naj niti Uredba št. 1078/77 niti uredbe za njeno izvedbo ne bi določale obveznosti, da se gospodarstvo, glede katerega je bila sprejeta obveznost SLOM, ohrani v istem stanju. Če bi zakonodajalec želel, da se pridelava mleka nadaljuje na prvotnem gospodarstvu SLOM ali v isti organizacijski ali gospodarski enoti gospodarstva, kot je gospodarstvo, ki je obstajalo ob sprejetju obveznosti SLOM, bi to moral izrecno navesti v predpisih Skupnosti. Iz Uredbe št. 857/84, kot je bila spremenjena z Uredbo št. 764/89, v povezavi z Uredbo št. 1546/88, kot je bila spremenjena z Uredbo št. 1033/89, naj bi torej izhajalo, da mora biti pridelovalec zmožen pridelati zahtevane referenčne količine z uporabo pridelovalnih enot, ki jih upravlja, s tem da mora vsaj en del v ta namen uporabljenih pridelovalnih enot ustrezati enotam, ki jih je imel ob sprejetju obveznosti netrženja. V nasprotju s tem, kar trdi Komisija, naj te uredbe nikakor ne bi določale, da je treba pridelavo nadaljevati bodisi na prvotnem gospodarstvu SLOM bodisi v isti organizacijski in gospodarski enoti gospodarstva, kot je enota, ki je obstajala ob sprejetju obveznosti netrženja. Komisija naj bi tako, s tem da je sprejela predpise, ki naj ne bi izrecno določali zgoraj navedene omejitve in ki naj bi zato bili neustrezni, dvoumni in nejasni, ravnala nepravilno, zaradi česar je odgovorna, ker naj bi kršila previdnostno načelo, ki naj bi se uporabljalo tudi glede metode ustvarjanja predpisov in ki naj bi zahtevalo, da so ti ustrezni. Tožeče stranke se v zvezi s tem sklicujejo na Resolucijo Sveta z dne 8. junija 1993 o kakovosti zakonodaje Skupnosti ( UL C 166, str. 1 ). Glede škode in vzročne zveze med napako in škodo tožeče stranke zatrjujejo, da obstaja napaka, za katero je Komisija odgovorna in ki jim je povzročila škodo. Trdijo, da so izpolnile vse pogoje za dodelitev začasne referenčne količine, in sicer da so bile zmožne pridelati referenčno količino na svojem gospodarstvu, kot je obstajalo ob vložitvi zahteve. Stališče nizozemskih organov, ki so po mnenju Komisije šteli, da tožeče stranke niso nadaljevale pridelave mleka na prvotnem gospodarstvu SLOM ali niso nadaljevale neodvisne pridelave na svoj račun, naj bi pomenilo zgolj to, da tožeče stranke zaradi dvoumnosti predpisov Skupnosti niso v celoti nadaljevale pridelave na svojem prvotnem gospodarstvu SLOM. Če bi bili predpisi Skupnosti bolj jasni, bi tožeče stranke lahko izbrale pridelavo z uporabo drugih pridelovalnih sredstev in bi torej lahko izbrale drug način pridelave na svojem prvotnem gospodarstvu SLOM. Tožeče stranke, razen H. J. ten Haveja, so z dopisom z dne 23. februarja 1998 od Komisije zahtevale, naj jim povrne nastalo škodo, kar je Komisija zavrnila z dopisom z dne 17. aprila 1998. Pojasnjujejo, da lahko predložijo dodatne dokaze glede svojega položaja. Komisija najprej po eni strani opozarja, da v skladu z ustaljeno sodno prakso nepogodbena odgovornost Skupnosti nastane le, če so izpolnjeni trije pogoji, in sicer nezakonitost očitanega ravnanja, dejanska škoda in vzročna zveza med nezakonitim ravnanjem in zatrjevano škodo. Po drugi strani naj bi bila zahteva, na katero se sklicujejo tožeče stranke in v skladu s katero morajo biti predpisi ustrezni, posledica načela pravne varnosti, v skladu s katerim je Sodišče razsodilo, da morajo biti predpisi, ki posameznikom nalagajo obveznosti, jasni in natančni, da se posamezniki lahko nedvoumno seznanijo s svojimi pravicami in obveznostmi in v skladu s tem ukrepajo (sodba Sodišča z dne 16. januarja 2003 v zadevi Cipra in Kvasnicka, C-439/01, Recueil, str. I-745 , točka 49), in da je treba pri razlagi določbe prava Skupnosti upoštevati njen kontekst, izraze in cilje, ki jih zasledujejo predpisi, katerih del je. Člen 3a Uredbe št. 1546/88, kot je bila spremenjena z Uredbo št. 1033/89, naj bi ustrezal temu merilu. Komisija trdi, da ker je Uredba št. 1546/88, kot je bila spremenjena z Uredbo št. 1033/89, izvedbena uredba, ki je bila sprejeta na podlagi določb Uredbe št. 857/84, kot je bila spremenjena z Uredbo št. 764/89, ki jo je sprejel Svet, jo je treba razlagati v povezavi z zadnjo. Temeljna obveznost naj bi bila navedena v uredbi Sveta, izvedbena uredba pa naj bi lahko določala zgolj nekatera podrobnejša merila ali pogoje. Glede na vsebino člena 3a(1)(b) in (3) Uredbe št. 857/84, kot je bila spremenjena z Uredbo št. 764/89, Komisija meni, da ti določbi v povezavi ena z drugo pomenita, da je dokončna posebna referenčna količina lahko dodeljena zgolj, če se neposredne prodaje in/ali dobave dejansko začnejo ponovno izvajati na prvotnem gospodarstvu pridelovalca SLOM. Zato naj bi vsak pridelovalec SLOM k svoji zahtevi za posebno referenčno količino moral priložiti izjavo, da „lahko dodeljeno referenčno količino v celotnem obsegu dejansko pridela na svojem gospodarstvu“. Komisija poleg tega poudarja, da se člen 3a(1) Uredbe št. 1546/88, kot je bila spremenjena z Uredbo št. 1033/89, izrecno sklicuje na člen 3a(1) Uredbe št. 857/84, kot je bila spremenjena z Uredbo št. 764/89, in v tretjem pododstavku določa, da se „[z]možnost pridelovalca, da pridela zahtevano referenčno količino, […] lahko dokazuje zlasti […]“. Ta določba, ki jo je treba razlagati v povezavi s členom 3a(1) Uredbe št. 857/84, kot je bila spremenjena z Uredbo št. 764/89, naj bi bila na prvem mestu naslovljena na nacionalne izvršilne organe, ki bi morali presoditi, ali pridelovalec SLOM izpolnjuje pogoj iz uredbe Sveta, v skladu s katerim mora biti zmožen pridelati referenčno količino na svojem gospodarstvu. Komisija navaja, da ta določba vsebuje neizčrpen seznam („se lahko dokazuje“) dokazov, ki jih nacionalni izvršilni organi lahko sprejmejo v okviru tega pogoja in ki morajo biti predloženi „v skladu s podrobnimi pravili, ki jih določi država članica“. Komisija pojasnjuje, da Uredba št. 1546/88, kot je bila spremenjena z Uredbo št. 1033/89, jasno določa, da mora pridelovalec SLOM dokazati, da lahko na svojem gospodarstvu pridela zahtevano referenčno količino, ta pogoj pa presojajo nizozemski organi, ki ga razlagajo tako, da se mora ponovna pridelava začeti na prvotnem gospodarstvu SLOM ali v isti organizacijski in gospodarski enoti, kot je enota, ki je obstajala ob sprejetju obveznosti netrženja, kar je potrdilo College van Beroep voor het bedrijfsleven. Tožeče stranke ne morejo trditi, da je Komisija odgovorna za tako razlago nizozemskih organov, ki sicer niso navajali, da naj bi bili predpisi Skupnosti dvoumni. Komisija ugotavlja, da se tožeče stranke niso sklicevale na nobeno utemeljitev, s katero bi dokazale, da člen 3a Uredbe št. 857/84, kot je bila spremenjena z Uredbo št. 764/89, ni jasen in natančen in da jim ni omogočil, da bi se nedvoumno seznanile s svojimi pravicami in obveznostmi in v skladu s tem ukrepale. Komisija glede svoje uredbe meni, da je ta jasna in da natančno določa dokaze, ki jih nacionalni organi lahko upoštevajo pri presoji, ali je pridelovalec izpolnil pogoj iz uredbe Sveta, to je ali lahko zahtevano referenčno količino v celotnem obsegu pridela na svojem gospodarstvu. Komisija poleg tega v dupliki pojasnjuje, da so tožeče stranke priznale (glej točko 47 zgoraj), da morajo biti pridelovalci zmožni na pridelovalnih enotah, ki jih upravljajo, pridelati zahtevane referenčne količine, s tem da mora po njihovem mnenju del uporabljenih pridelovalnih enot ustrezati pridelovalnim enotam, ki so jih imeli, ko so sprejeli obveznost netrženja. V teh okoliščinah naj bi bil člen 3a Uredbe št. 1546/88, kot je bila spremenjena z Uredbo št. 1033/89, katere namen je zgolj izvedba člena 3a Uredbe št. 857/84, kot je bila spremenjena z Uredbo št. 764/89, tako kot slednja določba, jasen za tožeče stranke, njegov smisel pa naj bi bil tak, kot ga je določila Komisija, tako da ji ne morejo očitati, da je ravnala nezakonito. Zato naj bi bilo treba odškodninsko tožbo zavrniti. Glede škode in vzročne zveze Komisija trdi, da čeprav tožeče stranke trdijo, da bi lahko pridelale referenčno količino na svojem gospodarstvu, kot je obstajalo na datum vložitve zahteve za dodelitev take količine, na podlagi njihove tožbe ni mogoče jasno ugotoviti, ali so lahko pridelovale navedeno količino na prvotnem gospodarstvu SLOM. Nizozemski organi naj bi v vsakem primeru ugotovili, da niso nadaljevale pridelave mleka na prvotnem gospodarstvu SLOM ali da je niso nadaljevale neodvisno ter za svoj račun, kar so tudi potrdila nizozemska sodišča. Ker tožeče stranke niso izpolnile pogojev iz uredbe Sveta, ne morejo trditi, da obstaja vzročna zveza med nastalo škodo in domnevno nepravilnostjo uredbe Komisije. Nazadnje, Komisija glede obsega škode meni, da tožba ne vsebuje zadostnih dokazov, da bi lahko opredelila svoje stališče. Tožeče stranke naj ne bi zadostno pojasnile, v kolikšni meri so bile zmožne pridelati navedeno referenčno količino na prvotnem gospodarstvu SLOM. Komisija navaja, da si pridržuje pravico vrniti se na vprašanje narave in obsega škode v poznejši fazi postopka. Presoja Sodišča prve stopnje Opozoriti je treba, da iz ustaljene sodne prakse izhaja, da mora biti za nastanek nepogodbene odgovornosti Skupnosti iz člena 215, drugi odstavek, Pogodbe ES (postal člen 288, drugi odstavek, ES) zaradi škode, ki jo povzročijo institucije, izpolnjenih več pogojev, in sicer nezakonitost ravnanja, ki se očita institucijam, dejanskost škode ter vzročna zveza med očitanim ravnanjem in zatrjevano škodo (sodba Sodišča z dne 29. septembra 1982 v zadevi Oleifici Mediterranei proti EGS, 26/81, Recueil, str. 3057 , točka 16; glej sodbo Sodišča prve stopnje z dne 30. maja 2006 v zadevi Blom in drugi proti Svetu in Komisiji, T-87/94, ZOdl., str. II-1385 , točka 102 in navedena sodna praksa). Poleg tega iz ustaljene sodne prakse izhaja, da mora tožeča stranka sodišču Skupnosti predložiti dokaze, da bi to ugotovilo nezakonitost institucijam očitanega ravnanja, dejanskost nastale škode in obstoj vzročne zveze med očitanim ravnanjem in zatrjevano škodo (sodba Sodišča z dne 21. maja 1976 v zadevi Roquette Frères proti Komisiji, 26/74, Recueil, str. 677, točke od 22 do 24, in sodba Sodišča prve stopnje z dne 8. maja 2007 v zadevi Citymo proti Komisiji, T-271/04, ZOdl., str. II-1375 , točka 159). Prav tako je treba opozoriti, da če en od kumulativnih pogojev ni izpolnjen, je treba tožbo zavrniti v celoti, ne da bi bilo treba preučiti druge pogoje (sodba Sodišča z dne 15. septembra 1994 v zadevi KYDEP proti Svetu in Komisiji, C-146/91, Recueil, str. I-4199 , točki 19 in 81, in sodba Sodišča prve stopnje z dne 20. februarja 2002 v zadevi Förde-Reederei proti Svetu in Komisiji, T-170/00, Recueil, str. II-515 , točka 37). V zvezi s prvim od navedenih pogojev, ki ga je treba najprej preizkusiti, sodna praksa zahteva, naj se dokaže dovolj resna kršitev pravnega pravila, katerega namen je podelitev pravic posameznikom (sodba Sodišča z dne 4. julija 2000 v zadevi Bergaderm in Goupil proti Komisiji, C-352/98 P, Recueil, str. I-5291 , točka 42). Odločilno merilo za ugotovitev, ali je kršitev dovolj resna, je očitno in resno neupoštevanje omejitev diskrecijske pravice s strani zadevne institucije Skupnosti. Če ima ta institucija samo izredno omejeno diskrecijsko pravico ali če je sploh nima, lahko že samo kršitev prava Skupnosti zadošča za ugotovitev obstoja dovolj resne kršitve (sodba Sodišča z dne 10. decembra 2002 v zadevi Komisija proti Camar in Tico, C-312/00 P, Recueil, str. I-11355 , točka 54, in sodba Sodišča prve stopnje z dne 12. julija 2001 v združenih zadevah Comafrica in Dole Fresh Fruit Europe proti Komisiji, T-198/95, T-171/96, T-230/97, T-174/98 in T-225/99, Recueil, str. II-1975 , točka 134). V obravnavanem primeru tožeče stranke trdijo, da očitano nezakonito ravnanje Komisije pomeni kršitev previdnostnega načela. Čeprav v obravnavanem primeru tožeče stranke trdijo, da je Skupnost odgovorna, ker je Komisija kršila previdnostno načelo, se dejansko sklicujejo na načelo pravne varnosti, ker Komisiji očitajo, da v zadevnih predpisih ni jasno in natančno določila pogojev za dodelitev posebne referenčne količine. Najprej je treba poudariti, da tako kot je načelo legitimnih pričakovanj pravno pravilo, ki posameznikom podeljuje pravice in zaradi kršitve katerega je Skupnost lahko nepogodbeno odgovorna (sodba Sodišča prve stopnje z dne 6. decembra 2001 v zadevi Emesa Sugar proti Svetu, T-43/98, Recueil, str. II-3519 , točka 64, in glej prav tako zgoraj v točki 16 navedeno sodbo Mulder II, točka 15), je tudi načelo pravne varnosti pravno pravilo, ki posameznikom podeljuje pravice. V zvezi s tem je treba ugotoviti, tako kot sta Sodišče in Sodišče prve stopnje že razsodili, da je načelo pravne varnosti temeljno načelo prava Skupnosti, ki med drugim zahteva, da morajo biti predpisi jasni in natančni, da se posamezniki lahko nedvoumno seznanijo s svojimi pravicami in obveznostmi in v skladu s tem ukrepajo (sodbe Sodišča z dne 9. julija 1981 v zadevi Gondrand in Garancini, 169/80, Recueil, str. 1931 , točka 17; z dne 13. februarja 1996 v zadevi Van Es Douane Agenten, C-143/93, Recueil, str. I-431 , točka 27; z dne 16. oktobra 1997 v zadevi Banque Indosuez in drugi, C-177/96, Recueil, str. I-5659 , točka 27; z dne 14. aprila 2005 v zadevi Belgija proti Komisiji, C-110/03, ZOdl., str. I-2801 , točka 30, in z dne 21. junija 2007 v zadevi ROM-projecten, C-158/06, ZOdl., str. I-5103 , točka 25, ter sodbi Sodišča prve stopnje z dne 14. julija 1997 v zadevi Interhotel proti Komisiji, T-81/95, Recueil, str. II-1265 , točka 61, in z dne 7. novembra 2002 v združenih zadevah Vela in Tecnagrind proti Komisiji, T-141/99, T-142/99, T-150/99 in T-151/99, Recueil, str. II-4547 , točka 391). Navedena zahteva po pravni varnosti je še posebej nujna v primeru predpisov, ki lahko imajo finančne posledice (zgoraj v točki 65 navedena sodba ROM-projecten, točka 26). Zato je treba ugotoviti, ali je besedilo člena 3a Uredbe št. 1546/88, kot je bila spremenjena z Uredbo št. 1033/89, jasno glede pogojev za dodelitev posebne referenčne količine. Opozoriti je treba, da je v skladu z ustaljeno sodno prakso treba pri razlagi določbe prava Skupnosti hkrati upoštevati njene izraze, kontekst in cilje (sodba Sodišča z dne 30. julija 1996 v zadevi Bosphorus, C-84/95, Recueil, str. I-3953 , točka 11, in zgoraj v točki 65 navedena sodba Sodišča Banque Indosuez in drugi, točka 18). Glede na to je treba ugotoviti, tako kot je pravilno poudarila Komisija, da ker je Uredba št. 1546/88, kot je bila spremenjena z Uredbo št. 1033/89, uredba za izvedbo Uredbe št. 857/84, jo je treba razlagati v skladu s to (sodba Sodišča z dne 26. oktobra 2006 v zadevi Kibler, C-275/05, ZOdl., str. I-10569 , točka 20, in v tem smislu glej tudi sodbo Sodišča z dne 22. oktobra 1991 v zadevi von Deetzen, C-44/89, Recueil, str. I-5119 , točka 14), katere veljavnost v okviru te zadeve ni izpodbijana. Prvič, v zvezi s tem je treba poudariti, da člen 3a(1) Uredbe št. 857/84, kot je bila spremenjena z Uredbo št. 764/89, določa, da pridelovalci, za katere se je obdobje netrženja ali preusmeritve ob izvrševanju obveznosti na podlagi Uredbe št. 1078/77 izteklo po 31. decembru 1983 oziroma po 30. septembru 1983, začasno prejemajo posebno referenčno količino pod določenimi pogoji, ki jih ta določa. Člen 3a(1)(a) navedene uredbe zlasti določa, da se začasna posebna referenčna količina dodeli pod pogojem, da zainteresirana oseba ni prenehala opravljati dejavnosti ali ni popolnoma prenesla mlečnega gospodarstva pred potekom obdobja netrženja ali preusmeritve (sodba Sodišča z dne 27. januarja 1994 v zadevi Herbrink, C-98/91, Recueil, str. I-223 , točka 11). Drugič, člen 3a(1)(b) Uredbe št. 857/84, kot je bila spremenjena z Uredbo št. 764/89, kot pogoj za dodelitev začasne posebne referenčne količine določa, da mora pridelovalec v utemeljitev zahteve dokazati, da lahko zahtevano referenčno količino v celotnem obsegu pridela na svojem gospodarstvu. Tretjič, opozoriti je treba, da sistem posebnih referenčnih količin iz člena 3a Uredbe št. 857/84, ki je bil uveden z Uredbo št. 764/89 na podlagi sodb Mulder I in von Deetzen I, navedenih zgoraj v točki 6, da bi se pridelovalcem, ki zaradi izvrševanja obveznosti na podlagi Uredbe št. 1078/77 niso dobavljali mleka med referenčnim letom, zagotovila dodelitev posebne referenčne količine, uzakonja splošno načelo, v skladu s katerim vsa referenčna količina ostaja povezana z zemljiščem, v zvezi s katerim je bila dodeljena (sodba Herbrink, navedena zgoraj v točki 70, točka 12). Iz Uredbe št. 857/84, kot je bila spremenjena z Uredbo št. 764/89, torej izhaja, da mora pridelovalec, ki je prevzel obveznost netrženja, da bi lahko pridobil posebno referenčno količino, vedno v celoti ali deloma imeti v posesti prvotno gospodarstvo SLOM in dokazati, da lahko na svojem gospodarstvu pridela navedeno količino. Ugotoviti je treba, da Uredba št. 1546/88, kot je bila spremenjena z Uredbo št. 1033/89, nikakor ne odstopa od sistema iż Uredbe št. 857/84, kot je bila spremenjena z Uredbo št. 764/89. Člen 3a Uredbe št. 1546/88, kot je bila spremenjena z Uredbo št. 1033/89, namreč zgolj izvaja določbe Uredbe št. 857/84, kot je bila spremenjena z Uredbo št. 764/89, za dodelitev posebne referenčne količine, s tem da določa, da mora pridelovalec pristojnim organom, ki jih določi država članica, dokazati, da še vedno v celoti ali deloma upravlja isto gospodarstvo, kot ga je upravljal ob pridobitvi soglasja glede zahteve za premijo. V tej določbi so nato neizčrpno navedeni dokazi, ki jih je mogoče sprejeti, glede zmožnosti pridelovalca, da pridela zahtevano referenčno količino, in sicer neposredne prodaje in/ali dobave mleka, ki so bile izvedene od konca obdobja netrženja ali preusmeritve, mlečna čreda na gospodarstvu, površine, ki so še vedno porasle s travo, in/ali površine s krmnimi rastlinami na gospodarstvu, kot izhajajo iz izpeljanega načrta kolobarjenja in sejanja, in investicije, izvedene brez razvojnega načrta. Ker torej člen 3a(1) Uredbe št. 1546/88, kot je bila spremenjena z Uredbo št. 1033/89, v tretji alinei tretjega pododstavka določa, da je zmožnost pridelovalca, da pridela zahtevano referenčno količino, mogoče dokazati s površinami, ki so še vedno porasle s travo, in/ali s površinami s krmnimi rastlinami „na gospodarstvu“, tega izraza ni mogoče razumeti drugače, kot da se nanaša na gospodarstvo, ki ga upravlja pridelovalec, ki je v celoti ali deloma isto gospodarstvo kot gospodarstvo, ki ga je upravljal v trenutku pridobitve soglasja k zahtevi za dodelitev premije. Ni ga torej mogoče razlagati tako, da površina ali zgoraj navedena površina lahko pripada drugemu gospodarstvu, kot je gospodarstvo, ki ga upravlja pridelovalec. Ista razlaga velja glede člena 3a(1), tretji pododstavek, druga alinea, Uredbe št. 1546/88, kot je bila spremenjena z Uredbo št. 1033/89, ki zahteva, naj je mlečna čreda, s katero je prav tako mogoče dokazati zmožnost pridelovalca, da pridela zahtevano referenčno količino, na „gospodarstvu“, kar je izraz, ki ga prav tako ni mogoče razumeti drugače, kot da se nanaša na gospodarstvo, ki ga upravlja pridelovalec, ki je v celoti ali deloma isto gospodarstvo kot gospodarstvo, ki ga je upravljal v trenutku pridobitve soglasja k zahtevi za dodelitev premije. Predmet te določbe je torej ravno v izogibanju temu, da posebne referenčne količine pridelovalec ne bi pridelal z živalmi, ki so na drugem gospodarstvu, kot je gospodarstvo, ki ga upravlja. Enako velja glede investicij iz člena 3a(1), tretji pododstavek, četrta alinea, Uredbe št. 1546/88, kot je bila spremenjena z Uredbo št. 1033/89, ki se zaradi istih razlogov, kot so razlogi, navedeni v točkah 76 in 77 zgoraj, morajo nanašati na gospodarstvo, ki ga upravlja zadevni pridelovalec, in torej ne smejo biti ločene od tega gospodarstva. V zvezi s tem je treba opozoriti, da je Sodišče glede prenosa gospodarstva z odstopom ali z zamenjavo najemnika po preteku najemne pogodbe že razsodilo, da je za celoten sistem referenčnih količin značilno načelo, v skladu s katerim se referenčna količina prenese skupaj z zemljiščem, v zvezi s katerim je prišlo do njene dodelitve, in da člen 3a(1) Uredbe št. 1546/88, kot je bila spremenjena z Uredbo št. 1033/89, postrožuje pogoj iz člena 3a(1) Uredbe št. 857/84, s tem da zahteva, naj pridelovalec še naprej v celoti ali deloma upravlja isto gospodarstvo, da bi to načelo uzakonil tudi glede posebnih referenčnih količin (zgoraj v točki 70 navedena sodba Herbrink, točka 13). Uredba št. 1033/89 v tretji uvodni izjavi tako določa, da „zahtevo za [posebno referenčno količino] lahko vloži le pridelovalec, ki lahko upravlja vsaj del istih pridelovalnih enot kot so enote, ki jih je upravljal ob vložitvi zahteve za premijo za netrženje ali preusmeritev“, in da „če pridelovalec nima več tega istega gospodarstva, naj bi tako po logiki sistema premij izrazil svojo namero, da bo prenehal s pridelavo mleka“. Poleg tega, čeprav mora pridelovalec za to, da dobi posebno referenčno količino, še vedno v celoti ali deloma upravljati isto gospodarstvo, kot ga je upravljal ob pridobitvi soglasja glede zahteve za premijo, v smislu člena 12(d) Uredbe št. 857/84 gospodarstvo sestavljajo „vse pridelovalne enote na geografskem ozemlju Skupnosti, ki jih upravlja proizvajalec“. Opredelitvi pojmov „pridelovalec“ in posledično „gospodarstvo“ iz člena 12(c) in (d) Uredbe št. 857/84, kot je bila spremenjena z Uredbo št. 764/89, kažeta, da pojem pridelovalca ne pomeni drugega kot kmetijskega pridelovalca, ki za namene pridelave mleka upravlja vse pridelovalne enote na lastno odgovornost (sodbi Sodišča z dne 9. julija 1992 v zadevi Maier, C-236/90, Recueil, str. I-4483 , točka 11, in z dne 23. januarja 1997 v zadevi St. Martinus Elten, C-463/93, Recueil, str. I-255 , točka 17). Iz člena 3a(1) Uredbe št. 857/84, kot je bila spremenjena z Uredbo št. 764/89, v povezavi s členom 3a(1) Uredbe št. 1546/88, kot je bila spremenjena z Uredbo št. 1033/89, torej jasno izhaja, da se začasna referenčna količina dodeli pod pogojem, da zainteresirani pridelovalec dokaže, da še vedno v celoti ali deloma upravlja isto gospodarstvo, kot ga je upravljal ob pridobitvi soglasja glede zahteve za premijo, to je gospodarstvom, v zvezi s katerim je sprejel obveznost netrženja ali preusmeritve (zgoraj v točki 42 navedena sodba O’Brien, točka 12, ter prav tako glej v tem smislu zgoraj v točki 70 navedeno sodbo Sodišča Herbrink, točki 12 in 13; sodbo Sodišča z dne 28. oktobra 2004 v zadevi van den Berg proti Svetu in Komisiji, C-164/01 P, ZOdl., str. I-10225 , točka 71, in sodbo Sodišča prve stopnje z dne 12. decembra 2006 v zadevi Werners proti Svetu in Komisiji, T-373/94, ZOdl., str. II-4631 , točka 81), in da lahko pridela zahtevano referenčno količino na tem gospodarstvu. V sodbi O’Brien, navedeni zgoraj v točki 42, je Sodišče v točki 17 pojasnilo, da je za namene dokončne dodelitve posebne referenčne količine člen 3a(3) Uredbe št. 857/84, kot je bila spremenjena z Uredbo št. 764/89, treba razlagati tako, da je prav tako mogoče upoštevati prodaje ali dobave mleka iz pridelovalnih enot, ki so bile dodane zadevnemu gospodarstvu med datumom izteka obdobja netrženja ali preusmeritve in datumom začasne dodelitve posebne referenčne količine, zgolj če zainteresirana oseba še vedno v celoti ali deloma upravlja isto gospodarstvo, kot ga je upravljala ob pridobitvi soglasja glede zahteve za premijo. Tako iż zgoraj navedenih ugotovitev izhaja, da člen 3a(1) Uredbe št. 1546/88, kot je bila spremenjena z Uredbo št. 1033/89, v povezavi s členom 3a(1) Uredbe št. 857/84, kot je bila spremenjena z Uredbo št. 764/89, določa, da je treba mleko pridelovati na prvotnem posestvu SLOM (zgoraj v točki 83 navedena sodba Werners proti Svetu in Komisiji, točka 81; v tem smislu glej tudi zgoraj v točki 42 navedeno sodbo O’Brien, točki 11 in 12; zgoraj v točki 70 navedeno sodbo Herbrink, točki 12 in 13, in zgoraj v točki 83 navedeno sodbo van den Berg proti Svetu in Komisiji, točka 71), to pa lahko vključuje, odvisno od primera, pridelovalne enote, ki jih pridelovalci upravljajo na lastno odgovornost ob dodelitvi posebne referenčne količine, to je enote, ki morajo biti v celoti ali deloma del prvotnega gospodarstva SLOM. Ta razlaga je v skladu s smislom sistema. Najprej namreč upošteva ugotovitev, da se pridelovalcu, ki nima več prvotnega gospodarstva SLOM, ne dodeli posebna referenčna količina, ker naj bi tako izrazil namero, da preneha tržiti mleko, zaradi česar naj dodelitev referenčne količine ne bi bila več posledica uvedbe sistema. Dalje, ta razlaga tudi upošteva dejstvo, da ker so referenčne količine povezane z zemljiščem, v zvezi s katerim je prišlo do njihove dodelitve, mora njihova pridelava izhajati iz tega zemljišča. Nazadnje, upošteva ugotovitve generalnega pravobranilca Jacobsa v sklepnih predlogih k zgoraj v točki 42 navedeni sodbi O’Brien (Recueil, str. I-6266), v skladu s katerimi se je med obdobjem, ko so bili zadevni pridelovalci izključeni iz pridelave mleka, njihovo gospodarstvo gotovo spremenilo, kar je Sodišče potrdilo, ko je razsodilo, da je treba upoštevati prodaje ali dobave mleka, ki izhajajo iz pridelovalnih enot, ki so bile dodane zadevnemu gospodarstvu med datumom izteka obdobja netrženja in datumom začasne dodelitve posebne referenčne količine, kadar zainteresirana oseba še vedno v celoti ali deloma upravlja isto gospodarstvo, kot ga je upravljala ob pridobitvi soglasja glede zahteve za premijo. Nazadnje je treba poudariti, da se utemeljitev tožečih strank, ki so jo navedle v svojih vlogah, ne odmika od smisla, ki je pripisan zadevnim določbam v točkah od 70 do 86 zgoraj, in da gre za to, da sta bolj razlaga določb Skupnosti, ki so jo nacionalna sodišča sprejela, in njihova uporaba v obravnavanem primeru tisti, ki ju tožeče stranke zlasti izpodbijajo v okviru kritike zoper navedene določbe Skupnosti. Kot namreč izhaja iz točk 44 in 47 zgoraj, tožeče stranke trdijo, da iz člena 3a(1) Uredbe št. 1546/88, kot je bila spremenjena z Uredbo št. 1033/89, izhaja, da vložnik zahteve za začasno referenčno količino ni več imel v posesti celotnega prvotnega gospodarstva SLOM. Menijo, da je treba posebne referenčne količine pridelati z uporabo pridelovalnih enot, ki jih upravljajo, del teh enot pa mora ustrezati pridelovalnim enotam, ki so jih imele, ko so sprejele obveznost netrženja. Iz navedenih ugotovitev izhaja, da Komisija ni kršila načela pravne varnosti, tako da je treba tožbo zavrniti. Podredno, tudi če bi bilo mogoče šteti, da so predpisi Skupnosti na tem področju nekoliko dvoumni ali nenatančni glede pogojev, ob katerih je treba pridelati dodeljene posebne referenčne količine zaradi dokončne dodelitve teh količin, je treba opozoriti, da je za vzpostavitev odgovornosti Skupnosti treba dokazati dovolj resno kršitev pravnega pravila, katerega namen je podelitev pravic posameznikom, v skladu z zahtevami, ki so navedene v točki 62 zgoraj. Sodna praksa Sodišča glede nepogodbene odgovornosti Skupnosti se je oblikovala ob upoštevanju široke diskrecijske pravice, ki jo imajo institucije pri izvajanju politik Skupnosti, zlasti glede normativnih aktov, ki vključujejo izbire gospodarske politike (sodba Sodišča z dne 5. marca 1996 v združenih zadevah Brasserie du pêcheur in Factortame, C-46/93 in C-48/93, Recueil, str. I-1029 , točka 44). Ozko razumevanje odgovornosti Skupnosti pri izvajanju njenih normativnih dejavnosti se razlaga z ugotovitvijo, da po eni strani izvrševanja zakonodajne funkcije, tudi če obstaja sodni nadzor zakonitosti aktov, ne sme ovirati možnost odškodninskih tožb, vsakič ko splošni interes Skupnosti narekuje sprejetje zakonodajnih ukrepov, ki lahko neugodno vplivajo na interese posameznikov, po drugi strani pa, da je v normativnem kontekstu, za katerega je značilna široka diskrecijska pravica, ki je nepogrešljiva za izvajanje politike Skupnosti, mogoče vzpostaviti odgovornosti Skupnosti zgolj, če je zadevna institucija očitno in resno prekoračila meje pri izvajanju svojih pooblastil (sodba Sodišča z dne 25. maja 1978 v združenih zadevah HNL in drugi proti Svetu in Komisiji, 83/76, 94/76, 4/77, 15/77 in 40/77, Recueil, str. 1209 , točki 5 in 6, ter zgoraj v točki 91 navedena sodba Sodišča Brasserie du pêcheur in Factortame, točka 45). Sodišče je poleg tega v zvezi s tem pojasnilo, da ureditev, ki jo je izoblikovalo na področju nepogodbene odgovornosti Skupnosti, upošteva zlasti zapletenost položajev, ki jih je treba urediti, težave pri uporabi ali razlagi besedil in še zlasti obseg diskrecijske pravice, ki ga ima tisti, ki sprejme zadevni akt (zgoraj v točki 91 navedena sodba Brasserie du pêcheur in Factortame, točka 43; zgoraj v točki 62 navedeni sodbi Bergaderm in Goupil proti Komisiji, točka 40, in Komisija proti Camar in Tico, točka 52). V obravnavanem primeru je treba ugotoviti, da ima Komisija zgolj znatno omejeno diskrecijsko pravico, glede na to, da je, kot je bilo navedeno v točki 69 zgoraj, Uredba št. 1546/88, kot je bila spremenjena z Uredbo št. 1033/89, zgolj uredba za izvedbo Uredbe št. 857/84. V točkah od 69 do 78 zgoraj pa je bilo že ugotovljeno, da je Komisija zgolj uporabila določbe Uredbe Sveta št. 857/84, kot je bila spremenjena z Uredbo št. 764/89, v skladu z njenimi določbami, tako da ne more biti odgovorna za morebitno kršitev prava Skupnosti. Za morebitno nenatančnost ali nejasnost Uredbe št. 1546/88, kot je bila spremenjena z Uredbo št. 1033/89, Komisija tako ne more odgovarjati, ker je zgolj ravnala v skladu z Uredbo Sveta št. 857/84, kot je bila spremenjena z Uredbo št. 764/89. Glede Uredbe št. 857/84, kot je bila spremenjena z Uredbo št. 764/89, je treba ugotoviti, da tožeče stranke v okviru te tožbe sploh niso izpodbijale veljavnosti navedene uredbe s sklicevanjem, da naj bi ta kršila načelo pravne varnosti. Ker tožeče stranke niso dokazale zatrjevane nezakonitosti ravnanja, ki ga očitajo Komisiji, ni treba preveriti, ali so izpolnjeni drugi pogoji za vzpostavitev odgovornosti. Iz vsega navedenega izhaja, da je treba tožbo zavrniti. Stroški V skladu s členom 87(2) Poslovnika se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Ker tožeče stranke niso uspele, se jim naloži plačilo stroškov v skladu s predlogi Komisije. Iz teh razlogov je SODIŠČE PRVE STOPNJE (peti senat) razsodilo: 1. Tožba se zavrne. 2. A. Alferinku in 67 drugim tožečim strankam, katerih imena so navedena v prilogi, se naloži plačilo stroškov. Vilaras Martins Ribeiro Jürimäe Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 26. junija 2008. Sodni tajnik E. Coulon Predsednik M. Vilaras PRILOGA Dediči G. Vloedgravna, W. L. A. van der Arend , stanujoč v Harmelnu (Nizozemska), H. W. Bakker , stanujoč v Middelstumu (Nizozemska), B. M. J. B. Beusmans , stanujoč v Noorbeeku (Nizozemska), P. J. M. Biermans , stanujoč v Herkenboschu (Nizozemska), J. A. A. de Bont , stanujoč v Ruttnu (Nizozemska), H. Boskma , stanujoč v Zwaagwesteindu (Nizozemska), B. A. Bouma , stanujoč v Berlikumu (Nizozemska), E. A. M. Bouma , stanujoč v Ruttnu, J. A. Bouma , stanujoč v Riedu (Nizozemska), H. Buwalda , stanujoč v Franekerju (Nizozemska), M. V. van Diederen , stanujoč v Doenradu (Nizozemska), R. Dusselaar , stanujoč v Wierju (Nizozemska), J. van Duynhoven , stanujoč v Rijkevoortu (Nizozemska), H. J. Frederiks , stanujoč v Laag Keppelu (Nizozemska), G. J. M. Frieling , stanujoč v Deurningenu (Nizozemska), T. de Groot , stanujoč v Creilu (Nizozemska), H. J. ten Hagen , stanujoč v Winterswijku (Nizozemska), H. J. ten Have , stanujoč v Beltrumu (Nizozemska), P. A. J. N. Hendriks , stanujoč v Valkenburgu (Nizozemska), H. Heringa , stanujoč v Leensu (Nizozemska), O. Hoekstra , stanujoč v Oosternijkerku (Nizozemska), J. Hoekstra , stanujoč v Oosternijkerku, W. H. C. M. Holtslag , stanujoč v Lelystadu (Nizozemska), J. H. A. Huijsmans , stanujoč v Weertu (Nizozemska), M. Huizinga , stanujoč v Firdgumu (Nizozemska), G. J. Hulter , stanujoč v Den Veldu (Nizozemska), P. J. M. Janssen , stanujoč v Wanssumu (Nizozemska), G. C. de Jongh , stanujoč v Marknessu (Nizozemska), C. de Keijzer , stanujoč v Noordgouwu (Nizozemska), P. Kemp , stanujoč v Breukelnu (Nizozemska), W. Koopmans-Hut , stanujoč v Ezingu (Nizozemska), H. J. Leemkuil , stanujoč v Winterswijk-Mistu (Nizozemska), J. A. J. Leijten , stanujoč v Bantu (Nizozemska), G. J. Loozeman , stanujoč v Callantsoogu (Nizozemska), A. Lukens Folkers , stanujoč v Vlagtweddu (Nizozemska), P. L. Marinussen , stanujoč v Grijpskerku (Nizozemska), G. J. Meijer , stanujoč v Usquertu (Nizozemska), W. H. J. Mulder , stanujoč v Haarzuilensu (Nizozemska), Th. Neelen , stanujoč v Nunhemu (Nizozemska), G. J. Nijboer , stanujoč v Anu (Nizozemska), A. Nijboer , stanujoč v Anu, B. Oude Kotte , stanujoč v Fleringenu (Nizozemska), J. H. M. Roebroek , stanujoč v Schimmertu (Nizozemska), F. M. C. Rommens , stanujoč v Rijsbergnu (Nizozemska), J. A. C. M. Soffers , stanujoč v Rijsbergnu, J. G. Rompelberg , stanujoč v Noorbeeku, M. J. Scheele , stanujoč v Mensingeweerju (Nizozemska), J. van Sinderen , stanujoč v Ternaardu (Nizozemska), J. W. M. Smeets , stanujoč v Papenhovnu (Nizozemska), W. C. G. M. Stoffelen , stanujoč v Ottersumu (Nizozemska), J. H. Thomassen , stanujoč v Bemelnu (Nizozemska), J. H. van Til , stanujoč v Eppenhuiznu (Nizozemska), K. J. Veenkamp , stanujoč v Thesingu (Nizozemska), J. T. F. J. op’t Veld , stanujoč v Vlodropu (Nizozemska), J. P. W. Vrencken , stanujoč v Beeku (Nizozemska), O. Vries , stanujoč v Engwierumu (Nizozemska), K. Vries , stanujoč v Engwierumu, M. W. de Weerd , stanujoč v Tollebeeku (Nizozemska), A. M. Weijenberg-Pleijers , stanujoč v Wittmu (Nizozemska), H. F. W. M. Wennekers , stanujoč v Creilu, R. W. Werners , stanujoč v Mepplu (Nizozemska), C. H. L. Wijnen , stanujoč v Maasbreeju (Nizozemska), L. G. H. Willems , stanujoč v Ulestratnu (Nizozemska), J. G. Wilman , stanujoč v Engwierumu, D. Wilman , stanujoč v Engwierumu, J. M. P. Wolfs , stanujoč v Gronsveldu (Nizozemska). ( *1 ) Jezik postopka: nizozemščina.

62021CJ0666

nl

Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 2, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer, tot wijziging van verordeningen (EEG) nr. 3821/85 en (EG) nr. 2135/98 van de Raad en tot intrekking van verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad (PB 2006, L 102, blz. 1), zoals gewijzigd bij verordening (EU) nr. 165/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 4 februari 2014 (PB 2014, L 60, blz. 1) (hierna: „verordening nr. 561/2006”). Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen AI en de Åklagarmyndighet (openbaar ministerie, Zweden) over schending van de regels inzake het gebruik van tachografen. Toepasselijke bepalingen Unierecht Verordening nr. 561/2006 Overweging 17 van verordening nr. 561/2006 luidt: „Deze verordening strekt tot verbetering van de sociale omstandigheden van de werknemers op wie ze van toepassing is, alsmede tot verbetering van de verkeersveiligheid in het algemeen. Dit gebeurt vooral aan de hand van bepalingen in verband met de maximumrijtijd per dag, per week en per periode van twee opeenvolgende weken, de bepaling die een bestuurder verplicht om ten minste één keer per periode van twee opeenvolgende weken minstens één normale wekelijkse rusttijd te nemen en de bepalingen die voorschrijven dat een dagelijkse rusttijd in geen geval minder dan negen aaneengesloten uren mag duren. [...]” Volgens artikel 1 ervan geeft deze verordening „voorschriften voor de rijtijden, de onderbrekingen en de rusttijden van bestuurders in het wegvervoer van goederen en personen, met als doel de voorwaarden voor concurrentie tussen verschillende wijzen van vervoer over land te harmoniseren, met name met betrekking tot de wegvervoersector, en ter verbetering van de werkomstandigheden en de verkeersveiligheid” en heeft zij „tevens tot doel betere controle en handhaving door de lidstaten en betere arbeidsomstandigheden in de wegvervoersector te bevorderen”. Artikel 2, lid 1, van die verordening bepaalt het volgende: „Deze verordening is van toepassing op wegvervoer: a)      van goederen waarbij de toegestane maximummassa van de voertuigen, dat van de aanhangwagens of opleggers inbegrepen, meer dan 3,5 ton bedraagt; of b)      van personen door voertuigen die zijn gebouwd of permanent zijn toegerust om meer dan negen personen, de bestuurder daaronder begrepen, te kunnen vervoeren en die daartoe zijn bestemd.” In artikel 3 van diezelfde verordening is het volgende bepaald: „Deze verordening is niet van toepassing op wegvervoer door: [...] h)      voertuigen of een combinatie van voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel goederenvervoer en waarvan de toegestane maximummassa niet meer dan 7,5 ton bedraagt; [...]” Artikel 4 van verordening nr. 561/2006 bepaalt: „Voor de toepassing van deze verordening gelden de volgende definities: a)      ‚wegvervoer’: iedere verplaatsing die geheel of gedeeltelijk over voor openbaar gebruik toegankelijke wegen plaatsvindt, in lege of beladen toestand, door een voertuig, bestemd voor het vervoer van personen of goederen; [...] m)      ‚toegestane maximummassa’: de hoogst toegestane totaalmassa van een voertuig, het laadvermogen daaronder begrepen; [...]” Verordening nr. 165/2014 Artikel 1, lid 1, van verordening nr. 165/2014, betreffende tachografen in het wegvervoer, luidt als volgt: „Deze verordening bepaalt de verplichtingen en voorschriften met betrekking tot de constructie, de installatie, het gebruik, het testen en de controle van tachografen die in het wegvervoer worden gebruikt om de naleving van [verordening nr. 561/2006] [...] te verifiëren.” Artikel 3 van verordening nr. 165/2014 heeft als opschrift „Toepassingsgebied” en bepaalt in lid 1: „De tachografen worden geïnstalleerd en gebruikt in voertuigen, bestemd voor het vervoer van personen of goederen over de weg, die in een lidstaat zijn ingeschreven en waarop verordening (EG) nr. 561/2006 van toepassing is.” Artikel 23 van verordening nr. 165/2014 heeft als opschrift „Inspectie van tachografen” en bepaalt in lid 1: „Tachografen worden regelmatig door een erkende werkplaats geïnspecteerd. Ten minste om de twee jaar wordt een routine-inspectie uitgevoerd.” Zweeds recht Hoofdstuk 9, § 6, van förordning (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. [besluit (2004:865) betreffende rij- en rusttijden, tachografen enzovoort] bepaalt: „Een bestuurder die opzettelijk of door nalatigheid gebruikmaakt van een tachograaf die niet overeenkomstig artikel 23, lid 1, van [verordening 165/2014] is geïnspecteerd, krijgt een geldboete opgelegd.” Hoofdgeding en prejudiciële vragen Op 4 april 2019 is bij een politiecontrole vastgesteld dat AI onderweg was met een in Zweden geregistreerd voertuig dat was uitgerust met een niet binnen de gestelde termijn geïnspecteerde tachograaf. AI vervoerde in de laadruimte van dit voertuig twee sneeuwscooters en verklaarde dat hij op weg was naar een sneeuwscooterwedstrijd. Bij vonnis van 7 september 2020 heeft de Sundsvalls tingsrätt (rechter in eerste aanleg Sundsvall, Zweden) AI veroordeeld wegens een snelheidsovertreding, maar hem vrijgesproken van de beschuldiging dat hij in strijd met hoofdstuk 9, § 6 van besluit (2004:865) de tachograaf in zijn voertuig niet heeft laten inspecteren. Aangezien dit voertuig slechts zes zitplaatsen voor passagiers had, heeft deze rechter geoordeeld dat het voertuig op grond van artikel 2, lid 1, onder b), van verordening nr. 561/2006 niet binnen de werkingssfeer van deze verordening viel. Zowel AI als de Åklagarmyndighet heeft tegen dit vonnis hoger beroep ingesteld bij de Hovrätt för Nedre Norrland (rechter in tweede aanleg voor Zuid-Norrland, Sundsvall, Zweden), de verwijzende rechter. Volgens de Åklagarmyndighet valt het betrokken voertuig wegens het gewicht ervan en doordat er sneeuwscooters mee werden vervoerd, onder verordening nr. 561/2006 en geldt dus de verplichting om een tachograaf te gebruiken. AI voert aan dat dit juist niet het geval is, aangezien dit voertuig niet voor wegvervoer van goederen voor commerciële doeleinden wordt gebruikt. Hij betoogt dat, ook al beschikt dit voertuig over een laadruimte waarin hij soms zijn sneeuwscooters vervoert, hetzelfde voertuig ook een leefruimte bevat die hij en zijn familie gebruiken als zij op reis zijn om de sneeuwscootersport te beoefenen, zodat het voertuig hoofdzakelijk als tijdelijke leefruimte voor privégebruik dient. De verwijzende rechter wijst erop dat het betrokken voertuig in het Vägtrafikregister (wegenverkeersregister) stond ingeschreven als vrachtwagen in de EU-voertuigcategorie N3 en dat de carrosserie als volgt is omschreven: „Het voorste deel van de bestelwagen is permanent ingericht als leefruimte, het achterste deel als laadruimte.” Hij merkt tevens op dat dit voertuig, dat door zijn carrosserie lijkt op een autobus, een opgegeven leeggewicht van 17 680 kilogram (kg) heeft, een maximaal toegestane lading van 5 120 kg, een hoogte van 3,6 meter (m) en een lengte van 14,7 m. Aangezien het betrokken voertuig een laadruimte heeft die kan worden gebruikt voor wegvervoer van goederen en de toegestane maximummassa meer dan 3,5 ton bedraagt, valt dit voertuig volgens de verwijzende rechter op grond van artikel 2, lid 1, onder a), van verordening nr. 561/2006 binnen de werkingssfeer van deze verordening. Hij vraagt zich niettemin af hoe het begrip „wegvervoer van goederen” in de zin van deze bepaling moet worden uitgelegd, en betwijfelt in het bijzonder of de primaire functie dan wel het daadwerkelijke gebruik van het betrokken voertuig, het laadvermogen ervan en de inschrijving ervan in het nationale wegenverkeersregister relevant zijn voor de uitlegging van dit begrip. De verwijzende rechter meent dat artikel 2, lid 1, onder a), van verordening nr. 561/2006 vooral betrekking heeft op wegvervoer van goederen in het kader van commerciële activiteiten. Deze uitlegging vindt steun in de doelstellingen van deze verordening, die erin bestaan de voorwaarden voor concurrentie met betrekking tot de wegvervoersector te harmoniseren en de arbeidsomstandigheden en de verkeersveiligheid te verbeteren. Deze rechter merkt op basis van het arrest van 3 oktober 2013, Lundberg (C‑317/12, EU:C:2013:631), evenwel op dat het vervoer met vrachtwagens die particulieren uitsluitend voor hun hobby- of vrijetijdsactiviteiten en zonder verband met een commerciële activiteit gebruiken, bezwaarlijk kan worden geacht afbreuk te doen aan de doelstellingen van harmonisatie van de concurrentievoorwaarden in de wegvervoersector en verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Voorts vraagt hij zich af of het evenredig is aan die doelstellingen om de in verordening nr. 561/2006 opgenomen voorschriften voor de rijtijden, onderbrekingen en rusttijden toe te passen op dergelijke voertuigen. In deze omstandigheden heeft de Hovrätt för Nedre Norrland de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen: „1)      Moet het in artikel 2, lid 1, onder a), van [verordening nr. 561/2006] gebezigde begrip ‚wegvervoer van goederen’ worden geacht zich mede uit te strekken tot het vervoer met een voertuig waarvan de totale massa meer dan 3,5 ton bedraagt en dat hoofdzakelijk wordt gebruikt als tijdelijke leefruimte voor privégebruik? 2)      Is in dergelijke omstandigheden van belang wat het laadvermogen van het voertuig is of hoe het voertuig in het nationale wegenverkeersregister is ingeschreven?” Beantwoording van de prejudiciële vragen Vooraf zij eraan herinnerd dat het Hof, om de verwijzende rechter een nuttig antwoord te geven, bepalingen van het Unierecht in aanmerking kan nemen waarnaar in de vragen van de nationale rechter niet wordt verwezen, door uit met name de motivering van de verwijzingsbeslissing de elementen van het Unierecht te putten die, gelet op het voorwerp van het geding, uitlegging behoeven (zie in die zin arrest van 12 december 1990, SARPP, C‑241/89, EU:C:1990:459, punt 8, en 27 juni 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania, C‑74/16, EU:C:2017:496, punt 36). Om in het onderhavige geval te bepalen of een situatie als die in het hoofdgeding binnen de werkingssfeer van verordening nr. 561/2006 valt, moet niet alleen worden onderzocht of is voldaan aan de voorwaarden van artikel 2, lid 1, onder a), van die verordening, maar ook of niet is voldaan aan de voorwaarden van artikel 3, onder h), van die verordening. Bijgevolg moeten de vragen, die samen moeten worden onderzocht, aldus worden begrepen dat de verwijzende rechter in essentie wenst te vernemen of artikel 2, lid 1, onder a), van verordening nr. 561/2006, gelezen in samenhang met artikel 3, onder h), van deze verordening, aldus moet worden uitgelegd dat het begrip „wegvervoer van goederen” in de zin van deze eerste bepaling, het wegvervoer omvat dat plaatsvindt met een voertuig waarvan de toegestane maximummassa in de zin van artikel 4, onder m), van die verordening, meer dan 7,5 ton bedraagt, en wel ook wanneer dit voertuig is toegerust om behalve als tijdelijke leefruimte voor privégebruik tevens te dienen als goederenlaadruimte voor niet-commerciële doeleinden, waarbij in voorkomend geval rekening moet worden gehouden met het laadvermogen van dit voertuig en de categorie waaronder het in het nationale wegenverkeersregister is ingeschreven. Uit de bewoordingen van artikel 2, lid 1, onder a), en artikel 4, onder a), van verordening nr. 561/2006 blijkt dat deze verordening van toepassing is op het wegvervoer van goederen waarbij de toegestane maximummassa van de voertuigen, dat van de aanhangwagens of opleggers inbegrepen, meer dan 3,5 ton bedraagt. Het begrip „wegvervoer” wordt in artikel 4, onder a), van deze verordening gedefinieerd als „iedere verplaatsing die geheel of gedeeltelijk over voor openbaar gebruik toegankelijke wegen plaatsvindt, in lege of beladen toestand, door een voertuig, bestemd voor het vervoer van personen of goederen”. Het begrip „toegestane maximummassa” wordt in artikel 4, onder m), van die verordening gedefinieerd als „de hoogst toegestane totaalmassa van een voertuig, het laadvermogen daaronder begrepen”. Aangezien het begrip „wegvervoer” volgens de bewoordingen van artikel 2, lid 1, onder a), van verordening nr. 561/2006, gelezen in samenhang met artikel 4, onder a), van deze verordening, wordt gedefinieerd aan de hand van „iedere verplaatsing”, kan het niet-commerciële wegvervoer van goederen niet van de werkingssfeer van deze verordening worden uitgesloten. Deze letterlijke uitlegging wordt bevestigd door de context van artikel 2, lid 1, onder a), van verordening nr. 561/2006. In artikel 3, onder h), van deze verordening wordt het wegvoer met voertuigen „die worden gebruikt voor niet-commercieel goederenvervoer en waarvan de toegestane maximummassa niet meer dan 7,5 ton bedraagt” immers uitdrukkelijk uitgesloten van de werkingssfeer van deze verordening. Zoals de advocaat-generaal in punt 39 van zijn conclusie heeft opgemerkt, volgt uit deze bepaling, gelezen in samenhang met artikel 2, lid 1, onder a), van die verordening, dat niet-commercieel wegvervoer van goederen slechts van de werkingssfeer van verordening nr. 561/2006 is uitgesloten wanneer de toegestane maximummassa van het betrokken voertuig niet meer dan 7,5 ton bedraagt. Wanneer de toegestane maximummassa van het betrokken voertuig daarentegen meer dan 7,5 ton bedraagt, valt niet-commercieel wegvervoer van goederen op grond van een gezamenlijke lezing van deze twee bepalingen binnen de werkingssfeer van verordening nr. 561/2006 en is het dus ook bij dit vervoer vereist de regels na te leven die in verordening nr. 165/2014 zijn vastgesteld voor de rijtijden, de onderbrekingen en de rusttijden van de bestuurder en moeten tevens de uit verordening nr. 165/2014 voortvloeiende verplichtingen en voorschriften over het gebruik en de controle van tachografen worden nagekomen. De omstandigheid dat een voertuig, zoals in het hoofdgeding, is toegerust om behalve als tijdelijke leefruimte voor privégebruik tevens te dienen als goederenlaadruimte voor niet-commerciële doeleinden, kan niet afdoen aan de vaststelling in het voorgaande punt. Wat het wegvervoer van goederen betreft, wordt de werkingssfeer van verordening nr. 561/2006 op grond van zowel artikel 2, lid 1, onder a), als artikel 3, onder h), van deze verordening immers bepaald door de „toegestane maximummassa” van het betrokken voertuig, zonder dat daarbij de toerusting, zoals die welke in het vorige punt is vermeld, het laadvermogen van dit voertuig en de categorie waaronder het in het nationale wegenverkeersregister is ingeschreven, relevant zijn. Deze uitlegging vindt tevens steun in de doelstellingen van verordening nr. 561/2006, waaronder verbetering van de verkeersveiligheid en het bevorderen van betere controle en handhaving door de lidstaten van de in artikel 1 van deze verordening bedoelde voorschriften, gelezen in samenhang met overweging 17 ervan. De verwezenlijking van deze doelstellingen komt immers in het gedrang indien de bij deze verordening opgelegde verplichtingen inzake verkeersveiligheid niet zouden gelden voor voertuigen met een toegestane maximummassa van meer dan 7,5 ton wegens het gebruik ervan als tijdelijke leefruimte voor privégebruik en goederenlaadruimte voor niet-commerciële doeleinden. Hieraan moet worden toegevoegd dat de eventuele nadelen die ontstaan door de verplichtingen waaraan moet worden voldaan als een voertuig een „toegestane maximummassa” in de zin van artikel 4, onder m), van verordening nr. 561/2006 van meer dan 7,5 ton heeft en – ook wanneer het gebruik ervan is gericht op niet-commercieel wegvervoer van goederen – binnen de werkingssfeer van deze verordening valt, niet onevenredig blijken te zijn aan het doel de verkeersveiligheid te verbeteren. Deze doelstelling kan immers niet beperkt blijven tot het wegvervoer van goederen voor commerciële doeleinden. Zoals de advocaat-generaal in punt 47 van zijn conclusie heeft opgemerkt, zou, indien elk niet-commercieel wegvervoer van goederen van de werkingssfeer van verordening nr. 561/2006 zou moeten worden uitgesloten, afbreuk worden gedaan aan het doel van verbetering van de verkeersveiligheid, dat de wetgever van de Europese Unie met de vaststelling van deze verordening heeft willen realiseren. Hetzelfde geldt voor het doel om overeenkomstig artikel 1 van verordening nr. 561/2006 betere controle en handhaving door de lidstaten van de regels van deze verordening en van verordening nr. 165/2014 te bevorderen. Gelet op een en ander moet op de gestelde vragen worden geantwoord dat artikel 2, lid 1, onder a), van verordening nr. 561/2006, gelezen in samenhang met artikel 3, onder h), van deze verordening, aldus moet worden uitgelegd dat het begrip „wegvervoer van goederen” in de zin van deze eerste bepaling, het wegvervoer omvat dat plaatsvindt met een voertuig waarvan de toegestane maximummassa in de zin van artikel 4, onder m), van die verordening meer dan 7,5 ton bedraagt, en wel ook wanneer dit voertuig is toegerust om behalve als tijdelijke leefruimte voor privégebruik tevens te dienen als goederenlaadruimte voor niet-commerciële doeleinden, zonder dat in dit verband het laadvermogen van dit voertuig en de categorie waaronder het in het nationale wegenverkeersregister is ingeschreven van belang zijn. Kosten Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de verwijzende rechter over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking. Het Hof (Derde kamer) verklaart voor recht: Artikel 2, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer, tot wijziging van verordeningen (EEG) nr. 3821/85 en (EG) nr. 2135/98 van de Raad en tot intrekking van verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad, zoals gewijzigd bij verordening (EU) nr. 165/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 4 februari 2014, gelezen in samenhang met artikel 3, onder h), van verordening nr. 561/2006, zoals gewijzigd, moet aldus worden uitgelegd dat het begrip „wegvervoer van goederen” in de zin van deze eerste bepaling, het wegvervoer omvat dat plaatsvindt met een voertuig waarvan de toegestane maximummassa in de zin van artikel 4, onder m), van verordening nr. 561/2006, zoals gewijzigd, meer dan 7,5 ton bedraagt, en wel ook wanneer dit voertuig is toegerust om behalve als tijdelijke leefruimte voor privégebruik tevens te dienen als goederenlaadruimte voor niet-commerciële doeleinden, zonder dat in dit verband het laadvermogen van dit voertuig en de categorie waaronder het in het nationale wegenverkeersregister is ingeschreven van belang zijn. ondertekeningen * Procestaal: Zweeds.

62009CJ0105

it

Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’art. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (GU L 197, pag. 30). Tali domande sono state presentate nell’ambito di due controversie che vedono contrapposte la Terre wallonne ASBL e la Inter-Environnement Wallonie ASBL alla Région wallonne (Regione vallona) in merito all’annullamento del decreto del governo vallone 15 febbraio 2007, che modifica il libro II del Codice dell’ambiente, costituente il Codice dell’acqua, nella parte relativa alla gestione sostenibile dell’azoto in agricoltura ( Moniteur belge del 7 marzo 2007, pag. 11118; in prosieguo: il «decreto impugnato»). Contesto normativo La normativa dell’Unione La direttiva 91/676/CEE L’art. 1 della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375, pag. 1), prevede quanto segue: «La presente direttiva mira a: –        ridurre l’inquinamento delle acque causato direttamente o indirettamente dai nitrati di origine agricola; –        prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento di questo tipo». L’art. 3, nn. 1 e 2, della direttiva in parola è così formulato: «1.      Le acque inquinate e quelle che potrebbero essere inquinate se non si interviene ai sensi dell’articolo 5 sono individuate dagli Stati membri conformemente ai criteri di cui al [punto A dell’]allegato I. 2.       Entro un periodo di due anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva, gli Stati membri designano come zone vulnerabili tutte le zone note del loro territorio che scaricano nelle acque individuate in conformità del paragrafo 1 e che concorrono all’inquinamento. Essi notificano tale prima designazione alla Commissione entro sei mesi». L’art. 4 di tale direttiva così recita: «1.      Al fine di stabilire un livello generale di protezione dall’inquinamento per tutti i tipi di acque, gli Stati membri provvedono, entro due anni dalla notifica della presente direttiva, a: a)      fissare un codice o più codici di buona pratica agricola applicabili a discrezione degli agricoltori, il quale includa disposizioni pertinenti per lo meno agli elementi contemplati nell’allegato II; (…)». Ai sensi dell’art. 5 della medesima direttiva: «1.      Entro un periodo di due anni a decorrere dalla prima designazione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, o di un anno dopo ogni nuova designazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, gli Stati membri, per il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, fissano programmi d’azione per quanto riguarda le zone vulnerabili designate. 2.       Un programma d’azione può riguardare tutte le zone vulnerabili nel territorio di uno Stato membro oppure, se lo Stato membro lo giudica opportuno, si possono fissare programmi diversi per diverse zone vulnerabili o parti di zone. 3.      I programmi d’azione tengono conto: a)      dei dati scientifici e tecnici disponibili, con riferimento principalmente agli apporti azotati rispettivamente di origine agricola o di altra origine; b)      delle condizioni ambientali nelle regioni interessate dello Stato membro di cui trattasi. 4.       I programmi d’azione sono attuati entro quattro anni dalla loro fissazione e comprendono le misure vincolanti seguenti: a)      le misure di cui all’allegato III; b)      le misure che gli Stati membri hanno prescritto nel codice o nei codici di buona pratica agricola fissati ai sensi dell’articolo 4, a meno che non siano state sostituite da quelle di cui all’allegato III. 5.       Nel quadro dei programmi d’azione gli Stati membri prendono inoltre le misure aggiuntive o azioni rafforzate che essi ritengono necessarie se, dall’inizio o alla luce dell’esperienza tratta dall’attuazione dei programmi d’azione, risulta evidente che le misure di cui al paragrafo 4 non sono sufficienti per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 1. Ai fini della scelta di dette misure o azioni, gli Stati membri tengono conto della loro efficacia e dei loro costi in relazione ad altre misure possibili di prevenzione. (…)». L’allegato III della direttiva 91/676, rubricato «Misure da inserire nei programmi d’azione conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, punto a)», prevede quanto segue: «1.      Le misure in questione comprendono norme concernenti: (…) 2)      la capacità dei depositi per effluenti di allevamento; tale capacità deve superare quella necessaria per l’immagazzinamento nel periodo più lungo, durante cui è proibita l’applicazione al terreno di effluenti nella zona vulnerabile, salvo i casi in cui sia dimostrato all’autorità competente che qualsiasi quantitativo di effluenti superiore all’effettiva capacità d’immagazzinamento sarà smaltito in un modo che non causerà danno all’ambiente; (…)». La direttiva 2001/42 L’art. 2 della direttiva 2001/42 dispone quanto segue: «Ai fini della presente direttiva: a)      per “piani e programmi” s’intendono i piani e i programmi, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche: –        che sono elaborati e/o adottati da un’autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un’autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, dal parlamento o dal governo e –        che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; b)      per “valutazione ambientale” s’intende l’elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell’iter decisionale e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione a norma degli articoli da 4 a 9; (…)». Ai sensi dell’art. 3 di detta direttiva: «1.       I piani e i programmi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, che possono avere effetti significativi sull’ambiente, sono soggetti ad una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9. 2.       Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi, a)      che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE, o b)      per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE. 3.      Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull’ambiente. 4.       Gli Stati membri determinano se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull’ambiente. 5.       Gli Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi sull’ambiente attraverso l’esame caso per caso o specificando i tipi di piani e di programmi o combinando le due impostazioni. A tale scopo gli Stati membri tengono comunque conto dei pertinenti criteri di cui all’allegato II, al fine di garantire che i piani e i programmi con probabili effetti significativi sull’ambiente rientrino nell’ambito di applicazione della presente direttiva. (...)». La direttiva 85/337/CEE L’art. 1, n. 2, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE (GU L 73, pag. 5; in prosieguo: la «direttiva 85/337»), prevede quanto segue: «Ai sensi della presente direttiva si intende per: progetto: –        la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere, –        altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo; (…)». Conformemente all’art. 4, n. 1, della direttiva 85/337, i progetti elencati nel suo allegato I sono sottoposti a valutazione dell’impatto ambientale. Ai sensi dell’art. 8 di detta direttiva: «I risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7 debbono essere presi in considerazione nel quadro della procedura di autorizzazione». L’allegato I della direttiva 85/337, rubricato «Progetti di cui all’articolo 4, paragrafo 1», così dispone: «(…) 17.       Impianti per l’allevamento intensivo di pollame e di suini con più di: a)      85 000 posti per polli, 60 000 posti per galline; b)      3 000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o c)      900 posti per scrofe. (…)». L’allegato II di tale direttiva, rubricato «Progetti di cui all’articolo 4 paragrafo 2», menziona: «1.       Agricoltura, selvicoltura e acquicoltura (…) b)      Progetti volti a destinare terre incolte o estensioni seminaturali alla coltivazione agricola intensiva. (…) e)      Impianti di allevamento intensivo (progetti non contemplati nell’allegato I). (…)». La direttiva 2003/35/CE Il decimo ‘considerando’ della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia (GU L 156, pag. 17), così recita: «Per talune direttive del settore ambientale che prescrivono agli Stati membri di presentare piani e programmi concernenti l’ambiente ma non contengono sufficienti disposizioni sulla partecipazione del pubblico, è necessario prevedere forme di partecipazione del pubblico che siano coerenti con le disposizioni della convenzione di Århus [sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale approvata a nome della Comunità europea con decisione del Consiglio 17 febbraio 2005, 2005/370/CE (GU L 124, pag. 1; in prosieguo: la “convenzione di Århus”)], ed in particolare con l’articolo 7. Altri testi legislativi comunitari in materia prevedono già la partecipazione del pubblico all’elaborazione di piani e programmi e, in futuro, requisiti concernenti la partecipazione del pubblico conformi alla convenzione di Århus saranno incorporati sin dall’inizio nella legislazione pertinente». I nn. 2 e 5 dell’art. 2 di tale direttiva, rubricato «Partecipazione del pubblico ai piani e ai programmi», sanciscono quanto segue: «2.       Gli Stati membri provvedono affinché al pubblico vengano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alla preparazione e alla modifica o al riesame dei piani ovvero dei programmi che devono essere elaborati a norma delle disposizioni elencate nell’allegato I. (...) 5.       Il presente articolo non si applica a piani e programmi di cui all’allegato I per i quali è attuata una procedura di partecipazione del pubblico ai sensi della direttiva [2001/42] o ai sensi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque». L’allegato I della direttiva 2003/35, rubricato «Disposizioni in materia di piani e di programmi di cui all’art. 2», menziona: «(…) c)      Art. 5, n. 1, della [direttiva 91/676]. (…)». Il diritto nazionale La direttiva 2001/42 è stata trasposta nell’ordinamento della Regione vallone dagli artt. D. 52 e segg. del libro I del Codice dell’ambiente ( Moniteur belge del 9 luglio 2004, pag. 54654). L’art. D. 53 di tale codice così dispone: «1.      Una valutazione dell’impatto ambientale di piani e programmi sull’ambiente è effettuata, conformemente agli artt. 52-61, per i piani e i programmi nonché le loro modifiche il cui elenco I è stabilito dal Governo, che: 1°      sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, dei suoli, delle telecomunicazioni, turistico e definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti riprodotti nell’elenco stabilito ai sensi dell’art. 66, [n.] 2; 2°      sono sottoposti ad una valutazione ai sensi dell’art. 29 della legge 12 luglio 1973 sulla conservazione della natura. (…) 3.       Il Governo può sottoporre a valutazione di impatto ambientale, ai sensi del presente capitolo, i piani o programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente e che non sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. (…)». L’art. R. 47 di detto Codice così prevede: «Nell’allegato V è fissato l’elenco dei piani e programmi di cui all’art. 53, n. [1], del decreto». Detto allegato V, stabilito dal decreto del governo vallone 17 marzo 2005, relativo al Libro I del Codice dell’ambiente ( Moniteur belge del 4 maggio 2005, pag. 21184), contiene, in particolare, il programma d’azione per la qualità dell’aria, il programma d’azione per la qualità dei suoli e il programma d’azione per la protezione della natura. Tale allegato non contiene, tuttavia, il programma d’azione per la gestione dell’azoto in agricoltura nelle zone vulnerabili, introdotto inizialmente nel diritto della Regione vallone con un decreto del 10 ottobre 2002. Per quanto riguarda, in particolare, quest’ultimo programma d’azione, nel decreto impugnato figurano le disposizioni pertinenti del diritto della Regione vallone attualmente in vigore. Tale decreto fissa le condizioni applicabili alla gestione dell’azoto in agricoltura sull’intero territorio della Regione vallone. Esso tratta inoltre la gestione dell’azoto nelle zone vulnerabili, costituendo il programma d’azione prescritto dall’art. 5 della direttiva 91/676. Le zone vulnerabili rappresentano il 42% del territorio di detta Regione e il 54% della superficie agricola utile di quest’ultima. Il capitolo IV del decreto impugnato contiene una sezione 3 rubricata «Condizioni applicabili alla gestione dell’azoto in agricoltura sull’intero territorio della Regione vallone». Tale sezione contiene, da una parte, le sottosezioni da 1 a 5 che si applicano a tutto il territorio di tale regione, comprese le zone vulnerabili, e le sottosezioni 6 e 7 che si applicano esclusivamente alle zone vulnerabili. Tali sottosezioni insieme formano il programma d’azione prescritto dall’art. 5, n. 1, della direttiva 91/676. Causa principale e questioni pregiudiziali Con sentenza 22 settembre 2005, causa C‑221/03, Commissione/Belgio (Racc. pag. I‑8307), la Corte ha constatato che, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le misure necessarie per dare completa e corretta attuazione alla direttiva 91/676, il Regno del Belgio era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva medesima. Per dare attuazione a detta sentenza, il governo vallone ha emananto, ai sensi dell’art. 5 della direttiva 91/676, il decreto impugnato. Tale decreto modifica il Libro II del Codice dell’ambiente, contenente il Codice dell’acqua, nella parte relativa alla gestione sostenibile dell’azoto in agricoltura. La Terre Wallonne ASBL e la Inter-Environnement Wallonie ASBL hanno chiesto al Conseil d’État l’annullamento di detto decreto deducendo, in particolare, che il programma in esso contenuto non è stato sottoposto ad una valutazione ambientale ai sensi della direttiva 2001/42. Il governo vallone ha sostenuto che il programma di gestione dell’azoto in agricoltura non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2001/42. Il giudice del rinvio ritiene che non possa essere escluso che programmi d’azione, come quello di cui alla direttiva 91/676, siano piani o programmi ai sensi della direttiva 2001/42. Detto giudice osserva, inoltre, che nessuna norma del diritto della Regione vallone applicabile alla data di adozione del decreto impugnato assoggettava il piano di gestione dell’azoto a una valutazione dell’impatto ambientale, che non è pacifico che tale situazione sia contraria alla direttiva 2001/42 e che l’applicazione corretta del diritto dell’Unione non s’impone con un’evidenza tale da escludere qualsiasi ragionevole dubbio. Il Conseil d’État ha quindi deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1)      Se il programma di gestione dell’azoto relativo alle zone vulnerabili designate prescritto dall’art. 5, n. 1, della [direttiva 91/676] costituisca un piano o un programma ai sensi dell’art. 3, n. 2, lett. a), della [direttiva 2001/42], elaborato per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e se esso definisca il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della [direttiva 85/337]. 2)      Se il programma di gestione dell’azoto relativo alle zone vulnerabili designate prescritto dall’art. 5, n. 1, della [direttiva 91/676] costituisca un piano o un programma ai sensi dell’art. 3, n. 2, lett. b), della [direttiva 2001/42], per il quale, considerato il suo possibile impatto su taluni siti, sia obbligatoria una valutazione ai sensi degli artt. 6 o 7 della [direttiva 92/43], in particolare quando il programma di gestione dell’azoto di cui trattasi si applichi a tutte le zone vulnerabili designate della Regione vallone. 3)      Se il programma di gestione dell’azoto relativo alle zone vulnerabili designate prescritto dall’art. 5, n. 1, della [direttiva 91/676] costituisca un piano o un programma diverso da quelli di cui all’art. 3, n. 2, della [direttiva 2001/42], che definisce il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti, per i quali gli Stati membri devono determinare, in virtù dell’art. 3, n. 4, [della direttiva 2001/42], se essi possano avere effetti significativi sull’ambiente, conformemente [all’art.3, n. 5, di tale direttiva]». Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte se un programma di gestione dell’azoto in agricoltura, come quello di cui trattasi nella causa principale, possa costituire un piano o un programma ai sensi dell’art. 3, n. 2, lett. a), della direttiva 2001/42. Occorre innanzitutto osservare che l’obiettivo principale perseguito dalla direttiva 2001/42, come emerge dall’art. 1 della stessa, consiste nel sottoporre a valutazione ambientale i piani e i programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente durante la loro elaborazione e prima della loro adozione. Qualora una siffatta valutazione ambientale sia prescritta dalla direttiva 2001/42, la stessa direttiva stabilisce norme minime per l’elaborazione del rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione dei risultati della valutazione ambientale nonché la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione adottata a seguito della valutazione. Al fine di accertare se i programmi d’azione elaborati ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 91/676 (in prosieguo: i «programmi d’azione») rientrino nell’art. 3, n. 2, lett. a), della direttiva 2001/42, occorre esaminare, in primo luogo, se detti programmi d’azione siano «piani e programmi» ai sensi dell’art. 2, lett. a), di tale ultima direttiva e, in secondo luogo, se essi soddisfino le condizioni di cui all’art. 3, n. 2, lett. a), della stessa. Sull’applicazione dell’art. 2 della direttiva 2001/42 Va anzitutto rilevato che i programmi d’azione, da un lato, sono elaborati da un’autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un’autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, dal parlamento o dal governo e, dall’altro, sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Occorre inoltre osservare che la direttiva 91/676 prescrive la predisposizione di siffatti programmi d’azione in tutte le «zone vulnerabili» designate dagli Stati membri ai sensi delle sue disposizioni e che tali programmi devono comprendere misure e azioni come quelle elencate al suo art. 5, destinate a combattere l’inquinamento provocato dai nitrati, e la cui attuazione e il cui controllo devono essere garantiti dagli Stati membri. Le autorità competenti devono altresì riesaminare periodicamente la pertinenza delle misure e delle azioni e, se del caso, rivedere i programmi d’azione. Peraltro, come ha osservato l’avvocato generale ai paragrafi 25-28 delle sue conclusioni, una siffatta constatazione è avvalorata dal decimo ‘considerando’ della direttiva 2003/35, nonché dall’art. 2, n. 5, e dall’allegato I della medesima direttiva. A tal riguardo, va ricordato che la direttiva 2003/35 prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale al fine di adeguare la normativa dell’Unione alla convenzione di Århus. Dal decimo ‘considerando’ della direttiva 2003/35 risulta che taluni atti legislativi comunitari contenevano già disposizioni sulla partecipazione del pubblico all’elaborazione di piani e programmi conformi alla convenzione di Århus. Di conseguenza, l’art. 2, n. 5, di tale direttiva esclude dall’ambito di applicazione di tale articolo i «piani e programmi» di cui all’allegato I della medesima direttiva per i quali tali disposizioni erano state attuate ai sensi della direttiva 2001/42. Orbene, i programmi d’azione di cui all’art. 5, n. 1, della direttiva 91/676 rientrano tra tali piani e programmi. È vero che l’art. 2, n. 5, della direttiva 2003/35 è stato adottato nel contesto delle disposizioni che riguardano la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale. Sarebbe tuttavia contraddittorio ammettere che i programmi di azione rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 2 della direttiva 2001/42 laddove riguardino disposizioni relative alla partecipazione del pubblico nell’elaborazione del piano o del programma, mentre gli stessi programmi di azione non rientrano più nell’ambito di applicazione di tale disposizione se riguardano la valutazione degli impatti ambientali. Infine, si deve precisare che, sebbene non tutte le misure legislative relative alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole costituiscano un «piano» o un «programma» ai sensi della direttiva 2001/42, la sola circostanza che una siffatta misura sia adottata per via legislativa non determina la sua esclusione dall’ambito di applicazione di tale direttiva, dal momento che essa presenta le caratteristiche rammentate al punto 36 della presente sentenza. Emerge dalle considerazioni suesposte che, sia per le caratteristiche che  presentano sia in virtù della volontà stessa del legislatore dell’Unione, i  programmi d’azione costituiscono «piani» e «programmi» ai sensi della  direttiva 2001/42. Sull’applicazione dell’art. 3, n. 2, lett. a), della direttiva 2001/42 Occorre rilevare che, in forza dell’art. 3, n. 2, lett. a), della direttiva 2001/42, sono soggetti ad una valutazione ambientale sistematica i piani e i programmi che, da un lato, sono elaborati per determinati settori e, dall’altro, definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337. Relativamente alla prima condizione prevista dall’art. 3, n. 2, lett. a), della direttiva 2001/42, basti constatare che emerge dal titolo stesso della direttiva 91/676 che i programmi d’azione sono elaborati per il settore agricolo. Per quanto riguarda la seconda condizione, per stabilire se i programmi d’azione definiscano il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337 si devono esaminare il contenuto e lo scopo di tali programmi, tenuto conto della portata della valutazione ambientale dei progetti, come prevista dalla citata direttiva. Quindi, per quanto riguarda lo scopo dei programmi di azione, emerge dalla direttiva 91/676 e, in particolare, dai ‘considerando’ 9-11, dagli artt. 1 e 3-5 nonché dagli allegati di tale direttiva, che tali programmi implicano un esame globale, a livello delle zone vulnerabili, dei problemi ambientali legati all’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, e che essi istituiscono un sistema organizzato volto ad assicurare un livello generale di protezione contro un siffatto inquinamento. La specificità di detti programmi consiste nel fatto che essi costituiscono un approccio globale e coerente, che presenta il carattere di una pianificazione concreta ed articolata, che riguarda le zone vulnerabili, eventualmente sull’intero territorio e concernente la riduzione nonché la prevenzione dell’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. In merito al contenuto dei programmi d’azione, emerge dall’art. 5 della direttiva 91/676, in combinato disposto con l’allegato III della stessa, che i citati programmi contengono misure concrete e obbligatorie, le quali riguardano segnatamente i periodi in cui è proibita l’applicazione al terreno di determinati tipi di fertilizzanti, la capacità dei depositi per effluenti di allevamento, le procedure di applicazione al terreno ed il quantitativo massimo di effluenti di allevamento contenente azoto che può essere sparso (v., in tal senso, sentenza 8 settembre 2005, causa C‑416/02, Commissione/Spagna, Racc. pag. I‑7487, punto 34). Tali misure garantiscono in particolare, come previsto dal punto 2 dell’allegato III della direttiva 91/676, che, per ogni azienda o allevamento, la quantità di effluenti di allevamento applicata annualmente, ivi compresa quella applicata direttamente dagli animali, non superi un massimale stabilito per ogni ettaro, corrispondente alla quantità di effluenti contenenti 170 chilogrammi di azoto. Relativamente alla portata della valutazione ambientale prevista dalla direttiva 85/337, occorre rammentare previamente che le misure contenute nei programmi d’azione hanno ad oggetto gli impianti di allevamento intensivo elencati nei punti 17 dell’allegato I e 1, lett. e), dell’allegato II della direttiva 85/337. Si deve rammentare che, nell’ambito della valutazione ambientale prevista dalla direttiva 85/337, le autorità nazionali devono prendere in considerazione non solo gli effetti diretti dei lavori previsti, ma anche l’impatto ambientale che può essere provocato dall’uso e dallo sfruttamento delle opere derivanti da tali lavori (sentenze 28 febbraio 2008, causa C‑2/07, Abraham e a., Racc. pag. I‑1197, punto 43, e 25 luglio 2008, causa C‑142/07, Ecologistas en Acción-CODA, Racc. pag. I‑6097, punto 39). In particolare, per quanto riguarda gli impianti destinati all’allevamento intensivo, una siffatta valutazione ambientale deve prevedere l’impatto di tali impianti sulla qualità dell’acqua (v., in tal senso, sentenza 8 settembre 2005, causa C‑121/03, Commissione/Spagna, Racc. pag. I‑7569, punto 88). Come giustamente rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 80 delle sue conclusioni, l’art. 8 della direttiva 85/337 impone che, nell’autorizzazione dei progetti di sfruttamento di tali impianti, siano presi in considerazione gli aspetti ambientali che i programmi d’azione mirano a regolamentare. Inoltre, si deve constatare che emerge dall’art. 5, n. 4, della direttiva 91/676 che i programmi d’azione adottati in applicazione del n. 1 di tale articolo devono prevedere un insieme di misure il cui rispetto può condizionare il rilascio dell’eventuale autorizzazione da accordare ai progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337 e per la definizione dei quali la direttiva 91/676 conferisce agli Stati membri un determinato margine discrezionale. Si tratta in particolare del caso delle misure relative all’accumulo degli effluenti di allevamento previsti nell’allegato III della direttiva 91/676 per quanto riguarda i progetti di impianti destinati all’allevamento intensivo elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337. In una siffatta ipotesi, della quale tuttavia spetta al giudice nazionale valutare l’effettività e la portata in considerazione del programma d’azione in esame, si deve considerare che il citato programma d’azione, per quanto riguarda le misure di cui trattasi, definisce il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337, ai sensi dell’art. 3, n. 2, lett. a), della direttiva 2001/42. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve risolvere la prima questione dichiarando che un programma d’azione adottato in forza dell’art. 5, n. 1, della direttiva 91/676 è, in linea di principio, un piano o un programma di cui all’art. 3, n. 2, lett. a), della direttiva 2001/42 in quanto costituisce un «piano» o un «programma» ai sensi dell’art. 2, lett. a), di quest’ultima direttiva e include misure il cui rispetto condiziona il rilascio dell’autorizzazione che può essere accordata per la realizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337. Sulle questioni seconda e terza Alla luce della soluzione fornita alla prima questione, si deve constatare che, per dirimere la controversia oggetto della causa principale, non è necessario pronunciarsi sulla questione se l’art. 3, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/42 imponga anche una valutazione degli impatti ambientali dei programmi d’azione. Pertanto, non occorre risolvere la seconda questione. Tenuto conto del fatto che l’art. 3, n. 4, della direttiva 2001/42 è applicabile unicamente nell’ipotesi in cui le disposizioni del n. 2 dello stesso articolo non siano applicabili, non occorre risolvere la terza questione. Sulle spese Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara: Un programma d’azione adottato in forza dell’art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, è, in linea di principio, un piano o un programma ai sensi dell’art. 3, n. 2, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, in quanto costituisce un «piano» o un «programma» ai sensi dell’art. 2, lett. a), di quest’ultima direttiva e include misure il cui rispetto condiziona il rilascio dell’autorizzazione che può essere accordata per la realizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE. Firme * Lingua processuale: il francese.

62010TJ0555

fi

Vaatimus lopullisen tasoitustullin käyttöönotosta ja väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta tietyn Iranista, Pakistanista ja Yhdistyneistä arabiemiirikunnista peräisin olevan polyeteenitereftalaatin tuonnissa 27.9.2010 annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 857/2010 (EUVL L 254, s. 10) kumoamisesta Ratkaisu 1) Kanne hylätään. 2) JBF RAK LLC vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Euroopan unionin neuvoston oikeudenkäyntikulut. 3) Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

62019CJ0894

bg

С жалбата си Европейският парламент иска отмяна на решението на Общия съд на Европейския съюз от 20 септември 2019 г., UZ/Парламент (T‑47/18, наричано по-нататък „обжалваното съдебно решение“, EU:T:2019:650 ), с което Общият съд, от една страна, отменя решението на генералния секретар на Парламента от 27 февруари 2017 г. за налагане на UZ на дисциплинарно наказание понижаване от степен AD 13, стъпка 3 в степен AD 12, стъпка 3 със заличаване на точките за заслуги, придобити в степен AD 13 (наричано по-нататък „решението за понижаване и за заличаване на точките за заслуги“), и от друга страна, отхвърля жалбата в останалата ѝ част. С насрещната си жалба UZ иска от Съда да отмени обжалваното съдебно решение в частта, в която Общият съд е отхвърлил искането за отмяна на решението за отхвърляне на искането ѝ за съдействие. Правна уредба Член 24 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз, в редакцията му, приложима по спора (наричан по-нататък „Правилникът“), предвижда: „Съюзът оказва съдействие на всяко длъжностно лице, по-специално в производства срещу всяко лице, отправящо заплахи, обиди или клеветнически действия или твърдения, или нападение срещу личността или имуществото, на които длъжностното лице или член [на] неговото семейство е подложено поради длъжността, която заема, или служебните му задължения. Той дължи солидарно обезщетение на длъжностното лице за вредите, претърпени от него в такива случаи, доколкото длъжностното лице само не е причинило умишлено или с груба небрежност вреди и не е успяло да получи обезщетение от виновния“. Член 86 от Правилника гласи: „1.   Всяко неизпълнение от страна на длъжностно лице или бивше длъжностно лице на задълженията му, произтичащи от настоящия правилник, било то умишлено или по небрежност, ангажира дисциплинарната му отговорност. 2.   При наличието на данни, от които може да се предположи, че е налице неизпълнение по параграф 1, органът по назначаването или [Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ)] могат да образуват административно разследване. 3.   Дисциплинарните правила, процедури и мерки, както и правилата и процедурите за административни разследвания, са изложени в приложение IХ“. Член 16, параграфи 1 и 2 от приложение IX към Правилника гласи: „1.   Длъжностното лице се изслушва от Дисциплинарния съвет; то може да даде обясненията си устно или писмено, лично или чрез представител. То може да повика свидетели. 2.   Пред Дисциплинарния съвет институцията се представлява от длъжностно лице, определено за тази цел от органа по назначаване. Това длъжностно лице има същите права като длъжностното лице, обект на процедурата“. Съгласно член 22 от това приложение IX: „1.   След изслушване на длъжностното лице органът по назначаване взема решение в съответствие с членове 9 и 10 от настоящото приложение в срок от два месеца от получаване на становището на Дисциплинарния съвет. Решението трябва да бъде мотивирано. 2.   Ако органът по назначаване реши да прекрати делото, без да налага дисциплинарно наказание, той незабавно уведомява за това длъжностното лице в писмена форма. Длъжностното лице може да поиска това решение да бъде приложено към служебното му досие“. Обстоятелства, предхождащи спора Обстоятелствата по спора са изложени в точки 1—27 от обжалваното съдебно решение и за нуждите на настоящото производство могат да бъдат обобщени по следния начин. UZ заема длъжността началник на отдел в Парламента от 1 януари 2009 г. Последно е класирана в степен AD 13, стъпка 3. На 24 януари 2014 г. четиринадесет от петнадесетте членове на нейния отдел (наричани по-нататък „жалбоподателите“) подават до генералния секретар на Парламента искане за съдействие по член 24 от Правилника, като твърдят, че са станали обект на психически тормоз от страна на UZ. Вследствие на това искане, с писмо от 17 февруари 2014 г. генералният директор на генерална дирекция „Персонал“ (наричана по-нататък ГД „Персонал“) уведомява жалбоподателите, че са били приети временни мерки. Става дума по-специално за възлагане на управлението на персонала на въпросния отдел на друго лице и за започване на административно разследване. С писмо от 19 март 2014 г. генералният секретар на Парламента уведомява UZ за започването на административно разследване. Тя е изслушана от генералния директор на ГД „Персонал“ на 20 ноември 2014 г. Двама разследващи служители, единият от които заменя другия поради пенсиониране, изготвят два доклада — от 3 март и от 17 ноември 2015 г. UZ е изслушана вследствие на тези доклади, съответно на 17 юни и на 2 декември 2015 г. от генералния директор на ГД „Персонал“. С електронно писмо от 6 януари 2016 г. UZ е уведомена от генералния секретар на Парламента за сезирането на дисциплинарния съвет за неизпълнение на задължения по Правилника. Тя е изслушана от дисциплинарния съвет на 17 февруари, 9 март, 8 април и 26 май 2016 г. На 25 юли 2016 г. дисциплинарният съвет приема с единодушие становището си, като прави следните изводи: „28 С оглед на гореизложеното дисциплинарният съвет предлага на [органа по назначаване] да санкционира всички грешки, допуснати от [UZ], с обща санкция, изразяваща се в понижаване с една степен в рамките на същата функционална група. Предвид сериозните пропуски на [UZ] в управлението на персонала и с оглед на задължението на институцията за полагане на грижа по отношение на [UZ] и на други лица, които могат да бъдат засегнати от действията ѝ, дисциплинарният съвет счита, че в рамките на предоставените му от Правилника възможности [органът по назначаване] сериозно трябва да разгледа възможността за преназначаването ѝ на друг вид длъжност в рамките на Генералния секретариат и при всички положения, както е поискала тя самата, в друга [генерална дирекция]“. С писмо от 7 септември 2016 г. дисциплинарният съвет изпраща становището си на UZ. С решение от 20 септември 2016 г. генералният секретар на Парламента оправомощава генералния директор на ГД „Персонал“ да го представлява по време на изслушването на UZ, предвидено в член 22 от приложение IX към Правилника, и го задължава да му изпрати евентуалните коментари на последната по становището, изразено от дисциплинарния съвет. С електронно писмо от 4 октомври 2016 г. генералният директор на ГД „Персонал“ кани UZ да се яви на 20 октомври 2016 г. на изслушване в съответствие с член 22, параграф 1 от приложение IХ към Правилника, за да може да изложи коментарите си по становището на дисциплинарния съвет. С електронно писмо от 11 ноември 2016 г. UZ изпраща коментарите си на генералния директор на ГД „Персонал“. На 14 ноември 2016 г. UZ е изслушана от генералния директор на ГД „Персонал“. По време на това изслушване тя представя записка и иска съдействие от Парламента поради отправените ѝ от членове на нейния отдел заплахи. По предложение на генералния директор на ГД „Персонал“ UZ е временно назначена в друг отдел. На 27 февруари 2017 г. генералният секретар на Парламента приема решението за понижаване и за заличаване на точките за заслуги. С писмо от 2 март 2017 г. той уведомява UZ за това решение и ѝ предлага преназначаване на длъжност администратор в друг отдел. С писмо от 6 юни 2017 г. UZ сезира органа по назначаване на Парламента (наричан по-нататък „ОН“) с жалба по административен ред срещу това решение. С писмо от 14 юни 2017 г. UZ подава жалба по административен ред до генералния секретар на Парламента срещу мълчаливия отказ по посоченото в точка 18 от настоящото решение искане за съдействие. С писмо от 20 юли 2017 г. генералният директор на ГД „Персонал“ отхвърля искането за съдействие. С писмо от 6 октомври 2017 г. председателят на Парламента отхвърля жалбите по административен ред на UZ, съдържащи се в писмата ѝ от 6 и 14 юни 2017 г. Производството пред Общия съд и обжалваното съдебно решение На 29 януари 2018 г. UZ подава жалба в секретариата на Общия съд, като иска, от една страна, да се отмени решението за понижаване и за заличаване на точките за заслуги и от друга страна, да се отмени решението, с което е отхвърлено искането ѝ за съдействие. В подкрепа на искането си за отмяна на решението за понижаване и за заличаване на точките за заслуги UZ изтъква две основания, първото от които е, че административното разследване е нередовно, а второто — че процедурата пред дисциплинарния съвет е нередовна и че компетентният орган не я е изслушал, преди да приеме посоченото решение. С първото основание UZ по-специално твърди, че двама от определените да извършат административното разследване служители, а именно разследващият служител по „дисциплинарната“ част и разследващият служител по „тормоза“, не притежават необходимата безпристрастност, за да участват в това разследване. В точка 65 от обжалваното съдебно решение Общият съд приема доводите на UZ относно липсата на безпристрастност на въпросните двама разследващи служители и уважава искането ѝ за отмяна на решението за понижаване и за заличаване на точките за заслуги. По причини, свързани с доброто правораздаване, Общият съд приема все пак за полезно да разгледа и второто основание. Що се отнася до второто основание, UZ изтъква по-конкретно, първо, че по време на едно от шестте заседания на дисциплинарния съвет Парламентът е бил представляван от двама членове и че в края на заседанието тя и нейният съветник са поканени да напуснат залата, докато двамата представители на Парламента са останали да разискват с членовете на дисциплинарния съвет. Това представлявало нарушение на член 16, параграф 2 от приложение IX към Правилника. Второ, според UZ единствено генералният секретар на Парламента, в качеството му на ОН, е компетентен да проведе изслушването по член 22, параграф 1 от приложение IX към Правилника. Тя обаче била изслушана от генералния директор на ГД „Персонал“, а не от генералния секретар на Парламента. В това отношение Общият съд приема, че съгласно член 16, параграф 2 от приложение IX към Правилника Парламентът не може надлежно да бъде представляван от две длъжностни лица по време на едно от шестте заседания на дисциплинарния съвет, тъй като по време на това заседание UZ е била защитавана само от един представител и поради това се намира в по-неблагоприятно положение. Общият съд освен това констатира, че представителите на Парламента не е трябвало да остават в заседателната зала и да разискват с членовете на дисциплинарния съвет, при положение че жалбоподателката и нейният съветник са били поканени да напуснат тази зала. В точка 72 от обжалваното съдебно решение Общият съд стига до извода, че и в това отношение спорното производство е опорочено от процесуално нарушение. Освен това в точка 89 от обжалваното съдебно решение Общият съд отбелязва, че решението за понижаване и за заличаване на точките за заслуги е прието, без да е спазено условието по член 22, параграф 1 от приложение IX към Правилника, съгласно което ОН трябва сам да изслуша съответното длъжностно лице. Поради това в точка 102 от това решение Общият съд приема основанието на UZ относно липсата на изслушване от компетентния орган след приключване на процедурата пред дисциплинарния съвет. Що се отнася до искането за отмяна на решението за отхвърляне на искането за съдействие, след като припомня, че администрацията не може да бъде задължена да окаже съдействие на длъжностно лице, за което въз основа на конкретни и релевантни доказателства се подозира, че е нарушило сериозно своите професионални задължения и на което на това основание могат да бъдат наложени дисциплинарни санкции, независимо че подобно нарушение е било предизвикано от неправомерни действия на трети лица, в точка 109 от обжалваното съдебно решение Общият съд приема, че към момента, когато UZ подава искането за съдействие, срещу нея вече е било образувано административно разследване за деяния, за които, ако бъдат доказани, могат да бъдат наложени дисциплинарни санкции. Затова Общият съд приема, че Парламентът правилно е отхвърлил без предварително изслушване искането за съдействие. Поради това в точка 111 от посоченото решение Общият съд отхвърля искането за отмяна на решението за отхвърляне на подаденото от UZ искане за съдействие. С оглед на с обжалваното съдебно решение Общият съд, от една страна, отменя решението за понижаване и за заличаване на точките за заслуги и от друга страна, отхвърля жалбата в останалата ѝ част. Искания на страните Искания по жалбата С жалбата си Парламентът иска от Съда: – да отмени обжалваното съдебно решение, – да отхвърли жалбата в първоинстанционното производство, – да постанови, че всяка от страните понася направените от нея по настоящото производство съдебни разноски и – да осъди UZ да заплати съдебните разноски, направени в първоинстанционното производство. UZ иска от Съда: – да отхвърли жалбата и – да осъди Парламента да заплати съдебните разноски по производствата пред двете инстанции. Искания по насрещната жалба С насрещната си жалба UZ иска от Съда: – да отмени обжалваното съдебно решение в частта, с която се отхвърля искането за отмяна на решението за отхвърляне на искането ѝ за съдействие, – да отмени решението на Парламента за отхвърляне на искането ѝ за съдействие и – да осъди Парламента да заплати съдебните разноски по производствата пред двете инстанции. Парламентът иска от Съда: – да обяви насрещната жалба за частично недопустима, що се отнася до второто основание, и за изцяло неоснователна, както и – да осъди UZ да заплати съдебните разноски. По главната жалба Парламентът посочва три основания за жалбата си. Първото основание е, че като стигнал до извода, че административното разследване е опорочено поради липса на обективна безпристрастност, Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото, изопачил фактите и не изпълнил задължението си за мотивиране. Второто основание е, че като стигнал до извода, че принципът на равни процесуални възможности е нарушен в процедурата пред дисциплинарния съвет, Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото, изопачил фактите и не изпълнил задължението си за мотивиране. Третото основание е, че като е приел, че правото на изслушване на UZ е нарушено, Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото, изопачил фактите и не изпълнил задължението си за мотивиране. По първото основание Първото основание се разделя на четири части. По първата, втората и третата част от първото основание – Доводи на страните С първата, втората и третата част от първото основание Парламентът поддържа, че като е приел в точки 52, 58 и 59 от обжалваното съдебно решение, че не е предоставил достатъчно гаранции, за да изключи всяко основателно съмнение относно безпристрастността на двамата разследващи служители, на които е възложено провеждането на административното разследване, Общият съд изопачил фактите и доказателствата и се основал на погрешни правни критерии при преценката на понятието „обективна безпристрастност“ в нарушение на член 41 от Хартата на основните права на Европейския съюз (наричана по-нататък „Хартата“). По-специално според Парламента обстоятелството, че един от двамата разследващи служители по „дисциплинарната“ част на административното разследване, преди да бъде назначен на тази длъжност, се е запознал — впрочем ограничено и конкретно, дори непълно — с фактите по случая, само по себе си не може автоматично да породи „основателно“ съмнение, което да обоснове назначаването на друго лице, което не е предварително запознато с фактите. По-нататък, Общият съд не разгледал в достатъчна степен дали опасенията на UZ действително могат да породят основателно съмнение в обективната безпристрастност на разследващите служители. Според Парламента обаче в случая тези опасения не обосновали назначаването на други разследващи служители, по-специално с оглед, първо, на липсата на какъвто и да било конфликт на интереси между съответните разследващи лица и тази страна, както и, второ, на факта, че тези разследващи лица са подпомагани от други лица. В това отношение Парламентът поддържа, че пред Общия съд е отбелязал наличието на няколко разследващи служители, като е уточнил, че по „дисциплинарната“ част са били назначени двама разследващи служители. Освен това от представените пред Общия съд материали по делото в достатъчна степен се установявало, че частта „тормоз“ от разследването била поверена на няколко лица. Така, като пренебрегнал факта, че за двете части на разглежданото разследване са отговаряли няколко разследващи служители, Общият съд се основал на непълни данни и допуснал явна грешка в преценката си, че липсата на безпристрастност на съответните двама разследващи служители може да доведе до отмяна на цялото дисциплинарно производство. Всъщност според Парламента обстоятелството, че има няколко разследващи лица, води до отпадане на съмненията относно безпристрастността на един от тях. Освен това според Парламента Общият съд изопачил доказателствата, като в точки 57 и 58 от обжалваното съдебно решение приел, че разследващият служител по „тормоза“ бил назначен за такъв, въпреки че преди това — в качеството му на председател на консултативен комитет по проблемите на тормоза на работното място и неговото предотвратяване — бил стигнал до извода, че управлението на отдела, на който е началник UZ, трябва да бъде поверено на друго лице. Парламентът обаче счита, че видно от представеното от него на Общия съд решение на генералния директор на ГД „Персонал“ от 17 февруари 2014 г., компетентен да се произнесе по искането за съдействие по член 24 от Правилника е именно този директор, в качеството му на ОН, а не взелият решението за отстраняване председател на консултативния комитет. UZ иска доводите на Парламента да бъдат отхвърлени като несъстоятелни. – Съображения на Съда По отношение на твърдението, че Парламентът е изопачил фактите, достатъчно е да се припомни, че съгласно член 256 ДФЕС и член 58, първа алинея от Статута на Съда на Европейския съюз обжалването се ограничава само до правни въпроси. Поради това единствено Общият съд е компетентен да установява и преценява относимите факти, както и да преценява доказателствата. Следователно преценката на тези факти и доказателства, освен в случай на тяхното изопачаване, не представлява правен въпрос, който като такъв да подлежи на контрол от Съда при обжалване. Изопачаването трябва ясно да личи от доказателствата по делото, без да е необходимо да се извършва нова преценка на фактите и доказателствата (решение от 1 октомври 2020 г., CC/Парламент, C‑612/19 P , непубликувано, EU:C:2020:776 , т. и цитираната съдебна практика). В случая Парламентът твърди, че Общият съд явно е изопачил фактите, като е констатирал, че Парламентът не е предоставил достатъчно гаранции, за да изключи всяко основателно съмнение относно безпристрастността на разследващите служители. По-специално Общият съд не взел предвид обстоятелството, че административното разследване е проведено от няколко разследващи служители. Доводът, който се основава на изопачаване на фактите, се дължи обаче на непълен прочит на обжалваното съдебно решение. Всъщност от точки 41—47 от обжалваното съдебно решение ясно личи, че Общият съд надлежно е взел предвид факта, че административното разследване е проведено от няколко разследващи служители, без обаче това обстоятелство да влияе върху констатацията му за наличието на основателно съмнение относно безпристрастността на някои от тези разследващи служители. Освен това от материалите по делото не се установява безспорно, че Общият съд е изопачил фактите, като е приел, че в частта „тормоз“ разследването е извършено само от един разследващ служител. Всъщност тази констатация не изключва възможността въпросният разследващ служител да е бил подпомаган при разследването от други лица. Следователно тези доводи са недопустими, доколкото с тях Парламентът всъщност иска от Съда да извърши нова преценка на фактите, без обаче да е доказал наличието на изопачаване на тези факти. Съгласно съдебната практика, посочена в точка 46 от настоящото решение, тази преценка не подлежи на контрол от Съда в производството по обжалване. От това следва, че доводите относно твърдяното изопачаване на фактите трябва да бъдат отхвърлени като частично недопустими и частично неоснователни. По отношение на твърдението за неправилна преценка на Общия съд на понятието „обективна безпристрастност“ следва да се припомни, че институциите, органите, службите и агенциите на Съюза трябва да зачитат основните права, гарантирани от правото на Съюза, сред които е и правото на добра администрация, закрепено в член 41 от Хартата (решение от 27 март 2019 г., August Wolff и Remedia/Комисия, C‑680/16 P , EU:C:2019:257 , т. и цитираната съдебна практика). Член 41, параграф 1 от Хартата предвижда по-специално, че всеки има право засягащите го въпроси да бъдат разглеждани от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза безпристрастно. В това отношение следва да се отбележи, че изискването за безпристрастност, с което са обвързани институциите, органите, службите и агенциите при изпълнението на техните задачи, е предвидено да гарантира равното третиране, което е в основата на Съюза. Цел на това изискване е по-специално да се избягват случаите на конфликти на интереси по отношение на длъжностните лица и други служители, действащи от името на институциите, органите, службите и агенциите. Предвид ключовото значение на гаранцията за независимост и почтеност по отношение както на вътрешното функциониране, така и на външния имидж на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза, изискването за безпристрастност обхваща всички случаи, в които служителят или длъжностното лице, което следва да се произнесе по дадена преписка, трябва разумно да разбира, че е възможно трети лица да смятат, че е засегната неговата независимост в тази област (решение от 27 март 2019 г., August Wolff и Remedia/Комисия, C‑680/16 P , EU:C:2019:257 , т. и цитираната съдебна практика). Освен това, както отбелязва Общият съд в точка 38 от обжалваното съдебно решение, тези институции, органи, служби и агенции трябва да се съобразяват и с изискването за безпристрастност в двете му измерения, а именно, от една страна, субективна безпристрастност, в смисъл че нито един от членовете на съответната институция не трябва да проявява пристрастие или лична предубеденост, и от друга, обективна безпристрастност, в смисъл че тази институция трябва да осигурява достатъчно гаранции, за да е изключено всяко основателно съмнение за евентуална предубеденост (решение от 25 февруари 2021 г., Dalli/Комисия, C‑615/19 P , EU:C:2021:133 , т. и цитираната съдебна практика). В това отношение Съдът припомня, че за да се докаже, че организацията на административната процедура не предоставя достатъчно гаранции, за да се изключи всяко основателно съмнение за евентуална предубеденост, не е необходимо да се установява наличието на липса на безпристрастност. Достатъчно е, че съществува основателно съмнение в това отношение и то не може да бъде преодоляно (вж. в този смисъл решение от 27 март 2019 г., August Wolff и Remedia/Комисия, C‑680/16 P , EU:C:2019:257 , т. ). От практиката на Съда също следва, че само по себе си предварително запознаване с фактите от страна на лицата, на които е възложено да участват в приемането на съдебно или административно решение, не представлява обстоятелство, което може да доведе до опорочаване на решението от процесуално нарушение поради липса на безпристрастност. Всъщност, както отбелязва генералният адвокат в точка 106 от заключението си, такова предварително запознаване с фактите често се оказва неизбежно предвид наличието на професионална дейност, упражнявана до този момент или успоредно от съответните лица. Затова трябва по-скоро да се установи дали в конкретния случай е налице конфликт на интереси по отношение на длъжностните лица и другите служители, действащи от името на институциите, органите, службите и агенциите, пораждащ основателни съмнения относно безпристрастността на разглежданата процедура. С оглед именно на тези съображения следва да се прецени дали, както поддържа Парламентът, Общият съд не се е съобразил с понятието „обективна безпристрастност“, като е приел, че обстоятелството, че един от двамата разследващи служители, на които е била възложена „дисциплинарната“ част от административното разследване, е бил предварително запознат с фактите, е достатъчно, за да се приеме, че Парламентът не е предоставил достатъчно гаранции, за да се изключи всяко основателно съмнение относно безпристрастността на този разследващ служител. В това отношение в точка 51 от обжалваното съдебно решение Общият съд приема, че член на ГД „Персонал“ — назначен впоследствие за разследващ служител — се е срещнал с един от жалбоподателите преди започване на разследването и че по време на тази среща последният му е съобщил, че UZ, и по-конкретно същата чрез съпруга си, е подала „като отмъщение“ срещу него сигнал до OLAF за твърдени нередности. В точка 52 от обжалваното съдебно решение Общият съд приема, че тези свидетелски показания могат да породят у UZ основателно съмнение относно безпристрастността на разследващия служител, който може да се е повлиял от това, че нейното поведение му е било представено като особено злонамерено. Следователно, най-напред, противно на твърденията на Парламента, Общият съд стига до извода за наличие на основателно съмнение относно безпристрастността на разследващия служител, на който е възложена „дисциплинарната“ част, като се основава не само на това, че този служител предварително е бил запознат с фактите по случая, но и на обстоятелството, че същият би могъл да е предубеден относно поведението на UZ. Следва да се отбележи, че съгласно съдебната практика, цитирана в точка 54 от настоящото решение, това обстоятелство би могло все пак да породи основателно съмнение относно безпристрастността на въпросния разследващ служител и Парламентът не оспорва това. По-нататък, съгласно цитираната в точка 54 практиката на Съда, Общият съд не е длъжен да проверява дали разследващият служител действително е бил предубеден спрямо UZ. Достатъчно е да е съществувало основателно съмнение в това отношение и то да не е могло да бъде преодоляно. Накрая, както посочва генералният адвокат в точка 130 от заключението си, доколкото Парламентът е бил длъжен да предостави достатъчно гаранции, за да изключи всяко основателно съмнение, в точка 54 от обжалваното съдебно решение Общият съд правилно установява, че по нищо не личи, че за Парламента е било трудно да избере сред своите длъжностни лица лице, което да не е било предварително запознато с фактите по случая, и така да не повдига у UZ никакво основателно съмнение относно безпристрастността му. С оглед на така изложените обстоятелства Общият съд не е допуснал грешка при прилагане на правото, като е постановил в точка 59 от обжалваното съдебно решение, че Парламентът — като е назначил за разследващ служител по „дисциплинарната“ част на административното разследване член на ГД „Персонал“, който вече се е срещнал с един от жалбоподателите — не е изпълнил задължението си за обективна безпристрастност. По отношение на довода на Парламента, че констатацията на Общия съд за пристрастност на разследващия служител, който отговаря за частта „тормоз“ на административното разследване, се основава на изопачаване на доказателствата, следва да се констатира, че този довод е следствие от неправилен прочит на обжалваното съдебно решение. Всъщност в точка 57 от това решение Общият съд приема, че разследващият служител, който отговаря за частта „тормоз“ от административното разследване, преди да бъде назначен за разследващ служител, е председателствал консултативния комитет, стигнал до извода, че управлението на отдела на UZ трябва да бъде поверено на друго лице. Противно на поддържаното от Парламента, Общият съд не приема, че този разследващ служител е взел решението за предприемане на временни мерки за отстраняване на UZ от длъжността ѝ на началник на отдела. Напротив, в точка 3 от обжалваното съдебно решение Общият съд отбелязва, че генералният директор на ГД „Персонал“ е уведомил жалбоподателите, че са предприети временни мерки, а в точка 57 от това решение посочва, че целият консултативен комитет, а не само председателят му, препоръчва след искането за съдействие на жалбоподателите управлението на отдела на UZ да бъде поверено на друго лице. В това отношение от предоставените на Съда материали по делото се установява, че това е една от препоръките, които този консултативен комитет, в това число и неговият председател, може да избере като временна мярка по член 24 от Правилника. От изложеното следва, че твърдението за изопачаване на фактите и на доказателствата не е доказано. Поради това първата, втората и третата част от първото основание трябва да бъдат отхвърлени отчасти като недопустими и отчасти като неоснователни. По четвъртата част от първото основание – Доводи на страните В четвъртата част от първото основание Парламентът твърди, че дори и да е могъл да установи процесуални нарушения, Общият съд е трябвало да вземе предвид всички обстоятелства по случая, като например големия брой жалбоподатели, сериозността на нарушенията, за които е обвинена UZ, и редицата гаранции, от които UZ се е възползвала, сред които по-специално присъствието на адвоката ѝ на всички етапи от производството. Поради това обжалваното съдебно решение — в точка 64 от което се стига до заключението, че ако разследването бе проведено внимателно и безпристрастно, то да би довело до различна начална преценка на фактите и следователно до различни последици — било опорочено от липса на мотиви. Освен това обжалваното съдебно решение било опорочено и от противоречие в мотивите, тъй като Общият съд, от една страна, приел, че е възможна друга преценка на фактите и следователно че е възможен резултат, различен от приетия от ОН, а от друга страна, в точки 106—109 от това решение приел, че сериозността и основателността на обвиненията за извършените от UZ нарушения обосновават отхвърлянето на искането ѝ за съдействие и осъждането ѝ да заплати съдебните разноски. Според UZ доводите на Парламента трябва да бъдат отхвърлени като неоснователни. – Съображения на Съда На първо място, по отношение на довода на Парламента — че обжалваното съдебно решение е опорочено от липса на мотиви, тъй като Общият съд не е взел предвид всички фактически обстоятелства по делото, като например сериозността на нарушенията, за които е обвинена UZ, броя на жалбоподателите и гаранциите, от които UZ се е възползвала, сред които по-специално присъствието на адвоката ѝ на всички етапи от производството — следва да се припомни, че предвиденото в член 296 ДФЕС задължение за мотивиране представлява съществено процесуално изискване, което трябва да се разграничава от въпроса за обосноваността на мотивите, от която зависи материалната законосъобразност на спорния акт. Всъщност мотивите на всяко решение представляват формален израз на съображенията, на които се основава това решение. Ако съображенията са неправилни, се засяга материалната законосъобразност на решението, а не мотивите му, които може да са достатъчни, но да изразяват неправилни съображения. От това следва, че оплакванията и доводите, с които се оспорва обосноваността на акт, са ирелевантни, когато като основание за отмяна се изтъква липса или непълнота на мотивите (решение от 22 октомври 2020 г., EKETA/Комисия, C‑274/19 P , непубликувано, EU:C:2020:853 , т. и цитираната съдебна практика, както и определение от 14 януари 2021 г., Manea/CdT, C‑892/19 P , непубликувано, EU:C:2021:30 , т. ). Ето защо следва да се установи дали обжалваното съдебно решение е опорочено от липса на мотиви и едва след това да се разгледа твърдението, че Общият съд, като не взел предвид всички релевантни фактически обстоятелства, допуснал грешка при прилагане на правото. В случая в точки 60 и 61 от обжалваното съдебно решение Общият съд най-напред припомня постоянната си практика, в която приема, от една страна, че за да може процесуално нарушение да обоснове отмяната на даден акт, е необходимо при липсата на това нарушение производството да е могло да доведе до различен резултат, и от друга страна, че в рамките на тази проверка трябва да се отчетат всички обстоятелства по случая, и по-специално естеството на оплакванията и тежестта на допуснатите процесуални нарушения с оглед на гаранциите, с които е можел да разполага служителят. По-нататък, в точки 62 и 63 от това решение Общият съд приема, че административното разследване, което представлява първият етап от дисциплинарното производство, определя начина, по който ОН упражнява правото си на преценка относно това какви действия да предприеме, и че тези действия могат в крайна сметка да доведат до налагане на дисциплинарно наказание. В това отношение Общият съд уточнява, че именно въз основа на това разследване и изслушването на съответния служител ОН преценява, първо, дали да образува самото дисциплинарно производство, второ, дали за това производство евентуално трябва да сезира дисциплинарния съвет и трето, когато започва производството пред дисциплинарния съвет, фактите, с които го сезира. Накрая, в точка 64 от обжалваното съдебно решение Общият съд прави извода, че тъй като компетентността на ОН не е обвързана, не може да се изключи възможността внимателно и безпристрастно провеждане на разследването да доведе до различна начална преценка на фактите и следователно до различни последици. От изложеното следва, че в точки 62 и 63 от обжалваното съдебно решение Общият съд е мотивирал надлежно извода си в точка 64 от същото решение. Следователно доводът за липса на мотиви трябва да се отхвърли като неоснователен. На второ място, по отношение на довода на Парламента, че при преценката на последиците от нарушенията, засягащи дисциплинарното производство, Общият съд е трябвало да вземе предвид всички фактически обстоятелства по делото — като например сериозността на нарушенията, за които е обвинена UZ, броя на жалбоподателите и гаранциите, от които UZ се е възползвала, сред които по-специално присъствието на адвоката ѝ на всички етапи от производството — следва да се отбележи, че този довод е недопустим, тъй като с него Парламентът всъщност иска от Съда да извърши нова преценка на фактите, без да твърди, че Общият съд ги е изопачил. Както обаче следва от съдебната практика, цитирана в точка 46 от настоящото решение, тази преценка не подлежи на контрол от Съда в производството по обжалване. На трето място, по отношение на довода на Парламента, че в точка 64 от обжалваното съдебно решение Общият съд е стигнал до извод, който противоречи на собствените му преценки в точки 106—109 от същото решение, достатъчно е да се отбележи, че последните точки се отнасят до производство, различно от дисциплинарното, а именно до производството по подаденото от UZ искане за съдействие по член 24 от Правилника, поради което не може да се приеме наличието на каквото и да било противоречие. От всички изложени съображения следва, че четвъртата част от първото основание трябва да бъде отхвърлена като отчасти недопустима и отчасти неоснователна. Следователно първото основание трябва да бъде отхвърлено изцяло като отчасти недопустимо и отчасти необосновано. По второто и третото основание Второто и третото основание на жалбата се отнасят до мотивите на обжалваното съдебно решение, с които Общият съд частично уважава второто основание на UZ за нередовност на процедурата пред дисциплинарния съвет и за неизслушването ѝ от компетентния орган в края на тази процедура. В това отношение следва да се припомни, че съгласно постоянната практика на Съда в производство по обжалване оплакванията, насочени срещу изложени за изчерпателност мотиви на решение на Общия съд, трябва да се отхвърлят като неотносими, тъй като не могат да доведат до отмяната на това решение (решение от 12 ноември 2020 г., Gollnisch/Парламент, C‑676/19 P , непубликувано, EU:C:2020:916 , т. и цитираната съдебна практика). Мотивите на обжалваното съдебно решение, които се оспорват с второто и третото основание на жалбата, са изложени обаче от съображения за изчерпателност. Всъщност, след като уважава първото основание, с което се твърди нередовност на административното разследване, и установява, че исканията на UZ за отмяна на решението за понижаване и за заличаване на точките за заслуги трябва да бъдат уважени, Общият съд, видно от точка 66 от обжалваното съдебно решение, приема по причини, свързани с доброто правораздаване, че е полезно да разгледа второто основание на UZ. Следователно второто и третото основание трябва да бъдат отхвърлени като неотносими. От всички изложени съображения следва, че главната жалба трябва да бъде отхвърлена. По насрещната жалба В подкрепа на насрещната жалба UZ изтъква две основания, първото от които е за нарушение на член 41, параграф 2 от Хартата, а второто — за нарушение на член 48 от Хартата. По първото основание Доводи на страните Първото основание на насрещната жалба на UZ е, че Общият съд нарушил член 41, параграф 2 от Хартата. Според UZ тази разпоредба налага Парламентът да я изслуша, преди да отхвърли искането ѝ за съдействие по член 24 от Правилника. Според Парламента доводите на UZ трябва да бъдат отхвърлени като неоснователни. Съображения на Съда UZ твърди, че съгласно член 41, параграф 2 от Хартата Парламентът е трябвало да я изслуша, преди да реши да отхвърли искането ѝ за съдействие. В това отношение следва да се припомни, че съгласно член 41, параграф 2 от Хартата правото на добра администрация включва по-специално правото на всяко лице да бъде изслушвано преди срещу него да бъде предприета индивидуална мярка, която би имала неблагоприятни последици за него. Следователно правото на изслушване гарантира на всяко лице възможността да изрази надлежно и ефективно становището си в хода на административното производство и преди приемането на всяко решение, което може да засегне неблагоприятно интересите му (решения от 4 юни 2020 г., SEAE/De Loecker, C‑187/19 P , EU:C:2020:444 , т. и от 25 юни 2020 г., HF/Парламент, C‑570/18 P , EU:C:2020:490 , т. и цитираната съдебна практика). Освен това съгласно постоянната съдебна практика правото на изслушване преследва двойна цел. От една страна, то служи за разглеждането на преписката и за възможно най-точното и конкретно установяване на фактите и от друга страна, позволява да се гарантира ефективна защита на заинтересованото лице. Правото на изслушване цели в частност да гарантира, че всяко решение с неблагоприятни последици се взема при пълно познаване на фактите и има по-конкретно за цел да позволи на компетентния орган да поправи грешка или на засегнатото лице да изтъкне свързани с личното му положение обстоятелства, които налагат решението да бъде прието, да не бъде прието или да има едно или друго съдържание (решения от 4 юни 2020 г., SEAE/De Loecker, C‑187/19 P , EU:C:2020:444 , т. ). Съдът впрочем вече е уточнил, че лице, което е подало искане за съдействие по член 24 от Правилника поради отправени му заплахи, може да се позовава на правото да бъде изслушано относно засягащите го факти по силата на принципа на добра администрация (решения от 4 юни 2020 г., SEAE/De Loecker, C‑187/19 P , EU:C:2020:444 , т. и цитираната съдебна практика). В случая решението, с което генералният директор на ГД „Персонал“ отхвърля подаденото от UZ искане за съдействие по член 24 от Правилника, представлява индивидуална мярка, която би имала неблагоприятни последици за нея по смисъла на член 41, параграф 2 от Хартата. Общият съд обаче отхвърля искането за отмяна на решението, с което искането на UZ за съдействие е отхвърлено, като се основава на цитираната в точка 107 от обжалваното съдебно решение съдебна практика — съгласно която администрацията не може да бъде задължена да окаже съдействие на длъжностно лице, за което въз основа на конкретни и релевантни доказателства се подозира, че е нарушило сериозно своите професионални задължения и на което на това основание могат да бъдат наложени дисциплинарни санкции, независимо че подобно нарушение е било предизвикано от неправомерни действия на трети лица — и на посочените в точки 108 и 109 от това решение факти. В това отношение следва да се припомни, че съгласно член 177, параграф 1, буква в) и член 178, параграф 3 от Процедурния правилник на Съда насрещната жалба трябва ясно да указва оспорените части от решението или определението, чиято отмяна се иска, както и изтъкнатите в подкрепа конкретно на тази жалба правни доводи (вж. по аналогия решение от 6 май 2021 г., Gollnisch/Парламент, C‑122/20 P , непубликувано, EU:C:2021:370 , т. и цитираната съдебна практика). В случая обаче UZ не указва как нарушението на член 41, параграф 2 от Хартата обезсилва мотивите в точки 106—109 от обжалваното съдебно решение, с които Общият съд отхвърля искането за отмяна на решението, с което искането за съдействие е отхвърлено. По-конкретно UZ не излага достатъчно правни доводи, за да уточни причините, поради които съдебната практика, посочена в точка 107 от обжалваното съдебно решение, не е приложима в случая. Освен това UZ по никакъв начин не се позовава на изопачаване на посочените в точки 108 и 109 от това решение факти. От това следва, че подадената от UZ насрещна жалба не отговаря на изискванията, припомнени в точка 95 от настоящото решение. При това положение първото основание следва да бъде отхвърлено като неотносимо. По второто основание Доводи на страните Второто основание на насрещната жалба на UZ е, че като е отхвърлил искането ѝ за отмяна на решението, с което генералният директор на ГД „Персонал“ е отхвърлил искането ѝ за съдействие, Общият съд не се е съобразил Хартата, и по-специално с член 48 от нея. Всъщност Парламентът изходил от разбирането, че UZ е виновна и така нарушил закрепения в този член принцип на презумпцията за невиновност. Според Парламента доводите на UZ трябва да бъдат отхвърлени като недопустими и във всички случаи като неоснователни. Съображения на Съда Следва да се припомни, че съгласно постоянната съдебна практика от член 256 ДФЕС, член 58, първа алинея от Статута на Съда на Европейския съюз и член 178, параграф 3 от Процедурния правилник на Съда е видно, че жалбата трябва ясно да указва оспорените части от решението, чиято отмяна се иска, както и изтъкнатите в подкрепа конкретно на тази жалба правни доводи (вж. по аналогия решение от 25 юни 2020 г., Schneider/EUIPO, C‑116/19 P , непубликувано, EU:C:2020:501 , т. и цитираната съдебна практика). Изтъкнатите от UZ доводи обаче не отговарят на посочените в предходната точка изисквания, тъй като се ограничават до общи твърдения и не указват надлежно защо според нея Общият съд е нарушил член 48 от Хартата. От това следва, че второто основание също трябва да бъде отхвърлено като недопустимо. С оглед на изложените съображения насрещната жалба трябва изцяло да бъде отхвърлена. По съдебните разноски Съгласно член 184, параграф 2 от Процедурния правилник на Съда, когато жалбата е неоснователна, Съдът се произнася по съдебните разноски. Съгласно член 138, параграф 1 от този правилник, приложим към производството по обжалване по силата на член 184, параграф 1 от същия, загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане. След като Парламентът е загубил делото и UZ е направила искане за осъждането му да заплати съдебните разноски, той следва да бъде осъден да заплати съдебните разноски, свързани с разглеждането на главната жалба. След като UZ е загубила делото по насрещната си жалба и Парламентът е направил искане за осъждането ѝ да заплати съдебните разноски, последната следва да бъде осъдена да заплати съдебните разноски, свързани с разглеждането на насрещната жалба. По изложените съображения Съдът (втори състав) реши: 1) Отхвърля главната жалба и насрещната жалба. 2) Осъжда Европейския парламент да заплати съдебните разноски, свързани с главна жалба. 3) Осъжда UZ да заплати съдебните разноски, свързани с насрещната жалба. Подписи ( *1 ) Език на производството: френски.

61988CJ0075

fr

Motifs de l'arrêt 1 Par requêtes déposées au greffe de la Cour les 9 mars et 25 mai 1988, Mmes Marilena Bonazzi-Bertottilli et Rosanna Casazza-Milan Sporzio, agents temporaires de la Commission, ainsi que M . Giuseppe Villa, fonctionnaire de la Commission, ont introduit des recours visant à l' annulation des décisions par lesquelles cette institution a calculé, en vue de la liquidation de leur pension d' ancienneté communautaire, la durée des services accomplis par les requérants . 2 Par ordonnance du 13 décembre 1988, les affaires 75, 146 et 147/88 ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l' arrêt . 3 L' article 11, paragraphe 2, de l' annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ( ci-après "statut ") prévoit que le fonctionnaire qui entre au service des Communautés, après avoir cessé ses fonctions auprès d' une administration, d' une organisation nationale ou internationale ou d' une entreprise, a la faculté, au moment de sa titularisation, de faire verser aux Communautés soit l' équivalent actuariel des droits à pension d' ancienneté qu' il a acquis antérieurement, soit le forfait de rachat qui lui est dû . En pareil cas, l' institution où le fonctionnaire est en service détermine, compte tenu du grade de titularisation, le nombre des annuités qu' elle prend en compte, d' après son propre régime, au titre de la période de service antérieur, sur la base du montant de l' équivalent actuariel ou du forfait de rachat . 4 Le 2 mars 1978, la Commission a conclu avec l' Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ( ci-après "INPS ") un accord concernant l' exécution de l' article 11 de l' annexe VIII du statut et prévoyant notamment le transfert, aux Communautés européennes, des droits à pension acquis auprès de l' INPS . 5 Par une communication au Courrier du personnel du 14 juin 1978, il a été porté à la connaissance des personnes affiliées à l' INPS que le transfert de leurs droits à pension au régime communautaire était désormais possible sur la base de l' accord précité, à condition qu' elles introduisent une demande de transfert dans un délai de six mois à partir de la date du communiqué . Celui-ci reproduisait les dispositions sub B ) 1 . et 2 . de cet accord, aux termes desquelles "1 . l' INPS calcule l' équivalent actuariel des droits acquis dans le cadre des dossiers qu' elle administre jusqu' au moment de l' entrée en service de l' intéressé auprès des Communautés, en se référant à la date d' introduction de la demande de transfert, conformément aux tableaux fixés pour l' application de l' article 13 de la loi n° 1338, du 12 août 1962, en vigueur à cette date . Dans le calcul de cet équivalent actuariel, le coefficient utilisé est corrigé de la charge pour frais de gestion . 2 . Le transfert est effectué uniquement après confirmation notifiée par l' intéressé dans le délai de 90 jours à compter de la date à laquelle la communication du montant à transférer aura été faite à la Commission par l' INPS ." 6 Un décret du 19 février 1981 du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale italien a fixé de nouveaux tableaux d' application pour la loi du 12 août 1962 . Les barèmes de ce décret sont plus favorables pour les personnes concernées que ceux résultant du décret ministériel du 27 janvier 1964, premier texte d' application de la loi de 1962 . 7 Mmes Bonazzi et Casazza, affiliées jusqu' au 31 octobre 1976 au régime italien de sécurité sociale géré par l' INPS et engagées en qualité d' agents temporaires de la Commission à partir du 1er novembre 1976, de même que M . Villa, assuré auprès de l' INPS jusqu' au 31 août 1975 et nommé fonctionnaire au CCR d' Ispra depuis le 1er septembre 1975, ont, dans le délai imparti, rempli et fait parvenir à la Commission un questionnaire afin d' obtenir une proposition de transfert au régime communautaire de leurs droits à pension acquis auprès de l' INPS . Le 7 mars 1983 et le 6 décembre 1984, la Commission a transmis ces questionnaires à l' INPS, qui a procédé au calcul, par application du décret ministériel du 27 janvier 1964, de l' équivalent actuariel des droits à pension acquis dans le régime national auquel les requérants avaient été précédemment affiliés . 8 Après avoir reçu communication du résultat de ce calcul, la Commission a procédé à la conversion de cet actif en annuités, conformément à l' article 11, paragraphe 2, de l' annexe VIII du statut, et a adressé, le 12 mai 1987 à Mme Bonazzi, le 22 juillet 1987 à Mme Casazza et le 24 juillet 1987 à M . Villa, une proposition relative au nombre des annuités à prendre en compte pour la pension auprès des Communautés . 9 Les requérants ont accepté cette proposition, Mme Bonazzi le 25 mai 1987, M . Villa le 3 août 1987 et Mme Casazza le 24 août 1987 . Toutefois, les trois requérants ont émis expressément toutes les réserves concernant le calcul de l' équivalent actuariel des droits à pension et, dans les réclamations qu' ils ont présentées à la Commission, ils ont fait valoir que ce calcul aurait dû être effectué sur la base des barèmes du décret italien du 19 février 1981 . 10 La Commission n' ayant pas donné de suite aux demandes des requérants, ceux-ci ont introduit les présents recours . 11 Pour un plus ample exposé des faits, du déroulement de la procédure et des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour . 12 Les requérants font valoir que les décisions attaquées sont illégales, du fait que la Commission aurait appliqué de façon erronée les critères énoncés dans l' accord conclu avec l' INPS . Les requérants reprochent à la Commission de s' être fondée, pour le calcul des années de service à prendre en compte aux fins de la pension communautaire, sur le montant de l' équivalent actuariel des droits à pension acquis dans le régime national, obtenu sur la base des barèmes résultant du décret italien du 27 janvier 1964 au lieu de ceux, plus favorables, prévus par le décret du 19 février 1981 . 13 La Commission se défend en soutenant que l' application des coefficients prévus par la réglementation italienne pour le calcul de l' équivalent actuariel des droits à pension relève de la seule compétence de l' INPS et ne saurait, dès lors, lui être imputable . 14 Il convient, en conséquence, d' examiner d' abord si la contestation porte sur une question de droit communautaire que la Commission avait le pouvoir de trancher et, partant, si l' objet des litiges relève de la compétence de la Cour . 15 Dans cette perspective, il importe d' analyser la mission attribuée à la Commission en matière de transfert au régime communautaire des droits à pension acquis antérieurement . 16 A cet égard, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l' article 11, paragraphe 2, alinéa 2, de l' annexe VIII du statut, "l' institution où le fonctionnaire est en service détermine ... le nombre des annuités qu' elle prend en compte d' après son propre régime au titre de la période de service antérieur, sur la base du montant de l' équivalent actuariel ou du forfait de rachat ". 17 Il résulte de cette disposition que l' institution communautaire n' a d' autre obligation que de transformer en annuités à prendre en compte dans son propre régime de pension le montant de l' équivalent actuariel, établi par l' organisme gestionnaire du régime de pension antérieur en fonction des droits acquis dans ce régime . Les modalités de calcul de ce montant relèvent de la seule compétence de l' autorité nationale ou internationale qui administre le régime de pension auquel l' intéressé a été affilié antérieurement à son entrée en service auprès des Communautés . 18 L' accord conclu par la Commission avec l' INPS n' a pas modifié ni pu modifier ce système . Cet accord ne fait, en effet, que mettre en oeuvre le régime établi par l' article 11, alinéa 2, de l' annexe VIII du statut, dans la mesure où il précise que, parmi les deux options prévues par cette disposition - équivalent actuariel ou forfait de rachat -, c' est la première qui est applicable aux anciens affiliés à l' INPS . L' accord prévoit d' ailleurs expressément que "l' INPS calcule l' équivalent actuariel des droits acquis ...". 19 Si la détermination définitive des droits à pension dans le régime communautaire ne peut intervenir qu' après que la Commission a obtenu, de la part de l' organisme auprès duquel l' intéressé était affilié antérieurement, communication du montant de l' équivalent actuariel des droits acquis à ce titre, il n' en reste pas moins que les deux décisions relatives, d' une part, au calcul de l' équivalent actuariel des droits à pension acquis et, d' autre part, à la conversion de cet actif en annuités, se situent dans des ordres juridiques différents et relèvent chacune des contrôles juridictionnels propres à ces ordres . 20 En l' espèce, la Commission ne pouvait, lors du calcul des années de service à prendre en compte pour la détermination de la pension communautaire, que se fonder sur le montant de l' équivalent actuariel communiqué par l' INPS, et elle ne disposait, à cet égard, d' aucune possibilité de contester les modalités de calcul de ce montant; en effet, les juridictions italiennes sont exclusivement compétentes pour connaître de ce contentieux et il appartient aux seuls intéressés de saisir ces juridictions dans les conditions prévues par le droit national applicable . 21 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la Commission n' avait aucun pouvoir pour se prononcer sur la contestation soulevée par les requérants, qui portait sur l' application du seul droit italien . 22 La Cour est, partant, incompétente pour statuer sur les recours, lesquels doivent, dès lors, être rejetés comme irrecevables . Décisions sur les dépenses Sur les dépens 23 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . Toutefois, selon l' article 70 du même règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours des agents des Communautés restent à la charge de celles-ci . Dispositif Par ces motifs, LA COUR ( deuxième chambre ) déclare et arrête : 1 ) Les recours sont rejetés comme irrecevables . 2 ) Chacune des parties supportera ses propres dépens .

62018CJ0710

et

Eelotsusetaotlus puudutab küsimust, kuidas tõlgendada ELTL artiklit 45 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2011. aasta määruse (EL) nr 492/2011 töötajate liikumisvabaduse kohta liidu piires ( ELT 2011, L 141, lk 1 ) artikli 7 lõiget 1. Taotlus on esitatud WNi ja Land Niedersachseni (Alam-Saksi liidumaa, Saksamaa) vahelises kohtuvaidluses selle üle, et põhikohtuasja hageja töötasu suuruse kindlaksmääramisel võeti tema Prantsusmaal asuva tööandja juures täitunud asjakohase töö tegemise perioode arvesse ainult osaliselt. Õiguslik raamistik Liidu õigus Määruse nr 492/2011 artikli 7 lõikes 1 on sätestatud: „1. Töötajat, kes on liikmesriigi kodanik, ei tohi teise liikmesriigi territooriumil tema kodakondsuse tõttu kohelda ükskõik milliste tööhõive- ja töötingimuste suhtes teisiti kui selle riigi kodanikest töötajaid, eelkõige seoses töötasu, vallandamise ja töötuks jäämise puhul tööle ennistamise või uue töökoha leidmisega.“ Nõukogu 28. juuni 1999. aasta direktiivi 1999/70/EÜ, milles käsitletakse Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni (ETUC), Euroopa Tööandjate Föderatsiooni (UNICE) ja Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse (CEEP) sõlmitud raamkokkulepet tähtajalise töö kohta ( EÜT 1999, L 175, lk 43 ; ELT eriväljaanne 05/03, lk 368; edaspidi „raamkokkulepe“) artikkel 1 näeb ette, et raamkokkulepe, mis on direktiivile lisatud, tuleb jõustada. Raamkokkuleppe klauslis 3 „Mõisted“ on ette nähtud: „Käesolevas kokkuleppes tähendab 1. […] „tähtajaline töötaja“ isikut, kellel on vahetult tööandja ja töötaja vahel sõlmitud tööleping või töösuhe, milles töölepingu või töösuhte lõpp on määratud objektiivsete tingimustega, milleks võib olla konkreetse kuupäeva saabumine, konkreetse ülesande lõpetamine või konkreetse sündmuse toimumine. 2. […] „võrreldav alatine töötaja“ töötajat, kellel on samas asutuses määramata tähtajaga tööleping või töösuhe, mis on sõlmitud sama või samalaadse töö või tegevuse kohta, võttes arvesse erialast ettevalmistust ja oskusi. Kui samas asutuses ei ole võrreldavat alatist töötajat, tehakse võrdlus kehtiva kollektiivlepingu alusel või kollektiivlepingu puudumise korral vastavalt riigi seadustele, kollektiivlepingule või praktikale.“ Raamkokkulepe klausel 4 „Mittediskrimineerimise põhimõte“ on sõnastatud järgmiselt: „1. Töötingimuste osas ei kohelda tähtajalisi töötajaid vähem soodsalt kui võrreldavaid alatisi töötajaid seetõttu, et neil on tähtajaline tööleping või töösuhe, välja arvatud juhtudel, kui erinevaks kohtlemiseks on objektiivsed põhjused. 2. Asjakohasel juhul kohaldatakse pro rata temporis põhimõtet. 3. Käesoleva klausli kohaldamise korra määravad liikmesriigid, olles konsulteerinud tööturu osapooltega, ja/või tööturu osapooled, pidades silmas ühenduse ja siseriiklikku õigust, kollektiivlepinguid ja praktikat. 4. Eriliste töötingimustega seotud teenistusaega käsitlevad nõuded on tähtajaliste töötajate ja alatiste töötajate jaoks ühesugused, välja arvatud juhul, kui eri pikkusega teenistusaega käsitlevatel nõuetel on objektiivsed põhjused.“ Saksa õigus Liidumaade avaliku teenistuse kollektiivlepingu (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder; edaspidi „TV‑L“) põhikohtuasja asjaoludele kohaldatava redaktsiooni – mis tuleneb 9. märtsi 2013. aasta muudatuslepingust nr 7 – §‑is 12 „Töötasu astme ja -järgu määramine“ on ette nähtud: „1.   Töötajale makstakse töötasu vastavalt töötasuastmele, millesse ta on määratud. […]“. TV-Li §‑is 16 on töötasuskaalal olevate astmete järgud ette nähtud järgmiselt: „1.   Astmetel 9–15 on viis järku […] 2.   Töölevõtmisel määratakse töötajad asjakohase erialase töökogemuse puudumisel esimesse töötasujärku. Kui töötaja on varasema tähtajalise või tähtajatu töölepingu alusel omandanud vähemalt aastase asjakohase erialase töökogemuse sama tööandjaga juures, võetakse selle varasema töösuhte raames täitunud asjakohase erialase töökogemuse perioode töötasujärgu määramisel arvesse. Kui vähemalt aastane varasem asjakohane erialane töökogemus on omandatud teise tööandjaga sõlmitud töösuhte raames, määratakse töötaja teise töötasujärku, või – juhul kui töölevõtmine toimub pärast 31. jaanuari 2010 ja tingimusel, et töötajal on vähemalt kolmeaastane varasem asjakohane erialane töökogemus – kolmandasse töötasujärku. Sellest olenemata võib tööandja personalipuuduse kõrvaldamiseks toimuva uute töötajate töölevõtmise korral võtta varasema kutsealase tegevuse raames täitunud töötamise perioode töötasujärgu määramisel täies ulatuses või osaliselt arvesse, tingimusel et omandatud töökogemus on täidetaval töökohal kasulik. Selgitused § 16 lõike 2 kohta: 1. Asjakohaseks erialaseks töökogemuseks loetakse erialast töökogemust, mis on omandatud täidetavale ametikohale vastavaid või sellega seotud ülesandeid täites . […] 3. Varasem töösuhe teise lause tähenduses esineb juhul, kui varasema töösuhte lõpu ja uue töösuhte alguse vahele jääv ajavahemik ei ole pikem kui kuus kuud; […] […] 3.   Töötajad liiguvad järgmisesse töötasujärku (tõus kõrgemasse palgajärku) – alates kolmandast järgust, sõltuvalt nende tööpanusest vastavalt § 17 lõikele 2 – kui nad on oma tööandja juures samal palgaastmel katkematult töötanud järgmise aja jooksul: – teine järk, pärast ühte aastat esimeses järgus, – kolmas järk, pärast kahte aastat teises järgus, – neljas järk, pärast kolme aastat kolmandas järgus, – viies järk, pärast nelja aastat neljandas järgus […]“. Raamlepingu rakendamiseks kehtestatud direktiiv 1999/70 võeti Saksa õiguskorda üle 21. detsembri 2000. aasta seadusega osalise tööajaga töötamise ja tähtajaliste töölepingute kohta (Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge (Teilzeit- und Befristungsgesetz); edaspidi „TzBfG“), mida on muudetud 20. detsembri 2011. aasta seadusega. TzBfG muudetud redaktsiooni § 4 „Diskrimineerimiskeelu põhimõte“ näeb lõikes 2 ette: „Tähtajalisi töötajaid ei kohelda vähem soodsalt kui võrreldavaid tähtajatuid töötajaid seetõttu, et neil on tähtajaline tööleping või -suhe, välja arvatud juhtudel, kui erinevaks kohtlemiseks on objektiivsed põhjused. Tähtajalisele töötajale peab kindlaksmääratud arvestusperioodi eest maksma töötasu või muud rahalist osadeks jagatavat hüvitist ulatuses, mis vastab tema töötamise kestusele arvestusperioodil. Kui teatavad töötingimused sõltuvad sellest, kui kaua on töötaja töösuhe samas asutuses või sama ettevõtjaga kestnud, tuleb tähtajaliste töötajate puhul arvesse võtta samu ajavahemikke kui tähtajatute töötajate puhul, välja arvatud juhtudel, kui erinevaks kohtlemiseks on objektiivsed põhjused.“ Põhikohtuasi ja eelotsuse küsimus Saksamaa kodanik WN töötas aastatel 1997–2014 katkematult õpetajana Prantsusmaa erinevates põhikoolides ja gümnaasiumides. Alam-Saksi liidumaa võttis 8. septembril 2014 ehk vähem kui kuus kuud pärast selle tegevuse lõppu ta tööle õpetajana. Tema töölepingu suhtes kohaldatakse TV‑Li, mis määrab kindlaks, millisesse töötasuastmestiku järku ta liigitatakse. Eelotsusetaotlusest selgub, et Alam-Saksi liidumaa tunnistas WNi poolt Prantsusmaal omandatud erialase töökogemuse asjakohaseks TV‑Li § 16 lõike 2 tähenduses, mistõttu seda sai WNi töötasujärgu määramisel arvestada. Sellegipoolest võttis Alam-Saksi liidumaa WNi Prantsusmaal täitunud töötamise perioode tema töötasujärgu määramisel arvesse ainult osaliselt. Seetõttu määrati WN töötasuastmestiku 11. astme kolmandasse järku. Eelotsusetaotluse esitanud kohus selgitab, et tulenevalt TV‑Li § 16 lõikest 2, mis seab ülempiiri teise tööandja juures omandatud asjakohase erialase töökogemuse arvessevõtmisele, võeti WNi poolt Prantsusmaal omandatud 17aastasest erialasest töökogemusest arvesse ainult kolm aastat. WN leiab, et kui ta oleks omandanud 17aastase asjakohase erialase töökogemuse varasemas töösuhtes sama tööandjaga osutatud § 16 lõike 2 tähenduses, ehk käesoleval juhul Alam-Saksi liidumaaga, siis oleks ta alates uue töösuhte algusest selle tööandjaga sama sätte alusel liigitatud töötasuastmestiku sama astme viiendasse järku. Seetõttu esitas WN 20. oktoobril 2014 Alam-Saksi liidumaale taotluse liigitada ta ümber töötasuastmestiku 11. astme viiendasse järku ja maksta talle tagasiulatuvalt vastav töötasu. Alam-Saksi liidumaa lükkas selle taotluse tagasi, väites, et WNi rohkem kui kolmeaastane asjakohane erialane töökogemus on omandatud muu tööandja kui Alam-Saksi liidumaa juures ja seetõttu ei saa seda täies ulatuses arvesse võtta. WN esitas selle otsuse peale hagi pädevale esimese astme töökohtule, kes selle rahuldas ja kohustas huvitatud isiku töötasujärku määramise uuesti läbi vaatama. Eelotsusetaotluse esitanud kohus selgitab, et WN väitis, et tema liigitamine selle töötasuastme kolmandasse järku on vale, sest asjakohase Prantsusmaal omandatud erialase töökogemuse ainult osaliselt arvessevõtmine kujutab endast erinevat kohtlemist, mis on vastuolus võrdsuse põhimõtte ja töötajate liikumisvabadusega. Landesarbeitsgericht (liidumaa kõrgem töökohus, Saksamaa) rahuldas Alam-Saksi liidumaa esitatud apellatsioonkaebuse ja tühistas esimese astme kohtu otsuse. WN esitas seepeale kassatsioonkaebuse Bundesarbeitsgerichtile (Saksamaa Liitvabariigi kõrgeim töökohus), paludes jätta jõusse esimese astme kohtu otsuse. Kuna eelotsusetaotluse esitanud kohus kahtleb liikmesriigi vaidlusaluse õigusnormi kooskõlas liidu õigusega, otsustas ta menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmise eelotsuse küsimuse: „Kas ELTL artikli 45 lõiget 2 ja [määruse nr 492/2011] artikli 7 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus selline õigusnorm nagu [TV‑Li] § 16 lõige 2, mille kohaselt on senise tööandja juures omandatud asjakohasel erialasel töökogemusel kollektiivlepingus määratud töötasuastmestiku töötasujärku määramisel pärast uuesti töölevõtmist eelisseisund, sest vastavalt TV‑Li § 16 lõike 2 teisele lausele võetakse seda töökogemust täies ulatuses arvesse, samas kui teiste tööandjate juures omandatud asjakohast erialast töökogemust arvestatakse vastavalt TV‑Li § 16 lõike 2 kolmandale lausele ainult maksimaalselt kolme aasta ulatuses, põhjendusega et see eelisseisund on liidu õiguses ette nähtud [raamkokkuleppe] klausli 4 punktis 4?“ Eelotsuse küsimuse analüüs Esmalt tuleb märkida, et Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt on ELTL artiklis 267 sätestatud liikmesriigi kohtute ja Euroopa Kohtu vahelises koostöömenetluses Euroopa Kohtu ülesanne anda liikmesriigi kohtule tarvilik vastus, mis võimaldaks viimasel poolelioleva kohtuasja lahendada. Seda arvestades tuleb Euroopa Kohtul temale esitatud küsimused vajaduse korral ümber sõnastada. Asjaolu, et liikmesriigi kohus on eelotsuse küsimuses vormiliselt viidanud liidu õiguse teatavatele sätetele, ei takista Euroopa Kohut esitamast sellele kohtule kogu tõlgenduslikku teavet, mis võib viimasel aidata menetletavat kohtuasja lahendada, olenemata sellest, kas liikmesriigi kohus on neile aspektidele oma küsimustes viidanud või mitte. Euroopa Kohus võib selleks liikmesriigi kohtu esitatud materjalist ja eelkõige eelotsusetaotluse põhjendusest välja valida need liidu õiguse aspektid, mis vajavad vaidluse eset silmas pidades tõlgendamist (28. märtsi 2019. aasta kohtuotsus Cogeco Communications, C‑637/17 , EU:C:2019:263 , punkt ). Käesoleval juhul ilmneb eelotsusetaotlusest, et põhikohtuasjas vaidluse all olevat õigusnormi kohaldatakse vahet tegemata kõikide liidumaa poolt tööle võetud töötajate suhtes nende kodakondsusest olenemata. Seevastu näeb see ette töötajate erineva kohtlemise olenevalt tööandjast, kelle juures erialane töökogemus on omandatud. Erinevalt kohtuasjast, milles tehti 5. detsembri 2013. aasta kohtuotsus Zentralbetriebsrat der gemeinnützigen Salzburger Landeskliniken ( C‑514/12 , EU:C:2013:799 ), milles vaidlusalune liikmesriigi meede puudutas Land Salzburgi (Salzburgi liidumaa, Austria) poolt tööle võetud arste ja meditsiinitöötajaid, kes olid pärit muudest liikmesriikidest kui Austria Vabariik, ilmneb käesolevas asjas eelotsusetaotlusest, et WN on Saksamaa kodanik, kes enne Alam-Saksi liidumaal olevas koolis õpetajana tööle asumist elas teises liikmesriigis ja õpetas seal erinevates põhikoolides ja gümnaasiumides. Seega ei ole Euroopa Kohtu käsutuses oleva toimiku põhjal võimalik käesolevas asjas järeldada, et WN on liikmesriigi kodanikust töötaja, keda teises liikmesriigis koheldakse tema kodakondsuse tõttu töö saamise ja kutsealale pääsemise tingimuste osas erinevalt. Selles kontekstis ei saa põhikohtuasja puhul asuda seisukohale, et seda iseloomustab diskrimineerimine kodakondsuse alusel ELTL artikli 45 lõike 2 ja määruse nr 492/2011 artikli 7 lõike 1 tähenduses. Selles olukorras ja eelotsusetaotluse esitanud kohtu poolt välja toodud asjaolusid arvestades tuleb selleks, et anda eelotsusetaotluse esitanud kohtule tarvilik tõlgendusteave, esitatud küsimus ümber sõnastada. Eelotsusetaotlusest ilmneb nimelt, et Bundesarbeitsgericht (Saksamaa Liitvabariigi kõrgeim töökohus) soovib tegelikult teada, kas ELTL artikli 45 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus liikmesriigi õigusnormid, mis näevad ette, et territoriaalse haldusüksuse valitsemisalas olevas koolis töötava õpetaja varasemaid asjakohase töö tegemise perioode, mis ei ole täitunud selle haldusüksuse juures, vaid muu tööandja juures, kes asub teises liikmesriigis, võetakse selle töötaja töötasu suuruse kindlaksmääramisel arvesse maksimaalselt kolme aasta ulatuses. Siinkohal väärib märkimist, et isikute vaba liikumist käsitlevate EL toimimise lepingu, samuti määruse nr 492/2011 sätete eesmärk on hõlbustada liidu kodanike igasugust kutsetegevust liidu piires ning nende sätetega on vastuolus meetmed, mis võivad asetada ebasoodsasse olukorda need kodanikud, kes soovivad töötada mõne teise liikmesriigi territooriumil (10. oktoobri 2019. aasta kohtuotsus Krah, C‑703/17 , EU:C:2019:850 , punkt ). Täpsemalt on liikmesriikide kodanikel vahetult aluslepingust tulenev õigus lahkuda oma päritoluriigist ja minna mõne teise liikmesriigi territooriumile ja seal elada, et tegelda samas majandustegevusega. Järelikult on ELTL artikliga 45 vastuolus igasugune liikmesriigi meede, mis võib liidu kodanikel takistada selle artikliga tagatud põhivabaduse kasutamist või muuta selle vähem atraktiivseks (10. oktoobri 2019. aasta kohtuotsus Krah, C‑703/17 , EU:C:2019:850 , punkt ). Liikmesriigi õigusnormid, mis ei võta täiel määral arvesse võõrtöötaja poolt varem muus liikmesriigis kui päritoluliikmesriik tehtud võrdväärse töö perioode, võivad nimelt muuta töötajate vaba liikumise vähem atraktiivseks, rikkudes seeläbi ELTL artikli 45 lõiget 1 (vt selle kohta 30. septembri 2003. aasta kohtuotsus Köbler, C‑224/01 , EU:C:2003:513 , punkt , ja 10. oktoobri 2019. aasta kohtuotsus Krah, C‑703/17 , EU:C:2019:850 , punkt ). Põhikohtuasja puhul tuleb märkida, et TV‑Li § 16 lõike 2 kohaselt võetakse Alam-Saksi liidumaa poolt tööle võetud töötaja asjakohast erialast töökogemust, mis on omandatud teiste tööandjate kui see territoriaalne haldusüksus, arvesse üksnes osaliselt. Euroopa Kohtu praktikast ilmneb aga, et asjakohase erialase töökogemuse osalise arvessevõtmise puhul tuleb eristada ühelt poolt võrdväärset erialast töökogemust ja teiselt poolt mis tahes muud liiki erialast töökogemust, mis on kooliõpetaja ülesannete täitmisel lihtsalt kasulik (10. oktoobri 2019. aasta kohtuotsus Krah, C‑703/17 , EU:C:2019:850 , punkt ). Võrdväärse erialase töökogemuse kohta tuleb märkida, et Saksamaalt pärit võõrtöötajad, sealhulgas need, kes on pärit Alam-Saksi liidumaalt ja kes kavatsevad rohkem kui kolme aasta jooksul töötada kooliõpetajana või sellega võrdväärses ametis ühes või mitmes koolis või võrreldavas asutuses, mis asub väljaspool seda liidumaad ja eelkõige muus liikmesriigis kui Saksamaa Liitvabariik, kallutatakse sellest kavatsusest loobuma. Täpsemalt heidutatakse neid pärsib oma päritoluliikmesriigist lahkumast ja mõne teise liikmesriigi territooriumile minemast, et töötada seal kooliõpetajana või sellega võrdväärses ametis, see, kui Alam-Saksi liidumaale tagasipöördumisel ei võeta seal nende erialast töökogemust nende töötasuastme ja -järgu määramisel täiel määral arvesse, hoolimata sellest, et nad tegid teises liikmesriigis sisuliselt samasugust tööd (vt selle kohta 30. septembri 2003. aasta kohtuotsus Köbler, C‑224/01 , EU:C:2003:513 , punkt , ja 10. oktoobri 2019. aasta kohtuotsus Krah, C‑703/17 , EU:C:2019:850 , punkt ). Kui käesoleval juhul võetaks täiel määral arvesse Saksamaalt pärit võõrtöötajate, sealhulgas Alam-Saksi liidumaalt pärit võõrtöötajate võrdväärset erialast töökogemust, mis on omandatud muus liikmesriigis kui Saksamaa Liitvabariigis asuvas koolis või võrreldavas asutuses, tähendaks see, et nendele töötajatele, kes on rohkem kui kolm aastat töötanud õpetaja ametis või täitnud sellega võrdväärseid ülesandeid, kohaldataks töötasuastme ja -järgu määramisel samu tingimusi kui Alam-Saksi liidumaa töötajatele, kes on kokku sama pika aja jooksul töötanud õpetaja ametis nimetatud liidumaa koolides. Seetõttu võib põhjendatult eeldada, et kui need töötajad peavad otsustama, kas kandideerida kooliõpetaja töökohale muus liikmesriigis kui Saksamaa Liitvabariik asuvates koolides ja oma päritoluriigist lahkuda, siis on see nende jaoks tähtis aspekt (vt selle kohta 10. oktoobri 2019. aasta kohtuotsus Krah, C‑703/17 , EU:C:2019:850 , punkt ). Mis seevastu puudutab kogu erialase töökogemuse – mis ei ole küll võrdväärne, kuid on õpetaja ülesannete täitmiseks lihtsalt kasulik – arvessevõtmist, siis ELTL artiklis 45 sätestatud töötajate vaba liikumise põhimõte ei nõua kogu sellise töökogemuse arvessevõtmist, sest see ei ole vajalik, tagamaks, et Alam-Saksi liidumaa poolt tööle võetud töötajate, kes ei ole kunagi kasutanud õigust vabalt liikuda, ja nende töötajate, kes on seda õigust kasutanud, suhtes kohaldataks töötasuastme ja -järgu määramisel samasuguseid tingimusi. Arvamus, et töötajat, kelle võrdväärset erialast töökogemust, mille ta võib omandada muus liikmesriigis kui tema päritoluliikmesriik, võetaks Alam-Saksi liidumaa koolis õpetajana tööleasumisel tema töötasuastme ja -järgu esialgsel määramisel täielikult arvesse, pärsiks tema päritoluliikmesriigist lahkumast see, kui tema mis tahes muud liiki erialast töökogemust, mille ta võib selles teises liikmesriigis omandada, ei võetaks täiel määral arvesse, tundub nimelt põhinevat asjaolude kogumil, mis on liialt oletuslik ja ettenägematu selleks, et seda saaks pidada töötajate vaba liikumise takistuseks (vt selle kohta 10. oktoobri 2019. aasta kohtuotsus Krah, C‑703/17 , EU:C:2019:850 , punkt ). Käesoleval juhul ilmneb toimikust, et tulenevalt liikmesriigi sellise õigusnormi kohaldamisest, mida tuleb tõlgendada kitsalt, tunnustas Alam-Saksi liidumaa WNi poolt Prantsusmaal omandatud erialast töökogemust kui erialast töökogemust, mis on omandatud töö käigus, mis on sisuliselt võrdväärne sellega, mille jaoks nimetatud liidumaa ta tööle võttis. Sellest järeldub, et kuna niisugune liikmesriigi õigusnorm, nagu on kõne all põhikohtuasjas, ei võta täiel määral arvesse muus liikmesriigis kui võõrtöötaja päritoluliikmesriik varem tehtud võrdväärse töö perioode, võib see muuta töötajate vaba liikumise vähem atraktiivseks, olles vastuolus ELTL artikli 45 lõikega 1 ja kujutades endast seega selle vabaduse takistust. Niisugune meede on vastuvõetav ainult juhul, kui see järgib EL toimimise lepinguga kooskõlas olevat õigustatud eesmärki ja kui see on põhjendatud ülekaaluka üldise huviga. Lisaks peab selle kohaldamine sellisel juhul olema taotletud eesmärgi saavutamiseks sobiv ega tohi minna kaugemale sellest, mis on eesmärgi saavutamiseks vajalik (10. oktoobri 2019. aasta kohtuotsus Krah, C‑703/17 , EU:C:2019:850 , punkt ). Esiteks, küsimuse kohta, kas seda meedet võib põhjendada eesmärgiga tagada tähtajaliste ja tähtajatute töötajate võrdse kohtlemise põhimõtte järgimine, märgib eelotsusetaotluse esitanud kohus, et TV‑Li § 16 lõike 2 teine lause on mõeldud olukordadeks, kus sama tööandja võtab tähtajalise töötaja uuesti tööle. Nimetatud kohus täpsustab, et viidatud riigisisese õigusnormi eesmärk on anda korduvalt töölevõetavatele töötajatele võimalus tõusta kõrgematesse töötasujärkudesse. Nimetatud kohus lisab, et TzBfG § 4 lõike 2 esimene lause, millega võetakse üle raamkokkuleppe klausli 4 lõige 4, on vastu võetud selleks, et kohelda tähtajalisi ja tähtajatuid töötajaid tööstaaži tunnustamisel võrdselt. Sellega seoses tuleb märkida, et toimikust nähtuvalt ei puuduta kogu omandatud võrdväärse erialase töökogemuse täiel määral arvessevõtmine vastavalt TV‑Li § 16 lõikele 2 sugugi üksnes isikuid, kes on oma erialase töökogemuse omandanud tähtajaliste töölepingute raames. Ei ole välistatud, et isik, kes on üles öelnud Alam-Saksi liidumaaga sõlmitud tähtajatu töölepingu, otsustab enne kuue kuu pikkuse ajavahemiku möödumist eelmise töösuhte lõpu ja uue töösuhte alguse vahel sõlmida selle liidumaaga uue töölepingu ning saada kasu TV‑Li § 16 lõikest 2. Käesoleval juhul ei ilmne Euroopa Kohtu käsutuses olevast toimikust, kas WNi töösuhe Prantsusmaal oli tähtajatu või tähtajaline. See faktiline asjaolu aga ei olegi kuigi oluline. WNile kohaldatakse Alam-Saksi liidumaaga töölepingu sõlmimisel nimelt igal juhul TV‑Li § 16 lõikes 2 ette nähtud ülemmäära, samas kui töötaja puhul, kes on teinud WNiga võrdväärset tööd varasema töösuhte raames Alam-Saksi liidumaaga, võetaks selle tööandjaga uue töölepingu sõlmimisel arvesse tema võrdväärset erialast töökogemust tervikuna, olenemata sellest, kas tema varasem tööleping oli tähtajaline või tähtajatu. Lisaks, selleks et tagada tähtajaliste ja tähtajatute töötajate võrdne kohtlemine, ei ole vaja jätta töötaja poolt teise tööandja juures omandatud võrdväärne erialane töökogemus osaliselt arvesse võtmata. Võrdse kohtlemise põhimõte ei nõua, et tähtajalised töötajad oleksid sellise teise töötajate rühmaga võrreldes eelisseisus. Teiseks, Alam-Saksi liidumaa ja Saksamaa valitsus väidavad enda õigustamiseks, et sama tööandja juures omandatud töökogemus võimaldab töötajal paremini oma tööülesandeid täita. Õiglase töötasu tagamiseks võib sellist eelist premeerida niisugust erialast töökogemust omavatele töötajatele kõrgema töötasu maksmisega. Sellega seoses piisab märkimisest, et Euroopa Kohtu käsutuses olevast toimikust selgub, et Alam-Saksi liidumaa tunnistas WNi poolt Prantsusmaal omandatud erialase töökogemuse töökogemuseks, mis on omandatud sellist tööd tehes, mis on sisuliselt võrdväärne tööga, mida tal tuleb teha selle liidumaaga sõlmitud töösuhtes. Kuna aga käesoleval juhul loetakse seda töökogemust sisuliselt võrdväärseks Alam-Saksi liidumaa koolides omandatud töökogemusega, ei õigusta asjaolu, et see kogemus omandati teises liikmesriigis, selle arvessevõtmist ainult teatava ülemmäärani. Sellist liikmesriigi meedet nagu põhikohtuasjas, mis võtab võrdväärset töökogemust arvesse piiratud ulatuses, ei saa pidada meetmeks, mis sellist töökogemust täielikult väärtustaks, ning seega ei ole see põhjendatud (vt selle kohta 8. mai 2019. aasta kohtuotsus Österreichischer Gewerkschaftsbund, C‑24/17 , EU:C:2019:373 , punkt ). Kolmandaks, Alam-Saksi liidumaa ja Saksamaa valitsus väidavad, et põhikohtuasjas vaidluse all olev meede on põhjendatud eesmärgiga hoida töötajaid oma tööandja juures. Nende argumentide raames lisab Saksamaa valitsus, et erinevalt kohtuasjast, milles tehti 30. septembri 2003. aasta kohtuotsus Köbler ( C‑224/01 , EU:C:2003:513 ) ja kus käsitleti olukorda, kus erinevad Austria ülikoolid konkureerisid omavahel, on põhikohtuasja puhul teatavad töötingimused, st õpetuse sisu ja töötasu, kõikides Alam-Saksi liidumaa avalik-õiguslikes koolides sarnased. Sellest järeldub, et põhikohtuasjas vaidluse all olev õigusnorm sobib eesmärgi – hoida töötaja tööandja juures – saavutamiseks. Siinkohal tuleb märkida, et kohtuasjas, milles tehti 30. septembri 2003. aasta kohtuotsus Köbler ( C‑224/01 , EU:C:2003:513 ), puudutas eelotsusetaotluse esitanud kohtu kolmas küsimus muu hulgas seda, kas Austria õiguses tööstaaži eest ette nähtud erihüvitist saab pidada preemiaks, mida makstakse Austria ülikooli õppejõududele oma ainsa tööandja ehk Austria riigi juures püsimise eest. Sarnaselt osutatud kohtuasjale on ka põhikohtuasjas nii, et olenemata sellest, et kõik avalik-õiguslike koolide õpetajad on üheainsa tööandja ehk Alam-Saksi liidumaa töötajad, töötavad nad Alam-Saksi liidumaa erinevates avalik-õiguslikes koolides. Selles kontekstis tuleb esiteks märkida, et isegi eeldusel, et teatavad töötingimused, st õpetuse sisu ja töötasu, on kõikides Alam-Saksi liidumaa avalik-õiguslikes koolides sarnased, ei saa välistada, et on ka teisi tingimusi, mis tekitavad nende koolide vahelise konkurentsi, näiteks erinevate koolide maine. Igal juhul konkureerivad need koolid avalik-õiguslike koolide õpetajate tööturul teiste territoriaalsete haldusüksuste, teiste liikmesriikide ja kolmandate riikide koolidega. Seetõttu ei ole vastupidi käesoleva kohtuotsuse punktis 41 käsitletud Alam-Saksi liidumaa ja Saksamaa valitsuse argumendile põhikohtuasjas vaidluse all olev meede sobiv kooliõpetaja hoidmiseks oma töökohal, kuna tal on õigus saada tema erialasest töökogemusest lähtuvalt kindlaks määratud töötasu ka siis, kui ta vahetab kooli selle liidumaa piires (vt analoogia alusel 30. septembri 2003. aasta kohtuotsus Köbler, C‑224/01 , EU:C:2003:513 , punkt , ja 10. märtsi 2005. aasta kohtumäärus Marhold, C‑178/04 , ei avaldata, EU:C:2005:164 , punkt ). Teiseks tuleb tõdeda, et selline liikmesriigi õigusnorm, nagu on vaidluse all põhikohtuasjas, võib mõjutada kooliõpetaja otsust, kui tal on valida Alam-Saksi liidumaa koolis töötamise ja väljaspool seda liidumaad ning ennekõike väljaspool Saksamaa Liitvabariiki asuvas koolis töötamise vahel (vt analoogia alusel 30. septembri 2003. aasta kohtuotsus Köbler, C‑224/01 , EU:C:2003:513 , punkt , ja 10. märtsi 2005. aasta kohtumäärus Marhold, C‑178/04 , ei avaldata, EU:C:2005:164 , punkt ). Seega toob põhikohtuasjas vaidluse all olev õigusnorm kaasa kooliõpetajate tööjõuturu eraldamise Alam-Saksi liidumaa territooriumil ja läheb ühtlasi vastuollu töötajate vaba liikumise põhimõttega (vt analoogia alusel 30. septembri 2003. aasta kohtuotsus Köbler, C‑224/01 , EU:C:2003:513 , punkt , ja 10. märtsi 2005. aasta kohtumäärus Marhold, C‑178/04 , ei avaldata, EU:C:2005:164 , punkt ). Põhikohtuasjas vaidluse all oleva meetme eriomaseid tunnusjooni arvesse võttes tuleb tõdeda, et takistus, mille see loob, ei ole käesoleval juhul põhjendatav eesmärgiga hoida töötajaid oma tööandja juures. Neljandaks väidab Alam-Saksi liidumaa, et sama tööandja juures omandatud kogu erialase töökogemuse täiel määral tunnustamine soodustab niisuguse kogemuse omandanud töötajate naasmist selle tööandja juurde kuue kuu jooksul alates eelmise töösuhte lõpust. Siinkohal tuleb täpsustada, et nähtuvalt käesoleva kohtuotsuse punktist 11 võttis Alam-Saksi liidumaa WNi õpetajana tööle vähem kui kuus kuud pärast seda, kui oli lõppenud tema eelmise töösuhe teise tööandjaga. Tuleb rõhutada, et põhikohtuasjas vaidluse all olev riigisisene õigusnorm hõlmab kahte elementi, millest esimene on territoriaalse haldusüksuse teenistuses täitunud töötamise perioodide tervikuna arvessevõtmine ja teine on muu tööandja kui see haldusüksus juures omandatud erialase töökogemuse osaline arvesse võtmata jätmine. Alam-Saksi liidumaa väidab, et territoriaalse haldusüksuse teenistuses täitunud töötamise perioodide tervikuna arvessevõtmine soodustab töötajate naasmist pärast nende töösuhte lõppu, kuid ta ei selgita, mis põhjustel ta leiab, et ülempiiri seadmine muu tööandja kui selle haldusüksuse juures omandatud võrdväärse erialase töökogemuse arvessevõtmine aitab kaasa selle liidumaa teenistusse naasmisele. Igal juhul, selline liikmesriigi meede, nagu on vaidluse all põhikohtuasjas ja mis osaliselt välistab muu tööandja kui põhikohtuasjas osaleva territoriaalse haldusüksuse juures, või teises liikmesriigis asuva tööandja juures omandatud võrdväärse erialase töökogemuse arvessevõtmise, ei ole niisugune, mis soodustaks selle territoriaalse haldusüksuse juures töökogemuse omandanud töötajate naasmist. See pigem takistab neil võrdväärse erialase töökogemuse omandamist muu tööandja kui selle territoriaalse haldusüksuse juures, sealhulgas teises liikmesriigis asuva tööandja juures. Sellest järeldub, et seda meedet ei saa pidada taotletava eesmärgi saavutamiseks sobivaks. Kõiki eeltoodud kaalutlusi arvestades tuleb esitatud küsimusele vastata, et ELTL artikli 45 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus liikmesriigi õigusnormid, mis näevad ette, et territoriaalse haldusüksuse valitsemisalas olevas koolis töötava õpetaja varasema töötamise perioode, mis ei ole täitunud selle haldusüksuse juures, vaid muu tööandja juures, kes asub teises liikmesriigis, juhul kui tehtud töö on võrdväärne tööga, mida see töötaja peab kõnealuses kooliõpetaja ametis tegema, võetakse selle töötaja töötasu suuruse kindlaksmääramisel arvesse maksimaalselt kolme aasta ulatuses. Kohtukulud Kuna põhikohtuasja poolte jaoks on käesolev menetlus eelotsusetaotluse esitanud kohtus pooleli oleva asja üks staadium, otsustab kohtukulude jaotuse liikmesriigi kohus. Euroopa Kohtule seisukohtade esitamisega seotud kulusid, välja arvatud poolte kohtukulud, ei hüvitata. Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (seitsmes koda) otsustab: ELTL artikli 45 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus liikmesriigi õigusnormid, mis näevad ette, et territoriaalse haldusüksuse valitsemisalas olevas koolis töötava õpetaja varasema töötamise perioode, mis ei ole täitunud selle haldusüksuse juures, vaid muu tööandja juures, kes asub teises liikmesriigis, juhul kui tehtud töö on võrdväärne tööga, mida see töötaja peab kõnealuses kooliõpetaja ametis tegema, võetakse selle töötaja töötasu suuruse kindlaksmääramisel arvesse maksimaalselt kolme aasta ulatuses. Allkirjad ( *1 ) Kohtumenetluse keel: saksa.

62016CJ0300

it

Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 16 marzo 2016, Frucona Košice/Commissione (causa T‑103/14; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2016:152 ), con cui è stata annullata la decisione 2014/342/UE della Commissione, del 16 ottobre 2013, relativa all’aiuto di Stato SA.18211 (C 25/05) (ex NN 21/05) concesso dalla Repubblica slovacca a favore di Frucona Košice a.s. ( GU 2014, L 176, pag. 38 ; in prosieguo: la «decisione controversa»). Fatti I fatti all’origine della controversia sono stati riassunti ai punti da 1 a 34 della sentenza impugnata nei seguenti termini: «Evoluzione della situazione della [Frucona Košice] e procedura di concordato (…) La Frucona Košice a.s. (…) è una società di diritto slovacco che era attiva, in particolare, nel settore della produzione di alcool e alcolici. Nel periodo compreso tra il novembre 2002 e il novembre 2003, la [Frucona Košice] beneficiava di moratorie di pagamento di debiti fiscali costituiti da accise di cui era debitrice. Tali moratorie le erano state concesse a seguito della costituzione di garanzie finanziarie a favore della competente amministrazione finanziaria locale, ossia l’ufficio Košice IV (in prosieguo: l’“amministrazione finanziaria locale”). Il 25 febbraio 2004, la [Frucona Košice], a causa di incombenti difficoltà finanziarie, non era in grado di provvedere al versamento delle accise relative al gennaio 2004 della quale era debitrice. A seguito di una riforma legislativa in vigore dal 1 o gennaio 2004, la [Frucona Košice] non poteva più ottenere ulteriori moratorie di pagamento. Di conseguenza, la [Frucona Košice] si vedeva ritirare la propria licenza di produzione e di trasformazione di alcool e alcolici. Da allora, essa limitava la propria attività alla distribuzione, con il marchio Frucona, di alcolici acquistati presso la O.H., una società che, conformemente ad un accordo con la [Frucona Košice], li produceva sotto licenza nelle fabbriche di alcolici di quest’ultima. La [Frucona Košice] si veniva inoltre a trovare in una situazione di indebitamento ai sensi dello zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní (legge n. 328/1991, relativa alla liquidazione giudiziaria e al concordato). L’8 marzo 2004, la [Frucona Košice] presentava domanda di apertura di procedura di concordato dinanzi al Krajský súd v Košiciach [Tribunale della regione di Košice (Slovacchia)], proponendo a ciascuno dei propri creditori il pagamento di una percentuale pari al 35% dell’importo della somma loro dovuta (in prosieguo: la “proposta di concordato”). Il debito totale della [Frucona Košice] ammontava a circa 644,6 milioni di corone slovacche (SKK) [(circa EUR 21,4 milioni)], di cui circa SKK 640,8 milioni di debito [(circa EUR 21,3 milioni)] d’imposta. Con decisione del 29 aprile 2004, il Krajský súd v Košiciach [(tribunale della regione di Košice)] autorizzava l’avvio della procedura di concordato. Il 9 luglio 2004, all’udienza di esame del concordato, i creditori della [Frucona Košice], compresa l’amministrazione finanziaria locale, accettava la proposta di concordato. Nell’ambito di tale procedura di concordato, l’amministrazione finanziaria locale agiva quale creditore distinto, status della quale beneficiava in virtù delle garanzie costituite a suo favore nell’ambito delle moratorie di pagamento delle accise dovute dalla [Frucona Košice] (v. punto 2 supra). La [Frucona Košice] afferma di aver segnatamente sottoposto all’amministrazione finanziaria locale, prima del 9 luglio 2004, una relazione di revisione contabile redatta da una società di revisione indipendente (in prosieguo: la “relazione E”), al fine di consentire a detta autorità di valutare i rispettivi vantaggi della proposta di concordato e di liquidazione giudiziaria. Il 21 giugno 2004, l’amministrazione tributaria slovacca procedeva ad un’ispezione in loco nei locali della [Frucona Košice]. Nell’ambito di tale ispezione, veniva accertata la situazione finanziaria di quest’ultima alla data del 17 giugno 2004. Con decisione del 14 luglio 2004, il Krajský súd v Košiciach [tribunale della regione di Košice] omologava il concordato, ai sensi del quale, il credito dell’amministrazione tributaria slovacca doveva essere rimborsato per un importo pari al 35%, cioè per un ammontare di circa SKK 224,3 milioni [(circa EUR 7,45 milioni)]. Con lettera del 20 ottobre 2004, l’amministrazione finanziaria locale comunicava, in particolare, alla [Frucona Košice] che le modalità del concordato, secondo le quali una parte del debito d’imposta non doveva essere rimborsata, configuravano un aiuto di Stato indiretto soggetto all’autorizzazione della Commissione delle Comunità europee. Il 17 dicembre 2004, la [Frucona Košice] versava segnatamente all’amministrazione finanziaria locale l’importo di SKK 224,3 milioni [(circa EUR 7,45 milioni)], corrispondente al 35% del proprio debito d’imposta complessivo. Con decisione del 30 dicembre 2004, il Krajský súd v Košiciach [Tribunale della regione di Košice] dichiarava chiusa la procedura di concordato. Il 18 agosto 2006 il Krajský súd v Košiciach [Tribunale della regione di Košice] ha ridotto l’importo da versare all’autorità finanziaria locale a SKK 224,1 milioni [(circa EUR 7,44 milioni)]. Procedimento amministrativo Il 15 ottobre 2004, veniva presentata alla Commissione una denuncia relativa ad un presunto aiuto illegittimo a favore della [Frucona Košice]. Con lettera del 4 gennaio 2005, la Repubblica slovacca informava la Commissione, a seguito della richiesta di informazioni di quest’ultima, della possibilità che la [Frucona Košice] avesse percepito un aiuto illegittimo chiedendo di autorizzare l’aiuto in quanto aiuto al salvataggio concesso ad un’impresa in difficoltà. Dopo aver raccolto informazioni complementari, la Commissione, con lettera del 5 luglio 2005, notificava alla Repubblica slovacca la propria decisione di avviare il procedimento d’indagine formale previsto dall’articolo 88, paragrafo 2, CE in relazione alla misura in questione. Tale decisione veniva pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( GU 2005, C 233, pag. 47 ). Con lettera del 10 ottobre 2005, la Repubblica slovacca comunicava le proprie osservazioni sulla misura in questione alla Commissione. Con lettera del 24 ottobre 2005, la [Frucona Košice] trasmetteva parimenti proprie osservazioni sulla misura in questione alla Commissione. Esse venivano trasmesse alla Repubblica slovacca al fine di consentire a quest’ultima di rispondere, cosa che essa faceva con lettera del 16 dicembre 2005. Decisione iniziale Il 7 giugno 2006, la Commissione adottava la decisione 2007/254/CE, relativa all’aiuto di Stato C 25/2005 (ex NN 21/2005) concesso dalla Repubblica slovacca a favore di Frucona Košice, a.s. ( GU 2007, L 112, pag. 14 ; in prosieguo: la “decisione iniziale”). Nel dispositivo di tale decisione si dichiarava, all’articolo 1, che l’aiuto di Stato concesso dalla Repubblica slovacca a favore della [Frucona Košice], per un importo di SKK 416515990 [(circa EUR 13900000)], era incompatibile con il mercato comune ingiungendone il recupero al successivo articolo 2. Procedimento dinanzi al Tribunale e alla Corte Il 12 gennaio 2007, la [Frucona Košice] presentava dinanzi al Tribunale un ricorso inteso all’annullamento della decisione iniziale. Con sentenza del 7 dicembre 2010, Frucona Košice/Commissione [( T‑11/07 , EU:T:2010:498 )], il Tribunale dichiarava il ricorso infondato. A seguito di impugnazione proposta dalla [Frucona Košice] ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la Corte, con sentenza del 24 gennaio 2013, Frucona Košice/Commissione [( C‑73/11 P , EU:C:2013:32 )], annullava la sentenza Frucona Košice/Commissione, [( T‑11/07 , EU:T:2010:498 )]. Nell’ambito della valutazione nel merito della controversia in primo grado, la Corte dichiarava che la Commissione, avendo omesso di prendere in considerazione, nell’ambito della valutazione del criterio del creditore privato, la durata del procedimento di liquidazione giudiziaria, era incorso in un manifesto errore di valutazione, ovvero che, nei limiti in cui essa aveva preso in considerazione tale aspetto, aveva omesso di motivare in termini sufficientemente validi la decisione iniziale. Infine, la Corte rinviava la causa al Tribunale affinché questo statuisse sui motivi dinanzi ad esso sollevati sui quali non si era pronunciato. A seguito della sentenza [del 24 gennaio 2013, Frucona Košice/Commissione, ( C‑73/11 P , EU:C:2013:32 )], e al fine di porre rimedio alle carenze rilevate dalla Corte, la Commissione adottava, in data 16 ottobre 2013, la decisione [controversa], il cui articolo 1 dispone che la decisione iniziale “è abrogata”. Successivamente, con [ordinanza del 21 marzo 2014, Frucona Košice/Commissione ( T‑11/07 RENV, non pubblicata, EU:T:2014:173 )], il Tribunale (…) dichiarava (…) che non occorreva più statuire sul ricorso di annullamento della decisione iniziale. Decisione [controversa] (…) Nella decisione [controversa], la Commissione ha ritenuto, segnatamente, che fosse necessario esaminare la questione se, in sostanza, accettando la proposta di concordato e, pertanto, la cancellazione del 65% del suo credito, l’amministrazione finanziaria locale si fosse comportata nei confronti della [Frucona Košice] come un creditore privato in economia di mercato. Essa ha precisato, a tal riguardo, che l’amministrazione, in qualità di creditore della [Frucona Košice], si trovava in una posizione insolitamente forte, in quanto la situazione giuridica ed economica di tale autorità era più vantaggiosa di quella dei creditori privati della [Frucona Košice]. L’amministrazione finanziaria locale deteneva, infatti, oltre il 99% di tutti i crediti registrati ed era un creditore separato i cui crediti potevano essere soddisfatti in qualsiasi momento durante la procedura di liquidazione giudiziaria grazie alla vendita degli attivi garantiti (punto 80 della decisione [controversa]). In primo luogo, per quanto attiene al criterio del creditore privato, la Commissione ha osservato, in particolare, che l’applicabilità di tale criterio dipende dal fatto che lo Stato membro interessato concede, in una qualità diversa da quella di potere pubblico, un vantaggio economico ad un’impresa e che lo Stato membro, laddove invochi tale criterio nel corso del procedimento amministrativo, è tenuto, in caso di dubbio, a dimostrare inequivocabilmente e sulla base di elementi oggettivi e verificabili che la misura attuata sia ascrivibile al medesimo in quanto operatore privato in un’economia di mercato. L’Istituzione si è richiamata, a tal riguardo, alla sentenza del 5 giugno 2012, Commissione/EDF [( C‑124/10 P , EU:C:2012:318 , punti da a )] (punto 82 della decisione [controversa]). Al punto 83 della decisione [controversa], la Commissione ha dichiarato quanto segue: “In breve, la Repubblica slovacca sostiene che, a suo parere, la misura in questione costituisce un aiuto di Stato. Riconosce che, al momento del concordato, la questione dell’aiuto di Stato non è stata proprio presa in considerazione e ha chiesto che la misura contestata fosse trattata come un aiuto al salvataggio. Appare pertanto che, nel caso di specie, i requisiti della succitata giurisprudenza non sono stati soddisfatti e che la misura contestata costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE”. In secondo luogo, dopo aver osservato, al punto 84 della decisione [controversa], che, “[la Frucona Košice aveva] invece sostenuto che la misura non si configura[va] come un aiuto e [aveva] presentato la documentazione sopra descritta, in particolare le relazioni di due revisori contabili”, la Commissione ha verificato se la Repubblica slovacca si fosse comportata, nei confronti della [Frucona Košice], come un creditore privato. A tal fine, la Commissione, in primo luogo, ha posto a raffronto, alla luce delle prove presentate dalla [Frucona Košice], la procedura di concordato e quella di liquidazione giudiziaria (punti da 88 a 119 della decisione [controversa]); in secondo luogo, ha posto a raffronto le procedure di concordato e di esecuzione fiscale (punti da 120 a 127 della decisione [controversa]) e, in terzo luogo, ha valutato le altre prove prodotte dalle autorità slovacche e dalla [Frucona Košice] (punti da 128 a 138 della decisione [controversa]). In sostanza, la Commissione ha ritenuto che sia la procedura di liquidazione giudiziaria sia quella di esecuzione fiscale fossero, dal punto di vista dell’amministrazione finanziaria locale, alternative più vantaggiose rispetto alla proposta di concordato (punti 119, 124 e 127 della decisione [controversa]). La Commissione ha concluso, al punto 139 della decisione [controversa], che il criterio del creditore privato non era soddisfatto e che la Repubblica slovacca aveva concesso alla [Frucona Košice] un vantaggio che quest’ultima non avrebbe potuto ottenere in condizioni di mercato. Al punto 140 di detta decisione, essa ha concluso che la cancellazione del debito approvata dall’amministrazione finanziaria locale nell’ambito del concordato costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Infine, al punto 182 di questa stessa decisione, la Commissione ha concluso che tale aiuto di Stato non era compatibile con il mercato interno. Il dispositivo della decisione [controversa] consta di cinque articoli. A termini dell’articolo 1 della decisione [controversa], “[l]a decisione [iniziale] è abrogata” (v. punto 22 supra). Ai sensi del successivo articolo 2 [della decisione controversa], l’aiuto di Stato che la Repubblica slovacca ha concesso in favore della [Frucona Košice], per un importo di SKK 416515990 [(circa EUR 13900000)], è incompatibile con il mercato interno. Al successivo articolo 3 [della decisione controversa], la Commissione ingiunge alla Repubblica slovacca il recupero dell’aiuto in questione, già posto illegalmente a disposizione della [Frucona Košice], maggiorato degli interessi di mora». Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 febbraio 2014, la Frucona Košice proponeva ricorso ai fini dell’annullamento della decisione controversa. A sostegno del proprio ricorso deduceva quattro motivi: il primo attiene alla violazione dei diritti della difesa; il secondo, ad un errore di diritto che vizierebbe il punto 83 della decisione controversa; il terzo, ad errori di fatto e di diritto che inficerebbero la conclusione secondo la quale la procedura di liquidazione giudiziaria sarebbe stata più vantaggiosa della procedura di concordato; e, il quarto, ad errori di fatto e di diritto che vizierebbero la conclusione secondo la quale la procedura di esecuzione fiscale sarebbe stata più vantaggiosa della procedura di concordato. Con la sentenza impugnata, il Tribunale respingeva il primo e il secondo motivo di impugnazione accogliendo invece il terzo e il quarto. Conseguentemente, annullava la decisione controversa condannando la Commissione alle spese. Conclusioni delle parti La Commissione chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata; – in via principale, respingere il ricorso e condannare la Frucona Košice alle spese, e – in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale e riservare la decisione sulle spese. La Frucona Košice chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione, e – condannare la Commissione alle spese. Sull’impugnazione A sostegno del proprio ricorso, la Commissione deduce sei motivi: il primo attiene all’erronea interpretazione della decisione controversa; il secondo e il quarto al mancato rispetto delle condizioni di applicabilità del criterio del creditore privato; il terzo motivo alla violazione dei principi dell’autorità della cosa giudicata e ne ultra petita; il quinto motivo ad un’erronea applicazione del criterio del creditore privato ed il sesto alla mancata considerazione dei limiti del proprio obbligo di procedere ad un esame diligente e imparziale. Appare opportuno esaminare, in primo luogo, il secondo e quarto motivo, in secondo luogo il primo motivo, in terzo luogo il terzo motivo e, in ultimo luogo, il quinto e il sesto motivo. Sul secondo e sul quarto motivo, relativi all’applicabilità del criterio del creditore privato Argomenti delle parti Con il secondo motivo, la Commissione sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto laddove, ai punti da 109 a 118 della sentenza impugnata, ha ritenuto che il criterio del creditore privato possa essere utilmente invocato dal beneficiario dell’aiuto. Secondo la Commissione, tale criterio si ricollega al punto di vista soggettivo dell’ente pubblico allorché questo decide di adottare la misura in questione. Pertanto, da un lato, rivelare o meno le proprie intenzioni in quel momento sarebbe una scelta che costituisce un diritto soggettivo dello Stato membro in questione, di modo che tale diritto non potrebbe essere invocato da terzi. Dall’altro lato, solamente detto Stato membro disporrebbe di tutti gli elementi rilevanti sulla base dei quali ha fondato la propria opinione al momento della decisione di adottare la misura in questione. Spetterebbe, pertanto, allo Stato membro medesimo invocare il criterio del creditore privato e fornire gli elementi richiesti. Orbene, nella specie, come risulterebbe dai considerando da 128 a 132 della decisione controversa, la Commissione sarebbe stata in possesso di elementi comprovanti che la posizione della Repubblica slovacca era chiara e coerente, tanto in risposta alla denuncia che al momento stesso dell’approvazione del concordato: lo Stato membro medesimo avrebbe sempre indicato che, a suo avviso, si sarebbe trattato di un aiuto di Stato. La Commissione aggiunge che, sebbene fosse corretto considerare che il beneficiario dell’aiuto potesse invocare il criterio del creditore privato, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel non aver imposto alla Frucona Košice di stabilire, allo stesso modo di uno Stato membro, inequivocabilmente e sulla base di elementi oggettivi e verificabili, che la misura attuata fosse riconducibile alla qualità di creditore privato di detto Stato membro. Con il quarto motivo, la Commissione sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto laddove ha dichiarato, al punto 247 della sentenza impugnata, che la Commissione non può distinguere, per quanto riguarda l’applicabilità del criterio dell’operatore privato, in funzione delle diverse alternative alla misura controversa. Poiché l’applicazione del criterio del creditore privato riposa sugli elementi forniti per stabilire la sua applicabilità, l’errore del Tribunale consisterebbe nella decisione secondo cui l’applicazione di detto criterio rappresenterebbe un esercizio astratto per ricostruire d’ufficio la condotta di un ipotetico creditore privato ideale, razionale e pienamente informato. Pertanto, essendo evidente che al creditore pubblico non sarebbe stata fornita alcuna informazione relativa ad una linea di condotta specifica, qualunque comparazione della condotta di tale ente con quella di un creditore privato in una situazione analoga non avrebbe alcun senso. Tale criterio non sarebbe quindi applicabile nella specie. La Commissione rileva che è pacifico, nel caso di specie, che all’epoca non sia stata operata alcuna comparazione, secondo il criterio del creditore privato, tra la proposta di concordato e la procedura di esecuzione fiscale. Pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi sulla questione se il punto 120 della decisione controversa contenesse, in effetti, la conclusione implicita secondo cui il criterio del creditore privato non era applicabile. La Frucona Košice contesta la fondatezza della tesi della Commissione. Giudizio della Corte Secondo consolidata giurisprudenza della Corte, la qualificazione come «aiuto di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, esige che siano soddisfatte tutte le condizioni enunciate da tale disposizione. Così, in primo luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali. In secondo luogo, tale intervento deve essere idoneo ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri. In terzo luogo, deve concedere un vantaggio selettivo al suo beneficiario. In quarto luogo, esso deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (sentenze del 21 dicembre 2016, Commissione/Hansestadt Lübeck, C‑524/14 P , EU:C:2016:971 , punto , nonché del 21 dicembre 2016, Commissione/World Duty Free Group SA e a., C‑20/15 P e C‑21/15 P , EU:C:2016:981 , punto ). Il concetto di «aiuto» comprende non soltanto prestazioni positive quali le sovvenzioni, ma anche interventi che, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, hanno la stessa natura e producono identici effetti (sentenza del 21 marzo 2013, Commissione/Buczek Automotive, C‑405/11 P , non pubblicata, EU:C:2013:186 , punto ). Tuttavia, le condizioni che devono ricorrere affinché una misura possa ricadere nella nozione di «aiuto» ai sensi dell’articolo 107 TFUE, non sono soddisfatte qualora l’impresa beneficiaria potesse ottenere lo stesso vantaggio rispetto a quello procuratole per mezzo di risorse statali e in circostanze corrispondenti alle normali condizioni del mercato (sentenza del 24 gennaio 2013, Frucona Košice/Commissione, C‑73/11 P , EU:C:2013:32 , punto e giurisprudenza ivi citata). Tale valutazione va effettuata quando un creditore pubblico concede agevolazioni di pagamento per un debito dovutogli da un’impresa, applicando in linea di principio il criterio del creditore privato (sentenza del 21 marzo 2013, Commissione/Buczek Automotive, C‑405/11 P , non pubblicata, EU:C:2013:186 , punto ). Pertanto, il criterio dell’investitore privato non costituisce un’eccezione applicabile unicamente su richiesta di uno Stato membro qualora ricorrano gli elementi costitutivi della nozione di aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune, di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Infatti tale criterio, laddove applicabile, figura tra gli elementi che la Commissione deve prendere in considerazione al fine di accertare l’esistenza di un siffatto aiuto (v., in tal senso, sentenze del 5 giugno 2012, Commissione/EDF, C‑124/10 P , EU:C:2012:318 , punto , nonché del 21 marzo 2013, Commissione/Buczek Automotive, C‑405/11 P , non pubblicata, EU:C:2013:186 , punto ). Di conseguenza, qualora risulti che il criterio del creditore privato può risultare applicabile, incombe alla Commissione chiedere allo Stato membro interessato di fornirle tutte le informazioni rilevanti che le consentano di verificare il soddisfacimento dei requisiti di applicazione di tale criterio (sentenza del 21 marzo 2013, Commissione/Buczek Automotive, C‑405/11 P , non pubblicata, EU:C:2013:186 , punto ). In primo luogo, dalla giurisprudenza della Corte richiamata supra risulta che incombe alla Commissione, qualora risulti che il criterio del creditore privato possa risultare applicabile, esaminare tale ipotesi indipendentemente da qualsivoglia richiesta in tal senso. Pertanto, come sottolineato dall’avvocato generale ai paragrafi 72 e 76 delle proprie conclusioni, da un lato, nulla osta a che il beneficiario dell’aiuto possa invocare l’applicabilità di detto criterio e, dall’altro lato, laddove tale criterio venga invocato, incombe alla Commissione esaminare la sua applicabilità e, se del caso, la sua applicazione. In secondo luogo, per quanto concerne la pertinenza del punto di vista soggettivo dello Stato membro, va sottolineato che, come rilevato dall’avvocato generale al punto 74 delle proprie conclusioni, nel determinare se debba essere applicato il criterio dell’operatore privato occorre muovere dalla natura economica dell’azione dello Stato membro, e non dalle modalità con cui detto Stato, soggettivamente parlando, abbia ritenuto di agire o quali percorsi di azione alternativi abbia considerato prima di adottare la misura medesima. In ogni caso, il criterio del creditore privato è diretto ad esaminare se l’impresa beneficiaria non avrebbe manifestamente ottenuto analoghe agevolazioni da un creditore privato che si trovasse in una situazione la più simile possibile a quella del creditore pubblico e che tentasse di ottenere il pagamento delle somme dovutegli da un debitore in situazione di difficoltà finanziarie (sentenza del 24 gennaio 2013, Frucona Košice/Commissione, C‑73/11 P , EU:C:2013:32 , punto ) e, pertanto, se detta impresa avrebbe potuto ottenere lo stesso vantaggio rispetto a quello procuratole per mezzo di risorse statali e in circostanze corrispondenti alle normali condizioni del mercato (sentenza del 24 gennaio 2013, Frucona Košice/Commissione, C‑73/11 P , EU:C:2013:32 , punto ). Orbene, ne discende che l’esame che la Commissione deve, se del caso, condurre non può limitarsi alle sole opzioni di cui l’autorità pubblica competente abbia effettivamente tenuto conto, ma deve necessariamente riguardare l’insieme delle opzioni che un creditore privato avrebbe ragionevolmente individuato in una simile situazione. Quanto all’argomento invocato dalla Commissione nell’ambito del quarto motivo, è sufficiente rilevare che il Tribunale non ha commesso errori di diritto laddove ha affermato, al punto 247 della sentenza impugnata, che, dal momento che il criterio del creditore privato era applicabile in quanto tale, la Commissione non poteva distinguere, ai fini dell’applicabilità di detto criterio, secondo le diverse alternative alla misura controversa. Ne consegue che il secondo e il quarto motivo devono essere respinti in quanto infondati. Sul primo motivo, relativo ad un’erronea interpretazione della decisione controversa Argomenti delle parti La Commissione deduce, con il primo motivo, che il Tribunale ha erroneamente interpretato la decisione controversa nell’affermare, ai punti da 101 a 104 della sentenza impugnata, che l’Istituzione aveva ritenuto, in tale decisione, che il criterio del creditore privato fosse applicabile ai fatti del caso di specie. Pertanto, il Tribunale avrebbe erroneamente rilevato che dall’ultimo periodo del punto 80 della decisione medesima doveva dedursi che il criterio del creditore privato era applicabile nel caso di specie. Tale errore di interpretazione emergerebbe alla lettura dei successivi punti di detta decisione. Infatti, il punto 81 non verterebbe specificamente sulle condizioni di applicabilità di detto criterio, il punto 82 preciserebbe in maniera specifica la situazione per quanto concerne l’applicabilità di detto criterio e il punto 83, così come i punti da 128 a 132, verterebbero sulla questione dell’applicabilità del criterio medesimo. La Frucona Košice contesta la fondatezza della tesi della Commissione. Giudizio della Corte Innanzitutto, si deve rilevare che la decisione controversa non specifica espressamente che il criterio del creditore privato sarebbe inapplicabile nel caso di specie. Al contrario, applica tale criterio, sul quale è esplicitamente fondata la conclusione enunciata ai suoi punti 139 e 140, secondo cui la misura controversa costituisce un aiuto di Stato. Nel caso, poi, in cui la Commissione avesse nutrito dubbi in merito all’applicabilità di detto criterio, va ricordato che essa avrebbe dovuto, come risulta supra dal punto 24, chiedere allo Stato slovacco informazioni pertinenti a tale riguardo e procedere ad una valutazione globale di detti elementi (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2012, Commissione/EDF, C‑124/10 P , EU:C:2012:318 , punto ). Orbene, nella decisione controversa non vi è traccia né di una simile richiesta, né di un simile esame. Infine, va rilevato che la Commissione ha applicato il criterio del creditore privato dopo aver precisato, ai punti 84 e 86 della decisione controversa, che il beneficiario aveva fatto valere che l’accettazione della proposta di concordato non costituiva un aiuto di Stato, in quanto il procedimento di liquidazione giudiziaria sarebbe stato meno favorevole per lo Stato slovacco. Alla luce di tali rilievi, il primo motivo dev’essere respinto in quanto infondato. Sul terzo motivo, relativo ai principi di autorità di cosa giudicata e ne ultra petita Argomenti delle parti La Commissione fa valere che il Tribunale ha violato i principi di autorità di cosa giudicata e ne eat iudex ultra petita partium nel ritenere, ai punti da 123 a 126 della sentenza impugnata, che la Corte avesse implicitamente ma necessariamente considerato, nella propria sentenza del 24 gennaio 2013, Frucona Košice/Commissione ( C‑73/11 P , EU:C:2013:32 ), che il criterio del creditore privato fosse applicabile ai fatti del caso di specie e che, pertanto, accogliere la lettura della decisione controversa proposta dalla Commissione determinasse una violazione dell’autorità di cosa giudicata. La Frucona Košice contesta la tesi della Commissione. Giudizio della Corte Poiché il terzo motivo riguarda il ragionamento svolto ad abundantiam a sostegno della decisione del Tribunale, secondo cui il criterio del creditore privato sarebbe stato applicabile ai fatti del caso di specie e il primo, secondo e quarto motivo, volti a contestare la medesima decisione del Tribunale, sono stati respinti in quanto infondati, il terzo motivo dev’essere respinto in quanto inconferente. Sul quinto e sesto motivo, relativi all’applicazione del criterio del creditore privato e all’obbligo della Commissione di condurre un esame diligente e imparziale Argomenti delle parti Con il quinto motivo, la Commissione, in primo luogo, sostiene che il criterio del creditore privato le impone di determinare il punto di vista soggettivo dell’autorità pubblica e di compararlo a quello di un creditore privato nelle medesime circostanze. A tal proposito, risulterebbe dalla giurisprudenza della Corte che sono unicamente pertinenti gli elementi disponibili e le evoluzioni prevedibili al momento dell’adozione della decisione da parte dell’autorità pubblica stessa. La Commissione ne deduce che spetta allo Stato membro interessato dimostrare di aver dovuto effettivamente prendere in considerazione, nell’assumere la propria decisione, simili elementi ed evoluzioni, che devono essere comparabili a quelli che un operatore privato avrebbe necessariamente inteso conoscere prima di assumere la stessa decisione. Infatti, discenderebbe dalla giurisprudenza della Corte che l’applicazione del criterio del creditore privato escluderebbe che costui possa aver agito in modo casuale. Invero, può aver agito solamente con perfetta conoscenza di causa, dal momento che, secondo tale giurisprudenza, non sono sufficienti valutazioni economiche compiute dopo la concessione del beneficio in questione, l’accertamento retroattivo delle redditività dell’investimento realizzato dallo Stato membro interessato, o successive giustificazioni della scelta del procedimento effettivamente prescelto. Ciò non significa che le parti interessate non possano sottoporre informazioni o elementi utili per rendere edotta la Commissione, ad esempio, sulla natura e l’oggetto della misura di cui trattasi, sul suo contesto o sullo scopo perseguito. Tuttavia, non competerebbe a tali parti sostituire la loro valutazione a quella effettivamente condotta dallo Stato membro interessato al momento in cui quest’ultimo ha assunto la propria decisione, così come non competerebbe alla Commissione la ricostruzione d’ufficio della condotta dell’ipotetico creditore privato ideale, razionale e pienamente informato. Le informazioni fornite alla Commissione, oltre a quelle invocate dallo Stato membro interessato, potrebbero essere dirette a dimostrare che, sulla base delle informazioni effettivamente considerate dallo Stato membro medesimo, un creditore privato avrebbe o meno agito allo stesso modo. Tali informazioni non possono essere, tuttavia, volte a giustificare la decisione assunta con riferimento ad informazioni o elementi che non sono stati effettivamente presi in considerazione dallo Stato membro interessato. In secondo luogo, la Commissione rileva che il Tribunale, nell’esporre, al punto 137 della sentenza impugnata, il proprio criterio di analisi, ha omesso di restringere l’obbligo di verifica della Commissione agli elementi rilevanti di cui questa disponeva. Tale omissione avrebbe indotto il Tribunale a ritenere, al punto 201 della sentenza impugnata, che la Commissione avrebbe dovuto cercare di ottenere informazioni aggiuntive al fine di verificare e di supportare le proprie conclusioni dedotte dagli atti del procedimento amministrativo. Al menzionato punto 201, il Tribunale avrebbe così creato un nuovo requisito secondo il quale la Commissione sarebbe tenuta a ricostruire la condotta dell’ipotetico creditore privato ideale, razionale e pienamente informato, cercando tutti gli elementi e le informazioni «immaginabili», requisito che contrasterebbe con la stessa filosofia alla base del criterio del creditore privato, ossia una valutazione del punto di vista soggettivo dell’autorità pubblica al momento della sua decisione. Secondo la Commissione, i punti 137 e da 180 a 213 della sentenza impugnata sono quindi fondati, da un lato, sull’erronea considerazione che la giurisprudenza della Corte imponga alla Commissione di procedere ad un’analisi oggettiva e completa di vantaggi e svantaggi della procedura di liquidazione giudiziaria piuttosto che ad un’analisi basata sulla situazione soggettiva dell’autorità pubblica, e, dall’altro lato, su un’erronea lettura della decisione controversa, nel senso che ne risulterebbe che l’Istituzione avrebbe proceduto a detta analisi. In terzo luogo, la Commissione rileva che la decisione controversa è fondata sulla situazione degli attivi della Frucona Košice al 17 giugno 2004 e che, secondo il Tribunale, correttamente la Commissione non aveva accettato la metodologia del rapporto E per quanto riguarda la determinazione dei coefficienti di liquidazione di tali attivi. Tuttavia, poiché tali informazioni di natura economica costituivano le sole a disposizione dell’amministrazione finanziaria locale nel momento in cui questa ha deciso di accettare la proposta di concordato, la logica conseguenza di tali constatazioni di fatto sarebbe che un creditore privato che disponesse unicamente di dette informazioni non avrebbe acconsentito al concordato. Infatti, se la propria condotta fosse consistita nel sollecitare informazioni supplementari, un simile creditore non avrebbe accettato la proposta di concordato. La Commissione ritiene che, tenuto conto del proprio obbligo di eseguire la propria verifica esclusivamente rispetto alle informazioni e agli elementi di cui il creditore pubblico era effettivamente in possesso o che fossero di pubblico dominio, gli atti del procedimento amministrativo giustificassero validamente, in ogni caso, la propria conclusione secondo cui un creditore privato non avrebbe acconsentito al concordato. Infatti, il Tribunale non avrebbe indicato alcun elemento ulteriore, pertinente al momento dei fatti, che la Commissione avrebbe omesso di prendere in considerazione. Pertanto, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nell’affermare, ai punti 186 e 235 della sentenza impugnata, che gli elementi risultanti dal fascicolo non erano idonei a suffragare in maniera sufficiente ed univoca le conclusioni tratte dalla Commissione per valutare a SKK 435 milioni (circa EUR 14,5 milioni) il ricavato della vendita degli attivi in sede di liquidazione giudiziaria. La Commissione aggiunge che il Tribunale non indica l’ampiezza della prova che la Commissione avrebbe dovuto fornire né precisa se che detto standard obbligasse la Commissione a stabilire, in modo inequivoco, quale sarebbe stato il risultato della vendita. In quarto luogo, la Commissione deduce che gli errori di diritto da essa rilevati hanno parimenti viziato la valutazione del Tribunale relativa alla durata del procedimento di liquidazione giudiziaria nonché quella relativa al procedimento di esecuzione fiscale. Infatti, tali valutazioni sarebbero basate sul medesimo erroneo criterio e sul rigetto della valutazione da parte della Commissione del risultato della liquidazione degli attivi della Frucona Košice. Con il sesto motivo, la Commissione ritiene che i punti da 191 a 195 della sentenza impugnata possano essere interpretati quale contestazione alla Commissione di una violazione del proprio obbligo di procedere ad un’indagine diligente e imparziale. La Commissione fa valere che, qualora tale interpretazione fosse corretta, il Tribunale avrebbe attribuito a detto obbligo una portata erronea imponendo alla Commissione un onere eccessivo. A tal proposito, la Commissione rileva che, ai punti 187 e 191 della sentenza impugnata, il Tribunale ha correttamente rilevato che la Commissione ha contestato il valore probatorio del rapporto E compiendo pertanto deduzioni in base agli elementi offerti dalla Frucona Košice o da questa non contestati. Avrebbe successivamente deciso di condannare la Commissione per non aver richiesto informazioni aggiuntive al fine di verificare e fondare le conclusioni che essa aveva tratto da tali elementi, senza spiegare il tipo di elementi aggiuntivi che la Commissione avrebbe eventualmente potuto richiedere. La Commissione avrebbe basato la propria valutazione degli elementi di cui effettivamente disponeva in tale momento e avrebbe ritenuto di potersi riferire all’importo stabilito da parte del beneficiario, ammesso dall’amministrazione finanziaria e basato su rapporti imparziali, senza esigere la produzione di altri rapporti. In ogni caso, un creditore pubblico non avrebbe accettato che il proprio debitore non fondasse sufficientemente la stima del valore degli attivi offerti in garanzia al fine di ottenere un rapporto del proprio debito tributario. Nel caso di specie, l’amministrazione finanziaria aveva proceduto a proprie conclusioni quanto al valore di detti attivi, come risulterebbe dalla decisione di dilazionare il debito. La Frucona Košice contesta la tesi della Commissione. Giudizio della Corte In limine, va rilevato che il quinto e sesto motivo riguardano, in sostanza, l’estensione degli obblighi di indagine della Commissione quando quest’ultima si spinga a valutazioni relative al criterio del creditore privato, come accolto dal Tribunale in sede di esame delle parti della decisione controversa relative sia alle procedure di liquidazione giudiziaria che alle procedure di esecuzione fiscale. Conformemente a ben consolidata giurisprudenza della Corte, in sede di applicazione del criterio del creditore privato, spetta alla Commissione effettuare una valutazione globale che tenga conto di tutti gli elementi rilevanti nel caso di specie, che le consentano di determinare se l’impresa beneficiaria non avrebbe manifestamente ottenuto agevolazioni paragonabili da un creditore privato (v., in tal senso, sentenze del 24 gennaio 2013, Frucona Košice/Commissione, C‑73/11 P , EU:C:2013:32 , punto , e del 21 marzo 2013, Commissione/Buczek Automotive, C‑405/11 P , non pubblicata, EU:C:2013:186 , punto ). A questo riguardo, da un lato, deve considerarsi rilevante qualunque informazione idonea a influenzare, in maniera non trascurabile, il processo decisionale di un creditore privato normalmente prudente e diligente, che si trovi in una situazione la più simile possibile a quella del creditore pubblico e che tenti di ottenere il pagamento delle somme dovutegli da un debitore in situazione di difficoltà di pagamento (sentenze del 24 gennaio 2013, Frucona Košice/Commissione, C‑73/11 P , EU:C:2013:32 , punto , e del 21 marzo 2013, Commissione/Buczek Automotive, C‑405/11 P , EU:C:2013:186 , non pubblicata, punto 54). Dall’altro lato, ai fini dell’applicazione del criterio dell’investitore privato sono unicamente pertinenti gli elementi disponibili e le evoluzioni prevedibili al momento dell’adozione di tale decisione (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2012, Commissione/EDF, C‑124/10 P , EU:C:2012:318 , punto ). Un simile esame da parte della Commissione della questione se determinate misure possano essere considerate aiuti di Stato, in quanto le pubbliche autorità non avrebbero agito come un creditore privato, richiede che si proceda ad una valutazione economica complessa (sentenze del 24 gennaio 2013, Frucona Košice/Commissione, C‑73/11 P , EU:C:2013:32 , punto , e del 21 marzo 2013, Commissione/Buczek Automotive, C‑405/11 P , non pubblicata, EU:C:2013:186 , punto ). A tal proposito occorre ricordare che, nell’ambito del controllo che i giudici dell’Unione europea esercitano sulle valutazioni economiche complesse compiute dalla Commissione nel settore degli aiuti di Stato, non spetta al giudice dell’Unione sostituire la propria valutazione economica a quella della Commissione (sentenze del 24 gennaio 2013, Frucona Košice/Commissione, C‑73/11 P , EU:C:2013:32 , punto , e del 21 marzo 2013, Commissione/Buczek Automotive, C‑405/11 P , non pubblicata, EU:C:2013:186 , punto ). Tuttavia, il giudice dell’Unione è tenuto in particolare a verificare non solo l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì ad accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che ne sono state tratte (sentenze del 24 gennaio 2013, Frucona Košice/Commissione, C‑73/11 P , EU:C:2013:32 , punto , e del 21 marzo 2013, Commissione/Buczek Automotive, C‑405/11 P , non pubblicata, EU:C:2013:186 , punto ). Nel caso di specie va esaminato, in primo luogo, l’argomento proposto dalla Commissione nell’ambito del quinto e del sesto motivo, argomento diretto contro la parte della sentenza impugnata relativa al procedimento di liquidazione giudiziaria. A tal proposito, sotto un primo profilo, vanno respinti gli argomenti dedotti dalla Commissione e relativi al fatto che occorrerebbe determinare, in un primo momento, il punto di vista soggettivo dell’autorità pubblica competente e, in seconda battuta, porre a raffronto l’approccio di tale autorità con quello di un creditore privato ipotetico, in quanto la pertinenza di un simile ragionamento è già stata esclusa, nell’ambito dell’esame del secondo e quarto motivo, nei limiti in cui tale ragionamento riposa su una erronea portata del criterio del creditore privato. Sotto un secondo profilo, nella parte in cui la Commissione contesta al Tribunale di aver creato – in particolare non avendo ristretto l’obbligo di verifica della Commissione agli elementi a propria disposizione – un nuovo requisito che imporrebbe all’Istituzione un onere eccessivo, consistente nel dover ricercare tutti gli elementi e le informazioni «immaginabili», va rilevato che l’argomento della Commissione muove da una lettura erronea della sentenza impugnata. A tal proposito, innanzitutto, va rilevato che il Tribunale ha dichiarato, in particolare ai punti da 134 a 137 della sentenza impugnata, che la valutazione del criterio del creditore privato dev’essere effettuata con riferimento alla situazione più vicina possibile a quella dell’autorità pubblica in questione. Il Tribunale ha quindi esposto, ai punti da 138 a 143 della sentenza impugnata, i principi che, a suo parere, disciplinano l’onere della prova gravante sulla Commissione rilevando, in tale contesto, gli elementi che l’Istituzione deve, eventualmente, reperire e tenere in considerazione nell’ambito del proprio esame, nonché i limiti generali dei propri obblighi investigativi, quali elaborati dalla giurisprudenza dei giudici dell’Unione. A tal proposito, occorre anche ricordare che la legittimità di una decisione in materia di aiuti di Stato deve essere valutata dal giudice dell’Unione alla luce delle informazioni di cui la Commissione poteva disporre quando l’ha adottata (sentenza del 2 settembre 2010, Commissione/Scott, C‑290/07 P , EU:C:2010:480 , punto e giurisprudenza ivi citata). Orbene, gli elementi d’informazione di cui la Commissione «poteva disporre» includono quelli che risultavano pertinenti ai fini della valutazione da compiere conformemente alla giurisprudenza richiamata supra ai punti da 60 a 62 e di cui essa avrebbe potuto, su richiesta, ottenere la produzione in sede di procedimento amministrativo. Infine, ai punti da 171 a 178 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ricordato che, secondo la propria giurisprudenza, la Commissione non è in alcun modo sottoposta ad un obbligo generale di avvalersi di periti esterni e ha respinto, su tali basi, le asserzioni della Frucona Košice secondo cui la Commissione avrebbe dovuto procurarsi nuove perizie esterne. Orbene, i punti da 180 a 213 e 235 della sentenza impugnata, contro cui sono dirette le censure della Commissione richiamate supra al punto 64, letti alla luce del contesto di diritto ricordato dal Tribunale, non comporterebbero nuovi requisiti incompatibili con la giurisprudenza della Corte. Pertanto, il rilievo in punto di fatto di cui al punto 185 della sentenza impugnata, secondo cui la Commissione avrebbe determinato i coefficienti di liquidazione in via deduttiva basandosi sugli elementi risultanti dagli atti del procedimento amministrativo, non avrebbe proceduto ad alcuna analisi metodologica o economica né avrebbe richiesto informazioni supplementari intese a verificare e a suffragare le conclusioni che essa aveva tratto da tali elementi, non può essere intesa quale requisito che travalicherebbe quelli previsti in base ai principi ricordati dal Tribunale ai punti da 138 a 143 della sentenza impugnata o che sarebbe incompatibile con quelli illustrati supra ai punti 59 e 60 Per quanto concerne le valutazioni di fatto compiute dal Tribunale di cui ai punti 186, 196, 200 e 201 della sentenza impugnata, secondo cui gli elementi risultanti dagli atti del procedimento amministrativo non sarebbero idonei a suffragare in maniera sufficiente le valutazioni della Commissione dei coefficienti di liquidazione, ragion per cui la Commissione avrebbe dovuto pertanto cercare di ottenere informazioni supplementari al fine di verificare e supportare le proprie conclusioni, tali valutazioni non oltrepassano in alcun modo i limiti del controllo giurisdizionale dell’errore manifesto di valutazione, da effettuarsi da parte del Tribunale, in virtù della giurisprudenza richiamata supra al punto 63 e non si può neppure ritenere che essi introducano un requisito incompatibile con i principi esposti supra ai punti 59 e 60 Nei limiti in cui il Tribunale, al punto 186 della sentenza impugnata, ha dichiarato che gli elementi risultanti dagli atti del procedimento amministrativo dovrebbero fondare le conclusioni tratte dalla Commissione non solo in modo sufficiente, ma anche in modo univoco, è sufficiente rilevare che risulta dai punti da 187 a 201 della sentenza impugnata che, in ogni caso, il Tribunale non ha proceduto alla propria valutazione in relazione a tale requisito e non vi ha neppure fatto cenno nell’ambito delle considerazioni di cui ai punti 196, 200, 201 e 235 della sentenza impugnata. Infatti, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 125 e 131 delle proprie conclusioni, il Tribunale si è limitato, ai punti da 191 a 195, 198 e 199 della sentenza impugnata, a rilevare contraddizioni interne della decisione controversa e a svolgere constatazioni di fatto secondo cui nessun elemento risultante dagli atti del procedimento amministrativo può fornire una spiegazione relativa ai coefficienti di liquidazione prescelti dalla Commissione. Pertanto, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione, il Tribunale non ha applicato un criterio giuridico erroneo. Ne consegue che le asserzioni della Commissione devono essere respinte in parte in quanto inoperanti, e in parte in quanto infondate. In secondo luogo, nei limiti in cui la Commissione fa valere che gli errori di diritto da essa identificati hanno parimenti viziato la valutazione del Tribunale relativa alla durata del procedimento di liquidazione giudiziaria, di cui ai punti da 223 a 235 della sentenza impugnata, nonché la valutazione relativa al procedimento di esecuzione fiscale, di cui ai punti da 277 a 284 di detta sentenza, è sufficiente osservare che, non avendo l’esame delle asserzioni della Commissione condotto all’accertamento di errori di diritto, tale argomento è privo di fondamento. Peraltro, ai punti 279, 282 e 283 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che la Commissione, anzitutto, non aveva fornito informazioni circa la prevedibile durata del procedimento di esecuzione fiscale, che essa non aveva poi preso in considerazione che detto procedimento poteva essere interrotto dall’avvio di un procedimento di liquidazione giudiziaria e, infine, che essa non aveva fornito informazioni circa i costi che un simile procedimento può far sorgere. Orbene, simili considerazioni, nella parte in cui si riferiscono ad informazioni che un creditore privato normalmente prudente e diligente, posto in una situazione paragonabile a quella dell’amministrazione finanziaria locale, non poteva in astratto ignorare, sono tali, esse sole, da giustificare la decisione del Tribunale secondo cui la Commissione non ha preso in considerazione tutti gli elementi pertinenti (v., in tal senso, sentenza del 24 gennaio 2013, Frucona Košice/Commissione C‑73/11 P , EU:C:2013:32 , punti , e ). Peraltro, discende dai punti da 69 a 84 supra che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, dalla sentenza impugnata emerge che il Tribunale ha sufficientemente precisato l’estensione degli obblighi di indagine della Commissione, da un lato, e la natura degli elementi aggiuntivi che quest’ultima avrebbe potuto sollecitare, dall’altro. Ne consegue che il quinto e il sesto motivo devono essere respinti in quanto infondati. Poiché tutti i motivi offerti dalla Commissione a sostegno del presente ricorso devono essere respinti, va respinto il ricorso in toto. Sulle spese Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del suo articolo 184, paragrafo 1, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Commissione, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda della Frucona Košice. Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce: 1) L’impugnazione è respinta. 2) La Commissione europea è condannata alle spese. Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

