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El texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero (Ley de Evaluación de Impacto Ambiental), prevé que los proyectos públicos o privados consistentes en la realización de las obras, instalaciones o de cualquier otra actividad comprendida en el anexo II, así como cualquier proyecto no incluido en su anexo I que pueda afectar directa o indirectamente a los espacios de la Red Natura 2000, deben ser evaluados por el órgano ambiental a los efectos de determinar con claridad las posibles afecciones y medidas correctoras aplicables al mismo, o, en su caso, el sometimiento al procedimiento de evaluación de impacto ambiental regulado en la sección 1.ª del capítulo II de dicha Ley. El proyecto Acceso UIC al Aeropuerto de Barajas se encuentra encuadrado en el apartado k del grupo 9 del referido anexo II. Los principales elementos del análisis ambiental del proyecto son los siguientes: 1. Objeto, descripción y localización del proyecto. Promotor y órgano sustantivo El objeto del proyecto consiste en realizar las obras necesarias para permitir el acceso a trenes de alta velocidad (en ancho internacional o UIC) a la terminal T4 del aeropuerto de Barajas. El proyecto se desarrolla en el término municipal de Madrid (distritos de Chamartín, Fuencarral-El Pardo, Hortaleza y Barajas), entre la cabecera norte de la estación de Chamartín y la estación de Cercanías de la terminal T4 del aeropuerto de Barajas. Según señala el promotor se trata de una ampliación/mejora del proyecto ya ejecutado «Cercanías de Madrid. Acceso ferroviario al aeropuerto de Barajas» (cuya declaración de impacto ambiental fue publicada en el «Boletín Oficial del Estado» n.º 87, de 12 de abril de 2006). A continuación se exponen las actuaciones proyectadas por tramos: Tramo A: Desde la cabecera norte de Chamartín hasta el puesto de adelantamiento y estacionamiento de trenes (PAET) de Hortaleza. Se propone: Ampliación de plataforma ferroviaria: actualmente ya se ha ampliado la plataforma a lo largo de 1.745,59 m de un total de 2.328,87, por lo que se realizará la ampliación a lo largo de los 583,28 m restantes. Compactación y refino de la capa de forma y de subbalasto en los tramos ya ejecutados (1.745,59 m) y ejecución de los trabajos de drenaje longitudinal y transversal necesarios. Montaje de vía de ancho UIC, desde la conexión con la vía derecha de la Línea de Alta Velocidad (LAV) Madrid-Valladolid hasta el PAET de Hortaleza (2.328,87 m), y montaje de vía de apartado de ancho UIC entre los puntos kilométricos (pp.kk.) 0+698 y 1+000. Colocación de desvío en conexión de Chamartín con la vía derecha de la LAV existente Madrid-Valladolid. Ejecución de elementos estructurales (demolición y/o creación de muros de contención y ampliación de pasos inferiores). Instalaciones de electrificación de 25 kV en corriente alterna e instalación de sistemas de seguridad y comunicaciones. Edificios para las instalaciones proyectadas. Tramo B: desde el PAET de Hortaleza hasta la estación aeropuerto T4: Adaptación de las instalaciones de electrificación existentes de 3 kV, en corriente continua, a 25 kV, en corriente alterna, construcción de un centro de autotransformación para 25 kV, e instalación de señalización y sistemas de comunicaciones. Ampliación del túnel en fondo de saco (305,5 m) en la cabecera norte de la Estación Aeropuerto T4 (los primeros 18 m entre pantallas y los restantes en mina por el método belga) y ampliación de las vías I y II de dicha estación en placa y ancho mixto a lo largo del citado túnel. Instalación de un pozo de ventilación y bombeo al final de la ampliación del túnel. Colocación del cambiador de mano CM4 y del escape E13. Se utilizarán los caminos de acceso, instalaciones auxiliares y zonas de acopio ya ejecutadas durante la construcción del proyecto Cercanías de Madrid, acceso ferroviario al aeropuerto de Barajas y se repondrán los servicios afectados. El promotor y el órgano sustantivo es la Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento. 2. Tramitación y consultas Con fecha 27 de diciembre de 2011 se recibe en la actual Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural la documentación ambiental del proyecto, solicitándose al promotor la subsanación de la misma el 20 de enero de 2012. Dicha solicitud fue reiterada con fecha 9 de mayo de 2012, recibiéndose la respuesta del promotor el 21 de junio de 2012. Con fecha 17 de julio de 2012, la citada Dirección General consulta a los siguientes organismos y entidades, con objeto de determinar la necesidad de someter el proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, señalando con una «X» aquellos que han emitido informe en relación con la documentación ambiental: Relación de consultados Respuestas recibidas Subdirección General de Medio Natural de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente X Confederación Hidrográfica del Tajo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente X Delegación del Gobierno en Madrid. – Dirección General del Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid X Dirección General de Evaluación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid X Dirección General de Infraestructuras de la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid - Dirección General de Carreteras de la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid X Dirección General de Patrimonio Histórico de la Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno de la Comunidad de Madrid – Ayuntamiento de Madrid X Ecologistas en Acción-Comunidad de Madrid – Greenpeace – SEO/BirdLife – WWF/ADENA – El contenido ambiental más significativo de las respuestas a las consultas realizadas es el siguiente: La Subdirección General de Medio Natural de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente destaca que las actuaciones no son coincidentes con espacios de la Red Natura 2000. Además, informa que no existen espacios de la misma que puedan ser afectados indirectamente ni hábitats de interés comunitario en el entorno. Por ello, considera que no existen afecciones potenciales sobre la conservación de la biodiversidad. Además, considera adecuadas las medidas correctoras propuestas para minimizar el impacto acústico y que no es apreciable el impacto sobre la circulación de las aguas subterráneas. Concluye que no se producirán repercusiones significativas sobre el medio natural, siempre y cuando las tierras y materiales que se requieran procedan de explotaciones mineras con plan de restauración del medio natural autorizado y los excedentes sean utilizados en la obra o empleados en la restauración ambiental de zonas degradadas. Cumpliendo siempre el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. La Confederación Hidrográfica del Tajo establece medidas relativas al drenaje y las captaciones de las aguas, la conservación del dominio público hidráulico y los vertidos (diseñar las obras de fábrica garantizando el paso de avenidas extraordinarias, respetar las capacidades hidráulicas y calidades hídricas de los cursos de agua, no afectar a los niveles freáticos ni a la zona de recarga de acuíferos, realizar las labores de mantenimiento de la maquinaria en zonas adecuadas, restaurar cauces afectados, etc.). Asimismo, establece una serie de indicaciones en relación con el cumplimiento del Reglamento del Dominio Público Hidráulico y del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. La Dirección General del Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid destaca que el proyecto no afecta a ningún espacio protegido autonómico o monte en régimen especial. Considera viable la ejecución de las actuaciones, con la alternativa señalada en el proyecto y el cumplimiento de las medidas preventivas que en él se diseñan. La Dirección General de Evaluación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid señala que el proyecto se desarrolla fundamentalmente en un entorno urbano y periurbano, sin existencia de espacios naturales protegidos y en una zona ya afectada por la presencia de vías ferroviarias. La actuación se desarrolla en su mayor parte dentro de las márgenes inmediatamente adyacentes a la infraestructura ya existente, dentro del dominio público ferroviario por lo que las posibles afecciones (ruido, generación de residuos, alteración del flujo de las aguas subterráneas, etc.) quedan minimizadas. No obstante, considera necesario cumplir las condiciones establecidas en la declaración de impacto ambiental del proyecto Cercanías de Madrid. Acceso ferroviario al Aeropuerto de Barajas y establece las siguientes medidas: Cumplimiento de la normativa aplicable en ruido (Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre), patrimonio (Ley 10/1998, de 9 de julio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid) y vegetación (Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid). Gestión de los residuos conforme a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados; Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid; Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición y Orden 2726/2009, de 16 julio, que regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid. Respecto al centro de autotransformación, cumplir lo señalado en el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo, y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. Además, la superficie donde se localicen los transformadores (estanca e impermeable) será revisada periódicamente y, en caso de existir edificaciones en un radio de 50 m, se efectuarán mediciones de los niveles electromagnéticos. Aplicación de medidas de recuperación e integración paisajísticas. La Dirección General de Carreteras de la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid informa que la actuación no produce afecciones directas a la Red de Carreteras de la Comunidad de Madrid e informa que cuando se elabore el proyecto de construcción, si se prevén afecciones a dichas carreteras, se deberá requerir informe a esta Dirección General. El Servicio de Evaluación Ambiental de la Subdirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de la Dirección General de Control Ambiental, Transportes y Aparcamientos del Ayuntamiento de Madrid considera que el aumento de tráfico ferroviario derivado de las actuaciones proyectadas podría suponer una mayor afección acústica a la población existente en las zonas residenciales cercanas (APR 16.03 Almacenes Manoteras, UZI 0.09 de San Chinarro, APE 16.07 Las Cárcavas y el APR 16.05 Ampliación Cárcavas Oeste). En cuanto al estudio acústico, destaca que, según informe del Departamento de Control Acústico del Ayuntamiento de Madrid de fecha 27 de septiembre de 2012, no es posible realizar una valoración adecuada de los niveles sonoros ambientales producidos con las actuaciones proyectadas, ya que existen confusiones en la documentación aportada por el promotor, por lo que solicita se analice de nuevo. Asimismo, según dicho informe, se insta a no realizar trabajos en horario nocturno y limitar el horario de funcionamiento de la maquinaria para corte, perforación, pulido o sustitución de los contenedores a los periodos diurnos menos sensibles, respetando los horarios establecidos por la normativa. Por último, el citado Servicio de Evaluación Ambiental considera que podría afectarse a los yacimientos paleontológicos Barajas 15, Barajas 16 y Barajas 24, ubicados muy próximos al final del trazado. Como consecuencia de las consultas y del análisis realizado, con fecha 21 de noviembre de 2012, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, le sugirió al promotor que, con objeto de minimizar los posibles impactos ambientales detectados, tuviese en cuenta y asumiese en el proyecto las medidas complementarias y adicionales propuestas por los organismos anteriormente citados, en particular, las referidas al impacto acústico y al patrimonio cultural. Con fecha 1 de marzo de 2013, se recibe en esta Dirección General documentación procedente del promotor en respuesta a la solicitud planteada. La mencionada documentación subsanaba algunas de las carencias señaladas; si bien, con fecha de 29 de abril de 2013 se solicitó una nueva consulta al Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), acerca de la corrección del estudio acústico presentado por la Dirección General de Ferrocarriles. Con fecha de 1 de agosto de 2013, se recibe informe procedente del CEDEX en el que se concluye que los estudios de ruido aportados no son adecuados para evaluar el impacto ambiental sobre el medioambiente sonoro del proyecto presentado, recomendando, por lo tanto, que se subsanen las deficiencias. Estas consideraciones se transmiten a la Dirección General de Ferrocarriles, con fecha de 19 de septiembre de 2013. Finalmente, el promotor remite documentación complementaria al estudio de ruido completando las carencias expuestas por el CEDEX, el cual, tal y como indica el informe recibido con fecha de 8 de octubre de 2013, verifica que la metodología y exposición de resultados presentados son adecuados. No obstante, se informa que, aunque se han detectado errores en los resultados de los valores de los niveles de ruido en la documentación revisada, se considera que no comprometen las conclusiones del estudio acústico en relación con la superación de los límites legales establecidos por causa de la circulación futura de los trenes, ni en relación con las medidas correctoras a adoptar por causa del ruido de trenes. Por tanto, responde a las cuestiones planteadas y tiene en cuenta las medidas complementarias y adicionales propuestas, que pasan a integrar la versión final del proyecto, que es sobre la que versa la decisión de evaluación. 3. Análisis según los criterios del anexo III Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, y teniendo en cuenta el diseño finalmente adoptado para el proyecto, se realiza el siguiente análisis para determinar la necesidad de sometimiento del proyecto al procedimiento previsto en la sección 1ª del capítulo II del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, según los criterios del anexo III. Características del proyecto: Con el proyecto se pretenden ejecutar las obras necesarias para que los trenes de ancho UIC puedan acceder desde la estación de Chamartín a la terminal T4 de Barajas. Las actuaciones se localizan en el mismo ámbito que las obras realizadas para la conexión de Cercanías entre Chamartín y la mencionada terminal. Se propone la ampliación de la plataforma ferroviaria en 583,28 m entre Chamartín y el PAET de Hortaleza, la compactación y refino de la capa de forma y subbalasto de los tramos ejecutados, así como la ejecución de una vía de ancho UIC de 2.328,87 m de longitud, de desvíos, instalaciones eléctricas y de drenajes. Además, se proponen una serie de actuaciones complementarias. En el tramo entre el PAET de Hortaleza y la estación Aeropuerto T4 se propone ampliar el fondo de saco en 350,5 m, ampliar las vías I y II de la estación a lo largo del túnel, y adaptar las instalaciones eléctricas existentes. Los residuos generados, procedentes principalmente de las demoliciones y excavaciones proyectadas, serán almacenados y gestionados conforme indica la legislación vigente. El volumen de tierras a vertedero es de 64.614 m3, y dado que el proyecto de Cercanías presentaba un volumen de tierras excedentarias de aproximadamente 1.172.000 m3, el promotor destaca que las modificaciones previstas no implican un incremento significativo de la generación de residuos. Además, el promotor informa que se cumplirá con lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición y en los planes de gestión de dichos residuos establecidos a nivel regional y autonómico. La ejecución del proyecto no supone un incremento de la contaminación ni del riesgo de accidentes. Ubicación del proyecto: La zona de actuación se sitúa entre los distritos de Chamartín, Fuencarral-El Pardo, Hortaleza y Barajas (municipio y Comunidad Autónoma de Madrid). En concreto, se localizan en el mismo ámbito de actuación que las desarrolladas para la conexión de Cercanías entre Chamartín y la terminal T4 del aeropuerto de Barajas. La zona presenta un carácter urbano por la transformación que sufrieron las zonas periurbanas debido al desarrollo de la actividad agrícola. Además, las actuaciones se localizan en suelo perteneciente al Dominio Ferroviario y tras las obras se procederá a la restauración ambiental y paisajística de los terrenos afectados (instalaciones auxiliares, acopios, etc.), por lo que las actuaciones no suponen un cambio en el uso del suelo. El área de actuación no se sitúa sobre ningún espacio perteneciente a la Red Natura 2000. Los espacios más próximos son el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) ES3110001 Cuencas de los ríos Jarama y Henares (a unos 3 km al este de la zona de actuación) y el LIC ES3110004 Cuenca del río Manzanares (coincidente con el Parque Regional y Reserva de la Biosfera de la Cuenca alta del Manzanares), a unos 3,5 km al noroeste. Asimismo, a más de 5 km al oeste se ubica la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) ES0000011 Monte de El Pardo. Por último, destaca que en el entorno no hay hábitat de interés comunitario catalogados según la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, tal y como señala la Subdirección General de Medio Natural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Características del potencial impacto: Las afecciones más relevantes se producirán debido, principalmente, a los desbroces, excavaciones y rellenos generados por la creación de terraplenes y desmontes. Esto supondrá la posible afección a la circulación de las aguas superficiales y subterráneas, pérdida de suelo fértil, generación de residuos, afección a servicios existentes y el riesgo de afección al patrimonio arqueológico y paleontológico no catalogado. Asimismo, durante las obras se podrán producir vertidos accidentales y afecciones derivadas de las labores de mantenimiento y del tránsito de la maquinaria, pudiendo generar polvo, partículas, vibraciones y ruidos. Para paliar la afección acústica durante la fase de obras, se realizará un mantenimiento adecuado de la maquinaria, se dispondrán silenciadores homologados en la maquinaria, los acopios y parques de maquinaria se ubicarán alejados de zonas sensibles, etc. Tras realizar un estudio de ruido incluyendo las consideraciones expuestas por el CEDEX, el promotor considera que, en fase de explotación, el aumento de la presión sonora no será significativo respecto a la situación preoperacional, y en todo caso, el ruido generado por los trenes que circulen por la vía de ancho UIC, no superará los objetivos de calidad establecidos en la legislación vigente. En este sentido, en la última información complementaria aportada por el promotor a petición del órgano ambiental, se ha realizado un análisis de ruido en situación preoperacional y postoperacional (utilizando el programa CADNA - A, versión 4.0, reconocido internacionalmente para el cálculo de ruido en ferrocarriles), que corrobora lo anteriormente expuesto. Así, en la mencionada documentación, el promotor extrae las siguientes conclusiones: Los objetivos de calidad acústica a cumplir son los que establece el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. La aplicación de los objetivos de calidad está definida por las áreas acústicas recogidas en el mapa acústico del Ayuntamiento de Madrid. Las características de este proyecto hacen que deba considerarse como infraestructura existente tras el análisis de las disposiciones adicionales del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre. La situación acústica en el escenario actual, presenta niveles durante el periodo nocturno (el más desfavorable) que superan los objetivos de calidad acústica en algunas zonas muy próximas a carreteras y calles, o en las propias vías. Esta superación es atribuible a los niveles sonoros generados por el tráfico viario. Las pantallas existentes en el trazado ferroviario impiden la propagación del ruido, de forma que en las principales zonas residenciales cercanas al trazado del ferrocarril no se superen los objetivos de calidad acústica. En el escenario futuro y de forma análoga a los resultados obtenidos para el escenario actual, la superación de los objetivos de calidad acústica se produce en zonas cercanas a los ejes viarios. Conforme a la zonificación acústica, el ferrocarril no produce ningún tipo de superación de los objetivos de calidad acústica para las distintos tipos de áreas acústicas recogidas en la zona de estudio. Concluyen que no es necesaria la construcción de pantallas acústicas, ni ninguna medida correctora como resultado de la ejecución del proyecto, ya que la superación detectada procede de las fuentes viarias. Informan que una propuesta de medidas correctoras sobre las vías ferroviarias objeto de estudio no supondría alcanzar los objetivos de calidad acústica, ya que la fuente que genera los niveles de inmisión por encima de los establecidos no es atribuible a las circulaciones ferroviarias. En relación con la posible alteración del suelo, el promotor destaca que la vía de ancho UIC proyectada comparte plataforma con las de la línea de Cercanías, por lo que no se prevén desmontes o terraplenes considerables. No obstante, se adoptarán medidas de defensa contra la erosión en los taludes generados. Las ocupaciones exteriores a la plataforma ferroviaria se reducen a las instalaciones auxiliares y las zonas de acopio, las cuales se localizarán en zonas degradadas de erial y en donde se ubicaron las instalaciones auxiliares del proyecto de Cercanías. Se emplearán los caminos y carreteras existentes para el acceso a las obras y en caso de ser necesario abrir pistas de acceso, éstas se localizarán en zonas admisibles o restringidas. En lo que respecta a los préstamos y vertederos, los materiales se obtendrán de explotaciones autorizadas (como la denominada La Curva), y el vertido de excedentes irá a instalaciones autorizadas, como el vertedero de inertes La Salmedina. Las tierras limpias se emplearán en la propia traza o se destinarán a la restauración de zonas degradadas, construcción, acondicionamiento o relleno. En cualquier caso, se procederá a la recogida, acopio y conservación del suelo con valor agrológico para su posterior reutilización en labores de restauración. Con el fin de prevenir la posible contaminación del agua y el suelo, durante la ejecución de las obras no se verterán aceites, combustibles, etc., directamente al terreno o a los cursos de agua. El mantenimiento de vehículos y maquinaria se realizará en talleres acreditados, y las zonas de instalaciones auxiliares serán impermeabilizadas y dotadas de cunetas perimetrales. Además, el campamento dispondrá de un equipo de depuración portátil para las aguas fecales. Se instalarán balsas de decantación en la zona de instalaciones auxiliares y en el emboquille del túnel. No obstante, si se produjera algún vertido accidental se procedería a delimitar la zona de suelo afectada y a construir una barrera de contención. De este modo, el suelo contaminado, siempre que no pueda ser tratado «in situ», será gestionado como residuo peligroso. Si aparecieran suelos contaminados no previstos durante las obras, éstos serán tratados según los dispuesto en el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo, y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. Finalmente, el promotor señala que si fuese preciso afectar provisionalmente a cauces, o al dominio público hidráulico, se solicitará autorización a la Confederación Hidrográfica del Tajo y que si hubiera que abrir caminos o vadear cursos de agua, se construirán pasos provisionales que serán demolidos tras las obras. Asimismo, destaca que según el estudio hidrogeológico realizado para el proyecto del acceso ferroviario de Cercanías al aeropuerto de Barajas, no se prevén afecciones al sistema acuífero, dado que en el subsuelo no se detecta nivel freático a cotas superficiales. Respecto a la vegetación, según señala el promotor, no se espera afección a ejemplares arbóreos de interés ya que la mayor parte del trazado discurre sobre la plataforma existente. Tanto los tramos de nueva plataforma, como el túnel en fondo de saco de Barajas están proyectados sobre eriales y, al localizarse las instalaciones auxiliares en las utilizadas para el proyecto de Cercanías, no se esperan afecciones a ningún pie arbóreo ni arbustivo. No se establecerá ningún jalonamiento temporal ya que se aprovechará el cerramiento previsto para el acceso ferroviario de Cercanías al aeropuerto de Barajas (antes de las obras se comprobarán dicho cerramiento). En las zonas de acopio se instalará un cerramiento que será retirado una vez finalizadas las obras. Asimismo, durante la redacción del proyecto de construcción se establecerán zonas de exclusión, en las que no se realizarán trabajos, que incluirán los elementos ambientales significativos existentes (espacios naturales protegidos, hábitat naturales de interés comunitario, vegetación singular, cursos de agua, acuíferos vulnerables, áreas de recarga, terrenos de alta permeabilidad, entorno de áreas habitadas, yacimientos arqueológicos, etc.). En relación con el arroyo de La Plata, se informa que durante la construcción del Cercanías fue encauzado y que en el ámbito de estos cauces, las actuaciones consisten en la electrificación de la vía ya existente (soterrada) e instalación de sistemas de señalización, por lo que el promotor asegura que no se verán afectados. En relación con la fauna, dado el carácter urbano del ámbito de actuación, el promotor destaca que no existen hábitats naturales ni especies faunísticas protegidas o de especial interés conservativo. La fauna existente está adaptada a la convivencia con el hombre y sus actividades e infraestructuras, por lo que estima que no es probable generar impactos significativos sobre las especies animales presentes. Con el fin de minimizar el impacto paisajístico, se realizará una recuperación ambiental e integración paisajística de las zonas afectadas (taludes en desmonte y terraplén de la nueva plataforma ferroviaria (con pendiente inferior a 1H:1V), instalaciones auxiliares, acopios, montera y emboquille del falso túnel). Para ello, se procederá a la limpieza y retirada de residuos y escombros, extendido de tierra vegetal y posterior realización de hidrosiembras y plantaciones. El promotor señala que aunque la zona posee una elevada potencialidad arqueológica y paleontológica, la afección a nuevas zonas es muy escasa, ya que se aprovecha la plataforma ferroviaria del cercanías, y las ampliaciones previstas en la parte inicial del trazado son de escasa entidad, manteniéndose dentro del dominio ferroviario. En relación a lo anterior, en la información complementaria aportada por el promotor a petición del órgano ambiental, se incluye el informe final sobre el control y seguimiento arqueopaleontológico del movimiento de tierras del proyecto inicial. La conclusión del mismo es que el seguimiento a pie de obra de las labores de movimientos de tierras por parte de un arqueólogo y de un paleontólogo prescrito en las resoluciones emitidas por la Dirección General de Patrimonio Histórico, ha tenido por objeto determinar la presencia de restos arqueopaleontológicos en el área de estudio, dado el rico potencial que alberga a zona y que, una vez finalizadas las labores del seguimiento arqueológico en los citados trabajos, se ha concluido que en los niveles estratigráficos de los terrenos afectados por el movimiento de tierras de las obras no albergan restos de carácter arqueológico o paleontológico. De acuerdo con el informe emitido por la Subdirección General de Medio Natural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, no se espera que las actuaciones proyectadas provoquen afecciones potenciales sobre la conservación de la biodiversidad. En el mismo sentido, se manifiestan la Dirección General del Medio Ambiente y la Dirección General de Evaluación Ambiental, ambas de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, al considerar viable la construcción del ramal de acceso UIC al aeropuerto de Barajas. Además, las posibles afecciones ambientales serán mitigadas con el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras contempladas en la documentación ambiental y las asumidas por el promotor según escrito de fecha 1 de marzo de 2013, entre las que se encuentran las señaladas por los organismos citados anteriormente y por la Confederación Hidrográfica del Tajo. Por lo tanto, el proyecto no supondrá una afección significativa sobre el entorno, por lo que el potencial impacto que ejercerá se considera compatible con el medio. Teniendo en cuenta todo ello, y a propuesta de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, este Ministerio resuelve de acuerdo con la evaluación de impacto ambiental practicada según la sección 2.ª del capítulo II, artículos 16 y 17, y el análisis realizado con los criterios del anexo III del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, no es previsible que el proyecto Acceso UIC al aeropuerto de Barajas, cumpliendo los requisitos ambientales que se desprenden de la presente Resolución, vaya a producir impactos adversos significativos, por lo que no se considera necesaria la tramitación prevista en la sección 1.ª del capítulo II de dicha Ley. Esta Resolución se hará pública a través del «Boletín Oficial del Estado» y de la página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (www.magrama.es), debiendo entenderse que no exime al promotor de obtener las autorizaciones ambientales que resulten legalmente exigibles. Madrid, 7 de marzo de 2014.–El Secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas.

El decreto que sube el salario mínimo 3 euros y, para empleadas del hogar, 3 céntimos la hora, de 5,05 a 5,08€

El texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero (Ley de Evaluación de Impacto Ambiental), prevé que los proyectos públicos o privados consistentes en la realización de las obras, instalaciones o de cualquier otra actividad comprendida en el anexo II, así como cualquier proyecto no incluido en su anexo I que pueda afectar directa o indirectamente a los espacios de la Red Natura 2000, deben ser evaluados por el órgano ambiental a los efectos de determinar con claridad las posibles afecciones y medidas correctoras aplicables al mismo, o, en su caso, el sometimiento al procedimiento de evaluación de impacto ambiental regulado en la sección 1.ª del capítulo II de dicha Ley. El proyecto Acceso UIC al Aeropuerto de Barajas se encuentra encuadrado en el apartado k del grupo 9 del referido anexo II. Los principales elementos del análisis ambiental del proyecto son los siguientes: 1. Objeto, descripción y localización del proyecto. Promotor y órgano sustantivo El objeto del proyecto consiste en realizar las obras necesarias para permitir el acceso a trenes de alta velocidad (en ancho internacional o UIC) a la terminal T4 del aeropuerto de Barajas. El proyecto se desarrolla en el término municipal de Madrid (distritos de Chamartín, Fuencarral-El Pardo, Hortaleza y Barajas), entre la cabecera norte de la estación de Chamartín y la estación de Cercanías de la terminal T4 del aeropuerto de Barajas. Según señala el promotor se trata de una ampliación/mejora del proyecto ya ejecutado «Cercanías de Madrid. Acceso ferroviario al aeropuerto de Barajas» (cuya declaración de impacto ambiental fue publicada en el «Boletín Oficial del Estado» n.º 87, de 12 de abril de 2006). A continuación se exponen las actuaciones proyectadas por tramos: Tramo A: Desde la cabecera norte de Chamartín hasta el puesto de adelantamiento y estacionamiento de trenes (PAET) de Hortaleza. Se propone: Ampliación de plataforma ferroviaria: actualmente ya se ha ampliado la plataforma a lo largo de 1.745,59 m de un total de 2.328,87, por lo que se realizará la ampliación a lo largo de los 583,28 m restantes. Compactación y refino de la capa de forma y de subbalasto en los tramos ya ejecutados (1.745,59 m) y ejecución de los trabajos de drenaje longitudinal y transversal necesarios. Montaje de vía de ancho UIC, desde la conexión con la vía derecha de la Línea de Alta Velocidad (LAV) Madrid-Valladolid hasta el PAET de Hortaleza (2.328,87 m), y montaje de vía de apartado de ancho UIC entre los puntos kilométricos (pp.kk.) 0+698 y 1+000. Colocación de desvío en conexión de Chamartín con la vía derecha de la LAV existente Madrid-Valladolid. Ejecución de elementos estructurales (demolición y/o creación de muros de contención y ampliación de pasos inferiores). Instalaciones de electrificación de 25 kV en corriente alterna e instalación de sistemas de seguridad y comunicaciones. Edificios para las instalaciones proyectadas. Tramo B: desde el PAET de Hortaleza hasta la estación aeropuerto T4: Adaptación de las instalaciones de electrificación existentes de 3 kV, en corriente continua, a 25 kV, en corriente alterna, construcción de un centro de autotransformación para 25 kV, e instalación de señalización y sistemas de comunicaciones. Ampliación del túnel en fondo de saco (305,5 m) en la cabecera norte de la Estación Aeropuerto T4 (los primeros 18 m entre pantallas y los restantes en mina por el método belga) y ampliación de las vías I y II de dicha estación en placa y ancho mixto a lo largo del citado túnel. Instalación de un pozo de ventilación y bombeo al final de la ampliación del túnel. Colocación del cambiador de mano CM4 y del escape E13. Se utilizarán los caminos de acceso, instalaciones auxiliares y zonas de acopio ya ejecutadas durante la construcción del proyecto Cercanías de Madrid, acceso ferroviario al aeropuerto de Barajas y se repondrán los servicios afectados. El promotor y el órgano sustantivo es la Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento. 2. Tramitación y consultas Con fecha 27 de diciembre de 2011 se recibe en la actual Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural la documentación ambiental del proyecto, solicitándose al promotor la subsanación de la misma el 20 de enero de 2012. Dicha solicitud fue reiterada con fecha 9 de mayo de 2012, recibiéndose la respuesta del promotor el 21 de junio de 2012. Con fecha 17 de julio de 2012, la citada Dirección General consulta a los siguientes organismos y entidades, con objeto de determinar la necesidad de someter el proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, señalando con una «X» aquellos que han emitido informe en relación con la documentación ambiental: Relación de consultados Respuestas recibidas Subdirección General de Medio Natural de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente X Confederación Hidrográfica del Tajo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente X Delegación del Gobierno en Madrid. – Dirección General del Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid X Dirección General de Evaluación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid X Dirección General de Infraestructuras de la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid - Dirección General de Carreteras de la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid X Dirección General de Patrimonio Histórico de la Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno de ### RESUMEN: El decreto que sube el salario mínimo 3 euros y, para empleadas del hogar, 3 céntimos la hora, de 5,05 a 5,08€

En cumplimiento del mandato al Gobierno para fijar anualmente el salario mínimo interprofesional, contenido en el artículo 27.1 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, se procede mediante este real decreto a establecer las cuantías que deberán regir a partir del 1 de enero de 2015, tanto para los trabajadores fijos como para los eventuales o temporeros, así como para los empleados de hogar. Las nuevas cuantías, que representan un incremento del 0,5 por ciento respecto de las vigentes entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014, son el resultado de tomar en consideración de forma conjunta todos los factores contemplados en el citado artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores. El citado incremento responde a la mejora de las condiciones generales de la economía, a la vez que continúa favoreciendo, de forma equilibrada, su competitividad, acompasando así la evolución de los salarios con el proceso de recuperación del empleo. Este real decreto ha sido consultado a las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas. En su virtud, a propuesta de la Ministra de Empleo y Seguridad Social y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 26 de diciembre de 2014, DISPONGO: Artículo 1. Cuantía del salario mínimo interprofesional. El salario mínimo para cualesquiera actividades en la agricultura, en la industria y en los servicios, sin distinción de sexo ni edad de los trabajadores, queda fijado en 21,62 euros/día o 648,60 euros/mes, según que el salario esté fijado por días o por meses. En el salario mínimo se computa únicamente la retribución en dinero, sin que el salario en especie pueda, en ningún caso, dar lugar a la minoración de la cuantía íntegra en dinero de aquel. Este salario se entiende referido a la jornada legal de trabajo en cada actividad, sin incluir en el caso del salario diario la parte proporcional de los domingos y festivos. Si se realizase jornada inferior se percibirá a prorrata. Para la aplicación en cómputo anual del salario mínimo se tendrán en cuenta las reglas sobre compensación que se establecen en los artículos siguientes. Artículo 2. Complementos salariales. Al salario mínimo consignado en el artículo 1 se adicionarán, sirviendo el mismo como módulo, en su caso, y según lo establecido en los convenios colectivos y contratos de trabajo, los complementos salariales a que se refiere el artículo 26.3 del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, así como el importe correspondiente al incremento garantizado sobre el salario a tiempo en la remuneración a prima o con incentivo a la producción. Artículo 3. Compensación y absorción. A efectos de aplicar el último párrafo del artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores, en cuanto a compensación y absorción en cómputo anual por los salarios profesionales del incremento del salario mínimo interprofesional, se procederá de la forma siguiente: 1. La revisión del salario mínimo interprofesional establecida en este real decreto no afectará a la estructura ni a la cuantía de los salarios profesionales que viniesen percibiendo los trabajadores cuando tales salarios en su conjunto y en cómputo anual fuesen superiores a dicho salario mínimo. A tales efectos, el salario mínimo en cómputo anual que se tomará como término de comparación será el resultado de adicionar al salario mínimo fijado en el artículo 1 de este real decreto los devengos a que se refiere el artículo 2, sin que en ningún caso pueda considerarse una cuantía anual inferior a 9.080,40 euros. 2. Estas percepciones son compensables con los ingresos que por todos los conceptos viniesen percibiendo los trabajadores en cómputo anual y jornada completa con arreglo a normas legales o convencionales, laudos arbitrales y contratos individuales de trabajo en vigor en la fecha de promulgación de este real decreto. 3. Las normas legales o convencionales y los laudos arbitrales que se encuentren en vigor en la fecha de promulgación de este real decreto subsistirán en sus propios términos, sin más modificación que la que fuese necesaria para asegurar la percepción de las cantidades en cómputo anual que resulten de la aplicación del apartado 1 de este artículo, debiendo, en consecuencia, ser incrementados los salarios profesionales inferiores al indicado total anual en la cuantía necesaria para equipararse a éste. Artículo 4. Trabajadores eventuales y temporeros y empleados de hogar. 1. Los trabajadores eventuales y temporeros cuyos servicios a una misma empresa no excedan de ciento veinte días percibirán, conjuntamente con el salario mínimo a que se refiere el artículo 1, la parte proporcional de la retribución de los domingos y festivos, así como de las dos gratificaciones extraordinarias a que, como mínimo, tiene derecho todo trabajador, correspondientes al salario de treinta días en cada una de ellas, sin que en ningún caso la cuantía del salario profesional pueda resultar inferior a 30,72 euros por jornada legal en la actividad. En lo que respecta a la retribución de las vacaciones de los trabajadores a que se refiere este artículo, dichos trabajadores percibirán, conjuntamente con el salario mínimo interprofesional fijado en el artículo 1, la parte proporcional de este correspondiente a las vacaciones legales mínimas en los supuestos en que no existiera coincidencia entre el período de disfrute de las vacaciones y el tiempo de vigencia del contrato. En los demás casos, la retribución del período de vacaciones se efectuará de acuerdo con el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores y demás normas de aplicación. 2. De acuerdo con el artículo 8.5 del Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar, que toma como referencia para la determinación del salario mínimo de los empleados de hogar que trabajen por horas, en régimen externo, el fijado para los trabajadores eventuales y temporeros y empleados de hogar y que incluye todos los conceptos retributivos, el salario mínimo de dichos empleados de hogar será de 5,08 euros por hora efectivamente trabajada. 3. En las cuantías del salario mínimo por días u horas fijadas en los apartados anteriores se computa únicamente la retribución en dinero, sin que el salario en especie pueda, en ningún caso, dar lugar a la minoración de la cuantía íntegra en dinero de aquéllas. Disposición final primera. Habilitación para la aplicación y desarrollo. Se autoriza a la Ministra de Empleo y Seguridad Social para dictar las disposiciones de aplicación y desarrollo de este real decreto. Disposición final segunda. Entrada en vigor y periodo de vigencia. Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y surtirá efectos durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015, procediendo, en consecuencia, el abono del salario mínimo en el mismo establecido con efectos del 1 de enero de 2015. Dado en Madrid, el 26 de diciembre de 2014. FELIPE R. La Ministra de Empleo y Seguridad Social, FÁTIMA BÁÑEZ GARCÍA

El TC admite recurso contra ley racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

En cumplimiento del mandato al Gobierno para fijar anualmente el salario mínimo interprofesional, contenido en el artículo 27.1 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, se procede mediante este real decreto a establecer las cuantías que deberán regir a partir del 1 de enero de 2015, tanto para los trabajadores fijos como para los eventuales o temporeros, así como para los empleados de hogar. Las nuevas cuantías, que representan un incremento del 0,5 por ciento respecto de las vigentes entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014, son el resultado de tomar en consideración de forma conjunta todos los factores contemplados en el citado artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores. El citado incremento responde a la mejora de las condiciones generales de la economía, a la vez que continúa favoreciendo, de forma equilibrada, su competitividad, acompasando así la evolución de los salarios con el proceso de recuperación del empleo. Este real decreto ha sido consultado a las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas. En su virtud, a propuesta de la Ministra de Empleo y Seguridad Social y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 26 de diciembre de 2014, DISPONGO: Artículo 1. Cuantía del salario mínimo interprofesional. El salario mínimo para cualesquiera actividades en la agricultura, en la industria y en los servicios, sin distinción de sexo ni edad de los trabajadores, queda fijado en 21,62 euros/día o 648,60 euros/mes, según que el salario esté fijado por días o por meses. En el salario mínimo se computa únicamente la retribución en dinero, sin que el salario en especie pueda, en ningún caso, dar lugar a la minoración de la cuantía íntegra en dinero de aquel. Este salario se entiende referido a la jornada legal de trabajo en cada actividad, sin incluir en el caso del salario diario la parte proporcional de los domingos y festivos. Si se realizase jornada inferior se percibirá a prorrata. Para la aplicación en cómputo anual del salario mínimo se tendrán en cuenta las reglas sobre compensación que se establecen en los artículos siguientes. Artículo 2. Complementos salariales. Al salario mínimo consignado en el artículo 1 se adicionarán, sirviendo el mismo como módulo, en su caso, y según lo establecido en los convenios colectivos y contratos de trabajo, los complementos salariales a que se refiere el artículo 26.3 del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, así como el importe correspondiente al incremento garantizado sobre el salario a tiempo en la remuneración a prima o con incentivo a la producción. Artículo 3. Compensación y absorción. A efectos de aplicar el último párrafo del artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores, en cuanto a compensación y absorción en cómputo anual por los salarios profesionales del incremento del salario mínimo interprofesional, se procederá de la forma siguiente: 1. La revisión del salario mínimo interprofesional establecida en este real decreto no afectará a la estructura ni a la cuantía de los salarios profesionales que viniesen percibiendo los trabajadores cuando tales salarios en su conjunto y en cómputo anual fuesen superiores a dicho salario mínimo. A tales efectos, el salario mínimo en cómputo anual que se tomará como término de comparación será el resultado de adicionar al salario mínimo fijado en el artículo 1 de este real decreto los devengos a que se refiere el artículo 2, sin que en ningún caso pueda considerarse una cuantía anual inferior a 9.080,40 euros. 2. Estas percepciones son compensables con los ingresos que por todos los conceptos viniesen percibiendo los trabajadores en cómputo anual y jornada completa con arreglo a normas legales o convencionales, laudos arbitrales y contratos individuales de trabajo en vigor en la fecha de promulgación de este real decreto. 3. Las normas legales o convencionales y los laudos arbitrales que se encuentren en vigor en la fecha de promulgación de este real decreto subsistirán en sus propios términos, sin más modificación que la que fuese necesaria para asegurar la percepción de las cantidades en cómputo anual que resulten de la aplicación del apartado 1 de este artículo, debiendo, en consecuencia, ser incrementados los salarios profesionales inferiores al indicado total anual en la cuantía necesaria para equipararse a éste. Artículo 4. Trabajadores eventuales y temporeros y empleados de hogar. 1. Los trabajadores eventuales y temporeros cuyos servicios a una misma empresa no excedan de ciento veinte días percibirán, conjuntamente con el salario mínimo a que se refiere el artículo 1, la parte proporcional de la retribución de los domingos y festivos, así como de las dos gratificaciones extraordinarias a que, como mínimo, tiene derecho todo trabajador, correspondientes al salario de treinta días en cada una de ellas, sin que en ningún caso la cuantía del salario profesional pueda resultar inferior a 30,72 euros por jornada legal en la actividad. En lo que respecta a la retribución de las vacaciones de los trabajadores a que se refiere este artículo, dichos trabajadores percibirán, conjuntamente con el salario mínimo interprofesional fijado en el artículo 1, la parte proporcional de este correspondiente a las vacaciones legales mínimas en los supuestos en que no existiera coincidencia entre el período de disfrute de las vacaciones y el tiempo de vigencia del contrato. En los demás casos, la retribución del período de vacaciones se efectuará de acuerdo con el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores y demás normas de aplicación. 2. De acuerdo con el artículo 8.5 del Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar, que toma como referencia para ### RESUMEN: El TC admite recurso contra ley racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

La actual estación de ferrocarril de viajeros de Burgos-Rosa de Lima, al amparo del artículo 149.1.21.ª de la Constitución, se encuentra incluida, de conformidad con la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario, en la Red Ferroviaria de Interés General. Esta estación se inauguró oficialmente el 12 de diciembre de 2008 bajo la denominación de Burgos-Rosa de Lima. Con esta denominación se buscaba recordar y homenajear a una burgalesa comprometida con la ciudad, que fue, entre otros cargos, Gobernadora Civil de Palencia y Directora General de Tráfico. El Ayuntamiento de Burgos ha dirigido un escrito al administrador de infraestructuras ferroviarias (ADIF) en el que señala que, «pese a que tal gesto se hizo a buen seguro con la mejor de las intenciones, ha sido petición recurrente de la familia la corrección del citado nombre. La denominación de la infraestructura debiera ser «Burgos-Rosa Manzano» (…) El actual nombre no identifica de manera fehaciente a la persona a quien se quiere recordar y conduce a posibles errores». En este sentido, se comparten los motivos expuestos en la solicitud del Ayuntamiento, procediéndose en consecuencia a tramitar la presente propuesta de modificación del actual nombre de la Estación Burgos-Rosa de Lima por el de Burgos-Rosa Manzano. La modificación de la denominación de la Estación de Burgos-Rosa de Lima, para que pase a denominarse Estación de Burgos-Rosa Manzano, no afecta al Catálogo de líneas y tramos de la Red Ferroviaria de Interés General que figura en el anexo de la Orden FOM/710/2015, de 30 de enero, por la que se aprueba dicho Catálogo. En la única referencia que se hace a dicha ciudad en el citado catálogo, hay una línea que aparece denominada como «01-102-Madrid Chamartín-Burgos (Bifurcación Aranda)», pero en la que no se hace mención a la actual estación de viajeros. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.4 de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario, esta orden ha sido sometida a trámite de audiencia de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, del Ayuntamiento de Burgos, del administrador de infraestructuras, la entidad pública empresarial ADIF, y del operador que presta servicios actualmente en la estación, Renfe Viajeros. Asimismo, se ha recabado la opinión de la familia de Rosa Manzano sobre la misma. En ejercicio de la habilitación establecida en el artículo 4 de la citada Ley 38/2015, a propuesta de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria, y con la conformidad del Secretario General de Infraestructuras y de la Secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, dispongo: Primero. Modificación de la denominación de la Estación de ferrocarril de Burgos-Rosa de Lima. Se acuerda la modificación de la denominación de la Estación de ferrocarril de Burgos-Rosa de Lima, que pasa a denominarse Estación de Burgos-Rosa Manzano. Segundo. Efectos. Esta orden empezará a producir efectos el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 5 de noviembre de 2021.–La Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez Jiménez.

Xunta gasta 266.805 euros para poner publicidad institucional en vallas.

La actual estación de ferrocarril de viajeros de Burgos-Rosa de Lima, al amparo del artículo 149.1.21.ª de la Constitución, se encuentra incluida, de conformidad con la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario, en la Red Ferroviaria de Interés General. Esta estación se inauguró oficialmente el 12 de diciembre de 2008 bajo la denominación de Burgos-Rosa de Lima. Con esta denominación se buscaba recordar y homenajear a una burgalesa comprometida con la ciudad, que fue, entre otros cargos, Gobernadora Civil de Palencia y Directora General de Tráfico. El Ayuntamiento de Burgos ha dirigido un escrito al administrador de infraestructuras ferroviarias (ADIF) en el que señala que, «pese a que tal gesto se hizo a buen seguro con la mejor de las intenciones, ha sido petición recurrente de la familia la corrección del citado nombre. La denominación de la infraestructura debiera ser «Burgos-Rosa Manzano» (…) El actual nombre no identifica de manera fehaciente a la persona a quien se quiere recordar y conduce a posibles errores». En este sentido, se comparten los motivos expuestos en la solicitud del Ayuntamiento, procediéndose en consecuencia a tramitar la presente propuesta de modificación del actual nombre de la Estación Burgos-Rosa de Lima por el de Burgos-Rosa Manzano. La modificación de la denominación de la Estación de Burgos-Rosa de Lima, para que pase a denominarse Estación de Burgos-Rosa Manzano, no afecta al Catálogo de líneas y tramos de la Red Ferroviaria de Interés General que figura en el anexo de la Orden FOM/710/2015, de 30 de enero, por la que se aprueba dicho Catálogo. En la única referencia que se hace a dicha ciudad en el citado catálogo, hay una línea que aparece denominada como «01-102-Madrid Chamartín-Burgos (Bifurcación Aranda)», pero en la que no se hace mención a la actual estación de viajeros. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.4 de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario, esta orden ha sido sometida a trámite de audiencia de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, del Ayuntamiento de Burgos, del administrador de infraestructuras, la entidad pública empresarial ADIF, y del operador que presta servicios actualmente en la estación, Renfe Viajeros. Asimismo, se ha recabado la opinión de la familia de Rosa Manzano sobre la misma. En ejercicio de la habilitación establecida en el artículo 4 de la citada Ley 38/2015, a propuesta de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria, y con la conformidad del Secretario General de Infraestructuras y de la Secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, dispongo: Primero. Modificación de la denominación de la Estación de ferrocarril de Burgos-Rosa de Lima. Se acuerda la modificación de la denominación de la Estación de ferrocarril de Burgos-Rosa de Lima, que pasa a denominarse Estación de Burgos-Rosa Manzano. Segundo. Efectos. Esta orden empezará a producir efectos el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 5 de noviembre de 2021.–La Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez Jiménez. ### RESUMEN: Xunta gasta 266.805 euros para poner publicidad institucional en vallas.

ECLI:ES:TC:2022:22 La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por el magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos, presidente; los magistrados don Antonio Narváez Rodríguez, don Cándido Conde-Pumpido Tourón, don Ramón Sáez Valcárcel y don Enrique Arnaldo Alcubilla, y la magistrada doña Concepción Espejel Jorquera, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En el recurso de amparo número 5673-2019, interpuesto don Álvaro Tamarit Escribano y doña Belén García Miranda, contra el auto del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid de 24 de julio de 2019, por el que se desestima el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto contra el auto número 603-2019, de 7 de abril, por el que se inadmitió la incoación del procedimiento de habeas corpus número 568-2019. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos. I. Antecedentes 1. Don Álvaro Tamarit Escribano y doña Belén García Miranda, representados por la procuradora de los tribunales doña María del Carmen Giménez Cardona y bajo la dirección de la letrada doña Sol Román Aguirre de Cárcer, formalizaron recurso de amparo contra las resoluciones judiciales referidas en el encabezamiento y determinadas actuaciones policiales desarrolladas durante la detención a que dio lugar la interposición del procedimiento de habeas corpus mediante escrito registrado en el Tribunal el 25 de noviembre de 2019. 2. El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes: a) La letrada de la administración de justicia del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, en funciones de guardia de diligencias, mediante acta expedida el 6 de abril de 2019 a las 23:18 horas hizo constar que la letrada del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, doña Sol Román Aguirre de Cárcer, compareció ante dicho órgano judicial manifestando haber sido designada por los ahora demandantes de amparo, que se encontraban detenidos en la brigada de información de la Policía Nacional de Moratalaz, y solicitar la incoación de un procedimiento de habeas corpus para que se acordara la inmediata puesta en libertad de los detenidos, alegando que (i) los hechos relatados por la policía en el momento de la detención son un supuesto delito de desobediencia por haberse negado a identificarse y un delito leve de usurpación, «que ninguno de ellos es motivo para proceder a la detención»; y (ii) «que no se ha dejado a esta letrada entrevistarse reservadamente con los detenidos, vulnerándose de esta manera su derecho del artículo 520.2.c) LECrim, 520.5 y 520.6.d) de la misma ley y vulnerando también la directiva 2013/48/UE artículo 3.2 a) y c) y 3.3.a)». Esta comparecencia dio lugar a que por providencia de 6 de abril de 2019 se registrara la solicitud de habeas corpus con el número 658-2019 y se acordara «solicitar a la Brigada de Información de la Policía Nacional de Moratalaz nos remitan lo actuado en relación con la detención […]». b) La letrada de la administración de justicia, por diligencia de constancia de 6 de abril de 2019, hizo constar que a la 23:30, mediante llamada telefónica a la comisaría, le manifiestan que detuvieron a los demandantes de amparo «por un presunto delito de usurpación sobre las 20:00 horas, y que se encontraban haciendo la comparecencia e instruyendo el atestado. Que se habían puesto en contacto con el Colegio de Abogados para que mañana sobre las 10:00 horas compareciera el abogado para la toma de declaración». Tras esta diligencia aparece un oficio de la brigada provincial de información de Madrid con número de referencia 1592-2019, en el que se informa de las circunstancias en que se había producido la detención de los demandantes de amparo «por los presuntos delitos de usurpación de bien inmueble, resistencia y desobediencia». En el oficio policial se pone de manifiesto que, (i) al ser avisados por un vecino de que varias personas acababan de acceder a un inmueble de planta baja, diversos agentes se desplazaron al lugar y comprobaron que varios ladrillos de la parte inferior que tapiaban la puerta se encontraban fracturados, la puerta estaba entreabierta y se escuchaban ruidos y voces procedentes del interior; (ii) por observaciones desde el exterior se comprobó que el tejado estaba semiderruido lo que permitía ver el interior del inmueble, de modo que «los agentes tienen contacto visual con dos personas que se encuentran en la casa a los que dan indicaciones sobre el mal estado del inmueble y del riesgo que conlleva permanecer en su interior, de igual manera se les indica que faciliten su documentación a los agentes que se encuentran en la puerta, haciendo caso omiso ante las reiteradas indicaciones»; y (iii) finalmente se pudo acceder por la puerta, observando que «el inmueble es 'una corrala' con diverso escombro en el suelo así como restos de tejado caído» y que había dos personas en otra estancia y que ante su negativa a salir de ahí «los agentes proceden a la entrada en la estancia franqueando la puerta que se encuentra semicaída, procediendo en este instante a la detención […]». En este oficio también se manifiesta (i) «que en el lugar se persona quien se identifica mediante carné del Colegio de Abogados de Madrid acreditando ser Sol Román Aguirre de Cárcer, […] manifestando ser la letrada que representará a los investigados y exigiendo los motivos de la detención; informándole el policía 117823 del estado ruinoso del inmueble e informándole que los interesados serán los que designen a su representante y que siendo así se le comunicará mediante el Colegio de Abogados»; y (ii) «que los presentados como detenidos antes esta instrucción han sido informados verbalmente y por escrito de los motivos de su detención y de los derechos que le asisten a las 21:10 y 21:15 horas y se ha dado oportuno cumplimiento de los mismos», incidiendo en que «el colegio de abogados ha sido informado de lo anterior, así como de la toma de declaración de los detenidos a primera hora de la mañana de hoy». c) Por auto número 568/2019, de 7 de abril, se acordó denegar la incoación del procedimiento de habeas corpus en favor de los demandantes de amparo argumentando que «visto el informe remitido por la comisaría de policía, en el cual se señala que acaban de comenzarse las diligencias oportunas en el curso de las cuales será llamado el abogado que corresponda para cada uno de los detenidos, así como que la abogada que plantea el habeas corpus no está incluida dentro de las personas legitimadas para instarlo, resulta que no procede la incoación del procedimiento regulado en la ley citada, sin perjuicio de que la misma sea solicitada por persona legitimada para ello». d) La letrada solicitante, mediante escrito de 17 de mayo de 2019, interpuso incidente de nulidad de actuaciones alegando la vulneración del artículo 17 CE por haberse inadmitido el habeas corpus con fundamento en la falta de legitimación de la letrada, poniendo de manifiesto que en el atestado policial consta que en sendas actas de lecturas de derechos realizadas el 6 de abril de 2019 a las 21:10 y 21:15 los demandantes de amparo procedieron a la designación de la letrada para su defensa. De ese modo, tras la comunicación por parte del Colegio de Abogados de dicha designación a la letrada a las 22:00 horas y el traslado de esta a las 23:00 horas a la comisaría para poder entrevistarse con los demandantes de amparo compareció a las 23:50 en el juzgado de guardia para solicitar la incoación de un procedimiento de habeas corpus en interés de los demandantes de amparo que la habían designado para la defensa de sus intereses denunciando la negativa policial a poder comunicar con ellos y por considerar que la detención no resultaba procedente por derivar de un delito leve. En el escrito se argumenta la vulneración del artículo 17 CE con cita del ATC 55/1996, de 6 de marzo, y de las SSTC 224/1998, de 24 de noviembre; 61/2003, de 24 de marzo; y 195/2014, de 1 de diciembre, en que se afirma que la legitimación para solicitar el habeas corpus se extiende también al abogado de la persona detenida y que si el juez competente alberga dudas sobre la existencia del mandato conferido al abogado debe disiparla haciendo las comprobaciones oportunas, entre ellas, las comparecencia de la persona detenida para oírla también sobre esa circunstancia. En el incidente de nulidad de actuaciones también se invocan la vulneración del artículo 17.3 CE, por la negativa policial a la letrada de la posibilidad de entrevistarse con los demandantes de amparo una vez ya efectuada la designación, y la del artículo 17 CE, por haberse procedido a la detención por un delito leve, que queda excluido de esta medida cautelar en aplicación del artículo 495 de la Ley de enjuiciamiento criminal (LECrim), en relación con la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo; destacando que el atestado relativo a los hechos que habían provocado la detención de los demandantes había dado lugar directamente a la incoación de un procedimiento por delito leve de usurpación por auto del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid de 29 de abril de 2019. e) El incidente de nulidad fue desestimado por auto de 24 de julio de 2019, contra el informe favorable del Ministerio Fiscal, que consideraba que el auto impugnado había vulnerado el artículo 17.4 CE por no reconocer legitimación a la letrada que ya constaba designada en las diligencias policiales. El auto expone que la decisión de inadmisión trae causa de que el juzgado en ese momento no tenía constancia de que hubiera sido designada como representante de los detenidos, ya que no es hasta la presentación del incidente de nulidad de actuaciones «que este juzgado tiene conocimiento de que los detenidos manifestaron su deseo de ser asistidos por ella». El auto concluye afirmando que «debe reiterarse, como se recoge en la resolución de 7 de abril de 2019, que la denegación de la incoación viene determinada por dos causas. La primera y principal, por cuanto se acaban de iniciar las diligencias policiales y, sin perjuicio de una posterior incoación, se ha constatado a través del oficio policial que se han respetado los derechos de los detenidos. Y la segunda, por cuanto que, sin perjuicio de una posterior se reitera, de una posterior solicitud de incoación del procedimiento, en ese momento no se tiene constancia de que doña Sol Román Aguirre de Cárcer estuviese legitimada para solicitar la incoación del procedimiento, al haber sido designada por los detenidos como su representante». f) El atestado número 1591-2019, instruido con ocasión de los hechos que dieron lugar a la detención de los demandantes de amparo, fue remitido al decanato de los juzgados de Madrid y, tras su reparto, por auto del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid de 29 de abril de 2019 se acordó la incoación del procedimiento por delito leve número 888-2019 por la presunta comisión de un delito de usurpación, que no ha sido impugnado. En dicho atestado se acreditan, entre otros extremos, los siguientes: (i) El instructor de las diligencias policiales dispuso que, sin perjuicio de que hubiesen sido ya informados verbalmente en el instante de su detención, se procediera de nuevo a informar por escrito a los detenidos de los derechos que le asisten. Esta nueva información de derechos se verificó mediante sendas actas extendidas a las 21:10 y 21:15 horas del mismo día 6 de abril de 2019, figurando que deseaban ser asistidos por la letrada «Sol», y que a su requerimiento se les informaba como elementos esenciales de las actuaciones para impugnar la legalidad de la detención, entre otros, que el hecho delictivo que motiva la detención es «usurpación y resistencia desobediencia», al «ser sorprendidos, tras múltiples llamadas de los vecinos en el inmueble ubicado en la dirección […]» y «así mismo, tras varias instrucciones de los agentes actuantes, el arriba referenciado se niega a realizar dichas acciones de manera continuada». En el atestado se reflejó que se procedía a notificar la detención de los demandantes de amparo al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, que ambos detenidos habían señalado su deseo de ser asistidos por la letrada doña Sol Román Aguirre y que «se deja constancia en la llamada que la letrada queda citada a fin de ser oídos en declaración da los 10:00 horas del día 7 de abril de 2019». (ii) La declaración de los demandantes de amparo tuvo lugar a las 10:15 y 10:38 horas del 7 de abril de 2019 con la presencia de la letrada que habían designado, con la que se habían entrevistado reservadamente y a la que antes de dicha entrevista se le había informado «de los elementos esencial para impugnar la legalidad de la detención de los mismos mediante la exhibición de la comparecencia en la que fueron presentados como detenidos». Los demandantes de amparo manifestaron su deseo de no prestar declaración en las dependencias policiales y fueron puestos en libertad a las 11:00 horas del 7 de abril de 2019. 3. Los demandantes de amparo, con invocación del derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 CE) y del derecho a la libertad (artículo 17.1 CE), solicitan la nulidad de las resoluciones judiciales por haber inadmitido el procedimiento de habeas corpus por falta de legitimación de la letrada que habían designado para la defensa de sus intereses durante la detención policial a la que habían sido sometidos. Exponen que la jurisprudencia constitucional ha reiterado que también está legitimado para instar el procedimiento de habeas corpus el abogado designado por la persona privada de libertad y que si el juez competente alberga dudas sobre la existencia del mandato conferido al abogado debe disiparla haciendo las comprobaciones oportunas, entre ellas, las comparecencia de la persona detenida para oírla también sobre esa circunstancia (ATC 55/1996, de 6 de marzo, y SSTC 224/1998, de 24 de noviembre; 61/2003, de 24 de marzo, y 195/2014, de 1 de diciembre). En relación con ello, se afirma que las resoluciones impugnadas han vulnerado los artículos 24.1 y 17.1 CE ya que (i) es un hecho no controvertido, reconocido por el propio órgano judicial en el auto desestimatorio del incidente de nulidad de actuaciones, que la letrada en el momento en que instó el procedimiento de habeas corpus ya había sido designada por los demandantes de amparo; (ii) el órgano judicial consideró en el auto de inadmisión que no estaba acreditado el extremo de la designación y no desarrolló ninguna labor tendente a verificar ese extremo, a pesar de la afirmación de la letrada solicitante de la existencia de la designación y de que en el informe policial remitido para resolver sobre la admisión del habeas corpus se hacía constar tanto la presencia de la letrada en el momento de la detención como que posteriormente se había dado debido cumplimiento a la designación efectuada por los detenidos tras la lectura de derechos mediante la comunicación al colegio de abogados, y (iii) el órgano judicial no solo no reparó dicha vulneración en el auto desestimatorio del incidente de nulidad, aun reconociendo que sí había existido una designación previa a la solicitud del habeas corpus, sino que añade la consideración de que la inadmisión también se fundamentaba en que a través del oficio policial se había constatado que se habían respetado los derechos de los detenidos, lo que implica apelar a razones de fondo sobre la legalidad de la detención que tampoco son conformes con la jurisprudencia constitucional. Los demandantes de amparo, con invocación del artículo 17.3 CE, también solicitan que se declare que la policía ha vulnerado su derecho a la asistencia letrada al haberse denegado la posibilidad de una entrevista con su letrada el 6 de abril de 2019 a las 23:00, cuando esta se personó en la comisaría una hora después de haberle notificado la designación por parte del colegio de abogados sin justificación alguna a pesar de lo previsto en los artículos 520.5 y 520.6.d) LECrim. Los demandantes de amparo, también con la invocación del artículo 17 CE, solicitan que se declare que la policía ha vulnerado su derecho a la libertad al haberse procedido a su detención por un mero delito leve y sin que concurriera ninguno de los supuestos legitimadores del artículo 495 LECrim, que es de aplicación a los delitos leves de conformidad con lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Los demandantes de amparo justifican la especial trascendencia constitucional del recurso, con cita de la STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2.f), en la negativa del órgano judicial al deber de acatamiento de la doctrina del Tribunal Constitucional, ya que, a pesar de que le fue puesta de manifiesto la jurisprudencia sobre la legitimación del letrado y el deber de verificación de la existencia del mandato conferido en caso de duda, se persistió en la denegación de la incoación del procedimiento de habeas corpus. 4. La Sección Tercera del tribunal, por providencia de 25 de enero de 2021, acordó admitir el presente recurso a trámite apreciando que concurre especial transcendencia constitucional (artículo 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional: LOTC), como consecuencia de que el órgano judicial pudiera haber incurrido en una negativa manifiesta del deber de acatamiento de la jurisprudencia constitucional [STC 155/2009, FJ 2 f)]; y, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 51 LOTC, requerir al órgano judicial la remisión del testimonio de las actuaciones y el emplazamiento de quienes hubieran sido parte en el procedimiento para que pudiesen comparecer en el plazo de diez días en el proceso de amparo. 5. La secretaría de justicia de la Sala Segunda del Tribunal, por diligencia de ordenación de 24 de marzo de 2021, acordó dar vista de las actuaciones al Ministerio Fiscal y al recurrente por un plazo de veinte días para presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, de conformidad con el artículo 52 LOTC. 6. El Ministerio Fiscal, mediante escrito registrado el 7 de mayo de 2021, presentó sus alegaciones interesando que se otorgue el amparo por vulneración del derecho a la libertad personal (artículo 17.1 y 4 CE) y a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 CE) y se declare la nulidad de las resoluciones impugnadas. El Ministerio Fiscal afirma que las invocaciones del artículo 17.3 CE, por haberse denegado la posibilidad de entrevista de los demandantes de amparo con su letrada, y del artículo 17.1 CE, por haberse procedido a la detención por la mera comisión de un delito leve, que se imputan a la actuación policial carecen de sustantividad propia, ya que solo «tienen por objeto resaltar que la inadmisión del procedimiento de habeas corpus, sustentada sobre todo en una pretendida falta de legitimación por parte de los detenidos, impidió, de facto, la revisión de fondo del asuntos planteado». A esos efectos, se añade que la parte recurrente ha invocado como fundamento de su pretensión únicamente el artículo 44 LOTC, sin hacer referencia alguna al artículo 43 LOTC, y que en la providencia de inadmisión se ha admitido el recurso por negativa manifiesta del órgano judicial al deber de acatamiento de la doctrina constitucional. El Ministerio Fiscal considera que las resoluciones judiciales impugnadas han vulnerado el artículo 17.1 CE como consecuencia de la inadmisión del procedimiento de habeas corpus por falta de legitimación de la letrada, ya que, reiterada jurisprudencia constitucional (ATC 55/1996, de 6 de marzo, y SSTC 224/1998, de 24 de noviembre; 61/2003, de 24 de marzo, y 37/2008, de 25 de febrero) señala que está legitimado para instar este procedimiento el abogado designado al efecto y que si el juez competente alberga dudas sobre la existencia del mandato conferido debe disiparla haciendo las comprobaciones oportunas, entre ellas, las comparecencia de la persona detenida para oírla también sobre esa circunstancia. A esos efectos, afirma que esta jurisprudencia es aplicable al presente caso al haber quedado documentalmente acreditado que existía una designación previa a la interposición del procedimiento de habeas corpus y que el juez competente, si hubiera tenido dudas sobre el mandato, debía haber realizado las comprobaciones oportunas, lo que no hizo. El Ministerio Fiscal también sostiene que las resoluciones impugnadas han vulnerado el artículo 17.4 CE, en aplicación de la jurisprudencia constitucional sobre la inadmisión liminar de estos procedimiento por razones de fondo, ya que, «no era posible fundamental la improcedencia de la admisión de este procedimiento en la afirmación (más bien implícita) de que los recurrentes no se encontraban ilícitamente privados de libertad, precisamente porque el contenido propio de la pretensión formulada en el habeas corpus era el de determinar la licitud o ilicitud de dicha privación». 7. Los demandantes de amparo no presentaron alegaciones. 8. Por providencia de 17 de febrero de 2022, se señaló para la deliberación y votación de la presente sentencia el día 21 del mismo mes y año. II. Fundamentos jurídicos 1. Objeto del recurso El objeto de este recurso de amparo es determinar si se ha vulnerado el derecho a la libertad personal (artículo 17.1 y 4 CE) de los demandantes de amparo por la decisión judicial de denegar la incoación de un procedimiento de habeas corpus instado por la abogada designada para la defensa de sus intereses con fundamento en que esta carecía de legitimación por no estar acreditada dicha designación y porque se había constatado a través del oficio policial que se habían respetado los derechos de los detenidos, frente a la alegación de los recurrentes de que se habían vulnerado su derecho a la libertad (artículo 17.1 CE) y a la asistencia letrada en situación de detención (artículo 17.3 CE) con motivo de las actuaciones policiales consistentes en que (i) su detención se había producido sin concurrir el presupuesto legal habilitante, ya que los hechos que la motivaron constituían, en su caso, un delito leve; y (ii) se había denegado la posibilidad de que la letrada que habían designado para su defensa pudiera entrevistarse con ellos con carácter inmediato, demorando esta posibilidad más de doce horas hasta el momento en que la policía había fijado sus declaraciones. El Tribunal, de acuerdo con lo también afirmado por el Ministerio Fiscal, considera que el presente recurso solo se fundamenta en el artículo 44 LOTC, ya que carecen de sustantividad propia las invocaciones del artículo 17 CE vinculadas a las actuaciones policiales, pues los demandantes solo se refieren a ellas para resaltar la vulneración imputada a la decisión judicial de inadmisión del habeas corpus. Esto no obsta a que, en su momento, hagamos sobre aquellas actuaciones las consideraciones que procedan desde la limitada perspectiva procesal que resulta de esta apreciación. En relación con la delimitación de las invocaciones constitucionales, el Tribunal reitera que en el contexto de la impugnación de las decisiones de inadmisión a limine de un procedimiento de habeas corpus la cita del derecho fundamental proclamado en el artículo 24.1 CE resulta redundante respecto de la invocación del artículo 17.4 CE, ya que la perspectiva que se debe «adoptar es única y exclusivamente la de la libertad, puesto que, estando en juego este derecho fundamental, la eventual ausencia de una motivación suficiente y razonable de la decisión no supondrá solo un problema de falta de tutela judicial, propio del ámbito del 24.1 CE, sino prioritariamente una cuestión que afecta al derecho a la libertad personal, en cuanto que la suficiencia o razonabilidad de una resolución judicial relativa a la garantía constitucional del procedimiento de habeas corpus, prevista en el artículo 17.4 CE, forma parte de la propia garantía» (así, entre las últimas, SSTC 95/2012, de 7 de mayo, FJ 6, y 204/2015, de 5 de octubre, FJ 4). 2. Jurisprudencia constitucional El Tribunal ha declarado reiteradamente que, aun cuando la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de habeas corpus (LOHC) posibilita denegar la incoación de un procedimiento de habeas corpus, los únicos motivos constitucionalmente legítimos para fundamentar dicha decisión son los basados en la falta del presupuesto necesario de una situación de privación de libertad no acordada judicialmente o en el incumplimiento de los requisitos formales a los que se refiere el artículo 4 LOHC, de modo tal que fundamentar la decisión de no admisión en que el recurrente no se encontraba ilícitamente privado de libertad por no concurrir ninguno de los supuestos del artículo 1 LOHC vulnera el artículo 17.4 CE (así, solo entre las últimas, SSTC 72/2019, de 20 de mayo, FJ 2, que hace una completa cita de las resoluciones en esta materia; 181/2020, de 14 de diciembre, FJ 6, y 73/2021, de 18 de marzo, FJ 4). El Tribunal tiene declarado que el incumplimiento de esta jurisprudencia constitucional que se refleja en diversos recursos de amparo presentados tiene especial trascendencia constitucional desde el punto de vista del respeto a los derechos fundamentales y afecta a uno de los fundamentos elementales del Estado de Derecho en su vertiente histórico-constitucional (así, STC 72/2019, FJ 2; cuya doctrina se reitera en las SSTC 181/2020, FJ 6, y 73/2021, FJ 4). Por su parte, en lo que se refiere a la decisión de inadmisión a limine de un procedimiento de habeas corpus por falta de legitimación del abogado designado por la persona privada de libertad para la asistencia letrada garantizada por el artículo 17.3 CE, el Tribunal también ha establecido que, si bien el artículo 3.a) LOHC no especifica entre los legitimados para promover este procedimiento al abogado designado para la asistencia letrada del privado de libertad, dicho abogado, en la medida en que comparece en nombre y representación del privado de libertad, actúa tácitamente apoderado al efecto, y que si el juez competente albergase alguna duda sobre la existencia del oportuno mandato conferido a dicho letrado por el detenido tiene la obligación de disiparla, realizando las comprobaciones oportunas y, como esencial, acordar la comparecencia de la persona privada de libertad para oírla acerca de tal circunstancia (así, SSTC 224/1998, de 24 de noviembre, FJ 2; 61/2003, de 24 de marzo, FJ 2, y 37/2008, de 25 de febrero, FJ 2). A estos efectos, el Tribunal ha incidido en que «resulta ínsita al contenido de la asistencia letrada al detenido la facultad del abogado de suscitar, en nombre de aquel, el procedimiento de habeas corpus; sustentándose tal habilitación en la relevancia del derecho fundamental a cuya garantía sirve el procedimiento, la perentoriedad de la pretensión, las limitaciones fácticas inherentes a la situación de privación de libertad y el principio antiformalista que la exposición de motivos de la Ley reguladora del habeas corpus destaca como inspirador de su regulación» (STC 37/2008, de 25 de febrero, FJ 2). 3. Valoración del Tribunal a) La aplicación de la jurisprudencia constitucional al presente caso determina, como interesa el Ministerio Fiscal, que el Tribunal deba estimar el recurso de amparo por vulneración del derecho a la libertad personal (artículo 17.1 y 4 CE) de los demandantes de amparo en relación con la decisión de no admitir a trámite el procedimiento de habeas corpus. El Tribunal constata que no son controvertidos los siguientes hechos: (i) Los demandantes de amparo designaron tras la lectura de derechos a las 21:10 y 21:15 del 6 de abril de 2019 como abogada de confianza a la letrada doña Sol Román Aguirre de Cárcer, que inicialmente figuraba como «Sol», para que les asistiera en su situación de detención y dicha designación fue comunicada al Colegio de Abogados que, a su vez, lo notificó a la citada letrada. (ii) La letrada compareció ante el Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, en funciones de guardia de diligencias, el 6 de abril de 2019 a las 23:18 horas, haciendo constar expresamente haber sido designada por los ahora demandantes de amparo y solicitando la incoación de un procedimiento de habeas corpus para que se acordara la inmediata puesta en libertad de los detenidos. Alegó, en esencia, la ilegalidad de la detención porque habían sido privados de libertad por unos hechos que, en su caso, serían solo constitutivos de delito leve y porque habiéndose personado en la comisaría en la que permanecían detenidos no le habían permitido entrevistarse con ellos. (iii) El órgano judicial, previamente a la decisión sobre la admisibilidad de procedimiento instado por la citada letrada, recabó información por medio de una llamada telefónica de la letrada de la administración de justicia a la comisaría. A las 23:30 horas se extendió diligencia en el sentido de «que se habían puesto en contacto con el Colegio de Abogados para que mañana sobre las 10:00 horas compareciera el abogado para la toma de declaración». Además, se recibió un oficio policial en el que, al relatar las circunstancias de la detención de los demandantes de amparo, se detallaba que en el lugar de la detención se personó doña Sol Román Aguirre de Cárcer, manifestando ser la letrada que representará a los investigados. Además, en ese mismo oficio y ya en relación con las diligencias policiales en tramitación, se hacía constar que los detenidos habían sido informados verbalmente y por escrito de los motivos de su detención y de los derechos que le asisten a las 21:10 y 21:15 horas, que se daba el debido cumplimiento a los mismos, y que «el colegio de abogados ha sido informado de lo anterior, así como de la toma de declaración de los detenidos a primera hora de la mañana de hoy». (iv) El órgano judicial decidió no admitir a trámite del procedimiento de habeas corpus con fundamento en que «la abogada que plantea el habeas corpus no está incluida dentro de las personas legitimadas para instarlo», insistiendo posteriormente, en el auto desestimatorio del incidente de nulidad de actuaciones, en que, si bien se reconocía que en el momento de solicitarse la incoación del procedimiento la abogada ya había sido formalmente designada por los demandantes de amparo para su asistencia letrada, en el momento de la inadmisión no se tenía constancia de dicha designación. En cualquier caso, en este auto se ponía de manifiesto que la primera y principal razón de la decisión de inadmisión a limine fue que se había constatado a través del oficio policial que se habían respetado los derechos de los detenidos. b) El Tribunal concluye que esta respuesta judicial no resulta respetuosa con el derecho a la libertad de los demandantes de amparo por las siguientes razones: (i) La consideración del auto desestimatorio del incidente de nulidad de actuaciones de que la primera y principal razón de la decisión de inadmisión a limine del procedimiento de habeas corpus era que se había verificado que se habían respetado los derechos de los detenidos –en este caso, que la detención no se había derivado de un hecho constitutivo de un delito leve y que no se había impedido a la abogada designada para su asistencia poderse entrevistar con ellos– comporta en sí misma una vulneración del artículo 17.1 y 4 CE, ya que fundamenta dicha decisión en razones de fondo sobre la legalidad de la privación de libertad, lo que, tal como se ha señalado anteriormente, solo resulta constitucionalmente posible tras la tramitación del procedimiento cuya incoación, precisamente, se denegó. La denegación de la incoación del procedimiento de habeas corpus lleva consigo que no se hayan examinado, como procedía, las infracciones imputadas a la actuación policial, especialmente el eventual incumplimiento del derecho de asistencia letrada denunciado por no permitirse la comunicación inmediata de la abogada con los detenidos, tomando en consideración que incluso se negaba judicialmente en aquel momento que la letrada solicitante del habeas corpus hubiera sido designada para esa asistencia letrada. (ii) El auto inicial de inadmisión a limine del procedimiento de habeas corpus considera que la abogada que lo había instado carecía de legitimación para ello y el auto de desestimación del incidente de nulidad de actuaciones insiste en que, si bien se reconocía que en el momento de la solicitud la abogada ya había sido formalmente designada por los demandantes de amparo para su asistencia letrada, en el momento de la inadmisión no se tenía constancia de dicha designación. Estas decisiones también resultan lesivas del artículo 17.1 y 4 CE. El Tribunal observa que en el momento de la inicial decisión judicial de no admitir a trámite el procedimiento, el órgano judicial contaba con elementos objetivos suficientes que deberían, al menos, haber suscitado dudas respecto de que la letrada solicitante del procedimiento lo hiciera con una previa designación de los demandantes de amparo. Además de que así lo había afirmado la propia abogada en su comparecencia, la letrada de la administración de justicia, por diligencia de constancia de 6 de abril de 2019, había señalado que a las 23:30 horas, mediante llamada telefónica a la comisaría, le manifestaron que se habían puesto en contacto con el Colegio de Abogados para que al día siguiente sobre las 10:00 horas compareciera el abogado para la toma de declaración y, también, en el oficio policial se hacía una referencia expresa a que ya se había dado conocimiento al Colegio de Abogados de la designación letrada efectuada por los demandantes de amparo, entonces en situación de detención. En unas circunstancias como estas, el Tribunal considera que la concurrencia de elementos objetivos ajenos a la propia declaración de la abogada, hubiera debido llevar al órgano judicial a hacer las comprobaciones mínimas, en el sentido ya establecido por la jurisprudencia constitucional, para despejar cualquier duda que hubiera podido tener sobre la existencia de una previa designación de la abogada. Al no hacerlo así e inadmitir un procedimiento de la relevancia constitucional del habeas corpus con fundamento en una causa que le hubiera sido fácilmente comprobable que no concurría –la ausencia de una previa designación de la abogada– frustró la función encomendada a dicho procedimiento como garantía constitucional del derecho a la libertad de las personas. c) Las vulneraciones del artículo 17.1 y 4 CE apreciadas en esta sentencia tendrán en el fallo, de conformidad con lo establecido en el artículo 55.1.a) y b) LOTC, un efecto declarativo y anulatorio de las resoluciones impugnadas. No es precisa la retroacción de actuaciones, la cual carecería de eficacia alguna por haber cesado la situación de privación de libertad a cuyo control de legalidad está orientado el procedimiento de habeas corpus (así, SSTC 204/2015, de 5 de octubre, FJ 5; 72/2019, de 20 de mayo, FJ 3, y 73/2021, de 18 de marzo, FJ 5). FALLO En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA, Ha decidido Estimar el amparo solicitado por don Álvaro Tamarit Escribano y doña Belén García Miranda y, en su virtud: 1.º Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental de los demandantes de amparo a la libertad personal (artículo 17.1 y 4 CE). 2.º Restablecerles en la integridad de su derecho y, en consecuencia, declarar la nulidad de los autos del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid número 603-2019, de 7 de abril, y de 24 de julio de 2019, pronunciados en el procedimiento de habeas corpus número 568-2019. Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». Dada en Madrid, a veintiuno de febrero de dos mil veintidós.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Antonio Narváez Rodríguez.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–Ramón Sáez Valcárcel.–Enrique Arnaldo Alcubilla.–Concepción Espejel Jorquera.–Firmado y rubricado.

El Gobierno subasta el edificio sede del Instituto Cervantes en Tel Aviv. El tipo mínimo de licitación es de 3.900.000 euros.

ECLI:ES:TC:2022:22 La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por el magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos, presidente; los magistrados don Antonio Narváez Rodríguez, don Cándido Conde-Pumpido Tourón, don Ramón Sáez Valcárcel y don Enrique Arnaldo Alcubilla, y la magistrada doña Concepción Espejel Jorquera, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En el recurso de amparo número 5673-2019, interpuesto don Álvaro Tamarit Escribano y doña Belén García Miranda, contra el auto del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid de 24 de julio de 2019, por el que se desestima el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto contra el auto número 603-2019, de 7 de abril, por el que se inadmitió la incoación del procedimiento de habeas corpus número 568-2019. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos. I. Antecedentes 1. Don Álvaro Tamarit Escribano y doña Belén García Miranda, representados por la procuradora de los tribunales doña María del Carmen Giménez Cardona y bajo la dirección de la letrada doña Sol Román Aguirre de Cárcer, formalizaron recurso de amparo contra las resoluciones judiciales referidas en el encabezamiento y determinadas actuaciones policiales desarrolladas durante la detención a que dio lugar la interposición del procedimiento de habeas corpus mediante escrito registrado en el Tribunal el 25 de noviembre de 2019. 2. El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes: a) La letrada de la administración de justicia del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, en funciones de guardia de diligencias, mediante acta expedida el 6 de abril de 2019 a las 23:18 horas hizo constar que la letrada del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, doña Sol Román Aguirre de Cárcer, compareció ante dicho órgano judicial manifestando haber sido designada por los ahora demandantes de amparo, que se encontraban detenidos en la brigada de información de la Policía Nacional de Moratalaz, y solicitar la incoación de un procedimiento de habeas corpus para que se acordara la inmediata puesta en libertad de los detenidos, alegando que (i) los hechos relatados por la policía en el momento de la detención son un supuesto delito de desobediencia por haberse negado a identificarse y un delito leve de usurpación, «que ninguno de ellos es motivo para proceder a la detención»; y (ii) «que no se ha dejado a esta letrada entrevistarse reservadamente con los detenidos, vulnerándose de esta manera su derecho del artículo 520.2.c) LECrim, 520.5 y 520.6.d) de la misma ley y vulnerando también la directiva 2013/48/UE artículo 3.2 a) y c) y 3.3.a)». Esta comparecencia dio lugar a que por providencia de 6 de abril de 2019 se registrara la solicitud de habeas corpus con el número 658-2019 y se acordara «solicitar a la Brigada de Información de la Policía Nacional de Moratalaz nos remitan lo actuado en relación con la detención […]». b) La letrada de la administración de justicia, por diligencia de constancia de 6 de abril de 2019, hizo constar que a la 23:30, mediante llamada telefónica a la comisaría, le manifiestan que detuvieron a los demandantes de amparo «por un presunto delito de usurpación sobre las 20:00 horas, y que se encontraban haciendo la comparecencia e instruyendo el atestado. Que se habían puesto en contacto con el Colegio de Abogados para que mañana sobre las 10:00 horas compareciera el abogado para la toma de declaración». Tras esta diligencia aparece un oficio de la brigada provincial de información de Madrid con número de referencia 1592-2019, en el que se informa de las circunstancias en que se había producido la detención de los demandantes de amparo «por los presuntos delitos de usurpación de bien inmueble, resistencia y desobediencia». En el oficio policial se pone de manifiesto que, (i) al ser avisados por un vecino de que varias personas acababan de acceder a un inmueble de planta baja, diversos agentes se desplazaron al lugar y comprobaron que varios ladrillos de la parte inferior que tapiaban la puerta se encontraban fracturados, la puerta estaba entreabierta y se escuchaban ruidos y voces procedentes del interior; (ii) por observaciones desde el exterior se comprobó que el tejado estaba semiderruido lo que permitía ver el interior del inmueble, de modo que «los agentes tienen contacto visual con dos personas que se encuentran en la casa a los que dan indicaciones sobre el mal estado del inmueble y del riesgo que conlleva permanecer en su interior, de igual manera se les indica que faciliten su documentación a los agentes que se encuentran en la puerta, haciendo caso omiso ante las reiteradas indicaciones»; y (iii) finalmente se pudo acceder por la puerta, observando que «el inmueble es 'una corrala' con diverso escombro en el suelo así como restos de tejado caído» y que había dos personas en otra estancia y que ante su negativa a salir de ahí «los agentes proceden a la entrada en la estancia franqueando la puerta que se encuentra semicaída, procediendo en este instante a la detención […]». En este oficio también se manifiesta (i) «que en el lugar se persona quien se identifica mediante carné del Colegio de Abogados de Madrid acreditando ser Sol Román Aguirre de Cárcer, […] manifestando ser la letrada que representará a los investigados y exigiendo los motivos de la detención; informándole el policía 117823 del estado ruinoso del inmueble e informándole que los interesados serán los que designen a su representante y que siendo así se le comunicará mediante el Colegio de Abogados»; y (ii) «que los presentados como detenidos antes esta instrucción han sido informados verbalmente y por escrito de los motivos de su detención y de los derechos que le asisten a las 21:10 y 21:15 horas y se ha dado oportuno cumplimiento de los mismos», incidiendo en que «el colegio de abogados ha sido informado de lo anterior, así como ### RESUMEN: El Gobierno subasta el edificio sede del Instituto Cervantes en Tel Aviv. El tipo mínimo de licitación es de 3.900.000 euros.

Mediante resolución del Instituto Cervantes, se anuncia la venta en pública subasta,del inmueble de su propiedad sito en el número 7 de Shulamit Street, en Tel Aviv (Israel), cuya desafectación ha sido autorizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, en fecha 18 de junio de 2013. La pública subasta se celebrará el día 5 de noviembre de 2013 a las 12:00 hora local, en la Sala de Reuniones del edificio, sito en el número 7 de Shulamit Street, en Tel Aviv (Israel). En cumplimiento de lo previsto en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, se ha dispuesto la enajenación, mediante subasta pública al alza, con admisión de propuestas en sobre cerrado, de acuerdo con los requisitos contemplados en el pliego de condiciones al que se puede tener acceso en las siguientes direcciones: Yair Green, Abogado. Y. Green, Law Office and Notary; 24 Ramban Street, POB 7820, Jerusalem 92422 (Israel). Tel. +972-25618820, Fax +972-25666665, Email: yair@ygreen.co.il. El pliego de condiciones será enviado o entregado en la antecitada dirección, previa acreditación de haber realizado el ingreso de 100 € en la cuenta bancaria habilitada por el abogado Yair Green, en el Banco Hapoalim, sucursal ubicada en 16 King George Street, Jerusalem (Israel), con número IBAN IL93-0126-9000-0000-0386-720 y SWIFT: POALILIT. El plazo para la presentación de las ofertas finalizará a las 14:00 hora local, del día 31 de octubre de 2013. Las ofertas podrán presentarse en el Registro General del Instituto Cervantes, calle Alcalá, 49, de Madrid o en la oficina del abogado Yair Green en 24 Ramban Street, POB 7820, Jerusalem 92422 (Israel). El tipo mínimo de licitación es de 3.900.000 euros. Para poder participar en la subasta es necesario acompañar a la oferta documento que acredite la constitución de una fianza, por valor de un 10% del importe del precio ofertado para la subasta en la forma que se especifica en el pliego de condiciones. Madrid, 3 de octubre de 2013.- El Vicesecretario Técnico, Miguel Spottorno Robles.

Cosas del "equilibrio económico" de concesiones. En la AP-41, vía sentencia, se compensará con 3.075.606,45 de euros al año.

Mediante resolución del Instituto Cervantes, se anuncia la venta en pública subasta,del inmueble de su propiedad sito en el número 7 de Shulamit Street, en Tel Aviv (Israel), cuya desafectación ha sido autorizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, en fecha 18 de junio de 2013. La pública subasta se celebrará el día 5 de noviembre de 2013 a las 12:00 hora local, en la Sala de Reuniones del edificio, sito en el número 7 de Shulamit Street, en Tel Aviv (Israel). En cumplimiento de lo previsto en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, se ha dispuesto la enajenación, mediante subasta pública al alza, con admisión de propuestas en sobre cerrado, de acuerdo con los requisitos contemplados en el pliego de condiciones al que se puede tener acceso en las siguientes direcciones: Yair Green, Abogado. Y. Green, Law Office and Notary; 24 Ramban Street, POB 7820, Jerusalem 92422 (Israel). Tel. +972-25618820, Fax +972-25666665, Email: yair@ygreen.co.il. El pliego de condiciones será enviado o entregado en la antecitada dirección, previa acreditación de haber realizado el ingreso de 100 € en la cuenta bancaria habilitada por el abogado Yair Green, en el Banco Hapoalim, sucursal ubicada en 16 King George Street, Jerusalem (Israel), con número IBAN IL93-0126-9000-0000-0386-720 y SWIFT: POALILIT. El plazo para la presentación de las ofertas finalizará a las 14:00 hora local, del día 31 de octubre de 2013. Las ofertas podrán presentarse en el Registro General del Instituto Cervantes, calle Alcalá, 49, de Madrid o en la oficina del abogado Yair Green en 24 Ramban Street, POB 7820, Jerusalem 92422 (Israel). El tipo mínimo de licitación es de 3.900.000 euros. Para poder participar en la subasta es necesario acompañar a la oferta documento que acredite la constitución de una fianza, por valor de un 10% del importe del precio ofertado para la subasta en la forma que se especifica en el pliego de condiciones. Madrid, 3 de octubre de 2013.- El Vicesecretario Técnico, Miguel Spottorno Robles. ### RESUMEN: Cosas del "equilibrio económico" de concesiones. En la AP-41, vía sentencia, se compensará con 3.075.606,45 de euros al año.

Autopista Madrid-Toledo, Concesionaria Española de Autopistas, S.A. (en adelante, Autopista Madrid-Toledo), es titular de la concesión administrativa para la construcción, conservación y explotación de la autopista de peaje Madrid-Toledo y la autovía libre de peaje A-40 de Castilla-La Mancha, tramo: Circunvalación norte de Toledo. La citada concesión fue adjudicada mediante Real Decreto 281/2004, de 13 de febrero. Con fecha 16 de mayo de 2011, el Tribunal Supremo dictó sentencia en relación con un recurso contencioso administrativo que había interpuesto autopista Madrid-Toledo por la desestimación de la petición de reequilibrio económico del contrato de su concesión. La solicitud de reequilibrio estaba motivada en los perjuicios económicos financieros que le habrían causado, entre otras causas, la no construcción de la autopista Toledo-Ciudad Real-Córdoba, prolongación de la autopista Madrid-Toledo hacia el sur. En el fallo de la referida sentencia se dispone la estimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto por la sociedad concesionaria, anulando la desestimación por silencio administrativo de la solicitud que presentó el 18 de diciembre de 2009, en la parte correspondiente a la prolongación de la autopista, y reconociendo el derecho de Autopista Madrid-Toledo a que se restablezca el equilibrio económico y financiero de su concesión por los perjuicios causados como consecuencia de no haberse construido la autopista Toledo-Ciudad Real-Córdoba, ordenando que se incoe expediente en el que se determinen los términos de dicho restablecimiento. En cumplimiento de tal mandato, por parte del Ministerio de Fomento se ha realizado el oportuno estudio a fin de establecer una valoración fundada del perjuicio derivado de la no ejecución de la mencionada autopista, en el que se ha valorado el incremento de tráfico que tendría la autopista en caso de construirse la prolongación de la misma hasta Córdoba, determinando el beneficio que el concesionario podría obtener por dicho tráfico esperable. La metodología seguida para evaluar los tráficos adicionales que hipotéticamente hubieran sido captados por la autopista de peaje Madrid-Toledo de haberse completado ésta hasta Córdoba, ha consistido en considerar el reparto entre los viajes que utilizarán la alternativa libre de peaje (A-4) y la vía de peaje (AP-41). Para ello, en el estudio se han analizado casos similares, es decir, itinerarios alternativos a una autopista de peaje existente en el que los usuarios puedan desplazarse alternativamente por una autovía libre. La conclusión del estudio es que el tráfico adicional que hipotéticamente hubiera sido captado por la autopista Madrid-Toledo de haberse completado hasta Córdoba se puede evaluar en el 12,68 por 100 del tráfico de la autovía libre de peaje A-4, entre Madrid y Córdoba, dato que se obtiene a partir de las estaciones de aforo situadas en dicho corredor. El tráfico no captado por la autopista de peaje Madrid-Toledo como consecuencia de la no construcción de su prolongación hasta Córdoba se ha evaluado detrayendo de los viajes estimados por la autopista de peaje Madrid-Toledo de haberse completado hasta Córdoba, aquellos que objetivamente se realizan por la propia autopista de peaje. Por otra parte, el Tribunal Supremo ha dictado cuatro autos estimando en parte incidentes de sentencia promovidos por la sociedad concesionaria. En el primero, de fecha 8 de febrero de 2012, dicho tribunal obliga a que el cálculo de la compensación se inicie en el año 2009 y a que se abone a la sociedad concesionaria de forma inmediata, como pago a cuenta, la compensación por los años 2009 y 2010. El segundo auto, de fecha 15 de abril de 2013, ordena que se haga efectiva la cantidad prevista para la compensación por los años 2011 y 2012 en un plazo de quince días. El tercer auto, de fecha 6 de marzo de 2014, ordena igualmente que en el plazo de quince días se abone la cantidad prevista para la compensación del año 2013. El cuarto auto, de fecha 8 de abril de 2015, ordena el pago a cuenta de la cantidad estimada para la compensación del año 2014. A los efectos de dar cumplimiento a las citadas resoluciones judiciales, se han tramitado por el Ministerio de Fomento los correspondientes expedientes. El texto del proyecto de real decreto se ha sometido al trámite de audiencia de la sociedad concesionaria a los efectos regulados en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Este real decreto, en el que figuran las medidas oportunas para compensar a Autopista Madrid-Toledo de acuerdo con la sentencia judicial dictada, se ha tramitado de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 8/1972, de 10 mayo, de construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión. En su virtud, a propuesta de la Ministra de Fomento, con el informe del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 17 de julio de 2015, DISPONGO: Artículo 1. Compensación. A partir de la entrada en vigor de este real decreto, el Ministerio de Fomento abonará anualmente al concesionario de la autopista Madrid-Toledo el importe (compensación) que represente el ingreso dejado de percibir el año anterior por la no construcción de la prolongación de la autopista hacia Córdoba, hasta el fin del periodo concesional, salvo que durante dicho periodo se construya esta prolongación, momento a partir del cual quedará interrumpido el abono. Dicho abono se efectuará dentro de los seis primeros meses del año siguiente a la anualidad que sea objeto de compensación. La citada compensación corresponderá al peaje abonado por los usuarios que previsiblemente hubiesen utilizado la autopista Madrid-Toledo como consecuencia de dicha prolongación hasta Córdoba, minorado con el importe estimado de los gastos de conservación correspondientes a los recorridos no efectuados. El primer abono a efectuar será el correspondiente al año 2015. El volumen de tráfico a considerar para la compensación se determinará en función del tráfico real que anualmente utiliza la autovía A-4 entre Madrid y Córdoba y del que utiliza la autopista de peaje AP-41 entre Madrid y Toledo. Los datos de tráfico reales deberán ser proporcionados por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento y estarán desagregados por grupos y tipos tarifarios. En cada ejercicio se aplicarán a dichos datos las tarifas vigentes. Se ha considerado que el tráfico ficticio que hubiera utilizado la autopista de peaje Madrid-Toledo-Córdoba sería un 12,68 por 100 del real que anualmente utiliza el mismo corredor por la autovía A-4. Por tanto, deduciendo de ese tráfico el que realmente utilice cada año la autopista Madrid-Toledo, se obtendría el volumen de tráfico adicional que hubiera utilizado esta autopista de haberse construido la prolongación hasta Córdoba, siendo el importe anual de compensación el montante del peaje que ese tráfico hubiese abonado, detrayendo del mismo el importe de los gastos que dicho tráfico hubiese producido a la sociedad concesionaria. Estos gastos se cuantifican en un 0,5 por 100 del importe de compensación. Artículo 2. Régimen jurídico de la concesión. El régimen jurídico de la concesión de que es titular Autopista Madrid-Toledo, Concesionaria Española de Autopistas, S.A., será el vigente con las modificaciones que se contienen en este real decreto. Artículo 3. Partida presupuestaria. Los importes resultantes de la aplicación de lo establecido en el presente real decreto se abonarán con cargo a la partida presupuestaria 17.20.441M.476 «Para compensar a Autopista Madrid-Toledo en cumplimiento de sentencia del Tribunal Supremo de 16 de Mayo de 2011», estableciéndose como importes máximos anuales las dotaciones de dicha partida presupuestaria o de la que en el futuro pudiera sustituirla, que se relacionan a continuación: Año Importe (euros) 2016 3.075.606,45 2017 3.150.214,70 2018 3.224.704,05 2019 3.312.300,45 2020 3.404.175,82 2021 3.503.761,80 2022 3.591.170,40 2023 3.693.266,92 2024 3.791.070,81 2025 3.911.355,07 2026 4.010.807,75 2027 4.126.164,53 2028 4.245.019,07 2029 4.383.890,91 2030 4.499.667,58 2031 4.630.783,51 2032 4.771.447,99 2033 4.920.973,44 2034 5.055.317,13 2035 5.200.935,87 2036 5.353.192,05 2037 5.528.621,05 2038 5.675.185,13 2039 5.841.382,97 2040 6.014.730,18 2041 6.209.008,22 2042 6.381.072,45 2043 6.565.416,60 2044 6.757.233,88 2045 6.979.478,54 Disposición adicional única. Medidas para el desarrollo de lo establecido en el presente real decreto. Se faculta a la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje para que dicte las instrucciones y adopte las medidas oportunas para el desarrollo de lo establecido en el presente real decreto. Disposición final única. Entrada en vigor. Este real decreto producirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dado en Madrid, el 17 de julio de 2015. FELIPE R. La Ministra de Fomento, ANA MARÍA PASTOR JULIÁN

Registro prestadores de servicios audiovisuales. Importante para aquellos que no necesitan licencia (no hertz)

Autopista Madrid-Toledo, Concesionaria Española de Autopistas, S.A. (en adelante, Autopista Madrid-Toledo), es titular de la concesión administrativa para la construcción, conservación y explotación de la autopista de peaje Madrid-Toledo y la autovía libre de peaje A-40 de Castilla-La Mancha, tramo: Circunvalación norte de Toledo. La citada concesión fue adjudicada mediante Real Decreto 281/2004, de 13 de febrero. Con fecha 16 de mayo de 2011, el Tribunal Supremo dictó sentencia en relación con un recurso contencioso administrativo que había interpuesto autopista Madrid-Toledo por la desestimación de la petición de reequilibrio económico del contrato de su concesión. La solicitud de reequilibrio estaba motivada en los perjuicios económicos financieros que le habrían causado, entre otras causas, la no construcción de la autopista Toledo-Ciudad Real-Córdoba, prolongación de la autopista Madrid-Toledo hacia el sur. En el fallo de la referida sentencia se dispone la estimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto por la sociedad concesionaria, anulando la desestimación por silencio administrativo de la solicitud que presentó el 18 de diciembre de 2009, en la parte correspondiente a la prolongación de la autopista, y reconociendo el derecho de Autopista Madrid-Toledo a que se restablezca el equilibrio económico y financiero de su concesión por los perjuicios causados como consecuencia de no haberse construido la autopista Toledo-Ciudad Real-Córdoba, ordenando que se incoe expediente en el que se determinen los términos de dicho restablecimiento. En cumplimiento de tal mandato, por parte del Ministerio de Fomento se ha realizado el oportuno estudio a fin de establecer una valoración fundada del perjuicio derivado de la no ejecución de la mencionada autopista, en el que se ha valorado el incremento de tráfico que tendría la autopista en caso de construirse la prolongación de la misma hasta Córdoba, determinando el beneficio que el concesionario podría obtener por dicho tráfico esperable. La metodología seguida para evaluar los tráficos adicionales que hipotéticamente hubieran sido captados por la autopista de peaje Madrid-Toledo de haberse completado ésta hasta Córdoba, ha consistido en considerar el reparto entre los viajes que utilizarán la alternativa libre de peaje (A-4) y la vía de peaje (AP-41). Para ello, en el estudio se han analizado casos similares, es decir, itinerarios alternativos a una autopista de peaje existente en el que los usuarios puedan desplazarse alternativamente por una autovía libre. La conclusión del estudio es que el tráfico adicional que hipotéticamente hubiera sido captado por la autopista Madrid-Toledo de haberse completado hasta Córdoba se puede evaluar en el 12,68 por 100 del tráfico de la autovía libre de peaje A-4, entre Madrid y Córdoba, dato que se obtiene a partir de las estaciones de aforo situadas en dicho corredor. El tráfico no captado por la autopista de peaje Madrid-Toledo como consecuencia de la no construcción de su prolongación hasta Córdoba se ha evaluado detrayendo de los viajes estimados por la autopista de peaje Madrid-Toledo de haberse completado hasta Córdoba, aquellos que objetivamente se realizan por la propia autopista de peaje. Por otra parte, el Tribunal Supremo ha dictado cuatro autos estimando en parte incidentes de sentencia promovidos por la sociedad concesionaria. En el primero, de fecha 8 de febrero de 2012, dicho tribunal obliga a que el cálculo de la compensación se inicie en el año 2009 y a que se abone a la sociedad concesionaria de forma inmediata, como pago a cuenta, la compensación por los años 2009 y 2010. El segundo auto, de fecha 15 de abril de 2013, ordena que se haga efectiva la cantidad prevista para la compensación por los años 2011 y 2012 en un plazo de quince días. El tercer auto, de fecha 6 de marzo de 2014, ordena igualmente que en el plazo de quince días se abone la cantidad prevista para la compensación del año 2013. El cuarto auto, de fecha 8 de abril de 2015, ordena el pago a cuenta de la cantidad estimada para la compensación del año 2014. A los efectos de dar cumplimiento a las citadas resoluciones judiciales, se han tramitado por el Ministerio de Fomento los correspondientes expedientes. El texto del proyecto de real decreto se ha sometido al trámite de audiencia de la sociedad concesionaria a los efectos regulados en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Este real decreto, en el que figuran las medidas oportunas para compensar a Autopista Madrid-Toledo de acuerdo con la sentencia judicial dictada, se ha tramitado de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 8/1972, de 10 mayo, de construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión. En su virtud, a propuesta de la Ministra de Fomento, con el informe del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 17 de julio de 2015, DISPONGO: Artículo 1. Compensación. A partir de la entrada en vigor de este real decreto, el Ministerio de Fomento abonará anualmente al concesionario de la autopista Madrid-Toledo el importe (compensación) que represente el ingreso dejado de percibir el año anterior por la no construcción de la prolongación de la autopista hacia Córdoba, hasta el fin del periodo concesional, salvo que durante dicho periodo se construya esta prolongación, momento a partir del cual quedará interrumpido el abono. Dicho abono se efectuará dentro de los seis primeros meses del año siguiente a la anualidad que sea objeto de compensación. La citada compensación corresponderá al peaje abonado por los usuarios que previsiblemente hubiesen utilizado la autopista Madrid-Toledo como consecuencia de dicha prolongación hasta Córdoba, minorado con el importe estimado de los gastos de conservación correspondientes a los recorridos no efectuados. El primer abono a ### RESUMEN: Registro prestadores de servicios audiovisuales. Importante para aquellos que no necesitan licencia (no hertz)

Conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, modificado por la Ley Orgánica 1/2000, de 7 de enero, Esta Secretaría General dispone la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del Acuerdo que se transcribe como anexo a la presente Resolución. Madrid, 19 de noviembre de 2012.–La Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local, Rosana Navarro Heras. ANEXO Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia en relación con la Ley 8/2012, de 29 de junio, de Vivienda de Galicia La Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia ha adoptado el siguiente acuerdo: 1.º Iniciar negociaciones para resolver las discrepancias manifestadas en relación con los artículos 12.2, segundo párrafo; 18.1.a) y c); 44; 58; 63.2; 78; 98.3; apartados 1, 2, 7 y 8 de la disposición adicional 6.ª; disposición adicional 7.ª; disposición adicional 9.ª; y disposiciones transitorias 7.ª y 8.ª de la Ley 8/2012, de 29 de junio, de Vivienda de Galicia. 2.º Designar un Grupo de Trabajo para proponer a la Comisión Bilateral de Cooperación la solución que proceda. 3.º Comunicar este Acuerdo al Tribunal Constitucional por cualquiera de los órganos mencionados en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, a los efectos que en el propio precepto se contemplan, así como insertar el presente Acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diario Oficial de Galicia».

Licitación de Administración de los sistemas de seguridad informática y comunicaciones y servidores por importe total de importe total de 458.832,00 euros. Linux en Servicios Penitenciarios.

Conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, modificado por la Ley Orgánica 1/2000, de 7 de enero, Esta Secretaría General dispone la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del Acuerdo que se transcribe como anexo a la presente Resolución. Madrid, 19 de noviembre de 2012.–La Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local, Rosana Navarro Heras. ANEXO Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia en relación con la Ley 8/2012, de 29 de junio, de Vivienda de Galicia La Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia ha adoptado el siguiente acuerdo: 1.º Iniciar negociaciones para resolver las discrepancias manifestadas en relación con los artículos 12.2, segundo párrafo; 18.1.a) y c); 44; 58; 63.2; 78; 98.3; apartados 1, 2, 7 y 8 de la disposición adicional 6.ª; disposición adicional 7.ª; disposición adicional 9.ª; y disposiciones transitorias 7.ª y 8.ª de la Ley 8/2012, de 29 de junio, de Vivienda de Galicia. 2.º Designar un Grupo de Trabajo para proponer a la Comisión Bilateral de Cooperación la solución que proceda. 3.º Comunicar este Acuerdo al Tribunal Constitucional por cualquiera de los órganos mencionados en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, a los efectos que en el propio precepto se contemplan, así como insertar el presente Acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diario Oficial de Galicia». ### RESUMEN: Licitación de Administración de los sistemas de seguridad informática y comunicaciones y servidores por importe total de importe total de 458.832,00 euros. Linux en Servicios Penitenciarios.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Servicios Penitenciarios. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. 2) Domicilio: C/ Alcalá, 38-40. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28014. 5) Telefax: 913355028. 6) Correo electrónico: sgpsp@dgip.mir.es. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contrataciondelestado.es. 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 19 de noviembre de 2012. d) Número de expediente: 020020120069. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicio. b) Descripción: Administración de los sistemas de seguridad informática y comunicaciones y servidores Linux. e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años. i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72267000. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. d) Criterios de adjudicación: Ver cuadro de características. 4. Valor estimado del contrato: 758.400,00. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 379.200,00 euros. Importe total: 458.832,00 euros. 6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5. 7. Requisitos específicos del contratista: a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): V - 5 - b. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 19 de noviembre de 2012. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Registro General de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. 2) Domicilio: C/ Alcalá, 38-40. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28014. f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 90 días. 9. Apertura de Ofertas: b) Dirección: C/ Alcalá, 38-40. c) Localidad y código postal: Madrid. d) Fecha y hora: 4 de diciembre de 2012, a partir de las 10:00 horas. 10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 24 de octubre de 2012. Madrid, 26 de octubre de 2012.- El Subdirector General de Servicios Penitenciarios, Enrique Caracuel González.

54.450,00 euros para el servicio de soporte a la gestión del banco nacional de datos climatológicos de AEMET.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Servicios Penitenciarios. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. 2) Domicilio: C/ Alcalá, 38-40. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28014. 5) Telefax: 913355028. 6) Correo electrónico: sgpsp@dgip.mir.es. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contrataciondelestado.es. 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 19 de noviembre de 2012. d) Número de expediente: 020020120069. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicio. b) Descripción: Administración de los sistemas de seguridad informática y comunicaciones y servidores Linux. e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años. i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72267000. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. d) Criterios de adjudicación: Ver cuadro de características. 4. Valor estimado del contrato: 758.400,00. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 379.200,00 euros. Importe total: 458.832,00 euros. 6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5. 7. Requisitos específicos del contratista: a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): V - 5 - b. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 19 de noviembre de 2012. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Registro General de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. 2) Domicilio: C/ Alcalá, 38-40. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28014. f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 90 días. 9. Apertura de Ofertas: b) Dirección: C/ Alcalá, 38-40. c) Localidad y código postal: Madrid. d) Fecha y hora: 4 de diciembre de 2012, a partir de las 10:00 horas. 10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 24 de octubre de 2012. Madrid, 26 de octubre de 2012.- El Subdirector General de Servicios Penitenciarios, Enrique Caracuel González. ### RESUMEN: 54.450,00 euros para el servicio de soporte a la gestión del banco nacional de datos climatológicos de AEMET.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Agencia Estatal de Meteorología. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Dirección de Producción e Infraestructuras. 2) Domicilio: C/ Leonardo Prieto Castro, 8. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28040. 4) Teléfono: 91 581 96 79. 5) Telefax: 91 581 02 89. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.aemet.es. d) Número de expediente: 98003556 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicio. b) Descripción: Servicio de soporte a la gestión del banco nacional de datos climatológicos de AEMET. e) Plazo de ejecución/entrega: Doce meses. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe total: 54.450,00 euros. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas del día 30 de mayo de 2013. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Registro de la Agencia Estatal de Meteorología. 2) Domicilio: C/ Leonardo Prieto Castro, 8. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28040. f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Salón de actos de la Agencia Estatal de Meteorología. b) Dirección: C/ Leonardo Prieto Castro, 8. c) Localidad y código postal: Madrid, 28040. d) Fecha y hora: Apertura de ofertas con criterios no cuantificables automáticamente a las diez horas del día 20 de junio de 2013 y apertura de sobres con criterios cuantificables automáticamente a las diez horas del 4 julio de 2013. 10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario. Madrid, 9 de mayo de 2013.- El Director de Producción e Infraestructuras, Fernando Belda Esplugues.

Plan de estudios del titulo de Master en osteopatía pediátrica de la Universidad de Murcia.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Agencia Estatal de Meteorología. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Dirección de Producción e Infraestructuras. 2) Domicilio: C/ Leonardo Prieto Castro, 8. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28040. 4) Teléfono: 91 581 96 79. 5) Telefax: 91 581 02 89. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.aemet.es. d) Número de expediente: 98003556 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicio. b) Descripción: Servicio de soporte a la gestión del banco nacional de datos climatológicos de AEMET. e) Plazo de ejecución/entrega: Doce meses. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe total: 54.450,00 euros. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas del día 30 de mayo de 2013. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Registro de la Agencia Estatal de Meteorología. 2) Domicilio: C/ Leonardo Prieto Castro, 8. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28040. f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Salón de actos de la Agencia Estatal de Meteorología. b) Dirección: C/ Leonardo Prieto Castro, 8. c) Localidad y código postal: Madrid, 28040. d) Fecha y hora: Apertura de ofertas con criterios no cuantificables automáticamente a las diez horas del día 20 de junio de 2013 y apertura de sobres con criterios cuantificables automáticamente a las diez horas del 4 julio de 2013. 10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario. Madrid, 9 de mayo de 2013.- El Director de Producción e Infraestructuras, Fernando Belda Esplugues. ### RESUMEN: Plan de estudios del titulo de Master en osteopatía pediátrica de la Universidad de Murcia.

Obtenida la verificación del plan de estudios por el Consejo de Universidades, previo informe positivo de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, y acordado el carácter oficial del título por el Consejo de Ministros de 14 de noviembre de 2014 (publicado en el BOE de 29 de diciembre de 2014, por Resolución de la Secretaría General de Universidades del 24), Este Rectorado, de conformidad en lo dispuesto en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, reformada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, ha resuelto publicar el plan de estudios conducente a la obtención del título oficial de Máster en Osteopatía Pediátrica. Murcia, 5 de junio de 2015.–El Rector, José Pedro Orihuela Calatayud. MÁSTER EN OSTEOPATÍA PEDIÁTRICA Tipo de asignatura Créditos Obligatorias 42 Prácticas externas 12 Trabajo fin de Máster 6 Total 60 Asignaturas Carácter ECTS Unidad temporal Anatomía del Desarrollo Obligatoria. 6 1.º C Osteopatía Estructural Pediátrica Obligatoria. 3 1.º C Osteopatía Craneal Pediátrica Obligatoria. 3 2.º C Osteopatía Visceral Pediátrica Obligatoria. 3 2.º C Osteopatía Obstétrica Obligatoria. 3 2.º C Osteopatía y Neonatología Obligatoria. 3 2.º C Osteopatía y Neurología Pediátrica Obligatoria. 3 2.º C Osteopatía Biodinámica y Técnicas Aplicadas Obligatoria. 3 2.º C Obstetricia y Técnicas de Imagen Aplicadas Obligatoria. 3 1.º C Semiología Pediátrica Obligatoria. 6 1.º C Ciencias Afines al Tratamiento Osteopático Obligatoria. 6 1.º C Prácticas Externas de Osteopatía Pediátrica Obligatoria. 6 Anual Prácticas Externas Obstétrico-Pediátricas Obligatoria. 6 Anual Trabajo fin de Máster Obligatoria. 6 Anual

Concedida a Alejandro Royo-Villanova Payá la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica.

Obtenida la verificación del plan de estudios por el Consejo de Universidades, previo informe positivo de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, y acordado el carácter oficial del título por el Consejo de Ministros de 14 de noviembre de 2014 (publicado en el BOE de 29 de diciembre de 2014, por Resolución de la Secretaría General de Universidades del 24), Este Rectorado, de conformidad en lo dispuesto en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, reformada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, ha resuelto publicar el plan de estudios conducente a la obtención del título oficial de Máster en Osteopatía Pediátrica. Murcia, 5 de junio de 2015.–El Rector, José Pedro Orihuela Calatayud. MÁSTER EN OSTEOPATÍA PEDIÁTRICA Tipo de asignatura Créditos Obligatorias 42 Prácticas externas 12 Trabajo fin de Máster 6 Total 60 Asignaturas Carácter ECTS Unidad temporal Anatomía del Desarrollo Obligatoria. 6 1.º C Osteopatía Estructural Pediátrica Obligatoria. 3 1.º C Osteopatía Craneal Pediátrica Obligatoria. 3 2.º C Osteopatía Visceral Pediátrica Obligatoria. 3 2.º C Osteopatía Obstétrica Obligatoria. 3 2.º C Osteopatía y Neonatología Obligatoria. 3 2.º C Osteopatía y Neurología Pediátrica Obligatoria. 3 2.º C Osteopatía Biodinámica y Técnicas Aplicadas Obligatoria. 3 2.º C Obstetricia y Técnicas de Imagen Aplicadas Obligatoria. 3 1.º C Semiología Pediátrica Obligatoria. 6 1.º C Ciencias Afines al Tratamiento Osteopático Obligatoria. 6 1.º C Prácticas Externas de Osteopatía Pediátrica Obligatoria. 6 Anual Prácticas Externas Obstétrico-Pediátricas Obligatoria. 6 Anual Trabajo fin de Máster Obligatoria. 6 Anual ### RESUMEN: Concedida a Alejandro Royo-Villanova Payá la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife» número 106, de 14 de agosto de 2013, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer mediante libre designación: Un puesto de Coordinador de Presidencia y Seguridad, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, de la policía local de los grupos A1 y C1. Un puesto de Escolta/Chofer perteneciente escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, de la policía local del grupo C1. El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en los términos de las bases publicadas en el boletín oficial de la provincia. Adeje, 19 de agosto de 2013.–El Concejal Delegado del Área de Servicios Centrales, P.S. (Decreto 333/2013, de 9 de agosto), el Concejal Delegado del Área Planificación y Gestión del Territorio, Julio Gonzalo Delgado Díaz.

BCN Nautic Center solicita el otorgamiento de una concesión administrativa sobre una explanada sita en el muelle Levante del puerto de Barcelona.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife» número 106, de 14 de agosto de 2013, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer mediante libre designación: Un puesto de Coordinador de Presidencia y Seguridad, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, de la policía local de los grupos A1 y C1. Un puesto de Escolta/Chofer perteneciente escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, de la policía local del grupo C1. El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en los términos de las bases publicadas en el boletín oficial de la provincia. Adeje, 19 de agosto de 2013.–El Concejal Delegado del Área de Servicios Centrales, P.S. (Decreto 333/2013, de 9 de agosto), el Concejal Delegado del Área Planificación y Gestión del Territorio, Julio Gonzalo Delgado Díaz. ### RESUMEN: BCN Nautic Center solicita el otorgamiento de una concesión administrativa sobre una explanada sita en el muelle Levante del puerto de Barcelona.

El Real Decreto-ley 4/2011, de 8 de abril, de medidas urgentes de impulso a la internacionalización mediante la creación de la entidad pública empresarial Instituto Español de Comercio Exterior, ICEX, cuya denominación pasa a ser ICEX España Exportación e Inversiones, de conformidad con el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, señala en su artículo 3 que tiene por objetivo promover las exportaciones, el apoyo a la internacionalización de la empresa española y la mejora de su competitividad así como la atracción y promoción de inversiones exteriores en España. Por otro lado, el artículo 2 del Real Decreto-ley 4/2011, de 8 de abril, establece que ICEX, salvo determinadas excepciones, estará sujeto al derecho privado. En este sentido, el artículo 5.1 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Subvenciones, señala que las entidades vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado cuando actúen en régimen de derecho privado en las entregas dinerarias que realicen a favor de terceros sin contraprestación estarán sujetas exclusivamente a los principios de gestión y de información de los artículos 8.3 y 20 de la Ley 38/3002, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. En virtud de todo ello, ICEX decide apoyar, de conformidad con la normativa interna de ayudas de ICEX aprobada por el Consejo de Administración de 12 de diciembre de 2012, la implantación de empresas de capital extranjero con alto componente de innovación y que realicen inversión en plantas, equipos, recursos humanos o tecnología, a fin de contribuir a la mejora de la competitividad y productividad de la economía española, dentro del Programa Fondo Tecnológico de FEDER. El artículo 5.1.c) del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y la normativa interna de ayudas de ICEX señalan que en las entregas dinerarias sin contraprestación que realicen a favor de terceros organismos como ICEX, junto con los medios de publicidad que habitualmente utilice la entidad, el acuerdo se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» cuando la convocatoria supere la cantidad de 300.000 euros como es el caso. Por todo lo anterior, y teniendo en cuenta la normativa reguladora de estas ayudas, resuelvo: Primero. Convocar ayudas a través del programa «Promoción de Implantación de Empresas Extranjeras» cuya convocatoria se incorpora a esta resolución. Segundo. La convocatoria del Programa se publicará en el Boletín Oficial del Estado y estará a disposición de las empresas interesadas en la sede de ICEX-Invest in Spain, calle Orense, número 58, de Madrid, en las Direcciones Territoriales y Provinciales de Comercio en las diferentes Comunidades Autónomas y en los portales www.icex.es y www.investinspain.org. Madrid, 9 de diciembre de 2013.–El Presidente del Consejo de Administración de ICEX España Exportación e Inversiones, P. D. (Resolución de 20 de septiembre de 2013), la Consejera Delegada de ICEX España Exportación e Inversiones, María del Coriseo González-Izquierdo Revilla. Convocatoria 2014 para la concesión de ayudas a través del programa «Promoción de Implantación de Empresas Extranjeras» El 25 de febrero de 2005, el Consejo de Ministros aprobó el «Acuerdo por el que se adoptan mandatos para poner en marcha medidas de impulso a la productividad», que tienen como objetivo proporcionar un impulso directo al aumento de la productividad económica. Entre el conjunto de mandatos, el cuadragésimo segundo mandato al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio propone la creación de la Sociedad Estatal para la Promoción y Atracción de las Inversiones Exteriores, S.A. Esta sociedad tiene por objeto social la promoción y atracción de la inversión extranjera en España, así como el impulso y coordinación de un clima adecuado para las inversiones exteriores. A partir del Acuerdo citado resulta necesario desarrollar las medidas contempladas siguiendo sus orientaciones y objetivos. En particular, aquellas medidas que ayuden a la implantación en España de empresas con un alto componente de innovación como camino para alcanzar los objetivos de competitividad y productividad citados en el Acuerdo del Consejo de Ministros. Para conseguir estos objetivos, el 12 de mayo de 2008 se firmó un Acuerdo entre la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Economía y Hacienda y la Sociedad Estatal para la Promoción y Atracción de Inversiones Exteriores, S.A. (Invest in Spain), por el que se designa a esta como Organismo Intermedio del «Programa Operativo Plurirregional de Investigación, Desarrollo e Innovación por y para el Beneficio de las Empresas, Fondo Tecnológico» aprobado el 7 de diciembre de 2007. Posteriormente, en el Consejo de Ministros del 16 de marzo de 2012, se acordó la integración de la Sociedad Estatal para la Promoción y Atracción de las Inversiones Exteriores (Invest in Spain) en ICEX España Exportaciones e Inversiones. En diciembre de 2012 se produjo la inscripción en el Registro Mercantil de la escritura de cesión global de activos y pasivos de Invest in Spain a favor de ICEX con lo que finaliza el proceso de integración. En consecuencia la sociedad Invest in Spain se extingue y pasa a integrarse en ICEX. Para cumplir con las funciones encomendadas a ICEX-Invest in Spain para el desarrollo del Programa Operativo Fondo Tecnológico, se pone a disposición de las empresas de capital extranjero ayudas que favorezcan la inversión en plantas, equipos, recursos humanos o tecnología, adjudicándose recursos proporcionales al esfuerzo inversor realizado en Innovación. Las ayudas pueden ser cofinanciadas por fondos comunitarios, dentro del Programa Operativo Fondo Tecnológico del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). En el ámbito comunitario, estas ayudas se encuadran en el Reglamento (CE) número 1998/2006, de la Comisión Europea, de 25 de diciembre de 2006, y 800/2008, de 6 de agosto de 2008, relativos a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de mínimis y donde se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles, en el Reglamento (CE) n.º 1083/2006, del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1260/1999, así como en el Reglamento (CE) n.º 1828/2006, de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, por el que se fijan normas de desarrollo para el Reglamento (CE) n.º 1083/2006, anteriormente citado y el Reglamento (CE) n.º 1080/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Todas las actuaciones que contempla esta convocatoria se inscriben en los objetivos estratégicos para la investigación, desarrollo tecnológico e innovación del Marco Estratégico Nacional de Referencia 2007-2013 de España, presentados a la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea en marzo de 2006. Por ello procede aprobar la presente convocatoria de concesión de ayudas para la realización de proyectos y actuaciones para la promoción de implantación de empresas extranjeras con el siguiente contenido: Primero. Objeto. Se convocan, mediante el presente instrumento, las ayudas para la realización de proyectos y acciones para la promoción de implantación de empresas de capital extranjero con alto componente de innovación y que realicen inversión en plantas, equipos, recursos humanos o tecnología, a fin de contribuir a la mejora de la competitividad y productividad de la economía española, dentro del Programa Fondo Tecnológico de FEDER. Segundo. Características de las ayudas y limitaciones. 1) Las ayudas podrán solicitarse para proyectos y actuaciones previstos en el apartado cuarto de la presente convocatoria y se otorgarán a fondo perdido con los límites señalados en el apartado sexto. 2) El régimen de concesión de las ayudas será el de concurrencia competitiva mediante los procedimientos de selección que se indica en el apartado decimosegundo de la presente convocatoria. 3) Las ayudas se incluyen en el régimen establecido en el Reglamento (CE) n.º 1998/2006, de la Comisión, de 25 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las «ayudas de mínimis». Tercero. Ámbito geográfico y financiación. Las actividades objeto de ayuda deberán realizarse en una o varias de las Comunidades y Ciudades Autónomas incluidas, según en el Reglamento 1080/2006 del Parlamento europeo y del Consejo de 5 de julio de 2006, en zona «convergencia», «phasing out« y «phasing in» que son Galicia, Andalucía, Castilla la Mancha, Extremadura, Asturias, Murcia, Ceuta, Melilla, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Canarias. La cuantía máxima de las ayudas convocadas para la presente convocatoria será de 3.500.000 euros. Esta cuantía podrá verse incrementada, en función de la disposición presupuestaria, en una cantidad adicional en virtud del artículo 58.2 del Real Decreto 887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de 17 de noviembre de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. Cuarto. Proyectos y actuaciones objeto de las ayudas financiables. La convocatoria incluye un conjunto de medidas, de naturaleza diversa, con el propósito común de fomentar la investigación y desarrollo en las empresas de capital extranjero que pretendan implantarse en España o en aquellas que, estando ya implantadas, pretendan iniciar y desarrollar sus actividades de I+D. En concreto, se prevén los siguientes tipos de ayudas: 1. Ayudas a experiencias piloto de implantación de empresas: Para empresas extranjeras que se pretendan implantar en España o que, estando ya implantadas, pretendan iniciar y desarrollar actividades de I+D con recursos locales de forma experimental. 2. Proyectos de implantación de empresas: Para empresas extranjeras que se pretendan implantar en España o que, estando ya implantadas, pretendan iniciar y desarrollar actividades de I+D con recursos locales de forma permanente. Quinto. Beneficiarios. Modalidades de participación. 1) Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de las ayudas previstas en la presente convocatoria, sin perjuicio de las excepciones establecidas en el artículo 1 del Reglamento (CE) número 1998/2006, de la Comisión, las siguientes entidades: a) Las empresas de capital extranjero cualquiera que sea su forma jurídica, que ejerza una actividad económica y que esté válidamente constituida. A los efectos de la presente convocatoria, se integran en particular en el concepto de empresa las sociedades mercantiles públicas y privadas, los entes públicos empresariales y los empresarios individuales. b) Agrupaciones de interés económico (AIE) donde participe al menos una empresa de capital extranjero pudiendo ser beneficiarias en proporción al porcentaje de participación de capital extranjero. c) Agrupaciones de empresas donde participe al menos una empresa de capital extranjero pudiendo ser beneficiarias en proporción al porcentaje de participación de capital extranjero. Las entidades podrán constituir uniones o agrupaciones sin personalidad jurídica, rigiéndose por el documento contractual que las regule, existiendo un órgano de representación que actúe de interlocutor a efectos de la solicitud. Este interlocutor o entidad representante recibirá, distribuirá, representará y desempeñará las obligaciones que la propia agrupación deba cumplir conforme a la presente convocatoria, así como las que correspondan a todos los miembros de la agrupación. 2) A los efectos de la presente convocatoria, se entenderá como empresa de capital extranjero aquella que teniendo su sede social en España tenga una participación en su capital de Inversión Extranjera Directa mayor o igual del 10 %, o que, independientemente de donde se encuentre su sede social, disponga de una filial constituida en España. 3) Modalidades. Todos los proyectos y actuaciones definidos podrán realizarse conforme a una de las siguientes modalidades: a) Proyecto o actuación individual: proyecto o actuación realizados por una sola entidad siendo ésta cualquiera de las citadas como beneficiarias. Estos proyectos podrán contar, en todo caso, con subcontrataciones, en los términos previstos en el apartado noveno de la presente convocatoria. b) Proyecto o actuación en cooperación: proyectos en cuyo desarrollo participen más de uno de los mencionados como beneficiarios, que pueden pertenecer o no al mismo tipo de sujetos, cuyas relaciones estén formalizadas documentalmente mediante un contrato, convenio o acuerdo en el que se establezcan los derechos y obligaciones de los distintos sujetos participantes. Estos proyectos podrán contar con subcontrataciones de acuerdo con lo previsto en el apartado noveno de la presente convocatoria. 4) Será necesaria la representación legal en los proyectos o actuaciones tanto individuales como en cooperación que se presenten. En el caso de los proyectos en cooperación, uno de los miembros actuará como representante. El representante será el solicitante de la ayuda y el responsable de la realización del proyecto o actuación ante ICEX-Invest in Spain. A tal fin, canalizará la relación con los participantes y será el responsable de aportar la documentación justificativa de la realización del proyecto o actuación. El pago de la ayuda concedida se realizará al representante legal, quien se responsabilizará de la transferencia a cada participante de los fondos que le correspondan. Todo ello, sin perjuicio de los derechos y obligaciones que, derivados de la condición de beneficiarios, tienen el representante y los participantes, en particular, el de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. Sexto. Conceptos susceptibles de ayuda e intensidad de la misma. 1) Las ayudas previstas en esta convocatoria se destinarán a cubrir los gastos que estén directamente relacionados con el desarrollo del proyecto o actuación para el que se hayan concedido. 2) Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado entre el inicio del periodo subvencionable y la finalización del período de justificación del proyecto o actividad objeto de la ayuda. 3) Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 12.000 euros, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la ayuda. La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de la ayuda, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa. 4) El instructor del procedimiento aplicará al presupuesto presentado por el beneficiario la intensidad de ayuda correspondiente de acuerdo con la Comunicación de la Comisión sobre el Marco Comunitario sobre Ayudas Estatales de Investigación y Desarrollo e Innovación (2006/C 323/01) sobre los siguientes conceptos: a) Gastos de personal (investigadores, técnicos y demás personal auxiliar), siempre y cuando el gasto esté exclusivamente dedicado al proyecto de investigación. b) Costes de instrumental y material, en la medida y durante el período en que se utilice para el proyecto. En caso de que el instrumental y el material no se utilicen en toda su vida útil para el proyecto, únicamente se considerarán subvencionables los costes de amortización correspondientes a la duración del mismo calculadas según buenas prácticas de contabilidad. c) Costes de edificios y terrenos, en la medida en que se utilicen para el proyecto y para la duración del mismo. En el caso de los edificios, únicamente se considerarán subvencionables los costes de amortización correspondientes a la duración del proyecto calculados según buenas prácticas de contabilidad; en el de los terrenos, serán subvencionables los costes de traspaso comercial o los costes de capital en que efectivamente se haya incurrido. d) Costes de investigación contractual, conocimientos técnicos y patentes adquiridas u obtenidas por licencia de fuentes externas a precios de mercado, siempre y cuando la operación se haya realizado en condiciones de plena competencia y sin elemento alguno de colusión, así como los costes de consultoría y servicios equivalentes destinados de manera exclusiva a la actividad de investigación. e) Gastos generales suplementarios directamente derivados del proyecto de investigación que no podrán exceder del 25 % de los costes directos del proyecto. f) Otros gastos de funcionamiento, incluidos costes de material, suministros y productos similares, que se deriven directamente de la actividad de investigación. De acuerdo con los porcentajes de intensidad de ayuda establecidos en la Comunicación de la Comisión sobre el Marco Comunitario sobre Ayudas Estatales de Investigación y Desarrollo e Innovación (2006/C 323/01) para los diferentes perfiles de empresa y tipos de proyecto la intensidad de ayuda podrá ser, como norma general, del 50 % de la cantidad estimada como subvencionable en proyectos calificados como investigación industrial y del 25 % en el caso de los proyectos de desarrollo experimental. Los límites antes establecidos se podrán ver incrementados hasta un máximo de un 80 % en aplicación de la prima regulada en el apartado 5.1 de dicha Comunicación. 5) En el supuesto de adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes inventariables, el beneficiario de la ayuda deberá destinar los bienes al fin concreto para el que se concedió la subvención por un periodo de tiempo mínimo de cinco años para los bienes inscribibles en un registro público y de dos años para el resto de bienes, a contar desde la adquisición de la titularidad de derechos sobre los mismos. 6) En ningún caso se considerarán gastos financiables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la renta. 7) El límite máximo de ayuda por beneficiario para esta convocatoria es de 200.000 euros. Séptimo. Plazo de presentación de solicitudes y periodo subvencionable. El plazo para la presentación de solicitudes para los proyectos y actuaciones señalados en el apartado cuarto comenzará el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» y finalizará el 28 de febrero de 2014. El periodo subvencionable comprenderá desde el 1 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2014. Octavo. Requisitos y obligaciones de los beneficiarios. 1) Los beneficiarios no podrán encontrarse incursos en ninguna de las circunstancias siguientes, salvo que por la naturaleza de la ayuda se exceptúe por su normativa reguladora: a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas. b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso. c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración. d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 5/2006, de 10 abril, de conflictos de intereses de miembros de Gobierno y Altos Cargos de Administración, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias. e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente. f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal. g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que reglamentariamente se determinen. h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones conforme a la legislación vigente. 2) Los beneficiarios deberán cumplir las obligaciones recogidas en la normativa comunitaria sobre los Fondos FEDER, la orden EHA/524/2008, de 26 de febrero, por la que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables y del FEDER y del Fondo de cohesión, el resto de la normativa nacional en materia de aplicación, gestión y control del FEDER, así como las instrucciones específicas que, en aplicación y cumplimiento de la normativa comunitaria, comunique ICEX-Invest in Spain en materia de ejecución, seguimiento, pago de las ayudas, información y publicidad, justificación y control del gasto. 3) Los beneficiarios deberán comunicar a ICEX-Invest in Spain, si se produce el caso, la obtención de otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos para la ejecución de las actividades financiadas, tan pronto como tengan conocimiento de ello y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos. Asimismo los beneficiarios deberán comunicar otras posibles ayudas concedidas al amparo de la norma comunitaria de mínimis, en el ejercicio fiscal en curso y en los dos anteriores, cualquiera que fuera el objeto de las mismas. 4) Los beneficiarios deberán aceptar expresamente la ayuda concedida. La aceptación por los beneficiarios llevará consigo la autorización para la publicación de la ayuda concedida, el título del proyecto o actividad, una breve descripción de su contenido, el periodo de realización y la cuantía de la ayuda en las páginas Web de ICEX-Invest in Spain y de ICEX. Noveno. Subcontratación. 1) Se entiende que un beneficiario subcontrata cuando concierta con terceros la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la ayuda. Queda fuera de este concepto la contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir el beneficiario para la realización por sí mismo de la actividad financiada. 2) Cuando en la realización de un proyecto o actuación se subcontrate parte de su ejecución, el coste de la subcontratación no podrá superar el 50 % del coste total del proyecto o actuación, con excepción de los proyectos o actuaciones realizados por entidades sin ánimo de lucro y las acciones complementarias calificadas de interés general por el Comité de Evaluación del Programa, casos en que la subcontratación puede llegar al 95% del coste total del proyecto o actuación. 3) Cuando la subcontratación exceda del 20 % del importe del concepto subvencionable, y dicho importe sea superior a 60.000 euros, deberá celebrarse un contrato por escrito entre las partes y presentarse al instructor con carácter previo a la resolución de la concesión. Se entenderá concedida la ayuda y autorizado el contrato por el órgano concedente de la ayuda cuando el beneficiario reciba la resolución de concesión de la ayuda. 4) No podrá realizarse la subcontratación con personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes: – Personas o entidades incursas en alguna de las prohibiciones previstas en el punto octavo, apartado 1) de la presente convocatoria. – Personas o entidades que hayan percibido otras subvenciones o ayudas para la realización de la actividad objeto de contratación. – Intermediarios o asesores en los que los pagos se definan como un porcentaje de coste total de la operación, a menos que dicho pago esté justificado con referencia al valor de mercado del trabajo realizado o los servicios prestados. – Personas o entidades vinculadas con el beneficiario, salvo que concurran las siguientes circunstancias: Que la contratación se realice de acuerdo con las condiciones normales de mercado. Que se obtenga la previa autorización del órgano concedente de la ayuda. – Personas o entidades solicitantes de ayuda en la misma convocatoria y programa, que no hayan obtenido ayuda por no reunir los requisitos o no alcanzar la valoración suficiente. Décimo. Órganos competentes para la gestión y resolución de las ayudas previstas para esta convocatoria. 1) La instrucción y ordenación del procedimiento de concesión de las ayudas corresponde a la Unidad de Fondo Tecnológico de ICEX-Invest in Spain. 2) El Comité de Evaluación es el órgano encargado de velar por el cumplimiento de la normativa comunitaria y nacional en la evaluación de las operaciones y en el seguimiento de su realización. Está formado por el Director Ejecutivo, el responsable de la Dirección de Financiación y Relaciones con Inversores, el responsable de la Dirección Económico-Financiera, el Jefe de la Unidad de Fondo Tecnológico y hasta tres expertos del Sector Público en el ámbito de inversiones extranjeras y programas comunitarios. Estará presidido por el Director Ejecutivo, quien podrá delegar en el responsable de la Dirección de Financiación y Relaciones con Inversores, actuando como secretario el Jefe de la Unidad de Fondo Tecnológico. Corresponde al Comité de evaluación el análisis técnico y de viabilidad económica de las solicitudes de ayudas. 3) La resolución del procedimiento corresponderá a la Consejera Delegada de ICEX o a la persona en quien delegue dicha competencia. Undécimo. Formalización y presentación de solicitudes. 1) Las solicitudes para la obtención de las ayudas seguirán el modelo que figura, a título informativo, en el Anexo I de esta convocatoria. Dicho modelo estará disponible para su cumplimentación y presentación en la página Web de ICEX-Invest in Spain (www.icex.es e www.investinspain.org). El modelo citado consta de dos elementos: Solicitud de ayuda y Cuestionario, los cuales se cumplimentarán con los medios electrónicos de ayuda disponibles en la referida dirección de Internet. 2) Los interesados presentarán la solicitud de ayuda y cuestionario en formato electrónico en la dirección de correo electrónico feder.investinspain@icex.es. 3) A la solicitud se adjuntará el cuestionario en formato Word que, en ningún caso, deberá superar 3 Mbytes de información. 4) A la documentación citada, se adjuntará la acreditación válida del poder del firmante de la solicitud, que deberá ser aportada por cualquier medio válido en derecho que permita tener constancia de su autenticidad, haciendo referencia a la solicitud que acompaña. 5) Si la documentación aportada no reuniera los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días hábiles desde el día siguiente al de la recepción del requerimiento, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con advertencia de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud. Duodécimo. Instrucción y Evaluación. 1) El instructor del procedimiento será la Unidad de Fondo Tecnológico de ICEX-Invest in Spain. El instructor realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la remisión de la documentación al Comité de evaluación. 2) Las solicitudes serán objeto de un procedimiento de valoración de la información previa. 3) Los informes de la valoración de la información previa por el instructor se trasladarán al Comité de evaluación. 4) Las solicitudes se evaluarán de acuerdo con los criterios de selección que se indican a continuación:   Criterio Ponderación a) Incremento de los recursos dedicados a la I+D+i 20 b) Incremento de la intensidad tecnológica aportada en forma de patentes, licencias, etc. 10 c) La valoración de los efectos directos, indirectos e inducidos 20 d) Efecto arrastre del proyecto sobre la economía regional 10 e) El interés estratégico de las tecnologías a desarrollar en España 10 f) Fomento de los acuerdos de colaboración entre agentes privados 10 g) Fomento de los acuerdos de colaboración público-privado PPP (Public-Private-partnership) 10 h) Publicidad y marketing como instrumentos de apoyo a la I+D+i 10   Total 100 Las solicitudes que no alcancen un mínimo de 40 puntos, según la tabla anterior, serán directamente excluidas de la valoración. 5) Una vez analizadas las solicitudes se procederá a la evaluación de las mismas por el Comité de evaluación, que emitirá un informe de evaluación y una propuesta a la Consejera Delegada de ICEX, encargada de la resolución definitiva de estimación o desestimación de las solicitudes de financiación de proyectos y actuaciones. El informe emitido por el Comité de evaluación deberá ser necesariamente motivado. La adopción del acuerdo por el que se apruebe el informe se llevará a cabo por mayoría simple de los miembros integrantes del Comité de evaluación. Decimotercero. Audiencia y resolución. 1) Concluida la evaluación del proyecto por el Comité de evaluación conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, se procederá a formular propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que se publicará en la web de ICEX-Invest in Spain para que los interesados, en el plazo de diez días, formulen las alegaciones que estimen conveniente. La propuesta de resolución provisional además de contener los solicitantes a los que se propone conceder la subvención y la desestimación expresa de las restantes solicitudes, podrá incluir una relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas en la presente convocatoria para adquirir la condición de beneficiario, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas en función de los criterios de valoración previstos en la misma. En este supuesto, si se renunciase a la subvención por alguno de los beneficiarios, el órgano concedente acordará, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la subvención al solicitante o solicitantes siguientes a aquél en orden de su puntuación, siempre y cuando con la renuncia por parte de alguno de los beneficiarios, se haya liberado crédito suficiente para atender al menos una de las solicitudes denegadas. 2) En la notificación de la propuesta de resolución provisional, que se enviará a todos los solicitantes de la ayuda de forma individual, se indicará a los mismos sobre sus responsabilidades relativas a información y publicidad en base al artículo 8 del Reglamento 1828/2006, de la Comisión, y se les requerirá, en el caso de haber resultado beneficiarios y cuando proceda, para que aporten la siguiente documentación: a) Modelo en el que manifieste si acepta la ayuda propuesta. b) En los de proyectos y actuaciones en cooperación, el contrato, convenio o acuerdo en el que se establezcan los derechos y obligaciones de todos los participantes. c) Para el caso de subcontrataciones superiores al 20 % del concepto subvencionable y de cuantía superior a 60.000 euros, contrato entre las partes. d) En el caso de que no se hubiera aportado previamente, acreditación válida del poder del firmante de la solicitud. e) Otra documentación que le sea requerida en la propuesta de resolución provisional. En el caso de que los interesados presenten alegaciones, una vez examinadas éstas, se formulará la propuesta de resolución definitiva. La resolución definitiva será notificada a las entidades solicitantes que hayan sido propuestas como beneficiarias para que, en el plazo de diez días, comuniquen su aceptación o renuncia a la ayuda propuesta. Se entenderá otorgada la aceptación en ausencia de respuesta del interesado en el plazo de diez días. La resolución definitiva será adoptada por la Consejera Delegada de ICEX, de acuerdo con la propuesta formulada por el Comité de evaluación. Si la resolución definitiva se apartara del criterio adoptado por el Comité de evaluación, ésta deberá ser motivada. La resolución debe reflejar los conceptos, beneficiarios así como las cantidades concedidas previo informe favorable de la Comisión de Ayudas, Contratación y Autorizaciones y será publicada en el portal de ICEX www.icex.es. De igual forma, se le hará llegar comunicación a la empresa beneficiaria indicando los conceptos e importes, así como el procedimiento de justificación. Contra la resolución definitiva del procedimiento podrá acudirse por los interesados a los órganos competentes del orden jurisdiccional civil. Decimocuarto. Compatibilidad con otras ayudas. El solicitante deberá declarar las ayudas que haya obtenido o solicitado para las actuaciones o proyectos para los que solicitan financiación, tanto al presentar las propuestas como en cualquier momento ulterior en que esta circunstancia se produzca, y aceptará las eventuales minoraciones aplicables para el cumplimiento de lo anteriormente indicado. En todo caso, la obtención de las ayudas previstas en la presente convocatoria será incompatible con la obtención, para la misma actuación, de otras ayudas financiadas por los Fondos comunitarios en otro programa operativo. Decimoquinto. Modificación de las condiciones de ejecución de la actividad. Las actuaciones subvencionadas deberán ejecutarse en el tiempo y forma aprobados que se recojan en las resoluciones de concesión. Cualquier cambio en el proyecto requerirá simultáneamente: a) Que el cambio no afecte a los objetivos perseguidos con la ayuda, a sus aspectos fundamentales o a la determinación del beneficiario. b) Que el cambio sea aceptado expresamente por ICEX-Invest in Spain. Decimosexto. Justificación de la realización del proyecto o actuación y pago de la ayuda. 1) La justificación de las ayudas se realizará de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable de los Fondos estructurales de la Unión Europea. 2) El solicitante deberá disponer de una contabilidad o codificación contable separada para la gestión de las ayudas. 3) Los gastos previstos en el proyecto o actuación objeto de ayuda deberán ser realizados en los plazos para los que se conceda la ayuda. No obstante, los justificantes de pago de dichos gastos se podrán emitir hasta el final del plazo de presentación de la documentación justificativa. 4) El beneficiario deberá presentar la documentación e informes técnicos y económicos de seguimiento que justifiquen la realización del proyecto o actuación objeto de la ayuda. La documentación deberá presentarse en los hitos de seguimiento aprobados en la resolución de la ayuda y, en todo caso, a la finalización del proyecto o actividad. El contenido de la justificación será el siguiente: a) Una memoria técnica justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la ayuda, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos que contendrá: I. Identificación del beneficiario y justificación documental de que el beneficiario es una empresa de capital extranjero atendiendo a la definición establecida en punto dos del apartado quinto de la presente convocatoria. II. Introducción del contenido de la actividad. III. Localización territorial de la actividad. IV. Metodología o instrumentos utilizados. V. Actuaciones realizadas. VI. Resultados obtenidos cuantificados y valorados. VII. Modificaciones realizadas, en su caso, y justificación de su necesidad. VIII. Conclusiones. b) Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que contendrá: I. Hoja-resumen con el presupuesto aprobado para la actividad y su comparación con el ejecutado, con especificación de los gastos por anualidades y por los conceptos que figuren en la resolución de concesión. II. Una relación numerada de los gastos e inversiones de la actividad con todos los justificantes oportunos y cantidades pagadas con la suma total (facturas y justificantes de pago y cualquier otra documentación acreditativa de la aplicación concreta de los fondos concedidos) incluyendo la identificación del acreedor y del documento, su importe total y la parte aplicada al proyecto o actuación, fecha de emisión y fecha de pago, en la que se haga referencia a posibles desviaciones en relación con el presupuesto aprobado y sus causas. III. Informe sobre el cumplimiento de los contratos, convenios, acuerdos, etc., suscritos con los subcontratados y, en especial, con los Centros Públicos de Investigación. IV. Un detalle de otros ingresos o ayudas que hayan financiado la actividad con indicación del importe y procedencia. V. En caso de no haberse presentado previamente, los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones, deba de haber solicitado el beneficiario. VI. Certificados acreditativos de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la seguridad social, de conformidad con lo establecido en el artículo 14.1 e) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. VII. Certificación de la empresa, firmada por persona con poder suficiente, de gastos de personal interno dedicado al proyecto (con medición de personas, categoría profesional, horas de dedicación y coste/hora), adjuntando copia de nóminas y documentos TC1 y TC2 (solo la hoja correspondiente a la persona o personas dedicadas al proyecto). VIII. En el supuesto de contratación de personal altamente cualificado, certificado de vida laboral emitido por la Seguridad Social del personal contratado junto a la documentación descrita en el punto anterior. IX. En la adquisición de terrenos y edificaciones deberá aportarse copia de la autoliquidación del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados o, en su defecto, certificación de la Oficina Liquidadora. X. Cualquier otro tipo de documentación que el instructor del procedimiento estime necesario requerir cara a la correcta justificación del coste de las actividades realizadas. 5) Los informes de seguimiento se presentarán en las fechas y plazos que se establezcan en las resoluciones de concesión de las ayudas. 6) Como regla general, siempre que las resoluciones de concesión de las ayudas no recojan otra fecha, la presentación de la documentación antedicha se realizará desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo del año inmediato posterior al de la realización de la actividad, y se entregará al instructor del procedimiento. 7) Con posterioridad a la presentación de la documentación aludida en los puntos anteriores, se realizarán las correspondientes comprobaciones técnico-económica y física. Estas comprobaciones se harán conforme con las Normas de Auditoria del Sector Público aprobadas por la Intervención General de la Administración del Estado, para lo que se exigirán los justificantes que estime oportunos y que permitan obtener evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la ayuda. 8) Si como resultado de la comprobación se dedujera que la inversión financiable ha sido inferior a la aprobada o que se han incumplido, total o parcialmente, los fines para los que fue concedida la ayuda, se comunicará tal circunstancia al interesado junto a los resultados de la verificación efectuada y se procederá bien a la reducción de la ayuda concedida ajustando su cuantía a las inversiones efectivamente justificadas o bien a la revocación total de la ayuda si se entendiera que la reducción en la inversión hubiera supuesto el incumplimiento de los fines para los que fue concedida. Los criterios de graduación de los posibles incumplimientos serán los señalados en el apartado decimonoveno. 9) El instructor, tras la correspondiente comprobación técnico-económica, emitirá una certificación acreditativa del cumplimiento de los fines que justificaron la concesión de la ayuda. Dicha certificación, será necesaria para el inicio del procedimiento de pago de la ayuda. 10) El pago de la ayuda se efectuará siempre con posterioridad a la realización de las actividades correspondientes del proyecto o actuación, tras dictarse la certificación acreditativa del cumplimiento de los fines que justificaron la concesión de la ayuda. El pago no podrá efectuarse en tanto el beneficiario no haya acreditado que está al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad social y que no es deudor por resolución de procedencia de reintegro. Decimoséptimo. Actuaciones de comprobación y control. 1) El beneficiario de la ayuda estará obligado a facilitar las comprobaciones encaminadas a garantizar la correcta realización del proyecto o actuación objeto de la misma. Asimismo, el beneficiario estará sometido a las actuaciones de comprobación a efectuar por ICEX-Invest in Spain, así como al control financiero de la Intervención General de la Administración del Estado y al control fiscalizador del Tribunal de Cuentas y a lo establecido en la normativa aplicable a la gestión de las ayudas cofinanciadas por el FEDER. 2) A los efectos del seguimiento y control de las actividades financiadas, los beneficiarios deberán disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos en los términos exigidos por la legislación aplicable al beneficiario, así como las facturas o documentos de gasto de valor probatorio equivalente y los correspondientes justificantes de pago. Este conjunto de documentos constituye el soporte justificativo de la ayuda concedida, y garantiza su adecuado reflejo en la contabilidad del beneficiario. 3) El beneficiario deberá conservar la documentación acreditativa de la justificación de los gastos del proyecto o actividad durante el plazo establecido en la normativa comunitaria reguladora de los Fondos Estructurales, artículo 90 del Reglamento del Consejo 1083/2006. Decimoctavo. Incumplimientos, reintegros y penalidades. El incumplimiento de los requisitos establecidos en la presente convocatoria y demás normas aplicables, así como de las condiciones que, en su caso, se hayan establecido en la correspondiente resolución de concesión, dará lugar, previo el oportuno procedimiento de reintegro, a la obligación de devolver las ayudas percibidas correspondientes, conforme a lo dispuesto en la normativa aplicable. Decimonoveno. Criterios de graduación de incumplimientos. 1) En los casos de incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de las ayudas, la cantidad a reducir de la ayuda concedida vendrá determinada por la aplicación de los siguientes criterios: a) El incumplimiento de los fines para los que se concedió la ayuda o de la realización de la inversión financiable o de la obligación de justificación, dará lugar al reintegro de la totalidad de la ayuda concedida. b) Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por éste una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos y de las condiciones de otorgamiento de la ayuda, la cantidad a reducir de la ayuda concedida vendrá determinada exclusivamente por la cuantía correspondiente al importe no justificado. 2) En el supuesto de demora en la presentación de los documentos para justificar la realización de la inversión financiable, la cantidad a reducir de la cantidad concedida vendrá determinada por las pautas siguientes: a) La demora en dos o más meses en la presentación de los documentos para justificar la realización de la inversión financiable dará lugar a la reducción del cien por cien de la ayuda concedida. b) La demora en la presentación de los documentos para justificar la realización de la inversión financiable en un plazo superior a un mes e inferior a dos, dará lugar a la reducción del cincuenta por ciento de la ayuda justificada. c) La demora en la presentación de los documentos para justificar la realización de la inversión financiable en un plazo inferior a un mes, dará lugar a la reducción del veinticinco por ciento de la ayuda justificada. 3) La realización de modificaciones no autorizadas en el presupuesto financiable, supondrá la reducción de las cantidades desviadas. Vigésimo. Normativa aplicable y régimen de reclamaciones. En lo no previsto en la presente convocatoria y en los Reglamentos comunitarios de aplicación regirán las previsiones de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, con carácter supletorio y con las necesarias adaptaciones derivadas de la naturaleza jurídica de ICEX-Invest in Spain. Frente a las decisiones adoptadas por ICEX-Invest in Spain en el seno del procedimiento de concesión de las ayudas objeto de la presente convocatoria, los interesados podrán acudir directamente a los órganos judiciales competentes del orden jurisdiccional civil. Vigésimo primero. Eficacia. La presente convocatoria surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Sanidad crea una base de datos anonimizada de atención primaria y será PÚBLICA.

El Real Decreto-ley 4/2011, de 8 de abril, de medidas urgentes de impulso a la internacionalización mediante la creación de la entidad pública empresarial Instituto Español de Comercio Exterior, ICEX, cuya denominación pasa a ser ICEX España Exportación e Inversiones, de conformidad con el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, señala en su artículo 3 que tiene por objetivo promover las exportaciones, el apoyo a la internacionalización de la empresa española y la mejora de su competitividad así como la atracción y promoción de inversiones exteriores en España. Por otro lado, el artículo 2 del Real Decreto-ley 4/2011, de 8 de abril, establece que ICEX, salvo determinadas excepciones, estará sujeto al derecho privado. En este sentido, el artículo 5.1 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Subvenciones, señala que las entidades vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado cuando actúen en régimen de derecho privado en las entregas dinerarias que realicen a favor de terceros sin contraprestación estarán sujetas exclusivamente a los principios de gestión y de información de los artículos 8.3 y 20 de la Ley 38/3002, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. En virtud de todo ello, ICEX decide apoyar, de conformidad con la normativa interna de ayudas de ICEX aprobada por el Consejo de Administración de 12 de diciembre de 2012, la implantación de empresas de capital extranjero con alto componente de innovación y que realicen inversión en plantas, equipos, recursos humanos o tecnología, a fin de contribuir a la mejora de la competitividad y productividad de la economía española, dentro del Programa Fondo Tecnológico de FEDER. El artículo 5.1.c) del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y la normativa interna de ayudas de ICEX señalan que en las entregas dinerarias sin contraprestación que realicen a favor de terceros organismos como ICEX, junto con los medios de publicidad que habitualmente utilice la entidad, el acuerdo se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» cuando la convocatoria supere la cantidad de 300.000 euros como es el caso. Por todo lo anterior, y teniendo en cuenta la normativa reguladora de estas ayudas, resuelvo: Primero. Convocar ayudas a través del programa «Promoción de Implantación de Empresas Extranjeras» cuya convocatoria se incorpora a esta resolución. Segundo. La convocatoria del Programa se publicará en el Boletín Oficial del Estado y estará a disposición de las empresas interesadas en la sede de ICEX-Invest in Spain, calle Orense, número 58, de Madrid, en las Direcciones Territoriales y Provinciales de Comercio en las diferentes Comunidades Autónomas y en los portales www.icex.es y www.investinspain.org. Madrid, 9 de diciembre de 2013.–El Presidente del Consejo de Administración de ICEX España Exportación e Inversiones, P. D. (Resolución de 20 de septiembre de 2013), la Consejera Delegada de ICEX España Exportación e Inversiones, María del Coriseo González-Izquierdo Revilla. Convocatoria 2014 para la concesión de ayudas a través del programa «Promoción de Implantación de Empresas Extranjeras» El 25 de febrero de 2005, el Consejo de Ministros aprobó el «Acuerdo por el que se adoptan mandatos para poner en marcha medidas de impulso a la productividad», que tienen como objetivo proporcionar un impulso directo al aumento de la productividad económica. Entre el conjunto de mandatos, el cuadragésimo segundo mandato al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio propone la creación de la Sociedad Estatal para la Promoción y Atracción de las Inversiones Exteriores, S.A. Esta sociedad tiene por objeto social la promoción y atracción de la inversión extranjera en España, así como el impulso y coordinación de un clima adecuado para las inversiones exteriores. A partir del Acuerdo citado resulta necesario desarrollar las medidas contempladas siguiendo sus orientaciones y objetivos. En particular, aquellas medidas que ayuden a la implantación en España de empresas con un alto componente de innovación como camino para alcanzar los objetivos de competitividad y productividad citados en el Acuerdo del Consejo de Ministros. Para conseguir estos objetivos, el 12 de mayo de 2008 se firmó un Acuerdo entre la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Economía y Hacienda y la Sociedad Estatal para la Promoción y Atracción de Inversiones Exteriores, S.A. (Invest in Spain), por el que se designa a esta como Organismo Intermedio del «Programa Operativo Plurirregional de Investigación, Desarrollo e Innovación por y para el Beneficio de las Empresas, Fondo Tecnológico» aprobado el 7 de diciembre de 2007. Posteriormente, en el Consejo de Ministros del 16 de marzo de 2012, se acordó la integración de la Sociedad Estatal para la Promoción y Atracción de las Inversiones Exteriores (Invest in Spain) en ICEX España Exportaciones e Inversiones. En diciembre de 2012 se produjo la inscripción en el Registro Mercantil de la escritura de cesión global de activos y pasivos de Invest in Spain a favor de ICEX con lo que finaliza el proceso de integración. En consecuencia la sociedad Invest in Spain se extingue y pasa a integrarse en ICEX. Para cumplir con las funciones encomendadas a ICEX-Invest in Spain para el desarrollo del Programa Operativo Fondo Tecnológico, se pone a disposición de las empresas de capital extranjero ayudas que favorezcan la inversión en plantas, equipos, recursos humanos o tecnología, adjudicándose recursos proporcionales al esfuerzo inversor realizado en Innovación. Las ayudas pueden ser cofinanciadas por fondos comunitarios, dentro del Programa Operativo Fondo Tecnológico del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). En el ámbito comunitario, estas ayudas se encuadran en el Reglamento (CE) número 1998/2006, de la Comisión Europea, de 25 de diciembre de 2006, y 800/2008, de 6 de agosto de 2008 ### RESUMEN: Sanidad crea una base de datos anonimizada de atención primaria y será PÚBLICA.

Mediante la Orden de 21 de julio de 1994, por la que se regulan los ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Ministerio de Sanidad y Consumo, se dio cumplimiento a lo establecido en la disposición final segunda de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento de los datos de carácter personal. El artículo 20.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, dispone que la creación, modificación o supresión de los ficheros de las Administraciones Públicas sólo podrá hacerse por medio de disposición general publicada en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente. Mediante esta orden se procede a modificar la Orden de 21 de julio de 1994, con el fin de completar la relación de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, creándose dos nuevos ficheros, denominados «Base de datos clínicos de atención primaria-BDCAP» y «Autorizados SIAP». En la tramitación de esta orden ha emitido informe preceptivo la Agencia Española de Protección de Datos. En su virtud, dispongo: Artículo 1. Creación de ficheros. Se amplía el contenido del anexo 2 «Ficheros de Carácter Administrativo» de la Orden de 21 de julio de 1994, por la que se regulan los ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Ministerio de Sanidad y Consumo, con la creación de dos nuevos ficheros, denominados «Base de datos clínicos de atención primaria (BDCAP)» y «Autorizados SIAP», cuyos datos figuran en el anexo de esta orden. Artículo 2. Inscripción en el Registro General de Protección de Datos. La Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación, por medio de la Subdirección General de Información e Innovación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, procederá a la notificación de la creación de estos ficheros a la Agencia Española de Protección de Datos, para la realización de los trámites oportunos para su inscripción en el correspondiente Registro General de Protección de Datos. Artículo 3. Responsable del fichero. La Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación, adoptará, bajo la superior dirección del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, las medidas de gestión y organización que sean necesarias, asegurando, en todo caso, la confidencialidad, seguridad e integridad de los datos, así como las conducentes a hacer efectivas las garantías, obligaciones y derechos reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en su Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, y demás normas de desarrollo. Los datos de carácter personal registrados en los ficheros relacionados en el anexo sólo serán utilizados para los fines expresamente previstos y por el personal debidamente autorizado. Artículo 4. Cesión de datos. Los datos contenidos en estos ficheros sólo podrán ser cedidos en los supuestos expresamente previstos por la Ley. Disposición final única. Entrada en vigor. La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 20 de enero de 2014.–La Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato Adrover. ANEXO Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación 1. Fichero: Base de datos clínicos de atención primaria (BDCAP). Denominación del fichero: «Base de datos clínicos de atención primaria (BDCAP)». Finalidad y usos previstos: Proporcionar información sobre el proceso de atención clínica registrado en las consultas de atención primaria; esto es, sobre la morbilidad atendida, las intervenciones realizadas y ciertos resultados alcanzados en el ámbito del primer nivel de atención. El objetivo principal es la realización de estadísticas y la obtención de indicadores, tales como los relacionados con el análisis de la morbilidad atendida, los procesos más frecuentes, la calidad asistencial, o la aproximación a la eficiencia. Permitirá la construcción de indicadores autonómicos, nacionales e internacionales, o por otro tipo de agregaciones, como los estratos en los que se agrupan zonas básicas de salud, u otros criterios de interés sanitario. Además, servirá como patrón de referencia para las administraciones y como base de datos para la investigación clínica y epidemiológica. Origen de los datos: Colectivo de personas sobre los que se pretende obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: Muestra aleatoria de ciudadanos con tarjeta sanitaria individual (TSI), que son usuarios de la sanidad pública en centros de Atención Primaria (Centros de Salud y Consultorios Locales), de España. Procedencia y procedimiento de recogida de datos de carácter personal: Extracción de los datos previstos de los usuarios seleccionados, a partir de los registros de las historias clínicas electrónicas. Serán extraídos por los Servicios de Salud de cada comunidad autónoma. Estructura básica del fichero: Base de datos. Datos de carácter personal incluidos en el fichero: El fichero contiene una variable de identificación de carácter personal: el código de identificación personal (CIP) de la Tarjeta Sanitaria Individual (TSI). Dicho código será, preferentemente, el código del Sistema Nacional de Salud (SNS) o, en su defecto, el código de la Tarjeta de la comunidad autónoma en la que esté adscrito en el momento de extraer los datos. El único modo de identificar a un usuario concreto a partir del CIP es acudir a otra base de datos independiente y protegida con nivel alto, la base de datos de población protegida del Sistema Nacional de Salud integrados en la base de datos de Tarjeta Sanitaria Individual (BDTSI-SNS). Un motivo para incluir el CIP es el de poder realizar, en su caso, cruces con otras bases de datos, como es la BD-TSI del SNS antes aludida, con objeto de poder obtener datos de aseguramiento –y otras variables de interés sanitario– y asignarlos a la población contenida en la BDCAP. Ello tiene como finalidad la realización de análisis poblacionales de desigualdades en salud y factores condicionantes de la misma, de interés epidemiológico (en ningún caso para análisis individual). Una vez cargados los datos originarios y efectuados los cruces antes mencionados, dichos datos serán volcados a una BD de explotación en la que se encontrará disociado el CIP del resto de información objeto de análisis, mediante la aplicación previa de un algoritmo que transformen los CIP en códigos anónimos. El CIP se anonimizará mediante una función resumen unidireccional. Inicialmente se empleará el algoritmo SHA-256 y, si el avance de la ciencia lo hace necesario, se sustituirá en el futuro por algoritmos de mayor fortaleza criptográfica. Por tanto, todas las manipulaciones que se realicen de los datos para su explotación estadística se realizarán con datos anónimos, no siendo posible, en ningún caso, su asociación con el CIP de las personas ni, por consiguiente, su potencial identificación, ya que solo se explotarán los datos una vez anónimos y los algoritmos utilizados para ello tienen carácter irreversible. Todo el proceso y bases de datos estarán sometidos a los criterios y medidas de seguridad establecidos en Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, en su Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, y demás normas de desarrollo. Otras variables que incluye la BDCAP de las personas usuarias de los centros seleccionados en la muestra son: De tipo administrativo: Comunidad Autónoma y Equipo de Atención Primaria al que está adscrito el usuario, fecha de nacimiento, fecha de defunción –en su caso–, sexo, país de nacimiento, ocupación, nivel de estudios. Además de lo anterior, esta base de datos incluye la relación de las personas autorizadas en la comunidad autónoma respectiva para el acceso a los aplicativos. De estas personas consta el nombre y apellidos, correo electrónico profesional y DNI y deben estar en posesión de certificación electrónica. De tipo clínico: Según consten en la historia clínica, se incorporarán los siguientes datos codificados: Problemas de salud que padece o ha padecido, clasificación utilizada para la codificación, fechas de inicio y cierre –si procede– de dichos problemas; procedimientos diagnósticos o terapéuticos que se le han realizado y su fecha de realización; especialidades hospitalarias consultadas (interconsultas) y su fecha; prescripciones farmacéuticas y su fecha; cifras resultantes de la medición de ciertos parámetros seleccionados y su fecha; fecha de las visitas que ha realizado. Todos estos datos se recopilarán, acumulados, con periodicidad anual. La base de datos implica también la existencia de un fichero con la relación de profesionales de las comunidades autónomas autorizados a la carga de los datos anuales antes mencionados. Cesiones de datos y/o transferencias de datos que se prevean a terceros países: El fichero tendrá carácter público. La cesión de datos unitarios (microdatos) implica la disociación previa de los datos personales con carácter irreversible, de forma que solo se podrá acceder a los datos anónimos. No se prevén transferencias de datos a terceros países. Servicios o Unidades ante los cuales se podrá ejercitar el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Subdirección General de Información Sanitaria e Innovación. Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Paseo del Prado, 18-20. 28071 Madrid. Medidas de seguridad con indicación de nivel: Nivel Alto. Sistema de Tratamiento: Automatizado. 2. Fichero: Autorizados SIAP. Denominación del fichero: Autorizados SIAP. Finalidad y usos previstos: Estar dado de alta en la aplicación habilitada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para que los responsables de las comunidades autónomas autorizados pueda acceder a la base de datos de SIAP (Sistema de Información de Atención Primaria) e incorporar en ella los datos de su comunidad autónoma. Origen de los datos: Designaciones de los responsables autonómicos respecto de los profesionales autorizados en su comunidad autónoma para introducir datos en la aplicación de carga del SIAP. Estructura básica del fichero: Base de datos. Datos de carácter personal incluidos en el fichero: El fichero contiene datos relativos a los profesionales autorizados consistentes en nombre y apellidos, correo electrónico profesional y DNI. Cesiones de datos y/o transferencias: No existe ningún tipo de cesión de datos. Servicios o Unidades ante los cuales se podrá ejercitar el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Subdirección General de Información Sanitaria e Innovación. Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Paseo del Prado, 18-20. 28071 Madrid. Medidas de seguridad con indicación de nivel: Nivel Básico. Sistema de Tratamiento: Automatizado.

El Real Decreto sobre la reforma de las pensiones a partir del 1 de enero de 2013

Mediante la Orden de 21 de julio de 1994, por la que se regulan los ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Ministerio de Sanidad y Consumo, se dio cumplimiento a lo establecido en la disposición final segunda de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento de los datos de carácter personal. El artículo 20.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, dispone que la creación, modificación o supresión de los ficheros de las Administraciones Públicas sólo podrá hacerse por medio de disposición general publicada en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente. Mediante esta orden se procede a modificar la Orden de 21 de julio de 1994, con el fin de completar la relación de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, creándose dos nuevos ficheros, denominados «Base de datos clínicos de atención primaria-BDCAP» y «Autorizados SIAP». En la tramitación de esta orden ha emitido informe preceptivo la Agencia Española de Protección de Datos. En su virtud, dispongo: Artículo 1. Creación de ficheros. Se amplía el contenido del anexo 2 «Ficheros de Carácter Administrativo» de la Orden de 21 de julio de 1994, por la que se regulan los ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Ministerio de Sanidad y Consumo, con la creación de dos nuevos ficheros, denominados «Base de datos clínicos de atención primaria (BDCAP)» y «Autorizados SIAP», cuyos datos figuran en el anexo de esta orden. Artículo 2. Inscripción en el Registro General de Protección de Datos. La Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación, por medio de la Subdirección General de Información e Innovación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, procederá a la notificación de la creación de estos ficheros a la Agencia Española de Protección de Datos, para la realización de los trámites oportunos para su inscripción en el correspondiente Registro General de Protección de Datos. Artículo 3. Responsable del fichero. La Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación, adoptará, bajo la superior dirección del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, las medidas de gestión y organización que sean necesarias, asegurando, en todo caso, la confidencialidad, seguridad e integridad de los datos, así como las conducentes a hacer efectivas las garantías, obligaciones y derechos reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en su Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, y demás normas de desarrollo. Los datos de carácter personal registrados en los ficheros relacionados en el anexo sólo serán utilizados para los fines expresamente previstos y por el personal debidamente autorizado. Artículo 4. Cesión de datos. Los datos contenidos en estos ficheros sólo podrán ser cedidos en los supuestos expresamente previstos por la Ley. Disposición final única. Entrada en vigor. La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 20 de enero de 2014.–La Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato Adrover. ANEXO Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación 1. Fichero: Base de datos clínicos de atención primaria (BDCAP). Denominación del fichero: «Base de datos clínicos de atención primaria (BDCAP)». Finalidad y usos previstos: Proporcionar información sobre el proceso de atención clínica registrado en las consultas de atención primaria; esto es, sobre la morbilidad atendida, las intervenciones realizadas y ciertos resultados alcanzados en el ámbito del primer nivel de atención. El objetivo principal es la realización de estadísticas y la obtención de indicadores, tales como los relacionados con el análisis de la morbilidad atendida, los procesos más frecuentes, la calidad asistencial, o la aproximación a la eficiencia. Permitirá la construcción de indicadores autonómicos, nacionales e internacionales, o por otro tipo de agregaciones, como los estratos en los que se agrupan zonas básicas de salud, u otros criterios de interés sanitario. Además, servirá como patrón de referencia para las administraciones y como base de datos para la investigación clínica y epidemiológica. Origen de los datos: Colectivo de personas sobre los que se pretende obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: Muestra aleatoria de ciudadanos con tarjeta sanitaria individual (TSI), que son usuarios de la sanidad pública en centros de Atención Primaria (Centros de Salud y Consultorios Locales), de España. Procedencia y procedimiento de recogida de datos de carácter personal: Extracción de los datos previstos de los usuarios seleccionados, a partir de los registros de las historias clínicas electrónicas. Serán extraídos por los Servicios de Salud de cada comunidad autónoma. Estructura básica del fichero: Base de datos. Datos de carácter personal incluidos en el fichero: El fichero contiene una variable de identificación de carácter personal: el código de identificación personal (CIP) de la Tarjeta Sanitaria Individual (TSI). Dicho código será, preferentemente, el código del Sistema Nacional de Salud (SNS) o, en su defecto, el código de la Tarjeta de la comunidad autónoma en la que esté adscrito en el momento de extraer los datos. El único modo de identificar a un usuario concreto a partir del CIP es acudir a otra base de datos independiente y protegida con nivel alto, la base de datos de población protegida del Sistema Nacional de Salud integrados en la base de datos de Tarjeta Sanitaria Individual (BDTSI-SNS). Un motivo para incluir el CIP es el de poder realizar, en su caso, cruces con otras bases de datos, ### RESUMEN: El Real Decreto sobre la reforma de las pensiones a partir del 1 de enero de 2013

La Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social ha modificado determinados preceptos del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, y ha incorporado, asimismo, nuevas disposiciones en dicho texto legal, introduciendo importantes innovaciones en el régimen jurídico de algunas prestaciones de la Seguridad Social. Resultan especialmente significativos los cambios normativos que han afectado a la pensión de jubilación, tales como la exigencia de forma progresiva y gradual de la edad de acceso a la jubilación; la modificación paulatina del sistema de cálculo de la base reguladora, con especial atención a las personas que se han visto obligadas a abandonar su vida laboral a una edad próxima a la jubilación; el establecimiento de nuevos porcentajes aplicables a la base reguladora para determinar la cuantía de la pensión; la variación de los porcentajes por prolongación de la vida activa laboral o, finalmente, la fijación de nuevos coeficientes reductores de la edad en la jubilación anticipada. El real decreto tiene por objeto, en consecuencia, desarrollar determinados aspectos de la nueva ordenación legal, que se consideran necesarios para facilitar la aplicación paulatina y gradual de las medidas que deben hacerse efectivas a partir del 1 de enero de 2013. La nueva regulación fija la edad ordinaria de jubilación en términos de años y meses durante un período transitorio que se extiende hasta el año 2027. Y además, en los casos de jubilación anticipada, la anticipación no se mide por años sino por trimestres. En consecuencia, es preciso que el cómputo de los meses para determinar la edad ordinaria que corresponda en cada caso se haga de fecha a fecha por ser el criterio común y habitual para computar la edad y guarda relación con lo establecido en el artículo 5 del Código Civil respecto del cómputo de plazos. Del mismo modo, a efectos de computar los trimestres de anticipación convendrá operar de fecha a fecha, tomando como referencia siempre el día de cumplimiento de la edad ordinaria y, a partir de ahí, computar los trimestres. También, a partir de 1 de enero de 2013, para el acceso a las pensiones de la Seguridad Social, así como para la determinación de la cuantía de las mismas, los plazos señalados en la ley en años, semestres, trimestres o meses, serán objeto de adecuación a días, mediante las correspondientes equivalencias. La nueva regulación hace depender la edad ordinaria de jubilación del período de cotización acreditado expresándolo en años y meses; el porcentaje aplicable a partir de los primeros quince años se define mediante la aplicación de un coeficiente por mes de cotización y los coeficientes reductores por jubilación anticipada difieren según que el interesado tenga 38 años y 6 meses de cotización o no. Es decir, la nueva regulación emplea no solo el año sino también el mes como unidad de tiempo relevante para distintos aspectos de la jubilación, por lo que se hace preciso establecer una fórmula objetiva y única que convierta la unidad de tiempo «día» en unidad de tiempo «mes», fórmula que ha de garantizar el principio de igualdad de trato entre todos los ciudadanos que soliciten una pensión. La Ley 27/2011, de 1 de agosto, introduce, asimismo, mediante la disposición adicional sexagésima de la Ley General de la Seguridad Social, algunas previsiones específicas que amplían los beneficios por cuidado de hijos o menores, concretándose en dos medidas en particular: protección en las situaciones de interrupción de la cotización en los supuestos de nacimiento o adopción de hijos o acogimiento de menores y ampliación de los periodos considerados como cotizados en los casos de excedencia por cuidado de hijos o menores acogidos. El real decreto desarrolla el contenido y facilita la aplicabilidad de estos nuevos beneficios en la gestión de las prestaciones, contemplando los supuestos en que aquellos concurran con el reconocimiento de días asimilados por parto y con los periodos de cotización efectiva derivados de las situaciones de excedencia antes mencionadas. La Ley 27/2011, de 1 de agosto, señala también que el derecho a percibir los complementos necesarios para alcanzar la cuantía mínima de las pensiones, cuyo hecho causante se produzca a partir del 1 de enero de 2013, está sujeto al requisito de residencia en territorio español, en los términos que legal o reglamentariamente se determinen. En cumplimiento de esta medida, el real decreto entiende que, por equiparación con las prestaciones familiares económicas, de modalidad no contributiva, el beneficiario de la pensión tiene su residencia habitual en territorio español cuando las estancias en el extranjero son iguales o inferiores a 90 días a lo largo de cada año natural. En la disposición transitoria primera el real decreto se refiere a la aplicación de las normas reglamentarias que, al amparo del apartado 2 de la disposición final duodécima de la Ley 27/2001, de 1 de agosto, deben permanecer vigentes después del 1 de enero de 2013, como consecuencia de la coexistencia de dos regulaciones en materia de jubilación, y en la disposición transitoria tercera se contemplan determinadas peculiaridades en relación con la jubilación de los trabajadores que tienen la condición de mutualistas. En el proceso de su tramitación, el real decreto ha sido sometido a consulta de las administraciones públicas implicadas y de los interlocutores sociales. Este real decreto se dicta de conformidad con lo previsto en el apartado 1 de la disposición final sexta de la Ley 27/2011, de 1 de agosto. En su virtud, a propuesta de la Ministra de Empleo y Seguridad Social, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 28 de diciembre de 2012, DISPONGO: CAPÍTULO I Pensión de jubilación, en su modalidad contributiva Artículo 1. Edad de jubilación. 1. A efectos de la determinación de la edad de acceso a la pensión de jubilación, en los términos establecidos en el artículo 161.1 y en la disposición transitoria vigésima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, el cómputo de los meses se realizará de fecha a fecha a partir de la correspondiente al nacimiento. Cuando en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se considerará que el cumplimiento de la edad tiene lugar el último día del mes. 2. Los periodos de cotización acreditados por los solicitantes de la pensión de jubilación, a los efectos de poder acceder a la pensión de jubilación al cumplimiento de la edad que, en cada caso, resulte de aplicación, vendrán reflejados en días y, una vez acumulados todos los días computables, sin que se tenga en cuenta la parte proporcional correspondiente a las pagas extraordinarias, serán objeto de transformación a años y meses, con las siguientes reglas de equivalencia: a) El año adquiere el valor fijo de 365 días y b) el mes adquiere el valor fijo de 30,41666 días. Para el cómputo de los años y meses de cotización se tomarán años y meses completos, sin que se equiparen a un año o a un mes las fracciones de los mismos. 3. Para determinar los periodos de cotización computables para fijar la edad de acceso a la pensión de jubilación, además de los días efectivamente cotizados por el interesado, se tendrán en cuenta: a) Los días que se consideren efectivamente cotizados, conforme a lo establecido en el artículo 180.1 y 2 de la Ley General de la Seguridad Social, como consecuencia de los periodos de excedencia que disfruten los trabajadores, de acuerdo con el artículo 46.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo. b) Los días que se computen como periodo cotizado en concepto de beneficios por cuidado de hijos o menores acogidos, según lo dispuesto en la disposición adicional sexagésima de la Ley General de la Seguridad Social y en el artículo 6 de este real decreto. c) Los periodos de cotización asimilados por parto que se computen a favor de la trabajadora solicitante de la pensión, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional cuadragésima cuarta de la Ley General de la Seguridad Social. Artículo 2. Base reguladora de la pensión de jubilación en supuestos de reducción de bases de cotización. A efectos de la aplicación de las previsiones establecidas en los apartados 2, 3 y 4 de la disposición transitoria quinta de la Ley General de la Seguridad Social, para quienes hayan cesado en el trabajo por causa no imputable a su libre voluntad y, a partir del cumplimiento de los 55 años de edad y al menos durante veinticuatro meses, hayan experimentado una reducción de las bases de cotización respecto de la acreditada con anterioridad a la extinción de la relación laboral, en orden a la determinación de la base reguladora de la pensión de jubilación, se tendrá en cuenta lo siguiente: a) El cese en el trabajo por causa no imputable a la libre voluntad del trabajador, que puede producirse antes o después de cumplir los 55 años de edad, se entiende referido a la relación laboral más extensa de su carrera de cotización extinguida después de cumplir los 50 años de edad. b) Los veinticuatro meses, no necesariamente consecutivos, con bases de cotización inferiores a la acreditada en el mes inmediatamente anterior al de la extinción de la relación laboral referida en el párrafo a) anterior, han de estar comprendidos entre el cumplimiento de la edad de 55 años, o la de extinción de la relación laboral por causa no imputable a la libre voluntad del trabajador, si esta es posterior al cumplimiento de dicha edad, y el mes anterior al mes previo al del hecho causante de la pensión de jubilación. c) En el caso de trabajadores por cuenta propia o autónomos, con respecto a los cuales haya transcurrido un año desde la fecha en que se haya agotado la prestación por cese de actividad, la aplicación de lo establecido en los apartados 2 y 3 de la disposición transitoria quinta de la Ley General de la Seguridad Social queda condicionada a que dicho cese, producido a partir del cumplimiento de los 55 años de edad, lo haya sido respecto de la última actividad realizada previa al hecho causante de la pensión de jubilación. Artículo 3. Cuantía de la pensión. 1. A efectos de aplicar los porcentajes correspondientes para determinar la cuantía de la pensión de jubilación en función de los periodos de cotización acreditados por los solicitantes y reflejados en días, una vez acumulados todos los días computables, serán objeto de transformación a años y meses, según lo indicado en el artículo 1.2. 2. A efectos de la aplicación de los coeficientes reductores de la pensión por jubilación anticipada derivada del cese en el trabajo por causa no imputable a la libre voluntad del trabajador, o cuando la jubilación anticipada derive de la voluntad del interesado, según se establece, respectivamente, en los apartados 2 A) y 2 B) del artículo 161 bis de la Ley General de la Seguridad Social, el cómputo de los trimestres que en el momento del hecho causante le falten al trabajador para cumplir la edad legal de jubilación, que en cada caso resulte de aplicación, se realizará de fecha a fecha, contados hacia atrás desde la fecha en que se cumpliría, por el solicitante de la pensión, la edad legal de jubilación. A los efectos de determinar dicha edad legal de jubilación se considerarán cotizados los años que le resten al interesado desde la fecha del hecho causante hasta el cumplimiento de la edad que corresponda. Cuando en la fecha del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se considerará que el cumplimiento de la edad tiene lugar el último día del mes. Artículo 4. Aportación de documentación a los efectos previstos en la disposición final duodécima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto. 1. A efectos de la aplicación de la regulación de la pensión de jubilación vigente antes de 1 de enero de 2013, en los supuestos recogidos en el apartado 2.b) de la disposición final duodécima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, los trabajadores afectados, los representantes unitarios y sindicales o las empresas, en los dos meses siguientes a partir de la entrada en vigor de este real decreto, comunicarán y pondrán a disposición de las direcciones provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social copia de los expedientes de regulación de empleo, aprobados con anterioridad al 2 de agosto de 2011, de los convenios colectivos de cualquier ámbito y/o acuerdos colectivos de empresa, suscritos con anterioridad a dicha fecha, o de las decisiones adoptadas en procedimientos concursales dictadas antes de la fecha señalada, en los que se contemple, en unos y otros, la extinción de la relación laboral o la suspensión de la misma, con independencia de que la extinción de la relación laboral se haya producido con anterioridad o con posterioridad al 1 de enero de 2013. De igual modo, y a los mismos efectos, en los supuestos recogidos en el apartado 2.c), segundo inciso, de la disposición final duodécima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, los trabajadores afectados, los representantes unitarios y sindicales o las empresas, en los dos meses siguientes a partir de la entrada en vigor de este real decreto, comunicarán y pondrán a disposición de las direcciones provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social los planes de jubilación parcial, recogidos en convenios colectivos de cualquier ámbito o acuerdos colectivos de empresas, suscritos antes del día 2 de agosto de 2011, con independencia de que el acceso a la jubilación parcial se haya producido con anterioridad o con posterioridad al 1 de enero de 2013. Cuando en cualquiera de los supuestos indicados, el expediente de regulación de empleo, el convenio colectivo de cualquier ámbito o acuerdo colectivo de empresa, o la decisión adoptada en el procedimiento concursal afecte a un ámbito territorial superior a una provincia, la comunicación tendrá lugar en la provincia donde la empresa tenga su sede principal. A estos efectos, la sede principal deberá coincidir con el domicilio social de la empresa siempre que en él esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus negocios; en otro caso, se atenderá al lugar en que radiquen dichas actividades de gestión y dirección. En el caso de los convenios colectivos de cualquier ámbito o acuerdos colectivos de empresa, junto a la copia de los mismos se presentará escrito donde se hagan constar los siguientes extremos: ámbito temporal de vigencia del convenio o acuerdo, ámbito territorial de aplicación, si estos no estuvieran ya recogidos en los referidos convenios o acuerdos, y los códigos de cuenta de cotización afectados por el convenio o acuerdo. A su vez, en el plazo de un mes desde que finalice el plazo de comunicación de los convenios colectivos de cualquier ámbito o acuerdos colectivos de empresa a que se refiere este apartado, las direcciones provinciales citadas remitirán a la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social una relación nominativa de las empresas en las que se hayan suscrito dichos convenios o acuerdos, así como la información relativa a los expedientes de regulación de empleo y a las decisiones adoptadas en procedimientos concursales. Mediante Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social se elaborará una relación de los expedientes, convenios colectivos de cualquier ámbito o acuerdos colectivos de empresa, o decisiones adoptadas en procedimientos concursales, en los que resulten de aplicación las previsiones de la disposición final duodécima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto. 2. Las referencias que en el apartado anterior se efectúan a la Dirección General y a las direcciones provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social se entenderán realizadas a la Dirección General y a las direcciones provinciales del Instituto Social de la Marina, en los supuestos de expedientes de regulación de empleo, convenios colectivos de cualquier ámbito o acuerdos colectivos de empresa, o decisiones adoptadas en procedimientos concursales, cuando, unos y otras, afecten a trabajadores incluidos en el campo de aplicación del Régimen Especial de Trabajadores del Mar. 3. Si los sujetos obligados hubieran omitido efectuar las comunicaciones y presentar la documentación en el plazo señalado en el apartado 1 y la Administración de la Seguridad Social tuviere conocimiento por otra vía de la concurrencia de los requisitos previstos en la disposición final duodécima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, procederá a aplicar al solicitante de la pensión de jubilación, cuando ésta se cause, la legislación anterior a dicha ley. CAPÍTULO II Beneficios por cuidado de hijos o menores acogidos Artículo 5. Situación protegida. 1. De conformidad con lo establecido en la disposición adicional sexagésima de la Ley General de la Seguridad Social, los beneficios por cuidado de hijos o menores acogidos consisten en el reconocimiento como periodos cotizados del número de días que se señalan en el artículo siguiente de este real decreto, como consecuencia de la interrupción de la cotización derivada de la extinción de la relación laboral o de la finalización del cobro de prestaciones o subsidios por desempleo con obligación de cotizar, producidas entre los nueve meses anteriores al nacimiento, o los tres meses anteriores a la resolución judicial por la que se constituye la adopción o a la decisión administrativa o judicial de acogimiento preadoptivo o permanente, y la finalización del sexto año posterior a esta situación. 2. Los días computables como cotizados se asignarán a los periodos sin cotización que tengan los interesados, por no haber existido obligación de cotizar, y que estén comprendidos dentro de los nueve meses anteriores al nacimiento, o los tres meses anteriores a la resolución judicial por la que se constituye la adopción o a la decisión administrativa o judicial de acogimiento preadoptivo o permanente, y la finalización del sexto año posterior a esta situación, computándose siempre estos periodos de fecha a fecha. 3. Cualquiera que sea el régimen que reconozca la prestación, se computarán los días considerados como cotizados a los trabajadores por cuenta ajena a los que, dentro del periodo antes mencionado, se les hubiera extinguido la relación laboral o hubieran finalizado prestaciones o subsidios de desempleo con obligación de cotizar durante los mismos. Artículo 6. Duración y efectos. 1. Con la particularidad contenida en el párrafo segundo del apartado 4, la duración del cómputo como periodo cotizado por cada hijo o menor acogido, se aplicará, a partir del 1 de enero de 2013, de forma gradual del siguiente modo: Año Días computables 2013 112 2014 138 2015 164 2016 191 2017 217 2018 243 2019 y siguientes años 270 En ningún caso, el periodo computable puede ser mayor que la interrupción real de la cotización, por lo que no podrán computarse más días que los que hubieran correspondido de haber seguido en activo el trabajador o trabajadora. Por ello, si el número de días con lagunas de cotización, en el periodo afectado por la interrupción de la vida laboral como consecuencia del nacimiento, adopción o acogimiento preadoptivo o permanente, es inferior al número de días que deben reconocerse, solamente se reconocerá un número de días equivalente a los días sin cotización. Los períodos computables por cuidado de hijos o menores acogidos no podrán superar los cinco años por beneficiario, cualquiera que sea el número de hijos nacidos o adoptados o menores acogidos. 2. En caso de parto, adopción o acogimiento múltiple, se reconocerá independientemente por cada hijo o menor acogido el número de días señalados. 3. Cada hijo nacido o adoptado, o menor acogido, dará lugar al cómputo de un nuevo periodo cotizado. 4. Los periodos computables en concepto de beneficios por cuidado de hijos o menores acogidos se aplicarán a todas las prestaciones, excepto a las prestaciones y subsidios por desempleo, y a todos los efectos, salvo para el cumplimiento del periodo mínimo de cotización exigido. Dichos periodos tampoco tendrán la consideración de asimilación al alta, a los efectos de poder causar otras prestaciones de la Seguridad Social. Como excepción a los días computables señalados en el apartado 1, a los exclusivos efectos de determinar la edad de acceso a la jubilación, prevista en el artículo 1, a partir del 1 de enero de 2013, la duración del cómputo como periodo cotizado será de un máximo de 270 días cotizados por cada hijo o menor acogido. 5. Los periodos computados como cotizados en concepto de beneficios por cuidado de hijos o menores acogidos se aplicarán a las jubilaciones anticipadas, previstas en el artículo 161 bis.1 de la Ley General de la Seguridad Social, a todos los efectos, excepto para reducir la edad de jubilación que corresponda y para el cumplimiento del periodo mínimo de cotización. Los periodos a que se refiere el párrafo anterior se añadirán, a efectos de determinar la cuantía de la pensión, a los periodos que resulten cotizados como consecuencia de la aplicación de coeficientes reductores de la edad, en los supuestos de grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre o se trate de personas con discapacidad. Artículo 7. Beneficiarios. 1. Los beneficios por cuidado de hijos o menores acogidos, previstos en este capítulo, pueden reconocerse o atribuirse a cualquiera de los progenitores, adoptantes o acogedores por cada hijo nacido o adoptado o menor acogido. 2. Si en ambos progenitores, adoptantes o acogedores, concurren las circunstancias necesarias para ser acreedores del beneficio por cuidado de hijos o menores acogidos, este solamente podrá ser reconocido en favor de uno de ellos, determinado de común acuerdo. En caso de controversia entre ellos, se reconocerá el derecho a la madre. 3. Por un mismo hijo o menor acogido, si a uno de los progenitores, adoptantes o acogedores, no se le asignan todos los días computables por no tener suficientes vacíos de cotización dentro del periodo de los nueve meses anteriores al nacimiento, o los tres meses anteriores a la resolución judicial por la que se constituye la adopción o a la decisión administrativa o judicial de acogimiento preadoptivo o permanente, y la finalización del sexto año posterior a esta situación, los días no consumidos no podrán ser asignados al otro. Artículo 8. Compatibilidad. 1. Los periodos computables por cuidado de hijos o menores acogidos son compatibles y acumulables con los periodos de cotización asimilados por parto, establecidos en la disposición adicional cuadragésima cuarta de la Ley General de la Seguridad Social. 2. Los periodos computables por cuidado de hijos o menores acogidos son compatibles y acumulables con los periodos de cotización efectiva derivados de las situaciones de excedencia que se disfruten en razón del cuidado de hijos o de menores acogidos, a los que se refiere el artículo 180.1 de la Ley General de la Seguridad Social, si bien no podrán superar en conjunto los cinco años por beneficiario cuando los beneficios por cuidado de hijos o menores acogidos y los periodos de cotización efectiva concurran en la misma prestación a los efectos de determinar su cuantía o, cuando se trate de jubilación, la edad de acceso a la misma prevista en el artículo 161.1.a) de la Ley General de la Seguridad Social. Artículo 9. Beneficio por cuidado de hijos o menores acogidos y base de cotización a considerar en la base reguladora de otras prestaciones. Cuando el periodo computable como cotizado en concepto de beneficio por cuidado de hijos o menores acogidos esté comprendido dentro del periodo de cálculo para la determinación de la base reguladora de las prestaciones, la base de cotización a considerar, estará constituida por el promedio de las bases de cotización del beneficiario correspondientes a los seis meses inmediatamente anteriores al inicio de la interrupción de la cotización o, en su caso, cuando existan intermitencias en la cotización, las correspondientes a los seis meses cotizados inmediatamente anteriores a cada periodo que se compute. Si el beneficiario no tuviera acreditado el citado período de seis meses de cotización, se computará el promedio de las bases de cotización que resulten acreditadas, correspondientes al período inmediatamente anterior a la interrupción de la cotización. CAPÍTULO III Complementos para pensiones inferiores a la mínima Artículo 10. Residencia en territorio español. 1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50.1 de la Ley General de la Seguridad Social, los beneficiarios de pensiones del sistema de la Seguridad Social, en su modalidad contributiva, que no perciban rendimientos del trabajo, del capital o de actividades económicas y ganancias patrimoniales, de acuerdo con el concepto establecido para dichas rentas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, o que, percibiéndolos, no excedan de la cuantía que anualmente establezca la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, tendrán derecho a percibir los complementos necesarios para alcanzar la cuantía mínima de las pensiones, siempre que residan en territorio español y sin perjuicio de lo que al respecto establezca la normativa internacional aplicable. La residencia en territorio español se acreditará de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 523/2006, de 28 de abril, por el que se suprime la exigencia de aportar el certificado de empadronamiento, como documento probatorio del domicilio y residencia, en los procedimientos administrativos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos vinculados o dependientes. No obstante, la aportación del certificado de empadronamiento será necesaria cuando el interesado no preste su consentimiento para que sus datos puedan ser consultados a través del Sistema de Verificación de Datos de Residencia, según lo establecido en el artículo único, apartado 3, párrafo tercero, del referido Real Decreto 523/2006, de 28 de abril. 2. Se entenderá que el beneficiario de la pensión tiene su residencia habitual en territorio español siempre que sus estancias en el extranjero sean iguales o inferiores a 90 días a lo largo de cada año natural, o estén motivadas por causas de enfermedad del beneficiario, debidamente justificadas mediante el correspondiente certificado médico. 3. El derecho al complemento por mínimos se perderá si el beneficiario establece su residencia fuera del territorio español o tiene estancias fuera del territorio español superiores a 90 días a lo largo de cada año natural, salvo que el interesado pueda acreditar por otros medios que su residencia habitual se encuentra en España. A estos efectos, podrá tenerse en cuenta la situación familiar, la existencia de motivos profesionales que le obliguen a desplazarse con tanta frecuencia, el hecho de disponer en España de un empleo estable o su intención de tenerlo. 4. En caso de incumplimiento del requisito de residencia, la pérdida del derecho al complemento por mínimos tendrá efectos a partir del día 1 del mes siguiente a aquel en que se produzca dicha circunstancia. 5. Los complementos por mínimos de las pensiones no tienen carácter consolidable y se extinguirán por el incumplimiento de los requisitos de ingresos o de residencia, exigidos para su obtención. En el supuesto de que, con posterioridad a la extinción, volviera a darse alguna de las circunstancias determinantes para su reconocimiento, los complementos por mínimos no se rehabilitarán a iniciativa de la entidad gestora, sino previa solicitud y acreditación de los correspondientes requisitos por parte del interesado. 6. El requisito de residencia en territorio español para tener derecho al complemento para alcanzar la cuantía mínima de las pensiones, se exigirá para aquellas pensiones cuyo hecho causante se produzca a partir del 1 de enero de 2013, con independencia de la legislación aplicable en el reconocimiento de la pensión. Disposición transitoria primera. Aplicación de las normas reglamentarias vigentes en materia de jubilación con anterioridad a 1 de enero de 2013. Las disposiciones reglamentarias vigentes, en materia de jubilación, antes del 1 de enero de 2013, serán de aplicación en los supuestos a que hace referencia el apartado 2 de la disposición final duodécima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto. Asimismo, las disposiciones reglamentarias vigentes, en materia de jubilación, antes del 1 de enero de 2013, serán de aplicación en todo lo que no se opongan a lo establecido en este real decreto, para el reconocimiento de las pensiones de jubilación que se causen a partir del 1 de enero de 2013 por los trabajadores no incluidos en el apartado 2 de la disposición final duodécima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto. Disposición transitoria segunda. Jubilaciones ordinarias procedentes de jubilaciones parciales. Será de aplicación la regulación de la pensión de jubilación vigente antes de la entrada en vigor de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, a quienes soliciten una jubilación ordinaria, aunque esta sea causada con posterioridad al 1 de enero de 2013, y proceda de una jubilación parcial a la que hayan accedido con anterioridad al 2 de agosto de 2011, así como a las personas incorporadas antes de esta fecha a planes de jubilación parcial, recogidos en convenios colectivos de cualquier ámbito o acuerdos colectivos de empresas, con independencia de que el acceso a la jubilación parcial se haya producido con anterioridad o con posterioridad al 1 de enero de 2013. En tal caso, cuando el jubilado parcial acceda a la jubilación ordinaria después del cumplimiento de los 65 años, durante el tiempo transcurrido desde ese momento hasta la fecha del hecho causante de la jubilación plena, no existirá obligación por parte del empresario de mantener el contrato de relevo con un tercero. Disposición transitoria tercera. Trabajadores con la condición de mutualistas. A los trabajadores que tuvieran la condición de mutualistas el 1 de enero de 1967 o fecha equivalente, cuando accedan a la pensión de jubilación con una edad superior a la de 65 años, la cuantía de aquella se les reconocerá en los términos establecidos en el artículo 163.2 de la Ley General de la Seguridad Social. A tal efecto, se reconocerá al interesado un porcentaje adicional por cada año completo cotizado entre la fecha en que cumpla la edad que resulte de aplicación en cada caso, según lo establecido en el artículo 161.1.a) de dicha ley, y la del hecho causante de la pensión. Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este real decreto y, de manera específica, se entenderán derogadas, a partir de 1 de enero de 2013, las disposiciones reglamentarias que afecten a los contenidos de jubilación y estuvieran en vigor el 31 de diciembre de 2012, en todo lo que se opongan a lo establecido en este real decreto, exclusivamente para el reconocimiento de las pensiones de jubilación causadas, a partir del 1 de enero de 2013, por los trabajadores no incluidos en el apartado 2 de la disposición final duodécima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto. Disposición final primera. Título competencial. Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.17.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de régimen económico de la Seguridad Social. Disposición final segunda. Facultades de aplicación y desarrollo. Se faculta a la Ministra de Empleo y Seguridad Social para dictar las disposiciones de carácter general necesarias para la aplicación y desarrollo de este real decreto. Disposición final tercera. Entrada en vigor. El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», si bien sus efectos se iniciarán el 1 de enero de 2013, salvo en lo que se refiere a lo establecido en el artículo 4 y en la disposición transitoria segunda que tendrá efectos en la fecha de entrada en vigor de este real decreto. Dado en Madrid, el 28 de diciembre de 2012. JUAN CARLOS R. La Ministra de Empleo y Seguridad Social, FÁTIMA BÁÑEZ GARCÍA

El Gobierno cede al Ayuntamiento de Pedreguer (Alicante) una casa cuyo uso lleva haciéndose por parte de la asociación MASSMA y el propio ayuntamiento para ayudar a personas drogodependientes o con otros trastornos adictivos.

La Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social ha modificado determinados preceptos del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, y ha incorporado, asimismo, nuevas disposiciones en dicho texto legal, introduciendo importantes innovaciones en el régimen jurídico de algunas prestaciones de la Seguridad Social. Resultan especialmente significativos los cambios normativos que han afectado a la pensión de jubilación, tales como la exigencia de forma progresiva y gradual de la edad de acceso a la jubilación; la modificación paulatina del sistema de cálculo de la base reguladora, con especial atención a las personas que se han visto obligadas a abandonar su vida laboral a una edad próxima a la jubilación; el establecimiento de nuevos porcentajes aplicables a la base reguladora para determinar la cuantía de la pensión; la variación de los porcentajes por prolongación de la vida activa laboral o, finalmente, la fijación de nuevos coeficientes reductores de la edad en la jubilación anticipada. El real decreto tiene por objeto, en consecuencia, desarrollar determinados aspectos de la nueva ordenación legal, que se consideran necesarios para facilitar la aplicación paulatina y gradual de las medidas que deben hacerse efectivas a partir del 1 de enero de 2013. La nueva regulación fija la edad ordinaria de jubilación en términos de años y meses durante un período transitorio que se extiende hasta el año 2027. Y además, en los casos de jubilación anticipada, la anticipación no se mide por años sino por trimestres. En consecuencia, es preciso que el cómputo de los meses para determinar la edad ordinaria que corresponda en cada caso se haga de fecha a fecha por ser el criterio común y habitual para computar la edad y guarda relación con lo establecido en el artículo 5 del Código Civil respecto del cómputo de plazos. Del mismo modo, a efectos de computar los trimestres de anticipación convendrá operar de fecha a fecha, tomando como referencia siempre el día de cumplimiento de la edad ordinaria y, a partir de ahí, computar los trimestres. También, a partir de 1 de enero de 2013, para el acceso a las pensiones de la Seguridad Social, así como para la determinación de la cuantía de las mismas, los plazos señalados en la ley en años, semestres, trimestres o meses, serán objeto de adecuación a días, mediante las correspondientes equivalencias. La nueva regulación hace depender la edad ordinaria de jubilación del período de cotización acreditado expresándolo en años y meses; el porcentaje aplicable a partir de los primeros quince años se define mediante la aplicación de un coeficiente por mes de cotización y los coeficientes reductores por jubilación anticipada difieren según que el interesado tenga 38 años y 6 meses de cotización o no. Es decir, la nueva regulación emplea no solo el año sino también el mes como unidad de tiempo relevante para distintos aspectos de la jubilación, por lo que se hace preciso establecer una fórmula objetiva y única que convierta la unidad de tiempo «día» en unidad de tiempo «mes», fórmula que ha de garantizar el principio de igualdad de trato entre todos los ciudadanos que soliciten una pensión. La Ley 27/2011, de 1 de agosto, introduce, asimismo, mediante la disposición adicional sexagésima de la Ley General de la Seguridad Social, algunas previsiones específicas que amplían los beneficios por cuidado de hijos o menores, concretándose en dos medidas en particular: protección en las situaciones de interrupción de la cotización en los supuestos de nacimiento o adopción de hijos o acogimiento de menores y ampliación de los periodos considerados como cotizados en los casos de excedencia por cuidado de hijos o menores acogidos. El real decreto desarrolla el contenido y facilita la aplicabilidad de estos nuevos beneficios en la gestión de las prestaciones, contemplando los supuestos en que aquellos concurran con el reconocimiento de días asimilados por parto y con los periodos de cotización efectiva derivados de las situaciones de excedencia antes mencionadas. La Ley 27/2011, de 1 de agosto, señala también que el derecho a percibir los complementos necesarios para alcanzar la cuantía mínima de las pensiones, cuyo hecho causante se produzca a partir del 1 de enero de 2013, está sujeto al requisito de residencia en territorio español, en los términos que legal o reglamentariamente se determinen. En cumplimiento de esta medida, el real decreto entiende que, por equiparación con las prestaciones familiares económicas, de modalidad no contributiva, el beneficiario de la pensión tiene su residencia habitual en territorio español cuando las estancias en el extranjero son iguales o inferiores a 90 días a lo largo de cada año natural. En la disposición transitoria primera el real decreto se refiere a la aplicación de las normas reglamentarias que, al amparo del apartado 2 de la disposición final duodécima de la Ley 27/2001, de 1 de agosto, deben permanecer vigentes después del 1 de enero de 2013, como consecuencia de la coexistencia de dos regulaciones en materia de jubilación, y en la disposición transitoria tercera se contemplan determinadas peculiaridades en relación con la jubilación de los trabajadores que tienen la condición de mutualistas. En el proceso de su tramitación, el real decreto ha sido sometido a consulta de las administraciones públicas implicadas y de los interlocutores sociales. Este real decreto se dicta de conformidad con lo previsto en el apartado 1 de la disposición final sexta de la Ley 27/2011, de 1 de agosto. En su virtud, a propuesta de la Ministra de Empleo y Seguridad Social, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 28 de diciembre de 2012, ### RESUMEN: El Gobierno cede al Ayuntamiento de Pedreguer (Alicante) una casa cuyo uso lleva haciéndose por parte de la asociación MASSMA y el propio ayuntamiento para ayudar a personas drogodependientes o con otros trastornos adictivos.

Con fecha 27 de enero de 2017 se ha suscrito el Convenio entre la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y el Ayuntamiento de Pedreguer (Alicante) para la cesión de un inmueble integrado en el Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados. En aplicación de lo dispuesto en el apartado 8 del artículo 48 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y, de conformidad con las competencias conferidas por el Real Decreto 539/2016, de 18 de noviembre, resuelvo: Proceder a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del citado Convenio, que se incorpora como anexo a esta resolución. Madrid, 23 de febrero de 2017.–El Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés Sanagustín. ANEXO Convenio suscrito entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas) y el excelentísimo Ayuntamiento de Pedreguer (Alicante) por el que se formaliza la cesión de un inmueble propiedad del Estado e integrado en el Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados En Madrid, a 27 de enero de 2017. REUNIDOS De una parte, doña Dolors Montserrat Montserrat, Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, nombrada mediante Real Decreto 417/2016, de 3 de noviembre (BOE número 267, del 4), y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Real Decreto 864/1997, por el que se aprueba el Reglamento del Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados; el artículo 7 y la disposición adicional cuarta del Real Decreto 200/2012, de 23 de enero, por la que se establece la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; así como el artículo 13 del Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. Y de otra, don Sergi Ferrús Peris, Alcalde-Presidente del excelentísimo Ayuntamiento de la localidad de Pedreguer (Alicante), nombrado mediante elección efectuada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de 13 de junio de 2015 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1, a) b) y s), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. En presencia de don Mario Garcés Sanagustín, Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Ambas partes, en la representación que ostentan y reconociéndose plena capacidad para actuar, EXPONEN Primero. Que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad es el Departamento de la Administración General del Estado al que le corresponde, a través de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad y en virtud del Real Decreto 200/2012, de 23 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, el desarrollo de las competencias del Departamento en materia de drogodependencias. De la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad depende la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas a la que corresponde, entre otras funciones y en particular, -artículo 7.2.ñ)-, «Administrar, gestionar y enajenar, bajo la dirección y supervisión de la mesa de coordinación de adjudicaciones, los bienes integrados en el Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, regulado por la Ley 17/2003, de 29 de mayo…» Segundo. Que el Ayuntamiento de Pedreguer, en consonancia con lo recogido en el artículo 25.1 de la Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo y en lo relativo a la «Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social». Tercero. La Ley 17/2003, de 29 de mayo, por la que se regula el Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados (en adelante el Fondo), tiene por objeto, según su artículo 1, «Regular el destino de los bienes, efectos e instrumentos que sean objeto de comiso en aplicación de los artículos 374 del Código Penal y 5 de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, cuando en este último caso dichos bienes, efectos e instrumentos se hayan utilizado o provengan de la ejecución de un delito de contrabando de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas o de sustancias catalogadas como precursores, así como de los decomisados como consecuencia accesoria del delito tipificado en el artículo 301.1, párrafo segundo, del Código Penal, y que por sentencia firme se adjudiquen definitivamente al Estado... 2. La creación de un fondo, de titularidad estatal, que se nutrirá con los bienes, efectos e instrumentos contemplados en el párrafo anterior, con las rentas e intereses de dichos bienes y con el producto que se obtenga de éstos cuando no sean líquidos y se enajenen y liquiden según las previsiones de esta ley y de sus normas reglamentarias de desarrollo.». Establece el artículo 2 de este texto legal los fines a los que se destinará este Fondo señalando, entre otros, los «Programas de prevención de toxicomanías, asistencia de drogodependientes e inserción social y laboral de éstos». Se recoge en su artículo 3.1, los destinatarios y beneficiarios de dicho Fondo, estando entre ellos, «b) Las comunidades autónomas y las entidades locales, en los siguientes supuestos: 1.º Para el desarrollo y ejecución de los planes sobre drogas, de acuerdo con las previsiones de los respectivos planes regionales o autonómicos... 3.º Para las organizaciones no gubernamentales o entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas cuyo ámbito no supere el de la respectiva comunidad autónoma.». El artículo 4 de la norma antecitada recoge el destino legal de los recursos del Fondo, señalando en su apartado 2 que «En casos determinados, y de forma excepcional y motivada, los bienes del fondo no consistentes en dinero u otros instrumentos de pago al portador se podrán destinar, a solicitud de los destinatarios y beneficiarios establecidos en el artículo 3.1, a la satisfacción de cuales quiera de las actividades o fines previstos en el artículo 2 de esta ley...» Cuarto. Por otro lado, el desarrollo reglamentario de la Ley del Fondo (Real Decreto 864/1997, de 6 de junio) contempla y regula la justificación y articulación de la cesión de bienes integrados en el Fondo en favor de las entidades locales en varias de sus disposiciones. • Artículo 12.5: «…. se formalizará la cesión del uso de los bienes... a través del oportuno convenio, si no se trata de órganos de la Administración General del Estado, en el cual se fijarán las condiciones a las que se someterá dicha cesión…» • Artículo 15.1: «No obstante lo establecido en el artículo 6.3, último párrafo, de este Reglamento, en casos determinados, y de forma motivada, la Mesa podrá acordar que los bienes inmuebles no enajenados sean destinados a la instalación, ampliación o reubicación de dispositivos dedicados a la prevención, asistencia e inserción social y laboral de drogodependientes... conforme a los criterios aprobados por el Consejo de Ministros, a iniciativa de dicha Mesa.». • Artículo 15.4: «En los casos a que se refiere el apartado 1, aunque la titularidad de los inmuebles corresponda al Estado, su uso podrá ser cedido por la Mesa a cualquiera de los destinatarios a que alude el artículo 3.1 de la Ley 36/1995, de 11 de diciembre –en la actualidad, Ley 17/2003, de 29 de mayo–, siempre que lo soliciten, y en los términos y condiciones que se prevean en el acuerdo de cesión y, en su caso, en el convenio suscrito al efecto.». Quinto. En virtud de la sentencia judicial firme dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Alicante y según ejecutoria penal 72/2014, se decretó, en aplicación de la Ley 17/2003, de 29 de mayo, el comiso y adjudicación al Estado de la finca registral 10449, tomo 1736, libro 202, folio 105, inscripción 5. La citada finca con referencia catastral 03010A 015000590000OQ, se halla inscrita a nombre del Estado español en el Registro de la Propiedad de Pedreguer y consiste en una finca rústica, secano, en dicho término municipal y en la partida Campell con una superficie de 11.780 metros cuadrados, dentro de la cual existe una casa de labor, en el número 5 de la citada partida Campell. Anteriormente al dictado de la sentencia judicial firme y en la fase de instrucción del procedimiento penal, y por parte del Juzgado de 1.ª instancia n.º 7 de Denia, el titular de dicho Juzgado, atendiendo al lamentable estado en el que se encontraba el inmueble (había sido objeto de allanamiento y robo), cedió al Ayuntamiento de Pedreguer, a propuesta de esta Corporación, el inmueble referido para destinarlo a fines sociales por entender que dicho destino satisfacía plenamente los intereses generales. El Juzgado de Instrucción, mediante auto de 27 de diciembre de 2007, acordó, «… siguiendo las indicaciones del Ministerio Fiscal en su informe de 5 de diciembre de 2007 y los parámetros de la Ley del Fondo de bienes decomisados, para evitar el deterioro de la citada finca y asegurar un uso adecuado y beneficioso para la sociedad, con la finalidad de preparar la futura adjudicación definitiva como efecto o ganancia procedente de un delito grave, en la modalidad clásica de un delito contra la salud pública y posterior blanqueo del dinero precedente del delito, se adjudica a la Generalidad Valenciana la administración del inmueble sito en la Partida Campell n.º 5 de Pedreguer, para que el excelentísimo Ayuntamiento de Pedreguer lo destine a un centro de atención a personas discapacitadas y enfermos mentales para la comarca del Marina Alta» Recibida la sentencia firme e inscrita la finca a nombre del Estado español, por parte del Ayuntamiento de Pedreguer se recibe escrito, en fecha 31 de marzo de 2015, en el que se solicita la cesión del inmueble con el objeto de poder seguir desarrollando las actividades que se venían llevando a cabo desde el año 2008 y derivadas del auto referido en el párrafo anterior. En la memoria justificativa que acompaña a la petición, se indica que, entre las asociaciones y entidades que desarrollan su actividades en la finca se encuentra la asociación AMADEM, la cual atiende «… a personas y familiares que padecen algún trastorno mental y que, en un porcentaje muy elevado coexisten con una adicción a una sustancia tóxica, lo que se denomina Patología Dual.». Por último, el Ayuntamiento, en escrito de 27 de enero de 2016 y abundando en la justificación de su solicitud de cesión, facilita dossier relativo al Plan Municipal de Drogodependencias y otros trastornos adictivos de la Mancomunitat de Serveis Socials Marina Alta 2016/2019 (MASSMA) en el que se indica que «… desde el 1 de enero de 2016, la sede del Centro de unidad de prevención comunitaria de conductas adictivas, perteneciente a la MASSMA (Mancomunidad de servicios sociales de la Marina Alta), de la cual Pedreguer forma parte y es el municipio de mayor población, tiene su sede y desarrolla sus actividades en la citada finca.». Esta solicitud, tras el informe favorable para su cesión emitido por la Abogacía del Estado del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha sido aprobada por la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, según certificado expedido por dicho órgano colegiado en fecha 6 de octubre de 2016. Por todo lo manifestado, y en virtud del interés en cooperar para conseguir los objetivos comunes mencionados, ambas partes acuerdan suscribir el presente convenio que se regirá por las siguientes CLÁUSULAS Primera. Objeto del Convenio. El presente Convenio tiene por objeto formalizar la cesión del inmueble situado en la partida Campell n.º 5 de Pedreguer (Alicante), finca registral número 10449 y recoger las condiciones de la misma y las obligaciones y compromisos de cada una de las partes intervinientes. Segunda. Compromisos del Ayuntamiento de Pedreguer y condiciones de la cesión. El Ayuntamiento de Pedreguer en virtud de este convenio y en aplicación de las normas recogidas en la normativa reguladora del Fondo de bienes decomisados, y supletoriamente las recogidas en la de patrimonio del Estado, asume los siguientes compromisos: 1. El inmueble cedido no podrá ser enajenado, arrendado, cedido ni gravado, siendo nulo cualquier pacto o acuerdo al respecto. 2. La finca cedida habrá de ser destinada durante todo el período de vigencia del presente convenio a las actividades relacionadas en el apartado quinto del exponen o en otras de naturaleza análoga de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 17/2003, por parte del Ayuntamiento y su incumplimiento determinará la resolución del presente convenio y la reversión del inmueble al Fondo. En este caso la Delegación del Gobierno podrá exigir al cesionario, previa tasación pericial, el valor de los detrimentos o deterioros experimentados en el inmueble o de los beneficios obtenidos indebidamente así como el resarcimiento de los daños que tal incumplimiento hubiera implicado. En este caso, la extinción y reversión se realizará sin derecho a indemnización alguna a favor del Ayuntamiento. 3. El Ayuntamiento deberá acreditar ante la Delegación del Gobierno estar en posesión de las correspondientes autorizaciones para realizar en el inmueble las actividades previstas, quedando condicionada la efectiva cesión al cumplimiento de este requisito. 4. El Ayuntamiento facilitará la información relativa a la situación, utilización y demás circunstancias del bien cedido, cuando así le sea requerida por la Delegación del Gobierno, 5. Anualmente, y dentro del primer trimestre, se presentará a la Delegación del Gobierno por parte del Ayuntamiento una memoria explicativa de las actividades realizadas en el inmueble, probatorias de que las mismas se adecúan a los fines legales del artículo 2 de la Ley 17/2003 y que motivan la cesión del inmueble. 6. La presente cesión se inscribirá por parte del Ayuntamiento en el Registro de la Propiedad de Pedreguer con expresa mención de que la misma se efectúa para los fines señalados en este acuerdo, quedando sujeto el inmueble de modo permanente a dicha condición. El gasto correspondiente a dicha anotación registral será con cargo al presupuesto del Ayuntamiento, enviando posteriormente a la Administración cedente nota registral en donde conste tal anotación. 7. Todos los gastos derivados y asociados al inmueble (impuestos, tasas y contribuciones, en especial el Impuesto sobre Bienes Inmuebles) correrán por cuenta del cesionario, así como los derivados de obras, inversiones, servicios o suministros asociados al funcionamiento del inmueble y a las actividades desarrolladas en él. 8. El inmueble dispone, en el momento de la formalización del presente acuerdo, de Certificado de Eficiencia Energética, siendo obligación, en su caso, del cesionario la renovación del mismo cuando la vigencia del mismo finalice. 9. El Ayuntamiento deberá recoger en los medios de identificación externa del inmueble y en los de difusión de las actividades que en el mismo se desarrollan, una mención de que se trata de un inmueble cedido gratuitamente por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas para los fines mencionados. Tercera. Compromisos de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas adoptará las medidas que estime oportunas en orden a vigilar el cumplimiento del presente convenio de cesión, en especial en lo relativo a la obligación de vigilar la aplicación efectiva de la finca cedida a los fines previstos en la Ley 17/2003. Previa petición del Ayuntamiento, la Delegación facilitará y, en su caso, gestionará, aquellas actuaciones sobre el inmueble que, por imperativo legal o necesidades derivadas del funcionamiento del inmueble y las actividades allí desarrolladas, les sean requeridas por el Ayuntamiento y no consistan en ninguna de las obligaciones recogidas en el apartado anterior. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 151.4 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, de aplicación supletoria a la Ley 17/2003, se procederá, por parte de la Delegación a publicar en el Boletín Oficial del Estado, la cesión del inmueble al que se refiere el presente convenio. Cuarta. Duración. El período de cesión de este bien inmueble tendrá una duración inicial de quince años, pudiendo prorrogarse por períodos sucesivos de cinco años, sin que la duración máxima de la cesión (incluidas las prórrogas) supere los cincuenta años, revirtiendo a su finalización al Fondo, o, en su defecto, al Patrimonio del Estado Quinta. Causas de extinción. Son causas de resolución del presente convenio: – El acuerdo mutuo de las partes. – El incumplimiento grave y reiterado de las condiciones y obligaciones recogidas en la cláusula segunda de este documento. – El cambio de los fines y las actividades desarrolladas en el inmueble, si las mismas no se adecuan a lo recogido en el artículo 2 de la Ley 17/2003. – La finalización del período inicial de 15 años, o de cualquiera de sus prórrogas. – El desistimiento unilateral del cesionario con el plazo de preaviso de un año. En todos estos casos de extinción, no existirá derecho a indemnización alguna a favor del Ayuntamiento. Sexta. Comisión de Seguimiento. Se constituirá una Comisión Mixta, que se reunirá cuando así lo solicite una de las partes. Se levantarán las actas correspondientes de cada una de las reuniones que se celebren. Esta Comisión tendrá a su cargo el seguimiento y la valoración de las acciones derivadas del Convenio, así como la resolución de los problemas de interpretación y cumplimiento que pudieran plantearse. Dicha Comisión Mixta estará integrada por cuatro miembros, dos por parte de cada uno de los firmantes del presente convenio. El funcionamiento de esta Comisión Mixta se regirá por lo dispuesto en el presente documento y, en lo no previsto, por lo dispuesto en la normativa reguladora de órganos colegiados de las Administraciones Públicas. Séptima. Relación contractual. La aplicación de este Convenio y la cesión del inmueble no generará, en ningún caso, relación laboral alguna entre la administración cedente y los/as profesionales que lleven a cabo la ejecución de las actividades en el inmueble cedido. Octava. Ámbito jurisdiccional. El presente Convenio tiene naturaleza administrativa. Las controversias que pudieran surgir sobre su interpretación, modificación, resolución y efectos, se resolverán entre las partes agotando todas las formas posibles de conciliación para llegar a un acuerdo amistoso extrajudicial. En su defecto, serán competentes para conocer las cuestiones litigiosas los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. En caso de dudas o lagunas que pudieran presentarse en la aplicación e interpretación de dicho Convenio, serán de aplicación los principios del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. No será de aplicación al presente Convenio el artículo 13 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio). Novena. Informe de la Abogacía del Estado y de la Intervención Delegada. El citado Convenio ha sido informado favorablemente por la Abogacía del Estado y la Intervención Delegada del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Y para que conste y surta los efectos oportuno, en prueba de conformidad, las partes firman el presente Convenio, en triplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba indicados.–La Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat Montserrat, visto bueno del Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés Sanagustín.–El Alcalde de Pedreguer, Sergi Farrús Peris.

Orden ministerial que aumenta el presupuesto en Asistencia Jurídica Gratuita del Ministerio de Justicia para las Comunidades Autónomas que no han asumido competencias en materia de Administración de Justicia.

Con fecha 27 de enero de 2017 se ha suscrito el Convenio entre la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y el Ayuntamiento de Pedreguer (Alicante) para la cesión de un inmueble integrado en el Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados. En aplicación de lo dispuesto en el apartado 8 del artículo 48 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y, de conformidad con las competencias conferidas por el Real Decreto 539/2016, de 18 de noviembre, resuelvo: Proceder a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del citado Convenio, que se incorpora como anexo a esta resolución. Madrid, 23 de febrero de 2017.–El Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés Sanagustín. ANEXO Convenio suscrito entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas) y el excelentísimo Ayuntamiento de Pedreguer (Alicante) por el que se formaliza la cesión de un inmueble propiedad del Estado e integrado en el Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados En Madrid, a 27 de enero de 2017. REUNIDOS De una parte, doña Dolors Montserrat Montserrat, Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, nombrada mediante Real Decreto 417/2016, de 3 de noviembre (BOE número 267, del 4), y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Real Decreto 864/1997, por el que se aprueba el Reglamento del Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados; el artículo 7 y la disposición adicional cuarta del Real Decreto 200/2012, de 23 de enero, por la que se establece la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; así como el artículo 13 del Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. Y de otra, don Sergi Ferrús Peris, Alcalde-Presidente del excelentísimo Ayuntamiento de la localidad de Pedreguer (Alicante), nombrado mediante elección efectuada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de 13 de junio de 2015 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1, a) b) y s), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. En presencia de don Mario Garcés Sanagustín, Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Ambas partes, en la representación que ostentan y reconociéndose plena capacidad para actuar, EXPONEN Primero. Que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad es el Departamento de la Administración General del Estado al que le corresponde, a través de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad y en virtud del Real Decreto 200/2012, de 23 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, el desarrollo de las competencias del Departamento en materia de drogodependencias. De la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad depende la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas a la que corresponde, entre otras funciones y en particular, -artículo 7.2.ñ)-, «Administrar, gestionar y enajenar, bajo la dirección y supervisión de la mesa de coordinación de adjudicaciones, los bienes integrados en el Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, regulado por la Ley 17/2003, de 29 de mayo…» Segundo. Que el Ayuntamiento de Pedreguer, en consonancia con lo recogido en el artículo 25.1 de la Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo y en lo relativo a la «Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social». Tercero. La Ley 17/2003, de 29 de mayo, por la que se regula el Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados (en adelante el Fondo), tiene por objeto, según su artículo 1, «Regular el destino de los bienes, efectos e instrumentos que sean objeto de comiso en aplicación de los artículos 374 del Código Penal y 5 de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, cuando en este último caso dichos bienes, efectos e instrumentos se hayan utilizado o provengan de la ejecución de un delito de contrabando de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas o de sustancias catalogadas como precursores, así como de los decomisados como consecuencia accesoria del delito tipificado en el artículo 301.1, párrafo segundo, del Código Penal, y que por sentencia firme se adjudiquen definitivamente al Estado... 2. La creación de un fondo, de titularidad estatal, que se nutrirá con los bienes, efectos e instrumentos contemplados en el párrafo anterior, con las rentas e intereses de dichos bienes y con el producto que se obtenga de éstos cuando no sean líquidos y se enajenen y liquiden según las previsiones de esta ley y de sus normas reglamentarias de desarrollo.». Establece el artículo 2 de este texto legal los fines a los que se destinará este Fondo señalando, entre otros, los «Programas de prevención de toxicomanías, asistencia de drogodependientes e inserción social y laboral de éstos». Se recoge en su artículo 3.1, los destinatarios y beneficiarios de dicho Fondo, estando entre ellos, «b) Las comunidades autónomas ### RESUMEN: Orden ministerial que aumenta el presupuesto en Asistencia Jurídica Gratuita del Ministerio de Justicia para las Comunidades Autónomas que no han asumido competencias en materia de Administración de Justicia.

La Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, garantiza el mandato contenido en los artículos 24, 25 y, especialmente, en el artículo 119 de la Constitución española, salvaguardando el derecho a la tutela judicial efectiva de todas las personas. No en vano, sin el reconocimiento del beneficio de justicia gratuita, muchas personas quedarían al margen de este acceso a la justicia y sin instrumentos para la defensa de sus derechos e intereses legítimos. A tal objeto, y desde la promulgación de la mencionada Ley 1/1996, de 10 de enero, el Estado asume el coste económico derivado de la justa indemnización a los abogados, procuradores y otros profesionales que intervienen en los procesos judiciales, así como el coste de la obtención de pruebas que, en otras circunstancias, resultarían inasumibles para los ciudadanos en situación de vulnerabilidad económica. Por otra parte, el Reglamento de asistencia de jurídica gratuita, aprobado por el Real Decreto 996/2003, de 25 de julio, regula los procedimientos para el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, introduciendo, además, un procedimiento en aquellos procesos judiciales y administrativos que tengan causa directa o indirecta en la violencia de género, en cumplimiento de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Este real decreto fue modificado por el Real Decreto 1455/2005, de 2 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de asistencia jurídica gratuita. La presente orden tiene por objeto la actualización del anexo II del precitado Reglamento manteniendo, no obstante, el esquema básico diseñado en aquella norma, que establece módulos y bases de compensación, en función de cada una de las actuaciones singulares realizadas ante los tribunales. Esta actualización busca atemperar la depreciación económica sufrida a lo largo de los últimos años, como consecuencia de la congelación de los módulos compensatorios de las actuaciones desempeñadas por abogados y procuradores, así como atender, en la medida de las disponibilidades presupuestarias actuales, a la mayor complejidad y dedicación que exige la evolución del ejercicio del derecho de defensa ante los tribunales. No en vano, resulta innegable que la garantía de una asistencia jurídica de calidad debe verse amparada por una adecuada compensación del trabajo realizado por quienes materializan, en favor de las personas más desfavorecidas, el derecho a la tutela judicial efectiva mediante su defensa y representación en el proceso. De esta forma, el incremento económico, que se materializa por medio de esta orden ministerial, es el mayor de los acometidos hasta ahora por las Administraciones Públicas con competencias en materia de asistencia jurídica gratuita y responde a lo previsto en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, aumentando el presupuesto en Asistencia Jurídica Gratuita del Ministerio de Justicia para las Comunidades Autónomas que no han asumido competencias en materia de Administración de Justicia, en un 33 %, lo que se traduce en un incremento total de 12 millones de euros. Asimismo, especial atención merece el tratamiento dado a las actuaciones derivadas del asesoramiento y asistencia inmediata a la mujer víctima de violencia de género que, en cumplimiento de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, fue introducido como capítulo separado, en virtud del Real Decreto 1455/2005, de 2 de diciembre, y que experimenta, a través de la presente orden ministerial, un incremento general de un 35 %. Este incremento manifiesta, de forma clara, la voluntad plasmada por todas las fuerzas políticas en el Pacto de Estado en Materia de Violencia de Género y permitirá reforzar el sistema de asistencia jurídica gratuita a mujeres víctimas de violencia de género y redundando, sin duda, en un perfeccionamiento de la asistencia y en un aumento de la capacidad para el asesoramiento y la asistencia legal a las mujeres víctimas de violencia de género. Finalmente, cabe señalar que la presente orden se adecua a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Por todo lo anterior y, de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento de asistencia jurídica gratuita, aprobado por el Real Decreto 996/2003, de 25 de julio, previo informe del Consejo General de la Abogacía Española, del Consejo General de los Procuradores de España y del Ministerio de Hacienda, dispongo: Artículo único. Se actualiza el anexo II del Reglamento de asistencia jurídica gratuita, aprobado por el Real Decreto 996/2003, de 25 de julio, que se incorpora como anexo a la presente orden ministerial. Disposición transitoria única. Efectos económicos. Los módulos y bases de compensación económica previstos en el anexo a la presente orden ministerial serán de aplicación a las actuaciones profesionales realizadas a partir del 1 de enero de 2018. Disposición final única. Entrada en vigor. La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 7 de noviembre de 2018.–La Ministra de Justicia, Dolores Delgado García. ANEXO «ANEXO II Módulos y bases de compensación económica - Abogados Asistencia al detenido o preso Asistencia individualizada (procedimiento penal general) 81,14 € Asistencia individualizada (procedimiento enjuiciamiento rápido) 72,12 € Servicio de guardia de 24 horas. Asistencia al detenido-Audiencia Nacional 157,64 € Servicio de guardia de 24 horas. Asistencia al detenido (procedimiento penal general) 154,16 € Servicio de guardia de 24 horas. Asistencia al detenido en Procedimiento de Enjuiciamiento Rápido (carácter excepcional) 72,12 € Asesoramiento y asistencia inmediata a la mujer víctima de violencia de género Por disponibilidad cuando no haya sido requerida la asistencia durante el servicio de guardia de 24 horas 81,14 € Por disponibilidad y asesoramiento previo prestado sin que la víctima haya requerido ninguna otra actuación en el servicio de guardia, por cada asistencia (con un límite de 162,28 euros) 81,14 € Por disponibilidad y por asesoramiento previo prestado con asistencia en la formulación de la denuncia o solicitud de orden de protección, por cada asistencia (con un límite de 243 euros) 121,50 € Vía previa administrativa o conciliación previa en materia laboral 81,14 € Gastos de desplazamiento si el lugar en que hay que prestar la asistencia: – Dista más de 5 km. de la sede del Colegio en cuya circunscripción se comprende el partido judicial 13,06 € – Dista más de 25 km. de la sede del Colegio en cuya circunscripción se comprende el partido judicial 32,68 € – Dista más de 50 km. de la sede del Colegio en cuya circunscripción se comprende el partido judicial 54,45 € Jurisdicción penal Procedimiento con Tribunal del Jurado 405,69 € Procedimiento penal de especial complejidad 360,61 € Por cada mil folios 22,41 € A partir de cinco comparecencias ante el juzgado, por cada cinco comparecencias 24,30 € A partir de dos días de vista, por cada día 64,91 € Procedimiento penal de especial complejidad ante la Audiencia Nacional 378 € Por cada mil folios 22,41 € A partir de cinco comparecencias ante el juzgado, por cada cinco comparecencias 22,80 € A partir de dos días de vista, por cada día 68,40 € Procedimiento penal general 324,54 € Procedimiento penal general ante la Audiencia Nacional 339,60 € Procedimiento abreviado 270,00 € Procedimiento abreviado ante la Audiencia Nacional 270,00 € Procedimiento de enjuiciamiento rápido con asistencia a detenido 273,38 € Procedimiento de enjuiciamiento rápido sin asistencia a detenido 264,00 € Procedimiento penal de menores, incluida pieza de responsabilidad civil 270,00 € Procedimiento penal de menores ante la Audiencia Nacional 270,00 € Expedientes de vigilancia penitenciaria 137,03 € Expedientes de vigilancia penitenciaria ante la Audiencia Nacional 140,92 € Asistencia a la comparecencia de la orden de protección 81,14 € Juicios de Faltas 94,50 € Procedimiento Abreviado con desplazamiento para la asistencia a juicio oral 268,85 € Gastos de desplazamiento por salidas a centros de prisión: – Si distan más de 5 km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se comprende el partido judicial 14,42 € – Si distan más de 25 km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se comprende el partido judicial 34,50 € – Si distan más de 50 km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se comprende el partido judicial 50,00 € Jurisdicción civil Juicio ordinario 320,87 € Verbal 202,50 € Juicio completo de familia contencioso 270,00 € Medidas provisionales 72,12 € Juicio completo de familia de mutuo acuerdo 162,00 € Filiación, paternidad, capacidad 240,00 € Monitorio 157,16 € División Judicial de patrimonios 202,50 € Cambiario 202,50 € Solicitud y asistencia a las medidas previas de separación y divorcio 72,12 € Solicitud y asistencia a la vista de las medidas cautelares previas o provisionales del artículo 770.6.ª de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil 72,12 € Procesos sobre guardia y custodia o alimentos de hijos menores 144,00 € Petición de eficacia civil de resoluciones de Tribunales eclesiásticos 72,12 € Procedimiento completo de modificación de medidas 121,50 € Jurisdicción Voluntaria 180,00 € Jurisdicción contencioso-administrativa Vía administrativa previa (extranjería y asilo) 97,36 € Vía administrativa previa (extranjería y asilo) ante la Audiencia Nacional 90,00 € Recurso contencioso-administrativo 238,00 € Recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional 249,60 € Jurisdicción social Procedimiento íntegro 158,66 € Recurso de suplicación 86,54 € Jurisdicción militar Fase sumarial 72,12 € Fase Juicio Oral 142,91 € Recursos Recurso de Casación 301,50 € Recurso de Casación cuando no se formaliza y hay solo anuncio 28,85 € Recurso de Amparo 301,50 € Recurso de Apelación 122,60 € Normas generales Transacciones extrajudiciales 75 % de la cuantía aplicable al procedimiento. Informe motivado de la insostenibilidad de la pretensión 40,57 € Procedimientos en vía administrativa Solicitudes y reclamaciones 20,00 € Recursos en vía administrativa 60,00 € Módulos y bases de compensación económica - Procuradores Jurisdicción penal Todos los procedimientos 24,34 € Apelaciones 25,25 € Jurisdicción civil Todos los procedimientos 32,45 € Apelaciones 25,24 €»

Sentencia del Supremo que anula las servidumbres del aeropuerto de Lleida-Alguaire tras recurso de Aragón.

La Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, garantiza el mandato contenido en los artículos 24, 25 y, especialmente, en el artículo 119 de la Constitución española, salvaguardando el derecho a la tutela judicial efectiva de todas las personas. No en vano, sin el reconocimiento del beneficio de justicia gratuita, muchas personas quedarían al margen de este acceso a la justicia y sin instrumentos para la defensa de sus derechos e intereses legítimos. A tal objeto, y desde la promulgación de la mencionada Ley 1/1996, de 10 de enero, el Estado asume el coste económico derivado de la justa indemnización a los abogados, procuradores y otros profesionales que intervienen en los procesos judiciales, así como el coste de la obtención de pruebas que, en otras circunstancias, resultarían inasumibles para los ciudadanos en situación de vulnerabilidad económica. Por otra parte, el Reglamento de asistencia de jurídica gratuita, aprobado por el Real Decreto 996/2003, de 25 de julio, regula los procedimientos para el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, introduciendo, además, un procedimiento en aquellos procesos judiciales y administrativos que tengan causa directa o indirecta en la violencia de género, en cumplimiento de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Este real decreto fue modificado por el Real Decreto 1455/2005, de 2 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de asistencia jurídica gratuita. La presente orden tiene por objeto la actualización del anexo II del precitado Reglamento manteniendo, no obstante, el esquema básico diseñado en aquella norma, que establece módulos y bases de compensación, en función de cada una de las actuaciones singulares realizadas ante los tribunales. Esta actualización busca atemperar la depreciación económica sufrida a lo largo de los últimos años, como consecuencia de la congelación de los módulos compensatorios de las actuaciones desempeñadas por abogados y procuradores, así como atender, en la medida de las disponibilidades presupuestarias actuales, a la mayor complejidad y dedicación que exige la evolución del ejercicio del derecho de defensa ante los tribunales. No en vano, resulta innegable que la garantía de una asistencia jurídica de calidad debe verse amparada por una adecuada compensación del trabajo realizado por quienes materializan, en favor de las personas más desfavorecidas, el derecho a la tutela judicial efectiva mediante su defensa y representación en el proceso. De esta forma, el incremento económico, que se materializa por medio de esta orden ministerial, es el mayor de los acometidos hasta ahora por las Administraciones Públicas con competencias en materia de asistencia jurídica gratuita y responde a lo previsto en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, aumentando el presupuesto en Asistencia Jurídica Gratuita del Ministerio de Justicia para las Comunidades Autónomas que no han asumido competencias en materia de Administración de Justicia, en un 33 %, lo que se traduce en un incremento total de 12 millones de euros. Asimismo, especial atención merece el tratamiento dado a las actuaciones derivadas del asesoramiento y asistencia inmediata a la mujer víctima de violencia de género que, en cumplimiento de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, fue introducido como capítulo separado, en virtud del Real Decreto 1455/2005, de 2 de diciembre, y que experimenta, a través de la presente orden ministerial, un incremento general de un 35 %. Este incremento manifiesta, de forma clara, la voluntad plasmada por todas las fuerzas políticas en el Pacto de Estado en Materia de Violencia de Género y permitirá reforzar el sistema de asistencia jurídica gratuita a mujeres víctimas de violencia de género y redundando, sin duda, en un perfeccionamiento de la asistencia y en un aumento de la capacidad para el asesoramiento y la asistencia legal a las mujeres víctimas de violencia de género. Finalmente, cabe señalar que la presente orden se adecua a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Por todo lo anterior y, de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento de asistencia jurídica gratuita, aprobado por el Real Decreto 996/2003, de 25 de julio, previo informe del Consejo General de la Abogacía Española, del Consejo General de los Procuradores de España y del Ministerio de Hacienda, dispongo: Artículo único. Se actualiza el anexo II del Reglamento de asistencia jurídica gratuita, aprobado por el Real Decreto 996/2003, de 25 de julio, que se incorpora como anexo a la presente orden ministerial. Disposición transitoria única. Efectos económicos. Los módulos y bases de compensación económica previstos en el anexo a la presente orden ministerial serán de aplicación a las actuaciones profesionales realizadas a partir del 1 de enero de 2018. Disposición final única. Entrada en vigor. La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 7 de noviembre de 2018.–La Ministra de Justicia, Dolores Delgado García. ANEXO «ANEXO II Módulos y bases de compensación económica - Abogados Asistencia al detenido o preso Asistencia individualizada (procedimiento penal general) 81,14 € Asistencia individualizada (procedimiento enjuiciamiento rápido) 72,12 € Servicio de guardia de 24 horas. Asistencia al detenido-Audiencia Nacional 157,64 € Servicio de guardia de 24 horas. Asistencia al detenido (procedimiento penal general) 154,16 € Servicio de guardia de 24 horas. Asistencia al detenido en Procedimiento de Enjuiciamiento Rápido (carácter excepcional) 72,12 € Ases ### RESUMEN: Sentencia del Supremo que anula las servidumbres del aeropuerto de Lleida-Alguaire tras recurso de Aragón.

En el recurso contencioso-administrativo número 21/2013, promovido por la Comunidad Autónoma de Aragón, la Sala Tercera (Sección Tercera) del Tribunal Supremo ha dictado Sentencia de fecha 23 de abril de 2014, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: FALLAMOS Primero. Estimar el recurso contencioso-administrativo número 1/21/2013, interpuesto por la Comunidad Autónoma de Aragón, contra el Real Decreto 1422/2012, de 5 de octubre, que establecen las servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto de Lleida-Alguaire. Segundo. Anular el referido Real Decreto 1422/2012, de 5 de octubre, por vicios en su procedimiento de elaboración. Tercero. Mantener, excepcional y provisionalmente, la eficacia de las servidumbres aeronáuticas establecidas en el Real Decreto 1422/2012, así como de las medidas de control impuestas respecto de ellas por aplicación del artículo 29 del Decreto 584/1972, en tanto en cuanto no se apruebe un nuevo Real Decreto que sustituya al ahora anulado. Cuarto. No hacer imposición de las costas procesales. Quinto. Ordenar la publicación de este fallo en el «Boletín Oficial del Estado». Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.–Pedro José Yagüe Gil.–Manuel Campos Sánchez-Bordona.–Eduardo Espín Templado.–José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat.–Isabel Perelló Doménech.–Rubricado.

¿Está mal que un alto cargo de la banca haya sido condenado por delitos económicos? Depende. Eso dice el Real-Decreto.

En el recurso contencioso-administrativo número 21/2013, promovido por la Comunidad Autónoma de Aragón, la Sala Tercera (Sección Tercera) del Tribunal Supremo ha dictado Sentencia de fecha 23 de abril de 2014, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: FALLAMOS Primero. Estimar el recurso contencioso-administrativo número 1/21/2013, interpuesto por la Comunidad Autónoma de Aragón, contra el Real Decreto 1422/2012, de 5 de octubre, que establecen las servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto de Lleida-Alguaire. Segundo. Anular el referido Real Decreto 1422/2012, de 5 de octubre, por vicios en su procedimiento de elaboración. Tercero. Mantener, excepcional y provisionalmente, la eficacia de las servidumbres aeronáuticas establecidas en el Real Decreto 1422/2012, así como de las medidas de control impuestas respecto de ellas por aplicación del artículo 29 del Decreto 584/1972, en tanto en cuanto no se apruebe un nuevo Real Decreto que sustituya al ahora anulado. Cuarto. No hacer imposición de las costas procesales. Quinto. Ordenar la publicación de este fallo en el «Boletín Oficial del Estado». Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.–Pedro José Yagüe Gil.–Manuel Campos Sánchez-Bordona.–Eduardo Espín Templado.–José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat.–Isabel Perelló Doménech.–Rubricado. ### RESUMEN: ¿Está mal que un alto cargo de la banca haya sido condenado por delitos económicos? Depende. Eso dice el Real-Decreto.

La Directiva 2006/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio atribuye a la Autoridad Bancaria Europea la función de garantizar la existencia de directrices para la evaluación de la idoneidad de las personas que efectivamente dirigen la actividad de la entidad de crédito. En cumplimiento de esta previsión, la citada autoridad ha emitido en fecha 22 de noviembre de 2012 directrices en materia de gobierno corporativo de entidades de crédito. A pesar de que las directrices referidas no tienen naturaleza vinculante, resulta claramente positivo para nuestro país alinear, a la mayor brevedad posible, nuestra regulación financiera sobre la materia con los estándares europeos. A pesar de que estas orientaciones se refieren exclusivamente a las entidades de crédito, con la finalidad de mantener la consistencia en el régimen de honorabilidad y experiencia anteriormente vigente, la nueva normativa se aplicará a un amplio rango de entidades financieras que abarca, además de a las entidades de crédito, a las entidades de dinero electrónico, entidades de pago, sociedades de tasación, sociedades de reafianzamiento, establecimientos de cambio de moneda extranjera y sociedades financieras mixtas de cartera. A estos efectos de mejora y adaptación a las pautas fijadas por las autoridades europeas responde el presente real decreto, introduciendo modificaciones sustantivas en tres ámbitos fundamentales. En primer lugar, en materia de honorabilidad comercial y profesional, se dota al Banco de España de la facultad de evaluar la concurrencia de este requisito teniendo en cuenta un amplio conjunto de criterios, que pivotan esencialmente sobre tres circunstancias: la trayectoria de cumplimiento profesional y personal de las obligaciones del cargo evaluado; las condenas o sanciones por delitos, faltas o infracciones administrativas (teniendo en cuenta oportunamente circunstancias atenuantes como la firmeza o no de la sentencia, la gravedad de la sanción, el tiempo transcurrido u otras análogas), y la existencia de investigaciones fundadas en relación con delitos económico-financieros. En segundo lugar, por lo que respecta a los requisitos de experiencia y siguiendo igualmente lo establecido en las directrices de la Autoridad Bancaria Europea, el real decreto va más allá de la mera consideración de la experiencia profesional y tiene también en cuenta la formación de carácter teórico (formación que habrá de ser del nivel y perfil adecuados, en particular en las áreas de banca y servicios financieros). Además, el real decreto aporta también como novedad la evaluación de la idoneidad del consejo de administración en su conjunto, teniendo en cuenta el diferente perfil de sus componentes con la finalidad de fortalecer su independencia y autonomía como máximo órgano gestor de la entidad. Y, finalmente, en tercer lugar, el real decreto añade un nuevo requerimiento aplicable a los miembros del consejo de administración de conformidad con el cual estos deberán estar en disposición de ejercer un buen gobierno de la entidad, que se traduce fundamentalmente en un régimen más amplio en la consideración de los conflictos de interés. Asimismo, en aras de reforzar la supervisión de la idoneidad de los miembros de los consejos de administración, el real decreto potencia el control continuo de los requisitos anteriores, tanto por parte del Banco de España como de las propias entidades. Estas últimas deberán contar con unidades y procedimientos internos que lleven a cabo la selección y evaluación continua de sus consejeros y directores generales. Se dota, por último, al Banco de España de todas las facultades y competencias necesarias para ejercer una función de control y seguimiento constante de la idoneidad de los consejeros y directores generales. Por otro lado, con este real decreto se atribuyen al Banco de España competencias de autorización de la modificación de Estatutos sociales de entidades de crédito, en coherencia con la transferencia previa operada por la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, en favor del supervisor para realizar la autorización de entidades de crédito. En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía y Competitividad, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 12 de abril de 2013, DISPONGO: Artículo primero. Modificación del Real Decreto 1245/1995, de 14 de julio, sobre creación de bancos, actividad transfronteriza y otras cuestiones relativas al régimen jurídico de las entidades de crédito. El Real Decreto 1245/1995, de 14 de julio, sobre creación de bancos, actividad transfronteriza y otras cuestiones relativas al régimen jurídico de las entidades de crédito queda modificado como sigue: Uno. Los apartados 1 y 2 del artículo 1 quedan redactados del siguiente modo: «1. Corresponderá al Banco de España, previo informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias en los aspectos de su competencia, autorizar la creación de bancos. El Banco de España comunicará a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera la apertura del procedimiento de autorización, indicando los elementos esenciales del expediente a tramitar, y la finalización del mismo. 2. La solicitud de autorización deberá ser resuelta dentro de los seis meses siguientes a su recepción en el Banco de España, o al momento en que se complete la documentación exigible y, en todo caso, dentro de los doce meses siguientes a su recepción. Cuando la solicitud no sea resuelta en el plazo anteriormente previsto, podrá entenderse desestimada.» Dos. El artículo 2 queda redactado del siguiente modo: «Artículo 2. Requisitos para ejercer la actividad bancaria. 1. Serán requisitos necesarios para ejercer la actividad bancaria: a) Revestir la forma de sociedad anónima constituida por el procedimiento de fundación simultánea y con duración indefinida. b) Tener un capital social inicial no inferior a 18 millones de euros, desembolsado íntegramente en efectivo y representado por acciones nominativas. c) Limitar estatutariamente el objeto social a las actividades propias de una entidad de crédito. d) Que los accionistas titulares de participaciones significativas sean considerados idóneos, de acuerdo con los términos previstos en este artículo y en el artículo 4. e) No reservar a los fundadores ventaja o remuneración especial alguna. f) Contar con un consejo de administración formado por no menos de cinco miembros. Todos los miembros del consejo de administración de la entidad, así como los del consejo de administración de su entidad dominante cuando exista, serán personas de reconocida honorabilidad comercial y profesional, deberán poseer conocimientos y experiencia adecuados para ejercer sus funciones y estar en disposición de ejercer un buen gobierno de la entidad. Los requisitos de honorabilidad, y conocimiento y experiencia, deberán concurrir también en los directores generales o asimilados, así como en los responsables de las funciones de control interno y otros puestos clave para el desarrollo diario de la actividad de la entidad y de su dominante, conforme establezca el Banco de España. g) Contar con una adecuada organización administrativa y contable, así como con procedimientos de control interno adecuados que garanticen la gestión sana y prudente de la entidad. En especial, el consejo de administración deberá establecer normas de funcionamiento y procedimientos adecuados para facilitar que todos sus miembros puedan cumplir en todo momento sus obligaciones y asumir las responsabilidades que les correspondan de acuerdo con las normas de ordenación y disciplina de las entidades de crédito, el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, u otras disposiciones que sean de aplicación. h) Tener su domicilio social, así como su efectiva administración y dirección, en territorio nacional. i) Contar con procedimientos y órganos adecuados de control interno y de comunicación para prevenir e impedir la realización de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales en las condiciones establecidas por la normativa correspondiente. 2. Concurre honorabilidad comercial y profesional, en quienes hayan venido mostrando una conducta personal, comercial y profesional que no arroje dudas sobre su capacidad para desempeñar una gestión sana y prudente de la entidad. Para valorar la concurrencia de honorabilidad deberá considerarse toda la información disponible, incluyendo: a) La trayectoria del cargo en cuestión en su relación con las autoridades de regulación y supervisión; las razones por las que hubiera sido despedido o cesado en puestos o cargos anteriores; su historial de solvencia personal y de cumplimiento de sus obligaciones; su actuación profesional, si hubiese ocupado cargos de responsabilidad en entidades de crédito que hayan estado sometidas a un proceso de reestructuración o resolución; o si hubiera estado inhabilitado conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, mientras no haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso y los quebrados y concursados no rehabilitados en procedimientos concursales anteriores a la entrada en vigor de la referida ley. b) La condena por la comisión de delitos o faltas y la sanción por la comisión de infracciones administrativas teniendo en cuenta: 1.º El carácter doloso o imprudente del delito, falta o infracción administrativa, 2.º si la condena o sanción es o no firme, 3.º la gravedad de la condena o sanción impuestas, 4.º la tipificación de los hechos que motivaron la condena o sanción, especialmente si se tratase de delitos contra el patrimonio, blanqueo de capitales, contra el orden socioeconómico y contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, o supusiesen infracción de las normas reguladoras del ejercicio de la actividad bancaria, de seguros o del mercado de valores, o de protección de los consumidores, 5.º si los hechos que motivaron la condena o sanción se realizaron en provecho propio o en perjuicio de los intereses de terceros cuya administración o gestión de negocios le hubiese sido confiada, y en su caso, la relevancia de los hechos por los que se produjo la condena o sanción en relación con las funciones que tenga asignadas o vayan a asignarse al cargo en cuestión en el banco, 6.º la prescripción de los hechos ilícitos de naturaleza penal o administrativa o la posible extinción de la responsabilidad penal, 7.º la existencia de circunstancias atenuantes y la conducta posterior desde la comisión del delito o infracción, 8.º la reiteración de condenas o sanciones por delitos, faltas o infracciones. A efectos de valorar lo previsto en esta letra, el Banco de España podrá establecer un Comité de expertos independientes con el objeto de informar los expedientes de valoración en los que concurra condena por delitos o faltas. c) La existencia de investigaciones relevantes y fundadas, tanto en el ámbito penal como administrativo, sobre alguno de los hechos mencionados en el apartado 4.º de la letra b) anterior. No se considerará que hay falta de honorabilidad sobrevenida por la mera circunstancia de que, estando en el ejercicio de su cargo, un consejero, director general o asimilado, u otro empleado responsable del control interno o que ocupe un puesto clave en el desarrollo de la actividad general de la entidad sea objeto de dichas investigaciones. Si durante el ejercicio de su actividad concurriese en la persona evaluada, alguna de las circunstancias anteriores y esta resultase relevante para la evaluación de su honorabilidad, la entidad de crédito lo comunicará al Banco de España en el plazo máximo de quince días hábiles. Los miembros del consejo de administración, directores generales o asimilados y otros empleados que sean responsables de las funciones de control interno u ocupen puestos clave para el desarrollo diario de la actividad de la entidad que tuviesen conocimiento de que concurren en su persona alguna de las circunstancias descritas en este apartado, deberán informar de ello a su entidad. 3. Los miembros del consejo de administración, directores generales o asimilados y otros empleados que sean responsables de las funciones de control interno u ocupen puestos clave para el desarrollo diario de la actividad de la entidad deberán poseer los conocimientos y experiencia adecuados. Poseen conocimientos y experiencia adecuados para ejercer sus funciones en los bancos quienes cuenten con formación del nivel y perfil adecuado, en particular en las áreas de banca y servicios financieros, y experiencia práctica derivada de sus anteriores ocupaciones durante periodos de tiempo suficientes. Se tendrán en cuenta para ello, tanto los conocimientos adquiridos en un entorno académico, como la experiencia en el desarrollo profesional de funciones similares a las que van a desarrollarse en otras entidades o empresas. En la valoración de la experiencia práctica y profesional deberá prestarse especial atención a la naturaleza y complejidad de los puestos desempeñados, las competencias y poderes de decisión y responsabilidades asumidos, así como el número de personas a su cargo, el conocimiento técnico alcanzado sobre el sector financiero y los riesgos que deben gestionar. En todo caso, el criterio de experiencia se aplicará valorando la naturaleza, escala y complejidad de la actividad de cada entidad financiera y las concretas funciones y responsabilidades del puesto asignado en el banco a la persona evaluada. Asimismo, el consejo de administración deberá contar con miembros que, considerados en su conjunto, reúnan suficiente experiencia profesional en el gobierno de entidades de crédito para asegurar la capacidad efectiva del consejo de administración de tomar decisiones de forma independiente y autónoma en beneficio de la entidad. 4. Los miembros del consejo de administración deberán estar en disposición de ejercer un buen gobierno de la entidad. A efectos de considerar esta cualidad de los miembros del consejo de administración se tendrá en cuenta: a) la presencia de potenciales conflictos de interés que generen influencias indebidas de terceros derivados de: 1.º Los cargos desempeñados en el pasado o en el presente en la misma entidad o en otras organizaciones privadas o públicas, o; 2.º una relación personal, profesional o económica con otros miembros del consejo de administración de la entidad, de su matriz o de sus filiales, o; 3.º una relación personal, profesional o económica con los accionistas que ostenten el control de la entidad, de su matriz o de sus filiales. b) la capacidad de dedicar el tiempo suficiente para llevar a cabo las funciones correspondientes. Si durante el ejercicio de su actividad concurriese en algún consejero alguna circunstancia que pudiera alterar su capacidad para ejercer un buen gobierno de la entidad, la entidad de crédito lo comunicará al Banco de España en el plazo máximo de quince días hábiles. 5. Los bancos deberán contar, en condiciones proporcionadas al carácter, escala y complejidad de sus actividades, con unidades y procedimientos internos adecuados para llevar a cabo la selección y evaluación continua de los miembros de su consejo de administración y de sus directores generales o asimilados, y de las personas que asuman funciones de control interno u ocupen puestos claves para el desarrollo diario de la actividad bancaria conforme a lo establecido en este artículo. Asimismo, los bancos deberán identificar los puestos clave para el desarrollo diario de su actividad bancaria, manteniendo a disposición del Banco de España una relación actualizada de las personas que los desempeñan, la valoración de la idoneidad realizada por la entidad y la documentación que acredite la misma. 6. El nombramiento de nuevos miembros del consejo de administración, de directores generales o asimilados, deberá ser comunicado por el banco al Banco de España en un plazo máximo de quince días hábiles a contar desde el momento del nombramiento. 7. La valoración de la idoneidad de los miembros del consejo de administración, así como de los directores generales o asimilados y de las personas que asuman funciones de control interno u ocupen puestos clave para el desarrollo diario de la actividad bancaria, se ajustará a los criterios de honorabilidad, experiencia y buen gobierno establecidos en este real decreto y se producirá: a) Por la propia entidad o, cuando proceda, por sus promotores, con ocasión de la solicitud al Banco de España de la autorización para el ejercicio de la actividad bancaria, cuando se proceda a nuevos nombramientos, y siempre que se produzcan circunstancias que aconsejen volver a valorar la idoneidad en aplicación de los procedimientos previstos en el apartado 5. Si la valoración de la idoneidad de los cargos resultase negativa, la entidad deberá abstenerse de nombrar o dar posesión en el cargo a dicha persona, o en caso de tratarse de una circunstancia sobrevenida, deberá adoptar las medidas oportunas para subsanar las deficiencias identificadas y, cuando resulte necesario, disponer su suspensión temporal o cese definitivo. b) Por el Banco de España, con ocasión de la autorización de la creación de un banco, tras la recepción de la comunicación de nuevos nombramientos, así como cuando, en presencia de indicios fundados, resulte necesario valorar si la idoneidad se mantiene en relación con los miembros en funciones. A estos efectos, el Banco de España deberá notificar su valoración de idoneidad en un plazo que no podrá ser superior a dos meses, contado desde la comunicación a la que se refiere el apartado 6 de este artículo. A falta de notificación en el plazo indicado, se entenderá que la valoración es positiva. 8. Todo incumplimiento de los requisitos especificados en los apartados 2, 3 y 4 deberá ser comunicado al Banco de España por la entidad en el plazo máximo de quince días hábiles desde que se tenga conocimiento del mismo. 9. Los bancos deberán cumplir en todo momento los requisitos previstos en el apartado 1. A estos efectos, el Banco de España: a) Podrá revocar, de modo excepcional, la autorización por falta de idoneidad de algún accionista, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito. b) Requerirá la suspensión temporal o cese definitivo del cargo de consejero o director general o asimilado o la subsanación de las deficiencias identificadas en caso de falta de honorabilidad, conocimientos o experiencia adecuados o de capacidad para ejercer un buen gobierno. Si la entidad no procede a la ejecución de tales requerimientos en el plazo señalado por el Banco de España, este, acordará la suspensión temporal o el cese definitivo del cargo correspondiente, de conformidad con el procedimiento previsto en la Ley 26/1988, de 29 de julio. 10. Para su inscripción en el Registro de Altos Cargos creado por el Decreto 702/1969, de 26 de abril, por el que se desarrolla la Ley 31/1968, de 27 de julio, sobre Régimen de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Banca y Determinación de Límites en Concesión de Créditos, los consejeros y directores generales o asimilados de la entidad deberán declarar expresamente, en el documento que acredite su aceptación del cargo, que reúnen los requisitos recogidos en la letra f) del apartado 1, y que no se encuentran incursos en ninguna de las limitaciones o incompatibilidades establecidas en la Ley 31/1968, de 27 de julio, o en cualquier otra norma que les fuere de aplicación. 11. Además de la gestión del registro de altos cargos de la banca, corresponderá al Banco de España la creación y gestión de un registro de consejeros y directores generales de las entidades dominantes, que no sean entidades de crédito, empresas de servicios de inversión o entidades aseguradoras o reaseguradoras de bancos españoles, donde deberán inscribirse obligatoriamente los consejeros, directores y asimilados de aquéllas. Para la inscripción en dicho registro, dichas personas deberán comunicar su nombramiento dentro de los quince días hábiles siguientes a la aceptación del cargo, incluyendo los datos personales y profesionales que establezca, con carácter general, el Banco de España y declarar expresamente, en el documento que acredite su aceptación del cargo, que reúnen los requisitos de honorabilidad y, en su caso, profesionalidad y disposición para ejercer un buen gobierno de la entidad a que se refiere este artículo, y que no se encuentran incursos en ninguna limitación o incompatibilidad establecida en las normas que les fuesen de aplicación.» Tres. El párrafo primero del artículo 3 queda redactado del siguiente modo: «La solicitud de autorización para la creación de un banco se dirigirá al Banco de España por duplicado, y deberá ir acompañada de los siguientes documentos:» Cuatro. La letra d) del artículo 3 queda redactada del siguiente modo: «d) Relación de personas que hayan de integrar el primer consejo de administración y de quienes hayan de ejercer como directores generales o asimilados, con información detallada sobre la honorabilidad profesional y comercial, la formación teórica en materias económicas, financieras o mercantiles, la trayectoria y actividad profesional y la disposición para ejercer un buen gobierno del banco de todos ellos.» Cinco. El primer párrafo del artículo 4.1 queda redactado del siguiente modo: «1. El Banco de España, mediante resolución motivada, denegará la autorización de creación de un banco cuando no se cumplan los requisitos de los artículos 2 y 3 y, en especial, cuando, atendiendo a la necesidad de garantizar una gestión sana y prudente de la entidad proyectada, no se considere adecuada la idoneidad de los accionistas que vayan a tener en ella una participación significativa o una participación tal que haga que el porcentaje de derechos de voto o de capital poseído resulte igual o superior al 5 por cien. A estos efectos:» Seis. El apartado 1 del artículo 8 queda redactado del siguiente modo: «1. La modificación de los Estatutos sociales de los bancos estará sujeta al procedimiento de autorización y registro establecido en el artículo 1, si bien la solicitud de autorización deberá resolverse dentro de los dos meses siguientes a su recepción en el Banco de España, transcurridos los cuales podrá entenderse estimada.» Siete. La letra d) y el último párrafo del artículo 8.2 quedan redactados como sigue: «d) Aquellas otras modificaciones para las que el Banco de España, en contestación a consulta previa formulada al efecto por el banco afectado, haya considerado innecesario, por su escasa relevancia, el trámite de la autorización. La comunicación al Banco de España deberá efectuarse dentro de los quince días hábiles siguientes a la adopción del acuerdo de modificación estatutaria. Si, recibida la comunicación, dicha modificación excediese en su alcance de lo previsto en este apartado, el Banco de España lo notificará en el plazo de treinta días a los interesados, para que revisen las modificaciones, o, en su caso, se ajusten al procedimiento de autorización del apartado 1.» Artículo segundo. Modificación del Reglamento de desarrollo de la Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de Crédito aprobado por el Real Decreto 84/1993, de 22 de enero. El Reglamento de desarrollo de la Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de Crédito aprobado por el Real Decreto 84/1993, de 22 de enero queda modificado como sigue: Uno. Los apartados 1, 2 y 4 del artículo 1 quedan redactados como sigue: «1. Corresponde al Banco de España, previo informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias en los aspectos de su competencia, resolver sobre la autorización de las cooperativas de crédito, poniendo fin a la vía administrativa. La autorización podrá ser denegada por incumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 2, 3 y 4 o por las causas mencionadas en el artículo 5. El Banco de España comunicará a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera la apertura del procedimiento de autorización, indicando los elementos esenciales del expediente a tramitar, y la finalización del mismo. 2. La solicitud de autorización deberá ser resuelta dentro de los seis meses siguientes a su recepción en el Banco de España, o en su caso, en el órgano de la Comunidad Autónoma que corresponda, o al momento en que se complete la documentación exigible y, en todo caso, dentro de los doce meses siguientes a su recepción. Transcurridos dichos plazos sin haberse dictado una resolución expresa se podrá entender desestimada la solicitud.» «4. Las modificaciones de los Estatutos sociales de las cooperativas de crédito estarán sujetas al procedimiento administrativo de autorización y registro especial establecido en los números anteriores, si bien en tales casos la solicitud de autorización deberá resolverse dentro de los tres meses siguientes a su presentación completa, dándose por otorgada si no hubiese recaído resolución expresa durante ese período. No requerirán autorización las modificaciones de los Estatutos sociales referentes a cambios de domicilio dentro del municipio de su sede y las que tengan por exclusivo objeto incorporar textualmente a los Estatutos preceptos legales o reglamentarios de carácter imperativo o prohibitivo, o cumplir resoluciones judiciales o administrativas, así como aquellas modificaciones en que, previa consulta al efecto, la autoridad estatal o autonómica competente considere innecesario el trámite autorizatorio. Todas ellas deberán ser comunicadas al Banco de España para su constancia en el Registro especial, sin perjuicio de observar además la normativa sobre los Registros Mercantil y de sociedades cooperativas que resulte de aplicación.» Dos. El artículo 2 queda redactado del siguiente modo: «Artículo 2. Requisitos para obtener y conservar la autorización. 1. Serán requisitos necesarios para obtener y conservar la autorización como cooperativa de crédito los siguientes: a) Revestir la forma de sociedad cooperativa constituida con arreglo a la Ley 13/1989, de 26 de mayo, desarrollada por el presente Reglamento, o a las demás disposiciones aplicables. b) Tener un capital social inicial que alcance las cuantías establecidas en el artículo 3 de este Reglamento o disponer en todo momento de unos recursos propios no inferiores a dichas cuantías. c) Limitar estatutariamente el objeto social a las actividades propias de una entidad de crédito, con la particularidad, respecto a las operaciones activas, que establece el artículo 4 de la Ley 13/1989, de 26 de mayo. d) Contar con una adecuada organización administrativa y contable y con procedimientos de control internos adecuados. e) No reservar a los promotores, fundadores o socios iniciales, ventaja o remuneración especial alguna. f) Contar con un Consejo Rector formado, al menos, por cinco miembros, dos de los cuales podrán ser no socios. Todos ellos serán personas de reconocida honorabilidad comercial y profesional, deberán poseer conocimientos y experiencia adecuados para ejercer sus funciones y estar en disposición de ejercer un buen gobierno de la entidad. Los requisitos de honorabilidad y conocimiento y experiencia deberán concurrir también en los directores generales o asimilados, así como en los responsables de las funciones de control interno y otros puestos clave para el desarrollo diario de la actividad de la entidad, conforme establezca el Banco de España. g) Tener su domicilio social, así como su efectiva administración y dirección, en territorio nacional. h) Contar con procedimientos y órganos adecuados de control interno y de comunicación para prevenir e impedir la realización de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales, en las condiciones establecidas por la normativa correspondiente. 2. Concurre honorabilidad comercial y profesional, en quienes hayan venido mostrando una conducta personal, comercial y profesional que no arroje dudas sobre su capacidad para desempeñar una gestión sana y prudente de la entidad. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de Crédito, para valorar la concurrencia de honorabilidad deberá considerarse toda la información disponible, incluyendo: a) La trayectoria del cargo en cuestión en su relación con las autoridades de regulación y supervisión; las razones por las que hubiera sido despedido o cesado en puestos o cargos anteriores; su historial de solvencia personal y de cumplimiento de sus obligaciones; los resultados obtenidos en el desempeño de sus responsabilidades; su actuación profesional; si hubiese ocupado cargos de responsabilidad en entidades de crédito que hayan estado sometidas a un proceso de reestructuración o resolución; o si hubiera estado inhabilitado conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, mientras no haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso, y los quebrados y concursados no rehabilitados en procedimientos concursales anteriores a la entrada en vigor de la referida ley. b) La condena por la comisión de delitos o faltas y la sanción por la comisión de infracciones administrativas teniendo en cuenta: 1.º El carácter doloso o imprudente del delito, falta o infracción administrativa, 2.º si la condena o sanción es o no firme, 3.º la gravedad de la condena o sanción impuestas, 4.º la tipificación de los hechos que motivaron la condena o sanción, especialmente si se tratase de delitos contra el patrimonio, blanqueo de capitales, contra el orden socioeconómico y contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, o supusiesen infracción de las normas reguladoras del ejercicio de la actividad bancaria, de seguros o del mercado de valores, o de protección de los consumidores, 5.º si los hechos que motivaron la condena o sanción se realizaron en provecho propio o en perjuicio de los intereses de terceros cuya administración o gestión de negocios le hubiese sido confiada, y en su caso la relevancia de los hechos por los que se produjo la condena o sanción en relación con las funciones que tenga asignadas o vayan a asignarse al cargo en cuestión en el banco, 6.º la prescripción de los hechos ilícitos de naturaleza penal o administrativa o la posible extinción de la responsabilidad penal, 7.º la existencia de circunstancias atenuantes y la conducta posterior desde la comisión del delito o infracción, 8.º la reiteración de condenas o sanciones por delitos, faltas o infracciones. A efectos de valorar lo previsto en esta letra, el Banco de España podrá establecer un Comité de expertos independientes con el objeto de informar los expedientes de valoración en los que concurra condena por delitos o faltas. c) La existencia de investigaciones relevantes y fundadas, tanto en el ámbito penal como administrativo, sobre alguno de los hechos mencionados en el apartado 4.º de la letra b) anterior. No se considerará que hay falta de honorabilidad sobrevenida por la mera circunstancia de que, estando en el ejercicio de su cargo, un consejero, director general o asimilado, u otro empleado responsable del control interno o que ocupe un puesto clave en el desarrollo de la actividad general de la entidad sea objeto de dichas investigaciones. Si durante el ejercicio de su actividad concurriese en la persona evaluada, alguna de las circunstancias anteriores y esta resultase relevante para la evaluación de su honorabilidad, la cooperativa de crédito lo comunicará al Banco de España en el plazo máximo de quince días hábiles. Los miembros del Consejo Rector, directores generales o asimilados y otros empleados que sean responsables de las funciones de control interno u ocupen puestos clave para el desarrollo diario de la actividad de la entidad que tuviesen conocimiento de que concurren en su persona alguna de las circunstancias descritas en este apartado, deberán informar de ello a su entidad. 3. Los miembros del Consejo Rector, directores generales o asimilados y otros empleados que sean responsables de las funciones de control interno u ocupen puestos claves para el desarrollo diario de la actividad de la entidad deberán poseer los conocimientos y experiencia adecuados. Poseen conocimientos y experiencia adecuados para ejercer sus funciones en las cooperativas de crédito quienes cuenten con formación del nivel y perfil adecuado, en particular en las áreas de banca y servicios financieros, y experiencia práctica derivada de sus anteriores ocupaciones durante periodos de tiempo suficientes. Se tendrán en cuenta para ello, tanto los conocimientos adquiridos en un entorno académico, como la experiencia en el desarrollo profesional de funciones similares a las que van a desarrollarse en otras entidades o empresas. En la valoración de la experiencia práctica y profesional deberá prestarse especial atención a la naturaleza y complejidad de los puestos desempeñados, las competencias y poderes de decisión y responsabilidades asumidos, así como el número de personas a su cargo, el conocimiento técnico alcanzado sobre el sector financiero y los riesgos que deben gestionar. En todo caso, el criterio de experiencia se aplicará valorando la naturaleza, escala y complejidad de la actividad de cada cooperativa de crédito y las concretas funciones y responsabilidades del puesto asignado en la entidad a la persona evaluada. Asimismo, el Consejo Rector deberá contar con miembros que, considerados en su conjunto, reúnan la suficiente experiencia profesional en el gobierno de entidades de crédito para asegurar la capacidad efectiva del Consejo Rector de tomar decisiones de forma independiente y autónoma en beneficio de la entidad. 4. Los miembros del Consejo Rector deberán estar en disposición de ejercer un buen gobierno de la entidad. A efectos de considerar esta cualidad de los miembros del Consejo Rector se tendrá en cuenta: a) La presencia de potenciales conflictos de interés que generen influencias indebidas de terceros derivados de: 1.º Los cargos desempeñados en el pasado o en el presente en la misma entidad o en otras organizaciones privadas o públicas, o; 2.º una relación personal, profesional o económica con otros miembros del Consejo Rector de la entidad. b) La capacidad de dedicar el tiempo suficiente para llevar a cabo las funciones correspondientes. Si durante el ejercicio de su actividad concurriese en algún consejero alguna circunstancia que pudiera alterar su capacidad para ejercer un buen gobierno de la entidad, la entidad de crédito lo comunicará al Banco de España en el plazo máximo de quince días hábiles. 5. Las cooperativas de crédito deberán contar, en condiciones proporcionadas al carácter, escala y complejidad de sus actividades, con unidades y procedimientos internos adecuados para llevar a cabo la selección y evaluación continua de los miembros de su Consejo Rector y de sus directores generales o asimilados y de las personas que asuman funciones de control interno u ocupen puestos claves para el desarrollo diario de la actividad bancaria conforme a lo establecido en este artículo. Asimismo, las cooperativas de crédito deberán identificar los puestos clave para el desarrollo diario de su actividad, manteniendo a disposición del Banco de España una relación actualizada de las personas que los desempeñan, la valoración de la idoneidad realizada por la entidad y la documentación que acredite dicha idoneidad. 6. El nombramiento de nuevos miembros del Consejo Rector, de directores generales o asimilados, deberá ser comunicado previamente al Banco de España. Si la comunicación previa no fuese posible, ésta deberá producirse en un plazo máximo de cinco días hábiles a contar desde el momento del nombramiento. 7. La valoración de la idoneidad de los miembros del Consejo Rector, así como de los directores generales o asimilados y de las personas que asuman funciones de control interno u ocupen puestos claves para el desarrollo diario de la actividad bancaria, se ajustará a los criterios de honorabilidad, experiencia y buen gobierno establecidos en este real decreto y se producirá: a) Por la propia entidad o, cuando proceda, por sus promotores, con ocasión de la solicitud al Banco de España de la autorización para el ejercicio de la actividad bancaria, cuando se proceda a nuevos nombramientos, y siempre que se produzcan circunstancias que aconsejen volver a valorar la idoneidad en aplicación de los procedimientos previstos en el apartado 5. Si la valoración de la idoneidad de los cargos resultase negativa, la entidad deberá abstenerse de nombrar o dar posesión en el cargo a dicha persona, o en caso de tratarse de una circunstancia sobrevenida, deberá adoptar las medidas oportunas para subsanar las deficiencias identificadas y, cuando resulte necesario, disponer su suspensión temporal o cese definitivo. b) Por el Banco de España, con ocasión de la autorización de la creación de una cooperativa de crédito, tras la recepción de la comunicación de nuevos nombramientos, así como cuando, en presencia de indicios fundados, resulte necesario valorar si la idoneidad se mantiene en relación con los miembros en funciones. A estos efectos, el Banco de España deberá notificar su valoración de idoneidad en un plazo que no podrá ser superior a dos meses, contado desde la comunicación a la que se refiere el apartado 6 de este artículo. A falta de notificación en el plazo indicado, se entenderá que la valoración es positiva. 8. Todo incumplimiento de los requisitos especificados en los apartados 2, 3 y 4 deberá ser comunicado al Banco de España por la entidad en el plazo máximo de quince días hábiles desde que se tenga conocimiento del mismo. 9. Las cooperativas de crédito deberán cumplir en todo momento los requisitos previstos en el apartado 1. A estos efectos, el Banco de España: a) Podrá revocar, de modo excepcional, la autorización por falta de idoneidad de algún socio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito. b) Requerirá la suspensión temporal o cese definitivo del cargo de consejero o director o asimilado o la subsanación de las deficiencias identificadas en caso de falta de honorabilidad, conocimientos o experiencia adecuados o de capacidad para ejercer un buen gobierno. Si la entidad no procede a la ejecución de tales requerimientos en el plazo señalado por el Banco de España, este acordará la suspensión temporal o el cese definitivo del cargo correspondiente, de conformidad con el procedimiento previsto en la Ley 26/1988, de 29 de julio.» Tres. El primer párrafo del artículo 4 queda redactado del siguiente modo: «1. La solicitud de autorización para la creación de una cooperativa de crédito cuyo ámbito proyectado no exceda del autonómico se presentará ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma del domicilio de la proyectada entidad, quien en el plazo máximo de dos meses la elevará con su informe al Banco de España. Si el ámbito excediera del autonómico se presentará ante el Banco de España, quien solicitará informe a la Comunidad Autónoma del domicilio social de la entidad en proyecto de constitución, continuándose la tramitación del expediente si no se recibe dicho informe transcurridos dos meses desde la solicitud. En ambos casos, la solicitud deberá ir acompañada de los siguientes documentos:» Cuatro. El segundo párrafo del artículo 10.3 queda redactado del siguiente modo: «En el caso de que, por transmisión de aportaciones a título gratuito o mortis causa o por reembolso de las aportaciones a otros socios, las correspondientes a algún socio o al conjunto de socios personas jurídicas que no sean cooperativas sobrepasaran los límites legales a que se refiere el párrafo anterior, el Banco de España, a solicitud de los interesados, resolverá, sin poner fin a la vía administrativa, sobre el plazo y el procedimiento solicitados para que se restablezca el cumplimiento de aquellos límites, en un plazo máximo de tres meses desde la solicitud; la propuesta se entenderá aceptada si en dicho período no hubiera recaído una resolución expresa.» Cinco. Se modifica el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 28, que queda redactado como sigue: «A tal fin las cooperativas comunicarán al Banco de España, debidamente certificados, los datos correspondientes, dentro de los quince días hábiles siguientes a la aceptación del cargo, incluyendo los datos personales y profesionales que establezca, con carácter general, el Banco de España y la aceptación de los afectados, que tendrá carácter provisional e incluirá la declaración de que reúnen los requisitos de honorabilidad y, en su caso, profesionalidad y disposición para ejercer un buen gobierno de la entidad a que se refiere el artículo 2, y que no se encuentran incursos en ninguna limitación o incompatibilidad legal o estatutaria.» Artículo tercero. Modificación del Real Decreto 692/1996, de 26 de abril, sobre el régimen jurídico de los establecimientos financieros de crédito. El Real Decreto 692/1996, de 26 de abril, sobre el régimen jurídico de los establecimientos financieros de crédito queda modificado como sigue: Uno. Los apartados 1 y 2 del artículo 3 quedan redactados como sigue: «1. Corresponderá al Banco de España, previo informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias en los aspectos de su competencia, autorizar la creación de los establecimientos financieros de crédito. En la autorización se especificarán las actividades que podrá realizar el establecimiento financiero de crédito, de acuerdo con el programa presentado por aquel. El Banco de España comunicará a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera la apertura del procedimiento de autorización, indicando los elementos esenciales del expediente a tramitar, y la finalización del mismo. 2. La solicitud de autorización deberá ser resuelta dentro de los tres meses siguientes a su recepción en Banco de España, o al momento en que se complete la documentación exigible, y, en todo caso, dentro de los seis meses siguientes a su recepción. Cuando la solicitud no sea resuelta en el plazo anteriormente previsto, podrá entenderse desestimada.» Dos. El artículo 5 queda redactado como sigue: «Artículo 5. Requisitos para ejercer la actividad. 1. Serán requisitos necesarios para obtener y conservar la autorización de un establecimiento financiero de crédito: a) Revestir la forma de sociedad anónima constituida por el procedimiento de fundación simultánea y con duración indefinida. b) Tener un capital social mínimo de 5 millones de euros, desembolsado íntegramente en efectivo y representado por acciones nominativas. c) Limitar estatutariamente su objeto social a las actividades propias de un establecimiento financiero de crédito. d) Que los accionistas titulares de participaciones significativas sean considerados idóneos, de acuerdo con los términos previstos en este artículo y en el artículo 7. e) Contar con un consejo de administración formado por no menos de tres miembros. Todos los miembros del consejo de administración de la entidad, así como los del consejo de administración de su entidad dominante cuando exista, serán personas de reconocida honorabilidad comercial y profesional, deberán poseer conocimientos y experiencia adecuados para ejercer sus funciones y estar en disposición de ejercer un buen gobierno de la entidad. Los requisitos de honorabilidad y conocimiento y experiencia deberán concurrir también en los directores generales o asimilados, así como en los responsables de las funciones de control interno y otros puestos clave para el desarrollo diario de la actividad de la entidad y de su dominante, conforme establezca el Banco de España. f) Contar con una adecuada organización administrativa y contable, así como con procedimientos de control internos adecuados que garanticen la gestión sana y prudente de la entidad. En especial, el consejo de administración deberá establecer normas de funcionamiento y procedimientos adecuados para facilitar que todos sus miembros puedan cumplir en todo momento sus obligaciones y asumir las responsabilidades que les correspondan de acuerdo con las normas de ordenación y disciplina de los establecimientos financieros de crédito, el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital u otras disposiciones que sean de aplicación. g) Tener su domicilio social, así como su efectiva administración y dirección en territorio nacional. h) Contar con procedimientos y órganos adecuados de control interno y de comunicación para prevenir e impedir la realización de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales, en las condiciones establecidas en los artículos 11 y 12 del Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por el Real Decreto 925/1995, de 9 de junio. 2. Concurre honorabilidad comercial y profesional, en quienes hayan venido mostrando una conducta personal, comercial y profesional que no arroje dudas sobre su capacidad para desempeñar una gestión sana y prudente de la entidad. Para valorar la concurrencia de honorabilidad deberá considerarse toda la información disponible, incluyendo: a) La trayectoria del cargo en cuestión en su relación con las autoridades de regulación y supervisión; las razones por las que hubiera sido despedido o cesado en puestos o cargos anteriores; su historial de solvencia personal y de cumplimiento de sus obligaciones; los resultados obtenidos en el desempeño de sus responsabilidades; su actuación profesional; o si hubiera estado inhabilitado conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, mientras no haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso y los quebrados y concursados no rehabilitados en procedimientos concursales anteriores a la entrada en vigor de la referida ley. b) La condena por la comisión de delitos o faltas y la sanción por la comisión de infracciones administrativas teniendo en cuenta: 1.º El carácter doloso o imprudente del delito, falta o infracción administrativa, 2.º si la condena o sanción es o no firme, 3.º la gravedad de la condena o sanción impuestas, 4.º la tipificación de los hechos que motivaron la condena o sanción, especialmente si se tratase de delitos contra el patrimonio, blanqueo de capitales, contra el orden socioeconómico y contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, o supusiesen infracción de las normas reguladoras del ejercicio de la actividad bancaria, de seguros o del mercado de valores, o de protección de los consumidores, 5.º si los hechos que motivaron la condena o sanción se realizaron en provecho propio o en perjuicio de los intereses de terceros cuya administración o gestión de negocios le hubiese sido confiada, y en su caso la relevancia de los hechos por los que se produjo la condena o sanción en relación con las funciones que tenga asignadas o vayan a asignarse al cargo en cuestión en la entidad, 6.º la prescripción de los hechos ilícitos de naturaleza penal o administrativa o la posible extinción de la responsabilidad penal, 7.º la existencia de circunstancias atenuantes y la conducta posterior desde la comisión del delito o infracción, 8.º la reiteración de condenas o sanciones por delitos, faltas o infracciones. A efectos de valorar lo previsto en esta letra, el Banco de España podrá establecer un Comité de expertos independientes con el objeto de informar los expedientes de valoración en los que concurra condena por delitos o faltas. c) La existencia de investigaciones relevantes y fundadas, tanto en el ámbito penal como administrativo, sobre alguno de los hechos mencionados en el apartado 4.º de la letra b) anterior. No se considerará que hay falta de honorabilidad sobrevenida por la mera circunstancia de que, estando en el ejercicio de su cargo, un consejero, director general o asimilado u otro empleado responsable del control interno o que ocupe un puesto clave en el desarrollo de la actividad general de la entidad sea objeto de dichas investigaciones. Si durante el ejercicio de su actividad concurriese en la persona evaluada, alguna de las circunstancias anteriores y esta resultase relevante para la evaluación de su honorabilidad, la entidad de crédito lo comunicará al Banco de España en el plazo máximo de quince días hábiles. Los miembros del consejo de administración, directores generales o asimilados y otros empleados que sean responsables de las funciones de control interno u ocupen puestos clave para el desarrollo diario de la actividad de la entidad que tuviesen conocimiento de que concurren en su persona alguna de las circunstancias descritas en este apartado, deberán informar de ello a su entidad. 3. Los miembros del consejo de administración, directores generales o asimilados y otros empleados que sean responsables de las funciones de control interno u ocupen puestos clave para el desarrollo diario de la actividad de la entidad deberán poseer los conocimientos y experiencia adecuados. Poseen conocimientos y experiencia adecuados para ejercer sus funciones en los establecimientos financieros de crédito quienes cuenten con formación del nivel y perfil adecuado, en particular en las áreas de banca y servicios financieros, y experiencia práctica derivada de sus anteriores ocupaciones durante periodos de tiempo suficientes. Se tendrán en cuenta para ello, tanto los conocimientos adquiridos en un entorno académico, como la experiencia en el desarrollo profesional de funciones similares a las que vayan a desarrollarse en otras entidades o empresas. En la valoración de la experiencia práctica y profesional deberá prestarse especial atención a la naturaleza y complejidad de los puestos desempeñados, las competencias y poderes de decisión y responsabilidades asumidos, así como el número de personas a su cargo, el conocimiento técnico alcanzado sobre el sector financiero y los riesgos que deben gestionar. En todo caso, el criterio de experiencia se aplicará valorando la naturaleza, escala y complejidad de la actividad de cada entidad financiera y las concretas funciones y responsabilidades del puesto asignado en la entidad a la persona evaluada. Asimismo, el consejo de administración deberá contar con miembros que, considerados en su conjunto, reúnan suficiente experiencia profesional en el gobierno de entidades de crédito para asegurar la capacidad efectiva del consejo de administración de tomar decisiones de forma independiente y autónoma en beneficio de la entidad. 4. Los miembros del consejo de administración deberán estar en disposición de ejercer un buen gobierno de la entidad. A efectos de considerar esta cualidad de los miembros del consejo de administración se tendrá en cuenta: a) La presencia de potenciales conflictos de interés que generen influencias indebidas de terceros derivados de: 1.º Los cargos desempeñados en el pasado o en el presente en la misma entidad o en otras organizaciones públicas o privadas, o; 2.º una relación personal, profesional o económica con otros miembros del consejo de administración de la entidad, de su matriz o de sus filiales, o; 3.º una relación personal, profesional o económica con los accionistas que ostenten el control de la entidad, de su matriz o de sus filiales. b) La capacidad de dedicar el tiempo suficiente para llevar a cabo las funciones correspondientes. Si durante el ejercicio de su actividad concurriese en algún consejero alguna circunstancia que pudiera alterar su capacidad para ejercer un buen gobierno de la entidad, la entidad de crédito lo comunicará al Banco de España en el plazo máximo de quince días hábiles. 5. Los establecimientos financieros de crédito deberán contar, en condiciones proporcionadas al carácter, escala y complejidad de sus actividades, con unidades y procedimientos internos adecuados para llevar a cabo la selección y evaluación continua de los miembros de su consejo de administración y de sus directores generales o asimilados, y de las personas que asuman funciones de control interno u ocupen puestos claves para el desarrollo diario de la actividad financiera conforme a lo establecido en este artículo. Asimismo, los establecimientos financieros de crédito deberán identificar los puestos clave para el desarrollo diario de su actividad, manteniendo a disposición del Banco de España una relación actualizada de las personas que los desempeñan, la valoración de la idoneidad realizada por la entidad y la documentación que acredite dicha idoneidad. 6. El nombramiento de nuevos miembros del consejo de administración, de directores generales o asimilados, deberá ser comunicado previamente al Banco de España. Si la comunicación previa no fuese posible, ésta deberá producirse en un plazo máximo de quince días hábiles a contar desde el momento del nombramiento. 7. La valoración de la idoneidad de los miembros del consejo de administración, así como de los directores generales o asimilados y de las personas que asuman funciones de control interno u ocupen puestos claves para el desarrollo diario de la actividad financiera, se ajustará a los criterios de honorabilidad, experiencia y buen gobierno establecidos en este real decreto y se producirá: a) Por la propia entidad o, cuando proceda, por sus promotores, con ocasión de la solicitud al Banco de España de la autorización para el ejercicio de la actividad bancaria, cuando se proceda a nuevos nombramientos, y siempre que se produzcan circunstancias que aconsejen volver a valorar la idoneidad en aplicación de los procedimientos previstos en el apartado 5. Si la valoración de la idoneidad de los cargos resultase negativa, la entidad deberá abstenerse de nombrar o dar posesión en el cargo a dicha persona, o en caso de tratarse de una circunstancia sobrevenida, deberá adoptar las medidas oportunas para subsanar las deficiencias identificadas y, cuando resulte necesario, disponer su suspensión temporal o cese definitivo. b) Por el Banco de España, con ocasión de la autorización de la creación de un establecimiento financiero de crédito, tras la recepción de la comunicación de nuevos nombramientos, así como cuando, en presencia de indicios fundados, resulte necesario valorar si la idoneidad se mantiene en relación con los miembros en funciones. A estos efectos, el Banco de España deberá notificar su valoración de idoneidad en un plazo que no podrá ser superior a dos meses, contado desde la comunicación a la que se refiere el apartado 6 de este artículo. A falta de notificación en el plazo indicado, se entenderá que la valoración es positiva. 8. Todo incumplimiento de los requisitos especificados en los apartados 2, 3 y 4 deberá ser comunicado al Banco de España en el plazo máximo de quince días hábiles desde que se tenga conocimiento del mismo. 9. Los establecimientos financieros de crédito deberán cumplir en todo momento los requisitos previstos en el apartado 1 anterior. A estos efectos, el Banco de España: a) Podrá revocar, de modo excepcional, la autorización por falta de idoneidad de algún accionista, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito. b) Requerirá la suspensión temporal o cese definitivo del cargo de consejero o director general o asimilado, o la subsanación de las deficiencias identificadas en caso de falta de honorabilidad, conocimientos y experiencia adecuados o de capacidad para ejercer un buen gobierno. Si la entidad no procede a la ejecución de tales requerimientos en el plazo señalado por el Banco de España, este acordará la suspensión temporal o el cese definitivo del cargo correspondiente, de conformidad con el procedimiento previsto en la Ley 26/1988, de 29 de julio. 10. Corresponde al Banco de España la creación y gestión de un Registro de Altos Cargos de los establecimientos financieros de crédito, donde deberán inscribirse obligatoriamente los consejeros, directores generales y asimilados de los mismos. Para la inscripción en el Registro de Altos Cargos, los consejeros y directores generales o asimilados deberán comunicar su nombramiento dentro de los quince días hábiles siguientes a la aceptación del cargo, incluyendo los datos personales y profesionales que establezca, con carácter general, el Banco de España y declarar expresamente, en el documento que acredite su aceptación del cargo, que reúnen los requisitos de honorabilidad y, en su caso, profesionalidad y disposición para ejercer un buen gobierno de la entidad a que se refiere este artículo, y que no se encuentran incursos en ninguna limitación o incompatibilidad establecida en las normas que les fuesen de aplicación. Corresponde igualmente al Banco de España la creación y gestión de un registro de consejeros y directores generales de las entidades dominantes, que no sean entidades de crédito, empresas de servicios de inversión o entidades aseguradoras o reaseguradoras de establecimientos financieros de crédito españoles, donde deberán inscribirse obligatoriamente los consejeros, directores y asimilados de aquéllas. Para la inscripción en dicho registro se seguirá el mismo procedimiento previsto en el párrafo anterior.» Tres. El primer párrafo del artículo 6.1 queda redactado como sigue: «1. La solicitud de autorización para la creación de un establecimiento financiero de crédito se dirigirá al Banco de España por duplicado y deberá ir acompañada de los siguientes documentos:» Cuatro. El apartado 1 del artículo 8 queda redactado como sigue: «1. La modificación de los estatutos sociales de los establecimientos financieros de crédito estará sujeta al procedimiento de autorización y registro establecido en el artículo 3, si bien la solicitud de autorización deberá resolverse dentro de los dos meses siguientes a su recepción en el Banco de España o al momento en que se complete la documentación exigible, transcurridos los cuales podrá entenderse estimada.» Cinco. La letra d) del artículo 8.2 queda redactada como sigue: «d) Aquellas otras modificaciones respecto de las que el Banco de España, en contestación a consulta previa formulada al efecto por el establecimiento financiero de crédito afectado, haya considerado innecesario, por su escasa relevancia, el trámite de la autorización.» Disposición transitoria primera. Procedimientos de autorización en curso. 1. Los procedimientos administrativos de autorización, que a la fecha de entrada en vigor de este real decreto ya se hubieran iniciado ante el Ministerio de Economía y Competitividad, serán autorizados de acuerdo con el procedimiento vigente en el momento en que fueron iniciados. 2. Los promotores de expedientes de creación de bancos, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de dinero electrónico, entidades de pago, sociedades de tasación, sociedades de reafianzamiento y establecimientos de cambio de moneda extranjera que se encuentren pendientes de autorización a la fecha de entrada en vigor de este real decreto, dispondrán de un plazo de tres meses para adaptar sus solicitudes, cuando proceda, a los requisitos exigibles a los miembros del consejo de administración, de directores generales o asimilados y otros empleados en materia de honorabilidad comercial y profesional, de conocimientos y experiencia adecuados para ejercer sus funciones y de su disposición de ejercer una adecuada gobernanza de la entidad. El referido plazo suspenderá el procedimiento de conformidad con lo establecido en el artículo 42.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Transcurrido dicho plazo sin haber procedido a la adaptación citada, se entenderá que desisten de sus solicitudes y se procederá a la devolución de los depósitos constituidos a tal fin. Disposición transitoria segunda. Adaptación a la nueva normativa. 1. Las entidades a que se refiere el presente real decreto dispondrán de un plazo de tres meses desde la entrada en vigor de este real decreto para el establecimiento de las unidades y procedimientos internos adecuados para llevar a cabo la selección y evaluación continua de los miembros de su consejo de administración o de su Consejo Rector, en el caso de las cooperativas de crédito, y de sus directores generales o asimilados, y de las personas que asuman funciones de control interno u ocupen puestos claves para el desarrollo diario de la actividad bancaria conforme a lo establecido en este real decreto. En dicho plazo deberán también comunicar al Banco de España la existencia y elementos esenciales de configuración de los mismos. 2. Las entidades a que se refiere el presente real decreto dispondrán de un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de este real decreto para la sustitución de los consejeros, directores generales o asimilados y otros empleados en los que no concurra la exigida honorabilidad comercial y profesional, no posean los conocimientos y experiencia adecuados para ejercer sus funciones o, en el caso de los consejeros, no estén en disposición de ejercer un buen gobierno de la entidad. Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 775/1997, de 30 de mayo, sobre régimen jurídico de homologación de los servicios y sociedades de tasación. El Real Decreto 775/1997, de 30 de mayo, sobre régimen jurídico de homologación de los servicios y sociedades de tasación queda modificado como sigue: Uno. La letra g) del apartado 1 del artículo 3 del Real Decreto 775/1997, de 30 de mayo, sobre régimen jurídico de homologación de los servicios y sociedades de tasación queda redactada del siguiente modo: «g) Contar con un consejo de administración en el que todos sus miembros, así como los del consejo de administración de su entidad dominante cuando exista, sean personas de reconocida honorabilidad comercial y profesional, que posean conocimientos y experiencia adecuados para ejercer sus funciones y que estén en disposición de ejercer un buen gobierno de la entidad. Los requisitos de honorabilidad y conocimiento y experiencia deberán concurrir también en los directores generales o asimilados, así como en las personas que asuman funciones de control interno u ocupen puestos claves para el desarrollo diario de la actividad de la entidad y de su dominante, conforme establezca el Banco de España. A estos efectos, la valoración de la idoneidad de los miembros del consejo de administración, así como de los directores generales o asimilados y de las personas que asuman funciones de control interno u ocupen puestos claves para el desarrollo diario de la actividad de la entidad, se ajustará a los criterios y procedimientos de control de la honorabilidad, experiencia y buen gobierno establecidos en el artículo 2 del Real Decreto 1245/1995, de 14 de julio, sobre creación de bancos, actividad transfronteriza y otras cuestiones relativas al régimen jurídico de las entidades de crédito.» Dos. Se eliminan los apartados 2 y 3 del artículo 3. Disposición final segunda. Modificación del Real Decreto 2660/1998, de 14 de diciembre, sobre el cambio de moneda extranjera en establecimientos abiertos al público distintos de las entidades de crédito. El Real Decreto 2660/1998, de 14 de diciembre, sobre el cambio de moneda extranjera en establecimientos abiertos al público distintos de las entidades de crédito queda modificado como sigue: Uno. El apartado 1 del artículo 3 queda redactado como sigue: «1. Serán requisitos para obtener y conservar la autorización para realizar operaciones de compra de billetes extranjeros o cheques de viajeros, con pago en euros, que los titulares de los establecimientos y, en su caso, los socios y Administradores así como los miembros del consejo de administración de su entidad dominante cuando exista, sean personas de reconocida honorabilidad comercial y profesional. El requisito de honorabilidad deberá concurrir también en los directores generales o asimilados, así como en las personas que asuman funciones de control interno u ocupen puestos claves para el desarrollo diario de la actividad de la entidad y de su dominante, conforme establezca el Banco de España. A estos efectos, la valoración de la idoneidad de los miembros del consejo de administración, así como de los directores generales o asimilados y de las personas que asuman funciones de control interno u ocupen puestos clave para el desarrollo diario de la actividad de la entidad, se ajustará a los criterios y procedimientos de control de la honorabilidad establecidos en el artículo 2 del Real Decreto 1245/1995, de 14 de julio, sobre creación de bancos, actividad transfronteriza y otras cuestiones relativas al régimen jurídico de las entidades de crédito.» Dos. Se eliminan los párrafos primero y tercero del apartado 3 del artículo 4. Disposición final tercera. Modificación del Real Decreto 1332/2005, de 11 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 5/2005, de 22 de abril, de supervisión de los conglomerados financieros y por la que se modifican otras leyes del sector financiero. El artículo 12 del Real Decreto 1332/2005, de 11 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 5/2005, de 22 de abril, de supervisión de los conglomerados financieros y por la que se modifican otras leyes del sector financiero queda modificado como sigue: «Artículo 12. Requisitos de los administradores de las sociedades financieras mixtas de cartera. 1. Todos los miembros del consejo de administración de las sociedades financieras mixtas de cartera, así como los del consejo de administración de su entidad dominante cuando exista, deberán ser personas de reconocida honorabilidad comercial y profesional, poseer conocimientos y experiencia adecuados para ejercer sus funciones y estar en disposición de ejercer un buen gobierno de la entidad. Los requisitos de honorabilidad y conocimiento y experiencia deberán concurrir también en los directores generales o asimilados, así como en las personas que asuman funciones de control interno u ocupen puestos claves para el desarrollo diario de la actividad de la entidad y de su dominante, conforme establezca el Banco de España. A estos efectos, la valoración de la idoneidad de los miembros del consejo de administración, así como de los directores generales o asimilados y de las personas que asuman funciones de control interno u ocupen puestos claves para el desarrollo diario de la actividad de la entidad, se ajustará a los criterios y procedimientos de control de la honorabilidad, experiencia y buen gobierno establecidos en el artículo 2 del Real Decreto 1245/1995, de 14 de julio, sobre creación de bancos, actividad transfronteriza y otras cuestiones relativas al régimen jurídico de las entidades de crédito. 2. La entidad obligada del conglomerado financiero deberá dirigirse al coordinador para comunicarle la condición de administrador o director de las personas a las que se refiere este artículo y solicitar su inscripción en un registro especial cuya llevanza corresponderá al coordinador. Dicha comunicación tendrá lugar en los quince días hábiles posteriores a la aceptación del cargo, incluyendo los datos personales y profesionales que establezca, con carácter general, el coordinador responsable del registro, así como documento de aceptación del cargo y declaración de los afectados de que reúnen los requisitos de honorabilidad y, en su caso, experiencia a que se refiere este artículo, y que no se encuentran incursos en ninguna limitación o incompatibilidad establecida en cualquier norma que les fuese de aplicación.» Disposición final cuarta. Modificación del Real Decreto 712/2010, de 28 de mayo, de régimen jurídico de los servicios de pago y de las entidades de pago. La letra e) del artículo 2 del Real Decreto 712/2010, de 28 de mayo, de régimen jurídico de los servicios de pago y de las entidades de pago queda modificada como sigue: «e) Que todos los miembros del consejo de administración de la entidad, así como los del consejo de administración de su entidad dominante cuando exista, sean personas de reconocida honorabilidad comercial y profesional, posean conocimientos y experiencia adecuados para ejercer sus funciones y estén en disposición de ejercer un buen gobierno de la entidad. Los requisitos de honorabilidad y conocimiento y experiencia deberán concurrir también en los directores generales o asimilados, así como en las personas que asuman funciones de control interno u ocupen puestos claves para el desarrollo diario de la actividad de la entidad y de su dominante, conforme establezca el Banco de España. A estos efectos, la valoración de la idoneidad de los miembros del consejo de administración, así como de los directores generales o asimilados y de las personas que asuman funciones de control interno u ocupen puestos claves para el desarrollo diario de la actividad de la entidad, se ajustará a los criterios y procedimientos de control de la honorabilidad, experiencia y buen gobierno establecidos en el artículo 2 del Real Decreto 1245/1995, de 14 de julio, sobre creación de bancos, actividad transfronteriza y otras cuestiones relativas al régimen jurídico de las entidades de crédito.» Disposición final quinta. Modificación del Real Decreto 778/2012, de 4 de mayo, de régimen jurídico de las entidades de dinero electrónico. La letra e) del artículo 2 del Real Decreto 778/2012, de 4 de mayo, de régimen jurídico de las entidades de dinero electrónico queda modificada como sigue: «e) Que todos los miembros del consejo de administración de la entidad de dinero electrónico, así como los del consejo de administración de su entidad dominante cuando exista, sean personas de reconocida honorabilidad comercial y profesional, posean conocimientos y experiencia adecuados para ejercer sus funciones y estén en disposición de ejercer un buen gobierno de la entidad. Los requisitos de honorabilidad y conocimiento y experiencia deberán concurrir también en los directores generales o asimilados, así como en las personas que asuman funciones de control interno u ocupen puestos claves para el desarrollo diario de la actividad de la entidad y de su dominante, conforme establezca el Banco de España. A estos efectos, la valoración de la idoneidad de los miembros del consejo de administración, así como de los directores generales o asimilados y de las personas que asuman funciones de control interno u ocupen puestos claves para el desarrollo diario de la actividad de la entidad, se ajustará a los criterios y procedimientos de control de la honorabilidad, experiencia y buen gobierno establecidos en el artículo 2 del Real Decreto 1245/1995, de 14 de julio, sobre creación de bancos, actividad transfronteriza y otras cuestiones relativas al régimen jurídico de las entidades de crédito.» Disposición final sexta. Facultades de desarrollo. Sin perjuicio de las previsiones específicas contenidas en este real decreto, el Banco de España podrá dictar las disposiciones necesarias para su desarrollo y ejecución. En particular, se faculta al Banco de España para especificar la información que deben remitirle las entidades a que se refiere este real decreto, la ponderación de los diferentes criterios de valoración de la concurrencia de honorabilidad comercial y profesional y buen gobierno y la adaptación de los criterios de conocimientos y experiencia al área en que cada tipo de entidad desarrolla su actividad. Disposición final séptima. Entrada en vigor. Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dado en Madrid, el 12 de abril de 2013. JUAN CARLOS R. El Ministro de Economía y Competitividad, LUIS DE GUINDOS JURADO

El Supremo establece que es Cataluña quien tiene competencias para los servicios de comunicación audiovisual televisiva.

La Directiva 2006/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio atribuye a la Autoridad Bancaria Europea la función de garantizar la existencia de directrices para la evaluación de la idoneidad de las personas que efectivamente dirigen la actividad de la entidad de crédito. En cumplimiento de esta previsión, la citada autoridad ha emitido en fecha 22 de noviembre de 2012 directrices en materia de gobierno corporativo de entidades de crédito. A pesar de que las directrices referidas no tienen naturaleza vinculante, resulta claramente positivo para nuestro país alinear, a la mayor brevedad posible, nuestra regulación financiera sobre la materia con los estándares europeos. A pesar de que estas orientaciones se refieren exclusivamente a las entidades de crédito, con la finalidad de mantener la consistencia en el régimen de honorabilidad y experiencia anteriormente vigente, la nueva normativa se aplicará a un amplio rango de entidades financieras que abarca, además de a las entidades de crédito, a las entidades de dinero electrónico, entidades de pago, sociedades de tasación, sociedades de reafianzamiento, establecimientos de cambio de moneda extranjera y sociedades financieras mixtas de cartera. A estos efectos de mejora y adaptación a las pautas fijadas por las autoridades europeas responde el presente real decreto, introduciendo modificaciones sustantivas en tres ámbitos fundamentales. En primer lugar, en materia de honorabilidad comercial y profesional, se dota al Banco de España de la facultad de evaluar la concurrencia de este requisito teniendo en cuenta un amplio conjunto de criterios, que pivotan esencialmente sobre tres circunstancias: la trayectoria de cumplimiento profesional y personal de las obligaciones del cargo evaluado; las condenas o sanciones por delitos, faltas o infracciones administrativas (teniendo en cuenta oportunamente circunstancias atenuantes como la firmeza o no de la sentencia, la gravedad de la sanción, el tiempo transcurrido u otras análogas), y la existencia de investigaciones fundadas en relación con delitos económico-financieros. En segundo lugar, por lo que respecta a los requisitos de experiencia y siguiendo igualmente lo establecido en las directrices de la Autoridad Bancaria Europea, el real decreto va más allá de la mera consideración de la experiencia profesional y tiene también en cuenta la formación de carácter teórico (formación que habrá de ser del nivel y perfil adecuados, en particular en las áreas de banca y servicios financieros). Además, el real decreto aporta también como novedad la evaluación de la idoneidad del consejo de administración en su conjunto, teniendo en cuenta el diferente perfil de sus componentes con la finalidad de fortalecer su independencia y autonomía como máximo órgano gestor de la entidad. Y, finalmente, en tercer lugar, el real decreto añade un nuevo requerimiento aplicable a los miembros del consejo de administración de conformidad con el cual estos deberán estar en disposición de ejercer un buen gobierno de la entidad, que se traduce fundamentalmente en un régimen más amplio en la consideración de los conflictos de interés. Asimismo, en aras de reforzar la supervisión de la idoneidad de los miembros de los consejos de administración, el real decreto potencia el control continuo de los requisitos anteriores, tanto por parte del Banco de España como de las propias entidades. Estas últimas deberán contar con unidades y procedimientos internos que lleven a cabo la selección y evaluación continua de sus consejeros y directores generales. Se dota, por último, al Banco de España de todas las facultades y competencias necesarias para ejercer una función de control y seguimiento constante de la idoneidad de los consejeros y directores generales. Por otro lado, con este real decreto se atribuyen al Banco de España competencias de autorización de la modificación de Estatutos sociales de entidades de crédito, en coherencia con la transferencia previa operada por la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, en favor del supervisor para realizar la autorización de entidades de crédito. En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía y Competitividad, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 12 de abril de 2013, DISPONGO: Artículo primero. Modificación del Real Decreto 1245/1995, de 14 de julio, sobre creación de bancos, actividad transfronteriza y otras cuestiones relativas al régimen jurídico de las entidades de crédito. El Real Decreto 1245/1995, de 14 de julio, sobre creación de bancos, actividad transfronteriza y otras cuestiones relativas al régimen jurídico de las entidades de crédito queda modificado como sigue: Uno. Los apartados 1 y 2 del artículo 1 quedan redactados del siguiente modo: «1. Corresponderá al Banco de España, previo informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias en los aspectos de su competencia, autorizar la creación de bancos. El Banco de España comunicará a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera la apertura del procedimiento de autorización, indicando los elementos esenciales del expediente a tramitar, y la finalización del mismo. 2. La solicitud de autorización deberá ser resuelta dentro de los seis meses siguientes a su recepción en el Banco de España, o al momento en que se complete la documentación exigible y, en todo caso, dentro de los doce meses siguientes a su recepción. Cuando la solicitud no sea resuelta en el plazo anteriormente previsto, podrá entenderse desestimada.» Dos. El artículo 2 queda redactado del siguiente modo: «Artículo 2. Requisitos para ejercer la actividad bancaria. 1. Serán requisitos necesarios para ejercer la actividad bancaria: a) Revestir la forma de sociedad anónima constituida ### RESUMEN: El Supremo establece que es Cataluña quien tiene competencias para los servicios de comunicación audiovisual televisiva.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. c) Número de expediente: R/0061/A/15/2. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Suministros. b) Descripción: Contratación del suministro de artificios lacrimógenos y fumígenos para uso en la Guardia Civil. c) Lote: 1) Artificios lacrimógenos. 2) Artificios fumígenos. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 35220000 (Equipo antidisturbios). g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE y DOUE. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 1 de agosto de 2015 y DOUE: 28 de julio de 2015. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 1.500.000,00 euros. 5. Presupuesto base de licitación. 1) Artificios lacrimógenos. Importe neto: 1.080.000,00 euros. Importe total: 1.306.800,00 euros. 2) Artificios fumígenos. Importe neto: 420.000,00 euros. Importe total: 508.200,00 euros. 6. Formalización del contrato: Lote 1: Artificios lacrimógenos. a) Fecha de Adjudicación: 6 de noviembre de 2015. b) Fecha de Formalización: 11 de diciembre de 2015. c) Contratista: FALKEN, S.A. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.080.000,00 euros, Importe total: 1.306.800,00 euros. e) Ventajas de la oferta adjudicataria: El presente procedimiento se adjudica a la oferta que ha obtenido la mayor puntuación en aplicación de los criterios para la adjudicación del contrato y ponderación de los mismos reflejados en el punto n.º 12 del Cuadro de Características del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, por un importe unitario de 19,05 euros (Sin impuestos) y hasta el gasto máximo del expediente. Lote 2: Artificios fumígenos. a) Fecha de Adjudicación: 6 de noviembre de 2015. b) Fecha de Formalización: 11 de diciembre de 2015. c) Contratista: FALKEN, S.A. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 420.000,00 euros, Importe total: 508.200,00 euros. e) Ventajas de la oferta adjudicataria: El presente procedimiento se adjudica a la oferta que ha obtenido la mayor puntuación en aplicación de los criterios para la adjudicación del contrato y ponderación de los mismos reflejados en el punto n.º 12 del Cuadro de Características del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, por un importe unitario de 19,05 eurtos (Sin impuestos) y hasta el gasto máximo del expediente. Madrid, 23 de diciembre de 2015.- Jefe de Asuntos Económicos de la Guardia Civil.

El verano que viene, en el distrito de Tetuán, habrá campamento urbano para menores en riesgo de exclusión por importe total de 195.360,00 euros.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. c) Número de expediente: R/0061/A/15/2. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Suministros. b) Descripción: Contratación del suministro de artificios lacrimógenos y fumígenos para uso en la Guardia Civil. c) Lote: 1) Artificios lacrimógenos. 2) Artificios fumígenos. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 35220000 (Equipo antidisturbios). g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE y DOUE. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 1 de agosto de 2015 y DOUE: 28 de julio de 2015. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 1.500.000,00 euros. 5. Presupuesto base de licitación. 1) Artificios lacrimógenos. Importe neto: 1.080.000,00 euros. Importe total: 1.306.800,00 euros. 2) Artificios fumígenos. Importe neto: 420.000,00 euros. Importe total: 508.200,00 euros. 6. Formalización del contrato: Lote 1: Artificios lacrimógenos. a) Fecha de Adjudicación: 6 de noviembre de 2015. b) Fecha de Formalización: 11 de diciembre de 2015. c) Contratista: FALKEN, S.A. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.080.000,00 euros, Importe total: 1.306.800,00 euros. e) Ventajas de la oferta adjudicataria: El presente procedimiento se adjudica a la oferta que ha obtenido la mayor puntuación en aplicación de los criterios para la adjudicación del contrato y ponderación de los mismos reflejados en el punto n.º 12 del Cuadro de Características del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, por un importe unitario de 19,05 euros (Sin impuestos) y hasta el gasto máximo del expediente. Lote 2: Artificios fumígenos. a) Fecha de Adjudicación: 6 de noviembre de 2015. b) Fecha de Formalización: 11 de diciembre de 2015. c) Contratista: FALKEN, S.A. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 420.000,00 euros, Importe total: 508.200,00 euros. e) Ventajas de la oferta adjudicataria: El presente procedimiento se adjudica a la oferta que ha obtenido la mayor puntuación en aplicación de los criterios para la adjudicación del contrato y ponderación de los mismos reflejados en el punto n.º 12 del Cuadro de Características del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, por un importe unitario de 19,05 eurtos (Sin impuestos) y hasta el gasto máximo del expediente. Madrid, 23 de diciembre de 2015.- Jefe de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. ### RESUMEN: El verano que viene, en el distrito de Tetuán, habrá campamento urbano para menores en riesgo de exclusión por importe total de 195.360,00 euros.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid. b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito de Tetuán. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Negociado de Contratación. 2) Domicilio: C/Bravo Murillo, 357. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28020. 4) Teléfono: 915880383. 5) Telefax: 915880377. 6) Correo electrónico: ncontratetuan@madrid.es. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.madrid.es. 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Con una antelación de diez días a la fecha límite para la recepción de ofertas. d) Número de expediente: 300/2015/01071. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Campamento urbano para menores en situación de riesgo social 2016. c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No. d) Lugar de ejecución/entrega: 1) Domicilio: Centro social comunitario 'Josefa Amar', en colegios del Distrito o en cualquier otro equipamiento municipal. 2) Localidad y código postal: Madrid, 28020. e) Plazo de ejecución/entrega: Del 1 de marzo de 2016 al 30 de diciembre de 2016. i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85312000-9 Servicios de asistencia social sin alojamiento. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Anticipada. b) Procedimiento: Abierto. d) Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios: Proyecto técnico: hasta 25 puntos. Precio: hasta 25 puntos. Mejoras en actividades: hasta 30 puntos. Mejoras en la coordinación: hasta 20 puntos. 4. Valor estimado del contrato: 355.200,00 euros (IVA excluido). 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 177.600,00 euros. Importe total: 195.360,00 euros. 6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato (IVA excluido). 7. Requisitos específicos del contratista: b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según lo presvito en el apartado 12 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOE. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Negociado de Contratación. 2) Domicilio: C/ Bravo Murillo, 357. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28020. 4) Dirección electrónica: ncontratetuan@madrid.es. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Apertura del sobre de criterios no valorables en cifras o porcentajes. b) Dirección: C/Bravo Murillo, 357. c) Localidad y código postal: Madrid, 28020. d) Fecha y hora: 15 de enero de 2016, a las 10 horas. 10. Gastos de publicidad: A cargo de la entidad adjudicataria. Madrid, 9 de diciembre de 2015.- El Gerente del Distrito de Tetuán, Carlos Serrano Martín de Vidales.

La Generalitat Valenciana gastará hasta 3.025.000,00 y 1.815.000,00 euros al año en publicidad institucional.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid. b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito de Tetuán. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Negociado de Contratación. 2) Domicilio: C/Bravo Murillo, 357. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28020. 4) Teléfono: 915880383. 5) Telefax: 915880377. 6) Correo electrónico: ncontratetuan@madrid.es. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.madrid.es. 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Con una antelación de diez días a la fecha límite para la recepción de ofertas. d) Número de expediente: 300/2015/01071. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Campamento urbano para menores en situación de riesgo social 2016. c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No. d) Lugar de ejecución/entrega: 1) Domicilio: Centro social comunitario 'Josefa Amar', en colegios del Distrito o en cualquier otro equipamiento municipal. 2) Localidad y código postal: Madrid, 28020. e) Plazo de ejecución/entrega: Del 1 de marzo de 2016 al 30 de diciembre de 2016. i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85312000-9 Servicios de asistencia social sin alojamiento. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Anticipada. b) Procedimiento: Abierto. d) Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios: Proyecto técnico: hasta 25 puntos. Precio: hasta 25 puntos. Mejoras en actividades: hasta 30 puntos. Mejoras en la coordinación: hasta 20 puntos. 4. Valor estimado del contrato: 355.200,00 euros (IVA excluido). 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 177.600,00 euros. Importe total: 195.360,00 euros. 6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato (IVA excluido). 7. Requisitos específicos del contratista: b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según lo presvito en el apartado 12 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOE. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Negociado de Contratación. 2) Domicilio: C/ Bravo Murillo, 357. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28020. 4) Dirección electrónica: ncontratetuan@madrid.es. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Apertura del sobre de criterios no valorables en cifras o porcentajes. b) Dirección: C/Bravo Murillo, 357. c) Localidad y código postal: Madrid, 28020. d) Fecha y hora: 15 de enero de 2016, a las 10 horas. 10. Gastos de publicidad: A cargo de la entidad adjudicataria. Madrid, 9 de diciembre de 2015.- El Gerente del Distrito de Tetuán, Carlos Serrano Martín de Vidales. ### RESUMEN: La Generalitat Valenciana gastará hasta 3.025.000,00 y 1.815.000,00 euros al año en publicidad institucional.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Presidencia de la Generalitat. b) Dependencia que tramita el expediente: Presidencia de la Generalitat. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Presidencia de la Generalitat. 2) Domicilio: En Bou, 9-11. 3) Localidad y código postal: Valencia, 46001, España. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es. 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta las 14:00 horas del 18 de abril de 2017. d) Número de expediente: CNMY17/DGRI/02. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Acciones de comunicación. c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Campañas publicitarias de interés general. Lote 2: Campañas, inserciones publicitarias, anuncios oficiales, acciones de promoción . d) Lugar de ejecución/entrega: 1) Domicilio: En bou, 9 (ámbito de la Comunitat Valenciana). 2) Localidad y código postal: Valencia, 46001, España. e) Plazo de ejecución/entrega: 1 año. f) Admisión de prórroga: 1 año como máximo. i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79341000 (Servicios de publicidad). 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. d) Criterios de adjudicación: a) Porcentaje total de descuento, que se aplicará sobre el volumen de inserciones a realizar en la categoría del medio radio, b) porcentaje total de descuento, que se aplicará sobre el volumen de inserciones a realizar en la categoría de los medios impresos: prensa, revistas, suplementos y especiales, c) porcentaje total de descuento, que se aplicará sobre el volumen de inserciones a realizar en la categoría de publicaciones digitales, d) porcentaje total de descuento, que se aplicará sobre el volumen de inserciones a realizar en la categoría del medio televisión, e) porcentaje total de descuento, que se aplicará sobre el volumen de inserciones a realizar en la categoría de otras plataformas digitales en Internet, redes sociales, buscadores, blogs, etc, f) porcentaje total de descuento, que se aplicará sobre el volumen de inserciones a realizar en la categoría del medio telefonía móvil, apps y nuevas tecnologías y g) porcentaje total de descuento, que se aplicará sobre el volumen de inserciones a realizar en la categoría del medio publicidad exterior incluida la producción. 4. Valor estimado del contrato: 8.000.000,00 euros. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 2.500.000,00 (lote 1) y 1.500.000,00 (lote 2). Importe total: 3.025.000,00 (lote 1) y 1.815.000,00 (lote 2). 6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5. 7. Requisitos específicos del contratista: b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia económica y financiera: Cifra anual de negocio (volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos, una vez y media el valor estimado del contrato cuando su duración no sea superior a un año, y al menos una vez y media el valor anual medio del contrato si su duración se superior a un año, y que asciende, por tanto a:-Lote 1: 7.500.000 € -Lote 2: 4.500.000 € -Ambos lotes: 12.000.000 €). Solvencia técnica y profesional: Trabajos realizados (experiencia en la realización de trabajos del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, que se acreditará medios la relación de los trabajos efectuados en el curso de los últimos cinco años, correspondientes al mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, avalados por certificados de buena ejecución, y el requisito mínimo será que lo importo anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% del valor estimado o de su anualidad media si esta se inferior al valor estimado del contrato y que asciende a lote 1: 3.500.000 €; lote 2: 2.100.000 € Ambos lotes: 5.600.000 €). 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 18 de abril de 2017 (servicio de difusión de diferentes acciones de comunicación: campañas, publicidad y promoción de la Generalitat en medios de comunicación). b) Modalidad de presentación: Manual. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Presidencia de la Generalitat. 2) Domicilio: En Bou, 9-11. 3) Localidad y código postal: Valencia, 46001, España. e) Admisión de variantes: No. f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 15 días. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Apertura sobre oferta económica. b) Dirección: En Bou, 9-11 (Presidencia de la Generalitat). c) Localidad y código postal: Valencia, 46001, España. d) Fecha y hora: 2 de mayo de 2017 a las 12:00 (apertura sobre C ofertas económicas) . 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 7 de marzo de 2017. Valencia, 7 de marzo de 2017.- El Subsecretario.

Arrendamiento de lencería y vestuario SAMUR Madrid por 4.836.455,04 euros para 4 años.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Presidencia de la Generalitat. b) Dependencia que tramita el expediente: Presidencia de la Generalitat. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Presidencia de la Generalitat. 2) Domicilio: En Bou, 9-11. 3) Localidad y código postal: Valencia, 46001, España. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es. 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta las 14:00 horas del 18 de abril de 2017. d) Número de expediente: CNMY17/DGRI/02. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Acciones de comunicación. c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Campañas publicitarias de interés general. Lote 2: Campañas, inserciones publicitarias, anuncios oficiales, acciones de promoción . d) Lugar de ejecución/entrega: 1) Domicilio: En bou, 9 (ámbito de la Comunitat Valenciana). 2) Localidad y código postal: Valencia, 46001, España. e) Plazo de ejecución/entrega: 1 año. f) Admisión de prórroga: 1 año como máximo. i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79341000 (Servicios de publicidad). 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. d) Criterios de adjudicación: a) Porcentaje total de descuento, que se aplicará sobre el volumen de inserciones a realizar en la categoría del medio radio, b) porcentaje total de descuento, que se aplicará sobre el volumen de inserciones a realizar en la categoría de los medios impresos: prensa, revistas, suplementos y especiales, c) porcentaje total de descuento, que se aplicará sobre el volumen de inserciones a realizar en la categoría de publicaciones digitales, d) porcentaje total de descuento, que se aplicará sobre el volumen de inserciones a realizar en la categoría del medio televisión, e) porcentaje total de descuento, que se aplicará sobre el volumen de inserciones a realizar en la categoría de otras plataformas digitales en Internet, redes sociales, buscadores, blogs, etc, f) porcentaje total de descuento, que se aplicará sobre el volumen de inserciones a realizar en la categoría del medio telefonía móvil, apps y nuevas tecnologías y g) porcentaje total de descuento, que se aplicará sobre el volumen de inserciones a realizar en la categoría del medio publicidad exterior incluida la producción. 4. Valor estimado del contrato: 8.000.000,00 euros. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 2.500.000,00 (lote 1) y 1.500.000,00 (lote 2). Importe total: 3.025.000,00 (lote 1) y 1.815.000,00 (lote 2). 6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5. 7. Requisitos específicos del contratista: b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia económica y financiera: Cifra anual de negocio (volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos, una vez y media el valor estimado del contrato cuando su duración no sea superior a un año, y al menos una vez y media el valor anual medio del contrato si su duración se superior a un año, y que asciende, por tanto a:-Lote 1: 7.500.000 € -Lote 2: 4.500.000 € -Ambos lotes: 12.000.000 €). Solvencia técnica y profesional: Trabajos realizados (experiencia en la realización de trabajos del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, que se acreditará medios la relación de los trabajos efectuados en el curso de los últimos cinco años, correspondientes al mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, avalados por certificados de buena ejecución, y el requisito mínimo será que lo importo anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% del valor estimado o de su anualidad media si esta se inferior al valor estimado del contrato y que asciende a lote 1: 3.500.000 €; lote 2: 2.100.000 € Ambos lotes: 5.600.000 €). 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 18 de abril de 2017 (servicio de difusión de diferentes acciones de comunicación: campañas, publicidad y promoción de la Generalitat en medios de comunicación). b) Modalidad de presentación: Manual. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Presidencia de la Generalitat. 2) Domicilio: En Bou, 9-11. 3) Localidad y código postal: Valencia, 46001, España. e) Admisión de variantes: No. f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 15 días. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Apertura sobre oferta económica. b) Dirección: En Bou, 9-11 (Presidencia de la Generalitat). c) Localidad y código postal: Valencia, 46001, España. d) Fecha y hora: 2 de mayo de 2017 a las 12:00 (apertura sobre C ofertas económicas) . 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 7 de marzo de 2017. Valencia, 7 de marzo de 2017.- El Subsecretario. ### RESUMEN: Arrendamiento de lencería y vestuario SAMUR Madrid por 4.836.455,04 euros para 4 años.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad. b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación II. c) Número de expediente: 300/2012/00475. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: necodcentralproc@madrid.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Suministro. b) Descripción: Arrendamiento de prendas de lencería y diverso vestuario para el personal profesional del SAMUR-Protección Civil del Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 18.100000-0 (Ropa de trabajo, ropa de trabajo especial y accesorios) y 19.231000-4 (Ropa blanca). g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 223. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 15 de septiembre de 2012. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 3.998.500,80 euros. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 3.998.500,80 euros. Importe total: 4.838.185,97 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 20 de noviembre de 2012. b) Fecha de formalización del contrato: 19 de diciembre de 2012. c) Contratista: Iturri, S.A. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 3.997.070,28 euros. Importe total: 4.836.455,04 euros. e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La Mesa acuerda elevar al órgano de contratación propuesta de adjudicación del contrato a favor del único licitador presentado, al ser el único criterio de adjudicación el precio e incorporar el precio más bajo. Madrid, 28 de diciembre de 2012.- Por Decreto de la Alcaldesa de 26 de enero de 2012, de delegación de competencias en los titulares de los Órganos Superiores y de los Órganos Directivos de las Áreas de Gobierno y de los Distritos, la Secretaria General Técnica del Área de Gobierno de Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad, Adoración Muñoz Merchante.

Un paso importante para poner en marcha la Ley de Eutanasia: el registro nacional de instrucciones previas suma a la info sobre cuidados y tratamientos elegidos para esos momentos finales y destino del cuerpo y órganos la de prestación de ayuda a morir.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad. b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación II. c) Número de expediente: 300/2012/00475. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: necodcentralproc@madrid.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Suministro. b) Descripción: Arrendamiento de prendas de lencería y diverso vestuario para el personal profesional del SAMUR-Protección Civil del Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 18.100000-0 (Ropa de trabajo, ropa de trabajo especial y accesorios) y 19.231000-4 (Ropa blanca). g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 223. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 15 de septiembre de 2012. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 3.998.500,80 euros. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 3.998.500,80 euros. Importe total: 4.838.185,97 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 20 de noviembre de 2012. b) Fecha de formalización del contrato: 19 de diciembre de 2012. c) Contratista: Iturri, S.A. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 3.997.070,28 euros. Importe total: 4.836.455,04 euros. e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La Mesa acuerda elevar al órgano de contratación propuesta de adjudicación del contrato a favor del único licitador presentado, al ser el único criterio de adjudicación el precio e incorporar el precio más bajo. Madrid, 28 de diciembre de 2012.- Por Decreto de la Alcaldesa de 26 de enero de 2012, de delegación de competencias en los titulares de los Órganos Superiores y de los Órganos Directivos de las Áreas de Gobierno y de los Distritos, la Secretaria General Técnica del Área de Gobierno de Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad, Adoración Muñoz Merchante. ### RESUMEN: Un paso importante para poner en marcha la Ley de Eutanasia: el registro nacional de instrucciones previas suma a la info sobre cuidados y tratamientos elegidos para esos momentos finales y destino del cuerpo y órganos la de prestación de ayuda a morir.

La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, pone de manifiesto la importancia de los derechos de los pacientes y regula en su artículo 11 el documento de instrucciones previas mediante el cual una persona mayor de edad, capaz y libre, manifiesta anticipadamente su voluntad, a fin de que esta se cumpla en el momento que llegue a situaciones cuyas circunstancias no sea capaz de expresarla personalmente, sobre los cuidados y el tratamiento de su salud o, una vez haya llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de los órganos. Mediante el Real Decreto 124/2007, de 2 de febrero, por el que se regula el Registro nacional de instrucciones previas y el correspondiente fichero automatizado de datos de carácter personal, se crea, adscrito al entonces Ministerio de Sanidad y Consumo, el Registro nacional de instrucciones previas, conforme a lo previsto en el artículo 11.5 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, dando así respuesta a la necesidad de asegurar la eficacia y posibilitar el conocimiento en todo el territorio nacional de las instrucciones previas otorgadas por los ciudadanos conforme a la normativa autonómica. En concreto, la disposición adicional primera del Real Decreto 124/2007, de 2 de febrero, establece que las comunidades autónomas deberán remitir al Registro nacional de instrucciones previas las inscripciones efectuadas en los registros autonómicos y las copias de los documentos de instrucciones previas, y cumplimentarán la información mínima recogida en su anexo. Por su parte, la disposición adicional segunda hace extensible el ámbito de la norma a las ciudades de Ceuta y Melilla en el marco de sus competencias. Entre la información mínima que deben trasladar las comunidades autónomas al Registro nacional una vez realizada la inscripción de un documento de instrucciones previas, se encuentra la sección denominada «Materia de la declaración» que comprende el apartado relativo a cuidados y tratamiento, así como el previsto al destino del cuerpo del otorgante o de los órganos una vez fallecido. Por su parte, la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia, cuyo objetivo es regular el derecho que corresponde a toda persona a solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir una vez se cumplan las garantías exigidas, así como establecer el procedimiento a seguir y las garantías que han de observarse, regula en su capítulo II el derecho de las personas a solicitar la prestación de ayuda para morir y los requisitos para su ejercicio. Como consecuencia de su entrada en vigor, resulta necesaria una revisión del real decreto anteriormente citado, con el fin esencial de modificar la información mínima que deben trasladar las comunidades autónomas al Registro nacional una vez realizada la inscripción de un documento de instrucciones previas. En concreto se ha de adaptar el apartado «Materia de la declaración» al actual marco normativo, con objeto de incorporar la prestación de ayuda para morir como materia de la declaración, asegurando la igualdad y calidad de futuras decisiones asistenciales, así como la toma de decisiones respetuosas con la voluntad del enfermo cuando este no tiene ya capacidad para decidir por sí mismo. Igualmente, se modifican las referencias orgánicas que figuran en el Real Decreto 124/2007, de 2 de febrero, sustituyéndolas por los actuales órganos competentes en el ámbito del Registro nacional de instrucciones previas, conforme a la actual estructura orgánica del Departamento. A tenor de lo indicado, el presente real decreto se adecúa a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Así, es respetuoso con los principios de necesidad y eficacia, puesto que su regulación resulta justificada y mediante ella se consigue el objetivo anteriormente expuesto, a través de la modificación del anexo del Real Decreto 124/2007, de 2 de febrero, resultando así el instrumento más idóneo para la consecución de dicho fin. Igualmente, es acorde al principio de proporcionalidad, ya que contiene la regulación imprescindible para el cumplimiento del objetivo previamente mencionado, sin incremento del gasto público y sin restringir derechos de los ciudadanos, ni imponerles obligaciones directas de ningún tipo. Asimismo, su regulación cumple los principios de seguridad jurídica y eficiencia, al ostentar el rango normativo adecuado, ser coherente con el resto del ordenamiento jurídico y no suponer la creación de cargas administrativas, ni comportar incremento del gasto público. En su proceso de tramitación, dando cumplimiento al principio de transparencia, el real decreto se ha sometido al trámite de información pública, conforme a lo establecido en el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Asimismo, han sido consultadas las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla. En su virtud, a propuesta de la Ministra de Sanidad, con la aprobación previa de la Ministra de Hacienda y Función Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 31 de mayo de 2022, DISPONGO: Artículo único. Modificación del Real Decreto 124/2007, de 2 de febrero, por el que se regula el Registro nacional de instrucciones previas y el correspondiente fichero automatizado de datos de carácter personal. El Real Decreto 124/2007, de 2 de febrero, por el que se regula el Registro nacional de instrucciones previas y el correspondiente fichero automatizado de datos de carácter personal, queda modificado en los siguientes términos: Uno. El artículo 1 queda redactado de la siguiente manera: «Se crea, adscrito al Ministerio de Sanidad a través de la Subdirección General de Cohesión y Alta Inspección del Sistema Nacional de Salud, el Registro nacional de instrucciones previas, en el que se recogerán las inscripciones practicadas en los registros autonómicos, conforme a lo previsto en el artículo 11.5 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.» Dos. El párrafo d) del artículo 4.1 queda redactado en los siguientes términos: «d) Las personas designadas por la autoridad sanitaria de la comunidad autónoma correspondiente o por el Ministerio de Sanidad.» Tres. El artículo 4.3 queda redactado en los siguientes términos: «Los responsables de los registros autonómicos y las personas designadas por la autoridad sanitaria de la comunidad autónoma y por el Ministerio de Sanidad podrán acceder al Registro nacional de instrucciones previas a través de comunicación telemática, previa solicitud del facultativo que estuviese tratando al otorgante. A tal efecto, deberán disponer de un certificado de clase 2 CA emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda o de un certificado de firma electrónica cualificado, emitido por un prestador cualificado de servicios de confianza, conforme a las prescripciones sectoriales y a la legislación de firma electrónica. A tal fin, se establece un sistema que garantice técnicamente la identificación de la persona destinataria de la información, la integridad de la comunicación, la disponibilidad las 24 horas del día, la conservación de la información comunicada y la confidencialidad de los datos.» Cuatro. El artículo 5.2 queda redactado en los siguientes términos: «2. La unidad encargada del Registro nacional de instrucciones previas adoptará las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad, la seguridad y la integridad de los datos comprendidas en la normativa en materia de protección de datos de carácter personal.» Cinco. La disposición final segunda queda redactada en los siguientes términos: «Se faculta a la persona titular del Ministerio de Sanidad para dictar, en el ámbito de su competencia, las disposiciones necesarias para la aplicación y ejecución de lo establecido en este real decreto.» Seis. En el anexo «Información mínima que deben trasladar las comunidades autónomas al Registro nacional una vez realizada la inscripción de un documento de instrucciones previas», el último epígrafe, «Materia de la declaración:», queda redactado del siguiente modo: «Materia de la declaración: Cuidados y tratamiento. Destino del cuerpo del otorgante o de los órganos una vez fallecido. Prestación de ayuda para morir. Sobre todos los aspectos.» Disposición final única. Entrada en vigor. El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dado en Madrid, el 31 de mayo de 2022. FELIPE R. La Ministra de Sanidad, CAROLINA DARIAS SAN SEBASTIÁN

Alfonso Martínez de Irujo y Fitz-James-Stuart ha solicitado el título de Duque de Almazán, tras el fallecimiento de su madre.

La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, pone de manifiesto la importancia de los derechos de los pacientes y regula en su artículo 11 el documento de instrucciones previas mediante el cual una persona mayor de edad, capaz y libre, manifiesta anticipadamente su voluntad, a fin de que esta se cumpla en el momento que llegue a situaciones cuyas circunstancias no sea capaz de expresarla personalmente, sobre los cuidados y el tratamiento de su salud o, una vez haya llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de los órganos. Mediante el Real Decreto 124/2007, de 2 de febrero, por el que se regula el Registro nacional de instrucciones previas y el correspondiente fichero automatizado de datos de carácter personal, se crea, adscrito al entonces Ministerio de Sanidad y Consumo, el Registro nacional de instrucciones previas, conforme a lo previsto en el artículo 11.5 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, dando así respuesta a la necesidad de asegurar la eficacia y posibilitar el conocimiento en todo el territorio nacional de las instrucciones previas otorgadas por los ciudadanos conforme a la normativa autonómica. En concreto, la disposición adicional primera del Real Decreto 124/2007, de 2 de febrero, establece que las comunidades autónomas deberán remitir al Registro nacional de instrucciones previas las inscripciones efectuadas en los registros autonómicos y las copias de los documentos de instrucciones previas, y cumplimentarán la información mínima recogida en su anexo. Por su parte, la disposición adicional segunda hace extensible el ámbito de la norma a las ciudades de Ceuta y Melilla en el marco de sus competencias. Entre la información mínima que deben trasladar las comunidades autónomas al Registro nacional una vez realizada la inscripción de un documento de instrucciones previas, se encuentra la sección denominada «Materia de la declaración» que comprende el apartado relativo a cuidados y tratamiento, así como el previsto al destino del cuerpo del otorgante o de los órganos una vez fallecido. Por su parte, la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia, cuyo objetivo es regular el derecho que corresponde a toda persona a solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir una vez se cumplan las garantías exigidas, así como establecer el procedimiento a seguir y las garantías que han de observarse, regula en su capítulo II el derecho de las personas a solicitar la prestación de ayuda para morir y los requisitos para su ejercicio. Como consecuencia de su entrada en vigor, resulta necesaria una revisión del real decreto anteriormente citado, con el fin esencial de modificar la información mínima que deben trasladar las comunidades autónomas al Registro nacional una vez realizada la inscripción de un documento de instrucciones previas. En concreto se ha de adaptar el apartado «Materia de la declaración» al actual marco normativo, con objeto de incorporar la prestación de ayuda para morir como materia de la declaración, asegurando la igualdad y calidad de futuras decisiones asistenciales, así como la toma de decisiones respetuosas con la voluntad del enfermo cuando este no tiene ya capacidad para decidir por sí mismo. Igualmente, se modifican las referencias orgánicas que figuran en el Real Decreto 124/2007, de 2 de febrero, sustituyéndolas por los actuales órganos competentes en el ámbito del Registro nacional de instrucciones previas, conforme a la actual estructura orgánica del Departamento. A tenor de lo indicado, el presente real decreto se adecúa a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Así, es respetuoso con los principios de necesidad y eficacia, puesto que su regulación resulta justificada y mediante ella se consigue el objetivo anteriormente expuesto, a través de la modificación del anexo del Real Decreto 124/2007, de 2 de febrero, resultando así el instrumento más idóneo para la consecución de dicho fin. Igualmente, es acorde al principio de proporcionalidad, ya que contiene la regulación imprescindible para el cumplimiento del objetivo previamente mencionado, sin incremento del gasto público y sin restringir derechos de los ciudadanos, ni imponerles obligaciones directas de ningún tipo. Asimismo, su regulación cumple los principios de seguridad jurídica y eficiencia, al ostentar el rango normativo adecuado, ser coherente con el resto del ordenamiento jurídico y no suponer la creación de cargas administrativas, ni comportar incremento del gasto público. En su proceso de tramitación, dando cumplimiento al principio de transparencia, el real decreto se ha sometido al trámite de información pública, conforme a lo establecido en el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Asimismo, han sido consultadas las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla. En su virtud, a propuesta de la Ministra de Sanidad, con la aprobación previa de la Ministra de Hacienda y Función Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 31 de mayo de 2022, DISPONGO: Artículo único. Modificación del Real Decreto 124/2007, de 2 de febrero, por el que se regula el Registro nacional de instrucciones previas y el correspondiente fichero automatizado de datos de carácter personal. El Real Decreto 124/2007, de 2 de febrero, por el que se regula el Registro nacional de instrucciones previas y el correspondiente fichero automatizado de datos de carácter personal, queda modificado en los siguientes términos: Uno. El artículo 1 queda redactado de la sigui ### RESUMEN: Alfonso Martínez de Irujo y Fitz-James-Stuart ha solicitado el título de Duque de Almazán, tras el fallecimiento de su madre.

La Recomendación (UE) 2020/912 del Consejo, de 30 de junio, sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la Unión Europea y el posible levantamiento de dicha restricción, estableció un listado de terceros países cuyos residentes quedaban exentos de las restricciones de viaje a la Unión Europea, así como un conjunto de categorías específicas de personas también exentas de esas restricciones, independientemente de su lugar de procedencia. Esta Recomendación ha sido modificada en sucesivas ocasiones para ir adaptando el listado de terceros países a las circunstancias epidemiológicas o para realizar determinados ajustes en los criterios aplicados. La Recomendación del Consejo y sus modificaciones son aplicadas en España mediante la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, con sus sucesivas prórrogas y modificaciones. La Recomendación del Consejo se ha modificado nuevamente a resultas de las variaciones de la situación epidemiológica de terceros países, de tal forma que el Consejo UE ha decidido excluir a Singapur y Ucrania, e incluir a Indonesia en el listado de terceros países, regiones administrativas especiales y demás entidades y autoridades territoriales cuyos residentes no se ven afectados por la restricción temporal de viajes no imprescindibles a la UE a través de las fronteras exteriores. Por tanto, procede modificar de manera acorde el anexo de la Orden INT/657/2020. En su virtud, dispongo: Artículo único. Modificación de la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. El anexo de la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, queda redactado como sigue: «Terceros países, regiones administrativas especiales y demás entidades y autoridades territoriales cuyos residentes no se ven afectados por la restricción temporal de viajes no imprescindibles a la UE a través de las fronteras exteriores en los términos recogidos en esta orden: I. Estados: 1. Argentina. 2. Australia. 3. Baréin. 4. Canadá. 5. Chile. 6. Colombia. 7. Indonesia. 8. Jordania. 9. Kuwait. 10. Namibia. 11. Nueva Zelanda. 12. Perú. 13. Qatar. 14. Ruanda. 15. Arabia Saudí. 16. Corea del Sur. 17. Emiratos Árabes Unidos. 18. Uruguay. 19. China. II. Regiones administrativas especiales de la República Popular China: RAE de Hong Kong. RAE de Macao. III. Entidades y autoridades territoriales no reconocidas como Estados por al menos un Estado miembro de la Unión Europea: Taiwán.» Disposición final única. Efectos. Esta orden surtirá efectos a partir de las 00:00 horas del 22 de noviembre de 2021. Madrid, 19 de noviembre de 2021.–El Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska Gómez.

Contrato de telefonía del Congreso para telefónica por importe total de 1.245.291,51 euros.

La Recomendación (UE) 2020/912 del Consejo, de 30 de junio, sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la Unión Europea y el posible levantamiento de dicha restricción, estableció un listado de terceros países cuyos residentes quedaban exentos de las restricciones de viaje a la Unión Europea, así como un conjunto de categorías específicas de personas también exentas de esas restricciones, independientemente de su lugar de procedencia. Esta Recomendación ha sido modificada en sucesivas ocasiones para ir adaptando el listado de terceros países a las circunstancias epidemiológicas o para realizar determinados ajustes en los criterios aplicados. La Recomendación del Consejo y sus modificaciones son aplicadas en España mediante la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, con sus sucesivas prórrogas y modificaciones. La Recomendación del Consejo se ha modificado nuevamente a resultas de las variaciones de la situación epidemiológica de terceros países, de tal forma que el Consejo UE ha decidido excluir a Singapur y Ucrania, e incluir a Indonesia en el listado de terceros países, regiones administrativas especiales y demás entidades y autoridades territoriales cuyos residentes no se ven afectados por la restricción temporal de viajes no imprescindibles a la UE a través de las fronteras exteriores. Por tanto, procede modificar de manera acorde el anexo de la Orden INT/657/2020. En su virtud, dispongo: Artículo único. Modificación de la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. El anexo de la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, queda redactado como sigue: «Terceros países, regiones administrativas especiales y demás entidades y autoridades territoriales cuyos residentes no se ven afectados por la restricción temporal de viajes no imprescindibles a la UE a través de las fronteras exteriores en los términos recogidos en esta orden: I. Estados: 1. Argentina. 2. Australia. 3. Baréin. 4. Canadá. 5. Chile. 6. Colombia. 7. Indonesia. 8. Jordania. 9. Kuwait. 10. Namibia. 11. Nueva Zelanda. 12. Perú. 13. Qatar. 14. Ruanda. 15. Arabia Saudí. 16. Corea del Sur. 17. Emiratos Árabes Unidos. 18. Uruguay. 19. China. II. Regiones administrativas especiales de la República Popular China: RAE de Hong Kong. RAE de Macao. III. Entidades y autoridades territoriales no reconocidas como Estados por al menos un Estado miembro de la Unión Europea: Taiwán.» Disposición final única. Efectos. Esta orden surtirá efectos a partir de las 00:00 horas del 22 de noviembre de 2021. Madrid, 19 de noviembre de 2021.–El Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska Gómez. ### RESUMEN: Contrato de telefonía del Congreso para telefónica por importe total de 1.245.291,51 euros.

El capítulo III de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine establece las «medidas de fomento e incentivos a la cinematografía y al audiovisual». Dentro de su sección III, relativa a las ayudas a la producción, el artículo 26 regula las ayudas a la amortización de largometrajes, disponiendo que el fomento de la producción de largometrajes se podrá completar mediante la concesión de ayudas a empresas productoras para la amortización del coste de producción de las películas, teniendo en cuenta criterios objetivos de carácter automático. Asimismo, dispone que las ayudas a la amortización adoptarán dos modalidades compatibles entre sí: la ayuda general y la ayuda complementaria. Por su parte, la Orden CUL/2834/2009, de 19 de octubre, modificada por la Orden CUL/1772/2011, de 21 de junio, establece las normas de aplicación del Real Decreto 2062/2008, de 12 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 55/2007, en las materias de reconocimiento del coste de una película e inversión del productor, establecimiento de las bases reguladoras de las ayudas estatales y estructura del Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales, regula el régimen jurídico aplicable a las ayudas para la amortización de largometrajes en el capítulo III, sección 3.ª, subsección 5.ª, capítulo III, sección 3.ª, subsección 5.ª, artículos 56 a 61. La presente convocatoria de ayudas a la amortización de largometrajes se refiere a las películas estrenadas entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012. La concesión de las mismas se realizará conforme a lo previsto en la presente resolución. La presente resolución se ampara en el artículo 149.2 de la Constitución Española. La gestión centralizada de estas subvenciones se fundamenta, como ha venido estableciendo una consolidada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en la responsabilidad que asume el Estado de preservar el patrimonio cultural común, en la necesidad de garantizar iguales posibilidades de acceso, obtención y disfrute por parte de los potenciales destinatarios con independencia de su procedencia geográfica y en la necesidad de asegurar la plena efectividad de las ayudas dentro de la ordenación básica del sector. En efecto, teniendo en cuenta el carácter de las medidas que se contemplan, resulta imprescindible establecer un sistema estatal de ayudas que compense la desigual implantación en el territorio de los agentes del sector, sin que ello impida el establecimiento de diferentes medidas de fomento por parte de las Comunidades Autónomas, dentro de su respectivo ámbito competencial. En todo caso, la caracterización constitucional de la cultura como competencia concurrente entre el Estado y las Comunidades Autónomas hace necesaria una estrecha colaboración entre los distintos entes territoriales. Las conclusiones y recomendaciones fruto de las actividades de la Conferencia Sectorial de Cultura se han tenido en cuenta a la hora de diseñar la presente convocatoria de ayudas, manteniéndose además el nivel de participación de las Comunidades Autónomas en el procedimiento de valoración y concesión de las mismas. Por otra parte, el presente régimen de ayudas ha sido autorizado por la Comisión Europea, en aplicación del artículo 107.3 d) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y su normativa de desarrollo. En su virtud, recibido informe favorable del Servicio Jurídico del Departamento, informe de la Intervención Delegada de la Intervención General de la Administración General del Estado y oídas las Comunidades Autónomas, este Instituto ha resuelto convocar las ayudas para la amortización de largometrajes, de acuerdo con las siguientes condiciones: Primero. Objeto y régimen jurídico de las ayudas. 1. Objeto.–Se convocan ayudas para la amortización de largometrajes, en sus modalidades general y complementaria, mediante régimen de concurrencia competitiva y, en su caso, con prorrateo. La presente convocatoria se refiere a las películas estrenadas entre el 1 de enero de 2012 y el 31 diciembre de 2012, ambas fechas incluidas. 2. Régimen jurídico de las ayudas.–La presente convocatoria de ayudas a la amortización de largometrajes se realiza, de conformidad con lo previsto en la Orden CUL/2834/2009, de 19 de octubre, capítulo III, sección 3.ª, subsección 5.ª, ayudas para la amortización de largometrajes, artículos 56 a 61. Las ayudas a las que se refiere la presente resolución, además de por lo previsto por la misma, se regirán por la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones, y por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de dicha ley. Segundo. Dotación e imputación presupuestaria. 1. La presente resolución cumple con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y en el artículo 58 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 2. La dotación para la financiación de estas ayudas es de 30.000.000 euros, que se imputarán al crédito disponible en la aplicación 18.103.470, «Fondo de Protección a la Cinematografía», del programa 335C, «Cinematografía», del presupuesto de gastos del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales para el año 2014. 3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 21 del Real Decreto 2062/2008, de 12 de diciembre, cuando las disponibilidades presupuestarias así lo requieran, se procederá a prorratear entre los beneficiarios las cantidades que deberían corresponderles en aplicación de los criterios previstos en la normativa aplicable. 4. En los términos previstos en el artículo 58.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se prevé la posibilidad de fijar una cuantía adicional a la concesión de esta línea de subvenciones a la amortización de largometrajes que no requerirá una nueva convocatoria, y que se estima en 3.500.000,00 euros. 5. De acuerdo con lo previsto en el artículo 59 de la Orden CUL/2834/2009 (según la redacción dada por Orden/CUL/1767/2010, de 30 de junio), el importe máximo de las ayudas para un mismo título de largometraje, siempre que la ayuda no supere el 50 por 100 del coste de la película ni el 75 por 100 de la inversión del productor, será: a) Importe de la ayuda a la amortización general: 400.000 euros. b) Importe de la ayuda a la amortización complementaria: 1.200.000 euros. c) Acumulado de ambas ayudas: 1.500.000 euros. Las películas cuyo rodaje se hubiera iniciado entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2010 podrán optar a un importe máximo en la ayuda general a la amortización de largometrajes de 800.000 euros, y a un máximo de 2.000.000 de euros en la suma de las ayudas general y complementaria. Cuando una empresa productora, o un conjunto de productoras que tengan mayoritariamente el mismo accionariado, presenten diversas solicitudes de ayudas para la amortización en una misma convocatoria, la cuantía a percibir tendrá como límite, además de los importes máximos anteriores, el 15 % de la cantidad destinada por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales en dicho ejercicio presupuestario a la concesión de estas ayudas cuando se trate de empresas de producción independiente, y el 10% en los demás supuestos. Se considerará participación mayoritaria en el accionariado la que supere el 50% del capital social. Tercero. Beneficiarios. Podrán percibir las ayudas objeto de la presente convocatoria las empresas productoras que, cumpliendo los requisitos establecidos en la misma, así como en el artículo 13 de la Orden CUL/2834/2009, de 19 de octubre, se encuentren inscritas previamente como tales en la sección Primera del Registro de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales. Cuarto. Plazo de presentación de solicitudes. El plazo máximo de presentación de solicitudes, conforme a los modelos previstos en los anexos I y II de la presente resolución, será de quince días a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. Quinto. Instrucción. Será órgano competente para la instrucción del procedimiento para la concesión de ambas modalidades de ayudas la Subdirección General de Fomento de la Industria Cinematográfica y Audiovisual, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. Sexto. Cómputo de espectadores, precio medio de la entrada y período de exhibición. Lo relativo al cómputo de espectadores, precio medio de la entrada y período de exhibición se encuentra regulado en el artículo 57 de la Orden CUL/2834/2009, de 19 de octubre y, en particular, los procedimientos para realizar el cómputo de los espectadores que sirva de módulo a efectos del cálculo de las ayudas para la amortización de largometrajes y los periodos aplicables para el cómputo, en la Orden CUL/1772/2011, de 21 de junio, por la que se establecen los procedimientos para el cómputo de espectadores de las películas cinematográficas así como las obligaciones, requisitos y funcionalidades técnicas de los programas informáticos a efectos del control de asistencia y rendimiento de las obras cinematográficas en las salas de exhibición. 1. Cómputo de espectadores. 1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 57.1 de la Orden CUL/2834/2009, para el cómputo de los espectadores en salas de exhibición, que sirva de módulo a los efectos del cálculo de las ayudas para la amortización de largometrajes, se atenderá a los datos que obtenga el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales de los informes de exhibición de películas previstos en el capítulo V del Real Decreto 2062/2008, de 12 de diciembre. En el caso de que las películas beneficiarias se proyecten en programas dobles, las ayudas se calcularán sobre el 50% del número de espectadores de esos programas. Asimismo, conforme al artículo 57.2 de la misma orden, también se computarán como espectadores: a) Cada uno de los accesos remunerados al visionado de una película a través de una página de Internet o de otros sistemas de acceso a películas basados en la demanda del espectador. De acuerdo con o previsto en el artículo 13 de la Orden CUL/1772/2011, de 21 de junio, se establece un coeficiente del 200%, en virtud del cual cada acceso remunerado se considerará equivalente a dos espectadores a los efectos de su acumulación al número de espectadores en salas de exhibición. b) Cada una de las operaciones de venta y de los arrendamientos remunerados a precio de mercado de un soporte físico que contenga la película. De acuerdo con lo previsto en el artículo 17 de la Orden CUL/1772/2011, de 21 de junio, se establece un coeficiente del 200%, en virtud del cual, cada operación de venta o arrendamiento se considerará equivalente a dos espectadores a los efectos de su acumulación al número de espectadores en salas de exhibición. c) Los accesos individuales mediante pago a proyecciones cinematográficas que se desarrollen en el marco de festivales y certámenes celebrados en España. 2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 57 de la Orden CUL/2834/2009, en el anexo III de la presente convocatoria se relacionan las páginas web, empresas, establecimientos, festivales y certámenes que han cumplido con los requisitos de homologación para emitir certificados de cómputo de espectadores de acuerdo con lo previsto en la Orden CUL/1772/2011, de 21 de junio, por la que se establecen los procedimientos para el cómputo de espectadores de las películas cinematográficas así como las obligaciones, requisitos y funcionalidades técnicas de los programas informáticos a efectos del control de asistencia y rendimiento de las obras cinematográficas en las salas de exhibición. 2. Precio medio de la entrada.–A los efectos de lo previsto en el artículo 57.4 de la Orden CUL/2834/2009, el precio medio de la entrada para el cálculo de la ayuda a la amortización, obtenido a partir de los informes de exhibición de películas referidos al año anterior a la convocatoria, será de 6,51 euros. 3. Período de exhibición. 1. A efectos de realizar los cómputos temporales señalados para el cálculo de las ayudas a la amortización de largometrajes, se considerará estreno comercial en España de una película la primera sesión cinematográfica que genere ingresos de taquilla con posterioridad a la fecha de calificación y a la expedición del certificado de distribución, conforme a lo previsto en el artículo 57.5 de la Orden CUL/2834/2009. 2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Orden CUL/1772/2011, de 21 de junio, el período de cómputo a los efectos del cálculo de la ayuda a la amortización de largometrajes será de 12 meses desde la fecha del estreno comercial en España. No obstante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 57.7 de la Orden CUL/2834/2009, de 19 de octubre, el período de doce meses para el cómputo de espectadores en las ayudas a la amortización de largometrajes, general y complementaria, se ampliarán a dieciocho meses en el supuesto de que a la película le correspondan 5 o más puntos en aplicación de lo dispuesto en el artículo 56.4.a) para la ayuda complementaria en materia de premios, honores y distinciones, y/o en el supuesto de que a la película le hubiera correspondido obtener dicha puntuación mínima aunque no haya optado a la ayuda complementaria. El cómputo de espectadores de una película en festivales y certámenes celebrados con anterioridad al estreno comercial de la misma en España se añadirá, en su caso, al cómputo de espectadores en salas de exhibición que correspondan dentro del plazo de explotación comercial indicado en el párrafo anterior. En todo caso, la fecha límite de certificación será de doce o dieciocho meses desde la fecha de estreno comercial de la película. El cómputo de los accesos remunerados al visionado de una película a través de Internet y de otras redes de comunicaciones electrónicas, mediante sistemas basados en la demanda del espectador, se iniciará a partir de la fecha en que las empresas que presten tales servicios pongan la película a disposición del público y cuenten con los correspondientes derechos de explotación y distribución en el formato de que se trate. La fecha límite de certificación será de doce o dieciocho meses desde la fecha del estreno comercial de la película. El cómputo de operaciones de venta y de arrendamiento minorista a precios de mercado de soportes físicos de películas se iniciará a partir de los 3 meses desde la fecha del estreno comercial en España, o de 1 mes si en este periodo el número de espectadores en las salas de exhibición no ha alcanzado los 10.000. La fecha límite de certificación será de doce o dieciocho meses desde la fecha del estreno comercial de la película. Los plazos de 12 y 18 meses a que se refiere el presente artículo se computarán desde el propio día del estreno comercial de la película hasta el día inmediatamente anterior del año siguiente. Séptimo. Condiciones generales para acceder a las ayudas a la amortización en sus dos modalidades, general y complementaria. Conforme al artículo 56 de la orden CUL/2834/2009, de 19 de octubre, dentro de las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio, para acceder a las ayudas a la amortización de largometrajes en sus dos modalidades, general y complementaria, es necesario cumplir, además de los requisitos generales para obtener la condición de beneficiario establecidos en el artículo 13 de la Orden CUL/2834/2009, de 19 de octubre, y los particulares establecidos para las ayudas a la producción en el artículo 22.2 del Real Decreto 2062/2008, de 12 de diciembre, los siguientes requisitos, establecidos en el artículo 58 de la citada Orden/CUL/2834/2009 (en la redacción dada por Orden CUL/1767/2010, de 30 de junio): a) Que la película objeto de la ayuda tenga la nacionalidad española y haya sido calificada por grupos de edad. b) Que la película haya obtenido el correspondiente certificado que acredite el carácter cultural del contenido de la misma, su vinculación con la realidad cultural española o su contribución al enriquecimiento de la diversidad cultural de las obras cinematográficas que se exhiben en España, en los términos previstos en el artículo 58 de la Orden CUL/2834/2009, de 19 octubre y en la Resolución de 2 de julio de 2010, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se establecen criterios para la obtención del certificado cultural a los efectos del cumplimiento de los requisitos necesarios en materia de ayudas a la amortización. c) Que haya sido estrenada comercialmente en salas de exhibición en los plazos que marque la presente convocatoria. d) Que tenga reconocido el coste y la inversión del productor, en el plazo de seis meses a partir de la notificación del certificado de nacionalidad española, previsto en el artículo 6.2 de la Orden CUL/2384/2009, de 19 de octubre. e) Que se haya entregado una copia de la película objeto de ayuda en los términos establecidos en el artículo 17.2 de la Orden CUL/2384/2009, de 19 de octubre. f) Si el solicitante es una empresa productora no independiente, que haya coproducido con productores independientes la totalidad de los largometrajes realizados en los dos años anteriores al cierre de la correspondiente convocatoria. La participación de una o varias empresas productoras no independientes en cada título coproducido no podrá exceder el 60 por ciento del coste reconocido de cada título. Octavo. Ayuda general para la amortización. 1. Cálculo de la ayuda. 1. La ayuda a la amortización de largometrajes, en su modalidad de ayuda general, prevista en el artículo 20.1.b) del Real Decreto 2062/2008, de 12 de diciembre, estará condicionada a la liquidación que resulte en función del número de espectadores, que se obtendrá multiplicando el 15% del número de espectadores de la película durante los doce primeros meses, o en su caso dieciocho, de exhibición desde su estreno comercial en España, por el precio medio de la entrada en el año 2012, calculado, todo ello, según se detalla en el artículo 56 de la Orden CUL/2834/2009, de 19 de octubre. Cuando el número de espectadores supere los 35.000, a la cantidad obtenida se le aplicará de forma lineal y continua un coeficiente equivalente a 0,035 por cada 35.000 espectadores en aplicación de la fórmula siguiente: coeficiente = [(n.º espectadores–35.000)/1.000.000] + 1 2. Lo relativo al cómputo de espectadores, precio medio de la entrada y período de exhibición se realizará conforme a lo dispuesto en el apartado sexto de la presente convocatoria. 2. Solicitudes y documentación. 1. La solicitud y el formulario que forma parte integrante de la misma se presentarán a través de la Sede Electrónica de la Secretaría de Estado de Cultura, conforme a los requisitos que la rigen (https://sede.mcu.gob.es/). En caso de no utilizar el mencionado sistema de presentación la solicitud y el formulario, en el modelo oficial que se publica como anexo I de esta resolución, podrán presentarse en el Registro General de la Secretaría de Estado de Cultura, plaza del Rey, n.º 1, 28071 Madrid, o en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. En las solicitudes que no se presenten a través de la Sede Electrónica deberá figurar el sello oficial de presentación con indicación de la fecha en la propia instancia. En todo caso, se hará constar expresamente el domicilio que se señale a efectos de notificación. La presentación de solicitudes para estas ayudas supone la aceptación expresa y formal de lo establecido en la presente resolución. A dichas solicitudes les será de aplicación lo previsto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La presentación de la solicitud de ayuda conlleva la autorización del solicitante para que el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales obtenga de forma directa la acreditación de que la empresa se encuentra al corriente de las obligaciones fiscales y para con la Seguridad Social, en su caso, a través de certificados telemáticos. No obstante el solicitante puede denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces las certificaciones en los términos contemplados en el punto décimo de la presente resolución. 2. En las solicitudes deberá constar la información siguiente, acompañada en su caso de la documentación que corresponda: a) Certificado del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales acreditativo del número de espectadores en el periodo computable. b) Certificado de cómputo de espectadores emitido por festival o certamen homologado por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales a estos efectos. c) Certificado de cómputo de accesos remunerados a una película a través de Internet y otras redes de comunicación electrónicas, mediante sistemas basados en la demanda del espectador emitido por empresa prestadora de servicio de comunicación audiovisual homologada por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales a estos efectos. d) Certificado de cómputo de ventas o de arrendamientos de soportes físicos emitido por parte de empresa prestadora de los servicios de cómputo de la venta o arrendamiento minorista a precios de mercado de soportes físicos de películas homologada por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales a estos efectos. e) Acreditación, en su caso, de los premios, honores o distinciones obtenidas por la película de acuerdo con el anexo IV de la presente convocatoria, detallando la correspondiente sección y Categoría. f) Autorización al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales para el uso de la película en sus actividades de promoción en el exterior según lo establecido en el artículo 17.2.b) de la Orden CUL/2384/2009, de 19 de octubre. g) Declaración responsable relativa al compromiso de mantener en su propiedad la titularidad de los derechos de la película durante el plazo de tres años desde su calificación. h) Declaración responsable de no haber comercializado la película en soporte videográfico, con anterioridad al transcurso de tres meses desde su estreno comercial en salas de exhibición. Quedarán exonerados de esta obligación, una vez transcurrido el primer mes, cuando las películas hayan contado con menos de 10.000 espectadores en salas de exhibición durante dicho periodo. i) Declaración responsable sobre su condición o no de empresa productora independiente de acuerdo con la definición del artículo 4.n) de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre. En el caso de productoras no independientes, debe adjuntarse acreditación de las coproducciones realizadas con independientes en los dos años anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria. j) Declaración responsable sobre si la empresa productora forma parte o no de un conjunto de productoras que tengan mayoritariamente el mismo accionariado, al que hace referencia el artículo 26.7 de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre. k) Declaración responsable de que los datos relativos a la personalidad jurídica y representación con la que actúe el solicitante no han sufrido modificación respecto de los ya existentes en el Registro de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales, o, en otro caso, documentación suficiente que acredite las modificaciones sobre dichos extremos. l) Certificación administrativa positiva, a efectos de subvenciones, de estar al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social expedida por los órganos competentes. Esta certificación será obligatoria en el caso de que el solicitante deniegue expresamente el consentimiento al órgano concedente para que éste obtenga de forma directa la acreditación del cumplimiento de dichas obligaciones. En el caso de haber caducado la validez de dichas certificaciones, deberán renovarse con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución y al pago de la ayuda. m) Declaración responsable de estar al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el período de tiempo inherente al procedimiento (artículo 71 bis punto 1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). n) En el caso de no tener su residencia fiscal en territorio español, certificado de residencia fiscal emitido por las autoridades competentes de su país de residencia. ñ) Declaración responsable de no estar incurso en ninguno de los demás supuestos del artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. o) Declaración responsable de que no ha sido sancionado con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones por incumplimiento de la normativa en materia de igualdad entre mujeres y hombres [artículo 15.1.g) de la Orden CUL/2834/2009, de 19 de octubre]. p) Declaración responsable relativa al cumplimiento de la normativa legal y convencional aplicable a las relaciones con el personal creativo y técnico [artículo 15.1.h) de la Orden CUL/2834/2009, de 19 de octubre]. q) Declaración en documento público de estar al corriente en el pago de las obligaciones contraídas con el personal creativo, artístico y técnico, así como con las industrias técnicas de la película para la que se solicita la ayuda, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24.3 de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre y en el artículo 22.2.b) del Real Decreto 2062/2008, de 12 de diciembre. Las organizaciones sindicales y las asociaciones representativas del sector podrán solicitar por escrito del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales información sobre la existencia de esta declaración y, en su caso, comunicar al mismo cuanto estimen relevante respecto de su contenido en relación con uno de sus asociados, de lo que se informará al solicitante. r) Comunicación al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales la obtención de otras subvenciones o ayudas públicas, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales que financien las actividades subvencionadas tan pronto como se conozca. El exceso de subvenciones recibidas respecto al coste de la actividad subvencionada dará lugar al reintegro de dicho exceso por parte del beneficiario, junto con los intereses de demora. Asimismo, a efectos informativos, deberá comunicarse cualesquiera otras ayudas públicas con independencia de su origen [artículo 17.1.d) de la Orden CUL/2834/2009, de 19 de octubre]. s) Declaración de que colaborará con el Gobierno de España/Ministerio de Educación, Cultura y Deporte/ICAA en la realización de la actividad objeto de la ayuda, mediante la inserción de la siguiente frase: Con el apoyo del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, seguida del logotipo facilitado por el Instituto. t) Declaración de haber entregado una copia nueva y en perfecto estado de la película objeto de ayuda a la Filmoteca Española o, en su caso, y a elección de la empresa productora, a la filmoteca oficialmente reconocida por la respectiva Comunidad Autónoma, en los términos previstos en el artículo 17.2.a) de la Orden CUL/2384/2009, de 19 de octubre. 3. La documentación que deba adjuntarse a la solicitud, o que sea requerida en su momento para la tramitación de un expediente, se presentará en original o mediante fotocopia compulsada y en castellano. Cuando la documentación original esté redactada en lengua distinta del castellano deberá aportarse además la traducción del documento de que se trate. Noveno. Ayuda complementaria para la amortización de largometrajes. 1. Cálculo de la ayuda.–La ayuda a la amortización de largometraje, en su modalidad de ayuda complementaria, prevista en el artículo 20.1.b) del Real Decreto 2062/2008, de 12 de diciembre, de acuerdo con lo establecido en el artículo 56.4 de la Orden CUL/2834/2009, consistirá en una cantidad calculada en función de un sistema de puntuación de acuerdo con los parámetros siguientes: a) Entre 1 y 5 puntos, y hasta un máximo de 15, por la participación mediante invitación en la sección oficial de festivales de reconocido prestigio internacional, o en otras de las que pueda derivarse la obtención de un premio o distinción, así como por cualesquiera otros honores recibidos por la película, antes o después de su estreno, según la relación de honores, premios y festivales así como de sus categorías y secciones respectivas que se determinan en el anexo IV de esta convocatoria. b) 3 puntos si se trata de un documental. c) 4 puntos si la película fue calificada para su exhibición como «Especialmente recomendada para la infancia». d) 2 puntos si se trata de una película de animación. e) 4 puntos cuando la inversión mayoritaria en la película corresponda a empresas productoras de carácter independiente en el momento de la calificación. f) 2 puntos cuando se trate del primer o del segundo largometraje del realizador. A estos efectos se considerarán como largometrajes ya realizados aquellos que hayan sido calificados para su explotación comercial en salas de exhibición cinematográfica. g) 2 puntos en caso de coproducciones con empresas extranjeras. h) 4 puntos cuando la película haya sido realizada mediante tecnología digital destinada a la proyección en 3 dimensiones y exhibida, total o parcialmente, con esta misma tecnología. i) 2 puntos si ha existido una composición equilibrada de mujeres y hombres entre los responsables de cada uno de los equipos técnicos, según la clasificación de los mismos establecida en el convenio colectivo aplicable que se determina en el anexo V de esta convocatoria. A estos efectos se entenderá por composición equilibrada lo establecido en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo. j) 1,5 puntos, y hasta un máximo de 120, por cada 45.000 euros de la inversión del productor, para cuyo cálculo se tendrá en cuenta lo señalado en el artículo 26.2, siempre que la película se encuentre en uno de los supuestos que a continuación se señalan: 1. Con carácter general: cuando el coste reconocido de la película sea igual o superior a 2.000.000 euros y la película haya contado con, al menos, 60.000 espectadores durante los doce primeros meses de exhibición desde su estreno comercial en España. 2. Con aplicación a las coproducciones con empresas extranjeras: cuando la inversión del productor sea igual o superior a 1.500.000 euros y la película haya contado con, al menos, 60.000 espectadores durante los doce primeros meses de exhibición desde su estreno comercial en España. 3. Con aplicación a películas que constituyan el primer o el segundo largometraje del director o, en su caso, de ambos codirectores: cuando el coste reconocido de la película, sea igual o superior a 2.000.000 euros y la película haya contado con, al menos, 30.000 espectadores durante los doce primeros meses de exhibición desde su estreno comercial en España. 4. Con aplicación a películas cuya versión original sea en una lengua oficial española distinta del castellano: cuando el coste reconocido de la película sea igual o superior a 1.500.000 euros y la película haya contado con, al menos, 30.000 espectadores durante los doce primeros meses de exhibición desde su estreno comercial en España, de los que como mínimo 5.000 hayan sido espectadores en la versión original. k) 2 puntos si la directora es una mujer. Cada uno de los puntos tendrá un valor equivalente a 10.000 euros, por lo que la cuantía de la ayuda complementaria se obtendrá multiplicando dicha cantidad por el número total de puntos obtenido. 2. Condiciones de acceso. 1. Sólo podrán acceder a la ayuda complementaria las películas que teniendo un coste reconocido de, como mínimo, de 600.000 euros, que hayan alcanzado el umbral de 6 puntos, de acuerdo con lo previsto en el apartado 4 del artículo 56 de la Orden CUL/2834/2009, de 19 de octubre, 2. De acuerdo con lo previsto en el artículo 39.3 de la Orden CUL/2834/2009, los beneficiarios de la ayuda para la producción de largometrajes sobre proyecto, establecida en los artículos 38 y siguientes de la citada Orden, no podrán acceder a la ayuda complementaria a la amortización de largometrajes. 3. Conforme a lo previsto en el artículo 34.3 del Real Decreto 2062/2008, de 12 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley del Cine, para que una empresa productora española con participación minoritaria en un largometraje realizado en régimen de coproducción internacional pueda participar en la convocatoria de ayuda complementaria a la amortización, será necesario que dentro de los tres años anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria haya participado de forma mayoritaria en la realización de dos largometrajes en régimen de coproducción en los que la participación española sea, como mínimo, igualitaria o haya participado de forma mayoritaria en la realización de una película de largometraje totalmente española. En todo caso, se entenderá por película realizada la que hubiera obtenido resolución de calificación y certificado de nacionalidad española en dicho período. 4. En las coproducciones financieras por parte española las empresas productoras no podrán optar a la ayuda complementaria, según establece el artículo 34.4 del Real Decreto 2062/2008, de 12 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley del Cine. 3. Solicitudes y documentación. 1. La solicitud y el formulario que forma parte integrante de la misma se presentarán a través de la Sede Electrónica de la Secretaría de Estado de Cultura, conforme a los requisitos que la rigen (https://sede.mcu.gob.es/). En caso de no utilizar el mencionado sistema de presentación la solicitud y el formulario, en el modelo oficial que se publica como anexo II de esta Resolución, podrán presentarse en el Registro General de la Secretaría de Estado de Cultura, plaza del Rey, n.º 1, 28071 Madrid, o en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. En las solicitudes que no se presenten a través del Registro electrónico deberá figurar el sello oficial de presentación con indicación de la fecha en la propia instancia. En todo caso, se hará constar expresamente el domicilio que se señale a efectos de notificación. La presentación de solicitudes para estas ayudas supone la aceptación expresa y formal de lo establecido en la presente Resolución. A dichas solicitudes les será de aplicación lo previsto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La presentación de la solicitud de ayuda conlleva la autorización del solicitante para que el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales obtenga de forma directa la acreditación de que la empresa se encuentra al corriente de las obligaciones fiscales y para con la Seguridad Social, en su caso, a través de certificados telemáticos. No obstante el solicitante puede denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces las certificaciones en los términos contemplados en el punto décimo de la presente Resolución. 2. En las solicitudes deberá constar la información siguiente, acompañada en su caso de la documentación que corresponda: a) Certificado del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales acreditativo del número de espectadores en el periodo computable. b) Certificado de cómputo de espectadores emitido por festival o certamen homologado por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales a estos efectos. c) Certificado de cómputo de accesos remunerados a una película a través de Internet y otras redes de comunicación electrónicas, mediante sistemas basados en la demanda del espectador emitido por empresa prestadora de servicio de comunicación audiovisual homologada por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales a estos efectos. d) Certificado de cómputo de ventas o de arrendamientos de soportes físicos emitido por parte de empresa prestadora de los servicios de cómputo de la venta o arrendamiento minorista a precios de mercado de soportes físicos de películas homologada por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales a estos efectos. e) Certificado emitido por el órgano competente de la Comunidad Autónoma acreditativo de la recaudación obtenida en versión original en el caso de películas rodadas en lengua oficial distinta del castellano. f) Acreditación, en su caso, de los premios, honores o distinciones obtenidas por la película relacionados en el anexo IV de esta resolución. g) Acreditación, en su caso, de la exhibición de la película mediante tecnología digital en 3 dimensiones. h) Declaración responsable, en su caso, de la existencia de una composición equilibrada de mujeres y hombres entre los responsables de cada uno de los equipos técnicos, según la clasificación de los mismos establecida en el convenio colectivo aplicable, y de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo. Será necesario cumplimentar la totalidad de los epígrafes del anexo V de la presente convocatoria. i) Declaración responsable, en su caso, de que se trata del primer o segundo largometraje del director o de los codirectores. En caso de que se trate de un director de nacionalidad de cualquiera de los países de la Unión Europea, además será necesario presentar certificado expedido por el organismo oficial de la cinematografía competente en el país de origen. j) Autorización al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales para el uso de la película en sus actividades de promoción en el exterior según lo establecido en el artículo 17.2.b) de la Orden CUL/2384/2009, de 19 de octubre. k) Declaración responsable relativa al compromiso de mantener en su propiedad la titularidad de los derechos de la película durante el plazo de tres años desde su calificación. l) Declaración responsable de no haber comercializado la película en soporte videográfico, con anterioridad al transcurso de tres meses desde su estreno comercial en salas de exhibición. Quedarán exonerados de esta obligación, una vez transcurrido el primer mes, cuando las películas hayan contado con menos de 10.000 espectadores en salas de exhibición durante dicho periodo. m) Declaración responsable sobre su condición o no de empresa productora independiente de acuerdo con la definición del artículo 4.n) de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre. En el caso de productoras no independientes, debe adjuntarse acreditación de las coproducciones realizadas con independientes en los dos años anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria. n) Declaración responsable sobre si la empresa productora forma parte o no de un conjunto de productoras que tengan mayoritariamente el mismo accionariado, al que hace referencia el artículo 26.7 de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre. ñ) Declaración responsable de que los datos relativos a la personalidad jurídica y representación con la que actúe el solicitante no han sufrido modificación respecto de los ya existentes en el Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales, o, en otro caso, documentación suficiente que acredite las modificaciones sobre dichos extremos. o) Certificación administrativa positiva, a efectos de subvenciones, de estar al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social expedida por los órganos competentes, en el caso de que el solicitante deniegue expresamente el consentimiento al órgano concedente para que éste obtenga de forma directa la acreditación del cumplimiento de dichas obligaciones. En el caso de haber caducado la validez de dichas certificaciones, deberán renovarse con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución y al pago de la ayuda. p) Declaración responsable de estar al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el período de tiempo inherente al procedimiento (artículo 71 bis punto 1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). q) En el caso de no tener su residencia fiscal en territorio español, certificado de residencia fiscal emitido por las autoridades competentes de su país de residencia. r) Declaración responsable de no estar incurso en ninguno de los demás supuestos del artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. s) Declaración responsable de no haber sido sancionado con la pérdida de obtener subvenciones por incumplimiento de la normativa que resulte de aplicación en materia de igualdad entre mujeres y hombres [artículo 15.1.g) de la Orden CUL/2834/2009, de 19 de octubre]. t) Declaración responsable relativa al cumplimiento de la normativa legal y convencional aplicable a las relaciones con el personal creativo y técnico [artículo 15.1.h) de la Orden CUL/2834/2009, de 19 de octubre]. u) Declaración en documento público de estar al corriente en el pago de las obligaciones contraídas con el personal creativo, artístico y técnico, así como con las industrias técnicas de la película para la que se solicita la ayuda, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24.3 de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre y en el artículo 22.2.b) del Real Decreto 2062/2008, de 12 de diciembre. Las organizaciones sindicales y las asociaciones representativas del sector podrán solicitar por escrito del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales información sobre la existencia de esta declaración y, en su caso, comunicar al mismo cuanto estimen relevante respecto de su contenido en relación con uno de sus asociados, de lo que se informará al solicitante. v) Comunicación al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales la obtención de otras subvenciones o ayudas públicas, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales que financien las actividades subvencionadas tan pronto como se conozca. El exceso de subvenciones recibidas respecto al coste de la actividad subvencionada dará lugar al reintegro de dicho exceso por parte del beneficiario, junto con los intereses de demora. Asimismo, a efectos informativos, deberá comunicarse cualesquiera otras ayudas públicas con independencia de su origen (artículo 17.1.d) de la Orden CUL/2834/2009, de 19 de octubre). w) Declaración de que colaborará con el Gobierno de España/Ministerio de Educación, Cultura y Deporte/ICAA en la realización de la actividad objeto de la ayuda, mediante la inserción de la siguiente frase: Con el apoyo del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, seguida del logotipo facilitado por el Instituto. x) Declaración de haber entregado una copia nueva y en perfecto estado de la película objeto de ayuda a la Filmoteca Española o, en su caso, y a elección de la empresa productora, a la filmoteca oficialmente reconocida por la respectiva Comunidad Autónoma, en los términos previstos en el artículo 17.2.a) de la Orden CUL/2384/2009, de 19 de octubre. 3. La documentación que deba adjuntarse a la solicitud, o que sea requerida en su momento para la tramitación de un expediente, se presentará en original o mediante fotocopia compulsada y en castellano. Cuando la documentación original esté redactada en lengua distinta del castellano deberá aportarse además la traducción del documento de que se trate. Décimo. Resolución y pago. 1. Resolución. 1. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de concesión de ayudas será de tres meses desde el día siguiente a la fecha límite para la presentación de solicitudes de la correspondiente convocatoria. 2. En la Resolución de concesión de las ayudas se prescindirá del trámite de audiencia por no ser tenidos en cuenta para dicha concesión otros hechos y documentos que los presentados por los solicitantes. 3. La citada Resolución será hecha pública en el tablón de anuncios de la sede de la Secretaría de Estado de Cultura, Plaza del Rey, n.º 1, 28071 Madrid, y en el «Boletín Oficial del Estado» y comunicada a los beneficiarios. 4. Dicha Resolución pone fin a la vía administrativa y, contra la misma podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, conforme a lo previsto en el artículo 9 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses desde su notificación. Con carácter previo a dicha impugnación, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante el mismo órgano que las dictó, en el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, pudiendo interponerse dicho recurso, además de en los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la misma, a través de la la Sede Electrónica de la Secretaría de Estado de Cultura, conforme a los requisitos que la rigen (https://sede.mcu.gob.es/). 2. Pago de las ayudas.–El Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales hará efectivo el pago a partir de la Resolución de concesión, previa presentación u obtención directa de los documentos acreditativos de encontrarse el beneficiario de la ayuda al corriente de las obligaciones fiscales y para con la Seguridad Social, expedidos por los organismos competentes, así como previa comprobación de estar al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones. Dichos certificados pueden obtenerse de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para la sustitución de la aportación de certificados por los ciudadanos, en caso de no autorizar al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales a su obtención de forma directa. Las ayudas se harán efectivas mediante un único pago. Undécimo. Obligaciones de los beneficiarios. Los beneficiarios de las ayudas quedarán obligados con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y con el artículo 17 de la Orden CUL/2834/2009, de 19 de octubre, así como a facilitar cuanta información les sea requerida por el Tribunal de Cuentas y por la Intervención General de la Administración del Estado. Duodécimo. Reintegro de la ayuda por incumplimientos. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la ayuda, en los supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, conforme al procedimiento establecido en la misma y en el Título III del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su Reglamento de desarrollo. En el supuesto de incumplimiento parcial de las obligaciones derivadas de la obtención de la ayuda, la fijación de la cantidad que deba ser reintegrada se determinará en aplicación del principio de proporcionalidad y teniendo en cuenta el hecho de que el citado incumplimiento se aproxime significativamente al cumplimiento total y se acredite por los beneficiarios una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos. En caso de imposición de sanciones por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la obtención de la ayuda, se estará a lo dispuesto en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, desarrollado en el Título IV del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Decimotercero. Recursos. La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y, contra la misma, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo, conforme a lo previsto en el artículo 9.c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses desde su notificación. Con carácter previo a dicha impugnación, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, pudiendo interponerse dicho recurso, además de en los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la misma, a través de la Sede electrónica de la Secretaría de Estado de Cultura, conforme a los requisitos que la rigen (https://sede.mcu.gob.es/). Decimocuarto. Entrada en vigor. La presente resolución entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 18 de septiembre de 2014.–La Directora General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, Lorena González Olivares. ANEXO I ANEXO II ANEXO III Páginas web, empresas, establecimientos, festivales y certámenes que han cumplido con los requisitos de homologación para emitir certificados de cómputo de espectadores de acuerdo con lo previsto en la Orden CUL/1772/2011, de 21 de junio, por la que se establecen los procedimientos para el cómputo de espectadores de las películas cinematográficas así como las obligaciones, requisitos y funcionalidades técnicas de los programas informáticos a efectos del control de asistencia y rendimiento de las obras cinematográficas en las salas de exhibición 1. Empresas prestadoras de servicio de comunicación audiovisual Internet y otras redes de comunicación electrónicas, mediante sistemas basados en la demanda del espectador. – Benece Produccions – Cableuropa S.A.U. – Cineclik, S.L. – Comunidad Filmin, S.L. – Conecta 5 Telecinco – Cordina Planet, S.L. – Egeda – Telefonica de España, S.A.U. – Wuaki TV SLU. 2. Festivales y certámenes cinematográficos dedicados a la proyección de largometrajes que se celebran en España. – Festival Internacional de Cine de San Sebastián. – Festival de Málaga-Cine Español. – L’Alternativa, Festival de Cine Independiente de Barcelona. – Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. – Semana Internacional de Cine de Valladolid (SEMINCI). 3. Empresas que realicen operaciones de cómputo de la venta o arrendamiento minorista a precio de mercado de soportes físicos de películas. – GFK. Retail and Technology España, S.A. ANEXO IV Festivales, premios o distinciones y honores a los que se refiere el artículo 56.4 a) de la Orden CUL/2834/2009, de 19 de octubre Festivales internacionales Festivales País Secciones Participación Premio Total puntos Internationale Filmfestspiele Berlin. Berlinale. Alemania. Competition. 3 2 5 Panorama. 2 1 3 Festival Internacional de Cine de Mar de Plata. Argentina. Competencias. 0 1 1 Festival des Films du Monde. Canada. World Competition; First Films World Competition; Documentaries of the World. 1 1 2 Toronto International Film Festival (tiff.). Canada. Gala presentations; Tiff Docs; Contemporary World Cinema. 3 0 3 Shanghai International Film Festival. China. Competition. 1 1 2 Sundance Film Festival. EEUU. World Cinema Documentary Competition, World Cinema Dramatic Competition. 1 2 3 Tribeca Film Festival. EEUU. World Narrative Competition, World Documentary Competition. 1 1 2 New York Film Festival. EEUU. Main Slate. 0 1 1 The Cairo International Film Festival. Egipto. International Competition for Feature Films. 0 1 1 Festival de Cannes. Francia. Compétition. 3 2 5 Un Certain Regard; Semaine Internationale de la Critique; Quinzaine des Réalisateurs. 2 1 3 La Biennale di Venezia/Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Italia. Selezione Ufficiale a Concorso. 3 2 5 Settimana Internazionale della Critica; Giornate degli Autori. 2 1 3 Festival international du film d’animation d’Annecy. Francia. Sélection officielle. 1 1 2 Festival International Del Film Di Roma. Italia. Selezione Ufficiale: Concorso. 1 1 2 Tokyo International Film Festival (TIFF). Japón. Competition; World Cinema. 1 1 2 International Film Festival Rotterdam. Países Bajos. Hivos Tiger Awards Competition. 1 1 2 International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA). Países Bajos. Feature-Length Documentary; Mid-Length Documentary; First Appearance. 1 1 2 London Film Festival (BFI). Reino Unido. Official Competition; First Feature Competition; Documentary Competition. 1 1 2 Karlovy Vary International Film Festival. República Checa. Official Selection – Competition of Feature Films; Documentary Films in Competition. 1 2 3 Moscow International Film Festival. Rusia. Competition; Documentary Competition. 1 1 2 Festival del film Locarno. Suiza. Piazza Grande; Concorso Internazionale. 1 2 3 Warsaw Film Festival. Varsovia. International Competition; Documentary Competition. 1 1 2 International Film Festival of India. Goa. Sección Oficial a Concurso. 1 1 2 Festivales nacionales Festivales Localidad Secciones Participación Premio Total puntos Festival Internacional de Cine de Gijón. Asturias. Sección Oficial. 1 1 2 Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Sitges, Barcelona. Oficial Fantàstic. 1 2 3 Festival Internacional de Cine de San Sebastián/Donostia Zinemaldia. Guipúzcoa. Sección Oficial; Nuev@s Director@s; Zabaltegi. 3 2 5 Festival Internacional de Cine Iberoamericano de Huelva. Huelva. Sección Oficial a Concurso: Largometrajes. 1 1 2 Festival de Cine Español de Málaga. Málaga. Sección Oficial. 1 2 3 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci). Valladolid. Sección Oficial. 1 2 3 Festival de Cine Europeo de Sevilla. Sevilla. Sección Oficial. 1 1 2 Premios y honores Festivales País Premio Nominada Premio Total puntos Premios Oscar (Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood)/The Oscars (Academy of Motion Picture Arts and Sciences). EEUU. Mejor Película; Mejor Película de habla no inglesa; Mejor Documental; Mejor Película de Animación. 3 2 5 Premios Globos de Oro (Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood)/Golden Globe Awards (The Hollywood Foreign Press Association). EEUU. Mejor Película (Drama/Comedia o Musical); Mejor Película de habla no inglesa; Mejor Película de Animación. 1 2 3 Premios de Cine Europeo EFA (Academia de Cine Europeo)/European Film Awards EFA (European Film Academy). Europa. Mejor Película Europea; Mejor Película Documental Europea; Mejor Película Europea de Animación. 1 2 3 Premios Goya (Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España). España. Mejor Película; Mejor Documental; Mejor Película de Animación. 3 2 5 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. España. Buenas prácticas 2.0. 1 1 2 ANEXO V

Ley de Transparencia de La Rioja.

El capítulo III de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine establece las «medidas de fomento e incentivos a la cinematografía y al audiovisual». Dentro de su sección III, relativa a las ayudas a la producción, el artículo 26 regula las ayudas a la amortización de largometrajes, disponiendo que el fomento de la producción de largometrajes se podrá completar mediante la concesión de ayudas a empresas productoras para la amortización del coste de producción de las películas, teniendo en cuenta criterios objetivos de carácter automático. Asimismo, dispone que las ayudas a la amortización adoptarán dos modalidades compatibles entre sí: la ayuda general y la ayuda complementaria. Por su parte, la Orden CUL/2834/2009, de 19 de octubre, modificada por la Orden CUL/1772/2011, de 21 de junio, establece las normas de aplicación del Real Decreto 2062/2008, de 12 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 55/2007, en las materias de reconocimiento del coste de una película e inversión del productor, establecimiento de las bases reguladoras de las ayudas estatales y estructura del Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales, regula el régimen jurídico aplicable a las ayudas para la amortización de largometrajes en el capítulo III, sección 3.ª, subsección 5.ª, capítulo III, sección 3.ª, subsección 5.ª, artículos 56 a 61. La presente convocatoria de ayudas a la amortización de largometrajes se refiere a las películas estrenadas entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012. La concesión de las mismas se realizará conforme a lo previsto en la presente resolución. La presente resolución se ampara en el artículo 149.2 de la Constitución Española. La gestión centralizada de estas subvenciones se fundamenta, como ha venido estableciendo una consolidada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en la responsabilidad que asume el Estado de preservar el patrimonio cultural común, en la necesidad de garantizar iguales posibilidades de acceso, obtención y disfrute por parte de los potenciales destinatarios con independencia de su procedencia geográfica y en la necesidad de asegurar la plena efectividad de las ayudas dentro de la ordenación básica del sector. En efecto, teniendo en cuenta el carácter de las medidas que se contemplan, resulta imprescindible establecer un sistema estatal de ayudas que compense la desigual implantación en el territorio de los agentes del sector, sin que ello impida el establecimiento de diferentes medidas de fomento por parte de las Comunidades Autónomas, dentro de su respectivo ámbito competencial. En todo caso, la caracterización constitucional de la cultura como competencia concurrente entre el Estado y las Comunidades Autónomas hace necesaria una estrecha colaboración entre los distintos entes territoriales. Las conclusiones y recomendaciones fruto de las actividades de la Conferencia Sectorial de Cultura se han tenido en cuenta a la hora de diseñar la presente convocatoria de ayudas, manteniéndose además el nivel de participación de las Comunidades Autónomas en el procedimiento de valoración y concesión de las mismas. Por otra parte, el presente régimen de ayudas ha sido autorizado por la Comisión Europea, en aplicación del artículo 107.3 d) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y su normativa de desarrollo. En su virtud, recibido informe favorable del Servicio Jurídico del Departamento, informe de la Intervención Delegada de la Intervención General de la Administración General del Estado y oídas las Comunidades Autónomas, este Instituto ha resuelto convocar las ayudas para la amortización de largometrajes, de acuerdo con las siguientes condiciones: Primero. Objeto y régimen jurídico de las ayudas. 1. Objeto.–Se convocan ayudas para la amortización de largometrajes, en sus modalidades general y complementaria, mediante régimen de concurrencia competitiva y, en su caso, con prorrateo. La presente convocatoria se refiere a las películas estrenadas entre el 1 de enero de 2012 y el 31 diciembre de 2012, ambas fechas incluidas. 2. Régimen jurídico de las ayudas.–La presente convocatoria de ayudas a la amortización de largometrajes se realiza, de conformidad con lo previsto en la Orden CUL/2834/2009, de 19 de octubre, capítulo III, sección 3.ª, subsección 5.ª, ayudas para la amortización de largometrajes, artículos 56 a 61. Las ayudas a las que se refiere la presente resolución, además de por lo previsto por la misma, se regirán por la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones, y por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de dicha ley. Segundo. Dotación e imputación presupuestaria. 1. La presente resolución cumple con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y en el artículo 58 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 2. La dotación para la financiación de estas ayudas es de 30.000.000 euros, que se imputarán al crédito disponible en la aplicación 18.103.470, «Fondo de Protección a la Cinematografía», del programa 335C, «Cinematografía», del presupuesto de gastos del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales para el año 2014. 3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 21 del Real Decreto 2062/2008, de 12 de diciembre, cuando las disponibilidades presupuestarias así lo requieran, se procederá a prorratear entre los beneficiarios las cantidades que deberían corresponderles en aplicación de los criterios previstos en la normativa aplicable. 4. En los términos previstos en el artículo 58.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se prevé la posibilidad de fijar una cuantía ad ### RESUMEN: Ley de Transparencia de La Rioja.

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA Sepan todos los ciudadanos que el Parlamento de La Rioja ha aprobado, y yo, en nombre de su Majestad el Rey y de acuerdo con lo que establece la Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo la siguiente Ley: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La reciente aprobación por las Cortes Generales de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ha sido la última manifestación de una evolución en el funcionamiento de las instituciones, que se ve motivada por la necesidad de ir más allá de la simple sujeción a normas de buena gestión en la relación de los poderes públicos con los ciudadanos. Las instituciones del Estado, para ser más sólidas, han de tomar como uno de los pilares en los que sustentarse la creciente aspiración de la sociedad a un conocimiento cada vez más profundo del proceso de toma de las decisiones que les afectan y a su participación en la adopción de las mismas. Del mismo modo, es creciente el afán ciudadano por conocer la forma en la que se gastan los fondos públicos que provienen de los tributos que pagan, así como los criterios a los que obedece la actuación de sus representantes. Asumiendo dicha realidad, resulta conveniente adaptar cuanto antes las normas de transparencia y buen gobierno a nuestra comunidad autónoma, determinando los órganos competentes dentro de nuestro ámbito para cumplir con cada una de las funciones descritas en la ley estatal. De este modo, su aplicación efectiva se hará práctica cuanto antes y los ciudadanos tendrán claro a qué órganos dirigirse para el ejercicio de estos derechos. Los títulos competenciales en los que se fundamenta la legitimación de las instituciones de La Rioja para aprobar esta ley derivan de las previsiones del propio Estatuto de Autonomía, en concreto de los apartados uno.1 y uno.2 de su artículo 8, que reconocen la competencia exclusiva para la organización, estructura, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno y la facultad para regular el procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organización propia de La Rioja. Por otra parte, la aprobación de esta norma supone la instauración de una filosofía en la acción política que implica no ya solo la apertura de la información para una mejor fiscalización de la actuación pública, sino también la puesta a disposición de la sociedad de la ingente cantidad de documentación administrativa y de aplicaciones informáticas desarrolladas por la misma. De este modo, se unifican en esta ley las normas de transparencia y buen gobierno, que establecen la obligación de hacer partícipes a los ciudadanos de normas, planes, decisiones y manejo de fondos que les afectan para un mejor control de los poderes públicos, con las normas sobre dato abierto y «software» libre, que suponen además la puesta a su disposición tanto de la documentación como de programas informáticos elaborados por la Administración en formatos que permitan la reutilización de los mismos por los ciudadanos para un beneficio añadido. De este modo, la ley se articula en torno a cinco títulos diferentes, que se dedican, respectivamente, a disposiciones generales, transparencia, buen gobierno, reutilización de la información y «software» libre. El título I comprende las normas comunes relativas al alcance de la norma, su ámbito de aplicación, las unidades de transparencia y los sujetos obligados a suministrar información. El título II, que constituye el núcleo fundamental de la ley, regula la transparencia a lo largo de tres capítulos, que se dedican a los tres núcleos que la constituyen: la obligación de los poderes públicos de rendir información haciéndola pública y poniéndola a disposición de los ciudadanos, el correlativo derecho de esos ciudadanos a recabar la información que consideren pertinente y el derecho que les ampara a participar en los asuntos públicos, que debe ser asegurado y promovido. El título III regula las obligaciones de buen gobierno, estableciendo los órganos a los que corresponde el desarrollo, ejecución y aplicación de la normativa básica estatal en esta materia. El título IV está dedicado al dato abierto, estableciendo como principio general que los documentos de los sujetos que componen el sector público autonómico son reutilizables y regulando los medios para facilitar que se pongan a disposición de los ciudadanos. Finalmente, el título V establece el principio de «software» abierto con respecto a los programas y aplicaciones informáticos que sean propiedad de la Comunidad Autónoma de La Rioja, sin más limitaciones que las que puedan afectar a la seguridad de la información. TÍTULO I Disposiciones generales Artículo 1. Objeto de la ley. 1. En el ámbito de la legislación básica del Estado y de acuerdo con las competencias que a esta comunidad autónoma atribuye su Estatuto de Autonomía, esta ley tiene por objeto regular la transparencia y publicidad de la actividad administrativa, el buen gobierno y las condiciones de ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 2. En concreto, esta ley regula: a) La transparencia de la actividad de los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley, en su vertiente de publicidad activa. b) El derecho de los ciudadanos a acceder a la información obrante en poder de los sujetos comprendidos en el artículo 2 de esta ley. c) El derecho de los ciudadanos a participar en la toma de decisiones sobre asuntos que sean directa o indirectamente de interés público. d) El régimen jurídico aplicable a la reutilización de los documentos elaborados o custodiados por el sector público de la Comunidad Autónoma de La Rioja. e) Las condiciones y requisitos de buen gobierno. f) Las condiciones para la implantación de sistemas de software libre en el sector público de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Artículo 2. Ámbito de aplicación. 1. Las disposiciones de esta ley se aplicarán: a) A todas las entidades integrantes del sector público de la Comunidad Autónoma de La Rioja, en los términos definidos por la legislación aplicable, y en concreto a: La Administración general. Los organismos públicos. Las fundaciones, consorcios y empresas públicas. b) Al Parlamento de La Rioja. c) A la Universidad de La Rioja. d) Al Consejo Consultivo de La Rioja. 2. Las disposiciones de esta ley únicamente serán aplicables en materia de Administración de Justicia cuando no contradigan lo dispuesto en la legislación procesal o cualesquiera otras normas dictadas en ejecución de las competencias exclusivas del Estado. 3. Las disposiciones del capítulo I del título II de esta ley serán también de aplicación a: a) Los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales que actúen en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja. b) Las entidades privadas que perciban de los presupuestos del sector público de la Comunidad Autónoma de La Rioja o de las entidades locales de La Rioja, durante el periodo de un año, ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros, así como cuando al menos el 40% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros. Artículo 3. Definiciones. A los efectos de esta ley se entiende por: a) Transparencia: Se entiende por transparencia la cualidad que permite y facilita el acceso de los ciudadanos a la información pública en poder de la Administración dentro de los límites establecidos por la legislación vigente. b) Publicidad activa: La obligación de difundir de forma permanente, periódica y actualizada aquella información pública más relevante para garantizar la transparencia de la actividad de la Administración Pública. c) Información pública: Aquella información, cualquiera que sea su soporte y forma de expresión, poseída o elaborada por los sujetos comprendidos en el artículo 2 de esta ley, y que no se halle sujeta a los límites de confidencialidad establecidos por la legislación básica aplicable. d) Participación y colaboración ciudadanas: La intervención e implicación de la ciudadanía en los asuntos públicos. e) Reutilización: El uso de documentos que obran en poder de los sujetos comprendidos en el artículo 2.1.a) de esta ley, por personas físicas o jurídicas, con fines comerciales o no, siempre que dicho uso no constituya una actividad administrativa pública. Queda excluido de este concepto el intercambio de documentos entre administraciones y organismos del sector público en el ejercicio de las funciones públicas que tengan atribuidas. f) Software libre: Programa informático de acceso completo a su código con permiso para ser usado en cualquier máquina y en cualquier situación, para modificarlo y para ser redistribuido, normalmente aplicándole de nuevo las características de software libre. Artículo 4. Órganos competentes. Unidad de Transparencia. 1. La consejería competente en materia de Administración Pública ostentará la competencia para el desarrollo de esta ley, así como de su ejecución y aplicación dentro del ámbito de la Administración general de la Comunidad Autónoma de La Rioja y de sus organismos públicos. Asimismo, será competente para ejercer el control sobre los mismos sujetos del cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta ley, en los términos que se determinen reglamentariamente. 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, en cada consejería, organismo o entidad de las relacionadas en el artículo 2.1.a) de esta ley se designará, de entre las unidades existentes, la que ejercerá las competencias establecidas en esta ley relativas a la transparencia, pudiendo designarse más de una unidad. En concreto, será competente para recibir y tramitar las solicitudes previstas en el título II que afecten al ámbito del órgano, organismo o entidad al que pertenecen y la responsable de velar por el cumplimiento de las obligaciones del cumplimiento de las normas vigentes en las citadas materias. 3. Todas las autoridades y empleados públicos del sector público de la Comunidad Autónoma de La Rioja están obligados al cumplimiento de las normas en materia de transparencia, publicidad activa, información pública y reutilización de la información pública y a suministrar la información que les sea requerida por los órganos competentes. Artículo 5. Sujetos obligados a suministrar información. Las personas físicas y jurídicas distintas de las referidas en el artículo 2 que presten servicios públicos, reciban fondos imputados a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja o ejerzan potestades administrativas estarán obligadas a suministrar a la unidad a la que se refiere el apartado 2 del artículo anterior, previo requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en esta ley. Esta obligación se extenderá a los adjudicatarios de contratos del sector público en los términos previstos en el respectivo contrato, así como a los beneficiarios de subvenciones públicas. TÍTULO II Transparencia CAPÍTULO I Publicidad activa Artículo 6. Principios generales. 1. Los sujetos comprendidos en los apartados 1 y 2 del artículo 2 de esta ley publicarán de forma permanente, periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública. Proporcionarán y difundirán constantemente, de una forma veraz y objetiva, la información que obre en su poder y la relativa a su actuación. Serán de aplicación, en su caso, los límites al derecho de acceso a la información previstos en el artículo 11 y, especialmente, el derivado de la protección de datos de carácter personal regulado en el artículo 12. A este respecto, cuando la información contuviera datos especialmente protegidos, la publicidad solo se llevará a cabo previa disociación de los mismos. 2. Toda la información estará a disposición de las personas con discapacidad en una modalidad accesible, entendiendo por tal aquella que sea suministrada por medios o en formatos adecuados de manera que resulten accesibles y comprensibles, conforme al principio de accesibilidad universal para todos. 3. Todos los sujetos comprendidos en el artículo 2 de esta ley introducirán la transparencia en todas las actividades que gestionan y en su propia organización, de forma que los ciudadanos puedan conocer sus decisiones, cómo se adoptan las mismas, cómo se organizan los servicios y quiénes son las personas responsables de sus actuaciones. 4. De manera específica en el ámbito de la presente ley, la actuación de la Administración Pública, tanto en su gestión directa como a través de cualquier otra forma de gestión, se adecuará a los principios siguientes: a) Principio de transparencia: La actividad de la Administración se realizará desde la transparencia, tanto en su organización como en la gestión de sus competencias. Los ciudadanos tendrán derecho a conocer las decisiones de la Administración Pública y los criterios de adopción de las mismas, con inmediatez, así como la organización de los servicios y las personas responsables de sus actuaciones. b) Principio de participación ciudadana: La Administración Pública garantizará que los ciudadanos, tanto individual como colectivamente, puedan participar en los asuntos públicos previstos en esta ley. c) Principio de publicidad activa: La Administración debe proporcionar y difundir constantemente, de una forma veraz y objetiva, la información que obra en su poder y la relativa a su actuación, potenciando su accesibilidad de forma libre y gratuita. d) Principio de orientación a la ciudadanía: La actuación de la Administración ha de estar dirigida a la satisfacción de las necesidades reales de los ciudadanos y ciudadanas, ha de perseguir siempre el interés general y se debe caracterizar por su voluntad de servicio a la sociedad. e) Principio de unidad de atención administrativa: La Administración Pública procederá a unificar, para su relación con los ciudadanos, en un único punto de atención administrativa todo aquel conjunto de gestiones unidas a un único objetivo, aunque afecten a distintos departamentos o unidades administrativas, y con salvaguarda de las competencias en la gestión de cada uno de ellos. f) Principio de accesibilidad: La Administración Pública velará para que, en sus dependencias, en el diseño de sus políticas y en el conjunto de sus actuaciones, el principio de accesibilidad universal sea una realidad. Artículo 7. Portal de la Transparencia. 1. La Administración general de la Comunidad Autónoma de La Rioja desarrollará un Portal de la Transparencia, dependiente de la consejería competente en materia de Administración Pública, que facilite el acceso de los ciudadanos a toda la información a la que se refiere este título. 2. Reglamentariamente se regularán los sistemas e instrumentos de colaboración necesarios para que toda la información relacionada en este título resulte accesible desde el Portal de la Transparencia, sean cuales sean los sujetos poseedores de la misma. 3. En el marco de la legislación sobre Administración local, el Gobierno de La Rioja impulsará y promoverá la formalización de instrumentos de colaboración con las entidades locales, garantizando que los ciudadanos puedan acceder a la información relativa a todas las administraciones públicas riojanas a través del Portal de la Transparencia. Artículo 8. Información institucional, organizativa y de planificación. 1. Los sujetos comprendidos en los párrafos 1 y 2 del artículo 2 de esta ley publicarán información relativa a la organización institucional, la estructura organizativa, sus funciones, normativa que les sea de aplicación, la localización de sus sedes y medios de contacto, con la identificación de sus responsables, su trayectoria y perfil profesional, plantilla orgánica y relación de puestos de trabajo. La expresada información se extenderá a la Administración institucional y el resto de sociedades, entidades y fundaciones a las que resulta de aplicación la presente ley, así como las retribuciones, actividades y bienes de los miembros del Gobierno de La Rioja, altos cargos de la Administración Pública y personal eventual y de confianza del Gobierno, con carácter anual. 2. La Administración general y sus organismos públicos, así como la Universidad de La Rioja, publicarán los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución. Su grado de cumplimiento y resultados deberán ser objeto de evaluación y publicación periódica junto con los indicadores de medida y valoración. 3. En el ámbito de la Administración general, corresponde a cada uno de los órganos competentes por razón de la materia la evaluación del cumplimiento de estos planes y programas. Artículo 9. Información de relevancia jurídica. Los sujetos comprendidos en los párrafos 1 y 2 del artículo 2 de esta ley, en relación con sus competencias, publicarán: a) Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas en la medida en que supongan una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos. b) Los anteproyectos de ley y los proyectos de decretos legislativos cuya iniciativa les corresponda, cuando se soliciten los dictámenes a los órganos consultivos correspondientes. En el caso en que no sea preceptivo ningún dictamen, la publicación se realizará en el momento de su aprobación. c) Los proyectos de reglamentos cuya iniciativa les corresponda. Cuando sea preceptiva la solicitud de dictámenes, la publicación se producirá una vez que estos hayan sido solicitados a los órganos consultivos correspondientes, sin que ello suponga, necesariamente, la apertura de un trámite de audiencia pública. d) Las memorias e informes que conformen los expedientes de elaboración de los textos normativos. e) Los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban ser sometidos a un periodo de información pública durante su tramitación. f) El inventario de procedimientos administrativos y, entre ellos, los disponibles en formato electrónico. g) Las cartas de servicio elaboradas y el procedimiento para presentar quejas sobre el funcionamiento de los registros. h) La relación de entidades que componen el sector público autonómico, así como su normativa reguladora. i) Información sobre la normativa tributaria propia de la Comunidad Autónoma de La Rioja. j) Los planes urbanísticos, de ordenación del territorio y medioambiental. k) La información sobre procesos selectivos de personal al servicio de las entidades incluidas en el artículo 2 de esta ley. Artículo 10. Información económica, presupuestaria y estadística. 1. Los sujetos comprendidos en los párrafos 1 y 2 del artículo 2 de esta ley deberán hacer pública la información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria que se indican a continuación: a) Todos los contratos formalizados, con indicación del objeto, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento, la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato. Igualmente, serán objeto de publicación las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos. La información relativa a los contratos menores podrá realizarse trimestralmente y de forma agregada. Asimismo, se publicarán datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público. b) La relación de los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto, plazo de duración, modificaciones realizadas, los obligados a la realización de las prestaciones y, en su caso, las obligaciones económicas convenidas. Igualmente, se publicarán las encomiendas de gestión que se firmen, con indicación de su objeto, presupuesto y duración, obligaciones económicas y las subcontrataciones que se realicen con mención de los adjudicatarios, procedimiento seguido para la adjudicación e importe de la misma. c) Las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios, entendiendo como tales las reguladas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. d) Los presupuestos, con descripción de las principales partidas presupuestarias e información actualizada sobre su estado de ejecución. e) Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por parte de los órganos de control externo que sobre ellos se emitan. f) Las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables de las entidades incluidas en el ámbito de la aplicación de esta ley. g) La información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos que sean de su competencia. h) La información general sobre retribuciones de los empleados públicos, tramos de retribuciones, niveles retributivos y puestos de trabajo. i) La identificación de los miembros de los órganos de representación del personal, número de liberados sindicales e identificación de la organización sindical a la que pertenecen. j) Las listas de contratación de personal temporal, así como las listas de procesos de formación y promoción. k) Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los empleados públicos, así como las que autoricen el ejercicio de actividad privada tras el cese de los miembros del Gobierno y del resto de cargos definidos por la disposición adicional segunda de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, del Gobierno e incompatibilidades de sus miembros. 2. Los sujetos mencionados en el artículo 2.3 de esta ley deberán publicar la información a la que se refieren las letras a) y b) del apartado primero de este artículo cuando se trate de contratos o convenios celebrados con una Administración Pública. Asimismo, habrán de publicar la información prevista en la letra c) en relación con las subvenciones que reciban cuando el órgano concedente sea una Administración Pública. 3. La Administración general, sus organismos públicos y la Universidad de La Rioja publicarán la relación de los bienes inmuebles que sean de su propiedad o sobre los que ostenten algún derecho real. CAPÍTULO II Derecho de acceso a la información pública Artículo 11. Derecho de acceso a la información pública. 1. De acuerdo con el artículo 105.b) de la Constitución española, todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública. 2. Cualquier ciudadano, ya sea a título individual y en su propio nombre, ya sea en representación y en el nombre de las organizaciones legalmente constituidas en las que se agrupen o que los representen, tiene derecho a acceder, mediante solicitud previa, a la información pública, sin más limitaciones que las contempladas en la legislación básica. 3. Todos los sujetos comprendidos en el artículo 2 de esta ley quedarán sujetos al cumplimiento de la normativa básica estatal y autonómica en materia de derecho a acceso a la información pública. Artículo 12. Protección de datos personales. 1. Si la información solicitada contuviera datos especialmente protegidos a los que se refiere el apartado 2 del artículo 7 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, el acceso únicamente se podrá autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso. Si la información incluyese datos especialmente protegidos a los que se refiere el apartado 3 del artículo 7 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, o datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación pública al infractor, el acceso solo se podrá autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado o si aquel estuviera amparado por una norma con rango de ley. 2. Con carácter general, y salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación que lo impida, se concederá el acceso a información que contenga datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano. 3. Cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente protegidos, el órgano al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal. Para la realización de la citada ponderación, el órgano tomará particularmente en consideración los siguientes criterios: a) El menor perjuicio a los afectados derivado del transcurso de los plazos establecidos en el artículo 57 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. b) La justificación por los solicitantes de su petición en el ejercicio de un derecho o el hecho de que tengan la condición de investigadores y motiven el acceso en fines históricos, científicos o estadísticos. c) El menor perjuicio de los derechos de los afectados en caso de que los documentos únicamente contuviesen datos de carácter meramente identificativo de aquellos. d) La mayor garantía de los derechos de los afectados en caso de que los datos contenidos en el documento puedan afectar a su intimidad o a su seguridad, o se refieran a menores de edad. 4. No será aplicable lo establecido en los apartados anteriores si el acceso se efectúa previa disociación de los datos de carácter personal de modo que se impida la identificación de las personas afectadas. 5. La normativa de protección de datos personales será de aplicación al tratamiento posterior de los obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso a la información. 6. En los casos en que la aplicación de alguno de los límites previstos en el artículo 11 no afecte a la totalidad de la información, se concederá el acceso parcial previa omisión de la información afectada por el límite, salvo que de ello resulte una información distorsionada o que carezca de sentido. Artículo 13. Ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 1. El derecho de acceso a la información pública se ejercerá conforme al procedimiento establecido en la legislación básica del Estado. 2. La solicitud de acceso a la información pública no requerirá de motivación alguna. Tampoco será necesario invocar este derecho ni la aplicación de la presente ley. Artículo 14. Tramitación electrónica. 1. El derecho de acceso a la información pública se ejercerá, tramitará y resolverá por medios electrónicos, salvo cuando el ciudadano haya manifestado su preferencia por otro medio. 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, la tramitación electrónica será obligatoria para personas jurídicas o colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados, tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos. La determinación de las personas jurídicas y colectivos obligados a efectuar la tramitación por medios electrónicos se efectuará reglamentariamente. 3. Corresponde a la consejería competente en materia de administración electrónica el desarrollo normativo y la implantación de los sistemas que hagan posible la tramitación electrónica del procedimiento de acceso a la información pública en relación con la Administración general y sus organismos públicos. Podrá extenderse el uso de estos medios a los demás entes incluidos en el artículo 2.1 de esta ley mediante la firma del correspondiente convenio. Artículo 15. Órganos competentes para la resolución del procedimiento de solicitud de acceso a la información pública. 1. En el ámbito de la Administración general de la Comunidad Autónoma de La Rioja serán competentes para la resolución del procedimiento los titulares de los órganos de la consejería que posean la información solicitada. 2. En los organismos públicos serán competentes los presidentes. 3. En los consorcios, fundaciones y empresas públicas integrantes del sector público autonómico serán competentes los órganos que determinen sus normas estatutarias o de régimen de funcionamiento. En su defecto, será competente el órgano máximo que tenga atribuidas funciones decisorias. 4. En el marco de la autonomía institucional que les reconoce el ordenamiento jurídico riojano, el Parlamento de La Rioja, el Consejo Consultivo de La Rioja y la Universidad de La Rioja determinarán el órgano competente para resolver las solicitudes de información pública. Artículo 16. Reclamación previa. Será competente para conocer de la reclamación previa frente a las resoluciones expresas o presuntas de las solicitudes de derecho de acceso a la información pública el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno integrado en la Administración general del Estado, conforme a lo establecido en el apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. CAPÍTULO III Derecho de participación ciudadana Artículo 17. Derecho de participación ciudadana. 1. La Administración Pública riojana impulsará la participación y colaboración de los ciudadanos, ya sea a título individual y en su propio nombre, ya sea en representación y en el nombre de las organizaciones legalmente constituidas en las que se agrupen o que los representen, a través de instrumentos o mecanismos adecuados que garanticen la interrelación mutua. 2. La Administración Pública riojana promoverá igualmente la participación y colaboración de las universidades, colegios profesionales, consejos asesores y de cuantas entidades y organismos considere adecuados atendiendo a las distintas actuaciones promovidas en el ejercicio de sus competencias. Asimismo, fomentará la participación y colaboración ciudadanas, tanto en el ámbito interno como en el externo, promoviendo campañas de difusión de los distintos instrumentos de participación y colaboración, y articulando planes de formación en la utilización de los mismos. 3. Expresamente se reconocen los siguientes derechos: a) A la información y asesoramiento sobre los distintos instrumentos de participación y colaboración ciudadanas. b) Al acceso a la información relevante relativa a los planes y programas previstos en esta ley. c) A la formulación de alegaciones y observaciones en los trámites de exposición pública que se abran para ello y antes de que se adopte la decisión sobre planes, programas o disposiciones de carácter general previstos en esta ley. d) A que se haga público el resultado definitivo del procedimiento en el que ha participado. Artículo 18. Garantías para la participación de la ciudadanía en la elaboración de determinados planes y programas de carácter general. 1. Para promover una participación real y efectiva de la ciudadanía en la elaboración, modificación y revisión de determinados planes y programas de carácter general, la Administración Pública riojana, al establecer o tramitar los procedimientos que resulten de aplicación, garantizará: a) Que se informe a los ciudadanos, a través del Portal de la Transparencia, sobre cualesquiera propuestas de planes y programas de carácter general, o en su caso, de su modificación o de su revisión. b) Que la información pertinente sobre dichas propuestas sea inteligible y que incluya la relativa al derecho a la participación en los concretos procesos decisorios y a conocer la Administración Pública competente a la que se pueden presentar comentarios o formular alegaciones. c) Que los ciudadanos tengan derecho a expresar observaciones y opiniones en un periodo abierto de exposición pública, que nunca será inferior a un mes, anunciado a través de los distintos canales de comunicación institucional, antes de que se adopten decisiones sobre el plan y programa de carácter general. d) Que, al adoptar las decisiones, sean debidamente tenidos en cuenta los resultados de la participación y colaboración ciudadanas. e) Que, una vez examinadas las observaciones y opiniones expresadas por los ciudadanos, se informe a estos de las decisiones adoptadas y de los motivos y consideraciones en los que se basen dichas decisiones, incluyendo la información relativa al proceso de participación pública. 2. Lo previsto en este artículo no sustituye en ningún caso ni afecta a cualquier otra disposición que amplíe los derechos de participación y colaboración ciudadanas reconocidos por la legislación vigente. 3. Quedan excluidos, en todo caso, del ámbito de aplicación de este artículo: a) Aquellos planes o programas en que se acuerde su tramitación o aprobación por razones de urgencia. b) Los planes que tengan exclusivamente un carácter organizativo, procedimental o análogo. c) Los planes y programas de carácter general que tengan como único objetivo la protección civil en casos de emergencia o el salvamento de la vida humana. d) Los planes y programas de carácter general que se rijan por una normativa específica de elaboración y aprobación en la que ya existan actos o trámites de audiencia o información pública. Artículo 19. Procedimientos de elaboración de disposiciones de carácter general. La Administración Pública riojana velará por alcanzar el mayor grado de participación de los ciudadanos en los procedimientos de elaboración de disposiciones de carácter general, a través de los trámites de audiencia e información pública, salvo en el supuesto de disposiciones relacionadas con la potestad de autoorganización de las administraciones públicas, normas presupuestarias y análogas. Artículo 20. Ejercicio del derecho a través del Portal de la Transparencia. La consejería competente en materia de tecnologías de la información y la comunicación habilitará en el Portal de la Transparencia los canales que faciliten el ejercicio del derecho de participación ciudadana. TÍTULO III Buen gobierno Artículo 21. Ámbito subjetivo de aplicación y órganos competentes en materia de buen gobierno. 1. Las disposiciones emanadas de la legislación estatal en materia de buen gobierno resultarán de aplicación en la Comunidad Autónoma de La Rioja a los miembros del Gobierno y resto de cargos definidos por la disposición adicional segunda de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, del Gobierno e incompatibilidades de sus miembros. 2. El órgano competente para ordenar la incoación del procedimiento sancionador será: a) Cuando el presunto infractor tenga la condición de miembro del Gobierno de La Rioja, el propio Gobierno de La Rioja. b) En todos los demás supuestos, el titular de la consejería competente en materia de Administración Pública. 3. El órgano competente para incoar el procedimiento sancionador podrá ordenar la realización de actuaciones previas de carácter reservado con el fin de determinar si concurren circunstancias que justifiquen tal incoación. Cuando la competencia para incoar el procedimiento sancionador corresponda al titular de la consejería competente en materia de Administración Pública, podrá ordenar de oficio la realización de dichas actuaciones previas. El inicio de las actuaciones previas de carácter reservado se notificará al interesado y, en su caso, al Consejo de Gobierno. Las actuaciones previas de carácter reservado serán realizadas, en todo caso, por la consejería competente en materia de Administración Pública. 4. El procedimiento sancionador será tramitado por la Secretaría General Técnica de la consejería competente en materia de Administración Pública. 5. La competencia para la imposición de sanciones corresponderá en todo caso al Gobierno de La Rioja. TÍTULO IV Reutilización de la información del sector público autonómico Artículo 22. Régimen jurídico de la reutilización de la información del sector público autonómico. 1. Los documentos de los sujetos integrantes del sector público autonómico serán reutilizables, en el marco de la legislación básica del Estado, en los términos previstos en esta ley, y en las disposiciones reglamentarias de desarrollo. 2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se entiende por documento el definido en el artículo 2 de la Ley 4/1994, de 24 de mayo, de Archivos y Patrimonio Documental de La Rioja. A estos efectos no se considerarán documentos los programas informáticos que estén protegidos por la legislación específica aplicable a los mismos. 3. Las disposiciones de la presente ley no serán de aplicación a los documentos señalados por el artículo 3.3 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público. Artículo 23. Sistema de reutilización. Se entiende por sistema de reutilización el conjunto de actuaciones organizativas y técnicas encaminadas a la consecución de la apertura de los datos públicos para su reutilización en las condiciones necesarias para ello. Artículo 24. Utilización de medios electrónicos. 1. Las solicitudes de reutilización, su tramitación y autorización y la puesta a disposición de los documentos reutilizables se realizarán por medios electrónicos. De la obligación anterior, únicamente queda excepcionada la puesta a disposición de los documentos, cuando la entrega por medios electrónicos no resulte posible. 2. La consejería competente en materia de tecnologías de la información y la comunicación habilitará los sistemas precisos para lograr la efectividad de la obligación impuesta en el apartado anterior de este artículo para los entes integrantes del sector público de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 3. Mediante los instrumentos de colaboración que se estimen oportunos, las entidades que integran la Administración local en el territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja, así como los demás entes de Derecho Público previstos en el artículo 1 de esta ley, podrán participar del sistema de reutilización del Gobierno de La Rioja. Artículo 25. Derechos exclusivos. 1. La autorización de derechos exclusivos sobre los documentos puestos a disposición de terceros solo será procedente cuando aquellos sean necesarios para la prestación de un servicio de interés público. 2. La autorización de reutilización con derechos exclusivos deberá justificarse motivadamente. 3. El órgano o la entidad que autorice los derechos exclusivos quedará obligado a la realización de una revisión periódica anual sobre la permanencia del motivo que justificó la autorización. 4. Los acuerdos sobre derechos exclusivos deberán ser transparentes y públicos. Artículo 26. Procedimiento para la autorización. 1. Será competente para autorizar la reutilización el titular de la consejería que posea la información solicitada o de la que dependa el organismo público que la posea. Los organismos públicos y entes instrumentales prestarán su colaboración a las consejerías al efecto de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en este título. 2. El procedimiento de autorización se tramitará conforme a lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público. 3. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de veinte días, salvo que por razones de complejidad y volumen de la información se acuerde ampliar el plazo en otros veinte días. La resolución por la que se decida la ampliación será notificada al solicitante. 4. Las solicitudes de documentos y datos que impliquen un trabajo desproporcionado para los servicios de la Administración autonómica o que carezcan manifiestamente de utilidad serán inadmitidas, con indicación de las causas que determinen la desproporción o inutilidad. 5. La resolución del procedimiento emitirá alguna de las declaraciones de voluntad siguientes: Desestimación de la solicitud. Autorización de la solicitud. Autorización bajo las condiciones o en los términos de licencia-tipo que se determinen reglamentariamente. Artículo 27. Catálogo de información pública reutilizable. 1. La consejería competente en materia de Administración Pública mantendrá un catálogo de información pública reutilizable correspondiente a los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley, que permita acceder, desde el Portal de la Transparencia, a los distintos recursos de información pública reutilizable disponibles. 2. Además de observar el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el artículo 4.3 de esta ley, las autoridades públicas, funcionarios y empleados de las entidades comprendidas en el ámbito de aplicación de esta ley colaborarán activamente en el mantenimiento del catálogo de información pública reutilizable. TÍTULO V Software libre Artículo 28. Software libre. Previo informe favorable del Comité de Seguridad de la Información del Gobierno de La Rioja, se podrá poner a disposición pública el código fuente de los programas y aplicaciones informáticas y la documentación asociada a los mismos que sean propiedad de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja, que tendrán el carácter de software libre. Artículo 29. Condiciones de uso y distribución. La consejería competente en materia de tecnologías de la información y la comunicación establecerá las condiciones para el libre uso y distribución del software propiedad del Gobierno de La Rioja, así como las regulaciones de interoperabilidad. Artículo 30. Puesta a disposición. La puesta a disposición de software libre se realizará por medio del Portal de la Transparencia. Disposición adicional primera. Desarrollo reglamentario. Se autoriza al Gobierno de La Rioja para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la ejecución y desarrollo de lo establecido en esta ley. Hasta que se produzca el citado desarrollo reglamentario, el procedimiento sancionador se tramitará conforme a lo previsto en el artículo 21 de esta ley y, en lo no previsto, se aplicarán las normas procedimentales vigentes para exigir la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Disposición adicional segunda. Régimen jurídico del software libre. No será de aplicación a la cesión gratuita de software librea que se refiere el artículo 28 de esta ley lo dispuesto en el artículo 117 y concordantes de la Ley 11/2005, de 19 de octubre, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Disposición final única. Entrada en vigor. 1. Los títulos I, III, IV y V de esta ley entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de La Rioja». 2. El título II entrará en vigor el día 10 de diciembre de 2014. 3. Todos los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley dispondrán hasta el día 10 de diciembre de 2015 para adaptarse a las obligaciones derivadas de esta ley. Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos cumplan y cooperen al cumplimiento de la presente Ley y a los Tribunales y Autoridades la hagan cumplir. Logroño, 11 de septiembre de 2014.–El Presidente, Pedro Sanz Alonso. (Publicada en el «Boletín Oficial de La Rioja» número 115, de 17 de septiembre de 2014.)

Convocado el Premio Nacional de la Tauromaquia 2013. El premio: 30.000 euros. En el jurado, Pio-Escudero.

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA Sepan todos los ciudadanos que el Parlamento de La Rioja ha aprobado, y yo, en nombre de su Majestad el Rey y de acuerdo con lo que establece la Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo la siguiente Ley: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La reciente aprobación por las Cortes Generales de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ha sido la última manifestación de una evolución en el funcionamiento de las instituciones, que se ve motivada por la necesidad de ir más allá de la simple sujeción a normas de buena gestión en la relación de los poderes públicos con los ciudadanos. Las instituciones del Estado, para ser más sólidas, han de tomar como uno de los pilares en los que sustentarse la creciente aspiración de la sociedad a un conocimiento cada vez más profundo del proceso de toma de las decisiones que les afectan y a su participación en la adopción de las mismas. Del mismo modo, es creciente el afán ciudadano por conocer la forma en la que se gastan los fondos públicos que provienen de los tributos que pagan, así como los criterios a los que obedece la actuación de sus representantes. Asumiendo dicha realidad, resulta conveniente adaptar cuanto antes las normas de transparencia y buen gobierno a nuestra comunidad autónoma, determinando los órganos competentes dentro de nuestro ámbito para cumplir con cada una de las funciones descritas en la ley estatal. De este modo, su aplicación efectiva se hará práctica cuanto antes y los ciudadanos tendrán claro a qué órganos dirigirse para el ejercicio de estos derechos. Los títulos competenciales en los que se fundamenta la legitimación de las instituciones de La Rioja para aprobar esta ley derivan de las previsiones del propio Estatuto de Autonomía, en concreto de los apartados uno.1 y uno.2 de su artículo 8, que reconocen la competencia exclusiva para la organización, estructura, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno y la facultad para regular el procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organización propia de La Rioja. Por otra parte, la aprobación de esta norma supone la instauración de una filosofía en la acción política que implica no ya solo la apertura de la información para una mejor fiscalización de la actuación pública, sino también la puesta a disposición de la sociedad de la ingente cantidad de documentación administrativa y de aplicaciones informáticas desarrolladas por la misma. De este modo, se unifican en esta ley las normas de transparencia y buen gobierno, que establecen la obligación de hacer partícipes a los ciudadanos de normas, planes, decisiones y manejo de fondos que les afectan para un mejor control de los poderes públicos, con las normas sobre dato abierto y «software» libre, que suponen además la puesta a su disposición tanto de la documentación como de programas informáticos elaborados por la Administración en formatos que permitan la reutilización de los mismos por los ciudadanos para un beneficio añadido. De este modo, la ley se articula en torno a cinco títulos diferentes, que se dedican, respectivamente, a disposiciones generales, transparencia, buen gobierno, reutilización de la información y «software» libre. El título I comprende las normas comunes relativas al alcance de la norma, su ámbito de aplicación, las unidades de transparencia y los sujetos obligados a suministrar información. El título II, que constituye el núcleo fundamental de la ley, regula la transparencia a lo largo de tres capítulos, que se dedican a los tres núcleos que la constituyen: la obligación de los poderes públicos de rendir información haciéndola pública y poniéndola a disposición de los ciudadanos, el correlativo derecho de esos ciudadanos a recabar la información que consideren pertinente y el derecho que les ampara a participar en los asuntos públicos, que debe ser asegurado y promovido. El título III regula las obligaciones de buen gobierno, estableciendo los órganos a los que corresponde el desarrollo, ejecución y aplicación de la normativa básica estatal en esta materia. El título IV está dedicado al dato abierto, estableciendo como principio general que los documentos de los sujetos que componen el sector público autonómico son reutilizables y regulando los medios para facilitar que se pongan a disposición de los ciudadanos. Finalmente, el título V establece el principio de «software» abierto con respecto a los programas y aplicaciones informáticos que sean propiedad de la Comunidad Autónoma de La Rioja, sin más limitaciones que las que puedan afectar a la seguridad de la información. TÍTULO I Disposiciones generales Artículo 1. Objeto de la ley. 1. En el ámbito de la legislación básica del Estado y de acuerdo con las competencias que a esta comunidad autónoma atribuye su Estatuto de Autonomía, esta ley tiene por objeto regular la transparencia y publicidad de la actividad administrativa, el buen gobierno y las condiciones de ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 2. En concreto, esta ley regula: a) La transparencia de la actividad de los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley, en su vertiente de publicidad activa. b) El derecho de los ciudadanos a acceder a la información obrante en poder de los sujetos comprendidos en el artículo 2 de esta ley. c) El derecho de los ciudadanos a participar en la toma de decisiones sobre asuntos que sean directa o indirectamente de interés público. d) El régimen jurídico aplicable a la reutilización de los documentos elaborados o custodiados por el sector público de la Comunidad Autónoma de La Rioja. e) Las condiciones y requisitos de buen gobierno. f) Las condiciones para la implantación de sistemas de software libre en el sector público de la Comunidad Autónoma de La ### RESUMEN: Convocado el Premio Nacional de la Tauromaquia 2013. El premio: 30.000 euros. En el jurado, Pio-Escudero.

Mediante Real Decreto 1428/1989, de 24 de noviembre, se declaró bien de interés cultural, con categoría de monumento, el inmueble sede del entonces Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (antiguo Ministerio de Fomento), sus pabellones anexos y la verja perimetral del cerramiento, sitos en el Paseo Infanta Isabel, número 1, de Madrid. La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español persigue, como objetivo último, el acceso a los bienes que forman parte del Patrimonio Histórico Español. Por su parte, y como bien declarado de interés cultural, el citado edificio –donde se ubica actualmente el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente– tiene un valor arquitectónico e histórico que debe ser accesible a los ciudadanos. En aras a fomentar el acceso a la cultura de todos, se han establecido una serie de visitas teatralizadas y visitas guiadas gratuitas por los elementos más significativos del inmueble. Por su parte, el artículo 26 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de tasas y precios públicos, en la redacción dada por la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del régimen legal de las tasas estatales y locales y de reordenación de las prestaciones patrimoniales de carácter público, regula que el establecimiento y regulación de los precios públicos se hará por orden del titular del departamento ministerial que haya de percibirlos. La presente orden, por lo tanto, establece los precios públicos de entrada a las visitas teatralizadas y regula el régimen de visitas guiadas al inmueble sede del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, sito en el Paseo Infanta Isabel, 1, de Madrid. Las medidas incluidas en la presente orden no podrán suponer incremento ni de dotaciones ni de retribuciones ni de otros gastos de personal. En su virtud, dispongo: Artículo 1. Objeto. La presente orden tiene como objeto establecer el precio de entrada a las visitas teatralizadas y regular el régimen de visitas guiadas a la sede del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, sito en el Paseo Infanta Isabel, 1, de Madrid. Artículo 2. Precio de la entrada individual para visitas teatralizadas. 1. El precio de la entrada individual para la visita teatralizada de una hora aproximada de duración, se establece en 8 euros. 2. La entrada será válida para una única función teatralizada. 3. Las sesiones tendrán lugar todos los viernes y sábados no festivos (un pase cada día) en horario nocturno. El horario exacto de las visitas podrá consultarse en la página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (www.magrama.es). 4. Los visitantes menores de 14 años deberán estar acompañados, en todo momento, por un adulto. 5. La venta de entradas se realizará, previa reserva telefónica en el número de teléfono que se encuentra a disposición de los visitantes en la página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (www.magrama.es), en la entrada de la sede. Artículo 3. Precio de la entrada para grupos para visitas teatralizadas. 1. Condiciones de acceso en grupo. a) Tendrán la consideración de visitas en grupo aquellas que estén integradas por ocho o más personas y hasta un máximo de treinta componentes. b) Las personas que integren un grupo no podrán beneficiarse con carácter individual del régimen de gratuidad ni de reducciones recogidos en los artículos 4 y 5 de la presente orden. 2. El precio de la entrada de la visita teatralizada para cada uno de los integrantes del grupo se fija en 6 euros. 3. Será obligatoria la reserva anticipada de las entradas en el teléfono que se encuentra a disposición de los visitantes en la citada página web www.magrama.es, indicando que se forma parte de un grupo y el número de personas que lo integran. La venta de las entradas se realizará, previa reserva, en la entrada de la sede. Artículo 4. Entrada en régimen de gratuidad. Las visitas teatralizadas serán gratuitas para el personal del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Artículo 5. Visitas con entrada reducida. 1. El precio de la entrada reducida para las personas que pertenezcan a uno de los colectivos que a continuación de relacionan, será de 4 euros. 2. Los colectivos son los siguientes: a) Menores de 18 años. b) Mayores de 65 años. c) Personas con discapacidad, de acuerdo con la definición del artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. También podrá acceder a la visita teatralizada con entrada reducida la persona que lo acompañe, siempre que ésta sea imprescindible para que aquél pueda realizar su visita. d) Personas en situación legal de desempleo. e) Personal docente. f) Miembros de los Colegios Profesionales siguientes: i) Ingenieros Agrónomos. ii) Ingenieros Técnicos Agrícolas. iii) Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. iv) Ingenieros Técnicos de Obras Públicas. v) Ingenieros de Montes. vi) Ingenieros Técnicos Forestales. vii) Veterinarios. g) Guías Oficiales de Turismo. 3. La acreditación de la condición de miembro de alguno de los colectivos señalados en el punto anterior se realizará mediante la presentación del documento oficial correspondiente, válido y en vigor, en el momento de comprar la entrada. 4. Las entradas podrán adquirirse de forma anticipada en el teléfono que se encuentra a disposición de los visitantes en la página web www.magrama.es. Artículo 6. Visitas teatralizadas concertadas. 1. Se podrán concertar visitas especiales para grupos cerrados de un máximo de 30 personas los viernes y sábados en horario nocturno, al margen de las visitas establecidas en el artículo 3. 2. El precio de la entrada por persona, que no podrá ser objeto de reducción, será de 10 euros. 3. Las visitas se concertarán de forma anticipada en el teléfono que se encuentra a disposición de los visitantes en la página web www.magrama.es. Artículo 7. Visitas guiadas gratuitas. 1. Se establecen dos visitas con guía turístico por las zonas más emblemáticas del edificio que tendrán lugar los sábados y domingos en horario de mañana. El horario exacto de las visitas se podrá consultar en la página web www.magrama.es. 2. Para cada visita se aceptarán visitantes hasta completar el aforo. 3. Será obligatoria la reserva anticipada de las entradas en el teléfono que se encuentra a disposición de los visitantes en la página web www.magrama.es Disposición final única. Entrada en vigor. La presente orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 25 de febrero de 2014.–El Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete.

Decreto que regula los ¡megayates!

Mediante Real Decreto 1428/1989, de 24 de noviembre, se declaró bien de interés cultural, con categoría de monumento, el inmueble sede del entonces Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (antiguo Ministerio de Fomento), sus pabellones anexos y la verja perimetral del cerramiento, sitos en el Paseo Infanta Isabel, número 1, de Madrid. La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español persigue, como objetivo último, el acceso a los bienes que forman parte del Patrimonio Histórico Español. Por su parte, y como bien declarado de interés cultural, el citado edificio –donde se ubica actualmente el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente– tiene un valor arquitectónico e histórico que debe ser accesible a los ciudadanos. En aras a fomentar el acceso a la cultura de todos, se han establecido una serie de visitas teatralizadas y visitas guiadas gratuitas por los elementos más significativos del inmueble. Por su parte, el artículo 26 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de tasas y precios públicos, en la redacción dada por la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del régimen legal de las tasas estatales y locales y de reordenación de las prestaciones patrimoniales de carácter público, regula que el establecimiento y regulación de los precios públicos se hará por orden del titular del departamento ministerial que haya de percibirlos. La presente orden, por lo tanto, establece los precios públicos de entrada a las visitas teatralizadas y regula el régimen de visitas guiadas al inmueble sede del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, sito en el Paseo Infanta Isabel, 1, de Madrid. Las medidas incluidas en la presente orden no podrán suponer incremento ni de dotaciones ni de retribuciones ni de otros gastos de personal. En su virtud, dispongo: Artículo 1. Objeto. La presente orden tiene como objeto establecer el precio de entrada a las visitas teatralizadas y regular el régimen de visitas guiadas a la sede del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, sito en el Paseo Infanta Isabel, 1, de Madrid. Artículo 2. Precio de la entrada individual para visitas teatralizadas. 1. El precio de la entrada individual para la visita teatralizada de una hora aproximada de duración, se establece en 8 euros. 2. La entrada será válida para una única función teatralizada. 3. Las sesiones tendrán lugar todos los viernes y sábados no festivos (un pase cada día) en horario nocturno. El horario exacto de las visitas podrá consultarse en la página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (www.magrama.es). 4. Los visitantes menores de 14 años deberán estar acompañados, en todo momento, por un adulto. 5. La venta de entradas se realizará, previa reserva telefónica en el número de teléfono que se encuentra a disposición de los visitantes en la página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (www.magrama.es), en la entrada de la sede. Artículo 3. Precio de la entrada para grupos para visitas teatralizadas. 1. Condiciones de acceso en grupo. a) Tendrán la consideración de visitas en grupo aquellas que estén integradas por ocho o más personas y hasta un máximo de treinta componentes. b) Las personas que integren un grupo no podrán beneficiarse con carácter individual del régimen de gratuidad ni de reducciones recogidos en los artículos 4 y 5 de la presente orden. 2. El precio de la entrada de la visita teatralizada para cada uno de los integrantes del grupo se fija en 6 euros. 3. Será obligatoria la reserva anticipada de las entradas en el teléfono que se encuentra a disposición de los visitantes en la citada página web www.magrama.es, indicando que se forma parte de un grupo y el número de personas que lo integran. La venta de las entradas se realizará, previa reserva, en la entrada de la sede. Artículo 4. Entrada en régimen de gratuidad. Las visitas teatralizadas serán gratuitas para el personal del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Artículo 5. Visitas con entrada reducida. 1. El precio de la entrada reducida para las personas que pertenezcan a uno de los colectivos que a continuación de relacionan, será de 4 euros. 2. Los colectivos son los siguientes: a) Menores de 18 años. b) Mayores de 65 años. c) Personas con discapacidad, de acuerdo con la definición del artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. También podrá acceder a la visita teatralizada con entrada reducida la persona que lo acompañe, siempre que ésta sea imprescindible para que aquél pueda realizar su visita. d) Personas en situación legal de desempleo. e) Personal docente. f) Miembros de los Colegios Profesionales siguientes: i) Ingenieros Agrónomos. ii) Ingenieros Técnicos Agrícolas. iii) Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. iv) Ingenieros Técnicos de Obras Públicas. v) Ingenieros de Montes. vi) Ingenieros Técnicos Forestales. vii) Veterinarios. g) Guías Oficiales de Turismo. 3. La acreditación de la condición de miembro de alguno de los colectivos señalados en el punto anterior se realizará mediante la presentación del documento oficial correspondiente, válido y en vigor, en el momento de comprar la entrada. 4. Las entradas podrán adquirirse de forma anticipada en el teléfono que se encuentra a disposición de los visitantes en la página web www.magrama.es. Artículo 6. Visitas teatralizadas concertadas. 1. Se podrán concertar visitas especiales para grupos cerrados de un máximo de 30 personas los viernes y sábados en horario nocturno, al margen de las visitas establecidas en el artículo 3. 2. El precio de la entrada por persona, que no podrá ser objeto de redu ### RESUMEN: Decreto que regula los ¡megayates!

El artículo 7 del texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, delimita los objetivos a los que va dirigida la política de marina mercante, en el marco de las competencias asignadas la Administración General del Estado en el ámbito del artículo 149.1.20.ª de la Constitución. Dentro de dichos objetivos se encuentra la tutela de la seguridad de la vida humana en la mar, de la navegación y de la seguridad marítima y la protección del medio ambiente marino. A su vez, el artículo 6.1 del citado texto legal considera incluidos en el concepto de marina mercante, entre otros aspectos, la ordenación y control de la flota civil española, la seguridad de la navegación y de la vida humana en la mar y la prevención de la contaminación del medio marino desde buques, plataformas fijas y otras instalaciones que se encuentren en aguas bajo la jurisdicción española. Con carácter general, la consecución de los objetivos descritos depende del establecimiento de un marco normativo y técnico que regule el régimen jurídico de los buques, de las características estructurales y de funcionamiento y de los equipos incorporados a los mismos, así como el régimen de inspección y reconocimientos al que han de someterse, a efectos de garantizar el cumplimiento de las condiciones básicas de seguridad para las personas, los bienes, y el medio ambiente marino. El artículo 9.1.c) del texto mencionado texto legal engloba dentro de la flota civil española a los buques y embarcaciones de recreo y deportivos. Las embarcaciones de recreo, entendiendo por tales aquellas cuya eslora de casco (Lh) es igual o menor de 24 metros, se encuentran reguladas en el Real Decreto 1434/1999, de 10 de septiembre, por el que se establecen los reconocimiento e inspecciones de las embarcaciones de recreo para garantizar la seguridad de la vida humana en el mar y determina las condiciones que deben reunir las entidades colaboradoras de inspección, en el Real Decreto 2127/2004, de 29 de octubre, regulador de los requisitos de seguridad de las mismas, y en la Orden FOM/1144/2003, de 28 de abril, que fija los equipos de seguridad, salvamento, contra incendio, navegación y prevención de vertidos con que deben estar dotadas las embarcaciones y en la Orden FOM/1076/2006, de 29 de marzo, por la que se modifica la anterior. Respecto de los buques de recreo de una eslora (Lh) superior a 24 metros y de arqueo bruto superior a 3000 GT, que puedan transportar más de 12 pasajeros, no existe ningún problema en lo que se refiere a su marco normativo y régimen jurídico y técnico aplicables a los mismos, por cuanto que, de acuerdo con los Convenios vigentes y la legislación de la Unión Europea y nacional aplicables al sector, estos buques se consideran a todos los efectos como buques de pasaje. Sin embargo, la legislación española carece de regulación específica en lo que se refiere a los buques de recreo de una eslora (Lh) superior a 24 metros y arqueo bruto inferior a 3000 GT, susceptibles de transportar hasta 12 pasajeros, sin incluir a la tripulación, conocidos comúnmente como «megayates». Según lo dispuesto en el Real Decreto 1661/1982, de 25 de junio, por el que se declara la aplicación a todos los buques y embarcaciones mercantes nacionales los preceptos del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974 y su protocolo de 1978 (Convenio SOLAS), las disposiciones de este Convenio serían de aplicación a este tipo de embarcaciones. Sin embargo, algunas normas del citado Convenio, y sus complementarias, pueden presentar dificultades para su aplicación a los buques de recreo ya que están pensadas para buques y embarcaciones mercantes. Por ello es preciso establecer el marco jurídico que los regule, así como proceder a una adaptación de las normas aplicables a su construcción, reparación y mantenimiento y a las inspecciones y reconocimientos que les sean aplicables. Esta finalidad queda cubierta con la aprobación de este real decreto, para cuya elaboración se ha partido de los precedentes legislativos y la experiencia acumulada al respecto por la Administración Marítima Española, así como del examen y análisis de las reglas y criterios que rigen la normativa europea, acrisoladas por la bondad de sus normas técnicas puestas de manifiesto a lo largo del tiempo, tal cual es el supuesto representado por el «Large Commercial Yacht Code (LY3)», del «Maritime Coastguard Agency» del Reino Unido. Así pues, las medidas propuestas en este real decreto, en lo referente a construcción y equipamiento de estos buques, constituyen una síntesis de aquellos preceptos aplicables a éstos extraídos de los Convenios internacionales para prevenir la contaminación marina (MARPOL) y la seguridad de la vida humana en la mar (SOLAS), de los que España es Parte. En particular se suprimen determinadas exigencias constructivas como consecuencia de su consideración como un tipo de buques que no tienen la consideración de «buque de pasaje» y que son exigibles únicamente a estos últimos. Por otra parte, los documentos que figuran en el real decreto y la exigencia de su constancia a bordo deriva, asimismo, del cumplimiento de los citados Convenios internacionales para prevenir la contaminación marina (MARPOL) y la seguridad de la vida humana en la mar (SOLAS). Tales documentos, que demuestran el cumplimiento del buque con los Convenios antes mencionados, son necesarios ante cualquier inspección que se realice en los puertos de recalada, tanto españoles como extranjeros. La no llevanza de estos documentos o su inexactitud puede acarrear la detención del buque, de acuerdo con los Convenios mencionados y la normativa española de aplicación. La exigencia de tales requisitos tiene, pues, como finalidad la consecución de la seguridad marítima establecida por dichos Convenios internacionales y su exigencia se considera necesaria y proporcional al fin pretendido, puesto que derivan de exigencias internacionales de ineludible cumplimiento. De otra parte, los artículos 251 y 252 de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, de acuerdo con la redacción dada por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, en relación al artículo 263, aconsejan introducir algunas precisiones en el Real Decreto 1027/1989, de 28 de julio, sobre abanderamiento, matriculación de buque y registro marítimo, al efecto de adecuar las prescripciones reguladoras del abanderamiento de los buques deportivos a las previsiones de la Ley. Finalmente, es necesario revisar algunos artículos del Real Decreto 1837/2000, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de inspección y certificación de buques civiles, tanto para adaptarlo a la nueva regulación de los buques de recreo, como para atender las necesidades derivadas de la entrada en servicio de los buques oceánicos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que requieren un tratamiento particularizado, en orden a su construcción y régimen de inspecciones, por la singularidad de los medios precisos para el cumplimiento de sus funciones. Este real decreto ha sido sometido al procedimiento de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas y de Reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la información, previsto en la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas, modificada por la Directiva 98/48/CE, de 20 de julio de 1998, así como en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, por el que se regula la remisión de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas y Reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la información, que incorpora estas directivas al ordenamiento jurídico español. En la tramitación de este real decreto se ha consultado a las organizaciones y entidades más representativas del sector y se ha recabado el informe de la Dirección General de Política de Defensa del Ministerio de Defensa, del Estado Mayor de la Armada Española, de la Dirección General de la Guardia Civil del Ministerio del Interior, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía y Competitividad, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Este real decreto se dicta en virtud de la habilitación reglamentaria que el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, en su disposición final segunda, otorga al Consejo de Ministros para su desarrollo y aplicación. En su virtud, a propuesta de la Ministra de Fomento, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 19 de septiembre de 2014, DISPONGO: TÍTULO I Disposiciones de carácter general CAPÍTULO I Régimen jurídico Artículo 1. Objeto. Este real decreto tiene por objeto establecer el marco jurídico regulador de los buques de recreo, definidos en el artículo 3 de este real decreto e incluidos en su ámbito de aplicación y aprobar las normas técnicas de seguridad y de prevención de la contaminación que figuran como anexo a este real decreto. Artículo 2. Ámbito de aplicación. 1. Este real decreto será de aplicación a todos los buques de recreo abanderados o que soliciten su abanderamiento en España con sujeción a los siguientes criterios: a) Los buques de recreo nuevos se regularán por las prescripciones establecidas en este real decreto. b) Los buques de recreo existentes abanderados en España antes de la entrada en vigor de este real decreto se les exigirán las prescripciones técnicas que les eran aplicables antes de la entrada en vigor del presente real decreto. c) Los buques abanderados en España que no fueran de recreo y que, por cambio de grupo o clase, pasen a ser considerados como buques de recreo, tendrán la consideración de buques nuevos a los efectos de lo previsto en este real decreto. d) Los buques de recreo procedentes de otros registros que soliciten su abanderamiento y registro en España, después de la entrada en vigor de este real decreto, tendrán la consideración de buques de recreo nuevos o existentes en función de lo previsto en el artículo 3.3 y 3.4 de este real decreto. 2. No será de aplicación la Orden del Ministerio de Transporte, Turismo y Comunicaciones, de 10 de junio de 1983, sobre normas complementarias de aplicación al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar de 1974, y su protocolo de 1978, a los buques de recreo nuevos, tal y como se definen en el artículo 3 de este real decreto. Artículo 3. Definiciones. A efectos de lo previsto en este real decreto y salvo disposición expresa en otro sentido, se aplicarán las siguientes definiciones: 1. «Buque de recreo»: Todo buque de cualquier tipo, con independencia de su modo de propulsión, cuya eslora de casco (Lh) sea superior a 24 metros, con un arqueo bruto inferior a 3000 GT y capacidad para transportar hasta 12 pasajeros sin contar la tripulación, destinado para la navegación de recreo, el turismo, el ocio, la práctica del deporte o la pesca no profesional, utilizado por su propietario o por cualesquiera otras personas mediante arrendamiento, contrato de pasaje, cesión o cualquier otro título. 2. «Embarcación de recreo»: Toda embarcación de cualquier tipo, con independencia de su medio de propulsión, con una eslora de casco (Lh) comprendida entre 2,5 y 24 metros, medida según los criterios establecidos en la norma UNE-EN ISO 8666, utilizadas para fines deportivos, de ocio y para entrenamiento o formación para la navegación de recreo, aun cuando se exploten con ánimo de lucro. 3. «Buque de recreo nuevo»: Será todo buque de recreo que se halle en alguna de las situaciones siguientes: a) Aquel buque cuyo contrato de construcción se haya adjudicado a partir de la fecha de entrada en vigor de este real decreto; o b) En ausencia de un contrato de construcción, un buque cuya quilla sea colocada o cuya construcción se halle en una fase equivalente a partir de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de este real decreto; o c) Un buque cuya entrega se produzca a partir de los tres años posteriores a la entrada en vigor de este real decreto. 4. «Buque de recreo existente»: Todo buque de recreo que no sea calificado como nuevo. 5. «Uso privado o no lucrativo»: Es aquél que tiene por finalidad la navegación de recreo, el turismo, el ocio, la práctica del deporte o la pesca no profesional efectuada por el propietario del buque, ya sea éste una persona física o jurídica o por personas vinculadas con el propietario del buque sin que exista en ningún caso ánimo de lucro o contraprestación económica por el disfrute del buque. 6. «Uso comercial o lucrativo»: El que conlleva la explotación y utilización del buque mediante cualquier título suficiente para ello y contraprestación económica. 7. «Tripulación»: Conjunto del personal embarcado que presta servicios profesionales a bordo de los buques de recreo. 8. «Pasaje»: El personal embarcado que no forma parte de la tripulación, definido como tal por el Reglamento de inspección y certificación de buques civiles aprobado por el Real Decreto 1837/2000, de 10 de noviembre. 9. «Certificado provisional de navegación»: Documento expedido por la Dirección General de la Marina Mercante por el cual se autoriza a un buque de recreo, en proceso de abanderamiento de España, su navegación por las aguas marítimas en las que España ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción y entre la Península y las Islas Baleares, las Islas Canarias, Ceuta y Melilla. 10. «Organización reconocida»: Es la que se define en el Reglamento (CE) n.º 391/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre reglas y normas comunes para las organizaciones de inspección y reconocimiento de buques. 11. «Organización autorizada»: Es la organización reconocida a la que se ha autorizado de acuerdo al Reglamento (CE) n.º 391/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, y según lo dispuesto por el Real Decreto 877/2011, de 24 de junio, sobre reglas y estándares comunes para las organizaciones de inspección y reconocimiento de buques y para las actividades correspondientes de la Administración Marítima. 12. «Certificado de clasificación o de clase»: El definido en el Reglamento CE n.º 391/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009. 13. «Eslora de casco (Lh)»: Es la eslora establecida según la definición de la norma UNE-EN ISO 8666. 14. «Estación de servicio de revisión de balsas aprobada»: Es la estación de servicio de revisión de balsas autorizada por la Administración Marítima según el párrafo 1 de la Resolución de la Organización Marítima Internacional A.761 (18) y según procedimientos e instrucciones del fabricante. 15. «Código FTP»: Es el código Internacional para la aplicación de procedimientos de ensayo de exposición al fuego de la OMI. 16. «Código LSA»: El código Internacional de Dispositivos de Salvamento adoptado el 4 de junio de 1996 (Resolución de la OMI MSC.48 (66)). 17. «Código IDS»: Es el código Internacional de dispositivos de salvamento de la Organización Marítima Internacional (OMI) que proporciona el conjunto de normas internacionales relativas a los dispositivos de salvamento prescritos en el capítulo III del Convenio SOLAS, 1974. 18. «Código SSCI»: Es el código Internacional de Sistemas de Seguridad contra Incendios. 19. «Cuadro de obligaciones e instrucciones para casos de emergencia»: Cuadro donde constará toda la información prescrita en la regla 37 del capítulo III del Convenio SOLAS. A todos los efectos de este real decreto, se entenderá que las referencias hechas en los artículos 307.2.j) y 308.2 por el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, son hechas al «cuadro de obligaciones e instrucciones para casos de emergencia». 20. «Estándar técnico»: Se entenderá, a los efectos de este real decreto, por estándar técnico toda aquella norma técnica de construcción o mantenimiento establecida por otros estados o por organizaciones reconocidas y que la Dirección General de la Marina Mercante estime válidas para el proyecto y mantenimiento de los buques de recreo. Asimismo, serán de aplicación las definiciones no contenidas en este artículo que figuren en los Convenios y códigos internacionales, de obligado cumplimiento para los buques de recreo y lo establecido en el artículo 2 del Reglamento de inspección y certificación de buques civiles, aprobado por el Real Decreto 1837/2000, de 10 de noviembre. Artículo 4. Exclusiones. Este real decreto no será de aplicación a: a) Los buques de recreo de arqueo bruto igual o superior a 3000 GT, que tendrán la consideración de buques mercantes. b) Los buques de recreo destinados exclusivamente a regatas, siempre que en lo relativo a las condiciones de seguridad en la navegación y de la vida humana en el mar y en la prevención de la contaminación estén amparados por normas técnicas de una federación deportiva o por una organización reconocida y autorizada por la Dirección General de la Marina Mercante que regule su construcción y seguridad, de acuerdo con los criterios que en cada caso establezca la Dirección General de la Marina Mercante. c) Los buques de recreo de casco de madera y construcción primitiva. d) Los buques originales y las reproducciones singulares de buques históricos proyectados antes de 1965 y construidos predominantemente con los materiales y técnicas de origen propios de la época. e) Los buques de recreo sustentados por colchón de aire o por hidroalas. f) Los buques de recreo que revistan de carácter experimental por sus características técnicas y que hayan sido declarados como tales por la Dirección General de la Marina Mercante. g) Los buques adscritos o que se vayan a adscribir a las fuerzas armadas españolas o de otros países. Artículo 5. Régimen aplicable a los buques. 1. A los buques de recreo existentes abanderados en España antes de la entrada en vigor de este real decreto se le exigirán las prescripciones técnicas que les eran aplicables antes de la entrada en vigor del presente real decreto. No obstante lo anterior, aquellos buques existentes abanderados o que soliciten su abanderamiento en España y que cumplan con las normas técnicas del anexo de este real decreto podrán solicitar la consideración como buque nuevo. 2. Todos los buques en los que se efectúen reparaciones, reformas, modificaciones y la consiguiente instalación de equipo seguirán satisfaciendo cuando menos las prescripciones que ya les eran aplicables. Por regla general, los buques que se hallen en ese caso, cumplirán las prescripciones aplicables a los buques nuevos al menos en la misma medida que antes de experimentar transformaciones tales reparaciones, reformas, modificaciones o instalación de equipo. Las reparaciones, reformas y modificaciones de carácter importante y la consiguiente instalación de equipo satisfarán las prescripciones aplicables a los buques nuevos, hasta donde la Administración juzgue razonable y posible, de acuerdo con el capítulo II.1, regla 1, apartado 3, del Convenio SOLAS. 3. Los buques abanderados en España que por cambio de grupo o clase pasen a ser buques de recreo con posterioridad a la entrada en vigor de este real decreto tendrán la consideración de buque nuevo y se les aplicarán por la Administración Marítima las normas objeto de este real decreto hasta donde resulte posible. 4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, los buques de recreo existentes que soliciten su abanderamiento en España, se someterán a las siguientes reglas: a) En lo que respecta a los materiales, disposición del casco, superestructuras, aislamientos, maquinaria, instalaciones fijas contra incendios y demás elementos estructurales, serán considerados como buques de recreo existentes nacionales. b) En lo que respecta a las instalaciones radioeléctricas, al equipo de salvamento, incluidas balsas y botes salvavidas, equipo contra incendios que no pertenezca a instalaciones fijas, y equipo de seguridad serán considerados como buques de recreo nuevos, por lo que cumplirán en esos aspectos los requerimientos de este real decreto para un buque nuevo. 5. La fecha de construcción y el uso, privado o comercial, de los buques señalados en el apartado anterior será acreditada por la presentación de los correspondientes certificados del país de registro de origen. Si no fuera posible dicha acreditación se aplicará lo siguiente: a) Si no se pudiera acreditar la fecha de construcción, se les tratará a todos los efectos como buques de recreo nuevos. b) Si no se pudiera acreditar el uso, privado o comercial, en el país de registro de origen se les tratará a todos los efectos como buques de recreo de uso privado. 6. Los buques de recreo existentes que soliciten su abanderamiento en España y que tuvieren uso privado en el país donde se encuentren abanderados y registrados y que vayan a tener uso lucrativo en España serán tratados a todos los efectos como buques de recreo nuevos. Artículo 6. Equivalencias y exenciones. 1. La Dirección General de la Marina Mercante previa solicitud del interesado, podrá autorizar la instalación o el emplazamiento en los buques de recreo de cualquier otro accesorio, material, dispositivo o aparato, diferentes a los recogidos en el anexo de este real decreto y su cambio de ubicación, o de sus características. La autorización se otorgará si, después de haber realizado pruebas o utilizado otro procedimiento conveniente, la Dirección General de la Marina Mercante estima que los mencionados accesorios, material, dispositivo o aparato, o tipo de éstos, o las disposiciones de que se trate, resultarán al menos tan eficaces como los prescritos por el anexo de este real decreto. 2. La Dirección General de la Marina Mercante, a solicitud del interesado, podrá eximir en todo o en parte de algunas de las normas técnicas contenidas en el anexo de este real decreto a cualquier buque de recreo, que presente características innovadoras que sirvan para la investigación de las condiciones de diseño, construcción, empleo de nuevos materiales y de navegación y equipamientos, si la aplicación de las normas objeto de la exención pudieran dificultar seriamente la investigación encaminada a perfeccionar dichas características. No obstante estos buques deberán cumplir con las prescripciones de seguridad que en opinión de la Dirección General de la Marina Mercante resulten adecuadas para el servicio al que está destinado y que por su índole garanticen la seguridad del buque. 3. La solicitud para obtener algún tipo de equivalencia o exención, conforme a lo previsto en los apartados anteriores de este artículo, se presentará ante la Dirección General de la Marina Mercante por cualquiera de los medios contemplados en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, y la legislación complementaria o en desarrollo de las mismas. La solicitud deberá ser razonada y estará acompañada de un proyecto de descripción técnica, planos descriptivos del buque y los motivos y finalidad de la exención. 4. La Dirección General de la Marina Mercante resolverá la solicitud mediante resolución motivada, en el plazo de tres meses contados a partir del día siguiente al de su presentación. En el supuesto de que la resolución fuera favorable, deberá incluir todos los aspectos técnicos afectados por la equivalencia o la exención otorgada, así como su alcance temporal, que deberá anotarse en los certificados del buque correspondientes según lo establecido en el artículo 35 de este real decreto, por medio de un certificado de exención, en el plazo de tres meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Contra la resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Secretario General de Transporte, en los términos previstos en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1982, de 26 de noviembre, y su resolución pondrá fin a la vía administrativa. En el supuesto de que se produzca el silencio administrativo, este tendrá el carácter de negativo al amparo de lo dispuesto en la disposición adicional vigésima novena, apartado 2 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. 5. Las equivalencias o exenciones concedidas podrán ser retiradas cuando se compruebe que se ha menoscabado la seguridad de la navegación, la vida humana en el mar o la prevención de la contaminación en relación con el buque, la tripulación o con terceros o que el buque se ha destinado a actividades distintas de aquellas para las que fue solicitada la equivalencia o exención mediante resolución motivada previa audiencia del interesado. CAPÍTULO II Régimen de las tripulaciones y de las navegaciones Artículo 7. Personal de gobierno y marinería del buque. 1. Con independencia del uso privado o comercial de los buques de recreo, las tripulaciones deberán estar integradas por personal profesional, salvo lo previsto en el apartado tres. 2. Los buques de recreo de uso comercial estarán bajo el mando de un capitán, que podrá estar en posesión del título de capitán de la marina mercante, piloto de primera o segunda de la marina mercante, patrón de altura o bien patrón de litoral, patrón mayor de cabotaje o patrón de cabotaje, de acuerdo con el desplazamiento del buque y las atribuciones que para dichos títulos establece el Real Decreto 973/2009, de 12 de junio, por el que se regulan las titulaciones profesionales de la marina mercante. 3. Los buques de recreo de uso privado, podrán estar bajo el mando de un Capitán de Yate. Artículo 8. Personal de radiocomunicaciones y servicios de escucha. 1. Todo buque de recreo mantendrá una escucha continua durante la navegación en las frecuencias de socorro de todos los equipos de Llamada Selectiva Digital o de comunicaciones por satélite que esté obligado a llevar. Asimismo, y mientras el buque se encuentre en la mar, se mantendrá de manera obligatoria una escucha permanente en el canal 16 de VHF. 2. El receptor NAVTEX (sistema internacional de telegrafía que permite la difusión de radioavisos náuticos, la información meteorológica y cualquier otra urgente dirigida a los buques), en su caso, el receptor de Llamada a Grupos de Inmarsat (LIG), deberán encontrarse siempre operativos y sintonizados a las estaciones cercanas a la zona de navegación del buque. 3. La escucha y operación del servicio de radiocomunicaciones será realizada exclusivamente por el tripulante que disponga del certificado de operador general (COG), si el buque navega por las zonas A2, A3 o A4, o del certificado de operador restringido (COR) del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimo, si el buque navega únicamente por la zona A1. Las mencionadas zonas de navegación son las que aparecen definidas en la regla 2 del capítulo IV del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS). Artículo 9. Tripulaciones mínimas. El número mínimo de tripulantes se fijará por la Dirección General de la Marina Mercante, en consideración al tipo y características del buque, su arqueo, su desplazamiento, la potencia de su aparato propulsor y del grado de automatización de su maquinaria. Artículo 10. Régimen de navegación. Con carácter general, los buques de recreo podrán efectuar todo tipo de navegación sin más limitaciones que aquellas que puedan establecerse en función de las características de los buques, a efectos de salvaguardar la seguridad marítima, de la navegación, de la vida humana en la mar y de la prevención de la contaminación del medio marino, de acuerdo con las limitaciones establecidas en los artículo siguientes y el anexo de este real decreto. Artículo 11. Navegación limitada. 1. A efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, los buques podrán ver limitadas sus navegaciones, cuando sus características estructurales o de equipamiento se encuentren sujetas a las normas específicas de limitación al efecto contenidas en el anexo de este real decreto. A tal fin, la Dirección General de la Marina Mercante, mediante resolución motivada singular para buques concretos o de carácter general para clases o tipos de buques, podrá limitar la navegación de estos buques a una distancia inferior a 60 millas náuticas de un puerto o lugar de abrigo, en condiciones de viento que no superen la fuerza 4 de la escala de Beaufort, teniendo en cuenta las características estructurales y los equipamientos a bordo de los buques. 2. Así mismo, de acuerdo con las circunstancias climáticas u operativas imperantes en zonas o períodos estacionales determinados, la Dirección General de la Marina Mercante, mediante resolución motivada singular para buques concretos o de carácter general para clases o tipos de buques, con sujeción a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, podrá limitar la navegación de buques o grupos de buques de recreo a operar en determinadas rutas y periodos de año estacionales o específicos hasta una distancia de 90 millas del puerto cabecera de la ruta, medido entre la costa y la línea paralela a la misma, previo informe del capitán marítimo de este, de acuerdo con las características de los buques de recreo y de las aguas, así como de la navegación, propias de la zona en la que se establezca la ruta. 3. Las resoluciones singulares deberán encontrarse siempre a bordo de los buques, de acuerdo con lo previsto en el artículo 45 de este real decreto. 4. Las resoluciones de carácter general para clases o tipos de buques deberán ser expuestas en las capitanías marítimas y en la página web del Ministerio de Fomento. 5. Contra las resoluciones objeto de este artículo podrá interponerse recurso de alzada ante el Secretario General de Transporte, cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa. Artículo 12. Autorización para navegar con más de 12 pasajeros a bordo. 1. Los buques de recreo podrán ser autorizados a navegar con más de 12 pasajeros a bordo cuando realicen una navegación en circunstancias particulares, tales como la participación o el acompañamiento en eventos institucionales, culturales o deportivos, siempre y cuando no se alejen más de 20 millas de la costa más próxima o entre islas de los archipiélagos de Baleares y Canarias. 2. Las solicitudes para uno o varios eventos determinados se presentarán ante el capitán marítimo correspondiente al puerto de donde se celebren los eventos, debiendo contener una referencia a las características y equipamiento del buque, el número de pasajeros que se pretende transportar y las características de la navegación a realizar. 3. El procedimiento para realizar dicha solicitud se ajustará a los siguientes requisitos: a) Las solicitudes deberán presentarse con una antelación mínima de treinta días a la celebración del evento. b) Examinada la solicitud, el capitán marítimo podrá exigir la ampliación de los datos e información presentados y en ese caso otorgará un plazo de diez días para subsanar las deficiencias que pudieran observarse. c) El capitán marítimo, mediante resolución motivada, resolverá las solicitudes presentadas en el plazo de quince días, a partir de su presentación. En la resolución se harán constar los requisitos generales en relación con la seguridad marítima, de la navegación, de la seguridad de la vida humana en la mar y de prevención de la contaminación y los particulares de seguridad en relación con la celebración del evento que deban cumplirse teniendo en cuenta las características del buque y las del evento. d) Frente a las resoluciones del capitán marítimo cabrá interponer recurso de alzada ante el Director General de la Marina Mercante, en los términos previstos en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. e) En caso de silencio administrativo este se entenderá como negativo al amparo de lo dispuesto en la disposición adicional vigésima novena, apartado 2 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. 4. Lo previsto en este artículo se entenderá sin perjuicio del cumplimiento de las demás condiciones impuestas por el capitán marítimo, conforme a lo previsto por el Real Decreto 62/2008, de 25 de enero, por el que se aprueba el Reglamento por el que se fijan las condiciones de seguridad marítima de la navegación y de la vida humana en la mar, aplicables a las concentraciones náuticas de carácter conmemorativo y pruebas náutico-deportivas. A los efectos de garantizar la seguridad durante la celebración de las concentraciones y pruebas, el Capitán Marítimo, una vez aprobada la solicitud, la comunicará a los organizadores de dichos eventos y los coordinadores de seguridad de los mismos. CAPÍTULO III Reglas sobre los propietarios de los buques y los pasajeros Artículo 13. Obligaciones de los propietarios de los buques. 1. Los propietarios de los buques, con independencia del uso al que se destinen, deberán garantizar que los mismos se adecuan a las condiciones de seguridad y prevención de la contaminación establecidas en este real decreto y que han superado los reconocimientos e inspecciones pertinentes, así como que los certificados del buque cumplen con los requisitos exigidos por este real decreto. También velarán por que las tripulaciones estén en posesión de los títulos exigidos y por el cumplimiento de la resolución de tripulación mínima establecida al amparo del artículo 9 de este real decreto. 2. Así mismo los propietarios de los buques deberán tener suscritos todos los seguros o garantías financieras exigidos por el ordenamiento jurídico en relación con el buque, la prevención de la contaminación y el transporte de pasajeros. 3. Los propietarios de los buques, cuando se encuentren a bordo, tendrán la consideración de pasajeros a los efectos previstos en el artículo siguiente, salvo que estén en posesión de un título profesional, nacional o de terceros países, que le faculte para el gobierno del buque. Artículo 14. Obligaciones del pasaje. El pasaje deberá observar las órdenes que, en relación con la seguridad del buque, de la navegación, de la vida humana en la mar y de la prevención de la contaminación, se impartan por el capitán del buque. TITULO II Normas sobre abanderamiento, matriculación, marcas, reconocimientos, inspecciones y certificación CAPITULO I Abanderamiento, matriculación y marcas Artículo 15. Obligaciones de carácter general. Todos los buques de recreo nuevos deberán estar abanderados, matriculados y registrados de acuerdo con las previsiones y de acuerdo con el procedimiento establecido por el Real Decreto 1027/1989, de 28 de julio, sobre abanderamiento, matriculación de buques y registro marítimo. Artículo 16. Registro. Los buques de recreo que se exploten con fines lucrativos, se podrán inscribir en el Registro Especial de Buques y Empresas Navieras, si cumplen con las condiciones que se establecen en la disposición adicional decimosexta del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Artículo 17. Solicitud de abanderamiento de buques procedentes de otros registros. 1. La solicitud de abanderamiento de un buque procedente de otros registros se presentará ante la Dirección General de la Marina Mercante por cualquiera de los medios previstos en la Leyes 30/1992, de 26 de noviembre y en la Ley 11/2007, de 22 de junio. 2. La solicitud deberá contener toda la información pertinente sobre el buque e incluirá: a) El historial completo del buque. b) Las mejoras exigidas por el Registro de origen para su matriculación o para la renovación de sus certificados en caso de que existan. c) La indicación de las inspecciones que tenga pendientes. d) Todos los certificados y datos sobre el buque que exijan los Convenios internacionales y la legislación específica del país de origen. e) Las últimas actas e informes de inspección emitidos por el Estado de abanderamiento y las actas de inspección del Estado del puerto si las hubiere. 3. La solicitud de abanderamiento deberá también contener una propuesta de cuadro de obligaciones e instrucciones para casos de emergencia y una propuesta razonada del cuadro de tripulación mínima de seguridad. 4. La solicitud deberá resolverse con sujeción al procedimiento establecido por el Real Decreto 1027/1989, de 28 de julio, pudiéndose interponer contra la resolución recurso de alzada ante la Secretaria General de Transportes. 5. En caso de silencio administrativo, éste se entenderá como positivo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 26 del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. Artículo 18. Abanderamiento y matriculación de buques de recreo procedentes de otros registros. 1. Los buques de recreo procedentes de otros registros, que soliciten su abanderamiento en España, serán sometidos a los reconocimientos de tipo renovación de los establecidos en el artículo 27 de este real decreto con el objeto de comprobar el cumplimiento de la seguridad de la navegación, la vida humana en el mar y la prevención de la contaminación. Una vez superado el reconocimiento se les expedirán los certificados oportunos según lo previsto en este real decreto. 2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, tendrán derecho a su abanderamiento e inscripción el registro español todos los buques de recreo que hayan sido construidos de acuerdo con una reglamentación técnica que se considere equivalente, de acuerdo con la disposición adicional segunda y en el apartado dos de la disposición final cuarta de este real decreto. Estos buques serán sometidos a un reconocimiento del tipo no programado a flote, de acuerdo con el artículo 34 de este real decreto que lo puede realizar una organización reconocida y autorizada, para confirmar que el estado del buque y su equipamiento se corresponden con los certificados del país de procedencia. Una vez superado dicho reconocimiento, se le extenderán los correspondientes certificados según lo previsto en este real decreto. En el caso en que el buque no superase dicho reconocimiento, se exigirá que cumpla las normas técnicas contenidas en este real decreto. Previa solicitud del interesado, hasta que se extiendan los certificados correspondientes, y en el caso de estar vigente los certificados de su país de procedencia, la Dirección General de la Marina Mercante podrá autorizar la navegación en las aguas en las que España ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción con los certificados del país de procedencia. 3. Respecto de los buques de recreo, procedentes de registros no pertenecientes al Espacio Económico Europeo, para los que se solicite su abanderamiento en España, la Dirección General de la Marina Mercante podrá, por razones de seguridad y mediante resolución motivada, aplicar las reglas objeto de los apartados 1 y 2 de este artículo o proceder conforme a lo previsto por el artículo 34 del Reglamento de inspección y certificación de buques civiles, aprobado por el Real Decreto 1837/2000, de 28 de noviembre. Artículo 19. Autorización, inspección y control de la construcción en el extranjero de buques de recreo destinados a enarbolar pabellón español. 1. La autorización, inspección y control de la construcción en el extranjero de buques de recreo destinados a enarbolar pabellón español seguirá el procedimiento establecido en el artículo 32 del Reglamento de inspección y certificación de buques civiles, aprobado por el Real Decreto 1837/2000, de 10 de noviembre, con sujeción a lo dispuesto en el apartado siguiente. 2. El buque deberá estar construido de acuerdo con las normas contenidas en este real decreto y cumpliendo las prescripciones técnicas establecidas en su anexo o, en su defecto, con los estándares técnicos de una reglamentación de seguridad y prevención de la contaminación que se considere equivalente de acuerdo con lo dispuesto en las disposiciones adicional segunda y en el párrafo dos de la disposición final cuarta de este real decreto. Artículo 20. Matrícula. 1. Todos los buques de recreo exhibirán su matrícula en el espejo de popa, a una altura suficiente sobre la línea de flotación de forma que pueda apreciarse con claridad. 2. La altura de las letras y de los números será de al menos 15 cm y la anchura mínima del trazo será al menos de 2 cm. 3. Los colores que se utilicen deberán de ser blanco sobre color oscuro o negro sobre color claro y deberán ser resistentes a la corrosión de los elementos atmosféricos y de la mar. 4. Las letras y números que se pinten o fijen sobre el casco del barco no deberán poder borrarse, modificarse, resultar ilegibles, arrancarse, desprenderse ni ocultarse. Artículo 21. Marcas en la obra muerta del buque. 1. Las marcas de francobordo se colocarán en el centro del buque, en ambos costados, y podrán consistir en una única línea de carga para todas las estaciones más una línea adicional para navegación en agua dulce. Las marcas de francobordo deberán ser permanentes y de un color que contraste con el del buque en la zona de las marcas. Tendrán las formas y dimensiones que se establecen en la regla 5 del anejo I del Convenio internacional sobre líneas de carga (1966). 2. Los buques de recreo nunca navegarán en una condición en la que, adrizado y en aguas tranquilas, la correspondiente marca de francobordo esté sumergida. 3. Los buques de recreo deberán llevar en proa y en popa, en ambos costados, unas marcas de calados de referencia, tan cerca de las perpendiculares como sea razonable. 4. Las marcas de calado serán permanentes y de fácil lectura. 5. Cuando los buques de recreo lleven instalados por debajo de la línea de flotación elementos tales como hélices transversales de maniobra, bulbos de proa u otros similares que puedan entrañar riesgo para las personas u otros buques o embarcaciones se colocarán en el casco del buque marcas que adviertan de la existencia de tales elementos. Estas marcas se corresponderán con las que vengan establecidas por Convenios internacionales o legislación de la Unión Europea y, en su defecto, por las que puedan establecer organizaciones reconocidas o se correspondan con aquellas de uso tradicional más frecuente. 6. La colocación de todas las marcas reguladas por este artículo serán verificadas en el reconocimiento inicial, de renovación o no programado a flote, según corresponda, y su posición vendrá detallada en el Libro de Estabilidad. Artículo 22. Mantenimiento de instalaciones radioeléctricas para navegar en determinadas zonas. Por razones de seguridad de la vida humana en la mar y de seguridad marítima, los equipos radioeléctricos de los buques autorizados a realizar navegaciones internacionales por las zonas A3 y A4, según figuran definidas en la regla 2 del capítulo IV del Convenio SOLAS, deberán estar mantenidos de manera que garanticen la disponibilidad de sus prescripciones funcionales, según lo estipulado en la regla 4 del capítulo IV del citado Convenio. Para ello se podrá utilizar una combinación de dos métodos como mínimo, tales como la duplicación del equipo, el mantenimiento en tierra o el mantenimiento electrónico en la mar por personal profesional. Artículo 23. Equipos de ayuda a la navegación. Los equipos de ayuda a la navegación cuya instalación sea obligatoria, deberán cumplir con el Real Decreto 809/1999, de 14 de mayo, por el que se regulan los requisitos que deben reunir los equipos marinos destinados a ser embarcados en los buques, en aplicación de la Directiva 98/85/CE o norma que la sustituya. Aquellos equipos cuya instalación sea voluntaria, deberán cumplir indistintamente con lo dispuesto por el Real Decreto 809/1999, de 14 de mayo, o el Real Decreto 1890/2000, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el procedimiento para la evaluación de la conformidad de los aparatos de telecomunicaciones o sus correspondientes normas UNE-ISO aprobadas. CAPÍTULO II Régimen de inspección y control Artículo 24. Régimen aplicable. Con carácter general los buques de recreo se someterán al régimen de inspección y control establecido por este real decreto y en su defecto será de aplicación el Reglamento de Certificación e Inspección de Buques Civiles, aprobado por el Real Decreto 1837/2000, de 10 de noviembre. Artículo 25. Reconocimientos e inspecciones. 1. En lo referente a la estructura, la estabilidad, la estanqueidad, inspección del exterior de la obra viva, de los dispositivos de salvamento y de otros equipos de seguridad, protección de la tripulación, las máquinas y el equipo y la prevención de la contaminación, los buques de recreo deberán someterse a los reconocimientos e inspecciones programados siguientes: a) inicial, b) intermedio, c) anual, d) de renovación, e) inspección del exterior de la obra viva, f) reconocimiento del sistema propulsivo, g) de las instalaciones radioeléctricas, h) del reconocimiento en rosca. 2. Los buques de recreo deberán someterse a los reconocimientos no programados regulados en el artículo 34 de este real decreto, respecto de los elementos mencionados anteriormente, cuando se den las circunstancias previstas en dicho artículo. Artículo 26. Reconocimiento inicial. 1. El reconocimiento inicial de un buque nuevo se realizará antes de que el buque entre en servicio y comprenderá la inspección completa de la estructura, la estabilidad, la estanqueidad, la maquinaria y el equipo del buque, incluida la inspección de la obra viva y el interior y exterior de las calderas. También comprenderá la protección operativa de la tripulación, las máquinas y los elementos anejos, la instalación eléctrica, los dispositivos de salvamento y otros equipos de seguridad, las instalaciones radioeléctricas y la disposición, situación y características de los equipos, medios y procedimientos de prevención de la contaminación marina. La conclusión con resultado satisfactorio del reconocimiento inicial dará lugar a la expedición de los certificados exigidos por este real decreto. 2. El reconocimiento se realizará de modo que garantice que la disposición, los materiales, los escantillones de la estructura del buque, y la calidad y la terminación de la estructura, los recipientes a presión y sus accesorios, las máquinas principales y auxiliares, comprendidos el aparato de gobierno y los sistemas de control correspondientes, la instalación eléctrica y demás equipos cumplen con lo prescrito en este real decreto. El reconocimiento garantizará que la calidad y terminación de todas las partes del buque y de su equipo cumplen de forma satisfactoria las prescripciones técnicas del anexo de este real decreto; asimismo acreditará que el buque cuenta con toda la información precisa para garantizar su estabilidad, de acuerdo con lo previsto por el capítulo I, regla 10, apartado b), del SOLAS. 3. En lo referente a los dispositivos de salvamento y otros equipos de seguridad de los buques de recreo, el reconocimiento inicial comprenderá una inspección completa de los sistemas y dispositivos de seguridad contra incendios, los dispositivos y medios de salvamento, con excepción de las instalaciones radioeléctricas utilizadas en ellos, los aparatos náuticos de a bordo, los medios de embarco para prácticos y demás equipamiento recogido en el anexo de este real decreto con el fin de garantizar que cumplen con lo prescrito en éste, se encuentran en un estado satisfactorio y son adecuados para el servicio al que el buque esté destinado. También se comprobarán los planes de lucha contra incendios, las publicaciones náuticas, las luces, las marcas y los medios de emisión de señales acústicas y de socorro para garantizar que cumplen con este real decreto así como, cuando proceda, con el Reglamento Internacional para prevenir los abordajes que esté en vigor. 4. Las balsas salvavidas inflables y sus medios de zafa hidrostática, y los chalecos salvavidas inflables deben ser revisados a intervalos anuales en una estación de servicio aprobada si bien en los casos en que ello no resulte viable, la Administración podrá ampliar este periodo a diecisiete meses. Los botes de rescate y auxiliares de asistencia, los botes salvavidas, así como los medios de puesta a flote de botes y de balsas salvavidas, serán mantenidos y revisados de acuerdo a las instrucciones y al plan de mantenimiento establecido por el fabricante. Al menos una vez cada cinco años se llevará a cabo un examen y prueba por una entidad reconocida por la Administración. 5. Las instalaciones radioeléctricas de los buques de recreo, incluidas las utilizadas en los dispositivos de salvamento, exigidas por este real decreto o en su defecto por el Reglamento de Radiocomunicaciones Marítimas, serán objeto de un reconocimiento inicial que comprenderá una inspección completa de dichas instalaciones, incluidas las utilizadas en los dispositivos y equipos de salvamento, a fin de garantizar que cumplen con lo prescrito en este real decreto o, en su caso, en el Reglamento de Radiocomunicaciones Marítimas. 6. En lo referente a la prevención de la contaminación, el reconocimiento inicial comprenderá una inspección completa de estructura, el equipo, los sistemas, los accesorios, las instalaciones y los materiales del buque recogidos en el anexo de este real decreto antes de que entre en servicio a fin de garantizar que cumplen con lo prescrito en éste y se encuentran en un estado satisfactorio y adecuado a las prestaciones del buque. 7. La conclusión con resultado satisfactorio del reconocimiento inicial conlleva la expedición de un certificado de conformidad. Artículo 27. Reconocimiento de renovación. 1. El reconocimiento de renovación se realizará con un intervalo máximo de cinco años, dentro del periodo de validez del certificado de conformidad y comprenderá la inspección, acompañada de las pruebas que sean necesarias de las estructuras y elementos del buque, incluidos los dispositivos de salvamento y otros equipos de seguridad así como las instalaciones radioeléctricas a que se refiere el artículo 26 de este real decreto, con el fin de comprobar la continuidad de su adecuación a las normas de este real decreto a fin de comprobar que durante el tiempo transcurrido desde que se realizó el reconocimiento inicial, los aspectos antes señalados continúan cumpliendo las normas establecidas en este real decreto y en su anexo. 2. En lo referente a la prevención de la contaminación, el reconocimiento de renovación comprenderá una inspección completa de la estructura, el equipo, los sistemas, los accesorios, las instalaciones y los materiales del buque recogidos en el anexo de este real decreto a fin de garantizar que cumplen con lo prescrito en éste y se encuentran en un estado satisfactorio y adecuado a las prestaciones del buque. 3. La conclusión con resultado satisfactorio del reconocimiento de renovación conlleva la expedición de un nuevo certificado de conformidad. Artículo 28. Reconocimiento intermedio. 1. El reconocimiento intermedio se realizará en el segundo o tercer año dentro de los tres meses anteriores o posteriores a la fecha de vencimiento anual, del certificado de conformidad. Este reconocimiento podrá sustituir a uno de los reconocimientos anuales a que se refiere el artículo siguiente de este real decreto. 2. El reconocimiento intermedio comprenderá la inspección minuciosa de las estructuras y elementos a que se refiere el artículo 26, de este real decreto, a efectos de garantizar su adecuación a las normas de este real decreto, así como las instalaciones eléctricas del buque que incluyen el equipo principal de generación de energía eléctrica y sus servicios auxiliares, el equipo de emergencia, los cuadros de distribución y la instalación eléctrica general del buque. 3. El reconocimiento intermedio comprenderá la inspección de los dispositivos de salvamento y otros equipos de seguridad de los buques de recreo descritos en el artículo 26.3 y tendrán por objeto garantizar la adecuación de los mismos al cumplimiento de este real decreto y del Reglamento Internacional para prevenir los abordajes que esté en vigor, durante los diversos periodos de la vida del buque. 4. Los reconocimientos intermedios de las instalaciones radioeléctricas comprenderán la inspección de las instalaciones y equipos radioeléctricos, incluidas las utilizadas en los dispositivos de salvamento, a fin de garantizar lo prescrito en este real decreto y su adecuación a las condiciones de seguridad. 5. Los reconocimientos intermedios de los medios de prevención de la contaminación comprenderán una inspección general de los equipos y medios descritos en el artículo 26.6 y tendrán por objeto garantizar que se han mantenido adecuadamente así como la adecuación de los mismos al cumplimiento en este real decreto. 6. La conclusión con resultado satisfactorio del reconocimiento intermedio conlleva el refrendo del certificado de conformidad. Artículo 29. Reconocimiento anual. 1. El reconocimiento anual se realizará dentro de los tres meses anteriores o posteriores a la fecha de vencimiento anual del certificado de conformidad. Este reconocimiento tiene por objeto garantizar que el buque, sus máquinas y equipos se mantienen de acuerdo con las prescripciones pertinentes. 2. El reconocimiento anual consistirá en una inspección general del equipo y estructuras citadas en el artículo 26 de este real decreto, que permita garantizar que se mantienen adecuadamente, de manera que quede garantizada la seguridad del buque, de la vida humana en la mar, de la navegación y la prevención de la contaminación del medio marino y continúa siendo satisfactorio para el servicio al que se destina el buque. También se asegurará de que no han sido objeto de modificaciones no autorizadas por la Administración. 3. El reconocimiento anual de los dispositivos de salvamento y otros equipos de seguridad comprenderá una inspección general del equipo a que se hace referencia en el artículo 26.3 con el fin de garantizar que ha sido mantenido adecuadamente y sigue siendo satisfactorio para el servicio al que el buque está destinado. 4. Los reconocimientos anuales de las instalaciones radioeléctricas comprenderán la inspección de las instalaciones y equipos radioeléctricos, incluidas las utilizadas en los dispositivos de salvamento, a fin de garantizar lo prescrito en este real decreto y su adecuación a las condiciones de seguridad. 5. Los reconocimientos anuales de los medios de prevención de la contaminación comprenderán una inspección general de los equipos y medios descritos en el artículo 26.6 y tendrán por objeto garantizar que se han mantenido adecuadamente así como la adecuación de los mismos al cumplimiento en este real decreto. 6. La conclusión con resultado satisfactorio del reconocimiento anual conlleva el refrendo del certificado de conformidad. Artículo 30. Inspecciones del exterior de la obra viva. 1. La inspección de la obra viva consistirá en un examen de la parte sumergida del casco y reconocimiento de los elementos conexos con objeto de garantizar que se hallan en estado satisfactorio y son idóneos para la actividad del buque, de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 de este real decreto. 2. Se realizarán como mínimo dos inspecciones de la obra viva del buque durante el periodo de validez de cinco años del certificado de conformidad de buques de recreo, sin que el intervalo entre esas inspecciones exceda de treinta y seis meses. 3. La conclusión con resultado satisfactorio de la inspección del exterior de la obra viva conlleva el refrendo del certificado de conformidad. Artículo 31. Reconocimiento del sistema propulsivo. 1. El reconocimiento del sistema propulsivo comprende elementos tales como el eje de cola, las hélices, propulsores acimutales, cicloidales, de chorro o equivalentes, y se realizará con el objeto de comprobar que continúan en estado satisfactorio para garantizar la seguridad de la navegación, la vida humana en el mar y la protección del medio ambiente marino. 2. Aquellos buques que dispongan de hélices con ejes de cola con bocinas refrigeradas por aceite deberán realizar una inspección cada cinco años. No obstante lo anterior, podrán optar a realizar reconocimientos completos cada diez años si realizan cada cinco años una inspección sin sacar los ejes que incluya, al menos, el examen visual de todas las partes accesibles, el examen cuidadoso del cono y chavetero con partículas magnéticas o la tuerca de la hélice, en su caso, la comprobación de que la caída de ejes está dentro de los márgenes marcados por el fabricante y la revisión de los ensayos de aceite de la bocina realizados por un laboratorio reconocido. Los buques que estén clasificados por una organización reconocida podrán optar a realizar los reconocimientos siguiendo los intervalos que dicte la organización reconocida. 3. Los buques que dispongan de sistemas de propulsión no convencionales como puedan ser los acimutales, cicloidales y de chorro de agua realizarán los reconocimientos en los intervalos que dicte el plan de mantenimiento recomendado por el fabricante de dichos equipos. 4. La conclusión con resultado satisfactorio del reconocimiento del sistema propulsivo conllevará el refrendo del certificado de conformidad. Artículo 32. Reconocimiento de las instalaciones radioeléctricas. 1. Todo equipo radioeléctrico que se instale en un buque de recreo deberá cumplir con lo prescrito en el Reglamento de Radiocomunicaciones Marítimas, y seguir el procedimiento de montaje y desmontaje en él regulado. 2. A excepción de los equipos portátiles, respondedores radar o radiobalizas manuales, si disponen de ellas, la instalación o desmontaje de cualquier equipo, así como la programación de la radiobaliza o los equipos de llamada selectiva digital, deberán ser realizados por una empresa instaladora autorizada ya sea en España o del país donde se lleve a cabo la instalación de los equipos. 3. Los reconocimientos, inspecciones y pruebas a que hayan de someterse los equipos radioeléctricos a bordo, incluidas las radiobalizas, serán los prescritos en el Reglamento de Radiocomunicaciones Marítimas, aprobado por el Real Decreto 1185/2006, de 16 de octubre, enmendado por el Real Decreto 1435/2010, de 5 de noviembre. 4. La conclusión con resultado satisfactorio del reconocimiento de las instalaciones radioeléctricas conllevará el refrendo del certificado de conformidad. Artículo 33. Reconocimiento del peso en rosca. 1. Este reconocimiento se realizará cuando se efectúen alteraciones, transformaciones, reformas o grandes reparaciones que influyan en el peso en rosca del buque y, en todo caso, cada diez años se realizará un reconocimiento para determinar el peso en rosca del buque y la posición longitudinal del centro de gravedad. 2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, la Dirección General de la Marina Mercante podrá eximir del reconocimiento decenal cuando del historial del buque y del histórico de los reconocimientos realizados se desprendiera que no hay riesgo para la seguridad de la vida humana en la mar, la seguridad de la navegación ni peligro para la contaminación del medio ambiente marino. 3. Si, una vez realizado el reconocimiento, existe una variación del desplazamiento en rosca que exceda del 2 % o una variación de la posición longitudinal del centro de gravedad que exceda del 1 % de la eslora en la flotación, dará lugar a la elaboración de un nuevo Libro de Estabilidad que deberá ser aprobado por la Dirección General de la Marina Mercante. 4. La conclusión con resultado satisfactorio de este reconocimiento conllevará la extensión del correspondiente certificado. Artículo 34. Reconocimientos e inspecciones no programados. Los buques de recreo estarán sujetos a las inspecciones y reconocimientos no programados durante todo su periodo de servicio, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el artículo 37 del Reglamento de inspección y certificación de buques civiles, aprobado por el Real Decreto 1837/2000, de 10 de noviembre. CAPÍTULO III Certificados Artículo 35. Certificados exigidos por los Convenios internacionales. Los buques de recreo estarán sometidos al régimen de certificación establecido en el Convenio Internacional de Arqueo de Buques, de 23 de junio de 1969, así como los Convenios Internacionales que les sean de aplicación y a lo dispuesto en este capítulo. Artículo 36. Certificado de conformidad y certificado de exención. 1. Los buques de recreo que cumplan con lo estipulado en este real decreto llevarán a bordo un certificado de conformidad de buque de recreo que será expedido después de un reconocimiento inicial o de renovación, según corresponda que llevará como anejo un inventario de equipo de seguridad y un inventario de las instalaciones radioeléctricas y de radionavegación. 2. Los reconocimientos inicial, anual e intermedio, de los dispositivos de salvamento y otros equipos de seguridad, de las instalaciones radioeléctricas y de prevención de la contaminación y las inspecciones del exterior de la obra viva regulados en este real decreto se consignarán en el certificado de conformidad del buque de recreo. También se consignarán los reconocimientos del sistema propulsivo y los reconocimientos del peso en rosca, cuando se produzcan. No se consignarán en el certificado de conformidad de buque de recreo los reconocimientos relativos a la prevención de la contaminación cuando un buque de recreo esté obligado a llevar los certificados correspondientes por el Convenio MARPOL. 3. Cuando a un buque le sea concedida una exención en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 se le expedirá un certificado llamado «Certificado de exención», además del certificado de conformidad de buque de recreo. Artículo 37. Validez del certificado de conformidad de buque de recreo y del certificado de exención. 1. El certificado de conformidad de un buque de recreo tendrá un período de validez máximo de cinco años, sin perjuicio de las reglas contenidas en los siguientes artículos. 2. El periodo de validez del certificado de exención será el que estime conveniente la Dirección General de la Marina Mercante en función de los objetivos perseguidos en el artículo 6 de este real decreto sin que rebase el periodo de validez del certificado de conformidad al que va referido. 3. En relación con los reconocimientos de renovación del certificado de conformidad: a) Cuando el reconocimiento de renovación se efectúe después de la fecha de expiración del certificado existente o dentro de los tres meses anteriores a la fecha de expiración del mismo, el nuevo certificado será válido a partir de la fecha en que finalice el reconocimiento de renovación por un período que no excederá de cinco años a partir de la fecha de expiración del certificado existente. b) Cuando el reconocimiento de renovación se efectúe con más de tres meses de antelación a la fecha de expiración del certificado existente, el nuevo certificado será válido a partir de la fecha en que finalice el reconocimiento por un periodo que no excederá de cinco años a la misma. Artículo 38. Prórroga de la validez del certificado de conformidad de buque de recreo. 1. Si el certificado de conformidad de buque de recreo se expidiera para un periodo de validez inferior a cinco años, la Dirección General de la Marina Mercante podrá prorrogar la validez del mismo extendiéndolo más allá de su fecha de expiración, hasta alcanzar el límite de cinco años a contar desde la fecha de expedición del certificado, siempre que se hayan realizado los diversos reconocimientos exigidos por este real decreto. 2. Si efectuado un reconocimiento de renovación de manera satisfactoria no ha sido posible expedir un nuevo certificado antes de la fecha de expiración del existente, la Dirección General de la Marina Mercante o una organización autorizada, éstas podrán prorrogar la validez del certificado existente mediante un refrendo por un periodo adicional que no excederá de cinco meses contados a partir de la fecha de expiración. Artículo 39. Prórrogas particulares del certificado de conformidad de buque de recreo. 1. Si en la fecha de expiración del certificado de conformidad el buque no se encuentra en un puerto en el que haya de ser objeto de reconocimiento, la Dirección General de la Marina Mercante podrá prorrogar el periodo de validez del certificado, pero esta prórroga solo se concederá con el fin de que el buque pueda proseguir su viaje hasta el puerto en el que haya de ser objeto de reconocimiento, siempre que se estimara oportuno en razón del cumplimiento de las normas de seguridad del buque, de la navegación, de la seguridad de la vida humana en el mar y de la prevención de la contaminación del medio marino. 2. No se prorrogará ningún certificado por un periodo superior a tres meses a contar desde la fecha de su caducidad y el buque al que se le haya concedido tal prórroga no quedará autorizado a salir del puerto donde haya de ser objeto de reconocimiento sin haber obtenido un nuevo certificado. En este caso, el nuevo certificado será válido por un periodo que no excederá de cinco años a partir de la fecha de expiración del certificado existente antes de que se concediera la prórroga. Artículo 40. Reglas especiales. 1. En circunstancias especiales relacionadas con la vigencia de los certificados y sobrevenidas durante el desplazamiento de los buques de recreo, la Dirección General de la Marina Mercante podrá emitir un nuevo certificado de conformidad de buque de recreo cuya vigencia no comience a partir de la fecha de caducidad del certificado anterior, en función de las características del buque, su mantenimiento, adecuación y cumplimiento de las normas de seguridad. 2. El nuevo certificado podrá ser válido por un periodo que no excederá de cinco años a partir de la fecha en que finalice el reconocimiento de renovación. 3. En todo caso, el armador del buque deberá comunicar las circunstancias sobrevenidas antes citadas a la Dirección General de la Marina Mercante. Artículo 41. Reconocimientos realizados antes del vencimiento del certificado de conformidad de buque de recreo. Cuando se efectúe un reconocimiento anual o intermedio antes del periodo estipulado en los artículos 28 y 29 de este real decreto se derivaran las siguientes consecuencias: a) la fecha de vencimiento anual que figure en el certificado de que se trate se modificará sustituyéndola por una fecha que no sea posterior a tres meses desde la fecha en que terminó el reconocimiento; b) los reconocimientos anuales o intermedios subsiguientes prescritos en las reglas pertinentes se efectuarán en los intervalos establecidos en los artículos reguladores de los mismos, teniendo en cuenta la nueva fecha de vencimiento anual; c) la fecha de expiración del certificado podrá permanecer inalterada a condición de que se efectúen uno o más reconocimientos anuales, intermedios según proceda, de manera que no se excedan entre los distintos reconocimientos los intervalos máximos estipulados en los artículos pertinentes. Artículo 42. Pérdida de validez de los certificados. Todo certificado expedido en virtud de lo dispuesto en este real decreto perderá su validez en los casos siguientes: a) Si los reconocimientos e inspecciones pertinentes no se han efectuado en los intervalos estipulados para cada reconocimiento o fuera de los periodos de prórroga. b) Si el certificado no es refrendado conforme a lo dispuesto en este real decreto. c) Cuando el buque cambie su pabellón por el de otro Estado. Artículo 43. Emisión y refrendo de los certificados. Los certificados, así como las prórrogas y los refrendos de los mismos, serán expedidos o refrendados por la Dirección General de la Marina Mercante o por las Organizaciones Autorizadas, en su caso. Artículo 44. Obligaciones con relación a los certificados. 1. La zona de operación declarada, y cualquier otra condición que restrinja el uso del buque, deberá figurar en el certificado de líneas de carga. 2. Los certificados referidos en este real decreto deberán encontrarse siempre a bordo del buque en adecuado estado de conservación y deberán exhibirse a requerimiento de las Dirección General de la Marina Mercante o las organizaciones autorizadas en el ámbito de lo dispuesto en este real decreto, sin perjuicio de las obligaciones que puedan venir impuestas por otras normas sectoriales. Artículo 45. Otros documentos a bordo. Además de los certificados citados en el artículo 44, los buques de recreo deberán llevarse a bordo, debidamente expedidos o refrendados por la Dirección General de la Marina Mercante, los documentos que figuran a continuación. Dichos documentos deberán estar al menos en castellano, excepto aquellos que sean relativos a la seguridad operativa del buque, que también deberán estar en el idioma de trabajo: a) Certificado de instalación de máquinas sin dotación permanente sin menoscabo de la seguridad del buque, si fuera necesario. b) Licencia de Estación de Barco: Todo buque deberá disponer a bordo de la Licencia de Estación de Barco (LEB), expedida por la Dirección General de la Marina Mercante. Esta Licencia tendrá una validez de cinco años, aunque deberá ser renovada cuando varíe cualquier condición o dato incluido en la misma. c) Acta y Libro de estabilidad aprobado. d) Los buques a vela llevarán a bordo fácilmente disponible, una copia de las curvas de máximos ángulos de «escora constante» para prevenir la inundación en caso de ráfagas de viento, o en el caso de un multicasco, los valores de máxima velocidad media aparente aconsejada, para la referencia del personal de guardia. Esta información debe ser una copia de la información que figura en el Libro de estabilidad aprobado. La superficie vélica total y los pesos y dimensiones de los mástiles y elementos del aparejo estarán documentados en su Libro de Estabilidad. Cualquier modificación del aparejo que incremente la superficie vélica o pesos altos en el aparejo, precisarán de una aprobación que se incorporará al Libro de Estabilidad. e) Cuadro de obligaciones e instrucciones para casos de emergencia. f) Cuaderno de condiciones de asignación de francobordo y cálculo del mismo, en aquellos buques obligados a cumplir el Convenio Internacional sobre Líneas de Carga. g) Resolución por la que se establece el cuadro de tripulación mínima de seguridad. h) Todos los buques de recreo de navegación ilimitada y todos los buques de recreo con un arqueo bruto superior a 500 GT deberán disponer a bordo de un diario de navegación para el registro de acaecimientos y situaciones relacionados con la navegación y la seguridad, además de registrar los ejercicios de adiestramiento de la tripulación y las pruebas de los equipos necesarios para la seguridad de la navegación que requieran de pruebas periódicas sin la presencia de inspectores de la Administración. i) Diario del Servicio Radioeléctrico: En los buques de arqueo igual o superior a 300 GT, se dispondrá a bordo de un diario del servicio radioeléctrico. j) Plano de disposición general, plano de situación de los tanques, plano de elementos de salvamento y vías de evacuación, planos de lucha contraincendios, plano de aberturas, plano de servicios de achique, planos de los servicios de instalaciones fijas contraincendios. k) Las resoluciones singulares para buques concretos, por la que se estableces limitaciones a la navegación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 de este real decreto. l) Cualquier otro documento que pudiera venir exigido por la legislación marítima nacional o internacional. TÍTULO III Régimen sancionador Artículo 46. Infracciones y sanciones. Las infracciones que se cometan en contravención a lo dispuesto en este real decreto se sancionarán con sujeción a lo previsto en el libro III, título IV, del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Artículo 47. Medidas no sancionadoras. Las infracciones darán lugar, además del cumplimiento de la sanción pertinente, a la adopción cuando proceda de las medidas previstas por el artículo 313 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Artículo 48. Indemnizaciones por daños y perjuicios. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, cuando se produjeran daños y perjuicios por quebrantamiento de lo dispuesto en este real decreto los responsables de la infracción estarán sujetos al régimen de indemnizaciones que establece el artículo 316 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Disposición adicional primera. De los equipos marinos. 1. Todos los equipos, accesorios, dispositivos, aparatos o materiales que se instalen en los buques de recreo nuevos a los que se les aplique el presente real decreto o se sustituyan en los existentes deberán estar aprobados de acuerdo el Real Decreto 809/1999, de 14 de mayo, por el que se regulan los requisitos que deben reunir los equipos marinos destinados a ser embarcados en los buques, en aplicación de la Directiva 96/98/CE, modificada por la Directiva 98/85/CE y normativa de desarrollo. 2. La Dirección General de la Marina Mercante podrá aceptar que los buques de recreo con un arqueo menor de 250 GT usen accesorios, dispositivos, aparatos o materiales conformes con las normas UNE-ISO de aplicación a las embarcaciones de recreo de eslora del casco Lh menor o igual que 24 metros y relacionadas en el anexo XVIII del Real Decreto 2127/2004, de 29 de octubre, por el que se regulan los requisitos de seguridad de las embarcaciones de recreo, de las motos náuticas, de sus componentes y de las emisiones de escape y sonoras de sus motores, siempre que quede garantizada la seguridad de la vida humana en la mar, de la navegación y la protección del medio ambiente marino. Disposición adicional segunda. Equivalencia del «The Large Commercial Yacht Code (LY3) del Maritime Coastguard Agency». A efectos del régimen jurídico establecido en este real decreto, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición final segunda.Dos, las normas técnicas de seguridad y prevención de la contaminación contenidas en The Large Commercial Yacht Code (LY3) del Maritime Coastguard Agency del Reino Unido o las que les sustituyan, tienen la consideración de reglamentación técnica equivalente a la establecida en el anexo de este real decreto. Disposición adicional tercera. Prescripciones sobre aspectos estructurales, mecánicos y eléctricos aplicables a los buques. Además de lo establecido en este real decreto, los buques de recreo se proyectarán, construirán y mantendrán cumpliendo las prescripciones sobre aspectos estructurales, mecánicos y eléctricos de una organización reconocida o las normas españolas que ofrezcan un grado de seguridad equivalente. Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o de inferior rango se opongan a este real decreto. Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 1027/1989, de 28 de julio, sobre Abanderamiento, Matriculación de buques y Registro marítimo. Los apartados F) y G) del artículo 4.1 del Real Decreto 1027/1989, de 28 de julio, sobre Abanderamiento, Matriculación de buques y Registro marítimo, quedan redactados como sigue: «F) En la lista sexta se registrarán los buques de recreo cuya eslora de casco (Lh) sea superior a 24 metros, con un desplazamiento inferior a 3000 GT y capacidad para transportar hasta 12 pasajeros sin contar la tripulación, así como las embarcaciones de recreo cuando unos y otras se exploten con fines lucrativos para el ocio, el deporte o la pesca no profesional. G) En la lista séptima se registrarán los buques de recreo cuya eslora de casco (Lh) sea superior a 24 metros, con un desplazamiento inferior a 3000 GT y capacidad para transportar hasta 12 pasajeros sin contar la tripulación, así como las embarcaciones de recreo cuyo uso exclusivo sea la práctica del deporte sin propósito lucrativo o la pesca no profesional.» Disposición final segunda. Modificación del Real Decreto 1837/2000, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de inspección y certificación de buques civiles. Uno. Se añade una disposición adicional quinta al Real Decreto 1837/2000, de 10 de noviembre, con el siguiente texto: «Disposición adicional quinta. Condiciones especiales para los buques y embarcaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Los buques y embarcaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en su condición de buques de Estado, gozarán de las ventajas y excepciones que a les otorga la normativa internacional aplicable.» Dos. El Reglamento de inspección y certificación de buques civiles, aprobado por el Real Decreto 1837/2000, de 10 de noviembre, queda modificado como sigue: 1. Los apartados 13 y 17 de la letra B) del artículo 2 quedan redactados de la siguiente manera: «13. Buque de recreo. Todo buque de cualquier tipo, con independencia de su modo de propulsión, cuya eslora de casco (Lh) sea superior a 24 metros, con un arqueo bruto inferior a 3000 GT y capacidad para transportar hasta 12 pasajeros sin contar la tripulación, destinado para la navegación de recreo, el turismo, el ocio, la práctica del deporte o la pesca no profesional, utilizado por su propietario o por cualesquiera otras personas mediante arrendamiento, contrato de pasaje, cesión o cualquier otro título. 17. Embarcación de recreo. Toda embarcación de cualquier tipo, con independencia de su medio de propulsión, cuyo casco tenga una eslora (Lh) comprendida entre 2,5 y 24 metros, medida según los criterios establecidos en la norma UNE-EN ISO 8666, utilizadas para fines deportivos, de ocio y para entrenamiento o formación para la navegación de recreo, aun cuando se exploten con ánimo de lucro.» 2. La letra e) del apartado 1 del artículo 4 queda redactado de la siguiente manera: «e) Grupo V: buques y embarcaciones de recreo.» 3. El artículo 29 queda redactado como sigue: «Artículo 29. Inspección y control de las transformaciones y reformas en territorio español de buques de pabellón extranjero. 1. No requerirán la autorización previa del proyecto correspondiente, otorgada por la Dirección General de la Marina Mercante, las transformaciones y reformas, en territorio español, de buques de pabellón extranjero de eslora (L) mayor o igual a 24 metros, así como de cualquier buque de recreo de pabellón extranjero. Cuando se trate de actuaciones que supongan importantes alteraciones en las dimensiones principales del buque, su capacidad de carga, condiciones de estabilidad, compartimentado, condiciones de resistencia de estructura, supongan la separación en dos o más partes de su casco o, aquellas que supongan cambio del tipo de buque o variación de cualquiera de sus características propias; en todos estos casos, el astillero o taller encargado de los trabajos, antes de su inicio, presentará en la capitanía marítima más próxima a la ubicación donde se inicien los trabajos una comunicación previa dirigida al Director General de la Marina Mercante comunicando los datos identificativos del taller o astillero, los datos identificativos del buque sobre el cual se realizarán los trabajos, una breve descripción de los trabajos a realizar e indicando el nombre del director de obra nombrado a tal efecto conforme el artículo 26. Esta comunicación previa se acompañará de una declaración responsable suscrita por parte de la propiedad del buque manifestando que dispone de autorización, en caso de precisarse, de la correspondiente Administración del país de bandera y/o de la correspondiente organización reconocida, o entidad, en que delegue dicha Administración. 2. El astillero o taller encargado realizará los trabajos, de acuerdo con las instrucciones recibidas por la correspondiente Administración del país de bandera, y en su caso por la organización reconocida o entidad en la que se haya delegado. 3. La Dirección General de la Marina Mercante española tendrá permanentemente publicados y actualizados modelos de declaración responsable (en español e inglés) y de comunicación previa, a tal efecto, los cuales se facilitarán de forma clara e inequívoca y que, en todo caso, se podrán presentar a distancia y por vía electrónica. 4. La Dirección General de la Marina Mercante española, si así lo considera, podrá en cualquier momento inspeccionar las obras que se estén llevando a efecto y solicitar la documentación técnica pertinente. 5. Las reparaciones de buques de pabellón extranjero que sean consecuencia de una inspección efectuada sobre la base de lo dispuesto en el artículo 45, serán objeto de un reconocimiento cuyo objeto consistirá en comprobar que se han subsanado las deficiencias encontradas en la primera inspección realizada y que el buque está en condiciones de hacerse a la mar, sin peligro para la seguridad marítima y para la conservación del medio ambiente marino.» 4. Se añade una letra f) al apartado 1 del artículo 31 que queda redactada como sigue: «f) Si los buques definidos en el apartado c) del párrafo 2 del artículo 3 de este Reglamento se construyen en astilleros españoles, las tripulaciones de prueba podrán pertenecer al astillero, o a petición del país que ha encargado la construcción del buque, podrán pertenecer a la Armada española, bajo las directrices del Ministerio de Defensa.» Disposición final tercera. Titulo competencial. Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto por el artículo 149.1.20 de la Constitución española que otorga al Estado la competencia exclusiva en materia de marina mercante. Disposición final cuarta. Habilitación normativa. 1. Se faculta al Ministro de Fomento para modificar los artículos 20, 21 y los parámetros técnicos recogidos en el párrafo tercero del artículo 33 de este real decreto, así como el anexo por el que se establecen las normas técnicas de seguridad y prevención de los buques de recreo, siempre que las modificaciones introducidas vengan impuestas por avances técnicos, por modificaciones de la normativa europea aplicable o de acuerdo con los Convenios internacionales que sean de aplicación, así como por modificación de las normas técnicas de seguridad y prevención de la contaminación recogidas en el LY3 o cualquier otra normativa técnica que sea declarada equivalente con arreglo a lo dispuesto en esta disposición. 2. Así mismo, se faculta al Ministro de Fomento, previa propuesta del Director General de la Marina Mercante, para declarar la equivalencia de las normas técnicas de seguridad y prevención de la contaminación de los buques de recreo procedentes de otros países o de organizaciones reconocidas o autorizadas. 3. Se faculta al Ministro de Fomento para dictar las disposiciones que fueran precisas en desarrollo de este real decreto. Disposición final quinta. Actos de ejecución. Se faculta al Director General de la Marina Mercante para: a) Elaborar y, en su caso, modificar, los modelos de certificados que se deban expedir a los buques de recreo, a fin de adaptarlos a lo dispuesto en este real decreto o cuando las modificaciones de los certificados vengan impuestas por cambios de la legislación o avances tecnológicos. b) Elaborar la lista de Estados y organizaciones reconocidas que disponen de reglamentaciones técnicas, a fin de proponer al titular del Departamento su declaración como normas equivalentes, a efectos de dar cumplimiento a la disposición final cuarta de este real decreto. c) Dictar cuantos actos sean precisos en ejecución de lo dispuesto en este real decreto. Disposición final sexta. Notificación a la Organización Marítima Internacional. Tras la publicación de este real decreto en el «Boletín Oficial del Estado», la Dirección General de la Marina Mercante notificará a la Organización Marítima Internacional (OMI) para su información las reglas españolas aplicables a los grandes yates para uso comercial y privado, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 8 del Convenio Internacional sobre Líneas de Cargas de 1966 y sus modificaciones y la regla 5 del capítulo I del Convenio SOLAS y sus modificaciones. Disposición final séptima. Ausencia de Gasto público. Las medidas contempladas en este real decreto no supondrán incremento del gasto público y, en concreto de gasto de personal, acometiéndose con los medios materiales, personales y técnicos actualmente disponibles por la Dirección General de la Marina Mercante. Disposición final octava. Entrada en vigor. El presente real decreto entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dado en Madrid, el 19 de septiembre de 2014. FELIPE R. La Ministra de Fomento, ANA MARÍA PASTOR JULIÁN ANEXO Normas técnicas de seguridad y prevención de la contaminación que deben cumplir los buques de recreo Las normas técnicas de seguridad y prevención de la contaminación son de aplicación para todo buque de recreo incluido en el ámbito de aplicación de este real decreto, incluidos los buques de recreo de vela, multicasco y monocasco. CAPÍTULO 1 Construcción y resistencia estrctural. Integridad de estanqueidad Este capítulo tiene como objetivo asegurar que los buques de recreo se construyan de acuerdo con un estándar adecuado en lo que respecta a su resistencia estructural y estanqueidad al agua. 1.1 Generalidades. 1.1.1 Todos los buques de recreo tendrán una cubierta de francobordo. 1.1.2 Todos los buques de recreo tendrán una cubierta de abrigo a lo largo de la eslora que sea de resistencia adecuada para soportar las condiciones de la mar y tiempo previsibles en la zona declarada de operación. 1.1.3 El material de construcción del casco, cubiertas y mamparos, condiciona los requisitos de protección contra el fuego por lo que, antes de proyectar el buque, se deberán revisar los capítulos correspondientes de este anexo. 1.2 Resistencia estructural. 1.2.1 A efectos de provisión de lastre, se prestará especial atención a los requerimientos de resistencia local o global del casco. 1.3 Mamparos estancos.–Los mamparos estancos que subdividan el buque cumplirán con los siguientes requisitos: 1.3.1 La resistencia estructural e integridad a la estanqueidad de un mamparo estanco, y de sus aberturas, deberá cumplir en el momento de su construcción con los requisitos de un Reglamento actualizado de una organización reconocida. 1.3.2 El número y la posición de los mamparos estancos vendrá determinado por los requisitos de subdivisión y compartimentado aplicables. 1.3.3 A reserva de lo prescrito en los apartados siguientes, las aberturas en los mamparos estancos cumplirán con los requisitos de los buques de pasaje, tal como se regulan en el Convenio SOLAS, capítulo II-1, reglas 13 y 16. 1.3.4 Se podrán instalar puertas de bisagra de tipo aprobado en aquellas aberturas en mamparos estancos de uso poco frecuente, y cuando un miembro de la tripulación esté presente cuando la puerta se abra durante la navegación. Además, se instalarán en el puente alarmas audibles y visuales indicando su apertura. 1.3.5 Salvo que en el apartado 1.4 siguiente se indique lo contrario, las puertas estancas de los buques de menos de 500 GT podrán ser de bisagra, sin dispositivos de cierre por telemando desde el puente, y siempre que en el puente existan alarmas audibles y visuales indicando su apertura. Se podrá aceptar un cierto retardo en las referidas alarmas. En cualquier caso, dichas puertas deberán permanecer cerradas durante la navegación, lo que se indicará mediante letreros adecuados en las mismas. 1.3.6 Los procedimientos de operación de las puertas estancas deberán ser aprobados por la Administración y expuestos a bordo en lugares adecuados. Las puertas estancas estarán normalmente cerradas, con excepción de aquellas de corredera que proporcionen los accesos habituales a espacios de habilitación y servicio usados frecuentemente. Se probarán antes de comenzar la navegación y, al menos, una vez a la semana. 1.4 Compartimentos bajo la cubierta de francobordo provistos de abertura en el casco. 1.4.1 Los compartimentos, situados bajo la cubierta de francobordo, que tengan aberturas de acceso a través del casco deberán estar limitados por mamparos estancos que los separen de cualquier otro compartimento situado bajo esa misma cubierta. No se permitirá abertura alguna (puertas, conductos de ventilación, pasos de hombre, etc.) en dichos mamparos, salvo que se instalen puertas estancas de corredera que cumplan el epígrafe 1.3.3 anterior o, en el caso de buques de menos de 500 GT, puertas de bisagra que cumplan el epígrafe 1.4.2. 1.4.2 En los buques de recreo de menos de 500 GT, las aberturas a cualquier otro compartimento bajo la cubierta de francobordo pueden estar dotadas de puertas de bisagra estancas siempre que se cumpla uno de los dos epígrafes siguientes: 1.4.2.1 Tras producirse una inundación a través de la abertura en el costado, la línea de flotación resultante queda por debajo de los bordes superiores de los umbrales de las aberturas internas de ese espacio. 1.4.2.2.a) Se instala una alarma de sentina en el compartimento que tiene la abertura en el costado, con indicadores audibles y visuales en el puente. b) Las puertas de bisagra del compartimento se abren hacia el interior del mismo. c) Se dispone en el puente de alarmas, audibles y visuales, indicando la apertura de cada puerta. d) Cada puerta dispone de un mecanismo de cierre individual. e) Con respecto a la flotación de proyecto, la altura del umbral de cada puerta es mayor que la altura del umbral de la abertura de acceso a través del casco. 1.4.3 Las aberturas de acceso en el casco deberán cumplir con las siguientes prescripciones del capítulo II-1 de SOLAS: regla 15, apartados 1, 2, 9, 10.1 y 10.2 para buques de carga, y regla 15-1. Deberá existir un medio para asegurar que las puertas se puedan cerrar y bloquear manualmente en caso de fallo de energía o del sistema hidráulico de cierre. 1.5 Aparejo de los buques de vela. 1.5.1 Se revisará el estado de todo el aparejo, en especial de la jarcia firme, de acuerdo con un plan programado de mantenimiento. El plan deberá incluir la inspección regular de todos los elementos que permiten el trabajo seguro en altura, en los mástiles, palos, crucetas y jarcia firme, y en el botalón o bauprés. 1.5.2 Mástiles, vergas, botavaras, picos, tangones y otros. 1.5.2.1 Su dimensionamiento y materiales de construcción deberán estar de acuerdo con los requisitos y recomendaciones de un Reglamento actualizado de una organización reconocida, o de un estándar nacional o internacional reconocido. 1.5.2.2 La estructura del buque de soporte, anclaje o en contacto con los mástiles (incluyendo cubiertas, varengas, reforzamientos y accesorios) se construirá con la resistencia adecuada para soportar y transmitir los esfuerzos previstos. 1.5.3 Jarcia firme y de labor. 1.5.3.1 Su dimensionamiento y materiales de fabricación deberán estar de acuerdo con los requisitos y recomendaciones de un Reglamento actualizado de una organización reconocida, o de un estándar nacional o internacional reconocido. 1.5.3.2 El cable utilizado para la jarcia firme (estays, burdas u obenques) no podrá ser de cable de alambre flexible (cable con alma de fibra). 1.5.3.3 La resistencia de todas las pastecas, grilletes, tornillos pasantes, herrajes, cornamusas y arraigos de cubierta excederá la carga de rotura de la jarcia firme y de labor asociada a ellos. 1.5.3.4 Los cadenotes y arraigadas para el anclaje de la jarcia firme se construirán para soportar y trasmitir con eficacia las cargas previstas. 1.5.4 Velas. 1.5.4.1 Se dispondrán medios para rizar o disminuir la superficie vélica. 1.5.4.2 Los buques de recreo a vela deberán contar con aparejo de capa o con velas específicas especialmente diseñadas y fabricadas para operar como tales. CAPÍTULO 2 Estanqueidad a la intemperie. Embarque de agua en cubierta Este capítulo tiene como objetivo asegurar que los buques de recreo se construyan de acuerdo con un estándar adecuado en lo que respecta a su estanqueidad a la intemperie incluyendo el embarque de agua en cubierta. 2.1 Aplicabilidad del Convenio de líneas de carga.–Se aplicarán las normas del Convenio Internacional sobre Líneas de Carga 1966/88 y sus enmiendas (ILLC), no obstante se considerará que las disposiciones subsiguientes proporcionan un nivel de seguridad equivalente respecto a los riesgos de inundación progresiva y de embarque de agua en cubierta. 2.2 Cubierta de abrigo y altura de superestructuras. 2.2.1 Si el francobordo real a la cubierta de abrigo excede del requerido por el Convenio Internacional sobre Líneas de Carga 1966/88 y sus enmiendas (ILLC) en, al menos, la altura estándar de superestructuras, las aberturas en dicha cubierta de abrigo, situadas a popa de un cuarto de eslora L medido desde la perpendicular de proa, se podrán suponer situadas en un emplazamiento de clase 2. 2.2.2 Para buques de eslora L de hasta 75 m, la altura estándar de una superestructura se tomará de 1,8 m. Para los de eslora L igual o superior a 125 m, dicha altura tomará un valor de 2,3 m. Para esloras intermedias se obtendrá por interpolación lineal. 2.3 Escotillas. 2.3.1 Todas las aberturas que conduzcan a espacios bajo la cubierta de abrigo, y que no puedan cerrarse con absoluta estanqueidad, deberán estar encerradas por una superestructura cerrada o una caseta estanca de resistencia adecuada que cumpla los requisitos del Convenio sobre Líneas de Carga. 2.3.2 Todas las escotillas expuestas que den acceso desde emplazamientos de clase 1 y de clase 2 deberán ser de construcción estanca a la intemperie y deberán contar con dispositivos adecuados para asegurar su cierre. Las tapas de las escotillas deberán estar permanentemente fijadas al buque. 2.3.3 En general, las escotillas deberán permanecer cerradas en la mar. Sin embargo, aquellas cuya apertura en navegación sea necesaria deberán ser tan pequeñas como sea posible (máximo de 1 metro cuadrado de sección útil) y, cuando estén en emplazamientos de clase 1 o 2, tendrán brazola de al menos 300 mm de altura. Deberán situarse tan cerca de crujía como sea posible, especialmente en los buques de vela. Las tapas de estas escotillas estarán conectadas permanentemente a las brazolas y, si tienen bisagras, éstas estarán situadas en la arista más a proa. 2.3.4 Las escotillas que sean vías de evacuación deberán tener tapas accionables desde ambas caras y, en el sentido de evacuación, se podrán abrir sin necesidad de llaves. Todas las manillas en el interior serán no desmontables. Una escotilla de evacuación deberá estar claramente identificada como tal y será de uso fácil y seguro teniendo en cuenta su posición. 2.3.5 Se podrá considerar la autorización específica de escotillas sin brazolas, enrasadas, y únicamente en el caso de que se trate de escotillas que permanezcan siempre cerradas durante la navegación. Las escotillas enrasadas deberán ser estancas y proporcionarán una resistencia equivalente a la de la cubierta en la que se encuentren. 2.4 Puertas. 2.4.1 Puertas sobre la cubierta de abrigo. 2.4.1.1 Las puertas exteriores de las casetas y superestructuras que protejan accesos a espacios bajo la cubierta de abrigo, serán estancas a la intemperie y sus umbrales tendrán alturas de al menos: Situación Buques de navegación ilimitada Buques de navegación limitada A 600 mm 300 mm B 300 mm 150 mm C 150 mm 75 mm Situación A: La puerta está situada en el cuarto de proa (25 % L) del buque y se utiliza cuando el buque está en navegación. Situación B: La puerta está en una situación expuesta mirando a proa y en un emplazamiento situado a popa del cuarto de proa (25 % L) del buque. Situación C: La puerta está en una situación protegida a popa del cuarto de proa (25 % L) del buque o, en una situación expuesta a la intemperie en una cubierta a un nivel superior al de la cubierta de abrigo. 2.4.1.2 Las puertas estancas a la intemperie estarán dispuestas de modo que abran hacia fuera y, si están situadas en el costado de una caseta, abisagradas en el borde de proa. Se podrán considerar dispositivos de cierre alternativos si se pueda demostrar su eficacia de cierre y su capacidad para evitar la entrada de agua, de modo que no se disminuya la seguridad del buque. 2.4.1.3 Las puertas de acceso que conduzcan a la cámara de máquinas desde la cubierta de abrigo tendrá, al menos, un umbral de: Situación Buques de navegación ilimitada Buques de navegación limitada Emplazamiento clase 1. 600 mm 450 mm Emplazamiento clase 2. 380 mm 200 mm 2.4.1.4 Las alturas de los umbrales, la construcción y los medios de cierre de las puertas que se usen únicamente cuando el buque está en puerto o fondeado en aguas protegidas, y se mantengan cerradas en navegación, se podrán considerar individualmente. 2.4.2 Aberturas de tambuchos. 2.4.2.1 Las aberturas de tambuchos que den acceso a espacios situados bajo la cubierta de abrigo deberán estar provistas de umbrales de una altura sobre la cubierta de al menos 300 mm o, para los buques de navegación limitada, de al menos 150 mm. 2.4.2.2 Está permitido el uso de tapas portátiles («washboards») para el cierre de aberturas en tambuchos, siempre que queden adecuada y permanentemente fijadas. Cuando no estén en uso, se garantizará su correcta y segura estiba. 2.4.2.3 La anchura máxima de una abertura en un tambucho no será superior a 1 m. 2.5 Lumbreras y ventanas horizontales. 2.5.1 Deberán ser de construcción estanca eficaz y estarán colocadas tan cerca como sea posible de crujía. Si se pueden abrir, deberán estar provistas de medios de cierre eficaces que las aseguren en su posición cerrada. 2.5.2 Las que estén destinadas a ser vía de evacuación se podrán abrir desde ambos lados, y en el sentido de salida se podrán abrir sin necesidad de llaves. Todas las manillas del lado interior serán no desmontables. Este tipo de lumbreras será de fácil uso e identificación. 2.5.3 El material transparente de la lumbrera y el método de fijación a su marco deben cumplir las normas de un estándar aceptable, nacional o internacional. Las reglas actualizadas de una organización reconocida aplicables a buques son aceptables en este sentido. Cuando estas reglas contengan normas alternativas para buques o embarcaciones de recreo, éstas se considerarán apropiadas para buques de navegación limitada. Al menos se llevará a bordo una tapa portátil por cada tamaño de abertura, en previsión de una eventual rotura del material transparente. 2.6 Portillos. 2.6.1 Serán de resistencia adecuada de acuerdo con su posición en el buque de acuerdo con una norma técnica, nacional o internacional. Las reglas actualizadas de una organización reconocida aplicables a buques son aceptables en este sentido. Cuando estas reglas contengan normas alternativas para buques o embarcaciones de recreo, pudiéndose elegir unas u otras, se considerarán apropiadas para buques de navegación limitada. Respecto a la protección estructural contra incendios, en la construcción de ciertos portillos se cumplirá con lo estipulado en los capítulos correspondientes del presente anexo. 2.6.2 Los portillos insertos en lugares que protejan aberturas que conduzcan a espacios bajo la cubierta de abrigo, o en los costados del casco, estarán provistos de tapas ciegas, que deberán estar permanentemente fijadas al marco y permitirán el cierre de la abertura de forma estanca, en caso de rotura del cristal. Las posibles propuestas para la instalación de tapas ciegas portátiles serán especialmente consideradas y, en su caso, aprobadas por la Administración, teniendo en cuenta la situación de los portillos y la inmediata disponibilidad de las tapas ciegas. En ese caso, se considerarán para aprobación las correspondientes instrucciones al Capitán estableciendo las condiciones para su instalación. 2.6.3 Los portillos fijados al casco bajo la cubierta de francobordo serán fijos o de un tipo de apertura no inmediata y, en ambos casos, cumplirán un estándar reconocido. Los portillos se instalarán de modo que su borde inferior no se encuentre por debajo de una línea trazada en el costado paralelamente a la cubierta de francobordo y cuyo punto inferior esté a una distancia igual al 2,5 % de la manga B, o 500 mm si este valor es mayor, por encima de la línea de carga de verano. Mientras el buque esté en navegación, los portillos del tipo de apertura no inmediata permanecerán cerrados en modo seguro, y en el puente habrá indicación de su cierre. 2.6.4 No se fijarán portillos en los costados de la cámara de máquinas. 2.7 Ventanas. 2.7.1 Las ventanas serán de resistencia adecuada para su posición en el buque de acuerdo con una norma apropiada, nacional o internacional. Las reglas actualizadas de una organización reconocida aplicables a buques son aceptables en este sentido. Cuando estas reglas contengan normas alternativas para buques o embarcaciones de recreo, pudiéndose elegir unas u otras, se considerarán apropiadas para buques de navegación limitada. Respecto a la protección estructural contra incendios, la construcción de ciertas ventanas cumplirá con lo estipulado en los capítulos correspondientes del presente anexo. 2.7.2 En aquellos buques en que los cristales, su espesor o la fijación de las ventanas no cumplan con los requisitos de una organización reconocida, las ventanas se podrán probar a satisfacción de la Dirección General de la Marina Mercante, a un mínimo de 4 veces la presión de diseño que esté indicada en unas normas aceptables. Adicionalmente a lo anterior, el espesor que se calcule debe ser equivalente al prescrito por la sociedad de clasificación para los buques de recreo. Para buques de navegación limitada o para ventanas que lleven pantallas de protección, la presión de prueba se puede reducir a 2,5 veces la de diseño. 2.7.3 Las ventanas de las superestructuras o casetas estancas deben estar sólidamente enmarcadas y fuertemente aseguradas a la estructura. El vidrio debe ser de tipo endurecido de seguridad. 2.7.4 Cuando se utilice vidrio de seguridad endurecido químicamente, las ventanas serán de tipo laminado, con una profundidad mínima de endurecimiento químico de 30 micrones en las caras expuestas. Las inspecciones referentes a la condición de las superficies de las ventanas, formarán parte de los reconocimientos reglamentarios. 2.7.5 En general, no se instalarán ventanas en los costados del casco por debajo de la cubierta de francobordo. Sin embargo, aquellas propuestas para su instalación podrán ser aprobadas por la Dirección General de la Marina Mercante teniendo en cuenta la posición de la ventana en el costado, su resistencia y la de su estructura perimetral de soporte, su medio de fijación y la disponibilidad de tapas ciegas resistentes y de instrucciones precisas al Capitán indicando en qué circunstancias deben ponerse dichas tapas ciegas. Estas ventanas serán de tipo fijo y, de estar situadas dentro del octavo de proa de la eslora, sus tapas ciegas deberán estar permanentemente fijadas a las ventanas, listas para su uso. 2.7.6 Todos los buques de navegación ilimitada llevarán a bordo pantallas de protección para todas las ventanas, del frente y costados de la primera fila y para todas las del frente de la segunda fila, de las superestructuras y casetas estancas por encima de la cubierta de francobordo. Cuando las ventanas sean de construcción laminada y su espesor equivalente en vidrio endurecido de seguridad exceda en más de un 30 % lo exigido por el estándar aplicable, no será necesario contar con pantallas de protección, si bien, se llevarán tapas ciegas que impidan la entrada de agua en caso de rotura. Si las pantallas de protección a babor y estribor son intercambiables entre sí, solo será necesario llevar a bordo la mitad de cada tamaño. 2.7.7 Las ventanas frontales y laterales del puente de navegación, no podrán ser de cristal tintado mediante polarización. 2.8 Ventiladores y exhaustaciones. 2.8.1 Se dispondrá una ventilación eficaz en todos los compartimentos del buque. La habilitación estará protegida de la entrada de gases y/o vapores de exhaustación, maquinaria y sistemas de combustible. 2.8.2 Los ventiladores serán de construcción sólida adecuada y estarán provistos de medios permanentes de cierre estanco. Los ventiladores que den servicio a espacios bajo la cubierta de francobordo o a una superestructura cerrada, tendrán brazolas de una altura mínima de:   Navegación ilimitada Navegación limitada En el cuarto de proa (25 % L) del buque 900 mm 450 mm Otro lugar 760 mm 380 mm 2.8.3 Los ventiladores se situarán tan cerca de crujía como sea posible, y la altura sobre cubierta será la suficiente para impedir la entrada de agua en caso de escora del buque. 2.8.4 La ventilación de espacios como la cámara de máquinas, que puede permanecer abierta en condiciones normales, requiere especial cuidado respecto a la posición y altura de las aberturas de aspiración sobre la cubierta teniendo en cuenta el ángulo de inundación progresiva θf, considerado en los criterios de estabilidad. Los medios de cierre de los ventiladores que den servicio a los espacios de máquinas, se seleccionarán de acuerdo con los medios de protección y extinción de incendios provistos para ese espacio. 2.8.5 Las salidas de escapes que penetren el casco bajo la cubierta de francobordo, deberán contar con medios de retención del agua que prevengan la entrada del agua al casco en caso de avería del sistema de exhaustación. Para los buques de navegación ilimitada existirá además un medio de cierre adicional. Para los buques de navegación limitada, en los que el cierre adicional no sea posible, el tubo de exhaustación debe formar un bucle cuya parte superior esté más alta –como mínimo 1000 mm– que la flotación de máxima carga. El sistema de exhaustación debe ser de resistencia equivalente a la construcción del casco en la parte Exterior del cierre. 2.9 Aireaciones de tanques. 2.9.1 Los tubos de aireación de tanques deben ser de construcción eficaz y estar provistos de medios permanentes de cierre estanco. Estos últimos se podrían omitir si se demostrara que el extremo abierto del tubo está protegido por otra estructura circundante que evita la posible entrada de agua. 2.9.2 Las aireaciones que estén situadas en la cubierta de abrigo se instalarán tan lejos del costado como sea posible y tendrán una altura suficiente que evite la entrada de agua. En general, las alturas mínimas de las aireaciones de tanques serán las siguientes:   Navegación ilimitada Navegación limitada En cubierta de abrigo 760 mm 380 mm Otra cubierta 450 mm 225 mm 2.9.3 Las aireaciones de los tanques de combustible deben terminar a una altura igual o mayor de 760 mm sobre el tope superior del tubo de llenado del tanque, en los tanques de gravedad o; por encima del techo del tanque de reboses, en el caso de los tanques de llenado a presión. 2.10 Imbornales, tomas de mar y descargas.–En la medida en que sea posible y razonable, se cumplirán todas las prescripciones del Convenio Internacional sobre Líneas de Carga 1966 y sus enmiendas, respecto a estos dispositivos. Además, las tomas de mar y las descargas deberán estar provistas de válvulas de cierre, fácilmente accesibles. 2.11 Materiales de las válvulas y tuberías asociadas. 2.11.1 Las válvulas situadas bajo la línea de flotación serán de acero, bronce, cobre u otro material que tenga resistencia equivalente al impacto, el fuego o la corrosión. Aquellas de material no metálico no serán normalmente consideradas equivalentes. 2.11.2 Las tuberías conectadas a las válvulas anteriores, también bajo la línea de flotación, serán de acero, bronce, cobre u otro material equivalente. Aquellas de material no metálico no serán normalmente consideradas equivalentes. 2.11.3 Si se propone el uso de tubería de plástico, se podrá considerar su aprobación siempre que se presenten con todo detalle su tipo, la posición en que se instalará –siempre por encima de la flotación– y su uso. En especial, se examinarán las características del plástico a la luz del código FTP de IMO. 2.11.4 El uso de tubería flexible en cualquier situación, deberá reducirse a un mínimo compatible con la razón primaria para su uso. La tubería flexible y sus medios de unión a la tubería rígida asociada, serán de tipo aprobado y adecuados para el uso propuesto. 2.12 Equivalencias.–Cuando los buques no puedan cumplir con la totalidad de requerimientos de este capítulo 2, la Dirección General de la Marina Mercante podrá considerar otras disposiciones que proporcionen un nivel de seguridad equivalente. Las propuestas en este sentido deberán tener en cuenta, al menos, los siguientes puntos: a) Las aberturas se mantendrán cerradas durante la navegación. b) Se incrementará la capacidad de bombas de sentina y se instalarán alarmas de sentina adicionales. c) Cumplimiento de las condiciones de estabilidad con averías, si ello no fuera ya un requisito (véase capítulo de Estabilidad). d) Existencia de dispositivos especiales para prevenir el ingreso directo de agua. e) Ventilación alternativa para uso con mal tiempo. f) Consideraciones sobre el ángulo de inundación progresiva y reducción del riesgo de embarques de agua (por ejemplo, en caso de zonas protegidas). g) Limitaciones operacionales. h) Reforzamiento del régimen de inspecciones. 2.13 Portas de desagüe. 2.13.1 El dimensionamiento de las portas u otros dispositivos de descarga del agua en cubierta cumplirán, en la medida que sea posible y razonable para la salvaguarda de la seguridad de la vida humana en la mar, la seguridad de la navegación y la prevención de la contaminación del medio ambiente marino, las prescripciones aplicables del Convenio Internacional sobre Líneas de Carga 1966/88 y sus enmiendas (ILLC). 2.13.2 Alternativamente, en los casos en que exista un pozo en un costado del buque, entre una caseta y la amurada, se podrá utilizar la siguiente fórmula para calcular el área total de las portas de desagüe a distribuir de modo uniforme en dicha amurada. A P = 0,28 x A W/ B Donde: A P es el área de portas requerida, A W es el área del pozo al costado de la caseta, B es la manga en cubierta del buque. En buques a vela, no se requerirán portas de desagüe cuando la altura de amurada sea inferior a 150 mm. La superficie de pozo, utilizada para el cálculo en el caso anteriormente descrito, es únicamente la lateral de una caseta. 2.13.3 En casos individuales, cuando la Dirección General de la Marina Mercante considere que los requisitos del Convenio Internacional sobre Líneas de Carga 1966/88 y sus enmiendas (ILLC) no se pueden cumplir, se podrá considerar un estándar alternativo que provea un nivel equivalente de seguridad. En aquellos casos en que sea aplicable, se podrán considerar reducciones en la permeabilidad del pozo. En pozos situados en la proa o en la popa de buques de recreo de navegación limitada, se podrá considerar una reducción en el área de portas de desagüe en base al siguiente factor de forma: cociente de dividir el área real del pozo por el producto de su eslora y su manga. Dichos valores (área, eslora y manga del pozo) se medirán a una altura igual a la mitad de la de la amurada circundante. El área final de portas así obtenida podría reducirse en un 50 % si se demostrara que, tras el llenado del pozo hasta la altura máxima de la amurada, la estabilidad del buque sigue siendo aceptable y el área de portas existente permite un vaciado total en un tiempo inferior a tres minutos. En la consideración de cada caso individual, la Dirección General de la Marina Mercante podrá tener en cuenta el historial del buque, la zona declarada de operación y cualquier otra condición que restrinja su uso en la mar; lo que será anotado en el certificado correspondiente. 2.14 Nichos. 2.14.1 Cualquier nicho o bañera situado en la cubierta de intemperie deberá ser de construcción estanca y auto-vaciante en las condiciones normales de balance y cabeceo del buque. 2.14.2 Una piscina o «jacuzzi» abierto a la intemperie, será considerado como un nicho. 2.14.3 Los medios de vaciado deberán ser capaces de un drenaje eficaz con un ángulo de balance de 10º (30º en el caso de un buque a vela). Los medios de vaciado serán tales que, con el buque adrizado y al calado de máxima carga, puedan vaciar completamente el nicho (inicialmente lleno de agua) en un tiempo máximo de tres minutos. Se dispondrá de medios para evitar el flujo inverso del agua de mar hacia el nicho. 2.14.4 Cuando los métodos de drenaje no sean capaces de cumplir lo requerido en 2.14.3, se podrán someter propuestas alternativas a la aprobación de la Administración. En tales casos, se deberán tener en cuenta los efectos sobre la estabilidad intacta y en averías de la masa de agua embarcada y su superficie libre. CAPÍTULO 3 Maquinaria Este capítulo tiene como objetivo definir los requisitos mínimos exigibles para la maquinaria, que deben de estar de acuerdo con los requisitos de una organización reconocida, y deberán cubrir al menos los aspectos regulados por el mismo, incluso cuando la maquinaria no forme parte del sistema de propulsión principal del buque. 3A. Maquinaria. Buques menores de 500 GT. 3A1. Requisitos generales. 3A1.1 Además de las prescripciones contenidas en el presente anexo la maquinaria y su instalación se proyectarán y construirán con arreglo a los requisitos de un Reglamento actualizado de una organización reconocida. Dichos requisitos cubrirán al menos el sistema de propulsión, líneas de ejes y planta eléctrica. Para los buques que operen con cámara de máquinas desatendida, la maquinaria y su instalación deberán cumplir con las normas de las reglas de la parte E del capítulo II-1 de SOLAS «Prescripciones complementarias relativas a espacios de máquinas sin dotación permanente» en tanto en cuanto sea razonable y posible. Las tuberías de plástico se podrán aceptar siempre que se cumpla con los requisitos del código internacional para la Aplicación de Procedimientos de Ensayo de Exposición al Fuego de la OMI (código FTP). 3A1.2 Los requisitos para la propulsión principal se establecen sobre la suposición general de la instalación de unidades diésel. Si se propone otro tipo de unidades de propulsión principal, su disposición e instalación tendrán una consideración especial. Si se proponen turbinas de gas, se considerará lo prescrito en el código de Naves de Gran Velocidad de la OMI, y su instalación será a satisfacción de la Dirección General de la Marina Mercante. 3A1.3 No obstante lo requerido en el párrafo 3A1.1, el servicio de suministro de combustible a un motor que tenga una sección de tubería flexible, deberá de tener sus conexiones de tipo a rosca o de tipo aprobado equivalente. Los tubos flexibles serán resistentes al fuego y reforzadas con mallas de acero. Los materiales y acoplamientos cumplirán con un estándar reconocido y adecuado a su uso. 3A2. Instalación. 3A2.1 El diseño y construcción de la maquinaria, tanques de combustible y los sistemas de tubería y accesorios asociados será adecuado para el servicio al que estén destinados, y deberán instalarse y protegerse de tal modo que se reduzca al mínimo el peligro para cualquier persona, durante su movimiento normal por el buque, teniendo especial cuidado en lo referente a las partes móviles y superficies calientes. 3A2.2 Se deberán proveer medios para aislar cualquier fuente de combustible que pueda alimentar un fuego en un local de máquinas. Se dispondrán válvulas de cierre tan cerca como sea posible de los tanques de combustible. Dichas válvulas se podrán cerrar desde fuera del local de máquinas. 3A2.3 Las tuberías exteriores de abastecimiento de combustible a alta presión que se encuentren situadas entre las bombas de alta presión y los inyectores estarán protegidas con un sistema de encamisado que pueda contener al combustible en caso de fallo de la tubería a alta presión. El sistema de encamisado contendrá medios para recoger las fugas y la instalación dispondrá de una alarma para casos de fallos de la tubería de combustible. 3A2.4 Si se utilizan indicadores de nivel de combustible de vidrio éste será de vidrio plano y con válvulas de cierre automático situadas entre los indicadores y los tanques de combustible. 3B. Maquinaria. Buques de 500 GT o más. 3B.1 La maquinaria y su instalación deberán cumplir los requisitos de una organización reconocida y las reglas de la parte C del capítulo II-1 de SOLAS «Instalaciones de máquinas» y la parte E del capítulo II-1 de SOLAS «Prescripciones complementarias relativas a espacios de máquinas sin dotación permanente». 3B.2 En cualquier caso el estándar del nivel de seguridad alcanzado será al menos equivalente al de SOLAS. La equivalencia se puede conseguir añadiendo requisitos más exigentes que equilibren las deficiencias, consiguiendo de esta manera el nivel general de seguridad exigido. 3B.3 Para el caso de instalación de turbinas de gas, se tendrán en cuenta las directrices que se encuentran en el código de Naves de Gran Velocidad de la OMI, y la instalación se realizará a satisfacción de la Administración. CAPÍTULO 4 Instalación eléctrica En este capítulo se indican los requisitos mínimos para la instalación eléctrica, que cumplirá además las normas de una organización reconocida. 4.1 Buques de recreo de 500 GT o más. 4.1.1 El equipo eléctrico y su instalación cumplirán las reglas del SOLAS, capítulo II-1/parte D, aplicables a los buques de carga. Los requisitos adicionales en el caso de que existan cámaras de máquinas desatendidas cumplirán además con las reglas SOLAS, capítulo II-1/parte E, aplicables a los buques de carga, en la medida en que sea apropiado y razonable. 4.1.2 El generador de emergencia, si lo hay, estará situado por encima de la cubierta más alta. En el caso que esté protegido del fuego y la inundación, podrá instalarse debajo de esa cubierta. En todos los casos estará físicamente separado de los generadores principales y del cuadro eléctrico principal por medio de una división o mamparo de forma que se garantice su funcionamiento continuo. El generador de emergencia será fácilmente accesible desde la cubierta de intemperie. 4.2 Buques de recreo de menos de 500 GT. 4.2.1 Instalación. Se prestará especial atención a la protección por sobrecarga y cortocircuitos de todos los circuitos, excepción hecha de los de arranque de motores alimentados por baterías, donde dichos medios de protección sean de difícil instalación. Además, los dispositivos eléctricos instalados en zonas potencialmente peligrosas en las que gases procedentes del combustible y otros hidrocarburos se pueden propagar, deberán ser de un tipo certificado como seguro para ese riesgo. 4.2.2 Iluminación. 4.2.2.1 Los circuitos de iluminación, incluyendo los de emergencia, se distribuirán por los diversos espacios de modo que no pueda ocurrir un apagón generalizado debido al fallo de un único dispositivo de protección. 4.2.2.2 Se instalará una fuente de emergencia de iluminación, que será independiente del sistema general. Esta fuente deberá ser suficiente durante al menos tres horas, e incluirá respetos de las luces de navegación. Esta fuente puede ser el generador de emergencia, si lo hay. 4.2.2.3 La iluminación con el sistema anterior, deberá proporcionar suficiente luz para que las personas puedan escapar de los alojamientos y lugares de trabajo hasta los lugares de agrupamiento de abandono del buque. Adicionalmente este sistema, suplementado por linternas, deberá ser suficiente para permitir reparaciones de emergencia en la maquinaria, etcétera. 4.2.2.4 La fuente de emergencia antes mencionada, tendrá alimentación independiente de la fuente eléctrica principal, con distribución separada y estará situada fuera de la cámara de máquinas. 4.2.3 Baterías. Se utilizarán a bordo baterías aptas para uso en buques y con la estanqueidad suficiente. Las zonas en donde están instaladas, tendrán ventilación suficiente para evitar la acumulación de los gases de emisión típicos de las baterías. CAPÍTULO 5 Equipo de gobierno En este capítulo se exponen los requisitos mínimos para el equipo de gobierno del buque, que cumplirán las normas de una organización reconocida. Se prestará particular atención a los requisitos para el gobierno del buque en situación de emergencia. 5.1 Buques de recreo de 500 GT o más. 5.1.1 El equipo de gobierno y su instalación cumplirán con lo prescrito en el SOLAS, capítulo II-1/parte C, aplicable a los buques de carga, hasta donde sea posible y razonable para la salvaguarda de la seguridad de la vida humana en la mar, la seguridad de la navegación y la prevención de la contaminación del medio ambiente marino. En cualquier caso la intención debe ser llegar a un nivel de seguridad como mínimo equivalente a lo previsto en el SOLAS. 5.2 Buques de recreo de menos de 500 GT. 5.2.1 El equipo de gobierno y su instalación cumplirán con los requisitos de una organización reconocida. Si estos requisitos no se pudieran cumplir en el caso de un buque existente, se podrá solicitar a la Dirección General de la Marina Mercante la consideración y aprobación de modos alternativos para alcanzar una seguridad adecuada. 5.2.2 Estos buques contaran con medios para el control direccional, de resistencia y diseño apropiados para mantener la dirección y el rumbo de manera efectiva a cualquier velocidad de operación. Cuando sea apropiado para el gobierno seguro del buque, el equipo de gobierno estará accionado por un servomotor. 5.2.3 Si el equipo de gobierno está dotado de control remoto, existirán medios para el poder gobernar en el caso de una emergencia provocada por un fallo de dicho control. CAPÍTULO 6 Bombeo de sentinas 6.1 Requisitos mínimos.–En este capítulo se describen los requisitos mínimos para el bombeo de sentinas que estarán de acuerdo con los requisitos de una organización reconocida. La notación de clase cubrirá los aspectos mínimos que se definen aquí. 6.2 Buques de recreo de 500 o más GT. 6.2.1 En todos los buques, las bombas de sentina y su instalación, deberán cumplir como mínimo lo prescrito en el SOLAS, capítulo II-1/parte C, regla 35-1 (edición consolidada de 2010) aplicable a buques de carga. 6.2.2 Se instalarán como mínimo dos bombas. La capacidad de las bombas y la sección de su descarga y sus ramificaciones, deberán cumplir con los requisitos de caudal para los buques de carga como se indica en el SOLAS. Además se cumplirá con todos los requisitos para los buques de menos de 500 GT, indicados en el punto 6.3, a continuación. 6.3 Buques de recreo de menos de 500 GT. 6.3.1 El equipo de bombeo de sentinas y su instalación, deberán cumplir con los requisitos de una organización reconocida. 6.3.2 Todos los buques tendrán al menos dos bombas fijas, alimentadas y propulsadas independientemente una de otra, con tuberías de succión tales que se pueda achicar cualquier compartimento con el buque escorado hasta 10º. 6.3.3 En los buques de categoría de navegación limitada, la segunda bomba y sus tuberías de succión pueden ser portátiles. 6.3.4 La colocación de las bombas, sus alimentaciones independientes y sus controles, incluidos los de las válvulas de sentina, serán tales que en caso de inundación de cualquier compartimento, habrá otra bomba disponible para controlar la posible inundación en cualquier compartimento adyacente. 6.3.5 Cada línea de tubería de succión tendrá en su extremo inferior, una caja de metal con perforaciones, o filtro equivalente, que evite de modo eficaz que las impurezas y basura la obstruyan e impidan la aspiración. 6.3.6 Si el espacio de máquinas de un buque puede permanecer desatendido, se instalará una alarma de nivel de sentina. Esta alarma producirá una señal acústica y visual en el camarote del Capitán y en el puente, que se podrá aceptar y anular en cualquier otro lugar del buque si se considera apropiado. 6.3.7 Los medios de bombeo de sentinas que pudieran acumular aceite o líquidos inflamables y sus tuberías, tanto en condiciones normales de funcionamiento, como de fallo, evitarán el paso por espacios de acomodación, y estarán separados de cualquier sistema de sentinas en las acomodaciones. Se instalarán asimismo alarmas de nivel alto de sentinas como se prescribe en el punto anterior. CAPÍTULO 7 Estabilidad y francobordo 7.1 Generalidades. 7.1.1 Si en la Organización Marítima Internacional o por parte de organizaciones internacionales o nacionales de reconocido prestigio se aprueban estándares de estabilidad diferentes de los indicados, apropiados para el tipo de buque de que se trate (vela, embarcaciones multicasco o monocasco), la Dirección General de la Marina Mercante, podrá aceptarlos como alternativa a los descritos en este capítulo. 7.1.2 Si se utiliza lastre fijo, éste se situará con arreglo a un plan aprobado por la Dirección General de la Marina Mercante, y de tal modo que se eviten movimientos de su posición en el buque. 7.1.3 El lastre fijo no se quitará, ni se variará su posición en el buque, salvo autorización de la Dirección General de la Marina Mercante. 7.1.4 La información sobre este tipo de lastre deberá quedar registrada en el Libro de Estabilidad del buque. Se tendrá en cuenta, si procede, los requerimientos de resistencia local o global del casco desde el punto de vista de la colocación de lastre adicional. 7.2 Normas de estabilidad sin avería. 7.2.1 Buques a motor. A los efectos de determinar si los criterios de estabilidad se cumplen, se elaborarán curvas GZ para las condiciones de carga apropiadas según la operación del buque. Se calcularán y dibujarán curvas de brazos adrizantes para todas las posibles condiciones operacionales posibles del buque (carga, combustible, suministros, etc.) previstas por el armador para la explotación de cada buque y, en todo caso, como mínimo, se estudiarán las siguientes: a) Salida de puerto con el 100 % de consumos, pasaje, equipaje y tripulación y; b) Llegada a puerto con el 10 % de consumos, pasaje, equipaje y tripulación. 7.2.1.1 Buques monocasco-Navegación ilimitada. Las curvas de estabilidad para las condiciones de navegación, cumplirán los siguientes criterios: a) El área bajo la curva de brazos adrizantes (curva GZ) no será menor de 0,055 metros-radian hasta un ángulo de escora de 30º, y no será menor de 0,09 metros-radian hasta 40º de escora, o hasta el ángulo de inundación progresiva, si éste ángulo es menor y, b) El área bajo la curva GZ entre los ángulos de escora de 30º y 40º o, entre 30º y el ángulo de inundación progresiva, si este es menor de 40º, no será menor de 0,03 metros-radian y, c) El brazo de adrizamiento (GZ) será como mínimo de 0,20 metros a un ángulo de escora igual o mayor de 30º y, d) El brazo máximo (GZmax) deberá producirse a un ángulo de escora que exceda preferentemente de 30º, pero en todo caso que no sea menor de 25º y, e) Tras la corrección por superficies libres, la altura metacéntrica inicial (GM) no será menor de 0,15 metros. 7.2.1.2 Buques monocasco-Criterio alternativo. En el caso de buques de manga ancha y poco calado, con un cociente manga/puntal (B/D) > 2,5 que no cumplan la letra d) del apartado 7.2.1.1 se permite aplicar los criterios alternativos siguientes: a) El área bajo la curva de brazos adrizantes (curva GZ) no será menor de: – 0,07 metros-radian hasta 15º de escora, cuando el máximo GZ se produzca a 15º, y; – 0,055 metros-radianes hasta 30º de escora, cuando el máximo GZ se produzca a un ángulo igual o mayor que 30º. Cuando el máximo GZ se produzca a un ángulo entre 15º y 30º, el área correspondiente bajo la curva GZ, A req, se tomará como se indica a continuación: A req = 0,055 + 0,001(30º - θmax) metros-radian En donde θmax es el ángulo de escora, en grados, en el que la curva GZ alcanza su máximo y, b) El área bajo la curva GZ entre los ángulos de escora de 30º y 40º, o entre 30º y el ángulo de inundación progresiva, si éste es menor de 40º, no será menor de 0,03 metros-radian y, c) El brazo adrizante (GZ) será al menos de 0,20 metros a un ángulo de escora igual o mayor de 30º y, d) El máximo de la curva GZ se debe producir a una escora no menor de 15º y; e) Tras la corrección por superficies libres, la altura metacéntrica inicial (GM), no será menor de 0,15 metros. 7.2.1.3 Buques multicasco. Las curvas de estabilidad en las condiciones de navegación cumplirán los siguientes criterios, tanto para navegación limitada como ilimitada: a) El área bajo la curva de brazos adrizantes (curva GZ) no será menor de: – 0,075 metros-radianes hasta 20º de escora, cuando el máximo GZ se produzca a 20º, y; – 0,055 metros-radianes hasta 30º de escora, cuando el máximo GZ se produzca a 30º o más. – Cuando el máximo GZ se produzca a un ángulo entre 20º y 30º, el área correspondiente bajo la curva GZ, A req, se tomará como se indica a continuación: Areq = 0,055 + 0,002 (30º - θmax) metros-radianes En donde θmax es el ángulo de escora, en grados, en el que la curva GZ alcanza su máximo y, b) El área bajo la curva GZ entre los ángulos de escora de 30º y 40º, o entre 30º y el ángulo de inundación progresiva, si éste es menor de 40º, no será menor de 0,03 metros-radianes y, El brazo adrizante (GZ) será al menos de 0,20 metros al ángulo de escora en donde la curva GZ adquiere su máximo y, c) El máximo de la curva GZ se debe producir a una escora no menor de 20º y, d) Tras la corrección por superficies libres, la altura metacéntrica inicial (GM), no será menor de 0,15 metros y, e) Si el máximo brazo (GZ max) se produce a un ángulo menor de 20º, la estabilidad podrá ser considerada por la Dirección General de la Marina Mercante como caso particular, pudiéndose permitir la aplicación de criterios alternativos de estabilidad sin avería internacionalmente reconocidos, como por ejemplo, los contenidos en el anexo 7 (Estabilidad de las naves multicasco) del código Internacional de seguridad para naves de gran velocidad, 2000 (código NGV 2000). 7.2.1.4 Superestructuras. 7.2.1.4.1 La flotabilidad de las superestructuras cerradas que cumplan con la regla 3.10).b) del Convenio Internacional sobre Líneas de Carga, se podrá tener en cuenta al calcular las curvas GZ. 7.2.1.4.2 No se tendrá en cuenta en los cálculos de estabilidad el efecto de las superestructuras cuyas puertas no cumplan con los requisitos de la regla 12 del Convenio Internacional sobre Líneas de Carga. No obstante, podrán ser del mismo material que la superestructura, en lugar que de acero o material equivalente. 7.2.1.5 Buques de alta velocidad. Además de todos los criterios anteriores de esta sección, los diseñadores y constructores tendrán en cuenta los riesgos siguientes: a) Inestabilidad direccional, combinada a menudo con inestabilidades producidas por el balance y el cabeceo. b) Inmersión de la proa de barcos de planeo, debido a la pérdida dinámica de estabilidad longitudinal en aguas relativamente tranquilas. c) Reducción de estabilidad transversal al aumentar la velocidad en los buques monocasco. d) Marsopeo de las naves monocasco al planear, combinado con cabeceo y oscilaciones verticales. e) Generación de momentos de zozobra debidos a la inmersión de los codillos en buques monocasco de planeo. 7.2.3 Buques a vela. 7.2.3.1 Buques monocasco. a) Se calcularán y dibujarán curvas de estabilidad estática (curvas GZ) como mínimo para las condiciones de «Salida de puerto con el 100 % de consumos, pasaje, equipaje y tripulación» y «Llegada a puerto con el 10% de consumos pasaje, equipaje y tripulación». b) Las curvas GZ requeridas en el punto anterior, tendrán un rango de estabilidad positivo no menor de 90º. Para buques de más de 45 m de eslora L, se podrá aceptar un rango positivo inferior a 90º, pero en ese caso, la Administración podrá imponer el cumplimiento de un criterio operacional aceptable a juicio de la misma. c) Además de los requisitos del punto b) anterior, el ángulo de escora constante θd, (ver figura a continuación) será mayor de 15º. Dicho ángulo se obtiene de la intersección de la curva de brazos escorantes debidos al viento con la curva GZ. En la figura: dwh = 0,5 x WL x cos 1,3 θ Siendo dwh, en metros, el brazo de escora debido al viento, calculado a cualquier ángulo θ, En donde:   Se tomará: WL como el brazo del viento a 0º que escoraría al buque hasta el ángulo de inundación θf, o hasta 60º, el que sea menor. GZ f será el brazo adrizante al ángulo de inundación θf, o a 60º, el menor de los dos. Θ d es la intersección de la curva de brazos escorantes debidos al viento con la curva GZ. Si es menor o igual que 15º se consideraría que el buque no cumple con los criterios de estabilidad de este anexo. θ f el ángulo de inundación es el ángulo al cual se produce la inmersión del borde inferior de una abertura o conjunto de ellas, que tengan una superficie conjunta total en metros cuadrados mayor que: Δ /1500 Donde Δ es el desplazamiento del buque en toneladas. A los efectos de calcular el ángulo de inundación se considerarán todas las aberturas de acceso y de ventilación normalmente usadas (por ejemplo, las ventilaciones de máquinas). Ninguna abertura, independientemente de su tamaño, que pudiera llevar a inundación progresiva se sumergirá a un ángulo menor que 40º. No obstante, no es necesario considerar a este respecto las aireaciones de los tanques. Si, como consecuencia de la inmersión de las aberturas situadas en una superestructura, el buque no cumpliera, se podría ignorar las aberturas de la superestructura, y considerar en su lugar las aberturas situadas en la cubierta que conduzcan a espacios situados bajo la misma, situadas en el interior de la citada superestructura. En estos casos, la curva GZ se obtendrá sin considerar a la superestructura en los cálculos. 7.2.3.2 Buques multicasco. a) Se obtendrán curvas de estabilidad estática, tanto para balance como para cabeceo, al menos para la condición de «Llegada a puerto con el 10 % de consumos». La posición vertical del centro de gravedad del buque se obtendrá por uno de los tres métodos siguientes: 1. Realizar una experiencia de estabilidad en aire y contando con captadores o dispositivos de medida similares. El ese caso el VCG se calculará a partir de los momentos generados por las fuerzas medidas. 2. Determinación separada de pesos del casco y aparejo (comprendiendo los mástiles y toda la jarcia firme y de labor), y cálculo a continuación suponiendo que la posición vertical del centro de gravedad del buque (VCG) está al 75 % del puntal del buque sobre el fondo de cada casco (canoe-body), y que el VCG del aparejo está a mitad de la longitud del mástil (o de una media ponderada de las longitudes de los mástiles, si son varios), o 3. Un cálculo detallado de los pesos y posiciones de los centros de gravedad de todos los elementos del buque, añadiendo un margen del 15 % del VCG que resulte, medido sobre el fondo de cada casco (canoe-body). b) Si se utiliza un programa de arquitectura naval para calcular la curva de momentos recuperadores de cabeceo, el ángulo de asiento se hallará a partir de una serie de posiciones longitudinales del centro de gravedad (LCG) a proa de la necesaria para la flotación de proyecto. La curva puede entonces deducirse por medio de la fórmula: GZ en cabeceo = CG’ x cos (ángulo de asiento) Donde: CG’ = Traslado del LCG a proa del requerido para el asiento de proyecto, medido paralelo a la línea de base. TPR = Calado en la perpendicular de proa. TPP = Calado en la perpendicular de popa. LPP = Eslora entre perpendiculares. No se aceptan aproximaciones al máximo momento de balance o cabeceo.   c) Se proporcionarán datos al usuario mostrando la máxima velocidad media del viento aparente aconsejable para cada combinación de velas. Esas velocidades del viento se calculan por medio de las siguientes expresiones. Se tomará la cifra menor de las dos: Ó Donde: v W = Viento aparente máximo aconsejable (nudos). LMR = Máximo momento adrizante en balance (N.m). LMP = Momento límite de recuperación en cabeceo (N.m), definido como el momento de recuperación en cabeceo obtenido al menor de los siguientes ángulos: a) Ángulo para el que el momento de recuperación en cabeceo es máximo, o b) Ángulo al que se sumerge la cubierta a proa. c) 10º medidos desde el asiento de proyecto. A’ S = Superficie vélica incluyendo mástiles y botavaras (metros cuadrados). h = Altura sobre la flotación del centro del esfuerzo combinado de velas y mástiles. φR = Ángulo de escora al máximo momento adrizante (en conjunción con LM R). φP = Ángulo límite de cabeceo usado en el cálculo de LMp (en conjunción con LMP). AD = Superficie en planta de los cascos y cubierta (metros cuadrados). b = Distancia desde el centro de gravedad de AD hasta la línea de crujía del casco de sotavento. Todo lo anterior irá acompañado por la nota siguiente: Con vientos portantes, el valor tabulado para cada combinación de velas, de la velocidad máxima del viento segura, se deberá reducir en la velocidad del buque. d) Si la velocidad máxima segura del viento con las velas en dirección proa-popa desplegadas es menor de 27 nudos, se demostrará mediante cálculo, usando el anexo D de la norma ISO 12217-2 que, cuando el buque esté quilla al sol y/o completamente inundado, el volumen de flotabilidad expresado en metros cúbicos del casco, accesorios y equipo es mayor que: 1,2 x (peso a plena carga en Tm). Asegurando de este modo que es suficiente para sostener el peso total del buque con un cierto margen. No se incluirán las burbujas de aire que se prevea pudieran quedar atrapadas (con excepción de los tanques de aire y compartimentos estancos). e) La velocidad máxima segura del viento segura sin velas, calculada de acuerdo con el apartado c) anterior, deberá exceder los 36 nudos. Para buques de navegación limitada esta velocidad debería exceder los 32 nudos. f) Los cascos laterales de los trimaranes de navegación ilimitada tendrán un volumen de flotabilidad total cada uno, de al menos el 150 % del volumen de desplazamiento en la condición de máxima carga. g) En las instrucciones al patrón que se deben incluir en el Libro de estabilidad se debe incluir información y recomendaciones sobre: 1. Los riesgos de estabilidad inherentes a este tipo de buques, incluyendo el riesgo de zozobra por balance y por cabeceo; 2. La importancia de cumplir con la información suministrada, sobre la velocidad máxima aconsejable del viento aparente; 3. En el caso de vientos portantes, la necesidad de reducir las velocidades seguras de viento tabuladas, en la misma magnitud que la velocidad del buque; 4. La combinación de velas usadas con respecto a las fuerzas del viento prevalentes, su dirección relativa y el estado del mar; 5. Las precauciones a tomar cuando se cambia el rumbo desde vientos portantes a vientos de través. h) En los buques en los que sea necesario demostrar la posibilidad de flotar tras un vuelco o zozobra [de acuerdo con el apartado d) anterior], se instalará una escotilla de escape de emergencia en cada compartimento estanco habitable, de modo que se sitúe por encima de las flotaciones del buque, tanto adrizado como averiado. 7.3 Normas de estabilidad después de averías.–Los requisitos a continuación se aplican a todos los buques de navegación ilimitada. No se exigirán criterios de estabilidad después de averías a aquellos buques que cumplan totalmente con las condiciones de asignación incluidas en el Convenio Internacional sobre Líneas de Carga. 7.3.1 Los mamparos estancos se dispondrán de modo que una avería menor que produzcan la inundación de cualquier único compartimento, haga que la flotación del buque esté a una distancia en cualquier punto, de al menos 75 mm por debajo de la cubierta de intemperie, de francobordo, o de mamparos si no son la misma. 7.3.2 Se supondrá que la posible avería menor del casco puede producirse en cualquier punto de la eslora del buque, pero no en un mamparo estanco. 7.3.3 Se utilizarán las siguientes permeabilidades: Espacio % de permeabilidad Almacén 60 Almacén, (de pequeñas cantidades o semivacíos) 95 Acomodación 95 Máquinas 85 7.3.4 En la condición de buque averiado del punto 7.3.1, anterior: La estabilidad residual será tal que el ángulo de equilibrio no excederá de 7º desde la posición de adrizado, La curva GZ de estabilidad residual cubre un rango hasta el ángulo de inundación de al menos 15º más allá del ángulo de equilibrio, El máximo GZ en el rango anterior no será menor de 100 mm, y El área bajo la curva GZ residual no será menor de 0,015 metros-radianes. 7.3.5 Los buques de 85 metros de eslora L o más, deberán cumplir con los requisitos de inundación estándar de un compartimento calculado usando la metodología determinista de estabilidad después de averías (SOLAS 90) –Convenio SOLAS 74, capítulo II-1, regla 8, incluyendo las enmiendas de 1992, 1995 y 1996–. 7.4 Elementos de estabilidad. 7.4.1 Salvo que se especifique algo en contrario, el peso en rosca, la posición vertical (KG) y longitudinal (LCG) del centro de gravedad de un buque se determinarán por medio de una experiencia de estabilidad. 7.4.2 La experiencia de estabilidad se hará de acuerdo con la normativa vigente y en presencia de un inspector de la Dirección General de la Marina Mercante o de una organización autorizada. Se seguirá un procedimiento detallado basado en el descrito en la parte B del código Internacional de estabilidad sin avería 2008, y en todo caso satisfactorio a juicio del inspector. 7.4.3 El informe de la experiencia y las características del buque en rosca deberán ser aprobadas por la Dirección General de la Marina Mercante, e incluidos en el Libro de Estabilidad. 7.4.4 Se llevará un registro detallado en el Libro de Estabilidad, de las alteraciones, reformas y modificaciones que afecten al peso en rosca y a la posición vertical del centro de gravedad. Se estará a lo dispuesto en la regla 5 del capítulo II-1 del SOLAS en su versión actual, y en las Circulares interpretativas y normas de la Organización Marítima Internacional. 7.4.5 Si se construyen buques gemelos en el mismo astillero, la Administración podrá aceptar los resultados de la prueba de estabilidad del primero de ellos, tras la ejecución de una comprobación del peso en rosca en cada uno de los siguientes. 7.5 Libro de estabilidad. 7.5.1 Todo buque estará provisto de un Libro de Estabilidad, aprobado por la Administración, para uso del Capitán o patrón. 7.5.2 El contenido y su forma estarán de acuerdo con lo prescrito en la normativa nacional e internacional en la materia. 7.5.3 Los buques de recreo que hayan sufrido una alteración, transformación, reforma o gran reparación en los cuales se compruebe, o previera, una variación del desplazamiento en rosca se elaborará un nuevo Libro de Estabilidad en las condiciones establecidas en el artículo 33 de este real decreto. 7.5.4 Los buques de recreo se someterán a los reconocimientos del peso en rosca establecidos en el artículo 33 de este real decreto. 7.5.5 Los buques a vela llevarán a bordo fácilmente disponible los documentos establecidos en el artículo 45. d) de este real decreto. 7.5.6 La superficie vélica total y los pesos y dimensiones de los mástiles y elementos del aparejo estarán documentados tal y como se establece en el artículo 45.d) de este real decreto. 7.5.7 Para los buques de navegación limitada en los que no se haya estudiado la estabilidad después de averías, se incluirá literalmente la siguiente nota en el Libro de Estabilidad: «Buque de navegación limitada: en este buque no se ha estudiado la estabilidad después de averías, por lo tanto podría no mantenerse a flote en caso de avería o inundación.» 7.6. Francobordo. 7.6.1 Las normas técnicas para el cálculo y la asignación del francobordo serán las prescritas en el Convenio Internacional sobre Líneas de Carga 1966, y sus enmiendas. La Dirección General de la Marina Mercante considerará equivalentes las condiciones de asignación de francobordo que se especifican en este real decreto con las establecidas en el Convenio Internacional sobre Líneas de Carga 1966. 7.6.2 El francobordo del buque y sus marcas serán aprobados por la Dirección General de la Marina Mercante. 7.6.3 Todos los buques referidos cumplirán lo prescrito en el Convenio para la asignación de las marcas reglamentarias de francobordo, que se corresponderán con la condición de carga de mayor calado incluida en el Libro de Estabilidad. 7.6.4 A aquellos buques de eslora LH mayor de 24 metros, cuya eslora L sea inferior a 24 metros, el cálculo de la altura de francobordo mínimo se realizará tomando un francobordo tabular de 200 mm. El francobordo asignado será compatible con la resistencia estructural del buque y los requisitos de estabilidad en estado intacto y después de averías. 7.7 Marcas de francobordo. 7.7.1 Las marcas de francobordo deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 21.1 de este real decreto. 7.7.2 Los buques de recreo deberán cumplir en todo momento el artículo 21.2 de este real decreto. 7.8 Marcas de calados. 7.8.1 Las marcas de calados de los buques de recreo deberán cumplir con lo establecido en los párrafos 3 a 5 del artículo 21 de este real decreto. CAPÍTULO 8 Dispositivos de salvamento 8.1 Generalidades. 8.1.1 La dotación mínima de dispositivos, ayudas y medios de salvamento será la indicada en la tabla siguiente:   Nav. limitada Nav. no limitada LH > 24 m ≥ 500 GT L ≥ 85 m Botes salvavidas (ver 8.2.1) – – – Sí Balsas salvavidas (ver 8.2.2) Sí Sí Sí Sí Bote de rescate (ver 8.2.3) – Sí Sí Sí Maniobrabilidad para la recuperación (ver 8.2.3.3) Sí – – – Chalecos (ver 8.2.4) Sí Sí Sí Sí Trajes de inmersión (ver 8.2.5) Sí Sí Sí Sí / 2 / 0 Aros salvavidas (total) 4 4 8 8 Aros con luz y humo (ver 8.2.6.1) 2 2 2 2 Aros con luz – – 2 2 Aros con rabiza flotante (ver 8.2.6.2) 2 2 2 2 Lanzacabos (4 cargas) 1 1 1 1 Cohetes bengalas con paracaídas 6 6 12 12 Alarma general (ver 8.2.7) Sí Sí Sí Sí Iluminación (ver 8.2.8) Sí Sí Sí Sí Carteles y señales mostrando equipos de salvamento e instrucciones de operación Sí Sí Sí Sí Manual de entrenamiento Sí Sí Sí Sí Instrucciones de mantenimiento a bordo Sí Sí Sí Sí Cartel de rescate y señales –SOLAS 1– en el puente (ver 8.2.9) Sí Sí Sí Sí 8.1.2 Todo el equipamiento prescrito será de tipo aprobado por el Real Decreto 809/1999, de 14 de mayo, por el que se regulan los requisitos que deben reunir los equipos marinos destinados a ser embarcados en los buques. 8.1.3 El equipamiento adicional de salvamento que sea incorporado deberá cumplir lo requerido en 8.1.2. Si se llevan a bordo equipos de seguridad individual para actividades deportivas, se estibarán de modo que quede asegurado que no serán usados erróneamente como equipo de salvamento en una situación de emergencia. 8.1.4 Todos los equipos de salvamento a bordo tendrán bandas de material reflectante de acuerdo a las recomendaciones de la Resolución A.658 (16) enmendada. 8.1.5 La disposición de los medios de embarque en las balsas salvavidas deberán cumplir lo siguiente: 8.1.5.1 Cuando la distancia entre la cubierta de embarque y el tope superior de los elementos de flotación de la balsa sea superior a 1 m con el buque en rosca, se instalará una escala de embarque. Existirá un medio para sujetar las escalas al casco, que estarán disponibles para ser usadas en todo momento. 8.1.5.2 Cuando la distancia entre la cubierta de embarque y el tope superior de los elementos de flotación de la balsa sea superior a 4,5 m con el buque en rosca, se dispondrán balsas de pescante y por lo menos un dispositivo de puesta a flote en cada costado. 8.1.6 Los dispositivos de lanzamiento cumplirán con el «Código LSA». Cuando las tiras sean de acero inoxidable, se renovarán a intervalos que no excedan las recomendaciones de su fabricante, y si no existieran tales recomendaciones se considerarán como de acero galvanizado. La Administración podrá considerar para su aprobación tiras de otros materiales con unas características equivalentes a las mencionadas anteriormente. 8.1.7 Revisión de botes de rescate, balsas salvavidas y sus medios de zafa hidrostática, y de chalecos salvavidas. 8.1.7.1 Los botes de rescate y botes auxiliares de asistencia, inflables o semirrígidos, las balsas salvavidas inflables y sus medios de zafa hidrostática, y los chalecos salvavidas inflables deben ser revisados a intervalos anuales en una estación de servicio aprobada. 8.1.7.2 Los botes de rescate y auxiliares de asistencia, los botes salvavidas, así como los medios de puesta a flote de botes y de balsas salvavidas, serán mantenidos y revisados de acuerdo a las instrucciones y al plan de mantenimiento establecido por el fabricante. Al menos una vez cada cinco años se llevará a cabo un examen y prueba por una entidad reconocida por la Administración. 8.1.8 El mantenimiento del equipo se llevará a cabo según las instrucciones de mantenimiento a bordo. 8.1.9 La estiba e instalación de todos los dispositivos de salvamento será aprobada por la Administración; se revisará durante los reconocimientos programados. 8.1.10 Todos los dispositivos de salvamento estarán en correcta disposición para su uso inmediato al comienzo y durante todo el viaje. 8.1.11 En los buques que dispongan de estabilizadores con aletas laterales u otras proyecciones similares, se tomarán las medidas necesarias para que estas no interfieran en las maniobras de evacuación del buque en una emergencia. 8.1.12 Existirán medios para evitar la posibilidad de descarga de líquidos por un costado sobre embarcaciones de supervivencia. 8.2 Requisitos de los equipos de salvamento. 8.2.1 Botes salvavidas (requeridos en buques mayores de 85 m de eslora L). 8.2.1.1 La aprobación de los botes salvavidas cuando sean obligatorios, estará condicionada por los medios de estiba y lanzamiento. 8.2.1.2 Cuando los botes salvavidas se estiban en ambas bandas, su capacidad total en cada una de ellas será suficiente para acomodar al total de personas a bordo. 8.2.1.3 Se podrán considerar para su aprobación disposiciones alternativas como sigue: a) Sustitución de botes salvavidas por balsas salvavidas, si el buque cumple con la norma de subdivisión de «2 compartimentos» del SOLAS. b) Sustitución de botes salvavidas por un número suficiente de balsas salvavidas de pescante de modo que haya en cada costado del buque suficiente capacidad agregada para el total de personas a bordo, aun en el caso de que una balsa se haya perdido o vuelto inservible. Adicionalmente se proveerá un bote de rescate aprobado en cada costado del buque. 8.2.1.4 Un bote salvavidas será aceptable como bote de rescate si también cumple con el código IDS como bote de rescate. 8.2.2 Balsas salvavidas. 8.2.2.1 Las balsas se estibarán a bordo en contenedores de PRFV y llevarán su correspondiente «paquete de emergencia». En buques de recreo de navegación limitada, o buques que no se alejen más de 60 millas de un puerto de abrigo, las balsas llevarán un paquete SOLAS B. Los demás buques llevarán un paquete SOLAS A. 8.2.2.2 Los medios de estiba y de lanzamiento y libre flotación estarán aprobados conformes con la aprobación de la balsa. 8.2.2.3 En los buques de eslora L menor de 85 m, o aquellos incluidos en el punto 8.2.1.3, se proveerá un número suficiente de balsas salvavidas de modo que si una balsa resultara dañada o se perdiera, quede suficiente capacidad agregada en cada banda del buque para el total de personas a bordo. Esto puede conseguirse transfiriendo balsas de una banda a otra. Si las balsas son transferibles, el requisito se caracteriza por la posibilidad de transferencia en cinco minutos, como sigue: – Balsas en su contenedor de 6 a 15 personas si se pueden acarrear por 2 personas. – Balsas en su contenedor de más de 15 personas si se pueden acarrear por 4 personas. 8.2.2.4 Cuando se han provisto botes salvavidas de acuerdo a lo indicado en 8.2.1.2, se proveerán suficientes balsas salvavidas de modo que en el caso de que un bote salvavidas se pierda o vuelva inservible, habrá disponible a cada banda del buque suficiente capacidad agregada de balsas salvavidas para el total de personas a bordo. Podrá ser satisfecha esta condición mediante balsas transferibles de una banda a la otra de acuerdo a lo indicado en 8.2.2.3, en no más de cinco minutos. 8.2.2.5 Las balsas salvavidas se estibarán en la cubierta de intemperie o en un espacio abierto y estarán dotadas de un dispositivo de suelta hidrostática que permita que la balsa flote libremente y se infle automáticamente. 8.2.2.6 Las balsas salvavidas pueden formar parte de un Sistema de Evacuación Marino (SME) aprobado. Se proveerá un número suficiente de sistemas de modo que si alguno se pierde o queda fuera de servicio quede suficiente capacidad agregada en cada banda del buque para todas las personas a bordo. 8.2.2.7 Se prestará especial atención sobre los peligros asociados al uso de balsas salvavidas de gran capacidad en caso de un número pequeño de personas embarcadas. 8.2.3 Botes de rescate y de recuperación de personas del mar. Se proveerán medios para recuperar a una persona del mar teniendo en cuenta que puede estar inconsciente o ser incapaz de ayudar a su rescate. Este requisito será satisfecho de acuerdo a las siguientes secciones según sea apropiado teniendo en cuenta el tamaño del buque. Si se instala una escala de embarque o una red apropiada, se extenderá desde la cubierta de intemperie hasta al menos 600 mm por debajo de la flotación operacional de menor calado. Los botes de rescate citados en esta sección estarán equipados con lo requerido en el código IDS, capítulo V/5.1.2. No se exige que el bote de rescate pueda ser puesto a flote desde ambas bandas ni medios para arriarlo desde el interior del mismo. 8.2.3.1 Buques de 500 GT o superior. Llevarán a bordo un bote de rescate de acuerdo con los requisitos SOLAS en todos los aspectos, excepto el color que podrá también ser aceptado el blanco. Los medios de lanzamiento deberán cumplir y estar aprobado de acuerdo con el código IDS excepto que cuando se instale una grúa motorizada, deberá poder operarse a mano o por medio de una fuente de energía de emergencia en caso de avería de la fuente principal. La disposición de la fuente de energía de emergencia deberá ser considerada teniendo en cuenta la posibilidad de inundación e incendio. 8.2.3.2 Buques de menos de 500 GT. Deberán contar con un bote de rescate que cumpla lo indicado en 8.2.3.1 o bien con un bote auxiliar de asistencia que sea adecuado para un rescate. Puede ser rígido, semirrígido o inflable con capacidad para no menos de 4 personas, una de ellas tumbada. Los cuerpos de flotabilidad de los botes semirrígidos e inflables tendrán como mínimo 3 cámaras de flotabilidad independientes. El bote estará pintado de un color muy visible. Los medios de lanzamiento serán de un tipo aprobado o cumplirán lo siguiente: – Deberán permitir lanzar el bote en cinco minutos. – Si tienen un dispositivo motorizado, deberán también poder operarse a mano o por medio de una fuente de emergencia si falla la fuente principal. La disposición de la fuente de energía de emergencia deberá ser considerada teniendo en cuenta la posibilidad de inundación e incendio. – Deberán estar construidos para resistir una carga estática de prueba de 2,2 veces la carga normal de trabajo. Los factores de seguridad aceptables son: 6 para los cables, ganchos y poleas, y 4,5 para el resto de los elementos. – Se comprobará el conjunto con carga dinámica de 1,1 veces la carga de trabajo. – No es exigible la recuperación del bote de rescate, suponiendo que las personas rescatadas y la tripulación del bote se pueden recuperar con el bote a flote. – El proyecto del sistema de lanzamiento tendrá en cuenta los principios del código IDS. – Si se propone utilizar la jarcia de labor en un buque a vela como medio de lanzamiento, se cumplirá con todo lo anterior. 8.2.3.3 Buques de navegación limitada. Los buques que operen en navegación limitada deberán alternativamente cumplir con todos los requisitos de los puntos 8.2.3.1 ó 8.2.3.2, o con lo siguiente: El buque tendrá movilidad y maniobrabilidad suficiente en la mar de modo que permita recuperar personas del agua. Para valorar esta capacidad del buque no se considerará aceptable el rescate de personas por la popa, salvo que existan plataformas de baño de grandes dimensiones, o desde una posición adyacente a los propulsores. La posición de rescate deberá ser visible desde el puesto de gobierno en cualquier momento de la recuperación, aunque será aceptable el uso de controles remotos si fuera necesario. El buque estará provisto de adecuado equipamiento y/o disposición para permitir recuperar personas del agua sin necesidad de que otra persona entre en el agua. 8.2.4 Chalecos salvavidas. 8.2.4.1 Se llevará a bordo un chaleco para adultos aprobado SOLAS para cada persona a bordo además de chalecos de respeto para adultos para al menos el 10 % del total de personas a bordo o 2, la cantidad que sea mayor. Cada chaleco estará provisto de luz y silbato. 8.2.4.2 Incluidos en el número anterior de chalecos, habrá al menos dos chalecos inflables aprobados SOLAS para uso de la tripulación del bote de rescate a bordo. 8.2.4.3 Además de los chalecos para adultos, habrá a bordo un número suficiente de chalecos salvavidas para los niños que puedan viajar en el buque. 8.2.5 Trajes de inmersión. Excepto en navegaciones donde la temperatura de la superficie del agua sea no inferior a 20 ºC, se llevará un traje de inmersión de tipo aprobado para cada persona que se encuentre a bordo. Se tendrá en consideración la provisión de adecuada protección térmica frente a la inmersión para niños que vayan a bordo; deberá ser de tipo de aislamiento. La Administración podrá autorizar equipamiento de tipo de no aislamiento en buques o embarcaciones de navegación limitada, dependiendo de la zona de operación. 8.2.6 Aros salvavidas. 8.2.6.1 Un aro a cada banda con luz de encendido automático y señales fumígenas de funcionamiento automático podrá ser lanzado rápidamente al agua desde el puente de navegación. Estos aros no irán provistos de rabiza. 8.2.6.2 Un aro a cada banda irá provisto de rabiza flotante de una longitud mínima de 30 m. 8.2.6.3 Cada aro se marcará con el nombre del buque y del puerto de matrícula. 8.2.7 Alarma general. 8.2.7.1 En los buques de menos de 500 GT, esta alarma puede ser el pito o sirena del buque siempre que pueda ser oído en cualquier lugar del mismo. 8.2.7.2 En los buques de 500 GT o más, lo prescrito en 8.2.7.1 se suplementará con una campana o claxon eléctricos, alimentados desde la fuente de energía principal y desde la fuente de energía de emergencia. 8.2.7.3 En los buques de eslora L igual o mayor de 85 m, además de lo requerido en 8.2.7.2, se instalará un sistema de megafonía público u otros medios de comunicación adecuados. 8.2.8 Iluminación. 8.2.8.1 Todos los pasillos, escaleras interiores y exteriores y salidas que den acceso a los puntos de reunión y de embarque (ambos incluidos) estarán iluminados de modo adecuado. 8.2.8.2 Existirá una iluminación suficiente en los alrededores de los botes y balsas salvavidas y sus medios de puesta a flote, si existen, así como en la zona de mar de su lanzamiento. Esta iluminación estará alimentada también por la fuente de energía eléctrica de emergencia. 8.2.9 Letreros de salvavidas y cartel de rescate. Cuando el espacio en los mamparos del puente es escaso, se podrán colgar las dos caras del cartel SOLAS n.º 2 (igual al de los paquetes de equipo de las balsas salvavidas) en lugar del cartel SOLAS n.º 1. CAPÍTULO 9 Seguridad contra el fuego 9.1 Protección de los espacios que alojen vehículos o embarcaciones con combustible en sus depósitos. 9.1.1 Se tendrá especial cuidado con la seguridad del transporte de gasolina u otros líquidos altamente inflamables, tanto en depósitos o contenedores transportables como en los propios depósitos de los vehículos (coches, motos náuticas, helicópteros, etc.) que se puedan llevar a bordo. Esto no es aplicable al almacenamiento de combustible diesel. 9.1.2 La cantidad de gasolina u otros líquidos altamente inflamables a bordo será mínima, generalmente no más de 150 litros. Si se precisa el transporte de una cantidad superior, se presentará una propuesta razonada y motivada, que será estudiada por la Administración. 9.1.3 Los contenedores de líquidos inflamables serán construidos siguiendo un estándar reconocido, apropiado para su contenido, con un etiquetado claro que indique su contenido. 9.1.4 Los pequeños recipientes situados en la cubierta de intemperie para el almacenamiento de depósitos de gasolina transportables a mano, se localizarán lejos de zonas de riesgo, no tendrán conexiones eléctricas y estarán provistos de: – Aberturas de ventilación natural, en la base y en la tapa superior. – Medios de drenaje que conduzcan fuera de la borda del buque. – Medios para asegurar y fijar los depósitos de gasolina. – Una instalación para enfriar los contornos del recipiente. 9.1.5 Los espacios cerrados de garajes y los grandes depósitos situados en la cubierta de intemperie destinados para el transporte seguro de gasolina, combustible similar, o vehículos que los contengan en sus depósitos dispondrán de: – Un sistema de rociado con agua, accionable manualmente, de una capacidad de 3,5 litros/m2/minuto sobre toda la superficie de la cubierta, que se pueda alimentar desde el colector de contraincendios mediante una válvula de aislamiento situada fuera del garaje. Se podrán aprobar disposiciones equivalentes. Existirán medios de drenaje para el agua que se pueda acumular en el espacio cerrado. Este drenaje no conducirá el agua a espacios de máquinas u otros espacios en que pueda existir una fuente de ignición. – Un sistema fijo de detección y alarma ante el fuego, que cumpla los requisitos del SOLAS, capítulo II-2 y el código SSCI. – La exhaustación mecánica, que estará aislada de la de otros espacios, proporcionará al menos 6 renovaciones/hora (calculados de acuerdo al volumen del espacio vacío), instalada de modo que una posible reducción del flujo de aire esté asociada a una alarma audible y visual en el puente, y en los puestos de control utilizados en puerto, si fueran diferentes. Los conductos de extracción se dispondrán de modo que aspiren de la zona más baja posible sobre las sentinas. Si los motores de los extractores están dentro del espacio, o en los mismos conductos de ventilación, estarán certificados como seguros para la combinación de vapores y líquidos inflamables. Los ventiladores serán antichispas. Todo el sistema de ventilación se podrá parar y cerrarse rápidamente en caso de incendio. – Se instalará un sistema de detección de gases, con alarma visual y audible en el puente, y en aquellos lugares en que pueda alertar a la tripulación. – Todo equipo eléctrico situado por debajo del nivel de 450 mm sobre cubierta, estará certificado como seguro para vapores de gasolina. – Todo equipo eléctrico situado por encima del nivel de 450 mm sobre cubierta tendrán: – Un grado de protección eléctrico IP55 de acuerdo al estándar de la IEC 529, o bien; – Todos los polos contarán con medios de aislamiento fácilmente accesibles situados fuera del espacio. Estos se agruparán tanto como sea razonable y se marcarán claramente. Esta opción no debe utilizarse para sistemas de seguridad tales como los motores del servo, los indicadores del timón, etc. 9.1.6 Independientemente de su altura de instalación, los siguientes equipos situados dentro del espacio considerado deben estar certificados como seguros para vapores inflamables: a) Sistema de detección de gases. b) Alarma de sentinas. c) Sistema de detección de incendios. d) Al menos un dispositivo de iluminación (con circuito dedicado, de emergencia). 9.2 Varios. 9.2.1 Construcción y disposición de saunas. 9.2.1.1 El perímetro de la sauna tendrá divisiones de clase «A» y puede incluir vestuarios, duchas y servicios. La sauna estará aislada de los espacios contiguos (excepto de aquellos incluidos en el perímetro de la misma), con protección estructural contraincendios clase A-60 en buques de 500 o más GT, clase A-30 en buques menores de 500 GT y clase B-15 para buques de navegación limitada. 9.2.1.2 Los baños con acceso directo a las saunas podrán considerarse como parte de ellas. En ese caso la puerta que los separe de la sauna propiamente dicha, no necesita cumplir los requisitos de aislamiento antedichos. 9.2.1.3 Se permiten los revestimientos de madera en los mamparos y techos. El techo sobre la estufa estará revestido con una placa no combustible que deje un espacio vacío de al menos 30 mm. La distancia desde cualquier superficie caliente a cualquier material combustible, será de al menos 500 mm., o si no, los materiales combustibles deberán estar protegidos (por ejemplo, con una placa no combustible que deje un espacio vacío de al menos 30 mm). 9.2.1.4 Se permiten los bancos de madera. 9.2.1.5 La puerta de la sauna se abrirá hacia fuera, empujando. 9.2.1.6 Las estufas calentadas eléctricamente tendrán un temporizador. 9.2.1.7 Todos los espacios dentro del perímetro de la sauna, estarán protegidos por un sistema de detección y alarma contraincendios y un sistema de rociadores automático. 9.2.2 Construcción y disposición de salas termales (por ejemplo, baños de vapor). 9.2.2.1 El perímetro de la sala puede incluir los vestuarios, duchas y servicios. 9.2.2.2 Los cuartos de baño con acceso a la sala se pueden considerar como parte de ella. En ese caso, la puerta que los separe no necesita cumplir requisitos de seguridad contra-incendios. 9.2.2.3 Si el generador de vapor está contenido en el perímetro de la sala, los contornos estarán construido con divisiones clases A-0, o B-0 para buques de navegación limitada. Si el generador no está contenido en el perímetro de la sala, entonces los tabiques de separación se construirán con divisiones clases B-0, y el generador en sí, estará rodeado con divisiones clases A-0, o B-0 para buques de navegación limitada. 9.2.2.4 Si la sala contiene además una sauna, entonces se cumplirán los requisitos del punto 9.2.1 anterior, con independencia de la situación del generador de vapor. 9.2.2.5 Todos los espacios dentro del perímetro de la sala, estarán protegidos por un sistema de detección y alarma contraincendios y un sistema de rociadores automático. 9.2.3 Freidoras. Se tendrán en cuenta los requerimientos expresados en las regla 10.6.4 del capítulo II-2 del SOLAS. Para freidoras de hasta 15 litros de capacidad de aceite, bastará un extintor que cumpla la norma UNE-EN ISO 15371 en su versión actualizada, junto con un aislamiento manual de la alimentación de energía eléctrica. 9.2.4 Planos de lucha contraincendios. 9.2.4.1 Se expondrá permanentemente un plano (o planos) de lucha contraincendios para información de la tripulación. El contenido del plano mostrará y describirá los detalles de los equipos de prevención y protección de incendios. Los símbolos que se utilicen en el plano corresponderán a los de una norma internacional reconocida (como por ejemplo, la A.952 (23) de la OMI). Este plano se puede combinar con el de elementos de salvamento, teniendo un solo plano para ambos fines. 9.2.4.2 Para cada cubierta, el plano mostrará al menos la situación de los puestos de control, las distintas secciones de contención de incendios limitadas por divisiones de clase «A», las secciones limitadas por divisiones de clase «B», los lugares donde se almacenan líquidos inflamables (ver 9.1), particularidades y localización de los sistemas de detección de incendios y de alarma contra incendios, instalación de rociadores, extintores fijos y portátiles, trajes de bombero, medios de acceso y escapes de emergencia de compartimentos y cubiertas, y medios de control y aberturas que se deban cerrar en caso de una emergencia de incendio. 9.2.4.3 El plano se mantendrá actualizado. Cualquier alteración se incorporará sin demora a todas las copias del plano. Se mantendrá en el plano la lista de modificaciones con su fecha. 9.2.4.4 Un duplicado del conjunto de planos se almacenará en un cartucho estanco a la intemperie, claramente señalado, que será fácilmente accesible, y cuya finalidad es asistir a los bomberos que puedan subir a bordo del buque, en caso de accidente. 9.2.4.5 Las instrucciones para el mantenimiento y la operación de todos los equipos e instalaciones a bordo para la lucha y la contención de un incendio se mantendrán en una carpeta, fácilmente disponible en un lugar accesible. CAPÍTULO 10 Protección estructural contra-incendios en buques de menos de 500 GT 10.1 Generalidades.–Los términos utilizados en esta sección tienen el mismo significado definido en el Convenio SOLAS. 10.2 Estructura. Objetivos.–El objetivo de este capítulo es que se contenga el fuego en el espacio en que se produce. 10.3 Modos de construcción. Divisiones al fuego. 10.3.1 Las divisiones contraincendios se construirán de acuerdo con lo dispuesto en los párrafos de este apartado. 10.3.2 Las divisiones contra el fuego de material equivalente al acero, o formas de construcción alternativas se podrán aceptar si se demuestra que el material en sí mismo, o gracias al aislamiento no combustible utilizado, tienen la resistencia al fuego equivalente al de las divisiones requeridas en 10.4.1. 10.3.3 El aislamiento requerido en el punto anterior será tal que la temperatura del núcleo estructural no suba por encima del punto al cual la estructura empieza a perder su resistencia, en cualquier momento durante el ensayo estándar de exposición al fuego según se establece en el código Internacional para la aplicación de procedimientos de ensayo de exposición al fuego (código FTP) de la OMI. Para las divisiones de clase «A» el tiempo de exposición aplicable es de sesenta minutos y para las de clase «B» de treinta min. 10.3.3.1 Para estructuras de aleación de aluminio, el aislamiento será tal que la temperatura en el núcleo estructural no suba más de 200 ºC sobre la temperatura ambiente en cualquier momento durante el ensayo de exposición al fuego. 10.3.3.2 Para estructuras de materiales compuestos, el aislamiento será tal que la temperatura del laminado no suba por encima de la mínima temperatura de deflexión bajo carga de la resina, en ningún momento durante el ensayo de exposición al fuego aplicable. La temperatura de deflexión bajo carga se determinará de acuerdo con un estándar internacional reconocido. 10.3.3.3 El aislamiento se aplicará solamente en el lado expuesto al mayor riesgo de incendio, por ejemplo en el interior de la cámara de máquinas. Sin embargo, una división entre dos espacios con igual riesgo se aislará a ambos lados, salvo que la división sea de acero. 10.3.3.4 Se prestará especial atención a las fijaciones de los marcos de las puertas en mamparos diferentes de los de acero. Se tomarán medidas para asegurar que la temperatura en las fijaciones cuando estén expuestas al fuego, no supere la temperatura a la que el mismo mamparo de por sí pierde resistencia. 10.4 Protección estructural contra incendios. 10.4.1.a) Los espacios de máquinas de categoría A estarán aislados por divisiones de clase «A-30». b) Para los buques de navegación limitada, los espacios de máquinas de categoría A estarán encerrados en divisiones de clase «B-15». 10.4.2 Las aberturas en las divisiones de clases «A» y «B» tendrán medios permanentes de cierre que sean por lo menos tan efectivos contra el fuego como las divisiones en las que están situados. En general, no se instalarán ventanas en los espacios de máquinas. 10.4.3 Cuando sea necesario atravesar divisiones de clase «A» para el paso de cables, tuberías, troncos, conductos, etc., o bien con palmejares, baos u otros elementos estructurales, se tomarán precauciones para que la resistencia al fuego de dichas divisiones no se vea disminuida. 10.4.4 Cuando sea necesario atravesar divisiones de clase «B» para el paso de cables, tuberías, troncos, conductos, etc., o para la instalación de ventilaciones, elementos de iluminación o elementos similares, se tomarán precauciones para que la resistencia al fuego de la división no se vea disminuida. 10.4.5 Cuando la estructura de divisiones de categoría «A» requiera estar aislada, se tomarán medidas para que el calor procedente de un incendio no se transmita a través de las intersecciones y/o juntas y extremos de las divisiones a los contornos adyacentes no aislados. En aquellos lugares donde el aislamiento instalado no asegure lo anterior, se tomarán medidas para evitar esta transmisión de calor, el aislamiento de la cubierta o mamparo se extenderá más allá de la penetración, intersección o del punto extremo hasta una distancia de 450 mm (bastarán 380 mm en divisiones de acero). 10.5 Materiales. 10.5.1 Excepto en los compartimentos refrigerados de los espacios de servicio, todos los aislamientos (incluyendo el contraincendios y el de confort) deben ser de materiales que no sean fácilmente inflamables. 10.5.2 Las tuberías que atraviesen divisiones de clases «A» o «B» serán de materiales aprobados teniendo en cuenta las temperaturas que tengan que soportar dichas divisiones. 10.5.3 Las tuberías para hidrocarburos u otros líquidos combustibles, que pasen a través de espacios de servicio o de acomodación serán de materiales aprobados teniendo en cuenta el riesgo de incendio. 10.5.4 Los materiales que se deterioren por efecto del fuego, no se usarán en imbornales, descargas sanitarias y otras descargas cercanas a la línea de flotación, en las que un fallo del material en caso de fuego pudiera dar lugar a una posible inundación. Se tendrá en cuenta el código FTP. 10.5.5 Las barreras anticondensación y los adhesivos utilizados conjuntamente con los aislamientos, así como los aislamientos de las tuberías para los servicios de frío, no necesitan ser no combustibles, pero se utilizarán en la menor cantidad posible y sus superficies expuestas tendrán características de baja propagación de la llama. 10.5.6 Los compuestos usados en tapicerías (tela en asociación con cualquier soporte o material de relleno), serán aprobados de acuerdo al código FTP, anexo 1, parte 8, o equivalente. Sin embargo, esto no aplica en espacios con rociadores, o sistemas fijos de extinción del fuego aprobados. 10.5.7 Las espumas orgánicas usadas en muebles tapizados y colchones tengan capacidad de resistencia a la ignición y a la propagación de la llama. Los materiales textiles en suspensión, como las cortinas, serán aprobados de acuerdo al código FTP, anexo 1, parte 7, o equivalente. Sin embargo, esto no será necesario en espacios con rociadores, o sistemas fijos de extinción del fuego aprobados. 10.5.8 Superficies de los aislamientos: En espacios en los que sea posible la penetración de hidrocarburos, la superficie de los aislamientos serán impermeables a los mismos y a sus vapores. Los contornos de los aislamientos se dispondrán de modo que se evite que se sumerjan en eventuales fugas o escapes de dichos líquidos. 10.6 Disposiciones sobre el combustible. 10.6.1 La disposición del almacenamiento, distribución y utilización del combustible será tal que se minimicen los riesgos de fuego o explosión. 10.6.2 Los tanques de combustible situados en, o adyacentes a los límites de espacios de máquinas de categoría A, no contendrán combustible con un punto de inflamación inferior a 60 ºC. 10.6.3 No se transportará combustible, aceite lubricante ni otros líquidos inflamables en tanques en el pique de proa. 10.6.4 Toda tubería de combustible, que si se dañara, permitiera una fuga de un tanque de almacenamiento, de sedimentación o de servicio diario, situado por encima del doble fondo, tendrá una válvula en el tanque que se pueda cerrar desde una posición segura fuera del espacio afectado, en caso de incendio en el espacio en el que dichos tanques están situados. 10.6.5 Existirán medios de parada rápida de bombas de trasiego de combustible, calderas y separadores desde el exterior del espacio de máquinas. 10.6.6 Las cubetas de los filtros de combustible serán de construcción metálica. 10.7 Medios de evacuación. 10.7.1 El objetivo de este apartado es que se dispongan medios de evacuación de modo que las personas a bordo puedan rápidamente y con seguridad trasladarse a la cubierta de embarque de las balsas. Con este propósito se deberán cumplir los siguientes requerimientos funcionales: – habrá rutas de evacuación seguras, – las vías de evacuación deben mantenerse en condiciones seguras, libres de obstáculos, y – se asegurará la accesibilidad con ayudas adicionales, señalización clara y un diseño adecuado para situaciones de emergencia. 10.7.2 Las escaleras, escalas y pasillos que den servicio a espacios normalmente accesibles, se dispondrán de modo que constituyan un medio de evacuación hacia una cubierta desde la cual se pueda embarcar en las embarcaciones de supervivencia. 10.7.3 La disposición general del buque será tal que todos los compartimentos tengan un medio de evacuación satisfactorio. En el caso de la acomodación, se dispondrán al menos dos medios de evacuación desde cada espacio o grupo. Los escapes no fácilmente visibles y las rutas de evacuación estarán señalizados convenientemente. Los espacios de máquinas de categoría A en buques a motor, también estarán provistos con dos medios de evacuación. Otros espacios de máquinas tendrán también al menos dos medios de evacuación tan separados como sea posible, salvo cuando el pequeño tamaño del espacio lo haga imposible. Se tendrá en cuenta lo siguiente: a) El medio normal de acceso a los espacios de alojamiento y espacios de servicio bajo la cubierta de intemperie, se dispondrá de modo que sea posible alcanzarla sin pasar por una cocina, sala de máquinas u otro espacio con alto riesgo de incendio, siempre que sea posible. b) Cuando la disposición de los espacios de alojamiento sea tal que el acceso a un compartimento se realice a través de otro, la ruta de evacuación secundaria estará tan lejana como sea posible de la principal. Puede ser a través de escotillas de dimensiones adecuadas que conduzcan a la cubierta de intemperie o a un espacio separado de la ruta de evacuación principal. c) En circunstancias excepcionales, se podrá aceptar una sola ruta de evacuación, para espacios que no sean de alojamiento, en los que el acceso sea ocasional, si la citada ruta de evacuación no pasa por una cocina, espacio de máquinas, ni atraviesa una puerta estanca. d) Ninguna ruta de evacuación se verá obstruida por muebles u otros elementos. Además, los muebles que se instalen a lo largo de las rutas de evacuación estarán bien fijados a su lugar para evitar su desplazamiento con la escora o los movimientos de balance del buque. e) Todas las puertas en las rutas de evacuación, se podrán abrir desde ambos lados. En el sentido de evacuación se abrirán sin llave. Todos los picaportes en el lado interior de las puertas estancas a la intemperie y de las escotillas no se podrán retirar. Donde las puertas se puedan cerrar con llave, se proporcionarán soluciones para asegurar el acceso desde fuera del espacio para propósitos de rescate. f) Los ascensores no se considerarán como medios de evacuación. 10.8 Sistemas de ventilación. 10.8.1 Los ventiladores de los espacios de máquinas y de las cocinas cerradas se deberán poder parar y cerrar las entradas y salidas de ventilación, desde fuera de los espacios citados. Este lugar de parada y cierre remoto no debe quedar fácilmente aislado en el caso de un incendio en dichos espacios. 10.8.2 Los conductos de ventilación para espacios de máquinas de categoría A, cocinas, espacios que contengan vehículos o embarcaciones con combustible en sus tanques, o los armarios para almacenar esos combustibles, en general no pasarán a través de alojamientos, espacios de servicio o puestos de control. Si fuera inevitable, los conductos se construirán de acero de al menos 3 mm de espesor o equivalente a satisfacción de la Administración. Los conductos en los alojamientos deberán contar con: a) Aislamiento de clase «A-30» («B-15» para buques de navegación limitada) hasta una distancia de al menos 5 m de un espacio de máquinas o cocina, y b) Válvulas cortafuegos automáticas en la cubierta o mamparo de los alojamientos donde pasen los conductos de ventilación desde un espacio de máquinas o una cocina a dichos alojamientos. Estos cortafuegos automáticos también se podrán cerrar manualmente desde fuera de la cocina o del espacio de máquinas. 10.8.3 Los conductos de ventilación para espacios de alojamiento, servicio o puestos de control, no pasarán a través de espacios de máquinas de categoría A, espacios que contengan vehículos o embarcaciones con combustible en sus tanques, o armarios que contengan esos combustibles, salvo que esos conductos estén construidos de acero, y dispuestos de modo que preserven la integridad de la división. 10.8.4 Los pañoles que contengan productos altamente inflamables tendrán ventilación separada de otros sistemas de ventilación. Esta se dispondrá de modo que prevenga la formación de vapores inflamables a niveles altos y bajos. Las entradas y salidas de los ventiladores se colocarán de modo que no extraigan o insuflen hacia o desde una zona en la que se pudiera ocasionar riesgos indebidos, y además tendrán protección antichispas. 10.8.5 Los sistemas de ventilación que atiendan a espacios de categoría A serán independientes de otros que sirvan a otros espacios. 10.8.6 Todos los espacios cerrados que contengan tanques amovibles de combustible se ventilarán también independientemente de los sistemas que atiendan otros espacios. 10.8.7 Se proporcionará ventilación que evite la acumulación de concentraciones peligrosas de gases inflamables que pudieran emitir las baterías. 10.9 Disposiciones para los combustibles gaseosos de uso doméstico. 10.9.1 Cuando se usen combustibles gaseosos para usos domésticos, su almacenamiento, distribución y utilización será tal que, habida cuenta de los peligros de fuego y explosión que conllevan, se preserve la seguridad del buque y de las personas a bordo. La instalación estará de acuerdo con un estándar internacional reconocido o normativa nacional vigente. Se instalarán detectores de hidrocarburos gaseosos y de monóxido de carbono. 10.9.2 Las botellas de gas, reguladores y dispositivos de seguridad se almacenarán en cubierta de intemperie (donde no se puedan acumular las posibles fugas), o en un compartimento estanco al vapor respecto al interior del buque y dotado de un respiradero y de un drenaje, de modo que cualquier fuga de gas se pueda dispersar. 10.9.3 Los aparatos de gas de llama desnuda dedicados a cocinar, calefacción o cualquier otro propósito, cumplirán con los requisitos de la Directiva 2009/142/CE o disposición equivalente. La instalación de un aparato de gas de llama desnuda cumplirá con lo dispuesto en el anexo 3. 10.10 Aparatos de calefacción.–Los aparatos de calefacción y calentadores estarán fijados en una posición tal que los riesgos de incendio sean mínimos. La colocación de estas unidades será tal que no exista riesgo de que la ropa, las cortinas, visillos u otros tejidos similares puedan quemarse o arder a causa del calor generado. 10.11 Sistemas fijos de detección y alarma.–La finalidad es poder detectar un fuego en el espacio en que se produzca, y dar la alarma para posibilitar una evacuación segura y el comienzo de la lucha contra incendios. Se instalará un sistema fijo de detección y alarma fijo en todos los espacios cerrados, salvo que no tengan un riesgo de incendio significativo (baños y aseos, espacios vacíos, etc.). Se colocarán además avisadores de accionamiento manual en lugares para asegurar un rápido y accesible medio de aviso del siniestro. Estos sistemas se instalarán en principio de acuerdo con los requisitos del Convenio SOLAS, capítulo II/7 y del código OMI, SSCI, capítulo 9. En los casos en los que existan razones justificadas que hagan irrazonable el cumplimiento de alguno de los requerimientos en un determinado buque, se justificará debidamente y la Administración podrá eximir al buque de alguno o algunos de los requerimientos. 10.12 Sistemas de lucha contraincendios no obligatorios.–Cuando además del sistema contraincendios prescrito en este real decreto se instale un sistema de lucha contraincendios no requerido por estas reglas, su disposición y características serán aprobadas por la Administración. CAPÍTULO 11 Protección estructural contra-incendios en buques de 500 GT o mayores 11.1 Generalidades. 11.1.1 Los términos utilizados en esta sección tienen el mismo significado definido en el Convenio SOLAS, excepto en lo que los términos ya definidos en estas normas, y en lo siguiente: «No inmediatamente inflamable» significa que la superficie que se describe no continuará ardiendo tras veinte segundos de retirar la fuente durante el test de llama apropiado. 11.2 Estructura. 11.2.1 El casco, superestructuras, mamparos estructurales, cubiertas y casetas se construirán de acero o material equivalente, excepto cuando se permitan otros materiales. 11.2.2 Sin embargo, en los casos en que cualquier parte de la estructura sea de aleación de aluminio, se cumplirá lo siguiente: a) El aislamiento de los componentes de aleación de aluminio de las divisiones de clases «A» y «B», excepto aquellos que no soporten carga, será tal que la temperatura del núcleo estructural no suba más de 200 ºC por encima de la temperatura ambiente en cualquier momento durante la exposición al fuego de acuerdo con el test estándar (código FTP). Este aislamiento será aplicado en ambas caras de la división, excepto en la parte superior de las cubiertas y la parte Externa de los mamparos y del casco. b) Se prestará especial atención al aislamiento de los componentes de aleación de aluminio de los puntales, columnas y otros elementos estructurales que soporten botes salvavidas y áreas de estiba, lanzamiento y embarque en balsas, y divisiones de clases «A» y «B» para asegurar que: 1. Los soportes de botes y balsas y divisiones de clase «A», la temperatura límite del punto a) anterior no se deberá superar tras una hora de exposición al fuego, y 2. Los soportes de botes y balsas y divisiones de clase «B», la temperatura límite del punto a) anterior no se deberá superar tras media hora de exposición al fuego. c) Los componentes de las divisiones de aleación de aluminio que deban ser equivalentes al acero (identificados con un * en las tablas 1 y 2) se aislarán con 25 mm de lana de roca de un tipo aprobado para uso en divisiones de clase «A» o con otra disposición equivalente a juicio de la Administración. 11.2.3 Para estructuras de materiales compuestos, el aislamiento será tal que la temperatura del laminado no suba por encima de la mínima temperatura de deflexión bajo carga de la resina, en ningún momento durante el ensayo de exposición al fuego aplicable. La temperatura de deflexión bajo carga se determinará de acuerdo con un estándar internacional reconocido. El aislamiento se aplicará en ambas caras del laminado excepto en las caras exteriores de las cubiertas, del casco y de los mamparos a la intemperie. 11.2.3.1 Se prestará especial atención al aislamiento de los componentes de materiales compuestos de los puntales, columnas y otros elementos estructurales que soporten botes salvavidas y balsas, su lanzamiento y embarque, y divisiones de clases «A» y «B» para asegurar que: 1. Los soportes de botes y balsas y divisiones de clase «A», la temperatura límite del punto 11.2.3 anterior no se deberá superar tras una hora de exposición al fuego, y; 2. Los soportes de botes y balsas y divisiones de clase «B», la temperatura límite del punto 11.2.3 anterior no se deberá superar tras media hora de exposición al fuego. 11.2.4 Se prestará especial atención a las fijaciones del marco de las puertas en mamparos construidos en materiales diferentes del acero. Se tomarán precauciones para asegurar que la temperatura de las fijaciones expuestas al fuego no excede la temperatura a la cual el mamparo en sí mismo pierde resistencia. 11.2.5 Los guardacalores de los espacios de máquinas de categoría A, serán divisiones A-60 y sus aberturas, si existen, estarán dispuestas de modo que eviten la propagación del fuego. 11.2.6 Para las estructuras en contacto con el agua del mar, el aislamiento requerido se extenderá como mínimo 300 mm por debajo de la flotación de calado mínimo. 11.2.7 Se podrán utilizar divisiones contraincendios hechas de material equivalente al acero, o formas de construcción alternativas, si se demuestra que el material en sí mismo, o incorporando aislamiento no combustible, tiene las propiedades de resistencia al fuego equivalentes a las características «A» o «B» requeridos. 11.2.8 El aislamiento requerido en el punto anterior, será tal que la temperatura del núcleo estructural no se eleve por encima de un punto al cual la estructura comienza a perder su resistencia en cualquier momento durante la aplicación del test aplicable de exposición al fuego. Para divisiones de clase «A», el tiempo de exposición aplicable es de sesenta minutos, y para las de clase «B» será de treinta minutos. 11.3 Zonas principales horizontales y verticales. 11.3.1 El casco, las superestructuras y casetas en las zonas de alojamientos y espacios de servicios se subdividirán en zonas verticales principales por medio de divisiones de clase «A». Estas divisiones tendrán aislamientos de acuerdo con las tablas 1 y 2. 11.3.2 Tanto como sea posible, los mamparos que sean separación de zonas verticales principales por encima de la cubierta de mamparos, deberán ser una prolongación de los mamparos estancos bajo ella. La longitud de las zonas principales verticales podrá llegar hasta 48 m, para llevar al mamparo principal a coincidir con los mamparos estancos de subdivisión, o para que la zona principal pueda comprender un espacio público grande, siempre que el área de la zona principal no supere en ninguna cubierta los 800 m2. La longitud es la máxima distancia entre los puntos más alejados de los mamparos que constituyen su contorno. 11.3.3 Estos mamparos se extenderán de cubierta a cubierta y hasta el casco u otros contornos en su caso. 11.3.4 Cuando una zona vertical principal se subdivida por divisiones de clase «A» con objeto de que haya una barrera apropiada entre espacios protegidos y no protegidos por un sistema de rociadores, las divisiones se aislarán de acuerdo con los requisitos de aislamiento y de integridad contraincendios de las tablas 1 y 2. 11.4 Mamparos dentro de una zona vertical principal. 11.4.1 Todos los mamparos dentro de alojamientos y espacio de servicio que no se requiera sean de clase «A», serán como mínimo de clases «B» o «C», como se prescribe en las tablas 1 y 2. 11.4.2 Estas divisiones pueden estar cubiertas con materiales combustibles. 11.4.3 Todos los mamparos en los pasillos que no se exija sean de clase «A», serán de clase «B» y se extenderán de cubierta a cubierta excepto que: a) Cuando los techos o sus revestimientos continuos de clase «B» estén situados a ambos lados de un mamparo, la porción de mamparo detrás del techo o su revestimiento será de un material que en su espesor y composición, sea aceptable para la construcción de divisiones de clase «B». En todo caso, solamente se exigirá que cumpla los requisitos de integridad de la clase «B» en aquello que sea razonable y práctico a juicio de la Dirección General de la Marina Mercante. b) Los mamparos de pasillos de materiales de clase «B», pueden terminar en un techo en el pasillo, siempre que el techo sea de un material que, en espesor y composición, sea aceptable para la construcción de divisiones de clase «B». Las puertas y sus marcos se instalarán de modo que sean clase «B». 11.4.4 Los mamparos que se exija sean divisiones de clase «B», excepto los de los pasillos, se extenderán de cubierta a cubierta y hasta el casco u otros límites, salvo que se instalen techos o revestimientos continuos de clase «B» a ambos lados del mamparo, en cuyo caso éste puede terminar en el techo o revestimiento continuo. 11.5 Integridad al fuego de mamparos y cubiertas. 11.5.1 Además de cumplir con los requisitos específicos de integridad al fuego de los mamparos y cubiertas mencionados en otros puntos de este capítulo, se cumplirán los requisitos mínimos de integridad contraincendios prescritos en las tablas 1 y 2. 11.5.2 Para la aplicación de las tablas se observará lo siguiente: a) Las tablas 1 y 2 se aplicarán respectivamente a los mamparos y cubiertas que separan espacios adyacentes. b) Para determinar los requisitos a aplicar a las divisiones entre espacios adyacentes, éstos se clasificarán según su riesgo de fuego de acuerdo a las categorías 1 a 9 que se describen a continuación. El número entre paréntesis que precede a cada categoría se refiere a la fila o columna aplicable para usar las tablas. (1) Puestos de control: – Espacios que contengan fuentes de energía y alumbrado de emergencia. – Puente y derrota. – Espacios en que se encuentra el equipo radioeléctrico del buque. – Espacios en que está centralizado el equipo detector y extintor de incendios. – Cámaras de control de incendios. – Cámara de control de las máquinas propulsoras, si se halla situada fuera del espacio de dichas máquinas. – Espacios en que está centralizado el equipo de alarma contra incendios. (2) Pasillos y vestíbulos: Pasillos y vestíbulos, tanto para invitados como para tripulación. (3) Alojamientos: Camarotes, comedores, salas, oficinas, oficios que no contengan aparatos de cocinar (distintos de equipos tales como microondas y tostadoras), y espacios similares. (4) Escaleras: – Escaleras interiores, ascensores y escaleras mecánicas (excepto aquellas totalmente contendidas dentro de los espacios de máquinas), y los troncos correspondientes. – A este respecto, una escalera que esté cerrada solamente en un nivel se considerará parte del espacio del que no esté separada por una puerta contra incendios. (5) Espacios de servicio (bajo riesgo): Taquillas y pañoles no previstos para el almacenamiento de líquidos inflamables de área menor de 4 m2, y lavanderías y secadoras (6) Espacios de máquinas de categoría A: Los espacios así definidos. (7) Otros espacios de máquinas: – Los espacios así definidos, excluyendo los de categoría A. – Espacios de bombas de rociadores, de aspersores de agua a presión («drencher»), o contraincendios. (8) Espacios de servicio (alto riesgo): Cocinas, oficios con aparatos de cocinar, pañoles de pinturas y material eléctrico, taquillas y pañoles de superficie de 4 m2 o más, pañoles para almacenar líquidos inflamables, talleres (excepto aquellos que forman parte de los espacios de de máquinas) y espacios con vehículos o embarcaciones con combustible en sus tanques, o espacios para depósitos para esos combustibles u otros gaseosos de uso doméstico. (9) Cubiertas expuestas: Cubiertas expuestas y zonas de paseo abiertas sin riesgo de incendio, así como espacios a la intemperie (externos a las superestructuras y casetas). 11.5.3 Los techos y revestimientos continuos de clase «B», junto con las cubiertas y mamparos asociados, se pueden aceptar como contribuyentes, totalmente o en parte, al aislamiento y la integridad contraincendios de una división. 11.5.4 Los límites exteriores que se requiere sean de acero o material equivalente, pueden estar perforados para fijar ventanas y portillos en caso que no se requiera sean de clase «A». Del mismo modo, en los límites exteriores que no se requiera sean de clase «A», las puertas que se instalen pueden ser de materiales combustibles, siempre que sean de construcción sólida. Tabla 1. Integridad al fuego de mamparos que separan espacios adyacentes Espacios (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Puestos de control (1) A-0c A-0 A-60 A-0 A-15 A-60 A-15 A-60 * Pasillos y vestíbulos (2)   Cd B-0d A-0a B-0d B-0d A-60 A-0 A-0 * Alojamientos (3)     Cd A-0a B-0d B-0d A-60 A-0 A-0 * Escaleras (4)       A-0a B-0d B-0d A-60 A-0 A-0 * * Espacios de servicio (bajo riesgo) (5)         Cd A-60 A-0 A-0 * Espacios de máquinas, cat. A (6)           * A-0 A-60 * Otros espacios de máquinas (7)             A-0b A-0 * Espacios de servicio (alto riesgo) (8)               A-0b * Cubiertas expuestas (9)                   Tabla 2. Integridad al fuego de cubiertas que separan espacios adyacentes Espacios abajo Espacios arriba (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Puestos de control (1) A-0 -0 A-0 A-0 A-0 A-60 A-0 A-0 * Pasillos y vestíbulos (2) A-0 * * A-0 * A-60 A-0 A-0 * Alojamientos (3) A-60 A-0 * A-0 * A-60 A-0 A-0 * Escaleras (4) A-0 A-0 A-0 * A-0 A-60 A-0 A-0 * Espacios de servicio (bajo riesgo) (5) A-15 A-0 A-0 A-0 * A-60 A-0 A-0 * Espacios de máquinas, cat. A (6) A-60 A-60 A-60 A-60 A-60 * A-60e A-60 * Otros espacios de máquinas (7) A-15 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 * A-0 * Espacios de servicio (alto riesgo) (8) A-60 A-0 A-0 A-0 A-0 A-60 A-0 A-0 * Cubiertas expuestas (9) * * * * * * * * * Notas: Aplicables a las tablas 1 y 2 anteriores, según proceda: a) Para aclaración sobre cómo aplica, léanse 11.4 y 11.6. b) Cuando ambos espacios sean de la misma categoría numérica y aparezca el subíndice b, solamente se requiere un mamparo o cubierta de las características indicadas si los espacios adyacentes son de uso diferente, por ejemplo, en la categoría (9), una cocina adyacente a otra cocina no requiere mamparo de separación, pero una cocina adyacente a un pañol de pinturas requiere un mamparo «A-0». c) El mamparo que separe el puente de la cámara de derrota, puede ser «B-0». d) Para la aplicación de lo dicho en 11.3.1, «B-0» y «C», cuando aparecen en la tabla 1, se deben interpretar como «A-0». e) No es necesario instalar aislamiento, si la Administración juzga que el espacio de máquinas de categoría (7) tiene poco o nulo riesgo de incendio. * Si aparece un asterisco en las tablas, se requiere que la división sea de acero o material equivalente, pero no se requiere que sea de clase «A». Para la aplicación de lo dicho en 11.3.1, un asterisco en la tabla 2 se interpretará como «A-0», excepto para la categoría (9). 11.6 Protección de troncos de escaleras y ascensores en alojamientos y espacios de servicio. 11.6.1 Un tronco de escalera tendrá armazón de acero excepto cuando la Administración apruebe otro material equivalente, y estará encerrada entre divisiones «A», con cierres eficaces en todas sus aberturas, excepto que: a) Sea una escalera aislada, que penetre una única cubierta, en cuyo caso podrá protegerse en un nivel por una división «B» y puertas de cierre automático, y b) La escalera puede no aislarse en un espacio público, si toda ella se encuentra dentro de ese espacio público. 11.6.2 Un tronco de escalera debe tener comunicación directa con los pasillos y tener la superficie horizontal adecuada para evitar la congestión, teniendo en cuenta el número previsible de personas que la vayan a usar en una emergencia. No tendrá acceso a cocinas, espacios de máquinas, pañoles de servicio, ni a otros espacios cerrados que contengan combustibles. 11.6.3 Un tronco de ascensor deberá equiparse de modo que se evite el paso de llamas desde una cubierta a otra, y tendrá medios de cierre para permitir el control del tiro y el paso de humo. 11.7 Aberturas en las divisiones de clase «A». 11.7.1 Excepto en las escotillas entre espacios de almacén y de equipajes, y entre esos espacios y una cubierta de intemperie, todas las aberturas tendrán medios permanentes de cierre que serán al menos tan resistentes al fuego como las divisiones a las que están instaladas. 11.7.2 La construcción de las puertas y sus marcos en las divisiones de clase «A», con sus medios de fijación cuando están cerradas, proporcionarán resistencia al fuego y al paso de llamas y humo, en la medida que sea posible, equivalente a la de los mamparos en los que estén situadas las puertas. Estas puertas serán de acero o material equivalente. Las puertas de acero estancas al agua no necesitarán aislarse. 11.7.3 Deberá ser posible abrir y cerrar una puerta desde ambos lados del mamparo por una sola persona. 11.7.4 Las puertas resistentes al fuego en mamparos que separen zonas verticales principales, contornos de cocinas y troncos de escaleras (no incluyendo las puertas estancas motorizadas ni aquellas que están normalmente cerradas), deberán cumplir lo siguiente: a) Las puertas deben cerrarse automáticamente, y poder cerrarse con un ángulo de escora de hasta 3,5º opuesto al cierre. b) El tiempo aproximado de cierre de las puertas de bisagra no será mayor de cuarenta segundos ni menor de diez segundos desde el principio del movimiento, con el barco adrizado. La velocidad de cierre aproximada de las puertas de corredera será menor de 0,2 m/s y mayor de 0,1 m/s con el barco adrizado. c) Las puertas, excepto las de troncos de evacuación de emergencia, podrán cerrarse por telemando desde una posición centralizada de control con dotación permanente, bien sea simultáneamente o en grupos, y será posible su disparo, individualmente, desde una posición en o cerca de la propia puerta. Los interruptores de accionamiento tendrán una función de conexión-desconexión para evitar la reposición automática del sistema. d) No se permitirán ganchos de retención que no se puedan accionar desde el puesto central de control. e) Una puerta que se haya cerrado por telemando desde el puesto central de control se podrá volver a abrir desde cualquier lado mediante un mando local. Después de haberse abierto con el mando local, la puerta se cerrará de nuevo automáticamente. f) Se dispondrá de una indicación abierto/cerrado en el panel de control centralizado en el puesto central de control. g) en las proximidades de las puertas de accionamiento a motor se dispondrán acumuladores locales de energía que les permitan funcionar al menos diez veces utilizando los mandos locales después de haberse producido una avería del sistema de control o un fallo del suministro central de energía. h) Una avería del sistema de control o el fallo del suministro central de energía en una puerta no impedirá el funcionamiento seguro de las demás puertas. i) La operación de las puertas de corredera o las operadas a motor, se avisará con una alarma que suene al menos 5 s, pero no más de 10 s, antes de que la puerta empiece a moverse y continuará sonando hasta que la puerta se cierre completamente. j) Una puerta diseñada para abrirse tras el contacto con un obstáculo en su camino, no abrirá más de 1 m desde el punto de contacto. k) Para las puertas de doble hoja que requieran un pestillo para asegurar su integridad al fuego, este se activará automáticamente por la operación de las puertas cuando el sistema las ponga en movimiento. l) Los componentes del sistema de control local serán accesibles para su mantenimiento y ajuste. m) Las puertas activadas mecánicamente tendrán un sistema de control de tipo aprobado que estará de acuerdo con el código FTP. Este sistema cumplirá los siguientes requisitos: – Será capaz de operar las puertas a una temperatura de hasta 200º por lo menos durante 60 minutos, alimentado por el suministro de energía. – La alimentación de energía a otras puertas no afectadas por el fuego, no se verá afectada, y – A temperaturas que excedan de 200º el sistema se aislará automáticamente de la fuente de energía y mantendrá la puerta cerrada hasta al menos 945 ºC. 11.7.5 Se instalarán dispositivos adecuados para que no disminuya la resistencia al fuego en las penetraciones de aquellas divisiones de clase «A» que sean atravesadas por cables eléctricos, tuberías, troncos, conductos u otros elementos estructurales como baos o vagras. 11.8 Aberturas en las divisiones de clase «B». 11.8.1 Las puertas y sus marcos en divisiones de clase «B» y sus medios de fijación tendrán medios de cierre resistentes al fuego equivalentes a los de la propia división, excepto en que pueden tener una abertura de ventilación en la parte inferior de la puerta. Cuando exista tal abertura, su superficie máxima no excederá de 0,05 m2 y estará dotada de una rejilla de material no combustible. Las puertas serán de material no combustible. 11.8.2 Se usarán disposiciones adecuadas para asegurar que la resistencia al fuego no se vea afectada, en las penetraciones de aquellas divisiones de clase «B» que sean atravesadas por cables eléctricos, tubos, troncos, conductos, etc., o para fijar ventilaciones, dispositivos de iluminación o similares. 11.9 Portillos y ventanas (véanse también los apartados 2.3.4 y 2.3.5). 11.9.1 Todas las ventanas y portillos en mamparos de espacios de alojamiento y servicio, y puestos de control estarán construidos de modo que se preserven los requisitos de integridad del mamparo. 11.9.2 No se instalará vidrio o cristal en los límites de una zona vertical principal, en troncos de escalera o en los límites de los espacios de máquinas. 11.10 Detalles constructivos. 11.10.1 En espacios de alojamiento y servicio, puestos de control, pasillos y escaleras: a) Las cámaras de aire que se encuentren detrás de los cielos rasos, paneles o revestimientos estarán divididas por pantallas supresoras de corrientes de aire bien ajustadas y separadas por distancias no superiores a 14 m, y b) En sentido vertical, esas cámaras de aire, incluidas las que se encuentren detrás de los revestimientos de escaleras, troncos, etc., estarán cerradas en cada cubierta. 11.10.2 Las pantallas supresoras serán de material no combustible y serán en lo posible continuación sobre el techo del mamparo inferior, o de cualquier otro tipo de panel o revestimiento. 11.10.3 Cuando se requiera que una división de clase «A» tenga aislamiento, se garantizará que el calor del fuego no se transmita por las intersecciones y extremos de las divisiones o penetraciones a otros contornos no aislados. Cuando el aislamiento instalado no permita lo anterior se tomarán medidas para evitar esta transmisión de calor, aislando los contornos y penetraciones horizontales y verticales hasta una distancia de 450 mm. 11.10.4 Sin menoscabo de la eficacia de la protección contraincendios, la construcción de techos y mamparos será tal que permita a una patrulla de bomberos detectar cualquier humo que procedente de zonas ocultas y de difícil acceso, a menos que no exista riesgo de incendio en esas zonas. 11.10.5 Si se utilizan combustibles gaseosos para uso doméstico, sus medios de almacenamiento, distribución y utilización serán tales que se preserve en todo caso la seguridad de las personas y del buque. En particular, los aparatos de gas de llama desnuda dedicados a cocinar, calefacción o cualquier otro propósito, cumplirán con los requisitos de la Directiva 2009/142/CE o disposición equivalente. 11.11 Uso restringido de materiales combustibles. 11.11.1 Excepto en los espacios provistos de un sistema automático de rociadores y un sistema totalmente direccionable de detección de incendios de acuerdo con lo establecido en el punto 11.15, todos los techos, pisos y revestimientos serán de materiales no combustibles. 11.11.2 El uso de materiales combustibles se limitará a un mínimo. Los aislamientos serán no combustibles. 11.11.3 Las superficies siguientes tendrán características de débil propagación de la llama: a) Las superficies expuestas en los pasillos, troncos de escalera y mamparos, y en revestimientos de paredes y techos en los espacios servicio y puestos de control, y b) Espacios ocultos y de difícil acceso en los alojamientos, espacios de servicio y puestos de control. Como alternativa a los puntos a) y b) anteriores, estos espacios pueden tener superficies que no sean de débil propagación de la llama siempre que estos espacios estén dotados de un sistema automático de rociadores y un sistema totalmente direccionable de detección de incendios de acuerdo con lo establecido en el punto 11.15, o se dispongan barreras adecuadas de débil propagación de la llama a distancias que no superen 5 m. 11.11.4 Las tuberías que atraviesen divisiones de clase «A» y «B» serán de materiales aprobados, teniendo en cuenta las temperaturas que deban soportar dichas divisiones. 11.11.5 Las tuberías que conduzcan combustibles líquidos a través de espacios de alojamiento o servicio serán de materiales aprobados según el riesgo de incendio. 11.11.6 No se utilizarán materiales que se deterioren por el calor para los imbornales, descargas sanitarias y otras descargas cercanas a la flotación, ni en aquellos lugares en las que un fallo del material pueda dar a la inundación del buque. 11.11.7 El mobiliario en los pasillos y vías de evacuación deberá ser de un tipo y en una cantidad que no obstruyan el paso. Adicionalmente, en las vías de evacuación el mobiliario estará fijado de modo que se impida su movimiento con los balances y la escora del buque. 11.11.8 Los revestimientos primarios de las cubiertas en las zonas de alojamientos, espacios de servicio y puestos de control, serán de tipo que no se inflame fácilmente, o entrañe la emisión de sustancias tóxicas o de explosión a elevadas temperaturas. Se contemplará lo prescrito en el código FTP, anexo 1, caps. 2 y 6. 11.11.9 Las barreras anticondensación y los adhesivos usados conjuntamente con aislamientos, así como el aislamiento de las tuberías y accesorios para los servicios en frío no necesitan ser no combustibles, pero se usarán lo mínimo posible y sus superficies expuestas tendrán características de débil propagación de la llama. 11.11.10 Salvo que se instale un sistema completo de detección del fuego, los compuestos utilizados en las tapicerías serán de tipo aprobado según el código FTP, anexo 1, cap. 8, o norma equivalente. 11.11.11 Salvo que se instale un sistema completamente direccionable de detección de incendios, ropa de cama y cortinas, serán de tipo aprobado según el código FTP, o norma equivalente aceptable para la Administración. 11.11.12 Las tapicerías, ropa de cama y cortinas que se requiera que cumplan con el código FTP o norma equivalente, estarán debidamente etiquetados por el fabricante indicando el estándar que alcanzan, y cualquier instrucción de lavado o limpieza que se requiera para mantener su resistencia al fuego. Este etiquetado no se quitará. 11.11.13 En espacios en donde sea posible la penetración de productos oleosos, las superficies aislantes serán impermeables a dichos productos o sus vapores. Los contornos de los aislamientos se dispondrán de modo que se evite que se sumerjan en eventuales fugas o escapes de dichos líquidos. 11.12 Medios de evacuación. 11.12.1 Las escaleras y escalas se dispondrán de modo que se proporcione un rápido acceso a los botes salvavidas y puestos de embarque de las balsas desde todos los espacios de alojamiento de tripulación e invitados, y desde los espacios de servicio en los que la tripulación está habitualmente, que no sean espacios de máquinas. En particular se cumplirá con lo siguiente: a) Por debajo de la cubierta de mamparos, habrá dos medios de evacuación para cada compartimento estanco o grupo similar de grupos de espacios (en cualquier caso habrá al menos dos por cada zona principal), y al menos uno de ellos será independiente de una puerta estanca. Excepcionalmente se podrá prescindir de uno de ellos teniendo en cuenta la naturaleza del espacio, su emplazamiento, y el número de personas que habitualmente se alojen o trabajen en él. b) Por encima de la cubierta de mamparos habrá dos medios de evacuación para cada zona vertical principal o grupo similar de espacios. Al menos uno de los medios de evacuación dará acceso a un escape fácilmente accesible, que ofrezca protección continua contraincendios desde su nivel de origen hasta la cubierta de embarque. c) Dentro de cada zona vertical principal habrá por lo menos una escalera encerrada en un tronco que ofrezca protección continua contraincendios, en la medida que sea practicable, a todos los niveles hasta la cubierta de embarque, o hasta la cubierta más alta a la que sirve la escalera (de estas dos la cubierta más alta). La anchura, número y continuidad de las escaleras será adecuada para el número de personas que puedan usarlas. d) El acceso desde los troncos de escalera hasta las áreas de embarque en los botes y balsas debe evitar zonas de alto riesgo de incendio. e) Las escaleras que conduzcan a sólo un espacio, y a un balcón en ese espacio, no deben ser consideradas como uno de los medios de evacuación prescritos. f) Si el puente de gobierno o la sala de radiocomunicaciones no tienen acceso directo a la cubierta de intemperie, se dispondrán dos medios de evacuación, pudiendo ser uno de ellos una ventana de suficiente tamaño. g) Los trocos de escalera no superarán los 3,5 m de desnivel vertical sin incluir un descansillo intermedio. h) En los casos en que el acceso directo a la cubierta de embarque en las embarcaciones de supervivencia, como se prescribe en a) y b) anteriormente no sea practicable, se aceptará una vía de evacuación fácilmente accesible, que proporcione protección continua contra el fuego desde su nivel de origen hasta una cubierta expuesta apropiada, con un posterior paso directo a la cubierta de embarco, siempre que estas vías de evacuación, incluyendo las escaleras exteriores, tengan iluminación de emergencia y pisos con protección antirresbalones. i) El acceso desde los troncos de escalera a las zonas de embarque en botes y balsas, será directo o a través de rutas internas, que tendrán aislamiento y protección como si fueran troncos de escalera según las tablas 1 y 2. j) Cuando un espacio público se extienda en vertical a más de tres cubiertas y contenga materiales combustibles tales como mobiliario, y tenga acceso a otros espacios cerrados, cada nivel dentro del espacio tendrá dos medios de evacuación, uno de los cuales dará acceso, ofreciendo protección continua contra incendios, desde su nivel de origen hasta la cubierta de embarque. 11.12.2 Cada espacio de máquinas tendrá dos medios de evacuación. En particular se cumplirá lo siguiente: a) Los dos medios de evacuación deben consistir en una de las opciones siguientes: 1. Dos juegos de escalas de acero, tan separadas entre sí como sea posible, que conduzcan a puertas situadas en la parte superior de dicho espacio, separadas de modo similar, y desde las que haya acceso a las correspondientes cubiertas de embarco. Una de estas escalas estará situada dentro de un recinto que ofrecerá una protección continua contraincendios desde la parte inferior del espacio hasta un lugar seguro fuera del mismo. El recinto será de acero o material equivalente, aislado donde sea necesario y contará con una puerta de cierre automático en el nivel más bajo. Si se proporciona acceso al recinto en niveles intermedios, cada nivel tendrá una puerta de cierre automático de acero o material equivalente, o 2. Una escala de acero que conduzca a una puerta situada en la parte superior del espacio, desde la que haya acceso a la cubierta de embarco y, además, en la parte inferior del espacio y en un lugar bastante apartado de la mencionada escala, una puerta de acero, maniobrable desde ambos lados y que ofrezca una vía segura de evacuación desde la parte inferior del espacio hacia la cubierta de embarco. b) Puede eliminarse uno de los medios de evacuación requeridos por el apartado anterior, en los buques a vela con una cámara de máquinas de tamaño reducido, siempre que, sea por medio de una puerta o una escala de acero y pasillos, se proporcione una ruta de evacuación segura a los puestos de embarque. A la hora de estudiar si se puede permitir esta exención, se prestará atención a la naturaleza y localización del espacio, así como al número de personas que normalmente trabajan en ese espacio. c) Se dispondrán existirán dos medios de evacuación en una cámara de control de máquinas localizada en el interior de un espacio de máquinas, uno de los cuales proporcionará una protección continua contra el fuego hasta un lugar seguro fuera del espacio de máquinas. 11.12.3 Los ascensores no se considerarán como uno de los medios de evacuación requeridos. 11.12.4 Excepcionalmente, se podrá aceptar un único medio de evacuación para espacios, que no sean alojamientos, en los que solo se acceda de forma ocasional, siempre que la ruta de evacuación no atraviese una cocina, espacio de máquinas o puerta estanca. 11.12.5 Los puestos de reunión y los de embarque en cubierta tendrán una superficie suficiente, teniendo en cuenta el número de personas esperado. Generalmente los puestos de reunión serán contiguos a los de embarque. En los de reunión la superficie será suficiente para acomodar a todas las personas asignadas a ese puesto, a razón de una superficie mínima de 0,35 m2 por persona. 11.13 Aparatos respiratorios para evacuaciones de emergencia (AREE).–Los que se lleven a bordo cumplirán con las especificaciones del código Internacional de Sistemas de Seguridad contra Incendios (código SSCI). Habrá por lo menos uno de respeto a bordo. 11.13.1 Todos los buques llevarán al menos dos AREE en los espacios de alojamiento, y por lo menos llevará dos en cada zona vertical principal. 11.13.2 En todos los buques, en los espacios de máquinas, los AREE estarán situados y listos para su uso en posiciones fácilmente visibles, y accesibles rápida y fácilmente en caso de incendio. Su número y disposición tendrán en cuenta la disposición de la cámara de máquinas y el número de personas que normalmente trabajen en ella. Su posición estará indicada en el plano de lucha contraincendios. 11.14 Sistemas de ventilación. 11.14.1 Los conductos de ventilación serán de material no combustible. Sin embargo los conductos cortos, en general que no excedan 2 m de longitud, y cuya sección no exceda de 0,02 m2 no necesitan ser de material no combustible siempre que: a) Sean de un material adecuado teniendo en cuenta el riesgo de incendio, b) Se utilicen únicamente en el extremo final del sistema de ventilación, c) No estén situados a menos de 600 mm, medidos a lo largo del conducto, de una abertura en una división «A» o «B», incluidos los cielos rasos continuos de clase «B». 11.14.2 Cuando los conductos de ventilación con una sección útil que exceda de 0,02 m2, atraviesen mamparos o cubiertas de clase «A», la abertura será revestida con un manguito de acero, salvo que los conductos sean ya de acero en las inmediaciones del paso del mamparo o cubierta. Los conductos y manguitos cumplirán lo siguiente: a) Los manguitos tendrán un espesor mínimo de 3 mm y una longitud mínima de 900 mm. Si atraviesan un mamparo, se colocarán de modo que queden preferentemente 450 mm a cada lado del mamparo. Los conductos, o manguitos que revisten los conductos, tendrán aislamiento que garantice la misma integridad al fuego que la del mamparo o cubierta que atraviesa el conducto. b) Los conductos con una sección transversal útil que exceda de 0,075 m2 estarán dotados de válvulas de mariposa contraincendios, además de lo requerido en el apartado a) anterior. La válvula será de operación automática, pero podrá también cerrarse manualmente desde ambos lados del mamparo o cubierta, e incorporarán un indicador abierto/cerrado. Estas válvulas de mariposa no son exigibles cuando los conductos atraviesen los espacios totalmente encerrados en divisiones de clase «A», y no den servicio a tales espacios, siempre que los conductos tengan al menos la misma integridad al fuego que las divisiones que atraviesan. 11.14.3 Los conductos de ventilación de un espacio de máquinas de categoría A, espacios de máquinas, cocinas y espacios que contengan vehículos con combustible en sus depósitos o tanques con ese combustible, no pasarán por espacios de alojamiento, de servicio ni puestos de control, salvo que cumplan las condiciones que se especifican a continuación, de a) hasta d), o bien e) y f): a) Estén construidos de acero con un espesor mínimo de 3 mm, o de 5 mm, para conductos de ancho o diámetro hasta 300 mm y 760 mm (o superiores) respectivamente. Para conductos de diámetros intermedios el espesor se calculará por interpolación lineal. b) Estén soportados y reforzados adecuadamente. c) Tengan cerca de las penetraciones válvulas contraincendios de mariposa automáticas. d) Estén aislados con standard «A-60» desde el espacio de máquinas o cocina hasta un punto al menos 5 m más allá de cada válvula de cierre, o bien e) Estén construidos de acero de acuerdo con los apartados a) y b) anteriores, y f) Estén aislados con standard «A-60» en todo su recorrido a través de los espacios de alojamiento, servicio o puestos de control. Las penetraciones de divisiones de zonas principales deben también cumplir con lo que exige 11.14.8. 11.14.4 Los conductos de ventilación para los espacios de alojamiento, de servicio o puestos de control, no pasarán a través de un espacio de máquinas de categoría A, cocina, espacios con vehículos o embarcaciones con combustible en sus tanques o tanques con ese combustible, salvo que cumplan con lo que se especifica desde a) hasta c), o d) y e) a continuación: a) Cuando pasen por un espacio de categoría A o cocina, los conductos estén construidos de acero de acuerdo con 11.14.3, a) y b), b) Se instalen válvulas de mariposa automáticas cerca de las penetraciones, y c) La integridad al fuego de los límites de los espacios de máquinas o cocinas se mantenga en las penetraciones, o d) Cuando pasen por un espacio de máquinas de categoría A o cocina, los conductos sean de acero como se especifica en 11.14.3, a) y b), y e) En un espacio de maquinaria o cocina, los conductos estén aislados «A-60», excepto que las penetraciones de divisiones de zonas principales deben también cumplir con lo que se dice 11.14.2. 11.14.5 Los conductos con sección transversal que exceda de 0,02 m2 y atraviesen mamparos clase «B» estarán revestidos con manguitos de 900 mm de longitud, divididos preferentemente en 450 mm a cada lado del mamparo, salvo que el conducto sea de acero en esa longitud. 11.14.6 En los puestos de control situados fuera de los espacios de máquinas y en otros puestos de control normalmente atendidos se tomarán medidas para que la ventilación, visibilidad y protección ante el humo se mantengan, de modo que la maquinaria y el equipo contenidos en la estación de control se puedan seguir supervisando y continúen funcionando de modo efectivo. Se proporcionarán medios alternativos y separados de suministro de aire para minimizar la posibilidad que ambos introduzcan humo de modo simultáneo. Estos requisitos no se aplican a puestos de control situados sobre, y abiertos, a una cubierta expuesta, o bien donde los medios locales de cierre pudieran ser igualmente efectivos. 11.14.7 Los conductos de exhaustación desde una cocina se construirán con divisiones de clase «A» donde atraviesen espacios de alojamiento y/o espacios que contengan materiales combustibles. Adicionalmente a los requerimientos de 11.14.3, los conductos de exhaustación tendrán: a) Una rejilla con filtro antigrasa desmontable para su limpieza. b) Una válvula de mariposa contraincendios en la parte Baja del conducto. c) Dispositivos para apagar los ventiladores de exhaustación, operados desde la cocina, y d) Medios fijos de extinción para posibles incendios generados en el interior del mismo conducto. 11.14.8 Cuando sea necesario que un conducto de ventilación pase a través de una zona vertical principal, se instalará una válvula contraincendios a prueba de fallos de cierre automático adyacente a la división. La válvula se podrá cerrar manualmente desde cada lado de la división. La posición de operación será fácilmente accesible y marcada con color rojo reflectante. El conducto entre la división y la válvula será de acero o material equivalente y aislado para cumplir con los requisitos del Convenio SOLAS, capítulo II-2, regla 9. La válvula se fijará en al menos un lado de la división, con un indicador visible que muestre cuando está abierta la válvula. 11.14.9 Las entradas y salidas de los sistemas de ventilación se podrán cerrar por fuera del espacio ventilado. 11.14.10 La ventilación mecánica de los alojamientos, espacios de servicio, puestos de control y espacios de máquinas, deberá poder pararse desde una posición fácilmente accesible fuera del espacio ventilado. Está posición no deberá quedar fácilmente aislada en caso de fuego en los espacios ventilados. Los medios de parada de esa ventilación mecánica en un espacio de máquinas deberán estar completamente separados de los medios de parada de las ventilaciones de cualesquiera otros espacios. 11.14.11 Los espacios públicos que se extiendan en vertical tres o más cubiertas y contengan materiales combustibles tales como mobiliario, y otros espacios cerrados, estarán provistos de un sistema extractor de humos. Este sistema se activará por el sistema general de detección de humos, y además tendrá control manual. Los ventiladores serán tales que puedan renovar el volumen total del espacio en menos de 10 min. 11.14.12 Los pañoles que contengan productos inflamables tendrán medios de ventilación separados de otros sistemas. La ventilación será tal que impida la formación de vapores inflamables tanto a alto como bajo nivel en el espacio. Las entradas y salidas de los ventiladores estarán situadas de modo que no extraigan ni insuflen aire en o desde un área que pudiera causar un riesgo indebido, y estarán dotados de protección antichispas. 11.14.13 Los sistemas de ventilación de espacios de máquinas de categoría A serán independientes de los sistemas que sirvan a otros espacios. 11.14.14 Todos los espacios cerrados que contengan tanques amovibles de combustible se ventilarán independientemente de los sistemas que sirvan a otros espacios. 11.14.15 Se dispondrá ventilación para prevenir la acumulación de concentraciones peligrosas de gases inflamables que puedan emitir las baterías. 11.14.16 Se pueden instalar aberturas de ventilación en las partes inferiores de las puertas de los camarotes y de los espacios públicos en los pasillos. Su área total neta no excederá de 0,05 m2. 11.14.17 Los conductos para la exhaustación de lavanderías tendrán con aberturas de inspección y limpieza adecuadamente situadas. 11.14.18 Todas las válvulas de mariposa contraincendios cumplirán lo prescrito en la Resolución OMI A.754 (18), tal y como se menciona en el código FTP, anexo 1, parte 3. 11.15 Sistemas fijos de detección y alarma de fuego, y sistemas de rociadores de detección y alarma de fuego. 11.15.1 Cada zona separada en todos los espacios de alojamiento y servicio, excepto los espacios que no tengan riesgo apreciable de incendios tales como espacios vacíos, espacios sanitarios, etc., estarán provistos de un sistema de detección y alarma contraincendios con rociadores automáticos de tipo aprobado que cumpla los requisitos del SOLAS, capítulo II-2, parte C, regla 7 y del código SSCI, capítulo 8, o de un estándar equivalente aceptado por la Administración. El sistema estará diseñado para permitir la operación simultánea de todos los rociadores instalados en la zona más demandante hidráulicamente. La superficie mínima de operación simultánea se debería asumir como la mayor de las limitadas por divisiones «A-0», o un área igual a la manga al cuadrado, la que sea mayor de las dos. 11.15.2 Adicionalmente, deberá instalarse un sistema fijo de detección y alarma de tipo aprobado que cumpla con los mismos estándares del apartado anterior, y el capítulo 9 del código SSCI. Incorporará detección de humos en los pasillos, troncos de escalera y rutas de evacuación dentro de los alojamientos. 11.16 Detección del fuego y alarmas. 11.16.1 Se instalarán avisadores de accionamiento manual que cumplan los requisitos del SOLAS, cap. II-2, parte C, regla 7, y el código SSCI, capítulo 9. 11.16.2 En todos los buques de 85 o más metros de eslora L, se instalará un sistema megafónico en los espacios de alojamiento y servicio, puestos de control y cubiertas expuestas, que cumpla con el SOLAS, cap. III, regla 6.5. 11.17 Medidas para el combustible. 11.17.1 Las disposiciones para el almacenamiento, distribución y uso de combustible serán tales que minimicen el riesgo de fuego o explosión. 11.17.2 En la medida de lo posible, los tanques de fuel serán estructurales. 11.17.3 Cuando los tanques, diferentes de los de doble fondo, estén necesariamente situados adyacentes o dentro de un espacio de máquinas de categoría A, por lo menos uno de sus costados verticales será contiguo a los contornos de la cámara de máquinas. Además preferentemente tendrán un límite común con los tanques de doble fondo. La superficie del tanque común con los espacios de máquinas será la mínima posible. 11.17.4 Cuando los contornos verticales de un tanque en un espacio de máquinas forme con el forro del costado del buque un ángulo agudo, se permitirá una pequeña superficie horizontal en la base del tanque, necesaria para dar cabida a ciertos aspectos prácticos constructivos. 11.17.5 Si la disposición de la maquinaria es tal que sea necesario un tanque con una gran superficie horizontal en su base, se dispondrá un cofferdam, con adecuados medios de ventilación, para proteger la base del tanque del efecto de un incendio en la sala de máquinas. 11.17.6 Los tanques de combustible situados dentro de los límites de un espacio de máquinas de categoría A, no contendrán combustible de un punto de inflamación inferior a 60 ºC. 11.17.7 Excepto para buques construidos en materiales diferentes del acero, donde los tanques deberían ser metálicos, se prohíbe el uso de tanques de combustible amovibles. 11.18 Disposiciones para el aceite lubricante y otros líquidos inflamables.–La disposición para el almacenamiento, distribución y uso del aceite utilizado en los sistemas de lubricación a presión, será tal que se minimicen los riesgos de fuego y explosión. Lo mismo se aplicará a otros líquidos inflamables utilizados bajo presión en sistemas de transmisión de potencia, control, activación, calefacción, etc. 11.19 Prohibición de transporte de hidrocarburos inflamables en los piques de proa.–No se transportará combustible, aceite ni otros hidrocarburos inflamables en los tanques del pique de proa. 11.20 Disposiciones para los combustibles gaseosos de uso doméstico.–Cuando se use combustible gaseoso para uso doméstico, las disposiciones para su almacenamiento, distribución y uso, serán tales que teniendo en cuenta los riesgos de fuego y explosión que conlleva, se preserve la seguridad del buque y de las personas a bordo. La instalación será conforme a un estándar nacional o internacional reconocido y cumplirá con lo dicho en el apartado 10.9, anterior. 11.21 Calefactores.–Si se utilizan, estarán fijados en su lugar, y construidos de modo que se reduzca el riesgo de incendio a un mínimo. El diseño y colocación de estos dispositivos será tal que la ropa, las cortinas materiales similares no puedan verse afectados ni arder a causa del calor. CAPÍTULO 12 Dispositivos de extinción en buques de menos de 500 GT 12.1 Generalidades. 12.1.1 Los dispositivos de extinción serán de un tipo aprobado por la Administración competente en cada caso y además cumplirán los requisitos mínimos de la tabla 1 y lo expresado en 12.2. 12.1.2 Los dispositivos de extinción dispuestos en adicción a los requeridos en 12.1.1 serán de un tipo aceptable por la Administración. 12.1.3 La situación de los dispositivos de extinción estará claramente señalizada. Tabla 1. Dispositivos de extinción. Buques de menos de 500 GT Chorro de agua –suficiente para alcanzar cualquier parte del buque–. 1 Bomba contraincendios –independiente o movida por la máquina principal–. 1 Bomba contraincendios adicional, fuente de energía y aspiración desde el mar, independientes –en local diferente de la 2–. 1 Colector y bocas de incendio. Capaz de suministrar agua de acuerdo con 1, con una manguera de una sola pieza Mangueras –con lanzas de doble efecto y cierre–. 3 Extintores –portátiles (espacios de alojamiento y servicio)–. En cada cubierta, no debe de existir ningún punto a una distancia mayor de 10 m. del extintor más próximo. Extintores –para espacio de máquinas con motores de combustión interna– las opciones son: a) Un sistema fijo de extinción de tipo aprobado según el código SSCI b) 1. un extintor portátil para fuegos de combustible por cada 76,4 Kw., o 2. dos extintores portátiles para fuegos de combustible, junto con: 1 extintor de espuma de 45 l. ó, 1 extintor de polvo de 20 Kg. ó, 1 extintor de CO2 de 16 l. (7 máx.) 2 + 1 Trajes de bombero –incluyendo un aparato respiratorio de un tipo aprobado–. 2 Manta antillamas –en cocina–. 1 En relación con el apartado 8 de la tabla anterior, previa aprobación de la Dirección General de la Marina Mercante, se podrá reducir el número de aparatos respiratorios a uno si existen limitaciones notorias de la capacidad de almacenamiento. 12.2 Requisitos específicos. 12.2.1 Chorro de agua. Al menos un chorro, lanzado por una manguera de una sola pieza, alcanzará cualquier parte del buque a la que puedan acceder normalmente pasajeros o la tripulación durante la navegación, cualquier pañol y cualquier punto de cualquier espacio de carga cuando este se encuentre vacío. 12.2.2 Bombas contraincendios. Tendrán una capacidad de: En la que: – L es la eslora. – B es la manga. – D es el puntal. Cuando se descargue agua al máximo de capacidad de la bomba por medio de dos bocas adyacentes, la bomba debe ser capaz de mantener una presión de agua de 0,2 N/mm2 en cualquiera de las bocas. La segunda bomba, que puede ser portátil, tendrá al menos una capacidad del 80 % de lo expresado en 12.2.2, anterior, y deberá ser capaz de suministrar agua al colector principal. Deberá asimismo instalarse una toma de mar fija exterior a la cámara de máquinas. No se admitirán succiones portátiles de lanzamiento por la borda. Cada bomba contraincendios centrífuga estará dotada de una válvula de no retorno en su conexión al colector. 12.2.3 Colector y bocas contraincendios. Se dispondrá un colector, tuberías y bocas contraincendios. El colector y tubería de servicio de conexión a las bocas, se dimensionarán para el régimen de máxima descarga de las bombas. Su construcción será tal que: – No se dañen con el fuego. – No se corroan fácilmente. – Estén protegidas ante la congelación. Cuando el colector principal sea alimentado por dos bombas, 1 en máquinas y otra fuera, se dispondrá el aislamiento del mismo dentro de la cámara de máquinas y la segunda bomba podrá alimentar el colector principal y las bocas exteriores a la cámara. La válvula o válvulas de aislamiento podrán ser accionadas manualmente desde fuera de la cámara de máquinas en una posición fácilmente accesibles en caso de incendio. El colector no tendrá conexiones diferentes de las necesarias para la lucha contra incendios y el baldeo. Las bocas contraincendios estarán situadas de modo que la conexión de las mangueras sea fácil, protegidas de daños, y estarán distribuidas de manera que con un solo tramo de manguera se pueda llegar a cualquier parte del buque. Asimismo tendrán válvulas que permitan aislar y quitar una manguera con la bomba en funcionamiento. 12.2.4 Mangueras. No excederán los 18 metros de longitud y en general su diámetro no será inferior a 45 mm. Se mantendrán junto con sus accesorios en lugares accesibles conocidos, cercanos a las bocas de conexión. Las que tengan suministro desde una bomba, tendrán lanzas de doble efecto, chorro/aspersión, y dispositivo de cierre, de diámetros de 19, 16 o 12 mm dependiendo de de su aplicación. En los espacios de acomodación y servicio el diámetro de las boquillas no se necesita que exceda de 12 mm. En los espacios de máquinas y espacios exteriores, el diámetro de la lanza será aquel con el que se obtenga el mayor caudal posible con dos chorros suministrados por la bomba más pequeña a la presión como se especifica en 12.2.2. Las bocas y sus conexiones en los espacios interiores tendrán sus mangueras conectadas de modo permanente. El número de mangueras y toberas será como mínimo 3. 12.2.5 Extintores portátiles para uso en espacios de alojamiento y servicio. El número, colocación, tipo de agente extintor y capacidad se seleccionarán de acuerdo con el riesgo de fuego existente, pero en cada cubierta estarán dispuestos de tal forma que no disten más de 10 m. de cualquier punto, y como mínimo 3. Serán de capacidad y tipo aprobado por la Administración. Los de CO2 no se instalarán en espacios de alojamiento. Se colocarán exteriormente adyacentes a la entrada de los espacios en que se utilizarán, excepto aquéllos que se dispongan para un riesgo específico en un espacio normalmente ocupado por personas tal como una cocina. Estarán colocados en lugares accesibles y señalizados. Se llevarán a bordo recargas para al menos el 50% de cada tipo y capacidad de los extintores a bordo. Si un extintor no es de un tipo que pueda ser recargado a bordo en navegación, se dispondrá de otro adicional del mismo tipo. 12.2.6 Extinción de fuego en espacios de maquinaria. En los espacios de máquinas que contengan motores de combustión interna se dispondrán dispositivos de extinción al menos como se indica en el punto 7 de la tabla 1, Dispositivos de extinción. En los espacios de máquinas que contengan una caldera, tanque de sedimentación o cualquier otro dispositivo alimentado con combustible, se dispondrá un sistema fijo de extinción que cumpla con el código SSCI. Se instalarán además extintores portátiles en número, tipo y capacidad según el posible riesgo de incendio. En cualquier caso se instalarán: a) En cámaras de calderas: Al menos 2. b) En espacios que contengan instalaciones de combustible: Al menos 2. c) En espacios con llama: Al menos 1. CAPÍTULO 13 Dispositivos de extinción en buques de 500 o más GT Todos los buques cumplirán los requisitos del Convenio SOLAS, capítulo II-2, regla 10, y sus enmiendas, para el buque y su equipo. A los efectos de la aplicación del Convenio se considerarán los requisitos exigidos como buque de carga. En ningún caso se aplicarán requisitos de menor rigor que los que se aplican a un buque de menos de 500 GT. La situación de los dispositivos de extinción estará claramente señalizada. CAPÍTULO 14 Radiocomunicaciones, equipos de ayuda a la navegación, visibilidad desde el puente y luces, marcas y señales acústicas 14.1 Radiocomunicaciones. 14.1.1 Equipos radioeléctricos obligatorios. a) Los buques de recreo, tanto si están autorizados a llevar pasajeros como si no lo están, deberán ir provistos de los equipos que se indican en la siguiente tabla, en función de la zona por donde se encuentren autorizados a navegar. Equipo Zonas de navegación Navegación Ilimitada Navegación limitada Todas las zonas (A1+A2+A3+A4) Hasta 24 millas (A1) Hasta 90 millas (A1+A2) Estación Terrena de Buque para comunicaciones por satélite. X – – Radioteléfono de MF/HF con Llamada Selectiva Digital (DSC). X – – Radioteléfono de MF con Llamada Selectiva Digital (DSC). – – X Radioteléfono de VHF con Llamada Selectiva Digital (DSC). X X X Radiobaliza de 406 MHz. X X X Receptor NAVTEX. X – X Receptor de Llamada Intensificada a Grupos (LIG). X – – Respondedor de Radar de 9 GHz o AIS SART. 2 <300GT= 1 ≥300GT= 2 <300GT= 1 ≥300GT= 2 Bidireccional Portátil de VHF. <500GT= 2 ≥500GT= 3 <300GT= 1 ≥300GT= 2 ≥500GT= 3 <300GT= 1 ≥300GT= 2 ≥500GT= 3 Radioteléfono duplicado de VHF con Llamada Selectiva Digital (DSC). X – – Sistema de Identificación Automática (AIS). X X X Sistema de Identificación Automática a Larga Distancia (LRIT). X     En lo referente a la navegación limitada en la tabla anterior se tendrán en cuenta las disposiciones sobre zonas marítimas nacionales establecidas en el artículo 4 del Real Decreto 1185/2006. En lo referente a la estación terrena de buque para comunicaciones por satélite de la tabla anterior podrá ser un terminal de satélite de Inmarsat o de otro operador que haya sido aprobado por la OMI para cumplir con el SMSSM. En lo referente a la estación terrena de buque para comunicaciones por satélite y al radioteléfono de MF/HF con Llamada Selectiva Digital (DSC) de la tabla anterior, para la zona A3, el equipo obligatorio podrá ser, bien un equipo de MF/HF o bien un terminal de satélite aprobado para el SMSSM. Para la zona A4, se requiere la disponibilidad de ambos equipos. En lo referente al Radioteléfono de MF con Llamada Selectiva Digital (DSC) señalado en la tabla anterior se admite un equipo de MF/HF. El Receptor de Llamada intensificada a Grupos (LIG) señalado en la tabla anterior es obligatorio solo si el buque navega por zonas donde no esté establecido el servicio NAVTEX. En lo referente al Sistema de Identificación Automática a Larga Distancia (LRIT) de la tabla anterior será obligatorio solo para buques iguales o mayores de 300 GT que realicen viajes internacionales y naveguen fuera de la zona marítima A1. 14.1.2 Normas de instalación y funcionamiento de los equipos. a) Los equipos radioeléctricos y dispositivos de salvamento cuya instalación sea obligatoria, deberán cumplir con el Real Decreto 809/1999, de 14 de mayo. El equipo de VHF duplicado, así como aquellos cuya instalación sea voluntaria, podrán cumplir con el Real Decreto 1890/2000, de 10 de noviembre. b) Los equipos bidireccionales portátiles de VHF deberán ser aptos para cumplir con el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM). No obstante, uno de los equipos exigidos para los buques de arqueo igual o superior a 500 GT podrá ser del tipo no-SOLAS, aunque deberá cumplir con las prescripciones de estanqueidad aprobadas mediante la norma europea IEC 60529 IPX7. c) En los buques de eslora igual o superior a 85 m, uno de los equipos portátiles de VHF y uno de los respondedores de radar deberán ir estibados en el bote salvavidas. d) La potencia de los transmisores de los equipos obligatorios de MF o MF/HF de los que deban ir provistos los buques que realicen navegaciones por la zona A2, no será inferior a 75 vatios. Los equipos de MF/HF obligatorios en zonas A3 y A4, no tendrán potencias inferiores a 100 vatios. e) El LRIT podrá ser un equipo independiente, aprobado, o encontrarse incluido en el mismo terminal, aprobado para cumplir con la zona marítima A3. f) Se dispondrá a bordo del manual para uso de los servicios móvil marítimo y móvil marítimo por satélite, así como de las publicaciones o folletos donde figuren los datos de las estaciones costeras y centros de salvamento españoles. g) Se dispondrá a bordo de una fuente de energía de reserva independiente, constituida por baterías de acumuladores, capaces de alimentar durante tres horas a todo el equipamiento básico de radiocomunicaciones que el buque esté obligado a llevar, así como el GPS, la luz de emergencia, equipo AIS y LRIT, en su caso. h) Antes de salir de puerto, todo buque deberá estar en condiciones de transmitir y recibir alertas de socorro buque-buque, buques-costera y costera-buque a través de todos los equipos que está obligado a llevar. No obstante, en caso de que un buque autorizado para zonas A3 y A4 se encontrase en un puerto donde no existan medios disponibles de reparación, el buque podrá ser autorizado a navegar sin el funcionamiento de determinados equipos, siempre y cuando se encuentre en condiciones de transmitir y recibir las alertas de socorro a través de, al menos, dos medios de radiocomunicaciones separados e independientes. La reparación de los equipos deberá llevarse a cabo en el primer puerto donde haya disponibles medios de reparación. 14.2 Equipos de ayuda a la navegación. 14.2.1 Los buques de recreo, deberán ir provistos de los equipos de ayuda a la navegación que se indican a continuación, cuya instalación será obligatoria. a) Un radar de 9 GHz, cuyo diámetro efectivo de la pantalla será, como mínimo, de 180 mm. o AIS SART. b) Una ecosonda. c) Un compás magnético debidamente ajustado, o cualquier otro medio independiente del suministro de energía del buque, para determinar el rumbo. El compás magnético o el repetidor deberá estar posicionado de tal manera que sea perfectamente legible por el timonel desde la posición de gobierno del buque. Asimismo, deberá estar provisto de una luz de alumbrado alimentada a través de un cable de doble hilo. En los buques de acero, deberá ser posible realizar la corrección del compás para coeficientes B, C y D, así como el error producido por la escora. d) Un dispositivo medidor de la velocidad y la distancia u otro medio para indicar la velocidad y la distancia en el agua. e) Un receptor para el sistema de navegación por satélite, el cual deberá ir conectado a los equipos de llamada selectiva digital existentes a bordo. f) Un indicador de ángulo del timón. g) Un girocompás o compás magnético de repuesto. Para buques menores de 300 GT, este aparato podrá ser un compás de inducción magnética (Fluxgate compás), siempre que exista una fuente de energía de emergencia en caso de fallo de la fuente de energía principal. h) Un taxímetro, un dispositivo para leer demoras u otro medio, independiente de cualquier suministro de energía, capaz de tomar demoras o marcaciones en un arco de horizonte de 360º. i) Un juego de cartas náuticas actualizado, que cubra la ruta que se pretende seguir. Se admitirá su sustitución por un sistema de visualización de cartas electrónico. 14.3 Visibilidad desde el puente. 14.3.1 La visibilidad desde el puente de navegación cumplirá con los requisitos establecidos en la regla 22 del Convenio SOLAS, capítulo V. Los buques de eslora total menor de 45 m cumplirán estas normas en tanto les sea práctico y razonable. 14.3.2 Las ventanas pueden estar inclinadas con respecto al plano vertical, siempre que, donde sea necesario, se tomen medidas para evitar los reflejos perjudiciales de la luz desde dentro del puente. Las ventanas del puente no serán de cristal polarizado o teñido. Se podrán utilizar pantallas portátiles teñidas. 14.4 Luces, marcas y señales acústicas. 14.4.1 Todos los buques cumplirán los requisitos del código Internacional para prevenir los abordajes en el mar de 1972, y sus enmiendas. 14.4.2 Todas las luces de navegación podrán ser alimentadas desde la fuente de energía principal y desde la de emergencia. 14.4.3 El requisito de duplicidad de aquellas luces a exhibir en navegación se podrá satisfacer disponiendo de lámparas de respeto que se puedan cambiar en un tiempo máximo de tres minutos. 14.4.4 En los buques de recreo en los que el cumplimiento alguno de estos requisitos se demuestre inviable, la Dirección General de la Marina Mercante podrá aprobar disposiciones alternativas. CAPÍTULO 15 Medios de fondeo, amarre y remolque 15.1 Equipo. 15.1.1 Se considerará que un buque de recreo tiene el equipo de fondeo, amarre y remolque adecuado cuando el equipo y su instalación cumpla con las normas correspondientes establecidas por una organización reconocida. 15.1.2 Los buques que no estén equipados de acuerdo con lo establecido en el punto anterior, podrán presentar una solicitud alternativa para su aprobación por la Dirección General de la Marina Mercante. 15.1.3 Todos los buques llevarán al menos dos anclas a bordo, una de las cuales estará en disposición de ser lanzada en cualquier momento. Todo sistema mecánico de leva del ancla estará conectado también al generador de emergencia, si lo hubiera, o podrá ser accionado manualmente. 15.2 Buques a vela.–En el dimensionamiento de las anclas, cadenas y cables de los buques a vela se tendrá en cuenta el efecto adicional del viento debido a los mástiles y la jarcia. CAPÍTULO 16 Alojamientos y protección de las personas 16.1 General. 16.1.1 El buque contará con un estándar de habitabilidad adecuado que asegure el confort, salud, seguridad y posibilidades de recreo para todas las personas a bordo. 16.1.2 Asimismo se contará con un estándar apropiado para los medios de acceso y salidas de emergencia, iluminación, calefacción, almacenamiento y preparación de alimentos, comedor, seguridad de movimiento por el buque, ventilación y servicios de agua. 16.1.3 De modo general, el estándar de la acomodación de la tripulación será como mínimo equivalentes a los establecidos por la Organización Internacional del Trabajo para los tripulantes de los buques mercantes. Las provisiones del Convenio ILO se aplicarán en los buques de más de 500 GT. En buques más pequeños, especialmente los buques a vela, estas provisiones se aplicarán en lo posible, pero en todo caso cada tripulante dispondrá de su propia cama o litera. No se permiten los dormitorios en donde el revestimiento de la cubierta esté por debajo del nivel de la línea de agua más alta. 16.1.4 La acomodación de la tripulación no se ubicará en lugares inseguros. 16.2 Vías de acceso y salidas de emergencia.–Ver 10.7 y 11.12. Todas las vías de acceso y salidas de emergencia estarán dotadas de medios de iluminación de emergencia. Podrán ser alimentados al menos durante media hora por la fuente de energía de emergencia o por otros medios que sean considerados satisfactorios. 16.3 Iluminación.–Se instalará un sistema eléctrico de iluminación capaz de suministrar iluminación adecuada en todos los espacios cerrados de alojamiento y trabajo. El sistema se diseñará e instalará de acuerdo con lo prescrito en la sección 4. 16.4 Calefacción.–Si se considera apropiado, se proveerá una adecuada instalación de calefacción. 16.5 Almacenamiento y preparación de alimentos. 16.5.1 El piso de la cocina tendrá una superficie antideslizante y proporcionará un buen apoyo para el pie. 16.5.2 Los muebles y aparatos de cocina serán de materiales resistentes a la suciedad y la humedad y sus partes metálicas resistentes a la oxidación. 16.5.3 La ventilación de la cocina estará instalada de modo que se asegure un flujo adecuado de aire fresco y una descarga eficaz de los humos al exterior. 16.5.4 Si las placas de la cocina están montadas sobre un cardán, se protegerán con una barra fija fuera de la placa para evitar accidentes personales. Existirá un medio de fijación del mecanismo cardán. 16.5.5 Habrá medios para que el cocinero se pueda hacer firme, con ambas manos libres para trabajar, en caso de que los movimientos del buque amenacen el trabajo seguro. 16.5.6 Se proveerá un almacenamiento seguro e higiénico para los alimentos y la basura. 16.5.7 Se proveerá(n) zona(s) de comedor y entretenimiento de superficie suficiente para acomodar al número de personas que habitualmente puedan usarla. 16.6 Pasamanos y asideros.–Habrá suficientes pasamanos y asideros en la acomodación del buque para permitir el desplazamiento seguro en todo momento y situación. Se prestará especial atención a las escaleras. 16.7 Ventilación. 16.7.1 Existirá una ventilación efectiva en todos los espacios cerrados a los que accede el personal. 16.7.2 En todos los espacios de alojamiento de los buques que hagan viajes internacionales largos u operen en aguas tropicales habrá ventilación mecánica. Como mínimo proporcionará 6 cambios por hora cuando todos los accesos y otras aberturas (distintas de las entradas de ventilación) de los espacios están cerrados. 16.7.3 Los sistemas de aire acondicionado proporcionarán un mínimo de 25 m3 de aire a la hora por persona que se encuentre en el espacio en condiciones normales de operación. Las cocinas cerradas serán objeto de especial consideración y, si no disponen de aire acondicionado, como mínimo tendrán un suministro de aire limpio de 20 renovaciones a la hora y una exhaustación mecánica de 30 renovaciones. 16.8 Servicios de agua. 16.8.1 Se proveerá suministro adecuado de agua potable en los lugares convenientes de los espacios de acomodación. Todos los elementos del servicio (tanques, tuberías, etc.) deberán ser de materiales que permitan que el agua sea de consumo humano. 16.8.2 Adicionalmente, se llevará a bordo una reserva de agua potable suficiente para suministrar al menos 2 litros por persona. 16.8.3 La instalación de una planta potabilizadora a bordo será de tipo aprobado. 16.9 Dormitorios.–Cada persona a bordo tendrá a su disposición una litera o cama, de acuerdo con las indicaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Cuando se considere adecuado, se proveerán medios con los que prevenir una caída. No habrá acceso directo a los dormitorios desde los espacios de máquinas, cocinas, pañoles de pinturas u otros pañoles, secaderos de ropa, lugares comunes de lavado o WC. En los espacios de la tripulación, en la medida de lo posible, el máximo número de personas por dormitorio será de dos, con acceso expedito al menos a uno de los costados de la cama. Cualquier aumento sobre este máximo permitido será de conformidad con la Administración. 16.10 Aseos.–Se instalarán servicios sanitarios adecuados a bordo, al menos, a razón de una ducha por cada 8 personas o fracción y un lavabo y un inodoro por cada 6 personas o fracción. Se tomarán precauciones para que en el sistema sanitario, incluyendo el tanque séptico, no exista posibilidad de que gases procedentes del tanque puedan regresar a los servicios, aun en el caso de que falle el sifón. 16.11 Facilidades de estiba para los efectos personales.–Se proveerán para cada persona a bordo medios adecuados para guardar las ropas y sus efectos personales. 16.12 Fijación del equipo pesado.–Todos los elementos pesados, tales como lastre, baterías, cocina, etc., estarán fijados con seguridad en su lugar. Todos los cajones de almacenamiento que contengan artículos pesados tendrán tapas o puertas que se puedan mantener cerradas de modo seguro. 16.13 Protección de las personas. 16.13.1 Superestructuras y casetas. La resistencia estructural de cualquiera de ellas cumplirá los requisitos de una organización reconocida a estos efectos, en función de cada buque y su zona de operación. 16.13.2 Amuradas y pasamanos. 16.13.2.1 Las amuradas y/o barandillas de todas las cubiertas serán como mínimo de 1 metro de altura. Ninguna abertura en las barandillas de defensa excederá en altura de 380 mm. Donde no exista amurada, o la altura de esta sea inferior a 230 mm, la abertura inferior no excederá los 230 mm. Estarán soportados por refuerzos o candeleros a intervalos no mayores de 2,2 metros. Los raíles o cables horizontales se espaciarán con intervalos iguales. 16.13.2.2 Existirán medios satisfactorios tales como pasamanos, andariveles, pasarelas o pasos inferiores, para la protección de la tripulación en su paso a y desde los alojamientos, espacios de máquinas o cualquier otro lugar de trabajo en el buque. 16.13.2.3 Cuando la operación del buque fuera impedida por la provisión de amuradas o barandillas de acuerdo a la indicado en 16.13.2.1, será sometida a consideración de la Administración la alternativa propuesta de modo que sea satisfecha una protección equivalente para las personas en cubierta. 16.13.3 Trabajo seguro en altura, por la borda y el botalón de los buques a vela. 16.13.3.1 Cuando sea necesario el acceso al aparejo, botalón o fuera de las bordas se proporcionarán medios a la tripulación para trabajar con seguridad, de acuerdo con la normativa de seguridad en el trabajo. 16.13.3.2 Los medios previstos estarán basados en prácticas seguras en cada tipo de buque. Incluirán sin estar limitados a: a) Redes de seguridad bajo el botalón. b) Asideros o estays (de metal o cables) fijados a lo largo del botalón así como medios para agarrarse o conectar los arneses. c) Uso obligatorio de arneses de seguridad para trabajar en los mástiles, fuera de las bordas o en el botalón. d) Un número suficiente de estribos o cabos aparejados de modo permanente para permitir a los marineros estar de pie mientras trabajan en las vergas de las gavias o el botalón. e) Asideros de metal o cable fijados a lo largo de la parte superior, para sujetarse con las manos o enganchar los arneses. f) Medios seguros para trepar a los mástiles, tales como estribos o escalones fijados al mástil o los tradicionales flechastes. 16.13.4 Indumentaria personal. Será responsabilidad del armador o del patrón que se cumpla lo siguiente: a) Cada persona a bordo dispondrá de indumentaria de protección apropiada para las temperaturas del aire y del agua de mar. b) Cada persona a bordo dispondrá de calzado antideslizante mientras se encuentre a bordo. 16.13.5 Ruido. 16.13.5.1 Se tendrán en cuenta las recomendaciones del código sobre niveles de ruido a bordo de los buques, Resolución A.468 (XII), publicado en 1982. 16.13.5.2 Para la navegación segura es importante que las señales sonoras y las comunicaciones en VHF se oigan bien en el puente de navegación en condiciones normales de navegación. 16.13.5.3 Los límites del ruido recomendados en los espacios de máquinas con atención permanente o durante periodos prolongados son de 90 dB(A) en máquinas y de 85 dB(A) en talleres y pañoles. En espacios de máquinas sin atención permanente el límite recomendado es de 110 dB(A). Estos límites se establecen en base el uso de protectores del oído. 16.13.5.4 Se indicará con los letreros apropiados la necesidad de usar protectores de oídos en las entradas de los espacios cuyo nivel de ruido exceda de 85 dB(A). CAPÍTULO 17 Transferencia de personas a bordo 17.1 Embarcaciones («Dinghies»). 17.1.1 Si un buque lleva a bordo una embarcación (rígida, semirrígida o inflable) para la transferencia de personas a tierra o a bordo, ésta deberá ser adecuada para dicho uso, el armador o propietario efectuará reconocimientos de manera regular y se mantendrá de un modo adecuado. 17.1.2 El equipo de seguridad a bordo de la misma será el adecuado para su uso y zona de operación. 17.1.3 Cada embarcación estará marcada con el máximo número de personas que pueda transportar de modo seguro, considerando un peso medio de 75 kg/persona, y el nombre del buque al que da servicio. 17.1.4 Si el combustible del motor de la embarcación es gasolina, se tendrán en cuenta las precauciones necesarias para este combustible. Véase la sección correspondiente del presente anexo. 17.2 Helicópteros. 17.2.1 En aquellos buques en que estén previstas operaciones helicóptero-buque, la zona de aterrizaje estará situada en una zona adecuada sobre la cubierta de intemperie o de superestructura, o en una plataforma permanentemente unida a la estructura del buque construida para tal fin, y se cumplirá lo siguiente: a) Estará proyectada y construida de acuerdo con las reglas de una organización reconocida relativas a resistencia estructural de zonas de aterrizaje de helicópteros en buques. Dicha organización reconocida emitirá un certificado de cumplimiento. b) Para cualquier otro aspecto, entre otros el tamaño, medios de acceso, zonas despejadas de obstáculos, iluminación, marcas y balizamiento; se tendrán en cuenta las disposiciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI); en particular, el volumen 2 (Helipuertos) del anexo 14 de la Convención de Aviación Civil Internacional, y cualquier otra norma nacional o internacional aplicable. c) Se cumplirán todos los requisitos del capítulo II-2 de SOLAS relativos a instalaciones de helicópteros. d) Las operaciones helicóptero-buque estarán restringidas a los límites aceptables, tanto de climatología como de movimientos del buque, establecidos por las Autoridades competentes. e) La zona de aterrizaje se proyectará para el helicóptero de mayor tamaño que se pretenda usar. f) Los procedimientos operacionales del buque reflejarán lo anterior en su totalidad. 17.2.2 Si el buque dispone a bordo de hangar e instalaciones de combustible para el helicóptero, será necesaria la aprobación expresa de la Dirección General de la Marina Mercante. Dichas instalaciones cumplirán todos los requisitos del capítulo II-2 de SOLAS y cualquier otra norma nacional o internacional aplicable. 17.2.3 Se podrá autorizar que, mientras no esté en uso, pueda plegarse la parte de la zona de aterrizaje del helicóptero que exceda las dimensiones del casco del buque. 17.2.4 Salvo acuerdo en contrario entre la Dirección General de la Marina Mercante y la organización reconocida, se tomará un valor mínimo de carga dinámica sobre la zona de aterrizaje de 2,5 veces el peso máximo en despegue del helicóptero más pesado que se prevea aterrice en la misma. 17.2.5 El personal de la tripulación que tenga tareas asignadas dentro del equipo de operaciones de la zona de aterrizaje del helicóptero, así como el oficial a cargo de dicho equipo, estará en posesión de la correspondiente titulación. 17.2.6 La tripulación a bordo estará familiarizada y entrenada en todo lo relativo a operaciones de helicóptero en buques, estando en posesión de la correspondiente titulación. 17.2.7 Los procedimientos de comunicación buque-base y buque-helicóptero, los procedimientos de operación del buque y la guía para emergencias relativas a helicópteros, contenidos en la guía de procedimientos para operaciones Helicóptero/Buque establecida por la Cámara Internacional de Transporte Marítimo (ICS), serán utilizados como parte de los procedimientos operacionales del buque. 17.3 Prácticos.–En caso de que el acceso a bordo del práctico sea obligatorio, se dispondrán los medios necesarios de acuerdo con lo prescrito en SOLAS, cap. V, regla 23, y la Resolución OMI A.889 (21) «Medios de transferencia del práctico», o cualquier otra norma nacional o internacional aplicable. 17.4 Planchas y escalas. 17.4.1 En todo momento en que se esté atracado en puerto, se dispondrá de un medio seguro de acceso a bordo, ya sea desplegado o listo para desplegarse. Si no está desplegado, se dispondrá de un medio de comunicación entre las personas de a bordo y las del muelle. 17.4.2 Las planchas, pasarelas y escalas estarán fabricadas, con carácter general, según un estándar nacional o internacional reconocido. En caso contrario, el fabricante certificará la correspondiente prueba de carga. Alternativamente, la Administración efectuará todas las pruebas que se consideren necesarias. Se deberán seguir todos los procedimientos e instrucciones del fabricante. 17.4.3 En todos los casos, las planchas, pasarelas y escalas estarán claramente marcadas con el nombre del fabricante, número del modelo, máximo ángulo en uso y carga máxima admisible (en número de personas y en peso máximo). Dispondrán asimismo de pasamanos o protecciones laterales. 17.4.4 Las zonas a bordo de los accesos a las planchas y escalas estarán suficientemente iluminadas. 17.4.5 En aquellos buques de eslora igual o superior a 120 m se dispondrá de escala real, y ésta estará sujeta a lo exigido en la regla 3-9 del capítulo II-1 de SOLAS. CAPÍTULO 18 Botiquín Se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 258/1999, de 12 de febrero, por el que se establecen las condiciones mínimas sobre protección de la salud y la asistencia médica de los trabajadores del mar y sus modificaciones posteriores, según su navegación. CAPÍTULO 19 Prevención de la contaminación En este capítulo se recogen los requisitos que deben cumplir los buques de recreo. Estos no serán contrarios a otra legislación que le sea aplicable al buque. 19.1 Generalidades. 19.1.1 Los buques de recreo cumplirán el Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques, MARPOL 73/78, cuando le sea de aplicación. 19.1.2 Los motores propulsores a los que no les sea de aplicación la regla 13 del anexo VI de MARPOL deberán cumplir con lo indicado en el Real Decreto 2127/2004, de 29 de octubre, por el que se regulan los requisitos de seguridad de las embarcaciones de recreo, de las motos náuticas, de sus componentes y de las emisiones de escape y sonoras de sus motores, en aplicación de la Directiva 94/25/CE enmendada por la 2003/44/CE, en lo referente a emisiones de escape. 19.2 Buques de recreo de menos de 400 GT. 19.2.1 Los buques de recreo de menos de 400 GT dispondrán al menos de un tanque de almacenamiento con capacidad suficiente para contener los residuos de hidrocarburos (fangos) y mezclas de aguas oleosas que se generen durante la travesía más larga. 19.2.2 Las tuberías que empiecen y acaben en el tanque descrito en el párrafo anterior no tendrán conexión directa al mar, salvo la conexión universal a tierra a que hace referencia la regla 13 del anexo I de MARPOL. 19.2.3 Asimismo el tanque de almacenamiento deberá estar proyectado y construido de manera que se facilite su limpieza y descarga de los residuos en las instalaciones de recepción. 19.2.4 Aquellos buques que queden fuera del ámbito de aplicación del anexo IV del Convenio MARPOL, y en lo referente a la prevención de la contaminación por las aguas sucias de los buques de recreo, deberán cumplir las prescripciones de la Orden FOM/1144/2003, de 28 de abril, en su capítulo V, y sus modificaciones posteriores y la consideración de que la existencia de una instalación y tanques conformes a las correspondientes normas UNE-EN ISO permiten cumplir con la Orden ministerial FOM/1144/2003, al margen de las capacidades mínimas que esta define. 19.2.5 Los buques existentes que no cumplan con lo dispuesto en 19.2.4 les será de aplicación el párrafo anterior un año después de la entrada en vigor del real decreto por el que se aprueba este anexo.