62012TJ0563

en

Background to the dispute Restrictive measures adopted against the Islamic Republic of Iran The present case has been brought in connection with the restrictive measures introduced in order to apply pressure on the Islamic Republic of Iran to end its proliferation-sensitive nuclear activities and the development of nuclear weapon delivery systems (‘nuclear proliferation’). Restrictive measures imposed on the applicant The applicant, Central Bank of Iran, is the central bank of the Islamic Republic of Iran. On 9 June 2010, the United Nations Security Council adopted Resolution S/RES/1929 (2010), intended to widen the scope of the restrictive measures imposed by the earlier resolutions S/RES/1737 (2006) of 27 December 2006, S/RES/1747 (2007) of 24 March 2007 and S/RES/1803 (2008) of 3 March 2008, and to introduce additional restrictive measures against Iran. On 17 June 2010, the European Council adopted a Declaration on the Islamic Republic of Iran, in which it underlined its deepening concerns about the Iranian nuclear programme and welcomed the adoption of Resolution S/RES/1929. Recalling its declaration of 11 December 2009, the European Council, in particular, invited the Council of the European Union to adopt restrictive measures implementing those contained in Resolution S/RES/1929. In accordance with the declaration of the European Council, the restrictive measures were to be applied, in particular, to persons and entities other than those designated by the United Nations Security Council or by the committee set up pursuant to paragraph 18 of Resolution S/RES/1737, but using the same criteria as those applied by those bodies. On 1 December 2011, the Council reiterated its serious and deepening concerns over the nature of the Islamic Republic of Iran’s nuclear programme, and in particular over the findings on Iranian activities relating to the development of military nuclear technology, as reflected in the latest International Atomic Energy Agency (IAEA) report. In the light of those concerns, and in accordance with the European Council Declaration of 23 October 2011, the Council decided to broaden existing sanctions by examining, in close coordination with international partners, additional measures including measures aimed at severely affecting the financial system of the Islamic Republic of Iran. On 9 December 2011, the European Council endorsed the conclusions adopted by the Council on 1 December 2011 and invited the Council to proceed with its work relating to extending the scope of the European Union’s restrictive measures against the Islamic Republic of Iran as a matter of priority. By Council Decision 2012/35/CFSP of 23 January 2012 amending Decision 2010/413/CFSP concerning restrictive measures against Iran ( OJ 2012 L 19, p. 22 ), the applicant’s name was included in the list in Annex II to Council Decision 2010/413/CFSP of 26 July 2010 concerning restrictive measures against Iran and repealing Common Position 2007/140/CFSP ( OJ 2010 L 195, p. 39 ). Consequently, by Council Implementing Regulation (EU) No 54/2012 of 23 January 2012 implementing Regulation (EU) No 961/2010 on restrictive measures against Iran ( OJ 2012 L 19, p. 1 ), the applicant’s name was included in the list in Annex VIII to Council Regulation (EU) No 961/2010 of 25 October 2010 on restrictive measures against Iran and repealing Regulation (EC) No 423/2007 ( OJ 2010 L 281, p. 1 ). That listing took effect on 24 January 2012. It had the effect, in particular, of freezing the applicant’s funds and economic resources. The inclusion of the applicant’s name in the abovementioned lists was based on the following ground: ‘Involvement in activities to circumvent sanctions.’ By letter of 24 January 2012, received by the applicant on 6 February 2012, the Council informed the applicant of its inclusion in the lists in Annex II to Decision 2010/413, as amended by Decision 2012/35, and in Annex VIII to Regulation No 961/2010, as amended by Implementing Regulation No 54/2012. Copies of Decision 2012/35 and Implementing Regulation No 54/2012 were enclosed with the letter. On the adoption of Council Regulation (EU) No 267/2012 of 23 March 2012 concerning restrictive measures against Iran and repealing Regulation No 961/2010 ( OJ 2012 L 88, p. 1 ), the listing of the applicant’s name in Annex VIII to Regulation No 961/2010, as amended by Implementing Regulation No 54/2012, was revoked in order to be replaced by the listing of the applicant’s name, on grounds identical to those already mentioned in paragraph 9 above, in Annex IX to Regulation No 267/2012 (the list in Annex IX to Regulation No 267/2012 and the list in Annex II to Decision 2010/413, as amended by Decision 2012/35, hereinafter referred to together as ‘the contested lists’), with effect from 24 March 2012. By letter of 26 March 2012, the applicant denied any personal involvement in activities designed to circumvent the sanctions and, consequently, requested the Council to reconsider the listing of its name in Annex II to Decision 2010/413, as amended by Decision 2012/35, and in Annex VIII to Regulation No 961/2010, as amended by Implementing Regulation No 54/2012. The applicant also asked to be provided with the evidence justifying its listing. By letter of 2 August 2012, the Council informed the applicant that it intended to supplement the statement of reasons justifying the applicant’s inclusion in the contested lists, to include a reference to the fact that the applicant provided financial support to the Government of Iran, and that it thereby came within the scope of Article 20(c) of Decision 2010/413 and of Article 23(2)(d) of Regulation No 267/2012. By letter of 7 October 2012, the applicant complained that the Council had failed to comply with its obligation to state reasons. The applicant denied any involvement in activities designed to circumvent the sanctions against the Islamic Republic of Iran or to provide financial support to the Iranian Government for nuclear proliferation. Lastly, it again requested the Council to provide it with the evidence justifying its inclusion in the contested lists. By Council Decision 2012/635/CFSP of 15 October 2012 amending Decision 2010/413 ( OJ 2012 L 282, p. 58 ), the reasons for the applicant’s listing in Annex II to Decision 2010/413, as amended by Decision 2012/35, were supplemented as follows: ‘Involvement in activities to circumvent sanctions. Provides financial support to the Government of Iran.’ Consequently, by Council Implementing Regulation (EU) No 945/2012 of 15 October 2012 implementing Regulation No 267/2012 ( OJ 2012 L 282, p. 16 ), the reasons for the inclusion of the applicant’s name in the list in Annex IX to Regulation No 267/2012 were also supplemented as stated in paragraph 15 above. By letter of 28 November 2012, the applicant again requested the Council to provide it with the evidence justifying its inclusion in the contested lists. By letter of 10 December 2012, the Council informed the applicant that its inclusion in the contested lists was based on a listing proposal presented by a Member State, which could not be identified on grounds of confidentiality. The content of that proposal, as set out in the Council’s cover note bearing the reference 17576/12, enclosed with the letter of 10 December 2012, was worded as follows: ‘The activities of the [applicant] help to circumvent the international sanctions against Iran. [The restrictive measure imposed on the applicant] could substantially reinforce the diplomatic pressure currently being brought to bear on Iran.’ By application lodged at the Court Registry on 12 June 2012, the applicant brought an action for, in essence, annulment of (i) Decision 2012/35, and (ii) Regulation No 267/2012, in so far as they included or, after review, maintained its name on the lists annexed to those two acts. The action was registered as Case T‑262/12. Procedure and forms of order sought By application lodged at the Court Registry by means of e-Curia at 20.44 on 26 December 2012, the applicant brought the present action for annulment of Decision 2012/635 and Implementing Regulation No 945/2012, in so far as those acts maintained, after review, the applicant’s name on the contested lists. That action was allocated to the Fourth Chamber of the General Court on account of the connection between the cases. The applicant produced a witness statement by its Vice Governor for Foreign Exchange Affairs, Ms R, in support of the action. On the same day, at 21.19, the applicant lodged at the Court Registry, by means of e-Curia, a written pleading on the amendment of the form of order sought in Case T‑262/12 so as to cover also Decision 2012/635 and Implementing Regulation No 945/2012, in so far as those measures maintained, after review, the applicant’s name on the contested lists. In that pleading, the applicant also asked the Court, if it should deem ‘[the] … application [as amended by the pleading amending the form of order sought] to be admissible in its entirety, … to join [Case T‑262/12 and the present case] or to treat [the two cases] as a single application for annulment’. By document of 16 April 2013, the Council lodged a defence in the present case, in which it argued that the action was inadmissible on the ground of lis pendens . On 21 June 2013, the applicant lodged a reply. On 20 September 2013, the Council lodged a rejoinder. The composition of the Chambers of the Court having been altered with effect from 23 September 2013, the Judge-Rapporteur was assigned to the First Chamber, to which the present case was therefore allocated. Acting upon a report of the Judge-Rapporteur, the Court decided to open the oral procedure and, by way of measures of organisation of procedure under Article 64 of its Rules of Procedure, requested the parties to answer certain questions. The applicant and the Council complied with that request within the prescribed period. By judgment of 18 September 2014 in Central Bank of Iran v Council (T‑262/12, EU:T:2014:777 ), the Court annulled Regulation No 267/2012, in so far as it had listed the applicant in Annex IX thereto, and dismissed the action as to the remainder. As regards the claims for annulment of Decision 2012/635 and Implementing Regulation No 945/2012 in so far as those measures maintained, after review, the applicant’s name on the contested lists, the dismissal of the action was based on the inadmissibility of those claims on the ground of lis pendens , by reason of the bringing of the present action. The applicant and the Council presented oral argument and answered the oral questions put to them by the Court at the hearing on 30 September 2014. The applicant stated that its claims in respect of costs related only to the costs of the present case and not to the costs of Case T‑262/12, which was recorded in the minutes of the hearing. The applicant claims that the Court should: — annul Decision 2012/635 and Regulation No 945/2012, in so far as they maintained, after review, its name on the contested lists (‘the contested acts’); — order the Council to pay the costs. The Council contends that the Court should: — primarily, dismiss the action as inadmissible; — in the alternative, dismiss the action as unfounded; — order the applicant to pay the costs. Law Admissibility Plea of inadmissibility of the action on the ground of lis pendens The Council argues that the present claims should be dismissed as inadmissible on the ground of lis pendens . In the pleading amending the form of order sought in the action in Case T‑262/12, the applicant had already sought annulment of the contested acts and relied upon the same pleas. According to settled case-law, an action brought subsequently to another which is between the same parties, is brought on the basis of the same submissions and seeks annulment of the same legal measure must be dismissed as inadmissible on the ground of lis pendens (judgment of 16 September 2013 in De Nicola v EIB , T‑618/11 P, ECR-SC, EU:T:2013:479 , paragraph 98; see also, to that effect, judgment of 22 September 1988 in France v Parliament , 358/85 and 51/86, ECR, EU:C:1988:431 , paragraph 12). The amendment of forms of order sought effected by means of a document lodged at the Court Registry in the course of proceedings, in circumstances such as those of Case T‑262/12, constitutes a procedural step which, without prejudice to any subsequent decision of the Court on admissibility, is equivalent to the bringing of an action by means of an application (order of 21 June 2012 in Hamas v Council , T‑531/11, EU:T:2012:317 , paragraph 16). In the present case, the claims for annulment contained in the written pleading on the amendment of the form of order sought in Case T‑262/12 (paragraph 21 above) and those contained in the application which initiated proceedings in the present case (paragraph 20 above) are between the same parties, are brought on the basis of the same submissions and seek annulment of the same legal measures, namely Decision 2012/635 and Implementing Regulation No 945/2012, in so far as those measures maintained, after review, the applicant’s name on the contested lists. Contrary to what is claimed by the Council, which raised the objection that the present action is inadmissible on the ground of lis pendens , it cannot be held that that action was brought subsequently to the lodging of the written pleading on the amendment of the form of order sought in Case T‑262/12. It is apparent, on the contrary, from the times of lodging stated in paragraphs 20 and 21 above that that pleading was lodged after the action was brought in the present case. Thus, in the judgment in Central Bank of Iran v Council , paragraph 27 above ( EU:T:2014:777 ), the claims for annulment of Decision 2012/635 and Implementing Regulation No 945/2012, in so far as those measures maintained, after review, the applicant’s name on the contested lists, were rejected as being inadmissible on the ground of lis pendens , by reason of the bringing of the present action. It follows that the claims for annulment of Decision 2012/635 and Implementing Regulation No 945/2012, in so far as those measures maintained, after review, the applicant’s name on the contested lists, cannot be rejected as being inadmissible on the ground of lis pendens . Accordingly, this plea of inadmissibility raised by the Council must be rejected as unfounded. Plea of inadmissibility of the action, alleging that all the pleas relied on in support of the action are based on the applicant’s invocation of the protections and guarantees linked to fundamental rights The Council submits that the action is inadmissible in that it relies on pleas which are all based on the applicant’s invocation of protections and guarantees linked to fundamental rights. In the Council’s submission, the applicant, as the central bank of the Islamic Republic of Iran, is a governmental organisation which does not enjoy the protections and guarantees linked to fundamental rights which it invokes before the Court. The applicant claims that the plea of inadmissibility raised by the Council should be rejected on the ground that it has locus standi to enjoy the protections and guarantees linked to fundamental rights, as was affirmed in the judgment in Central Bank of Iran v Council , paragraph 27 above ( EU:T:2014:777 ). It must be observed that, contrary to what is contended by the Council, it is not the case that all the pleas in law relied on in support of this action are based on the applicant’s invocation of the protections and guarantees linked to fundamental rights. The first plea in law, for example, is based on a claimed error of assessment. Consequently, the present plea of inadmissibility has no basis in fact. Further, that plea is without any legal basis since, according to the case-law, the question whether the applicant qualifies for the rights which it invokes in the second, third and fourth pleas in law does not concern the admissibility of those pleas in law and, consequently, of the action based on those pleas in law, but whether they are well founded (see, to that effect, judgment of 6 September 2013 in Post Bank Iran v Council , T‑13/11, EU:T:2013:402 , paragraph 54). Accordingly, this plea of inadmissibility raised by the Council must be rejected as unfounded. Its rejection is, in view of the defence put forward by the Council, without prejudice to verification of the applicant’s ability to rely on the protections and guarantees linked to fundamental rights, which will have to take place, if necessary, at the stage of the examination of the merits of the pleas in law that are based on those protections and guarantees, that is in this instance, the second, third and fourth pleas in law (see, in that regard, paragraphs 51 to 100 and 112 to 120 below). In the light of the foregoing, it must be held that the present action is admissible in its entirety. Substance The applicant raises four pleas in law in support of its claim for annulment of the contested acts. The first plea alleges that the Council made an error of assessment in holding, in the contested acts, that one of the criteria laid down in Article 20 of Decision 2010/413, as amended by Decision 2012/35 and then by Decision 2012/635 (‘Article 20 of Decision 2010/413’), and in Article 23 of Regulation No 267/2012 for including the name of a person or entity in the contested lists was satisfied. The second plea alleges breach of the obligation to state reasons, in that the Council failed to give adequate and sufficient reasons to justify the contested acts. The third plea alleges breach of the principle of respect for the rights of the defence and of the right to effective judicial review. The fourth plea alleges breach of the principle of proportionality and infringement of the applicant’s fundamental rights, notably the right to protection of its property and reputation. It is necessary to start by examining the second plea, alleging breach of the obligation to state reasons, by considering, in the first place, the general question whether, contrary to what is contended by the Council, the applicant may rely on the protections and guarantees linked to fundamental rights which it invokes, and, in the second place, the question whether a breach of the obligation to state reasons can be specifically identified in this case. Whether the applicant may rely on the protections and guarantees linked to fundamental rights The parties’ arguments have already been set out in paragraphs 39 and 40 above, to which reference must therefore be made. It is common ground between the parties that the applicant has a legal personality of its own and is, therefore, a legal person that is formally distinct from the Iranian State. It is evident from the grounds set out in paragraphs 67 to 71 of the judgment in Central Bank of Iran v Council , paragraph 27 above ( EU:T:2014:777 ), that EU law contains no rule preventing legal persons which are governmental organisations or State bodies from taking advantage of fundamental rights protection and guarantees. Those rights may therefore be relied on by those persons before the Courts of the European Union in so far as those rights are compatible with their status as legal persons (judgment of 6 September 2013 in Bank Melli Iran v Council , T‑35/10 and T‑7/11, ECR, EU:T:2013:397 , paragraph 70). It follows from this that the applicant may rely on the protections and guarantees linked to fundamental rights which it invokes, in particular, in connection with its second plea. The second plea in law, alleging breach of the obligation to state reasons The applicant maintains that the Council has not complied with the obligation arising under Article 296 TFEU, as interpreted in the case-law, to state the reasons on which the measures which it adopts are based. In the contested acts, the Council did not explain on which specific criterion laid down in Article 20 of Decision 2010/413 and in Article 23 of Regulation No 267/2012 it based its decision to maintain, after review, the applicant’s name on the contested lists. The claims that the applicant had an ‘[i]nvolvement in activities to circumvent sanctions’ and had ‘[provided] financial support to the Government of Iran’ are vague and provide no clear indication of what exactly the allegations concerning the applicant are. They paraphrase approximately some of the criteria laid down in the abovementioned provisions. It is, however, clear from the case-law that the actual and specific reasons for the contested acts ought to have been communicated to the applicant at the same time as those acts, and failure to do so cannot be made good in the course of the present proceedings. In the present case, the applicant claims that it did its best to challenge the contested acts, albeit that it did not know the precise reasons for them. However, the reasons relied on are so vague and lacking in detail that the only possible response was in the form of a general denial, as in the letters of 26 March and 7 October 2012 or in the witness statement of Ms R, and therefore do not comply with the requirements of the case-law. In addition, the Council had failed to explain why it did not take account of the applicant’s statements, subsequently confirmed by the witness statement of Ms R, that it had never been involved in nuclear proliferation or the circumvention of sanctions. The Council disputes the applicant’s arguments and submits that the second plea should be rejected. It maintains that the reasons for the contested acts enabled the applicant to understand the scope of the restrictive measures taken against it and provided it with sufficient information properly to challenge those measures. In the present case, the contested acts should be sufficiently reasoned in relation to one of the criteria set out in Article 20 of Decision 2010/413 and in Article 23 of Regulation No 267/2012. According to a consistent body of case-law, the purpose of the obligation to state the reasons on which an act adversely affecting an individual is based, which is a corollary of the principle of respect for the rights of the defence, is, first, to provide the person concerned with sufficient information to make it possible to ascertain whether the act is well founded or whether it is vitiated by a defect which may permit its legality to be contested before the Courts of the European Union and, secondly, to enable those Courts to review the legality of that act (see judgment of 15 November 2012 in Council v Bamba , C‑417/11 P, ECR, EU:C:2012:718 , paragraph 49 and the case-law cited). The statement of reasons required by Article 296 TFEU must disclose in a clear and unequivocal fashion the reasoning followed by the institution which adopted the measure in such a way as to enable the person concerned to ascertain the reasons for the measures and to enable the court having jurisdiction to exercise its power of review (see judgment in Council v Bamba , paragraph 53 above, EU:C:2012:718 , paragraph 50 and the case-law cited). As regards an act of the Council which imposes restrictive measures, the statement of reasons must identify the actual and specific reasons why the Council considers, in the exercise of its discretion, that those measures must be adopted in respect of the person concerned (judgment in Council v Bamba , paragraph 53 above, EU:C:2012:718 , paragraph 52). Article 24(3) of Decision 2010/413 and Article 46(3) of Regulation No 267/2012 also require the Council to state individual and specific reasons for restrictive measures adopted pursuant to Article 20(1)(b) and (c) of Decision 2010/413 and Article 23(2) and (3) of Regulation No 267/2012 and to make them known to the persons and entities concerned (see, to that effect and by analogy, judgment of 16 November 2011 in Bank Melli Iran v Council , C‑548/09 P, ECR, EU:C:2011:735 , paragraph 48). According to the case-law, the Council must, in principle, fulfil its obligation to state reasons by means of an individual communication, publication in the Official Journal of the European Union alone not being sufficient (see, to that effect, judgment of 13 September 2013 in Makhlouf v Council , T‑383/11, ECR, EU:T:2013:431 , paragraphs 47 and 48; see also, to that effect and by analogy, judgment in Bank Melli Iran v Council , EU:C:2011:735 , paragraph 52). The statement of reasons required by Article 296 TFEU and by Article 24(3) of Decision 2010/413 and Article 46(3) of Regulation No 267/2012 must be appropriate to the provisions under which the restrictive measures were adopted. The requirements to be satisfied by the statement of reasons depend on the circumstances of each case, in particular the content of the measure in question, the nature of the reasons given and the interest which the addressees of the measure, or other parties to whom it is of direct and individual concern, may have in obtaining explanations. It is not necessary for the reasoning to go into all the relevant facts and points of law, since the question whether the statement of reasons is sufficient must be assessed with regard not only to its wording but also to its context and to all the legal rules governing the matter in question (see judgment in Council v Bamba , paragraph 53 above, EU:C:2012:718 , paragraph 53 and the case-law cited). In particular, the reasons given for a measure adversely affecting a person are sufficient if that measure was adopted in a context which was known to that person and which enables him to understand the scope of the measure concerning him (see judgment in Council v Bamba , paragraph 53 above, EU:C:2012:718 , paragraph 54 and the case-law cited). In this case, it is clear from the material in the file that the contested acts are based on the following grounds: ‘Involvement in activities to circumvent sanctions. Provides financial support to the Government of Iran.’ It is common ground, as is clear from paragraphs 28 and 29 of the defence, that the Council did not communicate any further reason to the applicant before the present action was brought on 26 December 2012. In paragraph 28 of the defence, the Council stated that ‘[t]he fact referred to in the … statement of reasons [set out in paragraph 59 above], i.e. “involvement in activities to circumvent sanctions”, correspond[ed] to both of the … criteria for [listing previously referred to]’, namely, on the one hand, the criterion of providing ‘support’ for nuclear proliferation, ‘as mentioned in Article 23(2)(a) of Regulation … No 267/2012 and Article 20(1)(b) of Decision 2010/413’, and, on the other, that of ‘assist[ing]’ a person or entity whose name is included in a list of persons and entities subject to restrictive measures adopted against the Islamic Republic of Iran ‘to evade or violate … restrictive measures’, ‘as mentioned in Article 23(2)(b) of [Regulation No 267/2012] and Article 20(1)(b) of [Decision 2010/413]’. In addition, in paragraph 29 of the defence, the Council stated that ‘the further reason added by the contested [acts], that the applicant “Provides financial support to the Government of Iran”, correspond[ed] to the criterion … in Article 23(2)(d) of Regulation … No 267/2012 and Article 20(1)(c) of Decision 2010/413’. In that regard, it must be recalled that Article 23(2)(a), (b) and (d) of Regulation No 267/2012 and Article 20(1)(b) and (c) of Decision 2010/413 define a number of alternative criteria for entering the name of a person or entity on the contested lists. Among those criteria, first of all, Article 23(2)(a) of Regulation No 267/2012 provides that all funds and economic resources of the persons, entities and bodies identified as being engaged in, directly associated with, or providing support for nuclear proliferation, including through involvement in the procurement of prohibited goods and technology, are to be frozen (criterion of support for nuclear proliferation). In addition, Article 23(2)(b) of Regulation No 267/2012 provides that all funds of persons, entities or bodies that have assisted a person, entity or body whose name is on a list of persons, entities or bodies subject to restrictive measures to evade or violate the provisions of that regulation, Decision 2010/413 or United Nations Security Council resolutions are to be frozen (criterion of assistance in circumventing restrictive measures). Lastly, Article 23(2)(d) of Regulation No 267/2012 provides that all funds of persons, entities and bodies identified as being other persons, entities or bodies that provide support, such as material, logistical or financial support, to the Government of Iran, and persons and entities associated with them, are to be frozen (criterion of support to the Government of Iran). Similarly, Article 20(1)(b) of Decision 2010/413 provides that all funds and economic resources of persons and entities that are engaged in, directly associated with, or providing support for, nuclear proliferation, including through the involvement in procurement of the prohibited goods, equipment, materials and technology, are to be frozen (criterion of support for nuclear proliferation). Moreover, it provides that all funds of persons and entities regarded as having assisted a person or entity whose name is included in a list of persons and entities subject to restrictive measures adopted against the Islamic Republic of Iran to evade or violate the provisions of Decision 2010/413 or United Nations Security Council resolutions are to be frozen (criterion of assistance in circumventing restrictive measures). In addition, Article 20(1)(c) of Decision 2010/413 states in particular that all funds of persons and entities that provide support to the Government of Iran are to be frozen (criterion of support to the Government of Iran). In so far as it has been indicated in paragraph 63 above that the criteria thus defined in Article 23(2)(a), (b) and (d) of Regulation No 267/2012 and in Article 20(1)(b) and (c) of Decision 2010/413 were alternative criteria, it is necessary, first of all, to specify to what extent, in those provisions, the criterion of support to the Government of Iran may be distinguished from the criterion of support for nuclear proliferation. In that regard, it must be borne in mind that the latter criterion implies that the existence of a direct or indirect link is established between the activities of the person or entity concerned and nuclear proliferation. The criterion of support to the Government of Iran, which extends the scope of the restrictive measures in order to reinforce the pressure being brought to bear on the Islamic Republic of Iran, covers any activity of the person or entity concerned which, regardless of any direct or indirect link established with nuclear proliferation, is capable, by its quantitative or qualitative significance, of encouraging that proliferation, by providing the Government of Iran with support in the form of resources or facilities of a material, financial or logistical nature which allow it to pursue nuclear proliferation. The existence of a link between the provision of such support to the Government of Iran and the pursuit of nuclear proliferation activities is thus presumed by the applicable legislation, which is aimed at depriving the Government of Iran of its sources of revenue, in order to oblige it to end the development of its nuclear proliferation programme as a result of insufficient financial resources. Next it should be noted that, in addition to indicating the legal basis of the measure adopted, the obligation to state reasons by which the Council is bound relates precisely to the circumstances which enable it to hold that one or other of the listing criteria is satisfied in the case of the parties concerned (see, to that effect, judgment of 14 October 2009 in Bank Melli Iran v Council , T‑390/08, ECR, EU:T:2009:401 , paragraph 83). Lastly, it must be borne in mind that failure to refer to a precise provision need not necessarily constitute an infringement of essential procedural requirements when the legal basis for the measure may be determined from other parts of the measure. However, such explicit reference is indispensable where, in its absence, the parties concerned and the Courts of the European Union are left uncertain as to the precise legal basis (judgment of 26 March 1987 in Commission v Council , 45/86, ECR, EU:C:1987:163 , paragraph 9). Consequently, it is necessary to examine whether the statement of reasons in the contested acts contains explicit references to the three criteria mentioned in paragraphs 64 and 65 above, or at least to one or other of them, and whether, if that is the case, the statement of reasons may be regarded as sufficient to enable the applicant to determine whether the contested acts are well founded and to state a defence before the Court, and to enable the Court to exercise its power of review. The reasons set out in paragraph 59 above do not expressly indicate to which of the criteria laid down in Article 23(2) of Regulation No 267/2012 and in Article 20(1)(c) of Decision 2010/413 they relate. None the less, in so far as they refer to ‘activities to circumvent sanctions’, they can readily be construed as relating to the criterion of assistance in circumventing restrictive measures. In addition, as the Council correctly observes, the reference in those reasons to the fact that the applicant‘[p]rovides financial support to the Government of Iran’ corresponds to the criterion of support to the Government of Iran, which, as has been stated in paragraph 66 above, is separate from the criterion of support for nuclear proliferation. On the other hand, in the absence of any reference to any provision by the applicant of ‘support’ for nuclear proliferation or to any ‘involvement’ on its part in the procurement of prohibited goods and technology, the reasons set out in paragraph 59 above cannot be related, as the Council contends, to the criterion of support for nuclear proliferation. It is true that in paragraphs 26 to 28 of the defence, the Council maintains that the applicant’s ‘support’ for nuclear proliferation or for the procurement of prohibited goods, equipment, materials and technology is ‘necessarily’ a consequence of its ‘position as “banker to the Iranian Government”’, since it ‘provides banking services for Iranian Government Ministries and other Government-controlled entities, which include those involved in [nuclear proliferation]’ and ‘would necessarily have been involved in [the] procurement [of the necessary materials and supplies for such proliferation]’ and in ‘the illegal export from Iran to other “rogue countries” of arms and other material [enabling such procurement to be financed]’. It must be noted in that regard that the Council is in practice referring to factors implying a certain degree of connection between the applicant’s activities and the nuclear activities of the Islamic Republic of Iran which cannot readily be inferred from the reasons set out in paragraph 59 above, and which cannot therefore be taken into account for the purposes of determining to which of the listing criteria those reasons must relate. In the light of the foregoing observations, it must be held that the question whether the statement of reasons for the contested acts is sufficient can be assessed only with regard to the criteria of assistance in circumventing restrictive measures and of support to the Government of Iran, to which the Council implicitly but necessarily refers in those acts. To the extent that the contested acts are based on the criterion of assistance in circumventing restrictive measures, and since it has been noted in those acts that the applicant had been ‘involve[d] in activities to circumvent sanctions’, the statement of reasons is insufficient, in the sense that it does not enable the applicant or the Court to understand the circumstances which led the Council to consider that that criterion was satisfied in the case of the applicant and, accordingly, to adopt the contested acts. That statement of reasons appears to be no more than a reproduction of the criterion itself. It contains nothing in the form of specific reasons why that criterion is applicable to the applicant. The statement of reasons gives no details of the names of persons, entities or bodies included in a list imposing restrictive measures whom the applicant assisted in circumventing sanctions, or of when, where and how that assistance took place. The Council does not refer to any identifiable transaction, or to any particular assistance. In the absence of any other details, that statement of reasons is insufficient to enable the applicant to determine, having regard to the criterion of assistance in circumventing restrictive measures, whether the contested acts are well founded and to state a defence before the Court, and to enable the Court to exercise its power of review (see, to that effect, judgment in Central Bank of Iran v Council , paragraph 27 above, EU:T:2014:777 , paragraph 91). Admittedly, the Council relied in its written pleadings on an implied statement of reasons for the contested acts in that respect, observing that the assistance provided by the applicant in evading or violating the restrictive measures was ‘necessarily’ a consequence of ‘the applicant’s position as “banker to the Iranian Government”’. According to the Council, in that position, the applicant ‘provide[d] banking services for Iranian Government Ministries and other Government-controlled entities, which include those involved in [nuclear proliferation]’. It should nevertheless be noted in that regard that the reasoning may be implicit on condition that it enables the persons concerned to know why the measures in question were taken and provides the competent court with sufficient material for it to exercise its power of review (see, to that effect, judgments of 7 January 2004 in Aalborg Portland and Others v Commission , C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P and C‑219/00 P, ECR, EU:C:2004:6 , paragraph 372 and the case-law cited, and of 8 February 2007 in Groupe Danone v Commission , C‑3/06 P, ECR, EU:C:2007:88 , paragraph 46 and the case-law cited). Reasons that are not made explicit can accordingly be taken into account if they are obvious, both to the persons concerned and to the competent court. However, it is not obvious in the present case that, as the central bank of the Islamic Republic of Iran, the applicant necessarily assisted persons or entities involved in the Government of Iran or controlled by it, and whose names were included in the lists of persons and entities subject to the restrictive measures adopted against the Islamic Republic of Iran, to evade or violate those measures by providing them with banking services, for example, by making funds available. While it is obvious that, by virtue of its functions and powers as the central bank of the Islamic Republic of Iran, the applicant generally provides financial support to the Government of Iran (see paragraph 108 below), it does not necessarily follow from this that it specifically provides such support to persons or entities involved in that government or controlled by it, including those whose names are included in the lists of persons and entities subject to the restrictive measures adopted against the Islamic Republic of Iran. Consequently, the implicit reasoning relied on by the Council cannot be taken into account in order to compensate for the insufficiency of the explicit statement of reasons as regards the criterion of assistance in circumventing restrictive measures. In so far as the contested acts are based on the criterion of support to the Government of Iran, it is necessary to examine, in line with the interpretation of that criterion set out in paragraph 66 above, whether the Council was referring to the activities of the applicant which, even if they do not, as such, have any direct or indirect link with nuclear proliferation, are nevertheless capable of encouraging its development, by providing the Government of Iran with resources or facilities which allow it to pursue such proliferation. Although, as regards the criterion of support to the Government of Iran, the Council was thus obliged to state and to specify the resources and facilities which the applicant allegedly provided to that government, it was not, contrary to what is maintained by the applicant, obliged to give reasons for the contested acts in relation to the possible use of those resources and facilities by the Government of Iran for the purpose of its pursuit of nuclear proliferation. In the present case, the Council expressly referred to ‘financial support to the Government of Iran’ and argued, in paragraph 29 of the defence, that ‘[t]his reason [did] not need to be further demonstrated since it [was] obvious that, as banker to the Iranian Government, the applicant provide[d] financial support to that government’. Admittedly, as regards the criterion of support to the Government of Iran, the Council did not expressly refer in the statement of reasons for the contested acts to the financial services provided to the Government of Iran by the applicant in its capacity as the central bank of the Islamic Republic of Iran. However, in the present case, the applicant was in a position to understand that the Council was referring to the financial services which the applicant, as the central bank of the Islamic Republic of Iran, provided to the Government of Iran. It is apparent, moreover, from its written pleadings that the applicant did understand this. In paragraph 23 of the application, the applicant observes, by reference to the witness statement of Ms R, that ‘[t]he Government [of Iran] is one of [its] customers’, but states in that regard that ‘[a]lmost all central banks act as the Government’s banker, and [that] in that sense only all central banks provide “financial support”, or more accurately financial services, to the Government’. The applicant’s defence was essentially therefore to contend, as in the letter of 7 October 2012 (paragraph 14 above), that it had not provided financial support to any institution (including the Government of Iran) in order to fund nuclear proliferation activities. The fact that the Council did not in this instance specify the functions and powers of the applicant as the central bank of the Islamic Republic of Iran is not decisive, since these are laid down by publicly accessible legislative provisions which, accordingly, may be presumed to be known to all. It is common ground between the parties that the functions and powers of the applicant, as the central bank of the Islamic Republic of Iran, are defined in Chapter 2 of Part Two of the Monetary and Banking Law of the Islamic Republic of Iran, approved on 9 July 1972, notably in Articles 12 and 13 thereof. It can therefore be held that the statement of reasons for the contested acts to the effect that the applicant ‘[p]rovides financial support to the Government of Iran’ refers implicitly but necessarily to the functions and powers of the applicant as the central bank of the Islamic Republic of Iran, as these are defined in Chapter 2 of Part Two of that Law, notably in Articles 12 and 13 thereof. Thus, in the context of the present case, the Council was not obliged to provide an explicit statement of reasons relating to the financial services and, therefore, to the financial facilities or resources which, as the central bank of the Islamic Republic of Iran, the applicant allegedly provided to the Government of Iran. Accordingly, the reasons given for the contested acts may be regarded as sufficient, in the light of the requirements of the case-law, so far as concerns the criterion of support to the Government of Iran. In so far as the grounds relating to the provision of financial support to the Government of Iran provide an autonomous and sufficient statement of reasons for the contested acts and, therefore, those acts cannot be annulled as a result of the insufficiency of the other reasons relied on in support of them, the second plea in law, concerning a breach of the obligation to state reasons, must be rejected. It follows from the foregoing, however, that only the reasons relating to the provision of financial support to the Government of Iran, in so far as they constitute an autonomous and sufficient statement of reasons for the contested acts, may be taken into consideration when examining the other pleas in the present action, namely (i) the third plea, alleging breach of the principle of respect for the rights of the defence and of the right to effective judicial review; (ii) the first plea, alleging an error of assessment; and (iii) the fourth plea, alleging breach of the principle of proportionality and infringement of the applicant’s fundamental rights. The third plea in law, alleging breach of the principle of respect for the rights of the defence and of the right to effective judicial review The applicant takes issue with the Council for having breached the principle of respect for the rights of the defence and the right to effective judicial protection, as interpreted in the case-law, when it adopted the contested acts, in that it failed to provide the applicant with the evidence justifying the contested acts and did not put the applicant in a position to be able to put forward its views on that evidence effectively. In the present case, no evidence to substantiate the contested acts was communicated to it before those acts were adopted, or even following their adoption, despite the applicant having submitted several requests to that effect, in particular in its letter of 28 November 2012 (paragraph 17 above). The fact that the Council acted on a proposal presented by a Member State to include the applicant’s name in the contested lists does not alter the fact that it ought to have ensured that such inclusion was justified, if necessary by requesting the Member State concerned to submit evidence and information justifying the applicant’s inclusion. In any event, according to the applicant the Council cannot attempt to remedy that failure to communicate evidence in the context of the present proceedings without breaching the applicant’s right to effective judicial protection. It is apparent from the Council’s cover note bearing the reference 17576/12 that the Council did not adopt the contested acts on the basis of evidence of the applicant’s involvement in nuclear proliferation or in the circumvention of sanctions, but did so solely on the unlawful ground that its inclusion in the contested lists ‘could substantially reinforce the diplomatic pressure currently being brought to bear on Iran’. In addition, the Council had failed to hear the applicant and to take account of the factual statements which the applicant had communicated to the Council. The Council disputes the applicant’s arguments and argues that the third plea should be rejected on the ground that, even if the applicant has rights of defence, those rights were respected in the present case, given that the applicant was informed of the contested acts, was provided with sufficient information and evidence to enable it to understand the grounds for those acts and, moreover, had the opportunity of submitting comments on them. In so far as the applicant criticises it for not having verified the merits of the contested acts, adopted on the proposal of a Member State, this is a complaint which is connected with the breach of an obligation other than that relied on in the present plea and which should, therefore, be dismissed as ineffective. It must be recalled that the fundamental right to observance of the rights of defence during a procedure preceding the adoption of restrictive measures is expressly affirmed in Article 41(2)(a) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, recognised by Article 6(1) TEU as having the same legal value as the Treaties (see judgment in Makhlouf v Council , paragraph 56 above, EU:T:2013:431 , paragraph 31 and the case-law cited). The principle of respect for the rights of the defence requires, first, that the person or entity concerned must be informed of the evidence adduced against it to justify the measure adversely affecting it and, secondly, that the person or entity concerned must be afforded the opportunity effectively to make known its view on that evidence (see, by analogy, judgment of 12 December 2006 in Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran v Council , T‑228/02, EU:T:2006:384 , paragraph 93). In the context of the adoption of a decision maintaining a person’s or entity’s name on a list of persons or entities subject to restrictive measures, the Council must respect the right of that person or entity to a prior hearing where new evidence, namely evidence which was not included in the initial listing decision, is admitted against it in the decision maintaining its name on the list (see, to that effect, judgments of 21 December 2011 in France v People’s Mojahedin Organization of Iran , C‑27/09 P, ECR, EU:C:2011:853 , paragraph 62, and Makhlouf v Council , paragraph 56 above, EU:T:2013:431 , paragraphs 42 and 43). In the present case, on 2 August 2012, the Council communicated to the applicant individually the statement of reasons for the contested acts, namely that it ‘[p]rovid[ed] financial support to the Government of Iran’. The legality of the contested acts must be assessed in the light of that statement of reasons which was used by the Council, and not that which appears in the Council’s cover note under reference 17576/12, which is not reproduced in the contested acts. It follows from paragraph 87 above that that statement of reasons could be regarded as sufficient, in the light of the requirements of the case-law, so far as concerns the criterion of support to the Government of Iran. Furthermore, the Council did not in this instance have to communicate to the applicant the documentary evidence on which that statement of reasons was based, since that evidence, which related to the financial services specifically provided to the Government of Iran by the applicant, as the central bank of the Islamic Republic of Iran, could be presumed to be known to all and to be implicitly included in the statement of reasons for the contested acts so far as concerns the criterion of support to the Government of Iran (see paragraph 85 above). In other words, the Council did not have to provide the applicant with the actual documents specifying the applicant’s functions and powers as the central bank of the Islamic Republic of Iran. The applicant was able to challenge that statement of reasons and the underlying evidence even before the adoption of the contested acts. In the letter of 7 October 2012, it accordingly denied providing financial support to any institution (including the Government of Iran) in order to fund nuclear proliferation. It was also able effectively to exercise its right of appeal by objecting in the present action that it ‘[did] not support the Government financially any more than any other central bank in the world’ and that ‘[s]till less [did] it provide the kind of support to which the contested [acts] relate, namely support for nuclear proliferation activities’. Consequently, the applicant’s rights of defence and its right to effective judicial review were respected when the contested acts were adopted. The Court must therefore reject the third plea in law, alleging breach of the principle of respect for the rights of the defence and of the right to effective judicial review. The first plea in law, alleging an error of assessment The applicant claims that the Council made an error of assessment in maintaining, after review, the applicant’s name on the contested lists when it did not satisfy the substantive criteria which, pursuant to Article 20 of Decision 2010/413 and Article 23 of Regulation No 267/2012, permit the inclusion of its name on those lists. The applicant maintains that it is impossible, for want of any details in the contested acts, to ascertain which criterion set out in those provisions is connected with the grounds whereby the applicant ‘[p]rovide[d] financial support to the Government of Iran’. It is considerably impeded in the exercise of its right to a remedy and, from that point of view, has been put in an unsatisfactory, inappropriate position. In any event, according to the applicant, the Council made an error of assessment in finding that the criterion set out in Article 20(1)(c) of Decision 2010/413 and Article 23(2)(d) of Regulation No 267/2012, namely that of support to the Government of Iran, was satisfied in the present case. It is clear from the Council’s cover note (reference 17576/12), attached to the letter of 10 December 2012, that the true reasons for the contested acts were that the inclusion of the applicant’s name in the contested lists ‘could substantially reinforce the diplomatic pressure currently being brought to bear on Iran’. The applicant maintains that there is nothing to suggest that when the Council adopted the contested acts, it took into account the ground that the applicant had provided support to the Government of Iran, and therefore, in accordance with the case-law, that ground is irrelevant for the purpose of justifying those acts. In any event, the mere assertion that it provided certain services to the Government, without proof of any link between those services and nuclear proliferation, is insufficient to justify the contested acts, in accordance with the case-law. The Council disputes the applicant’s arguments and contends that the first plea should be rejected, on the ground that it made no error of assessment, given that the substantive criteria, set out in Article 20(1)(b) and (c) of Decision 2010/413 and in Article 23(2)(a), (b) and (d) of Regulation No 267/2012 were satisfied in the applicant’s case. The further reason added by the contested acts, that the applicant ‘[p]rovides financial support to the Government of Iran’, corresponds to the criterion set out in Article 20(1)(c) of Decision 2010/413 and Article 23(2)(d) of Regulation No 267/2012, relating to support to the Government of Iran. That reason did not need to be substantiated in so far as it is obvious that, as banker to the Government of Iran, the applicant provides financial support to that government. That reason should be taken into account, since it was expressly mentioned in the contested acts. As is evident from paragraphs 89 and 95 above, in the context of the examination of the present plea, it is in the light of the statement of reasons for the contested acts whereby the applicant ‘[p]rovide[d] financial support to the Government of Iran’, and not the statement of reasons in the Council’s cover note (reference 17576/12), that the legality of those acts must be assessed, and, in the context of the first plea, that it is necessary to inquire whether those acts are vitiated by an error of assessment concerning the applicability of the criterion of support to the Government of Iran, set out in Article 20(1)(c) of Decision 2010/413 and in Article 23(2)(d) of Regulation No 267/2012. For the reasons stated in paragraph 85 above, for the purposes of assessing the merits of that statement of reasons, account may be taken of the functions and powers of the applicant as the central bank of the Islamic Republic of Iran, as these are defined in Chapter 2 of Part Two of the Monetary and Banking Law of the Islamic Republic of Iran, which concern the ‘Functions and Powers’ of ‘Bank Markazi Iran’, notably in Articles 12 and 13 thereof. It is evident from Article 12 of the Monetary and Banking Law of the Islamic Republic of Iran that: ‘Bank Markazi Iran, as banker to the Government, shall fulfil the following functions. (a) Keeping of the accounts of ministries, government agencies, agencies affiliated to the government, government corporations and municipalities, as well as organisation[s] more than half of whose capitals are held by ministries, government agencies, agencies affiliated to the government, government corporations or municipalities, and also handling of all their banking transactions at home and abroad. (b) Sale of all types of Government Bonds and Treasury Bills and repayment of principal and payment of interest thereof as the agent of the Government, with the right to transfer such agency to individuals or other organisations. … (e) Concluding payments agreements in the execution of monetary, financial, trade and transit agreements between the Government and foreign countries.’ Article 13 of the Monetary and Banking Law of the Islamic Republic of Iran provides, moreover: ‘Bank Markazi Iran shall be vested with the following powers: 1. Granting of loans and credits to ministries and government organisations, subject to legal authorisation; 2. Guarantee of commitments made by the Government, ministries or government organisations, subject to legal authorisation; 3. Granting of loans and credits to, and guarantee of loans and credits obtained by, government corporations and municipalities and organisations affiliated to the government or municipalities against adequate collateral; … 5. Purchase and sale of Treasury Bills and Government Bonds as well as bonds issued by foreign governments or accredited international financial organisations …’ It is apparent from those provisions that the function of the applicant is, inter alia, to hold the accounts of the Government of Iran, to execute or conclude financial transactions in the name and on behalf of that government, to provide it with loans or credits, to guarantee its commitments and to purchase or sell the bonds it issues. By virtue of its functions and powers as the central bank of the Islamic Republic of Iran, as defined in Chapter 2 of Part Two of the Monetary and Banking Law of the Islamic Republic of Iran, and notably in Articles 12 and 13 thereof, it is evident that the applicant provides the Government of Iran with financial services which are capable, by their quantitative and qualitative significance, of encouraging nuclear proliferation, by providing the Government of Iran with support in the form of resources or facilities of a material, financial or logistical nature which allow it to pursue such proliferation. It is true that the applicant claimed — for the first time at the hearing — that its powers to grant loans and credits or to provide guarantees to the government were subject to conditions, such as obtaining legal authorisation, which were never met during the relevant period, with the result that it did not exercise those powers or provide the Government of Iran, in practice, with any financial facility or resource. However, it is for the applicant, which thus raises a defence in order to put into context the effects of the powers conferred on it by law, to prove the facts in support of that defence. In the present case, however, the applicant has not produced such evidence. In any event, the defence put forward by the applicant does not apply to all the financial services which, as the central bank of the Islamic Republic of Iran, it provided to the Government of Iran, such as the holding of accounts, the execution and conclusion of financial transactions or the purchase and sale of bonds. Furthermore, while the applicant disputed having placed its own financial resources at the disposal of the Government of Iran, it has always acknowledged that it provided the Government of Iran with financial services, in the same way as any central bank of a State provides the government of that State with such services. Those services are capable, by their quantitative and qualitative significance, of providing the Government of Iran with support which allows it to pursue nuclear proliferation. Accordingly, the Council was justified in concluding that the applicant ‘[p]rovide[d] financial support to the Government of Iran’, and therefore that the criterion set out in Article 20(1)(c) of Decision 2010/413 and in Article 23(2)(d) of Regulation No 267/2012, of support to the Government of Iran, as interpreted in paragraph 66 above, was met in the present case. Consequently, the first plea in law, alleging an error of assessment, must be rejected. The fourth plea in law, alleging breach of the principle of proportionality and infringement of the applicant’s fundamental rights, notably the right to protection of its property and reputation The applicant takes issue with the Council for having, in the contested acts, infringed its right to property and its right to respect for its reputation, as well as the principle of proportionality, in so far as, at all events, the contested acts constituted an unnecessary and disproportionate interference with its property and its reputation. In the present case, the contested acts have, it claims, a significant impact on its property and its reputation, and also, as regards in this instance its activities as the central bank of the Islamic Republic of Iran, on the entire Iranian people, as the witness statement of Ms R shows. The contested acts have thus been adopted contrary to the European Union’s public statements that restrictive measures are not aimed at the Iranian people. The contested acts are not founded on proof of an existing link between the applicant and nuclear proliferation, but solely on the fact that the inclusion of the applicant’s name in the contested lists ‘could substantially reinforce the diplomatic pressure currently being brought to bear on Iran’. The applicant submits that such a reason is too general and does not correspond to the stated aim of EU legislation introducing restrictive measures against the Islamic Republic of Iran, namely to combat nuclear proliferation and, in particular, to prevent its funding. The contested acts are based on a ground that is too general and vague to be properly challenged. The applicant therefore has no proper means of securing the removal of its name from the contested lists. The contested acts therefore also constitute a breach of the principles of legal certainty and foreseeability. The Council disputes the applicant’s arguments and contends that the fourth plea should be rejected as unfounded. The restriction on the applicant’s fundamental rights and freedoms is, it maintains, justified by the legitimate aim of ending nuclear proliferation and its funding, which in turn falls within the general aim of maintaining international peace and security, already recognised by the Court as being an objective of public interest pursued by the European Union. The contested acts apply to only a small part of the applicant’s funds, most of which are situated in Iran or in non-Member States of the European Union. Furthermore, Article 20(3) to (4a), (6) and (7) of Decision 2010/413, as amended by Decision 2012/35 and subsequently by Decision 2012/635, and Articles 24 to 27 and 28 of Regulation No 267/2012 provide for the release of frozen funds to cover some expenses. Those exceptions, which in some cases specifically cover the applicant, significantly lessen the effects of the sanctions adopted against it. By virtue of the principle of proportionality, which is one of the general principles of EU law, the lawfulness of the prohibition of an economic activity is subject to the condition that the prohibitory measures should be appropriate and necessary in order to achieve the objectives legitimately pursued by the legislation in question; when there is a choice between several appropriate measures, recourse must be had to the least onerous, and the disadvantages caused must not be disproportionate to the aims pursued (see judgment in Bank Melli Iran v Council , paragraph 49 above, EU:T:2013:397 , paragraph 179 and the case-law cited). The case-law makes it clear, moreover, that the fundamental rights relied on by the applicant, namely, the right to property and the right to reputation, are not absolute rights, and that their exercise may be subject to restrictions justified by objectives of public interest pursued by the European Union. Thus, any restrictive economic or financial measure entails, ex hypothesi , consequences affecting the right to property and the right to reputation of the person or entity subject to that measure, so causing harm to that person or entity. The importance of the aims pursued by the restrictive measures at issue is, however, such as to justify negative consequences, even of a substantial nature, for the persons or entities concerned (see, to that effect, judgment of 9 July 2009 in Melli Bank v Council , T‑246/08 and T‑332/08, ECR, EU:T:2009:266 , paragraph 111 and the case-law cited). In the present case, it is apparent from paragraphs 88, 100 and 110 above that, to the extent that the contested acts are founded on the criterion of support to the Government of Iran, they are not vitiated by any infringement of essential procedural requirements or any error of assessment that would justify their annulment. Next, it is apparent from paragraph 66 above that, to the extent that they are founded on the criterion of support to the Government of Iran, the contested acts are justified by an objective of public interest which consists in depriving the Government of Iran of all financial facilities or resources that allow it to pursue nuclear proliferation, irrespective of whether the persons or entities providing those facilities or resources are supporting nuclear proliferation themselves. Lastly, as regards the harm caused to the applicant, it is certainly true that the applicant’s rights of property are considerably restricted by the contested acts, since it cannot, inter alia, use the funds belonging to it which are situated in the territory of the European Union or which are held by nationals of Member States of the European Union, or transfer funds belonging to it to the European Union, unless specially authorised. Likewise, the contested acts are seriously detrimental to the applicant’s reputation, given that the restrictive measures imposed on it may cause its partners and customers to regard it with a certain suspicion or mistrust. However, the difficulties caused to the applicant as a result of the contested acts are not disproportionate to the importance of the aim of maintaining international peace and security that is pursued by those acts. This is particularly the case in this instance, given that, first of all, the contested acts relate to only part of the applicant’s assets. Next, Article 20(3) to (4a), (6) and (7) of Decision 2010/413, as amended by Decision 2012/35 and then by Decision 2012/635, and Articles 24 to 27 and 28 of Regulation No 267/2012 provide for the release of the applicant’s funds to cover some of its expenses, notably those considered essential, or to enable the applicant to provide credit or financial institutions with liquidity for the financing of trade, or to enable certain specific trade contracts to be honoured. Lastly, it should be pointed out that the Council is not alleging that the applicant is itself involved in nuclear proliferation. The applicant is not, therefore, personally associated with the behaviour posing a risk to international peace and security, a lesser degree of mistrust of the applicant being generated as a result. In those circumstances, the Court must reject the fourth plea in law, alleging breach of the principle of proportionality and infringement of the applicant’s fundamental rights, notably the right to protection of its property and reputation. Accordingly, the action must be dismissed. Costs Under Article 87(2) of the Rules of Procedure, the unsuccessful party is to be ordered to pay the costs if they have been applied for in the successful party’s pleadings. Since the applicant has been unsuccessful, it must be ordered to pay the costs in accordance with the form of order sought by the Council. On those grounds, THE GENERAL COURT (First Chamber) hereby: 1. Dismisses the action; 2. Orders Central Bank of Iran to pay the costs. Kanninen Pelikánová Buttigieg Delivered in open court in Luxembourg on 25 March 2015. [Signatures] ( *1 ) Language of the case: English.

62008FJ0036

pt

Funcionários – Classificação – Relatório de evolução de carreira (Estatuto dos Funcionários, artigo 43.° e 45.°) Não se pode deduzir do artigo 8.°, n.º 7, das Disposições gerais de execução do artigo 43.° do Estatuto adoptadas pela Comissão, um dever, a cargo da administração, de proceder a uma avaliação comparativa dos funcionários classificados para elaborar o relatório de evolução de carreira. Com efeito, a referida disposição deve ser lida no seu contexto. Em primeiro lugar, embora o artigo 43.° do Estatuto imponha que sejam avaliados, sob a forma de um relatório de evolução de carreira, elaborado pelo menos todos os dois anos, a competência, o rendimento e a conduta no serviço de cada funcionário, o referido Estatuto não prevê que essa avaliação tenha natureza comparativa como no caso do artigo 45.° do Estatuto. Bem pelo contrário, segundo o artigo 8.°, n.º 5, das referidas Disposições gerais de execução, a classificação efectua-se, no que diz respeito à rubrica «Rendimento», à luz de objectivos a alcançar próprios de cada funcionário. Além disso, a verificação mencionada no artigo 8.°, n.º 7, primeiro parágrafo, das referidas Disposições gerais de execução constitui elemento prévio à concertação, prevista no segundo parágrafo do referido artigo, que tem por objecto assegurar, em cada Direcção-Geral, a coerência da avaliação dos méritos efectuada no âmbito da classificação. Decorre do que precede que a referência a uma comparação dos méritos que figura no artigo 8.°, n.º 7, primeiro parágrafo, das referidas Disposições gerais de execução deve ser entendida no sentido de que é um dos elementos que permitem fiscalizar a coerência das avaliações e não de que significa que os relatórios de evolução da carreira apenas podem ser elaborados depois de comparados os méritos de todos os funcionários. (cf. n. os 37 a 39 e 41) Ver: Tribunal da Função Pública: 13 de Dezembro de 2007, Sundholm/Comissão (F‑42/06, ColectFP, pp. I‑A‑1‑0000 e II‑A‑1‑0000, n.º 31)

62010CJ0122

ro

Cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare privește interpretarea articolului 2 litera (i) și a articolului 7 alineatul (4) din Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2005 privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori și de modificare a Directivei 84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor 97/7/CE, 98/27/CE și 2002/65/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului („Directiva privind practicile comerciale neloiale”) (JO L 149, p. 22, Ediție specială, 15/vol. 14, p. 260). Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între Konsumentombudsmannen (ombudsman însărcinat cu protecția consumatorilor), pe de o parte, și Ving Sverige AB (denumită în continuare „Ving”), pe de altă parte, având ca obiect compatibilitatea unei comunicări comerciale cu reglementarea națională privind măsurile de comercializare. Cadrul juridic Dreptul Uniunii Considerentul (6) al Directivei 2005/29 prevede că aceasta are „ca obiectiv apropierea legislațiilor statelor membre privind practicile comerciale neloiale, inclusiv publicitatea neloială, care dăunează direct intereselor economice ale consumatorilor și, prin urmare, dăunează indirect intereselor economice ale concurenților legitimi”. Potrivit considerentului (7) al Directivei 2005/29, aceasta „reglementează practicile comerciale cu [a se citi «care au»] scopul direct de influențare a deciziilor comerciale ale consumatorilor în legătură cu produsele”. În considerentul (14) al directivei menționate se arată că, în ceea ce privește omisiunile înșelătoare, aceasta enumeră „un număr limitat de informații‑cheie de care consumatorul are nevoie pentru a lua o decizie comercială în cunoștință de cauză. Informațiile respective nu trebuie dezvăluite în toate reclamele, ci numai în cazul în care comerciantul face o invitație de a cumpăra”. În considerentul (15) al directivei menționate se arată că, „[î]n cazul în care legislația comunitară stabilește cerințe în materie de informații aplicabile în publicitate, comunicare comercială și comercializare, informațiile respective se consideră semnificative în conformitate cu prezenta directivă”. Din considerentul (18) al aceleiași directive reiese că, „[î]n conformitate cu principiul proporționalității și pentru a permite aplicarea efectivă a măsurilor de protecție care decurg din acesta, directiva ia ca și criteriu de evaluare consumatorul mediu, care este suficient de bine informat și de atent, ținând seama de factori sociali, culturali și lingvistici”. Articolul 1 din Directiva 2005/29 prevede următoarele: „Obiectivul prezentei directive este de a contribui la buna funcționare a pieței interne și de a realiza un nivel ridicat de protecție a consumatorilor prin apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre privind practicile comerciale neloiale care aduc atingere intereselor economice ale consumatorilor.” Potrivit articolului 2 litera (c) din această directivă, „produs” înseamnă „orice bunuri sau servicii, inclusiv bunuri imobile, drepturi și obligații”. Din articolul 2 litera (d) din directiva menționată rezultă că „practici [a se citi «practici comerciale»] ale întreprinderilor față de consumatori” înseamnă „orice acțiune, omisiune, comportament, demers sau comunicare comercială, inclusiv publicitatea și comercializarea [a se citi «marketingul»], efectuată de un comerciant, în directă legătură cu promovarea, vânzarea sau furnizarea unui produs către consumatori”. Potrivit articolului 2 litera (i) din aceeași directivă, „invitație de a cumpăra” înseamnă „o comunicare comercială care arată caracteristicile unui produs și prețul într‑o manieră corespunzătoare mijloacelor de comunicare comercială folosite și care îl determină pe consumator [a se citi «care îi permite astfel consumatorului»] să cumpere un produs”. Potrivit articolului 2 litera (k) din Directiva 2005/29, „decizie comercială” înseamnă „orice decizie luată de un consumator cu privire la oportunitatea, modalitățile și condițiile cu privire la cumpărarea unui produs, efectuarea unei plăți integrale sau parțiale pentru un produs, păstrarea sau renunțarea la un produs sau exercitarea unui drept contractual în raport cu produsul; o astfel de decizie determină consumatorul să acționeze sau nu”. Potrivit articolului 7 din Directiva 2005/29: „(1)      O practică comercială se consideră înșelătoare în cazul în care, analizând faptele și ținând seama de toate caracteristicile și circumstanțele, precum și de limitele proprii mediului de comunicare utilizat, omite o informație semnificativă de care consumatorul mediu are nevoie în contextul respectiv pentru a lua o decizie comercială în cunoștință de cauză și care, în consecință, determină sau poate determina consumatorul mediu să ia o decizie comercială pe care nu ar fi luat‑o în alte împrejurări. (2)      De asemenea, o practică comercială se consideră omisiune înșelătoare în cazul în care, ținând seama de toate aspectele descrise la alineatul (1), un comerciant disimulează o informație semnificativă prevăzută la alineatul respectiv sau o furnizează într‑o manieră neclară, neinteligibilă, ambiguă sau nepotrivită sau dacă nu își declară intenția comercială adevărată în cazul în care aceasta nu reiese deja din context sau în cazul în care, în orice situație, aceasta determină sau poate determina consumatorul mediu să ia o decizie comercială pe care nu ar fi luat‑o în alte împrejurări. (3)      În cazul în care mediul de comunicare folosit pentru practica comercială respectivă impune limite de spațiu și timp, aceste limite și orice alte măsuri luate de comerciant pentru a pune informația la dispoziția consumatorilor prin alte mijloace se iau în considerare atunci când se decide dacă au fost omise informații. (4)      În cazul unei invitații de a cumpăra, următoarele informații se consideră semnificative, în cazul în care nu reies deja din context: (a)      principalele caracteristici ale produselor, în mod corespunzător cu mediul de comunicare utilizat și cu produsul în cauză; (b)      adresa geografică și identitatea comerciantului, precum sediul social și, după caz, adresa geografică și identitatea comerciantului în numele căruia acționează; (c)      prețul cu toate taxele incluse sau, în cazul în care prețul nu poate fi calculat în avans în mod satisfăcător dată fiind natura produsului, modalitatea de calcul al prețului și, după caz, toate costurile suplimentare de transport, de livrare sau cheltuielile poștale sau, în cazul în care acestea nu pot fi calculate în avans în mod satisfăcător, menționarea faptului că aceste costuri ar putea fi suportate de consumator; (d)      modalitățile de plată, livrare, executare și soluționare a reclamațiilor, în cazul în care diferă de condițiile de diligență profesională; (e)      pentru produsele și tranzacțiile care implică dreptul de retractare sau de anulare, existența unui asemenea drept. (5)      Informațiile prevăzute de legislația comunitară privind comunicarea comercială, inclusiv publicitatea sau comercializarea, a căror listă incompletă este prevăzută de anexa II, se consideră semnificative.” Dreptul național Directiva 2005/29 a fost transpusă în dreptul intern prin Legea 2008:486 privind practicile de comercializare, al cărei articol 12 prevede următoarele: „Măsura de comercializare este înșelătoare atunci când comerciantul invită consumatorii, într‑o comunicare comercială, să cumpere un produs determinat prin indicarea unui preț, fără însă ca respectiva comunicare să conțină următoarele informații semnificative: 1)      principalele caracteristici ale produsului, în mod corespunzător cu mediul de comunicare utilizat și cu produsul în cauză, 2)      prețul și prețul unitar, indicate în modul prevăzut la articolele 7-10 din Legea 2004:347 privind informațiile referitoare la prețuri, 3)      identitatea și adresa geografică a comerciantului, 4)      condițiile de plată, de livrare, de executare și de soluționare a reclamațiilor, în cazul în care diferă de uzanțele obișnuite din domeniu sau care se referă la produsul în cauză, 5)      informațiile referitoare la dreptul de retractare sau de anulare care, potrivit legii, trebuie să fie comunicate consumatorului. De asemenea, măsura de comercializare este înșelătoare în cazul în care comerciantul invită consumatorii, într‑o comunicare comercială, să cumpere mai multe produse determinate prin indicarea unui preț global, fără ca invitația să conțină informațiile semnificative menționate la punctele 1-5 ale primului paragraf.” Acțiunea principală și întrebările preliminare Ving este o agenție de turism care organizează pachete de servicii pentru călătorii pe zboruri charter și pe zboruri regulate. De asemenea, Ving vinde bilete de avion și rezervări la hotel persoanelor care călătoresc individual. Călătoriile sunt vândute prin internet, prin telefon, la punctele de vânzare ale societății, precum și printr‑o serie de agenții de turism de pe întreg teritoriul Suediei. La 13 august 2008, Ving a publicat o comunicare comercială într‑un cotidian suedez prin care propunea călătorii cu destinația New York (Statele Unite ale Americii) pentru o perioadă cuprinsă între luna septembrie 2008 și luna decembrie 2008. În anunțul menționat erau incluse anumite informații, respectiv, cu litere îngroșate, „New York începând de la 7 820 de coroane”, în partea de jos a acestui text, cu litere mai mici, „Zboruri de la Arlanda cu British Airways și două nopți la Hotelul Bedford – Preț pe persoană în cameră dublă, taxele de aeroport incluse. Noapte suplimentară începând de la 1 320 de coroane. Valabil pentru călătoriile din perioada septembrie‑decembrie. Număr limitat de locuri”, și, în partea de jos, în stânga anunțului, „Vingflex.se Tel. 0771-995995”. La 27 februarie 2009, Konsumentombudsmannen a introdus o acțiune împotriva Ving în fața instanței de trimitere pe motiv că această comunicare comercială era o invitație de a cumpăra conținând o omisiune înșelătoare, în măsura în care informațiile referitoare la caracteristicile principale ale călătoriei, în special prețul acesteia, erau insuficiente sau lipseau. Konsumentombudsmannen a solicitat ca Ving să fie obligată să indice un preț fix în anunțul său și să i se interzică, sub sancțiunea penalităților cu titlu cominatoriu, să anunțe un preț de bază. În plus, acesta a solicitat ca agenția de turism să fie obligată să detalieze mai mult modul în care principalele caracteristici ale călătoriei, cum ar fi, de exemplu, datele, opțiunile propuse consumatorului sau caracteristicile similare, influențează prețul de bază indicat în comunicarea comercială și în ce fel este afectat acest preț. Ving contestă că, în ceea ce privește comunicarea comercială în cauză, aceasta constituie o invitație de a cumpăra. În subsidiar, Ving arată că principalele caracteristici ale produsului au fost indicate în mod corespunzător cu mediul de comunicare utilizat, precum și cu produsul în cauză, iar prețul a fost menționat potrivit modului prevăzut de Legea 2004:347 privind informațiile referitoare la prețuri. În plus, Ving contestă că, în ceea ce privește comunicarea comercială menționată, aceasta constituie o practică neloială și că ar fi omis să ofere informații semnificative și clare. În subsidiar, Ving afirmă că omiterea informațiilor în litigiu nu a denaturat și nu putea să denatureze capacitatea destinatarului de a lua o decizie comercială în cunoștință de cauză. Considerând că soluționarea litigiului cu care este sesizată depinde de interpretarea Directivei 2005/29, Marknadsdomstolen a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarele întrebări preliminare: „1)      Condiția, prevăzută la articolul 2 litera (i) din Directiva 2005/29 […], desemnată prin expresia «care îi permite astfel consumatorului să cumpere un produs» trebuie interpretată în sensul că există o invitație de a cumpăra din momentul în care informația privind produsul promovat și prețul acestuia este suficientă astfel încât consumatorul să poată decide să cumpere sau este necesar ca în comunicarea comercială să se regăsească de asemenea o posibilitate concretă de a cumpăra produsul (de exemplu, un bon de comandă) ori ca această comunicare să prezinte o legătură cu o astfel de posibilitate (de exemplu, o reclamă în exteriorul unui magazin)? 2)      Dacă răspunsul la [prima] întrebare […] este în sensul că în comunicarea comercială trebuie să se regăsească o posibilitate concretă de a cumpăra produsul, această condiție trebuie considerată îndeplinită în cazul în care comunicarea face referire la un număr de telefon sau la un site internet unde poate fi comandat produsul? 3)      Articolul 2 litera (i) din Directiva [2005/29] trebuie interpretat în sensul că cerința privind prețul este îndeplinită în cazul în care comunicarea comercială conține un preț de bază, mai precis prețul cel mai mic pentru care poate fi cumpărat produsul sau categoria de produse promovată, chiar dacă produsul sau categoria de produse promovată este disponibilă în alte variante ori cu alt conținut, la prețuri care nu sunt indicate? 4)      Articolul 2 litera (i) din Directiva [2005/29] trebuie interpretat în sensul că cerința privind caracteristicile unui produs este îndeplinită din momentul în care există o referire verbală sau vizuală la produs […], mai precis, dacă produsul este identificat, însă nu este descris? 5)      Dacă răspunsul la [a patra] întrebare […] este afirmativ, acesta este valabil și în situația în care produsul promovat este oferit în mai multe variante, însă comunicarea comercială face referire la acestea numai printr‑o denumire comună? 6)      Dacă există o invitație de a cumpăra, articolul 7 alineatul (4) litera (a) din Directiva [2005/29] trebuie interpretat în sensul că este suficient să se indice numai anumite caracteristici principale ale produsului și, pentru mai multe detalii, comerciantul să trimită la site‑ul său internet, cu condiția ca pe acest site să existe informații esențiale privind caracteristicile principale ale produsului, prețul și celelalte condiții, în conformitate cu cerințele articolului 7 alineatul (4) [menționat anterior]? 7)      Articolul 7 alineatul (4) litera (c) din Directiva [2005/29] trebuie interpretat în sensul că este suficient să se indice un preț de bază pentru ca cerința privind prețul să fie considerată îndeplinită?” Cu privire la întrebările preliminare Observații introductive Directiva 2005/29 are ca obiectiv apropierea legislațiilor statelor membre privind practicile comerciale neloiale, inclusiv publicitatea neloială, care dăunează direct intereselor economice ale consumatorilor și, prin urmare, dăunează indirect intereselor economice ale concurenților legitimi. În vederea interpretării dispozițiilor Directivei 2005/29, noțiunea de consumator are o importanță capitală. Această directivă utilizează drept criteriu de evaluare consumatorul mediu, care este suficient de bine informat și de atent, ținând seama de factori sociali, culturali și lingvistici. Curtea a statuat deja că, în ceea ce privește caracterul înșelător al unei publicități, instanțele naționale trebuie să ia în considerare percepția consumatorului mediu, normal informat și suficient de atent și de avizat (a se vedea în acest sens Hotărârea din 19 septembrie 2006, Lidl Belgium, C‑356/04, Rec., p. I‑8501, punctul 78, și Hotărârea din 18 noiembrie 2010, Lidl, C‑159/09, nepublicată încă în Repertoriu, punctul 47). În plus, trebuie subliniat că numai o practică comercială calificată în prealabil drept o invitație de a cumpăra intră în domeniul de aplicare al articolului 7 alineatul (4) din Directiva 2005/29, în timp ce toate practicile comerciale, inclusiv invitațiile de a cumpăra, sunt supuse dispozițiilor articolului 7 alineatele (1), (2), (3) și (5) din această directivă. Invitația de a cumpăra, definită la articolul 2 litera (i) din directiva menționată, trebuie să conțină un număr de informații‑cheie, enumerate la articolul 7 alineatul (4) din aceeași directivă, de care consumatorul are nevoie pentru a lua o decizie comercială în cunoștință de cauză. În lipsa informațiilor în cauză, calificate drept semnificative de această ultimă dispoziție, o invitație de a cumpăra este considerată a fi înșelătoare și, prin urmare, este neloială, astfel cum rezultă din dispozițiile articolului 5 alineatul (4) și ale articolului 7 din Directiva 2005/29. În sfârșit, trebuie amintit că, astfel cum rezultă din considerentul (15) și din articolul 7 alineatul (5) din Directiva 2005/29, informațiile prevăzute de legislația Uniunii privind comunicarea comercială, inclusiv publicitatea sau comercializarea, se consideră, de asemenea, semnificative. O listă exemplificativă a dispozițiilor menționate din legislația Uniunii redată în anexa II la Directiva 2005/29 include, printre altele, articolul 3 din Directiva 90/314/CEE a Consiliului din 13 iunie 1990 privind pachetele de servicii pentru călătorii, vacanțe și circuite (JO L 158, p. 59, Ediție specială, 13/vol. 10, p. 248). Prin urmare, relevanța acestei ultime dispoziții ar trebui să fie verificată de instanța națională, chiar dacă problemele legate de aceasta nu au fost menționate și nu fac obiectul unei dezbateri în fața Curții. Cu privire la prima întrebare Prin intermediul primei întrebări, instanța de trimitere solicită, în esență, să se stabilească dacă expresia „care îi permite astfel consumatorului să cumpere un produs”, care figurează la articolul 2 litera (i) din Directiva 2005/29, trebuie interpretată în sensul că aceasta condiționează calificarea unei invitații de a cumpăra de existența unei posibilități concrete de a cumpăra produsul promovat sau în sensul că există o invitație de a cumpăra din moment ce informația privind produsul în cauză și prețul acestuia este suficientă astfel încât consumatorul să poată lua o decizie comercială. Astfel cum a subliniat avocatul general la punctul 22 din concluzii, invitația de a cumpăra este o formă specială de publicitate care implică o obligație mai strictă de informare în temeiul articolului 7 alineatul (4) din Directiva 2005/29. Numai o interpretare nerestrictivă a noțiunii de invitație de a cumpăra este conformă cu unul dintre obiectivele acestei directive care, potrivit articolului 1, constă în a realiza un nivel ridicat de protecție a consumatorilor. În lumina acestor precizări, expresia „care îi permite astfel consumatorului să cumpere un produs” nu trebuie să fie analizată în sensul că stabilește o condiție suplimentară necesară pentru calificarea drept invitație de a cumpăra, ci ca indicând scopul cerințelor stabilite cu privire la caracteristicile și la prețul produsului, astfel încât consumatorul să dispună de informații suficiente care să îi permită să cumpere un produs. O astfel de concluzie este confirmată de o interpretare literală întemeiată pe utilizarea adverbului „astfel” și completează interpretarea teleologică a articolului 2 litera (i) din Directiva 2005/29. Din cele menționate anterior rezultă că, pentru ca o comunicare comercială să poată fi calificată drept invitație de a cumpăra, nu este necesar ca aceasta să conțină o posibilitate concretă de a cumpăra sau să prezinte o legătură cu o astfel de posibilitate. În aceste condiții, la prima întrebare trebuie să se răspundă că expresia „care îi permite astfel consumatorului să cumpere un produs”, prevăzută la articolul 2 litera (i) din Directiva 2005/29, trebuie interpretată în sensul că există o invitație de a cumpăra din moment ce informația privind produsul promovat și prețul acestuia este suficientă astfel încât consumatorul să poată lua o decizie comercială, fără a fi necesar ca în comunicarea comercială să se regăsească de asemenea o posibilitate concretă de a cumpăra produsul ori ca această comunicare să prezinte o legătură cu o astfel de posibilitate. Cu privire la a doua întrebare Având în vedere răspunsul dat la prima întrebare, nu este necesar să se răspundă la a doua întrebare. Cu privire la a treia întrebare Prin intermediul celei de a treia întrebări, instanța de trimitere solicită să se stabilească dacă articolul 2 litera (i) din Directiva 2005/29 trebuie interpretat în sensul că cerința privind indicarea prețului produsului este îndeplinită în cazul în care comunicarea comercială conține un preț de bază, mai precis prețul cel mai mic pentru care poate fi cumpărat produsul sau categoria de produse promovată, chiar dacă produsul sau categoria de produse promovată este disponibilă în alte variante ori cu alt conținut, la prețuri care nu sunt indicate. Întrucât articolul 2 litera (i) din Directiva 2005/29 nu impune indicarea unui preț final, nu poate fi exclus de la bun început faptul că cerința privind indicarea prețului produsului este îndeplinită prin menționarea unui preț de bază. Dispoziția menționată prevede că o invitație de a cumpăra trebuie să indice prețul produsului într‑o manieră corespunzătoare mijloacelor de comunicare comercială folosite. Prin urmare, este posibil ca, în funcție de mijlocul de comunicare utilizat, să fie dificilă indicarea prețului corespunzător fiecăreia dintre variantele produsului. În plus, chiar articolul 7 alineatul (4) litera (c) din Directiva 2005/29 admite, în privința omisiunilor înșelătoare, având în vedere natura produsului, posibilitatea ca un comerciant să nu fie în mod efectiv în măsură să comunice anticipat prețul final. Dacă, pe de altă parte, ar trebui să se considere că menționarea unui preț de bază nu îndeplinește cerința privind indicarea prețului menționată la articolul 2 litera (i) din Directiva 2005/29, ar fi ușor pentru comercianți să nu indice decât un preț de bază pentru a evita calificarea comunicării comerciale în cauză drept invitație de a cumpăra și, prin urmare, respectarea dispozițiilor articolului 7 alineatul (4) din directiva menționată. O astfel de interpretare ar afecta efectul util al directivei menționate, astfel cum este acesta amintit la punctele 28 și 29 din prezenta hotărâre. Din cele menționate anterior rezultă că un preț de bază poate îndeplini cerința privind menționarea prețului produsului în sensul articolului 2 litera (i) din Directiva 2005/29, din moment ce, în funcție de natura și de caracteristicile produsului, precum și în funcție de mediul de comunicare comercială utilizat, această menționare îi permite consumatorului să ia o decizie comercială. Prin urmare, la a treia întrebare trebuie să se răspundă că articolul 2 litera (i) din Directiva 2005/29 trebuie interpretat în sensul că cerința privind indicarea prețului produsului poate fi îndeplinită în cazul în care comunicarea comercială conține un preț de bază, mai precis prețul cel mai mic pentru care poate fi cumpărat produsul sau categoria de produse promovată, chiar dacă produsul sau categoria de produse promovată este disponibilă în alte variante ori cu alt conținut, la prețuri care nu sunt indicate. Este de competența instanței de trimitere să verifice, în funcție de natura și de caracteristicile produsului, precum și în funcție de mediul de comunicare comercială utilizat, dacă menționarea unui preț de bază îi permite consumatorului să ia o decizie comercială. Cu privire la a patra și la a cincea întrebare Prin intermediul celei de a patra și al celei de a cincea întrebări, care trebuie analizate împreună, instanța de trimitere solicită, în esență, să se stabilească dacă articolul 2 litera (i) din Directiva 2005/29 trebuie interpretat în sensul că o referire verbală sau vizuală la produs permite îndeplinirea cerinței privind indicarea caracteristicilor produsului, inclusiv în situația în care aceeași referire verbală sau vizuală este utilizată pentru a desemna un produs oferit în mai multe variante. Noțiunea de produs, astfel cum este definită la articolul 2 litera (c) din directiva menționată, înseamnă orice bunuri sau servicii, inclusiv bunuri imobile, drepturi și obligații. Cu toate acestea, informațiile referitoare la caracteristicile produsului pot varia considerabil în funcție de natura acestuia din urmă. În măsura în care articolul 2 litera (i) din Directiva 2005/29 impune indicarea caracteristicilor produsului într‑o manieră corespunzătoare mijloacelor utilizate, mediul de comunicare comercială trebuie să fie luat în considerare în acest scop. Nu poate fi impus același grad de precizie în descrierea unui produs indiferent de forma – radiofonică, televizată, electronică sau pe hârtie – pe care o ia comunicarea comercială. O referire verbală sau vizuală îi poate permite consumatorului să își formeze o opinie cu privire la natura și la caracteristicile produsului pentru a lua o decizie comercială, inclusiv în situația în care aceeași referire verbală sau vizuală desemnează un produs oferit în mai multe variante. În plus, astfel cum a arătat avocatul general la punctul 29 din concluzii, prețul de bază îi poate permite consumatorului să înțeleagă că produsul pe care acesta l‑a putut individualiza există în alte variante. Este de competența instanței naționale să stabilească, de la caz la caz, ținând seama de natura și de caracteristicile produsului, precum și de mediul de comunicare utilizat, în ce măsură consumatorul dispune de informații suficiente pentru a identifica și pentru a distinge produsul în vederea luării unei decizii comerciale. Prin urmare, la a patra și la a cincea întrebare trebuie să se răspundă că articolul 2 litera (i) din Directiva 2005/29 trebuie interpretat în sensul că o referire verbală sau vizuală la produs permite îndeplinirea cerinței privind indicarea caracteristicilor produsului, inclusiv în situația în care aceeași referire verbală sau vizuală este utilizată pentru a desemna un produs oferit în mai multe variante. Este de competența instanței de trimitere să stabilească, de la caz la caz, ținând seama de natura și de caracteristicile produsului, precum și de mediul de comunicare utilizat, în ce măsură consumatorul dispune de informații suficiente pentru a identifica și pentru a distinge produsul în vederea luării unei decizii comerciale. Cu privire la a șasea întrebare Prin intermediul celei de a șasea întrebări, instanța națională solicită să se stabilească dacă articolul 7 alineatul (4) litera (a) din Directiva 2005/29 trebuie interpretat în sensul că este suficient să se indice numai anumite caracteristici principale ale produsului și, pentru mai multe detalii, comerciantul să trimită la site‑ul său internet, cu condiția ca pe acest site să existe informații esențiale privind caracteristicile principale ale produsului, prețul și alte condiții, în conformitate cu cerințele articolului 7 alineatul (4) din directiva menționată. Trebuie reamintit că practicile comerciale prevăzute la articolul 7 alineatul (4) din Directiva 2005/29 necesită o evaluare de la caz la caz, în timp ce practicile comerciale prevăzute în anexa I la directiva menționată sunt considerate neloiale în toate situațiile (a se vedea în acest sens Hotărârea din 23 aprilie 2009, VTB‑VAB, C‑261/07 și C‑299/07, Rep., p. I‑2949, punctul 56, precum și Hotărârea din 14 ianuarie 2010, Plus Warenhandelsgesellschaft, C‑304/08, Rep., p. I‑217, punctul 45). Articolul 7 alineatul (4) litera (a) din Directiva 2005/29 face referire la caracteristicile principale ale produsului, fără a defini însă această noțiune și fără a cuprinde o listă exhaustivă a acestora. Totuși, se precizează că trebuie să se țină seama, pe de o parte, de mediul de comunicare utilizat, iar pe de altă parte, de produsul în cauză. Această dispoziție trebuie interpretată în coroborare cu articolul 7 alineatul (1) din directiva menționată, potrivit căruia practica comercială trebuie să fie evaluată ținându‑se cont, printre altele, de contextul de fapt și de limitele proprii mediului de comunicare utilizat. De asemenea, trebuie să se arate că articolul 7 alineatul (3) din directiva menționată prevede în mod expres că se iau în considerare, pentru a se decide dacă au fost omise informații, limitele de spațiu și de timp ale mediului de comunicare folosit, precum și măsurile luate de comerciant pentru a pune aceste informații la dispoziția consumatorilor prin alte mijloace. Din aceasta rezultă că întinderea informațiilor privind caracteristicile principale ale unui produs care trebuie comunicate de un comerciant în cadrul unei invitații de a cumpăra trebuie apreciată în funcție de contextul acestei invitații, de natura și de caracteristicile produsului, precum și în funcție de mediul de comunicare utilizat. Din cele menționate anterior rezultă că articolul 7 alineatul (4) litera (a) din Directiva 2005/29 nu se opune ca numai anumite caracteristici principale ale produsului să fie menționate într‑o invitație de a cumpăra și, pentru mai multe detalii, comerciantul să trimită la site‑ul său internet, cu condiția ca pe acest site să existe informații esențiale privind caracteristicile principale ale produsului, prețul și celelalte condiții, în conformitate cu cerințele articolului 7 din directiva menționată Cu toate acestea, trebuie amintit că, potrivit articolului 7 alineatul (5) din Directiva 2005/29, sunt considerate semnificative informațiile prevăzute de legislația Uniunii privind comunicarea comercială și a căror listă exemplificativă este cuprinsă în anexa II la această directivă. Printre textele menționate în această anexă figurează articolul 3 din Directiva 90/314 privind pachetele de servicii pentru călătorii, vacanțe și circuite, alineatul (2) al acestui articol cuprinzând o serie de informații pe care trebuie să le conțină o broșură cu privire la acest tip de călătorii, de vacanțe și de circuite. Este de competența instanței de trimitere să aprecieze, de la caz la caz, luând în considerare contextul invitației de a cumpăra, mediul de comunicare utilizat, precum și natura și caracteristicile produsului, dacă menționarea numai a anumitor caracteristici principale ale produsului îi permite consumatorului să ia, în cunoștință de cauză, o decizie comercială. Având în vedere considerațiile de mai sus, la a șasea întrebare trebuie să se răspundă că articolul 7 alineatul (4) litera (a) din Directiva 2005/29 trebuie interpretat în sensul că poate fi suficient să se indice numai anumite caracteristici principale ale produsului și, pentru mai multe detalii, comerciantul să trimită la site‑ul său internet, cu condiția ca pe acest site să existe informații esențiale privind caracteristicile principale ale produsului, prețul și celelalte condiții, în conformitate cu cerințele articolului 7 din directiva menționată. Este de competența instanței de trimitere să aprecieze, de la caz la caz, luând în considerare contextul invitației de a cumpăra, mediul de comunicare utilizat, precum și natura și caracteristicile produsului, dacă menționarea numai a anumitor caracteristici principale ale produsului îi permite consumatorului să ia o decizie comercială în cunoștință de cauză. Cu privire la a șaptea întrebare Prin intermediul celei de a șaptea întrebări, instanța de trimitere urmărește să afle dacă articolul 7 alineatul (4) litera (c) din Directiva 2005/29 trebuie interpretat în sensul că este suficient să se indice un preț de bază pentru ca cerința privind prețul să fie considerată îndeplinită. În comparație cu a treia întrebare, aceasta necesită considerații de natură diferită. Astfel, în timp ce articolul 2 litera (i) din Directiva 2005/29 urmărește să determine calificarea drept invitație de a cumpăra, articolul 7 alineatul (4) litera (c) din această directivă cuprinde informații care, în cazul unei invitații de a cumpăra, trebuie considerate semnificative. Or, deși este adevărat că, la articolul 7 alineatul (4) din directiva menționată, informațiile privind prețul sunt considerate, în principiu, semnificative, este la fel de adevărat că la litera (c) a acestei dispoziții se prevede că, în cazul în care prețul nu poate fi calculat în avans în mod satisfăcător dată fiind natura produsului, informațiile trebuie să includă modalitatea de calcul al prețului și, după caz, toate costurile suplimentare de transport, de livrare sau cheltuielile poștale sau, în cazul în care acestea nu pot fi calculate în avans în mod satisfăcător, menționarea faptului că aceste costuri ar putea fi suportate de consumator. Astfel, indicarea numai a unui preț de bază poate fi justificată în situații în care prețul nu poate fi calculat în avans în mod satisfăcător având în vedere, printre altele, natura și caracteristicile produsului. Din înscrisurile de la dosar rezultă că, pentru a stabili prețul final al unei călătorii, poate fi luată în considerare o serie de factori variabili, cum ar fi momentul rezervării și atractivitatea destinației ca urmare a desfășurării unor evenimente religioase, artistice sau sportive, a existenței unor condiții specifice de sezon, precum și în funcție de datele și de orele de călătorie. Cu toate acestea, atunci când în invitația de a cumpăra apare exclusiv prețul de bază, fără a fi indicate modalitățile de calcul al prețului final și, dacă este cazul, costurile suplimentare sau menționarea faptului că aceste costuri sunt suportate de consumator, trebuie să se stabilească dacă această informație este suficientă pentru a‑i permite consumatorului să ia o decizie comercială în cunoștință de cauză sau dacă este necesar să se constate existența unor omisiuni înșelătoare potrivit articolului 7 din Directiva 2005/29. Trebuie să se țină cont de faptul că articolul 7 alineatul (3) din Directiva 2005/29 prevede că, în cazul în care mediul de comunicare folosit pentru practica comercială respectivă impune limite de spațiu și de timp, aceste limite și orice alte măsuri luate de comerciant pentru a pune informația la dispoziția consumatorilor prin alte mijloace se iau în considerare atunci când se decide dacă au fost omise informațiile. Indicațiile furnizate de dispoziția menționată cu privire la elementele care trebuie luate în considerare pentru a se stabili dacă practica comercială trebuie să fie calificată drept omisiune înșelătoare sunt aplicabile invitațiilor de a cumpăra menționate la articolul 7 alineatul (4) din directiva menționată. Întinderea informației referitoare la preț va fi stabilită în funcție de natura și de caracteristicile produsului, dar și în funcție de mediul de comunicare folosit pentru invitația de a cumpăra și având în vedere informațiile suplimentare eventual oferite de comerciant. Prin urmare, indicarea numai a unui preț de bază într‑o invitație de a cumpăra nu poate fi considerată, per se , ca fiind o omisiune înșelătoare. Este de competența instanței naționale să stabilească dacă indicarea unui preț de bază este suficientă pentru a fi considerate îndeplinite cerințele privind menționarea unui preț, astfel cum sunt acestea prevăzute la articolul 7 alineatul (4) litera (c) din Directiva 2005/29. Instanța de trimitere va trebui să verifice, printre altele, dacă omiterea modalităților de calcul al prețului final nu îi împiedică pe consumatori să ia o decizie comercială în cunoștință de cauză și, prin urmare, dacă nu îi determină să ia o decizie comercială pe care nu ar fi luat‑o în alte împrejurări. De asemenea, aceasta trebuie să ia în considerare limitele inerente mediului de comunicare utilizat, natura și caracteristicile produsului, precum și celelalte măsuri pe care comerciantul le‑a luat în mod efectiv pentru a pune informații la dispoziția consumatorilor. Prin urmare, la a șaptea întrebare trebuie să se răspundă că articolul 7 alineatul (4) litera (c) din Directiva 2005/29 trebuie interpretat în sensul că indicarea numai a unui preț de bază într‑o invitație de a cumpăra nu poate fi considerată, per se , ca fiind o omisiune înșelătoare. Este de competența instanței de trimitere să stabilească dacă indicarea unui preț de bază este suficientă pentru a fi considerate îndeplinite cerințele privind menționarea prețului, astfel cum sunt prevăzute în dispoziția menționată. Această instanță va trebui să verifice, printre altele, dacă omiterea modalităților de calcul al prețului final nu îi împiedică pe consumatori să ia o decizie comercială în cunoștință de cauză și, prin urmare, dacă nu îi determină să ia o decizie comercială pe care nu ar fi luat‑o în alte împrejurări. De asemenea, aceasta trebuie să ia în considerare limitele inerente mediului de comunicare utilizat, natura și caracteristicile produsului, precum și celelalte măsuri pe care comerciantul le‑a luat în mod efectiv pentru a pune informații la dispoziția consumatorilor. Cu privire la cheltuielile de judecată Întrucât, în privința părților din acțiunea principală, procedura are caracterul unui incident survenit la instanța de trimitere, este de competența acesteia să se pronunțe cu privire la cheltuielile de judecată. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observații Curții, altele decât cele ale părților menționate, nu pot face obiectul unei rambursări. Pentru aceste motive, Curtea (Camera a doua) declară: 1) Expresia „care îi permite astfel consumatorului să cumpere un produs”, prevăzută la articolul 2 litera (i) din Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2005 privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori și de modificare a Directivei 84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor 97/7/CE, 98/27/CE și 2002/65/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului („Directiva privind practicile comerciale neloiale”), trebuie interpretată în sensul că există o invitație de a cumpăra din moment ce informația privind produsul promovat și prețul acestuia este suficientă astfel încât consumatorul să poată lua o decizie comercială, fără a fi necesar ca în comunicarea comercială să se regăsească de asemenea o posibilitate concretă de a cumpăra produsul ori ca această comunicare să prezinte o legătură cu o astfel de posibilitate. 2) Articolul 2 litera (i) din Directiva 2005/29 trebuie interpretat în sensul că cerința privind indicarea prețului produsului poate fi îndeplinită în cazul în care comunicarea comercială conține un preț de bază, mai precis prețul cel mai mic pentru care poate fi cumpărat produsul sau categoria de produse promovată, chiar dacă produsul sau categoria de produse promovată este disponibilă în alte variante ori cu alt conținut, la prețuri care nu sunt indicate. Este de competența instanței de trimitere să verifice, în funcție de natura și de caracteristicile produsului, precum și în funcție de mediul de comunicare comercială utilizat, dacă menționarea unui preț de bază îi permite consumatorului să ia o decizie comercială. 3) Articolul 2 litera (i) din Directiva 2005/29 trebuie interpretat în sensul că o referire verbală sau vizuală la produs permite îndeplinirea cerinței privind indicarea caracteristicilor produsului, inclusiv în situația în care aceeași referire verbală sau vizuală este utilizată pentru a desemna un produs oferit în mai multe variante. Este de competența instanței de trimitere să stabilească, de la caz la caz, ținând seama de natura și de caracteristicile produsului, precum și de mediul de comunicare utilizat, în ce măsură consumatorul dispune de informații suficiente pentru a identifica și pentru a distinge produsul în vederea luării unei decizii comerciale. 4) Articolul 7 alineatul (4) litera (a) din Directiva 2005/29 trebuie interpretat în sensul că poate fi suficient să se indice numai anumite caracteristici principale ale produsului și, pentru mai multe detalii, comerciantul să trimită la site‑ul său internet, cu condiția ca pe acest site să existe informații esențiale privind caracteristicile principale ale produsului, prețul și celelalte condiții, în conformitate cu cerințele articolului 7 din directiva menționată. Este de competența instanței de trimitere să aprecieze, de la caz la caz, luând în considerare contextul invitației de a cumpăra, mediul de comunicare utilizat, precum și natura și caracteristicile produsului, dacă menționarea numai a anumitor caracteristici principale ale produsului îi permite consumatorului să ia o decizie comercială în cunoștință de cauză. 5) Articolul 7 alineatul (4) litera (c) din Directiva 2005/29 trebuie interpretat în sensul că indicarea numai a unui preț de bază într‑o invitație de a cumpăra nu poate fi considerată, per se , ca fiind o omisiune înșelătoare. Este de competența instanței de trimitere să stabilească dacă indicarea unui preț de bază este suficientă pentru a fi considerate îndeplinite cerințele privind menționarea prețului, astfel cum sunt prevăzute în dispoziția menționată. Această instanță va trebui să verifice, printre altele, dacă omiterea modalităților de calcul al prețului final nu îi împiedică pe consumatori să ia o decizie comercială în cunoștință de cauză și, prin urmare, dacă nu îi determină să ia o decizie comercială pe care nu ar fi luat‑o în alte împrejurări. De asemenea, aceasta trebuie să ia în considerare limitele inerente mediului de comunicare utilizat, natura și caracteristicile produsului, precum și celelalte măsuri pe care comerciantul le‑a luat în mod efectiv pentru a pune informații la dispoziția consumatorilor. Semnături * Limba de procedură: suedeza.

62019CJ0245

fr

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation, d’une part, des articles 7, 8 et 47 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et, d’autre part, de l’article 1 er , paragraphe 1, et de l’article 5 de la directive 2011/16/UE du Conseil, du 15 février 2011, relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE ( JO 2011, L 64, p. 1 , et rectificatif JO 2013, L 162, p. 15 ), telle que modifiée par la directive 2014/107/UE du Conseil, du 9 décembre 2014 ( JO 2014, L 359, p. 1 ) (ci-après la « directive 2011/16 »). Ces demandes ont été introduites dans le cadre de deux litiges opposant l’État luxembourgeois, respectivement, à la société B, pour le premier, et aux sociétés B, C et D ainsi qu’à F. C., pour le second, au sujet de deux décisions du directeur de l’administration des contributions directes (Luxembourg) faisant injonction, respectivement, à la société B et à la banque A de lui communiquer certaines informations, à la suite de demandes d’échange d’informations entre États membres en matière fiscale. Le cadre juridique Le droit de l’Union La directive 2011/16 Les considérants 1, 2, 9 et 27 de la directive 2011/16 indiquent : « (1) À l’ère de la mondialisation, il est plus que jamais nécessaire pour les États membres de se prêter mutuellement assistance dans le domaine fiscal. La mobilité des contribuables, le nombre d’opérations transfrontalières et l’internationalisation des instruments financiers connaissent une évolution considérable, ce qui fait qu’il est difficile pour les États membres d’établir correctement le montant des impôts et taxes à percevoir. Cette difficulté croissante a des répercussions sur le fonctionnement des systèmes fiscaux et entraîne un phénomène de double imposition, lequel incite à la fraude et à l’évasion fiscales [...] (2) C’est pourquoi un État membre ne peut gérer son système fiscal interne sans disposer d’informations provenant d’autres États membres, notamment pour ce qui est de la fiscalité directe. Afin de surmonter les effets négatifs de ce phénomène, il est indispensable de mettre au point un nouveau mécanisme de coopération administrative entre les administrations fiscales des États membres. Il est nécessaire de disposer d’instruments propres à instaurer la confiance entre les États membres par l’établissement de règles, d’obligations et de droits identiques dans toute l’Union européenne. [...] (9) Il importe que les États membres échangent des informations concernant des cas particuliers lorsqu’un autre État membre le demande et fassent effectuer les recherches nécessaires pour obtenir ces informations. La norme dite de la “pertinence vraisemblable” vise à permettre l’échange d’informations en matière fiscale dans la mesure la plus large possible et, en même temps, à préciser que les États membres ne sont pas libres d’effectuer des “recherches tous azimuts” ou de demander des informations dont il est peu probable qu’elles concernent la situation fiscale d’un contribuable donné. [...] [...] (27) Tous les échanges d’informations visés dans la présente directive sont soumis aux dispositions d’application de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données [( JO 1995, L 281, p. 31 )] [...]. Toutefois, il convient d’envisager des limitations de certains droits et obligations prévus par la directive [95/46], afin de sauvegarder les intérêts visés à l’article 13, paragraphe 1, [sous] e), de ladite directive. Ces limitations sont nécessaires et proportionnées compte tenu des pertes de recettes potentielles pour les États membres et de l’importance capitale des informations visées par la présente directive pour l’efficacité de la lutte contre la fraude. » L’article 1 er de la directive 2011/16, intitulé « Objet », énonce, à son paragraphe 1 : « La présente directive établit les règles et procédures selon lesquelles les États membres coopèrent entre eux aux fins d’échanger les informations vraisemblablement pertinentes pour l’administration et l’application de la législation interne des États membres relative aux taxes et impôts visés à l’article 2. » L’article 5 de cette directive, intitulé « Procédure régissant l’échange d’informations sur demande », est libellé comme suit : « À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise communique à l’autorité requérante les informations visées à l’article 1 er , paragraphe 1, dont elle dispose ou qu’elle obtient à la suite d’enquêtes administratives. » L’article 7 de ladite directive prévoit que les communications visées à l’article 5 de celle-ci doivent être effectuées le plus rapidement possible et, sauf cas particuliers, dans des délais de deux mois ou de six mois selon que l’autorité requise est déjà ou n’est pas déjà en possession des informations demandées. L’article 25 de la directive 2011/16, intitulé « Protection des données », dispose, à son paragraphe 1 : « Tous les échanges d’informations effectués en vertu de la présente directive sont soumis aux dispositions d’application de la directive [95/46]. Toutefois, aux fins de la bonne application de la présente directive, les États membres limitent la portée des obligations et des droits prévus à l’article 10, à l’article 11, paragraphe 1, et aux articles 12 et 21 de la directive [95/46] dans la mesure où cela est nécessaire afin de sauvegarder les intérêts visés à l’article 13, paragraphe 1, [sous] e), de ladite directive. » La directive 95/46 L’article 10, l’article 11, paragraphe 1, et les articles 12 et 21 de la directive 95/46 prévoient, le premier, les modalités d’information des personnes physiques qui sont concernées par un traitement de données à caractère personnel dans le cas où ces données sont collectées auprès d’elles, le deuxième, les modalités d’information de ces personnes physiques dans le cas où lesdites données n’ont pas été collectées auprès de celles-ci, le troisième, le droit d’accès desdites personnes physiques aux données en cause et, le quatrième, la publicité des traitements de données à caractère personnel. L’article 13, paragraphe 1, sous e), de cette directive prévoit que les États membres peuvent prendre des mesures législatives visant à limiter la portée des obligations et des droits prévus, notamment, à l’article 10, à l’article 11, paragraphe 1, et aux articles 12 et 21 de ladite directive lorsqu’une telle limitation constitue une mesure nécessaire pour sauvegarder un intérêt économique ou financier important d’un État membre ou de l’Union, y compris dans les domaines monétaire, budgétaire et fiscal. L’article 22 de la même directive énonce : « Sans préjudice du recours administratif qui peut être organisé [...] antérieurement à la saisine de l’autorité judiciaire, les États membres prévoient que toute personne dispose d’un recours juridictionnel en cas de violation des droits qui lui sont garantis par les dispositions nationales applicables au traitement en question. » Le règlement (UE) 2016/679 La directive 95/46 a été abrogée, avec effet au 25 mai 2018, par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46 (règlement général sur la protection des données) ( JO 2016, L 119, p. 1 , et rectificatif JO 2018, L 127, p. 2 ), dont l’article 1 er , intitulé « Objet et objectifs », précise notamment qu’il établit des règles relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et qu’il protège les libertés et les droits fondamentaux des personnes physiques, en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel. Par ailleurs, l’article 94, paragraphe 2, de ce règlement précise que les références à la directive 95/46 s’entendent désormais comme étant faites audit règlement. Les articles 13, 14 et 15 du règlement 2016/679 reprennent respectivement, en les modifiant, les dispositions qui figuraient antérieurement à l’article 10, à l’article 11, paragraphe 1, et à l’article 12 de la directive 95/46. L’article 23, paragraphe 1, sous e), dudit règlement, qui reprend, en la modifiant, la disposition figurant antérieurement à l’article 13, paragraphe 1, sous e), de cette directive, énonce que le droit de l’Union et le droit des États membres peuvent, par la voie de mesures législatives, limiter la portée des obligations et des droits prévus, notamment, aux articles 13 à 15 du même règlement lorsqu’une telle limitation respecte l’essence des libertés et des droits fondamentaux et qu’elle constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour garantir certains objectifs importants d’intérêt public général, et notamment un intérêt économique ou financier important de l’Union ou d’un État membre, y compris dans les domaines monétaire, budgétaire et fiscal, de la santé publique et de la sécurité sociale. L’article 79, paragraphe 1, du règlement 2016/679, qui reprend, en le modifiant, l’article 22 de la directive 95/46, prévoit que, sans préjudice de tout recours administratif ou extrajudiciaire qui lui est ouvert, chaque personne physique concernée par un traitement de données à caractère personnel a droit à un recours juridictionnel effectif si elle considère que les droits que lui confère ce règlement ont été violés du fait d’un traitement de ces données effectué en violation dudit règlement. Le droit luxembourgeois La loi du 29 mars 2013 L’article 6 de la loi du 29 mars 2013 portant transposition de la directive 2011/16 et portant 1) modification de la loi générale des impôts, 2) abrogation de la loi modifiée du 15 mars 1979 concernant l’assistance administrative internationale en matière d’impôts directs ( Mémorial A 2013, p. 756), dispose : « À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise luxembourgeoise lui communique les informations vraisemblablement pertinentes pour l’administration et l’application de la législation interne de l’État membre requérant relative aux taxes et impôts [...], dont elle dispose ou qu’elle obtient à la suite d’enquêtes administratives. » La loi du 25 novembre 2014 La loi du 25 novembre 2014 prévoyant la procédure applicable à l’échange de renseignements sur demande en matière fiscale et modifiant la loi du 31 mars 2010 portant approbation des conventions fiscales et prévoyant la procédure y applicable en matière d’échange de renseignements sur demande ( Mémorial A 2014, p. 4170, ci-après la « loi du 25 novembre 2014 ») est applicable, notamment, aux demandes d’échange d’informations visées à l’article 6 de la loi du 29 mars 2013, citée au point précédent du présent arrêt. Aux termes de l’article 2 de la loi du 25 novembre 2014 : « (1)   Les administrations fiscales sont autorisées à requérir les renseignements de toute nature qui sont demandés pour l’application de l’échange de renseignements tel que prévu par les [c]onventions et lois auprès du détenteur de ces renseignements. (2)   Le détenteur des renseignements est obligé de fournir les renseignements demandés, en totalité, de manière précise, sans altération, endéans le délai d’un mois à partir de la notification de la décision portant injonction de fournir les renseignements demandés. Cette obligation comprend la transmission des pièces sans altération sur lesquelles les renseignements sont fondés. [...] » L’article 3 de cette loi, dans sa version applicable aux litiges au principal, prévoyait : « (1)   L’administration fiscale compétente vérifie la régularité formelle de la demande d’échange de renseignements. La demande d’échange de renseignements est régulière en la forme si elle contient l’indication de la base juridique et de l’autorité compétente dont émane la demande ainsi que les autres indications prévues par les [c]onventions et lois. [...] (3)   Si l’administration fiscale compétente ne détient pas les renseignements demandés, le directeur de l’administration fiscale compétente ou son délégué notifie par lettre recommandée adressée au détenteur des renseignements sa décision portant injonction de fournir les renseignements demandés. La notification de la décision au détenteur des renseignements demandés vaut notification à toute autre personne y visée. [...] » L’article 5, paragraphe 1, de ladite loi énonce : « Si les renseignements demandés ne sont pas fournis endéans le délai d’un mois à partir de la notification de la décision portant injonction de fournir les renseignements demandés, une amende administrative fiscale d’un maximum de 250000 euros peut être infligée au détenteur des renseignements. Le montant en est fixé par le directeur de l’administration fiscale compétente ou son délégué. » L’article 6 de la même loi, dans sa version applicable aux litiges au principal, était libellé de la façon suivante : « (1)   Aucun recours ne peut être introduit contre la demande d’échange de renseignements et la décision d’injonction visées à l’article 3, paragraphes 1 er et 3. (2)   Contre les décisions visées à l’article 5, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif au détenteur des renseignements. [...] Le recours a un effet suspensif. [...] [...] » La loi du 1 er mars 2019 La loi du 1 er mars 2019 portant modification de la loi du 25 novembre 2014 prévoyant la procédure applicable à l’échange de renseignements sur demande en matière fiscale ( Mémorial A 2019, p. 112, ci-après la « loi du 1 er mars 2019 ») est entrée en vigueur le 9 mars 2019. L’article 3, paragraphe 1, de la loi du 25 novembre 2014, telle que modifiée par la loi du 1 er mars 2019, dispose : « L’administration fiscale compétente vérifie la régularité formelle de la demande d’échange de renseignements. La demande d’échange de renseignements est régulière en la forme si elle contient l’indication de la base juridique et de l’autorité compétente dont émane la demande ainsi que les autres indications prévues par les [c]onventions et lois. L’administration fiscale compétente s’assure que les renseignements demandés ne sont pas dépourvus de toute pertinence vraisemblable eu égard à l’identité de la personne visée par la demande d’échange de renseignements et à celle du détenteur des renseignements ainsi qu’aux besoins de la procédure fiscale en cause. » L’article 6, paragraphe 1, de la loi du 25 novembre 2014, telle que modifiée par la loi du 1 er mars 2019, énonce : « Contre la décision d’injonction visée à l’article 3, paragraphe 3, un recours en annulation est ouvert devant le tribunal administratif au détenteur des renseignements. [...] » Les litiges au principal et les questions préjudicielles Les litiges au principal ont chacun pour origine une demande d’échange d’informations adressée par l’administration fiscale du Royaume d’Espagne à celle du Grand-Duché de Luxembourg, en vue d’obtenir des informations relatives à F. C., une personne physique ayant sa résidence en Espagne, où celle-ci est visée, en tant que contribuable, par une enquête ayant pour objet de déterminer sa situation au regard de la législation fiscale nationale. Affaire C‑245/19 Le 18 octobre 2016, l’administration fiscale espagnole a adressé à l’administration fiscale luxembourgeoise une première demande d’échange d’informations au sujet de F. C. Le 16 juin 2017, le directeur de l’administration des contributions directes a donné suite à cette demande en adressant à la société B une décision lui faisant injonction de communiquer des informations relatives à la période allant du 1 er janvier 2011 au 31 décembre 2014 et portant sur les éléments suivants : — les contrats conclus par la société B avec les sociétés E et F au sujet des droits de F. C. ; — tout autre contrat conclu, soit au cours de la période en cause, soit antérieurement ou postérieurement à cette période mais prenant effet au cours de celle-ci et relatif à F. C. ; — toutes les factures émises ou reçues en rapport avec ces contrats ainsi que leur mode de recouvrement et leur paiement, et — le détail des comptes bancaires et des établissements financiers dans lesquels est déposée la trésorerie comptabilisée au bilan. Cette décision précisait, par ailleurs, qu’elle ne pouvait pas faire l’objet d’un recours, conformément à l’article 6 de la loi du 25 novembre 2014. Par requête déposée au greffe du tribunal administratif (Luxembourg) le 17 juillet 2017, la société B a introduit un recours visant à obtenir, à titre principal, la réformation de ladite décision et, à titre subsidiaire, l’annulation de celle-ci. Par jugement du 26 juin 2018, le tribunal administratif s’est déclaré compétent pour connaître de ce recours en ce que celui-ci tendait à l’annulation de la décision du 16 juin 2017 et a partiellement annulé cette dernière. S’agissant de sa compétence, il a considéré que l’article 6, paragraphe 1, de la loi du 25 novembre 2014 n’était pas conforme à l’article 47 de la Charte en ce qu’il excluait l’existence d’un recours direct contre une décision portant injonction de communiquer des informations à l’administration fiscale, de telle sorte que cette disposition devait être laissée inappliquée. Quant au fond, il a estimé que certaines des informations demandées par le directeur de l’administration des contributions directes n’étaient pas vraisemblablement pertinentes aux fins de l’enquête menée par l’administration fiscale espagnole, en conséquence de quoi la décision du 16 juin 2017 devait être annulée en tant qu’elle faisait injonction à la société B de communiquer ces informations. Par requête déposée au greffe de la Cour administrative (Luxembourg) le 24 juillet 2018, l’État luxembourgeois a fait appel de ce jugement. Dans le cadre de cet appel, il fait valoir que l’article 6, paragraphe 1, de la loi du 25 novembre 2014 ne méconnaît pas l’article 47 de la Charte dès lors qu’il ne s’oppose pas à ce que la personne qui est destinataire d’une décision portant injonction de communiquer des informations à l’administration fiscale et qui détient les informations sollicitées puisse, dans l’hypothèse où elle ne s’est pas conformée à cette décision et où une sanction lui a été infligée pour ce motif, contester à titre incident ladite décision dans le cadre du recours en réformation qu’elle peut former contre une telle sanction, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de cette loi. En conséquence, ce serait à tort que le tribunal administratif a écarté l’article 6, paragraphe 1, de ladite loi et s’est déclaré compétent pour connaître du recours en annulation qui lui avait été soumis. En outre, cette juridiction aurait considéré à tort que certaines des informations visées par la décision du 16 juin 2017 n’étaient pas vraisemblablement pertinentes au sens de la directive 2011/16. Dans sa décision de renvoi, la Cour administrative se demande, en premier lieu, si les articles 7, 8, 47 et 52 de la Charte imposent de reconnaître, à la personne qui est destinataire d’une décision lui faisant injonction de communiquer des informations dont elle est détentrice à l’administration fiscale, le droit de former un recours direct contre cette décision, en complément de la possibilité, pour une telle personne, de contester à titre incident ladite décision, dans le cas où elle ne respecte pas celle-ci et où une sanction lui est ultérieurement infligée pour ce motif, en vertu de la loi du 25 novembre 2014, telle qu’interprétée à la lumière de l’arrêt du 16 mai 2017, Berlioz Investment Fund ( C‑682/15 , EU:C:2017:373 ). En second lieu, la juridiction de renvoi se demande, en cas de réponse affirmative à cette première interrogation, quelle est la portée du contrôle que le juge peut être invité à effectuer, dans le cadre d’un tel recours direct, sur le caractère vraisemblablement pertinent des informations en cause, à la lumière des articles 1 er et 5 de la directive 2011/16. Dans ces conditions, la Cour administrative a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes : « 1) Est-ce que les articles 7 [et] 8 et [l’article] 52, paragraphe 1, de la Charte [...], lus éventuellement ensemble avec l’article 47 [de celle-ci], doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation [...] d’un État membre qui, dans le cadre du régime de procédure en matière d’échange de renseignements sur demande mis en place notamment en vue de la mise en œuvre de la directive 2011/16 [...], exclut tout recours, notamment judiciaire, de la part du tiers détenteur des renseignements, contre une décision à travers laquelle l’autorité compétente de cet État membre l’oblige à lui fournir des informations en vue de donner suite à une demande d’échange de renseignements émanant d’un autre État membre ? 2) En cas de réponse affirmative à la première question, est-ce que l’article 1 er , paragraphe 1, et l’article 5 de la directive 2011/16 doivent être interprétés, le cas échéant en tenant compte du caractère évolutif de l’interprétation de l’article 26 du modèle de convention fiscale de l’[Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) concernant le revenu et la fortune], en ce sens qu’une demande d’échange, ensemble [avec] une décision d’injonction de l’autorité compétente de l’État membre requis y donnant suite, satisfont au critère de l’absence d’un défaut manifeste de pertinence vraisemblable dès lors que l’État membre requérant indique l’identité du contribuable concerné, la période concernée par l’enquête dans l’État membre requérant et l’identité du détenteur des renseignements visés, tout en sollicitant des renseignements concernant des contrats et les facturations et paiements afférents non précisés mais qui sont délimités par les critères tenant, premièrement, au fait qu’ils auraient été conclus par le détenteur de renseignements identifié, deuxièmement, à leur applicabilité durant les années d’imposition concernées par l’enquête des autorités de l’État requérant et, troisièmement, à leur lien avec le contribuable concerné identifié ? » Affaire C‑246/19 Le 16 mars 2017, l’administration fiscale espagnole a adressé à l’administration fiscale luxembourgeoise une seconde demande d’échange d’informations concernant F. C. Le 29 mai 2017, le directeur de l’administration des contributions directes a donné suite à cette demande en adressant à la banque A une décision par laquelle il lui faisait injonction de communiquer des informations relatives à la période allant du 1 er janvier 2011 au 31 décembre 2014 et portant sur les documents et éléments suivants : — le(s) nom(s) du (des) titulaire(s) actuel(s) d’un compte bancaire déterminé ; — le(s) nom(s) de la (des) personne(s) autorisée(s) à effectuer des opérations sur ce compte ; — le(s) nom(s) de la (des) personne(s) ayant ouvert ledit compte ; — les relevés du même compte pendant la période en cause ; — le(s) bénéficiaire(s) effectif(s) du compte en question ; — le point de savoir si un autre compte bancaire a été ouvert après le 31 décembre 2014 auprès de la banque A et si les fonds versés sur celui-ci proviennent d’un compte précédemment ouvert auprès de cette banque ; — les relevés de tout actif financier détenu par F. C. dans la société B, dans la société D ou dans toute autre société contrôlée par F. C. pendant la période en cause, et — les relevés des actifs financiers où F. C. apparaît comme bénéficiaire effectif pendant cette période. Cette décision précisait, par ailleurs, qu’elle ne pouvait pas faire l’objet d’un recours, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la loi du 25 novembre 2014. Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 17 juillet 2017, les sociétés B, C et D ainsi que F. C. ont introduit un recours visant à obtenir, à titre principal, la réformation de ladite décision et, à titre subsidiaire, l’annulation de celle-ci. Par jugement du 26 juin 2018, le tribunal administratif s’est déclaré compétent pour connaître de ce recours en ce que celui-ci tendait à l’annulation de la décision du 29 mai 2017 et a partiellement annulé cette dernière, en se fondant sur des motifs analogues à ceux qui sont résumés au point 29 du présent arrêt. Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 24 juillet 2018, l’État luxembourgeois a fait appel de ce jugement. Dans sa décision de renvoi, la Cour administrative exprime des interrogations analogues à celles résumées aux points 32 et 33 du présent arrêt, tout en mettant en exergue le fait que l’affaire C‑246/19 a pour origine des recours introduits non pas par une personne destinataire d’une décision lui faisant injonction de communiquer des informations dont elle est détentrice à l’administration fiscale d’un État membre, comme c’est le cas de l’affaire C‑245/19, mais par des personnes ayant d’autres qualités, à savoir, d’une part, celle de contribuable visé par une enquête ouverte par l’administration fiscale d’un autre État membre et, d’autre part, celle de tierces personnes entretenant des relations juridiques, bancaires, financières ou, plus largement, économiques avec ce contribuable. Dans ces conditions, la Cour administrative a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes : « 1) Est-ce que les articles 7 [et] 8 et [l’article] 52, paragraphe 1, de la Charte, lus éventuellement ensemble avec l’article 47 [de celle-ci], doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation [...] d’un État membre qui, dans le cadre du régime de procédure en matière d’échange de renseignements sur demande mis en place notamment en vue de la mise en œuvre de la directive 2011/16 [...], exclut tout recours, notamment judiciaire, de la part du contribuable visé par [une] enquête dans [un autre État membre] et d’une tierce personne concernée, contre une décision à travers laquelle l’autorité compétente [du premier] État membre oblige un détenteur de renseignements à lui fournir des informations en vue de donner suite à une demande d’échange de renseignements émanant [de cet] autre État membre ? 2) En cas de réponse affirmative à la première question, est-ce que l’article 1 er , paragraphe 1, et l’article 5 de la directive 2011/16 doivent être interprétés, le cas échéant en tenant compte du caractère évolutif de l’interprétation de l’article 26 du modèle de convention fiscale de l’OCDE [concernant le revenu et la fortune], en ce sens qu’une demande d’échange, ensemble [avec] une décision d’injonction de l’autorité compétente de l’État membre requis y donnant suite, satisfont au critère de l’absence d’un défaut manifeste de pertinence vraisemblable dès lors que l’État membre requérant indique l’identité du contribuable concerné, la période concernée par l’enquête dans l’État membre requérant et l’identité du détenteur des renseignements visés, tout en sollicitant des renseignements concernant des comptes bancaires et des actifs financiers non précisés mais qui sont délimités par les critères tenant, premièrement, au fait qu’ils seraient détenus par un détenteur de renseignements identifié, deuxièmement, aux années d’imposition concernées par l’enquête des autorités de l’État requérant et, troisièmement, à leur lien avec le contribuable concerné identifié ? » Par décision du président de la Cour du 3 mai 2019, les affaires C‑245/19 et C‑246/19 ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt. Sur les questions préjudicielles Sur les premières questions dans les affaires C‑245/19 et C‑246/19 Observations liminaires Par ses premières questions dans les affaires C‑245/19 et C‑246/19, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 47 de la Charte, lu conjointement avec les articles 7 et 8 ainsi qu’avec l’article 52, paragraphe 1, de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que la législation d’un État membre mettant en œuvre la procédure d’échange d’informations sur demande instituée par la directive 2011/16 exclue qu’une décision par laquelle l’autorité compétente de cet État membre oblige une personne détentrice d’informations à lui fournir ces informations, en vue de donner suite à une demande d’échange d’informations émanant de l’autorité compétente d’un autre État membre, puisse faire l’objet de recours formés, premièrement, par une telle personne, deuxièmement, par le contribuable qui est visé, dans cet autre État membre, par l’enquête à l’origine de ladite demande et, troisièmement, par des tierces personnes concernées par les informations en cause. Ainsi qu’il résulte de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, les dispositions de celle-ci s’adressent aux États membres uniquement lorsque ceux-ci mettent en œuvre le droit de l’Union. Constitue une telle mise en œuvre du droit de l’Union, emportant l’applicabilité de la Charte, l’adoption, par un État membre, d’une législation précisant les modalités de la procédure d’échange d’informations sur demande instituée par la directive 2011/16 (voir, en ce sens, arrêt du 16 mai 2017, Berlioz Investment Fund, C‑682/15 , EU:C:2017:373 , points à ), notamment en prévoyant la possibilité, pour l’autorité compétente, de prendre une décision obligeant une personne détentrice d’informations à lui fournir ces dernières. L’article 47 de la Charte énonce, à son premier alinéa, que toute personne dont les droits et les libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif, dans les conditions prévues à cet article. À ce droit correspond l’obligation faite aux États membres, à l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, d’établir les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union. Les articles 7 et 8 de la Charte consacrent, le premier, le droit au respect de la vie privée et, le second, le droit à la protection des données à caractère personnel. Aucun de ces trois droits fondamentaux ne constitue une prérogative absolue, chacun d’entre eux devant, en effet, être pris en considération par rapport à sa fonction dans la société (voir, s’agissant du droit à un recours effectif, arrêt du 18 mars 2010, Alassini e.a., C‑317/08 à C‑320/08 , EU:C:2010:146 , point ainsi que jurisprudence citée, et, en ce qui concerne les droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, arrêt du 16 juillet 2020, Facebook Ireland et Schrems, C‑311/18 , EU:C:2020:559 , point ainsi que jurisprudence citée). Ainsi, dans l’hypothèse où plusieurs droits garantis par la Charte sont en présence dans un cas d’espèce donné et susceptibles d’entrer en conflit l’un avec l’autre, la nécessaire conciliation qui doit s’opérer entre ces droits, aux fins d’assurer un juste équilibre entre la protection attachée à chacun d’entre eux, peut conduire à leur apporter une limitation (voir, en ce sens, arrêts du 29 janvier 2008, Promusicae, C‑275/06 , EU:C:2008:54 , points à , et du 27 mars 2014, UPC Telekabel Wien, C‑314/12 , EU:C:2014:192 , point ). Par ailleurs, l’article 52, paragraphe 1, de la Charte prévoit que des limitations peuvent être apportées à l’exercice des droits et des libertés garantis par celle-ci à condition, premièrement, que ces limitations soient prévues par la loi, deuxièmement, qu’elles respectent le contenu essentiel des droits et des libertés en cause, et, troisièmement, que, dans le respect du principe de proportionnalité, elles soient nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et des libertés d’autrui. En l’occurrence, toutefois, les trois droits fondamentaux en présence ne sont pas susceptibles d’entrer en conflit l’un avec l’autre, mais ont vocation à s’appliquer de façon complémentaire. En effet, le caractère effectif de la protection que l’article 47 de la Charte est censé accorder au titulaire du droit garanti par celui-ci ne peut se manifester et s’apprécier que par rapport à des droits matériels, tels que ceux visés aux articles 7 et 8 de la Charte. Plus précisément, il découle des premières questions dans les affaires C‑245/19 et C‑246/19, lues à la lumière de la motivation qui les sous-tend, que la juridiction de renvoi demande si l’article 47 de la Charte doit être interprété en ce sens qu’une législation nationale peut priver une personne détentrice d’informations, un contribuable visé par une enquête fiscale et des tierces personnes concernées par ces informations de la possibilité de former un recours direct contre une décision d’injonction de communication desdites informations à l’administration fiscale, décision dont cette juridiction considère qu’elle est de nature à porter atteinte aux droits garantis à ces différentes personnes par les articles 7 et 8 de la Charte. Sur le droit à un recours effectif garanti par l’article 47 de la Charte Ainsi qu’il résulte de la jurisprudence constante de la Cour, le droit à un recours effectif est invocable sur la seule base de l’article 47 de la Charte, sans que le contenu de celui-ci doive être précisé par d’autres dispositions du droit de l’Union ou par des dispositions du droit interne des États membres (arrêts du 17 avril 2018, Egenberger, C‑414/16 , EU:C:2018:257 , point , et du 29 juillet 2019, Torubarov, C‑556/17 , EU:C:2019:626 , point ). Cela étant, la reconnaissance de ce droit, dans un cas d’espèce donné, suppose, ainsi qu’il ressort de l’article 47, premier alinéa, de la Charte, que la personne qui l’invoque se prévale de droits ou de libertés garantis par le droit de l’Union. – Sur le droit à un recours effectif de la personne détentrice d’informations à laquelle l’autorité compétente décide d’enjoindre leur communication Ainsi qu’il résulte des énonciations de la juridiction de renvoi résumées au point 26 du présent arrêt et des dispositions nationales reprises aux points 17 à 19 de cet arrêt, la personne détentrice d’informations en cause au principal est une personne morale à laquelle l’autorité nationale compétente a adressé une décision d’injonction de communication de ces informations, dont le non-respect est susceptible d’entraîner l’infliction d’une sanction. S’agissant, en premier lieu, de la question de savoir si une telle personne doit se voir reconnaître le bénéfice du droit à un recours effectif garanti par l’article 47 de la Charte en présence d’une telle décision, il convient, d’emblée, de relever qu’il résulte de la jurisprudence constante de la Cour que constitue un principe général du droit de l’Union la protection des personnes, tant physiques que morales, contre des interventions de la puissance publique dans leur sphère d’activité privée, qui seraient arbitraires ou disproportionnées (arrêts du 21 septembre 1989, Hoechst/Commission, 46/87 et 227/88 , EU:C:1989:337 , point , ainsi que du 13 septembre 2018, UBS Europe e.a., C‑358/16 , EU:C:2018:715 , point ). Or, cette protection peut être invoquée par une personne morale, en tant que droit garanti par le droit de l’Union, au sens de l’article 47, premier alinéa, de la Charte, en vue de contester en justice un acte lui faisant grief, tel qu’une injonction de communication d’informations ou une sanction infligée pour cause de non-respect de cette injonction (voir, en ce sens, arrêt du 16 mai 2017, Berlioz Investment Fund, C‑682/15 , EU:C:2017:373 , points et ). Il s’ensuit qu’une personne morale à laquelle l’autorité nationale compétente a adressé une décision d’injonction de communication d’informations telle que celles en cause au principal doit se voir reconnaître le bénéfice du droit à un recours effectif garanti par l’article 47 de la Charte en présence d’une telle décision. En ce qui concerne, en second lieu, la question de savoir si l’exercice de ce droit peut être limité par une législation nationale, il découle de la jurisprudence de la Cour qu’une limitation peut être apportée à l’exercice du droit à un recours effectif devant un tribunal consacré à l’article 47 de la Charte, par le législateur de l’Union ou, en l’absence de réglementation de l’Union en la matière, par les États membres, si les conditions prévues à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte sont respectées (voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2016, Star Storage e.a., C‑439/14 et C‑488/14 , EU:C:2016:688 , points et ). En l’occurrence, il ne résulte d’aucune disposition de la directive 2011/16, dont la législation en cause au principal assure la mise en œuvre, que le législateur de l’Union ait entendu limiter l’exercice du droit à un recours effectif, en présence d’une décision d’injonction de communication d’informations telle que celles en cause au principal. Par ailleurs, la directive 2011/16 renvoie, à son article 25, paragraphe 1, à la réglementation de l’Union relative au traitement des données à caractère personnel, en prévoyant que tous les échanges d’informations effectués en vertu de cette directive sont soumis aux dispositions de la directive 95/46, qui a, comme cela a été rappelé au point 11 du présent arrêt, été abrogée et remplacée avec effet au 25 mai 2018, soit postérieurement à l’adoption des décisions en cause au principal, par le règlement 2016/679, dont l’objectif consiste notamment à assurer et à préciser le droit à la protection des données à caractère personnel garanti par l’article 8 de la Charte. Or, l’article 22 de la directive 95/46, dont l’article 79 du règlement 2016/679 reprend la substance, souligne que toute personne doit disposer d’un recours juridictionnel en présence d’une violation des droits qui lui sont garantis par les dispositions applicables au traitement de telles données. Il s’ensuit que le législateur de l’Union n’a pas limité lui-même l’exercice du droit à un recours effectif consacré à l’article 47 de la Charte et qu’il est loisible aux États membres de limiter cet exercice, à condition de respecter les exigences prévues à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte. Ainsi qu’il a été rappelé au point 51 du présent arrêt, cette disposition exige, notamment, que toute limitation apportée à l’exercice des droits et des libertés garantis par la Charte respecte le contenu essentiel de ces derniers. À cet égard, il découle de la jurisprudence de la Cour que le contenu essentiel du droit à un recours effectif consacré à l’article 47 de la Charte inclut, entre autres éléments, celui consistant, pour la personne titulaire de ce droit, à pouvoir accéder à un tribunal compétent pour assurer le respect des droits que le droit de l’Union lui garantit et, à cette fin, pour examiner toutes les questions de droit et de fait pertinentes pour résoudre le litige dont il se trouve saisi (voir, en ce sens, arrêts du 6 novembre 2012, Otis e.a., C‑199/11 , EU:C:2012:684 , point , ainsi que du 12 décembre 2019, Aktiva Finants, C‑433/18 , EU:C:2019:1074 , point ). En outre, pour accéder à un tel tribunal, cette personne ne saurait se voir contrainte d’enfreindre une règle ou une obligation juridique et de s’exposer à la sanction attachée à cette infraction (voir, en ce sens, arrêts du 1er avril 2004, Commission/Jégo-Quéré, C‑263/02 P , EU:C:2004:210 , point ; du 13 mars 2007, Unibet, C‑432/05 , EU:C:2007:163 , point , ainsi que du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P , EU:C:2013:625 , point ). Or, en l’occurrence, il ressort des énonciations de la juridiction de renvoi résumées au point 32 du présent arrêt que, eu égard à la législation en cause au principal, ce n’est que si la personne destinataire d’une décision d’injonction de communication d’informations telle que celles en cause au principal ne respecte pas cette décision, d’une part, et si elle se voit ultérieurement infliger une sanction pour ce motif, d’autre part, qu’elle dispose d’une possibilité de contester à titre incident ladite décision, dans le cadre du recours qui lui est ouvert contre une telle sanction. Il s’ensuit que, en présence d’une décision d’injonction de communication d’informations qui serait arbitraire ou disproportionnée, une telle personne ne peut pas accéder à un tribunal, à moins d’enfreindre cette décision en refusant d’obtempérer à l’injonction qu’elle comporte et de s’exposer, ainsi, à la sanction attachée au non-respect de celle-ci. Partant, cette personne ne peut pas être regardée comme jouissant d’une protection juridictionnelle effective. Dans ces conditions, il doit être considéré qu’une législation nationale telle que celle en cause au principal, qui exclut la possibilité, pour une personne détentrice d’informations à laquelle l’autorité nationale compétente adresse une décision d’injonction de communication de ces informations, de former un recours direct contre cette décision, ne respecte pas le contenu essentiel du droit à un recours effectif garanti par l’article 47 de la Charte et, par conséquent, que l’article 52, paragraphe 1, de celle-ci s’oppose à une telle législation. – Sur le droit à un recours effectif du contribuable visé par l’enquête à l’origine de la décision d’injonction de communication d’informations Ainsi qu’il découle des énonciations de la juridiction de renvoi résumées au point 24 du présent arrêt, le contribuable en cause au principal est une personne physique qui a sa résidence dans un État membre autre que celui dont relève l’autorité ayant adopté les décisions d’injonction de communication d’informations en cause au principal et qui est visée, dans cet État membre, par une enquête tendant à déterminer sa situation au regard de la législation fiscale dudit État membre. Par ailleurs, le libellé des décisions d’injonction de communication d’informations en cause au principal, repris aux points 26 et 36 du présent arrêt, fait apparaître que les informations dont ces décisions enjoignent la communication à l’autorité qui les a adoptées portent sur des comptes bancaires et sur des actifs financiers dont cette personne serait titulaire ou bénéficiaire ainsi que sur diverses opérations juridiques, bancaires, financières ou, plus largement, économiques susceptibles d’avoir été réalisées par ladite personne ou par des tierces personnes agissant pour son compte ou dans son intérêt. S’agissant, en premier lieu, de la question de savoir si une telle personne doit se voir reconnaître le bénéfice du droit à un recours effectif consacré à l’article 47 de la Charte, en présence de telles décisions, il convient de relever que cette personne est à l’évidence titulaire, d’une part, du droit au respect de la vie privée garanti par l’article 7 de la Charte et, d’autre part, du droit à la protection des données à caractère personnel garanti par l’article 8, paragraphe 1, de celle-ci, qui est étroitement lié, s’agissant des personnes physiques, au droit au respect de la vie privée de ces dernières [arrêts du 9 novembre 2010, Volker und Markus Schecke et Eifert, C‑92/09 et C‑93/09 , EU:C:2010:662 , point , ainsi que du 18 juin 2020, Commission/Hongrie (Transparence associative), C‑78/18 , EU:C:2020:476 , points et ]. En outre, il découle de la jurisprudence constante de la Cour que la communication d’informations relatives à une personne physique identifiée ou identifiable à un tiers, y compris une autorité publique, ainsi que la mesure qui impose ou permet cette communication, sont, sans préjudice de leur éventuelle justification, constitutives d’ingérences dans le droit de cette personne au respect de sa vie privée ainsi que dans son droit à la protection des données à caractère personnel la concernant, indépendamment du point de savoir si ces informations présentent un caractère sensible ou non et quelle que soit leur utilisation ultérieure, sauf si ladite communication intervient dans le respect des dispositions du droit de l’Union et, le cas échéant, des dispositions du droit interne prévues à cet effet [voir, en ce sens, arrêts du 18 juin 2020, Commission/Hongrie (Transparence associative), C‑78/18 , EU:C:2020:476 , points et , ainsi que du 16 juillet 2020, Facebook Ireland et Schrems, C‑311/18 , EU:C:2020:559 , point et jurisprudence citée]. Ainsi, la communication à l’autorité nationale compétente d’informations relatives à une personne physique identifiée ou identifiable, telles que les informations mentionnées au point 71 du présent arrêt, et la mesure qui, à l’instar des décisions visées au même point, impose cette communication, sont susceptibles de violer le droit au respect de la vie privée de la personne en cause ainsi que son droit à la protection des données à caractère personnel la concernant. Partant, un contribuable tel que celui visé au point 70 du présent arrêt doit se voir reconnaître le bénéfice du droit à un recours effectif garanti par l’article 47 de la Charte en présence d’une décision d’injonction de communication d’informations telle que celles en cause au principal. En ce qui concerne, en second lieu, la question de savoir si l’exercice de ce droit peut être limité, en vertu de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, en excluant qu’une telle personne puisse former un recours direct contre cette décision, il convient de rappeler qu’une telle limitation doit, premièrement, être prévue par la loi, ce qui implique notamment, ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour, que sa base légale en définisse la portée de manière claire et précise (arrêts du 17 décembre 2015, WebMindLicenses, C‑419/14 , EU:C:2015:832 , point , et du 8 septembre 2020, Recorded Artists Actors Performers, C‑265/19 , EU:C:2020:677 , point ). En l’occurrence, le libellé de la législation nationale en cause au principal fait apparaître que cette exigence est respectée. Deuxièmement, le contenu essentiel du droit à un recours effectif doit être respecté, cette exigence devant être appréciée, notamment, au regard des éléments énoncés au point 66 du présent arrêt. À cet égard, il découle de la jurisprudence de la Cour que ladite exigence n’implique pas, en tant que telle, que le titulaire de ce droit dispose d’une voie de recours directe ayant pour objet, à titre principal, de mettre en cause une mesure donnée, pour autant qu’il existe par ailleurs, devant les différentes juridictions nationales compétentes, une ou plusieurs voies de recours lui permettant d’obtenir, à titre incident, un contrôle juridictionnel de cette mesure assurant le respect des droits et des libertés que le droit de l’Union lui garantit, sans devoir s’exposer à cette fin au risque de se voir infliger une sanction en cas de non-respect de la mesure en cause (voir, en ce sens, arrêts du 13 mars 2007, Unibet, C‑432/05 , EU:C:2007:163 , points , , à , et , ainsi que du 21 novembre 2019, Deutsche Lufthansa, C‑379/18 , EU:C:2019:1000 , point ). En l’occurrence, il doit être relevé, à ce titre, que la situation du contribuable visé par une enquête est différente de celle de la personne détentrice d’informations concernant celui-ci. En effet, ainsi qu’énoncé au point 68 du présent arrêt, cette dernière personne se trouverait, en l’absence de possibilité de former un recours direct contre une décision qui lui est adressée et qui lui impose une obligation juridique de communiquer les informations en cause, privée de toute protection juridictionnelle effective. En revanche, le contribuable visé n’est pas destinataire d’une telle décision et n’est soumis à aucune obligation juridique par cette dernière, ni, partant, au risque de se voir infliger une sanction en cas de non-respect de celle-ci. Par conséquent, un tel contribuable n’est pas contraint de se placer dans l’illégalité pour pouvoir exercer son droit à un recours effectif, de sorte que la jurisprudence citée à la seconde phrase du point 66 du présent arrêt ne lui est pas applicable. Par ailleurs, une décision d’injonction de communication d’informations telle que celles en cause au principal intervient dans le cadre de la phase préliminaire de l’enquête visant le contribuable en cause, au cours de laquelle sont recueillies des informations relatives à la situation fiscale de ce contribuable et qui ne revêt pas un caractère contradictoire. En effet, seule la phase ultérieure de ladite enquête, qui s’ouvre par l’envoi d’une proposition de rectification ou de redressement au contribuable visé, d’une part, revêt un caractère contradictoire impliquant de permettre à ce contribuable d’exercer son droit d’être entendu (voir, en ce sens, arrêt du 22 octobre 2013, Sabou, C‑276/12 , EU:C:2013:678 , points et ) et, d’autre part, est susceptible de déboucher sur une décision de rectification ou de redressement adressée audit contribuable. Or, cette dernière décision constitue un acte à l’égard duquel le contribuable visé doit disposer d’un droit de recours effectif supposant que le tribunal saisi du litige soit compétent pour examiner toutes les questions de droit et de fait pertinentes pour résoudre ce litige, comme évoqué au point 66 du présent arrêt, et, en particulier, pour vérifier que les preuves sur lesquelles se fonde cet acte n’ont pas été obtenues ou utilisées en violation des droits et des libertés garantis à l’intéressé par le droit de l’Union (voir, par analogie, arrêt du 17 décembre 2015, WebMindLicenses, C‑419/14 , EU:C:2015:832 , points à ). Partant, lorsqu’une décision d’injonction de communication d’informations telle que celles en cause au principal conduit l’autorité nationale ayant demandé ces informations à adopter une décision de rectification ou de redressement qui se fonde, en tant que preuves, sur lesdites informations, le contribuable visé par l’enquête a la possibilité de contester, à titre incident, la première de ces décisions ainsi que les conditions d’obtention et l’utilisation des preuves recueillies grâce à celle-ci, dans le cadre du recours qu’il peut former contre la seconde desdites décisions. Par conséquent, une législation nationale telle que celle en cause au principal doit être considérée comme ne portant pas atteinte au contenu essentiel du droit à un recours effectif garanti au contribuable visé. De surcroît, elle ne restreint pas l’accès de ce contribuable aux voies de recours prévues conformément à l’article 79, paragraphe 1, du règlement 2016/679, qui reprend, en le modifiant, l’article 22 de la directive 95/46, si ledit contribuable considère que les droits que lui confère ce règlement ont été violés du fait d’un traitement de données à caractère personnel le concernant. Troisièmement, comme énoncé au point 51 du présent arrêt, une telle législation nationale doit, dans le respect du principe de proportionnalité, être nécessaire et répondre effectivement à un objectif d’intérêt général reconnu par l’Union. Il y a donc lieu de vérifier successivement si elle répond à un objectif d’intérêt général reconnu par l’Union et, dans l’affirmative, si elle respecte le principe de proportionnalité (voir, en ce sens, arrêts du 5 juillet 2017, Fries, C‑190/16 , EU:C:2017:513 , point , ainsi que du 12 juillet 2018, Spika e.a., C‑540/16 , EU:C:2018:565 , point ). À cet égard, la juridiction de renvoi souligne que la législation en cause au principal met en œuvre la directive 2011/16, dont le considérant 27 envisage que des limitations nécessaires et proportionnées soient apportées à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel les concernant, telle qu’assurée par la directive 95/46, et dont les considérants 1 et 2 énoncent qu’elle a pour objectif de contribuer à la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales internationales, en renforçant la coopération entre les autorités nationales compétentes en ce domaine. Or, cet objectif constitue un objectif d’intérêt général reconnu par l’Union, au sens de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte [voir, en ce sens, arrêts du 22 octobre 2013, Sabou, C‑276/12 , EU:C:2013:678 , point ; du 17 décembre 2015, WebMindLicenses, C‑419/14 , EU:C:2015:832 , point , ainsi que du 26 février 2019, X (Sociétés intermédiaires établies dans des pays tiers), C‑135/17 , EU:C:2019:136 , points et ], susceptible de permettre qu’une limitation soit apportée à l’exercice des droits garantis par les articles 7, 8 et 47 de celle-ci, pris individuellement ou conjointement. Il s’ensuit que l’objectif poursuivi par la législation nationale en cause au principal constitue un objectif d’intérêt général reconnu par l’Union. Cet objectif de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales internationales se traduit notamment, aux articles 5 à 7 de la directive 2011/16, par la mise en place d’une procédure d’échange d’informations sur demande permettant aux autorités nationales compétentes de coopérer efficacement et rapidement entre elles, en vue de recueillir des informations dans le cadre d’enquêtes visant tel ou tel contribuable donné (voir, en ce sens, arrêt du 16 mai 2017, Berlioz Investment Fund, C‑682/15 , EU:C:2017:373 , points , et ). Or, l’intérêt attaché à l’efficacité et à la rapidité de cette coopération, qui concrétise l’objectif de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales internationales sous-tendant la directive 2011/16, impose notamment de respecter l’ensemble des délais prévus à l’article 7 de cette directive. Eu égard à cette situation, il y a lieu de considérer qu’une législation nationale excluant qu’un recours direct puisse être formé, contre une décision d’injonction de communication d’informations telle que celles en cause au principal, par le contribuable visé par l’enquête à l’origine de la demande d’échange d’informations ayant conduit l’autorité nationale compétente à adopter cette décision, est propre à réaliser l’objectif de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales internationales poursuivi par la directive 2011/16 et nécessaire à la réalisation de cet objectif. En outre, elle n’apparaît pas disproportionnée dès lors, d’une part, qu’une telle décision ne soumet le contribuable visé à aucune obligation juridique ni à aucun risque de sanction, et, d’autre part, que ce contribuable a la possibilité de contester cette décision à titre incident, dans le cadre d’un recours contre une décision ultérieure de rectification ou de redressement. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’article 47 de la Charte, lu conjointement avec les articles 7 et 8 ainsi qu’avec l’article 52, paragraphe 1, de celle-ci, ne s’oppose pas à ce qu’une législation nationale telle que celle en cause au principal exclue qu’une décision par laquelle l’autorité compétente d’un État membre oblige une personne détentrice d’informations à lui fournir ces informations, en vue de donner suite à une demande d’échange d’informations émanant de l’autorité compétente d’un autre État membre, puisse faire l’objet d’un recours direct formé par le contribuable qui est visé, dans cet autre État membre, par l’enquête à l’origine de cette demande. – Sur le droit à un recours effectif des tierces personnes concernées Ainsi qu’il découle des points 26, 36 et 71 du présent arrêt, les tierces personnes concernées auxquelles se réfère la juridiction de renvoi sont des personnes morales avec lesquelles le contribuable visé par l’enquête à l’origine des décisions d’injonction de communication d’informations en cause au principal entretient ou est susceptible d’entretenir des relations juridiques, bancaires, financières ou, plus largement, économiques. Il convient, en premier lieu, de déterminer si de telles tierces personnes doivent, dans une situation telle que celle en cause au principal, se voir reconnaître le bénéfice du droit à un recours effectif consacré à l’article 47 de la Charte. À cet égard, il doit être observé que, à l’instar d’une personne morale détentrice d’informations à laquelle l’autorité nationale compétente adresse une décision d’injonction de communication de ces informations, ces tierces personnes peuvent se prévaloir de la protection dont toute personne physique ou morale jouit, en vertu du principe général du droit de l’Union évoqué au point 57 du présent arrêt, contre des interventions arbitraires ou disproportionnées de la puissance publique dans leur sphère d’activité privée, même si la communication à une autorité publique d’informations juridiques, bancaires, financières ou, plus largement, économiques les concernant ne peut en aucun cas être considérée comme touchant au cœur de cette activité [voir, en ce sens, Cour EDH, 16 juin 2015 (déc.), Othymia Investments BV c. Pays-Bas, CE:ECHR:2015:0616DEC007529210, § 37 ; 7 juillet 2015, M. N.et autres c. San Marino, CE:ECHR:2015:0707JUD002800512, § 51 et 54, ainsi que 22 décembre 2015, G.S. B. c. Suisse, CE:ECHR:2015:1222JUD002860111, § 51 et 93]. Dès lors, de telles tierces personnes doivent se voir reconnaître le bénéfice du droit à un recours effectif en présence d’une décision d’injonction de communication d’informations qui pourrait violer leur droit à cette protection. En ce qui concerne, en second lieu, la question de savoir si l’exercice du droit à un recours effectif garanti aux tierces personnes concernées par les informations en cause peut être limité de telle sorte que celles-ci ne puissent pas former un recours direct en présence d’une telle décision, il doit être souligné, premièrement, que la législation nationale en cause au principal définit, de manière claire et précise, la limitation qu’elle apporte à l’exercice de ce droit. S’agissant, deuxièmement, de l’exigence tenant au respect du contenu essentiel du droit à un recours effectif, il importe de relever que les tierces personnes concernées par les informations en cause ne sont, à la différence de la personne détentrice de ces informations à laquelle l’autorité compétente d’un État membre a adressé une décision d’injonction de communication de celles-ci, soumises ni à une obligation juridique de communiquer lesdites informations ni, partant, au risque de se voir infliger une sanction en cas de non-respect d’une telle obligation juridique. Partant, la jurisprudence citée à la seconde phrase du point 66 du présent arrêt ne leur est pas applicable. Par ailleurs, il est vrai que la communication d’informations concernant lesdites tierces personnes à une autorité publique, par la personne destinataire d’une décision enjoignant leur communication à cette autorité publique, est susceptible de porter atteinte au droit de ces tierces personnes d’être protégées contre des interventions arbitraires ou disproportionnées des autorités publiques dans leur sphère d’activité privée et, ce faisant, de leur causer un préjudice. Toutefois, il ressort de la jurisprudence de la Cour que la possibilité, pour un justiciable donné, d’agir en justice aux fins de faire constater la violation des droits qui lui sont garantis par le droit de l’Union et d’obtenir la réparation du préjudice que lui a causé cette violation assure une protection juridictionnelle effective à ce justiciable, dès lors que le tribunal saisi du litige dispose de la possibilité de contrôler l’acte ou la mesure qui est à l’origine de ladite violation et dudit préjudice (voir, en ce sens, arrêt du 13 mars 2007, Unibet, C‑432/05 , EU:C:2007:163 , point ). Il s’ensuit, en l’occurrence, que le respect du contenu essentiel du droit à un recours effectif n’exige pas que des justiciables tels que les tierces personnes qui sont concernées par les informations en cause, sans toutefois être soumises à une obligation juridique de communiquer ces informations ni, partant, à un risque de se voir infliger une sanction en cas de non-respect d’une telle obligation juridique, aient, par ailleurs, la possibilité de former un recours direct contre la décision d’injonction de communication desdites informations. Troisièmement, il doit être rappelé que la législation nationale en cause au principal poursuit un objectif d’intérêt général reconnu par l’Union, comme énoncé aux points 86 à 88 du présent arrêt. Quant à l’exigence tenant au caractère nécessaire et proportionné de cette législation au regard d’un tel objectif, elle est à considérer, comme cela découle des points 90 à 92 du présent arrêt, comme étant satisfaite compte tenu, d’une part, des délais qui doivent être respectés pour assurer l’efficacité et la rapidité de la procédure d’échange d’informations concrétisant l’objectif de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales internationales qui sous-tend la directive 2011/16, et, d’autre part, de la possibilité, pour les personnes concernées, d’agir en justice aux fins de voir constater une violation des droits qui leur sont garantis par le droit de l’Union et réparer le préjudice causé par celle-ci. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux premières questions dans les affaires C‑245/19 et C‑246/19 que l’article 47 de la Charte, lu conjointement avec les articles 7 et 8 ainsi qu’avec l’article 52, paragraphe 1, de celle-ci, doit être interprété en ce sens : – qu’il s’oppose à ce que la législation d’un État membre mettant en œuvre la procédure d’échange d’informations sur demande instituée par la directive 2011/16 exclue qu’une décision par laquelle l’autorité compétente de cet État membre oblige une personne détentrice d’informations à lui fournir ces informations, en vue de donner suite à une demande d’échange d’informations émanant de l’autorité compétente d’un autre État membre, puisse faire l’objet d’un recours formé par une telle personne, et – qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une telle législation exclue qu’une telle décision puisse faire l’objet de recours formés par le contribuable qui est visé, dans cet autre État membre, par l’enquête à l’origine de ladite demande, ainsi que par des tierces personnes concernées par les informations en cause. Sur la seconde question dans l’affaire C‑245/19 Eu égard aux réponses apportées aux premières questions dans les affaires C‑245/19 et C‑246/19 et à la circonstance que les secondes questions dans ces affaires n’ont été posées qu’en cas de réponse affirmative à celles-ci, il y a lieu de répondre uniquement à la seconde question dans l’affaire C‑245/19. Par cette question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 1 er , paragraphe 1, et l’article 5 de la directive 2011/16 doivent être interprétés en ce sens qu’une décision par laquelle l’autorité compétente d’un État membre oblige une personne détentrice d’informations à lui fournir ces informations, en vue de donner suite à une demande d’échange d’informations émanant de l’autorité compétente d’un autre État membre, est à considérer, prise ensemble avec cette demande, comme portant sur des informations qui n’apparaissent pas, de manière manifeste, dépourvues de toute pertinence vraisemblable dès lors qu’elle indique l’identité de la personne détentrice des informations en cause, celle du contribuable qui est visé par l’enquête à l’origine de la demande d’échange d’informations et la période couverte par cette dernière, et qu’elle porte sur des contrats, des facturations et des paiements qui, tout en n’étant pas identifiés de façon précise, sont délimités au moyen de critères tenant, premièrement, au fait qu’ils ont été respectivement conclus ou effectués par la personne détentrice, deuxièmement, à la circonstance qu’ils sont intervenus pendant la période couverte par cette enquête et, troisièmement, à leur lien avec le contribuable visé. L’article 1 er , paragraphe 1, de la directive 2011/16 prévoit que les États membres coopèrent entre eux aux fins d’échanger les informations vraisemblablement pertinentes pour l’administration et l’application de leur législation interne en matière fiscale. Pour sa part, l’article 5 de cette directive énonce que, à la demande de l’autorité nationale qui entend se voir communiquer de telles informations, dénommée « autorité requérante », l’autorité à laquelle cette demande est adressée, dénommée « autorité requise », les lui communique, le cas échéant après les avoir obtenues à la suite d’une enquête. L’expression « vraisemblablement pertinentes » figurant à l’article 1 er , paragraphe 1, de la directive 2011/16 vise, ainsi que la Cour l’a déjà relevé, à permettre à l’autorité requérante de demander et d’obtenir toutes les informations dont elle peut raisonnablement considérer qu’elles se révéleront pertinentes aux fins de son enquête, sans toutefois l’autoriser à dépasser de manière manifeste le cadre de celle-ci ni imposer une charge excessive à l’autorité requise (voir, en ce sens, arrêt du 16 mai 2017, Berlioz Investment Fund, C‑682/15 , EU:C:2017:373 , points et à ). En outre, cette expression doit être interprétée à la lumière du principe général du droit de l’Union tenant à la protection des personnes physiques ou morales contre des interventions arbitraires ou disproportionnées de la puissance publique dans leur sphère d’activité privée, visé au point 57 du présent arrêt. À cet égard, il y a lieu d’observer que, si l’autorité requérante, qui est maîtresse de l’enquête à l’origine de la demande d’échange d’informations, dispose d’une marge d’appréciation pour évaluer, selon les circonstances de l’affaire, la pertinence vraisemblable des informations demandées, elle ne saurait pour autant demander à l’autorité requise des informations ne présentant aucune pertinence pour cette enquête (voir, en ce sens, arrêt du 16 mai 2017, Berlioz Investment Fund, C‑682/15 , EU:C:2017:373 , points et ). Ainsi, une décision d’injonction de communication d’informations par laquelle l’autorité requise donnerait suite à une demande d’échange d’informations de l’autorité requérante visant à faire effectuer une recherche d’informations « tous azimuts », telle que visée au considérant 9 de la directive 2011/16, s’apparenterait à une intervention arbitraire ou disproportionnée de la puissance publique. Il en découle que des informations qui seraient demandées aux fins d’une telle recherche « tous azimuts » ne sauraient, en tout état de cause, être considérées comme étant « vraisemblablement pertinentes » au sens de l’article 1 er , paragraphe 1, de la directive 2011/16. À cet égard, l’autorité requise doit contrôler que la motivation de la demande d’échange d’informations qui lui a été adressée par l’autorité requérante est suffisante pour établir que les informations en cause n’apparaissent pas dépourvues de toute pertinence vraisemblable eu égard à l’identité du contribuable visé par l’enquête à l’origine de cette demande, aux besoins d’une telle enquête et, dans l’hypothèse où il est nécessaire d’obtenir les informations en cause auprès d’une personne détenant celles-ci, à l’identité de cette dernière (voir, en ce sens, arrêt du 16 mai 2017, Berlioz Investment Fund, C‑682/15 , EU:C:2017:373 , points , , et ). Par ailleurs, dans l’hypothèse où cette personne a formé un recours contre la décision d’injonction de communication d’informations qui lui a été adressée, la juridiction compétente doit contrôler que la motivation de cette décision et de la demande sur laquelle celle-ci se fonde est suffisante pour établir que les informations en cause n’apparaissent pas, de manière manifeste, dépourvues de toute pertinence vraisemblable eu égard à l’identité du contribuable visé, à celle de la personne détenant ces informations et aux besoins de l’enquête en cause (voir, en ce sens, arrêt du 16 mai 2017, Berlioz Investment Fund, C‑682/15 , EU:C:2017:373 , point ). C’est donc au regard de ces éléments qu’il convient de déterminer si une décision d’injonction de communication d’informations telle que celle à l’origine du litige au principal dans l’affaire C‑245/19, prise ensemble avec la demande d’échange d’informations sur laquelle elle se fonde, porte sur des informations qui n’apparaissent pas, de manière manifeste, dépourvues de toute pertinence vraisemblable. À ce sujet, il convient de relever qu’une telle décision, prise ensemble avec une telle demande, porte, à l’évidence, sur des informations qui n’apparaissent pas, de manière manifeste, dépourvues de toute pertinence vraisemblable en ce qu’elle indique l’identité du contribuable visé par l’enquête à l’origine de cette demande, la période couverte par cette enquête ainsi que l’identité de la personne qui est détentrice d’informations concernant des contrats, des facturations et des paiements conclus ou effectués pendant cette période et liés au contribuable en cause. Les doutes de la juridiction de renvoi proviennent, toutefois, du fait que cette décision, prise ensemble avec cette demande, porte sur des contrats, des facturations et des paiements qui ne sont pas identifiés de façon précise. Il doit être observé, d’une part, que ladite décision, prise ensemble avec ladite demande, porte, sans conteste, sur des informations qui n’apparaissent pas, de manière manifeste, dépourvues de toute pertinence vraisemblable en ce qu’elle vise des contrats, des facturations et des paiements qui ont été conclus ou effectués, pendant la période couverte par l’enquête, par la personne détentrice d’informations à leur sujet et qui présentent un lien avec le contribuable visé par cette enquête. D’autre part, il convient de rappeler que tant ladite décision que ladite demande sont intervenues, ainsi qu’il résulte du point 81 du présent arrêt, au cours de la phase préliminaire de ladite enquête, dont l’objet est de recueillir des informations dont l’autorité requérante n’a, par hypothèse, pas une connaissance précise et complète. Dans ces circonstances, il apparaît vraisemblable que certaines des informations qui sont visées par la décision d’injonction de communication d’informations à l’origine du litige au principal dans l’affaire C‑245/19, prise ensemble avec la demande d’échange d’informations sur laquelle elle se fonde, s’avèrent en définitive, au terme de l’enquête menée par l’autorité requérante, non pertinentes à la lumière des résultats de cette enquête. Toutefois, compte tenu des appréciations figurant aux points 118 et 120 du présent arrêt, cette situation ne saurait impliquer que les informations en cause puissent être considérées, aux fins du contrôle visé aux points 115 et 116 de cet arrêt, comme apparaissant, de manière manifeste, dépourvues de toute pertinence vraisemblable et, dès lors, comme ne répondant pas aux exigences découlant de l’article 1 er , paragraphe 1, et de l’article 5 de la directive 2011/16. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la seconde question dans l’affaire C‑245/19 que l’article 1 er , paragraphe 1, et l’article 5 de la directive 2011/16 doivent être interprétés en ce sens qu’une décision par laquelle l’autorité compétente d’un État membre oblige une personne détentrice d’informations à lui fournir ces informations, en vue de donner suite à une demande d’échange d’informations émanant de l’autorité compétente d’un autre État membre, est à considérer, prise ensemble avec cette demande, comme portant sur des informations qui n’apparaissent pas, de manière manifeste, dépourvues de toute pertinence vraisemblable dès lors qu’elle indique l’identité de la personne détentrice des informations en cause, celle du contribuable qui est visé par l’enquête à l’origine de la demande d’échange d’informations et la période couverte par cette dernière, et qu’elle porte sur des contrats, des facturations et des paiements qui, tout en n’étant pas identifiés de façon précise, sont délimités au moyen de critères tenant, premièrement, au fait qu’ils ont été respectivement conclus ou effectués par la personne détentrice, deuxièmement, à la circonstance qu’ils sont intervenus pendant la période couverte par cette enquête et, troisièmement, à leur lien avec le contribuable visé. Sur les dépens La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit : 1) L’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lu conjointement avec les articles 7 et 8 ainsi qu’avec l’article 52, paragraphe 1, de celle-ci, doit être interprété en ce sens : – qu’il s’oppose à ce que la législation d’un État membre mettant en œuvre la procédure d’échange d’informations sur demande instituée par la directive 2011/16/UE du Conseil, du 15 février 2011, relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE, telle que modifiée par la directive 2014/107/UE du Conseil, du 9 décembre 2014, exclue qu’une décision par laquelle l’autorité compétente de cet État membre oblige une personne détentrice d’informations à lui fournir ces informations, en vue de donner suite à une demande d’échange d’informations émanant de l’autorité compétente d’un autre État membre, puisse faire l’objet d’un recours formé par une telle personne, et – qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une telle législation exclue qu’une telle décision puisse faire l’objet de recours formés par le contribuable qui est visé, dans cet autre État membre, par l’enquête à l’origine de ladite demande, ainsi que par des tierces personnes concernées par les informations en cause. 2) L’article 1 er , paragraphe 1, et l’article 5 de la directive 2011/16, telle que modifiée par la directive 2014/107, doivent être interprétés en ce sens qu’une décision par laquelle l’autorité compétente d’un État membre oblige une personne détentrice d’informations à lui fournir ces informations, en vue de donner suite à une demande d’échange d’informations émanant de l’autorité compétente d’un autre État membre, est à considérer, prise ensemble avec cette demande, comme portant sur des informations qui n’apparaissent pas, de manière manifeste, dépourvues de toute pertinence vraisemblable dès lors qu’elle indique l’identité de la personne détentrice des informations en cause, celle du contribuable qui est visé par l’enquête à l’origine de la demande d’échange d’informations et la période couverte par cette dernière, et qu’elle porte sur des contrats, des facturations et des paiements qui, tout en n’étant pas identifiés de façon précise, sont délimités au moyen de critères tenant, premièrement, au fait qu’ils ont été respectivement conclus ou effectués par la personne détentrice, deuxièmement, à la circonstance qu’ils sont intervenus pendant la période couverte par cette enquête et, troisièmement, à leur lien avec le contribuable visé. Lenaerts Silva de Lapuerta Bonichot Arabadjiev Regan Rodin Ilešič Malenovský Šváby Biltgen Jürimäe Lycourgos Kumin Jääskinen Wahl Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 octobre 2020. Le greffier A. Calot Escobar Le président K. Lenaerts ( *1 ) Langue de procédure : le français.

62005TJ0112

fr

Antécédents du litige et décision attaquée 1       Par la décision 2005/566/CE, du 9 décembre 2004, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/E-2/37.533 – Chlorure de choline) (résumé au JO 2005, L 190, p. 22, ci-après la « Décision »), la Commission a constaté que plusieurs entreprises avaient enfreint l’article 81, paragraphe 1, CE et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) en participant à un ensemble d’accords et de pratiques concertées ayant porté sur la fixation des prix, le partage des marchés et des actions concertées contre les concurrents dans le secteur du chlorure de choline dans l’EEE (article 1 er de la Décision). 2       S’agissant du produit concerné, la Commission précise que le chlorure de choline fait partie du groupe de vitamines hydrosolubles B complexe (vitamine B 4). Il est principalement utilisé dans l’industrie de l’alimentation animale (volailles et porcs) comme additif alimentaire. Il est commercialisé soit en solution aqueuse à 70 % soit pulvérisé sur support de céréales déshydratées ou de silice à teneur de 50 à 60 %. La partie du chlorure de choline qui n’est pas utilisée en tant qu’additif alimentaire pour les animaux est raffinée pour obtenir un produit de plus grande pureté (qualité pharmaceutique). À part les producteurs, le marché du chlorure de choline concerne, d’une part, les transformateurs, qui achètent le produit aux producteurs sous forme liquide et le transforment en chlorure de choline sur support, soit pour le compte du producteur soit pour leur propre compte, et, d’autre part, les distributeurs. 3       Il ressort du considérant 3 de la Décision que la Commission a ouvert une enquête sur le secteur du chlorure de choline au niveau mondial, après avoir reçu, en avril 1999, une demande d’application de mesures de clémence de la part du producteur américain Bioproducts. L’enquête a couvert une période allant de 1992 à la fin de 1998. Au considérant 45 de la Décision, la Commission indique que le producteur canadien Chinook avait déjà pris contact avec elle le 25 novembre et les 3 et 16 décembre 1998 au sujet de l’entente en question, mais qu’elle n’avait pas ouvert d’enquête à cette époque. 4       En ce qui concerne l’EEE, l’entente en question a été mise en œuvre, aux termes du considérant 64 de la Décision, à deux niveaux différents, mais étroitement liés : le niveau mondial et le niveau européen. Au niveau mondial, les producteurs Bioproducts (États-Unis), Chinook (Canada), Chinook Group Ltd (Canada), DuCoa (États-Unis), BASF AG (Allemagne), UCB SA (Belgique) et les requérantes, cinq sociétés du groupe Akzo Nobel (Pays-Bas), ont participé, directement ou indirectement, à des activités anticoncurrentielles entre juin 1992 et avril 1994. Ces activités avaient, en substance, pour objet d’augmenter les prix à l’échelle mondiale, notamment dans l’EEE, et de contrôler les transformateurs, notamment dans l’EEE, afin de garantir que ces derniers ne mettraient pas en péril les augmentations convenues et de répartir les marchés mondiaux par le retrait des producteurs nord-américains du marché européen en contrepartie du retrait des producteurs européens du marché nord-américain. La Commission identifie neuf réunions de l’entente à l’échelle mondiale, de juin 1992 (à Mexico, Mexique) à avril 1994 (à Johor Bahru, Malaisie). La réunion la plus importante serait celle tenue à Ludwigshafen (Allemagne) en novembre 1992. 5       Seuls les producteurs européens (BASF, UCB et les requérantes) auraient participé aux réunions mettant en œuvre l’entente au niveau européen, qui a duré de mars 1994 à octobre 1998. La Commission identifie quinze réunions s’y rapportant, de mars 1994 (à Schoten, Belgique) à octobre 1998 (à Bruxelles, Belgique ou à Aix-la-Chapelle, Allemagne). Selon le considérant 65 de la Décision, ces réunions ont servi à la poursuite de l’accord conclu au niveau mondial. Elles auraient eu comme objectif l’augmentation régulière des prix dans l’ensemble de l’EEE assortie d’une répartition des marchés et d’une affectation des clients individuels, ainsi que le contrôle des transformateurs en Europe afin de sauvegarder un niveau élevé des prix. 6       Selon les appréciations de la Commission, les arrangements mondiaux et les arrangements européens s’inscrivaient tous, en ce qui concerne l’EEE, dans le cadre d’un projet global ayant déterminé les lignes d’action des membres de l’entente et restreignant leur comportement commercial individuel en vue de poursuivre un objectif économique anticoncurrentiel unique, à savoir fausser les conditions normales de concurrence dans l’EEE. Il convient, dès lors, selon la Commission, de considérer les arrangements conclus aux niveaux mondial et européen comme une infraction complexe et continue unique concernant l’EEE, à laquelle les producteurs nord-américains ont participé pendant un certain temps et les producteurs européens pendant l’intégralité de la période en cause. 7       En ce qui concerne l’identification des destinataires de la Décision, la Commission a précisé au considérant 166 de celle-ci que les requérantes, BASF, Bioproducts, Chinook, DuCoa et UCB devaient porter la responsabilité de l’infraction. En revanche, Ertisa, une société espagnole détenant 50 % du marché espagnol, ne s’est pas vu adresser la Décision, la Commission ayant estimé, au considérant 178 de celle-ci, que les preuves étaient globalement insuffisantes pour la rendre responsable des faits allégués. 8       À l’article 3 de la Décision, la Commission a ordonné aux entreprises destinataires de mettre fin immédiatement aux infractions visées à l’article 1 er de la Décision dans la mesure où elles ne l’avaient pas fait et de s’abstenir désormais des actes ou des comportements infractionnels constatés, ainsi que de toute mesure ayant un objet ou un effet identique ou équivalent. 9       S’agissant de l’imposition des amendes, la Commission a considéré que les producteurs nord-américains (Bioproducts, Chinook et DuCoa) avaient mis fin à leur participation à l’infraction au plus tard le 20 avril 1994, à l’issue de la réunion de Johor Bahru (voir point 4 ci-dessus). Selon le considérant 165 de la Décision, la Commission ne possédait pas de preuves indiquant qu’il y ait eu d’autres réunions ou contacts auxquels les producteurs nord-américains auraient participé et au moyen desquels ils auraient fixé les prix pour l’EEE ou confirmé leur engagement initial de ne pas exporter vers l’Europe. Étant donné que le premier acte de la Commission à l’égard de cette infraction est daté du 26 mai 1999, soit plus de cinq ans après la fin de la participation des producteurs nord-américains, la Commission n’a imposé aucune amende à ces producteurs, conformément à l’article 1 er du règlement (CEE) n° 2988/74 du Conseil, du 26 novembre 1974, relatif à la prescription en matière de poursuites et d’exécution dans les domaines du droit des transports et de la concurrence de la Communauté économique européenne (JO L 319, p. 1), et à l’article 25 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1). 10     En revanche, la participation des producteurs européens ayant duré jusqu’au 30 septembre 1998, la Commission leur a infligé des amendes pour un montant global de 66,34 millions d’euros. 11     Pour ce qui est, plus précisément, du groupe Akzo Nobel, la Commission a décidé d’adresser la Décision solidairement à Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Functional Chemicals BV, Akzo Nobel Chemicals BV, Akzo Nobel Chemicals International BV et Akzo Nobel Nederland BV. Les trois dernières, ou leurs prédécesseurs en droit, auraient participé directement à l’infraction. Akzo Nobel Functional Chemicals aurait été créée en tant que filiale d’Akzo Nobel Chemicals en juin 1999, quand cette dernière serait devenue une entreprise holding. Partant, la Commission a considéré qu’Akzo Nobel Functional Chemicals était le successeur en droit en ce qui concernait la plupart des activités dans le secteur du chlorure de choline précédemment exercées par sa société mère et devait, de ce fait, être également destinataire de la Décision. 12     S’agissant d’Akzo Nobel, elle constituerait une unité économique avec les autres personnes morales du groupe Akzo Nobel destinataires de la Décision. Ce serait l’unité économique qui aurait assumé la responsabilité de la production du chlorure de choline dans l’EEE et aurait participé à l’entente. Il ne pourrait en être autrement que si les filiales opérationnelles d’Akzo Nobel avaient été en mesure de conduire une politique commerciale autonome au cours de la période concernée et l’avaient effectivement fait. Or, Akzo Nobel, loin d’être une simple structure d’investissement, ferait office d’un centre général pour le groupe Akzo Nobel qui coordonnerait les principales activités relatives à la stratégie générale du groupe, aux finances, aux affaires juridiques et aux ressources humaines. Grâce à ces fonctions, Akzo Nobel aurait effectivement exercé une influence décisive sur la politique commerciale de ses filiales, qu’elle détiendrait toutes à 100 %, directement ou indirectement. La Commission a donc conclu à l’absence d’autonomie commerciale des filiales d’Akzo Nobel, ce qui l’a amenée à lui adresser la Décision, nonobstant le fait qu’elle n’avait pas participé individuellement à l’entente (considérant 172 de la Décision). 13     L’absence d’autonomie commerciale des sociétés opérationnelles ou des unités commerciales du groupe Akzo Nobel serait également prouvée par les documents produits par Akzo Nobel durant la procédure administrative intitulés « Programmes de direction ». Il résulterait desdits documents que les objectifs du groupe ainsi que les lignes directrices relatives aux stratégies des unités commerciales seraient établis par le conseil d’administration d’Akzo Nobel. Ces stratégies ne pourraient être approuvées que si elles s’alignaient sur le plan stratégique du groupe. De surcroît, la configuration du portefeuille dans le cadre du plan stratégique serait également décidée par le conseil d’administration d’Akzo Nobel, alors que le plan opérationnel de chaque unité commerciale devrait être en accord avec les lignes directrices et les objectifs du groupe tels que définis par ledit conseil d’administration. S’agissant, enfin, des investissements de plus de 2,5 millions d’euros, ils nécessiteraient, en fonction de leur impact financier, une approbation du « Board Committee », du « Full Board of Management » ou du « Supervisory Board » d’Akzo Nobel. Le conseil d’administration déciderait également de la distribution des profits et des dividendes, ainsi que des nominations, rémunérations et licenciements (considérant 173 de la Décision). 14     Akzo Nobel Chemicals SpA, destinataire de la communication des griefs en raison de soupçons quant à sa participation à des activités illicites concernant le marché espagnol du chlorure de choline, ne s’est pas vu adresser la Décision parce que la Commission a considéré les preuves recueillies comme étant insuffisantes pour établir sa responsabilité (considérant 176 de la Décision). 15     Le montant des amendes a été fixé par la Commission en application de ses lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et de l’article 65, paragraphe 5, du traité CECA (JO 1998, C 9, p. 3) ainsi que de sa communication concernant la non-imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 1996, C 207, p. 4). 16     En vue de déterminer le montant de départ des amendes, la Commission a annoncé qu’elle procéderait à un traitement différencié des sociétés impliquées afin de tenir compte de différences dans leur capacité économique effective à nuire gravement à la concurrence. Ainsi, compte tenu du fait que l’infraction a débuté au niveau mondial, avec la participation de sociétés nord-américaines qui ont, notamment, accepté de se retirer du marché européen, la Commission a estimé qu’il convenait de s’appuyer sur les parts de marché mondiales des entreprises parties à l’infraction pour déterminer leur importance respective (considérants 200 et 201 de la Décision). 17     Ainsi, sur la base des parts de marché mondiales détenues en 1997, la Commission a classé les requérantes dans la troisième catégorie avec une part de marché de 12 %. Afin d’assurer un effet dissuasif suffisant, la Commission a, eu égard au chiffre d’affaires d’Akzo Nobel en 2003 (13 milliards d’euros), multiplié le montant de départ par un facteur de 1,5. 18     Ensuite, la Commission a majoré le montant de départ de 10 % pour chaque année pleine d’infraction et de 5 % pour chaque période supplémentaire de six mois ou plus, mais inférieure à un an. L’infraction ayant duré au moins cinq ans et onze mois (du 13 octobre 1992 au 30 septembre 1998), la Commission a augmenté le montant de départ de 55 %. Ainsi, le montant de base de l’amende infligée solidairement aux requérantes a été fixé à 29,99 millions d’euros. 19     S’agissant de l’application de la communication concernant la non-imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes à l’égard des requérantes, la Commission a souligné l’importance d’une communication volontaire, en date du 8 janvier 2002, portant sur cinq réunions au niveau européen. C’est ainsi que, selon le considérant 233 de la Décision, la Commission a pu établir la preuve de l’étendue et de la durée de l’infraction au niveau européen. De plus, les requérantes n’ont pas contesté la matérialité des faits retenus par la Commission. La Commission a donc estimé que les requérantes pouvaient bénéficier d’une réduction de 30 % du montant de l’amende qui leur aurait été autrement infligée (considérants 233 à 236 de la Décision). 20     À l’issue de cette procédure, l’amende infligée aux requérantes a été fixée à 20,99 millions d’euros. Procédure et conclusions des parties 21     Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 mars 2005, les requérantes ont introduit le présent recours. 22     Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 25 février (enregistrée sous la référence T‑111/05) et le 1 er mars 2005 (enregistrée sous la référence T‑101/05), UCB et BASF, également destinataires de la Décision, ont chacune introduit des recours contre celle-ci. 23     Par ordonnance du 7 septembre 2006, le président de la deuxième chambre du Tribunal a décidé, les parties entendues, de joindre les affaires T-101/05, T‑111/05 ainsi que la présente affaire aux fins de la procédure orale et de l’arrêt, conformément à l’article 50 du règlement de procédure du Tribunal. 24     Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, a posé par écrit une question aux parties. 25     Les parties entendues lors de l’audience sur ce point, le Tribunal a décidé, par son arrêt dans les affaires T‑101/05 et T‑111/05, de disjoindre la présente affaire des affaires T‑101/05 et T‑111/05 aux fins de l’arrêt, conformément à l’article 50 du règlement de procédure. 26     Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal : –       annuler la Décision ; –       condamner la Commission aux dépens. 27     La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –       rejeter le recours comme irrecevable ou manifestement non fondé en ce qui concerne Akzo Nobel Nederland, Akzo Nobel Chemicals International et Akzo Nobel Chemicals ; –       rejeter le recours pour le surplus ; –       condamner les requérantes aux dépens. En droit 28     Les requérantes soulèvent trois moyens, tirés, le premier, de l’imputation erronée d’une responsabilité solidaire à Akzo Nobel, le deuxième, de la violation de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 en ce que le montant de l’amende dépasse 10 % du chiffre d’affaires d’Akzo Nobel Functional Chemicals réalisé en 2003 et, le troisième, d’une violation de l’obligation de motivation concernant l’imputation de la responsabilité solidaire à Akzo Nobel. 1. Sur la recevabilité du recours à l’égard d’Akzo Nobel Nederland, d’Akzo Nobel Chemicals International et d’Akzo Nobel Chemicals Arguments des parties 29     Selon la Commission, le recours, qui doit être analysé en cinq recours individuels, ne contient pas de moyens susceptibles de justifier l’annulation de la Décision ou la réduction du montant de l’amende à l’égard d’Akzo Nobel Nederland, d’Akzo Nobel Chemicals International et d’Akzo Nobel Chemicals. Il ne serait, dès lors, pas conforme à l’article 21 du statut de la Cour de justice ni à l’article 44 du règlement de procédure du Tribunal en ce qui concerne ces trois requérantes. En tout état de cause, le recours devrait être rejeté à l’égard de ces requérantes comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit. 30     Les requérantes considèrent que le recours est recevable s’agissant d’Akzo Nobel Nederland, d’Akzo Nobel Chemicals International et d’Akzo Nobel Chemicals. Elles soulignent que le recours remplit les conditions de l’article 21 du statut de la Cour et de l’article 44 du règlement de procédure du Tribunal et font valoir que la possibilité d’une annulation de la Décision justifie un intérêt à agir. Appréciation du Tribunal 31     Il convient de relever d’emblée que, étant donné qu’il s’agit d’un seul et même recours qui est recevable à l’égard d’Akzo Nobel et d’Akzo Nobel Functional Chemicals, il n’y a pas lieu d’examiner l’exception soulevée par la Commission (voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 24 mars 1993, CIRFS e.a./Commission, C‑313/90, Rec. p. I‑1125, points 30 et 31). 32     À cet égard, l’argument avancé par la Commission lors de l’audience selon lequel l’appréciation figurant au point précédent ne s’applique qu’aux cas où l’annulation prononcée bénéficie à toute personne indépendamment de la question de savoir si elle a introduit un recours ne suffit pas pour rendre nécessaire l’examen de l’exception en question. En effet, s’il est vrai que l’annulation d’une décision infligeant des amendes à plusieurs entités au titre de l’article 81 CE ne doit pas profiter à celles n’ayant pas introduit un recours (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 14 septembre 1999, Commission/AssiDomän Kraft Products e.a., C‑310/97 P, Rec. p. I‑5363, point 63), ou dont le recours est irrecevable, il n’en demeure pas moins que la Commission n’a pas expliqué de quelle façon une annulation éventuelle de la Décision sur la base des moyens énoncés au point 30 ci-dessus pourrait profiter à Akzo Nobel Nederland, Akzo Nobel Chemicals International et Akzo Nobel Chemicals. C’est d’ailleurs la Commission elle-même qui soutient dans sa duplique que, eu égard aux moyens soulevés dans la requête, une annulation éventuelle ne pourrait concerner que la responsabilité de la société faîtière du groupe ou le montant de l’amende infligée à Akzo Nobel Functional Chemicals. En outre, même à supposer qu’Akzo Nobel Nederland, Akzo Nobel Chemicals International et Akzo Nobel Chemicals ne soient pas recevables, le Tribunal devrait néanmoins examiner le recours dans son intégralité. Dans ces conditions, des raisons relatives à l’économie de procédure justifient de ne pas examiner la fin de non-recevoir soulevée par la Commission. 2. Sur le fond Sur le premier moyen, tiré de l’imputation erronée d’une responsabilité solidaire à Akzo Nobel Arguments des parties 33     Les requérantes estiment que la Commission a commis une erreur de droit en imposant l’amende solidairement à Akzo Nobel, société faîtière du groupe détenant, directement ou indirectement, 100 % du capital de ses filiales. Elles exposent les structures organisationnelle et juridique du groupe Akzo Nobel de la façon suivante. La structure organisationnelle serait composée d’un centre général (Akzo Nobel NV), d’unités commerciales et de sous-unités commerciales. Les activités du groupe seraient en fait organisées de façon à ce qu’une unité, ou sous-unité, commerciale entreprenne une activité exercée par plusieurs filiales d’Akzo Nobel, par exemple, la sous-unité des méthylamines et du chlorure de choline comprend des activités exercées par plusieurs filiales d’Akzo Nobel. La structure juridique inclurait Akzo Nobel en tant que société faîtière du groupe ainsi que plus de 1 000 entités juridiques détenues, directement ou indirectement, à 100 % par cette société. Ces entités juridiques devraient être considérées comme des titulaires de portefeuille exerçant des activités commerciales gérées par les unités, et sous-unités, commerciales. En l’espèce, Akzo Nobel Chemicals International, Akzo Nobel Chemicals et Akzo Nobel Functional Chemicals seraient les propriétaires, notamment, de l’activité exercée par la sous-unité commerciale des méthylamines et du chlorure de choline. Il en résulterait que les structures organisationnelle et juridique du groupe Akzo Nobel seraient parallèles. 34     Ce groupe comporterait donc, du point de vue organisationnel, deux niveaux : un centre général responsable des affaires stratégiques (principaux investissements, finances, affaires juridiques, ressources humaines) et 20 unités commerciales au niveau directement inférieur. Chaque unité disposerait d’un directeur général, d’une équipe de direction, de services généraux ainsi que des responsables de toute sa gestion opérationnelle. Dès lors que la direction de l’unité commerciale respecterait les objectifs financiers stratégiques fixés et approuvés par Akzo Nobel, cette direction serait tout à fait autonome et seulement liée par les « business principles » (les valeurs essentielles du monde des affaires, telles que l’esprit d’entreprise, l’intégrité personnelle, la responsabilité sociale, etc.) et les « corporate directives » (les directives de l’entreprise, en matière d’affaires juridiques et fiscales, de ressources humaines, de santé, de sécurité et d’environnement, etc.) applicables à l’ensemble du groupe Akzo Nobel. Chaque unité serait divisée en sous-unités pourvues d’organes de direction. En l’espèce, les activités commerciales dans le domaine du chlorure de choline auraient été exercées par Akzo Nobel Chemicals, Akzo Nobel Functional Chemicals et Akzo Nobel Chemicals SpA. 35     Ce seraient les unités, et sous-unités, commerciales chargées du domaine concerné qui détermineraient, de façon autonome par rapport à Akzo Nobel, la politique, la stratégie et les opérations commerciales. Toutefois, cela ne signifierait pas que ces unités, ou sous-unités, disposent du même pouvoir de décision quant aux filiales. Il serait, en effet, impossible de considérer que chaque unité et sous-unité commerciale détermine la politique commerciale des différentes filiales. 36     Selon l’analyse de la jurisprudence effectuée par Akzo Nobel, l’influence déterminante que doit exercer une société mère afin de se voir imputer la responsabilité des agissements de sa filiale doit concerner la politique commerciale stricto sensu de cette dernière. La Commission devrait donc prouver, premièrement, la possibilité pour la société mère d’exercer un pouvoir de direction au point de priver sa filiale de toute autonomie dans sa ligne d’action commerciale et, deuxièmement, le fait d’avoir exercé ce pouvoir. 37     Cependant, les requérantes indiquent qu’il ressort de la jurisprudence qu’une filiale détenue à 100 % peut être présumée avoir appliqué les instructions qui lui ont été données par sa société mère. Dans ces conditions, pour que la Commission soit obligée, dans un tel cas, de ne retenir comme responsable que la filiale, il faudrait que cette dernière détermine sa politique commerciale en grande partie par elle-même. Dès lors que cette dernière circonstance serait établie, il incomberait de nouveau à la Commission de prouver que la société mère a effectivement exercé une influence déterminante dans un cas concret. Il en résulterait que l’organisation unitaire telle que celle du groupe Akzo Nobel ne suffirait pas, en soi, pour rendre la preuve de l’implication effective de la société mère superflue. De plus, Akzo Nobel fait valoir que la Commission, dans le cadre de sa pratique décisionnelle, et les juridictions communautaires utilisent toujours des éléments factuels afin d’étayer la présomption en question. 38     Les filiales d’Akzo Nobel détermineraient leur politique commerciale en grande partie par elles-mêmes, chacune possédant son organe décisionnel. Akzo Nobel n’exerçant aucune activité commerciale et ne produisant ni ne distribuant aucun produit, elle ne disposerait pas d’un pouvoir de direction à leur égard au point de les priver de toute autonomie réelle dans la détermination de leur ligne d’action sur le marché. Akzo Nobel définirait simplement la stratégie macroéconomique générale du groupe sans revendiquer un rôle quant aux décisions purement commerciales. Les décisions sur les prix de vente et leurs augmentations seraient, en principe, prises au sein de chaque filiale par les directeurs du marketing des produits concernés. Akzo Nobel traiterait donc uniquement les principales questions stratégiques (finances, affaires juridiques, règles et politiques en matière de santé, sécurité, environnement, etc.), ce qui exclurait les questions de politique commerciale. Ainsi, la responsabilité des questions de politique commerciale ressortirait aux unités et aux sous-unités commerciales, dont feraient partie toutes les filiales opérationnelles du groupe. 39     Le magazine international interne édité par Akzo Nobel mettrait en évidence une structure particulièrement détaillée au sein des filiales. Or, cette structure serait inutile si la politique commerciale était décidée par le conseil d’administration d’Akzo Nobel. Pourtant, aucune société mère détenant la totalité du capital de sa filiale ne la laisserait opérer sans aucun contrôle. Ainsi, Akzo Nobel déterminerait les politiques et règles en matière de santé, de sécurité, d’environnement, d’identité sociale et de conventions collectives que les filiales seraient tenues de suivre. Or, ce genre de contrôle ne saurait être assimilé à un contrôle de la politique commerciale stricto sensu des filiales. 40     En outre, chacune des filiales impliquées dans la présente procédure disposerait de son propre conseil d’administration, la politique commerciale (fixation des prix, distribution) étant décidée au niveau des unités et des sous-unités commerciales responsables des produits concernés. Le chiffre d’affaires réalisé dans le secteur du chlorure de choline figurerait dans les comptes d’Akzo Nobel Chemicals, d’Akzo Nobel Functional Chemicals et d’Akzo Nobel Chemicals SpA. 41     Le directeur du marketing pour le chlorure de choline aurait, ainsi qu’en témoignerait la description de son poste, la principale tâche d’établir le projet de plan de vente en ce qui concerne les quantités, les prix, l’éventail des produits et la stratégie de marketing. L’absence de preuves documentaires étayant l’ensemble des allégations factuelles ne saurait réduire la valeur des éléments produits par Akzo Nobel, eu égard au fait, notamment, qu’elle aurait produit de nombreuses preuves au cours de la procédure administrative. 42     La présomption en question ayant été, sur la base de ce qui précède, renversée, les requérantes estiment que la thèse de la Commission aurait été correcte si Akzo Nobel avait donné des instructions en ce qui concerne la fixation des prix et le partage du marché du chlorure de choline. Or, une société mère de plus de 1 000 entités juridiques ne pourrait matériellement donner des instructions, ne serait-ce qu’à une seule de ses filiales, en matière de politique de prix ou de comportement commercial. La Commission n’aurait pas prouvé qu’Akzo Nobel avait connaissance de l’infraction, ni qu’elle y était directement impliquée, ni qu’elle avait donné instruction à ses filiales de la commettre. Les éléments sur lesquels se fonde la Décision pour imputer la responsabilité de l’infraction solidairement à Akzo Nobel ne concerneraient pas la politique commerciale stricto sensu des filiales. Étant donné que les requérantes auraient démontré que la sous-unité des méthylamines et du chlorure de choline bénéficiait à tout le moins d’une grande autonomie commerciale, la Commission aurait dû prouver qu’Akzo Nobel avait exercé une influence déterminante sur la politique commerciale des autres requérantes ou sur la sous-unité commerciale des méthylamines et du chlorure de choline. Or, la Commission n’aurait pas satisfait à cette obligation, Akzo Nobel n’ayant aucune raison d’exercer une telle influence. 43     Dans ce contexte, il ne serait guère pertinent de rechercher la personne physique ou morale qui désigne les vice-présidents du groupe, les directeurs et autres acteurs de la sous-unité des méthylamines et du chlorure de choline et à laquelle ces derniers doivent rendre des comptes. La question cruciale serait celle de savoir si Akzo Nobel a exercé un contrôle déterminant sur la politique commerciale de ses filiales ou de cette sous-unité commerciale. Il pourrait même être soutenu que la sous-unité des méthylamines et du chlorure de choline devrait être la destinataire de la Décision. 44     Les requérantes font observer que, si toutes les entités juridiques du secteur du chlorure de choline devaient être considérées comme une seule unité économique, il n’y aurait aucune raison d’exclure Akzo Nobel Chemicals du cercle des destinataires de la Décision au seul motif que la Commission ne disposait pas de preuves suffisantes pour établir sa responsabilité. En outre, cette exclusion contredirait l’assertion de la Commission selon laquelle Akzo Nobel serait le seul lien entre la production du chlorure de choline en Italie et cette production aux Pays-Bas. 45     Les requérantes soulignent qu’Akzo Nobel ne s’est jamais présentée comme le seul interlocuteur de la Commission au cours de la procédure administrative. De plus, chacune des requérantes aurait octroyé un mandat séparé aux avocats qui les représentent. 46     Eu égard aux considérations qui précèdent, et compte tenu du fait que les éléments, autres que la détention de la totalité du capital, sur lesquels s’est fondée la Commission sont soit dénués de pertinence, soit erronés, Akzo Nobel considère avoir renversé la présomption concernant la responsabilité de la société faîtière du groupe. La Commission n’ayant produit aucun élément démontrant qu’Akzo Nobel avait exercé une influence déterminante sur la politique commerciale de ses filiales, le présent moyen devrait être accueilli. 47     La Commission souligne que, selon la jurisprudence, une société mère peut être présumée exercer une influence déterminante sur une filiale lorsque le comportement de cette dernière est essentiellement soumis aux instructions qu’elle lui adresse, c’est-à-dire lorsque la société mère définit les grandes orientations de la stratégie et des opérations commerciales de sa filiale. La jurisprudence ne requiert pas que la société mère donne instruction à sa filiale de commettre une infraction afin que la Commission puisse lui adresser la décision imposant une amende. Il suffit donc que la société mère ait exercé une influence déterminante sur la politique commerciale générale de ses filiales pour que sa responsabilité solidaire soit établie, sans que la Commission soit tenue de démontrer qu’elle avait connaissance de l’infraction ou qu’elle y était directement impliquée. 48     Il résulterait de la jurisprudence que le renversement de cette présomption requiert de prouver soit que la société mère n’était pas en mesure d’influencer de façon déterminante la politique commerciale de sa filiale, soit que la filiale était effectivement autonome. Il faudrait, par conséquent, démontrer, au moyen d’éléments de preuve suffisants, que la société mère n’était pas en mesure d’exercer, ou n’a pas effectivement exercé, une influence déterminante sur les grandes orientations de la stratégie et des opérations commerciales de sa filiale, nonobstant le fait qu’elle ait détenu 100 % de son capital. En revanche, il ne suffirait pas de démontrer que la filiale a exercé son activité en grande partie par elle-même et qu’elle disposait de son propre conseil d’administration, preuve qui n’a, de toute façon, pas été apportée en l’espèce. 49     Les requérantes ne seraient pas fondées à prétendre qu’elles ont renversé la présomption à la charge d’Akzo Nobel par le biais des éléments produits en tant que réponse à la communication des griefs ni ne sauraient contester la légalité de la Décision sur la base de documents qui n’ont pas été produits au cours de la procédure administrative. 50     Les éléments fournis par les requérantes ne seraient, quoi qu’il en soit, pas suffisants pour renverser la présomption à la charge d’Akzo Nobel. En effet, les requérantes n’auraient pas défini les entités juridiques qui désignent les vice-présidents du groupe, les dirigeants des unités commerciales, ni les personnes ou entités dont dépendent ces vice-présidents. La Commission estime donc pouvoir raisonnablement supposer que les vice-présidents du groupe sont nommés par Akzo Nobel, à laquelle ils doivent rendre des comptes pour leur gestion. 51     Les requérantes indiqueraient dans la requête que la politique commerciale des filiales n’est pas arrêtée par ces dernières, mais par les unités et sous-unités commerciales, la direction d’Akzo Nobel en assumant la coordination et l’orientation. Le fait que les filiales requérantes soient pourvues d’un conseil d’administration ne signifierait pas nécessairement qu’elles prennent en toute autonomie les décisions commerciales fondamentales concernant la production et la commercialisation du chlorure de choline. Leur appartenance à la sous-unité commerciale des méthylamines et du chlorure de choline, qui est pourvue d’organes de direction, témoignerait du contraire. Eu égard à l’affirmation des requérantes selon laquelle la direction de chaque sous-unité commerciale rend des comptes à la direction d’une unité commerciale, la Commission présume que la direction de chaque unité commerciale doit rendre des comptes, à son tour, à la direction d’Akzo Nobel. Ce serait précisément cette obligation qui justifierait la qualification du groupe Akzo Nobel d’« unité économique ». Même à supposer que le directeur du marketing de la sous-unité commerciale du chlorure de choline arrête les prix du produit en toute autonomie, cela confirmerait l’absence d’autonomie des filiales du groupe et n’exclurait pas une influence déterminante de la part d’Akzo Nobel. 52     En outre, la Commission estime que l’argument des requérantes selon lequel elle aurait dû adresser la Décision à la sous-unité commerciale des méthylamines et du chlorure de choline doit être rejeté, du fait que cette sous-unité ne constitue pas une entité juridique, les seules entités juridiques étant les filiales appartenant au groupe coordonné par Akzo Nobel. Ces entités juridiques ne sauraient échapper à leur responsabilité du seul fait qu’elles seraient structurées en unités dépourvues de personnalité juridique. De surcroît, la qualité d’Akzo Nobel en tant qu’actionnaire unique de ses filiales lui donnerait par définition le pouvoir de contrôler pour l’essentiel leur ligne d’action. 53     Par ailleurs, les documents apportés par les requérantes démontreraient simplement que les décisions commerciales courantes concernant le chlorure de choline sont prises par les membres de la direction de la sous-unité commerciale des méthylamines et du chlorure de choline, sans identifier les personnes qui nomment et emploient lesdits membres. Les requérantes n’auraient donc pas renversé la présomption de responsabilité d’Akzo Nobel. 54     En tout état de cause, la responsabilité d’Akzo Nobel serait justifiée sur la base d’autres éléments que la présomption relative à la détention de 100 % du capital de ses filiales. En effet, il serait prouvé à partir des programmes de direction que tout projet d’une unité commerciale nécessitant un investissement requiert l’approbation du comité de direction, du conseil d’administration ou du « Supervisory Board » d’Akzo Nobel en fonction de la taille de l’investissement en question. Le rôle joué par Akzo Nobel dans la nomination des dirigeants de chaque unité commerciale ainsi que ses tâches administratives démontreraient qu’elle fonctionne comme une seule unité économique avec ces unités commerciales. L’indépendance commerciale ne concernerait pas seulement les décisions d’une importance secondaire, comme les ventes quotidiennes, mais aussi les décisions plus importantes, comme la nomination des dirigeants, la détermination des objectifs commerciaux et le choix des investissements. Or, Akzo Nobel serait l’entité chargée de décider de ces questions. 55     Le fait qu’Akzo Nobel, Akzo Nobel Nederland, Akzo Nobel Chemicals International et Akzo Nobel Chemicals n’exercent aucune activité commerciale confirmerait également la conclusion selon laquelle aucune de ces entités juridiques ne saurait être considérée comme constituant par elle-même un acteur économique autonome. 56     Akzo Nobel constituerait par ailleurs le seul lien de propriété entre les activités du secteur du chlorure de choline en Italie et celles aux Pays-Bas. Cette constatation ne serait nullement contradictoire avec l’exclusion d’Akzo Nobel Chemicals SpA des destinataires de la Décision. En effet, la Commission ne disposerait pas de preuves démontrant la participation de cette entité à l’infraction. De surcroît, cette dernière ne serait pas une société de gestion responsable du comportement des entités directement impliquées. En tout état de cause, la Commission ne serait pas obligée d’imputer la responsabilité à toutes les entités juridiques formant ensemble une entreprise. La représentation commune des requérantes serait aussi un élément plaidant en faveur de l’analyse de la Commission. Appréciation du Tribunal –       Observations liminaires sur l’imputabilité du comportement infractionnel d’une filiale à sa société mère 57     Il y a lieu de rappeler tout d’abord que la notion d’entreprise au sens de l’article 81 CE inclut des entités économiques consistant chacune en une organisation unitaire d’éléments personnels, matériels et immatériels poursuivant de façon durable un but économique déterminé, organisation pouvant concourir à ce qu’une infraction visée par cette disposition soit commise (voir arrêt du Tribunal du 20 mars 2002, HFB e.a./Commission, T‑9/99, Rec. p. II‑1487, point 54, et la jurisprudence citée). 58     Ce n’est donc pas une relation d’instigation relative à l’infraction entre la société mère et sa filiale ni, à plus forte raison, une implication de la première dans ladite infraction, mais le fait qu’elles constituent une seule entreprise au sens susmentionné qui habilite la Commission à adresser la décision imposant des amendes à la société mère d’un groupe de sociétés. En effet, il y a lieu de rappeler que le droit communautaire de la concurrence reconnaît que différentes sociétés appartenant à un même groupe constituent une entité économique, et donc une entreprise au sens des articles 81 CE et 82 CE, si les sociétés concernées ne déterminent pas de façon autonome leur comportement sur le marché (arrêt du Tribunal du 30 septembre 2003, Michelin/Commission, T‑203/01, Rec. p. II‑4071, point 290). 59     Il convient également de relever que, aux fins de l’application et de l’exécution des décisions de la Commission en matière de droit de la concurrence, il est nécessaire d’identifier, en tant que destinataire, une entité dotée de la personnalité juridique (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 20 avril 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, dit « PVC II », T‑305/94 à T‑307/94, T‑313/94 à T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 et T‑335/94, Rec. p. II‑931, point 978). 60     Dans le cas particulier où une société mère détient 100 % du capital de sa filiale auteur d’un comportement infractionnel, il existe une présomption simple selon laquelle ladite société mère exerce une influence déterminante sur le comportement de sa filiale (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 25 octobre 1983, AEG/Commission, 107/82, Rec. p. 3151, point 50, et arrêt PVC II, point 59 supra, points 961 et 984), et qu’elles constituent donc une seule entreprise au sens de l’article 81 CE (arrêt du Tribunal du 15 juin 2005, Tokai Carbon e.a./Commission, T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 et T‑91/03, non publié au Recueil, point 59). Il incombe, dès lors, à la société mère contestant devant le juge communautaire une décision de la Commission de lui infliger une amende pour un comportement commis par sa filiale de renverser cette présomption en apportant des éléments de preuve susceptibles de démontrer l’autonomie de cette dernière (arrêt du Tribunal du 27 septembre 2006, Avebe/Commission, T‑314/01, Rec. p. II‑3085, point 136 ; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 16 novembre 2000, Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, C‑286/98 P, Rec. p. I‑9925, ci-après l’« arrêt Stora », point 29). 61     À cet égard, il y a lieu de souligner que, s’il est vrai que la Cour a évoqué aux points 28 et 29 de l’arrêt Stora, point 60 supra, hormis la détention de 100 % du capital de la filiale, d’autres circonstances, telles que la non-contestation de l’influence exercée par la société mère sur la politique commerciale de sa filiale et la représentation commune des deux sociétés durant la procédure administrative, il n’en demeure pas moins que lesdites circonstances n’ont été relevées par la Cour que dans le but d’exposer l’ensemble des éléments sur lesquels le Tribunal avait fondé son raisonnement pour conclure que celui-ci n’était pas fondé uniquement sur la détention de la totalité du capital de la filiale par sa société mère. Partant, le fait que la Cour a confirmé l’appréciation du Tribunal dans cette affaire ne saurait avoir pour conséquence de modifier le principe consacré au point 50 de l’arrêt AEG/Commission, point 60 supra. 62     Dans ces conditions, il suffit que la Commission prouve que la totalité du capital d’une filiale est détenue par sa société mère pour conclure que cette dernière exerce une influence déterminante sur sa politique commerciale. La Commission sera en mesure, par la suite, de tenir la société mère solidairement responsable pour le paiement de l’amende infligée à sa filiale, sauf si cette société prouve que sa filiale n’applique pas pour l’essentiel les directives qu’elle émet et se comporte, dès lors, de façon autonome sur le marché. 63     Il y a également lieu d’examiner, dans le cadre des présentes observations liminaires, l’argument occupant une place centrale dans les écritures des requérantes selon lequel l’influence présumée de la société mère du fait de la détention de la totalité du capital de sa filiale se rapporte à la politique commerciale stricto sensu de celle-ci (voir point 36 ci-dessus). Relèvent, selon les requérantes, de cette politique, par exemple, la stratégie de distribution et des prix. Dès lors, la société mère pourrait, selon cet argument, renverser la présomption en démontrant que c’est la filiale qui gère ces aspects spécifiques de sa politique commerciale sans recevoir de directives à cet égard. 64     À ce titre, il convient d’indiquer que, dans le cadre de l’analyse de l’existence d’une entité économique unique entre plusieurs sociétés faisant partie d’un groupe, le juge communautaire a examiné si la société mère pouvait influencer la politique des prix (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 14 juillet 1972, ICI/Commission, 48/69, Rec. p. 619, point 137, et Geigy/Commission, 52/69, Rec. p. 787, point 45), les activités de production et de distribution (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 6 mars 1974, Istituto Chemioterapico Italiano et Commercial Solvents/Commission, 6/73 et 7/73, Rec. p. 223, points 37 et 39 à 41), les objectifs de vente, les marges brutes, les frais de vente, le « cash flow », les stocks et le marketing (arrêt du Tribunal du 12 janvier 1995, Viho/Commission, T‑102/92, Rec. p. II‑17, point 48). Toutefois, il ne saurait en être déduit que seuls ces aspects relèvent de la notion de la politique commerciale d’une filiale aux fins de l’application des articles 81 CE et 82 CE à l’égard de sa société mère. 65     Il ressort, au contraire, de cette jurisprudence, lue en combinaison avec les considérations figurant aux points 57 et 58 ci-dessus, qu’il incombe à la société mère de soumettre à l’appréciation du Tribunal tout élément relatif aux liens organisationnels, économiques et juridiques, entre sa filiale et elle-même et qu’elle considère de nature à démontrer qu’elles ne constituent pas une entité économique unique. Il en résulte également que, lors de son appréciation, le Tribunal doit tenir compte de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties, dont le caractère et l’importance peuvent varier selon les caractéristiques propres à chaque cas d’espèce. 66     C’est à l’aune de ces considérations qu’il convient de vérifier si Akzo Nobel et ses filiales destinataires de la Décision constituent une entité économique unique. –       Sur l’existence d’une entité économique unique entre Akzo Nobel et ses filiales destinataires de la Décision 67     En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties qu’Akzo Nobel détient, directement ou indirectement, 100 % du capital de ses filiales destinataires de la Décision. Il incombe donc à Akzo Nobel, sur la base des considérations qui précèdent, de démontrer que lesdites filiales déterminent leur politique commerciale de façon autonome de sorte à ne pas constituer, avec elle, une entité économique unique et, donc, une seule entreprise au sens de l’article 81 CE (voir point 57 ci-dessus). 68     À cet égard, il y a lieu de relever que les programmes de direction produits par Akzo Nobel durant la procédure administrative (voir point 13 ci-dessus) et analysés sommairement au considérant 173 de la Décision contiennent, dans leur partie introductive, une description de la répartition des compétences relatives à la procédure décisionnelle au sein du groupe Akzo Nobel en quatorze sujets. 69     Il s’agit, plus particulièrement, de la stratégie, du plan opérationnel, des investissements, des acquisitions ou cessions, des plans de restructuration, des politiques générales de fonctionnement, des finances, de l’audit et de la comptabilité, des ressources humaines, des affaires juridiques, du management des risques, de la technologie et de l’environnement, de l’informatique et d’un sujet intitulé « Divers ». 70     Il importe de préciser que, aux termes de la partie introductive des programmes de direction : « Des directions et instructions détaillées (probablement pour des questions non mentionnées dans les programmes de direction d’Akzo Nobel) sont incluses dans des directives séparées et/ou statuts ou sont établies suite à un accord entre le directeur de chaque unité ou sous-unité commerciale et le membre du conseil de direction responsable. En ce qui concerne les filiales qui ne sont pas entièrement détenues, directement ou indirectement, par Akzo Nobel cette répartition des compétences devrait être appliquée intégralement tant que possible. » [Detailed authorities and instructions (possibly also for items not mentioned in the Akzo Nobel Authority Schedules) are laid down in separate directives and/or charters or are agreed upon between the BU/SU manager and the responsible Board Member. As to subsidiaries not wholly owned by Akzo Nobel, either directly or indirectly, this allocation of authorities shall be integrally enforced as much as possible.] 71     En outre, il y a lieu d’examiner plusieurs éléments des programmes de direction, en l’occurrence la stratégie, les investissements, les politiques générales de fonctionnement, l’audit et la comptabilité, les ressources humaines et les affaires juridiques. 72     S’agissant de la stratégie, il résulte des programmes de direction que chaque unité ou sous-unité commerciale prépare et soumet son plan stratégique au [ confidentiel ] ( ) d’Akzo Nobel pour avis, lequel, par la suite, le soumet pour révision au [ confidentiel ] dans le cadre des lignes directrices déterminées par le conseil d’administration d’Akzo Nobel, qui, dans le cadre du [ confidentiel ], décide des actions stratégiques majeures. 73     Pour ce qui est de l’élaboration du plan opérationnel de chaque unité commerciale, celle-ci nécessite la consultation du [ confidentiel ] d’Akzo Nobel qui, à son tour, soumet chaque question à l’administration d’Akzo Nobel pour décision dans le cadre des lignes directrices et des objectifs du groupe. 74     En ce qui concerne les investissements (y compris les locations, crédit-bail, cession ou acquisition de biens intangibles), chaque unité ou sous-unité commerciale dispose d’un pouvoir de décision, mais dans les limites convenues au préalable avec le [ confidentiel ] d’Akzo Nobel. Ce dernier décide des projets d’une valeur inférieure à [ confidentiel ] euros, cette compétence étant attribuée au [ confidentiel ], au [ confidentiel ] ou au [ confidentiel ] selon que cette valeur fluctue entre 2,5 et 10, 10 et 20 ou dépasse 20 millions d’euros respectivement. 75     Pour ce qui est des politiques générales de fonctionnement, le [ confidentiel ] d’Akzo Nobel soumet une proposition concernant un secteur d’activités et c’est le [ confidentiel ], dans le cadre du [ confidentiel ], qui décide. 76     Dans le domaine de l’audit et de la comptabilité, il convient de relever que chaque unité ou sous-unité commerciale rapporte périodiquement des résultats alors que le [ confidentiel ] d’Akzo Nobel, le [ confidentiel ] et le [ confidentiel ] révisent périodiquement la performance au niveau des unités, ou des sous-unités, et du groupe. 77     S’agissant des ressources humaines des unités ou des sous-unités commerciales, il leur appartient de soumettre leurs propositions sur des changements organisationnels majeurs au [ confidentiel ] d’Akzo Nobel pour visa au regard des concepts d’organisation, la décision finale étant réservée au [ confidentiel ] d’Akzo Nobel. Il importe de préciser que, en cas de non-conformité de la proposition avec les concepts d’organisation, il revient au [ confidentiel ] d’Akzo Nobel de décider définitivement. 78     En ce qui concerne les affaires juridiques, il y a lieu de relever que, s’agissant des contrats importants en matière de savoir-faire, de brevets, de marques, de coopération sur la recherche et de coalitions stratégiques, chaque unité ou sous-unité soumet ses propositions au [ confidentiel ] d’Akzo Nobel, lequel, à son tour, conseille, en fonction de la valeur de l’opération, le [ confidentiel ], le [ confidentiel ] ou le [ confidentiel ], auxquels il revient de décider. Les compétences sont attribuées d’une façon similaire s’agissant des contrats importants d’approvisionnement à long terme en fonction de leur durée et de l’engagement financier qu’ils entraînent. 79     Au demeurant, il ressort des programmes de direction qu’Akzo Nobel intervient, par le biais d’[ confidentiel ], du [ confidentiel ], du [ confidentiel ] ou du [ confidentiel ], dans la procédure décisionnelle concernant l’ensemble des sujets concernés (voir point 69 ci-dessus). 80     Interrogées à l’audience sur ce point, les requérantes ont soutenu que les programmes de direction illustraient la répartition des compétences au sein du groupe Akzo Nobel, mais ne témoignaient pas du fait que ces compétences aient été effectivement exercées au sujet de l’infraction en question. Cependant, il convient de constater que cette dernière affirmation est inopérante, à ce stade de l’examen, qui est consacré à l’existence d’une influence de la part d’Akzo Nobel sur la politique commerciale de ses filiales et non à la question de savoir si Akzo Nobel est intervenue auprès de celles-ci spécifiquement au sujet de l’infraction en question (voir point 58 ci-dessus). 81     Quant à la relation organisationnelle entre les filiales du groupe Akzo Nobel destinataires de la Décision et la sous-unité commerciale des méthylamines et du chlorure de choline, il suffit de relever que, ainsi que les requérantes l’ont souligné (voir point 33 ci-dessus), Akzo Nobel Chemicals International, Akzo Nobel Chemicals et Akzo Nobel Functional Chemicals sont les « propriétaires », notamment, de l’activité exercée par ladite sous-unité. Étant donné que la Décision ne pouvait être adressée qu’à des entités dotées de la personnalité juridique (voir point 59 ci-dessus), qui d’ailleurs ont participé directement à l’infraction ou constituent les successeurs en droit des entités y ayant participé (voir point 11 ci-dessus), les requérantes ne sauraient utilement prétendre que la Commission aurait dû distinguer la détermination de la politique des unités ou des sous-unités commerciales du groupe de celle de la politique des sociétés filiales d’Akzo Nobel. En tout état de cause, les requérantes ont précisé aux points 16, 17 et 54 de leur mémoire en réplique que la question cruciale était celle de savoir si elles avaient pu renverser la présomption selon laquelle Akzo Nobel avait exercé une influence déterminante soit sur la sous-unité commerciale concernée, soit sur ses filiales destinataires de la Décision. 82     Dans ces conditions, force est de conclure, à l’instar du considérant 173 de la Décision, que le personnel compétent et surtout l’administration d’Akzo Nobel interviennent de manière significative sur plusieurs aspects essentiels de la stratégie des filiales en question, en se réservant la décision finale à l’égard d’une série de sujets définissant leur ligne d’action sur le marché. 83     L’argument selon lequel les décisions concernant les prix de vente et les augmentations de prix sont, en principe, prises par les directeurs du marketing des produits concernés qui agissent au sein de leurs filiales respectives, et notamment par le directeur du marketing du chlorure de choline (voir points 38 et 41 ci-dessus), ne peut renverser cette conclusion. Il en est de même en ce qui concerne les arguments tirés de la structure du groupe Akzo Nobel à deux niveaux, laquelle aurait comme objectif de soustraire la politique commerciale stricto sensu au contrôle d’Akzo Nobel (voir point 38 ci-dessus). En effet, ainsi qu’il a été relevé au point 58 ci-dessus, l’imputation du comportement infractionnel d’une filiale à sa société mère ne nécessite pas la preuve que la société mère influence la politique de sa filiale dans le domaine spécifique ayant fait l’objet de l’infraction, qui a porté, en l’espèce, sur la distribution et les prix. En revanche, les liens organisationnels, économiques et juridiques, existant entre la société mère et sa filiale peuvent établir l’existence d’une influence de la première sur la stratégie de la seconde et, dès lors, justifier de les concevoir comme une seule entité économique. 84     L’argument fondé sur l’existence de conseils d’administration au sein de chaque filiale (voir point 40 ci-dessus) n’emporte pas la conviction. En effet, chaque société anonyme dispose d’un conseil d’administration nommé par ses actionnaires, en l’espèce par Akzo Nobel. Par ailleurs, les requérantes ont précisé à cet égard au point 45 de leur mémoire en réplique que les vice-présidents du groupe (qui dirigent les unités commerciales) sont désignés par les présidents des divisions de produits chimiques du groupe, après approbation du membre compétent du conseil d’administration d’Akzo Nobel. Ils rendent des comptes au président d’Akzo Nobel Chemicals, qui, à son tour, rend des comptes au membre compétent du conseil d’administration d’Akzo Nobel. En outre, le magazine international interne édité par Akzo Nobel (voir point 39 ci-dessus) indique que le vice-président du groupe qui est à la tête d’une unité commerciale assure le contrôle hiérarchique au sein de celle-ci. 85     À supposer, donc, que le raisonnement des requérantes relatif à la charge de la preuve, illustré au point 37 ci-dessus, soit exact, il n’en demeure pas moins qu’elles ne sont pas parvenues à renverser la présomption selon laquelle Akzo Nobel, société mère détenant 100 % du capital de ses filiales destinataires de la Décision, exerçait une influence déterminante sur la politique de ces dernières. Il y a, dès lors, lieu de conclure qu’Akzo Nobel constitue avec celles-ci une entreprise au sens de l’article 81 CE, sans qu’il soit besoin de vérifier si Akzo Nobel a exercé une influence sur le comportement en cause. Le premier moyen doit, par conséquent, être rejeté. Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 Arguments des parties 86     Les requérantes font valoir que, en imposant l’amende solidairement à Akzo Nobel Functional Chemicals, la Commission a violé le plafond de 10 % du chiffre d’affaires imposé par l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003. En effet, le chiffre d’affaires réalisé par Akzo Nobel Functional Chemicals en 2003 étant de 124,5 millions d’euros, le montant de l’amende (20,99 millions d’euros) aurait excédé ce plafond. 87     Par conséquent, étant donné que la responsabilité aurait été erronément imputée à Akzo Nobel, il n’existerait pas d’entité économique unique pouvant justifier le calcul du plafond de 10 % sur la base de son chiffre d’affaires consolidé. Akzo Nobel Chemicals, Akzo Nobel Chemicals International et Akzo Nobel Nederland auraient par ailleurs, selon la Décision, directement participé à l’infraction sans que la Commission n’ait constaté que l’une d’entre elles exerçait une influence déterminante sur une autre. 88     La Commission affirme avoir calculé le plafond de 10 % sur la base du chiffre d’affaires consolidé d’Akzo Nobel. En effet, le terme « entreprise » aurait le même sens dans le règlement n° 1/2003 et dans les articles 81 CE et 82 CE. Or, Akzo Nobel aurait été reconnue responsable au motif qu’elle formait, avec ses filiales destinataires de la Décision, une entreprise au sens de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003. Partant, la Commission n’aurait pas commis d’erreur à l’égard du calcul du plafond. 89     Même à supposer que la Commission ait imputé à tort la responsabilité solidaire à Akzo Nobel, premièrement, il n’en demeure pas moins que les requérantes n’auraient pas fondé leur deuxième moyen sur une telle erreur. Le fait de le développer de cette façon pour la première fois dans la réplique constituerait, en réalité, un moyen nouveau et irrecevable en vertu de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure. Deuxièmement, les requérantes n’auraient pas demandé une réduction du montant de l’amende dans le cadre de l’exercice de la compétence de pleine juridiction du Tribunal au cas où celui-ci considérerait que la Commission n’aurait pas dû adresser la Décision à Akzo Nobel. Troisièmement, les requérantes n’auraient pas allégué que les filiales d’Akzo Nobel ne formaient pas une entreprise au sens du règlement n° 1/2003. Appréciation du Tribunal 90     Il y a lieu de relever que la circonstance selon laquelle plusieurs sociétés sont solidairement tenues au paiement d’une amende au motif qu’elles forment une entreprise au sens de l’article 81 CE n’implique pas, en ce qui concerne l’application du plafond prévu par l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, que l’obligation de chacune se limite à 10 % du chiffre d’affaires qu’elle a réalisé durant le dernier exercice social. En effet, le plafond de 10 %, au sens de cette disposition, doit être calculé sur la base du chiffre d’affaires cumulé de toutes les sociétés constituant l’entité économique unique agissant en tant qu’entreprise au sens de l’article 81 CE, puisque seul le chiffre d’affaires cumulé des sociétés composantes peut constituer une indication de la taille et de la puissance économique de l’entreprise en question (arrêt HFB e.a./Commission, point 57 supra, points 528 et 529). 91     Partant, eu égard aux considérations ayant donné lieu au rejet du premier moyen, la Commission n’a pas commis d’erreur en prenant le chiffre d’affaires consolidé d’Akzo Nobel comme référence pour le calcul du plafond en question. Le deuxième moyen doit, dès lors, être écarté sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la Commission. Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation Arguments des parties 92     Les requérantes font valoir que le raisonnement suivi par la Commission afin d’établir la responsabilité d’Akzo Nobel était fondé sur des motifs erronés, en ce sens que les éléments factuels invoqués à cet effet sont insuffisants et inappropriés pour parvenir à ladite conclusion. De surcroît, la Commission n’aurait pas expliqué pourquoi elle a condamné Akzo Nobel Functional Chemicals à une amende supérieure à 10 % de son chiffre d’affaires. Ces vices rendraient la motivation de la Décision insuffisante, voire inexistante, ce qui justifierait en soi l’annulation de la Décision. 93     La Commission conteste le bien-fondé de ces arguments. En effet, la Décision contiendrait une motivation claire à l’égard de la responsabilité d’Akzo Nobel exposée aux considérants 172 à 175. S’agissant de l’amende à l’égard d’Akzo Nobel Functional Chemicals, la Commission considère qu’elle n’était pas tenue de motiver son calcul, étant donné que le plafond de 10 % n’a pas été dépassé. En tout état de cause, la Décision aurait fourni aux requérantes tous les éléments nécessaires afin d’introduire leur recours et de faire valoir leurs arguments. Partant, le troisième moyen doit, selon la Commission, être également rejeté dans son intégralité. Appréciation du Tribunal 94     S’agissant de la motivation quant à la responsabilité d’Akzo Nobel, il y a lieu de rappeler que l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (voir arrêt de la Cour du 22 mars 2001, France/Commission, C‑17/99, Rec. p. I‑2481, point 35, et la jurisprudence citée). 95     En l’espèce, force est de constater que la partie du présent moyen relative à la responsabilité d’Akzo Nobel concerne le bien-fondé des motifs de la Décision, dont l’examen a été effectué dans le cadre du premier moyen (voir points 67 à 85 ci-dessus). Au demeurant, en ce que cette branche du présent moyen n’avance ni n’étaye une violation des formes substantielles, elle est dépourvue de tout fondement en fait. 96     En outre, dans la mesure où le présent moyen concerne le chiffre d’affaires d’Akzo Nobel Functional Chemicals, celui-ci doit être écarté au motif que, en l’absence de dépassement du plafond du chiffre d’affaires qui pouvait être légalement pris en compte (voir points 90 et 91 ci-dessus), la Commission n’avait pas à motiver le montant de l’amende spécialement à l’égard de cette société. Le troisième moyen doit, dès lors, être rejeté. 97     Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté dans son ensemble. Sur les dépens 98     Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission. Par ces motifs, LE TRIBUNAL (deuxième chambre) déclare et arrête : 1) Le recours est rejeté. 2) Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemicals International BV, Akzo Nobel Chemicals BV et Akzo Nobel Functional Chemicals BV sont condamnées aux dépens. Meij Forwood Papasavvas Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 décembre 2007. Le greffier Le président faisant fonction E. Coulon A. W. H. Meij Table des matières Antécédents du litige et décision attaquée Procédure et conclusions des parties En droit 1.  Sur la recevabilité du recours à l’égard d’Akzo Nobel Nederland, d’Akzo Nobel Chemicals International et d’Akzo Nobel Chemicals Arguments des parties Appréciation du Tribunal 2.  Sur le fond Sur le premier moyen, tiré de l’imputation erronée d’une responsabilité solidaire à Akzo Nobel Arguments des parties Appréciation du Tribunal –  Observations liminaires sur l’imputabilité du comportement infractionnel d’une filiale à sa société mère –  Sur l’existence d’une entité économique unique entre Akzo Nobel et ses filiales destinataires de la Décision Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 Arguments des parties Appréciation du Tribunal Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation Arguments des parties Appréciation du Tribunal Sur les dépens * Langue de procédure : l’anglais. – Données confidentielles occultées

61996CJ0136

it

Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 23 febbraio 1996, pervenuta alla Corte il 25 aprile successivo, il Tribunal de grande instance di Parigi ha presentato, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1576, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (GU L 160, pag. 1). 2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia che oppone The Scotch Whisky Association, società di diritto scozzese avente ad oggetto la tutela e la promozione degli interessi del commercio del whisky scozzese nel mondo e la difesa in giudizio di tali interessi, alla Compagnie financière européenne de prises de participation (in prosieguo: la «Cofepp», precedentemente denominata La Martiniquaise LM), alla Prisunic SA e alla Centrale d'achats et de services alimentaires SARL (Casal), riguardo alla distribuzione da parte di queste ultime di una bevanda dal titolo alcolometrico volumico pari a 30_ con una denominazione comprendente il termine «whisky». 3 La direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (GU 1979, L 33, pag. 1), ha stabilito le norme generali in materia di etichettatura dei prodotti alimentari. 4 Tale direttiva prevede all'art. 2, n. 1, lett. a), che l'etichettatura dei prodotti alimentari non deve «essere tale da indurre in errore l'acquirente, specialmente: i) per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto alimentare e in particolare la natura, l'identità, le qualità, la composizione, la quantità, la conservazione, l'origine o la provenienza, il modo di fabbricazione o di ottenimento». 5 Ai sensi l'art. 3, n. 1, punto 1, di tale direttiva, l'etichettatura dei prodotti alimentari deve comportare in particolare la denominazione di vendita, che così è definita all'art. 5, n. 1: «1. La denominazione di vendita di un prodotto alimentare è la denominazione prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative ad esso applicabili o, in mancanza di essa, il nome consacrato dall'uso nello Stato membro nel quale il prodotto alimentare è venduto al consumatore finale, o una descrizione di esso e, se necessario, della sua utilizzazione, sufficientemente precisa per consentire all'acquirente di conoscerne la natura effettiva e di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso». 6 Infine, l'art. 7, n. 1, della direttiva 79/112 prevede quanto segue: «1. Se l'etichettatura di un prodotto alimentare pone in rilievo la presenza o il limitato tenore di uno o più ingredienti essenziali per le caratteristiche di tale prodotto, o se la denominazione di quest'ultimo comporta lo stesso effetto, dev'essere indicata, a seconda dei casi, la quantità minima o massima di utilizzazione di tali ingredienti, espressa in percentuale. Tale indicazione figura in prossimità immediata della denominazione di vendita del prodotto alimentare o nell'elenco degli ingredienti accanto all'ingrediente in questione. (...)». 7 Per quanto riguarda le bevande alcoliche in particolare, le norme relative alla loro definizione, alla loro designazione e alla loro presentazione sono fissate dal regolamento n. 1576/89, il cui quarto `considerando' recita: «(...) tenuto conto della natura dei prodotti in causa, è opportuno, ai fini di una migliore informazione del consumatore, adottare le disposizioni complementari specifiche a tali norme generali, in particolare incorporando, nella definizione del prodotto, nozioni relative all'invecchiamento ed al titolo alcolometrico minimo per l'immissione al consumo umano». 8 Una bevanda spiritosa è definita all'art. 1, n. 2, del regolamento n. 1576/89 come, in particolare, una bevanda destinata al consumo umano e avente un titolo alcolometrico minimo del 15% del volume. La bevanda spiritosa deve essere ottenuta sia direttamente mediante distillazione, sia mediante miscelazione di una bevanda spiritosa con «una o più altre bevande spiritose» o con «una o più bevande». 9 Il whisky (o whiskey) è così definito dall'art. 1, n. 4, lett b), del regolamento n. 1576/89: «la bevanda spiritosa ottenuta per distillazione di un mosto di cereali: - saccarificato dalla diastasi del malto ivi contenuto, con o senza aggiunta di altri enzimi naturali, - fermentato per azione del lievito, - distillato a meno di 94,8% vol in modo che il prodotto della distillazione abbia un aroma e un gusto provenienti dalle materie prime utilizzate e invecchiata per almeno tre anni in fusti di legno di capacità pari o inferiore a 700 litri». 10 Una «bevanda spiritosa di cereali» è definita all'art. 1, n. 4, lett. c), punto 1, nel modo seguente: «1) la bevanda spiritosa ottenuta mediante distillazione di un mosto fermentato di cereali che presenta caratteristiche organolettiche derivanti dalle materie prime utilizzate». 11 L'art. 3 del regolamento n. 1576/89 dispone quanto segue: «1. Fatta eccezione per le bevande spiritose al ginepro di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera m), punto 1), per poter essere destinate al consumo umano nella Comunità con una delle denominazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 4, le bevande spiritose sotto elencate, ad eccezione di taluni prodotti specifici il cui titolo alcolometrico è indicato nell'allegato III, devono possedere il seguente titolo alcolometrico volumico minimo: - 40% whisky/whiskey (...) - 35% bevanda spiritosa di cereali/acquavite di cereali (...) 4. Anteriormente al 31 dicembre 1992 il Consiglio riesamina il titolo alcolometrico minimo del whisky/whiskey sulla base di uno studio di mercato svolto dalla Commissione». 12 L'art. 5, nn. 1 e 2, dello stesso regolamento, che costituisce l'elemento centrale del processo a quo, prevede quanto segue: «1. Fatte salve le disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 6, le denominazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 4, sono riservate alle bevande spiritose ivi definite, tenuto conto dei requisiti previsti agli articoli 2, 3, 4 e 12. Tali denominazioni devono essere utilizzate per designare i prodotti in causa. Per le bevande spiritose che non rispondono ai requisiti prescritti per i prodotti definiti all'articolo 1, paragrafo 4, non possono essere utilizzate le denominazioni ivi precisate. Queste bevande devono essere denominate "bevande spiritose". 2. Le denominazioni di cui al paragrafo 1 possono essere completate con indicazioni geografiche diverse da quelle di cui al paragrafo 3, a condizione che il consumatore non sia indotto in errore». 13 L'art. 6 del regolamento n. 1576/89 recita: «1. Disposizioni particolari possono disciplinare le indicazioni aggiunte alla denominazione di vendita, ovvero: - l'uso di termini, sigle o segni; - l'uso di termini composti comprendenti una delle definizioni generiche di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 4. 2. Disposizioni particolari possono disciplinare la denominazione delle miscele di bevande spiritose e delle miscele di una bevanda con una bevanda spiritosa. 3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 (...) mirano in particolare ad evitare che le denominazioni di cui ai suddetti paragrafi creino confusione, tenuto conto specialmente dei prodotti esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento». 14 Ai sensi dell'art. 7, n. 1 e 2, del regolamento n. 1576/89: «1. L'etichettatura e la presentazione delle bevande spiritose definite all'articolo 1, paragrafo 4, destinate al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità, devono essere conformi alle norme nazionali adottate in virtù della direttiva 79/112/CEE, nonché alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo. 2. a) La denominazione di vendita dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 4, è una di quelle loro riservate a norma dell'articolo 5 e dell'articolo 6, paragrafo 2. b) Se l'etichettatura reca l'indicazione della materia prima impiegata per la fabbricazione dell'alcole etilico di origine agricola, ciascun alcole agricolo utilizzato dev'essere menzionato, in ordine decrescente secondo i quantitativi impiegati. c) La denominazione di vendita delle bevande spiritose di cui al paragrafo 1 può essere completata dalla dicitura "assemblaggio" qualora la bevanda sia stata sottoposta a questo trattamento. d) Salvo eccezioni, la durata di invecchiamento può essere indicata soltanto se riguarda il più giovane dei costituenti alcolici, purché il prodotto sia stato invecchiato sotto controllo fiscale o sotto un controllo che offra garanzie equivalenti». 15 L'art. 8 dello stesso regolamento recita: «Per poter essere commercializzate ai fini del consumo umano, le bevande spiritose prodotte nella Comunità non possono essere designate associando parole o formule quali "genere", "tipo", "modo", "stile", "marca", "gusto" o altre menzioni analoghe a una delle denominazioni previste dal presente regolamento». 16 L'art. 9, n. 1, del medesimo regolamento dispone che le bevande spiritose ivi citate, in particolare il whisky, qualora siano state addizionate di alcool etilico di origine agricola, non possono recare, nella loro presentazione, sotto alcuna forma, il termine generico riservato alle bevande suindicate. 17 Ai sensi dell'art. 12, n. 1, del regolamento n. 1576/89: «1. Le bevande spiritose destinate all'esportazione devono essere conformi alle disposizioni del presente regolamento». 18 Il regolamento (CEE) della Commissione 24 aprile 1990, n. 1014, recante modalità d'applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose (GU L 105, pag. 9), è un regolamento d'attuazione del regolamento n. 1576/89, che è modificato anzitutto dal regolamento (CEE) della Commissione 19 giugno 1991, n. 1781 (GU L 160, pag. 5), poi dal regolamento (CE) della Commissione 3 novembre 1994, n. 2675 (GU L 285, pag. 5). 19 Ai sensi del secondo `considerando' del regolamento n. 1014/90: «(...) nella determinazione delle suddette precisazioni e regole complementari [rispetto al regolamento n. 1576/89], è opportuno prendere anzitutto in considerazione i criteri di cui si è tenuto conto in sede di adozione dello stesso regolamento (CEE) n. 1576/89 (...) un altro criterio deve consistere nella volontà di evitare qualsiasi rischio di confusione nelle diciture che figurano sull'etichetta, nonché di procurare al consumatore l'informazione più chiara e completa che sia possibile fornire nell'etichetta». 20 L'art. 7 ter, n. 1, del regolamento n. 1014/90, introdotto dal regolamento n. 1781/91 (v. rettifica in GU 1992, L 291, pag. 22), dispone: «In applicazione dell'art. 6, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1576/89, nella presentazione di una bevanda spiritosa è possibile utilizzare una denominazione generica all'interno di un termine composto soltanto se l'alcole di tale bevanda è ottenuto esclusivamente dalla bevanda spiritosa citata nel termine composto». 21 Infine l'art. 7 quater del regolamento n. 1014/90, introdotto dal regolamento n. 2675/94, dispone quanto segue: «Quando una delle bevande spiritose enumerate all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1576/89 è mescolata con: - una o più bevande spiritose definite o non definite all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1576/89 e/o - uno o più distillati di origine agricola, nell'etichettatura viene utilizzata la denominazione di vendita "bevanda spiritosa" senza altri aggettivi, in un punto apparente, in modo ben visibile e chiaramente leggibile». 22 La Cofepp è titolare del marchio «Gold River», depositato il 30 marzo 1988, utilizzato per vini, bevande spiritose, liquori e in particolare whisky che essa adopera per una bevanda avente titolo alcolometrico minimo di 30_, elaborata attraverso l'unione di taluni whisky di origine scozzese, canadese e nordamericana con acqua. Sull'etichetta delle bottiglie contenenti tale bevanda vi sono i termini «Blended Whisky Spirit» e «spiritueux au whisky» (bevanda spiritosa a base di whisky). 23 The Scotch Whisky Association ha fatto accertare dall'ufficiale giudiziario, in due occasioni, nel 1992 e nel 1993, che la Prisunic SA vendeva, in svariati negozi parigini, bevande alcoliche di marca Gold River sugli stessi scaffali in cui si trovavano i whisky. 24 The Scotch Whisky Association ha citato davanti al Tribunal de grande instance di Parigi le società Cofepp, Prisunic SA e la Centrale d'achats et de services alimentaires SARL (Casal) al fine, in particolare, di far accertare gli atti di concorrenza sleale che queste ultime avevano commesso nei suoi confronti. 25 Secondo The Scotch Whisky Association, poiché il regolamento n. 1576/89 fissa al 40% il titolo alcolometrico minimo del whisky, è contrario ad esso smerciare una bevanda spiritosa a 30_ con una denominazione comprendente il termine «whisky». 26 La Cofepp afferma di non far più uso, dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 1576/89, della denominazione «whisky» per la distribuzione di whisky a gradazione alcolica ridotta. Essa l'ha sostituita con quella di «Blended Whisky Spirit» in inglese e di «spiritueux au whisky» in francese, denominazione che essa ritiene conforme al regolamento n. 1576/89. Essa ritiene tale regolamento non chiaro a causa dell'introduzione del regolamento n. 2675/94 che definisce le bevande per le quali nell'etichettatura deve essere utilizzata la denominazione di bevande spiritose senza altri aggettivi. La Cofepp interpreta il regolamento n. 1576/89 nel senso che è necessario distinguere tra l'aggiunta di alcol etilico di origine agricola da un lato, nel qual caso è vietato l'utilizzo del termine «whisky» nella denominazione di una bevanda spiritosa, e la diluizione dall'altro. Quest'ultima, dato il modo in cui è ottenuta, e cioè attraverso un'aggiunta di acqua tale da abbassare da 40_ a 30_ il tasso di alcol della miscela di whisky da essa smerciata, non si vedrebbe colpita dal divieto di utilizzazione del termine generico «whisky». 27 Ritenendo necessaria per la soluzione della lite un'interpretazione del regolamento n. 1576/89, il Tribunal de grande instance de Paris ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione: «Se, tenuto conto della disciplina europea e, in particolare, dell'art. 5 del regolamento (CEE) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1576, il termine generico "whisky" possa comparire tra i termini della denominazione di vendita delle bevande spiritose composte esclusivamente di whisky diluito in acqua in modo che il titolo alcolometrico volumico sia inferiore a 40_». 28 Per risolvere tale questione, occorre anzitutto chiarire che una bevanda come il Gold River costituisce una bevanda spiritosa ai sensi dell'art. 1, n. 2, del regolamento n. 1576/89 e che, di conseguenza, rientra nel suo campo di applicazione. 29 Si deve rilevare, poi, che l'art. 5, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1576/89 riserva la denominazione «whisky» alle bevande spiritose aventi le caratteristiche di cui agli artt. 1, n. 4, lett. b), e 3, n. 1. 30 Ne risulta che una bevanda come il Gold River, composta esclusivamente di whisky diluito con acqua in modo che il titolo alcolometrico volumico sia inferiore a 40_, non costituisce un «whisky» ai sensi del regolamento n. 1576/89 e non può essere venduta sotto tale denominazione, cosa che d'altronde non è contestata nel giudizio a quo. 31 L'art. 5, n. 1, secondo comma, prima e seconda frase, del regolamento n. 1576/89 dispone che le bevande che non rispondono ai requisiti prescritti all'art. 1, n. 4, non possono essere definite con le denominazioni ivi precisate e devono essere denominate «bevande spiritose». 32 Secondo la Cofepp, l'art. 5, n. 1, secondo comma, seconda frase, del regolamento n. 1576/89 dovrebbe essere interpretato nel senso che le bevande ivi contemplate devono presentare nella loro denominazione di vendita i termini «bevanda spiritosa», ma che altri termini, come «whisky», potrebbero esservi aggiunti dal momento che tale disposizione non disciplina il caso in cui altri termini diretti ad informare il consumatore sui componenti della miscela e in particolare sull'unico componente alcolico vi siano aggiunti. 33 Tale interpretazione non può essere accolta. Come rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi 17 e 18 delle sue conclusioni, l'art. 5, n. 1, del regolamento n. 1576/89 prescrive che un prodotto come il Gold River deve essere denominato «bevanda spiritosa» e non può ricevere le denominazioni di cui all'art. 1, n. 4, di tale regolamento, ossia il termine «whisky» non può figurare nella denominazione di vendita di tale prodotto. 34 La Cofepp e il governo francese si sono anche fondati sull'art. 6 del regolamento n. 1576/89, in forza del quale disposizioni particolari possono disciplinare le indicazioni aggiunte alla denominazione di vendita, per sostenere che l'uso di indicazioni aggiunte alla denominazione di vendita «bevande spiritose» imposta dall'art. 5, n. 1, secondo comma, seconda frase, del regolamento n. 1576/89, è libero, dal momento che non sono state adottate disposizioni ai sensi dell'art. 6 per escluderlo espressamente. 35 A questo proposito si deve osservare, come ha fatto l'avvocato generale ai paragrafi 23 e 25 delle sue conclusioni, che l'aggiunta di indicazioni alla denominazione di vendita non è libera. 36 In primo luogo, essa presuppone un'autorizzazione da parte della Commissione in base al potere di deroga conferitole dall'art. 6, n. 1, del regolamento n. 1576/89. 37 Infatti dalla sentenza 7 luglio 1993 (causa C-217/91, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-3923, punto 20) emerge che il divieto posto dall'art. 5, n. 1, del regolamento n. 1576/89 di utilizzare una denominazione di cui all'art. 1, n. 4, del regolamento per designare bevande spiritose diverse da quelle ivi definite, è pienamente applicabile fatta salva unicamente la facoltà, attribuita dal Consiglio alla Commissione, di derogarvi espressamente nell'ambito delle competenze che le sono devolute dall'art. 6, n. 1. 38 In secondo luogo, dal dettato stesso dell'art. 6 del regolamento n. 1576/89 emerge che il potere di deroga riconosciuto alla Commissione dal n. 1 è limitato, ai sensi del n. 3, a quanto necessario per evitare che le denominazioni di vendita comportanti indicazioni addizionali «creino confusione, tenuto conto (...) dei prodotti esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento». 39 L'uso di un'indicazione addizionale come «whisky» nella denominazione di vendita è dunque escluso dall'art. 5 del regolamento n. 1576/89, salvo il caso di deroghe ai sensi dell'art. 6 del regolamento, che mancano nel caso di specie. 40 La Cofepp ha d'altronde sostenuto che l'art. 5 del regolamento n. 1576/89 non poteva essere interpretato come un divieto di utilizzazione di un termine generico di cui all'art. 1, n. 4, del regolamento nella denominazione di vendita di una bevanda non corrispondente alle specificazioni previste per il prodotto in questione, poiché nel regolamento esiste una disposizione distinta che prevederebbe l'unico divieto esplicito in materia. Infatti l'art. 9 del regolamento n. 1576/89 vieterebbe espressamente l'uso di un termine generico riservato come «whisky» nella presentazione di una bevanda spiritosa composta del prodotto in questione e di alcol etilico di origine agricola. Tale disposizione non si giustificherebbe se l'art. 5 contenesse già un divieto del genere. 41 Questa interpretazione non può essere accolta. Infatti l'art. 5 disciplina la denominazione di vendita mentre l'art. 9 impone, quanto alla presentazione del prodotto nel suo complesso, un divieto generale di utilizzare sotto qualsiasi forma il termine riservato. 42 La Cofepp si è poi basata sul regolamento n. 1014/90 modificato, che è un regolamento d'attuazione del regolamento n. 1576/89, sostenendo che, poiché l'art. 7 ter del regolamento n. 1014/90, introdotto dal regolamento n. 1781/91, prevede che una denominazione generica rientrante nella composizione di un termine composto può essere utilizzata nella presentazione di una bevanda spiritosa allorché l'alcol della bevanda in esame proviene esclusivamente dalla bevanda citata nel termine composto, un prodotto che non contenga sostanze alcoliche se non whisky dovrebbe poter includere tale termine nella sua denominazione di vendita. D'altronde, visto che l'art. 7 quater, introdotto dal regolamento n. 2675/94, prescrive l'uso della denominazione di vendita senza altri aggettivi nell'etichettatura allorché si tratti di bevande spiritose miscelate con altre bevande spiritose o con distillati di origine agricola, l'aggiunta di aggettivi nella denominazione di vendita sarebbe ammessa in tutti gli altri casi. 43 Come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 43 delle sue conclusioni, i termini «spiritueux au whisky» non costituiscono termini composti ai sensi dell'art. 7 ter del regolamento n. 1014/90. Anzitutto emerge dal secondo `considerando' del regolamento n. 1781/91 che questo si applica ai liquori. Inoltre, con l'espressione «termine composto» il legislatore comunitario ha inteso far riferimento all'associazione della denominazione di due bevande distinte, e non a quella di bevande spiritose e whisky, quest'ultima costituendo essa stessa una bevanda spiritosa. Riguardo all'art. 7 quater del regolamento n. 1014/90, introdotto dal regolamento n. 2675/94, esso si riferisce a prodotti diversi da una miscela di whisky ed acqua e s'inserisce, come indicato dai `considerando' del regolamento n. 2675/94, in un contesto generale volto a garantire una concorrenza leale tra le bevande alcoliche tradizionali protette e le altre e ad evitare confusione per il consumatore. Non può servire da base per una interpretazione che priverebbe d'effetto l'art. 5 del regolamento n. 1576/89 e porterebbe ad un risultato non conforme a tali scopi. 44 La Cofepp si è infine fondata sulla direttiva 79/112 ed in particolare sull'art. 5, n. 1, per sostenere il suo diritto all'uso del termine «a base di whisky» nella denominazione di vendita del prodotto Gold River. Ai sensi dell'art. 5, n. 1, della direttiva, la denominazione di vendita di un prodotto alimentare sarebbe la denominazione prevista dalle disposizioni vincolanti in vigore e, in mancanza, consisterebbe in una descrizione del prodotto alimentare. 45 Poiché l'art. 5 del regolamento n. 1576/89 costituisce una disposizione vincolante in materia di denominazione di vendita di una bevanda come il Gold River, non si può ricorrere ad una denominazione descrittiva per designare tale bevanda. 46 Tuttavia, riguardo alla direttiva 79/112, occorre precisare che, ai sensi dell'art. 7, n. 1, se l'etichettatura di un prodotto alimentare pone in rilievo la presenza o il limitato tenore di uno o più ingredienti essenziali per le caratteristiche di tale prodotto, o se la denominazione di quest'ultimo comporta lo stesso effetto, dev'essere indicata, a seconda dei casi, la quantità minima o massima di utilizzazione di tali ingredienti, espressa in percentuale, e tale indicazione deve figurare nell'etichettatura, in prossimità immediata della denominazione di vendita di tale prodotto oppure nell'elenco degli ingredienti. 47 Di conseguenza sebbene, in forza dell'art. 5, n. 1, del regolamento n. 1576/89, il termine «whisky» non possa figurare in alcun modo nella denominazione di vendita di un prodotto come il Gold River, può tuttavia, ai sensi dell'art. 7, n. 1, della direttiva 79/112, figurare sull'etichettatura di tale prodotto a condizione, come previsto in maniera generale dall'art. 2, n. 1, della direttiva 79/112, che l'etichettatura di un prodotto alimentare non sia tale da indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare e specialmente sulla sua natura e sulle sue qualità. A questo proposito occorre precisare, come ha fatto l'avvocato generale al paragrafo 33 delle sue conclusioni, che il regolamento n. 1576/89 è una disposizione specifica che prevale dunque sulla direttiva 79/112. Di conseguenza, benché il termine «whisky» possa figurare senza riserve nell'elenco degli ingredienti, tale indicazione può apparire in prossimità immediata della denominazione di vendita solo se in modo chiaramente distinto e più discreto, pena l'inefficacia del divieto di uso del termine «whisky» nella denominazione di vendita. 48 Occorre pertanto risolvere la questione sollevata nel senso che l'art. 5 del regolamento n. 1576/89 osta all'inclusione del termine generico «whisky» tra i termini della denominazione di vendita di una bevanda spiritosa contenente whisky diluito con acqua avente un titolo alcolometrico volumico inferiore al 40% o all'aggiunta del termine «whisky» alla denominazione «bevanda spiritosa» applicata a una bevanda del genere. Decisione relativa alle spese Sulle spese 49 Le spese sostenute dai governi francese, tedesco, spagnolo, irlandese, italiano e da quello del Regno Unito nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Dispositivo Per questi motivi, LA CORTE (Quinta Sezione), pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Tribunal de grande instance di Parigi con ordinanza 23 febbraio 1996, dichiara: L'art. 5 del regolamento (CEE) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1576, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose, osta all'inclusione del termine generico «whisky» tra i termini della denominazione di vendita di una bevanda spiritosa contenente whisky diluito con acqua avente un titolo alcolometrico volumico inferiore al 40%, oppure all'aggiunta del termine «whisky» alla denominazione «bevanda spiritosa» applicata a una bevanda del genere.