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El artículo 7 del texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, delimita los objetivos a los que va dirigida la política de marina mercante, en el marco de las competencias asignadas la Administración General del Estado en el ámbito del artículo 149.1.20.ª de la Constitución. Dentro de dichos objetivos se encuentra la tutela de la seguridad de la vida humana en la mar, de la navegación y de la seguridad marítima y la protección del medio ambiente marino. A su vez, el artículo 6.1 del citado texto legal considera incluidos en el concepto de marina mercante, entre otros aspectos, la ordenación y control de la flota civil española, la seguridad de la navegación y de la vida humana en la mar y la prevención de la contaminación del medio marino desde buques, plataformas fijas y otras instalaciones que se encuentren en aguas bajo la jurisdicción española. Con carácter general, la consecución de los objetivos descritos depende del establecimiento de un marco normativo y técnico que regule el régimen jurídico de los buques, de las características estructurales y de funcionamiento y de los equipos incorporados a los mismos, así como el régimen de inspección y reconocimientos al que han de someterse, a efectos de garantizar el cumplimiento de las condiciones básicas de seguridad para las personas, los bienes, y el medio ambiente marino. El artículo 9.1.c) del texto mencionado texto legal engloba dentro de la flota civil española a los buques y embarcaciones de recreo y deportivos. Las embarcaciones de recreo, entendiendo por tales aquellas cuya eslora de casco (Lh) es igual o menor de 24 metros, se encuentran reguladas en el Real Decreto 1434/1999, de 10 de septiembre, por el que se establecen los reconocimiento e inspecciones de las embarcaciones de recreo para garantizar la seguridad de la vida humana en el mar y determina las condiciones que deben reunir las entidades colaboradoras de inspección, en el Real Decreto 2127/2004, de 29 de octubre, regulador de los requisitos de seguridad de las mismas, y en la Orden FOM/1144/2003, de 28 de abril, que fija los equipos de seguridad, salvamento, contra incendio, navegación y prevención de vertidos con que deben estar dotadas las embarcaciones y en la Orden FOM/1076/2006, de 29 de marzo, por la que se modifica la anterior. Respecto de los buques de recreo de una eslora (Lh) superior a 24 metros y de arqueo bruto superior a 3000 GT, que puedan transportar más de 12 pasajeros, no existe ningún problema en lo que se refiere a su marco normativo y régimen jurídico y técnico aplicables a los mismos, por cuanto que, de acuerdo con los Convenios vigentes y la legislación de la Unión Europea y nacional aplicables al sector, estos buques se consideran a todos los efectos como buques de pasaje. Sin embargo, la legislación española carece de regulación específica en lo que se refiere a los buques de recreo de una eslora (Lh) superior a 24 metros y arqueo bruto inferior a 3000 GT, susceptibles de transportar hasta 12 pasajeros, sin incluir a la tripulación, conocidos comúnmente como «megayates». Según lo dispuesto en el Real Decreto 1661/1982, de 25 de junio, por el que se declara la aplicación a todos los buques y embarcaciones mercantes nacionales los preceptos del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974 y su protocolo de 1978 (Convenio SOLAS), las disposiciones de este Convenio serían de aplicación a este tipo de embarcaciones. Sin embargo, algunas normas del citado Convenio, y sus complementarias, pueden presentar dificultades para su aplicación a los buques de recreo ya que están pensadas para buques y embarcaciones mercantes. Por ello es preciso establecer el marco jurídico que los regule, así como proceder a una adaptación de las normas aplicables a su construcción, reparación y mantenimiento y a las inspecciones y reconocimientos que les sean aplicables. Esta finalidad queda cubierta con la aprobación de este real decreto, para cuya elaboración se ha partido de los precedentes legislativos y la experiencia acumulada al respecto por la Administración Marítima Española, así como del examen y análisis de las reglas y criterios que rigen la normativa europea, acrisoladas por la bondad de sus normas técnicas puestas de manifiesto a lo largo del tiempo, tal cual es el supuesto representado por el «Large Commercial Yacht Code (LY3)», del «Maritime Coastguard Agency» del Reino Unido. Así pues, las medidas propuestas en este real decreto, en lo referente a construcción y equipamiento de estos buques, constituyen una síntesis de aquellos preceptos aplicables a éstos extraídos de los Convenios internacionales para prevenir la contaminación marina (MARPOL) y la seguridad de la vida humana en la mar (SOLAS), de los que España es Parte. En particular se suprimen determinadas exigencias constructivas como consecuencia de su consideración como un tipo de buques que no tienen la consideración de «buque de pasaje» y que son exigibles únicamente a estos últimos. Por otra parte, los documentos que figuran en el real decreto y la exigencia de su constancia a bordo deriva, asimismo, del cumplimiento de los citados Convenios internacionales para prevenir la contaminación marina (MARPOL) y la seguridad de la vida humana en la mar (SOLAS). Tales documentos, que demuestran el cumplimiento del buque con los Convenios antes mencionados, son necesarios ante cualquier inspección que se realice en los puertos de recalada, tanto españoles como extranjeros. La no llevanza de estos documentos o su inexactitud puede acarrear la detención del buque, de acuerdo con los Convenios mencionados y la normativa española de aplicación. La exigencia de tales requisitos tiene, pues, como finalidad la consecución de la seguridad marítima establecida por dichos Convenios internacionales y su exigencia se considera necesaria y proporcional al fin pretendido, puesto que ### RESUMEN: Nueva división en la Airef para la evaluación del gasto público, en línea con las promesas del plan de recuperación.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Conselleria de Economia, Industria, Turismo y Empleo-Agència Valenciana del Turisme. b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Sección de Contratación. 2) Domicilio: Avenida de Aragón, 30, planta 8. 3) Localidad y código postal: 46021, Valencia. 4) Teléfono: 963986000 5) Telefax: 963986141 6) Correo electrónico: contratacion_turisme@gva.es. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contratacion.gva.es. 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 40 días siguientes a la remisión del anuncio de licitación al Diario Oficial de la Unión Europea. d) Número de expediente: 03/13. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Campaña de comunicación global sobre la oferta turística de la Comunitat Valenciana 2013-2015. i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79342200 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Urgente. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 4.800.000 euros. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 4.800.000 euros. Importe total: 5.808.000 euros. 6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 por ciento del importe de adjudicación. 7. Requisitos específicos del contratista: a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo T, Subgrupo 01, Categoría D. b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Conforme a lo previsto en la cláusula 4 del pliego de cláusulas administrativas particulares. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 40 días siguientes a la remisión del anuncio de licitación al Diario Oficial de la Unión Europea. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Agència Valenciana del Turisme. 2) Domicilio: Avenida de Aragón, 30, planta 8. 3) Localidad y código postal: 46021, Valencia. 9. Apertura de Ofertas: b) Dirección: Avenida de Aragón 30, planta 8. c) Localidad y código postal: 46021, Valencia. d) Fecha y hora: Sobre B, el 13 de junio de 2013 a las 12 horas, y sobre C el 24 de junio de 2013 a las doce horas. 10. Gastos de publicidad: Los gastos de los anuncios producidos por este contrato serán por cuenta del adjudicatario y su importe no será superior a 1.000 euros. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 23 de abril de 2013. Valencia, 24 de abril de 2013.- La Subsecretaria de la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo, Sonia Morales Ariza.

El convenio con Catalunya para el reparto de las ayudas directas de la línea Covid.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Conselleria de Economia, Industria, Turismo y Empleo-Agència Valenciana del Turisme. b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Sección de Contratación. 2) Domicilio: Avenida de Aragón, 30, planta 8. 3) Localidad y código postal: 46021, Valencia. 4) Teléfono: 963986000 5) Telefax: 963986141 6) Correo electrónico: contratacion_turisme@gva.es. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contratacion.gva.es. 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 40 días siguientes a la remisión del anuncio de licitación al Diario Oficial de la Unión Europea. d) Número de expediente: 03/13. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Campaña de comunicación global sobre la oferta turística de la Comunitat Valenciana 2013-2015. i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79342200 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Urgente. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 4.800.000 euros. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 4.800.000 euros. Importe total: 5.808.000 euros. 6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 por ciento del importe de adjudicación. 7. Requisitos específicos del contratista: a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo T, Subgrupo 01, Categoría D. b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Conforme a lo previsto en la cláusula 4 del pliego de cláusulas administrativas particulares. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 40 días siguientes a la remisión del anuncio de licitación al Diario Oficial de la Unión Europea. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Agència Valenciana del Turisme. 2) Domicilio: Avenida de Aragón, 30, planta 8. 3) Localidad y código postal: 46021, Valencia. 9. Apertura de Ofertas: b) Dirección: Avenida de Aragón 30, planta 8. c) Localidad y código postal: 46021, Valencia. d) Fecha y hora: Sobre B, el 13 de junio de 2013 a las 12 horas, y sobre C el 24 de junio de 2013 a las doce horas. 10. Gastos de publicidad: Los gastos de los anuncios producidos por este contrato serán por cuenta del adjudicatario y su importe no será superior a 1.000 euros. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 23 de abril de 2013. Valencia, 24 de abril de 2013.- La Subsecretaria de la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo, Sonia Morales Ariza. ### RESUMEN: El convenio con Catalunya para el reparto de las ayudas directas de la línea Covid.

La Ministra de Hacienda, en representación de la Administración General del Estado, la Secretaria de Estado de Hacienda, en representación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Vicepresidente del Gobierno en substitución de la Presidencia de la Generalitat de Catalunya y Consejero de Economía y Hacienda, en virtud del Decreto 3/2018, de 29 de mayo, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 4.4 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, han suscrito el Convenio entre el Ministerio de Hacienda, la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Comunidad Autónoma de Cataluña, para permitir articular la necesaria colaboración entre ambas Administraciones públicas de cara a la ejecución de lo previsto en el título I del mencionado Real Decreto-ley. Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo su publicación como anejo a la presente Orden. Madrid, 29 de abril de 2021.–La Ministra de Hacienda, María Jesús Montero Cuadrado. ANEJO Convenio entre el Ministerio de Hacienda, la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Comunidad Autónoma de Cataluña, en aplicación de lo establecido en el artículo 4.4 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19 Madrid, 28 de abril de 2021. PARTES QUE INTERVIENEN De una parte, doña María Jesús Montero Cuadrado, Ministra de Hacienda, en virtud del Real Decreto 8/2020, de 12 de enero, por el que se nombran Ministros del Gobierno, en representación del citado Departamento, y en ejercicio de las competencias que le confiere la Orden de 13 de abril de 2021, de avocación de competencias para la firma de los convenios a los que se refiere el apartado 4 del artículo 4 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19. De otra parte, doña Inés María Bardón Rafael, Presidenta de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en virtud de lo previsto en el artículo 103, apartado tres. 2 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, nombrada por el Real Decreto 380/2018, de 8 de junio. Y de otra, don Pere Aragonès i Garcia, Vicepresidente del Gobierno en substitución de la presidencia de la Generalitat de Catalunya y consejero de Economía y Hacienda, en virtud del nombramiento hecho por el Decreto 3/2018, de 29 de mayo, por el que se nombran el vicepresidente del Gobierno y los consejeros y las consejeras de los departamentos de la Generalitat de Catalunya, y en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 1 y 2 del Decreto 114/2020, de 30 de septiembre, de substitución del presidente de la Generalitat de Catalunya y el artículo 12.1 de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la presidencia de la Generalidad y del Gobierno. Reconociéndose las partes que intervienen la capacidad legal necesaria para formalizar el presente Convenio. EXPOSITIVO I En cumplimiento de lo previsto en el artículo 4.4 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19 (en adelante, Real Decreto-ley 5/2021), la Ministra de Hacienda, en representación de la Administración General del Estado y la Secretaria de Estado de Hacienda, en representación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (en adelante, Agencia Tributaria), suscriben el presente convenio en ejercicio de las competencias que le atribuye la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. La Comunidad Autónoma de Cataluña tiene competencias propias para la gestión de sus intereses y se encuentra facultada para la suscripción de convenios para el desarrollo de actuaciones de intercambio de información con la Administración estatal. II En cumplimiento de lo previsto en el artículo 4.4 del Real Decreto-ley 5/2021 y en el marco de la colaboración mutua que debe presidir las relaciones entre las Administraciones Públicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3.1.k), 140 y 141 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante Ley de Régimen Jurídico del Sector Público), las partes firmantes consideran que sería muy beneficioso para el cumplimiento de sus respectivos fines suscribir este convenio. En concreto, el artículo 4.4 del Real Decreto-ley 5/2021 prevé la suscripción del presente convenio para permitir articular la necesaria colaboración entre ambas Administraciones públicas de cara a la ejecución de lo previsto en el título I del mencionado Real Decreto-ley, contemplando cuestiones como el intercambio de información entre las Administraciones Tributarias; la mención en todas las actuaciones y soportes que se utilicen al origen de los fondos que financian estas ayudas, señalándose que son financiadas por el Gobierno de España; y la obligación de suministrar información detallada sobre las convocatorias realizadas y los resultados de las mismas. III Las Administraciones Públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes pueden, en el ámbito de sus competencias, suscribir convenios con otros sujetos de derecho público, sin que ello suponga cesión de la titularidad de sus competencias, a fin de mejorar la eficiencia de la gestión pública y facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos, con el contenido y por los trámites establecidos en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. En este sentido, razones de eficacia en el ejercicio de las competencias atribuidas a las partes signatarias justifican la suscripción de este convenio de conformidad con lo previsto en el artículo 4.4 del Real Decreto-ley 5/2021. CLÁUSULAS Primera. Objeto del Convenio. El presente Convenio tiene por objeto establecer determinadas actuaciones a realizar por el Ministerio de Hacienda, la Agencia Tributaria y la Comunidad Autónoma que materialicen la necesaria colaboración para la correcta ejecución de lo previsto en el título I del Real Decreto-ley 5/2021. Segunda. Obligaciones de las partes. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.4 del Real Decreto-ley 5/2021, las partes firmantes se comprometen a: A. La Comunidad Autónoma. 1. Incorporar en los formularios de solicitud de las ayudas directas a autónomos o empresas de la Línea COVID el contenido mínimo que se detalla a continuación, para facilitar el suministro por la Agencia Tributaria de la información de que disponga y para que la Comunidad Autónoma pueda obtener del solicitante o de otras Administraciones tributarias la restante información necesaria para gestionarlas cuando la Agencia Tributaria no disponga de ella: a) NIF del solicitante de la ayuda. b) La autorización a que se refiere el artículo 95.1.k) de la Ley General Tributaria. c) Indicación de si se van a solicitar ayudas en territorios distintos al del domicilio fiscal. d) Si en los años 2019 y 2020 o en alguno de ellos se ha formado parte de un grupo que aplique un régimen de consolidación fiscal de territorio foral, la composición de dicho grupo en 2020 y si alguna entidad del mismo tributa en exclusiva ante una Hacienda Foral a efectos del IVA en dichos años. e) Si en los años 2019 y 2020 o en alguno de ellos se ha formado parte de un grupo que aplique un régimen de consolidación fiscal de territorio común, si alguna entidad del mismo tributa en exclusiva ante una Hacienda Foral a efectos del IVA en dichos años. f) Si realiza exclusivamente operaciones no sujetas o exentas que no obligan a presentar autoliquidación periódica de IVA y determina el pago fraccionado de acuerdo con la modalidad prevista en el artículo 40.2 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. 2. Suministrar la información que se detalla en las letras a) y c) del apartado 1 anterior a la Agencia Tributaria. 3. En las convocatorias y en las notificaciones de resolución, recepción o cualesquiera otras dirigidas a los beneficiarios de las ayudas directas que realice la Comunidad Autónoma deberá constar expresamente, en lugar visible, que se han financiado por el Gobierno de España. Asimismo, en todas las actividades de difusión que pueda llevar a cabo la Comunidad Autónoma de las distintas acciones relativas a las ayudas directas en publicaciones, medios de difusión o páginas web deberá constar la referencia establecida en el párrafo anterior. 4. Suministrar información detallada sobre las convocatorias realizadas y los resultados de las mismas, en los siguientes términos: a) La Comunidad Autónoma remitirá al Ministerio de Hacienda una relación de las resoluciones de las ayudas concedidas en aplicación del título I del Real Decreto-ley 5/2021 y de las convocatorias de ayudas que se produzcan en desarrollo de dicha disposición. Asimismo, se remitirá información sobre los pagos o transferencias a los beneficiarios y los eventuales reintegros que se produzcan. Estas relaciones incluirán, al menos, información sobre la convocatoria que da soporte a cada ayuda, la identificación del beneficiario y su naturaleza, el código CNAE acreditado según el artículo 3.5 del Real Decreto-ley 5/2021 o el código CNAE principal dentro de los determinados por la normativa que regula la concesión de las ayudas, la aplicación presupuestaria de los presupuestos autonómicos con cargo a la cual se hacen efectivas las ayudas, la fecha de resolución y el importe de la ayuda concedida, así como las fechas e importes de los pagos efectivos al beneficiario, y, en su caso, la fecha de la resolución de reintegro, su importe y las fechas e importes en los que los mismos se hacen efectivos por parte del beneficiario, así como de las fechas e importes de los reintegros que se realicen a la Administración General del Estado. b) La información se remitirá por la Comunidad Autónoma al Ministerio de Hacienda que gestionará dicha información en especial colaboración con la Agencia Tributaria, en particular en cuanto a la gestión de los datos remitidos, los cuales podrán alojarse en sus servidores además de en los del propio Ministerio. c) El Ministerio de Hacienda podrá solicitar a la Comunidad Autónoma cuanta información adicional considere necesaria sobre la gestión de las convocatorias de las ayudas y los resultados de las mismas. B. La Agencia Tributaria. Suministrar la siguiente información a la Comunidad Autónoma, en relación con el marco básico de los requisitos de elegibilidad y de los criterios para fijación de la cuantía de la ayuda, de conformidad con el artículo 3 del Real Decreto-ley 5/2021 y la Orden HAC/348/2021, de 12 de abril, por la que se concretan los criterios para asignación de ayudas directas a autónomos y empresas en aplicación de lo dispuesto en el título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19: 1. Respecto de los solicitantes de la ayuda que sean empresarios o profesionales y entidades adscritas a los sectores determinados por la normativa que regula la concesión de las ayudas: a) Delegación o Delegación Especial en la que se encuentre el domicilio fiscal. b) Epígrafes del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE -09-) que se consideren equivalentes en los que se clasifica la actividad desempeñada por el solicitante en 2019, 2020 y 2021. c) Información sobre el volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en el Impuesto sobre el Valor Añadido y, en su caso, en el Impuesto General Indirecto Canario en 2019 y 2020, si dicho volumen de operaciones en 2020 ha caído más de un 30 % con respecto al de 2019 y el porcentaje de caída. En caso de grupos consolidados que tributen en el Impuesto sobre Sociedades en el régimen de tributación consolidada, la información a proporcionar será la suma de todos los volúmenes de operaciones de las entidades que conforman el grupo. No obstante lo anterior: Cuando el empresario o profesional solicitante de la ayuda realice una actividad de comercio minorista cuyo rendimiento de actividades económicas se determine mediante el régimen de estimación directa en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aplicando por dicha actividad el régimen especial del recargo de equivalencia en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo equivalente, se proporcionará información sobre la totalidad de los ingresos íntegros fiscalmente computables procedentes de su actividad económica minorista incluidos en su declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a 2019, así como sobre la suma de los ingresos íntegros fiscalmente computables incluidos en sus autoliquidaciones de pagos fraccionados del ejercicio 2020. Cuando el solicitante de la ayuda tenga su domicilio fiscal en las Ciudades de Ceuta o Melilla o realice exclusivamente operaciones que no obligan a presentar autoliquidación periódica de IVA (artículos 20 y 26 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido) o de IGIC (artículo 57.2 del Reglamento de gestión de los tributos del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, aprobado por Decreto 268/2011), según información proporcionada previamente a la Agencia Tributaria por la Comunidad Autónoma de Canarias, y no aplique el régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en 2019 o 2020: 1.º Para contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, información sobre la totalidad de los ingresos íntegros fiscalmente computables procedentes de su actividad económica incluidos en su declaración del Impuesto en 2019, así como la suma de los ingresos íntegros fiscalmente computables procedentes de su actividad económica incluidos en sus autoliquidaciones de pagos fraccionados correspondientes a 2020. 2.º Para contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto de la Renta de no Residentes con establecimiento permanente, información sobre la base imponible previa declarada en el último pago fraccionado de los años 2019 y 2020 respectivamente en el supuesto de que dichos pagos fraccionados se calculen según lo dispuesto en el artículo 40.3 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. d) Indicación de si el solicitante tiene más de diez empleados. e) Si el solicitante forma parte de un grupo, información disponible sobre su composición en 2019 y 2020. 2. Respecto de los empresarios solicitantes que apliquen el régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas adscritos a los sectores determinados por la normativa que regula la concesión de las ayudas, indicación de si los mismos han aplicado dicho régimen en el año 2019 o 2020. 3. En relación con los solicitantes de la ayuda contemplados en el apartado 1 anterior, indicación de si los mismos han consignado en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a 2019 un resultado neto negativo por las actividades económicas en las que hubieran aplicado el método de estimación directa para su determinación o si ha resultado negativa en dicho ejercicio la base imponible del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto de la Renta de no Residentes, antes de la aplicación de la reserva de capitalización y compensación de bases imponibles negativas. 4. Información sobre si el solicitante se encuentra de alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores, y para el supuesto de que se haya producido el alta o la baja en 2019 o 2020, información sobre las fechas de alta y de baja en dicho Censo, y causa de la baja. 5. En relación con los grupos y los empresarios, profesionales o entidades cuyo volumen de operaciones en 2020 haya sido superior a 10 millones de euros y que desarrollen su actividad económica en más de un territorio autonómico o en más de una Ciudad Autónoma, información de la caída de la actividad en el territorio, atendiendo al peso de las retribuciones de trabajo personal satisfechas a los trabajadores con que cuenten en el mismo, en aplicación de lo dispuesto en la Orden HAC/348/2021, de 12 de abril. 6. Información disponible sobre el reparto de dividendos por el solicitante durante 2021 o 2022. 7. Información sobre el mantenimiento de la actividad económica del solicitante hasta el 30 de junio de 2022, con indicación de los epígrafes del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE -09-) que se consideren equivalentes en los que se clasifique dicha actividad. C. El Ministerio de Hacienda: 1. En relación con la remisión de la información sobre las convocatorias y los resultados de las mismas a las que se refiere el apartado A.4 de la presente cláusula, las incidencias que pudieran surgir serán resueltas por la Comunidad Autónoma con el apoyo del Ministerio de Hacienda. 2. Facilitar el soporte técnico que permita el intercambio de información prevista en el apartado A.4 de la presente cláusula. Tercera. Finalidad de la cesión de información. La cesión de información procedente de la Agencia Tributaria tendrá como finalidad exclusiva la colaboración con la Comunidad Autónoma para la acreditación de las condiciones y requisitos de elegibilidad y de los criterios para fijación de la cuantía de las ayudas directas a autónomos o empresas de la Línea Covid aprobadas por el Real Decreto-ley 5/2021: a) En relación con las condiciones de elegibilidad, al exigirse la aportación de una certificación expedida por la Agencia Tributaria o la presentación en original, copia o certificación de las declaraciones tributarias de los interesados o de cualquier otra comunicación emitida por la Agencia Tributaria en el caso de los no obligados a declarar, la información se solicitará directamente de la Agencia Tributaria, siempre que resulte de interés para el ejercicio de tales funciones y se refiera a un número elevado de interesados o afectados, permitiendo la acreditación del cumplimiento de dichas condiciones. b) En relación con los requisitos de elegibilidad y los criterios para la fijación de la cuantía de las ayudas, la Agencia Tributaria suministrará la información disponible prevista en la cláusula Segunda.B para la comprobación por la Comunidad Autónoma de las circunstancias que permitan tanto la concesión de las ayudas a los solicitantes como la cuantificación de las mismas. Respecto a la información prevista en la cláusula segunda.A.4, la información remitida por la Comunidad Autónoma se utilizará a efectos estadísticos y de difusión, sin perjuicio de su uso dentro de las facultades y competencias asignadas a la Administración General del Estado en el marco del Real Decreto-ley 5/2021, y no podrá ser cedida a terceros salvo a otros departamentos ministeriales y organismos o entidades de derecho público dependientes a los efectos previstos en la cláusula Quinta. Cuarta. Autorización de los interesados en la información suministrada. El artículo 95 de la Ley General Tributaria otorga, con carácter general, naturaleza reservada a los datos con trascendencia tributaria obtenidos por la Administración tributaria en el desempeño de sus funciones, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo que la cesión tenga por objeto, entre otros supuestos, «la colaboración con las Administraciones públicas para el desarrollo de sus funciones, previa autorización de los obligados tributarios a que se refieran los datos suministrados» [artículo 95.1, letra k)]. De ello se deriva la exigencia de obtener la autorización previa de los obligados tributarios o interesados a que se refieran los datos a suministrar, en los supuestos excepcionales en que se autoriza su cesión subordinada a «la colaboración con las Administraciones públicas para el desarrollo de sus funciones». Respecto a la información prevista en la cláusula segunda.A.4, la Comunidad Autónoma obtendrá el consentimiento previo de los beneficiarios para la remisión de los datos al Ministerio de Hacienda en el marco del presente convenio, obtenidos en aplicación del Real Decreto–ley 5/2021 y en las convocatorias de ayudas que se produzcan en desarrollo de dicha disposición. El uso de estos datos por parte del Ministerio de Hacienda se circunscribirá exclusivamente a las finalidades descritas en la cláusula anterior. Quinta. Destinatarios de la información suministrada. La información cedida por la Agencia Tributaria sólo podrá ser utilizada por los órganos administrativos de la Comunidad Autónoma y por los organismos o entidades de derecho público dependientes de la misma que ejerzan las funciones o instruyan los procedimientos a que se refiere el presente Convenio. Asimismo, los órganos de fiscalización autonómicos también serán destinatarios de la información objeto del Convenio en la medida en que, por aplicación de su propia normativa, participen en dichos procedimientos. En ningún caso podrán ser destinatarios órganos, organismos o entes que realicen funciones distintas de las descritas en la cláusula Segunda de este Convenio. La cesión se realizará sin perjuicio de la estricta afectación de la información remitida por la Agencia Tributaria a los fines que la justifican y para los que se solicita. En cualquier caso, el destinatario no podrá ceder a terceros la información remitida por la Agencia Tributaria. La información prevista en la cláusula segunda.A.4 cedida por la Comunidad Autónoma podrá ser utilizada por el Ministerio de Hacienda, así como, previa autorización de dicho Ministerio, por el resto de departamentos ministeriales y de organismos o entidades de derecho público dependientes que ejerzan funciones vinculadas o relacionadas con el objeto del presente Convenio. En cualquier caso, el destinatario sólo podrá ceder a sujetos distintos de los anteriores los datos de carácter personal de conformidad con la normativa de aplicación sobre protección de datos de carácter personal. Sexta. Naturaleza de los datos suministrados. Los datos suministrados por la Agencia Tributaria son los declarados por los contribuyentes y demás obligados a suministrar información, sin que, con carácter general, hayan sido sometidos a actividad alguna de verificación previa a su automatización. No obstante, cuando los citados datos hubieran sido comprobados por la Agencia Tributaria, se facilitarán los datos comprobados. Los datos suministrados por la Comunidad Autónoma serán, según los casos, los disponibles en sus correspondientes registros o sistemas de información, o bien los facilitados por los solicitantes de las ayudas. En este último caso se remitirán aun cuando no hayan sido sometidos a actividad alguna de verificación previa, sin perjuicio de que una vez comprobados o actualizados por la Administración competente, se faciliten dichos datos comprobados o actualizados. Tanto la Agencia Tributaria como la Comunidad Autónoma podrán solicitar recíprocamente especificaciones o aclaraciones sobre la naturaleza y contenido de los datos objeto de suministro. Respecto a la información remitida en aplicación de la cláusula Segunda.A.4 la Comunidad Autónoma solventará las incidencias observadas en el suministro de información y dará una adecuada respuesta a la petición de aclaraciones que sobre dicha información se puedan solicitar por parte del Ministerio de Hacienda. Séptima. Interlocutor único. Tanto en el Ministerio de Hacienda como en la Agencia Tributaria y en la Comunidad Autónoma existirá un interlocutor único al que las partes firmantes podrán dirigirse para resolver cualquier aspecto o incidencia relacionado con la aplicación del presente Convenio. En concreto, en la Agencia Tributaria, para las cuestiones de intercambio de información de naturaleza tributaria, dicho interlocutor será la Delegación Especial de la Comunidad, salvo cuando se susciten cuestiones generales que superen el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, en cuyo caso será la persona que a nivel central designe el titular de la Dirección General de la Agencia Tributaria; en el Ministerio de Hacienda, para el resto de cuestiones que versen sobre el presente convenio, será quién designe la persona titular de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local; mientras que, en la Comunidad Autónoma, dichas funciones serán ejercidas por la persona titular de la Secretaría de Hacienda del Departamento de la Vicepresidencia, Economía y Hacienda. Octava. Procedimiento para el intercambio de información. 1. Intercambio de información entre la Comunidad Autónoma y la Agencia Tributaria. La Comunidad Autónoma proporcionará semanalmente a la Agencia Tributaria un fichero en formato csv que contenga la información que se detalla más adelante. Para ello, se habilitará un trámite en la sede de la Agencia Tributaria, a través del cual la Comunidad Autónoma formalizará, cada lunes, el envío de la solicitud de información, adjuntando a la presentación un fichero con la relación de solicitudes de ayudas recibidas durante la semana anterior. No se solicitará información de solicitudes ya remitidas con anterioridad, salvo que se trate de la subsanación de algún error. Cada solicitud que figure en el fichero de petición de información contendrá los siguientes datos: – NIF del solicitante (obligatorio). – Apellidos y Nombre (para Personas Físicas) o Razón Social (para personas Jurídicas) (Obligatorio). – Indicador de si esos NIF van a solicitar ayudas en territorios distintos al del domicilio fiscal (obligatorio). – Fecha de presentación de la solicitud (obligatorio). – Código DIR3 de la Comunidad Autónoma donde se realice la solicitud (obligatorio). – Código DIR3 de la Unidad de Tramitación (opcional). La Agencia Tributaria pondrá a disposición de la Comunidad Autónoma un archivo con la información disponible mencionada en el apartado B de la cláusula segunda dentro del plazo de los 7 días siguientes a la recepción del fichero mencionado en el párrafo anterior. 2. Intercambio de información entre la Comunidad Autónoma y el Ministerio de Hacienda. La información a remitir en aplicación de la cláusula Segunda.A.4 se proporcionará mensualmente en los cinco primeros días de cada mes con los datos actualizados hasta el último día del mes precedente, mediante el procedimiento telemático y con las especificaciones técnicas que el Ministerio de Hacienda determine al efecto. En los envíos mensuales en los que así se establezca por el Ministerio de Hacienda, dichas relaciones irán acompañadas de un certificado firmado electrónicamente por el Interventor General de la Comunidad Autónoma o unidad equivalente que tenga competencias en materia de contabilidad, remitido por vía telemática conforme al modelo normalizado que establezca el Ministerio de Hacienda, en el que se certifiquen los datos remitidos. Novena. Control y seguridad de los datos suministrados. El control y seguridad de los datos suministrados por la Agencia Tributaria se regirá por lo dispuesto en la normativa vigente en cada momento en materia de seguridad de la información y, en particular, en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica modificado por el Real Decreto 951/2015, de 23 de octubre, y en la Política de Seguridad de la Información de la Agencia Tributaria y de la Comunidad Autónoma. Se establecen los siguientes controles sobre la custodia y la utilización de la información tributaria suministrada al amparo de este Convenio: a) Control interno por parte del ente cesionario de la información. La Comunidad Autónoma realizará controles sobre la constancia y validez de la autorización previa de los interesados y sobre la custodia y utilización que de los datos recibidos realicen las autoridades, funcionarios o resto de personal dependientes de ella, informando a la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento de los resultados obtenidos en dicho seguimiento. En particular, se adoptarán medidas que eviten el riesgo de que la información pueda ser utilizada para otros propósitos y que aseguren el cumplimiento de las condiciones que sustentan cada una de las cesiones. b) Control por el ente titular de la información cedida. La Comunidad Autónoma acepta someterse a las actuaciones de comprobación que pueda acordar la Agencia Tributaria. La Agencia Tributaria aplicará los controles ordinarios derivados de su sistema de gestión de la seguridad de la información. En particular, las cesiones de información realizadas quedarán registradas en el sistema de control de accesos de la Agencia Tributaria. El Servicio de Auditoría Interna de la Agencia Tributaria podrá acordar otras actuaciones de comprobación al objeto de verificar la adecuada obtención y utilización de la información cedida y las condiciones normativas o convencionales que resultan de aplicación. Décima. Tratamiento de datos personales. En el caso de que la información incorpore datos personales de los interesados, tanto el cedente como el cesionario tratarán los datos de acuerdo al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos) y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Los datos tratados en este Convenio tienen la categorización de información tributaria en lo referente a la cláusula segunda A.1 y B del presente Convenio. Los tratamientos de datos anteriores a la cesión son responsabilidad del cedente de la información, y los tratamientos posteriores son responsabilidad de la Comunidad Autónoma cesionaria de la información. En el caso del Ministerio de Hacienda, el responsable del tratamiento a efectos del Reglamento General de Protección de Datos es la persona titular de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local. En el caso de la Agencia Tributaria, el responsable del tratamiento a efectos del Reglamento General de Protección de Datos es la persona titular de la Dirección General. En el caso de la Comunidad Autónoma, cada órgano, organismo o entidad autorizado a recibir suministros de información tendrá designado un responsable del tratamiento a los efectos del Reglamento General de Protección de Datos. Undécima. Obligación de sigilo. Cuantas autoridades, funcionarios y resto de personal tengan conocimiento de los datos o información suministrados en virtud de este Convenio estarán obligados al más estricto y completo sigilo respecto de ellos. La violación de esta obligación implicará incurrir en las responsabilidades penales, administrativas y civiles que resulten procedentes. El expediente para conocer de las posibles responsabilidades de cualquier índole que se pudieran derivar de la indebida utilización de la información suministrada en ejecución de este Convenio deberá ser iniciado y concluido, así como exigida la responsabilidad, en su caso, por la Administración a la que pertenezca la autoridad, funcionario u otro tipo de personal responsable de dicha utilización indebida. Duodécima. Archivo de las actuaciones. La documentación obrante en cada Administración relativa a los controles efectuados sobre la custodia y utilización de los datos cedidos deberá conservarse por un periodo de tiempo no inferior a tres años. En especial, la Comunidad Autónoma deberá conservar la autorización expresa de los interesados. Decimotercera. Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento. Solución de conflictos. Con el fin de coordinar las actividades necesarias para la ejecución del presente Convenio, así como para llevar a cabo su supervisión, seguimiento y control, se creará una Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento compuesta por la persona que designe el titular de la Dirección General de la Agencia Tributaria, como representante de esta; por la persona que designe el titular de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, como representante del Ministerio de Hacienda; y por otros dos miembros nombrados por la Comunidad Autónoma. En calidad de asesores podrán incorporarse cualesquiera otras personas que se consideren necesarias, con derecho a voz. Las decisiones se adoptarán por común acuerdo de las partes representadas. La Comisión se reunirá a instancia de cualquiera de las partes. En todo caso la Comisión será competente, al menos, para: a) Coordinar las actividades necesarias para la ejecución del Convenio, así como para llevar a cabo su supervisión, seguimiento y control. b) Resolver las controversias que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del Convenio. c) Concretar cualquier aspecto relacionado con el suministro de información establecido por este Convenio que precise de desarrollo. Respecto a lo no establecido expresamente en la presente cláusula, la Comisión se regirá en cuanto a su funcionamiento y régimen jurídico por lo dispuesto en la sección 3.ª del capítulo II del título preliminar de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Decimocuarta. Plazo de vigencia. El presente Convenio tendrá una vigencia de cuatro años desde la fecha de su inscripción en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación al que se refiere la disposición adicional séptima de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, será publicado en el plazo de diez días hábiles desde su formalización en el «Boletín Oficial del Estado». Todo ello, sin perjuicio de su inscripción en el correspondiente registro autonómico y su publicación en el boletín oficial de la Comunidad Autónoma, si fuese necesario, de conformidad con la normativa aplicable. Si a la finalización del presente convenio se mantuviera la necesidad de procurar intercambio de información adicional se formalizarán, en su caso, las oportunas prórrogas. No obstante, las partes firmantes podrán determinar la suspensión unilateral o la limitación del suministro de información cuando se adviertan incumplimientos de la obligación de sigilo por parte de las autoridades, funcionarios o resto de personal del ente cesionario, anomalías o irregularidades en el régimen de control o incumplimientos de los principios y reglas que deben presidir el suministro de información, de acuerdo con lo previsto en este Convenio. Una vez adoptado el acuerdo de suspensión o limitación del suministro se dará cuenta inmediatamente a la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento, siendo oída ésta en orden a la resolución o mantenimiento del Convenio. Decimoquinta. Financiación. Del presente Convenio no se derivarán, para ninguna de las partes, obligaciones de naturaleza ordinaria o extraordinaria de contenido económico específicas para el desarrollo del proyecto. Decimosexta. Extinción y resolución del Convenio. El presente Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. De conformidad con lo establecido en el artículo 51.2 de dicha Ley, son causas de resolución del Convenio, las siguientes: a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo. b) El acuerdo unánime de todos los firmantes. c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes. En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento. Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la otra parte firmante la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio. d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio. e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras leyes. Decimoséptima. Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento. La parte incumplidora no tendrá que indemnizar económicamente a la otra parte por incumplimiento de las obligaciones del Convenio o por su extinción. El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes podrá dar lugar a la resolución del presente Convenio, así como respecto a lo dispuesto en el artículo 4.6 del Real Decreto-ley 5/2021, a las consecuencias que se deriven de la normativa de estabilidad presupuestaria. Decimoctava. Régimen de modificación. Para la modificación del presente Convenio se estará a lo dispuesto en el artículo 49.g) de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público y se formalizará mediante adenda conforme a los trámites previstos legalmente en aquellos supuestos en los que fuera necesario y, en especial, en caso de que dicha necesidad derivara de la tramitación parlamentaria como proyecto de ley del Real Decreto-ley 5/2021. Decimonovena. Naturaleza administrativa y jurisdicción competente. El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, además de por la normativa autonómica que, en su caso, resulte aplicable. Las partes se comprometen a colaborar en todo lo que les sea de aplicación para la efectiva adecuación del presente Convenio a los trámites previstos en dicha Ley, en especial, lo relativo al artículo 50 sobre trámites preceptivos para la suscripción de convenios y sus efectos. Por otro lado, las controversias no resueltas por la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento, que se pudieran suscitar durante la vigencia del mismo, serán sometidas a la jurisdicción Contencioso-Administrativa, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En prueba de conformidad, se firma el presente Convenio.–La Ministra de Hacienda, María Jesús Montero Cuadrado.–La Presidenta de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Inés María Bardón Rafael.–El Vicepresidente y Consejero de Economía y Hacienda, Pere Aragonès i Garcia.

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La Ministra de Hacienda, en representación de la Administración General del Estado, la Secretaria de Estado de Hacienda, en representación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Vicepresidente del Gobierno en substitución de la Presidencia de la Generalitat de Catalunya y Consejero de Economía y Hacienda, en virtud del Decreto 3/2018, de 29 de mayo, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 4.4 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, han suscrito el Convenio entre el Ministerio de Hacienda, la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Comunidad Autónoma de Cataluña, para permitir articular la necesaria colaboración entre ambas Administraciones públicas de cara a la ejecución de lo previsto en el título I del mencionado Real Decreto-ley. Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo su publicación como anejo a la presente Orden. Madrid, 29 de abril de 2021.–La Ministra de Hacienda, María Jesús Montero Cuadrado. ANEJO Convenio entre el Ministerio de Hacienda, la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Comunidad Autónoma de Cataluña, en aplicación de lo establecido en el artículo 4.4 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19 Madrid, 28 de abril de 2021. PARTES QUE INTERVIENEN De una parte, doña María Jesús Montero Cuadrado, Ministra de Hacienda, en virtud del Real Decreto 8/2020, de 12 de enero, por el que se nombran Ministros del Gobierno, en representación del citado Departamento, y en ejercicio de las competencias que le confiere la Orden de 13 de abril de 2021, de avocación de competencias para la firma de los convenios a los que se refiere el apartado 4 del artículo 4 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19. De otra parte, doña Inés María Bardón Rafael, Presidenta de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en virtud de lo previsto en el artículo 103, apartado tres. 2 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, nombrada por el Real Decreto 380/2018, de 8 de junio. Y de otra, don Pere Aragonès i Garcia, Vicepresidente del Gobierno en substitución de la presidencia de la Generalitat de Catalunya y consejero de Economía y Hacienda, en virtud del nombramiento hecho por el Decreto 3/2018, de 29 de mayo, por el que se nombran el vicepresidente del Gobierno y los consejeros y las consejeras de los departamentos de la Generalitat de Catalunya, y en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 1 y 2 del Decreto 114/2020, de 30 de septiembre, de substitución del presidente de la Generalitat de Catalunya y el artículo 12.1 de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la presidencia de la Generalidad y del Gobierno. Reconociéndose las partes que intervienen la capacidad legal necesaria para formalizar el presente Convenio. EXPOSITIVO I En cumplimiento de lo previsto en el artículo 4.4 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19 (en adelante, Real Decreto-ley 5/2021), la Ministra de Hacienda, en representación de la Administración General del Estado y la Secretaria de Estado de Hacienda, en representación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (en adelante, Agencia Tributaria), suscriben el presente convenio en ejercicio de las competencias que le atribuye la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. La Comunidad Autónoma de Cataluña tiene competencias propias para la gestión de sus intereses y se encuentra facultada para la suscripción de convenios para el desarrollo de actuaciones de intercambio de información con la Administración estatal. II En cumplimiento de lo previsto en el artículo 4.4 del Real Decreto-ley 5/2021 y en el marco de la colaboración mutua que debe presidir las relaciones entre las Administraciones Públicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3.1.k), 140 y 141 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante Ley de Régimen Jurídico del Sector Público), las partes firmantes consideran que sería muy beneficioso para el cumplimiento de sus respectivos fines suscribir este convenio. En concreto, el artículo 4.4 del Real Decreto-ley 5/2021 prevé la suscripción del presente convenio para permitir articular la necesaria colaboración entre ambas Administraciones públicas de cara a la ejecución de lo previsto en el título I del mencionado Real Decreto-ley, contemplando cuestiones como el intercambio de información entre las Administraciones Tributarias; la mención en todas las actuaciones y soportes que se utilicen al origen de los fondos que financian estas ayudas, señalándose que son financiadas por el Gobierno de España; y la obligación de suministrar información detallada sobre las convocatorias realizadas y los resultados de las mismas. III Las Administraciones Públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes pueden, en el ámbito de sus competencias, suscribir convenios con otros sujetos de derecho público, sin que ello suponga cesión de la titularidad de sus competencias, a fin de mejorar la eficiencia de la gestión pública y facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos, con el contenido y por los trámites establecidos en la Ley de Régimen Jurídi ### RESUMEN: MUFACE quita ayudas a discapacitados, dependencia... a funcionarios que ingresen más de 2.000 euros por miembro de la familia.

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por doña Adela Asua Batarrita, Presidenta, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez, Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En el recurso de amparo núm. 1546-2013, promovido por don Volodymyr Dyiakon, representado por la Procuradora de los Tribunales doña Concepción Muñiz González y asistido por el Letrado don Alfonso Carbonell Tortosa, contra la diligencia de ordenación de la Secretaria Judicial del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 9 de Madrid, de 10 de diciembre de 2012, que convocó a las partes para la celebración de la vista del procedimiento abreviado núm. 44-2012, y contra el decreto de la misma Secretaria, de 14 de febrero de 2013, que desestimó el recurso de reposición deducido contra la referida diligencia de ordenación. Ha sido parte el Abogado del Estado y ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente la Magistrada doña Adela Asua Batarrita, quien expresa el parecer del Tribunal. I. Antecedentes 1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 14 de marzo de 2013, el letrado don Alfonso Carbonell Tortosa interpuso recurso de amparo contra las resoluciones señaladas en el encabezamiento. Asimismo, solicitó la designación de Procurador del turno de oficio para su cliente. 2. La demanda de amparo trae causa, en síntesis, de los siguientes hechos: a) Con fecha 24 de enero de 2012 el recurrente presentó ante el Decanato de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid demanda interponiendo recurso contencioso-administrativo, por el procedimiento abreviado, contra la resolución de la Delegación del Gobierno en Madrid de 19 de agosto de 2011, por la que se decretaba su expulsión del territorio nacional, con prohibición de entrada por un período de tres años en España y en los restantes territorios comprendidos en el Convenio de aplicación del acuerdo Schengen de 19 de junio de 1990 (autos de procedimiento abreviado núm. 44-2012). Por medio de otrosí solicitaba la medida cautelarísima de suspensión de la orden de expulsión. b) La demanda fue turnada al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 9 de Madrid, que, por Auto de 24 de enero de 2012, acordó denegar la medida cautelarísima solicitada. c) La representación del actor presentó escrito con fecha 10 de abril de 2012 indicando que, a pesar del tiempo transcurrido desde que en 26 de enero de 2012 cumplimentó el requerimiento para la aportación del poder original, no se le había notificado aún la resolución pronunciándose sobre la admisión a trámite. Ante dicho escrito, por diligencia de ordenación de 19 de junio de 2012 se contestó que ya se habían dictado dos diligencias de ordenación que, aunque no dijeran expresamente que se admitía a trámite la demanda, daban un impulso al proceso que no tendría lugar en caso de inadmisión. Mediante nuevo escrito presentado el 9 de julio de 2012, el recurrente solicitó que se dictara el correspondiente decreto de admisión a trámite de la demanda y citando a las partes para la celebración de la vista, de acuerdo con lo establecido en el art. 78.3 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA). Esta solicitud recibió respuesta a través de diligencia de ordenación de 27 de septiembre de 2012, en la que se resolvía estar a lo acordado con anterioridad, y que se notificaría oportunamente al recurrente el señalamiento según previsiones de la agenda programada del Juzgado. Contra esta diligencia de ordenación interpuso el actor recurso de reposición con fecha 17 de octubre de 2012, por infracción manifiesta del art. 78.3 LJCA, con invocación expresa del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Por escrito presentado el 15 de noviembre de 2012 se recordó al Juzgado la interposición de dicho recurso, al no haber recibido notificación de la resolución del mismo. d) Por diligencia de ordenación de la Secretaria del Juzgado de 10 de diciembre de 2012 se acordó señalar para la celebración de la vista el 17 de diciembre de 2015 a las 11:45 horas. Asimismo, se consideró que no era necesario tramitar el anterior recurso de reposición por considerar que había perdido objeto. e) Mediante escrito presentado el 21 de diciembre de 2012, el actor interpuso recurso de reposición contra la anterior diligencia de ordenación, al entender que un señalamiento para el juicio oral en fecha tan alejada en el tiempo superaba con creces las previsiones legales establecidas al respecto y el carácter razonable del plazo en que debe desenvolverse el proceso, implicando una vulneración del derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas (art. 24.2 CE), y solicitaba el adelantamiento de la fecha del juicio de acuerdo con el art. 63.1 LJCA. El recurso de reposición fue desestimado por decreto de la Secretaria Judicial de 14 de febrero de 2013, que confirmó la diligencia recurrida en todos sus extremos, al considerar que la fecha se había fijado en función de la agenda de señalamientos del Juzgado, «que, como los demás de esta clase, padece una elevada pendencia de asuntos», no obstante lo cual, se aclaraba que la agenda era objeto de constante revisión por cancelaciones de vistas, por lo que la fecha señalada podría ser modificada. 3. La demanda de amparo denuncia la vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas (art. 24.2 CE), sosteniendo que el señalamiento de la vista del procedimiento contencioso-administrativo para el 17 de diciembre de 2015, cuando el recurso se presentó el 24 de enero de 2012, supera con creces las previsiones legales establecidas al respecto y el carácter razonable del plazo en el que debe desenvolverse el proceso abreviado, en función de las circunstancias específicas del caso (sobre su expulsión del territorio español), que determinan un interés especialmente relevante para el actor, quien, mientras no se resuelva el recurso, verá inadmitida a trámite cualquier solicitud de regularización por mor de la disposición adicional cuarta.1 d) de la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Afirma que, siendo el asunto de escasa complejidad, aun admitiendo la posibilidad de algún retraso ante el cúmulo de trabajo que asumen los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, ha de tenerse en cuenta que el art. 440.1 de la Ley de enjuiciamiento civil, supletoriamente aplicable, establece un plazo máximo de 20 días entre la admisión de la demanda y la celebración de la vista. Señala que algún otro Juzgado, como el núm. 24, en procedimiento abreviado sobre extranjería cuyo número identifica, ha señalado la vista para pocos meses después, sin que pueda justificarse el criterio del argumento comparativo, empleado en la resolución del recurso de reposición, pues hay otros Juzgados más diligentes a los que no les afectan tanto la carga de trabajo o las deficiencias estructurales. Por ello, solicita el reconocimiento de la vulneración de su derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y la anticipación del señalamiento para la celebración de la vista. El recurrente aduce asimismo que se han agotado todos los medios de impugnación jurisdiccionales previstos por las normas procesales para el caso concreto, señalando que, de conformidad con lo previsto en los arts. 79 y 102 bis.2 LJCA (en la redacción dada a los mismos por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial), contra el decreto que resuelve el recurso de reposición no se dará recurso alguno, siendo imputable la violación del derecho fundamental que se invoca al órgano judicial cuya Secretaria dictó las resoluciones impugnadas. Finalmente, en cuanto a la especial trascendencia constitucional del recurso, el demandante alega el motivo e) del fundamento jurídico 2 de la STC 155/2009, de 25 de junio, argumentando que la doctrina de este Tribunal sobre el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas está siendo incumplida de un modo general y reiterado por los distintos Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, los cuales justifican las demoras de varios años en los señalamientos de los procedimientos abreviados en materia de extranjería con razones como el respeto al orden de antigüedad, las deficiencias estructurales u organizativas o la abrumadora carga de trabajo que pesa sobre los órganos judiciales, las cuales, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no justifican el retraso ni impiden reconocer la vulneración del derecho a obtener una decisión definitiva en un plazo razonable. 4. Una vez que, a requerimiento de la Secretaría de esta Sala, el actor ratificó la demanda de amparo presentada por su Letrado, y designado por el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid Procuradora del turno de justicia gratuita, por diligencia de ordenación de 28 de mayo de 2013 se concedió a la Procuradora designada un plazo de diez días para que se ratificara en el escrito de formalización del recurso presentado por el Letrado, trámite que fue evacuado mediante escrito presentado el 17 de junio de 2013. 5. Por providencia de 1 de diciembre de 2015, la Sección Tercera de este Tribunal acordó la admisión a trámite del recurso, apreciando que concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional [art. 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)] como consecuencia de que el recurso puede dar ocasión al Tribunal para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de cambios normativos relevantes para la configuración del contenido del derecho fundamental [STC 155/2009, FJ 2 b)]. Asimismo, y constando ya en el recurso testimonio del procedimiento abreviado núm. 44-2012, por haberlo solicitado con carácter previo a resolver sobre su admisibilidad, acordó dirigir atenta comunicación al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 9 de Madrid para que emplazara a quienes hubieran sido parte en el proceso, excepto la parte recurrente en amparo, al objeto de que, en el término de diez días, pudiera comparecer en el presente proceso constitucional. 6. El Abogado del Estado se personó en el presente recurso a través de escrito presentado el 14 de diciembre de 2015. 7. Mediante diligencia de ordenación de 21 de diciembre de 2015 se tuvo por personado al representante procesal del Estado, y se acordó dar vista de las actuaciones a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, para que, a tenor de lo dispuesto en el art. 52.1 LOTC, pudieran presentar las alegaciones que estimasen oportunas. 8. El Abogado del Estado formuló sus alegaciones en escrito presentado el 20 de enero de 2016, solicitando la inadmisión y, subsidiariamente, la desestimación de la demanda de amparo. En primer lugar, opone la pérdida sobrevenida de objeto en cuanto a los puntos del suplico en los que se solicitaba la declaración de nulidad de las resoluciones impugnadas y la anticipación de la vista, por haberse celebrado la misma el 17 de diciembre de 2015. Por otra parte, la solicitud de inadmisión del recurso la sustenta el Abogado del Estado en la no concurrencia de la especial trascendencia constitucional exigible, pues, aunque la parte actora cumpla con el requisito formal del art. 49.1 LOTC, sobre el retraso en el señalamiento de las vistas de los procedimientos contencioso-administrativos abreviados que versan sobre sanciones de expulsión, debido a deficiencias estructurales u organizativas, hay sobrada doctrina constitucional en la materia, respecto de la cual la Sentencia que aquí se dicte no va a suponer sino una reiteración de doctrina consolidada. Por otro lado, no se puede hablar de incumplimiento de la doctrina sentada al respecto por órganos jurisdiccionales, ya que los motivos de la dilación se deben a causas estructurales o falta de medios que aquellos no pueden solucionar por ellos mismos, sin que se haya justificado que las deficiencias pudieran ser corregidas a corto plazo. Con carácter subsidiario, solicita la denegación del amparo, en primer lugar, por entender que el interés que en el proceso contencioso-administrativo arriesga el demandante ha de ser valorado en función de si solicitó o no y, en su caso, se le concedió o se le denegó la medida cautelar de suspensión, que en este supuesto fue solicitada y denegada por el Juzgado. En segundo lugar, se aduce que en la demanda falta toda alegación sobre si la duración normal se refiere a los procedimientos abreviados en el Juzgado núm. 9 o en los Juzgados de Madrid, o a los procesos en los que se impugne una resolución de expulsión en los mismos Juzgados, Para el caso de que no se atendiera lo anterior, señala que las deficiencias estructurales a las que se apela solo deberían conducir al otorgamiento del amparo si pudieran ser corregidas o eliminadas a corto plazo mediante un uso más racional y eficiente de los recursos, y se debería exigir al demandante la carga de identificarlas mínimamente. A juicio del Abogado del Estado, no es dado comparar la realidad empírica del sistema judicial con una especie de «ideal de funcionamiento» que tampoco es seguro que se alcanzara por mucho que se incrementara la inversión en la organización judicial, algo que, por lo demás, resulta impensable en el actual contexto de aguda y profunda crisis financiera pública. En esta línea, señala que las deficiencias estructurales podrían acaso aquilatarse mediante el estándar de «prestación razonablemente exigible a un servicio público», cuya configuración concreta debe tener en cuenta lo que, de manera realista, pueda esperar el usuario de un servicio atendido el nivel medio de prestación de los demás. Matizado así el concepto, resulta dudoso, cuando menos, que pueda hablarse de «deficiencia estructural» que pueda dar lugar a un pronunciamiento favorable. 9. La representación del actor presentó su escrito de alegaciones el 27 de enero de 2016, remitiéndose a los argumentos expuestos en la demanda de amparo, e insistiendo en el cumplimiento de todos los criterios objetivos manejados por el Tribunal Constitucional para apreciar la existencia de dilaciones indebidas, recogidos, entre otras muchas, en las SSTC 93/2008 y 94/2008, ambas de 21 de julio. Asimismo, añade que el recurso no ha perdido objeto por el hecho de que cuando se resuelva el mismo la dilación indebida haya cesado al haberse celebrado la vista en el procedimiento abreviado núm. 44-2012, de acuerdo con lo que establece la doctrina constitucional. 10. El Ministerio Fiscal, por escrito que tuvo entrada en este Tribunal el 8 de febrero de 2016, tras exponer los antecedentes del caso y el tenor de la queja articulada por el recurrente, puso de relieve el problema de admisibilidad planteado, pues, bajo la cobertura del art. 44 LOTC, se está pretendiendo recurrir un acto de un órgano judicial que no es dictado por el Juez o Magistrado, sino por la Secretaria Judicial de aquel. Por tanto, se produce la misma situación que dio lugar al planteamiento de cuestión interna de inconstitucionalidad en el recurso de amparo núm. 4577-2011, en virtud del ATC 163/2013, lo que exige actuar en consonancia con el citado recurso de amparo, acordando plantear cuestión de inconstitucionalidad en relación con el art. 102 bis.2 LJCA, en la redacción dada al mismo por la Ley 13/2009, de 3 de diciembre, por su posible oposición al art. 24.1 CE. Por otra parte, y en cuanto al fondo, el Fiscal, a la luz de la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, considera que se ha vulnerado el derecho del actor a un proceso sin dilaciones indebidas (art. 24.2 CE), sin que tal infracción traiga su causa de la inactividad procesal durante un largo período, ni de la pasividad judicial, debiendo descartarse, también, la complejidad del litigio, que tiene por objeto una resolución administrativa de expulsión y prohibición de reentrada en España de un ciudadano extranjero, habiéndose fundamentado la imposibilidad de realizar antes el señalamiento en razones de deficiencias estructurales de la justicia. Y, aun en ese caso, una dilación indebida sigue siendo tal y vulnera el derecho constitucional invocado. Además, siguiendo la doctrina sentada en la STC 94/2008, de 21 de julio, la dilación no puede imputarse a la conducta procesal del demandante pues este no se limitó a estimar en exceso lejana la fecha señalada para la celebración del juicio, sino que solicitó la anticipación de la vista ex art. 63.1 LJCA en base a la situación personal en la que quedaba. Por otra parte, se refiere el Fiscal al interés que arriesgaba el recurrente en el litigio, dirigido a combatir la resolución de expulsión, de similar entidad al considerado en las SSTC 93/2008 y 141/2010. En atención a lo expuesto, solicita el Fiscal el otorgamiento del amparo, que deberá ser parcial, al no poder entrar este Tribunal, según su propia doctrina, en los problemas estructurales de la Administración de Justicia, en cuanto a la petición de adelanto del señalamiento de la vista. 11. Por providencia de 2 de junio de 2016, se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 6 del mismo mes y año. II. Fundamentos jurídicos 1. El demandante de amparo impugna en el presente recurso la diligencia de ordenación de la Secretaria Judicial (actualmente Letrada de la Administración de Justicia, según la denominación que se otorga a los Secretarios Judiciales por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial) del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 9 de Madrid, de 10 de diciembre de 2012, que convocó a las partes para la celebración de la vista del procedimiento abreviado núm. 44-2012 el 17 de diciembre de 2015, y contra el decreto de la misma Secretaria, de 14 de febrero de 2013, que desestimó el recurso de reposición deducido contra la referida diligencia de ordenación. Considera el actor que dichas resoluciones vulneran su derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas (art. 24.2 CE) porque el señalamiento de la vista del procedimiento contencioso-administrativo para esa fecha, cuando el recurso se presentó el 24 de enero de 2012, supone un retraso excesivo, superando con creces las previsiones legales establecidas al respecto y el carácter razonable del plazo en el que debe desenvolverse el proceso abreviado, en función de las circunstancias del caso. El Abogado del Estado, como ha quedado expuesto con más detalle en los antecedentes, ha interesado la inadmisión del recurso de amparo por carecer de especial trascendencia constitucional, y, subsidiariamente, su desestimación, al considerar que no se ha producido la lesión denunciada por el actor. Por su parte, el Ministerio Fiscal ha solicitado el planteamiento de cuestión interna de inconstitucionalidad en relación con el art. 102 bis.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA) (introducido por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial), por los mismos motivos que se acordó su planteamiento en el recurso de amparo núm. 4577-2011, y, en su caso, el otorgamiento parcial del amparo, por estimar que se ha producido la vulneración del derecho del demandante de amparo a un proceso sin dilaciones indebidas, pero sin que pueda este Tribunal entrar en los problemas estructurales de la Administración de Justicia. 2. Con carácter previo al análisis de la cuestión de fondo, es preciso abordar el estudio del óbice procesal opuesto por el Abogado del Estado que, como ya se ha indicado, considera que el recurso debe inadmitirse por carecer de especial trascendencia constitucional. Este Tribunal ha venido distinguiendo entre la justificación de la especial trascendencia constitucional, que es un requisito procesal que debe cumplir toda demanda [art. 49.1 in fine de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)], y la existencia misma de la especial trascendencia constitucional, que es una apreciación que corresponde al Tribunal. Respecto del requisito procesal, ha señalado reiteradamente este Tribunal que, de conformidad con el art. 50.1 a) LOTC la admisión del recurso de amparo exige el cumplimiento de los requisitos establecidos en los arts. 41 a 46 y 49 LOTC, disponiendo este último precepto en su apartado 1 in fine, de forma inequívoca, que la demanda ha de justificar la especial trascendencia constitucional del recurso. Para satisfacer esta exigencia, es preciso que «en la demanda se disocie adecuadamente la argumentación tendente a evidenciar la existencia de la lesión de un derecho fundamental —que sigue siendo, obviamente, un presupuesto inexcusable en cualquier demanda de amparo— y los razonamientos específicamente dirigidos a justificar que el recurso presenta especial trascendencia constitucional» (STC 17/2011, de 28 de febrero, FJ 2). En el presente caso, la demanda razona específicamente sobre la especial trascendencia constitucional del recurso, con cita expresa de la STC 155/2009, de 25 de junio, invocando el motivo e) de su fundamento jurídico 2, y alegando, en síntesis, el incumplimiento general y reiterado de la doctrina de este Tribunal sobre el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas por los distintos Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, los cuales justifican las demoras de varios años en los señalamientos de los procedimientos abreviados en materia de extranjería con razones que, según la doctrina constitucional, en ningún caso pueden fundamentar el retraso. Por tanto, y con independencia de la valoración que las alegaciones recogidas en la demanda puedan merecer, cabe apreciar un esfuerzo argumental de la parte recurrente destinado a cumplimentar la carga impuesta en el art. 49.1 LOTC, al haberse disociado suficientemente en la demanda de amparo los argumentos destinados a probar la existencia de las lesiones de los derechos fundamentales de aquellos otros encaminados a justificar la especial trascendencia constitucional del recurso en términos que coinciden con los criterios que tenemos asentados en nuestra doctrina antes citada. En relación con la especial trascendencia constitucional de esta demanda de amparo, hemos declarado, entre otras muchas, en la STC 54/2015, de 16 de marzo, FJ 4, que corresponde únicamente a este Tribunal Constitucional apreciar en cada caso la existencia o inexistencia de esa «especial trascendencia constitucional», esto es, si el contenido del recurso justifica una decisión sobre el fondo, atendiendo, conforme al art. 50.1 b) LOTC, a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales. Pues bien, en el presente caso, este Tribunal ha apreciado en la providencia de admisión a trámite del recurso que el mismo cuenta con especial trascendencia constitucional ya que puede dar ocasión al Tribunal para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de cambios normativos relevantes para la configuración del contenido del derecho fundamental [STC 155/2009, FJ 2 b)]; precisamente por poner de manifiesto el aspecto planteado en sus alegaciones por el Ministerio Fiscal, esto es, por suscitar el relevante problema de la vedada intervención del Juez antes de que el justiciable deba acudir a la promoción del recurso de amparo en casos como el presente, en los que se encuentran en juego derechos fundamentales, impuesta por la previsión del art. 102 bis.2 LJCA, lo que motivó el planteamiento de una cuestión interna de inconstitucionalidad por medio del ATC 163/2013, de 9 de septiembre, en el ya citado recurso de amparo núm. 4577-2011. Todo ello, al margen de que la propia causa alegada por el actor otorgaría al asunto especial trascendencia constitucional, pues su afirmación en torno al incumplimiento reiterado de la doctrina de este Tribunal en materia de dilaciones indebidas resulta corroborada a poco que se consulten los más recientes pronunciamientos estimatorios de este Tribunal en materia de dilaciones indebidas (SSTC 54/2014, de 10 de abril; 58/2014, de 5 de mayo; 99/2014, de 23 de junio; 74/2015, de 27 de abril; 87/2015, de 11 de mayo; 88/2015, de 11 de mayo; 63/2016, de 11 de abril, y 75/2016, 76/2016 y 77/2016, las tres de 25 de abril), referidos todos ellos a asuntos de extranjería seguidos ante distintos Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid. Por lo demás, las anteriores precisiones se formulan «en salvaguarda del principio de seguridad jurídica que, conforme a la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 20 de enero de 2015, dictada en el asunto Arribas Antón c. España, § 46, exige explicitar no solamente los criterios de definición del requisito de la especial trascendencia constitucional (a tal efecto, esencialmente, la precitada STC 155/2009), sino también su aplicación en los asuntos que se admiten a trámite, con el fin de asegurar con ello una buena administración de la Justicia» (STC 194/2015, de 21 de septiembre, FJ 2). 3. Antes de proceder a examinar la queja planteada por el demandante de amparo, es preciso resolver el problema de admisibilidad puesto de manifiesto por el Ministerio Fiscal, que es el que, como ya se ha razonado, ha servido para otorgar especial trascendencia constitucional al presente recurso de amparo. Advierte el Ministerio público que, bajo la cobertura del art. 44 LOTC, se impugnan aquí sendas resoluciones que no proceden del Juez o Magistrado, sino de la Secretaria del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 9 de Madrid, aduciendo la dificultad que entraña articular un recurso de amparo directamente contra tales resoluciones, sin que hayan sido objeto de revisión judicial, lo que resultaría contrario a la propia naturaleza subsidiaria del amparo y al recto entender de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional cuando se refiere a la lesión de los derechos fundamentales ocasionada por los actos y omisiones de los órganos judiciales, entendidos estrictamente como los Jueces y Tribunales que ejercen la función jurisdiccional, sin comprender los actos y decisiones del personal que integra la Oficina Judicial, a cuyo frente se encuentran los Secretarios Judiciales (actualmente, Letrados de la Administración de Justicia, como ya se ha señalado). El propio Fiscal reconoce que el problema reside en que el art. 102 bis.2 LJCA (introducido por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial) impide terminantemente la posibilidad de que decisiones como las aquí impugnadas sean revisadas por el Juez o Tribunal, al disponer que «Contra el decreto resolutivo de la reposición no se dará recurso alguno, sin perjuicio de reproducir la cuestión al recurrir, si fuere procedente, la resolución definitiva». Por tal razón, interesa que se proceda al planteamiento de cuestión interna de inconstitucionalidad en relación con dicho precepto, al igual que ya se hizo por medio del citado ATC 163/2013. Sin embargo, ello no es preciso, pues la problemática reseñada se le ha suscitado a este Tribunal Constitucional en una serie de recursos de amparo referidos a la misma materia, entre los que se incluía el que nos ocupa, lo que condujo a esta Sala, como ya ha puesto de relieve el Fiscal, a acordar en el recurso de amparo núm. 4577-2011 el planteamiento de cuestión interna de inconstitucionalidad en relación con el mencionado art. 102 bis.2 LJCA, por medio del reiterado ATC 163/2013, de 9 de septiembre. Tal actuación, como reconoce el propio Fiscal, resultaba imprescindible, a pesar de que haya producido como inevitable efecto un lamentable retraso en la resolución de este y de otros recursos de amparo, cuya decisión quedó en suspenso a la espera de la resolución de la reseñada cuestión de inconstitucionalidad. Dicha cuestión ha sido estimada por la recentísima STC 58/2016, de 17 de marzo, en la que el Pleno de este Tribunal ha reconocido que la imposibilidad de impugnar el decreto resolutorio de la reposición no era salvable ni a través de la opción de impugnar la resolución que ponga fin al proceso (que no siempre cabe y que carece de virtualidad tratándose del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, cuya alegación no tiene sentido cuando el proceso ha finalizado, según nuestra reiterada doctrina), ni por las vías establecidas en los arts. 240.2 y 241.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por ello, ha resuelto que el párrafo primero del citado precepto incurre en insalvable inconstitucionalidad al crear un espacio de inmunidad jurisdiccional incompatible con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y la reserva de jurisdicción a los Jueces y Tribunales integrantes del poder judicial: «El precepto cuestionado, en cuanto excluye del recurso judicial a determinados decretos definitivos del Letrado de la Administración de Justicia (aquellos que resuelven la reposición), cercena, como señala el ATC 163/2013, FJ 2, el derecho del justiciable a someter a la decisión última del Juez o Tribunal, a quien compete de modo exclusivo la potestad jurisdiccional, la resolución de una cuestión que atañe a sus derechos e intereses y legítimos, pudiendo afectar incluso a otro derecho fundamental: a un proceso sin dilaciones indebidas. Ello implica que tal exclusión deba reputarse lesiva del derecho a la tutela judicial efectiva que a todos garantiza el art. 24.1 CE y del principio de exclusividad de la potestad jurisdiccional (art. 117.3 CE)» (FJ 7). Asimismo, la Sentencia precisa que hasta que el legislador no se pronuncie al respecto, el recurso judicial procedente frente al decreto del Letrado de la Administración de Justicia resolutivo de la reposición ha de ser el directo de revisión al que se refiere el propio art. 102 bis.2 LJCA. La reciente declaración de la inconstitucionalidad de dicho precepto no permite, precisamente por la fecha en que se produce, que en el presente caso pueda apreciarse el óbice de falta de agotamiento de la vía judicial previa. Es indudable que, en el momento en el que el actor trató de reaccionar contra la presunta lesión de su derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas, no podía en modo alguno obtener una respuesta judicial previa dado el veto previsto al respecto en el párrafo primero de aquel precepto, ahora declarado inconstitucional. Por otro lado, tampoco cabe, a la luz del pronunciamiento contenido en la STC 58/2016, de 17 de marzo, retrotraer las actuaciones para que el actor pueda utilizar la vía del recurso de revisión, de acuerdo con lo que se indica en el fundamento jurídico 7 de dicha Sentencia, porque ya ha tenido lugar, incluso, la celebración de la vista, como reconocen las partes, de modo que no se produciría otro efecto que el de perjudicar al actor, añadiendo nuevas dilaciones a las ya padecidas. La solución constitucionalmente adecuada, dada la declaración de inconstitucionalidad del art. 102 bis.2 LJCA, es proceder a examinar la queja de fondo articulada en el presente recurso de amparo, pues fue la propia Ley la que impidió la intervención del Magistrado-Juez de lo Contencioso-Administrativo núm. 9 de Madrid, en ejercicio de su función jurisdiccional de tutela de los derechos fundamentales, lo cual justifica que este Tribunal intervenga para reparar la lesión del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas del actor, tal y como ha hecho también para un otros casos iguales en las recientísimas SSTC 63/2016, de 11 de abril, y 75/2016, 76/2016 y 77/2016, todas ellas de 25 de abril. 4. Una vez aclarado el anterior extremo, podemos proceder a analizar la queja que se ha suscitado en este recurso, que recae, como ya se ha expuesto reiteradamente, sobre el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, consagrado en el art. 24.2 CE. Pues bien, para determinar si nos encontramos o no ante una vulneración del meritado derecho, hemos de acudir a las pautas que nos ofrece nuestra jurisprudencia, conforme a la cual, este derecho es una expresión constitucional que encierra un concepto jurídico indeterminado que, por su imprecisión, exige examinar cada supuesto concreto a la luz de aquellos criterios que permitan verificar si ha existido efectiva dilación y, en su caso, si esta puede considerarse justificada, porque no toda infracción de los plazos procesales o toda excesiva duración temporal de las actuaciones judiciales supone una vulneración del derecho fundamental que estamos comentando (por todas, STC 54/2014, de 10 de abril, FJ 4), sin que, por otra parte, el derecho fundamental referido pueda identificarse con un derecho al riguroso cumplimiento de los plazos procesales, configurándose a partir de la dimensión temporal de todo proceso y su razonabilidad (STC 142/2010, de 21 de diciembre, FJ 3). Como hemos subrayado, más recientemente, en las SSTC 89/2014, de 9 de junio, FJ 4, 99/2014, de 23 de junio, FJ 4, 74/2015, de 27 de abril, FJ 4, y 63/2016, de 11 de abril, FJ 4, con cita de la jurisprudencia precedente, la prohibición de retrasos injustificados en la marcha de los procesos judiciales impone a los Jueces y Tribunales el deber de obrar con la celeridad que les permita la duración normal o acostumbrada de los litigios de la misma naturaleza y con la diligencia debida en el impulso de las distintas fases por las que atraviesa el proceso. Asimismo, en coincidencia con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el art. 6.1 del Convenio de Roma (derecho a que la causa sea oída en «un tiempo razonable»), que ha sido tomada como el estándar mínimo garantizado en el art. 24.2 CE, afirmábamos que el juicio sobre el contenido concreto de las dilaciones, y sobre si son o no indebidas, debe ser el resultado de la aplicación a las circunstancias específicas de cada caso de los criterios objetivos que a lo largo de nuestra jurisprudencia se han ido precisando, y que son la complejidad del litigio, los márgenes ordinarios de duración de los litigios del mismo tipo, el interés que arriesga el demandante de amparo, su conducta procesal y la conducta de las autoridades. 5. Aplicando la anterior doctrina al caso que pende de enjuiciamiento ante nosotros, podemos afirmar, en primer lugar, que el asunto planteado no reviste una especial complejidad, al tratarse de un recurso interpuesto contra una resolución administrativa sancionadora que acuerda la expulsión del recurrente por encontrarse irregularmente en territorio español. Teniendo en cuenta la pretensión deducida ante el órgano judicial —que ni siquiera este califica como particularmente compleja—, no parece razonable que en un procedimiento de esta naturaleza se haya diferido, con evidente perjuicio del recurrente, la vista de su recurso contencioso-administrativo a una fecha tan lejana como el 17 de diciembre de 2015, cuando el citado recurso había sido interpuesto el 24 de enero de 2012. Ello ha supuesto para el demandante una espera de casi cuatro años para poder saber si podía permanecer o no lícitamente en España. En cuanto al criterio relativo a los márgenes ordinarios de duración de los litigios, este Tribunal ha tenido ocasión de pronunciarse, en diferentes ocasiones, sobre la vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, con motivo del señalamiento de la vista, en procedimientos relativos a extranjería. Concretamente, en el supuesto analizado en la STC 142/2010, de 21 de diciembre, el señalamiento de la vista se fijó para año y medio después, respecto a la interposición del recurso contencioso-administrativo, frente a una denegación de solicitud de asilo. En supuestos de impugnación de resoluciones de expulsión, este Tribunal apreció la existencia de dilaciones, entre otras muchas, en la STC 54/2014, de 10 de abril, por un señalamiento fijado para dos años y seis meses posteriores a la interposición del recurso; en la STC 99/2014, de 23 de junio, por un señalamiento posterior en algo más de dos años a la interposición del recurso; en la STC 88/2015, de 11 de mayo, el señalamiento tuvo un retraso similar al anterior; y en la STC 63/2016, de 11 de abril, el retraso en la fecha para la celebración de la vista se acercaba a los tres años y medio. Finalmente, analizando lo ocurrido en un caso de impugnación de la denegación de una autorización de residencia, la STC 74/2015, de 27 de abril, apreció la existencia de dilaciones indebidas por un retraso en el señalamiento de la vista de dos años y medio. Por consiguiente, cabe apreciar que el presente caso se inscribe también en lo que nuestra doctrina ha calificado como demora constitutiva de una dilación indebida. Por otra parte, el retraso en la tramitación procesal ha de ser ponderado de acuerdo al interés que arriesgue el recurrente en el pleito. En este caso, el interés consistía en obtener una resolución judicial que determinara si era ajustada a Derecho la resolución administrativa que acordó su expulsión del territorio nacional y la prohibición de entrada en España por un periodo de tres años, que fue adoptada por la Delegación del Gobierno en Madrid. Es evidente que, al igual que otros casos, como el resuelto por las SSTC 58/2014, de 5 de mayo, FJ 5, y 99/2014, de 23 de junio, FJ 5, esta decisión afectaba necesariamente a un ámbito preferente de sus derechos e intereses legítimos y, además, relacionado con la organización de la propia vida, pues del sentido de la misma habría de depender su permanencia o no en España. Asimismo, ha de excluirse que la conducta procesal del demandante merezca algún reproche, puesto que no solo no ha realizado actuaciones que pudieran provocar el retraso en cuestión, sino que, antes al contrario, ha guardado una actitud diligente, pues, en primer lugar, ha instado la adopción de las correspondientes resoluciones acordando la admisión a trámite del recurso y la citación de las partes para la vista, con invocación del derecho a la tutela judicial efectiva y del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas (escritos de 10 de abril y 9 de julio de 2012, recurso de reposición de 17 de octubre de 2012, y recordatorio de la interposición de dicho recurso en escrito presentado el 15 de noviembre de 2012). Por otra parte, ha denunciado ante el órgano judicial la concurrencia de las supuestas dilaciones indebidas por la lejanía de la fecha fijada para la vista, como pone de relieve singularmente el recurso de reposición presentado el 21 de diciembre de 2012 contra la diligencia de ordenación de 10 de diciembre de 2012, que había efectuado el señalamiento para la vista; recurso en el que el actor puso de manifiesto la vulneración del derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas y en el que solicitó expresamente que se anticipara la fecha de celebración de la vista, de conformidad con el art. 63.1 LJCA. 6. Expuesto lo anterior, es preciso subrayar que la dilación denunciada por el demandante de amparo no tiene su origen en el silencio judicial ante peticiones de la parte, ni en la inactividad procesal durante largos períodos de tiempo, ni en la demora en proceder a señalar la fecha de la vista, aunque esta se produjera efectivamente, ya que la Secretaria Judicial tardó casi un año en convocar a las partes para la celebración de la vista, pese a los reiterados requerimientos del actor en orden a que se admitiera a trámite el recurso de acuerdo con el art. 78.3 LJCA, y que efectuara dicho señalamiento. La dilación de la que se queja el actor obedece a que medió un período excesivo de tiempo, casi cuatro años, entre el momento en que se presentó la demanda y la fecha fijada por la diligencia de ordenación impugnada para la celebración del acto de la vista, decisión tomada de acuerdo con la agenda de señalamientos del Juzgado, y, por tanto, en función de las reglas de los arts. 182 de la Ley de enjuiciamiento civil y 78 LJCA, ajustándose al orden de antigüedad, por lo que el retraso parece obedecer a causas estructurales y a la carga de trabajo que pesa sobre el órgano judicial, como se reconoce en el propio decreto desestimatorio del recurso de reposición interpuesto contra la diligencia de ordenación que señaló la fecha de la vista, que achacaba el retraso a la elevada pendencia de asuntos que padece el Juzgado, de la misma manera que los de igual clase. No obstante, el hecho de que la presente demora se deba a motivos estructurales, no imputables directamente al órgano judicial, no impide apreciar la vulneración del derecho del recurrente a un proceso sin dilaciones indebidas, pues esta situación no altera la naturaleza injustificada de dichas dilaciones, según reiterada jurisprudencia de este Tribunal y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en tanto que el ciudadano es ajeno a esas circunstancias. Sobre este extremo, nos recuerda la STC 142/2010, de 21 de diciembre, FJ 4, que «como ha señalado este Tribunal, entre otras, en las SSTC 160/2004, de 4 de octubre, FJ 5, y 153/2005, de 6 de junio, FJ 6, por más que los retrasos experimentados en el procedimiento hubiesen sido consecuencia de deficiencias estructurales u organizativas de los órganos judiciales o del abrumador trabajo que sobre ellos pesa, esta hipotética situación orgánica, si bien pudiera excluir de responsabilidad a las personas intervinientes en el procedimiento, de ningún modo altera el carácter injustificado del retraso. Y es que el elevado número de asuntos de que conozca el órgano jurisdiccional ante el que se tramitaba el pleito no legitima el retraso en resolver, ni todo ello limita el derecho fundamental de los ciudadanos para reaccionar frente a tal retraso, puesto que no es posible restringir el alcance y contenido de ese derecho (dado el lugar que la recta y eficaz Administración de Justicia ocupa en una sociedad democrática) en función de circunstancias ajenas a los afectados por las dilaciones. Por el contrario es exigible que Jueces y Tribunales cumplan su función jurisdiccional, garantizando la libertad, la justicia y la seguridad, con la rapidez que permita la duración normal de los procesos, lo que lleva implícita la necesidad de que el Estado provea la dotación a los órganos judiciales de los medios personales y materiales precisos para el correcto desarrollo de las funciones que el Ordenamiento les encomienda (STC 180/1996, de 16 de noviembre, FJ 4)». Igual criterio sostiene el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al afirmar en su Sentencia de 7 de julio de 1989, caso Unión Alimentaria Sanders c. España, el carácter estructural de las dilaciones sufridas por la sociedad demandante, concluyendo que esta situación no puede privar a los ciudadanos de su derecho al respeto del plazo razonable (§§ 38 y 42), o cuando en la Sentencia de 11 de marzo de 2004, caso Lenaerts c. Bélgica (§ 18), razonó que el art. 6.1 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales obliga a los Estados contratantes a organizar su sistema judicial de tal forma que sus Tribunales puedan cumplir cada una de sus exigencias, en particular la del derecho a obtener una decisión definitiva dentro de un plazo razonable. 7. Por todo lo anterior, cabe concluir que se ha vulnerado en este caso el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas del recurrente (art. 24.2 CE), como consecuencia de la fecha fijada por el órgano judicial para la celebración de la vista de su recurso contencioso-administrativo. Al igual que en otros casos resueltos por este Tribunal (por todas, SSTC 89/2014, de 9 de junio, FJ 7, y 63/2016, de 11 de abril, FJ 7), el otorgamiento del amparo debe limitarse a la declaración de la violación del derecho fundamental, dado que ya se ha celebrado efectivamente la vista en la dilatada fecha señalada en su día para el 17 de diciembre de 2015, según ha opuesto el Abogado del Estado y ha reconocido el actor. FALLO En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA, Ha decidido Estimar el recurso de amparo interpuesto por don Volodymyr Dyiakon, y, en su virtud, declarar que se ha vulnerado su derecho a un proceso sin dilaciones indebidas (art. 24.2 CE). Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». Dada en Madrid, a seis de junio de dos mil dieciséis.–Adela Asua Batarrita.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan José González Rivas.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Antonio Narváez Rodríguez.–Firmado y rubricado.

Prórroga de un año del acuerdo de préstamo del FMI a España.

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por doña Adela Asua Batarrita, Presidenta, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez, Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En el recurso de amparo núm. 1546-2013, promovido por don Volodymyr Dyiakon, representado por la Procuradora de los Tribunales doña Concepción Muñiz González y asistido por el Letrado don Alfonso Carbonell Tortosa, contra la diligencia de ordenación de la Secretaria Judicial del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 9 de Madrid, de 10 de diciembre de 2012, que convocó a las partes para la celebración de la vista del procedimiento abreviado núm. 44-2012, y contra el decreto de la misma Secretaria, de 14 de febrero de 2013, que desestimó el recurso de reposición deducido contra la referida diligencia de ordenación. Ha sido parte el Abogado del Estado y ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente la Magistrada doña Adela Asua Batarrita, quien expresa el parecer del Tribunal. I. Antecedentes 1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 14 de marzo de 2013, el letrado don Alfonso Carbonell Tortosa interpuso recurso de amparo contra las resoluciones señaladas en el encabezamiento. Asimismo, solicitó la designación de Procurador del turno de oficio para su cliente. 2. La demanda de amparo trae causa, en síntesis, de los siguientes hechos: a) Con fecha 24 de enero de 2012 el recurrente presentó ante el Decanato de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid demanda interponiendo recurso contencioso-administrativo, por el procedimiento abreviado, contra la resolución de la Delegación del Gobierno en Madrid de 19 de agosto de 2011, por la que se decretaba su expulsión del territorio nacional, con prohibición de entrada por un período de tres años en España y en los restantes territorios comprendidos en el Convenio de aplicación del acuerdo Schengen de 19 de junio de 1990 (autos de procedimiento abreviado núm. 44-2012). Por medio de otrosí solicitaba la medida cautelarísima de suspensión de la orden de expulsión. b) La demanda fue turnada al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 9 de Madrid, que, por Auto de 24 de enero de 2012, acordó denegar la medida cautelarísima solicitada. c) La representación del actor presentó escrito con fecha 10 de abril de 2012 indicando que, a pesar del tiempo transcurrido desde que en 26 de enero de 2012 cumplimentó el requerimiento para la aportación del poder original, no se le había notificado aún la resolución pronunciándose sobre la admisión a trámite. Ante dicho escrito, por diligencia de ordenación de 19 de junio de 2012 se contestó que ya se habían dictado dos diligencias de ordenación que, aunque no dijeran expresamente que se admitía a trámite la demanda, daban un impulso al proceso que no tendría lugar en caso de inadmisión. Mediante nuevo escrito presentado el 9 de julio de 2012, el recurrente solicitó que se dictara el correspondiente decreto de admisión a trámite de la demanda y citando a las partes para la celebración de la vista, de acuerdo con lo establecido en el art. 78.3 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA). Esta solicitud recibió respuesta a través de diligencia de ordenación de 27 de septiembre de 2012, en la que se resolvía estar a lo acordado con anterioridad, y que se notificaría oportunamente al recurrente el señalamiento según previsiones de la agenda programada del Juzgado. Contra esta diligencia de ordenación interpuso el actor recurso de reposición con fecha 17 de octubre de 2012, por infracción manifiesta del art. 78.3 LJCA, con invocación expresa del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Por escrito presentado el 15 de noviembre de 2012 se recordó al Juzgado la interposición de dicho recurso, al no haber recibido notificación de la resolución del mismo. d) Por diligencia de ordenación de la Secretaria del Juzgado de 10 de diciembre de 2012 se acordó señalar para la celebración de la vista el 17 de diciembre de 2015 a las 11:45 horas. Asimismo, se consideró que no era necesario tramitar el anterior recurso de reposición por considerar que había perdido objeto. e) Mediante escrito presentado el 21 de diciembre de 2012, el actor interpuso recurso de reposición contra la anterior diligencia de ordenación, al entender que un señalamiento para el juicio oral en fecha tan alejada en el tiempo superaba con creces las previsiones legales establecidas al respecto y el carácter razonable del plazo en que debe desenvolverse el proceso, implicando una vulneración del derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas (art. 24.2 CE), y solicitaba el adelantamiento de la fecha del juicio de acuerdo con el art. 63.1 LJCA. El recurso de reposición fue desestimado por decreto de la Secretaria Judicial de 14 de febrero de 2013, que confirmó la diligencia recurrida en todos sus extremos, al considerar que la fecha se había fijado en función de la agenda de señalamientos del Juzgado, «que, como los demás de esta clase, padece una elevada pendencia de asuntos», no obstante lo cual, se aclaraba que la agenda era objeto de constante revisión por cancelaciones de vistas, por lo que la fecha señalada podría ser modificada. 3. La demanda de amparo denuncia la vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas (art. 24.2 CE), sosteniendo que el señalamiento de la vista del procedimiento contencioso-administrativo para el 17 de diciembre de 2015, cuando el recurso se presentó el 24 de enero de 2012, supera con creces las previsiones legales establecidas al respecto y el carácter razonable del plazo en el que debe desenvolverse el proceso abreviado, en función de las circunstancias específicas del caso (sobre su expulsión del territorio español), que determinan un interés especialmente relevante para el actor, quien, mientras no se resuelva el recurso, verá inadmitida a trámite cualquier solicitud de regularización por mor de la disposición adicional cuarta.1 d) de la Ley Orgán ### RESUMEN: Prórroga de un año del acuerdo de préstamo del FMI a España.

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente, doña Adela Asua Batarrita, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En el recurso de inconstitucionalidad núm. 4539-2012, interpuesto por el Presidente del Gobierno, representado por el Abogado del Estado, contra el artículo único del Decreto-ley 3/2011, de 13 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes sobre prestación farmacéutica del sistema sanitario público de Andalucía. Ha comparecido y formulado alegaciones el Parlamento de Andalucía. Ha sido Ponente el Magistrado don Ricardo Enríquez Sancho, quien expresa el parecer del Tribunal. I. Antecedentes 1. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal Constitucional el día 20 de julio de 2012, el Abogado del Estado, en nombre del Presidente del Gobierno, interpuso recurso de inconstitucionalidad contra el artículo único del Decreto-ley 3/2011, de 13 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes sobre prestación farmacéutica del sistema sanitario público de Andalucía. 2. Los motivos del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno son los que, sucintamente, se recogen a continuación: a) Comienza el Abogado del Estado su escrito señalando que este recurso de inconstitucionalidad tiene indudable conexión con el conflicto de competencias 1923-2012 promovido por el Gobierno de la Nación contra la resolución de 25 de enero de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia convocatoria para la selección de medicamentos a dispensar por las oficinas de farmacia de Andalucía, cuando, en las recetas médicas y órdenes de dispensación oficiales del Sistema Nacional de Salud, sean prescritos o indicados por principio activo. En realidad, esta resolución de 2012 se dictó de conformidad con el apartado 1 del art. 60 bis y concordantes de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de farmacia de Andalucía, según redacción dada por el Decreto-ley 3/2011. La existencia de un acuerdo de la subcomisión de seguimiento normativo, prevención y solución de controversias de la comisión bilateral de cooperación Junta de Andalucía-Estado, de 5 de marzo de 2012 por el que se decidió acudir al mecanismo conciliador del art. 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) en relación con el Decreto-ley 3/2011, es lo que ha provocado, según señala el Abogado del Estado, que el conflicto contra la resolución de 2012 haya antecedido en el tiempo al presente recurso. b) Una vez aclarada la relación de este recurso con el conflicto de competencias 1923-2012, el Abogado del Estado pasa a exponer los títulos competenciales y la normativa en materia de prestación farmacéutica. Comienza analizando la trascendencia que tiene para este proceso constitucional la competencia reconocida en el art. 149.1.1 CE, en tanto precepto que faculta al Estado para la consecución de la igualdad efectiva en el ámbito prestacional sanitario. A su juicio, la claridad con la que la Constitución española efectúa, en el capítulo III de su título I, art. 43.1, la formulación de la protección de la salud como derecho, arrastra la llamada al art. 149.1.1 CE. Señala que las condiciones básicas garantizadoras de la igualdad se predican de los derechos constitucionales de prestación, pues como dice la STC 32/1983, de 28 de abril, FJ 2, el perfil que los correspondientes preceptos constitucionales dibujan de los derechos prestacionales debe ser completado con el del art. 149.1.1 CE. Tras exponer la doctrina constitucional sobre el art. 149.1.1 CE, señala el Abogado del Estado que no hay dudas respecto al alcance que hay que dar a los criterios de igualdad y equidad manejados por la Ley 14/1986 y por la Ley 16/2003, como principios que, en el ámbito de las prestaciones sanitarias, obligan al Estado a garantizar un mínimo común denominador, un nivel mínimo de prestaciones suficiente para hacer efectivo el derecho a la salud de todos los ciudadanos. A su juicio, la prestación de la asistencia sanitaria es un ámbito material que concentra de modo preferente la preocupación del legislador por garantizar la igualdad efectiva de todos los ciudadanos con independencia de su lugar de residencia. Preocupación, añade, que se traduce en la formulación de unas reglas comunes sobre los sujetos que tienen derecho a la asistencia sanitaria, sobre el contenido de las prestaciones sanitarias y sobre las condiciones en las que éstas se materializan en todo el territorio nacional. Por ello, señala, los aspectos nucleares relativos a la protección de la salud, como sería singularmente la definición de los beneficiarios, han de abordarse desde la perspectiva del art. 149.1.1 CE, en virtud del cual el Estado ostenta competencia exclusiva, no susceptible propiamente de desarrollo autonómico. c) Por lo que se refiere a la competencia estatal sobre sanidad regulada en el art. 149.1.16 CE, señala que en el presente recurso interesa las competencias sobre las «bases y coordinación general de la sanidad» y sobre la «legislación sobre productos farmacéuticos». Señala que nos encontramos sin duda ante uno de los más importantes servicios prestados desde la Administración, como es el servicio sanitario público para cuyo diseño se ofreció un amplio margen a favor la actuación de las Comunidades Autónomas. En todo caso, recuerda que la opción organizativa adoptada –servicios autonómicos de salud– no puede funcionar como una serie de piezas inconexas sino que su conjunto debe conformar un «sistema», tal y como establece la Ley 14/1986. Indica que mientras la regulación de cuestiones relativas a la estructura, organización y funcionamiento coherente del sistema sanitario se encuadra en el título competencial del art. 149.1.16 CE, la regulación de las prestaciones sanitarias se incardina de manera fundamental en lo que son «condiciones básicas de igualdad» en el ejercicio del derecho a la protección de la salud y, por tanto, además de en el número 16, también en el título competencial que prevé el número 1 del art. 149.1 CE, de modo que la regulación del catálogo de prestaciones sanitarias fija el contenido primario y común del derecho a la protección de la salud. Señala que el Real Decreto-ley 16/2012 ha introducido aquí importantes modificaciones y recuerda que el art. 7.1 de la Ley 16/2003 establece que el catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud tiene como objeto garantizar las condiciones básicas y comunes para una atención integral, continuada y en el nivel adecuado de atención; y que se consideran prestaciones de atención sanitaria del Sistema Nacional de Salud los servicios o conjuntos de servicios preventivos, diagnósticos, terapéuticos, de rehabilitación y de promoción y mantenimiento de la salud dirigidos a los ciudadanos; indicando, por último, las prestaciones que comprenderá el catálogo. Asimismo, señala que el art. 8.1 modificado por el Real Decreto-ley 16/2012 define la «cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud» y que el art. 8.3 de la Ley 16/2003 establece que la cartera común de servicios habrá de acordarse en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que se aprobará mediante Real Decreto. Continúa el escrito recordando que en el Real Decreto 1030/2006, que mantiene su vigencia en los términos de la disposición transitoria segunda del Real Decreto-ley 16/2012, se definen las prestaciones que el sistema sanitario público actualmente está ofertando a los ciudadanos, y que se hacen efectivas mediante la cartera de servicios comunes a la que tendrán acceso los usuarios del Sistema Nacional de Salud en condiciones de igualdad. De este modo, a su juicio, la legislación estatal, al fijar la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud define el contenido primario y común del derecho a la protección de la salud. Mediante esta cartera se establecen las condiciones básicas y comunes para una atención integral, por lo que su contenido es indisponible por las Comunidades Autónomas. Afirma que éstas podrán añadir nuevas prestaciones con cargo a sus presupuestos en los términos del artículo quinquies mediante las correspondientes carteras complementarias, pero en ningún caso podrán excluir alguna de las previstas en la cartera común. En definitiva, a su juicio, constituyendo la prestación farmacéutica una de las prestaciones sanitarias incluidas en la cartera común, no es sólo el mínimo común normativo exigible en todo el territorio español para garantizar la igualdad de todos los españoles en el acceso a las prestaciones del Sistema Nacional de Salud (art. 149.1.16 CE), sino una condición básica para todos los ciudadanos en el ejercicio de un derecho constitucional (art. 149.1.1 CE), como es el derecho a la protección de la salud reconocido en el art. 43.1 CE. d) Por lo que respecta a la competencia en materia de legislación sobre productos farmacéuticos recuerda que le corresponde al Estado la competencia normativa única y exclusiva, esto es, dictar la legislación completa, no sólo las bases y, en consecuencia, lo que las Comunidades Autónomas pueden asumir es la competencia ejecutiva. Tras exponer la doctrina sentada por la STC 152/2003 en cuanto a la delimitación entre los títulos competenciales «productos farmacéuticos» y «ordenación farmacéutica o de establecimientos farmacéuticos», indica que la regulación relativa a la dispensación de medicamentos corresponde al Estado, en tanto forma parte del régimen de los productos farmacéuticos. Concretamente, señala que el art. 30 de la Ley 16/2003 atribuye al Estado la competencia para decidir qué productos farmacéuticos deben tener financiación pública. Esta exclusiva competencia estatal se ejerce por la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, mediante la aprobación del nomenclátor oficial de productos farmacéuticos del Sistema Nacional de Salud. El nomenclátor, gestionado y actualizado mensualmente por la Dirección General de Farmacia y Productos sanitarios, contiene la relación de todos los medicamentos y productos sanitarios incluidos en la financiación pública, con la identificación de cada producto, su precio, así como la información para su facturación. Los datos del nomenclátor, que son necesarios para la facturación de las recetas con cargo a fondos públicos, se envían tras su actualización mensual por la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios a todas las Comunidades Autónomas, así como a mutualidades de funcionarios y al Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos quien a su vez lo remite a todos los colegios farmacéuticos de España. Asimismo, señala que en desarrollo de la competencia sobre legislación de productos farmacéuticos, los arts. 85, 86, 90, 91, 92 y 93 de la Ley 29/2006, modificados por el Real Decreto-ley 16/2012 vienen a regular la prescripción y dispensación de medicamentos, así como lo relativo a la fijación y revisión de los precios de referencia. e) Expuestas las anteriores consideraciones en torno a ambas vertientes del título competencial del Estado sobre sanidad procede el Abogado del Estado a realizar las oportunas consideraciones sobre la virtualidad del art. 149.1.17 CE. Considera que la competencia prevista en el art. 149.1.17 CE ampara el dictado por el Estado, entre otros, de los arts. 88 y 89 de la Ley 29/2006. Añade que el que el derecho a la asistencia sanitaria esté vinculado a la condición de asegurado o beneficiario del mismo tiene su razón de ser en el hecho de que la asistencia sanitaria facilitada por el Sistema Nacional de Salud constituye una de las prestaciones comprendidas dentro de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social que tiene naturaleza de prestación no contributiva. En este sentido, recuerda que el Tribunal Constitucional ha llegado a reconocer en la STC 239/2002 que las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social deben calificarse como asistencia social interna del sistema de la Seguridad Social, y por tanto forman parte del patrimonio de la Seguridad Social y se integran en la llamada caja única del sistema, lo que determina, además, que quedan incluidas en la competencia exclusiva del Estado en materia de régimen económico de la Seguridad Social. Añade que el hecho de que la asistencia sanitaria haya abandonado la partida presupuestaria especial de la Seguridad Social y haya pasado al sistema general de financiación autonómica con el resto de partidas presupuestarias, no puede significar la absoluta supresión de la conexión que existe entre la prestación farmacéutica y la Seguridad Social. Para el Abogado del Estado, sea la financiación de la asistencia sanitaria por medio de la Seguridad Social, o se constituya en un sistema propio (Sistema Nacional de Salud) de carácter universal y con cargo a presupuestos públicos soportada de forma principal a través de impuestos, ha de entenderse inadmisible que por un cambio de los sistema de organización financiera de las prestaciones, los ciudadanos se resientan al recibir la prestación sanitaria como producto de la gestión de los poderes públicos. El mantenimiento de la asistencia sanitaria dentro de la Seguridad Social conlleva, a su juicio, la aplicación de la competencia exclusiva del Estado sobre régimen económico de la Seguridad Social y, aunque este título competencial está pensado para mantener la unidad financiera propia de una Seguridad Social de carácter contributivo, el mismo puede tener también implicaciones en ámbitos de la Seguridad Social configurados como no contributivos, concretamente, para excluir las divergencias autonómicas en el establecimiento de contribuciones a abonar por los usuarios. f) Seguidamente el Abogado del Estado analiza el carácter básico de la normativa reguladora de las prestaciones sanitarias. A su juicio, se dan los requisitos formales y materiales para confirmar que el régimen contenido en los preceptos legales que nos sirven de parámetro de constitucionalidad constituyen bases de la sanidad, según lo previsto en el art. 149.16 CE. Señala que la competencia básica ejercida por el Estado al dictar las Leyes 16/2003 y 29/2006 resulta indudable. Los preceptos de estas leyes tratan de proporcionar al sistema sanitario una regulación mínimamente uniforme, a partir de la cual podrá cada Comunidad Autónoma desarrollar sus competencias estatutarias, sin olvidar que ninguna de ellas podrá ofrecer prestaciones por debajo de ese mínimo estatal que sólo resulta susceptible de ser mejorado. Expone que en la fijación por el Estado de una cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud concurre indudablemente la exigencia material de lo básico, constituyendo así un nivel mínimo homogéneo susceptible de ampliación comunitaria. g) A continuación analiza las competencias de la Junta de Andalucía en materia de salud, sanidad y farmacia, que aparece recogidas en el art. 55 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, reformado por Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo. Recuerda que tal atribución de competencia a la Comunidad Autónoma ha de actuarse dentro de los límites de lo establecido en los números 1, 16 y 17 del apartado 1 del art. 149 CE. Así, señala que las Comunidades Autónomas pueden fijar carteras de servicios pero siempre que al hacerlo respeten lo establecido por el Estado en materia de productos farmacéuticos financiados, respeto que necesariamente se traduce en la íntegra asunción por tales entidades de la cartera de servicios común del Sistema Nacional de Salud. La cartera de servicios estatal sólo resulta susceptible de ampliación o mejora por parte de las Comunidades Autónomas, nunca de restricción. Y precisamente, añade, dentro de esta normativa mínima que las Comunidades Autónomas han de respetar en su integridad, se halla el sistema de precios de referencia establecido por el Estado al objeto de determinar el alcance de la financiación pública de los medicamentos y, por supuesto, el conjunto de medicamentos incluidos a través del nomenclátor en el Sistema Nacional de Salud. h) Una vez realizadas todas las consideraciones generales expuestas sobre los títulos competenciales y la normativa en materia de prestación farmacéutica, el Abogado del Estado se centra en la inconstitucionalidad del Decreto-ley 3/2011, que modifica la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de farmacia de Andalucía. Tras exponer el contenido del Decreto-ley 3/2011 y de la Resolución de 25 de enero de 2012, expone la contradicción que, a su juicio, existe entre el régimen andaluz establecido en los apartados impugnados del artículo único del Decreto-ley 3/2011 y la normativa estatal vigente en todo el territorio nacional. Así, señala que el Decreto-ley 3/2011 prevé la celebración de convocatorias públicas para la selección de medicamentos y productos sanitarios a dispensar por las oficinas de farmacia cuando, en el marco del sistema sanitario público de Andalucía, se les presente una receta médica u orden de dispensación en las que el medicamento se identifique por principio activo o el producto sanitario se prescriba por denominación genérica. En consecuencia, indica que la normativa andaluza se articula en torno a la selección de un único medicamento para cada formulación de principio o principios activos y de un único producto sanitario para cada grupo o tipo de producto sanitario o conjunto de intercambio. Es decir, a su entender el Sistema Andaluz de Salud solo financiará en Andalucía la presentación que aparezca en el primer lugar del listado que se elabore, de menor a mayor, en función del coste final de los mismos para el Sistema Andaluz de Salud. Afirma que, por tanto, en Andalucía quedan fuera de la cartera de servicios comunes de la prestación farmacéutica aprobada por todo el Sistema Nacional de Salud, las restantes presentaciones y productos que figuran en el nomenclátor estatal y que, sin embargo, no resulten seleccionadas a través del concurso impugnado. Además, considera que el Decreto-ley 3/2011 colisiona con la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación sobre productos farmacéuticos, en relación con la dispensación de productos farmacéuticos y su sustitución, en tanto que sólo se dispensarán en Andalucía los medicamentos y productos sanitarios seleccionados, restringiendo el ámbito objetivo de la dispensación de los medicamentos en una parte del territorio del Estado. A su juicio, el régimen andaluz habrá de producir fuertes distorsiones en el funcionamiento de la sanidad pública en esa Comunidad en cuanto las previsiones andaluzas eliminan la flexibilidad que, en beneficio del usuario del Sistema Nacional de Salud establece la normativa estatal, en cuanto en ésta la oficina de farmacia, de acuerdo con el paciente, puede elegir entre varias presentaciones o productos que tengan igual precio (el menor) y formen parte de la misma agrupación, cuál conviene más a las necesidades del ciudadano, en función de qué presentación esté acostumbrado a utilizar y de la conveniente adherencia a un tratamiento concreto. Considera el Abogado del Estado que también resulta ignorada la competencia exclusiva del Estado en materia de financiación pública de las prestaciones farmacéuticas en el Sistema Nacional de Salud, pues al diseñar un mecanismo de selección de un único medicamento y un único producto sanitario, excluye de financiación pública aquellos medicamentos y productos que, reuniendo los requisitos establecidos para ser dispensados ante una prescripción por principio, no hayan sido seleccionados mediante el procedimiento establecido. Además, a juicio, de la aplicación del sistema previsto por la normativa andaluza resulta que el Sistema Andaluz de Salud paga por cada medicamento un precio reducido, sin embargo, el porcentaje que debe satisfacer el beneficiario de la prestación farmacéutica se calcula sobre el precio íntegro de venta al público, de manera que el beneficiario está soportando un porcentaje final sobre el precio reducido que paga el Sistema Andaluz de Salud, superior al fijado por el Estado para todo el territorio nacional. Concluye el Abogado del Estado afirmando que las Comunidades Autónomas están facultadas para incluir en sus carteras de servicios nuevas prestaciones, pero en ningún caso pueden excluir de la prestación sanitaria pública que ofrecen en sus respectivos ámbitos territoriales fármacos incluidos en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud. Ello supondría una ruptura de la igualdad en el acceso a la prestación farmacéutica reconocida como mínima y común por la normativa estatal. Finaliza su escrito suplicando que se tenga por planteado recurso de inconstitucionalidad contra el artículo único del Decreto-ley 3/2011, de 13 de diciembre, y por medio de otrosí dice que invoca el art. 161.2 CE en relación con el art. 30 LOTC a los efectos de que se suspenda inmediatamente la vigencia del artículo impugnado. 3. El Pleno, a propuesta de la Sección Cuarta, acordó, por providencia de 24 de julio de 2012, admitir a trámite el recurso y dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme establece el art. 34 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Gobierno y al Parlamento de Andalucía, por conducto de sus Presidentes, al objeto de que en el plazo de quince días pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaran convenientes. Asimismo, acordó tener por invocado el art. 161.2 CE en relación con el art. 30 LOTC, para que la admisión del recurso produjera la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados, desde la fecha de interposición del recurso para las partes del proceso y desde el día en que aparezca publicada en el «Boletín Oficial del Estado» para los terceros. Por último, también se ordenó publicar la incoación del recurso y de la suspensión acordada en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía». Por último, se acordó también requerir al Abogado del Estado para que, en el plazo de diez días, aportara el preceptivo informe del Consejo de Estado, emitido según lo dispuesto en el art. 22.6 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, de dicho Consejo. 4. Por escrito registrado en este Tribunal el 27 de julio de 2012 el Abogado del Estado aportó el dictamen del Consejo de Estado. 5. Por escrito registrado en el Tribunal el 30 de julio de 2012, se personó el Letrado del Parlamento de Andalucía y solicitó prórroga del plazo concedido para la presentación del escrito de alegaciones. El Pleno del Tribunal acordó, por providencia de 30 de julio de 2012, tener por personado al Letrado del Parlamento de Andalucía y concederle una prórroga en ocho días más del plazo concedido para realizar alegaciones. 6. El Presidente del Congreso de los Diputados, mediante escrito registrado el día 7 de septiembre de 2012, comunicó que la Cámara se personaba en el procedimiento ofreciendo su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC. Lo mismo hizo el Presidente del Senado por escrito registrado el 5 de septiembre de 2012. 7. La Letrada de la Junta de Andalucía se personó, mediante escrito de alegaciones registrado en el Tribunal el 31 de julio de 2012, interesando el levantamiento de la suspensión antes del transcurso del plazo de cinco meses. 8. Por escrito registrado el 18 de septiembre de 2012 la Letrada de la Junta de Andalucía solicitó la desestimación del recurso interpuesto por las razones que, resumidamente, se exponen a continuación: a) Comienza su escrito la Letrada de la Junta de Andalucía realizando una serie de precisiones acerca de los títulos competenciales esgrimidos por la Administración del Estado. La primera se refiere a la invocación como título competencial implicado del art. 149.1.1 CE. A su juicio, en todo momento las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los ciudadanos son respetadas, siendo así que con la convocatoria y normativa de referencia en modo alguno se ha cambiado la relación paciente-farmacéutico-Administración Pública, sino la relación farmacéutico-laboratorio-Administración. Por lo que se refiere al art. 149.17 CE, considera que la resolución que se impugna no afecta al régimen económico de la Seguridad Social y para ello cita la STC 98/2004, de 25 de mayo. A su juicio, es claro que el Decreto-ley impugnado, modificador de la Ley de farmacia de Andalucía, no incide ni en el régimen económico de la Seguridad Social, ni en sus recursos financieros, ni en la vigencia del principio de «caja única» por el que se rige. Añade que el encuadramiento de la resolución dictada el propio del Sistema Nacional de Salud (art. 149.1.16 CE), en cuanto forma parte del conjunto de servicios y prestaciones sanitarias a proporcionar a todos los ciudadanos y dentro de éste sistema a su vez, se enmarca en el ámbito propio de la competencia autonómica de regulación de la función de dispensación de medicamentos de las farmacias en el ejercicio ordinario de su actividad. Por último, en cuanto a la invocación que se realiza del art. 149.1.16 CE, señala que nada hay que objetar en cuanto a la consideración de las bases y coordinación general en materia de sanidad como un mínimo común denominador establecido por el Estado, dentro del que perfectamente se inserta la norma impugnada, pero no sucede lo mismo en cuanto a la legislación sobre productos farmacéuticos. En este sentido, entiende que la dispensación de medicamentos forma parte de la actividad ordinaria de las oficinas de farmacia y ha de quedar enmarcada en la competencia autonómica sobre ordenación farmacéutica, que es precisamente lo que ocurre en el presente caso. Partiendo del contenido que se viene a regular, la Letrada de la Junta de Andalucía concluye que la ley se dicta al amparo de los arts. 149.1.16 CE y 55 del Estatuto de Autonomía para Andalucía. b) A continuación, trata de sistematizar la normativa estatal existente en el marco de protección de la salud. Tras exponer el marco general legislativo de garantía de la calidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud y la legislación que con carácter específico regula la prestación farmacéutica pasa a exponer las modificaciones introducidas por el Decreto-ley impugnado. Indica que la norma prevé una convocatoria en la que pueden participar todos los laboratorios farmacéuticos interesados, para seleccionar, de entre los medicamentos o productos sanitarios comercializados aquellos que tengan un «precio autorizado igual o inferior al precio menor correspondiente, establecido en el Sistema Nacional de Salud», aquél que deberá ser dispensado por las oficinas de farmacia cuando, en marco de la prestación farmacéutica del sistema sanitario público de Andalucía, se les presente una receta médica u orden de dispensación en las que el medicamento o producto correspondiente se identifica exclusivamente por la denominación oficial de sus principios activos. Puede así comprobarse, a su juicio, que la norma ha sido dictada dentro del ámbito de la competencia autonómica de ordenación farmacéutica. Considera la Letrada de la Junta de Andalucía que la norma andaluza ni innova, ni contradice, la legislación básica estatal en materia de financiación pública de medicamentos, sino que por el contrario, parte de dicha normativa, para precisamente procurar la racionalización del gasto sanitario que le compete, en cuanto que entiende, que ordenando en la forma que lo ha hecho, la dispensación farmacéutica sin afectación al sistema de financiación, es posible, ahorrar gastos al sistema sanitario de Andalucía. Señala que la piedra angular del sistema de financiación farmacéutica diseñado por el Estado en el ejercicio de sus competencias básicas es el denominado «precio de referencia», y que la Ley de farmacia de Andalucía en modo alguno interfiere en dicho sistema porque se mueve sólo en el ámbito que le es propio, que no es otro que la ordenación farmacéutica. A su juicio, lo que pretende regular la norma y por lo tanto ejecutar su concurso, tiene su objeto muy acotado al ámbito de la regulación de la función de dispensación de medicamentos de las farmacias en el ejercicio ordinario de su actividad. No se afecta la prescripción médica, sino a la dispensación farmacéutica cuando el medicamento prescrito sea un genérico, quedando fuera de esta regulación el supuesto de prescripción y en consecuencia dispensación de medicamentos por marcas comerciales. Indica que la dispensación de medicamentos o productos sanitarios por principio activo presupone una labor farmacéutica de selección de los productos sanitarios prescritos por los médicos. Pues bien, señala que es precisamente sobre esta opción que se otorga a los farmacéuticos para la selección de los productos a dispensar, sobre la que pretenden incidir los arts. 60 bis y ter de la Ley de farmacia de Andalucía, mediante un sistema de concurso, en forma tal que la elección del producto de precio menor/más bajo que ahora corresponde al farmacéutico en forma absolutamente libre, sea ejercitada conforme a unas pautas regladas. O lo que es lo mismo, se pretende que este acto de compra que realiza el Servicio Andaluz de Salud de los medicamentos y productos farmacéuticos a través de intermediario (farmacéutico), el poder de decisión corresponda al comprador, y no al dispensador al público, lo que por otra parte, no sólo es que sea más conforme con la normativa comunitaria dado que el poder adjudicador es la Administración pública, sino que además permite que sea esta –y no los intermediarios o farmacéuticos–, la que se beneficie de los descuentos que por volumen de ventas o pronto pago ofrecen los distribuidores. Por todo ello, a su entender la Ley de farmacia de Andalucía, con la redacción dada por el Decreto-ley 3/2011, se inserta plenamente en la competencia autonómica de ordenación farmacéutica, desde el momento en que incide directamente sobre la actuación de dispensación ordinaria de los productos farmacéuticos por las oficinas de farmacia. Añade la Letrada de la Junta de Andalucía que el marco normativo de prescripción no se altera en lo más mínimo y, por tanto, en forma alguna puede sostenerse que se modifica la cartera básica de una prestación que, por definición, es de prescripción facultativa, siendo al prescriptor al único al que corresponde decidir si a su paciente le prescribe el medicamento que necesita, por marca (por una necesidad terapéutica) o por principio activo (norma general). 9. Por escrito registrado en el Tribunal el 2 de octubre de 2012 el Letrado del Parlamento de Andalucía solicitó la desestimación del recurso por las razones que se exponen a continuación: a) Comienza señalado el Letrado del Parlamento de Andalucía que la argumentación que despliega el recurrente para sostener, de modo concreto y específico, la inconstitucionalidad de los distintos preceptos del artículo único del Decreto-ley 3/2011 es sumamente escueta y concisa, alejada de un examen directo y preciso de la supuesta discordancia entre el contenido concreto de esos preceptos y las exigencias constitucionales. Pero es que además, añade, en relación con algunos de esos preceptos del artículo único, formalmente impugnados, esa argumentación no existe ni siquiera mínimamente. Es decir, no se exponen en absoluto las razones por las que tales preceptos son inconstitucionales. Así ocurre, indica, respecto de lo establecido en el apartado 1, el apartado 2, en el apartado 7, en el apartado 8 y en el apartado 10. En consecuencia, para el Letrado del Parlamento de Andalucía dichos preceptos deben tenerse por no recurridos. b) Por lo que se refiere a los títulos competenciales en los que se encuadran las cuestiones planteadas afirma el Letrado del Parlamento de Andalucía que hay que tener en cuenta que la finalidad de los preceptos impugnados es operar fundamental y esencialmente en un ámbito previo al de la dispensación del producto farmacéutico. De lo que se trata, a su juicio, es de seleccionar previamente, y exclusivamente por razones económicas el medicamento o productos sanitario que menor coste va a representar para las arcas públicas, en función de la mejora económica que van a ofrecer los laboratorios farmacéuticos o proveedores. Por ello, considera que nos encontramos en la segunda vertiente de la dispensación según la doctrina del Tribunal Constitucional, aquella que tiene que ver con la función de la farmacia al dispensar el medicamento o producto sanitario, y que no se encuadra en el título competencial relativo a la «legislación sobre productos farmacéuticos», sino en otro ámbitos materiales competenciales, como el de sanidad o el de ordenación farmacéutica. Descarta también que la normativa impugnada pueda incardinarse en la materia competencial «Seguridad Social» y, en concreto, que se refiera al título competencial estatal relativo al «régimen económico de la Seguridad Social», y también que tenga incidencia sobre la cuestión planteada la competencia estatal reconocida en el art. 149.1.1 CE, todo ello siguiendo lo dispuesto en la STC 98/2004. Expuestas con detalle las consideraciones de la STC 98/2004, el Letrado del Parlamento de Andalucía afirma que la materia competencial en la que se encuadran las cuestiones planteadas es la relativa a sanidad, y señala que dichas consideraciones han sido confirmadas muy recientemente en la STC 136/2012, de 19 de junio. c) A continuación el Letrado examina el alcance la competencia estatal en materia de sanidad, así como las competencias que el art. 55 del Estatuto de Autonomía de Andalucía otorga a dicha Comunidad Autónoma en materia de salud, sanidad y farmacia. Respecto al alcance de la competencia estatal reproduce la doctrina constitucional sentada en la STC 98/2004 y por lo que se refiere a las competencias autonómicas señala que el art. 55.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuye expresamente a la Comunidad Autónoma competencias en materia de «ordenación farmacéutica» «en el marco del art. 149.11.6 CE». De este modo, afirma que la materia ordenación farmacéutica se configura como una materia específica, sometida, en relación con el ejercicio de las competencias autonómicas, a los mismos límites que la materia genérica en la que se integra, la sanidad, esto es, a los títulos competenciales reconocidos al Estado en el art. 149.1.16 CE. d) Seguidamente el Letrado del Parlamento de Andalucía examina cuál es la normativa estatal de contraste a considerar, si la misma tiene realmente carácter básico y si existe contradicción entre la normativa estatal básica y los preceptos autonómicos impugnados. En este sentido, comienza señalando que los preceptos impugnados del Decreto-ley 3/2011 no suponen la exclusión de medicamento o producto sanitario alguno de la cartera de servicios aprobada por el Estado sino que, por el contrario, la norma impugnada parte precisamente de los medicamentos o productos sanitarios que forman parte de esa cartera de servicios estatalmente aprobada y entre los mismos procede a seleccionar uno de ellos, el que menor coste económico supone para las arcas públicas. Recuerda que de la propia normativa estatal en modo alguno se deriva, frente a lo que quiere sostener el recurrente, que todos los medicamentos o productos sanitarios incluidos en la cartera de servicios de la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud, estatalmente aprobada, puedan ser dispensados indiferenciada e indistintamente, sino que existen unas normas estatales que determinan cuáles, entre aquellos medicamentos o productos sanitarios, habrán de ser dispensados. Por lo que se refiere a la normativa estatal que se encontraba en vigor en el momento de la aprobación y entrada en vigor del Decreto-ley 3/2011, señala que el art. 85.1 de la Ley 29/2006, en la redacción entonces vigente, establecía, como regla general, que la prescripción, indicación o autorización de dispensación de los medicamentos se realizará por principio activo, y que en relación con los productos sanitarios para pacientes no hospitalizados que requieran para su dispensación en oficina de farmacia tal receta u orden, la prescripción, indicación o autorización de dispensación se realizará por denominación genérica por tipo de producto. Y añade ese art. 85.1 que en ambos casos el farmacéutico dispensará la presentación del medicamento o del producto sanitario que tenga menor precio. Pues bien, a su juicio, partiendo del pleno respeto a esas bases estatales, esto es, respetando la regla de dispensación del medicamento o producto sanitario de menor precio, el Decreto-ley 3/2011, en desarrollo de esta previsiones, moviéndose adecuadamente en el marco de las competencias autonómicas en materia de sanidad u ordenación farmacéutica, establece un sistema para la determinación, mediante las correspondientes convocatorias públicas de procesos selectivos, de cuál, entre los distintos medicamentos o productos sanitarios de menor precio según la normativa estatal, debe ser dispensado en el marco de la prestación farmacéutica del sistema sanitario público de Andalucía. No existía, por tanto, a su entender, en el momento de aprobación y entrada en vigor del Decreto-ley 3/2011, vulneración alguna de la normativa básica estatal en la materia, porque, en cualquier caso, quedaba garantizado que los medicamentos o productos sanitarios seleccionados en Andalucía serían siempre y en todo caso alguno de los medicamentos o productos sanitarios de menor precio, en los términos de la normativa estatal básica. Señala que la normativa estatal básica en materia de sanidad, en los aspectos que estamos examinando, relativos a la financiación pública de los medicamentos o productos sanitarios, debe dejar un margen de actuación a las Comunidades Autónomas con competencia de desarrollo legislativo en la materia, para que puedan establecer aquellas medidas concretas y específicas que permitan obtener un menor coste público, siempre que se realice una adecuada ponderación de los demás derechos, intereses y garantías que puedan estar en presencia. Añade que el art. 85.1 de la Ley 29/2006, en la redacción vigente en el momento de la aprobación y entrada en vigor del Decreto-ley 3/2011, respondía adecuadamente a ese carácter básico, al establecer las reglas precisas para que los medicamentos o productos sanitarios a dispensar fueran los de menor precio. Y partiendo de que esa expresión «menor precio» no se refería a la existencia de un determinado o concreto medicamento o producto sanitario que tuviera el precio más bajo, sino que, por el contrario, era un específico concepto legal que se refería a la existencia de un determinado y concreto precio, el precio menor, fijado de acuerdo con las correspondientes agrupaciones homogéneas, por debajo del cual debían encontrarse los distintos medicamentos o productos sanitarios que podían en cada caso ser dispensados, dicha normativa básica estatal respetaba otra de las exigencias impuestas por el Tribunal Constitucional para confirmar el carácter básico de la normativa cual es, «que el Estado no puede en el ejercicio de una competencia básica, agotar la regulación de la materia, sino que debe dejar un margen normativo propio a la Comunidad Autónoma» (STC 98/2004, FJ 6). Ese margen normativo autonómico se traducía, a su juicio, en la posibilidad de establecer reglas que se considerasen precisas para, también en la búsqueda de un precio público ajustado, seleccionar o determinar, entre los medicamentos o productos sanitarios de «menor precio», aquel o aquellos que deban ser dispensados en el marco de la prestación farmacéutica del sistema sanitario público de Andalucía. Y en ejercicio de esas competencias autonómicas de desarrollo legislativo en materia de sanidad u ordenación farmacéutica se procedió a establecer un conjunto de reglas o procedimientos para la selección del correspondiente medicamento o producto sanitario que habría de ser dispensado en Andalucía, atendiendo al criterio del menor coste económico final para el Servicio Andaluz de Salud, y siempre dentro de los medicamentos o productos sanitarios de «menor precio», en los términos de la normativa básica estatal. Continúa señalando el Letrado del Parlamento de Andalucía que tras la aprobación y entrada en vigor del Decreto-ley 3/2011 se ha producido la modificación de la normativa estatal que habrá de contrastarse con las previsiones de los preceptos impugnados. Así, indica que el Real Decreto-ley 3/2012, de 20 de abril, por una parte, ha modificado la redacción del art. 85 de la Ley 29/2006 y, por otra parte, ha introducido en la Ley 29/2006 otros preceptos que, supuestamente podrían entrar en contradicción con los preceptos impugnados del Decreto-ley 3/2011. En este sentido indica que la modificación del art. 85 radica en que cuando la prescripción se realice por principio activo el farmacéutico dispensará el medicamento de «precio más bajo de su agrupación homogénea». Se sustituye, por tanto, la referencia al «menor precio» por la correspondiente al «precio más bajo». Señala que si el sentido de la expresión «precio más bajo» es el mismo que normativamente tenía la de «menor precio» anteriormente existente, no se produciría ningún problema, ya que la situación, desde el punto de vista competencial seguiría siendo la misma. Ahora bien, el problema surge, a su juicio, si se entiende que esa referencia al «precio más bajo» supone que la normativa estatal está previendo la dispensación, en cada caso, precisamente de los medicamentos que tengan un determinado y preciso precio, en concreto el precio más bajo o de inferior cuantía de entre los precios autorizados. Afirma que es posible que existan distintos medicamentos que tengan el mismo precio, y que ese precio sea precisamente el «precio más bajo» de la correspondiente agrupación homogénea. Pues bien, señala si esto es posible, también lo es que el Decreto-ley 3/2011 permita seleccionar entre los mismos, a través de las reglas que establece, cuál de entre ellos, por representar un menor coste económico final para el Servicio Andaluz de Salud, va a ser dispensado en el marco de la prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Nos encontraríamos, en su opinión, ante un supuesto de adecuación automática y sobrevenida de las previsiones del Decreto-ley 3/2011 a lo establecido en la nueva normativa estatal. Además, señala que el art. 85.4 de la Ley 29/2006, en la redacción que le ha dado el Real Decreto-ley 16/2012, no puede tener carácter básico, por no responder su contenido a las exigencias materiales de lo básico en materia de sanidad. Siguiendo la doctrina sentada en la STC 98/2004 considera que la financiación pública del medicamento constituye un aspecto esencial o nuclear de la regulación de la prestación farmacéutica, pero solo en cuanto que tal financiación busca, entre otros objetivos, garantizar el acceso de los ciudadanos a los medicamentos con un precio público ajustado. Partiendo de esta doctrina, entiende que una previsión estatal que impidiera a las Comunidades Autónomas obtener determinados medicamentos en unas condiciones económicas más ventajosas para el sector público, no podrá tener carácter básico, porque tal precepto estatal en materia de financiación pública de la prestación farmacéutica no cumpliría ya los requisitos de contenido que justifican que responda a las exigencias materiales de lo básico. Por todo ello, afirma que el art. 85.4 de la Ley 29/2006 no tiene carácter básico y es inconstitucional, por dictarse con exceso en el ejercicio de las competencias estatales en materia de sanidad. Y, en lo que específicamente interesa en este proceso constitucional, señala que en modo alguno puede funcionar como parámetro de constitucionalidad de los preceptos impugnados. Por último, el Letrado del Parlamento de Andalucía indica que el recurrente introduce una argumentación falaz, al comparar dos magnitudes radicalmente distintas en su concepto y decir que una es mayor que otra: el porcentaje de participación del usuario en función del coste final para el Servicio Andaluz de Salud en un caso y el porcentaje de participación del usuario sobre el precio de venta al público en otro caso. A su juicio, ese distinto porcentaje de participación, en relación con conceptos distintos, carece de toda relevancia jurídica, porque precisamente lo que la tiene es que se mantiene el mismo porcentaje de participación en toda España sobre el precio de venta al público y, en consecuencia, es la misma la aportación del usuario en toda España, de modo que, en definitiva, lo que se consigue con la aplicación de los preceptos impugnados del Decreto-ley 3/2011 es que se disminuya o que sea menor la cantidad que corresponde al porcentaje de financiación pública de ese precio de venta al público, disminución de cantidad y consiguiente ahorro para las arcas públicas en el que, por supuesto, no existe ninguna exigencia que imponga que en la misma deban participar los usuarios o que deba beneficiar a los mismos y que, en definitiva, lo que supone es que los correspondientes laboratorios farmacéuticos o proveedores son los que van a soportar esa mejora económica en el coste final del medicamento o producto sanitario para las arcas públicas. 10. Por providencia de 3 de octubre de 2012, el Pleno del Tribunal acordó dar traslado al Abogado del Estado y al Parlamento de Andalucía de copia del escrito presentado por la Letrada de la Junta de Andalucía el 31 de julio de 2012 en el que se interesaba el levantamiento de la suspensión, y les concedió un plazo de cinco días para que expusieran lo que consideraran conveniente al respecto. 11. El Abogado del Estado por escrito registrado en este Tribunal el 16 de octubre de 2012 solicitó el mantenimiento de la suspensión. Por su parte, el Letrado del Parlamento de Andalucía solicitó el levantamiento de la suspensión por escrito registrado el 22 de octubre de 2012. 12. Mediante ATC 238/2012, de 12 de diciembre, el Pleno del Tribunal Constitucional acordó levantar la suspensión del precepto en cuestión. 13. Por providencia de 13 de diciembre de 2016, se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 15 del mismo mes y año. II. Fundamentos jurídicos 1. El presente recurso de inconstitucionalidad se interpone por el Presidente del Gobierno contra el artículo único del Decreto-ley 3/2011, de 13 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes sobre prestación farmacéutica del sistema sanitario público de Andalucía. El Decreto-ley 3/2011 prevé la selección por el Servicio Andaluz de Salud, mediante convocatoria pública, y de entre los medicamentos y/o productos sanitarios comercializados con precio autorizado igual o inferior al precio menor correspondiente establecido por el Sistema Nacional de Salud, de aquel que será dispensado por las oficinas de farmacia en el marco de la prestación farmacéutica del sistema sanitario público de Andalucía cuando se les presente una receta médica u orden de dispensación en las que el medicamento o producto sanitario se identifique exclusivamente por la denominación oficial de sus principios activos o por su denominación genérica. Este régimen, a juicio del Abogado del Estado, vulnera las competencias exclusivas del Estado en materia de bases y coordinación general de la sanidad, legislación sobre productos farmacéuticos, legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social y regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales. Por su parte, la Junta de Andalucía y el Parlamento de Andalucía niegan la inconstitucionalidad de la norma impugnada en tanto que consideran que la misma responde al ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de sanidad u ordenación farmacéutica, con pleno respeto a las previsiones de la normativa estatal que pueda vincularla en razón de su carácter básico. 2. Hemos de comenzar por precisar dos aspectos previos del presente proceso constitucional. a) Como ha quedado reflejado en los antecedentes, para el Letrado del Parlamento de Andalucía deben excluirse del objeto de este proceso constitucional el apartado 1, el apartado 2, el apartado 7, el apartado 8 y el apartado 10 del artículo único del Decreto-ley 3/2011 pues en relación con dichos apartados, formalmente impugnados, no se concreta y precisa ninguna razón que determine su inconstitucionalidad sin que esas supuestas razones puedan derivarse o extraerse siquiera de la argumentación de carácter general que se expone en la demanda. En efecto, aunque el presente recurso de inconstitucionalidad se interpone contra el artículo único del Decreto-ley 3/2011, de 13 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes sobre prestación farmacéutica del sistema sanitario público de Andalucía, en su integridad, esto es, en sus diez apartados, lo cierto es que esta norma modifica distintos preceptos de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de farmacia de Andalucía, con un alcance diverso, y que los argumentos utilizados por el Abogado del Estado se centran exclusivamente en aquellos preceptos que hacen alusión a la selección de los medicamentos o productos sanitarios a dispensar por las oficinas de farmacia cuando se prescriban por principio activo o denominación genérica, que se hará mediante convocatoria pública. A este respecto hemos de recordar una vez más que, «no basta la mera invocación formal de los preceptos en la demanda (STC 98/1989, FJ 5) o incluso … la existencia en la misma de una solicitud expresa de su declaración de inconstitucionalidad, para que este Tribunal deba pronunciarse sobre todos y cada uno de ellos, sino que es preciso, además, que en el cuerpo del recurso se contenga la argumentación específica o razonamientos que fundamenten la presunta contradicción de estos con la Norma fundamental [SSTC 146/1994, FJ 7 B); 214/1994, FJ 3; 195/1998, FJ 1] … Cuando lo que está en juego es la depuración del ordenamiento jurídico, es carga de los recurrentes no sólo la de abrir la vía para que el Tribunal pueda pronunciarse, sino también la de colaborar con la justicia del Tribunal en un pormenorizado análisis de las graves cuestiones que se suscitan» (STC 233/1999, de 16 de diciembre, FJ 2). En consecuencia, el objeto del presente proceso ha de quedar delimitado a los artículos siguientes, respecto de los que el Abogado del Estado aporta, efectivamente, su argumentación: apartados 3, 4, 5, 6, 9 y 10 del artículo único del Decreto-ley 3/2011, que regulan el nuevo régimen de selección de productos sanitarios mediante convocatoria pública que se instaura en Andalucía. b) Por otro lado, debe tenerse en cuenta que concurre en este proceso lo que hemos denominado «inconstitucionalidad de carácter mediato o indirecto» (por todas, STC 162/2009, de 29 de junio, FJ 2), pues «la infracción del orden constitucional de distribución de competencias derivaría de su contradicción con la norma estatal básica. En consecuencia, para la resolución de la controversia será preciso que la norma estatal infringida tenga el carácter de norma básica, desde la doble perspectiva formal y material. Finalmente, deberá de tomarse como parámetro de control la legislación básica estatal vigente en el momento de dictar la correspondiente Sentencia, y no en el momento de interposición del recurso de inconstitucionalidad [por todas, SSTC 1/2003, de 16 de enero, FJ 2; y 26/2012, de 1 de marzo, FJ 2 c)]» (STC 136/2012, de 19 de junio, FJ 2). 3. Con la finalidad de encuadrar el objeto de debate –la selección por el Servicio Andaluz de Salud, a través de la correspondiente convocatoria pública, de los medicamentos o productos sanitarios a dispensar por las oficinas de farmacia cuando se prescriban por principio activo o denominación genérica– en la materia correspondiente de entre aquéllas que determinan el orden de competencias en nuestro bloque de la constitucionalidad, es preciso comenzar concretando el marco normativo en el que se desenvuelve la presente controversia, para lo cual debemos partir necesariamente de la normativa estatal. La prestación farmacéutica forma parte del catálogo de prestaciones del sistema nacional de salud (art. 7 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del sistema nacional de salud, y anexo V del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del sistema nacional de salud y el procedimiento para su actualización), comprendiendo, conforme al art. 16 de la Ley 16/2003, «los medicamentos y productos sanitarios y el conjunto de actuaciones encaminadas a que los pacientes los reciban de forma adecuada a sus necesidades clínicas, en las dosis precisas según sus requerimientos individuales, durante el período de tiempo adecuado y al menor coste posible para ellos y para la comunidad» y añade que «esta prestación se regirá por lo dispuesto en la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del medicamento, y por la normativa en materia de productos sanitarios y demás disposiciones aplicables». La Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del medicamento, fue derogada y sustituida por la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, que a su vez ha sido derogada y sustituida por el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, en el que se regula, entre otras cuestiones, la dispensación de los medicamentos de la prestación farmacéutica. El título VIII de este texto legal, titulado «De la financiación pública de los medicamentos y productos sanitarios», comienza con el art. 91, que refiriéndose al «principio de igualdad territorial y procedimiento coordinado», reconoce en su apartado 1 el derecho de todos los ciudadanos a obtener medicamentos en condiciones de igualdad en todo el Sistema Nacional de Salud, sin perjuicio de las medidas tendentes a racionalizar la prescripción y la utilización de medicamentos y productos sanitarios que puedan adoptar las Comunidades Autónomas en ejercicio de sus competencias. Conforme al principio de uso racional de los medicamentos, el Real Decreto Legislativo 1/2015 plantea la ordenación de la prestación farmacéutica bajo el objetivo de que ésta se preste a precios razonables y con un gasto público ajustado mediante la financiación pública selectiva y no indiscriminada y una selectiva contribución de los enfermos. Por lo que se refiere a la dispensación de los medicamentos de la prestación farmacéutica, el artículo 87 del texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2015 dispone lo siguiente: «1. La prescripción de medicamentos y productos sanitarios en el sistema nacional de salud se efectuará en la forma más apropiada para el beneficio de los pacientes, a la vez que se protege la sostenibilidad del sistema. 2. En el sistema nacional de salud, las prescripciones de medicamentos incluidos en el sistema de precios de referencia o de agrupaciones homogéneas no incluidas en el mismo se efectuarán de acuerdo con el siguiente esquema: a) Para procesos agudos, la prescripción se hará, de forma general, por principio activo. b) Para los procesos crónicos, la primera prescripción, correspondiente a la instauración del primer tratamiento, se hará, de forma general, por principio activo. c) Para los procesos crónicos cuya prescripción se corresponda con la continuidad de tratamiento, podrá realizarse por denominación comercial, siempre y cuando ésta se encuentre incluida en el sistema de precios de referencia o sea la de menor precio dentro de su agrupación homogénea. 3. No obstante, la prescripción por denominación comercial de medicamentos será posible siempre y cuando se respete el principio de mayor eficiencia para el sistema y en el caso de los medicamentos considerados como no sustituibles. 4. Cuando la prescripción se realice por principio activo, el farmacéutico dispensará el medicamento de precio más bajo de su agrupación homogénea. 5. En todo caso, la prescripción de un medicamento para su utilización en condiciones diferentes a las establecidas en su ficha técnica deberá ser autorizada previamente por la comisión responsable de los protocolos terapéuticos u órgano colegiado equivalente en cada comunidad autónoma.» Es decir, conforme a esta norma estatal, la regla general, si bien con las excepciones en ella previstas, será la prescripción de los medicamentos por principio activo, estableciendo además un criterio de dispensación, cuando la prescripción se haya realizado por principio activo, basado exclusivamente en el precio del medicamento de forma que el farmacéutico viene obligado a dispensar aquel de precio más bajo de su agrupación homogénea, criterio este del precio más bajo que también se aplica al régimen de sustitución del medicamento prescrito conforme al art. 89.2 y 5 del texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2015. En el mismo sentido se pronuncia el art. 60 de la Ley andaluza 22/2007, en cuanto dispone que la dispensación de recetas médicas y órdenes de dispensación de medicamentos y productos sanitarios, se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 85.1 y 86 de la Ley 29/2006 (actuales arts. 87.1 y 89 del texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2015). Además la financiación pública de los medicamentos se encuentra también sometida al denominado sistema de precios de referencia así como al sistema de precios seleccionados. El primero se regula en el art. 98 del texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2015, conforme al cual dicho precio de referencia es la cuantía máxima con la que se financiarán las presentaciones de medicamentos incluidas en cada uno de los conjuntos que se determinen, siempre que se prescriban y dispensen con cargo a fondos públicos, entendiendo, a estos efectos, por conjunto la totalidad de las presentaciones de medicamentos que tengan el mismo principio activo e idéntica vía de administración entre las que existirá, al menos, una presentación de medicamento genérico. Este mismo artículo 98 establece que deberá garantizarse el abastecimiento a las oficinas de farmacia para los medicamentos de precio menor así como que los medicamentos no podrán superar el precio de referencia del conjunto al que pertenezcan. El segundo se regula en el art. 99 del texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2015. En esencia este segundo sistema supone, como mecanismo para controlar el gasto y racionalizar aquellos grupos de medicamentos y productos sanitarios que sean de alto consumo, el establecimiento de un procedimiento en cuya virtud se determina un precio máximo de financiación para ciertos medicamentos determinados en atención al consumo del conjunto, su impacto presupuestario, la existencia de, al menos, tres medicamentos en el conjunto así como la inexistencia de riesgo de desabastecimiento. Dicho precio seleccionado tiene una vigencia de dos años y su aplicación determina que aquellos medicamentos que superen el precio máximo financiable quedarán excluidos de la financiación por el sistema nacional de salud e igualmente supondrá la exclusión de la financiación pública de aquellas presentaciones de medicamentos que no resulten seleccionadas, por el tiempo de vigencia del precio seleccionado. Así, y como ya apreciamos en los AATC 95/2011, de 21 de junio, FJ 4; 96/2011, de 21 de junio, FJ 4; y, 147/2012, de 16 de julio, FJ 5, de cuanto venimos exponiendo, se deduce sin dificultad que el importe de la prestación farmacéutica, en tanto que integrante de las prestaciones del Sistema Nacional de Salud, no es un aspecto indiferente a su configuración legal, hasta el punto de que su prestación al menor coste posible es uno de los elementos integrantes de la misma, articulándose su financiación pública mediante un sistema de fijación de precios máximos –el de los denominados precios de referencia– así como otro de precios seleccionados que persigue un declarado objetivo de control del gasto farmacéutico, lo que se complementa con medidas que, tanto en el plano de la prescripción como en el que aquí nos interesa, el de la dispensación, pretenden reforzar la política de promoción de medicamentos genéricos y la consiguiente obtención de ahorros al Sistema Nacional de Salud. 4. Una vez descrito el sistema estatal, debemos analizar la norma andaluza impugnada. Con el objetivo de ordenar los servicios y establecimientos farmacéuticos, así como la regulación de los derechos y obligaciones que se deriven de la atención farmacéutica que se presta a la población, la Comunidad Autónoma de Andalucía dictó la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de farmacia de Andalucía. Como consecuencia de la situación de inestabilidad financiera, que obliga a la reducción de los objetivos de déficit, esta Ley ha sido modificada por el Decreto-ley 3/2011, de 13 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes sobre prestación farmacéutica del sistema sanitario público de Andalucía. La finalidad primordial de este Decreto-ley, como señala expresamente su exposición de motivos, radica en la adopción de medidas que coadyuven en la consecución de los objetivos de reducción del déficit público, a los que la actual coyuntura económica obliga, junto a la necesidad de reforzar y profundizar en la dilatada experiencia del sistema sanitario público de Andalucía sobre prescripción y dispensación de medicamentos por principio activo y de productos sanitarios por denominación genérica, para mejorar el margen de eficiencia en la prestación farmacéutica de la Junta de Andalucía. El Decreto-ley 3/2011, de 13 de diciembre, añade los arts. 60 bis a quinquies en la Ley 22/2007, de 18 diciembre, de farmacia de Andalucía para introducir un sistema de convocatorias públicas, respetando los principios de libre competencia y transparencia, en las que podrán participar todos los laboratorios farmacéuticos interesados o todas las empresas proveedoras de productos sanitarios, para seleccionar los medicamentos o los productos sanitarios a dispensar por las oficinas de farmacia, en el marco de la prestación farmacéutica del sistema sanitario público de Andalucía, cuando se les presente una receta médica oficial u orden de dispensación, en las que el medicamento correspondiente se identifica exclusivamente por la denominación oficial de sus principios activos, o en las que el producto sanitario correspondiente se identifica por su denominación genérica. El presente recurso de inconstitucionalidad se dirige contra los apartados 3, 4, 5, 6, 9 y 10 del artículo único del Decreto-ley 3/2011, mediante los que se adicionan a la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de farmacia de Andalucía, los nuevos artículos 60 bis, 60 ter, 60 quater, 60 quinquies, disposición adicional octava y disposición transitoria sexta. Tales preceptos regulan respectivamente: – La determinación de los medicamentos a dispensar cuando se prescriban o indiquen por principio activo, que se realizará mediante convocatorias públicas para la selección del medicamento que deberá ser dispensado por las oficinas de farmacia cuando se les presente una receta médica u orden de dispensación y que recaerá sobre el medicamento que, teniendo un precio autorizado igual o inferior al precio menor correspondiente establecido en el Sistema Nacional de Salud, ofrezca un menor coste final de la prescripción correspondiente. Para los cálculos oportunos se tendrá en cuenta la diferencia entre el precio autorizado de cada medicamento y la cuantía de la mejora económica ofrecida al Servicio Andaluz de Salud por el laboratorio farmacéutico, sin que las mejoras económicas ofrecidas puedan afectar a los precios autorizados de los medicamentos seleccionados. En todo caso, si el precio menor de referencia para un medicamento seleccionado cambiara durante el plazo de vigencia del convenio, el laboratorio farmacéutico deberá ajustar, si fuese necesario, el precio autorizado de dicho medicamento para mantenerlo igual o por debajo del nuevo precio menor, sin que ello pueda afectar a la cuantía de la mejora económica que venía realizando al Servicio Andaluz de Salud (art. 60 bis de la Ley 22/2007). – La selección de los productos sanitarios a dispensar cuando se prescriban por denominación genérica, que se hará mediante convocatoria pública para la elección del producto sanitario que deberán dispensar las oficinas de farmacia cuando se les presente receta médica u orden de dispensación y que atenderá al menor coste final de prescripción de los productos, calculado en atención a la diferencia entre el precio autorizado, si tiene establecido precio menor de referencia en el Sistema Nacional de Salud, o, en su defecto, el precio máximo de facturación correspondiente fijado en la forma prevista en la disposición transitoria sexta añadida por el punto 10 del Decreto-ley, y la cuantía de la mejora económica para el Servicio Andaluz de Salud (art. 60 ter de la Ley 22/2007). – Los convenios a suscribir por el Servicio Andaluz de Salud con los laboratorios farmacéuticos o las empresas proveedoras de productos sanitarios seleccionados, que no pueden tener en ningún caso un plazo de vigencia superior a dos años (art. 60 quater de la Ley 22/2007). – La dispensación de medicamentos y productos seleccionados por las oficinas de farmacia (art. 60 quinquies Ley de la 22/2007). – La elaboración de una propuesta de convenio tipo entre el Servicio Andaluz de Salud y los laboratorios farmacéuticas o empresas seleccionadas (disposición adicional octava de la Ley 22/2007). – La regulación transitoria de los precios máximos de facturación de productos sanitarios correspondiendo al Servicio Andaluz de Salud, en tanto que no se establezca un precio menor para cada tipo de producto sanitario incluido en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud, la fijación de su precio máximo a efectos de facturación, precio máximo por el encima del cual no podrá facturarse al Servicio Andaluz de Salud, con independencia de cuál sea el precio de venta al público del producto dispensado por la oficina de farmacia (disposición transitoria sexta de la Ley 22/2007). 5. Partiendo del contenido de los preceptos citados nos encontramos con que la titularidad de la materia discutida, esto es, la selección por el Servicio Andaluz de Salud, a través de la correspondiente convocatoria pública, de los medicamentos o productos sanitarios a dispensar por las oficinas de farmacia cuando se prescriban por principio activo o denominación genérica, se encaja por el Abogado del Estado en los títulos competenciales de las reglas 1, 16 y 17 del art. 149.1 CE, ya sea como condición básica del ejercicio de un derecho constitucional (el derecho a la salud), ya lo sea como bases y coordinación general de la sanidad, como legislación sobre productos farmacéuticos, o, en fin, como régimen económico de la Seguridad Social. Por lo que se refiere al título competencial relativo a la «legislación sobre productos farmacéuticos» (de competencia exclusiva del Estado conforme al 149.1.16 CE), siguiendo lo dispuesto en la STC 211/2014, de 18 de diciembre, FJ 3, debemos descartarlo desde el primer momento al no formar parte los preceptos impugnados «de ese conjunto de normas que tiene por objeto la ordenación de los medicamentos en cuanto “sustancias” cuya fabricación y comercialización está sometida –a través de las correspondientes actividades de evaluación, registro, autorización, inspección y vigilancia– al control de los poderes públicos, en orden a garantizar los derechos de los pacientes y usuarios que los consumen» (STC 98/2004, de 25 de mayo, FJ 5). Ciertamente, al igual que afirmamos en la STC 98/2004, de 25 de mayo, en relación con la incardinación competencial de la normativa reguladora de los precios de referencia de las diferentes especialidades farmacéuticas y, reiteramos en las SSTC 211/2014, de 18 de diciembre y 6/2015, de 22 de enero, en relación con la creación de un catálogo priorizado de productos farmacéuticos en la Comunidad Autónoma de Galicia, la norma andaluza no regula el medicamento en el sentido apuntado, sino que lo contempla en su dimensión de «prestación sanitaria» del sistema de salud, al abordar la regulación de la selección de los medicamentos o productos sanitarios a dispensar por las oficinas de farmacia cuando se indiquen por principio activo o denominación genérica. Debemos descartar también que la normativa impugnada pueda incardinarse en la materia competencial Seguridad Social y, en concreto, que se refiera al título competencial estatal relativo al «régimen económico de la Seguridad Social». En efecto, dado que los preceptos aquí impugnados afectan a la dispensación de medicamentos y productos sanitarios, es decir, al contenido de una de las prestaciones (los medicamentos y productos sanitarios) proporcionadas por el Sistema Nacional de Salud, nuestro control de la constitucionalidad determina que el marco conceptual y competencial específico aplicable aquí sea el de la sanidad (art. 149.1.16 CE) y no el de la Seguridad Social (art. 149.1.17 CE). En efecto, como afirmamos en la STC 98/2004, de 25 de mayo, FJ 4, «el Sistema Nacional de Salud tiene por objeto y finalidad garantizar la protección de la salud de los ciudadanos, cometido que se instrumentaliza a través de un conjunto de servicios y prestaciones sanitarias de carácter preventivo, terapéutico, de diagnóstico, de rehabilitación, así como de promoción y mantenimiento de la salud. De este modo, proporciona a todos los ciudadanos una serie de prestaciones de atención sanitaria de índole diversa, como la atención primaria y especializada, las prestaciones complementarias (entre ellas, la prestación ortoprotésica y el transporte sanitario), los servicios de información y documentación sanitaria, y la “prestación farmacéutica” (configurada tanto por los medicamentos como por los productos sanitarios necesarios para conservar o restablecer la salud de acuerdo con las concretas necesidades clínicas de los usuarios)», siendo esta última a la que los preceptos impugnados se refieren, al regular uno de los aspectos que garantizan el acceso a ella a través de la dispensación del medicamento. A pesar de la indiscutible vinculación entre la protección de la salud y el sistema público de Seguridad Social, «que dentro de su acción protectora incluye la asistencia sanitaria de sus beneficiarios en los casos de maternidad, enfermedad (común y profesional) y accidente (común y de trabajo), no cabe subsumir la materia aquí cuestionada en el título competencial relativo a ella (art. 149.1.17 CE)» (STC 98/2004, de 25 de mayo, FJ 5). Como acabamos de decir, los preceptos impugnados no se circunscriben a la asistencia sanitaria que es dispensada por el sistema de Seguridad Social a favor de los beneficiarios que se encuentran dentro de su campo de aplicación, sino, más ampliamente, al contenido de una prestación sanitaria (medicamentos y productos sanitarios) proporcionada por el Sistema Nacional de Salud a todos los ciudadanos. En este sentido, se aprecia que la norma andaluza «no afecta al régimen económico de la Seguridad Social, ni a sus recursos financieros, ni a la vigencia del principio de “caja única” por el que se rige» (STC 98/2004, de 25 de mayo, FJ 5). Por tanto, y puesto que no se afecta de forma directa al régimen económico de la Seguridad Social debemos concluir que el ámbito material más estrechamente relacionado con la controversia constitucional es la sanidad. Y ello determina que, al igual que en la STC 211/2014, de 18 de diciembre, la norma impugnada haya de someterse al contraste con los arts. 87 y 91 del Real Decreto Legislativo 1/2015 –arts. 85 y 88 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos–, sin que se oponga a esta conclusión el que dichos preceptos se hayan dictado, el primero con la condición de legislación sobre productos farmacéuticos, al amparo del art. 149.1.16 de la Constitución, y el segundo al amparo del art. 149.1.17 de la Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de régimen económico de la Seguridad Social (disposición final primera 1 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/2015), pues hemos declarado repetidamente que «al margen de cualesquiera otras posibles consideraciones sobre la capacidad del legislador estatal en orden a la interpretación de preceptos constitucionales o la delimitación de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, que la calificación de las competencias ejercidas por dicho legislador contenidas en una norma dictada por el mismo no puede vincular a este Tribunal, intérprete supremo de la Constitución (art. 1 LOTC)» (SSTC 114/1985, de 25 de octubre, FJ 1, y 6/2014, de 27 de enero, FJ 5). Asimismo ha de subrayarse que, como ya hemos advertido, dichos preceptos han experimentado diversas modificaciones desde que se interpuso el presente recurso de inconstitucionalidad, por lo que nuestro análisis debe partir de su redacción vigente en este momento, teniendo en cuenta nuestra reiterada doctrina que declara que en los supuestos de inconstitucionalidad mediata, como es el que ahora nos ocupa, el contraste de la legislación autonómica con la legislación básica estatal debe llevarse a cabo teniendo en cuenta la legislación estatal vigente en el momento de realizar ese enjuiciamiento (SSTC 161/2014, de 7 de octubre, y 171/2014, de 23 de octubre). Por último, en cuanto a la competencia estatal del art. 149.1.1 CE también invocada por el Abogado del Estado, ya establecimos que «dada la función uniformadora que ha de cumplir la normativa básica, ha de señalarse que tal competencia [del art. 149.1.1 CE] queda absorbida por la que le corresponde al Estado en la regulación de las bases de la sanidad, que es más específica y puede dotarse también de un mayor contenido» (STC 109/2003, de 5 de junio, FJ 3). 6. Una vez que hemos concluido que la materia competencial en la que debe encuadrarse la regulación cuestionada es la relativa a sanidad, es preciso examinar las competencias que sobre la misma tienen tanto el Estado como la Comunidad Autónoma de Andalucía. Por lo que al Estado respecta, el art. 149.1.16 CE le reconoce competencia exclusiva tanto sobre la «sanidad exterior» como sobre las «bases y coordinación general de la sanidad». Por su parte, el Estatuto de Autonomía de Andalucía, aprobado por Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, establece en su art. 55.2 que corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía la competencia compartida en materia de sanidad interior. En relación con este marco competencial, es preciso recordar que «corresponden al Estado en materia de sanidad interior las bases, la coordinación general y la alta inspección» (STC 32/1983, de 28 de abril, FJ 2). En relación al concepto de «bases», «nuestra doctrina constitucional ha venido sosteniendo que por tales han de entenderse los principios normativos generales que informan u ordenan una determinada materia, constituyendo, en definitiva, el marco o denominador común de necesaria vigencia en el territorio nacional. Lo básico es, de esta forma, lo esencial, lo nuclear, o lo imprescindible de una materia, en aras de una unidad mínima de posiciones jurídicas que delimita lo que es competencia estatal y determina, al tiempo, el punto de partida y el límite a partir del cual puede ejercer la Comunidad Autónoma, en defensa del propio interés general, la competencia asumida en su Estatuto» (SSTC 1/1982, de 28 de enero, FJ 1; 69/1988, de 19 de abril, FJ 5; 102/1995, de 26 de junio, FFJJ 8 y 9; 197/1996, de 28 de noviembre FJ 5; 223/2000, de 21 de septiembre, FJ 6; 188/2001, de 20 de septiembre, FJ 8; 126/2002, de 23 de mayo, FJ 7; 24/2002, de 31 de enero, FJ 6; 37/2002, de 14 de febrero, FJ 9, y 1/2003, de 16 de enero, FJ 8, en torno al concepto de lo «básico»). Por lo que se refiere específicamente a la materia sanidad hemos señalado en la STC 98/2004, de 25 de mayo, FJ 7, que, «la Constitución no sólo atribuye al Estado una facultad, sino que le exige que preserve la existencia de un sistema normativo sanitario nacional con una regulación uniforme mínima y de vigencia en todo el territorio español, eso sí, sin perjuicio, bien de las normas que sobre la materia puedan dictar las Comunidades Autónomas en virtud de sus respectivas competencias (por todas, SSTC 61/1997, de 20 de marzo, FJ 7; 173/1998, de 23 de julio, FJ 9; 188/2001, de 29 de septiembre, FJ 12; 37/2002, de 14 de febrero, FJ 12, y 152/2003, de 17 de julio, FJ 3), dirigidas, en su caso, a una mejora en su ámbito territorial de ese mínimo común denominador establecido por el Estado, bien de las propias competencias de gestión o de financiación que sobre la materia tengan conforme a la Constitución y a los Estatutos. Y se lo exige cuando en el art. 149.1.16 CE le atribuye las bases en materia de “sanidad”, para asegurar –como se ha dicho– el establecimiento de un mínimo igualitario de vigencia y aplicación en todo el territorio nacional en orden al disfrute de las prestaciones sanitarias, que proporcione unos derechos comunes a todos los ciudadanos». 7. Como venimos señalando, la selección de medicamentos y productos sanitarios por el Servicio Andaluz de Salud mediante un sistema de convocatoria pública afecta a la dispensación de productos farmacéuticos. De conformidad con lo dispuesto en los preceptos impugnados, cuando un medicamento se prescriba por principio activo y un producto sanitario se prescriba por denominación genérica, las oficinas de farmacia deberán dispensar el medicamento o producto sanitario seleccionado por el Servicio Andaluz de Salud tras la correspondiente convocatoria pública. En consecuencia, debemos precisar, partiendo de la doctrina constitucional expuesta, si la dispensación de prestaciones farmacéuticas constituye un criterio básico en materia de sanidad. Y la respuesta a esta cuestión debe ser afirmativa tal y como hemos mantenido en la STC 211/2014, de 18 de diciembre. En efecto, la prescripción y dispensación de medicamentos constituye un criterio básico en materia de sanidad, en primer lugar, «porque se satisfacen las exigencias formales de la legislación básica por la inclusión de esta materia en una norma de rango legal, la Ley 29/2006, de 26 de julio. Y, en segundo lugar, porque se satisfacen las exigencias materiales de la legislación básica, pues la prescripción y dispensación de medicamentos es, ciertamente, un aspecto esencial o nuclear de la regulación de la prestación farmacéutica, al ser un presupuesto necesario para el acceso de los ciudadanos a los medicamentos en condiciones de igualdad. Partiendo del carácter básico de la materia en cuestión dentro del marco normativo que regula la sanidad, forzosamente se ha de afirmar que es al Estado al que corresponde su regulación, en tanto que el art. 149.1.16 CE le otorga la competencia exclusiva sobre las bases y coordinación general de la sanidad» (STC 211/2014, de 18 de diciembre, FJ 5). De esta forma, como señala la STC 98/2004, de 25 de mayo, FJ 7, «se garantiza una uniformidad mínima en las condiciones de acceso a los medicamentos con independencia del lugar en el que dentro del territorio nacional se resida y se evita la introducción de factores de desigualdad en la protección básica de la salud. Sin embargo, esa necesaria uniformidad mínima, que corresponde establecer al Estado, asegurando así un nivel mínimo homogéneo o nivel de suficiencia de las prestaciones sanitarias públicas, puede ser susceptible de mejora, en su caso, por parte de las Comunidades Autónomas, en virtud de su competencia sustantiva y de su autonomía financiera, siempre y cuando, con ello, no se contravengan las exigencias que impone el principio de solidaridad (arts. 2 y 138 CE). Efectivamente, la Constitución no sólo atribuye al Estado una facultad, sino que le exige que preserve la existencia de un sistema normativo sanitario nacional con una regulación uniforme mínima y de vigencia en todo el territorio español, eso sí, sin perjuicio, bien de las normas que sobre la materia puedan dictar las Comunidades Autónomas en virtud de sus respectivas competencias (por todas, SSTC 61/1997, de 20 de marzo, FJ 7; 173/1998, de 23 de julio, FJ 9; 188/2001, de 29 de septiembre, FJ 12; 37/2002, de 14 de febrero, FJ 12; y 152/2003, de 17 de julio, FJ 3), dirigidas, en su caso, a una mejora en su ámbito territorial de ese mínimo común denominador establecido por el Estado, bien de las propias competencias de gestión o de financiación que sobre la materia tengan conforme a la Constitución y a los Estatutos. Y se lo exige cuando en el art. 149.1.16 CE le atribuye las bases en materia de “sanidad”, para asegurar –como se ha dicho– el establecimiento de un mínimo igualitario de vigencia y aplicación en todo el territorio nacional en orden al disfrute de las prestaciones sanitarias, que proporcione unos derechos comunes a todos los ciudadanos. Lo expuesto se concreta en el art. 23 de la propia Ley 16/2003, que establece que todos los usuarios del Sistema Nacional de Salud tendrán acceso a las prestaciones sanitarias en ella reconocidas en condiciones de igualdad efectiva. Y siendo una de las citadas prestaciones el medicamento, es evidente que el acceso al mismo en condiciones de igualdad presupone necesariamente una regulación uniforme mínima y de vigencia en todo el territorio español». 8. Sentado lo anterior, procede ahora determinar, en qué medida la selección por el Servicio Andaluz de Salud, a través de la correspondiente convocatoria pública, del medicamento o producto sanitario a dispensar por las oficinas de farmacia cuando se prescriba por principio activo o denominación genérica supone una modificación del sistema de dispensación previsto con carácter general en el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, y conlleva, como sostiene el Abogado del Estado, una restricción del ámbito objetivo de la dispensación de los medicamentos en una parte del territorio del Estado. Según el art. 91.1 del texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2015, el derecho de todos los ciudadanos a obtener medicamentos en condiciones de igualdad en todo el Sistema Nacional de Salud, se reconoce «sin perjuicio de las medidas tendentes a racionalizar la prescripción y la utilización de medicamentos y productos sanitarios que puedan adoptar las Comunidades Autónomas en ejercicio de sus competencias», de tal modo que, no estando discutidas las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de sanidad, «la cuestión se reduce a valorar si en su ejercicio ha desbordado los límites que impone el citado precepto de la Ley estatal» (STC 211/2014, de 18 de diciembre, FJ 6), que, en cuanto aquí importa, se concretan en que la selección de un único medicamento para cada formulación de principio activo y de un único producto sanitario para cada grupo o tipo de producto sanitario o conjunto de intercambio no produzca diferencias en las condiciones de acceso a los medicamentos y productos sanitarios financiados por el Sistema Nacional de Salud, catálogo de prestaciones y precio. En materia de dispensación de prestaciones farmacéuticas, debemos distinguir entre la dispensación de medicamentos y la dispensación de productos sanitarios, pues la normativa estatal prevé reglas distintas en cada caso. Así, por lo que se refiere en primer lugar a la dispensación de medicamentos, a partir de la publicación del Real Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto, de medidas para la mejora de la calidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, de contribución a la consolidación fiscal, y de elevación del importe máximo de los avales del Estado para 2011, se ha establecido como norma general la prescripción por principio activo en el Sistema Nacional de Salud y la dispensación por el farmacéutico del medicamento de menor precio, de acuerdo con las agrupaciones homogéneas establecidas por el Ministerio de Sanidad. Como ya hemos señalado, cuando la prescripción se realice por principio activo, el farmacéutico dispensará el medicamento de precio más bajo de su agrupación homogénea (art. 87.4 del texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2015). Con carácter excepcional, cuando por causa de desabastecimiento no se disponga en la oficina de farmacia del medicamento prescrito o concurran razones de urgente necesidad en su dispensación, el farmacéutico podrá sustituirlo por el de menor precio. En todo caso, deberá tener igual composición, forma farmacéutica, vía de administración y dosificación. El farmacéutico informará al paciente sobre la sustitución y se asegurará de que conozca el tratamiento prescrito por el médico. Quedarán exceptuados de esta posibilidad de sustitución aquellos medicamentos que, por razón de sus características de biodisponibilidad y estrecho rango terapéutico, determine el Ministerio de Sanidad y Consumo (arts. 89.2 y 89.4 del texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2015). Por su parte, en la Comunidad Autónoma de Andalucía de entre los medicamentos comercializados que tengan un precio autorizado igual o inferior al precio menor correspondiente establecido en el Sistema Nacional de Salud, el Servicio Andaluz de Salud seleccionará, mediante la correspondiente convocatoria pública, aquél que deberá ser dispensado por el farmacéutico cuando se le presente una receta médica u orden de dispensación, sin que en ningún caso las mejoras económicas que los laboratorios farmacéuticos ofrezcan al Servicio Andaluz de Salud afecten a los precios de los medicamentos seleccionados. Así, la oficina de farmacia sólo podrá dispensar el medicamento perteneciente al laboratorio farmacéutico que ha sido seleccionado en primer lugar y con el que el Servicio Andaluz de Salud habrá suscrito el correspondiente convenio. Es decir, en Andalucía respecto de los medicamentos sometidos a convocatoria pública, la selección de los medicamentos a dispensar cuando se prescriban por principio activo no la hace la oficina de farmacia, sino que la selección la hace el Servicio Andaluz de Salud. En el sistema estatal, por el contrario, es el farmacéutico el que hace la selección, debiendo dispensar, en caso de que existan varios, el medicamento de precio más bajo de su agrupación homogénea. De este modo, el destinatario de la prestación farmacéutica va a recibir en todo caso el medicamento de precio más bajo, tal y como prevé la norma estatal, la única diferencia es que en Andalucía la selección del precio más bajo la hace el Servicio Andaluz de Salud y en el resto del Estado la hace el farmacéutico, sin que ello suponga perjuicio alguno para el destinatario. Afirma el Abogado del Estado que en Andalucía quedan fuera de la cartera de servicios comunes de la prestación farmacéutica aprobada por el Sistema Nacional de Salud, las restantes presentaciones y productos que figuran en el nomenclátor estatal y que, sin embargo, no resulten seleccionadas a través del correspondiente concurso. Pero a este respecto hemos de señalar, por un lado, que la inclusión de un medicamento en ese nomenclátor es condición necesaria pero insuficiente para su financiación en cada caso concreto, pues a ello ha de añadirse que para su dispensación es preciso que se trate del medicamento de menor precio dentro de los incluidos en la correspondiente agrupación homogénea, y, por otro que, en la actualidad, y como consecuencia de la aprobación del sistema de precios seleccionados por el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, recogido en el art. 99 del texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2015, la normativa estatal también excluye de la financiación por el Sistema Nacional de Salud a los medicamentos y/o productos sanitarios que superen el precio máximo financiable seleccionado a pesar de figurar en el nomenclátor. En consecuencia, debemos afirmar que la selección por el Servicio Andaluz de Salud, a través de la correspondiente convocatoria pública, de los medicamentos a dispensar por las oficinas de farmacia no establece diferencias en las condiciones de acceso a los medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud, catálogo y precios. Por lo que se refiere, en segundo lugar, a la dispensación de los productos sanitarios, el Real Decreto Legislativo 1/2015 no prevé reglas específicas. Antes de la modificación que en esta materia introdujo el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, preveía en su art. 85.1 que «en los productos sanitarios para pacientes no hospitalizados que requieran para su dispensación en oficina de farmacia receta médica oficial u orden de dispensación, del Sistema Nacional de Salud, la prescripción, indicación o autorización de dispensación se realizará por denominación genérica por tipo de producto y por las características que lo definan, especificando su tamaño y contenido» y el farmacéutico debía dispensar la presentación del producto sanitario que tuviera menor precio, de acuerdo con las agrupaciones homogéneas que determine la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Sin embargo, el Real Decreto-ley 16/2012 modificó dicho precepto y, en la actualidad, el art. 87 del texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2015 –que recoge el contenido del art. 85 de la Ley 29/2006– únicamente señala que «la prescripción de medicamentos y productos sanitarios en el Sistema Nacional de Salud se efectuará en la forma más apropiada para el beneficio de los pacientes, a la vez que se protege la sostenibilidad del sistema». A partir de esta afirmación, la norma no contiene ninguna regla concreta relativa ni a la prescripción ni a la dispensación de productos sanitarios, sólo en relación a los medicamentos, de manera que el farmacéutico cuando se le presente una receta oficial deberá dispensar el producto sanitario prescrito por el médico que sea financiado por el Sistema Nacional de Salud. Por su parte, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, el art. 60 ter de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de farmacia de Andalucía, introducido por el artículo único apartado 4 del Decreto-ley 3/2011, de 13 de diciembre, prevé para la dispensación de productos sanitarios que se prescriban por denominación genérica las mismas reglas que para la dispensación de medicamentos, de manera que el Servicio Andaluz de Salud seleccionará, mediante la correspondiente convocatoria pública, el producto sanitario que podrá ser dispensado por las oficinas de farmacia cuando se les presente una receta médica u orden de dispensación en las que el mismo se identifica, exclusivamente, por su denominación genérica. A nivel estatal no existe, por tanto, regla específica en materia de dispensación de productos sanitarios. No hay una norma básica que condicione o limite las medidas que en materia de dispensación de productos sanitarios pueden adoptar las Comunidades Autónomas y, en consecuencia, no podemos entender que la norma andaluza al aprobar una medida como la descrita, que tiende a racionalizar el gasto en materia de productos sanitarios al seleccionar el producto sanitario que debe ser dispensado por la oficina de farmacia cuando se prescriba por denominación genérica, haya producido diferencias en las condiciones de acceso a los productos sanitarios financiados por el Sistema Nacional de Salud, ni en el catálogo ni en los precios. FALLO En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA, Ha decidido Desestimar el presente recurso de inconstitucionalidad. Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». Dada en Madrid a quince de diciembre de dos mil dieciséis.–Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.–Adela Asua Batarrita.–Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan José González Rivas.–Santiago Martínez-Vares García.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.

Todos los bienes y servicios relacionados con el agua de consumo y la gestión de aguas residuales pasan a ser servicios esenciales (laboratorios, fabricación de reactivos, repuestos...).

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente, doña Adela Asua Batarrita, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En el recurso de inconstitucionalidad núm. 4539-2012, interpuesto por el Presidente del Gobierno, representado por el Abogado del Estado, contra el artículo único del Decreto-ley 3/2011, de 13 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes sobre prestación farmacéutica del sistema sanitario público de Andalucía. Ha comparecido y formulado alegaciones el Parlamento de Andalucía. Ha sido Ponente el Magistrado don Ricardo Enríquez Sancho, quien expresa el parecer del Tribunal. I. Antecedentes 1. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal Constitucional el día 20 de julio de 2012, el Abogado del Estado, en nombre del Presidente del Gobierno, interpuso recurso de inconstitucionalidad contra el artículo único del Decreto-ley 3/2011, de 13 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes sobre prestación farmacéutica del sistema sanitario público de Andalucía. 2. Los motivos del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno son los que, sucintamente, se recogen a continuación: a) Comienza el Abogado del Estado su escrito señalando que este recurso de inconstitucionalidad tiene indudable conexión con el conflicto de competencias 1923-2012 promovido por el Gobierno de la Nación contra la resolución de 25 de enero de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia convocatoria para la selección de medicamentos a dispensar por las oficinas de farmacia de Andalucía, cuando, en las recetas médicas y órdenes de dispensación oficiales del Sistema Nacional de Salud, sean prescritos o indicados por principio activo. En realidad, esta resolución de 2012 se dictó de conformidad con el apartado 1 del art. 60 bis y concordantes de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de farmacia de Andalucía, según redacción dada por el Decreto-ley 3/2011. La existencia de un acuerdo de la subcomisión de seguimiento normativo, prevención y solución de controversias de la comisión bilateral de cooperación Junta de Andalucía-Estado, de 5 de marzo de 2012 por el que se decidió acudir al mecanismo conciliador del art. 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) en relación con el Decreto-ley 3/2011, es lo que ha provocado, según señala el Abogado del Estado, que el conflicto contra la resolución de 2012 haya antecedido en el tiempo al presente recurso. b) Una vez aclarada la relación de este recurso con el conflicto de competencias 1923-2012, el Abogado del Estado pasa a exponer los títulos competenciales y la normativa en materia de prestación farmacéutica. Comienza analizando la trascendencia que tiene para este proceso constitucional la competencia reconocida en el art. 149.1.1 CE, en tanto precepto que faculta al Estado para la consecución de la igualdad efectiva en el ámbito prestacional sanitario. A su juicio, la claridad con la que la Constitución española efectúa, en el capítulo III de su título I, art. 43.1, la formulación de la protección de la salud como derecho, arrastra la llamada al art. 149.1.1 CE. Señala que las condiciones básicas garantizadoras de la igualdad se predican de los derechos constitucionales de prestación, pues como dice la STC 32/1983, de 28 de abril, FJ 2, el perfil que los correspondientes preceptos constitucionales dibujan de los derechos prestacionales debe ser completado con el del art. 149.1.1 CE. Tras exponer la doctrina constitucional sobre el art. 149.1.1 CE, señala el Abogado del Estado que no hay dudas respecto al alcance que hay que dar a los criterios de igualdad y equidad manejados por la Ley 14/1986 y por la Ley 16/2003, como principios que, en el ámbito de las prestaciones sanitarias, obligan al Estado a garantizar un mínimo común denominador, un nivel mínimo de prestaciones suficiente para hacer efectivo el derecho a la salud de todos los ciudadanos. A su juicio, la prestación de la asistencia sanitaria es un ámbito material que concentra de modo preferente la preocupación del legislador por garantizar la igualdad efectiva de todos los ciudadanos con independencia de su lugar de residencia. Preocupación, añade, que se traduce en la formulación de unas reglas comunes sobre los sujetos que tienen derecho a la asistencia sanitaria, sobre el contenido de las prestaciones sanitarias y sobre las condiciones en las que éstas se materializan en todo el territorio nacional. Por ello, señala, los aspectos nucleares relativos a la protección de la salud, como sería singularmente la definición de los beneficiarios, han de abordarse desde la perspectiva del art. 149.1.1 CE, en virtud del cual el Estado ostenta competencia exclusiva, no susceptible propiamente de desarrollo autonómico. c) Por lo que se refiere a la competencia estatal sobre sanidad regulada en el art. 149.1.16 CE, señala que en el presente recurso interesa las competencias sobre las «bases y coordinación general de la sanidad» y sobre la «legislación sobre productos farmacéuticos». Señala que nos encontramos sin duda ante uno de los más importantes servicios prestados desde la Administración, como es el servicio sanitario público para cuyo diseño se ofreció un amplio margen a favor la actuación de las Comunidades Autónomas. En todo caso, recuerda que la opción organizativa adoptada –servicios autonómicos de salud– no puede funcionar como una serie de piezas inconexas sino que su conjunto debe conformar un «sistema», tal y como establece la Ley 14/1986. Indica que mientras la regulación de cuestiones relativas a la estructura, organ ### RESUMEN: Todos los bienes y servicios relacionados con el agua de consumo y la gestión de aguas residuales pasan a ser servicios esenciales (laboratorios, fabricación de reactivos, repuestos...).

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, contempla una serie de medidas dirigidas a proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública. En su artículo 4.3 se habilita a las autoridades competentes delegadas para «dictar las órdenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas que, en la esfera específica de su actuación, sean necesarios para garantizar la prestación de todos los servicios, ordinarios o extraordinarios, en orden a la protección de personas, bienes y lugares, mediante la adopción de cualquiera de las medidas previstas en el artículo once de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio». Asimismo, el artículo 4.2 del citado Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, dispone que el Ministro de Sanidad será la autoridad competente delegada en las áreas de responsabilidad que no recaigan en la competencia de los Ministros de Defensa, Interior y Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. El artículo 4 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, establece que el servicio de suministro domiciliario de agua potable para consumo humano es un servicio esencial que debe quedar garantizado, especialmente en las actuales circunstancias. Existen razones importantes para la adopción en esta orden, de medidas tendentes a evitar posibles problemas de salud mediante la garantía de los niveles de salubridad e higiene tanto en el suministro de agua como en los servicios de saneamiento de las aguas residuales urbanas. El agua en su estado natural necesita ser tratada hasta alcanzar las condiciones de calidad exigidas por el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. De igual modo, el saneamiento implica procesos de tratamiento para depurar las aguas residuales urbanas con las mejores condiciones de calidad. Las medidas que se adoptan van destinadas a garantizar el adecuado suministro de agua, así como el correcto saneamiento posibilitando que las empresas y entidades que llevan a cabo dichos procesos de tratamiento del agua necesarios para los servicios señalados tengan la consideración de operadores de servicios esenciales y al tiempo dispongan de los productos, sustancias y materiales higiénicos necesarios para garantizar que puedan llevar a efecto su labor con las máximas garantías de éxito, en cumplimiento de la normativa sanitaria aplicable a las aguas de consumo humano y a la depuración de las aguas residuales. En su virtud, resuelvo: Primero. Objeto. Esta orden tiene por objeto dictar las medidas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de los servicios de abastecimiento a la población de agua de consumo humano y de saneamiento de aguas residuales urbanas, considerados como servicios esenciales para la sociedad por su estrecha vinculación con la salud humana, en desarrollo y aplicación de lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Segundo. Ámbito de aplicación. Esta orden resulta de aplicación a todas las entidades, públicas y privadas, que prestan, o contribuyen a prestar, el servicio de abastecimiento a la población de agua de consumo humano, así como de saneamiento de aguas residuales urbanas, incluido el servicio de abastecimiento de aguas de consumo humano procedentes de las instalaciones de desalinización de aguas de mar (IDAM). Tercero. Subsector de laboratorios de ensayo en el campo de actividad de abastecimiento y saneamiento de aguas residuales.  Los laboratorios de ensayo que realicen su actividad en relación con el tratamiento del agua para consumo humano o en el ámbito del saneamiento y depuración de las aguas residuales urbanas, tendrán la consideración de operadores de servicios esenciales con los efectos previstos en el artículo 18.2 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Cuarto. Subsector de fabricantes y comercializadores de reactivos empleados para la actividad de abastecimiento y saneamiento de aguas residuales. Los fabricantes y comercializadores de las sustancias previstas en el artículo 2.11 del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano empleados para la actividad de abastecimiento y las sustancias y reactivos que se emplean para la potabilización y el saneamiento de aguas y su análisis, tendrán la consideración de operadores de servicios esenciales con los efectos previstos en el artículo 18.2 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Quinto. Subsector de suministro de bienes, repuestos y equipamientos relacionados con la cadena de soporte de los servicios de abastecimiento y saneamiento de aguas residuales. Tendrán la consideración de operadores de servicios esenciales, con los efectos previstos en el artículo 18.2 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, quienes desarrollen su actividad en el sector de suministro de bienes, repuestos y equipamientos que sea fundamental para el mantenimiento de la cadena de soporte de los servicios de abastecimiento y saneamiento de aguas residuales. Sexto. Medidas relacionadas con el servicio esencial de abastecimiento de agua y saneamiento de aguas residuales. 1. Los subsectores enumerados en los apartados tercero, cuarto y quinto así como las entidades citadas en el apartado segundo de esta orden, tendrán acceso a los consumibles básicos e indispensables para poder realizar el servicio en las condiciones exigidas por la legislación de aguas y sanitaria de aplicación a estos servicios. 2. Así mismo, podrán disponer de existencias propias para poder prestar con garantía y de forma ininterrumpida su actividad evitando la generación de problemas para la salud pública. 3. En la medida de lo posible, accederán al aprovisionamiento de productos y materiales higiénicos necesarios para prestar el servicio, entre ellos, geles hidro-alcohólicos, bactericidas, líquidos desinfectantes, mascarillas, trajes desechables de protección, así como guantes de nitrilo desechables, o similares y otros medios y productos asimilables utilizados para el tratamiento del agua. Séptimo. Temporalidad de las medidas. Las medidas incluidas en esta orden resultarán de aplicación mientras dure el estado de alarma. Octavo. Desarrollo y ejecución. Corresponde a las autoridades sanitarias competentes de cada comunidad autónoma y de las Ciudades de Ceuta y Melilla dictar las resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas que, en la esfera específica de su actuación, sean necesarias para garantizar la eficacia de lo dispuesto en esta orden. Noveno. Efectos. Esta orden producirá efectos desde el mismo día su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Décimo. Régimen de recursos. Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Madrid, 22 de marzo de 2020.–El Ministro de Sanidad, Salvador Illa Roca.

Sistemas de micropagos SL ha sido multada con 100.000 euros por ejercer sin autorización.

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, contempla una serie de medidas dirigidas a proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública. En su artículo 4.3 se habilita a las autoridades competentes delegadas para «dictar las órdenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas que, en la esfera específica de su actuación, sean necesarios para garantizar la prestación de todos los servicios, ordinarios o extraordinarios, en orden a la protección de personas, bienes y lugares, mediante la adopción de cualquiera de las medidas previstas en el artículo once de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio». Asimismo, el artículo 4.2 del citado Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, dispone que el Ministro de Sanidad será la autoridad competente delegada en las áreas de responsabilidad que no recaigan en la competencia de los Ministros de Defensa, Interior y Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. El artículo 4 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, establece que el servicio de suministro domiciliario de agua potable para consumo humano es un servicio esencial que debe quedar garantizado, especialmente en las actuales circunstancias. Existen razones importantes para la adopción en esta orden, de medidas tendentes a evitar posibles problemas de salud mediante la garantía de los niveles de salubridad e higiene tanto en el suministro de agua como en los servicios de saneamiento de las aguas residuales urbanas. El agua en su estado natural necesita ser tratada hasta alcanzar las condiciones de calidad exigidas por el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. De igual modo, el saneamiento implica procesos de tratamiento para depurar las aguas residuales urbanas con las mejores condiciones de calidad. Las medidas que se adoptan van destinadas a garantizar el adecuado suministro de agua, así como el correcto saneamiento posibilitando que las empresas y entidades que llevan a cabo dichos procesos de tratamiento del agua necesarios para los servicios señalados tengan la consideración de operadores de servicios esenciales y al tiempo dispongan de los productos, sustancias y materiales higiénicos necesarios para garantizar que puedan llevar a efecto su labor con las máximas garantías de éxito, en cumplimiento de la normativa sanitaria aplicable a las aguas de consumo humano y a la depuración de las aguas residuales. En su virtud, resuelvo: Primero. Objeto. Esta orden tiene por objeto dictar las medidas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de los servicios de abastecimiento a la población de agua de consumo humano y de saneamiento de aguas residuales urbanas, considerados como servicios esenciales para la sociedad por su estrecha vinculación con la salud humana, en desarrollo y aplicación de lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Segundo. Ámbito de aplicación. Esta orden resulta de aplicación a todas las entidades, públicas y privadas, que prestan, o contribuyen a prestar, el servicio de abastecimiento a la población de agua de consumo humano, así como de saneamiento de aguas residuales urbanas, incluido el servicio de abastecimiento de aguas de consumo humano procedentes de las instalaciones de desalinización de aguas de mar (IDAM). Tercero. Subsector de laboratorios de ensayo en el campo de actividad de abastecimiento y saneamiento de aguas residuales.  Los laboratorios de ensayo que realicen su actividad en relación con el tratamiento del agua para consumo humano o en el ámbito del saneamiento y depuración de las aguas residuales urbanas, tendrán la consideración de operadores de servicios esenciales con los efectos previstos en el artículo 18.2 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Cuarto. Subsector de fabricantes y comercializadores de reactivos empleados para la actividad de abastecimiento y saneamiento de aguas residuales. Los fabricantes y comercializadores de las sustancias previstas en el artículo 2.11 del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano empleados para la actividad de abastecimiento y las sustancias y reactivos que se emplean para la potabilización y el saneamiento de aguas y su análisis, tendrán la consideración de operadores de servicios esenciales con los efectos previstos en el artículo 18.2 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Quinto. Subsector de suministro de bienes, repuestos y equipamientos relacionados con la cadena de soporte de los servicios de abastecimiento y saneamiento de aguas residuales. Tendrán la consideración de operadores de servicios esenciales, con los efectos previstos en el artículo 18.2 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, quienes desarrollen su actividad en el sector de suministro de bienes, repuestos y equipamientos que sea fundamental para el mantenimiento de la cadena de soporte de los servicios de abastecimiento y saneamiento de aguas residuales. Sexto. Medidas relacionadas con el servicio esencial de abastecimiento de agua y saneamiento de aguas residuales. 1. Los subsectores enumerados en los apartados tercero, cuarto y quinto así como las entidades citadas en el apartado segundo de esta orden, tendrán acceso a los consumibles básicos e indispensables para poder realizar el servicio en las condiciones exigidas por la legislación de aguas y sanitaria de aplicación a estos servicios. ### RESUMEN: Sistemas de micropagos SL ha sido multada con 100.000 euros por ejercer sin autorización.

Con fecha de 24 de mayo de 2013 el Consejo de Gobierno del Banco de España adoptó la Resolución sancionadora del expediente de referencia IE/NEP-1/2012, incoado por Acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Banco de España de fecha 4 de julio de 2012 a las sociedades Sistemas de Micropagos, S.L., y a World Premium Rates, S.A. Interpuesto recurso de alzada por dichas sociedades contra la Resolución sancionadora del Consejo de Gobierno del Banco de España, fue desestimado por Resolución del Subsecretario de Economía y Competitividad dictada por delegación del Ministro de Economía y Competitividad, en fecha 14 de febrero de 2014. Posteriormente, la sociedad World Premium Rates, S.A., interpuso recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la citada Resolución ministerial solicitando la suspensión de la ejecutividad de la sanción que le había sido impuesta, que fue acordada mediante Auto de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de fecha 28 de julio de 2014. Finalmente, en fecha 12 de marzo de 2015, se ha dictado Providencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional por la que se deja sin efecto la suspensión acordada por el Auto de 28 de julio de 2014 al no haberse presentado la caución o garantía suficiente a la que estaba condicionada la suspensión. Por consiguiente, de conformidad con el artículo 115.5 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades de Crédito, procede dar publicidad en el Boletín Oficial del Estado de las siguientes sanciones impuestas a Sistemas de Micropagos, S.L. y a World Premium Rates, S.A. en dicha Resolución del Consejo de Gobierno del Banco de España, en la que se acordó: «Imponer a Sistemas de Micropagos, S.L., conforme a lo dispuesto en el artículo 29.1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, en la redacción dada por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, una multa por importe de cien mil euros (100.000 euros), por la comisión de una infracción muy grave, prevista en dicho artículo en relación con el artículo 4 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago, consistente en el ejercicio de actividades legalmente reservadas a los proveedores de servicios de pago, sin haber obtenido la preceptiva autorización y hallarse inscrita en los correspondientes registros. Imponer a World Premium Rates, S.A., conforme a lo dispuesto en el artículo 29.1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, en la redacción dada por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, una multa por importe de cien mil euros (100.000 euros), por la comisión de una infracción muy grave, prevista en dicho artículo en relación con el artículo 4 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago, consistente en el ejercicio de actividades legalmente reservadas a los proveedores de servicios de pago, sin haber obtenido la preceptiva autorización y hallarse inscrita en los correspondientes registros.» Madrid, 20 de abril de 2015.–El Secretario General del Banco de España, Francisco Javier Priego Pérez.