62009CJ0226

bg

С исковата си молба Комисията на Европейските общности иска от Съда да установи, че като определя тежест на критериите за възлагане на обществена поръчка за предоставяне на услуги по устен и писмен превод след крайния срок за подаване на оферти и като изменя тази тежест след първоначално разглеждане на представените оферти, Ирландия не е изпълнила задълженията си по силата на принципите на равно третиране и на прозрачност, както се тълкуват от Съда на Европейския съюз. Правна уредба В дял II, глава III от Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки и услуги (ОВ L 134, стр. 114; Специално издание на български език, 2007 г., глава 6, том 8, стр. 116, поправка в OB L 182, 10.7.2008 г., стр. 282, наричана по-нататък „Директивата“) се предвижда т.нар. прилагане „на две равнища“ за обществените поръчки за услуги. По силата на член 20 от Директивата поръчките с обект услуги, включени в приложение II A към нея, се възлагат в съответствие с разпоредбите на членове 23—55 от тази директива. В тези членове се съдържат специалните правила относно спецификациите и документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка (членове 23—27), процедурните правила (членове 28—34), правилата за обявяване и за прозрачност (членове 35—43), както и тези за провеждане на процедурата (членове 44—55). За сметка на това съгласно член 21 от Директивата „[в]ъзлагането на поръчки с обект услуги, включени в приложение II Б, се подчинява единствено на член 23 и член 35, параграф 4“. Тъй като услугите по устен и писмен превод не се включват в приложение II A към Директивата, те се отнасят към категория 27, наречена „Други услуги“, от приложение II Б към нея. В член 23 от Директивата се посочват правилата за техническите спецификации, които следва да се включат в документацията за поръчката. Член 35, параграф 4 от Директивата предвижда, че след възлагането на поръчката възлагащите органи, които са възложили обществена поръчка, изпращат на Комисията обявление за резултатите от процедурата на възлагане. Съгласно член 37 от Директивата: „Възлагащите органи могат да публикуват в съответствие с член 36 обявления за обществени поръчки, които не са предмет на изискванията за публикуване, определени в настоящата директива“. Член 53 от Директивата, озаглавен „Критерии за възлагане на поръчката“, който не се прилага към възлагането на обществени поръчки по приложение II Б към нея, предвижда в своя параграф 2: „Без да се засягат разпоредбите на трета алинея, в случая [на възлагане на икономически най-изгодната оферта] възлагащият орган посочва в обявлението за поръчка или в документацията за поръчката […] относителната тежест, която той дава на всеки от критериите, избрани да определят икономически най-изгодната оферта. […] Когато по мнение на възлагащия орган определянето на тежестите е невъзможно по причини, които могат да бъдат обосновани, възлагащият орган посочва в обявлението за поръчката или в [спецификацията] […] критериите, подредени по важност в низходящ ред“. Обстоятелства в основата на иска и досъдебна процедура На 16 май 2006 г. ирландското Министерство на правосъдието, на равенството и на законодателната реформа (наричано по-нататък „възлагащият орган“) публикува в Официален вестник на Европейския съюз (ОВ S 92) под номер 2006/S 92-098663 обявление за възлагането на обществена поръчка за предоставяне на услуги по устен и писмен превод на няколко компетентни институции в областта на убежището (наричана по-нататък „спорната обществена поръчка“). В точка IV.2.1 от това обявление за обществена поръчка се уточнява, че възлагането ще се извърши на икономически най-изгодната оферта въз основа на следните седем критерия: „1.      Пълнота на представената документация. 2.      Деклариран капацитет да се отговори на изискванията. 3.      Разнообразие на обособени позиции [поръчката е подразделена на няколко обособени позиции], услуги и езици. 4.      Квалификации, опит в съответната област. 5.      Цена. 6.      Адекватност на предложените условия. 7.      Референтни сайтове“. В точка VI.3 от същото обявление се уточнява, че изброените седем критерия не са подредени в низходящ ред по важност. В поканата за представяне на оферта посочените критерии са представени по същия начин и са номерирани от 1 до 7. Този документ обаче, обратно на обявлението за обществена поръчка, не посочва изрично, че те не са подредени в низходящ ред по важност. По този начин относителната тежест на всеки от седемте критерия, подбрани да определят икономически най-изгодната от гледна точка на възлагащия орган оферта, не е била уточнена нито в обявлението за обществена поръчка, нито в поканата за представяне на оферта. В тях не е посочено и дали тези критерии подлежат впоследствие на такова определяне на тежестите. Дванадесет дружества, три от които не са установени на ирландска територия, представят оферта преди определения за тази цел краен срок — 9 юни 2006 г. Същия ден членовете на Комисията за оценяване получават таблица за оценка, препоръчваща прилагането на следната относителна тежест на разглежданите седем критерия: „1.      Пълнота на представената документация: 0 %. 2.      Деклариран капацитет да се отговори на изискванията: 7 %. 3.      Разнообразие на обособени позиции, услуги и езици: 25 %. 4.      Квалификации, опит в съответната област: 30 %. 5.      Цена: 20 %. 6.      Адекватност на предложените условия: 10 %. 7.      Референтни сайтове: 8 %“. Тази таблица за оценка е трябвало да позволи на всеки член на Комисията за оценяване да извърши самостоятелно първоначално разглеждане на представените оферти. След като разглежда по този начин част от офертите, на 13 юни 2006 г. един от членовете на тази комисия изпраща на служителя на възлагащия орган, съставил таблицата за оценка и предал получените оферти на комисията, електронно писмо, в което предлага да се направят изменения в тежестите, предоставени на критериите за възлагане. На първото си заседание на 22 юни 2006 г. Комисията за оценяване решава да промени относителната тежест на критериите, преди колективно да оцени представените оферти, като намалява на 25 % претеглената стойност на четвъртия критерий (установена първоначално на 30 %) и повишава претеглената стойност на шестия критерий на 15 % (определена първоначално на 10 %). Що се отнася до претеглената стойност, предоставена на другите критерии за оценка, тя остава непроменена. Впоследствие посочената комисия преминава към оценка на офертите и възлагане на обществената поръчка, като използва новата, току-що одобрена относителна тежест на седемте критерия. След подадена жалба през май 2007 г. Комисията започва обмен на кореспонденция с Ирландия. Комисията счита, от гледна точка по-специално на предоставените от Ирландия отговори както на официалното уведомително писмо от 17 октомври 2007 г., така и на мотивираното становище от 18 септември 2008 г., че процедурата за възлагане на спорната обществена поръчка е протекла в нарушение на принципа на равно третиране и на произтичащото от него задължение за прозрачност, и в резултат на това тя решава да предяви настоящия иск. По иска В самото начало следва да се отбележи, че е установено, че спорната обществена поръчка действително попада в приложното поле на Директивата, и че разглежданите услуги по устен и писмен превод са от категорията на неприоритетните услуги, посочени в приложение II Б към последната. Трябва да се припомни, че съгласно член 21 от Директивата, „[в]ъзлагането на поръчки с обект услуги, включени в приложение II Б, се подчинява единствено на член 23 и член 35, параграф 4“. От съвместния прочит на членове 21, 23 и 35, параграф 4 от Директивата следва, че когато обществените поръчки се отнасят до услуги по приложение II Б от нея, както в конкретния случай, възлагащите органи са длъжни да спазват само правилата, свързани с техническите спецификации, и да изпратят на Комисията обявление с описание на резултатите от процедурата за възлагане на тези поръчки. За сметка на това останалите правила относно координирането на процедурите, предвидени в тази директива, по-специално правилата, приложими към задълженията за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предварително публикуване на обявление, и правилата, предвидени в член 53 от нея, отнасящи се до критериите за възлагане на поръчката, не са приложими за посочените поръчки. Наистина, когато става въпрос за услугите по приложение II Б от Директивата, пълното ѝ прилагане, както се уточнява в съображение 19 от нея, следва за преходен период да бъде ограничено до поръчки, за които нейните разпоредби позволяват да бъде реализиран целият потенциал на нарасналия обем на презграничната търговия. Същевременно, възлагащите органи, които сключват договори за обществени поръчки по посоченото приложение II Б, макар те да не са подчинени на правилата, предвидени в Директивата, отнасящи се до задълженията за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предварително публикуване на обявление, остават подчинени на основните правила на правото на Съюза, а именно на прогласените от Договора за ФЕС принципи относно правото на установяване и на свободно предоставяне на услуги (Решение от 13 ноември 2007 г. по дело Комисия/Ирландия, C‑507/03, Сборник, стр. I‑9777, точка 26). Впрочем според постоянната съдебна практика координирането на равнището на Съюза на процедурите за възлагане на обществени поръчки цели да премахне пречките пред свободното предоставяне на услуги и пред свободното движение на стоки и следователно — да защити интересите на икономическите оператори, установени в друга държава членка (Решение по дело Комисия/Ирландия, посочено по-горе, точка 27 и цитираната съдебна практика). От това следва, че режимът, въведен от законодателя на Съюза за поръчките, отнасящи се до включените в приложение ІІ Б от Директивата услуги, не би могъл да се тълкува като пречка за прилагането на принципите, произтичащи от членове 49 ДФЕС и 56 ДФЕС, в случаите, когато такива поръчки все пак представляват сигурен трансграничен интерес (вж. в този смисъл Решение по дело Комисия/Ирландия, посочено по-горе, точка 29), и поради това — за прилагането на задълженията, които целят да се гарантира прозрачността на процедурите и равното третиране на оферентите (вж. в този смисъл Решение от 13 април 2010 г. по дело Wall, C‑91/08, все още непубликувано в Сборника, точка 37). Задължението за прозрачност се прилага, когато към съответната поръчка за услуги може да прояви интерес предприятие, разположено в държава членка, различна от тази, в която се възлага поръчката (вж. в този смисъл Решение по дело Комисия/Ирландия, посочено по-горе, точка 29). Фактът, че по настоящото дело към спорната обществена поръчка са могли да проявят интерес предприятия, разположени в държава членка, различна от Ирландия, произтича както от публикуването на обявление за тази поръчка в Официален вестник на Европейския съюз , така и от обстоятелството, че трима от оферентите са предприятия, установени в държава членка, различна от Ирландия (вж. в този смисъл Решение по дело Wall, посочено по-горе, точка 35). Именно с оглед на тези съображения следва да се разгледа основателността на двете твърдения за нарушение, повдигнати от Комисията, нито едно от които не визира двете разпоредби от Директивата, в съответствие с които трябва да се проведе възлагането на обществена поръчка по приложение II Б към нея, а именно член 23 и член 35, параграф 4 от тази директива, а се основават на две изисквания, произтичащи от първичното право на Съюза, а именно спазването на принципа на равно третиране и произтичащото от него задължение за прозрачност. По първото твърдение за нарушение, изведено от факта, че тежестта на критериите за възлагане е определена след изтичането на срока за представяне на офертите Доводи на страните Комисията изтъква, че Ирландия е нарушила принципите на равно третиране и на прозрачност, като е определила относителната тежест на седемте критерия за възлагане на спорната обществена поръчка едва след изтичането на определения за представяне на офертите срок. Тя счита, че това късно определяне на тежестите чувствително е променило относителната важност на критериите спрямо тази на първоначално публикуваните критерии и спрямо тази, която оферентите са могли разумно да очакват с оглед на документацията за поръчката. В това отношение Ирландия уточнява в самото начало, че обратно на това, което твърди Комисията в исковата си молба, възлагащият орган по никакъв начин не декларира преди подаването на офертите — нито негласно, нито изрично — че критериите за възлагане, съдържащи се в обявлението за обществената поръчка и в поканата за представяне на оферти, са подредени в низходящ ред по важност. Тъкмо напротив, в обявлението за обществената поръчка се посочва, че критериите за възлагане не са подредени в низходящ ред по важност и възлагащият орган в нито един момент след това не е давал указания, които да показват, че тази поредност е била изменена. Освен това, макар да признава, че назначената от възлагащия орган комисия за оценяване е определила относителна тежест на критериите за възлагане след изтичането на установения за представянето на офертите срок, Ирландия оспорва това определяне на претеглената стойност на различните критерии да е нарушило принципите на равно третиране и на прозрачност. Съображения на Съда В самото начало следва да се констатира, че фактът, че Ирландия е поискала поместването на обявлението за спорната обществена поръчка в Официален вестник на Европейския съюз, както допуска член 36 от Директивата, изобщо не води до задължение посочената държава членка да възложи тази поръчка в съответствие с членовете на тази директива, които се прилагат по отношение на обществените поръчки по приложение II A към нея (вж. по аналогия относно обществена поръчка, която не попада в приложното поле на директива, Решение от 22 септември 1988 г. по дело Комисия/Ирландия, 45/87, Recueil, стр. 4929, точки 9 и 10). За да може да се признае основателността на първото твърдение за нарушение, би следвало специалната норма, отнасяща се до предварителното определяне на тежестта на критериите за възлагане на поръчка по приложение II A към Директивата, да може да се разглежда като пряка последица от факта, че възлагащите органи са длъжни да спазват принципа на равно третиране и произтичащото от него задължение за прозрачност. В това отношение без съмнение от практиката на Съда, отнасяща се до обществените поръчки, възложени в съответствие с всички разпоредби на различните директиви в тази област, предхождащи приемането на Директивата, следва, че задължението за предварително информиране на оферентите за критериите за възлагане и, ако е възможно, за тяхната относителна тежест, цели да гарантира спазването на принципите на равно третиране и на прозрачност (вж. по специално Решение от 12 декември 2002 г. по дело Universale-Bau и др., C‑470/99, Recueil, стр. I‑11617, точка 98, както и Решение от 24 ноември 2005 г. по дело ATI EAC e Viaggi di Maio и др., C‑331/04, Recueil, стр. I‑10109, точки 22—24). Същевременно, макар задължението да се посочи относителната тежест на всеки от критериите за възлагане на етапа на публикуването на обявлението за поръчката, както понастоящем предвижда член 53, параграф 2 от Директивата, да отговаря на изискването да се гарантира спазването на принципа на равно третиране и на произтичащото от него задължение за прозрачност, не е обосновано да се приеме, че обхватът на този принцип и на това задължение, при липсата на специална разпоредба в този смисъл в посочената директива, стига дотам, че да се изисква в рамките на поръчките, които не са подчинени на разпоредба като член 53 от нея, относителната тежест на използваните от възлагащия орган критерии да бъде предварително определена и съобщена на потенциалните оференти, когато биват поканени да представят своите оферти. Всъщност, както Съдът указва чрез употребата на израза „ако е възможно“ в съдебната практика, посочена в предходната точка, споменаването на тежестта на критериите за възлагане в случаите на поръчка, която не е подчинена на разпоредба, каквато е член 53, параграф 2 от Директивата обаче не представлява задължение на възлагащия орган. От това следва, че Ирландия, която е предоставила достъп на потенциалните оференти до подходяща информация относно спорната обществена поръчка преди крайния срок, определен за представяне на офертите, не е нарушила принципа на равно третиране, нито произтичащото от него задължение за прозрачност, като е предприела определяне на тежестта на тези критерии за възлагане, без да предостави на посочените оференти достъп до това определяне преди изтичането на установения за представянето на офертите срок. Конкретно в процедурата за възлагане на обществената поръчка в основата на настоящото дело възлагащият орган е предоставил повече информация, отколкото се изисква от Директивата, а критериите за възлагане на спорната обществена поръчка не са формулирани в документацията във връзка с нея по начин, позволяващ да се установи разлика в третирането във вреда на предприятията, които могат да бъдат заинтересувани от тази поръчка и са разположени в държава членка, различна от Ирландия. Като определя претеглена стойност на тези критерии, възлагащият орган само уточнява условията, според които представените оферти трябва да бъдат оценени, без да нарушава по никакъв начин задължението за спазване на едно и също тълкуване на критериите за възлагане, тъй като те не са били подредени в низходящ ред по важност. В това отношение следва да се отбележи, че обстоятелството, че критериите за възлагане са изброени без посочване на относителната тежест на всеки от тях, не позволява да се предположи, че това изброяване непременно е било направено в низходящ ред по важност, нито че критериите за възлагане е трябвало да имат една и съща претеглена стойност. Освен това относителната тежест на критериите за възлагане, съобщена в таблична форма на членовете на Комисията за оценяване, от една страна, не би предоставила на потенциалните оференти, ако тя им беше станала известна при подготовката на офертите, информация, която би повлияла значително на тази подготовка, и от друга страна, не представлява изменение на тези критерии (вж. в този смисъл Решение по дело ATI EAC e Viaggi di Maio и др., точка 32). Следва да се добави, че настоящият иск, както е предявен пред Съда, не съдържа индикации, които да позволяват да се установи, че относителната тежест на критериите за възлагане е била определена след отварянето на пликовете, съдържащи представените оферти. При тези условия първото твърдение за нарушение, изтъкнато от Комисията в подкрепа на нейния иск, трябва да се отхвърли като неоснователно. По второто твърдение за нарушение, изведено от изменение на тежестта на критериите след първоначално разглеждане Доводи на страните Комисията поддържа, че като изменя след първоначалното разглеждане на представените оферти относителната тежест на критериите за възлагане на спорната обществена поръчка, както е представена в таблицата за оценка, Ирландия нарушава принципите на равно третиране и на прозрачност. Тя уточнява, че такова изменение, настъпило след първоначално разглеждане на офертите, представлява нарушение на принципа на равно третиране, без да е необходимо да се установява дали първоначалното разглеждане на офертите е извършено индивидуално от различните членове на Комисията за оценяване или съвместно от всички нейни членове. Ирландия изтъква, че това изменение на тежестта е извършено само веднъж, и то преди посочената комисия да е пристъпила колективно към оценката дори и на една от офертите. Следователно според нея така определената тежест на критериите е прилагана последователно през цялото времетраене на процедурата за възлагане на спорната обществена поръчка и поради това Ирландия не е нарушила принципа на равно третиране. По-нататък Ирландия подчертава, че изменението на относителната тежест на критериите за възлагане е минимално и че не е могло да доведе до дискриминация срещу някой от оферентите. Ретроспективният анализ потвърждавал, че избраният оферент щял да получи поръчката, дори ако тя е била възложена въз основа на критериите, както са били претеглени първоначално. Съображения на Съда В своите искания Комисията моли Съда да установи, че изменението на относителната тежест на критериите за възлагане нарушава принципа на равно третиране, както произтича от разпоредбите на Договора за ФЕС. Що се отнася най-напред до протичането на процедурата за възлагане на спорната обществена поръчка, трябва да се уточни, че изменението на претеглената стойност на критериите за възлагане на спорната поръчка наистина е извършено, след като възлагащият орган е съобщил относителната тежест на тези критерии под формата на таблица за оценка на членовете на Комисията за оценяване, за да могат те да извършат първоначално разглеждане на представените оферти. Членовете на Комисията за оценяване не само са имали възможност индивидуално да разгледат офертите преди първото заседание на тази комисия като колективен орган, но и са били насърчени да извършат такова първоначално разглеждане, за да улеснят колективното оценяване в рамките на тази комисия. След това трябва да се отбележи, че в такъв фактически контекст, както Съдът вече е постановил, принципите на равно третиране и на прозрачност на процедурите за възлагане на обществени поръчки предполагат задължението за възлагащите органи да се придържат към едно и също тълкуване на критериите за възлагане през цялото времетраене на процедурата (вж. по аналогия Решение от 4 декември 2003 г. по дело EVN и Wienstrom, C‑448/01, Recueil, стр. I‑14527, точка 92). Що се отнася до самите критерии за възлагане, следва да се признае по аргумент на по-силното основание, че те не трябва да търпят никакво изменение по време на процедурата за възлагане на обществена поръчка (вж. по аналогия Решение по дело EVN и Wienstrom, посочено по-горе, точка 93). Фаза, в която преди заседанието на Комисията за оценяване нейните членове индивидуално разглеждат представените оферти, представлява неразделна част от процедурата за възлагане на съответната обществена поръчка. При тези условия изменение на тежестта на критериите за възлагане, което настъпва след посочената фаза, по време на която офертите са разгледани за първи път, би означавало да се изменят критериите, въз основа на които е извършено първоначалното разглеждане. Такива действия не зачитат принципа на равно третиране и произтичащото от него задължение за прозрачност. Накрая следва да се уточни, на първо място, че обратно на изтъкнатото от Ирландия, второто повдигнато от Комисията твърдение за нарушение е основателно, без да е необходимо да се доказва, че изменението на относителната тежест е имало дискриминационни последици по отношение на някой от оферентите. В това отношение е достатъчно към момента на извършване на посоченото изменение да не може да се изключи възможността то да е имало такива последици. На второ място, тъй като установяването на неизпълнение на задължения от държава членка не е свързано с установяването на произтичаща от него вреда (Решение от 18 декември 1997 г. по дело Комисия/Белгия, C‑263/96, Recueil, стр. I‑7453, точка 30), Ирландия не може да се позовава на факта, че никой оферент не е претърпял вреди, поради това че дори ако се основаваше на първоначалната тежест на критериите за възлагане, спорната обществена поръчка нямаше да бъде възложена на договарящо лице, различно от избраното в края на процедурата. Следователно второто твърдение за нарушение, изложено от Комисията в подкрепа на нейния иск, трябва да бъде уважено. Предвид всички гореизложени съображения следва да се приеме, че като изменя тежестта на критериите за възлагане на спорната обществена поръчка след първоначално разглеждане на представените оферти, Ирландия не е изпълнила задълженията си по силата на принципа на равно третиране и на произтичащото от него задължение за прозрачност, както се тълкуват от Съда. Отхвърля иска в останалата му част. По съдебните разноски Съгласно член 69, параграф 2 от Процедурния правилник загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане. По силата на параграф 3 от същия член Съдът може да разпредели съдебните разноски или да реши всяка страна да понесе направените от нея съдебни разноски, по-специално ако всяка от страните е загубила по едно или няколко от предявените основания. Тъй като искът на Комисията е уважен само частично, всяка страна следва да понесе направените от нея съдебни разноски. По изложените съображения Съдът (четвърти състав) реши: 1) Като изменя тежестта на критериите за възлагане на обществена поръчка за предоставяне на услуги по устен и писмен превод след първоначално разглеждане на представените оферти, Ирландия не е изпълнила задълженията си по силата на принципа на равно третиране и на произтичащото от него задължение за прозрачност, както се тълкуват от Съда на Европейския съюз. 2) Отхвърля иска в останалата му част. 3) Европейската комисия и Ирландия понасят направените от тях съдебни разноски. Подписи * Език на производството: английски.

62010TJ0413

mt

) [omissis] Il-proċedura u t-talbiet tal-partijiet 1. Kawża T‑413/10 – Socitrel vs Il-Kummissjoni Permezz ta’ att ippreżentat fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fil-15 ta’ Settembru 2010, Socitrel ippreżentat ir-rikors ineżami. Permezz ta’ att separat ippreżentat fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fis-16 ta’ Settembru 2010, Socitrel ressqet talba għas-sospensjoni tal-eżekuzzjoni tad-deċiżjoni kkontestata. Din it-talba ġiet miċħuda permezz ta’ digriet tal-President tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ April 2011, Socitrel vs Il-Kummissjoni (T‑413/10 R, EU:T:2011:179 ), u l-ispejjeż ġew irriżervati. Permezz ta’ att ippreżentat fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fl-10 ta’ Settembru 2010, Socitrel indikat li hija kienet qiegħda titlob li titħalla taġġusta l-motivi tagħha fid-dawl tal-adozzjoni tal-ewwel deċiżjoni ta’ emenda. Permezz ta’ deċiżjoni tas-6 ta’ Ġunju 2011, il-Qorti Ġenerali talbet lill-Kummissjoni tipprovdilha t-tieni deċiżjoni ta’ emenda. Il-Kummissjoni onorat din it-talba fis-17 ta’ Ġunju 2011. Sussegwentement għall-adozzjoni tat-tieni deċiżjoni ta’ emenda, Socitrel aġġustat għal darba oħra l-motivi u t-talbiet tagħha permezz ta’ att ippreżentat fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fit-2 ta’ Awwissu 2011. Il-proċedura bil-miktub ingħalqet fil-21 ta’ Novembru 2011 bil-preżentata, mill-Kummissjoni, tal-kontroreplika fil-lingwa tal-kawża. Minħabba bidla fil-kompożizzjoni tal-awli tal-Qorti Ġenerali b’effett mit-23 ta’ Settembru 2013, l-Imħallef Relatur ġie assenjat lis-Sitt Awla, li lilha għaldaqstant ġiet assenjata din il-kawża fis-27 ta’ Settembru 2013. Ir-rapport preliminari msemmi fl-Artikolu 52(2) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali tat-2 ta’ Mejju 1991 ġie kkomunikat lis-Sitt Awla fil-31 ta’ Marzu 2014. Fit-8 ta’ Mejju 2014, fil-kuntest tal-miżuri ta’ organizzazzjoni tal-proċedura previsti fl-Artikolu 64 tar-Regoli tal-Proċedura tat-2 ta’ Mejju 1991, il-Qorti Ġenerali bagħtet lista ta’ sittax-il mistoqsija bil-miktub lil Socitrel u lill-Kummissjoni. Permezz ta’ ittri tas-6 u tad-9 ta’ Ġunju 2014, rispettivament, il-Kummissjoni u Socitrel wieġbu għal dawn il-miżuri. Fis-17 ta’ Settembru 2014, fuq rapport tal-Imħallef Relatur, il-Qorti Ġenerali ddeċidiet li tiftaħ il-proċedura orali. Socitrel titlob li l-Qorti Ġenerali jogħġobha: — tannulla l-Artikoli 1 u 2 tad-deċiżjoni kkontestata sa fejn jikkonċernawha; — sussidjarjament, tannulla parzjalment l-Artikolu 2 tad-deċiżjoni kkontestata sa fejn jikkonċerna lil Socitrel u tnaqqas l-ammont tal-multa li ġiet imposta fuqha; — tikkundanna lill-Kummissjoni għall-ispejjeż. Il-Kummissjoni titlob li l-Qorti Ġenerali jogħġobha: — tiċħad ir-rikors; — tikkundanna lil Socitrel għall-ispejjeż. 2. Kawża T‑414/10, Companhia Previdente vs Il-Kummissjoni Permezz ta’ att ippreżentat fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fil-15 ta’ Settembru 2010, Companhia Previdente ppreżentat ir-rikors ineżami. Permezz ta’ att separat ippreżentat fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fis-16 ta’ Settembru 2010, Companhia Previdente ressqet talba għas-sospensjoni tal-eżekuzzjoni tad-deċiżjoni kkontestata. Din it-talba ġiet miċħuda permezz ta’ digriet tal-10 ta’ Ġunju 2011, Companhia Previdente vs Il-Kummissjoni (T‑414/10 R, EU:T:2011:268 ), u l-ispejjeż ġew irriżervati. Permezz ta’ att ippreżentat fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fl-10 ta’ Diċembru 2010, Companhia Previdente indikat li hija kienet qiegħda titlob li tkun tista’ taġġusta l-motivi tagħha fid-dawl tal-adozzjoni tal-ewwel deċiżjoni ta’ emenda. Permezz ta’ deċiżjoni tas-6 ta’ Ġunju 2011, il-Qorti Ġenerali talbet lill-Kummissjoni tipprovdilha t-tieni deċiżjoni ta’ emenda. Il-Kummissjoni onorat din it-talba fis-17 ta’ Ġunju 2011. Sussegwentement għall-adozzjoni tat-tieni deċiżjoni ta’ emenda, Companhia Previdente aġġustat għal darba oħra l-motivi u t-talbiet tagħha permezz ta’ att ippreżentat fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fit-2 ta’ Awwissu 2011. Il-proċedura bil-miktub ingħalqet fil-21 ta’ Novembru 2011 bil-preżentata, mill-Kummissjoni, tal-kontroreplika bil-lingwa tal-kawża. Minħabba bidla fil-kompożizzjoni tal-awli tal-Qorti Ġenerali b’effett mit-23 ta’ Settembru 2013, l-Imħallef Relatur ġie assenjat lis-Sitt Awla, li lilha għaldaqstant ġiet assenjata din il-kawża fis-27 ta’ Settembru 2013. Ir-rapport preliminari msemmi fl-Artikolu 52(2) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali tat-2 ta’ Mejju 1991 ġie kkomunikat lis-Sitt Awla fil-31 ta’ Marzu 2014. Fit-8 ta’ Mejju 2014, fil-kuntest tal-miżuri ta’ organizzazzjoni tal-proċedura previsti fl-Artikolu 64 tar-Regoli tal-Proċedura tat-2 ta’ Mejju 1991, il-Qorti Ġenerali bagħtet lista ta’ sittax-il mistoqsija bil-miktub lil Companhia Previdente u lill-Kummissjoni. Permezz ta’ ittri tas-6 u tad-9 ta’ Ġunju 2014, rispettivament, il-Kummissjoni u Companhia Previdente wieġbu għal dawn il-miżuri. Fis-17 ta’ Settembru 2014, fuq rapport tal-Imħallef Relatur, il-Qorti Ġenerali ddeċidiet li tiftaħ il-proċedura orali. Companhia Previdente titlob li l-Qorti Ġenerali jogħġobha: — tannulla l-Artikoli 1, 2 u 4 tad-deċiżjoni kkontestata sa fejn jikkonċernawha; — tirrikonoxxi li kwalunkwe tnaqqis fl-ammont tal-multa imposta fuq Socitrel, fil-kuntest ta’ rikorsi oħra dwar ksur li għalihom Companhia Previdente hija responsabbli in solidum , jimplika tnaqqis awtomatiku ekwivalenti fl-ammont tal-multa in solidum ta’ din tal-aħħar; — tikkundanna lill-Kummissjoni għall-ispejjeż. 3. Fuq it-tgħaqqid għall-finijiet tal-proċedura orali tal-Kawżi T‑413/10, T‑414/10 u T‑409/13, Companhia Previdente u Socitrel vs Il-Kummissjoni, u fuq it-tħassir tal-Kawża T‑409/13, Companhia Previdente u Socitrel vs Il-Kummissjoni Permezz ta’ rikors ippreżentat fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fit-2 ta’ Awwissu 2013, Companhia Previdente u Socitrel ippreżentaw rikors kontra l-ittra li kienet intbagħtitilhom fl-24 ta’ Mejju 2013 mid-Direttur Ġenerali tad-DĠ “Kompetizzjoni” tal-Kummissjoni. Din il-kawża ġiet irreġistrata fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali bin-numru T‑409/13. Permezz ta’ digriet tat-30 ta’ Ġunju 2013, il-Kawżi T‑413/10, T‑414/10 u T‑409/13 ingħaqdu għall-finijiet tal-proċedura orali. Ir-rikorrenti rrinunzjaw għar-rikors ippreżentat fil-kuntest tal-Kawża T‑409/13 permezz ta’ ittra mibgħuta lir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fil-11 ta’ Novembru 2014. Peress li l-Kummissjoni indikat, permezz ta’ ittra tal-14 ta’ Novembru 2014, li hija ma kinitx qiegħda toġġezzjona għar-rinunzja u li kienet qiegħda titlob il-kundanna tar-rikorrenti għall-ispejjeż, il-Qorti Ġenerali ħadet nota ta’ din ir-rinunzja fil-proċess verbal tas-seduta tas-17 ta’ Novembru 2014, u ordnat it-tħassir tal-Kawża T‑409/13 mir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali kif ukoll il-kundanna tar-rikorrenti għall-ispejjeż f’din l-istess kawża. Id-dritt Il-Kawżi T‑413/10 u T‑414/10 ġew magħquda għall-finijiet ta’ din is-sentenza peress li l-partijiet, li saritilhom mistoqsija matul is-seduta, ma oġġezzjonawx għal dan. Socitrel tinvoka tmien motivi insostenn tar-rikors tagħha kif ukoll żewġ motivi komplementari mressqa fil-kuntest tat-tieni aġġustament tal-motivi u tat-talbiet tagħha. Min-naħa tagħha, Companhia Previdente tressaq erba’ motivi insostenn tar-rikors tagħha kif ukoll żewġ motivi komplementari mressqa fil-kuntest tat-tieni aġġustament tal-motivi u tat-talbiet tagħha. L-ewwel motiv imressaq minn Socitrel huwa bbażat fuq nuqqas ta’ motivazzjoni u fuq ksur tad-drittijiet tad-difiża tagħha sa fejn, essenzjalment, fid-deċiżjoni kkontestata huma nieqsa diversi elementi meħtieġa sabiex jinftiehem il-mod kif il-Kummissjoni ffissat l-ammont tal-multa. It-tieni motiv imressaq minn Socitrel huwa bbażat fuq ksur ta’ terminu raġonevoli. It-tielet motiv imressaq minn Socitrel huwa bbażat fuq ksur tal-obbligu ta’ diliġenza tal-Kummissjoni, tad-drittijiet tad-difiża kif ukoll tal-prinċipji ta’ lealtà, ta’ bona fide u ta’ aspettattivi leġittimi, minħabba li l-Kummissjoni emendat id-deċiżjoni inizjali darbtejn. Ir-raba’ motiv imressaq minn Socitrel huwa bbażat fuq ksur tal-Artikolu 101(1) TFUE, tal-Artikolu 23(2) tar-Regolament Nru 1/2003, tal-prinċipji ta’ proporzjonalità u ta’ responsabbiltà personali kif ukoll ta’ preżunzjoni tal-innoċenza, kif ukoll fuq nuqqas ta’ motivazzjoni u fuq in-nuqqas ta’ osservanza mill-Kummissjoni tal-prassi deċiżjonali preċedenti tagħha, sa fejn il-Kummissjoni qabżet il-limitu massimu tal-multa li setgħet tiġi imposta fuq Socitrel. Dan il-motiv jinkludi tliet partijiet. L-ewwel parti tar-raba’ motiv hija bbażata fuq l-argument li r-responsabbiltà in solidum ta’ Companhia Previdente kienet ġiet stabbilita b’mod żbaljat mill-Kummissjoni u, għaldaqstant, fuq l-argument li l-limitu massimu ta’ 10 % tad-dħul mill-bejgħ kien ikkalkolat b’mod żbaljat fuq id-dħul mill-bejgħ ta’ Companhia Previdente u mhux fuq id-dħul mill-bejgħ ta’ Socitrel. Dawn l-argumenti huma wkoll is-suġġett tal-ewwel u tat-tieni motivi mressqa minn Companhia Previdente. It-tieni parti tar-raba’ motiv, ippreżentata b’mod sussidjarju, hija bbażata fuq it-teħid inkunsiderazzjoni b’mod żbaljat tad-dħul mill-bejgħ ta’ Emesa, ta’ Galycas u ta’ ITC fil-kalkolu tal-limitu massimu ta’ 10 %. Dawn l-argumenti huma wkoll is-suġġett tal-ewwel parti tat-tielet motiv imressaq minn Companhia Previdente. It-tielet parti tar-raba’ motiv, ippreżentata b’mod iktar sussidjarju, hija bbażata fuq it-teħid inkunsiderazzjoni b’mod żbaljat tad-dħul mill-bejgħ tas-sena 2009 ta’ Companhia Previdente. Dawn l-argumenti huma wkoll is-suġġett tat-tieni parti tat-tielet motiv imressaq minn Companhia Previdente. Il-ħames motiv imressaq minn Socitrel huwa bbażat fuq ksur tal-prinċipji ta’ proporzjonalità u ta’ aspettattivi leġittimi fl-applikazzjoni tal-punti 13 u 22 tal-Linji gwida tal-2006 kif ukoll fuq nuqqas ta’ motivazzjoni, sa fejn il-Kummissjoni ffissat b’mod żbaljat ir-rata ta’ gravità fir-rigward tal-multa li kellha tiġi imposta fuq Socitrel bħala 18 %. Is-sitt motiv imressaq minn Socitrel huwa bbażat fuq ksur tal-prinċipji ta’ proporzjonalità u ta’ ugwaljanza fit-trattament, sa fejn ir-rwol minuri jew passiv tagħha ma tteħidx inkunsiderazzjoni bħala ċirkustanza attenwanti mill-Kummissjoni. Is-seba’ motiv imressaq minn Socitrel huwa bbażat fuq ksur tal-prinċipji ta’ proporzjonalità u ta’ ugwaljanza fit-trattament, sa fejn il-kooperazzjoni effettiva tagħha ma tteħditx inkunsiderazzjoni bħala ċirkustanza attenwanti mill-Kummissjoni. It-tmien motiv imressaq minn Socitrel huwa bbażat fuq ksur tal-prinċipji ta’ proporzjonalità u ta’ ugwaljanza fit-trattament, minħabba l-assenza li jittieħdu inkunsiderazzjoni l-kuntest ekonomiku ta’ kriżi u l-inkapaċità li tħallas ta’ Socitrel. Dawn l-argumenti huma wkoll is-suġġett tar-raba’ motiv imressaq b’mod sussidjarju minn Companhia Previdente. Ir-rikorrenti rrinunzjaw għal dan il-motiv permezz ta’ ittra mibgħuta lir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fil-11 ta’ Novembru 2014. Ittieħdet nota ta’ dan fil-proċess verbal tas-seduta li nżammet fis-17 ta’ Novembru 2014. Barra minn hekk, Socitrel u Companhia Previdente jinvokaw motiv komplementari, imressaq fil-kuntest tat-tieni aġġustament tal-motivi u tat-talbiet tagħhom, li huwa bbażat, fir-rigward ta’ Socitrel, fuq ksur tal-prinċipji ta’ ugwaljanza fit-trattament, ta’ proporzjonalità u ta’ aspettattivi leġittimi kif ukoll fuq nuqqas ta’ motivazzjoni u, fir-rigward ta’ Companhia Previdente, fuq ksur tal-prinċipji ta’ ugwaljanza fit-trattament, ta’ proporzjonalità u ta’ aspettattivi leġittimi, sa fejn Socitrel u Companhia Previdente ma kinux ittrattati bl-istess mod bħal Arcelor u SLM, li kisbu tnaqqis tal-ammont tal-multa li minnu ma bbenefikawx ir-rikorrenti. Fl-aħħar nett, Socitrel u Companhia Previdente jinvokaw motiv komplementari ieħor, ibbażat fuq ksur tal-prinċipji ta’ diliġenza, ta’ lealtà, ta’ bona fide u ta’ ċertezza legali, sa fejn il-Kummissjoni emendat id-deċiżjoni inizjali għal darba oħra fl-2011. 1. Fuq l-ewwel motiv invokat minn Socitrel, ibbażat fuq nuqqas ta ’ motivazzjoni u fuq ksur tad-drittijiet tad-difiża tagħha Tfakkir tal-prinċipji Skont ġurisprudenza stabbilita, il-motivazzjoni meħtieġa skont l-Artikolu 296 TFUE għandha tkun adattata għan-natura tal-att inkwistjoni u għandha tindika b’mod ċar u inekwivoku r-raġunament tal-istituzzjoni, li tkun l-awtur tal-att, b’mod li jippermetti lill-persuni kkonċernati jidentifikaw il-ġustifikazzjonijiet tal-miżura meħuda u lill-qorti kompetenti teżerċita l-istħarriġ tagħha. Ir-rekwiżit ta’ motivazzjoni għandu jiġi evalwat skont iċ-ċirkustanzi tal-każ, b’mod partikolari fid-dawl tal-kontenut tal-att, tan-natura tal-motivi invokati u tal-interess li jista’ jkollhom id-destinatarji jew persuni oħra kkonċernati direttament u individwalment mill-att li jirċievu spjegazzjonijiet. Ma huwiex meħtieġ li l-motivazzjoni tispeċifika l-punti ta’ fatt u ta’ liġi rilevanti kollha, sa fejn il-kwistjoni ta’ jekk il-motivazzjoni ta’ att tissodisfax ir-rekwiżiti tal-Artikolu 296 TFUE ma għandhiex tiġi evalwata biss fid-dawl tal-formulazzjoni tagħha iżda wkoll fid-dawl tal-kuntest tagħha u tal-qafas ta’ regoli legali li jirregolaw il-qasam ikkonċernat (sentenzi tat-2 ta’ April 1998, Il-Kummissjoni vs Sytraval u Brink’s France, C‑367/95 P, Ġabra, EU:C:1998:154 , punt 63; tat-30 ta’ Settembru 2003, Il-Ġermanja vs Il-Kummissjoni, C‑301/96, Ġabra, EU:C:2003:509 , punt 87, u tat-22 ta’ Ġunju 2004, Il-Portugall vs Il-Kummissjoni, C‑42/01, Ġabra, EU:C:2004:379 , punt 66). Fuq il-fondatezza tal-ewwel motiv Għandhom jitfakkru fil-qosor l-argumenti ppreżentati minn Socitrel insostenn tal-motiv tagħha, argumenti li ġew emendati sussegwentement għall-adozzjoni tal-ewwel deċiżjoni ta’ emenda. Fir-rikors, Socitrel sostniet, essenzjalment, li fid-deċiżjoni inizjali kienu neqsin diversi elementi meħtieġa sabiex jinftiehem il-mod kif il-Kummissjoni kienet iffissat l-ammont tal-multa; skontha, dan kien iwassal għal nuqqas ta’ motivazzjoni li jikkostitwixxi ksur tad-drittijiet tad-difiża tagħha. B’hekk, skont Socitrel, fid-deċiżjoni inizjali la kien indikat id-dħul mill-bejgħ u lanqas il-valur tal-bejgħ meħuda inkunsiderazzjoni għall-istabbiliment tal-ammont bażiku, bħalma lanqas ma kienu indikati l-parametri użati għall-iffissar bħala 18 % tar-rata ta’ gravità u tal-ammont addizzjonali. Barra minn hekk, Socitrel sostniet li l-fatt li diversi siltiet mid-deċiżjoni mibgħuta lilha kienu kunfidenzjali ostakolaha milli tirrikostitwixxi l-premessi li fuqhom kienet ibbażat ruħha l-Kummissjoni sabiex tistabbilixxi l-ammont tal-multa. Sussegwentement għall-adozzjoni tal-ewwel deċiżjoni ta’ emenda, Socitrel aġġustat l-ewwel motiv tagħha. Minn naħa, Socitrel issostni essenzjalment li l-emenda tad-deċiżjoni inizjali mill-Kummissjoni turi l-fondatezza tal-ewwel motiv tagħha, kif espost minnha fir-rikors. Min-naħa l-oħra, Socitrel tqis li l-ewwel deċiżjoni ta’ emenda ma rrimedjatx l-iktar nuqqasijiet sinjifikattivi li hija kienet iddenunzjat fir-rikors, b’mod partikolari fir-rigward tar-rata użata mill-Kummissjoni fir-rigward tal-gravità tal-ksur u tal-ammont addizzjonali. Hija tosserva, barra minn hekk, li l-ewwel deċiżjoni ta’ emenda tagħmel distinzjoni bejn żewġ perijodi ta’ ksur fir-rigward tagħha (premessa 5), filwaqt li tuża dħul mill-bejgħ identiku fir-rigward ta’ kull wieħed minn dawn il-perijodi, mingħajr madankollu ma din id-distinzjoni ma hija riflessa, skontha, fil-bqija tal-ewwel deċiżjoni ta’ emenda u, b’mod partikolari, fil-premessa 7 ta’ din id-deċiżjoni, fejn fil-konfront tagħha huwa kkonstatat biss perijodu wieħed ta’ ksur. Socitrel iżżid li l-Kummissjoni rrikonoxxiet, fil-premessa 8 tal-ewwel deċiżjoni ta’ emenda, li kienet wettqet żball fil-kalkolu tal-ammont addizzjonali, iżda madankollu ma tidentifikax l-impriżi milquta minn dan l-iżball. Din il-premessa tirreferi għat-tabella li tinsab fil-premessa 5 ta’ din l-istess deċiżjoni, fejn hija tissemma flimkien ma’ dħul mill-bejgħ marbut ma’ diversi perijodi ta’ ksur. Hija tippreżumi li dan ir-riferiment ifisser li hija għalhekk kellha tkun milquta mill-iżball li jaffettwa l-kalkolu tal-ammont addizzjonali, li jidher li jwassal għat-tnaqqis tal-ammont bażiku tal-multa li kienet imposta fuqha, fejn dan l-ammont fil-fatt jinbidel minn EUR 22500000 għal EUR 20000000. Madankollu, dawn jibqgħu ipoteżijiet min-naħa tagħha li, skontha, juru l-eżistenza ta’ nuqqas ta’ motivazzjoni. Il-Kummissjoni tikkontesta dawn l-allegazzjonijiet. Fir-rigward tal-indikazzjoni tal-valur tal-bejgħ Għandu l-ewwel nett jiġi kkonstatat li l-ewwel deċiżjoni ta’ emenda rrimedjat numru ta’ nuqqasijiet li kien fiha d-deċiżjoni inizjali, b’mod partikolari fir-rigward tad-determinazzjoni tal-valur tal-bejgħ meħud inkunsiderazzjoni (premessa 5 tal-ewwel deċiżjoni ta’ emenda). Sa hawnhekk, l-argumenti mressqa minn Socitrel insostenn tal-ewwel motiv tagħha dwar dan in-nuqqas fid-deċiżjoni inizjali saru ineffettivi. Fir-rigward taż-żewġ perijodi ta’ ksur li l-Kummissjoni tagħmel distinzjoni bejniethom fil-premessa 5 tal-ewwel deċiżjoni ta’ emenda Barra minn hekk, kif tosserva Socitrel, il-Kummissjoni għamlet distinzjoni bejn żewġ perijodi fit-tabella li tirrigwarda l-valur tal-bejgħ, b’mod partikolari ta’ Socitrel, li tinsab fil-premessa 5 tal-ewwel deċiżjoni ta’ emenda. Fil-fatt, din it-tabella tispeċifika li, għall-perijodu bejn is-7 ta’ April 1994 u t-8 ta’ Jannar 1996, l-ammont użat mill-Kummissjoni fuq il-bażi tat-tweġibiet mogħtija minn Socitrel fit-30 ta’ Ġunju 2009 huwa ta’ EUR 12016516. Ammont identiku huwa indikat għall-perijodu bejn id-9 ta’ Jannar 1996 u d-19 ta’ Settembru 2002. Fil-premessa 932 tad-deċiżjoni inizjali huwa speċifikat li ż-“żona ġeografika kkonċernata żviluppat matul iż-żmien. Mill-1984 sal-1995 (perijodu tal-club Zurich), din kienet tkopri l-Ġermanja, Franza, l-Italja, il-Pajjiżi l-Baxxi, il-Belġju, il-Lussemburgu, Spanja u l-Awstrija. Mill-1992 (taħt l-arranġamenti tal-club España), din iż-żona kienet tinkludi wkoll il-Portugall. Mill-1996 sal-2002 (perijodu ta’ kriżi tal-club Zurich, iż-żmien li fih l-arranġament tal-club Europe fil-qasam tal-kwota ġie ppreparat, perijodu tal-club Europe u perijodu ta’ espansjoni), iż-żona ġeografika kienet tkopri l-istess pajjiżi bħal fiż-żmien tal-club Zurich, inkluż il-Portugall, kif ukoll id-Danimarka, l-Isvezja, il-Finlandja u n-Norveġja (ara l-punti 9.1.1 sa 9.1.5 tad-deċiżjoni inizjali). Dan jittieħed inkunsiderazzjoni fil-kalkolu tal-valur tal-bejgħ bl-esklużjoni tal-bejgħ imwettaq fil-Portugall qabel il-15 ta’ Diċembru 1992 u bl-esklużjoni tal-bejgħ fid-Danimarka, fl-Isvezja, fil-Finlandja u fin-Norveġja qabel id-9 ta’ Jannar 1996”. Mill-premessa 5 tal-ewwel deċiżjoni ta’ emenda jirriżulta li l-Kummissjoni għamlet distinzjoni bejn diversi perijodi fir-rigward tal-valur tal-bejgħ li kellu jittieħed inkunsiderazzjoni (mill-1 ta’ Jannar 1984 sal-21 ta’ Diċembru 1985; mill-1 ta’ Jananr 1986 sal-14 ta’ Diċembru 1992; mill-15 ta’ Diċembru 1992 sal-31 ta’ Diċembru 1993; mill-1 ta’ Jannar 1994 sat-8 ta’ Jannar 1996; mid-9 ta’ Jannar 1996 sad-19 ta’ Settembru 2002), skont iż-żona ġeografika kkonċernata mill-akkordju. Il-ksur li bih il-Kummissjoni takkuża lil Socitrel kien estiż fuq tnejn minn dawn il-perijodi [mis-7 ta’ April 1994 (id-data kkunsidrata mill-Kummissjoni bħala l-bidu tal-parteċipazzjoni ta’ Socitrel fil-ksur) sat-8 ta’ Jannar 1996 u mid-9 ta’ Jannar 1996 sad-19 ta’ Settembru 2002], perijodi li għalhekk ittieħdu inkunsiderazzjoni mill-Kummissjoni. Madankollu, fil-premessa 949 tad-deċiżjoni inizjali, il-Kummissjoni ddeċidiet li, fid-dawl tal-għarfien tardiv li Socitrel kellha tad-dimensjoni Ewropea tal-akkordju, kien hemm lok li jittieħed inkunsiderazzjoni biss il-bejgħ fi Spanja u fil-Portugall ta’ Socitrel. Għalhekk, in-neċessità li jittieħed inkunsiderazzjoni l-bejgħ fid-Danimarka, fl-Isvezja, fil-Finlandja u fin-Norveġja wara d-9 ta’ Jannar 1996 (premessa 932 tad-deċiżjoni kkontestata) fir-rigward tal-membri tal-akkordju kkonċernati minn din iż-żona ġeografika baqa’ ma kellha ebda impatt fir-rigward ta’ Socitrel. Dan jispjega għaliex il-valur tal-bejgħ meħud inkunsiderazzjoni fil-premessa 5 tal-ewwel deċiżjoni ta’ emenda huwa identiku għaż-żewġ perijodi ta’ ksur li tagħmel distinzjoni bejniethom il-Kummissjoni. Barra minn hekk, il-Kummissjoni rrikonoxxiet li wettqet żball meta kkontabbilizzat darbtejn l-ammont addizzjonali fid-deċiżjoni inizjali minħabba t-teħid inkunsiderazzjoni ta’ perijodu ta’ ksur doppju, b’mod partikolari fir-rigward ta’ Socitrel. Madankollu, hija kkoreġiet dan l-iżball bl-adozzjoni tal-ewwel deċiżjoni ta’ emenda, li wassal għal tnaqqis fl-ammont bażiku tal-multa li kellha tiġi imposta fuq Socitrel, ammont li, wara din il-korrezzjoni, inbidel minn EUR 22500000 għal EUR 20000000. Barra minn hekk, għandu jingħad ukoll li, fl-Anness 8 tar-rikors, Socitrel ipproduċiet ittra elettronika tad-DĠ “Kompetizzjoni” tal-Kummissjoni, bid-data tat-13 ta’ Awwissu 2010, li fiha l-uffiċjal inkarigat mill-fajl indika: “Kif indikat fl-ittra [tal-Kummissjoni] tat-30 ta’ Lulju, hemm żball ta’ kalkolu fir-rigward tal-miżata tad-dħul (‘entry fee’). Fir-rigward tal-klijenti tagħkom, dan iwassal sabiex l-ammont li jinsab fit-tabelli tal-premessi 923 u 1057 huwa għoli wisq. Id-deċiżjoni ta’ emenda ser temenda dan u ser tibdel l-ammont ta’ EUR 22500000 b’ammont ta’ EUR 20000000. Kif diġà ġie indikat, minħabba l-limitu massimu [ta’ 10 %], dan ma jwassalx għal bidla fil-multa imposta fuq il-klijenti tagħkom u lanqas għal bidla fil-motivazzjoni tad-deċiżjoni.” Sa hawnhekk, hemm lok li jitqies li d-deċiżjoni kkontestata, kif emendata bl-ewwel deċiżjoni ta’ emenda, ma hijiex ivvizzjata b’nuqqas ta’ motivazzjoni. Fir-rigward tar-rata ta’ 18 % applikata minħabba l-gravità Fir-rigward tan-nuqqas ta’ motivazzjoni dwar il-gravità, għandu jitfakkar li din hija eżaminata fil-punt 19.1.3 tad-deċiżjoni kkontestata. Fir-rigward ta’ Socitrel, għandu jiġi osservat li, fid-deċiżjoni kkontestata, il-Kummissjoni tqis: — l-ewwel nett, li “l-impriżi kollha, ħlief Fundia, kienu involuti fil-qsim tas-suq (iffissar ta’ kwoti), fl-attribuzzjoni ta’ klijentela u fl-iffissar orizzontali ta’ prezzijiet (ara l-[punt] 9 u l-Anness 2 sa 4 tad-deċiżjoni)” u li “[d]awn l-arranġamenti huma fost l-iktar restrizzjonijiet tal-kompetizzjoni dannużi, li jfixklu l-parametri prinċipali tal-kompetizzjoni” (premessa 939, punt 19.1.3.1 dwar in-natura tal-ksur); — it-tieni nett, li “s-sehem tas-suq akkumulat tal-impriżi li fir-rigward tagħhom seta’ jiġi stabbilit il-ksur huwa stmat għal madwar 80 %, kif spjegat fil-premessa 98” (premessa 946, punt 19.1.3.2 dwar is-sehem tas-suq akkumulat); — it-tielet nett, li l-portata ġeografika tal-ksur żviluppat fiż-żmien (premessa 932: ara l-punt 121 iktar ’il fuq); — ir-raba’ nett, li, “madankollu, fir-rigward ta’ Socitrel, Proderac, Fapricela u Fundia, impriżi li pparteċipaw biss fil-club España (li jkopri lil Spanja u lill-Portugall biss) jew, fil-każ tal-aħħar impriża, fil-koordinazzjoni dwar Addtek biss, u li fir-rigward tagħhom seta’ jiġi stabbilit biss għarfien tal-ksur uniku u kontinwu fi stadju tard ħafna tal-ksur (17 ta’ Mejju 2001 u 14 ta’ Mejju 2001 rispettivament, ara l-punt 12.2.2.4), il-Kummissjoni tieħu inkunsiderazzjoni l-portata ġeografika iktar limitata meta tiddetermina l-parti tal-valur tal-bejgħ” u li “s-sitwazzjoni hija differenti fir-rigward tal-parteċipanti l-oħra fil-club España (Emesa/Galycas, Tycsa/Trefilerías Quijano) li pparteċipaw fl-istess ħin f’diversi livelli tal-akkordju u/jew li fir-rigward tagħhom l-għarfien tal-ksur uniku u kontinwu seta’ jiġi stabbilit fi stadju nettament iktar bikri” (premessa 949, punt 19.1.3.3 dwar il-portata ġeografika). Il-Kummissjoni tikkonkludi li, “fid-dawl taċ-ċirkustanzi speċifiċi tal-każ ineżami, u fid-dawl tal-kriterji diskussi iktar ’il fuq fir-rigward tan-natura tal-ksur (ara l-punt 19.1.3.1) u tal-portata ġeografika (ara l-punt 19.1.3.3), il-parti tal-valur tal-bejgħ li għandha tittieħed inkunsiderazzjoni għandha tkun ta’ 16 % għall-impriża Fundia, 18 % għall-impriżi Socitrel, Fapricela u Proderac u 19 % għall-impriżi l-oħra kollha” (premessa 953). Għandu jitqies li, f’dan ir-rigward, id-deċiżjoni kkontestata ma hijiex ivvizzjata b’nuqqas ta’ motivazzjoni u li tippermetti li jinftiehem ir-raġunament segwit mill-Kummissjoni, bla ħsara għan-natura fondata jew le ta’ dan ir-raġunament. Għaldaqstant, l-ilment imressaq minn Socitrel għandu jiġi miċħud. Fir-rigward tar-rata applikata għad-determinazzjoni tal-ammont addizzjonali għall-finijiet tad-dissważjoni Fir-rigward tal-ammont addizzjonali, għandu jitfakkar li, skont il-punt 25 tal-Linji gwida tal-2006, “irrispettivament mit-tul tal-parteċipazzjoni ta’ impriża fil-ksur, il-Kummissjoni ser tinkludi fl-ammont bażiku somma ta’ bejn 15 % u 25 % tal-valur tal-bejgħ [...] sabiex tiddisswadi lill-impriżi milli jipparteċipaw fi ftehimiet orizzontali dwar iffissar ta’ prezzijiet, dwar qsim tas-suq u dwar limitazzjoni ta’ produzzjoni”. Barra minn hekk, “[i]l-Kummissjoni tista’ tapplika wkoll tali ammont addizzjonali fil-każ ta’ ksur ieħor” u “[s]abiex tiddeċiedi dwar il-proporzjon tal-valur tal-bejgħ li għandu jittieħed inkunsiderazzjoni f’każ partikolari, il-Kummissjoni ser tieħu inkunsiderazzjoni numru ta’ fatturi, b’mod partikolari dawk identifikati fil-[punt] 22”, bħalma huma “n-natura tal-ksur, is-sehem tas-suq akkumulat tal-partijiet ikkonċernati kollha, il-portata ġeografika tal-ksur u jekk il-ksur kienx implementat jew le”. [traduzzjoni mhux uffiċjali] F’dan il-każ, il-Kummissjoni ffissat ir-rata applikabbli għall-ammont addizzjonali bħala 18 % u għamlet riferiment, fil-premessa 953 tad-deċiżjoni kkontestata, għall-kunsiderazzjonijiet li hija kienet esponiet, fil-kuntest tal-evalwazzjoni tal-gravità tal-ksur, fir-rigward tan-natura tal-ksur (punt 19.1.3.1 tad-deċiżjoni kkontestata) u fir-rigward tal-portata ġeografika tiegħu (punt 19.1.3.3 tad-deċiżjoni kkontestata). Issa, tali motivazzjoni tqieset suffiċjenti mill-Qorti tal-Ġustizzja fis-sentenza tagħha tal-11 ta’ Lulju 2013, Ziegler vs Il-Kummissjoni (C‑439/11 P, Ġabra, EU:C:2013:513 , punti 121 sa 124). Għaldaqstant, l-ilment imressaq minn Socitrel għandu jiġi miċħud. Fir-rigward tal-ksur tad-drittijiet tad-difiża ta’ Socitrel Socitrel issostni li d-drittijiet tad-difiża tagħha kienu miksura għal żewġ raġunijiet. Minn naħa, hija ssostni li min-nuqqasijiet li kien fiha d-deċiżjoni inizjali, li ġew parzjalment irrikonoxxuti mill-Kummissjoni fl-ewwel deċiżjoni ta’ emenda, jirriżulta li d-drittijiet tad-difiża tagħha kienu miksura. Dawn l-argumenti ma jistgħux jintlaqgħu peress li Socitrel kienet mistiedna mill-Qorti Ġenerali, permezz ta’ ittra tad-29 ta’ Ottubru 2010, sabiex taġġusta l-motivi u t-talbiet tagħha wara l-adozzjoni tal-ewwel deċiżjoni ta’ emenda, kif għamlet permezz ta’ att ippreżentat fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fl-10 ta’ Diċembru 2010. Min-naħa l-oħra, fir-rigward tal-allegazzjonijiet tagħha fis-sens li partijiet mid-deċiżjoni kkontestata ma kinux żvelati mill-Kummissjoni, fatt li pprekluda lil Socitrel milli tifhem kif il-Kummissjoni kienet ikkalkolat il-multa, għandu jiġi osservat li l-premessi kollha li għalihom tirreferi Socitrel (premessi 1142, 1144, 1149, 1157, 1159, 1160, 1165, 1171, 1172, 1175, 1178, 1179, 1181, 1185 u 1188) jikkonċernaw l-evalwazzjoni tat-talbiet dwar il-kapaċità tal-ħlas ta’ impriżi oħra. Issa, f’tali każ, il-Kummissjoni hija meħtieġa tiżgura n-natura kunfidenzjali tal-informazzjoni li tkun intbagħtitilha mill-impriżi meta dawn jitolbu dan, b’mod partikolari meta tkun involuta informazzjoni sensittiva dwar is-sitwazzjoni finanzjarja tal-impriżi. Barra minn hekk, il-Kummissjoni ġustament sostniet li l-elementi ta’ evalwazzjoni kollha li jikkonċernaw lil Socitrel u, b’mod partikolari, l-elementi dwar il-kapaċità tal-ħlas tagħha, kienu ġew ikkomunikati lilha. Għaldaqstant, l-argumenti ta’ Socitrel għandhom jiġu miċħuda u għalhekk l-ilment ibbażat fuq ksur tad-drittijiet tad-difiża għandu jiġi miċħud fl-intier tiegħu. Għalhekk, l-ewwel motiv għandu jiġi miċħud fl-intier tiegħu. 2. Fuq it-tieni motiv imressaq minn Socitrel, ibbażat fuq ksur ta ’ terminu raġonevoli Tfakkir tal-prinċipji L-ewwel nett, l-osservanza ta’ terminu raġonevoli fit-tmexxija tal-proċeduri amministrattivi fil-qasam tal-politika tal-kompetizzjoni tikkostitwixxi prinċipju ġenerali tad-dritt tal-Unjoni li l-qrati tal-Unjoni jiżguraw l-osservanza tiegħu (ara s-sentenza tad-19 ta’ Diċembru 2012, Heineken Nederland u Heineken vs Il-Kummissjoni, C‑452/11 P, EU:C:2012:829 , punt 97 u l-ġurisprudenza ċċitata). Il-prinċipju ta’ terminu raġonevoli ta’ proċedura amministrattiva ġie kkonfermat mill-ġdid fl-Artikolu 41(1) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, li jipprovdi li “[k]ull persuna għandha d-dritt li dak kollu li jirrigwardaha jiġi ttrattat b’mod imparzjali u ġust u fi żmien raġonevoli mill-istituzzjonijiet, il-korpi u l-organi ta’ l-Unjoni” (sentenza tal-5 ta’ Ġunju 2012, Imperial Chemical Industries vs Il-Kummissjoni, T‑214/06, Ġabra, EU:T:2012:275 , punt 284). It-tieni nett, in-natura raġonevoli tat-tul tal-proċedura għandha tiġi evalwata fid-dawl taċ-ċirkustanzi partikolari ta’ kull każ u, b’mod partikolari, fid-dawl tal-kuntest tal-każ, tal-mod kif jaġixxu l-partijiet matul il-proċedura, tal-interess fil-każ għad-diversi impriżi kkonċernati u tal-livell ta’ kumplessità tiegħu (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tal-20 ta’ April 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij et vs Il-Kummissjoni, T‑305/94 sa T‑307/94, T‑313/94 sa T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 u T‑335/94, Ġabra, EU:T:1999:80 , punt 126) kif ukoll, jekk ikun il-każ, fid-dawl tal-informazzjoni u tal-ġustifikazzjoni li l-Kummissjoni tkun tista’ tipprovdi fir-rigward tal-atti ta’ investigazzjoni mwettqa matul il-proċedura amministrattiva. It-tielet nett, il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet li l-proċedura amministrattiva tista’ tagħti lok għall-eżami ta’ żewġ perijodi suċċessivi, li kull wieħed isegwi loġika interna partikolari għalih. L-ewwel perijodu, li jestendi sad-dikjarazzjoni tal-oġġezzjonijiet, jibda fid-data li fiha l-Kummissjoni, fuq il-bażi tas-setgħat mogħtija lilha mil-leġiżlatur tal-Unjoni, tieħu miżuri li jimplikaw l-akkuża li twettaq ksur u għandu jippermetti lill-Kummissjoni tieħu pożizzjoni dwar id-direzzjoni li fiha għandha timxi l-proċedura. Min-naħa tiegħu, it-tieni perijodu jestendi mid-dikjarazzjoni tal-oġġezzjonijiet sal-adozzjoni tad-deċiżjoni finali. Dan il-perijodu għandu jippermetti lill-Kummissjoni tieħu deċiżjoni definittiva dwar il-ksur inkwistjoni (sentenza tal-21 ta’ Settembru 2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied vs Il-Kummissjoni, C‑105/04 P, Ġabra, EU:C:2006:592 , punt 38). Ir-raba’ nett, mill-ġurisprudenza jirriżulta li l-ksur tal-prinċipju ta’ terminu raġonevoli jista’ jwassal għal żewġ tipi ta’ konsegwenzi. Minn naħa, meta l-ksur ta’ terminu raġonevoli jkun kellu impatt fuq l-eżitu tal-proċedura, tali ksur ikun ta’ natura li jwassal għall-annullament tad-deċiżjoni kkontestata (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tal-21 ta’ Settembru 2006, Technische Unie vs Il-Kummissjoni, C‑113/04 P, Ġabra, EU:C:2006:593 , punt 48 u l-ġurisprudenza ċċitata). Għandu jiġi ppreċiżat li, fir-rigward tal-applikazzjoni tar-regoli tal-kompetizzjoni, il-fatt li jinqabeż terminu raġonevoli jista’ jikkostitwixxi raġuni għall-annullament biss ta’ deċiżjonijiet li jikkonstataw ksur u bil-kundizzjoni li jkun ġie stabbilit li l-ksur ta’ dan il-prinċipju ppreġudika d-drittijiet tad-difiża tal-impriżi kkonċernati. Ħlief f’dan il-każ partikolari, in-nuqqas ta’ osservanza tal-obbligu li tingħata deċiżjoni f’terminu raġonevoli ma jkollu ebda impatt fuq il-validità tal-proċedura amministrattiva skont ir-Regolament Nru 17 (ara s-sentenza tas-16 ta’ Diċembru 2003, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied vs Il-Kummissjoni, T‑5/00 u T‑6/00, Ġabra, EU:T:2003:342 , punt 74 u l-ġurisprudenza ċċitata, ikkonfermata fl-appell fuq dan il-punt permezz tas-sentenza Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied vs Il-Kummissjoni, iċċitata fil-punt 150 iktar ’il fuq, EU:C:2006:592 , punti 42 u 43). Madankollu, peress li r-rispett tad-drittijiet tad-difiża, prinċipju li n-natura fundamentali tiegħu ġiet enfasizzata diversi drabi permezz tal-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (sentenza tad-9 ta’ Novembru 1983, Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin vs Il-Kummissjoni, 322/81, Ġabra, EU:C:1983:313 , punt 7) għandu importanza kbira fi proċeduri bħal dik ineżami, għandu jiġi evitat li dawn id-drittijiet ikunu jistgħu jiġu kompromessi b’mod li ma jkunx jista’ jiġi rrimedjat minħabba t-tul eċċessiv tal-fażi istruttorja u li dan it-tul ikun jista’ jostakola l-istabbiliment ta’ provi intiżi li jinnegaw l-eżistenza ta’ aġir ta’ natura li jistabbilixxi r-responsabbiltà tal-impriżi kkonċernati. Għalhekk, l-eżami tal-eventwali ostakolu għall-eżerċizzju tad-drittijiet tad-difiża ma għandux ikun limitat għall-istess fażi li fiha dawn id-drittijiet jipproduċu l-effett sħiħ tagħhom, jiġifieri t-tieni fażi tal-proċedura amministrattiva. L-evalwazzjoni tas-sors tal-eventwali indeboliment tal-effikaċja tad-drittijiet tad-difiża għandha testendi għal din il-proċedura kollha billi jsir riferiment għat-tul kollu tagħha (sentenza Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied vs Il-Kummissjoni, iċċitata fil-punt 150 iktar ’il fuq, EU:C:2006:592 , punt 50). Min-naħa l-oħra, meta l-ksur ta’ terminu raġonevoli ma jkollux impatt fuq l-eżitu tal-proċedura, tali ksur jista’ jwassal lill-Qorti Ġenerali, fil-kuntest tal-eżerċizzju tal-ġurisdizzjoni sħiħa tagħha, sabiex tirrimedja b’mod adegwat il-ksur li jirriżulta mill-fatt li jkun inqabeż terminu raġonevoli fil-proċedura amministrattiva billi tnaqqas, jekk ikun il-każ, l-ammont tal-multa imposta (ara, f’dan is-sens, is-sentenza Technische Unie vs Il-Kummissjoni, iċċitata fil-punt 152 iktar ’il fuq, EU:C:2006:593 , punti 202 sa 204, u s-sentenza tas-16 ta’ Ġunju 2011, Heineken Nederland u Heineken vs Il-Kummissjoni, T‑240/07, Ġabra, EU:T:2011:284 , punti 429 u 434, ikkonfermata fl-appell permezz tas-sentenza Heineken Nederland u Heineken vs Il-Kummissjoni, iċċitata fil-punt 147 iktar ’il fuq, EU:C:2012:829 , punt 100). Fuq il-fondatezza tat-tieni motiv Socitrel issostni, essenzjalment, li l-Kummissjoni ma osservatx terminu raġonevoli minħabba li kien biss kważi tmien snin wara li bdiet il-proċedura amministrattiva li adottat id-deċiżjoni inizjali, li wassal, fil-fehma tagħha, għal nuqqas ta’ rispett tad-drittijiet tad-difiża tagħha, fid-dawl b’mod partikolari tar-ristrutturazzjonijiet li kienet is-suġġett tagħhom u tad-diffikultajiet li ltaqgħet magħhom sabiex tiġbor il-provi kuntrarji minħabba t-tluq, matul is-snin, ta’ diversi membri tal-persunal tagħha. Mill-kunsiderazzjonijiet preċedenti jirriżulta li, sabiex proċedura amministrattiva li tkun damet ħafna tkun tista’ twassal għall-annullament tad-deċiżjoni kkontestata jew għal tnaqqis tal-ammont tal-multa, it-tul ta’ din il-proċedura għandu jiġi kklassifikat bħala eċċessiv. Fil-każ ineżami, il-proċedura amministrattiva kellha erba’ fażijiet suċċessivi, bl-ewwel fażi tippreċedi d-dikjarazzjoni tal-oġġezzjonijiet u bit-tliet fażijiet sussegwenti wara l-imsemmija dikjarazzjoni. L-ewwel fażi bdiet fid-9 ta’ Jannar 2002, bil-komunikazzjoni lill-Kummissjoni, mill-Bundeskartellamt, tad-dokumenti msemmija fil-punt 21 iktar ’il fuq u ntemmet fit-30 ta’ Settembru 2008 permezz tal-adozzjoni tad-dikjarazzjoni tal-oġġezzjonijiet. Dan wassal għall-ftuħ tat-tieni fażi (ara l-punti 32 sa 37 iktar ’il fuq), li ngħalqet bl-adozzjoni tad-deċiżjoni inizjali, fit-30 ta’ Ġunju 2010. Wara l-preżentata ta’ sensiela inizjali ta’ rikorsi (imfakkra fil-punt 10 iktar ’il fuq), il-Kummissjoni adottat, fit-30 ta’ Settembru 2010, l-ewwel deċiżjoni ta’ emenda (ara l-punt 4 iktar ’il fuq) sabiex tikkoreġi diversi żbalji li kienet ikkonstatat fid-deċiżjoni inizjali, u b’hekk ingħalqet it-tielet fażi tal-proċedura amministrattiva. Fl-aħħar nett, fl-4 ta’ April 2011, ingħalqet ir-raba’ fażi tal-proċedura amministrattiva, permezz tal-adozzjoni mill-Kummissjoni tat-tieni deċiżjoni ta’ emenda, li permezz tagħha tat tnaqqis tal-ammont tal-multa imposta, minn naħa, lil ArcelorMittal, lil ArcelorMittal Verderio, lil ArcelorMittal Fontaine u lil ArcelorMittal Wire France, u, min-naħa l-oħra, lil SLM u lil Ori Martin (ara l-punt 6 iktar ’il fuq). Għandu jiġi osservat, qabel kollox, li l-motiv imressaq minn Socitrel jikkonċerna biss l-ewwel żewġ fażijiet tal-proċedura amministrattiva. Fit-8 ta’ Mejju 2014, fil-kuntest tal-miżuri ta’ organizzazzjoni tal-proċedura previsti fl-Artikolu 64 tar-Regoli tal-Proċedura tat-2 ta’ Mejju 1991, il-Qorti Ġenerali bagħtet mistoqsija bil-miktub lill-Kummissjoni sabiex tikseb deskrizzjoni ddettaljata tal-eżerċizzji ta’ diliġenza li hija kienet wettqet wara l-ispezzjonijiet li kienu saru fid-19 u fl-20 ta’ Settembru 2002, u dan sal-adozzjoni tad-deċiżjoni inizjali. Il-Kummissjoni wieġbet għal din it-talba permezz ta’ att ippreżentat fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fis-6 ta’ Ġunju 2014. Kopja tat-tweġiba tal-Kummissjoni ġiet ikkomunikata lil Socitrel fis-16 ta’ Ġunju 2014 mir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali. Fit-tweġiba tagħha, il-Kummissjoni tispjega b’mod iddettaljat u konvinċenti l-kompiti li hija wettqet matul il-proċedura amministrattiva kollha u r-raġunijiet għaliex il-proċedura damet mill-2002 sal-2010. Fil-każ ineżami, it-tul tal-proċedura amministrattiva huwa dovut għal diversi fatturi. F’dan ir-rigward għandhom jissemmew it-tul tal-akkordju (iktar minn 18-il sena), id-dimensjoni ġeografika partikolarment estiża tiegħu (l-akkordju kien jirrigwarda l-maġġoranza tal-Istati Membri), l-organizzazzjoni tal-akkordju fil-livell ġeografiku u mill-aspett temporali (id-diversi clubs deskritti fil-punti 41 sa 53), in-numru ta’ laqgħat li nżammu fil-kuntest tad-diversi clubs (iktar minn 500), in-numru ta’ impriżi kkonċernati (17), in-numru ta’ talbiet għal klemenza (ara l-punti 22 u 27 et seq iktar ’il fuq) u l-volum partikolarment sostanzjali ta’ dokumenti, ipprovduti f’dan il-kuntest jew miksuba matul l-ispezzjonijiet u redatti f’diversi lingwi, li kellhom jiġu eżaminati mill-Kummissjoni, id-diversi talbiet għal informazzjoni komplementari li kellhom jintbagħtu mill-Kummissjoni lid-diversi kumpanniji kkonċernati skont il-bżonn fid-dawl tal-evoluzzjoni tal-komprensjoni tal-akkordju (ara l-punti 24 et seq u l-punti 36 et seq iktar ’il fuq), in-numru ta’ destinatarji tad-dikjarazzjoni tal-oġġezzjonijiet (iktar minn 40), in-numru ta’ lingwi proċedurali (8), kif ukoll id-diversi talbiet dwar il-kapaċità tal-ħlas (14). Fuq il-bażi tal-informazzjoni pprovduta mill-Kummissjoni, li turi l-kumplessità partikolari tal-każ, il-Qorti Ġenerali tqis li, minkejja t-tul partikolari tal-ewwel żewġ fażijiet tal-proċedura, dan it-tul ma għandux jitqies li kien eċċessiv. Għaldaqstant, il-Kummissjoni ma naqsitx milli tosserva terminu raġonevoli. Din il-konklużjoni ma hijiex ikkontestata mill-argumenti mressqa minn Socitrel intiżi sabiex jiġi sostnut li d-drittijiet tad-difiża tagħha ma kinux irrispettati peress li, bejn l-2002 u l-2008, il-grupp Companhia Previdente kien inbidel b’mod sinjifikattiv minħabba r-ristrutturazzjonijiet marbuta mal-akkwist ta’ diversi kumpanniji — dan il-grupp żdied minn 21 għal 27 entità — u peress li, mill-mument li fih irċeviet id-dikjarazzjoni tal-oġġezzjonijiet, f’Settembru 2008, il-fatti li kienet akkużata bihom kienu tant ilhom li seħħew li ebda waħda mill-persuni li kienu involuti direttament ma kienet għadha preżenti jew f’pożizzjoni li tiftakarhom. Fil-fatt, tali argumenti huma vagi wisq sabiex ikun jista’ jiġi evalwat l-impatt konkret tagħhom fuq id-drittijiet tad-difiża ta’ Socitrel. F’dan ir-rigward, għandu jiġi osservat li, kif ġie espost fit-tweġiba tal-Kummissjoni għall-miżuri ta’ organizzazzjoni tal-proċedura, Socitrel irċeviet l-ewwel talba għal informazzjoni min-naħa tal-Kummissjoni fil-11 ta’ Frar 2004 u li din it-talba kienet tindika b’mod ċar is-suġġett u l-portata tal-investigazzjoni kemm fuq livell materjali u kemm fuq livell temporali. B’hekk, b’effett minn dik id-data, Socitrel kienet f’pożizzjoni li tiġbor u tgħaddi lill-Kummissjoni l-provi kollha li fil-fehma tagħha kienu rilevanti sabiex twieġeb lill-Kummissjoni. Għaldaqstant, hija ma tistax tinvoka n-negliġenza tagħha li tiġbor u żżomm dawk l-elementi li eventwalment setgħet tuża fid-difiża tagħha. Bl-istess mod, fl-assenza tal-iċken argument li jippermetti li jinftiehem sa fejn il-perijodu ta’ sena u nofs bejn Settembru 2002 u Frar 2004, perijodu li matulu l-Kummissjoni ħadet konoxxenza tad-dokumenti miksuba matul l-ispezzjoni jew mibgħuta fil-kuntest tat-talbiet għal klemenza, seta’ ppreġudika l-eżerċizzju minn Socitrel ta’ dawn id-drittijiet tad-difiża, ma hemmx lok għall-Qorti Ġenerali li tqis li dan il-perijodu seta’ kkawżalha preġudizzju fil-kawża ineżami. Għaldaqstant, it-tieni motiv għandu jiġi miċħud. 3. Fuq it-tielet motiv imressaq minn Socitrel, ibbażat fuq ksur tal-obbligu ta ’ diliġenza tal-Kummissjoni, tad-drittijiet tad-difiża kif ukoll tal-prinċipji ta ’ lealtà, ta ’ bona fide u ta ’ aspettattivi leġittimi Tfakkir tal-prinċipji Għandu jitfakkar qabel kollox li l-prinċipju ta’ protezzjoni tal-aspettattivi leġittimi huwa wieħed mill-prinċipji fundamentali tal-Unjoni. Skont il-ġurisprudenza, sabiex dan il-prinċipju jkun jista’ jiġi invokat huwa meħtieġ li jkunu ssodisfatti tliet kundizzjonijiet. L-ewwel nett, assigurazzjonijiet, preċiżi, inkundizzjonati u konkordanti, min-naħa ta’ sorsi awtorizzati u affidabbli, għandhom ikunu ngħataw lill-persuna kkonċernata mill-amministrazzjoni. It-tieni nett, dawn l-assigurazzjonijiet għandhom ikunu ta’ natura li joħolqu aspettattiva leġittima f’moħħ il-persuna li lilha jkunu indirizzati. It-tielet nett, l-assigurazzjonijiet mogħtija għandhom ikunu konformi man-normi applikabbli (ara s-sentenza tad-9 ta’ Settembru 2011, Deltafina vs Il-Kummissjoni, T‑12/06, Ġabra, EU:T:2011:441 , punt 190 u l-ġurisprudenza ċċitata). Barra minn hekk, skont ġurisprudenza stabbilita, id-dmir ta’ diliġenza jimplika l-obbligu għall-Kummissjoni li teżamina b’attenzjoni u b’imparzjalità l-elementi rilevanti kollha tal-każ ineżami (ara s-sentenzi tal-21 ta’ Novembru 1991, Technische Universität München, C‑269/90, Ġabra, EU:C:1991:438 , punt 14, u tas-16 ta’ Settembru 2013, ATC et vs Il-Kummissjoni, T‑333/10, Ġabra, EU:T:2013:451 , punt 84 u l-ġurisprudenza ċċitata). Ġie deċiż ukoll diversi drabi li huwa leġittimu u fl-interess ta’ ġestjoni amministrattiva korretta li istituzzjoni tikkoreġi l-iżbalji u l-ommissjonijiet li bihom tkun ivvizzjata deċiżjoni (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tal-14 ta’ Diċembru 2006, Il-Ġermanja vs Il-Kummissjoni, T‑314/04 u T‑414/04, EU:T:2006:399 , punt 45, u d-digriet tat-22 ta’ Novembru 2007, Investire Partecipazioni vs Il-Kummissjoni, T‑418/05, EU:T:2007:354 , punt 40). Fuq il-fondatezza tat-tielet motiv Socitrel issostni, essenzjalment, li, minkejja li d-deċiżjoni inizjali kienet ġiet adottata, hija kienet informata mill-Kummissjoni li din id-deċiżjoni kienet ser tiġi emendata. B’hekk, Socitrel kienet obbligata tippreżenta rikors mingħajr ma kienet taf is-sustanza reali tad-deċiżjoni li kienet timponilha multa. B’hekk, il-Kummissjoni naqset mid-dmir ta’ diliġenza tagħha — kif jikkonferma, jekk tali konferma hija fil-fatt meħtieġa, il-fatt li l-Kummissjoni sussegwentement emendat id-deċiżjoni għat-tieni darba, mingħajr ma din it-tieni deċiżjoni ta’ emenda ma kienet innotifikata lil Socitrel — u b’hekk il-Kummissjoni kisret ukoll id-drittijiet tad-difiża ta’ Socitrel. Madankollu, dawn l-argumenti ma jistgħux jintlaqgħu. Fil-fatt, il-Kummissjoni ma tistax tippermetti li fl-ordinament ġuridiku tibqa’ teżisti deċiżjoni li tkun taf li hija vvizzjata bi żbalji u b’ommissjonijiet u, f’dan ir-rigward, huwa leġittimu u fl-interess ta’ ġestjoni amministrattiva korretta li istituzzjoni tikkoreġi l-iżbalji u l-ommissjonijiet li bihom tkun ivvizzjata d-deċiżjoni inizjali (ara l-ġurisprudenza mfakkra fil-punt 176 iktar ’il fuq). Għalhekk, il-Kummissjoni ma tistax tiġi kkritikata talli kkoreġiet, permezz tal-ewwel deċiżjoni ta’ emenda, l-iżbalji u l-ommissjonijiet li hija kienet ikkonstatat fid-deċiżjoni inizjali. Għandu jiġi enfasizzat li l-Kummissjoni, b’hekk, saħħet ukoll il-motivazzjoni tad-deċiżjoni kkontestata. Huwa minnu li l-ewwel deċiżjoni ta’ emenda kienet ġiet adottata mill-Kummissjoni wara l-preżentata ta’ diversi rikorsi, fosthom dawk tar-rikorrenti, indirizzati, inizjalment, kontra d-deċiżjoni inizjali. Madankollu, Socitrel — bħall-impriżi l-oħra li kienu ppreżentaw rikors — kienet mistiedna mill-Qorti Ġenerali sabiex taġġusta, jekk ikun il-każ, il-motivi u t-talbiet tagħha fid-dawl tal-adozzjoni ta’ din id-deċiżjoni. Issa, għandu jiġi kkonstatat li Socitrel aġġustat il-motivi tagħha fid-dawl tal-ewwel deċiżjoni ta’ emenda permezz ta’ att ippreżentat fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fl-10 ta’ Diċembru 2010. Barra minn hekk, minkejja li ma kinitx destinatarja tat-tieni deċiżjoni ta’ emenda, Socitrel irċeviet kopja tagħha fuq l-inizjattiva tal-Qorti Ġenerali u kienet mistiedna mill-Qorti Ġenerali sabiex taġġusta, jekk ikun il-każ, il-motivi u t-talbiet tagħha, kif fil-fatt għamlet, fir-rigward tal-motivi tagħha, permezz ta’ att ippreżentat fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fit-2 ta’ Awwissu 2011. Għalhekk, hija ma tistax issostni li d-drittijiet tad-difiża tagħha kienu ġew miksura mill-Kummissjoni fl-okkażjoni tal-adozzjoni ta’ dawn id-deċiżjonijiet ta’ emenda. Socitrel issostni wkoll li l-Kummissjoni kisret il-prinċipju ta’ aspettattivi leġittimi kif ukoll il-prinċipji ta’ lealtà u ta’ bona fide , iżda r-raġunijiet għalfejn ġew invokati dawn l-aħħar żewġ prinċipji ma humiex ippreċiżati b’mod ċar fir-rikors tagħha. Sa fejn Socitrel għandha l-intenzjoni ssostni, permezz ta’ dawn l-argumenti, li, meta kkoreġiet id-deċiżjoni inizjali, il-Kummissjoni kienet ipprekludiet lir-rikors tagħha kontra d-deċiżjoni inizjali milli jkollu eżitu pożittiv, għandu jiġi kkonstatat li l-Kummissjoni setgħet, fl-interess ta’ ġestjoni amministrattiva korretta, tikkoreġi d-deċiżjoni inizjali li kienet ivvizzjata bi żbalji u b’ommissjonijiet qabel ma tingħata deċiżjoni mill-Qorti Ġenerali. Għaldaqstant, ebda assigurazzjoni preċiża, inkundizzjonata u konkordanti, li toriġina minn sorsi affidabbli u awtorizzati, ma setgħet tingħata lil Socitrel mill-amministrazzjoni fir-rigward taż-żamma ta’ deċiżjoni vvizzjata bi żbalji u b’ommissjonijiet sal-eventwali annullament tagħha mill-Qorti Ġenerali. Il-Kummissjoni lanqas ma tistax tiġi akkużata b’aġir żleali u b’ mala fide għas-sempliċi raġuni li kienet emendat deċiżjoni vvizzjata, kif ammettiet hija stess, b’diversi żbalji u ommissjonijiet. Għaldaqstant, it-tielet motiv għandu jiġi miċħud fl-intier tiegħu. 4. Fuq ir-raba ’ motiv imressaq minn Socitrel u fuq l-ewwel tliet motivi mressqa minn Companhia Previdente, ibbażati fuq ksur tal-Artikolu 101(1) TFUE, tal-Artikolu 23(2) tar-Regolament Nru 1/2003, tal-prinċipji ta ’ proporzjonalità u ta ’ responsabbiltà personali kif ukoll ta ’ preżunzjoni ta ’ innoċenza, kif ukoll fuq nuqqas ta ’ motivazzjoni u fuq nuqqas ta ’ osservanza mill-Kummissjoni tal-prassi deċiżjonali preċedenti tagħha, sa fejn inqabeż il-limitu massimu tal-multa li setgħet tiġi imposta fuq Socitrel Fuq l-ewwel parti tar-raba ’ motiv imressaq minn Socitrel u fuq l-ewwel u t-tieni motivi mressqa minn Companhia Previdente, ibbażati fuq l-argument li r-responsabbiltà in solidum ta ’ Companhia Previdente kienet stabbilita b’mod żbaljat mill-Kummissjoni u, għaldaqstant, fuq l-argument li l-limitu massimu ta ’ 10 % tad-dħul mill-bejgħ kien ġie kkalkolat b’mod żbaljat fuq id-dħul mill-bejgħ ta ’ Companhia Previdente minflok fuq dak ta ’ Socitrel Tfakkir tal-fatti Companhia Previdente hija kumpannija li tiġġestixxi holdings f’diversi kumpanniji. Bejn l-1994 u l-1998 hija kellha holding dirett ta’ 21.2 % fil-kapital ta’ Socitrel u 70 % fil-kapital ta’ Preside SGPS, li kellha 70.6 % tal-kapital ta’ Socitrel. Bejn it-30 ta’ Diċembru 1997 u d-19 ta’ Settembru 2002, Companhia Previdente żiedet il-holding tagħha fi Preside SGPS għal 100 % tal-kapital tagħha. Huwa paċifiku li b’hekk Companhia Previdente kellha, matul dan il-perijodu, holding fil-kapital ta’ Socitrel li kien ta’ bejn 91.8 % u 93.7 %. Barra minn hekk, wara d-data tal-waqfien tal-ksur, Companhia Previdente akkwistat diversi kumpanniji, fosthom Emesa, Galycas u ITC, li, it-tlieta li huma, kienu wkoll issanzjonati mill-Kummissjoni għall-parteċipazzjoni tagħhom fil-kartell. Tfakkir tad-deċiżjoni kkontestata Skont il-premessi 765 sa 768 tad-deċiżjoni kkontestata: “(765) Bejn l-1994 u l-aħħar tal-1998, [Companhia Previdente] kellha holding dirett ta’ 21.2 % f’Socitrel u ta’ 70 % fi Preside SGPS, li min-naħa tagħha kellha, matul l-istess perijodu, holding ta’ 70.6 % f’Socitrel. Bejn it-30 ta’ Diċembru 1998 u l-aħħar tal-2002, Companhia Previdente kellha 100 % tal-kapital ta’ Preside SGPC u, permezz ta’ Preside SGPS, hija kienet tikkontrolla direttament jew indirettament minn 91.8 % sa 93.7 % mill-kapital ta’ Socitrel. Kif spjegat fil-premessa 32, bejn il-bidu tal-1994 u l-aħħar tal-2002 minn tal-inqas, kien hemm diversi rabtiet personali b’saħħithom bejn Socitrel u Companhia Previdente. (766) Companhia Prevident issostni li hija ma għandhiex tiġi ddikjarata responsabbli in solidum ma’ Socitrel minħabba li hija ma kellhiex influwenza determinanti fuq l-aġir ta’ Socitrel. L-ewwel nett, hija ssostni li l-Kummissjoni ma ppreżentatx fatti konkreti li jippermettu li tinstilet konklużjoni dwar l-influwenza determinanti eżerċitata minn Companhia Previdente fuq Socitrel. Barra minn hekk, hija ssostni li sal-1999, meta Socitrel saret is-sussidjarja kważi 100 % tagħha, il-preżunzjoni ta’ influwenza determinanti ma setgħetx tapplika. Iż-żewġ impriżi kienu entitajiet distinti b’attivitajiet differenti u Socitrel kienet awtonoma fl-attività kummerċjali tagħha. Xhieda ta’ dan jinsab fil-fatt li wara li Socitrel kienet akkwistata minnha, l-amministrazzjoni eżekuttiva ta’ Socitrel ma kinitx inbidlet u kienet baqgħet kompletament indipendenti. Bl-istess mod, Socitrel kienet biss eżerċitat id-drittijiet marbuta mal-holding tagħha u l-obbligi tagħha bħalma huma l-approvazzjoni tal-kontijiet annwali ta’ Socitrel u t-teħid ta’ deċiżjoni dwar il-politika fil-qasam ta’ dividendi u ta’ struttura tal-kapital. Fl-aħħar nett, Companhia Previdente issostni li l-membri tal-bord tagħha pparteċipaw fil-bord ta’ Socitrel fejn eżerċitaw funzjoni mhux eżekuttiva u li, skont id-dritt Portugiż dwar il-kumpanniji, din il-parteċipazzjoni fil-bord ta’ Socitrel kienet fuq livell personali u mhux bħala rappreżentanti tal-kumpannija parent. (767) Filwaqt li l-Kummissjoni tqis li l-preżunzjoni ta’ eżerċizzju ta’ influwenza determinanti tapplika għall-perijodu inkluż bejn it-30 ta’ Diċembru 1998 u l-aħħar tal-2002, meta Companhia Previdente kellha kontroll fuq 91.8 % sa 93.7 % tal-kapital ta’ Socitrel, l-argumenti mressqa minn Companhia Previdente ma jistgħux fi kwalunkwe każ jintlaqgħu fid-dawl tad-diversi rabtiet personali b’saħħithom li kien hemm bejn iż-żewġ impriżi bejn il-bidu tal-1994, minn tal-inqas, u l-aħħar tal-2002, kif deskritt fil-premessa 32 ta’ din id-deċiżjoni. Il-Kummissjoni tenfasizza b’mod partikolari li s-Sinjuri P. B., L. F. u A. S. mhux biss kienu membri tal-bord tad-diretturi taż-żewġ impriżi, iżda kienu jattendu wkoll il-laqgħat tal-akkordju f’isem Socitrel b’mod regolari u kontinwu. Għaldaqstant, il-Kummissjoni tqis li Companhia Previdente eżerċitat influwenza determinanti fuq l-aġir ta’ Socitrel matul il-perijodu kollu tal-parteċipazzjoni ta’ din tal-aħħar fl-akkordju (ara l-premessa 694). (768) Għaldaqstant, [Socitrel] u [Companhia Previdente] huma d-destinatarji ta’ din id-deċiżjoni. [Socitrel] hija miżmuma responsabbli għall-parteċipazzjoni diretta tagħha fl-akkordju matul il-perijodu bejn is-7 ta’ April 1994 u d-19 ta’ Settembru 2002. [Companhia Previdente] hija miżmuma responsabbli in solidum ma’ [Socitrel] għall-istess perijodu.” Tfakkir tal-prinċipji Skont ġurisprudenza stabbilita, il-kunċett ta’ impriża jkopri kull entità li teżerċita attività ekonomika, irrispettivament mill-istatus ġuridiku ta’ din l-entità u mill-mod ta’ finanzjament tagħha. Fir-rigward ta’ dan il-punt, il-Qorti tal-Ġustizzja speċifikat, minn naħa, li l-kunċett ta’ impriża, ikkunsidrat f’dan il-kuntest, għandu jinftiehem fis-sens li jirreferi għal unità ekonomika, anki jekk, mill-perspettiva ġuridika, din l-unità ekonomika tkun ikkostitwita minn diversi persuni fiżiċi jew ġuridiċi u, min-naħa l-oħra, li, meta tali entità ekonomika tikser ir-regoli tal-kompetizzjoni, hija għandha, skont il-prinċipju ta’ responsabbiltà personali, twieġeb għal tali ksur (ara s-sentenza tad-29 ta’ Settembru 2011, Elf Aquitaine vs Il-Kummissjoni, C‑521/09 P, Ġabra, EU:C:2011:620 , punt 53 u l-ġurisprudenza ċċitata). Minn ġurisprudenza stabbilita jirriżulta wkoll li l-aġir ta’ sussidjarja jista’ jiġi imputat lill-kumpannija parent b’mod partikolari meta, minkejja li jkollha personalità ġuridika distinta, din is-sussidjarja ma tiddeterminax b’mod awtonomu l-aġir tagħha fis-suq iżda tapplika essenzjalment l-istruzzjonijiet mogħtija lilha mill-kumpannija parent, fid-dawl b’mod partikolari tal-konnessjonijiet ekonomiċi, organizzattivi u legali bejn dawn iż-żewġ entitajiet ġuridiċi (ara s-sentenza Elf Aquitaine vs Il-Kummissjoni, iċċitata fil-punt 197 iktar ’il fuq, EU:C:2011:620 , punt 54 u l-ġurisprudenza ċċitata). Fil-fatt, f’tali sitwazzjoni, peress li l-kumpannija parent u s-sussidjarja tagħha jagħmlu parti mill-istess unità ekonomika u għalhekk jifformaw impriża waħda fis-sens tal-Artikolu 101 TFUE, il-Kummissjoni tista’ tindirizza deċiżjoni li timponi multi lill-kumpannija parent mingħajr ma jkun meħtieġ li tistabbilixxi l-involviment personali ta’ din tal-aħħar fil-ksur (ara s-sentenza Elf Aquitaine vs Il-Kummissjoni, iċċitata fil-punt 197 iktar ’il fuq, EU:C:2011:620 , punt 55 u l-ġurisprudenza ċċitata). B’hekk, ma hijiex neċessarjament relazzjoni ta’ instigazzjoni fir-rigward tal-ksur bejn il-kumpannija parent u s-sussidjarja u lanqas ma huwa, iktar u iktar, involviment tal-ewwel waħda fl-imsemmi ksur, li jippermettu lill-Kummissjoni tindirizza d-deċiżjoni li timponi multi lill-kumpannija parent, iżda huwa l-fatt li l-kumpanniji kkonċernati jikkostitwixxu impriża waħda, fis-sens tal-Artikolu 101 TFUE (sentenza Elf Aquitaine vs Il-Kummissjoni, iċċitata fil-punt 197 iktar ’ il fuq, EU:C:2011:620 , punt 88). Għandu jiġi ppreċiżat li, skont din il-ġurisprudenza, il-Kummissjoni ma tistax sempliċement tikkonstata li impriża setgħet teżerċita tali influwenza determinanti fuq l-impriża l-oħra, mingħajr ma jkun meħtieġ li jiġi vverifikat jekk din l-influwenza kinitx effettivament eżerċitata. Għall-kuntrarju, minn din il-ġurisprudenza jirriżulta li, bħala prinċipju, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi tali influwenza determinanti fuq il-bażi ta’ sensiela ta’ elementi fattwali, fosthom, b’mod partikolari, l-eventwali setgħa tat-tmexxija ta’ waħda minn dawn l-impriżi fir-rigward tal-oħra (ara, f’dan is-sens, is-sentenzi tat-2 ta’ Ottubru 2003, Aristrain vs Il-Kummissjoni, C‑196/99 P, Ġabra, EU:C:2003:529 , punti 95 sa 99; tat-28 ta’ Ġunju 2005, Dansk Rørindustri et vs Il-Kummissjoni, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P sa C‑208/02 P u C‑213/02 P, Ġabra, EU:C:2005:408 , punti 118 sa 122, u tal-20 ta’ Marzu 2002, HFB et vs Il-Kummissjoni, T‑9/99, Ġabra, EU:T:2002:70 , punt 527). Madankollu, il-Qorti tal-Ġustizzja speċifikat li, fil-każ partikolari ta’ kumpannija parent li jkollha 100 % tal-kapital tas-sussidjarja tagħha li tkun wettqet ksur tar-regoli tal-kompetizzjoni tal-Unjoni, minn naħa, din il-kumpannija parent tista’ teżerċita influwenza determinanti fuq l-aġir ta’ din is-sussidjarja u, min-naħa l-oħra, teżisti preżunzjoni konfutabbli fis-sens li l-imsemmija kumpannija parent teżerċita effettivament tali influwenza (iktar ’il quddiem il-“preżunzjoni tal-eżerċizzju effettiv ta’ influwenza determinanti”) (ara s-sentenza Elf Aquitaine vs Il-Kummissjoni, iċċitata fil-punt 197 iktar ’il fuq, EU:C:2011:620 , punt 56 u l-ġurisprudenza ċċitata). F’dawn iċ-ċirkustanzi, huwa biżżejjed li l-Kummissjoni tipprova li l-kapital kollu ta’ sussidjarja jkun miżmum mill-kumpannija parent tagħha sabiex tapplika l-preżunzjoni li din tal-aħħar teżerċita effettivament influwenza determinanti fuq il-politika kummerċjali ta’ din is-sussidjarja. Sussegwentement, il-Kummissjoni tkun tista’ tqis li l-kumpannija parent hija responsabbli in solidum għall-ħlas tal-multa imposta fuq is-sussidjarja tagħha, sakemm din il-kumpannija parent, li fuqha jaqa’ l-kompitu li tirribatti din il-preżunzjoni, ma tipproduċix provi suffiċjenti sabiex turi li s-sussidjarja tagħha taġixxi b’mod awtonomu fis-suq (ara s-sentenza Elf Aquitaine vs Il-Kummissjoni, iċċitata fil-punt 197 iktar ’il fuq, EU:C:2011:620 , punt 57 u l-ġurisprudenza ċċitata). Għandu jiġi ppreċiżat li, għalkemm fil-ġurisprudenza tagħha l-Qorti tal-Ġustizzja semmiet, minbarra ż-żamma ta’ 100 % tal-kapital tas-sussidjarja, ċirkustanzi oħra, bħalma huma l-assenza ta’ kontestazzjoni tal-influwenza eżerċitata mill-kumpannija parent fuq il-politika kummerċjali tas-sussidjarja tagħha u r-rappreżentanza komuni taż-żewġ kumpanniji matul il-proċedura amministrattiva (sentenza tas-16 ta’ Novembru 2000, Stora Kopparbergs Bergslags vs Il-Kummissjoni, C‑286/98 P, Ġabra, EU:C:2000:630 , punti 28 u 29), xorta waħda jibqa’ l-fatt li l-Qorti tal-Ġustizzja ma indikatx tali ċirkustanzi bil-għan li tissuġġetta l-applikazzjoni tal-preżunzjoni għall-produzzjoni ta’ indizji supplimentari dwar l-eżerċizzju effettiv ta’ influwenza mill-kumpannija parent (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tal-10 ta’ Settembru 2009, Akzo Nobel et vs Il-Kummissjoni, C‑97/08 P, Ġabra, EU:C:2009:536 , punti 60 sa 62 u l-ġurisprudenza ċċitata). Fi kliem ieħor, sabiex tinvoka l-preżunzjoni tal-eżerċizzju effettiv ta’ influwenza determinanti f’każ partikolari, il-Kummissjoni ma hijiex meħtieġa tipproduċi indizji supplimentari għal dawk li juru l-applikabbiltà u n-natura effettiva ta’ din il-preżunzjoni (ara, f’dan is-sens, is-sentenza Elf Aquitaine vs Il-Kummissjoni, iċċitata fil-punt 197 iktar ’il fuq, EU:C:2011:620 , punt 63 u l-ġurisprudenza ċċitata). Madankollu, il-kumpannija parent li żżomm kważi l-kapital kollu tas-sussidjarja tagħha tinsab, bħala prinċipju, f’sitwazzjoni analoga għal dik ta’ proprjetarju esklużiv, fir-rigward tas-setgħa tagħha li teżerċita influwenza determinanti fuq l-aġir tas-sussidjarja tagħha, fid-dawl tal- konnessjonijiet ekonomiċi, organizzattivi u legali li jorbtuha ma’ din is-sussidjarja. Għaldaqstant, il-Kummissjoni għandha d-dritt li tapplika għal din is-sitwazzjoni l-istess regoli dwar il-prova, jiġifieri li tirrikorri għall-preżunzjoni li din il-kumpannija parent tagħmel użu effettiv mis-setgħa tagħha li teżerċita influwenza determinanti fuq l-aġir tal-kumpannija sussidjarja tagħha. Madankollu, ma huwiex eskluż li, f’ċerti każijiet, l-azzjonisti b’minorità jista’ jkollhom, fir-rigward tas-sussidjarja, drittijiet li jippermettu li tiġi kkontestata l-analoġija msemmija iktar ’il fuq (sentenza tat-30 ta’ Settembru 2009, Arkema vs Il-Kummissjoni, T‑168/05, EU:T:2009:367 , punt 53, ikkonfermata fl-appell permezz ta’ sentenza tad-29 ta’ Settembru 2011, Arkema vs Il-Kummissjoni, C‑520/09 P, Ġabra, EU:C:2011:619 ). Il-preżunzjoni tal-eżerċizzju effettiv ta’ influwenza determinanti hija intiża b’mod partikolari sabiex tilħaq bilanċ bejn, minn naħa, l-importanza tal-għan li jiġi ssanzjonat l-aġir kuntrarju għar-regoli tal-kompetizzjoni, b’mod partikolari għall-Artikolu 101 TFUE, u li tiġi evitata r-repetizzjoni ta’ tali aġir u, min-naħa l-oħra, l-importanza tar-rekwiżiti ta’ ċerti prinċipji ġenerali tad-dritt tal-Unjoni bħalma huma, b’mod partikolari, il-prinċipji ta’ preżunzjoni ta’ innoċenza, ta’ personalità tal-pieni u ta’ ċertezza legali kif ukoll id-drittijiet tad-difiża, inkluż il-prinċipju ta’ opportunitajiet ugwali għall-partijiet. Huwa, b’mod partikolari, għal din ir-raġuni li din il-preżunzjoni hija konfutabbli (sentenza Elf Aquitaine vs Il-Kummissjoni, iċċitata fil-punt 197 iktar ’il fuq, EU:C:2011:620 , punt 59). Barra minn hekk, għandu jitfakkar, minn naħa, li din il-preżunzjoni hija bbażata fuq il-konstatazzjoni li, ħlief ċirkustanzi kompletament eċċezzjonali, kumpannija li jkollha l-kapital kollu ta’ sussidjarja tista’, fid-dawl biss ta’ dan il-kapital, teżerċita influwenza determinanti fuq l-aġir ta’ din is-sussidjarja u, min-naħa l-oħra, li l-assenza ta’ eżerċizzju effettiv ta’ din is-setgħa ta’ influwenza tista’ normalment tiġi mistħarrġa, bl-iktar mod effettiv, fil-kuntest tal-entitajiet li kontrihom topera l-preżunzjoni (sentenza Elf Aquitaine vs Il-Kummissjoni, iċċitata fil-punt 197 iktar ’il fuq, EU:C:2011:620 , punt 60). F’dawn iċ-ċirkustanzi, li kieku jkun biżżejjed għal parti kkonċernata li tressaq sempliċi dikjarazzjonijiet mhux issostanzjati sabiex tegħleb din il-preżunzjoni, din tal-aħħar tkun estensivament imċaħħda mill-effettività tagħha (sentenza Elf Aquitaine vs Il-Kummissjoni, iċċitata fil-punt 197 iktar ’il fuq, EU:C:2011:620 , punt 61). Barra minn hekk, minn ġurisprudenza stabbilita jirriżulta li s-sempliċi fatt li l-kumpannija parent tkun kumpannija holding ma jistax ikun biżżejjed sabiex jiġi eskluż li kienet eżerċitat influwenza determinanti fuq l-imsemmija sussidjarja. Fil-fatt, fil-kuntest ta’ grupp ta’ kumpanniji, kumpannija holding, li tikkoordina b’mod partikolari l-investimenti finanzjarji fi ħdan il-grupp, hija kumpannija maħsuba sabiex tiġbor fi ħdanha l-holdings f’diversi kumpannija u għandha l-funzjoni li tiżgura l-unità fit-tmexxija tagħhom, b’mod partikolari permezz ta’ dan il-kontroll baġitarju (ara, f’dan is-sens, is-sentenzi tat-8 ta’ Ottubru 2008, Schunk u Schunk Kohlenstoff-Technik vs Il-Kummissjoni, T‑69/04, Ġabra, EU:T:2008:415 , punt 63; tat-13 ta’ Lulju 2011, Shell Petroleum et vs Il-Kummissjoni, T‑38/07, Ġabra, EU:T:2011:355 , punt 70 u l-ġurisprudenza ċċitata, u tad-29 ta’ Ġunju 2012, E.ON Ruhrgas u E.ON vs Il-Kummissjoni, T‑360/09, Ġabra, EU:T:2012:332 , punt 283). Sabiex jiġi evalwat jekk sussidjarja tiddeterminax b’mod awtonomu l-aġir tagħha fis-suq, għandhom jittieħdu inkunsiderazzjoni l-elementi rilevanti kollha li jirrigwardaw il-konnessjonijiet ekonomiċi, organizzattivi u legali bejn din is-sussidjarja u l-kumpannija parent, li jistgħu jvarjaw minn każ għal ieħor u li għalhekk ma jistgħux ikunu s-suġġett ta’ lista eżawrjenti (sentenza Akzo Nobel et vs Il-Kummissjoni, iċċitata fil-punt 203 iktar ’il fuq, EU:C:2009:536 punt 74). Din l-evalwazzjoni ma għandhiex tiġi llimitata biss għall-elementi li jirrigwardaw il-politika kummerċjali, fis-sens strett tal-kelma, tas-sussidjarja, bħalma hija l-istrateġija ta’ distribuzzjoni jew tal-prezzijiet. B’mod partikolari, il-preżunzjoni dwar l-eżerċizzju ta’ influwenza determinanti ma tistax tiġi kkonfutata sempliċement billi jintwera li hija s-sussidjarja li tiġġestixxi dawn l-aspetti speċifiċi tal-politika kummerċjali tagħha mingħajr ma tirċievi direttivi f’dan ir-rigward (ara s-sentenza tas-16 ta’ Ġunju 2011, FMC vs Il-Kummissjoni, T‑197/06, Ġabra, EU:T:2011:282 , punt 105 u l-ġurisprudenza ċċitata). Minn dan jirriżulta li l-awtonomija tas-sussidjarja ma tistax tiġi stabbilita sempliċement billi jintwera li din tmexxi b’mod awtonomu aspetti speċifiċi tal-politika tagħha dwar il-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti kkonċernati mill-ksur (sentenza FMC vs Il-Kummissjoni, iċċitata iktar ’il fuq, EU:T:2011:282 , punt 106). Bl-istess mod, peress li l-awtonomija tas-sussidjarja ma tiġix evalwata biss fir-rigward tal-aspetti tal-ġestjoni operazzjonali tal-impriża, il-fatt li s-sussidjarja qatt ma tkun implementat, favur il-kumpannija parent, politika ta’ informazzjoni speċifika fuq is-suq ikkonċernat ma jistax ikun biżżejjed sabiex juri l-awtonomija tagħha (sentenza FMC vs Il-Kummissjoni, iċċitata fil-punt 210 iktar ’il fuq, EU:T:2011:282 , punt 145). Barra minn hekk, il-fatt li mill-atti tal-proċess ma jirriżultax li l-kumpannija parent tat istruzzjonijiet lis-sussidjarja tagħha ma jistax jipprova li tali istruzzjonijiet ma eżistewx (ara s-sentenza Arkema vs Il-Kummissjoni, EU:T:2011:251 , iċċitata fil-punt 204 iktar ’il fuq, punt 118 u l-ġurisprudenza ċċitata). Għandu jitfakkar ukoll li l-qorti tal-Unjoni tqis li r-rappreżentazzjoni tal-kumpannija parent fil-korpi ta’ tmexxija tas-sussidjarja tagħha tikkostitwixxi prova rilevanti tal-eżerċizzju ta’ kontroll effettiv fuq il-politika kummerċjali ta’ din tal-aħħar (sentenza tas-27 ta’ Settembru 2012, Total vs Il-Kummissjoni, T‑344/06, EU:T:2012:479 , punt 73; ara wkoll, f’dan is-sens, is-sentenzi tas-26 ta’ April 2007, Bolloré et vs Il-Kummissjoni, T‑109/02, T‑118/02, T‑122/02, T‑125/02, T‑126/02, T‑128/02, T‑129/02, T‑132/02 u T‑136/02, Ġabra, EU:T:2007:115 , punt 137, u FMC vs Il-Kummissjoni, iċċitata fil-punt 210 iktar ’il fuq, EU:T:2011:282 , punt 150). Fl-aħħar nett, barra minn hekk, kumpannija parent tista’ titqies li hija responsabbli għal ksur imwettaq minn sussidjarja anki meta jkun hemm numru kbir ta’ kumpanniji operazzjonali fi grupp wieħed (sentenzi Limburgse Vinyl Maatschappij et vs Il-Kummissjoni, iċċitata fil-punt 149 iktar ’il fuq, EU:T:1999:80 , punt 989, u tas-27 ta’ Settembru 2012, Shell Petroleum et vs Il-Kummissjoni, T‑343/06, Ġabra, EU:T:2012:478 , punt 52). Fuq il-fondatezza tal-ewwel parti tar-raba’ motiv imressaq minn Socitrel u tal-ewwel u tat-tieni motivi mressqa minn Companhia Previdente Għandu jitfakkar li r-responsabbiltà ta’ Socitrel ġiet stabbilita għall-perijodu bejn is-7 ta’ April 1994 u d-19 ta’ Settembru 2002 u li r-responsabbiltà in solidum ta’ Companhia Previdente ġiet stabbilita għall-istess perijodu ta’ ksur. Madankollu, għandha ssir distinzjoni bejn, minn naħa, il-perijodu bejn is-7 ta’ April 1994 u d-29 ta’ Diċembru 1998, li fir-rigward tiegħu l-Kummissjoni qieset, essenzjalment, li hija kellha elementi li jistabbilixxu l-eżistenza ta’ influwenza determinanti minn Companhia Previdente fuq Socitrel, u, min-naħa l-oħra, il-perijodu bejn it-30 ta’ Diċembru 1998 u d-19 ta’ Settembru 2002, li fir-rigward tiegħu hija qieset li, fid-dawl tal-importanza tal-holding ta’ Companhia Previdente fil-kapital tas-sussidjarja tagħha, Socitrel, setgħet tapplika l-preżunzjoni tal-eżerċizzju effettiv ta’ influwenza determinanti. Ir-rikorrenti jsostnu, essenzjalment, l-ewwel nett, li r-responsabbiltà ta’ Companhia Previdente ma tistax tiġi stabbilita peress li l-ksur twettaq biss minn Socitrel u peress li ebda element ma jistabbilixxi li l-kumpannija parent kienet ipparteċipat fil-ksur jew saħansitra kienet taf bih, it-tieni nett, li l-Kummissjoni ma tistax tuża l-preżunzjoni tal-eżerċizzju effettiv ta’ influwenza determinanti peress li Companhia Previdente qatt ma kellha holding ta’ 100 % fil-kapital tas-sussidjarja tagħha, it-tielet nett, li, fi kwalunkwe każ, huma jressqu elementi li jikkonfutaw din il-preżunzjoni u, fl-aħħar lok, ir-raba’ nett, li, għall-perijodu bejn is-7 ta’ April 1994 u d-29 ta’ Diċembru 1998, il-Kummissjoni rreferiet biss għall-eżistenza ta’ “diversi rabtiet personali b’saħħithom” bejn Companhia Previdente u Socitrel u għall-fatt li ċerti diretturi, komuni għaż-żewġ kumpanniji, kienu jafu bl-akkordju, mingħajr madankollu ma ħadet inkunsiderazzjoni l-argumenti li dawn kienu ressqu sabiex juru l-assenza ta’ influwenza determinanti mill-kumpannija parent fuq is-sussidjarja tagħha. Madankollu, ebda wieħed minn dawn l-argumenti ma jista’ jintlaqa’. Ser jiġu eżaminati suċċessivament ir-responsabbiltà ta’ Companhia Previdente minħabba l-aġir li jikkostitwixxi ksur tas-sussidjarja tagħha, il-provi li jistabbilixxu l-eżerċizzju ta’ influwenza determinanti minn Companhia Previdente fuq Socitrel matul il-perijodu bejn is-7 ta’ April 1994 u d-29 ta’ Diċembru 1998, il-kwistjoni ta’ jekk il-Kummissjoni setgħetx tapplika l-preżunzjoni tal-eżerċizzju effettiv ta’ influwenza determinanti matul il-perijodu bejn it-30 ta’ Diċembru 1998 u d-19 ta’ Settembru 2002 u, fl-aħħar nett, id-diversi argumenti mressqa mir-rikorrenti intiżi kemm sabiex jistabbilixxu l-assenza ta’ eżerċizzju ta’ tali influwenza matul il-perijodu bejn is-7 ta’ April 1994 u d-29 ta’ Diċembru 1998 u kemm sabiex jikkonfutaw il-preżunzjoni tal-eżerċizzju effettiv ta’ tali influwenza fir-rigward tal-perijodu sussegwenti. – Fuq ir-responsabbiltà ta’ Companhia Previdente minħabba l-aġir li jikkostitwixxi ksur tas-sussidjarja tagħha Fir-rigward tal-allegata assenza ta’ responsabbiltà ta’ Companhia Previdente minħabba l-aġir li jikkostitwixxi ksur li huwa imputabbli biss lil Socitrel, għandu jitfakkar li, skont ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-Ġustizzja, imfakkra fil-punt 199 iktar ’il fuq, ma huwiex meħtieġ li jiġi stabbilit l-involviment personali tal-kumpannija parent fil-ksur sabiex din tkun id-destinatarja ta’ deċiżjoni li timponilha multa minħabba t-twettiq tal-imsemmi ksur. Għaldaqstant, l-argumenti tar-rikorrenti fis-sens li l-ksur ma jistax jiġi imputat lil Companhia Previdente minħabba li din ma hijiex hija stess l-awtur ta’ dan il-ksur ma jistgħux jintlaqgħu u, għalhekk, dan l-ilment għandu jiġi miċħud. – Fuq il-perijodu bejn is-7 ta’ April 1994 u d-29 ta’ Diċembru 1998 u dwar il-provi li jistabbilixxu l-eżerċizzju ta’ influwenza determinanti minn Companhia Previdente fuq Socitrel Għandu jitfakkar li, fid-deċiżjoni kkontestata, il-Kummissjoni, wara li kkunsidrat il-holding li l-kumpannija parent kellha fil-kapital tas-sussidjarja tagħha, irreferiet għall-eżistenza ta’ “diversi rabtiet personali b’saħħithom” bejn Companhia Previdente u Socitrel u għall-fatt li ċerti diretturi, komuni għaż-żewġ kumpanniji, kienu jafu bl-akkordju. Minn dan hija kkonkludiet li Companhia Previdente kienet teżerċita influwenza determinanti fuq Socitrel. Għandha tiġi eżaminata l-fondatezza ta’ kull wieħed minn dawn l-elementi. Fir-rigward tal-importanza tal-parteċipazzjoni ta’ Companhia Previdente fil-kapital ta’ Socitrel, minn naħa, għandu jiġi osservat li l-Kummissjoni sostniet li, skont id-dritt tal-kumpanniji Portugiż, azzjonist li jkollu iktar minn żewġ terzi tad-drittijiet ta’ vot f’kumpannija pubblika b’responsabbiltà limitata — bħalma hija Companhia Previdente, li kellha holding dirett ta’ 21.2 % fil-kapital ta’ Socitrel u ta’ 70 % fil-kapital ta’ Preside SGPS, li kellha 70.6 % tal-kapital ta’ Socitrel — igawdi, bħala prinċipju, minn kontroll totali fuq din il-kumpannija, sa fejn ikun jista’ japprova d-deliberazzjonijiet kollha, b’mod partikolari dawk dwar in-nomina tal-korp tat-tmexxija, tkun xi tkun l-istruttura tiegħu. Min-naħa l-oħra, hija speċifikat li tali sitwazzjoni setgħet tiġi evitata biss jekk ċerti dispożizzjonijiet tal-kuntratt ta’ kumpannija, jew ċerti regoli introdotti minn ftehimiet bejn l-azzjonisti, jipprevedu mod ieħor, sabiex tkun prevista l-possibbiltà li jiġu kkostitwiti minoranzi ta’ veto fir-rigward ta’ ċerti deċiżjonijiet strateġiċi. Issa, skontha, Socitrel la pprovat u lanqas biss allegat l-eżistenza ta’ xi dispożizzjoni ta’ dan it-tip. Meta sarulhom mistoqsijiet f’dan ir-rigward matul is-seduta, ir-rikorrenti ma kkontestawx dawn l-elementi. Għalhekk, għandu jiġi kkonstatat li Companhia Previdente kellha, matul il-perijodu kkonċernat, holding partikolarment kunsiderevoli fil-kapital tas-sussidjarja tagħha li kien jippermettilha teżerċita kontroll fuq id-deliberazzjonijiet kollha fi ħdanha. Fir-rigward tad-diretturi komuni, għandu jitqies id-dokument mibgħut minn Socitrel lill-Kummissjoni fid-29 ta’ Ġunju 2006 (paġni 19662 sa 19664 tal-fajl amministrattiv), li minnu jirriżulta li Socitrel u Companhia Previdente kellhom żewġ diretturi komuni fl-1995 (A. C. u P. B.), fl-1996 (L. D. u P. B.) u fl-1997 (L. D. u P. B.) kif ukoll tliet diretturi komuni fl-1998 (A. S., L. D. u L. F.). Issa, għandu jitfakkar li, skont il-ġurisprudenza mfakkra fil-punt 213 iktar ’il fuq, ir-rappreżentazzjoni tal-kumpannija parent fil-korpi ta’ tmexxija tas-sussidjarja tagħha tikkostitwixxi prova rilevanti tal-eżerċizzju ta’ kontroll effettiv fuq il-politika kummerċjali ta’ din tal-aħħar. Għandu jiġi enfasizzat ukoll li s-Sur P. B. ipparteċipa fil-laqgħat tal-akkordju bejn is-26 ta’ Awwissu 1993 u l-14 ta’ Mejju 1998. Min-naħa tiegħu, is-Sur L. F. ipparteċipa fil-laqgħat tal-akkordju bejn it-8 ta’ Settembru 1998 u t-30 ta’ Lulju 2002. Fl-aħħar nett, is-Sur A. S., li kien jippresjedi ż-żewġ kumpanniji bejn it-18 ta’ Settembru 1998 u l-aħħar tal-2002, ipparteċipa fil-laqgħat tal-akkordju bejn l-10 ta’ Diċembru 1998 u t-22 ta’ Mejju 2001. Dawn il-fatti ma humiex ikkontestati mir-rikorrenti. Għaldaqstant, dawn il-membri tal-bord tad-diretturi tal-kumpannija parent kienu debitament informati dwar l-aġir li jikkostitwixxi ksur tas-sussidjarja tagħha, peress li kienu pparteċipaw fih huma stess. – Fuq il-perijodu bejn it-30 ta’ Diċembru 1998 u d-19 ta’ Settembru 2002 u l-preżunzjoni tal-eżerċizzju effettiv ta’ influwenza determinanti mill-kumpannija parent fuq is-sussidjarja tagħha Matul is-seduta, ir-rikorrenti rrikonoxxew li, fid-dawl tal-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja mfakkra fil-punt 204 iktar ’il fuq, li ngħatat wara l-preżentata tar-rikors tagħhom kontra d-deċiżjoni inizjali, il-Kummissjoni setgħet tinvoka l-preżunzjoni tal-eżerċizzju ta’ influwenza determinanti minn Companhia Previdente fuq Socitrel, minkejja l-fatt li l-holding tal-kumpannija parent fil-kapital tas-sussidjarja tagħha kien inqas minn 100 %. Huma indikaw li, għalkemm kienu qegħdin jirrinunzjaw għall-argumenti tagħhom dwar dan il-punt, huma kienu qegħdin isostnu dawn l-argumenti sabiex jikkonfutaw l-imsemmija preżunzjoni. – Fuq l-elementi mressqa mir-rikorrenti intiżi kemm sabiex juru l-assenza ta’ influwenza determinanti matul il-perijodu bejn is-7 ta’ April 1994 u d-29 ta’ Diċembru 1998 u kemm sabiex jikkonfutaw il-preżunzjoni tal-eżerċizzju effettiv ta’ influwenza determinanti fir-rigward tal-perijodu bejn it-30 ta’ Diċembru 1998 u d-19 ta’ Settembru 2002 Ir-rikorrenti jqisu essenzjalment li, minkejja, minn naħa, id-daqs kunsiderevoli tal-holding ta’ Companhia Previdente fil-kapital tas-sussidjarja tagħha u l-eżistenza ta’ diretturi komuni matul l-ewwel perijodu u, min-naħa l-oħra, id-daqs saħansitra iktar kunsiderevoli tal-holding ta’ Companhia Previdente fil-kapital tas-sussidjarja tagħha matul it-tieni perijodu li jiġġustifika l-applikazzjoni tal-preżunzjoni tal-eżerċizzju effettiv ta’ influwenza determinanti, hemm diversi elementi li jindikaw l-assenza ta’ eżerċizzju ta’ influwenza determinanti minn Companhia Previdente fuq Socitrel. Preliminarjament, għandu jiġi miċħud qabel kollox l-ewwel ilment imressaq mir-rikorrenti u bbażat fuq l-argument li preżunzjoni bbażata fuq is-sempliċi żamma tal-kapital ta’ sussidjarja tikkostitwixxi probatio diabolica għall-kumpannija parent li tkun tixtieq tikkonfuta din il-preżunzjoni, sitwazzjoni li, f’dan ir-rigward, tikkostitwixxi ksur tal-prinċipju ta’ responsabbiltà personali u ta’ preżunzjoni ta’ innoċenza. Fil-fatt, għandu jitfakkar li l-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet li l-preżunzjoni tal-eżerċizzju effettiv ta’ influwenza determinanti hija intiża, b’mod partikolari, sabiex tilħaq bilanċ bejn l-importanza, minn naħa, tal-għan li jiġi ssanzjonat l-aġir kuntrarju għar-regoli tal-kompetizzjoni, b’mod partikolari għall-Artikolu 101 TFUE, u li tiġi evitata r-repetizzjoni ta’ tali aġir u, min-naħa l-oħra, tar-rekwiżiti ta’ ċerti prinċipji ġenerali tad-dritt tal-Unjoni bħalma huma, b’mod partikolari, il-prinċipji ta’ preżunzjoni ta’ innoċenza, ta’ personalità tal-pieni u ta’ ċertezza legali kif ukoll id-drittijiet tad-difiża, inkluż il-prinċipju ta’ opportunitajiet ugwali għall-partijiet. Huwa b’mod partikolari għal din ir-raġuni li din il-preżunzjoni hija konfutabbli (sentenza Elf Aquitaine vs Il-Kummissjoni, iċċitata fil-punt 197 iktar ’il fuq, EU:C:2011:620 , punt 59). Barra minn hekk, mill-ġurisprudenza jirriżulta li preżunzjoni, anki jekk diffiċli li tiġi kkonfutata, tibqa’ fil-limiti aċċettabbli sakemm tkun proporzjonata għall-għan leġittimu segwit, sakemm ikun hemm il-possibbiltà li titressaq il-prova kuntrarja u sakemm id-drittijiet tad-difiża jkunu żgurati (ara s-sentenza Elf Aquitaine vs Il-Kummissjoni, iċċitata fil-punt 197 iktar ’il fuq, EU:C:2011:620 , punt 62 u l-ġurisprudenza ċċitata). F’dan ir-rigward, għandhom jitressqu provi suffiċjenti ta’ natura li jistabbilixxu li s-sussidjarja aġixxiet b’mod awtonomu fis-suq (ara s-sentenza Elf Aquitaine vs Il-Kummissjoni, iċċitata fil-punt 197 iktar ’il fuq, EU:C:2011:620 , punt 57 u l-ġurisprudenza ċċitata). Madankollu, ir-rikorrent ma jistax jirribatti l-imsemmija preżunzjoni billi jressaq sempliċi affermazzjonijiet mhux issostanzjati (sentenza Elf Aquitaine vs Il-Kummissjoni, iċċitata fil-punt 197 iktar ’il fuq, EU:C:2011:620 , punt 61). Sabiex jiġi evalwat jekk sussidjarja tiddeterminax b’mod awtonomu l-aġir tagħha fis-suq, għandhom jittieħdu inkunsiderazzjoni l-elementi rilevanti kollha li jirrigwardaw il-konnessjonijiet ekonomiċi, organizzattivi u legali bejn din is-sussidjarja u l-kumpannija parent (sentenza Akzo Nobel et vs Il-Kummissjoni, iċċitata fil-punt 203 iktar ’il fuq, EU:C:2009:536 , punt 74). Issa, ebda wieħed mill-argumenti mressqa mir-rikorrenti ma jikkontradixxi t-teżi tal-Kummissjoni fis-sens li Companhia Previdente kienet teżerċita influwenza determinanti fuq Socitrel, matul il-perijodu bejn is-7 ta’ April 1994 u d-29 ta’ Diċembru 1998, u li, fid-dawl tad-daqs kunsiderevoli tal-holding tagħha fil-kapital ta’ Socitrel, l-eżerċizzju effettiv ta’ din l-influwenza determinanti seta’ jiġi preżunt, fir-rigward tal-perijodu bejn it-30 ta’ Diċembru 1998 u d-19 ta’ Settembru 2002. L-ewwel nett, il-fatt li Companhia Previdente hija kumpannija holding, minkejja li ma hijiex kumpannija operazzjonali, ma huwiex biżżejjed sabiex tingħeleb il-preżunzjoni tal-eżerċizzju effettiv ta’ influwenza determinanti (ara, f’dan is-sens, is-sentenzi Schunk u Schunk Kohlenstoff-Technik vs Il-Kummissjoni, iċċitata fil-punt 208 iktar ’il fuq, EU:T:2008:415 , punt 63; Shell Petroleum et vs Il-Kummissjoni, iċċitata fil-punt 208 iktar ’il fuq, EU:T:2011:355 , punt 70 u l-ġurisprudenza ċċitata; u E.ON Ruhrgas u E.ON vs Il-Kummissjoni, iċċitata fil-punt 208 iktar ’il fuq, EU:T:2012:332 , punt 283) u ma jimplika ebda trasferiment tal-oneru tal-prova, kif issostni b’mod żbaljat Socitrel. F’dan ir-rigward, il-fatt li l-kumpannija parent kienet biss tiġġestixxi l-holdings tagħha, fid-dawl tan-natura tal-kumpannija u tal-għan tagħha skont l-istatut tagħha, ma huwiex suffiċjenti, waħdu, sabiex jikkontesta t-teżi tal-Kummissjoni (ara, f’dan is-sens, is-sentenzi Schunk u Schunk Kohlenstoff-Technik vs Il-Kummissjoni, iċċitata fil-punt 280 iktar ’il fuq, EU:T:2008:415 , punt 70, u FMC vs Il-Kummissjoni, iċċitata fil-punt 210 iktar ’il fuq, EU:T:2011:282 , punt 130). Minn dan isegwi wkoll li l-fatt li Companhia Previdente u Socitrel kienu kumpannija b’personalità ġuridika differenti u kellhom azzjonisti u uffiċċji rreġistrati differenti ma għandu ebda rilevanza peress li fi kwalunkwe każ kienu jifformaw l-istess impriża waħda (ara, f’dan is-sens, is-sentenza Elf Aquitaine vs Il-Kummissjoni, iċċitata fil-punt 197 iktar ’il fuq, EU:C:2011:620 , punt 53 u l-ġurisprudenza ċċitata). Huwa kompletament irrilevanti l-argument tar-rikorrenti fis-sens li, skont id-dritt Portugiż, id-diretturi ta’ Companhia Previdente ma jirrappreżentawhiex meta jpoġġu fil-bord tad-diretturi tas-sussidjarja tagħha. Fil-fatt, għandu jitfakkar li kumpannija ma tistax tinvoka l-leġiżlazzjoni nazzjonali sabiex taħrab mir-regoli tal-Unjoni, peress li l-kunċetti ġuridiċi użati fid-dritt tal-Unjoni għandhom, bħala prinċipju, jiġu interpretati u applikati b’mod uniformi fl-Unjoni kollha (sentenzi tal-1 ta’ Frar 1972, Hagen, 49/71, Ġabra, EU:C:1972:6 , punt 6, u tas-27 ta’ Settembru 2012, Heijmans vs Il-Kummissjoni, T‑360/06, EU:T:2012:490 , punt 70). It-tieni nett, l-imputazzjoni tal-aġir li jikkostitwixxi ksur ta’ Socitrel lill-kumpannija parent tagħha ma teħtieġx il-prova li din tal-aħħar kienet influwenzat il-politika tas-sussidjarja tagħha fil-qasam speċifiku li kien is-suġġett tal-ksur (ara, f’dan is-sens, is-sentenza Shell Petroleum et vs Il-Kummissjoni, iċċitata fil-punt 208 iktar ’il fuq, EU:T:2011:355 , punt 70). Minn dan isegwi li l-fatt li l-kumpannija parent ma kinitx hija stess attiva fis-settur tal-azzar għall-prestressing lanqas ma huwa biżżejjed sabiex tingħeleb il-preżunzjoni tal-eżerċizzju effettiv ta’ influwenza determinanti, u dan iwassal sabiex jiġu miċħuda l-argumenti tar-rikorrenti dwar dan il-punt. It-tielet nett, skont ġurisprudenza stabbilita, il-fatt li Companhia Previdente kellha holdings f’diversi kumpanniji oħra attivi f’setturi oħra minbarra dak milqut mill-akkordju ma huwiex rilevanti (ara, f’dan is-sens, is-sentenzi Limburgse Vinyl Maatschappij et vs Il-Kummissjoni, iċċitata fil-punt 149 iktar ’il fuq, EU:T:1999:80 , punt 989, u Shell Petroleum et vs Il-Kummissjoni, iċċitata fil-punt 214 iktar ’il fuq, EU:T:2012:478 , punt 52). Ir-raba’ nett, għandu jiġi miċħud ukoll l-argument ta’ Socitrel fis-sens li hija kienet gawdiet awtonomija totali fir-rigward tal-istrateġija kummerċjali tagħha. Fil-fatt, minn naħa, il-preżunzjoni tal-eżerċizzju effettiv ta’ influwenza determinanti ma tistax tingħeleb sempliċement billi jintwera li Socitrel mexxiet il-politika kummerċjali tagħha fis-sens strett tal-kelma, bħall-istrateġija ta’ distribuzzjoni jew tal-prezzijiet, mingħajr ma rċeviet direttivi mingħand Companhia Previdente f’dan ir-rigward. Bl-istess mod, peress li l-awtonomija ta’ Socitrel ma għandhiex tiġi evalwata biss fid-dawl tal-aspetti tal-ġestjoni operazzjonali tal-impriża, il-fatt li s-sussidjarja qatt ma kienet implementat, favur il-kumpannija parent tagħha, politika ta’ informazzjoni speċifika fuq is-suq ikkonċernat ma jistax ikun biżżejjed sabiex juri l-awtonomija tagħha (ara, f’dan is-sens, is-sentenza FMC vs Il-Kummissjoni, iċċitata fil-punt 210 iktar ’il fuq, EU:T:2011:282 , punti 105 et seq u l-ġurisprudenza ċċitata). Min-naħa l-oħra, Socitrel sempliċement tressaq argumenti mingħajr madankollu ma tistabbilixxi r-realtà tagħhom. Issa, sempliċi allegazzjonijiet ma jistgħux ikunu suffiċjenti sabiex tingħeleb il-preżunzjoni tal-eżerċizzju effettiv ta’ influwenza determinanti (ara, f’dan is-sens, is-sentenza Elf Aquitaine vs Il-Kummissjoni, iċċitata fil-punt 197 iktar ’il fuq, EU:C:2011:620 , punt 61). Il-ħames nett, l-awtonomija li allegatament gawdiet minnha Socitrel minħabba l-kuntest storiku li fih Companhia Previdente akkwistat din il-kumpannija, li qabel kienet impriża tal-Istat, ma tistax tiġi dedotta minn dan is-sempliċi fatt, u lanqas mill-fatt li t-tmexxija eżekuttiva li kienet preżenti qabel baqgħet tmexxi l-impriża wara li kienet akkwistata. Għalhekk, dan l-argument għandu jiġi miċħud. Is-sitt nett, għandu jiġi speċifikat li, skont ġurisprudenza stabbilita, l-imputazzjoni lil impriża ta’ ksur tal-Artikolu 101 TFUE ma tirrikjedix azzjoni jew anki għarfien min-naħa tas-soċji jew tad-diretturi prinċipali tal-impriża kkonċernata minn dan il-ksur, iżda l-azzjoni ta’ persuna li hija awtorizzata taġixxi f’isem l-impriża (sentenzi tas-7 ta’ Ġunju 1983, Musique Diffusion française et vs Il-Kummissjoni, 100/80 sa 103/80, Ġabra, EU:C:1983:158 , punt 97, u tal-20 ta’ Marzu 2002, Brugg Rohrsysteme vs Il-Kummissjoni, T‑15/99, Ġabra, EU:T:2002:71 , punt 58). Għalhekk, il-fatt li Companhia Previdente ma kellhiex għarfien tal-aġir li jikkostitwixxi ksur tas-sussidjarja tagħha, jekk jitqies li huwa stabbilit, li ma huwiex il-każ, huwa fi kwalunkwe każ irrilevanti fir-rigward tal-possibbiltà li tiġi stabbilita r-responsabbiltà in solidum tagħha għall-aġir tas-sussidjarja tagħha. Bħala konklużjoni, għandu jiġi kkonstatat li r-rikorrenti baqgħu ma stabbilixxewx li Companhia Previdente ma kinitx eżerċitat influwenza determinanti fuq Socitrel u li din tal-aħħar kienet aġixxiet b’mod kompletament awtonomu fis-suq. Għaldaqstant, il-Kummissjoni kellha raġun meta stabbilixxiet ir-responsabbiltà in solidum ta’ Companhia Previdente kemm fir-rigward tal-perijodu bejn is-7 ta’ April 1994 u d-29 ta’ Diċembru 1998 u kemm fir-rigward tal-perijodu bejn it-30 ta’ Diċembru 1998 u d-19 ta’ Settembru 2002. Għaldaqstant, għandhom jiġu miċħuda kemm l-ewwel parti tar-raba’ motiv imressaq minn Socitrel u kemm l-ewwel żewġ motivi mressqa minn Companhia Previdente. Fuq it-tieni u t-tielet partijiet tar-raba ’ motiv imressaq minn Socitrel u fuq l-ewwel u t-tieni partijiet tat-tielet motiv imressaq minn Companhia Previdente, ippreżentati b’mod sussidjarju u b’mod iktar sussidjarju u bbażati, minn naħa, fuq it-teħid inkunsiderazzjoni b’mod żbaljat tad-dħul mill-bejgħ ta ’ Emesa, ta ’ Galycas u ta ’ ITC fil-kalkolu tal-limitu massimu ta ’ 10 % u, min-naħa l-oħra, fuq it-teħid inkunsiderazzjoni b’mod żbaljat tad-dħul mill-bejgħ tas-sena 2009 ta ’ Companhia Previdente Tfakkir tad-deċiżjoni kkontestata Għall-finijiet tal-kalkolu tal-limitu massimu ta’ 10 % previst fl-Artikolu 23 tar-Regolament Nru 1/2003, il-Kummissjoni, wara li ċaħdet l-allegazzjonijiet tar-rikorrenti, ħadet inkunsiderazzjoni d-dħul mill-bejgħ tal-grupp ikkostitwit minn Companhia Previdente u mis-sussidjarji tagħha kollha għas-sena 2009, inklużi Emesa, Galycas u ITC, li kienu nxtraw minn Companhia Previdente fl-2004 u fl-2005 (premessi 1059, 1061, 1062, u 1063 sa 1069 tad-deċiżjoni kkontestata). Tfakkir tal-prinċipji It-tieni subparagrafu tal-Artikolu 23(2) tar-Regolament Nru 1/2003 jipprovdi li, “[g]ħal kull impriża u assoċjazzjoni ta’ l-impriża li qed jipparteċipaw fil-ksur, il-multi mhux ser jaqbżu l-10 % tat-total ta’ valur tal-bejgħ fis-sena k[u]mmerċjali preċedenti”. Il-limitu massimu ta’ 10 % tad-dħul mill-bejgħ, fis-sens ta’ din id-dispożizzjoni, għandu jiġi kkalkolat fuq il-bażi tad-dħul mill-bejgħ akkumulat tal-kumpanniji kollha li jikkostitwixxu l-entità ekonomika li taġixxi bħala impriża fis-sens tal-Artikolu 101 TFUE (ara, f’dan is-sens, is-sentenzi tas-26 ta’ Novembru 2013, Groupe Gascogne vs Il-Kummissjoni, C‑58/12 P, EU:C:2013:770 , punt 56, u HFB et vs Il-Kummissjoni, iċċitata fil-punt 200 iktar ’il fuq, EU:T:2002:70 , punt 528). Fil-fatt, dan il-limitu massimu tal-ammont tal-multa huwa maħsub sabiex tiġi evitata l-impożizzjoni ta’ multi li fir-rigward tagħhom ikun jista’ jiġi previst li l-impriżi, fid-dawl tad-daqs tagħhom kif iddeterminat, anki jekk b’mod approssimattiv u imperfett, permezz tad-dħul mill-bejgħ globali tagħhom, ma humiex ser ikunu f’pożizzjoni li jħallsu. Għalhekk, dan huwa limitu, applikabbli b’mod uniformi għall-impriżi kollha u espress skont id-daqs ta’ kull waħda minnhom, li huwa intiż sabiex jiġu evitati multi ta’ livell eċċessiv u sproporzjonat (ara s-sentenza Groupe Gascogne vs Il-Kummissjoni, iċċitata fil-punt 259 iktar ’il fuq, EU:C:2013:770 , punt 48 u l-ġurisprudenza ċċitata). Madankollu, dan l-għan għandu jiġi kkunsidrat flimkien mal-intenzjoni li l-multa jkollha natura dissważiva suffiċjenti, li tiġġustifika t-teħid inkunsiderazzjoni tad-daqs u tas-saħħa ekonomika tal-impriża kkonċernata, jiġifieri tar-riżorsi globali tal-awtur tal-ksur (ara s-sentenza Groupe Gascogne vs Il-Kummissjoni, iċċitata fil-punt 259 iktar ’il fuq, EU:C:2013:770 , punt 49 u l-ġurisprudenza ċċitata). Fil-fatt, huwa l-impatt mixtieq fuq l-impriża kkonċernata li jiġġustifika t-teħid inkunsiderazzjoni tad-daqs u tar-riżorsi globali ta’ din l-impriża sabiex jiġi żgurat li l-multa jkollha effett dissważiv suffiċjenti, u dan sa fejn is-sanzjoni ma għandhiex tkun negliġibbli fid-dawl, b’mod partikolari, tal-kapaċità finanzjarja ta’ din l-impriża (ara s-sentenza Groupe Gascogne vs Il-Kummissjoni, iċċitata fil-punt 259 iktar ’il fuq, EU:C:2013:770 , punt 50 u l-ġurisprudenza ċċitata). F’dawn iċ-ċirkustanzi, meta jkunu qegħdin jiġu evalwati r-riżorsi finanzjarji ta’ impriża li lilha jiġi imputat ksur tar-regoli tal-kompetizzjoni tad-dritt tal-Unjoni, jidher iġġustifikat li jittieħed inkunsiderazzjoni d-dħul mill-bejgħ tal-kumpanniji kollha li fir-rigward tagħhom l-impriża kkonċernata tgawdi mill-possibbiltà li teżerċita influwenza determinanti (sentenza Groupe Gascogne vs Il-Kummissjoni, iċċitata fil-punt 259 iktar ’il fuq, EU:C:2013:770 , punt 51). Għall-kuntrarju, jekk l-unità ekonomika kkostitwita mill-impriża ma tkunx għadha teżisti bejn il-mument li fih ikun intemm il-ksur u l-mument li fih tkun adottata d-deċiżjoni li timponi multa, kull destinatarju tad-deċiżjoni għandu d-dritt li fir-rigward tiegħu jiġi applikat, b’mod individwali, il-limitu massimu inkwistjoni (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tal-15 ta’ Ġunju 2005, Tokai Carbon et vs Il-Kummissjoni, T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 u T‑91/03, EU:T:2005:220 , punt 390). Barra minn hekk, fir-rigward tad-determinazzjoni tas-“sena k[u]mmerċjali preċedenti”, fis-sens tal-Artikolu 23(2) tar-Regolament Nru 1/2003, mill-ġurisprudenza jirriżulta li, fis-sitwazzjonijiet fejn ma jkun hemm ebda indikazzjoni li impriża waqqfet l-attivitajiet kummerċjali tagħha jew tat indikazzjonijiet qarrieqa dwar id-dħul mill-bejgħ tagħha sabiex tevita l-impożizzjoni ta’ multa sostanzjali, għandu jitqies li l-Kummissjoni hija obbligata tiffissa l-limitu massimu tal-multa fid-dawl tal-iktar dħul mill-bejgħ reċenti li jirrifletti sena sħiħa ta’ attività ekonomika (sentenza tad-29 ta’ Novembru 2005, Britannia Alloys & Chemicals vs Il-Kummissjoni, T‑33/02, Ġabra, EU:T:2005:428 , punt 49). Il-Qorti Ġenerali ddeċidiet ukoll li l-Kummissjoni ma għandhiex is-setgħa arbitrarja li tapplika l-limitu massimu ta’ 10 % għas-snin kummerċjali preċedenti għas-sena kummerċjali li tippreċedi d-data tal-adozzjoni tad-deċiżjoni. Il-Kummissjoni tista’ tuża tali sena kummerċjali preċedenti biss f’ċirkustanzi eċċezzjonali meta, pereżempju, l-impriża kkonċernata ma tkun iġġenerat ebda dħul mill-bejgħ matul is-sena li tippreċedi l-adozzjoni tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni. Barra minn hekk, il-Kummissjoni ma għandhiex, lanqas f’tali każ, marġni ta’ diskrezzjoni wiesa’ fl-għażla tas-sena kummerċjali li għandha tuża sabiex tiffissa l-limitu massimu tal-multa. Fil-fatt, il-Kummissjoni hija obbligata tirreferi għall-aħħar sena kummerċjali sħiħa li tirrifletti sena sħiħa ta’ attivitajiet ekonomiċi normali (ara, f’dan is-sens, is-sentenza Britannia Alloys & Chemicals vs Il-Kummissjoni, iċċitata fil-punt 265 iktar ’il fuq, EU:T:2005:428 , punti 39 sa 42 u 74). B’hekk, għalkemm mill-ġurisprudenza jirriżulta li, għall-finijiet tal-kalkolu tal-limitu massimu tal-multa previst fl-Artikolu 23(2) tar-Regolament Nru 1/2003, il-Kummissjoni għandha, bħala prinċipju, tieħu inkunsiderazzjoni d-dħul mill-bejgħ iġġenerat mill-impriża kkonċernata matul l-aħħar sena sħiħa fid-data tal-adozzjoni tad-deċiżjoni li timponi l-multa (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tas-7 ta’ Ġunju 2007, Britannia Alloys & Chemicals vs Il-Kummissjoni, C‑76/06 P, Ġabra, EU:C:2007:326 , punt 32), mill-kuntest u mill-għanijiet segwiti mil-leġiżlazzjoni li tagħmel parti minnha l-imsemmija dispożizzjoni jirriżulta, madankollu, li, meta d-dħul mill-bejgħ tas-sena kummerċjali li tippreċedi l-adozzjoni tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni ma jkunx jirrappreżenta sena sħiħa ta’ attività ekonomika normali matul perijodu ta’ tnax-il xahar u, għalhekk, ma jagħti ebda indikazzjoni utli dwar is-sitwazzjoni ekonomika reali tal-impriża kkonċernata u l-livell adegwat tal-multa li għandha tiġi imposta fuqha, l-imsemmi dħul mill-bejgħ ma jkunx jista’ jittieħed inkunsiderazzjoni għall-finijiet tad-determinazzjoni tal-limitu massimu tal-multa. F’dan il-każ tal-aħħar, li jirriżulta biss f’ċirkustanzi eċċezzjonali, il-Kummissjoni hija obbligata tirreferi, għall-finijiet tal-kalkolu tal-limitu massimu tal-multa, għall-aħħar sena kummerċjali sħiħa li tirrifletti sena sħiħa ta’ attività ekonomika normali (sentenza tat-12 ta’ Diċembru 2012, 1. garantovaná vs Il-Kummissjoni, T‑392/09, EU:T:2012:674 , punt 86, ikkonfermata fl-appell permezz ta’ sentenza tal-15 ta’ Mejju 2014, 1. garantovaná vs Il-Kummissjoni, C‑90/13 P, EU:C:2014:326 ). F’dan ir-rigward, għandu jiġi speċifikat li r-riferiment, fil-ġurisprudenza, għal “sena sħiħa ta’ attività ekonomika normali” huwa intiż li jeskludi t-teħid inkunsiderazzjoni ta’ sena li matulha l-impriża kkonċernata kienet qiegħda fil-proċess li twaqqaf l-operazzjonijiet tagħha, għalkemm ma tkunx għadha waqqfet l-attivitajiet ekonomiċi tagħha kollha u, b’mod iktar ġenerali, ta’ sena li matulha l-aġir tal-impriża kkonċernata fis-suq ma kienx jikkorrispondi għal dak ta’ impriża li teżerċita attività ekonomika f’kundizzjonijiet normali. Għall-kuntrarju, is-sempliċi fatt li d-dħul mill-bejgħ jew il-profitti ġġenerati matul sena partikolari jkunu ferm sinjifikattivament inqas jew iktar minn dawk iġġenerati matul snin preċedenti ma jfissirx li s-sena inkwistjoni ma tikkostitwixxix sena sħiħa ta’ attività ekonomika normali (sentenza tat-12 ta’ Diċembru 2012, Almamet vs Il-Kummissjoni, T‑410/09, EU:T:2012:676 , punt 253). Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti Ġenerali Ir-rikorrenti jsostnu, essenzjalment, li l-Kummissjoni żbaljat, minn naħa, meta ħadet inkunsiderazzjoni d-dħul mill-bejgħ ta’ Emesa, ta’ Galycas u ta’ ITC fil-kalkolu tal-limitu massimu ta’ 10 % u, min-naħa l-oħra, meta ħadet inkunsiderazzjoni, f’dan ir-rigward, id-dħul mill-bejgħ tas-sena 2009 ta’ Companhia Previdente. Madankollu, dan l-argument ma jistax jintlaqa’. Minn naħa, fir-rigward tas-sena kummerċjali li għandha tittieħed inkunsiderazzjoni għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-limitu massimu ta’ 10 %, il-Kummissjoni kellha tirreferi għad-dħul mill-bejgħ totali tas-sena 2009 fir-rigward ta’ Companhia Previdente, konformement mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 23(2) tar-Regolament Nru 1/2003, mingħajr ma kien hemm lok li jitqiesu l-eventwali żidiet jew tnaqqis f’dan id-dħul mill-bejgħ fir-rigward tad-data meta waqaf il-ksur, u dan sa fejn Companhia Previdente ma kinitx tinsab, fil-fatt, f’sitwazzjoni eċċezzjonali li tippermetti deroga għal din ir-regola fis-sens tal-ġurisprudenza tal-Qorti Ġenerali u tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-kawża Britannia Alloys & Chemicals vs Il-Kummissjoni (ara l-punt 266 iktar ’il fuq). L-argument tar-rikorrenti dwar dan il-punt, l-istess bħal dak ibbażat fuq it-tul tal-proċedura amministrattiva, għandu għaldaqstant jiġi miċħud. Min-naħa l-oħra, il-Kummissjoni kellha tikkalkola l-limitu massimu ta’ 10 % tad-dħul mill-bejgħ, fis-sens tal-Artikolu 23(2) tar-Regolament Nru 1/2003, fuq il-bażi tad-dħul mill-bejgħ akkumulat tal-kumpanniji kollha li jikkostitwixxu l-entità ekonomika li taġixxi bħala impriża, skont il-ġurisprudenza mfakkra fil-punt 263 iktar ’il fuq. Għaldaqstant, hija kellha tieħu inkunsiderazzjoni, għal dan il-għan, id-dħul mill-bejgħ ta’ Emesa, ta’ Galycas u ta’ ITC, li kienu jagħmlu parti mill-grupp Companhia Previdente fl-2009, u għalhekk il-multa imposta fuq ir-rikorrenti ma hijiex sproporzjonata minħabba f’hekk. Mill-bqija, għandu jiġi kkonstatat, kif tenfasizza l-Kummissjoni, li Companhia Previdente nżammet responsabbli in solidum biss għall-aġir ta’ Socitrel, li kienet sussidjarja ta’ Companhia Previdente fil-mument li fih twettaq il-ksur, u mhux fir-rigward tal-multa imposta fuq Emesa, Galycas u ITC, li dak iż-żmien ma kinux jappartjenu lil Companhia Previdente. Għaldaqstant, għandhom jiġu miċħuda t-tieni u t-tielet partijiet tar-raba’ motiv imressaq minn Socitrel u l-ewwel u t-tieni partijiet tat-tielet motiv imressaq minn Companhia Previdente. 5. Fuq il-ħames motiv imressaq minn Socitrel, ibbażat fuq ksur tal-prinċipji ta ’ proporzjonalità u ta ’ aspettattivi leġittimi fl-applikazzjoni tal-punti 13 u 22 tal-Linji gwida tal-2006 kif ukoll fuq nuqqas ta ’ motivazzjoni Tfakkir tal-prinċipji Għandu jitfakkar li, skont ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-Ġustizzja, sabiex jiġu ddeterminati l-ammonti tal-multi, għandhom jittieħdu inkunsiderazzjoni t-tul tal-ksur u l-elementi kollha ta’ natura li jagħmlu parti mill-evalwazzjoni tal-gravità tal-ksur (ara s-sentenzi tal-11 ta’ Lulju 2013, Gosselin Group vs Il-Kummissjoni, C‑429/11 P, EU:C:2013:463 , punt 88 u l-ġurisprudenza ċċitata, u Team Relocations et vs Il-Kummissjoni, C‑444/11 P, EU:C:2013:464 , punt 98 u l-ġurisprudenza ċċitata). F’dan ir-rigward, minn ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-Ġustizzja jirriżulta li l-gravità tal-ksur tad-dritt tal-kompetizzjoni tal-Unjoni għandha tiġi stabbilita fid-dawl ta’ numru kbir ta’ elementi, bħalma huma, b’mod partikolari, iċ-ċirkustanzi partikolari tal-kawża, il-kuntest tagħha u l-portata dissważiva tal-multa, u dan mingħajr ma hija stabbilita lista vinkolanti jew eżawrjenti ta’ kriterji li għandhom jittieħdu inkunsiderazzjoni b’mod obbligatorju (ara s-sentenzi Gosselin Group vs Il-Kummissjoni, iċċitata fil-punt 277 iktar ’il fuq, EU:C:2013:463 , punt 89 u l-ġurisprudenza ċċitata, u Team Relocations et vs Il-Kummissjoni, iċċitata fil-punt 277 iktar ’il fuq, EU:C:2013:464 , punt 99 u l-ġurisprudenza ċċitata). Fost l-elementi ta’ natura li jagħmlu parti mill-evalwazzjoni tal-gravità tal-ksur, jinsabu l-aġir ta’ kull waħda mill-impriżi, ir-rwol li kellha kull waħda minnhom fl-istabbiliment tal-akkordju, il-vantaġġ li dawn setgħu siltu minnu, id-daqs tagħhom u l-valur tal-merkanzija kkonċernata, kif ukoll ir-riskju li ksur ta’ dan it-tip jirrappreżenta għall-għanijiet tal-Unjoni (ara s-sentenzi tat-12 ta’ Novembru 2009, Carbone-Lorraine vs Il-Kummissjoni, C‑554/08 P, EU:C:2009:702 , punt 43 u l-ġurisprudenza ċċitata; Gosselin Group vs Il-Kummissjoni, iċċitata fil-punt 277 iktar ’il fuq, EU:C:2013:463 , punt 90 u l-ġurisprudenza ċċitata, u Team Relocations et vs Il-Kummissjoni, iċċitata fil-punt 277 iktar ’il fuq, EU:C:2013:464 , punt 100 u l-ġurisprudenza ċċitata). Minn ġurisprudenza stabbilita jirriżulta wkoll li l-fatt li impriża ma tkunx ipparteċipat fl-elementi kollha li jikkostitwixxu akkordju jew li kellha rwol minuri fl-aspetti li fihom ipparteċipat ma huwiex rilevanti sabiex tiġi stabbilita l-eżistenza ta’ ksur fir-rigward tagħha. Issa, għalkemm, jekk ikun il-każ, il-portata limitata tal-parteċipazzjoni tal-impriża kkonċernata ma tistax għalhekk iddaħħal inkwistjoni r-responsabbiltà personali tagħha fir-rigward tal-ksur kollu, tali portata limitata hija xorta waħda ta’ natura li jkollha impatt fuq l-evalwazzjoni tal-portata u tal-gravità tal-ksur u, għalhekk, fuq id-determinazzjoni tal-livell tas-sanzjoni (ara, f’dan is-sens, is-sentenzi tat-8 ta’ Lulju 1999, Il-Kummissjoni vs Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Ġabra, EU:C:1999:356 , punt 90; tas-7 ta’ Jannar 2004, Aalborg Portland et vs Il-Kummissjoni, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P u C‑219/00 P, Ġabra, EU:C:2004:6 , punt 86; Dansk Rørindustri et vs Il-Kummissjoni, iċċitata fil-punt 200 iktar ’il fuq, EU:C:2005:408 , punt 145). B’hekk, ġie deċiż li l-Kummissjoni hija marbuta tieħu inkunsiderazzjoni, fl-evalwazzjoni tal-gravità relattiva tal-parteċipazzjoni f’akkordju ta’ kull parti li tkun wettqet il-ksur, il-fatt li wħud minn dawn il-partijiet, jekk ikun il-każ, ma humiex miżmuma responsabbli, fis-sens tas-sentenza Il-Kummissjoni vs Anic Partecipazioni, iċċitata fil-punt 280 iktar ’il fuq ( EU:C:1999:356 , punt 87), għall-aspetti kollha ta’ dan l-akkordju (sentenza tad-19 ta’ Mejju 2010, Chalkor vs Il-Kummissjoni, T‑21/05, Ġabra, EU:T:2010:205 , punt 100). Fir-rigward tal-prinċipju ta’ proporzjonalità, għandu jitfakkar li dan jeżiġi li l-atti tal-istituzzjonijiet ma jaqbżux il-limiti ta’ dak li huwa xieraq u neċessarju sabiex jintlaħaq l-għan mixtieq. Fil-kuntest tal-kalkolu tal-ammont tal-multi, il-gravità tal-ksur għandha tiġi stabbilita skont diversi elementi u ebda wieħed minn dawn l-elementi ma għandu jingħata importanza sproporzjonata meta mqabbel mal-elementi l-oħra tal-evalwazzjoni. F’dan il-kuntest, il-prinċipju ta’ proporzjonalità jimplika li l-Kummissjoni għandha tiffissa l-multa b’mod proporzjonali għall-elementi meħuda inkunsiderazzjoni sabiex tiġi evalwata l-gravità tal-ksur u li f’dan ir-rigward hija għandha tapplika dawn l-elementi b’mod koerenti u oġġettivament ġustifikat (ara s-sentenzi tas-27 ta’ Settembru 2006, Jungbunzlauer vs Il-Kummissjoni, T‑43/02, Ġabra, EU:T:2006:270 , punti 226 sa 228 u l-ġurisprudenza ċċitata, u tat-28 ta’ April 2010, Gütermann u Zwicky vs Il-Kummissjoni, T‑456/05 u T‑457/05, Ġabra, EU:T:2010:168 , punt 264 u l-ġurisprudenza ċċitata). Fl-aħħar nett, skont ġurisprudenza stabbilita, il-prinċipju ta’ ugwaljanza fit-trattament jeżiġi li sitwazzjonijiet komparabbli ma jiġux ittrattati b’mod differenti u li sitwazzjonijiet differenti ma jiġux ittrattati bl-istess mod, sakemm tali trattament ma jkunx oġġettivament iġġustifikat (ara s-sentenza tat-3 ta’ Mejju 2007, Advocaten voor de Wereld, C‑303/05, Ġabra, EU:C:2007:261 , punt 56 u l-ġurisprudenza ċċitata). Fuq il-fondatezza tal-ħames motiv L-ewwel nett, Socitrel issostni li, billi kienet suġġetta għal rata ta’ gravità ta’ 18 % — u għal ammont addizzjonali għall-finijiet tad-dissważjoni bbażat fuq l-istess perċentwali —, hija kienet ittrattata b’mod kważi identiku għal Emesa u għal Tycsa, li kienu suġġetti għal rata ta’ 19 %, meta l-ksur imwettaq minnha kien sinjifikattivament inqas kunsiderevoli mill-ksur imwettaq minn dawn iż-żewġ impriżi l-oħra. It-tieni nett, Socitrel issostni, essenzjalment, li l-Kummissjoni naqset milli tieħu inkunsiderazzjoni, fid-determinazzjoni tar-rata tal-gravità, sensiela ta’ fatturi li kienu speċifiċi għaliha, fosthom il-fatt li hija kienet impriża żgħira ta’ natura familjari, li din kienet l-ewwel darba li hija pparteċipat f’akkordju, li l-parteċipazzjoni tagħha kienet biss inċidentali u li, minħabba l-konoxxenzi legali u ekonomiċi limitati tagħha, dovuti għad-daqs żgħir tagħha, kien iktar diffiċli għaliha li tistma l-konsegwenzi tal-aġir tagħha. Fl-aħħar nett, hija tqis li d-deċiżjoni hija vvizzjata b’nuqqas ta’ motivazzjoni sa fejn ma tistax tifhem ir-raġunijiet li mmotivaw id-determinazzjoni tar-rata tal-gravità u tal-ammont addizzjonali. Madankollu, dawn l-argumenti ma jistgħux jintlaqgħu. L-ewwel nett, għandu jitfakkar li l-Kummissjoni, fid-deċiżjoni kkontestata (premessa 953), stabbilixxiet tliet kategoriji għall-finijiet tad-determinazzjoni tar-rata tal-gravità, billi bbażat ruħha fuq in-natura tal-ksur imwettaq (premessi 939 sa 945), fuq is-sehem tas-suq ikkunsidrat flimkien (premessa 946) u fuq id-dimensjoni ġeografika tal-akkordju (premessi 947 sa 949): — kategorija ta’ 16 %, li tikkonċerna biss lil Fundia u li hija ġġustifikata mill-fatt li din l-impriża pparteċipat biss fil-“koordinazzjoni” dwar Addtek (premessa 939); — kategorija ta’ 18 %, rata li hija ġġustifikata fuq il-bażi ta’ żewġ kriterji: il-parteċipazzjoni fil-club España biss u l-għarfien tardiv tad-dimensjoni pan-Ewropea tal-akkordju; Socitrel tinsab f’din il-kategorija (premessa 949); — kategorija ta’ 19 %, li fiha jinsabu l-impriżi l-oħra kollha li pparteċipaw fl-akkordju (premessa 953). Għandu jiġi kkonstatat li Emesa u Tycsa pparteċipaw b’mod attiv fil-club Zurich (mill-1992 għall-ewwel waħda u mill-1993 għat-tieni waħda) u fil-club Europe, filwaqt li Socitrel ma pparteċipat fl-ebda wieħed minn dawn il-clubs, punt li ttieħed inkunsiderazzjoni mill-Kummissjoni. Għalkemm huwa minnu li d-differenza bejn ir-rati tal-kategoriji rispettivi li fihom jaqgħu Emesa u Tycsa, minn naħa, u Socitrel, min-naħa l-oħra, hija żgħira, għandu jitfakkar li, skont il-punt 21 tal-Linji gwida tal-2006, il-proporzjon tal-valur tal-bejgħ meħud inkunsiderazzjoni jista’ jilħaq it-30 % u li, skont il-punt 23 ta’ dawn il-Linji gwida, il-ftehimiet orizzontali dwar iffissar ta’ prezzijiet, qsim tas-suq u limitazzjoni ta’ produzzjoni, li ġeneralment ikunu sigrieti, huma, minħabba n-natura tagħhom stess, fost l-iktar restrizzjonijiet gravi tal-kompetizzjoni u, fil-kuntest tal-politika tal-kompetizzjoni, għandhom jiġu ssanzjonati b’mod sever. Għaldaqstant, il-proporzjon tal-bejgħ meħud inkunsiderazzjoni fir-rigward ta’ tali ksur ser ikun ġeneralment lejn il-parti għolja tal-iskala. Issa, għandu jiġi kkonstatat, f’dan il-każ, li, fid-dawl tan-natura tal-ksur imfakkra fil-premessa 939 tad-deċiżjoni kkontestata (qsim tas-suq/iffissar ta’ kwoti, attribuzzjoni ta’ klijentela u ffissar orizzontali ta’ prezzijiet), ir-rata tal-gravità stabbilita mill-Kummissjoni fir-rigward tal-kategorija li wettqet il-ksur tinsab fil-baxx tal-parti għolja tal-iskala (minn 15 sa 30 %), u dan iwassal sabiex id-differenza fil-konfront ta’ kategorija oħra li wettqet ksur ikkaratterizzat ukoll minn ftehimiet orizzontali ta’ ffissar ta’ prezzijiet, ta’ qsim tas-suq u ta’ limitazzjoni ta’ produzzjoni tkun waħda żgħira. Barra minn hekk, għandu jiġi kkonstatat ukoll li d-distinzjoni magħmula mill-Kummissjoni bejn il-kategorija li jaqgħu fiha b’mod partikolari Emesa u Tycsa, minn naħa, u dik li jaqgħu fiha Socitrel, Fapricela u Proderac, min-naħa l-oħra, hija bbażata fuq elementi oġġettivi. Għaldaqstant, Socitrel ma tistax, billi tibbaża ruħha biss fuq din id-differenza żgħira bejn iż-żewġ rati ta’ gravità stabbiliti mill-Kummissjoni, tinvoka ksur tal-ugwaljanza fit-trattament. It-tieni nett, Socitrel issostni li l-parteċipazzjoni tagħha kienet limitata għall-peniżola Iberika. Issa, għandu jiġi kkonstatat li l-Kummissjoni ħadet debitament dan l-element inkunsiderazzjoni meta kkunsidrat, fir-rigward tal-valur tal-bejgħ, il-valur tal-bejgħ imwettaq minn Socitrel fil-peniżola Iberika biss (premessa 949 tad-deċiżjoni kkontestata). It-tielet nett, Socitrel issostni li r-rwol minuri tagħha ma tteħidx inkunsiderazzjoni. Hija ssostni wkoll li hija kellha biss rwol periferiku fi ħdan l-akkordju u mhux rwol attiv, b’differenza minn impriżi Iberiċi oħra bħalma huma Tycsa u Emesa. Għandu jitfakkar li r-rwol minuri li seta’ kellha impriża fl-akkordju jikkostitwixxi ċirkustanza attenwanti, li tiġi evalwata b’mod distint mill-gravità oġġettiva tal-ksur bħala tali. Għaldaqstant, l-argumenti ta’ Socitrel dwar dan il-punt għandhom jiġu miċħuda u, mill-bqija, għandu jsir riferiment għal-argumenti mressqa speċifikament minn Socitrel f’dan ir-rigward fil-kuntest tas-sitt motiv. Ir-raba’ nett, fir-rigward tal-allegazzjonijiet ta’ Socitrel fir-rigward tal-fatt li hija kumpannija żgħira li tagħmel parti minn grupp familjari, għandu jitfakkar li l-valur tal-bejgħ meħud inkunsiderazzjoni mill-Kummissjoni fid-deċiżjoni kkontestata sabiex tiddetermina l-ammont bażiku tal-multa (ara l-punt 20 iktar ’il fuq) huwa bbażat fuq il-bejgħ ta’ APS ta’ Socitrel fl-2001. Għaldaqstant, id-daqs ta’ Socitrel fis-suq, jekk jitqies li huwa wieħed modest, huwa rifless fl-ammont tal-multa li ġiet imposta fuqha permezz tat-teħid inkunsiderazzjoni ta’ dan il-valur tal-bejgħ li huwa speċifiku għaliha. Fir-rigward tal-impatt tad-daqs modest tagħha u tal-fatt li tappartjeni lil grupp familjari fuq il-konoxxenzi ġuridiċi u ekonomiċi tagħha, li, skont Socitrel, ipprekludewha milli tistma l-portata eżatta tal-ksur li kienet qiegħda tipparteċipa fih, għandu jitfakkar li Socitrel tagħmel parti mill-impriża kkostitwita minn Companhia Previdente, li tiġbor fi ħdanha 27 sussidjarja attivi f’diversi setturi tal-ekonomija (ara l-punti 129 u 130 tar-rikors). Dan għalhekk huwa grupp ekonomiku ddiversifikat ta’ ċertu daqs, li d-dħul mill-bejgħ mondjali kkonsolidat tiegħu kienet jammonta, fl-2009, għal EUR 125904527. Issa, il-ġestjoni ta’ tali struttura — eżerċitata barra minn hekk, fir-rigward ta’ Socitrel u ta’ Companhia Previdente, minn diretturi komuni, kemm bejn l-1994 u l-1998 u kemm bejn l-1998 u l-2002 (ara d-dokument mibgħut minn Socitrel lill-Kummissjoni fid-29 ta’ Ġunju 2006, li jinsab fil-paġni 19662 sa 19664 tal-fajl amministrattiv), li kienu pparteċipaw huma stess fil-laqgħat tal-club España — tirrendi mhux kredibbli l-affermazzjonijiet ta’ Socitrel, fis-sens li ebda waħda minn dawn il-persuni ma kienet taf li l-parteċipazzjoni f’tali akkordju kienet illegali u kienet tista’ twassal għall-kundanna tal-impriża għal multa sinjifikattiva. Fi kwalunkwe każ, għandu jitfakkar li bħala prinċipju l-impriżi għandhom iġarrbu huma stess ir-riskju ta’ evalwazzjoni żbaljata tas-sitwazzjoni legali tagħhom, konformement man-norma ġenerali li ignorantia juris non excusat (konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali Kokott fil-kawża Schenker & Co. et , C‑681/11, Ġabra, EU:C:2013:126 , punt 57). Mill-bqija, għandu jiġi kkonstatat li l-argumenti ta’ Socitrel jikkoinċidu mal-ilmenti mressqa minnha u mill-kumpannija parent tagħha dwar it-teħid inkunsiderazzjoni tad-dħul mill-bejgħ globali tal-impriża kkostitwita minn Companhia Previdente u mid-diversi sussidjarji tagħha għall-finijiet tal-kalkolu tal-limitu massimu ta’ 10 %, argumenti li għandhom jiġu miċħuda (ara l-punt 276 iktar ’il fuq). Fl-aħħar nett, mill-kunsiderazzjonijiet preċedenti kollha, kif ukoll mill-kunsiderazzjonijiet iddedikati għall-ewwel motiv (ara l-punti 107 et seq iktar ’il fuq), jirriżulta li d-deċiżjoni kkontestata ma hijiex ivvizzjata b’nuqqas ta’ motivazzjoni. Fir-rigward tal-allegazzjonijiet ta’ Socitrel fir-rigward tal-prassi deċiżjonali preċedenti tal-Kummissjoni, għandu jitfakkar li skont ġurisprudenza stabbilita l-prassi deċiżjonali tal-Kummissjoni ma tistax tikkostitwixxi qafas legali għall-multi imposti fil-qasam tal-kompetizzjoni (ara, f’dan is-sens, is-sentenza Heineken Nederland u Heineken vs Il-Kummissjoni, iċċitata fil-punt 147 iktar ’il fuq, EU:C:2012:829 , punt 108 u l-ġurisprudenza ċċitata), affermazzjoni li tgħodd kemm fir-rigward tad-determinazzjoni tal-ammont tal-multi individwali u kemm fir-rigward tal-interpretazzjoni mill-Kummissjoni tal-Linji gwida tagħha stess (ara, f’dan is-sens, is-sentenza Dansk Rørindustri et vs Il-Kummissjoni, iċċitata fil-punt 200 iktar ’il fuq, EU:C:2005:408 , punti 227 u 230), jiġifieri kemm fir-rigward tal-livell ġenerali tal-multi u kemm fir-rigward tal-metodoloġija użata għall-kalkolu tagħhom. Barra minn hekk, għandu jiġi osservat li Socitrel ma tressaq ebda argument insostenn ta’ dawn l-allegazzjonijiet li hija tagħmel b’mod kompletament inċidentali fil-punt 193 tar-rikors tagħha. Dan huwa l-każ ukoll fir-rigward tal-allegazzjoni fis-sens li l-Kummissjoni kisret il-prinċipju ta’ aspettattivi leġittimi, li tissemma fit-titolu tal-motiv mingħajr ma tingħata spjegazzjoni espliċita sussegwentement. Għaldaqstant, il-ħames motiv għandu jiġi miċħud fl-intier tiegħu. 6. Fuq is-sitt motiv imressaq minn Socitrel, ibbażat fuq ksur tal-prinċipji ta ’ proporzjonalità u ta ’ ugwaljanza fit-trattament, sa fejn ir-rwol minuri jew passiv tar-rikorrenti ma tteħidx inkunsiderazzjoni bħala ċirkustanza attenwanti Tfakkir tad-deċiżjoni kkontestata Skont il-premessi 985 u 986 tad-deċiżjoni kkontestata: “(985) Socitrel u Companhia Previdente jsostnu [...] li Socitrel ipparteċipat biss fil-club España, li l-attivitajiet tiegħu kienu inqas kunsiderevoli minn dawk tal-clubs l-oħra, u li Socitrel ma kinitx waħda mill-membri li kienu stabbilixxew il-club España. Huma jsostnu wkoll li, fir-rigward tas-suq Portugiż, l-attivitjaiet tal-akkordju kienu bdew mingħajr Socitrel, minkejja li dan kien is-suq prinċipali tagħha. Barra minn hekk, Socitrel kienet ipproduċiet biss il-fili u mhux l-istrands, li huma meqjusa bħala l-prodott prinċipali tal-akkordju, u l-aġir tagħha kellu impatt biss fuq parti żgħira tas-suq Ewropew. SLM u ITC jinvokaw ukoll il-fatt li ma kinux ipparteċipaw fl-akkordju sa mill-bidu. (986) Il-Kummissjoni tosserva l-ewwel nett li Socitrel kienet parteċipant regolari fil-laqgħat tal-club España, u pparteċipat b’mod sistematiku u kkontribwixxiet f’iktar minn erbgħin laqgħa bejn is-7 ta’ April 1994 u d-data tal-ispezzjonijiet tal-Kummissjoni. Hija pparteċipat b’mod sħiħ fil-ftehimiet dwar il-kwoti u l-attribuzzjonijiet ta’ klijenti, dwar l-iffissar tal-prezzijiet u dwar l-iskambju ta’ informazzjoni kummerċjali sensittiva mal-parteċipanti l-oħra tal-club España, kif deskritt fil-[punt] 9.2.2. Għalhekk, ir-rwol tagħha la jista’ jiġi kklassifikat bħala ‘sostanzjalment limitat’ fis-sens tal-Linji gwida tal-2006, u lanqas bħala passiv jew emulattiv fis-sens tal-Linji gwida tal-1998. Il-fatt li Socitrel ma kinitx tipparteċipa b’mod regolari fil-laqgħat pan-Ewropej, filwaqt li kienet qiegħda tipparteċipa fil-club España, ma huwiex rilevanti, b’mod partikolari fid-dawl tal-fatt li Socitrel kienet tbiegħ biss fi Spanja u fil-Portugall, it-territorju kopert mill-club España, u b’hekk ipparteċipat b’mod sħiħ fl-akkordju fil-livell li kien l-iktar interessanti għaliha. Fi kwalunkwe każ, ma teżisti ebda prova li Socitrel kienet astjeniet milli tapplika l-ftehimiet li jikkostitwixxu ksur bl-adozzjoni ta’ aġir kompetittiv fis-suq. Fl-aħħar nett, il-fatt li l-aġir ta’ Socitrel kien affettwa biss parti limitata tas-suq Ewropew (essenzjalment Spanja u l-Portugall) u kienet tbiegħ biss il-fili u l-fatt li Socitrel, SLM u ITC ma kinux issieħbu fl-akkordju sa mill-bidu tiegħu, iżda biss diversi snin iktar tard, ittieħdu diġà inkunsiderazzjoni fil-kalkolu tal-ammont bażiku tal-multa (ara l-[punt] 19.1) u għalhekk ma jistgħux jerġgħu jittieħdu inkunsiderazzjoni sabiex jingħata tnaqqis tal-multa.” Tfakkir tal-prinċipji Skont it-tielet inċiż tal-punt 29 tal-Linji gwida tal-2006: “L-ammont bażiku tal-multa jista’ jitnaqqas meta l-Kummissjoni tikkonstata l-eżistenza ta’ ċirkustanzi attenwanti, bħalma huma: — […] — meta l-impriża kkonċernata tipproduċi l-prova li l-parteċipazzjoni tagħha fil-ksur hija sostanzjalment limitata u għaldaqstant turi li, matul il-perijodu li fih hija aderiet mal-ftehimiet li jikkostitwixxu ksur, hija effettivament astjeniet milli timplementahom billi adottat aġir kompetittiv fis-suq; is-sempliċi fatt li impriża tkun ipparteċipat fi ksur għal tul iqsar mill-oħrajn ma huwiex ser jitqies li huwa ċirkustanza attenwanti, peress li din iċ-ċirkustanza diġà hija riflessa fl-ammont bażiku.” [traduzzjoni mhux uffiċjali] Skont ġurisprudenza stabbilita, meta ksur ikun twettaq minn diversi impriżi, għandha tiġi eżaminata l-gravità relattiva tal-parteċipazzjoni fil-ksur ta’ kull waħda minnhom (sentenzi tas-16 ta’ Diċembru 1975, Suiker Unie et vs Il-Kummissjoni, 40/73 sa 48/73, 50/73, 54/73 sa 56/73, 111/73, 113/73 u 114/73, Ġabra, EU:C:1975:174 , punt 623, u Il-Kummissjoni vs Anic Partecipazioni, iċċitata fil-punt 280 iktar ’il fuq, EU:C:1999:356 , punt 150), sabiex jiġi ddeterminat jekk jeżistux, fil-konfront tagħhom, ċirkustanzi aggravanti jew attenwanti (sentenza tad-9 ta’ Lulju 2003, Cheil Jedang vs Il-Kummissjoni, T‑220/00, Ġabra, EU:T:2003:193 , punt 165). Sabiex jiġi ddeterminat jekk impriża għandhiex tibbenefika minn ċirkustanza attenwanti minħabba n-nuqqas ta’ applikazzjoni effettiva ta’ ftehimiet li jikkostitwixxu ksur, għandu jiġi vverifikat jekk l-impriża tkunx ressqet argumenti ta’ natura li jistabbilixxu li, matul il-perijodu li matulu hija aderixxiet għall-ftehimiet li jikkostitwixxu ksur, hija kinitx effettivament astjeniet milli tapplikahom billi adottat aġir kompetittiv fis-suq jew, minn tal-inqas, li hija kienet, b’mod ċar u kunsiderevoli, kisret l-obbligi intiżi sabiex jiġi implementat dan l-akkordju, b’tali mod li fixklet il-funzjonament stess ta’ dan l-akkordju (sentenza tal-15 ta’ Marzu 2006, Daiichi Pharmaceutical vs Il-Kummissjoni, T‑26/02, Ġabra, EU:T:2006:75 , punt 113). Meta jkun ġie stabbilit li l-impriża li tkun wettqet ksur setgħet tieħu inkunsiderazzjoni arranġamenti kollużivi tal-akkordju sabiex tiddetermina l-aġir tagħha fis-suq ikkonċernat, l-assenza ta’ parteċipazzjoni f’xi wieħed jew ieħor minn dawn l-arranġamenti, anki jekk jitqies li hija stabbilita, ma tistax tkun suffiċjenti, waħedha, sabiex tissodisfa l-prova meħtieġa mill-ġurisprudenza fis-sens li, sabiex jibbenefikaw miċ-ċirkustanza attenwanti prevista fil-Linji gwida tal-2006, il-partijiet li jkunu wettqu l-ksur għandhom jistabbilixxu li huma adottaw aġir kompetittiv jew, minn tal-inqas, li huma kienu b’mod ċar u kunsiderevoli kisru l-obbligi intiżi li jiġi implementat l-akkordju, b’tali mod li kienu fixklu l-funzjonament tiegħu stess. Fil-fatt, il-prova tas-sempliċi nuqqas ta’ parteċipazzjoni f’uħud mill-arranġamenti kollużivi tal-akkordju ma tistax teskludi, fiha nfisha, li l-arranġamenti l-oħra setgħu ppreġudikaw il-kompetizzjoni fis-suq ikkonċernat (sentenza tal-5 ta’ Diċembru 2013, Solvay Solexis vs Il-Kummissjoni, C‑449/11 P, EU:C:2013:802 , punt 81). Barra minn hekk, għandu jitfakkar li l-Linji gwida dwar il-metodi tal-kalkoli tal-multi imposti skont l-Artikolu 15 (2) tar-Regolament Nru 17 u l-Artikolu 65 (5) tat-Trattat KEFA (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 8, Vol. 1, p. 171), kienu jipprevedu li “rwol esklussivament passiv jew emulattiv fil-ksur” kien jikkostitwixxi ċirkustanza attenwanti. Madankollu, il-lista ta’ ċirkustanzi attenwanti previsti fil-punt 29 tal-Linji gwida tal-2006 ma għadhiex tirreferi, fost iċ-ċirkustanzi attenwanti li jistgħu jittieħdu inkunsiderazzjoni, għal tali ċirkustanza. Madankollu, ġie deċiż li, sa fejn il-lista stabbilita fil-punt 29 tal-Linji gwida tal-2006 ma kinitx eżawrjenti, ir-rwol esklużivament passiv jew emulattiv fit-twettiq tal-ksur ma setax, bħala prinċipju, jiġi eskluż bħala ċirkustanza li tista’ twassal għal tnaqqis tal-ammont bażiku tal-multa (sentenza tal-25 ta’ Ottubru 2011, Aragonesas Industrias y Energía vs Il-Kummissjoni, T‑348/08, Ġabra, EU:T:2011:621 , punt 281). Fuq il-fondatezza tas-sitt motiv Socitrel issostni essenzjalment li l-Kummissjoni żbaljat meta rrifjutat li tagħtiha l-benefiċċju ta’ ċirkustanzi attenwanti fid-dawl tal-fatt li hija ma kkontestatx il-fatti li kienet akkużata bihom, fid-dawl tar-rwol ferm sekondarju li hija kellha fi ħdan il-club España, meta mqabbel ma’ dak ta’ Tycsa u ta’ Emesa, li barra minn hekk kien rifless fil-fatt li l-Kummissjoni ma wettqitx spezzjonijiet fl-uffiċċji tagħha, fid-dawl tar-rwol passiv tagħha u tal-assenza ta’ parteċipazzjoni min-naħa tagħha fit-tħejjija tal-ftehimiet antikompetittivi kif ukoll fid-dawl tal-assenza ta’ parteċipazzjoni min-naħa tagħha f’diversi laqgħat li matulhom kienu diskussi kwistjonijiet importanti. Hija żżid essenzjalment li l-Kummissjoni kellha tieħu inkunsiderazzjoni l-fatt li hija ma kinitx ipparteċipat fl-aspetti kollha tal-akkordju meta evalwat il-gravità tal-parteċipazzjoni tagħha f’dan l-akkordju, konformement mal-prinċipji ta’ responsabbiltà personali u ta’ individwalità tal-pieni. Madankollu, dawn l-argumenti ma jistgħux jintlaqgħu. Fir-rigward tal-kundizzjonijiet previsti fil-Linji gwida tal-2006, għandu jiġi kkonstatat li, kif tenfasizza ġustament il-Kummissjoni, Socitrel ipparteċipat fl-iffissar tal-prezzijiet, fit-tqassim ta’ kwoti u fl-iskambju ta’ informazzjoni kummerċjali sensittiva matul it-tul kollu tal-parteċipazzjoni tagħha fil-club España u li hija ma ressqet ebda element ta’ natura li jistabbilixxi li kienet astjeniet milli tapplika l-ftehim billi adottat aġir kompetittiv fis-suq matul dan il-perijodu. Għaldaqstant, Socitrel ma tistax tinvoka l-benefiċċju ta’ tnaqqis tal-ammont tal-multa fil-kuntest taċ-ċirkustanzi attenwanti previsti fil-punt 29 tal-Linji gwida tal-2006. Fir-rigward tar-“rwol esklussivament passiv jew emulattiv”, għandu jiġi osservat li Socitrel ma pparteċipatx fil-laqgħat kollha tal-club España u kien biss b’mod tardiv, fl-2001, li saret taf bl-aspett pan-Ewropew tal-akkordju, element li l-Kummissjoni, b’mod korrett, ħadet inkunsiderazzjoni fil-kuntest tal-iffissar tar-rata tal-gravità tal-ksur (ara l-punti 288 et seq iktar ’il fuq). Għall-kuntrarju, għandu jiġi kkonstatat li r-rikorrenti ma kellhiex rwol esklużivament passiv jew emulattiv fi ħdan il-club España. Fil-fatt, fil-kuntest ta’ dan il-club, hija pparteċipat b’mod attiv fl-iffissar tal-prezzijiet, fit-tqassim ta’ kwoti u fl-iskambju ta’ informazzjoni kummerċjali sensittiva, u dan matul it-tul kollu tal-parteċipazzjoni tagħha, u, għalkemm ma pparteċipatx fil-laqgħat kollha, hija pparteċipat f’numru kbir minnhom. Għaldaqstant, il-Kummissjoni la kisret il-prinċipju ta’ ugwaljanza fit-trattament u lanqas dak ta’ responsabbiltà personali, bħalma lanqas ma kisret il-prinċipju ta’ individwalità tal-pieni, u l-ammont tal-multa ma jidhirx sproporzjonat fir-rigward tal-parteċipazzjoni effettiva ta’ Socitrel fil-club España. Għaldaqstant, is-sitt motiv għandu jiġi miċħud fl-intier tiegħu. 7. Fuq is-seba ’ motiv imressaq minn Socitrel, ibbażat fuq ksur tal-prinċipji ta ’ proporzjonalità u ta ’ ugwaljanza fit-trattament, sa fejn il-kooperazzjoni effettiva tar-rikorrenti ma tteħditx inkunsiderazzjoni bħala ċirkustanza attenwanti mill-Kummissjoni Tfakkir tad-deċiżjoni kkontestata Skont il-premessi 1006 sa 1009 tad-deċiżjoni kkontestata: “(1006) […] Socitrel [tirreferi] għall-fatt [li hija wieġbet] mill-ewwel u bi preċiżjoni għat-talbiet għal informazzjoni tal-Kummissjoni. (1007) F’dan il-każ, il-Kummissjoni evalwat jekk tnaqqis tal-multa kienx iġġustifikat, konformement mal-ġurisprudenza, fir-rigward tal-kwistjoni jekk il-kooperazzjoni ma’ waħda mill-impriżi kkonċernati kinitx ippermettiet lill-Kummissjoni tikkonstata l-ksur b’mod iktar faċli. Bħalma jkun ġeneralment il-każ fir-rigward tal-akkordji, l-evalwazzjoni fil-verità saret skont l-Avviż dwar il-klemenza (ara [l-punt] 19.4 iktar ’il fuq). F’dan il-kuntest, il-Kummissjoni tinnota li Austria Draht, Trame, Socitrel, Fapricela, Proderac, il-kumpanniji Ovako, Itas u CB ma talbux uffiċjalment il-klemenza u ma kkomunikawx informazzjoni li tikkostitwixxi valur miżjud sinjifikattiv. (1008) Il-Kummissjoni tqis, filwaqt li tieħu inkunsiderazzjoni l-argumenti tal-partijiet kif ukoll il-portata u l-valur limitati tal-kooperazzjoni tagħhom, li ma hemmx ċirkustanzi preżenti oħra li jistgħu jagħtu lok għal tnaqqis tal-multa barra mill-kuntest tal-Avviż dwar il-klemenza, li, fil-każijiet ta’ akkordju sigriet, ma tistax fi kwalunkwe każ tkun ta’ natura oħra għajr eċċezzjonali. Tweġiba fil-ħin u preċiża għal talba għal informazzjoni tal-Kummissjoni ma tikkostitwixxix fiha nfisha ċirkustanza attenwanti minħabba li l-partijiet kienu obbligati jwieġbu għal dawn il-mistoqsijiet f’ċertu terminu. (1009) In-nuqqas ta’ kontestazzjoni tal-fatti ma huwiex biżżejjed, fih innifsu, sabiex jiġġustifika tnaqqis tal-multa taħt il-[punt] 29 tal-Linji gwida dwar il-kalkolu tal-multi tal-2006, b’mod partikolari meta l-fatti jkunu stabbiliti fuq il-bażi ta’ diversi provi. B’mod ġenerali, il-Kummissjoni tosserva f’dan ir-rigward li hija ma hijiex marbuta mill-prassi preċedenti tagħha u li t-tnaqqis minħabba nuqqas ta’ kontestazzjoni tal-fatti li kien previst fl-Avviż dwar il-klemenza tal-1996 kien sussegwentement tneħħa. Is-sempliċi nuqqas ta’ kontestazzjoni, ħlief f’sitwazzjonijiet eċċezzjonali, ma jiffaċilitax il-ħidma tal-Kummissjoni minħabba li l-Qorti tal-Ġustizzja ddeterminat li, anki f’din is-sitwazzjoni, il-Kummissjoni hija meħtieġa tipprova dawn il-fatti u li l-impriża hija libera li tippreżenta kwalunkwe sottomissjoni li hija tqis xierqa għad-difiża tagħha, fil-mument opportun u b’mod partikolari matul il-proċedura quddiem il-Qorti Ġenerali. Il-kuntrarju huwa validu biss meta l-impriża inkwistjoni tirrikonoxxi l-fatti. Sa fejn l-Avviż dwar il-klemenza fis-seħħ, jiġifieri dak tal-2002, ma jipprevedix tnaqqis minħabba s-sempliċi rikonoxximent tal-fatti (u lanqas a fortiori għan-nuqqas ta’ kontestazzjoni ta’ dawn il-fatti), ma kienet inħolqot ebda aspettattiva leġittima dwar l-għoti ta’ tnaqqis fuq din il-bażi. Sa fejn ċerti partijiet jirrikonoxxu ċerti fatti, dan ma ffaċilitax il-ħidma tal-Kummissjoni, fis-sens li l-Kummissjoni kellha sensiela ta’ provi suffiċjenti sabiex tipprova l-fatti inkwistjoni. Għaldaqstant, ma jista’ jingħata ebda tnaqqis tal-multa minħabba n-nuqqas ta’ kontestazzjoni tal-fatti.” Tfakkir tal-prinċipji Ir-raba’ inċiż tal-punt 29 tal-Linji gwida tal-2006 jipprovdi: “L-ammont bażiku tal-multa jista’ jitnaqqas meta l-Kummissjoni tikkonstata l-eżistenza ta’ ċirkustanzi attenwanti, bħalma huma: — […] — meta l-impriża kkonċernata tikkoopera effettivament mal-Kummissjoni, lil hinn mill-kamp ta’ applikazzjoni tal-Avviż dwar il-klemenza u lil hinn mill-obbligi legali tagħha li tikkoopera.” [traduzzjoni mhux uffiċjali] Fuq il-fondatezza tas-seba ’ motiv Socitrel issostni essenzjalment li l-Kummissjoni, b’mod żbaljat, irrifjutat li tagħtiha l-benefiċċju ta’ tnaqqis tal-ammont tal-multa minħabba l-kooperazzjoni tagħha. Madankollu, sabiex tkun tista’ tinvoka l-benefiċċju tad-dispożizzjonijiet tar-raba’ inċiż tal-punt 29 tal-Linji gwida tal-2006, Socitrel għandha tistabbilixxi li l-kooperazzjoni tagħha, peress li marret lil hinn mill-obbligu legali tagħha li tikkoopera mingħajr madankollu ma tagħtiha dritt għal tnaqqis tal-ammont tal-multa taħt l-Avviż dwar il-klemenza, kellha utilità oġġettiva għall-Kummissjoni, li min-naħa tagħha setgħet tibbaża ruħha, fid-deċiżjoni finali tagħha, fuq provi li kienu pprovduti minnha fil-kuntest tal-kooperazzjoni tagħha u li fl-assenza tagħhom il-Kummissjoni ma kinitx tkun f’pożizzjoni li tissanzjona totalment jew parzjalment il-ksur inkwistjoni. Issa, għandu jiġi kkonstatat li dan ma huwiex il-każ hawnhekk. Minn naħa, Socitrel ma kkontestatx il-fatti u wieġbet fil-ħin għat-talbiet għal informazzjoni li kienu sarulha, sitwazzjoni li ma tmurx lil hinn mill-obbligu legali tagħha li tikkoopera; min-naħa l-oħra, Socitrel ma rnexxilhiex turi li l-Kummissjoni setgħet tibbaża ruħha, fid-deċiżjoni finali tagħha, fuq provi pprovduti minnha fil-kuntest tal-kooperazzjoni tagħha u li fl-assenza tagħhom il-Kummissjoni ma kinitx tkun f’pożizzjoni li tissanzjona kompletament jew parzjalment il-ksur inkwistjoni. Għaldaqstant, is-seba’ motiv għandu jiġi miċħud. 8. Fuq l-ewwel motiv komplementari mressaq fil-kuntest tat-tieni aġġustament tal-motivi u tat-talbiet tagħhom minn Socitrel u minn Companhia Previdente, ibbażat, fir-rigward ta ’ Socitrel, fuq ksur tal-prinċipji ta ’ ugwaljanza fit-trattament, ta ’ proporzjonalità u ta ’ aspettattivi leġittimi kif ukoll fuq nuqqas ta ’ motivazzjoni u, fir-rigward ta ’ Companhia Previdente, fuq ksur tal-prinċipji ta ’ ugwaljanza fit-trattament, ta ’ proporzjonalità u ta ’ aspettattivi leġittimi, sa fejn Socitrel u Companhia Previdente ma kinux ittrattati bl-istess mod bħal Arcelor u SLM, li kisbu tnaqqis tal-ammont tal-multa li minnu ma bbenefikawx ir-rikorrenti Tfakkir tad-deċiżjoni kkontestata Skont il-premessa 1072a introdotta fid-deċiżjoni kkontestata permezz tat-tieni deċiżjoni ta’ emenda: “(1072a) Il-limitu massimu ta’ 10 % previst fl-Artikolu 23(2) [tar-Regolament Nru 1/2003] huwa kkalkolat fuq il-bażi tad-dħul mill-bejgħ totali tal-entitajiet kollha li jikkostitwixxu impriża. Madankollu, f’dan il-każ partikolari, il-Kummissjoni ser tuża l-marġni ta’ diskrezzjoni tagħha sabiex tiffissa l-partijiet tal-multi li għalihom is-sussidjarji ta’ ArcelorMittal ma humiex responsabbli in solidum ma’ ArcelorMittal SA u tal-multa li għaliha SLM hija responsabbli waħedha, f’livell li ma jaqbiżx l-10 % tad-dħul mill-bejgħ tagħhom individwali għas-sena li tippreċedi l-adozzjoni tad-deċiżjoni. Għalhekk, l-ammont massimu tal-multa li għalih ArcelorMittal Wire France SA u ArcelorMittal Fontaine SA huma responsabbli in solidum għall-perijodu preċedenti għall-1 ta’ Lulju 1999 ser jiġi ffissat għal 10 % tad-dħul mill-bejgħ ikkonsolidat totali ta’ ArcelorMittal Wire France SA għas-sena li tispiċċa fil-31 ta’ Diċembru 2009. Minn dan l-ammont totali, l-ammont massimu tal-multa li għaliha Arcelor Mittal Verderio Srl hija responsabbli in solidum ma’ ArcelorMittal Wire France SA u ArcelorMittal Fontaine SA ser jiġi ffissat għal 10 % tad-dħul mill-bejgħ tagħha għas-sena li tispiċċa fil-31 ta’ Diċembru 2009. L-ammont massimu tal-multa li għaliha SLM hija responsabbli waħedha għandu jiġi ffissat għal 10 % tad-dħul mill-bejgħ tagħha għas-sena li tispiċċa fil-31 ta’ Diċembru 2009.” Il-premessa 1072b tad-deċiżjoni kkontestata tiffissa d-dħul mill-bejgħ totali meħud inkunsiderazzjoni kif ukoll l-ammont li jikkorrispondi għal-limitu massimu ta’ 10 % għal kull waħda mill-kumpanniji kkonċernati minn din it-tieni deċiżjoni ta’ emenda. Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti Ġenerali Kif tenfasizza l-Kummissjoni, għandu jiġi kkonstatat li Socitrel u Companhia Previdente ma humiex f’sitwazzjoni komparabbli għal dik ta’ ArcelorMittal u tas-sussidjarji tagħha, minn naħa, u għal dik ta’ Ori Martin u ta’ SLM, min-naħa l-oħra. Fil-fatt, dawn iż-żewġ kumpanniji parent ikkostitwixxew impriża waħda flimkien mas-sussidjarji tagħhom matul parti mill-perijodu tal-ksur u tqiesu li kienu responsabbli in solidum ma’ dawn is-sussidjarji għall-perijodu li fih kienu jifformaw, flimkien, impriża waħda, li huwa rifless f’kalkolu ddifferenzjat tal-limitu massimu ta’ 10 % (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tal-4 ta’ Settembru 2014, YKK et vs Il-Kummissjoni, C‑408/12 P, Ġabra, EU:C:2014:2153 , punti 55 et seq ). Dan ma huwiex il-każ ta’ Companhia Previdente fir-rigward ta’ Emesa, Galycas u ITC, li hija akkwistat wara l-ksur u li fir-rigward tal-aġir li jikkostitwixxi ksur tagħhom ma nżammitx responsabbli in solidum . Għaldaqstant, l-ilment ibbażat fuq ksur tal-prinċipju ta’ ugwaljanza fit-trattament għandu jiġi miċħud. Minn dan isegwi li għandu jiġi miċħud ukoll l-ilment ibbażat fuq ksur tal-prinċipju ta’ proporzjonalità, sa fejn il-multa imposta fuq ir-rikorrenti għandha natura sproporzjonata minħabba li tnaqqis analogu għal dak li kien ingħata lil ArcelorMittal u lil Ori Martin ma ngħatax lil Socitrel u lil Companhia Previdente. Barra minn hekk, il-Kummissjoni ma tat lir-rikorrenti ebda assigurazzjoni preċiża li setgħet ħolqitilhom aspettattivi fondati fir-rigward ta’ tnaqqis tal-ammont tal-multa għal raġunijiet analogi għal dawk li kienu wasslu għal tali tnaqqis favur ArcelorMittal u Ori Martin. Fl-aħħar nett, għandu jiġi miċħud l-ilment ibbażat fuq nuqqas ta’ motivazzjoni, peress li l-premessi 4, 5 u 9 sa 13 tat-tieni deċiżjoni ta’ emenda jispjegaw b’mod ċar ir-raġunijiet għaliex il-Kummissjoni emendat id-deċiżjoni tagħha. Għaldaqstant, l-ewwel motiv komplementari ppreżentat mir-rikorrenti għandu jiġi miċħud. 9. Fuq it-tieni motiv komplementari ppreżentat minn Socitrel u minn Companhia Previdente, ibbażat fuq ksur tal-prinċipji ta ’ diliġenza, ta ’ lealtà, ta ’ bona fide u ta ’ ċertezza legali, sa fejn il-Kummissjoni emendat id-deċiżjoni inizjali għal darba oħra fl-2011 Socitrel u Companhia Previdente jsostnu, essenzjalment, li l-Kummissjoni kisret il-prinċipji ta’ diliġenza, ta’ lealtà, ta’ bona fide u ta’ ċertezza legali, sa fejn emendat, għat-tieni darba fl-2011, id-deċiżjoni inizjali minħabba difetti fil-motivazzjoni li setgħu jikkompromettu d-drittijiet tad-difiża tagħhom, b’tali mod li b’hekk qiegħdet lir-rikorrenti fi stat ta’ inċertezza kostanti. Madankollu, għandu jiġi kkonstatat li dan it-tieni motiv komplementari jikkoinċidi mal-argumenti mressqa minn Socitrel insostenn tat-tielet motiv tagħha, li għandu jiġi miċħud għar-raġunijiet esposti fil-punti 184 sa 189 iktar ’il fuq. F’dawn iċ-ċirkustanzi, għandu jiġi miċħud, għall-istess raġunijiet, it-tieni motiv komplementari mressaq minn Socitrel u minn Companhia Previdente fl-okkażjoni tat-tieni aġġustament tal-motivi tagħhom. Mill-kunsiderazzjonijiet preċedenti kollha jirriżulta li ebda wieħed mill-motivi mqajma mir-rikorrenti ma jista’ jintlaqa’. Għaldaqstant, ir-rikorsi għal annullament rispettivi ppreżentati minnhom għandhom jiġu miċħuda fl-intier tagħhom, mingħajr ma hemm lok, fiċ-ċirkustanzi tal-kawża ineżami, li tinbidel, bis-saħħa tal-ġurisdizzjoni sħiħa, il-multa imposta fuqhom. Fuq l-ispejjeż Skont l-Artikolu 134(1) tar-Regoli tal-Proċedura, il-parti li titlef għandha tbati l-ispejjeż, jekk dawn ikunu ntalbu. Peress li r-rikorrenti tilfu, hemm lok li huma jiġu kkundannati għall-ispejjeż, kif mitlub mill-Kummissjoni. Għal dawn il-motivi, IL-QORTI ĠENERALI (Is-Sitt Awla) taqta’ u tiddeċiedi: 1) Il-Kawżi T-413/10 u T-414/10 huma magħquda għall-finijiet tas-sentenza. 2) Ir-rikorsi huma miċħuda. 3) Socitrel – Sociedade Industrial de Trefilaria, SA u Companhia Previdente – Sociedade de Controle de Participações Financeiras, SA għandhom ibatu, minbarra l-ispejjeż rispettivi tagħhom, l-ispejjeż tal-Kummissjoni Ewropea, inklużi dawk marbuta mal-proċedura għal miżuri provviżorji. Frimodt Nielsen Dehousse Collins Mogħtija f’qorti bil-miftuħ fil-Lussemburgu, fil-15 ta’ Lulju 2015. Firem ( *1 ) Lingwa tal-kawża: il-Portugiż. ( ) Qed jiġu riprodotti biss il-punti ta’ din is-sentenza li l-Qorti Ġenerali tqis li l-pubblikazzjoni tagħhom hija utli.