Las dos normas que reforman la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Con fecha de 24 de mayo de 2013 el Consejo de Gobierno del Banco de España adoptó la Resolución sancionadora del expediente de referencia IE/NEP-1/2012, incoado por Acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Banco de España de fecha 4 de julio de 2012 a las sociedades Sistemas de Micropagos, S.L., y a World Premium Rates, S.A. Interpuesto recurso de alzada por dichas sociedades contra la Resolución sancionadora del Consejo de Gobierno del Banco de España, fue desestimado por Resolución del Subsecretario de Economía y Competitividad dictada por delegación del Ministro de Economía y Competitividad, en fecha 14 de febrero de 2014. Posteriormente, la sociedad World Premium Rates, S.A., interpuso recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la citada Resolución ministerial solicitando la suspensión de la ejecutividad de la sanción que le había sido impuesta, que fue acordada mediante Auto de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de fecha 28 de julio de 2014. Finalmente, en fecha 12 de marzo de 2015, se ha dictado Providencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional por la que se deja sin efecto la suspensión acordada por el Auto de 28 de julio de 2014 al no haberse presentado la caución o garantía suficiente a la que estaba condicionada la suspensión. Por consiguiente, de conformidad con el artículo 115.5 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades de Crédito, procede dar publicidad en el Boletín Oficial del Estado de las siguientes sanciones impuestas a Sistemas de Micropagos, S.L. y a World Premium Rates, S.A. en dicha Resolución del Consejo de Gobierno del Banco de España, en la que se acordó: «Imponer a Sistemas de Micropagos, S.L., conforme a lo dispuesto en el artículo 29.1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, en la redacción dada por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, una multa por importe de cien mil euros (100.000 euros), por la comisión de una infracción muy grave, prevista en dicho artículo en relación con el artículo 4 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago, consistente en el ejercicio de actividades legalmente reservadas a los proveedores de servicios de pago, sin haber obtenido la preceptiva autorización y hallarse inscrita en los correspondientes registros. Imponer a World Premium Rates, S.A., conforme a lo dispuesto en el artículo 29.1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, en la redacción dada por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, una multa por importe de cien mil euros (100.000 euros), por la comisión de una infracción muy grave, prevista en dicho artículo en relación con el artículo 4 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago, consistente en el ejercicio de actividades legalmente reservadas a los proveedores de servicios de pago, sin haber obtenido la preceptiva autorización y hallarse inscrita en los correspondientes registros.» Madrid, 20 de abril de 2015.–El Secretario General del Banco de España, Francisco Javier Priego Pérez. ### RESUMEN: Las dos normas que reforman la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

FELIPE VI REY DE ESPAÑA A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley: PREÁMBULO I La propuesta de Código Procesal Penal presentada por la Comisión Institucional para la elaboración de un texto articulado de Ley de Enjuiciamiento Criminal, constituida por Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 2012, actualmente sometido a información pública y debate, plantea un cambio radical del sistema de justicia penal cuya implantación requiere un amplio consenso. En tanto dicho debate se mantiene, en la confianza de encontrar el máximo concierto posible sobre el nuevo modelo procesal penal, resulta preciso afrontar de inmediato ciertas cuestiones que no pueden aguardar a ser resueltas con la promulgación del nuevo texto normativo que sustituya a la más que centenaria Ley de Enjuiciamiento Criminal. En esta ley se regularán las cuestiones que no requieren desarrollo mediante ley orgánica, que tendrán una regulación paralela en una norma con dicho rango, y que son las siguientes: a) la necesidad de establecer disposiciones eficaces de agilización de la justicia penal con el fin de evitar dilaciones indebidas, b) la previsión de un procedimiento de decomiso autónomo, c) la instauración general de la segunda instancia, d) la ampliación del recurso de casación y e) la reforma del recurso extraordinario de revisión. II Existen ciertas medidas, de sencilla implantación, que permiten evitar dilaciones innecesarias, sin merma alguna de los derechos de las partes: a) la modificación de las reglas de conexidad y su aplicación al determinar la competencia de los tribunales; b) la reforma del régimen de remisión por la Policía Judicial a los juzgados y al Ministerio Fiscal de los atestados relativos a delitos sin autor conocido; c) la fijación de plazos máximos para la instrucción; y d) la regulación de un procedimiento monitorio penal. La reforma de las reglas de conexidad supone una racionalización de los criterios de conformación del objeto del proceso, con el fin de que tengan el contenido más adecuado para su rápida y eficaz sustanciación. Con ello se pretende evitar el automatismo en la acumulación de causas y la elefantiasis procesal que se pone de manifiesto en los denominados macroprocesos. La acumulación por conexión solo tiene sentido si concurren ciertas circunstancias tasadas que se expresan en el artículo 17.1 y 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando el conocimiento de los asuntos por separado no resulte más aconsejable. Esta valoración de la concurrencia de las reglas y condiciones de conexidad corresponde en exclusiva al juez instructor. La novedad de la reforma consiste en establecer que la simple analogía o relación entre sí no constituye una causa de conexión y solo se justifica la acumulación cuando, a instancia del Ministerio Fiscal, en su condición de defensor de la legalidad y del interés público, el juez lo considere más conveniente para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades procedentes, salvo que suponga excesiva complejidad o dilación para el proceso, y siempre que con ello no se altere la competencia. Así, además, se evitará el frecuente trasiego de causas entre distintos juzgados a la búsqueda del que deba conocer del asunto por una simple coincidencia de la persona a la que se atribuyen distintos delitos. También constituye una medida de agilización, sencilla de llevar a la práctica, la consistente en evitar el uso irracional de los recursos humanos y materiales de la Administración de Justicia para gestionar los atestados policiales sin autor conocido, pues dan lugar en los juzgados a innecesarias aperturas de diligencias que son de inmediato archivadas previo visto del Ministerio Fiscal. Se trata de un trabajo superfluo y perturbador. Para garantizar un adecuado control judicial basta con que dichos atestados sean conservados por la Policía Judicial a disposición de jueces y fiscales. No obstante, la remisión a la autoridad judicial será preceptiva en todo caso respecto a materias especialmente sensibles, como son los delitos contra la vida, contra la integridad física, contra la libertad e indemnidad sexuales o los delitos relacionados con la corrupción. Deberán también remitirse todos los atestados en los que, pasadas las primeras setenta y dos horas, la Policía Judicial practique cualquier diligencia tendente a la identificación del autor, siempre que arroje algún resultado. Se trata de garantizar que no habrá investigaciones autónomas de la policía, pero evitar también que todas las causas terminen recalando en los juzgados cuando no exista avance respecto de la situación inicial. Por otro lado, siguiendo la propuesta de la Comisión Institucional antes mencionada, para la finalización de la instrucción, se sustituye el exiguo e inoperante plazo de un mes del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por plazos máximos realistas cuyo transcurso sí provoca consecuencias procesales. Se distinguen los asuntos sencillos de los complejos, correspondiendo su calificación inicial al órgano instructor. Se prevé la posibilidad de la prórroga de estos últimos a instancia del Ministerio Fiscal, como garante de la legalidad ex artículo 124 de la Constitución, y en todo caso, oídas las partes personadas, y, para todos los supuestos, de una prórroga excepcional a instancia de cualquiera de las partes personadas y oídas las demás, con mucha flexibilidad, pero de forma que finalmente exista un límite temporal infranqueable en el que el sumario o las diligencias previas hayan de concluir y haya de adoptarse la decisión que proceda, bien la continuación del procedimiento ya en fase intermedia, bien el sobreseimiento de las actuaciones. Para la determinación de los plazos ordinarios de seis y de dieciocho meses, según se trate de un asunto sencillo o complejo, respectivamente, se ha tomado como referencia los plazos medios de duración de la instrucción, tal y como se reflejan en los estudios estadísticos judiciales y fiscales. Se trata, pues, de plazos fiables en que las diligencias instructoras deben haber ya cumplido sus fines. No obstante, el sistema prevé reglas de adecuación de los plazos a la realidad de la instrucción, de modo que una causa inicialmente declarada sencilla pueda transformarse en compleja, y que situaciones como la declaración del secreto de las actuaciones, lo que de hecho ocurrirá en el supuesto de intervención de las comunicaciones, no afecten al cómputo de los plazos, toda vez que en este caso se verá interrumpido. Otro tanto sucederá si el instructor acuerda el sobreseimiento provisional al considerar que no puede avanzarse de forma positiva en la tramitación de la causa por cualesquiera circunstancias. A modo de cláusula de cierre de esta nueva regulación se elimina cualquier riesgo de impunidad por el transcurso de los referidos plazos al excluirse que su agotamiento dé lugar al archivo automático de las actuaciones, fuera de los supuestos en que proceda el sobreseimiento libre o provisional de la causa. Adicionalmente, como también propuso la Comisión, se establece el proceso por aceptación de decreto. Se trata de un procedimiento monitorio penal que permite la conversión de la propuesta sancionadora realizada por el Ministerio Fiscal en sentencia firme cuando se cumplen los requisitos objetivos y subjetivos previstos y el encausado da su conformidad, con preceptiva asistencia letrada. Siguiendo un modelo de probado éxito en el Derecho comparado, se instaura un mecanismo de aceleración de la justicia penal que es sumamente eficaz para descongestionar los órganos judiciales y para dispensar una rápida respuesta punitiva ante delitos de escasa gravedad cuya sanción pueda quedar en multa o trabajos en beneficio de la comunidad, totalmente respetuoso con el derecho de defensa. El objetivo de esta reforma es el establecimiento de un cauce de resolución anticipada de las causas penales para delitos de menor entidad, aplicable con independencia del procedimiento que les corresponda. Resulta, pues, aplicable tanto a los delitos leves como a los delitos menos graves que se encuentren dentro de su ámbito material de aplicación, a instancia del Ministerio Fiscal y antes de la conclusión de la fase de instrucción. También responde a la posibilidad de culminar la fase de diligencias de investigación del Ministerio Fiscal con una elevación de las actuaciones al juzgado de instrucción que implique no ya la puesta en conocimiento del hecho sino, de facto, la solicitud de la sentencia y pena correspondiente. Su efectiva aplicación implicará una reducción significativa de las instrucciones y ulteriores juicios orales, lo que redunda también en beneficio del acortamiento de la denominada «fase intermedia» de los procedimientos. III La Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea exige a los Estados miembros articular cauces para su implementación, en especial para permitir la efectividad de las nuevas figuras de decomiso. Se regula así un proceso de decomiso autónomo que permita la privación de la titularidad de los bienes procedentes del delito pese a que el autor no pueda ser juzgado. El procedimiento responde a un equilibrio entre la agilidad que le es propia y las garantías para las personas demandadas. Se ha optado por la remisión al procedimiento verbal de la Ley de Enjuiciamiento Civil, lo que contribuye a la seguridad jurídica. Se han incluido, no obstante, las especialidades propias del procedimiento en el articulado y un sistema de recursos basado en el procedimiento abreviado. Se prevé además la fase de ejecución de los bienes decomisados, en la que la investigación asociada será dirigida por el Ministerio Fiscal, sin detrimento de las funciones investigadoras de éste en la fase prejudicial. Esta regulación ha de ponerse en contexto con las modificaciones del decomiso que por su parte introduce la reforma del Código Penal, y en concreto, como complemento de aquella, se ha previsto ahora la intervención en el procedimiento de los terceros que puedan verse afectados por el decomiso. Sus derechos se garantizan no solo en este procedimiento, sino con la articulación de un recurso de anulación, por remisión nuevamente a la Ley de Enjuiciamiento Civil, en caso de que la resolución se haya dictado sin considerar su condición de interesado en la causa. IV Pese a que la Ley Orgánica del Poder Judicial establece las oportunas previsiones orgánicas para la generalización de la segunda instancia en el proceso penal, en desarrollo del derecho reconocido por el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, conforme al cual todo condenado por delito podrá someter a revisión la causa ante un tribunal superior, la ausencia de regulación procesal del recurso de apelación contra las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales y por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, previa celebración de juicio ante dichos órganos judiciales, mantiene una situación insatisfactoria que, al tener que compensarse con mayor flexibilidad en el entendimiento de los motivos del recurso de casación, desvirtúa la función del Tribunal Supremo como máximo intérprete de la ley penal. Por ello, se procede a generalizar la segunda instancia, estableciendo la misma regulación actualmente prevista para la apelación de las sentencias dictadas por los juzgados de lo penal en el proceso abreviado, si bien adaptándola a las exigencias tanto constitucionales como europeas. Se ha considerado oportuno completar la regulación del recurso de apelación con nuevas previsiones legales relativas al error en la valoración de la prueba como fundamento del recurso y al contenido de la sentencia que el órgano ad quem podrá dictar en tales circunstancias, cuyo fin último es ajustar la reglamentación de esta materia a la doctrina constitucional y, en particular, a las exigencias que dimanan del principio de inmediación. En relación con lo primero, cuando la acusación alegue este motivo como base de su recurso ya fuera a fin de anular una sentencia absolutoria, ya para agravar las condiciones fijadas en una condenatoria, deberá justificar la insuficiencia o falta de racionalidad de la misma o su apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia o la omisión de todo razonamiento sobre alguna de las pruebas practicadas, siempre que fueran relevantes, o cuya nulidad hubiera sido improcedentemente declarada. En esta tesitura, el tribunal de apelación verá limitadas sus facultades a declarar la nulidad de la sentencia cuando fuera procedente, fijando el alcance de esa declaración, esto es, si afecta exclusivamente a la resolución del órgano a quo o si ha de extenderse al juicio oral y, en este último caso, si debe darse una nueva composición a ese órgano al objeto de garantizar su imparcialidad. V Junto con la reforma de la segunda instancia es necesario remodelar la casación para conseguir que cumpla de forma eficaz su función unificadora de la doctrina penal. Actualmente un porcentaje limitado de delitos tiene acceso al recurso de casación y, por consiguiente, su interpretación unificadora se lleva a cabo por las Audiencias Provinciales, lo que no garantiza un tratamiento homogéneo para toda España. A esta realidad se unen las sucesivas reformas del Código Penal, a impulsos de exigencias sociales, transposición de directivas europeas o con motivo del cumplimiento de normativas internacionales, la última de las cuales en virtud de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, ha supuesto cambios profundos en la ley sustantiva. Ante esta situación se hacía imprescindible una reforma del ámbito material del recurso de casación para permitir que el Tribunal Supremo aportara la exigible uniformidad en tales materias. Para hacer posible el acceso de los nuevos delitos al recurso de casación la reforma contempla distintas medidas que actuarán como contrapesos para equilibrar el modelo y hacerlo plenamente viable. En primer lugar, se generaliza el recurso de casación por infracción de ley, si bien acotado al motivo primero del artículo 849, y reservando el resto de los motivos para los delitos de mayor gravedad. En segundo lugar, se excluyen del recurso de casación las sentencias que no sean definitivas, esto es, aquellas que se limiten a declarar la nulidad de las resoluciones recaídas en primera instancia, por considerarse que en estas situaciones la casación se convertiría en un trámite superfluo y dilatorio, sin que suponga sustraer la causa al conocimiento del Tribunal Supremo, toda vez que esta vía impugnativa permanecerá abierta una vez resueltas las causas de nulidad. Y, finalmente, se instituye la posibilidad de que el recurso pueda ser inadmitido a trámite mediante providencia «sucintamente motivada» por unanimidad de los componentes de la Sala cuando carezca de interés casacional, aunque exclusivamente cuando se trate de recursos interpuestos contra sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales o la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. A efectos de determinar la existencia de ese interés casacional deberán tomarse en consideración diversos aspectos, entre otros, los siguientes: si la sentencia recurrida se opone abiertamente a la doctrina jurisprudencial emanada del Tribunal Supremo, si resuelve cuestiones sobre las que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales, o si aplica normas que no lleven más de cinco años en vigor, siempre que, en este último caso, no existiese una doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo ya consolidada relativa a normas anteriores de igual o similar contenido. De esa forma, existirá doctrina de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en todas las materias, sustantivas, procesales y constitucionales. VI Por último, la necesidad de establecer en el ordenamiento español un cauce legal de cumplimiento de las sentencias dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hasta ahora sin otra cobertura que la interpretación jurisprudencial, impone la reforma de los motivos del recurso de revisión, en el marco de la mejora técnica de los diversos supuestos y con inclusión también de la posibilidad de impugnación de sentencias penales que puedan resultar contradictorias con la dictada posteriormente en otro orden jurisdiccional acerca de una cuestión prejudicial no devolutiva y de las sentencias dictadas en los procedimientos de decomiso autónomo en el caso de que la ulterior sentencia penal recaída en el procedimiento principal no considerara acreditado el hecho delictivo que habilitó el decomiso. Artículo único. Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La Ley de Enjuiciamiento Criminal se modifica en los siguientes términos: Uno. Se modifica el apartado 3 del artículo 14, que queda redactado del siguiente modo: «3. Para el conocimiento y fallo de las causas por delitos a los que la Ley señale pena privativa de libertad de duración no superior a cinco años o pena de multa cualquiera que sea su cuantía, o cualesquiera otras de distinta naturaleza, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, siempre que la duración de éstas no exceda de diez años, así como por delitos leves, sean o no incidentales, imputables a los autores de estos delitos o a otras personas, cuando la comisión del delito leve o su prueba estuviesen relacionadas con aquéllos, el Juez de lo Penal de la circunscripción donde el delito fue cometido, o el Juez de lo Penal correspondiente a la circunscripción del Juzgado de Violencia sobre la Mujer en su caso, o el Juez Central de lo Penal en el ámbito que le es propio, sin perjuicio de la competencia del Juez de Instrucción de Guardia del lugar de comisión del delito para dictar sentencia de conformidad, del Juez de Violencia sobre la Mujer competente en su caso, en los términos establecidos en el artículo 801, así como de los Juzgados de Instrucción competentes para dictar sentencia en el proceso por aceptación de decreto.» Dos. Se modifica el artículo 17, que queda redactado del siguiente modo: «1. Cada delito dará lugar a la formación de una única causa. No obstante, los delitos conexos serán investigados y enjuiciados en la misma causa cuando la investigación y la prueba en conjunto de los hechos resulten convenientes para su esclarecimiento y para la determinación de las responsabilidades procedentes salvo que suponga excesiva complejidad o dilación para el proceso. 2. A los efectos de la atribución de jurisdicción y de la distribución de la competencia se consideran delitos conexos: 1.º Los cometidos por dos o más personas reunidas. 2.º Los cometidos por dos o más personas en distintos lugares o tiempos si hubiera precedido concierto para ello. 3.º Los cometidos como medio para perpetrar otros o facilitar su ejecución. 4.º Los cometidos para procurar la impunidad de otros delitos. 5.º Los delitos de favorecimiento real y personal y el blanqueo de capitales respecto al delito antecedente. 6.º Los cometidos por diversas personas cuando se ocasionen lesiones o daños recíprocos. 3. Los delitos que no sean conexos pero hayan sido cometidos por la misma persona y tengan analogía o relación entre sí, cuando sean de la competencia del mismo órgano judicial, podrán ser enjuiciados en la misma causa, a instancia del Ministerio Fiscal, si la investigación y la prueba en conjunto de los hechos resultan convenientes para su esclarecimiento y para la determinación de las responsabilidades procedentes, salvo que suponga excesiva complejidad o dilación para el proceso.» Tres. Se modifica el artículo 284, que queda redactado del siguiente modo: «1. Inmediatamente que los funcionarios de la Policía judicial tuvieren conocimiento de un delito público o fueren requeridos para prevenir la instrucción de diligencias por razón de algún delito privado, lo participarán a la autoridad judicial o al representante del Ministerio Fiscal, si pudieren hacerlo sin cesar en la práctica de las diligencias de prevención. En otro caso, lo harán así que las hubieren terminado. 2. No obstante, cuando no exista autor conocido del delito la Policía Judicial conservará el atestado a disposición del Ministerio Fiscal y de la autoridad judicial, sin enviárselo, salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias: a) Que se trate de delitos contra la vida, contra la integridad física, contra la libertad e indemnidad sexuales o de delitos relacionados con la corrupción; b) Que se practique cualquier diligencia después de transcurridas setenta y dos horas desde la apertura del atestado y éstas hayan tenido algún resultado; o c) Que el Ministerio Fiscal o la autoridad judicial soliciten la remisión. De conformidad con el derecho reconocido en el artículo 6 de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del delito, la Policía Judicial comunicará al denunciante que en caso de no ser identificado el autor en el plazo de setenta y dos horas, las actuaciones no se remitirán a la autoridad judicial, sin perjuicio de su derecho a reiterar la denuncia ante la fiscalía o el juzgado de instrucción. 3. Si hubieran recogido armas, instrumentos o efectos de cualquier clase que pudieran tener relación con el delito y se hallen en el lugar en que éste se cometió o en sus inmediaciones, o en poder del reo o en otra parte conocida, extenderán diligencia expresiva del lugar, tiempo y ocasión en que se encontraren, que incluirá una descripción minuciosa para que se pueda formar idea cabal de los mismos y de las circunstancias de su hallazgo, que podrá ser sustituida por un reportaje gráfico. La diligencia será firmada por la persona en cuyo poder fueren hallados. 4. La incautación de efectos que pudieran pertenecer a una víctima del delito será comunicada a la misma. La persona afectada por la incautación podrá recurrir en cualquier momento la medida ante el juez de instrucción de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 334.» Cuatro. El primer párrafo del artículo 295 queda redactado del siguiente modo: «En ningún caso los funcionarios de Policía Judicial podrán dejar transcurrir más de veinticuatro horas sin dar conocimiento a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal de las diligencias que hubieran practicado, salvo en los supuestos de fuerza mayor y en el previsto en el apartado 2 del artículo 284.» Cinco. Se suprime el artículo 300. Seis. Se modifica el artículo 324, que queda redactado en los siguientes términos: «1. Las diligencias de instrucción se practicarán durante el plazo máximo de seis meses desde la fecha del auto de incoación del sumario o de las diligencias previas. No obstante, antes de la expiración de ese plazo, el instructor a instancia del Ministerio Fiscal y previa audiencia de las partes, podrá declarar la instrucción compleja a los efectos previstos en el apartado siguiente cuando, por circunstancias sobrevenidas a la investigación, ésta no pudiera razonablemente completarse en el plazo estipulado o concurran de forma sobrevenida algunas de las circunstancias previstas en el apartado siguiente de este artículo. 2. Si la instrucción es declarada compleja el plazo de duración de la instrucción será de dieciocho meses, que el instructor de la causa podrá prorrogar por igual plazo o uno inferior a instancia del Ministerio Fiscal y previa audiencia de las partes. La solicitud de prórroga deberá presentarse por escrito, al menos, tres días antes de la expiración del plazo máximo. Contra el auto que desestima la solicitud de prórroga no cabrá recurso, sin perjuicio de que pueda reproducirse esta petición en el momento procesal oportuno. Se considerará que la investigación es compleja cuando: a) recaiga sobre grupos u organizaciones criminales, b) tenga por objeto numerosos hechos punibles, c) involucre a gran cantidad de investigados o víctimas, d) exija la realización de pericias o de colaboraciones recabadas por el órgano judicial que impliquen el examen de abundante documentación o complicados análisis, e) implique la realización de actuaciones en el extranjero, f) precise de la revisión de la gestión de personas jurídico-privadas o públicas, o g) se trate de un delito de terrorismo. 3. Los plazos previstos en este artículo quedarán interrumpidos: a) en caso de acordarse el secreto de las actuaciones, durante la duración del mismo, o b) en caso de acordarse el sobreseimiento provisional de la causa. Cuando se alce el secreto o las diligencias sean reabiertas, continuará la investigación por el tiempo que reste hasta completar los plazos previstos en los apartados anteriores, sin perjuicio de la posibilidad de acordar la prórroga prevista en el apartado siguiente. 4. Excepcionalmente, antes del transcurso de los plazos establecidos en los apartados anteriores o, en su caso, de la prórroga que hubiera sido acordada, si así lo solicita el Ministerio Fiscal o alguna de las partes personadas, por concurrir razones que lo justifiquen, el instructor, previa audiencia de las demás partes, podrá fijar un nuevo plazo máximo para la finalización de la instrucción. 5. Cuando el Ministerio Fiscal o las partes, en su caso, no hubieran hecho uso de la facultad que les confiere el apartado anterior, no podrán interesar las diligencias de investigación complementarias previstas en los artículos 627 y 780 de esta ley. 6. El juez concluirá la instrucción cuando entienda que ha cumplido su finalidad. Transcurrido el plazo máximo o sus prórrogas, el instructor dictará auto de conclusión del sumario o, en el procedimiento abreviado, la resolución que proceda conforme al artículo 779. Si el instructor no hubiere dictado alguna de las resoluciones mencionadas en este apartado, el Ministerio Fiscal instará al juez que acuerde la decisión que fuera oportuna. En este caso, el juez de instrucción deberá resolver sobre la solicitud en el plazo de quince días. 7. Las diligencias de investigación acordadas antes del transcurso de los plazos legales serán válidas, sin perjuicio de su recepción tras la expiración de los mismos. 8. En ningún caso el mero transcurso de los plazos máximos fijados en este artículo dará lugar al archivo de las actuaciones si no concurren las circunstancias previstas en los artículos 637 o 641.» Siete. Se añade un párrafo tercero en el apartado 2 del artículo 790, que queda redactado del siguiente modo: «Cuando la acusación alegue error en la valoración de la prueba para pedir la anulación de la sentencia absolutoria o el agravamiento de la condenatoria, será preciso que se justifique la insuficiencia o la falta de racionalidad en la motivación fáctica, el apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia o la omisión de todo razonamiento sobre alguna o algunas de las pruebas practicadas que pudieran tener relevancia o cuya nulidad haya sido improcedentemente declarada.» Ocho. Se modifica el artículo 792 que queda redactado del siguiente modo: «1. La sentencia de apelación se dictará dentro de los cinco días siguientes a la vista oral, o dentro de los diez días siguientes a la recepción de las actuaciones por la Audiencia cuando no hubiere resultado procedente su celebración. 2. La sentencia de apelación no podrá condenar al encausado que resultó absuelto en primera instancia ni agravar la sentencia condenatoria que le hubiera sido impuesta por error en la apreciación de las pruebas en los términos previstos en el tercer párrafo del artículo 790.2. No obstante, la sentencia, absolutoria o condenatoria, podrá ser anulada y, en tal caso, se devolverán las actuaciones al órgano que dictó la resolución recurrida. La sentencia de apelación concretará si la nulidad ha de extenderse al juicio oral y si el principio de imparcialidad exige una nueva composición del órgano de primera instancia en orden al nuevo enjuiciamiento de la causa. 3. Cuando la sentencia apelada sea anulada por quebrantamiento de una forma esencial del procedimiento, el tribunal, sin entrar en el fondo del fallo, ordenará que se reponga el procedimiento al estado en que se encontraba en el momento de cometerse la falta, sin perjuicio de que conserven su validez todos aquellos actos cuyo contenido sería idéntico no obstante la falta cometida. 4. Contra la sentencia dictada en apelación solo cabrá recurso de casación en los supuestos previstos en el artículo 847, sin perjuicio de lo establecido respecto de la revisión de sentencias firmes, o en el artículo siguiente para la impugnación de sentencias firmes dictadas en ausencia del acusado. Cuando no se interponga recurso contra la sentencia dictada en apelación los autos se devolverán al juzgado a los efectos de la ejecución del fallo. 5. La sentencia se notificará a los ofendidos y perjudicados por el delito, aunque no se hayan mostrado parte en la causa.» Nueve. Se introduce en el Libro IV un nuevo Título III bis con la siguiente rúbrica y contenido: «TÍTULO III bis Proceso por aceptación de decreto [ignorar]Artículo 803 bis a. Requisitos del proceso por aceptación de decreto. En cualquier momento después de iniciadas diligencias de investigación por la fiscalía o de incoado un procedimiento judicial y hasta la finalización de la fase de instrucción, aunque no haya sido llamado a declarar el investigado, podrá seguirse el proceso por aceptación de decreto cuando se cumplan cumulativamente los siguientes requisitos: 1.º Que el delito esté castigado con pena de multa o de trabajos en beneficio de la comunidad o con pena de prisión que no exceda de un año y que pueda ser suspendida de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 del Código Penal, con o sin privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores. 2.º Que el Ministerio Fiscal entienda que la pena en concreto aplicable es la pena de multa o trabajos en beneficio de la comunidad y, en su caso, la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores. 3.º Que no esté personada acusación popular o particular en la causa. [ignorar]Artículo 803 bis b. Objeto. 1. El proceso por aceptación de decreto dictado por el Ministerio Fiscal tiene por objeto una acción penal ejercitada para la imposición de una pena de multa o trabajos en beneficio de la comunidad y, en su caso, de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores. 2. Además puede tener por objeto la acción civil dirigida a la obtención de la restitución de la cosa y la indemnización del perjuicio. [ignorar]Artículo 803 bis c. Contenido del decreto de propuesta de imposición de pena. El decreto de propuesta de imposición de pena emitido por el Ministerio Fiscal tendrá el siguiente contenido: 1.º Identificación del investigado. 2.º Descripción del hecho punible. 3.º Indicación del delito cometido y mención sucinta de la prueba existente. 4.º Breve exposición de los motivos por los que entiende, en su caso, que la pena de prisión debe ser sustituida. 5.º Penas propuestas. A los efectos de este procedimiento, el Ministerio Fiscal podrá proponer la pena de multa o trabajos en beneficio de la comunidad, y, en su caso, la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, reducida hasta en un tercio respecto de la legalmente prevista, aun cuando suponga la imposición de una pena inferior al límite mínimo previsto en el Código Penal. 6.º Peticiones de restitución e indemnización, en su caso. [ignorar]Artículo 803 bis d. Remisión al Juzgado de Instrucción. El decreto de propuesta de imposición de pena dictado por el Ministerio Fiscal se remitirá al Juzgado de Instrucción para su autorización y notificación al investigado. [ignorar]Artículo 803 bis e. Auto de autorización. 1. El Juzgado de Instrucción autorizará el decreto de propuesta de imposición de pena cuando se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 803 bis a. 2. Si el Juzgado de Instrucción no autoriza el decreto, éste quedará sin efecto. [ignorar]Artículo 803 bis f. Notificación del auto y citación de comparecencia. 1. Dictado auto de autorización del decreto por el Juzgado de Instrucción, lo notificará junto con el decreto al encausado, a quien citará para que comparezca ante el tribunal en la fecha y en el día que se señale. 2. En la notificación del decreto se informará al encausado de la finalidad de la comparecencia, de la preceptiva asistencia de letrado para su celebración y de los efectos de su incomparecencia o, caso de comparecer, de su derecho a aceptar o rechazar la propuesta contenida en el decreto. También se le informará de que, en caso de no encontrarse defendido por letrado en la causa, debe asesorarse con un abogado de confianza o solicitar un abogado de oficio antes del término previsto en el artículo siguiente. [ignorar]Artículo 803 bis g. Solicitud de asistencia letrada. Si el encausado carece de asistencia letrada se le designará abogado de oficio para su asesoramiento y asistencia. Para que la comparecencia pueda celebrarse, la solicitud de designación de abogado de oficio debe realizarse en el término de cinco días hábiles antes de la fecha para la que esté señalada. [ignorar]Artículo 803 bis h. Comparecencia. 1. Para la aceptación de la propuesta de sanción el encausado habrá de comparecer en el juzgado de instrucción asistido de letrado. 2. Si el encausado no comparece o rechaza la propuesta del Ministerio Fiscal, total o parcialmente en lo relativo a las penas o a la restitución o indemnización, quedará la misma sin efecto. Si el encausado comparece sin letrado, el juez suspenderá la comparecencia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 746 y señalará nueva fecha para su celebración. 3. En la comparecencia el juez, en presencia del letrado, se asegurará de que el encausado comprende el significado del decreto de propuesta de imposición de pena y los efectos de su aceptación. 4. La comparecencia será registrada íntegramente por medios audiovisuales, documentándose conforme a las reglas generales en caso de imposibilidad material. [ignorar]Artículo 803 bis i. Conversión del decreto en sentencia condenatoria. Si el encausado acepta en la comparecencia la propuesta de pena en todos sus términos el Juzgado de Instrucción le atribuirá el carácter de resolución judicial firme, que en el plazo de tres días documentará en la forma y con todos los efectos de sentencia condenatoria, la cual no será susceptible de recurso alguno. [ignorar]Artículo 803 bis j. Ineficacia del decreto de propuesta de pena. Si el decreto de propuesta de pena deviene ineficaz por no ser autorizado por el Juzgado de Instrucción, por incomparecencia o por falta de aceptación del encausado, el Ministerio Fiscal no se encontrará vinculado por su contenido y proseguirá la causa por el cauce que corresponda.» Diez. Se introduce en el Libro IV un nuevo Título III ter con la siguiente rúbrica y contenido: «TÍTULO III ter De la intervención de terceros afectados por el decomiso y del procedimiento de decomiso autónomo [ignorar]CAPÍTULO I De la intervención en el proceso penal de los terceros que puedan resultar afectados por el decomiso [ignorar]Artículo 803 ter a. Resolución judicial de llamada al proceso. 1. El juez o tribunal acordará, de oficio o a instancia de parte, la intervención en el proceso penal de aquellas personas que puedan resultar afectadas por el decomiso cuando consten hechos de los que pueda derivarse razonablemente: a) que el bien cuyo decomiso se solicita pertenece a un tercero distinto del investigado o encausado, o b) que existen terceros titulares de derechos sobre el bien cuyo decomiso se solicita que podrían verse afectados por el mismo. 2. Se podrá prescindir de la intervención de los terceros afectados en el procedimiento cuando: a) no se haya podido identificar o localizar al posible titular de los derechos sobre el bien cuyo decomiso se solicita, o b) existan hechos de los que pueda derivarse que la información en que se funda la pretensión de intervención en el procedimiento no es cierta, o que los supuestos titulares de los bienes cuyo decomiso se solicita son personas interpuestas vinculadas al investigado o encausado o que actúan en connivencia con él. 3. Contra la resolución por la que el juez declare improcedente la intervención del tercero en el procedimiento podrá interponerse recurso de apelación. 4. Si el afectado por el decomiso hubiera manifestado al juez o tribunal que no se opone al decomiso, no se acordará su intervención en el procedimiento o se pondrá fin a la que ya hubiera sido acordada. 5. En el caso de que se acordare recibir declaración del afectado por el decomiso, se le instruirá del contenido del artículo 416. [ignorar]Artículo 803 ter b. Especialidades de la intervención y citación a juicio del tercero afectado. 1. La persona que pueda resultar afectada por el decomiso podrá participar en el proceso penal desde que se hubiera acordado su intervención, aunque esta participación vendrá limitada a los aspectos que afecten directamente a sus bienes, derechos o situación jurídica y no se podrá extender a las cuestiones relacionadas con la responsabilidad penal del encausado. 2. Para la intervención del tercero afectado por el decomiso será preceptiva la asistencia letrada. 3. El afectado por el decomiso será citado al juicio de conformidad con lo dispuesto en esta ley. En la citación se indicará que el juicio podrá ser celebrado en su ausencia y que en el mismo podrá resolverse, en todo caso, sobre el decomiso solicitado. El afectado por el decomiso podrá actuar en el juicio por medio de su representación legal, sin que sea necesaria su presencia física en el mismo. 4. La incomparecencia del afectado por el decomiso no impedirá la continuación del juicio. [ignorar]Artículo 803 ter c. Notificación e impugnación de la sentencia. La sentencia en la que se acuerde el decomiso será notificada a la persona afectada por el mismo aunque no hubiera comparecido en el proceso, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 803 ter a. La persona afectada podrá interponer contra la sentencia los recursos previstos en esta ley, aunque deberá circunscribir su recurso a los pronunciamientos que afecten directamente a sus bienes, derechos o situación jurídica, y no podrá extenderlo a las cuestiones relacionadas con la responsabilidad penal del encausado. [ignorar]Artículo 803 ter d. Incomparecencia del tercero afectado por el decomiso. 1. La incomparecencia del tercero afectado por el decomiso que fue citado de conformidad con lo dispuesto en esta ley tendrá como efecto su declaración en rebeldía. La rebeldía del tercero afectado se regirá por las normas establecidas por la Ley de Enjuiciamiento Civil respecto al demandado rebelde, incluidas las previstas para las notificaciones, los recursos frente a la sentencia y la rescisión de la sentencia firme a instancia del rebelde, si bien, en caso de rescisión de la sentencia, la misma se limitará a los pronunciamientos que afecten directamente al tercero en sus bienes, derechos o situación jurídica. En tal caso, se remitirá certificación al tribunal que hubiera dictado sentencia en primera instancia, si es distinto al que hubiera dictado la sentencia rescindente y, a continuación, se seguirán las reglas siguientes: a) Se otorgará al tercero un plazo de diez días para presentar escrito de contestación a la demanda de decomiso, con proposición de prueba, en relación con los hechos relevantes para el pronunciamiento que le afecte. b) Presentado el escrito en plazo, el órgano jurisdiccional resolverá sobre la admisibilidad de prueba mediante auto y, con arreglo a las normas generales, se señalará fecha para la vista, cuyo objeto se ceñirá al enjuiciamiento de la acción civil planteada contra el tercero o de la afección de sus bienes, derechos o situación jurídica por la acción penal. c) Frente a la sentencia se podrán interponer los recursos previstos en esta ley. Si no se presenta escrito de contestación a la demanda en plazo o el tercero no comparece en la vista debidamente representado se dictará, sin más trámite, sentencia coincidente con la rescindida en los pronunciamientos afectados. 2. Los mismos derechos previstos en el apartado anterior se reconocen al tercero afectado que no hubiera tenido la oportunidad de oponerse al decomiso por desconocer su existencia. [ignorar]CAPÍTULO II Procedimiento de decomiso autónomo [ignorar]Artículo 803 ter e. Objeto. 1. Podrá ser objeto del procedimiento de decomiso autónomo regulado en el presente Título la acción mediante la cual se solicita el decomiso de bienes, efectos o ganancias, o un valor equivalente a los mismos, cuando no hubiera sido ejercitada con anterioridad, salvo lo dispuesto en el artículo 803 ter p. 2. En particular, será aplicable este procedimiento en los siguientes casos: a) Cuando el fiscal se limite en su escrito de acusación a solicitar el decomiso de bienes reservando expresamente para este procedimiento su determinación. b) Cuando se solicite como consecuencia de la comisión de un hecho punible cuyo autor haya fallecido o no pueda ser enjuiciado por hallarse en rebeldía o incapacidad para comparecer en juicio. 3. En el caso de reserva de la acción por el fiscal, el procedimiento de decomiso autónomo solamente podrá ser iniciado cuando el proceso en el que se resuelva sobre las responsabilidades penales del encausado ya hubiera concluido con sentencia firme. [ignorar]Artículo 803 ter f. Competencia. Será competente para el conocimiento del procedimiento de decomiso autónomo: a) el juez o tribunal que hubiera dictado la sentencia firme, b) el juez o tribunal que estuviera conociendo de la causa penal suspendida, o c) el juez o tribunal competente para el enjuiciamiento de la misma cuando ésta no se hubiera iniciado, en las circunstancias previstas en el artículo 803 ter e. [ignorar]Artículo 803 ter g. Procedimiento. Serán aplicables al procedimiento de decomiso autónomo las normas que regulan el juicio verbal regulado en el Título III del Libro II de la Ley de Enjuiciamiento Civil en lo que no sean contradictorias con las establecidas en este capítulo. [ignorar]Artículo 803 ter h. Exclusividad del Ministerio Fiscal en el ejercicio de la acción. La acción de decomiso en el procedimiento de decomiso autónomo será ejercitada exclusivamente por el Ministerio Fiscal. [ignorar]Artículo 803 ter i. Asistencia letrada. Serán aplicables a todas las personas cuyos bienes o derechos pudieren verse afectados por el decomiso las normas reguladoras del derecho a la asistencia letrada del encausado previstas en esta ley. [ignorar]Artículo 803 ter j. Legitimación pasiva y citación a juicio. 1. Serán citados a juicio como demandados los sujetos contra los que se dirija la acción por su relación con los bienes a decomisar. 2. El encausado rebelde será citado mediante notificación dirigida a su representación procesal en el proceso suspendido y la fijación de edicto en el tablón de anuncios del tribunal. 3. El tercero afectado por el decomiso será citado de conformidad con lo previsto en el apartado 3 del artículo 803 ter b. [ignorar]Artículo 803 ter k. Comparecencia del encausado rebelde o con la capacidad modificada judicialmente. 1. Si el encausado declarado rebelde en el proceso suspendido no comparece en el procedimiento autónomo de decomiso se le nombrará procurador y abogado de oficio que asumirán su representación y defensa. 2. La comparecencia en el procedimiento de decomiso autónomo del encausado con la capacidad modificada judicialmente para comparecer en el proceso penal suspendido se regirá por las normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil. [ignorar]Artículo 803 ter l. Demanda de solicitud de decomiso autónomo. 1. La demanda de decomiso autónomo se presentará por escrito que expresará en apartados separados y numerados: a) Las personas contra las que se dirige la solicitud y sus domicilios. b) El bien o bienes cuyo decomiso se pretende. c) El hecho punible y su relación con el bien o bienes. d) La calificación penal del hecho punible. e) La situación de la persona contra la que se dirige la solicitud respecto al bien. f) El fundamento legal del decomiso. g) La proposición de prueba. h) La solicitud de medidas cautelares, justificando la conveniencia de su adopción para garantizar la efectividad del decomiso, si procede. 2. Admitida la demanda, el órgano competente adoptará las siguientes resoluciones: 1.º Acordará o no las medidas cautelares solicitadas. 2.º Notificará la demanda de decomiso a las partes pasivamente legitimadas, a quienes otorgará un plazo de veinte días para personarse en el proceso y presentar escrito de contestación a la demanda de decomiso. 3. Adoptadas las medidas cautelares, la oposición, modificación o alzamiento de las mismas y la prestación de caución sustitutoria se desarrollará de acuerdo con lo previsto en el Título VI del Libro III de la Ley de Enjuiciamiento Civil en lo que no sea contradictorio con las normas establecidas en este capítulo. [ignorar]Artículo 803 ter m. Escrito de contestación a la demanda de decomiso. 1. El escrito de contestación a la demanda de decomiso contendrá, en relación con los correlativos del escrito de demanda, las alegaciones de la parte demandada. 2. Si el demandado no interpusiera su escrito de contestación en el plazo conferido o si desistiera del mismo, el órgano competente acordará el decomiso definitivo de los bienes, efectos o ganancias, o de un valor equivalente a los mismos. [ignorar]Artículo 803 ter n. Resolución sobre prueba y vista. El órgano competente resolverá sobre la prueba propuesta por auto, en el que señalará fecha y hora para la vista de acuerdo a las reglas generales. Esta resolución no será recurrible, aunque la solicitud de prueba podrá reiterarse en el juicio. [ignorar]Artículo 803 ter o. Juicio y sentencia. 1. El juicio se desarrollará conforme a lo dispuesto en el artículo 433 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el juez o tribunal resolverá mediante sentencia en el plazo de 20 días desde su finalización, con alguno de los siguientes pronunciamientos: 1.º Estimar la demanda de decomiso y acordar el decomiso definitivo de los bienes. 2.º Estimar parcialmente la demanda de decomiso y acordar el decomiso definitivo por la cantidad que corresponda. En este caso, se dejarán sin efecto las medidas cautelares que hubieran sido acordadas respecto al resto de los bienes. 3.º Desestimar la demanda de decomiso y declarar que no procede por concurrir alguno de los motivos de oposición. En este caso, se dejarán sin efecto todas las medidas cautelares que hubieran sido acordadas. 2. Cuando la sentencia estime total o parcialmente la demanda de decomiso, identificará a los perjudicados y fijará las indemnizaciones que fueran procedentes. 3. El pronunciamiento en costas se regirá por las normas generales previstas en esta ley. [ignorar]Artículo 803 ter p. Efectos de la sentencia de decomiso. 1. La sentencia desplegará los efectos materiales de la cosa juzgada en relación con las personas contra las que se haya dirigido la acción y la causa de pedir planteada, consistente en los hechos relevantes para la adopción del decomiso, relativos al hecho punible y la situación frente a los bienes del demandado. 2. Más allá del efecto material de la cosa juzgada establecido en el apartado anterior, el contenido de la sentencia del procedimiento de decomiso autónomo no vinculará en el posterior enjuiciamiento del encausado, si se produce. En el proceso penal posterior contra el encausado, si se produce, no se solicitará ni será objeto de enjuiciamiento el decomiso de bienes sobre el que se haya resuelto con efecto de cosa juzgada en el procedimiento de decomiso autónomo. 3. A los bienes decomisados se les dará el destino previsto en esta ley y en el Código Penal. 4. Cuando el decomiso se hubiera acordado por un valor determinado, se requerirá a la persona con relación a la cual se hubiera acordado para que proceda al pago de la cantidad correspondiente dentro del plazo que se le determine; o, en otro caso, designe bienes por un valor suficiente sobre los que la orden de decomiso pueda hacerse efectiva. Si el requerimiento no fuera atendido, se procederá del modo previsto en el artículo siguiente para la ejecución de la orden de decomiso. [ignorar]Artículo 803 ter q. Investigación del Ministerio Fiscal. 1. El Ministerio Fiscal podrá llevar a cabo, por sí mismo, a través de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos o por medio de otras autoridades o de los funcionarios de la Policía Judicial, las diligencias de investigación que resulten necesarias para localizar los bienes o derechos titularidad de la persona con relación a la cual se hubiera acordado el decomiso. Las autoridades y funcionarios de quienes el Ministerio Fiscal recabase su colaboración vendrán obligadas a prestarla bajo apercibimiento de incurrir en un delito de desobediencia, salvo que las normas que regulen su actividad dispongan otra cosa o fijen límites o restricciones que deban ser atendidos, en cuyo caso trasladarán al fiscal los motivos de su decisión. 2. Cuando el fiscal considere necesario llevar a cabo alguna diligencia de investigación que deba ser autorizada judicialmente, presentará la solicitud al juez o tribunal que hubiera conocido el procedimiento de decomiso. 3. Asimismo, el Ministerio Fiscal podrá dirigirse a las entidades financieras, organismos y registros públicos y personas físicas o jurídicas para que faciliten, en el marco de su normativa específica, la relación de bienes o derechos del ejecutado de los que tengan constancia. [ignorar]Artículo 803 ter r. Recursos y revisión de la sentencia firme. 1. Son aplicables en el procedimiento de decomiso autónomo las normas reguladoras de los recursos aplicables al proceso penal abreviado. 2. Son aplicables al procedimiento de decomiso autónomo las normas reguladoras de la revisión de sentencias firmes. [ignorar]Artículo 803 ter s. Incomparecencia del encausado rebelde y del tercero afectado. La incomparecencia del encausado rebelde y del tercero afectado en el procedimiento de decomiso autónomo se regirá por lo dispuesto en el artículo 803 ter d. [ignorar]Artículo 803 ter t. Acumulación de solicitud de decomiso contra el encausado rebelde o persona con la capacidad modificada judicialmente en la causa seguida contra otro encausado. En el supuesto en que la causa seguida contra el encausado rebelde o persona con la capacidad modificada judicialmente continúe para el enjuiciamiento de uno o más encausados, podrá acumularse en la misma causa la acción de decomiso autónomo contra los primeros. [ignorar]Artículo 803 ter u. Presentación de nueva solicitud de decomiso. El Ministerio Fiscal podrá solicitar al juez o tribunal que dicte una nueva orden de decomiso cuando: a) se descubra la existencia de bienes, efectos o ganancias a los que deba extenderse el decomiso pero de cuya existencia o titularidad no se hubiera tenido conocimiento cuando se inició el procedimiento de decomiso, y b) no se haya resuelto anteriormente sobre la procedencia del decomiso de los mismos.» Once. Se introduce un nuevo artículo 846 ter con el siguiente contenido: «1. Los autos que supongan la finalización del proceso por falta de jurisdicción o sobreseimiento libre y las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales o la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en primera instancia son recurribles en apelación ante las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia de su territorio y ante la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, respectivamente, que resolverán las apelaciones en sentencia. 2. La Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia y la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional se constituirán con tres magistrados para el conocimiento de los recursos de apelación previstos en el apartado anterior. 3. Los recursos de apelación contra las resoluciones previstas en el apartado 1 de este artículo se regirán por lo dispuesto en los artículos 790, 791 y 792 de esta ley, si bien las referencias efectuadas a los Juzgados de lo Penal se entenderán realizadas al órgano que haya dictado la resolución recurrida y las referencias a las Audiencias al que sea competente para el conocimiento del recurso.» Doce. Se modifica el artículo 847, que queda redactado del siguiente modo: «1. Procede recurso de casación: a) Por infracción de ley y por quebrantamiento de forma contra: 1.º Las sentencias dictadas en única instancia o en apelación por la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia. 2.º Las sentencias dictadas por la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional. b) Por infracción de ley del motivo previsto en el número 1.º del artículo 849 contra las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. 2. Quedan exceptuadas aquellas que se limiten a declarar la nulidad de las sentencias recaídas en primera instancia.» Trece. Se modifica el artículo 848, que quedará redactado del siguiente modo: «Podrán ser recurridos en casación, únicamente por infracción de ley, los autos para los que la ley autorice dicho recurso de modo expreso y los autos definitivos dictados en primera instancia y en apelación por las Audiencias Provinciales o por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional cuando supongan la finalización del proceso por falta de jurisdicción o sobreseimiento libre y la causa se haya dirigido contra el encausado mediante una resolución judicial que suponga una imputación fundada.» Catorce. Se adiciona un párrafo segundo en el artículo 889, que queda redactado en los siguientes términos: [ignorar]«Artículo 889. Para denegar la admisión del recurso será necesario que el acuerdo se adopte por unanimidad. La inadmisión a trámite del recurso de casación en el supuesto previsto en el artículo 847.1.b) podrá acordarse por providencia sucintamente motivada siempre que haya unanimidad por carencia de interés casacional.» Quince. Se modifica el artículo 954, que queda redactado en los siguientes términos: «1. Se podrá solicitar la revisión de las sentencias firmes en los casos siguientes: a) Cuando haya sido condenada una persona en sentencia penal firme que haya valorado como prueba un documento o testimonio declarados después falsos, la confesión del encausado arrancada por violencia o coacción o cualquier otro hecho punible ejecutado por un tercero, siempre que tales extremos resulten declarados por sentencia firme en procedimiento penal seguido al efecto. No será exigible la sentencia condenatoria cuando el proceso penal iniciado a tal fin sea archivado por prescripción, rebeldía, fallecimiento del encausado u otra causa que no suponga una valoración de fondo. b) Cuando haya recaído sentencia penal firme condenando por el delito de prevaricación a alguno de los magistrados o jueces intervinientes en virtud de alguna resolución recaída en el proceso en el que recayera la sentencia cuya revisión se pretende, sin la que el fallo hubiera sido distinto. c) Cuando sobre el mismo hecho y encausado hayan recaído dos sentencias firmes. d) Cuando después de la sentencia sobrevenga el conocimiento de hechos o elementos de prueba, que, de haber sido aportados, hubieran determinado la absolución o una condena menos grave. e) Cuando, resuelta una cuestión prejudicial por un tribunal penal, se dicte con posterioridad sentencia firme por el tribunal no penal competente para la resolución de la cuestión que resulte contradictoria con la sentencia penal. 2. Será motivo de revisión de la sentencia firme de decomiso autónomo la contradicción entre los hechos declarados probados en la misma y los declarados probados en la sentencia firme penal que, en su caso, se dicte. 3. Se podrá solicitar la revisión de una resolución judicial firme cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que dicha resolución fue dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y sus Protocolos, siempre que la violación, por su naturaleza y gravedad, entrañe efectos que persistan y no puedan cesar de ningún otro modo que no sea mediante esta revisión. En este supuesto, la revisión sólo podrá ser solicitada por quien, estando legitimado para interponer este recurso, hubiera sido demandante ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La solicitud deberá formularse en el plazo de un año desde que adquiera firmeza la sentencia del referido Tribunal.» Dieciséis. Se modifica el apartado 1 del artículo 964, que queda redactado del siguiente modo: «1. En los supuestos no contemplados por el artículo 962, cuando la Policía Judicial tenga noticia de un hecho que presente los caracteres de algún delito leve, formará de manera inmediata el correspondiente atestado que remitirá sin dilación al Juzgado de guardia salvo para aquellos supuestos exceptuados en el artículo 284 de esta ley. Dicho atestado recogerá las diligencias practicadas, así como el ofrecimiento de acciones al ofendido o perjudicado, practicado conforme a los artículos 109, 110 y 967, y la designación, si disponen de ellos, de una dirección de correo electrónico y un número de teléfono a los que serán remitidas las comunicaciones y notificaciones que deban realizarse. Si no los pudieran facilitar o lo solicitaren expresamente, las notificaciones les serán remitidas por correo ordinario al domicilio que designen.» Diecisiete. Se adiciona un nuevo párrafo al artículo 985, que queda redactado del siguiente modo: [ignorar]«Artículo 985. La ejecución de las sentencias en causas por delito corresponde al Tribunal que haya dictado la que sea firme. La ejecución de las sentencias recaídas en el proceso por aceptación de decreto, cuando el delito sea leve, corresponde al juzgado que la hubiera dictado.» Dieciocho. Se incorpora una nueva disposición adicional quinta con la siguiente redacción: [ignorar]«Disposición adicional quinta. Oficina de Recuperación y Gestión de Activos. 1. La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos es el órgano administrativo al que corresponden las funciones de localización, recuperación, conservación, administración y realización de efectos procedentes de actividades delictivas en los términos previstos en la legislación penal y procesal. Cuando sea necesario para el desempeño de sus funciones y realización de sus fines, la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos podrá recabar la colaboración de cualesquiera entidades públicas y privadas, que estarán obligadas a prestarla de conformidad con su normativa específica. 2. Los recursos que se encomienden a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos con anterioridad a que se dicte resolución judicial firme de decomiso se podrán gestionar a través de la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales cuando se trate del dinero resultante del embargo o la realización anticipada de los efectos. Para los restantes bienes, en atención a las circunstancias, la Oficina podrá gestionarlos de cualquiera de las formas previstas en la legislación aplicable a las Administraciones Públicas. Los intereses del dinero y los rendimientos y frutos de los bienes se destinarán a satisfacer los costes de gestión, incluyendo los que correspondan a la Oficina; la cantidad restante se conservará a resultas de lo que se disponga mediante resolución judicial firme de decomiso. Cuando recaiga resolución judicial firme de decomiso, los recursos obtenidos serán objeto de realización y la cantidad obtenida se aplicará en la forma prevista en el artículo 367 quinquies de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La cantidad restante, así como el producto obtenido por la gestión de los bienes durante el proceso, se transferirá al Tesoro como ingreso de derecho público, del que una vez deducidos los gastos de funcionamiento y gestión de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, dotados en el Presupuesto del Ministerio de Justicia, se afecta hasta un 50 por ciento a la satisfacción de los fines señalados en el apartado siguiente. Estos ingresos generarán crédito en el presupuesto del Ministerio de Justicia, de acuerdo con lo establecido en la Ley General Presupuestaria. Los costes de gestión y los gastos previstos en los párrafos anteriores podrán estimarse de la forma en que se determine reglamentariamente. 3. Son fines propios de los recursos obtenidos por la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos como consecuencia de las resoluciones judiciales de decomiso los siguientes: a) el apoyo a programas de atención a víctimas del delito, incluido el impulso y dotación de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, b) el apoyo a los programas sociales orientados a la prevención del delito y el tratamiento del delincuente, c) la intensificación y mejora de las actuaciones de prevención, investigación, persecución y represión de delitos, d) la cooperación internacional en la lucha contra las formas graves de criminalidad, e) y los que puedan determinarse reglamentariamente. 4. En la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año se determinará el porcentaje objeto de afectación a los fines señalados en esta disposición. Los criterios para la distribución de los recursos afectados serán fijados anualmente mediante acuerdo del Consejo de Ministros.» Diecinueve. Se incorpora una nueva disposición adicional sexta con la siguiente redacción: [ignorar]«Disposición adicional sexta. Procedimiento. Sin perjuicio de lo establecido para los procesos especiales, los delitos que alternativa o conjuntamente estén castigados con una pena leve y otra menos grave se sustanciarán por el procedimiento abreviado o, en su caso, por el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos o por el proceso por aceptación de decreto.» Disposición adicional única. Previsión de costes. Las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de dotaciones de personal, ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal. Disposición transitoria única. Legislación aplicable. 1. Esta ley se aplicará a los procedimientos penales incoados con posterioridad a su entrada en vigor. 2. El artículo 954 se aplicará también a las sentencias que adquieran firmeza tras su entrada en vigor. El supuesto previsto en el apartado 3 del artículo 954 se aplicará a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que adquieran firmeza tras su entrada en vigor. 3. El artículo 324 se aplicará a los procedimientos que se hallen en tramitación a la entrada en vigor de esta ley. A tales efectos, se considerará el día de entrada en vigor como día inicial para el cómputo de los plazos máximos de instrucción que se fijan en la presente ley. Disposición derogatoria única. Derogación de normas. Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta ley. Disposición final primera. Modificación de la Ley Hipotecaria. Se modifica el párrafo séptimo del artículo 20 de la Ley Hipotecaria, que queda redactado en los siguientes términos: «No podrá tomarse anotación de demanda, embargo o prohibición de disponer, ni cualquier otra prevista en la ley, si el titular registral es persona distinta de aquella contra la cual se ha dirigido el procedimiento. En los procedimientos criminales y en los de decomiso podrá tomarse anotación de embargo preventivo o de prohibición de disponer de los bienes, como medida cautelar, cuando a juicio del juez o tribunal existan indicios racionales de que el verdadero titular de los mismos es el encausado, haciéndolo constar así en el mandamiento.» Disposición final segunda. Título competencial. Esta ley se dicta al amparo de la competencia que al Estado atribuye en exclusiva el artículo 149.1.6.ª de la Constitución Española en materia de legislación procesal. La disposición final primera se dicta al amparo de las competencias exclusivas del artículo 149.1.8.ª de la Constitución Española en materia ordenación de los registros e instrumentos públicos. Disposición final tercera. Incorporación de Derecho de la Unión Europea. Mediante esta ley se incorpora al Derecho español la Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea. Disposición final cuarta. Entrada en vigor. La presente ley entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley. [ignorar]Madrid, 5 de octubre de 2015. FELIPE R. El Presidente del Gobierno, MARIANO RAJOY BREY

Deloitte se encargará de la auditoría de las cuentas del Servicio Vasco de Salud por importe total de 192.000,00 (sin IVA).

FELIPE VI REY DE ESPAÑA A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley: PREÁMBULO I La propuesta de Código Procesal Penal presentada por la Comisión Institucional para la elaboración de un texto articulado de Ley de Enjuiciamiento Criminal, constituida por Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 2012, actualmente sometido a información pública y debate, plantea un cambio radical del sistema de justicia penal cuya implantación requiere un amplio consenso. En tanto dicho debate se mantiene, en la confianza de encontrar el máximo concierto posible sobre el nuevo modelo procesal penal, resulta preciso afrontar de inmediato ciertas cuestiones que no pueden aguardar a ser resueltas con la promulgación del nuevo texto normativo que sustituya a la más que centenaria Ley de Enjuiciamiento Criminal. En esta ley se regularán las cuestiones que no requieren desarrollo mediante ley orgánica, que tendrán una regulación paralela en una norma con dicho rango, y que son las siguientes: a) la necesidad de establecer disposiciones eficaces de agilización de la justicia penal con el fin de evitar dilaciones indebidas, b) la previsión de un procedimiento de decomiso autónomo, c) la instauración general de la segunda instancia, d) la ampliación del recurso de casación y e) la reforma del recurso extraordinario de revisión. II Existen ciertas medidas, de sencilla implantación, que permiten evitar dilaciones innecesarias, sin merma alguna de los derechos de las partes: a) la modificación de las reglas de conexidad y su aplicación al determinar la competencia de los tribunales; b) la reforma del régimen de remisión por la Policía Judicial a los juzgados y al Ministerio Fiscal de los atestados relativos a delitos sin autor conocido; c) la fijación de plazos máximos para la instrucción; y d) la regulación de un procedimiento monitorio penal. La reforma de las reglas de conexidad supone una racionalización de los criterios de conformación del objeto del proceso, con el fin de que tengan el contenido más adecuado para su rápida y eficaz sustanciación. Con ello se pretende evitar el automatismo en la acumulación de causas y la elefantiasis procesal que se pone de manifiesto en los denominados macroprocesos. La acumulación por conexión solo tiene sentido si concurren ciertas circunstancias tasadas que se expresan en el artículo 17.1 y 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando el conocimiento de los asuntos por separado no resulte más aconsejable. Esta valoración de la concurrencia de las reglas y condiciones de conexidad corresponde en exclusiva al juez instructor. La novedad de la reforma consiste en establecer que la simple analogía o relación entre sí no constituye una causa de conexión y solo se justifica la acumulación cuando, a instancia del Ministerio Fiscal, en su condición de defensor de la legalidad y del interés público, el juez lo considere más conveniente para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades procedentes, salvo que suponga excesiva complejidad o dilación para el proceso, y siempre que con ello no se altere la competencia. Así, además, se evitará el frecuente trasiego de causas entre distintos juzgados a la búsqueda del que deba conocer del asunto por una simple coincidencia de la persona a la que se atribuyen distintos delitos. También constituye una medida de agilización, sencilla de llevar a la práctica, la consistente en evitar el uso irracional de los recursos humanos y materiales de la Administración de Justicia para gestionar los atestados policiales sin autor conocido, pues dan lugar en los juzgados a innecesarias aperturas de diligencias que son de inmediato archivadas previo visto del Ministerio Fiscal. Se trata de un trabajo superfluo y perturbador. Para garantizar un adecuado control judicial basta con que dichos atestados sean conservados por la Policía Judicial a disposición de jueces y fiscales. No obstante, la remisión a la autoridad judicial será preceptiva en todo caso respecto a materias especialmente sensibles, como son los delitos contra la vida, contra la integridad física, contra la libertad e indemnidad sexuales o los delitos relacionados con la corrupción. Deberán también remitirse todos los atestados en los que, pasadas las primeras setenta y dos horas, la Policía Judicial practique cualquier diligencia tendente a la identificación del autor, siempre que arroje algún resultado. Se trata de garantizar que no habrá investigaciones autónomas de la policía, pero evitar también que todas las causas terminen recalando en los juzgados cuando no exista avance respecto de la situación inicial. Por otro lado, siguiendo la propuesta de la Comisión Institucional antes mencionada, para la finalización de la instrucción, se sustituye el exiguo e inoperante plazo de un mes del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por plazos máximos realistas cuyo transcurso sí provoca consecuencias procesales. Se distinguen los asuntos sencillos de los complejos, correspondiendo su calificación inicial al órgano instructor. Se prevé la posibilidad de la prórroga de estos últimos a instancia del Ministerio Fiscal, como garante de la legalidad ex artículo 124 de la Constitución, y en todo caso, oídas las partes personadas, y, para todos los supuestos, de una prórroga excepcional a instancia de cualquiera de las partes personadas y oídas las demás, con mucha flexibilidad, pero de forma que finalmente exista un límite temporal infranqueable en el que el sumario o las diligencias previas hayan de concluir y haya de adoptarse la decisión que proceda, bien la continuación del procedimiento ya en fase intermedia, bien el sobreseimiento de las actuaciones. Para la determinación de los plazos ordinarios de seis y de dieciocho meses, según se trate de un asunto sencillo o complejo, respectivamente, se ha tomado como referencia los plazos medios de duración de la instrucción, tal y como se reflejan en los estudios estadísticos judiciales y fiscales. Se trata, pu ### RESUMEN: Deloitte se encargará de la auditoría de las cuentas del Servicio Vasco de Salud por importe total de 192.000,00 (sin IVA).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2 de la Constitución, el Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, acordó convalidar el Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 241, de 4 de octubre de 2014. Se ordena la publicación para general conocimiento. Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2014.–El Presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada Moreno.

Convenio entre el Museo del Prado y El País: el periódico hace promoción gratis de las actividades del museo y, a cambio, tiene nueve visitas guiadas exclusivas (cerradas al público) para 20 personas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2 de la Constitución, el Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, acordó convalidar el Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 241, de 4 de octubre de 2014. Se ordena la publicación para general conocimiento. Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2014.–El Presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada Moreno. ### RESUMEN: Convenio entre el Museo del Prado y El País: el periódico hace promoción gratis de las actividades del museo y, a cambio, tiene nueve visitas guiadas exclusivas (cerradas al público) para 20 personas.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia. b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia. 2) Domicilio: Edificio CINC, Monte Gaiás, s/n. 3) Localidad y código postal: Santiago de Compostela, 15781. 4) Teléfono: 981 545 286. 5) Telefax: 981 545 274. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=20118. 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el último día de presentación de las proposiciones. d) Número de expediente: 1/2014. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicio. b) Descripción: Servicio de la Red de Telecomunicaciones Corporativa de la Xunta de Galicia: servicio de datos incluyendo malla troncal, red corporativa de acceso y conexión a Internet, mantenimiento de toda la infraestructura de comunicaciones y servicio de telefonía fija y móvil. c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sí, 3. e) Plazo de ejecución/entrega: El plazo de ejecución para la prestación del servicio objeto del presente contrato será de tres años a contar a partir de la finalización del plazo de implantación. Antes de su finalización, este contrato se podrá prorrogar por mutuo acuerdo de las partes por un plazo igual o inferior al fijado originariamente. f) Admisión de prórroga: Sí. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. d) Criterios de adjudicación: Los señalados en el apartado K de la hoja de especificaciones del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 32.437.704,00 euros. Importe total: 39.249.621,84 euros, distribuyéndose en las siguientes anualidades según los lotes: Lote 1: Red corporativa multiservicio: 2014: 3.399.856,00 euros + IVA (713.969,76 euros) = 4.113.825,76; 2015: 6.852.096,00 euros + IVA (1.438.940,16 euros) = 8.291.036,16 euros; 2016: 6.733.580,00 euros + IVA (1.414.051,80 euros) = 8.147.631,80 euros; 2017: 3.300.562,00 euros + IVA (693.118,02 euros) = 3.993.680,02 euros; Total: 20.286.094,00 euros + IVA (4.260.079,74 euros) = 24.546.173,74 euros. Lote 2: Servicio corporativo de telefonía fija: 2014: 1.147.506,00 euros + IVA (240.976,26 euros) = 1.388.482,26 euros; 2015: 2.386.812,00 euros + IVA (501.230,52 euros) = 2.888.042,52 euros; 2016: 2.482.283,00 euros + IVA (521.279,43 euros) = 3.003.562,43 euros; 2017: 1.290.787,00 euros + IVA (271.065,27 euros) = 1.561.852,27 euros; Total: 7.307.388,00 euros + IVA (1.534.551,48 euros) = 8.841.939,48 euros. Lote 3: Servicio corporativo de telefonía móvil: 2014: 760.705,00 euros + IVA (159.748,05 euros) = 920.453,05 euros; 2015: 1.582.268,00 euros + IVA (332.276,28 euros) = 1.914.544,28 euros; 2016: 1.645.558,00 euros + IVA (345.567,18 euros) = 1.991.125,18 euros; 2017: 855.691,00 euros + IVA (179.695,11 euros) = 1.035.386,11 euros; Total: 4.844.222,00 euros + IVA (1.017.286,62 euros) = 5.861.508,62. 6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige. 7. Requisitos específicos del contratista: b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Véase el apartado N) del Pliego de Cláusulas Administrativa Particulares. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 7 de abril de 2014. b) Modalidad de presentación: La indicada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Registro de la Amtega. 2) Domicilio: Edificio CINC, Monte Gaiás, s/n. 3) Localidad y código postal: Santiago de Compostela, 15781. e) Admisión de variantes: No se admiten. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: El lugar, día y hora de apertura de la documentación relativa a los sobres B y C se indicará en el perfil del contratante. b) Dirección: El lugar de apertura de la documentación relativa a los sobres B y C se indicará en el perfil del contratante. c) Localidad y código postal: El lugar de apertura de la documentación relativa a los sobres B y C se indicará en el perfil del contratante. d) Fecha y hora: El día y hora de apertura de la documentación relativa a los sobres B y C se indicará en el perfil del contratante. 10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 7 de marzo de 2014. 12. Otras informaciones: Cuando la proposición se envíe por correo, deberá cumplirse lo establecido en el apartado 11 de las disposiciones generales del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Santiago de Compostela, 7 de marzo de 2014.- Directora de la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia. Fdo.: Mar Pereira Álvarez.

La policía nacional gastará hasta 493.680,00 euros por la compra de un camión lanzaagua antidisturbios

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia. b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia. 2) Domicilio: Edificio CINC, Monte Gaiás, s/n. 3) Localidad y código postal: Santiago de Compostela, 15781. 4) Teléfono: 981 545 286. 5) Telefax: 981 545 274. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=20118. 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el último día de presentación de las proposiciones. d) Número de expediente: 1/2014. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicio. b) Descripción: Servicio de la Red de Telecomunicaciones Corporativa de la Xunta de Galicia: servicio de datos incluyendo malla troncal, red corporativa de acceso y conexión a Internet, mantenimiento de toda la infraestructura de comunicaciones y servicio de telefonía fija y móvil. c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sí, 3. e) Plazo de ejecución/entrega: El plazo de ejecución para la prestación del servicio objeto del presente contrato será de tres años a contar a partir de la finalización del plazo de implantación. Antes de su finalización, este contrato se podrá prorrogar por mutuo acuerdo de las partes por un plazo igual o inferior al fijado originariamente. f) Admisión de prórroga: Sí. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. d) Criterios de adjudicación: Los señalados en el apartado K de la hoja de especificaciones del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 32.437.704,00 euros. Importe total: 39.249.621,84 euros, distribuyéndose en las siguientes anualidades según los lotes: Lote 1: Red corporativa multiservicio: 2014: 3.399.856,00 euros + IVA (713.969,76 euros) = 4.113.825,76; 2015: 6.852.096,00 euros + IVA (1.438.940,16 euros) = 8.291.036,16 euros; 2016: 6.733.580,00 euros + IVA (1.414.051,80 euros) = 8.147.631,80 euros; 2017: 3.300.562,00 euros + IVA (693.118,02 euros) = 3.993.680,02 euros; Total: 20.286.094,00 euros + IVA (4.260.079,74 euros) = 24.546.173,74 euros. Lote 2: Servicio corporativo de telefonía fija: 2014: 1.147.506,00 euros + IVA (240.976,26 euros) = 1.388.482,26 euros; 2015: 2.386.812,00 euros + IVA (501.230,52 euros) = 2.888.042,52 euros; 2016: 2.482.283,00 euros + IVA (521.279,43 euros) = 3.003.562,43 euros; 2017: 1.290.787,00 euros + IVA (271.065,27 euros) = 1.561.852,27 euros; Total: 7.307.388,00 euros + IVA (1.534.551,48 euros) = 8.841.939,48 euros. Lote 3: Servicio corporativo de telefonía móvil: 2014: 760.705,00 euros + IVA (159.748,05 euros) = 920.453,05 euros; 2015: 1.582.268,00 euros + IVA (332.276,28 euros) = 1.914.544,28 euros; 2016: 1.645.558,00 euros + IVA (345.567,18 euros) = 1.991.125,18 euros; 2017: 855.691,00 euros + IVA (179.695,11 euros) = 1.035.386,11 euros; Total: 4.844.222,00 euros + IVA (1.017.286,62 euros) = 5.861.508,62. 6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige. 7. Requisitos específicos del contratista: b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Véase el apartado N) del Pliego de Cláusulas Administrativa Particulares. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 7 de abril de 2014. b) Modalidad de presentación: La indicada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Registro de la Amtega. 2) Domicilio: Edificio CINC, Monte Gaiás, s/n. 3) Localidad y código postal: Santiago de Compostela, 15781. e) Admisión de variantes: No se admiten. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: El lugar, día y hora de apertura de la documentación relativa a los sobres B y C se indicará en el perfil del contratante. b) Dirección: El lugar de apertura de la documentación relativa a los sobres B y C se indicará en el perfil del contratante. c) Localidad y código postal: El lugar de apertura de la documentación relativa a los sobres B y C se indicará en el perfil del contratante. d) Fecha y hora: El día y hora de apertura de la documentación relativa a los sobres B y C se indicará en el perfil del contratante. 10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 7 de marzo de 2014. 12. Otras informaciones: Cuando la proposición se envíe por correo, deberá cumplirse lo establecido en el apartado 11 de las disposiciones generales del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Santiago de Compostela, 7 de marzo de 2014.- Directora de la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia. Fdo.: Mar Pereira Álvarez. ### RESUMEN: La policía nacional gastará hasta 493.680,00 euros por la compra de un camión lanzaagua antidisturbios

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía). b) Dependencia que tramita el expediente: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía). c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía). 2) Domicilio: Julián González Segador, 2. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28043, España. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondel estado.es. 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta las 14:00 horas del 17 de enero de 2014. d) Número de expediente: 001/14/AU/02. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Suministros. b) Descripción: Adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección General de la Policía. i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34114200 (Automóviles de policía). 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 408.000,00 euros. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 408.000,00 euros. Importe total: 493.680,00 euros. 6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5. 7. Requisitos específicos del contratista: b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según apartado 7 del Cuadro de Características del Pliego de Claúsulas Administrativas Particulares. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: hasta las 12:00 horas del 20 de enero de 2014. b) Modalidad de presentación: Manual. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía). 2) Domicilio: Julián González Segador, 2. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28043, España. e) Admisión de variantes: No. f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Apertura sobre oferta económica. b) Dirección: C/ Julián González Segador, n.º 2 (División Económica y Técnica (2.ª planta)). c) Localidad y código postal: Madrid, 28043, España. d) Fecha y hora: 6 de febrero de 2014 a las 10:00. Madrid, 10 de diciembre de 2013.- El Jefe de la División Económica y Técnica de la Dirección General de la Policía.

Los agentes deben enseñar su carné profesional a los ciudadanos que se lo reclamen.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía). b) Dependencia que tramita el expediente: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía). c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía). 2) Domicilio: Julián González Segador, 2. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28043, España. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondel estado.es. 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta las 14:00 horas del 17 de enero de 2014. d) Número de expediente: 001/14/AU/02. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Suministros. b) Descripción: Adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección General de la Policía. i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34114200 (Automóviles de policía). 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 408.000,00 euros. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 408.000,00 euros. Importe total: 493.680,00 euros. 6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5. 7. Requisitos específicos del contratista: b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según apartado 7 del Cuadro de Características del Pliego de Claúsulas Administrativas Particulares. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: hasta las 12:00 horas del 20 de enero de 2014. b) Modalidad de presentación: Manual. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía). 2) Domicilio: Julián González Segador, 2. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28043, España. e) Admisión de variantes: No. f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Apertura sobre oferta económica. b) Dirección: C/ Julián González Segador, n.º 2 (División Económica y Técnica (2.ª planta)). c) Localidad y código postal: Madrid, 28043, España. d) Fecha y hora: 6 de febrero de 2014 a las 10:00. Madrid, 10 de diciembre de 2013.- El Jefe de la División Económica y Técnica de la Dirección General de la Policía. ### RESUMEN: Los agentes deben enseñar su carné profesional a los ciudadanos que se lo reclamen.

De conformidad con lo previsto en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, este ministerio, en nombre de S.M. el Rey, ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Areny a favor de don Pedro Alfonso Méndez de Vigo y Montojo, por fallecimiento de su madre, doña Paloma Montojo y de Icaza. Madrid, 14 de julio de 2020.–El Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo Moreno.

Nobles del país, estáis convocados el próximo 24 de marzo.

De conformidad con lo previsto en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, este ministerio, en nombre de S.M. el Rey, ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Areny a favor de don Pedro Alfonso Méndez de Vigo y Montojo, por fallecimiento de su madre, doña Paloma Montojo y de Icaza. Madrid, 14 de julio de 2020.–El Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo Moreno. ### RESUMEN: Nobles del país, estáis convocados el próximo 24 de marzo.

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6º de los Estatutos de la Diputación Permanente y Consejo de la Grandeza de España, aprobados el 8 de octubre de 1999, se convoca a los Excelentísimos e Ilustrísimos Señores Grandes y Títulos del Reino a la Asamblea Ordinaria que se celebrará con la Venia de Su Majestad el Rey (q. D. g.) el día 24 de marzo de 2015 a las 19 horas en el salón de actos de la Fundación Ramón Areces, calle Vitruvio, número 5, de Madrid, con arreglo al siguiente Orden del día: Primero.- Lectura de la convocatoria y relación de Grandes y Títulos del Reino presentes y representados. Segundo.- Palabras del Sr. Decano, con motivo de la presentación y aprobación, en su caso, de la Memoria y gestión del ejercicio 2014. Tercero.- Presentación y aprobación, en su caso, del estado de cuentas del año 2014 y presupuesto para el 2015. Cuarto.- Ruegos y preguntas. Quinto.- Aprobación, en su caso, del Acta de la Asamblea. Madrid, 5 de enero de 2015.- Vº. B.º el Decano, el Duque de Híjar. V.º B.º El Secretario, el Marqués de Valtierra.

Cambio el plazo para presentar la memoria de las ayudas para la formación de profesorado universitario (FPU).

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6º de los Estatutos de la Diputación Permanente y Consejo de la Grandeza de España, aprobados el 8 de octubre de 1999, se convoca a los Excelentísimos e Ilustrísimos Señores Grandes y Títulos del Reino a la Asamblea Ordinaria que se celebrará con la Venia de Su Majestad el Rey (q. D. g.) el día 24 de marzo de 2015 a las 19 horas en el salón de actos de la Fundación Ramón Areces, calle Vitruvio, número 5, de Madrid, con arreglo al siguiente Orden del día: Primero.- Lectura de la convocatoria y relación de Grandes y Títulos del Reino presentes y representados. Segundo.- Palabras del Sr. Decano, con motivo de la presentación y aprobación, en su caso, de la Memoria y gestión del ejercicio 2014. Tercero.- Presentación y aprobación, en su caso, del estado de cuentas del año 2014 y presupuesto para el 2015. Cuarto.- Ruegos y preguntas. Quinto.- Aprobación, en su caso, del Acta de la Asamblea. Madrid, 5 de enero de 2015.- Vº. B.º el Decano, el Duque de Híjar. V.º B.º El Secretario, el Marqués de Valtierra. ### RESUMEN: Cambio el plazo para presentar la memoria de las ayudas para la formación de profesorado universitario (FPU).

DEPARTAMENTO 2.º Por el presente se hace público, para dar cumplimiento a lo acordado por la Excma. Sra. Consejera de Cuentas del Departamento Segundo de Enjuiciamiento, en Providencia de fecha 24 de septiembre de 2015, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance n.º B-68/15 de Comunidades Autónomas (Consejería de Empleo. Gastos de Gestión/Administración -comisiones- abonados a intermediarios en la contratación de pólizas de seguros colectivos de prima única), Andalucía, que en este Tribunal se sigue procedimiento por un presunto alcance en los fondos públicos de la Junta de Andalucía por importe de sesenta y cuatro millones trescientos sesenta y dos mil ochocientos dieciocho euros con cuarenta y dos céntimos (64.362.818,42 €). Lo que se hace público con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos, personándose en forma, dentro del plazo de los nueve días siguientes a la publicación de este Edicto. Madrid, 24 de septiembre de 2015.- El Secretario, Jaime Vegas Torres.

La Federación de Asociaciones de Profesionales de Terapias Naturales se disuelve.

DEPARTAMENTO 2.º Por el presente se hace público, para dar cumplimiento a lo acordado por la Excma. Sra. Consejera de Cuentas del Departamento Segundo de Enjuiciamiento, en Providencia de fecha 24 de septiembre de 2015, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance n.º B-68/15 de Comunidades Autónomas (Consejería de Empleo. Gastos de Gestión/Administración -comisiones- abonados a intermediarios en la contratación de pólizas de seguros colectivos de prima única), Andalucía, que en este Tribunal se sigue procedimiento por un presunto alcance en los fondos públicos de la Junta de Andalucía por importe de sesenta y cuatro millones trescientos sesenta y dos mil ochocientos dieciocho euros con cuarenta y dos céntimos (64.362.818,42 €). Lo que se hace público con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos, personándose en forma, dentro del plazo de los nueve días siguientes a la publicación de este Edicto. Madrid, 24 de septiembre de 2015.- El Secretario, Jaime Vegas Torres. ### RESUMEN: La Federación de Asociaciones de Profesionales de Terapias Naturales se disuelve.

Ha sido admitido el depósito de la disolución de la mencionada federación al comprobarse que reúne los requisitos previstos en la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre Regulación del Derecho de Asociación Sindical (Boletín Oficial del Estado de 4 de abril de 1977) y el Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, sobre depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales (Boletín Oficial del Estado de 20 de junio de 2015). La solicitud de depósito fue formulada por D.ª Francesca Simeón Roig mediante escrito tramitado con el número de entrada 99/2017/001225. La sesión extraordinaria del Consejo Federal celebrada el 19 de junio de 2017 adoptó por unanimidad el acuerdo de disolver la federación, y como consecuencia, esta pierde su personalidad jurídica. El acta aparece suscrita por D.ª M.ª Inmaculada Guerra Marín como Secretaria y representante de APTNE, D.ª Ana María Pau Alcaraz como Vicepresidenta y Tesorera con el visto bueno de la Presidenta D.ª Francesca Simeón Roig, y por los representantes de APKTFHE D. Juan José Palomino y del Gremio Centros de Formación en TN D. Pablo Jesús López. Se dispone la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado y su exposición en el tablón de anuncios, a fin de dar publicidad a la admisión efectuada. Cualquier interesado podrá examinar el documento depositado y solicitar copia del mismo en este Centro directivo, siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, conforme a lo dispuesto en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social (Boletín Oficial del Estado de 11 de octubre de 2011). Madrid, 27 de junio de 2017.- El Director general, P.D. (Orden ESS/619/2012, de 22 de marzo), el Subdirector general de Programación y Actuación Administrativa, Juan Manuel Gutiérrez Hurtado.

Nuevas tarifas del precio del gas.

Ha sido admitido el depósito de la disolución de la mencionada federación al comprobarse que reúne los requisitos previstos en la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre Regulación del Derecho de Asociación Sindical (Boletín Oficial del Estado de 4 de abril de 1977) y el Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, sobre depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales (Boletín Oficial del Estado de 20 de junio de 2015). La solicitud de depósito fue formulada por D.ª Francesca Simeón Roig mediante escrito tramitado con el número de entrada 99/2017/001225. La sesión extraordinaria del Consejo Federal celebrada el 19 de junio de 2017 adoptó por unanimidad el acuerdo de disolver la federación, y como consecuencia, esta pierde su personalidad jurídica. El acta aparece suscrita por D.ª M.ª Inmaculada Guerra Marín como Secretaria y representante de APTNE, D.ª Ana María Pau Alcaraz como Vicepresidenta y Tesorera con el visto bueno de la Presidenta D.ª Francesca Simeón Roig, y por los representantes de APKTFHE D. Juan José Palomino y del Gremio Centros de Formación en TN D. Pablo Jesús López. Se dispone la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado y su exposición en el tablón de anuncios, a fin de dar publicidad a la admisión efectuada. Cualquier interesado podrá examinar el documento depositado y solicitar copia del mismo en este Centro directivo, siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, conforme a lo dispuesto en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social (Boletín Oficial del Estado de 11 de octubre de 2011). Madrid, 27 de junio de 2017.- El Director general, P.D. (Orden ESS/619/2012, de 22 de marzo), el Subdirector general de Programación y Actuación Administrativa, Juan Manuel Gutiérrez Hurtado. ### RESUMEN: Nuevas tarifas del precio del gas.

El artículo 94 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, establece que previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, el Ministro de Industria, Energía y Turismo podrá dictar las disposiciones necesarias para el establecimiento de las tarifas de venta de los gases licuados del petróleo por canalización para los consumidores finales, así como los precios de cesión de gas natural y de gases licuados del petróleo para los distribuidores de gases combustibles por canalización, estableciendo los valores concretos de dichas tarifas y precios o un sistema de determinación y actualización automática de las mismas. Por otra parte, el artículo 12.1 de la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de Reformas para el Impulso a la Productividad, establece que mediante orden ministerial, previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, se dictarán las disposiciones necesarias para el establecimiento de las tarifas de venta del gas natural, gases manufacturados y gases licuados del petróleo por canalización para los consumidores finales, así como los precios de cesión de gas natural y de gases licuados del petróleo para los distribuidores de gases combustibles por canalización, estableciendo los valores concretos de dichas tarifas y precios o un sistema de determinación y actualización automática de las mismas. Las tarifas de venta a los usuarios serán únicas para todo el territorio nacional, sin perjuicio de sus especialidades. Ya anteriormente, la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 16 de julio de 1998, por la que se actualizan los costes de comercialización del sistema de determinación automática de precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo, y se liberalizan determinados suministros, había establecido el sistema de determinación automática de los precios máximos aplicables a los suministros de los gases licuados del petróleo, y en particular al suministro por canalización. El apartado Octavo de dicha orden, establece que la Dirección General de Política Energética y Minas efectuará los cálculos para la aplicación del sistema establecido y dictará las resoluciones correspondientes de determinación de los precios máximos que se publicaran en el «Boletín Oficial del Estado» y entrarán en vigor el tercer martes de cada mes. Finalmente, el apartado Primero.2 de la Orden ITC/3292/2008, de 14 de noviembre, por la que se modifica el sistema de determinación automática de las tarifas de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización, que modificó parcialmente la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 16 de julio de 1998, establece que los costes de comercialización se revisarán anualmente en el mes de julio de cada año. De acuerdo con lo anterior y en uso de la competencia que le atribuye el apartado octavo de la referida Orden del Ministerio de Industria y Energía de 16 de julio de 1998, esta Dirección General de Política Energética y Minas, resuelve: Primero. Desde las cero horas del día 15 de abril de 2014, los precios de venta antes de impuestos, de aplicación a los suministros de gases licuados del petróleo según modalidad de suministro serán los que se indican a continuación: 1. Gases licuados del petróleo por canalización a usuarios finales: – Término fijo: 1,58 euros/mes. – Término variable: 97,4615 cents/kg. 2. Gases licuados del petróleo (GLP) a granel a empresas distribuidoras de GLP por canalización: 82,8194 cents/kg. Segundo. Los precios establecidos en los apartados anteriores no incluyen los siguientes impuestos vigentes: – Península e Islas Baleares: Impuesto sobre Hidrocarburos e Impuesto sobre el Valor Añadido. – Archipiélago Canario: Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo e Impuesto General Indirecto Canario. – Ciudades de Ceuta y Melilla: Impuesto sobre la producción, los servicios, la importación y el gravamen complementario sobre carburantes y combustibles petrolíferos. Tercero. En los cálculos de los precios establecidos en el apartado segundo se han tenido en cuenta las siguientes cotizaciones o resultados intermedios: Cotización internacional materia prima ($/Tm): propano = 761,25, butano = 818,5. Media del flete bajo y alto ($/Tm): 78. Media mensual del cambio dólar/euro: 1,382252. Asimismo, se han tenido en cuenta los nuevos costes de comercialización que se establecieron en la resolución de 8 de julio de 2013, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización. Cuarto. Los precios para los suministros de los gases licuados del petróleo señalados en la presente resolución se aplicarán a los suministros pendientes de ejecución el día 15 de abril de 2014, aunque los pedidos correspondientes tengan fecha anterior. A estos efectos, se entienden por suministros pendientes de ejecución, aquellos que aún no se hayan realizado o se encuentren en fase de realización a las cero horas del día 15 de abril de 2014. Quinto. Las facturaciones de los consumos correspondientes a los suministros de gases licuados del petróleo por canalización medidos por contador, relativas al período que incluya la fecha del 15 de abril de 2014, o en su caso del día a partir del cual produzcan efectos o entren en vigor otras resoluciones u órdenes anteriores o posteriores relativas al mismo período de facturación, se calcularán repartiendo proporcionalmente el consumo total correspondiente al período facturado a los días anteriores y posteriores a cada una de dichas fechas, aplicando a los consumos resultantes del reparto los precios que correspondan a las distintas resoluciones u órdenes aplicables. Sexto. Las empresas distribuidoras de gases licuados del petróleo por canalización, adoptarán las medidas necesarias para la determinación de los consumos periódicos efectuados por cada uno de sus clientes, a efectos de proceder a la correcta aplicación de los precios de gases licuados del petróleo por canalización a que se refiere la presente resolución. Séptimo. Contra la presente resolución, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 14.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, puede interponerse recurso de alzada ante el Secretario de Estado de Energía en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación. Madrid, 8 de abril de 2014.–El Director General de Política Energética y Minas, Jaime Suárez Pérez-Lucas.

El nuevo meneo de los canales de la Televisión Digital Terrestre (TDT) se llevará a cabo el 26 de octubre entre las 2 y las 6 de la madrugada.

El artículo 94 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, establece que previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, el Ministro de Industria, Energía y Turismo podrá dictar las disposiciones necesarias para el establecimiento de las tarifas de venta de los gases licuados del petróleo por canalización para los consumidores finales, así como los precios de cesión de gas natural y de gases licuados del petróleo para los distribuidores de gases combustibles por canalización, estableciendo los valores concretos de dichas tarifas y precios o un sistema de determinación y actualización automática de las mismas. Por otra parte, el artículo 12.1 de la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de Reformas para el Impulso a la Productividad, establece que mediante orden ministerial, previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, se dictarán las disposiciones necesarias para el establecimiento de las tarifas de venta del gas natural, gases manufacturados y gases licuados del petróleo por canalización para los consumidores finales, así como los precios de cesión de gas natural y de gases licuados del petróleo para los distribuidores de gases combustibles por canalización, estableciendo los valores concretos de dichas tarifas y precios o un sistema de determinación y actualización automática de las mismas. Las tarifas de venta a los usuarios serán únicas para todo el territorio nacional, sin perjuicio de sus especialidades. Ya anteriormente, la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 16 de julio de 1998, por la que se actualizan los costes de comercialización del sistema de determinación automática de precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo, y se liberalizan determinados suministros, había establecido el sistema de determinación automática de los precios máximos aplicables a los suministros de los gases licuados del petróleo, y en particular al suministro por canalización. El apartado Octavo de dicha orden, establece que la Dirección General de Política Energética y Minas efectuará los cálculos para la aplicación del sistema establecido y dictará las resoluciones correspondientes de determinación de los precios máximos que se publicaran en el «Boletín Oficial del Estado» y entrarán en vigor el tercer martes de cada mes. Finalmente, el apartado Primero.2 de la Orden ITC/3292/2008, de 14 de noviembre, por la que se modifica el sistema de determinación automática de las tarifas de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización, que modificó parcialmente la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 16 de julio de 1998, establece que los costes de comercialización se revisarán anualmente en el mes de julio de cada año. De acuerdo con lo anterior y en uso de la competencia que le atribuye el apartado octavo de la referida Orden del Ministerio de Industria y Energía de 16 de julio de 1998, esta Dirección General de Política Energética y Minas, resuelve: Primero. Desde las cero horas del día 15 de abril de 2014, los precios de venta antes de impuestos, de aplicación a los suministros de gases licuados del petróleo según modalidad de suministro serán los que se indican a continuación: 1. Gases licuados del petróleo por canalización a usuarios finales: – Término fijo: 1,58 euros/mes. – Término variable: 97,4615 cents/kg. 2. Gases licuados del petróleo (GLP) a granel a empresas distribuidoras de GLP por canalización: 82,8194 cents/kg. Segundo. Los precios establecidos en los apartados anteriores no incluyen los siguientes impuestos vigentes: – Península e Islas Baleares: Impuesto sobre Hidrocarburos e Impuesto sobre el Valor Añadido. – Archipiélago Canario: Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo e Impuesto General Indirecto Canario. – Ciudades de Ceuta y Melilla: Impuesto sobre la producción, los servicios, la importación y el gravamen complementario sobre carburantes y combustibles petrolíferos. Tercero. En los cálculos de los precios establecidos en el apartado segundo se han tenido en cuenta las siguientes cotizaciones o resultados intermedios: Cotización internacional materia prima ($/Tm): propano = 761,25, butano = 818,5. Media del flete bajo y alto ($/Tm): 78. Media mensual del cambio dólar/euro: 1,382252. Asimismo, se han tenido en cuenta los nuevos costes de comercialización que se establecieron en la resolución de 8 de julio de 2013, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización. Cuarto. Los precios para los suministros de los gases licuados del petróleo señalados en la presente resolución se aplicarán a los suministros pendientes de ejecución el día 15 de abril de 2014, aunque los pedidos correspondientes tengan fecha anterior. A estos efectos, se entienden por suministros pendientes de ejecución, aquellos que aún no se hayan realizado o se encuentren en fase de realización a las cero horas del día 15 de abril de 2014. Quinto. Las facturaciones de los consumos correspondientes a los suministros de gases licuados del petróleo por canalización medidos por contador, relativas al período que incluya la fecha del 15 de abril de 2014, o en su caso del día a partir del cual produzcan efectos o entren en vigor otras resoluciones u órdenes anteriores o posteriores relativas al mismo período de facturación, se calcularán repartiendo proporcionalmente el consumo total correspondiente al período facturado a los días anteriores y posteriores a cada una de dichas fechas, aplicando a los consumos resultantes del reparto los precios que correspondan a las distintas resoluciones u órdenes aplicables ### RESUMEN: El nuevo meneo de los canales de la Televisión Digital Terrestre (TDT) se llevará a cabo el 26 de octubre entre las 2 y las 6 de la madrugada.

El Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, aprueba un nuevo Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre, establece un nuevo escenario para la reordenación del espectro radioeléctrico y adopta una serie de medidas dirigidas a garantizar una adecuada liberación del dividendo digital. En el citado Real Decreto se establece que el servicio de televisión digital terrestre se prestará mediante ocho múltiples digitales para las emisiones de cobertura estatal y autonómica, cuya planificación de canales radioeléctricos se recoge en el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre. Seis de dichos múltiples digitales (RGE1, RGE2, MPE1, MPE2, MPE3 y MAUT) previstos en el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre están basados en los correspondientes múltiples digitales que ya estaban en servicio. Por su parte, se incluye en el Plan dos nuevos múltiples digitales MPE4 y MPE5 de cobertura estatal. Así, el artículo 3.1 del Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, establece que los múltiples digitales RGE1, RGE2, MPE1, MPE2, MPE3, MPE4, MPE5 y MAUT se explotarán en los canales radioeléctricos que, para cada uno de ellos y en cada área geográfica, se especifican en el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre. A partir de esta planificación de múltiples digitales, en el Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, se fijan las condiciones básicas en las que se producirá el proceso de reordenación del espectro radioeléctrico y de liberación de los canales radioeléctricos que han de ser abandonados, con el objetivo de asegurar la disponibilidad de la banda de frecuencias del dividendo digital. Para ello, a pesar de lo establecido en el mencionado artículo 3.1 del Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, y al objeto de facilitar el proceso de liberación de la banda del dividendo digital o banda de frecuencias de 790 MHz a 862 MHz (canales radioeléctricos 61 a 69), el Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, ha establecido que durante el plazo de un mes a contar desde la entrada en vigor del citado real decreto, los operadores habilitados para la prestación del servicio de comunicación audiovisual televisiva terrestre de cobertura estatal o autonómica debían seguir explotando sus canales de televisión digital terrestre en los múltiples digitales planificados con anterioridad al Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, de forma que, una vez transcurrido dicho plazo, debían explotar sus canales a través de la capacidad de transmisión de los múltiples digitales RGE1, RGE2, MPE1, MPE2, MPE3, MPE4 y MAUT planificados en el Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre. El artículo 4.2 del Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, establece que, al objeto de facilitar el proceso de liberación de la banda de frecuencias de 790 MHz a 862 MHz (canales radioeléctricos 61 a 69), durante el plazo de un mes a contar desde la entrada en vigor del real decreto, toda la capacidad de los múltiples digitales RGE1 y RGE2 se destinará, respectivamente, para la realización de las emisiones correspondientes a los canales de televisión que vinieran haciendo uso de los múltiples digitales RGE1 y RGE2. El apartado 3 del mismo artículo dispone que, transcurrido un mes a contar desde la entrada en vigor del real decreto, la Corporación de Radio y Televisión Española explotará dos tercios de la capacidad del múltiple digital RGE2. A su vez, el artículo 5.2 del Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, establece que, al objeto de facilitar el proceso de liberación de la banda de frecuencias de 790 MHz a 862 MHz (canales radioeléctricos 61 a 69), durante el plazo de un mes a contar desde la entrada en vigor del real decreto, los actuales titulares de licencias del servicio de comunicación audiovisual televisiva terrestre de cobertura estatal que vayan a acceder a la explotación de los múltiples digitales MPE1, MPE2 y MPE3, estarán obligados a facilitar la emisión a través de dichos múltiples digitales de las emisiones correspondientes a los canales de televisión que respectivamente vinieran haciendo uso de los mismos. Una vez transcurrido dicho plazo de un mes, y a tenor de lo establecido en el apartado 1 del mismo artículo 5, los actuales titulares de licencias del servicio de comunicación audiovisual televisiva terrestre de cobertura estatal explotarán los canales de televisión a que les habilitan sus licencias a través de la utilización respectiva de determinada capacidad de transmisión de los múltiples digitales MPE1, MPE2, MPE3 y MPE4. Por último, el artículo 6.2 del Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, establece que, transcurrido un mes a contar desde la entrada en vigor del real decreto, los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisiva terrestre de cobertura autonómica deberán realizar las emisiones de los correspondientes canales de televisión en el múltiple digital MAUT. En definitiva, el Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, estableció una medida dirigida a facilitar el proceso de liberación de la banda del dividendo digital consistente en que, transcurrido el plazo de un mes, los operadores habilitados para la prestación del servicio de comunicación audiovisual televisiva terrestre de cobertura estatal o autonómica debían explotar sus canales a través de la respectiva capacidad de transmisión de los múltiples digitales RGE1, RGE2, MPE1, MPE2, MPE3, MPE4 y MAUT planificados en el Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre. Ello implica que determinados canales de televisión digital terrestre explotados por los operadores habilitados para la prestación del servicio de comunicación audiovisual televisiva terrestre de cobertura estatal o autonómica deben reubicarse en los múltiples digitales RGE1, RGE2, MPE1, MPE2, MPE3, MPE4 y MAUT planificados en el Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre. El mencionado plazo de un mes a contar desde la entrada en vigor del Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, finaliza el día 25 de octubre de 2014, día incluido. A efecto de llevar a cabo dicho proceso de reubicación de canales de televisión digital terrestre en los múltiples digitales RGE1, RGE2, MPE1, MPE2, MPE3, MPE4 y MAUT planificados en el Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, de manera adecuada y ordenada y evitar en la medida de lo posible perjuicios y molestias a los usuarios de dichos canales, en especial, sucesivas resintonizaciones de aparatos receptores, resulta oportuno determinar la ventana temporal en la que los operadores habilitados para la prestación del servicio de comunicación audiovisual televisiva terrestre de cobertura estatal o autonómica deben llevar a cabo dicha reubicación de canales, teniendo en cuenta la complejidad del proceso y la coordinación de actuaciones técnicas que es necesario llevar a cabo para lograr la citada reubicación. La disposición final cuarta del Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, establece que el Ministro de Industria, Energía y Turismo y el Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información dictarán, en el ámbito de sus competencias, cuantas disposiciones y medidas sean necesarias para el desarrollo y aplicación de lo establecido en este real decreto. En su virtud, de conformidad con las competencias atribuidas por el Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se regulan determinados aspectos para la liberación del dividendo digital; y teniendo en cuenta lo establecido en el citado Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre; en el Real Decreto 863/2008, de 23 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del dominio público radioeléctrico, que está vigente en lo que no se oponga a la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de acuerdo con la disposición transitoria primera de la misma; y demás disposiciones de aplicación, resuelvo: Primero. Los operadores habilitados para la prestación del servicio de comunicación audiovisual televisiva terrestre de cobertura estatal o autonómica deben reubicar sus canales de televisión digital terrestre en los múltiples digitales RGE1, RGE2, MPE1, MPE2, MPE3, MPE4 y MAUT planificados en el Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se regulan determinados aspectos para la liberación del dividendo digital, entre las 02:00 horas y las 6:00 horas del día 26 de octubre de 2014. Segundo. La reubicación de canales de televisión digital terrestre en los múltiples digitales RGE1, RGE2, MPE1, MPE2, MPE3, MPE4 y MAUT planificados en el Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, debe llevarse a cabo atendiendo a la capacidad de transmisión de dichos múltiples digitales que para cada operador habilitado está prevista en los artículos 4.1, 5.1 y 6.1 del citado Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre. Tercero. Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información en el plazo de un mes desde el día siguiente a su notificación de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, o bien ser impugnada directamente ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin que puedan simultanearse ambos recursos. Madrid, 16 de octubre de 2014.–El Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Víctor Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín.

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El Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, aprueba un nuevo Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre, establece un nuevo escenario para la reordenación del espectro radioeléctrico y adopta una serie de medidas dirigidas a garantizar una adecuada liberación del dividendo digital. En el citado Real Decreto se establece que el servicio de televisión digital terrestre se prestará mediante ocho múltiples digitales para las emisiones de cobertura estatal y autonómica, cuya planificación de canales radioeléctricos se recoge en el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre. Seis de dichos múltiples digitales (RGE1, RGE2, MPE1, MPE2, MPE3 y MAUT) previstos en el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre están basados en los correspondientes múltiples digitales que ya estaban en servicio. Por su parte, se incluye en el Plan dos nuevos múltiples digitales MPE4 y MPE5 de cobertura estatal. Así, el artículo 3.1 del Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, establece que los múltiples digitales RGE1, RGE2, MPE1, MPE2, MPE3, MPE4, MPE5 y MAUT se explotarán en los canales radioeléctricos que, para cada uno de ellos y en cada área geográfica, se especifican en el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre. A partir de esta planificación de múltiples digitales, en el Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, se fijan las condiciones básicas en las que se producirá el proceso de reordenación del espectro radioeléctrico y de liberación de los canales radioeléctricos que han de ser abandonados, con el objetivo de asegurar la disponibilidad de la banda de frecuencias del dividendo digital. Para ello, a pesar de lo establecido en el mencionado artículo 3.1 del Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, y al objeto de facilitar el proceso de liberación de la banda del dividendo digital o banda de frecuencias de 790 MHz a 862 MHz (canales radioeléctricos 61 a 69), el Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, ha establecido que durante el plazo de un mes a contar desde la entrada en vigor del citado real decreto, los operadores habilitados para la prestación del servicio de comunicación audiovisual televisiva terrestre de cobertura estatal o autonómica debían seguir explotando sus canales de televisión digital terrestre en los múltiples digitales planificados con anterioridad al Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, de forma que, una vez transcurrido dicho plazo, debían explotar sus canales a través de la capacidad de transmisión de los múltiples digitales RGE1, RGE2, MPE1, MPE2, MPE3, MPE4 y MAUT planificados en el Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre. El artículo 4.2 del Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, establece que, al objeto de facilitar el proceso de liberación de la banda de frecuencias de 790 MHz a 862 MHz (canales radioeléctricos 61 a 69), durante el plazo de un mes a contar desde la entrada en vigor del real decreto, toda la capacidad de los múltiples digitales RGE1 y RGE2 se destinará, respectivamente, para la realización de las emisiones correspondientes a los canales de televisión que vinieran haciendo uso de los múltiples digitales RGE1 y RGE2. El apartado 3 del mismo artículo dispone que, transcurrido un mes a contar desde la entrada en vigor del real decreto, la Corporación de Radio y Televisión Española explotará dos tercios de la capacidad del múltiple digital RGE2. A su vez, el artículo 5.2 del Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, establece que, al objeto de facilitar el proceso de liberación de la banda de frecuencias de 790 MHz a 862 MHz (canales radioeléctricos 61 a 69), durante el plazo de un mes a contar desde la entrada en vigor del real decreto, los actuales titulares de licencias del servicio de comunicación audiovisual televisiva terrestre de cobertura estatal que vayan a acceder a la explotación de los múltiples digitales MPE1, MPE2 y MPE3, estarán obligados a facilitar la emisión a través de dichos múltiples digitales de las emisiones correspondientes a los canales de televisión que respectivamente vinieran haciendo uso de los mismos. Una vez transcurrido dicho plazo de un mes, y a tenor de lo establecido en el apartado 1 del mismo artículo 5, los actuales titulares de licencias del servicio de comunicación audiovisual televisiva terrestre de cobertura estatal explotarán los canales de televisión a que les habilitan sus licencias a través de la utilización respectiva de determinada capacidad de transmisión de los múltiples digitales MPE1, MPE2, MPE3 y MPE4. Por último, el artículo 6.2 del Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, establece que, transcurrido un mes a contar desde la entrada en vigor del real decreto, los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisiva terrestre de cobertura autonómica deberán realizar las emisiones de los correspondientes canales de televisión en el múltiple digital MAUT. En definitiva, el Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, estableció una medida dirigida a facilitar el proceso de liberación de la banda del dividendo digital consistente en que, transcurrido el plazo de un mes, los operadores habilitados para la prestación del servicio de comunicación audiovisual televisiva terrestre de cobertura estatal o autonómica debían explotar sus canales a través de la respectiva capacidad de transmisión de los múltiples digitales RGE1, RGE2, MPE1, MPE2, MPE3, MPE4 y MAUT planificados en el Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre. Ello implica que determinados canales de televisión digital terrestre explotados por los operadores habilitados para la prestación del servicio de comunicación audiovisual televisiva terrestre de cobertura estatal o autonómica deben reubicarse en los múltiples digitales RGE1, RGE2, MPE1, MPE2, MPE3, MPE4 ### RESUMEN: Defensa paga 280.225,11 euros a Capgemini por soporte en el correo corporativo. Negociado sin publicidad y sin rebajar un céntimo.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Jefatura de la Sección Económico Financiera de la Dirección General de Infraestructura. b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura de la Sección Económico Financiera de la Dirección General de Infraestructura. c) Número de expediente: 1/00/42/13/0651. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Servicios para la administración y soporte de la plataforma de correo electrónico corporativo 'Exchange' del Ministerio de Defensa. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72600000 (Servicios de apoyo informático y de consultoría). 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Negociado sin publicidad. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 231.591,00 euros. Importe total: 280.225,11 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 27 de mayo de 2013. b) Fecha de formalización del contrato: 4 de junio de 2013. c) Contratista: Capgemini España, S.L. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 231.591,00 euros. Importe total: 280.225,11 euros. e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por razones técnicas. Madrid, 7 de junio de 2013.- El Jefe de la Sección.

Nombrado Arturo Coello Villanueva como nuevo Jefe de la Secretaria de la reina.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Jefatura de la Sección Económico Financiera de la Dirección General de Infraestructura. b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura de la Sección Económico Financiera de la Dirección General de Infraestructura. c) Número de expediente: 1/00/42/13/0651. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Servicios para la administración y soporte de la plataforma de correo electrónico corporativo 'Exchange' del Ministerio de Defensa. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72600000 (Servicios de apoyo informático y de consultoría). 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Negociado sin publicidad. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 231.591,00 euros. Importe total: 280.225,11 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 27 de mayo de 2013. b) Fecha de formalización del contrato: 4 de junio de 2013. c) Contratista: Capgemini España, S.L. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 231.591,00 euros. Importe total: 280.225,11 euros. e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por razones técnicas. Madrid, 7 de junio de 2013.- El Jefe de la Sección. ### RESUMEN: Nombrado Arturo Coello Villanueva como nuevo Jefe de la Secretaria de la reina.

En virtud de lo prevenido en el artículo 65, apartado 2, de la Constitución, y conforme a lo dispuesto en los artículos 10.1 y 9.3 del Real Decreto 434/1988, de 6 de mayo, Vengo en nombrar Jefe de la Secretaría de Su Majestad la Reina a don Arturo Coello Villanueva. Dado en Madrid, el 27 de septiembre de 2013. JUAN CARLOS R. El Presidente del Gobierno, MARIANO RAJOY BREY

Decreto-ley por la quiebra de Thomas Cook: subvención de 15M€ a Canarias y 8M€ a Baleares, línea de 200M de financiación, más fondos para las entidades de modernización del turismo y ampliación de bonificaciones Seg Social para fijos discontinuos

En virtud de lo prevenido en el artículo 65, apartado 2, de la Constitución, y conforme a lo dispuesto en los artículos 10.1 y 9.3 del Real Decreto 434/1988, de 6 de mayo, Vengo en nombrar Jefe de la Secretaría de Su Majestad la Reina a don Arturo Coello Villanueva. Dado en Madrid, el 27 de septiembre de 2013. JUAN CARLOS R. El Presidente del Gobierno, MARIANO RAJOY BREY ### RESUMEN: Decreto-ley por la quiebra de Thomas Cook: subvención de 15M€ a Canarias y 8M€ a Baleares, línea de 200M de financiación, más fondos para las entidades de modernización del turismo y ampliación de bonificaciones Seg Social para fijos discontinuos

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente; doña Adela Asua Batarrita, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez, Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En el recurso de inconstitucionalidad núm. 1886-2012, promovido por la Generalitat de Cataluña contra los arts. 17.1 c), 18.1, 19.2, 21, 22, 23, la disposición adicional tercera, las disposiciones transitorias primera y segunda y la disposición final del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. Ha sido parte el Abogado del Estado actuando en representación del Gobierno de la Nación. Ha sido ponente el Magistrado don Andrés Ollero Tassara, quien expresa el parecer del Tribunal. I. Antecedentes 1. El 30 de marzo de 2012 tuvo entrada en el Registro General del Tribunal Constitucional escrito de la Letrada de la Generalitat de Cataluña, actuando en representación y defensa de ésta. Mediante él interpuso recurso de inconstitucionalidad contra los arts. 17.1 c), 18.1, 19.2, 21, 22, 23, la disposición adicional tercera, las disposiciones transitorias primera y segunda y la disposición final primera del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. Los argumentos en los que se basa la demanda se exponen sucintamente a continuación. Tras una primera parte introductoria en la que se alude al fracaso del procedimiento de negociación iniciado para resolver las discrepancias competenciales, se analiza la finalidad y contenido de los preceptos impugnados y se expone el régimen de distribución de competencias en materia de urbanismo, la demanda se adentra en la argumentación de la inconstitucionalidad de los arts. 17.1 c), 18.1 y 19.2 del Real Decreto-ley 8/2011. En relación con el art. 17.1 c) in fine se afirma que este precepto equipara las actuaciones de regeneración urbana a las actuaciones de renovación y rehabilitación urbana reguladas en el art. 110 de la Ley de economía sostenible, que les atribuye la condición de actuaciones de transformación urbanística establecidas en el art. 14.1 a).2 y b) del texto refundido de la Ley de suelo de 20 de junio de 2008. Asimismo dispone que su aprobación podrá realizarse a través del planeamiento urbanístico o de otro instrumento específico que deberá enmarcarse en una estrategia municipal global o unitaria cuando tenga carácter integral y articule medidas sociales, ambientales y económicas. Se adentra luego en la determinación de los instrumentos normativos idóneos para llevar a cabo las actuaciones de transformación urbanística, dentro de la materia urbanismo de competencia exclusiva de la Generalitat de Cataluña. En consecuencia, en la medida en que la previsión del art. 17.1 c) in fine prevé que las actuaciones de regeneración urbana se efectúen a través de otros instrumentos jurídicos distintos de los planes urbanísticos, invadiría la competencia exclusiva que el art. 149.5 c) del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC) otorga a la Generalitat de Cataluña para establecer y regular los instrumentos de planificación y gestión urbanística. Rechaza que la regulación pueda encontrar amparo en los apartados 1, 13 y 23 del art. 149.1 CE. Por una parte, tiene por objeto fijar condiciones básicas de igualdad desde la perspectiva subjetiva de los titulares de derechos constitucionales, ni guarda una relación directa e inmediata con la dirección y planificación de la actividad económica; por otra parte, no constituye un límite para evitar los efectos medioambientales negativos que puedan resultar de la realización de actuaciones de transformación urbanística de regeneración urbana. Recuerda la Abogada de la Generalitat de Cataluña que el art. 110.4 de la Ley de economía sostenible ya contempló en su momento la posibilidad de que estas actuaciones de transformación urbanística de renovación y rehabilitación urbana pudieran aprobarse no sólo a través del planeamiento urbanístico, sino también mediante otro procedimiento e instrumento específico de carácter reglamentario. Este precepto de la Ley de economía sostenible ha sido impugnado por el recurso de inconstitucionalidad núm. 6596-2011, por entenderse que invadía la competencia urbanística autonómica. En relación con el artículo 18.1, se argumenta que este precepto establece los ámbitos espaciales, continuos o discontinuos, que pueden abarcar las actuaciones de regeneración urbana. Impone a las actuaciones que prevean intervenciones de demolición, renovación o sustitución de viviendas o edificios completos –a las que atribuye en todo caso la condición de actuaciones de transformación urbanística reguladas en el art. 14.1 a).2.i.b) del texto refundido de la Ley de suelo de 2008–, el límite de no afectar a más del 50 por 100 de las edificaciones de las viviendas o de la edificabilidad. Esta norma invadiría «el ámbito de urbanismo objetivo que según el art. 149.5 del EAC corresponde a la competencia exclusiva de la Generalidad de Cataluña». Tampoco aquí, según la Abogada de la Generalitat, puede encontrar la regulación amparo en el art. 149.1, 13 o 23 CE «ya que la limitación sobre el porcentaje de demolición, renovación o sustitución de edificios que establece no tiene por objeto fijar condiciones básicas de igualdad desde la perspectiva subjetiva de los titulares de derechos constitucionales, ni guarda una relación directa e inmediata con la dirección y planificación de la actividad económica, ni tampoco constituye un límite impuesto a la actividad de transformación urbanística para evitar los efectos medioambientalmente negativos que de ella pudieran derivarse». El artículo 19.2 también se reputa contrario a las competencias urbanísticas de la Generalitat, puesto que habilita a las asociaciones de sujetos legitimados a participar en las actuaciones de regeneración urbana para que formulen los instrumentos de ordenación u otros análogos y para que procedan a la ejecución de las obras de regeneración previstas en dichos instrumentos. No fija, pues, tampoco condiciones básicas de igualdad en ejercicio de los derechos constitucionales, ni establece medidas que guarden relación directa o inmediata con la dirección y planificación de la actividad económica, ni –menos aún– impone limitaciones a la actividad de transformación urbanística para evitar los efectos medioambientales negativos que de ella pudieran derivarse; se limita a regular la actividad de formulación y ejecución de las actuaciones de transformación urbanística de regeneración urbana. Se ocupa a continuación la demanda de los preceptos que regulan la inspección técnica de edificios. Señala que los mismos imponen la inspección técnica de los edificios destinados preferentemente a uso residencial de una antigüedad superior a 50 años pertenecientes a municipios de población superior a los 25.000 habitantes, salvo que la legislación autonómica establezca otros parámetros de antigüedad o poblacionales distintos. Condicionan también, cuando se detecten deficiencias, la eficacia de las inspecciones técnicas de edificios, justificativas del cumplimiento del deber legal de conservación de los inmuebles, a la certificación acreditativa de la efectiva realización de las obras requeridas para su subsanación. Fijan el año 2015 como plazo máximo para efectuar la inspección técnica de los edificios destinados preferentemente a uso residencial de los municipios de población superior a 25.000 habitantes que a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2011 tuvieran una antigüedad superior a los 50 años. Atribuyen por último a las Administraciones competentes la facultad de elaborar, antes del 7 de julio de 2012, un calendario para la realización ordenada de las inspecciones de edificios en función de su antigüedad. Este contenido, según la Abogada de la Generalitat, «pone de relieve su incidencia en las condiciones de conservación de los edificios de vivienda y en las potestades de las Administraciones públicas destinadas a su control y por ello su relación con la materia vivienda, al ser los edificios de vivienda el objetivo primordial de la inspección técnica de edificios que se instaura, así como su relación con la materia urbanismo, en la medida en que ésta comprende las potestades de intervención del uso del suelo y la edificación [STC 61/1997, FJ 6 a)], entre las que se incluyen las de controlar el cumplimiento del deber legal de conservación de los inmuebles y de adoptar las medidas de policía administrativa necesarias para imponer su cumplimiento coactivo en caso de incumplimiento». Se explica, a continuación, en la demanda que el art. 149 EAC atribuye a la Generalitat las competencias exclusivas en materia de urbanismo y vivienda que comprenden el régimen de intervención administrativa sobre la edificación y los usos del suelo. Cataluña cuenta con una regulación propia de la inspección técnica de los edificios de vivienda (Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda y Decreto 187/2010, de 23 de noviembre, sobre la inspección técnica de los edificios de vivienda) que garantiza sus niveles de calidad, su contenido y sus efectos, indicándose los inmuebles a ella sujetos y el calendario para su realización. La regulación estatal que se impugna no podría encontrar amparo en la competencia estatal ex art. 149.1.13 CE aplicada al ámbito de la vivienda; no se trata de normas generales que afecten a la construcción y venta o alquiler de las viviendas, ni tampoco prevén ayudas para garantizar el acceso de los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada, o dirigidas a que los propietarios cumplan sus deberes legales de conservación y rehabilitación de viviendas; se limitan a instaurar la inspección técnica obligatoria de los edificios destinados preferentemente a vivienda de más de 50 años, como mecanismo preventivo de control sobre el cumplimiento de los propietarios de sus deberes legales de conservación y de rehabilitación e instrumento de evaluación del estado de conservación del parque inmobiliario de uso residencial. Tampoco, según la Abogada de la Generalitat, cuenta la regulación estatal con cobertura en el art. 149.1.1 y 23 CE puesto que el primer título competencial (art. 149.1.1 CE) habilita al legislador únicamente para establecer unas condiciones básicas referidas al contenido primario del derecho; a las facultades elementales, límites esenciales, deberes fundamentales o prestaciones básicas que tengan una relación estrecha, directa e inmediata con los derechos y deberes que la Constitución reconoce. El segundo (art. 149.1.23 CE) no puede utilizarse para afectar a otros sectores materiales como el de la vivienda, yendo más allá del establecimiento de aquellas limitaciones específicas de la actividad sectorial que resulten necesarias para evitar los riesgos o efectos negativos que su ejercicio pueda ocasionar al medio ambiente. Por el contrario, dice la demanda, los arts. 21 y 22, la disposición adicional tercera y las disposiciones transitorias primera y segunda del Real Decreto-ley 8/2011 encajan plenamente en las competencias autonómicas en materia de urbanismo y vivienda. Los arts. 21, 22 y la disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 8/2011 sujetan a los edificios de vivienda de antigüedad superior a 50 años de municipios de más de 25.000 habitantes a una inspección técnica obligatoria. Les exigen la subsanación de las deficiencias que eventualmente se detecten, instaurando una medida de limitación administrativa de carácter preventivo para controlar que los titulares de los inmuebles cumplen con su deber legal de conservación, así como un mecanismo para exigir la subsanación de deficiencias. Estas medidas de policía administrativa, según la Abogada de la Generalitat, no tendrían cobertura en la competencia para fijar las condiciones básicas de igualdad de los titulares de derechos y deberes constitucionales que el art. 149.1.1 CE atribuye al Estado; no definen las posiciones jurídicas primarias de los propietarios de inmuebles en orden a su deber de conservación, ni tampoco se imponen por igual y con carácter uniforme a todos los propietarios de edificios de vivienda de más de 50 años de antigüedad. Instauran unas técnicas de intervención administrativa destinadas a comprobar el cumplimiento de dicho deber de conservación y a imponer, si procede, su cumplimiento coactivo. Todo esto pone de relieve que no formulan una regulación del deber de conservación desde la perspectiva subjetiva de los titulares de los derechos y deberes constitucionales, «sino que establecen una regulación objetiva … dirigida como se reconoce en el Preámbulo del Real Decreto-ley 8/2011, a impulsar la rehabilitación de los edificios de vivienda en las grandes y medianas poblaciones, que penetra en el ámbito material de los sectores de la vivienda y del urbanismo, sobre los que se proyecta el deber de conservación de los titulares de los inmuebles, de competencia autonómica, por lo que tales preceptos carecen de la cobertura del art. 149.1.1 de la Constitución». Examina a continuación la demanda el engarce de la regulación con el art. 149.1.13 CE. Se descarta por entender que, si bien es cierto que al amparo de este título el Estado puede establecer directrices y criterios globales de ordenación del sector de la vivienda e incluso prever acciones o medidas singulares y que en el preámbulo del Real Decreto-ley se contempla la rehabilitación como nuevo ámbito de crecimiento sólido y sostenible, se trata de una afirmación retórica y alejada de la realidad de las cosas. Resultaría ilusorio pensar que mediante un sistema de control preventivo y obligatorio sobre el estado de la conservación de los inmuebles de vivienda pueda lograrse dinamizar el sector de la construcción. Ese control además en cuanto a sus efectos se encuentra con el límite de los deberes de conservación que se imponen a los propietarios conforme al art. 9.1 del texto refundido de la Ley de suelo 2008. Esto implica que quedan excluidas todas las obras de renovación y embellecimiento de las viviendas y elementos comunes de los edificios, que son las que generan un mayor volumen de actividad en el sector de la rehabilitación. Descarta también la Abogada de la Generalitat que la imposición por el Estado de la obligación de la inspección técnica de los edificios pueda ampararse en el art. 149.1.23 CE. Esta inspección no se dirige a garantizar el mínimo denominador común de sostenibilidad ambiental exigible a los edificios de vivienda, ni tampoco fija un límite establecido para impedir los efectos medioambientales negativos del sector de la vivienda o del urbanismo; es un mero instrumento preventivo de control para comprobar si los titulares dominicales cumplen su deber legal de conservación de los inmuebles destinados a vivienda, lo que no guarda una relación directa con el medio ambiente. Concluye, por tanto, la demanda que los artículos 21, 22, disposición adicional tercera y disposiciones transitorias primera y segunda invaden las competencias de la Generalitat en materia de vivienda y urbanismo. Denuncia, por último, la demanda la inconstitucionalidad del artículo 23 que regula la intervención administrativa sobre los actos de edificación y uso del suelo. Sostiene la Abogada de la Generalitat de Cataluña que el apartado 1 del artículo 23 es inconstitucional in totum por razones competenciales. Al establecer el legislador estatal un acto de intervención administrativa concreto –acto expreso de conformidad– en determinados sectores de actividad (agrícola, forestal, urbanístico, paisajístico, vivienda, etc.), cuando la competencia en esos sectores corresponde a la Comunidad Autónoma de Cataluña, está procediendo a una invasión competencial. Tal regulación no podría encontrar amparo en los apartados 1 y 18 del artículo 149 CE, puesto que dicho acto de intervención administrativa no tiene naturaleza de condición básica de igualdad al no guardar una relación directa e inmediata con derechos constitucionales; tampoco puede considerarse base del régimen jurídico de las Administraciones públicas porque no incide en la definición de unas estructuras organizativas y un régimen unitario de funcionamiento de las Administraciones, ni forma parte del procedimiento administrativo común ya que se trata de una mera medida de policía administrativa. El apartado 2 del artículo 23, por su parte, tampoco encuentra amparo –denuncia la Abogada de la Generalitat– en la competencia sobre procedimiento administrativo común. El silencio negativo que establece no constituye una norma general aplicable a todos los procedimientos, sino una regla particular para procedimientos específicos autorizadores de las actuaciones relacionadas en el apartado 1 del art. 23 del Real Decreto-ley 8/2011; su establecimiento, dado que se trata de procedimientos especiales y atendida la naturaleza adjetiva de la competencia en materia de procedimiento administrativo, corresponde a los respectivos legisladores sectoriales. Por otra parte, el apartado 2 del artículo 23 se considera también inconstitucional por vulneración del principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Impone la regla del silencio negativo en la mayor parte de las actuaciones urbanísticas y en todas las actuaciones relacionadas con el uso del suelo que se realicen en otros sectores como el agrícola o forestal. No existe una motivación que acredite la racionalidad de la medida, incumpliendo la propia autolimitación impuesta por el legislador en el art. 43 de la Ley de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común cuando se trata de excepcionar la regla general del silencio positivo consagrada en el mismo. 2. Mediante providencia de 8 de mayo de 2012, el Pleno acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad y dar traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno, para que pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren convenientes. Ordenó a la vez la publicación de la incoación del recurso en el «Boletín Oficial del Estado». 3. Por escrito registrado el 17 de mayo de 2012, el Abogado del Estado se personó y solicitó una prórroga del plano para formular alegaciones, que le fue concedida por providencia de 21 de mayo de 2012. 4. Por sendos escritos de los Presidentes del Senado y del Congreso, registrados el 23 y 24 de mayo de 2012 respectivamente, ambas Cámaras se personaron y ofrecieron su colaboración. 5. El 15 de junio de 2012, tuvo entrada en el Registro General del Tribunal Constitucional el escrito de alegaciones del Abogado del Estado, cuyo contenido se resume a continuación. Tras exponer el objeto del recurso, el contexto normativo de los preceptos impugnados y su encuadramiento competencial, el Abogado del Estado justifica la constitucionalidad de los artículos recurridos comenzando por los relativos a la rehabilitación urbana. En relación con el artículo 17.1 c), argumenta que se limita a contener una definición de las actuaciones de regeneración urbana que constituyen el objeto del texto legal. No implica, por tanto, mandato normativo con virtualidad para invadir competencia autonómica alguna, debiendo considerarse competencialmente inocuo; lo único que pretende el precepto es distinguir estas operaciones del resto de las de rehabilitación (conservación y mejora) a los efectos del propio Real Decreto-ley. Añade el Abogado del Estado que la denuncia de inconstitucionalidad se centra en la expresión «por medio de un instrumento específico» al entender que ello invade la competencia exclusiva de la Generalitat de Cataluña para establecer y regular los instrumentos de planificación y gestión urbanística. Esta tacha no debe prosperar por cuanto el artículo 17.1 c) no impone la forma en que debe concretarse la actuación de regeneración urbana; se limita a disponer que cuando se trate de actuaciones de carácter integrado se apruebe no sólo mediante el instrumento planificador que prevea la legislación autonómica, sino también a través de otro instrumento específico que fije la Administración competente. El artículo 17.1 c) no regula un instrumento urbanístico concreto; la Administración autonómica puede decidir, con entera libertad, si desea formular tales actuaciones a través del planeamiento urbanístico o de otro instrumento específico. No estaríamos ante el mismo supuesto que el enjuiciado en el fundamento jurídico 23 a) de la STC 61/1997; el artículo 17.1 c) no impone un único cauce formal para que se articule la decisión autonómica, sino que simplemente abre una posibilidad orientada a facilitar la aprobación de las actividades regeneradoras. Concluye, pues, que al utilizar una expresión indeterminada que no entra a regular concretos instrumentos urbanísticos, es aplicable la doctrina contenida en la STC 164/2001, FJ 6 a); conforme a ella, «estamos, entonces ante una exigencia de planeamiento u ordenación urbanística que, por un lado, resulta claramente instrumental respecto de la regulación de la propiedad urbana (ex art. 149.1.1 CE) y que, por otro lado, respeta la competencia de cada Comunidad Autónoma para disponer qué instrumentos urbanísticos deben ordenar sus ciudades». Por su parte, el artículo 18.1, según el Abogado del Estado, encuentra amparo en el art. 149.1.1 CE. La fijación de la limitación del 50 por 100 persigue una correcta calificación de las medidas de transformación urbanística y conseguir con ello que la aplicación de cada una de tales actuaciones del régimen jurídico estatutario sea la adecuada, de conformidad con lo dispuesto en el art. 14.1 del texto refundido de la Ley de suelo. Considera que es, por tanto, aplicable la doctrina establecida en el fundamento jurídico 10 de la STC 61/1997; el límite del 50 por 100 al permitir diferenciar los deberes que corresponden a los propietarios en función de cuál sea la naturaleza y el alcance de las actuaciones de transformación urbanística, delimita con carácter básico la función social de la propiedad al tiempo que garantiza la igualdad en las posiciones jurídicas fundamentales. Constituye una norma mínima de equidistribución reconducible a dicha competencia de igualación del Estado quedando sin duda preservada la integridad de la competencia urbanística autonómica. El artículo 19.2 no se cuestiona, según el Abogado del Estado, por permitir que los sujetos legitimados para participar en las actuaciones de rehabilitación puedan agruparse en asociaciones administrativas, sino únicamente por la regulación que introduce en los apartados b) y c) de su apartado 2. Rechaza las tachas dirigidas a estos apartados afirmando que, conforme a la doctrina contenida en las SSTC 61/1997, FJ 14 c), y 164/2001, FJ 9, establecen condiciones básicas de ejercicio de los derechos constitucionales de propiedad y de libertad de empresa, dado que el mandato de participación en la acción urbanística pública a propietarios y empresarios es una regulación de derechos constitucionales (propiedad, libre empresa) con amparo específico en el art. 149.1.1 CE. En efecto, el Abogado del Estado afirma que «constituyendo el precepto impugnado una genérica medida para fomentar la participación privada en las actuaciones de rehabilitación sin introducir ninguna regla material urbanística –es claro que las Comunidades Autónomas quedan en entera libertad para fijar el procedimiento específico a través del cual se articule la llevanza de estos fines por tales asociaciones, así como plazos, posibles consecuencias, etc.– se incardina en la competencia estatal del art. 149.1.1 CE sin entrañar vaciamiento de la competencia urbanística de la Generalitat catalana». Aborda a continuación el Abogado del Estado el análisis de los preceptos relativos a la inspección técnica de edificios (arts. 21 y 22; disposición adicional tercera y disposiciones transitorias primera y segunda). Defiende que la constante remisión a la normativa autonómica que contienen los preceptos impugnados hace que la alegación de inconstitucionalidad que se les dirige carezca de toda base. El legislador urbanístico puede configurar la inspección técnica de edificios sin más condicionamiento que tratar de cumplir el deber legal de conservación. Afirma, además, que el artículo 21 establece la obligatoriedad de la inspección técnica de edificios como instrumento para coadyuvar al cumplimiento del deber legal de conservación que recae sobre todo propietario preservando una uniformidad mínima en su contenido en toda la Nación. De igual forma el artículo 22, al exigir el certificado de la ejecución de las obras para garantizar la eficacia de la inspección técnica realizada, guarda íntima relación con los deberes de los propietarios de los inmuebles (art. 149.1.1 CE). Rechaza el Abogado del Estado que el hecho de que la disposición adicional tercera no garantice la uniformidad plena en relación con la inspección técnica sea obstáculo para entender tal regulación amparada en el art. 149.1.1 CE. De acuerdo con el fundamento jurídico 41 a) de la STC 61/1997 ha de admitirse la posibilidad de que las normas dictadas por el legislador estatal ex art. 149.1.1 CE, lejos de un riguroso uniformismo, puedan razonablemente introducir regulaciones o tratamientos diversificados en presencia de elementos o factores objetivos que lo justifiquen. Sostiene, además, que la regulación básica de la inspección de edificios también encuentra amparo en los títulos contenidos en los núms. 13 y 23 del art. 149.1 CE. En el primero, porque el mantenimiento preventivo que supone la inspección técnica facilita la rehabilitación de edificios y viviendas; lo que contribuye a impulsar el sector económico de la construcción. Esto resulta esencial para superar la grave crisis económica. En el art. 149.1.23 CE, en la medida en que el desarrollo de las actuaciones de rehabilitación, consecuencia de una inspección detectando deficiencias, consistirá fundamentalmente en realizar obras de mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano. Por último, argumenta el Abogado del Estado que el deber de adaptar las normas autonómicas anteriores a las posteriores y prevalentes que dicte el legislador estatal es una consecuencia de la propia Constitución. Es obvio que son las Cortes Generales quienes deben decidir el tipo de régimen intertemporal de las nuevas leyes que dictan, considerando su incidencia sobre el Derecho autonómico. Es más, dirá, «sería patentemente contrario a la Constitución entender que corresponde al legislador autonómico decidir libremente sobre la eficacia de las leyes generales, determinando el tiempo y forma de adaptación, porque eso equivaldría a concederle la facultad de decidir sobre la vigencia y aplicabilidad de las leyes generales». Finalmente, el Abogado del Estado defiende la constitucionalidad del artículo 23 ofreciendo para ello diversos argumentos. 1) El precepto no invade las competencias autonómicas, porque remite la determinación del acto de conformidad, aprobación o autorización que sea preceptivo a la legislación de ordenación territorial y urbanística. 2) La determinación del sentido del silencio por parte del Estado responde a un interés general, que no es otro que preservar la legalidad urbanística. 3) La previsión del silencio negativo en modo alguno es arbitraria, puesto que en el propio preámbulo del Real Decreto-ley se explica que responde a la intención de impedir la concesión de licencias urbanísticas por la mera pasividad o inexistencia de actuaciones tempestivas de los ayuntamientos. Se evita así la obtención por silencio positivo de facultades o derechos, de gran relevancia e impacto sobre el territorio, contrarios al ordenamiento urbanístico. Se concluye, pues, que el silencio negativo es una regla del procedimiento administrativo común con la que se persigue garantizar un interés general y que encuentra amparo en el art. 149.1.18 CE. Por todo lo anterior, solicita que se declare la plena constitucionalidad de los preceptos impugnados. 6. Por providencia de 19 de enero de 2016 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 21 del mismo mes y año. II. Fundamentos jurídicos 1. El presente recurso de inconstitucionalidad se interpone por la Generalitat de Cataluña contra los arts. 17.1 c), 18.1, 19.2, 21, 22, 23, la disposición adicional tercera, las disposiciones transitorias primera y segunda y la disposición final primera del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. Entiende que los mencionados preceptos vulneran el orden constitucional de competencias y, más concretamente, invaden sus competencias en materia de urbanismo y vivienda. Por el contrario, el Abogado del Estado defiende la constitucionalidad de los preceptos alegando las competencias de que dispone el Estado ex art. 149.1.1, 13, 18 y 23 CE. 2. Antes de entrar a dilucidar el fondo del asunto, hemos de abordar la incidencia de las modificaciones normativas y de las resoluciones de este Tribunal que han tenido lugar durante la pendencia de este proceso constitucional y hayan podido tener un impacto sobre su objeto. A) En primer término, es preciso señalar que el art. 23 del Real Decreto-ley 8/2011 fue declarado inconstitucional y nulo por nuestra STC 29/2015, de 19 de febrero, quedando expulsado del ordenamiento jurídico, por lo que hay que concluir que respecto a este precepto el presente proceso ha perdido objeto. B) En segundo término, la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, deroga (disposición derogatoria única), en lo que ahora interesa, los arts. 17, 18, 19, 21, 22 y 23, así como la disposición adicional tercera y las disposiciones transitorias primera y segunda del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio. Ha de advertirse que el contenido de la Ley 8/2013 (con la excepción de sus disposiciones finales que modifican otros textos normativos) ha pasado a incorporarse al nuevo texto refundido de la Ley de suelo y rehabilitación urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre. La incidencia de esta derogación sobre el objeto del presente recurso de inconstitucionalidad debe ser analizada teniendo en cuenta que, en relación con las modificaciones normativas en procesos constitucionales de naturaleza competencial, este Tribunal ha afirmado reiteradamente: «la eventual apreciación de la pérdida de objeto del proceso dependerá de la incidencia real que sobre el mismo tenga la derogación, sustitución o modificación de la norma y no puede resolverse apriorísticamente en función de criterios abstractos o genéricos, pues lo relevante no es tanto la expulsión de la concreta norma impugnada del ordenamiento cuanto determinar si con esa expulsión ha cesado o no la controversia competencial, toda vez que poner fin a la misma a la luz del orden constitucional de reparto de competencias es el fin último al que sirven tales procesos» (por todas, STC 18/2011, de 3 de marzo, FJ 3, y las allí citadas). Si la normativa en torno a la cual se trabó el conflicto resulta parcialmente modificada por otra que viene a plantear los mismos problemas competenciales, la consecuencia será la no desaparición del conflicto (por todas, STC 133/2012, de 19 de junio, FJ 2). El análisis habría de realizarse, por tanto, precepto por precepto. a) El art. 17.1 c) del Real Decreto-ley 8/2011, relativo a las actuaciones de rehabilitación, dispone que tal término engloba «las de regeneración urbana, entendiendo por tales, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 110 de la Ley de Economía Sostenible, las que se desarrollen en ámbito urbanos vulnerables, obsoletos o degradados, alcanzando tanto a la urbanización y a las dotaciones, como a los edificios, y tengan como finalidad el cumplimiento de los principios de cohesión territorial y social, eficiencia energética y complejidad funcional al servicio de un medio urbano sostenible». Añade que «cuando se refieran exclusivamente a la rehabilitación de edificios, estas actuaciones consistirán en realizar las obras necesarias para lograr los fines propios de las actuaciones de mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano a que se refiere la letra anterior». Además, aclara, «tendrán carácter integrado cuando articulen medidas sociales, ambientales y económicas enmarcadas en una estrategia municipal global y unitaria, formulada a través del planeamiento urbanístico o por medio de un instrumento específico». La tacha de inconstitucionalidad que se formula en la demanda no alcanza, sin embargo, a la totalidad del precepto sino únicamente a la parte final, en la que se refiere a una estrategia municipal global y unitaria, formulada a través del planeamiento urbanístico o por medio de un instrumento específico. Previsión que, no obstante, ya no aparece en el art. 7 de la Ley 8/2013, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, precepto que define las obras de rehabilitación. En efecto, este artículo (actualmente derogado a su vez por el Real Decreto Legislativo 7/2015, que aprueba el texto refundido de la Ley de suelo y rehabilitación urbana) se limita, en su apartado 2, a disponer que «las actuaciones de regeneración y renovación urbanas tendrán, además, carácter integrado cuando articulen medidas sociales, ambientales y económicas enmarcadas en una estrategia administrativa global y unitaria», sin hacer referencia alguna a los instrumentos en los que este tipo de estrategia haya de estar prevista. Por tanto, es preciso concluir que, en relación con el art. 17.1 c) del Real Decreto-ley 8/2011 el presente proceso ha perdido objeto. b) El art. 18.1 del Real Decreto-ley 8/2011, relativo a las actuaciones de conservación, mejora y regeneración, establece que estas actuaciones «podrán imponerse por la Administración competente cuando concurran las condiciones previstas para cada una de ellas en el presente Real Decreto-ley y en el resto de legislación aplicable, en cuyo caso les será de aplicación lo dispuesto en el apartado 2 del art. 111 de la Ley de Economía Sostenible». Añade que, «en particular, las actuaciones de regeneración urbana exigirán que la Administración competente delimite el correspondiente ámbito, que podrá ser continuo o discontinuo, así como de mera rehabilitación o sustitución de viviendas o edificios completos, siempre que no afecten a más del 50 por 100 de los edificios, de las viviendas o de la edificabilidad». En estos casos, aclara el precepto, «las actuaciones de regeneración urbana tendrán la consideración de actuaciones de transformación urbanística, de acuerdo con lo previsto en el art. 14.1 del Texto Refundido de la Ley de Suelo aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, siéndoles de aplicación el régimen de las actuaciones de urbanización o dotación que les corresponda». La impugnación de este precepto se centra pues en la previsión limitativa del porcentaje de demolición, renovación o sustitución de edificios que se puede realizar mediante actuaciones de transformación urbanística. Esta previsión ya no aparece en la regulación de la ordenación y ejecución de las actuaciones de rehabilitación edificatoria que contiene el art. 10 de la Ley 8/2013 (precepto este derogado a su vez por el Real Decreto Legislativo 7/2015, que aprueba el texto refundido de la Ley de suelo y rehabilitación urbana); en el párrafo 2 de su apartado 1, se limita a disponer que «las actuaciones que no requieran la alteración de la ordenación urbanística vigente, precisarán la delimitación y aprobación de un ámbito de actuación conjunta, que podrá ser continuo o discontinuo, o la identificación de la actuación aislada que corresponda, a propuesta de los sujetos mencionados en el artículo anterior, y a elección del Ayuntamiento». Es preciso, pues, concluir que el presente proceso ha perdido también objeto en relación con el art. 18.1. c) El art. 19.2 del Real Decreto-ley 8/2011 regula los sujetos legitimados para participar en las actuaciones de rehabilitación. Dispone que estos sujetos «podrán agruparse en asociaciones administrativas con determinados fines: a) participar en el proceso de planificación o programación de la actuación, b) elaborar, por propia iniciativa o por encargo del responsable de la gestión de la actuación de que se trate, los correspondientes proyectos, planes o programas, c) asumir, por sí mismas, o en asociación con otros sujetos intervinientes, públicos o privados, la gestión de las obras de mejora y regeneración urbana o, en su caso, participar en una u otra en la forma que se convenga con el responsable de la gestión». La Generalitat de Cataluña impugna el precepto por cuanto habilita a las asociaciones de sujetos legitimados a participar en las actuaciones de regeneración urbana para que formulen los instrumentos de ordenación urbana u otros análogos y para que procedan a la ejecución de las obras de regeneración previstas en dichos instrumentos, lo que se considera que carece de amparo en el art. 149.1.1 CE. La participación de las asociaciones administrativas en las actuaciones de rehabilitación edificatoria y de regeneración y renovación urbanas se regula nuevamente en el art. 15 de la Ley 8/2013 (derogado a su vez por el Real Decreto Legislativo 7/2015, que aprueba el texto refundido de la Ley de suelo y rehabilitación urbana). Este precepto prevé, en su apartado 1, que estas asociaciones pueden participar en la ejecución de las actuaciones de rehabilitación edificatoria y en las de regeneración y renovación urbanas; establece, además, en el apartado 3 b), que pueden constituirse para participar en los concursos públicos que la Administración convoque a los efectos de adjudicar la ejecución de las obras correspondientes. Esta regulación ha pasado a incorporarse al art. 9, apartados 4 e) y 5 b), del texto refundido de la Ley de suelo y rehabilitación urbana aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015. Por tanto, aunque la nueva regulación ya no contempla la formulación por las asociaciones administrativas de los instrumentos de ordenación para la regeneración urbana, sigue contemplando su participación en la fase de ejecución, por lo que respecto a esta parte de la regulación el objeto del proceso persiste. d) Por lo que se refiere a los preceptos que regulan la inspección de edificios, el art. 21 del Real Decreto-ley 8/2011 establece que los de una antigüedad superior a 50 años, salvo que las Comunidades Autónomas fijen distinta antigüedad en su normativa, destinados preferentemente a uso residencial y situados en los municipios señalados en la disposición adicional tercera, deberán ser objeto, en función de su antigüedad, de una inspección técnica periódica que asegure su buen estado y debida conservación. Habrá de cumplir como mínimo determinados requisitos (evaluar la adecuación de estos inmuebles a las condiciones legalmente exigibles de seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato; determinar las obras y trabajos de conservación que se requieran para mantener los inmuebles en el estado legalmente exigible, y el tiempo señalado al efecto). También dispone que las actuaciones previstas en este precepto se aplicarán en la forma, plazos y condiciones que regulen las Comunidades Autónomas; que los municipios podrán establecer sus propias actuaciones en el marco de los mínimos estatales y autonómicos. Las inspecciones realizadas por encargo de la comunidad o agrupación de comunidades de propietarios que se refieran a la totalidad de un edificio o complejo inmobiliario extenderán su eficacia a todos y cada uno de los locales y viviendas existentes. Por su parte, el artículo 22 regula los efectos de la inspección. Dispone que cuando de la inspección realizada resulten deficiencias, la eficacia del documento acreditativo de la misma, a los efectos de justificar el cumplimiento del deber legal de conservación a que se refiere el art. 9 de la Ley de suelo, quedará condicionada a la certificación de la realización efectiva de las obras y los trabajos de conservación requeridos para mantener el inmueble en el estado legalmente exigible y en el tiempo señalado al efecto. La disposición adicional tercera, por su parte, limita la aplicación de la regulación de la inspección técnica de edificios a los municipios con población superior a 25.000 habitantes, salvo que las Comunidades Autónomas fijen otros estándares poblacionales y en aquellos que las Administraciones incluyan en las áreas o los entornos metropolitanos que delimiten. Dispone, además, que las Comunidades Autónomas, cuando las circunstancias lo aconsejen, podrán disponer la aplicación de las determinaciones relativas a la inspección técnica de edificios a municipios no comprendidos en el apartado anterior y, en dicho caso, establecer excepciones del cumplimiento de la misma a determinados edificios según su tipología o su uso predominante. El régimen transitorio para las inspecciones técnicas se establece en las disposiciones transitorias primera y segunda del Real Decreto-ley 8/2011. La primera regula la eficacia de las inspecciones técnicas ya realizadas. Dispone que las que se hayan llevado a cabo conforme a la normativa vigente en el momento de entrada en vigor de este Real Decreto-ley, mantendrán su eficacia a todos los efectos dentro del plazo que dicha normativa hubiere establecido; en ausencia de dicho plazo, hasta el 1 de enero de 2020. La segunda, relativa al calendario para las inspecciones técnicas, prevé que «antes de la entrada en vigor de lo dispuesto en este Real Decreto-ley sobre la obligatoriedad de la inspección técnica de edificios, las Administraciones Públicas competentes podrán establecer, en el ámbito de sus competencias, un calendario de fechas hasta el año 2015 para la progresiva realización ordenada de la inspección técnica de edificios en función de su antigüedad». En ese año, añade el precepto, deberán haberse sometido a dicha inspección todos los edificios con una antigüedad superior a 50 años, a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, en todos los municipios a que se refiere la disposición adicional tercera y en los términos establecidos en la misma. Estos preceptos (arts. 21 y 22, disposición adicional tercera y disposiciones transitorias primera y segunda) se impugnan por entender la Generalitat que, en la medida que abordan un instrumento de evaluación del estado de conservación del parque inmobiliario de uso residencial, así como medidas de control sobre el cumplimiento por los propietarios de los deberes legales de conservación y rehabilitación, se trata de una regulación urbanística para la que el Estado carece de competencias y con cuyo establecimiento invade las propias de las Comunidades Autónomas. La Ley 8/2013, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, que deroga los preceptos referidos, establece el informe de evaluación de edificios, partiendo de la regulación establecida por el Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, pero buscando, como se explica en su preámbulo, superar algunas de sus insuficiencias. Entre ellas, la que lo identificaba plenamente con la inspección técnica de edificios regulada por las Comunidades Autónomas y por algunos ayuntamientos. El contenido de esta regulación de la Ley 8/2013 sobre el informe de evaluación de edificios ha pasado a incorporarse al actual texto refundido de la Ley de suelo y rehabilitación urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015 (arts. 29 y 30 y disposición transitoria segunda). Dispone el art. 4 de la Ley 8/2013 (cuyo contenido pasa a incorporarse al art. 29 texto refundido de la Ley de suelo y rehabilitación urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015) que «los propietarios de inmuebles ubicados en edificaciones con tipología residencial de vivienda colectiva podrán ser requeridos por la Administración competente, de conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria primera, para que acrediten la situación en la que se encuentran aquéllos, al menos en relación con el estado de conservación del edificio y con el cumplimiento de la normativa vigente sobre accesibilidad universal, así como sobre el grado de eficiencia energética de los mismos». Este informe de evaluación ha de contener de manera detallada la evaluación del estado de conservación del edificio, la evaluación de las condiciones básicas de accesibilidad universal y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización del edificio, de acuerdo con la normativa vigente, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar ajustes razonables para satisfacerlas, y la certificación de la eficiencia energética del edificio. Dispone el precepto además que cuando, de conformidad con la normativa autonómica o municipal, exista un informe de inspección técnica que ya permita evaluar los extremos señalados en las letras a) y b) anteriores, se podrá complementar con la certificación referida en la letra c) y surtirá los mismos efectos que el informe regulado por esta Ley. Cuando contenga todos los elementos requeridos de conformidad con aquella normativa, podrá surtir los efectos derivados de la misma, tanto en cuanto a la posible exigencia de la subsanación de las deficiencias observadas, como en cuanto a la posible realización de las mismas en sustitución y a costa de los obligados; con independencia de las medidas disciplinarias y sancionadoras que procedan, de conformidad con lo establecido en la legislación urbanística aplicable. Este informe de evaluación extiende su eficacia a todos y cada uno de los locales y viviendas existentes y tiene una periodicidad mínima de diez años, pudiendo las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos prever una periodicidad menor. Por otra parte, el art. 4 de la Ley 8/2013 (cuyo contenido pasa a incorporarse ahora al art. 29 del texto refundido de la Ley de suelo y rehabilitación urbana) atribuye al incumplimiento del deber de realizar en tiempo y forma el informe de evaluación, regulado por este artículo y por la disposición transitoria primera, la consideración de infracción urbanística; con las consecuencias que atribuya la normativa urbanística aplicable al incumplimiento del deber de dotarse del informe de inspección técnica de edificios o equivalente en el plazo expresamente establecido. El calendario para la realización del informe de evaluación de los edificios se contiene en la disposición transitoria primera de la Ley 8/2013 (cuyo contenido pasa a incorporarse ahora a la disposición transitoria segunda del texto refundido de la Ley de suelo y rehabilitación urbana). De acuerdo con ella, con el objeto de garantizar la calidad y sostenibilidad del parque edificado, así como para orientar y dirigir las políticas públicas que persigan tales fines, y sin perjuicio de que las Comunidades Autónomas aprueben una regulación más exigente y de lo que indiquen las ordenanzas municipales, la obligación de disponer del informe de evaluación regulado en el art. 4 de la Ley 8/2013 (ahora en la disposición transitoria segunda del texto refundido de la Ley de suelo y rehabilitación urbana) deberá hacerse efectiva, como mínimo, en relación con determinados edificios y plazos. Tal es el caso de los edificios de tipología residencial de vivienda colectiva con una antigüedad superior a 50 años: en el plazo máximo de cinco años, a contar desde la fecha en que alcancen dicha antigüedad, salvo que ya cuenten con una inspección técnica vigente, realizada de conformidad con su normativa aplicable y con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 8/2013. Igualmente, han de disponer del informe de evaluación los edificios cuyos titulares pretendan acogerse a ayudas públicas con el objetivo de acometer obras de conservación, accesibilidad universal o eficiencia energética, con anterioridad a la formalización de la petición de la correspondiente ayuda. El resto de los edificios sólo han de contar con el informe de evaluación cuando así lo determine la normativa autonómica o municipal, que podrá establecer especialidades de aplicación del citado informe, en función de su ubicación, antigüedad, tipología o uso predominante. Finalmente, la disposición transitoria primera de la Ley 8/2013 (ahora la disposición transitoria segunda del texto refundido de la Ley de suelo y rehabilitación urbana) prevé que «con el objeto de evitar duplicidades entre el informe y la Inspección Técnica de Edificios o instrumento de naturaleza análoga que pudiera existir en los Municipios o Comunidades Autónomas, el informe resultante de aquélla se integrará como parte del informe regulado por esta Ley, teniéndose este último por producido, en todo caso, cuando el ya realizado haya tenido en cuenta exigencias derivadas de la normativa autonómica o local iguales o más exigentes a las establecidas por esta Ley». En definitiva, de la exposición de esta regulación se deduce que la Ley 8/2013 (cuyo contenido en este punto pasa a incorporarse ahora al art. 29 y la disposición transitoria segunda del texto refundido de la Ley de suelo y rehabilitación urbana) no ha eliminado la inspección técnica de edificios. Lejos de ello, la ha sustituido por un instrumento más amplio de la evaluación de los edificios que comprende ahora, además de la evaluación del estado de conservación del edificio, también la de las condiciones básicas de accesibilidad universal y de eficiencia energética. Hay que entender que la controversia competencial planteada por la Generalitat en torno a la regulación de la inspección técnica de edificios sigue en pie y precisa una decisión de este Tribunal, sin que el proceso haya perdido, por tanto, en este punto su objeto. 3. Efectuadas las precisiones que anteceden sobre el objeto del presente proceso, procede adentrarse ahora en el análisis de constitucionalidad de los preceptos impugnados respecto de los que subsiste la controversia planteada, comenzando por el artículo 19.2. Como hemos visto en el fundamento jurídico anterior, este precepto es impugnado por la Generalitat de Cataluña en cuanto habilita a las asociaciones de sujetos legitimados para participar en las actuaciones de regeneración urbana a proceder a la ejecución de las obras de regeneración previstas en dichos instrumentos. La Generalitat entiende que esta regulación carece de amparo en el art. 149.1 CE e invade sus competencias en materia de urbanismo. Sostiene la representación procesal de la Generalitat que la regulación no fija condiciones básicas de igualdad en ejercicio de derechos o cumplimiento de deberes constitucionales, por lo que no puede entenderse dictada en virtud del art. 149.1.1 CE. Tampoco los apartados 13 y 23 del art. 149.1 CE ofrecerían cobertura, puesto que el art. 19.2 del Real Decreto-ley 8/2011 no establece medidas que guarden relación directa o inmediata con la dirección y planificación de la actividad económica y tampoco impone limitaciones a la actividad de transformación urbanística para evitar los efectos medioambientales negativos que de ella pudieran derivarse; se limita a regular la actividad de formulación y ejecución de las actuaciones de transformación urbanística de regeneración urbana. El Abogado del Estado, por el contrario, defiende la constitucionalidad de la regulación afirmando que de los arts. 3.3, 4.3 y 6 del texto refundido de la Ley de suelo y de la doctrina establecida en las SSTC 61/1997, FJ 14 c), y 164/2001, FJ 9, se deduce que la previsión de la participación de propietarios y empresarios en la acción urbanística es una regulación de las condiciones básicas de ejercicio de los derechos constitucionales de propiedad y de libertad de empresa. Por tanto, encontraría amparo específico en el art. 149.1.1 CE. Además, sostiene que la regulación no introduce ninguna regla material urbanística, por lo que las Comunidades Autónomas quedan en entera libertad para fijar el procedimiento específico a través del cual se haya de articular la participación de las asociaciones, así como los plazos, posibles consecuencias, etc. No se habría, por tanto, producido invasión alguna de la competencia urbanística de la Generalitat catalana. Como este Tribunal ha tenido ocasión de afirmar en resoluciones anteriores [SSTC 61/1997, FJ 14 c); 164/2001, FJ 9, y 141/2014, FJ 7 b)], la previsión de la participación de los particulares en la acción urbanística pública encuentra amparo en el art. 149.1.1 CE, aunque corresponda a las Comunidades Autónomas la concreta articulación de esa acción pública con la participación privada mediante la regulación de los correspondientes sistemas o técnicas de ejecución de los instrumentos urbanísticos. La regulación que ahora se impugna no pasa de establecer un principio o criterio general de participación de las asociaciones administrativas que constituyan los sujetos legitimados en la ejecución de las actuaciones de regeneración urbana; no se desciende a mayor detalle, que ciertamente corresponderá prever a las Comunidades Autónomas. En consecuencia, ninguna invasión ocasiona de las competencias urbanísticas de la Generalitat de Cataluña. Procede, por tanto, desestimar la impugnación del art. 19.2 del Real Decreto-ley 8/2011. 4. Los arts. 21 y 22, la disposición adicional tercera y las disposiciones transitorias primera y segunda de dicho Real Decreto-ley se impugnan por entender que, al regular la inspección urbanística de los edificios, el legislador estatal invade las competencias de la Generalitat en materia de vivienda y urbanismo. Sostiene la Abogada de la Generalitat que esta regulación es materialmente urbanística y que el Estado no tiene cobertura para su establecimiento ni en el apartado 1, ni en los apartados 13 y 23 del art. 149.1 CE. La regulación impugnada establece un mecanismo preventivo de control sobre el cumplimiento por los propietarios de sus deberes legales de conservación y de rehabilitación. Se trata de un instrumento de evaluación del estado de conservación del parque inmobiliario de uso residencial, que no tiene un impacto directo en la economía, ni podría pensarse que vaya a dinamizar el sector de la construcción, ni establece un mínimo común denominador en cuanto a la sostenibilidad ambiental exigible a los edificios, por lo que el Estado no puede pretender ampararse ni en el apartado 13 ni en el apartado 23 del art. 149.1 CE. Niega también la Abogada de la Generalitat que la regulación impugnada pueda encontrar amparo en el art. 149.1.1 CE, porque no define las posiciones jurídicas primarias de los propietarios en relación con su deber de conservación, ni tampoco impone reglas iguales y uniformes para todos los propietarios de edificios; se limita a instaurar unas técnicas de intervención administrativa destinadas a comprobar el cumplimiento del deber de conservación de los inmuebles. El Abogado del Estado argumenta, por el contrario, que los preceptos discutidos son conformes a la Constitución y que la regulación encuentra cobertura en el art. 149.1.1 CE. En primer término porque, al imponer la obligatoriedad de la inspección técnica de edificios, el legislador estatal establece un instrumento que coadyuva al cumplimiento del deber legal de conservación preservando, además, una uniformidad mínima en su contenido en todo el territorio español. De igual forma, al exigir el art. 22 del Real Decreto-ley 8/2011 el certificado de la ejecución de las obras para garantizar la eficacia de la inspección técnica realizada, la regulación tiene una estrecha relación con los deberes de los propietarios de los inmuebles y, por tanto, de nuevo ha de considerarse fruto del ejercicio de la competencia estatal ex art. 149.1.1 CE. También entiende que la regulación encuentra encaje en los apartados 13 y 23 del art. 149.1 CE, en la medida en que, por un lado, la rehabilitación de edificios y viviendas contribuye a impulsar el sector económico de la construcción contribuyendo a superar la crisis económica y, por otro, las actuaciones de rehabilitación realizadas como consecuencia de la inspección consistirán en realizar obras de mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano. Niega el Abogado del Estado que el hecho de que la disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 8/2011 no garantice la uniformidad plena en relación con la inspección técnica sea obstáculo para entender que la regulación esté amparada en el art. 149.1.1 CE. Citando el fundamento jurídico 41 a) de la STC 61/1997, argumenta que ha de admitirse la posibilidad de que las normas dictadas por el legislador estatal ex art. 149.1.1 CE puedan introducir regulaciones o tratamientos diferenciados en presencia de elementos o factores objetivos que lo justifiquen. Por último, considera el Abogado del Estado que el deber de adaptar las normas autonómicas anteriores a las posteriores y prevalentes que dicte el legislador estatal es consecuencia lógica de la propia Constitución. Es obvio que son las Cortes Generales quienes deben decidir el tipo de régimen intertemporal de las nuevas leyes que dictan. Lo que, en su opinión, resultaría contrario a la Constitución es que fuera el legislador autonómico el que libremente decidiera sobre la eficacia de las leyes generales, determinando por sí mismo el tiempo y forma de la adaptación de la normativa estatal. En el preámbulo del Real Decreto-ley 8/2011 se afirma que se introducen medidas para seguir impulsando las actuaciones de rehabilitación reforzando los contenidos que sobre esta materia se recogieron en la Ley de economía sostenible; se introduciría mayor claridad en un mercado que se considera básico para la consecución de un modelo de desarrollo más sostenible. Más concretamente, se explica que en el marco de las políticas dirigidas a la consecución de un medio urbano más sostenible, el Real Decreto-ley generaliza la inspección técnica de edificios, estableciendo su obligatoriedad y sus requisitos esenciales. De esta forma, se dota a este instrumento, ya existente en la mayoría de las leyes urbanísticas en vigor, de la uniformidad necesaria para garantizar unos contenidos que ayuden a conseguir la adaptación del parque de viviendas existentes a los criterios mínimos de calidad exigidos. Este Tribunal ha señalado reiteradamente que el art. 149.1.13 CE atribuye al Estado una competencia para la ordenación general de la economía que abarca la definición de las líneas de actuación tendentes a alcanzar los objetivos de política económica global o sectorial fijados por la propia Constitución, así como la adopción de las medidas precisas para garantizar la realización de los mismos (por todas, STC 186/1988, de 17 de octubre, FJ 2; STC 141/2014, de 11 de septiembre, FJ 5). También hemos advertido que el art. 149.1.13 CE exige una lectura restrictiva, puesto que una excesivamente amplia podría constreñir e incluso vaciar las competencias sectoriales legítimas de las Comunidades Autónomas (SSTC 29/1986, FJ 4; 141/2014). Así, no toda medida por el mero hecho de tener una incidencia económica puede incardinarse en este título; es preciso que tenga «una incidencia directa y significativa sobre la actividad económica general, pues de no ser así se vaciaría de contenido una materia y un título competencial más específico» (SSTC 21/1999, de 25 de febrero, FJ 5; 141/2014, FJ 5). En definitiva, la competencia que atribuye al Estado el art. 149.1.13 CE «cuando afecta a la competencia urbanística de las Comunidades Autónomas, ha de verse complementada además por una interpretación finalista o teleológica, de modo que tan sólo aquellas normas básicas que respondan efectiva y estrictamente a la planificación económica podrían encontrar cobijo en el referido título, que impide la producción de normas que, aunque relacionadas con esa planificación general, no guarden esa inmediata y directa relación con la dirección de la economía» (SSTC 61/1997, FJ 36; 112/2013, FJ 3; y 141/2014, FJ 5). Por su parte, el art. 149.1.23 CE es también un título transversal que tiene una clara fuerza expansiva y requiere igualmente una interpretación restricta. Atribuye al Estado competencias para establecer una legislación básica que constituya un mínimo de protección medioambiental; será superable por las Comunidades Autónomas mediante el establecimiento de normas adicionales de protección, pero como ya hemos tenido ocasión de explicar en resoluciones anteriores, «en esta materia no se encuadra cualquier tipo de actividad relativa a [los] recursos naturales, sino sólo la que directamente tienda a su preservación, conservación o mejora» (STC 102/1995, FJ 3). La utilización de este título por parte del Estado para afectar o condicionar competencias sectoriales de las Comunidades Autónomas sólo será, pues, conforme al orden constitucional de competencias «cuando dicha afectación se traduzca en la imposición de límites a las actividades sectoriales en razón a la apreciable repercusión negativa que el ejercicio de la actividad sectorial de que se trate pueda tener» (SSTC 69/2013, FJ 1, y 141/2014, FJ 5). La inspección urbanística es una potestad administrativa, una técnica típica de intervención, cuya finalidad es verificar el cumplimiento de la legalidad urbanística, constatar las irregularidades existentes y, en su caso, activar los debidos mecanismos de corrección. Es indudable que la inspección de edificios puede dar lugar a obras de conservación y reparación, pero no es propiamente una medida cuya finalidad sea la consecución de objetivos de política económica general, ni tiene tampoco una incidencia directa y significativa sobre dicha actividad. De igual forma, hay que rechazar que su regulación persiga la preservación, conservación o mejora del medio ambiente o de los recursos naturales que lo conforman; o que, admitiendo una acepción amplia del medio ambiente, pueda considerarse una medida que tienda primordialmente a proteger un medio ambiente urbano. Se trata, sin lugar a dudas, de la regulación de una técnica o instrumento propiamente urbanístico, que tiene por finalidad prevenir y controlar las irregularidades o ilegalidades urbanísticas, así como comprobar el cumplimiento del deber de conservación que corresponde a los propietarios. Son, pues, preceptos que se incardinan con claridad en la materia de urbanismo, es competencia de las Comunidades Autónomas que a éstas corresponde regular, sin que el art. 149.1.13 y 23 CE otorgue al Estado cobertura para proceder al establecimiento de previsiones sobre requisitos, características y plazos de la actividad inspectora. Como ya hemos dicho, «el contenido del urbanismo se traduce en concretas potestades» y en «la intervención administrativa en las facultades dominicales sobre el uso del suelo y edificación, a cuyo servicio se arbitran técnicas jurídicas concretas» (STC 61/1997, FJ 6; y 141/2014, FJ 5), entre las cuales se encuentra la inspección de edificios cuya regulación compete a las Comunidades Autónomas, sin que en las reglas establecidas en los preceptos ahora impugnados se advierta un contenido o un objetivo que justifique su incardinación en los títulos competenciales del Estado ex art. 149.1.13 o art. 149.1.23 CE. Tampoco el art. 149.1.1 CE permite el establecimiento de esta regulación, pues este título tan sólo atribuye al Estado competencia para establecer las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio de derechos y en el cumplimiento de deberes constitucionales. Téngase en cuenta que ni siquiera habilita, como ya hemos tenido ocasión de afirmar (STC 61/1997, FJ 7), para abordar una regulación completa de esos derechos y deberes; aún menos permite abordar la regulación de simples técnicas o instrumentos urbanísticos de comprobación del cumplimiento de deberes de los propietarios. Conviene a estos efectos recordar que el título del art. 149.1.1 CE no puede operar como un título horizontal «capaz de introducirse en cualquier materia o sector del ordenamiento por el mero hecho de que pudieran ser reconducibles, siquiera sea remotamente hacia un derecho o deber constitucional» (STC 61/1997, FJ 7). Por todo lo anteriormente expuesto, procede declarar la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 21 y 22 del Real Decreto-ley 8/2011, así como de la disposición adicional tercera y de las disposiciones transitorias primera y segunda de dicho Real Decreto-ley. 5. La representación procesal de la Generalitat de Cataluña impugna, por último, la disposición final primera del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, pero lo hace sólo en la medida en que discrepa de los títulos competenciales en los que este precepto ampara los demás impugnados. Una vez depurados dichos preceptos, como hemos señalado en casos similares (por todas, SSTC 18/2011, de 3 de marzo, FJ 12; y 130/2013, de 4 de junio, FJ 14), nos encontramos aquí ante una impugnación que cabría calificar de «sistemática», llamada a seguir la misma suerte que los preceptos concretos que han sido objeto de impugnación, por el carácter que les atribuye esta disposición final primera. En definitiva, en los fundamentos jurídicos anteriores de la presente Sentencia ya se ha analizado la adecuación constitucional de los preceptos impugnados, sin que sea necesario un pronunciamiento expreso y genérico sobre la disposición final primera, por cuanto que el Gobierno autonómico recurrente ya lo ha obtenido en relación con cada precepto impugnado y ello se proyecta sobre esta concreta disposición. FALLO En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA, Ha decidido 1.º Declarar la desaparición sobrevenida del objeto del presente recurso en cuanto a los arts. 17.1 c), 18.1 y 23 del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio. 2.º Declarar la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 21 y 22, de la disposición adicional tercera y de las disposiciones transitorias primera y segunda del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio. 3.º Desestimar el recurso en todo lo demás. Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». Dada en Madrid, a veintiuno de enero de dos mil dieciséis.–Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.–Adela Asua Batarrita.–Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan José González Rivas.–Santiago Martínez-Vares García.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Antonio Narváez Rodríguez.–Firmado y rubricado.

El TC tumba la normativa estatal de inspección técnica de edificios por ser competencia autonómica

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente; doña Adela Asua Batarrita, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez, Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En el recurso de inconstitucionalidad núm. 1886-2012, promovido por la Generalitat de Cataluña contra los arts. 17.1 c), 18.1, 19.2, 21, 22, 23, la disposición adicional tercera, las disposiciones transitorias primera y segunda y la disposición final del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. Ha sido parte el Abogado del Estado actuando en representación del Gobierno de la Nación. Ha sido ponente el Magistrado don Andrés Ollero Tassara, quien expresa el parecer del Tribunal. I. Antecedentes 1. El 30 de marzo de 2012 tuvo entrada en el Registro General del Tribunal Constitucional escrito de la Letrada de la Generalitat de Cataluña, actuando en representación y defensa de ésta. Mediante él interpuso recurso de inconstitucionalidad contra los arts. 17.1 c), 18.1, 19.2, 21, 22, 23, la disposición adicional tercera, las disposiciones transitorias primera y segunda y la disposición final primera del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. Los argumentos en los que se basa la demanda se exponen sucintamente a continuación. Tras una primera parte introductoria en la que se alude al fracaso del procedimiento de negociación iniciado para resolver las discrepancias competenciales, se analiza la finalidad y contenido de los preceptos impugnados y se expone el régimen de distribución de competencias en materia de urbanismo, la demanda se adentra en la argumentación de la inconstitucionalidad de los arts. 17.1 c), 18.1 y 19.2 del Real Decreto-ley 8/2011. En relación con el art. 17.1 c) in fine se afirma que este precepto equipara las actuaciones de regeneración urbana a las actuaciones de renovación y rehabilitación urbana reguladas en el art. 110 de la Ley de economía sostenible, que les atribuye la condición de actuaciones de transformación urbanística establecidas en el art. 14.1 a).2 y b) del texto refundido de la Ley de suelo de 20 de junio de 2008. Asimismo dispone que su aprobación podrá realizarse a través del planeamiento urbanístico o de otro instrumento específico que deberá enmarcarse en una estrategia municipal global o unitaria cuando tenga carácter integral y articule medidas sociales, ambientales y económicas. Se adentra luego en la determinación de los instrumentos normativos idóneos para llevar a cabo las actuaciones de transformación urbanística, dentro de la materia urbanismo de competencia exclusiva de la Generalitat de Cataluña. En consecuencia, en la medida en que la previsión del art. 17.1 c) in fine prevé que las actuaciones de regeneración urbana se efectúen a través de otros instrumentos jurídicos distintos de los planes urbanísticos, invadiría la competencia exclusiva que el art. 149.5 c) del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC) otorga a la Generalitat de Cataluña para establecer y regular los instrumentos de planificación y gestión urbanística. Rechaza que la regulación pueda encontrar amparo en los apartados 1, 13 y 23 del art. 149.1 CE. Por una parte, tiene por objeto fijar condiciones básicas de igualdad desde la perspectiva subjetiva de los titulares de derechos constitucionales, ni guarda una relación directa e inmediata con la dirección y planificación de la actividad económica; por otra parte, no constituye un límite para evitar los efectos medioambientales negativos que puedan resultar de la realización de actuaciones de transformación urbanística de regeneración urbana. Recuerda la Abogada de la Generalitat de Cataluña que el art. 110.4 de la Ley de economía sostenible ya contempló en su momento la posibilidad de que estas actuaciones de transformación urbanística de renovación y rehabilitación urbana pudieran aprobarse no sólo a través del planeamiento urbanístico, sino también mediante otro procedimiento e instrumento específico de carácter reglamentario. Este precepto de la Ley de economía sostenible ha sido impugnado por el recurso de inconstitucionalidad núm. 6596-2011, por entenderse que invadía la competencia urbanística autonómica. En relación con el artículo 18.1, se argumenta que este precepto establece los ámbitos espaciales, continuos o discontinuos, que pueden abarcar las actuaciones de regeneración urbana. Impone a las actuaciones que prevean intervenciones de demolición, renovación o sustitución de viviendas o edificios completos –a las que atribuye en todo caso la condición de actuaciones de transformación urbanística reguladas en el art. 14.1 a).2.i.b) del texto refundido de la Ley de suelo de 2008–, el límite de no afectar a más del 50 por 100 de las edificaciones de las viviendas o de la edificabilidad. Esta norma invadiría «el ámbito de urbanismo objetivo que según el art. 149.5 del EAC corresponde a la competencia exclusiva de la Generalidad de Cataluña». Tampoco aquí, según la Abogada de la Generalitat, puede encontrar la regulación amparo en el art. 149.1, 13 o 23 CE «ya que la limitación sobre el porcentaje de demolición, renovación o sustitución de edificios que establece no tiene por objeto fijar condiciones básicas de igualdad desde la perspectiva subjetiva de los titulares de derechos constitucionales, ni guarda ### RESUMEN: El TC tumba la normativa estatal de inspección técnica de edificios por ser competencia autonómica

Por Orden ESS/643/2016, de 28 de abril (BOE de 2 de mayo) se anunció, para su cobertura por el procedimiento de libre designación, un puesto de trabajo en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, según la redacción dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio, y en relación con el artículo 56 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, una vez acreditada la observancia del proceso debido y el cumplimiento por parte del candidato elegido de los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, ser idóneo para el desempeño del puesto que se le asigna, y ostentar la capacidad y competencias personales y profesionales, en virtud del artículo 89.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de acuerdo con la valoración efectuada por el Centro Directivo del que depende el puesto de trabajo convocado. Este Ministerio ha dispuesto: Primero. Resolver la referida convocatoria en los términos que se señalan en el anexo adjunto. Segundo. La toma de posesión del nuevo destino se realizará conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, antes citado. Tercero. Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, según lo dispuesto en el artículo 9.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o, potestativamente y con carácter previo, ante el mismo órgano que lo dictó, recurso administrativo de Reposición en el plazo de un mes igualmente desde el día siguiente al de su publicación, según los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Madrid, 24 de mayo de 2016.–La Ministra de Empleo y Seguridad Social, P.D. (Orden ESS/619/2012, de 22 de marzo), el Subsecretario de Empleo y Seguridad Social, Pedro Llorente Cachorro. ANEXO Secretaría General de Inmigración y Emigración Dirección General de Migraciones Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (C.E.T.I.) de Ceuta Puesto adjudicado: Denominación: Director/Directora. Nivel complemento destino: 29. Complemento específico: 15.880,90. Datos personales adjudicatario: Destino de procedencia: Ministerio de Defensa. Apellidos y nombre: Espiritu Navarro, Ricardo. Grupo: A1. Cuerpo: Cuerpo General del Ejército de Tierra. Escala de Oficiales. Situación Administrativa: Servicio activo.

El oficial del Ejército de Tierra, Ricardo Espiritu Navarro, nombrado director del CETI de Ceuta

Por Orden ESS/643/2016, de 28 de abril (BOE de 2 de mayo) se anunció, para su cobertura por el procedimiento de libre designación, un puesto de trabajo en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, según la redacción dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio, y en relación con el artículo 56 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, una vez acreditada la observancia del proceso debido y el cumplimiento por parte del candidato elegido de los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, ser idóneo para el desempeño del puesto que se le asigna, y ostentar la capacidad y competencias personales y profesionales, en virtud del artículo 89.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de acuerdo con la valoración efectuada por el Centro Directivo del que depende el puesto de trabajo convocado. Este Ministerio ha dispuesto: Primero. Resolver la referida convocatoria en los términos que se señalan en el anexo adjunto. Segundo. La toma de posesión del nuevo destino se realizará conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, antes citado. Tercero. Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, según lo dispuesto en el artículo 9.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o, potestativamente y con carácter previo, ante el mismo órgano que lo dictó, recurso administrativo de Reposición en el plazo de un mes igualmente desde el día siguiente al de su publicación, según los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Madrid, 24 de mayo de 2016.–La Ministra de Empleo y Seguridad Social, P.D. (Orden ESS/619/2012, de 22 de marzo), el Subsecretario de Empleo y Seguridad Social, Pedro Llorente Cachorro. ANEXO Secretaría General de Inmigración y Emigración Dirección General de Migraciones Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (C.E.T.I.) de Ceuta Puesto adjudicado: Denominación: Director/Directora. Nivel complemento destino: 29. Complemento específico: 15.880,90. Datos personales adjudicatario: Destino de procedencia: Ministerio de Defensa. Apellidos y nombre: Espiritu Navarro, Ricardo. Grupo: A1. Cuerpo: Cuerpo General del Ejército de Tierra. Escala de Oficiales. Situación Administrativa: Servicio activo. ### RESUMEN: El oficial del Ejército de Tierra, Ricardo Espiritu Navarro, nombrado director del CETI de Ceuta

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Ayuntamiento de Marbella. b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Patrimonio y Bienes. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Servicio de Contratación. 2) Domicilio: Plaza los Naranjos, s/n. 3) Localidad y código postal: Marbella, 29601. 4) Teléfono: 952761332 5) Telefax: 952761138 6) Correo electrónico: contratacion@marbella.es. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.marbella.es. d) Número de expediente: PAT 78/12. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Abierto. b) Descripción: Concesión administrativa para el uso privativo de una parcela municipal de 10.802,30 m² de superficie, sita al este de camino de Camoján, a fin de destinarla a instalación, gestión y explotación de un Centro de Estudios Universitarios. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe total: 2.195,640,00 (Canon anual de 54.891,00 x 40 años). 6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 4. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 30 días naturales desde la publicación del presente anuncio. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Registro General de Entrada. 2) Domicilio: Plaza de los Naranjos, s/n. 3) Localidad y código postal: Marbella, 29601. 4) Dirección electrónica: www.marbella.es. 9. Apertura de Ofertas: b) Dirección: Plaza los Naranjos, s/n. c) Localidad y código postal: Marbella. d) Fecha y hora: Por determinar. Marbella, 14 de noviembre de 2012.- Alcaldesa-Presidenta, doña M.ª Ángeles Muñoz Uriol.

Licitación para ceder terreno para instalación, gestión y explotación de un Centro de Estudios Universitario en Marbella por un importe total de 2.195,640,00 euros.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Ayuntamiento de Marbella. b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Patrimonio y Bienes. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Servicio de Contratación. 2) Domicilio: Plaza los Naranjos, s/n. 3) Localidad y código postal: Marbella, 29601. 4) Teléfono: 952761332 5) Telefax: 952761138 6) Correo electrónico: contratacion@marbella.es. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.marbella.es. d) Número de expediente: PAT 78/12. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Abierto. b) Descripción: Concesión administrativa para el uso privativo de una parcela municipal de 10.802,30 m² de superficie, sita al este de camino de Camoján, a fin de destinarla a instalación, gestión y explotación de un Centro de Estudios Universitarios. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe total: 2.195,640,00 (Canon anual de 54.891,00 x 40 años). 6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 4. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 30 días naturales desde la publicación del presente anuncio. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Registro General de Entrada. 2) Domicilio: Plaza de los Naranjos, s/n. 3) Localidad y código postal: Marbella, 29601. 4) Dirección electrónica: www.marbella.es. 9. Apertura de Ofertas: b) Dirección: Plaza los Naranjos, s/n. c) Localidad y código postal: Marbella. d) Fecha y hora: Por determinar. Marbella, 14 de noviembre de 2012.- Alcaldesa-Presidenta, doña M.ª Ángeles Muñoz Uriol. ### RESUMEN: Licitación para ceder terreno para instalación, gestión y explotación de un Centro de Estudios Universitario en Marbella por un importe total de 2.195,640,00 euros.

En cumplimiento de los acuerdos adoptados por la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura en reunión celebrada el 13 de enero de 2017, la Dirección General del Agua, con fecha 16 de enero de 2017, ha emitido informe propuesta sobre la situación de los embalses de cabecera del Tajo en el que se hace constar que el volumen de existencias efectivas en el conjunto de embalses Entrepeñas-Buendía, a fecha 1 de enero de 2017, era de 408,9 hm3 por lo que, acorde con lo establecido en el punto 1 de la disposición adicional quinta, «Reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura», de la Ley 21/2015, de 20 de julio, de Montes, se ha constatado que se está en situación hidrológica excepcional, nivel 3. En situación hidrológica excepcional, según se dispone en el punto 2 de la disposición adicional quinta de la citada Ley 21/2015, de 20 de julio, de Montes, cuando concurran las condiciones hidrológicas de nivel 3, la autorización de trasvases le corresponde al Ministro que tenga atribuidas las competencias en materia de agua, previo informe de la Comisión Central de Explotación. En esta situación de nivel 3, según se establece en el artículo 1 del Real Decreto 773/2014, de 12 de septiembre, por el que se aprueban diversas normas reguladoras del trasvase por el acueducto Tajo-Segura, corresponde al órgano competente, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, la autorización, de forma discrecional y motivada, de un volumen mensual de hasta 20 hm3/mes. En consonancia con el acuerdo de la Comisión Central de Explotación de fecha 13 de enero de 2017, constatada la situación hidrológica excepcional, nivel 3, en el mes de enero de 2017 y acorde con el informe y propuesta emitido el día 16 de enero de 2017 por la Dirección General del Agua, en función de los volúmenes de existencias en los embalses de Entrepeñas-Buendía a principios del mes de enero de 2017, así como las aportaciones previsibles para los próximos meses, acorde con lo dispuesto en la disposición adicional quinta, punto 2, de la Ley 21/2015, de 20 de julio, de Montes, y lo establecido en el artículo 1 del Real Decreto 773/2014, de 12 de septiembre, por el que se aprueban diversas normas reguladoras del trasvase por el acueducto Tajo-Segura, resuelvo: Autorizar un trasvase desde los embalses de Entrepeñas-Buendía a través del acueducto Tajo-Segura, de 20 hm3 para el mes de enero de 2017. Madrid, 17 de enero de 2017.–La Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina.

Empezamos el año con el trasvase Tajo-Segura de enero (20 hm3) autorizado por la ministra.

En cumplimiento de los acuerdos adoptados por la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura en reunión celebrada el 13 de enero de 2017, la Dirección General del Agua, con fecha 16 de enero de 2017, ha emitido informe propuesta sobre la situación de los embalses de cabecera del Tajo en el que se hace constar que el volumen de existencias efectivas en el conjunto de embalses Entrepeñas-Buendía, a fecha 1 de enero de 2017, era de 408,9 hm3 por lo que, acorde con lo establecido en el punto 1 de la disposición adicional quinta, «Reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura», de la Ley 21/2015, de 20 de julio, de Montes, se ha constatado que se está en situación hidrológica excepcional, nivel 3. En situación hidrológica excepcional, según se dispone en el punto 2 de la disposición adicional quinta de la citada Ley 21/2015, de 20 de julio, de Montes, cuando concurran las condiciones hidrológicas de nivel 3, la autorización de trasvases le corresponde al Ministro que tenga atribuidas las competencias en materia de agua, previo informe de la Comisión Central de Explotación. En esta situación de nivel 3, según se establece en el artículo 1 del Real Decreto 773/2014, de 12 de septiembre, por el que se aprueban diversas normas reguladoras del trasvase por el acueducto Tajo-Segura, corresponde al órgano competente, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, la autorización, de forma discrecional y motivada, de un volumen mensual de hasta 20 hm3/mes. En consonancia con el acuerdo de la Comisión Central de Explotación de fecha 13 de enero de 2017, constatada la situación hidrológica excepcional, nivel 3, en el mes de enero de 2017 y acorde con el informe y propuesta emitido el día 16 de enero de 2017 por la Dirección General del Agua, en función de los volúmenes de existencias en los embalses de Entrepeñas-Buendía a principios del mes de enero de 2017, así como las aportaciones previsibles para los próximos meses, acorde con lo dispuesto en la disposición adicional quinta, punto 2, de la Ley 21/2015, de 20 de julio, de Montes, y lo establecido en el artículo 1 del Real Decreto 773/2014, de 12 de septiembre, por el que se aprueban diversas normas reguladoras del trasvase por el acueducto Tajo-Segura, resuelvo: Autorizar un trasvase desde los embalses de Entrepeñas-Buendía a través del acueducto Tajo-Segura, de 20 hm3 para el mes de enero de 2017. Madrid, 17 de enero de 2017.–La Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina. ### RESUMEN: Empezamos el año con el trasvase Tajo-Segura de enero (20 hm3) autorizado por la ministra.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Red.es. c) Número de expediente: 080/13-SI. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.red.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicio. b) Descripción: Prestación de los servicios de atención al ciudadano para la Oficina de Atención al Usuario de las Telecomunicaciones (OAUT), incluyendo tanto los servicios de front office o de primer nivel de atención, como los servicios de back office o de segundo nivel para la gestión y apoyo a la tramitación de las reclamaciones presentadas por los ciudadanos en la OAUT. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79342320; 79510000; 64200000. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Negociado sin publicidad. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 199.999,00 euros. Importe total: 241.998,79 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 09/09/2013. b) Fecha de formalización del contrato: 09/09/2013. c) Contratista: Oesia Networks, S.L.U. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 199.999,00 euros. Importe total: 241.998,79 euros. Madrid, 30 de septiembre de 2013.- Don Luis Santa-María Pérez, Secretario General.

Licitación, sin publicidad, de la prestación de los servicios de atención al ciudadano para la Oficina de Atención al Usuario de las Telecomunicaciones

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Red.es. c) Número de expediente: 080/13-SI. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.red.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicio. b) Descripción: Prestación de los servicios de atención al ciudadano para la Oficina de Atención al Usuario de las Telecomunicaciones (OAUT), incluyendo tanto los servicios de front office o de primer nivel de atención, como los servicios de back office o de segundo nivel para la gestión y apoyo a la tramitación de las reclamaciones presentadas por los ciudadanos en la OAUT. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79342320; 79510000; 64200000. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Negociado sin publicidad. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 199.999,00 euros. Importe total: 241.998,79 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 09/09/2013. b) Fecha de formalización del contrato: 09/09/2013. c) Contratista: Oesia Networks, S.L.U. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 199.999,00 euros. Importe total: 241.998,79 euros. Madrid, 30 de septiembre de 2013.- Don Luis Santa-María Pérez, Secretario General. ### RESUMEN: Licitación, sin publicidad, de la prestación de los servicios de atención al ciudadano para la Oficina de Atención al Usuario de las Telecomunicaciones

Excmos. Srs. don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, doña Adela Asua Batarrita, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Rios, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez. AUTO I. Antecedentes 1. El Procurador de los Tribunales don Antonio Orteu del Real, en nombre y representación de don Pedro José Picabea Ugalde presentó el 6 de julio de 2015, en el Registro General de este Tribunal demanda de amparo contra el Auto del Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 20 de mayo de 2015, que desestimó el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto contra la precedente Sentencia del Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 874/2014, de 27 de enero de 2015, que, a su vez, había estimado parcialmente el recurso de casación interpuesto por aquel contra el Auto de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 4 de septiembre de 2014, denegatorio de la acumulación de condenas solicitada. 2. Los hechos relevantes para resolver el presente recurso de amparo son, sucintamente expuestos, los siguientes: a) Por Auto de 13 de septiembre de 2007, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional procedió a acumular al ahora recurrente de amparo las siguientes condenas: (i) dos penas de 27 años de reclusión impuestas por sendos delitos de asesinato (ejecutoria núm. 14-2005); (ii) una pena de 27 años de reclusión por delito de asesinato (ejecutoria núm. 6-1985), (iii) una pena 30 años de reclusión por delito de atentado y dos penas de 22 años de reclusión por sendos delitos de asesinato frustrados (ejecutoria núm. 9-1996), y (iv) una condena a 27 años de prisión por delito de asesinato y a 18 años por asesinato en tentativa (ejecutoria núm. 140-1980). El Auto de acumulación fue confirmado por Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 11 de marzo de 2009. La correspondiente liquidación de condena fue efectuada el 6 de noviembre de 2007, fijándose como inicio del cumplimiento de la misma el 22 de noviembre de 2001, fecha de la extradición del penado desde Francia, y como fecha de extinción el 14 de noviembre de 2031. b) En fecha 13 de junio de 2013 la representación del condenado solicitó que se incluyese en la acumulación efectuada la condena a la pena de diez años de prisión que le había sido impuesta en Sentencia del Tribunal de Gran Instancia de Paris de 26 de mayo de 1997 por asociación de malhechores y otros delitos (y que ya había sido cumplida en Francia trece años antes de dicha petición). Por Auto de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 18 de septiembre de 2013 se denegó la acumulación solicitada, alcanzando firmeza dicha resolución al declararse desierto el recurso de casación anunciado. c) Por escrito de 21 de octubre de 2013 la representación del demandante reiteró la solicitud de acumulación. Dicha solicitud fue nuevamente denegada por Auto de la misma Sección de 4 de septiembre de 2014. El Auto acogía los argumentos del Ministerio Fiscal relativos a la intangibilidad de las resoluciones firmes y al principio de seguridad jurídica que conlleva la inmodificabilidad de una resolución que ha ganado firmeza. El demandante interpuso entonces recurso de casación, invocando la infracción de preceptos legales, así como de los siguientes preceptos constitucionales: derecho fundamental a la igualdad (art. 14 CE); principio de legalidad penal (art. 25.1 CE); derecho a la libertad personal (art. 17.1 CE); prohibición de penas inhumanas y degradantes (art. 15 CE); principio de resocialización de las penas (art. 25.2 CE) y prohibición de indefensión (art. 24.1 CE). d) En Sentencia 874/2014, de 27 de enero de 2015, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo estimó el primero de los motivos de casación planteados, relativo a la posibilidad de revisar la acumulación de condenas firmes pero no intangibles. El Alto Tribunal entendía que la nueva solicitud de acumulación se fundaba en la interpretación que la STS 186/2014, de 13 de marzo, había efectuado en relación con la Decisión Marco 2008/675/JAI del Consejo, de 24 de julio, de la que resultaba la posibilidad de reconocer efectos a las condenas impuestas en otros Estados miembros de la Unión Europea. Sin embargo, la Sentencia del Tribunal Supremo rechazó, con seis votos particulares, la pretensión de acumulación interesada por el demandante. Posteriormente por Auto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 20 de mayo de 2015 se desestimó el incidente de nulidad de actuaciones, en el que el recurrente insistía en las vulneraciones planteadas en el recurso de casación y también alegaba la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por motivación arbitraria, ilógica y/o errónea de la Sentencia de casación. 3. En la demanda de amparo se atribuyen a las resoluciones impugnadas las siguientes vulneraciones de derechos fundamentales: a) El demandante considera, en primer lugar, que se vulnera el derecho a la legalidad penal (art. 25.1 CE), en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), el derecho a la libertad (art. 17.1 CE), y a la prohibición de penas crueles, inhumanas y degradantes (art. 15 CE), en las siguientes vertientes: (i) En primer lugar, en cuanto prohibición de interpretaciones contra legem, manifiestamente arbitrarias e irrazonables (respecto de los arts. 76 del Código penal: CP y del art. 3.5 de la Decisión Marco 675/2008). Entiende el demandante que la Sentencia del Tribunal Supremo impugnada ha efectuado una interpretación del art. 76 CP y del art. 3.5 de la Decisión Marco contraria a la literalidad de ambos preceptos, a su fundamento y a «toda la jurisprudencia del Tribunal Supremo, salvo la excepción de 2002, consolidada con la STS 186/2014». Indica que el único criterio de acumulación jurídica de las penas es el temporal, «con expresa prohibición de su impedimento por cuestiones adjetivas». De modo que «su rechazo por la cualidad de extranjera y sin la aportación de ningún fundamento material, resulta una interpretación arbitraria e irrazonable vedada por el principio de legalidad». Afirma, asimismo, que entre todas las condenas, esto es, entre la impuesta en Francia y las recaídas en España, existió una evidente conexión tanto en relación con acciones delictivas como con las penas impuestas, por lo que debió aplicarse un límite común máximo de cumplimiento. (ii) En la dimensión relativa a la irretroactividad de las normas penales desfavorables, en relación con la tutela judicial efectiva, por motivación arbitraria, ilógica y errónea de la Sentencia, entiende el actor que la Sentencia del Tribunal Supremo impugnada aplica retroactivamente una norma desfavorable como es la Ley Orgánica 7/2014, al declarar contra legem la interpretación entonces vigente, cuando la indicada ley aún no existía, vulnerando con ello el derecho a la libertad, al prolongar la estancia en prisión más allá del límite legal, y la prohibición de penas inhumanas. Afirma, asimismo, que el Tribunal Supremo aplica retroactivamente la Ley Orgánica 7/2014 cuando dicha norma no se encontraba en vigor, ni en el momento en que se solicitó la acumulación, ni cuando se resolvió por la Audiencia Nacional sobre dicha solicitud, ni cuando se interpuso el recurso de casación. En su opinión, el art. 3.5 de la Decisión Marco no contiene una excepción al principio de equivalencia sino una aclaración, de modo que la posibilidad de vaciamiento del precepto que aprecia el Tribunal Supremo en su resolución pasó desapercibida hasta que se introdujeron en el Senado ciertas enmiendas ad hoc, acompañadas de una paralela modificación de la exposición de motivos. b) Se alega, asimismo, la vulneración del derecho fundamental a la igualdad ante la ley (art. 14 CE). Considera el actor que debería haberse resuelto la petición de acumulación de condenas con el mismo criterio utilizado en los casos de las SSTS 1129/2000, 926/2005, 368/2013 y 186/2014, y en los de los Autos de la Sección Tercera de 9 de junio de 2014 y 21 de octubre de 2014. c) Finalmente, el demandante estima que se ha producido la vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la tutela judicial efectiva y a un proceso equitativo, por no haberse planteado cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con la interpretación del art. 3.5 de la Decisión Marco. Entiende, en este punto, que no era objetivamente clara la interpretación que debía darse a la citada disposición, circunstancia que determinaría que el Tribunal Supremo hubiera desbordado sus competencias interpretativas como juez nacional. 4. El Pleno de este Tribunal, por providencia de 5 de julio de 2016, acordó, conforme a lo previsto en el artículo 10.1 n) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, a propuesta del Presidente, recabar para sí el conocimiento del presente recurso de amparo. II. Fundamentos jurídicos 1. El presente recurso de amparo se interpone contra el Auto de 20 de mayo de 2015, desestimatorio del incidente de nulidad de actuaciones, y la Sentencia de 27 de enero de 2015, ambos del Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. La citada Sentencia es parcialmente estimatoria del recurso de casación interpuesto contra el Auto de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 4 de septiembre de 2014, que denegó al ahora demandante de amparo la rectificación de la acumulación de condenas que había sido previamente aprobada con carácter firme en Auto de 13 de septiembre de 2007. El demandante plantea los motivos de queja que han sido expuestos en los antecedentes, no siendo ninguno de ellos acreedor de un pronunciamiento de admisión a trámite, ya que la existencia de lesión de un derecho fundamental tutelable en amparo no resulta mínimamente verosímil. El Pleno de este Tribunal ha decidido hacer explícitas en el presente Auto las razones en las que se asienta este juicio liminar. 2. Siguiendo el orden de las quejas expuestas en la demanda, abordaremos en primer lugar la vulneración del derecho a la libertad (art. 17.1 CE), que, a juicio del demandante, trae causa del desconocimiento por las resoluciones impugnadas de algunas manifestaciones del principio de legalidad (art. 25.1 CE) relacionadas con el derecho a obtener una resolución que no sea arbitraria e irrazonable (art. 24.1 CE) así como de la vulneración de la prohibición de penas crueles, inhumanas y degradantes (art. 15 CE). Como se ha adelantado, para el demandante de amparo esta vulneración se ha verificado en dos vertientes distintas: (i) de un lado, resulta vulnerada la prohibición de interpretaciones contra legem, manifiestamente arbitrarias e irrazonables [respecto de los arts. 76 del Código penal (CP) y del art. 3.5 de la Decisión Marco 675/2008]; (ii) de otro, se viola la garantía de irretroactividad de las normas penales desfavorables, incurriéndose, asimismo, en una motivación arbitraria, ilógica y errónea de la Sentencia de la que derivaría, a su vez, la imposición de una pena cruel, inhumana o degradante. 3. En cuanto a la primera de las dimensiones aludidas del derecho a la legalidad penal, la Sentencia del Tribunal Supremo que es objeto de impugnación rechaza la acumulación de condenas solicitada por el demandante con fundamento en los arts. 76 CP –y su precedente el art. 70 CP 1973– y 3.5 de la Decisión Marco 2008/675/JAI. Debe reseñarse, en relación con el primero de los preceptos indicados, que, en su doctrina anterior sobre la acumulación de condenas impuestas por tribunales extranjeros, el Tribunal Supremo había constatado que el art. 76.2 CP nada dice expresamente sobre condenas procedentes de órganos judiciales foráneos. El silencio del precepto llevó al Alto Tribunal a abordar dicho supuesto particular de acuerdo con los principios generales del sistema penal, que fundan la potestad punitiva del poder público en el ejercicio de la soberanía del Estado. Para el Tribunal Supremo, el Estado, en defensa de su soberanía, solo acepta la restricción del ejercicio del ius puniendi que deriva del reconocimiento de las sentencias de condena extranjeras (no ejecutadas en su integridad) sobre el presupuesto del principio de reciprocidad reconocido en los tratados internacionales. La soberanía estatal, como fundamento de la negativa al reconocimiento de sentencias extranjeras, fue, así, explícitamente contemplada, como pone de manifiesto la resolución impugnada, en la STS 2117/2002, de 18 de diciembre, que descartó, en un supuesto idéntico al presente excepto en la duración de la pena, la acumulación de una condena de siete años de prisión ya cumplida en Francia. Siguiendo la misma idea rectora, el Tribunal Supremo ha aceptado la acumulación de sentencias dictadas, y no ejecutadas, en otros Estados –en concreto en Tailandia y Andorra (STS 926/2005, de 30 de junio, y 368/2013, de 17 de abril)– cuando existen tratados bilaterales o multilaterales que sustentan la limitación de la soberanía en el principio de reciprocidad (acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno del Reino de Tailandia hecho en Bangkok el 7 de diciembre de 1983 y Convenio sobre traslado de personas condenadas firmado en Estrasburgo el 21 de marzo de 1983). Pues bien, en coherencia con esa doctrina tradicional, el Tribunal Supremo afronta en la resolución que ahora se impugna un contexto normativo distinto, en el que el art. 76 CP se ve complementado, no ya con tratados y convenios internacionales, sino con otra fuente normativa igualmente capaz de producir un efecto limitador de la soberanía estatal: el Derecho de la Unión Europea. En este punto, la Sala de lo Penal asume la necesidad de dilucidar si el art. 3.5 de la Decisión Marco 2008/675/JAI, del Consejo, de 24 de julio, relativa a la consideración de las resoluciones condenatorias entre los Estados miembros de la Unión Europea con motivo de un nuevo proceso penal, al no haberse incorporado a nuestro ordenamiento interno dentro de plazo, puede tener un efecto limitativo de la soberanía estatal que deba conducir a la inclusión automática en el régimen de acumulación del art. 76 CP de las condenas recaídas en el resto de Estados de la Unión Europea. Sostiene, a tal efecto, la Sentencia del Tribunal Supremo objeto del presente recurso que, de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sentencia de la Gran Sala de 16 de junio de 2015, asunto C-105/03, caso Pupino), resulta la obligación de los órganos jurisdiccionales nacionales de efectuar una interpretación conforme con la Decisión Marco, a la luz de su letra y finalidad, sin que la misma pueda servir de base para una interpretación contra legem del Derecho nacional. Ese sería el valor jurídico y el límite de las Decisiones Marco, meramente interpretativo –no normativo– y restringido a interpretaciones que no sean contrarias al Derecho interno. Con esta base, la Sentencia del Tribunal Supremo realiza las siguientes consideraciones: (i) Analiza el proceso de elaboración de la Decisión Marco, examinando los sucesivos documentos del Consejo (núms. 11663/06 COPEN 79, de 18 de julio de 2006, 13101/06 COPEN 100, de 26 de septiembre y de 29 de septiembre) que fueron impulsados, entre otros Estados miembros, por Holanda para evitar que se limitara el ejercicio del ius puniendi por el reconocimiento de condenas de otros Estados de la Unión. La Sala constata cómo, a estos fines, se agregaron, en un primer momento, dos nuevos párrafos a los iniciales artículos 3.1 y 3.2, y, posteriormente, al considerarse que dicho añadido no aportaba una garantía suficiente, se introdujo el apartado 5 del art. 3 en la redacción que figura en el texto de la Decisión Marco finalmente aprobado. De este último precepto resulta, según observa el Tribunal Supremo, que si el delito por el que se sigue el proceso en un Estado miembro fue cometido antes de que recayera o se ejecutara la condena dictada en otro, los apartados 1 y 2 del aludido artículo 3 no conllevan la obligación de valorar la condena de este otro Estado de la Unión como si hubiera sido impuesta por un juez nacional. (ii) Observa, asimismo, el alto tribunal que dicha interpretación resulta igualmente avalada por la literalidad del art. 3.5 de la Decisión Marco, según el cual «si la infracción penal por la que se desarrolla el nuevo proceso se cometió antes de que la condena anterior se haya dictado o ejecutado por completo, los apartados 1 y 2 no tendrán por efecto el de exigir a los Estados que apliquen su legislación nacional relativa a la imposición de sanciones, si la aplicación de dichas normas a las condenas extranjeras limitara al órgano jurisdiccional al imponer una sanción en el nuevo proceso», efecto limitador que es justamente el que se deriva de la introducción de la condena extranjera previa (y ya cumplida) en el régimen de acumulación de condenas, en cuanto supone la rebaja sustancial de las penas impuestas por el Estado nacional. (iii) Aplicando dicho precepto al caso que se le plantea, el Tribunal Supremo pone de manifiesto que el nuevo proceso –celebrado en España– que da lugar a la Sentencia de 17 de octubre de 2003 por la que se condena al recurrente a diez años de privación de libertad deriva de hechos correspondientes a 1980, anteriores, por tanto, a los que motivaron la condena en Francia, de fecha 26 de mayo de 1997, que fue ejecutada allí antes de su extradición a nuestro Estado. Constata, así, que concurre el presupuesto de hecho del art. 3.5 de la Decisión Marco. Acto seguido, observa, asimismo, que la acumulación de la condena francesa conllevaría que el tiempo máximo de cumplimiento en España por las condenas impuestas en nuestro país pasara de treinta a veinte años. Se produce, pues, el efecto limitador de la sanción en el nuevo proceso que quiere prevenir el indicado precepto de la Decisión Marco. Concluye, por ello, el Tribunal Supremo que no es exigible, en los términos del art. 3.5 de la Decisión Marco, la aplicación del principio de equivalencia. (iv) Se apoya, asimismo, el alto tribunal, para reforzar estas conclusiones, en el análisis que se contiene en el informe de la Comisión de 24 de julio de 2008 (COM [2014] 312 final, de 2 de junio de 2014), sobre la implementación realizada por los Estados miembros de la Decisión Marco 2008/675/JAI, en el que se entiende que el principio de equivalencia y sus efectos jurídicos se abordan adecuadamente en trece Estados miembros de los veintidós que a esa fecha habían notificado la trasposición. En tal sentido se expone en dicho informe el modo en que las leyes de trasposición han tomado en consideración las condenas anteriores, concluyendo la Comisión que ningún Estado miembro ha reconocido a las condenas extranjeras el efecto de limitar la imposición o ejecución de la pena impuesta en un nuevo proceso, sin que dicha trasposición sea cuestionada por la Comisión como opuesta al contenido de la Decisión Marco. (v) También se apoya la resolución impugnada en la interpretación de la Decisión Marco realizada por otros tribunales europeos de casación. El Tribunal Supremo pone de manifiesto que estos refrendan la exégesis del artículo 3.5 que él mismo considera acorde con el texto de la normativa europea. La Sentencia impugnada cita, en tal sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de los Países Bajos de 19 de febrero de 2013 (ECLI:NL:HR:2013:BX9407). Otras Sentencias posteriores del Tribunal Supremo (SSTS 858/2015, de 22 de diciembre, 8/2016, de 21 de enero de 2016, y 145/2016, de 25 de febrero, por todas) han actualizado las referencias jurisprudenciales a Países Bajos (referencias HR:2009:BG9198 y HR:2013:BX9407); o a Francia (Cour de Cassation, Chambre Criminelle, de 19 de noviembre de 2014, ECLI:FR:CCASS:2014:CR05955). Lo expuesto evidencia que la interpretación de la Decisión Marco efectuada por el Tribunal Supremo –atendiendo a la literalidad de la norma, a su proceso de elaboración, al modo en que ha sido incorporada a las legislaciones de los diferentes Estados miembros y a cómo ha sido interpretada por los Tribunales de Casación, así como a la valoración de la Comisión de ese proceso de implementación– no puede ser calificada de irrazonable desde la perspectiva del derecho a la libertad, en coherencia con la doctrina constitucional (por todas, SSTC 108/1997, de 2 de junio, FJ 2; 31/1999, de 8 de marzo, FFJJ 3 y 6, y 19/1999, de 22 de enero, FJ 4), ni tampoco puede reputarse contraria a la efectividad de los derechos fundamentales invocados. La inexistencia de lesión del derecho fundamental resulta, así, manifiesta. 4. Cabe igualmente descartar, en segundo lugar, que la resolución impugnada haya violado el art. 25.1 CE por aplicar retroactivamente una norma penal desfavorable. En este punto, se han de distinguir dos planos de análisis. De un lado, no es cierto que el Tribunal Supremo se haya limitado en la Sentencia de casación, como sostiene el recurrente, a aplicar retroactivamente la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, a una petición de acumulación formulada antes de la entrada en vigor de dicha norma. De otro lado, resulta igualmente claro que no estamos ante una aplicación retroactiva de una interpretación jurisprudencial desfavorable. (i) En cuanto al primer plano de análisis, lo expuesto en el fundamento jurídico anterior es ya muestra suficiente de que el Tribunal Supremo no funda su decisión en la aplicación retroactiva de la Ley Orgánica 7/2014 (norma que, en efecto, procedió a la incorporación tardía al ordenamiento interno de la Decisión Marco 2008/675/JAI, con posterioridad, en todo caso, a la petición de acumulación realizada por el penado el 21 de octubre de 2013). Como se ha podido comprobar, el alto tribunal basa su decisión en una determinada interpretación de la citada Decisión Marco, cuyo efecto interpretativo directo debía producirse a partir del 15 de agosto de 2010, fecha ésta a la que hacen referencia los arts. 5.1 de la Decisión Marco 2008/675 y disposición adicional única de la Ley Orgánica 7/2014 para delimitar el día en que debería darse cumplimiento a las prescripciones establecidas en la norma europea. En este sentido, aunque la Ley Orgánica 7/2014 ocupa un lugar importante en los razonamientos del Alto Tribunal, especialmente en el Auto resolutorio del incidente de nulidad de actuaciones, una lectura atenta de la prolija Sentencia dictada por el Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo permite observar que, tal y como se ha señalado en el fundamento jurídico precedente, dicha resolución contiene una exégesis directa de la norma europea (Decisión Marco 2008/675). En ella, el alto tribunal llega a la conclusión de que tal disposición no ampara la pretensión de acumulación de condena formulada por el ahora recurrente de amparo –sin necesidad, por tanto, de acudir a la ley orgánica posterior más que a efectos de refuerzo de tal tesis–. En suma, la resolución del Tribunal Supremo apoya su decisión en la interpretación que ha hecho de la Decisión Marco de 2008, que es la norma que el recurrente invocaba en su beneficio. (ii) En el segundo plano de análisis, una cosa es que exista una divergencia de criterio interpretativo entre la Sentencia que ahora se impugna y la previa STS 186/2014, de 13 de marzo –disparidad que puede ser evaluada, como se verá, desde el punto de vista del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley– y otra bien distinta que esa interpretación dispar de la legislación penal en dos procesos diferentes suponga una aplicación retroactiva de la legalidad penal que genere un cambio sorpresivo e inesperado de criterio jurisprudencial en perjuicio de las expectativas consolidadas por el reo en ese proceso. En efecto, ha de notarse aquí que la situación de partida que presenta el supuesto que se nos plantea es completamente diversa a la afrontada en la STEDH de 21 de octubre de 2013 (asunto Del Río Prada c. España), que el actor invoca como fundamento de su pretensión. Debe recordarse, en primer lugar, que, en el supuesto resuelto en la citada Sentencia del Tribunal Europeo, la penada había obtenido una primera decisión judicial firme (Auto de la Audiencia Nacional de 30 de noviembre de 2000) que determinaba, de forma definitiva, la pena total que le resultaba aplicable. Esa decisión inicial, beneficiosa para la penada, implicaba que, conforme a la práctica judicial entonces existente y pacífica, las redenciones de penas por trabajo consolidadas conforme al Código penal de 1973, debían proyectarse sobre el límite máximo de cumplimiento resultante de la acumulación de condenas (en el entendimiento de que dicha acumulación generaba una pena de nuevo cuño, con dimensión sustantiva propia). La penada contaba, de este modo, con una primera decisión judicial firme que suponía que la legalidad penal le debía ser aplicada de un modo determinado, lo que le generaba la expectativa inequívoca de que el cumplimiento de la condena de prisión de 30 años, resultante de la acumulación, se vería reducida por la aplicación de las redenciones de pena por trabajo obtenidas previamente, de ahí que el tiempo de cumplimiento efectivo de aquélla aún se habría acortado más. Cuando, en el año 2008, se produjo la decisión judicial que le aplicó el sistema de cómputo de las redenciones de un modo completamente distinto (perjudicial para la afectada) tuvo lugar, como señala la resolución del Tribunal Europeo, una aplicación retroactiva desfavorable de la legalidad penal que supuso, de facto, una alteración sustancial de la penalidad que ya había sido establecida judicialmente para ese proceso. Dada la práctica judicial existente hasta ese momento, tal variación de la penalidad no era en modo alguno previsible. En esas circunstancias, el Tribunal Europeo entendió que esa interpretación retroactiva desfavorable de una legalidad que, con anterioridad, ya había sido aplicada de modo diverso en ese mismo proceso vulneraba el derecho a la legalidad penal (art. 25.1 CE). Dicho en términos más sencillos: en el supuesto abordado por la STEDH de 21 de octubre de 2013 se modificó la pena efectivamente impuesta, con carácter definitivo, a través de un cambio de criterio interpretativo sobrevenido, sorpresivo e impredecible, al que se dio eficacia retroactiva en perjuicio de la interesada. En el caso que ahora se nos plantea el presupuesto de hecho es justamente el opuesto, ya que la penalidad definitivamente impuesta al recurrente de amparo ha permanecido inalterada, dentro del proceso en cuestión, en coherencia con la normativa y la práctica judicial imperante. El iter procesal del supuesto que nos ocupa demuestra que el recurrente no ha sufrido ninguna modificación retroactiva de la penalidad que le fue, desde un principio, fijada, sino que, al contrario, ha sido el propio recurrente el que ha pretendido dar eficacia retroactiva a una interpretación posible de una normativa sobrevenida con posterioridad. En efecto: a) Al recurrente se le fijó una pena definitiva (con el correspondiente límite de cumplimiento de 30 años) en el ya citado Auto de 13 de septiembre de 2007, sin que esa pena a cumplir comprendiera la condena que entonces ya había sido impuesta y ejecutada en Francia, país con el que no existía convenio (bilateral o multilateral) del que pudiera surgir, conforme a la práctica judicial entonces existente (a la que ya se ha hecho referencia), expectativa alguna de acumulación. A diferencia del supuesto planteado en la STEDH de 21 de octubre de 2013, el demandante nunca obtuvo, por tanto, un pronunciamiento a su favor del que derivara la expectativa de acumular la pena que ya había sido cumplida en Francia. La legalidad penal se le aplicó, pues, de un modo inequívoco y plenamente coherente con la práctica judicial existente. b) Al dictarse el aludido Auto de 13 de septiembre de 2007, la condena francesa, en cuanto impuesta y cumplida en su integridad por el penado, constituía un elemento de hecho que el recurrente conocía y tenía la posibilidad de invocar a su favor. Sin embargo, durante largo tiempo, el ahora actor ni siquiera entendió que fuera acreedor potencial de la acumulación de esta condena francesa, como lo acredita el hecho de que durante más de 13 años –desde que la cumplió en Francia–, no hiciera ninguna solicitud en este sentido. Después, aceptó durante más de cinco años la acumulación de condenas acordada por el Auto de 13 de septiembre de 2007. Cuando, por fin, formuló una solicitud expresa para que se le acumulara la condena recaída hacía más de 15 años en el país vecino, tal petición le fue rechazada expresamente en una resolución a la que el penado volvió a aquietarse, pues dejó desierto el recurso de casación que habría podido interponer ante la Sala de lo Penal el Tribunal Supremo. Cuando dicha petición fue rechazada, la práctica judicial no había cambiado en absoluto. c) Finalmente, y después de todas estas incidencias, el actor pidió nuevamente (el 21 de octubre de 2013) que, en consideración a la Decisión Marco de 2008 (esto es, pidiendo en su favor una aplicación de una legislación penal novedosa que consideraba más favorable a sus intereses) se rectificaran las decisiones previamente adoptadas con carácter firme sobre la pena que había de ser cumplida en España y se le fijara una nueva pena conjunta que incluyera la condena francesa que había sido impuesta en el año 1997 y que había terminado de ejecutarse en Francia en el año 2001. Estando pendiente de resolverse esta nueva petición, recayó en otro proceso distinto la STS 186/2014, que adoptó un criterio interpretativo favorable a la acumulación de la condena extranjera. Ese criterio no fue, finalmente, seguido por la Sentencia del Alto Tribunal (874/2014) que resolvió el recurso de casación del penado, pues dicha resolución rechazó conceder, con los argumentos que se han expuesto en el fundamento jurídico 3, la pretensión formulada. Estamos, pues, ante un caso opuesto, en su sustrato fáctico, al resuelto por la aludida STEDH de 21 de octubre de 2013. No hay aplicación retroactiva alguna, dentro del mismo proceso, de un criterio interpretativo desfavorable que venga a sustituir otro más beneficioso que informara la práctica judicial al tiempo de fijarse la pena definitivamente impuesta al recurrente. Al contrario, hay una negativa judicial razonada a rectificar en beneficio del reo la pena que ya había sido impuesta con carácter firme conforme a una práctica judicial inequívoca y constante. El iter procesal aludido refleja, pues, un puro problema de disparidad de criterios interpretativos seguidos en dos casos distintos (y casi coetáneos) por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en relación con la posible aplicación retroactiva de una normativa novedosa, eventualmente favorable al reo. Toda la queja del actor conduce, así, a un mismo problema de fondo: que la aplicación a su caso del criterio seguido en la citada STS 186/2014 habría permitido rectificar en su beneficio la decisión adoptada años atrás en relación con su penalidad. Esto evidencia que el supuesto que el recurrente plantea está muy lejos de afectar al derecho a la legalidad penal –que no es un derecho a la aplicación retroactiva de la interpretación más favorable–, ajustándose, más bien, en su dinámica fáctica, a los problemas que, de ordinario, caracterizan al derecho a la igualdad en la aplicación de la ley penal (art. 14 CE). Dicho en otros términos: tratándose de un supuesto de posible aplicación retroactiva de una norma penal más favorable lo único que es constitucionalmente relevante es si las razones que el Tribunal Supremo dio, en la Sentencia que ahora se impugna, para adoptar un criterio interpretativo distinto al utilizado en la previa STS 186/2014 resultan admisibles desde el punto de vista del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley penal. 5. Todo lo anterior pone de relieve que la queja a la que verdaderamente conduce el supuesto fáctico planteado por el actor es la posible vulneración del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley (art. 14 CE), pues el recurrente considera, en definitiva, que se le debería haber aplicado la acumulación de condenas en los términos de las SSTS 1129/2000, 926/2005, 368/2013 y 186/2014 (con cita además de dos Autos de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que habían seguido el criterio de la STS 186/2014). En particular considera el actor que el Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo no podía rectificar la interpretación efectuada en la STS 186/2014. Pues bien, la inexistencia de la lesión de tal derecho fundamental resulta igualmente evidente. En efecto, antes de la expiración del plazo de trasposición de la Decisión Marco de 2008 no puede encontrarse ningún término de comparación válido que resulte favorable al recurrente. Como hemos expuesto en los fundamentos precedentes, las SSTS 1129/2000, de 27 de junio, y 926/2005, de 30 de junio, que el actor invoca, reconocieron la acumulación de sendas condenas impuestas en Tailandia, al resultar las mismas amparadas en el Tratado Internacional sobre cooperación en materia de ejecución de condenas penales, en el que así se preveía (art. 5 del Tratado hispano-tailandés). A su vez, la STS 368/2013, de 17 de abril, que admitió la acumulación de la condena impuesta por el Tribunal de Corts del Principado de Andorra, se sustentó en el art. 9.3 del Convenio Europeo sobre traslado de personas condenadas firmado en Estrasburgo el 21 de marzo de 1983, ratificado por España y Andorra. Dichas resoluciones no son términos de comparación válidos, pues al ahora demandante no le amparaba tratado internacional alguno que pudiera servir de sustento al reconocimiento de la condena extranjera a los efectos de acumulación. No hay, en suma, la igualdad de hechos exigida por nuestra doctrina como presupuesto para poder reconocer la invocada vulneración del derecho a la igualdad ante la ley (por todas, SSTC 210/2002, de 11 de noviembre, FJ 3; 91/2004, de 19 de mayo, FJ 7, y 132/2005, de 23 de mayo, FJ 3). Es más, el término de comparación más ajustado al caso presente sería, antes de la expiración del plazo de trasposición de la Decisión Marco, el de la STS 2117/2002, de 18 de diciembre, que resolvió un supuesto igual al que nos ocupa descartando la acumulación a los treinta años de condena de una condena de siete años de prisión impuesta y cumplida en Francia, precisamente por la ausencia de tratado internacional que amparara la pretensión del justiciable. En cambio, una vez expirado (el 15 de agosto de 2010) el plazo de trasposición de la Decisión Marco de 2008, puede aceptarse como término de comparación la STS 186/2014, de 13 de marzo, así como los dos Autos de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que aplicaron el criterio seguido en la misma, que realizan una interpretación dispar de los efectos que la aludida norma debe tener sobre el art. 76.2 CP. En este punto, se observa que el criterio de la indicada STS 186/2014 fue adoptado por el Tribunal Supremo, actuando en sección de cinco Magistrados, de modo aislado y como primera aproximación interpretativa a la norma europea, sin haber tomado en consideración el contenido del apartado 5 del artículo 3 de la aludida disposición, que, sin embargo, ha sido decisivo en el enfoque adoptado en la Sentencia que ahora se impugna. En ella, el Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se ha apartado de esa inicial y aislada exégesis, no a través de un «cambio irreflexivo o arbitrario», sino en virtud de una interpretación ampliamente razonada de la misma normativa, en la que, en su legítima función de interpretar la legalidad ordinaria, ha considerado que el verdadero sentido de los preceptos de la citada disposición europea es, según se ha expuesto ampliamente en el fundamento jurídico 3, distinto al que, en una primera aproximación (no seguida de ningún otro pronunciamiento adicional) se apreció en la STS 186/2014. De este modo, la Sentencia del Pleno del Tribunal Supremo recurrida sirvió, y de ahí que fuera adoptada por el Pleno, para «disipar las dudas que podrían subsistir en cuanto a la interpretación de las normas» en concreto en lo concerniente al valor jurídico y los límites de la interpretación conforme de la Decisión Marco 2008/675/JAI, tomando, ahora sí, en consideración lo dispuesto en su artículo 3.5. El abandono del solitario pronunciamiento contenido en la STS 186/2014, con sustento en una interpretación ampliamente razonada del apartado quinto del art. 3 de la Decisión Marco, fue, pues, legítimo en tanto que «razonado, razonable y con vocación de futuro, esto es, destinado a ser mantenido con cierta continuidad con fundamento en razones jurídicas objetivas que excluyan todo significado de resolución ad personam» (STC 117/2004, de 12 de julio, FJ 3; en sentido similar, entre otras, SSTC 25/1999, de 8 de marzo, FJ 5; 122/2001, de 4 de junio, FJ 2; 150/2004, de 20 de septiembre, FJ 4; 76/2005, de 4 de abril, FJ 2; 58/2006, de 27 de febrero, FJ 3, y 67/2008, de 23 de junio, FJ 4). No existió, por ello, la vulneración del derecho a la igualdad ante la ley (art. 14 CE) invocada por el recurrente en amparo. 6. Finalmente, el demandante afirma que el órgano judicial lesionó su derecho al juez ordinario predeterminado por ley (art. 24.2 CE), en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso equitativo, por no haber planteado cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea del art. 3.5 de la Decisión Marco 2008/675/JAI, habiendo efectuado una interpretación notoriamente errónea del mismo, como lo demostraría la existencia de votos particulares. Este Tribunal ha tenido ocasión de precisar que, en relación con el art. 24.1 CE, «el canon de control establecido respecto del planteamiento de cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no difiere del que este Tribunal ha fijado, con carácter general, para las decisiones judiciales que son fruto de la interpretación y aplicación del Derecho al caso concreto» (STC 212/2014, de 18 de diciembre, FJ 3). Desde esta perspectiva, nos corresponde ponderar si la STS 874/2014 recurrida en amparo, por la que se deniega el planteamiento de la cuestión prejudicial, está fundada en Derecho y es fruto de una exégesis racional de la legalidad ordinaria. Centrada la cuestión en el examen de la argumentación de la Sentencia recurrida, se observa que el Tribunal Supremo aplica en ella la doctrina del «acto claro» respecto del art. 3.5 de la Decisión Marco, con los argumentos que ya hemos expuesto con detalle en el fundamento jurídico 3 de esta resolución, que, como ya hemos visto, satisfacen las exigencias constitucionales relativas a la motivación desde la perspectiva del derecho reconocido en el art. 24.1 CE. Basta añadir ahora, al trasladar, dada la identidad de canon, esa conclusión al presente motivo de queja que el Tribunal Supremo ha prestado una atención singular en su Sentencia a la implementación realizada en otros Estados de la Unión, a la interpretación que han efectuado otros tribunales casacionales y a la propia exégesis que la Comisión ha realizado sobre la corrección de la implementación en los Estados miembros, elementos de juicio que son de notable interés a efectos de dilucidar la razonabilidad de una decisión relativa a la procedencia de plantear una cuestión prejudicial interpretativa ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. De otro lado, ninguna relevancia tiene, a efectos de entender vulnerado el derecho fundamental invocado, el hecho de que la Sentencia impugnada contenga varios votos particulares, pues la discrepancia de una parte de los miembros del Tribunal con la decisión adoptada por la mayoría no indica, en modo alguno, que el criterio seguido por ésta deba reputarse irrazonable, arbitrario o no fundado en Derecho. Son los argumentos consignados en la resolución los que deben servir para apreciar la razonabilidad de una decisión judicial. Como ya hemos señalado, dichos argumentos se ajustan a las exigencias constitucionales, sin que corresponda a este Tribunal terciar en cuestiones de legalidad ordinaria. Por la misma razón, cabe desechar también la vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley (art. 24.2 CE). Basta, para ello, con recordar que la decisión de no plantear una cuestión prejudicial es ajena a la garantía cuya lesión invoca el demandante. En el caso que nos ocupa, el órgano judicial ha sido creado por una norma legal que lo inviste de jurisdicción y competencia con anterioridad al hecho motivador de la actuación o proceso judicial, y cuenta con un régimen orgánico y procesal que no permite calificarlo de órgano especial o excepcional (SSTC 48/2003, de 12 de marzo, FJ 17; 32/2004, de 8 de marzo, FJ 4; 60/2008, de 26 de mayo, FJ 2 y 191/2011, de 12 de diciembre, FJ 5). La resolución impugnada cumple, pues, con las exigencias propias de la garantía invocada. Por todo lo expuesto, el Pleno ACUERDA Inadmitir el recurso de amparo núm. 4001-2015, interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Antonio Orteu del Real en representación de don Pedro José Picabea Ugalde, con arreglo a lo previsto en los arts. 50.1 a) y 44.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, dada la manifiesta inexistencia de violación de los derechos fundamentales invocados. Publíquese este Auto en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, a veinte de septiembre de dos mil dieciséis.–Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.–Adela Asua Batarrita.–Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan José González Rivas.–Santiago Martínez-Vares García.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Antonio Narváez Rodríguez.–Firmado y rubricado. Voto particular que formulan la Magistrada doña Adela Asua Batarrita y el Magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos al Auto de inadmisión dictado en el recurso de amparo avocado núm. 4001-2015 Con el máximo respeto a la opinión mayoritaria de nuestros compañeros del Tribunal en la que se sustenta el Auto, manifestamos nuestra discrepancia con la fundamentación jurídica y el fallo de este, que entendemos hubiera debido de ser de admisión y, en su día, haber dado lugar a una sentencia estimatoria por vulneración, al menos, (i) del derecho a la legalidad penal (art. 25.1 CE), en relación con el derecho a la libertad (art. 17.1 CE), por haberse hecho un aplicación retroactiva de una situación normativa desfavorable que ha supuesto un alargamiento efectivo del periodo de privación de libertad; y (ii) del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), por la negativa a plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. I. El Voto particular no puede eludir pronunciarse sobre el fondo de la cuestión. 1. Las razones jurídicas por las que consideramos que el presente recurso de amparo no debía haber sido objeto de una decisión de inadmisión «dada la manifiesta inexistencia de violación de los derechos fundamentales invocados» son coincidentes con las expuestas en su Voto particular por la Magistrada doña Encarnación Roca Trías, con la adhesión del Magistrado don Fernando Valdés Dal-Ré, al que para evitar reiteraciones innecesaria nos remitimos. No obstante, entendemos que no es suficiente con poner de manifiesto la falta de corrección de esa decisión anticipada de archivar el presente recurso de amparo por motivos de fondo. Desde cualquier criterio hermenéutico comúnmente admitido por la comunidad jurídica que pudiera seleccionarse, no cabe afirmar que las violaciones de derechos fundamentales invocados pueden subsumirse dentro del concepto jurídico indeterminado «manifiestamente inexistentes». El esfuerzo argumental invertido por la opinión mayoritaria en la que se sustenta el Auto para acreditar que son «manifiestamente inexistentes», la extensión con la que se ha desarrollado ese proceso de razonamiento y el hecho de que esta decisión sobre la «admisibilidad» haya sido avocado por el Pleno hace materialmente equiparable este Auto de inadmisión a una sentencia de desestimación. Con la sola ausencia del trámite de audiencia al Ministerio Fiscal ante el Tribunal Constitucional, es una decisión que perfectamente podría haber tomado forma de sentencia, ya que (i) tiene por objeto resolver la cuestión de fondo de la eventual concurrencia de la vulneración de los derechos fundamentales alegados y, por tanto, es coincidente con los pronunciamientos que, según el art. 53 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), debe tener una sentencia; y (ii) ha sido dictada por el Pleno de este Tribunal de una manera extensamente motivada, excepcionando con ello la regla general de que la decisión de inadmisión sea adoptada por la Sección mediante una providencia en que solo se especificará el requisito incumplido. En estas singulares circunstancias debe comprenderse que nuestro Voto particular, aun lamentando no poder contar con la siempre ilustrativa posición del Ministerio Fiscal ante el Tribunal Constitucional, tiene que extenderse también a exponer las razones sustantivas y de fondo en que se fundamenta nuestra discrepancia con la opinión mayoritaria en la que se sustenta el Auto. Estas discrepancias se refieren, como ya se ha anticipado, al menos, a las circunstancias de (i) haberse hecho un aplicación retroactiva de una situación normativa desfavorable que ha implicado un alargamiento efectivo del periodo de privación de libertad, lo que supone una vulneración del derecho a la legalidad penal (art. 25.1 CE), en relación con el derecho a la libertad (art. 17.1 CE); y (ii) haberse incumplido el deber de plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que supone una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). Ambos aspectos han sido ya destacados y analizados extensamente en los muy ilustrativos y fundamentados Votos particulares formulados a la Sentencia impugnada en este recurso de amparo. Su lectura es complementaria del presente Voto particular que, por razones, obvias no tiene por objeto discrepar de los razonamientos de la Sentencia impugnada sino de la valoración que de esos razonamientos hace la opinión mayoritaria en la que se sustenta el Auto desde la perspectiva de los derechos fundamentales invocados por el recurrente en este recurso de amparo. II. Sobre la aplicación retroactiva de una situación normativa penal desfavorable que implica un alargamiento efectivo del tiempo de privación de libertad. 2. El recurrente, con invocación de los derechos a la legalidad penal (art. 25.1 CE) y a la libertad (art. 17.1 CE), ha planteado en este recurso de amparo que se ha hecho una aplicación retroactiva de una norma desfavorable como era la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea. La aplicación de esta normativa habría supuesto, en su perjuicio, que no se tomara en consideración, a los efectos de acumulación y determinación del máximo de cumplimiento, el tiempo de privación de libertad pasado en Francia con motivo de una condena impuesta en aquel país. La opinión mayoritaria en la que se sustenta el Auto rechaza esta invocación partiendo del doble presupuesto de que la resolución judicial impugnada (i) no ha hecho una aplicación retroactiva de la citada Ley Orgánica 7/2014 ni (ii) tampoco una aplicación retroactiva de una interpretación jurisprudencial desfavorable. Respecto de lo primero, se afirma que la resolución del Tribunal Supremo apoya su decisión directamente en una interpretación de la Decisión Marco 2008/675/JAI del Consejo, de 24 de junio de 2008, relativa a la consideración de las resoluciones condenatorias entre los Estados miembros de la Unión Europea con motivo de un nuevo proceso penal (Decisión Marco 2008/675/JAI), sin necesidad, por tanto, de acudir a la Ley Orgánica 7/2014 más que a efectos de refuerzo de tal tesis. Respecto de lo segundo, se afirma que, si bien la resolución del Tribunal Supremo ahora recurrida en amparo mantiene una divergencia interpretativa con la previa Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo núm. 186/2014, de 13 de marzo, esto no implica una aplicación retroactiva que haya generado un cambio sorpresivo e inesperado de criterio jurisprudencial en perjuicio de las expectativas consolidadas por el reo en ese proceso, ya que la penalidad definitivamente impuesta al recurrente ha permanecido inalterada en coherencia con la normativa y la practica judicial imperante. Al contrario, según la opinión mayoritaria en la que se sustenta el auto, lo que ha pretendido el recurrente es dar eficacia retroactiva a una interpretación de una normativa sobrevenida con posterioridad, que es una garantía que está muy lejos de afectar al derecho a la legalidad penal. Ninguno de esos argumentos, como se expone a continuación, son aceptables. 3. La afirmación de que la resolución impugnada se apoya directamente en una interpretación de la Decisión Marco 2008/675/JAI sin necesidad de acudir a la Ley Orgánica 7/2014 más que a efectos de refuerzo de su tesis no se compadece con la lectura de las resoluciones judiciales impugnadas. El fundamento jurídico cuarto, apartado primero, de la resolución judicial impugnada expone, en respuesta a la pretensión del recurrente de que se le aplicara la doctrina de la STS 186/2014, que «sin embargo, como indicábamos anteriormente, el panorama normativo ha experimentado una relevante modificación después de dictada la STS 186/2014, de 13 de marzo. Como esta resolución indica, en ese momento operábamos en ausencia de normas internas que ‘regulen expresamente la materia de una forma terminante’, lo que conllevaba una interpretación de las normas vigentes (la sentencia cita en su texto los arts. 988 LECrim [Ley de enjuiciamiento criminal] y 76 CP) de manera más conforme posible con la Decisión Marco. Pero en el momento actual ya contamos con legislación nacional que regula expresamente la materia, como es la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre». Se insiste en ello en el párrafo final de ese apartado 1 del fundamento jurídico cuarto al señalar que «en consecuencia, ya no operamos en un marco en el que existe una norma de la Unión (Decisión Marco 2008/675/JAI), pero con ausencia de normas internas que regulen expresamente la materia de una forma terminante, que es el caso de la STS 186/2014, de 13 de marzo. Sino que, partiendo del hecho de la existencia de la norma comunitaria, ya contamos con: (i) norma interna que la incorpora, que es la Ley Orgánica 7/2014, de 13 de noviembre; (ii) que regula expresamente la materia, como se deriva de sus artículos 1, 14 y 15 y disposición adicional única; y (iii) de una forma terminante, sobre todo en lo referente a los casos en que las condenas no tendrán efectos (art. 14.2) y al establecer un límite temporal a partir del cual se reconocen efectos a las condenas en el extranjero: 15 de agosto de 2010». Las afirmaciones de ese tenor se repiten a lo largo del apartado segundo de ese fundamento jurídico cuarto cuando se expone que «ahora bien, como indicábamos, esta interpretación ya no puede ser mantenida ante la modificación legislativa operada con posterioridad, lo que impide mantener la interpretación del citado precedente. Sin perjuicio de que la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, es una norma que se proyecta al futuro, aporta un nuevo ingrediente a la interpretación que debe hacer los tribunales. Ello porque de seguirse en el momento presente la interpretación que dio la STS 186/2014, de 13 de marzo a los arts. 988 LECrim y 76 CP de la manera más conforme posible con la Decisión Marco, nos encontraríamos con un supuesto de interpretación contra legem del Derecho nacional. Ello por cuanto la interpretación de la STS 186/2014 supone reconocer la acumulación en supuestos excluidos ahora expresamente por el art. 14 de la Ley Orgánica». Por tanto, al contrario de lo que afirma la opinión mayoritaria en la que se sustenta el Auto, lo que se pone de manifiesto en las resoluciones impugnadas es que (i) fue la STS 186/2014 la que, en ausencia de una transposición en plazo de la Decisión Marco 2008/675/JAI, hizo una interpretación de esa decisión marco para concluir que la única interpretación conforme con la misma era reconocer la acumulación de las condenas impuestas y ejecutadas en otros países de la Unión Europea para dar eficacia al principio de reconocimiento mutuo; y (ii) fue la Sentencia judicial ahora impugnada en amparo la que cambió ese criterio interpretativo al considerar que, una vez que había entrado en vigor la Ley Orgánica 7/2014, en que se transponía la citada Decisión Marco, sería una interpretación contra legem [en contra de la ley]. En conclusión, está reconocido expresamente en las resoluciones impugnadas que el elemento esencial para disentir de la línea jurisprudencial establecida en la previa STS 186/2014 es la decisión legislativa consistente en la aprobación de la Ley Orgánica 7/2014 y, en su contemplación, prohibir la toma en consideración de las condenas impuestas y cumplidas en el extranjero a efectos de acumulación. En ese contexto opinamos que la opinión mayoritaria en la que se sustenta el Auto fundamenta su decisión de inadmisión en un presupuesto fáctico que no se compadece con la realidad. No se trata –como se pretende– de una mera divergencia de criterios interpretativos sucesivos a la que hubiera sido ajena una decisión legislativa. 4. Esta conclusión resulta relevante y de especial importancia en el marco de una jurisprudencia constitucional como la española, que solo parece asumir plenamente la garantía de irretroactividad peyorativa en relación con la aplicación de normas formales y no con los cambios jurisprudenciales (así, STC 44/2012, de 29 de marzo, FJ 3). En este contexto, la posibilidad de considerar vulnerado el art. 25.1 CE solo puede vincularse, bien a la aplicación en sentido estricto de una norma jurídica, bien a la aplicación de una interpretación jurisprudencial que, como sería este caso, directamente se ancle en una modificación legislativa sobrevenida. En este último caso, se pondría en evidencia que aunque formalmente se trata de una mera variación jurisprudencial, materialmente, que es lo esencial desde la perspectiva del derecho fundamental a la legalidad penal, se trata de la aplicación retroactiva de una decisión legislativa. Desde la perspectiva del art. 7.1 del Convenio europeo de derechos humanos (CEDH), según la interpretación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, esta cuestión no tiene tanta relevancia pues aquel Tribunal profesa una idea integradora del concepto de Derecho que incluye tanto el de origen legislativo como jurisprudencial. De ese modo ha declarado que no cabe descartar «la posibilidad de que las medidas que se adoptan por parte del poder legislativo, las autoridades administrativas o los tribunales después de la imposición de la condena definitiva o durante su cumplimiento puedan redundar en una redefinición o modificación del alcance de la «pena» impuesta por el tribunal sentenciador. Cuando eso ocurre, el Tribunal estima que dichas medidas deben quedar comprendidas en el ámbito de la prohibición de la aplicación retroactiva de las penas consagrada en el artículo 7.1 in fine del Convenio. De otra manera, los Estados serían libres –modificando la ley o reinterpretando los reglamentos vigentes, por ejemplo– de adoptar medidas para redefinir retroactivamente el alcance de la pena impuesta, en perjuicio del condenado, cuando este último no podía imaginarse tal circunstancia en el momento de la comisión del delito. En tales condiciones, el artículo 7.1 quedaría privado de todo efecto útil respecto a las personas condenadas cuyas condenas fueran modificadas ex post facto en su detrimento» (STEDH de 21 de octubre de 2013, asunto Del Rio Prada c. España, § 89). De ese modo, acreditado que la interpretación controvertida en la resolución impugnada en este amparo tiene como razón operativa la decisión legislativa plasmada en la Ley Orgánica 7/2014, es preciso examinar si se trata de una aplicación retroactiva –sea de una norma o de una nueva jurisprudencia directamente vinculada con un cambio legislativo– de carácter peyorativo, en contra de lo que sostiene la opinión mayoritaria en la que se sustenta el Auto del Tribunal. 5. Pues bien, tampoco puede aceptarse, en nuestra opinión, la afirmación mantenida por la opinión mayoritaria en la que se sustenta el Auto en el sentido de que el nuevo criterio interpretativo instaurado en la resolución impugnada en amparo es producto de una mera divergencia interpretativa que no implica una aplicación retroactiva que haya generado un cambio sorpresivo e inesperado de criterio jurisprudencial en perjuicio de las expectativas consolidadas por el reo en ese proceso, y de que la penalidad definitivamente impuesta al recurrente ha permanecido inalterada en coherencia con la normativa y la practica judicial imperante. La posición mayoritaria en la que se sustenta el Auto, siguiendo en ello también a las resoluciones impugnadas en amparo, que no discuten ese aspecto, parte del presupuesto de que la decisión de incluir o no las sentencias emitidas y cumplidas en un país de la Unión Europea en la acumulación de penas para el computo de los límites máximos de cumplimiento previstos en el art. 76 del Código penal (CP) no constituye una mera medida de ejecución de una pena que no queda abarcada por la prohibición de una aplicación retroactiva en caso de ser peyorativa. Este Tribunal, cuando se enjuició el cambio jurisprudencial en la aplicación del cómputo de la redención de penas por el trabajos en los casos de acumulación de condenas provocado por la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo núm. 197/2006, de 28 febrero, defendió que dicha cuestión quedaba fuera del ámbito del derecho fundamental a la legalidad sancionadora del art. 25.1 CE, por tratarse de la ejecución de una pena privativa de libertad. Sin embargo, no parece ahora controvertido considerar, siguiendo en ello la jurisprudencia sentada en relación con el art. 7.1 CEDH por la STEDH de 21 de octubre de 2013, asunto Del Rio Prada c. España, §§ 109 y 110, que nos encontramos ante una institución que, al incidir sobre la extensión de la pena privativa de libertad que debe ser efectivamente cumplida por la comisión de un ilícito penal, queda enmarcada en el ámbito de aplicación de la prohibición de retroacción peyorativa de las normas penales que consagra el art. 25.1 CE. 6. A partir de ello, para apreciar la existencia o no de una eventual aplicación retroactiva de carácter peyorativo, es preciso atender a la sucesión de situaciones normativas –incluyendo su interpretación jurisprudencial– sobre la posibilidad de tomar en consideración las condenas impuestas en el extranjero para la acumulación y determinación del periodo máximo de cumplimiento efectivo. A esos efectos, pueden identificarse, según la resolución impugnada en amparo, tres periodos temporales diferenciados: (i) El primer periodo se extiende hasta el incumplimiento por parte del Estado español del plazo de transposición de la Decisión Marco 2008/675/JAI, que se produce el 15 de agosto de 2010. En ese periodo es cuando se cometieron y enjuiciaron los hechos cometidos Francia y en España y se tomó una primera decisión sobre la acumulación y determinación del máximo de cumplimiento del recurrente (STS de 11 de marzo de 2009). La situación normativa, en la interpretación y concreta aplicación jurisprudencial que se hacía de estos supuestos, no puede afirmarse que implicara de una manera indubitada y concluyente la posibilidad de tomar en consideración en esta operación las condenas de prisión cumplidas en Francia. (ii) El segundo periodo se extiende desde el 16 de agosto de 2010 –transcurso del plazo de transposición de la Decisión Marco 2008/675/JAI sin dar cumplimiento a la obligación de trasposición– hasta el 2 de diciembre de 2014, que es cuando se produce la entrada en vigor de la Ley Orgánica 7/2014 de transposición de la citada Decisión Marco. En ese periodo es cuando se realizan sendas solicitudes de acumulación de fecha 13 de junio y 21 de octubre de 2013. La situación normativa, en la interpretación y concreta aplicación jurisprudencial que se hizo en la STS 186/2014, de 13 de marzo, determinaba la posibilidad de acumulación de las condenas impuestas y cumplidas en un país de la Unión Europea por aplicación del principio de la interpretación conforme con la normativa europea establecido en la STJUE de 16 de junio de 2005, caso Pupino, asunto C-105/03, en los casos de incumplimiento de transposición en plazo de las decisiones marco. Los avances en el proceso de integración europea y en el desarrollo normativo comunitario vinculado a los principios de reconocimiento mutuo y eficacia recíproca de resoluciones penales inhabilitaban ya, también desde la perspectiva del ejercicio del ius puniendi [derecho de castigar] estatal de la apelación al anquilosado principio de soberanía que había servido en el primer periodo a la STS 2117/2002, de 18 de diciembre, como sustento argumental para concluir la prohibición de acumulación de condenas impuesta y cumplidas en otros países de la Unión Europea. (iii) El tercer periodo se extiende desde el 3 de diciembre de 2014 –entrada en vigor de la Ley Orgánica 7/2014, que traspone la Decisión Marco 2008/675/JAI–. En este periodo es cuando se resuelve en casación la solicitud de acumulación cursada por el recurrente el 21 de octubre de 2013. La resolución impugnada viene a establecer para este periodo dos situaciones diferenciadas: la primera se refiere a aquellos supuestos en que, por razón del tiempo, la Ley Orgánica 7/2014 no resulta directamente aplicable. En tales casos, como es el presente, la situación normativa, en la interpretación y concreta aplicación jurisprudencial que se hizo en la STS 874/2014, de 27 de enero de 2015, ahora impugnada en amparo, determina la imposibilidad de tomar en consideración condenas previas impuestas en países de la Unión Europea al no ser ya posible hacer una interpretación contraria a la Ley Orgánica 7/2014, aun no siendo directamente aplicable al caso. La segunda se refiere a aquellos supuestos en que, por razón del tiempo, la Ley Orgánica 7/2014 ya resulte directamente aplicable. 7. Esta sucesión normativa permite extraer algunas conclusiones para valorar la eventual existencia de una aplicación retroactiva de carácter peyorativo: (i) En el periodo temporal en que se cometieron y se enjuiciaron los hechos en Francia y España y se resolvió la primera solicitud de acumulación, la situación normativa –jurisprudencialmente interpretada– no era inequívocamente favorable a la pretensión de acumulación. Por tanto, en ese concreto aspecto, tiene razón la opinión mayoritaria en la que se sustenta el Auto en el sentido de que no resulta justificado establecer durante ese periodo temporal ninguna expectativa legítima de acumulabilidad. (ii) En el periodo temporal en que se realizaron las sucesivas solicitudes de acumulación, una vez transcurrido el plazo establecido en la Decisión Marco 2008/675/JAI para su transposición sin que se hubiera dado cumplimiento por parte del Estado español, la situación normativa –jurisprudencialmente interpretada– era favorable a la pretensión de acumulación. En ese contexto, la STS 186/2014 no representa una resolución aislada, sino que fue la norma jurisprudencial que estableció una regla que inmediatamente fue acatada y aplicada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ante las diversas solicitudes que se le cursaron. Por tanto, supone una situación normativa intermedia más favorable al recurrente susceptible de generar una expectativa legítima de acumulabilidad en aplicación del principio de aplicación retroactiva de una situación normativa favorable. (iii) La resolución en casación de la solicitud del recurrente por la STS 874/2014, que es la ahora impugnada en amparo, supuso el punto inicial del cambio de la situación normativa más favorable instaurada por la STS 186/2014 pero, como ya se ha expuesto, no a partir de un mero cambio o divergencia del criterio jurisprudencial, sino justificada en el advenimiento que un acto legislativo –la Ley Orgánica 7/2014– que, aun no siendo directamente aplicable por razones de tiempo, inhabilitaba dicho criterio hermenéutico. La STS 874/2014 sirvió de base para, primero, ir revocando en casación las decisiones de acumulación ya acordadas por la Audiencia Nacional (así, por ejemplo, SSTS núm. 178/2015, de 24 de marzo, 235/2015, de 23 de abril, o 270/2015, de 30 de abril) y, segundo, para que la Audiencia Nacional volviera a cambiar su anterior práctica jurisprudencial y denegara las sucesivas acumulaciones que se le solicitaban (así, por ejemplo, Autos del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional núm. 40/2015, de 9 de junio; o 68/2015, de 21 de julio). Por tanto, se consolidó una situación normativa novedosa inequívocamente contraria a la pretensión de acumulación y, por tanto, de carácter peyorativo, frustrando con ello las legítimas expectativas creadas con la situación normativa previa. 8. De todo lo anterior se deriva que, en oposición a lo mantenido por la opinión mayoritaria en la que se sustenta el Auto, la decisión judicial impugnada supone la aplicación retroactiva de una situación normativa peyorativa con una repercusión efectiva en la extensión de la pena privativa de libertad que debe cumplirse por la comisión de un hecho ilícito que de una manera sorpresiva ha frustrado expectativas legítimas de aplicación de una normativa previa más favorable vulnerando con ello el derecho a la legalidad penal (art. 25.1 CE) en relación con el derecho a la libertad personal (art. 17.1 CE). En efecto, concretando todos los elementos exigibles para apreciar la concurrencia de la citada vulneración en el presente caso se constata lo siguiente: (i) La posibilidad de tomar en consideración penas ya cumplidas en otro país a los efectos de valorar su acumulación para determinar el máximo de cumplimiento de una pena privativa de libertad queda incluida dentro del alcance de la prohibición de aplicación retroactiva de normas penales establecida en el art. 25.1 CE. Por un lado, es una operación que sirve para determinar de manera efectiva la extensión de la pena de prisión que debe cumplirse. Por otro, tal como ya se reconocía en la STEDH de 21 de octubre de 2013, asunto Del Rio Prada c. España, § 98, el resultado de la determinación del tiempo de cumplimiento máximo derivado de la acumulación de condenas tiene la consideración, de acuerdo con nuestro ordenamiento interno, de una pena nueva y autónoma que hace indubitada la aplicación de las garantías del principio de legalidad previsto en el art. 7.1 CEDH. (ii) La circunstancia de que esta nueva situación normativa generada por la STS 874/2014 se pretenda imputar en exclusiva a la modificación de una interpretación jurisprudencial tampoco impide que se incluya en la prohibición de aplicación retroactiva de normas penales establecida en el art. 25.1 CE. Por un lado, ha quedado constatado que esta nueva situación normativa se ha visto directamente justificada en la existencia de una intervención legislativa como era la entrada en vigor de la Ley Orgánica 7/2014, que prohibía expresamente la acumulabilidad de las condenas producidas en otros países de la Unión Europea; y, por otro, tal como ya se reconocía en la STEDH de 21 de octubre de 2013, asunto Del Rio Prada c. España, § 89, resulta indiferente, al menos a los efectos del art. 7.1 CEDH, que la nueva situación normativa derive de una medidas adoptada por parte del poder legislativo, las autoridades administrativas o los tribunales. (iii) El hecho de que esta nueva situación normativa generada por la STS 874/2014 se fundamente como razón jurídica esencial en una expresa previsión legal prohibitiva de la acumulación que entraba en vigor el 3 de diciembre de 2014 pone de manifiesto que implica una aplicación con carácter retroactivo no solo respecto del momento en que se cometieron los hechos o se produjeran las condenas, sino también del en que se solicitó la acumulación. (iv) La circunstancia de que esta nueva situación normativa generada por la STS 874/2014 tenga como consecuencia jurídica la prohibición de tomar en consideración las condenas ya cumplidas en otro país de la Unión Europea a los efectos de establecer el límite máximo de cumplimiento y determinar el tiempo que ya se ha liquidado de la pena privativa de libertad pone de manifiesto su carácter peyorativo, ya que implica un alargamiento efectivo del periodo de pérdida de libertad en relación con el resultante de la aplicación de la situación normativa anterior. (v) La prexistencia de una situación normativa generada por la STS 186/2014, más favorable al reo, pone de manifiesto que la posterior derivada de la STS 874/2014 supuso la frustración de legítimas expectativas del recurrente. Es un hecho no controvertible que, con independencia de su tiempo de duración, la STS 186/2014 vino a consagrar una situación normativa consolidada y vinculada a una interpretación conforme Decisión Marco 2008/675/JAI que fue efectivamente aplicada de manera firme a diversas solicitudes de acumulación resueltas tras el incumplimiento del plazo de transposición de la citada Decisión Marco. Por tanto, de haberse resuelto la solicitud del recurrente en ese lapso temporal, como ocurrió con otros solicitantes, se habría visto beneficiado de las consecuencias de esa situación normativa. Ciertamente, como ya se ha señalado, la frustración de esas expectativas no se produce –como parece considerar relevante la opinión mayoritaria en la que se sustenta el Auto–, en relación con la situación normativa cuando se cometieron los hechos, sino en relación con esta situación intermedia más favorable. Esta circunstancia no representa ningún obstáculo. Nadie ha controvertido en la vía judicial previa que la solicitud de acumulación del recurrente, en caso de no haberse producido este cambio jurisprudencial, hubiera debido de ser resuelta conforma a esta situación intermedia más favorable. En cualquier caso, aunque se pretenda establecer como parámetro temporal el momento de comisión de los hechos, la necesidad de que se haga una aplicación de esta situación intermedia –más favorable que la imperante cuando se cometieron los hechos o fueron enjuiciados– es también una garantía ínsita en el derecho a la legalidad penal reconocida expresamente en el art. 15.1 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos y en el art. 49.1 de la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea. Además la STEDH de 19 de septiembre de 2009, asunto Scoppola c Italia –núm. 2–, §§ 108 y 109, también ha establecido que es una de las dimensiones de este derecho consagrado en el art. 7.1 CEDH. El hecho de que la jurisprudencia de este Tribunal haya sido hasta ahora renuente a incluirla de manera precisa en el art. 25.1 CE a los efectos de que pueda invocarse en el recurso de amparo (así, por ejemplo, STC 21/2008, de 31 de enero, FJ 5), limitando su encuadre en el art. 9.3 CE (así, ya STC 15/1981, de 7 de mayo, FJ 7), no impide tener una legítima esperanza en que esa jurisprudencia sea en un futuro inmediato reconsiderada por imperativo del art. 10.2 CE a la luz de la evolución del Derecho internacional y regional de los derechos humanos, ni reconocer que, en todo caso, la negativa a hacer una aplicación retroactiva de una norma penal favorable es susceptible de ser considerada lesiva de derechos fundamentales por invocación de los arts. 17.1 o 24.1 CE, en relación con el art. 9.3 CE (así, SSTC 177/1994, de 10 de junio, FJ 1). (vi) El advenimiento de esta nueva situación normativa generada por la STS 874/2014 ha resultado sorpresiva e imprevisible para el recurrente. Era indubitada la situación normativa favorable a la acumulación que vino a modificar la citada STS 874/2014. En ese contexto, no cabía esperar, ni siquiera con el asesoramiento pertinente, que la mera entrada en vigor de una transposición tardía de la Decisión Marco 2008/675/JAI por la Ley Orgánica 7/2014 –que en ningún caso podía tener efectos retroactivos– pudiera llevar a un órgano judicial a establecer una jurisprudencia que, afirmando que no cabía hacer aplicación directa de la prohibición de acumulación prevista en el art. 14 de la Ley Orgánica 7/2014, por no resultar temporalmente posible, sin embargo alterara la anterior jurisprudencia de manera tal que formal y materialmente llevara a resultados absolutamente coincidentes con las consecuencias jurídicas previstas en esa norma posterior con el argumento –cuya trascendencia operativa no puede pasar inadvertida– de que ya no cabía una interpretación que la contradijera. 9. En definitiva, creemos que las razones expuestas acreditan que los argumentos utilizados por la opinión mayoritaria en la que se sustenta el Auto no resultan mínimamente consistentes para rechazar la invocada prohibición de la aplicación retroactiva de una situación normativa en perjuicio de un condenado. El Voto particular formulado a la resolución impugnada por el Magistrado don Joaquín Giménez García, con la adhesión de otros cinco Magistrados, afirma que «cualquier lector ya habrá comprendido que la intención de la Ley Orgánica 7/2014 ha sido la de cerrar la posibilidad de recortes en las de penas a cumplir por miembros de la organización terrorista ETA, condenados por crímenes gravísimos como es conocido por todos, a consecuencia de la acumulación de las condenas dictadas por los Tribunales franceses a las dictadas por los Tribunales españoles». Nada hay que decir, desde la perspectiva constitucional, a esa pretensión. Sin embargo, al igual que el art. 25.1 CE impide al legislador que la Ley Orgánica 7/2014 pueda resultar de aplicación a hechos o delitos cometidos antes de su entrada en vigor en la medida en que altere situaciones normativas más favorables –y, siendo consciente de ello, la resolución judicial impugnada niega su aplicabilidad al recurrente–; también a los órganos judiciales alcanza esa prohibición constitucional y no pueden, bajo la apariencia de meras divergencias interpretativas, llegar a las mismas consecuencias jurídicas que la Constitución prohíbe para el legislador. La propia resolución impugnada reconoce que la creación de una situación normativa favorable a la aplicabilidad de las condenas en Francia, consolidada jurisprudencialmente por la STS 186/2014, fue provocada por la desidia del Estado español que no transpuso en tiempo las posibilidades de excepcionar o limitar el principio de reconocimiento mutuo recogidas en el art. 3.5 de la Decisión Marco 2008/675/JAI, obligando a que se interpretaran las reglas de acumulación del Código penal de conformidad con una norma cuya vocación era establecer como regla general la toma de consideración de esas resoluciones en aplicación del principio de reconocimiento mutuo y confianza recíproca. A partir de ello, las posibilidades de revertir las beneficiosas consecuencias jurídicas que se pudieran derivar de esa situación normativa, por mucho que sus principales acreedores fueran miembros de una organización terrorista, no solo quedaban constitucionalmente vedadas al legislador y al poder ejecutivo, sino que también imposibilitaba a los órganos judiciales su rectificación por la vía pretendida en la resolución judicial impugnada. El Estado español parece haber acatado las consecuencias jurídicas derivadas de la STEDH de 21 de octubre de 2013, asunto Del Rio Prada c. España, en relación con un supuesto con patentes analogías con el presente. Este nuevo pronunciamiento judicial ahora recurrido en amparo y la decisión de inadmitirlo por razones de fondo parecen evidenciar, a nuestro juicio, que o bien no se comprendieron las razones sustantivas y de garantía de los derechos fundamentales que provocaron aquella decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o bien se hace de ellas un tratamiento excepcional solo en atención a sus potenciales beneficiarios. Los errores, las decisiones o la desidia del legislador español no pueden ser enmendadas por los órganos judiciales a consta del sacrificio de los derechos fundamentales. Cuando eso sucede, es labor del Tribunal Constitucional remediarlo sin esperar la decisión de otras instancias jurisdiccionales internacionales. III. Sobre la negativa a plantear al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión prejudicial para determinar si la previsión de la Ley Orgánica 7/2014 de hacer inviable la acumulación de condenas del resto de países de la Unión Europea es compatible con la Decisión Marco 2008/675/JAI. 10. Una segunda cuestión que, desde la perspectiva de los derechos fundamentales, suscita este recurso de amparo es determinar si, aun asumiendo que la aplicación que se hace por vía interpretativa de la Ley Orgánica 7/2014 no resulta contraria a los arts. 17.1 y 25.1 CE, la decisión judicial de no plantear una cuestión prejudicial sobre si la previsión de la Ley Orgánica 7/2014 de hacer inviable la acumulación de condenas del resto de países de la Unión Europea contradice a la Decisión Marco 2008/675/JAI vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva. La opinión mayoritaria en la que se sustenta el Auto considera que es manifiesto que no concurre esa vulneración con fundamento en que los argumentos expuestos en la resolución impugnada para justificar la improcedencia del planteamiento de la cuestión prejudicial se basan en la doctrina del propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el acto claro y la resolución ha hecho expresas las razones por las que consideraba que había una clara interpretación del precepto sin incurrir en ningún defecto de motivación con relevancia constitucional. En este caso, nuestra discrepancia con la opinión mayoritaria en la que se sustenta el Auto radica (i) en la insuficiente caracterización que se hace de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el acto claro como excepción a la obligación del planteamiento de una cuestión prejudicial establecida en el art. 267 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea (TFUE); y, en relación con ello, (ii) en la afirmación de que el órgano judicial no incurrió en ningún defecto constitucional de motivación al argumentar que concurría este supuesto excepcional y no resultaba obligatorio el planteamiento de la cuestión prejudicial. 11. La opinión mayoritaria en la que se sustenta el Auto se limita a afirmar que en la fundamentación jurídica de la resolución impugnada se ha hecho una aplicación razonada de la doctrina comunitaria del acto claro para argumentar que concurría esta situación excepcional que enervaba la obligación de planteamiento de la cuestión prejudicial. Ahora bien, en la medida en que no entra a analizar el sentido y alcance de esa doctrina comunitaria, la defensa que hace respecto de la constitucionalidad de su aplicación por el órgano judicial de casación no responde al control de constitucionalidad establecido al efecto por la jurisprudencia de este Tribunal y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el particular. Este Tribunal ha afirmado que el parámetro de control impuesto a este tipo de decisiones bajo la invocación del art. 24.1 CE consiste en verificar que la resolución judicial «se funda también en una interpretación razonable y motivada del régimen jurídico del planteamiento de la cuestión prejudicial, y que sigue además la propia doctrina jurisprudencial del Tribunal de Justicia sobre el ‘acto claro’» (así, STC 27/2013, de 11 de febrero, FJ 7). En la misma línea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido que el art. 6.1 CEDH requiere que los tribunales nacionales no solo aporten las razones para negarse a plantear una cuestión prejudicial sino que, además, esas razones estén fundadas en las excepciones previstas por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que determina que deberán argumentar, en lo que concierne al supuesto del acto claro, que la correcta aplicación de la legislación comunitaria es tan obvia que no deja margen para ninguna duda razonable (STEDH de 8 de abril de 2014, asunto Dhahbi c. Italia, § 31), De ese modo, en atención a esta jurisprudencia, un análisis de la constitucionalidad de este tipo de decisiones judiciales solo puede hacerse tomando en consideración el papel central que juega la institución de la cuestión prejudicial dentro del sistema del Derecho de la Unión para identificar correctamente cual debe ser el objeto sobre el que recaiga el razonamiento del juez nacional al decidir sobre este particular. 12. El art. 267 TFUE establece que «el Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para pronunciarse, con carácter prejudicial: …b) sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión... Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional, cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial en Derecho interno, dicho órgano estará obligado a someter la cuestión al Tribunal». En este marco normativo, no es controvertible que (i) el Tribunal Supremo español es un órgano jurisdiccional nacional cuyas decisiones no son susceptible de ulterior recurso judicial en Derecho interno, ya que el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional no constituye «recurso judicial»; y (ii) que es una obligación, y no solo una potestad, el plantear en estos casos la cuestión prejudicial cuando concurra un problema interpretativo en aras de respetar la competencia privativa otorgada al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el particular. La propia jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha establecido ya desde la STJCE de 6 de octubre de 1982, asunto Cilfit, asunto 283/81, una serie de excepciones a esa obligación, entre las que está, por lo que atañe a este caso, que «la correcta aplicación del Derecho comunitario puede imponerse con tal evidencia que no deje lugar a duda razonable alguna sobre la solución de la cuestión suscitada. Antes de concluir que se da tal situación, el órgano jurisdiccional nacional debe llegar a la convicción de que la misma evidencia se impondría igualmente a los órganos jurisdiccionales nacionales de los otros Estados miembros, así como al Tribunal de Justicia. Tan solo si estas condiciones se reúnen puede abstenerse el órgano jurisdiccional nacional de someter la cuestión al Tribunal de Justicia y resolver bajo su propia responsabilidad (§16)». En este contexto jurisprudencial comunitario, el control de constitucionalidad que debe efectuarse sobre la decisión del órgano judicial de casación de abstenerse de plantear la cuestión prejudicial no puede quedar limitado, como hace la opinión mayoritaria en la que se sustenta el Auto, a una mera valoración abstracta sobre si se ha dado cumplimiento a un genérico deber constitucional de motivación de no incurrir en arbitrariedad, falta de racionalidad o error patente, a través de la exposición de las razones por las que se considera que es posible y asumible la interpretación pretendida y proyectada por el órgano judicial nacional de la normativa comunitaria. El planteamiento de la cuestión prejudicial es una obligación ineludible para el órgano judicial derivada del Derecho de la Unión fundamentada en la doble idea de que (i) el único competente para interpretarlo en caso de dudas hermenéuticas es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y (ii) tiene como finalidad evitar la proliferación de interpretaciones nacionales del Derecho comunitario que no pueden resultar unificadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ante la carencia de mecanismos impugnativos a posteriori. Por tanto, la decisión de no plantear una cuestión prejudicial solo cumplirá con el deber de motivación de estar fundada en Derecho cuando los razonamientos judiciales tengan por objeto poner de manifiesto no que la interpretación pretendida por el órgano judicial es una de las que tiene cabida en la norma comunitaria, sino que no existen dudas sobre la posibilidad de que haya otras interpretaciones que tienen cabida en esa normativa comunitaria. Solo de ese modo se puede garantizar que la cuestión prejudicial cumple con la función que tiene encomendada dentro del sistema de Derecho de la Unión. 13. En el presente caso, el fundamento jurídico quinto de la resolución impugnada pone de manifiesto que la negativa a plantear la cuestión prejudicial sobre los diversos aspectos de Derecho comunitario que se consideraban dudosos se ha fundamentado exclusivamente en la defensa de que una determinada interpretación tenía cabida dentro de la normativa comunitaria. Sin embargo, no se ha extendido a despejar las dudas que subsistían respecto de la posibilidad de que hubiera otras interpretaciones que también tuvieran encaje en esa normativa y, por tanto, que eventualmente pudieran ser preferidas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y por los órganos judiciales nacionales de otros países de la Unión. Esa circunstancia es determinante para negar que la aducida vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva fuera «manifiestamente inexistente», ya que se ha omitido razonar, como era exigencia derivada del deber de motivación de las resoluciones judiciales impuesto por el art. 24.1 CE para este tipo de decisiones, que la correcta aplicación de la legislación comunitaria es tan obvia en este caso que no deja margen para ninguna duda razonable. Esta omisión es especialmente censurable si se atiende a las especiales circunstancias concurrentes en el caso que ponen de manifiesto que era ostensible para el órgano judicial no solo la existencia, al menos, de una posible interpretación alternativa; sino incluso que había análisis seriamente fundados de que la interpretación de la normativa comunitaria que pretendía ser la obvia en realidad tenía un difícil encaje hermenéutico por llevar a conclusiones contradictorias con lo pretendido por los apartados 1 y 2 del art. 3 de la Decisión Marco 2008/675/JAI. La existencia de esa posible interpretación alternativa y las serias objeciones de compatibilidad con la finalidad perseguida por la normativa comunitaria aparecen expuestas de forma singularmente extensa y clara en sendos votos particulares formulados a la resolución judicial impugnada redactados por los Magistrados don Cándido Conde-Pumpido Tourón y don Joaquín Giménez García, que cuentan con su adhesión recíproca y la de otros cuatro Magistrados. Es innecesario, por tanto, volver a insistir en ello. Esa mera circunstancia debería haber llevado a la opinión mayoritaria en la que se sustenta el Auto a no considerar manifiestamente inexistente una vulneración que incluso posteriormente queda puesta más en evidencia cuando se constata que la persistencia de una posible interpretación alternativa y las serias objeciones de compatibilidad con la finalidad perseguida por la normativa comunitaria han sido también expuestas de manera extensa en sendos votos particulares suscritos por otros ocho Magistrados a los Autos del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional 40/2015, de 9 de junio, o 68/2015, de 21 de julio. Frente a esta evidencia, la opinión mayoritaria en la que se sustenta el Auto se limita a afirmar que la presencia de diversos votos particulares en la resolución impugnada no es indicativa de que el criterio seguido por la mayoría incurriera en ningún defecto constitucional de motivación. Con ese razonamiento se desenfoca de nuevo el control de constitucionalidad que debe proyectarse sobre este tipo de decisiones. La importancia que reviste la existencia de esos votos particulares con tan numerosos apoyos para el control de constitucionalidad que nos compete no es que contengan interpretaciones divergentes sobre la pertinencia o no de plantear la cuestión prejudicial o sobre si resulta más adecuada uno u otra interpretación del Derecho comunitario. Lo relevante es que acreditan que existe una posible interpretación alternativa y, por tanto, que la interpretación pretendida por la mayoría no era tan obvia en este caso que no deja margen para ninguna duda razonable. En esas circunstancias objetivas el planteamiento de la cuestión prejudicial era, a nuestro juicio, obligado. Al no hacerlo así, sin necesidad de entrar a dilucidar cuál de las alternativas interpretativas del Derecho comunitario es preferible –que es cuestión que compete resolver al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la vía, precisamente, de la cuestión prejudicial– y desde una mera posición de control externo que se limita a constatar la existencia de esas alternativas interpretativas, se pone de manifiesto que la negativa a plantear la cuestión prejudicial constituye una decisión no fundada en Derecho que debe estimarse lesiva del art. 24.1 CE. En conclusión, la negativa a plantear al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión prejudicial –para determinar si la previsión de la Ley Orgánica 7/2014 de hacer inviable la acumulación de condenas del resto de países de la Unión Europea es compatible con la Decisión Marco 2008/675/JAI– vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, al omitir la existencia de dudas razonables sobre la posibilidad de que hubiera otras interpretaciones que tuvieran cabida en la normativa comunitaria, en un contexto que de manera objetiva ponía de manifiesto la existencia de esas alternativas interpretativas, omitió razonar de manera suficiente sobre la concurrencia de una excepción a la obligación de plantear la cuestión prejudicial. Madrid, a veinte de septiembre de dos mil dieciséis.–Adela Asua Batarrita.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Firmado y rubricado. Voto particular que formula la Magistrada doña Encarnación Roca Trías al Auto dictado en el recurso de amparo avocado núm. 4001-2015, al que se adhiere el Magistrado don Fernando Valdés Dal-Ré En ejercicio de la facultad que me confiere el art. 90.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) y con pleno respeto a la opinión mayoritaria de mis compañeros de Pleno, expreso mi discrepancia con el Auto. 1. En primer lugar, creo que es necesario comenzar mi argumentación destacando la fase del procedimiento en el que nos encontramos. No resulta inocua esta circunstancia a efectos de entender mi posición. Con el Auto aprobado por la mayoría se está rechazando un recurso de amparo, en trámite de admisión, por considerar manifiesta la inexistencia de la violación de los derechos fundamentales denunciados por el recurrente. A diferencia de mis compañeros Magistrados, no puedo descartar prima facie su «verosimilitud» y, por supuesto, considero que cumplía con el requisito de la especial trascendencia constitucional. Su admisión hubiera permitido la tramitación del amparo y, una vez efectuadas las alegaciones por las partes y el Ministerio Fiscal, haberse dictado una sentencia que, publicada en el «Boletín oficial del Estado», diera respuesta a una cuestión de indudable repercusión por tratarse de un asunto que, dadas sus peculiaridades, no solo ponía en cuestión la vulneración de derechos de fundamentales sino, también, el sistema de fuentes. 2. A mi juicio, y esta es una interpretación personal, estimar que el asunto merece una decisión de fondo por parte de este Tribunal por considerarlo importante «para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación de los derechos fundamentales» [art. 50.1 b) LOTC], podría ser condición bastante para que el Tribunal Constitucional pudiera decidir la admisión a trámite de un recurso, con independencia del resultado sobre el fondo al que, finalmente, se llegara por sentencia. Afirmar que para la admisión del recurso de amparo no es suficiente la mera lesión de un derecho fundamental o libertad pública del recurrente tutelable en amparo [arts. 53.2 y 161 1 b) CE y 41 LOTC], por ser indispensable para ello la existencia de la especial trascendencia constitucional del recurso [art. 50.1 b) LOTC], no quiere decir que apreciada ésta se deba exigir necesariamente la lesión como requisito para su admisión. Solo por ello, debería haber sido admitido a trámite. 3. En cualquier caso, y prescindiendo de mi posición personal, no puedo afirmar, tampoco, con la rotundidad con la que se hace en el Auto del que discrepo, que en el presente caso la inexistencia de lesión de la violación de los derechos fundamentales invocados sea manifiesta. La jurisprudencia del Tribunal pronto interpretó, en relación con la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional vigente antes de la reforma del 2007, que «el designio del legislador orgánico era que se prescindiera del desarrollo total del procedimiento y de la emanación de una resolución en forma de Sentencia, cuando se percibía desde el primer momento con ‘claridad meridiana’ que ‘la misma en ningún caso podría ser estimatoria’ (ATC 52/1980, de 15 de octubre, FJ 2)» (AATC 252/2009, de 19 de octubre, FJ 1; 272/2009, de 26 de noviembre, FJ 1; y 274/2009, de 30 de noviembre, FJ 3). Considero que si dicha interpretación ya era de por sí restrictiva respecto de lo que entonces se denominaba «contenido constitucional», exigiendo que su falta fuera «patente, clara y notoria» (ATC 52/1980, FJ 2), con mayor razón debe serlo tras la citada reforma y su transformación en «especial trascendencia constitucional». En el presente caso, el hecho de la existencia de los Votos particulares formulados suscritos por seis Magistrados de los quince que compusieron la Sala de lo Penal Tribunal Supremo, por un lado; haberse considerado necesaria la avocación al Pleno de este Tribunal [art. 10.1 n) LOTC]; así como la propia discrepancia interna de la que dan constancia los Votos discrepantes formulados por mis compañeros, por otro, debieron resultar suficientes para considerar que procedía la tramitación del recurso de amparo y despejar en sentencia, tras llevar a cabo el correspondiente trámite de alegaciones, la «verosimilitud» de la lesión denunciada. 4. En definitiva, y dado que considero que prima facie no puede descartarse la existencia de lesión, no puedo sino mostrarme a favor de la admisión del presente recurso de amparo. En coherencia con lo expuesto, no creo necesario hacer más consideraciones sobre los argumentos del Auto que llevan a la mayoría a concluir que es manifiesta la inexistencia de la lesión denunciada; que sí habrían procedido, en el caso de discrepar, de haberse dictado una sentencia al respecto. Madrid, a veinte de septiembre de dos mil dieciséis.–Encarnación Roca Trías.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Firmado y rubricado.

Inadmitido el recurso de etarra Pedro Picabea para descontar la pena cumplida en Francia de su condena

Excmos. Srs. don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, doña Adela Asua Batarrita, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Rios, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez. AUTO I. Antecedentes 1. El Procurador de los Tribunales don Antonio Orteu del Real, en nombre y representación de don Pedro José Picabea Ugalde presentó el 6 de julio de 2015, en el Registro General de este Tribunal demanda de amparo contra el Auto del Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 20 de mayo de 2015, que desestimó el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto contra la precedente Sentencia del Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 874/2014, de 27 de enero de 2015, que, a su vez, había estimado parcialmente el recurso de casación interpuesto por aquel contra el Auto de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 4 de septiembre de 2014, denegatorio de la acumulación de condenas solicitada. 2. Los hechos relevantes para resolver el presente recurso de amparo son, sucintamente expuestos, los siguientes: a) Por Auto de 13 de septiembre de 2007, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional procedió a acumular al ahora recurrente de amparo las siguientes condenas: (i) dos penas de 27 años de reclusión impuestas por sendos delitos de asesinato (ejecutoria núm. 14-2005); (ii) una pena de 27 años de reclusión por delito de asesinato (ejecutoria núm. 6-1985), (iii) una pena 30 años de reclusión por delito de atentado y dos penas de 22 años de reclusión por sendos delitos de asesinato frustrados (ejecutoria núm. 9-1996), y (iv) una condena a 27 años de prisión por delito de asesinato y a 18 años por asesinato en tentativa (ejecutoria núm. 140-1980). El Auto de acumulación fue confirmado por Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 11 de marzo de 2009. La correspondiente liquidación de condena fue efectuada el 6 de noviembre de 2007, fijándose como inicio del cumplimiento de la misma el 22 de noviembre de 2001, fecha de la extradición del penado desde Francia, y como fecha de extinción el 14 de noviembre de 2031. b) En fecha 13 de junio de 2013 la representación del condenado solicitó que se incluyese en la acumulación efectuada la condena a la pena de diez años de prisión que le había sido impuesta en Sentencia del Tribunal de Gran Instancia de Paris de 26 de mayo de 1997 por asociación de malhechores y otros delitos (y que ya había sido cumplida en Francia trece años antes de dicha petición). Por Auto de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 18 de septiembre de 2013 se denegó la acumulación solicitada, alcanzando firmeza dicha resolución al declararse desierto el recurso de casación anunciado. c) Por escrito de 21 de octubre de 2013 la representación del demandante reiteró la solicitud de acumulación. Dicha solicitud fue nuevamente denegada por Auto de la misma Sección de 4 de septiembre de 2014. El Auto acogía los argumentos del Ministerio Fiscal relativos a la intangibilidad de las resoluciones firmes y al principio de seguridad jurídica que conlleva la inmodificabilidad de una resolución que ha ganado firmeza. El demandante interpuso entonces recurso de casación, invocando la infracción de preceptos legales, así como de los siguientes preceptos constitucionales: derecho fundamental a la igualdad (art. 14 CE); principio de legalidad penal (art. 25.1 CE); derecho a la libertad personal (art. 17.1 CE); prohibición de penas inhumanas y degradantes (art. 15 CE); principio de resocialización de las penas (art. 25.2 CE) y prohibición de indefensión (art. 24.1 CE). d) En Sentencia 874/2014, de 27 de enero de 2015, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo estimó el primero de los motivos de casación planteados, relativo a la posibilidad de revisar la acumulación de condenas firmes pero no intangibles. El Alto Tribunal entendía que la nueva solicitud de acumulación se fundaba en la interpretación que la STS 186/2014, de 13 de marzo, había efectuado en relación con la Decisión Marco 2008/675/JAI del Consejo, de 24 de julio, de la que resultaba la posibilidad de reconocer efectos a las condenas impuestas en otros Estados miembros de la Unión Europea. Sin embargo, la Sentencia del Tribunal Supremo rechazó, con seis votos particulares, la pretensión de acumulación interesada por el demandante. Posteriormente por Auto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 20 de mayo de 2015 se desestimó el incidente de nulidad de actuaciones, en el que el recurrente insistía en las vulneraciones planteadas en el recurso de casación y también alegaba la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por motivación arbitraria, ilógica y/o errónea de la Sentencia de casación. 3. En la demanda de amparo se atribuyen a las resoluciones impugnadas las siguientes vulneraciones de derechos fundamentales: a) El demandante considera, en primer lugar, que se vulnera el derecho a la legalidad penal (art. 25.1 CE), en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), el derecho a la libertad (art. 17.1 CE), y a la prohibición de penas crueles, inhumanas y degradantes (art. 15 CE), en las siguientes vertientes: (i) En primer lugar, en cuanto prohibición de interpretaciones contra legem, manifiestamente arbitrarias e irrazonables (respecto de los arts. 76 del Código penal: CP y del art. 3.5 de la Decisión Marco 675/2008). Entiende el demandante que la Sentencia del Tribunal Supremo impugnada ha efectuado una interpretación del art. 76 CP y del art. 3.5 de la Decisión Marco contraria a la literalidad de ambos preceptos, a su fundamento y a «toda la jurisprudencia del Tribunal Supremo, salvo la excepción de 2002, consolidada con la STS 186/2014». Indica que el único criterio de acumulación jurídica de las penas es el temporal, «con expresa prohibición de su ### RESUMEN: Inadmitido el recurso de etarra Pedro Picabea para descontar la pena cumplida en Francia de su condena

De conformidad con lo establecido en el artículo 52.2 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, a propuesta del Ministro del Interior, y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día 4 de marzo de 2016, DISPONGO: En atención a los méritos y circunstancias concurrentes, vengo en conceder, a título póstumo, la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a don Juan Alberto González Garrido, fallecido en atentado terrorista cometido por terroristas yihadistas el día 13 de noviembre de 2015, en París (Francia). Dado en Madrid, el 4 de marzo de 2016. FELIPE R. El Ministro del Interior, JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ

Juan Alberto González Garrido, asesinado en Paris, recibe Cruz de reconocimiento a víctimas del terrorismo

De conformidad con lo establecido en el artículo 52.2 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, a propuesta del Ministro del Interior, y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día 4 de marzo de 2016, DISPONGO: En atención a los méritos y circunstancias concurrentes, vengo en conceder, a título póstumo, la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a don Juan Alberto González Garrido, fallecido en atentado terrorista cometido por terroristas yihadistas el día 13 de noviembre de 2015, en París (Francia). Dado en Madrid, el 4 de marzo de 2016. FELIPE R. El Ministro del Interior, JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ ### RESUMEN: Juan Alberto González Garrido, asesinado en Paris, recibe Cruz de reconocimiento a víctimas del terrorismo

Departamento 2.º Por el presente, se hace público, para dar cumplimiento a lo acordado por la Excma. Sra. Consejera de Cuentas, mediante providencia de fecha 1 de septiembre de 2015, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance n.º B-211/15, Sector Público Autonómico (Cª de Educación y Ciencia- Irreg. Contrato con Nora Proyectos Ingeniería, S.L.), Asturias, que en este Tribunal se sigue procedimiento de reintegro por alcance, por presuntas irregularidades contables como consecuencia del contrato suscrito por la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias con la entidad Nora Proyectos & Ingeniería, S.L. para la contratación de las obras de adaptación de calefacción para el sistema geotérmico en el IES de Infiesto. Lo que se hace público con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos, personándose en forma, dentro del plazo de los nueve días siguientes a la publicación de este edicto. Madrid, 1 de septiembre de 2015.- El Secretario: Jaime Vegas Torres.

El Tribunal de Cuentas analiza uno de los contratos de la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias con la entidad Nora Proyectos & Ingeniería, S.L.

Departamento 2.º Por el presente, se hace público, para dar cumplimiento a lo acordado por la Excma. Sra. Consejera de Cuentas, mediante providencia de fecha 1 de septiembre de 2015, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance n.º B-211/15, Sector Público Autonómico (Cª de Educación y Ciencia- Irreg. Contrato con Nora Proyectos Ingeniería, S.L.), Asturias, que en este Tribunal se sigue procedimiento de reintegro por alcance, por presuntas irregularidades contables como consecuencia del contrato suscrito por la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias con la entidad Nora Proyectos & Ingeniería, S.L. para la contratación de las obras de adaptación de calefacción para el sistema geotérmico en el IES de Infiesto. Lo que se hace público con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos, personándose en forma, dentro del plazo de los nueve días siguientes a la publicación de este edicto. Madrid, 1 de septiembre de 2015.- El Secretario: Jaime Vegas Torres. ### RESUMEN: El Tribunal de Cuentas analiza uno de los contratos de la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias con la entidad Nora Proyectos & Ingeniería, S.L.

El Consejo de Ministros, en su reunión de 20 de enero de 2017, a propuesta de los Ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de Justicia y de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, ha adoptado un Acuerdo por el que se establecen pautas para la elaboración de una terna de candidatos para la elección de Juez titular del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Para general conocimiento, se dispone la publicación como anexo a la presente Resolución. Madrid, 25 de enero de 2017.–La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, P.D. (Orden PRE/934/2012, de 24 de abril), el Subsecretario de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, José María Jover Gómez-Ferrer. ANEXO Acuerdo por el que se establecen pautas para la elaboración de una terna de candidatos para la elección de Juez titular del Tribunal Europeo de Derechos Humanos El artículo 20 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 y ratificado por España el 26 de septiembre de 1979 (BOE num. 243, de 10 de octubre de 1979) (CEDH, en lo sucesivo), establece que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH, en lo sucesivo) estará compuesto por un número de jueces igual al de Estados miembros contratantes. El artículo 22 del CEDH establece que los jueces serán elegidos por la Asamblea Parlamentaria, por mayoría de votos emitidos, de una lista de tres candidatos presentada por cada Estado Contratante. Los Estados Contratantes han manifestado en reiteradas ocasiones su interés en que los candidatos a jueces titulares del TEDH reúnan de manera efectiva las cualidades convencionalmente requeridas, en especial en lo relativo al amplio conocimiento en la práctica de los sistemas jurídicos internos y del Derecho Internacional Público, así como un elevado conocimiento de uno de los dos idiomas oficiales del TEDH y, al menos, suficiente conocimiento pasivo del otro, como medios de asegurar la independencia e imparcialidad del mismo, la alta calidad, y la coherencia de las resoluciones jurisdiccionales de este alto Tribunal. A tal efecto, en las conclusiones de las Conferencias de Alto Nivel celebradas bajo los auspicios de las sucesivas presidencias rotatorias del Comité de Ministros del Consejo de Europa en Interlaken, Esmirna y Brighton, se ha puesto de relieve la necesidad de aumentar la transparencia de los procedimientos de selección, con el fin de asegurar la adecuada cualificación de los candidatos. Dando seguimiento a estos compromisos, el Comité de Ministros del Consejo de Europa creó, mediante Resolución de 10 de noviembre de 2010, el Panel Consultivo de Expertos sobre candidatos para la elección de jueces titulares al TEDH con el fin de evaluar, antes de su elevación a la Asamblea Parlamentaria, el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Convenio por parte de las ternas de candidatos propuestos por los Estados contratantes. Con esta misma finalidad, el Comité de Ministros aprobó el 29 de marzo de 2012 unas «Líneas maestras sobre el procedimiento de selección de candidatos al puesto de Juez titular del TEDH» en las cuales, además de reproducir los requisitos convencionales antes señalados, se formulan recomendaciones adicionales sobre los requisitos mínimos lingüísticos recomendables de los candidatos, el procedimiento de presentación de candidaturas, el procedimiento de selección y la motivación de la resolución final. Y resulta oportuno destacar, a estos efectos, que la alta cualificación exigida a los candidatos a jueces titulares del TEDH, exige la realización de un meticuloso y exhaustivo proceso de selección. Por ello, resulta particularmente aconsejable que los tres candidatos que conformen la terna aprobada por el Consejo de Ministros estén en condiciones de cumplir en su integridad, antes de llegar a la edad de jubilación, el mandato de nueve años para el que serían designados por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Teniendo en cuenta estos antecedentes, el Consejo de Ministros ha estimado oportuno dotarse de unas pautas a los efectos de confeccionar la mencionada terna de candidatos a jueces titulares al TEDH, en el momento en que sea necesario proceder a la misma. De conformidad con las facultades previstas en el artículo 97 de la Constitución española y en el ejercicio de la potestad discrecional que le corresponde para proponer candidatos a las más altas funciones jurisdiccionales internacionales, la propuesta final corresponderá al Consejo de Ministros mediante acuerdo a efectos de su remisión para su consideración por el Panel Consultivo previamente a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. En su virtud, a propuesta de los Ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de Justicia y de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, el Consejo de Ministros, en su reunión del día 20 de enero de 2017 ACUERDA Primero. Cuando, conforme a lo establecido por el CEDH, sea necesario proponer por el Reino de España candidatos a juez titular del TEDH, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación comunicará la necesidad de adoptar tales decisiones a los Ministerios de Justicia y de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales y al Consejo Ejecutivo de Política Exterior, con el fin de elaborar la propuesta de candidatos conforme a lo establecido en el presente acuerdo. Segundo. Conforme a lo establecido en el CEDH, los candidatos deben ser personas que gocen de la más alta consideración moral y reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de altas funciones judiciales o ser jurisconsultos de reconocida competencia, no pudiendo ejercer durante su mandato ninguna actividad que sea incompatible con las exigencias de independencia, imparcialidad o disponibilidad necesarias para una actividad ejercida a tiempo completo. Tercero. La publicidad del inicio del proceso de selección se garantizará mediante su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», así como por aquellos procedimientos adicionales que los Subsecretarios de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de Justicia y de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales decidan, para que llegue a conocimiento de los candidatos potencialmente aptos y durante un tiempo razonable. Las candidaturas podrán presentarse en cualquiera de los lugares que establece el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Cuarto. Se constituye un comité encargado de evaluar la idoneidad de las candidaturas, que estará compuesto por el Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, el Secretario de Estado de Justicia, el Subsecretario de Justicia y el Subsecretario de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales. La Presidencia del comité corresponderá al Secretario de Estado de Asuntos Exteriores. Las decisiones del comité se adoptarán, en todo caso, mediante acuerdo de todos sus miembros. Las facultades atribuidas a sus miembros no serán delegables. La secretaría del Comité corresponderá a un Abogado del Estado designado por el Abogado General del Estado-Director del Servicio Jurídico del Estado, que asistirá a las reuniones con voz pero sin voto. Quinto. Para el ejercicio de sus funciones, el Comité contará asimismo con el apoyo de una serie de asesores que podrán representar, entre otros: a la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, al Consejo General del Poder Judicial, a la Fiscalía General del Estado, al Defensor del Pueblo y a la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Sexto. El comité evaluará los currículum vitae recibidos y realizará las entrevistas que en su caso estime necesarias a efectos de comprobar la idoneidad de los candidatos para el puesto a cubrir, que, en todo caso, deberán reunir los siguientes requisitos: – Ostentar la nacionalidad española. – No superar la edad de 61 años en la fecha límite para la presentación de candidaturas. – Acreditar un elevado conocimiento de uno de los dos idiomas oficiales del Tribunal (inglés y francés) y al menos suficiente conocimiento pasivo del otro. Séptimo. Examinados los currículum vitae y realizadas las eventuales entrevistas, el comité elaborará una propuesta de terna de candidatos a jueces titulares del TEDH, en la que se procurará como regla general integrar a candidatos de ambos sexos, y que será comunicada al Consejo Ejecutivo de Política Exterior con carácter previo a su elevación al Consejo de Ministros para que éste decida. Octavo. Una vez aprobada la terna por el Consejo de Ministros, se dará traslado de la misma al Panel Consultivo de Expertos del Consejo de Europa sobre candidatos para la elección de jueces titulares al TEDH.

Pautas para elegir candidato para juez del TEDH: 1 idioma y medio, reconocida competencia.

El Consejo de Ministros, en su reunión de 20 de enero de 2017, a propuesta de los Ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de Justicia y de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, ha adoptado un Acuerdo por el que se establecen pautas para la elaboración de una terna de candidatos para la elección de Juez titular del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Para general conocimiento, se dispone la publicación como anexo a la presente Resolución. Madrid, 25 de enero de 2017.–La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, P.D. (Orden PRE/934/2012, de 24 de abril), el Subsecretario de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, José María Jover Gómez-Ferrer. ANEXO Acuerdo por el que se establecen pautas para la elaboración de una terna de candidatos para la elección de Juez titular del Tribunal Europeo de Derechos Humanos El artículo 20 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 y ratificado por España el 26 de septiembre de 1979 (BOE num. 243, de 10 de octubre de 1979) (CEDH, en lo sucesivo), establece que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH, en lo sucesivo) estará compuesto por un número de jueces igual al de Estados miembros contratantes. El artículo 22 del CEDH establece que los jueces serán elegidos por la Asamblea Parlamentaria, por mayoría de votos emitidos, de una lista de tres candidatos presentada por cada Estado Contratante. Los Estados Contratantes han manifestado en reiteradas ocasiones su interés en que los candidatos a jueces titulares del TEDH reúnan de manera efectiva las cualidades convencionalmente requeridas, en especial en lo relativo al amplio conocimiento en la práctica de los sistemas jurídicos internos y del Derecho Internacional Público, así como un elevado conocimiento de uno de los dos idiomas oficiales del TEDH y, al menos, suficiente conocimiento pasivo del otro, como medios de asegurar la independencia e imparcialidad del mismo, la alta calidad, y la coherencia de las resoluciones jurisdiccionales de este alto Tribunal. A tal efecto, en las conclusiones de las Conferencias de Alto Nivel celebradas bajo los auspicios de las sucesivas presidencias rotatorias del Comité de Ministros del Consejo de Europa en Interlaken, Esmirna y Brighton, se ha puesto de relieve la necesidad de aumentar la transparencia de los procedimientos de selección, con el fin de asegurar la adecuada cualificación de los candidatos. Dando seguimiento a estos compromisos, el Comité de Ministros del Consejo de Europa creó, mediante Resolución de 10 de noviembre de 2010, el Panel Consultivo de Expertos sobre candidatos para la elección de jueces titulares al TEDH con el fin de evaluar, antes de su elevación a la Asamblea Parlamentaria, el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Convenio por parte de las ternas de candidatos propuestos por los Estados contratantes. Con esta misma finalidad, el Comité de Ministros aprobó el 29 de marzo de 2012 unas «Líneas maestras sobre el procedimiento de selección de candidatos al puesto de Juez titular del TEDH» en las cuales, además de reproducir los requisitos convencionales antes señalados, se formulan recomendaciones adicionales sobre los requisitos mínimos lingüísticos recomendables de los candidatos, el procedimiento de presentación de candidaturas, el procedimiento de selección y la motivación de la resolución final. Y resulta oportuno destacar, a estos efectos, que la alta cualificación exigida a los candidatos a jueces titulares del TEDH, exige la realización de un meticuloso y exhaustivo proceso de selección. Por ello, resulta particularmente aconsejable que los tres candidatos que conformen la terna aprobada por el Consejo de Ministros estén en condiciones de cumplir en su integridad, antes de llegar a la edad de jubilación, el mandato de nueve años para el que serían designados por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Teniendo en cuenta estos antecedentes, el Consejo de Ministros ha estimado oportuno dotarse de unas pautas a los efectos de confeccionar la mencionada terna de candidatos a jueces titulares al TEDH, en el momento en que sea necesario proceder a la misma. De conformidad con las facultades previstas en el artículo 97 de la Constitución española y en el ejercicio de la potestad discrecional que le corresponde para proponer candidatos a las más altas funciones jurisdiccionales internacionales, la propuesta final corresponderá al Consejo de Ministros mediante acuerdo a efectos de su remisión para su consideración por el Panel Consultivo previamente a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. En su virtud, a propuesta de los Ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de Justicia y de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, el Consejo de Ministros, en su reunión del día 20 de enero de 2017 ACUERDA Primero. Cuando, conforme a lo establecido por el CEDH, sea necesario proponer por el Reino de España candidatos a juez titular del TEDH, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación comunicará la necesidad de adoptar tales decisiones a los Ministerios de Justicia y de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales y al Consejo Ejecutivo de Política Exterior, con el fin de elaborar la propuesta de candidatos conforme a lo establecido en el presente acuerdo. Segundo. Conforme a lo establecido en el CEDH, los candidatos deben ser personas que gocen de la más alta consideración moral y reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de altas funciones judiciales o ser jurisconsultos de reconocida competencia, no pudiendo ejercer durante su mandato ninguna actividad que sea incompatible con las exigencias de independencia, imparcialidad o disponibilidad necesarias para una actividad ejercida a tiempo completo. Tercero. La publicidad del inicio del proceso de selección se garantizará mediante su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», así como por aquellos procedimientos adicionales que los Subsecretarios de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de Justicia y de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales decidan, para que lleg ### RESUMEN: Pautas para elegir candidato para juez del TEDH: 1 idioma y medio, reconocida competencia.

El artículo 10 de la Ley 24/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, garantiza al alumnado, a sus padres, madres o tutores y órganos escolares de gobierno que lo soliciten, el ejercicio del derecho del primero a recibir enseñanza religiosa evangélica en los centros docentes públicos y privados concertados, siempre que, en cuanto a estos últimos, el ejercicio del derecho no entre en conflicto con el carácter propio del centro. La enseñanza religiosa evangélica será impartida por profesorado designado por las Iglesias pertenecientes a la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, con la conformidad de ésta. Los contenidos de la enseñanza religiosa evangélica, así como los libros de texto relativos a la misma, serán los establecidos por las Iglesias respectivas con la conformidad de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España. La disposición adicional segunda sobre enseñanza de la Religión, de la Ley Orgánica de 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, establece en el apartado 2 que la enseñanza de otras religiones diferentes a la católica se ajustará a lo dispuesto en los Acuerdos de Cooperación celebrados por el Estado español con las respectivas confesiones religiosas. La misma disposición, en su apartado 3, expresa que la determinación del currículo y de los estándares de aprendizaje evaluables que permitan la comprobación del logro de los objetivos y adquisición de las competencias correspondientes a la asignatura Religión será competencia de las respectivas autoridades religiosas. Por otra parte, el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en su disposición adicional tercera sobre enseñanzas de religión, establece que las enseñanzas de religión se incluirán en la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato de acuerdo con lo establecido en los artículos 13 y 14, de este real decreto. Las Administraciones educativas garantizarán que, al inicio del curso, los padres, madres o tutores legales y en su caso el alumnado puedan manifestar su voluntad de que éste reciba o no reciba enseñanzas de religión. La evaluación de Religión se realizará de acuerdo con lo indicado en el artículo 20 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. Asimismo, dispone que la determinación del currículo de la enseñanza de las diferentes confesiones religiosas con las que el Estado español ha suscrito Acuerdos de Cooperación en materia educativa será competencia, respectivamente, de la jerarquía eclesiástica y de las correspondientes autoridades religiosas. De acuerdo con los preceptos indicados, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España ha determinado el currículo de la enseñanza de la religión evangélica para la Educación Secundaria Obligatoria. En su virtud, a propuesta de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, resuelvo: [precepto]Primero. Dar publicidad al currículo de la materia Religión evangélica en Educación Secundaria Obligatoria, que se incluye en el anexo. [precepto]Segundo. Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 23 de julio de 2015.–El Director General de Evaluación y Cooperación Territorial, José Ignacio Sánchez Pérez. ANEXO Introducción En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria la materia Religión evangélica tiene la finalidad de capacitar al alumnado para que conozca la fe evangélica desde una perspectiva bíblica, la comunique en su vida cotidiana en situaciones de convivencia religiosa y cultural, y participe activa y responsablemente en la sociedad de la que forma parte. Con este enfoque, la enseñanza de Religión evangélica supera el marco de la instrucción y adquiere una nueva dimensión, donde no todo se restringe a lo tangible y temporal, sino que se abre un camino hacia la trascendencia y la eternidad. Las respuestas que el alumnado en esta etapa comience a darse respecto a interrogantes trascendentes influyen poderosamente sobre el desarrollo integral de su persona. Con la finalidad indicada el diseño del currículo de Religión evangélica se ha realizado asumiendo los elementos previstos por el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, entendiendo que con ello se facilitan los procesos de enseñanza y aprendizaje de Religión evangélica en relación al resto de materias que se imparten en la misma etapa. Al mismo tiempo se les da a los profesionales, desde su autonomía pedagógica, la posibilidad de cumplir con su función de programar para adoptar innovaciones metodológicas y la enseñanza de las áreas y materias y que puedan adoptar innovaciones metodológicas por sí mismos o en colaboración con los equipos docentes de los centros en que se integran. Entre estos elementos curriculares se destaca la concreción de las finalidades a alcanzar en Educación Secundaria Obligatoria mediante el desarrollo de los contenidos que se organizan en esta materia en los siguientes bloques fundamentales: la Biblia y su estudio, la historia de la salvación de Adán a Jesucristo, la vida y ministerio de Jesús, la historia del cristianismo desde sus orígenes hasta la Reforma del siglo XVI, el ser cristiano y lo que ello implica como una forma de vida y la ética cristiana. Para el proceso de evaluación se plantean los correspondientes criterios de evaluación, que han sido enunciados de manera descriptiva, y en cuya formulación se ha tenido especial cuidado para garantizar que hacen referencia en cada caso a alguno de las finalidades propuestas. No puede ser de otro modo si recordamos que ambos adquieren relevancia en momentos distintos del proceso de aprendizaje; las finalidades al plantear el aprendizaje que el alumnado debe adquirir y los criterios de evaluación en la comprobación de si los han alcanzado. Se introducen un número de estándares de aprendizaje evaluables, concebidos como especificaciones de los criterios de evaluación, y que concretan lo que el alumnado debe saber, comprender y saber hacer, propuestos como unidades mínimas que han de guiar el desarrollo del aprendizaje del alumnado. En todos los elementos se han tenido en cuenta las competencias clave establecidas en el ordenamiento vigente a fin de que en la enseñanza de Religión evangélica, como en el resto de asignaturas que aborda el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, se garantice un planteamiento en la enseñanza y aprendizaje que conduce al alumnado a aplicar los contenidos, a la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. No obstante, el planteamiento de la enseñanza de Religión evangélica supera el planteamiento curricular básico en el sentido de que incluye la orientación al alumnado para que, a partir del conocimiento y análisis de las enseñanzas bíblicas, se adentre en la búsqueda de respuestas válidas a las inquietudes que se le plantean en las diversas áreas de su existencia. Ello implica que objetivos, competencias, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables se ajustan de la forma más adecuada, aunando los aspectos técnicos de desarrollo del currículo con otros aspectos antropológicos y teológicos que son propios de esta materia. En esta situación, la finalidad de la enseñanza de Religión evangélica se concreta en: 1. Descubrir las principales enseñanzas bíblicas, aplicando diversos métodos de estudio, con el objetivo de elaborar conclusiones personales sobre la veracidad y relevancia de dichas enseñanzas. 2. Conocer los principales hechos acaecidos en la historia del pueblo de Israel y sus implicaciones en el plan salvífico de Dios. 3. Identificar la persona de Jesús como la máxima expresión de la acción salvífica de Dios que demanda una respuesta de cada ser humano. 4. Conocer las enseñanzas y obras de Jesús de Nazaret, valorando la influencia que tuvieron en las personas que se relacionaron con Él. 5. Reconocer e identificar los principales datos, hechos históricos y sus consecuencias en el devenir del pueblo cristiano desde sus orígenes hasta la Reforma religiosa del siglo XVI. 6. Descubrir y valorar en las vidas transformadas de ciertos personajes del Nuevo Testamento y en la nueva relación personal que experimentan con Dios, qué significa ser cristiano. 7. Apreciar la familia como parte importante del plan de Dios para el desarrollo integral de cada ser humano, tomando conciencia de su papel dentro de ella. 8. Desarrollar un espíritu sensible, solidario y comprometido ante lo humano. 9. Apreciar la creatividad artística del ser humano como manifestación de su semejanza con la capacidad creadora de Dios. 10. Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de tolerancia y respeto por otras culturas, sin renunciar por ello a un juicio crítico sobre las mismas desde una perspectiva bíblica. 11. Contrastar los valores éticos cristianos con los valores predominantes en la sociedad actual. Además de lo dicho hasta ahora, la enseñanza de Religión evangélica ha de desarrollar prioritariamente en el alumnado una «Conciencia y expresión cristiana» que supera los ámbitos competenciales descritos que comparte con el resto de materias de la Educación Secundaria Obligatoria. Implica la apertura del adolescente a lo divino, el aprendizaje de valores propios del cristianismo y la adopción de actitudes y conductas propias de la fe evangélica a la que este currículo da respuesta. Esta finalidad implica que el alumnado valore, mida, aprecie, interiorice, y comunique, entre otras habilidades, el mensaje y la práctica cristiana. Y este desarrollo no lo hacen al margen de las restantes competencias definidas, sino de manera integrada e íntimamente relacionada con ellas, puesto que el desarrollo por el adolescente de una cosmovisión bíblica implica que simultáneamente afecta a sus habilidades de comunicación, a su actuación en el entorno, a su expresión cultural o a su competencia social y cívica por citar algunos ejemplos. Dicho de otro modo, se trata de poner al alumnado en el contexto de la enseñanza de Religión evangélica en situaciones en las que tenga que elaborar su opción personal, en conciencia y libremente, desde los presupuestos expresados en los elementos del currículo, conlleva la estimulación de todas las capacidades que se pretenden desarrollar en esta etapa. Los elementos transversales que se introducirán a lo largo de toda la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria en la asignatura Religión evangélica incluyen la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento, la educación cívica y constitucional. La programación docente incluirá la prevención de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, así como otras situaciones de riesgo (explotación y abuso sexual, mala utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación). Se potenciarán aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la cooperación, y el sentido crítico. Y se fomentará el desarrollo de los valores cristianos que fomenten el amor, el respeto, la cooperación, la igualdad, la libertad, la justicia y la paz. Orientaciones de metodología didáctica De acuerdo con el actual currículo, la definición de objetivos, competencias clave, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables ha de completarse con la referencia a las orientaciones de metodología didáctica, entendiendo por tal el proceso por el que los anteriores se alcanzan. La propia identidad de la enseñanza de Religión evangélica determina las orientaciones metodológicas necesarias para que docentes y discentes desarrollen el currículo de acuerdo con las decisiones de concreción del mismo adoptadas en las correspondientes programaciones didácticas y secuencia de unidades didácticas. Como parte de todo el currículo cursado por el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, la programación de enseñanza de Religión evangélica debe integrarse en el proyecto educativo de cada centro en que se imparte desde la coherencia con los valores, objetivos y prioridades del mismo que contribuye a enriquecer. En el desarrollo de este currículo, los docentes que imparten enseñanzas de Religión evangélica tienen un especial protagonismo al integrar su capacitación específica en el área que imparten, su conocimiento y participación en el contexto en que lo hacen, y su identidad personal como cristianos convencidos del mensaje y la labor que desarrollan. En este sentido adquiere una relevancia significativa, dentro de las funciones que comparte con el resto del profesorado de la etapa, la de elaborar la programación didáctica y diseñar y desarrollar las unidades didácticas y las tareas de clase según las características de su entorno educativo y necesidades de su alumnado. En la aplicación práctica de estas programaciones el profesorado ha de tener en cuenta que los alumnos y alumnas aprenden cuando participan en experiencias, sean estas reales, simuladas o ficticias. En este sentido, el profesor de Religión evangélica se convierte en un facilitador de experiencias en las que, además de plantear los contenidos y actitudes que se pretende enseñar, diseña situaciones que ponen en contacto a su alumnado con personajes bíblicos y con situaciones ricas en las que poner en práctica los principios del cristianismo evangélico. Tiene también una función mediadora, aportando en el proceso de enseñanza y aprendizaje los recursos y medios necesarios para la interpretación los hechos, ideas, principios, datos o valores, y se constituye en guía, aportando una visión bíblica de los mismos y modelos de aplicación práctica en situaciones cotidianas. Tiene, por último, un valor de modelo puesto que el alumnado tiende a aprender subliminalmente actitudes de las personas de autoridad. Por ello, los profesores de Religión evangélica han de asumir un rol ético propio de actitudes cristianas y una función de guía que aporte al alumnado los recursos, medios y orientaciones necesarios para que sean capaces de elaborar sus propias interpretaciones y conclusiones personales a partir de las situaciones planteadas. El alumnado que aprende Religión evangélica ha de ser un alumnado activo, a quien se le propone múltiples situaciones de búsqueda y participación y de quien se espera que proponga a su vez respuestas diversas para las mismas. Es prioritaria su capacitación, desde edades tempranas, en el conocimiento y el manejo de la Biblia, pues ha de remitirse a esta a lo largo de todo su aprendizaje como fuente básica para la comprensión del modo en que Dios se ha acercado y revelado al ser humano. Esta capacitación para la investigación bíblica se complementa con el uso de fuentes extrabíblicas, en ocasiones coincidentes con otras materias que también estudia (literarias, históricas, documentales) como garantía de la complementariedad de la enseñanza de Religión evangélica con el resto del currículo y su aportación a la formación integral del adolescente. Tener en cuenta el aprendizaje en esta edad implica tomar en consideración sus propios intereses y sus características evolutivas a la hora de plantear distintas situaciones de aprendizaje. Es por eso que, a lo largo de la etapa, la enseñanza de Religión evangélica debe tender a facilitar una cada vez mayor autonomía del alumno y una progresión desde el conocimiento inmediato hacia mayores cotas de abstracción. Se deben potenciar a medida que se avanza en la etapa situaciones con una cada vez mayor dosis de confrontación y ejercicio crítico, que permitan al alumnado afianzar la fe y valores cristianos que adquiere. Lógicamente, todo en un clima de libertad y convivencia, en el que no se pretende tanto que el mensaje sea aceptado cuanto que sea aprendido. No se pretende imponer externamente virtudes, creencias o modos de comportarse, pero sí esperar que fluyan en el alumnado a partir de convicciones suficientemente profundas. La enseñanza de Religión evangélica se plantea simultáneamente como un espacio de aprendizaje de la convivencia, tanto en los grupos de edad que se constituyen para impartirla, como en el conjunto del centro y del grupo clase donde se convive con otros compañeros y otras opciones. Para ello el docente planificara tareas dinámicas de aprendizaje con flexibilidad para adaptarse a las diferentes situaciones personales y/o grupales. De igual modo el docente ha de reflexionar sobre la gestión del tiempo al proponer al alumnado las tareas propias de la materia, a fin de que estas permitan al alumnado trabajar de manera adecuada tanto cuando está aproximándose por primera vez a las propuestas como cuando está revisando su trabajo. El docente de Religión evangélica debe, en definitiva, gestionar el tiempo y los espacios de trabajo de manera que facilite el trabajo activo y responsable del alumnado. Es pertinente plantear la relevancia de los recursos didácticos entre las decisiones metodológicas a adoptar, de manera que está en la propia identidad del área el uso prioritario de la Biblia como recurso básico e imprescindible. No obstante, se incluirán en el proceso de enseñanza y aprendizaje otros materiales, impresos, digitales o de otro tipo, que se incorporan como medios para estimular el estudio de la Biblia. El docente de Religión evangélica participa en la producción de estos materiales y en su difusión e intercambio en foros específicos creados en el marco de FEREDE, que tienen la importancia de ser un espacio de crecimiento profesional al facilitar la formación e innovación permanente del profesorado. En cuanto a las estrategias metodológicas propiamente dichas no se identifica la enseñanza de Religión evangélica con un único método universalmente aplicado, sino que es el docente el que debe adoptar decisiones concretas de cómo trabajar y orientar el trabajo en cada caso para alcanzar los fines previstos, con las máximas cotas posibles de calidad, de acuerdo con el contexto en que se ubica. En cualquier caso, al adoptar estas decisiones metodológicas el docente debe tener en cuenta la importancia de estimular la motivación del alumnado, potenciar su autoestima y su autonomía, desarrollar estrategias de trabajo compartido y potenciar la comunicación con las familias. Por último, la evaluación de Religión evangélica se entiende como descripción de los aprendizajes logrados por el alumnado y debe diferenciarse, para evitar reducirla a ella, de la calificación o juicio que es pertinente dar al finalizar cada unidad de tiempo previsto para ello (trimestral, anual o al finalizar la etapa). Es necesario destacar que la evaluación de Religión evangélica, como en toda la etapa, será continua, y tendrá como referente los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables establecidos en cada uno de los cursos, y atenderá a las características personales de cada alumno a fin de facilitar la individualización necesaria para garantizar el éxito de todos. Por ello, a la hora de formular pruebas conducentes a una calificación, se ha de cuidar no expresarlas de modo que presuponen que el alumno asume afirmaciones que son declaraciones de fe cristiana, cuando realmente no las asume, ni está obligado a ello. Se considerarán las diferencias entre los referentes conceptuales y procedimentales, por un lado los actitudinales, por otro, debido a que en el ámbito de las actitudes y en el marco de esta materia (tal y como ha sido concebida en el contexto del sistema educativo) la respuesta de los alumnos es y debe ser voluntaria, sin afectar su decisión a la ponderación de la calificación. No obstante, los referentes actitudinales pueden y deben ser objeto de evaluación, aunque no se pueden evaluar del mismo modo que el cognitivo y procedimental. En la evaluación de las actitudes ha de esperarse respuestas voluntarias, no sistematizadas, sino representativas: indicios de la actitud o actitudes que se pretende que los alumnos aprendan. Para ello es imprescindible que el docente, en su metodología, cuente con registros adecuados de recogida de información basados en los propios elementos del currículo, y que cuente también con estrategias de autoevaluación por el propio alumnado y de comunicación fluida con las familias. Esta participación del alumnado y sus familias, en conjunción con la labor del docente de Religión evangélica, puede contribuir a que el desarrollo personal, espiritual y social del alumnado tenga lugar de modo coherente. La enseñanza de Religión evangélica, también en la Educación Secundaria Obligatoria, contribuye al desarrollo integral del individuo, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente de ordenación del sistema educativo. En este sentido asume que cualquier aprendizaje, para serlo, ha de ser significativo y permitir la movilización y aplicación en situaciones reales, por complejas que sean, de lo aprendido. La enseñanza de Religión evangélica persigue, por tanto, que -todo el alumnado adquiera conocimientos, desarrolle destrezas y habilidades y manifieste actitudes propias de ciudadanos responsables y críticos, capaces de conocer la realidad, interpretarla, actuar en ella, resolver situaciones problemáticas desde la base de la fe cristiana. RELIGIÓN EVANGÉLICA 1.º ESO Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Bloque 1. La Biblia y su estudio La composición del Antiguo Testamento. Resumen esquemático y canon. La composición del Nuevo Testamento. Resumen esquemático y canon. El concepto de revelación y de inspiración y propósito de la Biblia. 1. Conocer la estructura del Antiguo y Nuevo Testamento e identificar los autores por libro y ser capaz de resumir brevemente la historia bíblica. 2. Extraer y elaborar información relacionada con la inspiración, revelación, canon y propósito de la Palabra de Dios. 3. Identificar, analizar y valorar diversos textos bíblicos que presentan la Biblia como medio por el cual Dios se revela y habla al ser humano. 1.1. Identifica la estructura y composición del Antiguo y Nuevo Testamento relacionando los libros de la Biblia con los distintos escritores y situándolos en la línea del tiempo. 1.2. Identifica el contexto histórico del Antiguo y Nuevo Testamento y elabora cuadros esquemáticos relativos a su composición. 1.3. Localiza los libros de la Biblia con agilidad y maneja la Biblia con autonomía. 1.4. Analiza y explica el significado de versículos clave a cerca del valor de la Biblia y su importancia para la vida del cristiano y memoriza algunos de ellos.             2.1. Busca, selecciona e interpreta información sobre la inspiración, revelación y canon de la Biblia, a partir de la utilización de diversas fuentes.     2.2. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes.     2.3. Utiliza la información de carácter teológico de la Biblia para formarse una opinión propia y argumentar sobre problemas relacionados.     2.4. Reflexiona sobre las razones por las cuales Dios decide revelarse al ser humano.     2.5. Explica el proceso seguido para el establecimiento del canon del Nuevo Testamento para comprender la composición de la Biblia.     3.1. Identifica las ideas principales sobre la Biblia como medio por el cual Dios se revela y habla al ser humano.     3.2. Reconoce pasajes bíblicos donde se observa cómo Dios habla a distintas personas y enumera las características generales de cada situación.     3.3. Extrae enseñanzas del texto bíblico y las aplica a la vida diaria.     3.4. Investiga el propósito de la Biblia como revelación del amor de Dios y del plan de salvación para el ser humano.             Bloque 2. La historia de la salvación: de Adán a Jesucristo Adán y Eva: desobediencia y separación de Dios. La promesa de un Salvador. Noé y el Diluvio: La obediencia de un hombre. La Torre de Babel: un camino equivocado. Abraham: El pacto con Dios y confirmación de la promesa de un Salvador. Isaac, Jacob, José. 1. Investigar los principales sucesos en la historia bíblica desde Adán hasta José elaborando la información recogida. 2. Analizar las implicaciones que tienen los principales hechos de la historia antigua del pueblo de Israel en el plan de Dios para la salvación de la humanidad. 1.1. Estudia el relato de la creación y desobediencia del ser humano relacionándolo con su importancia para la humanidad. 1.2. Discrimina en el Génesis la promesa de un Salvador explicando el sentido del texto con sus palabras. 1.3. Identifica los hechos del libro del Génesis concernientes a la salvación para encuadrarlos dentro del plan de Dios para redimir la humanidad.       1.4. Identifica y contrasta, a partir del relato bíblico, la obediencia de Noé hacia Dios con el comportamiento de sus contemporáneos.     1.5. Observa y estudia el relato de la historia de Babel u otras historias analizando distintas actitudes y esfuerzos humanos de querer vivir sin Dios.     1.6. Identifica los personajes bíblicos claves en esta etapa ordenándolos cronológicamente entendiendo la importancia de su contribución a la historia de la salvación.     2.1. Analiza a partir del pasaje de Génesis cuál fue el origen del pecado explicando sus consecuencias inmediatas y posteriores.     2.2. Explica el origen de la historia de la salvación y se ayuda de tablas, gráficos, resúmenes.     2.3. Valora y debate en clase acerca de la fidelidad de Dios en el relato de la historia de Noé.     2.4. Identifica la promesa de Dios de bendecir a todas las naciones a través de la descendencia de Abraham leyendo y analizando los textos bíblicos que hacen referencia a ello.     2.5. Analiza las implicaciones que tienen los hechos principales del inicio de la historia del pueblo de Israel en el plan de salvación de Dios asociándolos con sus causas. Bloque 3. Vida y ministerio de Jesús Vida de Jesús: Nacimiento e infancia de Jesús. Desarrollo de su labor ministerial. La figura de Jesús: Jesús: Dios y hombre. Jesús: ejemplo de vida. Jesús: buenas nuevas de salvación. 1. Identificar y ordenar cronológicamente las etapas de nacimiento, crecimiento y primeros años del ministerio de Jesús, que relatan los evangelios. 2. Obtener y analizar información relevante sobre la etapa inicial de ministerio de Jesús, utilizando la Biblia como fuente. 3. Explicar la figura de Jesús, analizando su divinidad y humanidad, así como su ejemplo de vida. 4. Valorar las buenas nuevas de salvación analizando textos bíblicos. 1.1. Identifica y ordena cronológicamente las etapas de la vida de Jesús ubicándolas en una línea del tiempo, tabla o gráfico entendiendo la importancia y valor de cada una de ellas. 2.1. Busca, selecciona y organiza información relevante sobre la etapa inicial de ministerio de Jesús, la analiza, obtiene conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente o por escrito. 2.2. Analiza informaciones relacionadas con la vida de Jesús manejando mapas, resúmenes y las tecnologías de la información y la comunicación. 2.3. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para elaborar trabajos acerca de la vida de Jesús.   3.1. Relaciona y distingue la divinidad y humanidad de Jesús analizando diversos textos bíblicos.     3.2. Observa, analiza y explica la primera etapa de la vida de Jesús, nombrando algunos de los ejemplos más relevantes de su conducta y actitudes.     4.1. Valora, partiendo del análisis de diversos textos bíblicos, las buenas nuevas de la salvación encarnadas en Jesús, resumiendo sus conclusiones personales.     4.2. Lee e identifica en el evangelio de Juan características de Jesús, resumiéndolas. Bloque 4. Historia del cristianismo: desde sus orígenes hasta la Reforma del siglo XVI Orígenes de la Iglesia. La obra misionera de Pablo. La extensión de la iglesia y las epístolas de Pablo. 1. Obtener información concreta y relevante sobre los orígenes de la Iglesia, utilizando diferentes fuentes. 1.1. Observa la relación histórica y teológica entre judaísmo y cristianismo, elaborando una tabla comparativa. 2. Identificar y situar cronológica y geográficamente los principales hechos históricos en el devenir del pueblo cristiano en el período neotestamentario, analizando las consecuencias sociales e históricas de los mismos. 1.2. Realiza trabajos individuales y grupales de investigación sobre el origen y extensión de la Iglesia en el libro de los Hechos de los Apóstoles. 2.1. Identifica y analiza el proceso de cambio que se opera en los discípulos de Jesús por la acción del Espíritu Santo en el libro de Hechos de los Apóstoles, explicándolo. 2.2. Analiza y valora las repercusiones de la venida y acción del Espíritu Santo. 2.3. Explica y valora acciones que reflejan la conducta de los primeros cristianos. 2.4. Conoce en qué consistió el concilio de Jerusalén, y analiza los antecedentes históricos y sus consecuencias prácticas. 2.5. Lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, e identifica y explica los pasos iniciales en la extensión del evangelio a las naciones. 3. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y aprender y expresar contenidos sobre la historia del cristianismo primitivo.   4. Participar en diálogos y debates sobre los cambios producidos por el cristianismo en los distintos ámbitos de la sociedad antigua y actual.                 2.6. Conoce, interpreta y construye una línea del tiempo y mapas con los principales hechos históricos desde el origen de la Iglesia hasta el final del ministerio de Pablo..     3.1. Utiliza bibliografía variada para obtener información sobre la obra misionera de Pablo y elaborar trabajos y/o tareas específicas.     3.2. Identifica y explica aspectos relacionados con la forma de vida, expansión e influencia de la Iglesia en la etapa estudiada.     4.1. Analiza y explica, a la luz del Nuevo Testamento, la responsabilidad colectiva de los cristianos en la transmisión del Evangelio de Jesús.     4.2. Muestra tolerancia, respeto y valoración crítica de formas de vida, creencias, sociedades y culturas distintas a la propia, desde una perspectiva bíblica e histórica.     4.3. Utiliza su iniciativa personal para diseñar y elaborar, con medios informáticos, esquemas explicando cómo se ha visto afectada por el cristianismo la sociedad antigua y actual. Bloque 5. Ser cristiano: una forma de vida El ser humano como creación de Dios. La imagen de Dios en el ser humano. La dignidad de todas las personas. El valor de la vida y el amor de Dios por toda la humanidad. 1. Identificar, analizar y resumir los textos bíblicos clave que muestran que el ser humano ha sido creado a la imagen de Dios. 1.1. Explica según la biblia la naturaleza del ser humano: cuerpo, alma y espíritu. 1.2. Reflexiona y dialoga sobre la imagen de Dios en el ser humano creado como hombre y mujer. 1.3. Explica acciones que reflejan diferentes aspectos de la imagen de Dios en la persona: espiritualidad, entendimiento, voluntad, autoridad, responsabilidad, etc. 1.4. Analiza alguna producción artística (plástica, literaria o musical), elaborada por ellos mismos o por otras personas, identificando características que denoten originalidad y creatividad. 2. Identificar y localizar en pasajes bíblicos, ejemplos de conductas, actitudes y valores que reflejan lo que significa tener una relación personal con Dios. 3. Explicar el amor de Dios por la humanidad y por cada individuo en particular, analizando las implicaciones.         1.5. Reflexiona, argumenta y dialoga sobre la relación que hay entre la capacidad creadora de Dios y la capacidad creadora del ser humano.     1.6. Reflexiona, argumenta y debate sobre la vida como sagrada e importante justificándolo bíblicamente.     1.7. Analiza desde la perspectiva bíblica la dignidad de todas las personas, explicando sus implicaciones prácticas.     2.1. Medita y explica la responsabilidad personal y consecuencias de las decisiones y conductas que adopta en la vida.     2.2. Resume y explica, de modo oral o por escrito, relatos del evangelio que manifiestan la dignidad de toda persona según las palabras y hechos de Jesús.     2.3. Escucha y respeta las ideas de los otros.     2.4. Muestra, en las relaciones interpersonales, una actitud de respeto hacia la dignidad y libertad humana.     3.1. Analiza el amor de Dios por la humanidad reflejado en la creación y debate en clase cómo se traduce en un plan para cada persona en particular.     3.2. Trabaja en grupo, un análisis general de la realidad humana a través de los medios informativos relacionándolo con los temas estudiados en el bloque. Bloque 6. Ética cristiana La libertad de conciencia y la responsabilidad personal. El matrimonio y la familia cristiana. 1. Analizar la importancia de la libertad de conciencia y la responsabilidad en el marco bíblico y en el contexto social. 2. Entender la base bíblica de la familia cristiana. 1.1. Busca y elige personajes e historias bíblicas significativas para debatir y analizar el valor de la vida expresado a lo largo de la Biblia.   1.2. Define la libertad de conciencia, analizando su importancia personal y social y la responsabilidad que tenemos asociada a la libertad.     1.3. Describe el cuidado personal basado en la enseñanza bíblica sobre el cuerpo del creyente.     1.4. Dialoga, analiza y debate en clase sobre la idea de que Dios nos acepta y nos ama tal y como somos, en comparación con las ideas y tendencias de nuestra sociedad.     2.1. Lee textos bíblicos analizando las características de la familia cristiana.     2.2. Distingue y señala textos bíblicos que enseñan sobre la sexualidad y el matrimonio.     2.3. Busca información, compara y analiza algunas familias de la Biblia y extrae conclusiones para su propia vida.     2.4. Dialoga en clase valorando en qué medida la familia contribuye al desarrollo integral de cada ser humano. 2.º ESO Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Bloque 1. La Biblia y su estudio Líneas directrices del mensaje bíblico. La relación de Dios con el ser humano. La desobediencia del hombre y el plan de salvación. 1. Identificar las principales enseñanzas de la Biblia sobre Dios y su relación con el ser humano. 2. Explicar el plan de salvación y la obra de Cristo comprendiendo la importancia de la resurrección. 3. Identificar y estudiar textos bíblicos la ascensión de Cristo, y la obra del Espíritu Santo. 4. Analizar la base bíblica de la justificación por fe, el reino de Dios y la Iglesia. 1.1. Reconoce y memoriza textos bíblicos identificando las enseñanzas sobre el amor de Dios hacia el hombre. 2.1. Realiza una investigación bíblica sobre el plan de salvación y la obra de Cristo revelada a través de pasajes específicos de la Biblia. 2.2. Identifica y memoriza versículos clave, acerca del plan de salvación de Dios y analiza su alcance a todos los pueblos de la tierra. La obra redentora de Cristo. La presencia y la obra del Espíritu Santo en el cristiano. La justificación por la fe. El reino de Dios y la Iglesia.     2.3. Extrae enseñanzas y conclusiones relacionadas con la resurrección y ascensión de Cristo y las relaciona con la enseñanza del apóstol Pablo sobre este tema.     3.1. Identifica pasajes paralelos sobre la resurrección y ascensión de Cristo, valorando la importancia de estos hechos para la vida del creyente.     3.2. Identifica y lee pasajes bíblicos que indican la obra del Espíritu Santo (Paracleto) y su fruto en la vida del cristiano.     4.1. Analiza y memoriza pasajes claves de las cartas de Pablo que resumen la justificación por gracia a través de la fe.     4.2. Usa rigor crítico y objetividad en el estudio bíblico.     4.3. Examina en el Nuevo Testamento el concepto del Reino de Dios, el origen de la iglesia y su misión en el mundo hoy, resumiendo sus conclusiones. Bloque 2. La historia de la salvación: de Adán a Jesucristo El pueblo de Israel en Egipto. El significado de la Pascua. Éxodo del pueblo de Israel y los años en el desierto. Moisés y el pacto de Dios con su pueblo. La ley: Normas éticas, civiles, ceremoniales. 1. Obtener información sobre los principales hechos acaecidos al pueblo de Israel desde el periodo de los Patriarcas hasta la llegada a la Tierra Prometida, elaborando la información recogida (tablas, gráficos, resúmenes). 1.1. Identifica los personajes clave en la historia del pueblo de Israel en esta etapa de su historia y los ubica en la línea del tiempo. 1.2. Extrae información de fuentes bíblicas y extrabíblicas sobre la historia del pueblo de Israel hasta la muerte de Moisés y señala los hechos y hechos personajes más relevantes. 1.3. Explica adecuadamente el significado de la Pascua identificando su simbolismo y estableciendo relaciones con la obra de Cristo. La ley y el evangelio. 2. Sacar conclusiones acerca de las implicaciones que tienen los principales hechos de la historia antigua y tipos de leyes del pueblo de Israel en el plan de Dios para la salvación de la humanidad, a la luz de textos del Antiguo y Nuevo Testamento.         1.4. Explica y enumera los Diez mandamientos y la importancia del día de reposo en la vida del cristiano.     1.5. Identifica eventos religiosos, sociales y culturales de Israel en la antigüedad.     2.1. Comprende el principio de la tipología bíblica identificando diferentes ejemplos relacionados con el tema de la salvación.     2.2. Analiza y reflexiona debatiendo en clase el propósito y funciones de la ley.     2.3. Aprecia en el libro de Hebreos la relación entre la ley y la obra superior de Jesús. Bloque 3. Vida y ministerio de Jesús Las relaciones de Jesús: Con el pueblo: religiosos, necesitados y autoridades. Con el Padre. Con los discípulos. 1. Analizar en textos del evangelio las relaciones de Jesús con el Padre, los discípulos, diversas personas del pueblo y con nosotros, y comunicando sus hallazgos al resto de la clase. 1.1. Lee textos bíblicos donde Jesús habla con el Padre, o enseña sobre su relación con Él, analizando las enseñanzas más importantes que identifica. 1.2. Contrasta los diversos textos en los que Jesús se encuentra con diferentes personas resumiendo las actitudes que Jesús demostró hacia ellos. 1.3. Analiza y expone su opinión con respecto a los encuentros que tuvo Jesús con diferentes personas: religiosos, necesitados, autoridades y discípulos, etc. Con nosotros. 2. Sacar conclusiones acerca de qué significa y qué implicaciones personales tiene ser discípulo de Jesucristo, mediante el estudio, individual y grupal, de diversos textos de los Evangelios que relatan encuentros de Jesús con diferentes personas.         1.4. Aprecia el ofrecimiento de amistad personal que hace Jesús a cada ser humano, explicando qué significa esa amistad en su experiencia personal.     2.1. Analiza las características que identifican a un discípulo de Jesús y debate las implicaciones personales que tiene ser discípulo de Jesús en la actualidad.     2.2. Trabaja de manera guiada y grupal, la búsqueda de información de los encuentros de Jesús con diferentes personas.     2.3. Entiende la importancia de que cada persona cultive su relación personal con Dios, analizando la relación de Jesús con Dios Padre.     2.4. Distingue y señala en textos bíblicos la importancia de la lectura de la Biblia y la oración como los medios que Dios ha provisto para tener una relación con él, justificando en el grupo la selección de los textos. Bloque 4. Historia del cristianismo: desde sus orígenes hasta la Reforma del siglo XVI La época de las persecuciones. La Iglesia en el Bajo Imperio Romano. De la concesión de la libertad a la proclamación del cristianismo como religión oficial del estado. 1. Obtener información concreta y relevante sobre hechos delimitados, utilizando diferentes fuentes. 2. Identificar y situar cronológica y geográficamente los principales hechos históricos en el devenir del pueblo cristiano desde el período neotestamentario hasta el Concilio de Nicea, analizando las consecuencias de los mismos. 1.1. Explica y describe el desarrollo del cristianismo bajo los gobiernos de varios emperadores romanos (Nerón, Domiciano, Adriano, Galerio y Diocleciano) consultando diversas fuentes.   1.2. Sitúa cronológicamente los hechos y personajes más importantes de la edad apostólica de la Iglesia.   3. Desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia en el estudio de la historia de la Iglesia desde la etapa en el Bajo Imperio Romano, hasta el inicio de la Edad Media. 1.3. Muestra sensibilidad y es capaz de establecer conexiones entre el contexto histórico de la Iglesia de los primeros siglos y la persecución de los cristianos hoy en día.   4. Participar en diálogos y debates sobre diversos temas, manifestando actitudes de tolerancia y respeto hacia otras culturas y formas de pensar, sin renunciar a un juicio crítico desde una perspectiva bíblica. 2.1. Analiza la importancia histórica del edicto de Milán situándolo en su contexto histórico y geográfico. 2.2. Investiga sobre la importancia del Concilio de Nicea y el edicto de Tesalónica en la historia de la Iglesia exponiendo sus conclusiones personales de forma oral o por escrito.         3.1. Identifica y localiza en el tiempo y el espacio las primeras controversias, percibiendo las implicaciones de estos acontecimientos.     3.2. Utiliza su iniciativa personal para diseñar y elaborar, con medios informáticos, esquemas sobre la expansión del cristianismo en esta etapa.     4.1. Analiza y resume las consecuencias sociales e históricas de la proclamación del cristianismo como religión oficial del estado.     4.2. Muestra tolerancia, respeto y valoración crítica de formas de vida, creencias, sociedades, culturas y etapas históricas distintas a la propia, desde una perspectiva bíblica e histórica.     4.3. Elabora materiales, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, donde se refleja el papel de la oración y la perseverancia en la vida cristiana. Bloque 5. Ser cristiano: una forma de vida La separación entre Dios y el hombre. 1. Identificar, analizar y resumir los textos bíblicos clave que expresan las consecuencias del pecado en la relación con Dios, con nosotros mismos y con otras personas. 1.1. Define el concepto bíblico del pecado e identifica las consecuencias que trajo para el ser humano, en su relación con Dios, con otras personas y con la naturaleza. 1.2. Señala y comenta la importancia del relato del libro de Génesis acerca de la creación del hombre a imagen de Dios y su posterior deterioro. 1.3. Debate sobre los efectos de la ruptura de la comunión con Dios en la naturaleza humana y en la imagen de Dios en el hombre. Las consecuencias de la caída. La esperanza de restauración   2. Saber identificar y localizar en pasajes bíblicos ejemplos de conductas, actitudes y valores que reflejan lo que significa tener una relación personal con Dios y entender la esperanza de restauración que la Biblia enseña.         1.4. Analiza la realidad humana general a través de los medios informativos, identificando las situaciones problemáticas más importantes y exponiendo en clase sus conclusiones personales.     2.1. Identifica, analiza y comenta situaciones actuales donde se expresa el interés de Dios por cada persona y su restauración.     2.2. Utiliza información bíblica para dar respuesta a realidades de la persona tales como la culpa, ansiedad, soledad, y crisis de identidad.     2.3. Crea y comparte textos, videoclips, cortos, para describir la necesidad espiritual del ser humano de relacionarse con Dios. Bloque 6. Ética cristiana El respeto y amor al prójimo. El cuidado de la creación. La responsabilidad social. La importancia del trabajo. 1. Comprender la perspectiva bíblica sobre el respeto y amor al prójimo, el cuidado de la creación, la responsabilidad social y la importancia del trabajo. 1.1. Demuestra mediante ejemplos de diversas fuentes, el amor al prójimo y el servicio en la vida del cristiano.   2. Participar activamente en algún proyecto colectivo (en la familia, el centro escolar, el barrio, el pueblo o la ciudad donde vive) que contribuya a cubrir las necesidades básicas (biológicas, psicológicas, sociales o espirituales) de personas de su entorno cercano, manifestando actitudes de solidaridad y compromiso. 1.2. Identifica las necesidades básicas (biológicas, psicológicas, sociales o espirituales) de personas de su entorno cercano y enumera maneras de aliviarlas y ayudar. 1.3. Analiza a través de la prensa la marginación, el racismo y la integración o falta de ella y debate sobre estos temas. 1.4. Compara y explica el respeto y convivencia frente al desprecio y la violencia. 1.5. Valora su importancia en el grupo de clase y la labor que desarrolla. 2.1. Desarrolla en grupo un proyecto de cuidado del medio ambiente manifestando actitudes de solidaridad y compromiso. 2.2. Debate en clase sobre nuestra responsabilidad frente a los problemas sociales y el egoísmo. 2.3. Toma conciencia de la necesidad de mostrar solidaridad con los demás seres humanos en diferentes situaciones: exclusión social, catástrofes, etc. 2.4. Identifica injusticias humanas contemporáneas ubicadas en su entorno proponiendo alternativas bíblicas de denuncia y/o solución. 2.5. Se interesa por una entidad que manifiesta actitudes de solidaridad y compromiso y participa en algún proyecto colectivo solidario. 3.1. Utiliza diferentes fuentes (libros, artículos de revistas o periódicos, entrevistas, cuestionarios, programas de radio o televisión, películas, anuncios publicitarios), e identifica la solidaridad y el consumismo, contrastándolos con los valores éticos cristianos.   3. Utilizando informaciones de diversas fuentes, identificar los valores predominantes en la sociedad actual respecto a diversas situaciones, problemas y dilemas éticos contemporáneos, contrastándolos con los valores éticos cristianos según las enseñanzas de la Biblia.   2. Participar activamente en algún proyecto colectivo (en la familia, el centro escolar, el barrio, el pueblo o la ciudad donde vive) que contribuya a cubrir las necesidades básicas (biológicas, psicológicas, sociales o espirituales) de personas de su entorno cercano, manifestando actitudes de solidaridad y compromiso.   3. Utilizando informaciones de diversas fuentes, identificar los valores predominantes en la sociedad actual respecto a diversas situaciones, problemas y dilemas éticos contemporáneos, contrastándolos con los valores éticos cristianos según las enseñanzas de la Biblia.         3.2. Da soluciones creativas a situaciones de cooperación y conflicto entre diferentes colectivos o grupos.     3.3. Investiga sobre la base bíblica del valor y la dignidad del trabajo, exponiendo sus conclusiones en clase.     3.4. Investiga sobre la visión bíblica de los Derechos Humanos, especialmente en las enseñanzas de Jesús. 3.º ESO Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Bloque 1. La Biblia y su estudio La Biblia como palabra de Dios (autoridad). La veracidad de la Biblia. La fiabilidad de la Biblia y coherencia de la Biblia. Racionalidad de la revelación bíblica: Las evidencias históricas y arqueológicas. Cómo nos ha llegado la Biblia. 1. Identificar, analizar y valorar diversos textos bíblicos que presentan la Biblia como medio por el cual Dios se revela y habla al ser humano. 1.1. Analiza textos bíblicos que presentan la Biblia como medio por el cual Dios se revela al ser humano identificando los más relevantes en la Biblia. 2. Extraer y elaborar información relacionada con la inspiración, autenticidad, autoridad, unidad y coherencia de la composición bíblica, haciendo uso de las tecnologías de la información y comunicación como recurso de apoyo. 1.2. Valora la autenticidad y autoridad de la Biblia justificando adecuadamente sus respuestas. 2.1. Analiza y debate el concepto de inspiración de Dios en la Biblia a través de los distintos escritores. 3. Realizar una sencilla investigación sobre la fiabilidad histórica de la Biblia, a partir de laconsulta de diversas fuentes secundarias –algunas seleccionadas por el profesor y otras por los propios alumnos– recogiendo evidencias externas e internas al texto bíblico, y comunicando los resultados a los demás compañeros y compañeras al resto de la clase. 2.2. Valora y ejemplifica cómo la Biblia puede orientar el desarrollo individual y colectivo. 2.3. Identifica la unidad, coherencia y fiabilidad de la Biblia razonando sobre la importancia de estas características. 2.4. Comprende cómo se estableció el canon actual de la Biblia y explica cómo nos ha llegado hasta el día de hoy. 3.1. Investiga y explica las bases arqueológicas y antropológicas sobre las evidencias de la narración bíblica.         3.2. Debate sobre la racionalidad de la revelación bíblica explorando criterios extrínsecos (históricos y racionales) e intrínsecos (empíricos y deductivos).     3.3. Planifica y realiza una investigación sobre la fiabilidad histórica de la Biblia, comunicando el resultado de su investigación al resto de la clase.     3.4. Memoriza versículos clave, acerca de diversos temas relacionados con la Biblia (su autoridad, veracidad, inspiración, utilidad, etc.).     3.5. Extrae enseñanzas de la palabra de Dios y entiende cómo aplicarlas en la vida diaria.       Bloque 2. La historia de la salvación: de Adán a Jesucristo Josué y la conquista de la tierra prometida. El periodo de los jueces. Samuel y la monarquía. Dios renueva su promesa con David. La división del Reino. El mensaje de los profetas y la cautividad. 1. Obtener información sobre los principales hechos acaecidos al pueblo de Israel desde el establecimiento en la Tierra Prometida hasta el exilio, elaborando la información recogida (tablas, gráficos, resúmenes). 2. Sacar conclusiones acerca de las implicaciones que tienen los principales hechos de la historia antigua del pueblo de Israel en el plan de Dios para la salvación de la humanidad. 1.1. Reconoce quiénes fueron los principales jueces de Israel (desde Josué a Samuel). 1.2. Identifica en el texto bíblico la promesa de un reinado eterno a través de la descendencia de David. 1.3. Extrae información de fuentes bíblicas y extrabíblicas sobre la historia principal del pueblo de Israel (hasta s.VI a.C.). 1.4. Discrimina quiénes son los personajes clave en este periodo de la historia del pueblo de Israel.       1.5. Identifica el contexto histórico-geográfico del periodo que va desde la llegada a la Tierra Prometida hasta la cautividad en Babilonia, representándolas en una línea del tiempo.     1.6. Reconoce quiénes fueron los principales reyes de Israel y Judá y su contribución positiva o negativa a la nación.     1.7. Aprecia ejemplos positivos de algunos reyes del reino del norte y del sur y reflexiona en sus vidas y obediencia a Dios y su ley.     2.1. Analiza el mensaje de los profetas, situando a cada uno en su contexto histórico e identificando la respuesta del pueblo al mensaje y sus consecuencias históricas.     2.2. Identifica en qué aspectos el pueblo de Israel cambió después del cautiverio en Babilonia. Bloque 3. Vida y ministerio de Jesús Muerte, resurrección y ascensión. Jesucristo y la salvación del creyente. La promesa de su segunda venida. 1. Analizar en los evangelios la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo, relacionando estos hechos con distintas profecías del Antiguo Testamento que se cumplieron. 1.1. Identifica y clasifica los textos bíblicos del Antiguo Testamento que hablan de la obra salvadora de Jesús, su muerte, resurrección y ascensión. 1.2. Compara producciones artísticas (películas, pinturas, etc.) sobre la muerte y resurrección de Jesucristo, con el relato bíblico, resumiendo sus conclusiones. 2.1. Reflexiona sobre las implicaciones personales que tiene responder al mensaje de Jesús. 2.2. Razona y debate sobre las consecuencias de la obra de Jesús en la humanidad. 2.3. Toma conciencia de la misión de Jesús en la Tierra a favor de todos los seres humanos.   2. Situar la persona y obra de Jesús en el contexto de la obra salvadora de Dios, a lo largo de la historia, a favor de la humanidad y reflexionar en las implicaciones personales que tiene la respuesta a su mensaje.   3. Investigar la base bíblica para la promesa de la segunda venida de Jesucristo, explicando sus resultados a la clase.     3.1. Utiliza recursos para la investigación bíblica: concordancia bíblica, diccionario bíblico, comentarios de diversos autores, etc.     3.2. Identifica en el Nuevo Testamento pasajes bíblicos que indican que Jesucristo vendrá por segunda vez, analizando también el contexto histórico de estos pasajes.     3.3. Debate en clase la importancia de la promesa de la segunda venida de Jesucristo, elaborando sus argumentos para el debate.     3.4. Elabora trabajos que reflejen la investigación realizada y explica sus conclusiones personales o de grupo a la clase. Bloque 4. Historia del cristianismo: desde sus orígenes hasta la Reforma del siglo XVI La Iglesia cristiana desde el siglo IV hasta la ruptura de la Iglesia de Oriente con Roma. El cristianismo en la Península Ibérica. 1. Obtener información concreta y relevante sobre hechos delimitados, utilizando diferentes fuentes. 1.1. Comenta textos relacionados con este periodo de la historia del cristianismo. 1.2. Describe la interacción histórica de judíos, cristianos (a partir del s.III) y musulmanes (a partir del s.VII) en la evolución del cristianismo en España a partir de fuentes diversas. 1.3. Analiza comparativamente diversas fuentes históricas investigando sobre la configuración del cristianismo en la Península Ibérica. 2.1. Explica la relación que hubo en España entre los reyes visigodos y el cristianismo. 2.2. Sitúa en su contexto histórico la llegada del Islam a la península. 2.3. Ejemplifica la convivencia y tensiones interreligiosas en la Edad Media, situando en el mapa de España ciudades que tuvieron especial relevancia en este aspecto (como Toledo, Lucena, Córdoba o Granada). La evolución de la Iglesia en la Edad Media y el poder del papado. 2. Identificar y situar cronológica y geográficamente los principales hechos históricos en el devenir del cristianismo en la Edad Media analizando las consecuencias sociales e históricas de los mismos.   3. Desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia en el estudio de la historia de la Iglesia desde la etapa en el Bajo Imperio Romano, hasta el inicio de la Edad Media.                 3.1. Investiga y explica las características de la Iglesia en la Edad Media en España y en el resto de Europa, profundizando en la cuestión del clero y laicos, la evolución del dogma y la relación Iglesia/Estado.     3.2. Explica aspectos relacionados con la forma de vida, expansión e influencia de la Iglesia en Europa en la etapa estudiada. Bloque 5. Ser cristiano: una forma de vida La restauración de la imagen de Dios en el ser humano a través de Jesús. El nuevo nacimiento. Jesús es Salvador. El discipulado. Jesús es Señor. 1. Identificar, analizar y resumir los textos bíblicos clave que expresan el concepto de que el ser humano ha sido creado a la imagen de Dios y la restauración de la misma a través de Jesús. 1.1. Repasa lo aprendido en los anteriores cursos respecto al plan eterno de Dios para el ser humano a través de la provisión de Dios en su hijo Jesús. 1.2. Enumera textos bíblicos que exponen el propósito y plan eterno de Dios para el ser humano. 1.3. Comprende y explica bíblicamente el concepto de nuevo nacimiento leyendo diversos textos bíblicos de los evangelios. 1.4. Explica con sus propias palabras lo que es el nuevo nacimiento y los cambios que se producen en la persona mediante la obra de Jesús.   2. Saber, identificar y localizar en pasajes bíblicos ejemplos de conductas, actitudes y valores que reflejan lo que significa tener una relación personal con Dios y el papel de perseverar en la vida cristiana como seguidores de Jesús.         2.1. Busca y analiza testimonios e historias de personas que han seguido a Jesús como discípulos.     2.2. Debate con sus compañeros el concepto del discipulado y el llamado del cristiano a seguir a Jesús.     2.3. Confecciona un pequeño trabajo individual reflexionando sobre la importancia de perseverar, madurar y profundizar en la fe cristiana dando ejemplos prácticos de ello.     2.4. Reconoce la lectura de la Biblia y la oración como elementos fundamentales de la vida del cristiano.     2.5. Analiza, de forma crítica, textos de las cartas de Pablo que hablan sobre las características, dificultades o dilemas de seguir a Jesús.     2.6. Investiga, a través de internet, algunos ejemplos del efecto que tuvo en su vida la respuesta dada a Jesús por parte de personajes históricos o bíblicos. Bloque 6. Ética cristiana La responsabilidad personal. Las relaciones interpersonales. La comunidad cristiana. 1. Profundizar en los aspectos prácticos de vivir la vida cristiana en una relación personal con Dios mismo y con otras personas y lo que ello supone. 1.1. Entiende y puede argumentar por escrito la importancia de mantener una relación con Dios en la vida cristiana. 1.2. Puede expresar, debatir y escuchar a otros lo que significa tener una relación personal con Dios. 1.3. Debate en clase aspectos prácticos de las relaciones interpersonales: la amistad, el noviazgo, la familia, etc. dentro del marco bíblico.   2. Crear un entendimiento y actitud de la importancia de la diligencia y responsabilidad en el desarrollo de su futuro y formación educativa y formal al igual que espiritual.         1.4. Comprende y expone con ejemplos cotidianos la importancia del perdón y la restauración en las relaciones.     1.5. Es capaz de reflexionar acerca de su papel en la comunidad cristiana.     1.6. Identifica y describe valores éticos cristianos sobre las relaciones interpersonales.     1.7. Realiza un estudio en grupo de personajes del Nuevo o Antiguo Testamento que reflejan actitudes de responsabilidad y cuidado hacia familiares u otros.     2.1. Observa y analiza principios bíblicos que apelan al valor y la responsabilidad del creyente en su trabajo.     2.2. Identifica y describe actitudes y comportamientos en otras personas que pueden ayudar a formarse en su vida profesional, y espiritual.     2.3. Es consciente de la responsabilidad de cada uno en su formación educativa y espiritual. 4.º ESO Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Bloque 1. La Biblia y su estudio Criterios/ Bases de interpretación bíblica: El lenguaje del texto. El marco histórico, geográfico, cultural y filosófico. Contexto y pasajes paralelos y complementarios. Jesús: clave interpretativa del mensaje Bíblico. 1. Analizar cómo y por qué Jesús es clave en la interpretación del mensaje bíblico. 1.1. Trabaja en grupo, la coherencia interna de la Biblia y cómo Jesús es clave en su interpretación. 2. Iniciarse en el estudio sistemático de la Biblia analizando distintos elementos que intervienen en la interpretación de los pasajes: lenguaje, contexto, etc. 1.2. Muestra confianza leyendo la Biblia por sí mismo y relacionando conceptos teológicos básicos desarrollados a lo largo de la Biblia. 1.3. Busca información sobre prototipos, modelos bíblicos y algunos ejemplos de tipología bíblica y la presenta al grupo.     2.1. Hace uso de concordancias y diccionarios bíblicos cuando lo considera necesario en el estudio de la Biblia.   2.2. Entiende el contexto y el tipo de lenguaje utilizado en el estudio de pasajes bíblicos     2.3. Observa y tiene en cuenta los pasajes bíblicos complementarios y paralelos de los evangelios u otros libros de la Biblia a la hora de hacer estudios bíblicos.     2.4. Profundiza en el marco histórico, geográfico, religioso, cultural y filosófico en el que está enmarcado el texto bíblico y extrae conclusiones que ayudan a interpretar y entender el pasaje bíblico.     2.5. Justifica el valor del rigor crítico y la objetividad en el estudio bíblico.     2.6. Realiza un estudio bíblico sobre un pasaje de los evangelios, poniendo en práctica los criterios y bases de interpretación bíblica.     2.7. Extrae enseñanzas de la palabra de Dios y es capaz de reflexionar acerca de la aplicación de las mismas a la vida diaria. Bloque 2. La historia de la salvación: de Adán a Jesucristo El regreso de la cautividad en Babilonia. La reconstrucción del templo de Jerusalén. Esdras y Nehemías. Periodo intertestamentario y dominaciones de otros imperios. La promesa del Mesías y del Nuevo Pacto. El significado de la Pascua Cristiana. 1. Obtener información sobre los principales hechos acaecidos al pueblo de Israel desde el regreso del exilio hasta el nacimiento de Jesús, elaborando la información recogida (tablas, gráficos, resúmenes). 1.1. Extrae información de fuentes bíblicas y extrabíblicas sobre la historia principal del pueblo de Israel en este periodo (hasta s.I d.C.). 1.2. Representa en una línea del tiempo los principales acontecimientos de la historia de Israel desde el regreso de la cautividad en Babilonia hasta el nacimiento de Cristo. 1.3. Discrimina quiénes son los personajes clave en la historia del pueblo de Israel en esta etapa. 2. Sacar conclusiones acerca de las implicaciones que tienen los principales hechos de la historia antigua del pueblo de Israel en el plan de Dios para la salvación de la humanidad, a la luz de textos del Antiguo y Nuevo Testamento.     1.4. Analiza antecedentes y consecuencias de las guerras macabeas para el pueblo de Israel.     2.1. Explica, utilizando textos bíblicos, porque Jesús es llamado el Cordero de Dios.     2.2. Lee y analiza textos del Nuevo Testamento para comprender el significado de La Santa Cena y el nuevo significado de la Pascua, obteniendo y presentado conclusiones.     2.3. Extrae conclusiones acerca de las implicaciones que tienen los principales hechos de la historia del pueblo de Israel en el plan de salvación de Dios. Bloque 3. Vida y ministerio de Jesús Historicidad de los Evangelios. El contexto histórico, político y geográfico. Jesús y las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. 1. Situar la persona y obra de Jesús en el contexto de la obra salvadora de Dios (mediante el estudio de diversos textos del Antiguo y Nuevo Testamento), a lo largo de la historia, evaluando las implicaciones personales que tiene la respuesta que dé a su mensaje. 1.1. Estudia y analiza la historicidad de los Evangelios, y explica la complementariedad de los evangelios sinópticos. 1.2. Analiza el contexto histórico, político y geográfico del s.I en Palestina, resumiendo las circunstancias más destacadas en el tiempo de Jesús.     1.3. Identifica elementos sobresalientes de la influencia de los griegos y del imperio romano en Palestina.     1.4. Reconoce en la narración de los evangelios el cumplimiento de las profecías mesiánicas en la vida de Jesús.     1.5. Explora libros del Nuevo Testamento que relacionan el Antiguo y Nuevo Testamento de manera explícita.     1.6. Analiza y explica los aspectos de la cultura y filosofía hebrea y griega que son relevantes al leer la Biblia.     1.7. Conoce cuáles son los documentos y manuscritos históricos más importantes respecto a la historia del cristianismo como pruebas históricas.     1.8. Reconoce algunos argumentos e historiadores que han cuestionado quién era Jesús y su figura histórica. Bloque 4. Historia del cristianismo: desde sus orígenes hasta la Reforma del siglo XVI Precedentes medievales de la Reforma. La Reforma protestante en Europa, causas y valores. La Reforma en España El concilio de Trento y la Contrarreforma. 1. Obtener información concreta y relevante sobre hechos delimitados, utilizando diferentes fuentes. 1.1. Identifica los precedentes medievales de la reforma protestante. 1.2. Analiza el reinado de los reyes Católicos, la expulsión de judíos y musulmanes y la situación social y religiosa a partir de la implantación de la inquisición en España. 2.1. Investiga sobre la iglesia de Roma en la Edad Media, la cuestión de las indulgencias y el papel de Martin Lutero. 2.2. Investiga y debate sobre los personajes claves de la Reforma protestante en Europa, resumiendo sus biografías y aportes. 2.3. Analiza y sitúa en la línea del tiempo y en el mapa de Europa a los Reformadores: Martín Lutero, Juan Calvino, John Knox, John Wycliffe, John Huss y sus contribuciones en la situación político-religiosa europea. 2.4. Busca, selecciona y organiza información sobre el movimiento reformador en España e identifica personajes destacados. 3.1. Identifica en un mapa la extensión de la Reforma y la división de las fronteras en Europa por motivos religiosos. 2. Identificar y situar cronológica y geográficamente los principales hechos históricos en el devenir del pueblo cristiano desde el final de la Edad Media hasta el periodo de la Contrarreforma, analizando las consecuencias sociales e históricas de los mismos. 3. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y aprender y expresar contenidos sobre la historia del cristianismo hasta el siglo XVI.   4. Participar en diálogos y debates sobre diversos temas, en la interacción cotidiana en el aula y en el Centro escolar, manifestando actitudes de tolerancia y respeto hacia otras culturas y formas de pensar, reconociendo que es mantener una perspectiva bíblica sin renunciar a un juicio crítico.         3.2. Analiza y explica la importancia de la traducción de la Biblia a las lenguas vernáculas, citando ejemplos concretos en distintos países europeos.     4.1. Valora las repercusiones sociales e históricas que la Reforma protestante en Europa ha tenido en el mundo.     4.2. Comprende el papel desempeñado por Carlos V y Felipe II en la Contrarreforma y comenta en clase sus conclusiones personales.     4.3. Muestra tolerancia, respeto y valoración crítica de formas de vida, creencias, sociedades y culturas distintas a la propia. Bloque 5. Ser cristiano: una forma de vida Los frutos de la vida cristiana. La responsabilidad de ser luz y sal en el mundo que nos rodea. Ser cristiano: un camino de eternidad. 1. Identificar, analizar y resumir los textos bíblicos clave que señalan los frutos, la responsabilidad y trascendencia de la vida cristiana. 1.1. Analiza y explica en qué consiste el término santificación del creyente. 1.2. Investiga qué dice la Biblia acerca del carácter cristiano, por medio del estudio de textos de las cartas paulinas y resume sus conclusiones. 1.3. Debate con sus compañeros sobre la importancia de crecer y madurar en la fe cristiana y sobre la responsabilidad y el servicio cristiano hacia los demás.   2. Saber identificar y localizar en pasajes bíblicos ejemplos de conducta, actitudes y valores que reflejan lo que significa tener una relación personal con Dios y entender la responsabilidad que esto implica.         1.4. Valora la importancia de otras personas con las que tenga relación comentando la labor que desarrollan en el servicio a los demás.     1.5. Analiza en diversos textos bíblicos la comparación de la vida cristiana como una carrera de fe y la necesidad de perseverar.     1.6. Desarrolla un estilo de vida saludable basado en las enseñanzas bíblicas.     2.1. Selecciona y organiza la información en la Biblia para dar respuesta a interrogantes que se plantean en la vida sobre la conducta del cristiano.     2.2. Distingue y relaciona la fe con otros elementos que intervienen en su vida cotidiana (contexto familiar, social, cultural, etc.).     2.3. Identifica injusticias humanas ubicadas en su entorno proponiendo alternativas bíblicas de denuncia y/o solución.     2.4. Estudia sobre la segunda venida de Jesús explicando cómo la imagen de Dios quedará restaurada en su totalidad en la nueva creación. Bloque 6. Ética cristiana Fe cristiana y convivencia interreligiosa. Desafíos contemporáneos a la fe y la vida cristiana. La vocación y el llamamiento cristiano en la profesión. 1. Utilizando informaciones de diversas fuentes, identificar los valores predominantes en la sociedad actual respecto a diversas situaciones, problemas y dilemas éticos contemporáneos, contrastándolos con los valores éticos cristianos que se encuentran expresamente en los Evangelios y las Epístolas o se deducen de las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles. 1.1. Investiga y presenta el panorama actual del cristianismo en el mundo y su crecimiento usando diversas fuentes (libros, artículos de revistas o periódicos, entrevistas, cuestionarios, programas de radio o televisión, películas, Internet, etc.). 1.2. Analiza la situación actual de otras religiones mayoritarias del mundo: Islam, Budismo e Hinduismo, detallando la presencia que tienen en Europa y en España. 1.3. Reflexiona acerca de diversas tendencias contemporáneas como: el secularismo y el humanismo, agnosticismo, el relativismo y el sincretismo y debate en clase con sus compañeros acerca de sus implicaciones en los distintos ámbitos de influencia. 2. Deducir y recapacitar en la misión del creyente a través de su carrera y trabajo a lo largo de su vida, de acuerdo a la vocación que Dios da a cada individuo.         1.4. Contrasta los valores éticos cristianos con los promovidos por otras instancias de la sociedad.     1.5. Toma conciencia y redacta los valores éticos cristianos que se encuentran expresamente en las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles, analizando diversas situaciones, problemas y dilemas éticos contemporáneos.     1.6. Extrae principios de actuación a través de la vida y ejemplo de diferentes personajes bíblicos.     1.7. Elige una biografía de un personaje histórico y estudia su intervención y aporte como creyente a la sociedad de su tiempo.     1.8. Busca, selecciona y utiliza información de diversas fuentes e identifica los valores predominantes en la sociedad actual respecto a diversas situaciones, problemas y dilemas éticos contemporáneos.     2.1. Reflexiona y debate sobre el ministerio dado al cristiano en la iglesia y en la sociedad.     2.2. Analiza y describe las posibilidades de servicio a Dios por medio del trabajo en la sociedad (política, economía, justicia, educación, etc.).

Decreto donde se aprueba que el contenido de la enseñanza religios evangélica serán establecidos por las Iglesias respectivas con la conformidad de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, y diseño del currículo de Religión evangélica.

El artículo 10 de la Ley 24/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, garantiza al alumnado, a sus padres, madres o tutores y órganos escolares de gobierno que lo soliciten, el ejercicio del derecho del primero a recibir enseñanza religiosa evangélica en los centros docentes públicos y privados concertados, siempre que, en cuanto a estos últimos, el ejercicio del derecho no entre en conflicto con el carácter propio del centro. La enseñanza religiosa evangélica será impartida por profesorado designado por las Iglesias pertenecientes a la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, con la conformidad de ésta. Los contenidos de la enseñanza religiosa evangélica, así como los libros de texto relativos a la misma, serán los establecidos por las Iglesias respectivas con la conformidad de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España. La disposición adicional segunda sobre enseñanza de la Religión, de la Ley Orgánica de 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, establece en el apartado 2 que la enseñanza de otras religiones diferentes a la católica se ajustará a lo dispuesto en los Acuerdos de Cooperación celebrados por el Estado español con las respectivas confesiones religiosas. La misma disposición, en su apartado 3, expresa que la determinación del currículo y de los estándares de aprendizaje evaluables que permitan la comprobación del logro de los objetivos y adquisición de las competencias correspondientes a la asignatura Religión será competencia de las respectivas autoridades religiosas. Por otra parte, el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en su disposición adicional tercera sobre enseñanzas de religión, establece que las enseñanzas de religión se incluirán en la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato de acuerdo con lo establecido en los artículos 13 y 14, de este real decreto. Las Administraciones educativas garantizarán que, al inicio del curso, los padres, madres o tutores legales y en su caso el alumnado puedan manifestar su voluntad de que éste reciba o no reciba enseñanzas de religión. La evaluación de Religión se realizará de acuerdo con lo indicado en el artículo 20 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. Asimismo, dispone que la determinación del currículo de la enseñanza de las diferentes confesiones religiosas con las que el Estado español ha suscrito Acuerdos de Cooperación en materia educativa será competencia, respectivamente, de la jerarquía eclesiástica y de las correspondientes autoridades religiosas. De acuerdo con los preceptos indicados, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España ha determinado el currículo de la enseñanza de la religión evangélica para la Educación Secundaria Obligatoria. En su virtud, a propuesta de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, resuelvo: [precepto]Primero. Dar publicidad al currículo de la materia Religión evangélica en Educación Secundaria Obligatoria, que se incluye en el anexo. [precepto]Segundo. Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 23 de julio de 2015.–El Director General de Evaluación y Cooperación Territorial, José Ignacio Sánchez Pérez. ANEXO Introducción En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria la materia Religión evangélica tiene la finalidad de capacitar al alumnado para que conozca la fe evangélica desde una perspectiva bíblica, la comunique en su vida cotidiana en situaciones de convivencia religiosa y cultural, y participe activa y responsablemente en la sociedad de la que forma parte. Con este enfoque, la enseñanza de Religión evangélica supera el marco de la instrucción y adquiere una nueva dimensión, donde no todo se restringe a lo tangible y temporal, sino que se abre un camino hacia la trascendencia y la eternidad. Las respuestas que el alumnado en esta etapa comience a darse respecto a interrogantes trascendentes influyen poderosamente sobre el desarrollo integral de su persona. Con la finalidad indicada el diseño del currículo de Religión evangélica se ha realizado asumiendo los elementos previstos por el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, entendiendo que con ello se facilitan los procesos de enseñanza y aprendizaje de Religión evangélica en relación al resto de materias que se imparten en la misma etapa. Al mismo tiempo se les da a los profesionales, desde su autonomía pedagógica, la posibilidad de cumplir con su función de programar para adoptar innovaciones metodológicas y la enseñanza de las áreas y materias y que puedan adoptar innovaciones metodológicas por sí mismos o en colaboración con los equipos docentes de los centros en que se integran. Entre estos elementos curriculares se destaca la concreción de las finalidades a alcanzar en Educación Secundaria Obligatoria mediante el desarrollo de los contenidos que se organizan en esta materia en los siguientes bloques fundamentales: la Biblia y su estudio, la historia de la salvación de Adán a Jesucristo, la vida y ministerio de Jesús, la historia del cristianismo desde sus orígenes hasta la Reforma del siglo XVI, el ser cristiano y lo que ello implica como una forma de vida y la ética cristiana. Para el proceso de evaluación se plantean los correspondientes criterios de evaluación, que han sido enunciados de manera descriptiva, y en cuya formulación se ha tenido especial cuidado para garantizar que hacen referencia en cada caso a alguno de las final ### RESUMEN: Decreto donde se aprueba que el contenido de la enseñanza religios evangélica serán establecidos por las Iglesias respectivas con la conformidad de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, y diseño del currículo de Religión evangélica.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 13.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y visto el Real Decreto 1168/2015, de 21 de diciembre, por el que se declara el cese de los miembros del Gobierno, DISPONGO: Que como consecuencia de la vacante en el cargo por renuncia del Ministro de Industria, Energía y Turismo en funciones, el Ministro de Economía y Competitividad en funciones asuma el despacho ordinario de los asuntos correspondientes al citado Departamento. Dado en Madrid, el 15 de abril de 2016. FELIPE R. El Presidente del Gobierno, MARIANO RAJOY BREY

El Ministro de Economía y Competitividad en funciones asume también el Ministerio de Industria, Energía y Turismo

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 13.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y visto el Real Decreto 1168/2015, de 21 de diciembre, por el que se declara el cese de los miembros del Gobierno, DISPONGO: Que como consecuencia de la vacante en el cargo por renuncia del Ministro de Industria, Energía y Turismo en funciones, el Ministro de Economía y Competitividad en funciones asuma el despacho ordinario de los asuntos correspondientes al citado Departamento. Dado en Madrid, el 15 de abril de 2016. FELIPE R. El Presidente del Gobierno, MARIANO RAJOY BREY ### RESUMEN: El Ministro de Economía y Competitividad en funciones asume también el Ministerio de Industria, Energía y Turismo

De acuerdo con lo establecido en el artículo 31.1 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, el Presidente de la Autoridad Portuaria será designado y separado por el órgano competente de la Comunidad Autónoma o de las Ciudades de Ceuta y Melilla entre personas de reconocida competencia profesional e idoneidad. La designación o separación, una vez haya sido comunicada a la Ministra de Fomento, será publicada en el correspondiente Diario Oficial y en el «Boletín Oficial del Estado». La Conselleira del Mar de la Xunta de Galicia acordó el nombramiento de don Enrique César López Veiga como Presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, mediante Orden de 8 de octubre de 2015. Dicho nombramiento ha sido comunicado debidamente a la Ministra de Fomento. En su virtud, y en cumplimiento de lo establecido por el citado artículo de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, dispongo: Dar publicidad en el «Boletín Oficial del Estado» a la Orden de 8 de octubre de 2015, de la Conselleira del Mar de la Xunta de Galicia, por la que se dispone el nombramiento de don Enrique César López Veiga como Presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo. Madrid, 13 de octubre de 2015.–La Ministra de Fomento, Ana M.ª Pastor Julián.

Enrique César López Veiga, nombrado presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo

De acuerdo con lo establecido en el artículo 31.1 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, el Presidente de la Autoridad Portuaria será designado y separado por el órgano competente de la Comunidad Autónoma o de las Ciudades de Ceuta y Melilla entre personas de reconocida competencia profesional e idoneidad. La designación o separación, una vez haya sido comunicada a la Ministra de Fomento, será publicada en el correspondiente Diario Oficial y en el «Boletín Oficial del Estado». La Conselleira del Mar de la Xunta de Galicia acordó el nombramiento de don Enrique César López Veiga como Presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, mediante Orden de 8 de octubre de 2015. Dicho nombramiento ha sido comunicado debidamente a la Ministra de Fomento. En su virtud, y en cumplimiento de lo establecido por el citado artículo de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, dispongo: Dar publicidad en el «Boletín Oficial del Estado» a la Orden de 8 de octubre de 2015, de la Conselleira del Mar de la Xunta de Galicia, por la que se dispone el nombramiento de don Enrique César López Veiga como Presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo. Madrid, 13 de octubre de 2015.–La Ministra de Fomento, Ana M.ª Pastor Julián. ### RESUMEN: Enrique César López Veiga, nombrado presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo

La comisión ejecutiva de esta entidad, en su sesión del día 30 de enero de 2015, tomó el acuerdo de convocar el siguiente proceso selectivo: - Proceso selectivo mediante concurso-oposición para proveer 28 plazas en el nivel 9 del grupo directivo para desempeñar cometidos de inspector de entidades de crédito. Las bases que rigen este proceso están disponibles en el sitio web (www.bde.es-empleo y becas) y también pueden solicitarse en el Registro General (calle de Alcalá, 48, 28014 Madrid) y en las sucursales del Banco. Madrid, 5 de febrero de 2015.- Jefa de la División de Formación y Selección, Encarnación Álvarez Rocha.

El Banco de España abre oposición para contratar a 28 inspectores de entidades de crédito

La comisión ejecutiva de esta entidad, en su sesión del día 30 de enero de 2015, tomó el acuerdo de convocar el siguiente proceso selectivo: - Proceso selectivo mediante concurso-oposición para proveer 28 plazas en el nivel 9 del grupo directivo para desempeñar cometidos de inspector de entidades de crédito. Las bases que rigen este proceso están disponibles en el sitio web (www.bde.es-empleo y becas) y también pueden solicitarse en el Registro General (calle de Alcalá, 48, 28014 Madrid) y en las sucursales del Banco. Madrid, 5 de febrero de 2015.- Jefa de la División de Formación y Selección, Encarnación Álvarez Rocha. ### RESUMEN: El Banco de España abre oposición para contratar a 28 inspectores de entidades de crédito

La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, tiene entre sus objetivos promover la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de esas víctimas, para lo cual establece una serie de medidas entre las que se incluyen aquellas relativas a la localización e identificación de personas desaparecidas en dicho período, que la ley configura como una auténtica política pública. Concretamente, el artículo 11.1 de esta ley dispone que «las Administraciones públicas, en el marco de sus competencias, facilitarán a los descendientes directos de las víctimas que así lo soliciten las actividades de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil o la represión política posterior y cuyo paradero se ignore». Asimismo el artículo 11.2 del citado texto legal establece que «la Administración General del Estado elaborará planes de trabajo y establecerá subvenciones para sufragar gastos derivados de las actividades contempladas en este artículo». El complejo monumental de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de Los Caídos, se encuentra situado en una parcela de 528.146 m², en el municipio de San Lorenzo del Escorial (Madrid) y se compone de varias edificaciones. Hasta allí, entre los años 1959 y 1983, fueron trasladados desde fosas comunes, restos humanos pertenecientes a víctimas de la Guerra Civil española para ser inhumados en las criptas del Valle. En total, se estima que se depositaron restos pertenecientes a más de 33.000 personas provenientes de casi todas las provincias de España, un 37 % de las cuales están sin identificar, depositadas en columbarios individuales y colectivos ubicados en las ocho cavidades adyacentes al crucero y a las capillas de la Basílica. En la actualidad, estas criptas no son accesibles, puesto que fueron tapiadas y permanecen cerradas desde el momento de la finalización de las inhumaciones. En 2011, el Ministerio de la Presidencia creó un comité de expertos para el futuro del Valle de los Caídos, que estableció entre sus conclusiones el avanzado estado de deterioro en el que se encontraban los osarios, recomendando dignificar los mismos como manifestación primera y más evidente del deber de «conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda» que establece el artículo 16.3 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre. En segundo lugar, este comité de expertos ya recogió las reclamaciones particulares de múltiples familiares que solicitan la devolución de los restos de sus familiares por diversas razones que afectan a su derecho a la intimidad y a la vida personal y familiar. La comisión determinó que a estas familias les asiste un derecho moral a recuperar los cuerpos que solicitan, y recomendó atender en la medida de lo posible estas reclamaciones, o llevar a cabo las acciones de reparación oportunas. De igual manera, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzosas o Involuntarias de Naciones Unidas, en su informe tras la visita a España del 23 al 30 de septiembre de 2013, recogió las quejas de los familiares y recomendó la puesta en marcha de las medidas recogidas en el informe de la comisión de personas expertas. Asimismo, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, en el informe de su visita a España del 21 de enero al 3 de febrero de 2014, además de recoger las recomendaciones de la Comisión de personas expertas, señaló la necesidad de implementar «la dignificación del cementerio y el resguardo respetuoso de los restos de todas las personas ahí inhumadas». Por último, señaló la oportunidad de atender las reclamaciones de los familiares que exigen recuperar a sus seres queridos, y si no es posible realizar las labores de reparación adecuadas. Con fecha 30 de marzo de 2016, el Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de San Lorenzo del Escorial reconoció el derecho a la recuperación de los restos de dos personas que presumiblemente se encuentran inhumadas en el Valle de los Caídos. Numerosos familiares de inhumados en el Valle de los Caídos han solicitado la exhumación de los restos de sus familiares, habiéndose reconocido el derecho a dicha exhumación para muchos de ellos por el actual administrador de la Fundación, el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. Es por lo tanto imprescindible ejecutar dicho reconocimiento intentando localizar y exhumar los correspondientes restos. En el mismo sentido se han pronunciado numerosas instituciones internacionales, parlamentos autonómicos y entidades locales. La Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos es una entidad con personalidad jurídica propia que, en el marco de lo establecido por la disposición final tercera de la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, ostenta la administración de los bienes vinculados al Valle de los Caídos, por lo que le corresponde la ejecución de las obras correspondientes que garanticen el derecho de los familiares de las víctimas allí enterradas a la recuperación de sus restos. Por otro lado, la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos tiene la condición de fundación del sector público estatal, teniendo en cuenta que fue creada por una norma estatal, su patronato corresponde a una Entidad pública –el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional– y sus recursos financieros son en una elevada proporción de origen público. Los análisis estructurales y los trabajos técnicos realizados en el Valle entre los años 2017 y 2019, para conocer el estado del cerramiento y los interiores de las criptas, han permitido evaluar de manera general su estado. Los resultados obtenidos han proporcionado datos sobre su realidad geométrica, su conservación, la estabilidad de su estructura y la disposición de las cajas que contienen los restos cadavéricos de las víctimas allí enterradas. De este modo, en la actualidad se conocen de manera precisa los posibles puntos de apertura de las criptas, así como las condiciones necesarias para permitir el acceso a las mismas y los trabajos previos cuya ejecución resulta imprescindible teniendo en cuenta la realidad física del Valle, asegurando unas condiciones de dignidad para los restos de las personas ahí inhumadas, y facilitando el acceso a las criptas para proceder a la exhumación e identificación en su caso de los restos reclamados. Las obras necesarias para permitir las exhumaciones no supondrán modificación urbanística y consistirán exclusivamente en la apertura de huecos que permitan acceder al interior de las criptas y en la ejecución de las obras necesarias para asegurar por un lado las condiciones de dignidad y respeto propio de un cementerio, así como de seguridad y salud del personal que accederá a las mismas. Por tanto, los puntos de actuación serán los cerramientos de las distintas criptas en las que se encuentran depositados los restos cadavéricos. Estas actuaciones puntuales tienen por objeto facilitar el acceso al personal investigador que se determine y al personal de los servicios funerarios que se designe, para proceder a la identificación de los restos y, en su caso, la exhumación de los mismos. Por otro lado, los resultados de los estudios y análisis realizados al efecto, también han constatado evidentes signos de deterioro, incompatibles con la dignidad del lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje en que la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, lo ha constituido. Teniendo en cuenta, la existencia en el interior de las criptas de cajas en mal estado, de restos cadavéricos dispersos y desprotegidos en varias localizaciones y la desorganización de las pilas de cajas funerarias, la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos deberá tener en cuenta las circunstancias anteriores, por lo cual, durante la ejecución de las tareas arquitectónicas correspondientes, tendrá que disponer de la intervención de especialistas forenses o antropólogos, que determinarán la forma y medios para proceder a la retirada de dichos restos con las debidas garantías, supervisando de igual modo las mencionadas actuaciones con los adecuados criterios científicos y técnicos, con el objetivo de dejar los osarios en las adecuadas condiciones de dignidad propias de un lugar de descanso de restos humanos. Teniendo en cuenta que según lo dispuesto en el ya mencionado artículo 11.1 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, las actividades que pretenden subvencionarse son propias de las Administraciones Públicas, atendiendo a las razones de interés público y social subyacentes a las mismas, el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática considera adecuado participar en la ejecución de los trabajos mencionados en el Valle, contribuyendo económicamente mediante la concesión de una subvención a la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Para ello, mediante la concesión de la citada subvención, este Ministerio aportará la cantidad total de 665.000,00 euros, imputándose dicha cantidad a las correspondientes partidas para el ejercicio 2021. Constatada la existencia de suficientes razones de interés público y social que justifican la concesión de la subvención de forma directa, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 22.2.c) y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, este real decreto viene a regular la concesión directa de una subvención a la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos para la financiación de las actuaciones necesarias para proceder a la exhumación de los restos de víctimas de la Guerra Civil española y la Dictadura franquista, que se encuentran en las criptas del Valle de los Caídos. Así mismo, el presente real decreto cumple con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia contenidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En cuanto a los principios de necesidad y eficacia, la norma queda plenamente justificada por una razón de interés general, tal y como se ha expuesto anteriormente, explicándose de una manera clara y concisa los objetivos perseguidos y constituyendo este real decreto el instrumento más adecuado para su consecución. De acuerdo con el principio de proporcionalidad, se ha optado por una regulación que recoge las obligaciones propias de las subvenciones de concesión directa con el detalle suficiente en los mecanismos de seguimiento y control, sin imponer nuevas obligaciones a los destinatarios. La seguridad jurídica del real decreto se ve garantizada por la coherencia de su redacción con la legislación que resulta aplicable y que se detalla en el articulado. En aplicación del principio de transparencia, se ha definido claramente el alcance y objetivo de esta norma. Así mismo, la disposición atiende al principio de eficiencia, pues no supone cargas administrativas innecesarias y contribuye a la gestión racional de los recursos públicos. En su tramitación, se ha recabado informe de la Abogacía del Estado en el Departamento, así como del Ministerio de Hacienda, este último de conformidad con el artículo 28.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. El presente real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.1.ª de la Constitución Española, que establece la competencia exclusiva del Estado para dictar la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. En su virtud, a propuesta de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, previo informe del Ministerio de Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de marzo de 2021, DISPONGO: Artículo 1. Objeto. 1. Este real decreto tiene por objeto regular la concesión directa de una subvención a la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, por importe de 665.000 euros, para la financiación de las actuaciones necesarias para el desarrollo de un proyecto de ejecución de habilitación de accesos a las criptas del Valle, que posibilite la dignificación de los osarios y medidas para la exhumación e identificación de los restos de víctimas de la Guerra Civil española y la Dictadura franquista, reclamados por sus familiares. 2. Se autoriza la concesión directa de la subvención objeto de este real decreto, atendiendo al carácter singular que se deriva de las excepcionales circunstancias en que ha de realizarse la actividad subvencionada y dado que concurren razones de interés público que determinan la improcedencia de su convocatoria pública, al amparo de lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación con lo establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 28 de dicha ley. Artículo 2. Régimen jurídico aplicable. Esta subvención se regirá, además de por lo particularmente dispuesto en este real decreto y en la resolución de concesión, por lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en su Reglamento de desarrollo, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, salvo en lo que afecte a los principios de publicidad y concurrencia; por la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, y por el Protocolo de actuación en exhumaciones de víctimas de la guerra civil y la dictadura, anexo al Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de septiembre de 2011, publicado por la Orden PRE/2568/2011, de 26 de septiembre, así como supletoriamente por lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en las demás disposiciones legales y reglamentarias que resulten de aplicación. Artículo 3. Entidad beneficiaria y actuaciones a financiar. 1. La entidad beneficiaria de esta subvención será la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. 2. La resolución de concesión determinará las actuaciones a realizar por parte de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos que consistirán en las obras y actuaciones que resulten necesarias para llevar a la práctica las actividades de reparación y dignificación de los osarios y medidas para la exhumación e identificación de los restos de víctimas de la Guerra Civil española y la Dictadura franquista, reclamados por sus familiares. El plazo de ejecución del proyecto será de 3 años, contados desde la notificación de la resolución de concesión. Entre estas actuaciones, se incluirán: a) Determinación y diseño de los puntos o ventanas de acceso a las criptas. Si no resultase posible el acceso directo a alguna de ellas, éste deberá realizarse desde otro punto inmediatamente inferior o superior. Las ventanas deberán quedar practicables y seguras, tanto desde el punto de vista arquitectónico como de la salubridad, para usos posteriores. b) Apertura de ventanas de acceso a las criptas, de manera que se garantice la seguridad estructural de las criptas y se evite la contaminación del espacio interior de las mismas. c) Desarrollo de trabajos globales y particulares en cada una de las criptas, incluyendo, en su caso, las labores oportunas dirigidas a dejar los osarios en las adecuadas condiciones de dignidad propias de un lugar de descanso de restos humanos. Así mismo, teniendo en cuenta los acuerdos tomados por el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional el día 1 de octubre de 2019, el orden de apertura de las criptas deberá ser el siguiente: en primer lugar, se accederá a la Cripta de la Capilla del Santo Sepulcro, posteriormente, a la Cripta de la Capilla del Santísimo y finalmente a las Criptas de las Capillas Laterales de la Basílica. d) Definición de las medidas de seguridad arquitectónica necesarias para la inspección interior de cada uno de los niveles de las criptas. Puesto que, de acuerdo con los informes disponibles, se desconoce la configuración interna de la mayoría de estos niveles, el proyecto deberá contemplar y presupuestar las medidas suficientes para solucionar los accesos en la situación más desfavorable, garantizando en todo caso la seguridad de los operarios y la estabilidad tanto de la estructura portante como del contenido de las criptas. e) Definición de las medidas de seguridad y salud necesarias para el correcto desarrollo de los trabajos a realizar. f) Asegurar la presencia e intervención de especialistas forenses o antropólogos, de cara a diseñar y realizar los posibles desplazamientos de restos humanos que se encuentren durante la ejecución de las obras, según los protocolos correspondientes, especialmente los Informes del Consejo Médico Forense del Ministerio de Justicia emitidos en relación con este asunto. En este sentido, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática será el órgano encargado de la dirección y coordinación de estas actuaciones, a través de la participación de los expertos designados por el Consejo Médico Forense del Ministerio de Justicia para la supervisión de estos trabajos y asesoría en materia médico forense. Así mismo, el proyecto de trabajo deberá contemplar, siempre que sea posible, el mantenimiento del uso público de la Basílica, minimizando su cierre al público, en caso de que este sea necesario para el desarrollo de cada uno de los trabajos. 3. Se consideran gastos subvencionables aquellos que respondan de manera indubitada a la finalidad de la subvención y hayan sido realizados durante el desarrollo del proyecto y pagados con anterioridad a la finalización del periodo de justificación. 4. Para la ejecución total o parcial de las actuaciones señaladas en el apartado anterior, la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos podrá, de conformidad con su normativa, realizar contrataciones o formalizar convenios, así como realizar encargos al amparo de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 5. Estará permitida la subcontratación o encargo de la ejecución del proyecto hasta el 100 % del importe subvencionado. Artículo 4. Cuantía, financiación y compatibilidad de la subvención. 1. El importe de la subvención será de 665.000 euros, que se financiarán con cargo al presupuesto de gastos del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática para 2021, tras la tramitación de la correspondiente modificación presupuestaria, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, tal como prevé el artículo 67.4 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones. 2. Esta subvención será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos procedentes de cualquiera Administraciones o entes públicos o privados, de la Unión Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de las aportaciones recibidas, incluida la que se regula en el presente real decreto, no supere el coste total de la actividad subvencionada. Artículo 5. Procedimiento de concesión. 1. El procedimiento se iniciará de oficio por la Dirección General de Memoria Democrática, que actuará como órgano instructor. Con carácter previo a la resolución de concesión, y a requerimiento del órgano instructor del procedimiento, la entidad interesada deberá aportar la siguiente documentación: a) Declaración responsable de la entidad de no estar incursa en ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. b) Declaración responsable de la entidad de no ser deudora de obligaciones por reintegro de subvenciones. c) Autorización al órgano instructor para que obtenga de forma directa, a través de certificados telemáticos, la acreditación de que la entidad interesada se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. En caso de que la entidad interesada no preste dicho consentimiento, deberá aportar entonces por sí misma las certificaciones correspondientes, en los términos previstos en el artículo 22 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 2. La concesión de la subvención se realizará de forma directa por resolución de la persona titular de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. En la resolución de concesión se indicará como mínimo el beneficiario, el objeto y los compromisos asumidos por el beneficiario, el crédito presupuestario y la cuantía de la subvención, el régimen de pago, las actuaciones de comprobación y seguimiento de la realización de la actividad subvencionada, así como el plazo y la forma de la justificación de la aplicación de la subvención. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses desde la fecha de inicio del procedimiento. 3. La alteración relevante de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención podrá dar lugar a la modificación de la correspondiente resolución. 4. La obligación de dar publicidad a la presente subvención se realizará a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de acuerdo con lo establecido en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Artículo 6. Pago de la subvención. 1. El pago de la subvención se efectuará con carácter anticipado, tras la resolución de concesión, de conformidad con el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 2. El pago de la subvención se hará sin necesidad de constitución de fianza o garantía. Artículo 7. Obligaciones de la entidad beneficiaria y seguimiento de la subvención. 1. La entidad beneficiaria de la subvención estará sujeta a las obligaciones previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como a las que resulten de lo establecido en este real decreto. 2. En todas las actuaciones que se realicen al amparo de esta subvención, incluyendo toda documentación o publicación de cualquier índole y soporte, así como aquellas actuaciones de comunicación, visibilidad y publicidad, deberá hacerse constar que son financiadas por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, utilizándose a estos efectos el logotipo oficial del departamento. 3. La resolución de concesión concretará las mencionadas obligaciones y en particular detallará, si procede, el modo en que se les dará cumplimiento. 4. La Dirección General de Memoria Democrática, como representante del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, será la encargada de realizar el seguimiento de las actividades objeto de la subvención. Artículo 8. Justificación. 1. En los tres meses siguientes a la finalización de las actuaciones, la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos justificará el cumplimiento de las condiciones impuestas y la consecución de los objetivos previstos en este real decreto, adoptando la modalidad de cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto, de acuerdo con los artículos 69, 72 y 73 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones. Así mismo, la entidad beneficiaria deberá presentar una justificación global de la ejecución del proyecto así como del pago de los gastos correspondientes, mediante una memoria firmada donde conste la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad de la subvención. 2. Los documentos a los que se refiere el apartado anterior deberán presentarse por la entidad beneficiaria ante la Dirección General de Memoria Democrática del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. 3. La Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos asume el cumplimiento de las obligaciones que, para los beneficiarios de subvenciones, se establecen en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las establecidas en el artículo 30 de la misma ley relativas a la justificación de las subvenciones públicas. Artículo 9. Actuaciones de comprobación y control. 1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, además de someterse a los procedimientos de comprobación que determine el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, deberá someterse a cualesquiera otras actuaciones que puedan realizar los órganos de control competentes, en particular, al control financiero de la Intervención de la Administración General del Estado y al control fiscalizador del Tribunal de Cuentas. 2. La Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos deberá conservar toda la documentación original, justificativa y de aplicación de los fondos recibidos, en tanto puedan ser objeto de las actividades de comprobación y control. Artículo 10. Incumplimientos y reintegros. 1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y, en su caso, de los intereses devengados por la subvención, así como la exigencia del interés de demora correspondiente, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos recogidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 2. En el supuesto de incumplimiento parcial, la fijación de la cantidad que deba ser reintegrada se determinará en aplicación del principio de proporcionalidad siempre que el cumplimiento de la entidad beneficiaria se aproxime significativamente al cumplimiento total y se acredite por aquella una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos. 3. El procedimiento de reintegro se regirá de conformidad con los artículos 41 a 43 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y por lo dispuesto en los artículos 94 a 101 de su Reglamento. 4. El órgano competente para exigir el reintegro de la subvención concedida será la persona titular de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Artículo 11. Régimen sancionador. Las posibles infracciones que pudiesen ser cometidas, se graduarán y sancionarán de acuerdo con lo establecido en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el título IV de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Disposición final primera. Habilitación normativa. Se faculta a la persona titular del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática para adoptar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de este real decreto. Disposición final segunda. Entrada en vigor. El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dado en Madrid, el 30 de marzo de 2021. FELIPE R. La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, CARMEN CALVO POYATO

Subvención directa al Valle de los caídos para los trabajos de exhumación de víctimas reclamadas por sus familias durante tres años.

La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, tiene entre sus objetivos promover la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de esas víctimas, para lo cual establece una serie de medidas entre las que se incluyen aquellas relativas a la localización e identificación de personas desaparecidas en dicho período, que la ley configura como una auténtica política pública. Concretamente, el artículo 11.1 de esta ley dispone que «las Administraciones públicas, en el marco de sus competencias, facilitarán a los descendientes directos de las víctimas que así lo soliciten las actividades de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil o la represión política posterior y cuyo paradero se ignore». Asimismo el artículo 11.2 del citado texto legal establece que «la Administración General del Estado elaborará planes de trabajo y establecerá subvenciones para sufragar gastos derivados de las actividades contempladas en este artículo». El complejo monumental de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de Los Caídos, se encuentra situado en una parcela de 528.146 m², en el municipio de San Lorenzo del Escorial (Madrid) y se compone de varias edificaciones. Hasta allí, entre los años 1959 y 1983, fueron trasladados desde fosas comunes, restos humanos pertenecientes a víctimas de la Guerra Civil española para ser inhumados en las criptas del Valle. En total, se estima que se depositaron restos pertenecientes a más de 33.000 personas provenientes de casi todas las provincias de España, un 37 % de las cuales están sin identificar, depositadas en columbarios individuales y colectivos ubicados en las ocho cavidades adyacentes al crucero y a las capillas de la Basílica. En la actualidad, estas criptas no son accesibles, puesto que fueron tapiadas y permanecen cerradas desde el momento de la finalización de las inhumaciones. En 2011, el Ministerio de la Presidencia creó un comité de expertos para el futuro del Valle de los Caídos, que estableció entre sus conclusiones el avanzado estado de deterioro en el que se encontraban los osarios, recomendando dignificar los mismos como manifestación primera y más evidente del deber de «conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda» que establece el artículo 16.3 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre. En segundo lugar, este comité de expertos ya recogió las reclamaciones particulares de múltiples familiares que solicitan la devolución de los restos de sus familiares por diversas razones que afectan a su derecho a la intimidad y a la vida personal y familiar. La comisión determinó que a estas familias les asiste un derecho moral a recuperar los cuerpos que solicitan, y recomendó atender en la medida de lo posible estas reclamaciones, o llevar a cabo las acciones de reparación oportunas. De igual manera, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzosas o Involuntarias de Naciones Unidas, en su informe tras la visita a España del 23 al 30 de septiembre de 2013, recogió las quejas de los familiares y recomendó la puesta en marcha de las medidas recogidas en el informe de la comisión de personas expertas. Asimismo, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, en el informe de su visita a España del 21 de enero al 3 de febrero de 2014, además de recoger las recomendaciones de la Comisión de personas expertas, señaló la necesidad de implementar «la dignificación del cementerio y el resguardo respetuoso de los restos de todas las personas ahí inhumadas». Por último, señaló la oportunidad de atender las reclamaciones de los familiares que exigen recuperar a sus seres queridos, y si no es posible realizar las labores de reparación adecuadas. Con fecha 30 de marzo de 2016, el Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de San Lorenzo del Escorial reconoció el derecho a la recuperación de los restos de dos personas que presumiblemente se encuentran inhumadas en el Valle de los Caídos. Numerosos familiares de inhumados en el Valle de los Caídos han solicitado la exhumación de los restos de sus familiares, habiéndose reconocido el derecho a dicha exhumación para muchos de ellos por el actual administrador de la Fundación, el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. Es por lo tanto imprescindible ejecutar dicho reconocimiento intentando localizar y exhumar los correspondientes restos. En el mismo sentido se han pronunciado numerosas instituciones internacionales, parlamentos autonómicos y entidades locales. La Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos es una entidad con personalidad jurídica propia que, en el marco de lo establecido por la disposición final tercera de la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, ostenta la administración de los bienes vinculados al Valle de los Caídos, por lo que le corresponde la ejecución de las obras correspondientes que garanticen el derecho de los familiares de las víctimas allí enterradas a la recuperación de sus restos. Por otro lado, la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos tiene la condición de fundación del sector público estatal, teniendo en cuenta que fue creada por una norma estatal, su patronato corresponde a una Entidad pública –el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional– y sus recursos financieros son en una elevada proporción de origen público. Los análisis estructurales y los trabajos técnicos realizados en el Valle entre los años 2017 y 2019, para conocer el estado del cerramiento y los interiores de las criptas, han permitido evaluar de manera general su estado. Los resultados obtenidos han proporcionado datos sobre su realidad geométrica, su conservación, la estabilidad de su estructura y la disposición de las cajas que contienen los restos cadavéricos de las víctimas allí enterradas. ### RESUMEN: Subvención directa al Valle de los caídos para los trabajos de exhumación de víctimas reclamadas por sus familias durante tres años.

El artículo 9 del Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social, dispone una actualización del tope máximo y de las bases máximas de cotización en el sistema de la Seguridad Social para el ejercicio 2017, regulándose en la disposición adicional única de esa misma norma un incremento del salario mínimo interprofesional del 8 por ciento. Ambas medidas hacen necesaria la aprobación de esta orden que actualice el tope máximo de cotización en los diferentes regímenes del sistema de la Seguridad Social, así como aquellas bases mínimas que anualmente aumentan en la misma proporción en que lo haga el salario mínimo interprofesional. A las bases de cotización que no puedan ser actualizadas en virtud del Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, resultará de aplicación el contenido del artículo 115 de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, referido a bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, desempleo, cese de actividad de los trabajadores autónomos, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2016, debido a la prórroga automática de los Presupuestos del ejercicio 2016 hasta la aprobación de los correspondientes al año 2017, en aplicación de la previsión contenida en el artículo 134.4 de la Constitución Española. Así, mediante esta orden se desarrollan las previsiones legales en materia de cotizaciones sociales para el ejercicio 2017, adaptándose además las bases de cotización establecidas con carácter general a los supuestos de contratos a tiempo parcial. En materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales será de aplicación la tarifa de primas establecida en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, en la redacción dada por la disposición final octava de la Ley 48/2015, de 29 de octubre. A su vez, y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, en esta orden se fijan los coeficientes aplicables para determinar la cotización a la Seguridad Social en supuestos específicos, como son los de convenio especial, colaboración en la gestión de la Seguridad Social o exclusión de alguna contingencia. También se establecen los coeficientes para la determinación de las aportaciones a cargo de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social al sostenimiento de los servicios comunes de la Seguridad Social, aportaciones mediante las que se garantiza el mantenimiento del equilibrio financiero entre las entidades colaboradoras señaladas y la Administración de la Seguridad Social, así como los valores límite de los índices de siniestralidad general y de siniestralidad extrema, correspondientes al ejercicio 2016, y el volumen de cotización por contingencias profesionales a alcanzar durante el período de observación, para el cálculo del incentivo previsto en el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral. Cabe señalar que en esta orden se da cumplimiento a los principios de buena regulación a los que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Así, la norma es respetuosa con los principios de necesidad, eficacia y proporcionalidad en tanto que con ella se consigue el fin perseguido, el incremento con carácter general del tope máximo de cotización, así como el desarrollo de las normas de cotización para el ejercicio 2017, no tratándose de una norma restrictiva de derechos o que imponga obligaciones a los interesados. Asimismo, la iniciativa es coherente con el resto del ordenamiento jurídico tanto nacional como de la Unión Europea, sus objetivos se encuentran claramente definidos y no impone nuevas cargas administrativas, cumpliendo así los principios de seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. En su proceso de tramitación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, esta orden se ha sometido al trámite de audiencia e información pública a través de la consulta directa a los agentes sociales y de su publicación en el portal web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. La orden se dicta en uso de las atribuciones conferidas a la Ministra de Empleo y Seguridad Social en la disposición final segunda del Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social, y en la disposición final única del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social. En su virtud, de acuerdo con el Consejo de Estado, he dispuesto: CAPÍTULO I Cotización a la Seguridad Social Sección 1.ª Régimen general de la seguridad social Artículo 1. Determinación de la base de cotización. 1. Para determinar la base de cotización correspondiente a cada mes por las contingencias comunes en el Régimen General, se aplicarán las siguientes normas: Primera.–Se computará la remuneración devengada en el mes a que se refiere la cotización. Segunda.–A la remuneración computada conforme a la norma anterior se añadirá la parte proporcional de las gratificaciones extraordinarias establecidas y de aquellos otros conceptos retributivos que tengan una periodicidad en su devengo superior a la mensual o que no tengan carácter periódico y se satisfagan dentro del ejercicio económico del año 2017. A tal efecto, el importe anual estimado de dichas gratificaciones extraordinarias y demás conceptos retributivos se dividirá por 365, y el cociente que resulte se multiplicará por el número de días que comprenda el período de cotización de cada mes. En el caso de que la remuneración que corresponda al trabajador tenga carácter mensual, el indicado importe anual se dividirá por 12. Tercera.–Si la base de cotización que resulte de acuerdo con las normas anteriores no estuviese comprendida entre la cuantía de la base mínima y de la máxima correspondiente al grupo de cotización de la categoría profesional del trabajador, conforme a la tabla establecida en el artículo 3, se cotizará por la base mínima o máxima, según que la resultante sea inferior a aquélla o superior a ésta. La indicada base mínima será de aplicación cualquiera que fuese el número de horas trabajadas diariamente, excepto en aquellos supuestos en que por disposición legal se establece lo contrario. 2. Para determinar la base de cotización correspondiente a cada mes por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, se aplicarán las normas primera y segunda del apartado anterior. La cantidad que así resulte no podrá ser superior al tope máximo ni inferior al tope mínimo correspondiente, previstos ambos en el artículo 2, cualquiera que sea el número de horas trabajadas diariamente, excepto en aquellos supuestos en que por disposición legal se establece lo contrario. Artículo 2. Topes máximo y mínimo de cotización. 1. El tope máximo de la base de cotización al Régimen General será, a partir de 1 de enero de 2017, de 3.751,20 euros mensuales. 2. A partir de la fecha indicada en el apartado 1, el tope mínimo de cotización para las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional será equivalente al salario mínimo interprofesional vigente en cada momento, incrementado por el prorrateo de las percepciones de vencimiento superior al mensual que perciba el trabajador, sin que pueda ser inferior a 825,60 euros mensuales. Artículo 3. Bases máximas y mínimas de cotización. Durante el año 2017, la cotización al Régimen General por contingencias comunes estará limitada para cada grupo de categorías profesionales por las bases mínimas y máximas siguientes: Grupo de cotización Categorías profesionales Bases mínimas – Euros/mes Bases máximas – Euros/mes 1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores. 1.152,90 3.751,20 2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados. 956,10 3.751,20 3 Jefes Administrativos y de Taller. 831,60 3.751,20 4 Ayudantes no Titulados. 825,60 3.751,20 5 Oficiales Administrativos. 825,60 3.751,20 6 Subalternos. 825,60 3.751,20 7 Auxiliares Administrativos. 825,60 3.751,20 Grupo de cotización Categorías profesionales Bases mínimas – Euros/día Bases máximas – Euros/día 8 Oficiales de primera y segunda 27,52 125,04 9 Oficiales de tercera y Especialistas 27,52 125,04 10 Peones 27,52 125,04 11 Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional. 27,52 125,04 Artículo 4. Tipos de cotización. A partir de 1 de enero de 2017, los tipos de cotización al Régimen General serán los siguientes: a) Para las contingencias comunes, el 28,30 por ciento, del que el 23,60 por ciento será a cargo de la empresa y el 4,70 por ciento a cargo del trabajador. b) Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, se aplicarán los tipos de la tarifa de primas establecida en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, siendo las primas resultantes a cargo exclusivo de la empresa. Artículo 5. Cotización adicional por horas extraordinarias. La remuneración que obtengan los trabajadores por el concepto de horas extraordinarias queda sujeta a una cotización adicional, que no será computable a efectos de determinar la base reguladora de las prestaciones. La cotización adicional por las horas extraordinarias motivadas por fuerza mayor se efectuará aplicando el tipo del 14,00 por ciento, del que el 12,00 por ciento será a cargo de la empresa y el 2,00 por ciento a cargo del trabajador. La cotización adicional por las horas extraordinarias que no tengan la consideración referida en el párrafo anterior se efectuará aplicando el tipo del 28,30 por ciento, del que el 23,60 por ciento será a cargo de la empresa y el 4,70 por ciento a cargo del trabajador. Artículo 6. Cotización durante las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, maternidad y paternidad, y en los casos de compatibilidad del subsidio por maternidad o paternidad con períodos de descanso en régimen de jornada a tiempo parcial. 1. La obligación de cotizar permanece durante las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural y de disfrute de los períodos de descanso por maternidad o paternidad, aunque éstos supongan una causa de suspensión de la relación laboral. 2. En las situaciones señaladas en el apartado anterior, la base de cotización aplicable para las contingencias comunes será la correspondiente al mes anterior al de la fecha de la incapacidad, de las situaciones de riesgo durante el embarazo o de riesgo durante la lactancia natural, o del inicio del disfrute de los períodos de descanso por maternidad o por paternidad. Para la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior se tendrán en cuenta las siguientes reglas: Primera.–En el supuesto de remuneración que se satisfaga con carácter diario, hubiere o no permanecido en alta en la empresa el trabajador durante todo el mes natural anterior, el importe de la base de cotización de dicho mes se dividirá por el número de días a que se refiera la cotización. El cociente resultante será la base diaria de cotización, que se multiplicará por el número de días en que el trabajador permanezca en situación de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural o de disfrute de los períodos de descanso por maternidad o por paternidad para determinar la base de cotización durante dicha situación. Segunda.–Cuando el trabajador tuviera remuneración mensual y hubiese permanecido en alta en la empresa durante todo el mes natural anterior al de la iniciación de dichas situaciones, la base de cotización de ese mes se dividirá por 30. Si no hubiera permanecido en alta en la empresa durante todo el mes natural anterior, el importe de la base de cotización de dicho mes se dividirá por el número de días a que se refiere la cotización. En ambos casos, el cociente resultante será la base diaria de cotización, que se multiplicará por 30 de permanecer todo el mes en la situación de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural o de disfrute de los períodos de descanso por maternidad o por paternidad, o por la diferencia existente entre dicha cifra y el número de días que realmente haya trabajado en dicho mes. Tercera.–Cuando el trabajador hubiera ingresado en la empresa en el mismo mes en que haya iniciado alguna de las situaciones a que se refiere este artículo, se aplicará a ese mes lo establecido en las reglas precedentes. 3. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación para calcular la base de cotización, a efectos de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, durante las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural y maternidad o paternidad. No obstante, y a fin de determinar la cotización que por el concepto de horas extraordinarias corresponde efectuar, se tendrá en cuenta el promedio de las efectivamente realizadas y cotizadas durante el año inmediatamente anterior a la fecha de iniciación de dichas situaciones. A tal efecto, el número de horas realizadas se dividirá por 12 o 365, según que la remuneración del trabajador se satisfaga o no con carácter mensual. 4. Salvo en los supuestos en que por disposición legal se establece lo contrario, en ningún caso la base de cotización por contingencias comunes, en las situaciones a que se refiere este artículo, podrá ser inferior a la base mínima vigente en cada momento correspondiente a la categoría profesional del trabajador. A tal efecto, el correspondiente subsidio se actualizará a partir de la fecha de entrada en vigor de la nueva base mínima de cotización. 5. En la cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, durante los periodos de baja por incapacidad temporal y otras situaciones con suspensión de la relación laboral con obligación de cotización, continuará siendo de aplicación el tipo de cotización correspondiente a la respectiva actividad económica u ocupación en su caso, de conformidad con la tarifa de primas establecida en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre. 6. Cuando se compatibilice la percepción del subsidio por maternidad o paternidad con el disfrute de los períodos de descanso en régimen de jornada a tiempo parcial, la base de cotización vendrá determinada por los dos sumandos siguientes: a) Base reguladora del subsidio, en proporción a la fracción de jornada correspondiente al período de descanso. b) Remuneraciones sujetas a cotización, en proporción a la jornada efectivamente realizada. Artículo 7. Cotización en la situación de alta sin percibo de remuneración. 1. Cuando el trabajador permanezca en alta en el Régimen General de la Seguridad Social y se mantenga la obligación de cotizar conforme a lo dispuesto en el artículo 144.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, sin que perciba remuneración computable, se tomará como base de cotización la mínima correspondiente al grupo de su categoría profesional. A efectos de cotización por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, se tendrá en cuenta el tope mínimo de cotización establecido en el artículo 2.2 de esta orden. 2. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación a las situaciones previstas en la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 27 de octubre de 1992, por la que se dictan instrucciones en relación con la cotización al Régimen General de la Seguridad Social de los funcionarios públicos incluidos en el campo de aplicación de dicho régimen, durante las situaciones de licencia o permiso sin sueldo, suspensión provisional de funciones, cumplimiento del servicio militar o de la prestación social sustitutoria y plazo posesorio por cambio de destino. Artículo 8. Base de cotización en la situación de desempleo protegido. 1. Durante la percepción de la prestación por desempleo por extinción de la relación laboral, la base de cotización a la Seguridad Social de aquellos trabajadores por los que exista obligación legal de cotizar será la base reguladora de la prestación por desempleo, determinada según lo establecido en el artículo 270.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con respeto, en todo caso, del importe de la base mínima por contingencias comunes prevista para cada categoría profesional, teniendo dicha base la consideración de base de contingencias comunes a efectos de las prestaciones de la Seguridad Social. 2. Durante la percepción de la prestación por desempleo por suspensión temporal de la relación laboral o por reducción temporal de jornada, ya sea por decisión del empresario al amparo de lo establecido en el artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, o en virtud de resolución judicial adoptada en el seno de un procedimiento concursal, la base de cotización a la Seguridad Social de aquellos trabajadores por los que exista obligación legal de cotizar será el equivalente al promedio de las bases de los últimos seis meses de ocupación cotizada, por contingencias comunes y por contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, anteriores a la situación legal de desempleo o al momento en que cesó la obligación legal de cotizar. 3. La reanudación de la prestación por desempleo en los supuestos de suspensión del derecho supondrá la reanudación de la obligación de cotizar por la base de cotización indicada en los apartados anteriores correspondiente al momento del nacimiento del derecho. 4. Cuando se hubiese extinguido el derecho a la prestación por desempleo y, en aplicación del artículo 269.3 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el trabajador opte por reabrir el derecho inicial, la base de cotización a la Seguridad Social será la indicada en el apartado 1 de este artículo, correspondiente al momento del nacimiento del derecho por el que se opta o, en su caso, las indicadas en el apartado 2 de este artículo, correspondientes al momento del nacimiento del derecho por el que se opta. 5. Durante la percepción de la prestación, sólo se actualizará la base de cotización indicada en los anteriores apartados cuando resulte inferior a la base mínima de cotización a la Seguridad Social vigente en cada momento que corresponda al grupo de cotización del trabajador en el momento de producirse la situación legal de desempleo y hasta dicho tope. 6. Durante la percepción de la prestación por desempleo que proviene del contrato para la formación y el aprendizaje, se aplicarán las normas establecidas en los apartados anteriores, salvo en los supuestos recogidos en el apartado 2, en los que la cotización a la Seguridad Social se efectuará aplicando las cuotas únicas a que se refiere el artículo 44.1 de esta orden, y, en todo caso, lo previsto en el artículo 273 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Artículo 9. Cotización en la situación de pluriempleo. 1. Cuando el trabajador se encuentre en situación de pluriempleo se aplicarán las siguientes normas: a) Para las contingencias comunes: Primera.–El tope máximo de las bases de cotización, establecido en 3.751,20 euros mensuales, se distribuirá entre todas las empresas en proporción a la remuneración abonada al trabajador en cada una de ellas. Segunda.–Cada una de las empresas cotizará por los conceptos retributivos computables que satisfaga al trabajador, con el límite que corresponda a la fracción del tope máximo que se le asigne. Tercera.–La base mínima correspondiente al trabajador, según su categoría profesional, se distribuirá entre las distintas empresas y será aplicada para cada una de ellas en forma análoga a la señalada para el tope máximo. Si al trabajador le correspondieran diferentes bases mínimas de cotización por su clasificación laboral, se tomará para su distribución la base mínima de superior cuantía. b) Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales: Primera.–El tope máximo de la base de cotización, establecido en 3.751,20 euros mensuales, se distribuirá entre todas las empresas en proporción a la remuneración abonada al trabajador en cada una de ellas. Segunda.–El tope mínimo de cotización se distribuirá entre las distintas empresas y será aplicado para cada una de ellas en forma análoga a la señalada para el tope máximo. Tercera.–La base de cotización será para cada empresa la que resulte conforme a lo señalado en el artículo 1, con los límites que se le hayan asignado según las normas anteriores. 2. En el supuesto de que uno de los empleos conlleve la inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social en los términos indicados en el artículo 136.2.c) y e) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la distribución del tope máximo correspondiente a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales sólo se efectuará al objeto de determinar las cuotas correspondientes a las contingencias comúnmente protegidas por ambas modalidades de inclusión, así como los demás conceptos de recaudación conjunta. A tal fin, se efectuará una doble distribución del tope máximo de cotización citado, una de ellas para determinar la cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como para formación profesional, y la otra para determinar la cotización por desempleo y para el Fondo de Garantía Salarial. 3. Los prorrateos indicados en los apartados anteriores se llevarán a cabo a petición de las empresas o trabajadores afectados. La distribución así determinada tendrá efectos a partir de la liquidación de cuotas que corresponda al mes en que se acredite la existencia de la situación de pluriempleo, salvo que se trate de períodos en los que hubiera prescrito la obligación de cotizar. 4. Las direcciones provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social o sus administraciones, de oficio o a instancia del trabajador o empresario afectados, podrán rectificar la distribución entre las distintas empresas, efectuada conforme a lo dispuesto en el apartado 1, cuando, de acuerdo con dicha distribución, se produzcan desviaciones en las bases de cotización resultantes. Artículo 10. Cotización de los artistas. 1. A partir de 1 de enero de 2017, la base máxima de cotización por contingencias comunes para todas las categorías profesionales de los artistas a que se refiere el artículo 32.3 del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, será de 3.751,20 euros mensuales. El tope máximo de las bases de cotización en razón de las actividades realizadas por un artista, para una o varias empresas, tendrá carácter anual y se determinará por la elevación a cómputo anual de la base mensual máxima señalada. 2. Las bases de cotización a cuenta para determinar la cotización de los artistas, previstas en el artículo 32.5.b) del Reglamento general citado en el apartado anterior, serán, a partir de 1 de enero de 2017 y para todos los grupos de cotización, las siguientes: Retribuciones íntegras Euros/día Hasta 425,00 euros 249,00 Entre 425,01 y 764,00 euros 315,00 Entre 764,01 y 1.277,10 euros 375,00 Mayor de 1.277,10 euros 500,00 Artículo 11. Cotización de los profesionales taurinos. 1. A partir de 1 de enero de 2017, la base máxima de cotización por contingencias comunes para todas las categorías de los profesionales taurinos a que se refiere el artículo 33.3 del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social será de 3.751,20 euros mensuales. El tope máximo de las bases de cotización para los profesionales taurinos tendrá carácter anual y se determinará por la elevación a cómputo anual de la base mensual máxima señalada. 2. Las bases de cotización para determinar las liquidaciones provisionales por los profesionales taurinos, previstas en el artículo 33.5.b) del Reglamento general mencionado en el apartado anterior, serán, a partir de 1 de enero de 2017 y para cada grupo de cotización, las siguientes: Grupo de cotización Euros/día 1 1.158,00 2 1.066,00 3 800,00 7 478,00 Artículo 12. Cotización en el Sistema Especial para las tareas de manipulado y empaquetado de tomate fresco dentro del Régimen General de la Seguridad Social. La cuota por tonelada de tomate fresco empaquetado o fracción de 500 o más kilogramos queda fijada en 1,47 euros. En los supuestos en que la cotización por tonelada a que se refiere el párrafo anterior resulte inferior al 75 por ciento del total de cotizaciones a la Seguridad Social por contingencias comunes, incluyendo la aportación de los trabajadores, las empresas vendrán obligadas a presentar ante la dirección provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social correspondiente o administración de la misma los documentos acreditativos de las exportaciones realizadas, en la forma y con la periodicidad que determine la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social. Artículo 13. Bases y tipos de cotización en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, establecido en el Régimen General de la Seguridad Social. 1. Base de cotización por contingencias tanto comunes como profesionales durante los períodos de actividad: a) A partir de 1 de enero de 2017, las bases mensuales aplicables para los trabajadores incluidos en este sistema especial que presten servicios durante todo el mes se determinarán conforme a lo establecido en el artículo 147 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con aplicación de las siguientes bases máxima y mínima: Grupo de cotización Categorías profesionales Bases mínimas – Euros/mes Bases máximas – Euros/mes 1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores. 1.152,90 3.751,20 2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados. 956,10 3.751,20 3 Jefes Administrativos y de Taller. 831,60 3.751,20 4 Ayudantes no Titulados. 825,60 3.751,20 5 Oficiales Administrativos. 825,60 3.751,20 6 Subalternos. 825,60 3.751,20 7 Auxiliares Administrativos. 825,60 3.751,20 8 Oficiales de primera y segunda. 825,60 3.751,20 9 Oficiales de tercera y Especialistas. 825,60 3.751,20 10 Peones. 825,60 3.751,20 11 Trabajadores menores de 18 años. 825,60 3.751,20 Las empresas que opten por esta modalidad de cotización mensual deberán comunicar dicha opción a la Tesorería General de la Seguridad Social al inicio de la actividad de los trabajadores, en los términos y condiciones que determine dicho servicio común de la Seguridad Social. Esta modalidad de cotización deberá mantenerse durante todo el período de prestación de servicios, cuya finalización deberá comunicarse igualmente a la Tesorería General de la Seguridad Social, en los términos y condiciones que esta determine. Cuando los trabajadores inicien o finalicen su actividad sin coincidir con el principio o fin de un mes natural, siempre que dicha actividad tenga una duración de, al menos, treinta días naturales consecutivos, la cotización se realizará con carácter proporcional a los días trabajados en el mes. Esta modalidad de cotización mensual resultará de aplicación con carácter obligatorio para los trabajadores por cuenta ajena con contrato indefinido, sin incluir entre estos a los que presten servicios con carácter fijo discontinuo, respecto a los cuales tendrá carácter opcional. b) A partir de 1 de enero de 2017, las bases diarias de cotización por jornadas reales correspondientes a cada uno de los grupos de trabajadores que realicen labores agrarias por cuenta ajena y respecto a los cuales no se hubiera optado por la modalidad de cotización prevista en el apartado 1.a) anterior se determinarán conforme a lo establecido en el artículo 147 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con aplicación de las siguientes bases máxima y mínima: Grupo de cotización Categorías profesionales Bases mínimas diarias de cotización – Euros Bases máximas diarias de cotización – Euros 1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores. 50,13 163,10 2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados. 41,57 163,10 3 Jefes Administrativos y de Taller. 36,16 163,10 4 Ayudantes no Titulados. 35,90 163,10 5 Oficiales Administrativos. 35,90 163,10 6 Subalternos. 35,90 163,10 7 Auxiliares Administrativos. 35,90 163,10 8 Oficiales de primera y segunda. 35,90 163,10 9 Oficiales de tercera y Especialistas. 35,90 163,10 10 Peones. 35,90 163,10 11 Trabajadores menores de 18 años. 35,90 163,10 Cuando se realicen en el mes natural 23 o más jornadas reales, la base de cotización correspondiente a las mismas será la establecida en el apartado 1.a) de este artículo. 2. En el año 2017, la base mensual de cotización aplicable para los trabajadores por cuenta ajena incluidos en este sistema especial durante los períodos de inactividad será de 825,60 euros. La cotización respecto a estos períodos de inactividad se determinará aplicando la siguiente fórmula: C = [(n/N) – (jr x 1,304 /N)]bc x tc En la que: C= Cuantía de la cotización. n= Número de días en el sistema especial sin cotización por bases mensuales de cotización. N= Número de días de alta en el sistema especial en el mes natural. jr= Número de días en el mes natural en los que se han realizado jornadas reales. bc= Base de cotización mensual. tc= Tipo de cotización aplicable, conforme a lo indicado en el apartado 3.b). En ningún caso, la aplicación de la fórmula anterior podrá dar lugar a que C alcance un valor inferior a cero. Cuando los trabajadores no figuren en alta en este sistema especial durante un mes natural completo, la cotización respecto de los períodos de inactividad se realizará con carácter proporcional a los días en alta en dicho mes. 3. Los tipos aplicables a la cotización de los trabajadores por cuenta ajena incluidos en este sistema especial serán los siguientes: a) Durante los períodos de actividad: Para la cotización por contingencias comunes, respecto a los trabajadores encuadrados en el grupo de cotización 1, el 28,30 por ciento, siendo el 23,60 por ciento a cargo de la empresa y el 4,70 por ciento a cargo del trabajador. Respecto a los trabajadores encuadrados en los grupos de cotización 2 a 11, el 22,90 por ciento, siendo el 18,20 por ciento a cargo de la empresa y el 4,70 por ciento a cargo del trabajador. Para la cotización por contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, se aplicarán los tipos de la tarifa de primas establecida en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, siendo las primas resultantes a cargo exclusivo de la empresa. b) Durante los períodos de inactividad, el tipo de cotización será el 11,50 por ciento, siendo la cotización resultante a cargo exclusivo del trabajador. 4. Durante el año 2017, se aplicarán las siguientes reducciones en las aportaciones empresariales a la cotización a este sistema especial durante los períodos de actividad con prestación de servicios: a) En la cotización respecto a los trabajadores encuadrados en el grupo de cotización 1, se aplicará una reducción de 8,10 puntos porcentuales de la base de cotización, resultando un tipo efectivo de cotización por contingencias comunes del 15,50 por ciento. En ningún caso la cuota empresarial resultante será superior a 279,00 euros al mes o 12,13 euros por jornada real trabajada. b) En la cotización respecto a los trabajadores encuadrados en los grupos de cotización 2 al 11, la reducción se ajustará a las siguientes reglas: 1.ª Para bases de cotización iguales o inferiores a 986,70 euros mensuales o a 42,90 euros por jornada realizada, se aplicará una reducción de 6,97 puntos porcentuales de la base de cotización, resultando un tipo efectivo de cotización por contingencias comunes del 11,23 por ciento. 2.ª Para bases de cotización superiores a las cuantías indicadas en el párrafo anterior, y hasta 3.751,20 euros mensuales o 163,10 euros por jornada realizada, les será de aplicación el porcentaje resultante de aplicar las siguientes fórmulas: Para bases mensuales de cotización la fórmula a aplicar será: Para bases de cotización por jornadas reales la fórmula a aplicar será: No obstante la cuota empresarial resultante no podrá ser inferior a 76,09 euros mensuales o 3,31 euros por jornada real trabajada. 5. Durante las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural, así como de maternidad y paternidad causadas durante la situación de actividad, la cotización se efectuará en función de la modalidad de contratación de los trabajadores: a) Respecto de los trabajadores agrarios con contrato indefinido, la cotización durante las referidas situaciones se regirá por las normas aplicables con carácter general en el Régimen General de la Seguridad Social. De acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, en esta cotización el tipo resultante a aplicar será: 1.º Para los trabajadores encuadrados en el grupo de cotización 1, el tipo del 15,50 por ciento, aplicable a la base de cotización por contingencias comunes. 2.º Para los trabajadores encuadrados en los grupos de cotización 2 a 11, el tipo del 2,75 por ciento, aplicable a la base de cotización por contingencias comunes. b) Respecto de los trabajadores agrarios con contrato temporal y fijo discontinuo, resultará de aplicación lo establecido en el párrafo a) en relación a los días contratados en los que no hayan podido prestar sus servicios por encontrarse en alguna de las situaciones antes indicadas. En cuanto a los días en los que no esté prevista la prestación de servicios, estos trabajadores estarán obligados a ingresar la cotización correspondiente a los períodos de inactividad, excepto en los supuestos de percepción de los subsidios por maternidad y paternidad, que tendrán la consideración de períodos de cotización efectiva a efectos de las correspondientes prestaciones por jubilación, incapacidad permanente y muerte y supervivencia. 6. Durante la percepción de la prestación por desempleo de nivel contributivo, si corresponde cotizar en este sistema especial, la base de cotización será la establecida en el artículo 8. El tipo de cotización será el 11,50 por ciento. 7. Con relación a los trabajadores incluidos en el sistema especial, no resultará de aplicación la cotización adicional por horas extraordinarias a que se refiere el artículo 115.dos.3 de la Ley 48/2015, de 29 de octubre. Artículo 14. Bases y tipos de cotización en el Sistema Especial para Empleados de Hogar, establecido en el Régimen General de la Seguridad Social. 1. A partir de 1 de enero de 2017, las bases de cotización por contingencias comunes a este sistema especial serán las determinadas en la escala siguiente, en función de la retribución percibida por los empleados de hogar por cada relación laboral: Tramo Retribución mensual incrementada con la proporción de pagas extraordinarias – Euros/mes Base de cotización – Euros/mes 1.º Hasta 188,61 161,29 2.º Desde 188,62 hasta 294,60 266,84 3.º Desde 294,61 hasta 400,80 372,39 4.º Desde 400,81 hasta 506,80 477,96 5.º Desde 506,81 hasta 612,90 583,52 6.º Desde 612,91 hasta 718,20 689,09 7.º Desde 718,21 hasta 825,65 825,60 8.º Desde 825,66 862,44 A efectos de la determinación de la retribución mensual del empleado de hogar, el importe percibido mensualmente deberá ser incrementado, conforme a lo establecido en el artículo 147.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con la parte proporcional de las pagas extraordinarias que tenga derecho a percibir el empleado. 2. Durante el año 2017, el tipo de cotización por contingencias comunes, sobre la base de cotización que corresponda según lo indicado en el apartado anterior, será el 26,50 por ciento, siendo el 22,10 por ciento a cargo del empleador y el 4,40 por ciento a cargo del empleado. 3. Para la cotización por contingencias profesionales, sobre la base de cotización que corresponda según el apartado 1, se aplicará el tipo de cotización previsto en la tarifa de primas aprobada por la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, siendo la cuota resultante a cargo exclusivo del empleador. 4. De conformidad con lo establecido en la disposición transitoria única de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, cuyos efectos han sido prorrogados por la disposición adicional octogésima séptima de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, durante el ejercicio de 2017 será aplicable una reducción del 20 por ciento en la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes en este sistema especial. Serán beneficiarios de dicha reducción los empleadores que hayan contratado, bajo cualquier modalidad contractual, y dado de alta en el Régimen General a un empleado de hogar a partir del 1 de enero de 2012, siempre y cuando el empleado no hubiera figurado en alta en el Régimen Especial de Empleados de Hogar a tiempo completo, para el mismo empleador, dentro del período comprendido entre el 2 de agosto y el 31 de diciembre de 2011. Esta reducción de cuotas se ampliará con una bonificación hasta llegar al 45 por ciento para familias numerosas, en los términos previstos en el artículo 9 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas. Estos beneficios a la Seguridad Social a cargo del empleador, no serán de aplicación en los supuestos en los que los empleados de hogar que presten sus servicios durante menos de 60 horas mensuales por empleador asuman el cumplimiento de las obligaciones en materia de encuadramiento, cotización y recaudación en dicho sistema especial, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional vigésima cuarta del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Sección 2.ª Régimen especial de la seguridad social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos Artículo 15. Bases y tipos de cotización. A partir de 1 de enero de 2017, las bases y los tipos de cotización por contingencias comunes en este régimen especial serán los siguientes: 1. Tipos de cotización por contingencias comunes: el 29,80 por ciento. Si el interesado está acogido a la protección por contingencias profesionales o por cese de actividad será el 29,30 por ciento. Cuando el trabajador por cuenta propia o autónomo no tenga en dicho régimen la protección por incapacidad temporal, el tipo de cotización será el 26,50 por ciento. Los trabajadores incluidos en este régimen especial que no tengan cubierta la protección dispensada a las contingencias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales efectuarán una cotización adicional equivalente al 0,10 por ciento, aplicado sobre la base de cotización elegida, para la financiación de las prestaciones previstas en los capítulos VIII y IX del título II del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 2. Bases de cotización: a) Base mínima de cotización: 893,10 euros mensuales. b) Base máxima de cotización: 3.751,20 euros mensuales. 3. La base de cotización para los trabajadores autónomos que, a 1 de enero de 2017, sean menores de 47 años de edad será la elegida por estos, dentro de los límites que representan las bases mínima y máxima. Igual elección podrán efectuar aquellos trabajadores autónomos que en esa fecha tengan una edad de 47 años y su base de cotización en el mes de diciembre de 2016 haya sido igual o superior a 1.964,70 euros mensuales, o causen alta en este régimen especial. Los trabajadores autónomos que, a 1 de enero de 2017, tengan 47 años de edad, si su base de cotización fuera inferior a 1.964,70 euros mensuales no podrán elegir una base de cuantía superior a 1.964,70 euros mensuales, salvo que ejerciten su opción en tal sentido antes del 30 de junio de 2017, lo que producirá efectos a partir del 1 de julio del mismo año, o que se trate del cónyuge supérstite del titular del negocio que, como consecuencia del fallecimiento de éste, haya tenido que ponerse al frente del mismo y darse de alta en este régimen especial con 47 años de edad, en cuyo caso no existirá dicha limitación. 4. La base de cotización de los trabajadores autónomos que, a 1 de enero de 2017, tengan cumplida la edad de 48 o más años estará comprendida entre las cuantías de 963,30 y 1.964,70 euros mensuales, salvo que se trate del cónyuge supérstite del titular del negocio que, como consecuencia del fallecimiento de este, haya tenido que ponerse al frente del mismo y darse de alta en este régimen especial con 45 o más años de edad, en cuyo caso la elección de bases estará comprendida entre las cuantías de 893,10 y 1.964,70 euros mensuales. No obstante, la base de cotización de los trabajadores autónomos que con anterioridad a los 50 años hubieran cotizado en cualquiera de los regímenes del sistema de la Seguridad Social cinco o más años tendrá la siguiente cuantía: a) Si la última base de cotización acreditada hubiera sido igual o inferior a 1.964,70 euros mensuales, se habrá de cotizar por una base comprendida entre 893,10 euros mensuales y 1.964,70 euros mensuales. b) Si la última base de cotización acreditada hubiera sido superior a 1.964,70 euros mensuales, se habrá de cotizar por una base comprendida entre 893,10 euros mensuales y el importe de aquélla incrementado en un 1,00 por ciento. Lo previsto en el anterior párrafo b) será asimismo de aplicación con respecto a los trabajadores autónomos que con 48 o 49 años de edad hubieran ejercitado la opción prevista en el artículo 132, apartado cuatro.2, párrafo segundo, de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011. 5. Los trabajadores cuyo alta en este régimen especial se haya practicado de oficio como consecuencia, a su vez, de una baja de oficio en el Régimen General de la Seguridad Social o en otro régimen de trabajadores por cuenta ajena podrán optar, cualquiera que sea su edad en el momento de causar alta, entre mantener la base de cotización por la que venían cotizando en el régimen en el que causaron baja o elegir una base de cotización aplicando las reglas generales previstas, a tales efectos, en este régimen especial. 6. Los trabajadores autónomos dedicados a la venta ambulante o a domicilio (CNAE 4781 Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en puestos de venta y mercadillos; 4782 Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado en puestos de venta y mercadillos; 4789 Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta y mercadillos y 4799 Otro comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos) podrán elegir como base mínima de cotización, durante el año 2017, una base de 893,10 euros mensuales o una base de 825,60 euros mensuales. Los trabajadores autónomos dedicados a la venta a domicilio (CNAE 4799) podrán también elegir como base mínima de cotización durante el año 2017 una base de 893,10 euros mensuales o una base de 491,10 euros mensuales. 7. Lo previsto en el párrafo primero del apartado 6 será de aplicación a los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado dedicados a la venta ambulante que perciban ingresos directamente de los compradores. En tales casos, en el supuesto en que se acredite que la venta ambulante se lleva a cabo en mercados tradicionales o «mercadillos», con horario de venta inferior a ocho horas al día, se podrá elegir entre cotizar por una base de 893,10 euros mensuales o una base de 491,10 euros mensuales. La elección de bases de cotización prevista en el párrafo precedente también será de aplicación a las personas que se dediquen de forma individual a la venta ambulante en mercados tradicionales o «mercadillos» con horario de venta inferior de ocho horas al día, siempre que no dispongan de establecimiento fijo propio ni produzcan los artículos o productos que vendan. En cualquier caso, se deberá cotizar obligatoriamente por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, aplicando, sobre la base de cotización elegida, la tarifa de primas a que se refiere el apartado 9. 8. En los supuestos a los que se refieren los apartados 6 y 7, por tratarse de actividades exclusivas de venta, no están incluidos aquellos casos en los que, además, se fabrican o elaboran los productos objeto de venta. 9. Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se aplicarán los tipos de la tarifa de primas establecida en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, sobre la misma base de cotización elegida por los interesados para contingencias comunes. 10. Los trabajadores autónomos que, en razón de su trabajo por cuenta ajena desarrollado simultáneamente, hayan cotizado en 2016, respecto de contingencias comunes en régimen de pluriactividad y teniendo en cuenta tanto las aportaciones empresariales como las correspondientes al trabajador en el Régimen General, así como las efectuadas en el régimen especial, por una cuantía igual o superior a 12.368,23 euros tendrán derecho a una devolución del 50 por ciento del exceso en que sus cotizaciones ingresadas superen la mencionada cuantía, con el tope del 50 por ciento de las cuotas ingresadas en el régimen especial en razón de su cotización por las contingencias comunes de cobertura obligatoria. La devolución se efectuará a instancia del interesado, que habrá de formularla en los cuatro primeros meses de 2017. 11. Los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado dedicados a la venta ambulante que hayan quedado incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos en aplicación de lo establecido en el artículo 120.cuatro.8 de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009, tendrán derecho, durante 2017, a una reducción del 50 por ciento de la cuota a ingresar. También tendrán derecho a esa reducción los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado dedicados a la venta ambulante que hayan iniciado su actividad y quedado incluidos en el citado régimen especial a partir del 1 de enero de 2009. La reducción se aplicará sobre la cuota que resulte de aplicar, sobre la base mínima elegida de conformidad con lo previsto en el apartado 7, el tipo de cotización aplicable de acuerdo con lo previsto en el apartado 1. 12. Respecto a los trabajadores autónomos que en algún momento del año 2016 y de manera simultánea hayan tenido contratado a su servicio un número de trabajadores por cuenta ajena igual o superior a 10, la base mínima de cotización tendrá una cuantía igual a la prevista como base mínima para los trabajadores encuadrados en el grupo de cotización 1 del Régimen General que, para el año 2017, está fijada en 1.152,90 euros mensuales. 13. Los trabajadores autónomos incluidos en este régimen especial al amparo de lo establecido en el artículo 305.2.b) y e) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, a excepción de aquellos que causen alta inicial en el mismo, durante los 12 primeros meses de su actividad a contar desde la fecha de efectos de dicha alta, tendrán una base mínima de cotización de cuantía igual a la prevista como base mínima para los trabajadores encuadrados en el grupo de cotización 1 del Régimen General, fijada para el año 2017 en 1.152,90 euros mensuales. 14. A efectos de lo establecido en el artículo 313 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, las cuantías correspondientes a los distintos porcentajes de la base de cotización por la que podrán optar los trabajadores incluidos en este régimen especial en los casos de pluriactividad con jornada laboral a tiempo completo o a tiempo parcial superior al 50 por ciento serán durante el año 2017 las siguientes: 446,70 euros, cuando la base elegida sea del 50 por ciento de la base mínima de cotización; 669,90 euros, cuando se corresponda con el 75 por ciento, y 759,00 euros, cuando coincida con el 85 por ciento de dicha base mínima. Artículo 16. Bases y tipos de cotización en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, establecido en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. 1. A partir de 1 de enero de 2017, las bases de cotización a este sistema especial serán las establecidas con carácter general para el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos en el artículo precedente. 2. Los tipos de cotización por contingencias comunes serán los siguientes: a) Respecto de las contingencias de cobertura obligatoria, cuando el trabajador haya optado por elegir como base de cotización una base comprendida entre 893,10 euros mensuales y 1.071,60 euros mensuales, el tipo de cotización aplicable será el 18,75 por ciento. Si el trabajador cotizara por una base de cotización superior a 1.071,60 euros mensuales, a la cuantía que exceda de esta última le será de aplicación el tipo de cotización del 26,50 por ciento. b) Respecto a la mejora voluntaria de la incapacidad temporal por contingencias comunes, el tipo de cotización a aplicar a la cuantía completa de la base de cotización del interesado será el 3,30 por ciento, o el 2,80 por ciento si el interesado está acogido a la protección por contingencias profesionales o por cese de actividad. 3. Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se estará a lo dispuesto en el artículo 15.9. En el supuesto de trabajadores que habiendo estado encuadrados en el Régimen Especial Agrario hayan pasado a incorporarse a este sistema especial y no hubiesen optado por la cobertura de la totalidad de las contingencias profesionales, se seguirá abonando, en concepto de cobertura de las contingencias de incapacidad permanente y muerte y supervivencia, una cuota resultante de aplicar a la base de cotización elegida el tipo del 1,00 por ciento. 4. Igualmente, los trabajadores incluidos en este sistema especial que no hayan optado por dar cobertura, en el ámbito de protección dispensada, a la totalidad de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, efectuarán una cotización adicional equivalente al 0,10 por ciento, aplicado sobre la base de cotización elegida, para la financiación de las prestaciones previstas en los capítulos VIII y IX del título II del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Sección 3.ª Régimen especial de la seguridad social de los trabajadores del mar Artículo 17. Normas aplicables. 1. Lo previsto en los artículos 1 a 9 de este capítulo será de aplicación a los trabajadores por cuenta ajena y asimilados incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, sin perjuicio, y para la cotización por contingencias comunes, de la aplicación para los trabajadores incluidos en los grupos segundo y tercero de los coeficientes correctores a los que se refiere el artículo 11 de la Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero. 2. La cotización para todas las contingencias y situaciones protegidas de los trabajadores por cuenta propia incluidos en el grupo primero de cotización a que se refiere el artículo 10 de la Ley 47/2015, de 21 de octubre, se regirá por lo dispuesto en la normativa reguladora del Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. 3. A partir de 1 de enero de 2017, el tipo de cotización por contingencias comunes de los trabajadores por cuenta propia será el 29,30 por ciento, al estar acogidos de forma obligatoria a la protección por contingencias profesionales. Sección 4.ª Régimen especial de la seguridad social para la minería del carbón Artículo 18. Peculiaridades en la cotización en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón. 1. Durante la percepción de la prestación por desempleo, si corresponde cotizar en el Régimen Especial para la Minería del Carbón, la base de cotización será la normalizada vigente que corresponda a la categoría o especialidad profesional del trabajador en el momento de producirse la situación legal de desempleo. Tal base de cotización se actualizará conforme a la base vigente en cada momento que corresponda a la categoría o especialidad profesional del trabajador en el momento de producirse la situación legal de desempleo. 2. La cotización por contingencias comunes, respecto de los trabajadores pertenecientes a categorías o especialidades profesionales de nueva creación que no tengan asignada la correspondiente base normalizada, y hasta que esta se determine, se realizará en función de la base de cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Este criterio será también de aplicación a los supuestos de categorías o especialidades profesionales que, habiendo desaparecido, vuelvan a crearse de nuevo. 3. La cotización en el convenio especial suscrito en el Régimen Especial para la Minería del Carbón se efectuará del siguiente modo: a) Categorías o especialidades profesionales que tienen fijada base normalizada de cotización, en el momento de suscripción del convenio especial. En los supuestos señalados, se aplicarán las siguientes reglas: Primera.–La base inicial de cotización correspondiente al convenio especial será la base normalizada vigente en el momento de la suscripción del convenio para la categoría o especialidad profesional a la que pertenecía el trabajador. Las sucesivas bases de cotización serán equivalentes a las bases normalizadas que, en cada ejercicio económico, se fijen para la respectiva categoría o especialidad profesional. Segunda.–Si la base normalizada de la categoría o especialidad profesional de que se trate tuviese, en el ejercicio económico correspondiente, un importe inferior a la base del convenio especial, esta permanecerá inalterada hasta que la base normalizada que se fije sea de una cuantía igual o superior a la del convenio especial. Tercera.–En el supuesto de que desaparezca la categoría o especialidad profesional a la que perteneció, en su momento, el trabajador que suscribió el convenio especial, la base de cotización del convenio especial podrá ser actualizada de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2.2 de la Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre, por la que se regula el convenio especial en el sistema de la Seguridad Social, pudiendo incrementarse dicha base, como máximo, en el porcentaje de variación de la base mínima de cotización en el Régimen General de la Seguridad Social. A partir del momento en que vuelva a fijarse la base normalizada de cotización para la categoría o especialidad profesional correspondiente, al crearse de nuevo, la base de cotización en el convenio especial será dicha base normalizada, sin perjuicio de lo señalado en la regla segunda. b) Categorías o especialidades profesionales de nueva creación que no tienen fijada base normalizada en el momento de la suscripción del convenio especial. En los supuestos indicados, la base de cotización, en el momento de suscripción del convenio especial, será la que resulte de aplicar el procedimiento establecido en el artículo 6.2.1.b) de la Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre. La base inicial así determinada será sustituida por la base normalizada que, para la categoría o especialidad profesional, se fije por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 4. A efectos de determinar la cotización por los pensionistas de incapacidad permanente, en los supuestos referidos en los artículos 20 y 22 de la Orden de 3 de abril de 1973, para la aplicación y desarrollo del Decreto 298/1973, de 8 de febrero, sobre actualización del Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón, y cuando no exista base normalizada de cotización correspondiente a la categoría o especialidad profesional que ocupaban los pensionistas, en todos o en alguno de los períodos que han de tomarse en cuenta para el cálculo de la pensión de jubilación y a efectos de determinar las cantidades a deducir de la pensión de jubilación, se aplicarán las siguientes reglas: Primera.–Se tendrá en cuenta como base de cotización y por los períodos indicados la base de cotización fijada para la categoría o especialidad profesional de que se trate, antes de su desaparición. Segunda.–La citada base de cotización se incrementará aplicándola el porcentaje de incremento que haya experimentado la base mínima de cotización en el Régimen General correspondiente al grupo de cotización en que estuviese encuadrada la categoría o especialidad profesional a las que perteneciese, en su momento, el trabajador. 5. A efectos del cálculo de las bases de cotización normalizadas, la Tesorería General de la Seguridad Social tomará los días trabajados y de alta que figuren en el Fichero General de Afiliación, según la información facilitada por las empresas del sector de acuerdo con las obligaciones que establece el Reglamento general de inscripción, afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero. Sección 5.ª Coeficientes reductores de la cotización aplicables a las empresas excluidas de alguna contingencia y a las empresas colaboradoras Artículo 19. Coeficientes aplicables a las empresas excluidas de alguna contingencia. Desde el 1 de enero de 2017, los coeficientes reductores que han de aplicarse a las cuotas devengadas por las empresas excluidas de alguna contingencia serán los siguientes: a) En las empresas excluidas de la contingencia de incapacidad temporal derivada de enfermedad común o accidente no laboral, se aplicará el coeficiente 0,045, correspondiendo el 0,038 a la cuota empresarial y el 0,007 a la cuota del trabajador. b) En los supuestos a que se refiere el segundo inciso del primer párrafo del apartado 2 de la disposición transitoria quinta del Real Decreto 480/1993, de 2 de abril, por el que se integra en el Régimen General de la Seguridad Social el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios de la Administración Local, se aplicará el coeficiente 0,020, correspondiendo el 0,017 a la cuota empresarial y el 0,003 a la cuota a cargo del trabajador. c) En el supuesto de exclusión de las contingencias de incapacidad temporal, maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural, respecto a los funcionarios públicos y demás personal a que se refiere la disposición adicional tercera del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se aplicará el coeficiente 0,055, correspondiendo el 0,046 a la aportación empresarial y el 0,009 a la aportación del trabajador. Artículo 20. Coeficientes aplicables a las empresas autorizadas a colaborar voluntariamente en la gestión de la Seguridad Social. Desde el día 1 de enero de 2017, el coeficiente reductor aplicable a las empresas autorizadas para colaborar voluntariamente en la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal derivada de enfermedad común o accidente no laboral, en la modalidad prevista en el artículo 102.1.b) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, será el 0,045 sobre la cuota que les correspondería satisfacer de no existir la colaboración. Artículo 21. Aplicación de los coeficientes reductores. El importe a deducir de la cotización en los supuestos referidos en los artículos anteriores se determinará multiplicando por los coeficientes señalados o la suma de los mismos, en su caso, la cuota íntegra resultante de aplicar el tipo único vigente a las correspondientes bases de cotización. Sección 6.ª Coeficientes aplicables para determinar la cotización en los supuestos de convenio especial Artículo 22. Coeficientes aplicables. 1. En el convenio especial se aplicarán, a partir de 1 de enero de 2017, los siguientes coeficientes: a) Cuando el convenio especial tenga por objeto la cobertura de todas las prestaciones derivadas de contingencias comunes a excepción de los subsidios por incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, maternidad y paternidad, el 0,94. b) Cuando el convenio especial se hubiera suscrito con anterioridad a 1 de enero de 1998 y tenga por objeto la cobertura de las prestaciones de jubilación, incapacidad permanente y muerte y supervivencia derivadas de contingencias comunes y servicios sociales, el 0,77. c) En los supuestos de convenio especial suscrito con anterioridad a 1 de enero de 1998 por trabajadores contratados a tiempo parcial y en los supuestos de reducción de la jornada de trabajo con disminución proporcional del salario, el 0,77. Si el convenio especial se hubiera suscrito con posterioridad a 1 de enero de 1998, en los indicados supuestos o durante la situación de alta especial motivada por huelga legal o cierre patronal, el 0,94. d) En los supuestos de trabajadores perceptores del subsidio de desempleo, con derecho a cotización por la contingencia de jubilación, que suscriban el convenio especial regulado por el artículo 24 de la Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre: Por la totalidad de la base de cotización elegida por el interesado, para la cobertura de las contingencias de incapacidad permanente y muerte y supervivencia, el 0,14. Por la diferencia entre dicha base de cotización y aquella por la que cotice en cada momento el Servicio Público de Empleo Estatal, para la cobertura de la contingencia de jubilación, el 0,80. Si el convenio especial se hubiera suscrito con anterioridad a 1 de enero de 1998 o trajera su causa de expedientes de regulación de empleo autorizados con anterioridad a esa misma fecha, se aplicarán los siguientes coeficientes: Por la totalidad de la base de cotización elegida por el interesado, para la cobertura de las contingencias de incapacidad permanente y muerte y supervivencia, el 0,33. Por la diferencia entre dicha base de cotización y aquella por la que cotice en cada momento el Servicio Público de Empleo Estatal, para la cobertura de la contingencia de jubilación, el 0,40. e) En los convenios especiales regulados por el Real Decreto 2805/1979, de 7 de diciembre, sobre inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de los españoles no residentes en territorio nacional que ostenten la condición de funcionarios o empleados de organizaciones internacionales intergubernamentales, cuando se hubieren suscrito antes de 1 de enero de 2000, se aplicará el 0,77. A los suscritos con posterioridad a dicha fecha les será de aplicación el 0,94. f) En los supuestos de convenio especial suscrito por quienes pasen a prestar servicios en la Administración de la Unión Europea, para la cobertura de las prestaciones por incapacidad permanente, el 0,25. g) En los convenios especiales suscritos al amparo del Real Decreto 996/1986, de 25 de abril, por el que se regula la suscripción de convenio especial de emigrantes e hijos de emigrantes, se aplicará el 0,77. h) En los convenios especiales suscritos al amparo del Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las personas en situación de dependencia, se aplicará el 0,77. Igualmente, se efectuará una cotización por formación profesional en una cuantía equivalente al 0,20 por ciento de la base de cotización a que se refiere el artículo 4.1 del citado real decreto. i) En los convenios especiales suscritos al amparo de lo dispuesto en la disposición adicional primera del Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participen en programas de formación, en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, se aplicará el 0,77. j) En los convenios especiales suscritos al amparo del Real Decreto 156/2013, de 1 de marzo, por el que se regula la suscripción de convenio especial por las personas con discapacidad que tengan especiales dificultades de inserción laboral, se aplicará el 0,89. 2. Para determinar la cotización en los supuestos señalados en el apartado anterior, se calculará la cuota íntegra aplicando a la base de cotización que corresponda el tipo único de cotización vigente en el Régimen General, y el resultado obtenido se multiplicará por el coeficiente que en cada caso corresponda, constituyendo el producto que resulte la cuota a ingresar. Sección 7.ª Coeficiente aplicable para determinar la cotización en supuestos de subsidio por desempleo de nivel asistencial Artículo 23. Determinación del coeficiente. Para determinar la cotización que corresponde efectuar por los trabajadores beneficiarios del subsidio de desempleo a que se refiere el artículo 280 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, incluidos los trabajadores por cuenta ajena de carácter fijo del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, establecido en el Régimen General de la Seguridad Social, se aplicará el coeficiente reductor 0,20, a deducir de la cuota íntegra resultante. Sección 8.ª Financiación de las funciones y actividades atribuidas a las mutuas colaboradoras con la seguridad social en relación con la cobertura de la prestación económica de incapacidad temporal Artículo 24. Determinación de la fracción de cuota. 1. La financiación de las funciones y actividades atribuidas a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social para la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes a favor de los trabajadores de las empresas asociadas que hayan optado por formalizar la cobertura con ellas se efectuará durante el año 2017 mediante la fracción de cuota a que se refiere el artículo 71.2 del Reglamento sobre colaboración de dichas entidades, aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, aplicando el coeficiente del 0,051 sobre la cuota íntegra correspondiente a la aportación empresarial y de los trabajadores por contingencias comunes. Dicho porcentaje será del 0,055 para aquellas mutuas que acrediten la insuficiencia financiera del coeficiente general en base a circunstancias estructurales, todo ello en los términos que, con la suficiente antelación, se determinen por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, mediante resolución dictada al efecto y publicada en el «Boletín Oficial del Estado». No obstante lo indicado en el párrafo anterior, en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, establecido en el Régimen General de la Seguridad Social, la determinación de la fracción de cuota a que se refiere el artículo 71.2 del Reglamento sobre colaboración citado se efectuará aplicando el coeficiente del 0,030 sobre la cuota íntegra correspondiente a la aportación empresarial y de los trabajadores por contingencias comunes; coeficiente que será del 0,033 para aquellas mutuas que acrediten la insuficiencia financiera de dicho coeficiente en base a circunstancias estructurales, con los mismos requisitos que los exigidos en el párrafo anterior para la aplicación del coeficiente específico para los supuestos de insuficiencia financiera en base a circunstancias estructurales. 2. La fracción de cuota prevista en el artículo 76.2 del Reglamento citado en el apartado anterior, que deben percibir las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social para la financiación de la cobertura de la prestación económica por incapacidad temporal de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y de los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, se fija para el ejercicio del año 2017 en el resultado de aplicar el tipo del 2,70 o del 3,20 por ciento a la correspondiente base de cotización, según se disponga o no de protección por contingencias profesionales o por cese de actividad. Sección 9.ª Coeficientes aplicables para determinar las aportaciones a cargo de las mutuas colaboradoras con la seguridad social y empresas colaboradoras para el sostenimiento de los servicios comunes, y porcentaje para la determinación de la dotación de la reserva por cese de actividad Artículo 25. Coeficientes y porcentaje aplicables. 1. Las aportaciones de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social para el sostenimiento de los servicios comunes de la Seguridad Social a que se refiere el artículo 75 del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, se determinarán aplicando el coeficiente del 16,00 por ciento. La Tesorería General de la Seguridad Social aplicará el coeficiente señalado en el párrafo anterior sobre las cuotas ingresadas que correspondan a cada una de las mutuas afectadas, una vez descontada la parte relativa al reaseguro obligatorio. 2. Se fija en el 31,00 por ciento el coeficiente para determinar la cantidad que deben ingresar las empresas autorizadas a colaborar en la gestión de la asistencia sanitaria e incapacidad temporal derivadas de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en concepto de aportación para el sostenimiento de los servicios comunes de la Seguridad Social y de contribución a los demás gastos generales y a las exigencias de solidaridad nacional. El citado coeficiente se aplicará a las cuotas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales recaudadas por incapacidad permanente y muerte y supervivencia. 3. Para la dotación de la reserva complementaria de estabilización por cese de actividad contemplada en el artículo 95.2.c) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social deberán ingresar en el año 2017 en la Tesorería General de la Seguridad Social una cuantía correspondiente con la diferencia entre la totalidad del resultado neto positivo del ejercicio anterior y el importe destinado a la reserva de estabilización ese mismo ejercicio. Sección 10.ª Cotización a la seguridad social en supuestos especiales Artículo 26. Incremento en la cuota empresarial por contingencias comunes en los contratos temporales de corta duración. En los contratos de carácter temporal cuya duración efectiva sea inferior a siete días la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes se incrementará en un 36,00 por ciento. Dicho incremento no será de aplicación a los contratos de interinidad. Tampoco se aplicará en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, establecido en el Régimen General de la Seguridad Social. Artículo 27. Cotización en los supuestos de abono de salarios con carácter retroactivo. 1. Cuando hayan de abonarse salarios con carácter retroactivo, el ingreso de las liquidaciones que deban de efectuarse a la Seguridad Social, desempleo, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional como consecuencia de ellos se realizará en los plazos señalados en el artículo 56.1.c) del Reglamento general de recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio. En dichos supuestos, el ingreso se efectuará mediante la correspondiente liquidación complementaria, a cuyo fin se tomarán las bases, topes, tipos y condiciones vigentes en los meses a que los citados salarios correspondan. 2. De igual forma se liquidarán aquellas gratificaciones que no puedan ser objeto de cuantificación anticipada total o parcialmente, a efectos del prorrateo establecido en el artículo 1, a cuyo fin las empresas deberán formalizar una liquidación complementaria por las diferencias de cotización relativas a los meses del año ya transcurridos, e incrementar, en la parte que corresponda, las cotizaciones pendientes de ingresar durante el ejercicio económico del año 2017. 3. Las liquidaciones complementarias a que se refieren los apartados anteriores se confeccionarán con detalle separado de cada uno de los meses transcurridos. Artículo 28. Cotización por percepciones correspondientes a vacaciones devengadas y no disfrutadas. Las percepciones correspondientes a vacaciones anuales devengadas y no disfrutadas y que sean retribuidas a la finalización de la relación laboral serán objeto de liquidación y cotización complementaria a la del mes de la extinción del contrato. La liquidación y cotización complementaria comprenderá los días de duración de las vacaciones, aun cuando alcancen también el siguiente mes natural o se inicie una nueva relación laboral durante los mismos, sin prorrateo alguno y con aplicación, en su caso, del tope máximo de cotización correspondiente al mes o meses que resulten afectados. No obstante lo establecido en el párrafo anterior, en los supuestos en que, mediante ley o en ejecución de la misma, se establezca que la remuneración a percibir por el trabajador deba incluir la parte proporcional correspondiente a las vacaciones devengadas, se aplicarán las normas generales de cotización. Artículo 29. Cotización por los salarios de tramitación. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 268.6 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el empresario es el sujeto responsable del cumplimiento de la obligación de cotizar por los salarios de tramitación en los supuestos a que se refiere el artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, sin perjuicio de su derecho a reclamar del Estado el importe de las cuotas correspondientes a dichos salarios en los términos previstos en el artículo 56.5 de esta última ley y en el Real Decreto 418/2014, de 6 de junio, por el que se modifica el procedimiento de tramitación de las reclamaciones al Estado por salarios de tramitación en juicios por despido y demás disposiciones complementarias. El ingreso de las cuotas correspondientes se efectuará en el plazo previsto en el artículo 56.1.c).4.º del Reglamento general de recaudación de la Seguridad Social. Artículo 30. Tipo de cotización en supuestos especiales. 1. El tipo de cotización por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes en los supuestos a que se refiere el artículo 152 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social será el 1,50 por ciento, del que el 1,25 por ciento será a cargo de la empresa y el 0,25 por ciento a cargo del trabajador. 2. El tipo de cotización por incapacidad temporal en los supuestos a que se refiere el artículo 311 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social será el 3,30 o 2,80 por ciento, según proceda, para los trabajadores por cuenta propia o autónomos y trabajadores por cuenta propia agrarios incluidos en el sistema especial a que se refiere el artículo 16 de esta orden, y el 2,80 por ciento para los trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial de los Trabajadores del Mar. 3. En relación con los bomberos a que se refiere el Real Decreto 383/2008, de 14 de marzo, por el que se establece el coeficiente reductor de la edad de jubilación en favor de los bomberos al servicio de las administraciones y organismos públicos, procederá aplicar un tipo de cotización adicional del 9,20 por ciento, del que el 7,67 por ciento será a cargo de la empresa y el 1,53 por ciento a cargo del trabajador. 4. En relación con los miembros del Cuerpo de la Ertzaintza a que se refiere la disposición adicional vigésima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, procederá aplicar un tipo de cotización adicional del 8,00 por ciento, del que el 6,67 por ciento será a cargo de la empresa y el 1,33 por ciento a cargo del trabajador. Artículo 31. Reducción de cotizaciones por contingencias profesionales. Valores límite y volumen de cotización aplicables al ejercicio 2016. De conformidad con lo previsto en el artículo 4.4 del Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral, en el anexo de esta orden se fijan para el ejercicio 2016 los valores límite de los índices de siniestralidad general y de siniestralidad extrema a tener en cuenta para el cálculo del incentivo aplicable. Para el ejercicio 2016, el volumen de cotización por contingencias profesionales a superar durante el período de observación a que se refiere el mencionado artículo 4.4 del Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, será de 5.000 euros, conforme a lo previsto en el artículo 2.1.b) del citado real decreto. CAPÍTULO II Cotización por desempleo, Fondo de Garantía Salarial, formación profesional y por cese de actividad de los trabajadores autónomos Artículo 32. Bases y tipos de cotización por desempleo, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional. 1. La base de cotización por desempleo, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional en todos los regímenes de la Seguridad Social que tengan cubiertas tales contingencias, a excepción de los trabajadores incluidos en los grupos segundo y tercero del Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, cuya base de cotización será determinada mediante orden del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, será la correspondiente a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En los supuestos de contratos para la formación y el aprendizaje, se estará a lo previsto en el artículo 44. Con independencia de su inclusión en la base de cotización por desempleo, en el cálculo de la base reguladora de la prestación se excluirá la retribución por horas extraordinarias, según dispone el artículo 270.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 2. Los tipos de cotización por desempleo, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional serán, a partir de 1 de enero de 2017, los siguientes: a) Desempleo: 1.º Contratación indefinida, incluidos los contratos indefinidos a tiempo parcial y fijos discontinuos, así como la contratación de duración determinada en las modalidades de contratos formativos en prácticas y para la formación y el aprendizaje, de relevo, interinidad y contratos, cualquiera que sea la modalidad utilizada, realizados con trabajadores que tengan reconocido un grado de discapacidad no inferior al 33 por ciento: 7,05 por ciento, del que el 5,50 por ciento será a cargo de la empresa y el 1,55 por ciento a cargo del trabajador. 2.º Contratación de duración determinada: Contratación de duración determinada a tiempo completo: 8,30 por ciento, del que el 6,70 por ciento será a cargo del empresario y el 1,60 por ciento a cargo del trabajador. Contratación de duración determinada a tiempo parcial: 8,30 por ciento, del que el 6,70 por ciento será a cargo del empresario y el 1,60 por ciento a cargo del trabajador. 3.º Transformación de la contratación de duración determinada en contratación de duración indefinida: Cuando el contrato de duración determinada, a tiempo completo o parcial, se transforme en un contrato de duración indefinida, se aplicará el tipo de cotización previsto en el apartado 2.a).1.º desde el día de la fecha de la transformación. 4.º Socios trabajadores y de trabajo de las cooperativas: Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado, los socios trabajadores de las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra, así como los socios de trabajo de las cooperativas, incluidos en regímenes de Seguridad Social que tienen prevista la cotización por desempleo, cotizarán al tipo previsto en el apartado 2.a).1.º, si el vínculo societario con la cooperativa es indefinido, y al tipo previsto en el apartado 2.a).2.º, si el vínculo societario con la cooperativa es de duración determinada. 5.º Colectivos con una relación de servicios de carácter temporal con las administraciones, los servicios de salud o las fuerzas armadas: Los funcionarios de empleo de las administraciones públicas, el personal con nombramiento estatutario temporal de los servicios de salud, los militares de complemento y los militares de tropa y marinería de las fuerzas armadas que mantienen una relación de servicios de carácter temporal cotizarán según lo previsto en el apartado 2.a).1.º, si esos servicios son de interinidad o sustitución, y según lo previsto en el apartado 2.a).2.º, si esos servicios son de carácter eventual. 6.º Reconocimiento de discapacidad durante la vigencia del contrato de duración determinada: El tipo de cotización previsto en el apartado 2.a).2.º se modificará por el establecido en el apartado 2.a).1.º a partir de la fecha en que se reconozca al trabajador un grado de discapacidad no inferior al 33 por ciento. 7.º Representantes de comercio que presten servicios para varias empresas: A los representantes de comercio que presten servicios como tales para varias empresas les será de aplicación el tipo de cotización por desempleo que corresponda a cada contratación. 8.º Internos que trabajen en talleres penitenciarios y menores: A los penados y menores que realicen actividades laborales en talleres penitenciarios y centros de internamiento les será de aplicación el tipo previsto en el apartado 2.a).1.º 9.º Cargos públicos y sindicales: Los cargos públicos y sindicales incluidos en el artículo 264.1.e) y f) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, cotizarán al tipo previsto en el apartado 2.a).2.º 10.º Reservistas: Los reservistas voluntarios, salvo cuando sean funcionarios de carrera, y los reservistas de especial disponibilidad, cuando sean activados para prestar servicios en unidades, centros y organismos del Ministerio de Defensa, cotizarán al tipo previsto en el apartado 2.a).2.º b) Fondo de Garantía Salarial: El 0,20 por ciento, a cargo de la empresa. c) Formación profesional: El 0,70 por ciento, del que el 0,60 por ciento será a cargo de la empresa y el 0,10 por ciento a cargo del trabajador. Artículo 33. Bases y tipos de cotización por desempleo, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, establecido en el Régimen General de la Seguridad Social. La cotización por la contingencia de desempleo, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional de los trabajadores por cuenta ajena incluidos en este sistema especial se obtendrá aplicando a las bases de cotización establecidas en los apartados 1.a) y 1.b) del artículo 13, según la modalidad de cotización por contingencias profesionales que corresponda al trabajador, los siguientes tipos: 1. Desempleo: a) Para los trabajadores por cuenta ajena de carácter fijo, el 7,05 por ciento, del que el 5,50 por ciento será a cargo de la empresa y el 1,55 por ciento a cargo del trabajador. b) Para los trabajadores por cuenta ajena de carácter eventual, el 8,30 por ciento, del que el 6,70 por ciento será a cargo de la empresa y el 1,60 por ciento a cargo del trabajador. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando se trate de contratos de duración determinada o celebrados con trabajadores discapacitados a los que se refiere el artículo 32.2.a).1.º, el tipo aplicable será el 7,05 por ciento, del que el 5,50 por ciento será a cargo de la empresa y el 1,55 por ciento a cargo del trabajador. No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores de este apartado, durante el año 2017 se aplicará para todos los trabajadores en situación de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural así como maternidad y paternidad causadas durante la situación de actividad, cualquiera que sea el grupo en el que puedan encuadrarse, una reducción en la cuota a la cotización por desempleo equivalente a 2,75 puntos porcentuales de la base de cotización. 2. Fondo de Garantía Salarial: El 0,10 por ciento, que será a cargo exclusivo de la empresa. 3. Formación profesional: El 0,18 por ciento, del que el 0,15 por ciento será a cargo de la empresa y el 0,03 por ciento a cargo del trabajador. Artículo 34. Normas aplicables para la cotización por desempleo en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar. En el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar la base de cotización por desempleo será la determinada conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de esta orden. A la base de cotización por desempleo de los grupos segundo y tercero le serán de aplicación los coeficientes correctores a los que se refiere el artículo 11 de la Ley 47/2015, de 21 de octubre. Artículo 35. Bases y tipo de cotización para la protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos. 1. La base de cotización correspondiente a la protección por cese de actividad de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y de los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, establecido en el citado régimen especial, será aquella por la que hayan optado los trabajadores incluidos en tales régimen y sistema especiales. En el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, la base de cotización por cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia incluidos en el grupo primero será igualmente aquella por la que hayan optado. Para los trabajadores por cuenta propia incluidos en el grupo segundo y tercero, la base de cotización vendrá determinada mediante Orden del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, siéndoles de aplicación los coeficientes correctores a los que se refiere el artículo 11 de la Ley 47/2015, de 21 de octubre. 2. Tanto en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, como en el Sistema Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, establecido en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, así como en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, la base de cotización durante la percepción de las prestaciones por cese de actividad será la correspondiente a la base reguladora de la misma en los términos establecidos en el artículo 339.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, sin que, en ningún caso, pueda ser inferior al importe de la base mínima o base única vigente en el correspondiente régimen y de acuerdo con las circunstancias específicas concurrentes en el beneficiario. Aquellos colectivos que, conforme a la normativa reguladora de la cotización a la Seguridad Social, durante la actividad coticen por una base inferior a la base mínima ordinaria de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cotizarán por una base de cotización reducida durante la percepción de la prestación por cese de actividad. 3. Durante el año 2017, el tipo de cotización para la protección por cese de actividad será del 2,20 por ciento a cargo del trabajador. CAPÍTULO III Cotización en los supuestos de contratos a tiempo parcial Artículo 36. Bases de cotización. 1. La cotización a la Seguridad Social, desempleo, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional derivada de los contratos de trabajo a tiempo parcial se efectuará en razón de la remuneración efectivamente percibida en función de las horas trabajadas en el mes que se considere. 2. Para determinar la base de cotización mensual correspondiente a las contingencias comunes se aplicarán las siguientes normas: Primera.–Se computará la remuneración devengada por las horas ordinarias y complementarias en el mes a que se refiere la cotización, cualquiera que sea su forma o denominación, con independencia de que haya sido satisfecha diaria, semanal o mensualmente. Segunda.–A dicha remuneración se adicionará la parte proporcional que corresponda en concepto de descanso semanal y festivos, pagas extraordinarias y aquellos otros conceptos retributivos que tengan una periodicidad en su devengo superior a la mensual o que no tengan carácter periódico y se satisfagan dentro del año 2017. Tercera.–Si la base de cotización mensual, calculada conforme a las normas anteriores, fuese inferior a las bases mínimas que resulten de lo dispuesto en el artículo 37 o superior a las máximas establecidas con carácter general para los distintos grupos de categorías profesionales, se tomarán éstas o aquéllas, respectivamente, como bases de cotización. 3. Para determinar la base de cotización por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como por desempleo, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional, se computará, asimismo, la remuneración correspondiente a las horas extraordinarias motivadas por fuerza mayor realizadas, teniéndose en cuenta las normas primera y segunda del apartado anterior. En ningún caso, la base así obtenida podrá ser superior, a partir de 1 de enero de 2017, al tope máximo señalado en el artículo 2.1 ni inferior a 4,97 euros por cada hora trabajada. Con independencia de su inclusión en la base de cotización por desempleo, en el cálculo de la base reguladora de la prestación se excluirá la retribución por estas horas extraordinarias. 4. La remuneración que obtengan los trabajadores a tiempo parcial por el concepto de horas extraordinarias motivadas por fuerza mayor a las que se refiere el artículo 35.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, queda sujeta a la cotización adicional regulada en el artículo 5 de esta orden. Artículo 37. Bases mínimas de cotización por contingencias comunes. 1. A partir de 1 de enero de 2017, las bases mínimas por horas aplicables a los contratos de trabajo a tiempo parcial serán las siguientes: Grupo de cotización Categorías profesionales Base mínima por hora – Euros 1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores. 6,95 2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados. 5,76 3 Jefes Administrativos y de Taller 5,01 4 Ayudantes no Titulados 4,97 5 Oficiales Administrativos 4,97 6 Subalternos 4,97 7 Auxiliares Administrativos 4,97 8 Oficiales de primera y segunda 4,97 9 Oficiales de tercera y Especialistas 4,97 10 Trabajadores mayores de dieciocho años no cualificados 4,97 11 Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional 4,97 2. La base mínima mensual de cotización será el resultado de multiplicar el número de horas realmente trabajadas por la base mínima por hora que se establece en el apartado anterior. Artículo 38. Cotización en los supuestos de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural y maternidad o paternidad. Durante las situaciones de incapacidad temporal, maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural, la base diaria de cotización será la base reguladora diaria de la correspondiente prestación. En las situaciones de incapacidad temporal y de maternidad en las que no se haya causado derecho al respectivo subsidio, la base diaria de cotización se calculará, asimismo, en función de la base reguladora diaria de la prestación que hubiera correspondido de haberse causado derecho a la misma. Esta base de cotización se aplicará durante todos los días naturales en que el trabajador permanezca en alguna de las situaciones antes indicadas. Artículo 39. Cotización en la situación de pluriempleo. Cuando el trabajador preste sus servicios en dos o más empresas en régimen de contratación a tiempo parcial, cada una de ellas cotizará en razón de la remuneración que le abone. Si la suma de las retribuciones percibidas sobrepasase el tope máximo de cotización a la Seguridad Social, éste se distribuirá en proporción a las abonadas al trabajador en cada una de las empresas. Artículo 40. Cotización en los supuestos de trabajo concentrado en períodos inferiores a los de alta. 1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 65.3 del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, en aquellos supuestos en los que los trabajadores hayan acordado con su empresa que la totalidad de las horas de trabajo que anualmente deben realizar se presten en determinados períodos de cada año, percibiendo todas las remuneraciones anuales o las correspondientes al período inferior de que se trate, en esos períodos de trabajo concentrado, existiendo períodos de inactividad superiores al mensual, la cotización a la Seguridad Social se efectuará de acuerdo con las siguientes reglas: Primera.–La base de cotización se determinará al celebrarse el contrato de trabajo y al inicio de cada año en que el trabajador se encuentre en dicha situación, computando el importe total de las remuneraciones que tenga derecho a percibir el trabajador a tiempo parcial en ese año, con exclusión en todo caso de los importes correspondientes a los conceptos no computables en la base de cotización a la Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 del Reglamento general citado y demás disposiciones complementarias. Segunda.–El importe obtenido se prorrateará entre los doce meses del año o del período inferior de que se trate, determinándose de este modo la cuantía de la base de cotización correspondiente a cada uno de ellos y con independencia de que las remuneraciones se perciban íntegramente en los períodos de trabajo concentrado o de forma prorrateada a lo largo del año o período inferior respectivo. Tercera.–La base mensual de cotización, calculada conforme a las reglas anteriores, no podrá ser inferior al importe de las bases mínimas que resulten de lo dispuesto en el artículo 37. Cuarta.–Si al final del ejercicio o período inferior de que se trate, el trabajador con contrato a tiempo parcial, subsistiendo su relación laboral, hubiese percibido remuneraciones por importe distinto al inicialmente considerado en ese año o período para determinar la base mensual de cotización durante el mismo, conforme a las reglas anteriores, se procederá a realizar la correspondiente regularización. A tal efecto, el empresario deberá o bien practicar la correspondiente liquidación complementaria de cuotas por las diferencias en más y efectuar el pago dentro del mes de enero del año siguiente o del mes siguiente a aquel en que se extinga la relación laboral, o bien solicitar, en su caso, la devolución de las cuotas que resulten indebidamente ingresadas. Quinta.–Asimismo, la Administración de la Seguridad Social podrá efectuar de oficio las liquidaciones de cuotas y acordar las devoluciones solicitadas que sean procedentes, en especial, en los supuestos de extinción de la relación laboral de estos trabajadores con contrato a tiempo parcial por jubilación ordinaria o anticipada, por reconocimiento de la pensión por incapacidad permanente, por fallecimiento o por cualquier otra causa, con la consiguiente baja en el régimen correspondiente de la Seguridad Social y cese en la obligación de cotizar. 2. Lo previsto en el apartado anterior no será de aplicación a los trabajadores fijos-discontinuos a que se refiere el artículo 16 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional tercera.3 del Real Decreto 1131/2002, de 31 de octubre, por el que se regula la Seguridad Social de los trabajadores contratados a tiempo parcial, así como la jubilación parcial. Artículo 41. Base mínima de cotización respecto de los socios de cooperativas de trabajo asociado, en los supuestos de contrato a tiempo parcial. La base de cotización por contingencias comunes y profesionales de los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado que hubieran optado en sus estatutos por asimilar a los socios trabajadores a trabajadores por cuenta ajena, incluidos en razón de la actividad de la cooperativa en el Régimen General, en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar o en el Régimen Especial para la Minería del Carbón, en los supuestos de prestación de servicios a tiempo parcial, no podrá ser inferior a las cuantías que para los diferentes grupos de cotización se indican a continuación: Grupo de cotización Base mínima mensual – Euros 1 518,80 2 382,40 3 332,60 4 a 11 330,20 Artículo 42. Cotización en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, establecido en el Régimen General de la Seguridad Social. Con independencia del número de horas de trabajo realizadas en cada jornada, la base de cotización de los trabajadores del sistema especial no podrá tener una cuantía inferior a 35,90 euros/día. Artículo 43. Cotización en los supuestos de guarda legal o cuidado directo de un familiar. En el caso de trabajadores y empleados públicos que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 37 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el artículo 30 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública, y en los artículos 48 y 49 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, realicen una jornada reducida con disminución proporcional de sus retribuciones, la cotización se efectuará en función de las retribuciones que perciban sin que, en ningún caso, la base de cotización pueda ser inferior a la cantidad resultante de multiplicar las horas realmente trabajadas en el mes a que se refiere la cotización por las bases mínimas por hora señaladas en el artículo 37.1 de esta orden. CAPÍTULO IV Cotización en los contratos para la formación y el aprendizaje Artículo 44. Determinación de las cuotas. 1. Durante el año 2017, la cotización a la Seguridad Social y demás contingencias protegidas por los trabajadores que hubieran celebrado un contrato para la formación y el aprendizaje se efectuará de acuerdo con lo siguiente: a) La cotización a la Seguridad Social consistirá en una cuota única mensual de 40,13 euros por contingencias comunes, de los que 33,46 euros serán a cargo del empresario y 6,67 euros a cargo del trabajador, y de 4,60 euros por contingencias profesionales, a cargo del empresario. b) La cotización al Fondo de Garantía Salarial consistirá en una cuota mensual de 2,54 euros, a cargo del empresario. c) A efectos de cotización por formación profesional, se abonará una cuota mensual de 1,39 euros, de los que 1,23 euros corresponderán al empresario y 0,16 euros al trabajador. d) Cuando proceda cotizar por desempleo, la base de cotización será la base mínima correspondiente a las contingencias por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, a la que será de aplicación el tipo y la distribución del mismo a que se refiere el artículo 32.2.a).1.º e) Durante la percepción de la prestación por desempleo, la cotización a la Seguridad Social se efectuará conforme a lo previsto en el artículo 8.6. f) Las retribuciones que perciban los trabajadores en concepto de horas extraordinarias estarán sujetas a la cotización adicional regulada en el artículo 5. 2. Lo previsto en el párrafo a) del apartado 1 será asimismo de aplicación para la cotización del personal investigador en formación de beca incluido en el Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto del personal investigador en formación. Este sistema de cotización no afectará a la determinación de las cuantías de las prestaciones económicas a que se tenga derecho, respecto de la cual se seguirá aplicando el importe de la base mínima correspondiente al grupo primero de cotización del Régimen General. 3. Igualmente será de aplicación lo dispuesto en el párrafo a) del apartado 1 para la cotización de las personas asimiladas a trabajadores por cuenta ajena a que se refiere el Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participen en programas de formación, en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, y para efectuar la cotización de las personas que realicen prácticas no laborales al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 1543/2011, de 31 de octubre, por el que se regulan las prácticas no laborales en empresas. Disposición adicional primera. Cotización por contingencias profesionales en los supuestos de suspensión de la relación laboral. La cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales por aquellos trabajadores que tengan suspendida la relación laboral por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor, a que se refiere el artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, que se encuentren en situación de desempleo total, se efectuará aplicando los tipos establecidos para la respectiva actividad económica, de conformidad con la tarifa de primas establecida en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre. Disposición adicional segunda. Cotización por contingencias profesionales de los trabajadores desempleados que realicen trabajos de colaboración social. 1. De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional quinta del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, las administraciones públicas que, conforme a lo establecido en el artículo 38 del Real Decreto 1445/1982, de 25 de junio, por el que se regulan diversas medidas de fomento del empleo, utilicen trabajadores desempleados para la realización de trabajos de colaboración social, vendrán obligadas a formalizar la cobertura de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales por dichos trabajadores y a ingresar las cuotas correspondientes a las citadas contingencias. 2. La base de cotización por las contingencias señaladas en el apartado anterior se calculará conforme al promedio de las bases de cotización por dichas contingencias en los últimos seis meses de ocupación efectiva, sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de lo previsto en los apartados 3 y 4 del artículo 8. En los supuestos de trabajadores perceptores del subsidio de desempleo, la base de cotización será equivalente al tope mínimo de cotización a que se refiere el artículo 2. Disposición adicional tercera. Cotización durante la percepción de las prestaciones por desempleo por parte de las víctimas de violencia de género. Durante el período de percepción de las prestaciones por desempleo por parte de las víctimas de violencia de género que tengan suspendida la relación laboral, la entidad gestora de las prestaciones ingresará la cotización a la Seguridad Social conforme a lo establecido para los supuestos de extinción de la relación laboral. Disposición adicional cuarta. Cotización de los empleados públicos encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social. Durante el año 2017, la base de cotización por todas las contingencias de los empleados públicos encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social a quienes hubiera sido de aplicación lo establecido en la disposición adicional séptima del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, en tanto permanezca su relación laboral o de servicio, será coincidente con la habida en el mes de diciembre de 2010, salvo que por razón de las retribuciones que perciban pudiera corresponder una de mayor cuantía, en cuyo caso será ésta por la que se efectuará la cotización mensual. A efectos de lo indicado en el párrafo anterior, de la base de cotización correspondiente al mes de diciembre de 2010 se deducirán, en su caso, los importes de los conceptos retributivos que tengan una periodicidad en su devengo superior a la mensual o que no tengan carácter periódico y que hubieren integrado dicha base sin haber sido objeto de prorrateo. Disposición transitoria primera. Opción de bases de cotización, en determinados supuestos, en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. Los trabajadores comprendidos en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y los trabajadores por cuenta propia incluidos en el grupo primero de cotización del Régimen Especial de Trabajadores del Mar que, en la fecha de surtir efectos las bases de cotización previstas en el artículo 15, hubieran optado por las bases máximas permitidas hasta ese momento podrán elegir, hasta el último día del mes siguiente al de la publicación de esta orden en el «Boletín Oficial del Estado», cualquier base de cotización de las comprendidas entre aquella por la que vinieran cotizando y el límite máximo que les sea de aplicación. La nueva base elegida surtirá efectos a partir de 1 de enero de 2017. Disposición transitoria segunda. Ingreso de diferencias de cotización. 1. Las diferencias de cotización que se hubieran podido producir por la aplicación de lo dispuesto en esta orden respecto de las cotizaciones que, a partir de 1 de enero de 2017, se hubieran efectuado podrán ser ingresadas sin recargo en el plazo que finalizará el último día del segundo mes siguiente al de la publicación de esta orden en el «Boletín Oficial del Estado». 2. Asimismo, las diferencias de cotización que se produzcan como consecuencia de lo que se establece en la disposición transitoria primera, cuando los trabajadores a los que se refiere opten por una base de cotización superior a aquella por la que vinieren cotizando, se podrán ingresar sin recargo hasta el último día del mes siguiente a aquel en que finalice el plazo de opción que se fija en la disposición señalada. Disposición transitoria tercera. Determinación provisional de las bases de cotización aplicables en el Régimen Especial para la Minería del Carbón. La cotización por los trabajadores incluidos en el Régimen Especial para la Minería del Carbón, respecto de contingencias comunes, se efectuará sobre las bases establecidas para 2016, hasta tanto se aprueben las bases de cotización que han de regir en el presente ejercicio, sin perjuicio de las regularizaciones a que, con posterioridad, hubiere lugar. Disposición final primera. Aplicación de la norma. La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social resolverá cuantas cuestiones de índole general puedan plantearse en la aplicación de esta orden. Disposición final segunda. Entrada en vigor. La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», con efectos desde el día 1 de enero de 2017. Madrid, 9 de febrero, de 2017.–La Ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez García. ANEXO Valores límite de los índices de siniestralidad general y de siniestralidad extrema para el ejercicio 2016 Códigos CNAE-2009 y título de la actividad económica Índices Ii IIi IIIi 01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas. Excepto: 6,43 0,58 0,36 0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos 6,43 0,58 0,36 0119 Otros cultivos no perennes 6,43 0,58 0,36 0129 Otros cultivos perennes 13,71 1,24 0,77 0130 Propagación de plantas 6,43 0,58 0,36 014 Producción ganadera (excepto el 0147) 8,50 0,77 0,48 0147 Avicultura 6,43 0,58 0,36 015 Producción agrícola combinada con la producción ganadera 8,50 0,77 0,48 016 Actividades de apoyo a la agricultura, a la ganadería y de preparación posterior a la cosecha (excepto 0164) 8,50 0,77 0,48 0164 Tratamiento de semillas para reproducción 6,43 0,58 0,36 017 Caza, captura de animales y servicios relacionados con las mismas 8,50 0,77 0,48 02 Silvicultura y explotación forestal 13,71 1,24 0,77 03 Pesca y acuicultura (excepto 0322) 18,85 1,70 1,06 0322 Acuicultura en agua dulce 18,85 1,70 1,06 05 Extracción de antracita, hulla y lignito 20,79 1,88 1,17 06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural 18,85 1,70 1,06 07 Extracción de minerales metálicos 13,71 1,24 0,77 08 Otras industrias extractivas (excepto 0811) 13,71 1,24 0,77 0811 Extracción de piedra ornamental y para la construcción, piedra caliza, yeso, creta y pizarra 20,79 1,88 1,17 09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas 13,71 1,24 0,77 10 Industria de la alimentación (excepto 101,102,106, 107 y 108) 8,50 0,77 0,48 101 Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos 13,13 1,19 0,74 102 Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos 8,50 0,77 0,48 106 Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos 8,50 0,77 0,48 107 Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias 6,43 0,58 0,36 108 Fabricación de otros productos alimenticios 6,43 0,58 0,36 11 Fabricación de bebidas 8,50 0,77 0,48 12 Industria del tabaco 6,43 0,58 0,36 13 Industria textil (excepto 1391) 6,43 0,58 0,36 1391 Fabricación de tejidos de punto 6,43 0,58 0,36 14 Confección de prendas de vestir (excepto 1411, 1420 y 143) 4,28 0,39 0,24 1411 Confección de prendas de vestir de cuero 6,43 0,58 0,36 1420 Fabricación de artículos de peletería 6,43 0,58 0,36 143 Confección de prendas de vestir de punto 6,43 0,58 0,36 15 Industria del cuero y del calzado 6,43 0,58 0,36 16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería (excepto 1624 y 1629) 13,71 1,24 0,77 1624 Fabricación de envases y embalajes de madera 13,13 1,19 0,74 1629 Fabricación de otros productos de madera; artículos de corcho, cestería y espartería 13,13 1,19 0,74 17 Industria del papel (excepto 171) 6,43 0,58 0,36 171 Fabricación de pasta papelera, papel y cartón 8,50 0,77 0,48 18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 6,43 0,58 0,36 19 Coquerías y refino de petróleo 6,43 0,58 0,74 20 Industria química (excepto 204 y 206) 8,50 0,77 0,48 204 Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento; fabricación de perfumes y cosméticos 6,43 0,58 0,36 206 Fabricación de fibras artificiales y sintéticas 6,43 0,58 0,36 21 Fabricación de productos farmacéuticos 6,43 0,58 0,36 22 Fabricación de productos de caucho y plástico 8,50 0,77 0,48 23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos (excepto 231, 232, 2331, 234 y 237) 13,13 1,19 0,74 231 Fabricación de vidrio y productos de vidrio 8,50 0,77 0,48 232 Fabricación de productos cerámicos refractarios 8,50 0,77 0,48 2331 Fabricación de azulejos y baldosas de cerámica 8,50 0,77 0,48 234 Fabricación de otros productos cerámicos 8,50 0,77 0,48 237 Corte, tallado y acabado de la piedra 18,85 1,70 1,06 24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones 13,13 1,19 0,74 25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 13,13 1,19 0,74 26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 8,50 0,77 0,48 27 Fabricación de material y equipo eléctrico 8,50 0,77 0,48 28 Fabricación de maquinaria y equipo ncop. 13,13 1,19 0,74 29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 8,50 0,77 0,48 30 Fabricación de otro material de transporte (excepto 3091, 3092) 13,13 1,19 0,74 3091 Fabricación de motocicletas 8,50 0,77 0,48 3092 Fabricación de bicicletas y de vehículos para personas con discapacidad 8,50 0,77 0,48 31 Fabricación de muebles 13,13 1,19 0,74 32 Otra industria manufacturera (excepto 321, 322) 8,50 0,77 0,48 321 Fabricación de artículos de joyería y artículos similares 6,43 0,58 0,36 322 Fabricación de instrumentos musicales 6,43 0,58 0,36 33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo (excepto 3313, y 3314) 13,13 1,19 0,74 3313 Reparación de equipos electrónicos y ópticos 8,50 0,77 0,48 3314 Reparación de equipos eléctricos 8,50 0,77 0,48 35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 8,50 0,77 0,48 36 Captación, depuración y distribución de agua 8,50 0,77 0,48 37 Recogida y tratamiento de aguas residuales 8,50 0,77 0,48 38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización 8,50 0,77 0,48 39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos 8,50 0,77 0,48 41 Construcción de edificios (excepto 411) 18,85 1,70 1,06 411 Promoción inmobiliaria 6,43 0,58 0,36 42 Ingeniería civil 18,85 1,70 1,06 43 Actividades de construcción especializada 18,85 1,70 1,06 45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas (excepto 452 y 454) 6,43 0,58 0,36 452 Mantenimiento y reparación de vehículos de motor 13,13 1,19 0,74 454 Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus repuestos y accesorios 8,50 0,77 0,48 46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas. Excepto: 8,50 0,77 0,48 4623 Comercio al por mayor de animales vivos 8,50 0,77 0,48 4624 Comercio al por mayor de cueros y pieles 8,50 0,77 0,48 4632 Comercio al por mayor de carne y productos cárnicos 8,50 0,77 0,48 4638 Comercio al por mayor de pescados, mariscos y otros productos alimenticios 8,50 0,77 0,48 4672 Comercio al por mayor de metales y minerales metálicos 8,50 0,77 0,48 4673 Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios 8,50 0,77 0,48 4674 Comercio al por mayor de ferretería, fontanería y calefacción 8,50 0,77 0,48 4677 Comercio al por mayor de chatarra y productos de desecho 8,50 0,77 0,48 4690 Comercio al por mayor no especializado 8,50 0,77 0,48 47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas (excepto 473) 6,43 0,58 0,36 473 Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados 6,43 0,58 0,36 49 Transporte terrestre y por tubería (excepto 494) 8,50 0,77 0,48 494 Transporte de mercancías por carreteras y servicios de mudanza 8,50 0,77 0,48 50 Transporte marítimo y por vías navegables interiores 13,13 1,19 0,74 51 Transporte aéreo 8,50 0,77 0,48 52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte (excepto 5221) 8,50 0,77 0,48 5221 Actividades anexas al transporte terrestre 6,43 0,58 0,36 53 Actividades postales y de correos 6,43 0,58 0,36 55 Servicios de alojamiento 4,28 0,39 0,24 56 Servicios de comidas y bebidas 4,28 0,39 0,24 58 Edición 6,43 0,58 0,36 59 Actividades cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical 4,28 0,39 0,24 60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión 4,28 0,39 0,24 61 Telecomunicaciones 6,43 0,58 0,36 62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática 6,43 0,58 0,36 63 Servicios de información (excepto 6391) 6,43 0,58 0,36 6391 Actividades de las agencias de noticias 4,28 0,39 0,24 64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones 4,28 0,39 0,24 65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria 4,28 0,39 0,24 66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros 4,28 0,39 0,24 68 Actividades inmobiliarias 6,43 0,58 0,36 69 Actividades jurídicas y de contabilidad 4,28 0,39 0,24 70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial 4,28 0,39 0,36 71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos 6,43 0,58 0,36 72 Investigación y desarrollo 6,43 0,58 0,36 73 Publicidad y estudios de mercado 6,43 0,58 0,36 74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas (excepto 742) 6,43 0,58 0,36 742 Actividades de fotografía 4,28 0,39 0,24 75 Actividades veterinarias 6,43 0,58 0,36 77 Actividades de alquiler 6,43 0,58 0,36 78 Actividades relacionadas con el empleo (excepto 781) 6,43 0,58 0,36 781 Actividades de las agencias de colocación 6,43 0,58 0,36 79 Actividades de las agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos 6,43 0,58 0,36 80 Actividades de seguridad e investigación 8,50 0,77 0,48 81 Servicios a edificios y actividades de jardinería (excepto 811) 8,50 0,77 0,48 811 Servicios integrales a edificios e instalaciones 6,43 0,58 0,36 82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas (excepto 8220 y 8292) 6,43 0,58 0,36 8220 Actividades de los centros de llamadas 6,43 0,58 0,36 8292 Actividades de envasado y empaquetado 8,50 0,77 0,48 84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria (excepto 842) 6,43 0,58 0,36 842 Prestación de servicios a la comunidad en general 8,50 0,77 0,48 85 Educación 4,28 0,39 0,24 86 Actividades sanitarias (excepto 869) 6,43 0,58 0,36 869 Otras actividades sanitarias 6,43 0,58 0,36 87 Asistencia en establecimientos residenciales 6,43 0,58 0,36 88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento 6,43 0,58 0,36 90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos 4,28 0,39 0,24 91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales (excepto 9104) 4,28 0,39 0,24 9104 Actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales 8,50 0,77 0,48 92 Actividades de juegos de azar y apuestas 4,28 0,39 0,24 93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 8,50 0,77 0,48 94 Actividades asociativas 6,43 0,58 0,36 95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico (excepto 9524) 8,50 0,77 0,48 9524 Reparación de muebles y artículos de menaje 13,13 1,19 0,74 96 Otros servicios personales (excepto 9602, 9603 y 9609) 6,43 0,58 0,36 9602 Peluquería y otros tratamientos de belleza 4,28 0,39 0,24 9603 Pompas fúnebres y actividades relacionadas 8,50 0,77 0,48 9609 Otros servicios personales ncop. 6,43 0,58 0,36 97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico 4,28 0,39 0,24 99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales 6,43 0,58 0,36