62011CJ0009

en

This reference for a preliminary ruling concerns the interpretation of Articles 10 EC and 49 EC. The reference has been made in proceedings between Waypoint Aviation SA (‘Waypoint Aviation’) and État belge – SPF Finances (Service public fédéral finances) (Belgian State – Public Federal Finance Authority) concerning a refusal to grant the tax credit, known as ‘notional withholding tax on movable assets’, for the tax years 1995 and 1996. National legal context The Income Tax Code provides that the tax on interest on debt‑claims and loans is to be levied at source in the form of a withholding tax, known as ‘withholding tax on movable assets’. Royal Decree No 187 of 30 December 1982 on the establishment of coordination centres ( Moniteur belge of 13 January 1983, p. 502; ‘the Royal Decree’) established a particular tax regime for companies fulfilling certain criteria, known as ‘coordination centres’. Article 29 of the Law of 11 April 1983 on fiscal and budgetary provisions ( Moniteur belge of 16 April 1983), as amended by the Law of 4 August 1986 on fiscal provisions ( Moniteur belge of 20 August 1986; ‘the Law of 11 April 1983’), provides: ‘The following exemptions are applicable for each taxable period in respect of which companies receive the advantages provided for … in Article 5 of Royal Decree No 187 …: … 2(a) … 2(b)      For the determination of its net amount taxable in the hands of the beneficiaries … the income from debt-claims or loans shall be increased by a notional withholding tax on movable assets which is equal to 25/75 of the net amount received or collected and, for the application of Articles 18, 97 and 211 of the Income Tax Code, that notional withholding tax shall be deemed equivalent to the actual withholding tax referred to in Article 174 of that Code; ... (d)      as regards the income from debt-claims or loans the grant of a notional withholding tax shall be applicable only in so far as the capital borrowed is applied by those undertakings or centres or by members of the group of which the centre forms part either to the acquisition in new condition or to the reinstatement to new condition of fixed tangible assets which they use in Belgium in the exercise of their business activity and the right to use such assets is not transferred, under any agreement whatsoever, to third parties other than the Belgian members of the group …’. That provision enables undertakings which lend to a coordination centre to add to the interest which they charge a notional withholding tax which is then set off against their tax liability. The provision therefore grants those undertakings a tax advantage, in the form of a tax credit, thereby allowing the coordination centre to obtain financing at a lower cost. The dispute in the main proceedings and the questions referred for a preliminary ruling Waypoint Aviation, a company incorporated under Belgian law, has as its object all operations directly or indirectly linked with the acquisition, leasing and financing of aircraft intended for the transport by air for payment of passengers and goods. During the 1990s, Waypoint Aviation acquired two Airbus aircraft by a financial leasing contract entered into by Lizad, a European Economic Interest Grouping (EEIG) governed by French law. The two Airbus aircraft were then acquired by the Sabena group’s coordination centre, Sabena Interservices Center SA (‘the coordination centre’), by means of a second financial leasing contract concluded with Waypoint Aviation, stipulating that the latter would return the notional withholding tax in its entirety to the coordination centre. By a third financial leasing contract, those two aircraft were acquired by Atrix SA, a company in the Sabena group, to be leased to Sabena. In the context of a cooperation agreement, Sabena subleased the planes for three years to Air France. On the basis of Article 29(2)(b) of the Law of 11 April 1983, Waypoint Aviation sought the grant of the notional withholding tax for the tax years 1995 and 1996, in the amounts of BEF 201 229 077 and BEF 82 854 305 respectively, on the interest included in the charges paid by the coordination centre under the leasing contract concluded between them. On 12 March 1997, the tax authorities, refusing the application of the notional withholding tax, sent Waypoint Aviation a notice of rectification. The complaint lodged by Waypoint Aviation on 29 April 1998 against the tax levied on the basis of that notice of rectification was rejected by a decision of 8 July 2003 of the Regional Director for taxation on the ground that the two aircraft were used by Air France, a company established in France. Waypoint Aviation brought proceedings before the Tribunal de première instance de Bruxelles (Court of First Instance of Brussels)(Belgium) which dismissed its claims by a judgment of 11 May 2005. Waypoint Aviation then appealed against that judgment before the referring court, arguing, inter alia, that Article 29(2)(d) of the Law of 11 April 1983 created a restriction on freedom to provide services and an obstacle to freedom of establishment. In its decision, giving a teleological interpretation of that provision, the referring court takes the view that it prohibits the transfer to a third party, other than a Belgian member of the group concerned, of the right to use an asset acquired by means of financing conferring entitlement to notional withholding tax, irrespective of the person making that transfer. The referring court states that the notional withholding tax is an advantage which directly influences, for a Belgian company wishing to invest, the cost of financing since, where it is granted, it has the effect of reducing the burden of financing, to the benefit of the lender. That court finds that Article 29(2)(d) of the Law of 11 April 1983 has the effect that the notional withholding tax is granted where the provision of aircraft leasing services is made in favour of a Belgian company, whereas it is refused where the lessee is established in a Member State other than Belgium. It concludes that that provision is in principle contrary to Article 49 EC since it discourages a Belgian undertaking from providing a leasing service to a company established in another Member State by making that provision of services more onerous for the group of which that Belgian company forms part, since the notional withholding tax is not then granted to the lender. It refers to Case C‑330/07 Jobra [2008] ECR I‑9099. In those circumstances, the Cour d’appel de Bruxelles decided to stay the proceedings and to refer the following questions to the Court of Justice for a preliminary ruling: ‘(1)      Does Article 49 [EC] prelude the application of a national provision such as Article 29(2)(d) of the Law of 11 April 1983, in so far as: first, that provision permits the grant of a tax credit, the notional withholding tax on movable assets, to the recipients of income from debt-claims or loans granted to a coordination centre, within the meaning of Royal Decree No 187 …, where the company which uses the funds borrowed by or through the coordination centre in order to acquire a tangible asset which it uses in Belgium in the exercise of its business activity confers the right to use that asset on a company which forms part of the same group of companies and which is resident in Belgium, whereas, second, that provision does not permit the grant of a tax credit where the same company confers a right to use the same tangible asset on a company which also forms part of the same group of companies but which is resident in a Member State other than Belgium? (2)      Must Article 10 [EC], read in conjunction with Article 49 [EC], be understood as prohibiting an interpretation of a provision such as Article 29(2)(d) of the Law of 11 April 1983, which makes the grant of a tax credit, the notional withholding tax on movable assets, to the recipients of income from debt-claims or loans granted to a coordination centre, within the meaning of Royal Decree No 187 …, subject to the condition that no right to use the tangible asset financed by means of those debt-claims or loans is conferred on a member of the group established in another Member State, by any company in the group, and not only by the company which acquires the tangible asset through that financing, and which uses it in Belgium in the exercise of its business activity?’ Consideration of the questions referred As a preliminary point, it must be observed that the referring court interprets Article 29(2)(d) of the Law of 11 April 1983 as prohibiting the transfer of the right to use an asset acquired by means of financing conferring entitlement to notional withholding tax to a company not established in Belgium, irrespective of the person making that transfer. The court concludes that, by reason of that provision, Waypoint Aviation cannot benefit from the notional withholding tax for the financing which permitted the acquisition of the aircraft where the right to use those aircraft was transferred by Sabena to Air France during the tax years at issue. It takes the view, however, that that provision is in principle contrary to Article 49 EC. In those circumstances, the Court finds that, by the questions referred, which should be considered together, the referring court asks, in essence, whether Article 49 EC must be interpreted as precluding a legislative provision of a Member State, such as that in issue in the main proceedings, which provides for the grant of a tax credit on income from loans provided to certain companies for the acquisition of new assets used on the national territory subject to the condition that the right to use the asset is not transferred, by the company which acquired it through the loan conferring entitlement to the tax credit or by any other company in the same group, to third parties other than members of that group established in that Member State. It has been consistently held that, whilst direct taxation falls within their competence, the Member States must none the less exercise that competence consistently with European Union law (see, inter alia, Case C‑287/10 Tankreederei I [2010] ECR I‑0000, paragraph 14 and case‑law cited). However, the leasing and hiring of aircraft constitute services within the meaning of Article 50 EC (see, by analogy, Case C‑451/99 Cura Anlagen [2002] ECR I‑3193, paragraph 18, and Jobra , paragraph 22), so that the provisions of the EC Treaty on the freedom to provide services apply to a situation such as that in issue in the main proceedings. The freedom to provide services may be relied on by an undertaking against the Member State in which it is established where the services are provided to recipients established in another Member State and, in general, whenever a provider of services offers services in a Member State other than the one in which he is established (see, inter alia, Tankreederei I , paragraph 16 and case-law cited). The Court has repeatedly held that national measures which prohibit, impede or render less attractive the exercise of the freedom to provide services are restrictions on that freedom (see, inter alia, Jobra , paragraph 19, and Tankreederei I , paragraph 15). In the present case, it must be held that a national provision such as that in issue in the main proceedings – which applies a less favourable tax regime to income from a loan financing the acquisition of an asset, where the right to use that asset is transferred to a company established in another Member State, than to income from a loan financing the acquisition of an asset used by a company established in the national territory – is likely to discourage undertakings that would be eligible for that tax advantage from providing services intended to finance the acquisition of assets where the right to use will be transferred to economic operators established in other Member States (see, to that effect, Jobra , paragraph 24, and Tankreederei I , paragraph 17). Similarly, given that the tax advantage may be added to the cost of the loan borne by the borrower, a matter moreover acknowledged in the present case as is clear from paragraph 8 of this judgment, such a provision is likely to discourage undertakings wishing to acquire an asset by means of a loan from providing services leading to the transfer of the right to use that asset, such as leasing services, to economic operators established in other Member States. Furthermore, if, under that provision, the right to use may not be transferred to such economic operators not only by the undertaking which acquires the asset by means of the loan conferring entitlement to the tax advantage, but also by all the companies belonging to the same group as that company, that provision is likely also to discourage those companies from carrying out cross-border activities which lead to the transfer of that right to use. Consequently, national legislation such as that in issue in the main proceedings constitutes a restriction on the freedom to provide services within the meaning of Article 49 EC. That restriction may be accepted only if it is justified by overriding reasons in the public interest. Even if that were so, application of that restriction would still have to be such as to ensure achievement of the aim pursued and not go beyond what is necessary for that purpose ( Tankreederei I , paragraph 19 and case-law cited). In the present case, however, no justification has been put forward by the Belgian Government nor contemplated by the referring court. Consequently, the answer to the questions referred is that Article 49 EC must be interpreted as precluding a legislative provision of a Member State, such as that in issue in the main proceedings, which provides for the grant of a tax credit on income from loans provided to certain companies for the acquisition of new assets used on the national territory subject to the condition that the right to use the asset is not transferred, by the company which acquired it through the loan conferring entitlement to the tax credit or by any other company in the same group, to third parties other than members of that group established in that Member State. Costs Since these proceedings are, for the parties to the main proceedings, a step in the action pending before the national court, the decision on costs is a matter for that court. Costs incurred in submitting observations to the Court, other than the costs of those parties, are not recoverable. On those grounds, the Court (Eighth Chamber) hereby rules: Article 49 EC must be interpreted as precluding a legislative provision of a Member State, such as that in issue in the main proceedings, which provides for the grant of a tax credit on income from loans provided to certain companies for the acquisition of new assets used on the national territory subject to the condition that the right to use the asset is not transferred, by the company which acquired it through the loan conferring entitlement to the tax credit or by any other company in the same group, to third parties other than members of that group established in that Member State. [Signatures] * Language of the case: French.

62006TJ0263

el

Προσφυγή με αίτημα την ακύρωση της αποφάσεως 2006/554/EK της Επιτροπής, της 27ης Ιουλίου 2006, για την εξαίρεση από την κοινοτική χρηματοδότηση ορισμένων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), τμήμα Εγγυήσεων (ΕΕ L 218, σ. 12), κατά το μέτρο που εξαιρεί ορισμένες δαπάνες της Ελληνικής Δημοκρατίας στον τομέα των συνοδευτικών μέτρων αγροτικής αναπτύξεως. Διατακτικό Το Πρωτοδικείο αποφασίζει: 1) Απορρίπτει την προσφυγή. 2) Καταδικάζει την Ελληνική Δημοκρατία στα δικαστικά έξοδα.

61987CJ0100

es

Motivación de la sentencia 1. Mediante escritos presentados en la Secretaría del Tribunal de Justicia los días 3 de abril, 8 de mayo y 14 de mayo de 1987, la Sra. Rosa Basch y otros 27 funcionarios de la categoría C de la Comisión de las Comunidades Europeas interpusieron sendos recursos con objeto de que se anulasen las decisiones que les fueron comunicadas el 12 de febrero de 1987 y mediante las cuales el tribunal del concurso-oposición interno COM2/82, que tenía por objeto la constitución de una reserva de asistentes adjuntos, asistentes de secretaría adjuntos y de asistentes técnicos adjuntos, no les admitió a las pruebas de dicho concurso-oposición. Los demandantes en el asunto 100/87 solicitan, además, el pago de una cantidad de 200 000 BFR por persona, en concepto de daños y perjuicios por los daños materiales y morales sufridos a causa de dicha decisión. 2. Al examinar las candidaturas, el tribunal del concurso-oposición celebró una entrevista con los superiores jerárquicos de los candidatos, sin permitir no obstante a los funcionarios afectados que comentaran los pareceres que sobre ellos se habían expresado. En dos sentencias de 11 de marzo de 1986 (Sorani y otros contra Comisión, 293/84, Rec. 1986, p. 967, y Adams y otros contra Comisión, 294/84, Rec. 1986, p. 977), el Tribunal de Justicia anuló las decisiones mediante las cuales el tribunal denegó la admisión a las pruebas a los demandantes de los mencionados asuntos, por cuanto no tuvieron la posibilidad de pronunciarse sobre los pareceres que sobre ellos habían expresado sus superiores jerárquicos. 3. A la vista de estas dos sentencias, el tribunal convocó a los candidatos afectados, en junio de 1986, con el fin de que pudieran responder a las mismas cuestiones que se les habían planteado anteriormente a sus superiores jerárquicos. A continuación, mediante carta de 11 de julio de 1986, se informó a los candidatos que se había confirmado la decisión del mes de junio de 1984 de no admitirles a las pruebas. 4. A raíz de las reclamaciones interpuestas por algunos candidatos contra la decisión de julio de 1986, el tribunal les convocó por segunda vez para darles la posibilidad de pronunciarse sobre las respuestas formuladas por sus superiores jerárquicos a las cuestiones que el tribunal les había planteado. Mediante carta de 12 de febrero de 1987, se informó a los funcionarios afectados que el tribunal estimaba que no procedía revocar la decisión adoptada a su respecto que les fue comunicada el 11 de julio de 1986. 5. Para una más amplia exposición de los hechos, del desarrollo del procedimiento, así como de los motivos y alegaciones de las partes, la Sala se remite al informe para la vista. En lo sucesivo, sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal. Sobre las pretensiones de anulación 6. En apoyo de sus recursos, los demandantes exponen los motivos siguientes: - falta o insuficiencia de motivación; - cumplimiento incorrecto de las sentencias en los asuntos 293 y 294/84, en primer lugar, por cuanto los demandantes hubieran debido ser admitidos a las pruebas del concurso-oposición y, a continuación, por cuanto el contenido de los pareceres comunicados a los candidatos no era susceptible de verificación ni exacto; - ilegalidad del procedimiento seguido por el tribunal, por cuanto éste consultó a los asistentes de los distintos Directores Generales y no al superior jerárquico inmediato de cada uno de los candidatos; - infracción de los requisitos de admisión al concurso-oposición por cuanto el tribunal consideró esencial que los candidatos hubieran desempeñado efectivamente funciones de nivel B. 7. En apoyo de su primer motivo, los demandantes alegan que la decisión del tribunal que les fue notificada el 12 de febrero de 1987 no indica por qué razón éste consideró que no debía revocar la decisión comunicada a los demandantes el 11 de julio de 1986. Por consiguiente, los demandantes ignoran aún los elementos de sus respectivos expedientes individuales que constituyeron el motivo de que no fueran admitidos a las pruebas. 8. La Comisión responde afirmando que la decisión en cuestión no es otra cosa que la confirmación de una decisión anterior y que, por ello, el único dato nuevo que debía tomar en cuenta el tribunal eran las observaciones del candidato sobre el parecer manifestado por su superior jerárquico. Entiende la Comisión que la decisión controvertida está suficientemente motivada en la medida en que indica que el tribunal tomó en consideración dichas observaciones y que, a la vista del conjunto de datos en su poder, estimó que no procedía revocar su decisión anterior. 9. De los autos se deduce que en una primera carta de junio de 1984 en la que se comunicaba a los demandantes que no se les había incluido en la lista de candidatos admitidos a las pruebas, el tribunal indicó los criterios generales que había considerado. Mediante carta de 7 de septiembre de 1984, dirigida en los mismos términos a todos los candidatos que, al igual que los demandantes, solicitaron la revisión de su candidatura, el tribunal confirmó su decisión de junio de 1984, sin hacer ninguna precisión en lo que se refiere a la aplicación de los parámetros aplicados a cada candidatura. Después de la primera entrevista celebrada a raíz de las citadas sentencias del Tribunal de Justicia, los demandantes recibieron, el 11 de julio de 1986, una nueva carta tipo, mediante la cual el tribunal les comunicó que no le habían aportado informaciones que pudieran modificar su decisión del mes de junio de 1984. Finalmente, la carta de 12 de febrero de 1987 confirmó, en idénticos términos, la decisión comunicada a los demandantes el 11 de julio de 1986, sin ninguna explicación sobre su caso individual. 10. Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (en último lugar, la sentencia de 16 de diciembre de 1987, Beiten contra Comisión, 206/85, Rec. 1987, p. 5801), con el fin de solventar las dificultades prácticas que surgen en un concurso en el que participan muchos candidatos, el tribunal de dicho concurso puede, en una primera fase, comunicar a los candidatos sólo los criterios y el resultado de la selección, sin perjuicio de dar después explicaciones individuales a los candidatos que lo soliciten expresamente. 11. Ahora bien, en el caso de autos, a los demandantes no se les dieron explicaciones individuales. Por el contrario, aun cuando preguntaron las razones que motivaron la denegación en su caso particular, no recibieron más que cartas tipo que no contenían ninguna información específica sobre las razones por las que no fueron admitidas sus candidaturas. De ello se deriva que la decisión notificada mediante carta de 12 de febrero de 1987, última de la serie de cartas tipo recibidas por los demandantes, no puede considerarse como una decisión suficientemente motivada. Por consiguiente, debe estimarse el primer motivo. 12. El segundo motivo invocado consta de dos partes. Un primer argumento, presentado en el asunto 100/87 como una solicitud de interpretación de las sentencias antes dictadas, en los asuntos 293 y 294/84, acusa a la Comisión de no haber dado correcto cumplimiento a las mencionadas sentencias que implicaban la admisión de los demandantes a las pruebas sin más formalidades. Un segundo argumento se basa en el carácter irregular del procedimiento seguido por el tribunal para permitir a los demandantes comentar los pareceres de los superiores jerárquicos. A falta de datos escritos, el tribunal los reconstruyó según las notas personales y los recuerdos de sus miembros; por ello, es más que dudosa la autenticidad de los pareceres comunicados a los demandantes. 13. La Comisión afirma que el tribunal dio correcto cumplimiento a las sentencias del Tribunal de Justicia, retrotrayendo el procedimiento del concurso-oposición al momento en que se cometió la irregularidad. Además, la Comisión estima que siguió un procedimiento regular para la reconstrucción de los pareceres. 14. En los asuntos 293 y 294/84, la Comisión informó al Tribunal de Justicia que las opiniones de los superiores jerárquicos sobre los candidatos durante las entrevistas que tuvieron lugar en 1983 no se recogieron en las actas. Sólo con posterioridad a las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia sobre estos asuntos, procedió el tribunal a la reconstrucción de los citados pareceres, según las notas personales y los recuerdos de sus miembros. 15. Hay que observar, en primer lugar, que la anulación de las decisiones del tribunal en los asuntos 293 y 294/84 restableció a los demandantes en su situación jurídica anterior a las decisiones en cuestión. Por consiguiente, sus casos deben volverse a examinar a la vista de las sentencias del Tribunal de Justicia con el fin de determinar, para cada demandante, si puede ser admitido a las pruebas. 16. Sin embargo, cuando un tribunal de concurso vuelve a examinar las candidaturas, sobre todo con vistas a remediar una irregularidad grave, tiene que hacerlo con la debida diligencia y con especial esmero. Ahora bien, en el caso de autos, el tribunal recurrió a las notas y a los recuerdos personales de sus miembros, con el riesgo de que fueran incompletos e inexactos para reconstruir los pareceres expresados tres años antes sobre un gran número de candidatos. Además, se deduce de los autos que algunos de los pareceres reconstruidos de esta forma se hallan en flagrante contradicción con otros documentos, como son los informes de calificación, relativos a la forma en que algunos demandantes desempeñaron sus funciones. Al proceder de esta forma, el tribunal cometió una irregularidad grave que acarrea la anulación de las decisiones impugnadas. 17. De todo lo anterior resulta, sin que sea necesario examinar los demás motivos y alegaciones expuestos por los demandantes, que la decisión del tribunal del concurso-oposición COM2/82 de no admitir a los demandantes a las pruebas de este último debe anularse por su insuficiente motivación y la irregularidad del procedimiento seguido por el tribunal. Sobre la pretensión relativa a la indemnización por daños y perjuicios 18. La anulación de la decisión controvertida constituye en sí misma la reparación idónea de cualquier perjuicio moral que hayan podido sufrir los demandantes en el caso de autos. Al no haber acreditado los demandantes la existencia de un perjuicio material independiente, la pretensión de indemnización por daños y perjuicios carece de objeto. Por ello, no procede pronunciarse sobre este extremo. Decisión sobre las costas Costas 19. A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierde el proceso será condenada en costas. Al haber sido desestimados, en lo fundamental, los motivos formulados por la Comisión, procede condenarla en costas. Parte dispositiva En virtud de todo lo expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta), decide: 1) Anular la decisión del tribunal del concurso-oposición COM2/82 que resulta de la carta dirigida, en idénticos términos, a todos los demandantes el 12 de febrero de 1987 de no admitirles a las pruebas del citado concurso-oposición. 2) Condenar en costas a la Comisión.

62020CJ0576

fi

Ennakkoratkaisupyyntö koskee SEUT 21 artiklan ja sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä 16.9.2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 987/2009 ( EUVL 2009, L 284, s. 1 ) 44 artiklan 2 kohdan tulkintaa. Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa vastakkain ovat CC ja Pensionsversicherungsanstalt (eläkelaitos, Itävalta) ja joka koskee CC:n muissa jäsenvaltioissa täyttämien lastenhoitokausien huomioon ottamista hänen itävaltalaisen vanhuuseläkkeensä määrää laskettaessa. Asiaa koskevat oikeussäännöt Unionin oikeus Asetus (EY) N:o 883/2004 Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004 ( EUVL 2004, L 166, s. 1 ) tavoitteena on kansallisten sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen. Sen 91 artiklan mukaan sitä sovelletaan sen täytäntöönpanoasetuksen eli asetuksen N:o 987/2009 voimaantulopäivästä, joksi viimeksi mainitun asetuksen 97 artiklassa vahvistettiin 1.5.2010. Asetuksen N:o 883/2004 johdanto-osan ensimmäisessä ja kolmannessa perustelukappaleessa todetaan seuraavaa: ”(1) Kansallisten sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamissäännöt koskevat henkilöiden vapaata liikkuvuutta, ja niillä pitäisi myötävaikuttaa heidän elintasonsa ja työntekonsa edellytysten parantumiseen. – – (3) Sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä 14 päivänä kesäkuuta 1971 annettua neuvoston asetusta (ETY) N:o 1408/71 [( EYVL 1971, L 149, s. 2 )] on useaan otteeseen muutettu ja ajantasaistettu, jotta otettaisiin huomioon paitsi kehitys yhteisön tasolla, kuten yhteisöjen tuomioistuimen tuomiot, myös kansallisen tason lainsäädäntömuutokset. Kyseiset tekijät ovat osaltaan tehneet yhteisön yhteensovittamissäännöistä monimutkaisia ja pitkiä. Sen vuoksi on keskeisen tärkeää korvata kyseiset säännöt ja samalla uudistaa ja yksinkertaistaa niitä, jotta saavutettaisiin henkilöiden vapaan liikkuvuuden tavoite.” Tämän asetuksen 1 artiklan t alakohdan mukaan ”vakuutuskaudella” tarkoitetaan maksukausia, työskentelykausia tai itsenäisen ammatinharjoittamisen kausia, jotka on määritelty tai tunnustettu vakuutuskausiksi siinä lainsäädännössä, jonka mukaan ne ovat täyttyneet tai ne katsotaan täyttyneiksi, ja kaikkia sellaisina käsiteltäviä kausia, jos niiden katsotaan kyseisessä lainsäädännössä vastaavan vakuutuskausia. Kyseisen asetuksen 2 artiklan, jonka otsikko on ”Henkilöllinen soveltamisala”, 1 kohdassa säädetään seuraavaa: ”Tätä asetusta sovelletaan sellaisiin jossakin jäsenvaltiossa asuviin jäsenvaltion kansalaisiin, kansalaisuudettomiin henkilöihin ja pakolaisiin, jotka ovat tai ovat olleet yhden tai useamman jäsenvaltion lainsäädännön alaisia, sekä heidän perheenjäseniinsä ja heidän jälkeensä eläviin.” Saman asetuksen II osasto, jonka otsikko on ”Sovellettavan lainsäädännön määrittäminen”, sisältää muun muassa sen 11 artiklan, jonka otsikko on ”Yleiset säännöt” ja jonka 1–3 kohdassa säädetään seuraavaa: ”1.   Henkilöt, joihin tätä asetusta sovelletaan, ovat vain yhden jäsenvaltion lainsäädännön alaisia. Kyseinen lainsäädäntö määritetään tämän osaston mukaisesti. 2.   Tämän osaston säännöksiä sovellettaessa palkkatyön tai itsenäisen ammatinharjoittamisen nojalla tai niiden seurauksena rahaetuutta saavien henkilöiden katsotaan harjoittavan tätä työtä tai ammattia. Tätä ei kuitenkaan sovelleta työkyvyttömyys-, vanhuus- tai perhe-eläkkeisiin eikä työtapaturman tai ammattitaudin vuoksi myönnettyihin eläkkeisiin eikä rahana maksettaviin toistaiseksi jatkuvan hoidon kattaviin sairausetuuksiin. 3.   Jollei 12–16 artiklasta muuta johdu, a) henkilö, joka on palkkatyössä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana jossakin jäsenvaltiossa, on kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön alainen; b) virkamies on sen jäsenvaltion lainsäädännön alainen, johon hänen työnantajanaan toimiva hallinto kuuluu; c) henkilö, joka saa työttömyysetuuksia 65 artiklan mukaisesti asuinjäsenvaltionsa lainsäädännön nojalla, on kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön alainen; d) jäsenvaltion asevoimien palvelukseen tai siviilipalvelukseen kutsuttu tai uudelleen kutsuttu henkilö on tämän jäsenvaltion lainsäädännön alainen; e) muut kuin a–d alakohdassa tarkoitetut henkilöt ovat asuinjäsenvaltionsa lainsäädännön alaisia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen muita säännöksiä, joissa heille taataan etuuksia yhden tai useamman muun jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti.” Asetuksen N:o 883/2004 87 artiklan, joka koskee siirtymäsäännöksiä, sanamuoto on seuraava: ”1.   Tämän asetuksen perusteella ei kerry oikeuksia sen soveltamisen alkamispäivää edeltävältä ajalta. 2.   Kaikki vakuutuskaudet ja tapauksesta riippuen kaikki työskentelykaudet, itsenäisen ammatinharjoittamisen kaudet tai asumiskaudet, jotka jäsenvaltion lainsäädännön mukaan ovat täyttyneet ennen päivää, jolloin tätä asetusta alettiin soveltaa kyseisessä jäsenvaltiossa, otetaan huomioon määritettäessä tämän asetuksen nojalla saavutettuja oikeuksia. 3.   Jollei 1 kohdasta muuta johdu, oikeus on saavutettu tämän asetuksen mukaisesti, vaikka se liittyy tapahtumaan, joka sattui ennen asetuksen soveltamisen alkamispäivää kyseisessä jäsenvaltiossa. – –” Asetus N:o 987/2009 Asetuksen N:o 987/2009 johdanto-osan 1 ja 14 perustelukappaleen sanamuoto on seuraava: ”(1) Asetuksella [N:o 883/2004] nykyaikaistetaan jäsenvaltioiden sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevia sääntöjä täsmentämällä niiden täytäntöönpanon vaatimat toimenpiteet ja menettelyt ja yksinkertaistamalla niitä kaikkien asiaan liittyvien tahojen eduksi. Asetukselle olisi vahvistettava täytäntöönpanosäännöt. – – (14) Vakuutetulle eri jäsenvaltioissa täyttyneiden lastenhoitokausien huomioon ottamiseksi sovellettavan lainsäädännön määrittäminen edellyttää tiettyjä erityissääntöjä ja ‑menettelyjä.” Tämän asetuksen 44 artiklassa, jonka otsikko on ”Lastenhoitokausien huomioon ottaminen” ja joka sisältyy sen IV lukuun, jonka otsikko on ”Työkyvyttömyysetuudet sekä vanhuus- ja perhe-eläkkeet”, säädetään seuraavaa: ”1.   Tätä artiklaa sovellettaessa ’lastenhoitokaudella’ tarkoitetaan kautta, joka hyvitetään jonkin jäsenvaltion eläkelainsäädännössä tai jonka perusteella eläkkeeseen tulee lisäosa nimenomaan siitä syystä, että henkilö on hoitanut lasta, riippumatta siitä, mitä menetelmää käyttäen kyseiset kaudet lasketaan ja kertyvätkö ne lastenhoidon aikana vai myönnetäänkö ne taannehtivasti. 2.   Jos lastenhoitokausia ei oteta huomioon [asetuksen N:o 883/2004] II osaston mukaisesti toimivaltaisen jäsenvaltion lainsäädännössä, sen jäsenvaltion laitos, jonka lainsäädäntöä [asetuksen N:o 883/2004] II osaston mukaisesti sovellettiin asianomaiseen henkilöön, koska tämä toimi palkkatyössä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana ajankohtana, jona lastenhoitokauden huomioon ottaminen kyseisen lapsen osalta tämän lainsäädännön mukaisesti alkoi, on edelleen vastuussa tämän kauden huomioon ottamisesta sen oman lainsäädännön mukaisena lastenhoitokautena ikään kuin lastenhoito olisi tapahtunut sen alueella. 3.   Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta, jos asianomaiseen henkilöön sovelletaan tai aletaan soveltaa jonkin toisen jäsenvaltion lainsäädäntöä palkkatyön tai itsenäisen ammatinharjoittamisen perusteella.” Kyseisen asetuksen 93 artiklan, jonka otsikko on ”Siirtymäsäännökset”, sanamuoto on seuraava: ”[Asetuksen N:o 883/2004] 87 artiklaa sovelletaan [asetuksen N:o 987/2009] soveltamisalaan kuuluviin tilanteisiin.” Itävallan oikeus Yleisen eläkelain (Allgemeines Pensionsgesetz; BGBl. I, 142/2004) 4 §:ssä, jonka otsikko on ”Vanhuuseläke, oikeus”, säädetään seuraavaa: ”Vakuutetulla on oikeus vanhuuseläkkeeseen täytettyään 65 vuotta (lakisääteinen eläkeikä), mikäli viitepäivään – – mennessä on kertynyt tämän lain tai jonkin muun liittovaltion lain nojalla vähintään 180 vakuutuskuukautta, joista vähintään 84 on kertynyt ansiotyön perusteella (vähimmäisvakuutuskausi).” Yleisen eläkelain 16 §:n 3a momentissa säädetään, että kun kyse on kyseisen lain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun vähimmäiskauden täyttymisestä, vakuutuskuukausiin rinnastetaan myös 9.9.1955 annetun yleisen sosiaaliturvalain (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (BGBl. 189/1955), sellaisena kuin sitä sovelletaan pääasiaan (jäljempänä ASVG), 227a §:ssä ja ammatinharjoittajien sosiaaliturvalain (Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz) 116a §:ssä tarkoitettuja lastenhoitokausia vastaavat kaudet, jotka on kertyneet ennen 1.1.2005. Yleisen eläkelain 16 §:n 6 momentissa säädetään, että poiketen siitä, mitä kyseisen lain 4 §:n 1 momentissa säädetään, 60 vuotta ennen 1.1.2024 täyttäneiden naisten eläkeikä määräytyy ASVG:n 253 §:n 1 momentin mukaisesti. ASVG:n 224 §:n, jonka otsikko on ”Vakuutuskaudet”, sanamuoto on seuraava: ”Vakuutuskausilla tarkoitetaan 225 §:ssä ja 226 §:ssä mainittuja maksujen suorittamiskausia sekä 227 §:ssä, 227a §:ssä, 228 §:n, 228a §:ssä ja 229 §:ssä mainittuja rinnastettavia kausia.” ASVG:n 227a §:ssä säädetään pääasiallisesti, että vakuutettujen, jotka ovat tosiasiallisesti ja päätoimisesti hoitaneet lapsiaan, tapauksessa ”rinnastettaviksi kausiksi” katsotaan ne lastenhoitoon käytetyt kaudet, jotka ovat täyttyneet kotimaassa 31.12.1955 jälkeen ja ennen 1.1.2005, enintään 48 kalenterikuukautta tai, jos lapsia syntyy kaksi tai useampia, enintään 60 kalenterikuukautta lapsen syntymästä. Ammatinharjoittajien sosiaaliturvalain 116a §:ssä toistetaan olennaisilta osin ASVG:n 227a §:n säännökset. Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset Pääasian valittaja CC on vuonna 1957 syntynyt Itävallan kansalainen. Toimittuaan itsenäisenä ammatinharjoittajana Itävallassa 30.9.1986 saakka ja opiskeltuaan tämän jälkeen Yhdistyneessä kuningaskunnassa pääasian valittaja asettui marraskuun 1987 alussa asumaan Belgiaan, jossa hän synnytti kaksi lasta, ensimmäisen 5.12.1987 ja toisen 23.2.1990. Tämän jälkeen hän oleskeli Unkarissa 5.–31.12.1991 ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa 1.1.–8.2.1993. Pääasian valittaja hoiti lapsiaan 5.12.1987–8.2.1993, eikä hän ollut ansiotyössä, täyttänyt vakuutuskausia tai saanut lastensa hoidon perusteella etuuksia. Hän palasi Itävaltaan 8.2.1993 ja toimi siellä itsenäisenä ammatinharjoittajana. Pääasian valittaja käytti vuoden 1993 helmikuun ja vuoden 1994 helmikuun välisenä aikana 13 kuukautta lastensa hoitamiseen Itävallassa, ja tällöin hän kuului Itävallan pakollisen sosiaaliturvajärjestelmän piiriin ja maksoi siihen vakuutusmaksuja. Tämän jälkeen hän työskenteli ja maksoi vakuutusmaksuja kyseisessä jäsenvaltiossa eläkkeelle jäämiseensä saakka. Pääasian valittaja haki 11.10.2017 vanhuuseläkettä pääasian vastaajalta eli eläkelaitokselta. Eläkelaitos myönsi 29.12.2017 tekemällään päätöksellä hänelle 1.11.2017 alkaen oikeuden 1079,15 euron suuruiseen eläkkeeseen kuukaudessa. Tämä määrä laskettiin Itävallassa täyttyneiden 366 vakuutuskuukauden perusteella, mukaan lukien Itävallassa täyttyneet lastenhoitokaudet, jotka rinnastettiin vakuutuskausiin. Pääasian valittaja nosti tästä päätöksestä kanteen Arbeits- und Sozialgericht Wienissä (työ- ja sosiaaliasioiden tuomioistuin, Wien, Itävalta) ja väitti, että koska hän oli kuulunut Itävallan sosiaaliturvajärjestelmän piiriin ennen Belgiassa ja Unkarissa 5.12.1987 ja 31.12.1991välisenä aikana täyttämiään lastenhoitokausia, myös nämä kaudet olisi otettava rinnastettavina kausina huomioon hänen itävaltalaisen vanhuuseläkkeensä määrää laskettaessa, koska muutoin rikottaisiin SEUT 21 artiklaa, sellaisena kuin sitä on unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä tulkittu. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi tämän kanteen sillä perusteella, että pääasian valittaja ei täyttänyt asetuksen N:o 987/2009 44 artiklassa ja siihen liittyvässä Itävallan lainsäädännössä sille, että muissa jäsenvaltioissa täyttyneet lastenhoitokaudet voitaisiin rinnastaa vakuutuskausiin, säädettyjä edellytyksiä. Pääasian valittaja valitti tästä ratkaisusta Oberlandesgericht Wieniin (osavaltion ylioikeus, Wien, Itävalta) ja väitti, että vaikka hänen tilanteensa ei täyttäisikään asetuksen N:o 987/2009 44 artiklassa vahvistettuja edellytyksiä, muun muassa 19.7.2012 annettuun tuomioon Reichel-Albert ( C‑522/10 , EU:C:2012:475 ) perustuvan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan muissa jäsenvaltioissa täytetyt lastenhoitokaudet on otettava SEUT 21 artiklan perusteella huomioon, koska hän on työskennellyt ja kuulunut Itävallan sosiaaliturvajärjestelmän piiriin sekä ennen muissa jäsenvaltioissa täytettyjä lastensa hoitamiseen käytettyjä kausia että niiden jälkeen ja koska näillä kausilla on siten riittävä yhteys Itävallan sosiaaliturvajärjestelmään. Tämä tuomioistuin hylkäsi valituksen ja vahvisti, että asetuksen N:o 987/2009 44 artiklan soveltamisedellytykset eivät käsiteltävässä tapauksessa täyttyneet ja ettei pääasian valittajan lastensa hoitamiseen käyttämiä muissa jäsenvaltioissa täyttyneitä kausia voitu ottaa SEUT 21 artiklan perusteella huomioon, koska kyseinen säännös on luonteeltaan yksinomainen. Kyseinen tuomioistuin katsoi lisäksi, että 19.7.2012 annettuun tuomioon Reichel-Albert ( C‑522/10 , EU:C:2012:475 ) perustuvaa ratkaisua ei voitu soveltaa esillä olleeseen tapaukseen, koska siihen sovellettiin ajallisesti asetusta N:o 987/2009, kun taas kyseiseen tuomioon johtaneessa asiassa tilanne ei ollut tämä. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin Oberster Gerichtshof (ylin tuomioistuin, Itävalta), johon pääasian valittaja teki Revision-valituksen, katsoo myös, että asetuksia N:o 883/2004 ja N:o 987/2009 sovelletaan ajallisesti nyt käsiteltävään asiaan ja, että viimeksi mainitun asetuksen 44 artiklan 2 kohdassa asetetut edellytykset sille, että eläkelaitos ottaisi huomioon pääasian valittajan Belgiassa ja Unkarissa täyttämät lastenhoitokaudet, eivät ole täyttyneet, koska ensimmäisen lastenhoitokauden alkamispäivänä eli joulukuussa 1987 pääasian valittaja ei ollut palkkatyössä tai toiminut itsenäisenä ammatinharjoittajana Itävallassa. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin ei sulje pois sitä, että asetuksen N:o 987/2009 44 artiklaa voitaisiin tulkita siten, että sitä on sovellettava yksinomaisesti, ja että kyseisten kausien huomioon ottaminen ei siten ole mahdollista myöskään SEUT 21 artiklan perusteella. Tämä tuomioistuin toteaa kuitenkin, että pääasian tosiseikat ovat verrattavissa 19.7.2012 annettuun tuomioon Reichel-Albert ( C‑522/10 , EU:C:2012:475 ) johtaneen asian tosiseikkoihin ja että se, että pääasian valittaja on työskennellyt ja täyttänyt vakuutuskausia yksinomaan Itävallassa, voisi osoittaa riittävän kiinteän yhteyden Itävallan sosiaaliturvajärjestelmään kyseiseen tuomioon perustuvan oikeuskäytännön mukaisesti. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin katsoo näin ollen, että asetuksen N:o 1408/71, joka oli voimassa silloin, kun pääasian valittaja täytti lastenhoitokausia Belgiassa ja Unkarissa, perusteella nämä ajanjaksot olisi unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti otettu SEUT 21 artiklan nojalla huomioon laskettaessa hänen itävaltalaista vanhuuseläkettään. Pääasian valittajan tilanne on siten muuttunut epäedullisemmaksi asetuksen N:o 987/2009 44 artiklan voimaantulon jälkeen. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin toteaa toissijaisesti, että jäsenvaltiot, joissa pääasian valittaja on täyttänyt lastenhoitokausia, ovat lähtökohtaisesti säätäneet tällaisten kausien huomioon ottamisesta. Tässä yhteydessä tämä tuomioistuin pohtii, että siinä tapauksessa, että asetuksen N:o 987/2009 44 artiklaa voitaisiin soveltaa nyt käsiteltävässä asiassa, onko kyseisen artiklan 2 kohdassa tarkoitettu seikka eli se, että ”lastenhoitokausia ei oteta huomioon [asetuksen N:o 883/2004] II osaston mukaisesti toimivaltaisen jäsenvaltion lainsäädännössä”, ymmärrettävä siten, että se koskee tilannetta, jossa kyseisen jäsenvaltion lainsäädännössä ei säädetä yleisesti lastenhoitokausien huomioon ottamisesta asianomaisen henkilön vanhuuseläkettä laskettaessa, vai pikemminkin siten, että sitä sovelletaan tilanteessa, jossa kyseinen henkilö ei konkreettisen tilanteensa vuoksi voi vaatia lastenhoitokausien huomioon ottamista, vaikka tällaisesta huomioon ottamisesta on säädetty. Näissä olosuhteissa Oberster Gerichtshof päätti lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset: ”1) Onko asetuksen [N:o 987/2009] 44 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, että se estää vanhuuseläkkeen myöntämiseen toimivaltaista jäsenvaltiota ottamasta muissa jäsenvaltioissa täytettyjä lastenhoitokausia huomioon silloin, kun eläkkeen hakija on kyseisiä lastenhoitokausia lukuun ottamatta koko työelämänsä toiminut palkkatyössä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana tämän jäsenvaltion lainsäädännön alaisuudessa, jo pelkästään siksi, että mainittu eläkkeen hakija ei ajankohtana, jona lastenhoitokauden huomioon ottaminen kyseisen lapsen osalta alkoi tämän jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, toiminut palkkatyössä eikä itsenäisenä ammatinharjoittajana? Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi: 2) Onko asetuksen [N:o 987/2009] 44 artiklan 2 kohdan ensimmäisen virkkeen alkuosaa tulkittava siten, että asetuksen [N:o 883/2004] II osaston nojalla toimivaltainen jäsenvaltio ei lainsäädännössään yleensä ota lastenhoitokausia huomioon tai ei ota niitä huomioon vain tietyssä tapauksessa?” Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu Ensimmäinen kysymys Aluksi on muistutettava, että unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kansallisten tuomioistuinten ja unionin tuomioistuimen välille SEUT 267 artiklalla luodussa yhteistyössä unionin tuomioistuimen tehtävänä on antaa kansalliselle tuomioistuimelle hyödyllinen vastaus, jonka perusteella kansallinen tuomioistuin voi ratkaista siinä vireillä olevan asian. Unionin tuomioistuimen on tämän vuoksi tarvittaessa muotoiltava sille esitetyt kysymykset uudelleen. Unionin tuomioistuimen tehtävänä on nimittäin tulkita kaikkia unionin oikeuden säännöksiä, joita kansalliset tuomioistuimet tarvitsevat ratkaistessaan niiden käsiteltäväksi saatettuja asioita, vaikka näitä säännöksiä ei olisi nimenomaisesti mainittu kansallisten tuomioistuinten unionin tuomioistuimelle esittämissä kysymyksissä (tuomio 8.7.2021, Staatsanwaltschaft Köln ja Bundesamt für Güterverkehr, C‑937/19 , EU:C:2021:555 , kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). On siis niin, että vaikka ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin on muodollisesti rajoittanut kysymyksensä koskemaan vain asetuksen N:o 987/2009 44 artiklan 2 kohdan tulkintaa, tämä seikka ei estä unionin tuomioistuinta esittämästä sille kaikkia unionin oikeuden tulkintaan liittyviä seikkoja, jotka saattavat olla hyödyllisiä kansallisen tuomioistuimen ratkaistessa käsiteltävänään olevan asian, riippumatta siitä, onko kansallinen tuomioistuin viitannut niihin kysymyksissään. Unionin tuomioistuimen on poimittava kaikista kansallisen tuomioistuimen esittämistä seikoista ja erityisesti ennakkoratkaisupyynnön perusteluista ne unionin oikeutta koskevat seikat, joita on syytä tulkita, kun otetaan huomioon riidan kohde (ks. analogisesti tuomio 8.7.2021, Staatsanwaltschaft Köln ja Bundesamt für Güterverkehr, C‑937/19 , EU:C:2021:555 , kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Nyt käsiteltävässä asiassa ennakkoratkaisupyynnöstä ilmenee, että pääasia koskee sitä, onko Itävallan tasavallan otettava vanhuuseläkkeen myöntämiseksi huomioon pääasian valittajan muissa jäsenvaltioissa täyttämät lastenhoitokaudet. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin toteaa näet, ettei tällainen huomioon ottaminen ole mahdollista asetuksen N:o 987/2009 44 artiklan 2 kohdan nojalla, koska tässä säännöksessä vaaditaan, että asianomainen henkilö on toiminut palkkatyössä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana kyseessä olevassa jäsenvaltiossa ”ajankohtana, jona lastenhoitokauden huomioon ottaminen kyseisen lapsen osalta [tämän jäsenvaltion] lainsäädännön mukaisesti alkoi”, ja koska tämä ajankohta määritetään sen jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä, jota sovelletaan lastenhoitokausien huomioon ottamiseen. Vaikka pääasian valittaja on työuransa aikana toiminut palkkatyössä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana yksinomaan Itävallassa ja vaikka hän on maksanut vakuutusmaksuja yksinomaan tämän jäsenvaltion sosiaaliturvajärjestelmään, ennakkoratkaisupyynnön mukaan on osoitettu, että hän ei asian kannalta merkityksellisinä ajankohtina, jotka Itävallan lainsäädännön mukaan ovat 1.1.1988 ja 1.3.1990, toiminut palkkatyössä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana Itävallassa. Näissä olosuhteissa ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee, onko Itävallan tasavalta siinä tapauksessa, että 44 artiklaa olisi tulkittava siten, ettei se ole luonteeltaan yksinomainen, velvollinen ottamaan 19.7.2012 annettuun tuomioon Reichel-Albert ( C‑522/10 , EU:C:2012:475 ) – johonka johtaneen asian tosiseikat ovat kyseisen tuomioistuimen mukaan rinnastettavissa pääasian tosiseikkoihin – perustuvan oikeuskäytännön mukaisesti nämä kaudet huomioon SEUT 21 artiklan nojalla. Ensimmäinen kysymys on näin ollen ymmärrettävä siten, että sillä pyritään pääasiassa selvittämään, onko asetuksen N:o 987/2009 44 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, että jos asianomainen henkilö ei täytä tässä säännöksessä asetettua palkkatyössä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana toimimista koskevaa edellytystä sille, että vanhuuseläkkeen maksamisesta vastuussa oleva jäsenvaltio ottaisi kyseisen eläkkeen myöntämiseksi huomioon hänen muissa jäsenvaltioissa täyttämänsä lastenhoitokaudet, kyseinen jäsenvaltio on kuitenkin velvollinen ottamaan nämä kaudet huomioon SEUT 21 artiklan nojalla. Tässä yhteydessä on ensinnäkin tarkistettava, säädetäänkö asetuksen N:o 987/2009 44 artiklassa yksinomaisesti eri jäsenvaltioissa täyttyneiden lastenhoitokausien huomioon ottamista vai ei. Jos vastaus on myöntävä, tällaiset kaudet voidaan ottaa huomioon ainoastaan tämän säännöksen nojalla, joten SEUT 21 artiklaa ei voida soveltaa. Jos asetuksen N:o 987/2009 44 artiklaa on sitä vastoin tulkittava siten, ettei sitä sovelleta yksinomaisesti, ei suoralta kädeltä voida sulkea pois sitä, että 19.7.2012 annettuun tuomioon Reichel-Albert ( C‑522/10 , EU:C:2012:475 ) perustuvaa oikeuskäytäntöä, jonka mukaan jäsenvaltion on otettava asianomaisen henkilön toisessa jäsenvaltiossa täyttämät lastenhoitokaudet SEUT 21 artiklan nojalla huomioon, voitaisiin soveltaa pääasiassa kyseessä olevan kaltaiseen tilanteeseen, joka – toisin kuin mainittuun tuomioon johtanut tilanne – kuuluu asetuksen N:o 987/2009 ajalliseen soveltamisalaan mutta jossa asianomainen henkilö ei täytä kyseisen asetuksen 44 artiklan 2 kohdassa asetettua palkkatyössä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana toimimista koskevaa edellytystä. Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan unionin oikeuden säännöksen tulkitsemiseksi on otettava huomioon sen sanamuodon lisäksi sen asiayhteys sekä sillä lainsäädännöllä tavoitellut päämäärät, jonka osa säännös on, ja myös kyseisen säännöksen syntyhistoriasta voi ilmetä sen tulkinnan kannalta merkityksellisiä seikkoja (tuomio 8.5.2019, Inspecteur van de Belastingdienst, C‑631/17 , EU:C:2019:381 , kohta). Nyt käsiteltävässä asiassa asetuksen N:o 987/2009 44 artiklan sanamuodosta ei nimenomaisesti ilmene, säädetäänkö tässä säännöksessä yksinomaisesti eri jäsenvaltioissa täyttyneiden lastenhoitokausien huomioon ottamisesta. On kuitenkin todettava, että kyseisen artiklan 2 kohdan sääntö, jonka mukaan asianomaiseen henkilöön sovelletaan sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, joka asetuksen N:o 883/2004 II osaston nojalla oli toimivaltainen sillä perusteella, että asianomainen henkilö on toiminut palkkatyössä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana kyseisessä jäsenvaltiossa ajankohtana, jona lastenhoitokauden huomioon ottaminen tämän lainsäädännön mukaisesti alkoi, on kodifikaatio 23.11.2000 annettuun tuomioon Elsen ( C‑135/99 , EU:C:2000:647 ) ja 7.2.2002 annettuun tuomioon Kauer ( C‑28/00 , EU:C:2002:82 ) perustuvasta oikeuskäytännöstä, kuten Euroopan komissio on todennut. Vaikka unionin lainsäätäjä ei ole ottanut nimenomaisesti käyttöön näissä tuomioissa vahvistettua testiä, joka koskee jäsenvaltiossa, jossa asianomainen henkilö hakee vanhuuseläkettä, työnteon perusteella täytettyjen vakuutuskausien ja kyseisen henkilön toisessa jäsenvaltiossa täyttämien lastenhoitokausien välistä ”kiinteää yhteyttä” tai ”riittävää yhteyttä”, on kuitenkin niin, että asetuksen N:o 987/2009 44 artiklan 2 kohdassa vahvistetun säännön soveltaminen kyseessä oleviin henkilöihin olisi näihin tuomioihin johtaneissa asioissa johtanut unionin tuomioistuimen niiden käsittelyn päätteeksi vahvistamaan lopputulokseen. Kuten 23.11.2000 annetun tuomion Elsen ( C‑135/99 , EU:C:2000:647 ) 25–28 kohdasta ja 7.2.2002 annetun tuomion Kauer ( C‑28/00 , EU:C:2002:82 ) 31–33 kohdasta käy ilmi, oikeuskäytännössä on katsottu, että sen, että nämä henkilöt, jotka olivat työskennelleet yksinomaan vanhuuseläkkeen maksamisesta vastuussa olevassa jäsenvaltiossa, toimivat palkkatyössä kyseisen jäsenvaltion alueella lapsensa syntymän ajankohtana, perusteella voidaan osoittaa, että tällainen kiinteä tai riittävä yhteys on olemassa ja että mainitun jäsenvaltion lainsäädäntöä on näin ollen sovellettava, kun kyse on toisessa jäsenvaltiossa täytettyjen lastenhoitokausien huomion ottamisesta tällaisen eläkkeen myöntämiseksi. On lisättävä, että koska unionin tuomioistuin ei asetuksen N:o 987/2009 44 artiklan voimaantulopäivänä ollut vielä julistanut 19.7.2012 antamaansa tuomiota Reichel-Albert ( C‑522/10 , EU:C:2012:475 ), tähän tuomioon perustuvia ohjeita ei ole voitu ottaa asetusta annettaessa huomioon niiden mahdolliseksi kodifioimiseksi. Tästä seuraa, että asetuksen N:o 987/2009 44 artiklaa on sanamuotonsa perusteella tulkittava siten, ettei siinä säädetä yksinomaisesti lastenhoitokausien huomioon ottamisesta. Tätä tulkintaa tukee kyseisen säännöksen asiayhteys. Kun otetaan huomioon asetuksen N:o 987/2009 osasto ja luku, johon tämän asetuksen 44 artikla kuuluu, eli III osasto, joka otsikko on ”Eri etuusryhmiä koskevat erityissäännökset”, ja IV luku, johon sisältyvät ”työkyvyttömyysetuuksia sekä vanhuus- ja perhe-eläkkeitä” koskevat säännökset, on näet todettava, että tämä säännös on eläke-etuuksiin sovellettava erityissäännös, jolla edistetään lastenhoitokausien huomioon ottamista näitä etuuksia laskettaessa. Silloin kun näitä kausia ei oteta asetuksen N:o 883/2004 II osaston nojalla toimivaltaisen jäsenvaltion lainsäädännössä huomioon, tällä säännöksellä annetaan tätä varten ainoastaan toissijainen toimivalta jäsenvaltiolle, joka ei yleisten sääntöjen mukaan ole toimivaltainen mutta joka on ollut aiemmin toimivaltainen sen vuoksi, että asianomainen henkilö on toiminut palkkatyössä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana tässä jäsenvaltiossa ajankohtana, jona näiden kausien huomioon ottaminen voi sen lainsäädännön mukaisesti alkaa. Asetuksen N:o 987/2009 44 artiklassa otetaan siten käyttöön lisäsääntö, jonka avulla voidaan kasvattaa todennäköisyyttä sille, että asianomaisten henkilöiden lastenhoitokaudet otetaan täysimääräisesti huomioon, ja näin välttää mahdollisuuksien mukaan sitä, ettei näin tapahdu. Tätä säännöstä ei voida näin ollen tulkita siten, että se olisi luonteeltaan yksinomainen. Kun kyse on sen säännöstön tavoitteesta, johon asetuksen N:o 987/2009 44 artikla kuuluu, on muistutettava, että – kuten asetuksen N:o 883/2004 johdanto-osan kolmannesta perustelukappaleesta ja asetuksen N:o 987/2009 ensimmäisestä perustelukappaleesta ilmenee – asetuksen N:o 883/2004 tavoitteena on korvata asetuksessa N:o 1408/71 säädetyt kansallisten sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetut säännöt nykyaikaistamalla ja yksinkertaistamalla niitä henkilöiden vapaan liikkuvuuden tavoitteen toteuttamiseksi ja että asetuksella N:o 987/2009 on tarkoitus vahvistaa ensiksi mainitun asetuksen täytäntöönpanosäännöt. Asetuksen N:o 883/2004 johdanto-osan ensimmäisessä perustelukappaleessa todetaan lisäksi, että viimeksi mainitussa asetuksessa, asetuksessa N:o 987/2009 ja aiemmin asetuksessa N:o 1408/71 säädetyn kaltaiset kansallisten sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamissäännöt koskevat henkilöiden vapaata liikkuvuutta. Tältä osin vakiintuneesta oikeuskäytännöstä on asetuksen N:o 883/2004 voimaantulosta lähtien käynyt ilmi yhtäältä, että vaikka jäsenvaltiot säilyttävät unionin tasolla toteutetun yhdenmukaistamisen puuttuessa toimivaltansa järjestää sosiaaliturvajärjestelmänsä ja määrittää tässä yhteydessä muun muassa edellytykset, joiden täyttyessä oikeus etuuksiin syntyy, niiden on kuitenkin tätä toimivaltaa käyttäessään noudatettava unionin oikeutta ja erityisesti niitä EUT-sopimuksen määräyksiä, jotka koskevat jokaiselle unionin kansalaiselle tunnustettua vapautta liikkua ja oleskella jäsenvaltioiden alueella (ks. vastaavasti tuomio 14.3.2019, Vester ( C‑134/18 , EU:C:2019:212 , – kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Toisaalta on niin, että jos työntekijät menettäisivät heille tietyn jäsenvaltion lainsäädännössä tarjottuja sosiaaliturvaetuja sen seurauksena, että he käyttävät oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen, tällainen seuraus voisi saada heidät luopumaan käyttämästä oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen ja muodostaisi näin ollen kyseistä vapautta koskevan rajoituksen (ks. vastaavasti tuomio 14.3.2019, Vester, C‑134/18 , EU:C:2019:212 , kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Tästä seuraa, että tavoitteella varmistaa vapaan liikkuvuuden periaatteen, sellaisena kuin se on vahvistettu SEUT 21 artiklassa, noudattaminen on etusija myös asetuksen N:o 883/2004 ja asetuksen N:o 987/2009 yhteydessä. On kuitenkin todettava, että tulkinta, jonka mukaan asetuksen N:o 987/2009 44 artiklassa säädettäisiin yksinomaisesti eri jäsenvaltioissa täyttyneiden lastenhoitokausien huomioon ottamisesta, merkitsisi sitä, että henkilön vanhuuseläkkeen maksamisesta vastuussa oleva jäsenvaltio, jossa pääasian valittajan tavoin tämä henkilö on yksinomaan työskennellyt ja maksanut vakuutusmaksuja sekä sitä ennen että sen jälkeen, kun hän muutti asuinpaikkansa toiseen jäsenvaltioon, jossa hän on omistautunut lastensa hoitamiseen, voisi kieltäytyä ottamasta tällaisen eläkkeen myöntämiseksi huomioon lastenhoitokausia, jotka kyseinen henkilö on täyttänyt tässä toisessa jäsenvaltiossa, ja näin ollen sitä, että hänet saatettaisiin epäedullisempaan asemaan pelkästään sillä perusteella, että hän on käyttänyt oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen. Tällainen tulkinta olisi näin ollen ristiriidassa asetuksen N:o 987/2009 tavoitteiden kanssa erityisesti siltä osin kuin kyse on päämäärästä taata vapaan liikkuvuuden periaatteen noudattaminen ja saattaisi näin ollen vaarantaa tämän asetuksen 44 artiklan tehokkaan vaikutuksen. Tässä yhteydessä on riittävää muistuttaa, että unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan silloin, kun unionin oikeuden säännöstä voidaan tulkita usealla tavalla, etusija on annettava tulkinnalle, jolla voidaan varmistaa säännöksen tehokas vaikutus (tuomio 7.10.2010, Lassal C‑162/09 , EU:C:2010:592 , kohta). Näin ollen on katsottava, että kun otetaan huomioon asetuksen N:o 987/2009 44 artiklan sanamuoto, asiayhteys ja sillä lainsäädännöllä tavoitellut päämäärät, jonka osa se on, tätä artiklaa on tulkittava siten, ettei siinä säädetä yksinomaisesti saman henkilön eri jäsenvaltioissa täyttämien lastenhoitokausien huomioon ottamisesta. Toiseksi on tutkittava, voidaanko 19.7.2012 annettuun tuomioon Reichel-Albert ( C‑522/10 , EU:C:2012:475 ) perustuvaa oikeuskäytäntöä soveltaa pääasiassa kyseessä olevan kaltaiseen tilanteeseen, jossa – vaikka asetusta N:o 987/2009 sovelletaan ajallisesti – asianomainen henkilö ei täytä kyseisen asetuksen 44 artiklan 2 kohdassa asetettua palkkatyössä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana toimimista koskevaa edellytystä sille, että vanhuuseläkkeen maksamisesta vastuussa oleva jäsenvaltio ottaisi kyseisen eläkkeen myöntämiseksi huomioon hänen muissa jäsenvaltioissa täyttämänsä lastenhoitokaudet. Tähän tuomioon johtaneessa asiassa asianomainen henkilö oli lastensa syntymän ajankohtana lopettanut työskentelyn vanhuuseläkkeensä maksamisesta vastuussa olevassa jäsenvaltiossa ja muuttanut väliaikaisesti asuinpaikkansa toiseen jäsenvaltioon, jossa hän omistautui lastensa hoitamiseen ja jossa hän ei toiminut palkkatyössä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana. Kyseinen henkilö palasi tämän jälkeen perheensä kanssa ensimmäiseen jäsenvaltioon, jossa hän alkoi tehdä uudelleen ansiotyötä. Unionin tuomioistuin katsoi 19.7.2012 antamansa tuomion Reichel-Albert ( C‑522/10 , EU:C:2012:475 ) 24–29 kohdassa aluksi, että asetusta N:o 987/2009 ei voitu soveltaa ajallisesti tällaisessa tilanteessa, ja totesi, että näissä olosuhteissa oli lähtökohtaisesti sovellettava asetuksen N:o 1408/71 sääntöjä. Todettuaan kyseisen tuomion 30 kohdassa, ettei asetuksessa N:o 1408/71 vahvisteta mitään asetuksen N:o 987/2009 44 artiklaan verrattavissa olevaa erityissääntöä, joka koskisi muissa jäsenvaltioissa täyttyneiden lastenhoitokausien huomioon ottamista, unionin tuomioistuin katsoi, että ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen esittämät kysymykset oli ymmärrettävä niin, että niillä haluttiin selvittää, velvoittiko SEUT 21 artikla tällöin kyseessä olleessa tilanteessa asianomaisen henkilön vanhuuseläkkeen maksamisesta vastuussa olevan jäsenvaltion toimivaltaisen laitoksen ottamaan tällaisen eläkkeen myöntämiseksi huomioon kyseisen henkilön toisessa jäsenvaltiossa täyttämät lastenhoitokaudet. Kyseisen tuomion 31 kohdassa unionin tuomioistuin katsoi, että tähän kysymykseen vastaamiseksi oli yhtäältä määritettävä, mikä oli toimivaltainen jäsenvaltio määrittelemään tai tunnustamaan varsinaisia vakuutuskausia vastaaviksi kausiksi asianomaisen henkilön toisessa jäsenvaltiossa lastensa hoitamiseen käyttämät kaudet, ja toisaalta siinä tapauksessa, että kyse oli hänen vanhuuseläkkeensä maksamisesta vastuussa olevan jäsenvaltion lainsäädännöstä, oli arvioitava, olivatko tässä lainsäädännössä säädetyt lastenhoitokausien huomioon ottamista koskevat säännöt yhteensopivat SEUT 21 artiklan kanssa. Unionin tuomioistuin katsoi siten yhtäältä 19.7.2012 antamansa tuomion Reichel-Albert ( C‑522/10 , EU:C:2012:475 ) 35 ja 36 kohdassa, että kun henkilö oli työskennellyt ja maksanut vakuutusmaksuja yksinomaan yhdessä ja samassa jäsenvaltiossa sekä sitä ennen että sen jälkeen, kun hän muutti asuinpaikkansa toiseen jäsenvaltioon, jossa hän ei ollut koskaan työskennellyt eikä maksanut vakuutusmaksuja, oli myönnettävä, että näiden lastenhoitokausien ja työskentelyn vuoksi ensin mainitussa jäsenvaltiossa täyttyneiden vakuutuskausien välillä oli riittävä yhteys, joten ensin mainitun jäsenvaltion lainsäädäntöä oli sovellettava, kun kyse oli tämän henkilön täyttämien lastenhoitokausien huomioon ottamisesta ja hyvittämisestä vanhuuseläkkeen myöntämiseksi. Toisaalta unionin tuomioistuin muistutti kyseisessä asiassa sovellettavan lainsäädännön yhteensopivuudesta SEUT 21 artiklan kanssa tämän tuomion 38–40 kohdassa, että vaikka jäsenvaltiot säilyttävät toimivaltansa sosiaaliturvajärjestelmiensä järjestämisessä, niiden on kuitenkin tätä toimivaltaa käyttäessään noudatettava unionin oikeutta ja erityisesti perussopimuksen määräyksiä, jotka koskevat kansalaisten vapaata liikkuvuutta, joka on taattu SEUT 21 artiklassa. Lisäksi unionin tuomioistuin totesi, että kyseiseen tuomioon johtaneen asian tilanteen kaltaisessa tilanteessa kansalliset säännökset johtavat siihen, että koska asianomainen henkilö ei ole kerryttänyt palkkatyössä tai itsenäisen ammatinharjoittamisen yhteydessä pakollisista vakuutusmaksuista maksukausia lastensa hoitamisen aikana tai välittömästi ennen näiden syntymää, häneltä evätään vanhuuseläkkeensä määrän määrittämistä varten oikeus lastenhoitokausien huomioon ottamiseen ainoastaan siitä syystä, että hän on tilapäisesti siirtänyt asuinpaikkansa toiseen jäsenvaltioon, vaikkei hän olekaan tehnyt palkkatyötä tai harjoittanut itsenäistä ammattitoimintaa tässä toisessa jäsenvaltiossa. Unionin tuomioistuin totesi lopuksi saman tuomion 41–45 kohdassa, että näissä olosuhteissa tällaista henkilöä kohdellaan jäsenvaltiossa, jonka kansalainen hän on, epäedullisemmin kuin häntä kohdeltaisiin siinä tapauksessa, että hän ei olisi käyttänyt EUT-sopimuksessa annettuja henkilöiden liikkumisvapautta koskevia mahdollisuuksia. Kansallisesta lainsäädännöstä, jossa tietyt oman maan kansalaiset asetetaan epäedullisempaan asemaan pelkästään sen vuoksi, että he ovat käyttäneet vapauttaan liikkua ja oleskella toisessa jäsenvaltiossa, aiheutuu näin ollen epäyhdenvertaista kohtelua, joka on vastoin unionin kansalaisen aseman taustalla olevia periaatteita, kun hän käyttää oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen. Unionin tuomioistuin päätteli tästä, että yhtäältä tällaisessa tilanteessa se, että toimivaltaisen jäsenvaltion lainsäädännössä ei oteta huomioon kyseisen jäsenvaltion alueen ulkopuolella täyttyneitä lastenhoitokausia, on ristiriidassa SEUT 21 artiklan kanssa, ja että toisaalta tämä unionin oikeuden määräys velvoittaa kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisen laitoksen ottamaan vanhuuseläkkeen myöntämisen yhteydessä huomioon asianomaisen henkilön toisessa jäsenvaltiossa täyttämät lastenhoitokaudet eläkkeen määrää laskettaessa. On todettava, että koska – kuten tämän tuomion 55 kohdasta ilmenee – asetuksen N:o 987/2009 44 artiklassa ei säädetä yksinomaisesti ulkomailla täyttyneiden lastenhoitokausien huomioon ottamista ja koska – kuten tämän tuomion 51 kohdasta ilmenee – tavoitteella varmistaa vapaan liikkuvuuden periaatteen, sellaisena kuin se on vahvistettu SEUT 21 artiklassa, noudattamisella on etusija myös asetuksen N:o 883/2004 ja asetuksen N:o 987/2009 yhteydessä, 19.7.2012 annetun tuomion Reichel-Albert ( C‑522/10 , EU:C:2012:475 ) ohjeita voidaan soveltaa pääasiassa kyseessä olevan kaltaisessa tilanteessa, jossa asetusta N:o 987/2009 sovelletaan ajallisesti mutta jossa asianomainen henkilö ei täytä kyseisen asetuksen 44 artiklan 2 kohdassa asetettua palkkatyössä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana toimimista koskevaa edellytystä sille, että vanhuuseläkkeen maksamisesta vastuussa oleva valtio ottaisi kyseisen eläkkeen myöntämiseksi huomioon hänen muissa jäsenvaltioissa täyttämänsä lastenhoitokaudet. Kuten tämän tuomion 22–25 kohdasta ilmenee, pääasian tosiseikat ovat verrattavissa 19.7.2012 annettuun tuomioon Reichel-Albert ( C‑522/10 , EU:C:2012:475 ) johtaneen asian tämän tuomion 56 kohdassa mainittuihin tosiseikkoihin, koska yhtäältä pääasian valittaja on nyt käsiteltävässä asiassa työskennellyt ja maksanut vakuutusmaksuja yksinomaan hänen vanhuuseläkkeensä maksamisesta vastuussa olevassa jäsenvaltiossa eli Itävallassa sekä sitä ennen että sen jälkeen, kun hän muutti Unkariin ja sittemmin Belgiaan, joissa hän omistautui lastensa hoitamiseen, ja koska toisaalta hän ei ole toiminut palkkatyössä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana Itävallassa ajankohtana, joka on merkityksellinen, kun kyse on hänen lastenhoitokausiensa huomioon ottamisesta vanhuuseläkkeen myöntämiseksi kyseisessä jäsenvaltiossa. Kuten 19.7.2012 annetussa tuomiossa Reichel-Albert ( C‑522/10 , EU:C:2012:475 ) kyseessä olleessa tilanteessa, pääasian valittajan ulkomailla täyttämien lastenhoitokausien ja Itävallassa työskentelyn perusteella täyttyneiden vakuutuskausien välillä on siten riittävä yhteys. Näin ollen on katsottava, että tämän jäsenvaltion lainsäädäntöä on sovellettava näiden kausien huomioon ottamiseksi ja hyvittämiseksi, kun kyseinen jäsenvaltio myöntää vanhuuseläkkeen. On myös riidatonta, että jos pääasian valittaja ei olisi lähtenyt Itävallasta, hänen lastenhoitokautensa olisi otettu huomioon hänen itävaltalaista vanhuuseläkettään laskettaessa. Näin ollen ei ole epäilystäkään siitä, että pääasian valittaja saatetaan 19.7.2012 annettuun tuomioon Reichel-Albert ( C‑522/10 , EU:C:2012:475 ) johtaneessa asiassa kyseessä olleen asianomaisen henkilön tavoin epäedullisempaan asemaan pelkästään siitä syystä, että hän on käyttänyt oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen, mikä on ristiriidassa SEUT 21 artiklan kanssa. Tästä seuraa, että pääasiassa kyseessä olevan kaltaisessa tilanteessa, jossa asianomainen henkilö on työskennellyt ja maksanut vakuutusmaksuja yksinomaan hänen vanhuuseläkkeensä maksamisesta vastuussa olevassa jäsenvaltiossa sekä sitä ennen että sen jälkeen, kun hän muutti asuinpaikkansa toisiin jäsenvaltioihin, joissa hän on täyttänyt lastenhoitokautensa, kyseisen jäsenvaltion on 19.7.2012 annettuun tuomioon Reichel-Albert ( C‑522/10 , EU:C:2012:475 ) perustuvan oikeuskäytännön mukaisesti otettava huomioon nämä kaudet SEUT 21 artiklan nojalla vanhuuseläkkeen myöntämiseksi. Edellä esitetyn perusteella ensimmäiseen kysymykseen on vastattava, että asetuksen N:o 987/2009 44 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että jos asianomainen henkilö ei täytä tässä säännöksessä asetettua palkkatyössä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana toimimista koskevaa edellytystä sille, että vanhuuseläkkeen maksamisesta vastuussa oleva jäsenvaltio ottaisi kyseisen eläkkeen myöntämiseksi huomioon hänen muissa jäsenvaltioissa täyttämänsä lastenhoitokaudet, kyseinen jäsenvaltio on velvollinen ottamaan huomioon nämä kaudet SEUT 21 artiklan nojalla silloin, kun kyseinen henkilö on työskennellyt ja maksanut vakuutusmaksuja yksinomaan tässä jäsenvaltiossa sekä sitä ennen että sen jälkeen, kun hän muutti asuinpaikkansa toiseen jäsenvaltioon, jossa hän on täyttänyt kyseiset kaudet. Toinen kysymys Koska tämä kysymys on esitetty ainoastaan siltä varalta, että unionin tuomioistuin katsoisi, että asetuksen N:o 987/2009 44 artiklan 2 kohtaa sovelletaan pääasiassa kyseessä olevan kaltaisessa tilanteessa, ja koska kyseisen säännöksen soveltamisedellytykset eivät nyt käsiteltävässä asiassa täyty, kysymykseen ei ole tarpeen vastata. Oikeudenkäyntikulut Pääasioiden asianosaisten osalta asioiden käsittely unionin tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevien asioiden käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä unionin tuomioistuimelle, ei voida määrätä korvattaviksi. Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (toinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti: Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä 16.9.2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 987/2009 44 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että jos asianomainen henkilö ei täytä tässä säännöksessä asetettua palkkatyössä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana toimimista koskevaa edellytystä sille, että vanhuuseläkkeen maksamisesta vastuussa oleva jäsenvaltio ottaisi kyseisen eläkkeen myöntämiseksi huomioon hänen muissa jäsenvaltioissa täyttämänsä lastenhoitokaudet, kyseinen jäsenvaltio on velvollinen ottamaan huomioon nämä kaudet SEUT 21 artiklan nojalla silloin, kun kyseinen henkilö on työskennellyt ja maksanut vakuutusmaksuja yksinomaan tässä jäsenvaltiossa sekä sitä ennen että sen jälkeen, kun hän muutti asuinpaikkansa toiseen jäsenvaltioon, jossa hän on täyttänyt kyseiset kaudet. Allekirjoitukset ( *1 ) Oikeudenkäyntikieli: saksa.

62010CJ0177

it

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 (in prosieguo: l’«accordo quadro»), che figura nell’allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43). Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Rosado Santana, attualmente dipendente pubblico di ruolo della Junta de Andalucía, e la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía (Ministero della Giustizia e della Pubblica amministrazione della Comunità autonoma dell’Andalusia; in prosieguo: la «Consejería») in merito alla decisione di quest’ultima di annullare gli atti relativi alla sua nomina a dipendente pubblico di ruolo nella categoria generale degli assistenti per via di promozione interna. Contesto normativo La normativa dell’Unione Dal quattordicesimo ‘considerando’ della direttiva 1999/70, fondata sull’art. 139, n. 2, CE, risulta che le parti contraenti dell’accordo quadro hanno espresso l’intenzione di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo l’applicazione del principio di non discriminazione, nonché di creare un quadro per la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato. Ai sensi dell’art. 1 di detta direttiva, il suo scopo è «attuare l’accordo quadro (…) concluso (…) fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale (CES, CEEP e UNICE)». In forza dell’art. 2, primo comma, di tale direttiva: «Gli Stati membri mettono in atto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il 10 luglio 2001 o si assicurano che, entro tale data, le parti sociali introducano le disposizioni necessarie mediante accordi. Gli Stati membri devono prendere tutte le disposizioni necessarie per essere sempre in grado di garantire i risultati prescritti dalla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione». Ai sensi della clausola 1 dell’accordo quadro, l’obiettivo di quest’ultimo è: «a)      migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione; b)      creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato». La clausola 2, punto 1, dell’accordo quadro è formulata come segue: «Il presente accordo si applica ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro». La clausola 3 dell’accordo quadro così recita: «1. Ai fini del presente accordo, il termine “lavoratore a tempo determinato” indica una persona con un contratto o un rapporto di lavoro [di durata determinata] definiti direttamente fra il datore di lavoro e il lavoratore e il cui termine è determinato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico; 2.      Ai fini del presente accordo, il termine “lavoratore a tempo indeterminato comparabile” indica un lavoratore con un contratto o un rapporto di lavoro di durata indeterminata appartenente allo stesso stabilimento e addetto a lavoro/occupazione identico o simile, tenuto conto delle qualifiche/competenze. In assenza di un lavoratore a tempo indeterminato comparabile nello stesso stabilimento, il raffronto si dovrà fare in riferimento al contratto collettivo applicabile o, in mancanza di quest’ultimo, in conformità con la legge, i contratti collettivi o le prassi nazionali». La clausola 4 dell’accordo quadro, intitolata «Principio di non discriminazione», prevede quanto segue: «1.       Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. (…) 4.      I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive». La normativa nazionale L’art. 1, n. 2, della legge 26 dicembre 1978, n. 70, in materia di riconoscimento di servizi pregressi effettuati presso l’amministrazione pubblica (Ley 70/1978 de reconocimiento de servicios previos en la Administración Pública; BOE del 10 gennaio 1979, n. 9, pag. 464; in prosieguo: la «legge 70/1978»), stabilisce: «Si considerano periodi di servizio effettivo tutti i periodi di servizio indistintamente prestati presso gli organismi della pubblica amministrazione menzionati al punto precedente, in qualità di dipendente pubblico a tempo determinato (a termine o temporaneo) nonché tutti i periodi di servizio prestati in virtù di un contratto disciplinato dal diritto amministrativo o del lavoro, sia esso formalizzato documentalmente o meno». La ventiduesima disposizione aggiuntiva alla legge 2 agosto 1984, n. 30, relativa alla riforma della funzione pubblica spagnola (Ley 30/1984 de reforma de la Función Pública; BOE del 3 agosto 1984, n. 185, pag. 22629), come modificata dalla legge 30 dicembre 1994, n. 42, contenente provvedimenti fiscali, amministrativi e di ordine sociale (Ley 42/1994 de medidas fiscales, administrativas y de orden social; BOE del 31 dicembre 1994, n. 313, pag. 39457), prevede quanto segue: «L’accesso alle categorie o scatti del gruppo C può avvenire attraverso una promozione interna a partire da categorie o scatti del gruppo D in un ambito di attività o di funzioni corrispondenti, se disponibili, ed è attuato secondo il sistema del concorso, con valutazione, in sede di concorso, delle qualifiche rispetto alla carriera e ai posti ricoperti, del livello di formazione e dell’anzianità. A tal fine si richiedono i titoli elencati nell’art. 25 della presente legge o un’anzianità di dieci anni in una categoria o scatto del gruppo D, o di cinque anni se l’interessato ha seguito un corso di formazione specifico il cui accesso è disciplinato da criteri oggettivi. La presente disposizione costituisce una norma di base dello statuto dei dipendenti pubblici, adottata in forza dell’art. 149, n. 1, punto 18, della Costituzione». L’art. 32 del decreto 9 gennaio 2002, n. 2, che contiene la disciplina generale del reclutamento, promozione interna, assegnazione di posti e promozione professionale dei dipendenti dell’amministrazione generale della Junta de Andalucía (Decreto 2/2002 por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, BOJA n. 8, del 19 gennaio 2002, pag. 913), è formulato in termini analoghi a quelli di detta disposizione aggiuntiva. La legge 12 aprile 2007, n. 7, recante le norme di base applicabili ai dipendenti pubblici (Ley 7/2007 del Estatuto básico del empleado público; BOE n. 89 del 13 aprile 2007, pag. 16270; in prosieguo: la «LEBEP») si applica, conformemente al suo art. 2, n. 1, al personale di ruolo e, ove occorre, agli agenti a contratto che lavorano, in particolare, nelle amministrazioni delle comunità autonome. L’art. 8, n. 2, della LEBEP prevede che i dipendenti pubblici siano inquadrati nelle seguenti categorie: dipendenti di ruolo («funcionarios de carrera»); dipendenti temporanei («funcionarios interinos»); agenti contrattuali e personale reclutato occasionalmente. L’art. 9, n. 1, della LEBEP così recita: «Sono dipendenti pubblici di ruolo le persone designate dalla legge che fanno parte di un’amministrazione pubblica in forza di un rapporto statutario disciplinato dal diritto amministrativo, per svolgere in via permanente servizi professionali retribuiti». L’art. 10, n. 1, della LEBEP prevede quanto segue: «Sono dipendenti pubblici temporanei i soggetti che, per motivi di necessità e urgenza specificamente motivati, sono nominati in tale qualità per esercitare funzioni proprie dei dipendenti pubblici di ruolo, nei casi qui di seguito elencati: a)      esistenza di posti vacanti che non possono essere ricoperti da dipendenti pubblici di ruolo. b)      Sostituzione temporanea di dipendenti pubblici di ruolo. c)      Attuazione di programmi a carattere temporaneo. d)      Eccesso o accumulo di lavoro, per un massimo di sei mesi, su un periodo di dodici mesi». L’art. 18 della LEBEP, intitolato «Promozione interna dei dipendenti pubblici di ruolo», è formulato nei termini seguenti: «1.      La promozione interna avviene tramite procedure di selezione che garantiscono il rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza, di merito e di capacità (…) 2.      I dipendenti pubblici di ruolo devono soddisfare i requisiti richiesti per l’accesso all’impiego pubblico, aver maturato un’anzianità di almeno due anni di servizio attivo nel sottogruppo inferiore o nel gruppo di inquadramento professionale, qualora quest’ultimo non comprenda un sottogruppo, e superare le rispettive prove di selezione». La causa principale e le questioni pregiudiziali Dalle informazioni presentate alla Corte risulta che, tra il 1989 e il 2005, il ricorrente nella causa principale era impiegato come dipendente temporaneo nei servizi della Junta de Andalucía. Nel 2005 egli diventava dipendente di ruolo di detta amministrazione pubblica. Il 17 dicembre 2007 la Consejería pubblicava un bando di concorso nel Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con cui annunciava l’organizzazione di prove di selezione per l’accesso dei dipendenti, tramite promozione interna, alla categoria generale degli assistenti di tale amministrazione pubblica. Il summenzionato bando enunciava numerosi requisiti che i candidati alle prove dovevano soddisfare. In primo luogo, essi dovevano essere dipendenti pubblici del corpo generale della Junta de Andalucía. Dovevano poi essere in possesso o poter entrare in possesso del titolo di Bachiller Superior o di un diploma equivalente o, in mancanza di titolo, comprovare un’anzianità in qualità di dipendente pubblico di ruolo nelle categorie rientranti nel gruppo D di dieci anni o di cinque anni se avevano frequentato in precedenza un corso specifico dell’Istituto andaluso di amministrazione pubblica. Infine, i candidati alle prove dovevano accedere alla promozione interna a partire da categorie appartenenti al gruppo di livello immediatamente inferiore a quello della categoria oggetto di concorso e comprovare un’anzianità di almeno due anni in qualità di dipendenti pubblici di ruolo del medesimo gruppo. Il bando di concorso precisava altresì che «non saranno presi in considerazione i servizi che risultano precedentemente prestati in qualità di personale temporaneo o a contratto presso qualsiasi amministrazione pubblica né altri servizi analoghi precedentemente prestati». Il ricorrente nella causa principale, che ha partecipato alle prove della procedura di selezione nella sua qualità di dipendente pubblico di ruolo del gruppo D del personale della Junta de Andalucía in possesso di oltre due anni di anzianità, era inizialmente iscritto nell’elenco definitivo di coloro che avevano superato il concorso, pubblicato il 12 novembre 2008. Successivamente alla pubblicazione, il 2 febbraio 2009, dell’elenco dei posti vacanti offerti e dopo che il sig. Rosado Santana aveva fornito i documenti richiesti, il segretario generale della Consejería, con decisione 25 marzo 2009 (in prosieguo: la «decisione di cui trattasi nella causa principale»), annullava la decisione contenente l’ammissione e la nomina dell’interessato a dipendente pubblico di ruolo del gruppo C, in quanto non possedeva né i titoli richiesti né, in mancanza di essi, l’anzianità di dieci anni in qualità di dipendente pubblico di ruolo. L’8 giugno 2009 il ricorrente nella causa principale proponeva un ricorso contro la decisione di cui trattasi nella causa principale, sul fondamento dell’art. 14 della Costituzione spagnola, che sancisce il principio di uguaglianza dinanzi alla legge, e dell’art. 1 della legge n. 70/1978. Inoltre, il ricorrente affermava che, poiché il segretario generale della Consejería aveva preso in considerazione esclusivamente l’anzianità maturata in qualità di dipendente pubblico di ruolo dal 2005, e non i periodi di servizio precedentemente compiuti in qualità di dipendente pubblico temporaneo, la decisione di cui trattasi nella causa principale viola il principio di non discriminazione enunciato nella clausola 4 dell’accordo quadro. La Consejería ha fatto valere dinanzi al giudice del rinvio che la legge n. 70/1978 non può applicarsi per accertare le qualifiche richieste per un concorso, dal momento che il computo dei periodi di servizio precedentemente prestati, per quanto riguarda i dipendenti pubblici temporanei, può essere effettuato solo a fini economici. In caso contrario, un dipendente pubblico che avesse precedentemente prestato periodi di servizio in qualità di temporaneo riceverebbe un trattamento migliore di colui che non li avesse prestati. Un siffatto atteggiamento sarebbe discriminatorio poiché, tenuto conto della natura intrinseca del lavoro prestato da un dipendente pubblico temporaneo, che non ha le caratteristiche di stabilità e permanenza che caratterizzano la funzione pubblica, l’anzianità maturata in qualità di dipendente pubblico di ruolo dovrebbe in ogni caso prevalere su qualsiasi merito derivante dai periodi di servizio espletati come dipendente pubblico temporaneo. Nella sua decisione di rinvio lo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 12 de Sevilla si interroga sulle conseguenze di una serie di decisioni del Tribunal Constitucional in base alle quali è ammessa una disparità di trattamento tra dipendenti pubblici di ruolo e dipendenti pubblici temporanei che esercitano le medesime funzioni. Il giudice del rinvio constata tuttavia che tali decisioni sono in parte contraddette da altre sentenze pronunciate dallo stesso Tribunal Constitucional. Il giudice del rinvio dichiara altresì che la maggior parte dei giudici spagnoli segue una certa linea dottrinale secondo cui, nel caso di bandi di concorso pubblici in cui sono pubblicate le clausole contenenti i requisiti di ammissione e di valutazione dei candidati, tali clausole costituiscono la «legge» del concorso e, se non sono state contestate dall’interessato entro il termine a tal fine previsto, la loro illegittimità non può più essere invocata successivamente per contestare il risultato del concorso che danneggia l’interessato. A parere del detto giudice, la questione essenziale che si pone nella causa principale è se una normativa nazionale che, pur effettuando il raffronto tra due dipendenti pubblici di ruolo, escluda che siano presi in considerazione i periodi di servizio prestati da uno di essi per il solo motivo che li aveva prestati in qualità di dipendente temporaneo, sia contraria alla clausola 4 dell’accordo quadro. Ciò premesso, lo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 12 de Sevilla ha deciso di sospendere la pronuncia e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1)       Se la direttiva [1999/70] debba essere interpretata nel senso che, qualora un giudice costituzionale di uno Stato membro dell’Unione [europea] abbia stabilito che l’attribuzione ai dipendenti pubblici a tempo determinato di diritti diversi da quelli conferiti ai dipendenti pubblici di ruolo può risultare compatibile con la Costituzione di tale Stato, ciò escluda necessariamente l’applicabilità della menzionata normativa comunitaria nell’ambito della pubblica amministrazione dello Stato di cui trattasi. 2)      Se detta direttiva debba essere interpretata nel senso che osta a che un giudice nazionale interpreti il principio della parità di trattamento e il divieto di discriminazione in modo da escludere in generale dal loro ambito di applicazione l’equiparazione tra dipendenti pubblici a tempo determinato e dipendenti pubblici di ruolo. 3)      Se la clausola 4 [dell’accordo quadro] debba essere interpretata nel senso che osta a che i servizi prestati nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato non vengano computati a titolo di anzianità di servizio acquisita quando si diviene dipendenti pubblici a tempo indeterminato e concretamente ai fini della retribuzione, classificazione o progressione di carriera nel pubblico impiego. 4)      Se la clausola 4 [dell’accordo quadro] obblighi a interpretare la normativa nazionale nel senso che non esclude dal computo dei periodi di servizio dei pubblici impiegati quelli prestati nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato. 5)      Se la clausola 4 [dell’accordo quadro] debba essere interpretata nel senso che, quand’anche il regolamento di un concorso pubblico sia stato pubblicato e non sia stato impugnato dall’interessato, il giudice nazionale sia tenuto ad esaminare se tale regolamento risulti in contrasto con il diritto [dell’Unione europea] e, in caso affermativo, debba disapplicare il medesimo regolamento o la disposizione nazionale che ne costituisce il fondamento, in quanto contrari alla menzionata clausola». Sulla ricevibilità del ricorso La Consejería ritiene che la decisione di rinvio in generale, e la prima, seconda e quinta questione pregiudiziale in particolare, non siano conformi ai requisiti posti dalla giurisprudenza della Corte in merito alla ricevibilità delle domande di pronuncia pregiudiziale. Infatti, esse non conterrebbero alcun riferimento alle norme nazionali applicabili nella causa principale o al regime giuridico nazionale in cui essa si colloca. Il giudice del rinvio non avrebbe neppure esposto i motivi che l’hanno indotto a scegliere la direttiva 1999/70 e non avrebbe provato il nesso esistente tra essa e le summenzionate norme nazionali. D’altra parte, la Consejería sostiene che le questioni pregiudiziali definiscono erroneamente l’ambito di applicazione della clausola 4 dell’accordo quadro e che, pertanto, sono irricevibili. A tale riguardo occorre rammentare che, nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali ex art. 267 TFUE, spetta soltanto al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a pronunciarsi (v., in particolare, sentenze 15 dicembre 1995, causa C‑415/93, Bosman, Racc. pag. I‑4921, punto 59, e 12 ottobre 2010, causa C‑45/09, Rosenbladt, Racc. pag. I‑9391, punto 32). Inoltre, spetta al giudice nazionale fornire alla Corte gli elementi di fatto o di diritto necessari per favorire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (sentenza 14 settembre 1999, causa C‑249/97, Gruber, Racc. pag. I‑5295, punto 19). Nel caso di specie occorre rilevare che il giudice del rinvio ha descritto in modo sufficientemente chiaro le disposizioni di diritto spagnolo applicabili nella causa principale e il contesto giuridico nazionale in cui si colloca. Inoltre, i motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a porre questioni relative all’interpretazione della direttiva 1999/70 risultano chiaramente dalla decisione di rinvio. Per quanto riguarda gli argomenti della Consejería relativi all’erronea definizione da parte del giudice del rinvio dell’ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro, occorre constatare che tale questione non riguarda la ricevibilità della domanda di decisione pregiudiziale, ma il merito di essa. Alla luce di quanto precede si deve considerare la domanda di pronuncia pregiudiziale ricevibile in toto. Sulle questioni pregiudiziali Osservazioni preliminari relative all’applicabilità della direttiva 1999/70 e dell’accordo quadro Secondo il governo spagnolo e la Commissione europea, la direttiva 1999/70 e l’accordo quadro che figura in allegato ad essa non sono applicabili nella causa principale. Il governo spagnolo constata che, al momento in cui ha partecipato alla procedura di promozione interna il cui accesso, conformemente alla normativa applicabile, è riservato solo ai dipendenti pubblici di ruolo, il ricorrente nella causa principale era lui stesso, dal 2005, dipendente pubblico di ruolo. La differenza di trattamento che invoca si verificherebbe quindi rispetto ad altri dipendenti pubblici di ruolo, che partecipavano a detta procedura ed erano in possesso dei titoli richiesti o potevano far valere un’anzianità di dieci anni in qualità di dipendenti pubblici di ruolo. Tanto il governo spagnolo quanto la Commissione sostengono che l’accordo quadro non riguarda la disparità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato, alcuni dei quali avrebbero in passato svolto le loro mansioni in qualità di lavoratori a tempo determinato. A tale proposito occorre rammentare che, ai sensi della clausola 2, punto 1, dell’accordo quadro, esso si applica ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro. La Corte ha già giudicato che la direttiva 1999/70 nonché l’accordo quadro trovano applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell’ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro (sentenza 13 settembre 2007, causa C‑307/05, Del Cerro Alonso, Racc. pag. I‑7109, punto 28). La sola circostanza che il ricorrente nella causa principale abbia acquisito la qualità di dipendente pubblico di ruolo e che il suo accesso ad una procedura di selezione per via interna sia subordinato al possesso di tale qualità non esclude che abbia la possibilità di avvalersi, in talune circostanze, del principio di non discriminazione enunciato nella clausola 4 dell’accordo quadro. Infatti, nella causa principale il ricorrente intende esclusivamente, nella sua qualità di dipendente pubblico di ruolo, mettere in discussione una differenza di trattamento in sede di valutazione dell’anzianità e dell’esperienza professionale acquisita ai fini di una procedura di selezione interna. Mentre i periodi di servizio prestati in qualità di dipendente pubblico di ruolo vengono presi in considerazione, quelli effettuati in qualità di dipendente pubblico temporaneo non lo sono senza che, a suo giudizio, vengano esaminate la natura delle mansioni svolte e le caratteristiche ad esse inerenti. Poiché la discriminazione contraria alla clausola 4 dell’accordo quadro di cui asserisce essere vittima il ricorrente nella causa principale riguarda i periodi di servizio prestati in qualità di dipendente pubblico temporaneo, è priva di rilievo la circostanza che nel frattempo sia divenuto dipendente pubblico di ruolo. Inoltre, occorre rilevare che la clausola 4 dell’accordo quadro prevede, al punto 4, che i criteri di periodi di anzianità relativi a condizioni particolari di occupazione devono essere gli stessi per i lavoratori a tempo determinato che per i lavoratori a tempo indeterminato, salvo quando i criteri diversi siano giustificati da ragioni oggettive. Non risulta né dal testo di tale disposizione né dal contesto in cui si colloca che essa cessi di essere applicabile dal momento in cui il lavoratore interessato acquista lo status di lavoratore a tempo indeterminato. Infatti, gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 1999/70 e dall’accordo quadro, diretti sia a vietare la discriminazione sia a prevenire gli abusi risultanti dall’impiego di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato successivi, inducono a pensare il contrario. Escludere a priori l’applicazione dell’accordo quadro in una situazione come quella di cui alla causa principale, come vorrebbero la Commissione e il governo spagnolo significherebbe limitare, ignorando l’obiettivo attribuito a detta clausola 4, l’ambito della protezione concessa ai lavoratori interessati contro le discriminazioni e porterebbe ad un’interpretazione indebitamente restrittiva di tale clausola, contraria alla giurisprudenza della Corte (v., in tal senso, sentenze Del Cerro Alonso, cit., punti 37 e 38, nonché 15 aprile 2008, causa C‑268/06, Impact, Racc. I‑2483, punti 114 e 115). La Consejería sostiene da parte sua che la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro non si applica nella causa principale, poiché la condizione dell’anzianità in qualità di dipendente pubblico di ruolo costituisce una condizione di accesso all’impiego richiesta per partecipare ad una procedura di selezione e non una condizione di impiego ai sensi di tale clausola. La Corte ha già dichiarato che norme nazionali relative ai periodi di servizio necessari per poter essere classificato in una categoria retributiva superiore o al calcolo dei periodi di servizio richiesti per ricevere annualmente un rapporto informativo e, conseguentemente, per poter fruire di una promozione come quella di cui alla causa principale corrispondono a condizioni di impiego (v. per analogia, nell’ambito della parità di trattamento tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile, sentenze 30 aprile 1998, causa C‑136/95, Thibault, Racc. pag. I‑2011, punto 27, e 18 novembre 2004, causa C‑284/02, Sass, Racc. pag. I‑11143, punti 31 e 34). Ne consegue che la nozione di condizioni di impiego di cui alla clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro include una condizione, come quella di cui alla causa principale, relativa alla presa in considerazione, nell’ambito di una procedura di selezione per una promozione per via interna, dei periodi di servizio precedentemente prestati in qualità di dipendente pubblico temporaneo. Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rilevare che, contrariamente all’interpretazione sostenuta dalla Consejería, dal governo spagnolo e dalla Commissione, nulla osta all’applicabilità della direttiva 1999/70 e della clausola 4 dell’accordo quadro alla causa principale. Sulla prima e seconda questione pregiudiziale Con la prima e seconda questione, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se i giudici di uno Stato membro, compresa la Corte costituzionale, possano interpretare la direttiva 1999/70 e il principio di non discriminazione sancito nella clausola 4 dell’accordo quadro in modo da escludere l’applicazione di tali atti del diritto dell’Unione alla pubblica amministrazione di tale Stato membro e a qualsiasi differenza di trattamento tra i dipendenti pubblici temporanei e i dipendenti di ruolo di quest’ultimo. Occorre anzitutto ricordare che la direttiva impone l’obbligo, per ciascuno degli Stati membri destinatari, di adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire la piena efficacia della direttiva in questione, conformemente allo scopo che essa persegue (v. sentenza 10 aprile 1984, causa 14/83, von Colson e Kamann, Racc. pag. 1891, punto 15, nonché Impact, cit., punto 40). L’obbligo degli Stati membri, derivante da una direttiva, di raggiungere il risultato previsto da quest’ultima, nonché il loro dovere, ai sensi dell’art. 4, n. 3, TUE, di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l’adempimento di tale obbligo, valgono per tutti gli organi degli Stati membri, ivi compresi, nell’ambito della loro competenza, quelli giurisdizionali (sentenza Impact, cit., punto 41). Infatti, spetta in particolare ai giudici nazionali assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale derivante dalle norme del diritto dell’Unione e garantirne la piena efficacia (sentenza Impact, cit., punto 42). Secondo la giurisprudenza della Corte, ne consegue che qualora non possano procedere ad un’interpretazione ed un’applicazione conformi alle prescrizioni del diritto dell’Unione, i giudici nazionali e gli organi dell’amministrazione hanno l’obbligo di applicare integralmente il diritto dell’Unione e di tutelare i diritti che quest’ultimo attribuisce ai singoli, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v., in tal senso, sentenze 22 giugno 1989, causa 103/88, Costanzo, Racc. pag. 1839, punto 33; 11 gennaio 2007, causa C‑208/05, ITC, Racc. pag. I‑181, punti 68 e 69, nonché 25 novembre 2010, causa C‑429/09, Fuß, cit., Racc. pag. I‑12167, punto 40). L’accordo quadro, nato da un dialogo condotto, sul fondamento dell’art. 139, n. 1, CE, tra parti sociali a livello comunitario, è stato attuato, conformemente al n. 2 dello stesso articolo, da una direttiva del Consiglio dell’Unione europea, di cui è parte integrante (sentenza Impact, cit., punto 58). Secondo una giurisprudenza consolidata le prescrizioni enunciate nell’accordo quadro sono applicabili ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico (sentenze 4 luglio 2006, causa C‑212/04, Adeneler e a., Racc. pag. I‑6057, punto 54, nonché 22 dicembre 2010, cause riunite C‑444/09 e C‑456/09, Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres, Racc. pag. I‑14031, punto 38. La clausola 4 dell’accordo quadro, che ha effetto diretto, enuncia il divieto di trattare, per quanto riguarda le condizioni di impiego e i criteri relativi ai periodi di anzianità relativi alle condizioni di occupazione, i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato (sentenza Impact, cit. punti 59 e 68). È vero che tale disposizione implica, rispetto al principio di non discriminazione da essa enunciato, una riserva relativa alle giustificazioni fondate su ragioni oggettive. Tuttavia, il fatto di potere, in circostanze precise e in presenza di ragioni oggettive, trattare diversamente i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato non implica affatto che possa escludersi l’applicazione della direttiva 1999/70 e dell’accordo quadro ai lavoratori occupati nell’amministrazione pubblica di uno Stato membro. Il governo spagnolo da parte sua sostiene che la premessa su cui si fonda la prima questione è erronea, poiché il Tribunal Constitucional non ha rifiutato di applicare la direttiva 1999/70 ai dipendenti pubblici temporanei spagnoli e non ha neppure ammesso, in generale, le differenze di trattamento non giustificate tra questi ultimi e i dipendenti pubblici di ruolo. A tale proposito, va rammentato che non compete alla Corte pronunciarsi sull’interpretazione di disposizioni nazionali, dato che quest’ultima rientra nella competenza esclusiva dei giudici nazionali (sentenza 8 settembre 2010, causa C‑409/06, Winner Setter, Racc. pag. I‑8015, punto 35) e che la Corte non può sostituire il suo giudizio a quello del giudice del rinvio per quanto riguarda l’evoluzione della giurisprudenza dinanzi a tali giudici. Nell’ipotesi in cui un giudice nazionale, compresa una Corte costituzionale, escludesse l’applicazione della direttiva 1999/70 e dell’accordo quadro al personale dell’amministrazione pubblica di uno Stato e/o permettesse differenze di trattamento tra i dipendenti pubblici temporanei e i dipendenti pubblici di ruolo in mancanza di ragioni oggettive nell’accezione di cui alla clausola 4, punto 1, di detto accordo quadro, si dovrebbe concludere che una giurisprudenza siffatta sarebbe contraria alle disposizioni di tali atti del diritto dell’Unione e violerebbe gli obblighi che, nell’ambito delle loro competenze, incombono alle autorità giurisdizionali degli Stati membri di assicurare la tutela giuridica attribuita ai singoli dalle disposizioni di detto diritto e di garantirne la piena efficacia. In tali circostanze, occorre risolvere la prima e seconda questione dichiarando che la direttiva 1999/70 e l’accordo quadro che figura in allegato ad essa devono essere interpretati nel senso che, da un lato, essi si applicano ai contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e gli altri enti del settore pubblico e, dall’altro, richiedono che sia esclusa qualsiasi differenza di trattamento tra i dipendenti pubblici di ruolo e i dipendenti pubblici temporanei comparabili di uno Stato membro per il solo motivo che questi ultimi lavorano a tempo determinato, a meno che la differenza di trattamento non sia giustificata da ragioni oggettive nell’accezione di cui alla clausola 4, punto 1, di detto accordo quadro. Sulla terza e quarta questione pregiudiziale Con la terza e quarta questione, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza se la clausola 4 dell’accordo quadro debba essere interpretata nel senso che osta a che i periodi di servizio prestati da un dipendente pubblico temporaneo di un’amministrazione pubblica non siano presi in considerazione per l’accesso di quest’ultimo, divenuto nel frattempo dipendente pubblico di ruolo, ad una promozione per via interna cui hanno diritto esclusivamente i dipendenti pubblici di ruolo. Come risulta dalla soluzione delle prime due questioni, la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro enuncia un divieto di trattare, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato in un modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per l’unico motivo che lavorano a tempo determinato, a meno che un trattamento diverso non sia giustificato da ragioni oggettive. Il punto 4 di tale clausola enuncia il medesimo divieto per quanto riguarda i criteri di periodi di anzianità relativi a condizioni particolari di impiego. Occorre rammentare che, secondo costante giurisprudenza, il principio di non discriminazione impone che situazioni analoghe non siano trattate in modo dissimile e che situazioni diverse non siano trattate nello stesso modo, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (v., in particolare, sentenza 11 luglio 2006, causa C‑313/04, Franz Egenberger, Racc. pag. I‑6331, punto 33, e giurisprudenza ivi citata). Al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell’accordo quadro, occorre, in conformità delle clausole 3, punto 2, e 4, punto 1, di quest’ultimo, valutare se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che si trovino in una situazione comparabile (ordinanza 18 marzo 2011, causa C‑273/10, Montoya Medina, punto 37). In linea di principio spetta al giudice del rinvio accertare se il ricorrente nella causa principale, allorché esercitava le sue funzioni come dipendente temporaneo, si trovasse in una situazione analoga a quella dei dipendenti di ruolo che, nell’ambito della procedura di selezione di cui trattasi, hanno attestato di avere dieci anni di anzianità nelle categorie di dipendenti pubblici appartenenti al gruppo D. Se dovesse appurarsi che le mansioni svolte dal ricorrente nella causa principale come dipendente temporaneo non corrispondevano a quelle svolte da un dipendente di ruolo rientrante nelle categorie appartenenti al gruppo D richieste dal bando di concorso, ne conseguirebbe che l’interessato non si trova, comunque, in una situazione comparabile a quella di un dipendente pubblico di ruolo candidato alla promozione interna, che abbia prestato i periodi di servizio richiesti nell’ambito delle summenzionate categorie. Infatti, la natura delle funzioni espletate dal ricorrente nella causa principale negli anni in cui ha lavorato nei servizi della Junta de Andalucía come dipendente pubblico temporaneo e la qualità dell’esperienza che ha acquisito a tale titolo non costituiscono solo uno dei fattori atti a giustificare obiettivamente una differenza di trattamento rispetto ai dipendenti pubblici di ruolo. Tali elementi rientrano anche tra i criteri che consentono di verificare se l’interessato si trovi in una situazione comparabile a quella di questi ultimi. Per contro, se il ricorrente nella causa principale aveva prestato servizio in qualità di dipendente pubblico temporaneo, per un periodo di dieci anni, nella categoria di dipendenti pubblici appartenenti al detto gruppo D, o in un’altra categoria le cui funzioni corrispondevano a quelle esercitate da un dipendente pubblico di ruolo rientrante nelle categorie appartenenti al detto gruppo, il solo elemento idoneo a differenziare la sua situazione da quella di un dipendente pubblico di ruolo candidato alla procedura di selezione in questione sembrerebbe essere la natura temporanea del rapporto di lavoro che lo vincolava al suo datore di lavoro al momento del compimento dei periodi di servizio in qualità di dipendente temporaneo. In tale ipotesi, occorrerebbe quindi verificare se esiste una ragione oggettiva che giustifichi la mancata presa in considerazione, nell’ambito della procedura di selezione di cui trattasi, di detti periodi di servizio. Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro, dev’essere intesa nel senso che essa non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest’ultima è prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sentenza Del Cerro Alonso, cit., punto 57; Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres, punto 54, nonché ordinanza Montoya Medina, cit., punto 40). Tale nozione richiede che la differenza di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s’inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l’obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Detti elementi possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l’espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (v., in particolare, sentenze Del Cerro Alonso, cit., punti 53 e 58, nonché Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres, cit., punto 55). Il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro del personale della pubblica amministrazione non è conforme a tali requisiti e tale natura non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva ai sensi della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe del loro contenuto gli scopi della direttiva 1999/70 e dell’accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (sentenza Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres, cit., punti 56 e 57, nonché ordinanza Montoya Medina, cit., punti 42 e 43). Il governo spagnolo invoca l’esistenza di numerose differenze tra i dipendenti pubblici di ruolo e i dipendenti pubblici temporanei che potrebbero giustificare la differenza di trattamento di cui alla causa principale. Per quanto riguarda quest’ultima categoria, sottolinea anzitutto che sono loro imposti obblighi meno rigidi per quanto riguarda l’entrata in servizio e la giustificazione dei loro meriti e capacità. Inoltre, tale governo rileva la mancanza di mobilità dei dipendenti pubblici temporanei, poiché essi sono collegati ai posti che occupano temporaneamente, il che rende la loro attività diversa e di altro valore rispetto a quella di un dipendente pubblico di ruolo. Inoltre, ricorda che talune funzioni sono riservate esclusivamente ai dipendenti pubblici di ruolo, il che implica che esista una differenza qualitativa in termini di esperienza e di formazione. Infine, tale governo sottolinea il fatto che lo scioglimento del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici temporanei può verificarsi quando non esiste più il motivo per cui sono stati nominati. In considerazione della discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri per quanto riguarda l’organizzazione delle loro amministrazioni pubbliche, essi possono, in linea di principio, senza violare la direttiva 1999/70 o l’accordo quadro, prevedere condizioni di anzianità per accedere a taluni posti, limitare l’accesso ad una promozione per via interna ai soli dipendenti pubblici di ruolo e richiedere che tali dipendenti comprovino un’esperienza professionale corrispondente al grado immediatamente inferiore a quello che è oggetto della procedura di selezione. Tuttavia, nonostante tale discrezionalità, l’applicazione dei criteri che gli Stati membri stabiliscono deve essere effettuata in modo trasparente e poter essere controllata per impedire qualsiasi esclusione dei lavoratori a tempo determinato sul fondamento esclusivo della durata dei contratti o dei rapporti di lavoro che giustificano la loro anzianità e la loro esperienza professionale. Come ha rilevato l’avvocato generale ai paragrafi 62-65 delle sue conclusioni, talune differenze invocate dal governo spagnolo relative all’assunzione di dipendenti pubblici temporanei e di ruolo, alle qualifiche richieste e alla natura delle mansioni di cui assumono la responsabilità potrebbero, in linea di principio, giustificare una differenza di trattamento nelle loro condizioni di lavoro. In una procedura di selezione, quando tale trattamento differenziato risulta dalla necessità di tener conto di ragioni oggettive relative all’impiego che deve essere assegnato con tale procedura e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro intercorrente tra il dipendente pubblico temporaneo e il suo datore di lavoro, essa può essere giustificata ai sensi della clausola 4, punto 1 e/o 4, dell’accordo quadro. Per contro, una condizione generale ed astratta secondo cui il periodo di servizio richiesto dev’essere stato prestato integralmente come dipendente pubblico di ruolo, senza che vengano prese in considerazione, segnatamente, la natura particolare delle mansioni da svolgere né le caratteristiche inerenti ad esse, non corrisponde ai requisiti elaborati dalla giurisprudenza relativa alla clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro, richiamata ai punti 72-74 della presente sentenza. Benché il ricorrente nella causa principale soddisfi chiaramente il requisito relativo alla prestazione di almeno due anni di servizio come dipendente pubblico di ruolo rientrante nel gruppo il cui livello è immediatamente inferiore a quello della categoria cui appartiene l’impiego oggetto di concorso, dal fascicolo di cui dispone la Corte non risultano le funzioni esercitate dal ricorrente negli anni in cui aveva lavorato come dipendente pubblico temporaneo, né il grado in cui le ha esercitate e neppure il rapporto tra esse e le funzioni attribuite ai dipendenti pubblici di ruolo rientranti nel gruppo D. Non risulta quindi dal fascicolo presentato alla Corte se l’esclusione dei periodi di servizio prestati dai dipendenti pubblici temporanei sia giustificata dalla sola durata dei loro contratti di lavoro o se vi siano altre giustificazioni collegate alle reali necessità degli impieghi oggetto della procedura di selezione, idonee ad essere qualificate «ragioni oggettive» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro. Spetta quindi al giudice del rinvio verificare se, da un lato, la situazione del ricorrente nella causa principale fosse, rispetto ai periodi di servizio che aveva prestato in qualità di dipendente pubblico temporaneo, analoga a quella di un altro dipendente della Junta de Andalucía che aveva prestato periodi di servizio in qualità di dipendente pubblico di ruolo e, dall’altro, valutare, alla luce della giurisprudenza richiamata ai punti 72-74 della presente sentenza, se gli argomenti esposti dalla Consejería costituissero ragioni oggettive nell’accezione della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro. Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la terza e la quarta questione dichiarando che la clausola 4 dell’accordo quadro dev’essere interpretata nel senso che osta a che i periodi di servizio prestati da un dipendente pubblico temporaneo di un’amministrazione pubblica non vengano presi in considerazione ai fini dell’accesso di quest’ultimo, divenuto nel frattempo dipendente pubblico di ruolo, ad una promozione per via interna cui possono esclusivamente aspirare i dipendenti pubblici di ruolo, a meno che tale esclusione sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi del punto 1 di tale clausola. Il semplice fatto che il dipendente pubblico temporaneo abbia prestato detti periodi di servizio in base ad un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato non costituisce una tale ragione oggettiva. Sulla quinta questione pregiudiziale Alla luce delle informazioni fornite dal giudice del rinvio e dal governo spagnolo, si deve intendere la quinta questione nel senso che il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto primario dell’Unione, la direttiva 1999/70 e l’accordo quadro debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che prevede che il ricorso proposto da un dipendente pubblico di ruolo contro una decisione che respinge la sua candidatura ad un concorso e fondato sul fatto che la procedura di promozione era contraria alla clausola 4 dell’accordo quadro, deve essere proposto entro un termine di decadenza di due mesi a partire dalla data di pubblicazione del bando di concorso. Il governo spagnolo constata che, in conformità delle disposizioni dell’art. 46, n. 1, della legge 13 luglio 1998, n. 29, sulla giurisdizione del contenzioso amministrativo (Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción Contencioso‑administrativa; BOE n. 167, del 14 luglio 1998, pag. 23516), un ricorso avrebbe potuto essere proposto entro il termine di due mesi a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del bando di concorso, ossia il 17 dicembre 2007. In conformità del diritto spagnolo, il ricorrente nella causa principale avrebbe dovuto o proporre un ricorso diretto contro i requisiti stabiliti nel bando di concorso entro il termine prescritto oppure proporre un ricorso per contestare il risultato del concorso se il vizio da cui nasceva la nullità allegata derivava dal comportamento dell’autorità competente in sede di applicazione dei requisiti di ammissione al concorso, che non erano in quanto tali viziati da nullità. Non potrebbe invece impugnare indirettamente i requisiti di un concorso di accesso alla funzione pubblica oltre il termine prescritto, tramite un ricorso diretto proposto avverso il risultato del concorso stesso. Conformemente a una giurisprudenza costante della Corte, in mancanza di una disciplina dell’Unione in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro, in forza del principio di autonomia procedurale, designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione (v., in particolare, sentenze Impact, cit., punto 44, e 23 aprile 2009, cause riunite da C‑378/07 a C‑380/07, Angelidaki e a., Racc. pag. I‑3071, punto 173). Tuttavia gli Stati membri sono tenuti a garantire in ogni caso la tutela effettiva di tali diritti (v., segnatamente, sentenza Impact, cit., punto 45, e giurisprudenza ivi citata). Sotto tale profilo, come risulta da giurisprudenza consolidata, le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza), né devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) (v., in particolare, sentenza Impact, cit., punto 46 e giurisprudenza ivi citata). Per quanto riguarda il rispetto del principio di equivalenza, esso presuppone che la norma nazionale controversa si applichi indifferentemente ai ricorsi fondati sulla violazione del diritto dell’Unione e a quelli fondati sull’inosservanza del diritto interno aventi un oggetto e una causa analoghi. Al fine di verificare se il principio di equivalenza sia rispettato, spetta al giudice nazionale, unico a disporre di conoscenza diretta delle modalità procedurali dei ricorsi nell’ambito del settore del diritto interno, verificare se le modalità procedurali destinate ad assicurare, in diritto interno, la tutela dei diritti attribuiti ai singoli dal diritto dell’Unione siano conformi a tale principio e esaminare tanto l’oggetto quanto gli elementi essenziali dei ricorsi di natura interna con i quali si asserisce che sussista un’analogia. Detto giudice deve, a tale titolo, verificare le analogie tra i ricorsi di cui trattasi dal punto di vista del loro oggetto, della loro causa e dei loro elementi essenziali. Per stabilire se una disposizione procedurale nazionale sia meno favorevole, detto giudice deve tener conto della sua collocazione nel complesso della procedura, dello svolgimento di tale procedura e delle particolarità di tali regole (sentenze 8 luglio 2010, causa C‑246/09, Bulicke, Racc. pag. I‑7003, punti 26-29, nonché ordinanza 18 gennaio 2011, causa C‑272/10, Berkizi-Nikolakaki, punti 40 e 41). Nel caso di specie, dagli elementi forniti alla Corte non risulta che il termine di decadenza di due mesi di cui alla causa principale sia contrario al principio di equivalenza. Come afferma il governo spagnolo, tale termine è quello di diritto comune previsto per tutti i ricorsi proposti contro atti amministrativi o disposizioni di essi. Tuttavia, spetta al giudice del rinvio verificare se ciò avvenga nella causa principale. Per quanto riguarda il principio di effettività, la Corte ha già affermato che ciascun caso in cui si ponga la questione se una norma processuale nazionale renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti ai singoli dal diritto dell’Unione deve parimenti essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta norma nell’insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali. Sotto tale profilo si devono considerare, se necessario, i principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela dei diritti della difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento (sentenza Bulicke, cit., punto 35, e ordinanza Berkizi-Nikolakaki, cit., punto 48). La Corte ha così riconosciuto la compatibilità con il diritto dell’Unione della fissazione di termini di ricorso ragionevoli a pena di decadenza nell’interesse della certezza del diritto, poiché termini del genere non sono tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti attribuiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione. Quanto ai termini di decadenza, la Corte ha altresì dichiarato che spetta agli Stati membri determinare, per le normative nazionali che rientrano nella sfera d’applicazione del diritto dell’Unione, termini in funzione, segnatamente, della rilevanza che le decisioni da adottare rivestono per gli interessati, della complessità dei procedimenti e della legislazione da applicare, del numero di soggetti che possono essere coinvolti e degli altri interessi pubblici o privati che devono essere presi in considerazione (v. sentenza Bulicke, cit., punto 36, e ordinanza Berkizi-Nikolakaki, cit., punto 49). Nel caso di specie, il governo spagnolo fa valere che il termine di due mesi è fondato sul principio di certezza del diritto ed è principalmente diretto a tutelare gli altri candidati a procedure di selezione, in cui, da un lato, il numero di posti da assegnare è limitato e, dall’altro, l’annullamento dei requisiti applicabili al concorso obbligherebbe a riavviare la procedura e priverebbe i candidati vincitori del concorso dei diritti che credevano di aver acquisito. A tale proposito occorre rilevare che la Corte ha già dichiarato che la previsione di un termine di decadenza di due mesi, nell’ambito delle cause dinanzi ad essa pendenti, non risulta atta a rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione (v. sentenza Bulicke, cit., punto 39, e ordinanza Berkizi-Nikolakaki, cit., punto 58). In particolare essa ha constatato la validità di detto termine in relazione ad un ricorso contro un atto di portata generale contenente una procedura complessa e che coinvolgeva un numero rilevante di soggetti (v., in tal senso, ordinanza Berkizi-Nikolakaki, cit., punti 56‑58). Pertanto, si deve rilevare che un termine di decadenza come quello di cui alla causa principale non appare, in linea di principio, atto a rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti attribuiti dall’accordo quadro. Si deve tuttavia rilevare che, come risulta dalla decisione di rinvio, il ricorrente nella causa principale è stato ammesso ed ha partecipato con successo alle prove del concorso organizzato dalla Consejería e, fino all’adozione della decisione di cui alla causa principale da parte del suo segretario generale, figurava sull’elenco definitivo dei vincitori di tale concorso pubblicato il 12 novembre 2008. In tali circostanze, non può escludersi che far decorrere il termine di due mesi previsto dal diritto spagnolo dalla pubblicazione del bando di concorso, avvenuta il 17 dicembre 2007, poteva rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti attribuiti dall’accordo quadro. Infatti, tenuto conto della sua ammissione alle prove del concorso e, in particolare, della circostanza che il ricorrente nella causa principale è stato incluso nell’elenco definitivo dei vincitori di tale concorso, solo al momento in cui il segretario generale della Consejería, con la decisione di cui trattasi nella causa principale, e cioè il 25 marzo 2009, ha annullato l’ammissione e la nomina dell’interessato in qualità di dipendente pubblico di ruolo del gruppo C, è stato rilevato che il bando di concorso sarebbe stato applicato in modo tale da poter ledere i diritti conferiti dall’accordo quadro. In tali circostanze e, tenuto conto degli elementi non certi presenti nel fascicolo di cui dispone la Corte, spetta al giudice del rinvio procedere alle verifiche necessarie relative al rispetto del principio di effettività e stabilire se il ricorrente nella causa principale abbia comunque proposto il suo ricorso in tempo utile, nel caso in cui il termine di ricorso di due mesi, nelle circostanze di cui alla causa principale, dovesse decorrere esclusivamente a partire dalla notifica di detta decisione. Alla luce di quanto precede, occorre risolvere la quinta questione dichiarando che il diritto primario dell’Unione, la direttiva 1999/70 e l’accordo quadro devono essere interpretati nel senso che non ostano, in linea di principio, ad una normativa nazionale che prevede che il ricorso proposto da un dipendente pubblico di ruolo contro una decisione che respinge la sua candidatura ad un concorso e fondato sul fatto che tale procedura era contraria alla clausola 4 di detto accordo quadro debba essere proposto entro un termine di decadenza di due mesi a partire dalla data di pubblicazione del bando di concorso. Tale termine non potrebbe tuttavia essere opposto ad un dipendente pubblico di ruolo, candidato a tale concorso, che sia ammesso alle prove e il cui nome rientrava nell’elenco definitivo dei vincitori di detto concorso, se fosse atto a rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti attribuiti dall’accordo quadro. In tali circostanze, il termine di due mesi potrebbe decorrere solo dalla notifica della decisione che annulla la sua ammissione al detto concorso e la sua nomina in qualità di dipendente pubblico di ruolo del gruppo superiore. Sulle spese Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara: 1) La direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, e l’accordo quadro che figura in allegato ad essa devono essere interpretati nel senso che, da un lato, essi si applicano ai contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e gli altri enti del settore pubblico e, dall’altro, richiedono che sia esclusa qualsiasi differenza di trattamento tra i dipendenti pubblici di ruolo e i dipendenti pubblici temporanei comparabili di uno Stato membro per il solo motivo che questi ultimi lavorano a tempo determinato, a meno che la differenza di trattamento non sia giustificata da ragioni oggettive nell’accezione di cui alla clausola 4, punto 1, di detto accordo quadro. 2) La clausola 4 di detto accordo quadro sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che osta a che i periodi di servizio prestati da un dipendente pubblico temporaneo di un’amministrazione pubblica non vengano presi in considerazione ai fini dell’accesso di quest’ultimo, divenuto nel frattempo dipendente pubblico di ruolo, ad una promozione per via interna cui possono esclusivamente aspirare i dipendenti pubblici di ruolo, a meno che tale esclusione sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi del punto 1 di tale clausola. Il semplice fatto che il dipendente pubblico temporaneo abbia prestato detti periodi di servizio in base ad un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato non costituisce una tale ragione oggettiva. 3) Il diritto primario dell’Unione, la direttiva 1999/70 e detto accordo quadro sul lavoro a tempo determinato devono essere interpretati nel senso che non ostano, in linea di principio, ad una normativa nazionale che prevede che il ricorso proposto da un dipendente pubblico di ruolo contro una decisione che respinge la sua candidatura ad un concorso e fondato sul fatto che tale procedura era contraria alla clausola 4 di detto accordo quadro debba essere proposto entro un termine di decadenza di due mesi a partire dalla data di pubblicazione del bando di concorso. Tale termine non potrebbe tuttavia essere opposto ad un dipendente pubblico di ruolo, candidato a tale concorso, che sia stato ammesso alle prove e il cui nome rientrava nell’elenco definitivo dei vincitori di detto concorso, se fosse atto a rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti attribuiti dall’accordo quadro. In tali circostanze, il termine di due mesi potrebbe decorrere solo dalla notifica della decisione che annulla la sua ammissione al detto concorso e la sua nomina in qualità di dipendente pubblico di ruolo del gruppo superiore. Firme * Lingua processuale: lo spagnolo.

62000CJ0057

en

By applications lodged at the Court Registry on 23 February 2000, the Freistaat Sachsen (Free State of Saxony), first, and Volkswagen AG ( Volkswagen) and Volkswagen Sachsen GmbH ( VW Sachsen), second, brought two appeals under Article 49 of the EC Statute of the Court of Justice against the judgment of the Court of First Instance of 15 December 1999 in Joined Cases T-132/96 and T-143/96 Freistaat Sachsen and Others v Commission [1999] ECR II-3663 ( the contested judgment), dismissing their actions for partial annulment of Commission Decision 96/666/EC of 26 June 1996 concerning aid granted by Germany to the Volkswagen Group in Mosel and Chemnitz (OJ 1996 L 308, p. 46, the contested decision). By order of the President of the Court of 18 May 2000, Cases C-57/00 P and C-61/00 P were joined for the purposes of the written and oral procedure and the judgment. The contested judgment was delivered following applications lodged at the Registry of the Court of First Instance on 26 August 1996 by the Free State of Saxony and on 13 September 1996 by Volkswagen and VW Sachsen, seeking partial annulment of the contested decision. By orders of 1 and 3 July 1998, the Federal Republic of Germany and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland were granted leave by the Court of First Instance to intervene in support of the form of order sought by the applicants and the Commission respectively. Parallel to the actions brought before the Court of First Instance, by application lodged at the Court Registry on 16 September 1996, the Federal Republic of Germany brought an action, registered as Case C-301/96, for partial annulment of the contested decision. The procedure in that case was suspended by the Court, by order of 4 February 1997, pending delivery of the contested judgment. The legal background to the dispute was described as follows by the contested judgment: By letter of 31 December 1988, the Commission informed Member States that, during its meeting of 22 December 1988 and following its decision of 19 July 1988 to establish a Community framework on State aid to the motor vehicle industry ( Community framework), based on Article 93(1) of the EC Treaty (now Article 88(1) EC), it had laid down the conditions for implementing that framework, reproduced in a document attached to the letter. It asked Member States to inform it of their acceptance of that framework within one month. The Community framework was the subject of a notice (89/C 123/03) published in the Official Journal of the European Communities (OJ 1989 C 123, p. 3). Point 2.5 thereof provided that it was to enter into force on 1 January 1989 and to be valid for two years. According to the fourth paragraph of Point 1, a major objective of the framework was to impose stricter discipline on the granting of aid in the motor vehicle industry in order to ensure that the competitiveness of the Community industry was not distorted by unfair competition. The Commission stated that it could operate an effective policy only if it were able to take a position on individual cases before aid was granted. Under the first paragraph of Point 2.2 of the Community framework: All aid measures to be granted by public authorities within the scope of an approved aid scheme to (an) undertaking(s) operating in the motor vehicle sector as defined above, where the cost of the project to be aided exceeds ECU 12 million are subject to prior notification on the basis of Article 93(3) of the EEC Treaty. As regards aid to be granted outside the scope of an approved aid scheme, any such project, whatever its cost and aid intensity, is of course subject without exception to the obligation of notification pursuant to Article 93(3) of the EEC Treaty. Where aid is not directly linked to a particular project, all proposed aid must be notified, even if paid under schemes already approved by the Commission. Member States shall inform the Commission, in sufficient time to enable it to submit its comments, of any plan to grant or alter aid. In Point 3 of the Community framework, concerning guidelines for the assessment of aid cases, the Commission stated, inter alia , as follows: ─ Regional Aid [...] The Commission acknowledges the valuable contribution to regional development which can be made by the implantation of new motor vehicle and component production facilities and/or the expansion of such existing activities in disadvantaged regions. For this reason the Commission has a generally positive attitude towards investment aid granted in order to help overcome structural handicaps in disadvantaged parts of the Community. [Such] aid is usually granted automatically in accordance with [detailed rules] previously approved by the Commission. By requiring prior notification of such aids in future, the Commission should give itself an opportunity to assess the regional development benefits (i.e. the promotion of a lasting development of the region by creating viable jobs, linkages into [the] local and Community economy) against possible adverse effects on the sector as a whole (such as the creation of [significant] overcapacity). Such an evaluation does not seek to deny the central importance of regional aid for the achievement of cohesion within the Community but rather to ensure that other aspects of Community interest such as the development of the Community's industry are also taken into account. [...] Regional Aid [...] The Commission acknowledges the valuable contribution to regional development which can be made by the implantation of new motor vehicle and component production facilities and/or the expansion of such existing activities in disadvantaged regions. For this reason the Commission has a generally positive attitude towards investment aid granted in order to help overcome structural handicaps in disadvantaged parts of the Community. [Such] aid is usually granted automatically in accordance with [detailed rules] previously approved by the Commission. By requiring prior notification of such aids in future, the Commission should give itself an opportunity to assess the regional development benefits (i.e. the promotion of a lasting development of the region by creating viable jobs, linkages into [the] local and Community economy) against possible adverse effects on the sector as a whole (such as the creation of [significant] overcapacity). Such an evaluation does not seek to deny the central importance of regional aid for the achievement of cohesion within the Community but rather to ensure that other aspects of Community interest such as the development of the Community's industry are also taken into account. [...] . Since the German Government indicated to the Commission that it had decided not to apply the Community framework, the Commission adopted, in accordance with Article 93(2) of the Treaty, Decision 90/381/EEC of 21 February 1990 [amending] German aid schemes for the motor vehicle industry (OJ 1990 L 188, p. 55). Article 1 of that decision provides: 1. From 1 May 1990, the Federal Republic of Germany shall notify to the Commission pursuant to Article 93(3) of the EEC Treaty all aid measures to be granted for projects costing more than ECU 12 million under the aid schemes set out in the Annex hereto to undertakings operating in the motor vehicle sector as defined in sub-section 2.1 of the Community framework for State aid to the motor vehicle industry. Such notification shall be effected in conformity with the requirements laid down in sub-sections 2.2 and 2.3. The Federal Republic of Germany shall, moreover, provide annual reports as required by the framework. 2. Further to the list of aid schemes set out in the Annex to this Decision (which list is not exhaustive), the Federal Republic of Germany shall also comply with the obligations of Article 1(1) with regard to all other aid schemes capable of benefiting the motor vehicle industry. 3. Aid to undertakings in the motor vehicle industry operating in Berlin which are granted under the Berlin Förderungsgesetz are excluded from the prior notification obligation provided for in the framework but shall be included in the annual reports required by that framework. By letter of 2 October 1990 addressed to the German Government, the Commission approved the regional aid scheme laid down for 1991 by the Nineteenth Outline Plan adopted pursuant to the German Law of 6 October 1969 on the Joint Task [between the Federal Government and the Länder ] of Improving the regional economic structure ( Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur ; hereinafter the Joint Task Law), whilst at the same time issuing a reminder of the need, when implementing the measures envisaged, to take account of the Community framework existing in certain sectors of industry. The Nineteenth Outline Plan itself indicates (Part I, point 9.3, p. 43) that the Commission: has taken decisions which prohibit the implementation of State aid granted in certain sectors even if it were granted in the context of approved programmes (regional aid for example), or which make its implementation subject to the need for prior authorisation of each of the projects which it is intended to benefit ... Such rules exist in the following areas: (a) ... ─ the motor-vehicle industry, in so far as the cost of an operation which it is intended to benefit exceeds 12 million ecus. the motor-vehicle industry, in so far as the cost of an operation which it is intended to benefit exceeds 12 million ecus. The political reunification of Germany was declared on 3 October 1990, entailing the accession to the Federal Republic of Germany of five new Länder from the former German Democratic Republic, including the Freistaat Sachsen (Free State of Saxony). By letter of 31 December 1990, the Commission informed Member States that it considered it necessary to extend the Community framework. That Commission decision also formed the subject-matter of a notice (91/C 81/05) published in the Official Journal of the European Communities (OJ 1991 C 81, p. 4). That notice stated, inter alia , as follows: [...] the Commission believes it necessary to renew the framework on State aid to the motor vehicle industry [...]. The only modification which the Commission has decided extends the prior notification obligation for the Federal Republic of Germany to Berlin (West) and the territory of the former GDR (Article 1(3) of the Commission's Decision of 21 February 1990, as published in OJ No L 188 of 20 July 1990, is no longer valid as from 1 January 1991). After two years the framework shall be reviewed by the Commission. If modifications appear necessary (or the possible repeal of the framework) these shall be decided upon by the Commission following consultation with the Member States. By letters to the German Government of 5 December 1990 and 11 April 1991, the Commission approved the application of the Joint Task Law to the new Länder , whilst reiterating the need, when implementing the measures in question, to take account of the Community framework existing in certain sectors of industry. Similarly, by letter of 9 January 1991, it approved the extension of existing regional aid schemes to the new Länder , stating that the provisions of the Community framework had to be complied with. On 23 December 1992, the Commission decided that the [Community] framework will not be modified, and that it would remain valid until a subsequent review to be organised by the Commission. That decision formed the subject-matter of a notice (93/C 36/06) published in the Official Journal of the European Communities (OJ 1993 C 36, p. 17). In its judgment of 29 June 1995 in Case C-135/93 Spain v Commission [1995] ECR I-1651, at paragraph 39, the Court of Justice held that that decision should be interpreted as having extended the framework only until its next review, which, like the previous ones, had to take place at the end of a further period of application of two years, expiring on 31 December 1994. Following the delivery of that judgment, by letter of 6 July 1995, the Commission informed Member States that, in the Community interest, it had decided on 5 July 1995 to prolong retroactively from 1 January 1995 its decision of 23 December 1992, thereby making the Community framework apply without interruption. The Commission stated that that prolongation would come to an end once the procedure under Article 93(1) of the Treaty, which it had simultaneously decided to open, had concluded (see paragraph 15 below). That decision, which formed the subject-matter of a notice (95/C 284/03) published in the Official Journal of the European Communities (OJ 1995 C 284, p. 3), was annulled by the judgment of the Court of Justice of 15 April 1997 in Case C-292/95 Spain v Commission [1997] ECR I-1931. By a second letter of 6 July 1995, the Commission further informed the Member States of its decision of 5 July 1995 to propose to them, in the light of the judgment in Spain v Commission , to reintroduce the Community framework for a period of two years whilst making a number of amendments thereto, in particular the raising of the notification threshold to 17 million ecus (see Notice 95/C 284/03, cited above). The new text of the proposed Community framework provided, at Point 2.5, that: The appropriate measures shall enter into force when all Member States have signalled their agreement or at the latest by 1 January 1996. All aid projects, which have not yet received a final approval by the competent authority by that date, shall be subject to prior notification. The German Government gave its approval to that reintroduction of the Community framework by letter of 15 August 1995. The contested judgment described the facts of the dispute as follows: The entry into force of the economic, monetary and social union between the Federal Republic of Germany and the German Democratic Republic on 1 July 1990 brought with it the collapse of demand for, and production of, Trabant vehicles in Saxony. In order to safeguard the motor-vehicle industry in that region, Volkswagen AG ... entered into negotiations with the Treuhandanstalt ( THA), the public-law body entrusted with restructuring the businesses of the former German Democratic Republic, which led to an agreement in principle in October 1990. That agreement provided, inter alia : ─ for the joint creation of Sächsische Automobilbau GmbH ( SAB), a company entrusted with the responsibility for maintaining jobs ( Beschäftigungsgesellschaft), 87.5% of whose capital was initially held by the THA and 12.5% by Volkswagen; ─ for the [takeover] by SAB of the existing paint workshop (then under construction) and the final assembly workshop on the Mosel site ( Mosel I); ─ for the [takeover] by Volkswagen Sachsen GmbH ..., a wholly-owned subsidiary of Volkswagen, of an existing [engine] production plant on the Chemnitz site ( Chemnitz I); ─ for the [takeover] by VW Sachsen of cylinder-head production at the Eisenach site; and ─ for the creation by VW Sachsen of a new motor vehicle construction plant in Mosel, comprising the four main activities of manufacture, namely metal pressing, skeleton bodywork, painting and final assembly ( Mosel II) and a new [engine] production plant in Chemnitz ( Chemnitz II). It was initially agreed that the reopening and restructuring of Mosel I and Chemnitz I constituted a temporary solution, designed to avoid unemployment of the existing workforce, pending the entry into service of Mosel II and Chemnitz II, scheduled for 1994. By letter of 19 September 1990, the Commission asked the German Government to notify it, in accordance with the Community framework, of State aid for those investment projects. By letters of 14 December 1990 and 14 March 1991, the Commission insisted that that aid could not be put into effect without having been notified to the Commission and received its approval. That question was also entered on the agenda of two bilateral meetings held in Bonn on 31 January and 7 February 1991. On 22 March 1991, on the basis of the Joint Task Law, the Saxon Ministry of the Economy and Employment adopted two [decisions] providing for the grant of certain investment grants to VW Sachsen in relation to Mosel II and Chemnitz II ( the 1991 [decisions]). The amount envisaged for those grants totalled DEM 757 million for Mosel II, with payments spread out between 1991 and 1994, and DEM 147 million for Chemnitz II, with payments spread out between 1991 and 1996. On 18 March 1991, the Finanzamt (Tax Office) Zwickau-Land addressed a decision to VW Sachsen providing for the grant of certain investment allowances in accordance with the German law on investment allowances (Investitionszulagengesetz) of 1991. The Volkswagen group also sought the possibility of making special depreciation write-offs, in accordance with the German Assisted Areas Law (Fördergebietsgesetz) of 1991. By letter of 25 March 1991, the German authorities supplied the Commission with certain information concerning the aid referred to in paragraphs 19 to 21 above, whilst indicating that they did not yet have more precise information and that it was intended to grant it in the context of the aid schemes approved by the Commission for the new Länder . By letter of 17 April 1991, the Commission indicated that the letter from the German authorities of 25 March 1991 constituted a notification pursuant to Article 93(3) of the Treaty, but that further information was necessary. By letter of 29 May 1991, the German authorities argued, inter alia , that the Community framework was not applicable to the new Länder between 1 January and 31 March 1991. In the submission of those authorities, since the aid in question had been approved before 31 March 1991, the various files related thereto could henceforth be examined by the Commission only by reference to the regional aids scheme (see paragraph 7 above). The Commission rejected the arguments of the German authorities at a meeting on 10 July 1991 and requested further detailed information by letter of 16 July 1991. Following the reply of the German Government of 17 September 1991, the Commission raised a new series of questions by letter of 27 November 1991. In October and December 1991, the Volkswagen group received investment grants amounting to DEM 360.8 million and investment allowances amounting to DEM 10.6 million in relation to Mosel II and Chemnitz II. By decision of 18 December 1991 (OJ 1992 C 68, p. 14 ...), notified to the German Government on 14 January 1992, the Commission opened the procedure under Article 93(2) of the Treaty for reviewing the compatibility of the various aids for financing the investments in Mosel I and II, Chemnitz I and II and the Eisenach factory with the common market. In that decision, the Commission concluded, inter alia : [...] the aids proposed by [the German] authorities give rise to major concern for the following reasons. ─ they have not been properly notified to the Commission according to the procedure of Article 93(3) of the EEC Treaty; they have not been properly notified to the Commission according to the procedure of Article 93(3) of the EEC Treaty; ─ the apparent high aid intensity proposed to a plan involving significant expansion of capacity within the European car market could give rise to unfair distortion of competition; the apparent high aid intensity proposed to a plan involving significant expansion of capacity within the European car market could give rise to unfair distortion of competition; ─ not enough evidence has been presented to date which justifies the combination of the relatively high intensity of regional aid, the granting of indirect investment aid by the THA and the granting of a temporary operating aid also by THA by reference to the structural and economic problems which VW undoubtedly faces in the new Länder ; on the contrary, the global aid intensity could be disproportionately high and incompatible with the criteria of the Community framework on State aid to the sector. not enough evidence has been presented to date which justifies the combination of the relatively high intensity of regional aid, the granting of indirect investment aid by the THA and the granting of a temporary operating aid also by THA by reference to the structural and economic problems which VW undoubtedly faces in the new Länder ; on the contrary, the global aid intensity could be disproportionately high and incompatible with the criteria of the Community framework on State aid to the sector. By letter of 29 January 1992, the German Government declared itself willing to suspend all aid payments until the review procedure was terminated. By letter of 24 April 1992, the Commission asked the German authorities, the THA and Volkswagen for further information. Further to a meeting of 28 April 1992 and the Commission's letters of 14 May, 5 June, 21 August and 17 November 1992, the German authorities provided additional information by letters of 20 May, 3 and 12 June, 20 and 29 July, 8 and 25 September, 16 and 21 October, and 4 and 25 November 1992; Volkswagen gave additional information by letters of 15 June and 30 October 1992, and 12 and 20 June 1993. The parties also met on 16 June, 9 September, 12 and 16 October and 3 December 1992, and on 8 and 11 June 1993. On 13 January 1993, Volkswagen decided to postpone a large part of the investments initially intended for the Mosel and Chemnitz factories. The paint workshop and final assembly line of Mosel II were henceforth to become operational only in 1997, and the [engine] production unit at Chemnitz II was not to enter into service until 1996. The Commission agreed to review its assessment on the basis of Volkswagen's new investment projects. On 30 March 1993, the Saxon Ministry of the Economy and Employment adopted two [decisions] amending the 1991 [decisions] ( the 1993 [decisions]). The total amount of the investment grants thenceforth envisaged amounted to DEM 708 million for Mosel II, with payments spread between 1991 and 1997, and DEM 195 million for Chemnitz II, with payments spread between 1992 and 1997. Certain details of Volkswagen's new investment projects were submitted to the Commission during an interview which took place on 5 May 1993. By letter of 6 June 1993, Germany also communicated certain information on those projects, which Volkswagen supplemented by letters of 24 June and 6 July 1993 and a fax message of 10 November 1993. That new information was also examined during interviews which took place on 18 May, 10 June, 2 and 22 July 1993. Fresh information [on] the production capacities envisaged by Volkswagen was supplied in a letter from the German Government of 15 February and a fax message of 25 February 1994. The Commission also collected new information on those projects on a visit to the sites at the beginning of April 1994 and during interviews which took place on 11 May and 2, 7 and 24 June 1994. In addition, documents were submitted to it on the occasion of those interviews and others were sent to it by the German authorities and by Volkswagen on 10 May, 30 June and 4 and 12 July 1994. On 24 May 1994, the Saxon Ministry of the Economy and Employment adopted two [decisions] amending the 1991 and 1993 [decisions] ( the 1994 [decisions]). The total amount of the investment grants thenceforth envisaged amounted to DEM 648 million for Mosel II, with payments spread between 1991 and 1997, and DEM 167 million for Chemnitz II, with payments spread between 1992 and 1997. By an agreement of 21 June 1994, supplemented by an annex of 1 November 1994, Volkswagen acquired from the THA the 87.5% of the shares in SAB which it did not already own. On 27 July 1994, the Commission adopted Decision 94/1068/EC of 27 July 1994 concerning aid granted to the Volkswagen Group for investments in the new German Länder (OJ 1994 L 385, p. 1; the Mosel I decision). In that decision, the Commission found, inter alia , as follows (Point IV, fourth paragraph, of the recitals): On opening the procedure the Commission had regarded all Volkswagen's investment plans in Saxony as a single project and therefore intended to decide on all elements of State aid together. Even after its decision in 1993 to postpone investment in the new plants, Volkswagen initially argued that this did not affect the production technology, the labour input and other crucial variables. This year, however, on the basis of information collected during a site visit and through new expert advice, it became obvious that this view could no longer be maintained. Volkswagen also acknowledged to the Commission that their former plans had become obsolete and that they were being reworked. The new plans for the new car and engine plants Mosel II and Chemnitz II will now be closely linked to the development of the Golf A4 that will be put into production at the same time as Mosel II is now planned to come on stream, i.e. in 1997. A final version of the new plans will only be available at the end of 1994. On the basis of current information these new plans will include significant changes in technology and production structure. Under these circumstances it is obvious that the original link between the investment projects in the existing former THA plants and the new greenfield projects has been severed. The Commission has therefore decided to limit its current decision to the restructuring aid for the existing plants, on which it can form a clear opinion on the basis of the available information, and to postpone the decision on the aid to the greenfield projects until Volkswagen and Germany are able to present their definitive investment and aid plans. The Mosel I decision shows that the paint and final assembly workshops of Mosel I were modernised and altered in accordance with the agreement concluded with the THA (see paragraph 16 above). In an initial period to 1992, Mosel I was used for the final assembly of the VW Polo and Golf A2 models, the parts for which were manufactured elsewhere by other plants of the Volkswagen group and delivered to Mosel in separate pieces. From July 1992, the combined use of the paint and final assembly workshops of Mosel I, the alteration of which had just been completed, and of the new body workshop of Mosel II, which had just come into service, allowed the production launch of the Golf A3 model at Mosel, pressing work being carried out elsewhere. As a result, logistics were transferred from the Wolfsburg site to Mosel I in January 1993, and new supplier undertakings, capable of supplying the necessary parts to Mosel I and Chemnitz I, were established in the proximity. The new press shop of Mosel II started to function in March 1994, close to Mosel I. It was in those circumstances that, in Article 1 of the Mosel I decision, the Commission declared various aids granted up to the end of 1993 (the date on which the restructuring was to be completed), and amounting to DEM 487.3 million for Mosel I and DEM 84.8 million for Chemnitz I, compatible with the common market. However, certain aid granted subsequently was declared incompatible with the common market, particularly that categorised as aid for replacement and modernisation investments, which according to the Mosel I decision could not be authorised under the Community framework (see the Mosel I decision, Points IX and X). Subsequently, the German Government verbally informed the Commission, a number of times, of delays occurring in the creation of Mosel II and Chemnitz II. In a letter of 12 April 1995, the Commission reminded the German authorities that they were required to notify it of Volkswagen's projects for those new plants, so that it could carry out a review of the aids concerned. That letter received no reply. By letter of 4 August 1995, the Commission requested that the necessary information be communicated to it as soon as possible, stating that, if Germany did not comply with that request, it would adopt a provisional decision, followed by a definitive one, on the basis of the information it already had. In reply to that letter, the German Government informed the Commission, by letter of 22 August 1995, that Volkswagen's investment projects were still not finalised. On 31 October 1995, the Commission adopted Decision 96/179/EC, enjoining the German Government to provide all documentation, information and data on the new investment projects of the Volkswagen Group in the new German Länder and on the aid to be granted to them (OJ 1996 L 53, p. 50). Following that decision, certain information concerning those projects and on the subject of production capacity was communicated to the Commission during an interview on 20 November 1995. That information was confirmed by letter of 13 December 1995 and clarified on a visit to the sites on 21 and 22 December 1995. On 15 January 1996, the Commission put other questions to the German authorities. After an interview on 23 January 1996, most of the missing information was communicated to the Commission by letters of 1 and 12 February 1996. On 21 February 1996, the Saxon Ministry of the Economy and Employment adopted two [decisions] amending the 1991, 1993 and 1994 [decisions] ( the 1996 [decisions]). The total amount of the investment grants thenceforth envisaged amounted to DEM 499 million for Mosel II, with payments spread between 1991 and 1997, and DEM 109 million for Chemnitz II, with payments spread between 1992 and 1997. By letter of 23 February 1996, the Commission reminded the German authorities that it still lacked certain information. That information was communicated to it at an interview on 25 March 1996 and was subsequently discussed on 2 and 11 April 1996. A further interview took place on 29 May 1996. On 26 June 1996, the Commission adopted [the contested decision], the operative part of which reads as follows: Article 1 The following aid proposed by Germany for the various investment projects of Volkswagen ... in Saxony is compatible with Article 92(3)(c) of the EC Treaty and Article 61(3)(c) of the [Agreement on the European Economic Area of 2 May 1992 (OJ 1994 L 1, p. 3, the EEA Agreement)]: ─ aid granted by Germany to [the Volkswagen group] for [its] investment projects in Mosel (Mosel II) and Chemnitz (Chemnitz II) in the form of investment grants (Investitionszuschüsse) of up to DEM 418.7 million, aid granted by Germany to [the Volkswagen group] for [its] investment projects in Mosel (Mosel II) and Chemnitz (Chemnitz II) in the form of investment grants (Investitionszuschüsse) of up to DEM 418.7 million, ─ aid granted by Germany to [the Volkswagen group] for [its] investment projects in Mosel (Mosel II) and Chemnitz (Chemnitz II) in the form of investment allowances (Investitionszulagen) of up to DEM 120.4 million. Article 2 The following aid proposed by Germany for the various investment projects of Volkswagen ... in Saxony is incompatible with Article 92(3)(c) of the EC Treaty and Article 61(3)(c) of the EEA Agreement and may not be granted: aid granted by Germany to [the Volkswagen group] for [its] investment projects in Mosel (Mosel II) and Chemnitz (Chemnitz II) in the form of investment allowances (Investitionszulagen) of up to DEM 120.4 million. Article 2 The following aid proposed by Germany for the various investment projects of Volkswagen ... in Saxony is incompatible with Article 92(3)(c) of the EC Treaty and Article 61(3)(c) of the EEA Agreement and may not be granted: ─ the proposed investment aid for [the Volkswagen group] for [its] investment projects in Mosel II and Chemnitz II in the form of special depreciation on investment under the Assisted Areas Law (Fördergebietsgesetz) with a nominal value of DEM 51.67 million, the proposed investment aid for [the Volkswagen group] for [its] investment projects in Mosel II and Chemnitz II in the form of special depreciation on investment under the Assisted Areas Law (Fördergebietsgesetz) with a nominal value of DEM 51.67 million, ─ the proposed investment aid to [the Volkswagen group] for [its] investment project in Mosel II in the form of investment grants (Investitionszuschüsse) in excess of the amount specified in the first indent of Article 1 and constituting an additional DEM 189.1 million. Article 3 Germany shall ensure that the capacity of the Mosel plants in 1997 does not exceed a level of 432 units per day [...] Furthermore, Germany shall send to, and discuss with, the Commission an annual report on the realisation on the DEM 2 654.1 million of eligible investments in Mosel II and Chemnitz II and the actual payments of aid so as to ensure that the combined effective aid intensity expressed in gross grant equivalent does not exceed 22.3% for Mosel II and 20.8% for Chemnitz II [...] Article 4 Germany shall inform the Commission within one month of the notification of this Decision of the measures taken to comply herewith. Article 5 This Decision is addressed to the Federal Republic of Germany. the proposed investment aid to [the Volkswagen group] for [its] investment project in Mosel II in the form of investment grants (Investitionszuschüsse) in excess of the amount specified in the first indent of Article 1 and constituting an additional DEM 189.1 million. Article 3 Germany shall ensure that the capacity of the Mosel plants in 1997 does not exceed a level of 432 units per day [...] Furthermore, Germany shall send to, and discuss with, the Commission an annual report on the realisation on the DEM 2 654.1 million of eligible investments in Mosel II and Chemnitz II and the actual payments of aid so as to ensure that the combined effective aid intensity expressed in gross grant equivalent does not exceed 22.3% for Mosel II and 20.8% for Chemnitz II [...] Article 4 Germany shall inform the Commission within one month of the notification of this Decision of the measures taken to comply herewith. Article 5 This Decision is addressed to the Federal Republic of Germany. Following a letter sent by the chairman of Volkswagen to the first minister of the Free State of Saxony on 8 July 1996, the Free State of Saxony paid Volkswagen, in July 1996, DEM 90.7 million in investment grants which the Commission had declared in [the contested decision] to be incompatible with the common market. The contested judgment It is apparent from paragraph 97 of the contested judgment that the Court of First Instance considered the pleas in law and arguments adduced by the appellants under three main headings, concerning the alleged infringements, first, of Article 92(2)(c) of the EC Treaty (now, after amendment, Article 87(2)(c) EC), next, of Article 92(3) of the EC Treaty, and, finally, of the principle of the protection of legitimate expectations. The Court of First Instance further decided that the complaints concerning distortion of the facts and the plea alleging defects in the reasoning for the contested decision could in any event be exhaustively examined while at the same time being formally attached to one or other of those three headings. By the contested judgment, the Court of First Instance dismissed the appellants' actions and ordered them to pay the costs. In support of the appeals brought against the contested judgment, the appellants put forward five pleas in law: first, breach of Article 92(2)(c) of the Treaty; second, breach of Article 190 of the EC Treaty (now Article 253 EC); third, breach of Article 92(3)(b) of the Treaty; fourth, breach of Articles 92(3) and 93 of the Treaty; and fifth, the finding of a partial discontinuance. First plea in law: breach of Article 92(2)(c) of the Treaty The Court of First Instance held as follows in the contested judgment: Under Article 92(2)(c) of the Treaty, aid compatible with the common market includes aid granted to the economy of certain areas of the Federal Republic of Germany affected by the division of Germany, in so far as such aid is required in order to compensate for the economic disadvantages caused by that division. Far from being implicitly repealed following German reunification, that provision was retained by both the Maastricht Treaty concluded on 7 February 1992 and the Amsterdam Treaty concluded on 2 October 1997. Moreover, an identical provision was inserted into Article 61(2)(c) of the [EEA Agreement]. Having regard to the objective scope of the rules of Community law, the authority and effectiveness of which must be preserved, it cannot therefore be assumed that that provision has become devoid of purpose since the reunification of Germany, as the Commission maintained at the hearing, contradicting its own administrative practice (see, in particular, the Daimler-Benz and Tettau decisions). It should, nevertheless, be emphasised that, since it is a derogation from the general principle laid down in Article 92(1) of the Treaty that State aid is incompatible with the common market, Article 92(2)(c) of the Treaty must be interpreted narrowly. Moreover, as the Court of Justice has emphasised, in interpreting a provision of Community law it is necessary to consider not only its wording but also the context in which it occurs and the aims of the rules of which it forms part (Case 292/[82] Merck v Hauptzollamt Hamburg-Jonas [1983] ECR 3781, 3792; Case 337/82 St. Nikolaus Brennerei v Hauptzollamt Krefeld [1984] ECR 1051, 1062). In this case, the phrase division of Germany refers historically to the establishment of the dividing line between the two zones in 1948. Therefore, the economic disadvantages caused by that division can only mean the economic disadvantages caused by the isolation which the establishment or maintenance of that frontier entailed, such as, for example, the encirclement of certain areas (see the Daimler-Benz decision), the breaking of communication links (see the Tettau decision), or the loss of the natural markets of certain undertakings, which therefore need support, either to be able to adapt to new conditions or to be able to survive that disadvantage (on that point, but in relation to the fourth paragraph of Article 70 of the ECSC Treaty, see [Joined Cases 3/58 to 18/58, 25/58 and 26/58 Barbara Erzbergbau and Others [1960] ECR 173, at p. 195]). By contrast, the conception of the applicants and the German Government, according to which Article 92(2)(c) of the Treaty permits full compensation for the undeniable economic backwardness suffered by the new Länder , until such time as they reach a level of development comparable with that of the original Länder , disregards both the nature of that provision as a derogation and its context and aims. The economic disadvantages suffered by the new Länder as a whole have not been caused by the division of Germany within the meaning of Article 92(2)(c) of the Treaty. As such, the division of Germany has had only marginal consequences on the economic development of either zone, which, moreover, it affected equally at the outset, and it has not prevented the economies of the original Länder from developing favourably thereafter. It follows that the differences in development between the original and the new Länder are explained by causes other than the division of Germany as such, and in particular by the different politico-economic systems established in each State on either side of the frontier. It also follows from the above that the Commission did not make any error of law by stating generally, in the third paragraph of Point X of the [contested decision], that the derogation laid down in Article 92(2)(c) of the Treaty should not be applied to regional aid for new investment projects and that the derogations provided for in Article 92(3)(a) and (c) of the Treaty and the Community framework were sufficient to deal with the problems faced by the new Länder . In that respect, the applicants are wrong to accuse the Commission of contradictory reasoning in its description of the disputed investments at other points in the [contested decision] as extensions of existing capacity. The expression regional aid for new investment projects is used in reply to a general argument raised by the German Government (see Point V, first paragraph, subparagraph 1 of the [contested decision]) and thus concerns not aid to Volkswagen's investment plans at Mosel II and Chemnitz II specifically, but the whole of the aid intended to promote general economic development of the new Länder . Moreover, as regards the question whether, apart from its character as aid for the economic development of the Free State of Saxony, the aid in question is specifically designed to compensate for the disadvantages caused by the division of Germany, it should be borne in mind that a Member State which seeks to be allowed to grant aid by way of derogation from the Treaty rules has a duty to collaborate with the Commission, requiring it in particular to provide all the information to enable the Commission to verify that the conditions for the derogation sought are fulfilled ([Case C-364/90 Italy v Commission [1993] ECR I-2097], paragraph 20). On that point, there is nothing in the documents before the Court to show that the German Government or the applicants put forward specific arguments during the administrative procedure in order to prove a causal link between the situation of the motor-vehicle industry in Saxony after German reunification and the division of Germany. The Commission is therefore right in maintaining that the parties have not put forward specific evidence capable of justifying the application of Article 92(2)(c) of the Treaty to this case. Before the Court, the applicants, and the German Government, which refers on those questions to its written submissions in Case C-301/96, have argued that proof of the economic disadvantages caused to Saxony by the division of Germany arose from a comparison between German motor-vehicle production carried on in that region before 1939 and that achieved in 1990. According to those parties, the relative decline of the motor-vehicle industry in Saxony, compared with that of West Germany in general, was caused in particular by the partition of the German market and the corresponding loss of that industry's traditional outlets to the West, following that partition. In so far as that argument is capable of being raised before the Court of First Instance, given that it was not raised during the administrative procedure (see Joined Cases C-278/92, C-279/[92] and C-280/[92] Spain v Commission [1994] ECR I-4103, paragraph 31; Case T-37/97 Forges de Clabecq v Commission [1999] ECR II-859, paragraph 93), it must be rejected. Even if there were obstacles to inter-German trade, entailing the loss of traditional outlets for the motor-vehicle industry in Saxony, that would not automatically mean that the poor economic situation of that industry in 1990 was a direct consequence of that loss of outlets caused, ex hypothesi , by the division of Germany in 1948. The difficulties referred to by the applicants are primarily the result of the different economic organisation of the East German regime itself, which was not caused by the division of Germany within the meaning of Article 92(2)(c) of the Treaty. A comparison between the position of the motor-vehicle industry in Saxony before 1939 and that in 1990 is not therefore in itself enough to establish the existence of a sufficiently direct link between the economic disadvantages suffered by that industry at the time of the granting of the aid in dispute and the division of Germany within the meaning of Article 92(2)(c). As for [the Commission decision of 11 December 1964 concerning aids designed to facilitate the integration of the Saarland into the economy of the Federal Republic of Germany ( Bulletin of the European Economic Community No 2-1965, p. 33, the Saarland decision)], none of the parties have produced or requested it in these proceedings. The applicants have failed to show that the latter decision reflected a different approach by the Commission in the past and that such an approach, if it were established, would call into question the validity of the legal assessments made in 1996. In those circumstances, the applicants and the Federal Republic of Germany have not adduced sufficient evidence to support the conclusion that the Commission exceeded the limits of its discretion by holding that the aid in question did not comply with the conditions for benefiting from the derogation laid down in Article 92(2)(c) of the Treaty. First part of the plea By the first part of the first plea in law, the appellants and the German Government allege that the interpretation of Article 92(2)(c) of the Treaty adopted by the Court of First Instance is incompatible with the wording, history, effectiveness and scheme of that provision. The wording of Article 92(2)(c) of the Treaty ─ Arguments of the parties As regards the wording of Article 92(2)(c) of the Treaty, the appellants and the German Government claim that the Court of First Instance erred in law and that the expression division of Germany in that provision refers to the consequences flowing from the coexistence of two different economic and political systems and not to physical criteria or criteria relating to transport. In support of their argument, the appellants and the German Government submit, first, that the Community institutions, in the context of the protocol on German internal trade, used the expression division of Germany as synonymous with the differentiation between opposing economic systems; next, that the Court, in its judgment in Case C-432/92 Anastasiou and Others [1994] ECR I-3087, concerning Cyprus, used as a synonym of division the word partition; and finally, that the Community institutions used the expression division of Europe in the context of the separation of Europe into two blocks in the answer to written question No 2654/85 from Mr Pordea, Member of the European Parliament (OJ 1988 C 236, p. 4). That shows that the expression division of Germany refers not to the mere physical establishment of the frontier between east and west, but the politico-economic separation of the European continent. The German Government adds that the expression division of Germany within the meaning of Article 92(2)(c) of the Treaty cannot, as was done by the Court of First Instance without reasoning and in a historically inaccurate manner, be related exclusively to the year 1948. That expression can only be understood as referring to a process which developed and intensified continuously from 1945 to 1990. Since the Court of First Instance drew important consequences from that finding for the understanding of the provision on division, it committed an error of law which must entail the annulment of the contested judgment. The government contests the Court of First Instance's assertion that Article 92(2)(c) of the Treaty should be interpreted narrowly, since such an interpretation leads to a result which is contrary to the wording and spirit of that provision. According to the Commission, by contrast, none of the German, French and English versions of the provision supports the interpretation that the term division designates not only a division of the State but also, and above all, a division between two different political, social and economic systems. As to the argument relating to the protocol on German internal trade, it is either inadmissible, in so far as it was not raised before the Court of First Instance, or unfounded, in so far as it does not imply that the expression division of Germany designates the partition of a previously unitary economic territory into two different politico-economic systems. Moreover, the reference to the de facto partition of Cyprus is immaterial, since that has not been recognised internationally. As to the answer to Mr Pordea's written question, that is political and therefore has no binding effect. ─ Findings of the Court First of all, with respect to the plea of inadmissibility raised by the Commission pursuant to Articles 42(2) and 118 of the Rules of Procedure of the Court against the argument of the appellants and the German Government based on the protocol on German internal trade, it must be said that that argument does not constitute a new plea but an argument in support of a plea already raised at first instance. In those circumstances, the plea of inadmissibility must be rejected. As regards the interpretation of Article 92(2)(c) of the Treaty, the Court of First Instance was right to hold, in paragraph 134 of the contested judgment, that the expression division of Germany in that provision refers to the disadvantages caused by the isolation entailed by the establishment or maintenance of the inter-German frontier. Such an interpretation by the Court of First Instance corresponds to that adopted by the Court in Case C-156/98 Germany v Commission [2000] ECR I-6857 and Case C-334/99 Germany v Commission [2003] ECR I-1139. After noting, in paragraph 49 of the judgment in Case C-156/98 Germany v Commission , that Article 92(2)(c) of the Treaty must, as a derogation from the general principle that State aid is incompatible with the common market, be interpreted narrowly, the Court held, in paragraph 52, that the economic disadvantages caused by the division of Germany could only mean the economic disadvantages caused in certain areas of Germany by the isolation which the establishment of a physical frontier entailed, such as the breaking of communication links or the loss of markets as a result of the breaking-off of commercial relations between the two parts of German territory. That provision cannot, on the other hand, be interpreted, as the appellants and the German Government submit, as permitting full compensation for the undeniable economic backwardness of the new Länder , a backwardness which is attributable to the outcome of the specific economic policy choices made by the German Democratic Republic. The Court has already held in paragraph 54 of the judgment in Case C-156/98 Germany v Commission that the economic disadvantages suffered by the new Länder as a whole were not directly caused by the geographical division of Germany within the meaning of Article 92(2)(c) of the Treaty and, in paragraph 55 of that judgment, that the differences in development between the original and the new Länder are therefore explained by causes other than the geographical rift caused by the division of Germany and in particular by the different politico-economic systems set up in each part of Germany. The protocol on German internal trade of 1957, relied on by the appellants and the German Government, cannot affect that conclusion, since its object was not to remedy the existence of two different political and economic systems but to avoid the establishment of the customs frontier exterior to Community territory from obstructing trade between the two economic zones disproportionately as regards the free movement of goods. As to the Anastasiou and Others judgment relating to the partition of the territory of Cyprus and the answer to Mr Pordea's written question, they are not material in the present case, since they do not constitute an interpretation of the expression division of Germany in Article 92(2)(c) of the Treaty. The history and effectiveness of Article 92(2)(c) of the Treaty ─ Arguments of the parties As regards the history and effectiveness of the provisions of Article 92(2)(c) of the Treaty, the appellants and the German Government point out that those provisions, which already appeared in the EEC Treaty, were maintained, even after German reunification, in the Treaty on European Union and the Treaty of Amsterdam, which demonstrates that the Member States understood that derogation as intended to overcome the special situation resulting from the political and economic division of Germany. In this respect, the interpretation adopted by the Court of First Instance in paragraph 134 of the contested judgment is, according to the appellants and the German Government, incompatible with the maintenance of those provisions after German reunification. They cannot therefore, without losing their effect, apply solely to the disadvantages caused by the encirclement of certain areas, the breaking of communication links or the loss of markets on the other side of the inter-German frontier. Moreover, Article 92(2)(c) of the Treaty was applied by the Commission in the Saarland decision. On this point, the procedural objection raised by the Court of First Instance in paragraph 147 of the contested judgment constitutes, in their view, a breach, in particular, of Article 64 of the Rules of Procedure of the Court of First Instance. According to the appellants, it was not until the stage of the rejoinder that the Commission called its own previous decision into question by submitting that the Saarland decision had been adopted under Article 92(2)(b) of the Treaty, whereas, in its defence, it had acknowledged that that decision was based on Article 92(2)(c) of the Treaty. The Court of First Instance should therefore have made use of its powers under Article 64 of the Rules of Procedure and ordered that decision to be produced. Moreover, the provisions of Article 92(2)(c) of the Treaty were not applied in the past solely to the regions immediately adjacent to the frontier, since over a third of German territory benefited from the application of that provision. Furthermore, according to the appellants, aids to the regions bordering on eastern Germany were not made subject to the condition that specific disadvantages resulting from the physical course of the frontier between the German States were proved, but could be granted in order to preserve sound industrial structures. In this respect, while the Commission acknowledges that the provisions of Article 92(2)(c) were still in force at the material time, it disputes that the conditions for their application were satisfied in the present case. It notes, moreover, that it applied those provisions in Commission Decision 92/465/EEC of 14 April 1992 concerning aid granted by the Land of Berlin to Daimler-Benz AG Germany (OJ 1992 L 263, p. 15, the Daimler-Benz decision) and in the decision of 13 April 1994 concerning aid to producers of glass containers and porcelain established in Tettau (OJ 1994 C 178, p. 24, the Tettau decision), but always refused to apply them in the new Länder to State aid which was not related to the inter-German frontier. As to the argument concerning the Saarland decision, this is inadmissible, in that the appellants did not ask the Court of First Instance to order that decision to be produced, nor did they raise an objection at the proper time. In the alternative, even if the Court of First Instance infringed Article 64 of its Rules of Procedure, this argument is of no relevance. First, that infringement cannot entail the annulment of the contested judgment, inasmuch as the alleged infringement did not cause the appellants any detriment. Second, even if the aids granted in the context defined by the Saarland decision were granted under Article 92(2)(c) of the Treaty, that is of no consequence, since the Court of First Instance observed in paragraph 147 of the contested judgment that the appellants had not shown that that approach, if it were established, would call into question the validity of the legal assessments made in 1996. They have not demonstrated this in the context of their appeals either. As regards aid to regions bordering on eastern Germany, the Commission states not only that, in order to benefit from aid on that basis, the old Länder had to show the existence of a specific disadvantage caused by the inter-German frontier, but also that that aid could not benefit regions a long way away from that frontier. Volkswagen's plants in Saxony are more than 100 km from that frontier. As regards the maintenance of the provisions of Article 92(2)(c) of the Treaty in the Treaty on European Union and the Treaty of Amsterdam, the Commission says that it was only because of the rule of unanimity applicable in the matter and the insistence of the Federal Republic of Germany that those provisions were maintained. As to the EEA Agreement, although similar provisions are found there, that is because of the need to respect the Community acquis . ─ Findings of the Court It is common ground that the provisions of Article 92(2)(c) of the Treaty were not repealed by either the Treaty on European Union or the Treaty of Amsterdam. In those circumstances, in the light of the objective scope of the rules of Community law, the authority and effectiveness of which must be safeguarded, it cannot be presumed that those provisions have been devoid of purpose since the reunification of Germany (see Case C-156/98 Germany v Commission , paragraphs 47 and 48). However, it is not arguable that, contrary to the view taken by the Court of First Instance in paragraph 134 of the contested judgment, Article 92(2)(c) of the Treaty is intended to overcome the special situation resulting from the political and economic division of Germany. The consequence of such an interpretation would be that the entire territory of the new Länder could benefit from aid of any kind. Article 92(2)(c) of the Treaty cannot, without disregarding both the nature of that provision as a derogation and its content and objectives, permit full compensation for the undeniable economic backwardness suffered by the new Länder (see paragraph 24 above and Case C-156/98 Germany v Commission , paragraph 53). In this respect, as the Advocate General rightly observes in points 46 and 47 of his Opinion, the Mosel and Chemnitz regions could be regarded as having suffered economic disadvantages caused by the geographical division of Germany only if the existence of the politico-economic frontier between the two parts of Germany constituted a barrier to their economic development in a way which distinguished them from the other regions of the former German Democratic Republic. The Mosel and Chemnitz regions are situated more than 100 km from the former inter-German frontier and, as the German Government has moreover acknowledged, after the period from 1945 to 1949 they enjoyed a remarkable recovery within the framework of the conditions of the communist economic system. The Saarland decision relied on by the appellants and the German Government cannot alter that conclusion. On this point, it must be stated at the outset that the Court of First Instance did not infringe Article 64(1) and (2) of its Rules of Procedure by failing to order the Commission to produce a copy of that decision. The Court of First Instance is the sole judge of whether the information available to it concerning the cases before it needs to be supplemented (Case C-315/99 P Ismeri Europa v Court of Auditors [2001] ECR I-5281, paragraph 19). Moreover, since neither the appellants nor the German Government asked the Court of First Instance for measures of organisation of the procedure consisting in the production of the Saarland decision, their argument that that Court should have ordered it to be produced must be rejected. It follows that the Court of First Instance was right to hold, in paragraph 147 of the contested judgment, that the appellants and the German Government had failed to show that that decision reflected a different approach by the Commission in the past. In any event, the Saarland decision does not permit a different conclusion. It is apparent from that decision that the Commission, either under Article 92(2)(b) or under Article 92(2)(c) of the Treaty, authorised certain aid in favour, first, of expellees, refugees and victims of the war or of dismantling of plants, second, the regions adjoining the Soviet zone, third, Berlin, because of its special situation, and, finally, the Saarland, in order to promote its integration into the Federal Republic of Germany. However, contrary to the German Government's argument, that aid was not granted solely for the benefit of the Saarland and, in particular, the legal basis relied on by the Commission in authorising the aid granted to that Land is not clearly stated. As the Advocate General observes in point 71 of his Opinion, Article 92(2)(b) and Article 92(2)(c) of the Treaty are mentioned as alternatives, and, since the Saarland decision relates also to aid in favour of regions adjoining the Soviet zone and of Berlin, it is not possible to deduce from the reference to Article 92(2)(c) of the Treaty that that reference was made solely in respect of the Saarland, as it could have been made only in respect of the regions adjoining the Soviet zone and Berlin. In any event, whatever the interpretation given by the Commission to Article 92(2)(c) of the Treaty in the past, that cannot affect the correctness of the Commission's interpretation of that provision in the contested decision and hence its validity. It is only in the context of Article 92(2)(c) of the Treaty that the validity of the contested decision must be examined, not by reference to an alleged earlier practice. The scheme of Article 92(2)(c) of the Treaty ─ Arguments of the parties With respect to the scheme of Article 92(2)(c) of the Treaty, the appellants and the German Government state that compensation, in the transport field, for the disadvantages linked with the division of Germany is the subject of a special provision of the Treaty, in Title IV of Part Three on transport policy, namely Article 82 of the EC Treaty (now Article 78 EC). Measures specific to transport taken by Germany to overcome its former division come primarily under that provision. The Commission submits that the reference to Article 82 of the Treaty is irrelevant. The Court of First Instance did not limit the disadvantages caused by the division of Germany solely to the consequences for transport. Furthermore, that provision does not concern State aid. ─ Findings of the Court On this point, it suffices to state that, contrary to the argument of the appellants and the German Government, the Court of First Instance did not intend, in paragraph 134 of the contested judgment, to limit the application of Article 92(2)(c) of the Treaty solely to the consequences affecting transport links, which were moreover mentioned only as an illustration, since other consequences are also referred to, such as the encirclement of certain regions or the loss of natural markets. Moreover, while Article 82 of the Treaty permits the German authorities to maintain or introduce national measures relating to transport policy which derogate from the common transport policy, such measures cannot, on the other hand, derogate from the rules governing public aid to transport infrastructure. Accordingly, the first part of the first plea must be rejected. Second part of the plea Arguments of the parties By the second part of the first plea, Volkswagen and VW Sachsen claim that, in paragraph 136 of the contested judgment, the Court of First Instance interfered with the institutional balance provided for in the Treaty by making findings of its own as regards the causes of the economic disadvantages of the new Länder which the Commission had not made in the contested decision. It is primarily for the Commission to examine whether aid proposed by a Member State under Article 92(2)(c) of the Treaty satisfies the conditions for the application of that provision. The Court of First Instance cannot substitute its own findings for those of the Commission. Thus, by finding that Article 92(2)(c) of the Treaty was not applicable, on the ground that the economic disadvantages had not been caused by the division of Germany, the Court of First Instance went beyond an interpretation of that concept of division to apply that provision in the specific case. Under the rules laid down both in that provision and in Article 93 of the Treaty, such an application is reserved, in the first place, to the Member State and, in the second place, by means of a review aimed at detecting possible abuses, to the Commission. The Commission says that it fails to understand how the contested judgment could interfere with the balance between the Community institutions such that it infringed the Treaty. The Commission submits that, contrary to the assertions of Volkswagen and VW Sachsen, the Court of First Instance did not supplement the reasoning of the contested decision, but confirmed that put forward by the Commission. Moreover, in this field, the Commission's role is not limited to ascertaining whether the discretionary decisions of the Member States contain abuses. Findings of the Court In this respect, the Court of First Instance confined itself to repeating, in paragraph 136 of the contested judgment, an argument adduced by the Commission, namely that the general poor economic situation of the new Länder was a direct consequence not of the division of Germany but of the political system of the German Democratic Republic. The fact that that argument is not set out exhaustively in the contested decision cannot have the effect of preventing the Court of First Instance from answering the appellants' argument that the finding of backwardness in the economic development of the new Länder suffices to make Article 92(2)(c) of the Treaty applicable by stating that there was no direct causal link between that situation and the division of Germany. The second part of the first plea must therefore be rejected. In those circumstances, the Court of First Instance did not make an error of law with respect to the interpretation of Article 92(2)(c) of the Treaty, and the first plea in law must therefore be rejected in its entirety. Second plea: breach of Article 190 of the Treaty The Court of First Instance held as follows in the contested judgment: As for the complaint of insufficient reasoning, it should be recalled that the statement of reasons required by Article 190 of the ... Treaty ... must clearly and unequivocally show the reasoning of the institution which adopted the measure, so as to enable the Community judicature to exercise its power of review and the persons concerned to know the grounds on which the measure was adopted (see, for example, Case T-84/96 Cipeke v Commission [1997] ECR II-2081, paragraph 46). In this case, the [contested decision] contains only a brief summary of the grounds for the Commission's refusal to apply the derogation in Article 92(2)(c) of the Treaty to the facts of the case. Nevertheless, the [contested decision] was adopted in a context that was well known to the German Government and the applicants and forms part of a consistent line of decision-making practice, particularly in relation to those parties. Such a decision may be supported by a summary statement of reasons (Case 73/74 Papiers Peints v Commission [1975] ECR 1491, paragraph 31; Case T-34/92 Fiatagri and New Holland Ford v Commission [1994] ECR II-905, paragraph 35). Since 1990, in its relations with the Commission, the German Government has referred many times to Article 92(2)(c) of the Treaty, insisting on the importance of that provision for the recovery of the former East Germany (see, in particular, the letter from Chancellor Kohl to President Delors of 9 December 1992 ...). The arguments put forward by the German Government in that regard were rejected in various letters or decisions of the Commission [see, in particular, the Commission notice pursuant to Article 93(2) of the EEC Treaty to other Member States and other parties concerned regarding the proposal by the German Government to award State aid to the Opel group in support of its investment plans in the new Länder (OJ 1993 C 43, p. 14); the Commission notice pursuant to Article 93(2) of the EEC Treaty to other Member States and interested parties concerning aid which Germany proposes to grant Rhône-Poulenc Rhotex GmbH (OJ 1993 C 210, p. 11); Commission Decision 94/266/EC of 21 December 1993 on the proposal to award aid to SST-Garngesellschaft mbH, Thüringen (OJ 1994 L 114, p. 21); the Mosel I decision; and Commission Decision 94/1074/EC of 5 December 1994 on the German authorities' proposal to award aid to Textilwerke Deggendorf GmbH, Thüringen (OJ 1994 L 386, p. 13)]. In that respect, particular importance should be accorded to the Mosel I decision, in which the Commission declared some of the aid in question, amounting to DEM 125.2 million, incompatible with the common market after excluding, on grounds identical to those used in the [contested decision], the possibility that that aid might be covered by Article 92(2)(c) of the Treaty. It should be noted, moreover, that neither the applicants nor the German authorities have brought any action against that earlier decision. Even though, between the adoption of the Mosel I decision and the adoption of the [contested decision], the Commission, the German authorities and the applicants have had numerous contacts revealing their continuing differences of opinion concerning the applicability of Article 92(2)(c) of the Treaty to the aid in question (see Points V and VI of the [contested decision]), it should also be noted that no specific or new argument has been put forward in that context, particularly as to the existence of a causal link between the position of the motor-vehicle industry in Saxony after German reunification and the division of Germany (see paragraph 141 above). In those circumstances, the Court finds that the applicants and the Federal Republic of Germany were sufficiently informed of the grounds for the [contested decision] and that, in the absence of more specific arguments, the Commission was not obliged to state the grounds for it more extensively. It follows from the above considerations as a whole that the complaints alleging infringement of Article 92(2)(c) of the Treaty and an insufficient statement of reasons must be rejected. Arguments of the parties According to the appellants and the German Government, the contested decision does not enable either the appellants or the Court of First Instance to discern the reasons for which the Commission refused to apply Article 92(2)(c) of the Treaty. Volkswagen and VW Sachsen claim that the reference by the Court of First Instance to other decisions which are also vitiated by faulty reasoning is not capable of making the contested decision intelligible to the persons concerned. Moreover, according to the case-law of the Court of Justice, a decision must be comprehensible in itself and that defect cannot be remedied by reference to decisions which do not, as such, provide more precise information on the considerations which led the Commission to refuse to apply Article 92(2)(c) of the Treaty. Moreover, the decisions cited by the Court of First Instance in paragraph 153 of the contested judgment do not appear in the contested decision and were not transmitted. Furthermore, the Court of First Instance infringed Article 190 of the Treaty by failing to take into account that a decision adopted by the Commission must be intelligible not only to the persons to whom it is addressed but also to the Court of First Instance, so that it can exercise its power of review with respect to compliance with the duty to state reasons. According to Volkswagen and VW Sachsen, it is apparent from the contested judgment that the contested decision does not contain reasons to justify the refusal to apply Article 92(2)(c) of the Treaty. The Commission should have given particular reasons in the contested decision as regards the interpretation of that provision, in that, first, the German authorities and the Commission did not share the same view on that interpretation and, second, the Commission was fully informed of the importance of the position it adopted on this point. The Commission points out, to begin with, that an appeal can only be based on pleas in law alleging an infringement of Community law by the Court of First Instance. In the context of an appeal, the Court of Justice does not examine points of fact and does not make its own legal assessment of the facts. The Commission says that whether a statement of reasons can be understood and reviewed by the Court of First Instance is a point of fact which only that Court can decide. The Commission notes that, where a decision is situated in a particular context, it suffices for that context to be recorded in the decision for Article 190 of the Treaty to be complied with. It states that the appellants took part in the procedures which led up to the adoption of the Mosel I decision and the contested decision, so that their argument on this point should be rejected. When Volkswagen and VW Sachsen submit that the Commission decisions which form the context of the contested decision were themselves inadequately reasoned, they are really submitting that the Court of First Instance made an error in the determination and assessment of a fact. This argument must therefore be rejected as inadmissible. According to the Commission, the decisions it cited in the contested decision, including the Daimler-Benz and Tettau decisions, constitute in the present case a context which the Court of First Instance took note of and assessed correctly. As regards the Mosel I decision, the Commission notes that it expressly refused authorisation for part of the aid concerned and for the remainder expressly ruled out the applicability of Article 92(2)(c) of the Treaty. The appellants did not bring an action against that decision, even though they were adversely affected by it and it was necessary for them to contest it in view of their interpretation of that provision. Findings of the Court According to settled case-law, the statement of reasons required by Article 190 of the Treaty must be appropriate to the act at issue and must disclose in a clear and unequivocal fashion the reasoning followed by the institution which adopted the measure in question in such a way as to enable the persons concerned to ascertain the reasons for the measure and to enable the competent Community court to exercise its power of review. The requirements to be satisfied by the statement of reasons depend on the circumstances of each case, in particular the content of the measure in question, the nature of the reasons given and the interest which the addressees of the measure, or other parties to whom it is of direct and individual concern, may have in obtaining explanations. It is not necessary for the reasoning to go into all the relevant facts and points of law, since the question whether the statement of reasons meets the requirements of Article 190 of the Treaty must be assessed with regard not only to its wording but also to its context and to all the legal rules governing the matter in question (see, in particular, Joined Cases 296/82 and 318/82 Netherlands and Leeuwarder Papierwarenfabriek v Commission [1985] ECR 809, paragraph 19, and Case C-367/95 P Commission v Sytraval and Brink's France [1998] ECR I-1719, paragraph 63). The Court of First Instance was therefore right to hold that the contested decision was adequately reasoned. While that decision contains summary reasoning in this respect, it sets out, first, that it was adopted in a well-known context and forms part of a consistent decision-making practice. It states, second, that the arguments previously adduced in support of the applicability of Article 92(2)(c) of the Treaty were rejected in the past for the same reasons, in particular in the Mosel I decision which was not contested by the appellants or the German Government. Finally, it may be seen from the contested decision that, despite the contacts between the German Government and the appellants on the one side and the Commission on the other revealing persistent differences of opinion as to whether that provision was applicable, no specific argument was put forward during the administrative procedure (see Case C-156/98 Germany v Commission , paragraphs 104 to 108). It follows that the second plea must be rejected as unfounded. Third plea in law: breach of Article 92(3)(b) of the Treaty The Court of First Instance held as follows in the contested judgment: Under Article 92(3)(b) of the Treaty, aid may be considered to be compatible with the common market if it is [...] to remedy a serious disturbance in the economy of a Member State. It follows from the context and general scheme of that provision that the disturbance in question must affect the whole of the economy of the Member State concerned, and not merely that of one of its regions or parts of its territory. This, moreover, is in conformity with the need to interpret strictly a derogating provision such as Article 92(3)(b) of the Treaty. The judgment in [Case 730/79 Philip Morris v Commission [1980] ECR 2671], relied on by the applicants in support of their argument, makes no comment of any kind on the point at issue here. The applicants' argument must therefore be rejected as inoperative since they merely refer to the state of the economy of the Free State of Saxony, without even alleging that this caused a serious disturbance of the economy in the Federal Republic of Germany as a whole. Moreover, the question whether German reunification has caused a serious disturbance in the economy of the Federal Republic of Germany involves complex assessments of an economic and social nature, to be made within a Community context, which fall within the exercise of the wide discretion which the Commission enjoys under Article 92(3) of the Treaty (see, by analogy, Case C-355/95 P TWD v Commission [1997] ECR I-2549, paragraph 26). In that context, judicial review must be limited to verifying whether the rules on procedure and the statement of reasons have been complied with, that the facts are materially accurate, and that there has been no manifest error of assessment and no misuse of powers. In particular, it is not for the Community judicature to substitute its economic assessment for that of the Commission (Case T-380/94 AIUFFASS and AKT v Commission [1996] ECR II-2169, paragraph 56; Case T-149/95 Ducros v Commission [1997] ECR II-2031, paragraph 63). In this case, the applicants have not put forward any concrete evidence capable of establishing that the Commission made a manifest error of assessment in taking the view that the unfavourable repercussions of the reunification of Germany on the German economy, however real, did not in themselves constitute a ground for applying Article 92(3)(b) of the Treaty to an aid scheme. As for the statement of reasons for the [contested decision], although brief, it appears to be sufficient having regard to the context of the case, to its antecedents, especially the Mosel I decision, and to the absence of specific arguments raised during the administrative procedure. In that regard, the considerations set out in paragraphs 140 to 142 and 149 to 156 above apply, mutatis mutandis , as regards the statement of reasons for the Commission's refusal to apply in this case the derogation laid down in Article 92(3)(b) of the Treaty. It follows from the above that the complaints alleging infringement of Article 92(3)(b) of the Treaty and an insufficient statement of reasons must be rejected. Arguments of the parties The appellants contest the Court of First Instance's interpretation that Article 92(3)(b) of the Treaty can apply only if the whole of the territory of a Member State is affected. Neither the wording nor the effectiveness of that provision justifies that Court's conclusion that the collapse of the former socialist economy of the German Democratic Republic in the course of reunification could not be classified as a serious disturbance in the economy of Germany. The expression serious disturbance in the economy of a Member State was deliberately given a wide formulation by the authors of the Treaty so as not to limit the application of that provision to a certain form of serious economic crisis. The wording of Article 92(3)(b) of the Treaty does not prejudge the question whether the serious economic crisis in question derives from the collapse of a certain economic sector, the global economic situation or the economic decline of a region of importance for the whole of the Member State. The German Government adds that, for the purposes of that provision, a disturbance is serious if it affects either the whole of the economy or at least several regions or economic sectors. Moreover, it states that to restrict to the utmost a provision such as Article 92(3)(b) of the Treaty has the effect of disregarding the fact that, unlike the provision on division in Article 92(2)(c) of the Treaty, it is not a statutory exception which applies automatically where the material conditions are satisfied. Article 92(3)(b) of the Treaty is a provision whose application depends on the Commission's assessment. It would, however, be contrary to the spirit of that provision to reduce, by taking the narrowest possible interpretation, the margin which the authors of the Treaty intended to confer on that institution. The appellants and the German Government also state that, given that German reunification required the economic restructuring of nearly a third of German territory, it is not possible to maintain that the serious economic disturbance observed in the new Länder does not fall within the circumstances referred to in Article 92(3)(b) of the Treaty. Moreover, the Community institutions were aware of the fact that the economic consequences of reunification could not be confined solely to the territory of those Länder . By declaring, moreover, without giving any reasons, that derogations are to be interpreted narrowly, the Court of First Instance arbitrarily cut down the margin of discretion which the authors of the Treaty intended to attach to that provision. Even derogations must be interpreted in the light of their history as well as their wording and spirit. According to the Commission, this plea is partly inadmissible, partly irrelevant, and otherwise unfounded. First of all, in its view, the argument relating to breach of Article 92(3)(b) of the Treaty is inadmissible in so far as the Free State of Saxony did not rely on it before the Court of First Instance. It is therefore barred from putting it forward, under Articles 42(2) and 118 of the Rules of Procedure. Next, the plea is also irrelevant, since the appellants and the German Government do not submit that, in applying Article 92(3)(b) of the Treaty, the Commission committed an error in the exercise of the discretion it enjoys, nor that the Court of First Instance decided incorrectly in this respect. Even if that provision were applicable in the case of a disturbance affecting part only of the territory of a Member State, as the appellants and the German Government submit, that would not lead to annulment of the contested judgment. An appeal is also unfounded if the judgment which it contests proves to be justified in law for reasons other than those adopted by the Court of First Instance. Since no error of assessment was relied on, the third plea in the appeals cannot lead to annulment of the contested judgment. Finally, as to the remainder, the plea is unfounded. Article 92(3)(b) of the Treaty, in contrast to parts (a) and (c) of that provision, concerns not a serious disturbance in the economy of a region but of a Member State as a whole. The Commission says that, when the appellants and the German Government supplement their arguments by asserting that the economic problems of the new Länder required financial sacrifices in the entire Federal Republic of Germany, they are criticising an allegedly incorrect finding of fact by the Court of First Instance, so that the argument is inadmissible. In any event, since those sacrifices did not cause a serious disturbance in the economy, the argument is immaterial. Findings of the Court It should be remembered that, under Article 118 of the Rules of Procedure, Article 42(2) of those rules, which prohibits generally the introduction of new pleas in law in the course of the procedure, applies to the procedure before the Court of Justice on appeal from a decision of the Court of First Instance. In an appeal, the Court's jurisdiction is thus confined to review of the findings on the pleas argued before the Court of First Instance (see Case C-136/92 P Commission v Brazzelli Lualdi and Others [1994] ECR I-1981, paragraph 59, and Case C-321/99 P ARAP and Others v Commission [2002] ECR I-4287, paragraph 112). It is common ground that the argument relating to breach of Article 92(3)(b) of the Treaty was not raised by the Free State of Saxony before the Court of First Instance (see, in particular, paragraph 95 of the contested judgment). The third plea must therefore be rejected as regards the Free State of Saxony. As to the argument of Volkswagen and VW Sachsen that the Court of First Instance was wrong to hold that that provision can apply only if the entire territory of a Member State is affected, it is clear from paragraph 167 of the contested judgment that, on this point, the Court of First Instance referred not to the whole territory of a Member State but to the whole economy of the Member State concerned. Moreover, as the Commission rightly observes, unlike points (a) and (c) of Article 92(3) of the Treaty, point (b) of that paragraph requires a serious disturbance in the economy of a Member State, not of regions, since a disturbance in the economy of the latter would not necessarily affect that of the Member State concerned. In those circumstances, the Court of First Instance was right to hold in paragraph 167 of the contested judgment, noting that as a derogation Article 92(3)(b) of the Treaty must be interpreted narrowly, that the disturbance must affect the whole of the economy of the Member State concerned and not merely that of one of its regions or parts of its territory. As regards the argument of Volkswagen, VW Sachsen and the German Government that neither the wording nor the effectiveness of that provision justifies the conclusion of the Court of First Instance that the collapse of the former socialist economy of the German Democratic Republic in the course of reunification could not be classified as a serious disturbance in the economy of Germany, the Court of First Instance found, in paragraphs 169 and 170 of the contested judgment, that the question of the extent of the serious disturbance in the economy following reunification involves complex assessments of an economic and social nature which fall within the wide discretion enjoyed by the Commission, and that no concrete evidence had been put before it capable of establishing that that institution made a manifest error of assessment in that respect. No criticism can be made of that finding by the Court of First Instance, so that the German Government is wrong to submit that the mere reference to the provision, in the context of a known factual situation, suffices to show that the conditions for the application of Article 92(3)(b) of the Treaty were satisfied. In this plea, Volkswagen, VW Sachsen and the German Government confine themselves, for the remainder, to calling into question the assessment of the facts by the Court of First Instance, without even putting forward the slightest element to support the claim that that Court distorted the facts. It must be remembered that the appraisal of the facts by the Court of First Instance does not, save where the clear sense of the evidence produced before it is distorted, constitute a question of law which is subject, as such, to review by the Court of Justice (see, inter alia , Joined Cases C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P to C-252/99 P and C-254/99 P Limburgse Vinyl Maatschappij and Others v Commission [2002] ECR I-8375, paragraph 330). It follows from all the foregoing that the third plea must be rejected as partly inadmissible and partly unfounded. Fourth plea in law: breach of Articles 92(3) and 93 of the Treaty The Court of First Instance held as follows in the contested judgment: Contrary to what the applicants maintain, the aid measures in dispute cannot be regarded as falling within a regional aid programme already approved by the Commission and thus exempt from the duty of prior notification. By referring, in the Nineteenth Outline Plan adopted pursuant to the Joint Task Law, to a number of specific sectors in which each of the projects to be supported remained subject to the need for prior authorisation from the Commission (see paragraph 7 above), Germany acknowledged that approval of the regional aid envisaged by that outline plan did not extend to the sectors in question and, in particular, the motor-vehicle industry, to the extent that the cost of a support operation exceeded 12 million ecus. That is confirmed, in particular, by the Commission's letter of 2 October 1990 approving the regional aid scheme laid down for 1991 by the Nineteenth Outline Plan (see paragraph 7 above) and by its letter of 5 December 1990 approving the application of the Joint Task Law to the new Länder (see paragraph 11 above), in which the Commission expressly drew the attention of the German Government to the need to take account, when implementing the measures contemplated, of the Community framework existing in certain sectors of industry; by its letters of 14 December 1990 and 14 March 1991, insisting that the aid for Volkswagen's new investments could not be implemented without having first been notified to the Commission and having received its approval (see paragraph 18 above); and by the fact that each of the 1991 [decisions] states that it is subject to the authorisation of the Commission. The applicants are wrong in arguing that such a reference is devoid of purpose having regard to the authorisation already obtained by virtue of the approval of the Nineteenth Outline Plan; that approval does not extend to the motor-vehicle industry, as has just been pointed out in paragraph 204 above. The applicants are also incorrect in arguing that the production of the letters referred to above, in an annex to the rejoinder, was out of time and inadmissible. In the first place, those letters are cited both in Point II of the [contested decision] and in the decision to initiate the investigation procedure. Moreover, they were produced in response to an assertion made for the first time in the reply. In the light of the factors described above, the fact that application of the Community framework was suspended between January and April 1991, even if established, cannot have the legal consequence that the aid to the motor-vehicle industry is to be regarded as covered by the approval of the Nineteenth Outline Plan. On the contrary, if that fact were established, it would have to be held that Article 93(3) of the Treaty remained fully applicable to the aid in question. It follows from the above that, in any event, the aid in dispute was subject to the duty of prior notification to the Commission, and that it could not be implemented before the procedure had led to a final decision. By contrast, the question whether or not the Community framework had binding force vis-à-vis Germany in March 1991 is of no relevance for the purposes of these proceedings. In that respect, it should be emphasised that, although the rules of the Community framework, as appropriate measures proposed by the Commission to the Member States on the basis of Article 93(1) of the Treaty, are entirely devoid of binding force and bind Member States only if the latter have consented to them (Case C-292/95 Spain v Commission , paragraphs 30 to 33), there is nothing to prevent the Commission from examining the aid which must be notified to it in the light of those rules when exercising the wide discretion which it enjoys for the purposes of applying Articles 92 and 93 of the Treaty. It should, nevertheless, be added that the applicants' argument that the investigation, in 1996, of the compatibility of the aid at issue with the common market could be based only on assessment criteria which existed in 1991 finds no support in the case-law of the Court of Justice and the Court of First Instance. Thus, in Case 234/84 Belgium v Commission [1986] ECR 2263, paragraph 16, and Case C-241/94 France v Commission [1996] ECR I-4551, paragraph 33, the Court of Justice stated that the legality of a decision concerning aid is to be assessed in the light of the information available to the Commission when the decision was adopted. The Court of First Instance did the same in Joined Cases T-371/94 and T-394/94 British Airways and Others and British Midland Airways v Commission [1998] ECR II-2405, paragraph 81. Moreover, Article 92(1) of the Treaty prohibits, in so far as it affects trade between Member States, any aid which distorts or threatens to distort competition. It follows that, when it establishes the existence of an aid within the meaning of that provision, the Commission is not strictly bound by the conditions of competition existing at the date on which its decision is adopted. It must carry out an assessment in a dynamic perspective and take account of the foreseeable development of competition and the effects which the aid in question will have upon it. The Commission cannot therefore be criticised for having taken account of factors arising after the adoption of a plan to grant or alter aid. The fact that the Member State concerned implemented the proposed measures before the investigation procedure resulted in a final decision, in breach of its obligations under Article 93(3) of the Treaty, is of no relevance to that question. The applicants' argument that such a practice is incompatible with the principle of legal certainty cannot be accepted. Whilst the preliminary investigation procedure under Article 93(3) of the Treaty is intended to allow the Commission sufficient time, the Commission must, nevertheless, act diligently and take account of the interest of the Member States of being informed of the position quickly in spheres where the need to intervene may be urgent by reason of the effect that the Member States expect from the planned incentive measures. The Commission must therefore take a position within a reasonable period, which the Court of Justice has assessed at two months [Case 120/73 Lorenz [1973] ECR 1471, paragraph 4; see also Article 4 of Council Regulation (EC) No 659/1999 of 22 March 1999 laying down detailed rules for the application of Article 93 of the EC Treaty (OJ 1999 L 83, p. 1)]. Moreover, the Commission is bound by the same general duty of diligence where it decides to initiate the inter partes investigation procedure laid down by Article 93(2) of the Treaty, and its failure to act in the matter may in appropriate cases be condemned by the Community judicature in proceedings under Article 175 of the EC Treaty (now Article 232 EC). Moreover, the question of a possible infringement of the principle of legal certainty does not arise in this case. The length of time which elapsed between the date on which the first [decisions] granting aid were adopted (March 1991) and the date of the [contested decision] (26 June 1996) was due, first, to the absence of complete notification of the measures in question; secondly, to the successive amendments which the applicants made to their plans, which in turn entailed successive amendments to the [decisions] granting the aid; and, thirdly, to the considerable difficulties which the Commission encountered in obtaining from the German Government and the applicants the information which it needed in order to take a decision (see paragraphs 16 to 42 above). In particular, the Mosel I decision shows that, at the beginning of 1993, the Commission was in a position to take a decision on the whole of Volkswagen's investment plans, as initially submitted to it. It was at the express request of Volkswagen, submitted on 31 January 1993, that the Commission limited its assessment to the aid concerning Mosel I and Chemnitz I. It was then necessary to wait until 1995, when the Commission threatened the German authorities that it would adopt a decision on the basis of the incomplete file in its possession, for the information which it needed to be finally communicated to it. In short, it was not until 1996 that the Commission was placed in a position to take a decision with full knowledge of the facts. In the meantime, the applicants' initial plans had been changed three times and, in consequence, the 1991 [decisions] had been amended by the 1993, 1994 and 1996 [decisions]. Although the parties disagree as to the extent of those successive amendments, it is undisputed that, at the very least, they involved a significant reduction in the scale of the plans and, above all, the postponement by three to four years of the entry into service of the paint and final assembly workshops of Mosel II and Chemnitz II. In those circumstances, the applicants are wrong when they maintain that the Commission was required to examine plans that were successively devised in 1993, 1994 or 1996 solely in the light of the information at its disposal in 1991. On the contrary, the Commission was right to take account in its assessment of the changes that were subsequently made. Moreover, even if it had initially approved the aid granted by the 1991 [decisions], the Commission would have been entitled to re-examine it at the time of its amendment, in accordance with Article 93(3) of the Treaty, under which the Commission is to be informed, in sufficient time to enable it to submit its comments, of any plans to alter the aid. Thus, while acknowledging that there was no surplus capacity in the motor-vehicle industry in 1991, the Commission would in principle have been entitled to take account of surplus capacity which became apparent from 1993 onwards. It follows from the above that the applicants' arguments concerning, first, the need for an investigation ex ante and, secondly, the inapplicability of the Community framework, must be rejected in their entirety. Arguments of the parties According to the appellants, the Court of First Instance infringed Articles 92(3) and 93 of the Treaty by stating that the aid at issue was subject to an obligation of separate notification, whereas it was part of the 19th Outline Plan, which had been approved by the Commission by letter of 2 October 1990 addressed to the German Government. On this point, the appellants point out that, in various letters, the Commission approved the application of the Joint Task Law and the extension of the existing regional aid schemes to the new Länder . Notwithstanding the fact that, in its letters, the Commission pointed out that the German authorities should take account, in implementing the programmes concerning aid, of the Community provisions in force in certain sectors, including those in the motor vehicle sector, the appellants claim that the Community framework, from January to April 1991, was not a provision of Community law in force. They submit that the Community framework was applicable only for a period of two years expiring on 31 December 1990, since its extension was not agreed until April 1991. Consequently, as an appropriate measure within the meaning of Article 93(1) of the Treaty, that framework may be regarded as applicable only from April 1991, after the date of granting the aid, namely 22 March 1991. In those circumstances, the aid at issue should have been regarded as forming part of an aid scheme which had been given general authorisation by the Commission, and hence classified as existing aid. It follows that the aid did not have to be notified. As it was existing aid, the Commission should have confined itself to verifying that the individual aid came under the general scheme and that the conditions for the grant of aid laid down in the approval decision were complied with. The Commission submits that the appellants' argument is partly irrelevant and partly mistaken. It submits essentially, first, that at the time of adoption of the contested decision, on 26 June 1996, it was not obliged to base itself on the factual and legal situation of March 1991. Second, even if it should have based itself on that situation, the aid at issue would still have had to be notified to it and it would have had to review such aid without restriction. Finally, even if it should have based itself on a date at which the Federal Republic of Germany had not yet given its agreement to the application of the Community framework, that would not prevent the Commission from applying that framework. Findings of the Court The appellants' argument is founded on the premiss that, since the Community framework did not apply from January to March 1991, the aid at issue, which came within the regional aid scheme provided for by the 19th Outline Plan, was already approved. The Court of First Instance, in the light of the elements put before it which are mentioned in paragraphs 204 and 205 of the contested judgment, reached the conclusion that, even if the Community framework did not apply, aid for the motor vehicle industry was not covered by the approval of the regional aid scheme provided for by the 19th Outline Plan. As was noted in paragraph 102 above, the appraisal of the facts by the Court of First Instance does not, unless they were distorted, constitute a question of law which is subject, as such, to review by the Court of Justice. There was no distortion of the facts when the Court of First Instance considered that the aid at issue was subject to an obligation of prior notification to the Commission, so that it could not be implemented until the procedure had concluded with a final decision. The Commission's approval of the regional aid scheme provided for by the 19th Outline Plan therefore excluded in any event from its scope aid granted inter alia in the motor vehicle sector. That, moreover, was the understanding of the German Government, as appears from the citation from the 19th Outline Plan in paragraph 7 of the contested judgment, reproduced in paragraph 6 above. It follows that, since the approval did not cover aid in the motor vehicle sector, the aid at issue should have been notified either under the provisions of the Community framework or, supposing that that did not apply, under Article 93(3) of the Treaty. The Court of First Instance was therefore right to hold, in paragraph 207 of the contested judgment, that the aid at issue was subject to the duty of prior notification to the Commission and could not be implemented before the procedure had led to a final decision. In those circumstances, having regard to the fact that the question of the applicability of the Community framework between January and April 1991 is not material and the other arguments put forward by the appellants are directed at showing that the framework was not applicable, the fourth plea must be rejected. Fifth plea in law: the consequences of the partial discontinuance taken note of by the Court of First Instance The Court of First Instance held in paragraph 65 of the contested judgment: At the hearing on 30 June 1999, [Volkswagen and VW Sachsen] asked the Court to hold that the action had become devoid of subject-matter in so far as it sought the annulment of the first indent of Article 2 of the [contested decision], declaring investment aid in the form of special depreciation on investment incompatible with the common market, and to apply Article 87(6) of the Rules of Procedure in that respect. The Court also took formal notice of the fact that, in the Commission's submission, that request must be interpreted as a partial discontinuance and entail the application of Article 87(5) of the Rules of Procedure. In paragraph 309 of the contested judgment, the Court of First Instance held: Under Article 87(2) of the Rules of Procedure, an unsuccessful party is to be ordered to pay the costs if they have been applied for in the successful party's pleadings. Under Article 87(5) of the Rules of Procedure, a party who discontinues or withdraws from proceedings is to be ordered to pay the costs if they have been applied for in the other party's pleadings ... Point 1 of the operative part of the contested judgment reads as follows: [The Court of First Instance] takes formal notice that [Volkswagen and VW Sachsen] discontinue their action in Case T-143/96 in so far as it seeks the annulment of the first indent of Article 2 of [the contested decision.] Arguments of the parties Volkswagen and VW Sachsen challenge these points of the contested judgment on the ground that they asked the Court of First Instance to find that, should their action be successful, they would not be allowed to apply special depreciation retrospectively because of an amendment to German tax legislation. They therefore, in fact, asked the Court of First Instance to declare that there was no need to adjudicate on this point, while seeking a ruling on costs in accordance with Article 87(6) of the Rules of Procedure of the Court of First Instance. Findings of the Court In this respect, it suffices to say that, according to settled case-law, where all the other pleas put forward in an appeal have been rejected, any plea challenging the decision of the Court of First Instance on costs must be rejected as inadmissible by virtue of the second paragraph of Article 51 of the EC Statute of the Court of Justice, which provides that no appeal shall lie regarding only the amount of the costs or the party ordered to pay them (see, in particular, Case C-396/93 P Henrichs v Commission [1995] ECR I-2611, paragraphs 65 and 66, and Joined Cases C-302/99 P and C-308/99 P Commission and France v TF1 [2001] ECR I-5603, paragraph 31). It follows that the fifth plea must be rejected. In those circumstances, since all the pleas in law have been rejected, the appeals must be dismissed. Costs Under Article 69(2) of the Rules of Procedure, which applies to the procedure on appeal by virtue of Article 118, the unsuccessful party is to be ordered to pay the costs if they have been applied for in the successful party's pleadings. Since the Commission has asked for the Free State of Saxony, Volkswagen and VW Sachsen to pay the costs, and they have been unsuccessful, they must be ordered to pay the costs. The first subparagraph of Article 69(4) of the Rules of Procedure, which also applies to the procedure on appeal by virtue of Article 118, provides that Member States and institutions which intervene in the proceedings are to bear their own costs. The Federal Republic of Germany must therefore be ordered to bear its own costs. On those grounds, THE COURT hereby: 1. Dismisses the appeals; 2. Orders the Freistaat Sachsen to pay the costs in Case C-57/00 P; 3. Orders Volkswagen AG and Volkswagen Sachsen GmbH to pay the costs in Case C-61/00 P; 4. Orders the Federal Republic of Germany to bear its own costs. Rodríguez Iglesias Puissochet Wathelet Schintgen Timmermans Edward Jann Skouris Macken von Bahr Cunha Rodrigues Delivered in open court in Luxembourg on 30 September 2003. R. Grass G.C. Rodríguez Iglesias Registrar President – Language of the case: German.

62020CJ0019

lv

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu ir par to, kā interpretēt Padomes Direktīvu 93/13/EEK (1993. gada 5. aprīlis) par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos ( OV 1993, L 95, 29. lpp. ), it īpaši tās 6. un 7. pantu. Šis lūgums ir iesniegts tiesvedībā starp I.W. un R.W. un Bank BPH S.A . par dažu hipotekārā aizdevuma līguma, kas noslēgts starp šīm pusēm, noteikumu negodīgo raksturu. Atbilstošās tiesību normas Savienības tiesības Saskaņā ar Direktīvas 93/13 2. panta a) punktu jēdziens “negodīgi noteikumi” ir jāsaprot kā “3. pantā definēti līguma noteikumi”. Direktīvas 93/13 3. panta 1. punktā ir noteikts: “Līguma noteikumu, par kuru nebija atsevišķas apspriešanās, uzskata par negodīgu, ja, pretēji prasībai pēc godprātības, tas rada ievērojamu nelīdzsvarotību pušu tiesībās un pienākumos, kas izriet no līguma, un tas notiek par sliktu patērētājam.” Saskaņā ar Direktīvas 93/13 4. pantu: “1.   Neskarot 7. pantu, līguma noteikuma negodīgumu novērtē, ņemot vērā preču vai pakalpojumu raksturu, attiecībā uz ko līgums noslēgts, un atsaucoties uz visiem apstākļiem līguma slēgšanas brīdī, kas ar to bijuši saistīti, kā arī visiem pārējiem līguma noteikumiem vai citu līgumu, no kā tas ir atkarīgs. 2.   Noteikumu negodīguma novērtējums neattiecas ne uz līguma galvenā priekšmeta definīciju, ne arī uz cenas un atlīdzības atbilstīgumu pakalpojumiem vai precēm, kas par to saņemtas, ciktāl šie noteikumi ir vienkāršā, skaidri saprotamā valodā.” Direktīvas 93/13 6. panta 1. punktā ir paredzēts: “Dalībvalstis nosaka, ka negodīgi noteikumi, kas izmantoti pārdevēja vai piegādātāja ar patērētāju noslēgtā līgumā, atbilstoši savas valsts tiesību aktiem nav saistoši patērētājam un ka līgums ar tādiem pašiem noteikumiem turpina pusēm būt saistošs, ja tas var pastāvēt bez negodīgajiem noteikumiem.” Direktīvas 93/13 7. panta 1. punktā ir noteikts: “Dalībvalstis nodrošina, ka patērētāju un konkurentu interesēs pastāv adekvāti un efektīvi līdzekļi, lai novērstu negodīgu noteikumu ilgstošu izmantošanu pārdevēju vai piegādātāju ar patērētājiem noslēgtos līgumos.” Polijas tiesības Kodeks cywilny (Civilkodekss) 58. pants ir formulēts šādi: “1.   Tiesisks darījums, kas ir pretrunā likumam vai kura mērķis ir apiet likumu, nav spēkā, ja vien attiecīgajā tiesību normā nav paredzēts citādi, it īpaši, ja tajā ir paredzēts, ka spēkā neesošie tiesiskā darījuma noteikumi tiek aizstāti ar atbilstošajām likuma normām. 2.   Tiesisks darījums nav spēkā, ja tas ir pretrunā sociālajām normām. 3.   Tikai vienas tiesiska darījuma daļas spēkā neesamības gadījumā pārējās tiesiskā darījuma daļas paliek spēkā, ja vien no apstākļiem neizriet, ka tiesiskais darījums netiktu izpildīts, ja nebūtu spēkā neesošo tiesību normu.” Saskaņā ar šī kodeksa 120. panta 1. punktu: “Noilguma termiņš sākas dienā, kad iestājas prasījuma izpildes termiņš. Ja prasījuma izpilde ir atkarīga no tā, vai ar tiesībām apveltītā persona ir veikusi konkrētu darbību, tad termiņu sāk skaitīt no dienas, kad prasījums būtu jāizpilda, ja ar tiesībām apveltītā persona būtu veikusi darbību pēc iespējas agrāk.” Minētā kodeksa 353 . pantā ir noteikts: “Līgumslēdzējas puses var brīvi veidot tiesiskās attiecības, ja to saturs un mērķis nav pretrunā attiecību, likumu vai sociālo normu iedabai (būtībai).” Šī paša kodeksa 358. pantā ir paredzēts: “1.   Ja saistību priekšmets ir ārvalsts valūtā izteikta naudas summa, parādnieks var sniegt pakalpojumu Polijas valūtā, ja vien likumā, uz saistības pamata pieņemtā tiesas nolēmumā vai tiesiskajā darījumā ir paredzēta pakalpojumu sniegšana ārvalsts valūtā. 2.   Ārvalsts valūtas vērtība tiek aprēķināta atbilstoši Polijas Valsts bankas noteiktajam vidējam kursam parāda atmaksas dienā, ja vien likumā, tiesas nolēmumā vai tiesiskajā darījumā nav noteikts citādi. 3.   Parādnieka kavējuma gadījumā kreditors var pieprasīt pakalpojumu Polijas valūtā saskaņā ar vidējo kursu, ko Polijas Valsts banka ir noteikusi maksājuma veikšanas dienā.” Civilkodeksa 385 . pantā ir minēts: “1.   Patēriņa līguma noteikumi, kuri nav individuāli saskaņoti, patērētājam nav saistoši, ja tie viņa tiesības un pienākumus nosaka pretēji labiem tikumiem, acīmredzami neievērojot viņa intereses (nepieļaujami noteikumi). Tas neattiecas uz noteikumiem, kuros ir noteikti pušu pamatpienākumi, tostarp cena vai atlīdzība, ja tie ir formulēti nepārprotami. 2.   Ja kāds līguma noteikums patērētājam nav saistošs saskaņā ar 1. punktu, pārējā daļā līgums turpina būt pusēm saistošs. 3.   Patērētāju līguma noteikumi, kuri nav individuāli saskaņoti, ir tie līguma noteikumi, kuru saturu patērētājs nav varējis konkrēti ietekmēt. Runa it īpaši ir par līguma noteikumiem, kas pārņemti no standarta līguma, ko līgumslēdzējs ir piedāvājis patērētājam. [..]” Šī civilkodeksa 385 . panta redakcija ir šāda: “Līguma noteikuma saderība ar labiem tikumiem tiek novērtēta attiecībā uz situāciju līguma slēgšanas brīdī, ņemot vērā tā saturu, tā noslēgšanas apstākļus, kā arī citus līgumus, kas ir saistīti ar līgumu, kura noteikumi tiek vērtēti.” 2011. gada 29. jūlija ustawa o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Likums, ar ko groza Banku likumu; 2011. gada Dz. U . Nr. 165, 984. pozīcija) (turpmāk tekstā – “2011. gada 29. jūlija likums”) stājās spēkā 2011. gada 26. augustā. Saskaņā ar 2011. gada 29. jūlija likuma 1. panta 1. punktu: “1997. gada 29. augusta [ ustawa – Prawo bankowe (Likums par banku tiesībām; 2002. gada Dz. U . Nr. 72, 665. pozīcija, ar grozījumiem)] ir veikti šādi grozījumi: 1) 69. pantā: a) 2. punktā aiz 4. punkta iekļauj šādu 4.a punktu: “4a) gadījumā, ja kredītlīgums ir izteikts vai indeksēts citā valūtā, kas nav Polijas valūta, [tiek precizēti] sīki izstrādāti noteikumi par valūtas maiņas kursa noteikšanas kārtību un datumiem, pamatojoties uz kuriem it īpaši tiek aprēķināta aizdevuma summa, tā daļas un ikmēneša maksājumi (pamatsumma un procenti), kā arī noteikumi par aizdevuma nodošanu vai atmaksāšanu ārvalstu valūtā”; b) aiz 2. punkta pievieno jaunu 3. punktu, izsakot to šādā redakcijā: “3. Ja kredītlīgums ir izteikts citā valūtā vai indeksēts citā valūtā, aizņēmējs var atmaksāt ikmēneša maksājumus (pamatsummu un procentus) un veikt visas kredīta summas vai tās daļas priekšlaicīgu atmaksu tieši šajā valūtā. Šādā gadījumā kredītlīgumā ir ietverti arī noteikumi par konta atvēršanu un uzturēšanu kredīta atmaksai paredzēto līdzekļu iekasēšanai, kā arī noteikumi par atmaksu no šī konta.” Minētā likuma 4. pantā ir noteikts: “Saistībā ar kredītiem vai naudas aizdevumiem, par kuriem aizdevuma ņēmējs ir noslēdzis līgumu, pirms stājies spēkā šis likums, 1. pantā minētā likuma 69. panta 2. punkta 4.a apakšpunkts un 75.b pants ir piemērojami vēl to pilnībā neatmaksāto kredītu vai naudas aizdevumu daļām, kas vēl ir jāatmaksā. Šajā ziņā banka bez maksas attiecīgi groza kredītlīgumu vai aizdevuma līgumu.” Pamatlieta un prejudiciālie jautājumi 2008. gadā I.W. un R.W kā patērētāji noslēdza hipotekārā aizdevuma līgumu ar Bank BPH tiesību priekšteci, un šī aizdevuma termiņš bija 360 mēneši (30 gadi). Šis līgums bija izteikts Polijas zlotos (PNL), bet indeksēts ārvalsts valūtā, proti, Šveices frankos (CHF). No iesniedzējtiesas sniegtajiem paskaidrojumiem izriet, ka šie aizņēmēji tika informēti par to, ka Šveices franku valūtas maiņas kurss varēja pieaugt, kas ietekmētu minētā aizdevuma atmaksas ikmēneša maksājumu summu. Šajā ziņā pēc bankas lūguma minētie aizņēmēji iesniedza deklarāciju, saskaņā ar kuru viņi izšķīrās par sava aizdevuma indeksāciju Šveices frankos, lai arī viņi bija pienācīgi informēti par riskiem, ko rada ārvalsts valūtā piešķirts aizdevums. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem aizdevuma atmaksa tika veikta Polijas zlotos, kredīta atlikumu, kā arī ikmēneša maksājumus aprēķinot, pamatojoties uz CHF valūtas pārdošanas kursu, un tam pieskaitot bankas maržu par valūtas pārdošanu. Bankas marža minētajā līgumā nebija precizēta. Aizdevuma līguma 1. panta 1. punktā ir noteikts: “Banka piešķir Kredītņēmējam Kredītu [..] PLN, kurš tiek indeksēts pēc [Šveices franku] valūtas kursa [..], un Kredītņēmējs apņemas izmantot Kredītu atbilstīgi Līguma noteikumiem, atmaksāt izmantoto Kredīta summu ar procentiem līgumā noteiktajos termiņos, kā arī samaksāt Bankai komisijas maksu, nodevas un citas līgumā noteiktās summas. [..] Izmaksas dienā atlikusī kredīta summa tiek izteikta valūtā, kurā Kredīts tiek izteikts atbilstoši tās valūtas pirkšanas kursam, kādā Kredīts tiek indeksēts, un kurš ir norādīts Bankas izsniegto hipotekāro kredītu valūtu pirkšanas/pārdošanas kursu tabulā, atbilstīgi 17. pantā noteiktajam; pēc tam ārvalstu valūtā izteiktā atlikusī kredīta summa katru dienu tiek pārrēķināta Polijas zlotos pēc tās valūtas pārdošanas kursa, kurā Kredīts tiek indeksēts un kurš ir norādīts Bankas izsniegto hipotekāro kredītu valūtu pirkšanas/pārdošanas kursu tabulā, atbilstīgi 17. pantā noteiktajam.” Šī līguma 7. panta 2. punktā ir paredzēts: “Kredīta pieteikumā norādītā Kredīta summa tiks pārskaitīta uz pieteikumā norādīto bankas kontu, kurš ir atvērts Polijas bankā. Pārskaitījuma veikšanas diena ir izmantotā Kredīta izmaksas diena. Ikreiz Polijas zlotos izmaksātā summa tiks konvertēta tajā valūtā, kurā Kredīts tiek indeksēts saskaņā ar Bankas izsniegto hipotekāro kredītu valūtu pirkšanas/pārdošanas kursu tabulā, kurš ir spēkā dienā, kad Banka veic izmaksu.” Minētā līguma 10. panta 6. punkts ir formulēts šādi: “Katra Kredītņēmēja veiktās iemaksas norēķins notiks pēc tās valūtas pārdošanas kursa, kurā Kredīts tiek indeksēts, kā norādīts Bankas izsniegto hipotekāro kredītu valūtu pirkšanas/pārdošanas kursu tabulā, kurš ir spēkā dienā, kad Banka saņem naudu. [..]” Aizdevuma līguma 17. pantā ir noteikts: “1.   Kredītu izmaksas un atmaksas darījumu aprēķināšanai attiecīgi piemēro Bankas izsniegto hipotekāro kredītu valūtu pirkšanas/pārdošanas kursus, kurus piedāvā Banka un kuri ir spēkā darījuma veikšanas dienā. 2.   Pirkšanas kursi tiek noteikti kā vidējie [Polijas zlota] maiņas kursi attiecībā pret konkrētām valūtām, ko publicē Polijas Nacionālā banka, atskaitot pirkšanas maržu. 3.   Pārdošanas kursi tiek noteikti kā vidējie Polijas zlota maiņas kursi attiecībā pret konkrētām valūtām, ko publicē Polijas Nacionālā banka, pieskaitot pārdošanas maržu. 4.   Lai aprēķinātu Bankas izsniegto hipotekāro kredītu valūtu pirkšanas/pārdošanas maiņas kursu, tiek izmantots [Polijas zlota] kurss attiecībā uz konkrētām valūtām, kurš tiek publicēts Polijas Nacionālās bankas vidējo valūtu maiņas kursu tabulā konkrētā darba dienā, ņemot vērā Bankas pirkšanas/pārdošanas maržu. 5.   Konkrētajā darba dienā spēkā esošo pirkšanas/pārdošanas kursu, ko piemēro hipotekārajiem aizdevumiem, kurus banka piešķīrusi tās piedāvājumā iekļautajām valūtām, banka nosaka pēc plkst. 15.00 iepriekšējā darba dienā, un tas tiek izvietots bankas mītnes vietā un publicēts tās interneta vietnē [..].” Pie šī aizdevuma līguma 2011. gada 7. martā puses parakstīja papildu vienošanos (turpmāk tekstā – “papildvienošanās”), kurā bija ietverti, pirmkārt, noteikumi par to, kā noteikt Bank BPH maržu. Otrkārt, šajā papildu vienošanās dokumentā bija paredzēts, ka aizņēmējiem turpmāk ir tiesības atmaksāt savu aizdevumu izvēlētā indeksācijas valūtā, proti, Šveices frankos, kuru tie var iegādāties arī brīvajā tirgū. Saskārušies ar Šveices franka kursa pieaugumu, I.W. un R.W. iesniedzējtiesā norādīja uz aizdevuma indeksācijas Šveices frankos negodīgo raksturu, prasot atcelt līgumu un atmaksāt visas summas, kas samaksātas kā procentu maksājumi un ar minēto līgumu saistītās izmaksas. Iesniedzējtiesa uzskata, ka noteikumi par piešķirtā aizdevuma indeksāciju, kā arī valūtas, kurā aizdevums ir jāatmaksā, kursa noteikšanas kārtību attiecas uz līguma galveno priekšmetu. Tā kā tā uzskata, ka šie noteikumi ir formulēti saprotami un skaidri un ka parādnieki tajā ir vērsušies par to piemērošanas jomu un sekām, ko tie rakstveidā paši apstiprināja Bank BPH , nevar atsaukties uz šo noteikumu negodīgumu. Savukārt šī pati tiesa šos noteikumus uzskata par negodīgiem, jo tie ļauj Bank BPH saņemt maržu, kas saistīta ar valūtas pirkšanas un pārdošanas darījumu. Tā kā šīs maržas noteikšanas metode sākotnējā aizdevuma līgumā nebija precizēta, iesniedzējtiesa no tā secināja, ka minētā marža radīja vērā ņemamu nelīdzsvarotību uz patērētāja rēķina. Lai gan tā uzskata, ka līguma noteikumu par Bank BPH maržu, pērkot/pārdodot ārvalsts valūtu, negodīgais raksturs ir zudis līdz ar papildvienošanās savstarpēju noslēgšanu, kurā ir definēts, kā noteikt šādu bankas maržu, iesniedzējtiesa jautā, pirmkārt, kādā mērā šo noteikumu sākotnējais negodīgais raksturs var ietekmēt noteikuma par indeksāciju vai pat aizdevuma līguma spēkā esamību kopumā. Otrkārt, iesniedzējtiesa vēlas noskaidrot, vai tai ir iespējams atkāpties tikai no līguma noteikumiem par bankas maržu, saglabājot noteikumu par indeksāciju un līguma spēkā esamību, lai gan tiesas iejaukšanās rezultātā šajā ziņā tiktu grozīta šī noteikuma jēga. Treškārt, šī tiesa norāda, ka šobrīd 2011. gada 29. jūlija likumā ir paredzēti noteikumi par kārtību, kā veicama ārvalstu valūtā izteiktu aizdevumu valūtas maiņa. Tā tālab secina, ka negodīga noteikuma izmantošanas preventīvais mērķis vairs neattaisno aizliegumu samērot vai aizstāt negodīgu noteikumu ar valsts tiesu, kas konstatē šādu noteikumu esamību līgumā, kurš ir noslēgts starp pārdevēju vai piegādātāju un patērētāju, it īpaši, ja šāds konstatējums var izraisīt līguma spēkā neesamību kopumā. Ceturtkārt, iesniedzējtiesa jautā, vai tiesības uz atmaksu, kas patērētājam radušās pēc negodīga noteikuma atzīšanas par spēkā neesošu, ir raksturīgas valsts tiesas nolēmumam, ar kuru ir konstatēts šis negodīgums, vai arī to atzīšanai ir nepieciešama skaidra patērētāja prasība atsevišķā tiesvedībā, kurai var tikt noteikti noilguma termiņi. Piektkārt un visbeidzot, iesniedzējtiesai ir šaubas par tās pienākuma informēt patērētāju tvērumu, jo patērētājam būtu jādod iespēja izlemt, vai viņš vēlas atteikties atsaukties uz tāda līguma noteikuma negodīgo raksturu, kuru viņš ir noslēdzis. Šajos apstākļos Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny (Gdaņskas apgabaltiesa, XV civillietu nodaļa, Polija) nolēma apturēt tiesvedību un uzdot Tiesai šādus prejudiciālus jautājumus: “1) Vai Direktīvas 93/13 [..] 3. panta 1. un 2. punkts, skatīti kopā ar tās 4. panta 1. punktu, 6. panta 1. punktu un 7. panta 1. punktu, ir jāinterpretē tādējādi, ka valsts tiesai ir pienākums atzīt ar patērētāju noslēgta līguma noteikumu par negodīgu ([šīs] direktīvas 3. panta 1. punkta nozīmē) arī tad, ja nolēmuma pieņemšanas dienā, līgumslēdzējām pusēm grozot līguma saturu ar papildvienošanos, noteikums tika grozīts tādējādi, ka tas vairs nav negodīgs, bet noteikuma sākotnējā redakcijā uzskatīšana par negodīgu var izraisīt līguma atcelšanu kopumā? 2) Vai Direktīvas 93/13 6. panta 1. punkts, skatīts kopā ar tās 3. panta [1. punktu un 2. punkta] otro teikumu, kā arī tās 2. pantu, ir jāinterpretē tādējādi, ka tas ļauj valsts tiesai par negodīgiem atzīt tikai atsevišķas tāda līguma noteikuma daļas, kuras attiecas uz bankas noteiktu valūtas maiņas kursu, pēc kura tiek indeksēts patērētājam izsniegtais kredīts (kā tas ir pamatlietā), proti, izsvītrojot ierakstu par vienpusēji un neskaidrā veidā noteiktu bankas maržu, kura ir valūtas maiņas kursa sastāvdaļa, bet atstājot viennozīmīgu noteikumu par centrālās bankas (Polijas Nacionālā banka) vidējo kursu, kas nerada nepieciešamību aizstāt izsvītroto noteikumu ar kādu tiesību normu, [..] tas atjaunos faktisku līdzsvaru starp patērētāju un piegādātāju vai pārdevēju, kaut arī tas patērētājam labvēlīgi mainīs tāda noteikuma būtību, kurš attiecas uz patērētāja saistību izpildi? 3) Vai Direktīvas 93/13 6. panta 1. punkts, skatīts kopā ar tās 7. panta 1. punktu, ir jāinterpretē tādējādi, ka pat situācijā, kad valsts likumdevējs ir ieviesis tādus pasākumus kā pamatlietā aplūkotie, ar kuriem tiek novērsta negodīgu līguma noteikumu pastāvīga izmantošana, radot tiesību normas, kurās bankām ir paredzēts pienākums detalizēti norādīt tāda valūtas maiņas kursa noteikšanas veidus un termiņus, ko izmanto, lai aprēķinātu kredīta summu, kredīta pamatsummas un procentu atmaksu, kā arī norādīt kārtību, kādā tiek pārrēķināta kredīta izmaksas vai atmaksas valūta, sabiedrības intereses liedz par negodīgiem atzīt tikai atsevišķus līguma noteikuma elementus otrajā jautājumā aprakstītajā veidā? 4) Vai līguma saistoša spēka neesamība atbilstīgi Direktīvas 93/13 6. panta 1. punktam, kas rodas, izslēdzot [minētās] direktīvas 2. panta a) punktā, skatot to kopā ar tās 3. pantu, norādītos līguma negodīgos noteikumus, ir jāinterpretē tādējādi, kā tā ir sankcija, kura var rasties konstitutīva tiesas nolēmuma rezultātā, kurš ir pieņemts pēc patērētāja skaidra pieprasījuma, ar iedarbību no līguma noslēgšanas brīža, t.i., ex tunc , savukārt patērētāja un uzņēmēja restitūcijas prasījumi ir jāmaksā dienā, kad nolēmums stājas likumīgā spēkā? 5) Vai Direktīvas 93/13 6. panta 1. punkts, to skatot kopā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas (2010. gada 30. marts) ( OV 2010, C 83, 389. lpp. ) 47. pantu, ir jāinterpretē tādējādi, ka atbilstīgi tam valsts tiesai ir jāinformē patērētājs, kurš ir cēlis prasību atzīt līgumu par spēkā neesošu, jo ir izslēgti negodīgie noteikumi, atsaukties uz šāda nolēmuma tiesiskajām sekām, tostarp uz iespējamiem uzņēmēju (bankas) restitūcijas prasījumiem, arī uz tādiem, kuri netika izvirzīti konkrētajā tiesvedībā vai tādiem, kuru pamatotība nav skaidra, un pat situācijā, kad patērētāju pārstāv profesionāls pārstāvis?” Par prejudiciālajiem jautājumiem Par pirmo jautājumu Ar pirmo jautājumu iesniedzējtiesa būtībā jautā, vai Direktīvas 93/13 6. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka valsts tiesai ir jākonstatē starp pārdevēju vai piegādātāju un patērētāju noslēgta līguma noteikuma negodīgais raksturs, pat ja šī noteikuma trūkumi ir novērsti pēc tam, kad šīs puses bija noslēgušas papildvienošanos pie šī līguma, un noteikuma negodīgā rakstura konstatēšana tā sākotnējā redakcijā var būt pamats līguma spēkā neesamībai. Par pieņemamību I.W un R.W. atsaucas uz šī jautājuma nepieņemamību, jo faktu izklāsts lūgumā sniegt prejudiciālu nolēmumu neatbilstot pamatlietas faktiskajiem apstākļiem. It īpaši viņi apstrīd to, ka ar papildvienošanos ir bijis iespējams novērst noteikuma par indeksāciju tā sākotnējā versijā negodīgo raksturu, jo indeksācijas mehānisms ir negodīgs visā tā kopumā. Iesniedzējtiesa kļūdaini uzskatot, ka negodīga ir tikai daļa par Bank BPH maržu, kas ir saistīta ar valūtas maiņas darījumiem. Šajā ziņā jānorāda, ka iesniedzējtiesas skatījumā saskaņā ar Civilkodeksa 385 . panta 1. un 3. punktu pamatlietā aplūkotā līguma noteikumi par aizdevuma summas indeksāciju, kā arī noteikumi par kursa noteikšanu attiecas uz līguma galveno priekšmetu Direktīvas 93/13 4. panta 2. punkta izpratnē. Šī tiesa arī uzskata, ka tikai atsevišķas noteikumu par indeksācijas mehānismu daļas, kas attiecas uz bankas maržu, nebija formulētas skaidri un saprotami. Tādējādi tā secināja, ka citas noteikumu par indeksācijas mehānismu daļas nav negodīgas. Jāatgādina, ka LESD 267. pantā noteiktās procedūras ietvaros, kuras pamatā ir skaidra funkciju sadale starp valsts tiesām un Tiesu, tikai valsts tiesas kompetencē ir konstatēt un novērtēt pamatlietas faktus, kā arī interpretēt un piemērot valsts tiesības (spriedums, 2020. gada 9. jūlijs, Raiffeisen Bank un BRD Groupe Société Générale, C‑698/18 un C‑699/18 , EU:C:2020:537 , 46. punkts). Līdz ar to Tiesai ir saistošs iesniedzējtiesas veiktais faktu konstatējums un vērtējums, un I.W. un R. W. tādējādi nevar tos apšaubīt šī lūguma sniegt prejudiciālu nolēmumu ietvaros. Tāpat atbilstīgi ir jautājumi par Savienības tiesību interpretāciju, kurus valsts tiesa uzdevusi pašas noteiktā tiesiskā regulējuma un faktu ietvaros un kuru pareizība Tiesai nav jāpārbauda. Tiesas atteikums lemt par valsts tiesas lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu ir iespējams vienīgi tad, ja ir acīmredzams, ka lūgtajai Savienības tiesību interpretācijai nav nekādas saiknes ar faktisko situāciju pamatlietā vai pamatlietas priekšmetu, vai arī gadījumos, kad izvirzītā problēma ir hipotētiska vai kad Tiesai nav zināmi faktiskie un tiesiskie apstākļi, kas nepieciešami, lai sniegtu noderīgu atbildi uz tai uzdotajiem jautājumiem (spriedums, 2019. gada 19. septembris, Lovasné Tóth, C‑34/18 , EU:C:2019:764 , 40. punkts un tajā minētā judikatūra). Tā kā šajā gadījumā iesniedzējtiesa ir definējusi tiesisko regulējumu un faktiskos apstākļus, kas Tiesai ļauj atbildēt uz pirmo uzdoto jautājumu, un tā kā Tiesai nav jāpārbauda, cik precīzi ir šie apstākļi, ir jākonstatē, ka šis jautājums ir pieņemams. Šādos apstākļos ir jāsniedz atbilde uz pirmo jautājumu. Par lietas būtību Jāatgādina, ka saskaņā ar Direktīvas 93/13 6. panta 1. punktu dalībvalstis nosaka, ka negodīgi noteikumi, kas izmantoti pārdevēja vai piegādātāja ar patērētāju noslēgtā līgumā, atbilstoši to valsts tiesību aktiem nav saistoši patērētājam (spriedums, 2020. gada 9. jūlijs, Ibercaja Banco, C‑452/18 , EU:C:2020:536 , 22. punkts un tajā minētā judikatūra). Tālab negodīgs noteikums principā ir uzskatāms par tādu, it kā tā nekad nebūtu bijis, un tādējādi tas nekādi patērētāju nevar ietekmēt (spriedums, 2020. gada 9. jūlijs, Ibercaja Banco, C‑452/18 , EU:C:2020:536 , 23. punkts un tajā minētā judikatūra). Līdz ar to saskaņā ar Direktīvas 93/13 6. panta 1. punktu valsts tiesai ir jānovērš negodīgu noteikumu piemērošana, lai tie neradītu saistošas sekas patērētājam, izņemot, ja patērētājs pret to iebilst (spriedumi, 2020. gada 9. jūlijs, Ibercaja Banco, C‑452/18 , EU:C:2020:536 , 24. punkts un tajā minētā judikatūra, kā arī 2020. gada 25. novembris, Banca B., C‑269/19 , EU:C:2020:954 , 29. punkts). Iesniedzējtiesas skatījumā sākotnējā līguma noteikuma par indeksāciju grozījumi ar papildvienošanos ir ļāvuši novērst trūkumus, kas tajos bija, un ir atjaunojuši līdzsvaru starp pārdevēja vai piegādātāja un patērētāju tiesībām un pienākumiem. Līdz ar to indeksācijas noteikumi to sākotnējā redakcijā aizdevuma līguma pusēm vairs nebija saistoši no papildvienošanās parakstīšanas brīža. Šajā kontekstā jāuzsver, ka tiesības uz patērētāju efektīvu aizsardzību ietver arī tiesības atteikties atsaukties uz savām tiesībām, un tādējādi attiecīgā gadījumā ir jāņem vērā patērētāja paustā griba, ja, apzinoties, ka negodīgais noteikums nav saistošs, patērētājs tomēr norāda, ka viņš iebilst pret to, ka tas netiek piemērots, tādējādi brīvi un apzināti piekrītot attiecīgajam noteikumam (spriedums, 2020. gada 9. jūlijs, Ibercaja Banco, C‑452/18 , EU:C:2020:536 , 25. punkts). Direktīvas 93/13 apjoms nav tik plašs, lai tajā patērētāju labā ieviesto aizsardzības sistēmu pret to, ka pārdevējs vai piegādātājs lieto negodīgus noteikumus, padarītu obligātu. Līdz ar to, ja patērētājs izvēlas neatsaukties uz aizsardzības sistēmu, tā netiek piemērota (spriedums, 2020. gada 9. jūlijs, Ibercaja Banco, C‑452/18 , EU:C:2020:536 , 26. punkts un tajā minētā judikatūra). Līdzīgi patērētājs var atteikties atsaukties uz noteikuma negodīgumu, izmantojot pārjaunojuma līgumu, kā rezultātā tas atsakās no sekām, ko radītu šāda noteikuma atzīšana par negodīgu, ar nosacījumu, ka šī atteikšanās izriet no brīvas un apzinātas piekrišanas (spriedums, 2020. gada 9. jūlijs, Ibercaja Banco, C‑452/18 , EU:C:2020:536 , 28. punkts). No iepriekš minētā izriet, ka Direktīvā 93/13 paredzētā sistēma nevar būt šķērslis tam, lai līgumslēdzējas puses novērstu tajā ietvertā noteikuma negodīgo raksturu, to grozot ar līgumu, ciktāl, pirmkārt, patērētāja atteikšanās atsaukties uz negodīgo raksturu izriet no viņa brīvas un apzinātas piekrišanas un, otrkārt, jaunais noteikums ar grozījumiem pats par sevi nav negodīgs, kas ir jāpārbauda iesniedzējtiesai. Ja iesniedzējtiesa uzskatītu, ka šajā gadījumā patērētāji nav apzinājušies tiesiskās sekas, kas attiecībā uz tiem izriet no šādas atteikšanās, jāatgādina – kā tas ir norādīts šī sprieduma 43. punktā –, ka par negodīgu atzīts noteikums principā ir jāuztver kā nekad nebijis, tādējādi neradot nekādas tiesiskas sekas patērētājam, kuru rezultātā tiktu atjaunota tiesiskā un faktiskā situācija bez minētā līguma noteikuma (spriedums, 2019. gada 14. marts, Dunai, C‑118/17 , EU:C:2019:207 , 41. punkts un tajā minētā judikatūra). Valsts tiesas pienākumam nepiemērot negodīgu līguma noteikumu, ar kuru tiek noteikts pienākums maksāt summas, kas izrādījušās nepamatotas, principā ietver atbilstošas ar atlīdzināšanu saistītas sekas attiecībā uz šīm pašām summām (spriedums, 2016. gada 21. decembris, Gutiérrez Naranjo u.c., C‑154/15, C‑307/15 un C‑308/15 , EU:C:2016:980 , 62. punkts). Līdz ar to iesniedzējtiesai ir jāatjauno situācija, kādā būtu bijuši I.W. un R.W., ja nebūtu sākotnējā līguma noteikuma, kura negodīgumu tā konstatē. Attiecībā uz attiecīgā līguma noteikumu negodīgā rakstura atzīšanas nozīmi jāuzsver, ka saskaņā ar Direktīvas 93/13 6. panta 1. punkta beigu daļu minētais “līgums pie tādiem pašiem noteikumiem turpina pusēm būt saistošs, ja tas var pastāvēt bez negodīgajiem noteikumiem”. Turklāt saskaņā ar pastāvīgu Tiesas judikatūru Direktīvā 93/13 nav prasīts, lai valsts tiesa papildus par negodīgu atzītajam noteikumam atceltu arī noteikumus, kas par tādiem nav atzīti. Jāatgādina, ka šīs direktīvas mērķis ir aizsargāt patērētāju un atjaunot līdzsvaru līguma pušu starpā, atceļot par negodīgiem atzītos noteikumus, taču principā paturot spēkā visus pārējos attiecīgā līguma noteikumus (spriedums, 2018. gada 7. augusts, Banco Santander un Escobedo Cortés, C‑96/16 un C‑94/17 , EU:C:2018:643 , 75. punkts). Šajā ziņā Savienības likumdevēja nospraustais mērķis minētās direktīvas ietvaros nav atcelt visus līgumus, kuros ir negodīgi noteikumi (spriedums, 2012. gada 15. marts, Pereničová un Perenič, C‑453/10 , EU:C:2012:144 , 31. punkts). Visbeidzot, attiecībā uz kritērijiem, kas ļauj izvērtēt, vai līgums faktiski var turpināt pastāvēt bez negodīgajiem noteikumiem, ir jānorāda, ka gan Direktīvas 93/13 6. panta 1. punkta teksts, gan ar komercdarbības tiesisko drošību saistītās prasības liek izmantot objektīvu pieeju šīs tiesību normas interpretēšanā tādējādi, ka vienas līgumslēdzējas puses – šajā gadījumā patērētāja – situācija nebūtu jāuzskata par noteicošo kritēriju, kas izšķir paša līguma turpmāko likteni (spriedums, 2012. gada 15. marts, Pereničová un Perenič, C‑453/10 , EU:C:2012:144 , 32. punkts). Tālab, vērtējot to, vai līgums ar vienu vai vairākiem negodīgiem noteikumiem var turpināt būt spēkā bez šiem noteikumiem, tiesa, kas izskata lietu, nevar balstīties tikai uz minētā līguma atcelšanas kopumā iespējami labvēlīgo raksturu no patērētāja viedokļa (spriedums, 2012. gada 15. marts, Pereničová un Perenič, C‑453/10 , EU:C:2012:144 , 33. punkts). Šajā gadījumā iesniedzējtiesa uzskata, ka, noslēdzot papildvienošanos, līgumslēdzējas puses ir novērsušas trūkumu, kas ietekmēja sākotnējos negodīgos noteikumus, un atjaunojušas līdzsvaru starp šo pušu tiesībām un pienākumiem, kas izriet no līguma. Taču tas pilnībā atbilst sprieduma 54. punktā atgādinātajiem Direktīvas 93/13 mērķiem – ja tiek atjaunota tiesiskā un faktiskā situācija, kādā patērētājs būtu bijis negodīga noteikuma neesamības gadījumā, un ja līguma trūkumu puses ir novērsušas, noslēdzot papildvienošanos, ciktāl šīs vienošanās noslēgšanas brīdī šis patērētājs apzinās šī noteikuma nesaistošo raksturu un no tā izrietošās sekas. Līdz ar to no Direktīvas 93/13 6. panta 1. punkta neizriet, ka situācijā, kurā patērētāja atteikšanās atsaukties uz negodīgumu izriet no viņa brīvas un apzinātas piekrišanas, konstatējuma par attiecīgā līguma sākotnējo noteikumu negodīgumu sekas būtu līguma, kas grozīts ar papildvienošanos, atcelšana pat tad, ja, pirmkārt, šo noteikumu dzēšana izraisītu visa sākotnēji noslēgtā līguma atcelšanu kopumā un, otrkārt, šāda atzīšana par spēkā neesošu būtu patērētājam labvēlīga. Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, uz pirmo jautājumu ir jāatbild, ka Direktīvas 93/13 6. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka valsts tiesai ir jākonstatē starp pārdevēju vai piegādātāju un patērētāju noslēgta līguma noteikuma negodīgais raksturs, pat ja šīs puses to ir līgumiski grozījušas. Šāda konstatējuma rezultātā tiek atjaunota situācija, kādā patērētājs būtu bijis, ja nebūtu šāda noteikuma, kura negodīgais raksturs būtu konstatēts, izņemot, ja patērētājs, grozot negodīgo noteikumu, brīvi un apzināti piekrizdams ir atteicies no šādas atjaunošanas, tomēr tas ir jāpārbauda valsts tiesai. Tomēr no šīs tiesību normas neizriet, ka konstatējuma par sākotnējā noteikuma negodīgo raksturu sekas principā būtu līguma atcelšana, jo šī noteikuma grozījums ir ļāvis atjaunot līdzsvaru starp šo pušu tiesībām un pienākumiem, kas izriet no līguma, un novērst tā trūkumu. Par otro un trešo jautājumu Ar otro un trešo jautājumu, kuri ir jāizskata kopā, iesniedzējtiesa būtībā jautā, vai Direktīvas 93/13 6. panta 1. punkts un 7. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka ar tiem netiek pieļauts, ka valsts tiesa atceļ tikai starp pārdevēju vai piegādātāju un patērētāju noslēgta līguma noteikuma negodīgo daļu, it īpaši, ja šīs direktīvas preventīvais mērķis ir nodrošināts ar valsts tiesību normām, kas reglamentē tā izmantošanu. Vispirms jānorāda, ka I.W. un R.W. apšauba trešā jautājuma pieņemamību, jo ar šo jautājumu iesniedzējtiesa lūdzot Tiesai interpretēt valsts tiesības. Šajā ziņā jāatgādina, ka saskaņā ar šī sprieduma 37. punktā minēto judikatūru LESD 267. pantā noteiktās procedūras ietvaros, kuras pamatā ir funkciju sadale starp valsts tiesām un Tiesu, tikai valsts tiesas kompetencē ir konstatēt un novērtēt pamatlietas faktus, kā arī interpretēt un piemērot valsts tiesības. Tādējādi, ja uzdotie jautājumi attiecas uz Savienības tiesību interpretāciju, Tiesai principā ir jālemj. Tā kā trešais jautājums attiecas uz Direktīvas 93/13 6. panta 1. punkta un 7. panta 1. punkta interpretāciju, Tiesas kompetencē ir to izskatīt. Jāatgādina, ka saskaņā ar Direktīvas 93/13 6. panta 1. punktu valsts tiesai, kura vērtē negodīgu līguma noteikumu, ir tikai pienākums noraidīt tā piemērošanu, lai tas patērētājam neradītu saistošas sekas, bet tai principā nav tiesību grozīt šī noteikuma saturu. Proti, līgumam principā ir jāturpina pastāvēt bez jebkādiem citiem grozījumiem, izņemot minētā noteikuma svītrošanu, ciktāl saskaņā ar valsts tiesību normām šāda līguma pastāvēšana ir juridiski iespējama (spriedums, 2018. gada 7. augusts, Banco Santander un Escobedo Cortés, C‑96/16 un C‑94/17 , EU:C:2018:643 , 73. punkts). Tālab, ja valsts tiesa konstatē negodīga noteikuma spēkā neesamību līgumā, kas noslēgts starp pārdevēju vai piegādātāju un patērētāju, Direktīvas 93/13 6. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka ar to netiek pieļauts, ka valsts tiesa var papildināt šo līgumu, grozot šī noteikuma saturu (spriedums, 2019. gada 26. marts, Abanca Corporación Bancaria un Bankia, C‑70/17 un C‑179/17 , EU:C:2019:250 , 53. punkts, kā arī tajā minētā judikatūra). Ja valsts tiesa drīkstētu grozīt šādā līgumā ietvertu negodīgu noteikumu saturu, šāda iespēja varētu apdraudēt Direktīvas 93/13 7. pantā paredzētā mērķa īstenošanu ilgtermiņā. Šāda iespēja ļautu zust preventīvajai iedarbībai, kas attiecībā uz pārdevēju vai piegādātāju izpaužas tādējādi, ka šādi negodīgi noteikumi vienkārši patērētājam netiek piemēroti; pārdevējam vai piegādātājam joprojām būtu vēlme šādus noteikumus izmantot, apzinoties, ka, pat ja tie tiktu atzīti par spēkā neesošiem, līgumu vajadzīgajā apjomā tik un tā valsts tiesa varētu papildināt, tādējādi garantējot minētā pārdevēja vai piegādātāja interešu ievērošanu (spriedums, 2019. gada 26. marts, Abanca Corporación Bancaria un Bankia, C‑70/17 un C‑179/17 , EU:C:2019:250 , 54. punkts, kā arī tajā minētā judikatūra). Šajā gadījumā iesniedzējtiesa norāda, ka pamatlietā aplūkotā hipotekārā aizdevuma indeksācijas noteikuma daļas svītrošana, kas attiecas uz bankas maržu, nerada nekādu trūkumu, kura dēļ tai būtu jāiejaucas. Tomēr tā uzsver, ka šī svītrošana groza noteikuma būtību tā sākotnējā redakcijā. Tiesa tomēr ir nospriedusi, ka ar Direktīvas 93/13 normām netiek pieļauts, ka par negodīgu atzītais noteikums tiek daļēji saglabāts, svītrojot daļas, kas to padara par negodīgu, ja šāda svītrošana maina minētā noteikuma saturu pēc būtības (spriedums, 2019. gada 26. marts, Abanca Corporación Bancaria un Bankia, C‑70/17 un C‑179/17 , EU:C:2019:250 , 64. punkts). Tikai tad, ja pamatlietā aplūkotā hipotekārā aizdevuma noteikuma par indeksāciju daļā, kas attiecas uz Bank BPH maržu, būtu ietvertas līgumiskas saistības, kas nošķirtas no citiem līguma noteikumiem un kuras varētu individuāli izvērtēt, vai tās ir vai nav godīgas, valsts tiesa to varētu atcelt. Proti, Direktīvā 93/13 nav prasīts, lai valsts tiesa papildus par negodīgu atzītajam noteikumam nepiemērotu arī noteikumus, kas par tādiem nav tikuši atzīti, jo likumdevēja mērķis šīs direktīvas ietvaros ir aizsargāt patērētāju un atjaunot līdzsvaru starp pusēm, nepiemērojot par negodīgiem atzītos noteikumus, taču principā vienlaikus saglabājot citu attiecīgā līguma noteikumu spēkā esamību (spriedums, 2018. gada 7. augusts, Banco Santander un Escobedo Cortés, C‑96/16 un C‑94/17 , EU:C:2018:643 , 75. punkts). Tiesa attiecībā uz aizdevuma līguma noteikumiem par aizdevuma procentiem un kavējuma procentiem tālab ir nospriedusi, ka aizdevuma līguma noteikuma par kavējuma procentiem atcelšana tā negodīgā rakstura dēļ atcelšana nenozīmē arī līguma noteikuma par aizdevuma procentiem atcelšanu, jo šie dažādie noteikumi ir skaidri jānošķir (spriedums, 2018. gada 7. augusts, Banco Santander un Escobedo Cortés, C‑96/16 un C‑94/17 , EU:C:2018:643 , 76. punkts). Šie apsvērumi ir piemērojami neatkarīgi no tā, kā ir formulēti līguma noteikumi, kas paredz kavējuma procentu likmes, un noteikumi par aizdevuma procentu likmi. It īpaši tie ir attiecināmi ne tikai uz situāciju, kad kavējuma procentu likme ir noteikta neatkarīgi no aizdevuma procentu likmes citā līguma noteikumā, bet arī tad, ja kavējuma procentu likme ir noteikta, aizdevuma procentu likmi palielinot par noteiktu skaitu procentpunktu. Pēdējā minētajā gadījumā, kur negodīgums izpaužas šajā palielinājumā, Direktīvā 93/13 ir tikai noteikts, ka minētais palielinājums ir jāatceļ (spriedums, 2018. gada 7. augusts, Banco Santander un Escobedo Cortés, C‑96/16 un C‑94/17 , EU:C:2018:643 , 77. punkts). Turklāt izņēmuma kārtā valsts tiesai atzītās tiesības svītrot starp pārdevēju vai piegādātāju un patērētāju noslēgtā līguma noteikuma negodīgo daļu nevar tikt apšaubītas ar tādu valsts tiesību normu spēkā esamību, ar kurām, reglamentējot šāda noteikuma izmantošanu, tiek nodrošināts šīs direktīvas sasniedzamais preventīvais mērķis, kā tas ir atgādināts šī sprieduma 68. punktā. Šajā gadījumā no iesniedzējtiesas nolēmuma izriet, ka kopš 2011. gada 29. jūlija likuma pieņemšanas, kas bija pēc pamatlietā aplūkotā līguma un papildvienošanās noslēgšanas, bankas vairs nevarēja piemērot indeksācijas noteikumus tādā formā, kāda ir paredzēta šajā lietā. Saskaņā ar šī likuma normām ārvalsts valūtā izteiktā aizdevuma līgumā turpmāk ir jāietver informācija par valūtas maiņas kursa noteikšanas metodēm un datumiem, pamatojoties uz kuru tiek aprēķināta kredīta summa un ikmēneša kredītmaksājumi, kā arī valūtas maiņas noteikumi. Tomēr Tiesa jau ir nospriedusi, ka, lai arī ar Direktīvas 93/13 7. panta 1. punktu dalībvalstīm nav liegts izbeigt negodīgu noteikumu piemērošanu līgumos, ko pārdevēji vai piegādātāji noslēdz ar patērētājiem, tomēr likumdevējam šajā kontekstā ir jāievēro šīs direktīvas 6. panta 1. punkta prasības (spriedums, 2019. gada 14. marts, Dunai, C‑118/17 , EU:C:2019:207 , 42. punkts). Tas, ka līguma noteikums, pamatojoties uz valsts tiesību aktiem, ir ticis atzīts par negodīgu un spēkā neesošu, kā arī ir aizstāts ar jaunu noteikumu, nevar mazināt patērētājiem garantēto šī sprieduma 54. punktā atgādināto aizsardzību (pēc analoģijas skat. spriedumu, 2019. gada 14. marts, Dunai, C‑118/17 , EU:C:2019:207 , 43. punkts). Šādos apstākļos likumdevēja pieņemti noteikumi, kas regulē līguma noteikuma piemērošanu un veicina Direktīvas 93/13 preventīvās iedarbības nodrošināšanu attiecībā uz pārdevēju vai piegādātāju rīcību, neskar patērētājam šajā direktīvā atzītās tiesības. Ņemot vērā visus iepriekš minētos apsvērumus, uz otro un trešo jautājumu ir jāatbild, ka Direktīvas 93/13 6. panta 1. punkts un 7. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka, pirmkārt, tiem nav pretrunā tas, ka valsts tiesa atceļ tikai starp pārdevēju vai piegādātāju un patērētāju noslēgta līguma noteikuma negodīgo daļu, ja šīs direktīvas preventīvais mērķis tiek nodrošināts ar valsts tiesību normām, kurās ir reglamentēta tā izmantošana, ciktāl šī noteikuma daļa ir atsevišķa līgumiska saistība, kuras godīgo vai negodīgo raksturu var vērtēt individuāli. Otrkārt, šīs tiesību normas liedz iesniedzējtiesai svītrot tikai starp pārdevēju vai piegādātāju un patērētāju noslēgta līguma noteikuma negodīgo daļu, ja šādas svītrošanas rezultātā būtiski tiek grozīts minētā noteikuma saturs, un tas šai tiesai ir jāpārbauda. Par ceturto jautājumu Ar ceturto jautājumu iesniedzējtiesa būtībā jautā, vai Direktīvas 93/13 6. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka starp pārdevēju vai piegādātāju un patērētāju noslēgta līguma atzīšana par spēkā neesošu tādēļ, ka šī līguma noteikums ir atzīts par negodīgu, ir šajā direktīvā paredzēta sankcija, kas izriet no tiesas nolēmuma, kas pieņemts pēc patērētāja skaidras prasības un ir pamats pēdējā minētā tiesībām uz to summu atmaksu, kuras pārdevējs vai piegādātājs ir nepamatoti saņēmis, vai arī tās juridiski rodas neatkarīgi no minētā patērētāja gribas. Šajā kontekstā ir jāatgādina, ka Direktīvas 93/13 6. panta 1. punktā ir paredzēts, ka negodīgi noteikumi, kas izmantoti līgumā, kuru ar patērētāju noslēdzis pārdevējs vai piegādātājs, nav saistoši patērētājam atbilstoši dalībvalsts tiesību aktos paredzētajiem nosacījumiem, un līgums ar tādiem pašiem noteikumiem turpina pusēm būt saistošs, ja tas var turpināt pastāvēt bez negodīgajiem noteikumiem. Tālab šīs tiesību normas, it īpaši tās teikuma otrās daļas mērķis, ir nevis atcelt visus līgumus ar negodīgiem noteikumiem, bet aizstāt formālo līdzsvaru, kas ar līgumu ir iedibināts starp līgumslēdzēju pušu tiesībām un pienākumiem, ar reālu līdzsvaru, kas var atjaunot minēto pušu vienlīdzību, precizējot, ka attiecīgajam līgumam principā ir jāturpina pastāvēt bez jebkādiem citiem grozījumiem, kā vien tiem, kas izriet no negodīgo noteikumu svītrošanas. Ja šis pēdējais minētais nosacījums ir izpildīts, atbilstoši Direktīvas 93/13 6. panta 1. punktam attiecīgais līgums var tikt saglabāts, ciktāl saskaņā ar valsts tiesību normām šāda līguma pastāvēšana bez negodīgiem noteikumiem ir juridiski iespējama, un tas ir jāpārbauda, izvēloties objektīvu pieeju (spriedums, 2019. gada 3. oktobris, Dziubak, C‑260/18 , EU:C:2019:819 , 39. punkts un tajā minētā judikatūra). No tā izriet, ka pašā Direktīvas 93/13 6. panta 1. punktā ietvertā teikuma otrajā palīgteikumā nav noteikti kritēriji, kas reglamentētu iespēju turpināt līguma turpmāku pastāvēšanu bez negodīgajiem noteikumiem, bet tos noteikt ir valsts tiesību sistēmas ziņā, ievērojot Savienības tiesības. Tādējādi dalībvalstīm, izmantojot savas valsts tiesības, ir jānosaka kārtība, kādā ir konstatēts līgumā ietverta noteikuma negodīgais raksturs un ir iestājušās šī konstatējuma konkrētās tiesiskās sekas. Tomēr ar šādu konstatējumu ir jāvar atjaunot tiesisko un faktisko situāciju, kādā patērētājs būtu bijis, ja šāda negodīga noteikuma nebūtu (spriedums, 2016. gada 21. decembris, Gutiérrez Naranjo u.c., C‑154/15, C‑307/15 un C‑308/15 , EU:C:2016:980 , 66. punkts). No visa iepriekš minētā izriet, pirmkārt, – ja valsts tiesa, piemērojot atbilstošās valsts tiesību normas, uzskata, ka nav iespējams saglabāt līgumu bez tajā ietvertajiem negodīgajiem noteikumiem, Direktīvas 93/13 6. panta 1. punktam principā nav pretrunā tas, ka šis līgums tiek atzīts par spēkā neesošu (spriedums, 2019. gada 3. oktobris, Dziubak, C‑260/18 , EU:C:2019:819 , 43. punkts). Tādējādi līguma ar noteikumu, kurš kvalificēts kā negodīgs, atzīšana par spēkā neesošu nevar būt Direktīvā 93/13 paredzēta sankcija. Turklāt Tiesa it īpaši par noilguma termiņiem jau ir nospriedusi, ka saprātīga termiņa noteikšana prasības celšanai, kura neievērošanas gadījumā tiek zaudētas attiecīgās tiesības, tiesiskās drošības labad ir saderīga ar Savienības tiesībām (spriedums, 2016. gada 21. decembris, Gutiérrez Naranjo u.c., C‑154/15, C‑307/15 un C‑308/15 , EU:C:2016:980 , 69. punkts). Otrkārt, jautājums par to, no kura brīža pamatlietā aplūkotā līguma atzīšana par spēkā neesošu rada sekas, ir atkarīgs tikai no valsts tiesībām, ja vien tiek nodrošināta patērētājiem ar Direktīvas 93/13 normām garantētā aizsardzība. Treškārt, līguma atzīšana par spēkā neesošu pamatlietā nevar būt atkarīga no patērētāju skaidras prasības šajā ziņā, bet izriet no valsts tiesas objektīvas kritēriju piemērošanas, kas ir noteikti valsts tiesībās. Ņemot vērā visus iepriekš minētos apsvērumus, uz ceturto jautājumu ir jāatbild, ka Direktīvas 93/13 6. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tiesas konstatējuma par negodīgu noteikumu līgumā, kas noslēgts starp pārdevēju vai piegādātāju un patērētāju, sekas ietekmē valsts tiesību normas, un jautājums par šāda līguma turpināšanos valsts tiesai objektīvi ir jāizvērtē pēc savas ierosmes, pamatojoties uz šīm tiesību normām. Par piekto jautājumu Ar piekto jautājumu iesniedzējtiesa būtībā jautā, vai Direktīvas 93/13 6. panta 1. punkts, lasot to kopsakarā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas (turpmāk tekstā – “Harta”) 47. pantu, ir jāinterpretē tādējādi, ka valsts tiesai, konstatējot negodīgu noteikumu pārdevēja vai piegādātāja ar patērētāju noslēgtā līgumā, ir jāinformē pēdējais minētais par tiesiskajām sekām, kādas var radīt šāda līguma atcelšana, neatkarīgi no tā, vai patērētāju pārstāv profesionāls pārstāvis. Šajā ziņā no pastāvīgās judikatūras izriet, ka valsts tiesai, kura ir konstatējusi negodīgu noteikumu un tai ir jāizsecina no tā izrietošās tiesiskās sekas, ir jāievēro prasības par Hartas 47. pantā garantēto tiesību uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā, kuras attiecīgajām personām izriet no Savienības tiesībām. Viena no šīm prasībām ir sacīkstes princips, kas ir daļa no tiesībām uz aizstāvību un kas tiesai ir jāievēro it īpaši gadījumā, kad tā izskata lietu, balstoties uz pamatu, kuru tā ir izvirzījusi pēc savas ierosmes (spriedums, 2013. gada 21. februāris, Banif Plus Bank, C‑472/11 , EU:C:2013:88 , 29. punkts un tajā minētā judikatūra). Tiesa arī nosprieda, ka, ja valsts tiesa, pamatojoties uz tās rīcībā esošo informāciju par faktiskajiem un tiesiskajiem apstākļiem, ir atzinusi, ka noteikums ietilpst Direktīvas 93/13 tvērumā, un ir izdarījusi secinājumu, ka noteikums ir negodīgs, tai parasti ir jāinformē lietas dalībniekus un jāaicina tos atbilstoši sacīkstes principam apspriest šo līguma noteikumu, ievērojot valsts procesuālajās normās šajā ziņā paredzētās formalitātes (spriedums, 2013. gada 21. februāris, Banif Plus Bank, C‑472/11 , EU:C:2013:88 , 31. punkts). Tādējādi, ciktāl minētā aizsardzības sistēma pret negodīgiem noteikumiem nav jāpiemēro, ja patērētājs pret to iebilst, šim patērētājam a fortiori ir jābūt tiesībām iebilst pret to, lai, piemērojot šo pašu sistēmu, viņš tiktu aizsargāts pret kaitīgajām sekām, ko rada līguma atzīšana par spēkā neesošu kopumā, ja viņš nevēlas atsaukties uz šo aizsardzību (spriedums, 2019. gada 3. oktobris, Dziubak, C‑260/18 , EU:C:2019:819 , 55. punkts). Šajā kontekstā patērētājs pēc tam, kad valsts tiesa to ir informējusi, var neatsaukties uz noteikuma negodīgo un nesaistošo raksturu, tādējādi brīvi un nepārprotami piekrītot attiecīgajam noteikumam (spriedums, 2019. gada 3. oktobris, Dziubak, C‑260/18 , EU:C:2019:819 , 66. punkts). No iepriekš minētā izriet, ka informācija, kas valsts tiesas rīcībā var būt, pamatojoties uz valsts procesuālajām normām, šķiet vēl jo svarīgāka tāpēc, ka tā ļauj patērētājam izlemt, vai viņš vēlas atteikties no aizsardzības, kura viņam ir garantēta saskaņā ar Direktīvu 93/13. Lai patērētājs varētu piekrist brīvi un nepārprotami, valsts tiesai atbilstoši valsts procesuālajām tiesību normām un taisnīguma principam civilprocesos objektīvi un izsmeļoši ir jānorāda juridiskās sekas, ko var radīt negodīga noteikuma atcelšana, neatkarīgi no tā, vai patērētājus pārstāv vai nepārstāv profesionālais pārstāvis. Šāda informācija it īpaši ir vēl jo svarīgāka, ja negodīga noteikuma nepiemērošana var izraisīt līguma atzīšanu par spēkā neesošu kopumā, iespējams, radot pamatu patērētāja prasījumam uz atmaksu, kā to pamatlietā ir norādījusi iesniedzējtiesa. Ņemot vērā visus iepriekš minētos apsvērumus, uz piekto jautājumu ir jāatbild, ka Direktīvas 93/13 6. panta 1. punkts, lasot to kopsakarā ar Hartas 47. pantu, ir jāinterpretē tādējādi, ka valsts tiesai, konstatējot negodīgu noteikumu pārdevēja vai piegādātāja ar patērētāju noslēgtā līgumā, valsts procesuālo normu ietvaros un pēc debatēm atbilstoši sacīkstes principam ir jāinformē pēdējais minētais par tiesiskajām sekām, kādas var radīt šāda līguma atcelšana, neatkarīgi no tā, vai patērētāju pārstāv profesionāls pārstāvis. Par tiesāšanās izdevumiem Attiecībā uz pamatlietas pusēm šī tiesvedība ir stadija procesā, kuru izskata iesniedzējtiesa, un tā lemj par tiesāšanās izdevumiem. Izdevumi, kas radušies, iesniedzot apsvērumus Tiesai, un kas nav minēto pušu izdevumi, nav atlīdzināmi. Ar šādu pamatojumu Tiesa (septītā palāta) nospriež: 1) Padomes Direktīvas 93/13/EEK (1993. gada 5. aprīlis) par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos 6. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka valsts tiesai ir jākonstatē starp pārdevēju vai piegādātāju un patērētāju noslēgta līguma noteikuma negodīgais raksturs, pat ja šīs puses to ir līgumiski grozījušas. Šāda konstatējuma rezultātā tiek atjaunota situācija, kādā patērētājs būtu bijis, ja nebūtu šāda noteikuma, kura negodīgais raksturs būtu konstatēts, izņemot, ja patērētājs, grozot negodīgo noteikumu, brīvi un apzināti piekrizdams ir atteicies no šādas atjaunošanas, tomēr tas ir jāpārbauda valsts tiesai. Tomēr no šīs tiesību normas neizriet, ka konstatējuma par sākotnējā noteikuma negodīgo raksturu sekas principā būtu līguma atcelšana, jo šī noteikuma grozījums ir ļāvis atjaunot līdzsvaru starp šo pušu tiesībām un pienākumiem, kas izriet no līguma, un novērst tā trūkumu. 2) Direktīvas 93/13 6. panta 1. punkts un 7. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka, pirmkārt, tiem nav pretrunā tas, ka valsts tiesa atceļ tikai starp pārdevēju vai piegādātāju un patērētāju noslēgta līguma noteikuma negodīgo daļu, ja šīs direktīvas preventīvais mērķis tiek nodrošināts ar valsts tiesību normām, kurās ir reglamentēta tā izmantošana, ciktāl šī noteikuma daļa ir atsevišķa līgumiska saistība, kuras godīgo vai negodīgo raksturu var vērtēt individuāli. Otrkārt, šīs tiesību normas liedz iesniedzējtiesai svītrot tikai starp pārdevēju vai piegādātāju un patērētāju noslēgta līguma noteikuma negodīgo daļu, ja šādas svītrošanas rezultātā būtiski tiek grozīts minētā noteikuma saturs, un tas šai tiesai ir jāpārbauda. 3) Direktīvas 93/13 6. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tiesas konstatējuma par negodīgu noteikumu līgumā, kas noslēgts starp pārdevēju vai piegādātāju un patērētāju, sekas ietekmē valsts tiesību normas, un jautājums par šāda līguma turpināšanos valsts tiesai objektīvi ir jāizvērtē pēc savas ierosmes, pamatojoties uz šīm tiesību normām. 4) Direktīvas 93/13 6. panta 1. punkts, lasot to kopsakarā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pantu, ir jāinterpretē tādējādi, ka valsts tiesai, konstatējot negodīgu noteikumu pārdevēja vai piegādātāja ar patērētāju noslēgtā līgumā, valsts procesuālu normu ietvaros un pēc debatēm atbilstoši sacīkstes principam ir jāinformē pēdējais minētais par tiesiskajām sekām, kādas var radīt šāda līguma atcelšana, neatkarīgi no tā, vai patērētāju pārstāv profesionāls pārstāvis. [Paraksti] ( *1 ) Tiesvedības valoda – poļu.

62000CJ0146

pt

Fundamentação jurídica do acórdão 1 Por petição apresentada na Secretaria do Tribunal de Justiça em 17 de Abril de 2000, a Comissão das Comunidades Europeias intentou uma acção, nos termos do artigo 226.° CE, para obter a declaração de que, ao não cumprir o disposto no artigo 4.° -C da Directiva 90/388/CEE da Comissão, de 28 de Junho de 1990, relativa à concorrência nos mercados de serviços de telecomunicações (JO L 192, p. 10), na redacção da Directiva 96/19/CE da Comissão, de 13 de Março de 1996 (JO L 74, p. 13, a seguir «Directiva 90/388 alterada»), e ao não cumprir o disposto no artigo 5.° , n.os 1 e 3 a 5, da Directiva 97/33/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de Junho de 1997, relativa à interligação no sector das telecomunicações com o objectivo de assegurar o serviço universal e a interoperabilidade através da aplicação dos princípios da oferta de rede aberta (ORA) (JO L 199, p. 32), a República Francesa não cumpriu as obrigações que lhe incumbem por força do Tratado CE e destas directivas. O direito comunitário 2 A obrigação de fornecer um serviço universal de telefonia vocal fixo resulta da Directiva 95/62/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Dezembro de 1995, relativa à aplicação da oferta de rede aberta (ORA) à telefonia vocal (JO L 321, p. 6), substituída pela Directiva 98/10/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Fevereiro de 1998, relativa à aplicação da oferta de rede aberta (ORA) à telefonia vocal e ao serviço universal de telecomunicações num ambiente concorrencial (JO L 101, p. 24). O serviço universal, para este fim, está definido no artigo 2.° , n.° 2, alínea f), da Directiva 98/10 como um conjunto mínimo definido de serviços, de qualidade especificada, acessível a todos os utilizadores, independentemente da sua localização geográfica e, em função das condições específicas nacionais, a um preço acessível. 3 A Directiva 98/10 enumera, nos artigos 5.° a 8.° , as prestações que fazem parte, em todas as situações, do serviço universal. Trata-se, designadamente, da ligação à rede telefónica pública fixa, de listas telefónicas e de postos públicos pagos. 4 A Directiva 96/19, através do artigo 1.° , ponto 6, introduziu na Directiva 90/388 determinadas disposições relativas à criação do serviço universal e, designadamente, um novo artigo 4.° -C, que dispõe: «Sem prejuízo da sua harmonização pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho no âmbito da ORA, qualquer regime nacional necessário para partilhar o custo líquido do cumprimento das obrigações de serviço universal conferidas aos organismos de telecomunicações com outros organismos, quer se trate de um sistema de encargos suplementares ou de um fundo de serviço universal, deverá: a) Aplicar-se exclusivamente a empresas que ofereçam redes públicas de telecomunicações; b) Repartir por cada empresa os respectivos encargos segundo critérios objectivos e não discriminatórios e em conformidade com o princípio da proporcionalidade. Os Estados-Membros comunicarão à Comissão qualquer regime desta natureza, de modo a que esta possa verificar a sua compatibilidade com o Tratado. Os Estados-Membros permitirão aos seus organismos de telecomunicações o reajustamento das tarifas em função das condições específicas do mercado e tendo em conta a necessidade de garantir que o serviço universal seja acessível; em especial, os Estados-Membros permitir-lhes-ão adaptar as actuais taxas desfasadas em relação aos custos e que aumentam o encargo da prestação do serviço universal, a fim de atingir uma estrutura tarifária baseada nos custos reais. Quando tal reajustamento não puder ser efectuado até 1 de Janeiro de 1998, os Estados-Membros em causa apresentarão à Comissão um relatório sobre a eliminação futura dos desequilíbrios tarifários que subsistem, que deverá incluir um calendário preciso de execução. [...]» 5 A Directiva 96/19 prevê, no artigo 2.° , que os Estados-Membros comuniquem à Comissão, no prazo de nove meses a contar da data de entrada em vigor desta directiva, as informações que lhe permitam verificar o cumprimento do disposto nos pontos 1 a 8 do artigo 1.° da referida directiva. Esta foi publicada em 22 de Março de 1996 e entrou em vigor a 11 de Abril de 1996. O período de nove meses previsto no artigo 2.° terminou, portanto, a 11 de Janeiro de 1997. 6 Estas disposições relativas ao serviço universal foram completadas pelo artigo 5.° da Directiva 97/33, que tem a seguinte redacção: «1. Sempre que um Estado-Membro determine, nos termos do disposto no presente artigo, que as obrigações de serviço universal representam uma sobrecarga injusta para uma organização, deve estabelecer um mecanismo de repartição do custo líquido das obrigações de serviço universal com outras organizações que explorem redes públicas de telecomunicações e/ou serviços de telefonia vocal acessíveis ao público. Os Estados-Membros tomarão devidamente em conta os princípios da transparência, da não discriminação e da proporcionalidade ao estabelecerem as contribuições a efectuar. Só as redes públicas de telecomunicações e os serviços de telecomunicações acessíveis ao público indicados na parte 1 do anexo I podem ser financiados deste modo. 2. As contribuições para o custo das obrigações do serviço universal, caso existam, podem basear-se num mecanismo estabelecido especificamente para o efeito e administrado por um organismo independente dos beneficiários, e/ou assumir a forma de um encargo suplementar a juntar ao encargo de interligação. 3. Para determinar a sobrecarga, caso exista, que a oferta do serviço universal representa, as organizações com obrigações de serviço universal calcularão, a pedido da sua autoridade reguladora nacional, o custo líquido dessas obrigações, de acordo com o anexo III. O cálculo do custo líquido das obrigações de serviço universal será objecto de auditoria pela autoridade reguladora nacional ou por outro organismo competente, independente da organização de telecomunicações e aprovado pela autoridade reguladora nacional. Os resultados do cálculo do custo e as conclusões da auditoria estarão abertos ao público nos termos do n.° 2 do artigo 14.° 4. Desde que justificado, com base no cálculo do custo líquido referido no n.° 3, e tendo em conta as vantagens de mercado adicionais, caso existam, de que beneficia uma organização que oferece o serviço universal, as autoridades reguladoras nacionais decidirão se se justifica a instauração de um mecanismo de repartição do custo líquido das obrigações de serviço universal. 5. Sempre que seja instituído o mecanismo de repartição do custo líquido das obrigações do serviço universal a que se refere o n.° 4, as autoridades reguladoras nacionais garantirão que os princípios de repartição dos custos e os elementos constituintes do mecanismo utilizado sejam acessíveis ao público, nos termos do n.° 2 do artigo 14.° As autoridades reguladoras nacionais assegurarão a publicação de um relatório anual contendo o custo calculado das obrigações de serviço universal e as contribuições efectuadas por todas as partes em causa. 6. [...]» 7 O anexo III da Directiva 97/33 refere a forma de cálculo dos custos do serviço universal de telefonia vocal. Este anexo dispõe: «[...] O custo das obrigações do serviço universal será calculado como a diferença entre os custos líquidos, para uma organização, do funcionamento com as obrigações de serviço universal e do funcionamento sem essas obrigações. [...] O cálculo basear-se-á nos custos imputáveis: i) Aos elementos dos serviços determinados que serão forçosamente oferecidos com prejuízo ou em condições de custo que não se insiram nas normas comerciais normais. Podem incluir-se nesta categoria elementos do serviço como o acesso a serviços telefónicos de emergência, a oferta de certos telefones públicos de moeda ou cartão, a oferta de certos serviços ou equipamentos para deficientes, etc.; ii) A utilizadores finais ou grupos de utilizadores finais específicos que, atendendo ao custo da oferta da rede e serviço especificados, às receitas geradas e ao eventual nivelamento geográfico dos preços imposto pelo Estado-Membro, só podem ser servidos com prejuízo ou em condições de custo que não se insiram nas normas comerciais normais. Estão incluídos nesta categoria os utilizadores finais ou grupos de utilizadores finais que não seriam servidos por um operador comercial que não tivesse a obrigação de prestar o serviço universal. [...] No cálculo dos custos líquidos serão tidas em conta as receitas. Os custos e as receitas devem ser previsionais.» 8 O artigo 23.° , n.° 1, primeiro parágrafo, da Directiva 97/33 prevê que os Estados-Membros ponham em vigor as disposições legislativas, regulamentares e administrativas necessárias para dar cumprimento à presente directiva até 31 de Dezembro de 1997 e que do facto informarão imediatamente a Comissão. O direito francês 9 O artigo 22-II da Lei n.° 96-659, de 26 de Julho de 1996, de regulamentação das telecomunicações (a seguir «lei»), previa que o fornecimento ao público, por outro operador que não seja o operador histórico France Télécom, de serviços telefónicos entre postos fixos em redes autorizadas por aplicação do artigo L. 33-1 do code des postes et télécommunications (a seguir «código»), tal como alterado pela lei, não podia produzir efeitos antes de 1 de Janeiro de 1998. 10 Um mecanismo de repartição do financiamento do custo líquido das obrigações de serviço universal assumidas pela France Télécom foi aplicado em França a partir de 1997. As disposições foram adoptadas na sequência da aprovação de um documento referido como «relatório Champsaur» em 1996. Este relatório tinha sido redigido por um grupo de peritos independentes a pedido do Governo francês. 11 O artigo L. 35-3, ponto II, do código, tal como alterado pela lei, dispõe, designadamente, que «o financiamento de custos imputáveis às obrigações de serviço universal é assegurado pelos operadores de redes abertas ao público» e que «os métodos de avaliação, de compensação e de repartição dos custos líquidos conexos com as obrigações de serviço universal serão tornados públicos, pelo menos, um ano antes da sua aplicação». 12 O artigo R. 20-31 do código, na versão do Decreto n.° 97-475, de 13 de Maio de 1997, relativo ao financiamento do serviço universal adoptado por aplicação do artigo L. 35-3 do código (a seguir «decreto»), prevê uma repartição dos custos do serviço universal em três componentes: - uma componente denominada C1, representando o custo líquido das tarifas correspondente ao desequilíbrio resultante da estrutura corrente das tarifas telefónicas; - uma componente denominada C2, correspondente às obrigações de ponderação geográfica e destinada a evitar uma discriminação baseada na localização geográfica; - uma componente denominada C3, destina a cobrir os custos líquidos da oferta e de obrigações tais como as tarifas específicas de certas categorias de assinantes com vista a garantir-lhes a acessibilidade do serviço, a disponibilização em todo o território de postos telefónicos, bem como a lista telefónica universal e o serviço de informação correspondente. 13 O artigo 3.° do decreto prevê, unicamente para o ano de 1997, uma avaliação em montante fixo do conjunto das três componentes C1, C2 e C3, antes da aplicação de modalidades de cálculo específicas para cada uma delas. 14 Para os anos de 1998 e 1999, o artigo R. 20-32 do código, introduzido pelo decreto, refere que a componente C1 é calculada de acordo com a seguinte fórmula: C = 12 x (Pe - P) x N, em que - Pe é o preço de assinatura mensal de referência, igual a 65 FRF, líquida de imposto; - P é o preço de assinatura mensal média do ano de referência, compreendendo a assinatura do serviço telefónico, a facturação detalhada e os serviços que permitem a um assinante restringir o seu acesso telefónico. P é avaliado tendo em conta as taxas de penetração destas prestações associadas; - N representa o número médio, do ano de referência, dos assinantes do operador do serviço universal, excluindo os que beneficiam de assinaturas específicas ou opções tarifárias que correspondam a uma reabsorção ou desequilíbrio dos preços. 15 O artigo R. 20-33, ponto III, do código, introduzido pelo decreto, dispõe que, até ao estabelecimento de modelos e de uma contabilidade apropriados, os custos líquidos dos assinantes residentes nas zonas rentáveis que não sejam servidos por um operador nas condições do mercado são avaliados em 1% do volume de negócios do serviço telefónico aberto ao público entre postos fixos do operador de serviço universal. 16 O artigo L. 35-3, ponto II, 3.° , do código, tal como alterado pela lei, dispõe que o desequilíbrio resultante, na altura da sua adopção, da estrutura corrente das tarifas telefónicas em relação ao funcionamento normal do mercado deve ser reabsorvido progressivamente pelo operador público antes de 31 de Dezembro de 2000 e que, logo que o desequilíbrio seja reabsorvido, portanto, o mais tardar a 31 de Dezembro de 2000, cessará o pagamento da remuneração correspondente à componente C1. Tramitação processual 17 Por carta de 4 de Junho de 1997, as autoridades francesas notificaram a Comissão, nos termos da Directiva 96/19, a lei, que alterou o código, e um determinado número de decretos de aplicação, entre os quais o decreto. 18 A Comissão, por carta de 7 de Novembro de 1997, colocou ao Governo francês um certo número de questões relativas, designadamente, ao calendário de reequilíbrio da estrutura tarifária da France Télécom e às modalidades de cálculo do desequilíbrio desta estrutura, bem como às modalidades de financiamento e de cálculo do custo líquido das obrigações de serviço universal. As autoridades francesas responderam a estas questões por carta de 4 de Dezembro de 1997. 19 A Comissão chegou à conclusão de que determinados aspectos das medidas adoptadas pela República Francesa para transpor ou aplicar o artigo 4.° -C da Directiva 90/388 alterada e o artigo 5.° da Directiva 97/33, em conjugação com o anexo III desta, não estavam conformes com estas disposições. Assim, por carta de 24 de Julho de 1998, a Comissão notificou a República Francesa para lhe apresentar observações a este respeito. 20 As autoridades francesas responderam à notificação por carta de 4 de Novembro de 1998. Enviaram igualmente um projecto de decreto relativo às tarifas sociais da France Télécom. Tendo considerado que estas medidas não eram adequadas para tornar a regulamentação francesa conforme com as disposições das Directivas 90/388 alterada e 97/33, a Comissão formulou um parecer fundamentado, que enviou, em 8 de Julho de 1999, à República Francesa, nos termos do artigo 226.° CE. 21 Por carta de 3 de Dezembro de 1999, as autoridades francesas responderam ao parecer fundamentado reiterando os argumentos já apresentados na carta de resposta à notificação. Por conseguinte, a Comissão decidiu interpor o presente recurso no Tribunal de Justiça. Quanto à primeira acusação, relativa à aplicação de um financiamento repartido do serviço universal em 1997 22 Na sua primeira acusação, a Comissão sustenta que não existe qualquer base jurídica para obrigar os novos concorrentes da France Télécom a contribuir para o financiamento do serviço universal no ano de 1997. Durante este ano, a France Télécom dispôs de um monopólio quase completo em matéria de telefonia vocal fixa, o que foi suficiente para financiar o serviço universal. Ora, determinados operadores de telefonia móvel foram obrigados a pagar uma contribuição para o financiamento do serviço universal em 1997, para além dos custos de ligação resultantes da ligação das suas redes à da France Télécom. O serviço universal foi, contudo, definido para o mercado da telefonia fixa e era inteiramente distinto do mercado de telefonia móvel. 23 Na réplica, a Comissão referiu que, na medida em que as condições resultantes do direito comunitário para aplicar um financiamento repartido do serviço universal não estavam reunidas, não era necessário tomar posição sobre a questão de saber se os operadores de telefonia móvel podiam, enquanto tais, ser obrigados a contribuir. 24 O Governo francês alega que se trata, essencialmente, de determinar se a abertura do mercado da telefonia móvel teve repercussões sobre o custo do serviço universal suportado pela France Télécom. Sustenta que foi o caso a partir 1997. Por conseguinte, de acordo com o Governo francês, a contribuição dos operadores franceses de telefonia móvel para o financiamento do serviço móvel respondia, a partir deste ano, a uma necessidade económica. 25 Assim, esta primeira acusação refere-se à questão de saber se, em 1997, era «necessário» aplicar um mecanismo de repartição do custo líquido do serviço universal, de acordo com a condição prevista para a criação de um tal regime no artigo 4.° -C da Directiva 90/388 alterada. 26 A este respeito, importa, primeiro, sublinhar que, assim como resulta do considerando 5 da Directiva 96/19, a finalidade da prorrogação até 1 de Janeiro de 1998 do monopólio dos operadores históricos sobre a telefonia vocal fixa era assegurar o seu equilíbrio financeiro e permitir-lhes fornecer um serviço universal para a rede telefónica fixa. 27 Em seguida, há que verificar que, durante 1997, a France Télécom dispunha ainda, com excepção de algumas licenças experimentais, de um monopólio no domínio da telefonia vocal fixa em que se aplica a obrigação de fornecer um serviço universal. 28 Por último, importa recordar que a Comissão refere que a concorrência que existia em 1997 em França no mercado das telecomunicações na sequência do mercado da telefonia móvel não criou uma situação que tornasse necessário para a France Télécom a aplicação de um sistema de financiamento repartido do custo do serviço universal, uma vez que a France Télécom detinha, na altura, um monopólio quase completo no domínio da telefonia vocal fixa. 29 Face a esta argumentação da Comissão, o Governo francês limitou-se a formular algumas observações gerais sobre a importância da abertura do mercado da telefonia móvel sem precisar em que medida esta abertura teria afectado o custo líquido do serviço universal. 30 Ora, tais observações gerais não são suficientes para, tendo em conta a argumentação da Comissão, tornar plausível a «necessidade» da aplicação de um mecanismo de partilha do custo líquido do serviço universal, de acordo com a condição prevista para a criação de um tal regime no artigo 4.° -C da Directiva 90/388 alterada. 31 Nestas condições, deve concluir-se que a primeira acusação formulada pela Comissão, tal como referida na sua réplica, é procedente. Quanto à segunda acusação, relativa ao reequilíbrio tarifário 32 No âmbito da segunda acusação, a Comissão recorda o seguinte: - O artigo 4.° -C, terceiro parágrafo, da Directiva 90/388 alterada introduziu uma disposição que obrigava os Estados-Membros a autorizar os respectivos operadores a procederem ao «reajustamento das tarifas». A finalidade desta operação era corrigir o desequilíbrio das tarifas pelas quais, nos Estados-Membros, determinados preços, designadamente a assinatura e as comunicações locais, tinham um preço baixo, ao mesmo tempo que preços elevados eram praticados em relação a outros serviços, tais como, as chamadas interurbanas ou internacionais. - Nos termos desta mesma disposição, se o processo de reajustamento não puder ser efectuado até 1 de Janeiro de 1998, o Estado-Membro em causa deve apresentar à Comissão um relatório sobre a eliminação gradual dos desequilíbrios tarifários subsistentes e este relatório deve conter um calendário preciso de execução. 33 Ora, segundo a Comissão, como o processo de reajustamento não foi efectuado antes de 1 de Janeiro de 1998, a República Francesa deveria ter respeitado as obrigações previstas para esta eventualidade, especialmente a de comunicar um calendário. Ora, este Estado-Membro não cumpriu as obrigações referidas. A este propósito, a Comissão sublinha que o artigo L. 35-3, ponto III, 3.° , do código, tal como alterado pela lei, impunha unicamente que o reequilíbrio tarifário estivesse terminado a 31 de Dezembro de 2000. 34 Na tréplica, o Governo francês afirma que as receitas resultantes das assinaturas telefónicas não cobrem a totalidade do custo da ligação, continuando o deficit de acesso a ser coberto pelos preços praticados pela France Télécom sobre as comunicações locais. É, portanto, exacto, reconhece o Governo francês, que, segundo a definição da Comissão de que as tarifas devem ser reequilibradas para cada um dos serviços, o reequilíbrio não foi efectuado até 1 de Janeiro de 1998. A propósito do calendário, o Governo francês insiste em que era muito difícil estabelecer um calendário que previsse etapas intermédias. Segundo este governo, a fixação de uma data de conclusão realista responde aos objectivos da Directiva 90/388 alterada e permite assegurar aos operadores que acedem ao mercado a transparência necessária. 35 Assim, uma vez que se verifica que o reequilíbrio tarifário previsto no artigo 4.° -C, terceiro parágrafo, da Directiva 90/388 alterada não estava completamente efectuado no dia 1 de Janeiro de 1998 e que o Governo francês não transmitiu à Comissão um relatório sobre os seus planos para a supressão gradual dos desequilíbrios tarifários existentes, incluindo um calendário preciso da aplicação, deve declarar-se que a República Francesa não cumpriu as obrigações expressamente previstas por esta disposição. Com efeito, a exigência de um calendário preciso não é cumprida pela simples indicação da data de conclusão, como a prevista no artigo L. 35-3, ponto II, 3.° , do código, tal como modificado pela lei. 36 Nestas condições deve concluir-se que a segunda acusação formulada pela Comissão é procedente. Quanto à terceira acusação, relativa ao princípio e ao modo de cálculo da componente C1 37 No âmbito da sua terceira acusação, a Comissão recorda que o anexo III da Directiva 97/33 dispõe, designadamente, que o cálculo do custo líquido do serviço universal se baseia em custos imputáveis aos utilizadores finais que só podem ser servidos com prejuízo ou em condições de custo que não se insiram nas normas comerciais normais. Assim, esta directiva impõe uma selectividade na determinação dos utilizadores que constituem a base para o cálculo do custo líquido do serviço universal. Segundo a Comissão, a referida directiva não autoriza a incluir nesta base todos os assinantes residentes sem qualquer distinção de situação. Ora, a Comissão alega que, quanto à primeira parte desta acusação, ao incluir na fórmula de cálculo da componente C1 o custo de assinantes residentes rentáveis, a República Francesa incluiu no custo líquido do serviço universal custos que não correspondem às exigências da referida directiva a este respeito. 38 Neste contexto, a Comissão considera «assinantes rentáveis» aqueles cujas despesas com serviços de telefonia vocal atingem um nível suficiente para que, tendo em conta os encargos fixos inerentes às suas assinaturas individuais e os custos variáveis relacionados com utilização da rede, a receita realizada pelo operador com as suas assinaturas e as suas comunicações telefónicas permita a este operador dispor de uma margem. 39 O Governo francês sustenta essencialmente que a fórmula de cálculo da componente C1 se justifica pelo segundo critério constante do anexo III da Directiva 97/33, ou seja, o da inclusão dos custos dos serviços que só podem ser fornecidos em condições de custo que não correspondam às normas comerciais normais. Ora, enquanto o reequilíbrio tarifário não estiver efectuado, não será possível identificar os assinantes servidos nestas condições e, portanto, selecionar os assinantes a incluir na base para o cálculo do custo líquido do serviço universal. 40 A este respeito, verifica-se que a República Francesa incluiu na fórmula de cálculo da componente C1 todos os assinantes residentes, portanto, também os assinantes rentáveis. Sobre este ponto, o Governo francês limitou-se a apresentar uma argumentação geral relativa a uma eventual impossibilidade de distinguir os assinantes nos termos dos critérios do anexo III da Directiva 97/33. Assim, há que declarar que a República Francesa incluiu no custo líquido do serviço universal custos que não reúnem as condições previstas neste anexo. 41 Na segunda parte da sua acusação, a Comissão sustenta que a fórmula de cálculo da componente C1 que consta do artigo L. 20-32 do código, mesmo que pudesse justificar-se no seu princípio, não imputa os encargos ligados ao financiamento do serviço universal a cada uma das empresas segundo critérios objectivos, como é exigido pelo artigo 4.° -C da Directiva 90/388 alterada. Além disso, segundo a Comissão, não tem em conta o princípio da transparência tal como previsto no artigo 5.° , n.° 1, da Directiva 97/33. 42 A Comissão recorda, a este respeito, que a fórmula em causa assenta na diferença entre o preço médio da assinatura actual, P, e o preço teórico de uma assinatura considerado reequilibrado, Pe, cujo valor é obtido por comparação internacional com os países considerados como tendo alcançado o reequilíbrio tarifário. Contudo, a fórmula contém dois defeitos na sua tradução concreta: por um lado, o valor de referência Pe não está claramente fundamentado e, por outro, os valores P e Pe não são comparáveis. 43 No que respeita ao primeiro defeito, a Comissão alega que resulta dos números fornecidos pelo Governo francês a propósito do valor de referência Pe que este, que influencia as componentes C1 e C2, não foi fixado de maneira transparente. Tratando-se, primeiro, da técnica utilizada no relatório Champsaur, a amplitude das tarifas indicadas por este relatório é muito extensa, pois situa-se entre 55 FRF e 75 FRF, ou seja, uma amplitude de 30%. Isto resulta, designadamente, do facto de os preços de assinatura ditos «reequilibrados» nos diferentes países utilizados para esta comparação cobrirem um conjunto de serviços diferentes e, portanto, não comparáveis. Aliás, o relatório Champsaur referiu que «este relatório foi redigido numa altura em que os resultados do estudo e da auditoria relativos à interligação, ao serviço universal e às contas da France Télécom ainda não eram conhecidos» e que «constitui, portanto, um documento de orientação que deve ser retomado à luz destes resultados». 44 Além disso, no que respeita à questão de saber se o valor Pe é compatível com os dados contabilísticos da France Télécom, a Comissão refere que não tem conhecimento de eventuais trabalhos contabilísticos. Se tais dados contabilísticos, que permitam calcular o nível de equilíbrio da assinatura, existem, deveria ser este o valor a tomar como referência e não o valor Pe resultante de comparações internacionais muito pouco precisas. A Comissão refere ainda que os números fornecidos pelas autoridades francesas referentes às receitas e aos custos médios do segmento de acesso e das chamadas locais demonstram que, todos estes elementos combinados, não há deficit. Contudo, a metodologia utilizada não é indicada. Os dados fornecidos não são, assim, suficientes para demonstrar que o valor Pe está claramente fundamentado. 45 Quanto ao segundo defeito na fórmula de cálculo da componente C1, a Comissão considera que, para fixar o custo líquido do serviço universal, um elemento-chave no cálculo é a diferença entre o valor P e o valor Pe. Para calcular esta diferença, seria necessário que os valores P e Pe assentassem em bases comparáveis. Ora, de acordo com a Comissão, esta não é a situação no caso em apreço. Com efeito, por um lado, a facturação detalhada está incluída no cálculo do valor Pe, enquanto para o cálculo do valor P é opcional e paga. Esta diferença causa um empolamento do valor Pe. Por outro lado, o valor Pe compreende os custos conexos com a manutenção da lista vermelha, constituída pelos assinantes que não querem constar da lista telefónica, enquanto o valor P não compreende as receitas que daí resultam. Assim, ainda que o cálculo do valor C1 seja objectivamente fundamentado, o princípio da transparência não é respeitado em relação ao cálculo. 46 O Governo francês, que não contesta a obrigação de respeitar o princípio da transparência, limita-se a invocar que a fixação do valor Pe em 65 FRF resulta de uma comparação internacional entre os países nos quais as tarifas dos operadores históricos são consideradas reequilibradas. Este número insere-se na amplitude de 55 FRF a 75 FRF definida pelo relatório Champsaur. Além disso, da decisão das autoridades de regulação das telecomunicações n.° 99-120, de 9 de Fevereiro de 1999, resulta que o aumento do preço da assinatura telefónica para 64,68 FRF teve como efeito a reabsorção do desequilíbrio tarifário. Para o Governo francês, o valor Pe é, pois, suficientemente transparente. 47 Na réplica, a Comissão sustenta que o Governo francês não apresenta qualquer explicação convincente quanto à maneira como o valor Pe foi fixado em 65 FRF. Este governo limita-se a afirmar que o referido número resulta de uma comparação internacional, sem contudo explicar como é que as assinaturas dos diferentes países formam harmonizadas. Se o número retido se insere efectivamente na amplitude identificada no relatório Champsaur, a Comissão sublinha que esta amplitude é muito extensa e que o próprio relatório parte do princípio de que cálculos mais precisos seriam efectuados nesta matéria. 48 A este respeito, importa assinalar que o artigo 5.° , n.° 1, da Directiva 97/33 prevê que os Estados-Membros que aplicaram um mecanismo de repartição do custo líquido das obrigações de serviço universal tenham em conta o princípio da transparência quando fixam as contribuições a efectuar. 49 Com efeito, tendo em conta o impacto dos montantes retidos para os valores de referência sobre o montante das contribuições impostas aos novos operadores, é necessário que estes valores sejam fixados de acordo com critérios objectivos, tomando em consideração elementos comparáveis e portanto transparentes, para permitirem que estes operadores calculem os seus custos e as suas receitas prováveis. Qualquer elemento que torne este cálculo mais difícil desencoraja a entrada destes operadores no mercado. 50 Mesmo que, como a Comissão reconhece, não esteja excluído que uma comparação internacional constitua um método adequado para calcular o custo líquido das componentes do serviço universal, há, contudo, face às diferenças entre os Estados-Membros, que ser prudente em relação ao resultado de tal comparação, em particular quando os serviços são opcionais em parte dos países de referência e não é este o caso no Estado-Membro objecto da comparação. Este método não pode, portanto, ser utilizado no cálculo do custo líquido do serviço universal sem ser afinado, definindo previamente o conjunto dos serviços incluídos na assinatura que constitui a base de referência e voltando a calcular, com base nesta lista de serviços, o preço da assinatura correspondente nos diversos países em causa com vista a definir a margem de tarifas comparáveis. 51 No caso em apreço, e este aspecto não é contestado pelo Governo francês, o cálculo da componente C1 baseia-se na comparação de parâmetros (P e Pe) que assentam em bases diferentes. Com efeito, o valor P não compreende as receitas da facturação detalhada, enquanto, no país de referência para o cálculo do valor Pe, a assinatura de base inclui esta facturação. Além disso, mesmo que as receitas resultantes da inscrição na lista vermelha não constem nem do valor P nem do valor Pe, o Governo francês não referiu como procedeu, no cálculo do valor Pe, para corrigir os valores da assinatura que inclui automaticamente a possibilidade de ser inscrito na lista vermelha. Por conseguinte, os parâmetros P e Pe não podem ser comparados. 52 Nesta condições, admitindo que os cálculos dos valores P e Pe assentam isoladamente em critérios objectivos, resulta da impossibilidade de comparar o seu valor que o cálculo da componente C1, baseado numa tal comparação, não pode ser considerado transparente no sentido do artigo 5.° , n.° 1, da Directiva 97/33. 53 Assim, há que concluir que a República Francesa não cumpriu a obrigação de transparência no cálculo do custo líquido do serviço universal. 54 Há, assim, que concluir que a terceira acusação formulada pela Comissão é procedente. Quanto à quarta acusação, relativa à falta de fundamentação de certas componentes do custo líquido do serviço universal 55 No âmbito da quarta acusação, a Comissão recorda que o artigo 5, n.° 3, da Directiva 97/33 dispõe que, para determinar o peso que eventualmente representa o fornecimento do serviço universal, os organismos que tenham obrigações de serviço universal calculam o custo líquido destas obrigações nos termos do anexo III da referida directiva. O cálculo do custo líquido do serviço universal é verificado pela autoridade reguladora nacional ou por outro organismo competente, independente do organismo de telecomunicações, e aprovada pela autoridade reguladora nacional. 56 A Comissão sustenta que determinadas componentes do custo líquido do serviço universal foram estabelecidas em montante fixo na regulamentação francesa, contrariamente à obrigação de efectuar um cálculo específico que decorre do artigo 5.° , n.° 3, da Directiva 97/33. Em primeiro lugar, alega que o artigo R. 20-33, ponto III, do código, inserido pelo decreto, fixa a componente relativa aos custos líquidos dos assinantes não rentáveis nas zonas rentáveis para os anos de 1997 e 1998 em 1% do volume de negócios do serviço telefónico aberto ao público entre postos fixos de operadores do serviço universal. Em segundo lugar, refere que o artigo 3.° do decreto fixa o custo líquido das diferentes componentes do serviço universal para o ano de 1997 em base fixa. Em terceiro lugar, sustenta que o montante da contribuição paga à France Télécom para compensar os custos das tarifas sociais foi calculado de maneira imprecisa. 57 Em sua defesa, o Governo francês refere, no que diz respeito aos custos líquidos dos assinantes não rentáveis nas zonas rentáveis, que resulta do relatório Champsaur que, na altura, ainda não existia um método fiável para efectuar este cálculo. O relatório propôs uma margem sobre que se basearia a percentagem fixa prevista no artigo R. 20-33, ponto III, do código, introduzido pelo decreto. O Governo francês duvida da possibilidade de calcular retroactivamente os custos em causa. Tratando-se do custo líquido do serviço universal para 1997, argumenta que a componente geográfica deste custo, que foi estimada em 3% do volume de negócios, resulta de uma comparação internacional. Pretende ter feito prova de pragmatismo e considera que um cálculo complexo efectuado a posteriori em relação a 1997 resultaria apenas numa alteração muito marginal. No que respeita às tarifas sociais, o Governo francês remete para o Decreto n.° 99-162, de 8 de Março de 1999, relativo ao serviço universal de telecomunicações e que altera os artigos R. 20-34 e R. 20-40 do código e o artigo R. 251-28 do code de la sécurité sociale (JORF de 9 de Março de 1999, p. 3512), que criou um novo sistema neste domínio. Este sistema prevê uma redução social telefónica para certos beneficiários do rendimento mínimo e inválidos de guerra, no montante de 27,60 FRF por mês em 2000. Esta redução é financiada por um fundo de serviço universal, para que os operadores telefónicos contribuem segundo um taxa proporcional aplicada sobre o respectivo volume de negócios. 58 Na réplica, a Comissão alega, em primeiro lugar, que, em 1997 e 1998, as contribuições fixas relativas aos custos líquidos dos assinantes não rentáveis foram muito mais elevadas do que em 1999 e 2000, anos em relação aos quais o cálculo foi efectuado com base num modelo. Em segundo lugar, a Comissão, a propósito do custo líquido do serviço universal para 1997, chama a atenção para o facto de que se o Governo francês deu alguma explicação em relação aos elementos que foram tidos em conta, não explicou como é que estes elementos levaram ao resultado final. Em terceiro lugar, refere que, mesmo que o sistema relativo às tarifas sociais tenha sido melhorado para o futuro, mantêm-se as infracções verificadas em 1997 e 1998. 59 Na contestação, o Governo francês sustenta que, mesmo impreciso, o método utilizado em 1997 e 1998 para calcular os custos líquidos dos assinantes não rentáveis nas zonas rentáveis era o único praticável. Segundo este governo, em todo o caso, o impacto deste método nos novos operadores foi bastante fraco devido à quota de mercado que detinham na altura. Aliás, o Governo francês admite que seria tecnicamente possível calcular retroactivamente o custo líquido do serviço universal em 1997 através de um modelo utilizado mais tarde, mas sustenta que este processo teria apenas um resultado marginal e seria de aplicação delicada, pois pressupunha que a France Télécom fornecesse um quantidade importante de informação. 60 A este respeito, tendo em conta que o artigo 5.° , n.° 3, da Directiva 97/33 dispõe que o custo líquido do serviço universal deve ser calculado em conformidade com o anexo III da referida directiva, cumpre notar que apenas podem ser considerados neste cálculo os custos que são consequência directa do fornecimento deste serviço. Com efeito, a instauração de condições iguais de concorrência para os diferentes operadores de telecomunicações pressupõe uma estrutura de custos objectiva e transparente. A Directiva 97/33 proíbe, portanto, a fixação de componentes do custo líquido do serviço universal em determinado montante ou de forma imprecisa, sem efectuar um cálculo específico. Ora, o Governo francês não contesta o facto de ter fixado em determinado montante ou de forma imprecisa o custo líquido do serviço universal ou determinados elementos, nos termos referidos no n.° 56 do presente acórdão. 61 Nestes termos, há que concluir que a quarta acusação formulada pela Comissão é procedente. Quanto à quinta acusação, relativa aos métodos de cálculo do custo líquido de determinadas componentes do serviço universal 62 Na quinta acusação, a Comissão alega que determinadas componentes do custo líquido do serviço universal foram definidas de forma a empolar artificialmente o custo. 63 Na primeira parte desta acusação, a Comissão sustenta que o método aplicado pelas autoridades francesas para determinar as zonas rentáveis não tinha em conta um certo número de receitas, tais como as provenientes da inscrição na lista vermelha e dos serviços referidos como «conforto», que compreendem serviços como o desvio de chamadas, o toque e a apresentação do número. 64 Na sua contestação, o Governo francês reconhece a necessidade de ter em conta as receitas líquidas dos serviços «conforto» nas receitas consideradas para determinar as zonas não rentáveis. Admite que o custo e as receitas destes serviços apenas foram consideradas a partir do exercício de 1999. Em contrapartida, sustenta que não é possível separar o serviço de inscrição na lista vermelha do da edição da lista telefónica. A lista vermelha não constitui, portanto, segundo o Governo francês, um elemento distinto a ter em conta no cálculo. 65 Na réplica, a Comissão alega que é necessário proceder a uma distinção entre, por um lado, as actividades de manutenção da lista vermelha e, por outro, as da edição de uma lista impressa ou electrónica. Decorre do artigo 6.° , n.os 2 e 3, da Directiva 98/10 que cada operador tem uma lista vermelha para os seus assinantes. O serviço de inscrição na lista vermelha é facturado ao assinante em causa e é, portanto, independente do custo e das receitas de edição de uma lista telefónica. 66 A este respeito, deve, por um lado, recordar-se que o anexo III da Directiva 97/33 refere que as receitas são tidas em conta para o cálculo do custo líquido do serviço universal. 67 Por outro lado, importa referir que o artigo 6.° , n.os 2 e 3, da Directiva 98/10 dispõe que cada operador deve colaborar no estabelecimento de uma lista telefónica fornecendo as informações pertinentes para este fim, ou seja, as informações referentes aos seus assinantes que não se opuseram à sua inclusão na lista. 68 Desta situação decorre, como referiu a Comissão, um princípio segundo o qual cada operador gere, no que lhe diz respeito, a lista dos seus assinantes que não querem figurar na lista universal e não comunica o nome destes assinantes ao editor da lista telefónica. Cada operador tem, portanto, a sua lista vermelha cuja manutenção releva da gestão dos seus assinantes e não do serviço universal. Com efeito, o facto de os assinantes de um novo operador pagarem para constar da sua lista vermelha não implica uma receita nem um custo para as actividades de edição da lista telefónica do próprio operador histórico. 69 Há, assim, que concluir que o Governo francês para determinar as zonas não rentáveis deveria ter tido em conta, no cálculo do custo líquido do serviço universal, as receitas resultantes dos serviços «conforto» e da inscrição na lista vermelha. 70 Na segunda parte da quinta acusação, a Comissão alega que as autoridades francesas não respeitaram as regras previstas no anexo III da Directiva 97/33, na medida em que tiveram em conta, no cálculo do custo líquido do serviço universal para 1998, custos contabilísticos que incluem custos históricos e não apenas custos previsionais. 71 Em sua defesa, Governo francês afirma que teve em consideração correcções substanciais do valor das amortizações dos equipamentos de comutação e de transmissão, com base nos custos de renovação, tendo em conta a forte tendência para a baixa do preço de determinados equipamentos. Na sequência desta revisão dos valores de amortização, os custos dos equipamentos tidos em conta eram, na verdade, históricos, mas corrigidos. Parece difícil prever custos sem ter por base exercícios e previsões anteriores, que constituem, em si, bases de reflexão úteis. Tendo em conta as dificuldades de aplicação que surgiriam se a metodologia utilizada em 1999 devesse ser aplicada em relação ao ano de 1998, o Governo francês não tem a intenção, a priori, de corrigir os números relativos a 1998. 72 Deve, a este respeito, recordar-se que o anexo III da Directiva 97/33 dispõe que os custos e as receitas tidos em conta no cálculo do custo líquido do serviço universal são previsionais. 73 Ora, verifica-se que o Governo francês reconhece ter tido em conta, no cálculo do custo líquido do serviço universal para 1998, custos contabilísticos que incluíam custos históricos, contrariamente às regras previstas no anexo III da Directiva 97/33. 74 Na terceira parte da sua quinta acusação, a Comissão sustenta que, contrariamente às regras previstas no artigo 5.° , n.° 4, da Directiva 97/33, o modo de cálculo do custo líquido do serviço universal utilizado pelas autoridades francesas não tem em conta os benefício imateriais ligados à prestação do serviço universal, excepto no que respeita à oferta no território nacional de postos públicos e ao fornecimento de listas telefónicas. 75 Em sua defesa, o Governo francês reconhece não ter respeitado o artigo 5.° , n.° 4, da Directiva 97/33 ao negligenciar a contribuição dos benefícios imateriais conexos com a prestação do serviço universal. Acrescenta que só dificilmente será possível proceder a posteriori à avaliação do custo deste elemento do serviço universal. 76 Ora, a este respeito, há que recordar que o artigo 5.° , n.° 4, da Directiva 97/33 impõe que os Estados-Membros tenham em conta, no cálculo do custo líquido do serviço universal, a vantagem eventual no mercado que retira um organismo que oferece um serviço deste tipo. 77 Ora, cumpre notar que o Governo francês reconhece que semelhante vantagem não foi tida em conta neste cálculo, contrariamente à obrigação decorrente do artigo 5.° , n.° 4, da Directiva 97/33. 78 Nestas condições, importa concluir que a quinta acusação formulada pela Comissão é procedente. Quanto à sexta acusação, relativa à ausência de publicação das contribuições dos operadores 79 Na sexta acusação, a Comissão recorda que o artigo 5.° , n.° 5, segundo parágrafo, da Directiva 97/33 impõe aos Estados-Membros a publicação de um relatório anual contendo o custo calculado das obrigações de serviço universal e as contribuições efectuadas por todas as partes em causa. Ora, o relatório elaborado pelas autoridades francesas para o ano de 1997 não menciona as contribuições para o custo líquido do serviço universal fornecidos pelos operadores em causa. 80 Em sua defesa o Governo francês admite que os relatórios relativos a 1997 e a 1998 não correspondem plenamente às exigências impostas pelo artigo 5.° , n.° 5, segundo parágrafo, da Directiva 97/33. 81 A este respeito, tendo em conta que o Governo francês reconhece que o relatório relativo a 1997 e a 1998 não responde plenamente às exigências impostas pelo artigo 5.° , n.° 5, segundo parágrafo, da Directiva 97/33, há que considerar que a sexta acusação formulada pela Comissão é procedente. 82 Face ao exposto, há que declarar que, ao não cumprir o disposto no artigo 4.° -C da Directiva 90/388 alterada e ao não cumprir o disposto no artigo 5.° , n.os 1 e 3 a 5, da Directiva 97/33, a República Francesa não cumpriu as obrigações que lhe incumbem por força destas directivas. Decisão sobre as despesas Quanto às despesas 83 Por força do disposto no artigo 69.° , n.° 2, do Regulamento de Processo, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo a Comissão pedido a condenação da República Francesa e tendo esta sido vencida, há que condená-la nas despesas. Parte decisória Pelos fundamentos expostos, O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Sexta Secção) decide: 1) Ao não cumprir o disposto no artigo 4.° -C da Directiva 90/388/CEE da Comissão, de 28 de Junho de 1990, relativa à concorrência nos mercados de serviços de telecomunicações, na redacção da Directiva 96/19/CE da Comissão, de 13 de Março de 1996, e ao não cumprir o disposto no artigo 5.° , n.os 1 e 3 a 5, da Directiva 97/33/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de Junho de 1997, relativa à interligação no sector das telecomunicações com o objectivo de assegurar o serviço universal e a interoperabilidade através da aplicação dos princípios da oferta de rede aberta (ORA), a República Francesa não cumpriu as obrigações que lhe incumbem por força destas directivas. 2) A República Francesa é condenada nas despesas.

62005TJ0375

sv

Talan om ogiltigförklaring av beslut K(2005) 2939 av den 26 juli 2005 om nedsättning av återstoden av ett finansiellt gemenskapsstöd som sökanden beviljats för att modernisera och anlägga produktionsenheter för fiskodling, samt om ersättning för den skada som följt av denna nedsättning. Domslut 1) Kommissionens beslut K(2005) 2939 av den 26 juli 2005 ogiltigförklaras i den mån det innebär att det finansiella gemenskapsstöd som Azienda Agricola ”Le Canne” Srl beviljats för projektet IT/0016/90/02 nedsätts på grund av att den vinst som Girardello SpA gjorde på genomförandet av de arbeten som omfattas av projektet var uppförd bland de utgifter som berättigar till detta stöd. 2) Skadeståndstalan ogillas. 3) Kommissionen ska ersätta rättegångskostnaderna.

62018CJ0152

sv

Crédit mutuel Arkéa (nedan kallad CMA) har yrkat att domstolen ska upphäva de två domar som meddelades av Europeiska unionens tribunal den 13 december 2017, Crédit mutuel Arkéa/ECB ( T-712/15 , EU:T:2017:900 ) (nedan kallad den första överklagade domen), och Crédit mutuel Arkéa/ECB ( T-52/16 , EU:T:2017:902 ) (nedan kallad den andra överklagade domen) (nedan gemensamt kallade de överklagade domarna). Genom dessa domar ogillade tribunalen dess talan om ogiltigförklaring av Europeiska centralbankens (ECB) beslut ECB/SSM/2015–9695000CG7B84NLR5984/28 av den 5 oktober 2015 om fastställande av tillsynskrav tillämpliga på gruppen Crédit mutuel (nedan kallat det första omtvistade beslutet) respektive av ECB:s beslut ECB/SSM/2015–9695000CG7B84NLR5984/40 av den 4 december 2015 om fastställande av tillsynskrav tillämpliga på gruppen Crédit mutuel (nedan kallat det andra omtvistade beslutet) (nedan gemensamt kallade de omtvistade besluten). Tillämpliga bestämmelser Unionsrätt Förordning (EU) nr 575/2013 I artikel 10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 ( EUT L 176, 2013, s. 1 ), med rubriken ”Undantag för kreditinstitut som är permanent underställda ett centralt organ”, föreskrivs följande i punkt 1: ”De behöriga myndigheterna får, i enlighet med nationell lagstiftning, helt eller delvis bevilja undantag från kraven i delarna två till åtta för ett eller flera kreditinstitut i samma medlemsstat som permanent underställts ett centralt organ som övervakar dem och som är etablerat i samma medlemsstat, om följande villkor är uppfyllda: a) För åtaganden som gjorts av det centrala organet och dess underställda institut gäller antingen solidariskt ansvar eller också garanteras de senare institutens åtaganden fullt ut av det centrala organet. b) Solvens och likviditet för det centrala organet och alla dess underställda institut övervakas som en helhet grundat på den sammanställda redovisningen från dessa institut. c) Det centrala organets ledning är bemyndigad att utfärda instruktioner till ledningen för varje underställt institut. …” I artikel 11.4 i nämnda förordning föreskrivs följande: ”Om artikel 10 tillämpas, ska det centrala organ som avses i den artikeln uppfylla kraven i del två till åtta på grundval av den konsoliderade situationen i den helhet som utgörs av det centrala organet tillsammans med dess underställda institut.” Förordning (EU) nr 1024/2013 Skälen 16, 26, 30 och 65 i rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut ( EUT L 287, 2013, s. 63 ), har följande lydelse: ”(16) Det är avgörande för det finansiella systemets stabilitet att stora kreditinstitut är säkra och sunda. … … (26) Risker för kreditinstituts säkerhet och sundhet kan uppstå både för ett enskilt kreditinstitut och för en bankkoncern eller ett finansiellt konglomerat. Särskilda tillsynsformer för att mildra dessa risker är viktiga för att säkerställa att kreditinstituten är säkra och sunda. Utöver tillsyn över enskilda kreditinstitut bör ECB:s uppgifter innefatta gruppbaserad tillsyn … … (30) ECB bör utföra de uppgifter som den tilldelas i syfte att säkerställa kreditinstitutens säkerhet och sundhet och det finansiella systemets stabilitet i unionen liksom i de enskilda deltagande medlemsstaterna samt den inre marknadens enhetlighet och integritet … … (65) … Målet med utförande av tillsynsuppgifter är att skydda kreditinstitutens säkerhet och sundhet och det finansiella systemets stabilitet. …” I artikel 1 första stycket i förordningen föreskrivs följande: ”Genom denna förordning tilldelas Europeiska centralbanken (ECB) särskilda uppgifter i samband med tillsynen över kreditinstitut i syfte att bidra till kreditinstitutens säkerhet och sundhet och det finansiella systemets stabilitet inom unionen och inom varje medlemsstat med fullständig hänsyn till och skyldighet att beakta den inre marknadens enhetlighet och integritet, på grundval av likabehandling av kreditinstitut i syfte att förebygga regelarbitrage.” I artikel 4.1 i nämnda förordning föreskrivs följande: ”Inom ramen för artikel 6 ska ECB, i enlighet med punkt 3 i denna artikel, ha exklusiv befogenhet att för tillsynsändamål utföra följande uppgifter i förhållande till alla kreditinstitut som är etablerade i de deltagande medlemsstaterna: … g) Utöva gruppbaserad tillsyn över kreditinstituts moderföretag etablerade i en av de deltagande medlemsstaterna, och även över finansiella holdingföretag och blandade finansiella holdingföretag, samt delta i den gruppbaserade tillsynen, inbegripet i tillsynskollegier, utan att det påverkar deltagandet som observatörer i dessa kollegier av nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater, i fråga om moderföretag som inte är etablerade i en av de deltagande medlemsstaterna. …” Enligt artikel 6.1 i samma förordning ska ECB utföra sina uppgifter inom en gemensam tillsynsmekanism (nedan kallad SSM) som består av ECB och nationella behöriga myndigheter. ECB ska vara ansvarig för att den gemensamma tillsynsmekanismen fungerar på ett effektivt och enhetligt sätt. Artikel 24 i förordning nr 1024/2013 har följande lydelse: ”1.   ECB ska inrätta en administrativ omprövningsnämnd för att genomföra en intern administrativ omprövning av de beslut som fattas av ECB när den utövar de befogenheter som den tilldelas genom denna förordning, när en begäran om omprövning har lämnats in i enlighet med punkt 5. Omfattningen av den interna administrativa omprövningen bör hänföra sig till den processrättsliga och materiella överensstämmelsen av ett sådant beslut med denna förordning. … 5.   Varje fysisk eller juridisk person får i de fall som avses i punkt 1 begära en omprövning av ett beslut av ECB i enlighet med denna förordning som är riktat till den personen eller som direkt och personligen berör denna person. En begäran om omprövning av ett beslut av ECB-rådet enligt punkt 7 ska inte kunna tas upp. 6.   Varje begäran om omprövning ska göras skriftligen och innehålla en motivering och lämnas till ECB inom en månad efter det att beslutet har meddelats den person som begär omprövning eller, om beslutet inte har meddelats på detta sätt, den dag som den berörda personen fick kännedom om beslutet, beroende på omständigheterna. 7.   Efter att ha avgjort om begäran kan tas upp till prövning ska den administrativa omprövningsnämnden inom en rimlig tidsfrist med hänsyn till hur brådskande ärendet är och senast två månader efter mottagandet av begäran yttra sig i ärendet och hänskjuta det till tillsynsnämnden för utarbetande av ett nytt utkast till beslut. Tillsynsnämnden ska beakta den administrativa omprövningsnämndens yttrande och utan dröjsmål lägga fram ett nytt utkast till beslut för ECB-rådet. Det nya utkastet till beslut ska upphäva det ursprungliga beslutet, ersätta det med ett beslut med exakt samma innehåll eller ersätta det med ett ändrat beslut. Det nya utkastet till beslut ska anses vara antaget, såvida inte ECB-rådet motsätter sig detta inom en period på högst tio arbetsdagar. … 9.   Den administrativa omprövningsnämndens yttrande, tillsynsnämndens nya utkast till beslut och det beslut som antas av ECB-rådet i enlighet med denna artikel ska motiveras och meddelas parterna. 10.   ECB ska anta ett beslut som fastställer den administrativa omprövningsnämndens arbetsordning. …” Förordning nr 468/2014 I skäl 9 i Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 468/2014 av den 16 april 2014 om fastställande av ramen för samarbete inom den gemensamma tillsynsmekanismen mellan Europeiska centralbanken, de behöriga nationella myndigheterna och de nationella utsedda myndigheterna (nedan kallad SSM-ramförordningen) ( EUT L 141, 2014, s. 1 ) anges följande: ”Som ett resultat av detta vidareutvecklar och specificerar denna förordning de förfaranden som i förordning [nr 1024/2013] fastställs för samarbetet mellan ECB och de nationella behöriga myndigheterna inom ramen för den gemensamma tillsynsmekanismen samt, om lämpligt, med de nationella utsedda myndigheterna, och säkerställer därigenom att tillsynsmekanismen fungerar på ett effektivt och enhetligt sätt.” I artikel 2 punkt 21 i denna förordning föreskrivs följande: ”I denna förordning ska definitionerna i förordning [nr 1024/2013] tillämpas om inget annat anges, tillsammans med följande definitioner: … 21. grupp som står under tillsyn: ettdera av följande: … a) En grupp vars moderföretag är ett kreditinstitut eller finansiellt holdingföretag som har sitt huvudkontor i en deltagande medlemsstat. … c) Enheter som står under tillsyn och har sitt huvudkontor i samma deltagande medlemsstat förutsatt att de är permanent underställda ett centralt organ som övervakar dem enligt villkoren i artikel 10 i förordning … nr 575/2013 och som är etablerat i samma deltagande medlemsstat.” Beslut 2014/360/EU Den administrativa omprövningsnämnd som avses i artikel 24 i förordning nr 1024/2013 har inrättats genom Europeiska centralbankens beslut 2014/360/EU av den 14 april 2014 om inrättandet av en administrativ omprövningsnämnd och nämndens arbetsordning ( EUT L 175, 2014, s. 47 ). I artikel 7.1 i detta beslut föreskrivs följande: ”Varje fysisk eller juridisk person till vilken ett beslut från ECB i enlighet med förordning … nr 1024/2013 är riktat, eller som direkt och personligen berörs av beslutet, och som vill begära en intern administrativ omprövning … ska lämna en skriftlig ansökan om omprövning till sekreteraren av vilken det beslut för vilket omprövning begärs framgår. En ansökan om omprövning ska författas på ett av unionens officiella språk.” Fransk rätt Enligt artikel L. 511–30 i Code monétaire et financier (finans- och penninglagen) ska Confédération nationale du Crédit mutuel (nedan kallat CNCM) anses vara ett centralt organ vid tillämpningen av bestämmelserna i nämnda lag om kreditinstitut och finansieringsbolag. I artikel L. 511–31 i nämnda lag föreskrivs bland annat att de centrala organen representerar de kreditinstitut och de finansieringsbolag som är underställda dem, att de ansvarar för att säkerställa sammanhållningen i deras nätverk och se till att de kreditinstitut och finansieringsbolag som är underställda dem fungerar väl, och att de i detta syfte ska vidta alla nödvändiga åtgärder, bland annat för att garantera likviditet och solvens för vart och ett av dessa institut och bolag liksom för nätverket som helhet. Bakgrund till tvisten Crédit mutuel är en decentraliserad bankgrupp som består av ett nät av lokala sparkassor som har rättslig ställning som kooperativa företag. Var och en av Crédit mutuels lokala sparkassor måste ansluta sig till en regional förening och varje förening måste ansluta sig till CNCM, nätets centrala organ i den mening som avses i artiklarna L. 511–30 och L. 511–31 i finans- och penninglagen. På nationell nivå omfattar Crédit mutuel dessutom Caisse centrale du Crédit mutuel, som är ett kooperativt kreditbolag med rörligt kapital, godkänt som kreditinstitut och ägt av nätverkets medlemmar. CMA är ett kooperativt kreditbolag med rörligt kapital, godkänt som kreditinstitut. Det bildades år 2002 genom förening av flera regionala sammanslutningar av Crédit Mutuel-institut. Andra sammanslutningar grupperade sig för att bilda CM11-CIC, medan andra förblev självständiga. Genom en skrivelse av den 19 september 2014 meddelade CMA ECB sin bedömning att den inte kunde underställas ECB:s tillsyn via CNCM. Genom en skrivelse av den 10 november 2014 angav ECB att den ställt en fråga avseende detta till de behöriga franska myndigheterna. Den 19 december 2014 sände ECB till CNCM ett utkast till beslut om fastställande av tillsynskrav tillämpliga på gruppen Crédit mutuel, och bad sammanslutningen att se till att detta utkast skickades vidare till de olika enheter som den består av och angav en frist för dessa för att inkomma med yttranden. Den 16 januari 2015 lämnade CMA sina synpunkter till ECB och den 30 januari 2015 yttrade sig CNCM över dessa. Den 19 februari 2015 sände ECB till CNCM ett ändrat utkast till beslut om fastställande av tillsynskrav tillämpliga på gruppen Crédit mutuel och på de enheter som den utgörs av, bad gruppen att se till att detta ändrade utkast vidarebefordrades till dessa enheter och angav en frist för deras ingivande av yttranden. CMA ingav sitt yttrande den 27 mars 2015. Den 17 juni 2015 antog ECB ett beslut om fastställande av tillsynskrav tillämpliga på gruppen Crédit mutuel, i vilket ECB underströk att den var den myndighet som utövade en gruppbaserad tillsyn över CNCM och hade behörighet avseende tillsynen över de enheter som angavs i detta beslut, bland vilka CMA ingick (skäl 1). I artikel 2.1 i detta beslut angavs att CNCM skulle se till att gruppen Crédit mutuel fortlöpande uppfyllde kraven i bilaga I. Det följde av artikel 2.3 i detta beslut att CMA fortlöpande skulle uppfylla de exakta kraven i bilaga II–2, i vilka föreskrevs en kärnprimärkapitalkvot (nedan kallad CET 1-kvot) på 11 procent. Den 17 juli 2015 begärde CMA omprövning av detta beslut med stöd av artikel 24 i förordning nr 1024/2013, jämförd med artikel 7 i beslut 2014/360. Ett sammanträde hölls den 31 augusti 2015 vid den administrativa omprövningsnämnden. Den 14 september 2015 slog den administrativa omprövningsnämnden fast att ECB:s beslut av den 17 juni 2015 var lagenligt. Den underströk i huvudsak att den kritik som CMA framfört mot beslutet kunde delas in i tre kategorier utifrån huruvida den avsåg bestridande av en gruppbaserad tillsyn av gruppen Crédit mutuel via CNCM på grund av att denna inte är ett kreditinstitut (den första invändningen), huruvida den rörde att det inte existerade någon ”Crédit mutuel-grupp” (den andra invändningen) eller huruvida den avsåg ett bestridande av ECB:s beslut att öka sin kärnprimärkapitalkvot ”CET 1” från 8 procent till 11 procent (den tredje invändningen). Beträffande den första invändningen erinrade den administrativa omprövningsnämnden, för det första, om att ECB, genom ett beslut av den 1 september 2014, hade angett att gruppen Crédit mutuel utgjorde en omfattande grupp som stod under tillsyn, att CMA var en enhet som ingick i denna grupp samt att CNCM utgjorde den högsta konsolideringsnivån inom denna. För det andra påpekade omprövningsnämnden att begreppet ”centralt organ” i artikel 2 led 21 c i förordning nr 468/2014 och i artikel 10 i förordning nr 575/2013 inte definierades i unionsrätten och att det inte föreskrevs att nämnda centrala organ skulle vara ett kreditinstitut. För det tredje påpekade omprövningsnämnden att det inte var nödvändigt för ECB att inneha alla befogenheter avseende tillsyn och sanktion i förhållande till en grupps moderbolag för att utöva gruppbaserad tillsyn. För det fjärde erinrade den om att gruppen Crédit mutuel, före överföringen av denna behörighet till ECB, var föremål för en gruppbaserad tillsyn utförd av behörig fransk myndighet, nämligen Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (tillsyns- och resolutionsmyndigheten), via CNCM. När det gäller den andra invändningen fastställde den administrativa omprövningsnämnden att gruppen Crédit mutuel uppfyllde villkoren i artikel 10.1 i förordning nr 575/2013, till vilken det hänvisas i artikel 2 led 21 c i förordning nr 468/2014. För det första ansåg omprövningsnämnden att CNCM:s egenskap av sammanslutning inte utgjorde hinder för att det förelåg ett solidariskt ansvar mellan de anslutna instituten. För det andra angav den att gruppen Crédit mutuels räkenskaper sammantaget hade fastställts på gruppbasis. För det tredje ansåg den att ECB hade gjort en riktig bedömning när den fastställt att CNCM hade behörighet att ge instruktioner till de anslutna instituten. Beträffande den tredje invändningen ansåg den administrativa omprövningsnämnden att ECB:s bedömningar av nivån på CMA:s kärnprimärkapitalkvot CET 1 inte innehöll några uppenbara felaktigheter och inte var oproportionerliga. Den underströk, i detta hänseende, de bestående meningsskiljaktigheterna mellan CMA och CNCM, då dessa visade att det fanns förvaltningsproblem som skulle kunna ge upphov till ytterligare risker. Det första omtvistade beslutet upphävde och ersatte beslutet av den 17 juni 2015, med tillämpning av artikel 24.7 i förordning nr 1024/2013. Innehållet i beslutet förblev emellertid detsamma. I det andra omtvistade beslutet fastställdes nya tillsynskrav som var tillämpliga på gruppen Crédit mutuel och på de enheter som ingår i gruppen. Punkt 1 i detta beslut rörde gruppbaserade tillsynskrav tillämpliga på gruppen Crédit mutuel och punkt 3 rörde tillsynskrav som var specifikt tillämpliga på CMA. Förfarandet vid tribunalen och de överklagade domarna CMA väckte talan om ogiltigförklaring av det första omtvistade beslutet och det andra omtvistade beslutet genom ansökningar som inkom till tribunalens kansli den 3 december 2015 respektive den 3 februari 2016. Till stöd för respektive talan anförde CMA tre grunder. Endast de två första grunderna berörs av förevarande överklaganden. Genom de två första grunderna bestred CMA i huvudsak lagenligheten av artikel 2.1 i och bilaga I till det första omtvistade beslutet samt lagenligheten av punkt 1 i det andra omtvistade beslutet, i den del dessa bestämmelser organiserade en gruppbaserad tillsyn av gruppen Crédit mutuel via CNCM. CMA gjorde i detta avseende gällande att CNCM inte var ett kreditinstitut och att det inte kunde omfattas av ECB:s tillsyn, samt att ECB hade gjort en felaktig bedömning när den beträffande tillsynen fastställde att en ”grupp” förelåg. Genom de överklagade domarna ogillade tribunalen CMA:s talan i båda målen. Parternas yrkanden och förfarandet vid domstolen CMA har i sina överklaganden yrkat att domstolen ska upphäva de överklagade domarna. ECB har yrkat att domstolen ska – avvisa överklagandena, åtminstone vad gäller de grunder och argument som anges i punkterna 100–109 i dessa, – förelägga CMA, vid behov med stöd av artikel 64 i domstolens rättegångsregler, att ge in alla återfinansieringsavtal som CMA ingått med sina dotterbolag, – ogilla överklagandena i övrigt, – fastställa de överklagade domarna, och – förplikta CMA att ersätta rättegångskostnaderna. Europeiska kommissionen har yrkat att domstolen ska – ogilla överklagandena, och – förplikta CMA att ersätta rättegångskostnaderna. Domstolens ordförande beslutade den 21 mars 2018 att förena målen C‑152/18 P och C‑153/18 P vad gäller det skriftliga och muntliga förfarandet samt domen. I handling som inkom till domstolens kansli den 7 juni 2018 ansökte CNCM, med stöd av artikel 40 andra stycket i stadgan för Europeiska unionens domstol, om att få intervenera i förevarande mål till stöd för ECB:s och kommissionens yrkanden. Genom beslut av domstolens ordförande av den 20 september 2018, Crédit Mutuel Arkéa/ECB ( C‑152/18 P och C‑153/18 P , ej publicerat, EU:C:2018:765 ), bifölls denna begäran. Prövning av överklagandena CMA har till stöd för sina överklaganden åberopat två grunder, vilka har formulerats på exakt samma sätt i båda målen, och som ska prövas tillsammans. Det ska inledningsvis, i fråga om en promemoria som har bifogats dessa överklaganden i vilken en universitetsprofessor på begäran av CMA har analyserat de överklagade domarna mot bakgrund av lagstiftningen om bankreglering och banktillsyn, en promemoria som kommissionen anser ska avvisas såsom otillåten bevisning, erinras om att den omständigheten att bilagorna enbart ska tjäna som bevismaterial och som medel för målets utredning innebär att såvitt dessa innehåller rättsliga omständigheter som görs gällande i vissa grunder som anges i ansökan ska dessa omständigheter återfinnas i själva ansökan eller åtminstone i tillräcklig grad ha identifierats i ansökan (se dom av den 28 juni 2005, Dansk Rørindustri m.fl./kommissionen, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P–C‑208/02 P och C‑213/02 P , EU:C:2005:408 , punkterna och , samt beslutet av den 7 augusti 2018, Campailla/Europeiska unionen, C‑256/18 P , ej publicerat, EU:C:2018:655 , punkt ). Såsom generaladvokaten har konstaterat i punkt 31 i sitt förslag till avgörande, har CMA hänvisat till den aktuella promemorian i allmänna ordalag, i den inledande delen av sina överklaganden och utan att uttryckligen knyta nämnda promemoria till någon av de grunder som baseras på densamma. CMA har inte heller konkret angett vilka uppgifter som finns i denna promemoria, på vilka en av dessa grunder baseras. Följaktligen ska kommissionens avvisningsyrkande bifallas och den aktuella promemorians innehåll samt hänvisningen till densamma i överklagandena avvisas. Vad gäller den begäran om åtgärder för bevisupptagning som ECB har ingett, räcker det att konstatera att den inte uppfyller kraven i artikel 174 i rättegångsreglerna, enligt vilken yrkandena i svarsskrivelsen ska avse att överklagandet helt eller delvis ska bifallas, avvisas eller ogillas. Denna begäran ska således avvisas. De första grunderna CMA har i sina första grunder till stöd för överklagandena gjort gällande att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att fastställa att artikel 2 led 21 c i förordning nr 468/2014 och artikel 10 i förordning nr 575/2013 gör det möjligt för ECB att organisera gruppbaserad tillsyn över institut som är anslutna till ett centralt organ, även om det sistnämnda organet inte är ett kreditinstitut. Dessa grunder består av två delar. Den första delen av de första grunderna – Parternas argument CMA har genom den första delen av de första grunderna gjort gällande att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den fastställde att artikel 2 led 21 c i förordning nr 468/2014 gör det möjligt för ECB att organisera gruppbaserad tillsyn över institut som är anslutna till ett centralt organ, utan att det är nödvändigt att detta centrala organ är ett kreditinstitut. CMA anser för det första att om tribunalen hade tolkat nämnda bestämmelse i enlighet med artikel 127.6 FEUF och artikel 1 i förordning nr 1024/2013 om särskilda uppgifter som anförtrotts ECB i fråga om kontrollen av och tillsynen över ”kreditinstitut”, skulle den ha kommit fram till att det centrala organ som avses i artikel 2 led 21 c i förordning nr 468/2014 med nödvändighet måste vara ett kreditinstitut för att ECB ska kunna utöva en gruppbaserad tillsyn via detta centrala organ. CMA har för det andra ifrågasatt tribunalens bedömning i punkt 89 i den första överklagade domen och i punkt 88 i den andra överklagade domen, enligt vilken CMA:s synsätt skulle leda till en uppdelning av tillsynen i strid med ändamålen med såväl förordning nr 1024/2013 som förordning nr 468/2014. CMA har i detta avseende i huvudsak gjort gällande att de enheter som inte är kreditinstitut inte omfattas av begreppet ”grupp som står under tillsyn”, såsom det definieras i artikel 2 led 21 c i förordning nr 468/2014, och att inkluderandet av en sådan sammanslutning som CNCM, som inte är ett kreditinstitut, i den grupp som är föremål för ECB:s tillsyn, inte motiveras av syftet med denna bestämmelse. CMA har för det tredje gjort gällande att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning vid tillämpningen av artikel 2 led 21 c i förordning nr 468/2014 genom att konstatera att det var omöjligt för ECB att vidta sanktionsåtgärder mot de centrala organ som avses i denna bestämmelse utan att av detta konstaterande sluta sig till att det var nödvändigt för ett sådant centralt organ att vara ett kreditinstitut. För att övervakningen ska vara effektiv är det nämligen, enligt CMA, nödvändigt att det övervakande organet har befogenhet att vidta sanktionsåtgärder. Då denna befogenhet endast kan utövas i förhållande till kreditinstitut är nämnda bestämmelse endast tillämplig på centrala organ som är kreditinstitut och den omständigheten att ECB kan vidta sanktionsåtgärder mot de kreditinstitut som är anslutna till nämnda centrala organ saknar betydelse i detta avseende. ECB, kommissionen och CNCM har bestritt detta resonemang. – Domstolens bedömning I artikel 127.6 FEUF, som utgör den rättsliga grund på vilken förordning nr 1024/2013 antogs, föreskrivs att Europeiska unionens råd får tilldela ECB särskilda uppgifter i samband med tillsynen över kreditinstitut och andra finansinstitut med undantag av försäkringsföretag. Även om det är riktigt att denna bestämmelses ordalydelse avser ”kreditinstitut” och ”andra finansinstitut”, ska räckvidden av den befogenhet som föreskrivs i denna bestämmelse fastställas med beaktande av det sammanhang i vilket den förekommer och de mål som eftersträvas med den. I detta hänseende påpekar domstolen att artikel 127 FEUF ingår i kapitel 2, med rubriken ”Monetär politik”, i avdelning VIII i tredje delen av EUF-fördraget, och fastställer målen och de grundläggande uppgifterna för Europeiska centralbankssystemet (ECBS) och ECB. Såsom generaladvokaten har påpekat i punkterna 55 och 56 i sitt förslag till avgörande är målet med utförandet av de banktillsynsuppgifter som avses i artikel 127.6 FEUF att skydda kreditinstitutens säkerhet och sundhet, i synnerhet de stora kreditinstitutens och de stora bankgruppernas säkerhet och sundhet, vilket utgör ett väsentligt villkor för att inom unionen garantera det finansiella systemets stabilitet i allmänhet. Eftersträvandet av dessa mål anges uttryckligen i skälen 16, 26, 30 och 65 i förordning nr 1024/2013 och i artikel 1 första stycket i denna förordning. I synnerhet framgår det av skäl 26 i förordning nr 1024/2013 att det, för att säkerställa att kreditinstituten är säkra och sunda, är viktigt att införa särskilda tillsynsformer som särskilt syftar till att mildra riskerna för ett kreditinstituts säkerhet och soliditet, vilka kan uppstå både för ett enskilt kreditinstitut och för en bankkoncern eller ett finansiellt konglomerat. I detta skäl preciseras att utöver tillsyn över enskilda kreditinstitut bör ECB:s uppgifter innefatta gruppbaserad tillsyn. Det ska i detta hänseende erinras om att det i artikel 4 i förordning nr 1024/2013, som har rubriken ”Uppgifter som tilldelas ECB”, i punkt 1 g föreskrivs att ECB bland annat ska ha befogenhet att utöva gruppbaserad tillsyn över kreditinstituts moderföretag etablerade i en av de deltagande medlemsstaterna. Enligt artikel 6.1 i denna förordning ska ECB utföra denna uppgift inom den SSM som består av ECB och nationella behöriga myndigheter. ECB ska vara ansvarig för att den fungerar på ett effektivt och enhetligt sätt. Såsom framgår av skäl 9 i förordning nr 468/2014 vidareutvecklar och specificerar denna förordning de förfaranden som i förordning nr 1024/2013 fastställs för samarbetet mellan ECB och de nationella behöriga myndigheterna inom ramen för SSM, och säkerställer därigenom att tillsynsmekanismen fungerar på ett effektivt och enhetligt sätt. Det är mot denna bakgrund som artikel 2 led 21 c i förordning nr 468/2014 definierar begreppet ”grupp som står under tillsyn” som bland annat enheter som står under tillsyn och har sitt huvudkontor i samma deltagande medlemsstat förutsatt att de är permanent underställda ett centralt organ som övervakar dem enligt villkoren i artikel 10 i förordning nr 575/2013 och som är etablerat i samma deltagande medlemsstat. Följaktligen gjorde tribunalen en riktig bedömning när den i punkterna 58–64 i den första överklagade domen och i punkterna 57–63 i den andra överklagade domen slog fast att gruppbaserad tillsyn av grupper av kreditinstitut i huvudsak har två syften, nämligen dels att göra det möjligt för ECB att bedöma de risker som kan påverka ett kreditinstitut som inte härrör från detta utan från den grupp som det tillhör, dels att undvika en uppdelning av tillsynen avseende de enheter som utgör nämnda grupper mellan olika tillsynsmyndigheter. Dessutom följer det inte på något sätt av artikel 127.6 FEUF att det ”centrala organ” som avses i artikel 2 led 21 c i förordning nr 468/2014 ska vara ett kreditinstitut. Tvärtom framgår det, såsom generaladvokaten har påpekat i punkterna 62–64 i sitt förslag till avgörande, av de mål som eftersträvas genom tilldelningen av tillsynsbefogenheter till ECB på grundval av artikel 127.6 FEUF, att ECB ska utöva gruppbaserad tillsyn över en sådan grupp som avses i artikel 2 led 21 c i förordning nr 468/2014, oberoende av den juridiska formen för det centrala organ som de enheter som ingår i denna grupp är underställda, och under förutsättning att de villkor som anges i artikel 10 i förordning nr 575/2013 är uppfyllda. I annat fall skulle nämligen en bankgrupp kunna undgå gruppbaserad tillsyn på grund av den juridiska formen för den enhet som fungerar som centralt organ, vilket skulle inverka menligt på effektiviteten av ECB:s utövande av dessa uppdrag. Artikel 127.6 FEUF och artikel 1 i förordning nr 1024/2013 utgör följaktligen inte hinder för att ECB utövar en gruppbaserad tillsyn över en bankgrupp för vilken det centrala organet inte är ett kreditinstitut, eftersom de villkor som anges i artikel 10.1 i förordning nr 575/2013 är uppfyllda. Vad vidare gäller CMA:s argument att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning i sin bedömning i punkt 89 i den första överklagade domen och i punkt 88 i den andra överklagade domen, räcker det att erinra om att det följer av domstolens fasta praxis att anmärkningar som riktar sig mot domskäl i en av tribunalens domar vilka angetts för fullständighetens skull inte kan leda till att domen upphävs och att sådana anmärkningar således saknar verkan (dom av den 13 december 2018, Europeiska unionen/Gascogne Sack Deutschland och Gascogne, C‑138/17 P och C‑146/17 P , EU:C:2018:1013 , punkt och där angiven rättspraxis). Såsom ECB och kommissionen med rätta har gjort gällande är nämnda punkter överflödiga, eftersom de togs upp efter det att tribunalen, i punkt 88 i den första överklagade domen och i punkt 87 i den andra överklagade domen, med rätta slog fast att det är förenligt med syftena med förordning nr 1024/2013 och förordning nr 468/2014 att fastställa att det rör sig om en ”grupp som står under tillsyn” i den mening som avses i artikel 2 led 21 c i förordning nr 468/2014, oberoende av huruvida denna grupps centrala organ är ett kreditinstitut eller inte. Den omständigheten att punkt 89 i den första överklagade domen och punkt 88 i den andra överklagade domen är överflödiga bekräftas dessutom genom att ordet ”vidare” används i dessa. CMA:s argument avseende dessa punkter i de överklagade domarna saknar således verkan. CMA:s argument att den omständigheten att det är omöjligt för ECB att vidta sanktionsåtgärder mot de centrala organ som avses i artikel 2 led 21 c i förordning nr 468/2014 innebär att ett sådant centralt organ ska vara ett kreditinstitut, kan inte heller godtas. Såsom ECB och kommissionen har påpekat grundar sig detta argument på bedömningen att ECB:s behörighet i fråga om tillsyn förutsätter att en befogenhet att vidta sanktionsåtgärder mot de enheter som är föremål för denna tillsyn föreligger. Det är riktigt, såsom tribunalen själv påpekade i punkt 91 i den första överklagade domen och i punkt 90 i den andra överklagade domen, att det i artikel 18 i förordning nr 1024/2013 föreskrivs att ECB, för att fullgöra de uppgifter som den har tilldelats genom denna förordning på tillsynsområdet, kan ålägga kreditinstitut, finansiella holdingföretag och blandande finansiella holdingföretag ekonomiska sanktioner. Såsom generaladvokaten har framhållit i punkterna 84 och 85 i sitt förslag till avgörande, följer det emellertid inte på något sätt av de tillämpliga unionsbestämmelserna att befogenheten att ålägga en enhet sanktioner skulle utgöra ett nödvändigt villkor för att tilldela ECB tillsynsbefogenheter avseende denna enhet. ECB:s utövande av sin befogenhet i fråga om gruppbaserad tillsyn i förhållande till en koncern villkoras följaktligen inte av att ECB har en sådan befogenhet att vidta sanktionsåtgärder mot en enhet, såsom ett centralt organ i den mening som avses i artikel 2 led 21 c i förordning nr 468/2014, vilken ingår i denna koncern. Av detta följer att tribunalen inte gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den fann att den omständigheten att ECB inte har någon befogenhet att vidta sanktionsåtgärder mot de centrala organ som avses i denna bestämmelse inte hindrar att ECB utövar en gruppbaserad tillsyn över en koncern i vilken det centrala organet inte är ett kreditinstitut. Under dessa omständigheter gjorde tribunalen sig inte skyldig till felaktig rättstillämpning genom att slå fast att artikel 2 led 21 c i förordning nr 468/2014 inte kan tolkas så, att bestämmelsen i sig innebär att ett centralt organ är ett kreditinstitut. Överklagandena kan därför inte bifallas på den första delen av de första grunderna. Den andra delen av de första grunderna – Parternas argument CMA har genom den andra delen av de första grunderna gjort gällande att, i motsats till vad tribunalen slog fast i de överklagade domarna, artikel 10 i förordning nr 575/2013, i fråga om tillämpningen av artikel 2 led 21 c i förordning nr 468/2014, innebär att ett ”centralt organ”, i den mening som avses i nämnda artikel 10, måste vara ett kreditinstitut. Enligt CMA följer det av en konsekvent tillämpning av artikel 10 i förordning nr 575/2013 och artikel 11.4 i denna förordning att i den mån de krav som föreskrivs i sistnämnda bestämmelse endast kan uppfyllas av ett kreditinstitut, ska ett ”centralt organ”, i den mening som avses i nämnda artikel 10, underförstått men nödvändigtvis ha nämnda egenskap för att ECB ska kunna genomföra en gruppbaserad tillsyn av koncernen i fråga. CMA har gjort gällande att tribunalens tolkning av artikel 10.1 b i förordning nr 575/2013 inte är förenlig med ordalydelsen i denna bestämmelse, eftersom denna bestämmelse, i den mån den hänvisar till ”det centrala organets solvens och likviditet”, underförstått, men med nödvändighet, föreskriver att tillsynen av en koncern som består av ett centralt organ och enheter som är anslutna till detta organ är villkorad av att detta organ är ett kreditinstitut. ECB, kommissionen och CNCM har bestritt detta resonemang. – Domstolens bedömning Det ska inledningsvis preciseras att artikel 10 och artikel 11.4 i förordning nr 575/2013 avser ett undantag från tillämpningen av tillsynskraven i denna förordning på kreditinstitut som är anslutna till ett centralt organ som utövar tillsyn över dessa. Den andra delen av de första grunderna avser emellertid inte förekomsten av ett sådant undantag, utan förekomsten av en ”grupp som är underställd tillsyn”, i den mening som avses i artikel 2 led 21 c i förordning nr 468/2014, i vilken bestämmelse det hänvisas till de villkor som föreskrivs i artikel 10 i förordning nr 575/2013. Såsom tribunalen med rätta har påpekat i punkterna 98–100 i den första överklagade domen och i punkterna 97–99 i den andra överklagade domen, förutom att artikel 2 led 21 c endast hänvisar till artikel 10 i förordning nr 575/2013 och den sistnämnda bestämmelsen inte innehåller någon hänvisning till artikel 11.4 i denna förordning, utgör genomförandet av denna bestämmelse inte ett villkor, utan en konsekvens av tillämpningen av nämnda artikel 10, eftersom det endast är när den behöriga myndigheten med stöd av nämnda artikel 10 undantar kreditinstitut som är anslutna till ett centralt organ från tillämpningen av tillsynskraven på individuell basis, som nämnda artikel 11.4 är tillämplig. I avsaknad av ett sådant beslut om undantag är artikel 11.4 i förordning nr 575/2013 följaktligen inte tillämplig och frågan huruvida det centrala organet i fråga iakttar denna bestämmelse saknar betydelse för ECB:s utövande av tillsyn över hela den grupp som utgörs av detta centrala organ och av de enheter som är anslutna till det. När det gäller det villkor som anges i artikel 10.1 b i förordning nr 575/2013, enligt vilket ”solvens och likviditet för det centrala organet och alla dess underställda institut övervakas som en helhet grundat på den sammanställda redovisningen från dessa institut”, konstaterar domstolen att detta villkor inte på något sätt förutsätter att det centrala organet i fråga är ett kreditinstitut. Såsom framgår av själva ordalydelsen av denna bestämmelse avser det villkor som föreskrivs däri nämligen inte en individuell övervakning av det centrala organet, utan uppföljning av solvens och likviditet för den helhet som utgörs av detta organ och av de anslutna instituten, i form av gruppbaserad tillsyn, närmare bestämt på grundval av den sammanställda redovisningen från dessa institut. Såsom tribunalen med rätta påpekade i punkt 106 i den första överklagade domen och i punkt 105 i den andra överklagade domen är det inte nödvändigt att det centrala organet är ett kreditinstitut, eftersom uppfyllandet av de kriterier som anges i artikel 10.1 b i förordning nr 575/2013 räcker för att en övervakning ska kunna utövas av huruvida gruppen i fråga uppfyller tillsynskraven. Tribunalens bedömning, att varken artikel 10.1 b i förordning nr 575/2013 eller artikel 11.4 i denna förordning innebär att ett centralt organ, vid tillämpningen av artikel 2 led 21 c i förordning nr 468/2014, måste vara ett kreditinstitut utgör följaktligen inte felaktig rättstillämpning. Under dessa omständigheter kan överklagandena inte bifallas på den andra delen av de första grunderna och därmed ska de första grunderna för överklagandena helt underkännas. De andra grunderna Parternas argument CMA har i de andra grunderna till stöd för sina överklaganden gjort gällande att gruppen Crédit mutuel inte kan kvalificeras som en ”grupp som står under tillsyn” i den mening som avses i artikel 2 led 21 c i förordning nr 468/2014, eftersom den, till skillnad från vad som slagits fast i punkterna 136 och 137 i den första överklagade domen och i punkterna 135 och 136 i den andra överklagade domen, inte uppfyller det villkor som anges i artikel 10.1 a i förordning nr 575/2013. CMA har i första hand gjort gällande att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den fann att CNCM:s beslut nr 1–1992 av den 10 mars 1992 avseende utövandet av solidariskt betalningsansvar mellan Crédit mutuels sparkassor och Crédit mutuel agricole rurals sparkassor (nedan kallat beslutet av den 10 mars 1992) visade att det förelåg en skyldighet att överföra kapital och likvida medel inom gruppen Crédit mutuel och att nämnda villkor följaktligen kunde anses vara uppfyllt. CMA har i detta avseende gjort gällande att även om det i den solidaritetsmekanism som infördes genom detta beslut finns en solidaritet mellan de kassor som hör till samma regionala grupp, finns det däremot ingen skyldighet att överföra kapital och likvida medel mellan de regionala grupperna. Om en regional grupp har problem kan CNCM följaktligen inte ålägga en annan regional grupp att överföra kapital och likvida medel för att bistå den. Den omständigheten att Caisse centrale du Crédit mutuel kan ingripa med stöd av en nationell solidaritetsmekanism genom att använda begränsade resurser som de regionala grupperna har anförtrott den gör det inte möjligt att identifiera en skyldighet att överföra kapital och likvida medel mellan de regionala grupperna. Det är enbart fråga om tillhandahållandet av en bråkdel av insättningarna hos de regionala grupperna till förmån för den centrala kassan, som förblir gäldenär i förhållande till dessa grupper. I andra hand anser CMA att även om det antas att det i beslutet av den 10 mars 1992 föreskrivs att en sådan skyldighet föreligger, ska beslutet inte tillämpas på samtliga enheter som ingår i gruppen Crédit mutuel som omfattas av ECB:s tillsyn, eftersom denna omfattar ett stort antal dotterbolag till de regionala kassorna, vilka inte är anslutna till denna grupps centrala organ och således inte omfattas av tillämpningsområdet för nämnda beslut och således inte heller är bundna av någon solidaritets- eller stödskyldighet i förhållande till andra enheter i gruppen. CMA anser följaktligen att tribunalen gjorde fel när den fann att gruppen Crédit mutuel uppfyllde villkoret i artikel 10.1 a i förordning nr 575/2013. ECB, kommissionen och CNCM har bestritt detta resonemang. Kommissionen har anfört att tribunalens tolkning av artikel L. 511–31 i finans- och penninglagen är alltför restriktiv och att artikel L. 511–31 – i motsats till vad tribunalen slog fast – i sig är tillräcklig för att villkoret i artikel 10.1 a i förordning nr 575/2013 ska anses vara uppfyllt, utan att det är nödvändigt att pröva huruvida beslutet av den 10 mars 1992 visar att det föreligger åtaganden om solidariskt ansvar inom gruppen Crédit mutuel. Kommissionen har bland annat hänvisat till beslutet av Conseil d’État (Högsta förvaltningsdomstolen, Frankrike) av den 9 mars 2018, nr 399413, och anser att domstolen kan ändra domskälen i detta avseende. Domstolens bedömning Det ska erinras om att tribunalen – efter att ha påpekat att det, i avsaknad av ett beslut av behöriga nationella domstolar, nödvändigtvis ankommer på den att uttala sig om räckvidden av artikel L. 511–31 i finans- och penninglagen – i punkt 134 i den första överklagade domen och i punkt 133 i den andra överklagade domen slog fast att lydelsen i denna bestämmelse inte, i sig, gjorde det möjligt att dra slutsatsen att det villkor som föreskrivs i artikel 10.1 a i förordning nr 575/2013 är uppfyllt, eftersom hänvisningen till ”nödvändiga åtgärder” för ”att garantera likviditet och solvens för vart och ett av dessa institut och bolag liksom för nätverket som helhet” hade en alltför allmän karaktär för att det av denna skulle kunna dras slutsatsen att det föreligger en skyldighet att överföra kapital och likviditet inom gruppen Crédit mutuel i syfte att försäkra sig om att skyldigheter i förhållande till fordringsägare uppfylls. Det var till följd av detta konstaterande som tribunalen prövade huruvida en sådan skyldighet framgick av beslutet av den 10 mars 1992. CMA:s invändning – nämligen att beslutet av Conseil d’État (Högsta förvaltningsdomstolen) den 9 mars 2018, nr 399413, inte kan beaktas vid tolkningen av artikel L. 511–31 i finans- och penninglagen av det skälet att detta beslut fattades efter det att de överklagade domarna meddelats – kan inte godtas. Parterna har nämligen inför domstolen haft möjlighet att yttra sig i detta avseende och Conseil d’État har under alla omständigheter redan uttalat sig om denna bestämmelse i ett beslut av den 13 december 2016, nr 403418, det vill säga innan de överklagade domarna meddelades. I punkt 5 i det sistnämnda beslutet angav Conseil d’État (Högsta förvaltningsdomstolen) bland annat att den franska lagstiftaren, genom att anta artikel L. 511–31 i finans- och penninglagen, inte bara har anförtrott CNCM den kollektiva representationen för Crédit mutuels sparkassor som är anslutna till Crédit mutuels nätverk, utan även gett CNCM i uppdrag att säkerställa sammanhållningen av detta nät och tillämpningen av de lagar och andra författningar som är specifika för kreditinstitut, att utföra en administrativ, teknisk och finansiell kontroll av organisationen och förvaltningen av varje kassa och att vidta alla de åtgärder som är nödvändiga för att nämnda nät ska fungera väl. Conseil d’État (Högsta förvaltningsdomstolen) fann vidare att enligt artikel L. 511–31 i samma lag får CNCM, när de berörda institutens ekonomiska situation motiverar det, och utan hinder av andra bestämmelser eller villkor som anger annat, besluta att två eller flera sparkassor som är anslutna till nätverket ska slås samman, att deras affärsrörelse ska överlåtas och att de ska upplösas. Av detta regelverk följer – enligt Conseil d’État (Högsta förvaltningsdomstolen) – att oavsett vilka förhållanden som råder inom Crédit mutuels nätverk mellan de grupperingar som bildats däri, har CNCM ansvar enligt lag att utarbeta och genomföra de åtgärder som utgör en del av den systemiska regleringen av banksystemet vad beträffar hela gruppen Crédit mutuel och ska, i egenskap av ”moderföretag i unionen”, ha en förebyggande återhämtningsplan för denna grupp. I punkt 7 i beslutet av den 9 mars 2018, nr 399413, lade Conseil d’État (Högsta förvaltningsdomstolen) till att utförandet av dessa uppgifter, vilka utgör en del av regleringen av kreditinstitut, innebär med nödvändighet att CNCM har behörighet att utfärda föreskrifter för sparkassorna, att se till att dessa följer de bestämmelser som är tillämpliga på dem och att vid åsidosättande av dessa bestämmelser ålägga dem lämpliga sanktioner. I punkt 20 i detta beslut slog Conseil d’État (Högsta förvaltningsdomstolen) dessutom fast att ”för att garantera nätverkets likviditet och solvens”, vilket de centrala organen ansvarar för, har de centrala organen, enligt artikel L. 511–31 i penning- och finanslagen, behörighet att vidta ”alla nödvändiga åtgärder” och särskilt inrätta tvingande mekanismer för solidariskt ansvar mellan nätverkets medlemmar, vilka mekanismer inte får begränsa sig till enbart tillhandahållandet av i förväg finansierade åtgärder, såsom garantimedel. Det framgår således av besluten av Conseil d’État (Högsta förvaltningsdomstolen) av den 13 december 2016, nr 403418, och av den 9 mars 2018, nr 399413, att skyldigheten för de centrala organen att vidta ”alla nödvändiga åtgärder, bland annat för att säkerställa likviditet och solvens för var och en av dessa institut och företag som för nätverket som helhet”, vilket föreskrivs i artikel L. 511–31 i penning- och finanslagen, innebär att CNCM har en mycket omfattande administrativ, teknisk och ekonomisk kontroll över hela Crédit mutuels nätverk, vilket gör det möjligt för CNCM att när som helst införa tvingande mekanismer för solidariskt ansvar, såsom beskattning, mellan nätverkets medlemmar, skyldigheter att överföra kapital och likvida medel, samt att, utan hinder av andra bestämmelser eller villkor som anger annat, besluta att två eller flera sparkassor som är anslutna till nätverket ska slås samman. Såsom generaladvokaten har framhållit i punkt 125 i sitt förslag till avgörande, kan en sammanslagning av en medlem i Crédit mutuels nätverk med ett kreditinstitut som drabbats av ekonomisk kris jämställas med att ålägga denna medlem att svara för kreditinstitutets skulder, vilket för denna medlem innebär en potentiellt sett ännu mer betungande börda än den som följer av åläggandet att enbart överföra kapital och likvida medel. Av detta följer att artikel L. 511–31 i penning- och finanslagen, såsom den tolkats av Conseil d’État (Högsta förvaltningsdomstolen), innebär att det föreligger en skyldighet att överföra kapital och likvida medel inom gruppen Crédit mutuel i syfte att säkerställa att skyldigheterna i förhållande till fordringsägarna är uppfyllda, vilket innebär att ECB hade fog för att anse att det villkor som anges i artikel 10.1 a i förordning nr 575/2013 var uppfyllt. Under dessa omständigheter är det inte nödvändigt att besvara de andra grunderna för överklagandena, vilket innebär att dessa grunder ska underkännas då de är verkningslösa. Av det anförda följer att överklagandena ska ogillas i sin helhet. Rättegångskostnader Enligt artikel 184.2 i rättegångsreglerna ska domstolen, när överklagandet ogillas, besluta om rättegångskostnaderna. Enligt artikel 138.1 i dessa rättegångsregler, som enligt artikel 184.1 i samma rättegångsregler ska gälla i mål om överklagande, ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. ECB, kommissionen och CNCM har yrkat att CMA ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom CMA har tappat målen, ska CMA förpliktas att bära sina rättegångskostnader samt förpliktas att ersätta ECB:s, kommissionens och CNCM:s rättegångskostnader. Mot denna bakgrund beslutar domstolen (första avdelningen) följande: 1) Överklagandena ogillas. 2) Crédit mutuel Arkéa ska ersätta rättegångskostnaderna. Underskrifter ( *1 ) Rättegångsspråk: franska.

62011TJ0366

sv

Talan mot det beslut som fattats av första överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 6 april 2011 (ärende R 1212/2009-1) avseende ett invändningsförfarande mellan Bial-Portela & Ca, SA och Isdin, SA. Domslut 1) Det beslut som fattats av första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)(ärende R 1212/2009-1) den 6 april 2011 ogiltigförklaras. 2) Harmoniseringsbyrån ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta Bial-Portela & Ca, SAs rättegångskostnader. 3) Isdin, SA ska bära sina egna rättegångskostnader.

62008TJ0118

ro

Acțiune introdusă împotriva Deciziei Camerei întâi de recurs a OAPI din 7 ianuarie 2008 (cauza R 1467/2007‑1) privind o cerere de înregistrare a semnului verbal TERRAEFFEKT matt & gloss ca marcă comunitară Date privind cauza Solicitantul mărcii comunitare: Actega Terra GmbH Marca comunitară vizată: Marca verbală TERRAEFFEKT matt & gloss pentru produse din clasa 2 – cererea nr. 5454517 Decizia examinatorului: Respinge înregistrarea Decizia camerei de recurs: Respinge calea de atac Dispozitivul 1) Respinge acțiunea. 2) Obligă Actega Terra GmbH la plata cheltuielilor de judecată.

61996TJ0135

nl

Overwegingen van het arrest De feiten en het procesverloop 1 De Europese Unie van het Ambacht en van het Midden- en Kleinbedrijf (hierna: "verzoekster") is een Europese vereniging die de belangen van de kleine en middelgrote bedrijven (hierna: "KMB") op Europees niveau vertegenwoordigt en behartigt. 2 Op 3 juni 1996 stelde de Raad op grond van artikel 4, lid 2, van de Overeenkomst betreffende de sociale politiek tussen de lidstaten van de Europese Gemeenschap met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (hierna: "Overeenkomst"), gehecht aan Protocol nr. 14 betreffende de sociale politiek, op zijn beurt gehecht aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, richtlijn 96/34/EG vast, betreffende de door de UNICE, het CEEP en het EVV gesloten raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof (PB L 145, blz. 4; hierna: "richtlijn 96/34"). 3 Deze richtlijn is de eerste normatieve handeling die op grond van de artikelen 3 en 4 van de Overeenkomst is vastgesteld. Deze artikelen luiden als volgt: "Artikel 3 1. De Commissie heeft tot taak de raadpleging van de sociale partners op communautair niveau te bevorderen en treft alle maatregelen die nuttig kunnen zijn om de dialoog tussen de partners te vergemakkelijken door middel van een evenwichtige ondersteuning van de partijen. 2. Daartoe raadpleegt de Commissie, alvorens voorstellen op het gebied van de sociale politiek in te dienen, de sociale partners over de mogelijke richting van een communautair optreden. 3. Indien de Commissie na deze raadpleging van mening is dat een communautair optreden wenselijk is, raadpleegt zij de sociale partners over de inhoud van het overwogen voorstel. De sociale partners doen de Commissie een advies of, in voorkomend geval, een aanbeveling toekomen. 4. Ter gelegenheid van deze raadpleging kunnen de sociale partners de Commissie in kennis stellen van hun wens het in artikel 4 bedoelde proces in te leiden. De procedure neemt maximaal negen maanden in beslag, tenzij de betrokken sociale partners en de Commissie gezamenlijk besluiten tot verlenging. Artikel 4 1. De dialoog tussen de sociale partners op communautair niveau kan, indien de sociale partners zulks wensen, leiden tot contractuele betrekkingen, met inbegrip van overeenkomsten. 2. De tenuitvoerlegging van de op communautair niveau gesloten overeenkomsten geschiedt hetzij volgens de procedures en gebruiken die eigen zijn aan de sociale partners en aan de lidstaten hetzij, voor zaken die onder artikel 2 vallen, op gezamenlijk verzoek van de ondertekenende partijen, door een besluit van de Raad op voorstel van de Commissie. De Raad besluit met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, tenzij de betrokken overeenkomst één of meer bepalingen bevat die betrekking hebben op één van de in artikel 2, lid 3, genoemde gebieden, in welk geval hij met eenparigheid van stemmen besluit." 4 In haar mededeling inzake de tenuitvoerlegging van het Protocol betreffende de sociale politiek [COM(93) 600 def.] (hierna: "mededeling") heeft de Commissie verzoekster aangemerkt als een werkgeversfederatie die "zeer representatief" is voor bepaalde soorten bedrijven of bepaalde aspecten van hun activiteiten, binnen de categorie van de bedrijfstakoverkoepelende organisaties die bepaalde categorieën werknemers of ondernemingen vertegenwoordigen. Als zodanig is verzoekster geplaatst op de in bijlage 2 bij de mededeling opgenomen lijst van organisaties die beantwoorden aan de criteria van punt 24 van de mededeling, die de werking van het in artikel 3 van de Overeenkomst voorziene consultatieproces betreffen. Die lijst omvat met name algemene bedrijfstakoverkoepelende organisaties en bedrijfstakoverkoepelende organisaties die bepaalde categorieën werknemers of ondernemingen vertegenwoordigen. In punt 49 van de mededeling verklaart de Commissie, dat "met behulp van deze mededeling basisregels voor de tenuitvoerlegging van de nieuwe procedures overeen kunnen worden gekomen, zodat op doeltreffende en open wijze kan worden opgetreden". 5 In 1983 had de Commissie een richtlijnvoorstel inzake ouderschapsverlof en verlof om gezinsredenen uitgewerkt, dat de Raad nooit verder heeft behandeld. Op 21 januari 1995 besloot de Commissie overeenkomstig artikel 3, lid 2, van de Overeenkomst de sociale partners te raadplegen over de mogelijke richting van een communautair optreden op het gebied van de combinatie van het gezins- en het beroepsleven. 6 Op 6 april 1995 zonden verzoekster en andere geraadpleegde representatieve verenigingen de Commissie een gemeenschappelijk standpunt. De auteurs van dit document drongen er bij de Commissie op aan, "alles te doen om te voorkomen dat sommige belangrijke kwesties en bepaalde vertegenwoordigers van de sociale partners van het overleg worden uitgesloten". 7 Van oordeel dat een communautair optreden wenselijk was, raadpleegde de Commissie de sociale partners in juni 1995 overeenkomstig artikel 3, lid 3, van de Overeenkomst opnieuw over de inhoud van het overwogen voorstel. Op 5 juli 1995 deelden verzoekster en de overige geraadpleegde organisaties andermaal een gemeenschappelijk standpunt mee. 8 Op dezelfde datum deelden de UNICE, het CEEP en het EVV de Commissie overeenkomstig artikel 3, lid 4, van de Overeenkomst mee, dat zij voornemens waren gebruik te maken van de door artikel 4, lid 1, van de Overeenkomst geboden mogelijkheid om onderhandelingen over het ouderschapsverlof te beginnen. 9 Op 6 november 1995 bereikten de UNICE, het CEEP en het EVV een akkoord over een voorstel voor een raamovereenkomst. Op 14 december 1995 sloten de drie voormelde organisaties de raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof (hierna: "raamovereenkomst") en zonden deze naar de Commissie met het verzoek om tenuitvoerlegging ervan door middel van een besluit van de Raad op voorstel van de Commissie, overeenkomstig artikel 4, lid 2, van de Overeenkomst. Intussen had verzoekster de Commissie bij brieven van 30 november 1995 en 13 december 1995 meegedeeld, dat zij betreurde dat zij niet bij de sociale dialoog was betrokken; tevens zette zij daarin haar kritiek op de concept-raamovereenkomst uiteen. 10 Op 20 december 1995 deelde de Commissie de betrokken raamovereenkomst mee aan de organisaties die zij tevoren had geraadpleegd of ingelicht en die er geen partij bij waren, waaronder verzoekster, en nodigde hen uit voor een voorlichtings- en discussiebijeenkomst op 5 januari 1996. Verzoekster heeft hieraan deelgenomen. 11 Op 3 juni 1996 heeft de Raad richtlijn 96/34 vastgesteld, die uitvoering geeft aan de raamovereenkomst. 12 Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 5 september 1996, heeft verzoekster krachtens artikel 173 van het Verdrag beroep tot nietigverklaring van richtlijn 96/34 ingesteld. 13 Overeenkomstig artikel 114, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering heeft de Raad bij afzonderlijke akte, ter griffie van het Gerecht neergelegd op 21 november 1996, een exceptie van niet-ontvankelijkheid opgeworpen. Bij memorie van 30 januari 1997, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 31 januari 1997, heeft verzoekster haar opmerkingen ter zake ingediend. Bij beschikking van 18 maart 1997 heeft het Gerecht (Vierde kamer) besloten de exceptie te voegen met de zaak ten gronde. 14 Bij op 20 januari 1997 neergelegd verzoekschrift heeft de Commissie overeenkomstig artikel 115 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht en artikel 37, eerste alinea, van 's Hofs Statuut-EG verzocht te mogen tussenkomen ter ondersteuning van de conclusies van de Raad. Bij beschikking van 18 maart 1997 heeft de president van het Gerecht de Commissie toegelaten tot interventie. De Commissie heeft op 17 juni 1997 een memorie in interventie neergelegd. Verzoekster heeft op 9 september 1997 opmerkingen over die memorie in interventie ingediend. 15 Bij op 24 januari 1997 neergelegd verzoekschrift hebben de Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel (CGPME), een te Puteaux (Frankrijk) gevestigde vereniging naar Frans recht, de Union professionnelle artisanale (UPA), een te Parijs gevestigde vereniging naar Frans recht, het Nationaal Christelijk Middenstandsverbond (NCMV), een te Brussel gevestigde vereniging naar Belgisch recht, de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland, een te Delft (Nederland) gevestigde vereniging naar Nederlands recht, de Fédération des artisans, een te Luxemburg gevestigde vereniging naar Luxemburgs recht, de Confederazione generale italiana del artigianato (Confartigianato), een te Rome gevestigde vereniging naar Italiaans recht, de Wirtschaftskammer Österreich, een te Wenen gevestigde Oostenrijkse publiekrechtelijke organisatie, en de Bundesvereinigung der Fachverbände des deutschen Handwerks eV (BFH), een te Bonn gevestigde vereniging naar Duits recht, overeenkomstig artikel 115 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht en artikel 37, eerste alinea, van 's Hofs Statuut-EG verzocht te mogen tussenkomen ter ondersteuning van de conclusies van verzoekster. Bij beschikking van 18 maart 1997 heeft de president van de Vierde kamer van het Gerecht hen toegelaten tot interventie (UEAPME/Raad, Jurispr. blz. II-373). Deze partijen hebben op 18 juni 1997 een memorie in interventie ingediend. De Raad heeft op 8 september 1997 zijn opmerkingen over die memorie in interventie ingediend. 16 Bij beschikking van het Gerecht van 18 april 1997 is de zaak verwezen naar de Vierde kamer - uitgebreid. Partijen in het hoofdgeding hebben met die verwijzing ingestemd. 17 Op rapport van de rechter-rapporteur heeft het Gerecht besloten, zonder instructie tot de mondelinge behandeling over te gaan. Bij wijze van maatregel tot organisatie van de procesgang heeft het Gerecht partijen evenwel verzocht, vóór de terechtzitting een aantal vragen schriftelijk te beantwoorden en heeft het de Raad verzocht uittreksels van bepaalde documenten over te leggen; aan deze verzoeken is binnen de gestelde termijnen gevolg gegeven. 18 Partijen hebben pleidooi gevoerd en mondelinge vragen van het Gerecht beantwoord ter openbare terechtzitting van 11 maart 1998. Conclusies van partijen 19 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage: - primair, krachtens artikel 173 van het Verdrag richtlijn 96/34 nietig te verklaren; - subsidiair, krachtens artikel 173 van het Verdrag richtlijn 96/34 nietig te verklaren, doch enkel voor zover zij van toepassing is op de in artikel 2, lid 2, van de Overeenkomst bedoelde KMB; - de Raad in de kosten te verwijzen. 20 De Raad concludeert dat het het Gerecht behage: - het beroep niet-ontvankelijk te verklaren; - subsidiair, het beroep ongegrond te verklaren; - verzoekster en de interveniënten aan haar zijde in de kosten te verwijzen. 21 De interveniënten aan de zijde van verzoekster concluderen dat het het Gerecht behage: - akte te nemen van het feit dat zij tussenkomen ter ondersteuning van de conclusies van verzoekster; - primair, krachtens artikel 173 van het Verdrag richtlijn 96/34 nietig te verklaren, en, subsidiair, krachtens artikel 173 van het Verdrag richtlijn 96/34 nietig te verklaren, doch enkel voor zover zij van toepassing is op de KMB bedoeld in artikel 2, lid 2, van de Overeenkomst; - de Raad te verwijzen in alle kosten, daaronder begrepen die van hun interventie. 22 De Commissie, die aan de zijde van de Raad heeft geïntervenieerd, concludeert dat het het Gerecht behage: - het beroep niet-ontvankelijk te verklaren; - subsidiair, het beroep ongegrond te verklaren; - verzoekster en de interveniënten aan haar zijde in de kosten te verwijzen. 23 Tot staving van haar beroep voert verzoekster vijf middelen aan: ten eerste, schending van artikel 3, lid 1, en artikel 4, lid 1, van de Overeenkomst; ten tweede, schending van het beginsel patere legem quam ipse fecisti; ten derde, discriminatie tussen de representatieve organisaties; ten vierde, schending van artikel 2, lid 2, van de Overeenkomst, en, ten vijfde, schending van het subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel. De ontvankelijkheid Argumenten van partijen 24 De Raad baseert zijn exceptie van niet-ontvankelijkheid primair op de aard van de bestreden handeling, en subsidiair op het argument, dat verzoekster niet rechtstreeks en individueel wordt geraakt door richtlijn 96/34. 25 Primair stelt de Raad, dat richtlijn 96/34 een normatieve handeling is en dat een rechtspersoon als verzoekster daartegen derhalve geen beroep tot nietigverklaring krachtens artikel 173, vierde alinea, van het Verdrag kan instellen. Volgens vaste rechtspraak is de ontvankelijkheid van een door een natuurlijke of rechtspersoon ingesteld beroep tot nietigverklaring afhankelijk van de voorwaarde, dat de bestreden handeling los van de vorm of benaming ervan in werkelijkheid een beschikking in de zin van artikel 189 van het Verdrag vormt (arresten van 6 oktober 1982, Alusuisse/Raad en Commissie, 307/81, Jurispr. blz. 3463; 29 januari 1985, Binderer/Commissie, 147/83, Jurispr. blz. 257; 24 februari 1987, Deutz und Geldermann/Raad, 26/86, Jurispr. blz. 941, punt 6, en 29 juni 1989, RAR/Raad en Commissie, 250/86 en 11/87, Jurispr. blz. 2045). In casu nu vertoont de bestreden handeling alle kenmerken van een richtlijn. In dat verband merkt de Raad op, dat het aantal rechtssubjecten waarop de richtlijn van toepassing is, evenmin als hun identiteit met enige mate van zekerheid te bepalen is. Verzoekster is in de richtlijn niet genoemd. Daarbij komt, dat richtlijn 96/34 in zeer algemene bewoordingen is gesteld en pas kan worden toegepast na omzetting door de lidstaten, die daarbij over een aanzienlijke beoordelingsmarge beschikken. 26 Subsidiair betoogt de Raad, dat de bestreden handeling verzoekster noch rechtstreeks noch individueel raakt. Enerzijds kan richtlijn 96/34 verzoekster niet rechtstreeks raken, daar zij particulieren geen rechten beoogt te verlenen, doch alleen verplichtingen oplegt aan de lidstaten, die in casu bij de nakoming van hun omzettingsverplichting over een zeer grote beoordelingsmarge beschikken. Anderzijds beklemtoont de Raad, dat verzoekster niet heeft aangetoond dat zij bijzondere hoedanigheden heeft of in een feitelijke situatie verkeert, die haar in zodanige mate ten opzichte van ieder ander karakteriseert, dat moet worden aangenomen dat zij door richtlijn 96/34 individueel wordt geraakt. Deze conclusie heeft hij toegelicht als volgt. 27 Het volstaat niet, dat verzoekster aantoont dat zij aan de totstandkoming van de richtlijn heeft meegewerkt, om tot ontvankelijkheid van haar beroep tot nietigverklaring te kunnen concluderen, aangezien de richtlijn een normatieve, algemene en abstracte handeling is, die niet tot de vereniging is gericht (zie beschikking Hof van 23 november 1995, Asocarne/Raad, C-10/95 P, Jurispr. blz. I-4149, punt 40; beschikkingen Gerecht van 20 oktober 1994, Asocarne/Raad, T-99/94, Jurispr. blz. II-871, en 11 januari 1995, Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori/Raad, T-116/94, Jurispr. blz. II-1). 28 De arresten van het Hof van 2 februari 1988, Van der Kooy/Commissie (67/85, 68/85 en 70/85, Jurispr. blz. 219), en 24 maart 1993, CIRFS e.a./Commissie (C-313/90, Jurispr. blz. I-1125), inzake beschikkingen houdende intrekking van steun of weigering de procedure van artikel 93, lid 2, van het Verdrag in te leiden, zijn evenmin relevant. Het beroep van een vereniging die niet de adressaat van de bestreden handeling is, is slechts ontvankelijk, wanneer de vereniging in de plaats treedt van een of meer van haar leden die zelf een ontvankelijk beroep hadden kunnen instellen (arrest Gerecht van 6 juli 1995, AITEC e.a./Commissie, T-447/93, T-448/93 en T-449/93, Jurispr. blz. II-1971, punt 60), dan wel wanneer zij een eigen procesbelang kan aantonen (arrest Van der Kooy/Commissie, reeds aangehaald, punten 17-25). 29 De Raad is van mening, dat in casu verzoekster niet kan stellen, in de plaats te treden van een of meer van haar leden die door de richtlijn individueel zouden zijn geraakt. Geen van verzoeksters leden zou namelijk een ontvankelijk beroep hebben kunnen instellen. 30 Verzoekster kan evenmin stellen, dat haar recht op deelname aan de onderhandelingen over overeenkomsten die tussen de sociale partners worden gesloten overeenkomstig artikel 4 van de Overeenkomst, door richtlijn 96/34 is aangetast omdat deze richtlijn een overeenkomst ten uitvoer legt die zonder haar medewerking is gesloten, ook al is zij voorafgaand aan de onderhandelingen over die overeenkomst. 31 De Raad poogt vervolgens te bewijzen, dat er geen rechtstreeks verband bestaat tussen de erkenning van het representatief karakter van bepaalde belangen die verzoekster zou hebben enerzijds, en haar procesbelang in deze, anderzijds. Hij stelt, dat het gebrek aan representativiteit van verzoekster ten aanzien van de werkingssfeer van de bestreden handeling in de weg staat aan de ontvankelijkheid van haar beroep. Aangezien verzoekster slechts bepaalde categorieën ondernemingen vertegenwoordigt, kan haar beroep tegen een handeling die alle ondernemingen betreft, niet ontvankelijk zijn. De Raad merkt overigens op, dat verzoekster niet betwist, dat zij voorkomt op de lijst van de "bedrijfstakoverkoepelende organisaties die bepaalde categorieën werknemers of ondernemingen vertegenwoordigen" in bijlage 2 bij de mededeling. Voorts is hij van mening, dat verzoekster niet het recht heeft om op Europees niveau over elke tekst van sociale aard te onderhandelen, of in dat opzicht een evidente gesprekspartner is. De eventuele erkenning van verzoeksters representativiteit voor de werkingssfeer van de betrokken handeling verleent verzoekster volgens de Raad hoe dan ook nog geen procesbelang, daar richtlijn 96/34 haar niet treft uit hoofde van een feitelijke situatie die haar ten opzichte van ieder ander karakteriseert. Ten bewijze dat zij in een dergelijke situatie verkeert, moet verzoekster volgens de Raad eerst aantonen, dat de door haar opgeëiste representativiteit exclusief is. Verzoekster zou dit nooit hebben aangetoond. 32 De Raad wijst er voorts op, dat verzoekster zich ter rechtvaardiging van haar procesbelang niet kan beroepen op de hoedanigheid van onderhandelaar of op een recht om als onderhandelaar op te treden, noch op het recht op een effectieve rechtsbescherming. 33 In de eerste plaats merkt hij op, dat verzoekster zich ten onrechte op een "hoedanigheid van onderhandelaar" en op een "recht om te onderhandelen" beroept. Enerzijds is de hoedanigheid van onderhandelaar een feitenkwestie die moet worden beoordeeld naar de situatie van de betrokken organisatie zoals die aan het einde van de onderhandelingen is. In het onderhavige geval nu heeft verzoekster volgens de Raad op geen enkel ogenblik deelgenomen aan de onderhandelingen tussen de sociale partners die tot de sluiting van de raamovereenkomst hebben geleid. Aangezien verzoekster niet heeft aangetoond dat zij op enigerlei wijze aan het onderhandelingsproces heeft deelgenomen, kan zij niet stellen dat zij de hoedanigheid van onderhandelaar bezit. Anderzijds kan het "recht om te onderhandelen" waarop verzoekster zich beroept, niet worden afgeleid uit het enkele feit dat zij is geraadpleegd of bij het consultatieproces betrokken is geweest. 34 De Raad beklemtoont om te beginnen, dat het proces dat is begonnen met de raadpleging en geëindigd met de vaststelling van richtlijn 96/34, niet bestond uit opeenvolgende handelingen die tot een en dezelfde procedure behoren. De artikelen 2 en 4 van de Overeenkomst voorzien immers in twee afzonderlijke procedures. 35 De eerste procedure, die van artikel 2 van de Overeenkomst, wordt ingeleid door de raadpleging van de sociale partners met het oog op de uitwerking van het in artikel 3, lid 3, van de Overeenkomst bedoelde voorstel. Verzoekster is in de consultatiefase van deze eerste procedure geraadpleegd. De tweede procedure, die van artikel 4 van de Overeenkomst, wordt ingeleid door onderhandelingen tussen de sociale partners met het oog op de uitwerking van een voorstel. Volgens de Raad staat de Commissie buiten de onderhandelingsfase van deze tweede procedure en is de neerslag van deze onderhandelingen een overeenkomst tussen particulieren. Verzoekster heeft niet deelgenomen aan de onderhandelingsfase die de tweede procedure inleidt. 36 Voorts merkt de Raad op, dat de twee procedures los van elkaar staan, afgezien van het beginpunt van de tweede procedure, dat in de onderhandelingsfase van de eerste procedure valt. Tevens preciseert hij, dat de twee betrokken procedures niet tot de vaststelling van dezelfde soort handeling leiden. De eerste procedure is een klassieke wetgevingsprocedure die tot de vaststelling van een handeling van de Raad op basis van artikel 2 van de Overeenkomst leidt, en dit volgens de procedure van artikel 189 C van het Verdrag, de zogenoemde samenwerkingsprocedure met het Europees Parlement, na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité. De tweede procedure wordt gekenmerkt door een contractueel element dat wordt ingebracht door de vertegenwoordigers van de economische en sociale belangen die dat wensen, en leidt tot de vaststelling van een handeling van de Raad op basis van artikel 4 van de Overeenkomst, volgens een procedure die niet in raadpleging van het Europees Parlement of van het Economisch en Sociaal Comité voorziet. De Raad leidt daaruit af, dat deelneming aan de raadpleging in het kader van de eerste procedure geen aanspraken schept ingeval men van de tweede procedure uitgesloten is. 37 Ten slotte stelt de Raad, dat geen enkele bepaling een sociale partner het recht verleent met andere sociale partners over welke tekst ook te onderhandelen, omdat hij het recht heeft door de Commissie te worden geraadpleegd. De Overeenkomst, meer bepaald artikel 3, lid 4, verleent de sociale partners slechts de mogelijkheid van, en niet een recht op onderlinge onderhandelingen. Verzoekster kan zich slechts op één recht beroepen, namelijk het recht om door de Commissie te worden geraadpleegd, en dit op grond van het feit dat zij is opgenomen in de lijst van de bijlage bij de mededeling. In de onderhavige zaak is verzoekster overeenkomstig de regels geraadpleegd. 38 In antwoord op verzoeksters opmerkingen over de beschikkingen van het Gerecht van 21 februari 1995, Associazione agricoltori della provincia di Rovigo e.a./Commissie (T-117/94, Jurispr. blz. II-455), en 3 juni 1997, Merck e.a./Commissie (T-60/96, Jurispr. blz. II-849), stelt de Raad, dat de regel die verzoekster a contrario uit die rechtspraak afleidt, en die de Raad betwist, in casu niet van toepassing is, daar de Raad, die de handeling heeft vastgesteld, niet gehouden was verzoekster te raadplegen. Deze consultatieplicht rust immers alleen op de Commissie. 39 Hoe dan ook, zelfs indien verzoekster het recht zou hebben gehad aan de onderhandelingen deel te nemen, dan volstaat dat nog niet om haar te individualiseren: voor alle andere wel geraadpleegde, maar niet bij de onderhandelingen over de raamovereenkomst betrokken sociale partners kan immers een zelfde recht worden aangenomen. 40 In de tweede plaats stelt de Raad, dat verzoekster zich ter rechtvaardiging van haar procesbelang ten onrechte op het recht op een effectieve rechtsbescherming beroept. Om te beginnen heeft zij niet aangetoond, dat een prejudiciële verwijzing krachtens artikel 177 van het Verdrag ontoereikend zou zijn om de wettigheid van richtlijn 96/34 te toetsen. Voorts heeft verzoekster geen eigen recht om aan de collectieve onderhandelingen deel te nemen, zodat de aangehaalde rechtspraak niet van toepassing is (arrest Hof van 22 mei 1990, Parlement/Raad, C-70/88, Jurispr. blz. I-2041). Ten slotte betekent de niet-ontvankelijkheid van het onderhavige beroep niet, dat de gemeenschapsrechter verzoekster niet representatief zou achten om in het algemeen de belangen van de KMB te behartigen. 41 Ook de Commissie, die aan de zijde van de Raad heeft geïntervenieerd, acht het beroep niet-ontvankelijk. Zij beklemtoont in het bijzonder twee punten. In de eerste plaats wordt verzoekster haars inziens door de betrokken maatregel niet individueel geraakt. Zij wijst op de parallel tussen de positie van verzoekster in de onderhavige zaak en die van de verenigingen van landbouwers en vissers in de beschikking Associazione agricoltori della provincia di Rovigo e.a./Commissie (reeds aangehaald), waarin het Gerecht besliste, dat die verenigingen door de bestreden handeling niet individueel werden geraakt. In die zaak stelden de verzoeksters eveneens individueel te zijn geraakt, en wel omdat zij het recht zouden hebben gehad deel te nemen aan de uitwerking van een programma dat de Commissie bij de bestreden handeling ter beoordeling was voorgelegd. Het Gerecht oordeelde, dat een vereniging die als vertegenwoordigster van een categorie ondernemers optreedt, niet individueel wordt geraakt door een handeling die de algemene belangen van deze categorie raakt en die het karakter van een maatregel van algemene strekking heeft, op objectief bepaalde situaties van toepassing is en rechtsgevolgen heeft voor algemeen en in abstracto omschreven categorieën personen (beschikking Associazione agricoltori della provincia di Rovigo e.a./Commissie, reeds aangehaald, punten 16 en 24). 42 In de tweede plaats stelt de Commissie, dat verzoekster zich niet kan beroepen op een rechtstreeks belang in de zin van de rechtspraak van het Hof. Om als rechtstreeks geraakt te kunnen worden aangemerkt, is - anders dan verzoekster stelt - vereist dat de rechtsgevolgen die de bestreden handeling jegens de verzoeker teweegbrengt, direct uit die handeling zelf voortvloeien en niet het gevolg zijn van een latere beslissing die noodzakelijk of automatisch uit de bestreden handeling voortvloeit (zie conclusie van advocaat-generaal Van Gerven bij het arrest van het Hof van 15 juni 1993, Abertal e.a./Commissie, C-213/91, Jurispr. blz. I-3177, I-3183, punt 20). In casu nu laat de bestreden handeling de lidstaten een ruime beoordelingsmarge ter zake van de te gebruiken middelen om de doelstellingen van de richtlijn te verwezenlijken. De Commissie voegt daaraan toe, dat zij de Raad juist heeft voorgesteld een richtlijn vast te stellen vanwege de aard en de inhoud van de raamovereenkomst, waarin de lidstaten voor de uitvoering op nationaal vlak een grote beoordelingsmarge wordt gelaten. 43 Verzoekster betwist zowel de argumenten van de Raad als die van de Commissie. 44 Op de argumenten van de Raad repliceert zij in de eerste plaats, dat de ontvankelijkheid van het onderhavige beroep in het licht van de specifieke aard van de betrokken richtlijn moet worden beoordeeld. Richtlijn 96/34 is de eerste normatieve handeling die op basis van de Overeenkomst en het Protocol is vastgesteld. Zij heeft maar één doel, namelijk de lidstaten ertoe verplichten een door drie algemene bedrijfstakoverkoepelende organisaties gesloten raamovereenkomst ten uitvoer te leggen. In casu hebben de organisaties zelf de inhoud van de richtlijn bepaald, terwijl de gemeenschapsinstellingen, die in de regel in het wetgevingsproces moeten optreden, slechts een louter formele rol hebben gespeeld (zie de dertiende en de veertiende overweging van de considerans van richtlijn 96/34 en het rapport van het Europees Parlement over het richtlijnvoorstel van de Commissie). Het is overigens veelbetekenend, dat de Commissie in haar mededeling heeft gesteld, dat de Raad geen enkele bevoegdheid rest om de overeenkomst zoals die door de sociale partners is gesloten, te wijzigen. Bijgevolg is de harmonisatie inzake ouderschapsverlof in alle lidstaten behalve het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland volledig in handen gelaten van de drie sociale partners die eigener beweging het in artikel 4, lid 2, van de Overeenkomst voorziene onderhandelingsproces hebben gestart, zonder daar de overige door de Commissie erkende sociale partners bij te betrekken. Gelet op die omstandigheden kan richtlijn 96/34 niet worden gelijkgesteld met de richtlijnen waarover het Hof zich tot op heden heeft uitgesproken. In feite verschilt zij in twee opzichten van een klassieke richtlijn. 45 Enerzijds legde geen enkele verdragsbepaling de verplichting op, in casu bij richtlijn normatief op te treden; dat zulks is gebeurd, is het resultaat van een dubbele keuze. De beroepsorganisaties die over de raamovereenkomst hebben onderhandeld, wensten er erga-omneswerking aan te geven, hoewel zij zich tot een gewone overeenkomst met werking inter partes hadden kunnen beperken. De Commissie heeft ervoor gekozen, de Raad een richtlijn voor te stellen teneinde de raamovereenkomst erga omnes verbindend te maken, hoewel zij volgens artikel 4, lid 2, van de Overeenkomst ook een ander in artikel 189 van het Verdrag voorzien wetgevingsinstrument had kunnen voorstellen of ook een besluit sui generis, zoals de Duitse regering opmerkt in een standpuntbepaling over de procedurele problemen rond de toepassing van de Overeenkomst. Door die dubbele keuze zijn volgens verzoekster de klassieke argumenten tegen de ontvankelijkheid van een door een particulier tegen een richtlijn ingesteld beroep in casu dus irrelevant. Het zou immers paradoxaal zijn te stellen, dat het normatieve karakter van de richtlijn zich tegen de ontvankelijkheid van het onderhavige beroep verzet: dat argument komt erop neer, dat verzoekster als representatieve organisatie die uit de onderhandelingen is geweerd, de wettigheid van de raamovereenkomst en de wijze waarop deze tot stand is gekomen niet aan de gemeenschapsrechter ter toetsing kan voorleggen, omdat de organisaties die de overeenkomst hebben gesloten, ervoor hebben gekozen de werking ervan uit te breiden tot de andere sociale partners, terwijl verzoekster juist de regelmatigheid van die uitbreiding ter discussie stelt. Aanvaarding van deze opvatting betekent bovendien gedogen dat de Commissie, door een richtlijn als wetgevingsinstrument te kiezen, hoewel zij een andere handeling had kunnen of zelfs moeten voorstellen, verzoekster iedere rechtsbescherming ontneemt. 46 Anderzijds betoogt verzoekster, dat de specifieke aard van richtlijn 96/34 de uit de onderhandelingen geweerde representatieve organisaties in een bijzondere positie brengt, waaraan de Raad niet mag voorbijgaan. Het argument dat verzoekster niet individueel wordt geraakt omdat zij de overeenkomst niet mede heeft ondertekend, is haars inziens niet relevant, daar juist de vraag, of zij aan de onderhandelingen had moeten deelnemen en de raamovereenkomst ondertekenen, de kern van het onderhavige geschil is. 47 Voorts stelt verzoekster, dat de argumenten die de Raad aan de inhoud van de richtlijn ontleent om tot haar normatief karakter te concluderen, eveneens voorbijgaan aan de bijzondere aard van richtlijn 96/34. Zo bekritiseert zij het argument dat zij niet in de richtlijn is genoemd; haar deelname aan de onderhandelingen zou immers volstaan om het beroep ontvankelijk te maken. Dit argument vormt dus voor de sociale partners die aan de onderhandelingen hebben deelgenomen, een bijkomende reden om verzoekster niet bij de onderhandelingen te betrekken. Evenzo miskent dat argument, dat de inhoud van de richtlijn vrij vaag is en de lidstaten een grote beoordelingsmarge laat, dat die inhoud door de sociale partners en niet door de Raad is bepaald en dat het eerste middel juist dit gebrek aan nauwkeurigheid betreft (zie hierboven, punt 23). 48 In de tweede plaats herinnert verzoekster aan de vaste rechtspraak, dat het normatieve karakter van een handeling niet uitsluit, dat zij bepaalde betrokken marktdeelnemers individueel kan raken (arresten Hof van 21 februari 1984, Allied Corporation e.a./Commissie, 239/82 en 275/82, Jurispr. blz. 1005, punt 11; 23 mei 1985, Allied Corporation e.a./Raad, 53/83, Jurispr. blz. 1621, punt 4; 16 mei 1991, Extramet Industrie/Raad, C-358/89, Jurispr. blz. I-2501, punt 13, en 18 mei 1994, Codorníu/Raad, C-309/89, Jurispr. blz. I-1853, punt 19). Ook al betreft deze rechtspraak uitsluitend beroepen tegen verordeningen, er bestaat volgens verzoekster geen enkele reden om ze niet toe te passen wanneer de bestreden handeling een richtlijn is, daar het verschil tussen beide niet hun algemene gelding betreft, maar de omstandigheid dat de richtlijn de lidstaat of de lidstaten waarvoor zij bestemd is een "te bereiken resultaat" oplegt en hen vrij laat in de keuze van de vorm en de middelen (zie conclusie van advocaat-generaal Van Gerven bij het arrest van het Hof van 12 februari 1992, Nederland en PTT Nederland/Commissie, C-48/90 en C-66/90, Jurispr. blz. I-565, I-589, I-597). 49 Evenmin staat een letterlijke uitlegging van artikel 173, vierde alinea, van het Verdrag, bepalende dat een particulier alleen tegen beschikkingen een beroep tot nietigverklaring kan instellen, in de weg aan de ontvankelijkheid van het onderhavige beroep. De bepalingen inzake de toegang tot de gemeenschapsrechter zijn steeds vanuit het perspectief van een doeltreffende rechtsbescherming uitgelegd, zowel wat de bestreden handelingen (zie arrest Hof van 9 februari 1984, Kohler/Rekenkamer, 316/82 en 40/83, Jurispr. blz. 641; arrest Gerecht van 24 maart 1994, Air France/Commissie, T-3/93, Jurispr. blz. II-121) als de betrokken instellingen betreft (zie arresten Hof van 15 juni 1976, Mills/BEI, 110/75, Jurispr. blz. 955; 23 april 1986, Les Verts/Parlement, 294/83, Jurispr. blz. 1339; 3 juli 1986, Raad/Parlement, 34/86, Jurispr. blz. 2155, en 2 december 1992, SGEEM en Etroy/BEI, C-370/89, Jurispr. blz. I-6211). 50 Verzoekster beklemtoont, dat de beschikking van het Gerecht van 20 oktober 1994 in de zaak Asocarne/Raad (reeds aangehaald, punt 17), waarin het Gerecht een beroep van een particulier tegen een richtlijn niet-ontvankelijk verklaarde op grond van de overweging dat "de rechtsbescherming van particulieren naar behoren en genoegzaam wordt verzekerd door de nationale rechters die de omzetting ervan in nationaal recht in de verschillende nationale rechtsstelsels controleren", in de doctrine kritisch is ontvangen en dat het Hof de uitspraak van het Gerecht weliswaar bij beschikking van 23 november 1995, Asocarne/Raad (reeds aangehaald), heeft bevestigd, doch de afwijzing van de hogere voorziening niet alleen baseerde op het feit dat de arresten Van der Kooy/Commissie en CIRFS e.a./Commissie (reeds aangehaald), die beschikkingen betroffen, niet op die zaak konden worden toegepast omdat het hierin om een richtlijn ging, maar ook op basis van de overweging dat de richtlijn was vastgesteld volgens een procedure die, anders dan in de zaak CIRFS e.a./Commissie (reeds aangehaald), niet in de medewerking van de verzoeker voorzag. De onderhavige richtlijn nu is echter vastgesteld in het kader van een procedure die wel voorziet in de medewerking van sociale partners zoals verzoekster, en die eigenlijk alleen maar op gang is gekomen dankzij die medewerking en de gemaakte keuze door de sociale partners - de echte auteurs van de richtlijn. 51 In de derde plaats stelt verzoekster, dat zij door de richtlijn individueel wordt geraakt, daar zij haar treft uit hoofde van zekere bijzondere hoedanigheden of van een feitelijke situatie, die haar ten opzichte van ieder ander karakteriseert. Zij merkt op, dat zij in de mededeling van de Commissie is erkend als een organisatie die aan de in punt 24 van de mededeling gestelde representativiteitscriteria voldoet. Voorts was zij in de twee in artikel 3, leden 2 en 3, van de Overeenkomst voorziene fasen door de Commissie geraadpleegd. Ook beklemtoont zij, dat de door haar behartigde belangen de enige zijn die specifieke bescherming genieten volgens artikel 2, lid 2, van de Overeenkomst, bepalende dat bij de tenuitvoerlegging van de ingevolge de Overeenkomst vastgestelde wetgeving de oprichting en de ontwikkeling van de KMB niet mag worden belemmerd. Ten slotte stelt verzoekster, dat het onderwerp zelf van de raamovereenkomst zulke ingrijpende gevolgen heeft voor de KMB, dat zij aan de onderhandelingen had moeten kunnen deelnemen om ernstige schade voor de KMB, en dus schending van artikel 2, lid 2, van de Overeenkomst, te voorkomen. Gezien de rol die zij bij de totstandkoming van de richtlijn had moeten spelen, moet zij individueel geraakt worden geacht. 52 Gelet op het voorgaande is verzoekster van mening, dat zij voldoet aan de voorwaarden die in de arresten Van der Kooy/Commissie en CIRFS e.a./Commissie (reeds aangehaald) zijn gesteld opdat een vereniging individueel wordt geraakt. Zij merkt nog op, dat uit het arrest van het Gerecht van 27 april 1995, CCE de la Société générale des grandes sources e.a./Commissie (T-96/92, Jurispr. blz. II-1213, punten 35 en 36), volgt, dat het recht van deelname aan de onderhandelingen volstaat om door de richtlijn individueel te worden geraakt; effectieve deelname aan die onderhandelingen is niet vereist. In ieder geval kan de Raad niet staande houden, dat zij niet individueel wordt geraakt omdat zij niet aan de onderhandelingen heeft deelgenomen, aangezien de kern van de zaak juist is dat verzoekster bij de totstandkoming van richtlijn 96/34 niet de status van onderhandelingspartner is toegekend. 53 In de vierde plaats stelt verzoekster, dat uit de tweeledige strekking van het beroep blijkt, dat de vaststelling van de richtlijn haar belangen rechtstreeks raakt. 54 Enerzijds komt zij namelijk op tegen de wijze waarop de richtlijn tot stand is gekomen, met name tegen het feit dat zij als erkende representatieve organisatie op willekeurige wijze is uitgesloten van de onderhandelingen. Deze normatieve handeling, die een raamovereenkomst bekrachtigt waarbij zij niet is betrokken, raakt rechtstreeks haar eigen belangen, daar deze een van haar belangrijkste taken volgens artikel 4, lid 2, van de Overeenkomst raakt, namelijk de deelname aan de onderhandelingen over sociale overeenkomsten (zie, in die zin, arrest CCE de la Société générale des grandes sources e.a./Commissie, reeds aangehaald, punt 38). 55 Anderzijds is het beroep gericht tegen de inhoud van de raamovereenkomst, vooral het te vage en algemene karakter ervan, inzoverre de lidstaten de bevoegdheid wordt verleend "bijzondere regelingen toe [te] staan" om te voorzien in de functionele en organisatorische behoeften van de KMB. Verzoekster meent een rechtstreeks belang erbij te hebben dat in de raamovereenkomst, die in de lidstaten moet worden omgezet, rekening wordt gehouden met de belangen van de KMB. 56 In repliek merkt verzoekster op, dat de Raad erkent dat het probleem van de ontvankelijkheid van het onderhavige beroep niet van de grond van de zaak kan worden gescheiden. Niettemin is het standpunt van de Raad op dat punt haars inziens aanvechtbaar. Om te beginnen acht zij onbegrijpelijk het argument, dat een representatieve vereniging van de KMB alleen naleving van artikel 2, lid 2, van de Overeenkomst kan eisen in geval van een richtlijn die uitsluitend op de KMB van toepassing is, aangezien de onderhavige richtlijn alleen voor de KMB geldt en administratieve, financiële en juridische verplichtingen oplegt die de oprichting en ontwikkeling van die ondernemingen belemmert. Voorts is het volgens verzoekster paradoxaal te stellen, dat wanneer een richtlijn niet alleen op de KMB van toepassing is, een representatieve vereniging van deze KMB niet bij het Gerecht zou mogen klagen over niet-naleving van een bepaling die specifiek de belangen van die ondernemingen beschermt, zoals artikel 2, lid 2, van de Overeenkomst, juist omdat ze specifiek die ondernemingen vertegenwoordigt. 57 Verzoekster is van mening, dat zij zich in geval van schending van haar recht om als representatieve sociale partner aan onderhandelingen deel te nemen, op de door het gemeenschapsrecht verleende rechtsbescherming kan beroepen, ongeacht de inhoud van de vastgestelde tekst. Zij wijst op het gewicht van haar representativiteit bij het ontvankelijkheidsonderzoek en vergelijkt daarbij haar positie met die van de CEEP, die uitsluitend de belangen van de overheidsondernemingen verdedigt. 58 Op de argumenten van de Commissie antwoordt verzoekster, dat het er eigenlijk niet om gaat, of zij door richtlijn 96/34 rechtstreeks en individueel wordt geraakt, maar veeleer om de vraag, hoe zij kan bewerkstelligen dat de schending van haar recht om aan collectieve onderhandelingen over raamovereenkomsten op Europees niveau deel te nemen, wordt bestraft. Zij is in ieder geval van mening, dat de twee argumenten van de Commissie falen. 59 Allereerst stelt verzoekster, individueel te zijn geraakt door de richtlijn. Haars inziens betreft de beschikking Associazione agricoltori della provincia di Rovigo e.a./Commissie (reeds aangehaald) een andere casuspositie dan de onderhavige. In die zaak verklaarde het Gerecht het beroep niet-ontvankelijk, niet omdat het van oordeel was dat de verplichting van de Commissie om de betrokken verenigingen te raadplegen niet volstond om ze te individualiseren, maar omdat zijns inziens een dergelijke consultatieplicht ontbrak in de juridische context waarin de bestreden handeling was vastgesteld (punten 30 en 31). Verzoekster leidt daar a contrario uit af, dat marktdeelnemers een individueel belang hebben bij de bestrijding van een handeling, wanneer zij vóór de vaststelling ervan zijn geraadpleegd op grond van een verplichting die op de raadplegende instelling rust. Zij stelt, dat het Gerecht die uitlegging heeft bevestigd in zijn beschikking Merck e.a./Commissie (reeds aangehaald, punten 73 en 74), waarin het een beroep niet-ontvankelijk verklaarde op grond dat de Commissie niet verplicht was de verzoekers vóór de vaststelling van de bestreden handeling te horen. Zij benadrukt, dat de Commissie in die zaak expliciet heeft erkend, dat er een individueel belang bestaat, indien er ook een verplichting is de verzoeker in de fase van voorbereiding van de handeling te horen (punt 34). 60 Vervolgens stelt verzoekster, dat zij er rechtstreeks belang bij heeft de nietigverklaring van richtlijn 96/34 te vorderen. De richtlijn heeft geen eigen inhoud, doch bekrachtigt enkel een raamovereenkomst die is tot stand gekomen onder miskenning van haar recht op deelneming aan collectieve onderhandelingen; dientengevolge heeft zij een rechtstreeks belang bij het bestrijden van richtlijn 96/34. Op dit punt verwijst zij naar het arrest CCE de la Société générale des grandes sources e.a./Commissie (reeds aangehaald, punt 38), waarin het Gerecht heeft geweigerd het rechtstreeks belang van de optredende vakbonden te erkennen, omdat de eigen rechten van de vertegenwoordigers van de werknemers niet waren geschonden. 61 Verzoekster beschouwt zich derhalve niet als een justitiabele die gewoon door de inhoud van een gemeenschapsnorm wordt getroffen, maar als een justitiabele die ingevolge hogere bepalingen van de communautaire rechtsorde bij de onderhandelingen over de betrokken norm had moeten worden betrokken. Daar de Commissie tekort is geschoten in het toezicht op de naleving van de tekst van de Overeenkomst, stelt verzoekster het recht te moeten hebben zich tot het Gerecht te wenden, dat tot taak heeft het communautaire wettigheidsbeginsel in het kader van een beroep tot nietigverklaring gelding te verschaffen. Verzoekster merkt overigens op, dat haar geen ander rechtsmiddel - zeker niet het hypothetische beroep wegens nalaten of de prejudiciële verwijzing - ter beschikking staat om een handelwijze aan te vechten die haar prerogatieven als Europese sociale partner miskent (arrest Parlement/Raad, reeds aangehaald, punt 20). Beoordeling door het Gerecht 62 In casu moet de ontvankelijkheid worden beoordeeld van een door een rechtspersoon krachtens artikel 173, vierde alinea, van het Verdrag ingesteld beroep tot nietigverklaring van een richtlijn die de Raad op basis van artikel 4, lid 2, van de Overeenkomst heeft vastgesteld. 63 Hoewel artikel 173, vierde alinea, van het Verdrag niet uitdrukkelijk bepaalt, dat een rechtspersoon beroep tot nietigverklaring kan instellen tegen een richtlijn, blijkt nochtans uit de rechtspraak van het Hof, dat dit op zich niet volstaat om een dergelijk beroep niet-ontvankelijk te verklaren (zie arrest Hof van 29 juni 1993, Gibraltar/Raad, C-298/89, Jurispr. blz. I-3605, en beschikking Hof van 23 november 1995, Asocarne/Raad, reeds aangehaald). Zo stelde het Hof in zijn beschikking Asocarne/Raad eerst vast, dat de bestreden handeling een richtlijn was, en onderzocht het vervolgens, of dit mogelijk een in de vorm van een richtlijn vastgestelde beschikking was die verzoekster rechtstreeks en individueel raakte in de zin van artikel 173, vierde alinea, van het Verdrag. De gemeenschapsinstellingen mogen de rechtsbescherming die deze verdragsbepaling de particulieren verleent, immers niet tenietdoen enkel door de keuze van de vorm van de betrokken handeling (zie beschikking Gerecht van 30 september 1997, Federolio/Commissie, T-122/96, Jurispr. blz. II-1559, punt 50). Voorts bepaalt artikel 4, lid 2, eerste alinea, van de Overeenkomst: "De tenuitvoerlegging van de op communautair niveau gesloten overeenkomsten geschiedt hetzij volgens de procedures en de gebruiken die eigen zijn aan de sociale partners en aan de lidstaten hetzij, voor de zaken die onder artikel 2 vallen, op gezamenlijk verzoek van de ondertekenende partijen, door een besluit van de Raad op voorstel van de Commissie." Het enkele feit dat in casu voor de vorm van een richtlijn is gekozen, kan derhalve geen grond zijn voor de Raad, particulieren te beletten hun door het Verdrag verleende recht van beroep uit te oefenen. 64 In de eerste plaats moet dus worden nagegaan, of richtlijn 96/34 een normatieve handeling dan wel een beschikking met de vorm van een richtlijn is. Om uit te maken of een handeling al dan niet een algemene strekking heeft, dient de aard van die handeling te worden beoordeeld, alsook de rechtsgevolgen die zij beoogt teweeg te brengen of daadwerkelijk teweegbrengt (arrest Alusuisse/Raad en Commissie, reeds aangehaald, punt 8). 65 Artikel 1 van richtlijn 96/34 nu bepaalt, dat "deze richtlijn is gericht op de tenuitvoerlegging van de op 14 december 1995 door de algemene brancheoverkoepelende organisaties (UNICE, CEEP en EVV) gesloten raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof, zoals opgenomen in de bijlage". Blijkens clausule 1, leden 1 en 2, van de raamovereenkomst ("Doel en werkingssfeer") behelst deze overeenkomst "minimumvoorschriften die het werkende ouders gemakkelijker moeten maken hun beroeps- en gezinstaken te combineren", en is zij van toepassing op "alle werknemers, zowel mannen als vrouwen, met een arbeidsovereenkomst of arbeidsverhouding overeenkomstig de in elke lidstaat geldende wetgeving, collectieve overeenkomsten of gebruiken". 66 Verzoekster heeft weliswaar kritiek op het feit dat voor de uitvoering van de raamovereenkomst overeenkomstig artikel 4, lid 2, van de Overeenkomst de vorm van een richtlijn is gekozen, doch zij heeft niet gesteld dat richtlijn 96/34 als richtlijn niet aan de vereisten van artikel 189 van het Verdrag voldoet. Richtlijn 96/34 is namelijk inderdaad tot de lidstaten gericht (artikel 3), die alle nodige maatregelen moeten treffen om de in deze richtlijn voorgeschreven resultaten te allen tijde te kunnen waarborgen (artikel 2, lid 1), terwijl in de raamovereenkomst waarnaar artikel 1 van de richtlijn verwijst, aan de nationale instanties de bevoegdheid wordt gelaten de vorm en middelen te kiezen waarmee die resultaten worden verwezenlijkt. 67 Bijgevolg is richtlijn 96/34 naar haar aard een normatieve handeling en geen beschikking in de zin van artikel 189 van het Verdrag. 68 In de tweede plaats moet worden onderzocht, of ondanks het feit dat richtlijn 96/34 een normatieve handeling is, verzoekster rechtstreeks en individueel geraakt kan worden geacht. 69 Volgens vaste rechtspraak is het niet uitgesloten, dat in sommige gevallen zelfs een normatieve handeling die op alle betrokken ondernemers van toepassing is, sommige van hen individueel kan raken (zie arresten Extramet Industrie/Raad, reeds aangehaald, punt 13, en Codorníu/Raad, reeds aangehaald, punt 19, alsmede beschikking Federolio/Commissie, reeds aangehaald, punt 58). Een natuurlijke of rechtspersoon kan echter slechts stellen individueel te zijn geraakt, indien de betrokken handeling hem treft uit hoofde van zekere bijzondere hoedanigheden of van een feitelijke situatie die hem ten opzichte van ieder ander karakteriseert (zie arresten Hof van 15 juli 1963, Plaumann/Commissie, 25/62, Jurispr. blz. 207, 232, en 27 april 1995, CCE de Vittel e.a./Commissie, T-12/93, Jurispr. blz. II-1247, punt 36, alsmede beschikking Federolio/Commissie, reeds aangehaald, punt 59). 70 Verzoeksters argumenten op dit punt zijn alle gebaseerd op de premisse, dat zij in het kader van de procedurele mechanismen die in de Overeenkomst zijn opgenomen ten behoeve van vaststelling van handelingen op het terrein daarvan, bijzondere rechten heeft die in casu zouden zijn geschonden. 71 Om te kunnen beoordelen, of richtlijn 96/34 verzoekster daadwerkelijk treft uit hoofde van zekere bijzondere hoedanigheden of van een feitelijke situatie die haar ten opzichte van ieder ander karakteriseert, moeten de kenmerken van de procedure op basis waarvan de richtlijn is vastgesteld, worden onderzocht, in de eerste plaats de procedurele mechanismen van de Overeenkomst. Blijkens de bepalingen van de Overeenkomst kunnen de handelingen die ter verwezenlijking van de beoogde doelstellingen nodig zijn, volgens twee verschillende procedures worden vastgesteld. 72 Deze twee procedures hebben een gemeenschappelijke aanvangsfase, die voor de Commissie inhoudt, dat zij ingevolge artikel 3, leden 2 en 3, van de Overeenkomst de sociale partners moet raadplegen. De tekst van dit artikel preciseert evenwel niet, om welke sociale partners het gaat. In haar mededeling heeft de Commissie dan ook een aantal criteria gedefinieerd om te bepalen, welke sociale partners in haar ogen voldoende representatief zijn om te worden geraadpleegd in die eerste fase, het beginpunt van elk communautair initiatief op basis van de Overeenkomst. Aan de hand van die criteria heeft de Commissie een lijst opgesteld, die zij als bijlage 2 aan haar mededeling heeft gehecht. In punt 24 van die mededeling preciseert de Commissie, dat deze lijst zal worden herzien in het licht van de opgedane ervaring. Verzoekster is in die lijst opgenomen als bedrijfstakoverkoepelende organisatie die bepaalde categorieën werknemers of ondernemingen vertegenwoordigt. Tussen partijen staat vast, dat verzoekster in casu overeenkomstig artikel 3, leden 2 en 3, van de Overeenkomst door de Commissie is geraadpleegd. 73 Met betrekking tot de eerste procedure volgt uit artikel 2 van de Overeenkomst, dat de Raad volgens de procedure van artikel 189 C van het Verdrag en na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité richtlijnen kan vaststellen op de in artikel 2, lid 1, van de Overeenkomst vermelde gebieden, alsook, met eenparigheid van stemmen, op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité, op de in artikel 2, lid 3, van de Overeenkomst vermelde gebieden. Wat de tweede procedure betreft, volgt uit artikel 4 van de Overeenkomst, dat een op communautair niveau tussen sociale partners gesloten overeenkomst kan worden uitgevoerd hetzij volgens de procedures en de gebruiken die eigen zijn aan de sociale partners en aan de lidstaten, hetzij, voor de zaken die onder artikel 2 vallen, op gezamenlijk verzoek van de ondertekenende partijen, door een besluit van de Raad op voorstel van de Commissie. De bestreden handeling is volgens laatstbedoelde procedure vastgesteld. 74 De tweede procedure, die aanvangt met de in artikel 3, leden 2 en 3, van de Overeenkomst geregelde consultatiefase, verloopt als volgt. Artikel 3, lid 4, van de Overeenkomst bepaalt, dat de sociale partners de Commissie ter gelegenheid van die raadpleging in kennis kunnen stellen van hun wens het in artikel 4 bedoelde proces in te leiden, en voorts dat de procedure maximaal negen maanden in beslag mag nemen, tenzij de betrokken sociale partners en de Commissie gezamenlijk besluiten tot verlenging. Zoals hierboven gezegd, voegt artikel 4 van de Overeenkomst daaraan toe, dat de dialoog tussen de sociale partners tot overeenkomsten kan leiden die, voor de zaken die onder artikel 2 vallen, op gezamenlijk verzoek van de ondertekenende partijen door de Raad kunnen worden uitgevoerd. 75 In de artikelen 3, lid 4, en 4 van de Overeenkomst wordt dus niet uitdrukkelijk aangegeven, tussen welke sociale partners de genoemde onderhandelingen plaatsvinden. Uit de structuur van die bepalingen en het feit dat in een voorafgaande consultatiefase is voorzien volgt echter, dat de sociale partners die voor deelneming aan de onderhandelingen in aanmerking komen, op zijn minst diegenen zijn die door de Commissie zijn geraadpleegd. Dat betekent evenwel niet, dat alle door de Commissie geraadpleegde partners, dus die van de lijst van bijlage 2 bij de mededeling, het recht hebben om aan de latere onderhandelingen deel te nemen. Immers, het initiatief tot de onderhandelingsfase, die tijdens de door de Commissie geïnitieerde consultatiefase kan ingaan, berust bij uitsluiting bij de sociale partners die dergelijke onderhandelingen wensen aan te vatten. De bij die onderhandelingen betrokken sociale partners zijn dus diegenen die elkaar wederzijds te kennen hebben gegeven, het in artikel 4 van de Overeenkomst bedoelde proces te willen inleiden en tot een goed einde te brengen. 76 Punt 31 van de mededeling, met het opschrift "Van raadpleging tot onderhandeling", luidt als volgt: "In hun onafhankelijke onderhandelingen hoeven de sociale partners zich op generlei wijze te beperken tot de inhoud van de voorstellen die bij de Commissie in voorbereiding zijn of tot het aanbrengen van wijzigingen, aangezien alleen de gebieden waarop het voorstel van de Commissie betrekking heeft onderwerp van een communautair optreden kunnen vormen. De betrokken sociale partners zijn zij die overeenkomen met elkaar te onderhandelen. Een dergelijke overeenkomst is volledig in handen van de verschillende organisaties. De Commissie is evenwel van mening dat de in artikel 2, lid 2, van de overeenkomst bedoelde bepalingen betreffende het midden- en kleinbedrijf door de organisaties die een overeenkomst ondertekenen niet uit het oog mogen worden verloren." 77 Voorts blijkt uit de mededeling, dat de lijst van bijlage 2, waarin de door de Commissie representatief geachte sociale partners zijn vermeld, ter organisatie van uitsluitend de consultatiefase van artikel 3, leden 2 en 3, van de Overeenkomst dient. De Commissie spreekt over die lijst immers alleen in het gedeelte van de mededeling dat aan de "Raadpleging van de sociale partners" is gewijd (punten 11-28), en meer bepaald in de punten 22 tot en met 28 onder het opschrift "De te raadplegen organisaties", terwijl zij er in haar beschouwingen over de onderhandelingsfase (punten 29-36 van de mededeling, getiteld "Van raadpleging tot onderhandeling") helemaal geen melding van maakt. 78 Uit het voorgaande volgt, dat artikel 3, leden 2, 3 en 4, en artikel 4 van de Overeenkomst geen enkele sociale partner, ongeacht de belangen die hij zegt te vertegenwoordigen, een algemeen recht verleent om aan onderhandelingen in de zin van artikel 3, lid 4, van de Overeenkomst deel te nemen, ook al hebben alle overeenkomstig artikel 3, leden 2 en 3, van de Overeenkomst geraadpleegde sociale partners het recht dergelijke onderhandelingen te beginnen. 79 Het enkele feit dat verzoekster in casu de Commissie meermaals heeft verzocht te mogen deelnemen aan de onderhandelingen die door andere sociale partners waren geopend, doet daaraan niet af, daar de eigenlijke onderhandelingsfase uitsluitend in handen van de betrokken sociale partners ligt, en niet in die van de Commissie. 80 Ook artikel 2, lid 2, eerste alinea, van de Overeenkomst verleent verzoekster geen recht om deel te nemen aan de in artikel 3, lid 4, van de Overeenkomst bedoelde onderhandelingen. De tweede zin van artikel 2, lid 2, eerste alinea, van de Overeenkomst bepaalt weliswaar, dat "in deze richtlijnen wordt vermeden zodanige administratieve, financiële en juridische verplichtingen op te leggen dat de oprichting en ontwikkeling van kleine en middelgrote ondernemingen daardoor zou kunnen worden belemmerd", doch deze bepaling verleent de vertegenwoordigers van de KMB niet het recht automatisch te worden toegelaten tot alle onderhandelingen die door sociale partners conform artikel 3, lid 4, van de Overeenkomst worden gevoerd (zie, in dat verband, arrest Gerecht CCE de la Société générale des grandes sources e.a./Commissie, reeds aangehaald, punt 29). Het gaat hier om een bepaling die een fundamentele verplichting bevat, waarvan de naleving in het kader van een passende rechtsgang door elke belanghebbende aan het toezicht van de gemeenschapsrechter kan worden onderworpen, en niet alleen door verzoekster in het kader van een beroep tot nietigverklaring krachtens artikel 173, vierde alinea, van het Verdrag. Daaruit volgt, dat geen enkele bedrijfstakoverkoepelende organisatie die de belangen van de KMB vertegenwoordigt, hoe representatief zij ook zou zijn, uit artikel 2, lid 2, eerste alinea, van de Overeenkomst een recht kan afleiden om aan die onderhandelingen deel te nemen. 81 Ook moet het argument worden afgewezen dat verzoekster onder meer ter terechtzitting naar voren heeft gebracht, namelijk dat uit de rechtspraak zou blijken dat van sommige materiële bepalingen van gemeenschapsrecht, willen zij een nuttige werking kunnen hebben, moet worden erkend dat zij procedurele implicaties hebben. In de door verzoekster ter zake aangehaalde rechtspraak is geen steun te vinden voor het aannemen van een uit artikel 2, lid 2, eerste alinea, van de Overeenkomst voortvloeiend recht op deelname aan alle onderhandelingen die door sociale partners conform artikel 3, lid 4, van de Overeenkomst worden gevoerd. Om te beginnen heeft het Hof in zijn beschikking van 17 januari 1980, Camera Care/Commissie (792/79 R, Jurispr. blz. 119), niet erkend, dat materiële bepalingen, in dat geval de artikelen 85 en 86 van het Verdrag, procedurele implicaties hebben, doch heeft het de draagwijdte gedefinieerd van een bepaling die de Commissie reeds een bijzondere bevoegdheid verleende, namelijk artikel 3, lid 1, van verordening nr. 17 van de Raad van 6 februari 1962 - Eerste verordening over de toepassing van de artikelen 85 en 86 van het Verdrag (PB 1962, blz. 204). Voorts betrof de uitspraak in het prejudiciële arrest van 27 oktober 1993, Enderby (C-127/92, Jurispr. blz. I-5535), de verdeling van de bewijslast met betrekking tot de vraag, of een bepaalde praktijk in de relatie werkgever-werknemer discriminerend is in de zin van artikel 119 van het Verdrag. In die zaak was dan ook niet aan de orde, of een particulier een procedureel recht toekomt in een procedure die leidt tot vaststelling van een handeling van een gemeenschapsinstelling. 82 Gelet op de bepalingen van de Overeenkomst kan verzoekster derhalve geen aanspraak maken op een algemeen recht om aan de onderhandelingsfase van de tweede in de Overeenkomst voorziene procedure deel te nemen; evenmin had zij in casu een bijzonder recht om aan de onderhandelingen over de raamovereenkomst deel te nemen. 83 Deze overweging alleen volstaat echter niet om tot niet-ontvankelijkheid van het onderhavige beroep te concluderen. Wegens de bijzondere aard van de procedure die tot de vaststelling van richtlijn 96/34 op grond van artikel 4, lid 2, van de Overeenkomst heeft geleid, moet bovendien worden onderzocht, of ten gevolge van een eventueel verzuim door de Raad of de Commissie van de in het kader van die procedure op hen rustende verplichtingen een recht van verzoekster is geschonden, waarvan de bescherming door de rechter zou impliceren, dat zij als rechtstreeks en individueel geraakt wordt beschouwd uit hoofde van zekere bijzondere hoedanigheden of van een feitelijke situatie die haar ten opzichte van ieder ander karakteriseert (zie de hierboven in punt 69 aangehaalde rechtspraak). 84 Dienaangaande moet worden vastgesteld, dat inderdaad alleen de betrokken sociale partners het initiatief kunnen nemen tot de in de artikelen 3, lid 4, en 4 van de Overeenkomst bedoelde eigenlijke onderhandelingsfase, en deze beheersen (zie hierboven, punten 75 en 76). Wanneer zij echter een overeenkomst sluiten waarvan zij overeenkomstig artikel 4, lid 2, van de Overeenkomst gezamenlijk de tenuitvoerlegging op communautair niveau vragen, dan handelt de Raad op verzoek van de Commissie. De betrokken sociale partners richten hun gezamenlijk verzoek dus tot de Commissie, die dan opnieuw de leiding over de procedure verkrijgt en onderzoekt, of de Raad een voorstel in die zin moet worden gedaan. 85 Het optreden van de Commissie moet stroken met de beginselen die haar actie op het gebied van de sociale politiek beheersen en die nader zijn geconcretiseerd in artikel 3, lid 1, van de Overeenkomst, dat bepaalt: "De Commissie heeft tot taak de raadpleging van de sociale partners op communautair niveau te bevorderen en treft alle maatregelen die nuttig kunnen zijn om de dialoog tussen de partners te vergemakkelijken door middel van een evenwichtige ondersteuning van de partijen." Zoals verzoekster en de Commissie terecht hebben gesteld, dient de Commissie op het ogenblik waarop zij weer het recht verkrijgt om in de procedure tussen te komen, de representativiteit van de ondertekenaars van die overeenkomst te onderzoeken. 86 De Commissie heeft er zich in haar mededeling overigens toe verbonden, de Raad pas een voorstel voor een besluit houdende uitvoering van een overeenkomst op communautair niveau te doen, nadat zij de representativiteit heeft onderzocht van de sociale partners die ze hebben ondertekend. Zo heeft zij in punt 39 van haar mededeling verklaard, dat zij "haar voorstel voor een besluit van de Raad [voorbereidt] na overweging van de representatieve status van de verdragsluitende partijen, hun mandaat en de $wettigheid' van elke clausule in de collectieve overeenkomst met betrekking tot het gemeenschapsrecht, alsmede de inachtneming van de bepalingen van artikel 2, lid 2, betreffende het midden- en kleinbedrijf". 87 De Raad van zijn kant dient na te gaan, of de Commissie de krachtens de Overeenkomst op haar rustende verplichtingen is nagekomen, daar hij anders mogelijk een procedurele onregelmatigheid zou bevestigen die de wettigheid van de uiteindelijk vastgestelde handeling kan aantasten. 88 De verplichting van de Raad en de Commissie om de representativiteit te toetsen van de sociale partners die op grond van de artikelen 3, lid 4, en 4 van de Overeenkomst een overeenkomst hebben gesloten waarvan zij de uitvoering op communautair niveau door de Raad vragen, is belangwekkend. De deelneming van de twee instellingen op dat tijdstip in de door voormelde bepalingen geregelde procedure is er immers op gericht, aan een tussen sociale partners gesloten overeenkomst de status van communautaire wetgeving te verlenen, zonder dat daarbij een beroep wordt gedaan op de klassieke wetgevingsprocedure van het Verdrag, die de medewerking van het Europees Parlement impliceert. Blijkens de rechtspraak nu spiegelt zich in de deelneming van het Parlement aan het wetgevingsproces van de Gemeenschap, op communautair niveau, een democratisch grondbeginsel af, volgens hetwelk de volkeren door tussenkomst van een representatieve vergadering aan de machtsuitoefening deelnemen (arresten Hof van 11 juni 1991, Commissie/Raad, C-300/89, Jurispr. blz. I-2867, punt 20, en 29 oktober 1980, Roquettes Frères/Raad, 138/79, Jurispr. blz. 3333, punt 33, en Maizena/Raad, 139/79, Jurispr. blz. 3393, punt 34). Conform voormelde rechtspraak vloeit de democratische legitimiteit van de door de Raad krachtens artikel 2 van de Overeenkomst vastgestelde handelingen voort uit de tussenkomst van het Europees Parlement in die eerste procedure (zie hierboven, punt 73). 89 De tweede procedure daarentegen, die van de artikelen 3, lid 4, en 4 van de Overeenkomst, voorziet niet in tussenkomst van het Europees Parlement. De eerbiediging van het aan de Unie ten grondslag liggende beginsel van democratie verlangt evenwel, dat wanneer het Europees Parlement niet aan de vaststelling van een wetgevende handeling deelneemt, de deelneming van de volkeren aan dit proces op een andere wijze is gegarandeerd, in casu door de tussenkomst van de sociale partners die een overeenkomst hebben gesloten waaraan de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen en op voorstel van de Commissie de status van communautaire wetgeving verleent. Om na te gaan of aan dat vereiste is voldaan, moeten de Commissie en de Raad de representativiteit van de betrokken sociale partners toetsen. 90 Deze toetsing impliceert dat zij nagaan, of, gelet op de inhoud van de betrokken overeenkomst, de sociale partners die haar hebben ondertekend, samen voldoende representatief zijn. Is dat niet het geval, dan behoren de Commissie en de Raad te weigeren de op communautair niveau gesloten overeenkomst uit te voeren. Alsdan hebben de door de Commissie overeenkomstig artikel 3, leden 2 en 3, van de Overeenkomst geraadpleegde sociale partners, die de betrokken overeenkomst niet hebben gesloten en wier eigen representativiteit, gelet op de inhoud van de overeenkomst, noodzakelijk is ter aanvulling van de totale representativiteit van de sociale partners die haar wel hebben ondertekend, het recht om de Commissie en de Raad te beletten die overeenkomst via een wetgevende handeling op communautair niveau uit te voeren. De bescherming van dat recht vereist, dat de sociale partners die de overeenkomst niet hebben ondertekend, die aan die kenmerken voldoen en die een beroep instellen tot nietigverklaring van de handeling waarbij de Raad krachtens artikel 4, lid 2, van de Overeenkomst uitvoering geeft aan de op communautair niveau gesloten overeenkomst, worden geacht rechtstreeks en individueel door die handeling te zijn geraakt. Overigens hebben het Hof en het Gerecht om soortgelijke redenen reeds eerder beroepen tot nietigverklaring van een normatieve handeling ontvankelijk verklaard, wanneer een hogere rechtsregel de auteur van de handeling verplichtte rekening te houden met de bijzondere situatie van de verzoeker (zie arresten Hof van 17 januari 1985, Piraiki-Patraiki e.a./Commissie, 11/82, Jurispr. blz. 207, punten 11-32, en 26 juni 1990, Sofrimport/Commissie, C-152/88, Jurispr. blz. I-2477, punten 11-13, en arrest Gerecht van 14 september 1995, Antillean Rice Mills e.a./Commissie, T-480/93 en T-483/93, Jurispr. blz. II-2305, punten 67-68). 91 In casu moet in de eerste plaats worden nagegaan, of de Commissie en de Raad hebben onderzocht, of de ondertekenaars van de raamovereenkomst samen voldoende representatief waren. Uit de door de Raad overgelegde gegevens blijkt, dat een dergelijk onderzoek heeft plaatsgevonden. Zo hebben de Raad en de Commissie in de loop van dit geding uiteengezet, dat zij enerzijds hebben onderzocht hoe representatief de ondertekenaars waren, en anderzijds onderzoek hebben verricht naar hun representativiteit ten aanzien van de materiële werkingssfeer van de raamovereenkomst. Uit de dertiende overweging van de considerans van richtlijn 96/34 blijkt overigens, dat de Commissie bij de opstelling van het voorstel dat zij de Raad overeenkomstig artikel 4, lid 2, van de Overeenkomst heeft gedaan, rekening heeft gehouden met de representativiteit van de ondertekenende partijen. De Raad van zijn kant heeft in antwoord op een vraag van het Gerecht in het kader van een maatregel tot organisatie van de procesgang uittreksels overgelegd van documenten van de "groep sociale kwesties van de Raad" betrekking hebbend op diens vergaderingen van 22 februari, 5 maart en 12 maart 1996, waaruit blijkt dat binnen de Raad over het probleem van de representativiteit van de ondertekenaars is gediscussieerd. 92 De blote stellingen van verzoekster, dat de Commissie en de Raad de representativiteit van de ondertekenaars van de raamovereenkomst niet zouden hebben onderzocht, zijn derhalve onjuist: de instellingen hebben deze controle wel verricht, zoals wordt aangetoond door de ter zake door de Raad overgelegde gegevens. In ieder geval blijkt uit de door de Raad in bijlage bij zijn dupliek gevoegde tabellen en uit het onderzoek van de Commissie dat tot de - door verzoekster destijds overigens niet betwiste - rangschikking van de sociale partners op de lijst van bijlage 2 bij haar mededeling heeft geleid, op zijn minst dat de Raad en de Commissie zich op de hoogte hebben gehouden van de representativiteit van de in de onderhavige zaak betrokken sociale partners. 93 In de tweede plaats moet worden nagegaan, of de wijze waarop de Commissie en de Raad de totale representativiteit van de ondertekenaars van de raamovereenkomst hebben onderzocht, aan de hierboven in de punten 83 tot en met 90 uiteengezette eisen voldoet. 94 Allereerst zij eraan herinnerd, dat de raamovereenkomst minimumvoorschriften behelst voor alle arbeidsverhoudingen, ongeacht in welk kader zij zijn gesitueerd (zie hierboven, punt 65). Om aan het vereiste van een voldoende totale representativiteit te voldoen, moeten de verschillende ondertekenaars dus alle categorieën ondernemingen en werknemers op communautair niveau vertegenwoordigen. 95 De drie sociale partners die de raamovereenkomst hebben ondertekend, zijn volgens de lijst van bijlage 2 bij de mededeling van de Commissie algemene bedrijfstakoverkoepelende organisaties. Verzoekster is op die lijst ingedeeld in de categorie bedrijfstakoverkoepelende organisaties die bepaalde categorieën werknemers of ondernemingen vertegenwoordigen. VERVOLG VAN DE RECHTSOVERWEGINGEN ONDER NUMMER: 696A0135.1 96 A priori kan de Raad dus niet worden verweten, dat hij afgaande op het oordeel van de Commissie heeft aangenomen, dat de organisaties die de raamovereenkomst hebben ondertekend, haar inhoud in aanmerking genomen, samen voldoende representatief waren; het zijn immers bedrijfstakoverkoepelende en algemene organisaties. 97 Verzoekster betwist niet, dat de ondertekenaars van de raamovereenkomst bedrijfstakoverkoepelende organisaties zijn, doch stelt, dat twee van hen, namelijk de UNICE en de CEEP, die de ondernemingen vertegenwoordigen, niet algemener zijn dan zijzelf. Zij wijst erop, dat zij veel meer KMB van uiteenlopende omvang vertegenwoordigt dan de UNICE en dat de CEEP alleen de belangen van de overheidsondernemingen vertegenwoordigt, die economisch gezien niet zo belangrijk zijn als de belangen die verzoekster behartigt. 98 Met betrekking tot de UNICE staat tussen partijen vast, dat ten tijde van de sluiting van de raamovereenkomst, de UNICE ondernemingen van uiteenlopende omvang uit de particuliere sector vertegenwoordigde, zodat zij dus de KMB kon vertegenwoordigen, en dat zij onder haar leden verenigingen van KMB telde die eveneens bij verzoekster waren aangesloten. Uit de tabel in bijlage 2 bij de dupliek (blz. 36), die verzoekster ter terechtzitting niet heeft becommentarieerd, blijkt voorts, dat de nationale organisaties die lid van de UNICE zijn, ondernemingen uit de industrie, de dienstensector, de handel, de ambachten en de KMB vertegenwoordigen. 99 Verzoekster kan de algemene doelstelling van de UNICE niet bestrijden met het argument, dat haar leden meer KMB vertegenwoordigen dan de leden van de UNICE. In plaats van het te weerleggen bevestigt dit feit veeleer de algemene doelstelling van de UNICE, die de belangen van alle soorten ondernemingen behartigt, ten opzichte van de specifiekere doelstelling van een bedrijfstakoverkoepelende organisatie als verzoekster. Ook het door verzoekster beklemtoonde onderscheid tussen de behartiging van de belangen van de KMB zoals die door haar respectievelijk door de UNICE kan worden verricht, illustreert nogmaals de bijzondere doelstelling van verzoekster, namelijk de specifieke en uitsluitende behartiging van de belangen van een bepaalde categorie ondernemingen, de KMB, en de algemene doelstelling van de UNICE, te weten behartiging van de belangen van alle ondernemingen uit de particuliere sector, met inbegrip van de KMB. Gezien de feiten staat derhalve vast, dat de UNICE ten tijde van de sluiting van de raamovereenkomst een algemene doelstelling had. 100 Wat de CEEP betreft, betwist verzoekster wel het economisch gewicht van deze organisatie, doch niet dat zij alle ondernemingen uit de publieke sector, van welke omvang dan ook, op communautair niveau vertegenwoordigt. De algemene doelstelling die de CEEP volgens bijlage 2 bij de mededeling en artikel 1 van richtlijn 96/34 heeft, kan evenmin het door de Raad en de Commissie te verrichten onderzoek naar de voldoende totale representativiteit ter discussie stellen. Bovendien is het zo, dat indien de CEEP geen partij bij de raamovereenkomst was geweest, de totale representativiteit van de partijen bij die overeenkomst, gezien de inhoud ervan, stellig ontoereikend zou zijn geweest, daar een bepaalde categorie ondernemingen, die uit de publieke sector, dan in het geheel niet vertegenwoordigd was geweest. De afwezigheid van verzoekster nu heeft dat gevolg niet. 101 Blijft nog na te gaan of, gelijk verzoekster suggereert, ondanks de algemene doelstelling van de organisaties die de raamovereenkomst hebben gesloten, hun totale representativiteit, gezien de inhoud van de overeenkomst, ontoereikend was. Verzoekster stelt, dat, gelet op het aantal KMB dat zij vertegenwoordigt en de bijzondere aandacht die in artikel 2, lid 2, eerste alinea, van de Overeenkomst aan die categorieën is besteed, haar afwezigheid bij de onderhandelingen over de raamovereenkomst tot gevolg heeft, dat de totale representativiteit van de sociale partners die de belangen van de ondernemingen dienden te vertegenwoordigen, noodzakelijkerwijs ontoereikend was. Hiertoe wijst verzoekster op de inhoud van de raamovereenkomst, die de belangen van de KMB zeer zou schaden, wat in strijd is met de eisen van artikel 2, lid 2, van de Overeenkomst. 102 Verzoeksters kritiek faalt. Om te beginnen is zij uitsluitend gebaseerd op het criterium van het aantal KMB dat zij, respectievelijk de UNICE vertegenwoordigt. Dat criterium kan weliswaar in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van de vraag, of de ondertekenaars van de raamovereenkomst samen voldoende representatief zijn, doch het is niet doorslaggevend wat de inhoud van die overeenkomst betreft. Aangezien de overeenkomst op alle arbeidsverhoudingen van toepassing is (zie punt 56 hierboven), is het niet zozeer de hoedanigheid van onderneming die van belang is, maar die van werkgever. De Raad nu heeft aangevoerd, dat de meeste van verzoeksters leden, die hoofdzakelijk de handwerksnijverheid vertegenwoordigen, geen enkele werknemer in dienst hebben, en verzoekster heeft geen bewijzen overgelegd waaruit het tegendeel blijkt, hoewel het Gerecht daar ter terechtzitting uitdrukkelijk om gevraagd heeft. Verzoekster heeft alleen maar enkele sporadische percentages aangehaald betreffende deze of gene lidstaat waarvoor de Overeenkomst geldt. 103 Voorts blijkt uit de verschillende tabellen die verzoekster in bijlage bij haar repliek en de Raad in bijlage bij zijn dupliek hebben overgelegd, dat van de KMB die door verzoekster worden vertegenwoordigd in de veertien lidstaten waarvoor de Overeenkomst geldt (5 565 300 volgens de tabel in bijlage I bij de repliek; 4 835 658 volgens de tabel in bijlage 1 bij de dupliek, aangevuld met de antwoorden van verzoekster op de schriftelijke vragen van het Gerecht; en 6 600 000 volgens de verklaringen van verzoekster ter terechtzitting), een derde (2 200 000 van de 6 600 000, volgens de verklaringen van verzoekster ter terechtzitting), ja zelfs twee derde (3 217 000 van de 4 835 658, volgens de tabel in bijlage 1 bij de dupliek) van deze KMB ook lid zijn van een door de UNICE vertegenwoordigde organisatie. 104 Vervolgens kan verzoekster aan artikel 2, lid 2, eerste alinea, van de Overeenkomst geen zo grote representativiteit ontlenen dat haar afwezigheid bij de sluiting van een raamovereenkomst tussen algemene bedrijfstakoverkoepelende organisaties automatisch zou betekenen, dat niet is voldaan aan het vereiste van een voldoende totale representativiteit. Dienaangaande zij eraan herinnerd, dat het om een bepaling van materieel recht gaat waarvan iedere belanghebbende via de passende rechtsgang de naleving kan afdwingen (zie hierboven, punt 80). 105 Met betrekking tot de vertegenwoordiging van de belangen van de KMB ten slotte blijkt uit de bewoordingen zelf van de raamovereenkomst, dat deze niet uit het oog zijn verloren bij de onderhandelingen die tot de sluiting ervan hebben geleid. Zo is in punt 12 van de algemene overwegingen van de raamovereenkomst vermeld, dat "deze overeenkomst rekening houdt met de noodzaak de vereisten inzake de sociale politiek te verbeteren, het concurrentievermogen van de economie van de Gemeenschap te vergroten en te vermijden zodanige administratieve, financiële en juridische verplichtingen op te leggen, dat de oprichting en ontwikkeling van kleine en middelgrote ondernemingen daardoor zouden kunnen worden belemmerd". Voorts kunnen de lidstaten en/of de sociale partners ingevolge clausule 2, lid 3, sub f, van de raamovereenkomst onder meer "bijzondere regelingen toestaan om te voorzien in de functionele en organisatorische behoeften van kleine ondernemingen". 106 In ieder geval blijkt uit verzoeksters kritiek op de inhoud van de raamovereenkomst, waarbij zij zich op schending van artikel 2, lid 2, van de Overeenkomst beroept, geenszins, dat een der bepalingen van de overeenkomst zodanige administratieve, financiële en juridische verplichtingen oplegt, dat de oprichting en ontwikkeling van kleine en middelgrote ondernemingen daardoor zou worden belemmerd. Het doel van artikel 2, lid 2, eerste alinea, van de Overeenkomst is niet, maatregelen die administratieve, financiële en juridische verplichtingen opleggen te verbieden, doch ervoor te zorgen dat op sociaal gebied vastgestelde maatregelen de oprichting en ontwikkeling van KMB niet buitensporig belemmeren door bepaalde administratieve, financiële en juridische verplichtingen op te leggen. Voorts blijkt, dat gezien de aard van de handeling waarmee de Raad de raamovereenkomst heeft uitgevoerd, de lidstaten en/of de sociale partners bij de omzetting van de in die overeenkomst overeengekomen minimumvoorschriften nog over een beoordelingsmarge beschikken. 107 Om te beginnen kan verzoekster uit clausule 2, lid 3, sub e en f, van de raamovereenkomst niet afleiden, dat de middelgrote bedrijven niet de mogelijkheid hebben de toekenning van een door een werknemer aangevraagd ouderschapsverlof uit te stellen. Dit argument vindt geen steun in de tekst van clausule 2, lid 3, sub e. Voorts is de opsomming van redenen voor uitstel van het ouderschapsverlof niet uitputtend. Deze opsomming, die tussen haakjes geplaatst is, geeft immers slechts een aantal voorbeelden. De door verzoekster voorgestane uitlegging van clausule 2, lid 3, sub e, is dus kennelijk ongegrond. Voorts moet de tekst van clausule 2, lid 3, sub f, van de raamovereenkomst aldus worden gelezen, dat hier een bijkomende aanpassingsmogelijkheid voor de uitoefening van het recht op ouderschapsverlof wordt geboden, om tegemoet te komen aan de functionele en organisatorische behoeften van uitsluitend de kleine ondernemingen. Deze bijkomende mogelijkheid voor de kleine ondernemingen alleen impliceert evenwel niet, zoals verzoekster stelt, dat de middelgrote ondernemingen het hun door clausule 2, lid 3, sub e, verleende recht om de toekenning van het ouderschapsverlof om bepaalde redenen uit te stellen, wordt ontnomen. 108 Ofschoon vaststaat, dat de tekst van de raamovereenkomst geen afwijking van de ontslagbescherming toelaat in gevallen waarin de economische belangen van de werkgever door de handhaving van de arbeidsovereenkomst tijdens en na het ouderschapsverlof worden geschaad, moet worden vastgesteld, dat verzoekster, nog afgezien van het feit dat de mogelijkheid van verbreking van de arbeidsovereenkomst door de werkgever wegens ouderschapsverlof het begrip ouderschapsverlof elke inhoud zou ontnemen, niet heeft aangetoond noch voor het Gerecht uiteengezet, hoe het ontbreken van die mogelijkheid voor de KMB in casu neerkomt op de oplegging van een zodanige administratieve, financiële en juridische verplichting, dat de oprichting en ontwikkeling van kleine en middelgrote ondernemingen daardoor zou worden belemmerd. 109 Ten slotte kunnen de bepalingen betreffende de duur van het ouderschapsverlof evenmin als zodanig in strijd met artikel 2, lid 2, eerste alinea, van de Overeenkomst worden geacht. In clausule 2, lid 1, van de raamovereenkomst is immers voor het ouderschapsverlof een onreduceerbare minimumduur van drie maanden bepaald, zonder dat in het algemeen en op absolute wijze een maximumduur is opgelegd, welke maximumduur in de omzettingsfase kan worden bepaald. In de raamovereenkomst is bepaald, dat "krachtens deze overeenkomst (...) onder voorbehoud van clausule 2.2 aan werknemers, zowel mannen als vrouwen, bij geboorte of adoptie van een kind een individueel recht op ouderschapsverlof (wordt) toegekend om hen in staat te stellen gedurende ten minste drie maanden tot een door de lidstaten en/of de sociale partners vast te stellen leeftijd van maximaal acht jaar voor hun kind te zorgen". Uit de formulering van deze bepaling blijkt dus enerzijds, dat zij geen administratieve, financiële en juridische verplichtingen oplegt, waardoor de oprichting en ontwikkeling van kleine en middelgrote ondernemingen zou worden belemmerd, en anderzijds, dat degenen die de raamovereenkomst moeten uitvoeren, over een aanzienlijke beoordelingsmarge beschikken. 110 Uit een en ander volgt, dat de Commissie en de Raad conform de op hen rustende verplichting het democratische grondbeginsel te eerbiedigen, terecht hebben geoordeeld, dat de ondertekenaars van de raamovereenkomst, de inhoud ervan in aanmerking genomen, samen voldoende representatief waren om de raamovereenkomst op communautair vlak uit te voeren door middel van een wetgevende handeling van de Raad overeenkomstig artikel 4, lid 2, van de Overeenkomst. Beklemtoond zij, dat deze vaststelling, die alleen het onderhavige geval betreft, niet afdoet aan de eigen representativiteit van verzoekster als bedrijfstakoverkoepelende organisatie die specifiek en uitsluitend de belangen van de KMB vertegenwoordigt, noch de beoordeling betreft van de vraag of de sociale partners die enige andere overeenkomst ondertekenen en de Raad overeenkomstig artikel 4, lid 2, van de Overeenkomst om tenuitvoerlegging daarvan verzoeken, samen voldoende representatief zijn. 111 Verzoekster is er dus niet in geslaagd in casu aan te tonen dat zij, haar representativiteit in aanmerking genomen, zich in een andere positie bevond dan alle andere door de Commissie geraadpleegde sociale partners die geen partij waren bij de raamovereenkomst, en dat zij derhalve van de Raad mocht verlangen de raamovereenkomst niet op communautair vlak uit te voeren (zie hierboven, punt 90). 112 Aangezien verzoekster door richtlijn 96/34 niet wordt getroffen uit hoofde van een feitelijke situatie die haar ten opzichte van ieder ander karakteriseert, wordt zij door die richtlijn derhalve niet individueel geraakt. Bijgevolg moet het beroep niet-ontvankelijk worden verklaard. Beslissing inzake de kosten Kosten 113 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering moet de in het ongelijk gestelde partij in de kosten worden verwezen, voor zover dat is gevorderd. Aangezien verzoekster en de interveniënten aan haar zijde in het ongelijk zijn gesteld en de Raad hun veroordeling in de kosten heeft gevorderd, moeten verzoekster en de interveniënten in de kosten van de Raad worden verwezen. 114 Volgens artikel 87, lid 4, van het Reglement voor de procesvoering moeten de lidstaten en de instellingen die in het geding zijn tussengekomen, hun eigen kosten dragen. Daaruit volgt, dat de Commissie, die in het geding is tussengekomen, haar eigen kosten dient te dragen. Dictum HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer - uitgebreid), rechtdoende: 1) Verklaart het beroep niet-ontvankelijk. 2) Verwijst verzoekster en de interveniënten aan haar zijde in de kosten van de Raad. 3) Verwijst de Commissie in haar eigen kosten.