Normas de cotización que entra en vigor mañana pero se aplica desde el pasado uno de enero

El artículo 9 del Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social, dispone una actualización del tope máximo y de las bases máximas de cotización en el sistema de la Seguridad Social para el ejercicio 2017, regulándose en la disposición adicional única de esa misma norma un incremento del salario mínimo interprofesional del 8 por ciento. Ambas medidas hacen necesaria la aprobación de esta orden que actualice el tope máximo de cotización en los diferentes regímenes del sistema de la Seguridad Social, así como aquellas bases mínimas que anualmente aumentan en la misma proporción en que lo haga el salario mínimo interprofesional. A las bases de cotización que no puedan ser actualizadas en virtud del Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, resultará de aplicación el contenido del artículo 115 de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, referido a bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, desempleo, cese de actividad de los trabajadores autónomos, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2016, debido a la prórroga automática de los Presupuestos del ejercicio 2016 hasta la aprobación de los correspondientes al año 2017, en aplicación de la previsión contenida en el artículo 134.4 de la Constitución Española. Así, mediante esta orden se desarrollan las previsiones legales en materia de cotizaciones sociales para el ejercicio 2017, adaptándose además las bases de cotización establecidas con carácter general a los supuestos de contratos a tiempo parcial. En materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales será de aplicación la tarifa de primas establecida en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, en la redacción dada por la disposición final octava de la Ley 48/2015, de 29 de octubre. A su vez, y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, en esta orden se fijan los coeficientes aplicables para determinar la cotización a la Seguridad Social en supuestos específicos, como son los de convenio especial, colaboración en la gestión de la Seguridad Social o exclusión de alguna contingencia. También se establecen los coeficientes para la determinación de las aportaciones a cargo de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social al sostenimiento de los servicios comunes de la Seguridad Social, aportaciones mediante las que se garantiza el mantenimiento del equilibrio financiero entre las entidades colaboradoras señaladas y la Administración de la Seguridad Social, así como los valores límite de los índices de siniestralidad general y de siniestralidad extrema, correspondientes al ejercicio 2016, y el volumen de cotización por contingencias profesionales a alcanzar durante el período de observación, para el cálculo del incentivo previsto en el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral. Cabe señalar que en esta orden se da cumplimiento a los principios de buena regulación a los que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Así, la norma es respetuosa con los principios de necesidad, eficacia y proporcionalidad en tanto que con ella se consigue el fin perseguido, el incremento con carácter general del tope máximo de cotización, así como el desarrollo de las normas de cotización para el ejercicio 2017, no tratándose de una norma restrictiva de derechos o que imponga obligaciones a los interesados. Asimismo, la iniciativa es coherente con el resto del ordenamiento jurídico tanto nacional como de la Unión Europea, sus objetivos se encuentran claramente definidos y no impone nuevas cargas administrativas, cumpliendo así los principios de seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. En su proceso de tramitación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, esta orden se ha sometido al trámite de audiencia e información pública a través de la consulta directa a los agentes sociales y de su publicación en el portal web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. La orden se dicta en uso de las atribuciones conferidas a la Ministra de Empleo y Seguridad Social en la disposición final segunda del Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social, y en la disposición final única del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social. En su virtud, de acuerdo con el Consejo de Estado, he dispuesto: CAPÍTULO I Cotización a la Seguridad Social Sección 1.ª Régimen general de la seguridad social Artículo 1. Determinación de la base de cotización. 1. Para determinar la base de cotización correspondiente a cada mes por las contingencias comunes en el Régimen General, se aplicarán las siguientes normas: Primera.–Se computará la remuneración devengada en el mes a que se refiere la cotización. Segunda.–A la remuneración computada conforme a la norma anterior se añadirá la parte proporcional de las gratificaciones extraordinarias establecidas y de aquellos otros conceptos retributivos que tengan una periodicidad en su devengo superior a la mensual o que no tengan carácter periódico y se satisfagan dentro del ejercicio económico del año 2017. A tal efecto, el importe anual ### RESUMEN: Normas de cotización que entra en vigor mañana pero se aplica desde el pasado uno de enero

No habiéndose cubierto en la votación celebrada el día 14 de febrero de 2012, la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, en cumplimiento de lo establecido en el artículo once de sus Estatutos, convoca de nuevo la provisión de la vacante de Académico de Número en la Medalla número treinta y siete, cuyo último titular fue el Excmo. Sr. don Andreu Mas-Colell. Las condiciones son las siguientes: Primera. Las propuestas de candidatos habrán de ser presentadas en la secretaría de la Academia, dentro de un plazo de un mes, a partir de la fecha de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Segunda. Cada propuesta deberá ir firmada por tres Académicos numerarios. Tercera. Acompañará a cada propuesta relación documentada de los méritos del candidato. Madrid, 2 de octubre de 2012.–El Académico Secretario de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Julio Iglesias de Ussel.

Sigue libre la vacante de academico número 37 de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

No habiéndose cubierto en la votación celebrada el día 14 de febrero de 2012, la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, en cumplimiento de lo establecido en el artículo once de sus Estatutos, convoca de nuevo la provisión de la vacante de Académico de Número en la Medalla número treinta y siete, cuyo último titular fue el Excmo. Sr. don Andreu Mas-Colell. Las condiciones son las siguientes: Primera. Las propuestas de candidatos habrán de ser presentadas en la secretaría de la Academia, dentro de un plazo de un mes, a partir de la fecha de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Segunda. Cada propuesta deberá ir firmada por tres Académicos numerarios. Tercera. Acompañará a cada propuesta relación documentada de los méritos del candidato. Madrid, 2 de octubre de 2012.–El Académico Secretario de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Julio Iglesias de Ussel. ### RESUMEN: Sigue libre la vacante de academico número 37 de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

En ejercicio de las competencias conferidas por el artículo 10.2.b) de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes en su sesión de 27 de abril de 2015, ha aprobado definitivamente la modificación del artículo 40, de los Estatutos de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física, autorizando su inscripción en el Registro de Asociaciones Deportivas. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 31.7 de la Ley del Deporte y artículo 12.3 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre federaciones deportivas españolas y Registro de Asociaciones Deportivas, dispongo la publicación de la modificación de los Estatutos de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física, contenida en el anexo a la presente Resolución. Madrid, 19 de junio de 2015.–El Presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal Carro. ANEXO Estatutos de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física Artículo 40. Mientras desempeñe su mandato el Presidente no podrá ejercer cargo alguno en otro órgano federativo salvo que estatutaria o reglamentariamente le corresponda, ni en entidad, asociación o club sujetos a la disciplina federativa o en Federación deportiva Española que no sea la F.E.D.D.F. El Presidente podrá tener licencia deportiva, si bien ésta será incompatible con el desarrollo de un deporte de equipo, no pudiendo en ningún caso ser convocado con la selección nacional correspondiente ni participar en los eventos oficiales de Campeonatos de España, ya sean en modalidad Absoluta o por Comunidades Autónomas. No obstante, se podrá acordar la compatibilidad respecto de la práctica de deportes individuales, mediante acuerdo de la Asamblea General de la F.E.D.D.F., de forma que se concrete la modalidad deportiva, tipo de competición, fecha y las limitaciones que la autorización pueda conllevar. La autorización deberá ser concretada anualmente a solicitud del interesado una vez aprobado el calendario deportivo federativo. Los miembros de la Junta Directiva no podrán desempeñar cargo alguno en otra Federación Deportiva Española.

La Fed. Española de Deportes para Discapacitados cambia sus estatutos para impedir que su presidente compitan y que los miembros de la Junta Directiva no podrán desempeñar cargo alguno en otra Federación Deportiva Española.

En ejercicio de las competencias conferidas por el artículo 10.2.b) de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes en su sesión de 27 de abril de 2015, ha aprobado definitivamente la modificación del artículo 40, de los Estatutos de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física, autorizando su inscripción en el Registro de Asociaciones Deportivas. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 31.7 de la Ley del Deporte y artículo 12.3 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre federaciones deportivas españolas y Registro de Asociaciones Deportivas, dispongo la publicación de la modificación de los Estatutos de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física, contenida en el anexo a la presente Resolución. Madrid, 19 de junio de 2015.–El Presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal Carro. ANEXO Estatutos de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física Artículo 40. Mientras desempeñe su mandato el Presidente no podrá ejercer cargo alguno en otro órgano federativo salvo que estatutaria o reglamentariamente le corresponda, ni en entidad, asociación o club sujetos a la disciplina federativa o en Federación deportiva Española que no sea la F.E.D.D.F. El Presidente podrá tener licencia deportiva, si bien ésta será incompatible con el desarrollo de un deporte de equipo, no pudiendo en ningún caso ser convocado con la selección nacional correspondiente ni participar en los eventos oficiales de Campeonatos de España, ya sean en modalidad Absoluta o por Comunidades Autónomas. No obstante, se podrá acordar la compatibilidad respecto de la práctica de deportes individuales, mediante acuerdo de la Asamblea General de la F.E.D.D.F., de forma que se concrete la modalidad deportiva, tipo de competición, fecha y las limitaciones que la autorización pueda conllevar. La autorización deberá ser concretada anualmente a solicitud del interesado una vez aprobado el calendario deportivo federativo. Los miembros de la Junta Directiva no podrán desempeñar cargo alguno en otra Federación Deportiva Española. ### RESUMEN: La Fed. Española de Deportes para Discapacitados cambia sus estatutos para impedir que su presidente compitan y que los miembros de la Junta Directiva no podrán desempeñar cargo alguno en otra Federación Deportiva Española.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley General Presupuestaria se hacen públicas las «Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería» correspondientes al mes de junio de 2013. Madrid, 31 julio de 2013.–El Interventor General de la Administración del Estado, José Carlos Alcalde Hernández.

Ejecución del presupuesto en junio.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley General Presupuestaria se hacen públicas las «Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería» correspondientes al mes de junio de 2013. Madrid, 31 julio de 2013.–El Interventor General de la Administración del Estado, José Carlos Alcalde Hernández. ### RESUMEN: Ejecución del presupuesto en junio.

La Orden IET/1804/2013, de 3 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a las plantas potabilizadoras para desalación de agua de mar en las Islas Canarias, establece, en el artículo 5 que el procedimiento de concesión de las subvenciones se iniciará de oficio, mediante convocatoria aprobada por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo. En su virtud, conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, resuelvo: Primero. Convocatoria. 1. Se convocan, en régimen de concurrencia competitiva, las subvenciones a las plantas potabilizadoras para desalación de agua de mar en las Islas Canarias. 2. Sin perjuicio de lo que en particular se establece en la presente orden, esta convocatoria se regirá por las bases reguladoras contenidas en la Orden IET/1804/2013, de 3 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a las plantas potabilizadoras para desalación de agua de mar en las Islas Canarias (BOE número 239, de 5 de octubre de 2013). 3. Las actuaciones a subvencionar por esta convocatoria deben haberse realizado en el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2012 y el 30 de junio de 2013, ambos inclusive. Segundo. Beneficiarios. 1. Podrán acogerse a las subvenciones previstas en esta orden las entidades locales o empresas públicas o concesionarias que, en las Islas Canarias, cumplan simultáneamente las condiciones establecidas en el artículo 3 de la Orden IET/1804/2013, de 13 de octubre: a) Ser titulares del servicio público de abastecimiento de agua o de la explotación del mismo. b) Verter agua, obtenida a través de un proceso de desalación de agua de mar, a la red de distribución para el consumo doméstico. 2. Las entidades y empresas beneficiarias no podrán estar incursas en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y deberán cumplir el artículo 14 de la citada Ley. 3. De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional novena de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2013, la concesión de estas subvenciones a cualquiera de los entes a que se hace referencia en la citada disposición adicional, quedará condicionada al informe favorable, preceptivo y vinculante del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Tercero. Presentación de las solicitudes. 1. El plazo de presentación de las solicitudes será de 5 días naturales, que comenzarán a partir del día siguiente al de la publicación de esta orden en el «Boletín Oficial del Estado». 2. Las solicitudes de subvención se dirigirán al Gabinete Técnico de la Subsecretaría de Industria, Energía y Turismo según el modelo del anexo, que estará disponible en la página web del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (www.minetur.es), pudiendo presentarse a través del Portal de Ayudas alojado en la sede electrónica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (https://sede.minetur.gob.es), o bien en el Registro General del Departamento, Paseo de la Castellana 160, 28071 Madrid, o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, acompañadas de la documentación que se indica en el apartado cuarto. 3. Si las solicitudes se presentan en otro registro diferente del mencionado en el párrafo anterior, de acuerdo con lo previsto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la entidad solicitante deberá comunicar al Gabinete Técnico de la Subsecretaria del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, ese mismo día, mediante fax (al número 91 349 4842) o correo electrónico (a la dirección sgtsub@minetur.es), el lugar y fecha en que ha presentado la solicitud. Finalizado el plazo de presentación, si no se han recibido las solicitudes ni se ha anunciado el envío de las mismas de la forma expuesta anteriormente, no serán admitidas a trámite. Cuarto. Documentación que deberá adjuntarse a las solicitudes. La solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación: a) Documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones para ser beneficiarios, a que hace referencia el apartado segundo de esta orden, certificado por el órgano competente del Gobierno de Canarias. b) Fotocopia de la Tarjeta de personas jurídicas y entidades en general, establecida en aplicación del Real Decreto 1605/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria. c) Poder notarial del firmante de la solicitud y escritura pública de la constitución de la sociedad, cuando el solicitante sea persona jurídica. d) Justificación de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de acuerdo con el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones. e) Declaración de las subvenciones relativas a la misma actuación solicitadas a las comunidades autónomas, la Unión Europea o cualesquiera otras Administraciones o Entes Públicos nacionales o internacionales. f) Declaración de no hallarse incurso en ninguna de las causas recogidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, que impiden obtener la condición de beneficiario. g) Declaración de no ser deudor de la Administración por resolución de procedencia de reintegro, de acuerdo con el artículo 25 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. h) Certificado expedido por la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias a partir de los datos proporcionados por un auditor de cuentas o un interventor para cada planta, referido a los siguientes extremos: 1.º Volumen de agua potabilizada en cada planta. 2.º Volumen de agua vertida a la red pública de distribución procedente de fuentes distintas a las plantas potabilizadoras. 3.º Diferencia entre el volumen de agua almacenado en los depósitos al inicio y final del período considerado. 4.º Volumen de agua facturada. 5.º Ingresos totales por facturación de agua. 6.º KWh consumidos en los procesos de desalación. Todos los datos anteriores irán referidos al período comprendido entre el 1 de julio de 2012 y el 30 de junio de 2013, ambos inclusive. i) Certificación de los costes incurridos en el proceso de potabilización del agua desalada, en términos de gastos pagados, soportados en facturas o documentos contables de valor probatorio equivalente, tales como: gastos de personal, inversiones nuevas y de reposición, amortizaciones, gastos corrientes (como material fungible, energía, y otros). Los gastos solo parcialmente imputables a la actividad objeto de la subvención, a que se hace referencia en el artículo 31.9 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se incorporarán a la justificación en la parte correspondiente, indicando el criterio seguido para calcularlos. Quinto. Órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento. Corresponde al Gabinete Técnico de la Subsecretaría de Industria, Energía y Turismo la ordenación e instrucción del procedimiento. Sexto. Procedimiento de concesión. La concesión de estas subvenciones se efectúa mediante un régimen de concurrencia competitiva, ajustándose a lo siguiente: 1.º Evaluada la solicitud de subvención, conforme a lo establecido en el artículo 7 de la Orden IET/1804/2013, de 3 de octubre, por la Comisión Técnica se emitirá el informe correspondiente. El órgano instructor a la vista de dicho informe formulará una propuesta de resolución provisional de la que dará traslado a los interesados en cualquiera de las formas previstas en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a fin de que en el plazo de 10 días hábiles formulen alegaciones o comuniquen su aceptación, entendiéndose que decaen de su solicitud de no producirse contestación en dicho plazo. 2.º Sustanciado el trámite de audiencia, el órgano competente para la instrucción elevará la propuesta de resolución definitiva que deberá incluir la relación de los solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención, así como la cuantía propuesta, indicando el resultado de la evaluación llevada a cabo. 3.º La competencia para la concesión o denegación de las solicitudes, a la vista de la propuesta de resolución y, en su caso, del resto del expediente, corresponde, de acuerdo con lo establecido en la Orden IET/556/2012, de 15 de marzo, por la que se delegan competencias del Ministro de Industria, Energía y Turismo, y por la que se aprueban las delegaciones de competencias de otros órganos superiores y directivos del departamento, al Subsecretario de Industria, Energía y Turismo. 4.º En el plazo máximo de 15 naturales, desde la fecha de elevación de la propuesta de resolución, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 89 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se dictará, previa fiscalización del compromiso de gasto, la correspondiente resolución de otorgamiento de la subvención. 5.º En la resolución de otorgamiento se hará constar la cuantía de la subvención concedida. 6.º La resolución de otorgamiento podrá establecer condiciones de observancia obligatoria. 7.º La resolución que deniegue la concesión de la subvención deberá ser motivada. 8.º La resolución, que pondrá fin a la vía administrativa, se notificará por escrito a cada interesado en el plazo máximo de dos meses desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes. Una vez transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, los interesados podrán entender desestimadas sus solicitudes. Séptimo. Financiación y pago de las ayudas. 1. Las subvenciones se financiarán con cargo al crédito disponible del consignado en las aplicaciones presupuestarias 20.01.421M.451 (10.000,00 euros) 20.01.421M.461 (1.995.000,00 euros) y 20.01.421M.471 (1.995.000,00 euros) de los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2013, hasta un máximo de 4.000.000,00 euros. Esta distribución tiene carácter estimativo, pudiéndose aplicar fondos remanentes de una aplicación a otra. 2. El pago de la subvención se ordenará con motivo de la resolución de concesión. Octavo. Normativa aplicable. Esta convocatoria se ajustará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; la Orden IET/1804/2013, de 3 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a las plantas potabilizadoras para desalación de agua de mar en las Islas Canarias, y demás normas que resulten de aplicación. Noveno. Recursos. Contra esta orden, que agota la vía administrativa, podrá recurrirse potestativamente, en reposición ante el Ministro de Industria, Energía y Turismo, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación, o ser impugnada directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, también contado desde el día siguiente al de su publicación. No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente el recurso de reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo. Décimo. Aplicabilidad. Esta orden producirá efectos el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 6 de noviembre de 2013.–El Ministro de Industria, Energía y Turismo, P. D. (Orden IET/556/2012, de 15 de marzo), el Subsecretario de Industria, Energía y Turismo, Enrique Hernández Bento.

Subvenciones para las desaladoras canarias. Tienen cinco días naturales para presentarse

La Orden IET/1804/2013, de 3 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a las plantas potabilizadoras para desalación de agua de mar en las Islas Canarias, establece, en el artículo 5 que el procedimiento de concesión de las subvenciones se iniciará de oficio, mediante convocatoria aprobada por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo. En su virtud, conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, resuelvo: Primero. Convocatoria. 1. Se convocan, en régimen de concurrencia competitiva, las subvenciones a las plantas potabilizadoras para desalación de agua de mar en las Islas Canarias. 2. Sin perjuicio de lo que en particular se establece en la presente orden, esta convocatoria se regirá por las bases reguladoras contenidas en la Orden IET/1804/2013, de 3 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a las plantas potabilizadoras para desalación de agua de mar en las Islas Canarias (BOE número 239, de 5 de octubre de 2013). 3. Las actuaciones a subvencionar por esta convocatoria deben haberse realizado en el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2012 y el 30 de junio de 2013, ambos inclusive. Segundo. Beneficiarios. 1. Podrán acogerse a las subvenciones previstas en esta orden las entidades locales o empresas públicas o concesionarias que, en las Islas Canarias, cumplan simultáneamente las condiciones establecidas en el artículo 3 de la Orden IET/1804/2013, de 13 de octubre: a) Ser titulares del servicio público de abastecimiento de agua o de la explotación del mismo. b) Verter agua, obtenida a través de un proceso de desalación de agua de mar, a la red de distribución para el consumo doméstico. 2. Las entidades y empresas beneficiarias no podrán estar incursas en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y deberán cumplir el artículo 14 de la citada Ley. 3. De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional novena de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2013, la concesión de estas subvenciones a cualquiera de los entes a que se hace referencia en la citada disposición adicional, quedará condicionada al informe favorable, preceptivo y vinculante del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Tercero. Presentación de las solicitudes. 1. El plazo de presentación de las solicitudes será de 5 días naturales, que comenzarán a partir del día siguiente al de la publicación de esta orden en el «Boletín Oficial del Estado». 2. Las solicitudes de subvención se dirigirán al Gabinete Técnico de la Subsecretaría de Industria, Energía y Turismo según el modelo del anexo, que estará disponible en la página web del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (www.minetur.es), pudiendo presentarse a través del Portal de Ayudas alojado en la sede electrónica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (https://sede.minetur.gob.es), o bien en el Registro General del Departamento, Paseo de la Castellana 160, 28071 Madrid, o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, acompañadas de la documentación que se indica en el apartado cuarto. 3. Si las solicitudes se presentan en otro registro diferente del mencionado en el párrafo anterior, de acuerdo con lo previsto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la entidad solicitante deberá comunicar al Gabinete Técnico de la Subsecretaria del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, ese mismo día, mediante fax (al número 91 349 4842) o correo electrónico (a la dirección sgtsub@minetur.es), el lugar y fecha en que ha presentado la solicitud. Finalizado el plazo de presentación, si no se han recibido las solicitudes ni se ha anunciado el envío de las mismas de la forma expuesta anteriormente, no serán admitidas a trámite. Cuarto. Documentación que deberá adjuntarse a las solicitudes. La solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación: a) Documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones para ser beneficiarios, a que hace referencia el apartado segundo de esta orden, certificado por el órgano competente del Gobierno de Canarias. b) Fotocopia de la Tarjeta de personas jurídicas y entidades en general, establecida en aplicación del Real Decreto 1605/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria. c) Poder notarial del firmante de la solicitud y escritura pública de la constitución de la sociedad, cuando el solicitante sea persona jurídica. d) Justificación de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de acuerdo con el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones. e) Declaración de las subvenciones relativas a la misma actuación solicitadas a las comunidades autónomas, la Unión Europea o cualesquiera otras Administraciones o Entes Públicos nacionales o internacionales. f) Declaración de no hallarse incurso en ninguna de las causas recogidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, que impiden obtener la condición de beneficiario. g) Declaración de no ser deudor de la Administración por resolución de procedencia de reintegro, de acuerdo con el artículo 25 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. h) Certificado expedido por la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias a ### RESUMEN: Subvenciones para las desaladoras canarias. Tienen cinco días naturales para presentarse

A propuesta de la Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 7 de septiembre de 2018, Vengo en disponer el cese, a petición propia, de doña Concepción Pascual Lizana como Directora General de Trabajo, agradeciéndole los servicios prestados. Dado en Madrid, el 10 de septiembre de 2018. FELIPE R. La Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, MAGDALENA VALERIO CORDERO

Cese de la directora general de trabajo, Concepción Pascual Lizana.

A propuesta de la Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 7 de septiembre de 2018, Vengo en disponer el cese, a petición propia, de doña Concepción Pascual Lizana como Directora General de Trabajo, agradeciéndole los servicios prestados. Dado en Madrid, el 10 de septiembre de 2018. FELIPE R. La Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, MAGDALENA VALERIO CORDERO ### RESUMEN: Cese de la directora general de trabajo, Concepción Pascual Lizana.

Contar con información económico-financiera coordinada, ordenada y clara, elaborada con unos criterios homogéneos y referida a las distintas Administraciones Públicas, resulta fundamental para cumplir con el principio de transparencia en la información pública. Para atender esta necesidad, se considera clave crear una Central de Información económico-financiera que simplifique el acceso a la información pública y la forma de ofrecerla. Los antecedentes de este instrumento se encuentran en la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, que estableció la creación de una Central de Información, dependiente del entonces Ministerio de Economía y Hacienda, encargada de proveer con carácter público de información relativa al endeudamiento de las comunidades autónomas y sus entes dependientes. Sin embargo, esta Central no llegó a ponerse en funcionamiento y desde entonces se han ido incrementando las obligaciones de transparencia, al publicarse cada vez más información económica de las distintas Administraciones, lo que ha acrecentado el problema de la dispersión. El artículo 28 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas mantendrá una Central de Información, de carácter público, que provea de información sobre la actividad económico-financiera de las distintas Administraciones Públicas, disponiendo que dicha Central se nutrirá con la información que remitan las Administraciones Públicas, los bancos, cajas de ahorro y demás entidades financieras, así como por la información que provea el Banco de España en relación con el endeudamiento de las comunidades autónomas y corporaciones locales. Asimismo, el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, establece el principio de transparencia, disponiendo la obligación de las Administraciones Públicas de suministrar toda la información necesaria para el cumplimiento de las disposiciones de la citada ley así como de las normas y acuerdos que se adopten en su desarrollo. Este principio se completa a su vez con lo dispuesto en el artículo 27 de la citada ley orgánica al establecer, entre otros aspectos, que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas podrá publicar información económico-financiera de las Administraciones Públicas con el alcance, metodología y periodicidad que se determine conforme a los acuerdos y normas nacionales y las disposiciones comunitarias. Por otra parte, el 21 de junio de 2013 fue elevado al Consejo de Ministros el informe elaborado por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, en el que se incluyó como propuesta la creación y puesta en funcionamiento por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de una Central de Información de carácter económico-financiero de las Administraciones Públicas. Esta Central facilitará la información que es pública en el portal del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, www.minhap.gob.es, y se alimentará de los contenidos que aportarán los centros directivos, que serán los responsables de los datos que generan, de su custodia y archivo. Para ello, se llevará a cabo la homogeneización de los criterios de publicación de la información y se establecerá un sistema de gobernanza que permita el mantenimiento permanentemente actualizado y completo de los contenidos de la Central. La creación y puesta en marcha de la Central de Información económico-financiera de las Administraciones Públicas supondrá una reducción de los tiempos de búsqueda de la información, mejorará la cantidad y calidad de la información económica, presupuestaria, financiera y estadística que publica el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, aumentará la interoperabilidad y reutilización de la misma y evitará la duplicidad y dispersión de las publicaciones. En particular, siempre que sea posible, no existirá duplicidad en el almacenamiento de los datos que corresponderá al centro o entidad fuente de los datos. Todo ello generará mayor transparencia y confianza en la información económico-financiera del sector público. Desde la aprobación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, y ante las nuevas exigencias en materia de obligaciones de información y transparencia establecidas en la normativa europea, se ha ido aprobando numerosa normativa de desarrollo en el ámbito presupuestario, tributario, y financiero que regula las obligaciones de información, especificando quiénes deben remitir la información, qué información, con qué periodicidad y por qué medio, así como qué información debe publicarse. De entre estas normas destaca la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, que, en desarrollo de los artículos 27.4 y 28.5 de la citada ley orgánica, ha concretado las obligaciones periódicas y no periódicas de remisión de información de las diferentes Administraciones autonómicas y locales, y designa al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas como responsable de especificar los modelos y formatos de remisión de información y de su publicación en su portal web. Por otra parte, a través de este real decreto se profundiza en el desarrollo de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, su artículo 28, al desarrollar las obligaciones de suministro de información del Banco de España y los bancos, cajas de ahorro y demás entidades financieras al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre el endeudamiento de las Administraciones Públicas y sus entidades u organismos vinculados o dependientes. Para culminar el cumplimiento de lo previsto sobre esta materia en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, y de acuerdo con la propuesta incluida en el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas y el mandato establecido en el artículo 28, se dicta este real decreto que, se compone de 12 artículos, estructurados en dos capítulos y dos disposiciones finales, y que tiene por fin la creación y puesta en funcionamiento de la Central de Información a la que se refiere el artículo 28 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, cuyo mandato se entenderá cumplido con la entrada en vigor de este real decreto, así como el establecimiento de las obligaciones de información al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por parte del Banco de España y las entidades financieras. El capítulo I, Central de Información económico-financiera de las Administraciones Públicas, crea la Central y regula los sujetos obligados al suministro de información, su adscripción, funcionamiento, contenido, los medios y periodicidad de la remisión de la información así como las consecuencias derivadas del incumplimiento de la obligación de suministro de información. De este modo, la Central permitirá sistematizar y coordinar la información económico-financiera referida a las diferentes Administraciones Públicas que ya se publica de acuerdo con su normativa especial aplicable. En efecto, son las diferentes normas reglamentarias especiales, por razón de la materia, las que han ido concretando las obligaciones de información y publicación de la información económico-financiera referida a todas las Administraciones Públicas. Este real decreto no afecta a esa regulación, sino que en cumplimiento de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, crea una Central de información económico-financiera de las Administraciones Públicas que permite presentar la información pública de forma coordinada y sistematizada para evitar duplicidades e ineficiencias. Ello permitirá avanzar en la sindicación de contenidos, cuando por la calidad de los datos o de los gestores de contenidos ello sea posible, o publicación directa de datos a través de la Central, que irá evolucionando a medida que los medios técnicos le permitan ir desarrollando nuevas potencialidades tecnológicas al servicio de sus funciones. De este modo, el presente real decreto no incrementa las obligaciones de suministro de información o publicación de las comunidades autónomas o entidades locales, que seguirán remitiendo la información a la que están ya obligadas con la misma periodicidad y a través de los mismos canales que establece la normativa vigente. Por el contrario, este real decreto, lejos de ser una carga para estas Administraciones, les facilitará el poder consultar de manera ordenada y a través de un único punto toda la información económico-financiera de carácter público que les afecta directamente. El capítulo II de remisión de información por el Banco de España y de las entidades financieras, regula la información que deben remitir el Banco de España, los bancos, cajas de ahorro y demás entidades financieras al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la periodicidad y medios para su remisión, así como las consecuencias asociadas a su incumplimiento. En la tramitación de este real decreto se ha solicitado informe de la Comisión nacional de Administración Local y del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Este real decreto se dicta en ejercicio de la habilitación legal contenida en el artículo 28 y en la disposición final segunda, apartado primero de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 25 de julio de 2014, DISPONGO: CAPÍTULO I Central de información económico-financiera de las Administraciones Públicas Artículo 1. Creación de la Central de Información económico-financiera de las Administraciones Públicas. 1. Se crea la Central de Información económico-financiera de las Administraciones Públicas, a la que se refiere el artículo 28 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, a través de la cual se proveerá con carácter público de información sobre la actividad económico-financiera de las distintas Administraciones Públicas, en el portal web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 2. La gestión de la Central de Información económico-financiera de las Administraciones Públicas será competencia del órgano adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que se establezca en su real decreto de estructura orgánica. 3. En aplicación del principio de eficiencia, conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, la información económico-financiera que deba ser pública, porque así lo prevea la normativa económico-financiera que resulte aplicable, se publicará en la Central de información económico-financiera de las Administraciones Públicas. Todo ello, sin perjuicio de que la publicidad en la mencionada Central se efectúe mediante procedimientos de sindicación de contenidos con otros sitios web y de la difusión institucional que pueda corresponder a cada órgano, organismo o entidad. 4. La publicación de información a través de la Central de Información económico-financiera de las Administraciones Públicas se hará respetando el principio de transparencia al que se refieren los artículos 6 y 27 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, identificando la fuente que ha elaborado los datos y sin que haya duplicidades con los datos que obren en los centros que los elaboran, administran, archivan y custodian. Artículo 2. Funciones. El órgano competente para gestionar la Central de Información económico-financiera de las Administraciones Públicas tendrá las siguientes funciones: a) Proveer públicamente la información sobre la actividad económico-financiera de las distintas Administraciones Públicas en cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, su normativa de desarrollo, la normativa de la Unión Europea y el resto de la normativa económico-financiera que resulte aplicable. b) Establecer criterios homogéneos de suministro y publicación de la información procedente de los sujetos comprendidos en el artículo 5 y aplicar un sistema de gobernanza que permita la gestión y el mantenimiento permanentemente actualizado y completo de los contenidos que se proporcionen desde la Central, para lo que podrá acceder a la información que resulte necesaria. c) Coordinar el suministro de la información económico-financiera de las diferentes Administraciones Públicas que deba publicarse a través de la Central, procedente de los sujetos previstos en el artículo 5. d) Coordinar, hacer seguimiento y publicar el calendario mensual de publicación de datos indicando los centros directivos responsables que los elaboran, de conformidad con lo previsto en la normativa económico-financiera que resulte de aplicación, respetando los plazos en los procesos de elaboración de los mismos. Artículo 3. Información que se publicará a través de la Central de Información económico-financiera de las Administraciones Públicas. Se publicará a través de la Central la Información económico-financiera de las Administraciones Públicas que, de acuerdo con su normativa reguladora, deba ser pública, atendiendo a los términos y periodicidad prevista en dicha normativa. Entre esta información estará la siguiente: a) La información que debe publicarse de conformidad con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril y el resto de la normativa de desarrollo de la mencionada ley orgánica. b) Las previsiones utilizadas para la planificación presupuestaria, así como la metodología, supuestos y parámetros en los que se basen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. c) La información relativa a los ingresos de todas las Administraciones Públicas y los datos de ejecución presupuestaria, incluidos los datos que tengan carácter público relativos a las pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado. d) Información relativa a la participación de las Entidades Locales en los tributos del Estado. e) Información relativa al endeudamiento del Estado, las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales. f) Información relativa al período medio de pago de las Administraciones Públicas. g) Información sobre el coste efectivo de los servicios de las Entidades Locales. h) El acceso mediante enlace sindicado al Inventario de Entes del Sector Público Estatal, Autonómico y Local, que publique la Intervención General del Estado. i) La información relativa a los Fondos Europeos concedidos por las diferentes Administraciones Públicas y sus entidades u organismos dependientes o vinculados. j) El acceso mediante enlace sindicado a la información relativa a pensiones y afiliaciones a la seguridad social procedente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. k) El resto de información económico-financiera relativa a cualquiera de las Administraciones Públicas, sus entidades u organismos vinculados o dependientes. Artículo 4. Publicidad. A través de la Central de Información económico-financiera de las Administraciones Públicas se publicará la información a la que se refiere el artículo 3, en el portal web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, cuando la normativa especial reguladora de la materia haya previsto su publicidad y con la periodicidad indicada en la mencionada normativa. Artículo 5. Sujetos obligados al suministro de la información. 1. Están obligados al suministro de la información al responsable de la Central de información económico-financiera de las Administraciones Públicas, a través de la propia Central: a) Los centros directivos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas responsables de la información, así como sus entidades u organismos dependientes o vinculados. b) Los centros directivos del resto de Departamentos Ministeriales en los que se estructura la Administración General del Estado, así como sus entidades u organismos dependientes o vinculados. 2. Los sujetos a los que se refiere el apartado anterior estarán obligados a proporcionar, de oficio, a la Central de Información económico-financiera de las Administraciones Públicas, con carácter periódico e individual, los datos e información necesaria o la actualización de la sindicación de contenidos u otros procedimientos técnicos de interoperabilidad que eviten la duplicidad en el archivo de la información que corresponde al centro o entidad fuente de la misma, en cumplimiento de lo dispuesto en este real decreto. Asimismo, deberán atender los requerimientos de información que a estos efectos les formule el responsable de la mencionada Central. 3. El cumplimiento de la obligación de suministro de información a la Central de información económico-financiera de las Administraciones Públicas no exime a los sujetos mencionados en el apartado primero de este artículo de sus obligaciones y responsabilidad respecto al contenido de la información suministrada, su archivo y custodia. Artículo 6. Periodicidad y medios de suministro de la información. 1. El cumplimiento de las obligaciones de suministro de información a las que se refiere el capítulo I de este real decreto se efectuará por medios electrónicos a través del sistema que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas habilite al efecto. En aquellos casos en los que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas lo considere necesario, se efectuará mediante firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido, de los regulados en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. 2. La disponibilidad, el envío y captura de la información prevista en el capítulo I de este real decreto se podrá realizar, mediante procedimientos de sindicación de contenidos con otros sitios web cuando la calidad de la información o de los gestores de contenidos así lo permita o bien, a través de modelos normalizados o sistemas de carga masiva de datos habilitados al efecto que serán aprobados por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. 3. La información prevista en el capítulo I de este real decreto se suministrará al responsable de la Central de Información económico-financiera de las Administraciones Públicas con una periodicidad mensual, trimestral, semestral o anual u otra, según corresponda, de conformidad con lo establecido en la normativa económico-financiera que resulte aplicable de acuerdo con naturaleza de la información. Artículo 7. Incumplimiento de la obligación de suministro de información. 1. Sin perjuicio de la posible responsabilidad personal que corresponda de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno u otra normativa de aplicación, el incumplimiento de las obligaciones de suministro de información recogidas en capítulo I de este real decreto, tanto en lo referido a los plazos establecidos, el correcto contenido e idoneidad de los datos requeridos o el modo de envío, dará lugar a que el responsable de la Central de Información económico-financiera de las Administraciones Públicas formule un requerimiento de cumplimiento que notificará tanto al sujeto incumplidor de su obligación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5, como al titular del Ministerio del que dependa. 2. El requerimiento de cumplimiento indicará el plazo, no superior a quince días naturales, ni inferior a diez, para atender la obligación incumplida con apercibimiento de que transcurrido el mencionado plazo se procederá a dar publicidad del incumplimiento en el portal web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Asimismo, el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas lo pondrá en conocimiento del Consejo de Ministros. Artículo 8. Acceso a la información ubicada en la Central de Información económico-financiera de las Administraciones Públicas. Con independencia de que la información obrante en la Central de información sea pública para general conocimiento, el responsable de la Central pondrá a disposición de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas y de la Comisión Nacional de Administración Local, en los ámbitos que les afecten, la información que estos le soliciten expresamente. Para ello, el responsable de la central podrá canalizar estas peticiones de información económico-financiera que reciba a los centros directivos que correspondan para que den respuesta en el plazo de 10 días. Artículo 9. Conservación de los datos. 1. El responsable de la Central de Información económico-financiera de las Administraciones Públicas, o en el caso de sindicación de contenidos el centro directivo o entidad responsable de la información, asumirá el archivo y custodia de la información obrante en la mencionada Central de información. 2. Los datos e información publicados a través de la Central de Información económico-financiera de las Administraciones Públicas se conservarán, al menos, durante diez años contados desde la fecha a la que se refieran. No obstante, podrán conservarse indefinidamente aquellos datos e información con un fin histórico, estadístico o científico. CAPÍTULO II Remisión de información por el Banco de España y las entidades financieras Artículo 10. Remisión de información por el Banco de España y las entidades financieras. 1. El Banco de España remitirá al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la información suministrada por los bancos, cajas de ahorro y las demás entidades financieras a la Central de Información de Riesgos del Banco de España, relativa a las operaciones de crédito concertadas por las Administraciones Públicas con esas entidades financieras, incluidos los avales, reavales o cualquier otra clase de garantías otorgadas en el marco de estas operaciones de crédito. Asimismo, deberá remitir al órgano competente, por razón de la materia, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la información relativa a las operaciones de crédito que hayan concertado cada una de las Administraciones Públicas y sus entidades y organismos vinculados o dependientes con los bancos, cajas de ahorro y demás entidades financieras, así como su posición deudora, u otros datos concretos relativos a su endeudamiento o determinadas operaciones de crédito. 2. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas podrá solicitar a los bancos, cajas de ahorro y a las demás entidades financieras otra información relativa a las operaciones de crédito e información sobre avales, reavales o cualquier otra clase de garantías concertadas con las Administraciones Públicas y sus entidades y organismos dependientes, diferente a la suministrada a la Central de Información de Riesgos del Banco de España, cuando esta sea insuficiente o fuera necesario conocer información más detallada sobre determinadas operaciones de crédito. Artículo 11. Periodicidad y medios de remisión de la información. 1. El cumplimiento de las obligaciones de suministro de información a las que se refiere el artículo anterior se efectuará por medios electrónicos a través del sistema que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas habilite al efecto, previa consulta al Banco de España. En aquellos casos en los que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas lo considere necesario, el envío se efectuará mediante firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido, de los regulados en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. 2. El Banco de España suministrará antes del día 30 de cada mes la información referida a cada una de las Administraciones Públicas, Estado, cada Comunidad Autónoma y cada Entidad Local relativa al mes inmediatamente anterior. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas podrá formular, en cualquier momento, requerimientos de información a los sujetos previstos en el artículo 10 para obtener los datos con mayor frecuencia u obtener otros datos más concretos cuando la información remitida no resultara suficiente, fuera necesario actualizarla o conocer información más detallada sobre determinadas operaciones de crédito. Artículo 12. Incumplimiento de la obligación de suministro de información. 1. Sin perjuicio de la posible responsabilidad personal que corresponda, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, u otra normativa de aplicación, el incumplimiento de las obligaciones de suministro de información recogidas en el capítulo II este real decreto, tanto en lo referido a los plazos establecidos, el correcto contenido e idoneidad de los datos requeridos o el modo de envío, dará lugar a que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas formule un requerimiento de cumplimiento que notificará al sujeto incumplidor de su obligación. 2. El requerimiento de cumplimiento indicará el plazo, no superior a quince días naturales, para atender la obligación incumplida con apercibimiento de que transcurrido el mencionado plazo se procederá a dar publicidad del incumplimiento en el portal web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y: a) Si el sujeto incumplidor es un banco, caja de ahorro u otra entidad financiera, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas lo comunicará al Banco de España. b) Si el sujeto incumplidor es el Banco de España el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas lo pondrá en conocimiento del Consejo de Ministros. Disposición final primera. Habilitación normativa. Se habilita al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, para dictar las disposiciones y adoptar las medidas necesarias para el desarrollo y ejecución de lo establecido en este real decreto. Disposición final segunda. Entrada en vigor. El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dado en Madrid, el 25 de julio de 2014. FELIPE R. El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, CRISTÓBAL MONTORO ROMERO

Crean la Central información económica financiera para las administraciones públicas. Si lo incumple un Banco, será comunicado al Banco de España, si lo incumple el Banco de España será informado el consejo de ministros.

Contar con información económico-financiera coordinada, ordenada y clara, elaborada con unos criterios homogéneos y referida a las distintas Administraciones Públicas, resulta fundamental para cumplir con el principio de transparencia en la información pública. Para atender esta necesidad, se considera clave crear una Central de Información económico-financiera que simplifique el acceso a la información pública y la forma de ofrecerla. Los antecedentes de este instrumento se encuentran en la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, que estableció la creación de una Central de Información, dependiente del entonces Ministerio de Economía y Hacienda, encargada de proveer con carácter público de información relativa al endeudamiento de las comunidades autónomas y sus entes dependientes. Sin embargo, esta Central no llegó a ponerse en funcionamiento y desde entonces se han ido incrementando las obligaciones de transparencia, al publicarse cada vez más información económica de las distintas Administraciones, lo que ha acrecentado el problema de la dispersión. El artículo 28 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas mantendrá una Central de Información, de carácter público, que provea de información sobre la actividad económico-financiera de las distintas Administraciones Públicas, disponiendo que dicha Central se nutrirá con la información que remitan las Administraciones Públicas, los bancos, cajas de ahorro y demás entidades financieras, así como por la información que provea el Banco de España en relación con el endeudamiento de las comunidades autónomas y corporaciones locales. Asimismo, el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, establece el principio de transparencia, disponiendo la obligación de las Administraciones Públicas de suministrar toda la información necesaria para el cumplimiento de las disposiciones de la citada ley así como de las normas y acuerdos que se adopten en su desarrollo. Este principio se completa a su vez con lo dispuesto en el artículo 27 de la citada ley orgánica al establecer, entre otros aspectos, que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas podrá publicar información económico-financiera de las Administraciones Públicas con el alcance, metodología y periodicidad que se determine conforme a los acuerdos y normas nacionales y las disposiciones comunitarias. Por otra parte, el 21 de junio de 2013 fue elevado al Consejo de Ministros el informe elaborado por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, en el que se incluyó como propuesta la creación y puesta en funcionamiento por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de una Central de Información de carácter económico-financiero de las Administraciones Públicas. Esta Central facilitará la información que es pública en el portal del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, www.minhap.gob.es, y se alimentará de los contenidos que aportarán los centros directivos, que serán los responsables de los datos que generan, de su custodia y archivo. Para ello, se llevará a cabo la homogeneización de los criterios de publicación de la información y se establecerá un sistema de gobernanza que permita el mantenimiento permanentemente actualizado y completo de los contenidos de la Central. La creación y puesta en marcha de la Central de Información económico-financiera de las Administraciones Públicas supondrá una reducción de los tiempos de búsqueda de la información, mejorará la cantidad y calidad de la información económica, presupuestaria, financiera y estadística que publica el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, aumentará la interoperabilidad y reutilización de la misma y evitará la duplicidad y dispersión de las publicaciones. En particular, siempre que sea posible, no existirá duplicidad en el almacenamiento de los datos que corresponderá al centro o entidad fuente de los datos. Todo ello generará mayor transparencia y confianza en la información económico-financiera del sector público. Desde la aprobación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, y ante las nuevas exigencias en materia de obligaciones de información y transparencia establecidas en la normativa europea, se ha ido aprobando numerosa normativa de desarrollo en el ámbito presupuestario, tributario, y financiero que regula las obligaciones de información, especificando quiénes deben remitir la información, qué información, con qué periodicidad y por qué medio, así como qué información debe publicarse. De entre estas normas destaca la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, que, en desarrollo de los artículos 27.4 y 28.5 de la citada ley orgánica, ha concretado las obligaciones periódicas y no periódicas de remisión de información de las diferentes Administraciones autonómicas y locales, y designa al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas como responsable de especificar los modelos y formatos de remisión de información y de su publicación en su portal web. Por otra parte, a través de este real decreto se profundiza en el desarrollo de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, su artículo 28, al desarrollar las obligaciones de suministro de información del Banco de España y los bancos, cajas de ahorro y demás entidades financieras al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre el endeudamiento de las Administraciones Públicas y sus entidades u organismos vinculados o dependientes. Para culminar el cumplimiento de lo previsto sobre esta materia en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, y de acuerdo con la propuesta incluida en el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas y el mandato estab ### RESUMEN: Crean la Central información económica financiera para las administraciones públicas. Si lo incumple un Banco, será comunicado al Banco de España, si lo incumple el Banco de España será informado el consejo de ministros.

A lo largo de los últimos meses han sido aprobadas diversas normas que, en el ámbito tributario, tenían como finalidad minorar el impacto de la pandemia de la COVID-19 en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los ciudadanos. Uno de los mecanismos que han sido utilizados con tal finalidad fue el de los aplazamientos de pago de las deudas tributarias nacidas durante este periodo de tiempo, y en ese sentido fueron aprobados mecanismos específicos de pago en el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, en el que ya se indicaba que se perseguía mitigar el posible impacto que el escenario de contención reforzada pudiese tener en los sectores más vulnerables de la economía, identificando a las PYMES y autónomos como los integrantes de dichos sectores, declarando que, para evitar posibles tensiones en tesorería que pudiesen experimentar estos colectivos, se introducía una flexibilización en materia de aplazamientos, concediendo durante seis meses esta facilidad de pago de impuestos a PYMES y autónomos, previa solicitud de los mismos, con una carencia de intereses de demora durante los primeros cuatro meses del aplazamiento. En análoga línea fue aprobado, posteriormente, el Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria. Más recientemente, ha sido el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, el que ha ampliado a cuatro meses el plazo de carencia de intereses en el aplazamiento de deudas tributarias en relación con el previsto, originariamente, en el Real Decreto-ley 35/2020. Como puede observarse, ese conjunto normativo ha tenido como destinatarios esenciales a los operadores económicos que actúan bajo la forma de PYME o trabajador autónomo. Las medidas a las que se ha hecho referencia más arriba han demostrado su utilidad, siendo destacable el elevado grado de cumplimiento por parte de los obligados tributarios que hicieron uso de las mismas en relación con los pagos que aquellos aplazamientos comportaban. Examinada nuevamente la situación en este momento, y constatada la persistencia de los efectos desfavorables que la actual pandemia de la COVID-19 provoca, especialmente en el ámbito socio-económico, se considera necesario dar un impulso más en la adopción de medidas dirigidas, de nuevo, a permitir un cumplimiento de las obligaciones tributarias en este escenario particularmente difícil, acudiendo, en esta ocasión, al mecanismo del fraccionamiento del pago de las deudas tributarias, pero focalizando su utilización en una obligación tributaria concreta, la derivada del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2020. Con ello se pretende ampliar el ámbito subjetivo de los destinatarios de la medida, que serán quienes tengan la condición de contribuyentes sujetos a este impuesto durante dicho periodo impositivo, pudiendo por tanto beneficiarse de la misma un mayor número de ciudadanos que no pudieron utilizar los mecanismos hasta ahora puestos en marcha, por no desarrollar una actividad económica. En ese sentido, habida cuenta de los requisitos para poder acogerse a la medida que se regula en esta orden, los destinatarios serán los trabajadores por cuenta ajena afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo en 2020. La condición básica que se exige para poder acceder a esta fórmula de pago, habida cuenta del motivo que determina su creación, la pandemia de la COVID-19, es que el obligado tributario haya sido incluido durante el periodo impositivo 2020 en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo, habiendo recibido alguna prestación por ese motivo, y durante ese período, debido a las circunstancias que afectan al cálculo de las retenciones sobre rendimientos de trabajo reguladas en los artículos 80 y siguientes del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, que pudiesen determinar que el resultado de la cuota tributaria correspondiente a la declaración del impuesto resulte a ingresar. El diseño del mecanismo extraordinario se articula sobre la figura del fraccionamiento del pago de la deuda tributaria derivada de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2020, siendo totalmente optativo para el contribuyente, permitiendo la norma una posibilidad adicional en ese sentido, para tratar de establecer un diseño que se acomode al importe resultante de la autoliquidación presentada. El fraccionamiento extraordinario que se regula en esta orden ministerial es incompatible con el previsto en el artículo 62.2 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y con el régimen general de aplazamiento o fraccionamiento del pago previsto en el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y desarrollado en los artículos 44 y siguientes del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, régimen este último que implica el devengo de intereses de demora. Esta orden se dicta en uso de la habilitación contenida en el artículo 97.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el artículo 62.1 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo. En su virtud, dispongo: Artículo único. Fraccionamiento extraordinario para el pago de la deuda tributaria derivada de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para beneficiarios durante el año 2020 de prestaciones vinculadas a expedientes de regulación temporal de empleo. 1. Los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a que se refiere el artículo 8 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, podrán, en las condiciones previstas en el apartado 2 de este artículo, fraccionar el pago del importe de la deuda tributaria resultante de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2020, tanto en supuestos de tributación individual como en los casos de tributación conjunta. Este fraccionamiento no será de aplicación a los contribuyentes a que se refiere el artículo 93 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 2. El pago del fraccionamiento solicitado se efectuará en seis fracciones, con vencimiento los días 20 de cada mes, siendo el primero el día 20 de julio de 2021. No se devengarán intereses de demora durante dicho fraccionamiento ni será necesaria la aportación de garantía. La solicitud de este fraccionamiento deberá reunir los siguientes requisitos: a) Que el solicitante, o cualquiera de los miembros de la unidad familiar en caso de tributación conjunta, haya estado incluido en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo durante el año 2020, habiendo sido perceptor en ese ejercicio de las correspondientes prestaciones. b) Que no exceda de 30.000 euros el importe en conjunto que se encuentre pendiente de pago para el solicitante, tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo, de las deudas de derecho público gestionadas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por los órganos u organismos de la Hacienda Pública Estatal. A efectos de la determinación del importe de deuda señalado, se acumularán, en el momento de la solicitud, tanto las deudas a las que se refiere la propia solicitud, como cualesquiera otras del mismo deudor para las que se haya solicitado y no resuelto el aplazamiento o fraccionamiento, así como el importe de los vencimientos pendientes de ingreso de las deudas aplazadas o fraccionadas, salvo que estén debidamente garantizadas. Las deudas acumulables serán aquellas que consten en las bases de datos del órgano de recaudación competente, sin que sea precisa la consulta a otros órganos u organismos a efectos de determinar el conjunto de las mismas. No obstante, los órganos competentes de recaudación computarán aquellas otras deudas acumulables que, no constando en sus bases de datos, les hayan sido comunicadas por otros órganos u organismos. c) La declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se ha de presentar dentro del plazo voluntario de autoliquidación e ingreso, sin que pueda fraccionarse el ingreso derivado de autoliquidaciones complementarias presentadas con posterioridad al 30 de junio de 2021, o día inmediato hábil posterior, para el caso de ser inhábil. 3. Este fraccionamiento es incompatible con el previsto en el artículo 62.2 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y con el régimen general de aplazamiento o fraccionamiento del pago previsto en el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y desarrollado en los artículos 44 y siguientes del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio. Disposición final primera. Título competencial. Esta orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.14.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de Hacienda general. Disposición final segunda. Entrada en vigor. La presente orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 6 de abril de 2021.–La Ministra de Hacienda, María Jesús Montero Cuadrado.

La campaña de la renta empieza hoy día 7 de abril de 2021. La orden permite que quienes estuvieran en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo en 2020 en 2020 y les salga a pagar, puedan hacerlo en seis plazos mensuales, arrancando el 20/7.

A lo largo de los últimos meses han sido aprobadas diversas normas que, en el ámbito tributario, tenían como finalidad minorar el impacto de la pandemia de la COVID-19 en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los ciudadanos. Uno de los mecanismos que han sido utilizados con tal finalidad fue el de los aplazamientos de pago de las deudas tributarias nacidas durante este periodo de tiempo, y en ese sentido fueron aprobados mecanismos específicos de pago en el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, en el que ya se indicaba que se perseguía mitigar el posible impacto que el escenario de contención reforzada pudiese tener en los sectores más vulnerables de la economía, identificando a las PYMES y autónomos como los integrantes de dichos sectores, declarando que, para evitar posibles tensiones en tesorería que pudiesen experimentar estos colectivos, se introducía una flexibilización en materia de aplazamientos, concediendo durante seis meses esta facilidad de pago de impuestos a PYMES y autónomos, previa solicitud de los mismos, con una carencia de intereses de demora durante los primeros cuatro meses del aplazamiento. En análoga línea fue aprobado, posteriormente, el Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria. Más recientemente, ha sido el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, el que ha ampliado a cuatro meses el plazo de carencia de intereses en el aplazamiento de deudas tributarias en relación con el previsto, originariamente, en el Real Decreto-ley 35/2020. Como puede observarse, ese conjunto normativo ha tenido como destinatarios esenciales a los operadores económicos que actúan bajo la forma de PYME o trabajador autónomo. Las medidas a las que se ha hecho referencia más arriba han demostrado su utilidad, siendo destacable el elevado grado de cumplimiento por parte de los obligados tributarios que hicieron uso de las mismas en relación con los pagos que aquellos aplazamientos comportaban. Examinada nuevamente la situación en este momento, y constatada la persistencia de los efectos desfavorables que la actual pandemia de la COVID-19 provoca, especialmente en el ámbito socio-económico, se considera necesario dar un impulso más en la adopción de medidas dirigidas, de nuevo, a permitir un cumplimiento de las obligaciones tributarias en este escenario particularmente difícil, acudiendo, en esta ocasión, al mecanismo del fraccionamiento del pago de las deudas tributarias, pero focalizando su utilización en una obligación tributaria concreta, la derivada del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2020. Con ello se pretende ampliar el ámbito subjetivo de los destinatarios de la medida, que serán quienes tengan la condición de contribuyentes sujetos a este impuesto durante dicho periodo impositivo, pudiendo por tanto beneficiarse de la misma un mayor número de ciudadanos que no pudieron utilizar los mecanismos hasta ahora puestos en marcha, por no desarrollar una actividad económica. En ese sentido, habida cuenta de los requisitos para poder acogerse a la medida que se regula en esta orden, los destinatarios serán los trabajadores por cuenta ajena afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo en 2020. La condición básica que se exige para poder acceder a esta fórmula de pago, habida cuenta del motivo que determina su creación, la pandemia de la COVID-19, es que el obligado tributario haya sido incluido durante el periodo impositivo 2020 en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo, habiendo recibido alguna prestación por ese motivo, y durante ese período, debido a las circunstancias que afectan al cálculo de las retenciones sobre rendimientos de trabajo reguladas en los artículos 80 y siguientes del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, que pudiesen determinar que el resultado de la cuota tributaria correspondiente a la declaración del impuesto resulte a ingresar. El diseño del mecanismo extraordinario se articula sobre la figura del fraccionamiento del pago de la deuda tributaria derivada de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2020, siendo totalmente optativo para el contribuyente, permitiendo la norma una posibilidad adicional en ese sentido, para tratar de establecer un diseño que se acomode al importe resultante de la autoliquidación presentada. El fraccionamiento extraordinario que se regula en esta orden ministerial es incompatible con el previsto en el artículo 62.2 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y con el régimen general de aplazamiento o fraccionamiento del pago previsto en el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y desarrollado en los artículos 44 y siguientes del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, régimen este último que implica el devengo de intereses de demora. Esta orden se dicta en uso de la habilitación contenida en el artículo 97.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el artículo 62.1 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo. En su virtud, dispongo: Artículo único. Fraccionamiento extraordinario ### RESUMEN: La campaña de la renta empieza hoy día 7 de abril de 2021. La orden permite que quienes estuvieran en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo en 2020 en 2020 y les salga a pagar, puedan hacerlo en seis plazos mensuales, arrancando el 20/7.

De conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto 1251/1999, de 16 de julio, sobre Sociedades Anónimas Deportivas, modificado por el Real Decreto 1412/2001, de 14 de diciembre, que regula la fórmula para la fijación del capital social mínimo de las sociedades anónimas deportivas, corresponde al Consejo Superior de Deportes, previo informe de la liga profesional correspondiente, calcular y publicar el 25 por ciento de la media de gastos realizados por los clubes y sociedades anónimas deportivas que participen en la respectiva competición, en los términos indicados en el apartado 2 a) del artículo anteriormente citado. En uso de las atribuciones que legalmente tengo concedidas, resuelvo: Determinar, de acuerdo con los datos obrantes en este Consejo Superior de Deportes y previo el preceptivo informe de la Asociación de Clubes de Baloncesto, el cálculo al que hace referencia el artículo 3.2 a) del Real Decreto 1251/1999, de 16 de julio, sobre Sociedades Anónimas Deportivas, modificado por el Real Decreto 1412/2001, de 14 de diciembre, para la modalidad de baloncesto, en la cantidad de un millón ochocientos noventa y un mil ochenta y un euros con noventa y siete céntimos (1.891.081,97 €). Madrid, 12 de noviembre de 2013.–El Presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal Carro.

El capital social mínimo que deben tener las Sociedades Anónimas Deportivas de baloncesto, fijado en 1891000 euros

De conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto 1251/1999, de 16 de julio, sobre Sociedades Anónimas Deportivas, modificado por el Real Decreto 1412/2001, de 14 de diciembre, que regula la fórmula para la fijación del capital social mínimo de las sociedades anónimas deportivas, corresponde al Consejo Superior de Deportes, previo informe de la liga profesional correspondiente, calcular y publicar el 25 por ciento de la media de gastos realizados por los clubes y sociedades anónimas deportivas que participen en la respectiva competición, en los términos indicados en el apartado 2 a) del artículo anteriormente citado. En uso de las atribuciones que legalmente tengo concedidas, resuelvo: Determinar, de acuerdo con los datos obrantes en este Consejo Superior de Deportes y previo el preceptivo informe de la Asociación de Clubes de Baloncesto, el cálculo al que hace referencia el artículo 3.2 a) del Real Decreto 1251/1999, de 16 de julio, sobre Sociedades Anónimas Deportivas, modificado por el Real Decreto 1412/2001, de 14 de diciembre, para la modalidad de baloncesto, en la cantidad de un millón ochocientos noventa y un mil ochenta y un euros con noventa y siete céntimos (1.891.081,97 €). Madrid, 12 de noviembre de 2013.–El Presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal Carro. ### RESUMEN: El capital social mínimo que deben tener las Sociedades Anónimas Deportivas de baloncesto, fijado en 1891000 euros

ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE MARRUECOS SOBRE COOPERACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA PREVENCIÓN DE LA EMIGRACIÓN ILEGAL DE MENORES NO ACOMPAÑADOS, SU PROTECCIÓN Y SU RETORNO CONCERTADO El Reino de España y el Reino de Marruecos, en lo sucesivo denominados «las Partes Contratantes»; Considerando que la situación de los menores no acompañados debe gestionarse con el estricto respeto de la legislación nacional respectiva, de las normas y principios del Derecho internacional, en especial de las disposiciones pertinentes de la Convención de los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989, y de los Protocolos Facultativos de los que ambos Estados son Partes; Convencidos de la necesidad de fortalecer y dinamizar las relaciones bilaterales en el sentido de una cooperación estrecha entre las Partes en materia de protección del menor, tanto para solucionar el problema de los menores de edad marroquíes no acompañados en el territorio de España, como para la prevención de riesgos para dichos menores; Ratificando que el interés superior del menor debe constituir la base de toda cooperación entre las Partes Contratantes, Han acordado lo siguiente: Artículo 1 Objetivos generales En base al presente Acuerdo, y de conformidad con sus respectivas legislaciones y las disposiciones pertinentes de los convenios relativos a los derechos humanos, las Partes Contratantes cooperarán para: 1. Establecer un marco de trabajo conjunto en materia de prevención de la emigración ilegal de menores de edad no acompañados y de protección y de retorno de dichos menores. 2. Consolidar un diálogo permanente y facilitar el intercambio de datos e información con vistas a tratar de manera eficiente la prevención de la emigración de los menores de edad no acompañados, su protección y su retorno. 3. A los fines del presente Acuerdo, las autoridades competentes encargadas de su aplicación y coordinación, serán las siguientes: Por el Reino de España, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Por el Reino de Marruecos, el Ministerio de Desarrollo Social, de la familia y de la Solidaridad. Artículo 2 Objetivos específicos Para alcanzar los objetivos del presente Acuerdo, las Partes Contratantes convienen en llevar a cabo las siguientes acciones: 1. La adopción de medidas de prevención centradas en el desarrollo social y económico de las zonas de origen de los menores de edad no acompañados, así como en la lucha contra las redes de tráfico de personas. 2. La adopción de medidas de asistencia y protección de los menores marroquíes no acompañados que se encuentren en territorio español. 3. Favorecer el retorno asistido de los menores al seno de sus familias o a la institución de tutela del país de origen, así como su reinserción social. Artículo 3 Acciones de prevención Con el fin de prevenir la emigración de los menores no acompañados, las Partes Contratantes desarrollarán conjuntamente acciones encaminadas a: 1. Sensibilizar a los menores, a sus familias y a la sociedad en general, acerca de los riesgos que conlleva la emigración de menores no acompañados. 2. Poner en práctica las acciones necesarias para luchar contra las redes y las organizaciones dedicadas al tráfico y a la explotación de menores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Convención de los Derechos del Niño. Artículo 4 Medidas de protección Para proteger a los menores no acompañados en España: 1. Las autoridades competentes españolas: Facilitarán la asistencia en el territorio de España de los menores de edad marroquíes no acompañados, garantizando a los mismos igual protección que a sus nacionales, de conformidad con los derechos reconocidos por la Convención de los Derechos del Niño y su legislación nacional y las de las Comunidades Autónomas en relación con la protección jurídica de los menores de edad. Proporcionarán a las autoridades competentes marroquíes, en el plazo de un mes a partir de la fecha de entrada ilegal del menor en territorio español, toda la información pertinente en relación con la situación de los menores objeto de las medidas de protección. 2. Las autoridades competentes marroquíes procederán a la identificación del menor y de su familia y a la expedición de documentación que demuestre su nacionalidad, en un plazo de tres meses a partir de la entrega de la documentación y/o información sobre el menor por parte de las autoridades competentes españolas. Las Partes llegarán a un acuerdo previo sobre el caso de menores que puedan ser objeto de regreso y asimismo sobre su número. Artículo 5 Acciones en materia de retorno 1. Las autoridades competentes españolas, de oficio o a propuesta de la entidad pública que ejerza la tutela sobre el menor, resolverán acerca del retorno a su país de origen, con observancia estricta de la legislación española, las normas y principios del derecho internacional y de lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño. 2. Las Partes Contratantes del presente Acuerdo colaborarán, en el marco de la preservación del interés superior de los menores de edad, para garantizar, en cada caso de retorno al país de origen, las condiciones de la reunificación familiar efectiva del menor o su entrega a cargo de una institución de tutela. 3. Las autoridades competentes españolas y marroquíes cooperarán en el establecimiento de un dispositivo de acogida dotado con recursos materiales y humanos cualificados, tanto públicos como privados o que procedan de ONGs que trabajan en el ámbito de la protección y de la repatriación de menores. Artículo 6 Comité de Seguimiento Para facilitar las relaciones operativas, se creará un Comité de Seguimiento, formado por los representantes que designen las Partes Contratantes y cuya misión será: Intercambiar informaciones acerca de la estancia y el retorno de menores no acompañados. Analizar y evaluar las medidas adoptadas en materia de prevención, protección y retorno. Proponer, en el marco de una gestión global de la situación de los menores, cualquier acción que se considere necesaria en materia de evaluación de las condiciones de acogida, de la eficacia de los procesos de formación en España, de la aplicación de medidas de retorno y de la puesta en práctica de programas de reinserción socioprofesional. Levantar acta acerca de la aplicación del Acuerdo cada seis meses. Este Comité de Seguimiento se reunirá dos veces al año, alternativamente en España y Marruecos. Podrá celebrar reuniones extraordinarias, cuando se considere procedente, previa decisión de común acuerdo entre las Partes Contratantes. Artículo 7 Financiación de las acciones La Parte Contratante española asumirá la financiación de las acciones de protección y de repatriación de los menores de edad no acompañados y colaborará en la cofinanciación de las acciones de prevención, en particular favoreciendo el desarrollo socioeconómico de las regiones de fuerte potencial migratorio. Artículo 8 Solución de controversias Cualquier controversia en torno a la interpretación o la aplicación de las disposiciones del presente Acuerdo se solucionará por vía diplomática. Artículo 9 Disposiciones finales 1. El presente Acuerdo queda abierto a la firma de las Partes. Entrará en vigor en la fecha de recepción de la última notificación por medio de la cual una de las Partes Contratantes informa a la otra Parte del cumplimiento de los procedimientos legales requeridos para la entrada en vigor del Acuerdo. 2. El presente Acuerdo se concluye por un tiempo indefinido. 3. Cada una de las Partes Contratantes podrá denunciar el presente Acuerdo mediante notificación por escrito dirigida a la otra Parte por vía diplomática. La denuncia surtirá efecto noventa (90) días después de la fecha de recepción de su notificación. 4. Las modalidades de aplicación del presente Acuerdo, a nivel de procedimiento, serán objeto de un Protocolo de Aplicación. 5. El presente Acuerdo anula y reemplaza, a la fecha de la firma del Protocolo de aplicación señalado en el párrafo 4 del presente artículo, al Memorandum de entendimiento sobre la repatriación destinada a menores no acompañados entre España y Marruecos, firmado en Madrid el 23 de diciembre de 2003. En fe de lo cual, los representantes de las Partes Contratantes, debidamente autorizados a estos efectos, firman el presente Acuerdo. Hecho en Rabat, el día 6 de marzo de 2007, en dos ejemplares originales, en español, árabe y francés, siendo los tres textos igualmente auténticos. En caso de discrepancia, prevalecerá el texto francés. Por el Reino de España «a.r.» Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales Por el Reino de Marruecos, Abderrahim Harouchi, Ministro de Desarrollo Social, de la Familia y de Solidaridad El presente Acuerdo entró en vigor el 2 de octubre de 2012, fecha de recepción de la última notificación por la cual una de las Partes Contratantes informó a la otra Parte del cumplimiento de los procedimientos legales requeridos, según se establece en su artículo 9.1. Madrid, 13 de marzo de 2013.–La Secretaria General Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Fabiola Gallego Caballero.

Acuerdo de cooperación entre España y Marruecos sobre la protección y la repatriación de menores inmigrantes

ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE MARRUECOS SOBRE COOPERACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA PREVENCIÓN DE LA EMIGRACIÓN ILEGAL DE MENORES NO ACOMPAÑADOS, SU PROTECCIÓN Y SU RETORNO CONCERTADO El Reino de España y el Reino de Marruecos, en lo sucesivo denominados «las Partes Contratantes»; Considerando que la situación de los menores no acompañados debe gestionarse con el estricto respeto de la legislación nacional respectiva, de las normas y principios del Derecho internacional, en especial de las disposiciones pertinentes de la Convención de los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989, y de los Protocolos Facultativos de los que ambos Estados son Partes; Convencidos de la necesidad de fortalecer y dinamizar las relaciones bilaterales en el sentido de una cooperación estrecha entre las Partes en materia de protección del menor, tanto para solucionar el problema de los menores de edad marroquíes no acompañados en el territorio de España, como para la prevención de riesgos para dichos menores; Ratificando que el interés superior del menor debe constituir la base de toda cooperación entre las Partes Contratantes, Han acordado lo siguiente: Artículo 1 Objetivos generales En base al presente Acuerdo, y de conformidad con sus respectivas legislaciones y las disposiciones pertinentes de los convenios relativos a los derechos humanos, las Partes Contratantes cooperarán para: 1. Establecer un marco de trabajo conjunto en materia de prevención de la emigración ilegal de menores de edad no acompañados y de protección y de retorno de dichos menores. 2. Consolidar un diálogo permanente y facilitar el intercambio de datos e información con vistas a tratar de manera eficiente la prevención de la emigración de los menores de edad no acompañados, su protección y su retorno. 3. A los fines del presente Acuerdo, las autoridades competentes encargadas de su aplicación y coordinación, serán las siguientes: Por el Reino de España, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Por el Reino de Marruecos, el Ministerio de Desarrollo Social, de la familia y de la Solidaridad. Artículo 2 Objetivos específicos Para alcanzar los objetivos del presente Acuerdo, las Partes Contratantes convienen en llevar a cabo las siguientes acciones: 1. La adopción de medidas de prevención centradas en el desarrollo social y económico de las zonas de origen de los menores de edad no acompañados, así como en la lucha contra las redes de tráfico de personas. 2. La adopción de medidas de asistencia y protección de los menores marroquíes no acompañados que se encuentren en territorio español. 3. Favorecer el retorno asistido de los menores al seno de sus familias o a la institución de tutela del país de origen, así como su reinserción social. Artículo 3 Acciones de prevención Con el fin de prevenir la emigración de los menores no acompañados, las Partes Contratantes desarrollarán conjuntamente acciones encaminadas a: 1. Sensibilizar a los menores, a sus familias y a la sociedad en general, acerca de los riesgos que conlleva la emigración de menores no acompañados. 2. Poner en práctica las acciones necesarias para luchar contra las redes y las organizaciones dedicadas al tráfico y a la explotación de menores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Convención de los Derechos del Niño. Artículo 4 Medidas de protección Para proteger a los menores no acompañados en España: 1. Las autoridades competentes españolas: Facilitarán la asistencia en el territorio de España de los menores de edad marroquíes no acompañados, garantizando a los mismos igual protección que a sus nacionales, de conformidad con los derechos reconocidos por la Convención de los Derechos del Niño y su legislación nacional y las de las Comunidades Autónomas en relación con la protección jurídica de los menores de edad. Proporcionarán a las autoridades competentes marroquíes, en el plazo de un mes a partir de la fecha de entrada ilegal del menor en territorio español, toda la información pertinente en relación con la situación de los menores objeto de las medidas de protección. 2. Las autoridades competentes marroquíes procederán a la identificación del menor y de su familia y a la expedición de documentación que demuestre su nacionalidad, en un plazo de tres meses a partir de la entrega de la documentación y/o información sobre el menor por parte de las autoridades competentes españolas. Las Partes llegarán a un acuerdo previo sobre el caso de menores que puedan ser objeto de regreso y asimismo sobre su número. Artículo 5 Acciones en materia de retorno 1. Las autoridades competentes españolas, de oficio o a propuesta de la entidad pública que ejerza la tutela sobre el menor, resolverán acerca del retorno a su país de origen, con observancia estricta de la legislación española, las normas y principios del derecho internacional y de lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño. 2. Las Partes Contratantes del presente Acuerdo colaborarán, en el marco de la preservación del interés superior de los menores de edad, para garantizar, en cada caso de retorno al país de origen, las condiciones de la reunificación familiar efectiva del menor o su entrega a cargo de una institución de tutela. 3. Las autoridades competentes españolas y marroquíes cooperarán en el establecimiento de un dispositivo de acogida dotado con recursos materiales y humanos cualificados, tanto públicos como privados o que procedan de ONGs que trabajan en el ámbito de la protección y de la repatriación de menores. Artículo 6 Comité de Seguimiento Para facilitar las relaciones operativas, se creará un Comité de Seguimiento, formado por los representantes que designen las Partes Contratantes y cuya misión será: Intercambiar informaciones acerca de la estancia y el retorno de menores no acompañados. Analizar y evaluar las medidas adoptadas en materia de prevención, protección y retorno. Proponer, en el marco de una gestión global de la situación ### RESUMEN: Acuerdo de cooperación entre España y Marruecos sobre la protección y la repatriación de menores inmigrantes

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS I La Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, ha venido a actualizar el régimen de determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia. Esta ley se configura como la norma habilitante de los recursos presupuestarios imprescindibles que garanticen la financiación de la nueva regulación sustantiva del derecho a la justicia gratuita a que se refiere el artículo 119 de la Constitución, derecho de carácter instrumental respecto del derecho fundamental de acceso a la jurisdicción reconocido en su artículo 24. En esta tarea se ha tenido en cuenta la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional, tanto en su sentencia 20/2012, de 16 de febrero de 2012, como en otras posteriores, que valida la viabilidad de un sistema mixto de financiación de la Administración de Justicia con cargo a los impuestos y «a las tasas abonadas por quienes resultan beneficiados por la actuación judicial». La aplicación de la ley, sin embargo, ha puesto de manifiesto que pese a que las tasas, en abstracto y por sí mismas, no se consideran lesivas de derecho alguno, podrían llegar a darse casos concretos e individualizados en los que la cuantía fijada en la tasa resultara excesiva. Consecuentemente, aun partiendo de la legitimidad de la vigente configuración de la tasa, es necesario arbitrar los mecanismos que eviten que, ni siquiera con carácter residual, la cuantía de las tasas pueda generar efectos indeseados. Lo expuesto justifica la urgencia por acompasar la aplicación de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional con algunas de las medidas que hoy se incluyen en el anteproyecto de nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Sin la coordinación de consecuencias jurídicas el funcionamiento del modelo podría verse afectado en su coherencia interna. II La Ley 10/2012, de 20 de noviembre, se configura como una premisa básica para el buen funcionamiento de la justicia gratuita al garantizar la suficiencia de recursos del sistema, si bien su entrada en vigor se ha producido de manera anticipada en relación a su norma complementaria, la nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, cuya tramitación parlamentaria presenta mayor complejidad. Esta circunstancia, que ha sido puesta de manifiesto por el Defensor del Pueblo, obliga a revisar determinados aspectos de la vigente Ley de Asistencia Jurídica Gratuita a fin de acompasar los efectos de ambas normas. De esta forma, la extraordinaria y urgente necesidad que justifica este real decreto-ley es evitar que los distintos tiempos de aprobación de las leyes citadas, derivados de las diferencias de tramitación parlamentaria, distorsionen su aplicación práctica. Asimismo, las modificaciones puntuales que se llevan a cabo en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, y que estas se concretan en reducciones de la cuantía de las tasas en determinados supuestos o a su no exigencia en función de la naturaleza del proceso, suponen que este real decreto-ley se ajuste a los límites materiales que para estas normas con rango de ley prescribe el artículo 86.1 de la Constitución. III En esta línea, en primer lugar, se introducen una serie de cambios en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, al objeto de atender con la mayor celeridad los planteamientos expuestos por el Defensor del Pueblo. Por esta razón se incorpora una nueva exención para la ejecución de los laudos dictados por las Juntas Arbitrales de Consumo. Dentro de la regulación de la determinación de la cuota tributaria de la tasa, las actuales circunstancias aconsejan la introducción de una escala específica para las personas naturales, con un tipo menor que el general, que se reservaría para las personas jurídicas. Asimismo, se limita, desde el punto de vista de su cuantía, la aplicación de la tasa en el orden contencioso-administrativo cuando el recurso se interponga contra resoluciones sancionadoras, impidiendo que la tasa supere el 50 por ciento del importe económico de la misma. Las razones de urgencia y necesidad justifican también una serie de modificaciones dirigidas a resolver problemas y dudas planteados en la práctica y que afectaban a los procesos capacidad, filiación, matrimonio y menores, a las acciones que pueden interponer los administradores concursales o los de división de patrimonios. Junto a ello se opera una modificación en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita 1/1996 actualmente en vigor, para evitar desfases entre el régimen normativo recogido en la misma y la aplicación de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia. Con este fin se definen los supuestos que permiten el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, estableciendo una casuística más amplia que la existente hasta ahora y se elevan los umbrales vigentes, introduciendo así una mejora sustancial que beneficiará de manera directa a los ciudadanos. De forma paralela se sustituye la referencia al salario mínimo interprofesional por la del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) a fin de mejorar las cuantías determinantes del umbral por debajo del cual se reconoce el derecho. IV Se modifica el artículo correspondiente al pago de las costas de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para evitar que en un proceso de ejecución de una hipoteca constituida para la adquisición de una vivienda habitual, se incluya entre los conceptos de las costas procesales que debe abonar el ejecutado, el de la tasa pagada por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, extendiéndose la misma exclusión al avalista. Con estos ajustes se pretende garantizar una aplicación más adecuada de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia previstas en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, a la vez que se adelantan en el tiempo algunas de las previsiones de la futura nueva regulación de la asistencia jurídica gratuita. V El elevado coste y los problemas de seguridad que conlleva la conservación de las drogas tóxicas, estupefacientes y de las sustancias psicotrópicas intervenidas en los procesos penales, aconseja introducir en la Ley de Enjuiciamiento Criminal un régimen flexible que facilite su rápida destrucción, una vez realizados los informes analíticos pertinentes y asegurada la conservación de muestras suficientes para garantizar ulteriores comprobaciones, superando así algunos problemas que hoy existen y deben ser resueltos con urgencia. El vigente artículo 367 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga a conservar, en todo caso, las «muestras suficientes para garantizar ulteriores comprobaciones o investigaciones». Sin embargo, la aplicación de las directrices internacionales para la toma de muestras y práctica de análisis de sustancias determina que la muestra remitida al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses o al servicio de Sanidad se corresponda con una gran cantidad de droga cuya conservación plantea importantes y graves problemas de seguridad. Al mismo tiempo, una vez practicado el análisis, no resulta necesaria ni conveniente la conservación de todas las muestras remitidas al organismo correspondiente para un posible posterior contraanálisis. Por el contrario, la conservación de una muestra significativa, o de «las muestras mínimas e imprescindibles que, conforme a criterios científicos, resulten necesarias para garantizar ulteriores comprobaciones o investigaciones» es suficiente. La droga que debe ser realmente conservada no es el total de las muestras inicialmente remitidas para análisis, sino tan sólo la cantidad de droga que garantice, tras la práctica del análisis inicial, un análisis contradictorio y un análisis dirimente (en este sentido, la Recomendación del Consejo Europeo de 30 de marzo de 2004 sobre directrices para la toma de muestras de drogas incautadas a efectos de análisis). Por ello, y para asegurar adecuadamente el derecho a la defensa, es necesario que sea el organismo encargado del análisis el que determine el contenido de esa «muestra mínima» con arreglo a los criterios científicos establecidos en las directrices internacionales y a los protocolos consensuados sobre esta materia. Asimismo, la experiencia confirma que la conservación de los alijos carece de sentido ni justificación en la generalidad de los casos, por lo que resulta conveniente agilizar el procedimiento, autorizando su destrucción –una vez realizados los análisis necesarios y recogidas las muestras mínimas suficientes– si el Juez Instructor, dentro del plazo de un mes desde que se le haya comunicado la realización de las comprobaciones necesarias, no ordena su conservación íntegra. La salvaguarda eficaz del bien jurídico protegido en los delitos contra la salud pública, en particular en los delitos de tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas tipificados en los artículos 368 a 372 del Código Penal, una adecuada tutela del derecho a la protección de la salud de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como la necesidad de evitar unos elevados e innecesarios costes económicos a las administraciones públicas, máxime en el actual entorno de crisis que demanda la adopción con carecer de urgente, sin merma de las garantías que en el proceso penal amparan a las partes, de las medidas legislativas que permitan la rápida destrucción de las drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, haciendo realidad la voluntad del legislador de solucionar el acuciante problema descrito, presente en reformas legales anteriores que, sin embargo, no han alcanzado la finalidad que las presidió. Las mismas razones aconsejan la previsión de un régimen transitorio que autorice la aplicación de esta nueva regulación a las drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas bajo custodia de las autoridades administrativas a la entrada en vigor de este real decreto-ley. VI En la parte final de este real decreto-ley se incluye, en primer lugar, una disposición adicional que viene a regularizar la situación creada en relación con el abono de las cuotas de derechos pasivos y de las cotizaciones a las respectivas mutualidades de funcionarios tras la supresión de la paga extraordinaria y la paga adicional o equivalente del complemento específico del personal del sector público y de los altos cargos, del mes de diciembre de 2012, efectuada por los artículos 2 y siguientes del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Como consecuencia de lo establecido en el artículo 23.2 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, y en la disposición final cuarta, dos, de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, tanto la cuota de derechos pasivos como la de las respectivas mutualidades de funcionarios se abonaron doblemente en el mes de diciembre de 2012. No obstante, la previsión de abonar doblemente las referidas cuotas en los meses de junio y diciembre de cada año obedece al hecho de que, en dichos meses, el personal de que se trata percibe, junto con la mensualidad ordinaria, la correspondiente a la paga extraordinaria. Dado que la retribución que el personal del sector público ha percibido en el mes de diciembre de 2012 no incluía el importe correspondiente a la paga extraordinaria (y a la adicional del complemento específico o equivalente) de dicho mes, razones de justicia material aconsejan que la cotización se minore en la misma proporción y que dicha minoración se realice con la mayor urgencia posible. Esta disposición viene, así, a permitir, con la necesaria habilitación legal, regularizar las cuotas por derechos pasivos y mutualidades del mes de diciembre de 2012. La disposición final primera modifica determinados preceptos de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 al objeto de completar y permitir una aplicación más adecuada y correcta de los mismos. Para ello, se amplía el ámbito temporal de la posible aplicación de la compensación de las exenciones en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica contenidas en el Convenio de Cooperación para la Defensa con los Estados Unidos, para lo que, en cualquier caso, será necesaria la suscripción de un convenio con los ayuntamientos afectados. Asimismo, se aclara la forma de cálculo de los ingresos tributarios del Estado como índice de evolución aplicable en la participación de las entidades locales en tributos del Estado del año 2013, y que se utilizó para la determinación de los importes recogidos en el estado de gastos de la Sección presupuestaria correspondiente. Por último, se amplía de tres a cinco años el período de vigencia de los planes de reducción de deuda o de saneamiento en los casos de refinanciación de operaciones de crédito a largo plazo concertadas por las entidades locales y se clarifican los objetivos que deben regir los planes de reducción de deuda mencionados. Otra de las disposiciones finales se refiere al régimen especial de aplicación de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, a los contratos de arrendamiento previstos en la disposición adicional única del Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios. Una norma que instó al Gobierno a promover con el sector financiero la constitución de un fondo social de viviendas propiedad de las entidades de crédito, destinadas a ofrecer cobertura a aquellas personas que hubieran sido desalojadas de su vivienda habitual por el impago de un préstamo hipotecario, cuando concurren en ellas circunstancias de especial vulnerabilidad. La reciente apertura del procedimiento de asignación de las primeras viviendas procedentes de dicho fondo exige que, con la mayor celeridad posible, se dote de cobertura legal a determinadas especialidades que deben observar los contratos de arrendamiento que, próximamente, se van a comenzar a celebrar. Se reforma también el Real Decreto-ley 10/2008, de 12 de diciembre, por el que se adoptan medidas financieras para la mejora de la liquidez de las pequeñas y medianas empresas, y otras medidas económicas complementarias, para evitar que las empresas incurran en causa legal de reducción de capital y, en su caso, de disolución a causa de las pérdidas. En este momento, dado que el proceso de consolidación bancaria va a suponer una nueva caída significativa del valor de mercado de los bienes inmuebles, se hace necesario la aprobación de una nueva prórroga de esta medida, al menos, durante este año, que es el tiempo mínimo para negociar la reestructuración de los pasivos del sector, y ampliar su ámbito de aplicación para evitar que las empresas del sector inmobiliario entren en situación de concurso de acreedores. Se prevé que esta será la última prórroga que haga falta ya que los ajustes en el activo de las entidades en los últimos años van a suponer un correlativo ajuste en el pasivo. Por otro lado, la modificación de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito incluye una disposición adicional que aclare que las operaciones realizadas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) en aplicación de su normativa reguladora no constituyen una operación de concentraciones en virtud de la Ley 15/2007, a pesar de que algunas de ellas puedan superar los umbrales de notificación establecidos en dicha ley, por ser aquéllas ejecución de un mandato legal. La urgencia de esta disposición viene dada porque la inminente aportación de los activos de las entidades Grupo 2 desencadenaría la obligación de notificar la operación como de concentración. En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución Española, a propuesta de los Ministros de Justicia, de Hacienda y Administraciones Públicas y de Economía y Competitividad, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 22 de febrero de 2013, DISPONGO: Artículo 1. Modificación de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Uno. La letra c) del artículo 2 pasa a tener la siguiente redacción: «c) La interposición del recurso contencioso-administrativo.» Dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 3: «1. Es sujeto pasivo de la tasa quien promueva el ejercicio de la potestad jurisdiccional y realice el hecho imponible de la misma. A los efectos previstos en el párrafo anterior, se entenderá que se realiza un único hecho imponible cuando en el escrito ejercitando el acto procesal que constituye el hecho imponible se acumulen varias acciones principales, que no provengan de un mismo título. En este caso, para el cálculo del importe de la tasa se sumarán las cuantías de cada una de las acciones objeto de acumulación.» Tres. Se modifica la letra a) del apartado 1 del artículo 4, al que también se añaden tres nuevas letras: «a) La interposición de demanda y la presentación de ulteriores recursos en relación con los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores regulados en el título I del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil. No obstante, estarán sujetos al pago de la tasa los procesos regulados en el capítulo IV del citado título y libro de la Ley de Enjuiciamiento Civil que no se inicien de mutuo acuerdo o por una de las partes con el consentimiento de la otra, aun cuando existan menores, salvo que las medidas solicitadas versen exclusivamente sobre estos.» «g) La interposición de la demanda de ejecución de laudos dictados por las Juntas Arbitrales de Consumo. h) Las acciones que, en interés de la masa del concurso y previa autorización del Juez de lo Mercantil, se interpongan por los administradores concursales. i) Los procedimientos de división judicial de patrimonios, salvo en los supuestos en que se formule oposición o se suscite controversia sobre la inclusión o exclusión de bienes, devengando la tasa por el juicio verbal y por la cuantía que se discuta o la derivada de la impugnación del cuaderno particional a cargo del opositor, y si ambos se opusieren a cargo de cada uno por su respectiva cuantía.» Cuatro. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 4: «4. En el orden contencioso-administrativo, los funcionarios públicos cuando actúen en defensa de sus derechos estatutarios tendrán una exención del 60 por ciento en la cuantía de la tasa que les corresponda por la interposición de los recursos de apelación y casación.» Cinco. Se añade un párrafo nuevo al apartado 2 del artículo 6: «Se considerarán, a efectos de la determinación de la base imponible, como procedimientos de cuantía indeterminada los procesos regulados en el capítulo IV del título I del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil no exentos del abono de la tasa.» Seis. En el apartado 1 del artículo 7, a continuación de la tabla correspondiente a la cantidad fija de la tasa del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, se añade el siguiente párrafo: «Cuando el recurso contencioso-administrativo tenga por objeto la impugnación de resoluciones sancionadoras, la cuantía de la tasa, incluida la cantidad variable que prevé el apartado siguiente, no podrá exceder del 50 por ciento del importe de la sanción económica impuesta.» Siete. El párrafo primero del apartado 2 del artículo 7 pasa a tener la siguiente redacción: «2. Cuando el sujeto pasivo sea persona jurídica se satisfará, además, la cantidad que resulte de aplicar a la base imponible determinada con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior, el tipo de gravamen que corresponda, según la siguiente escala:» Ocho. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 7: «3. Cuando el sujeto pasivo sea persona física se satisfará, además, la cantidad que resulte de aplicar a la base imponible de la tasa un tipo del 0,10 por ciento con el límite de cuantía variable de 2.000 euros.» Nueve. Se modifican los apartados 2 y 5 del artículo 8: «2. El justificante del pago de la tasa con arreglo al modelo oficial, debidamente validado, acompañará a todo escrito procesal mediante el que se realice el hecho imponible de este tributo. En caso de que no se acompañase dicho justificante, el Secretario judicial requerirá al sujeto pasivo para que lo aporte en el plazo de diez días, no dando curso al escrito hasta que tal omisión fuese subsanada. La ausencia de subsanación de tal deficiencia, tras el requerimiento del Secretario judicial a que se refiere el precepto, dará lugar a la preclusión del acto procesal y a la consiguiente continuación o finalización del procedimiento, según proceda.» «5. Se efectuará una devolución del 60 por ciento del importe de la cuota de la tasa, que en ningún caso dará lugar al devengo de intereses de demora, cuando, en cualquiera de los procesos cuya iniciación dé lugar al devengo de este tributo, tenga lugar el allanamiento total o se alcance un acuerdo que ponga fin al litigio. Esta devolución también será aplicable en aquellos supuestos en los que la Administración demandada reconociese totalmente en vía administrativa las pretensiones del demandante. Se tendrá derecho a esta devolución desde la firmeza de la resolución que ponga fin al proceso y haga constar la forma de terminación.» Artículo 2. Modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita. Uno. Se añaden las siguientes letras al artículo 2: «g) Con independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita, que se les prestará de inmediato, a las víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos en aquellos procesos que tengan vinculación, deriven o sean consecuencia de su condición de víctimas, así como a los menores de edad y las personas con discapacidad psíquica cuando sean víctimas de situaciones de abuso o maltrato. Este derecho asistirá también a los causahabientes en caso de fallecimiento de la víctima, siempre que no fuera el agresor. A los efectos de la concesión del beneficio de justicia gratuita, la condición de víctima se adquirirá cuando se formule denuncia o querella, o se inicie un procedimiento penal, por alguno de los delitos a que se refiere este apartado, y se mantendrá mientras permanezca en vigor el procedimiento penal o cuando, tras su finalización, se hubiere dictado sentencia condenatoria. El beneficio de justifica gratuita se perderá en caso de sentencia absolutoria firme o archivo firme del procedimiento penal, sin la obligación de abonar el coste de las prestaciones disfrutadas gratuitamente hasta ese momento. h) Con independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita a quienes a causa de un accidente acrediten secuelas permanentes que les impidan totalmente la realización de las tareas de su ocupación laboral o profesional habitual y requieran la ayuda de otras personas para realizar las actividades más esenciales de la vida diaria, cuando el objeto del litigio sea la reclamación de indemnización por los daños personales y morales sufridos.» Dos. El artículo 3 pasa a tener la siguiente redacción: «Artículo 3. Requisitos básicos. 1. Se reconocerá el derecho de asistencia jurídica gratuita a aquellas personas físicas que careciendo de patrimonio suficiente cuenten con unos recursos e ingresos económicos brutos, computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, que no superen los siguientes umbrales: a) Dos veces el indicador público de renta de efectos múltiples vigente en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas no integradas en ninguna unidad familiar. b) Dos veces y media el indicador público de renta de efectos múltiples vigente en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas integradas en alguna de las modalidades de unidad familiar con menos de cuatro miembros. c) El triple de dicho indicador cuando se trate de unidades familiares integradas por cuatro o más miembros. 2. Constituyen modalidades de unidad familiar: a) La integrada por los cónyuges no separados legalmente y, si los hubiere, los hijos menores con excepción de los que se hallaren emancipados. b) La formada por el padre o la madre y los hijos que reúnan los requisitos a que se refiere la regla anterior. 3. Los medios económicos podrán, sin embargo, ser valorados individualmente, cuando el solicitante acredite la existencia de intereses familiares contrapuestos en el litigio para el que se solicita la asistencia. 4. El derecho a la asistencia jurídica gratuita solo podrá reconocerse a quienes litiguen en defensa de derechos o intereses propios, o ajenos cuando tengan fundamento en una representación legal. En este último caso, los requisitos para la obtención del beneficio vendrán referidos al representado. 5. Se reconocerá el derecho de asistencia jurídica gratuita a las personas jurídicas mencionadas en el apartado c) del artículo anterior, cuando careciendo de patrimonio suficiente el resultado contable de la entidad en cómputo anual fuese inferior a la cantidad equivalente al triple del indicador público de renta de efectos múltiples.» Tres. El Artículo 4 quedara redactado en los siguientes términos. «Artículo 4. Exclusión por motivos económicos. 1. A los efectos de comprobar la insuficiencia de recursos para litigar, se tendrá en cuenta además de las rentas y otros bienes patrimoniales o circunstancias que declare el solicitante, los signos externos que manifiesten su real capacidad económica, negándose el derecho a la asistencia jurídica gratuita si dichos signos, desmintiendo la declaración del solicitante, revelan con evidencia que este dispone de medios económicos que superan el límite fijado por la ley. 2. Para valorar la existencia de patrimonio suficiente se tendrá en cuenta la titularidad de bienes inmuebles siempre que no constituyan la vivienda habitual del solicitante, así como los rendimientos del capital mobiliario.» Cuatro. El artículo 5 queda redactado como sigue: «Artículo 5. Reconocimiento excepcional del derecho. 1. En atención a las circunstancias de familia del solicitante, número de hijos o familiares a su cargo, las tasas judiciales y otros costes derivados de la iniciación del proceso, u otras de análoga naturaleza, objetivamente evaluadas y, en todo caso, cuando el solicitante ostente la condición de ascendiente de una familia numerosa de categoría especial, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita ante la que se presente la solicitud podrá conceder excepcionalmente, mediante resolución motivada, el reconocimiento del derecho a las personas cuyos recursos e ingresos, aun superando los límites previstos en el artículo 3, no excedan del quíntuplo del indicador público de renta de efectos múltiples, teniendo en cuenta además la carencia de patrimonio suficiente. 2. En las mismas condiciones señaladas en el párrafo anterior, se podrá reconocer el derecho a la asistencia jurídica gratuita atendiendo a las circunstancias de salud del solicitante y a las personas con discapacidad señaladas en el apartado 2 artículo 1 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, así como a las personas que los tengan a su cargo cuando actúen en un proceso en su nombre e interés, siempre que se trate de procedimientos que guarden relación con las circunstancias de salud o discapacidad que motivan este reconocimiento excepcional. En tales casos, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita correspondiente determinará expresamente qué prestaciones de las contempladas en el artículo 6 son de aplicación al solicitante.» Cinco. Se modifican los puntos 5 y 6 del artículo 6: «5. Exención del pago de tasas judiciales, así como del pago de depósitos necesarios para la interposición de recursos. 6. Asistencia pericial gratuita en el proceso a cargo del personal técnico adscrito a los órganos jurisdiccionales, o, en su defecto, a cargo de funcionarios, organismos o servicios técnicos dependientes de las Administraciones públicas. Excepcionalmente y cuando por inexistencia de técnicos en la materia de que se trate, no fuere posible la asistencia pericial de peritos dependientes de los órganos jurisdiccionales o de las Administraciones públicas, ésta se llevará a cabo, si el Juez o el Tribunal lo estima pertinente, en resolución motivada, a cargo de peritos designados de acuerdo a lo que se establece en las leyes procesales, entre los técnicos privados que correspondan. El Juez o Tribunal podrá acordar en resolución motivada que la asistencia pericial especializada gratuita se lleve a cabo por profesionales técnicos privados cuando deba prestarse a menores y personas con discapacidad psíquica que sean víctimas de abuso o maltrato, atendidas las circunstancias del caso y el interés superior del menor o de la persona con discapacidad, pudiendo prestarse de forma inmediata.» Seis. El artículo 12 pasa a tener la siguiente redacción: «Artículo 12. Solicitud del derecho. 1. El solicitante del derecho a la asistencia jurídica gratuita deberá indicar cuáles son las prestaciones incluidas en el artículo 6 cuyo reconocimiento pide. El reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita comportará en todo caso la exención del pago de las tasas y depósitos previstos en el número 5 del artículo 6. La solicitud del reconocimiento del derecho podrá formularse a los solos efectos de la exención del pago de las tasas y depósitos señalados. 2. El reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, que podrá comprender todas o algunas de las prestaciones previstas en el artículo 6, se instará por los solicitantes ante el Colegio de Abogados del lugar en que se halle el Juzgado o Tribunal que haya de conocer del proceso principal para el que aquél se solicita, o ante el Juzgado de su domicilio. En este último caso, el órgano judicial dará traslado de la petición al Colegio de Abogados territorialmente competente. 3. Cuando haya concurrencia de litigantes en un proceso, el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita deberá ser instado individualmente por cada uno de los interesados. 4. Cuando con arreglo a las leyes procesales, los solicitantes deban litigar bajo una sola defensa o representación, deberán computarse, a efectos del reconocimiento del derecho, la totalidad de los ingresos y haberes patrimoniales de los solicitantes. En este caso, si se acreditara que los ingresos y haberes patrimoniales de cada uno de los solicitantes no sobrepasan los umbrales previstos en el apartado 1 del artículo 3, se procederá a nombrar abogado y, en su caso, procurador del turno de oficio que deberán asumir la representación y defensa conjunta de todos ellos. 5. Si se acreditara que los ingresos y haberes patrimoniales de cada uno de los solicitantes superan los umbrales previstos en el apartado 1 del artículo 3 pero no alcanzan el quíntuplo del indicador público de renta de efectos múltiples, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita podrá determinar cuáles de las prestaciones establecidas en el artículo 6 se otorgarán a los solicitantes.» Siete. El párrafo segundo del artículo 16 queda redactado como sigue: «No obstante, a fin de evitar que el transcurso de los plazos pueda provocar la preclusión de un trámite o la indefensión de cualquiera de las partes, el Secretario judicial, de oficio o a petición de éstas, podrá decretar la suspensión hasta que se produzca la decisión sobre el reconocimiento o la denegación del derecho a litigar gratuitamente, o la designación provisional de abogado y procurador si su intervención fuera preceptiva o requerida en interés de la justicia, siempre que la solicitud del derecho se hubiera formulado en los plazos establecidos en las leyes procesales. Esta suspensión afectará también al plazo de subsanación a que se refiere el apartado 2 del artículo 8 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.» Ocho. Se modifica la redacción de la disposición adicional octava. «Disposición adicional octava. Sustitución de las referencias al salario mínimo interprofesional. Todas las referencias contenidas en esta ley y en su normativa de desarrollo al salario mínimo interprofesional se entenderán hechas al indicador público de renta de efectos múltiples y su valoración se efectuará de conformidad con el artículo 3.» Artículo 3. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Uno. Se modifica el número 7.º del apartado 1 del artículo 241, quedando redactado como sigue: «7.º La tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, cuando sea preceptiva. No se incluirá en las costas del proceso el importe de la tasa abonada en los procesos de ejecución de las hipotecas constituidas para la adquisición de vivienda habitual. Tampoco se incluirá en los demás procesos de ejecución derivados de dichos préstamos o créditos hipotecarios cuando se dirijan contra el propio ejecutado o contra los avalistas.» Artículo 4. Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 14 de septiembre de 1882. Se modifica el apartado 1 del artículo 367 ter, que queda redactado en los siguientes términos: «1. Podrá decretarse la destrucción de los efectos judiciales, dejando muestras suficientes, cuando resultare necesaria o conveniente por la propia naturaleza de los efectos intervenidos o por el peligro real o potencial que comporte su almacenamiento o custodia, previa audiencia al Ministerio Fiscal y al propietario, si fuere conocido, o a la persona en cuyo poder fueron hallados los efectos cuya destrucción se pretende. Cuando se trate de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, la autoridad administrativa bajo cuya custodia se encuentren, una vez realizados los informes analíticos pertinentes, asegurada la conservación de las muestras mínimas e imprescindibles que, conforme a criterios científicos, resulten necesarias para garantizar ulteriores comprobaciones o investigaciones, y previa comunicación al Juez instructor, procederá a su inmediata destrucción si, trascurrido el plazo de un mes desde que se efectuó aquella, la autoridad judicial no hubiera ordenado mediante resolución motivada la conservación íntegra de dichas sustancias. En todo caso, lo conservado se custodiará siempre a disposición del órgano judicial competente.» Disposición adicional única. Cuotas de derechos pasivos y de las mutualidades de funcionarios en el mes de diciembre de 2012. Excepcionalmente, en el mes de abril de 2013, la cuantía mensual de la cuota de derechos pasivos y de la cotización a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, al Instituto Social de las Fuerzas Armadas y a la Mutualidad General Judicial, será objeto de minoración en una cuantía equivalente al importe que haya abonado el obligado por dichos conceptos en el mes de diciembre de 2012 correspondiente a la paga extraordinaria. En el recibo de nómina correspondiente a dicho mes se consignará de forma expresa y separada la cantidad minorada. Al personal funcionario que no se encuentre en situación de servicio activo o equivalente en el mes de abril de 2013 se le pagará, por parte del órgano pagador que le hubiera satisfecho las retribuciones correspondientes al mes de diciembre de 2012, una cantidad equivalente al importe que hubiera abonado el funcionario en el mes de diciembre de 2012 en concepto de cuotas de derechos pasivos y mutualidades correspondiente a la paga extraordinaria de dicho mes. En el mes inmediatamente posterior al pago de dicha cantidad, el órgano pagador procederá a compensar el importe global de las mismas, mediante minoración del montante de las cuotas a ingresar en el Tesoro Público o a la correspondiente mutualidad. Lo dispuesto en los apartados anteriores no será de aplicación a aquellos empleados públicos a que se refiere el apartado 6 de los artículos 2 y 3 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Disposición transitoria primera. Reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita. Las normas de este real decreto-ley serán también de aplicación en relación con el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, respecto del pago de la tasa judicial devengada conforme a la Ley 10/2012, de 20 de noviembre. Las cantidades abonadas en concepto de tasas devengadas conforme a la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, desde su entrada en vigor, hasta la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, por quienes hubieran tenido reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita de acuerdo con los nuevos criterios y umbrales previstos en esta norma podrán ser restituidas, una vez reconocido el beneficio de justicia gratuita, a través de un procedimiento que habrá de iniciarse a instancia de los interesados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. A estos efectos, el interesado deberá acreditar tanto el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita por parte de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita correspondiente como del abono de la tasa judicial devengada conforme a la Ley 10/2012, de 20 de noviembre. Disposición transitoria segunda. Drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas actualmente bajo custodia de las autoridades administrativas. El régimen de destrucción de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas regulado en el artículo 367 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 14 de septiembre de 1882, en la redacción dada por el presente real decreto-ley, será aplicable a las que se encuentren bajo custodia de las autoridades administrativas a la entrada en vigor de éste. Disposición final primera. Modificación de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. Uno. Se modifica el apartado uno del artículo 104: «Uno. Con cargo a los créditos consignados en la Sección 32, Servicio 02, Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, Programa 942N, Concepto 461.01, se hará efectiva la compensación de las cuotas del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica objeto de condonación en el año 2013, como consecuencia de la aplicación de los beneficios fiscales establecidos en el vigente Convenio de Cooperación para la Defensa con los Estados Unidos, de fecha 1 de diciembre de 1988. Asimismo, se podrán incluir en aquella compensación las cuotas del citado impuesto correspondientes a los períodos impositivos de 2011 y 2012. El cálculo de la cantidad a compensar por todos los conceptos mencionados en el párrafo anterior se realizará con arreglo a los Convenios suscritos con los ayuntamientos afectados.» Dos. Se modifica el apartado 2 de la disposición adicional septuagésima: «2. Por lo que se refiere al cálculo de los ingresos tributarios del Estado del año 2004, se utilizarán los criterios de homogeneización establecidos en el artículo 20 de la Ley 22/2009. Esto es, se procederá a simular la entrega a cuenta del año 2004 de las Comunidades Autónomas en los términos de cesión correspondientes al año 2013. Por lo que respecta a la liquidación del 2002 se calculará por diferencia entre el rendimiento definitivo de las Comunidades Autónomas en los términos de cesión del año 2013 y las entregas que se hubieran efectuado de acuerdo con dichos términos de cesión. Igualmente para la determinación del resto de los índices de evolución regulados en el Capítulo I del Título VII de la presente Ley, distintos del anterior, se aplicará lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, sustituyendo, si procede, el año base 2007 por el que corresponda.» Tres. Se modifica el párrafo cuarto del apartado uno de la disposición adicional septuagésima tercera: «Además, en el caso de que las entidades locales presenten ahorro neto negativo o endeudamiento superior al 75 por ciento de sus ingresos corrientes liquidados en el ejercicio inmediato anterior en los términos definidos en la disposición final trigésima primera de esta Ley, las corporaciones locales, mediante acuerdo de sus respectivos Plenos, deberán aprobar un plan de saneamiento financiero o de reducción de deuda para corregir, en un plazo máximo de cinco años, el signo del ahorro neto o el volumen de endeudamiento, respectivamente. Por lo que se refiere a este último deberá corregirse hasta el límite antes citado, en el caso de que dicho volumen se encuentre comprendido entre aquel porcentaje y el fijado en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. En los restantes supuestos de endeudamiento excesivo, el plan de reducción de deuda deberá corregir el nivel de deuda, como máximo, al porcentaje fijado en el último precepto citado.» Disposición final segunda. Régimen especial de aplicación de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos a los contratos de arrendamiento previstos en la disposición adicional única del Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios. 1. Los contratos de arrendamiento que se suscriban en el marco de la encomienda al Gobierno prevista en la disposición adicional única del Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, se considerarán contratos de arrendamiento de vivienda y estarán sujetos a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, excepto en lo previsto en sus artículos 9 y 18, con las especialidades que se regulan a continuación. 2. La duración de estos contratos de arrendamiento será de dos años, prorrogables por otro año. 3. A los seis meses de producido el impago de la renta sin que este se haya regularizado en su integridad, el arrendador podrá iniciar el desahucio del arrendatario. Asimismo, transcurrido el plazo de duración del contrato, si el arrendatario no desalojara la vivienda, el arrendador podrá iniciar el procedimiento de desahucio. Disposición final tercera. Modificación del Real Decreto-ley 10/2008, de 12 de diciembre, por el que se adoptan medidas financieras para la mejora de la liquidez de las pequeñas y medianas empresas, y otras medidas económicas complementarias. La disposición adicional única queda redactada en los siguientes términos: «1. A los solos efectos de la determinación de las pérdidas para la reducción obligatoria de capital regulada en el artículo 327 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y para la disolución prevista en el artículo 363.1.e) del citado texto refundido, así como respecto del cumplimiento del presupuesto objetivo del concurso contemplado en el artículo 2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, no se computarán las pérdidas por deterioro reconocidas en las cuentas anuales, derivadas del Inmovilizado Material, las Inversiones Inmobiliarias y las Existencias. 2. Lo dispuesto en el apartado anterior únicamente será de aplicación excepcional en los ejercicios sociales que se cierren en el año 2013.» Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito. Se añade una letra g) en el apartado 4 del artículo 36, con la siguiente redacción: «g) Las adquisiciones de activos por parte de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria al amparo de lo dispuesto en la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, no estarán sujetas al régimen previsto en el capítulo II del título I de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.» Disposición final quinta. Título competencial. El presente real decreto-ley se dicta al amparo de las competencias del Estado en materia de Administración de Justicia, legislación procesal y Hacienda Pública del artículo 149.1.5.ª, 6.ª y 14.ª de la Constitución. La disposición adicional única se dicta al amparo de las competencias atribuidas al Estado en el artículo 149.1.17.ª de la Constitución en materia de legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social. La disposición final segunda se dicta al amparo de las competencias atribuidas al Estado en el artículo 149.1.8.ª de la Constitución en materia de legislación civil. La disposición final tercera se dicta al amparo de las competencias atribuidas al Estado en el artículo 149.1.6.ª de la Constitución en materia de legislación mercantil. La disposición final cuarta se dicta al amparo de las competencias atribuidas al Estado en el artículo 149.1.11.ª de la Constitución en materia de bases de la ordenación del crédito. Disposición final sexta. Desarrollo reglamentario. 1. El Gobierno, a propuesta conjunta de los Ministros de Justicia y de Hacienda y Administraciones Públicas, dictará las disposiciones reglamentarias complementarias que sean necesarias para la aplicación de las tasas por el ejercicio de la potestad jurisdiccional con las modificaciones efectuadas por este real decreto-ley. 2. Por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas se modificarán los modelos de autoliquidación de la tasa para adaptarlos a las reformas efectuadas en este real decreto-ley. Disposición final séptima. Entrada en vigor. 1. Este real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 2. No obstante lo anterior, las tasas por el ejercicio de la potestad jurisdiccional que hubieran de liquidarse por personas físicas y por todos los sujetos pasivos en el caso de la presentación de los recursos contencioso-administrativos a que se refieren los números cuatro y seis del artículo 1, en el período comprendido desde el día siguiente a la publicación de este real decreto-ley hasta la entrada en vigor de la Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas por la que se adapte el modelo 696 de autoliquidación y el modelo 695 de solicitud de devolución por solución extrajudicial del litigio y por acumulación de procesos, de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social, se liquidarán a partir de esta última fecha en el plazo de quince días hábiles, quedando en suspenso los procesos en el estado en que se encuentren. Si no se efectuara dicha liquidación por los sujetos pasivos, el Secretario judicial hará el requerimiento a que se refiere el apartado 2 del artículo 8 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre. Dado en Madrid, el 22 de febrero de 2013. JUAN CARLOS R. El Presidente del Gobierno, MARIANO RAJOY BREY

Reforma la ley de tasas. Se actualizan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS I La Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, ha venido a actualizar el régimen de determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia. Esta ley se configura como la norma habilitante de los recursos presupuestarios imprescindibles que garanticen la financiación de la nueva regulación sustantiva del derecho a la justicia gratuita a que se refiere el artículo 119 de la Constitución, derecho de carácter instrumental respecto del derecho fundamental de acceso a la jurisdicción reconocido en su artículo 24. En esta tarea se ha tenido en cuenta la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional, tanto en su sentencia 20/2012, de 16 de febrero de 2012, como en otras posteriores, que valida la viabilidad de un sistema mixto de financiación de la Administración de Justicia con cargo a los impuestos y «a las tasas abonadas por quienes resultan beneficiados por la actuación judicial». La aplicación de la ley, sin embargo, ha puesto de manifiesto que pese a que las tasas, en abstracto y por sí mismas, no se consideran lesivas de derecho alguno, podrían llegar a darse casos concretos e individualizados en los que la cuantía fijada en la tasa resultara excesiva. Consecuentemente, aun partiendo de la legitimidad de la vigente configuración de la tasa, es necesario arbitrar los mecanismos que eviten que, ni siquiera con carácter residual, la cuantía de las tasas pueda generar efectos indeseados. Lo expuesto justifica la urgencia por acompasar la aplicación de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional con algunas de las medidas que hoy se incluyen en el anteproyecto de nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Sin la coordinación de consecuencias jurídicas el funcionamiento del modelo podría verse afectado en su coherencia interna. II La Ley 10/2012, de 20 de noviembre, se configura como una premisa básica para el buen funcionamiento de la justicia gratuita al garantizar la suficiencia de recursos del sistema, si bien su entrada en vigor se ha producido de manera anticipada en relación a su norma complementaria, la nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, cuya tramitación parlamentaria presenta mayor complejidad. Esta circunstancia, que ha sido puesta de manifiesto por el Defensor del Pueblo, obliga a revisar determinados aspectos de la vigente Ley de Asistencia Jurídica Gratuita a fin de acompasar los efectos de ambas normas. De esta forma, la extraordinaria y urgente necesidad que justifica este real decreto-ley es evitar que los distintos tiempos de aprobación de las leyes citadas, derivados de las diferencias de tramitación parlamentaria, distorsionen su aplicación práctica. Asimismo, las modificaciones puntuales que se llevan a cabo en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, y que estas se concretan en reducciones de la cuantía de las tasas en determinados supuestos o a su no exigencia en función de la naturaleza del proceso, suponen que este real decreto-ley se ajuste a los límites materiales que para estas normas con rango de ley prescribe el artículo 86.1 de la Constitución. III En esta línea, en primer lugar, se introducen una serie de cambios en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, al objeto de atender con la mayor celeridad los planteamientos expuestos por el Defensor del Pueblo. Por esta razón se incorpora una nueva exención para la ejecución de los laudos dictados por las Juntas Arbitrales de Consumo. Dentro de la regulación de la determinación de la cuota tributaria de la tasa, las actuales circunstancias aconsejan la introducción de una escala específica para las personas naturales, con un tipo menor que el general, que se reservaría para las personas jurídicas. Asimismo, se limita, desde el punto de vista de su cuantía, la aplicación de la tasa en el orden contencioso-administrativo cuando el recurso se interponga contra resoluciones sancionadoras, impidiendo que la tasa supere el 50 por ciento del importe económico de la misma. Las razones de urgencia y necesidad justifican también una serie de modificaciones dirigidas a resolver problemas y dudas planteados en la práctica y que afectaban a los procesos capacidad, filiación, matrimonio y menores, a las acciones que pueden interponer los administradores concursales o los de división de patrimonios. Junto a ello se opera una modificación en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita 1/1996 actualmente en vigor, para evitar desfases entre el régimen normativo recogido en la misma y la aplicación de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia. Con este fin se definen los supuestos que permiten el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, estableciendo una casuística más amplia que la existente hasta ahora y se elevan los umbrales vigentes, introduciendo así una mejora sustancial que beneficiará de manera directa a los ciudadanos. De forma paralela se sustituye la referencia al salario mínimo interprofesional por la del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) a fin de mejorar las cuantías determinantes del umbral por debajo del cual se reconoce el derecho. IV Se modifica el artículo correspondiente al pago de las costas de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para evitar que en un proceso de ejecución de una hipoteca constituida para la adquisición de una vivienda habitual, se incluya entre los conceptos de las costas procesales que debe abonar el ejecutado, el de la tasa pagada por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, extendiéndose la misma exclusión al avalista. Con estos ajustes se pretende garantizar una aplicación más adecuada de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia previstas en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, a la vez que se adelantan en el tiempo algunas de las previsiones de la futura nueva regulación de la asistencia jurídica gratuita. V El elevado coste y los problemas de seguridad que con ### RESUMEN: Reforma la ley de tasas. Se actualizan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia.

La actual estructura de los presupuestos generales de las entidades locales se aprobó mediante la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre. Esta norma supuso un importante cambio en el planteamiento la presentación presupuestaria que debían tener las operaciones realizadas por las entidades locales en tanto se adaptó a la estructura aplicable al ámbito de la Administración General del Estado y se tuvieron en consideración las peculiaridades de las entidades locales. Como se indicaba en el preámbulo de aquella Orden, éstas tienen un mayor reflejo en el contenido de la clasificación por programas, y, dentro de ésta, merece destacarse el área de gastos «Servicios públicos básicos» (área de gasto 1) por cuanto éstos difieren sustancialmente de los que corresponden a la Administración General del Estado, teniéndose en cuenta a estos efectos la enumeración que realiza la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, de los servicios públicos de prestación obligatoria a cargo de los municipios y de las provincias. Por otra parte, es necesario establecer con la mayor certidumbre posible el gasto en el que incurren las entidades locales en la citada prestación, de forma que se pueda determinar el grado de eficiencia, en un marco de estabilidad y sostenibilidad financiera. En el contexto de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos se define en el artículo 7, cuyos dos primeros apartados disponen que «las políticas de gasto público deberán encuadrarse en un marco de planificación plurianual y de programación y presupuestación, atendiendo a la situación económica, a los objetivos de política económica y al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera» y que «la gestión de los recursos públicos estará orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad, a cuyo fin se aplicarán políticas de racionalización del gasto y de mejora de la gestión del sector público.» La imbricación en la citada Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, exige que se disponga, al menos, de una información presupuestaria más detallada y con una mejor y más exacta correspondencia con los servicios que quedarán definidos en la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local. Otras alternativas tienen mayores costes indirectos y son de muy difícil cumplimiento por parte de los ayuntamientos pequeños, que son, además, los más afectados. Nos estamos refiriendo a la llevanza de una contabilidad de costes o al establecimiento de nuevas obligaciones de información extracontable, relativas al coste de los servicios. Por todo ello, se hace necesario reformar la estructura por programas de los presupuestos de las entidades locales, en un doble sentido. En primer lugar, definiendo los programas de manera más ajustada a lo dispuesto en la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local. Y en segundo lugar, imponiendo, para todos los municipios, el deber de presupuestar y contabilizar con el grado de desarrollo suficiente –en unos casos, grupos de programas; en otros, programas– para que se disponga información acerca del gasto en cada uno de los servicios previstos en los artículos 25 y 26 de aquella Ley. Por otra parte, es preciso significar que el artículo 10 de la Orden EHA/3565/2008, ha quedado derogado por la modificación del artículo 167 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, instrumentada por la disposición final décima de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, y que ha implicado la derogación de la estructura simplificada que podían aplicar las entidades locales con población inferior a 5.000 habitantes, lo que es preciso para realizar una valoración fundada de la prestación de servicios por parte de estas entidades. Asimismo, el artículo 167.1 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, encomienda al Ministerio de Economía y Hacienda (actual Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) el establecimiento, con carácter general, de la estructura de los presupuestos de las entidades locales, teniendo en cuenta la naturaleza económica de los ingresos y gastos, así como las finalidades u objetivos que con estos últimos se propongan conseguir. Corresponde al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, según la disposición adicional sexta de esta Ley, la competencia para modificar las estructuras de los presupuestos de las entidades locales, y los criterios de clasificación a los que hace referencia el mencionado artículo, con objeto de adaptarlos a los establecidos para el sector público estatal en cada momento. El artículo 31 de la nueva Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece que, las entidades locales del ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deben incluir en sus presupuestos una dotación diferenciada de créditos, el Fondo de Contingencia, que «se destinará, cuando proceda, a atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio». El Fondo de Contingencia se imputa en los Presupuestos Generales del Estado, en la clasificación por programas, al grupo de programas 929 «Imprevistos y funciones no clasificadas», y en la clasificación económica al capítulo 5 «Fondo de Contingencia», de acuerdo con la Resolución de 19 de enero de 2009, de la Dirección General de Presupuestos, por la que se establecen los códigos que definen la clasificación económica de los Presupuestos Generales del Estado, y, más recientemente, la Orden HAP/981/2013, de 31 de mayo, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2014. Serán los correspondientes al ejercicio de 2015 los primeros presupuestos a los que resulte de aplicación en cuanto a su elaboración y ejecución. Sin embargo, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 3.1 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera la información que se suministre con posterioridad a la entrada en vigor de la presente Orden, relativa a las liquidaciones de presupuestos de 2013 y 2014 tendría que adecuarse a ella, y, por lo tanto, debería presentar una desagregación de la clasificación por programas análoga a la definida en esta Orden. En definitiva, la presente Orden consta de un artículo único, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales. El artículo único modifica los artículos 4 y 6 de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, en los que se recogen los principios básicos de la clasificación por programas y se redefine la composición de la aplicación presupuestaria, e incluye como concepto presupuestario independiente el Fondo de Contingencia, que podrá ser utilizado por cualquier Entidad local, de forma homogénea con el Estado. La disposición transitoria única establece que el suministro de información a la que se refiere la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera deberá adecuarse a lo dispuesto en la presente Orden. La disposición derogatoria única deroga expresamente el artículo 10 de la Orden EHA/3565/2008. En cuanto a las disposiciones finales, la primera habilita a la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, para dictar normas de desarrollo y ejecución de la presente Orden; la segunda establece la entrada en vigor. Esta Orden se dicta en desarrollo de las habilitaciones otorgadas al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en el artículo 167.1 y en la disposición adicional sexta del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. La presente Orden ministerial ha sido informada favorablemente por los Servicios Jurídicos de este Ministerio. En virtud de lo expuesto, de acuerdo con el Consejo de Estado, dispongo: Artículo único. Modificación de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales. La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, queda modificada como sigue: Uno. El artículo 4 queda redactado del siguiente modo: «Artículo 4. Clasificación por programas. 1. Los créditos se ordenarán según su finalidad y los objetivos que con ellos se proponga conseguir, con arreglo a la clasificación por áreas de gasto, políticas de gasto, grupos de programas y programas que se detallan en el anexo I. Estos últimos podrán desarrollarse en subprogramas. 2. Con carácter general, el detalle de los créditos se presentará, como mínimo, en el nivel de grupos de programas de gasto. No obstante, este detalle se deberá presentar en el nivel de programas de gasto en los casos que se especifican en el anexo I. 3. La estructura que se especifica en el anexo I se debe considerar cerrada y obligatoria para todas las entidades locales. No obstante, será abierta a partir del nivel de programas y subprogramas, por lo que podrán crearse los programas y subprogramas que se consideren necesarios cuando no figuren en la estructura que por esta Orden se establece. 4. En los supuestos en que la Entidad local asuma competencias por delegación del Estado o de las Comunidades Autónomas, en aplicación del artículo 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, deberá realizar el necesario desarrollo de los grupos de programa, a fin de que exista una exacta correspondencia entre cada servicio asumido y un único programa o subprograma presupuestario.» Dos. Se modifica el artículo 6 cuya redacción será la siguiente: «Artículo 6. Aplicación presupuestaria. La aplicación presupuestaria cuya expresión cifrada constituye el crédito presupuestario vendrá definida, al menos, por la conjunción de las clasificaciones por programas y económica, en el nivel de grupo de programa o programa y concepto o subconcepto respectivamente. En el caso de que la Entidad local opte por utilizar la clasificación orgánica, la aplicación presupuestaria vendrá definida por la conjunción de las clasificaciones orgánica, por programas y económica.» Tres. Se modifica el anexo I que contiene los códigos de la clasificación por programas de los gastos del presupuesto de las entidades locales y sus organismos autónomos, en los términos que se especifican en la presente Orden. Cuatro. En el anexo III «Códigos de la clasificación económica de los gastos del presupuesto de las entidades locales y sus organismos autónomos», se crea el capítulo 5, con un único artículo (artículo 50) y concepto (concepto 500), para imputar al presupuesto de gastos la dotación diferenciada en concepto de Fondo de Contingencia, exigida por el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que quedan redactados como sigue: «CAPÍTULO 5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos Comprende este capítulo la dotación al Fondo de Contingencia al que se refiere el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que obligatoriamente han de incluir en sus presupuestos las Entidades Locales del ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, para la atención de necesidades imprevistas, inaplazables y no discrecionales, para las que no exista crédito presupuestario o el previsto resulte insuficiente. Las entidades locales no incluidas en aquel ámbito subjetivo aplicarán este mismo criterio en el caso de que aprueben la dotación de un Fondo de contingencia con la misma finalidad citada. Artículo 50. Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria. Concepto 500. Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria. Artículo 31 Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En el cuadro «Clasificación económica de gastos», recogido al final del anexo III de la Orden, se incluirá: Capítulo Artículo Concepto Denominación 5     Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos.   50   Dotación al Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria.     500 Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria. Artículo 31 Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.» Cinco. En el anexo citado en el apartado anterior se suprime el artículo 27. Gastos imprevistos y funciones no clasificadas. Disposición transitoria única. Aplicación de la presente Orden en el cumplimiento de las obligaciones de suministro de información. Las obligaciones de suministro de información previstas en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera deberán cumplirse, en todo caso, de acuerdo con lo establecido en la presente Orden. Disposición derogatoria única. Derogación normativa. A la entrada en vigor de esta Orden queda derogado el artículo 10 de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales. Disposición final primera. Aplicación y ejecución de la Orden. Se habilita al titular o a la titular de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, en el ámbito de sus competencias, a adoptar las resoluciones y medidas necesarias para la aplicación y ejecución de lo dispuesto en esta Orden. Disposiciones final segunda. Entrada en vigor La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», y resultará de aplicación, en cuanto a su elaboración, ejecución y liquidación, a los presupuestos correspondientes al ejercicio 2015 y siguientes. Madrid, 14 de marzo de 2014.–El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro Romero. ANEXO I Códigos de la clasificación por programas de los gastos del presupuesto de las entidades locales y sus organismos autónomos Para la correcta clasificación de los gastos atendiendo a los programas correspondientes se tendrá en cuenta lo que se determina en la codificación a la que se refiere este anexo. Si algún gasto fuese susceptible de aplicarse a más de una política de gasto, se imputará a aquella que se considere más adecuada en relación con el conjunto de objetivos y finalidades definidos. A tales efectos, se podrán tener en cuenta tanto criterios cualitativos como cuantitativos de la gestión presupuestaria. La presente codificación tiene carácter cerrado y obligatorio para todas las entidades locales en sus niveles de áreas de gasto, políticas de gasto, grupos de programas y programas que están especificados en la misma. Por lo que se refiere a programas o subprogramas, se considera abierto, en tanto no se recojan en este anexo. Área de Gasto 1. Servicios Públicos Básicos Comprende esta área todos aquellos gastos originados por los servicios públicos básicos que, con carácter obligatorio, deben prestar los municipios, por sí o asociados, con arreglo al artículo 26.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, o, en su caso, las provincias con arreglo al artículo 31.2 de la misma Ley, atendiendo a su función de cooperación y asistencia a los municipios. A estos efectos, se incluyen, en los términos que se exponen para cada una de ellas, cuatro políticas de gasto básicas: seguridad y movilidad ciudadana, vivienda y urbanismo, bienestar comunitario y medio ambiente. En esta área no se consideran aquellas políticas de gasto de carácter sectorial y que, en consecuencia, integran otras áreas de gasto de la presente estructura. Política de gasto 13. Seguridad y movilidad ciudadana. Comprende todos los gastos de los servicios relacionados con la seguridad y movilidad ciudadana y aquellos que tenga que realizar la Entidad local para colaborar con la Administración General del Estado o de la respectiva Comunidad Autónoma en apoyo de los servicios de protección y defensa civil, actuaciones en caso de calamidades o catástrofes, prevención y extinción de incendios y acciones en general destinadas a la protección de los bienes de la Entidad local o de los particulares, así como las que se refieran a la ordenación del tráfico y del estacionamiento de vehículos. Se tipifican cinco grupos de programas, distinguiéndose aquellos que tienen por finalidad la cobertura de gastos generales de administración asociados directamente a los servicios de seguridad ciudadana y protección civil. A estos efectos, se entiende por Administración General las actividades dirigidas a la planificación, coordinación, control, organización, gestión administrativa y desarrollo de funciones de apoyo de los distintos centros directivos que integran la política de gasto. 130. Administración general de la seguridad y protección civil. 132. Seguridad y Orden Público. 133. Ordenación del tráfico y del estacionamiento. 134. Movilidad urbana. 135. Protección civil. 136. Servicio de prevención y extinción de incendios. Política de gasto 15. Vivienda y urbanismo. Se incluyen todos los gastos de los servicios relacionados con la vivienda y el urbanismo, así como de los complementarios de éstos. Así, pues, se imputarán a ella los gastos referentes a la construcción, mejora y conservación de viviendas y albergues, incluida la adquisición de terrenos; los derivados del planeamiento y régimen urbanístico del suelo; viales urbanos y otros de naturaleza análoga. Se imputan a esta política de gasto los llevados a cabo en concepto de ayudas que posibilitan el acceso a la vivienda en cualquier régimen, en acciones propias o en colaboración con otras Administraciones Públicas. También se incluyen los gastos derivados de fomento de la promoción pública de viviendas. Se tipifican cuatro grupos de programas distinguiéndose aquellos que tienen por finalidad la cobertura de gastos generales de administración asociados directamente al desarrollo de la política de la vivienda y del urbanismo: 150. Administración General de Vivienda y Urbanismo. 151. Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 152. Vivienda. 153. Vías públicas. Dentro del grupo de programas de Vivienda se tipifican dos programas, relativos a la Promoción y gestión de vivienda de protección pública y a Conservación y rehabilitación de la edificación. 1521. Promoción y gestión de vivienda de protección pública. 1522. Conservación y rehabilitación de la edificación. Dentro del grupo de programas de vías públicas se tipifican dos programas, relativos al acceso a los núcleos de población y a la pavimentación de las vías públicas. 1531. Acceso a los núcleos de población. 1532. Pavimentación de vías públicas. Política de gasto 16. Bienestar comunitario. Comprende todos los gastos relativos a actuaciones y servicios cuya finalidad es la mejora de la calidad de vida en general. Se imputarán a ella los derivados de la construcción, mantenimiento, conservación y funcionamiento de los servicios de alcantarillado, abastecimiento domiciliario de agua potable; recogida, eliminación o tratamiento de basuras; limpieza viaria; cementerios y servicios funerarios; y otros servicios de bienestar comunitario. Se tipifican seis grupos de programas: 160. Alcantarillado. 161. Abastecimiento domiciliario de agua potable. 162. Recogida, gestión y tratamiento de residuos. 163. Limpieza viaria. 164. Cementerios y servicios funerarios. 165. Alumbrado público. Dentro del grupo de programas Recogida, gestión y tratamiento de residuos se tipifican tres programas, relativos a recogida de residuos, gestión de residuos sólidos urbanos y tratamiento de residuos. 1621. Recogida de residuos. 1622. Gestión de residuos sólidos urbanos. 1623. Tratamiento de residuos. Política de gasto 17. Medio ambiente. Se incluirán en esta política de gasto todos los gastos relativos a la protección y mejora del medio ambiente así como los de inversión y funcionamiento de los servicios de protección del medio natural; repoblación forestal, realizada por la propia Entidad o en consorcio con otras Administraciones Públicas; defensa contra incendios forestales, deslinde y amojonamiento o lucha contra la desertización; mantenimiento de playas y otros de naturaleza análoga. Se tipifican tres grupos de programas: 170. Administración general del medio ambiente. 171. Parques y jardines. 172. Protección y mejora del medio ambiente. Dentro del grupo de programas de Protección y mejora del medio ambiente se tipifica un programa, relativo a la protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas. 1721. Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas. Área de Gasto 2. Actuaciones de protección y promoción social Se incluyen en esta área o grupo todos aquellos gastos y transferencias que constituyen el régimen de previsión; pensiones de funcionarios, atenciones de carácter benéfico-asistencial; atenciones a grupos con necesidades especiales, como jóvenes, mayores, minusválidos físicos y tercera edad; medidas de fomento del empleo. Política de gasto 21. Pensiones. Pensiones graciables, mejoras de pensiones y pensiones extraordinarias a cargo de la Entidad local de funcionarios y personal laboral o sus derechohabientes y otros gastos de naturaleza similar. Se tipifica un grupo de programas: 211. Pensiones. Política de gasto 22. Otras prestaciones económicas a favor de empleados. Comprende todos los gastos de este tipo, así como los derivados de la acción social a favor de los empleados, excepto las cuotas a cargo del empleador de Mutualidades y Seguridad Social. Se tipifica un grupo de programas: 221. Otras prestaciones económicas a favor de empleados. Política de gasto 23. Servicios sociales y promoción social. Se imputarán a esta política de gasto los llevados a cabo por la Entidad local para desarrollar la asistencia social primaria: la promoción de la igualdad de género, promoción y reinserción social de marginados, así como para la gestión de los servicios sociales; prestación de servicios a personas dependientes y de asistencia social, residencias de ancianos y otros de naturaleza análoga; la evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social. También se incluirán las transferencias finalistas a entidades y familias que colaboren en la consecución de estos fines. Se incluirán los gastos correspondientes a la Administración General, que corresponderán a las actividades dirigidas a la planificación, coordinación, control, organización, gestión administrativa y desarrollo de funciones de apoyo de los distintos centros directivos que integran la política de gasto. Se tipifica un grupo de programas: 231. Asistencia social primaria. Política de gasto 24. Fomento del empleo. Se imputan a esta política de gasto aquellos que tienen por objeto el fomento y promoción del empleo en acciones propias o en colaboración con otras Administraciones Públicas. Se tipifica un grupo de programas: 241. Fomento del empleo. Área de Gasto 3. Producción de bienes públicos de carácter preferente Comprende esta área o grupo todos los gastos que realice la Entidad local en relación con la sanidad, educación, cultura, con el ocio y el tiempo libre, deporte, y, en general, todos aquellos tendentes a la elevación o mejora de la calidad de vida. Política de gasto 31. Sanidad. En esta política de gasto se incluyen los gastos que tienen por objeto la prevención y curación de enfermedades, así como el mantenimiento de un estado de inmunidad sanitario en la población. Quedan comprendidos los gastos destinados a la creación, construcción, equipamiento y funcionamiento de hospitales, clínicas y sanatorios de cualquier naturaleza, casas de socorro, dispensarios, botiquines de urgencia, balnearios, laboratorios de análisis, así como sus servicios complementarios, entre los que cabe citar ambulancias; servicios de salud pública; control y suministro de medicamentos y productos sanitarios; higiene pública; laboratorios de análisis agroalimentarios; actuaciones de seguridad alimentaria; campañas de desinfección, desinsectación o desratización, y otros de naturaleza análoga. Se tipifican dos grupos de programas: 311. Protección de la salubridad pública. 312. Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. Política de gasto 32. Educación. Comprende esta política de gasto todos los gastos derivados de la creación, conservación y funcionamiento de centros e Instituciones de enseñanzas de todo tipo y sus servicios complementarios, así como las transferencias a otros entes o familias para ayuda y fomento de la misma. Los gastos incluidos en el grupo de programas de Administración General corresponderán a actividades dirigidas a la planificación, coordinación, control, organización, gestión administrativa y desarrollo de funciones de apoyo de los distintos centros directivos que integran la política de gasto. Así, se imputarán a esta política de gasto los gastos de construcción, dotación y funcionamiento de centros de enseñanza, distribuyéndose de acuerdo con los distintos niveles educativos a que se refieran. También se incluirán los gastos de centros benéfico-asistenciales cuando en ellos predomine el carácter educativo. Los gastos en concepto de transporte escolar, becas, ayudas, se consideran servicios complementarios de educación. Asimismo, se incluyen los gastos cuyo objeto sea la mejora del nivel educativo de los ciudadanos. Se tipifican siete grupos de programas: 320. Administración general de educación. 321. Creación de Centros docentes de enseñanza infantil y primaria. 322. Creación de Centros docentes de enseñanza secundaria. 323. Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial. 324. Funcionamiento de centros docentes de enseñanza secundaria. 325. Vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria. 326. Servicios complementarios de educación. 327. Fomento de la convivencia ciudadana. Política de gasto 33. Cultura. Esta política de gasto comprende los originados por los servicios a que se refiere su denominación, incluso los de carácter recreativo. Los gastos incluidos en el grupo de programas de Administración General corresponderán a actividades dirigidas a la planificación, coordinación, control, organización, gestión administrativa y desarrollo de funciones de apoyo de los distintos centros directivos que integran la política de gasto. Se incluyen los gastos de creación, conservación y funcionamiento de los edificios destinados a bibliotecas, museos, archivos, casas de la cultura, actividades culturales, de esparcimiento y tiempo libre como hogares del jubilado o casas de la juventud; salas de exposiciones, palacios de congresos, parques zoológicos, bandas de música y agrupaciones musicales, fiestas locales de carácter popular, actividades recreativas en playas, actuaciones en orden a la conservación, promoción y gestión del patrimonio histórico-artístico y otros gastos recreativos y culturales; comunicación, autorización, inspección y sanción de los espectáculos públicos; así como las transferencias a Entidades o familias que colaboren en el fomento de estas actividades. Se tipifican siete grupos de programas distinguiéndose aquellos que tienen por finalidad la cobertura de gastos generales de administración asociados directamente a los servicios de cultura y ocio: 330. Administración general de cultura. 332. Bibliotecas y Archivos. 333. Equipamientos culturales y museos. 334. Promoción cultural. 336. Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. 337. Instalaciones de ocupación del tiempo libre. 338. Fiestas populares y festejos. Dentro del grupo de programas Bibliotecas y Archivos se tipifican dos programas, relativos a Bibliotecas públicas y Archivos. 3321. Bibliotecas públicas. 3322. Archivos. Política de gasto 34. Deporte. Esta política de gasto comprende los originados por los servicios a que se refiere su denominación, tales como promoción y difusión deportiva, gastos de creación, conservación y funcionamiento de los edificios destinados a piscinas, instalaciones deportivas de todo tipo o cualquier otra actuación directamente relacionada con el deporte o la política deportiva de la respectiva Entidad local. Los gastos incluidos en el grupo de programas de Administración General corresponderán a actividades dirigidas a la planificación, coordinación, control, organización, gestión administrativa y desarrollo de funciones de apoyo de los distintos centros directivos que integran la política de gasto. Se consideran en esta política de gasto, tres grupos de programas: 340. Administración general de deportes. 341. Promoción y fomento del deporte. 342. Instalaciones deportivas. Área de Gasto 4. Actuaciones de carácter económico Se integran en esta área los gastos de actividades, servicios y transferencias que tienden a desarrollar el potencial de los distintos sectores de la actividad económica. Se incluirán también los gastos en infraestructuras básicas y de transportes; infraestructuras agrarias; comunicaciones; investigación, desarrollo e innovación. Política de gasto 41. Agricultura, ganadería y pesca. Comprende los gastos de toda índole destinados a la mejora, fomento y ordenación de las actividades agrícolas, ganaderas y piscícolas. Los gastos incluidos en el grupo de programas de Administración General corresponderán a actividades dirigidas a la planificación, coordinación, control, organización, gestión administrativa y desarrollo de funciones de apoyo de los distintos centros directivos que integran la política de gasto. Se imputarán los gastos relativos a planes de ordenación del sector; colonización y concentración parcelaria; fomento del movimiento cooperativo y promoción del asociacionismo; fomento de la industrialización agroalimentaria; formación de jóvenes empresarios; centros de extensión agraria y otros de igual naturaleza. Se incluirán, además, los gastos relacionados con el control y erradicación de plagas; mejora y selección de semillas y de ganados, centros de biotecnología; explotaciones experimentales agrícolas y otras de naturaleza similar. Asimismo comprende los gastos relacionados con la creación, mejora y mantenimiento de infraestructuras básicas en actividades agrícolas, ganaderas, piscícolas o cinegéticas; regadíos; modificación y mejora de las estructuras; conservación y saneamiento de suelos y otras de naturaleza similar. Igualmente se imputará a esta política de gasto, en su caso, la aportación o cuota al depósito agrícola. Se tipifican cinco grupos de programas: 410. Administración general de agricultura, ganadería y pesca. 412. Mejoras de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos. 414. Desarrollo rural. 415. Protección y desarrollo de los recursos pesqueros. 419. Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca. Política de gasto 42. Industria y energía. Comprende los gastos de todo tipo destinados a la promoción, apoyo y desarrollo de la industria en el ámbito de acción de la Entidad local. Los gastos incluidos en el grupo de programas de administración general corresponderán a actividades dirigidas a la planificación, coordinación, control, organización, gestión administrativa y desarrollo de funciones de apoyo de los distintos centros directivos que integran la política de gasto. Se imputarán a esta política de gasto los ocasionados con motivo de inversión en capital de empresas; fomento de la acción empresarial; ayudas para la reconversión y reindustrialización; fomento del asociacionismo de empresas industriales, y todo tipo de transferencias con destino a estos fines y de incentivos a la localización industrial. Se incluirán, además, los gastos relacionados con el apoyo a la minería, investigación, preparación, comercialización y otras actividades de la producción minera. Asimismo comprende los gastos relacionados con la producción, transmisión y distribución de energía, en especial de gas y electricidad. También se imputarán a esta política de gasto las transferencias a otros agentes con el fin específico propio de las actividades que se contemplan en la misma. Se tipifican cuatro grupos de programas: 420. Administración general de industria y energía. 422. Industria. 423. Minería. 425. Energía. Política de gasto 43. Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas. Se incluirán los gastos de cualquier naturaleza de los servicios de la Entidad relacionados con el comercio o la actividad comercial. Los gastos incluidos en el grupo de programas de Administración General corresponderán a actividades dirigidas a la planificación, coordinación, control, organización, gestión administrativa y desarrollo de funciones de apoyo de los distintos centros directivos que integran la política de gasto. Comprenderá, los gastos correspondientes a mercados centrales o de minoristas, lonjas y a cualesquiera otras instalaciones similares; actuaciones en defensa de la competencia; control de pesas y medidas y otros de naturaleza análoga; inspección y sanción de establecimientos. Se incluirán también los gastos de cualquier naturaleza asociados al desarrollo y fomento del turismo. Se imputarán los gastos de construcción, mejora, conservación y funcionamiento de establecimientos hoteleros, campings, oficinas de turismo, edición de folletos, carteles y libros y campañas publicitarias. Se recogen también las transferencias que se conceden a otras entidades públicas o privadas, con destino al cumplimiento de estos fines. Por último, se incluirán en esta política de gasto los destinados al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. Se tipifican cinco grupos de programas: 430. Administración General de Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas. 431. Comercio. 432. Información y promoción turística. 433. Desarrollo empresarial. 439. Otras actuaciones sectoriales. Dentro del grupo de programas de Comercio se tipifican tres programas, relativos a Ferias, Mercados y Comercio ambulante. 4311. Ferias. 4312. Mercados, abastos y lonjas. 4313. Comercio ambulante. Política de gasto 44. Transporte público. Se incluirán los gastos a cargo de las entidades locales destinados al mantenimiento, desarrollo y financiación del servicio de transporte público. Los gastos incluidos en el grupo de programas de Administración General corresponderán a actividades dirigidas a la planificación, coordinación, control, organización, gestión administrativa y desarrollo de funciones de apoyo de los distintos centros directivos que integran la política de gasto. Se aplicarán a esta política de gastos todos los de inversión destinados a la adquisición de medios de transporte; y a la creación, mejora y mantenimiento de infraestructuras, como estaciones de autobuses, puertos, aeropuertos y otras de naturaleza análoga. Se tipifican cuatro grupos de programas: 440. Administración general del transporte. 441. Transporte de viajeros. 442. Infraestructuras del transporte. 443. Transporte de mercancías. Dentro del grupo de programas Transporte de viajeros se crean dos programas, relativos a Transporte colectivo urbano de viajeros y Otro transporte de viajeros. 4411. Transporte colectivo urbano de viajeros. 4412. Otro transporte de viajeros. Política de gasto 45. Infraestructuras. Comprende los gastos de toda índole tendentes a la creación, mejora y mantenimiento de las infraestructuras básicas no incluidas en políticas de gasto anteriores. Los gastos incluidos en el grupo de programas de Administración General corresponderán a actividades dirigidas a la planificación, coordinación, control, organización, gestión administrativa y desarrollo de funciones de apoyo de los distintos centros directivos que integran la política de gasto. Se aplicarán a esta política de gasto todos los de inversión destinados a la construcción y mejora de carreteras y caminos vecinales a cargo de la Entidad local y otros gastos complementarios de los anteriores, como puentes, viaductos, señalización o balizamiento, así como gastos relativos a estudios y servicios de asistencia técnica que resulten necesarios. En cuanto a recursos hidráulicos se incluirán gastos en obras de captación, acumulación y canalización hasta el inicio de la red de distribución urbana y otros de similar naturaleza. Se tipifican cinco grupos de programas, distinguiéndose aquellos que tienen por finalidad la cobertura de gastos generales de administración asociados directamente a las infraestructuras a las que se refiere la presente política de gasto: 450. Administración general de infraestructuras. 452. Recursos hidráulicos. 453. Carreteras. 454. Caminos vecinales. 459. Otras infraestructuras. Política de gasto 46. Investigación, desarrollo e innovación. Comprende los gastos de administración, infraestructuras, funcionamiento y apoyo destinados a la investigación básica y aplicada, incluso las transferencias a otros agentes con esta finalidad. Se imputarán a esta política de gasto los relativos a actividades dirigidas al fomento de los conocimientos científicos puros y aquellos con objetivos prácticos, específicos o concretos y que no puedan aplicarse a ninguna otra política de gasto. Se tipifican dos grupos de programas: 462. Investigación y estudios relacionados con los servicios públicos. 463. Investigación científica, técnica y aplicada. Política de gasto 49. Otras actuaciones de carácter económico. Comprende los gastos de gestión, funcionamiento, apoyo, suministro y promoción de los servicios de telecomunicaciones, de la Sociedad de la Información, de la gestión del conocimiento y otros de naturaleza análoga; medios de comunicación, producción y difusión de programas audiovisuales, administración electrónica, oficinas de atención y defensa al consumidor; así como las transferencias a otros agentes para el cumplimiento de estos fines. Se tipifican tres grupos de programas: 491. Sociedad de la información. 492. Gestión del conocimiento. 493. Protección de consumidores y usuarios. Área de Gasto 9. Actuaciones de carácter general Se incluyen en esta área los gastos relativos a actividades que afecten, con carácter general, a la Entidad local, y que consistan en el ejercicio de funciones de gobierno o de apoyo administrativo y de soporte lógico y técnico a toda la organización. Recogerá los gastos generales de la Entidad, que no puedan ser imputados ni aplicados directamente a otra área de las previstas en esta clasificación por programas. Se incluirán en este área las transferencias de carácter general que no puedan ser aplicadas a ningún otro epígrafe de esta clasificación por programas, ya que en caso contrario se imputarán en la política de gasto específica que corresponda. Política de gasto 91. Órganos de gobierno. Comprende los gastos relativos a la constitución y funcionamiento de los órganos de gobierno de la Entidad local y de representación de los mismos. Se incluirán, por tanto, las asignaciones e indemnizaciones del Presidente y miembros de la corporación; secretarías particulares de la presidencia; dietas y gastos de viaje y otros de naturaleza análoga. También se imputarán a esta política de gasto los de material y los necesarios para la atención de los órganos de gobierno. Se tipifica un grupo de programas: 912. Órganos de gobierno. Política de gasto 92. Servicios de carácter general. Comprende los gastos de aquellos servicios que sirven o apoyan a todos los demás de la Entidad local. Se imputarán, por tanto, a esta política de gasto los de oficina y dependencias generales; información, publicaciones, registro y relaciones; desarrollos y soportes informáticos de carácter interno; coordinación y control general: archivo, organización y métodos, racionalización y mecanización; administración de personal; elecciones; atención y participación ciudadana, parque móvil, con exclusión de los vehículos afectados a servicios determinados que se imputarán a la correspondiente rúbrica y gastos de asesoramiento y defensa de los intereses de la entidad. Esta política de gasto integrará los derivados de actividades relacionadas con la elaboración de información básica de carácter general y series estadísticas sobre los distintos servicios de la Entidad local. Se imputarán, asimismo, los gastos referentes a gabinetes de estudio e información y documentación de carácter general. Se tipifican siete grupos de programas: 920. Administración General. 922. Coordinación y organización institucional de las entidades locales. 923. Información básica y estadística. 924. Participación ciudadana. 925. Atención a los ciudadanos. 926. Comunicaciones internas. 929. Imprevistos y funciones no clasificadas. Dentro del grupo de programas de Información básica y estadística se tipifica un programa, relativo a la Gestión del Padrón Municipal de Habitantes. 9231. Gestión del Padrón Municipal de Habitantes. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, las entidades locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, incluirán dentro del grupo de programas 929 «Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución» una dotación diferenciada de créditos presupuestarios en concepto de Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria, para atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio. Las entidades locales no incluidas en aquel ámbito subjetivo aplicarán este mismo criterio en el caso de que aprueben la dotación de un Fondo de contingencia con la misma finalidad citada. Política de gasto 93. Administración financiera y tributaria. Comprende esta política de gasto todos los gastos correspondientes a la administración financiera de la Entidad local. Se imputarán los gastos generales de los servicios de economía y hacienda; planificación y presupuestos y fiscalidad; control interno y contabilidad y cuentas generales; gestión de la tesorería; gestión del patrimonio, contabilidad patrimonial y rendición de cuentas; gestión, inspección y recaudación de tributos, formación y actualización de padrones fiscales; órganos de resolución de reclamaciones económico-administrativas y de defensa al contribuyente y otros gastos relacionados con la actividad económica y financiera de la entidad. Asimismo se incluyen los gastos referentes a la construcción, mejora y conservación, incluida la adquisición de terrenos, de edificios oficiales de uso múltiple. Se tipifican cuatro grupos de programas: 931. Política económica y fiscal. 932. Gestión del sistema tributario. 933. Gestión del patrimonio. 934. Gestión de la deuda y de la tesorería. Política de gasto 94. Transferencias a otras Administraciones Públicas. Se imputarán a esta política de gasto las transferencias genéricas que ordene la Entidad local hacia el Estado o la Comunidad Autónoma o a favor de otros entes locales, como son las participaciones en ingresos, cuotas de mancomunidades o consorcios y cualesquiera otras de naturaleza similar. Se distinguen, a estos efectos las entidades locales territoriales (artículo 3.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local) y el resto de entidades locales. Se tipifican cuatro grupos de programas en razón del agente receptor de la misma. 941. Transferencias a Comunidades Autónomas. 942. Transferencias a entidades locales territoriales. 943. Transferencias a otras entidades locales. 944. Transferencias a la Administración General del Estado. Área de Gasto 0. Deuda Pública Comprende los gastos de intereses y amortización de la Deuda Pública y demás operaciones financieras de naturaleza análoga, con exclusión de los gastos que ocasione la formalización de las mismas. Se imputarán a esta área los gastos destinados a atender la carga financiera de la Entidad local, amortización e intereses, derivados de las operaciones de crédito contratadas. Los gastos de formalización de los correspondientes contratos se llevarán a la política de gasto 93, grupo de programas 934. Se tipifica un solo grupo de programas: 011. Deuda Pública. Clasificación por programas de gastos Área de Gasto Política de Gasto Grupo de Programas Programas Denominación 1       SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.   13     Seguridad y movilidad ciudadana.     130   Administración general de la seguridad y protección civil.     132   Seguridad y Orden Público.     133   Ordenación del tráfico y del estacionamiento     134   Movilidad urbana.     135   Protección civil.     136   Servicio de prevención y extinción de incendios.   15     Vivienda y urbanismo.     150   Administración General de Vivienda y urbanismo.     151   Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.     152   Vivienda.       1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública.       1522 Conservación y rehabilitación de la edificación.     153   Vías públicas.       1531 Acceso a los núcleos de población.       1532 Pavimentación de vías públicas.   16     Bienestar comunitario.     160   Alcantarillado.     161   Abastecimiento domiciliario de agua potable.     162   Recogida, gestión y tratamiento de residuos.       1621 Recogida de residuos.       1622 Gestión de residuos sólidos urbanos.       1623 Tratamiento de residuos.     163   Limpieza viaria.     164   Cementerio y servicios funerarios.     165   Alumbrado público.   17     Medio ambiente.     170   Administración general del medio ambiente.     171   Parques y jardines.     172   Protección y mejora del medio ambiente.       1721 Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas. 2       ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.   21     Pensiones.     211   Pensiones.   22     Otras prestaciones económicas a favor de empleados.     221   Otras prestaciones económicas a favor de empleados.   23     Servicios Sociales y promoción social.     231   Asistencia social primaria.   24     Fomento del Empleo.     241   Fomento del Empleo. 3       PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.   31     Sanidad.     311   Protección de la salubridad pública.     312   Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud.   32     Educación.     320   Administración general de educación.     321   Creación de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria.     322   Creación de Centros docentes de enseñanza secundaria.     323   Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial.     324   Funcionamiento de centros docentes de enseñanza secundaria.     325   Vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria.     326 327   Servicios complementarios de educación Fomento de la convivencia ciudadana.   33     Cultura.     330   Administración general de cultura.     332   Bibliotecas y Archivos.       3321 Bibliotecas públicas.       3322 Archivos.     333   Equipamientos culturales y museos.     334   Promoción cultural.     336   Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico.     337 338   Instalaciones de ocupación del tiempo libre Fiestas populares y festejos.   34     Deporte.     340   Administración general de deportes.     341   Promoción y fomento del deporte.     342   Instalaciones deportivas. 4       ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.   41     Agricultura, Ganadería y Pesca.     410   Administración general de agricultura, ganadería y pesca.     412   Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos.     414   Desarrollo rural.     415   Protección y desarrollo de los recursos pesqueros.     419   Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca.   42     Industria y energía.     420   Administración General de Industria y energía.     422   Industria.     423   Minería.     425   Energía.   43     Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.     430   Administración general de comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.     431   Comercio.       4311 Ferias.       4312 Mercados, abastos y lonjas.       4313 Comercio ambulante.     432   Información y promoción turística.     433   Desarrollo empresarial.     439   Otras actuaciones sectoriales.   44     Transporte público.     440   Administración general del transporte.     441   Transporte de viajeros.       4411 Transporte colectivo urbano de viajeros.       4412 Otro transporte de viajeros.     442   Infraestructuras del transporte.     443   Transporte de mercancías.   45     Infraestructuras.     450   Administración general de infraestructuras.     452   Recursos Hidráulicos.     453   Carreteras.     454   Caminos vecinales.     459   Otras infraestructuras.   46     Investigación, desarrollo e innovación.     462   Investigación y estudios relacionados con los servicios públicos.     463   Investigación científica, técnica y aplicada.   49     Otras actuaciones de carácter económico.     491   Sociedad de la información.     492   Gestión del conocimiento.     493   Protección de consumidores y usuarios. 9       ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.   91     Órganos de gobierno.     912   Órganos de gobierno.   92     Servicios de carácter general.     920   Administración General.     922   Coordinación y organización institucional de las entidades locales.     923   Información básica y estadística.       9231 Gestión del Padrón Municipal de Habitantes.     924   Participación ciudadana.     925   Atención a los ciudadanos.     926   Comunicaciones internas.     929   Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución.   93     Administración financiera y tributaria.     931   Política económica y fiscal.     932   Gestión del sistema tributario.     933   Gestión del patrimonio.     934   Gestión de la deuda y de la tesorería.   94     Transferencias a otras Administraciones Públicas.     941   Transferencias a Comunidades Autónomas.     942   Transferencias a Entidades Locales territoriales.     943   Transferencias a otras Entidades Locales.     944   Transferencias a la Administración General del Estado. 0       DEUDA PÚBLICA.   01     Deuda Pública.     011   Deuda Pública.

Hacienda establece la estructura y el nivel de detalle que deben tener los presupuestos de las entidades locales

La actual estructura de los presupuestos generales de las entidades locales se aprobó mediante la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre. Esta norma supuso un importante cambio en el planteamiento la presentación presupuestaria que debían tener las operaciones realizadas por las entidades locales en tanto se adaptó a la estructura aplicable al ámbito de la Administración General del Estado y se tuvieron en consideración las peculiaridades de las entidades locales. Como se indicaba en el preámbulo de aquella Orden, éstas tienen un mayor reflejo en el contenido de la clasificación por programas, y, dentro de ésta, merece destacarse el área de gastos «Servicios públicos básicos» (área de gasto 1) por cuanto éstos difieren sustancialmente de los que corresponden a la Administración General del Estado, teniéndose en cuenta a estos efectos la enumeración que realiza la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, de los servicios públicos de prestación obligatoria a cargo de los municipios y de las provincias. Por otra parte, es necesario establecer con la mayor certidumbre posible el gasto en el que incurren las entidades locales en la citada prestación, de forma que se pueda determinar el grado de eficiencia, en un marco de estabilidad y sostenibilidad financiera. En el contexto de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos se define en el artículo 7, cuyos dos primeros apartados disponen que «las políticas de gasto público deberán encuadrarse en un marco de planificación plurianual y de programación y presupuestación, atendiendo a la situación económica, a los objetivos de política económica y al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera» y que «la gestión de los recursos públicos estará orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad, a cuyo fin se aplicarán políticas de racionalización del gasto y de mejora de la gestión del sector público.» La imbricación en la citada Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, exige que se disponga, al menos, de una información presupuestaria más detallada y con una mejor y más exacta correspondencia con los servicios que quedarán definidos en la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local. Otras alternativas tienen mayores costes indirectos y son de muy difícil cumplimiento por parte de los ayuntamientos pequeños, que son, además, los más afectados. Nos estamos refiriendo a la llevanza de una contabilidad de costes o al establecimiento de nuevas obligaciones de información extracontable, relativas al coste de los servicios. Por todo ello, se hace necesario reformar la estructura por programas de los presupuestos de las entidades locales, en un doble sentido. En primer lugar, definiendo los programas de manera más ajustada a lo dispuesto en la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local. Y en segundo lugar, imponiendo, para todos los municipios, el deber de presupuestar y contabilizar con el grado de desarrollo suficiente –en unos casos, grupos de programas; en otros, programas– para que se disponga información acerca del gasto en cada uno de los servicios previstos en los artículos 25 y 26 de aquella Ley. Por otra parte, es preciso significar que el artículo 10 de la Orden EHA/3565/2008, ha quedado derogado por la modificación del artículo 167 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, instrumentada por la disposición final décima de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, y que ha implicado la derogación de la estructura simplificada que podían aplicar las entidades locales con población inferior a 5.000 habitantes, lo que es preciso para realizar una valoración fundada de la prestación de servicios por parte de estas entidades. Asimismo, el artículo 167.1 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, encomienda al Ministerio de Economía y Hacienda (actual Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) el establecimiento, con carácter general, de la estructura de los presupuestos de las entidades locales, teniendo en cuenta la naturaleza económica de los ingresos y gastos, así como las finalidades u objetivos que con estos últimos se propongan conseguir. Corresponde al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, según la disposición adicional sexta de esta Ley, la competencia para modificar las estructuras de los presupuestos de las entidades locales, y los criterios de clasificación a los que hace referencia el mencionado artículo, con objeto de adaptarlos a los establecidos para el sector público estatal en cada momento. El artículo 31 de la nueva Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece que, las entidades locales del ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deben incluir en sus presupuestos una dotación diferenciada de créditos, el Fondo de Contingencia, que «se destinará, cuando proceda, a atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio». El Fondo de Contingencia se imputa en los Presupuestos Generales del Estado, en la clasificación por programas, al grupo de programas 929 «Imprevistos y funciones no clasificadas», y en la clasificación económica al capítulo 5 «Fondo de Contingencia», de acuerdo con la Resolución de 19 de enero de 2009, de la Dirección General de Presupuestos, por la que se establecen los códigos que definen la clasificación económica de los Presupuestos Generales del Estado, ### RESUMEN: Hacienda establece la estructura y el nivel de detalle que deben tener los presupuestos de las entidades locales

El artículo 109 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, determina la composición y las reglas de cómputo de la base de cotización para todas las contingencias y situaciones amparadas por la acción protectora del Régimen General de la Seguridad Social. El Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, desarrolla esa regulación legal en su artículo 23, en el que se concreta el alcance tanto de los conceptos retributivos que constituyen la base de cotización en dicho régimen como de aquellos otros que no se computan en ella. El citado artículo 109 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social ha sido objeto de reforma por los Reales Decretos-leyes 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, y 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores, que en ambos casos han obedecido a una necesidad urgente de actualizar esas reglas para el cómputo de la base de cotización a fin de integrar en ella conceptos retributivos cuya exclusión no resultaba ya justificada y de mejorar al mismo tiempo la información a facilitar por las empresas sobre tales conceptos, garantizándose así la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social y la consiguiente mejora de la acción protectora de los trabajadores por cuenta ajena incluidos en el Régimen General. El objeto de este real decreto consiste en armonizar y adaptar el desarrollo reglamentario de las reglas de determinación de la base de cotización al Régimen General, establecidas en el artículo 23 del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, a la regulación legal vigente sobre la materia, contenida en el artículo 109 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. En la nueva redacción dada al artículo 23 del citado Reglamento general y siguiendo la misma estructura que la hasta ahora vigente, se comienza definiendo, en su apartado 1, los conceptos retributivos que conforman la base de cotización al Régimen General de la Seguridad Social, estableciendo las reglas de valoración de las distintas percepciones en especie que forman parte de la remuneración y que estarán constituidas por su importe total, de venir establecido su valor nominal y, con carácter general, por el coste medio que suponga para el empresario la entrega del bien, derecho o servicio objeto de percepción, excepto en tres casos: Por una parte, en el supuesto de utilización de una vivienda propiedad o no del empresario o la utilización o entrega de vehículos automóviles, la valoración se efectuará en los términos del artículo 43 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio; por otra parte, respecto a la prestación del servicio de educación por centros educativos autorizados a los hijos de sus empleados, con carácter gratuito o por precio inferior al normal de mercado, así como la prestación del servicio de guardería por los propios medios de las empresas, cuya valoración vendrá determinada por el coste marginal que suponga a esos centros la prestación de tal servicio, y en el supuesto de los préstamos concedidos a los trabajadores con tipos de interés inferiores al legal del dinero se valorarán por la diferencia entre el interés pagado y el referido interés legal vigente en el respectivo ejercicio económico. El apartado 2 de este artículo 23 sigue dedicado a los conceptos excluidos de la base de cotización, si bien ajustándose a los ahora previstos en el artículo 109.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y concretando algunos aspectos del alcance de su exclusión. La previsión recogida en el apartado 3 del artículo modificado coincide esencialmente con su actual redacción. Finalmente, se establece mediante la disposición final primera una ampliación del plazo para la liquidación e ingreso de la cotización correspondiente a las primeras mensualidades de los nuevos conceptos e importes computables en la base de cotización. En su proceso de tramitación, el proyecto ha sido sometido al trámite de audiencia a los agentes sociales y han emitido informe diversas asociaciones afectadas por su contenido. Este real decreto se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 5 y en la disposición final séptima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. En su virtud, a propuesta de la Ministra de Empleo y Seguridad Social, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 25 de julio de 2014, DISPONGO: Artículo único. Modificación del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre. El artículo 23 del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, queda redactado en los siguientes términos: «Artículo 23. Base de cotización. 1. La base de cotización para todas las contingencias y situaciones amparadas por la acción protectora del Régimen General de la Seguridad Social, así como por los conceptos de recaudación conjunta con las cuotas de dicho régimen, estará constituida por la remuneración total, cualquiera que sea su forma o denominación, que, con carácter mensual, tenga derecho a percibir el trabajador o la que efectivamente perciba de ser ésta superior, por razón del trabajo que realice por cuenta ajena. A) Las percepciones de vencimiento superior al mensual se prorratearán a lo largo de los doce meses del año. B) A efectos de su inclusión en la base de cotización, se considerará remuneración la totalidad de las percepciones recibidas por los trabajadores, en dinero o en especie y ya retribuyan el trabajo efectivo o los períodos de descanso computables como de trabajo, así como los importes que excedan de lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo. A estos efectos, constituyen percepciones en especie la utilización, consumo u obtención, para fines particulares, de bienes, derechos o servicios de forma gratuita o por precio inferior al normal de mercado, aun cuando no supongan un gasto real para quien las conceda. a) Cuando el empresario entregue al trabajador importes en metálico, vales o cheques de cualquier tipo para que éste adquiera bienes, derechos o servicios, la percepción económica y el importe del vale o cheque recibido por el trabajador se valorarán por la totalidad de su importe. También se valorarán por la totalidad de su importe: las acciones o participaciones entregadas por los empresarios a sus trabajadores que se valorarán en el momento en que se acuerda su concesión de conformidad con lo establecido en los artículos 15 y 16 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio; las primas o cuotas satisfechas por los empresarios a entidades aseguradoras para la cobertura de sus trabajadores; las contribuciones satisfechas a planes de pensiones en el marco del texto refundido de la Ley de Regulación de Planes y Fondos de Pensiones, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, y su normativa de desarrollo, y las mejoras de las prestaciones de Seguridad Social concedidas por las empresas, a excepción de las previstas en el apartado 2.C) de este artículo. b) Con carácter general, la valoración de las percepciones en especie satisfechas por los empresarios vendrá determinada por el coste medio que suponga para los mismos la entrega del bien, derecho o servicio objeto de percepción, entendiendo este coste medio como el resultado de dividir los costes totales que suponga para la empresa la entrega de un bien, derecho o servicio directamente imputables a dicha retribución entre el número de perceptores potenciales de dicho bien, derecho o servicio. c) No obstante lo previsto en el párrafo b), cuando se trate de la prestación del servicio de educación en las etapas de infantil, primaria, secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional por centros educativos autorizados, a los hijos de sus empleados, con carácter gratuito o por precio inferior al normal de mercado, su valoración vendrá determinada, en el momento de inicio del curso escolar correspondiente, por el coste marginal que suponga para la empresa la prestación de tal servicio, entendiendo este como el incremento del coste total directamente imputable a la prestación que suponga para el centro educativo un servicio de educación para un alumno adicional de la etapa de enseñanza que corresponda. Asimismo, la valoración del resto de servicios educativos prestados por los centros autorizados en la atención, cuidado y acompañamiento de los alumnos, vendrá determinada por el coste marginal que suponga para la empresa la prestación de tal servicio. Esta misma valoración será aplicable a la prestación por medios propios del empresario del servicio de guardería para los hijos de sus empleados. d) La utilización de una vivienda propiedad o no del empresario o la utilización o entrega de vehículos automóviles se valorará en los términos previstos para estos bienes en el artículo 43 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. e) Asimismo, los préstamos concedidos a los trabajadores con tipos de interés inferiores al legal del dinero se valorarán por la diferencia entre el interés pagado y el referido interés legal vigente en el respectivo ejercicio económico. 2. Únicamente no se computarán en la base de cotización los siguientes conceptos: A) Los gastos de manutención y estancia, así como los gastos de locomoción, cuando correspondan a desplazamientos del trabajador fuera de su centro habitual de trabajo para realizar el mismo en lugar distinto, en los términos y en las cuantías siguientes: a) No se computarán en la base de cotización las cantidades destinadas por el empresario a compensar los gastos normales de manutención y estancia en restaurantes, hoteles y demás establecimientos de hostelería, devengadas por gastos en municipio distinto del lugar del trabajo habitual del trabajador y del que constituya su residencia, cuando los mismos se hallen exceptuados de gravamen conforme a los apartados 3, 4, 5 y 6 del artículo 9.A) del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo. El exceso sobre los límites señalados en los apartados citados, se computará en la base de cotización a la Seguridad Social. Tampoco se computarán en la base de cotización los gastos de manutención, abonados o compensados por las empresas a trabajadores a ellas vinculados por relaciones laborales especiales, por desplazamientos fuera de la fábrica, taller, oficina o centro habitual de trabajo, para realizarlo en lugar distinto de este en diferente municipio, tanto si el empresario los satisface directamente como si resarce de ellos al trabajador, con los límites establecidos en el artículo 9.B) del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. El exceso sobre los límites señalados en el citado artículo 9.B) se computará en la base de cotización a la Seguridad Social. b) A los mismos efectos de su exclusión en la base de cotización a la Seguridad Social, se consideran gastos de locomoción las cantidades destinadas por el empresario a compensar los gastos del trabajador por sus desplazamientos fuera de la fábrica, taller, oficina o centro habitual de trabajo, para realizarlo en lugar distinto del mismo o diferente municipio. Los gastos de locomoción, tanto si el empresario los satisface directamente como si resarce de ellos al trabajador, estarán excluidos de la base de cotización en su totalidad cuando se utilicen medios de transporte público, siempre que el importe de dichos gastos se justifique mediante factura o documento equivalente. De utilizarse otros medios de transporte, estarán excluidos de la base de cotización en los términos y con el alcance establecido en los apartados A).2, 4, 5 y 6 y B) del artículo 9 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. El exceso sobre las cantidades señaladas en los citados apartados, se incluirá en la base de cotización a la Seguridad Social. B) Las indemnizaciones por fallecimiento y las correspondientes a traslados, suspensiones, despidos y ceses, en los términos previstos en el artículo 109.2.c) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. De superar el importe de estas indemnizaciones los límites establecidos en el citado artículo, el exceso a incluir en la base de cotización se prorrateará a lo largo de los doce meses anteriores a aquel en que tenga lugar la circunstancia que las motive. C) Las prestaciones de la Seguridad Social y las mejoras de las prestaciones por incapacidad temporal concedidas por las empresas. D) Las asignaciones destinadas a satisfacer gastos de estudios del trabajador dispuestos por instituciones, empresarios o empleadores y financiados directamente por ellos para la actualización, capacitación o reciclaje de su personal, cuando vengan exigidos por el desarrollo de sus actividades o las características de los puestos de trabajo. E) Las horas extraordinarias, salvo en la base de cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y sin perjuicio de la cotización adicional por tal concepto en los términos establecidos en el artículo 24 de este reglamento. 3. Lo establecido en el apartado 2 se entiende sin perjuicio de las especialidades previstas en la sección 10.ª de este mismo capítulo, así como de las facultades del Ministerio de Empleo y Seguridad Social para establecer el cómputo de las horas extraordinarias en la determinación de la base de cotización por contingencias comunes, ya sea con carácter general o ya por sectores laborales en los que la prolongación de la jornada sea característica de su actividad.» Disposición final primera. Ampliación del plazo para la liquidación e ingreso de la cotización correspondiente a las primeras mensualidades de los nuevos conceptos e importes computables en la base de cotización. Se amplía el plazo de liquidación e ingreso de los nuevos conceptos computables en la base de cotización al Régimen General de la Seguridad Social y del importe en que se hayan incrementado otros conceptos a incluir en dicha base, como consecuencia de la modificación del artículo 109 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social por parte del Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, correspondiente a los períodos de liquidación de diciembre de 2013 a julio de 2014, los cuales podrán ser objeto de liquidación complementaria e ingreso, sin aplicación de recargo o interés alguno, hasta el 30 de septiembre de 2014. Disposición final segunda. Título competencial. Este real decreto se dicta al amparo de la competencia exclusiva que el artículo 149.1.17.ª de la Constitución Española atribuye al Estado en materia de régimen económico de la Seguridad Social. Disposición final tercera. Entrada en vigor. Lo dispuesto en este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dado en Madrid, el 25 de julio de 2014. FELIPE R. La Ministra de Empleo y Seguridad Social, FÁTIMA BÁÑEZ GARCÍA

Decreto sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social.

El artículo 109 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, determina la composición y las reglas de cómputo de la base de cotización para todas las contingencias y situaciones amparadas por la acción protectora del Régimen General de la Seguridad Social. El Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, desarrolla esa regulación legal en su artículo 23, en el que se concreta el alcance tanto de los conceptos retributivos que constituyen la base de cotización en dicho régimen como de aquellos otros que no se computan en ella. El citado artículo 109 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social ha sido objeto de reforma por los Reales Decretos-leyes 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, y 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores, que en ambos casos han obedecido a una necesidad urgente de actualizar esas reglas para el cómputo de la base de cotización a fin de integrar en ella conceptos retributivos cuya exclusión no resultaba ya justificada y de mejorar al mismo tiempo la información a facilitar por las empresas sobre tales conceptos, garantizándose así la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social y la consiguiente mejora de la acción protectora de los trabajadores por cuenta ajena incluidos en el Régimen General. El objeto de este real decreto consiste en armonizar y adaptar el desarrollo reglamentario de las reglas de determinación de la base de cotización al Régimen General, establecidas en el artículo 23 del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, a la regulación legal vigente sobre la materia, contenida en el artículo 109 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. En la nueva redacción dada al artículo 23 del citado Reglamento general y siguiendo la misma estructura que la hasta ahora vigente, se comienza definiendo, en su apartado 1, los conceptos retributivos que conforman la base de cotización al Régimen General de la Seguridad Social, estableciendo las reglas de valoración de las distintas percepciones en especie que forman parte de la remuneración y que estarán constituidas por su importe total, de venir establecido su valor nominal y, con carácter general, por el coste medio que suponga para el empresario la entrega del bien, derecho o servicio objeto de percepción, excepto en tres casos: Por una parte, en el supuesto de utilización de una vivienda propiedad o no del empresario o la utilización o entrega de vehículos automóviles, la valoración se efectuará en los términos del artículo 43 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio; por otra parte, respecto a la prestación del servicio de educación por centros educativos autorizados a los hijos de sus empleados, con carácter gratuito o por precio inferior al normal de mercado, así como la prestación del servicio de guardería por los propios medios de las empresas, cuya valoración vendrá determinada por el coste marginal que suponga a esos centros la prestación de tal servicio, y en el supuesto de los préstamos concedidos a los trabajadores con tipos de interés inferiores al legal del dinero se valorarán por la diferencia entre el interés pagado y el referido interés legal vigente en el respectivo ejercicio económico. El apartado 2 de este artículo 23 sigue dedicado a los conceptos excluidos de la base de cotización, si bien ajustándose a los ahora previstos en el artículo 109.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y concretando algunos aspectos del alcance de su exclusión. La previsión recogida en el apartado 3 del artículo modificado coincide esencialmente con su actual redacción. Finalmente, se establece mediante la disposición final primera una ampliación del plazo para la liquidación e ingreso de la cotización correspondiente a las primeras mensualidades de los nuevos conceptos e importes computables en la base de cotización. En su proceso de tramitación, el proyecto ha sido sometido al trámite de audiencia a los agentes sociales y han emitido informe diversas asociaciones afectadas por su contenido. Este real decreto se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 5 y en la disposición final séptima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. En su virtud, a propuesta de la Ministra de Empleo y Seguridad Social, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 25 de julio de 2014, DISPONGO: Artículo único. Modificación del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre. El artículo 23 del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, queda redactado en los siguientes términos: «Artículo 23. Base de cotización. 1. La base de cotización para todas las contingencias y situaciones amparadas por la acción protectora del Régimen General de la Seguridad Social, así como por los conceptos de recaudación conjunta con las cuotas de dicho régimen, estará constituida por la remuneración total, cualquiera que sea su forma o denominación, que, con carácter mensual, tenga derecho a percibir el trabajador o la que efectivamente perciba de ser ésta superior, por razón del trabajo que realice por cuenta ajena. A) Las percepciones de vencimiento superior al mensual se prorratearán a lo largo de los doce meses del año. B) A efectos de su inclusión en la base de cotización, se considerará remuneración la total ### RESUMEN: Decreto sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social.

Por el Letrado de los Servicios Jurídicos de la Diputación Provincial de Huesca, en nombre y representación del Ayuntamiento de Peralta de Calsanz (Huesca), se ha interpuesto ante la Sala Tercera, Sección Primera del Tribunal Supremo, recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 1422/2012, de 5 de octubre, que establece las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Lleida-Alguaire, publicado en el BOE el 19 de octubre de 2012, y que figura registrado con el número 1/73/13. Lo que se hace público a los efectos de conceder un plazo de nueve días para la personación de quienes tengan interés legítimo en sostener la conformidad a Derecho de la disposición impugnada. Madrid, 19 de marzo de 2013.- La Secretaria Judicial.

Recurso de Peralta de Calsanz (Huesca) contra área de servidumbre del aeropuerto de Lleida.

Por el Letrado de los Servicios Jurídicos de la Diputación Provincial de Huesca, en nombre y representación del Ayuntamiento de Peralta de Calsanz (Huesca), se ha interpuesto ante la Sala Tercera, Sección Primera del Tribunal Supremo, recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 1422/2012, de 5 de octubre, que establece las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Lleida-Alguaire, publicado en el BOE el 19 de octubre de 2012, y que figura registrado con el número 1/73/13. Lo que se hace público a los efectos de conceder un plazo de nueve días para la personación de quienes tengan interés legítimo en sostener la conformidad a Derecho de la disposición impugnada. Madrid, 19 de marzo de 2013.- La Secretaria Judicial. ### RESUMEN: Recurso de Peralta de Calsanz (Huesca) contra área de servidumbre del aeropuerto de Lleida.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación Administrativa. c) Número de expediente: P.A. SER-9/2012-INF. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.madrid.org/contratospublicos. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Mantenimiento y soporte del sistema de información centralizado para atención primaria de la Consejería de Sanidad. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72267100-0. g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea, Boletín Oficial del Estado, Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, Perfil de Contratante. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 17 de agosto de 2012, 25 de agosto de 2012, 14 de agosto de 2012, 14 de agosto de 2012. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto con criterio precio. 4. Valor estimado del contrato: 3.050.847,46 euros. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.525.423,73 euros. Importe total: 1.800.000 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 15 de noviembre de 2012. b) Fecha de formalización del contrato: 20 de diciembre de 2012. c) Contratista: Stacks Consulting e Ingenieria en Software, Sociedad Limitada. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 420.000 euros. Importe total: 508.200 euros. e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Las ofertas presentadas se ajustan a las condiciones del pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, y dado que el único criterio de adjudicación es el precio, la adjudicación se realiza a favor de la oferta de menor precio. Madrid, 4 de enero de 2013.- La Viceconsejera de Asistencia Sanitaria, Patricia Flores Cerdán.

Contrato para el mantenimiento y soporte sistema información atención primaria Madrid por impote total de 508.200 euros. La empresa contratada es Stacks

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación Administrativa. c) Número de expediente: P.A. SER-9/2012-INF. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.madrid.org/contratospublicos. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Mantenimiento y soporte del sistema de información centralizado para atención primaria de la Consejería de Sanidad. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72267100-0. g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea, Boletín Oficial del Estado, Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, Perfil de Contratante. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 17 de agosto de 2012, 25 de agosto de 2012, 14 de agosto de 2012, 14 de agosto de 2012. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto con criterio precio. 4. Valor estimado del contrato: 3.050.847,46 euros. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.525.423,73 euros. Importe total: 1.800.000 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 15 de noviembre de 2012. b) Fecha de formalización del contrato: 20 de diciembre de 2012. c) Contratista: Stacks Consulting e Ingenieria en Software, Sociedad Limitada. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 420.000 euros. Importe total: 508.200 euros. e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Las ofertas presentadas se ajustan a las condiciones del pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, y dado que el único criterio de adjudicación es el precio, la adjudicación se realiza a favor de la oferta de menor precio. Madrid, 4 de enero de 2013.- La Viceconsejera de Asistencia Sanitaria, Patricia Flores Cerdán. ### RESUMEN: Contrato para el mantenimiento y soporte sistema información atención primaria Madrid por impote total de 508.200 euros. La empresa contratada es Stacks

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Parlamento de Andalucía. b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Asuntos Generales y Gestión de Personal. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Servicio de Asuntos Generales y Gestión de Personal. 2) Domicilio: C/ San Juan de Ribera, s/n. 3) Localidad y código postal: 41009 4) Teléfono: 954592100. 5) Telefax: 954592248. 6) Correo electrónico: contratacion@parlamentodeandalucia.es. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contrataciondelestado.es. 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 22 de enero de 2014. d) Número de expediente: 65/2013. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Mixto de servicios y suministros.. b) Descripción: Servicios de telefonía fija y móvil y de datos en movilidad para el Parlamento de Andalucía y para la Cámara de Cuentas de Andalucía. c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No. d) Lugar de ejecución/entrega: 1) Domicilio: C/ San Juan de Ribera, s/n. 2) Localidad y código postal: Sevilla, 41009. e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses. i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 64210000-1: Servicios telefónicos y de transmisión de datos. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. d) Criterios de adjudicación: Los determinados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 4. Valor estimado del contrato: 1.042.252,00 euros. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 521.126,00 euros. Importe total: 630.562,46 euros. 6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5. 7. Requisitos específicos del contratista: a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo V, Subgrupo 4, Categoría B. b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La determinada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 23 de enero de 2014, a las 14:00 horas. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Registro General del Parlamento de Andalucía. 2) Domicilio: C/ San Juan de Ribera, s/n. 3) Localidad y código postal: Sevilla, 41009. f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Parlamento de Andalucía. b) Dirección: C/ San Juan de Ribera, s/n. c) Localidad y código postal: Sevilla. d) Fecha y hora: 17 de febrero de 2014, a las 12:00 horas. 10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario, con un máximo de 2.200 euros. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 12 de diciembre de 2013. 12. Otras informaciones: Apertura oferta sobre B: 31 de enero de 2014, a las 12:00 horas. Sevilla, 16 de diciembre de 2013.- El Letrado Mayor-Secretario General del Parlamento de Andalucía, José A. Víboras Jiménez.

Licitación de telefonía fija y móvil para el Parlamento Andalucía y Cámara de Cuentas por importe total de 630.000 euros en dos años.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Parlamento de Andalucía. b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Asuntos Generales y Gestión de Personal. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Servicio de Asuntos Generales y Gestión de Personal. 2) Domicilio: C/ San Juan de Ribera, s/n. 3) Localidad y código postal: 41009 4) Teléfono: 954592100. 5) Telefax: 954592248. 6) Correo electrónico: contratacion@parlamentodeandalucia.es. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contrataciondelestado.es. 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 22 de enero de 2014. d) Número de expediente: 65/2013. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Mixto de servicios y suministros.. b) Descripción: Servicios de telefonía fija y móvil y de datos en movilidad para el Parlamento de Andalucía y para la Cámara de Cuentas de Andalucía. c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No. d) Lugar de ejecución/entrega: 1) Domicilio: C/ San Juan de Ribera, s/n. 2) Localidad y código postal: Sevilla, 41009. e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses. i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 64210000-1: Servicios telefónicos y de transmisión de datos. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. d) Criterios de adjudicación: Los determinados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 4. Valor estimado del contrato: 1.042.252,00 euros. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 521.126,00 euros. Importe total: 630.562,46 euros. 6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5. 7. Requisitos específicos del contratista: a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo V, Subgrupo 4, Categoría B. b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La determinada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 23 de enero de 2014, a las 14:00 horas. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Registro General del Parlamento de Andalucía. 2) Domicilio: C/ San Juan de Ribera, s/n. 3) Localidad y código postal: Sevilla, 41009. f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Parlamento de Andalucía. b) Dirección: C/ San Juan de Ribera, s/n. c) Localidad y código postal: Sevilla. d) Fecha y hora: 17 de febrero de 2014, a las 12:00 horas. 10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario, con un máximo de 2.200 euros. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 12 de diciembre de 2013. 12. Otras informaciones: Apertura oferta sobre B: 31 de enero de 2014, a las 12:00 horas. Sevilla, 16 de diciembre de 2013.- El Letrado Mayor-Secretario General del Parlamento de Andalucía, José A. Víboras Jiménez. ### RESUMEN: Licitación de telefonía fija y móvil para el Parlamento Andalucía y Cámara de Cuentas por importe total de 630.000 euros en dos años.