62018CJ0544

hu

Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem az EUMSZ 49. cikk értelmezésére vonatkozik. E kérelmet a Her Majesty’s Revenue and Customs (adó‑ és vámhatóság, Egyesült Királyság) és Henrika Dakneviciute között folyamatban lévő jogvita keretében terjesztették elő, amelynek tárgya az eltartott gyermek után járó heti támogatásnak az említett hatóság általi megtagadása. Jogi háttér Az uniós jog A 2004/38/EK irányelv Az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29‑i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( HL 2004. L 158., 77. o. ; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 5. kötet, 46. o.; helyesbítés: HL 2009. L 274., 47. o. ) 1. cikkének a) pontja a következőképpen rendelkezik: „Ez az irányelv megállapítja: a) az uniós polgárok és családtagjaik által a tagállamok területén a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jog gyakorlására vonatkozó feltételeket [helyesen: a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jognak az uniós polgárok és családtagjaik által történő gyakorlására vonatkozó feltételeket].” Ezen irányelvnek a „Tartózkodás joga három hónapot meghaladóan” címet viselő 7. cikke az (1) és (3) bekezdésében a következőket írja elő: „(1)   Valamennyi uniós polgárt megilleti a tartózkodás joga egy másik tagállam területén három hónapot meghaladó időtartamra, ha: a) munkavállalók vagy önálló vállalkozók a fogadó tagállamban […] […] (3)   Az (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásában az az uniós polgár, aki a továbbiakban már nem munkavállaló vagy önálló vállalkozó, megtartja munkavállaló vagy önálló vállalkozó jogállását a következő körülmények között: a) ha baleset vagy betegség következtében ideiglenesen munkaképtelenné vált; b) ha kényszerű, regisztrált munkanélkülivé vált azt követően, hogy egy évnél hosszabb ideig alkalmazásban állt, és a megfelelő [helyesen: illetékes] munkaügyi hivatal nyilvántartásba vette álláskeresőként; c) ha kényszerű, regisztrált munkanélkülivé vált azt követően, hogy az egy évnél rövidebb határozott időre kötött munkaszerződése lejárt, vagy kényszerű munkanélkülivé vált az első tizenkét hónapban, és a megfelelő [helyesen: az illetékes] munkaügyi hivatal nyilvántartásba vette álláskeresőként. Ebben az esetben a munkavállalói jogállás legalább hat hónapig fennmarad; […]” Az említett irányelv 16. cikkének (1) és (3) bekezdése a következőképpen rendelkezik: „(1)   Azok az uniós polgárok, akik jogszerűen öt éven át folyamatosan tartózkodtak a fogadó tagállamban, huzamos tartózkodási jogot [helyesen: huzamos tartózkodáshoz való jogot] nyernek ott. […] […] (3)   A tartózkodás folyamatosságát nem érinti az évi hat hónapot meg nem haladó ideiglenes távollét, sem a kötelező katonai szolgálat miatti hosszabb távollét, sem a legfeljebb 12 egymást követő hónapig tartó egyszeri távollét, amelyre olyan fontos okokból kerül sor, mint terhesség és szülés, súlyos betegség, tanulmányok folytatása, vagy szakképzés, vagy másik tagállamba vagy harmadik országba történő kiküldetés.” A 2010/41/EU irányelv Az önálló vállalkozói tevékenységet folytató férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról és a 86/613/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. július 7‑i 2010/41/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv ( HL 2010. L 180., 1. o. ) (18) preambulumbekezdése értelmében: „A gyermeket váró önálló vállalkozóknak […] a gazdasági és fizikai sebezhetősége szükségessé teszi, hogy megadják számukra az anyasági ellátásokhoz való jogot […]” Ezen irányelv 8. cikkének (1) bekezdése a következőket írja elő: „A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy az önálló vállalkozó nők […] – a nemzeti joggal összhangban – kielégítő anyasági juttatásban részesülhessenek, amely lehetővé teszi a keresőtevékenység terhesség vagy anyaság miatti, legalább 14 hétre történő megszakítását.” Az Egyesült Királyság joga A bevándorlásról [Európai Gazdasági Térség] szóló 2006. évi rendelet Az Immigration (European Economic Area) Regulations 2006 (a bevándorlásról [Európai Gazdasági Térség] szóló 2006. évi rendelet) 14. cikke (1) bekezdésének az alapügy tényállására alkalmazandó változata valamennyi „jogosult személy” számára jogot biztosított az Egyesült Királyságban történő, három hónapot meghaladó tartózkodáshoz. E rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja szerint a „jogosult személy” fogalmába a munkavállalók és önálló vállalkozók tartoznak. Az említett rendelet 6. cikkének (2) bekezdése úgy rendelkezett, hogy a „munkavállaló” jogállása fennmarad abban az esetben, ha az érintett személy betegség vagy baleset miatt ideiglenesen munkaképtelen, vagy (bizonyos feltételek mellett) önhibáján kívül munkanélkülivé válik, vagy ha önként abbahagyta a munkavégzést, és a korábbi munkaköréhez kapcsolódó szakképzést folytatja. Ami az „önálló vállalkozói” jogállást illeti, ugyanezen rendelet 6. cikkének (3) bekezdése azt írta elő, hogy e jogállás fennmarad abban az esetben, ha az érintett személy betegség vagy baleset miatt ideiglenesen munkaképtelen. A társadalombiztosítási járulékokról és a társadalombiztosítási ellátásokról szóló 1992. évi törvény A Social Security Contributions and Benefits Act 1992 (a társadalombiztosítási járulékokról és a társadalombiztosítási ellátásokról szóló 1992. évi törvény) 146. cikkének (2) és (3) bekezdése értelmében: „(2)   A heti családi támogatási ellátásra csak az adott héten Nagy Britanniában tartózkodó személy jogosult. (3)   Meghatározhatók azok a körülmények, amelyek fennállása esetén az adott személy [a (2)] bekezdés alkalmazásában Nagy Britanniában vagy azon kívül tartózkodónak tekintendő.” A családi támogatásokról szóló 2006. évi (általános) rendelet A Child Benefit (General) Regulations 2006 (a családi támogatásokról szóló 2006. évi [általános] rendelet 23. cikkének (4) bekezdése a következőképpen rendelkezik: „Nem minősül Nagy Britanniában tartózkodónak [a társadalombiztosítási járulékokról és a társadalombiztosítási ellátásokról szóló 1992. évi törvény] 146. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában, aki 2004. május 1‑jétől családi támogatást igényel, és a) nem jogosult az Egyesült Királyságban tartózkodni; […]” Az alapeljárás és az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések H. Dakneviciute litván állampolgár, aki 2011 óta az Egyesült Királyságban éjszakai munkát végző munkavállalóként dolgozott. Miután 2013 decemberében tudomást szerzett arról, hogy várandós, úgy határozott, hogy 2013. december 25‑től kozmetikusként önálló vállalkozói tevékenységbe kezd. 2014. május 11‑től anyasági támogatásban részesült. Gyermeke 2014. augusztus 8‑án született. H. Dakneviciute 2014. július 22. és 2014. október vége között nem dolgozott, majd önálló vállalkozóként csekély mértékben továbbra is kozmetikusi tevékenységet végzett, végül pedig felhagyott e tevékenységgel amiatt, hogy az abból származó bevételei többé nem voltak elegendőek. Ezt követően 2015. február 10‑én álláskeresési támogatás iránti kérelmet terjesztett elő, majd 2015 áprilisától ismét munkavállalóként kezdett dolgozni. Időközben H. Dakneviciute 2014. augusztus 27‑én eltartott gyermek után járó heti támogatás iránti kérelmet terjesztett elő. E kérelmet a 2015. február 1‑jei határozatban elutasították, azzal az indokkal, hogy az alkalmazandó nemzeti szabályozásra tekintettel az említett személy nem rendelkezik kellőképpen alátámasztott tartózkodási joggal ahhoz, hogy teljesüljenek az e szociális ellátásban való részesüléshez szükséges feltételek. E határozatot 2015. szeptember 29‑én a First‑tier Tribunal (elsőfokú bíróság, Egyesült Királyság) megsemmisítette. Az adó‑ és vámhatóság a családi támogatások kezelőjeként ezen ítélettel szemben fellebbezést terjesztett elő a kérdést előterjesztő bíróság, az Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber) (másodfokú bíróság [közigazgatási fellebbviteli tanács], Egyesült Királyság) előtt. A kérdést előterjesztő bíróság a 2017. január 12‑i közbenső határozatában a First‑tier Tribunal (elsőfokú bíróság) ítéletét téves jogalkalmazás miatt hatályon kívül helyezte. A kérdést előterjesztő bíróság ugyanis úgy ítélte meg, hogy a H. Dakneviciute által 2014. július 22. és 2015. február 9. között végzett kereső tevékenység csekély mértékű volt, így az említett személy ezen időszak során gazdaságilag inaktívnak minősült. E bíróság álláspontja szerint nem vitatott egyrészt az, hogy H. Dakneviciute a terhességének előrehaladott szakaszához, valamint a szülését követő időszakhoz kapcsolódó fizikai korlátok miatt hagyott fel mindenfajta tevékenységgel, és másrészt az sem vitatott, hogy a gyermeke születését követő észszerű időn belül került sor arra, hogy az említett személy – először álláskeresőként, majd munkavállalóként – ismét kereső tevékenységet folytasson. A kérdést előterjesztő bíróság, miután emlékeztetett arra, hogy a Bíróság a 2014. június 19‑iSaint Prix ítéletben ( C‑507/12 , EU:C:2014:2007 ) megállapította, hogy az olyan nő, aki a terhesség előrehaladott szakaszához, valamint a szülést követő időszakhoz kapcsolódó fizikai korlátok miatt felhagy a munkával vagy a munkakereséssel, az EUMSZ 45. cikk értelmében megtartja a „munkavállalói” minőségét, feltéve hogy a gyermeke megszületését követő észszerű időn belül visszatér az állásába, vagy más állást talál, azt a kérdést veti fel, hogy átültethető‑e ez a megoldás azokra a személyekre, akik az EUMSZ 49. cikk alapján gyakorolták a letelepedés szabadságát. E tekintetben a kérdést előterjesztő bíróság rámutat, hogy a 2017. december 20‑iGusa ítélet ( C‑442/16 , EU:C:2017:1004 ) kihirdetését követően az alapeljárásban részt vevő felek további észrevételeket nyújtottak be hozzá, amelyekben az ezen ítéletben elfogadott megoldás alkalmazását ellenző álláspontokat fogalmaztak meg. Az adó‑ és vámhatóság véleménye szerint ez a megoldás nem ültethető át az alapügy tárgyát képező helyzetre, mivel – többek között – az önálló vállalkozó nem köteles arra, hogy személyesen végezze a munkáját, és lehetősége van arra, hogy a tevékenységét más módon folytassa, ideértve a más személlyel történő helyettesítés igénybe vételét is. H. Dakneviciute álláspontja szerint ezzel szemben a 2017. december 20‑iGusa ítélet ( C‑442/16 , EU:C:2017:1004 ) 36. és – 44. pontjában kifejtett megfontolások megerősítik azt az álláspontot, amely szerint az uniós jognak a 2014. június 19‑iSaint Prix ítéletből ( C‑507/12 , EU:C:2014:2007 ) következő értelmezése alkalmazható az önálló vállalkozókra. E körülmények között az Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber) (másodfokú bíróság [közigazgatási fellebbviteli tanács]) úgy határozott, hogy az eljárást felfüggeszti, és előzetes döntéshozatal céljából a következő kérdéseket terjeszti a Bíróság elé: „Abban az esetben, ha valamely uniós polgár, aki az egyik tagállam állampolgára: 1) másik tagállamban tartózkodik (a fogadó tagállam), 2) az EUMSZ 49. cikk alapján önálló vállalkozói tevékenységet folytatott a fogadó tagállamban, 3) anyasági támogatásban részesült 2014 májusától (amely ponton úgy ítélte meg, hogy a terhessége okán kevésbé munkaképes), 4) 2014 júliusától a valós és tényleges önálló vállalkozói tevékenységével megállapítottan felhagyott; 5) 2014 augusztusában szült, és 6) a szülést követő időszak alatt, valamint az álláskeresési támogatás iránti kérelmének 2015 februárjában álláskeresőként történő benyújtása előtt nem tért vissza a valós és tényleges önálló vállalkozói tevékenység végzéséhez, az EUMSZ 49. cikket úgy kell‑e értelmezni, hogy az olyan személy, aki a terhesség előrehaladott szakaszához, valamint a szülést követő időszakhoz kapcsolódó fizikai korlátok miatt felhagy az önálló vállalkozói tevékenységével, e cikk értelmében megtartja az önálló vállalkozói minőségét, feltéve, hogy a gyermeke megszületését követően észszerű időn belül ismét kereső tevékenységet folytat vagy munkát keres?” Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésről Kérdésével a kérdést előterjesztő bíróság lényegében arra vár választ, hogy az EUMSZ 49. cikket úgy kell‑e értelmezni, hogy az olyan nő, aki a terhesség előrehaladott szakaszához és a szülést követő időszakhoz kapcsolódó fizikai korlátok miatt felhagy az önálló vállalkozói tevékenységgel, megtartja az önálló vállalkozói jogállását, feltéve hogy e tevékenységet a gyermeke születését követő észszerű időn belül folytatja, vagy más önálló vállalkozói tevékenység, illetve állás keretében újra dolgozni kezd. Előzetesen meg kell állapítani, hogy annak megállapítása érdekében, hogy a jelen ügyben H. Dakneviciute jogosult lehet‑e az eltartott gyermek után járó heti támogatásra, amelyet a családi támogatásokról szóló 2006. évi (általános) rendelet előír, a kérdést előterjesztő bíróságnak meg kell tudnia, hogy az 2014. július 22. és 2015. február 9. közötti időszakban, amelynek során a kérdést előterjesztő bíróság által megállapított tényállás szerint H. Dakneviciute a terhesség előrehaladott szakaszához és a szülést követő időszakhoz kapcsolódó fizikai korlátok miatt felhagyott a kereső tevékenységgel, majd csekély mértékben önálló vállalkozói tevékenységet folytatott, az említett személy az uniós jog értelmében rendelkezett‑e az Egyesült Királyságban való tartózkodás jogával. E tekintetben meg kell állapítani, hogy a 2004/38 irányelv olyan egységes jogalkotói aktus, amely egységes szerkezetbe foglalja és felülvizsgálja a korábbi uniós jogi jogszabályokat annak érdekében, hogy megkönnyítse az uniós polgároknak a tagállamok területén való szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való alapvető és egyéni jogának a gyakorlását (lásd ebben az értelemben: 2014. június 19‑iSaint Prix ítélet, C‑507/12 , EU:C:2014:2007 , 25. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). Így a 2004/38 irányelv 1. cikkének a) pontjából az következik, hogy ezen irányelv célja az említett jog gyakorlására vonatkozó feltételek pontosítása, amelyek között a három hónapos időtartamot meghaladó tartózkodás vonatkozásában többek között szerepel az ezen irányelv 7. cikke (1) bekezdésének a) pontjában előírt feltétel. Az említett feltétel szerint az uniós polgár a fogadó tagállamban megtartja munkavállaló vagy önálló vállalkozó jogállását (2014. június 19‑iSaint Prix ítélet, C‑507/12 , EU:C:2014:2007 , 26. pont). Márpedig a Bíróság megállapította, hogy a 2004/38 irányelv 7. cikkének (3) bekezdése, amely meghatározza azokat az eseteket, amelyekben egy olyan uniós polgár, aki felhagy a munkavállalói vagy az önálló vállalkozói tevékenységgel, ennek ellenére megőrzi e jogállását és az annak megfelelő tartózkodási jogot, nem terjed ki az olyan nőre, aki a terhesség előrehaladott szakasza, valamint a szülést követő időszak miatt ideiglenesen felhagy a munkával (lásd ebben az értelemben: 2014. június 19‑iSaint Prix ítélet, C‑507/12 , EU:C:2014:2007 , 30. pont). Mindazonáltal a Bíróság úgy ítélte meg, hogy a 2004/38 irányelv 7. cikkének (3) bekezdése nem sorolja fel kimerítően azokat a körülményeket, amelyek között az olyan uniós polgár, aki a továbbiakban nem végez munkavállalói vagy önálló vállalkozói tevékenységet a fogadó tagállamban, e cikk (1) bekezdésének a) pontja alkalmazásában megőrzi a „munkavállalói” jogállását, és így az e jogálláshoz kapcsolódó tartózkodási jogot (2019. április 11‑iTarola ítélet, C‑483/17 , EU:C:2019:309 , 26. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). A Bíróság konkrétan megállapította, hogy az, hogy a terhesség előrehaladott szakaszához, valamint a szülést közvetlenül követő időszakhoz kapcsolódó fizikai korlátok egy nőt arra kényszerítenek, hogy a fizikai erőnlét visszaszerzéséhez szükséges időszakon át a munkavállalói tevékenységét abbahagyja, főszabály szerint nem olyan jellegű, hogy megfosztaná e személyt az EUMSZ 45. cikk értelmében vett „munkavállalói” jogállástól. Az a körülmény ugyanis, hogy az ilyen személy néhány hónapon keresztül ténylegesen nem volt jelen a fogadó tagállam munkaerőpiacán, nem jelenti azt, hogy e személy többé nem tartozik e piachoz ezen időszak során, feltéve, hogy a szülést követő észszerű határidőn belül visszatér az állásába, vagy más állást talál (2014. június 19‑iSaint Prix ítélet, C‑507/12 , EU:C:2014:2007 , 40. és 41. pont). A jelen ügyben a kérdést előterjesztő bíróság azt a kérdést veti fel, hogy az előző pontban szereplő, az EUMSZ 45. cikk hatálya alá tartozó helyzet keretében kialakított értelmezés átültethető‑e az EUMSZ 49. cikk alapján önálló vállalkozói tevékenységet folytató személy esetére. E tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy a Bíróság megállapította, hogy az EUMSZ 45. és 49. cikk azonos jogi védelmet biztosít, így a kereső tevékenység gyakorlása módjának a minősítése irreleváns (lásd ebben az értelemben: 1991. február 5‑iRoux ítélet, C‑363/89 , EU:C:1991:41 , 23. pont). A Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata értelmében ugyanis a Szerződés személyek szabad mozgására vonatkozó rendelkezéseinek összessége annak megkönnyítését szolgálja, hogy az uniós polgárok az Unió egész területén bármilyen szakmai tevékenységet folytathassanak, és azzal ellentétesek az olyan intézkedések, amelyek ezeket az uniós polgárokat hátrányosan érinthetik, amennyiben a származási tagállamuktól eltérő tagállam területén kívánnak tevékenységet folytatni (2017. december 20‑iSimma Federspiel ítélet, C‑419/16 , EU:C:2017:997 , 35. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). Márpedig az uniós polgárt visszatartaná a szabad mozgáshoz való jogának a gyakorlásától az, ha abban az esetben, ha a fogadó államban terhes lenne, és emiatt – akár csak rövid időtartamra is – felhagyna az önálló vállalkozói tevékenységgel, az ezen államban fennálló önálló vállalkozói jogállásának az elveszítését kockáztatná (2014. június 19‑iSaint Prix ítélet, C‑507/12 , EU:C:2014:2007 , 44. pont). Ebből következik, hogy az olyan nőnek, aki a jelen ítélet 29. pontjában ismertetett helyzetben van, ugyanilyen feltételek mellett meg kell tudnia őrizni az EUMSZ 49. cikk értelmében vett önálló vállalkozói jogállást. A Bíróság ezenfelül elismerte, hogy a munkavállalói és az önálló vállalkozói tevékenységet végző személyek hasonló sebezhető állapotban vannak, ha a tevékenységük megszüntetésére kényszerülnek, így az esetükben nem alkalmazható eltérő bánásmód a fogadó államban való tartózkodást érintő joguk fenntartását érintően (lásd ebben az értelemben: 2017. december 20‑iGusa ítélet, C‑442/16 , EU:C:2017:1004 , 42. és 43. pont). Márpedig a várandós nők hasonlóan sebezhető állapotban vannak, függetlenül attól, hogy munkavállalói vagy önálló vállalkozói tevékenységet végeznek‑e. E tekintetben az uniós jogalkotó a 2010/41 irányelv (18) preambulumbekezdésében kifejezetten elismerte az önálló vállalkozóknak a terhesség alatt fennálló gazdasági és fizikai sebezhetőségét. Így ezen irányelv 8. cikkének (1) bekezdése felszólítja a tagállamokat arra, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az önálló vállalkozó nők kielégítő anyasági támogatásban részesülhessenek, amely a munkavállalók esetére előírtakhoz hasonló feltételek mellett lehetővé teszi a keresőtevékenység terhesség vagy anyaság miatti megszakítását. Nem vezethet ettől eltérő következtetésre az adó‑ és vámhatóság által a kérdést előterjesztő bíróság előtt felhozott, és a Bíróság előtt az Egyesült Királyság kormánya által megismételt azon érv, amely szerint lényegében az a nő, aki a terhesség előrehaladott szakaszához, valamint a szüléshez kapcsolódó korlátok miatt személyesen nem tudja gyakorolni az önálló vállalkozói tevékenységét, ideiglenesen más személy által helyettesíthető lenne e tevékenység végzése tekintetében. Nem vélelmezhető ugyanis, hogy az ilyen helyettesítés mindig lehetséges, különösen ha a szóban forgó tevékenység az ügyfél felé fennálló személyes vagy bizalmi viszonyt is magában foglal. Ebből következik, hogy az olyan nővel szemben, aki a terhesség előrehaladott szakaszához és a szülést követő időszakhoz kapcsolódó fizikai korlátok miatt felhagy az önálló vállalkozói tevékenységgel, a fogadó tagállamban való tartózkodás jogának megtartását illetően nem alkalmazható a hasonló helyzetben lévő munkavállalóval szemben alkalmazottól eltérő bánásmód. Végezetül a fenti megfontolásokat alátámasztják a 2004/38 irányelv 16. cikke (3) bekezdésének a rendelkezései is. Mivel a terhességhez vagy a szüléshez hasonló fontos esemény miatti indokolt távollét nem érinti a huzamos tartózkodás jogának biztosításához szükséges, a fogadó tagállamban fennálló, öt éven át tartó tartózkodás folytonosságát, a terhesség előrehaladott szakaszához, valamint a szülést közvetlenül követő időszakhoz kapcsolódó fizikai korlátok, amelyek egy nőt arra kényszerítenek, hogy átmenetileg felhagyjon a munkával, még kevésbé okozhatják azt, hogy e nő elveszítse az önálló vállalkozói jogállását (lásd analógia útján: 2014. június 19‑iSaint Prix ítélet, C‑507/12 , EU:C:2014:2007 , 45. és 46. pont). A fenti megfontolások összességére tekintettel az előterjesztett kérdésre azt a választ kell adni, hogy az EUMSZ 49. cikket úgy kell értelmezni, hogy az olyan nő, aki a terhesség előrehaladott szakaszához és a szülést követő időszakhoz kapcsolódó fizikai korlátok miatt felhagy az önálló vállalkozói tevékenységgel, megtartja az önálló vállalkozói jogállását, feltéve hogy e tevékenységet a gyermeke születését követő észszerű időn belül folytatja, vagy más önálló vállalkozói tevékenység, illetve állás keretében újra dolgozni kezd. A költségekről Mivel ez az eljárás az alapeljárásban részt vevő felek számára a kérdést előterjesztő bíróság előtt folyamatban lévő eljárás egy szakaszát képezi, ez a bíróság dönt a költségekről. Az észrevételeknek a Bíróság elé terjesztésével kapcsolatban felmerült költségek, az említett felek költségeinek kivételével, nem téríthetők meg. A fenti indokok alapján a Bíróság (negyedik tanács) a következőképpen határozott: Az EUMSZ 49. cikket úgy kell értelmezni, hogy az olyan nő, aki a terhesség előrehaladott szakaszához és a szülést követő időszakhoz kapcsolódó fizikai korlátok miatt felhagy az önálló vállalkozói tevékenységgel, megtartja az önálló vállalkozói jogállását, feltéve hogy e tevékenységet a gyermeke születését követő észszerű időn belül folytatja, vagy más önálló vállalkozói tevékenység, illetve állás keretében újra dolgozni kezd. Aláírások ( *1 ) Az eljárás nyelve: angol.

62003CJ0221

it

1       Con il presente ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato i provvedimenti necessari per dare integrale e corretta attuazione agli artt. 3, nn. 1 e 2, 4, 5 e 10 della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»), con riguardo alla Regione fiamminga, e agli artt. 3, nn. 1 e 2, e 5, della direttiva medesima, con riguardo alla Regione vallona, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della detta direttiva. Contesto normativo La normativa comunitaria 2       La direttiva mira, a termini dell’art. 1, a ridurre l’inquinamento delle acque causato direttamente o indirettamente dai nitrati di origine agricola e a prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento di questo tipo. 3       Ai sensi dell’art. 2, lett. j), della direttiva: «Ai fini della presente direttiva: (…) j)      per «inquinamento», si intende lo scarico effettuato direttamente o indirettamente nell’ambiente idrico di composti azotati di origine agricola, le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e all’ecosistema acquatico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque». 4       L’art. 3, nn. 1, 2, 4 e 5, della direttiva prevede: «1.      Le acque inquinate e quelle che potrebbero essere inquinate se non si interviene ai sensi dell’articolo 5 sono individuate dagli Stati membri conformemente ai criteri di cui all’allegato I. 2.      Entro un periodo di due anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva, gli Stati membri designano come zone vulnerabili tutte le zone note del loro territorio che scaricano nelle acque individuate in conformità del paragrafo 1 e che concorrono all’inquinamento. Essi notificano tale prima designazione alla Commissione entro sei mesi. (…) 4.      Gli Stati membri riesaminano e, se necessario, opportunamente rivedono o completano le designazioni di zone vulnerabili almeno ogni quattro anni, per tener conto di cambiamenti e fattori imprevisti al momento della precedente designazione. Entro sei mesi essi notificano alla Commissione ogni revisione o aggiunta concernente le designazioni. 5.      Gli Stati membri sono esonerati dall’obbligo di individuare le zone vulnerabili specifiche se stabiliscono e applicano i programmi d’azione previsti all’articolo 5 conformemente alla presente direttiva in tutto il territorio nazionale». 5       Ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva, al fine di stabilire un livello generale di protezione dall’inquinamento per tutti i tipi di acque, gli Stati membri provvedono, entro due anni dalla notifica della direttiva, a fissare un codice o più codici di buona pratica agricola applicabili a discrezione degli agricoltori, i quali includano disposizioni pertinenti per lo meno agli elementi contemplati nell’allegato II, parte A, della direttiva medesima. 6       A termini dell’art. 5 della direttiva: «1.      Entro un periodo di due anni a decorrere dalla prima designazione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, o di un anno dopo ogni nuova designazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, gli Stati membri, per il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, fissano programmi d’azione per quanto riguarda le zone vulnerabili designate. (…) 3.      I programmi d’azione tengono conto: a)      dei dati scientifici e tecnici disponibili, con riferimento principalmente agli apporti azotati rispettivamente di origine agricola o di altra origine; b)      delle condizioni ambientali nelle regioni interessate dello Stato membro di cui trattasi. 4.      I programmi d’azione sono attuati entro quattro anni dalla loro fissazione e comprendono le misure vincolanti seguenti: a)      le misure di cui all’allegato III; b)      le misure che gli Stati membri hanno prescritto nel codice o nei codici di buona pratica agricola fissati ai sensi dell’articolo 4, a meno che non siano state sostituite da quelle di cui all’allegato III. 5.      Nel quadro dei programmi d’azione gli Stati membri prendono inoltre le misure aggiuntive o azioni rafforzate che essi ritengono necessarie se, dall’inizio o alla luce dell’esperienza tratta dall’attuazione dei programmi d’azione, risulta evidente che le misure di cui al paragrafo 4 non sono sufficienti per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 1. Ai fini della scelta di dette misure o azioni, gli Stati membri tengono conto della loro efficacia e dei loro costi in relazione ad altre misure possibili di prevenzione. (…)» 7       L’art. 10 della direttiva così dispone: «1.      In merito al periodo quadriennale decorrente dalla notifica della presente direttiva e ad ogni periodo quadriennale successivo, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione contenente le informazioni specificate all’allegato V. 2.      Una relazione ai sensi del presente articolo è presentata alla Commissione entro sei mesi dalla fine del periodo cui si riferisce». 8       L’allegato I della direttiva, relativo ai criteri per individuare le acque di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva medesima, prevede, nella parte A, quanto segue: « Le acque di cui all’articolo 3, paragrafo 1 sono individuate adottando, tra l’altro, i criteri seguenti: 1)      qualora le acque dolci superficiali, in particolare quelle utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile, contengano o possano contenere, se non si interviene ai sensi dell’articolo 5, una concentrazione di nitrati superiore a quella stabilita secondo le disposizioni della direttiva 75/440/CEE; 2)      qualora le acque dolci sotterranee contengano oltre 50 mg/l di nitrati o possano contenere più di 50 mg/l di nitrati se non si interviene ai sensi dell’articolo 5; 3)      qualora i laghi naturali di acqua dolce o altre acque dolci, estuari, acque costiere e marine, risultino eutrofiche o possano diventarlo nell’immediato futuro se non si interviene ai sensi dell’articolo 5». 9       L’allegato II della direttiva, intitolato «Codice (codici) di buona pratica agricola», così dispone nella parte A: «Un codice o dei codici di buona pratica agricola intesi a ridurre l’inquinamento da nitrati tenendo conto delle condizioni esistenti nelle varie regioni della Comunità, dovrebbero contenere disposizioni concernenti gli elementi seguenti, ove detti elementi siano pertinenti: 1)      i periodi in cui l’applicazione al terreno di fertilizzanti non è opportuna; 2)      l’applicazione di fertilizzante al terreno in pendenza ripida; 3)      l’applicazione di fertilizzanti al terreno saturo d’acqua, inondato, gelato o innevato; 4)      le condizioni per applicare il fertilizzante al terreno adiacente ai corsi d’acqua; (…)». 10     L’allegato III della direttiva, intitolato «Misure da inserire nei programmi d’azione conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, punto a)», così recita: «1.      Le misure in questione comprendono norme concernenti: 1)      i periodi in cui è proibita l’applicazione al terreno di determinati tipi di fertilizzanti; 2)      la capacità dei depositi per effluenti di allevamento; tale capacità deve superare quella necessaria per l’immagazzinamento nel periodo più lungo, durante cui è proibita l’applicazione al terreno di effluenti nella zona vulnerabile, salvo i casi in cui sia dimostrato all’autorità competente che qualsiasi quantitativo di effluenti superiore all’effettiva capacità d’immagazzinamento sarà smaltito in un modo che non causerà danno all’ambiente; 3)      la limitazione dell’applicazione al terreno di fertilizzanti conformemente alla buona pratica agricola e in funzione delle caratteristiche della zona vulnerabile interessata, in particolare: a)      delle condizioni del suolo, del tipo e della pendenza del suolo; b)      delle condizioni climatiche, delle precipitazioni e dell’irrigazione; c)      dell’uso del terreno e delle prassi agricole, inclusi i sistemi di rotazione delle colture; e basata sull’equilibrio tra: i)      il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture, e ii)      l’apporto alle colture di azoto proveniente dal terreno e dalla fertilizzazione, corrispondente: –       alle quantità di azoto presente nel terreno nel momento in cui la coltura comincia ad assorbirlo in misura significativa (quantità rimanenti alla fine dell’inverno); –       all’apporto di composti di azoto tramite la mineralizzazione netta delle riserve di azoto organico nel terreno; –       all’aggiunta di composti di azoto proveniente da effluenti di allevamento; –       all’aggiunta di composti di azoto proveniente da fertilizzanti chimici e da altri fertilizzanti. 2.      Tali misure garantiranno che, per ciascuna azienda o allevamento, il quantitativo di effluente di allevamento sparso sul terreno ogni anno, compreso quello distribuito dagli animali stessi, non superi un determinato quantitativo per ettaro. Il suddetto quantitativo per ettaro corrisponde al quantitativo di effluente contenente 170 kg di azoto. Tuttavia: a)      per i primi quattro anni del programma di azione, gli Stati membri possono accordare un quantitativo di effluente contenente fino a 210 kg di azoto; b)      durante e dopo i primi quattro anni del programma di azione, gli Stati membri possono stabilire quantitativi diversi da quelli indicati in precedenza. Questi quantitativi devono essere fissati in maniera tale da non compromettere il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1 e devono essere giustificati in base a criteri obiettivi, ad esempio: –       stagioni di crescita prolungate; –       colture con grado elevato di assorbimento di azoto; –       grado elevato di precipitazioni nette nella zona vulnerabile; –       terreni con capacità eccezionalmente alta di denitrificazione. Se uno Stato membro accorda un quantitativo diverso ai sensi della presente lettera b), esso ne informa la Commissione che esaminerà la giustificazione addotta ai sensi della procedura stabilita all’articolo 9. (...)». 11     L’allegato V della direttiva, intitolato «Informazioni da inserire nelle relazioni di cui all’articolo 10», elenca i seguenti requisiti: «1.      Descrizione dell’azione di prevenzione organizzata ai sensi dell’articolo 4. 2.      Una mappa in cui siano indicate: a)      le acque individuate conformemente all’articolo 3, paragrafo 1 e all’allegato I precisando, per ogni tipo di acqua, quale criterio previsto all’allegato I sia stato adottato ai fini dell’individuazione; b)      le zone designate come vulnerabili, distinguendo tra zone precedenti e zone designate dopo l’ultima relazione. 3.      Un sommario dei risultati del controllo svolto in base all’articolo 6, con le considerazioni che hanno portato alla designazione di ciascuna zona vulnerabile e ad eventuali revisioni o aggiunte concernenti le designazioni di zone vulnerabili. 4.      Un sommario dei programmi d’azione elaborati ai sensi dell’articolo 5 e in particolare: a)      le misure previste all’articolo 5, paragrafo 4, punti a) e b); b)      le informazioni previste dall’allegato III, paragrafo 4; c)      altre eventuali misure o azioni rafforzate prese ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5; d)      un sommario dei risultati dei programmi di controllo applicati ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 6; e)      le previsioni effettuate dagli Stati membri circa i tempi probabili entro cui si ritiene che le acque individuate in conformità dell’articolo 3, paragrafo 1, possano rispettare le misure del programma d’azione, con l’indicazione del grado di incertezza delle previsioni». 12     Ai sensi dell’art. 12, n. 1, della direttiva, gli Stati membri dovevano attuare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva medesima entro due anni dalla notifica ed informarne immediatamente la Commissione. 13     Da una nota al detto art. 12, n. 1, risulta che la direttiva è stata notificata agli Stati membri il 19 dicembre 1991. La normativa nazionale 14     L’attuazione della direttiva ricade nelle competenze delle singole regioni del Regno del Belgio, nonché, con riguardo alle acque costiere e del mare, delle autorità federali belghe. Con riguardo alla Regione fiamminga 15     Il testo base della normativa fiamminga relativa all’attuazione della direttiva è costituito dal decreto 23 gennaio 1991, relativo alla protezione dell’ambiente dall’inquinamento causato dai concimi ( Moniteur belge del 28 febbraio 1991), nella versione novellata dal decreto 11 maggio 1999, recante modifica al decreto 23 gennaio 1991, relativo alla protezione dell’ambiente dall’inquinamento causato dai concimi, nonché al decreto 28 giugno 1985, relativo all’autorizzazione ecologica ( Moniteur belge 20 agosto 1999, pag. 30 995; in prosieguo: il «decreto sui concimi»). 16     Gli artt. 15-15 quater del decreto sui concimi definiscono i criteri in base ai quali la Regione fiamminga delimita le zone vulnerabili ai sensi della normativa fiamminga, distinguendo quattro categorie, vale a dire: –       le zone vulnerabili «acque» (art. 15, nn. 2-7, del decreto sui concimi); –       le zone agricole d’interesse ecologico (art. 15 bis del decreto sui concimi); –       le zone vulnerabili «natura» (art. 15 ter del decreto sui concimi), e –       le zone sature di fosfati (art. 15 quater, n. 2, del decreto sui concimi). 17     Dalla controreplica del governo belga emerge che solo le zone vulnerabili «acque» sono state definite in applicazione della direttiva, il che non è stato smentito all’udienza. 18     L’art. 15, nn. 2 e 4, del decreto sui concimi prevede che il governo fiammingo designi le zone vulnerabili «acque» basandosi, a tal fine, su una serie di criteri mutuati dall’allegato I alla direttiva. 19     L’art. 15, n. 6, del detto decreto, dopo aver precisato che «conformemente ai nn. 2-5 [del detto art. 15] sono state designate le seguenti zone vulnerabili “acque”», elenca tre categorie di zone vulnerabili, vale a dire: –       le zone di produzione di acqua e le zone di protezione di tipo I, II e III per le acque sotterranee, delimitate in applicazione del decreto 24 gennaio 1984, recante provvedimenti in materia di gestione delle acque sotterranee; –       i bacini sub‑idrografici di acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, delimitate in applicazione della legge 26 marzo 1971, sulla protezione delle acque superficiali dall’inquinamento, e –       le zone che presentano superfici sensibili ai nitrati per le quali occorre un rafforzamento di norme, come determinate dal governo fiammingo e delimitate in applicazione del decreto 24 gennaio 1984. 20     La designazione concreta delle zone vulnerabili «acque» è ripresa negli artt. 2, 6, 9 e 10 del decreto del governo fiammingo 31 marzo 2000, recante designazione delle restrizioni disposte su zone come quelle previste dagli artt. 13 bis, 15, 15 bis, 15 quater, 15 quinquies e 17 del decreto 23 gennaio 1991, relativo alla protezione dell’ambiente contro l’inquinamento dovuto ai concimi ( Moniteur belge 26 aprile 2000, pag. 13 199), nonché nella normativa alla quale esso rinvia. Ai sensi dell’art. 20 del detto decreto, esso «produce effetti a decorrere dal 1° gennaio 2000». 21     Ulteriori zone vulnerabili «acque» sono state indicate nel decreto del governo fiammingo 14 giugno 2002, diretto ad esaminare, rivedere e completare zone d’acque vulnerabili come quelle previste all’art. 15, nn. 3, 4 e 5, del decreto 23 gennaio 1991, relativo alla protezione dell’ambiente dall’inquinamento dovuto ai concimi ( Moniteur belge 17 luglio 2002, pag. 32 340). 22     L’art. 17 del decreto sui concimi prevede norme relative alle modalità di spargimento dei fertilizzanti. In particolare, l’art. 17, nn. 1, 2 e 7, del detto decreto determina i periodi nei quali lo spargimento di alcuni tipi di fertilizzanti su terreni coltivabili è vietato. Il testo integrale dell’art. 17 del decreto sui concimi è stato inserito dall’art. 23 del decreto 11 maggio 1999. 23     Le norme fiamminghe relative alla capacità delle vasche destinate all’ammasso degli effluenti artificiali sono stabilite all’art. 5.9.2.3, n. 1, del decreto 1° giugno1995, che fissa le disposizioni generali e settoriali in materia di igiene dell’ambiente, detto «Vlarem II» ( Moniteur belge 31 luglio 1995; in prosieguo: il «Vlarem II»). Il Vlarem II è stato più volte novellato, segnatamente con decreto 19 settembre 2003, recante modifica al decreto del governo fiammingo 6 febbraio 1991, contenente la normativa fiamminga relativa all’autorizzazione ecologica e recante modifica del decreto del governo fiammingo 1° giugno 1995, che fissa le disposizioni generali e settoriali in materia di igiene dell’ambiente ( Moniteur belge 10 ottobre 2003, pag. 49 393). Con riguardo alla Regione vallona 24     L’art. 3 del decreto del governo vallone 5 maggio 1994, relativo alla protezione delle acque dall’inquinamento causato dai nitrati provenienti da fonti agricole ( Moniteur belge 28 giugno 1994), prevede che il ministro competente della Regione vallona indichi, sul territorio della Regione medesima, le zone vulnerabili secondo i criteri previsti dall’art. 4 del decreto medesimo. I detti criteri sono mutuati dall’allegato I della direttiva. 25     L’art. 6 del decreto 5 maggio 1994 prevede che il detto ministro stabilisca, entro il 19 dicembre 1995, programmi d’azione applicabili alle zone vulnerabili, muniti di forza cogente. 26     Gli artt. 6 e 7 del decreto 5 maggio 1994 menzionano i provvedimenti che devono figurare nei programmi d’azione. 27     L'art. 3 di ciascuno dei due decreti ministeriali 28 giugno 1994, che definiscono, rispettivamente, la distesa di sabbia di Bruxelles e la distesa del Crétacé di Hesbaye quali zone vulnerabili ( Moniteur belge 31 dicembre 1994 e 4 gennaio 1995), preveda che l’amministrazione elabori un programma d’azione applicabile alla zona vulnerabile designata entro il 19 dicembre 1995, data in cui esso sarà vincolante. Tale norma riprende, segnatamente, i provvedimenti relativi al programma d’azione di cui agli artt. 6 e 7 del decreto 5 maggio 1994. 28     Il decreto del governo vallone 10 ottobre 2002, relativo alla gestione nel lungo periodo dell’azoto nell’agricoltura ( Moniteur belge 29 novembre 2002, pag. 54 075), ha istituito un programma d’azione applicabile alle zone vulnerabili designate nella Regione vallona. Fatti e fase precontenziosa del procedimento 29     Il presente ricorso si riferisce a due procedimenti per infrazione relativi all’attuazione della direttiva nel diritto belga, avviati con numeri di ruolo 94/2239 e 97/4750. 30     Nell’ambito del procedimento per infrazione 94/2239, la Commissione inviò al Regno del Belgio una lettera di messa in mora in data 18 maggio 1995, nonché una lettera di messa in mora complementare in data 28 ottobre 1997. Dopo aver esaminato le sue diverse risposte, la Commissione trasmise, il 23 novembre 1998, un parere motivato, invitando il Regno del Belgio ad adottare i provvedimenti necessari per conformarvisi entro un termine di due mesi a decorrere dalla sua notifica. Nel detto parere motivato la Commissione affermò, in conclusione, che il Regno del Belgio non aveva adottato i provvedimenti necessari all’attuazione dell’art. 3, n. 2, nonché degli artt. 4, 5, 6 e 12 della direttiva. Quanto agli artt. 3, n. 2, 5 (con riguardo alla Regione fiamminga e alla Regione di Bruxelles‑Capitale) e 6, della direttiva, la Commissione rinvia al procedimento per infrazione 97/4750. 31     Quanto al procedimento per infrazione 97/4750, la Commissione inviò al Regno del Belgio una lettera di messa in mora in data 28 ottobre 1998, svolgendo una serie di censure analoghe a quelle esposte nell’ambito del procedimento 94/2239. Nella detta comunicazione di diffida, la Commissione affermò, in conclusione, che il Regno del Belgio non aveva adottato i provvedimenti necessari all’attuazione degli artt. 3, 5, 6, 10 e 12 della direttiva. Le autorità belghe risposero alla comunicazione di diffida con diverse lettere, con riguardo sia alla Regione fiamminga sia alla Regione vallona e alla Regione di Bruxelles‑Capitale. Il 9 novembre 1999, la Commissione emanò un parere motivato deducendo la violazione degli artt. 3, 5, 6, 10 e 12 della direttiva, ed invitando il Regno del Belgio ad adottare i provvedimenti necessari per conformarvisi entro un termine di due mesi a decorrere dalla sua notifica. 32     Dal ricorso della Commissione emerge che il governo belga, con lettera 23 dicembre 1999, chiese una proroga di un mese per poter rispondere al parere motivato 9 novembre 1999. All’udienza, la Commissione ha confermato di non aver concesso la detta proroga. 33     Non ritenendosi soddisfatta delle risposte delle autorità belghe ai pareri motivati con riguardo alla Regione fiamminga ed alla Regione vallona, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso. Sulla ricevibilità del ricorso 34     In limine, occorre ricordare che, a termini dell’art. 92, n. 2, del regolamento di procedura, la Corte può, in qualsiasi momento, rilevare d’ufficio l’irricevibilità per motivi di ordine pubblico (sentenza 10 maggio 2001, causa C‑152/98, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I‑3463, punto 22). 35     Nel ricorso, la Commissione ha osservato di aver tenuto conto della normativa emanata successivamente alle scadenze fissate nei due procedimenti per infrazione di cui al presente ricorso, al fine di consentire alla Corte di rilevare che i problemi sollevati continuano ad essere attualmente pertinenti. In tale contesto, come è stato confermato dalla Commissione all’udienza, vari argomenti sollevati dall’Istituzione nel ricorso vertono su sviluppi legislativi successivi alla scadenza dei termini fissati nei pareri motivati. 36     A tal riguardo, si deve ricordare che, secondo giurisprudenza costante, il procedimento precontenzioso ha lo scopo di offrire allo Stato membro interessato l’opportunità, da un lato, di conformarsi agli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto comunitario e, dall’altro, di sviluppare un’utile difesa contro gli addebiti formulati dalla Commissione (sentenza Commissione/Paesi Bassi, cit., punto 23). 37     Del pari, secondo una giurisprudenza costante, la regolarità di tale procedimento precontenzioso costituisce una garanzia essenziale prevista dal Trattato, non soltanto a tutela dei diritti dello Stato membro di cui trattasi, ma anche per garantire che l’eventuale procedimento contenzioso verta su una controversia chiaramente definita. Solo muovendo da un procedimento precontenzioso regolare il procedimento contraddittorio dinanzi alla Corte consentirà a quest’ultima di stabilire se lo Stato membro sia effettivamente venuto meno agli obblighi precisi che la Commissione sostiene esso abbia violato (v., segnatamente, sentenze 9 novembre 1999, causa C‑365/97, Commissione/Italia, Racc. pag. I‑7773, punto 35, e 10 aprile 2003, causa C‑392/99, Commissione/Portogallo, Racc. pag. I‑3373, punto 133). 38     L’oggetto di un ricorso proposto ai sensi dell’art. 226 CE è determinato, conseguentemente, dal procedimento precontenzioso previsto dal medesimo articolo. Pertanto, l’atto introduttivo del ricorso non può essere basato su addebiti diversi da quelli formulati nel corso del procedimento precontenzioso (v., in tal senso, sentenze 11 luglio 1984, causa 51/83, Commissione/Italia, Racc. pag. 2793, punto 4, e Commissione/Paesi Bassi, cit., punto 23). 39     Questo principio non può però giungere a prescrivere in ogni caso una perfetta coincidenza tra le disposizioni nazionali menzionate nel parere motivato e quelle richiamate nell’atto introduttivo. Allorché si è provveduto a modificare la legge tra queste due fasi del procedimento, è infatti sufficiente che il sistema instaurato dalla normativa contestata nella fase precontenziosa sia stato, nel complesso, conservato dalle nuove misure adottate dallo Stato membro dopo il parere motivato, impugnate nell’ambito del ricorso (v. sentenze 1° dicembre 1965, causa 45/64, Commissione/Italia, Racc. pag. 1057; 5 luglio 1990, causa C‑42/89, Commissione/Belgio, Racc. pag. I‑2821; 17 novembre 1992, causa C‑105/91, Commissione/Grecia, Racc. pag. I‑5871, punto 13; 10 settembre 1996, causa C‑11/95, Commissione/Belgio, Racc. pag. I‑4115, punto 74). 40     Del pari, la Corte ha ritenuto ricevibile il ricorso con cui si impugnino nuovi provvedimenti nazionali che introducano deroghe nel sistema che forma oggetto del parere motivato, rimediando così parzialmente all’addebito. Non ammettere la ricevibilità del ricorso in un simile caso di specie, infatti, potrebbe consentire ad uno Stato membro di ostacolare un procedimento per inadempimento modificando leggermente la sua normativa ad ogni notifica di un parere motivato, mantenendo peraltro in vigore la normativa contestata (v. sentenza 1° febbraio 2005, causa C‑203/03, Commissione/Austria, Racc. pag. I-935, punto 30). 41     Per contro, diversa è l’ipotesi in cui vengano formulati addebiti nuovi rispetto a quelli formulati nel parere motivato, con riguardo a provvedimenti nazionali adottati successivamente al parere stesso, al fine di porre rimedio agli addebiti formulati. 42     Ciò premesso, alla luce della menzionata giurisprudenza, si dovrà esaminare la ricevibilità di ciascuno degli addebiti formulati nel ricorso, verificando in che misura la Corte ne possa tenere conto. Sul merito 43     A fondamento del ricorso, la Commissione deduce, essenzialmente, quattro addebiti, relativi alla violazione degli artt. 3, nn. 1 e 2, 4, 5 e 10 della direttiva. Tali addebiti, più precisamente, sono relativi a: –       la mancata identificazione delle acque inquinate o che potrebbero essere inquinate (art. 3, n. 1, della direttiva, nel combinato disposto con l’allegato I della direttiva medesima), nonché la non corretta e incompleta indicazione delle zone vulnerabili (art. 3, n. 2, della direttiva, nel combinato disposto con l’allegato I della direttiva medesima); –       l’esistenza di lacune nel codice fiammingo di buona pratica agricola (art. 4 della direttiva, nel combinato disposto con l’allegato II della direttiva medesima); –       l’esistenza di lacune nei programmi d’azione della Regione fiamminga e della Regione vallona (art. 5 della direttiva, nel combinato disposto con l’allegato III della direttiva medesima), e –       l’incompletezza della relazione presentata dalla Regione fiamminga alla Commissione (art. 10 della direttiva, nel combinato disposto con l’allegato V della direttiva medesima). Sull’addebito relativo alla violazione dell’art. 3 della direttiva, nel combinato disposto con l’allegato I della direttiva medesima Argomenti delle parti –       Con riguardo alla Regione fiamminga 44     La Commissione contesta al Regno del Belgio di non aver definito, conformemente all’art. 3, n. 1, della direttiva, le acque inquinate o che potrebbero risultare inquinate in caso di mancato intervento ai sensi dell’art. 5 della direttiva. 45     Secondo la Commissione, la definizione di tali acque e la designazione delle zone vulnerabili ai sensi dell’art. 3, nn. 1 e 2, della direttiva devono essere conformi alla procedura prevista dalla detta disposizione. Tale procedura comprenderebbe due fasi obbligatorie, vale a dire, in primo luogo, la definizione, da parte degli Stati membri, delle acque inquinate o che possono esserlo e, in secondo luogo, la designazione, in base alle acque in tal modo definite, delle zone vulnerabili. La Regione fiamminga avrebbe omesso di procedere alla prima fase indicata all’art. 3, n. 1, della direttiva, procedendo immediatamente alla designazione delle zone vulnerabili. 46     Secondo la Commissione, inoltre, l’art. 15, n. 4, del decreto sui concimi si limita ad abilitare le autorità fiamminghe a definire le acque inquinate o che possono esserlo e a designare alcune zone vulnerabili. Siffatta abilitazione non sarebbe sufficiente a trasporre ed attuare la direttiva. La designazione effettiva delle zone vulnerabili nella Regione fiamminga sarebbe stata effettuata, per la prima volta, con il decreto 31 marzo 2000. 47     Inoltre, a parere della Commissione, benché la Regione fiamminga abbia indicato nel decreto 31 marzo 2000 varie zone vulnerabili, tale designazione non è conforme all’art. 3, n. 2, della direttiva. Infatti, da una parte, la procedura prevista dalla detta disposizione non sarebbe stata rispettata. D’altra parte, i criteri previsti dalla disposizione medesima non sarebbero stati presi integralmente in considerazione e, di conseguenza, la superficie delle zone vulnerabili designate nella Regione fiamminga sarebbe largamente insufficiente. 48     La Commissione deduce peraltro che non le è stata inviata alcuna comunicazione con riguardo al decreto 14 giugno 2002, che avrebbe designato talune zone vulnerabili supplementari. 49     Infine, la designazione delle zone vulnerabili quale risulta dal detto decreto non sarebbe conforme alla procedura ovvero ai criteri di cui all’art. 3 della direttiva, nel combinato disposto con l’allegato I della direttiva medesima. Sembrerebbe, infatti, che le acque individuate ai sensi del detto decreto come inquinate o che possono esserlo non fossero definite conformemente all’art. 3, n. 1, della direttiva; conseguentemente, la designazione delle zone vulnerabili contenuta nel detto decreto sarebbe stata compiuta in base a un'identificazione inesatta e incompleta delle acque di cui trattasi. 50     Il governo belga non contesta che la Regione fiamminga non abbia individuato le acque inquinate o che possono esserlo entro il termine prescritto dal parere motivato 9 novembre 1999. Tuttavia, secondo il detto governo, a seguito dell’adozione del decreto 14 giugno 2002, sono state individuate alcune acque inquinate o che possono esserlo, situate sul territorio della Regione fiamminga. Il governo belga riconosce che tale Regione ha designato talune zone vulnerabili nel detto decreto senza aver previamente individuato in modo esplicito le acque inquinate o che possono esserlo, ma giustifica tale approccio sulla base del rilievo che le due fasi previste dall’art. 3 della direttiva costituirebbero un insieme unitario. 51     Il governo belga non contesta peraltro che, sino all’adozione del decreto 14 giugno 2002, erano state designate quali zone vulnerabili «acque» esclusivamente zone destinate alla produzione di acqua o che possono esserlo. Tuttavia, a parere del detto governo, dato che le zone «agricole di interesse ecologico», le zone vulnerabili «natura» e le zone sature in fosfati sono soggette ad una serie di misure rigide, l’obiettivo previsto dall’art. 1 della direttiva sarebbe stato conseguito. –       Con riguardo alla Regione vallona 52     La Commissione deduce che la definizione delle acque inquinate o che possono esserlo e, quindi, la designazione delle zone vulnerabili vertevano solo su parte del territorio della Regione vallona ed erano tardive. 53     A tal riguardo, la Commissione rinvia alla relazione 20 settembre 1996, comunicata all’Istituzione, ai sensi dell’art. 10 della direttiva, dalla quale emergerebbe che, durante la redazione della detta relazione, il paese di Herve, il comune di Comines‑Warneton e il Condroz erano ancora oggetto di studi in corso. A parere della Commissione, tali zone avrebbero dovuto essere designate come zone vulnerabili entro il 20 dicembre 1993. Il 19 marzo 2002 sono state designate come tali il comune di Comines-Warneton e il Sud namurois (parte del Condroz). Tuttavia, la zona occidentale del Sud namurois, vale a dire la regione situata tra la Sambre e la Mosa, è stata dichiarata zona vulnerabile solo in parte, mentre da una relazione dello studio Environmental resources management del febbraio 2000, intitolato «Verification of vulnerable zones identified under the nitrate directive and sensitive areas identified under the urban waste water treatment directive» (in prosieguo: la «relazione ERM»), elaborata dalla Commissione, emerge che il tasso di nitrato ivi presente è pari a quello della zona orientale. Inoltre il territorio di Herve, alla data del ricorso, non sarebbe stato ancora designato come zona vulnerabile. 54     Infine, la Commissione aggiunge che è stata designata come zona vulnerabile una parte non sufficientemente estesa del territorio del Crétacé de Hesbaye, mentre, secondo la relazione ERM, avrebbe dovuto esserlo anche la parte occidentale. 55     La Commissione sostiene parimenti che le autorità vallone, contrariamente a quanto prescritto dall’art. 3 della direttiva, non hanno tenuto conto, nell’individuazione delle acque inquinate o che possono esserlo e nella designazione delle zone vulnerabili, dell’inquinamento delle acque costiere e marine. L’Istituzione sottolinea che lo stesso Regno del Belgio ha fatto menzione di un problema di eutrofizzazione lungo la costa belga e nell’estuario della Schelda alle commissioni incaricate dell’applicazione delle convenzioni di Oslo del 1972 sulle operazioni di immersione di rifiuti nel mare e di Parigi del 1974 per la prevenzione dell’inquinamento marino di origine terrestre. Posto che le acque costiere o marine del Belgio sono eutrofizzate per effetto dell’apporto di sostanze nutritive da parte di acque inquinate da nitrati provenienti da attività agricole, le competenti autorità regionali avrebbero dovuto designare come zone vulnerabili le porzioni di territorio della Regione vallona che alimentano il Mare del Nord e contribuiscono a tale inquinamento. 56     Il governo belga respinge l’addebito secondo cui la designazione delle zone vulnerabili relative alle acque vallone sotterranee sarebbe stata intempestiva, sostenendo che l’elenco delle zone vulnerabili, per contro, è stato rivisto e completato conformemente all’art. 3, n. 4, della direttiva; il detto governo dichiara di prendere atto degli argomenti dedotti dalla Commissione al riguardo e chiede che si tenga conto degli sforzi profusi sin dal 1999. 57     Con riguardo alle acque costiere e marine, il governo belga non contesta che esse siano inquinate, ma ritiene che le zone situate nella Regione vallona che le alimentano e che contribuiscono all’inquinamento non devono essere designate come zone vulnerabili, poiché l’inquinamento ed il tenore in nitrati dei corsi d’acqua nella Regione vallona sono fortemente influenzati dagli insediamenti domestici e dall’industria. Del pari, il detto governo deduce, a tal proposito, lo scarso contributo dell’agricoltura vallona all’inquinamento del mar del Nord e l’adozione, da parte di tale Regione, delle «misure necessarie per arginare tale scarso contributo». Giudizio della Corte –       Con riguardo alla Regione fiamminga 58     In limine, deve anzitutto rilevarsi che il decreto 14 giugno 2002, sul quale verte una parte rilevante del primo addebito della Commissione, è intervenuto successivamente alle scadenze fissate nei pareri motivati. Conseguentemente, dal momento che, con un capo del primo addebito, la Commissione contesta al Regno del Belgio inadempimenti successivi rispetto a quelli risultanti nel parere motivato 9 novembre 1999, tale capo, per i motivi esposti ai punti 34-42 della presente sentenza, deve essere respinto in quanto irricevibile. 59     Dagli atti di causa emerge peraltro che, nonostante la Regione fiamminga, come rilevato dalla Commissione, abbia concretamente designato alcune zone vulnerabili prima dell’adozione del decreto 14 giugno 2002, tale designazione concreta si è verificata solo con l’adozione del decreto 31 marzo 2000, vale a dire successivamente al termine prescritto dal parere motivato 9 novembre 1999. 60     A tal riguardo, se è pur vero che il decreto 31 marzo 2000 è entrato in vigore il 31 marzo 2000 con effetti retroattivi al 1° gennaio 2000, vale a dire prima del termine prescritto dal parere motivato 9 novembre 1999, resta il fatto che, alla data di scadenza di tale termine, il detto decreto non esisteva. Orbene, salvo consentire agli Stati membri di eludere il procedimento per inadempimento previsto dall’art. 226 CE, non può ammettersi che l’adozione, da parte dei detti Stati, di misure legislative, regolamentari o amministrative successivamente alla data di scadenza del termine prescritto dalla Commissione nel parere motivato possa, per il semplice fatto che l’entrata in vigore di tali misure sia stata fissata con effetto retroattivo, costituire una misura di trasposizione di cui la Corte debba tener conto per determinare l’esistenza di un inadempimento a tale data. Conseguentemente, le disposizioni del decreto 31 marzo 2000 non possono rilevare nel contesto del presente ricorso per inadempimento. 61     Ne consegue parimenti che, nella parte in cui la Commissione ha dedotto, nel ricorso, censure specifiche relative al decreto 31 marzo 2000, la Corte, per le ragioni esposte ai punti 34-42 della presente sentenza, non potrà tenerne conto. 62     Ciò premesso, si deve esaminare il ricorso solo nella parte in cui esso si riferisce alla situazione esistente allo scadere del termine prescritto nel parere motivato 9 novembre 1999. 63     Dagli atti di causa risulta che, allo scadere del detto termine, la designazione delle zone vulnerabili ai sensi della direttiva era disciplinata dall’art. 15, nn. 2-6, del decreto sui concimi. In particolare, ai sensi dei nn. 2 e 4 della detta disposizione, il governo fiammingo può designare le zone vulnerabili «acque» sulla base di più criteri mutuati dall’allegato I della direttiva. Peraltro, l’art. 15, n. 6, del detto decreto elenca tre categorie di zone vulnerabili, richiamate al punto 19 della presente sentenza. Come rilevato dalla Commissione, tali tre tipi di zone hanno in comune la loro ubicazione in zone di produzione di acqua potabile o che possono divenirlo. 64     A tal riguardo, si deve ricordare che la Corte ha già rilevato che dal combinato disposto degli artt. 3, nn. 1 e 2, e 5 della direttiva, da un lato, e dell’allegato I della stessa, dall’altro, risulta che gli Stati membri sono tenuti a soddisfare, inter alia, gli obblighi seguenti: –       individuare come acque inquinate o che potrebbero essere inquinate in caso di mancato intervento ai sensi dell’art. 5 della direttiva non solo le acque destinate al consumo umano, ma la totalità delle acque dolci superficiali e delle acque sotterranee che contengano o che possano contenere più di 50 mg/l di nitrati e –       designare come zone vulnerabili tutte le zone note nel loro territorio che scaricano nelle acque individuate come inquinate o come acque che potrebbero essere inquinate in conformità all’art. 3, n. 1, della direttiva, oppure optare per l’adozione e l’applicazione in tutto il territorio nazionale dei programmi d’azione previsti all’art. 5 della direttiva (v., in tal senso, sentenza 2 ottobre 2003, causa C‑322/00, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I‑11267, punto 34). 65     Ne consegue che una semplice abilitazione a definire le acque inquinate o che possono essere inquinate e designare alcune zone vulnerabili, come quella prevista dall’art. 15 del decreto sui concimi, non è sufficiente per la trasposizione e l’attuazione della direttiva. Infatti, come risulta dal disposto dell’art. 3, nn. 1 e 2, della direttiva, la definizione di tutte le acque inquinate o che potrebbero essere inquinate in caso di mancato intervento ai sensi dell’art. 5 della direttiva, da una parte, e la designazione, in base alle acque così identificate, delle zone vulnerabili, dall’altra, costituiscono obblighi distinti che devono essere adempiuti concretamente e separatamente. 66     Orbene, è giocoforza rilevare – cosa non contestata dal governo belga – che, allo scadere del termine prescritto dal parere motivato 9 novembre 1999, la Regione fiamminga non aveva definito le acque inquinate o che potrebbero risultare inquinate in caso di mancato intervento ai sensi dell’art. 5 della direttiva. 67     Deve peraltro osservarsi che il detto governo non contesta che, allo scadere del termine prescritto dal parere motivato 9 novembre 1999, la pertinente normativa fiamminga contemplava solo alcune zone destinate alla produzione di acqua o che potevano divenire tali. Ne consegue che le zone non ricomprese nelle categorie dell’art. 15, n. 6, del decreto sui concimi, ma che, conformemente all’art. 3, n. 2, della direttiva, scaricano in acque di cui sia acclarato che sono inquinate, o che potrebbero essere inquinate, sono arbitrariamente e illegittimamente sottratte alla sfera di applicazione della direttiva. Come correttamente rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 56 delle conclusioni, tale situazione è di per sé incompatibile con la direttiva. 68     Ciò premesso, deve rilevarsi che, con riguardo alla Regione fiamminga, il primo addebito della Commissione è fondato nella parte in cui riguarda la situazione nella detta Regione quale si presentava allo scadere del termine prescritto dal parere motivato 9 novembre 1999. –       Con riguardo alla Regione vallona 69     In limine deve rilevarsi, anzitutto, che la designazione delle zone vulnerabili effettuata dalla Regione vallona il 19 marzo 2002, sulla quale verte l’addebito della Commissione concernente la mancata designazione del territorio compreso «tra la Sambre e la Mosa» come zona non vulnerabile, è intervenuta successivamente al termine prescritto dal parere motivato 9 novembre 1999. Ne consegue che, per le ragioni esposte ai punti 34-42 della presente sentenza, la Corte non può tener conto del detto argomento. 70     È peraltro vero che la Commissione contesta alla Regione vallona di aver designato come zona vulnerabile una parte insufficiente del territorio del Crétacé de Hesbaye. Tuttavia, tale censura non figura in nessuno dei pareri motivati. 71     Così, dal momento che, con tale capo, la Commissione contesta al Regno del Belgio un inadempimento non contenuto nei pareri motivati, per i motivi esposti ai punti 34-42 della presente sentenza, l’addebito deve essere respinto in quanto irricevibile. 72     Quanto alla situazione nella Regione vallona quale si presentava allo scadere del termine previsto dal parere motivato 9 novembre 1999, gli addebiti della Commissione vertono, da un canto, sulle acque sotterranee e, dall’altro, sulle acque costiere e marine belghe. 73     Con riguardo, in primo luogo, alle acque sotterranee, si deve ricordare, come emerge dal punto 64 della presente sentenza, che dal combinato disposto dell’art. 3, n. 1, della direttiva e dell’allegato I della stessa, risulta che gli Stati membri sono tenuti a individuare come acque inquinate o che potrebbero essere inquinate in caso di mancato intervento ai sensi dell’art. 5 della direttiva tutte le acque dolci superficiali e le acque sotterranee che contengano o che possano contenere più di 50 mg/l di nitrati. Del pari, essi sono tenuti, ai sensi dell’art. 3, n. 2, della direttiva, a designare alcune zone vulnerabili, sulla base delle acque definite in conformità all’art. 3, n. 1, della direttiva, salvo optare per l’adozione e l’applicazione in tutto il territorio nazionale dei programmi d’azione previsti all’art. 5 della direttiva. 74     Dagli atti di causa emerge che, nella Regione vallona, il procedimento espletato nel 1994, consistente nel definire le acque e nel designare quindi le zone vulnerabili, è stato insufficiente in talune zone, vale a dire nel territorio di Herve, nel Condroz e nel Comune di Comines‑Warneton. 75     In particolare, dalla risposta della Regione vallona alla lettera di messa in mora 28 ottobre 1998 risulta che, secondo studi effettuati successivamente allo studio vallone iniziale del 1994, si è rilevato che nelle dette zone il limite pertinente di 50 mg/l di nitrati è stato superato in misura considerevole, ragion per cui un’area più vasta del territorio della Regione vallona avrebbe dovuto essere designata quale zona vulnerabile ai sensi dell’art. 3, n. 2, della direttiva. Così, nel territorio di Herve, è stato raggiunto un tenore in nitrati superiore a 50 mg/l in più zone destinate alla produzione di acqua e le zone in cui tale limite non era stato superato si sono rivelate rare. Del pari, nel Comune di Comines-Warneton le rilevazioni del tenore in nitrati oscillavano tra 63 e 92 mg/l e nel Condroz talune rilevazioni hanno presentato puntuali superamenti del limite di 50 mg/l. Nella medesima risposta, la Regione vallona menziona l’esistenza di un serio inquinamento nella regione compresa «tra la Sambre e la Mosa» in misura superiore a 50 mg/l. 76     Orbene, è pacifico che, alla scadenza del termine previsto dal parere motivato 9 novembre 1999, tali tre zone non erano state designate quali zone vulnerabili. 77     Ciò premesso, si deve necessariamente rilevare che, allo scadere del termine previsto dal parere motivato 9 novembre 1999, il Regno del Belgio non aveva adempiuto il proprio obbligo di definire tutte le acque sotterranee inquinate o che potevano esserlo ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva e di designare le zone vulnerabili a termini del n. 2 del detto articolo. 78     Tale rilievo non può essere rimesso in discussione dagli argomenti del governo belga. 79     In tal senso, l’argomento del detto governo secondo cui gli studi relativi alle regioni in questione non erano ancora conclusi non può giustificare il mancato rispetto, da parte del Regno del Belgio, dei propri obblighi discendenti dall’art. 3 della direttiva. Infatti, i nn. 1 e 2 della detta disposizione impongono l’obbligo di definire le acque inquinate o che possono esserlo in caso di mancata adozione delle misure previste dall’art. 5 della direttiva, e di designare quali zone vulnerabili tutte le zone che soddisfino i requisiti di cui all’art. 3, n. 2, della direttiva. Tale obbligo implica la raccolta dei dati necessari a tal fine. 80     Del pari, non può accogliersi l’argomento del governo belga fondato sull’art. 3, n. 4, della direttiva. Infatti, tale disposizione riguarda unicamente la situazione in cui uno Stato membro riesamini e, eventualmente, riveda o completi l’elenco esistente delle zone vulnerabili designate, al fine di tener conto dei cambiamenti e dei fattori non prevedibili al momento della precedente designazione. Essa non riguarda, per contro, il procedimento iniziale, previsto dall’art. 3 della direttiva, che consiste nel definire le acque inquinate o che possono esserlo, quindi nel designare zone vulnerabili sulla base di tali acque così definite. 81     Per quanto riguarda, in secondo luogo, gli addebiti della Commissione relativi alle acque costiere e marine beghe, si deve ricordare, anzitutto, che il quarto ‘considerando’ della direttiva menziona espressamente la tutela del mare del Nord. 82     Orbene, deve rilevarsi che il governo belga non contesta né che il mare del Nord, in genere, nonché le acque costiere e marine belghe, in particolare, sono eutrofici, né che talune zone della Regione vallona alimentano le dette acque e contribuiscono all’inquinamento. 83     Nel controricorso, il governo belga deduce che tali ultime zone non dovrebbero essere designate come zone vulnerabili perché l’eutrofizzazione e il tenore in nitrati dei corsi d’acqua nella Regione vallone sarebbero fortemente influenzati dagli insediamenti domestici e dall’industria. 84     A tal riguardo, deve osservarsi, come la Corte ha già affermato, che sarebbe incompatibile con la direttiva limitare l’individuazione delle acque inquinate ai casi nei quali le sorgenti agricole provochino, da sole, una concentrazione di nitrati superiore a 50 mg/l, laddove la direttiva prescrive espressamente che, al momento della fissazione dei programmi di azione previsti dall’art. 5, siano prese in considerazione le quantità rispettive di azoto di origine agricola e di azoto di altra origine (sentenza 29 aprile 1999, causa C‑293/97, Standley e a., Racc. pag. I‑2603, punto 31). Conseguentemente, il semplice fatto che rifiuti domestici o industriali contribuiscano del pari al tenore in nitrati delle acque vallone non è sufficiente, di per sé, ad escludere l’applicabilità della direttiva. 85     Il governo belga deduce, inoltre, la limitata incidenza dell’agricoltura vallona sull’eutrofizzazione del mar del Nord. 86     A tal riguardo, deve osservarsi che, secondo un documento fornito dal governo belga, l’agricoltura vallona è responsabile per il 19% dell’azoto totale nel bacino della Mosa e per il 17% per quello della Schelda, due corsi d’acqua che attraversano la Regione vallona per affluire nel mare del Nord. Deve rilevarsi che tali apporti, certo minori, non sono affatto insignificanti. 87     Orbene, dal punto 35 della sentenza Standley e a., cit., emerge che la direttiva si applica ai soli casi nei quali lo scarico di composti azotati di origine agricola contribuisce significativamente all’inquinamento. 88     Del resto, l’eutrofizzazione del mar del Nord è opera di un gran numero di fattori i quali, individualmente presi, sono effettivamente minori. Seguire il ragionamento del governo belga, pertanto, si porrebbe in contrasto con una delle finalità specifiche della direttiva, vale a dire la tutela del mar del Nord. 89     Conseguentemente, tale argomento non può essere accolto. 90     Il governo belga sottolinea parimenti diverse misure destinate ad arginare l’apporto della Regione vallona all’eutrofizzazione delle acque costiere e marine, segnatamente il programma vallone di gestione a lungo termine dell’azoto nell’agricoltura, nonché varie misure dette agricolo-ambientali. 91     A tal riguardo, è sufficiente rilevare che tali misure, senza necessità di esaminare i loro eventuali effetti benefici sull’inquinamento delle acque, non sono tali da ovviare all’assenza di qualsivoglia definizione delle acque e di designazione delle zone vulnerabili in ragione del loro effetto sull’eutrofizzazione delle acque costiere e marine belghe. 92     Ciò premesso, deve pertanto rilevarsi che le autorità vallone, nell’identificazione delle acque inquinate o che potrebbero esserlo e nella designazione delle zone vulnerabili nella Regione vallona, non hanno tenuto conto, in violazione dell’art. 3 della direttiva, dell’eutrofizzazione delle acque costiere e marine. Come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 31 delle conclusioni, ogni accertamento di una tardiva o insufficiente attuazione della direttiva da parte delle Regioni implica che il Regno del Belgio non ha adempiuto i propri obblighi. 93     Conseguentemente, deve rilevarsi, come dedotto dalla Commissione, da un canto, che la designazione delle acque, quindi la designazione delle zone vulnerabili, vertono solo su una parte del territorio della Regione vallona e, d’altro canto, che le acque costiere e marine non sono state prese in considerazione a tal fine. 94     Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve concludere che, nella parte in cui è ricevibile, l’addebito della Commissione relativo alla violazione dell’art. 3 della direttiva, nel combinato disposto con l’allegato I della medesima, è fondato, con riguardo sia alle Fiandre, sia alla Regione vallona. Sull’addebito relativo alla violazione dell’art. 4 della direttiva, nel combinato disposto con l’allegato II della direttiva medesima Argomenti delle parti 95     La Commissione contesta al Regno del Belgio di non aver incluso alcuni elementi previsti dall’allegato II della direttiva nel codice fiammingo di buona pratica agricola – come risulta dalla normativa fiamminga, segnatamente il decreto sui concimi – in particolare: –       i periodi nei quali lo spargimento di fertilizzanti non è opportuno; –       le norme relative ai requisiti dello spargimento di fertilizzanti su terreni in pendenza ripida; –       le condizioni di spargimento su terreni saturi d’acqua, inondati, gelati o coperti di neve, e –       le norme relative allo spargimento di fertilizzanti nei pressi di corsi d’acqua. 96     Con il primo capo del detto addebito, la Commissione deduce che il codice fiammingo di buona pratica agricola esclude, senza giustificazione, dalla sfera di applicazione dei periodi in cui lo spargimento è vietato taluni tipi di fertilizzanti, in particolare il letame, i «concimi chimici per i terreni coltivabili coperti» e altri concimi «contenenti azoto in forma tale che solo una parte limitata dell’azoto totale viene emessa nell’anno di spargimento». 97     Con il secondo capo, la Commissione deduce che il codice fiammingo di buona pratica agricola non contiene norme soddisfacenti con riguardo alle condizioni di spargimento di fertilizzanti sui terreni in pendenza ripida. Sebbene l’art. 17, n. 5, del decreto sui concimi vieti lo spargimento di concimi su pendii non coltivati adiacenti a corsi d’acqua, non sussisterebbe alcun provvedimento relativo alle condizioni per lo spargimento di fertilizzanti sui terreni in pendenza ripida coltivati sulle sponde di un corso d’acqua, né per i terreni che non si trovino sulle sponde di un corso d’acqua. 98     Con riguardo al terzo capo, relativo alle condizioni di spargimento su terreni saturi d’acqua, inondati, gelati o coperti di neve, la Commissione deplora che il divieto di spargimento previsto dall’art. 17, n. 1, 5°, del decreto sui concimi riguardi solo i «terreni coltivabili». 99     Infine, con il quarto capo, concernente le norme relative allo spargimento di fertilizzanti nei pressi di corsi d’acqua, secondo la Commissione, la distanza di cinque metri dal bordo superiore del corso d’acqua, prevista dall’art. 17, n. 1, 7°, del decreto sui concimi, è insufficiente per conseguire il fine di cui all’art. 1 della direttiva. 100   Il governo belga deduce, dal canto suo, che i provvedimenti ripresi dall’art. 17 del decreto sui concimi, vale a dire l’essenziale del codice fiammingo di buona pratica agricola, sono applicabili a tutto il territorio fiammingo e contengono gli elementi indispensabili previsti dall’allegato II della direttiva. Gli obblighi che discendono dal detto art. 17 sarebbero stati comunicati agli agricoltori mediante un opuscolo del dicembre 2000, e in tutta la Regione fiamminga si sarebbero tenute numerose riunioni di informazione. 101   Con riguardo ai periodi in cui lo spargimento di fertilizzanti non è opportuno, il governo belga ritiene che lo spargimento, durante tutto l’anno, di «concimi chimici su terreni coltivabili coperti» non implichi un rischio significativo di perdita di azoto e di sua immissione nelle acque. Infatti, chi sfrutta le serre (terreni coltivabili coperti) farebbe uso di concimi chimici solo nel momento in cui si prevede la crescita. Per il letame e i concimi «contenenti azoto in forma tale che solo una parte limitata dell’azoto totale venga emessa nell’anno di spargimento», il governo belga si richiama alle modifiche della normativa fiamminga intervenute il 15 marzo 2002 ed il 28 marzo 2003. 102   Con riguardo alle condizioni dello spargimento di concimi sui terreni in pendenza ripida, il governo belga si richiama all’art. 17, n. 4, 1, del decreto sui concimi, a norma del quale, «nell’ipotesi di spargimento, occorre evitare qualsivoglia lavatura dei concimi». Il detto governo ritiene che, ciò premesso, specificare inoltre regole concrete relative allo spargimento dei fertilizzanti sui terreni in pendenza ripida sia superfluo e vada considerato come un eccesso di zelo. 103   Quanto alla censura della Commissione secondo cui i requisiti per lo spargimento su terreni saturi d’acqua, inondati, gelati o coperti di neve, previsti dalla normativa della Regione fiamminga, concernerebbero esclusivamente i terreni coltivabili, il governo belga replica che, come risulterebbe dall’art. 2, 2°, del decreto sui concimi, l’espressione «terreni coltivabili» («cultuurgrond» nel testo fiammingo del detto decreto) ricomprende tutti i tipi di terreni destinati ad essere utilizzati per colture agricole, indipendentemente dalla specie vegetale interessata. 104   Con riguardo alle regole relative allo spargimento di fertilizzanti in prossimità di corsi d’acqua, il governo belga ricorda che la direttiva non contiene alcuna specificazione relativa alla distanza da rispettare rispetto ai corsi d’acqua per prevenire l’inquinamento. A suo avviso, una distanza di cinque metri è sufficiente per conseguire gli obiettivi perseguiti dall’art. 1 della direttiva. Giudizio della Corte 105   In limine, si deve osservare, anzitutto, che, poiché tale addebito è stato formulato unicamente nel contesto del procedimento per infrazione 94/2239, il termine pertinente per accertare la sussistenza dell’inadempimento previsto dall’art. 4 della direttiva, nel combinato disposto con l’allegato II della direttiva medesima, è quello impartito al Regno del Belgio nel parere motivato 23 novembre 1998. 106   Orbene, dagli atti di causa emerge che le autorità belghe hanno riconosciuto, nella comunicazione di risposta del 19 febbraio 1999 al parere motivato 23 novembre 1998, che nel codice fiammingo di buona pratica agricola mancavano i quattro elementi dedotti dalla Commissione a fondamento del presente addebito. Le dette autorità hanno parimenti affermato che la normativa fiamminga sarebbe stata modificata, a tal riguardo, in un prossimo futuro. 107   È vero che il governo belga deduce, nelle memorie prodotte dinanzi alla Corte, l’infondatezza di tale addebito rinviando, a tal riguardo, a talune disposizioni dell’art. 17 del decreto sui concimi. Deve tuttavia rilevarsi che tali disposizioni, come emerge dal punto 22 della presente sentenza, sono state inserite dal decreto 11 maggio 1999, che non è stato adottato anteriormente alla scadenza del termine fissato dal parere motivato 23 novembre 1998. 108   Pertanto, non occorre esaminare se tali disposizioni dell’art. 17 del decreto sui concimi costituiscano, come sostenuto dal governo belga, un’applicazione corretta degli obblighi che discendono dall’allegato III della direttiva. Infatti, secondo giurisprudenza costante, l’esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione quale si presenta alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e la Corte non può tener conto dei successivi mutamenti della normativa (v., segnatamente, sentenza 25 maggio 2000, causa C‑384/97, Commissione/Grecia, Racc. pag. I‑3823, punto 35). 109   Conseguentemente, si deve concludere che il presente addebito è fondato. Sull’addebito relativo alla violazione dell’art. 5 della direttiva, nel combinato disposto con l’allegato III della direttiva medesima Argomenti delle parti –       Con riguardo alla Regione fiamminga 110   Con tale addebito, la Commissione deduce che il programma di azione fiammingo, costituito da diverse disposizioni della normativa fiamminga, segnatamente il decreto sui concimi ed il Vlarem II, da un lato, non è applicato integralmente in tutte le zone vulnerabili indicate dalla Regione fiamminga e, dall’altro, non soddisfa sotto diversi profili i requisiti di cui all’art. 5 della direttiva, nel combinato disposto con l’allegato III della direttiva medesima, per quanto riguarda: –       i periodi nei quali è vietato lo spargimento di taluni tipi di fertilizzanti; –       la capacità dei bacini destinati all’ammasso degli effluenti di allevamento; –       i limiti allo spargimento di fertilizzanti, in considerazione delle caratteristiche della zona vulnerabile interessata, e –       il quantitativo massimo di effluenti di allevamento sparso ogni anno. 111   Individuando tali lacune del programma di azione fiammingo, la Commissione deduce, in primo luogo, che, in talune zone vulnerabili designate dalla Regione fiamminga, il programma di azione fiammingo viene applicato solo parzialmente. Così, ad esempio, la norma sulla fertilizzazione massima per anno di cui all’allegato III, punto 2, della direttiva (170 kg di azoto per ettaro) non troverebbe applicazione nelle zone dette «agricole di interesse ecologico», «natura» o «sature di fosfati». 112   La Commissione deduce poi che, ai sensi dell’art. 17, n. 7, del decreto sui concimi, il divieto di spargere effluenti di allevamento durante alcuni periodi dell’anno non si applica al letame. 113   Quanto alla capacità dei bacini destinati all’ammasso degli effluenti di allevamento, a parere della Commissione, l’art. 5.9.2.3, n.1, del Vlarem II non soddisferebbe i requisiti di cui all’allegato III, punto 1, sub 2), della direttiva, poiché prevede una capacità minima esclusivamente per il colaticcio, e non per gli effluenti solidi. 114   La Commissione fa parimenti valere che, all’atto della determinazione dei quantitativi massimi di fertilizzanti che possono essere applicati nelle zone vulnerabili della Regione fiamminga, non si è tenuto conto dei criteri previsti dall’allegato III, punto 1, sub 3), della direttiva, segnatamente del criterio relativo all’equilibrio tra il prevedibile fabbisogno di azoto delle colture, da una parte, e l’azoto apportato alle colture dal terreno e dai fertilizzanti, dall’altra. Più specificamente, la normativa fiamminga avrebbe ignorato l’azoto apportato alle colture dal terreno. 115   Infine, la Commissione deduce che, al di là delle zone vulnerabili «acque», i quantitativi massimi di effluenti di allevamento che possono essere sparsi annualmente non sono conformi ai requisiti previsti dall’allegato III, punto 2, della direttiva. 116   Secondo il governo belga, con riguardo all’assenza di un periodo durante il quale sia vietato lo spargimento di letame, le considerazioni della Commissione non sono più pertinenti a seguito dell’adozione del decreto 28 marzo 2003, recante modifica del decreto 23 gennaio 1991, relativo alla tutela dell’ambiente contro l’inquinamento dovuto ai concimi ( Moniteur belge 8 maggio 2003, pag. 24 953), che prevede un periodo in cui è vietato lo spargimento di letame. 117   Con riguardo alla capacità dei bacini destinati all’ammasso degli effluenti di allevamento, il governo belga rileva una modifica del Vlarem II, apportata con decreto 19 settembre 2003, a termini del quale si prevede una capacità di ammasso di tre mesi per il letame e di sei mesi per gli altri effluenti solidi. 118   Il governo belga contesta che la regione fiamminga non abbia tenuto conto, nel fissare le norme in materia di limiti allo spargimento di fertilizzanti, dell’azoto apportato alle colture dal terreno. A suo avviso, la censura della Commissione si fonda su una lettura non corretta di una risposta della Regione fiamminga all’Istituzione medesima durante la fase precontenziosa del procedimento. Secondo il governo belga, il fondamento scientifico assunto dalla Regione fiamminga ha effettivamente tenuto conto delle riserve presenti nel terreno, segnatamente dell’azoto minerale che si trova sul profilo del terreno prima dell’inizio del ciclo di crescita vegetale. 119   Con riguardo al quantitativo massimo di effluenti di allevamento sparsi ogni anno sulle zone vulnerabili, il governo belga ha indicato, nella controreplica, che la designazione di zone vulnerabili «natura» e di «zone agricole di interesse ecologico» non si è basata sui criteri della direttiva. A suo avviso, pertanto, gli argomenti della Commissione con riguardo a tali zone non sono pertinenti. Con riguardo alle zone vulnerabili «sature di fosfati», il governo belga riconosce che il limite di 170 kg di azoto per ettaro l’anno, contenuto nell’allegato III, punto 2, della direttiva, non è ripreso esplicitamente nella normativa fiamminga. Tuttavia, il detto governo ritiene che la limitazione della fertilizzazione in fosfati, in tali zone, ad un massimo di 40 kg per ettaro l’anno limiti, de facto, l’apporto massimo di azoto proveniente da effluenti di allevamento a 170 kg per ettaro l’anno. –       Con riguardo alla Regione vallona 120   La Commissione deduce che il programma d’azione della Regione vallona è stato adottato tardivamente per mezzo del decreto 10 ottobre 2002, vale a dire successivamente alla scadenza dei termini fissati nei pareri motivati. 121   Del pari, la Commissione sostiene che il detto decreto presenta talune carenze alla luce delle esigenze dettate dall’art. 5 della direttiva, nel combinato disposto con gli allegati II e III della direttiva medesima. 122   Il governo belga prende atto degli argomenti della Commissione e sostiene che si deve tener conto degli sforzi profusi sin dal 1999, come, ad esempio, il programma vallone di gestione a lungo termine dell’azoto nell’agricoltura. Giudizio della Corte –       Con riguardo alla Regione fiamminga 123   Si deve osservare che tale addebito è ricevibile nella parte in cui verte sulla situazione quale si presentava nella Regione fiamminga alla scadenza del termine previsto dal parere motivato 9 novembre 1999. Infatti, nonostante la Commissione sembri ritenere, nel ricorso, che il decreto 31 marzo 2000 definisca le regole costitutive del programma di azione fiammingo, dagli atti di causa risulta che gli addebiti formulati dalla Commissione al riguardo vertono sul programma di azione quale previsto dall’art. 17 del decreto sui concimi e dal Vlarem II. Orbene, il procedimento precontenzioso 97/4750 verteva su tale versione del programma di azione fiammingo. 124   Si deve pertanto esaminare la fondatezza degli argomenti dedotti dalla Commissione a fondamento del presente addebito. 125   Con riguardo all’argomento secondo il quale il programma di azione fiammingo non troverebbe applicazione nelle zone dette «agricole d’interesse ecologico», «natura» e «sature di fosfati», si deve rilevare che, a differenza di quanto sostenuto dalla Commissione, le dette zone non sono state designate come zone vulnerabili ai sensi della direttiva. Infatti, dalla pertinente normativa fiamminga, in particolare dall’art. 15 bis, ter e quater del decreto sui concimi, emerge che, contrariamente all’impressione che il governo belga ha inizialmente suscitato con il controricorso, la designazione delle dette zone non si fonda sui criteri della direttiva. 126   Così, dal momento che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, il programma di azione fiammingo trovava applicazione in tutte le zone designate come vulnerabili ai sensi della direttiva nella Regione fiamminga, l’addebito formulato dalla Commissione al riguardo deve essere respinto. 127   Certamente, dall’insufficienza della designazione delle zone vulnerabili nella Regione fiamminga deriva una corrispondente riduzione della sfera di applicazione delle pertinenti disposizioni dell’allegato III della direttiva. Tuttavia, come la Commissione stessa ha riconosciuto all’udienza, tale insufficienza non riflette tanto la violazione dell’art. 5 della direttiva, nel combinato disposto con l’allegato III della direttiva medesima, quanto la violazione dell’art. 5 della direttiva, nel combinato disposto con l’art. 3 della direttiva medesima, violazione che non è stata dedotta dalla Commissione nell’ambito del presente ricorso. 128   Con riguardo all’allegato III, punto 1, sub 1), della direttiva, il governo belga non contesta che, allo scadere del termine previsto dal parere motivato 9 novembre 1999, il divieto di spargere effluenti di allevamento durante alcuni periodi dell’anno non trovava applicazione con riguardo al letame. Peraltro, quanto alla circostanza dedotta, secondo cui il decreto 28 marzo 2003 conterrebbe il detto divieto, è sufficiente ricordare che, secondo la costante giurisprudenza citata al punto 108 della presente sentenza, i mutamenti della normativa intervenuti successivamente alla data di scadenza del parere motivato non possono essere presi in considerazione dalla Corte nell’ambito di un ricorso per inadempimento. 129   Con riguardo all’allegato III, punto 1, sub 2), della direttiva, il detto governo non contesta neanche il fatto che, alla scadenza del detto termine, la normativa della Regione fiamminga relativa alla capacità dei bacini destinati all’ammasso degli effluenti di allevamento non era conforme ai requisiti di cui alla detta disposizione. Peraltro, quanto alla circostanza dedotta, secondo cui il Vlarem II, come modificato con decreto 19 settembre 2003, istituirebbe, a partire da tale data, una capacità di ammasso conforme alla direttiva, si deve nuovamente rammentare che, secondo la giurisprudenza citata al punto 108 della presente sentenza, i mutamenti della normativa intervenuti successivamente alla data di scadenza del parere motivato non possono essere presi in considerazione dalla Corte nell’ambito di un ricorso per inadempimento. 130   Con riguardo all’allegato III, punto 1, sub 3), della direttiva, la Corte ha già ricordato che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 5, n. 4, lett. a), della direttiva e dell’allegato III, punto 1, sub 3), di quest’ultima, le misure da inserire nei programmi di azione contengono regole relative alla limitazione dell’impiego dei fertilizzanti basate su un equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e l’apporto alle colture di azoto proveniente dal terreno e dalla fertilizzazione (sentenza 2 ottobre 2003, Commissione/Paesi Bassi, cit., punto 71). 131   Orbene, dagli atti di causa emerge che i regolamenti della Regione fiamminga non hanno tenuto conto delle reali riserve di azoto nel terreno. Infatti, secondo il «fondamento scientifico delle norme sulla fertilizzazione», allegato alla risposta della Regione fiamminga del 24 dicembre 1998 alla lettera di messa in mora del 28 ottobre 1998, «le norme non tengono conto delle reali riserve del terreno». Tale rilievo, di tenore univoco, non può essere smentito dalla constatazione del governo belga secondo cui le dette norme «hanno (…) come premessa l’equilibrio delle riserve presenti nel terreno», poiché la realtà di tale premessa non è affatto dimostrata. 132   Si deve pertanto rilevare che, all’atto della determinazione dei quantitativi massimi di fertilizzanti che possono essere impiegati nelle zone vulnerabili nella Regione fiamminga, non si è tenuto conto dei criteri di cui all’allegato III, punto 1, sub 3), della direttiva, segnatamente del criterio relativo all’equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture, da una parte, e l’apporto alle colture di azoto proveniente dal terreno e dalla fertilizzazione, dall’altra. 133   Con riguardo all’allegato III, punto 2, della direttiva, che concerne i quantitativi massimi di effluenti di allevamento sparsi annualmente sul terreno, le zone designate dalle Regione fiamminga dette «agricole d’interesse ecologico», «natura» e «sature di fosfati», come risulta dai punti 17 e 125 della presente sentenza, non sono state designate quali zone vulnerabili ai sensi della direttiva. Orbene, è pacifico che, alla scadenza del relativo termine, il limite annuale di 170 kg di azoto per ettaro è stato rispettato per le zone vulnerabili «acque», vale a dire le sole zone designate, nella Regione fiamminga, in applicazione della direttiva. Deve pertanto rilevarsi che l’addebito della Commissione, secondo cui tale limite non sarebbe stato applicato in tutte le zone vulnerabili della Regione fiamminga, non è fondato. 134   Alla luce delle suesposte considerazioni, deve rilevarsi che, eccezion fatta per la censura secondo cui il programma di azione della Regione fiamminga sarebbe stato applicato solo parzialmente nella detta Regione, segnatamente con riguardo ai quantitativi massimi di effluenti di allevamento che possono essere sparsi ogni anno nelle zone vulnerabili, l’addebito della Commissione relativo alla violazione dell’art. 5 della direttiva, nel combinato disposto con l’allegato III della direttiva medesima, è fondato nella parte in cui riguarda la situazione esistente nella Regione fiamminga allo scadere del termine previsto dal parere motivato 9 novembre 1999. –       Con riguardo alla Regione vallona 135   In limine, si deve anzitutto rilevare che il decreto 10 ottobre 2002, sul quale vertono varie specifiche deduzioni sollevate dalla Commissione nel suo ricorso, è intervenuto successivamente alla scadenza del termine fissato dai pareri motivati. Conseguentemente, i capi dell’addebito con cui la Commissione contesta al Regno del Belgio inadempimenti ulteriori rispetto a quelli di cui al parere motivato, per i motivi esposti ai punti 34-42 della presente sentenza, devono essere respinti in quanto irricevibili. 136   Quanto al resto, è sufficiente rilevare che il governo belga non contesta che il programma di azione vallone sia stato adottato oltre il termine stabilito dal parere motivato 9 novembre 1999. 137   Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve rilevare che l’addebito della Commissione relativo alla violazione dell’art. 5 della direttiva, nel combinato disposto con l’allegato III della direttiva medesima, nella parte in cui riguarda la situazione esistente nella regione fiamminga e nella Regione vallona allo scadere del termine prescritto nel parere motivato 9 novembre 1999, è fondato. Sull’addebito relativo alla violazione dell’art. 10 della direttiva, nel combinato disposto con l’allegato V della direttiva medesima 138   La Commissione rileva che, nella relazione concernente la Regione fiamminga, comunicata all’Istituzione ai sensi dell’art. 10 della direttiva, mancano i seguenti elementi: –       la mappa prevista dall’allegato V, punto 2, sub a), della direttiva, concernente le acque individuate conformemente all’art. 3, n. 1, della direttiva medesima; –       il sommario dei programmi di controllo svolti ai sensi dell’art. 6 della direttiva; –       il sommario dei risultati dei programmi di controllo svolti ai sensi dell’art. 5, n. 6, della direttiva e –       le stime relative ai termini approssimativi entro i quali è prevedibile che le misure di cui al programma d’azione producano effetti. 139   Il governo belga non contesta tale addebito. 140   Ciò premesso, si deve rilevare che, sottoponendo alla Commissione una relazione incompleta, non conforme all’art. 10 della direttiva, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della disposizione medesima. 141   Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve rilevare che, non avendo adottato: –       con riguardo alla Regione fiamminga, alla scadenza del termine previsto dal parere motivato 23 novembre 1998, le misure necessarie per dare completa e corretta attuazione all’art. 4 della direttiva e, alla scadenza del termine previsto dal parere motivato 9 novembre 1999, le misure necessarie per dare completa e corretta attuazione agli artt. 3, nn. 1 e 2, 5, e 10 della direttiva medesima, e –       con riguardo alla Regione vallona, alla scadenza del termine previsto dal parere motivato 9 novembre 1999, le misure necessarie per dare completa e corretta attuazione agli artt. 3, nn. 1 e 2, e 5 della detta direttiva, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva medesima. 142   Si deve parimenti rilevare che, nella parte in cui, con il proprio ricorso, la Commissione formula addebiti nuovi rispetto a quelli dedotti nei pareri motivati, il ricorso è irricevibile. 143   Inoltre, il capo dell’addebito relativo alla violazione dell’art. 5 della direttiva, nel combinato disposto con l’allegato III della direttiva medesima, secondo cui il programma di azione della Regione fiamminga verrebbe applicato solo parzialmente nella detta Regione, segnatamente con riguardo ai quantitativi massimi di effluenti di allevamento che possono essere sparsi annualmente sulle zone vulnerabili, non è fondato. Sulle spese 144   Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 145   A termini dell’art. 69, n. 3, primo comma, del regolamento medesimo, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese. 146   Nella specie, deve rilevarsi che la Commissione ha dedicato una parte rilevante del proprio ricorso e delle proprie memorie a addebiti nuovi rispetto a quelli formulati nei pareri motivati, pur essendo perfettamente consapevole del fatto che, come l’Istituzione stessa ha riconosciuto sia nel ricorso sia all’udienza, una violazione ai sensi dell’art. 226 CE viene valutata con riferimento solo alla scadenza del termine previsto dal parere motivato. Tale comportamento ha potuto indurre la parte convenuta a profondere un impegno non trascurabile ai fini di replicare a addebiti supplementari rispetto a quelli oggetto della fase precontenziosa del procedimento. 147   Tuttavia, ancorché una parte del ricorso venga dichiarata irricevibile e un capo del terzo addebito debba essere respinto, deve rilevarsi che il ricorso della Commissione è essenzialmente fondato. 148   Alla luce delle suesposte considerazioni, il Regno del Belgio deve essere condannato alle spese. Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce: 1) Non avendo adottato: – con riguardo alla Regione fiamminga, alla scadenza del termine previsto dal parere motivato 23 novembre 1998, le misure necessarie per dare completa e corretta attuazione all’art. 4 della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole e, alla scadenza del termine previsto dal parere motivato 9 novembre 1999, le misure necessarie per dare completa e corretta attuazione agli artt. 3, nn. 1 e 2, 5, e 10 della direttiva medesima, e – con riguardo alla Regione vallona, alla scadenza del termine previsto dal parere motivato 9 novembre 1999, le misure necessarie per dare completa e corretta attuazione agli artt. 3, nn. 1 e 2, e 5 della detta direttiva, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della detta direttiva. 2) Nella parte in cui la Commissione delle Comunità europee ha formulato addebiti nuovi, non dedotti nei pareri motivati, il ricorso è irricevibile. 3) Il capo dell’addebito relativo alla violazione dell’art. 5 della direttiva 91/676, nel combinato disposto con l’allegato III della direttiva medesima, secondo cui il programma di azione della Regione fiamminga verrebbe applicato solo parzialmente nella detta Regione, segnatamente con riguardo ai quantitativi massimi di effluenti di allevamento che possono essere sparsi annualmente sulle zone vulnerabili, non è fondato. 4) Il Regno del Belgio è condannato alle spese. Firme * Lingua processuale: il francese.

62017CJ0475

sv

Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artikel 401 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt ( EUT L 347, 2006, s. 1 ) (nedan kallat mervärdesskattedirektivet). Begäran har framställts i ett mål mellan, å ena sidan, Viking Motors AS, TKM Beauty Eesti OÜ, TKM King AS, Kaubamaja AS, och Selver AS, och, å andra sidan, Tallinna linn, (staden Tallinn, Estland) och maksu- ja Tolliamet (Skatte- och tullförvaltningen, Estland) (nedan kallad skattemyndigheten) angående återbetalning av försäljningsskatt som betalats av nämnda bolag. Tillämpliga bestämmelser Unionsrätt Sjätte direktivet Artikel 33.1 i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter – Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund ( EGT L 145, 1977, s. 1 ; svensk specialutgåva, område 9, volym 1, s. 28), i dess lydelse enligt rådets direktiv 91/680/EEG av den 16 december 1991 ( EGT L 376, 1991, s. 1 ; svensk specialutgåva, område 9, volym 2, s. 33) (nedan kallat sjätte direktivet) har följande lydelse: ”Utan att det påverkar tillämpningen av andra gemenskapsbestämmelser, särskilt dem som fastställs i gällande allmänna gemenskapsbestämmelser om innehav, flyttning och övervakning av punktskattepliktiga varor, får detta direktiv inte hindra en medlemsstat från att behålla eller införa skatter på försäkringsavtal, skatter på vadslagning och spel, punktskatter, stämpelskatter och, mer generellt, alla skatter, tullar eller avgifter som inte kan karakteriseras som omsättningsskatter, under förutsättning att dessa skatter, tullar eller avgifter inte leder till gränsformaliteter i handeln medlemsstater emellan.” Mervärdesskattedirektivet I skälen 4 och 7 i mervärdesskattedirektivet anges följande: ”(4) Förverkligandet av målet att skapa en inre marknad förutsätter att det i medlemsstaterna tillämpas en sådan lagstiftning om omsättningsskatter som inte snedvrider konkurrensvillkoren eller hindrar den fria rörligheten av varor och tjänster. Det är därför nödvändigt att genom ett mervärdesskattesystem åstadkomma en sådan harmonisering av lagstiftningen om omsättningsskatter som i möjligaste mån undanröjer faktorer som kan snedvrida konkurrensvillkoren, på nationell nivå såväl som på gemenskapsnivå. … (7) Det gemensamma systemet för mervärdesskatt bör, även om skattesatserna och undantagen inte är helt harmoniserade, vara konkurrensneutralt genom att liknande varor och tjänster belastas med lika stort skatteuttag inom varje medlemsstats territorium, oavsett hur lång produktions- och distributionskedjan är.” I artikel 401 i mervärdesskattedirektivet föreskrivs följande: ”Utan att det påverkar tillämpningen av andra gemenskapsbestämmelser får detta direktiv inte hindra en medlemsstat från att behålla eller införa skatter på försäkringsavtal, skatter på vadslagning och spel, punktskatter, stämpelskatter och, mer generellt, alla skatter eller avgifter som inte kan karakteriseras som omsättningsskatter, under förutsättning att uttaget av dessa skatter eller avgifter inte leder till gränsformaliteter i handeln medlemsstater emellan.” Estnisk rätt I den lydelse som är tillämplig i de nationella målen gav kohalike maksude seadus (lagen om lokala skatter) kommunerna rätt att införa en försäljningsskatt som en lokal skatt. I 8 § i nämnda lag föreskrevs följande: ”(1)   Enskilda näringsidkare och juridiska personer som har ett särskilt handelstillstånd eller tillstånd att tillhandahålla tjänster inom kommunen eller staden ska betala skatt på försäljning. Försäljningsskatten ska, på grundval av etableringsorten, betalas av affärsidkarna i den mening som avses i kaubandustegevuse seadus (lagen om affärsverksamhet), vilka har registrerats i handelsregistret och utövar verksamhet inom detaljhandeln, i restaurangbranschen eller i tjänstesektorn. (2)   Försäljningsskatt påförs på värdet av de varor eller tjänster som säljs av en beskattningsbar person inom kommunen eller staden och ingår i priset för dessa. Priset i den mening som avses i denna lag är beskattningsunderlaget för den beskattningsbara omsättningen som fastställs i käibemaksuseadus [(omsättningsskattelagen)] exklusive försäljningsskatt. (3)   Skattesatsen för försäljningsskatten fastställs av kommun- eller stadsfullmäktige. Den får emellertid inte överstiga 1 procent av värdet av de varor och tjänster som avses i punkt 2 ovan, vilka ingår i priset. (4)   Beskattningsperioden för försäljningsskatten ska vara ett kvartal. (5)   Den beskattningsbara personen har följande skyldigheter: 1) Att beräkna försäljningsskatten, som tas ut på värdet av de varor och tjänster som vederbörande sålt i kommunen eller staden med den skattesats som föreskrivs i den skatteförordning som antagits av kommunen eller staden. 2) Att för varje kvartal, senast den 20 i månaden efter det kvartalet, inge den deklaration för omsättningsskatt som finansministern fastställt med avseende på försäljningsskatt till den skattemyndighet som anges i kommun- eller stadsfullmäktiges förordning. 3) Att betala in försäljningsskatten inom den tidsfrist för inlämnande av deklarationen som fastställts i den lokala myndighetens budget. (6)   Kommun- och stadsförvaltningen har enligt de villkor som kommun- och stadsfullmäktige fastställt rätt att medge undantag och lättnader avseende försäljningsskatter.” Genom förordning nr 45 av den 17 december 2009 om skatt på försäljning i Tallinn (nedan kallad förordning nr 45), införde Tallinna Linnavolikogu (Tallinns stadsfullmäktige, Estland) en skatt på försäljning i den mening som avses i 8 § i lagen om lokala skatter. Denna skatt började tillämpas den 1 januari 2010 och tillämpades till och med den 1 januari 2012. I enlighet med 1 § punkt 2 i förordning nr 45 togs denna skatt ut på varor och tjänster som tillhandahölls en fysisk person i Tallinns stad, eller med utgångspunkt från denna stad, inom detaljhandeln, i restaurangbranschen eller i tjänstesektorn. I 2 § i samma förordning, som hade rubriken ”Beskattningsbar person”, föreskrevs följande: ”Beskattningsbara personer är affärsidkare i den mening som avses i kaubandustegevuse seadus (lagen om affärsverksamhet) som uppfyller samtliga följande villkor: 1) Affärsidkaren har registrerats i handelsregistret. 2) Affärsidkarens driftsställe är enligt uppgifter i handelsregistret beläget i staden Tallinn. 3) Affärsidkaren utövar verksamhet inom detaljhandeln, i restaurangbranschen eller i tjänstesektorn.” I 4 § i förordning nr 45, med rubriken ”skattesats”, fastställdes skattesatsen för försäljningsskatten till 1 procent av det beskattningsbara värdet för de varor och tjänster som avsågs i 1 § punkt 2 i samma förordning. I 4 § i förordning nr 45, med rubriken ”Tidpunkt då skyldigheten att betala skatten uppkommer”, föreskrevs följande: ”(1)   Skyldigheten att betala skatt inträder den dag då en av följande händelser äger rum för första gången: 1) försändelse eller leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster till en köpare, 2) erhållande av hel eller delvis betalning för en vara eller en tjänst. (2)   Om tjänsterna tillhandahålls inom ramen för ett varaktigt avtalsförhållande uppkommer betalningsskyldigheten den beskattningsperiod under vilken en faktura har utfärdats eller en betalning för tjänsterna har överenskommits, utifrån vad som skedde först. (3)   Enskilda företagare som använder kontantmetoden får för uppkomsten av skyldigheten att betala skatten utgå från erhållandet av betalningen för varan eller tjänsten.” I artikel 4 punkt 1 i förordning nr 45 föreskrevs följande: ”Vad gäller försäljningsskatten är det beskattningsbara värdet av en vara eller tjänst försäljningspriset på varor eller tjänster eller annan ersättning (exklusive mervärdesskatt), i enlighet med 12 § punkt 1 i lagen om mervärdesskatt, som säljaren av varorna eller tillhandahållaren av tjänsterna mottar eller mottog från köparen av varorna, en tjänstemottagare eller en tredje person för varorna eller tjänsterna.” Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågan Klagandena i de nationella målen ansåg att betalningen av den försäljningsskatt som införts genom förordning nr 45 var en felaktig betalning. De ingav därför till Tallinna Ettevõtlusamet (Tallinns företagsbyrå, Estland) korrigerade deklarationer avseende de tre sista kvartalen år 2010 och samtliga fyra kvartal år 2011, och en ansökan om återbetalning av de belopp som redan hade inbetalats avseende denna skatt. Tallinns företagsbyrå ansåg att klagandena i de nationella målen var skyldiga att betala nämnda försäljningsskatt och fastställde genom beskattningsbeslut den skatt som skulle betalas av var och en av dem. Företagsbyrån biföll endast delvis klagandenas ansökningar om återbetalning. Klagandena i de nationella målen vände sig därefter till skattemyndigheten som dock i huvudsak fastställde att klagandena var skyldiga att betala försäljningsskatten. Eftersom de ansåg att försäljningsskatten stred mot artikel 401 i mervärdesskattedirektivet ingav såväl TVA, Viking Motors, TKM Beauty Eesti och TKM King, som Kaubamaja och Selver, överklaganden till Tallinna Halduskohus (Tallinns förvaltningsdomstol, Estland) vilka i huvudsak syftade till ogiltigförklaring av skattemyndighetens beslut, samt att skattemyndigheten skulle återbetala försäljningsskatten jämte ränta. I dom av den 31 mars 2015 ogillade Tallinna Halduskohus (Tallinns förvaltningsdomstol, Estland) det överklagande som ingetts av Viking Motors, TKM Beauty Eesti och TKM King. Vad gällde överklagandena från Kaubamaja och Selver biföll nämnda domstol deras överklaganden genom dom av den 24 juli 2015, men endast i den mån försäljningsskatten hade tillämpats på försäljning av punktskattepliktiga varor. Klagandena i de nationella målen överklagade dessa domar till Tallinna Ringkonnakohus (Appellationsdomstolen i Tallinn, Estland). Nämnda domstol avslog dessa överklaganden genom domar av den 9 maj 2016 och den 30 juni 2016. Appellationsdomstolen delade förstainstansdomstolens bedömning och underströk vidare att rättspraxis från EU-domstolen var klar vad gällde att en skatt i en medlemsstat strider mot artikel 401 i mervärdesskattedirektivet endast om den motsvarar vart och ett av de fyra grundläggande kännetecknen för mervärdesskatt som EU-domstolen har slagit fast. Klagandena i de nationella målen överklagade till den hänskjutande domstolen, vilken förenade de båda målen genom beslut av den 10 maj 2017. Riigikohus (Högsta domstolen, Estland) anser att även om försäljningsskatten som är i fråga i de nationella målen formellt sett inte uppvisar de tredje och fjärde kännetecknen för en mervärdesskatt i den mening som avses i domstolens rättspraxis, då den inte tas ut i varje produktions- och distributionsled och den inte ger rätt att dra av den skatt som betalats i föregående led, uppnår tillämpningen av denna försäljningsskatt i huvudsak samma mål som skulle ha uppnåtts tack vare de tredje och fjärde kännetecknen. Skattebördan för nämnda försäljningsskatt bars således i sista hand av konsumenten. Enligt den hänskjutande domstolen skulle tillämpningen av försäljningsskatten även kunna skada det gemensamma mervärdesskattesystemets funktion, genom att den på nationell nivå leder till att liknande varor och tjänster beskattas olika. Med hänvisning till domstolens dom av den 5 mars 2015, Statoil Fuel & Retail ( C‑553/13 , EU:C:2015:149 ), i vilken domstolen slog fast att den försäljningsskatt som var i fråga i de nationella målen stred mot rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG ( EUT L 9, 2009, s. 12 ) i den mån den träffade detaljhandelsförsäljning av punktskattepliktiga flytande drivmedel, har den hänskjutande domstolen påpekat att, till följd av denna dom har de estniska domstolarna, vad gäller beskattning av punktskattepliktiga varor, bifallit överklaganden som ingetts av beskattningsbara personer i mål rörande försäljningsskatt. Mot denna bakgrund beslutade Riigikohus (Högsta domstolen) att vilandeförklara målet och ställa följande fråga till EU-domstolen: ”Ska artikel 401 i rådets direktiv 2006/112/EG tolkas så, att nämnda bestämmelse utgör hinder mot en nationell skatt som är generellt tillämplig och fastställs proportionellt i förhållande till priset, vilken enligt de tillämpliga bestämmelserna emellertid endast ska tas ut i ledet för försäljning av en vara eller en tjänst till en konsument, vilket innebär att skatten i slutänden bärs av konsumenten, och vilken äventyrar det gemensamma mervärdesskattesystemets funktion och snedvrider konkurrensen?” Prövning av tolkningsfrågan Den hänskjutande domstolen har ställt sin fråga för att få klarhet i huruvida unionsrätten ska tolkas så, att den utgör hinder för att behålla eller införa en lokal försäljningsskatt, såsom den som är aktuell i de nationella målen. Det ska härvidlag erinras om att enligt artikel 401 i mervärdesskattedirektivet utgör bestämmelserna i direktivet inte hinder för att en medlemsstat behåller eller inför skatter på försäkringsavtal, skatter på vadslagning och spel, punktskatter, stämpelskatter och, mer generellt, alla skatter eller avgifter som inte kan karakteriseras som omsättningsskatter, under förutsättning att uttaget av dessa skatter eller avgifter inte leder till gränsformaliteter i handeln medlemsstater emellan. Med tanke på det negativa villkoret i uttrycket ”som inte kan karakteriseras som omsättningsskatter” föranleder en bokstavstolkning av denna bestämmelse slutsatsen att en medlemsstat får behålla eller införa skatter, tullar och avgifter endast om dessa inte är att jämställa med en omsättningsskatt. Även om begreppet omsättningsskatt inte definieras i artikel 401 i mervärdesskattedirektivet eller i någon annan bestämmelse i direktivet, kan det konstateras att denna artikel, vars tolkning begärs av den hänskjutande domstolen, i huvudsak är identisk med artikel 33 i sjätte direktivet. Domstolen har, bland annat i domen av den 3 oktober 2006, Banca popolare di Cremona ( C‑475/03 , EU:C:2006:629 ), tolkat artikel 33 i sjätte direktivet, och i synnerhet begreppet omsättningsskatt i den artikeln, efter att domstolen satt in denna bestämmelse i dess juridiska sammanhang och erinrat om målen med ett gemensamt system för mervärdesskatt. Domstolen har understrukit att det av skälen i rådets första direktiv 67/227/EEG av den 11 april 1967 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om omsättningsskatter ( EGT 71, 1967, s. 1301 ; svensk specialutgåva, område 9, volym 1, s. 3), framgår att en harmonisering av lagstiftningen om omsättningsskatter bör göra det möjligt att upprätta en gemensam marknad inom vilken det råder sund konkurrens och vars egenskaper liknar dem som råder på en inhemsk marknad, genom att undanröja skillnader i beskattningen som kan snedvrida konkurrensen och försvåra handeln (dom av den 3 oktober 2006, Banca popolare di Cremona, C‑475/03 , EU:C:2006:629 , punkt ). Ett gemensamt system för mervärdesskatt infördes genom rådets andra direktiv 67/228/EEG av den 11 april 1967 om harmoniseringen av medlemsstaternas lagstiftning om omsättningsskatter – struktur och tillämpningsföreskrifter för det gemensamma systemet för mervärdesskatt ( EGT 71, 1967, s. 1303 ) (nedan kallat andra direktivet), och genom sjätte direktivet (dom av den 3 oktober 2006, Banca popolare di Cremona, C‑475/03 , EU:C:2006:629 , punkt ). Det gemensamma systemet för mervärdesskatt vilar enligt artikel 2 i första direktivet 67/227 på principen att det, till och med detaljhandelsledet, på varor och tjänster ska tas ut en allmän skatt på konsumtion som är exakt proportionell mot priset på varorna och tjänsterna, oavsett antalet transaktioner som äger rum under produktions- och distributionsprocessen före det led där skatten tas ut (dom av den 3 oktober 2006, Banca popolare di Cremona, C‑475/03 , EU:C:2006:629 , punkt ). Avdragssystemet har utformats så, att beskattningsbara personer har rätt att dra av den mervärdesskatt som redan tagits ut på varorna i ett tidigare led från den skatt som de är skyldiga att betala. Avdragssystemet ändrades genom artikel 17.2 i sjätte direktivet så att beskattningsbara personer har rätt att från den mervärdesskatt som de ska betala dra av den mervärdesskatt som redan tagits ut på varorna eller tjänsterna och att skatten, i varje skede, endast läggs på mervärdet, och i sista hand bärs av slutkonsumenten (dom av den 3 oktober 2006, Banca popolare di Cremona, C‑475/03 , EU:C:2006:629 , punkt ). För att uppnå målet att det ska råda likabehandling vad avser skattevillkoren för samma transaktion, oavsett i vilken medlemsstat den äger rum, skulle det gemensamma systemet för mervärdesskatt, enligt ordalydelsen i övervägandena till andra direktivet, ersätta de omsättningsskatter som var tillämpliga i medlemsstaterna (dom av den 3 oktober 2006, Banca popolare di Cremona, C‑475/03 , EU:C:2006:629 , punkt ). I enlighet därmed tillät artikel 33 i sjätte direktivet medlemsstaterna att införa eller behålla skatter, tullar eller avgifter på varor, tjänster eller import endast om de inte kunde karakteriseras som omsättningsskatter (dom av den 3 oktober 2006, Banca popolare di Cremona, C‑475/03 , EU:C:2006:629 , punkt ). För att avgöra om en skatt, tull eller avgift kan karakteriseras som en omsättningsskatt i den mening som avses i artikel 401 i mervärdesskattedirektivet, ska det särskilt prövas om den äventyrar det gemensamma mervärdesskattesystemets funktion, genom att den belastar omsättningen av varor och tjänster och tas ut på affärstransaktioner på ett sätt som kan jämställas med mervärdesskatt (se, analogt, dom av den 11 oktober 2007, KÖGÁZ m.fl., C‑283/06 och C‑312/06 , EU:C:2007:598 , punkt och där angiven rättspraxis). Domstolen har härvidlag förtydligat att under alla förhållanden ska åtminstone skatter, tullar och avgifter som uppvisar de väsentliga kännetecknen för mervärdesskatt anses belasta omsättningen av varor och tjänster på ett sätt som kan jämställas med mervärdesskatt, även om de inte i alla delar är identiska med denna (dom av den 3 oktober 2006, Banca popolare di Cremona, C‑475/03 , EU:C:2006:629 , punkt och där angiven rättspraxis). Artikel 33 i sjätte direktivet utgör däremot inte hinder för ett bibehållande eller ett införande av en skatt som inte uppvisar något av de väsentliga kännetecknen för mervärdesskatten (dom av den 3 oktober 2006, Banca popolare di Cremona, C‑475/03 , EU:C:2006:629 , punkt och där angiven rättspraxis). Detsamma gäller för artikel 401 i mervärdesskattedirektivet. Det framgår av domstolens praxis att nämnda kännetecken är fyra till antalet: mervärdesskatten tas ut generellt på transaktioner avseende varor eller tjänster; den är proportionell i förhållande till det pris som den skattskyldige har erhållit för dessa varor och tjänster; den tas ut i varje led i produktions- och distributionskedjan, inklusive detaljhandeln, oavsett antalet föregående transaktioner; den mervärdesskatt som ska betalas vid en transaktion beräknas efter avdrag för den skatt som betalades vid den föregående transaktionen, vilket innebär att skatten i varje led endast beräknas på det mervärde som tillförts i detta led och att skatten i sista hand bärs av konsumenten (dom av den 3 oktober 2006, Banca popolare di Cremona, C‑475/03 , EU:C:2006:629 , punkt ). Det är därför nödvändigt att undersöka huruvida en sådan skatt som den försäljningsskatt som är i fråga i de nationella målen har dessa kännetecken, och detta trots att domstolen i domen av den 5 mars 2015, Statoil Fuel & Retail ( C‑553/13 , EU:C:2015:149 ), slog fast att försäljningsskatten stred mot unionsrätten, eftersom de nationella målen inte avser huruvida denna skatt är förenlig med allmänna regler för punktskatt utan huruvida den är förenlig med det gemensamma systemet för mervärdesskatt. För att undvika resultat som inte överensstämmer med ändamålet med det gemensamma systemet för mervärdesskatt, såsom det beskrivs i punkterna 31–37 i förevarande dom, ska varje jämförelse mellan kännetecknen för en skatt som den försäljningsskatt som är aktuell i de nationella målen och kännetecknen för mervärdesskatt göras med beaktande av detta ändamål. Särskild uppmärksamhet ska i detta sammanhang fästas vid att kravet på neutralitet i det gemensamma systemet för mervärdesskatt säkerställs. (dom av den 3 oktober 2006, Banca popolare di Cremona, C‑475/03 , EU:C:2006:629 , punkt ). Vad beträffar den tredje och den fjärde förutsättningen för mervärdesskatt, nämligen att mervärdesskatt ska tas ut i varje produktions- och distributionsled och förekomsten av en rätt att dra av den skatt som betalats i ett tidigare skede av denna process, konstaterar domstolen att det i förevarande fall är uppenbart att, såsom den hänskjutande domstolen själv medgett, den skatt som är aktuell i de nationella målen inte uppfyller dessa villkor. Denna omständighet är tillräcklig för att dra slutsatsen att den försäljningsskatt som är aktuell i de nationella målen inte omfattas av förbudet i artikel 401 i mervärdesskattedirektivet, eftersom den inte uppvisar alla de väsentliga kännetecknen för mervärdesskatt (se, analogt, beslut av den 12 oktober 2017, Palais Kaiserkron, C‑549/16 , ej publicerat, EU:C:2017:761 , punkt ). Den hänskjutande domstolen har dock påpekat att tillämpningen av denna skatt uppnår i huvudsak samma mål som de som motsvarar det tredje och fjärde grundläggande kännetecknet för mervärdesskatt, eftersom den slutliga skattebördan bärs av konsumenten. I detta avseende bör det noteras att, såsom framgår av de handlingar som ingetts till domstolen, lagstiftningen om den försäljningsskatt som är aktuell i de nationella målen inte ålägger beskattningsbara personer skyldigheten att inkludera beloppet för denna skatt i försäljningspriset, och inte heller att på fakturan till köparen separat ange beloppet av den skatt som ska betalas. Övervältring av skatten på konsumenten var således en möjlighet och inte en skyldighet för återförsäljarna, som när som helst kunde välja att själva bära skatten, utan att höja priset på de varor och tjänster som tillhandahålls. Det är alltså inte säkert att försäljningsskatten slutligen vältrades över på slutkonsumenten på det sätt som är utmärkande för en konsumtionsskatt såsom mervärdesskatten. Domstolen har redan slagit fast att en skatt som tas ut på produktionsverksamhet på ett sätt som innebär att det inte är säkert att den i likhet med en sådan konsumtionsskatt som mervärdesskatten i slutändan bärs av slutkonsumenten kan hamna utanför tillämpningsområdet för artikel 401 i mervärdesskattedirektivet (dom av den 11 oktober 2007, KÖGÁZ m.fl., C‑283/06 och C‑312/06 , EU:C:2007:598 , punkt ). Medan mervärdesskatten, genom avdrag för ingående mervärdesskatt, endast belastar slutkonsumenten och är fullständigt neutral vad gäller de beskattningsbara personer som är inblandade i produktions- och distributionsprocessen i leden före den sista beskattningen, oavsett antalet transaktioner, är detta inte fallet vad gäller en skatt såsom försäljningsskatten (se, analogt, dom av den 11 oktober 2007, KÖGÁZ m.fl., C‑283/06 och C‑312/06 , EU:C:2007:598 , punkt och där angiven rättspraxis). Den hänskjutande domstolen anser även att tillämpningen av den skatt som är aktuell i de nationella målen, vid sidan av det tillämpliga mervärdesskattesystemet, kan ha en skadlig inverkan på det gemensamma mervärdesskattesystemet och den konkurrensneutralitet som ska gälla enligt skälen 4 och 7 i mervärdesskattedirektivet. Mot bakgrund av övervägandena i punkterna 34–38 ovan gäller dock att när en skatt inte tas ut på affärstransaktioner på ett sätt som kan jämställas med mervärdesskatt, kan en sådan skatt som den i de nationella målen inte ha en skadlig inverkan på det gemensamma systemet för mervärdesskatt. Med hänsyn till att inverkan på försäljningspriset av den försäljningsskatt som är aktuell i de nationella målen beror på säljarna, som kan besluta att övervältra eller inte övervältra kostnaden för skatten på köparen, ska det påpekas att endast säljarens agerande kan medföra att dennes skattemässiga behandling skiljer sig jämfört med en konkurrent, och de eventuella prisskillnader som bärs av en del konsumenter jämfört med andra. Neutraliteten i det gemensamma systemet för mervärdesskatt, som det erinrats om i punkt 41 ovan, äventyras således inte. Mot bakgrund av samtliga ovanstående överväganden framgår att en sådan skatt som den försäljningsskatt som är i fråga i de nationella målen inte kan karakteriseras som en omsättningsskatt i den mening som avses i artikel 401 i mervärdesskattedirektivet. Mot denna bakgrund ska tolkningsfrågan besvaras enligt följande: Artikel 401 i mervärdesskattedirektivet ska tolkas så, att den inte utgör hinder för att behålla eller införa en sådan skatt som den försäljningsskatt som är aktuell i de nationella målen. Rättegångskostnader Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i de nationella målen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den hänskjutande domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttrande till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla. Mot denna bakgrund beslutar domstolen (åttonde avdelningen) följande: Artikel 401 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt ska tolkas så, att den inte utgör hinder för att behålla eller införa en sådan skatt som den försäljningsskatt som är aktuell i de nationella målen. Underskrifter ( *1 ) Rättegångsspråk: estniska.

61995CJ0264

it

Motivazione della sentenza 1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 4 agosto 1995 la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza 6 giugno 1995, causa T-14/93, Union internationale des chemins de fer/Commissione (Racc. pag. II-1503; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale di primo grado ha annullato la decisione della Commissione 25 novembre 1992, 92/568/CEE, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CEE (IV/33.585 - Distribuzione dei biglietti ferroviari da parte delle agenzie di viaggio; GU L 366, pag. 47; in prosieguo: la «decisione controversa»). 2 Dalla sentenza impugnata emerge che l'Union internationale des chemins de fer (in prosieguo: la «UIC») è un'associazione mondiale di aziende ferroviarie alla quale aderiscono 69 imprese. Nell'ambito delle sue attività, nel 1952 ha redatto la scheda 130, più volte aggiornata, che disciplina determinati aspetti dei rapporti tra aziende ferroviarie e agenzie di viaggi nell'ambito specifico dei trasporti ferroviari internazionali di viaggiatori (punto 3). 3 A questo proposito il Tribunale ha rilevato che «La prestazione di trasporti ferroviari internazionali di viaggiatori avviene, sostanzialmente, per somma di prestazioni nazionali successive e presuppone, pertanto, una cooperazione tra le imprese ferroviarie nazionali (in prosieguo: le "aziende"). Il prezzo di un biglietto internazionale corrisponde, in genere, alla somma delle tariffe relative ai percorsi nazionali. Una compensazione tra le aziende consente a ciascuna di esse di ricevere la parte del prezzo corrispondente alla sua prestazione, mentre ognuna garantisce alle altre il calcolo e il pagamento delle prestazioni fornite» (punto 1). 4 La scheda 130 verte sulle condizioni di autorizzazione delle agenzie da parte dell'azienda ferroviaria del paese nel quale hanno sede, sulla concessione delle provvigioni alle agenzie sui biglietti venduti e sulle percentuali di dette provvigioni, per le prestazioni del traffico internazionale, da versare alle altre aziende ed alle agenzie autorizzate da un'azienda diversa (con la possibilità, tramite accordi bilaterali o multilaterali, di convenire percentuali superiori) (punti 4-8). La scheda 130 raccomanda inoltre di attenersi alle clausole del contratto tipo che vincola, fra l'altro, l'agenzia a praticare il prezzo ufficiale del biglietto indicato nella tariffa e a «non favorire nella sua pubblicità, nelle sue offerte e nei suoi consigli alla clientela i mezzi di trasporto concorrenti a detrimento del servizio ferroviario e degli altri mezzi di trasporto» gestiti dalle stesse aziende o in collaborazione con esse (punto 9). 5 Nel 1990 la Commissione ha chiesto alla UIC e a talune aziende europee informazioni circa la scheda 130, a norma del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204) (punto (10). Il 10 ottobre 1991 ha inviato alla UIC una comunicazione degli addebiti e il 18 febbraio 1992 si è svolta un'audizione in base al medesimo fondamento giuridico (punto 11). Dopo aver sentito il parere del comitato consultivo, come previsto dal regolamento n. 17, la Commissione ha adottato, ai sensi dello stesso regolamento, la decisione controversa che condannava la UIC in base all'art. 85, n. 1, del Trattato e le infliggeva un'ammenda di un milione di ECU (punto 12). Il procedimento dinanzi al Tribunale 6 L'8 febbraio 1993 la UIC ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso mirante in via principale all'annullamento, in base a sei motivi, della decisione controversa e, in subordine, all'annullamento dell'ammenda o alla riduzione del suo importo (punti 15, 17 e 18). 7 Con il primo motivo la UIC sosteneva che la decisione controversa avrebbe dovuto fondarsi non già sul regolamento n. 17, bensì sul regolamento (CEE) del Consiglio 19 luglio 1968, n. 1017, relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili (GU L 175, pag. 1). Essa osservava in particolare che la scheda 130 verteva sul «controllo dell'offerta di trasporto» e sulla «fissazione del prezzo del trasporto» ai sensi dell'art. 1 del regolamento n. 1017/68, che definisce la sfera d'applicazione del regolamento stesso (punto 20). 8 L'art. 1 del regolamento n. 1017/68, stabilisce che: «Disposizioni di principio Nel settore dei trasporti ferroviari, stradali e per via navigabile, le disposizioni del presente regolamento sono applicabili agli accordi, decisioni e pratiche concordate che hanno per oggetto o per effetto la fissazione di prezzi e condizioni di trasporto, la limitazione o il controllo dell'offerta di trasporto, la ripartizione dei mercati dei trasporti, l'applicazione di miglioramenti tecnici o la cooperazione tecnica, il finanziamento o l'acquisizione in comune di materiale o di forniture di trasporto direttamente connessi alla prestazione di trasporto, sempreché ciò sia necessario per l'esercizio in comune di un raggruppamento di imprese di trasporto stradale o per via navigabile come definito all'articolo 4, nonché alle posizioni dominanti sul mercato dei trasporti. Queste disposizioni sono applicabili anche alle operazioni degli ausiliari dei trasporti che hanno lo stesso oggetto o gli stessi effetti sopra indicati». 9 La Commissione ha ribattuto di essersi fondata sul regolamento n. 17 in quanto, da un lato, la scheda 130 non riguardava «direttamente» la prestazione di trasporto e, dall'altro, le agenzie di viaggi non erano degli ausiliari dei trasporti ai sensi della seconda frase dell'art. 1 del regolamento n. 1017/68, bensì prestatori di servizi autonomi (punto 30). Orbene, il terzo `considerando' del regolamento del Consiglio 26 novembre 1962, n. 141, relativo alla non applicazione del regolamento n. 17 del Consiglio al settore dei trasporti (GU 1962, n. 124, pag. 2751), definirebbe l'ambito d'applicazione del regolamento n. 141 in modo tale che prestazioni non direttamente connesse al servizio di trasporto ne esulerebbero. Secondo la stessa ratio, l'espressione «ausiliari dei trasporti» dovrebbe avere una portata circoscritta (punto 31). La sentenza impugnata 10 Nella sentenza impugnata il Tribunale ha accolto il ricorso dalla UIC ed ha annullato la decisione controversa in base al suddetto primo motivo (punto 57), in quanto gli errori di diritto commessi costituivano una violazione delle forme sostanziali ed avevano avuto l'effetto di privare la ricorrente delle garanzie procedurali di cui essa avrebbe legittimamente potuto fruire nell'ambito dell'applicazione delle disposizioni del regolamento n. 1017/68 (punti 64 e 65). 11 Ai punti 43-46 della sentenza il Tribunale ha osservato: «43 In secondo luogo, con riferimento al punto se la scheda 130 esuli dall'ambito di applicazione del regolamento n. 1017/68 in quanto non riguardi "direttamente" la prestazione di trasporto, il Tribunale prende atto che, nel caso di specie, tale punto ha ad oggetto l'interpretazione dell'art. 1 del regolamento n. 1017/68 e non quella del regolamento n. 141. Sebbene il terzo `considerando' di quest'ultimo regolamento possa costituire un importante elemento nel contesto normativo al quale appartiene, il termine "direttamente" non figura né nell'art. 1 del regolamento n. 1017/68 né nel corrispondente articolo del regolamento n. 141, il quale è peraltro divenuto inoperante dalla data di scadenza del 30 giugno 1968 per quanto riguarda il trasporto ferroviario. 44 D'altra parte, la circostanza che l'art. 1 del regolamento n. 1017/68 si applichi, da un lato, a determinati accordi, decisioni o pratiche concordate, posti in essere da un'associazione di imprese di trasporto per quanto riguarda "il finanziamento o l'acquisizione in comune di materiale o di forniture di trasporto direttamente connessi alla prestazione di trasporto" e, dall'altro, a determinati accordi, decisioni o pratiche concordate relativi alle "operazioni degli ausiliari dei trasporti" dimostra che questo articolo può avere una portata più ampia di quella attribuitagli dalla Commissione. 45 Inoltre, il Tribunale rileva che l'art. 2, lett. a), del regolamento n. 1017/68 stabilisce che gli accordi, le decisioni o le pratiche concordate considerati in questo regolamento sono, in particolare, quelli che fissano "direttamente o indirettamente" non solo "i prezzi e le condizioni di trasporto", ma anche "altre condizioni di transazione" e che la successiva lett. b) fa riferimento agli accordi, alle decisioni o alle pratiche concordate che limitano o controllano "l'offerta di trasporto, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti". Conseguentemente, la nozione di accordo o di decisione che ha per scopo o per effetto di "limitare o controllare l'offerta di trasporto" ai sensi dell'art. 1 del regolamento in parola non va interpretata nel senso che essa riguardi soltanto gli accordi o le decisioni concernenti il numero o la capacità dei treni (...), ma ricomprende necessariamente un accordo o una decisione che limiti o controlli l'offerta di trasporto o gli sbocchi ai sensi dell'art. 2 del regolamento n. 1017/68. 46 Ciò premesso, il Tribunale ritiene che questo regolamento non può essere interpretato nel senso che esso escluda dal proprio ambito d'applicazione una decisione di una associazione di imprese ferroviarie che disciplini le modalità di vendita dei biglietti ferroviari internazionali, quale è la scheda 130. Invero, questa decisione riguarda attività che sono connesse alla prestazione del servizio di trasporto ferroviario e indispensabili per questa prestazione. D'altra parte, poiché il trasporto ferroviario internazionale, allo stato attuale, viene effettuato mediante prestazioni nazionali successive (...), la vendita dei biglietti ferroviari internazionali non sarebbe assolutamente realizzabile senza un sistema di cooperazione tra le aziende ferroviarie, inteso ad assicurare la vendita di tali biglietti e la ripartizione dei relativi introiti. La scheda 130 si riferisce a questi aspetti specifici del trasporto ferroviario internazionale». 12 Al punto 47 della sua sentenza il Tribunale ha dichiarato: «47 Inoltre, il Tribunale ritiene che la scheda 130 concerne sia l'"offerta di trasporto" sia il "prezzo del trasporto", ai sensi del regolamento n. 1017/68». 13 Al punto 48, relativo all'offerta di trasporto, il Tribunale ha rilevato che l'art. 1 della scheda 130, il quale riguarda le condizioni di autorizzazione delle agenzie di viaggi, verte direttamente sulla determinazione dei punti di vendita dei biglietti internazionali e di conseguenza, pure se avesse gli effetti descritti nei punti 70-72 della decisione controversa, cioè limitare il numero di agenzie autorizzate, esso limiterebbe gli sbocchi delle aziende e per questo motivo limiterebbe o controllerebbe l'offerta di trasporto ai sensi del regolamento n. 1017/68. 14 Al punto 49, vertente sul prezzo di trasporto, il Tribunale ha considerato che la provvigione contemplata dall'art. 4 della scheda 130, il quale ne stabilisce l'entità e si applica tanto ai biglietti venduti direttamente dalle aziende quanto ai biglietti venduti tramite le agenzie di viaggi, costituisce un costo diretto della vendita di un biglietto internazionale e determina il prezzo netto, vale a dire il prezzo del biglietto al netto della provvigione, che ciascuna azienda percepisce per la propria parte della prestazione di trasporto ferroviario internazionale di cui trattasi; quindi, nelle circostanze della fattispecie, l'art. 4 della scheda 130 fissa indirettamente «il prezzo del trasporto», ai sensi del regolamento n. 1017/68. 15 Al punto 50, che riguarda del pari il prezzo del trasporto, il Tribunale ha d'altro canto ritenuto che l'obbligo, imposto dall'art. 4.7 del contratto tipo, di emettere e di vendere i titoli di trasporto ai prezzi ufficiali indicati nella tariffa ha lo scopo e l'effetto, dato il tenore di tale disposizione, di fissare i prezzi di trasporto ai sensi del regolamento n. 1017/68. 16 Infine, al punto 52, il Tribunale ha osservato che, per quel che riguarda il divieto, imposto alle agenzie dall'art. 4.3 del contratto tipo di favorire, nella loro pubblicità, nelle loro offerte o nei consigli ai clienti, mezzi di trasporto concorrenti, la Commissione ha accertato, nel punto 95 della motivazione della decisione controversa, che esso «ha lo scopo e l'effetto di restringere la concorrenza tra i vari mezzi di trasporto». Orbene, secondo il Tribunale, ne consegue che detta disposizione rientra nel settore dei trasporti. Il ricorso contro la sentenza del Tribunale 17 Nel suo ricorso la Commissione chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata e di respingere il ricorso proposto dinanzi al Tribunale dalla UIC o, in alternativa, di rinviare la causa al Tribunale. 18 La UIC chiede alla Corte di respingere il ricorso della Commissione e di accogliere le sue conclusioni presentate nel procedimento di primo grado. 19 A sostegno del ricorso, la Commissione deduce tre motivi. Sul primo motivo 20 Nell'ambito del primo motivo la Commissione dichiara anzitutto che si tratta per essa di una questione di principio, vale a dire della delimitazione della sfera d'applicazione rispettiva dei regolamenti n. 17 e n. 1017/68, se non, addirittura, dei regolamenti di applicazione degli artt. 85 e 86 ai trasporti marittimi ed aerei. Essa fa carico al Tribunale di aver considerato, ai punti 43-46 della sentenza impugnata, che il regolamento n. 1017/68 non si applica solo agli accordi o pratiche concordate vertenti direttamente sulla prestazione di trasporto, ma comprende anche le attività che sono «connesse» e «indispensabili» alla prestazione di servizi di trasporto tramite ferrovia, come la determinazione di comune accordo delle modalità di vendita dei biglietti ferroviari. 21 Questo motivo comporta in realtà due aspetti. 22 Da un lato, in limine, la Commissione osserva che, al punto 46 della sentenza impugnata, il Tribunale ha commisurato l'applicazione del regolamento n. 1017/68 secondo un criterio inadeguato, ritenendo che detto regolamento si applicasse alle attività connesse ed indispensabili alla prestazione di trasporti, mentre invece, a suo avviso, l'unico criterio che sia nel contempo logico e di facile applicazione è quello del mercato sul quale agisce l'intesa. 23 D'altra parte, in via principale, la Commissione sostiene che erroneamente il Tribunale ha dichiarato che non vi era motivo di sottintendere il termine «direttamente» nel tenore dell'art. 1 del regolamento n. 1017/68, che definisce la sfera d'applicazione del regolamento medesimo, e quindi ha rifiutato di tener conto del regolamento n. 141. Orbene, secondo la Commissione, le decisioni di associazione di imprese di cui trattasi esulano dalla sfera d'applicazione del regolamento n. 1017/68 perché non riguardano «direttamente» la prestazione di trasporto. 24 Su questo punto la Commissione si richiama alla cronistoria dei regolamenti n. 17, n. 141 e n. 1017/68 e ricorda che, in origine, il primo di questi regolamenti si applicava a tutte le attività disciplinate dal Trattato CEE, ivi compreso il settore dei trasporti. In seguito, il regolamento n. 141 ha sottratto retroattivamente tutto questo settore alla sfera d'applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato. Infine, il regolamento n. 141 è stato a sua volta sostituito da tre regolamenti settoriali, tra i quali il regolamento n. 1017/68, relativo ai trasporti terrestri e quindi ai trasporti ferroviari. 25 La Commissione sottolinea che, poiché presenta carattere derogatorio, il regolamento n. 1017/68, in particolare per quanto riguarda la sua sfera d'applicazione, va interpretato restrittivamente e si deve quindi applicare esclusivamente all'attività di trasporto in quanto tale. D'altro canto, poiché il Consiglio non ha indicato di voler ampliare la sfera d'applicazione del regolamento n. 1017/68 rispetto a quella del regolamento n. 141, essa dovrebbe essere delimitata con riferimento a quest'ultimo regolamento, in particolare al suo terzo `considerando', che ricorda che vi dev'essere un nesso immediato tra gli accordi e la prestazione di trasporto. 26 Inoltre la Commissione ritiene che, contrariamente a quanto afferma il Tribunale al punto 45 della sentenza impugnata, l'art. 2 del regolamento n. 1017/68, il quale stabilisce che gli accordi contemplati da detto regolamento sono in particolare quelli che fissano «direttamente o indirettamente i prezzi e le condizioni di trasporto o altre condizioni di transazione», non giustifichi un'interpretazione più ampia. 27 Quanto al primo aspetto del primo motivo, si deve precisare che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, emerge dalla sentenza impugnata che il Tribunale non ha stabilito alcun principio generale secondo il quale il regolamento si applicherebbe a qualsiasi attività connessa e indispensabile alla prestazione di trasporto. Anzi dopo aver escluso, ai punti 43 e seguenti, l'aggiunta del termine «direttamente» al tenore dell'art. 1 del regolamento n. 1017/68, ha valutato in concreto se la scheda 130 rientrasse negli accordi contemplati da detto articolo, cioè se avesse come scopo o come effetto la fissazione del prezzo di trasporto o la limitazione o il controllo dell'offerta di trasporto. 28 Quanto al secondo aspetto del primo motivo, si deve osservare che il tenore della parte pertinente dell'art. 1 del regolamento n. 1017/68 è preciso e dettagliato, esattamente come quello dell'art. 1 del regolamento n. 141 di cui ricalca i termini, e non contiene il termine «direttamente». 29 Inoltre, al punto 43 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato giustamente che la controversia verteva sull'interpretazione del regolamento n. 1017/68 e non su quella del regolamento n. 141. 30 Di conseguenza, il tenore e la cronistoria dei regolamenti non dimostrano la continuità dell'intenzione del legislatore sulla quale la Commissione ha fondato la decisione contestata. 31 Infine, non avendo dimostrato questa continuità di intenti del legislatore, la Commissione non può invocare la necessità di una presunta coerenza nell'interpretazione della sfera d'applicazione dei tre regolamenti settoriali adottati in materia di trasporti. 32 Il primo motivo va quindi disatteso. Sul secondo motivo 33 Con il secondo motivo la Commissione deduce sostanzialmente che il Tribunale ha commesso un errore di diritto ritenendo, al punto 47 della sentenza impugnata, che «la scheda 130 concerne sia "l'offerta di trasporto" sia il "prezzo del trasporto" ai sensi del regolamento n. 1017/68». 34 In realtà il Tribunale avrebbe dovuto, secondo la Commissione, procedere anzitutto ad un'analisi dei mercati e quindi ad un'identificazione del mercato in questione. Questa identificazione sarebbe fondamentale ed inerente alla questione del se gli accordi riguardino effettivamente l'offerta o il prezzo del trasporto. Orbene, nella fattispecie vi sarebbero due mercati distinti: il mercato dei trasporti, limitato al numero di treni e di posti nei convogli, e quello della distribuzione dei biglietti, che la Commissione definisce «mercato dell'intermediazione» e che sarebbe il mercato sul quale le compagnie ferroviarie acquistano i servizi delle agenzie. Gli accordi in questione dovrebbero essere valutati in funzione dei loro effetti principali, se non quasi esclusivi, che si verificherebbero su quest'ultimo mercato e non su quello dei trasporti. 35 Di conseguenza, la Commissione ritiene che l'analisi delle diverse clausole controverse effettuata dal Tribunale ai punti 48, 49, 50 e 52 della sentenza impugnata sia erronea. 36 Quanto al punto 48, relativo all'offerta di trasporto, la Commissione ritiene che, accordandosi per limitare il numero di punti di vendita dei biglietti, le aziende ferroviarie non restringano l'offerta di trasporti, vale a dire il numero e la capacità dei treni, bensì quella del servizio di intermediazione mediante una limitazione del numero delle agenzie autorizzate. 37 Quanto ai punti 49 e 50 della sentenza impugnata, relativi al prezzo del trasporto, la Commissione ha anzitutto sostenuto che l'importo della provvigione rappresentava per l'azienda ferroviaria un costo di distribuzione distinto dal costo della prestazione di trasporto e che, quindi, la scheda 130 non fissava direttamente il prezzo del trasporto. 38 Nella replica riconosce poi che la provvigione costituiva una componente del prezzo del trasporto, al pari della trazione, della manutenzione, della pulizia, ecc. Tuttavia, dal momento che la vendita dei biglietti è un servizio fornito dall'agenzia a favore delle imprese ferroviarie, queste ultime, allorché stabiliscono l'entità della provvigione e obbligano al rispetto del prezzo ufficiale, si accordano sulla definizione delle modalità del servizio di intermediazione richiesto alle agenzie, sicché l'intesa verte sul mercato del servizio di intermediazione sul quale si incontrano aziende ferroviarie e agenzie e non su quello dei trasporti. 39 D'altro canto, secondo la Commissione, il fatto di riconoscere che, accordandosi su una componente del prezzo del trasporto, le compagnie ferroviarie determinerebbero, pur se indirettamente, il prezzo del trasporto che deve corrispondere l'utente avrebbe la conseguenza che qualsiasi intesa sulle componenti del prezzo del biglietto rientrerebbe nella sfera del regolamento n. 1017/68, il che sfocerebbe in un'estensione avventata della sfera d'applicazione di detto regolamento. 40 Quanto al punto 52 della sentenza impugnata, che riguarda il divieto imposto alle agenzie di favorire mezzi di trasporto concorrenti, la Commissione sostiene del pari che gli effetti di questa clausola si producono sul mercato della distribuzione dei titoli di trasporto, poiché è su questo mercato che le aziende ferroviarie limitano la loro libertà accordandosi per imporre alle agenzie di viaggi un obbligo che incide sulla concorrenza tra queste ultime su detto mercato. La Commissione ritiene inoltre che l'interpretazione del Tribunale porti a conseguenze inattese in quanto, poiché la clausola produce effetti anticoncorrenziali anche nel settore dei trasporti marittimi ed aerei, si dovrebbero applicare nei suoi confronti simultaneamente i tre regolamenti settoriali relativi ai trasporti terrestri, marittimi ed aerei. 41 A proposito dell'insieme di questo secondo motivo, si deve ricordare che, a norma dell'art. 1, il regolamento n. 1017/68 si applica in particolare ad un certo numero di intese aventi «per oggetto o per effetto la fissazione di prezzi e condizioni di trasporto, la limitazione o il controllo dell'offerta di trasporto, la ripartizione dei mercati dei trasporti» nonché «alle operazioni degli ausiliari dei trasporti che hanno lo stesso oggetto o gli stessi effetti sopra indicati». 42 Dal tenore di detto articolo emerge che l'applicazione del regolamento n. 1017/68 è subordinata alla qualificazione degli accordi in questione, che devono avere come scopo o come effetto in particolare la fissazione dei prezzi di trasporto oppure la limitazione o il controllo dell'offerta di trasporto, e non già, come sostiene la Commissione, alla previa identificazione del mercato sul quale detti accordi producono i loro effetti. 43 Inoltre, per quanto riguarda il punto 52 della sentenza impugnata, non v'è motivo, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, di applicare il regolamento n. 17 né di applicare simultaneamente i tre regolamenti settoriali soprammenzionati. 44 Sul primo punto il Tribunale ha giustamente rilevato che la clausola che vieta alle agenzie di favorire, nella loro pubblicità, nelle loro offerte o nei loro consigli ai clienti, mezzi di trasporto concorrenti dei trasporti ferroviari rientra nel settore dei trasporti e non nel regolamento n. 17 applicato dalla Commissione nella sua decisione. Infatti è il complesso del settore dei trasporti che è stato sottratto all'applicazione di quest'ultimo regolamento dal regolamento n. 141, il quale è stato poi sostituito dai tre regolamenti settoriali relativi ai trasporti terrestri, marittimi ed aerei. 45 Sul secondo punto si deve osservare che, da un lato, la clausola in esame mira a produrre effetti, se non i suoi effetti principali, nel settore dei trasporti terrestri, poiché impone alle agenzie di viaggi autorizzate una neutralità che si ritiene essere favorevole all'offerta di trasporto ferroviario, e che, d'altro lato, essa fa parte di accordi di associazione di imprese le cui clausole essenziali, analizzate dal Tribunale, rientrano nella sfera d'applicazione del regolamento n. 1017/68. 46 Il secondo motivo va dunque disatteso. Sul terzo motivo 47 Con il terzo motivo la Commissione fa carico al Tribunale di aver commesso un errore di diritto ritenendo, ai punti 55 e 56 della sentenza impugnata, che nella fattispecie le agenzie di viaggi, vendendo i biglietti per conto delle aziende ferroviarie, effettuavano operazioni come «ausiliari dei trasporti» ai sensi dell'art. 1, seconda frase, del regolamento n. 1017/68, mentre, da un lato, dette agenzie di viaggi non rientrano nella categoria professionale degli ausiliari dei trasporti e, dall'altro, il regolamento si applica solo alle operazioni di detti ausiliari che riguardano direttamente la prestazione di trasporto. 48 A questo proposito, senza esaminare dettagliatamente l'argomentazione della Commissione, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la Corte respinge di primo acchito le censure formulate contro elementi inseriti ad abundantiam nella motivazione di una sentenza del Tribunale, poiché non possono comportarne l'annullamento (v., in particolare, sentenze 18 marzo 1993, causa C-35/92 P, Parlamento/Frederiksen, Racc. pag. I-991, punto 31, e 22 dicembre 1993, causa C-244/91 P, Pincherle/Commissione, Racc. pag. I-6965, punto 25). 49 Nella fattispecie si deve constatare che la motivazione del Tribunale figurante nei punti 55 e 56 della sentenza impugnata riveste carattere ultroneo rispetto a quella fornita ai punti 43-54. 50 Infatti, emerge dai termini dell'art. 1 del regolamento n. 1017/68 che esso si riferisce in via alternativa, da un lato, agli «accordi, decisioni e pratiche concordate» che possiedono le caratteristiche che esso elenca (art. 1, prima frase) e, dall'altro, alle «operazioni degli ausiliari dei trasporti» che possiedono le stesse caratteristiche (art. 1, seconda frase). E' quindi sufficiente che ricorra una di queste due situazioni perché il regolamento n. 1017/68 possa applicarsi. 51 Pertanto, poiché emerge dall'esame dei due primi motivi che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nell'interpretazione della prima frase dell'art. 1 del regolamento n. 1017/68 e poiché le decisioni di associazione di imprese considerate risultano presentare certamente le caratteristiche che ivi sono menzionate, il terzo motivo, vertente sulla seconda frase di detto articolo, diviene inoperante e non può costituire valido fondamento per il ricorso. 52 Poiché nessuno dei motivi è stato accolto, il ricorso dev'essere respinto per intero. Decisione relativa alle spese Sulle spese 53 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d'impugnazione a norma dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente è rimasta soccombente e quindi va condannata alle spese di questo procedimento. Dispositivo Per questi motivi, LA CORTE dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) La Commissione è condannata alle spese.

62002TJ0266

pl

Niemieckie ramy prawne Należy przedstawić główne przepisy pięciu niemieckich środków ustawowych i wykonawczych dotyczących przewozu pocztowego przyjętych między 1989 r. a 1998 r., które mają znaczenie w ramach niniejszego sporu. Po pierwsze, w dniu 8 czerwca 1989 r. została wydana Postverfassungsgesetz (ustawa o organizacji poczty) (BGBl. 1989 I, s. 1026, zwana dalej „PostVerfG”). Na mocy § 1 ust. 2 PostVerfG niemiecka administracja pocztowa, Deutsche Bundespost, została podzielona na trzy odrębne jednostki prawne (Teilsondervermögen), to jest Deutsche Bundespost Postdienst (zwaną dalej „DB-Postdienst”), Deutsche Bundespost Telekom (zwaną dalej „DB-Telekom”) i Deutsche Bundespost Postbank (zwaną dalej „DB-Postbank”). Zgodnie z § 65 ust. 2 PostVerfG jednostki te były zobowiązane do dalszego prowadzenia usług, które oferowała Deutsche Bundespost. W ten oto sposób, podczas gdy DB-Telekom wstąpiła w prawa i obowiązki Deutsche Bundespost w zakresie działalności telekomunikacyjnej, DB-Postdienst przejęła działalność Deutsche Bundespost w sektorze pocztowym. Ponadto na mocy § 37 ust. 3 PostVerfG między trzema jednostkami prawnymi powstałymi w wyniku podziału Deutsche Bundespost powinna zostać dokonana rekompensata finansowa, w sytuacji gdy jedna z nich nie jest w stanie finansować swoich wydatków z własnych dochodów. Co więcej, na podstawie § 63 ust. 1 PostVerfG Deutsche Bundespost pozostawała zobowiązana — mimo jej podziału — do płatności zwrotnych na rzecz państwa odpowiadających określonemu odsetkowi jej przychodów operacyjnych, i to aż do 1995 r. Wreszcie, jeśli chodzi w szczególności o obowiązek świadczenia usługi powszechnej, który ciążył na DB-Postdienst, § 25 ust. 2 PostVerfG przewidywał w istocie, że rząd niemiecki jest upoważniony do ustalenia w drodze rozporządzenia „infrastruktur, które przedsiębiorstwa [powinny] dostarczyć (świadczenia obowiązkowe) w szczególnym interesie publicznym, między innymi w celu zapewnienia usługi publicznej”, jak również do „określenia istotnych struktur świadczeń obowiązkowych i reguł w sprawie opłat”. Po drugie, w dniu 8 lipca 1989 r. została wydana Gesetz über das Postwesen (ustawa o poczcie) (BGBl 1989 I, s. 1449). Zgodnie z § 2 ust. 1 Gesetz über das Postwesen DB-Postdienst korzystała z monopolu w sektorze przewozu listów. Po trzecie, w dniu 12 stycznia 1994 r. zostało wydane Postdienst-Pflichtleistungsverordnung (rozporządzenie w sprawie świadczeń obowiązkowych) (BGBl. 1994 I, s. 86, zwane dalej „PPfLV”). Na podstawie § 1 ust. 1 PPfLV DB-Postdienst zobowiązana była dostarczać „świadczenia obowiązkowe” na całym obszarze zgodnie z zasadą jednolitej opłaty na całym terytorium krajowym. Jeśli chodzi w szczególności o dostarczanie paczek, § 2 ust. 1 PPfLV przewidywał, że DB-Postdienst zobowiązana jest zapewnić przyjmowanie, przewóz i doręczanie paczek o wadze do 20 kg i mających określone maksymalne wymiary na całym obszarze. Ponadto § 2 ust. 2 pkt 3 PPfLV upoważniał DB-Postdienst do ustalenia opłaty niższej od jednolitej opłaty, w przypadku gdy klient sam zajmował się sortowaniem paczek lub nadał minimalną ilość paczek. Po czwarte, w dniu 14 września 1994 r. została wydana Postumwandlungsgesetz (ustawa o reorganizacji poczty) (BGBl. 1994 I, s. 2339). Na podstawie § 1 i 2 Postumwandlungsgesetz trzy jednostki prawne wymienione w pkt 2 powyżej zostały przekształcone w spółki akcyjne z dniem 1 stycznia 1995 r. i ich działalność została przejęta, odpowiednio, przez Deutsche Post AG (zwaną dalej „DPAG” lub „skarżącą”), Deutsche Telekom AG i Deutsche Postbank AG. Po piąte, w dniu 22 grudnia 1997 r. została wydana Postgesetz (ustawa pocztowa) (BGBl. 1997 I, s. 3294), która zgodnie z § 4 ust. 1 przewidywała, iż dostarczanie paczek o wadze nieprzekraczającej 20 kg stanowi usługę powszechną. Okoliczności faktyczne leżące u podstaw sporu Poza sektorem przewozu listów, w którym DPAG korzysta z monopolu (zwanym dalej „sektorem zastrzeżonym”), działa ona również w dwóch innych sektorach pocztowych, to jest, po pierwsze, w przewozie paczek, i po drugie, w przewozie czasopism i gazet, które są otwarte na konkurencję (zwane dalej „sektorami otwartymi na konkurencję”). W sektorze przewozu paczek DPAG zapewnia z jednej strony usługi przewozu paczek nadawanych bezpośrednio w okienkach pocztowych oraz z drugiej strony usługi przewozu większych ilości paczek, które nie są bezpośrednio załatwiane w okienkach pocztowych (zwanego dalej „sektorem dostarczania paczek od drzwi do drzwi”). Mając na uwadze sektor dostarczania paczek od drzwi do drzwi, który stanowi przedmiot niniejszego postępowania, DPAG zapewnia dwie podstawowe usługi, to jest z jednej strony przewóz paczek od drzwi do drzwi między klientami biznesowymi, którzy sortują wcześniej paczki lub nadają minimalną ilość paczek (zwanych dalej „segmentem klientów biznesowych”), oraz z drugiej strony przewóz paczek na zlecenie przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą wysyłkową, które wysyłają towary zamówione z katalogu lub drogą elektroniczną (zwanych dalej „segmentem sprzedaży wysyłkowej”). Segment klientów biznesowych różni się od segmentu sprzedaży wysyłkowej między innymi z powodu czynności logistycznych obejmujących odbiór, sortowanie w punkcie ładunkowym i doręczanie oraz kosztów związanych z tymi czynnościami. W dniu 7 lipca 1994 r. prywatne przedsiębiorstwo zajmujące się doręczaniem paczek, UPS Europe NV/SA (zwane dalej „UPS”), złożyło skargę do Komisji przeciwko DB-Postdienst opartą zarówno na art. 86 traktatu WE (obecnie art. 82 WE), jak i na art. 92 traktatu WE (obecnie art. 87 WE). Po tej skardze wpłynęła inna skarga złożona przez stowarzyszenie prywatnych podmiotów świadczących usługi kurierskie i ekspresowe, Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste eV (zwane dalej „BIEK”). Mówiąc krótko, UPS i BIEK zarzucały DB-Postdienst z jednej strony prowadzenie polityki sprzedaży ze stratą w sektorze dostarczania paczek od drzwi do drzwi stanowiące nadużycie pozycji dominującej w rozumieniu art. 82 WE oraz z drugiej strony pokrywanie strat w tym sektorze z przychodów wygenerowanych w sektorze zastrzeżonym bądź z zasobów publicznych, które zostały jej przyznane z naruszeniem art. 87 WE. Pismem z dnia 17 sierpnia 1999 r., opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich w dniu 23 października 1999 r. ( Dz.U. C 306, s. 25 ), Komisja poinformowała Republikę Federalną Niemiec o swojej decyzji w sprawie wszczęcia postępowania przewidzianego w art. 88 ust. 2 WE (zwanej dalej „decyzją o wszczęciu postępowania”). Ponadto w dniu 7 lipca 2000 r. Komisja wydała decyzję o wszczęciu postępowania na podstawie art. 82 WE. W dniu 20 marca 2001 r. Komisja wydała decyzję 2001/354/WE dotyczącą postępowania na podstawie art. 82 WE (sprawa COMP/35.141 — Deutsche Post AG) ( Dz.U. L 125, s. 27 ). W decyzji tej Komisja stwierdziła, że DPAG naruszyła art. 82 WE, gdyż nadużyła swojej pozycji dominującej jedynie w segmencie sprzedaży wysyłkowej, po pierwsze, uzależniając w latach 1974–2000 przyznanie swoim klientom rabatów lojalnościowych od warunku, iż zobowiążą się do przesyłania wszystkich lub większości swoich paczek lub katalogów o określonej wadze za pośrednictwem DPAG, oraz po drugie, praktykując w latach 1990–1995 politykę sprzedaży ze stratą poprzez oferowanie cen niższych od jej kosztów dodatkowych związanych ze świadczeniem danych usług. Zważywszy na praktykę w zakresie rabatów lojalnościowych, Komisja nałożyła na DPAG grzywnę w wysokości 24 mln EUR. Jeśli chodzi o praktykę sprzedaży ze stratą, Komisja nie nałożyła grzywny na DPAG, gdyż zasadniczo uznała, że kryterium, którym posłużyła się w celu stwierdzenia istnienia takiej sprzedaży, nie było wcześniej używane. W dniu 19 czerwca 2002 r. Komisja wydała decyzję 2002/753/WE w sprawie środków przyjętych przez Republikę Federalną Niemiec na rzecz DPAG ( Dz.U. L 247, s. 27 , zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”). Uzasadnienie zaskarżonej decyzji zostało przedstawione w czterech etapach. W pierwszej kolejności Komisja wskazuje w motywie 2 zaskarżonej decyzji, że „[w] swojej decyzji o wszczęciu postępowania Komisja wyraziła przypuszczenie, że płatności transferowe, jakie DB-Postdienst, a następnie DPAG otrzymały od państwa w zamian za świadczenie usług w interesie ogólnym, były wyższe od dodatkowych kosztów netto, jakie świadczenie tych usług pociągało za sobą dla DB-Postdienst i DPAG” [tłumaczenie nieoficjalne, podobnie jak wszystkie cytaty z tej decyzji poniżej], oraz że „zapowiedziała zbadanie domniemanych działań pomocowych”, które wymienia w motywach 3–7 zaskarżonej decyzji. Te działania pomocowe to, po pierwsze, finansowanie nabycia Deutsche Postbank w 1998 r., po drugie, finansowanie Post-Unterstützungskasse (funduszu emerytalnego dla urzędników pocztowych), po trzecie, ewentualne przyznanie gwarancji państwowych w celu pokrycia zobowiązań Deutsche Bundespost, po czwarte, okoliczności przekształcenia DB-Postdienst w spółkę akcyjną, oraz po piąte, finansowe lub administracyjne wsparcie ze strony państwa dla skarżącej. Opisawszy w motywach 12–15 zaskarżonej decyzji charakter każdego z czterech pierwszych działań pomocowych wymienionych powyżej, Komisja wskazuje w motywach 16–20 decyzji odnoszących się do piątego działania pomocowego, że skarżąca poinformowała ją, iż zgodnie z § 37 ust. 3 PostVerfG otrzymała płatności transferowe dokonane przez DB-Telekom w celu wyrównania jej strat poniesionych w latach 1990–1995 (zwane dalej „płatnościami transferowymi dokonanymi przez DB-Telekom”). W tym względzie Komisja podnosi w szczególności w motywie 20 zaskarżonej decyzji, że — jak to potwierdziła Republika Federalna Niemiec w swoich uwagach dodatkowych z dnia 25 kwietnia 2000 r. i z dnia 31 stycznia 2002 r. — DB-Telekom lub [Deutsche Telekom] przelały łącznie 11081 mln marek niemieckich (DEM) na rzecz DB-Postdienst lub DPAG tytułem rekompensaty między 1990 r. a 1995 r., że władze niemieckie nie zaprzeczają, iż tę rekompensatę finansową między dwoma różnymi przedsiębiorstwami można przypisać państwu, jako że była ona przewidziana w § 37 ust. 3 PostVerfG, oraz że rząd niemiecki w każdym razie twierdzi, iż przewidziane w § 37 ust. 3 PostVerfG płatności transferowe dokonane przez DB-Telekom były niezbędne do wykonania jej zadań w zakresie usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (zwanych dalej „usługami w ogólnym interesie gospodarczym”) w zrównoważonych gospodarczo warunkach. Przedstawiwszy w motywach 21–39 zaskarżonej decyzji kwotę kosztów infrastruktur, które można przypisać usługom dostarczania paczek od drzwi do drzwi, Komisja wskazuje w szczególności w motywach 40–45 zaskarżonej decyzji, że Republika Federalna Niemiec przekazała jej informacje dotyczące z jednej strony zakresu powierzonego DPAG zadania w zakresie usług w ogólnym interesie gospodarczym w sektorze przewozu paczek oraz z drugiej strony dodatkowych kosztów netto usług w ogólnym interesie gospodarczym związanych z piętnastoma obciążeniami historycznymi, które skarżąca musiała ponosić jako dawna administracja państwowa. Wreszcie Komisja odsyła w motywach 46–63 zaskarżonej decyzji do uwag, które otrzymała w ramach postępowania administracyjnego od zainteresowanych osób trzecich, a w szczególności od BIEK i UPS, zgodnie z którymi DPAG ponosiła straty w sektorze dostarczania paczek od drzwi do drzwi, które nie były związane z wykonywaniem usługi w ogólnym interesie gospodarczym, lecz wynikały z polityki sprzedaży ze stratą, które pokrywała ona przy użyciu zasobów publicznych. W drugiej kolejności Komisja wskazuje w motywach 66–69 i w przypisie nr 107 do zaskarżonej decyzji, że Republika Federalna Niemiec poinformowała ją — na jej żądanie — iż w okresie od 1990 r. do 1998 r. DPAG odnotowała z jednej strony zyski w sektorze zastrzeżonym, z drugiej zaś strony straty w sektorach otwartych na konkurencję, w związku z czym — biorąc pod uwagę wszystkie sektory działalności łącznie — odnotowała ona łączny deficyt w wysokości 2289 mln DEM w tym okresie. W tym względzie Komisja wskazuje bowiem w motywie 68 zaskarżonej decyzji, że „[w] odpowiedzi na pytanie Komisji z dnia 10 marca 2000 r. o ewentualne zyski osiągnięte przez DPAG w okresie od 1990 r. do 1998 r. w ramach [sektorów otwartych na konkurencję] rząd [niemiecki] oświadcza w swoim piśmie z dnia 24 marca 2000 r. (s. 10), iż DPAG uzyskała w 1998 r. nadwyżkę w wysokości [poufne] ( ) mln DEM w ramach usług otwartych na konkurencję”. Komisja kontynuuje w ten sposób, że „[p]onadto władze niemieckie przedstawiły dane liczbowe, zgodnie z którymi w okresie od 1990 r. do 1998 r. sektor przewozu paczek odnotował łącznie deficyt w wysokości [poufne] mln DEM, zaś sektor dystrybucji gazet i czasopism — stratę w wysokości [poufne] mln DEM”. Komisja wyciągnęła stąd wniosek, że „[ł]ącznie deficyt wynosił zatem [poufne] mln DEM dla tych dwóch sektorów” oraz że „[p]rzychody wygenerowane przez sektory otwarte na konkurencję były zatem niewystarczające do wyrównania deficytu w sektorze przewozu paczek”. Następnie w przypisie nr 107 do zaskarżonej decyzji Komisja wskazuje, że „[z]godnie z danymi liczbowymi przedstawionymi przez [Republikę Federalną Niemiec] w piśmie z dnia 2 czerwca 2000 r. (wersja poprawiona z dnia 12 stycznia 2000 r.) [sektor] zastrzeżony odnotował łącznie zyski w wysokości [poufne] mln DEM w latach 1990–1998”, że „[w] rozpatrywanym okresie w sektor[ach] otwarty[ch] na konkurencję osiągnięto poza tym dochody w wysokości [poufne] mln DEM” oraz że „z tego nieodzownie wynika, iż przynajmniej kwota częściowa w wysokości 2289 mln DEM wspomnianego powyżej łącznego deficytu [poufne] mln DEM nie mogła zostać wyrównana z zysków sektora [zastrzeżonego] ani z przychodów pochodzących z [sektorów] otwartych na konkurencję”. W trzeciej kolejności Komisja wskazuje w motywie 72 zaskarżonej decyzji, że z uwagi na straty DPAG w wysokości [ poufne ] mln DEM odnotowane w samym sektorze przewozu paczek w okresie od 1990 r. do 1998 r., należy zbadać, czy „dodatkowe koszty netto, które zostały wyrównane przez państwo, są bezpośrednio związane z powierzonym DPAG zadaniem ściśle zdefiniowanym w ustawie”, oraz że „[j]eśli ten transfer zasobów państwowych miałby ostatecznie umożliwić sektorowi [przewozu] paczek pokrycie także takich dodatkowych kosztów netto, które nie pozostają w żadnym związku przyczynowym z wykonywaniem zobowiązań z zakresu usług publicznych, to przysporzyłoby to DPAG korzyści w rozumieniu art. 87 ust. 1 [WE]”. W tym względzie Komisja stwierdza najpierw w motywach 75–79 zaskarżonej decyzji, że na podstawie § 2 ust. 2 pkt 3 PPfLV DPAG miała od dnia 1 lutego 1994 r. możliwość, a nie obowiązek, przyznania w sektorze dostarczania paczek od drzwi do drzwi rabatów swoim klientom, które prowadziły do opłat niższych od jednolitej opłaty ustalonej w § 1 ust. 1 PPfLV dla przewozu paczek. Następnie Komisja wskazuje w motywie 88 zaskarżonej decyzji, że biorąc pod uwagę koszty DPAG związane z sektorem dostarczania paczek od drzwi do drzwi i oferowane przez nią opłaty niższe od jednolitej opłaty (motywy 21–39 i tabelka figurująca w motywie 88 zaskarżonej decyzji), dochody pochodzące z sektora dostarczania paczek od drzwi do drzwi były w latach 1994–1999 stale niewystarczające do pokrycia kosztów wynikających z wykonywania działalności w tym jednym sektorze. Komisja uściśla, że ta sytuacja niedoboru w zakresie pokrywania kosztów DPAG została przełamana w 1999 r. Wreszcie Komisja podnosi w motywach 82 i 86 zaskarżonej decyzji, że między wspomnianymi dodatkowymi kosztami powstałymi na skutek tej polityki sprzedaży ze stratą a powierzonym DPAG zadaniem w zakresie usług w ogólnym interesie gospodarczym nie istnieje żaden związek przyczynowy z trzech powodów. Po pierwsze, jej zdaniem DPAG nie była zobowiązana ustawowo do oferowania klientom usług w sektorze dostarczania paczek od drzwi do drzwi za pobieraniem opłat niższych od ustawowej jednolitej opłaty. Po drugie, uważa ona, iż politykę taryfową DPAG polegającą na oferowaniu opłat niższych od jednolitej opłaty można wytłumaczyć wyłącznie staraniami podejmowanymi przez DPAG w celu utrzymania lub zdobycia udziałów rynkowych w sektorze dostarczania paczek od drzwi do drzwi, w którym panuje konkurencja. Po trzecie, stwierdza ona, iż praktyka cen niższych od jednolitej opłaty powoduje dodatkowe koszty netto, które można łatwo zidentyfikować i których nie można przypisać jej zobowiązaniom z zakresu usług w ogólnym interesie gospodarczym. Komisja podnosi również w motywie 88 zaskarżonej decyzji, że skarżąca odnotowała w latach 1994–1999 dodatkowe koszty netto w łącznej wysokości 1118,7 mln DEM, które wynikały z jej polityki sprzedaży ze stratą. W czwartej kolejności Komisja uznaje w motywie 87 zaskarżonej decyzji, że „polityka [sprzedaży ze stratą] jest średnioterminowo niezgodna z interesem gospodarczym przedsiębiorstwa” oraz że „[ż]adne przedsiębiorstwo prywatne podlegające prawom rynku nie utrzymałoby w tych warunkach [sektora] dostarczania paczek od drzwi do drzwi, gdyż polityka prowadzona w zakresie [sprzedaży ze stratą] kumuluje roczne deficyty i w braku rekompensaty finansowej prowadzi średnioterminowo do nadmiernego zadłużenia”. Komisja wyciągnęła stąd wniosek w motywie 107 zaskarżonej decyzji, iż „[j]ako że rekompensata przyznana przez państwo z tytułu dodatkowych kosztów netto spowodowanych polityką [sprzedaży ze stratą] skutkuje zmniejszeniem kosztów związanych normalnie ze świadczeniem usług [w sektorze] dostarczania paczek od drzwi do drzwi otwartych na konkurencję, stanowi to korzyść w rozumieniu art. 87 ust. 1 [WE]”, że „[p]rzeznaczenie zasobów państwowych na wyrównanie tej części niepokrytych kosztów stanowi dla DPAG korzyść z punktu widzenia konkurencji” oraz że „[t]a korzyść i ta pomoc niezgodna ze wspólnym rynkiem wynoszą 1118,7 mln DEM”. Część normatywna zaskarżonej decyzji brzmi następująco: „ Artykuł 1 Pomoc państwa w wysokości 572 mln EUR (1118,7 mln DEM), jaką [Republika Federalna Niemiec] przyznał[a] [DPAG], jest niezgodna ze wspólnym rynkiem. Artykuł 2 1.   [Republika Federalna Niemiec] podejmie wszelkie kroki konieczne do odzyskania od beneficjenta pomocy wymienionej w art. 1, która została mu przyznana bezprawnie. […]”. Przebieg postępowania i żądania stron Pismem złożonym w sekretariacie Sądu w dniu 4 września 2002 r. skarżąca wniosła niniejszą skargę. Pismami złożonymi w sekretariacie Sądu w dniach 17 i 19 grudnia 2002 r. BIEK i UPS wniosły o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenientów po stronie Komisji. Pismem złożonym w sekretariacie Sądu w dniu 9 maja 2003 r. Republika Federalna Niemiec wniosła o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta po stronie skarżącej. Pismami złożonymi w sekretariacie Sądu w dniach 11 marca, 14 kwietnia i 26 września 2003 r. oraz w dniu 26 lutego 2004 r. skarżąca zwróciła się z wnioskiem, aby niektóre elementy dokumentów procesowych nie zostały przekazane BIEK i UPS na mocy art. 116 § 2 zdanie drugie regulaminu Sądu. Postanowieniem z dnia 2 czerwca 2003 r. prezes czwartej izby Sądu w składzie powiększonym uwzględnił wnioski BIEK i UPS o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenientów oraz zastrzegł późniejsze rozstrzygnięcie w przedmiocie zasadności wniosku o zachowanie poufności. Postanowieniem z dnia 5 czerwca 2003 r. prezes czwartej izby Sądu w składzie powiększonym uwzględnił wniosek Republiki Federalnej Niemiec o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta. Jako że ten wniosek o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta został złożony po upływie sześciotygodniowego terminu określonego w art. 115 § 1 regulaminu Sądu, Republice Federalnej Niemiec przysługują prawa wskazane w art. 116 § 6 tego regulaminu. Odrębnymi pismami złożonymi w sekretariacie Sądu w dniach 25 czerwca i 17 listopada 2003 r. oraz w dniu 23 kwietnia 2004 r. BIEK wyraziło sprzeciw wobec zachowania poufności niektórych elementów dokumentów procesowych, które zostały mu przekazane. Odrębnymi pismami złożonymi w sekretariacie Sądu w dniu 17 listopada 2003 r. oraz w dniu 23 kwietnia 2004 r. UPS wyraziła sprzeciw wobec zachowania poufności niektórych elementów dokumentów procesowych, które zostały jej przekazane. Pismem wysłanym do Sądu w dniu 5 stycznia 2004 r. skarżąca przedłożyła uwagi w przedmiocie sprzeciwów wobec zachowania poufności niektórych elementów dokumentów procesowych wniesionych przez interwenientów BIEK i UPS. Ponieważ skład izb Sądu uległ zmianie, sędzia sprawozdawca został przydzielony do trzeciej izby w składzie powiększonym, skutkiem czego niniejsza sprawa została przydzielona tej właśnie izbie. Postanowieniem z dnia 13 stycznia 2005 r. prezes trzeciej izby Sądu w składzie powiększonym uwzględnił wniosek o zachowanie poufności niektórych danych liczbowych i niektórych dokumentów wobec BIEK i UPS oraz oddalił wniosek o zachowanie poufności w pozostałym zakresie. Na podstawie sprawozdania sędziego sprawozdawcy Sąd (trzecia izba w składzie powiększonym) zdecydował o otwarciu procedury ustnej oraz — w ramach środków organizacji postępowania przewidzianych w art. 64 regulaminu — pismami z dnia 15 marca 2007 r. wezwał skarżącą, Komisję i Republikę Federalną Niemiec do przedstawienia pewnych dokumentów oraz udzielenia odpowiedzi na piśmie na zadane pytania. Strony spełniły te żądania w wyznaczonych terminach. Pismami złożonymi w sekretariacie Sądu w dniach 13 kwietnia i 3 maja 2007 r. skarżąca wniosła o to, by niektóre dane liczbowe i niektóre dokumenty dostarczone przez nią samą, Komisję i Republikę Federalną Niemiec w ramach środków organizacji postępowania nie zostały przekazane BIEK i UPS na mocy art. 116 § 2 zdanie drugie regulaminu. Pismem z dnia 24 maja 2007 r. BIEK wyraziło sprzeciw w wyznaczonych terminach wobec wniosku o zachowanie poufności wniesionego przez skarżącą w odniesieniu do odpowiedzi Komisji i odpowiedzi Republiki Federalnej Niemiec. Postanowieniem z dnia 11 czerwca 2007 r. prezes trzeciej izby Sądu w składzie powiększonym uwzględnił wniosek o zachowanie poufności niektórych danych liczbowych i niektórych dokumentów wobec BIEK i UPS oraz oddalił wniosek o zachowanie poufności w pozostałym zakresie. Na rozprawie w dniu 13 czerwca 2007 r. zostały wysłuchane wystąpienia stron oraz ich odpowiedzi na pytania zadane ustnie przez Sąd. Procedura ustna została zamknięta na zakończenie rozprawy w dniu 13 czerwca 2007 r. Jako że jeden członek izby nie mógł uczestniczyć w obradach, zgodnie z art. 32 regulaminu sędzia najmłodszy rangą w rozumieniu art. 6 regulaminu w konsekwencji nie uczestniczył w naradzie i obrady Sądu były kontynuowane przez trzech sędziów, których podpisy widnieją pod niniejszym wyrokiem. Skarżąca wnosi do Sądu o: — stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji; — obciążenie Komisji kosztami postępowania. Komisja wnosi do Sądu o: — oddalenie skargi; — obciążenie skarżącej kosztami postępowania. BIEK i UPS wnoszą do Sądu o oddalenie skargi jako bezzasadnej. Co do prawa W przedmiocie zarzutów zmierzających do stwierdzenia nieważności Na poparcie swojej skargi skarżąca podnosi dziewięć zarzutów, które mogą zostać pogrupowane. W ramach pierwszej grupy zarzutów skarżąca zarzuca Komisji, że naruszyła art. 87 ust. 1 WE i art. 86 ust. 2 WE, gdyż nie wykazała, iż DPAG odniosła korzyść. Po pierwsze, skarżąca twierdzi, że trzy z zasobów publicznych wymienionych w zaskarżonej decyzji nie przysporzyły jej żadnej korzyści. Po drugie, utrzymuje ona, iż Komisja uchybiła ciążącemu na niej obowiązkowi zbadania, czy łączna kwota płatności transferowych dokonanych przez DB-Telekom przewyższała łączną kwotę dodatkowych kosztów netto związanych z wykonywaniem powierzonego jej zadania w zakresie usług w ogólnym interesie gospodarczym. Po trzecie, twierdzi ona, że Komisja niesłusznie uznała, iż płatności transferowe dokonane przez DB-Telekom przysporzyły jej korzyści, która umożliwiała jej pokrycie podnoszonych kosztów dodatkowych związanych z jej polityką sprzedaży ze stratą. W ramach drugiej grupy zarzutów Komisji zostaje zarzucone, że popełniła różne oczywiste błędy w ocenie. Po pierwsze, skarżąca zarzuca Komisji użycie błędnej metody obliczenia jej kosztów dających się przypisać sektorowi dostarczania paczek od drzwi do drzwi oraz że w związku z tym Komisja niesłusznie doszła do wniosku, iż skarżąca prowadziła politykę sprzedaży ze stratą. Po drugie, zdaniem skarżącej Komisja błędnie uznała, że jej polityka taryfowa w sektorze dostarczania paczek od drzwi do drzwi, polegająca na oferowaniu cen niższych od jednolitej opłaty przewidzianej przez prawo, była powodem strat odnotowanych przez nią w sektorze paczek oraz że ta praktyka nie jest związana z wykonywaniem usług w ogólnym interesie gospodarczym. Po trzecie, skarżąca zarzuca Komisji to, że uznała, iż skarżąca nie dysponuje własnymi środkami umożliwiającymi jej finansowanie prowadzonej przez nią podobno polityki sprzedaży ze stratą. W ramach trzeciej grupy zarzutów skarżąca zarzuca Komisji, po pierwsze, błędne zastosowanie pojęcia możności przypisania zasobów państwu, po drugie, naruszenie ciążącego na niej obowiązku uzasadnienia, jako że nie sprecyzowała ona, dzięki którym zasobom publicznym odniosła ona korzyść, po trzecie, przekroczenie jej uprawnień, jako że zajęła się ona badaniem skuteczności jej usług przewozowych w sektorze dostarczania paczek od drzwi do drzwi, po czwarte, naruszenie zasady prywatnego inwestora, oraz po piąte, naruszenie jej prawa do bycia wysłuchanym. W przedmiocie pierwszej grupy zarzutów zmierzających do stwierdzenia nieważności odnoszących się do korzyści otrzymanej przez DPAG Argumenty stron W pierwszej kolejności skarżąca twierdzi w skardze, że zasoby budżetowe użyte w celu finansowania Post-Unterstützungskasse, gwarancje udzielone przez Deutsche Bundespost i środki mające na celu przekształcenie DB-Postdienst w spółkę akcyjną — wymienione w zaskarżonej decyzji — nie przysporzyły jej żadnej korzyści. W tym względzie skarżąca wskazuje, w replice i w odpowiedzi na pytania Sądu zadane podczas rozprawy, że przyjęła ona do wiadomości twierdzenie Komisji, zgodnie z którym w ramach zaskarżonej decyzji wyszła ona z założenia, iż jedynie płatności transferowe dokonane przez DB-Telekom przysporzyły jej korzyści. W drugiej kolejności, jeśli chodzi o płatności transferowe dokonane przez DB-Telekom, po pierwsze, skarżąca twierdzi, że przy obliczaniu kwoty dodatkowych kosztów netto DPAG związanych z wykonywaniem zadania w zakresie usług w ogólnym interesie gospodarczym Komisja naruszyła art. 87 ust. 1 WE i art. 86 ust. 2 WE, jak również orzecznictwo wynikające z wyroku Trybunału z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie C-53/00 Ferring, Rec. s. I-9067 , pkt 33 i wyroków Sądu: z dnia 27 lutego 1997 r. w sprawie T-106/95 FFSA i in. przeciwko Komisji, Rec. s. II-229 , pkt 101, z dnia 27 stycznia 1998 r. w sprawie T-67/94 Ladbroke Racing przeciwko Komisji, Rec. s. II-1 , pkt 52 i z dnia 10 maja 2000 r. w sprawie T-46/97 SIC przeciwko Komisji, Rec. s. II-2125 , pkt 84, zgodnie z którymi Komisja ma prawo przyjąć istnienie pomocy państwa tylko wtedy, gdy uprzednio stwierdziła, że kwota zasobów publicznych przelanych przedsiębiorstwu, któremu powierzono wykonywanie usług w ogólnym interesie gospodarczym, przewyższa dodatkowe koszty netto związane z wykonywaniem tej usługi w ogólnym interesie gospodarczym. W tym względzie skarżąca, do której przyłącza się Republika Federalna Niemiec, utrzymuje, że gdyby Komisja przeprowadziła taką analizę w niniejszym przypadku, to stwierdziłaby — jak wynika z informacji dostarczonej Komisji na jej żądanie — że łączna kwota dodatkowych kosztów netto związanych z wykonywaniem powierzonego skarżącej zadania w zakresie usług w ogólnym interesie gospodarczym przewyższała znacznie kwotę zasobów publicznych, jaką otrzymała DPAG. Przede wszystkim skarżąca podnosi, że — wbrew temu, co twierdzi Komisja — w ramach stosowania art. 87 ust. 1 WE i art. 86 ust. 2 WE instytucji tej nie przysługuje żadne uznanie w celu ustalenia istnienia pomocy państwa, w odróżnieniu od szerokiego zakresu uznania, jakim dysponuje ona w ramach stosowania art. 87 ust. 3 WE, który dotyczy oceny zgodności pomocy państwa ze wspólnym rynkiem. Ponadto skarżąca utrzymuje, że BIEK i UPS niesłusznie powołują się na to, iż warunki ustanowione w ww. w pkt 55 wyroku Trybunału w sprawie Ferring oraz w wyroku Trybunału z dnia 24 lipca 2003 r. w sprawie C-280/00 Altmark Trans i Regierungspräsidium Magdeburg, Rec. s. I-7747 (zwanym dalej „wyrokiem w sprawie Altmark”) nie są spełnione w niniejszym przypadku, chociaż płatności transferowe dokonane przez DB-Telekom nie przysporzyły jej żadnej korzyści z tego względu, że już przed 1995 r. zwróciła ona państwu te kwoty w całości, uiszczając płatności zwrotne w wysokości 11481 mln DEM, które Deutsche Bundespost była dłużna państwu na mocy § 63 ust. 1 PostVerfG (zwane dalej „płatnościami zwrotnymi”). Po drugie, skarżąca zauważa, że z jednej strony nie wskazując w zaskarżonej decyzji kwoty dodatkowych kosztów netto związanych z wykonywaniem powierzonego jej zadania w zakresie usług w ogólnym interesie gospodarczym, która została przecież podana do jej wiadomości, z drugiej strony zaś nie dokonując obliczenia pozwalającego ustalić, czy łączna kwota płatności transferowych dokonanych przez DB-Telekom przewyższała łączną kwotę wspomnianych kosztów dodatkowych czy nie przewyższała tej kwoty, Komisja nie umożliwiła Sądowi skontrolowania legalności zaskarżonej decyzji. W tym względzie skarżąca twierdzi, że Komisja nie przedstawiła stosownego wyjaśnienia co do tego, dlaczego nie była w stanie stwierdzić istnienia dodatkowych kosztów netto związanych z wykonywaniem powierzonego skarżącej zadania w zakresie usług w ogólnym interesie gospodarczym, chociaż dysponowała ona wszystkimi informacjami koniecznymi w tej kwestii, które zostały jej dostarczone przez Republikę Federalną Niemiec. Po trzecie, skarżąca powołuje się na naruszenie zasady pewności prawa wynikające stąd, że nie dokonując obliczenia mającego na celu ustalenie, czy kwota zasobów publicznych, które zostały jej przyznane, przewyższała kwotę dodatkowych kosztów netto związanych z wykonywaniem powierzonego jej zadania w zakresie usług w ogólnym interesie gospodarczym, Komisja odeszła od swojej własnej praktyki decyzyjnej. W trzeciej kolejności skarżąca, do której przyłącza się Republika Federalna Niemiec, twierdzi, iż nawet przy założeniu, że płatności transferowe dokonane przez DB-Telekom przysporzyły jej korzyści, Komisja popełniła oczywisty błąd w ocenie, uznając, że te płatności umożliwiły jej niechybnie pokrycie podnoszonych dodatkowych kosztów powstałych na skutek jej polityki sprzedaży ze stratą w latach 1995–1999. W tym względzie twierdzi ona, że z uwagi na to, iż płatności transferowe dokonane przez DB-Telekom posłużyły w całości do wyrównania jej strat poniesionych w latach 1990–1995, „matematycznie” niemożliwe jest, by mogła ona skompensować podnoszone dodatkowe koszty netto powstałe na skutek jej polityki sprzedaży ze stratą w latach 1994–1999 za pomocą tych płatności. W pierwszej kolejności Komisja odpowiada, że z uwagi na to, iż w ramach zaskarżonej decyzji uznała ona, iż znaczenie miały jedynie płatności transferowe dokonane przez DB-Telekom, argument skarżącej, zgodnie z którym inne zasoby publiczne wymienione w zaskarżonej decyzji nie przysporzyły jej żadnej korzyści, jest niezrozumiały. W drugiej kolejności Komisja twierdzi, że nie była zobowiązana do dokonania obliczenia mającego na celu ustalenie, czy kwota płatności transferowych dokonanych przez DB-Telekom przewyższała kwotę całości jej dodatkowych kosztów związanych z wykonywaniem powierzonego DPAG zadania w zakresie usług w ogólnym interesie gospodarczym. Po pierwsze, uważa ona, że o ile takie obliczenie jest właściwe w celu ustalenia, czy przedsiębiorstwo zobowiązane do świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym otrzymało nadmierną rekompensatę, o tyle niewłaściwe by było w niniejszym przypadku — z uwagi na skargi dotyczące zakłócenia konkurencji, które BIEK i UPS złożyły do Komisji oraz podejrzenia, jakie mogła ona żywić na podstawie tych skarg — że DPAG mogłaby przeszacować dodatkowe koszty netto związane z wykonywaniem jej zadania w zakresie usług w ogólnym interesie gospodarczym. Z drugiej strony Komisja uważa, że to obliczenie nie umożliwiłoby jej ustalenia ani tego, czy istniał związek przyczynowy między wykonywaniem usług w ogólnym interesie gospodarczym a dodatkowymi kosztami netto powstałymi na skutek prowadzonej przez DPAG polityki sprzedaży ze stratą, ani tego, czy państwo zwolniło skarżącą z ponoszenia tych dodatkowych kosztów, powodując tym samym zakłócenie konkurencji. W tym względzie Komisja zauważa, że w ramach zaskarżonej decyzji istotna była jedynie kwestia, czy skarżąca pokrywała dodatkowe koszty powstałe na skutek jej polityki sprzedaży ze stratą w specyficznym sektorze dostarczania paczek od drzwi do drzwi ze swoich własnych zasobów, czy musiała zwrócić się o przyznanie zasobów publicznych. Zdaniem Komisji, jako że skarżąca nie zakwestionowała tego, iż całość deficytów odnotowanych w sektorze paczek w latach 1994–1998 pokryła przy użyciu zasobów publicznych oraz że Komisja ustaliła, iż skarżąca nie dysponowała własnymi zasobami wystarczającymi do pokrycia dodatkowych kosztów netto powstałych na skutek jej polityki sprzedaży ze stratą, nie ulega wątpliwości, że płatności transferowe dokonane przez DB-Telekom posłużyły do wyrównania tych dodatkowych kosztów netto, które DPAG odnotowała w latach 1994–1999 i które nie pozostają w żadnym związku z wykonywaniem usług w ogólnym interesie gospodarczym. Po drugie, Komisja twierdzi, że podobnie jak w ramach stosowania art. 87 ust. 3 WE i art. 86 ust. 2 WE także w ramach stosowania art. 87 ust. 1 WE dysponuje ona szerokim zakresem uznania w celu stwierdzenia istnienia pomocy państwa, gdy ma ona do czynienia ze złożonymi okolicznościami gospodarczymi. W tych okolicznościach do sądu wspólnotowego należy jedynie sprawdzenie, czy zaskarżona decyzja jest dotknięta jednym z braków przewidzianych w art. 230 WE uzasadniającym stwierdzenie jej nieważności, przy czym sąd ten nie może zastąpić swoją oceną oceny dokonanej przez autora decyzji. Tymczasem w niniejszym przypadku skarżąca ogranicza się do twierdzenia, że istnieje inna metoda umożliwiająca ocenę okoliczności faktycznych, niemniej nie przedstawia dowodu na to, że Komisja przekroczyła granice przysługującego jej uznania. Po trzecie, Komisja, do której przyłączają się BIEK i UPS, zauważa, iż obliczenie mające na celu ustalenie, czy łączna kwota zasobów publicznych przewyższa łączną kwotę dodatkowych kosztów netto związanych z wykonywaniem usług w ogólnym interesie gospodarczym, zakłada między innymi wykorzystanie zasobów państwowych zgodnie z ich przeznaczeniem. Żaden z warunków ustanowionych przez Trybunał w ww. w pkt 55 wyroku w sprawie Ferring i w ww. w pkt 57 wyroku w sprawie Altmark nie jest spełniony w niniejszym przypadku. Co więcej, z ww. w pkt 55 wyroku w sprawie FFSA i in. przeciwko Komisji (pkt 185–189) wynika, że Sąd uznał, iż obliczenie to nie było obowiązkowe, lecz że było ono ewentualnie wystarczające. Po czwarte, Komisja uważa — w odpowiedzi na argument skarżącej, zgodnie z którym odeszła ona od swojej własnej praktyki decyzyjnej — że metoda, którą zastosowała, jest zgodna z jej komunikatem 2001/C 320/04 w sprawie udzielania pomocy państwa dla radiofonii i telewizji publicznej [w sprawie stosowania przepisów o pomocy państwa do radiofonii i telewizji publicznej] ( Dz.U. 2001, C 320, s. 5 , pkt 58) i z pkt 80 jej „non paper” z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie usług w ogólnym interesie gospodarczym i pomocy państwa, na podstawie których zastrzegła sobie możliwość badania związku przyczynowego istniejącego między wykonywaniem usług w ogólnym interesie gospodarczym a pewnymi przypadkami zakłócenia konkurencji, w sytuacji gdy polityka taryfowa usługodawcy korzystającego z zasobów publicznych na rynku otwartym na konkurencję grozi zakłóceniem konkurencji. W trzeciej kolejności Komisja kwestionuje argument skarżącej, zgodnie z którym nie udowodniła ona, że płatności transferowe dokonane przez DB-Telekom były wystarczające — zważywszy na straty poniesione w latach 1990–1995 — do finansowania jej polityki sprzedaży ze stratą w latach 1994–1999. Komisja, do której przyłączają się BIEK i UPS, twierdzi bowiem, że abstrahując od tego, iż z księgowego punktu widzenia niemożliwe jest ustalenie, za pomocą jakich środków zostało pokryte obciążenie, płatności zwrotne, które skarżąca musiała uiścić, nie stanowiły dodatkowych kosztów netto usług w ogólnym interesie gospodarczym. Komisja uważa również, że z uwagi na to, iż skarżąca nie przedstawiła dowodu na to, że pokryła podnoszone dodatkowe koszty netto powstałe na skutek jej polityki sprzedaży ze stratą z własnych zasobów, mogła ona słusznie założyć, że te dodatkowe koszty zostały pokryte przy użyciu zasobów publicznych. Ocena Sądu Zgodnie z art. 87 ust. 1 WE „[z] zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w […] traktacie, wszelka pomoc przyznawana przez państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi”. Ponadto zgodnie z art. 86 ust. 2 WE przedsiębiorstwa zobowiązane do zarządzania usługami w ogólnym interesie gospodarczym podlegają normom traktatu, zwłaszcza regułom konkurencji, w granicach, w jakich ich stosowanie nie stanowi prawnej lub faktycznej przeszkody w wykonywaniu poszczególnych zadań im powierzonych. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem zakwalifikowanie jako pomocy państwa wymaga, by spełnione były wszystkie przesłanki wskazane w art. 87 ust. 1 WE. Artykuł 87 ust. 1 WE wymienia następujące przesłanki. Po pierwsze, musi chodzić o interwencję państwa lub za pomocą zasobów państwowych. Po drugie, interwencja ta musi być w stanie wpłynąć na wymianę handlową między państwami członkowskimi. Po trzecie, musi ona przyznawać korzyść beneficjentowi. Po czwarte, musi ona zakłócać lub grozić zakłóceniem konkurencji (zob. ww. w pkt 57 wyrok w sprawie Altmark, pkt 74 i 75 i przytoczone tam orzecznictwo). Jeśli chodzi o trzecią przesłankę wymienioną w poprzednim punkcie, z orzecznictwa wynika, że pojęcie pomocy państwa jest pojęciem obiektywnym, którego ustalenie zależy wyłącznie od kwestii, czy dany środek przyznaje korzyść jednemu przedsiębiorstwu lub niektórym przedsiębiorstwom (ww. w pkt 55 wyrok w sprawie Ladbroke Racing przeciwko Komisji, pkt 52). W tym względzie należy wskazać, że Trybunał orzekł już w przeszłości, że w zakresie w jakim interwencja państwa powinna zostać uznana za rekompensatę stanowiącą świadczenie wzajemne w stosunku do świadczeń spełnionych przez przedsiębiorstwa z niej korzystające w celu wykonania zobowiązań z zakresu usług interesu ogólnego, nie wchodzi ona w zakres zastosowania art. 87 ust. 1 WE, o ile rzeczywiście przedsiębiorstwa te nie czerpią z tego tytułu korzyści finansowych, a zatem taka interwencja nie prowadzi do postawienia tych przedsiębiorstw w bardziej korzystnej sytuacji konkurencyjnej względem konkurujących z nimi przedsiębiorstw (ww. w pkt 57 wyrok w sprawie Altmark, pkt 87 oraz wyrok Trybunału z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawach połączonych od C-34/01 do C-38/01 Enirisorse, Rec. s. I-14243 , pkt 31). W konkretnym przypadku, aby taka rekompensata mogła uniknąć zakwalifikowania jako pomoc państwa, musi zostać spełniony szereg przesłanek (ww. w pkt 57 wyrok w sprawie Altmark, pkt 88 oraz ww. w pkt 72 wyrok w sprawie Enirisorse, pkt 31). Po pierwsze, przedsiębiorstwo będące beneficjentem powinno być rzeczywiście zobowiązane do wykonywania zobowiązań z zakresu usług interesu ogólnego i zobowiązania te powinny być wyraźnie określone. Po drugie, parametry, na podstawie których obliczona jest rekompensata, muszą być wcześniej ustalone w obiektywny i przejrzysty sposób, tak aby nie powodowała ona powstania korzyści ekonomicznej mogącej prowadzić do uprzywilejowania przedsiębiorstwa będącego beneficjentem w stosunku do przedsiębiorstw konkurencyjnych. Po trzecie, rekompensata nie może przekraczać kwoty niezbędnej do pokrycia całości lub części kosztów poniesionych celem wykonania zobowiązań z zakresu usług interesu ogólnego, przy uwzględnieniu związanych z nimi przychodów oraz racjonalnej korzyści z tytułu wypełniania tych zobowiązań. Po czwarte, jeżeli wybór przedsiębiorstwa, któremu ma zostać powierzone wykonywanie zobowiązań z zakresu usług interesu ogólnego, nie został w danym przypadku dokonany w ramach procedury udzielania zamówień publicznych, poziom koniecznej rekompensaty powinien zostać ustalony na podstawie analizy kosztów, jakie przeciętne przedsiębiorstwo, prawidłowo zarządzane i odpowiednio wyposażone do tego, by móc uczynić zadość wymogom stawianym usługom interesu ogólnego, poniosłoby na wykonanie takich zobowiązań, przy uwzględnieniu związanych z nimi przychodów oraz racjonalnego zysku osiąganego przy wypełnianiu tych zobowiązań (ww. w pkt 57 wyrok w sprawie Altmark, pkt 89–93). Z tego wynika, iż w przypadku gdy zasoby państwowe zostały przyznane jako rekompensata dodatkowych kosztów związanych z wykonywaniem usług w ogólnym interesie gospodarczym na warunkach przewidzianych w pkt 72 i 73 powyżej, Komisja nie może — pod rygorem pozbawienia skuteczności art. 86 ust. 2 WE — zakwalifikować jako pomocy państwa całości lub części przyznanych zasobów publicznych, jeżeli łączna kwota tych zasobów jest niższa od dodatkowych kosztów wywołanych wykonywaniem wspomnianego zadania z zakresu usług w ogólnym interesie gospodarczym (zob. podobnie ww. w pkt 55 wyrok w sprawie FFSA i in. przeciwko Komisji, pkt 188). Wreszcie zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Komisja jest uprawniona do wydania decyzji opartej na dostępnych informacjach, w przypadku gdy ma do czynienia z państwem członkowskim, które nie wywiązało się ze swego obowiązku współpracy i które nie dostarcza informacji, których zażądała ona w celu zbadania zgodności pomocy ze wspólnym rynkiem (wyroki Trybunału: z dnia 14 lutego 1990 r. w sprawie C-301/87 Francja przeciwko Komisji, Rec. s. I-307 , pkt 22 i z dnia 13 kwietnia 1994 r. w sprawach połączonych C-324/90 i C-342/90 Niemcy i Pleuger Worthington przeciwko Komisji, Rec. s. I-1173 , pkt 26). Jednak przed wydaniem takiej decyzji Komisja ma obowiązek uczynienia zadość pewnym wymogom proceduralnym. W szczególności powinna skierować do państwa członkowskiego nakaz dostarczenia jej w określonym przez nią terminie wszelkich dokumentów, informacji i danych koniecznych do zbadania zgodności pomocy ze wspólnym rynkiem. Tylko w sytuacji gdy to państwo członkowskie — pomimo nakazu Komisji — nie udzieli zażądanych przez nią informacji, ma ona prawo zakończyć postępowanie i wydać decyzję stwierdzającą zgodność lub niezgodność pomocy ze wspólnym rynkiem na podstawie dowodów, którymi dysponuje (ww. wyrok w sprawie Francja przeciwko Komisji, pkt 19 i 22). Wymogi te przedstawiono w art. 5 ust. 2, art. 10 ust. 3 i w art. 13 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. [88 WE] ( Dz.U. L 83, s. 1 ) (wyrok Sądu z dnia 19 października 2005 r. w sprawie T-318/00 Freistaat Thüringen przeciwko Komisji, Zb.Orz. s. II-4179 , pkt 73). W pierwszej kolejności należy zauważyć, że zarzut, który skarżąca podniosła w skardze, jakoby Komisja niesłusznie uznała, iż inne zasoby publiczne niż płatności transferowe dokonane przez DB-Telekom przysporzyły jej korzyści, jest chybiony, jako że Komisja wyraźnie przyznaje w odpowiedzi na skargę, iż w celu stwierdzenia, że DPAG odniosła korzyść za pomocą zasobów publicznych, uwzględniła jedynie płatności transferowe dokonane przez DB-Telekom. W związku z tym zarzut ten musi zostać oddalony. W drugiej kolejności, jeśli chodzi o zarzut skarżącej, jakoby Komisja nie wykazała, że odniosła ona korzyść za pomocą płatności transferowych dokonanych przez DB-Telekom, mając na uwadze jej dodatkowe koszty netto związane z wykonywaniem usługi w ogólnym interesie gospodarczym, należy tytułem wstępu zauważyć — jak wynika również z opisu zaskarżonej decyzji przedstawionego w pkt 16–29 powyżej — że wniosek Komisji, zgodnie z którym DPAG odniosła korzyść, opiera się na następujących stwierdzeniach. Po pierwsze, Komisja stwierdziła, że w latach 1990–1995 skarżąca otrzymała ze strony DB-Telekom płatności transferowe w wysokości 11081 mln DEM — płatności, które zdaniem Komisji stanowią jedyne zasoby publiczne, które mają znaczenie dla niniejszej decyzji. Po drugie, Komisja wskazała z jednej strony, że skarżąca odnotowała dodatkowe koszty netto wywołane polityką sprzedaży ze stratą, jaką prowadziła ona w latach 1994–1999, w wysokości 1118,7 mln DEM, z drugiej strony zaś, że te dodatkowe koszty netto nie były związane z wykonywaniem usługi w ogólnym interesie gospodarczym. Po trzecie, Komisja stwierdziła, że skarżąca nie mogła pokryć tych dodatkowych kosztów netto w wysokości 1118,7 mln DEM ze swoich własnych zasobów, ponieważ w latach 1990–1998 odnotowała ona łączny deficyt — biorąc pod uwagę wszystkie sektory działalności łącznie — w wysokości 2289 mln DEM. Z tych trzech stwierdzeń Komisja wyciągnęła zatem wniosek, że dodatkowe koszty netto powstałe na skutek polityki sprzedaży ze stratą prowadzonej przez DPAG w latach 1994–1999 zostały niechybnie skompensowane za pomocą płatności transferowych, których DB-Telekom dokonała w latach 1990–1995, w związku z czym skorzystała ona z pomocy państwa w wysokości 1118,7 mln DEM. W tym względzie należy zwrócić uwagę na to, że w odpowiedzi na pytania zadane przez Sąd w trakcie rozprawy Komisja wskazała co do istoty, iż jej zdaniem z uwagi na okoliczność, że skarżąca nie przedstawiła dowodu na to, iż pokryła podnoszone dodatkowe koszty netto powstałe na skutek jej polityki sprzedaży ze stratą za pomocą innych środków niż płatności transferowe dokonane przez DB-Telekom, mogła ona słusznie założyć, iż DPAG skorzystała z pomocy państwa w wysokości 1118,7 mln DEM. W związku z tym należy zbadać, czy — postępując w taki sposób, jak uczyniła to Komisja w zaskarżonej decyzji — instytucja ta wykazała w sposób wymagany prawem, że skarżąca odniosła korzyść za pomocą płatności transferowych dokonanych przez DB-Telekom. W tym względzie należy, po pierwsze, zauważyć, że mimo informacji, jakie Republika Federalna Niemiec dostarczyła Komisji, a które skłoniły ją do stwierdzenia w motywie 41 zaskarżonej decyzji, że według Republiki Federalnej Niemiec segment klientów profesjonalnych nie jest wykluczony z usługi uniwersalnej, Komisja nie wypowiedziała się w zaskarżonej decyzji w kwestii tego, czy usługa dostarczania paczek od drzwi do drzwi stanowiła usługę w ogólnym interesie gospodarczym. W tym względzie należy bowiem zauważyć — jak wynika z pkt 26 powyżej — że w zaskarżonej decyzji Komisja stwierdziła jedynie, iż polityka taryfowa DPAG, polegająca na oferowaniu opłat niższych od jednolitej opłaty, pociągała za sobą dodatkowe koszty netto, które nie były związane z wykonywaniem usługi w ogólnym interesie gospodarczym. Ponadto należy zauważyć, że Komisja uznała z jednej strony w motywie 74 zaskarżonej decyzji, iż „[m]iędzy tymi dodatkowymi kosztami netto [związanymi z polityką sprzedaży ze stratą] a zobowiązaniami DPAG z zakresu usług interesu ogólnego nie istnieje żaden związek przyczynowy” oraz z drugiej strony w motywie 73 zaskarżonej decyzji, że „[i]stnieje zatem minimalna kwota dodatkowych kosztów netto DPAG, która nie pozostaje w żadnym związku z wykonywaniem zobowiązań z zakresu usług w ogólnym interesie gospodarczym”. Należy zatem zwrócić uwagę na to, że — jak Komisja potwierdziła to zresztą w swoich pismach procesowych — z jednej strony nie stwierdziła ona w zaskarżonej decyzji, iż informacje udzielone jej przez Republikę Federalną Niemiec, zgodnie z którymi usługa dostarczania paczek od drzwi do drzwi stanowi usługę w ogólnym interesie gospodarczym, są pozbawione podstaw, oraz z drugiej strony przyznała ona, przynajmniej w dorozumiany sposób, że DPAG — poza dodatkowymi kosztami netto powstałymi na skutek prowadzonej przez nią polityki sprzedaży ze stratą — odnotowała również dodatkowe koszty netto, które z kolei były związane z wykonywaniem usługi w ogólnym interesie gospodarczym (zwane dalej „niekwestionowanymi dodatkowymi kosztami netto”). Po drugie, należy zwrócić uwagę na to, że Komisja wskazuje z jednej strony w motywie 43 zaskarżonej decyzji, iż Republika Federalna Niemiec poinformowała ją o tym, że musiała ponosić „piętnaście obciążeń historycznych” stanowiących dodatkowe koszty netto świadczenia usługi w ogólnym interesie gospodarczym oraz z drugiej strony w przypisie nr 94 do zaskarżonej decyzji, że „[w] swoim piśmie z dnia 16 września 1999 r. (s. 18) rząd [niemiecki] określa jako »obciążenia historyczne« szczególne koszty ponoszone przez DPAG w porównaniu ze zwyczajowymi kosztami powstającymi po stronie prywatnych przedsiębiorstw w normalnych warunkach rynkowych”, zważywszy, że „[z]godnie z informacjami rządu federalnego to właśnie te szczególne obciążenia prowadzą do wymienionego w decyzji o wszczęciu postępowania deficytu w sektorze przewozu paczek”. W motywie 43 zaskarżonej decyzji Komisja wylicza piętnaście obciążeń historycznych wymienionych przez Republikę Federalną Niemiec. W tym względzie w motywie 45 zaskarżonej decyzji Komisja podnosi w szczególności, że „[w] opinii władz niemieckich, nawet jeśli Komisja zajęłaby stanowisko, iż nie wszystkie usługi w zakresie paczek świadczone za pomocą tej infrastruktury mogą być nadal uważane za usługi świadczone w interesie ogólnym, te obciążenia historyczne powinny być jednak traktowane jako »utracone koszty inwestycyjne« w przypadku usług, które w momencie planowania obecnej infrastruktury w 1990 r. były bezsprzecznie świadczone w interesie ogólnym [załącznik 1 do pisma rządu federalnego z dnia 21 czerwca 2000 r.]”. W tym względzie należy stwierdzić, że — jak wynika z pkt 41–52 decyzji o wszczęciu postępowania — Republika Federalna Niemiec dostarczyła Komisji, na jej żądanie, dokładne zestawienie swoich piętnastu obciążeń historycznych, w odniesieniu do których z jednej strony podała ona powody, z których — jej zdaniem — owe obciążenia stanowiły dodatkowe koszty netto związane z wykonywaniem usługi w ogólnym interesie gospodarczym oraz oszacowanie kwoty, która została wydana na każde z tych obciążeń w latach 1990–1996, oraz z drugiej strona wskazała ona, iż łączna kwota tych obciążeń historycznych, które według niej były związane z wykonywaniem usługi w ogólnym interesie gospodarczym, wynosiła 20426 mln DEM, to jest znacznie więcej niż kwota 11081 mln DEM odpowiadająca płatnościom transferowym dokonanym przez DB-Telekom. W tym względzie należy stwierdzić, że Komisja wskazała w pkt 72 decyzji o wszczęciu postępowania, iż o ile „ma ona wątpliwości co do tego, że wszystkie elementy kosztów przytoczone w tym kontekście mogą być faktycznie uznawane za związane z tego rodzaju usługą w ogólnym interesie gospodarczym”, uważa jednak, iż „niektóre elementy (jak na przykład dostawa w sobotę) mogą, o ile są odpowiednio zdefiniowane i przypisane, stanowić w zasadzie usługi w ogólnym interesie gospodarczym”. Po trzecie, należy zwrócić uwagę na to, że z jednej strony nie badając i nie wypowiadając się w zaskarżonej decyzji na temat informacji dostarczonych przez Republikę Federalną Niemiec, zgodnie z którymi niekwestionowane dodatkowe koszty netto były związane z wykonywaniem zadania z zakresu usług w ogólnym interesie gospodarczym, z drugiej strony zaś nie dokonując obliczenia pozwalającego ustalić, czy kwota tych dodatkowych kosztów przewyższała kwotę płatności transferowych dokonanych przez DB-Telekom, Komisja zaniechała sprawdzenia, czy łączna kwota płatności transferowych dokonanych przez DB-Telekom była niższa od łącznej kwoty dodatkowych kosztów netto świadczenia usługi w ogólnym interesie gospodarczym, w związku z czym wspomniane płatności transferowe nie przysporzyłyby skarżącej żadnej korzyści. W tym względzie należy stwierdzić, iż Komisja nie podnosi ani nie udowadnia w zaskarżonej decyzji, że Republika Federalna Niemiec lub skarżąca nie dostarczyły jej informacji koniecznych do upewnienia się, że kwota płatności transferowych dokonanych przez DB-Telekom nie przewyższała niekwestionowanych dodatkowych kosztów netto bądź że z uwagi na dostępne jej informacje nie miała ona innego wyboru niż domniemywać, iż kwota płatności transferowych dokonanych przez DB-Telekom przewyższała kwotę tych niekwestionowanych dodatkowych kosztów, wobec czego płatności transferowe dokonane przez DB-Telekom przysporzyły skarżącej korzyści. Ponadto należy również stwierdzić, że Komisja nie podała ani w swoich pismach procesowych, ani na rozprawie żadnego obiektywnego powodu na uzasadnienie tego, iż z uwagi na informacje dostarczone jej przez Republikę Federalną Niemiec nie miała ona możliwości przeprowadzenia takiego badania. W tym względzie należy bowiem stwierdzić, że Komisja zadowala się wyjaśnieniem, iż zakres nadzwyczajnych kosztów przytoczonych przez skarżącą utrudniał tę analizę, lecz nie twierdzi, iż Republika Federalna Niemiec nie dostarczyła jej informacji koniecznych w tej kwestii i że w związku z tym nie była ona w stanie przeprowadzić takiej analizy. W świetle powyższych rozważań należy stwierdzić, że nie sprawdzając, czy kwota płatności transferowych dokonanych przez DB-Telekom przewyższała kwotę niekwestionowanych dodatkowych kosztów netto DPAG, Komisja nie wykazała w sposób wymagany prawem, że płatności transferowe dokonane przez DB-Telekom przysporzyły jej korzyści w rozumieniu art. 87 ust. 1 WE. Wniosku tego nie mogą podważyć argumenty przytoczone przez Komisję, zgodnie z którymi, mówiąc krótko, z jednej strony nie była ona zobowiązana wykazać, że kwota niekwestionowanych dodatkowych kosztów netto nie przewyższała kwoty płatności transferowych dokonanych przez DB-Telekom, oraz z drugiej strony, że dla celów ustalenia istnienia pomocy państwa w niniejszym przypadku zastosowana przez nią metoda była bardziej odpowiednia aniżeli metoda polegająca na sprawdzeniu, czy DPAG otrzymała nadmierną rekompensatę. Po pierwsze, jeśli chodzi o argument Komisji, jakoby przysługiwał jej szeroki zakres uznania w wyborze najbardziej odpowiedniej metody do ustalenia istnienia pomocy państwa, należy przypomnieć, iż zakwalifikowanie danego środka jako pomocy państwa, które zgodnie z traktatem należy zarówno do Komisji, jak i do sądu krajowego, nie może w zasadzie uzasadniać przyznania Komisji szerokich uprawnień dyskrecjonalnych, w przypadku gdy nie występują szczególne okoliczności zwłaszcza ze względu na złożony charakter danej interwencji państwowej. Istotność powodów lub celów interwencji państwowych może być bowiem oceniana jedynie w ramach badania ewentualnej zgodności tych środków ze wspólnym rynkiem, które jest przewidziane w art. 87 ust. 3 WE (ww. w pkt 55 wyrok w sprawie Ladbroke Racing przeciwko Komisji, pkt 52). W każdym razie należy również w tym względzie zwrócić uwagę na to, że wprawdzie Sąd przyznał Komisji pewien zakres uznania odnośnie do wyboru najbardziej odpowiedniej metody do upewnienia się, że nie ma miejsca subsydiowanie skrośne na rzecz działalności konkurencyjnej (ww. w pkt 55 wyrok w sprawie FFSA i in. przeciwko Komisji, pkt 187), ale nie zmienia to faktu, iż Komisja nie może — zgodnie z ww. w pkt 57 wyrokiem w sprawie Altmark, pkt 87 — zakwalifikować jako pomocy państwa zasobów państwowych przyznanych tytułem rekompensaty dodatkowych kosztów związanych z wykonywaniem usługi w ogólnym interesie gospodarczym. Otóż w niniejszym przypadku Komisja, nie badając, czy łączna kwota płatności transferowych dokonanych przez DB-Telekom przewyższała łączną kwotę niekwestionowanych dodatkowych kosztów, nie mogła założyć — jak wynika z analizy zaskarżonej decyzji w pkt 78 powyżej — że te płatności transferowe przysporzyły skarżącej korzyści, choć Republika Federalna Niemiec dostarczyła jej informacji, w świetle których wiarygodna wydaje się okoliczność, że łączna kwota tych płatności transferowych nie przewyższała łącznej kwoty niekwestionowanych dodatkowych kosztów netto. Ponadto jeśli chodzi o argument Komisji, jakoby była ona jedynie zobowiązana do zbadania, czy skargi BIEK i UPS, zgodnie z którymi DPAG finansowała politykę sprzedaży ze stratą przy użyciu zasobów publicznych, były zasadne, należy w tym względzie przypomnieć, że zgodnie z orzecznictwem Komisja jest zobowiązana — w interesie prawidłowego stosowania podstawowych postanowień traktatu dotyczących pomocy państwa — do przystąpienia do starannego i bezstronnego badania skargi, co może się wiązać z koniecznością zbadania elementów, które nie zostały wyraźnie wspomniane przez składającego skargę (wyrok Trybunału z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie C-367/95 P Komisja przeciwko Sytraval i Brink’s France, Rec. s. I-1719 , pkt 62). Co więcej, Komisja jest zobowiązana do sprawdzenia, czy beneficjent pomocy rzeczywiście osiągnął korzyść. I tak w niniejszym przypadku, o ile Komisja była zobowiązana do przeprowadzenia starannego i bezstronnego badania skarg złożonych przez BIEK i UPS, nie oznacza to wcale, że z jednej strony mogła ona zignorować informacje dostarczone jej przez Republikę Federalną Niemiec w celu wykazania, że skarżąca nie odniosła żadnej korzyści z zasobów publicznych, oraz z drugiej strony, że mogła ona słusznie przyjąć istnienie pomocy państwa bez uprzedniego sprawdzenia, czy zasoby publiczne, które otrzymała DPAG, przysporzyły jej korzyści. Wreszcie należy również odrzucić argumenty Komisji, jak również argumenty BIEK i UPS, jakoby Komisja nie była zobowiązana do zbadania kwestii, czy łączna kwota płatności transferowych dokonanych przez DB-Telekom przewyższała łączną kwotę ponoszonych przez skarżącą dodatkowych kosztów netto związanych z wykonywaniem usługi w ogólnym interesie gospodarczym, jako że przesłanki przewidziane przez Trybunał w ww. w pkt 55 wyroku w sprawie Ferring i w ww. w pkt 57 wyroku w sprawie Altmark nie są spełnione w niniejszym przypadku. Jak przedstawiono bowiem w pkt 81 powyżej, w którym jest mowa o tym, że Komisja zadowoliła się w zaskarżonej decyzji stwierdzeniem, iż dodatkowe koszty netto powstałe na skutek polityki sprzedaży ze stratą prowadzonej przez DPAG nie mogły być przedmiotem rekompensaty, Komisja ani nie sprawdziła, ani nie udowodniła, że skarżąca nie odnotowała żadnych innych dodatkowych kosztów netto związanych z wykonywaniem usługi w ogólnym interesie gospodarczym, w stosunku do których miała prawo żądać rekompensaty ze wszystkich płatności transferowych dokonanych przez DB-Telekom na warunkach przewidzianych w ww. w pkt 57 wyroku w sprawie Altmark, pkt 89–95. W zakresie, w jakim Komisja nie przeprowadziła żadnego badania ani nie dokonała żadnej oceny w tym względzie, do sądu wspólnotowego nie należy zastąpienie Komisji w przeprowadzeniu badania, do którego ona sama nigdy nie przystąpiła, i snucie przypuszczeń co do wniosków, do których doszłaby ona w wyniku tego badania (zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 16 września 2004 r. w sprawie T-274/01 Valmont przeciwko Komisji, Zb.Orz. s. II-3145 , pkt 136). Z powyższych rozważań wynika, że należy uwzględnić zarzut skarżącej, zgodnie z którym Komisja naruszyła art. 87 ust. 1 WE, uznając, że płatności transferowe dokonane przez DB-Telekom przysporzyły jej korzyści. Niemniej Sąd uważa za wskazane zbadanie również zarzutu skarżącej, zgodnie z którym — niezależnie od kwestii, czy kwota płatności transferowych dokonanych przez DB-Telekom przewyższała kwotę niekwestionowanych dodatkowych kosztów netto — Komisja w każdym razie niesłusznie wywnioskowała, że płatności transferowe ze strony DB-Telekom w wysokości 11081 mln DEM umożliwiły skarżącej — zważywszy na odnotowane przez nią straty w latach 1990–1995 — pokrycie podnoszonych dodatkowych kosztów netto w wysokości 1118,7 mln DEM powstałych na skutek polityki sprzedaży ze stratą prowadzonej przez nią w latach 1994–1999. W tym względzie należy najpierw stwierdzić, że zgodnie z § 63 ust. 1 PostVerfG Deutsche Bundespost była zobowiązana do uiszczania płatności zwrotnych na rzecz państwa niemieckiego w latach 1990–1995 w wysokości malejącego odsetka jej przychodów operacyjnych. Podczas gdy strony nie są zgodne co do tego, czy te płatności zwrotne stanowią dodatkowe koszty świadczenia usługi w ogólnym interesie gospodarczym, Komisja nie kwestionuje tego, że te płatności zwrotne były uiszczane przez przedsiębiorstwa powstałe w wyniku podziału Deutsche Bundespost oraz że w tym kontekście skarżąca musiała uiścić kwotę 11418 mln DEM w latach 1990–1995. W niniejszym przypadku skarżąca twierdzi, że Komisja popełniła oczywisty błąd w ocenie, uznając, iż płatności transferowe dokonane przez DB-Telekom w latach 1990–1995 w wysokości 11418 mln DEM umożliwiły jej pokrycie podnoszonych dodatkowych kosztów netto w wysokości 1118,7 mln DEM, które zostały spowodowane jej polityką sprzedaży ze stratą prowadzoną w latach 1994–1999, jakkolwiek zdaniem skarżącej wspomniane płatności transferowe posłużyły w całości do skompensowania jej strat poniesionych w latach 1990–1995, które wynikały w szczególności z jej obowiązku uiszczania płatności zwrotnych. Komisja odpowiada w istocie, że z uwagi na to, iż skarżąca nie przedstawiła dowodu na to, że dodatkowe koszty netto związane z jej polityką sprzedaży ze stratą zostały sfinansowane z jej własnych zasobów, miała ona prawo domniemywać, że płatności transferowe dokonane przez DB-Telekom umożliwiły skarżącej finansowanie tych dodatkowych kosztów. W tym względzie należy zauważyć, iż strony zgodnie oświadczają, że z księgowego punktu widzenia wszelkie zasoby mogą zostać użyte do finansowania wszelkich obciążeń. Wprawdzie do Komisji należy udowodnienie, że zasoby publiczne przysporzyły korzyści beneficjentowi, jak wynika z ww. w pkt 57 wyroku w sprawie Altmark, pkt 75, ale bez znaczenia jest to, że Komisja wykaże, na jakie obciążenia zostały wykorzystane zasoby publiczne, które zostały przyznane skarżącej. Niemniej ze względu na to, że w niniejszym przypadku — jak wynika z pkt 78 powyżej — Komisja uzależniła swoje przedstawienie dowodu na to, iż DPAG odniosła korzyść z zasobów publicznych, od faktu, że podnoszone dodatkowe koszty netto DPAG związane z jej polityką sprzedaży ze stratą zostały niechybnie pokryte — w wysokości 1118,7 mln DEM — przy użyciu płatności transferowych dokonanych przez DB-Telekom, należy sprawdzić, czy z uwzględnieniem strat DPAG poniesionych w latach 1990–1994 i 1990–1995 wspomniane płatności transferowe dokonane w tym okresie były wystarczające do pokrycia również dodatkowych kosztów netto związanych z jej polityką sprzedaży ze stratą, które odnotowała ona w latach 1994–1999. W motywie 88 zaskarżonej decyzji Komisja oszacowała, że podnoszone dodatkowe koszty netto odnotowane przez DPAG w związku z jej polityką sprzedaży ze stratą kształtowały się następująco: Lata Łącznie 1994–1999 Dodatkowe koszty związane ze sprzedażą ze stratą (mln DEM) [poufne] [poufne] [poufne] [poufne] [poufne] [poufne] 1 118,7 Ponadto — jak wynika z informacji dostarczonych przez Republikę Federalną Niemiec, których Komisja nie kwestionuje — DPAG odnotowała w latach 1990–1994 i 1990–1995 następujące wyniki operacyjne (z pominięciem płatności transferowych dokonanych przez DB-Telekom i przelanych płatności zwrotnych) i wyniki ostateczne (z uwzględnieniem płatności transferowych dokonanych przez DB-Telekom i przelanych płatności zwrotnych) (pismo Republiki Federalnej Niemiec z dnia 31 stycznia 2002 r. i załącznik 11 A do pisma Republiki Federalnej Niemiec z dnia 10 marca 2000 r.): Lata Łącznie 1990–1994 Łącznie 1990–1995 Sektor zastrzeżony [poufne] [poufne] [poufne] [poufne] [poufne] [poufne] [poufne] [poufne] Sektor paczek [poufne] [poufne] [poufne] [poufne] [poufne] [poufne] [poufne] [poufne] Sektor gazet [poufne] [poufne] [poufne] [poufne] [poufne] [poufne] [poufne] [poufne] Saldo operacyjne [poufne] [poufne] [poufne] [poufne] [poufne] –4 331 [poufne] –4 945 Płatności transferowe ze strony DB-Telekom 1 495 2 031 1 310 5 562 5 519 11 081 Płatności zwrotne – 1 651 – 1 982 – 2 100 – 2 182 – 2 190 – 10 104 – 1 314 – 11 418 Saldo płatności transferowe/ płatności zwrotne – 4 552 – 337 Ostateczny wynik (mln DEM) – 8 883 – 5 282 W świetle tabelki figurującej w pkt 104 powyżej należy najpierw zwrócić uwagę na to, że wprawdzie skarżąca otrzymała w latach 1990–1994 kwotę 5562 mln DEM tytułem płatności transferowych dokonanych przez DB-Telekom oraz że w 1994 r. odnotowała ona dodatkowe koszty związane z jej polityką sprzedaży ze stratą w wysokości [ poufne ] mln DEM (tabelka figurująca w pkt 103 powyżej), ostateczny deficyt odnotowany przez skarżącą w latach 1990–1994, biorąc pod uwagę wszystkie sektory działalności łącznie, wynosił jednak 8883 mln DEM. Ten ostateczny deficyt w okresie 1990–1994 odpowiadał bowiem stratom operacyjnym DPAG w wysokości 4331 mln DEM, do czego doszły płatności zwrotne w wysokości 10104 mln DEM, które zostały częściowo skompensowane przez płatności transferowe w wysokości 5562 mln DEM dokonane przez DB-Telekom. W tych okolicznościach należy stwierdzić, że płatności transferowe w wysokości 5562 mln DEM dokonane przez DB-Telekom w latach 1990–1994 nie umożliwiły skarżącej — mając na uwadze jej straty operacyjne w wysokości 4331 mln DEM poniesione w latach 1990–1994 i płatności zwrotne w wysokości 10104 mln DEM, które musiała ona uiścić w tym okresie, to jest łączne straty w wysokości 14435 mln DEM — pokrycia podnoszonych dodatkowych kosztów netto powstałych na skutek jej polityki sprzedaży ze stratą w latach 1994–1999 w wysokości 1118,7 mln DEM. Jako że skarżąca otrzymywała płatności transferowe dokonywane przez DB-Telekom do 1995 r., należy również stwierdzić, że wprawdzie skarżąca otrzymała w latach 1990–1995 11081 mln DEM tytułem płatności transferowych dokonanych przez DB-Telekom, ale w okresie tym odnotowała ona ostateczny deficyt — biorąc pod uwagę wszystkie sektory działalności łącznie — w wysokości 5282 mln DEM. Ten ostateczny deficyt w okresie 1990–1995 odpowiadał bowiem stratom operacyjnym DPAG w wysokości 4945 mln DEM, do czego doszły płatności zwrotne w wysokości 11418 mln DEM, które zostały częściowo skompensowane przez płatności transferowe w wysokości 11081 mln DEM dokonane przez DB-Telekom. W tych okolicznościach należy stwierdzić, że płatności transferowe w wysokości 11081 mln DEM dokonane przez DB-Telekom w latach 1990–1995 nie umożliwiły DPAG — mając na uwadze jej straty operacyjne w wysokości 4945 mln DEM poniesione w latach 1990–1995 I płatności zwrotne w wysokości 11418 mln DEM, które musiała ona uiścić w tym okresie, to jest łączne straty w wysokości 16363 mln DEM — pokrycia podnoszonych dodatkowych kosztów netto powstałych na skutek jej polityki sprzedaży ze stratą w latach 1994–1999 w wysokości 1118,7 mln DEM. Należy zatem stwierdzić, że twierdzenie Komisji, jakoby skarżąca odniosła korzyść w wysokości 1118,7 mln DEM, gdyż same płatności transferowe dokonane przez DB-Telekom mogły sfinansować podnoszone dodatkowe koszty powstałe na skutek jej polityki sprzedaży ze stratą, zostaje obalone za pomocą wniosku, iż ostateczne straty DPAG poniesione w latach 1990–1994 oraz w latach 1990–1995 były tak wysokie, że płatności transferowe dokonane przez DB-Telekom były niewystarczające do pokrycia podnoszonych dodatkowych kosztów netto powstałych na skutek jej polityki sprzedaży ze stratą w latach 1994–1999. W związku z tym należy uwzględnić zarzut skarżącej. Wobec powyższego należy stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji bez potrzeby sprawdzenia, czy rozpatrywany zarzut oznacza, że zaskarżona decyzja jest również dotknięta brakiem uzasadnienia w rozumieniu art. 253 WE (zob. pkt 58 powyżej) oraz bez potrzeby badania pozostałych zarzutów podniesionych przez skarżącą. W przedmiocie kosztów Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ Komisja przegrała sprawę, zgodnie z żądaniem skarżącej należy obciążyć ją kosztami postępowania. Zgodnie z art. 87 § 4 akapit pierwszy regulaminu państwa członkowskie i instytucje, które wstąpiły do sprawy w charakterze interwenienta, pokrywają własne koszty. Republika Federalna Niemiec, która nie złożyła uwag jako interwenient, pokrywa własne koszty na podstawie art. 87 § 4 akapit pierwszy regulaminu. Na podstawie art. 87 § 4 akapit trzeci regulaminu Sąd może postanowić, że interwenienci inni niż państwa członkowskie, państwa będące stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), instytucje i Urząd Nadzoru Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) pokrywają własne koszty. BIEK i UPS, interwenienci, pokrywają własne koszty. Z powyższych względów SĄD (trzecia izba w składzie powiększonym) orzeka, co następuje: 1) Stwierdza się nieważność decyzji Komisji 2002/753/WE z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie środków przyjętych przez Republikę Federalną Niemiec na rzecz Deutsche Post AG. 2) Komisja pokrywa własne koszty, jak również koszty poniesione przez Deutsche Post. 3) Republika Federalna Niemiec, Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste eV (BIEK) i UPS Europe NV/SA pokrywają własne koszty. Jaeger Tiili Azizi Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 1 lipca 2008 r. Sekretarz E. Coulon Prezes M. Jaeger ( *1 ) Język postępowania: niemiecki. ( ) Dane ukryte.

62010TJ0488

sv

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut K(2010) 5229 av den 28 juli 2010 om innehållande av en del av bidraget från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) till samlade programplaneringen för mål 1 avseende gemenskapens strukturåtgärder i regionen Martinique i Frankrike. Domslut 1) Talan ogillas. 2) Republiken Frankrike ska ersätta rättegångskostnaderna.

62006TJ0184

bg

Иск, основан на арбитражна клауза, с който се цели осъждане на ответниците да върнат изплатения от Общността аванс, както и лихвите за забава вследствие на неизпълнение на договор № 2000‑25366, сключен в рамките на специфична програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности в областта на технологиите на информационното общество (IST) (1998‑2002) и отнасящ се до проекта „Crossmarc“ (Cross-lingual Multi Agent Retail Comparison). Диспозитив 1) Осъжда Dane-Elec Memory да заплати на Комисията на Европейските общности главница в размер на 55 878 EUR заедно с лихвите, начислени: –        при прилагане на годишен лихвен процент в размер на 4,75 % от 16 март 2004 г. до 31 декември 2005 г., –        при прилагане на годишен лихвен процент в размер на 5 % от 1 януари до 31 декември 2006 г., –        при прилагане на годишен лихвен процент в размер на 5,25 % от 1 януари 2007 г. до пълното изплащане на дълга. 2) Не следва да има произнасяне по направеното искане срещу Internet Commerce Network. 3) Dane-Elec Memory понася, наред с направените от него съдебни разноски, и тези на Комисията. 4) Internet Commerce Network понася направените от него съдебни разноски.

62010CJ0342

et

Oma hagis palub Euroopa Komisjon Euroopa Kohtul tuvastada, et kehtestades ja jättes jõusse diskrimineeriva maksustamiskorra mitteresidentidest pensionifondidele makstavate dividendide maksustamiseks, on Soome Vabariik rikkunud ELTL artiklist 63 ja 2. mai 1992. aasta Euroopa Majanduspiirkonna lepingu ( EÜT 1994, L 1, lk 3 ; ELT eriväljaanne 11/52, lk 3) (edaspidi „EMP leping”) artiklist 40 tulenevaid kohustusi. Euroopa Kohtu presidendi 22. novembri 2010. aasta määrusega lubati Taani Kuningriigil, Prantsuse Vabariigil, Madalmaade Kuningriigil, Rootsi Kuningriigil ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigil astuda menetlusse Soome Vabariigi nõuete toetuseks. Soome õiguslik raamistik Seoses residentidest pensionifondidega ilmneb 30. detsembri 1992. aasta ettevõtlustulu maksustamise seaduse 360/1968 § 124 lõikega 2 (laki elinkeinotulon verottamisesta (360/1968); edaspidi „LEV”) §-ist 6a, tõlgendatuna koos tulumaksuseaduse (tuloverolaki (1535/1992)), et dividendide, mida need pensionifondid saavad, maksustamisel kohaldatakse 19,5% suurust tegelikku määra. LEV § 7 sätestab: „Majandustegevusest tulu saamiseks või selle säilitamiseks tehtud kulud ja saadud kahjum on mahaarvatavad”. LEV § 8 esimeses lõigus on kirjas: „Mahaarvatavad kulud § 7 tähenduses on eelkõige: […] 10) kindlustusseltside, kindlustusliitude, kindlustusfondide ja muude sarnaste kindlustusasutuste kohustuslikult ülekantavad matemaatilised eraldised ning kindlustustehniliste nõuete kohaselt arvutatud summad, mis on vajalikud pensionifondide ja muude sarnaste kindlustusorganisatsioonide pensioni- ja muude sarnaste kohustustega kaasneva vastutuse kindlustamiseks […]”. Mitteresidentidest pensionifondidele Soomes makstavad dividendid maksustatakse piiratud maksukohustusega maksukohustuslaste tulu maksustamise seaduse 627/1978 (lähdeverolaki (627/1978)) alusel. Nimetatud seaduse § 3 ja § 7 esimese lõigu punkti 3 kohaselt on kinnipeetava maksu määr 19,5%, väljaarvatud erandjuhtudel, mis tulenevad nõukogu 23. juuli 1990. aasta direktiivi 90/435/EMÜ eri liikmesriikide emaettevõtjate ja tütarettevõtjate suhtes kohaldatava ühise maksustamissüsteemi kohta ( EÜT L 225, lk 6 ; ELT eriväljaanne 09/01, lk 147) kohaldamisest dividendidele, mida makstakse mitteresidendist pensionifondile Soomes. Topeltmaksustamise vältimise lepingu kohaldamise korral jääb see määr vahemikku 15% kuni 0%. Soome Vabariik on niisugused lepingud sõlminud kõigi Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonda (edaspidi „EMP”) kuuluvate riikidega, välja arvatud Küprose Vabariigi ja Liechtensteini Vürstiriigiga. Kohtueelne menetlus Leides, et Soome maksustamiskord diskrimineerib dividende saavaid mitteresidentidest pensionifonde ning on seetõttu vastuolus ELTL artikliga 63 ja EMP lepingu artikliga 40, saatis komisjon Soome Vabariigile 19. juulil 2007 märgukirja, millele Soome Vabariik vastas 19. septembri 2007. aasta kirjaga. 23. septembril 2008 saatis komisjon nimetatud liikmesriigile täiendava märgukirja, millele viimane vastas 20. novembri 2008. aasta kirjaga. 26. juunil 2009 koostas komisjon põhjendatud arvamuse, millele Soome Vabariik vastas 25. augustil 2009. Kuna komisjon ei olnud asjaomase liikmesriigi selgitustega rahul, otsustas ta esitada käesoleva hagi. Suulise menetluse uuendamise taotlus Soome Vabariik palus Euroopa Kohtu kantseleisse 3. septembril 2012 esitatud dokumendis Euroopa Kohtul teha vastavalt kodukorra artiklile 61 määrus suulise menetluse uuendamiseks. Nimetatud liikmesriik leiab, et kohtujuristi ettepanek sisaldab mitu väärväidet arutluse all oleva liikmesriigi kohustuste rikkumise hagi esemeks olevate Soome õigusnormide kohta. Kohtupraktikast tuleneb, et Euroopa Kohus võib kas omal algatusel, kohtujuristi ettepanekul või poolte taotlusel määrusega suulise menetluse uuendada, kui ta leiab, et tal ei ole piisavalt informatsiooni või kui asja lahendamisel tuleks tugineda argumendile, mille üle pooled ei ole vaielnud (vt eelkõige 16. detsembri 2008. aasta otsus kohtuasjas C-210/06: Cartesio, EKL 2006, lk I-9641 , punkt 46). Arutluse all oleva liikmesriigi kohustuste rikkumise hagi esemeks olevate Soome õigusnormide üle arutlesid pooled aga nii Euroopa Kohtu kirjalikus menetluses kui ka kohtuistungil ohtralt. Neil asjaoludel leiab Euroopa Kohus, et tal on kogu vajalik teave tema menetluses oleva hagi lahendamiseks. Pealegi ei ole väidetud, et käesolev kohtuasi tuleks lahendada lähtudes mõnest argumendist, mille üle pooled ei ole Euroopa Kohtus vaielnud. Seega, olles kohtujuristi ära kuulanud, tuleb suulise menetluse uuendamise taotlus rahuldamata jätta. Hagi Vastuvõetavus Soome Vabariik väidab viitega Euroopa Kohtu 26. aprilli 2007. aasta otsusele kohtuasjas C-195/04: komisjon vs. Soome (EKL 2007, lk I-3351) , et hagi aluseks olevad põhilised faktilised ja õiguslikud asjaolud peavad nähtuma ühtselt ja arusaadavalt hagiavaldusest endast. Soome Vabariigi väitel ei ole see praeguses asjas nii, sest hagi täpset eset ei õnnestu hagivalduse sõnastuse pinnalt välja selgitada. Sellest hoolimata leiab nimetatud liikmesriik kostja vastuses, et hagi ese on maksualane diskrimineerimine, mis on tingitud asjaolust, et residentidest pensionifondid võivad neile jaotatud kasumilt maha arvata LEV §-is 7 ja § 8 esimese lõigu punktis 10 nimetatud summad ehk pensionikohustused, samal ajal kui teistes liikmesriikides või Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) liikmeks olevates EMP riikides asuvad pensionifondid ei saa oma Soome tehtud investeeringutelt teenitud kasumilt niisuguseid mahaarvamisi teha. Hagiavaldusest või komisjoni seisukohtadest ei ilmne aga, et hagi ese erineks Soome Vabariigi kirjeldatust. Tõsi küll, komisjon väidab teise võimalusena, et mitteresidendist pensionifondide puhul peetakse maks kinni neile makstud dividendide brutosummalt ning et nimetatud pensionifondid ei saa Soomes maha arvata isegi selle tuluga vaieldamatult seotud kulusid. Nagu väidab Soome Vabariik, ilma et komisjon talle vastu vaidleks, ei puuduta hagi ese siiski muid mahaarvamisvõimalusi kui LEV §-is 7 ja § 8 esimese lõigu punktis 10 ettenähtut ehk pensionikohustustega seotud mahaarvamisõigust. Neil asjaoludel ei saa nõustuda Soome Vabariigi väitega, et komisjon ei ole vaidluse eset piisavalt täpselt määratlenud. Eelnevast järeldub, et hagi on vastuvõetav. Põhiküsimus Komisjon kinnitab, et tema hagi puudutab üksnes pensionifonde, mis asuvad neis Euroopa Liidu liikmesriikides või neis EFTA riikides, millega Soome Vabariik on sõlminud teabe vahetamise lepingu. Komisjon rõhutab, et asjaolu, et faktiliselt vabastab Soome Vabariik maksust residentidest pensionifondide saadud dividendid, samas kui samalaadsed mitteresidentidest pensionifondidele makstud dividendid maksustatakse, kujutab endast kapitali vaba liikumise piirangut. Komisjon märgib, et kuigi residentidest pensionifondide saadud dividendidele kohaldatakse 19,5% suurust maksumäära, on neil LEV § 7 ja § 8 esimese lõigu punkti 10 alusel tegelikult õigus maksustatavast summast maha arvata pensionikohustuste katteks eraldatud summad, mis faktiliselt toob kaasa nende dividendide maksust vabastamise. Mitteresidentidest pensionifondide saadud dividendidele kohaldatakse seevastu 15% või madalamat maksumäära vastavalt topeltmaksustamise vältimise lepingutele, või 19,5% maksumäära vastavalt siseriiklikele maksuseadustele, ilma et Soome Vabariik annaks neile fondidele võimaluse arvata maksustavast summast maha samad eraldisesummad, kuigi selle liikmesriigi õigusnormide kohaselt loetakse neid eraldisi asjaomase tuluga otseselt seotud kuluks. Soome Vabariik ja menetlusse astujad eitavad mitteresidentidest pensionifonde kahjustava ning ELTL artikliga 63 ja EMP artikliga 40 vastuolus oleva diskrimineerimise olemasolu, väites eelkõige, et residentidest ja mitteresidentidest pensionifondide erinev maksustamine on seotud olukordadega, mis ei ole objektiivselt sarnased. Sellega seoses olgu meenutatud, et väljakujunenud kohtupraktika kohaselt kuuluvad ELTL artikli 63 lõikega 1 keelatud meetmete hulka sellised kapitali liikumise piirangud, mis võivad pärssida mitteresidentide tahet liikmesriiki investeerida või pärssida selle liikmesriigi residentide tahet investeerida teistesse riikidesse (vt eelkõige 10. veebruari 2011. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-436/08 ja C-437/08: Haribo Lakritzen Hans Riegel ja Österreichische Salinen, EKL 2011, lk I-305 , punkt 50, ja 6. oktoobri 2011. aasta otsus kohtuasjas C-493/09: komisjon vs. Portugal, EKL 2011, lk I-9247 , punkt 28). Komisjon väidab seoses vaidlusaluste siseriiklike õigusnormidega, et üksnes residentidest pensionifondidele antud võimalus arvata maksustatavast summast LEV § 7 ja § 8 esimese lõigu punkti 10 alusel maha pensionikohustuste katteks eraldatud summad tähendab, et neile äriühingutele kohaldatakse eriomast maksubaasi, mis toob kaasa tegeliku maksuvabastuse üksnes nende residentidest pensionifondide kasuks. Praktikas ongi kogu nende pensionifondide teenitud tulu loomulikult suunatud selle eesmärgi poole. Soome Vabariik ei vaidlusta neid komisjoni väiteid, mis liiatigi tuginevad konkreetsetele näidetele ja mille kohaselt residentidest pensionifondid ei teeni sisuliselt üldse maksustatavat tulu. Samas väljendab ta siiski kahtlusi asjaolu suhtes, et selline olukord on tingitud residentidest pensionifondide võimalusest arvata maksustatavast summast LEV § 7 ja § 8 esimese lõigu punkti 10 alusel maha nende pensionikohustuste katteks eraldatud summad. Kui Soome Vabariigilt selle kohta kohtuistungil aru päriti, ei olnud ta siiski võimeline tõendama, et see olukord, kus residentidest pensionifondidel maksustatav tulu peaaegu puudub, on tingitud muudest asjaoludest kui kõnealuste eraldiste mahaarvatavus. Täpsemalt ei nähtu, et nende tegevusega seotud „igasugused muud mahaarvamised”, millele Soome Vabariik viitab, üksi võiksid sellise olukorra tekitada. Niisiis kui residentidest pensionifondide saadud dividendid osutuvad tegelikult olevat vaidlusaluste siseriiklike õigusnormide toimel tulumaksust vabastatud või peaaegu vabastatud, kohaldatakse mitteresidentidest pensionifondidele samade siseriiklike õigusnormide alusel 19,5% suurust maksumäära või Soome Vabariigi sõlmitud topeltmaksustamise vältimise lepingute alusel 15% suurust või väiksemat maksumäära. Selline mitteresidentidest pensionifondidele makstud dividendide ebasoodsam kohtlemine võrreldes dividendidega, mida makstakse residentidest pensionifondidele, võib pärssida teises liikmesriigis asuvate äriühingute Soome Vabariiki investeerimise tahet ja on seega käsitatav kapitali vaba liikumise piiranguna, mis üldreeglina on ELTL artikliga 63 keelatud (vt 8. novembri 2007. aasta otsus kohtuasjas C-379/05: Amurta, EKL 2007, lk I-9569 , punkt 28). Erinevalt Prantsuse Vabariigi ja Ühendkuningriigi väidetest ei saa nõustuda seisukohaga, et Soome Vabariigi sõlmitud topeltmaksustamise vältimise lepingud teevad selle ebasoodsama kohtlemise mõju olematuks. Selleks oleks nimelt vaja, et topeltmaksustamise vältimise lepingu kohaldamine võimaldaks tasandada siseriiklikest õigusnormidest tuleneva erineva kohtlemise mõju (20. oktoobri 2011. aasta otsus kohtuasjas C-284/09: komisjon vs. Saksamaa, EKL 2011, lk I-9879 , punkt 63 ja seal viidatud kohtupraktika.). Selgitustest, mida Soome Vabariik selles küsimuses kohtuistungil jagas, ilmneb aga, et ta on sõlminud üksnes kolm lepingut, mis näevad ette dividendide maksustamise 0% määraga, samas kui enamik teisi lepinguid näeb ette 15% määra. Selleks et niisugune ebasoodsam kohtlemine oleks kooskõlas kapitali vaba liikumist reguleerivate ELTL sätetega, peab see puudutama olukordi, mis ei ole objektiivselt sarnased, või peab see olema õigustatud ülekaaluka üldise huvi tõttu (vt eelkõige 12. detsembri 2006. aasta otsus kohtuasjas C-446/04: Test Claimants in the FII Group Litigation, EKL 2006, lk I-11753 , punkt 167, ja 18. detsembri 2007. aasta otsus kohtuasjas C-436/06: Grønfeldt, EKL 2007, lk I-12357 , punkt 16). Seoses küsimusega, kas kõnealused olukorrad on objektiivselt sarnased, tuleb meelde tuletada, et piiriülese olukorra ja siseriikliku olukorra sarnasust tuleb hinnata asjaomaste siseriiklike sätete eesmärgist lähtudes (vt 25. veebruari 2010. aasta otsus kohtuasjas C-337/08: X Holding, EKL 2010, lk I-1215 , punkt 22, ja 6. septembri 2012. aasta otsus kohtuasjas C-18/11: Philips Electronics UK, punkt 17). Väljakujunenud kohtupraktikast tuleneb veel seoses niisuguste kuludega nagu ettevõtluskulud, mis on otseselt seotud tegevusega, mille tulemusel saadi liikmesriigis maksustatavat tulu, et viimati nimetatud liikmesriigi residendid ja mitteresidendid on sarnases olukorras, kuna selle liikmesriigi õigusnormid, mis keelavad mitteresidentidel selliste kulude mahaarvamise, lubades samas seda residentidele, võivad mõjutada ebasoodsalt eelkõige teiste liikmesriikide kodanikke ning kujutada endast seega kaudset diskrimineerimist kodakondsuse alusel (31. märtsi 2011. aasta otsus kohtuasjas C-450/09: Schröder, EKL 2011, lk I-2497 , punkt 40 ja seal viidatud kohtupraktika). Soome Vabariik, keda selles osas toetavad menetlusse astujad, väidab, et praegusel juhul ei ole see nii, kuna LEV §-is 7 ja § 8 esimese lõigu punktis 10 nimetatud pensionikohustuste mahaarvamise õigus ei puuduta kulusid, mis on otseselt seotud tegevusega, mille tulemusel saadi Soomes maksustatavat tulu. Soome Vabariik selgitab, et see mahaarvamisõigus on seotud pensionikindlustusasutuste tegevuse olemusega, mille käigus tulu saadakse enne, kui tekivad kulud. Selles sättes nimetatud kindlustustehniline eraldis vastab kehtivates lepingutes määratletud kindlustusjuhtumi saabumise korral väljamaksmisele kuuluvate hüvitiste koguväärtusele ning juba toimunud kindlustusjuhtumi eest väljamaksmisele kuuluvatele summadele ehk kindlustusasutuste moodustatud reservidele tulevaste pensionimaksete jaoks. Selle liikmesriigi väitel on kindlustustehniline eraldis määratletud vastavalt kohaldatavatele siseriiklikele õigusnormidele. Summa, mille võrra see kindlustustehniline eraldis on aruandeaasta jooksul suurenenud, võib maksustatavast summast maha arvata, ning summa, mille võrra see eraldis väheneb, loetakse maksustatavaks tuluks. Soome Vabariigi väitel järeldub sellest, et pensionimakseteks tehtava eraldise juurdekasv on seotud pensionifondi tegevusega tervikuna, nii et sel puudub Euroopa Kohtu praktika tähenduses otsene seos pensionifondi saadavate dividendidega. Sellega seoses piisab kui tõdeda, et vaidlusalustes siseriiklikes õigusnormides ning eeskätt LEV §-is 7 ja § 8 esimese lõigu punktis 10 samastab liikmesriigi seadusandja pensionikohustuste katteks eraldatud summad sõnaselgelt „majandustegevusest tulu saamiseks või selle säilitamiseks tehtud kulu[ga]”. Seeläbi loob ta otsese seose nende summade ja maksustatavat tulu teenivate pensionikindlustusasutuste tegevuse vahel ning muudab need ise lahutamatuteks. Niisiis tuleneb see otsene seos kulu ja maksustatava tulu vahel samastamistehnikast, mille Soome seadusandja on valinud teiste võimalike tehniliste võtete nagu lihtne maksuvabastus hulgast, et arvestada pensionifondide erilise eesmärgiga, milleks on kapitali kogumine eelkõige dividende kujul tulu tootvate investeeringute abil, et olla valmis täitma kindlustuslepingute alusel tulevikus tekkivaid kohustusi. Kuna see erieesmärk on loomuldasa ka sama tegevust viljelevate mitteresidentidest pensionifondide eesmärk, siis on viimased Soomes väljamakstavate dividendide osas objektiivselt sarnases olukorras residentidest pensionifondidega. Lisaks ei saa vastupidi Taani Kuningriigi, Madalmaade Kuningriigi ja Rootsi Kuningriigi väidetele nõustuda seisukohaga, et residentidest ja mitteresidentidest pensionifondid on erinevas olukorras üksnes põhjusel, et viimastele makstavaid dividende maksustatakse kinnipeetava maksuga. Vaidlusalused siseriiklikud õigusnormid ei piirdu nimelt erinevate maksu sissenõudmise kordade kehtestamisega sõltuvalt siseriiklikke dividende saavate isikute residentsusest, vaid tegelikult kehtestavad need kõnealustele dividendidele maksu, mida kohaldatakse ainult mitteresidentidest pensionifondidele (vt analoogia alusel 10. mai 2012. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-338/11–C-347/11: Santander Asset Management SGIIC jt, punkt 43). Seoses küsimusega, kas vaidlusalused siseriiklikud õigusnormid on õigustatud ülekaaluka üldise huvi tõttu, viitab Soome Vabariik, keda toetavad Taani Kuningriik, Prantsuse Vabariik, Madalmaade Kuningriik ja Rootsi Kuningriik, territoriaalsuse põhimõttele, mis tema väitel on niisugune ülekaalukas põhjus ning millest järeldub, et liikmesriigi mitteresidentidest maksukohustuslaste maksustatava summa kindlaksmääramisel võetakse arvesse üksnes tulu ja kulu, mis tuleneb nende tegevusest selles riigis. Üldjoontes vastab see argument käesoleva kohtuotsuse punktis 38 esitletule, mille kohaselt residentidest ja mitteresidentidest pensionifondid ei ole objektiivselt sarnases olukorras, kuna pensionikohustuse mahaarvamise õigus ei puuduta kulusid, mis on otseselt seotud tegevusega, mille tulemusel sai mitteresidendist pensionifond Soomes maksustatavat tulu. Käesoleva kohtuotsuse punktides 41–44 käsitletud põhjustel ei saa selle argumendiga aga nõustuda. Soome Vabariik väidab ka, et residentidest ja mitteresidentidest pensionifondide erinev kohtlemine on põhjendatud vajadusega tagada maksustamissüsteemi ühtsus. Ta väidab, et aktsiatega ei kaasne mitte ainult dividendid, vaid need võivad toota ka lisaväärtust. Mitteresidentidest pensionifondid ei maksa tegelikult Soomes maksu neile kuuluvate börsil noteeritud Soome äriühingute aktsiate väärtuse kasvu pealt. On loogiline, et nende aktsiatega tervikuna seotud kulusid ei saa maha arvata teatavast osast nende aktsiate toodetud tulust ehk dividendest. Selleks, et nimetatud argument peaks paika, peab olema tõendatud otsene seos asjaomase maksusoodustuse ja teatava soodustust tasakaalustava maksu vahel (vt eelkõige 6. septembri 2012. aasta otsus kohtuasjas C-380/11: DI VI Finanziaria di Diego SAPA della Valle & C, punkt 47 ja seal viidatud kohtupraktika). Sellegipoolest, nagu märgib komisjon, ilma et Soome Vabariik talle selles osas vastu vaidleks, kasutatakse residentidest pensionifondide puhul lisandunud väärtust sarnaselt dividendidele reservide suurendamiseks ning neid ei maksustata tulumaksuga või maksustatakse väga piiratud ulatuses. Seetõttu ei ole Soome Vabariik tõendanud, et residentidest pensionifondidele tehtud maksusoodustust tasakaalustaks teatav maks, nii et mitteresidentidest pensionifondidele makstud dividendide maksustamine oleks põhjendatud. Madalmaade Kuningriik märgib veel, et erinev kohtlemine on põhjendatud vajadusega tagada maksustamissüsteemi ühtsus, kuna võimalust pensionikohustustele vastavad summad maha arvata tasakaalustab asjaolu, et nendest eraldistest tehtud väljamaksed on maksustatavad. Sellega seoses piisab siiski tõdemusest, et pelgalt viide pensionifondide poolt hüvitisesaajatele tehtavate väljamaksete võimalikule hilisemale maksustamisele ei tähenda, et otsese seose olemasolu käesoleva kohtuotsuse punktis 49 viidatud kohtupraktika tähenduses on õiguslikult piisavalt tõendatud (vt selle kohta eespool viidatud kohtuotsus komisjon vs. Portugal, punkt 37). Mis puudutab vaidlusaluse korraga tekitatud EMP lepingu artikli 40 riivet, millele viitab komisjon, siis tuleb märkida, et kuna selle artikli sätetel on samasugune kohaldamisala kui sisult identsetel ELTL artikli 63 sätetel, siis on kõik eelnevad kaalutlused käesoleva vaidluse asjaoludel mutatis mutandis ülekantavad ka nimetatud artiklile 40 (vt 1. detsembri 2011. aasta otsus kohtuasjas C-250/08: komisjon vs. Belgia, EKL 2011, lk I-12341 , punkt 83 ja seal viidatud kohtupraktika). Seetõttu tuleb asuda seisukohale, et kuna Soome Vabariik kehtestas ja jättis jõusse diskrimineeriva korra mitteresidentidest pensionifondidele makstavate dividendide maksustamiseks, on ta rikkunud ELTL artiklist 63 ja EMP lepingu artiklist 40 tulenevaid kohustusi. Kohtukulud Kodukorra artikli 138 lõike 1 alusel on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hüvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda nõudnud. Kuna Soome Vabariik on kohtuvaidluse kaotanud, tuleb kohtukulud vastavalt komisjoni sellekohasele nõudele välja mõista Soome Vabariigilt. Kodukorra artikli 140 lõike 1 alusel kannavad menetlusse astunud liikmesriigid ise oma kohtukulud. Järelikult kannavad Taani Kuningriik, Prantsuse Vabariik, Madalmaade Kuningriik, Rootsi Kuningriik ja Ühendkuningriik oma kohtukulud ise. Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (neljas koda) otsustab: 1. Kuna Soome Vabariik kehtestas ja jättis jõusse diskrimineeriva korra mitteresidentidest pensionifondidele makstavate dividendide maksustamiseks, siis on ta rikkunud ELTL artiklist 63 ja 2. mai 1992. aasta Euroopa Majanduspiirkonna lepingu artiklist 40 tulenevaid kohustusi. 2. Jätta Soome Vabariigi kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud. 3. Taani Kuningriik, Prantsuse Vabariik, Madalmaade Kuningriik, Rootsi Kuningriik ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik kannavad oma kohtukulud ise. Allkirjad ( *1 )   Kohtumenetluse keel: soome.

61997CJ0394

el

για τα δικαστικά έξοδα Επί των δικαστικών εξόδων 46 Τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκαν η Φινλανδική Κυβέρνηση και η Επιτροπή, που κατέθεσαν παρατηρήσεις στο Δικαστήριο, δεν αποδίδονται. Δεδομένου ότι η παρούσα διαδικασία έχει ως προς τους διαδίκους της κύριας δίκης τον χαρακτήρα παρεμπίπτοντος που ανέκυψε ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου, σ' αυτό εναπόκειται να αποφανθεί επί των δικαστικών εξόδων. Διατακτικό Για τους λόγους αυτούς, ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (πέμπτο τμήμα), κρίνοντας επί των ερωτημάτων που του υπέβαλε με διάταξη της 5ης Νοεμβρίου 1997 το Helsingin kδrδjδoikeus, αποφαίνεται: 1) O κανονισμός (ΕΟΚ) 918/83 του Συμβουλίου, της 28ης Μαρτίου 1983, για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών, και η οδηγία 69/169/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 28ης Μαου 1969, περί εναρμόνισης των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν τις εκπτώσεις φόρου, δεν εμποδίζουν την εφαρμογή εθνικής ρυθμίσεως η οποία απαγορεύει ή περιορίζει, για λόγους δημόσιας ηθικής, δημόσιας τάξεως, δημόσιας ασφάλειας ή προστασίας της υγείας και της ζωής των ατόμων, την εισαγωγή ορισμένων εμπορευμάτων από ταξιδιώτες προερχόμενους από τρίτες χώρες. 2) O κανονισμός 918/83 και η οδηγία 69/169 δεν εμποδίζουν, καταρχήν, την εφαρμογή εθνικής ρυθμίσεως η οποία, με σκοπό την εξασφάλιση της τηρήσεως της δημόσιας τάξεως, περιορίζει την εισαγωγή οινοπνευματωδών ποτών από ταξιδιώτες προερχόμενους από τρίτη χώρα. 3) O κανονισμός 918/83 και η οδηγία 69/169 δεν εμποδίζουν την εφαρμογή εθνικής ρυθμίσεως η οποία, σκοπούσα την καταπολέμηση των προσβολών της δημόσιας τάξεως που συνδέονται με την κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών, περιορίζει την εισαγωγή των ποτών αυτών από τους προερχόμενους από τρίτη χώρα ταξιδιώτες σε συνάρτηση με τη διάρκεια του ταξιδίου.

62016TJ0643

bg

Обстоятелства, предхождащи спора, и факти, настъпили след подаване на жалбата по настоящото дело Резолюция 1373 (2001) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации На 28 септември 2001 г. Съветът за сигурност на Организацията на обединените нации приема Резолюция 1373 (2001) за установяване на стратегии за борба с тероризма с всички средства, и по-конкретно за борба с неговото финансиране. Параграф 1, буква c) от тази резолюция предвижда по-специално че всички държави замразяват незабавно средствата и другите финансови активи или икономически ресурси на лицата, които извършват или възнамеряват да извършат терористични действия, или подпомагат или участват в такива действия, на образуванията, притежавани или контролирани от такива лица, и на лицата и образуванията, действащи от името или под ръководството на такива лица и образувания. Тази резолюция не съдържа списък с лицата, образуванията или групите, към които следва да се прилагат тези мерки. Правото на Европейския съюз Считайки, че за изпълнението на Резолюция 1373 (2001) е необходимо предприемането на действия от страна на Европейския съюз, на 27 декември 2001 г. Съветът на Европейския съюз приема Обща позиция 2001/931/ОВППС за прилагането на специални мерки за борба с тероризма ( ОВ L 344, 2001 г., стр. 93 ; Специално издание на български език, 2007 г., глава 18, том 1, стр. 179). По-специално член 2 от Обща позиция 2001/931 предвижда замразяване на средствата и на другите финансови активи или икономически източници на лицата, групите и образуванията, участващи в извършването на терористични действия и изброени в списъка, приложен към посочената обща позиция. Същия ден, за да приложи на равнището на Съюза мерките, описани в Обща позиция 2001/931, Съветът приема Регламент (ЕО) № 2580/2001 относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания ( ОВ L 344, 2001 г., стр. 70 ; Специално издание на български език, 2007 г., глава 18, том 1, стр. 169), както и Решение 2001/927/ЕО за създаване на списъка, предвиден в член 2, параграф 3 от Регламент № 2580/2001 ( ОВ L 344, 2001 г., стр. 83 ). На 2 май 2002 г. името на групата „Gama’a al-Islamiyya“ (известна също като „Al-Gama’a al-Islamiyya“) („Ислямска група“ — „IG“) е вписано от Съвета в списъка, приложен към Обща позиция 2002/340/ОВППС за актуализиране на Обща позиция 2001/931 ( ОВ L 116, 2002 г., стр. 75 ), и в списъка, включен в Решение 2002/334/ЕО за прилагане на член 2, параграф 3 от Регламент № 2580/2001 и за отмяна на Решение 2001/927 ( ОВ L 116, 2002 г., стр. 33 ). Тези списъци са актуализирани в съответствие с член 1, параграф 6 от Обща позиция 2001/931 и член 2, параграф 3 от Регламент № 2580/2001. На 21 декември 2015 г. Съветът оставя името на жалбоподателя в посочените списъци с Решение (ОВППС) 2015/2430 за актуализиране на списъка на лицата, групите и образуванията, по отношение на които се прилагат членове 2, 3 и 4 от Обща позиция 2001/931, и за отмяна на Решение (ОВППС) 2015/1334 ( ОВ L 334, 2015 г., стр. 18 ) и с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2425 за прилагане на член 2, параграф 3 от Регламент № 2580/2001 и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1325 ( ОВ L 334, 2015 г., стр. 1 ). На 22 декември 2015 г. Съветът публикува в Официален вестник на Европейския съюз уведомление до лицата, групите и образуванията, включени в списъка, предвиден в член 2, параграф 3 от Регламент № 2580/2001 ( ОВ C 430, 2015 г., стр. 5 ). С това уведомление лицата, групите и образуванията са информирани, че техните имена са оставени в списъците за замразяване на средства и че могат да отправят искане до Съвета да получат изложението на мотивите за оставянето им в списъците. На 20 май 2016 г. адвокатът на жалбоподателя иска от Съвета да му изпрати изложението на мотивите за първоначалното вписване на името на клиента му в списъците за замразяване на средства и за последващото му оставяне в тези списъци с Регламент за изпълнение 2015/2425, като същевременно поставя под съмнение факта, че посочените списъци действително визират клиента му. На 26 май 2016 г. Съветът му изпраща единадесет изложения на мотивите, като посочва: „Приложено Ви изпращаме изложенията на мотивите за включването и оставянето на вашия клиент в списъка, съдържащ се в Регламент [за изпълнение] 2015/2425 […] за прилагане на член 2, параграф 3 от Регламент […] № 2580/2001“. Обжалвани актове Актове от юли 2016 г. На 12 юли 2016 г. Съветът приема, от една страна, Решение (ОВППС) 2016/1136 за актуализиране на списъка на лицата, групите и образуванията, по отношение на които се прилагат членове 2, 3 и 4 от Обща позиция 2001/931, и за отмяна на Решение 2015/2430 ( ОВ L 188, 2016 г., стр. 21 ), и от друга страна, Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1127 за прилагане на член 2, параграф 3 от Регламент № 2580/2001 и за отмяна на Регламент за изпълнение 2015/2425 ( ОВ L 188, 2016 г., стр. 1 ) (наричани по-нататък заедно „актовете от юли 2016 г.“). Името на жалбоподателя е оставено в приложените към тези актове списъци (наричани по-нататък „спорните списъци от юли 2016 г.“). С писмо от 13 юли 2016 г. Съветът изпраща на адвоката на жалбоподателя изложението на мотивите, обосноваващи запазването на името на последния в спорните списъци от юли 2016 г., като му посочва възможността да поиска преразглеждане на тези списъци в рамките на член 2, параграф 3 от Регламент № 2580/2001 и на член 1, параграф 6 от Обща позиция 2001/931. В това писмо той освен това посочва следното: „Съветът счете, че в преписката няма нови елементи, които да обосноват промяна на позицията му. Ето защо счита, че мотивите, които ви съобщи предварително в писмото от 26 май 2016 г., все още са валидни“. От изложението на мотивите на актовете от юли 2016 г. следва, че включването на името на жалбоподателя в спорните списъци се основава на четири национални решения. Първото национално решение е разпореждане № 1261 на Secretary of State for the Home Department (министър на вътрешните работи, Обединеното кралство, наричан по-нататък „Home Secretary“) от 29 март 2001 г. за изменение на UK Terrorism Act 2000 (Закон на Обединеното кралство за тероризма, 2000 г.) и за забрана на жалбоподателя, за когото се приема, че е организация, участваща в терористични действия (наричано по-нататък „решението на Home Secretary“). Второто национално решение е на United States Secretary of State (държавен секретар на Съединените щати) от 8 октомври 1997 г., което за целите на Immigration and Nationality Act (Закон на Съединените щати за имиграцията и гражданството) квалифицира жалбоподателя като „чуждестранна терористична организация“ (наричано по-нататък „американското решение от 1997 г.“). Третото национално решение е на държавния секретар на Съединените щати и е взето на 31 октомври 2001 г. на основание на Executive Order № 13224 (Президентски указ № 13224) (наричано по-нататък „американското решение от 2001 г.“). Четвъртото национално решение е от 23 януари 1995 г. и е взето на основание на Executive Order № 12947 (Президентски указ № 12947) (наричано по-нататък „американското решение от 1995 г.“). В основната част на изложението на мотивите на актовете от юли 2016 г. Съветът установява най-напред че тези национални решения представляват решения на компетентни органи по смисъла на член 1, параграф 4 от Обща позиция 2001/931 и че все още са в сила. По-нататък той посочва, че е проверил дали разполага с доказателства, които да са в полза на изваждането на името на жалбоподателя от спорните списъци от юли 2016 г., и че не е намерил такива. Накрая Съветът посочва, че според него причините, обосноваващи включването на името на жалбоподателя в списъците за замразяване на средства, остават валидни, и прави извода, че то трябва да остане в спорните списъци от юли 2016 г. Освен това в изложението на мотивите на актовете от юли 2016 г. се съдържат приложение А относно „решението на компетентния орган на Обединеното кралство“ и приложение Б относно „решенията на компетентните органи на Съединените щати“. Всяко от тези приложения съдържа описание на националните законодателства, по силата на които са били приети решенията на националните органи, представяне на определенията на понятията за тероризъм, съдържащи се в тези законодателства, описание на процедурите за преразглеждане на посочените решения, описание на фактите, на които съответните органи са се основали, и констатацията, че тези факти представляват терористични актове по смисъла на член 1, параграф 3 от Обща позиция 2001/931. В точка 16 от приложение А към изложението на мотивите на актовете от юли 2016 г. Съветът посочва, че през ноември 2013 г. въз основа на наличните доказателства Home Secretary е стигнал до извода, че „групата е замесена по друг начин в тероризма и следователно забраната трябва да остане в сила“. В точка 10 от приложение Б към актовете от юли 2016 г. Съветът посочва, че последното преразглеждане в Съединените щати на определянето на жалбоподателя като чуждестранна терористична организация е от 15 декември 2010 г. и че правителството на Съединените щати е стигнало до заключението, че то трябва да остане в сила. Освен това в точка 18 от приложение Б той препраща към „административните преписки („administrative records“) Gama’a al-Islamiyya на Държавния департамент от 2010 г. и 2003 г.“. Актове от януари 2017 г. На 27 януари 2017 г. Съветът приема Решение (ОВППС) 2017/154 за актуализиране на списъка на лицата, групите и образуванията, по отношение на които се прилагат членове 2, 3 и 4 от Обща позиция 2001/931, и за отмяна на Решение 2016/1136 ( ОВ L 23, 2017 г., стр. 21 ) и Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/150 за прилагане на член 2, параграф 3 от Регламент № 2580/2001 и за отмяна на Регламент за изпълнение 2016/1127 ( ОВ L 23, 2017 г., стр. 3 ) (наричани по-нататък заедно „актовете от януари 2017 г.“). Името на жалбоподателя е оставено в приложените към тези актове списъци (наричани по-нататък „спорните списъци от януари 2017 г.“). С писмо от 30 януари 2017 г. Съветът изпраща на адвоката на жалбоподателя изложението на мотивите, обосноваващи запазването на името на последния в спорните списъци от януари 2017 г., като му посочва възможността да поиска преразглеждане на тези списъци в рамките на член 2, параграф 3 от Регламент № 2580/2001 и на член 1, параграф 6 от Обща позиция 2001/931. Това изложение на мотивите е идентично с това на актовете от юли 2016 г. Жалбоподателят не отговаря на това писмо. Актове от август 2017 г. На 4 август 2017 г. Съветът приема Решение (ОВППС) 2017/1426 за актуализиране на списъка на лицата, групите и образуванията, по отношение на които се прилагат членове 2, 3 и 4 от Обща позиция 2001/931, и за отмяна на Решение 2017/154 ( ОВ L 204, 2017 г., стр. 95 ) и Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1420 за прилагане на член 2, параграф 3 от Регламент № 2580/2001 и за отмяна на Регламент за изпълнение 2017/150 ( ОВ L 204, 2017 г., стр. 3 ) (наричани по-нататък заедно „актовете от август 2017 г.“). Името на жалбоподателя е оставено в приложените към тези актове списъци (наричани по-нататък „спорните списъци от август 2017 г.“). С писмо от 7 август 2017 г. Съветът изпраща на адвоката на жалбоподателя изложението на мотивите, обосноваващи запазването на името на последния в спорните списъци от август 2017 г., като му посочва възможността да поиска преразглеждане на тези списъци в рамките на член 2, параграф 3 от Регламент № 2580/2001 и на член 1, параграф 6 от Обща позиция 2001/931. Това изложение на мотивите е идентично с това на актовете от юли 2016 г. и от януари 2017 г. Жалбоподателят не отговаря на това писмо. Актове от март 2018 г. На 21 март 2018 г. Съветът приема Решение (ОВППС) 2018/475 за актуализиране на списъка на лицата, групите и образуванията, по отношение на които се прилагат членове 2, 3 и 4 от Обща позиция 2001/931, и за отмяна на Решение 2017/1426 ( ОВ L 79, 2018 г., стр. 26 ) и Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/468 за прилагане на член 2, параграф 3 от Регламент № 2580/2001 и за отмяна на Регламент за изпълнение 2017/1420 ( ОВ L 79, 2018 г., стр. 7 ) (наричани по-нататък заедно „актовете от март 2018 г.“). Името на жалбоподателя е оставено в приложените към тези актове списъци (наричани по-нататък „спорните списъци от март 2018 г.“). С писмо от 22 март 2018 г. Съветът изпраща на адвоката на жалбоподателя изложението на мотивите, обосноваващи запазването на името на последния в спорните списъци от март 2018 г., като му посочва възможността да поиска преразглеждане на тези списъци в рамките на член 2, параграф 3 от Регламент № 2580/2001 и на член 1, параграф 6 от Обща позиция 2001/931. Това изложение на мотивите е идентично с това на актовете от юли 2016 г., както и на актовете от януари и август 2017 г. Жалбоподателят не отговаря на това писмо. Актове от юли 2018 г. На 30 юли 2018 г. Съветът приема Решение (ОВППС) 2018/1084 за актуализиране на списъка на лицата, групите и образуванията, по отношение на които се прилагат членове 2, 3 и 4 от Обща позиция 2001/931, и за отмяна на Решение 2018/475 ( ОВ L 194, 2018 г., стр. 144 ) и Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1071 за прилагане на член 2, параграф 3 от Регламент № 2580/2001 и за отмяна на Регламент за изпълнение 2018/468 ( ОВ L 194, 2018 г., стр. 23 ) (наричани по-нататък заедно „актовете от юли 2018 г.“). Името на жалбоподателя е оставено в приложените към тези актове списъци (наричани по-нататък „спорните списъци от юли 2018 г.“). С писмо от 31 юли 2018 г. Съветът изпраща на адвоката на жалбоподателя изложението на мотивите, обосноваващи запазването на името на последния в спорните списъци от юли 2018 г., като му посочва възможността да поиска преразглеждане на тези списъци в рамките на член 2, параграф 3 от Регламент № 2580/2001 и на член 1, параграф 6 от Обща позиция 2001/931. Това изложение на мотивите е идентично с това на актовете от юли 2016 г., на актовете от януари и август 2017 г., както и на актовете от март 2018 г., с изключение на няколко формални разлики и едно препращане в точка 16 от приложение Б към „правото на ефективна съдебна защита“, а не както до този момент към „правото на съдебна защита“. Жалбоподателят не отговаря на това писмо. Производство и искания на страните С жалба, подадена в секретариата на Общия съд на 11 септември 2016 г., жалбоподателят иска отмяна на актовете от юли 2016 г. в частите им, отнасящи се до него. На 18 октомври 2016 г. делото е разпределено на пети състав на Общия съд. На 2 декември 2016 г. председателят на пети състав на Общия съд решава в съответствие с член 69, буква г) от Процедурния правилник на Общия съд да спре производството по делото до произнасянето на решенията на Съда, с които се слага край на производствата по дела C‑599/14 P, Съвет/LTTE, и C‑79/15 P, Съвет/Hamas. С молба, подадена в секретариата на Общия съд на 21 декември 2016 г., Европейската комисия е поискала да встъпи в настоящото производство в подкрепа на исканията на Съвета. С отделен акт, подаден в секретариата на Общия съд на 27 март 2017 г., на основание член 86 от Процедурния правилник жалбоподателят изменя жалбата си, за да се съобрази с актовете от януари 2017 г. в частите им, отнасящи се до него. С писмо от 16 август 2017 г. страните са поканени да представят становищата си относно последиците, които следва да се изведат от решенията от 26 юли 2017 г., Съвет/LTTE ( C‑599/14 P , EU:C:2017:583 ), и от 26 юли 2017 г., Съвет/Hamas ( C‑79/15 P , EU:C:2017:584 ) за настоящото дело. На 3 септември 2017 г. жалбоподателят отговаря на това искане. На 18 септември 2017 г. Съветът представя писмена защита, която освен отговора на изявлението за изменение на жалбата от 27 март 2017 г. съдържа и посочените в точка 43 по-горе становища. С решение от 26 септември 2017 г. председателят на пети състав на Общия съд допуска встъпването на Комисията. С отделен акт, подаден в секретариата на Общия съд на 3 октомври 2017 г., на основание член 86 от Процедурния правилник жалбоподателят изменя жалбата си, за да се съобрази с актовете от август 2017 г. На 12 октомври 2017 г. по покана на Общия съд Съветът отговаря на изявлението за изменение на жалбата от 3 октомври 2017 г. На 8 ноември 2017 г. жалбоподателят представя писмена реплика. На 9 ноември 2017 г. Комисията представя писменото си становище при встъпване. На 28 ноември 2017 г. по покана на Общия съд Съветът представя становището си по писменото становище при встъпване на Комисията. На 15 януари 2018 г. Съветът подава писмена дуплика. На 13 април 2018 г. в съответствие с член 27, параграф 2 от Процедурния правилник, поради свързаност на делата, председателят на Общия съд преразпределя делото на друг съдия докладчик, включен в първи състав. С отделен акт, подаден в секретариата на Общия съд на 13 май 2018 г., на основание член 86 от Процедурния правилник жалбоподателят изменя жалбата си, за да се съобрази с актовете от март 2018 г. С актове от 4 и 19 юни 2018 г. по покана на Общия съд Съветът и Комисията отговарят на изявлението за изменение на жалбата от 13 май 2018 г. С отделен акт, подаден в секретариата на Общия съд на 14 септември 2018 г., на основание член 86 от Процедурния правилник жалбоподателят изменя жалбата си, за да се съобрази с актовете от юли 2018 г. С актове от 27 септември и 17 октомври 2018 г. по покана на Общия съд Съветът и Комисията отговарят на изявлението за изменение на жалбата от 14 септември 2018 г. По предложение на съдията докладчик първи състав на Общия съд решава да започне устната фаза на производството. Устните състезания и отговорите на страните на поставените от Общия съд въпроси са изслушани в съдебното заседание, проведено на 6 ноември 2018 г. Жалбоподателят иска от Общия съд: – да отмени актовете от юли 2016 г., от януари и август 2017 г. и от март и юли 2018 г. в частите им, отнасящи се до него (наричани по-нататък заедно „обжалваните актове“), – да осъди Съвета да заплати всички съдебни разноски. Съветът, подпомаган от Комисията, иска от Общия съд: – да отхвърли жалбата като неоснователна, – да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски. От правна страна Жалбоподателят изтъква осем основания съответно: – нарушение на член 1, параграф 5 от Обща позиция 2001/931, – нарушение на член 1, параграф 4 от Обща позиция 2001/931, – грешки относно истинността на фактите, – грешка в преценката, що се отнася до качеството му на „терористична група“, – нарушение на член 1, параграф 6 от Обща позиция 2001/931, – нарушение на задължението за мотивиране, – нарушение на правото на защита и на правото на съдебна защита, – липса на удостоверяване на изложението на мотивите. Общият съд счита за уместно да разгледа първото, второто, третото и шестото основание, доколкото в последното жалбоподателят упреква Съвета, че не е посочил в обжалваните актове сериозни доказателства или улики по смисъла на член 1, параграф 4 от Обща позиция 2001/931, както и осмото основание. Шестото основание ще бъде разгледано след второто. По първото основание: нарушение на член 1, параграф 5 от Обща позиция 2001/931 Жалбоподателят счита, че Съветът е нарушил член 1, параграф 5 от Обща позиция 2001/931, защото в наименованието му, съдържащо се в спорните списъци от юли 2016 г., януари и август 2017 г. и март и юли 2018 г. (наричани по-нататък „спорните списъци“), не е посочил местонахождението му, а именно Египет. В това отношение той отбелязва, че с течение на времето наименованието му в актовете на Съвета се е променяло и че съществуват многобройни групи с наименования, подобни на неговото. Тези наименования се различавали само по няколко букви и във всички случаи означавали „ислямска група“. Той твърди, че поради тази неточност е бил в положение на несигурност по въпроса дали е визиран в спорните списъци. Съветът, поддържан от Комисията, оспорва основанието. Най-напред следва да се отбележи, че предметът на жалбата е ограничен до обжалваните актове, така че основанието може да се разглежда само доколкото се отнася до тях. В това отношение следва да се отбележи, че член 1, параграф 5 от Обща позиция 2001/931 гласи: „Съветът работи, за да гарантира, че имената на физическите или юридическите лица, групи или образувания, изброени в приложението, са идентифицирани с достатъчно подробности, така че да може да се извърши ефективното разпознаване на конкретни лица, групи или юридически лица, образувания или органи, като по този начин се улесни оневиняването на лицата, притежаващи същите или сходни имена“. В настоящия случай Съветът във всички обжалвани актове е определил жалбоподателя по следния начин: „Gama’a al-Islamiyya“ (известна също като „Al-Gama’a al-Islamiyya“) („Ислямска група“ — „IG“). Както подчертава жалбоподателят, това наименование не съдържа информация за местонахождението на организацията му. Посочването на тази информация обаче не се изисква от цитираната в точка 68 по-горе разпоредба, като изискването е само използваното от Съвета наименование да е достатъчно точно, за да се избегне объркване с организации, носещи същите или сходни имена. В настоящия случай наименованието на жалбоподателя, споменато в обжалваните актове и възпроизведено в точка 69 по-горе, е достатъчно специфично, тъй като поне частично се различава от имената на групите и образуванията, които според него биха могли да се объркат с неговото, а именно „Al-Jamâ’h al-Islâmiyah“, „Jemaah Islamiyah“, „Al-Jama’ah Al-Islamiyah“, „Jamaat al-Islamiya“ и „Jamaa Islamiya“. Дори да се предположи, че съществува опасност от объркване, както отбелязва Съветът, тази опасност не би могла да бъде вредоносна за жалбоподателя, тъй като той е могъл да се запознае с обжалваните актове, съзнавайки, че те го засягат, както е видно от писмата на Съвета от 13 юли 2016 г., 30 януари и 7 август 2017 г. и 22 март и 31 юли 2018 г. (вж. т. 12, 23, 27, 31 и 35 по-горе) и от процесуалните актове, с които иска тяхната отмяна. При тези условия първото основание следва да се отхвърли по същество. По второто основание: нарушение на член 1, параграф 4 от Обща позиция 2001/931 Жалбоподателят упреква Съвета, че е нарушил член 1, параграф 4 от Обща позиция 2001/931, като е квалифицирал решението на Home Secretary и американските решения от 1995 г., 1997 г. и 2001 г. (наричани по-нататък заедно „американските решения“) като решения на компетентни органи по смисъла на тази разпоредба. Оставянето на лице или образувание в списъка за замразяване на средства е по същество продължение на първоначалното вписване и при това положение предполага, че продължава да е налице рискът от участие на съответното лице или образувание в терористична дейност, който първоначално е констатиран от Съвета въз основа на националното решение, послужило като основание за първоначалното включване (решения от 26 юли 2017 г., Съвет/LTTE, C‑599/14 P , EU:C:2017:583 , т. и от 26 юли 2017 г., Съвет/Hamas, C‑79/15 P , EU:C:2017:584 , т. ). Следователно това основание е относимо. Критиките във връзка с решенията на органите на Съединените щати следва да бъдат разгледани преди тези, които са общи за органите на Съединените щати и органите на Обединеното кралство. По критиките във връзка с решенията на органите на Съединените щати Жалбоподателят счита главно че Съветът не може да основе обжалваните актове на решенията на американските органи, защото Съединените щати са трета държава, и че по принцип органите на трети държави не са „компетентни органи“ по смисъла на член 1, параграф 4 от Обща позиция 2001/931. По този въпрос жалбоподателят изтъква, че въведената с член 1, параграф 4 от Обща позиция 2001/931 система се гради върху доверието у националните органи, в основата на което е принципът на лоялно сътрудничество между Съвета и държавите членки на Съюза, и се опира на споделянето на общи ценности, записани в Договорите, както и на подчиняването на споделени норми, сред които Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, подписана в Рим на 4 ноември 1950 г., и Хартата на основните права на Европейския съюз. Органите на трети държави не можели да се ползват от това доверие. В това отношение следва да се отбележи, че според Съда използваното в член 1, параграф 4 от Обща позиция 2001/931 понятие „компетентен орган“ не се ограничава до органите на държавите членки, но по принцип може да обхване и органите на трети държави (решение от 26 юли 2017 г., Съвет/LTTE, C‑599/14 P , EU:C:2017:583 , т. ). Възприетото от Съда тълкуване е оправдано, от една страна, с оглед на текста на член 1, параграф 4 от Обща позиция 2001/931, който не ограничава понятието „компетентни органи“ до органите на държавите членки, и от друга страна, с оглед на целта на тази обща позиция, която е приета в изпълнение на Резолюция 1373 (2001) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации, която от своя страна има за цел засилване на борбата с тероризма на световно равнище чрез системно и тясно сътрудничество на всички държави (решение от 26 юли 2017 г., Съвет/LTTE, C‑599/14 P , EU:C:2017:583 , т. ). При условията на евентуалност, в случай че се приеме, че орган на трета държава може да бъде компетентен орган по смисъла на член 1, параграф 4 от Обща позиция 2001/931, жалбоподателят твърди, че валидността на актовете, приети от Съвета, зависи и от проверките, които трябва да бъдат извършени от него, за да се увери по-специално в съвместимостта на американското законодателство с принципа на зачитане на правото на защита и с правото на ефективна съдебна защита. В настоящия случай обаче в мотивите на обжалваните актове Съветът се ограничил по същество да опише процедурите за преразглеждане и да отбележи, че съществуват възможности за обжалване, без да провери дали правото на защита и правото на ефективна съдебна защита са гарантирани. В това отношение следва да се констатира, че според Съда, когато Съветът се основава на решение на трета държава, той трябва предварително да провери дали това решение е взето при спазване на правото на защита и на правото на ефективна съдебна защита (вж. в този смисъл решение от 26 юли 2017 г., Съвет/LTTE, C‑599/14 P , EU:C:2017:583 , т. ). В изложенията на мотивите на собствените си актове Съветът трябва да посочи улики, позволяващи да се приеме, че е направил тази проверка (вж. в този смисъл решение от 26 юли 2017 г., Съвет/LTTE C‑599/14 P , EU:C:2017:583 , т. ). За тази цел Съветът трябва да посочи в тези изложения на мотивите причините, поради които счита, че решението на третата държава, на което се основава, е взето при спазване на принципа на правото на защита и на правото на ефективна съдебна защита (решение от 26 юли 2017 г., Съвет/LTTE, C‑599/14 P , EU:C:2017:583 , т. ). Съгласно съдебната практика бележките, които трябва да се съдържат в изложението на мотивите относно тази преценка, могат евентуално да бъдат кратки (вж. в този смисъл решение от 26 юли 2017 г., Съвет/LTTE, C‑599/14 P , EU:C:2017:583 , т. ). Именно в светлината на припомнената в точки 85—88 по-горе съдебна практика следва да се разгледат повдигнатите от жалбоподателя доводи, що се отнася, от една страна, до правото на ефективна съдебна защита, и от друга страна, до принципа на зачитане на правото на защита. Общият съд счита за уместно да започне с втория въпрос. В това отношение жалбоподателят изтъква, че в изложението на мотивите на обжалваните актове Съветът не е предоставил информация относно причините, поради които след проверка е счел, че в Съединените щати спазването на правото на защита е гарантирано в рамките на административните процедури за определянето на организации като терористични. Впрочем американското законодателство не изисквало нотифициране, нито дори мотивиране на решенията, приети от органите в тази област. Според жалбоподателя, макар в член 219 от Закона на Съединените щати за имиграцията и гражданството, на който се основава американското решение от 1997 г., да се съдържа задължение за публикуване на решението за определяне във Федералния регистър, това не се отнася до Президентски указ № 13224, на който се основава американското решение от 2001 г., и не предвиждал никаква мярка от такова естество. В това отношение следва да се припомни, че съгласно съдебната практика принципът на зачитане на правото на защита изисква адресатите на актове, които засягат осезаемо интересите им, да имат възможност да представят надлежно становището си по повод на обстоятелствата, сочени срещу тях и лежащи в основата на спорните решения (вж. в този смисъл решение от 26 септември 2013 г., Texdata Software, C‑418/11 , EU:C:2013:588 , т. и цитираната съдебна практика). В случая на мерки, насочени към вписването на имената на лица или образувания в списък за замразяване на средства, този принцип предполага мотивите за тези мерки да бъдат съобщени на тези лица или образувания едновременно или непосредствено след приемането на тези мерки (вж. в този смисъл решение от 21 декември 2011 г., Франция/People’s Mojahedin Organization of Iran, C‑27/09 P , EU:C:2011:853 , т. ). В точка 16 от приложение Б към изложението на мотивите на обжалваните актове Съветът твърди следното: „Що се отнася до процедурите за преразглеждане и описанието, което е направено на наличните средства за правна защита, Съветът счита, че законодателството на Съединените щати гарантира закрилата на правото на защита […]“. По-нататък, информацията, предоставена от Съвета в изложението на мотивите за обжалваните актове, се различава в зависимост от разгледаните американски решения. От една страна, за президентските укази № 12947 и № 13224, които са в основата на американските решения от 1995 г. и от 2001 г., в даденото от Съвета общо описание не се посочва никакво задължение за органите на Съединените щати да съобщят на засегнатите лица мотивите, нито дори да публикуват тези решения. От това следва, че зачитането на принципа на правото на защита не е било гарантирано за тези две решения и че следователно в приложение на припомнената в точки 85—88 по-горе съдебна практика те не могат да служат за основание на обжалваните актове. От друга страна, що се отнася до американското решение от 1997 г., от точки 10 и 11 от приложение Б към обжалваните актове несъмнено следва, че съгласно Закона на Съединените щати за имиграцията и гражданството посочванията на чуждестранни терористични организации или решенията вследствие на искане за отмяна на тези посочвания се публикуват във Федералния регистър. Въпреки това Съветът не дава никакво указание по въпроса дали в настоящия случай публикуването на американското решение от 1997 г. съдържа каквито и да било мотиви. Освен това от изложението на мотивите на обжалваните актове също не следва, че извън диспозитива на посоченото решение, на жалбоподателя по някакъв начин са били предоставяни каквито и да било мотиви. При тези условия следва да се провери дали посочването, че дадено решение е публикувано в официален вестник на третата държава, е достатъчно, за да се приеме, че в съответствие с цитираната в точки 85—88 по-горе съдебна практика Съветът е изпълнил задължението си да провери дали в третите държави, където са били приети решенията, стоящи в основата на обжалваните актове, правото на защита е било спазено. За тази цел следва да се направи позоваване на делото, по което са постановени решенията от 26 юли 2017 г., Съвет/LTTE ( C‑599/14 P , EU:C:2017:583 ), и от 16 октомври 2014 г., LTTE/Съвет ( T‑208/11 и T‑508/11 , EU:T:2014:885 ). По това дело Съветът е посочил в изложението на мотивите на един от посочените актове, че решенията на органите на съответната трета държава са били публикувани в официалния вестник на тази държава, без предоставяне на друга информация (решение от 16 октомври 2014 г., LTTE/Съвет, T‑208/11 и T‑508/11 , EU:T:2014:885 , т. ). В решението от 26 юли 2017 г., Съвет/LTTE ( C‑599/14 P , EU:C:2017:583 , т. и ), Съдът, разглеждайки в тяхната съвкупност всички данни относно решенията на органите на третата държава, посочени в изложението на мотивите на регламента на Съвета, е постановил, че те не са достатъчни, за да се констатира, че тази институция е направила необходимата проверка за спазването в тази трета държава на принципа на правото на защита. Същият извод трябва да се направи, поради еднаквост на мотивите, в настоящото дело по отношение на единственото посочване, направено в изложението на мотивите на обжалваните актове, че американското решение от 1997 г. е било публикувано във Федералния регистър на Съединените щати. Поради тези причини и без дори да е необходимо да се разглежда въпросът за спазването на правото на ефективна съдебна защита, следва да се приеме, че в настоящия случай мотивите относно американските решения са недостатъчни, поради което те не могат да служат за основание на обжалваните актове. Тъй като член 1, параграф 4 от Обща позиция 2001/931 не изисква актовете на Съвета да се основават на множество решения на компетентни органи, по отношение на вписването на името на жалбоподателя в спорните списъци обжалваните актове са могли все пак да се позоват единствено на решението на Home Secretary, поради което разглеждането на жалбата следва да продължи, като се сведе до обжалваните актове, доколкото те първоначално са основани на последното решение. По критиките, общи за решенията на органите на Обединеното кралство и решенията на органите на Съединените щати Жалбоподателят изтъква, че решенията на органите на Съединените щати и на органите на Обединеното кралство, на които се основават обжалваните актове, не представляват „решения на компетентни органи“ по смисъла на член 1, параграф 4 от Обща позиция 2001/931 по три причини. Тези причини ще бъдат разгледани по-нататък, доколкото се отнасят до решението на Home Secretary, в съответствие с точка 105 по-горе. – По предпочитанието, което следва да се даде на съдебните органи Жалбоподателят твърди, че съгласно член 1, параграф 4 от Обща позиция 2001/931 Съветът може да се основава на административни решения само ако съдебните органи нямат никаква компетентност в областта на борбата с тероризма. Това обаче не било така в случая, тъй като в Обединеното кралство съдебните органи са компетентни в тази област. Следователно в обжалваните актове Съветът не е можел да вземе предвид решението на Home Secretary. Съветът, поддържан от Комисията, оспорва основателността на тези доводи. В това отношение следва да се отбележи, че съгласно съдебната практика административният и несъдебен характер на решение не е определящ за прилагането на член 1, параграф 4 от Обща позиция 2001/931, тъй като самият текст на тази разпоредба изрично предвижда, че и несъдебен орган може да бъде квалифициран като компетентен орган по смисъла на тази разпоредба (решения от 23 октомври 2008 г., People’s Mojahedin Organization of Iran/Съвет, T‑256/07 , EU:T:2008:461 , т. и и от 16 октомври 2014 г., LTTE/Съвет, T‑208/11 и T‑508/11 , EU:T:2014:885 , т. ). Макар член 1, параграф 4, втора алинея от Обща позиция 2001/931 да съдържа предпочитание за решенията, изхождащи от съдебните органи, той с нищо не изключва възможността да се вземат предвид решения на административни органи, когато, от една страна, националното право действително възлага на тези органи компетентност да приемат ограничителни решения срещу свързани с тероризма групировки, и от друга страна, макар и да са чисто административни, тези органи могат да се считат за „еквивалентни“ на съдебни органи (решение от 16 октомври 2014 г., LTTE/Съвет, T‑208/11 и T‑508/11 , EU:T:2014:885 , т. ). Съгласно съдебната практика административните органи трябва да се считат за еквивалентни на съдебните органи, когато техните решения подлежат на обжалване по съдебен ред (решение от 23 октомври 2008 г., People’s Mojahedin Organization of Iran/Съвет, T‑256/07 , EU:T:2008:461 , т. ). Следователно обстоятелството, че юрисдикциите на съответната държава притежават компетентност в областта на преследването на тероризма, не означава, че Съветът не може да вземе предвид решенията на националния административен орган, на който е възложено приемането на ограничителни мерки в областта на тероризма (вж. в този смисъл решение от 16 октомври 2014 г., LTTE/Съвет, T‑208/11 и T‑508/11 , EU:T:2014:885 , т. ). В настоящия случай от предоставените от Съвета данни следва, че решенията на Home Secretary могат да се обжалват пред Proscribed Organisations Appeal Commission (Апелативна комисия за забранените организации, Обединено кралство), която се произнася, прилагайки принципите, които уреждат съдебния контрол, и че всяка страна може да обжалва решението на апелативната комисия по правен въпрос пред апелативна юрисдикция, ако получи разрешението на тази комисия, или в противен случай — това на апелативната юрисдикция (вж. в този смисъл решение от 12 декември 2006 г., Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Съвет, T‑228/02 , EU:T:2006:384 , т. ). При тези обстоятелства изглежда, че решенията на Home Secretary могат да бъдат обжалвани по съдебен ред така, че в съответствие с изложената в точки 111 и 112 по-горе съдебна практика този административен орган трябва да се счита за равностоен на съдебен орган и следователно за компетентен орган, както поддържа Съветът, по смисъла на член 1, параграф 4 от Обща позиция 2001/931, в съответствие със съдебната практика, която нееднократно се е произнасяла в този смисъл (решения от 23 октомври 2008 г., People’s Mojahedin Organization of Iran/Съвет, T‑256/07 , EU:T:2008:461 , т. и от 16 октомври 2014 г., LTTE/Съвет, T‑208/11 и T‑508/11 , EU:T:2014:885 , т. — ). От гореизложените съображения следва, че обжалваните актове не биха могли да бъдат отменени поради това, че в тяхното изложение на мотивите Съветът се е позовал на решение на Home Secretary, който е административен орган. – По факта, че решението на Home Secretary представлява списък на терористични организации Жалбоподателят изтъква, че дейността на компетентните органи, засегнати от обжалваните актове, сред които Home Secretary, се състои на практика в съставянето на списъци на терористични организации, за да им се наложи ограничителен режим. Тази дейност по съставяне на списъци не представлявала репресивно правомощие, което може да се приравни на „възбуждането на разследвания или преследване“ или пък на „[осъждане]“, като част от правомощията, които съгласно член 1, параграф 4 от Обща позиция 2001/931 би трябвало да притежава „компетент[ният] орган“. Съветът, поддържан от Комисията, оспорва основателността на тези доводи. В това отношение следва да се отбележи, че съгласно съдебната практика Обща позиция 2001/931 не изисква решението на компетентния орган да се вписва в рамките на наказателно производство stricto sensu, при условие че предвид целите, преследвани от Обща позиция 2001/931 в рамките на изпълнението на Резолюция 1373 (2001) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации, предмет на въпросното национално производство е борбата с тероризма в широк смисъл (решение от 16 октомври 2014 г., LTTE/Съвет, T‑208/11 и T‑508/11 , EU:T:2014:885 , т. ). В този смисъл Съдът е приел, че защитата на засегнатите лица не е поставена под въпрос, ако взетото от националния орган решение не е част от производство, чиято цел е да наложи наказателни санкции, а се вписва в производство, чийто предмет са превантивни мерки (решение от 15 ноември 2012 г., Al-Aqsa/Съвет и Нидерландия/Al-Aqsa, C‑539/10 P и C‑550/10 P , EU:C:2012:711 , т. ). В настоящия случай решението на Home Secretary предвижда мерки за забрана срещу организации, считани за терористични, и следователно се вписва, както изисква съдебната практика, в рамките на национално производство, с което основно се цели налагането спрямо жалбоподателя на превантивни или репресивни по вида си мерки в контекста на борбата с тероризма (вж. в този смисъл решение от 16 октомври 2014 г., LTTE/Съвет, T‑208/11 и T‑508/11 , EU:T:2014:885 , т. ). Що се отнася до обстоятелството, че действията на разглеждания орган водят в крайна сметка до изготвянето на списък на лица или образувания, участващи в терористична дейност, следва да се подчертае, че само по себе си то не означава, че този орган не е преценил поотделно всяко от тези лица или образувания, преди да ги включи в тези списъци, нито че тази преценка непременно е произволна или необоснована (вж. в този смисъл решение от 16 октомври 2014 г., LTTE/Съвет, T‑208/11 и T‑508/11 , EU:T:2014:885 , т. ). Следователно е от значение не дали действията на съответния орган водят до включване в списък на лица или образувания, участващи в терористична дейност, а дали извършването им е съпроводено от достатъчно гаранции, които да дават възможност на Съвета да се основе на тези действия, за да обоснове собственото си решение за включване в съответния списък (вж. в този смисъл решение от 16 октомври 2014 г., LTTE/Съвет, T‑208/11 и T‑508/11 , EU:T:2014:885 , т. ). Поради това жалбоподателят неправилно твърди, че да се допусне, че правомощието за вписване в списък може да бъде характеристика на компетентен орган, по принцип е в разрез с Обща позиция 2001/931. Това твърдение не се опровергава от другите изтъкнати от жалбоподателя доводи. На първо място, жалбоподателят поддържа, че съгласно член 1, параграф 4 от Обща позиция 2001/931 само списъците, изготвени от Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации, могат да бъдат взети предвид от Съвета. Този довод не може да се приеме, тъй като целта на последното изречение на член 1, параграф 4, първа алинея от Обща позиция 2001/931 е само да предостави на Съвета възможност да включи още лица или организации в списъка, наред с тези, които може да включи на основание на решенията на компетентните национални органи. На второ място, жалбоподателят подчертава, че доколкото възпроизвежда списъците, предложени от компетентните органи, списъкът на Съюза се свежда до списък от списъци, като по този начин попада в приложното поле на националните административни мерки, приети евентуално от органите на трети държави, без засегнатите лица да са информирани за това и без да им е дадена възможност да се защитят ефективно. В това отношение следва да се констатира, че както посочва жалбоподателят, когато идентифицира лицата или образуванията, спрямо които да приложи мерките за замразяване на финансови средства, Съветът се основава на констатациите, направени от компетентните органи. В рамките на Обща позиция 2001/931 е въведена специфична форма на сътрудничество между органите на държавите членки и институциите на Съюза, пораждайки за Съвета задължението да се довери, доколкото е възможно, на преценката на компетентните национални органи (вж. в този смисъл решения от 23 октомври 2008 г., People’s Mojahedin Organization of Iran/Съвет, T‑256/07 , EU:T:2008:461 , т. и от 4 декември 2008 г., People’s Mojahedin Organization of Iran/Съвет, T‑284/08 , EU:T:2008:550 , т. ). По принцип не е задължение на Съвета да се произнася по спазването на основните права на заинтересованото лице от органите на държавите членки, тъй като това правомощие принадлежи на компетентните национални юрисдикции (вж. в този смисъл решение от 11 юли 2007 г., Sison/Съвет, T‑47/03 , непубликувано, EU:T:2007:207 , т. ). Само по изключение, когато въз основа на конкретни доказателства жалбоподателят оспорва, че органите на държавите членки са спазили основните права, Общият съд трябва да провери дали те действително са били спазени (вж. по аналогия решение от 25 юли 2018 г., Minister for Justice and Equality (Недостатъци на съдебната система), C‑216/18 PPU , EU:C:2018:586 , т. ). За сметка на това, когато участват органи на трети държави, Съветът е длъжен, както бе посочено в точки 85 и 86 по-горе, да се увери служебно, че тези гаранции са били действително изпълнени, и да мотивира решението си по този въпрос. – По липсата на сериозни и достоверни доказателства и улики, на които се основава решението на Home Secretary Жалбоподателят счита, че след като се е основал на административно, а не на съдебно решение, Съветът е трябвало да докаже, че това решение е взето „[въз основа] на сериозни и достоверни доказателства или улики“, както се изисква в член 1, параграф 4 от Обща позиция 2001/931. Тъй като тези доводи не се отнасят до квалификацията „решение, взето от компетентни органи“ по смисъла на член 1, параграф 4 от Обща позиция 2001/931, която е предмет на настоящото основание, те ще бъдат разгледани в рамките на второто и шестото основание, доколкото се отнасят до сериозните и достоверни доказателства или улики по смисъла на тази разпоредба. С оглед на всички гореизложени съображения и при условие че бъдат разгледани посочените в тока 134 по-горе доводи, второто основание следва да бъде отхвърлено по същество. По второто и шестото основание, доколкото се отнасят до сериозните и достоверни доказателства или улики по смисъла на член 1, параграф 4 от Обща позиция 2001/931 Във второто и шестото основание жалбоподателят поддържа, че в изложенията на мотивите за обжалваните актове Съветът е трябвало да посочи „сериозни[те] и достоверни доказателства и улики“, на които се основават решенията на компетентните органи. В мотивите несъмнено се съдържали факти. Но те били формулирани по неясен и абстрактен начин. Както следва от точка 134 по-горе, във второто основание жалбоподателят изтъква освен това, че Съветът не предоставя никакво доказателство за посочените в обжалваните актове факти. Предвид изложеното в точка 105 по-горе, това основание трябва да се разгледа единствено в частта му, която се отнася до решението на Home Secretary. В това отношение следва да се посочи, че съгласно член 1, параграф 4, първа алинея от Обща позиция 2001/931 списъците за замразяване на средства се изготвят въз основа на прецизна информация или документи от съответното дело, от които е видно, че въз основа на „сериозни и убедителни доказателства или улики“ е взето решение от компетентен орган по отношение на засегнатите лица или образувания, независимо дали става въпрос за започване на разследване или наказателно преследване на терористично действие, за опит да се извърши, да се участва във или да се подпомогне такова действие, или става въпрос за осъждане за такива деяния. От общата структура на тази разпоредба следва, че изискването за Съвета да провери, преди да впише името на лица или образувания в списъците за замразяване на средства въз основа на решенията на компетентните органи, че тези решения са били взети въз основа на „сериозни и убедителни доказателства или улики“, важи единствено за решенията, които се отнасят до започване на разследване или наказателно преследване, но не и за решенията, които се отнасят до осъжданията. Така направеното разграничение между двата вида решения произтича от прилагането на принципа на лоялно сътрудничество между институциите и държавите членки, в рамките на който се вписва приемането на ограничителни мерки в областта на борбата с тероризма и по силата на който Съветът трябва да основе вписването на лица или терористични образувания в списъците за замразяване на средства на решенията, приети от националните органи, без да е длъжен или дори без да може да ги постави под въпрос. Така определен, принципът на лоялно сътрудничество се прилага към националните решения, съдържащи осъждане, което има за последица, че Съветът не трябва да проверява, преди да впише името на лица или образувания в списъците за замразяване на средства, дали тези решения са основани на сериозни и убедителни доказателства или улики и че по този въпрос той трябва да се довери на преценката, направена от националния орган. Що се отнася до националните решения за започване на разследване или наказателно преследване, по естеството си те се намират в началото или в хода на производство, което все още не е завършено. За да се гарантира ефективният характер на тази борба е счетено за целесъобразно при приемането на ограничителни мерки Съветът да може да се основе на подобни решения, макар те да имат само подготвителен характер, като същевременно е предвидено, че за да се гарантира защитата на лицата, срещу които са насочени тези производства, това използване на решенията зависи от проверката от страна на Съвета дали те се основават на сериозни и убедителни доказателства или улики. В настоящия случай решението на Home Secretary е окончателно, в смисъл че не трябва да бъде последвано от разследване. Освен това то има за предмет да забрани жалбоподателя в Обединеното кралство с наказателноправни последици за лицата, които поддържат отблизо или отдалеч връзка с него. При тези условия решението на Home Secretary не представлява решение за започване на разследване или наказателно преследване, а трябва да се приравни на решение за осъждане, така че в приложение на член 1, параграф 4 от Обща позиция 2001/931 Съветът не трябва да посочва в изложението на мотивите за обжалваните актове сериозните доказателства или улики, които са били в основата на решението на този орган. В това отношение фактът, че Home Secretary е административен орган, е без значение, тъй като, както е видно от точки 114 и 115 по-горе, неговите решения могат да бъдат обжалвани по съдебен ред и следователно той трябва да се счита за равностоен на съдебен орган. Ето защо Съветът не може да бъде упрекнат, че не е посочил в изложението на мотивите на обжалваните актове „сериозни[те] и достоверни доказателства и улики“, на които се основава решението на Home Secretary. Тъй като тези факти не трябва да се посочват, те още по-малко трябва да се доказват. Следователно второто и шестото основание, доколкото се отнасят до сериозните и достоверни доказателства и улики по смисъла на член 1, параграф 4 от Обща позиция 2001/931, трябва да бъдат отхвърлени. По третото основание: грешки относно истинността на фактите Жалбоподателят критикува фактите, посочени от Съвета в изложенията на мотивите на обжалваните актове, с мотива, че са формулирани прекалено неясно, не са установени и са твърде неактуални, за да обосноват оставянето на името му в спорните списъци. Третото основание следва да се разгледа единствено в частта му, която се отнася до фактите, на които Съветът се основава, за да остави името на жалбоподателя в спорните списъци. Всъщност, както следва от разглеждането на гореизложеното основание, фактите, на които се основава решението на Home Secretary, не трябва да бъдат посочвани в обжалваните актове. Що се отнася до оставянето на името на жалбоподателя в спорните списъци, в точка 7 от изложението на мотивите на обжалваните актове Съветът отбелязва, че в настоящия случай решенията на компетентните органи, на които се основава първоначалното вписване, все още са в сила. От съдебната практика следва, че когато е изтекъл значителен период от време между националното решение, обосновало първоначалното вписване, и приемането на актовете за оставяне в списъка, за да направи извод, че продължава да е налице риск от участие на съответното лице или образувание в терористична дейност, Съветът не може да се ограничи до констатацията, че посоченото решение все още е в сила, а трябва да направи актуализирана преценка на положението и да отчете по-нови факти, които сочат, че този риск продължава да е налице (вж. в този смисъл решения от 26 юли 2017 г., Conseil/LTTE, C‑599/14 P , EU:C:2017:583 , т. и и от 26 юли 2017 г., Съвет/Hamas, C‑79/15 P , EU:C:2017:584 , т. и ). От цитираната в точка 154 по-горе съдебна практика следва, че по-новите факти, на които се основава оставянето на името на лице или образувание в списъците за замразяване на средства, могат да са от източници, различни от национални решения, взети от компетентни органи (вж. в този смисъл решения от 26 юли 2017 г., Conseil/LTTE, C‑599/14 P , EU:C:2017:583 , т. и от 26 юли 2017 г., Съвет/Hamas, C‑79/15 P , EU:C:2017:584 , т. ). В настоящия случай първоначалното решение на Home Secretary е от 2001 г., докато обжалваните актове са приети между юли 2016 г. и юли 2018 г. Като се има предвид продължителността на периода между първоначалното решение на Home Secretary и обжалваните актове, който е между петнадесет и седемнадесет години, съгласно припомнената в точка 154 по-горе съдебна практика не е било достатъчно Съветът само да констатира, че решението на Home Secretary все още е било в сила, без да посочи по-нови факти, които доказват, че рискът от участие на жалбоподателя в терористична дейност продължава да е налице. Що се отнася до тези факти, на първо място, в точка 16 от приложение А към изложението на мотивите на обжалваните актове, във връзка с процедурата за преразглеждане, извършена през 2013 г. в Обединеното кралство, Съветът посочва: „През ноември 2013 г. въз основа на наличните доказателства Home Secretary стига до извода, че групата е замесена по друг начин в тероризма, тъй като притежава оръжия и остава решена да използва насилие за постигане на целта си за ислямска държава […]“. Според жалбоподателя това обстоятелство е твърде неопределено, за да обоснове оставянето на името му в спорните списъци. В това отношение следва да се отбележи, че за последващите решения за замразяване на средства Съдът е приел, че съдът на Съюза е длъжен да провери по-конкретно, от една страна, спазването на задължението за мотивиране, предвидено в член 296 ДФЕС, и от друга страна, дали тези мотиви са подкрепени с факти (решения от 26 юли 2017 г., Съвет/LTTE, C‑599/14 P , EU:C:2017:583 , т. и от 26 юли 2017 г., Съвет/Hamas, C‑79/15 P , EU:C:2017:584 , т. ). Що се отнася до задължението за мотивиране, следва да се припомни, че съгласно постоянната съдебна практика изискваните от член 296 ДФЕС мотиви трябва по ясен и недвусмислен начин да излагат съображенията на институцията, която е издала акта, така че да дадат възможност на заинтересованото лице да се запознае с основанията за взетите мерки, а на компетентната юрисдикция — да упражни своя контрол (вж. решение от 15 ноември 2012 г., Съвет/Bamba, C‑417/11 P , EU:C:2012:718 , т. и цитираната съдебна практика). Мотивите не трябва да уточняват всички относими фактически и правни обстоятелства, доколкото въпросът дали мотивите са достатъчни следва да се преценява с оглед не само на текста, но и на контекста, както и на съвкупността от правни норми, уреждащи съответната материя (решения от 15 ноември 2012 г., Съвет/Bamba, C‑417/11 P , EU:C:2012:718 , т. и от 14 октомври 2009 г., Bank Melli Iran/Съвет, T‑390/08 , EU:T:2009:401 , т. ). По-специално увреждащият акт е достатъчно мотивиран, при положение че е издаден в познат за заинтересованото лице контекст, който му позволява да разбере обхвата на наложената му мярка (решения от 15 ноември 2012 г., Съвет/Bamba, C‑417/11 P , EU:C:2012:718 , т. и от 14 октомври 2009 г., Bank Melli Iran/Съвет, T‑390/08 , EU:T:2009:401 , т. ). В настоящия случай се налага изводът, че когато посочва в точка 16 от приложение А към изложението на мотивите на обжалваните актове, че „[жалбоподателят] притежава оръжия и остава [решен] да използва насилие за постигане на целта си за ислямска държава“, Съветът не изпълнява определеното по-горе задължение за мотивиране. Всъщност, от една страна, в това изявление Съветът само споменава най-общо притежаването на оръжия, без да предостави подробности за времето и мястото. От друга страна, той приписва на жалбоподателя намерение, което не е подкрепено от нито един определен или дори определим факт. При тези условия, по отношение на този факт жалбоподателят е в невъзможност дори с помощта на контекста да определи в какво е обвинен, докато Общият съд е поставен в положение, в което по същата причина му е невъзможно да упражни контрола, изискван от Съда. Следователно мотивите във връзка с този факт не отговарят на условията, наложени от припомнената в точки 160—163 по-горе съдебна практика. На второ място, в точка 18 от приложение Б към изложението на мотивите на обжалваните актове Съветът изброява фактите от „административните преписки („administrative records“) Gama’a al-Islamiyya на Държавния департамент от 2010 г. и 2003 г.“, като в точка 10 от същото приложение посочва, че най-скорошното разглеждане на определянето на жалбоподателя като чуждестранна терористична организация е приключило на 15 декември 2010 г. Тези факти са следните: – „[жалбоподателят] поема отговорността за опита за убийство през юни 1995 г. на президента на Египет Хосни Мубарак“, – „през 1997 г. [жалбоподателят] извършва нападение над туристи в Луксор (Египет), което взема 58 жертви“, – „в бюлетин от 2006 г. [Federal Bureau of Investigation (ФБР, Федерално бюро за разследване, Съединени американски щати)] предупреждава властите, че Рахман, един от водачите на [жалбоподателя], е призовал за провеждането на атентати като отмъщение, в случай че почине в затвора. Бюлетинът цитира последната воля и завещанието на Рахман, излъчени по време на пресконференция на Ал Кайда през 1998 г.“. Съгласно посочената в точки 154 и 155 по-горе съдебна практика такива факти могат да обосноват оставянето на името на жалбоподателя в списъка за замразяване на средства, а използваният за получаването им източник е без значение, като същественото за Съвета е да разполага с достатъчно актуални доказателства, за да подкрепи позицията си. От тези факти първите два предхождат решението на Home Secretary, на което се основава първоначалното вписване на жалбоподателя. Следователно те не могат да бъдат взети предвид, за да се обоснове запазването на това вписване. Колкото до третия факт, жалбоподателят изтъква, че той е споменат твърде приблизително, и по-специално че лицето на име Рахман не е ясно идентифицирано. Той добавя, че изявленията на това лице нямат връзка с неговата организация и че този факт, както и останалите факти, споменати в обжалваните актове, е твърде стар. В това отношение следва да се припомни, че степента на мотивиране, изисквана от Съвета, трябва да бъде преценена с оглед на контекста, в който е издаден обжалвания акт, и на познаването на този контекст от жалбоподателя. В този случай е общоизвестно, че Омар Абдел Рахман е бил ръководител на организацията на жалбоподателя, че през 1993 г. е бил осъден на лишаване от свобода в Съединените щати заради атентати, извършени на американска територия, и че е починал в затвора през 2017 г. Като се има предвид този познат контекст, следва да се приеме, че този факт е описан достатъчно точно, за да се изпълни задължението за мотивиране. По-специално лицето на име Рахман лесно може да бъде идентифицирано и предвид положението му не е неоправдано изявленията му да се вменят на жалбоподателя. Посоченият факт въпреки това не е достатъчен сам по себе си да обоснове оставянето на името на жалбоподателя в спорните списъци. Всъщност пресконференцията, по време на която била излъчена последната воля на Рахман, се е състояла през 1998 г. и следователно предхожда решението на Home Secretary, което е прието през 2001 г. Колкото до бюлетина на ФБР, той е разпространен през 2006 г., т.е. десет години преди приемането на обжалваните актове. Предходният анализ се оспорва от Съвета, според който Общият съд не може да упражнява описания в точка 160 по-горе контрол върху фактите, посочени в изложението на мотивите на обжалваните актове, защото те произтичат от решения, приети от компетентни национални органи в рамките на преразглеждането на решенията, взети първоначално от тези органи, за да се извърши първоначалното вписване на жалбоподателя. Според Съвета тези решения за преразглеждане трябва да се приравнят на посочените в член 1, параграф 4 от Обща позиция 2001/931, така че фактите, на които се основават тези решения, не трябва да се проверяват от Общия съд, що се отнася до техните мотиви и тяхната истинност, дори когато са обжалвани. Този довод е необоснован фактически и правно. На първо място, що се отнася до фактите, изложени в точка 16 от приложение А към изложението на мотивите на обжалваните актове, най-напред следва да се приеме, че в отговор на поставените от Общия съд въпроси Съветът е посочил, че през ноември 2013 г. решението на Home Secretary е преразгледано от междуведомствената група по преразглеждане на забраните. В съдебното заседание обаче той формално признава, че преразглеждането не е довело до приемането от органите на Обединеното кралство на конкретен акт, който може да бъде представен пред Общия съд. Следователно не е налице решение, което може да се приравни на решение на компетентен орган по смисъла на член 1, параграф 4 от Обща позиция 2001/931. Освен това, що се отнася до фактите, споменати в точка 18 от приложение Б към изложението на мотивите на обжалваните актове, следва да се отбележи, че няма ясно установена точна връзка с решение за преразглеждане, взето в Съединените щати. Всъщност в точка 18 само са посочени фактите, установени в „administrative records“, без да е уточнен статутът им с оглед на преразглеждането, споменато в точка 10 от същото приложение, а датата, приписана на един от тези „records“, не отговаря на тази на посоченото преразглеждане. Освен това следва да се припомни, че американските решения, цитирани от Съвета в обжалваните актове, не могат да служат за основание на последните, тъй като в изложението на мотивите тази институция не е проверила дали са изпълнени изискванията, свързани с правото на защита, в съответствие с практиката на Съда. От тези различни обстоятелства следва, че Съветът не може да се позове на националните решения за преразглеждане, които отговаряли на условията по член 1, параграф 4 от Обща позиция 2001/931. На второ място, макар преразглеждането на решенията на компетентните органи, на които се основава първоначалното вписване, да са били предмет на решения, които отговарят на условията на член 1, параграф 4 от Обща позиция 2001/931, налага се изводът, че във всеки случай тези решения са основание не за първоначално вписване по смисъла на тази разпоредба, а за решение за запазване на вписване по смисъла на член 1, параграф 6 от същата обща позиция. Съдът обаче е постановил, че в рамките на жалба срещу решение за запазване на вписването засегнатото лице или образувание може да оспори всички факти, на които се основава Съветът, за да докаже, че продължава да е налице риск от участието му в терористична дейност, независимо дали тези факти са установени с национално решение, взето от компетентен орган, или чрез други източници (решения от 26 юли 2017 г., Съвет/LTTE, C‑599/14 P , EU:C:2017:583 , т. и от 26 юли 2017 г., Съвет/Hamas, C‑79/15 P , EU:C:2017:584 , т. ). Следователно обстоятелството, че фактите, посочени в точка 16 от приложение А и в точка 18 от приложение Б към изложението на мотивите на обжалваните актове, са в основата на по-нови решения на националните органи, отговарящи на условията на член 1, параграф 4 от Обща позиция 2001/931, не отменя правото на жалбоподателя да оспори мотивите и истинността им и задължението на Общия съд да упражни контрол над тях в съответствие с посочената в точка 160 по-горе съдебна практика. Ето защо в точки 161—177 по-горе е необходимо да се проверят мотивите и истинността на изтъкнатите от Съвета факти за оставяне на името на жалбоподателя в списъците за замразяване на средства, дори те да произтичат от национално решение за преразглеждане. След тази проверка следва да се приеме, че в настоящия случай фактите, посочени от Съвета в изложението на мотивите на обжалваните актове, не могат да обосноват оставянето на името на жалбоподателя в спорните списъци. Следователно третото основание трябва да се уважи по същество. Същевременно Общият съд счита за целесъобразно да продължи с разглеждането на осмото основание. По осмото основание: липса на удостоверяване на изложението на мотивите на обжалваните актове В жалбата си жалбоподателят посочва, че изложенията на мотивите на обжалваните актове, изпратени от Съвета на адвоката му с писма от 26 май и 13 юли 2016 г., от 30 януари и 7 август 2017 г. и от 22 март и 31 юли 2018 г., не са подписани от председателя на тази институция и следователно не са удостоверени, както се изисква от член 15 от Процедурния правилник на тази институция, приет с решение 2009/937/ЕС от 1 декември 2009 г. ( ОВ L 325, 2009 г., стр. 35 ). Жалбоподателят поддържа, че при липсата на такова удостоверяване той не може да бъде сигурен, че изложенията на мотивите, които са му изпратени, съответстват точно на приетите от Съвета и са възпроизведени в тяхната цялост, без да са претърпели промени след приемането им. В това отношение жалбоподателят отбелязва, че всички изложения на мотивите, които са му изпратени с писмо от 26 май 2016 г., са с дата 24 май 2016 г., което предполага, че са претърпели промени, най-малкото по отношение на датата, тъй като са приети по различно време, без да е възможно да се определи дали това е единствената направена в тях промяна. В самото начало следва да се констатира, че основанието е напълно относимо само доколкото се отнася до изложенията на мотивите на обжалваните актове. Следователно изложенията на мотивите, изпратени с писмото от 26 май 2016 г., които се отнасят до актове, които ги предхождат, не могат да бъдат надлежно взети предвид. По същество следва да се припомни, че член 297, параграф 2, първа алинея ДФЕС гласи: „Незаконодателните актове, приети под формата на регламенти, директиви и решения, които не посочват адресат, се подписват от председателя на институцията, която ги е приела“. Освен това член 15 от Процедурния правилник на Съвета предвижда: „Текстът […] на актовете, приети от Съвета […] се подписва от действащия при приемането им председател и от генералния секретар. Генералният секретар може да делегира правото си на подпис на генерални директори от генералния секретариат“. В цитираното от жалбоподателя решение от 15 юни 1994 г., Комисия/BASF и др. ( C‑137/92 P , EU:C:1994:247 , т. ), Съдът е постановил във връзка с прието от Комисията решение, че предвиденото в процедурния правилник на тази институция удостоверяване не може да бъде разглеждано като обикновена формалност за целите на архивирането, а има за цел да гарантира правната сигурност, като закрепва на автентичните езици текста, приет от колегиума. Според Съда предвиденото от Процедурния правилник на Комисията удостоверяване на актовете позволява в случай на оспорване да се провери точното съответствие на нотифицираните или публикуваните текстове с приетия от институцията текст, а оттам и с волята на техния автор (решение от 15 юни 1994 г., Комисия/BASF и др., C‑137/92 P , EU:C:1994:247 , т. ). Според Съда от това следва, че по смисъла на член 263 ДФЕС удостоверяването, изисквано от Процедурния правилник на Комисията, представлява съществено процесуално правило, чието нарушение може да бъде предмет на жалба за отмяна (решение от 15 юни 1994 г., Комисия/BASF и др., C‑137/92 P , EU:C:1994:247 , т. ). Тези правила относно актове на Комисията, изложени в решение от 15 юни 1994 г., Комисия/BASF и др. ( C‑137/92 P , EU:C:1994:247 , т. и ), трябва да бъдат пренесени към актовете на Съвета. Действително, както в случая с актовете на Комисията, принципът на правна сигурност изисква трети лица да имат възможност да проверят дали актовете на Съвета, които са публикувани или нотифицирани, съответстват на тези, които са били приети. Това е така независимо от факта, че за разлика от Комисията Съветът не формира колегиум. Действително в решение от 15 юни 1994 г., Комисия/BASF и др. ( C‑137/92 P , EU:C:1994:247 ), за да обоснове задължението за удостоверяване на актовете, Съдът се е основал по-специално на необходимостта да се гарантира правната сигурност, като в случай на оспорване се дава възможност да се провери точното съответствие на нотифицираните или публикуваните текстове с приетия от институцията текст. Правната сигурност обаче е общ правен принцип, който се прилага към всички институции, независимо от естеството им, особено когато, както в настоящия случай, те приемат актове, които имат за цел да породят последици за правното положение на юридически или физически лица. Освен това както към актовете на Комисията, така и към тези на Съвета, по-специално съгласно член 215 ДФЕС, се прилагат правила за мнозинство, чието спазване трябва да може бъде проверено. В настоящия случай е безспорно, че изложенията на мотивите на обжалваните актове, изпратени на жалбоподателя, не съдържат подпис, но самите те са печатни документи без заглавна част и без каквото и да било посочване, дори и дата, което да позволи да бъдат идентифицирани като актове на Съвета и да се определи датата, на която са били приети. В писмената защита Съветът обяснява, че изпратените на жалбоподателя изложения на мотивите са извадки от бележките, адресирани до Комитета на постоянните представители (Корепер) преди одобряването на обжалваните актове от Съвета в съответствие с приложимата процедура. Освен това той е представил и приложение Б 25, което съдържа: – бележка 10272/16, представена на Корепер на 17 юни 2016 г., към която е приложено изложението на мотивите на актовете от юли 2016 г., – временния дневен ред за 2591-ото заседание на Корепер на 21 и 22 юни 2016 г.; в точка 25 от временния дневен ред на Корепер за 21 юни 2016 г. сред точки I се съдържат проектите на актовете от юли 2016 г. с препратка към бележка 10272/16, както и към други документи, – дневния ред за 3480-ото заседание на Съвета на 12 юли 2016 г. относно точки А; в точка 21 от този дневен ред са посочени проектите на актовете от юли 2016 г. с препратка към бележка 10272/16 и към документите, посочени в дневния ред на Корепер, както и към други документи. На 29 юни 2018 г. с процесуално-организационно действие Общият съд е поискал от Съвета да му изпрати обжалваните актове, подписани съгласно член 297, параграф 2, първа алинея ДФЕС и член 15 от процедурния му правилник. На 20 юли 2018 г. Съветът изпраща на Общия съд обжалваните актове с дата и подпис на неговия председател и на неговия генерален секретар, без обаче тези актове да съдържат изложението на мотивите, което обосновава приемането им. В крайна сметка в съдебното заседание Съветът признава, че изложението на мотивите на обжалваните актове не е подписано от неговия председател и неговия генерален секретар. Така става ясно, че при приемането на обжалваните актове е нарушено съществено процесуално правило и следователно обжалваните актове трябва да бъдат отменени. Съветът оспорва този анализ. На първо място, Съветът посочва, че актовете са подписани, както е предвидено в Процедурния правилник, и че подпис липсва само на изложенията на мотивите. Тъй като формалното изискване за актовете е изпълнено, те не трябва да се отменят. В това отношение следва да се отбележи, че повдигнатият от Съвета довод разграничава актовете от техните мотиви, което е неприемливо. В съответствие с член 296 ДФЕС актовете на Съвета трябва да са мотивирани, като съгласно постоянната съдебна практика тази разпоредба изисква съответната институция да изложи причините, поради които ги е приела, за да се даде възможност на заинтересованото лице да се запознае с основанията за взетите мерки, а на компетентната юрисдикция — да упражни своя контрол (вж. в този смисъл решение от 15 ноември 2012 г., Съвет/Bamba, C‑417/11 P , EU:C:2012:718 , т. и цитираната съдебна практика). Диспозитивът на един акт може да бъде разбран, а неговият обхват — измерен единствено в светлината на мотивите му. Тъй като диспозитивът и мотивите са неразделно цяло (решение от 15 юни 1994 г., Комисия/BASF и др., C‑137/92 P , EU:C:1994:247 , т. и от 18 януари 2005 г., Confédération Nationale du Crédit Mutuel/Комисия, T‑93/02 , EU:T:2005:11 , т. ), задължение на институцията е да приеме едновременно и двете. С оглед на тези съображения не може да се прави никакво разграничение между мотивите и диспозитива на акт за прилагането на разпоредбите, които изискват удостоверяването на същия. Когато, както в настоящия случай, актът и изложението на мотивите се съдържат в отделни документи, те трябва да бъдат удостоверени заедно, както се изисква от тези разпоредби, като наличието на подпис върху единия документ не може да породи презумпция, оборима или необорима, че вторият също е удостоверен. На второ място, Съветът изтъква, че в настоящото дело фактическият контекст е различен от този по делото, по което е постановено решение от 15 юни 1994 г., Комисия/BASF и др. ( C‑137/92 P , EU:C:1994:247 ), доколкото в настоящото дело обжалваните актове и изложенията на мотивите към тях са приети в тяхната цялост от съответната институция. В това отношение следва да се отбележи, че съгласно съдебната практика липсата на удостоверяване сама по себе си представлява нарушение на съществено процесуално правило, без да е необходимо да се установява освен това, че актът е опорочен от друго нарушение или че липсата на удостоверяване е нанесла вреда на този, който я изтъква (решения от 6 април 2000 г., Комисия/ICI, C‑286/95 P , EU:C:2000:188 , т. и от 6 април 2000 г., Комисия/Solvay, C‑287/95 P и C‑288/95 P , EU:C:2000:189 , т. ). В настоящия случай, тъй като изложението на мотивите не е било удостоверено, е налице нарушение на съществено процесуално правило, което трябва да доведе до отмяна на обжалваните актове, без да е необходимо да се проверява дали документите, изпратени на жалбоподателя, съответстват напълно на тези, приети от Съвета. На трето място, Съветът твърди, че в рамките на Обща позиция 2001/931 съдебната практика му налага да раздели изложенията на мотивите от самите актове. Що се отнася до приетите от Съвета ограничителни мерки, настоящата ситуация, при която са подписани актовете, но не и изложенията на мотивите, произтичала именно от съдебната практика, така че по този въпрос той не може да бъде упрекнат в нищо и следователно актовете не могат да бъдат отменени. В това отношение е важно да се отбележи, че съгласно член 296, втора алинея ДФЕС всички актове трябва да са мотивирани и че, както е посочено в точка 215 по-горе, диспозитивът и мотивите на едно решение са неразделно цяло. Вярно е, че с оглед на факта, че публикуването с подробности на твърденията за извършени от съответните лица и образувания нарушения би могло да е недопустимо поради императивни съображения от общ интерес или да накърни легитимните им интереси, е допуснато, че е достатъчно в Официален вестник да се публикуват диспозитивът и общи мотиви на мерките за замразяване на средства, като се има предвид, че специфичните и конкретни мотиви към това решение трябва да бъдат формализирани и сведени до знанието на заинтересованите лица по всякакъв друг подходящ начин (вж. в този смисъл решение от 12 декември 2006 г., Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Съвет, T‑228/02 , EU:T:2006:384 , т. ). Тази търпимост обаче се отнася само до публикуването на актовете, а не до самите актове, а оттам и до задължението за подписването им, предвидено в член 15 от Процедурния правилника на Съвета. На четвърто място, Съветът изтъква, че в настоящия случай процедурата, използвана за неговото функциониране, позволява да се провери с други средства, а не само чрез подпис, дали изложенията на мотивите, изпратени на адвоката на жалбоподателя, съответстват на приетите от него. Съветът счита, че го е доказал, когато на 5 октомври 2018 г. в отговор на поставените му от Общия съд въпроси е очертал хода на процедурата, следвана от него за приемането на актовете от юли 2016 г., и е изпратил поредица от документи, отнасящи се до тези актове, от които е заключил, че изложенията на мотивите, изпратени до жалбоподателя, съответстват на приетите от него. От тези доводи следва, че според Съвета институциите могат да въведат алтернатива на подписа, когато считат, че това е полезно или необходимо. Такъв довод не може да бъде възприет. Когато договорът и вътрешният правилник на една институция изискват от нея извършването на определена формалност в конкретен контекст, тази институция не може да замени това изискване с практики, които не са предвидени в приложимите към нея правила. Тъй като са в служба на правов съюз, институциите, независимо от естеството им, не могат да се освободят от приложимите към тях правила. Във всеки случай Съветът не е доказал, че трето лице има възможност да се увери, че изложенията на мотивите, които са му изпратени, съответстват на приетите. С оглед на гореизложеното третото и осмото основание трябва да бъдат уважени, а обжалваните актове да бъдат отменени в частите им, отнасящи се до жалбоподателя, без да е необходимо да се разглеждат четвъртото, петото и седмото основание, както и частите от шестото основание, които не се отнасят до сериозните и достоверни доказателства или улики по смисъла на член 1, параграф 4 от Обща позиция 2001/931. По съдебните разноски Съгласно член 134, параграф 1 от Процедурния правилник загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане. Тъй като Съветът е загубил делото, той следва да бъде осъден да понесе, освен собствените си разноски, и разноските на жалбоподателя, в съответствие с искането на същия. Освен това по смисъла на член 138, параграф 1 от Процедурния правилник институциите, встъпили по делото, понасят направените от тях съдебни разноски. Поради това Комисията следва да понесе направените от нея съдебни разноски. Поради изложените съображения ОБЩИЯТ СЪД (първи състав) реши: 1) Отменя Решение (ОВППС) 2016/1136 на Съвета от 12 юли 2016 година за актуализиране на списъка на лицата, групите и образуванията, по отношение на които се прилагат членове 2, 3 и 4 от Обща позиция 2001/931/ОВППС за прилагането на специални мерки за борба с тероризма и за отмяна на Решение (ОВППС) 2015/2430, Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1127 на Съвета от 12 юли 2016 година за прилагане на член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2580/2001 относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания, и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2425, Решение (ОВППС) 2017/154 на Съвета от 27 януари 2017 година за актуализиране на списъка на лицата, групите и образуванията, по отношение на които се прилагат членове 2, 3 и 4 от Обща позиция 2001/931/ОВППС за прилагането на специални мерки за борба с тероризма, и за отмяна на Решение 2016/1136, Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/150 на Съвета от 27 януари 2017 година за прилагане на член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2580/2001 относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания, и за отмяна на Регламент за изпълнение 2016/1127, Решение (ОВППС) 2017/1426 на Съвета от 4 август 2017 година за актуализиране на списъка на лицата, групите и образуванията, по отношение на които се прилагат членове 2, 3 и 4 от Обща позиция 2001/931/ОВППС за прилагането на специални мерки за борба с тероризма, и за отмяна на Решение 2017/154, Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1420 на Съвета от 4 август 2017 година за прилагане на член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2580/2001 относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания, и за отмяна на Регламент за изпълнение 2017/150, Решение (ОВППС) 2018/475 на Съвета от 21 март 2018 година за актуализиране на списъка на лицата, групите и образуванията, по отношение на които се прилагат членове 2, 3 и 4 от Обща позиция 2001/931/ОВППС за прилагането на специални мерки за борба с тероризма, и за отмяна на Решение 2017/1426, Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/468 на Съвета от 21 март 2018 година за прилагане на член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2580/2001 относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания, и за отмяна на Регламент за изпълнение 2017/1420, Решение (ОВППС) 2018/1084 на Съвета от 30 юли 2018 година за актуализиране на списъка на лицата, групите и образуванията, по отношение на които се прилагат членове 2, 3 и 4 от Обща позиция 2001/931/ОВППС за прилагането на специални мерки за борба с тероризма, и за отмяна на Решение 2018/475, Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1071 на Съвета от 30 юли 2018 година за прилагане на член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2580/2001 относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания, и за отмяна на Регламент за изпълнение 2018/468, в частите им, отнасящи се до „Gama’a al-Islamiyya“ (известна също като „Al-Gama’a al-Islamiyya“) („Ислямска група“ — „IG“). 2) Съветът на Европейския съюз понася направените от него разноски, както и разноските, направени от Al-Gama’a al — Islamiyya Egypt. 3) Европейската комисия понася направените от нея съдебни разноски. Pelikánová Nihoul Svenningsen Обявено в открито съдебно заседание в Люксембург на 10 април 2019 година. Подписи ( *1 ) Език на производството: френски.

62005CJ0409

fr

Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en refusant de procéder au calcul et au paiement des ressources propres non perçues pendant la période allant du 1 er janvier 1998 au 31 décembre 2002, concernant l’importation de matériel militaire en exonération de droits de douane, ainsi qu’en refusant de verser les intérêts de retard liés au non-paiement desdites ressources propres à la Commission, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, respectivement, des articles 2 et 9 à 11 du règlement (CEE, Euratom) n o 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés ( JO L 155, p. 1 ), tel que modifié par le règlement (Euratom, CE) n o 1355/96 du Conseil, du 8 juillet 1996 ( JO L 175, p. 3 , ci-après le «règlement n o 1552/89»), jusqu’au 31 mai 2000, ainsi que, à compter de cette même date, des mêmes articles du règlement (CE, Euratom) n o 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés ( JO L 130, p. 1 ). Le cadre juridique La réglementation communautaire L’article 2, paragraphe 1, des décisions 88/376/CEE, Euratom du Conseil, du 24 juin 1988, relative au système des ressources propres des Communautés ( JO L 185, p. 24 ), et 94/728/CE, Euratom du Conseil, du 31 octobre 1994, relative au système des ressources propres des Communautés européennes ( JO L 293, p. 9 ), prévoit: «Constituent des ressources propres inscrites au budget des Communautés les recettes provenant: […] b) des droits du tarif douanier commun et des autres droits établis ou à établir par les institutions des Communautés sur les échanges avec les pays non membres et des droits de douane sur les produits relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier; […]» L’article 20 du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire ( JO L 302, p. 1 , ci-après le «code des douanes communautaire»), dispose: «1.   Les droits légalement dus en cas de naissance d’une dette douanière sont fondés sur le tarif douanier des Communautés européennes. […] 3.   Le tarif douanier des Communautés européennes comprend: a) la nomenclature combinée des marchandises; […] c) les taux et les autres éléments de perception normalement applicables aux marchandises couvertes par la nomenclature combinée en ce qui concerne: — les droits de douane […] d) les mesures tarifaires préférentielles contenues dans des accords que la Communauté a conclus avec certains pays ou groupes de pays et qui prévoient l’octroi d’un traitement tarifaire préférentiel; e) les mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par la Communauté en faveur de certains pays, groupes de pays ou territoires; f) les mesures autonomes de suspension prévoyant la réduction ou l’exonération des droits à l’importation applicables à certaines marchandises; g) les autres mesures tarifaires prévues par d’autres réglementations communautaires. […]» L’article 217, paragraphe 1, du code des douanes communautaire énonce: «Tout montant de droits à l’importation ou de droits à l’exportation qui résulte d’une dette douanière, ci-après dénommé ‘montant de droits’, doit être calculé par les autorités douanières dès qu’elles disposent des éléments nécessaires et faire l’objet d’une inscription par lesdites autorités dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu (prise en compte). […]» Dans le cadre de la mise à disposition de la Commission des ressources propres des Communautés, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement n o 1552/89, applicable au cours de la période en cause dans la présente affaire jusqu’au 30 mai 2000. Ce règlement a été remplacé à compter du 31 mai 2000 par le règlement n o 1150/2000 qui procède à la codification du règlement n o 1552/89 sans modifier le contenu de celui-ci. L’article 2 du règlement n o 1552/89 prévoit: «1.   Aux fins de l’application du présent règlement, un droit des Communautés sur les ressources propres visées à l’article 2 paragraphe 1 points a) et b) de la décision 88/376/CEE, Euratom est constaté dès que sont remplies les conditions prévues par la réglementation douanière en ce qui concerne la prise en compte du montant du droit et sa communication au redevable. 1 bis.   La date à retenir pour la constatation visée au paragraphe 1 est la date de la prise en compte prévue par la réglementation douanière. […]» L’article 9, paragraphe 1, de ce règlement dispose: «Selon les modalités définies à l’article 10, chaque État membre inscrit les ressources propres au crédit du compte ouvert à cet effet au nom de la Commission auprès de son trésor ou de l’organisme qu’il a désigné. Ce compte est tenu sans frais.» Aux termes de l’article 10, paragraphe 1, dudit règlement: «Après déduction de 10% au titre des frais de perception en application de l’article 2 paragraphe 3 de la décision 88/376/CEE, Euratom, l’inscription des ressources propres visées à l’article 2 paragraphe 1 points a) et b) de cette décision, intervient au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté conformément à l’article 2. […]» L’article 11 du règlement n o 1552/89 dispose: «Tout retard dans les inscriptions au compte visé à l’article 9 paragraphe 1 donne lieu au paiement, par l’État membre concerné, d’un intérêt dont le taux est égal au taux d’intérêt appliqué au jour de l’échéance sur le marché monétaire de l’État membre concerné pour les financements à court terme, majoré de deux points. Ce taux est augmenté de 0,25 point par mois de retard. Le taux ainsi augmenté est applicable à toute la période du retard.» Aux termes de l’article 22 du règlement n o 1150/2000: «Le règlement (CEE, Euratom) n o 1552/89 est abrogé. Les références audit règlement doivent s’entendre comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe, partie A.» Ainsi, hormis la circonstance que les règlements n os 1552/89 et 1150/2000 renvoient notamment, pour l’un, à la décision 88/376 et, pour l’autre, à la décision 94/728, les articles 2 et 9 à 11 de ces deux règlements sont, en substance, identiques. Le taux de 10% visé à l’article 10, paragraphe 1, du règlement n o 1150/2000 a été porté à 25% par la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil, du 29 septembre 2000, relative au système des ressources propres des Communautés européennes ( JO L 253, p. 42 ). Le point 1 des motifs de ladite décision énonce: «Le Conseil européen réuni à Berlin les 24 et 25 mars 1999 a conclu, entre autres, que le système des ressources propres des Communautés devrait être équitable, transparent, d’un rapport coût-efficacité satisfaisant, simple et fondé sur des critères qui traduisent au mieux la capacité contributive de chaque État membre.» Le règlement (CE) n o 150/2003 du Conseil, du 21 janvier 2003, portant suspension des droits de douane sur certains armements et équipements militaires ( JO L 25, p. 1 ), adopté sur la base de l’article 26 CE, énonce à son cinquième considérant: «Afin de tenir compte de la protection du secret militaire des États membres, il est nécessaire de prévoir des procédures administratives spécifiques pour l’octroi du bénéfice des suspensions de droits. Une déclaration de l’autorité compétente de l’État membre dont les forces armées sont destinataires des armements ou des équipements militaires, qui pourrait aussi faire office de déclaration en douane aux fins du code des douanes, constituerait la garantie appropriée que les conditions requises sont remplies. La déclaration prendrait la forme d’un certificat. Il convient de préciser la forme que doivent prendre ces certificats et aussi de prévoir la possibilité d’établir la déclaration à l’aide de procédés informatiques.» L’article 1 er de ce règlement prévoit: «Le présent règlement établit les conditions requises pour la suspension autonome des droits de douane sur certains armements et équipements militaires importés des pays tiers par les autorités chargées de la défense militaire des États membres ou en leur nom.» L’article 3, paragraphe 2, dudit règlement énonce: «Nonobstant le paragraphe 1, pour des motifs liés au secret militaire, le certificat et les marchandises importées peuvent être soumis à d’autres autorités désignées à cet effet par l’État membre importateur. Dans ce cas, l’autorité compétente qui délivre le certificat transmet chaque année aux autorités douanières de son État membre, avant le 31 janvier et le 31 juillet, un rapport sommaire sur les importations en question. Le rapport couvre une période de six mois précédant immédiatement le mois au cours duquel ledit rapport est présenté. Il indique le nombre et la date de délivrance des certificats, la date d’importation et la valeur totale ainsi que le poids brut des produits importés avec les certificats.» Conformément à son article 8, le règlement n o 150/2003 est applicable à partir du 1 er janvier 2003. La procédure précontentieuse La Commission a, par lettre de mise en demeure en date du 17 octobre 2003, engagé la procédure d’infraction à l’égard de la République hellénique et demandé à cet État membre de procéder au calcul et au paiement des ressources propres non versées pendant la période allant du 1 er janvier 1998 au 31 décembre 2002 afférentes aux importations litigieuses ainsi qu’au paiement des intérêts relatifs à celles-ci. Dans sa réponse du 18 août 2003 relative à la procédure de manquement engagée le 21 décembre 2001 pour les mêmes faits, réponse cependant transmise le 24 octobre 2003, la République hellénique a soutenu que l’article 296, paragraphe 1, sous b), CE l’autorisait à exonérer de droits de douane les importations de matériel militaire afin de protéger les intérêts essentiels de sa sécurité. Après avoir pris connaissance de cette réponse, la Commission a, le 18 octobre 2004, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Ledit État membre a répondu le 18 février 2005 en réitérant et en précisant les considérations présentées antérieurement. Compte tenu des éléments ainsi fournis par la République hellénique, la Commission a décidé d’introduire le présent recours. Par ordonnance datée du 13 septembre 2007, le président de la Cour a admis l’intervention du Royaume de Danemark, de la République italienne, de la République portugaise et de la République de Finlande au soutien des conclusions de la République hellénique. Sur le recours Sur la recevabilité La République hellénique soulève, en premier lieu, une exception d’irrecevabilité en raison d’un vice de forme dont serait affecté le recours, à savoir le choix d’une voie de droit erronée. Cet État membre explique que, étant donné qu’il a invoqué l’article 296 CE afin de ne pas verser les droits de douane correspondant aux importations litigieuses de matériel militaire, la Commission n’était pas en droit d’introduire le présent recours sur le fondement de l’article 226 CE, mais était obligée d’utiliser la procédure spéciale prévue à l’article 298, second alinéa, CE. Force est cependant de constater que, si la République hellénique évoque cette exception d’irrecevabilité dans son mémoire en défense, elle ne formule toutefois la conclusion correspondante que dans la duplique, de sorte que, conformément à l’article 42 du règlement de procédure de la Cour, cette exception doit être déclarée irrecevable dans la mesure où la requérante a été privée de la possibilité de la réfuter. Indépendamment des considérations relatives au règlement de procédure, il y a lieu de relever que, par le présent recours, l’objectif de la Commission est de faire constater un manquement aux articles 2 et 9 à 11 des règlements n os 1552/89 et 1150/2000. L’article 298 CE n’aurait vocation à s’appliquer que si la Commission avait allégué un usage abusif des pouvoirs énoncés aux articles 296 CE et 297 CE. En second lieu, au cours de l’audience, l’agent du gouvernement hellénique a soulevé une exception d’irrecevabilité en arguant que le recours en manquement ne permet pas d’obtenir de la Cour une décision imposant à l’État membre l’adoption de mesures déterminées. À cet égard, il suffit de relever qu’il ressort des termes mêmes de la requête de la Commission que cette dernière s’est limitée à conclure à la constatation du manquement allégué, sans demander de la Cour d’imposer à l’État membre concerné des mesures déterminées. Par conséquent, le recours de la Commission doit être déclaré recevable. Sur le fond Argumentation des parties La Commission fait valoir que c’est à tort que la République hellénique se fonde sur l’article 296 CE pour refuser le paiement des droits de douane, la perception de ceux-ci ne menaçant pas les intérêts essentiels de la sécurité de cet État membre. À titre liminaire, la Commission fait valoir qu’elle met en cause non pas la position géographique spécifique de la République hellénique, mais la nécessité, pour cet État membre, d’exonérer de droits de douane l’importation de matériel militaire dans le but de protéger les intérêts essentiels de sa sécurité. La Commission considère que les mesures instaurant des dérogations ou des exceptions, tel notamment l’article 296 CE, doivent être d’interprétation stricte. Ainsi, l’État membre concerné, qui revendique l’application de cet article, devrait démontrer qu’il remplit toutes les conditions prévues à ce dernier lorsqu’il entend déroger à l’article 20 du code des douanes communautaire, fondé sur l’article 26 CE, et par conséquent au tarif douanier commun applicable aux importations en question. Selon la Commission, il appartient aux autorités helléniques d’apporter la preuve concrète et circonstanciée que la perception des droits de douane à l’importation en cause dans la présente affaire menace les intérêts essentiels de la sécurité de cet État membre. À cet égard, le renforcement du matériel militaire ou la modernisation de celui-ci et la diminution sensible des ressources affectées au programme d’équipement ne constitueraient pas une telle preuve. Il en irait de même du volume des dépenses «de défense» invoqué qui ne se réfère pas à des données pertinentes prouvées. La Commission souligne que l’argumentation de la République hellénique relative à la crainte de divulgation d’informations touchant au secret militaire lors des procédures de contrôle est sans fondement dans la mesure où, d’une part, quiconque peut accéder, par l’Internet, à des informations détaillées concernant, par exemple, le type d’armes qui a été exporté vers la défenderesse et où, d’autre part, l’objet de la présente procédure d’infraction est limité au principe même du versement de droits de douane. La Commission précise également que, en tout état de cause, l’application du régime douanier communautaire implique l’intervention d’agents, communautaires et nationaux, lesquels sont tenus à une obligation de confidentialité en cas de traitement de données sensibles. La Commission estime que l’argument tiré du fait que son inaction, après l’ouverture, à l’encontre de la République hellénique, de la procédure d’infraction concernant l’importation de matériel à usage à la fois civil et militaire, indique qu’elle a renoncé implicitement à poursuivre l’infraction en cause dans la présente affaire ne saurait être accueilli. Cet État membre ne saurait en effet invoquer d’atteinte au principe de la protection de la confiance légitime en estimant que cette inaction caractériserait l’acceptation, par la Commission, de l’exonération en cause dans la présente affaire, les deux procédures, bien que présentant de fortes similitudes, étant différentes et la Commission disposant, en matière de recours en manquement, d’un pouvoir discrétionnaire étendu. La Commission ajoute que le règlement n o 150/2003 trouve sa base juridique directement dans l’article 26 CE relatif à l’établissement des droits de douane et non dans l’article 296 CE, lequel, même dans le cadre de la nouvelle réglementation, ne pourrait fonder l’exonération en cause. La non-perception des droits de douane en cause constitue, selon la Commission, une inégalité entre les États membres au regard de leurs contributions respectives au budget communautaire. Cette non-perception démontrerait, de la part de cet État membre, un non-respect de ses obligations de cofinancement solidaire audit budget. Enfin, la Commission estime que le remboursement des droits de douane aux États membres ayant appliqué correctement le tarif douanier commun ne saurait remédier à l’inégalité de traitement budgétaire dont ils ont été victimes. En effet, la Commission, en tant que gardienne des traités, ne saurait laisser persister une telle violation de la législation communautaire au détriment du budget communautaire. La République hellénique considère qu’il découle du libellé même de l’article 296, paragraphe 1, sous b), CE que le traité a entendu conférer aux États membres un important pouvoir d’appréciation concernant les mesures qu’ils prennent en vue de protéger les intérêts essentiels de leur sécurité et qui se rapportent aux produits auxquels les dispositions dudit paragraphe 1, sous b), s’appliquent. Ainsi, cet article 296, paragraphe 1, sous b), CE permettrait aux États membres de déroger à l’article 26 CE et au code des douanes communautaire en cas d’importations d’équipements exclusivement destinés à des fins militaires et lorsque l’objectif de ces importations est de protéger les intérêts essentiels de la sécurité de l’État membre concerné, compte tenu de la situation spécifique de ce dernier. Ainsi, aux fins de la non-perception des droits de douane sur les importations de matériel militaire pendant la période concernée, la République hellénique invoque l’application des exceptions prévues à l’article 296, paragraphe 1, sous a) et b), CE en ce que l’application de la législation douanière communautaire à ces importations aurait mis en péril les intérêts essentiels de sa sécurité. La République hellénique considère que la question de l’existence ou non d’une infraction douanière avant l’entrée en vigueur du règlement n o 150/2003 n’a pas été tranchée de manière définitive. En outre, la naissance d’une dette financière dépend, selon cet État membre, de la naissance de la dette douanière correspondante. La République hellénique affirme que le paiement des droits de douane lors de l’importation d’équipements militaires n’influerait pas seulement de manière significative sur le programme d’armement national mais aurait également une conséquence directe sur sa capacité de défense, mettant par là même directement en jeu la protection des intérêts essentiels de sa sécurité, au sens de l’article 296 CE. La République hellénique considère qu’elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant au choix des mesures nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité. À cet égard, le fait que le règlement n o 150/2003 tient compte des intérêts essentiels de la sécurité des États membres en prévoyant, à partir du 1 er janvier 2003, une suspension des droits de douane lors de l’importation d’équipements militaires ne remet pas en cause la possibilité d’appliquer l’article 296 CE lorsque les États membres remplissent les conditions établies par cet article. À cet égard, la République hellénique est d’ailleurs d’avis que, par l’adoption du règlement n o 150/2003, le législateur communautaire a confirmé la nécessité de respecter les intérêts de la sécurité des États membres et leur droit d’invoquer la confidentialité lorsque cela est nécessaire, et ceci au moyen de procédures administratives spécifiques dans le cadre du régime de suspension des droits de douane. La République hellénique estime qu’elle a fourni à la Commission autant de renseignements qu’il lui était possible de fournir dans la mesure où des renseignements supplémentaires porteraient atteinte aux intérêts essentiels de sa sécurité et qu’il résulte clairement des renseignements communiqués que le paiement des droits de douane aurait influencé sa capacité de défense, par exemple en réduisant le programme d’approvisionnement et de réparation de l’armée de l’air en combinaison avec le coût particulièrement élevé des interceptions. De plus, la République hellénique estime qu’il est impossible de calculer avec précision les droits de douane qui seraient dus sans communiquer également les renseignements relatifs aux importations par type de matériel, puisqu’ils constituent également la base de calcul pour la nomenclature douanière. Appréciation de la Cour Le code des douanes communautaire prévoit la perception des droits de douane sur l’importation de biens à usage militaire, tels que ceux en cause, en provenance d’États tiers. Aucune disposition de la réglementation douanière communautaire ne prévoyait, pour la période des importations litigieuses, c’est-à-dire celle allant du 1 er janvier 1998 au 31 décembre 2002, d’exonération spécifique des droits de douane sur l’importation de ce type de biens. Par conséquent, il n’existait pas non plus, pour cette période, d’exonération expresse à l’obligation de verser aux autorités compétentes les droits dus, accompagnés, le cas échéant, d’intérêts de retard. Il peut, par ailleurs, être déduit de l’adoption du règlement n o 150/2003 prévoyant la suspension des droits de douane sur certains armements et équipements militaires à partir du 1 er janvier 2003 que le législateur communautaire est parti de l’hypothèse qu’une obligation de verser lesdits droits de douane existait avant cette date. La République hellénique n’a, à aucun moment, nié l’existence des importations litigieuses pendant la période prise en considération. La République hellénique s’est bornée à contester le droit de la Communauté sur les ressources propres en cause tout en arguant que, en vertu de l’article 296 CE, l’obligation de payer les droits de douane sur le matériel d’armement importé depuis des États tiers porterait une grave atteinte aux intérêts essentiels de sa sécurité. Selon une jurisprudence constante de la Cour, bien qu’il appartienne aux États membres d’arrêter les mesures propres à assurer leur sécurité intérieure et extérieure, il n’en résulte pas pour autant que de telles mesures échappent totalement à l’application du droit communautaire (voir arrêts du 26 octobre 1999, Sirdar, C-273/97, Rec. p. I-7403 , point 15, et du 11 janvier 2000, Kreil, C-285/98, Rec. p. I-69 , point 15). En effet, ainsi que la Cour l’a déjà constaté, le traité ne prévoit des dérogations expresses applicables en cas de situations susceptibles de mettre en cause la sécurité publique que dans ses articles 30 CE, 39 CE, 46 CE, 58 CE, 64 CE, 296 CE et 297 CE, qui concernent des hypothèses exceptionnelles bien délimitées. Il ne saurait en être déduit qu’il existerait une réserve générale, inhérente au traité, excluant du champ d’application du droit communautaire toute mesure prise au titre de la sécurité publique. Reconnaître l’existence d’une telle réserve, en dehors des conditions spécifiques des dispositions du traité, risquerait de porter atteinte au caractère contraignant et à l’application uniforme du droit communautaire (voir arrêt du 11 mars 2003, Dory, C-186/01, Rec. p. I-2479 , point 31 et jurisprudence citée). En outre, les dérogations prévues aux articles 296 CE et 297 CE doivent, comme il est de jurisprudence constante pour les dérogations aux libertés fondamentales (voir, notamment, arrêts du 31 janvier 2006, Commission/Espagne, C-503/03, Rec. p. I-1097 , point 45; du 18 juillet 2007, Commission/Allemagne, C-490/04, Rec. p. I-6095 , point 86, et du 11 septembre 2008, Commission/Allemagne, C-141/07, Rec. p. I-6935 , point 50), faire l’objet d’une interprétation stricte. En ce qui concerne, plus particulièrement, l’article 296 CE, il y a lieu de relever que, bien que cet article fasse état des mesures qu’un État membre peut estimer nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité ou des renseignements dont il considère la divulgation contraire à ces intérêts, celui-ci ne saurait toutefois être interprété de manière à conférer aux États membres le pouvoir de déroger aux dispositions du traité par la seule invocation desdits intérêts. Par ailleurs, dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, la Cour a, dans l’arrêt du 16 septembre 1999, Commission/Espagne ( C-414/97, Rec. p. I-5585 ), constaté le manquement en cause au motif que le Royaume d’Espagne n’avait pas démontré que l’exonération de ladite taxe sur les importations et les acquisitions d’armement, de munitions et de matériel à usage exclusivement militaire, exonération prévue par la loi espagnole, était justifiée, au titre de l’article 296, paragraphe 1, sous b), CE, par la nécessité de protéger les intérêts essentiels de la sécurité de cet État membre. Par conséquent, c’est à l’État membre qui invoque le bénéfice de l’article 296 CE de prouver la nécessité de recourir à la dérogation prévue à cet article dans le but de protéger les intérêts essentiels de sa sécurité. À la lumière de ces considérations, il ne saurait être admis qu’un État membre excipe du renchérissement du matériel militaire en raison de l’application des droits de douane sur les importations d’un tel matériel en provenance d’États tiers pour prétendre échapper, au détriment des autres États membres qui, de leur côté, prélèvent et acquittent les droits de douane relatifs à de telles importations, aux obligations que lui impose la solidarité financière à l’égard du budget communautaire. En ce qui concerne l’argument selon lequel les procédures douanières communautaires ne seraient pas de nature à assurer la sécurité de la République hellénique, eu égard aux exigences de confidentialité contenues dans les accords conclus avec les États exportateurs, il convient de souligner, comme l’observe à juste titre la Commission, que l’application du régime douanier communautaire implique l’intervention d’agents, communautaires et nationaux, lesquels sont tenus le cas échéant à une obligation de confidentialité, en cas de traitement de données sensibles, de nature à protéger les intérêts essentiels de la sécurité des États membres. Par ailleurs, les déclarations que les États membres doivent compléter et faire parvenir à la Commission de manière périodique ne supposent pas d’atteindre un niveau de précision d’une nature telle qu’il conduise à porter préjudice aux intérêts desdits États en matière tant de sécurité que de confidentialité. Dans ces conditions, et en conformité avec l’article 10 CE relatif à l’obligation faite aux États membres de faciliter l’accomplissement de la mission de la Commission consistant à veiller au respect du traité, ceux-ci sont tenus de mettre à la disposition de cette institution les documents nécessaires à la vérification de la régularité du transfert des ressources propres de la Communauté. Toutefois, une telle obligation ne fait pas obstacle, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 168 de ses conclusions, à ce que les États membres, au cas par cas et exceptionnellement, sur la base de l’article 296 CE, puissent limiter l’information transmise à certains éléments d’un document ou la refuser complètement. Au vu des considérations qui précèdent, la République hellénique n’a pas démontré que les conditions nécessaires à l’application de l’article 296 CE sont réunies. Enfin, s’agissant des arguments de la République hellénique tendant à démontrer que, du fait de l’inaction prolongée de la Commission ainsi que de l’adoption du règlement n o 150/2003, cet État membre pouvait légitimement considérer que la Commission n’introduirait pas le présent recours dans la mesure où celle-ci aurait tacitement accepté l’existence d’une dérogation en la matière, il y a lieu de rappeler que la Commission n’a abandonné à aucun stade de la procédure sa position de principe. En effet, dans sa déclaration formulée lors des négociations relatives au règlement n o 150/2003, elle a exprimé sa ferme volonté de ne pas renoncer à la perception des droits de douane qui auraient dû être versés au titre des périodes antérieures à l’entrée en vigueur de celui-ci et s’est réservé le droit d’adopter les initiatives qui conviendraient à cet égard. Il résulte de ce qui précède que, en refusant de procéder au calcul et au paiement à la Commission des ressources propres non perçues pendant la période allant du 1 er janvier 1998 au 31 décembre 2002, concernant l’importation de matériel militaire en exonération de droits de douane ainsi qu’en refusant de payer les intérêts de retard liés au non-paiement desdites ressources propres à la Commission, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu, respectivement, des articles 2 et 9 à 11 du règlement n o 1552/89, jusqu’au 31 mai 2000, ainsi que, à compter de cette même date, des mêmes articles du règlement n o 1150/2000. Sur les dépens Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens. Conformément au paragraphe 4, premier alinéa, du même article, le Royaume de Danemark, la République italienne, la République portugaise et la République de Finlande, qui sont intervenus au litige, supportent leurs propres dépens. Par ces motifs, la Cour (grande chambre) déclare et arrête: 1) En refusant de procéder au calcul et au paiement à la Commission des Communautés européennes des ressources propres non perçues pendant la période allant du 1 er janvier 1998 au 31 décembre 2002, concernant l’importation de matériel militaire en exonération de droits de douane ainsi qu’en refusant de verser les intérêts de retard liés au non-paiement desdites ressources propres à la Commission des Communautés européennes, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu, respectivement, des articles 2 et 9 à 11 du règlement (CEE, Euratom) n o 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés, tel que modifié par le règlement (Euratom, CE) n o 1355/96 du Conseil, du 8 juillet 1996, jusqu’au 31 mai 2000, ainsi que, à compter de cette même date, des mêmes articles du règlement (CE, Euratom) n o 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés. 2) La République hellénique est condamnée aux dépens. 3) Le Royaume de Danemark, la République italienne, la République portugaise et la République de Finlande supportent leurs propres dépens. Signatures ( *1 ) Langue de procédure: le grec.

62014TJ0732

en

Background to the dispute The applicant, Sberbank of Russia OAO, is a Russian retail bank established in Moscow (Russia), providing banking services to national and international clients. On 20 February 2014, the Council of the European Union condemned in the strongest terms the use of violence in Ukraine. It called for an immediate end to the violence, and full respect for human rights and fundamental freedoms in Ukraine. The Council also envisaged the introduction of restrictive measures against those responsible for human rights violations, violence and use of excessive force. On 3 March 2014, an extraordinary meeting of the Council condemned acts of aggression by the Russian armed forces, which constituted a clear violation of Ukrainian sovereignty and territorial integrity, as well as the authorisation given by the Soviet Federatsii Federal’nogo Sobrania Rossikoï Federatsii (Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Federation) on 1 March 2014 for the use of the armed forces on the territory of Ukraine. The European Union called on the Russian Federation to immediately withdraw its armed forces to the areas of their permanent stationing, in accordance with its international obligations. On 5 March 2014, the Council adopted restrictive measures focused on the freezing and recovery of misappropriated Ukrainian State funds. On 6 March 2014, the Heads of State or Government of the European Union endorsed the Council conclusions adopted on 3 March 2014. They strongly condemned the unprovoked violation of Ukrainian sovereignty and territorial integrity by the Russian Federation and called on the Russian Federation to immediately withdraw its armed forces to the areas of their permanent stationing, in accordance with the relevant agreements. The Heads of State or Government of the European Union stated that any further steps by the Russian Federation to destabilise the situation in Ukraine would lead to additional and far-reaching consequences for relations in a broad range of economic areas between the European Union and its Member States, on the one hand, and the Russian Federation, on the other hand. They called on the Russian Federation to enable immediate access for international monitors, emphasising that the solution to the crisis in Ukraine had to be based on the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, as well as the strict adherence to international standards. On 16 March 2014, the legislature of the Autonomous Republic of Crimea and the local government of Sevastopol, both subdivisions of Ukraine, held a referendum on the status of Crimea. The referendum asked the people of Crimea whether they wished to join the Russian Federation as a federal subject, or if they wished to restore the 1992 Constitution and Crimea’s status as a part of Ukraine. The reported result from the Autonomous Republic of Crimea was a 96.77% vote for integration of the region into the Russian Federation with an 83.1% voter turnout. On 17 March 2014, the Council adopted further conclusions with regard to Ukraine. The Council strongly condemned the referendum in Crimea on joining the Russian Federation, held on 16 March 2014, which it found to be in clear breach of the Ukrainian Constitution. It urged the Russian Federation to take steps to de-escalate the crisis, immediately withdraw its forces back to their pre-crisis numbers and garrisons in line with its international commitments, begin direct discussions with the Ukrainian Government and avail itself of all relevant international mechanisms to find a peaceful and negotiated solution, in full respect of its bilateral and multilateral commitments to respect Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. In this respect, the Council expressed regret that the United Nations Security Council was not able to adopt a resolution, owing to a veto by the Russian Federation. Furthermore, the Council urged the Russian Federation not to take steps to annex Crimea in breach of international law. On the same day, the Council adopted, on the basis of Article 29 TEU, Decision 2014/145/CFSP concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine ( OJ 2014 L 78, p. 16 ), and on the basis of Article 215 TFEU, Regulation (EU) No 269/2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine ( OJ 2014 L 78, p. 16 ), whereby it imposed travel restrictions and asset freeze measures targeting persons responsible for actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine as well as persons or entities associated with them. On 17 March 2014, the Russian Federation officially recognised the results of the Crimean referendum held on 16 March 2014. Following that referendum, the Supreme Council of Crimea and Sevastopol City Council declared independence of Crimea from Ukraine and requested to join the Russian Federation. On the same day, the Russian President signed a decree recognising the Republic of Crimea as a sovereign and independent State. On 21 March 2014, the European Council recalled the statement of the Heads of State or Government of the European Union of 6 March 2014 and asked the European Commission and the Member States to prepare possible further targeted measures. On 23 June 2014, the Council decided that the import into the European Union of goods originating in Crimea or Sevastopol should be prohibited, with the exception of goods originating in Crimea or Sevastopol having been granted a certificate of origin by the Ukrainian Government. Following the crash and destruction of Malaysia Airlines flight MH17 at Donetsk (Ukraine) on 17 July 2014, the Council requested the Commission and the European External Action Service (EEAS) to finalise their preparatory work on possible targeted measures and to present, no later than 24 July 2014, proposals for taking action, including on access to capital markets, defence, dual-use goods, and sensitive technologies, including in the energy sector. On 31 July 2014, in view of the gravity of the situation in Ukraine despite the adoption in March 2014 of travel restrictions and asset freezes against certain natural and legal persons, the Council adopted, on the basis of Article 29 TEU, Decision 2014/512/CFSP concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine ( OJ 2014 L 229, p. 13 ), in order to introduce targeted restrictive measures on access to capital markets, defence, dual-use goods, and sensitive technologies, including in the energy sector. Considering that those measures fell within the scope of the FEU Treaty and that giving them effect required regulatory action at EU level, the Council adopted, on the same date and on the basis of Article 215(2) TFEU, Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine ( OJ 2014 L 229, p. 1 ), containing more detailed provisions to give effect to the requirements in Decision 2014/512, at both EU level and Member State level. The stated objective of those restrictive measures was to increase the costs of the actions of the Russian Federation designed to undermine Ukraine’s territorial integrity, sovereignty and independence, and to promote a peaceful settlement of the crisis. To that end, Decision 2014/512 established, in particular, prohibitions of the export of certain sensitive products and technologies to the oil sector in Russia and restrictions on the access of certain operators in that sector to the EU capital market. Subsequently, on 8 September 2014, the Council adopted Decision 2014/659/CFSP amending Decision 2014/512 ( OJ 2014 L 271, p. 54 ) and Regulation (EU) No 960/2014 amending Regulation No 833/2014 ( OJ 2014 L 271, p. 3 ) in order to extend the prohibition decided on 31 July 2014 in relation to certain financial instruments and to impose additional restrictions on access to the capital market. Article 1(1) of Decision 2014/512, as amended by Decision 2014/659, reads as follows: ‘1.   The direct or indirect purchase or sale of, the direct or indirect provision of investment services for or assistance in the issuance of, or any other dealing with bonds, equity, or similar financial instruments with a maturity exceeding 90 days, issued after 1 August 2014 to 12 September 2014, or with a maturity exceeding 30 days, issued after 12 September 2014 by: (a) major credit institutions or finance development institutions established in Russia with over 50% public ownership or control as of 1 August 2014, as listed in Annex I; (b) any legal person, entity or body established outside the Union owned for more than 50% by an entity listed in Annex I; or (c) any legal person, entity or body acting on behalf, or at the direction, of an entity within the category referred to in point (b) of this paragraph or listed in Annex I, shall be prohibited.’ The applicant’s name is listed at point 1 of Annex I to Decision 2014/512, as amended by Decision 2014/659. Article 5(1) of Regulation No 833/2014, as amended by Regulation No 960/2014 (‘the contested regulation’), reads as follows: ‘1.   It shall be prohibited to directly or indirectly purchase, sell, provide investment services for or assistance in the issuance of, or otherwise deal with transferable securities and money-market instruments with a maturity exceeding 90 days, issued after 1 August 2014 to 12 September 2014, or with a maturity exceeding 30 days, issued after 12 September 2014 by: (a) a major credit institution, or other major institution having an explicit mandate to promote competitiveness of the Russian economy, its diversification and encouragement of investment, established in Russia with over 50% public ownership or control as of 1 August 2014, as listed in Annex III; or (b) a legal person, entity or body established outside the Union whose proprietary rights are directly or indirectly owned for more than 50% by an entity listed in Annex III; or (c) a legal person, entity or body acting on behalf or at the direction of an entity referred to in point (b) of this paragraph or listed in Annex III.’ The applicant’s name is listed in Annex III to the contested regulation. By letter of 22 October 2014, the applicant requested access to the documents and evidence concerning it from the Council’s file. By letter of 9 December 2014, the Council answered the applicant’s request and sent the applicant evidence and documents in its possession relating to the decision to include the applicant in the list of entities covered by the restrictive measures at issue. The validity of Decision 2014/512 was extended until 31 January 2016, by Council Decision (CFSP) 2015/971 of 22 June 2015 amending Decision 2014/512 ( OJ 2015 L 157, p. 50 ), and then until 31 July 2016 by Council Decision (CFSP) 2015/2431 of 21 December 2015 amending Decision 2014/512 ( OJ 2015 L 334, p. 22 ), until 31 January 2017 by Council Decision (CFSP) 2016/1071 of 1 July 2016 amending Decision 2014/512 ( OJ 2016 L 178, p. 21 ), until 31 July 2017 by Council Decision (CFSP) 2016/2315 of 19 December 2016 amending Decision 2014/512 ( OJ 2016 L 345, p. 65 ), and lastly until 31 January 2018 by Council Decision (CFSP) 2017/1148 of 28 June 2017 amending Decision 2014/512 ( OJ 2017 L 166, p. 35 ). Procedure and forms of order sought By application lodged at the Court Registry on 23 October 2014, the applicant brought the present action. Intervention By document lodged at the Court Registry on 23 February 2015, the Commission sought leave to intervene in the present proceedings in support of the form of order sought by the Council. The applicant submitted its observations on that request on 12 March 2015. By order of 26 May 2015, the President of the Ninth Chamber of the Court granted the Commission’s request. On 2 July 2015, the Commission lodged its statement in intervention. The applicant and the Council lodged observations on that statement within the period prescribed. Staying of proceedings By decision of 12 March 2015, the President of the Ninth Chamber of the Court decided to seek observations from the parties on a possible stay of proceedings until the Court of Justice had given judgment in Case C‑72/15, Rosneft . By letter of 23 March 2015 from the General Court Registry, the parties were given a period within which to submit their observations. The Council and the applicant submitted observations on that possible stay of proceedings by documents lodged at the Court Registry on 1 and 8 April 2015 respectively. By decision of 29 October 2015, adopted on the basis of Article 69(a) of the Rules of Procedure of the General Court, the President of the Ninth Chamber of the Court decided to stay proceedings, on the ground that there was at least a partial overlap between the provisions whose scope and validity the Court of Justice had been called upon to rule on in Case C‑72/15, Rosneft , and the provisions relevant to the present case. Following the judgment of 28 March 2017, Rosneft ( C‑72/15 , EU:C:2017:236 ), the stay of proceedings came to an end, in accordance with Article 71(3) of the Rules of Procedure. In those circumstances, the main parties were invited to submit their observations on the inferences to be drawn from the judgment of 28 March 2017, Rosneft ( C‑72/15 , EU:C:2017:236 ), for the pleas in law and arguments put forward in the present action. They did so within the period prescribed. Modification of the application By statement lodged at the General Court Registry on 26 June 2015, the applicant modified its application so as also to include the annulment of Decision 2015/971, in that that decision extended the applicability of the restrictive measures provided for in Decision 2014/512, including the listing of the applicant’s name among the entities affected by those measures, until 31 January 2016. The Council submitted observations on that statement by document lodged at the Court Registry on 20 August 2015. By statement lodged at the Court Registry on 5 January 2016, the applicant modified its application so as also to include the annulment of Decision 2015/2431, in that that decision extended the applicability of the restrictive measures provided for in Decision 2014/512, including the listing of the applicant’s name among the entities affected by those measures, until 31 July 2016. By statement lodged at the Court Registry on 19 April 2017, the applicant modified its application so as also to include the annulment of Decision 2016/1071 and Decision 2016/2315, in that those decisions extended the applicability of the restrictive measures provided for in Decision 2014/512, including the listing of the applicant’s name among the entities affected by those measures, until 31 January 2017 and 31 July 2017 respectively. The Council submitted its observations on those statements by document lodged at the Court Registry on 15 May 2017. By statement lodged at the Court Registry on 27 July 2017, the applicant modified its application so as also to include the annulment of Decision 2017/1148, in that that decision extended the applicability of the restrictive measures provided for in Decision 2014/512, including the listing of the applicant’s name among the entities affected by those measures, until 31 January 2018. The Council submitted its observations on that statement by document lodged at the Court Registry on 17 August 2017. Change in the composition of the Chambers of the Court Following a change to the composition of the Chambers, the Judge-Rapporteur was assigned to the Sixth Chamber, to which the present case was consequently allocated, in accordance with Article 27(5) of the Rules of Procedure. Forms of order sought The applicant claims, in essence, that the Court should: – annul (i) Decision 2014/512, as extended or amended by Decision 2014/659, Decision 2015/971, Decision 2015/2431, Decision 2016/1071, Decision 2016/2315 and Decision 2017/1148 (‘the contested decision’) and (ii) the contested regulation (taken together, ‘the contested acts’), insofar as those acts concern the applicant; – order the Council to pay the costs. The Council contends that the Court should: – dismiss the action as partly outside the Court’s jurisdiction and as inadmissible in its entirety or, in any event, as unfounded; – order the applicant to pay the costs. In its written response to the question of the General Court following the judgment of 28 March 2017, Rosneft ( C‑72/15 , EU:C:2017:236 ), the Council stated that it no longer disputed the jurisdiction of the General Court to review the legality of the contested decision, since it involves restrictive measures within the meaning of the second paragraph of Article 275 TFEU, which was confirmed at the hearing. The Commission contends that the Court should dismiss the action in its entirety. Law In support of its application for annulment, the applicant relies on four pleas in law, the first alleging that the Council committed a manifest error of assessment and acted ultra vires in listing it in the annexes to the contested acts, the second alleging an infringement of the obligation to state reasons laid down in the second paragraph of Article 296 TFEU, the third alleging an infringement of the applicant’s rights of defence and right to effective judicial review, and the fourth alleging an infringement of the applicant’s fundamental rights including its right to protection of its property, business and reputation, as guaranteed by Articles 16 and 17 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union (‘the Charter’). The applicant also advances a plea of illegality, based on Article 277 TFEU, as regards Article 1 of the contested decision and Article 5 of the contested regulation. As a preliminary point, the admissibility of the action must be examined. Admissibility The Council contends that the applicant lacks standing to apply for the annulment of the contested acts. The Council maintains that the claim for annulment of the measures by which the applicant’s name was listed in the contested acts does not meet the conditions for admissibility set out in the fourth paragraph of Article 263 TFEU. The applicant therefore lacks standing under any of the three hypotheses set out in the fourth paragraph of Article 263 TFEU. As a preliminary point, the Council notes that the applicant has not denied the fact that it is not a privileged applicant, or that it is not an addressee of the measures laid down by the contested regulation. The first hypothesis in the fourth paragraph of Article 263 TFEU is not, therefore, applicable. Next, as regards the second and third hypotheses set out in the fourth paragraph of Article 263 TFEU, the Council maintains, first, that the applicant is not ‘directly concerned’ within the meaning of that provision. In that regard, the Council maintains that the inclusion of the applicant’s name in the list annexed to the contested regulation does not mean that the applicant is directly concerned by the contested measures provided for in that regulation, because of the nature of the activity prohibited by the wording. Article 5(1) of the contested regulation does not prohibit the issuing itself of financial instruments by the entities in question, but rather prohibits the purchase or sale of investment services or assistance in the issuing of the financial instruments in question by the natural or legal persons coming under EU jurisdiction. The applicant is an entity that may issue financial instruments, but has not demonstrated that it was active in any of the prohibited services relating to the issuing of the financial instruments in question. It is not, therefore, directly concerned by the contested acts. The fact that the applicant’s name is listed is not sufficient for the action to be admissible, because the contested acts do not ‘directly’ affect its legal situation. Secondly, in so far as the categorisation of the measures at issue is concerned, the Council argues that the provisions of the contested decision require further implementing measures which have, moreover, been introduced by the contested regulation. The contested regulation is, on the other hand, a regulatory act that does not require further implementing measures. Thirdly, the Council maintains that the applicant is not ‘individually concerned’ by the contested acts. The applicant has not demonstrated, nor can it demonstrate, that it is in a particular situation differentiating it from other bodies whose access to the EU capital and loan markets has been restricted by the contested acts. The Council observes in that respect that the contested acts may affect the business activities of a wide range of operators without this leading to a right to have the restrictive measures which those acts provide for set aside. In addition, the economic impact of the measures at issue is not confined to financial institutions but affects a wide range of professionals or businesses, not only entities established in the targeted third country. The applicant disputes those arguments. It should be borne in mind, in that regard, that under the fourth paragraph of Article 263 TFEU, any natural or legal person may, under the conditions laid down in the first and second paragraphs of that article, institute proceedings against an act addressed to that person or which is of direct and individual concern to them, and against a regulatory act which is of direct concern to them and does not entail implementing measures. The second limb of the fourth paragraph of Article 263 TFEU specifies that if the natural or legal person who brings the action for annulment is not a person to whom the contested act is addressed, the admissibility of the action is subject to the condition that the act is of direct and individual concern to that person. By means of the Treaty of Lisbon, there was also added to the fourth paragraph of Article 263 TFEU a third limb which relaxed the conditions of admissibility of actions for annulment brought by natural and legal persons. Since the effect of that limb is that the admissibility of actions for annulment brought by natural and legal persons is not subject to the condition of individual concern, it renders possible such legal actions against ‘regulatory acts’ which do not entail implementing measures and are of direct concern to the applicant (see, to that effect, judgment of 3 October 2013, Inuit Tapiriit Kanatami and Others v Parliament and Council, C‑583/11 P , EU:C:2013:625 , paragraphs and ). First, as regards the condition relating to direct concern to the applicant, it should be borne in mind that, in accordance with settled case-law, the condition that there must be direct concern to a natural or legal person, as laid down in the fourth paragraph of Article 263 TFEU, requires the contested EU measure to affect directly the legal situation of the individual and leave no discretion to its addressees, who are entrusted with the task of implementing it, such implementation being purely automatic and resulting from EU rules without the application of other intermediate rules (see, to that effect, judgment of 13 March 2008, Commission v Infront WM, C‑125/06 P , EU:C:2008:159 , paragraph and the case-law cited). In the present case, Article 1(1)(a) of the contested decision and Annex I to that decision and Article 5(1)(a) of the contested regulation and Annex III to that regulation (together ‘the relevant provisions of the contested acts’) prohibit all EU operators from carrying out certain types of financial transaction with credit institutions established in Russia which satisfy the conditions laid down in those articles and the names of which are listed in those annexes. It must, therefore, be found that the applicant is directly concerned by the relevant provisions of the contested acts. The restrictive measures at issue apply directly to it, as an immediate consequence of the fact that it is an entity covered by those provisions, read in the light of the corresponding annexes, without leaving any discretion to their addressees, who are entrusted with the task of implementing them. It is immaterial, in that regard, that those provisions do not prohibit the applicant from carrying out the transactions concerned outside the European Union. Indeed, it is not in dispute that the relevant provisions of the contested acts impose restrictions on the applicant’s access to the EU capital market. Similarly, the Court must reject the Council’s argument that the applicant’s legal situation is not directly affected given that the measures imposed by the contested acts apply solely to bodies established in the European Union. Although the contested acts lay down prohibitions which apply in the first place to credit institutions and other financial bodies established in the European Union, the aim and the effect of those prohibitions is directly to affect the entities, such as the applicant, whose economic activity is limited as a result of the application of those measures in respect of them. Self-evidently it is for the bodies established in the European Union to apply those measures, given that the acts adopted by the EU institutions are not, as a rule, intended to apply outside the territory of the European Union. That does not, however, mean that the entities affected by the contested acts are not directly concerned by the restrictive measures applied with regard to them. Indeed, the fact of prohibiting EU operators from carrying out certain types of transaction with entities established outside the European Union amounts to prohibiting those entities from carrying out the transactions in question with EU operators. In addition, accepting the Council’s argument in that regard would be tantamount to considering that, even in cases of individual fund freezes, the persons listed subject to the restrictive measures are not directly concerned by such measures, given that it is primarily for the EU Member States and the natural or legal persons under their jurisdiction to apply them. In addition, the Council relies to no avail, in that regard, on the case giving rise to the order of 6 September 2011, Inuit Tapiriit Kanatami and Others v Parliament and Council ( T‑18/10 , EU:T:2011:419 ). In that case, the Court held that Regulation (EC) No 1007/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on trade in seal products ( OJ 2009 L 286, p. 36 ) affected only the legal situation of the applicants who were active in placing seal products on the EU market and affected by the general prohibition of the placing of those products on the market, unlike the applicants whose business activity was not placing those products on the market or those who were covered by the exception provided for by Regulation No 1007/2009 since, in principle, the placing on the EU market of seal products which resulted from hunts traditionally conducted by Inuit and other indigenous communities and contributed to their subsistence continued to be permitted (see, to that effect, order of 6 September 2011, Inuit Tapiriit Kanatami and Others v Parliament and Council, T‑18/10 , EU:T:2011:419 , paragraph ). In the present case, by contrast, it is clear that the applicant is active on the market in financial services caught by the relevant provisions of the contested acts, and not merely on any market upstream or downstream of those services, as the Council contends. It is because of the contested acts that it was impossible for the applicant to carry out certain prohibited financial transactions with bodies established in the European Union, although it would have been entitled to carry out such transactions in the absence of those acts. It must, therefore, be concluded that the applicant is directly concerned by the relevant provisions of the contested acts in so far as those provisions concern it. Secondly, it must be found, without needing to examine whether the relevant provisions of the contested acts entail implementing measures, that the condition relating to individual concern, provided for by the second hypothesis in the fourth paragraph of Article 263 TFEU, is also satisfied in the present case. It should be borne in mind in that regard that any inclusion in a list of persons or entities subject to restrictive measures allows that person or entity access to the Courts of the European Union, in that it is similar in that respect to an individual decision, in accordance with the fourth paragraph of Article 263 TFEU, to which the second paragraph of Article 275 TFEU refers (see, to that effect, judgments of 28 November 2013, Council v Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P , EU:C:2013:776 , paragraph ; of 1 March 2016, National Iranian Oil Company v Council, C‑440/14 P , EU:C:2016:128 , paragraph ; and of 28 March 2017, Rosneft, C‑72/15 , EU:C:2017:236 , paragraph and the case-law cited). In the present case, since its name is mentioned in the lists in Annex I to the contested decision and in Annex III to the contested regulation among the entities subject to the restrictive measures provided for by the relevant provisions of the contested acts, the applicant must be considered to be individually concerned by those measures. Any other solution would infringe the provisions of Article 263 TFEU and the second paragraph of Article 275 TFEU and would, therefore, be contrary to the system of judicial protection established by the FEU Treaty, and to the right to an effective remedy laid down in Article 47 of the Charter (see, to that effect, judgment of 16 July 2014, National Iranian Oil Company v Council, T‑578/12 , not published, EU:T:2014:678 , paragraph ). Consequently, it must be concluded that the applicant is entitled to seek the annulment of the restrictive measures established by the relevant provisions of the contested acts in so far as they concern it. Substance The first plea in law, alleging, in essence, an error of assessment by the Council in including the applicant’s name in the annexes to the contested acts In the context of its first plea in law, the applicant submits that the Council made two material errors of fact and a manifest error of assessment and acted ultra vires in finding that the applicant met the criteria set out in Article 5(1) of the contested regulation, allowing its name to be listed in the annexes to the contested acts. First, the applicant submits that it is neither owned nor controlled by the Russian Government and that it operates for purely commercial objectives. It submits that the fact that its largest shareholder, the Central Bank of the Russian Federation, holds more than 50% of its voting shares, does not affect that situation. The Central Bank of the Russian Federation acts independently of State power, its independent status being codified in Article 75 of the Russian Constitution. In addition, the applicant maintains that being in ‘public ownership or control’ must be interpreted as referring to ownership or control by the Russian Government. Any wider construction would infringe the principle of strict interpretation of restrictive measures due to their consequences and the interference with the fundamental rights which they entail for the entities concerned. Secondly, the applicant submits that it is clear from its articles of association that it has no explicit mandate to promote the competitiveness of the Russian economy, its diversification and encouragement of investments. Given the cumulative nature of the requirements set out in Article 5(1) of the contested regulation and the fact that the Council has failed to establish that the applicant had the mandate referred to, the Council has manifestly erred in considering that the applicant met the criteria set out. The applicant emphasises the cumulative nature of the two requirements set out in Article 5(1) of the contested regulation. It maintains that should there be any doubt about the interpretation of Article 5(1) of the contested regulation, the Court would have to interpret the provisions relating to the applicant restrictively, ensuring that any ambiguity was resolved in its favour. In addition, at the hearing, the applicant lodged a table which compiled the different language versions of Article 5(1) of the contested regulation, which shows that in several of those language versions the requirement to have an explicit mandate is an additional one which applies to any major credit institution with over 50% ownership or control by the Russian State as of 1 August 2014. The Council, supported by the Commission, disputes those arguments. First of all, it must be found that the applicant must be regarded as pleading an error of law and an error of assessment, not a manifest error of assessment. The effectiveness of the judicial review guaranteed by Article 47 of the Charter requires, inter alia, that the Courts of the European Union ensure that the decision by which restrictive measures were adopted or maintained, which affects the person or entity concerned individually, is taken on a sufficiently solid factual basis. That entails a verification of the factual allegations in the summary of reasons underpinning that decision, with the consequence that judicial review cannot be restricted to an assessment of the cogency in the abstract of the reasons relied on, but must concern whether those reasons, or, at the very least, one of those reasons, deemed sufficient in itself to support that decision, is substantiated (judgment of 18 July 2013, Commission and Others v Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P and C-595/10 P , EU:C:2013:518 , paragraph ). First, Article 5(1)(a) of the contested regulation is directed at certain types of institution with over 50% ownership or control by the Russian ‘State’ not the Russian ‘Government’, as the applicant suggests. The restrictive interpretation proposed by the applicant would be tantamount to restricting the scope of the contested regulation and rewriting the basic criteria provided for by the contested decision and cannot, therefore, be accepted. As is it, the applicant does not deny that it is over 50% owned by the Central Bank of the Russian Federation. In addition, it is apparent from Federal Law No 86-FZ of 10 July 2002 on the Central Bank of the Russian Federation that that bank is a federal body under the State’s authority (Article 1(2)) the chairperson and management board of which are appointed by the Gosudarstvennaya Duma Federal’nogo Sobrania Rossiskoï Federatsii (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) at the proposal of or with the agreement of the Russian Federation President (Article 5), that it participates in elaborating the economic policy of the Russian Federation Government (Article 21), that it represents the interests of the Russian Federation, inter alia, in international monetary and financial organisations (Article 51) and that it transfers to the State federal budget 50% of its full-year profits (75% from 1 January 2016). Secondly, it must be examined whether the ‘explicit mandate’ condition set out in Article 5(1)(a) of the contested regulation is an alternative condition to the concept of ‘major credit institution’, as the Council and the Commission contend, or a cumulative condition to that concept, as the applicant submits. It should be borne in mind, in that regard, that the wording of Article 5(1)(a) of the contested regulation, which is slightly more precise and detailed than that of Article 1(1)(a) of the contested decision, provides that ‘it shall be prohibited to directly or indirectly purchase, sell, provide investment services for or assistance in the issuance of, or otherwise deal with transferable securities and money-market instruments with a maturity exceeding 90 days, issued after 1 August 2014 to 12 September 2014, or with a maturity exceeding 30 days, issued after 12 September 2014 by … a major credit institution, or other major institution having an explicit mandate to promote competitiveness of the Russian economy, its diversification and encouragement of investment, established in Russia with over 50% public ownership or control as of 1 August 2014, as listed in Annex III’. It is true that a literal reading of several of the language versions of Article 5(1)(a) of the contested regulation might suggest that the alternative is between, on the one hand, ‘a major credit institution’ and, on the other, ‘other major institution’ and that both types of institution must, in all cases, have an explicit mandate to promote competitiveness of the Russian economy, its diversification and encouragement of investment, as the applicant submits. In addition, reading the different language versions of Article 5(1)(a) of the contested regulation cannot, as such, support the Council’s argument that there is in fact an alternative between, on the one hand, ‘a major credit institution’ and, on the other, ‘other major institution having an explicit mandate to promote competitiveness of the Russian economy, its diversification and encouragement of investment’. Moreover, as the Council acknowledged at the hearing, certain language versions are ambiguous and could be interpreted in the sense put forward by the applicant, that is to say as requiring, even for a major credit institution, the existence of an ‘explicit mandate’. However, it must be noted in that regard that it is settled case-law that provisions of EU law must be interpreted and applied uniformly in the light of the versions existing in all the languages of the European Union. Where there is divergence between the various language versions of an EU text, the provision in question must be interpreted by reference to the purpose and general scheme of the rules of which it forms part (see judgment of 8 December 2005, Jyske Finans, C‑280/04 , EU:C:2005:753 , paragraph and the case-law cited; see also, to that effect, judgment of 21 November 1974, Moulijn v Commission, 6/74 , EU:C:1974:129 , paragraphs and ). In the present case, given that the objective of Article 5(1) of the contested regulation is, in accordance with Article 215 TFEU, the adoption of measures necessary to give effect to Article 1(1) of the contested decision, the terms of that regulation must be interpreted, so far as possible, in the light of that decision (see, to that effect, judgment of 28 March 2017, Rosneft, C‑72/15 , EU:C:2017:236 , paragraph ). Article 1(1)(a) of the contested decision refers to ‘major credit institutions or finance development institutions established in Russia with over 50% public ownership or control as of 1 August 2014, as listed in Annex I’ (paragraph 17 above). There is indeed an alternative, therefore, between ‘major credit institutions’ and ‘finance development institutions’, the latter being defined more precisely in Article 5(1)(a) of the contested regulation as being ‘other major institution having an explicit mandate to promote competitiveness of the Russian economy, its diversification and encouragement of investment’. Consequently, the applicant incorrectly argues that ‘a major credit institution’ also had to have an ‘explicit mandate to promote competitiveness of the Russian economy, its diversification and encouragement of investment’, in addition to satisfying the other conditions laid down in Article 5(1)(a) of the contested regulation, in order to be able to listed in Annex III to that regulation. The Council did not, therefore, err in law or commit an error of assessment when it considered that the applicant was a ‘major credit institution … established in Russia with over 50% public ownership or control as of 1 August 2014’, thus satisfying the conditions provided for in Article 5(1)(a) of the contested regulation in order to be able to be listed in Annex III to that regulation. The applicant’s first plea in law must, therefore, be rejected as unfounded. The second plea in law, alleging, in essence, an infringement of the obligation to state reasons laid down in the second paragraph of Article 296 TFEU In the context of the second plea in law, the applicant submits that the Council failed to provide appropriate or sufficient reasons for listing it in the annexes to the contested acts, in breach of the second paragraph of Article 296 TFEU. The applicant claims, first, to have received no letter or notification from the Council informing it of its listing in the annexes to the contested acts, still less informing it of the grounds on which the Council intended to include it in those lists, with evidence in support. In that regard, the applicant maintains that it is irrelevant that the relevant provisions of the contested acts are not asset-freezing measures, for they amount to restrictive measures adversely affecting targeted individual natural or legal persons. The Council was, therefore, obliged to provide the applicant with reasons for listing it in the annexes to the contested acts, and publication of the measures at issue in the Official Journal of the European Union does not suffice. Secondly, the applicant states that it is impossible to discern from the contested acts on what basis the Council considered that the applicant fell within the listing criteria, and on what facts it relied to that end, the applicant’s name being listed in the annexes to the contested acts without explanation. Furthermore, the argument that the provisions themselves provide the requisite statement of reasons for listing the applicant in the annexes to the contested acts is a circular one. The Council, supported by the Commission, disputes those arguments. Under the second paragraph of Article 296 TFEU, ‘legal acts shall state the reasons on which they are based …’. In addition, under Article 41(2)(c) of the Charter, which Article 6(1) TEU recognises as having the same legal value as the Treaties, the right to good administration includes, inter alia, ‘the obligation of the administration to give reasons for its decisions’. It has consistently been held that the statement of reasons required by Article 296 TFEU and Article 41(2)(c) of the Charter must be appropriate to the nature of the contested act and to the context in which it was adopted. It must disclose in a clear and unequivocal fashion the reasoning followed by the institution which adopted the measure in such a way as to enable the person concerned to ascertain the reasons for the measure and to enable the court having jurisdiction to exercise its power of review. The requirements to be satisfied by the statement of reasons depend on the circumstances of each case (see judgment of 14 April 2016, Ben Ali v Council, T‑200/14 , not published, EU:T:2016:216 , paragraph and the case-law cited). It is not necessary for the reasoning to go into all the relevant facts and points of law, since the question whether the statement of reasons meets the requirements of Article 296 TFEU and Article 41(2)(c) of the Charter must be assessed with regard not only to its wording but also to its context and to all the legal rules governing the matter in question. Thus, first, the reasons given for a measure adversely affecting a person are sufficient if that measure was adopted in a context which was known to the person concerned and which enables him to understand the scope of the measure concerning him. Secondly, the degree of precision of the statement of the reasons for a measure must be weighed against practical realities and the time and technical facilities available for taking the measure (see judgment of 14 April 2016, Ben Ali v Council, T‑200/14 , not published, EU:T:2016:216 , paragraph and the case-law cited). First, as regards the applicant’s argument that the contested acts ought to have been communicated individually, it must be pointed out that such a complaint relates more to the plea in law alleging an infringement of the rights of the defence and will, therefore, be examined in the context of the third plea in law. Secondly, as regards the scope of the Council’s obligation to state reasons in the present case, it must be borne in mind that the applicant seeks the annulment of the contested acts only in so far as they concern it and provide for its name to be included in the lists annexed to those acts. In that regard, it must be pointed out that the persons and entities subject to the restrictive measures stemming from the relevant provisions of the contested acts are defined by reference to specific entities, given that those provisions prohibit, inter alia, the carrying out of various financial transactions with regard to entities listed in Annex I to the contested decision and Annex III to the contested regulation, one of those entities being the applicant. As regards the applicant, this is, therefore, a question of individual restrictive measures (see, to that effect and by analogy, judgment of 28 March 2017, Rosneft, C‑72/15 , EU:C:2017:236 , paragraphs and ). It has been made clear in the case-law that the statement of reasons for an act of the Council which imposed a restrictive measure had not only to identify the legal basis for that measure but also the actual and specific reasons why the Council considered, in the exercise of its discretion, that such a measure had to be adopted in respect of the person concerned (see judgment of 3 July 2014, National Iranian Tanker Company v Council, T‑565/12 , EU:T:2014:608 , paragraph and the case-law cited). Consequently, the Court must reject the Council’s argument that the jurisprudential standards relating to the obligation to state reasons for acts imposing individual restrictive measures are not applicable to the present case. It is nonetheless appropriate, in accordance with the case-law laid down in paragraph 93 above, to take into account the context in which the restrictive measures were adopted and all the legal rules governing the matter in question. In the present case, first, it must be borne in mind that all those measures form part of the context, known to the applicant, of the international tension which preceded the adoption of the contested acts, referred to in paragraphs 2 to 12 above. Further, it is apparent from recitals 1 to 8 of the contested decision and recital 2 of the contested regulation that the stated objective of the contested acts is to increase the costs of the actions of the Russian Federation designed to undermine Ukraine’s territorial integrity, sovereignty and independence, and to promote a peaceful settlement of the crisis. The contested acts accordingly describe the overall situation that led to their adoption and the general objectives they are intended to achieve (judgment of 28 March 2017, Rosneft, C‑72/15 , EU:C:2017:236 , paragraph ). Secondly, it must be borne in mind that the relevant provisions of the contested acts prohibit EU operators from directly or indirectly purchasing, selling or providing investment services for or assistance in the issuance of, or otherwise dealing with bonds, equity, or similar financial instruments with a maturity exceeding 90 days, issued after 1 August 2014 to 12 September 2014, or with a maturity exceeding 30 days, issued after 12 September 2014 by legal persons satisfying the conditions laid down in those provisions; those conditions include over 50% ownership or control by the Russian State and being listed in Annex I to the contested decision and Annex III to the contested regulation (see paragraphs 17 and 19 above). Those annexes themselves do not include any specific reasoning as to each of the entities listed. It must, however, be found that the ‘actual and specific reasons’ why the Council considered, in the exercise of its discretion, that the measures at issue had to be adopted in respect of the applicant, within the meaning of the case-law mentioned in paragraph 97 above, correspond in the present case to the criteria which are laid down in the relevant provisions of the contested acts. The applicant was affected solely because it satisfied the actual and specific conditions provided for in the relevant provisions of the contested acts. In that regard, it must be pointed out that the fact that the same considerations were resorted to in order to adopt restrictive measures aimed at several persons does not mean that those considerations cannot give rise to a sufficiently specific statement of reasons for each of the persons concerned (see, to that effect and by analogy, judgment of 27 February 2014, Ezz and Others v Council, T‑256/11 , EU:T:2014:93 , paragraph ). In addition, it is apparent from the information in the file that, in response to the applicant’s letter of 22 October 2014, the Council stated, by letter of 9 December 2014, that it was indeed in its capacity as a major credit institution established in Russia, with over 50% ownership by the Central Bank of the Russian Federation, that the applicant’s name had been listed in the annexes to the contested acts. Such an additional statement of reasons cannot be considered out of time, since it seeks merely to supplement the statement of reasons already provided relying on information which was known to the applicant when the contested acts were adopted (see, to that effect, judgment of 22 April 2015, Tomana and Others v Council and Commission, T‑190/12 , EU:T:2015:222 , paragraph ). In those circumstances, while it is accepted that more detailed reasons would have been preferable, the statement of reasons made it possible for the applicant to ascertain, with sufficient clarity, the justification given for the restrictive measures to which it was subject and to challenge it. Similarly, that statement of reasons enables the Court to review the legality of the contested acts (see, to that effect, judgment of 8 September 2015, Ministry of Energy of Iran v Council, T‑564/12 , EU:T:2015:599 , paragraphs and ). In the light of those considerations, the second plea in law must be rejected as unfounded. The third plea in law, alleging, in essence, an infringement of the rights of the defence and of the right to effective judicial protection In the context of its third plea in law, the applicant alleges an infringement of its rights of defence and of the right to effective judicial protection, because it received no letter notifying it of its listing in the contested acts, on the one hand, and because the Council provided no evidence to support its reasons for listing the applicant, on the other. The Council has supplied documents relating to its decision to list the applicant which provide no factual basis for that decision. The Council disputes those arguments and contends that, because the contested acts are not ‘targeted’ restrictive measures and do not directly and individually concern the applicant, it was not obliged to notify the applicant individually. Furthermore, the applicant has not demonstrated how the lack of individual notification has hampered its rights of defence in the present case. The Council argues, in addition, that it is not obliged automatically and spontaneously to give a listed entity access to the documents on the Council’s file. Nonetheless, it responded to the applicant’s request on 9 December 2014 and provided the applicant with the evidence and documents on the Council’s file relating to the contested decision. It must be borne in mind that respect for the rights of the defence and the right to effective judicial protection are fundamental rights, forming an integral part of the EU legal order, in the light of which the Courts of the European Union must ensure the review — which in principle should be a full review — of the lawfulness of all EU acts (see, to that effect, judgment of 24 May 2016, Good Luck Shipping v Council, T‑423/13 and T‑64/14 , EU:T:2016:308 , paragraphs and and the case-law cited). Respect for the rights of the defence, which is expressly affirmed in Article 41(2)(a) of the Charter, includes during a procedure preceding the adoption of restrictive measures the right to be heard and the right to have access to the file, subject to legitimate interests in maintaining confidentiality (see, to that effect, judgments of 28 November 2013, Council v Fulmen and Mahmoudian, C‑280/12 P , EU:C:2013:775 , paragraph , and of 15 June 2017, Kiselev v Council, T‑262/15 , EU:T:2017:392 , paragraph and the case-law cited). The right to effective judicial protection, which is affirmed in Article 47 of the Charter, requires that the person concerned must be able to ascertain the reasons upon which the decision taken in relation to him is based, either by reading the decision itself or by requesting and obtaining disclosure of those reasons, without prejudice to the power of the court having jurisdiction to require the authority concerned to disclose that information, so as to make it possible for him to defend his rights in the best possible conditions and to decide, with full knowledge of the relevant facts, whether there is any point in his applying to the court having jurisdiction, and in order to put the latter fully in a position to review the lawfulness of the decision in question (see judgment of 24 May 2016, Good Luck Shipping v Council, T‑423/13 and T‑64/14 , EU:T:2016:308 , paragraph and the case-law cited). When that disclosure takes place, the competent EU authority must ensure that that individual is placed in a position in which he may effectively make known his views on the grounds advanced against him (judgment of 18 July 2013, Commission and Others v Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P and C‑595/10 P , EU:C:2013:518 , paragraph ). The applicant’s arguments must be examined in the light of those principles. First of all, the Council’s argument that the case-law on individual restrictive measures is not applicable in the present case, since the measures are of general application and are not targeted restrictive measures, must be rejected. The jurisdiction of the General Court as regards the contested decision arises precisely from the fact that the present action concerns the review of the legality of restrictive measures against natural or legal persons, within the meaning of the second paragraph of Article 275 TFEU, as the Court of Justice held in the case giving rise to the judgment of 28 March 2017, Rosneft ( C‑72/15 , EU:C:2017:236 ). In the first place, as regards the applicant’s argument that the Council ought to have notified it individually of the contested acts, since those acts provide for restrictive measures against it, it must be noted that while the absence of individual communication of the contested acts has an impact on the point at which time starts to run for the purposes of the bringing of an action, it does not in itself justify the annulment of the acts at issue. The applicant does not put forward any arguments that would demonstrate that, in the present case, the failure to communicate those acts individually resulted in a breach of its rights that would justify the annulment of those acts in so far as they concern it (see, to that effect, judgment of 5 November 2014, Mayaleh v Council, T‑307/12 and T‑408/13 , EU:T:2014:926 , paragraph and the case-law cited). In the second place, as regards the alleged failure by the Council to communicate the evidence supporting the applicant’s listing in the contested acts, the Court must examine separately (i) the initial acts by which the applicant was included in the lists of the entities subject to the restrictive measures for the first time (‘the initial acts’) and (ii) the subsequent acts which confirm that listing and maintain its name in those lists. First, as regards the initial acts, it should be borne in mind that it has been acknowledged in the case-law that, in the case of an initial decision to freeze funds, the Council was not obliged to inform the person or entity concerned beforehand of the grounds on which that institution intended to rely in order to include that person or entity’s name in the relevant list. So that its effectiveness may not be jeopardised, such a measure must be able to take advantage of a surprise effect and to apply immediately. In such a case, it is, as a rule, enough if the institution notifies the person or entity concerned of the grounds and affords it the right to be heard at the same time as, or immediately after, the decision is adopted (judgment of 21 December 2011, France v People’s Mojahedin Organization of Iran, C‑27/09 P , EU:C:2011:853 , paragraph ). When questioned on that matter at the hearing, the Council argued that the case-law cited in paragraph 118 above did not apply in the present case, given that the restrictive measures at issue concerned restrictions on the access to the EU capital market, of general application, not individual fund freezing measures in the strict sense. In the alternative, the Council considers that, even if that case-law did apply to the present case, it was under no obligation to hear the applicant prior to the adoption of the initial acts or to communicate to it the evidence concerning it at that stage. Such an interpretation cannot be upheld. Indeed, it must be borne in mind that the fundamental right of respect for the rights of the defence during a procedure preceding the adoption of a restrictive measure stems directly from Article 41(2)(a) of the Charter (see paragraph 111 above). Consequently, since the restrictions imposed on the applicant under the relevant provisions of the contested acts constitute restrictive measures that are of individual application to it (see paragraph 96 above) and in the absence of the proven need to give a surprise effect to those measures in order to ensure their effectiveness, the Council ought to have communicated the grounds concerning the application of those measures with regard to the applicant prior to the adoption of the contested acts. It must, however, be borne in mind that, in the present case, the grounds on which the Council imposed restrictive measures on the applicant, which are set out in the relevant provisions of the contested acts themselves, are the fact that the applicant is a credit institution established in Russia, with over 50% public ownership or control as of 1 August 2014. The applicant has not explained to what extent the absence of prior communication by the Council of certain evidence in the file concerning those grounds may have affected its rights of defence so as to result in the annulment of the initial acts. It should be borne in mind that before an infringement of the rights of the defence can result in the annulment of an act, it must be demonstrated that, had it not been for that irregularity, the outcome of the procedure might have been different (see, to that effect, judgments of 18 September 2014, Georgias and Others v Council and Commission, T‑168/12 , EU:T:2014:781 , paragraph , and of 15 June 2017, Kiselev v Council, T‑262/15 , EU:T:2017:392 , paragraph ). In the present case, the applicant has not explained which arguments or information it could have relied on if it had received the documents at issue earlier, nor has it demonstrated that those arguments or that information could have led to a different outcome in its case. The applicant cannot validly claim that it was unaware, at the time the initial acts were adopted, that it was a credit institution established in Russia, with over 50% public ownership or control. In addition, although the applicant denied, in the context of its first plea in law, that it met the criteria laid down in the relevant provisions of the contested acts, it has not explained how the failure to communicate those criteria beforehand could have affected its rights of defence in the present case. The present complaint cannot, therefore, result in the annulment of the initial acts. Secondly, as regards the successive acts by which the restrictive measures were maintained with regard to the applicant, it has been made clear in the case-law that, in the context of the adoption of a decision to maintain the name of a person or an entity in a list of persons or entities subject to restrictive measures, the Council had to respect the right of that person or entity to have communicated to itself the incriminating evidence against it and the right to be heard before the adoption of that decision where that institution was including new evidence against that person or entity, namely evidence which was not included in the initial listing decision (see, to that effect, judgments of 21 December 2011, France v People’s Mojahedin Organization of Iran, C‑27/09 P , EU:C:2011:853 , paragraph , and of 18 June 2015, Ipatau v Council, C‑535/14 P , EU:C:2015:407 , paragraph and the case-law cited). In the present case, the criteria accepted in order to maintain the applicant’s name in the lists annexed to the contested acts have appeared from the outset in Article 1(1)(a) of the contested decision and Article 5(1)(a) of the contested regulation. It is because of its status as a major credit institution established in Russia, with over 50% public ownership or control as of 1 August 2014, that the applicant was listed in Annex I to the contested decision and Annex III to the contested regulation. Those factors were well known to the applicant and cannot, therefore, be considered new evidence, within the meaning of the abovementioned case-law. It must be borne in mind, lastly, that when sufficiently precise information has been communicated, enabling the person concerned to make known its point of view effectively on the evidence adduced against it by the Council, the principle of respect for the rights of the defence does not mean that that institution is obliged spontaneously to grant access to the documents in its file. It is only on the request of the party concerned that the Council is required to provide access to all non-confidential official documents concerning the measure at issue (see judgment of 14 October 2009, Bank Melli Iran v Council, T‑390/08 , EU:T:2009:401 , paragraph and the case-law cited). In the present case, it is clear that the Council complied with that obligation and replied to the applicant’s request for information of 22 October 2014 by letter of 9 December 2014. In that context, the Council granted access to the documents in its possession relating to its decision to impose restrictive measures on the applicant. Consequently, it must be found that that information was communicated within a reasonable time and was sufficient to enable the applicant to exercise its rights effectively and for its rights of defence to be respected. The applicant’s second complaint must, therefore, be rejected, as must the third plea in law in its entirety. The fourth plea in law, alleging, in essence, an infringement of the applicant’s fundamental rights, including the right to property, business and reputation In the context of its fourth plea in law, the applicant submits that the Council’s decision to adopt the restrictive measures at issue amounts to an unjustified and disproportionate infringement of its fundamental rights, including its rights to property, business and reputation, which arise from Articles 16 and 17 of the Charter and Article 1 of Protocol No 1 annexed to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, signed at Rome on 4 November 1950. First, the applicant submits that its listing in the contested acts is out of proportion to any legitimate aim. Listing the applicant in those acts does not serve the legitimate aim of the restrictive measures taken in respect of the Russian Federation’s actions destabilising the situation in Ukraine. Furthermore, the applicant is not alleged to have provided any funding for or to have had any role in the policy-making or decision-making relating to those actions. Indeed, the applicant submits that it supports the Ukrainian economy by providing additional capital and liquidity to its customers located in Ukraine. The contested acts should be interpreted to the effect that they are designed to exert pressure on the actions of the Russian Federation destabilising the situation in Ukraine, rather than to exert pressure more widely on businesses or citizens unconnected to the situation in Ukraine. The applicant therefore submits that the connection between the persons or entities named in the contested acts and the Russian Government’s activities in Ukraine should be decisive for listing the names of those persons and entities in the contested acts. Secondly, the applicant submits that its listing in the contested acts is causing it financial loss and far-reaching damage. The damage to its reputation is harmful to the applicant, and also engenders a loss of trust in, and adverse effects upon, the applicant’s entire group and brand. The Council, supported by the Commission, disputes those arguments. First, it should be borne in mind that under Article 16 of the Charter, ‘the freedom to conduct a business in accordance with Union law and national laws and practices is recognised’. Secondly, Article 17(1) of the Charter provides as follows: ‘Everyone has the right to own, use, dispose of and bequeath his or her lawfully acquired possessions. No one may be deprived of his or her possessions, except in the public interest and in the cases and under the conditions provided for by law, subject to fair compensation being paid in good time for their loss. The use of property may be regulated by law in so far as is necessary for the general interest.’ It is indeed true that restrictive measures such as those at issue in the present case undeniably limit the rights which the applicant enjoys under Articles 16 and 17 of the Charter (see, to that effect and by analogy, judgment of 22 September 2016, NIOC and Others v Council, C‑595/15 P , not published, EU:C:2016:721 , paragraph and the case‑law cited). However, the fundamental rights relied on by the applicant are not absolute, and may, therefore, be subject to limitations, as provided for in Article 52(1) of the Charter (see, to that effect, judgments of 28 November 2013, Council v Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P , EU:C:2013:776 , paragraph , and of 27 February 2014, Ezz and Others v Council, T‑256/11 , EU:T:2014:93 , paragraph and the case-law cited). In that regard, it should be borne in mind that, under Article 52(1) of the Charter, first, ‘any limitation on the exercise of the rights and freedoms recognised by … [the] Charter must be provided for by law and respect the essence of those rights and freedoms’ and, secondly, ‘subject to the principle of proportionality, limitations may be made only if they are necessary and genuinely meet objectives of general interest recognised by the Union or the need to protect the rights and freedoms of others’. Consequently, in order to comply with EU law, a limitation on the exercise of the fundamental rights at issue must satisfy three conditions. First, the limitation must be provided for by law. In other words, the measure in question must have a legal basis. Secondly, the limitation must refer to an objective of general interest, recognised as such by the European Union. Thirdly, the limitation may not be excessive. It must be necessary and proportional to the aim sought, and the ‘essential content’, that is, the substance, of the right or freedom at issue must not be impaired (see judgment of 30 November 2016, Rotenberg v Council, T‑720/14 , EU:T:2016:689 , paragraphs to and the case-law cited). It is clear that those three conditions are met in the present case. In the first place, the restrictive measures at issue are ‘provided for by law’, since they are set out in acts which are, in particular, of general application, have a clear legal basis in EU law and are sufficiently reasoned (see paragraphs 91 to 107 above). In the second place, it is apparent from recitals 1 to 8 of the contested decision and from recital 2 of the contested regulation that the stated objective of those acts is to increase the costs to be borne by the Russian Federation for its actions to undermine Ukraine’s territorial integrity, sovereignty and independence, and to promote a peaceful settlement of the crisis in Ukraine. Such an objective is consistent with the objective of maintaining peace and international security, in accordance with the objectives of the Union’s external action set out in Article 21 TEU (judgment of 28 March 2017, Rosneft, C‑72/15 , EU:C:2017:236 , paragraph ). In the third place, with regard to the principle of proportionality, it must be noted that, as a general principle of EU law, this requires that measures adopted by the EU institutions do not exceed the limits of what is appropriate and necessary in order to attain the objectives pursued by the legislation in question. Consequently, when there is a choice between several appropriate measures, recourse must be had to the least onerous, and the disadvantages caused must not be disproportionate to the aims pursued (see judgment of 30 November 2016, Rotenberg v Council, T‑720/14 , EU:T:2016:689 , paragraph and the case-law cited). In that connection, it is made clear in the case-law that, with regard to judicial review of compliance with the principle of proportionality, the EU legislature must be allowed a broad discretion in areas which involve political, economic and social choices on its part, and in which it is called upon to undertake complex assessments. Consequently, the legality of a measure adopted in those areas can be affected only if the measure is manifestly inappropriate having regard to the objective which the competent institution is seeking to pursue (see judgment of 28 March 2017, Rosneft, C‑72/15 , EU:C:2017:236 , paragraph and the case-law cited). First, the applicant considers that the restrictive measures imposed on it by means of the contested acts cannot achieve the aim pursued by the latter, which is to impose pressure on the Russian Government by restricting access to capital markets by the Russian State-owned banks identified by the Council, since the applicant has no role whatsoever in the Russian Federation’s actions destabilising the situation in Ukraine. However, the fact that the applicant did not play the slightest role in the actions of the Russian Federation destabilising the situation in Ukraine is irrelevant, since restrictive measures were not imposed on it for that reason, but because of the fact that it is a major credit institution established in Russia, with over 50% public ownership or control as of 1 August 2014. In addition, it is true that restrictive measures, by definition, have consequences which affect rights to property and the freedom to pursue a trade or business, thereby causing harm to persons who are in no way responsible for the situation which led to the adoption of the sanctions. That is a fortiori the case with respect to the consequences of targeted restrictive measures on the entities subject to those measures (see judgment of 28 March 2017, Rosneft, C‑72/15 , EU:C:2017:236 , paragraph and the case-law cited). However, the importance of the objectives pursued by the contested acts, namely the protection of Ukraine’s territorial integrity, sovereignty and independence and the promotion of a peaceful settlement of the crisis in that country, the achievement of which is part of the wider objective of maintaining peace and international security, in accordance with the objectives of the Union’s external action stated in Article 21 TEU, is such as to justify the possibility that, for certain operators, which are in no way responsible for the situation which led to the adoption of the sanctions, the consequences may be negative, even significantly so (see, to that effect, judgment of 28 March 2017, Rosneft, C‑72/15 , EU:C:2017:236 , paragraphs and and the case-law cited). Secondly, contrary to what is claimed by the applicant, there is a reasonable relationship between the restrictive measures at issue and the objective pursued by the Council in adopting them. In so far as that objective is, in particular, to increase the costs to be borne by the Russian Federation for its actions to undermine Ukraine’s territorial integrity, sovereignty and independence, the approach of targeting Russian State-owned banks is consistent with that objective and cannot, in any event, be considered to be manifestly inappropriate with respect to the objective pursued (see, to that effect and by analogy, judgment of 28 March 2017, Rosneft, C‑72/15 , EU:C:2017:236 , paragraph ). The Council could legitimately find that the fact of restricting the applicant’s access to the EU capital market was capable of contributing to the objective of the contested acts, which consisted in increasing the costs of the actions of the Russian Federation designed to undermine Ukraine’s territorial integrity, sovereignty and independence and in promoting a peaceful settlement of the crisis (see paragraph 15 above). In that regard, in so far as the applicant argues that, following the adoption of the restrictive measures at issue, it has suffered losses and continuing damage, this tends to show that the restrictive measures at issue enable their objective to be attained, since, in the event of financial difficulties, it is for the shareholders and, as a last resort, the Russian State to bail it out. The Council could, therefore, legitimately find that in order to achieve that objective, it was appropriate to target major credit institutions or finance development institutions established in Russia with over 50% public ownership or control as of 1 August 2014. Thirdly, it must be pointed out that the measures adopted by the Council in the present case consist in targeted economic sanctions, which cannot be considered a total interruption of economic and financial relations with a third country, although the Council has such a power under Article 215 TFEU. In those circumstances, and having regard, in particular, to the fact that the restrictive measures adopted by the Council in reaction to the crisis in Ukraine have become progressively more severe, interference with the applicant’s freedom to conduct a business and its right to property cannot be considered to be disproportionate (see, to that effect, judgment of 28 March 2017, Rosneft, C‑72/15 , EU:C:2017:236 , paragraph ). As regards, lastly, the right to reputation, relied upon by the applicant, it should be noted, first, that damage caused to the reputation of a person subject to restrictive measures as a result of the reasons given to justify those measures cannot, by itself, amount to a disproportionate interference with that person’s right to property and freedom to conduct a business. Thus, in the absence of details of the link between the damage which the applicant claims has been caused to his reputation and the abovementioned interference with fundamental rights to which this plea relates, that argument is ineffective. Secondly, and in any event, it must be borne in mind that, according to settled case-law, like the right to property and the freedom to conduct a business, the right to the protection of one’s reputation is not an absolute right and its exercise may be subject to restrictions justified by objectives of general interest pursued by the European Union. The importance of the aims pursued by the restrictive measures at issue is such as to justify negative consequences, even of a substantial nature, for the reputation of the persons or entities concerned (see judgment of 30 June 2016, Al Matri v Council, T‑545/13 , not published, EU:T:2016:376 , paragraphs and and the case-law cited). In view of the foregoing considerations, the fourth plea in law must be rejected. The plea of illegality in respect of Article 1 of the contested decision and Article 5 of the contested regulation The applicant claims that the Court should, pursuant to Article 277 TFEU, declare Article 1 of the contested decision and Article 5 of the contested regulation unlawful. It submits that the Council may include only criteria for designation that are appropriate and proportionate to the measures at issue. It asserts that, in the present case, the Council has failed to show how imposing prohibitions relating to transferable securities and money-market instruments on the institutions targeted by the contested acts is justified by the aims of those acts, and still less how it is a proportionate way of achieving those aims. The Council, supported by the Commission, contends that the plea of illegality must be declared inadmissible or, in any event, unfounded. It must be pointed out that the arguments relied on in support of such a plea, alleging that the restrictive measures at issue are inappropriate and disproportionate, are identical to or overlap considerably with those which have already been examined in the context of the fourth plea in law above. Accordingly, there is no need to examine whether the present plea is admissible, and reference must necessarily be made to the considerations set out in paragraphs 146 to 157 above and the applicant’s plea of illegality rejected on the same grounds. Consequently, the plea of illegality must be rejected and the action dismissed in its entirety, and there is no need to adjudicate on the admissibility of the modification of the application requested. Costs Under Article 134(1) of the Rules of Procedure, the unsuccessful party is to be ordered to pay the costs if they have been applied for in the successful party’s pleadings. Since the applicant has been unsuccessful, it must be ordered to pay the costs in accordance with the form of order sought by the Council. In addition, under Article 138(1) of the Rules of Procedure, the Member States and the institutions which intervened in the proceedings are to bear their own costs. The Commission must, therefore, bear its own costs. On those grounds, THE GENERAL COURT (Sixth Chamber) hereby: 1. Dismisses the action; 2. Orders Sberbank of Russia OAO to bear its own costs and to pay those incurred by the Council of the European Union; 3. Orders the European Commission to bear its own costs. Berardis Spielmann Csehi Delivered in open court in Luxembourg on 13 September 2018. E. Coulon Registrar G. Berardis President ( *1 ) Language of the case: English.

62017TJ0167

bg

Правна уредба Правилникът за длъжностните лица на Европейския съюз (наричан по-нататък „Правилникът“) е приет с Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета от 29 февруари 1968 година за установяване на Правилник за длъжностните лица на Европейските общности и Условия за работа на другите служители на Европейските общности и установяване на специални мерки, временно приложими за длъжностни лица на Комисията ( ОВ L 56, 1968 г., стр. 1 ; Специално издание на български език, 2007 г., глава 1, том 8, стр. 12), изменен по-специално с Регламент (ЕС, Евратом) № 1023/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. ( ОВ L 287, 2013 г., стр. 15 ). Член 35 от Правилника е част от озаглавената „Административен статут“ глава 2 от дял III от Правилника и предвижда, че длъжностното лице може да има един от следните административни статути: в активна заетост, в командировка, в отпуск по лични причини, в неактивна заетост, в отпуск за отбиване на военна служба, в отпуск за отглеждане на дете или в отпуск по семейни причини и в отпуск в интерес на службата. Член 42в от Правилника, който е част от същата глава, предвижда: „Най-рано пет години преди настъпването на пенсионна възраст на длъжностно лице, длъжностно лице с най-малко десет години служебен стаж може да бъде задължен[о] да ползва с решение на органа по назначаването отпуск в интерес на службата, за организационни нужди, свързани с придобиването на нови компетентности в рамките на институциите. Общият брой на длъжностните лица, задължени да ползват отпуск в интерес на службата, за всяка година не може да надвишава 5 % от броя на длъжностните лица във всички институции, които са се пенсионирали през предходната година. Така изчисленият общ брой се разпределя между институциите съгласно съответния им брой длъжностни лица към 31 декември предходната година. За всяка институция резултатът от това разпределение се закръгля към най-близкото по-голямо цяло число. Този отпуск не съставлява дисциплинарна мярка. Продължителността на отпуска съответства по принцип на периода до момента, в който длъжностното лице достига пенсионна възраст. В изключителни ситуации обаче органът по назначаването може да реши да прекрати отпуска и да възстанови длъжностното лице на работа. Когато длъжностно лице, задължено да ползва отпуск в интерес на службата, достигне пенсионна възраст, то се пенсионира автоматично. Отпускът в интерес на службата се урежда със следните правила: a) на длъжността, заемана от длъжностното лице в отпуск, може да бъде назначено друго длъжностно лице; б) длъжностно лице, задължено да ползва отпуск в интерес на службата, няма право на повишаване в по-висока стъпка или повишаване в степен. Така задълженото да ползва отпуск в интерес на службата длъжностно лице получава обезщетение, изчислено в съответствие с приложение IV. По искане на длъжностното лице от обезщетението се приспадат вноските за пенсионноосигурителната схема, изчислени на база на това обезщетение. В такъв случай периодът на трудов стаж като длъжностно лице в отпуск в интерес на службата, се взема предвид за целите на изчисляването на годините на осигурителен стаж по смисъла на член 2 от приложение VIII. По отношение на обезщетението не се прилага корекционен коефициент“. Член 47 от Правилника е част от озаглавената „Прекратяване на служебното правоотношение“ глава 4 от дял III от Правилника. Този член предвижда, че служебното правоотношение се прекратява при оставка, задължителна оставка, отстраняване от длъжност в интерес на службата, уволнение поради професионална некомпетентност, отстраняване от служба, пенсиониране или смърт. Член 52, първа алинея, букви а) и б) от Правилника, който също е част от глава 4, предвижда по-специално че без да се засягат разпоредбите на член 50 от Правилника (който се отнася за пенсионирането в интерес на службата на длъжностни лица на ръководни длъжности), длъжностното лице се пенсионира автоматично в последния ден на месеца, през който навърши 66 години, или по негово искане в последния ден от месеца, за който е подадено искането, ако е достигнало пенсионна възраст. Приложение XIII към Правилника съдържа преходни мерки, приложими за длъжностните лица. Член 22, параграф 1 от приложение XIII към Правилника гласи: „1.   Длъжностни лица, които към 1 май 2004 г. имат 20 или повече години служба, придобиват право на пенсия за осигурителен стаж при навършване на 60 години. Длъжностни лица, които към 1 май 2014 г. са на възраст 35 или повече години и които са постъпили на служба преди 1 януари 2014 г., придобиват право на пенсия за осигурителен стаж при навършването на възрастта, посочена в следната таблица: Възраст към 1 май 2014 г. Пенсионна възраст 60 години и повече 60 години 59 години 60 години и 2 месеца 58 години 60 години и 4 месеца […] […] 35 години 64 години и 8 месеца Длъжностни лица, които към 1 май 2014 г. не са навършили 35‑годишна възраст, придобиват право на пенсия за осигурителен стаж при навършване на 65 години. Независимо от това, за длъжностни лица, които към 1 май 2014 г. са на възраст 45 или повече години и са постъпили на служба между 1 май 2004 г. и 31 декември 2013 г., пенсионната възраст остава 63 години. Освен ако в настоящия правилник не е предвидено друго, за длъжностни лица, постъпили на служба преди 1 януари 2014 г., възрастта за пенсиониране, която се взема предвид при всички позовавания на възрастта за пенсиониране в настоящия правилник, се определя по реда на горните разпоредби“. Член 23, параграф 1 от приложение XIII към Правилника предвижда по-специално, че длъжностно лице, което е на служба преди 1 януари 2014 г., се пенсионира автоматично на последния ден от месеца, през който навършва 65‑годишна възраст. Обстоятелствата по спора Жалбоподателят, RV, е бивше длъжностно лице на Европейската комисия. Той е роден на 10 януари 1956 г. и постъпва на служба в тази институция на 1 септември 1992 г. От 1 февруари 2009 г. той е назначен в генерална дирекция (ГД) „Регионална и селищна политика“. На 1 януари 2013 г. е повишен в степен AST 9. С писмо от 30 ноември 2016 г. генерална дирекция (ГД) „Човешки ресурси и сигурност“ уведомява жалбоподателя за намерението на органа по назначаването (наричан по-нататък „ОН“) да го задължи да ползва отпуск в интерес на службата съгласно член 42в от Правилника, считано от 1 април 2017 г. С електронно писмо от 6 декември 2016 г. жалбоподателят потвърждава получаването на писмото от 30 ноември 2016 г. и иска разяснения относно пенсионните си права, както и относно различни практически аспекти във връзка със задължаването му да ползва отпуск в интерес на службата съгласно член 42в от Правилника. С електронно писмо от 8 декември 2016 г. Службата за управление и плащане по индивидуални права (PMO) на Комисията изпраща на жалбоподателя временното изчисление на пенсионното обезщетение, което му се полага съгласно член 42в от Правилника, като същевременно уточнява, че електронното писмо му е изпратено за сведение и че то не представлява решение на ОН, което може да бъде обжалвано. На среща, проведена на 15 декември 2016 г., началникът на отдел „Управление на кариерното развитие и мобилност“ на ГД „Човешки ресурси и сигурност“ уведомява по-специално жалбоподателя, че тъй като е достигнал „пенсионна възраст“ по смисъла на член 22, параграф 1 от приложение XIII към Правилника и в случай че ОН вземе решение да го задължи да ползва отпуск в интерес на службата, той ще бъде направо пенсиониран на 1 април 2017 г. На тази дата, в съответствие с изчисленията, получени от PMO, жалбоподателят ще е придобил 54,9 % от пенсионните права и размерът на пенсията му ще бъде 4040,99 EUR. Жалбоподателят посочва, че не е получил точна информация относно последиците от задължаването му да ползва отпуск в интерес на службата и че ако е бил получил такава информация, не би дал съгласието си да излезе в отпуск в интерес на службата. Жалбоподателят също така посочва, че не е възнамерявал да се пенсионира автоматично от 1 април 2017 г., а искал да бъде оставен на служба, за да има възможност да придобие допълнителни пенсионни права. В случай че ОН реши да го задължи да ползва в отпуск в интерес на службата, жалбоподателят посочва, че датата 1 април 2017 г. била преждевременно определена и че той се нуждаел от допълнителни два или три месеца, за да се подготви за пенсиониране. След тази среща, на 20 декември 2016 г., отделът „Управление на кариерното развитие и мобилност“ на ГД „Човешки ресурси и сигурност“ изпраща на ОН становище в подкрепа на прилагането на член 42в от Правилника по отношение на жалбоподателя. С решение от 21 декември 2016 г. ОН решава, от една страна, да задължи жалбоподателя да ползва отпуск в интерес на службата съгласно член 42в от Правилника, считано от 1 април 2017 г., и от друга страна, предвид факта че той вече е навършил „пенсионна възраст“ съгласно член 22, параграф 1 от приложение XIII към Правилника, да го пенсионира автоматично от същата дата на основание член 42в, пета алинея от Правилника (наричано по-нататък „обжалваното решение“). На 13 март 2017 г. жалбоподателят подава жалба по административен ред срещу обжалваното решение на основание член 90, параграф 2 от Правилника. На 16 март 2017 г. отдел „Пенсии“ на РМО изпраща на жалбоподателя становище относно изчисляването на пенсионното обезщетение, предвидено в член 42в от Правилника. Съгласно това становище жалбоподателят получава горепосоченото обезщетение, съответстващо на 100 % от основната заплата, от 1 април 2017 г. до 30 април 2017 г., а изплащането на пенсия започва от 1 май 2017 г. На 31 март 2017 г. процесуалният представител на жалбоподателя изпраща електронно писмо до Комисията, в което изтъква, че „решението“ на PMO от 16 март 2017 г. заменя обжалваното решение, доколкото променя административното положение на жалбоподателя, и твърди, че жалбоподателят не е бил уведомен за него в нарушение на член 25 от Правилника и на принципите на добро управление и на добра администрация, произтичащи от член 41 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Поради това процесуалният представител на жалбоподателя пояснява, че подадената по административен ред жалба е насочена и срещу „новото решение“ на Комисията от 16 март 2017 г. Подадената от жалбоподателя по административен ред жалба е отхвърлена с изрично решение на ОН от 27 юли 2017 г. Производството и исканията на страните На 16 март 2017 г. жалбоподателят подава жалбата по настоящото дело в секретариата на Общия съд. С отделна молба, подадена в секретариата на Общия съд същия ден, жалбоподателят прави искане да се запази неговата анонимност съгласно член 66 от Процедурния правилник на Общия съд. С решение от 19 май 2017 г. Общият съд уважава това искане. С отделна молба, подадена на 16 март 2017 г. в секретариата на Общия съд, жалбоподателят иска жалбата по настоящото производство да бъде разгледана по реда на бързото производство съгласно член 152 от Процедурния правилник. С отделна молба, подадена в секретариата на Общия съд същия ден, жалбоподателят иска на основание членове 278 ДФЕС и 279 ДФЕС изпълнението на обжалваното решение да бъде спряно по реда за налагане на временни мерки. Производството по главното дело е спряно съгласно член 91, параграф 4 от Правилника. С определение от 24 март 2017 г., RV/Комисия ( T‑167/17 R , непубликувано, EU:T:2017:218 ), председателят на Общия съд отхвърля подадената от жалбоподателя молба за допускане на обезпечителни мерки поради липса на неотложност. С отделни молби, подадени в секретариата на Общия съд, съответно на 8 и 12 май 2017 г., Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз искат да встъпят в настоящото производство в подкрепа на исканията на Комисията. Съгласно член 91, параграф 4 от Правилника производството по главното дело е възобновено след приемането на 27 юли 2017 г. на решението за изричен отказ по жалбата, подадена от жалбоподателя по административен ред. С решения на председателя на втори състав на Общия съд, съответно от 16 и 11 август 2017 г., Парламентът и Съветът са допуснати да встъпят в производството в подкрепа на исканията на Комисията. С решение от 18 август 2017 г. Общият съд (втори състав) отхвърля искането на жалбоподателя за разглеждане по реда на бързото производство. На 29 и 30 ноември 2017 г. съответно Парламентът и Съветът представят писмените си становища при встъпване. На 22 февруари 2018 г. секретариатът на Общия съд уведомява страните, че писмената фаза на производството е приключила. С молба, подадена в секретариата на Общия съд на 7 март 2018 г., жалбоподателят подава мотивирано искане по член 106 от Процедурния правилник да бъде изслушан в рамките на устната фаза на производството. По предложение на съдията докладчик Общият съд (втори състав) решава да започне устната фаза на производството и в рамките на процесуално-организационните действия, предвидени в член 89 от Процедурния правилник, приканва Комисията да представи документ, а всички страни — да отговорят писмено на въпрос. Всички страни се отзовават на тази покана в определения срок, с изключение на жалбоподателя, който представя писмения си отговор след изтичане на срока. С решение на председателя на втори състав на Общия съд от 15 януари 2019 г. писменият отговор на жалбоподателя, както и писмото му, с което се обосновава представянето на отговора след изтичане на срока, са приложени към преписката по делото. Устните състезания и отговорите на страните на поставените от Общия съд въпроси са изслушани в съдебното заседание, проведено на 18 януари 2019 г. С жалбата си жалбоподателят иска от Общия съд: – да отмени обжалваното решение, – да осъди Комисията да заплати съдебните разноски. В репликата жалбоподателят моли Общия съд „ако е необходимо, да отмени решението на Комисията от 16 март 2017 г., с което се определя датата 1 май 2017 г. като дата на автоматично[то му] пенсиониране“. Комисията иска от Общия съд: – да отхвърли жалбата, – да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски. Парламентът моли Общия съд да отхвърли жалбата. Съветът моли Общия съд: – да отхвърли жалбата, – да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски. От правна страна По допустимостта на искането за отмяна на „решението“ на Комисията от 16 март 2017 г. Комисията поддържа, че искането за отмяна на нейното „решение“ от 16 март 2017 г., с което се определят имуществените права на жалбоподателя, е недопустимо. От една страна, тя твърди, че Общият съд не е редовно сезиран с този въпрос, тъй като посоченото искане не се съдържа в жалбата и жалбоподателят не е подал допълнителна жалба в това отношение. Затова Комисията счита, че жалбоподателят не може да разшири обхвата на жалбата си, така че тя да обхване и посоченото „решение“ от 16 март 2017 г. От друга страна, Комисията твърди, че това „решение“ е прието като продължение на обжалваното решение и само определя имуществените права на жалбоподателя съгласно член 10 от приложение VIII към Правилника. Следователно то не променя правното му положение. Жалбоподателят възразява, че тъй като е узнал за отговора на подадената от него жалба по административен ред едва след като е сезирал Общия съд, той има процесуална легитимация да измени и да разшири исканията си, така че те да обхванат и „решението“ от 16 март 2017 г. Следва да се припомни, че съгласно член 91, параграф 1 от Правилника само искове или жалби, насочени срещу акт, засягащ неблагоприятно жалбоподателя, са допустими. Съгласно постоянната съдебна практика актове или решения, които могат да бъдат предмет на жалба за отмяна, представляват само мерките, пораждащи задължително правно действие, което може да засегне пряко и непосредствено интересите на жалбоподателя, като измени съществено правното му положение (вж. решение от 23 ноември 2016 г., Alsteens/Комисия, T‑328/15 P , непубликувано, EU:T:2016:671 , т. и цитираната съдебна практика). В случая следва да се припомни, от една страна, че с обжалваното решение жалбоподателят е задължен да ползва отпуск в интерес на службата и същевременно автоматично е пенсиониран, считано от 1 април 2017 г., съгласно член 42в от Правилника, а от друга страна, че със становището на PMO от 16 март 2017 г. (вж. т. 17 по-горе), което жалбоподателят определя като „решение“, се уточнява, че през април 2017 г. жалбоподателят ще получи обезщетението, предвидено в член 42в, седма алинея от Правилника, съответстващо на 100 % от основната заплата, и че изплащането на пенсията за прослужено време започва от 1 май 2017 г. В това отношение следва да се припомни, че съгласно член 10 от приложение VIII към Правилника: „Изплащането на пенсия започва от първия ден на календарния месец, следващ месеца, през който длъжностното лице служебно или по негово заявление придобива право на тази пенсия; то продължава да получава заплатата си до датата, от която е дължима пенсията“. Както уточнява Комисията, без това да е оспорено, със становището на PMO от 16 март 2017 г. се прилага член 10 от приложение VIII към Правилника. Всъщност съгласно тази разпоредба жалбоподателят трябва да започне да получава пенсия за осигурителен стаж от май 2017 г., тоест от календарния месец, следващ месеца (април 2017 г.), през който придобива право на тази пенсия по силата на обжалваното решение. Междувременно, тоест за април 2017 г., съгласно тази разпоредба жалбоподателят трябва да получи „заплата“, която в неговия случай и както посочва Комисията, трябва да се тълкува като съответстваща на обезщетението, предвидено в член 42в, седма алинея от Правилника, предвид факта че с обжалваното решение той е задължен да ползва отпуск в интерес на службата от 1 април 2017 г. При това положение се оказва, че в становището на PMO от 16 март 2017 г. само се уточняват имуществените права на жалбоподателя, произтичащи от обжалваното решение и от прилагането на член 10 от приложение VIII към Правилника, и следователно то се явява продължение на обжалваното решение. При тези обстоятелства и с оглед на цитираната в точка 42 по-горе съдебна практика следва да се отбележи, че посоченото становище не произвежда задължителни правни последици, които да могат да засегнат пряко и непосредствено интересите на жалбоподателя, като се измени съществено правното му положение, като това положение се определя единствено от обжалваното решение, което в случая представлява единственият акт с неблагоприятни за жалбоподателя последици. Следователно становището на РМО от 16 март 2017 г. не представлява обжалваем акт и искането за отмяната му трябва да се отхвърли като недопустимо. По същество По възможността Общият съд да разгледа в конкретния случай основанието, изведено от несъобразяване с приложното поле на закона В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага четири основания — с първото се твърди нарушение на основните процедурни изисквания и незаконосъобразност на свободно делегиране на правомощията на ОН относно прилагането на член 42в от Правилника, с второто — нарушение на принципа на равно третиране и недопускане на дискриминация, с третото — незаконосъобразност на член 42в от Правилника, доколкото тази разпоредба нарушава съображения 2, 14 и 29 от Регламент № 1023/2013 и не предвижда преходни мерки, които позволяват постепенното ѝ прилагане, и четвъртото — изведено от нарушение на принципите на пропорционалност, на оправданите правни очаквания и на задължението за полагане на грижа, както и от явна грешка в преценката. В съдебното заседание жалбоподателят посочва, че се отказва от второто основание, посочено по-горе. Освен това в писменото си становище по изявленията при встъпване на Парламента и на Съвета жалбоподателят цитира части от определението от 18 май 2017 г., RW/Комисия ( T‑170/17 R , непубликувано, EU:T:2017:351 ), без да прави категорични изводи. Всъщност в определението от 18 май 2017 г., RW/Комисия ( T‑170/17 R , непубликувано, EU:T:2017:351 ), председателят на Общия съд, произнасяйки се като съдия по обезпечителното производство, постановява спиране на изпълнението на решението на Комисията, с което жалбоподателят в настоящото производство се задължава да ползва отпуск в интерес на службата и същевременно да се пенсионира автоматично съгласно член 42в, пета алинея от Правилника, предвид факта че е достигнал „пенсионна възраст“ по смисъла на член 22, параграф 1 от приложение XIII към Правилника (определение от 18 май 2017 г., RW/Комисия, непубликувано, EU:T:2017:351 , т. ). В рамките на разглеждането на fumus boni juris и в отговор на първите две основания, с които се твърди съответно нарушение на членове 47 и 52 от Правилника и несъобразяване с приложното поле на член 42в от Правилника, съдията по обезпечителното производство излага следните съображения. На първо място, съдията по обезпечителното производство констатира prima facie, че членове 22 и 23 от приложение XIII към Правилника правят, също като член 52 от Правилника, ясно разграничение между законоустановена пенсионна възраст, на която длъжностното лице се пенсионира автоматично, и най-ранната възраст за пенсиониране, като последната се разбира като възрастта, от която длъжностното лице може да подаде заявление за пенсиониране (определение от 18 май 2017 г., RW/Комисия, T‑170/17 R , непубликувано, EU:T:2017:351 , т. ). На второ място, съдията по обезпечителното производство приема, че дори на пръв поглед от гледна точка на структурата да могат да възникнат някои затруднения във връзка със съгласуваното прилагане, от една страна, на разпоредбите на Правилника, уреждащи по принцип пенсионирането и прекратяването на служебното правоотношение, и от друга страна, член 42в от Правилника, пета алинея от последния член все пак изрично предвижда, че когато „длъжностно лице, задължено да ползва отпуск в интерес на службата, достигне пенсионна възраст, то се пенсионира автоматично“. В този смисъл според съдията по обезпечителното производство, ако член 42в от Правилника трябва да се счита за lex specialis, все пак следва да се определи неговият обхват (определение от 18 май 2017 г., RW/Комисия, T‑170/17 R , непубликувано, EU:T:2017:351 , т. и ). Така, на трето място, съдията по обезпечителното производство е счел, че следва да се установи дали на пръв поглед член 42в от Правилника позволява длъжностно лице, което е достигнало минималната възраст за пенсиониране, да бъде задължено против волята му да ползва отпуск в интерес на службата и същевременно да бъде пенсионирано автоматично (определение от 18 май 2017 г., RW/Комисия, T‑170/17 R , непубликувано, EU:T:2017:351 , т. ). Съдията по обезпечителното производство стига до извода, че на пръв поглед при буквалното ѝ тълкуване тази разпоредба не позволява това (определение от 18 май 2017 г., RW/Комисия, T‑170/17 R , непубликувано, EU:T:2017:351 , т. — ). Посочените по-горе съображения на съдията по обезпечителното производство в определение от 18 май 2017 г., RW/Комисия ( T‑170/17 R , непубликувано, EU:T:2017:351 ), се отнасят до приложното поле на член 42в от Правилника, доколкото задължаването за ползване на отпуск в интерес на службата и същевременно автоматичното пенсиониране са последица от прилагането на тази разпоредба спрямо длъжностно лице, което е постъпило на служба преди 1 януари 2014 г., и е достигнало „пенсионна възраст“, като тази възраст се тълкува от Комисията като възрастта, определена в член 22, параграф 1, пета алинея от приложение XIII към Правилника. Съгласно съображенията на Комисията по това дело взаимодействието на член 42в, пета алинея от Правилника с член 22, параграф 1, пета алинея от същия води до задължаването на въпросното длъжностно лице да ползва отпуск в интерес на службата и същевременно да се пенсионира автоматично (определение от 18 май 2017 г., RW/Комисия, T‑170/17 R , непубликувано, EU:T:2017:351 , т. ). От изложените по-горе съображения на съдията по обезпечителното производство следва, че що се отнася до приложното поле на член 42в от Правилника, той е приел, че на пръв поглед тази разпоредба не може да се прилага по отношение на длъжностно лице, което е достигнало „пенсионна възраст“, доколкото това прилагане би довело до задължаване за ползване на отпуск в интерес на службата и едновременно с това до автоматично пенсиониране. По настоящото дело е безспорно, че член 42в от Правилника е приложен по отношение на жалбоподателя към 1 април 2017 г., въпреки че той е навършил 61 години и следователно е надхвърлил „пенсионната възраст“, която за него е определена на 60 години и 4 месеца съгласно таблицата в член 22, параграф 1, втора алинея от приложение XIII към Правилника. В този смисъл с обжалваното решение жалбоподателят е бил задължен да ползва отпуск в интерес на службата и едновременно с това да се пенсионира автоматично. При това положение, преди да се разгледат основанията, които жалбоподателят е изтъкнал, следва да се разгледа приложното поле на член 42в от Правилника, или с други думи, дали тази разпоредба може да се прилага по отношение на длъжностно лице, което, подобно на жалбоподателя, вече е достигнало „пенсионна възраст“. Несъмнено следва да се констатира, че жалбоподателят не е повдигнал основание, с което твърди несъобразяване с приложното поле на закона, в който се съдържа въпросът, посочен в точка 56 по-горе. Предвид това следва да се отбележи, че в рамките на третото и четвъртото основание жалбоподателят предявява оплаквания, чието разглеждане предполага тълкуване на член 42в от Правилника и определяне на приложното му поле. По-конкретно в рамките на третото основание жалбоподателят поддържа, че прилагането на член 42в от Правилника във връзка с член 22 от приложение XIII към него позволявало на администрацията „да намалява рязко и значително възрастта на прекратяване на служебното правоотношение на длъжностно лице, без да предвижда преходни мерки, които да защитят основателните му очаквания за запазването на служебното му положение до навършване на възрастта за автоматично пенсиониране съгласно член 52 от Правилника и приложение XIII към него“ (вж. т. 109 от жалбата). В рамките на четвъртото основание жалбоподателят твърди, че обжалваното решение незаконосъобразно го лишило от обезщетението, изчислено в съответствие с приложение IV към Правилника, и нарушавало член 22, параграф 2, първа алинея от приложение XIII към Правилника, доколкото го е лишило от правото му да придобие допълнителни пенсионни права съгласно последната разпоредба (т. 125—127 от жалбата). Следователно тези оплаквания се отнасят до връзката между член 42в от Правилника и други разпоредби от него и по този начин разглеждането на тези оплаквания предполага тълкуване на въпросната разпоредба и определянето на нейното приложно поле. В това отношение от постоянната съдебна практика следва, че макар да трябва да се произнася само по искането на страните, които трябва да очертаят рамките на спора, съдът не е обвързан от доводите, изтъкнати от тях в подкрепа на исканията им, тъй като в противен случай би могъл да се окаже принуден да основе решението си на погрешни правни съображения (вж. решение от 8 юли 2010 г., Комисия/Putterie-De-Beukelaer, T‑160/08 P , EU:T:2010:294 , т. и цитираната съдебна практика). Следователно в случая Общият съд е длъжен да разгледа въпроса дали член 42в от Правилника може да се прилага по отношение на длъжностно лице, което, подобно на жалбоподателя, вече е достигнало „пенсионната възраст“ по смисъла на член 22, параграф 1, пета алинея от приложение XIII към Правилника и в този смисъл да разгледа приложното поле на тази разпоредба, доколкото това разглеждане съставлява необходимо предварително условие за разглеждането на някои оплаквания, изложени от жалбоподателя (вж. в този смисъл решение от 8 юли 2010 г., Комисия/Putterie-De-Beukelaer, T‑160/08 P , EU:T:2010:294 , т. ). Във всеки случай, дори да се предположи, че посоченият по-горе въпрос, отнасящ се до определянето на приложното поле на член 42в от Правилника, е извън обхвата на спора, очертан от страните, вече бе прието, че основанието, изведено от несъобразяването с приложното поле на закона, е абсолютно основание за отмяна и съдът на Съюза следва да го разгледа служебно (решение от 15 юли 1994 г., Browet и др./Комисия, T‑576/93—T‑582/93 , EU:T:1994:93 , т. ). Всъщност в случая, ако Общият съд не разгледа служебно въпроса дали обжалваното решение е прието въз основа на норма, а именно на член 42в от Правилника, която не може да бъде приложена в конкретния случай, и ако впоследствие се произнесе по спора, с който е сезиран, като самият той приложи такава норма, той ще допусне явно неизпълнение на задължението си да упражни контрол за законосъобразност (вж. в този смисъл решение от 21 февруари 2008 г., Putterie-De-Beukelaer/Комисия, F‑31/07 , EU:F:2008:23 , т. , което в това отношение не е отменено с решение от 8 юли 2010 г., Комисия/Putterie-De-Beukelaer ( T‑160/08 P , EU:T:2010:294 ). В рамките на писмените си отговори на поставен от Общия съд въпрос съгласно член 89 от Процедурния правилник (вж. т. 32 по-горе) страните са имали възможност да вземат отношение както по възможността на Общия съд да разгледа служебно основанието, изведено от несъобразяване с приложното поле на закона, както е уточнено в точка 56 по-горе, така и по съществото на това основание. По отношение на допустимостта Комисията приема, че основанието, изведено от несъобразяване с приложното поле на закона, е абсолютно основание за отмяна, което може да бъде разгледано служебно от Общия съд. Според Комисията несъобразяване с приложното поле на закона е налице, когато обжалваното решение е прието въз основа на „норма, която не може да се прилага към настоящия случай“ съгласно релевантната съдебна практика. Такъв би бил по-специално случаят с отменените регламенти или общи разпоредби за прилагане, които следователно са неприложими ratione temporis. Според Комисията обаче, доколкото член 42в от Правилника представлява норма, която е в сила и е приложима към настоящия спор, въпросът, повдигнат от Общия съд, не се отнася до приложното поле на закона, а до тълкуването на тази разпоредба, в случая до това дали тази разпоредба може да се прилага към съответното длъжностно лице, когато отпускът в интерес на службата също така води до автоматично пенсиониране на заинтересованото лице. Освен това Комисията посочва, че при всички положения основанието, изведено от евентуално несъобразяване с приложното поле на закона, не се съдържа в жалбата и е недопустимо поради нарушение на принципа на съгласуваност. Съветът посочва, че основанието, с което се твърди несъобразяване с приложното поле на закона, изложено в точка 56 по-горе, представлява основание, отнасящо се до материалноправната законосъобразност на обжалваното решение и следователно не може да бъде служебно разглеждано от съда на Съюза. Що се отнася до това възражение на Съвета, следва да се отбележи, че вече е постановено, че съдът на Съюза има възможността, и — евентуално — задължението да разглежда служебно някои основания за вътрешна законосъобразност. Такъв е случаят с основанието, с което се твърди несъобразяване с приложното поле на закона (вж. т. 60 по-горе). Също така абсолютната сила на пресъдено нещо е основание за вътрешна законосъобразност, което съдът трябва да разгледа служебно (решение от 1 юни 2006 г., P & O European Ferries (Vizcaya) и Diputación Foral de Vizcaya/Комисия, C‑442/03 P и C‑471/03 P , EU:C:2006:356 , т. ). Що се отнася до възражението на Комисията (вж. т. 63 по-горе), следва да се отбележи, че от съдебната практика не следва, че основанието, с което се твърди несъобразяване с приложното поле на закона, се отнася само до неприложимостта ratione temporis на съответната разпоредба, а посоченото основание се отнася до всеки случай, в който разпоредбата, която служи за основание за оспорвания акт, не се прилага (вж. в този смисъл решение от 21 февруари 2008 г., Putterie-De-Beukelaer/Комисия, F‑31/07 , EU:F:2008:23 , т. , което в това отношение не е отменено с решение от 8 юли 2010 г., Комисия/Putterie-De-Beukelaer ( T‑160/08 P , EU:T:2010:294 ). Освен това обстоятелството, че Общият съд трябва да тълкува член 42в от Правилника, за да се определи приложното му поле, не означава, че посоченият в точка 56 по-горе въпрос не засяга приложното поле на член 42в от Правилника. Накрая следва да се отбележи, че принципът на съгласуваност между подадената по административен ред жалба и подадената след това жалба по съдебен ред не е пречка съдът на Съюза да разглежда служебно абсолютно основание за отмяна (вж. в този смисъл решение от 14 февруари 2017 г., Kerstens/Комисия, T‑270/16 P , непубликувано, EU:T:2017:74 , т. — ). С оглед на съображенията, изложени в точки 50—66 по-горе, в случая следва да се разгледа основанието, с което се твърди несъобразяване с приложното поле на член 42в от Правилника, който се отнася до въпроса дали тази разпоредба може да се прилага по отношение на длъжностно лице, което, подобно на жалбоподателя, вече е достигнало „пенсионна възраст“. По съществото на основанието, изведено от несъобразяване с приложното поле на закона Както вече бе отбелязано (вж. т. 62 по-горе), страните са имали възможност да изложат писмено становището си по съществото на основанието, изведено от несъобразяване с приложното поле на закона. В частност, като се позовава на доводи, изведени по-специално от текста на член 42в от Правилника и на неговия смисъл и цел, Комисията оспорва, че тази разпоредба не може да се прилага за длъжностни лица, които са достигнали „пенсионна възраст“. Парламентът се ограничава до това да изтъкне, че не изглежда законодателят на Съюза да е искал такова разграничение, и уточнява, че до момента не е прилагал член 42в от Правилника по отношение на длъжностни лица, които са достигнали или надхвърлили „пенсионната възраст“, както е определена в член 22 от приложение XIII към Правилника. Съветът не взема становище по съществото на посоченото по-горе основание и посочва, че не е прилагал член 42в от Правилника по отношение на длъжностни лица, които са надхвърлили „пенсионна възраст“. В самото начало следва да се припомни, че жалбоподателят е бил задължен да ползва отпуск в интерес на службата и същевременно автоматично да се пенсионира по силата на прилагането на член 42в, пета алинея от Правилника във връзка с член 22, параграф 1 от приложение XIII към Правилника (вж. т. 15 по-горе). Всъщност от член 42в, пета алинея от Правилника недвусмислено следва, че задължаването за ползване на отпуск в интерес на службата на съответните длъжностни лица не може да се разпростре отвъд „пенсионната възраст“, тъй като за длъжностните лица, които са постъпили на служба преди 1 януари 2014 г., тази възраст се определя съгласно член 22, параграф 1, пета алинея от приложение XIII към Правилника, така че ако задължаването за ползване на отпуск в интерес на службата се отнася до длъжностно лице, което вече е достигнало посочената „пенсионна възраст“, то трябва същевременно да бъде автоматично пенсионирано. Тези съображения се прилагат в обжалваното решение, като се има предвид, че към датата на влизане в сила на обжалваното решение жалбоподателят вече е бил достигнал „пенсионна възраст“ (вж. т. 56 по-горе). От това следва, че при разглеждането на въпроса дали член 42в от Правилника може да се прилага по отношение на длъжностно лице, което е достигнало „пенсионна възраст“, съдът на Съюза трябва да вземе предвид обстоятелството, че това прилагане води до задължаване за ползване на отпуск и същевременно до автоматично пенсиониране на съответното длъжностно лице. Разглеждането на горепосочения въпрос изисква тълкуване на член 42в от Правилника. – По буквалното тълкуване Член 42в, първа алинея от Правилника предвижда, че задължаването на длъжностно лице да ползва отпуск в интерес на службата се прилага „не по-рано от пет години преди настъпването на пенсионна възраст“. Както твърди по същество Комисията, изразът „пенсионна възраст“ в член 42в, първа алинея от Правилника съответства на израза „пенсионна възраст“ в четвърта и пета алинея от тази разпоредба. Ето защо, за да се определи „пенсионната възраст на длъжностно лице“ съгласно член 42в, първа алинея от Правилника, що се отнася до длъжностните лица, които са постъпили на служба преди 1 януари 2014 г., подобно на определянето на „пенсионната възраст“ съгласно член 42в, четвърта и пета алинея от Правилника, следва да се използва член 22, параграф 1, пета алинея от приложение XIII към Правилника, в който се уточнява: „Освен ако в настоящия правилник не е предвидено друго, за длъжностни лица, постъпили на служба преди 1 януари 2014 г., възрастта за пенсиониране, която се взема предвид при всички позовавания на възрастта за пенсиониране в настоящия правилник, се определя по реда на горните разпоредби“. Изразът „горните разпоредби“ в член 22, параграф 1, пета алинея от приложение XIII към Правилника препраща към първите четири алинеи от тази разпоредба, в които се уточнява възрастта, на която длъжностните лица, които са постъпили на служба преди 1 януари 2014 г., придобиват право на пенсия за осигурителен стаж. Що се отнася до длъжностните лица, които са постъпили на служба след 1 януари 2014 г., изразът „пенсионна възраст на длъжностно лице“ в член 42в, първа алинея от Правилника препраща към пенсионната възраст за автоматично пенсиониране, предвидена в член 52, първа алинея, буква а) от Правилника, която е 66 години, както страните потвърждават в съдебното заседание. При това положение от текста на член 42в, първа алинея от Правилника следва, че тази разпоредба предоставя информация за датата, от която тази разпоредба може да се прилага за длъжностно лице, а именно „най-рано пет години преди настъпването на пенсионна възраст“. Освен това, както правилно твърди Комисията, що се отнася до длъжностните лица, постъпили на служба преди 1 януари 2014 г., текстът на тази разпоредба не изключва възможността тя да се прилага към длъжностно лице, което е навършило и a fortiori надхвърлило „пенсионна възраст“. При това положение следва да се припомни, че член 42в, четвърта алинея от Правилника предвижда, че продължителността на отпуска в интерес на службата съответства „по принцип“ на периода до момента, в който длъжностното лице достига „пенсионна възраст“, но че „в изключителни ситуации“ ОН може да реши да прекрати отпуска и да възстанови длъжностното лице на работа. Изразите „продължителност на отпуска“ и „периода до момента, в който длъжностното лице достига пенсионна възраст“ в член 42в, четвърта алинея, първо изречение от Правилника подкрепят извода на съдията по обезпечителното производство от 18 май 2017 г., RW/Комисия ( T‑170/17 R , непубликувано, EU:T:2017:351 , т. ), че отпускът в интерес на службата трябва да има известна продължителност. Обратно на посоченото от Комисията, изразът „по принцип“ в това изречение не поставя под въпрос горепосочената констатация. Всъщност тези изрази трябва да се разбират с оглед на член 42в, четвърта алинея, второ изречение от Правилника, който гласи: „В изключителни ситуации обаче [ОН] може да реши да прекрати отпуска и да възстанови длъжностното лице на работа“. Оказва се, че изразът „по принцип“ не доказва наличието на възможна дерогация от принципа, че отпускът в интерес на службата трябва да бъде с известна продължителност, а показва, че е възможно дерогиране на принципа, че отпускът в интерес на службата изтича на датата, на която съответното длъжностно лице достигне „пенсионна възраст“, като тази възможна дерогация е свързана с обстоятелството, че в „изключителни ситуации“ ОН може да реши да възстанови длъжностното лице на работа, като по този начин прекрати отпуска в интерес на службата. Тезата, че отпускът в интерес на службата трябва да бъде с известна продължителност, се потвърждава от текста на член 42в, пета алинея от Правилника, който предвижда, че „[к]огато длъжностно лице, задължено да ползва отпуск в интерес на службата, достигне пенсионна възраст, то се пенсионира автоматично“. От този текст, и по-специално от използването на глагола „достигам“, следва, че автоматичното пенсиониране предполага, че към датата, на която съответното длъжностно лице достига „пенсионна възраст“, то има административен статут „отпуск в интерес на службата“ и че този отпуск има известна продължителност. От горепосочените съображения следва изводът, че текстът на член 42в от Правилника подкрепя становището, че отпускът в интерес на службата трябва да има известна продължителност, което изключва възможността задължаването за ползване на отпуск да се приложи едновременно с автоматичното пенсиониране. С оглед на съображенията в точки 73 и 74 по-горе изключването на възможността задължаването за ползване на отпуск в интерес на службата да бъде едновременно с автоматичното пенсиониране на съответното длъжностно лице означава, че посочената разпоредба не може да се прилага към длъжностни лица, които, подобно на жалбоподателя, са достигнали „пенсионна възраст“. Следва да се провери дали този извод не се опровергава от систематичното и телеологическо тълкуване на член 42в от Правилника. – По систематичното тълкуване Следва да се припомни, че член 42в от Правилника е част от озаглавената „Административен статут“ глава 2 от дял III от Правилника. Съгласно член 35 от Правилника, съдържащ се в същата глава, длъжностното лице може да има един от следните административни статути: в активна заетост, в командировка, в отпуск по лични причини, в неактивна заетост, в отпуск за отбиване на военна служба, в отпуск за отглеждане на дете или в отпуск по семейни причини и в отпуск в интерес на службата. „Прекратяването на служебното правоотношение“ се урежда обаче от глава 4 от дял III от Правилника. В член 47, съдържащ се в тази глава, се определят случаите, при които служебното правоотношение се прекратява, като оставка, задължителна оставка, отстраняване от длъжност в интерес на службата, уволнение поради професионална некомпетентност, отстраняване от служба, пенсиониране или смърт. От посоченото е видно, че докато отпускът в интерес на службата е замислен от законодателя на Съюза като „административен статут“, който длъжностно лице може да има по време на професионалната си кариера в институциите на Съюза, тезата на Комисията относно възможността за прилагане на член 42в от Правилника към длъжностно лице, което е достигнало „пенсионна възраст“ и по този начин относно възможността то да бъде задължено да ползва отпуск в интерес на службата едновременно с автоматичното пенсиониране, води до превръщане на разглежданата мярка от административен „статут“ в „прекратяване на служебното правоотношение“. Всъщност, както посочва съдията по обезпечителното производство в определение от 18 май 2017 г., RW/Комисия ( T‑170/17 R , непубликувано, EU:T:2017:351 , т. ), прилагането от Комисията на член 42в от Правилника е сходно с „автоматично пенсиониране в интерес на службата“ против волята на заинтересованото лице. От изложените по-горе съображения следва, че систематичното място на член 42в от Правилника в глава 2 от дял III от същия трудно може да се съгласува с посочената теза на Комисията и във всеки случай не опровергава извода в точка 84 по-горе. – По телеологичното тълкуване Комисията поддържа, че ratio legis на член 42в от Правилника е да се подобри управлението на човешките ресурси на институциите. Тази разпоредба позволява известна гъвкавост при управлението на персонала в предпенсионна възраст или на когото предстои непосредствено пенсиониране, като същевременно предоставя на съответните лица разумно обезщетение. Според Комисията законодателят на Съюза не е възнамерявал да ограничи обхвата на текста до длъжностните лица, на които не предстои непосредствено пенсиониране. Търсеното подобрение на управлението на човешките ресурси предполагало висока степен на преценка, още повече че, от една страна, то се извършва при зачитане на интересите на съответното длъжностно лице, и от друга страна, мярката е приоритетно насочена към длъжностните лица в предпенсионна възраст. Би било парадоксално мярката да не се прилага към длъжностни лица, които вече са достигнали пенсионна възраст. В този смисъл Комисията поддържа, че това разграничаване на приложното поле на член 42в от Правилника лишава тази разпоредба от част от ефикасността ѝ и от смисъла ѝ. Безспорно, както правилно изтъква Комисията, като се позовава на съображение 7 от Регламент № 1023/2013, целта на член 42в от Правилника в крайна сметка е подобряване на управлението на човешките ресурси на институциите (вж. в този смисъл решение от 14 декември 2018 г., FV/Съвет, T‑750/16 , обжалвано, EU:T:2018:972 , т. , , и ). Въпреки това, както впрочем отбелязва самата Комисия, законодателят на Съюза се е погрижил задължаването за ползване на отпуск в интерес на службата да се извършва при зачитане на интересите на съответните длъжностни лица. В това отношение следва да се припомни, че член 42в, седма алинея от Правилника предвижда, че задълженото да ползва отпуск в интерес на службата длъжностно лице получава обезщетение, изчислено в съответствие с приложение IV към Правилника. От единствения член, първа алинея от това приложение във връзка с член 42в от Правилника следва, че през първите три месеца от прилагането на мярката месечното обезщетение е равно на основната заплата на съответното длъжностно лице. От четвъртия до шестия месец то възлиза на 85 % от основната заплата, а след това и до автоматичното пенсиониране — на 70 % от основната заплата. Доколкото представлява разпоредба, предвидена от законодателя на Съюза, която смекчава неблагоприятните последици за съответните длъжностни лица от задължаването за ползване на отпуск в интерес на службата, следва да се насочим към член 42в, осма алинея от Правилника, който по същество позволява на съответното длъжностно лице да продължи да прави вноски към пенсионноосигурителната схема през периода на отпуска в интерес на службата, за да увеличи размера на пенсията, която ще получи при пенсионирането си. Налага се изводът, че ако се допускаше член 42в от Правилника да се прилага към длъжностно лице, достигнало „пенсионна възраст“, и следователно автоматичното му пенсиониране да бъде едновременно със задължаването му да ползва отпуск в интерес на службата, длъжностното лице нямаше да извлече полза от разпоредбите на член 42в, седма и осма алинея от Правилника, тъй като продължителността на отпуска в интерес на службата би била несъществуваща. При тези обстоятелства търсеното от законодателя на Съюза равновесие при приемането на член 42в от Правилника между съображенията, свързани с подобреното управление на човешките ресурси на институциите, и съображенията, свързани с достатъчната степен на защита на интересите на съответните длъжностни лица, би било нарушено в ущърб на последните съображения. Освен това следва също така да се констатира, че в случай на автоматично пенсиониране едновременно със задължаването за ползване на отпуск в интерес на службата ОН няма да разполага с възможността, предвидена в член 42в, четвърта алинея от Правилника, най-малкото „в изключителни ситуации“, да прекрати отпуска в интерес на службата и да възстанови длъжностното лице на работа. От това следва, че горепосоченият случай трудно може да се съгласува с тази разпоредба, доколкото, от една страна, тя автоматично води до лишаване на институциите, чрез отнемане на правото им на преценка, от инструмент за управление на персонала, каквато е възможността за възстановяване на съответното длъжностно лице на работа, и от друга страна, лишава длъжностното лице от възможността за такова възстановяване на работа. От горепосочените съображения следва изводът, че телеологичното тълкуване на член 42в от Правилника не подкрепя тезата на Комисията, а обратно — е в подкрепа на извода в точка 84 по-горе. Тази констатация по никакъв начин не е поставена под съмнение от решение от 14 декември 2018 г., FV/Съвет ( T‑750/16 , обжалвано, EU:T:2018:972 ), на което се позовават институциите в съдебното заседание. Несъмнено в това решение Общият съд, произнасяйки се по законосъобразността на решение за прилагане на член 42в от Правилника по отношение на длъжностно лице, което не е достигнало „пенсионна възраст“, отбелязва като цел, преследвана от законодателя на Съюза чрез приемането на тази разпоредба, подобряването по отношение на разходната ефективност на инвестицията, направена за професионалното обучение на длъжностните лица, и в крайна сметка за предоставянето на институциите на допълнителен инструмент за управление на персонала (решение от 14 декември 2018 г., FV/Съвет, T‑750/16 , обжалвано, EU:T:2018:972 , т. , , и ). Тези съображения на Общия съд обаче не са в противоречие с посочените в точки 91 и 94 по-горе съображения, свързани с търсеното от законодателя на Съюза равновесие в контекста на приемането на член 42в от Правилника. Ето защо при тълкуването на член 42в от Правилника следва да се направи извод, че тази разпоредба не е приложима по отношение на длъжностни лица, които, подобно на жалбоподателя, са достигнали „пенсионна възраст“ по смисъла на тази разпоредба. Следователно, като е приела обжалваното решение въз основа на тази разпоредба, Комисията не се е съобразила с приложното поле на разпоредбата и поради това обжалваното решение трябва да бъде отменено, без да е необходимо да се разглеждат основанията, изложени в точка 48 по-горе. По съдебните разноски Съгласно член 134, параграф 1 от Процедурния правилник загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане. След като Комисията е загубила делото, тя трябва да бъде осъдена да заплати съдебните разноски, включително и тези за обезпечителното производство, в съответствие с исканията на жалбоподателя. Парламентът и Съветът понасят направените от тях съдебни разноски в съответствие с член 138, параграф 1 от процедурния правилник. По изложените съображения ОБЩИЯТ СЪД (втори състав) реши: 1) Отменя решението на Европейската комисия от 21 декември 2016 г., с което RV е задължен да ползва отпуск в интерес на службата и едновременно с това автоматично е пенсиониран. 2) Отхвърля жалбата в останалата ѝ част. 3) Комисията понася направените от нея съдебни разноски, както и съдебните разноски на RV, включително тези по обезпечителното производство. 4) Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз понасят направените от тях съдебни разноски. Prek Buttigieg Berke Обявено в открито съдебно заседание в Люксембург на 12 юни 2019 година. Подписи ( *1 ) Език на производството: френски.

62020CJ0296

mt

It-talba għal deċiżjoni preliminari tirrigwarda l-interpretazzjoni tal-Konvenzjoni dwar il-ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta’ sentenzi f’materji ċivili u kummerċjali, iffirmata fit-30 ta’ Ottubru 2007, li ġiet approvata f’isem il-Komunità Ewropea permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/430/KE tas‑27 ta’ Novembru 2008 ( ĠU 2009, L 147, p. 1 , iktar ’il quddiem il-“Konvenzjoni ta’ Lugano II”), u, b’mod partikolari, tal-Artikolu 15(1)(ċ) kif ukoll tal-Artikolu 16(2) tiegħu. Din it-talba tressqet fil-kuntest ta’ tilwima bejn Commerzbank AG u E.O., dwar ir-rimbors ta’ dejn li jirriżulta minn bilanċ negattiv fil-kont kurrenti ta’ E.O. Il-kuntest ġuridiku Kif jirriżulta mill-Informazzjoni rigward id-data ta’ dħul fis-seħħ tal-Konvenzjoni dwar il-ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta’ sentenzi f’materji ċivili u kummerċjali, iffirmata f’Lugano fit-30 ta’ Ottubru 2007 ( ĠU 2011, L 138, p. 1 ), il-Konvenzjoni ta’ Lugano II daħlet fis-seħħ bejn l-Unjoni Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera fl-1 ta’ Jannar 2011. It-Titolu II tal-Konvenzjoni ta’ Lugano II, intitolat “Ġurisdizzjoni”, jinkludi, fit-Taqsima 1, intitolata “Dispożizzjonijiet ġenerali”, l-Artikoli 2 sa 4. L-Artikolu 2(1) ta’ din il-konvenzjoni jipprovdi: “Suġġett għad-dispożizzjonijet ta’ din il-Konvenzjoni, persuni domiċiljati fi Stat marbut b’din il-Konvenzjoni għandhom, irrispettivament miċ-ċittadinanza tagħhom, jiġu mħarrka fil-qrati ta’ dak l-Istat.” L-Artikolu 3(1) tal-imsemmija konvenzjoni huwa fformulat kif ġej: “Persuni domiċiljati fi Stat marbut b’din il-Konvenzjoni jistgħu jiġu mħarrka fil-qrati ta’ Stat ieħor marbut b’din il-Konvenzjoni permezz biss tar-regoli stabbiliti fit-Taqsimiet 2 sa 7 ta’ dan it-Titolu.” Il-punt 1 tal-Artikolu 5 tal-Konvenzjoni ta’ Lugano II, li jinsab fit-Taqsima 2 tat-Titolu II, intitolata “Ġurisdizzjoni speċjali”, jipprevedi: “Persuna domiċiljata fi Stat marbut b’din il-Konvenzjoni tista’, fi Stat ieħor marbut b’din il-Konvenzjoni, tiġi mħarrka: 1. (a) f’materji relatati ma’ kuntratt, fil-qrati tal-post tat-twettiq ta’ l-obbligazzjoni in kwistjoni; (b) għall-finijiet ta’ din id-dispożizzjoni u sakemm ma jkunx miftiehem mod ieħor, il-post tat-twettiq ta’ l-obbligazzjoni in kwistjoni għandu jkun: [...] – fil-każ tal-provvista ta’ servizzi, il-post fi Stat marbut b’din il-konvenzjoni fejn, skond il-kuntratt, is-servizzi ġew provduti jew kellhom jiġu pprovduti; (ċ) jekk is-subinċiż (b) ma japplikax, għandu japplika s-subinċiż (a); [...]” It-Titolu II tal-Konvenzjoni ta’ Lugano II jinkludi Taqsima 4, intitolata “Ġurisdizzjoni fuq kuntratti konsumeristiċi”, li taħtha l-Artikolu 15(1) jiddikjara: “F’materji relatati ma’ kuntratt li jsir minn persuna, il-konsumatur, għal skop li jista’ jkun meqjus lil hinn mis-sengħa jew professjoni tiegħu, il-ġurisdizzjoni għandha tkun stabbilita minn din it-Taqsima, mingħajr preġudizzju għall-[Artikolu 4 u l-punt 5 tal-Artikolu 5] jekk: [...] (b) ikun kuntratt ta’ self li jitħallas lura bin-nifs, jew bi kwalunkwe forma oħra ta’ kreditu, magħmul sabiex jiffinanzja l-bejgħ ta’ merċi, jew (ċ) fil-każijiet l-oħra kollha, il-kuntratt ikun sar ma’ persuna li teżerċita attivitajiet kummerċjali jew professjonali fl-Istat marbut b’din il-Konvenzjoni tad-domiċilju tal-konsumatur jew li, bi kwalunkwe mezz, tidderiġi dawk l-attivitajiet lejn dak l-Istat jew lejn diversi Stati li jinkludu dak l-Istat, u l-kuntratt jaqa’ fl-ambitu ta’ tali attivitajiet.” Skont l-Artikolu 16(2) ta’ din il-konvenzjoni: “Jistgħu jiġu istitwiti proċedimenti kontra konsumatur, mill-parti l-oħra fil-kuntratt, biss fil-qrati ta’ l-Istat marbut b’din il-Konvenzjoni li fih ikun domiċiljat il-konsumatur.” L-Artikolu 17 tal-imsemmija konvenzjoni jipprovdi: “In-nonkonformità mad-dispożizzjonijiet ta’ din it-Taqsima hija ammessa biss bi ftehim: 1. li jkun intlaħaq wara li tkun inqalgħet id-disputa, jew 2. li jippermetti lill-konsumatur li jistitwixxi proċedimenti fi qrati diversi minn dawk indikati f’din it-Taqsima, jew 3. li jkun intlaħaq bejn il-konsumatur u l-parti l-oħra fil-kuntratt, li t-tnejn ikunu fil-ħin tal-konklużjoni tal-kuntratt domiċiljati jew jirrisjedu abitwalment fl-istess Stat marbut b’din il-Konvenzjoni, u li jikkonferixxi l-ġurisdizzjoni fuq il-qrati ta’ dak l-Istat, sakemm dak il-ftehim ma jmurx kontra l-liġi ta’ dak l-Istat.” Il-kawża prinċipali u d-domandi preliminari Commerzbank, kumpannija rregolata mid-dritt Ġermaniż, għandha s-sede tagħha fi Frankfurt am Main (il-Ġermanja). Matul is-sena 2009, E.O., li dak iż-żmien kien iddomiċiljat fi Dresden (il-Ġermanja), kien fetaħ kont kurrenti ma’ sussidjarja ta’ Commerzbank, ukoll stabbilita fi Dresden. Karta ta’ kreditu ġiet maħruġa lilu minn din tal-aħħar. Matul is-sena 2014, E.O. ttrasferixxa d-domiċilju tiegħu fl-Isvizzera. Mill-fatti kkonstatati mill-qorti tal-appell jirriżulta li Commerzbank kien ittollera bilanċi negattivi fuq il-kont kurrenti tiegħu. Fix-xahar ta’ Jannar 2015, E.O. xtaq itemm ir-relazzjoni ta’ negozju ma’ Commerzbank. F’dak iż-żmien il-kont kurrenti kellu bilanċ ta’ debitu li kien jammonta għal EUR 6 283.37. E.O. rrifjuta li jpaċi dan il-bilanċ minħabba li dan kien irriżulta minn użu frawdolenti minn terzi tal-karta ta’ kreditu tiegħu minn terzi. Wara li ordnat lil E.O., diversi drabi, mingħajr suċċess, biex ipaċi l-bilanċ ta’ debitu inkwistjoni, Commerzbank, fix-xahar ta’ April 2015, ittermina, b’effett immedjat, ir-“relazzjoni ta’ kreditu” bejn il-partijiet u stabbilixxa bilanċ ta’ debitu dovut favurih li kien jammonta għal EUR 4 856.61. Peress li E.O. ma paċiex dan il-bilanċ, Commerzbank, fix-xahar ta’ Novembru 2016, ippreżentat azzjoni quddiem l-Amtsgericht Dresden (il-Qorti Distrettwali ta’ Dresden, il-Ġermanja) intiża sabiex E.O. jiġi kkundannat iħallas l-imsemmi bilanċ. L-imsemmija qorti ċaħdet din it-talba bħala inammissibbli minħabba li ma kellhiex ġurisdizzjoni, fid-dawl tad-domiċilju tal-konvenut, li issa jinsab fl-Isvizzera. Fl‑14 ta’ Ġunju 2018, il-Landgericht Dresden (il-Qorti Reġjonali ta’ Dresden, il-Ġermanja) ikkonfermat fl-appell is-sentenza mogħtija fl-ewwel istanza. Għaldaqstant Commerzbank ippreżentat rikors għal Reviżjoni quddiem il-qorti tar-rinviju. Il-Bundesgerichtshof (il-Qorti Federali tal-Ġustizzja, il-Ġermanja) tenfasizza li r-riżultat tar-rikors li bih hija adita jiddependi mill-interpretazzjoni tal-Artikolu 15(1)(ċ) u tal-Artikolu 16(2) tal-Konvenzjoni ta’ Lugano II. Il-Bundesgerichtshof (il-Qorti Federali tal-Ġustizzja) tfakkar il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja li fiha hija interpretat l-Artikolu 15(1) tal-Konvenzjoni ta’ Lugano II u adottat tliet kundizzjonijiet kumulattivi li jippermettu l-applikazzjoni ta’ din id-dispożizzjoni. L-ewwel, parti kontraenti għandha l-kwalità ta’ “konsumatur” li taġixxi f’kuntest li jista’ jitqies li ma jagħmilx parti mill-attività professjonali tiegħu, it-tieni, li l-kuntratt bejn tali konsumatur u l-bejjiegħ jew fornitur ikun ġie effettivament konkluż u, it-tielet, tali kuntratt jaqa’ taħt waħda mill-kategoriji previsti fil-paragrafu 1 tal-imsemmi Artikolu 15. Il-qorti tar-rinviju tqis li l-ewwel żewġ kundizzjonijiet huma ssodisfatti f’dan il-każ. Fir-rigward tat-tielet, sa fejn il-kuntratt inkwistjoni fil-kawża prinċipali ma jaqax taħt l-Artikolu 15(1) (a) u (b) tal-Konvenzjoni ta’ Lugano II, dan jista’ jaqa’ biss taħt l-Artikolu 15(1)(ċ) ta’ din il-konvenzjoni. Għaldaqstant, l-imsemmija qorti tistaqsi jekk l-Artikolu 15(1)(ċ) tal-Konvenzjoni ta’ Lugano II jippreżupponix l-eżistenza ta’ attività transkonfinali tal-parti kontraenti tal-konsumatur fid-data tal-konklużjoni tal-kuntratt, filwaqt li tfakkar li, f’din id-data, jiġifieri matul is-sena 2009, kemm il-konsumatur kif ukoll il-bejjiegħ jew il-fornitur, permezz tas-sussidjarja tiegħu, kienu ddomiċiljati fi Dresden. F’dawn iċ-ċirkustanzi, il-Bundesgerichtshof (il-Qorti Federali tal-Ġustizzja, il-Ġermanja) iddeċidiet li tissospendi l-proċeduri quddiemha u li tagħmel lill-Qorti tal-Ġustizzja d-domandi preliminari li ġejjin: “1) L-Artikolu 15(1)(ċ) tal-Konvenzjoni ta’ Lugano II għandu jiġi interpretat fis-sens li l-“eżerċizzju” ta’ attivitajiet kummerċjali jew professjonali fl-Istat marbut [b’din il-]Konvenzjoni li fit-territorju tiegħu l-konsumatur għandu d-domiċilju tiegħu jippreżupponi, sa mit-tħejjija u l-konklużjoni tal-kuntratt, l-eżistenza ta’ attività transkonfinali tal-parti kontraenti mal-konsumatur, jew din id-dispożizzjoni għandha tiġi applikata wkoll sabiex tiġi stabbilita l-qorti li għandha ġurisdizzjoni sabiex tieħu konjizzjoni ta’ kawża meta, fil-mument tal-konklużjoni tal-kuntratt, il-partijiet f’dan il-kuntratt kellhom id-domiċilju tagħhom fis-sens tal-Artikoli 59 u 60 tal-Konvenzjoni ta’ Lugano II fl-istess Stat marbut bil-Konvenzjoni u meta r-relazzjoni ġuridika tkun kisbet natura internazzjonali biss a posteriori, minħabba li l-konsumatur, sussegwentement, ikun iċċaqlaq lejn Stat ieħor marbut [bl-imsemmija] Konvenzjoni? 2) Fil-każ li l-eżistenza ta’ attività transkonfinali fil-mument tal-konklużjoni tal-kuntratt ma tkunx neċessarja: Id-dispożizzjonijiet meħuda flimkien tal-Artikolu 15(1)(ċ) u tal-Artikolu 16(2) tal-Konvenzjoni ta’ Lugano II jeskludu b’mod ġenerali d-determinazzjoni tal-qorti li għandha ġurisdizzjoni skont il-punt 1 tal-Artikolu 5 tal-istess konvenzjoni meta l-konsumatur, bejn il-mument tal-konklużjoni tal-kuntratt u dak tat-tressiq tal-kawża, ikun iċċaqlaq lejn Stat ieħor marbut bil-Konvenzjoni [ta’ Lugano II], jew huwa wkoll neċessarju li l-parti kontraenti mal-konsumatur teżerċita l-attivitajiet kummerċjali jew professjonali tagħha ukoll fl-Istat il-ġdid ta’ residenza jew li hija tindirizza dawn l-attivitajiet lejn dan l-Istat u li l-kuntratt jaqa’ fil-kuntest ta’ dawn l-attivitajiet? ” Il-proċedura quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja Permezz ta’ deċiżjoni tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tat‑22 ta’ Lulju 2020, il-proċedura quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja ġiet sospiża sakemm jingħata d-digriet fil-Kawża C‑98/20, mBank (digriet tat‑3 ta’ Settembru 2020, mBank C‑98/20 , EU:C:2020:672 ). Din il-proċedura tkompliet fis‑7 ta’ Settembru 2020. Wara li ngħata dan id-digriet, il-qorti tar-rinviju ġiet mistoqsija mir-Reġistru dwar jekk hija xtaqitx iżżomm it-talba tagħha għal deċiżjoni preliminari. Bi tweġiba, permezz ta’ ittra tas‑6 ta’ Ottubru 2020, il-Bundesgerichtshof (il-Qorti Federali tal-Ġustizzja) indikat li kienet qiegħda tirtira t-tieni domanda dwar l-Artikolu 16(2) tal-Konvenzjoni ta’ Lugano II, iżda żammet l-ewwel domanda tat-talba tagħha għal deċiżjoni preliminari, dwar l-interpretazzjoni tal-Artikolu 15(1)(ċ) ta’ din il-konvenzjoni. Konsegwentement, saret in-notifika tat-talba għal deċiżjoni preliminari, flimkien mat-tweġiba tal-qorti tar-rinviju. Fuq id-domanda preliminari Il-qorti tar-rinviju tippreċiża mill-bidu nett li huwa biss jekk id-dispożizzjonijiet tat-Taqsima 4 tat-Titolu II tal-Konvenzjoni ta’ Lugano II jiġu esklużi li l-ġurisdizzjoni internazzjonali tal-qrati Ġermaniżi tista’ tinżamm fuq il-bażi tal-punt 1 tal-Artikolu 5 ta’ din il-konvenzjoni. Preliminarjament, għandu jitfakkar, l-ewwel, li, kif ippreċiżat il-Qorti tal-Ġustizzja fis-sentenza tal‑20 ta’ Diċembru 2017, Schlömp ( C‑467/16 , EU:C:2017:993 , punt ), il-Konvenzjoni ta’ Lugano II daħlet fis-seħħ bejn l-Unjoni Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera fl‑1 ta’ Jannar 2011. Għalhekk, għalkemm il-kuntratt fil-kawża prinċipali ġie konkluż qabel din id-data, peress li x-xoljiment tiegħu u l-azzjoni ġudizzjarja sussegwenti seħħew ulterjorment, l-applikabbiltà tal-imsemmija konvenzjoni ma tistax tiġi kkontestata. It-tieni, skont ġurisprudenza stabbilita, għad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni ta’ Lugano II li huma, essenzjalment, identiċi għal dawk tar-Regolament Nru 1215/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat‑12 ta’ Diċembru 2012 dwar il-ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta’ sentenzi fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali (riformulazzjoni) ( ĠU 2012, L 351, p. 1 ) u, qablu, tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 44/2001 tat‑22 ta’ Diċembru 2000 dwar ġurisdizzjoni u rikonoxximent u eżekuzzjoni ta’ sentenzi f’materji ċivili u kummerċjali (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 19, Vol. 4, p. 42), kif ukoll, iktar preċedentement, tal-Konvenzjoni ta’ Brussell tal-1968 dwar il-ġurisdizzjoni u l-eżekuzzjoni ta’ sentenzi f’materji ċivili u kummerċjali ( ĠU 1972, L 299, p. 32 ), il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja dwar l-interpretazzjoni ta’ dawn id-dispożizzjonijiet tal-Unjoni tibqa’ rilevanti (digriet tal‑15 ta’ Mejju 2019, MC, C‑827/18 , mhux ippubblikat, EU:C:2019:416 , punt u l-ġurisprudenza ċċitata). It-tielet, fit-Taqsima 4 tat-Titolu II tal-Konvenzjoni ta’ Lugano II, intitolata “Ġurisdizzjoni fuq kuntratti konsumeristiċi”, jinsabu b’mod partikolari l-Artikoli 15 u 16. L-Artikolu 15 tal-Konvenzjoni ta’ Lugano II jiffissa t-tliet kundizzjonijiet imfakkra fil-punt 21 ta’ din is-sentenza, li għandhom jiġu ssodisfatti sabiex tiskatta l-applikazzjoni tal-imsemmija Taqsima 4. Skont il-ġurisprudenza, dawn il-kundizzjonijiet għandhom jiġu ssodisfatti b’mod kumulattiv, b’tali mod li, jekk waħda minn fosthom ma tiġix issodisfatta, il-ġurisdizzjoni ma tistax tiġi ddeterminata skont ir-regoli f’materji kuntrattwali konklużi mill-konsumaturi (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tas‑26 ta’ Marzu 2020, Primera Air Scandinavia, C‑215/18 , EU:C:2020:235 , punt u l-ġurisprudenza ċċitata). Fir-rigward tal-Artikolu 16 tal-Konvenzjoni ta’ Lugano II, il-Qorti tal-Ġustizzja fakkret reċentement, fir-rigward tal-Artikolu 18 tar-Regolament Nru 1215/2012, li l-formulazzjoni tiegħu hija, essenzjalment identika għal dik tal-Artikolu 16, li l-kunċett ta’ “domiċilju tal-konsumatur” għandu jiġi interpretat bħala li jindika d-domiċilju tal-konsumatur fid-data tal-preżentata tal-azzjoni ġudizzjarja (digriet tat‑3 ta’ Settembru 2020, mBank, C‑98/20 , EU:C:2020:672 , punt ). Ir-raba’, wieħed għandu jżomm f’moħħu li, fir-rigward tar-regoli ta’ ġurisdizzjoni speċjali fil-qasam ta’ kuntratti konklużi minn konsumatur, fl-ipoteżi fejn, bħal f’dan il-każ, l-azzjoni tiġi ppreżentata kontra l-konsumatur mill-bejjiegħ jew fornitur, regola bħal dik iddikjarata fl-Artikolu 16(2) tal-Konvenzjoni ta’ Lugano II hija kkwalifikata bħala “regola ta’ ġurisdizzjoni esklużiva”, li bis-saħħa tagħha l-azzjoni tista’ titressaq biss quddiem il-qrati tal-Istat li fit-territorju tiegħu l-konsumatur huwa ddomiċiljat (ara, b’analoġija, id-digriet tat‑3 ta’ Settembru 2020, mBank, C‑98/20 , EU:C:2020:672 , punt ). Huwa fid-dawl ta’ dawn il-kunsiderazzjonijiet li għandha tingħata risposta għad-domanda magħmula. Permezz tad-domanda tagħha, il-qorti tar-rinviju tistaqsi, essenzjalment, jekk l-Artikolu 15(1)(ċ) tal-Konvenzjoni ta’ Lugano II għandux jiġi interpretat fis-sens li jiddetermina l-ġurisdizzjoni fil-każ fejn il-bejjiegħ jew fornitur u l-konsumatur, li jkunu partijiet fil-kuntratt, kellhom, fid-data tal-konklużjoni tiegħu, id-domiċilju tagħhom fl-istess Stat marbut b’din il-konvenzjoni u fejn element barrani tar-relazzjoni legali jkun deher biss wara din id-data, minħabba t-trasferiment tad-domiċilju tal-konsumatur lejn Stat ieħor marbut mill-imsemmija konvenzjoni jew jekk, f’tali ipoteżi, din id-dispożizzjoni tirrikjedi l-eżistenza ta’ attività transkonfinali min-naħa ta’ dan il-bejjiegħ u jew fornitur hekk kif jiġi konkluż l-imsemmi kuntratt. Skont ġurisprudenza stabbilita, il-metodi ta’ interpretazzjoni li l-Qorti tal-Ġustizzja tuża jeħtieġu li jittieħdu inkunsiderazzjoni mhux biss il-kliem tad-dispożizzjoni kkonċernata iżda wkoll il-kuntest li fih tinsab kif ukoll l-għanijiet li jixtieq jilħaq l-att li hija tagħmel parti minnu (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tal‑25 ta’ Ġunju 2020, A et (Installazzjonijiet Eoliċi f’Aalter u f’Nevele), C‑24/19 , EU:C:2020:503 , punt kif ukoll il-ġurisprudenza ċċitata). Fl-ewwel lok, skont il-formulazzjoni tal-Artikolu 15(1)(ċ) tal-Konvenzjoni ta’ Lugano II, il-parti kontraenti mal-konsumatur “fil-każijiet l-oħra kollha, il-kuntratt ikun sar ma’ persuna li teżerċita attivitajiet kummerċjali jew professjonali fl-Istat marbut b’din il-Konvenzjoni tad-domiċilju tal-konsumatur jew li, bi kwalunkwe mezz, tidderiġi dawk l-attivitajiet lejn dak l-Istat jew lejn diversi Stati li jinkludu [l-imsemmi Istat], u l-kuntratt jaqa’ fl-ambitu ta’ tali attivitajiet”. Kif issostni l-Kummissjoni Ewropea, la jirriżulta espressament u lanqas impliċitament mill-kliem ta’ din id-dispożizzjoni li, fid-data li fiha l-kuntratt ġie konkluż, l-attività professjonali għandha neċessarjament tkun diretta lejn Stat li ma huwiex dak tas-sede tal-bejjiegħ jew fornitur. Bl-istess mod, xejn ma jindika li l-Istat li fih il-konsumatur għandu d-domiċilju tiegħu għandu jkun Stat differenti minn dak tas-sede tal-parti kontraenti bejjiegħa jew fornitriċi. Għalhekk, huwa espressament meħtieġ biss il-fatt li l-parti kontraenti bejjiegħa jew fornitriċi teżerċita l-attività tagħha fl-Istat fejn jinsab id-domiċilju tal-konsumatur. Din il-konsiderazzjoni hija kkorroborata mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja fir-rigward tal-istrumenti ekwivalenti għall-Konvenzjoni ta’ Lugano II. B’hekk, il-Qorti tal-Ġustizzja diġà ddeċidiet li r-regoli uniformi ta’ ġurisdizzjoni kienu applikabbli minkejja ċ-ċirkustanza li, fid-data tal-konklużjoni tal-kuntratt, il-konsumatur u l-bejjiegħ jew fornitur kellhom id-domiċilju tagħhom fl-istess Stat (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tas‑17 ta’ Novembru 2011, Hypoteční banka, C‑327/10 , EU:C:2011:745 , punti , , u kif ukoll il-ġurisprudenza ċċitata). Fis-sentenza tal‑14 ta’ Novembru 2013, Maletic ( C‑478/12 , EU:C:2013:735 , punt ), il-Qorti tal-Ġustizzja reġgħet tenniet il-ġurisprudenza stabbilita tagħha li l-applikazzjoni tar-regoli ta’ ġurisdizzjoni teħtieġ l-eżistenza ta’ element barrani u li n-natura internazzjonali tar-relazzjoni ġuridika inkwistjoni ma għandhiex neċessarjament tirriżulta mill-involviment, minħabba l-mertu tal-kawża jew id-domiċilju rispettiv tal-partijiet fil-kawża, ta’ diversi Stati kontraenti. Għandu jiġi osservat li għalkemm, fiċ-ċirkustanzi li wasslu għall-għoti tad-digriet tat‑3 ta’ Settembru 2020, mBank ( C‑98/20 , EU:C:2020:672 ), il-bank, stabbilit fi Stat wieħed, kellu fergħa fi Stat ieħor fejn kien, fid-data tal-konklużjoni tal-kuntratt, ukoll iddomiċiljat il-konsumatur, huwa paċifiku li, f’din il-kawża, l-imsemmi bank ma kien jeżerċita ebda attività professjonali jew kummerċjali fit-tielet Stat fejn il-konsumatur kien issa ddomiċiljat, mingħajr ma din iċ-ċirkustanza tostakola l-applikazzjoni tal-Artikolu 17(1)(c) tar-Regolament Nru 1215/2012 li d-dispożizzjonijiet tiegħu huma kważi identiċi għal dawk tal-Artikolu 15(1)(ċ) tal-Konvenzjoni ta’ Lugano II. Il-kunsiderazzjonijiet preċedenti ma humiex kontradetti mill-motivi tas-sentenza tas‑7 ta’ Diċembru 2010, Pammer u Hotel Alpenhof ( C‑585/08 u C‑144/09 , EU:C:2010:740 ). Fil-fatt, il-kawża li tat lok għal din is-sentenza kienet tikkonċerna l-interpretazzjoni tal-frażi “immexxija [immirata] għal” f’każ fejn l-attività tal-bejjiegħ jew fornitur kienet ippreżentata fuq sit internet, u l-kwistjoni dwar jekk is-sempliċi “aċċessibbiltà” tas-sit internet kinitx suffiċjenti. Għalhekk, mill-imsemmija sentenza ma jistax jiġi dedott li, bħala prinċipju, fil-kuntest tal-Artikolu 15(1)(ċ) tal-Konvenzjoni ta’ Lugano II, l-eżerċizzju ta’ attività professjonali jew kummerċjali għandu neċessarjament jikkonċerna Stat kontraenti ieħor meta jiġi konkluż il-kuntratt u l-applikazzjoni ta’ dan l-artikolu tiġi eskluża meta l-konsumatur, fid-data tal-konklużjoni ta’ dan il-kuntratt, ikollu d-domiċilju tiegħu fl-istess Stat bħall-parti kokontraenti bejjiegħa jew fornitriċi. Fit-tieni lok, fir-rigward tal-kuntest, il-qorti tar-rinviju tibbaża ruħha fuq qari komparattiv tal-punti (a) sa (ċ), tal-Artikolu 15(1) tal-Konvenzjoni ta’ Lugano II, sabiex tissuġġerixxi li element barrani waqt il-konklużjoni tal-kuntratt huwa meħtieġ fil-punt (ċ) ta’ din id-dispożizzjoni. F’dan ir-rigward, kif irrilevat ukoll il-Kummissjoni, l-ebda waħda mit-tliet ipoteżi msemmija fl-Artikolu 15(1) tal-Konvenzjoni ta’ Lugano II ma ssemmi l-ħtieġa li l-attività eżerċitata għandu jkollha element barrani fid-data tal-konklużjoni tal-kuntratt. Fir-rigward tal-interpretazzjoni sistematika tal-Artikolu 15 tal-imsemmija konvenzjoni, għandu jiġi enfasizzat li mill-Artikolu 17(3) tagħha jirriżulta li l-klawżoli jikkonferixxu ġurisdizzjoni “li jkun intlaħaq bejn il-konsumatur u l-parti l-oħra fil-kuntratt, li t-tnejn ikunu fil-ħin tal-konklużjoni tal-kuntratt domiċiljati jew jirrisjedu abitwalment fl-istess Stat marbut b’din il-Konvenzjoni, [jikkonferixxu] l-ġurisdizzjoni fuq il-qrati ta’ dak l-Istat, sakemm dak il-ftehim ma jmurx kontra l-liġi ta’ dak l-Istat”. Għalhekk, u kif isostni l-Avukat Ġenerali fil-punti 76 u 77 tal-konklużjonijiet tiegħu, il-fatt li l-partijiet kienu ddomiċiljati fl-istess Stat fid-data tal-konklużjoni tal-kuntratt inkwistjoni fil-kawża prinċipali ma jipprekludix l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Taqsima 4 tat-Titolu II tal-Konvenzjoni ta’ Lugano II, bħall-Artikolu 17(3) tagħha. Minn dan isegwi li interpretazzjoni sistematika tad-dispożizzjonijiet tat-Taqsima 4 tat-Titolu II tal-Konvenzjoni ta’ Lugano II ma tirrikjedix l-eżistenza ta’ attività transkonfinali min-naħa tal-bejjiegħ jew fornitur malli jiġi konkluż il-kuntratt. Fit-tielet lok, fir-rigward tal-għan li għandu jintlaħaq mill-Konvenzjoni ta’ Lugano II, u bi tweġiba għat-tieni oġġezzjoni ta’ Commerzbank, relatata man-natura prevedibbli tar-regoli ta’ ġurisdizzjoni kif ukoll mar-riskju li l-konsumatur “jieħu miegħu” il- forum ta’ protezzjoni, wieħed għandu jżomm f’moħħu li r-regoli ta’ din il-konvenzjoni ma humiex intiżi li jirregolaw l-istruttura tal-kuntratt, iżda li joħolqu regoli uniformi ta’ ġurisdizzjoni internazzjonali (ara, b’analoġija, is-sentenza tal‑25 ta’ Frar 2021, Markt24, C‑804/19 , EU:C:2021:134 , punti u kif ukoll il-ġurisprudenza ċċitata) u li dawn ma humiex iddeterminati qabel il-preżentata tal-azzjoni ġudizzjarja (ara, f’dan is-sens, id-digriet tat‑3 ta’ Settembru 2020, mBank, C‑98/20 , EU:C:2020:672 , punt ). Fil-fatt, kuntrarjament għall-allegazzjonijiet tar-rikorrenti fil-kawża prinċipali, għandu jiġi kkonstatat li r-regola tal-ġurisdizzjoni tal-qorti tad-domiċilju tal-konsumatur, minkejja bidla eventwali fid-domiċilju, ma hijiex biss ir-riżultat tal-proċess ta’ integrazzjoni leġiżlattiva, li tiegħu r-regoli tal-Konvenzjoni ta’ Lugano II jikkostitwixxu wieħed mill-eżempji, iżda tikkorrispondi wkoll għal dik abitwali tal-ġurisdizzjoni skont id-domiċilju tal-konvenut, stabbilita fl-Artikolu 2(1) ta’ din il-konvenzjoni. Fir-raba’ u l-aħħar lok, il-qorti tar-rinviju tibbaża ruħha fuq ir-Rapport ta’ P. Schlosser dwar il-Konvenzjoni tad‑9 ta’ Ottubru 1978 dwar l-Adeżjoni tar-Renju tad-Danimarka, tal-Irlanda u tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq mal-Konvenzjoni dwar il-ġurisdizzjoni u l-eżekuzzjoni tas-sentenzi f’materji ċivili u kummerċjali, kif ukoll għall-Protokoll dwar l-interpretazzjoni tagħha mill-Qorti tal-Ġustizzja ( ĠU 1979, C 59, p. 71 , punt 161) sabiex tqis li, fil-każ li l-konsumatur jittrasferixxi d-domiċilju tiegħu fi Stat ieħor wara l-konklużjoni tal-kuntratt, is-Sezzjoni 4, intitolata “Ġurisdizzjoni fuq kuntratti ta’ konsumaturi”, tat-Titolu II tal-Konvenzjoni dwar il-ġurisdizzjoni u l-eżekuzzjoni ta’ sentenzi f’materji ċivili u kummerċjali, iffirmata f’Lugano fis‑16 ta’ Settembru 1988 ( ĠU 1988, L 319, p. 9 ), imsejħa “Konvenzjoni ta’ Lugano”, tapplika għall-każijiet imsemmija fil-punt 3 tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 13 ta’ din il-konvenzjoni (li d-dispożizzjonijiet tiegħu jirriżultaw mill-ġdid fl-Artikolu 15(1)(ċ) tal-Konvenzjoni ta’ Lugano II) biss jekk il-kundizzjonijiet previsti f’din id-dispożizzjoni jiġu ssodisfatti fl-ewwel Stat ta’ residenza. Għandu jitfakkar li l-punt 161 tal-imsemmi rapport jesponi li din ma hijiex regola assoluta, iżda li hija suġġetta għal eċċezzjonijiet. Dan il-punt jenfasizza l-ħsieb wara din ir-regola marbut mad-diffikultajiet inerenti fil-pubblikazzjoni transkonfinali għal skopijiet ta’ konklużjoni tal-kuntratt. F’dan ir-rigward, għandu jiġi kkonstatat li l-kundizzjonijiet marbuta mat-teknoloġiji ta’ komunikazzjoni żviluppaw kunsiderevolment wara l-pubblikazzjoni ta’ dan ir-rapport. Fi kwalunkwe każ, għalkemm il-kontenut ta’ tali rapport jista’ jikkorrobora jew jikkonferma l-analiżi tad-dispożizzjonijiet li tagħhom il-Qorti tal-Ġustizzja għandha tipprovdi interpretazzjoni, dan ma huwiex tali li jeskludi l-formulazzjoni tal-istipulazzjonijiet tagħhom. Issa, kif jirriżulta mill-punti 43 sa 54 ta’ din is-sentenza, kemm mill-kliem tal-Artikolu 15(1)(ċ) tal-Konvenzjoni ta’ Lugano II, mill-kuntest ta’ din id-dispożizzjoni, kif ukoll mill-għan ta’ din il-konvenzjoni, jirriżulta li l-applikabbiltà tal-imsemmija dispożizzjoni hija suġġetta biss għall-kundizzjoni espressa li l-parti kontraenti bejjiegħa jew fornitriċi teżerċita l-attività tagħha fl-Istat tad-domiċilju tal-konsumatur fid-data tal-konklużjoni tal-kuntratt, mingħajr ma t-trasferiment ulterjuri tad-domiċilju tal-konsumatur fi Stat kontraenti ieħor ma jkun jista’ jipprekludi l-applikabbiltà tal-istess dispożizzjoni. Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet preċedenti, ir-risposta għad-domanda magħmula għandha tkun li l-Artikolu 15(1)(ċ) tal-Konvenzjoni ta’ Lugano II għandu jiġi interpretat fis-sens li din id-dispożizzjoni tiddetermina l-ġurisdizzjoni fil-każ fejn il-bejjiegħ jew fornitur u l-konsumatur, li huma partijiet f’kuntratt ta’ konsum, kienu, fid-data tal-konklużjoni ta’ dan il-kuntratt, iddomiċiljati fl-istess Stat marbut b’din il-konvenzjoni, u fejn element barrani tar-relazzjoni legali dehret biss wara l-konklużjoni tal-imsemmi kuntratt, minħabba trasferiment ulterjuri tad-domiċilju tal-konsumatur fi Stat ieħor marbut mill-imsemmija konvenzjoni. Fuq l-ispejjeż Peress li l-proċedura għandha, fir-rigward tal-partijiet fil-kawża prinċipali, in-natura ta’ kwistjoni mqajma quddiem il-qorti tar-rinviju, hija din il-qorti li tiddeċiedi fuq l-ispejjeż. L-ispejjeż sostnuti għas-sottomissjoni tal-osservazzjonijiet lill-Qorti tal-Ġustizzja, minbarra dawk tal-imsemmija partijiet, ma jistgħux jitħallsu lura. Għal dawn il-motivi, Il-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) taqta’ u tiddeċiedi: L-Artikolu 15(1)(ċ) tal-Konvenzjoni dwar il-ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta’ sentenzi f’materji ċivili u kummerċjali, iffirmata fit-30 ta’ Ottubru 2007, li ġiet approvata f’isem il-Komunità Ewropea permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/430/KE tas‑27 ta’ Novembru 2008, għandu jiġi interpretat fis-sens li din id-dispożizzjoni tiddetermina l-ġurisdizzjoni fil-każ fejn il-bejjiegħ jew fornitur u l-konsumatur, li huma partijiet f’kuntratt ta’ konsum, kienu, fid-data tal-konklużjoni ta’ dan il-kuntratt, iddomiċiljati fl-istess Stat marbut b’din il-konvenzjoni, u fejn element barrani tar-relazzjoni legali dehret biss wara l-konklużjoni tal-imsemmi kuntratt, minħabba trasferiment ulterjuri tad-domiċilju tal-konsumatur fi Stat ieħor marbut mill-imsemmija konvenzjoni. Firem ( *1 ) Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż.

62008CJ0109

et

Euroopa Ühenduste Komisjon palub oma hagis Euroopa Kohtul: — tuvastada, et kuna Kreeka Vabariik ei ole võtnud kõiki vajalikke meetmeid selleks, et täita 26. oktoobri 2006. aasta kohtuotsust kohtuasjas C-65/05: komisjon vs. Kreeka (EKL 2006, lk I-10341 ), siis on ta rikkunud kohustusi, mis tulenevad EÜ artiklitest 28, 43 ja 49 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuni 1998. aasta direktiivi 98/34/EÜ, millega nähakse ette tehnilistest standarditest ja eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord ( EÜT L 204, lk 37 ; ELT eriväljaanne 13/20, lk 337), muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuli 1998. aasta direktiiviga 98/48/EÜ ( EÜT L 217, lk 18 ; ELT eriväljaanne 13/21, lk 8; edaspidi „direktiiv 98/34”), artiklist 8; — mõista Kreeka Vabariigilt komisjoni „Euroopa Ühenduse omavahendite” kontole kandmiseks välja trahv summas 31798,80 eurot iga eespool viidatud kohtuotsuse komisjon vs. Kreeka täitmisega hilinetud päeva eest alates käesolevas asjas kohtuotsuse kuulutamisest kuni eespool viidatud kohtuotsuse komisjon vs . Kreeka täitmiseni; — mõista Kreeka Vabariigilt komisjoni „Euroopa Ühenduse omavahendite” kontole kandmiseks välja põhisumma 9636 eurot päevas alates 26. oktoobrist 2006 kuni käesolevas asjas kohtuotsuse kuulutamise kuupäevani või eespool viidatud kohtuotsuse komisjon vs. Kreeka täitmise kuupäevani, kui see on varasem, ning — mõista kohtukulud välja Kreeka Vabariigilt. Õiguslik raamistik Kreeka seaduse 3037/2002 (FEK A’ 174/30.7.2002) artikli 2 „Mängude kasutamise või paigaldamise keeld” lõike 1 kohaselt on elektriliste, elektromehaaniliste ja elektrooniliste mängude, „sh arvutite kasutamine […] üldiselt keelatud avalikes kohtades, nagu hotellides, kohvikutes, kõikides üldkasutatavates ruumides ja mis tahes muudes avalikes kohtades või eraruumides. Nende mängude paigaldamine on samuti keelatud”. Sama seaduse artikkel 3 „Interneti-teenuseid osutavad ettevõtjad” sätestab, et „[a]rvutite paigaldamine ja kasutamine Interneti-teenuseid osutavates ettevõtetes ei kuulu artiklis 2 nimetatud keelu kohaldamisalasse. Sellegipoolest on mängude kasutamine sõltumata kasutatavast meetodist nendes arvutites keelatud”. Nende keeldude eiramine toob kaasa nimetatud seaduse artiklis 4 sätestatud kriminaalkaristuste ning samuti seaduse artiklis 5 ette nähtud halduskaristuste kohaldamise. Selle seaduse artikli 9 lõike 1 kohaselt ei mõjuta seaduse sätted „seaduse 2206/1994 sätteid ega muid kasiinosid käsitlevaid sätteid”. Kohtuotsus komisjon vs. Kreeka Eespool viidatud kohtuotsuse komisjon vs. Kreeka resolutsiooni punktis 1 otsustas Euroopa Kohus järgmist: „Kuna Kreeka Vabariik kehtestas seaduse 3037/2002 artikli 2 lõikes 1 ja artiklis 3 keelu paigaldada ja kasutada mis tahes elektrilisi, elektromehaanilisi ja elektroonilisi mänge, sealhulgas mis tahes arvutimänge kõigis avalikes kohtades või eraruumides, välja arvatud kasiinod, ja kuna keelu rikkumise eest karistatakse sama seaduse artiklites 4 ja 5 ette nähtud kriminaal- või halduskaristustega, on Kreeka Vabariik rikkunud kohustusi, mis tulenevad EÜ artiklitest 28, 43 ja 49 ning […] direktiivi [98/34] artiklist 8”. Kohtueelne menetlus 11. detsembril 2006 nõudis komisjon Kreeka Vabariigilt teavet selle kohta, millises seisus on eespool viidatud kohtuotsuse komisjon vs. Kreeka täitmine; Kreeka Vabariik vastas teabenõudele 12. veebruari 2007. aasta kirjaga. Selles kirjas ei esitanud Kreeka ametiasutused mingit konkreetset teavet asjaomaste siseriiklike õigusnormide muutmise kohta kohtuotsuse täitmise eesmärgil. Seevastu rõhutasid nad selliste muudatuste olulisust ja keerukust, väites, et pädevad ministeeriumid teevad koostööd sobivate õigusnormide väljatöötamiseks, mis järgiksid ühenduse õigust ja proportsionaalsuse põhimõtet. Leides, et Kreeka Vabariik ei olnud võtnud eespool viidatud kohtuotsuse komisjon vs. Kreeka täitmiseks vajalikke meetmeid, saatis komisjon 23. märtsil 2007 EÜ artikli 228 alusel nimetatud liikmesriigile märgukirja. Kuna Kreeka Vabariik märgukirjale ei vastanud, saatis komisjon sellele liikmesriigile 29. juunil 2007 põhjendatud arvamuse, kutsudes teda üles võtma nimetatud kohtuotsuse täitmiseks vajalikud meetmed kahe kuu jooksul põhjendatud arvamuse teatavakstegemisest. Kuna Kreeka Vabariik ei vastanud põhjendatud arvamusele ega teavitanud komisjoni ühestki seadusandlikust meetmest, mille eesmärk on kohtuotsuse täitmine, otsustas komisjon – leides, et nimetatud liikmesriik oli hoidunud eespool viidatud kohtuotsuse komisjon vs. Kreeka täitmise tagamisest – esitada käesoleva hagi. Käesoleva menetluse raames toimunud arengud Kreeka Vabariik saatis oma vastuse põhjendatud arvamusele 12. märtsil 2008, s.o 2 päeva pärast käesoleva hagiavalduse esitamist; ta märgib, et muutva seaduse eelnõu koostamiseks oli kokku kutsutud õigusaktide väljatöötamise komitee. Lisaks ilmnes istungite käigus, et Kreeka Vabariik edastas komisjonile 7. mail 2008 esimese muutva seaduse eelnõu vastavalt direktiivi 98/34 artiklile 8. Komisjon esitas selle kohta märkusi 1. augusti 2008. aasta üksikasjalikus arvamuses, millele Kreeka Vabariik ei vastanud. Osapooled kohtusid siiski väidetavalt 1. detsembril 2008. aastal Ateenas. Kreeka Vabariigi esindaja märkis ka, et lähiajal kiidab Kreeka Valitsus heaks uue muutva seaduse eelnõu, mis edastatakse seejärel komisjonile selle sätete läbivaatamiseks vastavalt direktiivi 98/34 artiklile 8. Selle menetluse järel peaks nimetatud eelnõu vastuvõtmiseks toimuma hääletus parlamendis. Liikmesriigi kohustuste rikkumine Kuigi EÜ artikkel 228 ei täpsusta tähtaega, mille jooksul tuleb täita Euroopa Kohtu otsus, millega tuvastatakse liikmesriigi kohustuste rikkumine, tuleneb väljakujunenud kohtupraktikast, et ühenduse õiguse kohese ja ühetaolise kohaldamise huvides tuleb kohustuste täitmist alustada otsekohe ning see tuleb võimalikult kiiresti lõpule viia (vt eelkõige 9. detsembri 2008. aasta otsus kohtuasjas C-121/07: komisjon vs. Prantsusmaa, EKL 2008, lk I-9159 , punkt 21 ja viidatud kohtupraktika). Lisaks on kuupäev, mis tuleb aluseks võtta selle hindamisel, kas tegemist on kohustuste rikkumisega EÜ artikli 228 tähenduses, nimetatud sätte alusel antud põhjendatud arvamuses ette nähtud tähtaja lõppemise kuupäev (vt eelkõige 18. juuli 2007. aasta otsus kohtuasjas C-503/04: komisjon vs. Saksamaa, EKL 2007, lk I-6153 , punkt 19 ja viidatud kohtupraktika). Käesoleval juhul on ilmne, et selleks kuupäevaks, mil lõppes 29. juuni 2007. aasta põhjendatud arvamuses antud kahekuuline tähtaeg, ei olnud Kreeka Vabariik võtnud ühtegi eespool viidatud kohtuotsuse komisjon vs. Kreeka täitmiseks vajalikku meedet; esimese rakendusmeetme eelnõu edastati komisjonile alles 7. mail 2008. Neil asjaoludel tuleb järeldada, nagu tunnistab Kreeka Vabariik ka ise, et ta on rikkunud EÜ artikli 228 lõikest 1 tulenevaid kohustusi. Rahalised karistused Trahv Poolte argumendid Võttes aluseks arvutusmeetodi, mis on esitatud komisjoni 13. detsembri 2005. aasta teatises (SEK(2005) 1658) EÜ asutamislepingu artikli 228 kohaldamise kohta, teeb komisjon Euroopa Kohtule ettepaneku määrata Kreeka Vabariigile eespool viidatud kohtuotsuse komisjon vs. Kreeka täitmata jätmise eest karistuseks trahv summas 31798,80 eurot iga hilinetud päeva eest alates käesolevas kohtuasjas otsuse kuulutamise kuupäevast kuni nimetatud kohtuotsuse komisjon vs. Kreeka täitmiseni. Komisjon on seisukohal, et tuvastatud rikkumise võimalikult kiireks lõpetamiseks on trahvi määramine kõige asjakohasem vahend ning et käesoleval juhul vastab trahv summas 31798,80 eurot iga hilinetud päeva eest rikkumise raskusele ja kestusele, võttes seejuures arvesse vajadust muuta karistus tõhusaks. See summa on saadud ühtse 600 euro suuruse baassumma korrutamisel koefitsiendiga 11 (skaalal 1–20) rikkumise raskuse arvessevõtmiseks, koefitsiendiga 1,1 (skaalal 1–3) rikkumise kestuse arvessevõtmiseks ja koefitsiendiga 4,38 (põhineb asjaomase liikmesriigi sisemajanduse kogutoodangul ja häälte arvul Euroopa Liidu Nõukogus), mis peaks peegeldama asjaomase liikmesriigi maksevõimet. Rikkumise raskuse osas märgib komisjon, et asjaomased siseriiklikud õigusnormid rikuvad asutamislepingu neljast põhivabadusest kolme. Lisaks väidab ta, et Kreeka ametiasutused ei ole täitnud direktiivi 98/34 artikli 8 lõike 1 esimesest lõigust tulenevaid kohustusi ning lisaks ei ole nad teinud täielikku koostööd komisjoniga EÜ artikli 228 alusel algatatud menetluse kohtueelses etapis. Kreeka Vabariik leiab, et komisjon on määranud koefitsiendi, mis peaks võimaldama arvesse võtta tuvastatud liikmesriigi kohustuste rikkumise raskust, äärmiselt kõrge ja see ei tohiks olla suurem kui 4. Sellega seoses väidab Kreeka Vabariik, et kõnealune liikmesriigi kohustuste rikkumine puudutas üksnes ühte väikest tegevussektorit, vaidlusaluste siseriiklike õigusnormide kohaldamisel kedagi ei diskrimineeritud ning lisaks sellele olid need siseriiklikud õigusnormid kõige sobivam lahendus majanduslikele ja sotsiaalsetele probleemidele, mida põhjustas mängude ebaterve ja kontrollimatu kasutamine, mistõttu õigustas neid õigusnorme ülekaalukas üldine huvi. Lisaks sellele, tuginedes Euroopa Kohtu praktikale, väidab Kreeka Vabariik, et nimetatud koefitsient rikub proportsionaalsuse põhimõtet. Rikkumise kestuse osas võtab komisjon arvesse 11 kuu pikkust ajavahemikku, mis kestis eespool viidatud kohtuotsuse komisjon vs. Kreeka kuulutamisest kuni 17. oktoobrini 2007, mil komisjon otsustas esitada käesoleva hagi. Kreeka Vabariik taotleb selle koefitsiendi alammäära kohaldamist. Ta väidab, et rikkumine algas selle kolmekuulise tähtaja möödumisel, mille komisjon oli määranud oma 11. detsembri 2006. aasta kirjas, milles ta nõudis teavet eespool viidatud kohtuotsuse komisjon vs. Kreeka täitmise kohta. Euroopa Kohtu hinnang Olles tuvastanud, et Kreeka Vabariik ei ole täitnud eespool viidatud kohtuotsust komisjon vs. Kreeka, võib Euroopa Kohus EÜ artikli 228 lõike 2 kolmanda lõigu alusel määrata sellele liikmesriigile trahvi või põhisumma. Selles osas tuleb meelde tuletada, et Euroopa Kohus peab konkreetse juhtumi asjaolusid arvesse võttes igas kohtuasjas kaaluma, millised rahalised karistused tuleb antud juhul määrata (10. jaanuari 2008. aasta otsus kohtuasjas C-70/06: komisjon vs. Portugal, EKL 2008, lk I-1 , punkt 31 ja viidatud kohtupraktika). Käesoleval juhul, nagu on märgitud käesoleva otsuse punktis 18, teeb komisjon Euroopa Kohtule eeskätt ettepaneku määrata Kreeka Vabariigile trahv summas 31798,80 eurot. Selle kohta peab esiteks märkima, et komisjoni ettepanekud ei ole Euroopa Kohtu jaoks siduvad, vaid kujutavad endast ainult kasulikku lähtepunkti (vt eespool 25. novembri 2003. aasta otsus kohtuasjas C-278/01: komisjon vs. Hispaania, EKL 2003, lk I-14141 , punkt 41 ja viidatud kohtupraktika). Samuti ei ole komisjoni teatistes sisalduvad suunised Euroopa Kohtu jaoks siduvad, vaid need aitavad tagada komisjoni tegevuse läbipaistvust, ootuspärasust ja õiguskindlust (vt selle kohta 12. juuli 2005. aasta otsus kohtuasjas C-304/02: komisjon vs. Prantsusmaa, EKL 2005, lk I-6263 , punkt 85, ja 14. märtsi 2006. aasta otsus kohtuasjas C-177/04: komisjon vs. Prantsusmaa, EKL 2006, lk I-2461 , punkt 70). Euroopa Kohus on samuti täpsustanud, et trahvi ja/või põhisumma määramise eesmärk on oma kohustusi rikkunud liikmesriigi suhtes majandusliku sunnivahendi kasutamine, mis motiveerib teda tuvastatud rikkumist lõpetama. Seega tuleb rahalised karistused määrata lähtuvalt veenmise määrast, mis on vajalik selleks, et kõnealune liikmesriik oma käitumist muudaks (vt selle kohta eespool viidatud 12. juuli 2005. aasta kohtuotsus komisjon vs. Prantsusmaa, punkt 91, ja eespool viidatud 14. märtsi 2006. aasta kohtuotsus komisjon vs. Prantsusmaa, punktid 59 ja 60). Käesolevas kohtuasjas tuleb tuvastada, et Euroopa Kohtus 29. jaanuaril 2009 toimunud kohtuistungil kinnitas Kreeka Vabariigi esindaja, et selleks kuupäevaks ei olnud hääletatud ühtegi õigusnormi, mis lõpetaks kohtuotsuses komisjon vs. Kreeka tuvastatud liikmesriigi kohustuste rikkumise, ning veelgi vähem olid need normid jõustunud. Arvestades seda, et asjaomane liikmesriigi kohustuste rikkumine kestis edasi kuupäeval, mil Euroopa Kohus hindas asjaolusid, kujutab Kreeka Vabariigile komisjoni soovitusel trahvi määramine endast sobivat meedet selleks, et ajendada nimetatud liikmesriiki võtma vajalikud meetmed tagamaks eespool viidatud kohtuotsuse komisjon vs. Kreeka täitmine (vt eespool viidatud kohtuotsus komisjon vs. Portugal, punkt 37 ja viidatud kohtupraktika). Lisaks, mis puudutab sellise trahvi arvutamist, tuleb Euroopa Kohtul oma kaalutlusõigust teostades määrata see trahv kindlaks selliselt, et see ühelt poolt vastaks asjaoludele ning teiselt poolt oleks tuvastatud rikkumise ja asjaomase liikmesriigi maksevõime suhtes proportsionaalne (vt eelkõige eespool viidatud kohtuotsus komisjon vs. Portugal, punkt 38 ja viidatud kohtupraktika). Sellest vaatepunktist lähtudes on aluskriteeriumid, mida võetakse arvesse ühenduse õiguse ühtlase ja tõhusa kohaldamise eesmärgil, et tagada trahvile sunniiseloom, põhimõtteliselt rikkumise raskusaste, kestus ja kõnealuse liikmesriigi maksevõime. Nende kriteeriumide kohaldamisel tuleb arvesse võtta eelkõige täitmata jätmise tagajärgi era- ning avalikele huvidele ning kõnealuse liikmesriigi tema kohustuste täitmisele ajendamise kiireloomulisust (vt eespool viidatud kohtuotsus komisjon vs. Portugal, punkt 39 ja viidatud kohtupraktika). Esiteks, mis puudutab rikkumise raskust ja eelkõige eespool viidatud kohtuotsuse komisjon vs. Kreeka täitmata jätmise tagajärgi era- ja avalikele huvidele, siis tuleb tuvastada, et kohtuasjas, milles kõnealune kohtuotsus tehti, kõne all olevates õigusnormides ettenähtuga sarnane keeld paigaldada, käitada ja kasutada mis tahes elektrilisi, elektromehaanilisi ja elektroonilisi mänge, sealhulgas mis tahes arvutimänge kõigis avalikes kohtades või eraruumides, välja arvatud kasiinod, rikub kaupade vaba liikumise, teenuste osutamise vabaduse ja asutamisvabaduse põhimõtteid, nagu need tulenevad EÜ artiklitest 28, 43 ja 49. Nagu Euroopa Kohus eespool viidatud kohtuotsuse komisjon vs. Kreeka punktides 29, 30, 51 ja 55 märkis, ei toonud nimetatud siseriiklikud õigusnormid kaasa mitte üksnes teistest liikmesriikidest pärinevate selliste mängude impordi mahu vähenemise, vaid selle tagajärg oli tegelikult sellise impordi lakkamine nimetatud keelu kehtestamisest alates. Lisaks sellele takistavad nimetatud õigusnormid teiste liikmesriikide ettevõtjatel oma teenuseid osutada või sellel eesmärgil Kreekas ettevõtlust alustada. Lisaks, nagu märkis kohtujurist oma ettepaneku punktis 54, ei ole Kreeka Vabariik võtnud ühtegi meedet, et peatada nende õigusnormide kohaldamine, mis on kõne all kohtuasjas, milles tehti eespool nimetatud kohtuotsus komisjon vs. Kreeka, ja lubas seeläbi seda, et nimetatud õigusnormide alusel kohaldatakse ettevõtjate suhtes vabaduskaotuslikke ning rahalisi karistusi. Seega tuleb Kreeka Vabariigil nimetatud õigusnorme kiiremas korras muuta. Lõpuks tuleb arvestada ka asjaoluga, et eespool viidatud kohtuotsuses komisjon vs. Kreeka tuvastatud liikmesriigi kohustuste rikkumine tugineb sellele, et jäeti teatamata tehnilistest eeskirjadest direktiivi 98/34 artikli 8 kohaselt. Nimelt oli erikohustuse järgimine vajalik tingimus selleks, et saavutada täielikult selle direktiivi eesmärk, nagu see on määratletud direktiivi põhjendustes 2 ja 3 ja milleks on siseturu tõrgeteta toimimine. Lisaks oli kohtuasjas, milles tehti eespool viidatud kohtuotsus komisjon vs. Kreeka, kõne all olevate siseriiklike õigusnormide eesmärk võitlus tõsiste sotsiaalsete probleemidega, mis tulenesid sellest, et kõnealuseid mänge on lihtne ümber seadistada hasartmängudeks, mis on Kreekas väljaspool kasiinosid ebaseaduslikud. Euroopa Kohus möönis selle kohtuotsuse punktis 38, et ülekaalukas üldine huvi, millele Kreeka Vabariik tugines, võib õigustada nimetatud kohtuasjas tuvastatud kaupade vaba liikumise takistamist. Kuid sama kohtuotsuse punktis 41 asus ta sellegipoolest seisukohale, et selliste mängude keelamine kõigis avalikes kohtades või eraruumides, välja arvatud kasiinodes, kujutab endast taotletava eesmärgi suhtes ebaproportsionaalset meedet. Nende järeldustega arvestades tuleb koefitsiendiks, mis peaks võimaldama arvesse võtta rikkumise raskusastet, määrata 8; see peegeldab sobivalt kõnealusele rikkumisele iseloomulikke tunnuseid. Teiseks, mis puudutab asjaomase rikkumise kestust, siis tuleb selle hindamisel lähtuda hetkest, mil Euroopa Kohus hindab asjaolusid EÜ artikli 228 alusel algatatud menetluse raames, mitte hetkest, mil komisjon kohtusse pöördub (vt eespool viidatud kohtuotsus komisjon vs. Portugal, punkt 45). Käesoleval juhul on Kreeka Vabariik eespool viidatud kohtuotsuse komisjon vs. Kreeka täitmise kohustust rikkunud enam kui kaks aastat, võttes arvesse aega, mis on möödunud alates 26. oktoobrist 2006, st nimetatud kohtuotsuse kuulutamise kuupäevast. Neil asjaoludel tundub rikkumise kestuse arvessevõtmiseks olevat sobiv koefitsient 1,5 (skaalal 1-3). Kolmandaks, mis puudutab asjaomase liikmesriigi maksevõimet, siis kujutab komisjoni ettepanek – mis seisneb koefitsiendi kohaldamises, mis põhineb asjaomase liikmesriigi sisemajanduse kogutoodangul ja häälte arvul nõukogus – endast põhimõtteliselt asjakohast viisi peegeldada seda kriteeriumi, säilitades samas erinevate liikmesriikide vahelise mõistliku erinevuse (vt selle kohta eespool viidatud kohtuotsus komisjon vs . Portugal, punkt 48 ja viidatud kohtupraktika). Käesoleval juhul peegeldab koefitsient 4,38, mida soovitas komisjon ja mida nimetati 13. detsembri 2005. aasta teatises EÜ asutamislepingu artikli 228 kohaldamise kohta, sobivalt nende tegurite arengut, mis on Kreeka Vabariigi maksevõime hindamise aluseks. Sama kehtib baassumma osas, mille suhtes kohaldatakse korrutustegureid ja milleks tuleb määrata 600 eurot. Eeltoodust lähtudes annab 600 euro suuruse baassumma korrutamine rikkumise raskusest lähtuvalt koefitsiendiga 8, rikkumise kestusest lähtuvalt koefitsiendiga 1,5 ja asjaomase liikmesriigi maksevõimest lähtuvalt koefitsiendiga 4,38 käesoleval juhul tulemuseks summa 31536 eurot iga hilinetud päeva eest. Seda summat tuleb pidada sobivaks, arvestades käesoleva otsuse punktis 28 nimetatud trahvi eesmärke. Võttes arvesse kõiki eespool esitatud kaalutlusi, tuleb Kreeka Vabariigilt komisjoni „Euroopa Ühenduse omavahendite” kontole kandmiseks välja mõista trahv summas 31536 eurot iga eespool viidatud kohtuotsuse komisjon vs. Kreeka täitmiseks vajalike meetmete rakendamisega hilinetud päeva eest alates käesoleva kohtuotsuse kuulutamisest kuni nimetatud kohtuotsuse komisjon vs. Kreeka täitmiseni. Põhisumma Poolte argumendid Komisjon teeb Euroopa Kohtule ettepaneku mõista Kreeka Vabariigilt välja põhisumma 9636 eurot iga eespool viidatud kohtuotsuse komisjon vs. Kreeka täitmisega viivitatud päeva eest alates selle kohtuotsuse tegemise päevast kuni selle kohtuotsuse täieliku täitmiseni või kuni käesolevas asjas kohtuotsuse kuulutamise kuupäevani, juhul kui nimetatud kohtuotsust komisjon vs. Kreeka ei ole selleks kuupäevaks veel täielikult täidetud. See päevasumma tuleneb 200 euro suuruse baassumma korrutamisest rikkumise raskuskoefitsiendiga, mis käesoleval juhul on 11 skaalal 1–20, ning koefitsiendiga, mis kajastab Kreeka Vabariigi maksevõimet ning milleks on määratud 4,38. Nõutav kogusumma on 3420780 eurot, mis tuleneb 9636 euro suuruse päevasumma korrutamisest 355 ehk päevade arvuga, mis jääb 2006. aasta 26. oktoobri ehk eespool viidatud kohtuotsuse komisjon vs. Kreeka kuulutamise kuupäeva ja 2007. aasta 17. oktoobri vahele, mil komisjon otsustas esitada käesoleva hagi. Kreeka Vabariik väidab, et põhisumma maksmise kohustust ei tohiks talle määrata, kuna selle rahalise karistusega karistatakse asjaomast liikmeriiki minevikus toimunud tegevuse eest. Lisaks sellele on tema hinnangul komisjoni soovitatud põhisumma suurus ebaproportsionaalne rikkumise raskuse ja kestuse suhtes ning see on liiga suur, võttes arvesse eeskätt mänge puudutavate õigusnormidega seotud probleeme Kreekas. Euroopa Kohtu hinnang Mis puudutab põhisumma määramist, siis tuleb see igal asjaomasel juhul määrata lähtudes asjakohastest teguritest, mis põhinevad nii tuvastatud rikkumise tunnustel kui ka EÜ artikli 228 alusel algatatud menetlusega seotud liikmesriigi suhtumisel (eespool viidatud 9. detsembri 2008. aasta kohtuotsus komisjon vs. Prantsusmaa, punkt 62). Kui Euroopa Kohus otsustab trahvi või põhisumma määrata, siis peab ta oma kaalutlusõigust teostades määrama need selliselt, et need ühelt poolt vastaksid asjaoludele ning teiselt poolt oleks tuvastatud rikkumise ja asjaomase liikmesriigi maksevõime suhtes proportsionaalsed. Mis puudutab täpsemalt põhisumma määramist, siis asjakohasteks teguriteks on sellised asjaolud nagu rikkumise kestus ajast, mil rikkumise tuvastanud kohtuotsus tehti, ning asjaomased avalikud ja erahuvid (vt eespool viidatud 9. detsembri 2008. aasta kohtuotsus komisjon vs. Prantsusmaa, punkt 64 ja viidatud kohtupraktika). Sellises olukorras, nagu on käesoleva hagi ese, ning arvestades rikkumise pikaajalise kestusega ajast, mil rikkumise algselt tuvastanud kohtuotsus tehti, asjaomaste avalike ja erahuvidega, kriminaalmenetluse algatamist vältida võimaldava asjaomaste õigusnormide kohaldamise peatamise otsuse puudumisega ning sellega, et kohtuotsuse täitmist ei ole ilmselt alustatud, on vajalik välja mõista põhisumma. Eeltoodut arvestades on käesoleva juhtumi asjaolusid õigesti hinnatud, kui põhisumma suuruseks, mis Kreeka Vabariigil tuleb maksta, määratakse 3 miljonit eurot. Seega tuleb mõista Kreeka Vabariigilt komisjoni „Euroopa Ühenduse omavahendite” kontole kandmiseks välja põhisumma 3 miljonit eurot. Kohtukulud Vastavalt kodukorra artikli 69 lõikele 2 on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hüvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda nõudnud. Kuna komisjon on kohtukulude hüvitamist nõudnud ja Kreeka Vabariik on kohtuvaidluse kaotanud, tuleb kohtukulud välja mõista Kreeka Vabariigilt. Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (teine koda) otsustab: 1. Kuna Kreeka Vabariik ei ole vastavalt EÜ artiklitele 28, 43 ja 49 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuni 1998. aasta direktiivi 98/34/EÜ (millega nähakse ette tehnilistest standarditest ja eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord, muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuli 1998. aasta direktiiviga 98/48/EÜ) artiklile 8 muutnud seaduse 3037/2002 artikli 2 lõiget 1 ja artiklit 3, millega on kehtestatud keeld paigaldada ja kasutada mis tahes elektrilisi, elektromehaanilisi ja elektroonilisi mänge, sealhulgas mis tahes arvutimänge kõigis avalikes kohtades või eraruumides, välja arvatud kasiinod, ja kuna keelu rikkumise eest karistatakse sama seaduse artiklites 4 ja 5 ette nähtud kriminaal- ja halduskaristustega, siis ei ole Kreeka Vabariik rakendanud kõiki 26. oktoobri 2006. aasta otsuse kohtuasjas C-65/05: komisjon vs. Kreeka täitmiseks vajalikke meetmeid ning on seetõttu rikkunud talle EÜ artiklist 228 tulenevaid kohustusi. 2. Mõista Kreeka Vabariigilt Euroopa Ühenduste Komisjoni „Euroopa Ühenduse omavahendite” kontole kandmiseks välja trahv summas 31536 eurot iga eespool viidatud kohtuotsuse komisjon vs. Kreeka täitmiseks vajalike meetmete rakendamisega hilinetud päeva eest alates käesoleva kohtuotsuse kuulutamisest kuni nimetatud kohtuotsuse komisjon vs. Kreeka täitmiseni. 3. Mõista Kreeka Vabariigilt Euroopa Ühenduste Komisjoni „Euroopa Ühenduse omavahendite” kontole kandmiseks välja põhisumma 3 miljonit eurot. 4. Mõista kohtukulud välja Kreeka Vabariigilt. Allkirjad ( *1 ) Kohtumenetluse keel: kreeka.

62011CJ0595

et

Eelotsusetaotlus käsitleb seda, kuidas tõlgendada nõukogu 16. juuli 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1470/2001, millega kehtestatakse Hiina Rahvavabariigist pärit kompaktluminofoorlampide impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks ja nõutakse lõplikult sisse nende suhtes kehtestatud ajutine tollimaks ( EÜT L 195, lk 8 ; ELT eriväljaanne 11/38, lk 43), muudetud nõukogu 1. septembri 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 1322/2006 ( ELT L 244, lk 1 ) (edaspidi „määrus nr 1470/2001), ja nõukogu 15. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1205/2007, millega kehtestatakse määruse (EÜ) nr 384/96 artikli 11 lõike 2 kohase aegumise läbivaatamise järel Hiina Rahvavabariigist pärit kompaktluminofoorlampide impordi suhtes dumpinguvastane tollimaks ning laiendatakse seda tollimaksu samale tootele, mis on saadetud Vietnami Sotsialistlikust Vabariigist, Pakistani Islamivabariigist ja Filipiini Vabariigist ( ELT L 272, lk 1 ; edaspidi koos määrusega nr 1470/2001 „CFL-määrused”). Taotlus esitati Steinel Vertrieb GmbH (edaspidi „Steinel Vertrieb”) ja Hauptzollamt Bielefeldi (edaspidi „Hauptzollamt”) vahelises kohtuvaidluses selle üle, millisesse tariifirubriiki kombineeritud nomenklatuuris (edaspidi „KN”) – mis asub nõukogu 23. juuli 1987. aasta määruse (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta ( EÜT L 256, lk 1 ; ELT eriväljaanne 02/02, lk 382), muudetud nõukogu 31. jaanuari 2000. aasta määrusega (EÜ) nr 254/2000 ( EÜT L 28, lk 16 ; ELT eriväljaanne 02/09, lk 357), I lisas – tuleb klassifitseerida Steinel Vertriebi imporditud vaidlusalused tooted, et need saaks lasta vabasse ringlusse. Õiguslik raamistik Algmäärus Euroopa Liidu dumpinguvastaste meetmete kohaldamist puudutavad normid sisalduvad nõukogu 22. detsembri 1995. aasta määruses (EÜ) nr 384/96 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed ( EÜT L 56, lk 1 ; ELT eriväljaanne 11/10, lk 45), muudetud nõukogu 21. detsembri 2005. aasta määrusega (EÜ) nr 2117/2005 ( ELT L 340, lk 17 ; ELT eriväljaanne 11/10, lk 150; edaspidi „algmäärus”). Algmääruse artikli 1 lõiked 1, 2 ja 4 sätestavad: „1.   Dumpinguvastast tollimaksu võib kohaldada dumpingtoote suhtes, mille vabasse ringlusse lubamine [liidus] tekitab kahju. 2.   Toodet käsitatakse dumpingtootena, kui selle hind [liitu] eksportimisel on väiksem kui tavapärase kaubandustegevuse käigus ekspordiriigi kindlaksmääratud samasuguse toote võrreldav hind. [...] 4.   Käesolevas määruses tähendab mõiste „samasugune toode” toodet, mis on vaatlusaluse tootega identne, see tähendab täiesti sarnane, või sellise toote puudumisel muud toodet, mis ei ole vaatlusaluse tootega küll täiesti sarnane, kuid on omadustelt väga sarnane.” Algmääruse artikli 9 „Lõpetamine ilma meetmeid võtmata; lõplike tollimaksude kehtestamine” lõige 4 näeb ette: „Kui faktide põhjal tehakse lõplikult kindlaks dumpingu ja sellest tuleneva kahju esinemine ning kui ühenduse huvid nõuavad sekkumist vastavalt artiklile 21, kehtestab nõukogu komisjoni poolt pärast nõuandekomiteega konsulteerimist esitatud ettepaneku põhjal lihthäälteenamusega lõpliku dumpinguvastase tollimaksu. […]” Määruse artikli 11, mis käsitleb läbivaatamise menetlust, lõiked 2–4 näevad ette: „2.   Lõplik dumpinguvastane meede aegub viie aasta möödudes selle kehtestamisest või viie aasta möödudes viimase läbivaatamise lõpetamise kuupäevast, mis hõlmas nii dumpingut kui ka kahju, kui läbivaatamisel ei otsustata, et selle kehtivuse lõppemisega võib tõenäoliselt kaasneda dumpingu või kahju jätkumine või kordumine. Aegumise läbivaatamine algatatakse komisjoni või ühenduse tootjate poolt või nende nimel tehtud taotluse põhjal ning meede jääb jõusse läbivaatamise tulemuste selgumiseni. […] 3.   Kui see on põhjendatud, võib meetmete jätkuva rakendamise vajaduse samuti läbi vaadata kas komisjoni algatusel või liikmesriigi taotlusel või, kui lõpliku meetme kehtestamisest on möödunud kohane aeg, milleks on vähemalt üks aasta, siis eksportija, importija või [liidu] tootjate taotluse põhjal, mis sisaldab piisavalt teavet, tõendamaks vahepealse läbivaatamise vajadust. Vahepealne läbivaatamine algatatakse, kui taotlus sisaldab piisavalt tõendeid selle kohta, et meetme jätkuv rakendamine ei ole enam vajalik, et korvata dumpingut, ja/või selle kohta, et meetme kõrvaldamisel või muutmisel kahju tõenäoliselt ei jätku või ei kordu või et olemasolevast meetmest ei piisa või enam ei piisa kahju tekitava dumpingu korvamiseks. Käesoleva lõike alusel uurimist läbi viies võib komisjon muu hulgas kaaluda, kas dumpingu ja kahju asjaolud on oluliselt muutunud või kas olemasolevad meetmed toovad soovitud tulemusi artikli 3 alusel varem kindlaks tehtud kahju kõrvaldamisel. Selles suhtes võetakse lõpliku otsuse tegemisel arvesse kõiki asjakohaseid ja nõuetekohaselt dokumenteeritud tõendeid. 4.   Läbivaatamine viiakse läbi ka selleks, et määrata kindlaks nende kõnealuse ekspordiriigi uute eksportijate individuaalsed dumpingumarginaalid, kes ei ole toodet eksportinud meetmete aluseks oleva uurimisperioodi jooksul. Läbivaatamine algatatakse, kui uus eksportija või tootja suudab tõendada, et ta ei ole seotud ekspordiriigi eksportijate ega tootjatega, kelle toodete suhtes kohaldatakse dumpinguvastaseid meetmeid, ning et ta on tegelikult eksportinud [liitu] pärast eespool nimetatud uurimisperioodi, või kui ta suudab tõendada, et tal on tühistamatu lepinguga võetud kohustus märkimisväärse koguse eksportimiseks [liitu]. [...]”. Nimetatud määruse artikli 13 „Kõrvalehoidmine” lõige 1 sätestab: „Käesoleva määruse alusel kehtestatud dumpinguvastaseid tollimakse võib laiendada kolmandatest riikidest pärineva samasuguse toote või sellega võrreldes väheseid muudatusi sisaldava toote impordile või vähesel määral muudetud samasuguse toote impordile riigist, kus meetmeid kohaldatakse, või selle toote osade impordile, kui esineb kehtivatest meetmetest kõrvalehoidmine. Kui toimub kehtivatest meetmetest kõrvalehoidmine, võib dumpinguvastaseid tollimakse, mis ei ületa artikli 9 lõike 5 kohaselt kehtestatud tasakaalustavat jääktollimaksu, laiendada neid meetmeid kohaldava riigi äriühingutelt pärinevale impordile, mille toodete suhtes kohaldatakse individuaalseid tollimaksumäärasid. Kõrvalehoidmiseks loetakse kolmandate riikide ja [liidu] või riigi, kus meetmeid kohaldatakse, üksikute äriühingute ja [liidu] vahelise kaubandusstruktuuri muutust, mis tuleneb tavast, protsessist või toimingust, millel ei ole piisavat nõuetekohast põhjendust või majanduslikku õigustust peale tollimaksu kehtestamise, ja kui on tõendeid kahju kohta või selle kohta, et tollimaksu parandav mõju on samasuguse toote hindade ja/või koguste tõttu ohustatud ning et dumping esineb seoses samasuguste või sarnaste toodete puhul varem kindlaksmääratud normaalväärtustega, vajadusel artikli 2 sätete kohaselt. [...]”. Määruse artikli 14 lõige 1 sätestab: „Ajutised või lõplikud dumpinguvastased tollimaksud kehtestatakse määrusega ja neid nõuavad sisse liikmesriigid sellises vormis ja ulatuses ning nende kriteeriumide alusel, nagu seal sätestatud on. Selliseid tollimakse nõutakse sisse muudest impordi suhtes kehtivatest tollimaksudest, maksudest ja tasudest sõltumatult. [...]” CFL-määrused Komisjon kehtestas oma 7. veebruari 2001. aasta määrusega (EÜ) nr 255/2001, millega kehtestatakse Hiina Rahvavabariigist pärit kompaktluminofoorlampide impordi suhtes ajutine dumpinguvastane tollimaks ( EÜT L 38, lk 8 ), ajutise dumpinguvastase tollimaksu seda tüüpi toodetele, mis kuuluvad CN-koodi ex8539 31 90 alla. Seejärel kehtestati nende toodete suhtes määrusega nr 1470/2001 lõplik dumpinguvastane tollimaks. Viimati nimetatud määrus kehtis kuni 18. oktoobrini 2008. Määruse nr 1470/2001 artikli 1 lõige 1 sätestas: „CN-koodi ex8539 31 90 (kuni 10. septembrini 2004 TARICi kood 8539 31 90*91 ja alates 11. septembrist 2004 TARICi kood 8539 31 90*95) alla kuuluvate Hiina Rahvavabariigist pärit vahelduvvoolul töötavate (sh nende kompaktluminofoorlampide, mis töötavad nii vahelduv- kui alalisvoolul) sisseehitatud elektronliiteseadisega ja ühe- või mitmekordselt painutatud lahendustoruga kompaktluminofoorlampide, mille kõik valguselemendid ja elektroonilised komponendid on kinnitatud lambi sokli külge või ühendatud lambi soklisse, impordi suhtes kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks.” Kui meetmete aegumine oli vastavalt algmääruse artikli 11 lõikele 2 läbi vaadatud, jäeti määruse nr 1205/2007 alusel kehtima määrusega nr 1470/2001 kehtestatud meetmed ja laiendati neid nõukogu 6. juuni 2005. aasta määruse (EÜ) nr 866/2005, millega laiendatakse määrusega (EÜ) nr 1470/2001 kehtestatud Hiina Rahvavabariigist pärit kompaktluminofoorlampide impordi suhtes kehtestatud lõplikku dumpinguvastast tollimaksu Vietnami Sotsialistlikust Vabariigist, Pakistani Islamivabariigist ja Filipiini Vabariigist lähetatud sama toote impordi suhtes ( ELT L 145, lk 1 ), vastuvõtmise järgselt ka teistest riikidest pärit impordile. Määruse nr 1205/2007 artikli 1 lõige 1 nägi ette: „Käesolevaga kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks imporditavatele CN-koodi ex8539 31 90 (TARICi kood 8539 31 90 95) alla kuuluvatele Hiina Rahvavabariigist pärit vahelduvvoolul töötavatele (sh nii vahelduv- kui alalisvoolul töötavatele) sisseehitatud elektronliiteseadisega ja ühe- või mitmekordselt painutatud lahendustoruga kompaktluminofoorlampidele, mille kõik valguselemendid ja elektroonilised komponendid on kinnitatud lambi sokli külge või ühendatud lambi soklisse.” Põhikohtuasi ja eelotsuse küsimus Steinel Vertrieb arendas välja vastava kontrolltarkvaraga varustatud valgussensori. Selle põhjal töötas ta välja ja lasi patentida seadme (edaspidi „hämaralüliti”), mis oli mõeldud lampidele ning pidi võimaldama nende automaatset sisse- ja väljalülitamist loomulikust valgusest lähtudes, ilma et neid funktsioone mõjutaks lambi enese toodetud valgus. Steinel Vertrieb importis 2007. ja 2008. aastal Hiinast energiasäästlikke lampe Sensor Light Plus võimsusega 11, 15 ja 18 vatti ning deklareeris need vabasse ringlusse lubamiseks tollimaksuvabalt KN-i alamrubriiki 8539 39 00. Eelotsusetaotlusest selgub, et Sensor Light Plusi toodete puhul on tegemist vahelduvvoolul töötavate luminofoorlampidega, mis koosnevad kaitseklaasi all asuvast spiraalikujulisest termokatoodiga fluorestsentstorust ja lambi soklist, milles asub liiteseadis ning Steinel Vertriebi väljatöötatud ja patenditud hämaralüliti. Hauptzollamt asus läbiviidud kontrolli tulemusena seisukohale, et Steinel Vertriebi imporditud energiasäästlikud lambid tuleb klassifitseerida KN-i alamrubriiki 8539 31 90 ning et nende import kuulub seetõttu maksustamisele dumpinguvastase tollimaksuga vastavalt CFL-määrustele. Sellest tulenevalt määras Hauptzollamt 2010. aasta 31. märtsi, 17. mai, 13. juuli ja 30. augusti maksuotsustega Steinel Vertriebile dumpinguvastase tollimaksu kogusummas 485240,07 eurot. Eelotsusetaotluse esitanud kohus täpsustab, et Steinel Vertrieb väitis, et ajal, mil määrusega nr 255/2001 kehtestati ajutine dumpinguvastane tollimaks, tootsid hämaralülitiga varustatud luminofoorlampe liidus üksnes Steinel Vertrieb ja Osram GmbH (edaspidi „Osram”), ning et Hauptzollamt ei ole seda väidet vaidlustanud. Hiinas toodeti tol ajal vaid hämaralülitita luminofoorlampe. Hauptzollamt väidab, et Steinel Vertriebi imporditud kompaktluminofoorlambid tuleb klassifitseerida KN-i alamrubriiki 8539 31 90, kuna tegemist on vahelduvvoolul töötavate kompaktluminofoorlampidega. Sellest tulenevalt peaksid need tooted olema CFL-määrustes ette nähtud dumpinguvastase tollimaksuga maksustatavad. Neil asjaoludel otsustas Finanzgericht Düsseldorf kohtuasjas menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmise eelotsuse küsimuse: „Kas [CFL-määruseid] tuleb tõlgendada nii, et need hõlmavad ka Steinel Vertriebi imporditud ja [eelotsusetaotluses] täpsemalt kirjeldatud hämaralülitiga kompaktluminofoorlampe?” Eelotsuse küsimus Eelotsusetaotluse esitanud kohus palub sisuliselt selgitada, kas asjaolu, et Steinel Vertriebi imporditud hämaralülitiga kompaktluminofoorlambid kuuluvad CN-koodi ex8539 31 90 alla, tähendab, et need on CFL-määrustes ette nähtud dumpinguvastase tollimaksuga maksustatavad. Poolte argumendid Steinel Vertrieb väidab sisuliselt, et kui dumpinguvastane tollimaks 2001. aastal kehtestati, ei valmistatud vaidlusaluseid tooteid Hiinas. Ülemaailmsel tasandil lasid vaid Steinel Vertrieb ja Osram hämaralülitiga varustatud valgustite tootmise patentida. Ta rõhutab asjaolu, et nii CFL-määruste mõttest kui ka eesmärgist tuleneb, et need viitavad vaid lihtsatele säästulampidele. Põhikohtuasjas käsitletavad tooted on aga kõrgekvaliteedilised ja eksklusiivsed tooted, mis ei tekita Euroopa tootjatele kahju, kuna vaid Osram toodab võrreldavaid tooteid. Neid tooteid iseloomustavad detektortehnoloogia ja hämaralüliti on patenditud ning Hiinas ega liidus ei ole identseid tooteid. Seetõttu ei ole sekkumine liidu huvides vajalik. Steinel Vertriebi sõnul ei taotletud algmääruse artikli 11 lõike 3 alusel meetme vahepealset läbivaatamist, kuna põhikohtuasjas käsitletavaid tooteid on aastate jooksul klassifitseeritud KN-i alamrubriiki 8539 39 00, ilma et siseriiklikud ametiasutused oleks sellele vastu vaielnud. Komisjoni arvates peab Euroopa Kohus võtma arvesse faktilise raamistiku sellisena, nagu eelotsusetaotluse esitanud kohus on selle määratlenud. See kohus aga otsustas, et Steinel Vertriebi imporditud kompaktluminofoorlambid tuleb klassifitseerida KN-i alamrubriiki 8539 31 90 ning et seetõttu jäävad need CFL-määruste kohaldamisalasse. Komisjon leiab, et CFL-määruste sõnastus on selge ja järelikult võimaldab see vaid ühte tõlgendust. Ta jätab kõrvale selle normi teleoloogilise tõlgenduse, kuna tema arvates ei ole sellesuunaline analüüs dumpinguvastase määruse kohaldamisala kindlakstegemiseks asjakohane. Kui tolliasutused peaksid juhtumipõhiselt kindlaks tegema, kas see, et niisugune toode jääb dumpinguvastase määruse kohaldamisalasse, on selle määruse eesmärgi ja mõttega kooskõlas, ei oleks liikmesriikide tolliasutused tema hinnangul enam suutelised oma ülesandeid täitma. See kohustus oleks vastuolus tolli tööle esitatavate nõuetega. Lisaks leiab komisjon, eelotsusetaotluse esitanud kohtu faktiline tõdemus, et vaidlusaluseid kompaktluminofoorlampe toodeti ajutise dumpinguvastase tollimaksu kehtestamise ajal mitte Hiinas, vaid ainult liidus, ei oma mingit tähtsust selle kindlakstegemisel, kas CFL-määrustega kehtestatud dumpinguvastane tollimaks on põhikohtuasjas käsitletavate kompaktluminofoorlampide suhtes kohaldatav. Komisjon on seisukohal, et eriti niisuguste tarbekaupade puhul, mille kontsept areneb kiiresti, ei ole sugugi ebatavaline, et dumpinguvastase määruse kohaldamisala määratlemine on sedavõrd üldine, et see hõlmab ka tooted, mida selle määruse vastuvõtmise ajal veel olemas ei ole või mida ei ole veel toodetud selles riigis, kes dumpingut kasutab. Neil asjaoludel ei piirdu CFL-määruste kohaldamisala põhikohtuasja kontekstis ainult nende kompaktluminofoorlampidega, mida nende sätete jõustumise ajal Hiinas juba toodeti. Komisjon lisab, et dumpinguvastases määruses peab selle kohaldamisala olema kindlaks määratud abstraktselt ja üldiselt, märkides tooted, mida see hõlmab, CN-koodiga või muudele omadustele viidates, kui see kood ei ole piisavalt täpne. Euroopa Kohtu hinnang Eelotsusetaotlusest selgub, et vaidlusalused tooted tuleb klassifitseerida KN-i alamrubriiki 8539 31 90 ning et neil toodetel on ka muud CFL-määruste artikli 1 lõikes 1 nimetatud põhiomadused. Kõigepealt tuleb meenutada, et väljakujunenud kohtupraktika kohaselt eristatakse ELTL artiklis 267 sätestatud menetluses selgelt siseriiklike kohtute ja Euroopa Kohtu ülesandeid ning üksnes siseriiklik kohus, kus menetlus toimub ja kes peab lõpuks asjas otsuse tegema, saab asja eripärast lähtuvalt hinnata nii vajadust saada kohtuotsuse tegemiseks Euroopa Kohtult eelotsus kui ka Euroopa Kohtule esitatud küsimuste asjakohasust (vt 11. veebruari 2010. aasta otsus kohtuasjas C-373/08: Hoesch Metals and Alloys, EKL 2010, lk I-951 , punkt 59). Neil asjaoludel ei ole eelotsuse küsimuse analüüsi vaja laiendada, selle teada saamiseks, kas Steinel Vertriebi imporditud vaidlusalused tooted kuuluvad CFL-määruste kohaldamisalasse nende väidete seisukohast, millele eelotsusetaotluse esitanud kohus ei viidanud, see tähendab arvestades hinnangut, mille andsid põhikohtuasjas käsitletavate toodete klassifitseerimisele KN-i tariifirubriikides siseriiklikud ametiasutused (vt analoogia alusel eespool viidatud kohtuotsus Hoesch Metals and Alloys, punkt 60). Seega tuleb eelotsusetaotlusest järeldada, et siseriiklik kohus ei ole Euroopa Kohtule sellekohast küsimust esitanud (vt selle kohta 2. juuni 1994. aasta otsus kohtuasjas C-30/93: AC-ATEL Electronics, EKL 1994, lk I-2305 , punkt 19). Kõigepealt tuleb meenutada, et vastavalt algmääruse artikli 14 lõikele 1 kehtestatakse dumpinguvastased tollimaksud määrusega ja neid nõuavad sisse liikmesriigid sellises vormis ja ulatuses ning nende kriteeriumide alusel, nagu määruses on sätestatud. Nende toodete kindlaksmääramiseks, mille suhtes kehtestatakse dumpinguvastane tollimaks, kirjeldavad dumpinguvastase määruse sätted neid tooteid KN-i selle tariifi alamrubriigi alusel, kuhu need tooted kuuluvad. Samas ei ole selline viide siiski alati piisav, et võimaldada dumpinguvastases määruses osutatud tooteid täpselt kindlaks määrata, kuna alamrubriikide sõnastus ei pruugi olla piisavalt täpne. Seetõttu kirjeldab dumpinguvastase määruse sätte sõnastus maksustatavaid tooteid täiendavate eristuskriteeriumide abil. Vaid juhul, kui toode on klassifitseeritud dumpinguvastases määruses viidatud KN-i alamrubriiki ja tal on samas ka kõik vaatlusaluse toote omadused – mida peab eelotsusetaotluse esitanud kohus kontrollima – muutub see toode maksustatavaks. Mis puutub põhikohtuasja, siis CFL-määrustega kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks imporditavatele CN-koodi ex8539 31 90 alla kuuluvatele Hiina Rahvavabariigist pärit vahelduvvoolul töötavatele (sh nii vahelduv- kui alalisvoolul töötavatele) sisseehitatud elektronliiteseadisega ja ühe- või mitmekordselt painutatud lahendustoruga kompaktluminofoorlampidele, mille kõik valguselemendid ja elektroonilised komponendid on kinnitatud lambi sokli külge või ühendatud lambi soklisse; ning samuti kehtestati see samale tootele, mis on imporditud Vietnamist, Pakistanist ja Filipiinidelt. Sellega seoses tuleb märkida, et CFL-määruste artikli 1 lõike 1 sõnastus ja eelkõige kasutatud väljend „kuuluvad CN-koodi ex8539 31 90 alla” võimaldab teha järelduse, et toote võimalik klassifitseerimine sellesse tariifirubriiki ei too automaatselt kaasa selle toote maksustamist dumpinguvastase tollimaksuga selle sätte alusel (vt analoogia alusel 24. juuni 1993. aasta otsus kohtuasjas C-90/92: Dr. Tretter, EKL 1993, lk I-3569 , punkt 13, ja 28. märtsi 1996. aasta otsus kohtuasjas C-99/94: Birkenbeul, EKL 1996, lk I-1791 , punkt 15). Seda tõlgendust ei saa ümber lükata vajadus tõlgendada tollieeskirju liidus ühetaoliselt, mis tuleneks kõnealuse sätte sõnasõnalisest tõlgendusest. Selline ühetaoline tõlgendamine peab olema tagatud kõnealuste liidu õigusnormide selge, täpse ja tervikliku sõnastuse abil (vt 1. aprilli 1993. aasta otsus kohtuasjas C-136/91: Findling Wälzlager, EKL 1993, lk I-1793 , punkt 14). Seda tõlgendust ei lükka ümber ka asjaolu, et huvitatud isikud võivad taotleda dumpinguvastase tollimaksu kehtestanud määruste läbivaatamist vastavalt algmääruse artiklile 11. See läbivaatamine võib olla põhjendatud vaid teatavatel tingimustel (vt selle kohta eespool viidatud kohtuotsus Findling Wälzlager, punkt 15). Algmääruse artikli 11 lõiked 3 ja 4 näevad lõplike dumpinguvastaste tollimaksude kehtimise ajaks ette selle meetme otstarbekuse vahepealse läbivaatamise võimaluse, kui eksportija, importija või liidu tootjate poolt nõuetekohaselt esitatud taotlus sisaldab piisavalt teavet tõendamaks, et meetme jätkuv rakendamine ei ole enam vajalik, või kui uus eksportija, kes on asutatud dumpinguvastastele meetmetele allutatud ekspordiriigis, suudab tõendada, et ta ei ole eksportinud vaatlusaluseid tooteid sel uurimisperioodil, millel meetmed põhinevad. Lisaks tuleb meelde tuletada, et väljakujunenud kohtupraktika kohaselt tuleb liidu õiguse sätte tõlgendamisel arvesse võtta mitte üksnes sätte sõnastust, vaid ka selle konteksti ning selle õigusaktiga taotletavaid eesmärke, mille osa see säte on (vt eespool viidatud kohtuotsus Birkenbeul, punkt 12). Selles osas tuleneb eelkõige algmääruse artiklist 1 ja artikli 9 lõikest 4, et dumpinguvastased meetmed võidakse kehtestada vaid nende toodete suhtes, millega seoses on läbi viidud dumpinguvastane uurimine, kui on kindlaks tehtud, et kõnealused tooted on liitu eksporditud madalama hinnaga kui dumpinguvastase uurimise all olevate samasuguste toodete hind. Niisiis, kui tegemist on uut tüüpi toodetega, mida ei valmistatud dumpinguvastase uurimise all olevas riigis ajal, mil võeti vastu dumpinguvastane määrus, nagu eelotsusetaotluse esitanud kohus põhikohtuasjas tuvastas, sõltub nende uut tüüpi toodete suhtes dumpinguvastase tollimaksu kehtestamine mitte ainult nende klassifikatsioonist määruses viidatud KN-i alamrubriiki, vaid – nagu on märgitud käesoleva kohtuotsuse punktis 31 – ka sellest, et nende toodete kindlaksmääramiseks on neil kõik kõnealuses määruses toodud omadused. Kui selgub, et uut tüüpi toodetel ei ole sellele vaatamata, et neid võib klassifitseerida dumpinguvastases määruses viidatud alamrubriiki, kõiki selles määruses kirjeldatud omadusi, ei saa nende toodete suhtes dumpinguvastast tollimaksu kehtestada enne, kui on uuritud, kas ka neid tooteid müüakse liidu turul dumpinguhinnaga. Algmääruse artikli 13 lõige 1 näeb muu hulgas ette, et kui toimub kehtivatest meetmetest kõrvalehoidmine kolmandatest riikidest pärinevate samasuguste toodete või väheseid muudatusi sisaldavate toodete impordil või vähesel määral muudetud samasuguste toodete impordil riigist, kus meetmeid kohaldatakse, või nende toodete osade impordil, võib algatada uurimise, et teha kindlaks, kas on vajadus laiendada kehtivaid meetmeid ka nende samasuguste toodete suhtes. Samas tuleb tõdeda, et sellist tüüpi toodetele võib kehtestada CFL-määrustes ette nähtud dumpinguvastase tollimaksu juhul, kui lisaks nende klassifikatsioonile nendes määrustes nimetatud KN-i alamrubriiki on tõendatud, et neil on samad omadused kui nendes määrustes algselt viidatud tootel. Eeltoodud arutlusest tuleneb aga, et CFL-määrustega ette nähtud dumpinguvastase tollimaksu kohaldamise laiendamine uut tüüpi toodetele – mis, vaatamata sellele, et neil oma samad põhiomadused, kui nendes määrustes viidatud, ja mis kuuluvad samuti CN-koodi ex8539 31 90 alla, on erinevad tooted, kuna neil on täiendavaid omadusi, mida ei ole nendes määrustes kirjeldatud – on vastuolus algmääruse eesmärgi ja ülesehitusega ning eriti artiklitega 1 ja 11, mis käsitlevad läbivaatamismenetlust, ning artikliga 13, mis käsitleb kõrvalehoidmist. Et teha kindlaks, kas tegemist on erinevate toodetega, tuleb eelkõige kontrollida, kas neil toodetel on samad tehnilised ja füüsikalised omadused, samasugused peamised kasutusalad ning sama hinna ja kvaliteedi suhe. Selles osas tuleb hinnata ka nende toodete asendatavust ja nendevahelist konkurentsi. Neil asjaoludel tuleb esitatud küsimusele vastata, et CFL-määrused viitavad kõigile toodetele, millel on nendes määrustes nimetatud toodetega samad põhiomadused ja mis kuuluvad samuti KN-i alamrubriiki ex8539 31 90. Eelotsusetaotluse esitanud kohus peab hindama, kas põhikohtuasjas käsitletavate toodete puhul on see vaatamata neile lisatud hämaralülitile nii, või on põhikohtuasjas käsitletavad tooted erinevad tooted, kuna neil on täiendavaid omadusi, mida ei ole nendes määrustes kirjeldatud. Kohtukulud Kuna põhikohtuasja poolte jaoks on käesolev menetlus eelotsusetaotluse esitanud kohtus poolelioleva asja üks staadium, otsustab kohtukulude jaotuse siseriiklik kohus. Euroopa Kohtule seisukohtade esitamisega seotud kulusid, välja arvatud poolte kohtukulud, ei hüvitata. Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (teine koda) otsustab: Nõukogu 16. juuli 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1470/2001 (millega kehtestatakse Hiina Rahvavabariigist pärit kompaktluminofoorlampide impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks ja nõutakse lõplikult sisse nende suhtes kehtestatud ajutine tollimaks; muudetud nõukogu 1. septembri 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 1322/2006) ja nõukogu 15. oktoobri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1205/2007 (millega kehtestatakse määruse (EÜ) nr 384/96 artikli 11 lõike 2 kohase aegumise läbivaatamise järel Hiina Rahvavabariigist pärit kompaktluminofoorlampide impordi suhtes dumpinguvastane tollimaks ning laiendatakse seda tollimaksu samale tootele, mis on saadetud Vietnami Sotsialistlikust Vabariigist, Pakistani Islamivabariigist ja Filipiini Vabariigist) viitavad kõigile toodetele, millel on nendes määrustes nimetatud toodetega samad põhiomadused ja mis kuuluvad samuti kombineeritud nomenklatuuri (mis asub nõukogu 23. juuli 1987. aasta määruse (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta, muudetud nõukogu 31. jaanuari 2000. aasta määrusega (EÜ) nr 254/2000, I lisas) alamrubriiki ex8539 31 90. Eelotsusetaotluse esitanud kohus peab hindama, kas põhikohtuasjas käsitletavate toodete puhul on see vaatamata neile lisatud hämaralülitile nii, või on põhikohtuasjas käsitletavad tooted erinevad tooted, kuna neil on täiendavaid omadusi, mida ei ole nendes määrustes kirjeldatud. Allkirjad ( *1 ) Kohtumenetluse keel: saksa.

62015CJ0269

lt

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, iš dalies pakeisto ir atnaujinto 1996 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 118/97 ( OL L 28 , 1997, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 3 t., p. 3) ir iš dalies pakeisto 1998 m. birželio 29 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1606/98 ( OL L 209 , 1998, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 3 t., p. 308; toliau – Reglamentas Nr. 1408/71), 13 straipsnio išaiškinimo. Šis prašymas pateiktas nagrinėjant Rijksdienst voor Pensioenen (Valstybinė pensijų tarnyba, toliau – VPT) ir Willem Hoogstad ginčą dėl atskaitymų iš 2008 m. vasario mėn. jam išmokėtų papildomų sukaupto pensijų kapitalo išmokų. Teisinis pagrindas Sąjungos teisė Reglamento Nr. 1408/71 1 straipsnyje nurodyta: „<...> j) teisės aktai reiškia kiekvienos atskiros valstybės narės statutus [įstatymus], reglamentus [nutarimus] ir kitas nuostatas bei visas kitas įgyvendinimo priemones, esamas ar būsimas, susijusias su socialinės apsaugos sritimis ir sistemomis, kurioms taikomas 4 straipsnio 1 ir 2 dalis [taikomos 4 straipsnio 1 ir 2 dalys,] arba su tomis specialiomis, nesusijusiomis su įmokų mokėjimu, [specialiomis neįmokinėmis] išmokomis, kurioms taikomas [taikoma] 4 straipsnio 2a dalis. Šis terminas netaikomas esamų ir [ar] būsimų kolektyvinių susitarimų nuostatoms, nepriklausomai nuo to, ar jos valdžios institucijų sprendimu patvirtintos kaip privalomos ar išplėstas jų taikymas. Tačiau tiek, kiek pagal šias nuostatas yra: i) įvedamas privalomas draudimas, nustatytas įstatymais ir kitais teisės aktais, nurodytais ankstesniame papunktyje [punkte], arba i) sukuriama sistema, administruojama tos pačios įstaigos, kuri pagal ankstesniame papunktyje [punkte] nurodytus įstatymus ir kitus teisės aktus administruoja įsteigtas sistemas; termino apibrėžimas [šis apribojimas] gali būti bet kuriuo metu panaikintas atitinkamos valstybės [narės] pranešimu, konkrečiai nurodant sistemas, kurioms taikomas šis reglamentas. Toks pranešimas turi būti pateiktas ir paskelbtas remiantis 97 straipsnio nuostatomis. <...>“ Reglamento Nr. 1408/71 4 straipsnio 1 dalyje nustatyta: „Šis reglamentas taikomas visiems teisės aktams, kurie apima šias socialinės apsaugos sritis: a) ligos ir motinystės išmokas; b) invalidumo išmokas, įskaitant tas, kurios skirtos darbingumui išsaugoti ar atgauti; c) senatvės išmokas; d) išmokas išlaikytiniams; e) išmokas dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų; f) išmokas mirties atveju; g) bedarbio išmokas; h) išmokas šeimai.“ Šio reglamento 13 straipsnis suformuluotas taip: „1.   Laikantis 14c ir 14f straipsnių, asmenims, kuriems taikomas šis reglamentas, taikomi tik vienos valstybės narės teisės aktai. Tokie teisės aktai nustatomi remiantis šios antraštinės dalies nuostatomis. 2.   Laikantis 14–17 straipsnių: <...> f) asmeniui, kuriam nustoja galioję valstybės narės teisės aktai, kol bus pradėti taikyti kitos valstybės narės teisės aktai pagal vieno iš aukščiau nurodytų papunkčių [punktų] taisykles arba pagal vieną iš 14–17 straipsniuose nurodytų išimčių ar specialių nuostatų, taikomos valstybės narės, kurios teritorijoje jis gyvena, teisės aktų nuostatos [ir laikantis tik šių teisės aktų].“ Šio reglamento 33 straipsnio 1 dalyje nustatyta: „Valstybės narės įstaiga, atsakinga už pensijos [ar rentos] mokėjimą, kuriai galiojančiais teisės aktais nustatyti atskaitymai iš pensijų [ar rentų] įmokoms ligos ir motinystės išmokų draudimui, turi teisę atlikti tuos atskaitymus, apskaičiuotus pagal atitinkamus teisės aktus, iš tokios įstaigos mokamų pensijų [ar rentų], tiek, kiek tų išmokų išlaidas pagal 27, 28, 28a, 29, 31 ir 32 straipsnius padengia minėtos valstybės narės įstaiga.“ Belgijos teisė Pagrindinės bylos faktinėms aplinkybėms taikytinos redakcijos Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 (1994 m. liepos 14 d. Konsoliduotasis įstatymas dėl privalomojo sveikatos draudimo ir išmokų, 1994 m. rugpjūčio 27 d. Belgisch Staatsblad , p. 21524, toliau – 1994 m. liepos 14 d. Konsoliduotasis įstatymas) 191 straipsnio pirmos pastraipos 7 punkte nurodyta: „3,55 % dydžio mokestis atskaitomas iš įstatyme numatytos senatvės, ištarnauto laiko pensijos ir pensijos netekus maitintojo ar kitos pensijai prilygintos išmokos ir bet kokios pensiją skirtos papildyti išmokos net ir tuo atveju, kai teisė į pensiją dar neįgyta ir ji dar neskirta, pagal įstatymo, įstatymo įgyvendinamojo teisės akto, statuto arba pagal darbo sutarties, įmonės reglamentavimo tvarkos, įmonės ar šakos kolektyvinės sutarties nuostatas. Taip pat atskaitoma iš pensijai prilygintos arba ją papildančios išmokos, skirtos savarankiškai dirbančiam asmeniui remiantis kolektyviniu ar asmeniniu įmonės įsipareigojimu dėl pensijos.“ Pagrindinės bylos faktinėms aplinkybėms taikytinos redakcijos Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 191, eerste lid 1, 7°, van de wet betreffende de de verpflichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (1980 m. rugsėjo 15 d. Karaliaus dekretas dėl 1994 m. liepos 14 d. Konsoliduotojo įstatymo dėl privalomojo sveikatos draudimo ir išmokų 191 straipsnio pirmos pastraipos 7 punkto įgyvendinimo, 1980 m. rugsėjo 23 d. Belgisch Staatsblad , p. 10869) 3bis straipsnyje nustatyta: „2 straipsnio 1 dalyje numatytas mėnesinių sumų apskaičiavimas atliekamas ne anksčiau kaip kalendorinių metų, per kuriuos buvo išmokėta pensija ir papildomos išmokos, pabaigoje. Tačiau mėnesine suma išreikštų vienkartinių išmokų, skirtų pensininko statuso dar neįgijusiems asmenims, apskaičiavimas taip pat galioja vėlesniais metais, iki šios išmokos gavėjas sulauks įprasto pensinio amžiaus. Galimas likutis gali būti grąžinamas tik [VPT] konstatavus, kad sukaupta pensijos ir papildomų išmokų suma neatskaičius mokesčių neviršija nustatytos mažiausios ribos.“ Pagrindinės bylos faktinėms aplinkybėms taikytinos redakcijos 1994 m. kovo 30 d. Wet houdende sociale bepalingen (Įstatymas, kuriame įtvirtintos socialinės nuostatos, 1994 m. kovo 31 d. Belgisch Staatsblad , p. 8866, toliau – 1994 m. kovo 30 d. Įstatymas) 68 straipsnio 1 dalyje vartojamos tokios terminų apibrėžtys: „<...> (c) „papildoma išmoka“ – išmoka, skirta a arba b punkte nurodytai pensijai papildyti net ir tuo atveju, kai teisė į šią pensiją dar neįgyta ir pensija dar neskirta, skiriama pagal įstatymo, įstatymo įgyvendinamojo teisės akto, statuto arba darbo sutarties, įmonės vidaus reglamentavimo tvarkos, įmonės ar šakos kolektyvinės sutarties nuostatas, neatsižvelgiant į tai, ar ši išmoka yra periodinė, ar išmokama kaip vienkartinė sukaupto kapitalo suma. Papildomomis išmokomis, kaip jos suprantamos pagal c punktą, taip pat laikomos: 1 dalies a punkte apibrėžtos rentos, išmokamos kaip vienkartinė sukaupto kapitalo suma; bet kokia išmoka asmeniui, nepriklausomai nuo jo statuso, įgyvendinant asmeninį įsipareigojimą dėl pensijos <...>“ 1994 m. kovo 30 d. Įstatymo 68 straipsnio 5 dalies antroje ir penktoje pastraipose nurodoma: „Belgijos institucijos, po 1996 m. gruodžio 31 d. kaip vienkartinę sukaupto kapitalo sumą išmokančios papildomą išmoką, kurios dydis viršija 2478,94 EUR, ex officio atskaito nuo šios sumos 2 %. <...> Jeigu per pirmą įstatyme numatytos pensijos galutinės sumos mokėjimą, atliekamą išmokėjus sukaupto kapitalo sumą, pagal 2 dalį atskaitytinos sumos procentinis dydis yra mažesnis už procentinį nuo sukaupto kapitalo sumos atskaitytą dydį, [VPT] grąžina gavėjui skirtumą tarp sumos, atskaitytos nuo sukaupto kapitalo, dydžio ir sumos, gautos šią sukaupto kapitalo sumą padauginus iš sumos, atskaitytinos pagal 2 dalį, procentinio dydžio. Jeigu pinigai grąžinami praėjus daugiau kaip šešiems mėnesiams nuo pirmo įstatyme numatytos pensijos galutinės sumos mokėjimo, VPT ipso iure lieka skolinga gavėjui sumokėti palūkanas nuo grąžintos sumos. Palūkanos, kurių norma sudaro 4,75 % per metus, pradedamos skaičiuoti nuo mėnesio, kuris eina po to, kai baigiasi šešių mėnesių terminas, pirmos dienos. Karalius gali keisti palūkanų normą.“ Pagrindinė byla ir prejudicinis klausimas Nyderlandų pilietis W. Hoogstad nuo 1996 m. lapkričio 1 d. iki 2004 m. gruodžio 31 d. dirbo Belgijoje pas darbdavį, kuris mokėjo už jį dviejų papildomų pensijų įmokas. Baigęs profesinę karjerą Nyderlanduose, 2007 m. W. Hoogstad su žmona, Airijos piliete, apsigyveno Airijoje. 2008 m. vasario mėn., kai W. Hoogstad suėjo 60 metų, jam buvo išmokėtos dvi vienkartinės sukaupto papildomų pensijų kapitalo išmokos. Šioms sukaupto kapitalo sumoms Belgijoje buvo taikomi du atskaitymai. Pirmas 3,55 % dydžio atskaitymas atliktas taikant 1994 m. liepos 14 d. Konsoliduotojo įstatymo 191 straipsnio pirmos pastraipos 7 punktą ir pervestas Karališkajam ligų ir invalidumo draudimo institutui, kuriam pavesta paskirstyti įplaukas atsakingoms sveikatos draudimo įstaigoms. Antras 2 % atskaitymas, skirtas VPT, atliktas taikant 1994 m. kovo 30 d. Įstatymo 68 straipsnį, siekiant sustiprinti skirtingų kategorijų pensininkų solidarumą (solidarumo mokestis) ir galiausiai atlikti atrankinį mažiausių pensijų koregavimą. 2009 m. gruodžio 31 d. ieškiniu W. Hoogstad pareikalavo grąžinti atskaitytas sumas, motyvuodamas tuo, kad minėtų sukaupto kapitalo sumų pervedimo momentu jam nebuvo taikomi Belgijos socialinio draudimo teisės aktai. 2011 m. spalio 28 d. arbeidsrechtbank Brussel (pirmosios instancijos Briuselio darbo teismas, Belgija) priteisė iš Karališkojo ligų ir invalidumo draudimo instituto ir VPT grąžinti atskaitytas sumas. Pralaimėjusi apeliacinį procesą arbeidshof Brussel (Briuselio apeliacinis darbo teismas, Belgija) VPT pateikė kasacinį skundą. VPT teigia, kad sukaupto papildomos pensijos kapitalo sumos W. Hoogstad pervestos įgyvendinant sistemą, kuri nelaikoma „teisės aktais“, kaip jie suprantami pagal Reglamento Nr. 1408/71 1 straipsnio j punkto pirmą pastraipą, ir todėl minėtos kapitalo sumos nepatenka į šio reglamento materialinę taikymo sritį. Taigi atskaitymai iš papildomų pensijų nebuvo nesuderinami su minėto reglamento 13 straipsnio 1 dalimi. Šiomis aplinkybėmis Hof van Cassatie (Kasacinis teismas, Belgija) nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui tokį prejudicinį klausimą: „Ar Reglamento Nr. 1408/71 13 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad pagal ją draudžiama atskaityti tokius mokesčius, kaip pagal 1994 m. liepos 14 d. Konsoliduotojo įstatymo 191 straipsnio pirmos pastraipos 7 punktą atskaitoma suma ir pagal 1994 m. kovo 30 d. Įstatymo, kuriame įtvirtintos socialinės nuostatos, 68 straipsnį mokėtinas solidarumo mokestis, iš išmokų, mokamų iš Belgijos papildomų pensijų sistemų, kurios nėra teisės aktai, kaip jie suprantami pagal šio reglamento 1 straipsnio j punkto pirmą pastraipą, jei šios išmokos mokamos ne Belgijoje gyvenančiam asmeniui, kuris turi teisę jas gauti ir kuriam pagal minėto reglamento 13 straipsnio 2 dalies f punktą taikomi gyvenamosios vietos valstybės narės socialinės apsaugos teisės aktai?“ Dėl prejudicinio klausimo Dėl priimtinumo Pirmiausia, Belgijos vyriausybė tvirtina, kad prašymas priimti prejudicinį sprendimą nepriimtinas, nes prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas remiasi klaidinga prielaida, jog atskaitymai iš Belgijos papildomų pensijų sistemų išmokų yra galutiniai ir negrąžinami. Tačiau, kadangi pirmiau atskaitytos sumos buvo visiškai grąžintos, prašomas išaiškinimas iš tikrųjų visiškai nenaudingas siekiant išspręsti pagrindinėje byloje nagrinėjamą ginčą. Pagal nusistovėjusią teismo praktiką tik bylą nagrinėjantis nacionalinis teismas, atsakingas už sprendimo priėmimą, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes, turi įvertinti, ar jo sprendimui priimti būtinas prejudicinis sprendimas, ir Teisingumo Teismui pateikiamų klausimų svarbą. Todėl iš principo Teisingumo Teismas turi priimti sprendimą tuo atveju, kai pateikiami klausimai susiję su Sąjungos teisės išaiškinimu (žr., be kita ko, 2000 m. birželio 15 d. Sprendimo Sehrer, C‑302/98 , EU:C:2000:322 , punktą ir 2012 m. spalio 25 d. Sprendimo Folien Fischer ir Fofitec, C‑133/11 , EU:C:2012:664 , punktą). Atsisakyti priimti sprendimą dėl nacionalinio teismo pateikto prejudicinio klausimo galima tik jeigu akivaizdu, kad prašomas Sąjungos teisės išaiškinimas visiškai nesusijęs su pagrindinės bylos aplinkybėmis ar dalyku, jeigu problema hipotetinė arba jeigu apie faktines ir teisines aplinkybes Teisingumo Teismas neturi informacijos, būtinos tam, kad naudingai atsakytų į jam pateiktus klausimus (žr., be kita ko, 2010 m. birželio 22 d. Sprendimo Melki ir Abdeli, C‑188/10 ir C‑189/10 , EU:C:2010:363 , punktą ir 2012 m. vasario 28 d. Sprendimo Inter‑Environnement Wallonie ir Terre wallonne , C‑41/11 , EU:C:2012:103 , punktą). Vis dėlto nagrinėjamu atveju taip nėra, nes prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas aiškiai nurodė motyvus, dėl kurių jis pateikė prejudicinį klausimą, o atsakymas į šį klausimą būtinas norint išspręsti jo nagrinėjamą ginčą. Taigi prašymą priimti prejudicinį sprendimą reikia laikyti priimtinu. Dėl esmės Savo klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekia išsiaiškinti, ar Reglamento Nr. 1408/71 13 straipsnio 1 dalis aiškintina taip, kad ja draudžiamos tokios nacionalinės teisės nuostatos, kaip nagrinėjamos pagrindinėje byloje, kuriose numatyta atskaityti socialines įmokas iš papildomų pensijų sistemų išmokų, net jeigu šių papildomų pensijų gavėjas neturi gyvenamosios vietos toje valstybėje narėje ir pagal minėto reglamento 13 straipsnio 2 dalies f punktą jam taikomi jo gyvenamosios vietos valstybės narės socialinės teisės aktai. Siekiant naudingai atsakyti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui, pirmiausia primintina, kad pagal Reglamento Nr. 1408/71 1 straipsnio j punkto pirmą pastraipą „teisės aktai“ reiškia kiekvienos atskiros valstybės narės įstatymus, nutarimus, kitas nuostatas ir visas kitas įgyvendinimo priemones, esamas ar būsimas, susijusias su socialinės apsaugos sritimis ir sistemomis, kurioms taikomos 4 straipsnio 1 ir 2 dalys. Tačiau pagal 1 straipsnio j punkto antrą pastraipą terminas „teisės aktai“ nevartojamas kalbant apie esamų ir būsimų kolektyvinių susitarimų nuostatas, nepriklausomai nuo to, ar jos valdžios institucijų sprendimu patvirtintos kaip privalomos, ar išplėstas jų taikymas. Nors iš paties prejudicinio klausimo teksto išplaukia, kad papildomų pensijų sistemos išmokos, kurias pagrindinėje byloje nagrinėjamu atveju gavo W. Hoogstad, „nėra teisės aktai, kaip jie suprantami pagal [Reglamento Nr. 1408/71] 1 straipsnio j punkto pirmą pastraipą“, iš šių papildomų pensijų sistemų išmokų atskaityta įmoka gali patekti į šio reglamento taikymo sritį. Teisingumo Teismas jau yra nusprendęs, kad „teisės aktų“ sąvoka apibrėžta plačiai ir apima valstybių narių priimtus visų rūšių įstatymus ir kitus teisės ir administracinius aktus ir turi būti suprantama kaip apimanti visas nacionalines priemones, taikomas šioje srityje (2015 m. vasario 26 d. Sprendimo de Ruyter, C‑623/13 , EU:C:2015:123 , punktas). Šiame kontekste Teisingumo Teismas nurodė, kad lemiamas kriterijus siekiant nustatyti, ar taikytinas Reglamentas Nr. 1408/71, yra tiesioginis ir pakankamai reikšmingas nagrinėjamos nuostatos ryšys su teisės aktais, reglamentuojančiais Reglamento Nr. 1408/71 4 straipsnyje išvardytas socialinės apsaugos sritis (1995 m. gegužės 18 d. Sprendimo Rheinhold & Mahla, C‑327/92 , EU:C:1995:144 , punktas; 2000 m. vasario 15 d. Sprendimo Komisija / Prancūzija, C‑34/98 , EU:C:2000:84 , punktas; 2000 m. vasario 15 d. Sprendimo Komisija / Prancūzija, C‑169/98 , EU:C:2000:85 , punktas ir 2015 m. vasario 26 d. Sprendimo de Ruyter, C‑623/13 , EU:C:2015:123 , punktas). Aplinkybė, jog pagal nacionalinės teisės aktus atskaitymas kvalifikuojamas kaip „mokestis“, neužkerta kelio tam, kad pagal Reglamentą Nr. 1408/71 šis atskaitymas galėtų būti laikomas patenkančiu į šio reglamento taikymo sritį (2015 m. vasario 26 d. Sprendimo de Ruyter, C‑623/13 , EU:C:2015:123 , punktas ir jame nurodyta teismo praktika). Be to, Teisingumo Teismas yra nusprendęs, kad atskaitymai, taikomi ne darbuotojų veiklos ir kompensacinėms pajamoms, bet pajamoms iš turto, gali patekti į nagrinėjamo reglamento taikymo sritį, jeigu konstatuota, kad iš šių atskaitymų gautos pajamos tiesiogiai ir specialiai skirtos tam tikroms atitinkamos valstybės narės socialinės apsaugos sritims finansuoti (2015 m. vasario 26 d. Sprendimo de Ruyter, C‑623/13 , EU:C:2015:123 , punktas). Tokia pati išvada darytina, kalbant apie tokius atskaitymus, kaip nagrinėjami pagrindinėje byloje, kurie taikomi papildomų pensijų sistemoms, nes pajamos iš šių įmokų tiesiogiai ir specialiai skirtos tam tikroms atitinkamos valstybės narės socialinės apsaugos sritims finansuoti. Tokį aiškinimą taip pat patvirtina Reglamentu Nr. 1408/71 siekiamas tikslas ir šį tikslą pagrindžiantys principai. Siekiant užtikrinti laisvą darbuotojų judėjimą Europos Sąjungoje, pagrindiniu principu laikant vienodą požiūrį į juos pagal skirtingus nacionalinės teisės aktus, Reglamento Nr. 1408/71 II dalyje įtvirtinta koordinavimo sistema, be kita ko, skirta teisės aktui ar aktams, taikytiniems įvairiomis aplinkybėmis teise laisvai judėti besinaudojantiems pagal darbo sutartis ir savarankiškai dirbantiems asmenims, nustatyti (šiuo klausimu žr. 2008 m. balandžio 3 d. Sprendimo Derouin, C‑103/06 , EU:C:2008:185 , punktą; 2011 m. kovo 3 d. Sprendimo Tomaszewska, C‑440/09 , EU:C:2011:114 , ir punktus ir 2015 m. vasario 26 d. Sprendimo de Ruyter, C‑623/13 , EU:C:2015:123 , punktą). Dėl šios išsamios kolizinių normų sistemos kiekvienos valstybės narės teisės aktų leidėjas praranda įgaliojimus nustatyti savo nacionalinės teisės aktų taikymo apimtį ir sąlygas, kiek tai susiję su asmenimis, kuriems jie taikomi, ir teritorija, kurioje galioja nacionalinės teisės nuostatos (1986 m. liepos 10 d. Sprendimo Luijten, 60/85 , EU:C:1986:307 , punktas; 2014 m. lapkričio 5 d. Sprendimo Somova, C‑103/13 , EU:C:2014:2334 , punktas ir 2015 m. vasario 26 d. Sprendimo de Ruyter, C‑623/13 , EU:C:2015:123 , punktas). Šiuo klausimu Reglamento Nr. 1408/71 13 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad asmenims, kuriems taikomas šis reglamentas, galioja tik vienos valstybės narės teisės aktai, todėl, išskyrus 14c ir 14f straipsniuose numatytus atvejus, pašalinama bet kokia galimybė taikyti kelis nacionalinės teisės aktus (šiuo klausimu žr. 1977 m. gegužės 5 d. Sprendimo Perenboom, 102/76 , EU:C:1977:71 , punktą ir 2015 m. vasario 26 d. Sprendimo de Ruyter, C‑623/13 , EU:C:2015:123 , punktą). Šiuo principu, pagal kurį socialinės apsaugos srityje taikytini tik vienos valstybės narės teisės aktai, siekiama išvengti sunkumų, kurių gali kilti tuo pačiu metu taikant kelių valstybių nacionalinės teisės aktus, ir panaikinti nevienodą požiūrį, kuris Sąjungoje judančių asmenų atžvilgiu atsirastų dėl visiško ar dalinio kelių valstybių nacionalinės teisės aktų taikymo kartu (šiuo klausimu žr. 2000 m. vasario 15 d. Sprendimo Komisija / Prancūzija, C‑34/98 , EU:C:2000:84 , punktą; 2000 m. vasario 15 d. Sprendimo Komisija / Prancūzija, C‑169/98 , EU:C:2000:85 , punktą ir 2015 m. vasario 26 d. Sprendimo de Ruyter, C‑623/13 , EU:C:2015:123 , punktą). Vis dėlto šis vienos valstybės narės teisės aktų taikymo principas reglamentuoja tik tas situacijas, į kurias daroma nuoroda Reglamento Nr. 1408/71 13 straipsnio 2 dalyje ir 14–17 straipsniuose, kiek juose apibrėžtos įvairiais atvejais taikytinos kolizinės normos. Taip, pavyzdžiui, 1991 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2195/91 ( OL L 206, 1991, p. 2 ), kuriuo buvo pakeistas Reglamentas Nr. 1408/71, Reglamento Nr. 1408/71 13 straipsnio 2 dalį papildžius f punktu, vienos valstybės narės teisės aktų taikymo principas taip pat taikomas galutinai profesinę veiklą nutraukusiems darbuotojams. Nagrinėjamu atveju pažymėtina, kad pagal Reglamento Nr. 1408/71 13 straipsnio 2 dalies f punkto nuostatas W. Hoogstad, kaip Airijoje gyvenančiam pensininkui, taikomi šios valstybės narės socialinės apsaugos teisės aktai ir todėl kita valstybė narė, be kita ko, kiek tai susiję su papildomos pensijos išmokomis, neturėtų taikyti jam teisės nuostatų, įtvirtinančių įmokas, kurios turi tiesioginį ir pakankamai reikšmingą ryšį su teisės aktais, reglamentuojančiais Reglamento Nr. 1408/71 4 straipsnyje išvardytas socialinės apsaugos sritis. Šio teiginio negali paneigti ir Reglamento Nr. 1408/71 33 straipsnio nuostatos, pagal kurias tam tikra valstybė narė gali atskaityti iš pensijos ar rentos gavėjo sveikatos draudimo įmokų, jeigu ji turi padengti išmokų išlaidas. Reglamento Nr. 1408/71 33 straipsnis turi būti aiškinamas atsižvelgiant į jo III dalies I skyriaus 5 skirsnio, taikomo pensijų ir rentų gavėjų ir jų šeimos narių teisėms, 27, 28 ir 28a straipsnius, reglamentuojančius situacijas, kai gavėjas gauna pensiją ar rentą, mokėtiną pagal dviejų ar daugiau valstybių narių teisės aktus, arba situacijas, kai gavėjas gauna pensiją pagal vienos valstybės narės teisės aktus, tačiau neturi jokių teisių gauti išmokas savo gyvenamosios vietos valstybėje (šiuo klausimu žr. 2000 m. birželio 15 d. Sprendimo Sehrer, C‑302/98 , EU:C:2000:322 , punktą). Todėl iš to, kad egzistuoja materialinės normos, skirtos pensijų ar rentų gavėjų teisėms, kurios bet kuriuo atveju nėra taikomos papildomoms pensijoms, grindžiamoms kolektyvinių susitarimų nuostatomis (šiuo klausimu žr. 1992 m. sausio 16 d. Sprendimo Komisija / Prancūzija, C‑57/90 , EU:C:1992:10 , punktą), negalima daryti išvados, kad specialių įmokų atskaitymas iš tokių papildomų pensijų yra suderinamas su vienos valstybės narės teisės aktų taikymo principu, įtvirtintu Reglamento Nr. 1408/71 13 straipsnio 1 dalyje. Atsižvelgiant į visa tai, kas išdėstyta, į pateiktą klausimą reikia atsakyti taip: Reglamento Nr. 1408/71 13 straipsnio 1 dalimi draudžiamos tokios nacionalinės teisės nuostatos, kaip nagrinėjamos pagrindinėje byloje, kuriose numatytas įmokų, turinčių tiesioginį ir pakankamai reikšmingą ryšį su teisės aktais, reglamentuojančiais šio reglamento 4 straipsnyje išvardytas socialinės apsaugos sritis, atskaitymas iš papildomų pensijų sistemų mokamų išmokų, net jeigu šių papildomų pensijų gavėjas neturi gyvenamosios vietos toje valstybėje narėje ir pagal to paties reglamento 13 straipsnio 2 dalies f punktą jam taikomi jo gyvenamosios vietos valstybės narės socialinės apsaugos teisės aktai. Dėl bylinėjimosi išlaidų Kadangi šis procesas pagrindinės bylos šalims yra vienas iš etapų prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo nagrinėjamoje byloje, bylinėjimosi išlaidų klausimą turi spręsti šis teismas. Išlaidos, susijusios su pastabų pateikimu Teisingumo Teismui, išskyrus tas, kurias patyrė minėtos šalys, nėra atlygintinos. Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (dešimtoji kolegija) nusprendžia: 1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, iš dalies pakeisto ir atnaujinto 1996 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 118/97 ir iš dalies pakeisto 1998 m. birželio 29 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1606/98, 13 straipsnio 1 dalimi draudžiamos tokios nacionalinės teisės nuostatos, kaip nagrinėjamos pagrindinėje byloje, kuriose numatytas įmokų, turinčių tiesioginį ir pakankamai reikšmingą ryšį su teisės aktais, reglamentuojančiais Reglamento Nr. 1408/71 4 straipsnyje išvardytas socialinės apsaugos sritis, atskaitymas iš papildomų pensijų sistemų mokamų išmokų, net jeigu šių papildomų pensijų gavėjas neturi gyvenamosios vietos toje valstybėje narėje ir pagal to paties iš dalies pakeisto reglamento 13 straipsnio 2 dalies f punktą jam taikomi jo gyvenamosios vietos valstybės narės socialinės apsaugos teisės aktai. Parašai. ( *1 ) Proceso kalba: nyderlandų.

61983CJ0015

el

Περιστατικά Τα περιστατικά της υπόθεσης, η εξέλιξη της διαδικασίας και οι παρατηρήσεις που κατατέθηκαν δυνάμει του άρθρου 20 του πρωτοκόλλου του οργανισμού του Δικαστηρίου της ΕΟΚ έχουν συνοπτικά ως εξής: Ι — Νομικό πλαίσιο της διαφοράς και πραγματικά περιστατικά 1. Νομικό πλαίσιο Η κύρια δίκη αφορά την παροχή των ενισχύσεων για την εξαγωγή των σύνθετων ζωοτροφών με βάση το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη οι οποίες παραδίδονται χύμα. Οι λεπτομέρειες της παροχής των ενισχύσεων αυτών καθορίζονται από τον κανονισμό 1725/79 της Επιτροπής, της 26ης Ιουλίου 1979. Το άρθρο 4, παράγραφος 2, του κανονισμού αυτού ορίζει τα εξής: «Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 5 και αυτών της οδηγίας 79/373/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 2ας Απριλίου 1979, περί εμπορίας των συνθέτων ζωοτροφών, οι σύνθετες ζωοτροφές κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού είναι συσκευασμένες σε σάκκους μεγίστης περιεκτικότητας 50 χιλιογράμμων, πάνω στους οποίους είναι τυπωμένα με ευανάγνωστους χαρακτήρες: α) μνεία που εμφαίνει ότι πρόκειται για σύνθετη ζωοτροφή β) επιγραφή που επιτρέπει να αναγνωρίζεται η επιχείρηση που ευεργετείται από την ενίσχυση. Η επιγραφή αυτή δύναται να συντάσσεται σε κώδικα και φέρει στην περίπτωση αυτή το πρώτο γράμμα του ονόματος της χώρας καταγωγής· γ) το μήνα και το έτος παρασκευής· δ) την περιεκτικότητα σε αποκορυφωμένο γάλα εις κόνιν του τελικού προϊόντος.» Σύμφωνα όμως με το άρθρο 5 του κανονισμού αυτού, οι διατάξεις του άρθρου 4, παράγραφος 2, δεν εφαρμόζονται: «α) ... β) στις σύνθετες ζωοτροφές που παραδίδονται με δεξαμενές ή containers σε γεωργική εκμετάλλευση ή σε εκμετάλλευση εκτροφής ή σε παχυντήρια, που χρησιμοποιούν τις σύνθετες αυτές τροφές, κατά τους όρους που προβλέπονται στα άρθρα 6 και 7.» Το άρθρο 6 του κανονισμού αυτού ορίζει τα εξής: «1. Η παράδοση των σύνθετων ζωοτροφών με δεξαμενές ή containers πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις: α) επιτρέπεται παρά του αρμοδίου οργανισμού του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου είναι εγκατεστημένη η ευεργετούμενη με την ενίσχυση επιχείρηση, κατόπιν αιτήσεως της, να χρησιμοποιεί αυτή τη μορφή μεταφοράς· β) η παράδοση γίνεται υπό διοικητικό έλεγχο. Ο έλεγχος αυτός εξασφαλίζει ιδίως ότι η παράδοση πραγματοποιείται για γεωργική εκμετάλλευση ή για εκμετάλλευση εκτροφής ή παχύνσεως. 2. Στην περίπτωση αυτή, η καταβολή ενισχύσεως δεν πραγματοποιείται παρά αφού η επιχείρηση προσκομίσει στον αρμόδιο οργανισμό τα δικαιολογητικά έγγραφα που επιτρέπουν να αποδειχθεί ότι η παράδοση πραγματοποιήθηκε με τήρηση των όρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 υπό β).» Σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 1, του παραπάνω κανονισμού «Στην περίπτωση όπου η παράδοση με δεξαμενές ή containers που αναφέρεται στο άρθρο 5 υπό 6) έλαβε χώρα εντός άλλου κράτους από το κράτος μέλος πωλήσεως, η απόδειξη της παραδόσεως κατά τους όρους οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 6, παράγραφος 1 υπό β), δεν δύναται να γίνει παρά με την προσκόμιση του αντιτύπου ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 223/77.» Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 ορίζει τα εξής: «Το κράτος μέλος προορισμού ελέγχει ώστε ο παραλήπτης να ανταποκρίνεται στους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 6, παράγραφος 1 υπό β).» Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων κατά τις οποίες τα δικαιολογητικά έγγραφα είναι διαθέσιμα, η καταβολή της ενισχύσεως για την περίοδο για την οποία ζητείται υπόκειται, σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 2, στον όρο «α) ότι ο δικαιούχος αποδεικνύει, προς ικανοποίηση της αρμόδιας αρχής, ότι η αναλογούσα ποσότητα του αποκορυφωμένου γάλακτος ή του αποκορυφωμένου γάλακτος εις κόνιν έχει μετουσιωθεί ή μεταποιηθεί σε σύνθετες τροφές κατά τη διάρκεια του μήνα για τον οποίο ζητείται η ενίσχυση και β) ότι το δελτίο αναλύσεως και το δελτίο ελέγχου που αναφέρονται στο άρθρο 10, παράγραφος 3, τα οποία παραδίδονται μετά τους ελέγχους που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφοι 1 και 2, υπό α), 6) και γ), κατά τη διάρκεια του μήνα που προηγείται του μήνα για τον οποίο ζητήθηκε η ενίσχυση, επιτρέπουν να διαπιστωθεί ότι τηρήθηκαν οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού.» Αν από τα δελτία που αναφέρονται παραπάνω στο στοιχείο 6) προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν τήρησε τις διατάξεις του κανονισμού κατά τη διάρκεια του εν λόγω προηγούμενου μήνα, η καταβολή της ενισχύσεως που αποτελεί το αντικείμενο της αιτήσεως αναστέλλεται εν αναμονή της παραλαβής των δελτίων αναλύσεως και ελέγχου που εκδίδονται μετά τους ελέγχους που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του ίδιου αυτού μήνα και η ενίσχυση που έχει καταβληθεί αντικανονικά αποδίδεται εντός προθεσμίας τεσσάρων εβδομάδων (παράγραφος 3 του άρθρου 9). Το άρθρου 10 του κανονισμού προβλέπει ότι, για να εξασφαλιστεί η τήρηση των διατάξεων αυτών, τα κράτη μέλη λαμβάνουν ορισμένα μέτρα ελέγχου, ιδίως όσον αφορά τη χρήση του αποκορυφωμένου γάλακτος και του αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη για την παρασκευή σύνθετων τροφών κατά την έννοια του άρθρου 4, παράγραφος 1. Όσον αφορά την προσκόμιση του αντιτύπου ελέγχου που απαιτείται κατά το άρθρο 7, παράγραφος 1, του κανονισμού για την περίπτωση των παραδόσεων σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος του πωλητή, το άρθρο 10 του κανονισμού 223/77 της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 1976, περί των διατάξεων εφαρμογής ως και των μέτρων απλουστεύσεως του καθεστώτος της κοινοτικής διαμετακομίσεως (ΕΕ ειδ. έκδ. 02/012, σ. 27), ορίζει τα εξής: «Όταν η εφαρμογή κοινοτικού μέτρου περί εισαγωγής ή εξαγωγής εμπορευμάτων ή κυκλοφορίας των εμπορευμάτων αυτών στο εσωτερικό της Κοινότητας εξαρτάται από την απόδειξη ότι τα εμπορεύματα που αποτελούν το αντικείμενο του μέτρου τούτου εχρησιμοποιήθησαν για το σκοπό και/ή διοχετεύθηκαν στον προορισμό που προβλέπονται ή επιβάλλονται από το μέτρο αυτό, η εν λόγω απόδειξη παρέχεται διά της προσκομίσεως αντιτύπου ελέγχου Τ αριθ. 5.» Εξάλλου, το άρθρο 12 του ίδιου αυτού κανονισμού ρυθμίζει τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. Ο κανονισμός 222/77 του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 1976, περί της κοινοτικής διαμετακομίσεως (ΕΕ ειδ. έκδ. 02/003, σ. 3), ορίζει στο άρθρο 58 τα εξής: «Κατά παρέκκλιση του παρόντος κανονισμού, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες δύνανται να εφαρμόζουν στα παραστατικά κοινοτικής διαμετακομίσεως τις συμφωνίες που συνήψαν ή θα συνάψουν μεταξύ τους με σκοπό τον περιορισμό ή την κατάργηση των διατυπώσεων διελεύσεως των βελγοουξεμβουργιανών και βελγο-ολλανδικών συνόρων.» 2. Πραγμανικά περιστατικά και έγγραφη διαδικακία Η προσφεύγουσα στην κύρια δίκη παρασκευάζει στις Κάτω Χώρες ζωοτροφές με βάση το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη και της χορηγείται κοινοτική ενίσχυση βάσει του άρθρου 10 του κανονισμού 804/68 του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1968, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (ΕΕ ειδ. έκδ. 03/003, σ. 82). Η προσφεύγουσα παραδίδει τα προϊόντα της σε συσκευασίες ή εκτός συσκευασιών («χύμα»), τόσο στις Κάτω Χώρες όσο και στο εξωτερικό. Οι εξαγωγές χύμα περιορίζονται επί του παρόντος στο Βέλγιο. Ο αρμόδιος ολλανδικός οργανισμός, το Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten, καταβάλλει την ενίσχυση υπό ορισμένες προϋποθέσεις, οι οποίες διαφέρουν ανάλογα με το αν οι ζωοτροφές χύμα παραδίδονται στο εσωτερικό των Κάτω Χωρών ή σε άλλο κράτος μέλος: α) Για τις παραδόσεις χύμα στο εσωτερικό των Κάτω Χωρών, το Hoofdproduktschap εφαρμόζει τις ολλανδικές διατάξεις, δηλαδή το «Beschikking denaturatie — en verwerkingssteun magere-melk-poeder»(διάταγμα που αφορά τις ενισχύσεις για τη μετουσίωση και τη μεταποίηση του αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη) του 1980. Κατά συνέπεια, η παραγωγός εταιρεία πρέπει να επισυνάψει στον πίνακα των μεταποιήσεων που υποβάλλει κατά μήνα ένα λεπτομερή πίνακα όλων των παραδόσεων χύμα. Μόλις λάβει τα δικαιολογητικά αυτά έγγραφα, το Hoofdproduktschap καταβάλλει την ενίσχυση, δηλαδή συγχρόνως με την παραλαβή της αίτησης για τον εν λόγω μήνα. β) Για τις παραδόσεις χύμα σε άλλο κράτος μέλος, το Hoofdproduktschap ζητεί ως απόδειξη, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού 1725/79, την προσκόμιση του αντιτύπου ελέγχου Τ 5, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 10 του κανονισμού 223/77, για τις παραδόσεις όμως που πραγματοποιούνται στο Βέλγιο, αρκείται, αντί για το έγγραφο αυτό, στο έγγραφο Benelux-5, που αναφέρεται στο άρθρο 58 του κανονισμού 222/77. Λόγω του ότι τα έγγραφα αυτά πρέπει να θεωρηθούν από το κράτος προορισμού, η ενίσχυση στην πραγματικότητα συνήθως δεν καταβάλλεται παρά ένα μήνα μετά το μήνα της υποβολής της αίτησης. Από τις διάφορες αυτές διαδικασίες προκύπτει ότι για τις παραδόσεις χύμα προς το Βέλγιο η ενίσχυση καταβάλλεται κατά μέσο όρο ένα μήνα αργότερα από ό,τι για τις παραδόσεις χύμα στο εσωτερικό της χώρας και για τις παραδόσεις σε συσκευασίες που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου. Η καθυστέρηση αυτή στην καταβολή της ενίσχυσης συνεπάγεται για την προσφεύγουσα σημαντική απώλεια τόκων. Θεωρώντας ότι αυτό αποτελεί όχι μόνο περιττό αλλά και παράνομο εμπόδιο στις εξαγωγές, η Denkavit ζήτησε από το Hoofdproduktschap, με έγγραφο της 18ης Δεκεμβρίου 1981, η ενίσχυση για τα προϊόντα που παραδίδει χύμα στο Βέλγιο να της καταβάλλεται κατά την διάρκεια του μήνα που ακολουθεί το μήνα κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε η παράδοση, ενδεχόμενα δε με την επιφύλαξη της επιστροφής. Το καθού στην κύρια δίκη απέρριψε την αίτηση αυτή με έγγραφο της 3ης Φεβρουαρίου 1982. Κατά της άρνησης αυτής η Denkavit άσκησε προσφυγή ενώπιον του College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Κατά τη διαδικασία αυτή, η προσφεύγουσα στην κύρια δίκη ζήτησε την ακύρωση της προσβαλλόμενης απόφασης και την καταβολή της ενίσχυσης από το καθού αμέσως μετά την κατά μήνα υποβολή της αίτησης και του σχετικού πίνακα μεταποίησης και του ανακεφαλαιωτικού πίνακα, ενδεχόμενα δε με την επιφύλαξη της επιστροφής της ενίσχυσης σε περίπτωση που θα το απαιτούσαν οι περιστάσεις. Κατά την προσφεύγουσα, από το άρθρο 58 του κανονισμού 222/77 συνάγεται ότι οι χώρες της Benelux έχουν τη δυνατότητα και μάλιστα την υποχρέωση να μην εφαρμόζουν το άρθρο 7 του κανονισμού 1725/79 στις παραδόσεις στο Βέλγιο και να εφαρμόζουν στις περιπτώσεις αυτές μόνο το άρθρο 6 του εν λόγω κανονισμού. Εξάλλου, η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι το άρθρο 6, παράγραφος 2, και το άρθρο 7 του κανονισμού 1725/79 δεν είναι δεσμευτικά, επειδή πρέπει να θεωρηθούν ως μέτρα αποτελέσματος ισοδύναμου με ποσοτικούς περιορισμούς των εξαγωγών, που είναι αντίθετα με το άρθρο 34 της ΕΟΚ, και ως δυσμενής διάκριση σε βάρος των εξαγωγών. Τα άρθρα αυτά είναι επίσης αντίθετα προς την αρχή της αναλογικότητας. To καθού ενέμεινε στην απόρριψη της αίτησης ενώπιον του παραπέμποντος δικαστηρίου και υποστήριξε ότι οι διατάξεις των άρθρων 6 και 7, παράγραφος 1, του κανονισμού 1725/79, σε συνδυασμό με το άρθρο 58 του κανονισμού 222/77, δεν επιτρέπουν, σε περίπτωση εξαγωγής χύμα προς το Βέλγιο, την καταβολή της ενίσχυσης παρά μόνο μετά την παραλαβή του αντιτύπου ελέγχου του εγγράφου Bene-lux-5. Με διάταξη της 25ης Ιανουαρίου 1983, το College van Beroep voor het Bedrijfsleven αποφάσισε την αναβολή της δίκης και την υποβολή του ακόλουθου προδικαστικού ερωτήματος στο Δικαστήριο: «Πρέπει το άρθρο 34 της συνθήκης και/ή το άρθρο 40, παράγραφος 3 της συνθήκης και/ή το άρθρο 43, παράγραφος 3, στοιχείο 6 της συνθήκης και/ή ο κανονισμός (ΕΟΚ) 804/68 και/ή η αρχή της αναλογικότητας ή οποιαδήποτε άλλη θεμελιώδης αρχή της συνθήκης να ερμηνευτούν υπό την έννοια ότι είναι ασυμβίβαστες με αυτά οι διατάξεις του άρθρου 6, παράγραφος 2, σε συνδυασμό με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΟΚ) 1725/79, εφόσον οι διατάξεις αυτές έχουν ως αποτέλεσμα η ενίσχυση που κατά τον κανονισμό χορηγείται για το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη που μεταποιείται σε ένα κράτος μέλος σε σύνθετη ζωοτροφή και μεταφέρεται με δεξαμενές ή εμπορευματοκιβώτια να καταβάλλεται σε περίπτωση εξαγωγής ένα μήνα αργότερα από ό,τι σε περίπτωση πώλησης στο εσωτερικό της χώρας;» Η διάταξη περί παραπομπής πρωτοκολλήθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου στις 26 Ιανουαρίου 1983. Σύμφωνα με το σκεπτικό της διάταξης αυτής, το παραπέμπον δικαστήριο δεν θεωρεί βάσιμο τον πρώτο ισχυρισμό της προσφεύγουσας, λόγω του ότι οι αποκλίσεις που θεσπίζει το άρθρο 58 του κανονισμού 222/77 έχουν περιοριστικό χαρακτήρα και λόγω της γενικής οικονομίας του άρθρου 7 του κανονισμού 1725/79. Το παραπέμπον δικαστήριο είναι πάντως της γνώμης ότι ο δεύτερος ισχυρισμός θέτει ένα σοβαρό πρόβλημα και κρίνει ότι η απάντηση στον ισχυρισμό αυτό είναι αναγκαία για την επίλυση της διαφοράς. Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Πρωτοκόλλου περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου ΕΟΚ, γραπτές παρατηρήσεις κατέθεσαν η προσφεύγουσα στην κύρια δίκη, εκπροσωπούμενη από την Ε. Grabandt, δικηγόρο Χάγης, και το καθού στην κύρια δίκη, εκπροσωπούμενο από τον R. J. Μ. ten Berge. Κατόπιν εκθέσεως του εισηγητή δικαστή και μετά από ακρόαση του γενικού εισαγγελέα, το Δικαστήριο αποφάσισε την έναρξη της προφορικής διαδικασίας χωρίς να διατάξει την προηγούμενη διεξαγωγή αποδείξεων και κάλεσε την Επιτροπή να παραστεί κατά την επ' ακροατηρίου συζήτηση. Το Δικαστήριο αποφάσισε πάντως να καλέσει την Επιτροπή να εξηγήσει στην επ' ακροατηρίου συζήτηση τους ειδικούς λόγους για τους οποίους ο κανονισμός 1725/79 της Επιτροπής προβλέπει διαφορετική μεταχείριση για τις εξαγόμενες ποσότητες χύμα από ό,τι για τις παραδόσεις χύμα στην εθνική αγορά, καθώς και να αναφέρει τα κριτήρια βάσει των οποίων δικαιολογούνται οι αυστηρότερες διαδικασίες ελέγχου όταν πρόκειται για εξαγωγή. Με διάταξη της 23ης Νοεμβρίου 1983, το Δικαστήριο ανέθεσε την εκδίκαση της υπόθεσης στο δεύτερο τμήμα. II — Γραπτές παρατηρήσεις Η προοφεύγουσα στην κύρια δίκη παρατηρεί καταρχάς ότι τα επιχειρήματά της πρέπει να εκτιμηθούν υπό το πρίσμα δύο θεμελιωδών συμπερασμάτων ως προς το σκοπό των κοινοτικών ενισχύσεων που χορηγούνται, στο πλαίσιο της κοινής οργάνωσης των αγορών στον τομέα του γάλακτος, για το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη που χρησιμοποιείται για την εκτροφή των ζώων. Πρώτον, οι ενισχύσεις αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για τη δυνατότητα μεταποίησης του αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη σε ζωοτροφές, γιατί με τις ενισχύσεις γίνεται οικονομικά αποδοτική η χρησιμοποίηση του προϊόντος βάσης από τη βιομηχανία. Δεύτερον, παρατηρεί ότι οι ενισχύσεις θεσπίστηκαν προς το γενικό συμφέρον, προκειμένου να γίνει δυνατή η διάθεση των πλεονασμάτων του αποκορυφωμένου γάλατος σε σκόνη και η κατ' αυτό τον τρόπο αποφυγή του σχηματισμού αποθεμάτων του προϊόντος αυτού από τους δημόσιους οργανισμούς ή η μείωση των αποθεμάτων αυτών. Όσον αφορά το σύνολο των διατάξεων του κανονισμού 1725/79, η προσφεύγουσα στην κύρια δίκη παραδέχεται ότι βασίζονται στο γεγονός ότι το ποσό της ενίσχυσης συνεπάγεται σημαντικό κίνδυνο απάτης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η παραγωγή και η πώληση των επίδικων προϊόντων υπόκεινται σε αυστηρές προϋποθέσεις και σε πολύπλευρες υποχρεώσεις και για τον οποίο έχουν προβλεφθεί μια σειρά μέτρων ελέγχου με εξαιρετικά αυστηρές κυρώσεις. Πάντως, το σύστημα του κανονισμού 1725/79 βασίζεται στο σύνολό του, λόγω των οικονομικών αναγκών, στην όσο το δυνατόν ταχύτερη καταβολή της ενίσχυσης στο τέλος του μήνα τον οποίο αφορά η ενίσχυση, η οποία κανονικά καταβάλλεται πριν γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα του ελέγχου για τη σχετική περίοδο. Η διαπίστωση ότι οι διατάξεις του κανονισμού τηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της επίδικης περιόδου δεν αποτελεί επομένως πρόκριμα για την καταβολή της ενίσχυσης. Αντίθετα, αυτός στον οποίο καταβάλλεται η ενίσχυση έχει την απόλυτη υποχρέωση να επιστρέψει την ενίσχυση, εφόσον από τους προβλεπόμενους ελέγχους αποδειχθεί παράβαση του κανονισμού. Οι ειδικές όμως διατάξεις που αφορούν τις εξαγωγές χύμα προχωρούν περισσότερο από τις γενικές διατάξεις που αναφέρονται στα συσκευασμένα προϊόντα και αναφέρθηκαν παραπάνω. Αυτό ισχύει ιδίως για τη διάταξη σύμφωνα με την οποία τα επίδικα προϊόντα πρέπει να παραδίδονται κατ' ευθείαν από τον παραγωγό στον παραλήπτη, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα παράδοσης σε μεσάζοντα, και σύμφωνα με την οποία ο μοναδικός τρόπος απόδειξης συνίσταται στην προσκόμιση του αντιτύπου ελέγχου Τ 5. Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι η ενίσχυση για τις εξαγωγές χύμα καταβάλλεται γενικά με καθυστέρηση ενός μήνα, πράγμα που αποθαρρύνει σημαντικά την εξαγωγή χύμα σε σχέση με την πώληση στο εσωτερικό της χώρας και την πώληση συσκευασμένων προϊόντων και συνεπάγεται απώλεια τόκων που ανήλθε σε 1,40 ολλανδικά φιορίνια (HFL) ανά 100 kg το 1981 και σε 1,05 HFL ανά 100 kg το 1982. Η απώλεια τόκων επομένως πλήττει ειδικά την εξαγωγή των προϊόντων χύμα, που έχουν να αντιμετωπίσουν στη χώρα προορισμού τον ανταγωνισμό των προϊόντων χύμα της εθνικής παραγωγής, τα οποία δεν πλήττονται από καμιά τέτοια απώλεια τόκων, αφού στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται το ισχύον εσωτερικό σύστημα. Η διαφορετική αυτή μεταχείριση των εξαγωγών χύμα αποτελεί διάκριση αντίθετη με τους υπέρτερους κανόνες κοινοτικού δικαίου και επομένως παράνομη. Για το λόγο αυτό η προσφεύγουσα στην κύρια δίκη ισχυρίζεται, πρώτον, ότι ο εξαγωγέας δεν μπορεί να αποφύγει την επίδικη δυσμενή διάκριση και, δεύτερον, ότι η διάκριση αυτή είναι περιττή ενόψει του συστήματος ελέγχου που προβλέπει ο κανονισμός 1725/79. Η προσφεύγουσα δεν έχει αντιρρήσεις ως προς τη μέθοδο του ελέγχου αυτή καθεαυτή, αλλά θεωρεί ότι δεν υπάρχει κανείς λόγος στην περίπτωση των εξαγωγών χύμα να αντικατασταθεί ο εκ των υστέρων έλεγχος με έλεγχο εκ των προτέρων. Δεν είναι δυνατόν να αμφισβητηθεί η αποτελεσματικότητα του εκ των υστέρων ελέγχου, αφού η χορηγούμενη ενίσχυση πρέπει να επιστραφεί αμέσως, εφόσον διαπιστωθεί 6άσει των εγγράφων ότι δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις του κανονισμού. Στη συνέχεια η προσφεύγουσα εκθέτει τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι είναι άκυρα το άρθρο 6, παράγραφος 2, και το άρθρο 7 του κανονισμού 1725/79. Πρώτον, τα άρθρα αυτά πρέπει να θεωρηθούν ως μέτρα αποτελέσματος ισοδύναμου με ποσοτικούς περιορισμούς των εξαγωγών και επομένως είναι αντίθετα με το άρθρο 34 της συνθήκης ΕΟΚ, με διάταξη δηλαδή που είναι δεσμευτική όχι μόνο για τα κράτη μέλη αλλά και για τα κοινοτικά όργανα. Δεν δικαιολογείται η ύπαρξη αποκλίσεως βάσει του άρθρου 36, αφού η επίδικη διάκριση έχει οικονομικό μόνο χαρακτήρα και δεν είναι αναγκαία για την επίτευξη του σκοπού που επιδιώκεται με το εν λόγω σύστημα ελέγχου. Επιπλέον, την ελευθερία του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών δεν μπορούν να παραβλάψουν λόγοι που ανάγονται στον αγώνα κατά της απάτης και δεν μπορεί να γίνει επίκλιση σχετικά του άρθρου 36 της συνθήκης ΕΟΚ. Επιπλέον, οι επίδικες διατάξεις είναι ασυμβίβαστες με το άρθρο 2, παράγραφος 3, στοιχείο h), της οδηγίας 70/50 της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 1969 ( PB L 13, 1970, σ. 29 ), με το άρθρο 22, παράγραφος 1, του κανονισμού 804/68 και με τις θεμελιώδεις αρχές των κοινών οργανώσεων αγοράς, δηλαδή με το άρθρο 40, παράγραφος 3 και το άρθρο 43, παράγραφος 3, στοιχείο 6), της συνθήκης ΕΟΚ, επειδή συνεπάγονται την καθυστέρηση της πληρωμής της ενίσχυσης για το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη που εξάγεται χύμα. Τέλος, η προσφεύγουσα στην κύρια δίκη επικαλείται την αρχή της αναλογικότητας, αφού η καθυστέρηση της πληρωμής της ενίσχυσης δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα των μέτρων ελέγχου που προβλέπει ο κανονισμός 1725/79. Το καθού στην κύρια δίκη παρατηρεί ότι εναπόκειται στην Επιτροπή να λαμβάνει τα διάφορα μέτρα εφαρμογής ως προς τη χορήγηση ενισχύσεων για τα επίδικα προϊόντα. Από τις αιτιολογικές σκέψεις (ιδίως από την έκτη) του κανονισμού 1725/79 συνάγεται ότι η Επιτροπή έκρινε σκόπιμο να θεσπίσει ιδιαίτερα μέτρα ελέγχου για τη μεταφορά των προϊόντων και ειδικές προϋποθέσεις για τη πληρωμή της ενίσχυσης. Θεωρεί συνεπώς ότι η Επιτροπή ενήργησε στο πλαίσιο των τυπικών και ουσιαστικών αρμοδιοτήτων της και ότι η ενέργειά της δεν είναι αντίθετη ούτε με τη συνθήκη ΕΟΚ ούτε με τον κανονισμό 804/68 ούτε με την αρχή της αναλογικότητας ούτε με κάποια άλλη αρχή στην οποία βασίζεται η συνθήκη. Εν πάση περιπτώσει, το καθού θεωρεί ότι είναι υποχρεωμένο να εφαρμόζει τις επίδικες διατάξεις, ενόσω δεν έχουν κηρυχθεί άκυρες από το αρμόδιο δικαστήριο. Εξάλλου, το καθού θεωρεί ότι δεν υπάρχει αδικαιολόγητη διάκριση, αλλά δικαιολογημένη διαφορά, αφού στην περίπτωση της χορήγησης ενίσχυσης για τη διεθνή μεταφορά εμπορευμάτων ο κίνδυνος απάτης είναι μεγαλύτερος από την περίπτωση της πώλησης στο εσωτερικό της χώρας. Επομένως, δεν μπορεί να γίνει οπωσδήποτε λόγος για παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας και δεν υπάρχει λόγος το Δικαστήριο να ακυρώσει τις επίδικες διατάξεις. Για τους λόγους αυτούς το καθού στην κύρια δίκη προτείνει στο Δικαστήριο να δώσει αρνητική απάντηση στο προδικαστικό ερώτημα. III — Προφορική διαδικασία Κατά τη συνεδρίαση της 26ης Ιανουαρίου 1984 ανέπτυξαν προφορικά τις παρατηρήσεις τους η προσφεύγουσα στην κύρια δίκη, εκπροσωπούμενη από το δικηγόρο Ε. Grabandt, και η Επιτροπή, εκπροσωπούμενη από τον R. C. Fischer. Απαντώντας στο ερώτημα που της έθεσε εγγράφως το Δικαστήριο πριν από την επ' ακροατηρίου συζήτηση, η Επιτροπή ισχυρίστηκε ότι ο κανονισμός 1725/79 δεν προβλέπει καταρχήν διαφορετική μεταχείριση για τις εξαγόμενες ποσότητες χύμα από ό,τι για τις παραδόσεις χύμα στην εσωτερική αγορά. Και οι δύο κατηγορίες αυτές παραδόσεων υπόκεινται σε διοικητικό έλεγχο που εξασφαλίζει ότι οι παραδόσεις πραγματοποιούνται σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή σε εκμεταλλεύσεις εκτροφής ή παχύνσεως. Και στις δύο περιπτώσεις η ενίσχυση καταβάλλεται μόνο εφόσον η επιχείρηση αποδείξει ότι πληρούται η παραπάνω προϋπόθεση, προσκομίζοντας πιστοποιητικό που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες εθνικές αρχές του κράτους μέλους του προορισμού των παραδόσεων. Κατά την Επιτροπή, η μοναδική διαφορά συνίσταται στο γεγονός ότι στην περίπτωση των παραδόσεων στο εσωτερικό της χώρας ο κανονισμός αφήνει τα κράτη μέλη ελεύθερα να επιλέξουν το είδος του πιστοποιητικού, ενώ στην περίπτωση των εξαγωγών σε άλλα κράτη μέλη η απόδειξη συνίσταται πάντοτε στην προσκόμιση του πιστοποιητικού Τ 5, η οποία προβλέπεται από το άρθρο 10 του κανονισμού 223/77, για δε τις παραδόσεις μεταξύ των χωρών της Benelux στην προσκόμιση του πιστοποιητικού Benelux-5. Η Επιτροπή ισχυρίστηκε εξάλλου ότι η ευθύνη για την εφαρμογή της προβλεπόμενης διαδικασίας ελέγχου βαρύνει τα κράτη μέλη, τα οποία πρέπει να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να μην υπάρχουν καθυστερήσεις κατά τη διαβίβαση του αντιτύπου ελέγχου Τ 5. Εξάλλου, αν και τα κράτη μέλη δεν είναι υποχρεωμένα να χρησιμοποιούν το αντίτυπο ελέγχου Τ 5, εφόσον τα εμπορεύματα δεν εξέρχονται από το έδαφός τους πριν αποδειχτεί ότι χρησιμοποιήθηκαν για το σκοπό ή διοχετεύτηκαν στον προορισμό που προβλέπεται ή καθορίστηκε, τίποτα δεν τα εμποδίζει να χρησιμοποιούν το αντίτυπο ελέγχου Τ 5 ακόμη και για τις παραδόσεις στο εσωτερικό της χώρας. Τέλος, η Επιτροπή παρατήρησε ότι τα κράτη μέλη δεν πρέπει να αρκούνται, όταν καταβάλλουν την ενίσχυση, στην προσκόμιση των πινάκων, εφόσον δεν αποδεικνύεται η χρησιμοποίηση των παραδόσεων. Κατά συνέπεια, διαπίστωσε ότι υπάρχει απόκλιση της ολλανδικής πρακτικής από τις προϋποθέσεις που θέτει το κοινοτικό δίκαιο, η οποία εξηγεί εν μέρει την καθυστέρηση στην καταβολή της ενίσχυσης. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι οι εξαγωγές χύμα πρέπει να υπόκεινται στο ίδιο σύστημα όπως και οι παραδόσεις χύμα στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους, εφόσον η μεταχείριση των τελευταίων αυτών είναι αντίθετη προς τις διατάξεις του κανονισμού 1725/79. Ο γενικός εισαγγελέας ανέπτυξε τις προτάσεις του κατά τη συνεδρίαση της 15ης Μαρτίου 1984. Σκεπτικό Με διάταξη της 25ης Ιανουαρίου 1983, που περιήλθε στο δικαστήριο στις 26 Ιανουαρίου 1983, το College van Beroep voor het Bedrijfsleven υπέβαλε, δυνάμει του άρθρου 177 της συνθήκης ΕΟΚ, προδικαστικό ερώτημα ως προς την ερμηνεία των άρθρων 34, 40, παράγραφος 3, και 43, παράγραφος 3, στοιχείο 6), της συνθήκης ΕΟΚ, καθώς και του άρθρου 22 του κανονισμού 804/68 του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1968, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (ΕΕ. ειδ. έκδ. 03/003, σ. 82), και της αρχής της αναλογικότητας. Το εθνικό δικαστήριο ζητεί να μάθει αν το σύνολο των κανόνων αυτών πρέπει να ερμηνευτεί υπό την έννοια ότι είναι ασυμβίβαστα με αυτούς το άρθρο 6, παράγραφος 2, και το άρθρο 7 του κανονισμού 1725/79 της Επιτροπής, της 26ης Ιουλίου 1979, περί των λεπτομερειών παροχής ενισχύσεων στο αποκορυφωμένο γάλα που μεταποιείται σε σύνθετες τροφές και στο αποκορυφωμένο γάλα εις κόνιν που προορίζεται για τη διατροφή μόσχων (ΕΕ ειδ. έκδ. 003/026, σ. 12). Το ερώτημα αυτό ανέκυψε κατά την εκδίκαση προσφυγής της εταιρείας Denkavit Nederland BV κατά του Hoofdprodutkschap voor Akkerbouwprodukten, με την οποία η προσφεύγουσα ζητεί την καταβολή της ενίσχυσης λόγω παραδόσεως χύμα σύνθετων ζωοτροφών από τις Κάτω Χώρες προς το Βέλγιο αμέσως μετά την κατά μήνα υποβολή της αίτησης και του σχετικού πίνακα μεταποιήσεως και του ανακεφαλαιωτικού πίνακα, ενδεχομένως με την επιφύλαξη της επιστροφής της ενίσχυσης. Στη δίκη αυτή η προσφεύγουσα ισχυρίστηκε μεταξύ άλλων ότι οι διατάξεις των άρθρων 6, παράγραφος 2, και 7 του κανονισμού 1725/79 ρυθμίζουν το βάρος της απόδειξης της χρήσης των παραδόσεων χύμα κατά τρόπο δυσμενέστερο για τις εξαγωγές από ό,τι για τις παραδόσεις στο εσωτερικό της χώρας, με συνέπεια η καταβολή της ενίσχυσης λόγω εξαγωγής να καθυστερεί ένα περίπου μήνα σε σχέση με την καταβολή της ενίσχυσης για τις παραδόσεις στην εσωτερική αγορά του κράτους μέλους. Η προσφεύγουσα θεώρησε επομένως ότι οι επίδικες διατάξεις αποτελούν μέτρα αποτελέσματος ισοδύναμου προς ποσοτικούς περιορισμούς των εξαγωγών, τα οποία είναι αντίθετα προς το άρθρο 34 της συνθήκης ΕΟΚ και τον κανονισμό 804/68, ότι αποτελούν διάκριση σε βάρος του παραγωγού και επομένως παραβιάζουν τα άρθρα 40, παράγραφος 3, και 43, παράγραφος 3, στοιχείο 6), της συνθήκης ΕΟΚ, καθώς και την αρχή της αναλογικότητας. Αντίθετα, το καθού απέκρουσε την άποψη αυτή και δήλωσε ότι δεσμεύεται από τις επίδικες διατάξεις. Ενόψει της πραγματικής και νομικής αυτής καταστάσεως, το College van Beroep voor het Bedrijfsleven υπέβαλε το ακόλουθο προδικαστικό ερώτημα: «Πρέπει το άρθρο 34 της συνθήκης και/ή το άρθρο 40, παράγραφος 3, της συνθήκης και/ή το άρθρο 43, παράγραφος 3, στοιχείο 6), της συνθήκης και/ή ο κανονισμός (ΕΟΚ) 804/68 και/ή η αρχή της αναλογικότητας ή οποιαδήποτε άλλη θεμελιώδης αρχή της συνθήκης να ερμηνευτούν υπό την έννοια ότι είναι ασυμβίβαστες με αυτά οι διατάξεις του άρθρου 6, παράγραφος 2, σε συνδυασμό με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΟΚ) 1725/79, εφόσον οι διατάξεις αυτές έχουν ως αποτέλεσμα η ενίσχυση που κατά τον κανονισμό χορηγείται για το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη που μεταποιείται σε ένα κράτος μέλος σε σύνθετη ζωοτροφή και μεταφέρεται με δεξαμενές ή εμπορευματοκιβώτια να καταβάλλεται σε περίπτωση εξαγωγής ένα μήνα αργότερα από ό,τι σε περίπτωση πώλησης στο εσωτερικό της χώρας;» Το ερώτημα αυτό, μολονότι τυπικά αναφέρεται στην ερμηνεία ορισμένων διατάξεων της συνθήκης ΕΟΚ και του κανονισμού 804/68, αφορά στην πραγματικότητα το κύρος των άρθρων 6, παράγραφος 2, και 7 του κανονισμού 1725/79. Επί της υπάρξεως διαφορετικής μεταχειρίσεως Πριν από τον κυρίως νομικό έλεγχο, πρέπει να αποσαφηνιστεί κατά πόσο οι σύνθετες ζωτροφές που εξάγονται χύμα υπόκεινται πράγματι σε διαφορετικό καθεστώς από ό,τι οι σύνθετες ζωοτροφές που διατίθενται χύμα στην εσωτερική αγορά της χώρας. Στο σημείο αυτό υπενθυμίζεται ότι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο 6), του κανονισμού 1725/79 προβλέπει διοικητικό έλεγχο για όλες τις παραδόσεις χύμα σύνθετων ζωοτροφών, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι παραδόσεις πραγματοποιούνται σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή σε εκμεταλλεύσεις εκτροφής ή παχύνσεως, χωρίς να κάνει διάκριση μεταξύ εξαγωγής αφενός, και παραδόσεως στο εσωτερικό της χώρας, αφετέρου. Επιπλέον, η παράγραφος 2 του άρθρου αυτού προβλέπει ότι και στις δύο περιπτώσεις η καταβολή της ενίσχυσης δεν πραγματοποιείται παρά αφού η επιχείρηση προσκομίσει στον αρμόδιο εθνικό οργανισμό τα δικαιολογητικά έγγραφα με τα οποία αποδεικνύεται ότι κατά την παράδοση τηρήθηκαν οι όροι που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στοιχείο 6). Συνεπώς δεν υπάρχει παρά μία μόνο διαφορά μεταξύ των δύο παραπάνω καταστάσεων, η οποία συνίσταται στο είδος του εγγράφου που πρέπει να προσκομιστεί για την καταβολή της ενίσχυσης: — Όσον αφορά τις παραδόσεις χύμα σε άλλο κράτος μέλος από το κράτος μέλος πωλητή, το γεγονός ότι η παράδοση πραγματοποιήθηκε υπό τους όρους οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο 6), δεν μπορεί να αποδειχθεί, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 1, του κανονισμού 1725/79, παρά μόνο με την προσκόμιση του αντιτύπου ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο 10 του κανονισμού 223/77 της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 1976 (ΕΕ ειδ. έκδ. 02/012 σ. 27), δηλαδή του εγγράφου Τ 5, εκτός από τις εξαγωγές στις χώρες της Benelux, στην περίπτωση των οποίων η απόδειξη γίνεται με το αντίτυπο Benelux-5, σύμφωνα με το άρθρο 58 του κανονισμού 227/77 του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 1976 (ΕΕ ειδ. έκδ. 02/003, σ. 3). — Όσον αφορά τις παραδόσεις χύμα στο εσωτερικό του κράτους μέλους πωλητή, παρά τις ειδικές διατάξεις που περιέχει σχετικά ο κανονισμός 1725/79, κάθε κράτος μέλος έχει την ευχέρεια, σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού 223/77, να ορίσει ότι η απόδειξη παρέχεται σύμωνα με κάποια εθνική διαδικασία. Πρέπει πάντως να τονιστεί ότι, όταν ένα κράτος μέλος επιλέγει την εφαρμογή εθνικής διαδικασίας, πρέπει οπωσδήποτε να ενεργήσει κατά τρόπο ώστε ο σκοπός του άρθρου 6 του κανονισμού 1725/79 να εξυπηρετείται στον ίδιο βαθμό. Δεδομένου ότι οι προϋποθέσεις είναι στην ουσία ίδιες τόσο για τον έλεγχο των εξαγωγών χύμα, όσο και για τον έλεγχο των παραδόσεων χύμα στο εσωτερικό της χώρας, η ενδεχόμενη καθυστέρηση στην καταβολή της ενίσχυσης κατά τις εξαγωγές δεν μπορεί να οφείλεται παρά μόνο στις διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στις εξαγωγές, δηλαδή στο γεγονός ότι η κυκλοφορία του εγγράφου Τ 5 απαιτεί περισσότερο χρόνο στο ενδοκοινοτικό εμπόριο από ό, τι η κυκλοφορία του εθνικού εγγράφου στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους. Επί της παραβάσεως του άρθρου 34 της συνθήκης και του άρθρου 22 του κανονισμού 804/68 Το ερώτημα που έθεσε το παραπέμπον δικαστήριο αφορά καταρχάς το ζήτημα αν οι επίδικες διατάξεις αποτελούν μέτρα αποτελέσματος ισοδύναμου με ποσοτικό περιορισμό των εξαγωγών κατά την έννοια του άρθρου 34 της συνθήκης ΕΟΚ. Το άρθρο 34 ορίζει ότι «οι προσοτικοί περιορισμοί επί των εξαγωγών καθώς και όλα τα μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος απαγορεύονται μεταξύ των κρατών μελών». Η απαγόρευση των ποσοτικών περιορισμών καθώς και των μέτρων ισοδύναμου αποτελέσματος ισχύει, όπως επανειλημμένα έχει δεχτεί το Δικαστήριο, όχι μόνο για τα μέτρα που λαμβάνουν οι εθνικές αρχές, αλλά και για τα μέτρα που λαμβάνουν τα κοινοτικά όργανα (απόφαση της 20. 4. 1978, συνεκδ. υποθ. 80 και 81/77, Jurispr. σ. 927 ). Σύμφωνα με πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, το άρθρο 34 αφορά τα μέτρα «τα οποία έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα να περιορίζουν ειδικώς τα ρεύματα των εξαγωγών και να δημιουργούν με αυτό τον τρόπο διαφορά στη μεταχείριση μεταξύ του εσωτερικού εμπορίου ενός κράτους μέλους και του εξαγωγικού του εμπορίου, έτσι ώστε να ευνοείται ιδιαίτερα η εθνική παραγωγή ή η εσωτερική αγορά του ενδιαφερόμενου κράτους σε βάρος της παραγωγής ή του εμπορίου άλλων κρατών μελών» (βλ. πχ. την απόφαση της 8. 11. 1979, Groenveld, υποθ. 15/79, Jurispr. σ. 3409, σκέψη 7 ). Δεν συμβαίνει το ίδιο με κοινοτικές κανονιστικές ρυθμίσεις σαν την προκειμένη, οι οποίες προβλέπουν, αν όχι ίδιες, τουλάχιστον ισοδύναμες προϋποθέσεις για το διοικητικό έλεγχο τόσο για τις εξαγωγές χύμα των σύνθετων ζωοτροφών, όσο και για την εμπορία τους στο εσωτερικό της χώρας. Το συμπέρασμα αυτό δεν αλλάζει από το γεγονός ότι η ενίσχυση για τις σύνθετες ζωοτροφές που εξάγονται χύμα καταβάλλεται ενδεχομένως αργότερα από ό,τι για τις παραδόσεις ζωοτροφών στο εσωτερικό της χώρας. Πράγματι, η διαφορά αυτή οφείλεται απλώς στην ιδιαίτερη κατάσταση του ενδοκοινοτικού εμπορίου, δηλαδή στο γεγονός ότι για την κυκλοφορία των εγγράφων μεταξύ των διαφόρων αρμόδιων οργανισμών των κρατών μελών χρειάζεται περισσότερος χρόνος από ό,τι για την κυκλοφορία των ίδιων εγγράφων στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους, και δεν αποτελεί διαφορετική μεταχείριση κατά την έννοια του άρθρου 34. Όπως ορθά υποστήριξε η Επιτροπή, δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη κατά την προδικαστική διαδικασία του άρθρου 177 της συνθήκης οι διακρίσεις που προκύπτουν ενδεχομένως από το γεγονός ότι οι εθνικές αρχές δεν εφάρμοσαν ορθά τις σχετικές διατάξεις. Οι σκέψεις αυτές ισχύουν επίσης και για την απαγόρευση των μέτρων ισοδύναμου αποτελέσματος η οποία προβλέπεται στο άρθρο 22, παράγραφος 1, του κανονισμού 804/68, το οποίο αποτελεί εφαρμογή του άρθρου 34 στον τομέα της κοινής οργανώσης των αγορών γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων. Επί της παραβάσεως των άρθρων 40 και 43 της συνθήκης Όσον αφορά τον ισχυρισμό ότι παραβιάστηκε το άρθρο 40, παράγραφος 3, της συνθήκης, η διάταξη αυτή προβλέπει ότι η κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών «πρέπει ... να αποκλείει κάθε διάκριση μεταξύ παραγωγών ή καταναλωτών εντός της Κοινότητας». Δεδομένου ότι υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ της διαφοράς στον τρόπο της καταβολής της ενίσχυσης και της αντικειμενικής διαφοράς μεταξύ εξαγωγής, αφενός, και εμπορίας στο εσωτερικό του κράτους μέλους, αφετέρου, η διαφορά αυτή δεν αποτελεί διάκριση κατά την έννοια του παραπάνω άρθρου, σύμφωνα με το οποίο δεν επιτρέπεται να αντιμετωπίζονται διαφορετικά όμοιες καταστάσεις, εκτός αν η διαφορετική αυτή αντιμετώπιση δικαιολογείται αντικειμενικά (αποφάσεις της 15. 7. 1982, Edeka, υποθ. 245/81, Συλλογή σ. 2745, σκέψη 11 , της 13. 6. 1978, υποθ. Denkavit, 139/77, Jurispr., σ. 1317 , και της 15. 9. 1982, Kind, υπόθ. 106/81, Συλλογή σ. 2885, σκέψη 22 ). Οι σκέψεις αυτές ισχύουν επίσης και για τη δήθεν παράβαση του άρθρου 43, παράγραφος 3, στοιχείο 6), σύμφωνα με το οποίο οι κοινές οργανώσεις αγορών πρέπει να εξασφαλίζουν «στις συναλλαγές στο εσωτερικό της Κοινότητος όρους ανάλογους με εκείνους που υπάρχουν σε μια εθνική αγορά». Επί της παραβάσεως της αρχής της αναλογικότητας Το τελευταίο σημείο του ερωτήματος του College van Beroep voor het Bedrijfsleven αφορά την παράβαση της αρχής της αναλογικότητας. Σύμφωνα με πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, η αρχή αυτή ορίζει ότι οι πράξεις των κοινοτικών οργάνων δεν πρέπει να βαίνουν πέραν των ορίων αυτού που είναι πρόσφορο και αναγκαίο για την πραγματοποίηση του σκοπού που επιδιώκουν (αποφάσεις της 20. 2. 1979, Buitoni, υπόθ. 122/78, Jurispr. σ. 677, σκέψη 16 , και της 23. 2. 1983, Fromançais, υπόθ. 66/82, Συλλογή σ. 395, σκέψη 8 ). Από την άποψη αυτή η προσφεύγουσα στην κύρια δίκη ισχυρίζεται ότι οι επίδικες διατάξεις επιβαρύνουν τον εξαγωγέα περισσότερο από ό,τι θα ήταν αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού του ελέγχου. Κατά την προσφεύγουσα, -9α αρκούσε το γεγονός ότι η παράδοση πραγματοποιήθηκε υπό τους όρους που προβλέπονται για τις εξαγωγές να αποδεικνύεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που προβλέπει το άρθρο 6, παράγραφος 2, του κανονισμού 1725/79 για τις παραδόσεις στο εσωτερικό της παραγωγού χώρας, χωρίς να χρησιμοποιείται το έγγραφο Τ 5. Πρέπει καταρχάς να τονιστεί ότι, σύμφωνα με την τέταρτη αιτιολογική σκέψη του κανονισμού 222/77, η εφαρμογή του καθεστώτος της κοινοτικής διαμετακόμισης, καθώς και η χρήση ενιαίων εγγράφων ελέγχου, θα διευκολύνει τη μεταφορά στο εσωτερικό της Κοινότητας και θα απλοποιήσει ιδίως τις διατυπώσεις που διεκπεραιώνονται κατά τη διέλευση των εσωτερικών συνόρων. Εξάλλου, πρέπει να τονιστεί ότι η επίδικη ρύθμιση προβλέπει έναν προκαταρκτικό διοικητικό έλεγχο και επομένως την επιστροφή του αντιτύπου ελέγχου στις αρμόδιες αρχές της παραγωγού χώρας πριν από την καταβολή της.ενίσχυσης, τόσο όσον αφορά τις εξαγωγές χύμα όσο και τις παραδόσεις χύμα στο εσωτερικό της χώρας, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για το έγγραφο Τ 5 ή για το έγγραφο Benelux-5 ή για έγγραφο που απαιτείται στο πλαίσιο εθνικής διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού 223/77. Επειδή στόχος της ρύθμισης αυτής είναι να αποκλειστεί η δυνατότητα διπλής καταβολής της ενίσχυσης ή επιστροφής του εμπορεύματος στο σύνηθες εμπορικό κύκλωμα και να αποφευχθούν επομένως ενδεχόμενες απάτες, επιβάλλεται η αυστηρή τήρηση των διατυπώσεων αποδείξεως τόσο ως προς τις εξαγωγές όσο και ως προς τις παραδόσεις στο εσωτερικό της χώρας. Κατά την προφορική διαδικασία η Επιτροπή παρατήρησε ορθά ότι η εφαρμογή άλλης μεθόδου ελέγχου της τήρησης των προϋποθέσεων που θέτει το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο 6), του κανονισμού 1725/79, δηλαδή ενός ελέγχου εκ των υστέρων ο οποίος θα είχε ενδεχομένως ως συνέπεια την απόδοση της ενίσχυσης που θα είχε ήδη καταβληθεί, θα επιβάρυνε τα κράτη μέλη που θα έπρεπε να ασκήσουν τον έλεγχο αυτό με δυσανάλογα διοικητικά έξοδα. Πρέπει να γίνει δεκτό ότι η αρχή της αναλογικότητας δεν παραβιάζεται από κανονιστική ρύθμιση που προβλέπει την εκ των προτέρων διεξαγωγή διοικητικού ελέγχου των όρων για την καταβολή ενισχύσεως, εφόσον πρόκειται για ιδιαίτερα υψηλά ποσά και υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος απάτης. Κατά συνέπεια, οι επίδικες διατάξεις, ακόμη και αν επιφέρουν ορισμένη καθυστέρηση στην καταβολή της ενίσχυσης κατά τις εξαγωγές σε σχέση με την καταβολή της ενίσχυσης κατά τις παραδόσεις στο εσωτερικό της χώρας, δεν παραβιάζουν την αρχή της αναλογικότητας, λόγω της υπάρξεως ιδιαίτερων συνθηκών που συνδέονται με την κοινοτική διαμετακόμιση. Κατά συνέπεια, η απάντηση που πρέπει να δοθεί στο παραπέμπον δικαστήριο είναι ότι από την εξέταση του προδικαστικού ερωτήματος δεν προέκυψαν στοιχεία ικανά να επηρεάσουν το κύρος του άρθρου 6, παράγραφος 2, και του άρθρου 7 του κανονισμού 1725/79. Επί των δικαστικών εξόδων Τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία κατέθεσε παρατηρήσεις στο Δικαστήριο, δεν αποδίδονται. Δεδομένου ότι η παρούσα διαδικασία έχει ως προς τους διαδίκους της κύριας δίκης το χαρακτήρα παρεμπίπτοντος που ανέκυψε ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου, σ' αυτό εναπόκειται να αποφανθεί επί των δικαστικών εξόδων. Για τους λόγους αυτούς ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (δεύτερο τμήμα) κρίνοντας επί του ερωτήματος που του υπέβαλε με διάταξη της 25ης Ιανουαρίου 1983 το College van Beroep voor het Bedrijfsleven, αποφαίνεται: Από την εξέταση του ερωτήματος που υπέβαλε το College van Beroep voor het Bedrijfsleven δεν προέκυψαν στοιχεία ικανά να επηρεάσουν το κύρος του άρθρου 6, παράγραφος 2, και του άρθρου 7 του κανονισμού 1725/79. Bahlmann Pescatore Due Δημοσιεύτηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο στις 17 Μαΐου 1984. Κατ' εντολή του γραμματέα D. Louterman Διοικητικός υπάλληλος Ο πρόεδρος του δεύτερου τμήματος Κ. Bahlmann

62002CJ0175

en

This reference for a preliminary ruling, like that in Case C‑174/02 Streekgewest Westelijk Noord-Brabant (judgment in which is also delivered today, [2005] ECR I‑0000, ‘the judgment in SWNB ’), concerns the interpretation of Article 93(3) of the EC Treaty (now Article 88(3) EC). The question arose in proceedings between Mr Pape, who is a farmer, and the Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Minister for Agriculture, Nature Management and Fisheries) concerning a levy on surplus manure imposed on Mr Pape under Article 13 of the Meststoffenwet of 27 November 1986 (Law on Fertilisers, Staatsblad 1986, 598), which were brought on the ground that the levy was imposed in breach of the prohibition on the implementation of planned aid measures laid down in the last sentence of Article 93(3) of the Treaty. Legal framework Community legislation Article 93(3) of the Treaty provides: ‘The Commission shall be informed, in sufficient time to enable it to submit its comments, of any plans to grant or alter aid. If it considers that any such plan is not compatible with the common market having regard to Article 92, it shall without delay initiate the procedure provided for in paragraph 2. The Member State concerned shall not put its proposed measures into effect until this procedure has resulted in a final decision.’ National legislation In the Netherlands, Article 13 of the Meststoffenwet, which entered into force on 1 May 1987 by virtue of an order of 22 April 1987 ( Staatsblad 1987, 189), introduced a levy on surplus manure ‘to meet costs connected with: (a) the administrative machinery of the manure banks as referred to in Article 9; (b) the contributions as referred to in the fourth paragraph of Article 9; (c) the creation of infrastructural facilities for the efficient removal, delivery, treatment, processing or destruction of manure surpluses; (d) supervision in connection with the implementation of Chapters III and IV’. The levy becomes payable when the manure is produced. A levy which has become payable over a certain period (generally, a calendar year) must be paid on filing the declaration (in principle, within one month of expiry of the period). The fourth paragraph of Article 9 of the Meststoffenwet, to which Article 13(b) of that law refers, provides that a manure bank may contribute to the costs of, inter alia, the transport of animal manure if it takes the view that this will promote efficient processing and removal in accordance with the objectives of the Meststoffenwet. To that end, the Reglement Mestbank inzake vangnetfunctie en Kwaliteitspremiëringssysteem of 25 April 1989 (manure bank regulations on the safety-net function and system of quality premiums, Staatscourant 1989, 86) was adopted. Those regulations entered into force on 1 April 1989. They provide for aid measures for the transport of high-quality manure under the system of quality premiums. The Kingdom of the Netherlands informed the Commission of the adoption of those regulations by letters of 26 July 1988 and 16 January 1989. By letter of 10 March 1989, the Commission notified that State of its decision not to raise any objection to those regulations until the end of 1989. In a subsequent letter, the Commission confirmed that it considered the aid measure to be compatible with the common market from 1 January 1988. The main action and the questions referred for a preliminary ruling Manure having been produced on his farm in 1988, Mr Pape was liable to pay the levy on surplus manure for the 1988 financial year. However, he failed to file his declaration within the prescribed period of one month. As a result, by a tax notice served on 31 March 1989, he was required to pay in respect of that financial year a levy on surplus manure of NLG 10 283.50 and a surcharge of the same amount. Mr Pape lodged an objection to that assessment with the inspecteur van het Bureau Heffingen van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (inspector of the Levies Office of the Ministry of Agriculture, Nature Management and Fisheries). The inspector reduced the levy on surplus manure charged in the tax notice to NLG 1 779.60 plus a surcharge of NLG 177.96. Mr Pape brought an appeal against that decision before the Gerechtshof te Leeuwarden (Regional Court of Appeal of Leeuwarden, Netherlands), whereupon the inspector withdrew the surcharge. The Gerechtshof upheld the inspector’s decision apart from the surcharge. Mr Pape then brought an appeal before the Hoge Raad (Supreme Court). The appeal is partly based on the premiss that a portion of the revenue from the levy on surplus manure for 1988 was earmarked, and was used, for implementation of the aid measure in 1989. Taking the view that the outcome of the dispute in the main proceedings depends on the interpretation of Article 93(3) of the Treaty, the Hoge Raad der Nederlanden decided to stay proceedings and refer the following questions to the Court for a preliminary ruling: ‘1. For so long as the implementation of an aid measure is not permitted under the last sentence of Article 93(3) of the … Treaty …, does the prohibition laid down in that provision also apply to the introduction of a levy the revenue from which is, under the relevant law, earmarked in part for the financing of that measure, regardless of whether there has been any disturbance of trade between Member States which can (partly) be attributed to the levy as the method of financing the aid measure? If the answer to this question depends on the closeness of the connection between the levy and the aid measure, or on the time when the revenue from the levy is actually used for the aid measure, or on other circumstances, what circumstances are relevant in that regard? 2. If the prohibition on implementing the aid measure also applies to the earmarked levy, can the person on whom the levy is imposed then, by relying on the direct effect of Article 93(3) [of the Treaty], oppose in legal proceedings the full amount levied on him or only that portion which corresponds to the part of the revenue which is expected to be spent or has actually been spent during the period in which the implementation of the aid measure is or was prohibited under that provision? 3. Do specific requirements arise from Community law with regard to the method of determining what portion of a levy falls under the prohibition laid down in the last sentence of Article 93(3) of the … Treaty in the case of a levy the revenue from which is earmarked for various purposes for which there are also other sources of financing in addition to the levy and which are not all covered by Article 93 of the … Treaty, where no apportionment formula is specified in the national provision instituting the levy? In such a case, must the portion of the levy which can be allocated to financing the aid measure falling under Article 93 of the … Treaty be determined on an estimated basis according to the time when the levy was imposed or must it be based on subsequently available data relating to the total revenue from the levy and to the actual expenditure for each of the various purposes?’ The first question The first question consists of three distinct parts. Essentially, the national court is asking whether the prohibition on implementation laid down in the last sentence of Article 93(3) of the Treaty: – can preclude the imposition of a tax intended to finance an aid measure, – applies even if the tax has no effect on trade between the Member States, – applies regardless of the closeness of the connection between the financing tax and the aid measure in question. It is appropriate to answer the third part of the question before addressing the other parts. It is apparent from the Court’s case-law that taxes do not fall within the scope of the Treaty provisions on State aid unless they constitute the means of financing an aid measure and are thus an integral part of that measure (the judgment in SWNB , cited above, paragraph 25). For a tax, or part of a tax, to be regarded as forming an integral part of an aid measure, it must be hypothecated to the aid measure under the relevant national rules. In the event of such hypothecation, the revenue from the tax has a direct impact on the amount of the aid and, consequently, on the assessment of the compatibility of the aid with the common market (see, to that effect, Case 47/69 France v Commission [1970] 487, paragraphs 17, 20 and 21, and the judgment in SWNB , paragraph 26). The documents in the file submitted to the Court do not suggest that the levy imposed by the Meststoffenwet is hypothecated to the aid for the transport of manure introduced on the basis of Article 9(4) of that law. Under the Meststoffenwet, the competent authorities may exercise discretion in allocating the revenue from the levy to the various purposes, including that provided for in Article 9(4). The revenue from the levy therefore has no direct impact on the amount of aid as it may be used to finance other measures provided for in that law which do not have all the features of aid within the meaning of Article 92(1) of the Treaty (now Article 87(1) EC). The answer to the third part of the first question must therefore be that the prohibition on implementation laid down in the last sentence of Article 93(3) of the Treaty cannot apply to a tax if that tax, or a certain part of the revenue from it, is not hypothecated to the financing of an aid measure. In the light of the answer to the third part of the first question, there is no need to answer the other parts of the first question or the second or third question. Costs Since these proceedings are, for the parties to the main proceedings, a step in the action pending before the national court, the decision on costs is a matter for that court. Costs incurred in submitting observations to the Court, other than the costs of those parties, are not recoverable. On those grounds, the Court (First Chamber) rules as follows: The prohibition on implementation laid down in the last sentence of Article 93(3) of the EC Treaty (now the last sentence of Article 88(3) EC) cannot apply to a tax if that tax, or a certain part of the revenue from it, is not hypothecated to the financing of an aid measure. [Signatures] – Language of the case: Dutch.