El artículo 8 de la Ley 38/1994, de 30 de diciembre, reguladora de las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias, establece que acuerdos relativos a determinadas materias, adoptados en el seno de una organización interprofesional agroalimentaria y que cuenten con un determinado nivel de respaldo podrán extenderse al conjunto de operadores y productores del sector o producto. Por otra parte, el artículo 9 de dicha ley permite que, en el caso de extensión de norma al conjunto de productores y operadores implicados en un sector, se pueda repercutir a los mismos el coste directo, exclusivamente, de las acciones, sin discriminación entre los miembros de la organización interprofesional y los productores y operadores no miembros. La Organización Interprofesional del Porcino de Capa Blanca, INTERPORC, fue constituida el 18 de septiembre de 2006, con estatutos depositados en el Registro del Ministerio de Interior, y con personalidad jurídica al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y fue reconocida como organización interprofesional agroalimentaria del sector del porcino de capa blanca por Orden de 1 de agosto de 2008 («BOE» número 202, de 21 de agosto), conforme establece la Ley 38/1994, de 30 de diciembre. La Organización Interprofesional del Porcino de Capa Blanca, INTERPORC, ha propuesto la extensión de norma al conjunto del sector, con aportación económica obligatoria para realizar la promoción del consumo y de la demanda de carne de porcino, la optimización del conocimiento y de la transparencia informativa del sector porcino de capa blanca, y la potenciación de la calidad y de la innovación tecnológica en el sector porcino de capa blanca español, junto con la realización de actividades a desarrollar para asegurar una óptima gestión del sistema de extensión de norma, como un conjunto integrado, para las campañas 2012/2013, 2013/2014 y 2014/2015. El acuerdo extendido por la presente orden afecta a las materias relacionadas en los apartados a),c) d) y e) del artículo 8 de la Ley 38/1994 de 30 de diciembre, y abarca tres campañas de comercialización, 2012-2013, 2013-2014 y 2014-2015, cumpliendo lo establecido en el artículo 8 de la Ley 38/1994, siendo las acciones a realizar de interés económico general para todo el sector ya que producirán un efecto beneficioso, beneficiando por igual a los agentes económicos integrados en la organización interprofesional y a los que no pertenecen a ésta, sin que se advierta discriminación alguna entre unos operadores económicos y otros. La Organización Interprofesional del Porcino de Capa Blanca, INTERPORC, aprobó en su Asamblea General Universal de 18 de abril de 2012 el acuerdo objeto de extensión y cumple las exigencias de representatividad y respaldo establecidas en el artículo 8.2. de la Ley 38/1994, dado que los porcentajes de representatividad acreditados por la organización interprofesional en el expediente de solicitud superan los mínimos exigidos. Mediante Resolución de la Secretaria General de Agricultura y Alimentación de 6 de junio de 2012 se sometió a la preceptiva información pública la propuesta de extensión de norma y de aportación económica obligatoria formulada por la Organización Interprofesional del Porcino de Capa Blanca, INTERPORC, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 38/1994, y en el artículo 13 de su Reglamento. Dicha Resolución fue publicada en el Boletín Oficial del Estado de 19 de junio de 2012. La solicitud de extensión ha sido informada favorablemente por el Consejo General de Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias, de acuerdo con el artículo 15 de la ley citada, en su reunión plenaria de 7 de septiembre de 2012 y se ha cumplimentado el trámite de audiencia. Por lo expuesto, en uso de las competencias atribuidas en los artículos 8 y 9 de la Ley 38/1994 de 30 de diciembre, y en el artículo 15 de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 705/1997, de 16 de mayo, dispongo: Artículo 1. Objeto de la extensión de norma. 1. Promoción del consumo y de la demanda de carne de porcino en los mercados objetivo de España, la Unión Europea y terceros países. 2. Optimización del conocimiento y de la transparencia informativa del sector porcino de capa blanca para promover y potenciar la transparencia, el conocimiento, percepción y valoración del sector en su conjunto por parte de todos los integrantes de la cadena de valor y de los consumidores. 3. Potenciación de la calidad y de la innovación tecnológica en el sector porcino de capa blanca español. Impulsar la mejora de la calidad de los productos del sector y de los procesos que intervienen en su cadena de valor, identificando e incorporando innovaciones y mejoras tecnológicas para los productos y procesos productivos. 4. Actividades a desarrollar para asegurar una óptima gestión del sistema de extensión de norma, como un conjunto integrado. Artículo 2. Condiciones de la extensión de norma. Duración y fases de aplicación del sistema de extensión de norma: Periodo de vigencia: Se acuerda solicitar la extensión de norma para un periodo de tres campañas, 2012/2013, 2013/2014 y 2014/ 2015, considerando éstas con inicio, desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», y a contar cada campaña un año desde esta fecha de publicación. La Organización Interprofesional INTERPORC ha previsto llevar a cabo las actividades propuestas, a lo largo de un período de tres campañas, dichas campañas serán las siguientes: 1.ª Campaña 2012/2013. 2.ª Campaña 2013/2014. 3.ª Campaña 2014/2015. Definición. Se entenderá por cerdo de capa blanca, a los efectos de la presente extensión de norma, a todos aquellos animales de la especie porcina no incluidos en el ámbito de aplicación de la norma de calidad vigente para el cerdo ibérico. Aportaciones económicas obligatorias. Las aportaciones económicas recaudadas por medio de la extensión de norma se utilizaran para financiar los objetivos y líneas de actuación antes mencionadas, con aportaciones económicas, para financiar las mismas, de los productores, del comercio y de la industria cárnica (transformación y comercialización). La aportación económica total, para cada campaña será: Dadas las circunstancias económicas que acontecen en nuestro sector porcino en la actualidad, se decide que la distribución de las aportaciones económicas se realice con la siguiente distribución a lo largo de las tres campañas: La aportación económica total, para cada campaña, será de 0,06 euros para la primera campaña (dividida en dos cuotas de 0,03 euros por cerdo para cada una de las ramas profesionales denominadas cuota de producción y cuota de elaboración), para la segunda campaña de 0,10 euros (dividida en dos cuotas de 0,05 euros por cerdo para cada una de las ramas profesionales denominadas cuota de producción y cuota de elaboración), y 0,14 euros para la tercera campaña (dividida en dos cuotas de 0,07 euros por cerdo para cada una de las ramas profesionales denominadas cuota de producción y cuota de elaboración):   Aportación Productor (euro/cerdo) Aportación Mataderos Industria Cárnica (Comprador Transformador) (euro/canal) Aportación total (euro/cerdo) Campaña 1.ª 0,03 0,03 0,06 Campaña 2.ª 0,05 0,05 0,10 Campaña 3.ª 0,07 0,07 0,14 Así pues, se establece como modelo de financiación, el reparto de ésta, a partes iguales, entre productores y compradores transformadores. La aportación económica total, para cada campaña, será una cuota global medida en céntimos de euro por cada cerdo sacrificado en matadero. Dicha aportación quedará dividida en dos cuotas paritarias, denominadas cuota de producción y cuota de elaboración. La cuota de producción y la cuota de elaboración se aplicarán a todos los cerdos vivos sacrificados en mataderos, cualquiera que sea la tipología de éstos y procedencia. La cuota de producción es de 0,03, 0,05, y 0,07 euros por cada cerdo entregado al matadero respectivamente para cada campaña. Será pagada por aquella persona física o jurídica que entrega los animales al matadero para su sacrificio. La cuota de elaboración es de 0,03, 0,05, y 0,07 euros por cada canal de cerdo adulto sacrificado respectivamente para cada campaña. Será pagada por aquella persona física o jurídica que realiza la compra de dicha canal al matadero para su posterior transformación-comercialización. Los mataderos que solo presten servicios de sacrificio, a cambio de su actuación como recaudadores, no tendrán que abonar cuota de elaboración, la cual corresponderá a los primeros compradores transformadores a los que se destine el porcino sacrificado. Los mataderos que estén integrados con actividades de transformación o elaboración, asumirán la cuota de elaboración que les corresponda como compradores transformadores. En consonancia con lo anterior, se trasladará al resto de eslabones que intervienen en la comercialización de los productos derivados de la canal, la parte proporcional correspondiente al importe económico de la extensión de norma. Se establece la figura y función del recaudador/pagador único que corresponderá al matadero que recepcione y sacrifique el animal porcino vivo. En consecuencia, cada matadero, en su función de recaudación/pago, se encargará de: Retener al ganadero y reflejar en su contrato y/o factura de compraventa, la cantidad de aportación que le corresponda en función de lo establecido en el sistema de extensión de norma. Recaudar del comprador transformador la cantidad que le corresponda en función de lo establecido en el sistema de extensión de norma. Abonar a INTERPORC directamente la cantidad resultante de sumar la aportación retenida al ganadero más la aportación del comprador transformador. Para lo cual recibirá de INTERPORC la factura preceptiva, con el correspondiente IVA. En lo que se refiere al ganado porcino procedente de importación y durante el periodo de vigencia de la extensión de norma, le será de aplicación el mismo sistema de recaudación que se aplique al de origen español. En consecuencia, cada comprador que actúe como importador se encargará de retener al proveedor, y reflejar en su contrato y factura de compraventa, la cantidad de aportación que le corresponda en función de lo establecido en el Sistema de Extensión de Norma, además de aportar por su cuenta la cantidad que le corresponda en función de lo establecido en dicho sistema; y abonar a INTERPORC directamente la cantidad resultante de sumar la aportación retenida al proveedor más la aportación propia como comprador. Para lo cual recibirá de INTERPORC la factura preceptiva, con el correspondiente IVA. La recaudación se materializará en el momento de la primera venta de ganado porcino entre productor y comprador, ya sea éste transformador, comercializador u operador logístico. El sistema de extensión de norma, como apoyo a la actividad recaudatoria, podrá poner a disposición de los mataderos recaudadores, un soporte organizativo a modo de gestor del sistema de recaudación. La periodicidad de facturaciones, pagos y cobros se establecerá entre INTERPORC y el matadero gestor del sistema de recaudación, aunque, en principio, se propone que sea trimestral para así acompasarlo a las declaraciones del IVA. Las cantidades recaudadas serán abonadas cada trimestre, por transferencia bancaria a la cuenta habilitada para ello por INTERPORC, exclusiva para este fin, previa emisión de una factura por el importe total de las cantidades retenidas durante el período. Para ello podrán apoyarse en el gestor del sistema de recaudación, disponible para tal fin. Antes del día 20 del mes siguiente, a la finalización de cada trimestre, los mataderos remitirán a la interprofesional del porcino de capa blanca (INTERPORC) las cantidades recaudadas durante el trimestre anterior. La información enviada, debe contener al menos, los siguientes datos: CIF del proveedor, CIF del transformador, cantidad retenida y fecha de sacrificio. El matadero como figura de recaudador/pagador único deberá remitir mensualmente, en archivo informático, el listado de operaciones realizadas, consignando la información general con la estructura que se especificará en el documento que se entregará a los mataderos, así como copia de la liquidación de las tasas sanitarias realizadas en el período. El ingreso del importe de la factura en la cuenta de INTERPORC habilitada para tal fin, se efectuará a los 15 días desde la fecha de facturación, bien girando un recibo bancario desde la Organización Interprofesional, o bien mediante la orden de una transferencia a favor de INTERPORC. Los modelos o textos justificativos de las facturas o retenciones derivados del Sistema de Extensión de Norma recogerán expresamente la finalidad y el destino de las mismas, indicando como mínimo, y según corresponda, el concepto de aportación o retención para la extensión de norma de INTERPORC, el número de Orden, número de Boletín Oficial del Estado y fecha de publicación de la misma. Toda la información generada como consecuencia de la extensión de norma será confidencial y se aplicará la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal para su tratamiento. Las organizaciones de la producción y de la transformación del sector porcino de capa blanca colaborarán en la aplicación de esta extensión de norma. Los recursos generados por las aportaciones, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 38/1994, reguladora de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias, solo podrán destinarse para los fines establecidos en esta extensión de norma. El resto de aspectos administrativos y demás procedimientos de organización y funcionamiento, son los generales de gestión del propio sistema de extensión de norma, que se indican en un apartado posterior. En cualquier caso, es importante tener en cuenta las diferencias operativas que se producirían según la tipología de matadero. Seguimiento y control de actuaciones, ingresos y gastos. A efectos de seguimiento y control, se creará en el seno de la Junta Directiva de INTERPORC una Comisión Permanente expresamente dedicada a este fin. La Comisión Permanente de la Organización Interprofesional INTERPORC será la responsable del seguimiento y control de las aportaciones establecidas en esta extensión de norma. La Comisión Permanente está compuesta por el Presidente de la OIA, el Vicepresidente de la OIA, el Secretario, el Tesorero y dos vocales por cada rama profesional. El Tesorero de la OIA será el responsable del seguimiento de los ingresos procedentes de la extensión de norma, así como del seguimiento del gasto en las actividades de la misma. La Comisión Permanente contará con el apoyo de un sistema de control periódico de las aportaciones a la OIA en concepto de extensión de norma, con el fin de detectar posibles irregularidades que se presenten y adoptar, en su caso, las medidas oportunas que correspondan conforme a la ley vigente. Por su parte, la Junta Directiva se encargará del seguimiento, la supervisión, la mejora y el control de la ejecución del plan anual de actividades que se haya establecido para la campaña correspondiente; para ello definirá y establecerá un Sistema de control de gestión y económico-financiero establecido a tal fin. En concreto, y en lo que se refiere al sistema de control periódico de aportaciones, se seguirán estos procedimientos: Trimestralmente los mataderos, directamente o bien a través del gestor del sistema, informarán a la Comisión Permanente de INTERPORC sobre el volumen de sacrificio de porcino y las cantidades recaudadas, aportadas por productores y compradores. El sistema de control de aportaciones se soportará en una estructura de personal contratado para el seguimiento de la extensión de norma; dicho personal se encargará de vigilar el funcionamiento de la recaudación, mediante un muestreo aleatorio, comparando la información emitida con otra información equivalente y/o conexa. Alternativamente, INTERPORC podrá apoyar con recursos o asistencia técnica especializada la gestión de la recaudación. En caso de detectar fraude o anomalías en el sistema se tomarán las acciones legales establecidas en la Ley 38/1994 que regula las OIA’S. Anualmente, en la memoria de actividades de INTERPORC se detallarán las actuaciones desarrolladas bajo la extensión de norma, así como el cumplimiento de objetivos y del presupuesto correspondiente. También corresponde a la Comisión Permanente de la Junta Directiva de INTERPORC, el seguimiento y control del desarrollo de las actividades previstas en los diferentes planes de acción concretos, y especialmente: El cumplimiento de los objetivos y metas establecidos; y la puesta en práctica de las actividades programadas. La eficacia y eficiencia de las actividades desarrolladas en cada plan de acción. El cumplimiento de los presupuestos operativos de inversiones, gastos y financiación, correspondiente a cada plan de acción. La introducción de revisiones y mejoras a la vista de la evolución de las actuaciones y de las circunstancias del entorno. Para llevar a cabo estas funciones la Comisión Permanente se dotará de los soportes organizativos necesarios para tal fin, buscando soluciones estructurales viables, eficaces y del menor coste posible. Debido a los datos sensibles que va a manejar la Comisión se regirá por el principio de confidencialidad de la información tratada durante las reuniones y de los documentos de trabajo. La Comisión supervisará la información remitida y tomará las medidas oportunas en caso de detectar alguna anomalía. En caso de detectar fraude en el sistema se tomarán las acciones legales establecidas en la Ley 38/1994 que regula las OIA. Trimestralmente la Comisión presentará el estado de cuentas a la Junta Directiva de INTERPORC. Anualmente, en la memoria de actividades de la Interprofesional se presentará un resumen de los ingresos y gastos generados en la cuenta habilitada para la extensión de norma. La Comisión se reunirá con la frecuencia necesaria para que la extensión de norma se desarrolle con normalidad. Las asociaciones integrantes de INTERPORC tendrán la obligación de colaborar en la puesta en marcha y desarrollo de esta Extensión de Norma entre sus asociados y facilitarán a la Interprofesional el apoyo necesario para informar sobre su implantación y/o desarrollo, así como para la resolución de posibles incidencias. Las cuentas relativas a la extensión de norma se auditarán al final de cada año natural, de acuerdo con lo establecido en la Ley 38/1994. Prórroga de la extensión de norma y régimen de los recursos financieros. Si trascurridos los tres años de vigencia de la extensión de norma, existiese un remanente de recursos procedentes de las aportaciones, podrán destinarse a financiar las actividades de la Interprofesional que se recojan en una nueva extensión de norma o en la prórroga de la presente. Únicamente de que no se produzca ninguno de los supuestos anteriores, se procederá a la liquidación del remanente devolviendo proporcionalmente las cantidades aportadas en la última campaña, una vez queden liquidadas y finiquitadas todas las obligaciones de la Interprofesional. Disposición final única. La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 4 de octubre de 2012.–El Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete.

Ayudas al cerdo no ibérico de 0,03 euros por animal en primera campaña, 0,5 euros por animal en segunda campaña y 0,7 euros para la tercera campaña. Al pequeño granjero le tiene que dar una risa

El artículo 8 de la Ley 38/1994, de 30 de diciembre, reguladora de las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias, establece que acuerdos relativos a determinadas materias, adoptados en el seno de una organización interprofesional agroalimentaria y que cuenten con un determinado nivel de respaldo podrán extenderse al conjunto de operadores y productores del sector o producto. Por otra parte, el artículo 9 de dicha ley permite que, en el caso de extensión de norma al conjunto de productores y operadores implicados en un sector, se pueda repercutir a los mismos el coste directo, exclusivamente, de las acciones, sin discriminación entre los miembros de la organización interprofesional y los productores y operadores no miembros. La Organización Interprofesional del Porcino de Capa Blanca, INTERPORC, fue constituida el 18 de septiembre de 2006, con estatutos depositados en el Registro del Ministerio de Interior, y con personalidad jurídica al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y fue reconocida como organización interprofesional agroalimentaria del sector del porcino de capa blanca por Orden de 1 de agosto de 2008 («BOE» número 202, de 21 de agosto), conforme establece la Ley 38/1994, de 30 de diciembre. La Organización Interprofesional del Porcino de Capa Blanca, INTERPORC, ha propuesto la extensión de norma al conjunto del sector, con aportación económica obligatoria para realizar la promoción del consumo y de la demanda de carne de porcino, la optimización del conocimiento y de la transparencia informativa del sector porcino de capa blanca, y la potenciación de la calidad y de la innovación tecnológica en el sector porcino de capa blanca español, junto con la realización de actividades a desarrollar para asegurar una óptima gestión del sistema de extensión de norma, como un conjunto integrado, para las campañas 2012/2013, 2013/2014 y 2014/2015. El acuerdo extendido por la presente orden afecta a las materias relacionadas en los apartados a),c) d) y e) del artículo 8 de la Ley 38/1994 de 30 de diciembre, y abarca tres campañas de comercialización, 2012-2013, 2013-2014 y 2014-2015, cumpliendo lo establecido en el artículo 8 de la Ley 38/1994, siendo las acciones a realizar de interés económico general para todo el sector ya que producirán un efecto beneficioso, beneficiando por igual a los agentes económicos integrados en la organización interprofesional y a los que no pertenecen a ésta, sin que se advierta discriminación alguna entre unos operadores económicos y otros. La Organización Interprofesional del Porcino de Capa Blanca, INTERPORC, aprobó en su Asamblea General Universal de 18 de abril de 2012 el acuerdo objeto de extensión y cumple las exigencias de representatividad y respaldo establecidas en el artículo 8.2. de la Ley 38/1994, dado que los porcentajes de representatividad acreditados por la organización interprofesional en el expediente de solicitud superan los mínimos exigidos. Mediante Resolución de la Secretaria General de Agricultura y Alimentación de 6 de junio de 2012 se sometió a la preceptiva información pública la propuesta de extensión de norma y de aportación económica obligatoria formulada por la Organización Interprofesional del Porcino de Capa Blanca, INTERPORC, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 38/1994, y en el artículo 13 de su Reglamento. Dicha Resolución fue publicada en el Boletín Oficial del Estado de 19 de junio de 2012. La solicitud de extensión ha sido informada favorablemente por el Consejo General de Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias, de acuerdo con el artículo 15 de la ley citada, en su reunión plenaria de 7 de septiembre de 2012 y se ha cumplimentado el trámite de audiencia. Por lo expuesto, en uso de las competencias atribuidas en los artículos 8 y 9 de la Ley 38/1994 de 30 de diciembre, y en el artículo 15 de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 705/1997, de 16 de mayo, dispongo: Artículo 1. Objeto de la extensión de norma. 1. Promoción del consumo y de la demanda de carne de porcino en los mercados objetivo de España, la Unión Europea y terceros países. 2. Optimización del conocimiento y de la transparencia informativa del sector porcino de capa blanca para promover y potenciar la transparencia, el conocimiento, percepción y valoración del sector en su conjunto por parte de todos los integrantes de la cadena de valor y de los consumidores. 3. Potenciación de la calidad y de la innovación tecnológica en el sector porcino de capa blanca español. Impulsar la mejora de la calidad de los productos del sector y de los procesos que intervienen en su cadena de valor, identificando e incorporando innovaciones y mejoras tecnológicas para los productos y procesos productivos. 4. Actividades a desarrollar para asegurar una óptima gestión del sistema de extensión de norma, como un conjunto integrado. Artículo 2. Condiciones de la extensión de norma. Duración y fases de aplicación del sistema de extensión de norma: Periodo de vigencia: Se acuerda solicitar la extensión de norma para un periodo de tres campañas, 2012/2013, 2013/2014 y 2014/ 2015, considerando éstas con inicio, desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», y a contar cada campaña un año desde esta fecha de publicación. La Organización Interprofesional INTERPORC ha previsto llevar a cabo las actividades propuestas, a lo largo de un período de tres campañas, dichas campañas serán las siguientes: 1.ª Campaña 2012/2013. 2.ª Campaña 2013/2014. 3.ª Campaña 2014/2015. Definición. Se entenderá por cerdo de capa blanca, a los efectos de la presente extensión de norma, a todos aquellos animales de la especie porcina no incluidos en el ámbito de aplicación de la norma de calidad vigente para el ### RESUMEN: Ayudas al cerdo no ibérico de 0,03 euros por animal en primera campaña, 0,5 euros por animal en segunda campaña y 0,7 euros para la tercera campaña. Al pequeño granjero le tiene que dar una risa

Doña Elena Oca de Zayas, Letrada de la Administración de Justicia, con destino en la Sección 5.ª, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de la Audiencia Nacional, Hace saber: Que en dicha Sección se ha registrado con n.º 491/2017, el recurso contencioso-administrativo presentado por José Ramón Estévez Puerto, contra la resolución del COMISIÓN RECTORA DEL FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA, de fecha 07/06/2017, que acordó la adopción de las medidas necesarias para ejecutar la decisión de la Junta Única de Resolución, en su sesión ejecutiva ampliada de 07/06/2017, por la que se adoptó el dispositivo de resolución sobre la entidad Banco Popular Español, S.A., en cumplimiento del art 29 del Reglamento (UE) n.º 806/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de julio de 2014. Y para que conste a los efectos oportunos mediante su publicación el Boletín Oficial del Estado, expido y firmo el presente. Madrid, 1 de septiembre de 2017.- La Letrada de la Administración de Justicia.

Nuevo recurso de José Ramón Estévez Puerto contra la resolución del COMISIÓN RECTORA DEL FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA.

Doña Elena Oca de Zayas, Letrada de la Administración de Justicia, con destino en la Sección 5.ª, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de la Audiencia Nacional, Hace saber: Que en dicha Sección se ha registrado con n.º 491/2017, el recurso contencioso-administrativo presentado por José Ramón Estévez Puerto, contra la resolución del COMISIÓN RECTORA DEL FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA, de fecha 07/06/2017, que acordó la adopción de las medidas necesarias para ejecutar la decisión de la Junta Única de Resolución, en su sesión ejecutiva ampliada de 07/06/2017, por la que se adoptó el dispositivo de resolución sobre la entidad Banco Popular Español, S.A., en cumplimiento del art 29 del Reglamento (UE) n.º 806/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de julio de 2014. Y para que conste a los efectos oportunos mediante su publicación el Boletín Oficial del Estado, expido y firmo el presente. Madrid, 1 de septiembre de 2017.- La Letrada de la Administración de Justicia. ### RESUMEN: Nuevo recurso de José Ramón Estévez Puerto contra la resolución del COMISIÓN RECTORA DEL FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA.

Por el presente se hace público, para dar cumplimiento a lo acordado por la Excma. Sra. Consejera de Cuentas, mediante Providencia de fecha 16 de mayo de 2013, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance n.º B-96/12, Entidades Locales, Ayuntamiento de Seseña, Toledo, que en este Tribunal se sigue procedimiento de reintegro por alcance, por las presuntas irregularidades contables puestas de manifiesto en el Informe de Fiscalización del Tribunal de Cuentas de la Gestión Urbanística del Ayuntamiento de Seseña. Lo que se hace público con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos, personándose en forma, dentro del plazo de los nueve días siguientes a la publicación de este edicto. Madrid, 16 de mayo de 2013.- El Secretario, Jaime Vegas Torres.

El Tribunal de Cuentas sigue investigando las irregularidades urbanísticas en Seseña

Por el presente se hace público, para dar cumplimiento a lo acordado por la Excma. Sra. Consejera de Cuentas, mediante Providencia de fecha 16 de mayo de 2013, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance n.º B-96/12, Entidades Locales, Ayuntamiento de Seseña, Toledo, que en este Tribunal se sigue procedimiento de reintegro por alcance, por las presuntas irregularidades contables puestas de manifiesto en el Informe de Fiscalización del Tribunal de Cuentas de la Gestión Urbanística del Ayuntamiento de Seseña. Lo que se hace público con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos, personándose en forma, dentro del plazo de los nueve días siguientes a la publicación de este edicto. Madrid, 16 de mayo de 2013.- El Secretario, Jaime Vegas Torres. ### RESUMEN: El Tribunal de Cuentas sigue investigando las irregularidades urbanísticas en Seseña

El 1 de junio de 2020 se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital, configurándose como una prestación económica del Sistema de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva. Esta prestación nace con el objetivo principal de garantizar, a través de la satisfacción de unas condiciones materiales mínimas, la participación plena de toda la ciudadanía en la vida social y económica, rompiendo el vínculo entre ausencia estructural de recursos y falta de acceso a oportunidades en los ámbitos laboral, educativo, o social de los individuos. Tras ser convalidado por el Congreso de los Diputados, dicho real decreto-ley, ha sido tramitado como proyecto de ley, resultado de lo cual el 21 de diciembre se publicó la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital, que regula en el capítulo V la cooperación entre las administraciones públicas. En concreto, el artículo 33 dispone la creación de la Comisión de seguimiento del ingreso mínimo vital como órgano de cooperación interadministrativa para el seguimiento de la aplicación del contenido del citado real decreto-ley. Dicho artículo establece una regulación general de la comisión, incluyendo su composición básica, sus funciones y ciertos aspectos de su organización, si bien es necesaria una concreción reglamentaria de los mismos a fin de que pueda producirse la entrada en funcionamiento de la referida comisión y ésta pueda dotarse de un reglamento interno, como contempla el apartado 6 del citado artículo, en el cual se regulen aspectos tales como el régimen de convocatorias y sesiones del órgano. El real decreto se estructura en una parte expositiva, diez artículos, una disposición adicional y dos disposiciones finales. En el texto articulado se regula la naturaleza de la comisión, así como su adscripción al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y su composición. Asimismo, se regula su régimen jurídico y económico. En la disposición adicional se recoge la previsión de no aumento del gasto público y en las disposiciones finales primera y segunda el título competencial y la entrada en vigor de la norma, respectivamente. La norma es coherente con los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cumple con los principios de necesidad y eficacia, ya que responde a la necesidad de completar la composición y el régimen de organización de la comisión previsto en el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, a fin de que esta pueda iniciar su funcionamiento. Es acorde al principio de proporcionalidad, al ser el medio más adecuado para cumplir este objetivo y con el principio de seguridad jurídica, al quedar engarzado con el ordenamiento jurídico. Asimismo, cumple con el principio de transparencia dado que busca fomentar el conocimiento general de estos instrumentos. Por último, es coherente con el principio de eficiencia ya que no afecta a las cargas administrativas y racionaliza, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos. Asimismo, se ha llevado a cabo una consulta pública, de conformidad con el artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, así como a las entidades locales a través de la Federación Española de Municipios y Provincias. Este real decreto se dicta en el ejercicio de la habilitación conferida al efecto en los apartados 2 y 3 m) del artículo 33, así como en la disposición final decimoprimera de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, y de acuerdo con la competencia en materia de bases del régimen jurídico de las administraciones públicas, que el artículo 149.1.18.ª de la Constitución Española atribuye al Estado. En su virtud, a propuesta del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con la aprobación previa de la Ministra de Hacienda y Función Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 25 de enero de 2022, DISPONGO: Artículo 1. Naturaleza y adscripción. 1. La Comisión de seguimiento del ingreso mínimo vital (en adelante, la Comisión) es un órgano de cooperación interadministrativa para el seguimiento de la aplicación del contenido de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital, conforme al artículo 145 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 2. La Comisión está adscrita al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Artículo 2. Funciones. 1. Las funciones de la Comisión se recogen en el apartado 3 del artículo 33 de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre. Además, la Comisión aprobará, a propuesta de la Presidencia, por mayoría absoluta, su reglamento interno en virtud de lo establecido en el apartado 6 del citado artículo. 2. La Comisión de seguimiento velará por la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres e integrará la perspectiva de género en el ejercicio de sus funciones. Artículo 3. Composición. 1. La Comisión estará conformada por: a) La Presidencia. b) La Vicepresidencia. c) Las Vocalías, integradas por representantes de la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, las ciudades de Ceuta y Melilla y la administración local. 2. La Comisión contará con una Secretaría dependiente de la Subsecretaría de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Artículo 4. Presidencia. 1. La Comisión estará presidida por la persona titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 2. Corresponde a la persona titular de la Presidencia: a) La representación formal de la Comisión, a los simples efectos de coordinación y relaciones externas. b) Acordar la convocatoria de las sesiones y la fijación del orden del día. c) Presidir las sesiones y moderar el desarrollo de los debates. d) Ejercer su derecho de voto, decidiendo la votación en caso de empate. e) Acordar la convocatoria de la sesión extraordinaria. f) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos de la Comisión. g) Aprobar la constitución de los grupos de trabajo de la Comisión. h) Proponer a la Comisión la aprobación de su reglamento interno. i) Ejercer las demás funciones que le atribuya el ordenamiento jurídico. 3. En casos de vacancia, ausencia, enfermedad, o cuando concurra alguna otra causa legal, la persona titular de la Presidencia será sustituida por la persona titular de la Vicepresidencia. Artículo 5. Vicepresidencia. 1. La Vicepresidencia de la Comisión se ocupará por la persona titular de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones. 2. Corresponde a la Vicepresidencia: a) Ejercer las funciones que le atribuya el régimen jurídico del reglamento interno de la Comisión. b) Ejercer las demás funciones que le atribuya el ordenamiento jurídico. 3. En casos de vacancia, ausencia, enfermedad, o cuando concurra alguna otra causa legal, la persona titular de la Vicepresidencia será sustituida por la persona que designe la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones. Artículo 6. Vocalías. 1. Las vocalías, en número de 46, estarán integradas de acuerdo con la siguiente distribución: a) Por parte de la Administración General del Estado, serán vocales las personas titulares de los siguientes órganos: 1.º La Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 2.º La Subsecretaría de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 3.º La Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 4.º La Secretaría de Estado de Derechos Sociales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. 5.º La Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social. 6.º La Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género o el órgano directivo del Ministerio de Igualdad en quien delegue. 7.º Dirección General designada por la persona titular de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 8.º El Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil. 9.º Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. b) Las personas titulares de las consejerías u órganos equivalentes de las comunidades autónomas competentes por razón de la materia y órganos análogos de las ciudades de Ceuta y Melilla. c) Los siguientes representantes de la administración local: 1.º Un vocal en representación de cada uno de los doce municipios de mayor población en España, según las cifras oficiales de población resultantes de la revisión del padrón municipal a fecha de 1 de enero de cada año y publicadas por el INE, designada por la persona que ostente la Alcaldía del municipio. 2.º Seis vocales correspondientes al resto de entidades locales designadas por la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias, por un plazo de duración de dos años, sin perjuicio de su posible reelección. Los titulares de estas vocalías serán nombrados por las personas titulares de la presidencia de las entidades locales designadas. 2. Por cada vocalía, los órganos de las administraciones públicas representados designarán, en caso necesario, una persona suplente. La sustitución temporal o suplencia deberá justificarse por escrito ante la Secretaría de la Comisión y con un mínimo de veinticuatro horas de antelación a la celebración de la sesión correspondiente. 3. Corresponde a todas las vocalías: a) Participar en los debates, efectuar propuestas y plantear mociones. b) Ejercer su derecho de voto, pudiendo hacer constar en acta la abstención y el voto particular. c) Formular ruegos y preguntas. d) Solicitar y obtener la información necesaria para cumplir debidamente las funciones asignadas a la Comisión. e) Ejercer las demás funciones que le atribuya el ordenamiento jurídico. 4. Cuando por razón de los asuntos a tratar no sea precisa la presencia de representantes de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla o de la administración local, la Comisión podrá constituirse sin aquellos a instancia de la Secretaría, siendo preciso que se informe previamente a los representantes de dichas administraciones comunicando el contenido del orden del día. Asimismo, también serán informados del contenido de los asuntos tratados mediante el traslado de la correspondiente acta. En el caso de que, por razón de la materia a tratar contenida en el orden del día, los representantes de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla o de la administración local consideren necesaria su asistencia, podrán solicitarla a la Presidencia, quien decidirá sobre la misma. Artículo 7. Secretaría. 1. La Comisión contará con una Secretaría, que será designada por la Subsecretaria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La persona designada deberá tener rango, al menos, de Subdirector o Subdirectora General con destino en dicha Subsecretaría. La Secretaría es el órgano técnico de asistencia, preparación y seguimiento continuo de la actividad de la Comisión de seguimiento. 2. La persona titular de la Secretaría actuará con voz, pero sin voto. 3. En caso de vacancia, ausencia, enfermedad, u otra causa legal, la persona titular de la Secretaría será sustituida por un funcionario o funcionaria de la Subsecretaría del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 4. Corresponde a la persona titular de la Secretaría: a) La preparación del orden del día y la convocatoria de las sesiones de la Comisión por orden de la Presidencia. b) La preparación y redacción de las actas de las reuniones de la Comisión. c) La tramitación de los convenios de colaboración que se suscriban con otros órganos de la Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas y las entidades locales. d) El seguimiento de los acuerdos que, en su caso, se adopten y la asistencia a sus miembros. e) El apoyo a la persona que ostente la Presidencia en el mantenimiento de la continuidad de la Comisión y la coordinación de su funcionamiento. f) La coordinación de los grupos de trabajo que, en su caso, se constituyan. g) El seguimiento e informe de los actos y disposiciones de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla en materia de inclusión. h) Ejercer las demás funciones que le atribuya el ordenamiento jurídico. Artículo 8. Grupos de trabajo. 1. La Comisión podrá crear grupos de trabajo con la composición que, en cada caso, se determine, a propuesta de un tercio de sus miembros que deberá ser aprobada por la Presidencia. En su composición se atenderá al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas. 2. En todo caso, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 33 de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, se creará un grupo de trabajo específico para comunidades autónomas y un grupo de trabajo para entidades locales, para abordar las cuestiones específicas que afectan a cada una de estas administraciones. Estos grupos de trabajo estarán formados por las personas que ostenten la Presidencia, Vicepresidencia y la Secretaría de la Comisión, los vocales representantes de la Administración General del Estado que designe la Presidencia y, en función del grupo de trabajo, los vocales que representen a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla o entidades locales, según corresponda. Artículo 9. Régimen jurídico. En lo no previsto por el presente real decreto, la Comisión adecuará su funcionamiento a lo establecido en los artículos 15 a 22 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Artículo 10. Régimen económico. 1. Los miembros de la Comisión no percibirán remuneración alguna por el ejercicio de sus funciones. 2. El coste de funcionamiento de la Comisión será atendido con cargo a los créditos existentes en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 3. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones facilitará los medios personales y materiales necesarios para el funcionamiento de la Comisión. Disposición adicional única. No incremento del gasto público. La constitución y funcionamiento de la Comisión de seguimiento del ingreso mínimo vital no supondrán incremento alguno del gasto público. Disposición final primera. Título competencial. Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre la regulación de las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y el procedimiento administrativo común. Disposición final segunda. Entrada en vigor. El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dado en el Consulado General de España en San Juan de Puerto Rico, el 25 de enero de 2022. FELIPE R. El Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, JOSÉ LUIS ESCRIVÁ BELMONTE

Decreto que regula la Comisión de seguimiento del ingreso mínimo vital (IMV), creada en la ley. Forman parte 11 representantes de la AGE (9 vocales más prsidente y vicepresidente), los 19 representantes de las CCAA y 18 de entidades locales.

El 1 de junio de 2020 se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital, configurándose como una prestación económica del Sistema de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva. Esta prestación nace con el objetivo principal de garantizar, a través de la satisfacción de unas condiciones materiales mínimas, la participación plena de toda la ciudadanía en la vida social y económica, rompiendo el vínculo entre ausencia estructural de recursos y falta de acceso a oportunidades en los ámbitos laboral, educativo, o social de los individuos. Tras ser convalidado por el Congreso de los Diputados, dicho real decreto-ley, ha sido tramitado como proyecto de ley, resultado de lo cual el 21 de diciembre se publicó la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital, que regula en el capítulo V la cooperación entre las administraciones públicas. En concreto, el artículo 33 dispone la creación de la Comisión de seguimiento del ingreso mínimo vital como órgano de cooperación interadministrativa para el seguimiento de la aplicación del contenido del citado real decreto-ley. Dicho artículo establece una regulación general de la comisión, incluyendo su composición básica, sus funciones y ciertos aspectos de su organización, si bien es necesaria una concreción reglamentaria de los mismos a fin de que pueda producirse la entrada en funcionamiento de la referida comisión y ésta pueda dotarse de un reglamento interno, como contempla el apartado 6 del citado artículo, en el cual se regulen aspectos tales como el régimen de convocatorias y sesiones del órgano. El real decreto se estructura en una parte expositiva, diez artículos, una disposición adicional y dos disposiciones finales. En el texto articulado se regula la naturaleza de la comisión, así como su adscripción al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y su composición. Asimismo, se regula su régimen jurídico y económico. En la disposición adicional se recoge la previsión de no aumento del gasto público y en las disposiciones finales primera y segunda el título competencial y la entrada en vigor de la norma, respectivamente. La norma es coherente con los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cumple con los principios de necesidad y eficacia, ya que responde a la necesidad de completar la composición y el régimen de organización de la comisión previsto en el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, a fin de que esta pueda iniciar su funcionamiento. Es acorde al principio de proporcionalidad, al ser el medio más adecuado para cumplir este objetivo y con el principio de seguridad jurídica, al quedar engarzado con el ordenamiento jurídico. Asimismo, cumple con el principio de transparencia dado que busca fomentar el conocimiento general de estos instrumentos. Por último, es coherente con el principio de eficiencia ya que no afecta a las cargas administrativas y racionaliza, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos. Asimismo, se ha llevado a cabo una consulta pública, de conformidad con el artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, así como a las entidades locales a través de la Federación Española de Municipios y Provincias. Este real decreto se dicta en el ejercicio de la habilitación conferida al efecto en los apartados 2 y 3 m) del artículo 33, así como en la disposición final decimoprimera de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, y de acuerdo con la competencia en materia de bases del régimen jurídico de las administraciones públicas, que el artículo 149.1.18.ª de la Constitución Española atribuye al Estado. En su virtud, a propuesta del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con la aprobación previa de la Ministra de Hacienda y Función Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 25 de enero de 2022, DISPONGO: Artículo 1. Naturaleza y adscripción. 1. La Comisión de seguimiento del ingreso mínimo vital (en adelante, la Comisión) es un órgano de cooperación interadministrativa para el seguimiento de la aplicación del contenido de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital, conforme al artículo 145 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 2. La Comisión está adscrita al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Artículo 2. Funciones. 1. Las funciones de la Comisión se recogen en el apartado 3 del artículo 33 de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre. Además, la Comisión aprobará, a propuesta de la Presidencia, por mayoría absoluta, su reglamento interno en virtud de lo establecido en el apartado 6 del citado artículo. 2. La Comisión de seguimiento velará por la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres e integrará la perspectiva de género en el ejercicio de sus funciones. Artículo 3. Composición. 1. La Comisión estará conformada por: a) La Presidencia. b) La Vicepresidencia. c) Las Vocalías, integradas por representantes de la Administración General del Estado, las comunidades ### RESUMEN: Decreto que regula la Comisión de seguimiento del ingreso mínimo vital (IMV), creada en la ley. Forman parte 11 representantes de la AGE (9 vocales más prsidente y vicepresidente), los 19 representantes de las CCAA y 18 de entidades locales.

De conformidad con lo prevenido en el artículo 10 del Real Decreto de 13 de noviembre de 1922, este Ministerio, en nombre de S.M. el Rey y en ejecución de la sentencia firme dictada por la Sala Primera del Tribunal Supremo, de fecha 7 de julio de 2014, ha tenido a bien disponer: Primero. Revocar la Orden de 25 de julio de 2003, por la que se mandó expedir Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Monteagudo de Mendoza, a favor de don Luis María de Casanova y Barón. Segundo. Cancelar la Real Carta de Sucesión en el referido título de fecha 16 de octubre de 2003, expedida en virtud de la anterior Orden, que será devuelta a este Ministerio a los efectos procedentes. Tercero. Expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Monteagudo de Mendoza, a favor de doña Pilar-Paloma de Casanova y Barón, previo pago del impuesto correspondiente. Madrid, 15 de septiembre de 2014.–El Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez.

Tras sentencia, título nobiliario revocado y cancelación a Luis María de Casanova y Barón.

De conformidad con lo prevenido en el artículo 10 del Real Decreto de 13 de noviembre de 1922, este Ministerio, en nombre de S.M. el Rey y en ejecución de la sentencia firme dictada por la Sala Primera del Tribunal Supremo, de fecha 7 de julio de 2014, ha tenido a bien disponer: Primero. Revocar la Orden de 25 de julio de 2003, por la que se mandó expedir Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Monteagudo de Mendoza, a favor de don Luis María de Casanova y Barón. Segundo. Cancelar la Real Carta de Sucesión en el referido título de fecha 16 de octubre de 2003, expedida en virtud de la anterior Orden, que será devuelta a este Ministerio a los efectos procedentes. Tercero. Expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Monteagudo de Mendoza, a favor de doña Pilar-Paloma de Casanova y Barón, previo pago del impuesto correspondiente. Madrid, 15 de septiembre de 2014.–El Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez. ### RESUMEN: Tras sentencia, título nobiliario revocado y cancelación a Luis María de Casanova y Barón.

A propuesta de la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 22 de enero de 2016, Vengo en disponer el cese, a petición propia, de don Federico Ramos de Armas como Subsecretario de la Presidencia, agradeciéndole los servicios prestados. Dado en Madrid, el 22 de enero de 2016. FELIPE R. La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN

Cese como Subsecretario de la Presidencia a petición propia de Federico Ramos de Armas,

A propuesta de la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 22 de enero de 2016, Vengo en disponer el cese, a petición propia, de don Federico Ramos de Armas como Subsecretario de la Presidencia, agradeciéndole los servicios prestados. Dado en Madrid, el 22 de enero de 2016. FELIPE R. La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN ### RESUMEN: Cese como Subsecretario de la Presidencia a petición propia de Federico Ramos de Armas,

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (en adelante, la AECID) se encuentra inmersa en un proceso de concentración geográfica, sectorial y multilateral enmarcado en la agenda de mejora de la eficacia y calidad de la ayuda de la política de cooperación al desarrollo y respaldado por las recomendaciones que el Comité de Ayuda al Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha realizado sobre la actuación de la AECID. Asimismo, este proceso se ha visto acelerado por el contexto de ajuste presupuestario, que aconseja reducir los costes de estructura y obliga, por tanto, a reorganizar el despliegue exterior de la AECID. En consecuencia, resulta conveniente adecuar la dimensión de la red exterior de la AECID a la nueva realidad en la que se desarrolla la política de cooperación española. Para ello, es imprescindible dotarle de un mayor carácter regional que, además de asegurar el ejercicio de todas sus competencias y el cumplimiento de sus funciones, posibilite una mejora en términos de eficiencia. Por ello, en esta orden se han incluido Unidades de Cooperación en el Exterior creadas recientemente en las que apenas existen programas activos o sin una acción consolidada y que requieren una importante cantidad de fondos para lograr cierto impacto (Centros de Formación de Tánger y de Bamako y Oficina Técnica de Cooperación de la República Democrática del Congo), junto a otras cuyas especiales circunstancias justifican esta decisión (Oficina Técnica de Cooperación de Iraq) o cuyo nivel de renta permite que se enmarque en una estrategia regional (Oficina Técnica de Cooperación de Túnez). La habilitación normativa de esta orden se encuentra en el artículo 17.7 del Estatuto de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, aprobado por Real Decreto 1403/2007, de 26 de octubre. En su virtud, a propuesta del Consejo Rector de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, dispongo: Artículo 1. Supresión de Centros de Formación. Se suprimen el Centro de Formación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en Bamako, en la Misión Diplomática Permanente de España en la República de Mali, y el Centro de Formación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en Tánger, en la Misión Diplomática Permanente de España en el Reino de Marruecos. Artículo 2. Supresión de Oficinas Técnicas de Cooperación. Se suprimen la Oficina Técnica de Cooperación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en la Misión Diplomática Permanente de España en la República del Iraq, la Oficina Técnica de Cooperación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en la Misión Diplomática Permanente de España en la República Democrática del Congo y la Oficina Técnica de Cooperación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en la Misión Diplomática Permanente de España en la República Tunecina. Disposición final primera. Facultades de desarrollo. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo iniciará, inmediatamente después de la entrada en vigor de esta orden, los procedimientos administrativos necesarios para darle pleno cumplimiento. Disposición final segunda. Entrada en vigor. La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Madrid, 23 de octubre de 2012.–El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo y Marfil.

José Manuel García-Margallo y Marfil suprime oficinas de cooperación en Iraq, Congo, Túnez, Tánger, Mali y Bamako.

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (en adelante, la AECID) se encuentra inmersa en un proceso de concentración geográfica, sectorial y multilateral enmarcado en la agenda de mejora de la eficacia y calidad de la ayuda de la política de cooperación al desarrollo y respaldado por las recomendaciones que el Comité de Ayuda al Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha realizado sobre la actuación de la AECID. Asimismo, este proceso se ha visto acelerado por el contexto de ajuste presupuestario, que aconseja reducir los costes de estructura y obliga, por tanto, a reorganizar el despliegue exterior de la AECID. En consecuencia, resulta conveniente adecuar la dimensión de la red exterior de la AECID a la nueva realidad en la que se desarrolla la política de cooperación española. Para ello, es imprescindible dotarle de un mayor carácter regional que, además de asegurar el ejercicio de todas sus competencias y el cumplimiento de sus funciones, posibilite una mejora en términos de eficiencia. Por ello, en esta orden se han incluido Unidades de Cooperación en el Exterior creadas recientemente en las que apenas existen programas activos o sin una acción consolidada y que requieren una importante cantidad de fondos para lograr cierto impacto (Centros de Formación de Tánger y de Bamako y Oficina Técnica de Cooperación de la República Democrática del Congo), junto a otras cuyas especiales circunstancias justifican esta decisión (Oficina Técnica de Cooperación de Iraq) o cuyo nivel de renta permite que se enmarque en una estrategia regional (Oficina Técnica de Cooperación de Túnez). La habilitación normativa de esta orden se encuentra en el artículo 17.7 del Estatuto de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, aprobado por Real Decreto 1403/2007, de 26 de octubre. En su virtud, a propuesta del Consejo Rector de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, dispongo: Artículo 1. Supresión de Centros de Formación. Se suprimen el Centro de Formación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en Bamako, en la Misión Diplomática Permanente de España en la República de Mali, y el Centro de Formación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en Tánger, en la Misión Diplomática Permanente de España en el Reino de Marruecos. Artículo 2. Supresión de Oficinas Técnicas de Cooperación. Se suprimen la Oficina Técnica de Cooperación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en la Misión Diplomática Permanente de España en la República del Iraq, la Oficina Técnica de Cooperación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en la Misión Diplomática Permanente de España en la República Democrática del Congo y la Oficina Técnica de Cooperación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en la Misión Diplomática Permanente de España en la República Tunecina. Disposición final primera. Facultades de desarrollo. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo iniciará, inmediatamente después de la entrada en vigor de esta orden, los procedimientos administrativos necesarios para darle pleno cumplimiento. Disposición final segunda. Entrada en vigor. La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Madrid, 23 de octubre de 2012.–El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo y Marfil. ### RESUMEN: José Manuel García-Margallo y Marfil suprime oficinas de cooperación en Iraq, Congo, Túnez, Tánger, Mali y Bamako.

La Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, en su Título I da una nueva regulación a la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso administrativo y social introducida en nuestro ordenamiento jurídico por el artículo 35 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. El ámbito de aplicación de la tasa se extiende a todo el territorio español, ya que tiene carácter estatal, y todo ello sin perjuicio de la exacción de otras tasas u otros tributos que puedan exigir las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus respectivas competencias financieras, los cuales no podrán gravar los mismos hechos imponibles. El hecho imponible de la citada tasa está constituido por el ejercicio de los siguientes actos procesales: En el orden jurisdiccional civil, se grava la interposición de la demanda en toda clase de procesos declarativos y de ejecución de títulos ejecutivos extrajudiciales, oposición a la ejecución de títulos judiciales, así como la formulación de reconvención, la petición inicial de proceso monitorio y del proceso monitorio europeo, la interposición del recurso de apelación contra sentencias y de casación, el recurso extraordinario por infracción procesal, la solicitud de concurso necesario y la demanda incidental en procesos concursales. En el orden contencioso-administrativo está sujeta la interposición de la demanda, así como la interposición de recursos de apelación contra sentencias y de casación. En el orden social, la interposición de recurso de suplicación y de casación. El texto legal establece determinados supuestos de exención, tanto de naturaleza subjetiva como objetiva y de carácter total y parcial; todos ellos regulados en el artículo 4 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre. En cuanto a los sujetos pasivos de la tasa, éstos son a título de contribuyentes, los que promuevan el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes citados y realicen el hecho imponible de la misma, pudiendo realizarse el pago de la tasa por la representación procesal o el abogado en nombre y por cuenta del sujeto pasivo. A estos efectos se entenderá que se realiza un único hecho imponible cuando en la demanda se acumulen varias acciones principales, que no provengan de un mismo título. En este caso, para el cálculo del importe de la tasa se sumarán las cuantías de cada una de las acciones objeto de acumulación. La cuota tributaria está integrada por una cantidad fija determinada en función de cada clase de proceso, y otra variable, resultado de aplicar la escala prevista en el artículo 7 de la citada Ley 10/2012 a la base imponible monetaria derivada de la cuantía del procedimiento judicial o recurso objeto de gravamen, en los términos estipulados en el artículo 6 de la mencionada Ley. El tributo se exigirá por el procedimiento de autoliquidación, la cual se verificará a través del modelo oficial aprobado por esta Orden, modelo 696. Salvo en los supuestos de exención, todo escrito procesal mediante el que se realice el hecho imponible de este tributo deberá ir acompañado del justificante de pago de la tasa con arreglo al modelo oficial, debidamente validado. Se regulan en el artículo 8, apartados 5 y 6, de la Ley 10/2012, dos supuestos novedosos de devoluciones que responden a la naturaleza de devoluciones derivadas de la normativa del tributo, reguladas en el artículo 31 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Estos supuestos son, en primer lugar, la devolución del 60 por ciento del importe de la cuota de esta tasa cuando se alcance una solución extrajudicial del litigio en el proceso cuyo inicio dio lugar al devengo de este tributo. En este caso, se establece que se tendrá derecho a la devolución desde la firmeza de la resolución que ponga fin al proceso y haga constar esa forma de terminación. El segundo supuesto, se recoge en el apartado 6 del artículo 8 de la Ley, donde se establece una devolución del 20 por ciento del importe de la cuota de la tasa cuando se acuerde una acumulación de procesos. En ambos casos, el procedimiento para la práctica de la devolución se iniciará a instancia del sujeto pasivo mediante la presentación en estos supuestos de una solicitud de devolución de la que resulte la cantidad a devolver. El modelo para la solicitud de devolución será el «695» que también resulta aprobado en esta Orden. En cuanto a las formas de presentación del modelo 696 («Autoliquidación de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social») y del modelo 695 («Solicitud de devolución por solución extrajudicial y por acumulación de procesos»), hay que resaltar como principal novedad respecto al modelo de tasa anterior, la desaparición del papel preimpreso. En el supuesto de que el sujeto pasivo de la tasa sea una persona o entidad adscrita a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes o a alguna de las Unidades de Gestión de Grandes Empresas de las Delegaciones Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, y en el de aquellas entidades que tengan forma jurídica de sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada, la presentación de estos modelos se efectuarán de forma obligatoria por vía telemática a través de Internet. En el resto de casos, tanto la autoliquidación como la solicitud de devolución también podrán presentarse en formato papel obtenido al imprimir el resultado de cumplimentar el formulario correspondiente para cada uno de los modelos aprobados que estará disponible en la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a la que se puede acceder a través del portal de la Agencia Tributaria en Internet (www.agenciatributaria.es) o bien directamente en la dirección electrónica https://www.agenciatributaria.gob.es. La adecuada gestión del tributo requiere la colaboración de los órganos judiciales, ya que el artículo 8.2 de la Ley 10/2012 señala que en caso de que no se acompañe el justificante de pago de la tasa en todo escrito procesal que origine el hecho imponible de este tributo, el Secretario judicial procederá a requerir al sujeto pasivo para que lo aporte, no dando curso al escrito hasta que tal omisión fuese subsanada. No obstante, la falta de presentación del justificante de autoliquidación no impedirá la aplicación de los plazos establecidos en la legislación procesal, de manera que la ausencia de subsanación de tal deficiencia, tras el requerimiento del Secretario judicial dará lugar a la preclusión del acto procesal y a la consiguiente continuación o finalización del procedimiento, según proceda. Del mismo modo resulta estratégica e indispensable la colaboración de los órganos judiciales a la hora de la comprobación de la correcta autoliquidación de la tasa y en la tramitación de forma eficiente y ágil de las devoluciones establecidas en la Ley 10/2012. En efecto, existen diversos preceptos, todos ellos contenidos en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que fundamentan esta colaboración. A estos efectos cabe señalar lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 94 de la citada Ley 58/2003, en el sentido de que las autoridades, de cualquier naturaleza, y quienes en general ejerzan funciones públicas, están obligados a suministrar a la Administración tributaria cuantos datos, informes y antecedentes con trascendencia tributaria recabe ésta mediante disposiciones de carácter general o a través de requerimientos concretos, y a prestarle, a ella y a sus agentes, apoyo, concurso, auxilio y protección para el ejercicio de sus funciones. Igualmente, tales autoridades participarán en la gestión o exacción de los tributos mediante las advertencias, repercusiones y retenciones, documentales o pecuniarias, de acuerdo con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico. Además, esta obligación se encuentra concretada en el apartado tercero de dicho artículo 94 a cuyo tenor «Los juzgados y tribunales deberán facilitar a la Administración tributaria, de oficio o a requerimiento de la misma, cuantos datos con trascendencia tributaria se desprendan de las actuaciones judiciales de las que conozcan, respetando, en su caso, el secreto de las diligencias sumariales». En tal sentido, en esta Orden y sin necesidad de la remisión física de documentación, se establece que las comunicaciones de los datos relevantes de las autoliquidaciones presentadas se realicen a través de la «Red de Servicios del Punto Neutro del Consejo General del Poder Judicial», mediante el cual la Oficina judicial procederá a transmitir a la Agencia Estatal de Administración Tributaria como órgano encargado de la gestión del tributo la cuantía definitiva del proceso al que se refiere la tasa y la fecha de la resolución en la que se determine la misma, de modo que permita su contraste no sólo con la autoliquidación inicial realizada por el contribuyente sino también con las autoliquidaciones complementarias y con las solicitudes de rectificación de autoliquidaciones que se pudieran presentar. Del mismo modo, se procederá a transmitir aquellos datos que permitan comprobar el fundamento de las devoluciones solicitadas, en particular los números de justificante identificativos de los ingresos realizados tanto en la autoliquidación original del proceso finalizado por solución extrajudicial como en la autoliquidación o autoliquidaciones en los que se ha acordado la acumulación de procesos. La Orden se dicta en uso de la habilitación contenida en los artículos 8.1 y 9.2 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, donde se faculta al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas para regular los procedimientos y establecer los modelos oficiales de autoliquidación de la tasa. En su virtud dispongo: Artículo 1. Aprobación del modelo 696, Tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social. Autoliquidación. 1. Se aprueba el modelo 696, «Tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social. Autoliquidación», que figura como anexo I a esta Orden. Dicho modelo consta de los tres ejemplares siguientes: Ejemplar para el sujeto pasivo. Ejemplar para la Administración de Justicia. Ejemplar para la entidad colaboradora. El número de justificante que habrá de figurar en el modelo 696 será un número secuencial cuyos tres primeros dígitos se corresponderán con el código 696. No obstante, en el supuesto a que se refiere el artículo 5.2 de esta Orden, el número de justificante comenzará con el código 697. 2. Están obligados a presentar el modelo 696 los sujetos pasivos de la tasa, siendo estos los que promuevan el ejercicio de la potestad jurisdiccional y que realicen el hecho imponible de la misma. No obstante, no existe la obligación de presentación en los supuestos que resulten exentos de acuerdo con lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 4 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Artículo 2. Aprobación del Modelo 695, Tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social. Solicitud de devolución por solución extrajudicial del litigio y por acumulación de procesos. 1. Se aprueba el modelo 695, «Tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social. Solicitud de devolución por solución extrajudicial del litigio y por acumulación de procesos», que figura como anexo II a esta Orden. Dicho modelo consta de los dos ejemplares siguientes: Ejemplar para el sujeto pasivo. Ejemplar para la entidad colaboradora-AEAT. El número de justificante que habrá de figurar en el modelo 695 será un número secuencial cuyos tres primeros dígitos se corresponderán con el código 695. No obstante, en el supuesto a que se refiere el artículo 5.2 de esta Orden, el número de justificante comenzará con el código 698. 2. Los sujetos pasivos de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social podrán solicitar la devolución de los siguientes porcentajes: a) El 60% del importe de la cuota de esta tasa, por haber alcanzado una solución extrajudicial en cualquiera de los procesos cuya iniciación dé lugar al devengo de este tributo de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.5 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre. Se tendrá derecho a la devolución desde la firmeza de la resolución que ponga fin al proceso y haga constar esa forma de terminación. b) El 20% del importe de la cuota de la tasa cuando se acuerde una acumulación de procesos en los términos estipulados en el artículo 8.6 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre. Se tendrá derecho a la devolución desde la fecha en que se acuerde la acumulación de procesos. Artículo 3. Plazo de presentación e ingreso del modelo 696. La presentación de la autoliquidación y el correspondiente pago de la tasa deberán realizarse con carácter previo a la presentación del escrito procesal mediante el que se realiza el hecho imponible de este tributo. El justificante del pago de la tasa con arreglo al modelo oficial debidamente validado, acompañará a todo escrito procesal mediante el que se realice el hecho imponible de este tributo. Artículo 4. Plazo de presentación del modelo 695. Se podrá presentar la solicitud de devolución en el plazo de cuatro años a contar desde las fechas señaladas en los apartados a) y b) del apartado 2 del artículo 2 de esta Orden. De acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del artículo 31 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, transcurridos seis meses desde la presentación de la solicitud sin que la Administración haya ordenado su pago, ésta devengará el interés de demora previsto en el artículo 26 de la citada Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Artículo 5. Formas de presentación de los modelos 696 y 695. 1. En el supuesto de que el sujeto pasivo de la tasa sea una persona o entidad adscrita a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes o a alguna de las Unidades de Gestión de Grandes Empresas de las Delegaciones Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, y en el de aquellas entidades que tengan forma jurídica de sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada, la presentación de estos modelos se efectuará de forma obligatoria por vía telemática a través de Internet, en las condiciones y de acuerdo con el procedimiento previsto en esta Orden en los artículos 7 y 8 para el modelo 696, y en los artículos 10 y 11 para el modelo 695. 2. En los demás supuestos, además de la anterior forma de presentación telemática por Internet, será posible la presentación de los modelos 695 y 696 en papel impreso que será generado exclusivamente mediante la utilización del servicio de impresión desarrollado a estos efectos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria en su Sede electrónica, a la que se puede acceder a través del portal de la Agencia Tributaria en Internet (www.agenciatributaria.es) o bien directamente en la dirección electrónica https://www.agenciatributaria.gob.es, y previa la cumplimentación de los respectivos formularios disponibles en la citada Sede electrónica. Será necesaria la conexión a Internet para poder obtener las autoliquidaciones impresas válidas para su presentación. Cuando la autoliquidación se genere mediante la utilización del servicio de impresión anteriormente citado, serán de aplicación las siguientes disposiciones: a) No será precisa la utilización de etiquetas identificativas ya que el servicio de impresión genera el propio código de barras de la etiqueta, con los datos identificativos del titular. b) La confirmación de los datos incorporados a la declaración se producirá con la presentación de la correspondiente autoliquidación en los lugares señalados en el artículo 6 de esta Orden. c) No se deberá ensobrar ni remitir a la Agencia Estatal de Administración Tributaria la autoliquidación cuando ésta se presente en una entidad colaboradora. d) No producirán efectos ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria las alteraciones o correcciones manuales de los datos impresos que figuran en las autoliquidaciones, salvo los que se refieran al código de cuenta cliente en el momento de la presentación en la entidad colaboradora. No obstante, por motivos de seguridad, el dato del NIF del contribuyente se deberá cumplimentar manualmente. Artículo 6. Lugar y procedimiento de presentación del modelo 696 en impreso. La presentación e ingreso de la autoliquidación modelo 696 en papel impreso obtenido a través del servicio de impresión mencionado en el artículo anterior será realizada en cualquier entidad de depósito sita en territorio español que actúe como colaboradora en la gestión recaudatoria (Bancos, Cajas de Ahorros o Cooperativas de Crédito). Artículo 7. Forma y condiciones generales para la presentación telemática por Internet del modelo 696. 1. La presentación de la declaración por vía telemática a través de Internet podrá ser efectuada bien por el propio declarante o bien por un tercero que actúe en su representación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 79 a 81, ambos inclusive, del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio y de la Orden HAC/1398/2003, de 27 de mayo, por la que se establecen los supuestos y condiciones en que podrá hacerse efectiva la colaboración social en la gestión de los tributos, y se extiende ésta expresamente a la presentación telemática de determinados modelos de declaración y otros documentos tributarios. 2. La presentación telemática estará sujeta a las siguientes condiciones: a) El declarante deberá disponer de Número de Identificación Fiscal (NIF). b) El declarante deberá tener instalado en el navegador un certificado electrónico X.509.V3 expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, el Documento Nacional de Identidad electrónico (DNI-e) o cualquier otro certificado electrónico admitido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de acuerdo con lo previsto en la Orden HAC/1181/2003, de 12 de mayo, por la que se establecen normas específicas sobre el uso de la firma electrónica en las relaciones tributarias por medios electrónicos, informáticos y telemáticos con la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Si la presentación telemática va a ser realizada por una persona o entidad autorizada para presentar declaraciones en representación de terceras personas, será esta persona o entidad autorizada quien deberá tener instalado en el navegador su certificado. c) Para efectuar la presentación telemática el declarante, o en su caso, el presentador, deberá cumplimentar y transmitir los datos del formulario, ajustado al modelo 696 aprobado en el artículo 1 de esta Orden, que estará disponible en la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a la que se puede acceder a través del portal de la Agencia Tributaria en Internet (www.agenciatributaria.es) o bien directamente en la dirección electrónica https://www.agenciatributaria.gob.es. 3. En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión telemática de declaraciones, dicha circunstancia se pondrá en conocimiento del presentador de la declaración por el propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error, para que proceda a su subsanación. 4. La transmisión telemática del modelo deberá realizarse en la misma fecha en que tenga lugar el ingreso resultante del mismo. No obstante lo anterior, en el caso de que existan dificultades técnicas que impidan efectuar la transmisión telemática de la declaración en la misma fecha del ingreso, podrá realizarse dicha transmisión telemática hasta el segundo día hábil siguiente al del ingreso. Artículo 8. Procedimiento para la presentación telemática por Internet de las autoliquidaciones correspondientes al modelo 696. El procedimiento a seguir para la presentación telemática de autoliquidaciones de la tasa judicial será el siguiente: a) El declarante o, en su caso, el presentador se pondrá en comunicación con la entidad de depósito que actúa como colaboradora en la gestión recaudatoria (Bancos, Cajas de Ahorro o Cooperativas de crédito) por vía telemática de forma directa, o a través de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o bien acudiendo a sus oficinas, para efectuar el ingreso correspondiente y facilitar los siguientes datos: NIF del sujeto pasivo (9 caracteres). Ejercicio fiscal (2 últimos dígitos). Periodo: 2 caracteres: OA. Documento de ingreso: 696. Tipo de autoliquidación = I Ingreso. Importe a ingresar (deberá ser mayor que cero y expresado en euros). La entidad colaboradora, una vez realizado el ingreso, asignará un Número de Referencia Completo (NRC) que generará informáticamente mediante un sistema criptográfico que relacione de forma unívoca el NRC con el importe ingresado. Al mismo tiempo, remitirá o entregará, según la forma de transmisión de los datos, un recibo que contendrá, como mínimo los datos señalados en el artículo 3.3 de la Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, en relación con las entidades de crédito que prestan el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. b) El declarante o, en su caso, el presentador una vez realizada la operación anterior se conectará con la Agencia Estatal de Administración Tributaria a través de Internet en su Sede electrónica, en la dirección electrónica https://www.agenciatributaria.gob.es, y seleccionará el formulario con la autoliquidación a transmitir, e introducirá el NRC suministrado por la entidad colaboradora. c) A continuación procederá a transmitir la autoliquidación con la firma electrónica generada al seleccionar el certificado previamente instalado en el navegador a tal efecto. Si el presentador es una persona o entidad autorizada a presentar declaraciones en representación de terceras personas, se requerirá una única firma, la correspondiente a su certificado. d) Si la autoliquidación es aceptada, la Agencia Estatal de Administración Tributaria le devolverá en pantalla los datos de la declaración y del documento de ingreso, modelo 696, validado con un código seguro de verificación de 16 caracteres, además de la fecha y hora de presentación. e) En el supuesto de que la presentación fuera rechazada se mostrará en pantalla un mensaje con la descripción de los errores detectados. En este caso, se deberá proceder a subsanar los mismos o a repetir la presentación si el error fuese originado por otro motivo. f) El declarante deberá imprimir y conservar la autoliquidación aceptada, modelo 696, debidamente validado con el correspondiente código seguro de verificación. Artículo 9. Lugar y procedimiento de presentación del modelo 695 en impreso. La presentación del modelo 695 «Tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social. Solicitud de devolución por la solución extrajudicial del litigio y por acumulación de procesos», en papel impreso obtenido a través del servicio de impresión mencionado en el artículo 5 de esta Orden, se presentará en cualquier entidad de depósito sita en territorio español que actúe como colaboradora en la gestión recaudatoria (Bancos, Cajas de Ahorros o Cooperativas de Crédito) donde el sujeto pasivo desee recibir el importe de la devolución. Asimismo, podrá presentarse también en la Delegación o Administración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria correspondiente a su domicilio fiscal. En el supuesto de que el sujeto pasivo no tenga cuenta abierta en entidad de depósito sita en territorio español, o concurra alguna otra circunstancia que lo justifique, se hará constar dicho extremo adjuntando a la solicitud escrito dirigido al titular de la Administración o Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria que corresponda, quien, a la vista del mismo y previas las pertinentes comprobaciones, podrá ordenar la realización de la devolución que proceda mediante la emisión de cheque nominativo del Banco de España. Asimismo, se podrá ordenar la realización de la devolución mediante la emisión de cheque cruzado o nominativo del Banco de España cuando ésta no pueda realizarse mediante transferencia bancaria. Artículo 10. Forma y condiciones generales para la presentación telemática por Internet del modelo 695. 1. La presentación de la solicitud de devolución por vía telemática a través de Internet podrá ser efectuada bien por el propio declarante o bien por un tercero que actúe en su representación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 79 a 81, ambos inclusive, del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio y de la Orden HAC/1398/2003, de 27 de mayo, por la que se establecen los supuestos y condiciones en que podrá hacerse efectiva la colaboración social en la gestión de los tributos, y se extiende ésta expresamente a la presentación telemática de determinados modelos de declaración y otros documentos tributarios. 2. La presentación telemática estará sujeta a las siguientes condiciones: a) El declarante deberá disponer de Número de Identificación Fiscal (NIF). b) El declarante deberá tener instalado en el navegador un certificado electrónico X.509.V3 expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, el Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe) o cualquier otro certificado electrónico admitido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de acuerdo con lo previsto en la Orden HAC/1181/2003, de 12 de mayo, por la que se establecen normas específicas sobre el uso de la firma electrónica en las relaciones tributarias por medios electrónicos, informáticos y telemáticos con la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Si la presentación telemática va a ser realizada por una persona o entidad autorizada para presentar declaraciones en representación de terceras personas, será esta persona o entidad autorizada quien deberá tener instalado en el navegador su certificado. c) Para efectuar la presentación telemática el declarante o, en su caso, el presentador, deberá cumplimentar y transmitir los datos del formulario, ajustado al modelo 695 aprobado en el artículo 2 de esta Orden, que estará disponible en la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a la que se puede acceder a través del portal de la Agencia Tributaria en Internet (www.agenciatributaria.es) o bien directamente en la dirección electrónica https://www.agenciatributaria.gob.es. 3. En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión, dicha circunstancia se pondrá en conocimiento del presentador de la solicitud por el propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error, para que proceda a su subsanación. Artículo 11. Procedimiento para la presentación telemática por Internet del modelo 695. El procedimiento a seguir para la presentación telemática será el siguiente: a) El declarante o, en su caso, el presentador, se conectará con la Agencia Estatal de Administración Tributaria a través de Internet en su Sede Electrónica, en la dirección electrónica https://www.agenciatributaria.gob.es, y seleccionará el modelo a transmitir (modelo 695). b) A continuación procederá a transmitir el modelo con la firma electrónica generada al seleccionar el certificado previamente instalado en el navegador a tal efecto. Si el presentador es una persona o entidad autorizada a presentar declaraciones en representación de terceras personas, se requerirá una única firma, la correspondiente a su certificado. c) Si la presentación fuera aceptada, la Agencia Estatal de Administración Tributaria le devolverá en pantalla los datos del modelo 695, validado con un código seguro de verificación de 16 caracteres, además de la fecha y hora de presentación. d) En el supuesto de que la presentación fuera rechazada se mostrará en pantalla la descripción de los errores detectados. En este caso, se deberá proceder a subsanar los mismos o a repetir la presentación si el error fuese originado por otro motivo. e) El declarante deberá imprimir y conservar la solicitud aceptada, modelo 695, debidamente validado con el correspondiente código seguro de verificación. Artículo 12. Tramitación en la Oficina judicial del modelo 696. 1. El sujeto pasivo deberá adjuntar a todo escrito procesal mediante el que se realice el hecho imponible de este tributo el ejemplar para la Administración de Justicia del modelo 696 con el ingreso debidamente validado, y en su caso el justificante de pago del mismo. 2. Conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 8 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, el Secretario judicial comprobará la incorporación del modelo de autoliquidación a todo escrito procesal de modo que, si el sujeto pasivo no lo hubiese adjuntado, dictará la correspondiente resolución acordando requerir al interesado para que subsane la omisión en los plazos previstos en las leyes procesales, apercibiéndole de no dar curso al escrito hasta que tal omisión fuese subsanada. La ausencia de subsanación de esta deficiencia no impedirá la aplicación de los plazos establecidos en la legislación procesal, de manera que dará lugar a la preclusión del acto procesal y a la consiguiente continuación o finalización del procedimiento, según proceda. 3. Una vez realizada la comprobación de la autoliquidación o subsanada la deficiencia de la falta de presentación, la Oficina judicial procederá a transmitir a la Agencia Estatal de Administración Tributaria a través de la «Red de Servicios del Punto Neutro del Consejo General del Poder Judicial», los datos principales relativos a cada autoliquidación, modelo 696, presentada entre los que deberá figurar, además del número de justificante de la citada autoliquidación, el número asignado al proceso, el tipo de proceso, la cuantía de la pretensión y la fecha de la interposición. Artículo 13. Procedimiento de modificación de la cuantía del modelo 696. 1. Si en el transcurso de la tramitación del procedimiento, el órgano judicial fijara una cuantía superior a la que inicialmente se determinó por el sujeto pasivo, éste deberá presentar una autoliquidación complementaria en el plazo de un mes a contar desde la firmeza de la resolución que determine la cuantía. Lo mismo ocurrirá en el caso en que la cuantía del procedimiento no se hubiese determinado inicialmente por el sujeto pasivo o en los casos de inadecuación del procedimiento. Si, por el contrario, la cuantía fijada por el órgano competente fuere inferior a la inicialmente determinada por el sujeto pasivo, éste podrá solicitar que se rectifique la autoliquidación presentada, y en su caso que se devuelva la parte de la cuota tributaria presentada en exceso, de conformidad con lo previsto en la normativa reguladora de las devoluciones de ingresos indebidos de naturaleza tributaria. 2. La Oficina judicial bajo la dirección del Secretario judicial, en el plazo de cinco días desde la notificación de la resolución en la que se determine la cuantía definitiva, comunicará a la Agencia Estatal de Administración Tributaria a través de la «Red de Servicios del Punto Neutro del Consejo General del Poder Judicial», los datos de cada autoliquidación que se modifica entre los que deberá figurar, además del número de justificante de la autoliquidación modificada, la fecha de la notificación de la resolución y la modificación de la cuantía. Artículo 14. Comunicación de la Oficina judicial de determinados datos de las devoluciones solicitadas. En aquellos procesos en los que se produzca una solución extrajudicial del litigio o bien se acuerde la acumulación de procesos de tal modo que, de conformidad con los apartados 5 y 6 del artículo 8 de la Ley 10/2012 el sujeto pasivo tenga derecho a la devolución de un porcentaje de la cuota de la tasa o tasas previamente ingresadas, la Oficina judicial comunicará a la Agencia Estatal de Administración Tributaria a través de la «Red de Servicios del Punto Neutro del Consejo General del Poder Judicial», los datos necesarios para poder verificar la existencia del derecho a las devoluciones solicitadas entre los que figurarán la fecha de firmeza de la resolución que ponga fin al proceso y haga constar la solución extrajudicial del litigio o la fecha del acuerdo de acumulación de procesos y los números de justificantes de las autoliquidaciones originalmente ingresadas. Disposición derogatoria única. Derogación normativa. A la entrada en vigor de esta Orden quedará derogada la Orden HAC/661/2003, de 24 de marzo, por la que se aprueba el modelo de autoliquidación de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil y contencioso-administrativo y se determinan el lugar, la forma y los plazos para su presentación. Disposición final primera. Modificación de la Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, en relación con las entidades de crédito que prestan el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. La Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 939/2005, de 29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, en relación con las entidades de crédito que prestan el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, queda modificada como sigue: Uno. El apartado 2 del artículo 21 queda redactado del siguiente modo: «2. Autorización previa de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Sin perjuicio de lo anterior, la anulación del NRC precisará de autorización previa de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en los siguientes casos: a) Liquidaciones practicadas por la Administración, relativas a deudas de comercio exterior (modelo 031). b) Declaraciones-liquidaciones correspondientes al Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (modelo 576). c) Declaraciones-liquidaciones correspondientes a la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social. (modelo 696). d) En los demás casos en que así se establezca por el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. En estos supuestos, cuando la Entidad colaboradora generase un NRC erróneo, el obligado al pago comunicará, presencial o telemáticamente, la incidencia a los siguientes órganos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria: 1.º Cuando el NRC corresponda a una declaración-liquidación del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (modelo 576) o a una declaración-liquidación de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social (modelo 696), a los órganos de recaudación de las Delegaciones y Administraciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 2.º Cuando corresponda a una deuda de comercio exterior (modelo 031), a las Dependencias y Administraciones de Aduanas. Dichos órganos, una vez realizadas las comprobaciones oportunas, facilitarán al obligado un documento que autorizará expresamente la inmediata anulación del NRC erróneamente generado. En base a ese documento, que deberá ser entregado por el obligado a la Entidad colaboradora, ésta procederá tanto a la anulación del NRC erróneo como a la retrocesión de la operación de ingreso que motivó su generación. En los casos en que siendo requisito necesario, la Entidad colaboradora anulase un NRC sin contar con una autorización previa y escrita de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Entidad no quedará liberada de la obligación de ingresar en el Tesoro el importe del recibo improcedentemente anulado. En todo caso, el documento de autorización de anulación que emitan los órganos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria contendrá un código mediante el cual la correspondiente Entidad colaboradora deberá comprobar la autenticidad y validez del documento de autorización que le sea presentado. Dicha comprobación podrá ser realizada en todo caso a través de la página web de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Será responsabilidad de las Entidades colaboradoras las incidencias que se deriven de la anulación de NRC sin comprobar previamente la autenticidad y validez del documento de autorización.» Dos. En el anexo VI, Modelos de autoliquidación cuyo resultado sea una solicitud de devolución y gestionables a través de entidades colaboradoras, se incluye el siguiente modelo de declaración: «Código de modelo: 695». Denominación: «Tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social. Solicitud de devolución por solución extrajudicial del litigio y por acumulación de procesos». «Período: OA». Disposición final segunda. Entrada en vigor. La presente Orden entrará en vigor el día 17 de diciembre de 2012, aplicándose a los hechos imponibles que tengan lugar a partir de la entrada en vigor de la misma. No obstante lo anterior, las disposiciones referentes al modelo 695 recogidas en los artículos 2, 4, 5, 9, 10 y 11 así como lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 12, en el apartado 2 del artículo 13 y en el artículo 14, entrarán en vigor el 1 de abril de 2013. En caso de que las fechas señaladas en los apartados a) y b) del apartado 2 del artículo 2 de la orden sean anteriores al 1 de abril de 2013, el plazo de cuatro años para la presentación del modelo 695 previsto en el artículo 4, comenzará a contar desde dicha fecha. Madrid, 13 de diciembre de 2012.–El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro Romero. ANEXO I ANEXO II

Decreto donde se regulan las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

La Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, en su Título I da una nueva regulación a la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso administrativo y social introducida en nuestro ordenamiento jurídico por el artículo 35 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. El ámbito de aplicación de la tasa se extiende a todo el territorio español, ya que tiene carácter estatal, y todo ello sin perjuicio de la exacción de otras tasas u otros tributos que puedan exigir las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus respectivas competencias financieras, los cuales no podrán gravar los mismos hechos imponibles. El hecho imponible de la citada tasa está constituido por el ejercicio de los siguientes actos procesales: En el orden jurisdiccional civil, se grava la interposición de la demanda en toda clase de procesos declarativos y de ejecución de títulos ejecutivos extrajudiciales, oposición a la ejecución de títulos judiciales, así como la formulación de reconvención, la petición inicial de proceso monitorio y del proceso monitorio europeo, la interposición del recurso de apelación contra sentencias y de casación, el recurso extraordinario por infracción procesal, la solicitud de concurso necesario y la demanda incidental en procesos concursales. En el orden contencioso-administrativo está sujeta la interposición de la demanda, así como la interposición de recursos de apelación contra sentencias y de casación. En el orden social, la interposición de recurso de suplicación y de casación. El texto legal establece determinados supuestos de exención, tanto de naturaleza subjetiva como objetiva y de carácter total y parcial; todos ellos regulados en el artículo 4 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre. En cuanto a los sujetos pasivos de la tasa, éstos son a título de contribuyentes, los que promuevan el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes citados y realicen el hecho imponible de la misma, pudiendo realizarse el pago de la tasa por la representación procesal o el abogado en nombre y por cuenta del sujeto pasivo. A estos efectos se entenderá que se realiza un único hecho imponible cuando en la demanda se acumulen varias acciones principales, que no provengan de un mismo título. En este caso, para el cálculo del importe de la tasa se sumarán las cuantías de cada una de las acciones objeto de acumulación. La cuota tributaria está integrada por una cantidad fija determinada en función de cada clase de proceso, y otra variable, resultado de aplicar la escala prevista en el artículo 7 de la citada Ley 10/2012 a la base imponible monetaria derivada de la cuantía del procedimiento judicial o recurso objeto de gravamen, en los términos estipulados en el artículo 6 de la mencionada Ley. El tributo se exigirá por el procedimiento de autoliquidación, la cual se verificará a través del modelo oficial aprobado por esta Orden, modelo 696. Salvo en los supuestos de exención, todo escrito procesal mediante el que se realice el hecho imponible de este tributo deberá ir acompañado del justificante de pago de la tasa con arreglo al modelo oficial, debidamente validado. Se regulan en el artículo 8, apartados 5 y 6, de la Ley 10/2012, dos supuestos novedosos de devoluciones que responden a la naturaleza de devoluciones derivadas de la normativa del tributo, reguladas en el artículo 31 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Estos supuestos son, en primer lugar, la devolución del 60 por ciento del importe de la cuota de esta tasa cuando se alcance una solución extrajudicial del litigio en el proceso cuyo inicio dio lugar al devengo de este tributo. En este caso, se establece que se tendrá derecho a la devolución desde la firmeza de la resolución que ponga fin al proceso y haga constar esa forma de terminación. El segundo supuesto, se recoge en el apartado 6 del artículo 8 de la Ley, donde se establece una devolución del 20 por ciento del importe de la cuota de la tasa cuando se acuerde una acumulación de procesos. En ambos casos, el procedimiento para la práctica de la devolución se iniciará a instancia del sujeto pasivo mediante la presentación en estos supuestos de una solicitud de devolución de la que resulte la cantidad a devolver. El modelo para la solicitud de devolución será el «695» que también resulta aprobado en esta Orden. En cuanto a las formas de presentación del modelo 696 («Autoliquidación de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social») y del modelo 695 («Solicitud de devolución por solución extrajudicial y por acumulación de procesos»), hay que resaltar como principal novedad respecto al modelo de tasa anterior, la desaparición del papel preimpreso. En el supuesto de que el sujeto pasivo de la tasa sea una persona o entidad adscrita a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes o a alguna de las Unidades de Gestión de Grandes Empresas de las Delegaciones Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, y en el de aquellas entidades que tengan forma jurídica de sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada, la presentación de estos modelos se efectuarán de forma obligatoria por vía telemática a través de Internet. En el resto de casos, tanto la autoliquidación como la solicitud de devolución también podrán presentarse en formato papel obtenido al imprimir el resultado de cumplimentar el formulario correspondiente para cada uno de los modelos aprobados que estará disponible en la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a la que se puede acceder a través del portal de la Agencia Tributaria en Internet (www.agenciatributaria.es) o bien directamente en la direcci ### RESUMEN: Decreto donde se regulan las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Instituto de Turismo de España (Turespaña). b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Instituto de Turismo de España. 2) Domicilio: Capitán Haya, 41. 3) Localidad y código postal: 28020, Madrid. 4) Teléfono: 913433429 6) Correo electrónico: contratacion@tourspain.es. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://contrataciondelestato.es. d) Número de expediente: 020014C0023/2014. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Servicios relacionados con la campaña internacional de publicidad en medios on line del Instituto de Turismo de España. f) Admisión de prórroga: Si. i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79340000 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Restringido. 4. Valor estimado del contrato: 7.438.008,26 euros. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 3.719.004,13 euros. Importe total: 4.499.995,00 euros. 6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 sobre el importe de adjudicación, excluido IVA. 7. Requisitos específicos del contratista: a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo T, Subgrupo 1, Categoría D. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 28 de abril de 2014. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Registro General del Instituto de Turismo de España, de 09.00 a 14.00 horas y de 16:00 a 17.30 horas. 2) Domicilio: Capitán Haya, 41. 3) Localidad y código postal: 28020, Madrid. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Oferta económica. b) Dirección: Capitán Haya, 41. c) Localidad y código postal: 28020 Madrid. d) Fecha y hora: El lugar, día y hora señalados en el escrito de invitación cursado a los empresarios seleccionados. 10. Gastos de publicidad: Ascienden a la cantidad de 691,44 € que serán abonados por la empresa adjudicataria. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 27 de marzo de 2014. Madrid, 31 de marzo de 2014.- La Subdirectora General de Gestión Económico-Administrativa y Tecnologías de la Información.

Publicidad en medios online internacionales de Turespaña por importe total de 4.499.995,00 euros.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Instituto de Turismo de España (Turespaña). b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Instituto de Turismo de España. 2) Domicilio: Capitán Haya, 41. 3) Localidad y código postal: 28020, Madrid. 4) Teléfono: 913433429 6) Correo electrónico: contratacion@tourspain.es. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://contrataciondelestato.es. d) Número de expediente: 020014C0023/2014. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Servicios relacionados con la campaña internacional de publicidad en medios on line del Instituto de Turismo de España. f) Admisión de prórroga: Si. i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79340000 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Restringido. 4. Valor estimado del contrato: 7.438.008,26 euros. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 3.719.004,13 euros. Importe total: 4.499.995,00 euros. 6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 sobre el importe de adjudicación, excluido IVA. 7. Requisitos específicos del contratista: a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo T, Subgrupo 1, Categoría D. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 28 de abril de 2014. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Registro General del Instituto de Turismo de España, de 09.00 a 14.00 horas y de 16:00 a 17.30 horas. 2) Domicilio: Capitán Haya, 41. 3) Localidad y código postal: 28020, Madrid. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Oferta económica. b) Dirección: Capitán Haya, 41. c) Localidad y código postal: 28020 Madrid. d) Fecha y hora: El lugar, día y hora señalados en el escrito de invitación cursado a los empresarios seleccionados. 10. Gastos de publicidad: Ascienden a la cantidad de 691,44 € que serán abonados por la empresa adjudicataria. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 27 de marzo de 2014. Madrid, 31 de marzo de 2014.- La Subdirectora General de Gestión Económico-Administrativa y Tecnologías de la Información. ### RESUMEN: Publicidad en medios online internacionales de Turespaña por importe total de 4.499.995,00 euros.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Dirección General de Tráfico. b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Tráfico. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Dirección General de Tráfico. 2) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España. 4) Teléfono: 913018352. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondel estado.es. 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las 13:00 horas del 12 de abril de 2013. d) Número de expediente: 0100DGT21898. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Gestión de Servicios Públicos. b) Descripción: Servicio para impartir las acciones formativas de la fase de presencia de los cursos para la obtención del certificado de aptitud de profesor de formación vial. i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 80400000 (Servicios de enseñanza para adultos y otros servicios de enseñanza). 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 0,00 euros. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 0,00 euros. Importe total: 0,00 euros. 7. Requisitos específicos del contratista: b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Los exigidos en los pliegos. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 horas del 12 de abril de 2013. b) Modalidad de presentación: Manual. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Dirección General de Tráfico. 2) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España. e) Admisión de variantes: No. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Apertura sobre oferta técnica. b) Dirección: Josefa Valcárcel, 28 (Dirección General de Tráfico). c) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España. d) Fecha y hora: 24 de abril de 2013, a las 10:00. 10. Gastos de publicidad: 2.000 euros. Madrid, 19 de marzo de 2013.- Directora General de Tráfico.

Licitacion de servicio para impartir las acciones formativas de la fase de presencia de los cursos para la obtención del certificado de aptitud de profesor de formación vial.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Dirección General de Tráfico. b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Tráfico. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Dirección General de Tráfico. 2) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España. 4) Teléfono: 913018352. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondel estado.es. 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las 13:00 horas del 12 de abril de 2013. d) Número de expediente: 0100DGT21898. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Gestión de Servicios Públicos. b) Descripción: Servicio para impartir las acciones formativas de la fase de presencia de los cursos para la obtención del certificado de aptitud de profesor de formación vial. i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 80400000 (Servicios de enseñanza para adultos y otros servicios de enseñanza). 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 0,00 euros. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 0,00 euros. Importe total: 0,00 euros. 7. Requisitos específicos del contratista: b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Los exigidos en los pliegos. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 horas del 12 de abril de 2013. b) Modalidad de presentación: Manual. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Dirección General de Tráfico. 2) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España. e) Admisión de variantes: No. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Apertura sobre oferta técnica. b) Dirección: Josefa Valcárcel, 28 (Dirección General de Tráfico). c) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España. d) Fecha y hora: 24 de abril de 2013, a las 10:00. 10. Gastos de publicidad: 2.000 euros. Madrid, 19 de marzo de 2013.- Directora General de Tráfico. ### RESUMEN: Licitacion de servicio para impartir las acciones formativas de la fase de presencia de los cursos para la obtención del certificado de aptitud de profesor de formación vial.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS). b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Unidad de Contratación. 2) Domicilio: C/Jordi Girona, 29, edificio Nexus II, 3.ª planta. 3) Localidad y código postal: Barcelona, 08034. 4) Teléfono: 93 413 77 16. 5) Telefax: 93 413 77 21. 6) Correo electrónico: compras@bsc.es. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.bsc.es/about-bsc/tender-contractor-profile. d) Número de expediente: CONSU02012005NG. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Suministro. b) Descripción: Suministro de ampliación del supercomputador del BSC-CNS. d) Lugar de ejecución/entrega: 2) Localidad y código postal: Barcelona, 08034. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria, b) Procedimiento: Negociado. 4. Valor estimado del contrato: 4.600.000 euros sin IVA. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 4.600.000 euros. Importe total: 5.566.000 euros. 6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No procede. Definitiva (%): El 5% del importe de adjudicación. 7. Requisitos específicos del contratista: c) Otros requisitos específicos: Procedimiento negociado, de conformidad con el artículo 173.c del TRLCSP. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 27/05/2013, a las 13:00 horas. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Unidad de Contratación. 2) Domicilio: C/ Jordi Girona, 29, edificio Nexus II, 3.ª planta. 3) Localidad y código postal: Barcelona, 08034. 4) Dirección electrónica: compras@bsc.es. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Se indicará en el Perfil del Contratante. 10. Gastos de publicidad: Son a cargo del adjudicatario. Importe máximo 1.500 euros. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 15 de abril de 2013. Barcelona, 15 de abril de 2013.- Jefa de Administración y Finanzas.

Catalunya abre licitación para la ampliación del supercomputer por importe total de 5.566.000 euros.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS). b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Unidad de Contratación. 2) Domicilio: C/Jordi Girona, 29, edificio Nexus II, 3.ª planta. 3) Localidad y código postal: Barcelona, 08034. 4) Teléfono: 93 413 77 16. 5) Telefax: 93 413 77 21. 6) Correo electrónico: compras@bsc.es. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.bsc.es/about-bsc/tender-contractor-profile. d) Número de expediente: CONSU02012005NG. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Suministro. b) Descripción: Suministro de ampliación del supercomputador del BSC-CNS. d) Lugar de ejecución/entrega: 2) Localidad y código postal: Barcelona, 08034. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria, b) Procedimiento: Negociado. 4. Valor estimado del contrato: 4.600.000 euros sin IVA. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 4.600.000 euros. Importe total: 5.566.000 euros. 6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No procede. Definitiva (%): El 5% del importe de adjudicación. 7. Requisitos específicos del contratista: c) Otros requisitos específicos: Procedimiento negociado, de conformidad con el artículo 173.c del TRLCSP. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 27/05/2013, a las 13:00 horas. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Unidad de Contratación. 2) Domicilio: C/ Jordi Girona, 29, edificio Nexus II, 3.ª planta. 3) Localidad y código postal: Barcelona, 08034. 4) Dirección electrónica: compras@bsc.es. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Se indicará en el Perfil del Contratante. 10. Gastos de publicidad: Son a cargo del adjudicatario. Importe máximo 1.500 euros. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 15 de abril de 2013. Barcelona, 15 de abril de 2013.- Jefa de Administración y Finanzas. ### RESUMEN: Catalunya abre licitación para la ampliación del supercomputer por importe total de 5.566.000 euros.

Por Resolución del Director Gerente del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, se acuerda la venta en subasta pública con proposición económica en sobre cerrado del inmueble que a continuación se describe: Terrenos sitos en el término municipal de Paterna (Valencia), en la zona del Campo de Tiro de Las Muelas, colindantes con el barranco de Andolsa, conocidos como el paraje el Siscar. Inscrito como varias fincas registrales en el Registro de la Propiedad número dos de Paterna, al tomo 2.541, libro 1.701, folio 27, finca registral número 83.994; al tomo 285, libro 47, folios 221, 223, 226, fincas registrales números 7.466, 7471, y 7472; al tomo 1.311, libro 273, folios 111 y 113, fincas registrales números 5.586 y 5.587; al tomo 130, libro 16, folio 112, finca registral número 3.631; al tomo 1.346, libro 284, folio 166, finca registral número 34.085; y al tomo 1.544, libro 367, folio 204, finca registral número 42.807. Referencias catastrales 46192A029000180000JB, 46192A029000860000JY, 46192A029000850000JB, 46192A029000190000JQ, 46192A029001140000JD y 46192A029000710000JG. Superficie: 647.133,00 metros cuadrados. Cantidad tipo mínima para la subasta: 10.051.091,19 euros. Características físicas, técnicas y usos urbanísticos de la propiedad: Las que figuran en el Pliego que rige para la subasta. Desafectada de bien público, declarada su alienabilidad y puesta a disposición del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), con fechas 18 de enero y 8 de febrero de 2012. Fecha limite de presentación de ofertas y documentación para licitar en la subasta: Hasta las doce horas del día 11 de enero de 2013, en el Registro General del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, calle Isaac Peral, número 20-32, de Madrid, sin que se permita ninguna proposición presentada con posterioridad a dicho plazo. Se admitirán ofertas enviadas por correo certificado, en cuyo caso el licitador deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío en las oficinas de correos y anunciará la remisión de su oferta al Registro, en el mismo día, mediante fax al número 91 602 08 85. La apertura de sobres con las proposiciones económicas por la Mesa constituida al efecto, tendrá lugar del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), calle Isaac Peral, número 20-32, de Madrid, el día 24 de enero de 2013, a partir de las diez horas. Información y Pliegos: En las oficinas del Área de Patrimonio de la Subdelegación de Defensa en Valencia, Paseo de la Alameda, número 28 (Teléfono 961963453), y en el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, en el domicilio antes indicado (Teléfono 91 602 07 42), en horario de oficina, así como en la página Web:www.invied.es. Madrid, 21 de noviembre de 2012.- El Director Gerente, Fernando Villayandre Fornies.

Defensa subasta 647.133,00 metros cuadrados en Paterna con precio de salida de 10.051.091,19 euros.

Por Resolución del Director Gerente del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, se acuerda la venta en subasta pública con proposición económica en sobre cerrado del inmueble que a continuación se describe: Terrenos sitos en el término municipal de Paterna (Valencia), en la zona del Campo de Tiro de Las Muelas, colindantes con el barranco de Andolsa, conocidos como el paraje el Siscar. Inscrito como varias fincas registrales en el Registro de la Propiedad número dos de Paterna, al tomo 2.541, libro 1.701, folio 27, finca registral número 83.994; al tomo 285, libro 47, folios 221, 223, 226, fincas registrales números 7.466, 7471, y 7472; al tomo 1.311, libro 273, folios 111 y 113, fincas registrales números 5.586 y 5.587; al tomo 130, libro 16, folio 112, finca registral número 3.631; al tomo 1.346, libro 284, folio 166, finca registral número 34.085; y al tomo 1.544, libro 367, folio 204, finca registral número 42.807. Referencias catastrales 46192A029000180000JB, 46192A029000860000JY, 46192A029000850000JB, 46192A029000190000JQ, 46192A029001140000JD y 46192A029000710000JG. Superficie: 647.133,00 metros cuadrados. Cantidad tipo mínima para la subasta: 10.051.091,19 euros. Características físicas, técnicas y usos urbanísticos de la propiedad: Las que figuran en el Pliego que rige para la subasta. Desafectada de bien público, declarada su alienabilidad y puesta a disposición del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), con fechas 18 de enero y 8 de febrero de 2012. Fecha limite de presentación de ofertas y documentación para licitar en la subasta: Hasta las doce horas del día 11 de enero de 2013, en el Registro General del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, calle Isaac Peral, número 20-32, de Madrid, sin que se permita ninguna proposición presentada con posterioridad a dicho plazo. Se admitirán ofertas enviadas por correo certificado, en cuyo caso el licitador deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío en las oficinas de correos y anunciará la remisión de su oferta al Registro, en el mismo día, mediante fax al número 91 602 08 85. La apertura de sobres con las proposiciones económicas por la Mesa constituida al efecto, tendrá lugar del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), calle Isaac Peral, número 20-32, de Madrid, el día 24 de enero de 2013, a partir de las diez horas. Información y Pliegos: En las oficinas del Área de Patrimonio de la Subdelegación de Defensa en Valencia, Paseo de la Alameda, número 28 (Teléfono 961963453), y en el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, en el domicilio antes indicado (Teléfono 91 602 07 42), en horario de oficina, así como en la página Web:www.invied.es. Madrid, 21 de noviembre de 2012.- El Director Gerente, Fernando Villayandre Fornies. ### RESUMEN: Defensa subasta 647.133,00 metros cuadrados en Paterna con precio de salida de 10.051.091,19 euros.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2 de la Constitución, el Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, acordó derogar el Real Decreto-ley 4/2017, de 24 de febrero, por el que se modifica el régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías dando cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014, recaída en el asunto C-576/13 (procedimiento de infracción 2009/4052), publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 48, de 25 de febrero de 2017. Se ordena la publicación para general conocimiento. Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2017.–La Presidenta del Congreso de los Diputados, Ana María Pastor Julián.

Decreto para la derogación de determinados preceptos y la modificación del régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías dando cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2 de la Constitución, el Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, acordó derogar el Real Decreto-ley 4/2017, de 24 de febrero, por el que se modifica el régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías dando cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014, recaída en el asunto C-576/13 (procedimiento de infracción 2009/4052), publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 48, de 25 de febrero de 2017. Se ordena la publicación para general conocimiento. Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2017.–La Presidenta del Congreso de los Diputados, Ana María Pastor Julián. ### RESUMEN: Decreto para la derogación de determinados preceptos y la modificación del régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías dando cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

En aplicación de lo previsto en los artículos 17.1 del texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, y 77 del Reglamento General del Mutualismo Administrativo, aprobado por Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo, esta Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), previa convocatoria pública cuyo anuncio fue publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el 5 de noviembre de 2014 y en la Plataforma de contratación del Estado el 4 de noviembre de 2014, ha suscrito el 18 de diciembre de 2014 con diversas Entidades de Seguro concierto para el aseguramiento del acceso a la prestación de asistencia sanitaria en territorio nacional a los mutualistas y demás beneficiarios de la misma que opten por recibirla a través de entidades de seguro durante el año 2015. La Orden SSI/2065/2014, de 31 de octubre, (BOE 6 de noviembre), por la que se modifican los anexos I, II y III del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, estableció en su disposición adicional cuarta que MUFACE dispondría de un plazo máximo de nuevo meses para adaptar su cartera a lo dispuesto en dicha Orden. Con objeto de dar público conocimiento del contenido completo del concierto, de la adaptación de la cartera de servicios del concierto a lo dispuesto en la citada Orden de actualización de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, de las entidades de seguro que lo han suscrito, así como de la regulación del cambio de entidad prestadora de la asistencia sanitaria en territorio nacional, Esta Dirección General, resuelve: Primero. Publicar, como Anexo a esta Resolución, el texto del «Concierto de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado con entidades de seguro para el aseguramiento del acceso a la prestación de asistencia sanitaria en territorio nacional a los mutualistas y demás beneficiarios de la misma que opten por recibirla a través de entidades de seguro, durante el año 2015». Segundo. La cartera de servicios recogida en el Concierto que se publica está adaptada, con carácter general, a lo dispuesto en la Orden SSI/2065/2014, de 31 de octubre, citada, si bien algunos criterios recogidos en el citado Concierto en materia de Reproducción Humana Asistida difieren de lo dispuesto en la misma, por lo que a partir de 1 de enero de 2015, se aplicarán los criterios establecidos en la citada Orden, con las siguientes especificaciones: En los tratamientos de RHA, las pruebas que deban realizarse en el ámbito de dicho tratamiento al otro miembro de la pareja, serán facilitadas por la Entidad de adscripción de la mujer a la que se va a realizar la técnica de RHA. Se excluye la financiación de los tratamientos farmacológicos asociados a la técnica de RHA a los que haya de someterse el otro miembro de la pareja. Solo se atenderán los tratamientos de RHA a personas sin ningún hijo, previo y sano y, en caso de parejas, sin ningún hijo común previo y sano. Dentro de los criterios de cobertura la Entidad atenderá también los tratamientos de RHA cuando se precise de un embrión con características inmunológicas idénticas a las de un hermano afecto de un proceso patológico grave, que no sea susceptible de otro recurso terapéutico. Los tratamientos de RHA serán a cargo de la Entidad cuando se apliquen a mujeres mayores de 18 años y menores de 40 años y a hombres mayores de 18 años y menores de 55 años en el momento del inicio del estudio de esterilidad. Los límites relativos al número máximo de ciclos de tratamiento y la edad de la mujer para cada técnica de RHA son: Límites Inseminación artificial Fecundación in vitro Semen de pareja Gametos de donante Gametos propios Gametos donados N.º de ciclos máximo 4 6 3 3 Edad de la mujer < 38 < 40 < 40 < 40 Los preembriones criopreservados podrán ser transferidos para uso propio o podrán ser donados. En el caso de preembriones criopreservados para uso propio se aplicará el criterio específico de que las mujeres sean menores de 50 años en el momento de la transferencia, y en el de los preembriones criopreservados para ser donados se aplicarán los criterios generales de acceso a tratamientos de RHA. Tercero. Hacer público que el Concierto ha sido suscrito con las siguientes entidades de seguro de asistencia sanitaria: ASISA, Asistencia Sanitaria Interprovincial de Seguros, S.A.U. DKV, Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima Española. Igualatorio Médico-Quirúrgico Colegial, S.A de Seguros. Segurcaixa Adeslas, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros. Cuarto. Determinar que durante el mes de enero del año 2015, los titulares afiliados a MUFACE que lo deseen podrán cambiar por una sola vez de Entidad, mediante la oportuna solicitud, para adscribirse a alguna de las Entidades que han suscrito Concierto para el año 2015 y que se relacionan en el apartado tercero de esta Resolución, o al Instituto Nacional de la Seguridad Social (Sistema Sanitario Público). Los titulares que no soliciten cambio continuarán adscritos a la misma Entidad que lo estén a 31 de diciembre de 2014. Este plazo es único para los cambios ordinarios de Entidad, pudiendo realizarse cambios extraordinarios únicamente en los supuestos específicos previstos en los correspondientes conciertos. Quinto. Disponer que en los Servicios Provinciales y Oficinas Delegadas de MUFACE se expongan, a disposición de los titulares que deseen consultarlos, los Catálogos de Proveedores de la respectiva provincia correspondientes a las entidades de seguro concertadas. Asimismo, dicha información será accesible a través de la página web de la Mutualidad: www.muface.es. Madrid, 18 de diciembre de 2014.- El Director General de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, Gustavo Emiliano Blanco Fernández. ANEXO Concierto de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado con entidades de seguro para el aseguramiento del acceso a la prestación de asistencia sanitaria en territorio nacional a los mutualistas y demás beneficiarios de la misma que hayan optado por recibirla a través de entidades de seguro, durante el año 2015 Índice Capítulo 1. Objeto del concierto, alcance de la acción protectora y ámbito de aplicación 1.1 Objeto del Concierto y alcance de la acción protectora 1.2 Colectivo protegido 1.3 Nacimiento y extinción del derecho a recibir la asistencia sanitaria de la Entidad 1.4 Cambios de Entidad prestadora de la asistencia sanitaria 1.5 Tarjeta sanitaria de la Entidad 1.6 Actuaciones de la Entidad relativas a su oferta de servicios Capítulo 2. Cartera de servicios 2.1 Normas generales 2.2 Cartera de servicios de Atención Primaria 2.3 Cartera de servicios de Atención Especializada 2.4 Cartera de servicios de Atención de Urgencia y Emergencia 2.5 Programas preventivos 2.6 Cuidados paliativos 2.7 Rehabilitación 2.8 Salud bucodental 2.9 Prestación farmacéutica y con productos dietéticos 2.10 Transporte para la asistencia sanitaria 2.11 Otras prestaciones 2.12 Incorporación de nuevos medios de diagnóstico y tratamiento. Procedimiento para la actualización de la Cartera de Servicios del Concierto Capítulo 3. Medios de la Entidad 3.1 Normas generales 3.2 Criterios de disponibilidad de medios 3.3 Catálogo de Proveedores 3.4 Responsabilidad de edición y entrega del Catálogo de Proveedores e información en la página web de la Entidad 3.5 Invariabilidad de los Catálogos de Proveedores de la Entidad 3.6 Principio de continuidad asistencial Capítulo 4. Normas de utilización de los medios de la entidad 4.1 Norma general 4.2 Identificación 4.3 Mutualistas no adscritos a Entidad y sus beneficiarios 4.4 Procedimiento de acceso y prestación de la asistencia en consulta 4.5 Procedimiento de acceso y prestación en asistencia domiciliaria 4.6 Procedimiento de acceso y prestación en asistencia de urgencia y emergencia 4.7 Procedimiento de acceso y prestación de asistencia en régimen de hospitalización 4.8 Requisitos adicionales para la utilización de medios 4.9 Hospitales privados no concertados Capítulo 5. Utilización de medios no concertados 5.1 Norma general 5.2 Denegación injustificada de asistencia 5.3 Asistencia urgente de carácter vital en medio no concertado Capítulo 6. Información, documentación sanitaria y objetivos de calidad 6.1 Información y documentación sanitaria 6.2 Historia clínica digital y receta electrónica 6.3 Calidad de la asistencia sanitaria Capítulo 7. Régimen jurídico del concierto 7.1 Naturaleza y régimen del Concierto y de las relaciones en él basadas 7.2 Naturaleza y régimen de las relaciones asistenciales 7.3 Comisiones Mixtas 7.4 Procedimiento para sustanciar las reclamaciones 7.5 Procedimiento de ejecución de reclamaciones estimadas 7.6 Descuentos por gastos de farmacia 7.7 Compensaciones económicas por incumplimiento parcial de obligaciones definidas en el Concierto Capítulo 8. Duración, régimen económico y precio del concierto 8.1 Duración del Concierto 8.2 Régimen económico del Concierto 8.3 Precio del Concierto e incentivos a la calidad 8.4 Deducciones por fallos de disponibilidad 8.5 Condiciones de pago Anexo 1. Asistencia sanitaria transfronteriza 1. Normas generales 2. Prestaciones sanitarias sujetas a autorización previa y procedimiento para su obtención 3. Procedimiento para el reembolso de los gastos para la asistencia sanitaria transfronteriza Anexo 2. Medios de asistencia en zonas rurales 1. Normas generales 2. Habilitación a MUFACE 3. Objeto 4. Contenido Anexo 3. Criterios de disponibilidad de medios por niveles asistenciales 1. Criterio general 2. Disponibilidad de medios de Atención Primaria 3. Definición de los niveles de Atención Especializada y Cartera de Servicios 4. Disponibilidad de medios de Atención Especializada en Consultas Externas o Ambulatorias 5. Condiciones complementarias para el territorio insular Anexo 4. Instrucciones para la elaboración y difusión del catálogo de proveedores Anexo 5. Relación de servicios que precisan autorización previa de la entidad y procedimiento para su obtención 1. Servicios que precisan autorización previa de la Entidad 2. Procedimiento para la obtención de autorización previa Anexo 6. Sistema de información asistencial 1. Registro de actividad/coste 2. Información sobre asistencia sanitaria transfronteriza 3. Registro de CMBD 4. Registro de medios sanitarios Anexo 7. Compensaciones económicas por incumplimiento parcial de obligaciones definidas en el concierto. Procedimiento para su imposición 1. Criterio general, infracciones y compensaciones económicas 2. Procedimiento para la imposición de las compensaciones económicas Anexo 8. Sistema de asignación de incentivos a la calidad de la asistencia y deducciones por fallos de disponibilidad 1. Asignación del incentivo de calidad 2. Criterios de asignación de los incentivos económicos vinculados a los objetivos de calidad 3. Deducciones por fallos de disponibilidad Anexo 9. Informes, exploraciones o pruebas prescritas por los órganos de valoración de incapacidades y otros órganos de MUFACE Anexo 10. Baremo de reintegro de pruebas prescritas para valoración de incapacidades Anexo 11. Tarifas para el reembolso de los gastos por la asistencia sanitaria transfronteriza CAPÍTULO 1 Objeto del concierto, alcance de la acción protectora y ámbito de aplicación 1.1. Objeto del Concierto y alcance de la acción protectora 1.1.1 De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio (en adelante, LSSFCE) y en el artículo 77 del Reglamento General del Mutualismo Administrativo (en adelante RGMA), aprobado por Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo, el objeto del Concierto entre la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (en adelante MUFACE) y la Entidad firmante (en adelante, Entidad), es asegurar el acceso a la prestación de asistencia sanitaria en el territorio nacional a los mutualistas y demás beneficiarios de MUFACE que opten por recibir la asistencia a través de la Entidad (en adelante beneficiarios). 1.1.2 Las contingencias cubiertas por este Concierto son las derivadas de enfermedad común o profesional, lesiones derivadas de accidente, cualquiera que sea la causa, incluso si se trata de un acto de terrorismo, y por embarazo, parto y puerperio, así como las actuaciones preventivas recogidas en el mismo. 1.1.3 La asistencia sanitaria se prestará conforme a la Cartera de Servicios establecida en el presente Concierto que incluirá, cuando menos, la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud (en adelante SNS), de acuerdo con lo establecido en la LSSFCE, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud y sus respectivas normas de desarrollo. 1.1.4 A tal efecto, la Entidad pondrá a disposición del colectivo protegido todos los medios propios o concertados precisos (en adelante, medios de la Entidad) de conformidad con lo que se establece en el Capítulo 3 de este Concierto. Si excepcionalmente la Entidad no dispusiera de tales medios, se hará cargo directamente del gasto ocasionado por la utilización de medios no concertados de conformidad con las cláusulas establecidas en este Concierto. 1.1.5 Asimismo, la Entidad se obliga a la cobertura de la asistencia sanitaria transfronteriza de su colectivo protegido, conforme al Real Decreto 81/2014, de 7 de febrero, por el que se establecen normas para garantizar la asistencia sanitaria transfronteriza, y por el que se modifica el Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre recetas médicas y órdenes de dispensación. El ejercicio del derecho por parte de los beneficiarios, su alcance, las condiciones, requisitos y procedimiento para el reembolso de los gastos por dicha asistencia se establecen en el Anexo 1. 1.1.6 Por su parte, MUFACE se obliga a abonar a la Entidad la cantidad por persona y mes que se prevé en la cláusula 8.3, con sujeción a las especificaciones y procedimiento contenidos en las cláusulas 8.2 y 8.5. 1.2. Colectivo protegido 1.2.1 A los efectos del presente Concierto, son beneficiarios todos los mutualistas y demás beneficiarios de asistencia sanitaria a quienes MUFACE, conforme a la normativa aplicable, haya reconocido dicha condición y los haya adscrito a la Entidad a efectos de su asistencia sanitaria. A ciertos fines de gestión y siempre que así se derive del propio texto de las cláusulas, los beneficiarios del Concierto pueden ser denominados titulares, si poseen documento de afiliación a MUFACE propio, o simplemente beneficiarios, cuando figuren como tales en el documento de afiliación de un titular. Los beneficiarios estarán adscritos a la Entidad mientras lo esté el titular del que dependan. 1.2.2 La condición de mutualista o beneficiario, se acredita mediante el documento de afiliación expedido por MUFACE. 1.2.3 MUFACE comunicará diariamente a la Entidad las altas, bajas y variaciones en los datos de los beneficiarios adscritos a la misma. La comunicación se realizará de forma telemática, depositándose la información en un directorio seguro con acceso por parte de la Entidad. MUFACE pone a disposición de las Entidades una conexión 'on-line' a su base de datos para que puedan conocer la situación real de adscripción de un determinado mutualista o beneficiario. 1.3. Nacimiento y extinción del derecho a recibir la asistencia sanitaria de la Entidad 1.3.1 El derecho a recibir la asistencia sanitaria por la Entidad comienza en la fecha en que el beneficiario haya quedado adscrito a ésta por los Servicios de MUFACE, sin que existan plazos de carencia para ningún tipo de asistencia. 1.3.2 A los efectos citados, se presume, en todo caso, que el recién nacido está adscrito a la Entidad que atienda a la madre durante los primeros quince días desde el momento del parto. A partir de entonces, el citado derecho queda condicionado a la formalización de la adscripción del recién nacido con los consiguientes efectos económicos. 1.3.3 El funcionario o funcionaria que en el momento de precisar asistencia sanitaria para sí o sus beneficiarios aún no hubiera formalizado su afiliación a MUFACE (y en consecuencia no hubiera ejercido todavía su derecho de opción a una de las Entidades concertadas) podrá requerir dicha asistencia de la Entidad y tendrá derecho a recibirla, o que sea prestada a sus beneficiarios, en los términos previstos en la cláusula 4.3. 1.3.4 El derecho de los beneficiarios se extingue, en cualquier caso, en la fecha en que los servicios de MUFACE acuerden su baja en la Mutualidad o el fin de su adscripción a la Entidad por dejar de concurrir los requisitos o supuestos de hecho que permitían en cada caso estar protegido por este Concierto. 1.4. Cambio de Entidad prestadora de la asistencia sanitaria 1.4.1 Sin perjuicio de la posibilidad de optar por recibir la asistencia sanitaria a través de la red sanitaria pública, de acuerdo con lo previsto en el artículo 17 de la LSSFCE y el artículo 77 del RGMA y la disposición adicional séptima del Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el que se regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud, los titulares adscritos a la Entidad podrán optar por recibir la asistencia sanitaria para sí y sus beneficiarios a través de otra de las entidades firmantes de este Concierto en los siguientes supuestos: a) Con carácter ordinario, durante el mes de enero. Este derecho podrá ejercitarse por una sola vez. b) Con carácter extraordinario, a lo largo de toda la vigencia del Concierto cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: 1. Cuando se produzca un cambio de destino del mutualista que implique su traslado a otra provincia o isla. 2. Al margen del supuesto anterior, cuando manteniendo su localidad de destino el mutualista cambie su domicilio a otra provincia o isla. 3. Cuando se produzca un cambio de domicilio, con cambio de provincia o isla de residencia del titular, y éste sea mutualista jubilado o beneficiario que tenga esta condición por fallecimiento, separación, divorcio o nulidad del matrimonio del mutualista y posea un documento asimilado al de afiliación expedido por MUFACE. Este derecho podrá ejercitarse por una sola vez durante el año 2015. 4. Cuando el mutualista obtenga la conformidad expresada por escrito de las dos entidades afectadas. Este supuesto incluye también el cambio a la Entidad desde la red sanitaria pública. 5. Cuando el mutualista pase a quedar comprendido en el colectivo protegido por el Concierto en territorio nacional al extinguirse su derecho a quedar protegido por el Concierto de asistencia sanitaria a los mutualistas destinados y/o residentes en el extranjero, siempre y cuando dicha extinción no se deba a la pérdida de la condición de mutualista. 6. Cuando, por concurrir circunstancias objetivas que justifiquen el cambio de una pluralidad de titulares afectados por el mismo problema de asistencia sanitaria, la Dirección General de MUFACE acuerde la apertura de plazo especial de elección de Entidad. La fusión de la Entidad con otra u otras de las concertadas por MUFACE no llevará aparejada la apertura de un periodo de cambio extraordinario, quedando automáticamente adscritos a la Entidad absorbente o resultante de la fusión los beneficiarios que, en el momento de la fusión, se encontraran adscritos a la/s Entidad/es extinguida/s o a cada una de las entidades fusionadas, y obligándose la Entidad absorbente resultante, desde ese momento, a garantizar todos sus derechos en los términos previstos en el presente Concierto. 1.4.2 Continuarán adscritos a la Entidad los titulares que lo estuvieran a 31 de diciembre de 2014 y que antes del 31 de enero de 2015 no opten por quedar adscritos a la red sanitaria pública o por el cambio a otra de las entidades firmantes de este Concierto, conforme a lo previsto en el artículo 77 del RGMA y en la cláusula anterior. 1.5. Tarjeta sanitaria de la Entidad 1.5.1 En el momento en que la Entidad tenga conocimiento del alta de un mutualista o beneficiario, le entregará una tarjeta sanitaria provisional, o cualquier otro documento que haga posible la utilización de los medios concertados desde el momento del alta. Posteriormente, procederá a emitir la correspondiente tarjeta sanitaria, que será enviada al domicilio del mutualista o beneficiario en el plazo máximo de siete días naturales desde la efectiva comunicación. 1.5.2 En la tarjeta deberá figurar de forma destacada el teléfono 900…/800… de atención de urgencia gratuito de la Entidad, previsto en la cláusula 3.1.1 c) al que el beneficiario pueda llamar en caso de urgencia o emergencia sanitaria. En todo caso en el anverso de la tarjeta constará el número de afiliación del titular de la misma y el logotipo de MUFACE. 1.5.3 Mediante Resolución del Director General de MUFACE podrá determinarse el contenido de los datos que, al margen de los que la Entidad requiera para su propia gestión, deberán figurar en el sistema de almacenamiento de datos de la tarjeta a efectos de la identificación del mutualista o beneficiario que permitan, asimismo, el acceso a los sistemas interoperables de historia clínica digital, prescripción y dispensación farmacéutica y elaboración de los partes de incapacidad temporal (IT), riesgo durante el embarazo (RE) y riesgo durante la lactancia natural (RLN). 1.5.4 En caso de que un titular hubiera optado por quedar adscrito a la Entidad y no hubiera recibido, para si o sus beneficiarios, la tarjeta provisional o el documento que haga posible la utilización de los medios concertados habiéndolo solicitado expresamente, el responsable del Servicio Provincial de MUFACE correspondiente emitirá un certificado en el que hará constar que todos los gastos que se ocasionen por la asistencia a dicho titular y a sus beneficiarios por los facultativos, servicios y centros incluidos en el Catálogo de Proveedores de la Entidad podrán ser facturados directamente a MUFACE para la materialización del correspondiente abono. Posteriormente, el importe de estos gastos será deducido de las cuotas mensuales que deban abonarse a la Entidad, sin perjuicio de las compensaciones económicas previstas en la cláusula 7.7. 1.5.5 La Entidad se obliga a informar y poner en marcha los mecanismos necesarios para el cumplimiento de lo establecido en las cláusulas anteriores por parte de los profesionales y centros de su Catálogo de Proveedores. 1.5.6 Una vez que queden adscritos a la Entidad, los mutualistas deberán entregar en MUFACE las tarjetas sanitarias (suyas y de sus beneficiarios) de la otra Entidad o Servicio Público de Salud de la Comunidad Autónoma a que hubieran estado adscritos para su asistencia sanitaria en territorio nacional o, en su caso, en el exterior. 1.6. Actuaciones de la Entidad relativas a su oferta de servicios 1.6.1 La Entidad podrá hacer publicidad sobre su oferta de servicios a lo largo del año y durante el período de cambio ordinario, siempre que dicha publicidad no se realice dentro de recintos de instituciones u organismos de carácter público y se efectúe con carácter general sin dirigirse a colectivos profesionales específicos. En las campañas publicitarias que efectúe la Entidad no podrá utilizar el logotipo o cualquier otro identificativo de MUFACE o de la Administración General del Estado. 1.6.2 En ningún caso podrá ofertar obsequios a los mutualistas, directa o indirectamente a través de terceros, en especial durante el periodo de cambio ordinario y en los procesos de alta de colectivos profesionales específicos. 1.6.3 El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a las compensaciones económicas previstas en la cláusula 7.7. CAPÍTULO 2 Cartera de Servicios 2.1. Normas generales 2.1.1 La asistencia sanitaria a los beneficiarios de MUFACE adscritos a la Entidad se prestará conforme a la Cartera de Servicios establecida en este Concierto. La Cartera de Servicios es el conjunto de servicios, técnicas o procedimientos, entendiendo por tales cada uno de los métodos, actividades y recursos basados en el conocimiento y experimentación científica, mediante los que se hacen efectivas las prestaciones sanitarias. 2.1.2 La Cartera de Servicios objeto del Concierto comprende como mínimo todas las prestaciones que conforman la Cartera Común de Servicios del SNS, con el contenido que, en cada momento, determine la normativa sanitaria de aplicación en el mismo, y las que se detallan en este Capítulo que, asimismo, recoge las especificidades de cada una. 2.1.3 La Cartera de Servicios objeto del Concierto se estructura en las siguientes prestaciones: a) Atención Primaria. b) Atención Especializada. c) Atención de Urgencia y Emergencia. d) Programas Preventivos. e) Cuidados Paliativos. f) Rehabilitación. g) Salud Bucodental. h) Prestaciones farmacéutica y con productos dietéticos. i) Transporte para la asistencia sanitaria. j) Otras prestaciones (Podología, Terapias Respiratorias y Prestación Ortoprotésica). 2.1.4 Las prestaciones incluidas en la Cartera de Servicios se garantizan mediante la provisión de recursos asistenciales necesarios por niveles y ámbitos geográficos y de población establecidos en el Capítulo 3 de este Concierto y en el Anexo 3, con los procedimientos y normas de utilización de estos medios que se describen en el Capítulo 4. En el Anexo 5 se enumeran los servicios que requieren autorización previa de la Entidad y se establece el procedimiento para su tramitación y obtención, en su caso. 2.1.5 La Entidad impulsará actuaciones orientadas a potenciar la coordinación entre los niveles de Atención Primaria, Atención Especializada y Servicios de Urgencias y Emergencias, con objeto de garantizar la continuidad asistencial y la atención integral de los pacientes. 2.2. Cartera de Servicios de Atención Primaria La Atención Primaria es el nivel básico e inicial de atención sanitaria y se facilitará por especialistas en medicina familiar y comunitaria o médicos generalistas, especialistas en pediatría y profesionales de enfermería, sin menoscabo de la colaboración de otros profesionales, e incluye: a) La asistencia sanitaria a demanda, programada y urgente, tanto en la consulta como en el domicilio del enfermo. b) La indicación o prescripción y la realización, en su caso, de procedimientos diagnósticos y terapéuticos. c) Atención paliativa a enfermos terminales. 2.3. Cartera de Servicios de Atención Especializada 2.3.1 La Atención Especializada incluye las actividades asistenciales, diagnósticas, terapéuticas y de rehabilitación y cuidados paliativos, así como aquellas de prevención cuya naturaleza hace necesaria la intervención de médicos especialistas, y comprende: a) Asistencia especializada en consultas. b) Asistencia especializada en hospital de día médico o quirúrgico. c) Hospitalización en régimen de internamiento. d) Hospitalización domiciliaria. e) Procedimientos diagnósticos y terapéuticos. 2.3.2 Especificaciones a la Cartera de Servicios de Atención Especializada A) Salud mental 1. Comprende el diagnóstico y seguimiento clínico de los trastornos mentales, incluido el tratamiento farmacológico y la psicoterapia individual, de grupo o familiar. La atención a la salud mental se realizará en régimen de hospitalización, consultas externas y urgencias, garantizando en cualquier caso la necesaria continuidad asistencial. 2. Se incluye la psicoterapia individual, de grupo o familiar, siempre que haya sido prescrita por psiquiatra de la Entidad, realizada en medios concertados con la misma y que su finalidad sea el tratamiento de patologías psiquiátricas. La Entidad está obligada a facilitar un número máximo de 20 sesiones por año natural (psicoterapia breve o terapia focal), salvo para los casos de trastornos de la alimentación, en que se facilitarán todas las sesiones que el psiquiatra responsable de la asistencia considere necesarias para la correcta evolución del caso. 3. Se excluyen el psicoanálisis, la psicoterapia psicoanalítica, la hipnosis, la narcolepsia ambulatoria y el internamiento social. B) Cirugía plástica, estética y reparadora La Entidad atenderá la cobertura de la cirugía plástica, estética y reparadora cuando guarde relación con accidente, enfermedad o malformación congénita. En los supuestos de accidente en acto de servicio o enfermedad profesional se practicará en toda su amplitud, incluyendo, si fuera necesario, la cirugía plástica, estética y reparadora en los casos en que, aun habiendo sido curadas las lesiones, quedaran deformaciones o mutilaciones que produzcan alteraciones del aspecto físico o dificulten la total recuperación del paciente C) Diagnóstico y tratamiento de la esterilidad 1. Consideraciones generales La Entidad viene obligada a asumir los gastos necesarios para obtener el diagnóstico de la esterilidad, el cual se extenderá, cuando proceda, a la pareja. Las técnicas de reproducción asistida serán a cargo de la Entidad cuando la mujer sobre la que se vaya a realizar la técnica sea titular o beneficiaria de MUFACE. La Entidad estará obligada a financiar todas las pruebas y actuaciones necesarias en la pareja de la mujer sometida a técnicas de reproducción asistida en aquellas comunidades autónomas en las que exista acuerdo de correspondencia con MUFACE. Estarán comprendidas todas las técnicas de fertilización implantadas en el territorio nacional con arreglo a la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida (LRHA), siempre que además se cumpla con los criterios técnicos que recoge la Guía de Reproducción Humana Asistida de MUFACE. Asimismo, deberán cumplirse los criterios de cobertura y los limites relativos al número de ciclos y edad de la mujer que se fijan en los apartados siguientes. Estos criterios técnicos y de cobertura, así como los límites indicados, estarán en vigor hasta la publicación de los nuevos contenidos en reproducción humana asistida que se incluyan en la Cartera común básica de servicios asistenciales del SNS, en los términos que estipule la normativa que, a tal efecto, adopte el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. En cualquier caso se garantiza la finalización del ciclo iniciado que estuviera cubierto con aplicación de los criterios y límites vigentes en el momento de su inicio. Será por cuenta de la Entidad la criopreservación del semen, ovocitos, tejido ovárico y preembriones congelados sobrantes, procedentes de un ciclo de fertilización in vitro, en las condiciones y durante el período de tiempo establecidos en la LRHA. En los casos de congelación de ovocitos y tejido ovárico con fines reproductivos, deberá cumplirse con la normativa vigente reguladora de los requisitos para la realización de experiencias controladas con fines reproductivos de fecundación de ovocitos o tejido ovárico previamente congelados, relacionadas con las técnicas de reproducción humana asistida. Los medicamentos necesarios para la realización de los tratamientos de reproducción humana asistida objeto de cobertura serán prescritos a través de la receta médica de la Mutualidad por los facultativos responsables del proceso asistencial, conforme a las pautas de medicación recogidas en la Guía de Recomendaciones en Reproducción Humana Asistida de MUFACE y sus actualizaciones que, a tal efecto, incluye tipos de fármacos y dosis estándar para cada una de las técnicas. La Entidad se compromete a difundir entre sus profesionales ginecólogos y responsables de unidades de reproducción asistida la información necesaria acerca la pautas de medicación recogidas en la citada Guía y sus actualizaciones, a fin de promover y garantizar el desarrollo de una buena práctica clínica y un uso adecuado y racional de dicha prestación. En los apartados siguientes se establecen los criterios de cobertura de la prestación, y para cada técnica, se fijan los límites máximos de ciclos financiados, de acuerdo a la edad de la mujer a la que se le va a aplicar la técnica. 2. Criterios de cobertura en Reproducción Humana Asistida Se atenderá la cobertura de técnicas de reproducción humana asistida en las siguientes situaciones: a) Deseo reproductivo no logrado tras más de un año de relaciones sexuales no protegidas salvo sospecha o diagnóstico clínico previo de esterilidad. b) El tratamiento en parejas en las que exista un diagnóstico de esterilidad, primaria o secundaria, por factor femenino o masculino, que impida conseguir una gestación o cuando exista indicación clínica de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 1 y 12 de la LRHA. c) En mujeres en las que exista un diagnóstico de esterilidad por patología ginecológica que impida conseguir una gestación, con independencia de la existencia o no de pareja. La existencia de hijos previos no será motivo de exclusión para la cobertura de estas técnicas, siempre y cuando se cumplan con los requisitos establecidos en este apartado y siguientes. En cualquier caso los tratamientos de reproducción humana asistida, valorados los criterios técnicos establecidos por el grupo de expertos, estarán sujetos a límites en cuanto al número de ciclos y edad de la paciente, atendiendo a principios de eficiencia y seguridad para asegurar la mayor efectividad con el menor riesgo posible. 3. Límites relativos al número máximo de ciclos de tratamiento y la edad de la mujer Estos límites han de entenderse por cada expectativa de consecución de un hijo, es decir, que si como resultado de un tratamiento de reproducción asistida con técnicas de FIV se ha conseguido el nacimiento de un hijo, el planteamiento de tener un nuevo hijo y la correspondiente prescripción facultativa inicia el cómputo de nuevos ciclos. Límites Inducción ovulación Inseminación artificial F.I.V* F.I.V. con donación ovocitos/preembriones Transferencia preembriones congelados N.º de ciclos máximo 6 4 – Edad máxima de la mujer 40 años 42 años 50 años * Incluidas las técnicas complementarias. En los casos de la utilización de ovocitos y tejido ovárico criopreservados, el límite de edad será el establecido para la técnica FIV con donación de ovocitos/preembriones. Las edades se computan hasta el día anterior en que la mujer cumpla 40, 42 o 50 años, según el caso. Para la correcta interpretación y aplicación de los límites se tendrán en cuenta los siguientes criterios: a) Para considerar que una paciente ha realizado un ciclo FIV deberá haber llegado al menos a la fase de recuperación de ovocitos. b) Cuando existan preembriones congelados sobrantes, procedentes de ciclos FIV autorizados, la transferencia de los mismos forma parte del mismo ciclo FIV en el que se obtuvieron los preembriones, siendo financiada la transferencia de los preembriones hasta el día anterior en que la mujer cumpla 50 años. c) No se autorizará un nuevo ciclo FIV cuando existan preembriones sobrantes crioconservados procedentes de ciclos anteriores. d) Si tras la realización de alguna técnica de reproducción humana asistida y conseguido un embarazo la paciente aborta se podrá repetir un nuevo ciclo con la técnica por la que se produjo la gestación, una vez haya concluido el número máximo de ciclos establecidos. e) Para el cómputo del número máximo de ciclos establecido se tendrá en cuenta el número total de ciclos realizados con independencia del financiador. Por ello, en caso de que una pareja se acoja a la cobertura de este Concierto tras haberse sometido previamente a tratamiento de reproducción humana asistida, se tendrá en cuenta el número de ciclos que se hubiera realizado hasta el momento y se dará cobertura a los que corresponda, hasta completar el número máximo de ciclos establecidos. 4. Otros límites y condiciones a) En el caso de las técnicas de reproducción humana asistida con donación de gametos y preembriones, los gastos derivados de las actuaciones y en su caso los medicamentos que requieran las donantes, serán a cargo de la Entidad al formar parte del coste de la técnica utilizada. En ningún caso podrán repercutirse sobre la paciente receptora de la donación. b) No se consideran incluidas, entre las prestaciones financiadas, las técnicas de reproducción asistida que se realicen cuando la esterilidad de algún miembro de la pareja se haya producido voluntariamente o sobrevenga como consecuencia del proceso fisiológico natural propio de la finalización del ciclo reproductivo de la persona. c) Se atenderá la cobertura de la crioconservación y mantenimiento del semen de los varones que vayan a someterse a tratamientos de cirugía, radioterapia, quimioterapia y determinados fármacos, que puedan afectar de forma importante a su fertilidad, durante el período de tiempo que determine la normativa vigente en cada momento. d) Asimismo habrá de atenderse la cobertura de la crioconservación y mantenimiento de ovocitos y tejido ovárico de mujeres que vayan a someterse a tratamientos de cirugía, radioterapia, quimioterapia y determinados fármacos y/o a técnicas de reproducción asistida, hasta el día anterior en el que la mujer cumpla los 42 años de edad, y la de los preembriones sobrantes de ciclos FIV autorizados, hasta el día anterior en el que la mujer cumpla los 50 años de edad. 2.4. Cartera de Servicios de Atención de Urgencia y Emergencia Es aquella que se presta al paciente en los casos en que su situación clínica obliga a una atención sanitaria inmediata. Se dispensa tanto en centros sanitarios como fuera de ellos, incluyendo el domicilio del paciente y la atención in situ, durante las 24 horas del día todos los días del año, mediante la atención médica y de enfermería y con la colaboración de otros profesionales, comprende además: 2.4.1 La atención telefónica, a través del Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias de la Entidad, previsto en la cláusula 3.1.1 c), que incluye la información y asignación de los recursos propios o en coordinación con los servicios de emergencias del 112 con objeto de ofrecer la respuesta más adecuada a la demanda asistencial. 2.4.2 El transporte sanitario, terrestre, aéreo o marítimo, asistido o no asistido, según lo requiera la situación clínica del paciente, en los casos en que sea preciso para su adecuado traslado al centro sanitario que pueda atender de forma óptima la situación de urgencia. 2.5. Programas preventivos 2.5.1 La Entidad realizará las actuaciones establecidas por la normativa sanitaria en materia de prevención y promoción de la salud que incluyen: a) Vacunaciones en todos los grupos de edad y, en su caso, grupos de riesgo, según el calendario de vacunación del SNS, en los términos establecidos por las administraciones sanitarias competentes, así como cualquier otro programa o campaña de vacunación que determinen las autoridades sanitarias. b) Indicación y administración, en su caso, de quimioprofilaxis antibiótica en los contactos con pacientes infecciosos para los problemas infectocontagiosos que así lo requieran. c) Actividades para prevenir la aparición de enfermedades actuando sobre los factores de riesgo (prevención primaria) o para detectarlas en fase presintomática mediante cribado o diagnóstico precoz (prevención secundaria). Teniendo en consideración lo anterior, así como el desarrollo de los programas preventivos del cáncer ginecológico incluidos en el Plan del Cáncer de la Entidad, se realizarán, entre otras, las actividades siguientes encaminadas a los cribados de: 1. Cáncer de mama: cribado poblacional con mamografía cada dos años en las mujeres de 50 a 69 años. 2. Cáncer de cuello de útero (cérvix): citología de Papanicolaou en mujeres de 25-65 años. Al principio, 2 citologías con una periodicidad anual y después cada 3-5 años, de conformidad con las pautas recomendadas por las sociedades científicas o las autoridades sanitarias competentes. 3. Cáncer colorrectal: cribado poblacional con determinación de sangre oculta en heces cada dos años en hombres y mujeres de 50 a 69 años. En todos los casos se garantizará la valoración del riesgo individual, incluyendo en el caso del cáncer de mama y del cáncer colorrectal, si procede, la realización de estudio y consejo genético de las personas que cumplen criterios de riesgo de cáncer familiar o hereditario y, en caso de confirmarse, su seguimiento específico. 4. Cribado neonatal de las siguientes enfermedades: hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria, fibrosis quística, deficiencia de acil coenzima A deshidrogenada de cadena media (MCADD), deficiencia de 3-hidroxi acil-CoA deshidrogenasa de cadena larga (LCHADD), acidemia glutárica tipo I (GA-I) y anemia falciforme. 2.5.2 La Entidad dispondrá de los medios necesarios para llevar a efecto los programas preventivos incluidos en la Cartera de Servicios, garantizando la información adecuada a los beneficiarios, así como el calendario, direcciones y horarios de los centros donde se llevarán a cabo las vacunaciones y los programas de prevención. La Entidad remitirá a los Servicios Provinciales de MUFACE relación detallada de los centros de vacunación de la respectiva provincia con direcciones, teléfonos, horarios y programas preventivos que se incluyen en los mismos. En los casos en que la Entidad no hubiera desarrollado alguno de los programas específicos antes mencionados, deberá atender la cobertura de las actuaciones realizadas a los beneficiarios en el marco del programa de prevención desarrollado por la correspondiente administración sanitaria. 2.5.3 La Dirección General de MUFACE podrá informar específicamente a los beneficiarios y a través del medio que en cada caso estime más oportuno sobre la conveniencia de la realización de determinados programas preventivos incluidos en la Cartera de Servicios. 2.6. Cuidados paliativos 2.6.1 Comprende la atención integral, individualizada y continuada, de personas con enfermedad en situación avanzada no susceptible de recibir tratamientos con finalidad curativa y con una esperanza de vida limitada, así como de las personas a ellas vinculadas. Su objetivo terapéutico es la mejora de la calidad de vida, con respeto a su sistema de creencias, preferencias y valores. 2.6.2 Para la atención en cuidados paliativos la Entidad contará con un modelo organizativo explícito de acuerdo a las exigencias de medios recogidas en el Anexo 3 y a lo establecido en el Plan en Cuidados Paliativos de la misma. En la prestación de los cuidados paliativos participarán los profesionales de Atención Primaria y Atención Especializada responsables del proceso patológico del paciente con el soporte y apoyo de dispositivos a los que, en caso necesario, los pacientes pueden ser derivados en función de su grado de complejidad. 2.6.3 El nivel de complejidad del enfermo determinará el lugar más adecuado para proporcionar la atención de cuidados paliativos que se prestará en el domicilio del paciente o en el centro sanitario, por profesionales de Atención Primaria, y si fuera preciso, en régimen de hospitalización por los profesionales de Atención Especializada, estableciendo los mecanismos necesarios para garantizar la continuidad asistencial y la coordinación con otros recursos. En caso de complejidad, esta atención se complementará con la intervención de equipos de soporte en cuidados paliativos que podrán intervenir tanto en el ámbito domiciliario como hospitalario o bien con la derivación e ingreso de estos pacientes en Unidades de Cuidados Paliativos Hospitalarias. La continuidad de la asistencia en las franjas horarias en las que cesan su actividad los recursos en cuidados paliativos en atención domiciliaria, se proporcionará a través del Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias de la Entidad, para lo que se articularán los procedimientos de coordinación y derivación precisos. 2.6.4 Los beneficiarios que precisen cuidados paliativos por equipos de soporte específicos o bien el ingreso en Unidades de Cuidados Paliativos Hospitalarias deberán, salvo en los casos de urgencia, solicitar autorización previa a la Entidad, de acuerdo con el procedimiento previsto en el punto 2 del Anexo 5. 2.7. Rehabilitación 2.7.1 Comprende los procedimientos de diagnóstico, evaluación, prevención y tratamiento de pacientes con déficit funcional recuperable, realizados, según corresponda, a través de médico rehabilitador, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional y logopeda. 2.7.2 Incluye la rehabilitación de las afecciones del sistema musculoesquelético, del sistema nervioso, del sistema cardiovascular y del sistema respiratorio, a través de fisioterapia, adaptación de métodos técnicos (ortoprótesis), terapia ocupacional, y logopedia que tenga relación directa con procesos patológicos de los que ya vengan siendo tratados por estar incluidos en la Cartera de Servicios. No se consideran incluidos los denominados Trastornos del Aprendizaje cuya atención es competencia del sistema educativo. 2.7.3 Los tratamientos podrán ser requeridos a la Entidad por los médicos rehabilitadores o por los médicos especialistas responsables de las patologías susceptibles de dichos tratamientos. El seguimiento del paciente y la determinación del alta serán responsabilidad del medico rehabilitador, salvo en los tratamientos de rehabilitación cardiaca y vestibular que serán responsabilidad del facultativo especialista que solicitó dicho tratamiento. 2.7.4 El número de sesiones está supeditado al criterio facultativo y a la situación del paciente, para lo cual se tendrán en cuenta las recomendaciones de las sociedades científicas. Al tratarse de una atención dirigida a pacientes con déficit funcional recuperable, la obligación de la Entidad terminará cuando se haya conseguido la recuperación funcional totalmente, o el máximo posible de ésta por haber entrado el proceso en un estado de estabilización insuperable, conforme al informe del médico rehabilitador o del facultativo especialista que solicitó el tratamiento. Se atenderá en cualquier caso la rehabilitación que se indique por reagudización del proceso. 2.8. Salud bucodental 2.8.1 Comprende las actividades asistenciales, diagnósticas y terapéuticas, así como aquellas de promoción de la salud, educación sanitaria y preventivas dirigidas a la atención de la salud bucodental. 2.8.2 La Cartera de Servicios del Concierto en salud bucodental incluye el tratamiento de las afecciones estomatológicas en general, toda clase de extracciones y la limpieza de boca una vez por año, o más si fuera necesario, previo informe justificativo del facultativo especialista. También incluye el programa de salud bucodental dirigido a los niños menores de 15 años, consistente en revisiones periódicas, aplicación de flúor tópico, y en las piezas permanentes: selladores oclusales, obturaciones, empastes o reconstrucciones, tratamientos pulpares (endodoncias), tartrectomías y tratamientos de incisivos y caninos en caso de enfermedad, malformaciones o traumatismos. Además, a este programa se incorporarán las actuaciones que se incluyan en el Plan de Salud Bucodental Infantil para el conjunto del SNS, con el mismo contenido, alcance y ritmo de implantación. A las beneficiarias embarazadas se les realizará un seguimiento preventivo de la cavidad oral con aplicación de flúor tópico de acuerdo con las necesidades individuales. Serán también a cargo de la Entidad los gastos de hospitalización, de quirófano y anestesista necesarios para la realización de los tratamientos y prestaciones odontológica excluidos de la cobertura del Concierto a pacientes discapacitados psíquicos, siempre que los tratamientos se efectúen con medios de la Entidad. 2.8.3 Cuando mediara accidente en acto de servicio o enfermedad profesional serán a cargo de la Entidad todos los tratamientos y actuaciones, incluidas las prótesis dentarias y los implantes osteointegrados, así como su colocación. Para las prótesis dentarias, será necesaria prescripción de facultativo especialista de la Entidad, junto con presupuesto para su autorización por la Entidad. 2.8.4 Quedan excluidos, con las salvedades previstas en la cláusula anterior, los empastes, la endodoncia, la periodoncia, las prótesis dentarias, los implantes osteointegrados, la ortodoncia, tanto en lo referente a su coste como a su colocación, así como los tratamientos con finalidad exclusivamente estética y la realización de pruebas complementarias para la valoración y seguimiento de tratamientos excluidos de la Cartera de Servicios. 2.9. Prestación farmacéutica y con productos dietéticos 2.9.1 La prestación farmacéutica comprende los medicamentos y productos sanitarios, y el conjunto de actuaciones encaminadas a que los pacientes los reciban de forma adecuada a sus necesidades clínicas, en las dosis precisas según sus requerimientos individuales, durante el período de tiempo adecuado y al menor coste posible. Esta prestación se regirá por lo dispuesto en la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, y demás disposiciones aplicables. En el caso del acceso a medicamentos en condiciones diferentes a las autorizadas, y dado su carácter excepcional, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 1015/2009, de 19 de junio, por el que se regula la disponibilidad de medicamentos en situaciones especiales. La prestación con productos dietéticos comprende los tratamientos dietoterápicos para las personas que padezcan determinados trastornos metabólicos congénitos y la nutrición enteral domiciliaria para pacientes a los que no es posible cubrir sus necesidades nutricionales, a causa de su situación clínica, con alimentos de consumo ordinario. 2.9.2 En el caso de pacientes tratados en el ámbito no hospitalario, la Cartera de Servicios a facilitar por la Entidad comprende la indicación y prescripción de los medicamentos y productos incluidos en la prestación farmacéutica y con productos dietéticos del SNS. Dichas actividades deberán efectuarse por los profesionales de la Entidad en las recetas oficiales y órdenes de dispensación de MUFACE, identificando el principio activo del medicamento o la denominación genérica del producto sanitario, de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente. La Entidad adoptará todas las medidas necesarias para impulsar el Sistema de Receta Electrónica de MUFACE, a través de la participación de sus facultativos en la implantación y desarrollo del mismo. Hasta su puesta en marcha, y para las prescripciones manuales en formato papel, exigirá a sus facultativos que en la cumplimentación de dichas recetas figuren sus datos mínimos obligatorios: nombre y dos apellidos, número de colegiado y provincia donde ejerza, mediante un sello que permita su legibilidad. 2.9.3 En el caso de pacientes tratados en el ámbito hospitalario, la Cartera de Servicios a facilitar por la Entidad comprende la indicación, prescripción y dispensación a su cargo de todos aquellos productos farmacéuticos, sanitarios y dietéticos que precisen los pacientes que estén siendo atendidos en este ámbito asistencial (internamiento, hospital de día, hospitalización domiciliaria, urgencias, unidad de diálisis y otras unidades dependientes del hospital), con las siguientes especificaciones: a) Tratamientos ambulatorios en el ámbito hospitalario que serán a cargo de la Entidad y suministrados por los medios de la Entidad en los siguientes supuestos: 1. Los medicamentos comercializados como de Uso Hospitalario, cuya dispensación se realiza a través de los servicios de farmacia hospitalaria, conforme a lo establecido en la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, cualesquiera que sean sus indicaciones y/o condiciones de utilización. 2. Los medicamentos no autorizados en España, pero comercializados en otros países, cuya dispensación, conforme a la normativa aplicable, deba realizarse a través de servicios de farmacia hospitalaria, al quedar restringida su utilización al medio hospitalario. 3. Los medicamentos y productos farmacéuticos financiados en el SNS, tengan o no cupón precinto, que según lo establecido en su ficha técnica, requieran para su administración la participación de facultativos especialistas, sin perjuicio de su dispensación a través de oficina de farmacia. 4. Los medios, elementos o productos farmacéuticos precisos para la realización de técnicas diagnósticas, tales como medios de contraste, laxantes drásticos u otros. b) Tratamientos ambulatorios en el ámbito hospitalario a cargo de MUFACE y que serán dispensados por los servicios de farmacia de los centros hospitalarios concertados en los siguientes supuestos: 1. Los medicamentos que, sin tener la calificación de uso hospitalario, tienen establecidas reservas singulares en el ámbito del Sistema Nacional de Salud consistentes en limitar su dispensación a los pacientes no hospitalizados en los servicios de farmacia de los hospitales, por lo que no están dotados de cupón-precinto, y que para su administración no requieren la participación de facultativos especialistas, se dispensarán al beneficiario por los servicios de farmacia hospitalarios previo pago de la aportación reducida, conforme a lo dispuesto en el artículo 94.bis de la Ley 29/2006, de 26 de julio. Estos medicamentos se facturarán para su abono por MUFACE al precio de venta del laboratorio (PVL), más impuestos, de financiación para el Sistema Nacional de Salud, al que se deducirá el importe de la aportación del beneficiario que se reflejará en la factura. 2. Los medicamentos de Diagnóstico Hospitalario cuya dispensación autorice MUFACE para tratamientos de determinados pacientes, ante la existencia de dificultades para su dispensación a través de oficinas de farmacia. Estos medicamentos se dispensarán por los servicios de farmacia hospitalarios previo pago de la aportación reducida por el beneficiario, en los mismos términos que figuran en el apartado anterior. Para su facturación, MUFACE los abonará al precio de venta al público (PVP) de financiación para el SNS, deduciendo el importe de la aportación del beneficiario que se reflejará en la factura. 3. Los medicamentos a cargo de MUFACE que estén sometidos a fijación de «techo máximo de gasto» por parte del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se facturarán en el plazo de un mes desde la fecha de su dispensación. MUFACE remitirá a la Entidad la información pertinente y actualizada sobre estos medicamentos para que la trasladen a los centros propios o concertados. 2.9.4 Serán a cargo de la Entidad y suministrados por sus medios a los beneficiarios los productos sanitarios que se relacionan a continuación: a) Los sistemas de administración de nutrición enteral domiciliaria, cánulas de traqueotomía y laringuectomía y sondas vesicales especiales que no sean dispensables mediante receta de MUFACE, cuando dichos productos hubieran sido debidamente indicados por un especialista de la Entidad. b) Los dispositivos intrauterinos (DIU) que hayan sido prescritos por un especialista de la Entidad, incluidos los sistemas de liberación intrauterinos (DIUs hormonales). c) Las tiras reactivas para la medición en pacientes diabéticos de glucemia, glucosuria y combinadas glucosa/cuerpos cetónicos, así como el glucómetro y las lancetas necesarias, de acuerdo con los criterios y estándares establecidos por las administraciones sanitarias y sociedades científicas. En todo caso, la Entidad deberá proporcionar aquellos productos que a juicio del profesional responsable de la indicación o prescripción se adapten mejor a las necesidades y habilidades del paciente. d) Las bombas de infusión local para la administración parenteral de insulina y otros fármacos. e) El material fungible, ya sea para la administración parenteral de insulina u otros fármacos antidiabéticos. Todos estos productos se suministrarán atendiendo a criterios de diligencia, proporcionalidad y máxima atención a la situación del paciente. En aquellos supuestos en que, por causas imputables a la Entidad, el suministro no se ajustara a estos criterios, el beneficiario podrá adquirir directamente el producto y solicitar el reintegro a la Entidad. 2.10. Transporte para la asistencia sanitaria El transporte para la asistencia sanitaria contemplada en este Concierto incluye las siguientes modalidades: a) Transporte sanitario urgente al que se refiere la cláusula 2.4.2. b) Transporte sanitario no urgente. c) Transporte en medios ordinarios. 2.10.1 Transporte sanitario no urgente Se considera transporte sanitario no urgente aquel que consiste en el desplazamiento de enfermos o accidentados que no se encuentran en situación de urgencia o emergencia, y que por causas exclusivamente clínicas están incapacitados para desplazarse en los medios ordinarios de transporte a un centro sanitario para recibir asistencia sanitaria o a su domicilio tras recibir la atención sanitaria correspondiente, y que pueden precisar o no atención sanitaria durante el trayecto. El transporte sanitario no urgente debe ser accesible a las personas con discapacidad. La cartera de servicios de transporte sanitario no urgente incluye el transporte sanitario asistido, que es el indicado para el traslado de enfermos o accidentados que requieren asistencia técnico-sanitaria en ruta, y el transporte sanitario no asistido, que es el indicado para el traslado especial de enfermos o accidentados que no requieren asistencia técnico-sanitaria en ruta. A) Tipos de traslados El transporte sanitario no urgente, según el origen y destino del traslado del paciente, así como por el carácter de periodicidad, comprende los siguientes tipos de traslados: 1. Traslado desde un centro sanitario a su domicilio, si fuera necesario, tras el alta hospitalaria o tras atención en un servicio de urgencias. 2. Traslado puntual del paciente desde su domicilio a centros sanitarios y/o traslado desde centro sanitario a su domicilio. 3. Traslados periódicos del paciente desde su domicilio a centros sanitarios y/o traslado desde centro sanitario a su domicilio. 4. Traslado del paciente desplazado transitoriamente a un municipio distinto al de su residencia habitual que hubiera recibido asistencia urgente, con o sin ingreso hospitalario, y se decida su traslado al municipio de residencia habitual, bien a su domicilio o a otro centro sanitario. Se entiende por domicilio del paciente el lugar de residencia habitual o temporal. B) Criterios clínicos de indicación de transporte sanitario no urgente La necesidad de transporte sanitario se justificará mediante la prescripción escrita del correspondiente facultativo que valorará tanto el estado de salud como el grado de autonomía del paciente para poder desplazarse en medios de transporte ordinarios. La prescripción del transporte se considerará justificada siempre que el paciente cumpla al menos uno de los dos criterios siguientes: 1. Limitación para el desplazamiento autónomo y que requiere el apoyo de terceras personas. 2. Situación clínica del paciente que le impida el uso de medios de transporte ordinario. Cuando la incapacidad física u otras causas médicas desaparezcan como criterios de indicación de transporte sanitario y los pacientes puedan utilizar los medios de transporte ordinario, conforme al criterio del facultativo manifestado por escrito, el transporte sanitario se suspenderá, independientemente de la duración o tipo de asistencia que se esté llevando a cabo. C) Aportación del usuario A estos efectos será de aplicación la normativa que se establezca por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para todo el Sistema Nacional de Salud. En su caso, la Entidad desarrollará los procedimientos necesarios para la adecuada gestión de la aportación que deba ser abonada por los beneficiarios, en aplicación de la citada normativa, y facilitará la correspondiente información con la periodicidad y en el formato que se determine por la Mutualidad. 2.10.2 Transporte en medios ordinarios A) Tipos de transporte ordinario Se considera transporte en medios ordinarios, a los fines asistenciales previstos en el Concierto, el que se realiza en automóvil, autobús, ferrocarril, o si procediese por tratarse de provincias insulares o en las ciudades de Ceuta o Melilla, en barco o en avión. B) Supuestos de cobertura El beneficiario de MUFACE tendrá derecho a este tipo de transporte en los siguientes supuestos: 1. Cuando no existan los medios exigidos, de forma que el beneficiario venga obligado a desplazarse desde la localidad en que resida, con carácter temporal o permanente, a la localidad más próxima donde aquellos estén disponibles. 2. A servicios de Nivel IV y a Servicios de Referencia ubicados en provincia distinta a la de residencia. 3. En los supuestos de traslados necesarios a otra localidad distinta de la de residencia para recibir asistencia sanitaria derivada de accidente en acto de servicio o enfermedad profesional. C) Valoración de los traslados Los traslados se valorarán siempre por su coste, en clase normal o turista, en líneas regulares de transporte en autobús, ferrocarril, barco o avión. D) Transporte del acompañante Tendrán derecho a los gastos de transporte de acompañante los desplazamientos efectuados, conforme a los párrafos anteriores, por pacientes: 1. Menores de quince años, y en el caso de las ciudades de Ceuta y Melilla y provincias insulares los menores de dieciocho años. 2. Aquellos que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 65%. 3. Residentes en las ciudades de Ceuta y Melilla y las provincias insulares cuando así lo prescriba su médico responsable, en cuyo caso deberán aportar prescripción escrita del facultativo. 2.11. Otras prestaciones 2.11.1 Podología Comprende la atención podológica para pacientes diabéticos insulinodependientes así como para pacientes diagnosticados de pie neuropático de etiología distinta a la diabetes. La atención por el podólogo requiere prescripción médica y autorización previa de la Entidad. El número de sesiones máximo por paciente será de seis al año. 2.11.2 Terapias Respiratorias Comprende la cobertura de cualquiera de las técnicas de terapia respiratoria a domicilio atendidas en el SNS, cuando las circunstancias del paciente así lo requieran, incluyendo el uso de las mochilas de oxígeno líquido, la pulsioximetría y la aerosolterapia. 2.11.3 Prestación Ortoprotésica Están incluidos en la cobertura de este Concierto los implantes quirúrgicos, terapéuticos o diagnósticos, entendiéndose por tales aquellos productos sanitarios diseñados para ser implantados total o parcialmente en el cuerpo humano mediante un determinado acto médico o intervención quirúrgica, que estén comprendidos en la oferta de productos ortoprotésicos de los centros y servicios del SNS. Asimismo se incluyen la renovación de cualquiera de sus accesorios, incluidos los externos y los materiales utilizados para realizar técnicas de osteosíntesis. Quedan excluidos los implantes osteointegrados para prótesis dentarias, excepto cuando los mismos deriven de accidente en acto de servicio o enfermedad profesional. La prescripción y adaptación de prótesis externas y demás ortoprótesis que sean objeto de prestaciones a cargo de MUFACE se realizará bajo la indicación y supervisión del correspondiente especialista. 2.12. Incorporación de nuevos medios de diagnóstico y tratamiento. Procedimiento para la actualización de la Cartera de Servicios del Concierto 2.12.1 La Cartera de Servicios que se determina en este Capítulo, se actualizará de forma automática por actualización de la Cartera Común de Servicios del SNS. 2.12.2 La incorporación de nuevos servicios, técnicas o procedimientos a la Cartera de Servicios o la exclusión de los ya existentes que no se correspondan con la Cartera Común de Servicios del SNS, y que tengan un carácter relevante, se efectuará por Resolución de la Dirección General de la Mutualidad, previa audiencia de las entidades firmantes del Concierto, y se procederá, en su caso, conforme con las disposiciones sobre modificación de contratos establecidas en la normativa vigente sobre contratación del sector público. Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará a la prestación farmacéutica, que se regirá por su propia normativa. Tampoco se aplicará a los servicios, técnicas o procedimientos que supongan un cambio menor de otros ya existentes o incorporen dispositivos o productos con modificaciones técnicas menores, salvo que por las evidencias científicas y/o las repercusiones bioéticas y sociales, la Dirección General de MUFACE considere oportuno limitar su incorporación a la Cartera de Servicios para indicaciones concretas, elaborando el correspondiente protocolo. CAPÍTULO 3 Medios de la Entidad 3.1. Normas generales 3.1.1 A los efectos previstos en los artículos 17.2 de la LSSFCE y 77 del RGMA, se considera que los medios de la Entidad son los servicios, propios o concertados, asignados para la asistencia sanitaria de los beneficiarios de la misma. A los fines asistenciales de este Concierto los medios de la Entidad son los siguientes: a) Personal sanitario dependiente de la Entidad mediante una relación de carácter laboral o vinculado a la misma mediante una relación de carácter civil. b) Centros y servicios propios de la Entidad o concertados por la misma, bajo cualquier régimen jurídico, así como los centros y servicios privados no concertados, conforme a lo previsto en el Anexo 3 (punto 3.6.3), que quedan asimilados a los medios de la Entidad. c) El Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias de la Entidad accesible a través de un teléfono gratuito y único para todo el territorio nacional, disponible las 24 horas de todos los días al año, que canalizará la demanda de urgencias y emergencias sanitarias, garantizando la accesibilidad y coordinación de los recursos disponibles para este tipo de atención. d) Los servicios de Atención Primaria y de urgencias de la Red Sanitaria Pública concertados por cuenta de la Entidad, conforme a lo previsto en el Anexo 2, quedan asimilados a los medios de la Entidad. 3.1.2 La Entidad podrá coordinar sus dispositivos de emergencias sanitarias con otros centros coordinadores de urgencias y emergencias, incluidos aquellos dependientes de otras administraciones sanitarias. 3.1.3 La Entidad deberá habilitar los medios necesarios (correo postal o electrónico, teléfono, fax, página web, etc) para que el beneficiario pueda realizar las comunicaciones previstas en el Capítulo 5, durante las 24 horas del día, todos los días del año, y que permitan dejar constancia de dichas comunicaciones. 3.1.4 Los medios de la Entidad deberán cumplir los requisitos establecidos con carácter general por la normativa sanitaria vigente, bajo la supervisión que, con igual carácter, pueda proceder por parte de la administración sanitaria competente. Los centros, establecimientos y servicios concertados estarán debidamente autorizados conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios, en la normativa autonómica vigente y, en su caso, en la normativa especifica que regule su actividad. Los profesionales sanitarios deberán ser titulados de acuerdo con la regulación establecida en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, y estar colegiados de acuerdo a las normas que a tal efecto establezca la Organización Colegial correspondiente. La Entidad deberá tener registrado y actualizado el número de colegiado de cada profesional incluido en su Catálogo de Proveedores. Si MUFACE tiene conocimiento del posible incumplimiento de dichos requisitos de carácter general, lo pondrá en conocimiento de la autoridad sanitaria competente. 3.1.5 La Entidad garantizará que todos los medios que haga constar en su Catálogo de Proveedores dispongan de acceso a medios electrónicos suficientes para integrarse en las acciones contempladas en la cláusula 6.2, así como en otros programas y actuaciones conducentes a la mejora de la calidad asistencial y de la salud. 3.1.6 La Entidad facilitará el acceso a los centros y servicios que consten en su Catálogo de Proveedores, a fin de que MUFACE pueda comprobar la adecuación de estos medios respecto a la oferta de servicios realizada. 3.2. Criterios de disponibilidad de medios 3.2.1 Las prestaciones incluidas en la Cartera de Servicios que debe facilitar la Entidad se estructurarán territorialmente por niveles asistenciales, determinados por el tamaño de población (de acuerdo con las últimas cifras oficiales publicadas por el Instituto Nacional de Estadística) y por el colectivo protegido residente, entre otros criterios. 3.2.2 De conformidad con lo establecido en la cláusula 2.1 del presente Concierto, se distinguen los siguientes niveles asistenciales: a) El nivel de Atención Primaria, cuyo marco geográfico y poblacional es el municipio. b) El nivel de Atención Especializada será accesible en los municipios o agrupaciones con población a partir de 20.000 habitantes y 500 beneficiarios residentes. El marco geográfico y poblacional de los niveles I y II es el municipio o agrupación de municipios, el del Nivel III es la provincia o agrupaciones de municipios y el del Nivel IV es la Comunidad Autónoma. c) Los Servicios de Referencia, cuyo marco geográfico y poblacional es el territorio nacional. 3.2.3 Cada nivel asistencial incluye todos los servicios de los niveles inferiores. En el Anexo 3 se establecen los criterios de disponibilidad de medios por niveles asistenciales. 3.2.4 Garantía de accesibilidad a los medios La Entidad debe garantizar el acceso a los medios que en cada nivel asistencial exige la Cartera de Servicios en los términos establecidos en el Anexo 3, salvo que no existan medios privados ni públicos, en cuyo caso lo facilitará en el municipio más próximo donde estén disponibles. Si los medios exigidos en cada nivel asistencial no estuvieran disponibles, la Entidad se obliga a facilitar el acceso de los beneficiarios a otros servicios privados que existan en el mismo municipio o, de no existir éstos, a los correspondientes servicios públicos, asumiendo directamente los gastos que pudieran facturarse. 3.3. Catálogo de Proveedores 3.3.1 El Catálogo de Proveedores contiene la relación detallada de los medios de la Entidad y la información necesaria para que los beneficiarios puedan utilizar dichos medios. 3.3.2 En el Catálogo deben figurar sin exclusiones todos los facultativos y centros asistenciales propios o concertados por la Entidad que se hayan hecho constar en la base de datos aportada para la suscripción de este Concierto, con el formato y en los términos que se recogen en el punto 5 del Anexo 6. 3.3.3 La Entidad podrá determinar que en su cuadro médico aparezcan como consultores determinados facultativos para áreas específicas y complejas de su especialidad, siempre que dicha especialidad disponga de especialistas no consultores. 3.3.4 Cuando un beneficiario sea atendido por un profesional que forme parte del equipo de un facultativo o servicio concertado incluidos en el Catálogo se entenderá que forma parte de los medios de la Entidad y deberá ser incluido con la mayor brevedad posible en la tabla de profesionales sanitarios prevista en el Anexo 6 y en la página web de la Entidad. 3.3.5 La Entidad editará el Catálogo de acuerdo con las instrucciones que se detallan en el Anexo 4, que tendrá, tanto en papel como en soporte electrónico, un formato común de obligado cumplimiento, al objeto de que su tratamiento sea homogéneo entre las distintas entidades concertadas. 3.3.6 El Catálogo será específico para MUFACE, tendrá ámbito provincial, y se adaptará a los niveles asistenciales establecidos en el Concierto. No incluirá publicidad, ni información relativa a otros productos o servicios de la Entidad. 3.3.7 Cuando se detecte que algún Catálogo no se identifica con la imagen corporativa de la Entidad o en su elaboración no se ha atendido al formato común de obligado cumplimiento establecido en el Anexo 4, MUFACE comunicará este incumplimiento a la Entidad, que dispondrá de un plazo de diez días naturales para subsanar los defectos detectados y entregar en el Servicio o Servicios Provinciales y en los Servicios Centrales de MUFACE la nueva edición del Catálogo en el formato y número de ejemplares que se le haya requerido. 3.4. Responsabilidad de edición y entrega del Catálogo de Proveedores e información en la página web de la Entidad 3.4.1 Antes del 20 de diciembre del año anterior al de vigencia del Concierto, la Entidad deberá entregar en los Servicios Centrales y Servicios Provinciales de MUFACE los catálogos de proveedores de la Entidad correspondientes a todas las provincias en el formato y número de ejemplares que se establecen en el Anexo 4. Asimismo, a partir del 1 de enero, facilitará a los beneficiarios que tenga adscritos y lo soliciten el Catálogo de Proveedores de la correspondiente provincia en edición de papel o, a elección del beneficiario, en formato electrónico, mediante su envío a la dirección postal o electrónica que indique el interesado o poniéndolo a su disposición en los locales y delegaciones de la Entidad. La entrega deberá efectuarse en un plazo no superior a siete días naturales desde la solicitud. 3.4.2 La Entidad en su página web debe disponer de una sección específica que informe a los beneficiarios de MUFACE sobre el contenido de los catálogos correspondientes a todas las provincias, incluido el número de teléfono del Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias de la Entidad, previsto en la cláusula 3.1.1 c), diferenciándolo claramente de otros números de teléfono de información o de servicios de la Entidad. Para evitar confusiones con las prestaciones ofrecidas a asegurados ajenos al presente Concierto, esta información deberá aparecer en una sección específica de MUFACE perfectamente identificable y accesible e incluir para cada provincia los contenidos que aparecen especificados en el Anexo 4. La información de la página web deberá actualizarse siempre que existan modificaciones, según lo establecido en la cláusula 3.5.1, haciendo constar la fecha de la última modificación. 3.4.3 En el supuesto de que la Entidad no cumpliera lo establecido en los dos apartados anteriores, se obliga a asumir los gastos que se deriven de la utilización por los beneficiarios de los servicios que presten los centros y facultativos incluidos en el último Catálogo vigente o en su página web. 3.5. Invariabilidad de los Catálogos de Proveedores de la Entidad 3.5.1 El Catálogo de Proveedores de la Entidad se mantendrá estable a lo largo de la vigencia del Concierto, de forma que una vez publicado, la oferta de medios de la Entidad únicamente podrá registrar altas, sin que puedan producirse bajas, salvo aquellas debidamente acreditadas a MUFACE que se deban al fallecimiento o incapacidad del facultativo para el ejercicio de su profesión, por cese de actividad o traslado a otro municipio, a petición del especialista o centro. En estos supuestos, la baja deberá ser comunicada a los Servicios Centrales y al correspondiente Servicio Provincial de MUFACE con 30 días de antelación a que efectivamente se vaya a producir, salvo que sea sobrevenida, justificando por escrito el motivo de la misma. Además, si la baja afecta a centros o servicios hospitalarios, la Entidad debe remitir a los correspondientes Servicios Provinciales la relación de beneficiarios que están siendo atendidos en dichos centros o servicios. La Entidad está obligada a sustituir en el menor plazo posible al profesional o centro, debiendo comunicar a los Servicios Centrales y a los correspondientes Servicios Provinciales de MUFACE el profesional o centro que haya de sustituir a la baja producida 3.5.2 MUFACE podrá autorizar la baja de algún medio por otras causas, debidamente acreditadas por la Entidad que justifiquen la misma, y siempre que el medio sea sustituido. En el supuesto de que la Entidad solicite autorización para dar de baja algún medio y MUFACE, una vez analizado el supuesto, no la aprecie como justificada, lo comunicará a la Entidad e implicará que el medio siga considerándose a todos los efectos como medio de la misma durante la vigencia del Concierto y, en consecuencia, continúe siendo utilizable por los beneficiarios por cuenta de la Entidad. 3.5.3 En cualquiera de los supuestos previstos en las cláusulas anteriores, la Entidad deberá dirigir una comunicación, con carácter generalizado, a los beneficiarios sobre las altas o bajas producidas en los catálogos. 3.5.4 La falta de disponibilidad de medios por parte de la Entidad dará lugar a la aplicación de las deducciones fijadas en el Anexo 8 conforme a los términos establecidos en el mismo. 3.6. Principio de continuidad asistencial 3.6.1 Independientemente de lo previsto en la cláusula 3.5.4, si se produce la baja de algún profesional del Catálogo, la Entidad garantizará la continuidad asistencial con el mismo facultativo a los pacientes en tratamiento de procesos patológicos graves durante los seis meses siguientes a la fecha en que la baja se hubiera producido, siempre que el facultativo pueda continuar el ejercicio de su profesión y hubiese conformidad por su parte. 3.6.2 Si la baja se refiere a un centro sanitario o servicio hospitalario, la Entidad garantizará a los pacientes que están siendo atendidos de un determinado proceso patológico la continuidad del tratamiento del mismo en ese centro o servicio, durante todo el tiempo que persista la necesidad del mismo o hasta que se haya obtenido el alta del proceso. Dicha continuidad asistencial se realizará en cualquier caso por un período máximo de seis meses siempre que la Entidad disponga de una alternativa asistencial válida para tratar ese proceso patológico. 3.6.3 La Entidad deberá informar por escrito a cada uno de los pacientes afectados, sobre su derecho a mantener el tratamiento y la continuidad asistencial en dicho centro o servicio, con cargo a la Entidad, de acuerdo con lo previsto en la cláusula anterior en un plazo no superior a siete días naturales, a contar desde la fecha de la baja del centro o servicio. 3.6.4 Cuando por el cambio de Concierto se produzcan bajas de centros o servicios hospitalarios en las especialidades de Oncología y Psiquiatría con respecto al Catálogo de Proveedores de 2014, el período máximo previsto en la cláusula 3.6.2 será de un año, en idénticas condiciones que la misma prevé, así como las establecidas sobre el deber de información en la cláusula 3.6.3. 3.6.5 La Entidad garantizará a los pacientes que están siendo atendidos de un determinado proceso patológico la continuidad del tratamiento del mismo en el centro o servicio donde estén siendo tratados, cuando estén siendo atendidos en centros ubicados en municipios a los que por el cambio de Concierto se les haya asignado otro nivel asistencial, hasta el alta hospitalaria con un período máximo de tres meses, o un mes en el supuesto de consultas externas, computado desde el inicio de la vigencia del Concierto. Finalizado el periodo de tiempo que corresponda, según lo especificado en los apartados anteriores, la Entidad deberá ofrecer una alternativa asistencial válida para tratar ese proceso patológico. 3.6.6 Cuando a la finalización de este Concierto la Entidad suscriba el Concierto de asistencia sanitaria en territorio nacional que lo sustituya, deberá atender las obligaciones previstas en esta cláusula 3.6, salvo lo dispuesto en la cláusula 3.6.5. CAPÍTULO 4 Normas de utilización de los medios de la Entidad 4.1. Norma general Los beneficiarios deberán recibir la asistencia a través de los medios de la Entidad definidos en la cláusula 3.1.1 y podrán elegir libremente facultativo y centro de entre los que figuran en los catálogos de proveedores de la Entidad en todo el territorio nacional. 4.2. Identificación El beneficiario deberá acreditar su derecho a la asistencia sanitaria mediante la presentación de la tarjeta sanitaria individual que le facilitará la Entidad de acuerdo con lo previsto en la cláusula 1.5, o en su caso, el documento de afiliación a MUFACE. En los casos en que, por razones de urgencia, no sea posible aportar en el acto la documentación anterior, el beneficiario deberá identificarse con su DNI u otro documento que acredite su personalidad y presentar aquella documentación en el plazo máximo de 48 horas. 4.3. Mutualistas no adscritos a Entidad y sus beneficiarios En el supuesto previsto en la cláusula 1.3.3, la Entidad prestará la asistencia a los mutualistas y sus beneficiarios. En el plazo de los cinco días naturales siguientes, la Entidad notificará los hechos a MUFACE para que proceda al alta del mutualista en la Entidad con efectos del quinto de los citados días y al abono de los gastos de la asistencia prestada hasta la fecha de efectos del alta. 4.4. Procedimiento de acceso y prestación de la asistencia en consulta El beneficiario se dirigirá directamente al médico elegido de Atención Primaria y/o Especializada para recibir la asistencia que precise presentando la correspondiente tarjeta sanitaria. Además, para acudir a las consultas de las especialidades que deben estar disponibles desde el Nivel IV (descritas en la tabla 1 del punto 3.9 del Anexo 3) y para las de los médicos consultores se necesitará la prescripción de otro facultativo especialista y la autorización de la Entidad. Asimismo, será necesario obtener autorización previa de la Entidad para el acceso a las consultas de especialidades previstas en el punto 3.6.3 del Anexo 3, conforme lo dispuesto en el Anexo 5. 4.5. Procedimiento de acceso y prestación en asistencia domiciliaria 4.5.1 La asistencia sanitaria se prestará por los profesionales de Atención Primaria en el domicilio del paciente, siempre que la situación clínica así lo requiera, en los siguientes casos: a) Cuando se trate de pacientes que por razón de su enfermedad no puedan desplazarse. b) Cuando se trate de pacientes inmovilizados crónicos que precisen ayuda de otra persona para las actividades básicas de la vida diaria. c) Cuando se trate de enfermos terminales. 4.5.2 La asistencia domiciliaria a estos pacientes incluye las extracciones y/o recogidas de muestras a domicilio que sean precisas, así como todos aquellos procedimientos propios de la Atención Primaria, entre ellos tratamientos parenterales, curas y sondajes. 4.6. Procedimiento de acceso y prestación en asistencia de urgencia y emergencia 4.6.1 Cuando el beneficiario precise atención de urgencia o de emergencia sanitaria deberá solicitarla marcando el teléfono 900…/800… gratuito de la Entidad que consta en su tarjeta sanitaria, en el Catálogo de Proveedores y en la página web de la misma, y que le da acceso al Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias de la Entidad destinado a garantizar la accesibilidad y coordinación de todos los medios disponibles para este tipo de atención las 24 horas del día de todos los días del año, en todo el territorio nacional. 4.6.2 Igualmente, en el teléfono de atención de urgencia y emergencia o en el de información de la Entidad, el beneficiario podrá recabar información sobre los medios de atención de urgencia hospitalarios, ambulatorios y de Atención Primaria de que dispone la Entidad en que pueden ser atendidos, y en general sobre cualquier otro aspecto relacionado con esta modalidad asistencial. 4.6.3 La asistencia urgente también podrá requerirse en los Servicios de Urgencia de Atención Primaria y Especializada de la Entidad, o bien directamente a los facultativos de medicina general, pediatría y enfermería de la Entidad en sus horarios de consulta. 4.7. Procedimiento de acceso y prestación de asistencia en régimen de hospitalización 4.7.1 La asistencia en régimen de hospitalización comprende la asistencia médico-quirúrgica incluida la realización de los tratamientos y procedimientos diagnósticos que precisen los pacientes que requieren cuidados continuados en régimen de hospitalización, así como los servicios hoteleros básicos inherentes a la misma. 4.7.2 Los beneficiarios que precisen asistencia en régimen de hospitalización deberán solicitar autorización previa de la Entidad, conforme a lo dispuesto en el Anexo 5, aportando la preceptiva prescripción del médico de la Entidad con indicación del centro hospitalario. En los ingresos efectuados a través de los servicios de urgencia esta tramitación deberá efectuarse en el plazo más breve posible. 4.7.3 En el caso que un beneficiario se encuentre ingresado en un centro hospitalario ajeno a la Entidad por una situación de urgencia, puede solicitar su ingreso en un centro concertado de la Entidad para la continuidad de la asistencia sin que sea necesaria la prescripción de un médico de la Entidad, para ello además de la solicitud deberá aportar el informe médico del proceso por el que está siendo atendido. 4.7.4 La hospitalización persistirá mientras que, a juicio del facultativo responsable de la asistencia al enfermo, subsista la necesidad, sin que razones de tipo social puedan ser motivo para prolongar la estancia. 4.7.5 La hospitalización se efectuará en habitación individual con baño o ducha y cama de acompañante. En ningún caso podrán excluirse habitaciones que formen parte de la capacidad de alojamiento del centro concertado. MUFACE podrá autorizar que la Entidad disponga en su Catálogo de Proveedores de centros hospitalarios que no cumplan este requisito. En los supuestos de hospitalización psiquiátrica no se exige cama de acompañante. 4.7.6 La Entidad cubre todos los gastos médico-quirúrgicos durante la hospitalización del paciente desde su ingreso hasta el alta hospitalaria, incluyendo el tratamiento farmacológico y la alimentación del paciente según dieta prescrita. 4.7.7 Tipos de hospitalización A) Hospitalización de día a) Comprende las actividades asistenciales, diagnósticas, terapéuticas y de rehabilitación, destinadas a pacientes que requieren cuidados especializados continuados, incluida la cirugía mayor ambulatoria, pero que no precisan que el paciente pernocte en el hospital. b) Serán por cuenta de la Entidad todos los gastos de hospitalización que se puedan producir en el centro sanitario durante la estancia en el mismo para la realización de procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos. B) Hospitalización en centros o unidades de media y larga estancia Este tipo de hospitalización está destinada especialmente a pacientes con deterioro funcional o afectos de procesos crónicos y/o patologías asociadas al envejecimiento que, una vez superada la fase aguda de la enfermedad, precisan cuidados sanitarios continuos médico quirúrgicos, de rehabilitación y de enfermería, hasta su estabilización. C) Hospitalización domiciliaria a) Comprende el conjunto de tratamientos y cuidados sanitarios proporcionados en el domicilio del paciente, de una complejidad, intensidad y duración comparables a las que recibiría ese mismo paciente en el hospital convencional, y que por esos motivos no pueden ser asumidos por el nivel de Atención Primaria. b) La hospitalización domiciliaria podrá llevarse a cabo en aquellos casos en que el estado del enfermo lo permita. c) Durante esta hospitalización, la responsabilidad del seguimiento del paciente corresponde a la Unidad de Hospitalización a Domicilio (UHD) y será prestada por los especialistas (médicos de familia o internistas) y el personal de enfermería que conforma dicha UHD, la cual deberá estar coordinada con la unidad de hospitalización médica o quirúrgica correspondiente a la patología del paciente y con el área de urgencias del hospital, con la finalidad de garantizar la continuidad asistencial. d) El ingreso en la UHD podrá realizarse desde un servicio hospitalario mediante el correspondiente informe de derivación y desde Atención Primaria o Especializada ambulatoria. En estos dos últimos casos, corresponderá a la UHD valorar si el paciente cumple los criterios de ingreso en dicha unidad. e) El ingreso en la UHD estará sujeto a los mismos requisitos que el ingreso en un hospital, recibiendo las mismas atenciones que hubiera recibido de estar ingresado en un hospital. La documentación clínica correspondiente a dichas atenciones se cumplimentará con los mismos criterios que en la hospitalización convencional. f) La UHD informará por escrito al paciente y su familia acerca de cómo contactar con la unidad a cualquier hora del día, con el objeto de dar respuesta a las eventuales incidencias. Cuando se produzca el alta, el médico de la UHD emitirá el correspondiente parte médico de alta en los términos previstos por la ley. g) Mientras el paciente permanezca ingresado en la UHD, correrán por cuenta de la Entidad y no podrán ser imputadas ni al beneficiario ni a MUFACE, todas las atenciones y productos que precise el paciente, además de toda la medicación, material de curas, nutriciones no comunes, pruebas complementarias, interconsultas, absorbentes, sondas, hemodiálisis domiciliaria y oxigenoterapia. Quedan excluidas, en todo caso, las dotaciones domésticas ordinarias, la nutrición común y los servicios de auxiliares de clínica. D) Hospitalización por maternidad En el momento del ingreso, o en todo caso antes del alta hospitalaria, deberá presentarse en el centro hospitalario la autorización de la Entidad. A efectos de la asistencia al recién nacido se tendrá en cuenta lo dispuesto en la cláusula 1.3.2. Si la práctica de la ligadura de trompas se decidiera en el mismo momento del parto sin haberse indicado en la prescripción del ingreso, los gastos causados por este concepto serán también a cargo de la Entidad. E) Hospitalización psiquiátrica Comprende la asistencia psiquiátrica de todos los procesos tanto agudos como crónicos que precisen ingreso hospitalario u hospitalización de día. Igualmente, se incluye el ingreso de aquellos pacientes psiquiátricos en centros o unidades de media y larga estancia cuando una vez superada la fase aguda del proceso y la evolución no sea satisfactoria, precisen un mayor grado de estabilización y recuperación para su integración en su medio familiar y/o social. El ingreso deberá realizarse en centros concertados por la Entidad, sin perjuicio de lo establecido en la cláusula 3.2.4 y en el punto 3.6.3 del Anexo 3. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, si el ingreso se hubiera producido, con anterioridad a 1 de enero de 2015, en un centro no concertado por causas clínicas justificadas sin autorización previa de la Entidad, la misma abonará al interesado los gastos de hospitalización hasta el alta hospitalaria, con el límite de 87 euros por día. El reintegro deberá efectuarse dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que se presenten los justificantes de dichos gastos ante la Entidad. 4.8. Requisitos adicionales para la utilización de medios 4.8.1 En los casos expresamente previstos en el Concierto, la Entidad podrá exigir los requisitos adicionales que procedan, tales como prescripción médica o autorización previa de la Entidad. La Entidad, a través de los profesionales sanitarios que prescriban o realicen las pruebas diagnósticas o tratamientos que precisen autorización, deberá informar de la existencia de este requisito al beneficiario. 4.8.2 No podrán efectuarse con cargo al beneficiario las pruebas no autorizadas si no se le ha informado antes de la necesidad de tal autorización previa. Tampoco serán a cargo del beneficiario los actos médicos o quirúrgicos realizados en el momento de la consulta cuando no haya existido tiempo para obtener su autorización por la Entidad. 4.8.3 La solicitud de autorización de un determinado medio diagnóstico o terapéutico deriva de la necesidad de ordenar y canalizar las prestaciones por parte de la Entidad, para facilitar el servicio y evitar demoras, pero nunca puede suponer una restricción al acceso a las prestaciones reconocidas en la Cartera de Servicios de este Concierto. 4.8.4 El Anexo 5 contiene una relación exhaustiva de los supuestos de utilización de los medios que precisan autorización previa de la Entidad, así como el procedimiento para su obtención. 4.8.5 En ningún caso se denegará una solicitud de un medio diagnóstico o terapéutico incluido en la Cartera de Servicios establecida en este Concierto, indicado por un profesional sanitario de la Entidad y, en el caso de que se trate de un proceso para el que específicamente se haya aprobado un protocolo, conforme a lo estipulado en la cláusula 2.12.2, que la indicación se ajuste al mismo. 4.9. Hospitales privados no concertados El acceso a los servicios en centros privados no concertados, según lo previsto en el punto 3.6.3 del Anexo 3, requerirá autorización previa de la Entidad conforme a lo establecido en el punto 1.7 del Anexo 5. CAPÍTULO 5 Utilización de medios no concertados 5.1. Norma general De conformidad con lo establecido en los artículos 17 de la LSSFCE y 78 del RGMA, en relación con la cláusula 3.1 del presente Concierto, cuando un beneficiario, por decisión propia o de sus familiares, utilice medios no concertados con la Entidad, deberá abonar, sin derecho a reintegro, los gastos que puedan ocasionarse, excepto en los casos de denegación injustificada de asistencia y en los de asistencia urgente de carácter vital. 5.2. Denegación injustificada de asistencia 5.2.1 De acuerdo con lo previsto en el artículo 78.1 del RGMA, se produce denegación injustificada de asistencia en los siguientes casos: a) Cuando la Entidad no autorice o no ofrezca una solución asistencial válida antes de que concluya el quinto día hábil siguiente a la fecha de solicitud del beneficiario de alguna de las prestaciones o servicios recogidas en el Anexo 5, en el nivel que corresponda, y que haya sido prescrita por un medico concertado, o deniegue una prestación incluida en la Cartera de Servicios cubierta por este Concierto. La respuesta de la Entidad deberá realizarse por escrito o por cualquier otro medio que permita dejar constancia de la misma. b) Cuando la Entidad no cumpla con las exigencias de disponibilidad de medios previstos en el presente Concierto. En este supuesto, el beneficiario podrá acudir a los facultativos o centros privados que existan en el nivel correspondiente, o de no existir éstos, a los correspondientes servicios públicos, de conformidad con lo estipulado en la cláusula 3.2.4. c) Cuando el beneficiario solicite autorización a la Entidad para acudir a un facultativo o centro no concertado (previa prescripción por escrito de un facultativo de la Entidad con exposición de las causas médicas justificativas de la necesidad de remisión al medio no concertado) y la Entidad ni lo autorice ni ofrezca una alternativa asistencial válida con sus medios antes de que concluya el décimo día hábil siguiente a la presentación de la solicitud de autorización. d) Cuando un beneficiario haya acudido o esté ingresado en un centro de la Entidad para recibir asistencia y según criterio del facultativo que le atiende no existan o no estén disponibles los recursos asistenciales necesarios. En este supuesto se presume que se produce una situación de denegación injustificada de asistencia cuando desde el medio de la Entidad se haya remitido al paciente a centro no concertado. e) Cuando el beneficiario esté ingresado en un centro no concertado a causa de una situación médica que requiera una atención inmediata de urgencia, y éste (o los familiares o terceros responsables) lo comunique a la Entidad dentro de las 48 horas posteriores al ingreso y no le ofrezca una solución asistencial válida antes de que concluyan las 48 horas siguientes a la comunicación, bien comprometiéndose a asumir los gastos que se ocasionen, bien gestionando su traslado a un centro de la Entidad, propio o concertado, siempre que el traslado sea médicamente posible. La solicitud a la Entidad se realizará por un medio que permita dejar constancia de la misma (preferiblemente a través de su Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias) e incluirá una breve descripción de los hechos y circunstancias en que se ha producido el ingreso. 5.2.2 Obligaciones de la Entidad a) En cualquiera de los supuestos de denegación injustificada de asistencia descritos en la cláusula 5.2.1, la Entidad viene obligada a asumir los gastos derivados de la asistencia. En el supuesto contemplado en su letra e), si la Entidad ha ofrecido una solución asistencial válida en el plazo establecido el beneficiario deberá hacerse cargo de los gastos ocasionados por la asistencia hasta su traslado al centro propio o concertado. b) Cuando la Entidad ofrezca medios propios o concertados, la oferta debe ser gestionada por la Entidad, especificando además el nombre del facultativo, servicio o centro que vaya a asumir la asistencia y que pueda llevar a cabo la técnica diagnóstica o terapéutica prescrita. c) Cuando el beneficiario haya acudido a medios no concertados a consecuencia de una denegación de asistencia ocasionada porque la Entidad no ha ofrecido una alternativa asistencial válida en los plazos establecidos en la cláusula 5.2.1, o porque haya autorizado la remisión a un facultativo o centro no concertado, la Entidad debe asumir, sin exclusiones, los gastos ocasionados por el proceso asistencial hasta el alta del mismo. No obstante, transcurridos seis meses desde la denegación de asistencia o desde la fecha de la última autorización, el beneficiario deberá solicitar a la Entidad la renovación de la continuidad de la asistencia, a fin de que, antes de que concluya el décimo día hábil siguiente a la presentación, la autorice u ofrezca una alternativa asistencial válida con sus medios, conforme a las especificaciones que se establecen en el punto b) anterior. d) Cuando la Entidad reciba del beneficiario la comunicación de la asistencia prestada en medios ajenos por alguna de las circunstancias previstas en la cláusula 5.2.1, realizará las gestiones oportunas ante el proveedor para que emita la correspondiente factura a nombre de la Entidad y hacerse cargo de los gastos ocasionados por dicha asistencia. e) Si el beneficiario hubiera abonado los gastos directamente al proveedor sanitario, la Entidad deberá efectuar el reintegro dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha en que el interesado presente los justificantes de los gastos. 5.2.3 La aceptación por la Entidad o, en su caso, la declaración por MUFACE de que existe un supuesto de denegación injustificada de asistencia, no supone la aceptación o declaración, respectivamente, de que haya existido denegación de asistencia a otros fines civiles o penales, para lo que el interesado, en su caso, habrá de acudir a la vía jurisdiccional ordinaria correspondiente. 5.3. Asistencia urgente de carácter vital en medio no concertado 5.3.1 A los fines previstos en el artículo 78.1 del RGMA, se considera situación de urgencia de carácter vital aquélla en que se haya producido una patología cuya naturaleza y síntomas hagan previsible un riesgo vital inminente o muy próximo, o un daño irreparable para la integridad física de la persona de no obtenerse una actuación terapéutica de inmediato. Para que el beneficiario tenga derecho a la cobertura de los gastos producidos por utilización de medios ajenos en situación de urgencia vital, el medio ajeno al que se dirija o sea trasladado el paciente deberá ser razonablemente elegido, teniendo en cuenta las circunstancias de lugar y tiempo en que la patología se haya producido, así como la capacidad de decisión del enfermo y, en su caso, de las personas que prestaron los primeros auxilios. 5.3.2 Situaciones especiales de urgencia Se considerará que siempre reúnen la condición de urgencias de carácter vital y que la asistencia recibida en medios ajenos posee también el requisito previsto en el segundo párrafo de la cláusula anterior, en las siguientes situaciones especiales: a) Cuando el beneficiario se encuentre en la vía o lugares públicos y los equipos de emergencias sanitarias públicos (112, 061, etc.) sean activados por persona distinta a aquél o a sus familiares en caso de que se encuentre acompañado. b) Cuando la activación de los equipos de emergencias sanitarias públicos sea realizada por los cuerpos de seguridad del Estado u otras estructuras de emergencias no sanitarias (bomberos, etc.). c) Cuando el mutualista sufra un accidente en acto de servicio y sea atendido por los equipos de emergencias sanitarias públicos en el lugar donde se ocasione. d) Cuando el beneficiario resida en un centro de mayores asistido o en un centro para crónicos y los equipos de emergencias sanitarias públicos sean activados por el personal del centro, o cuando aquél resida en domicilio particular, y estos equipos sean activados por un Servicio de teleasistencia de financiación pública, en ambos casos siempre y cuando aquél o su familia hayan comunicado al centro o servicio su adscripción a la Entidad a efectos de su asistencia sanitaria. 5.3.3 La asistencia que precisen los mutualistas pertenecientes al Cuerpo Nacional de Policía, con motivo de lesiones o daños corporales sufridos en el ejercicio de las funciones propias de la actividad del Cuerpo o con ocasión de actos cometidos por personas integradas en bandas o grupos organizados y armados, se considera siempre que reúne la consideración de urgencia vital y que la asistencia recibida de haberse utilizado medios ajenos posee también el requisito previsto en el segundo párrafo de la cláusula 5.3.1. 5.3.4 A efectos de la cobertura de los gastos producidos, la situación de urgencia de carácter vital se extiende desde el ingreso hasta el alta hospitalaria del paciente (incluyendo los posibles traslados a otros centros no concertados por causas asistenciales), salvo en los dos supuestos siguientes: a) Cuando la Entidad, con la conformidad del equipo médico que estuviese prestando la asistencia, ofrezca una alternativa asistencial que posibilite el traslado del paciente a un centro propio o concertado adecuado y el enfermo o sus familiares responsables se nieguen a ello. b) Cuando el paciente sea remitido a un segundo centro ajeno y no existan causas que impidan la continuidad del tratamiento en un centro de la Entidad. 5.3.5 El beneficiario, u otra persona en su nombre, comunicará a la Entidad la asistencia recibida con medios ajenos por cualquier medio que permita dejar constancia de la comunicación, aportando el correspondiente informe médico de urgencias, dentro de las 48 horas siguientes al inicio de la asistencia, salvo que concurran circunstancias excepcionales, debidamente justificadas, que hayan impedido comunicar la asistencia recibida con medios ajenos. 5.3.6 Cuando la Entidad reciba la comunicación de la asistencia de un beneficiario en medios no concertados deberá contestar, dentro de las 48 horas siguientes a la recepción de la comunicación y por cualquier medio que permita dejar constancia de la misma, si reconoce la existencia de la situación de urgencia vital y, por tanto, acepta el pago de los gastos producidos o si, por el contrario, no se considera obligada al pago por entender que no ha existido una situación de urgencia de carácter vital. En el supuesto de que la Entidad reconozca la existencia de la situación de urgencia vital deberá comunicar al proveedor sanitario que se hace cargo directamente de los gastos ocasionados, a fin de que por parte de éste se emita la correspondiente factura a la Entidad. Si el beneficiario hubiera abonado los gastos, la Entidad deberá efectuar el reintegro dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha en que solicite el reintegro presentando los justificantes de los gastos. En el supuesto de que la Entidad no se considere obligada al pago por entender que no ha existido la situación de urgencia vital, emitirá, en un plazo máximo de siete días naturales, informe argumentando y fundamentando tal circunstancia y dará traslado del mismo al beneficiario y al Servicio Provincial de MUFACE. Cuando el beneficiario no haya efectuado la comunicación en tiempo y forma, la Entidad le reintegrará el importe en el plazo de un mes a partir de la fecha en que presente la correspondiente factura y, en su caso, el justificante de abono. Si la Entidad no ha realizado lo establecido en esta cláusula, estará obligada al pago directo al proveedor sanitario, si el interesado lo solicita. CAPÍTULO 6 Información, documentación sanitaria y objetivos de calidad 6.1. Información y documentación sanitaria 6.1.1 Normas generales a) A fin de que MUFACE disponga de la información necesaria para la evaluación de las prestaciones sanitarias que han de ser cubiertas por este Concierto, su planificación y toma de decisiones, la Entidad facilitará todos los datos sobre los servicios prestados a los beneficiarios que se especifican en este Capítulo. Igualmente lo hará sobre aquellos que, aunque no especificados, durante la vigencia del Concierto pudieran ser demandados a MUFACE por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en el contexto de desarrollo del Sistema de Información del SNS. b) La Entidad se obliga a requerir de sus profesionales que cumplimenten cuantos documentos se especifican en este Capítulo. c) Asimismo, la Entidad se obliga a cumplir y hacer cumplir a los profesionales y centros sanitarios incluidos en su Catálogo de Proveedores todos los requisitos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en su normativa de desarrollo, en relación con la información y documentación sanitaria relativa a los beneficiarios de MUFACE, así como a salvaguardar el ejercicio de los derechos de los pacientes recogidos en el artículo 10 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, y en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, reguladora de la Autonomía del Paciente y de derechos y obligaciones en materia de Información y Documentación Clínica. Esta salvaguarda de los derechos de los pacientes prestará especial cuidado en lo que se refiere al consentimiento informado y al respeto de las instrucciones previas, derechos establecidos por los artículos 10 y 11 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre. 6.1.2 Información sobre actividad A) Información sobre actividad/coste La Entidad dispondrá de un sistema de información que permita conocer el número, tipo y coste de los servicios proporcionados a los beneficiarios de MUFACE con medios propios o concertados, según el formato que aparece en el Anexo 6. La Entidad facilitará a MUFACE, en soporte informático, los datos sobre actividad asistencial de acuerdo a las tablas resumen y estructura de datos prevista en el punto 1 del Anexo 6. Dichos datos deberán remitirse con la periodicidad establecida en el Anexo 6, dentro de los tres meses siguientes a la finalización del período correspondiente. B) Información sobre asistencia sanitaria transfronteriza La Entidad dispondrá de un sistema de información que permita conocer el número de pacientes autorizados, el tipo de prestaciones solicitadas y el importe de los reembolsos de gastos concedidos por la asistencia sanitaria transfronteriza. Esos datos deberán remitirse a MUFACE con las características y periodicidad establecidas en el Anexo 6. 6.1.3 Información económica La Entidad deberá facilitar a requerimiento de MUFACE los datos estadísticos legalmente establecidos de las Cuentas Satélites del Gasto Sanitario Público del Plan Estadístico Nacional, así como aquellos otros datos que sean solicitados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad dentro del Sistema de Información Sanitaria del SNS. Todo ello en el formato y con la periodicidad que le sean requeridos por MUFACE, para su posterior traslado al mismo. 6.1.4 Información sobre asistencia hospitalaria La Entidad requerirá a sus centros propios o concertados detallados en los catálogos de proveedores que cumplimenten los informes clínicos de alta al finalizar la estancia en una institución hospitalaria, o la asistencia por Cirugía Mayor Ambulatoria u otras asistencias, según lo previsto en el Real Decreto 1093/2010, de 3 de septiembre, por el que se aprueba el conjunto mínimo de datos de los informes clínicos en el Sistema Nacional de Salud. Así mismo deberán recopilar el Conjunto Mínimo Básico de Datos (en adelante, CMBD) de los informes de alta hospitalaria con los criterios establecidos al efecto en el SNS, y cuyo contenido se recoge en el Anexo 6. La Entidad facilitará a MUFACE el CMBD de los beneficiarios que hayan tenido un ingreso hospitalario o que hayan sido sometidos a Cirugía Mayor Ambulatoria, dentro de los tres meses siguientes a la finalización del periodo correspondiente. El tratamiento de la información contenida en este CMBD permite a MUFACE disponer del conocimiento de los servicios prestados y de los procesos atendidos de sus beneficiarios en los centros propios y concertados de la Entidad, lo que le permitirá desarrollar adecuadamente las funciones de gestión, estudios epidemiológicos y evaluación de la calidad de sus servicios sanitarios que viene obligada a realizar como administración sanitaria pública y para las que está legalmente habilitada de acuerdo con su normativa específica y el artículo 53 y la disposición adicional cuarta de la Ley 16/2003, de 28 de mayo En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y su normativa de desarrollo, MUFACE es el responsable del tratamiento de dicha información. En consecuencia, en el proceso de transmisión de la información de los centros a la Entidad y de la Entidad a MUFACE, los datos transmitidos no podrán ser comunicados a otras personas, ni utilizados o aplicados por la Entidad para fines distintos a los mencionados en este capítulo, para lo que se aplicarán las pertinentes medidas de seguridad de nivel alto, que garanticen la confidencialidad de los datos relativos a la salud de los protegidos y eviten cualquier alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado de los mismos. Los datos se incorporarán en el «Fichero de datos CMBD», cuya estructura y demás información relevante figura en la Orden HAP/2478/2013, de 20 de diciembre, por la que se regulan los ficheros de datos de carácter personal existentes en el departamento y en determinados organismos públicos adscritos al mismo. En las autorizaciones de ingreso en centro hospitalario o de cirugía mayor ambulatoria que emita, la Entidad informará a los beneficiarios de que sus datos de salud pueden ser tratados por MUFACE para los fines establecidos, con las cautelas establecidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre y su normativa de desarrollo. 6.1.5 Información sobre medios sanitarios La Entidad remitirá a MUFACE en formato electrónico la información actualizada de los medios propios y concertados que haya ofertado para la suscripción del Concierto. Dicha remisión se realizará con arreglo a las instrucciones dictadas por MUFACE que se recogen en el Anexo 6. 6.1.6 Documentación clínica del paciente La información a que se refiere la cláusula 6.1.4 se conservará en soporte papel y/o soporte informático durante el tiempo que la legislación establezca. En cualquier caso deberá cumplirse con los requisitos legales ya referidos en la cláusula 6.1.1. El informe de alta, en cualquier tipo de modalidad asistencial, será entregado al paciente o, por indicación del médico responsable, al familiar o tutor legal, en el momento en que se produzca el alta del centro sanitario o del proceso del que esté siendo atendido en consulta externa. Asimismo, se le facilitará una copia para su entrega al médico responsable del seguimiento del paciente, mientras que otra copia del informe de alta quedará archivada en la historia clínica. Junto con el informe de alta, el paciente recibirá instrucciones para el correcto seguimiento del tratamiento y establecimiento de los mecanismos que aseguren la continuidad y la seguridad de la atención y de los cuidados. También se hará entrega, a petición del interesado, de una copia de su historia clínica o de determinados datos contenidos en la misma, sin perjuicio de la obligación de su conservación en el centro sanitario, dejando constancia escrita de todo el proceso y garantizando, en todo caso, la confidencialidad de toda la información relacionada con el proceso y la estancia del paciente en instituciones sanitarias, según establece la Ley 41/2002, de 14 de noviembre. La documentación indicada se incluirá, a medida que se vaya desarrollando, en la Historia Clínica Digital de MUFACE interoperable con el resto del SNS. 6.1.7 Otra documentación sanitaria La Entidad garantizará que los profesionales y centros sanitarios incluidos en sus Catálogos cumplan con las siguientes obligaciones: a) Cumplimentar en los modelos oficiales el parte médico para situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural, así como los informes médicos adicionales de ratificación y el parte de maternidad, para la valoración y concesión, en su caso, de las licencias correspondientes de los funcionarios, así como aquellos informes que sean necesarios para acreditar estas situaciones, con estricto cumplimiento de la legalidad vigente. Para garantizar la plena validez de dichos partes, el diagnóstico deberá figurar codificado siguiendo la clasificación internacional de enfermedades recogida en el código CIE 9 MC, salvo que MUFACE determine expresamente otra codificación. b) Colaborar con los facultativos en los procedimientos dirigidos a la comprobación de la patología que originó la licencia por enfermedad y sus prórrogas. c) Facilitar los antecedentes e informes médicos para la tramitación de los procedimientos para la evaluación, calificación, declaración o revisión de incapacidad permanente de mutualistas, en orden al reconocimiento de la jubilación de mutualistas por incapacidad permanente para el servicio o de la pensión por incapacidad permanente. d) Editar y emitir las órdenes de dispensación hospitalaria, con arreglo a las especificaciones y criterios establecidos por la normativa vigente, garantizando que para la prescripción, tanto en las órdenes de dispensación como en las recetas médicas, disponen de sellos identificativos que permitan su legibilidad. e) Emitir los informes médicos exigidos por MUFACE a sus mutualistas o beneficiarios para cualquiera de las prestaciones gestionadas por la Mutualidad. f) Realizar a los mutualistas los informes, exploraciones o pruebas de diagnóstico conforme a lo establecido en el Anexo 9. g) Emitir la documentación o certificación médica de nacimiento, defunción y demás extremos para el Registro Civil, y otros informes o certificados sobre el estado de salud exigibles por disposición legal o reglamentaria. h) Cumplimentar, en las prescripciones de material ortoprotésico, el código del producto ortoprotésico que prescriben, según figura en el Catálogo General de Material Ortoprotésico de MUFACE. 6.2. Historia Clínica Digital y Receta Electrónica 6.2.1 Continuando con los proyectos de Historia Clínica Digital y Receta Electrónica de MUFACE, los datos sobre la asistencia sanitaria prestada a los beneficiarios se adaptarán a lo previsto en el Real Decreto 1093/2010, de 3 de septiembre, por el que se aprueba el conjunto mínimo de datos de los informes clínicos en el SNS y a los requisitos comunes de las recetas médicas, conforme a lo previsto en el Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre. 6.2.2 La Entidad promoverá el uso e implantación del Sistema de Receta Electrónica de MUFACE (SIREM), que deberá ser interoperable con el resto del SNS, y su utilización por todos los profesionales y centros incluidos en los medios de la Entidad, de forma que la información pertinente sea accesible desde cualquier punto de atención sanitaria, público o privado, con las debidas medidas de seguridad y protección de datos de carácter personal. 6.2.3 Adicionalmente, en función del desarrollo de SIREM, aquella información del Historial Farmacoterapéutico a la que pueda tener acceso el paciente se pondrá a su disposición a través de internet mediante la plataforma tecnológica de Sede Electrónica de MUFACE. 6.2.4 Mediante Resolución de la Dirección General de MUFACE se fijarán los objetivos sobre las etapas a cubrir en este proyecto, cuyo cumplimiento conllevará la percepción de la compensación económica prevista en la cláusula 8.3.3. El Grupo de Trabajo Mixto desarrollará el alcance, contenido y características concretas que recoja cada fase, así como los requisitos necesarios para su desarrollo e implantación. 6.2.5 En aquellos casos en los que del cumplimiento de los objetivos antes mencionados resulten productos que deban pasar para su posterior control y mantenimiento a ser de titularidad y propiedad de MUFACE, se perfeccionará la cesión de éstos en los términos establecidos en las cláusulas 8.3.3 y 8.5.1. 6.3. Calidad de la asistencia sanitaria 6.3.1 MUFACE, como parte integrante del SNS en su condición de Gestora del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado impulsa una política global de calidad para la mejora de la asistencia sanitaria a su colectivo protegido dentro de las directrices generales establecidas por la Ley 16/2003, de 28 de mayo. Para garantizar la implantación de las políticas de calidad del SNS, durante la vigencia del Concierto se establecen las líneas de actuación que se señalan en las cláusulas siguientes. En estas líneas de actuación se establecen unos objetivos específicos de calidad a los que se vinculan unos incentivos económicos que perciben las entidades de acuerdo con lo previsto en la cláusula 8.3.2 y Anexo 8. La Entidad promoverá la implicación de sus profesionales adoptando las medidas que considere más eficaces para estimular y garantizar la consecución de estos objetivos. 6.3.2 Evaluación de los planes de adaptación a las Estrategias del Sistema Nacional de Salud El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha publicado, en colaboración con las comunidades autónomas, sociedades científicas y expertos, planes y estrategias en relación con distintas enfermedades o problemas de salud. Durante la vigencia de anteriores conciertos las entidades firmantes elaboraron los planes de adaptación relativos a las estrategias en Cáncer, Cuidados Paliativos, Ictus y Cardiopatía Isquémica, y desde el año 2012 MUFACE está evaluando el desarrollo de estos planes. A tal fin, para cada plan se han seleccionado una serie de indicadores y establecido una metodología de evaluación, vinculando sus resultados a la asignación de un incentivo económico de calidad. Con la misma metodología, durante la vigencia del presente Concierto, MUFACE analizará el desarrollo alcanzado por los planes en Cáncer, Cuidados Paliativos, Ictus y Cardiopatía Isquémica. En el Anexo 8 se establece el incentivo económico vinculado en este ejercicio a este objetivo y los criterios de asignación. En el caso de que la Entidad no hubiera suscrito el Concierto anterior, deberá elaborar los planes en Cáncer, Cuidados Paliativos, Ictus y Cardiopatía Isquémica, de acuerdo con el Documento Marco que le será proporcionado por MUFACE a la firma de este Concierto. La fecha límite de entrega a la Mutualidad de los referidos planes será el 3 de marzo de 2015. 6.3.3 Elaboración de protocolos de atención clínica a) La Entidad deberá impulsar, en colaboración con sus profesionales, el desarrollo y aplicación de guías clínicas, protocolos y pautas de actuación, de acreditada y contrastada eficacia, relacionados con las patologías más prevalentes en la población con el fin de que sirvan como instrumentos de ayuda en la toma de decisiones clínicas y con el objetivo de contribuir a la mejora de la calidad asistencial y a la eficiencia en la utilización de recursos. b) La Dirección General de MUFACE podrá impulsar, recabando previamente la opinión de las entidades concertadas, la elaboración de los protocolos de atención a enfermedades o procesos que por su alta incidencia o prevalencia entre los beneficiarios de MUFACE, por generar un elevado consumo de recursos, por estar relacionados con tecnologías o modalidades de atención emergentes cuyo elevado impacto sea previsible, o por que se hayan constatado las posibilidades de introducir mejoras en la calidad y eficiencia, y se consideren de interés prioritario. c) Durante la vigencia de anteriores conciertos las entidades concertadas elaboraron un Protocolo de Atención a la Urgencia. En el transcurso del presente Concierto, MUFACE evaluará el desarrollo y cumplimiento de este protocolo, estableciéndose unos objetivos que se vincularán a incentivos económicos, según los criterios establecidos en el Anexo 8. En el caso de que la Entidad no hubiera suscrito el Concierto anterior, deberá elaborar su Protocolo de Atención a la Urgencia, de acuerdo al Documento Marco que le será proporcionado por MUFACE a la firma de este Concierto. La fecha límite de entrega a la Mutualidad será el 3 de marzo de 2015. 6.3.4 Calidad de la prestación farmacéutica a) En cumplimiento de lo dispuesto en la legislación sanitaria, la Entidad promoverá el uso racional del medicamento desarrollando las actuaciones precisas para que sus profesionales indiquen o prescriban aquellos principios activos, medicamentos y productos sanitarios adecuados a la situación clínica del paciente, en las dosis y formas farmacéuticas acordes a sus requerimientos individuales, durante el periodo de tiempo necesario y al menor coste posible para los pacientes y la Mutualidad. A tal efecto, y con el objetivo de mejorar la calidad y eficiencia de la prestación farmacéutica que se presta a los beneficiarios, la Entidad fomentará la selección por sus profesionales de aquellos principios activos considerados dentro de su subgrupo terapéutico en los protocolos y guías farmacoterapéuticas del SNS, colaborando en los procesos de revisión y control de las prescripciones en determinadas situaciones. En especial, la Entidad promoverá entre los facultativos concertados la prescripción de los medicamentos de primera elección en determinadas patologías consideradas como más prevalentes. Para ello, se han seleccionado cuatro indicadores centrados en subgrupos terapéuticos de especial relevancia: Antiulcerosos, Hipolipemiantes, Antihipertensivos y Antiinflamatorios no esteroideos. Para la construcción de los indicadores se han tenido en cuenta, principalmente, tres criterios: la seguridad, la eficacia y la experiencia en su utilización. b) En el Anexo 8 se establecen los objetivos e indicadores que se fijan para el seguimiento de la calidad de la prestación farmacéutica para la vigencia de este Concierto con el incentivo económico correspondiente. c) En el ámbito hospitalario, la Entidad garantizará que los centros hospitalarios propios y concertados dispongan de herramientas y procedimientos normalizados de trabajo (comisiones, guías farmacoterapéuticas, protocolos) con metodología homologable a la del resto del SNS, a efectos tales como la evaluación y selección de medicamentos, la conciliación de la medicación entre niveles asistenciales o la utilización de medicamentos en condiciones diferentes a las autorizadas en su ficha técnica. d) En el caso de pacientes no ingresados, la Entidad garantizará que la dispensación hospitalaria se realice en los mismos hospitales donde las órdenes de tratamiento hubieran sido prescritas, excepto cuando el medicamento deba dispensarse en los hospitales de la localidad o provincia de residencia del paciente para posibilitar el cumplimiento terapéutico o en aquellos otros supuestos excepcionales que puedan autorizarse por MUFACE, en función de la naturaleza del medicamento y a la vista de las circunstancias y procedimientos a los que antes se ha hecho referencia. 6.3.5 Calidad de la información La información relevante y confiable sobre la actividad asistencial prestada es un aspecto fundamental para la mejora continua de la prestación, considerándose, por tanto, la disponibilidad y calidad de la información prevista en este Capítulo una de las dimensiones de la calidad de la asistencia que la Entidad presta a los beneficiarios de MUFACE. Para poder hacer los análisis pertinentes de las características de las asistencias hospitalarias es preciso disponer de un volumen mínimo con los registros de CMBD de los informes de alta hospitalaria codificados correctamente de forma que permita su explotación por el Sistema de Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD,s). Con esta finalidad se establece para este Concierto el objetivo de ampliar y mejorar la información del CMBD. En el Anexo 8 se establece los incentivos económicos vinculados a este objetivo y los criterios para su asignación. 6.3.6 Evaluación de la calidad de los procesos asistenciales y de centros sanitarios En el marco de un proceso de mejora continua de la calidad asistencial se impulsarán sistemas de evaluación, mediante la implantación en los centros propios o concertados por la Entidad de los sistemas de acreditación y/o certificación establecidos en las comunidades autónomas o mediante la certificación ISO, los criterios de acreditación hospitalaria de la Joint Commission o la evaluación externa del Modelo EFQM (Fundación Europea para la Gestión de la Calidad). CAPÍTULO 7 Régimen jurídico del concierto 7.1. Naturaleza y régimen del Concierto y de las relaciones en él basadas 7.1.1 El presente Concierto se rige por: a) La LSSFCE, especialmente las previsiones contenidas en el artículo 5.2 (que señala que el régimen de los conciertos para la prestación de los servicios de asistencia sanitaria y farmacéutica es el establecido por esta misma Ley y sus normas de desarrollo), en el artículo 16 (que establece el contenido de la asistencia sanitaria que MUFACE debe prestar a sus beneficiarios protegidos) y en el artículo 17.1 (que prevé que la asistencia sanitaria pueda facilitarse por Concierto con entidades públicas o privadas). b) El RGMA, especialmente las previsiones contenidas en sus artículos 77 y 151.3 sobre el régimen de contratación por Concierto y sus contenidos básicos para la prestación de servicios asistenciales médicos por MUFACE. c) El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y su desarrollo reglamentario. 7.1.2 Son relaciones basadas en el Concierto: a) Las relaciones entre MUFACE y la Entidad, con motivo del cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en el presente Concierto. b) Las relaciones entre los beneficiarios y la Entidad, con motivo del cumplimiento por la misma de las obligaciones señaladas en el presente Concierto. 7.1.3 Las cuestiones que surjan en el ámbito de las relaciones enumeradas en la letra b) de la cláusula anterior tendrán naturaleza administrativa y serán resueltas por el órgano de MUFACE que tenga atribuida la competencia, previo el procedimiento que en este Capítulo se determina. Contra cualquiera de los acuerdos así dictados cabrá recurso de alzada ante la persona titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. El orden jurisdiccional competente, en su caso, será siempre el contencioso-administrativo 7.1.4 Corresponde a la Dirección General de MUFACE la facultad de interpretar el Concierto, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución por incumplimiento de la Entidad y determinar los efectos de ésta. Asimismo, corresponde a la Dirección General de MUFACE acordar las compensaciones económicas por incumplimientos parciales de obligaciones, los incentivos a la calidad y las deducciones por fallos de disponibilidad, según lo previsto en las cláusulas 7.7, 8.3.2 y 8.4. 7.2. Naturaleza y régimen de las relaciones asistenciales 7.2.1 El presente Concierto no supone ni hace surgir ninguna relación entre MUFACE y los facultativos o centros de la Entidad que presten la asistencia. Las relaciones entre la Entidad y los facultativos o centros son en todo caso ajenas al Concierto. 7.2.2 Consecuentemente, son también ajenas al conjunto de derechos y obligaciones que determinan los fines del Concierto y se configuran como relaciones autónomas entre las partes: a) Las relaciones de los beneficiarios con los facultativos de la Entidad por causa que afecte o se refiera al ámbito propio del ejercicio profesional de dichos facultativos. b) Las relaciones de los beneficiarios con los centros de la Entidad propios o concertados, por causa de la actividad asistencial de dichos medios o del funcionamiento de sus instalaciones o por motivo que afecte o se refiera al ámbito propio del ejercicio profesional de los facultativos que, bajo cualquier título, desarrollen actividad en dichos centros. Las relaciones mencionadas en las letras a) y b) de la presente cláusula seguirán siendo ajenas a los fines del Concierto aun cuando, en virtud de las vinculaciones existentes entre los facultativos y centros y la Entidad, puedan generar efectos directos o subsidiarios sobre éstas. 7.2.3 Las relaciones mencionadas en la cláusula precedente tendrán la naturaleza que, con arreglo a derecho, corresponda a su contenido, y el conocimiento y decisión de las cuestiones que puedan surgir en las mismas serán competencia de la jurisdicción ordinaria civil, o, en su caso, de la penal. 7.3. Comisiones Mixtas 7.3.1 Existirán Comisiones Mixtas Provinciales y una Comisión Mixta Nacional, todas ellas con composición paritaria. 7.3.2 Composición a) Las Comisiones Mixtas Provinciales estarán compuestas por parte de MUFACE por el Director del Servicio Provincial, que las presidirá, y por un funcionario de dicho Servicio que actuará, además, como secretario; y, por parte de la Entidad, por uno o dos representantes de la misma con facultades decisorias suficientes. Podrá asistir a las reuniones el Asesor Médico del Servicio Provincial. b) La Comisión Mixta Nacional estará compuesta por tres representantes de MUFACE y tres de la Entidad, con poderes y representación suficiente. El presidente será el Director del Departamento de Prestaciones Sanitarias o el funcionario en quien delegue y como secretario actuará un funcionario de MUFACE, con voz pero sin voto. 7.3.3 Funciones a) La Comisión Mixta Nacional y las Comisiones Mixtas Provinciales tienen por cometido en su respectivo ámbito territorial: 1. El seguimiento, análisis y evaluación del cumplimiento del Concierto. 2. El conocimiento de las reclamaciones que pudieran formularse por los titulares o, en su caso, de oficio por MUFACE, con arreglo a lo previsto en el presente Concierto. b) Además, corresponde a la Comisión Mixta Nacional: 1. El análisis de las iniciativas de MUFACE sobre las compensaciones económicas por incumplimientos parciales del Concierto, en los términos estipulados en la cláusula 7.7 y en el Anexo 7, las deducciones por fallos de disponibilidad y los incentivos a la calidad, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo 8. 2. El conocimiento de las reclamaciones sobre asistencia sanitaria transfronteriza que pudieran formularse por los titulares o, en su caso, de oficio por MUFACE, con arreglo a lo previsto en el Anexo 1. A los efectos de los cometidos recogidos en el punto 2 de la letra a) y en ambos puntos de la letra b) se entiende que con la intervención de la Entidad tiene lugar para la misma el cumplimiento del trámite establecido en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 7.3.4 Normas de funcionamiento El funcionamiento de las Comisiones Mixtas Provinciales y Nacional se ajustará a las siguientes normas: a) Siempre que hubiera asuntos a tratar, la Comisión celebrará reunión con carácter ordinario dentro de los diez primeros días de cada mes. Con carácter extraordinario se reunirá a petición de una de las partes integrantes. b) En caso de que los representantes de la Entidad no asistan a la reunión en la fecha señalada en la convocatoria, sin que medie causa debidamente justificada, se entenderá que, por incomparecencia de sus representantes, aquélla acepta los acuerdos que adopte MUFACE en relación con los asuntos incluidos en el orden del día de la reunión. En caso de que la falta de asistencia de los representantes de la Entidad sea por causa debidamente justificada, la reunión se celebrará en el plazo de los dos días hábiles siguientes a la referida fecha. c) De cada sesión se levantará acta por el secretario, cuyo proyecto, con su firma, se enviará inmediatamente a la Entidad para su conocimiento, conformidad y devolución. Dicha devolución, firmada por el representante de la Entidad, deberá realizarse en el plazo máximo de siete días naturales. Una vez firmada por el representante de la misma, se entenderá aprobada, así como si no se hubiese recibido en el plazo establecido. De existir discrepancias sobre el contenido del acta, se solventarán mediante las gestiones oportunas entre ambas partes y, en todo caso, en la reunión siguiente. En lo no previsto, se aplicarán las normas de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, especialmente las disposiciones sobre funcionamiento de los órganos colegiados. 7.4. Procedimiento para sustanciar las reclamaciones 7.4.1 Los titulares podrán reclamar de MUFACE que, con arreglo a lo previsto en la cláusula 7.1, acuerde la procedencia de alguna actuación por parte de la Entidad en los siguientes supuestos: a) Cuando la Entidad deniegue alguna de las autorizaciones específicamente contempladas en el Concierto o cuando no conteste a la petición de las mismas y, además, no esté previsto un efecto positivo para dicha ausencia de contestación. b) Cuando la Entidad esté obligada a asumir directamente algún gasto o a reintegrar su importe y, previa petición del interesado, no lo haga así. c) Cuando la Entidad incumpla cualquier otra de las obligaciones que le corresponden según los términos del Concierto. No será utilizable esta vía administrativa para reclamaciones sobre cuestiones referentes a las relaciones mencionadas en la cláusula 7.2. En caso de plantearse, se contestará al interesado que, por razón de incompetencia de MUFACE, no resulta posible resolver sobre el fondo de la reclamación, con indicación de que puede actuarse, si se estima oportuno, frente a los facultativos, centros o, si procede, ante la propia Entidad, en la vía jurisdiccional ordinaria que corresponda según la naturaleza de los hechos. En aquellos supuestos excepcionales en los que el titular no pueda presentar reclamación y se haya producido una facturación a su nombre, o al de alguno de sus beneficiarios, por una asistencia que la Entidad podría estar obligada a reintegrar, MUFACE podrá iniciar de oficio la reclamación ante la Comisión Mixta que considere oportuna, motivando la causa de esa iniciación de oficio. 7.4.2 La reclamación se formulará por escrito ante el Servicio Provincial de adscripción del titular, acompañando cuantos documentos puedan justificar la misma. 7.4.3 Recibida cualquier reclamación, si el Servicio Provincial considerase inicialmente que existen razones para su estimación, realizará de manera inmediata las gestiones oportunas ante la Entidad para obtener satisfacción a la misma, en cuyo caso se archivará sin más trámites con anotación de la solución adoptada. 7.4.4 En caso de que las citadas gestiones no prosperen, el Servicio Provincial formalizará el oportuno expediente, lo incluirá en el orden del día de la inmediata reunión de la Comisión Mixta Provincial, y estudiado el mismo, levantará la correspondiente acta en la que constarán necesariamente las posiciones de MUFACE y la Entidad sobre la reclamación planteada. 7.4.5 En todos los supuestos en que las posiciones de las partes que componen la Comisión Mixta Provincial fueran concordantes, la reclamación será resuelta por el Director del Servicio Provincial correspondiente. 7.4.6 En caso de que existan discrepancias en el seno de la Comisión Mixta Provincial, y antes de finalizar el plazo establecido en la cláusula 7.4.8 para dictar resolución por parte de la Dirección Provincial, el expediente se elevará para su estudio por la Comisión Mixta Nacional y será incluido en el orden del día de la siguiente reunión que se convoque. Una vez estudiado en la Comisión Mixta Nacional, resolverá la Dirección General de MUFACE. 7.4.7 No podrán presentarse reclamaciones en Comisión Mixta Nacional por temas similares que ya hayan sido resueltos previamente, de forma favorable y de acuerdo con la Entidad, por la Dirección General de MUFACE, debiendo aplicarse el criterio resultante de la correspondiente Comisión Mixta Nacional en la gestión de las entidades con los beneficiarios. Si la Entidad no aplicara el criterio, el Director del Servicio Provincial correspondiente resolverá, conforme al mismo, sin que sea necesario el acuerdo entre las partes que componen la Comisión Mixta Provincial. 7.4.8 Las resoluciones de los Directores de los Servicios Provinciales contempladas en las cláusulas 7.4.5 y 7.4.7 deberán dictarse dentro del plazo máximo de tres meses. Si la resolución correspondiese a la Dirección General de MUFACE, según la cláusula 7.4.6, dicho plazo máximo será de seis meses. 7.4.9 Las resoluciones dictadas por los Directores de los Servicios Provinciales y por la Dirección General de MUFACE serán notificadas a la Entidad y a los interesados. Contra ellas podrá interponerse recurso de alzada ante la persona titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con lo previsto en los artículos 107 a 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en relación con el artículo 37.1 de la LSSFCE. 7.5. Procedimiento de ejecución de reclamaciones estimadas 7.5.1 Las resoluciones de los Directores de los Servicios Provinciales que estimen las reclamaciones presentadas, conforme a lo establecido en las cláusulas 7.4.5 y 7.4.7, seguirán el procedimiento de ejecución que se establece a continuación, en función del objeto de la reclamación: a) Cuando la reclamación tenga por objeto que se autorice una determinada asistencia sanitaria, la Entidad emitirá la correspondiente autorización en el plazo de cinco días hábiles a partir de la notificación de la resolución. b) Cuando la reclamación tenga por objeto que la Entidad asuma directamente algún gasto, la Entidad procederá a efectuar el abono al proveedor sanitario, siendo a su cargo en todo caso los posibles recargos o intereses de demora que hubieran podido generarse desde la celebración de la reunión de la Comisión Mixta Provincial. c) Cuando la reclamación tenga por objeto el reembolso de los gastos reclamados, la Entidad procederá a efectuarlo en el plazo de un mes a partir de la notificación de la resolución, previa presentación, en su caso, de los oportunos justificantes del gasto, que serán devueltos al reclamante si los solicitase. 7.5.2 Dentro de los plazos citados en la cláusula anterior, la Entidad deberá comunicar al Servicio Provincial de MUFACE, según el caso: a) Que ha procedido a emitir la autorización, a efectuar el abono directo al proveedor sanitario o a rembolsar los gastos. b) Que no ha procedido a realizar alguna de las actuaciones anteriores por causa ajena a su voluntad, especialmente porque el interesado no se ha presentado, por no haberse aportado por el mismo los justificantes oportunos o por no haber sido aceptado el pago por éste. 7.5.3 Si MUFACE no hubiese recibido esta comunicación dentro del plazo indicado o si, superado este plazo, tuviese conocimiento de que se hubiera denegado el pago al interesado por cualquier motivo, el Director del Servicio Provincial expedirá certificación del acuerdo o resolución adoptado y de los hechos posteriores, y la remitirá al Departamento de Gestión Económica y Financiera de MUFACE. Éste, sin más requisitos, propondrá el oportuno acuerdo a la Dirección General de MUFACE y deducirá de la inmediata mensualidad que haya de abonarse a la Entidad y pagará, por cuenta de la misma, la cantidad incluida en la certificación directamente al proveedor sanitario, previa autorización expresa del interesado, o al propio interesado. 7.5.4 En el supuesto de reclamaciones resueltas positivamente por la Dirección General de MUFACE se seguirá el siguiente procedimiento: a) El abono de la cantidad que en cada caso corresponda será realizado directamente por MUFACE al interesado por cuenta de la Entidad, deduciendo el importe de las cuotas mensuales a abonar a la misma y facilitando a ésta el documento que acredite haber realizado el pago por su cuenta. Si la asistencia reclamada hubiera sido facturada al interesado y este aún no hubiera hecho efectivo el pago, MUFACE podrá realizar el abono directo al acreedor, a partir de la fecha de la resolución estimativa, siempre y cuando el interesado autorice de forma expresa dicho abono directo a su nombre. b) Cuando la reclamación tenga por objeto que se autorice una determinada asistencia sanitaria, la Entidad emitirá la correspondiente autorización en el plazo de cinco días hábiles a partir de la notificación de la resolución. Si la Entidad no lo hace y el interesado se ve obligado al abono de los gastos de dicha asistencia, se procederá a su abono conforme al procedimiento establecido en el punto a) anterior. 7.5.5 Serán a cargo de la Entidad los costes de posibles recargos de apremio o intereses de demora, cuando la causa de demora fuera imputable a la misma. 7.5.6 Las resoluciones administrativas o sentencias que resuelvan recursos interpuestos contra actos de MUFACE en materia de reintegro de gastos sujetos al presente Concierto serán ejecutadas, en su caso, conforme al procedimiento establecido en la cláusula 7.5.4. 7.6. Descuentos por gastos de farmacia Cuando en el proceso de revisión de la facturación de recetas que realiza MUFACE se detectaran prescripciones de medicamentos y productos sanitarios realizadas en sus recetas oficiales, tanto en formato papel, como, en su caso, electrónico, que deberían haber sido a cargo de la Entidad según lo establecido en este Concierto, o cuando por otras circunstancias excepcionales y justificadas MUFACE se hubiera visto obligada a asumir gastos de farmacia o de productos sanitarios correspondientes a la Entidad, MUFACE procederá, previa comunicación a la Entidad, a efectuar el descuento correspondiente en el pago mensual de las cuotas que ha de abonar a la misma, de acuerdo con lo previsto en el Capítulo 8. La Entidad se compromete a reintegrar a los beneficiarios, en un plazo no superior a quince días a contar desde la petición de reintegro, la cantidad que éstos hubieran abonado en la oficina de farmacia, con el único requisito de la presentación del documento acreditativo de esta circunstancia, que MUFACE les facilitará a estos efectos, o de la correspondiente factura de la farmacia. 7.7. Compensaciones económicas por incumplimiento parcial de obligaciones definidas en el Concierto 7.7.1 El incumplimiento de obligaciones previstas y plazos fijados en las cláusulas 1.5, 1.6, 3.4.1, 3.6, 4.7.3, 4.8, 5.2.1 e), 5.3.6, 6.1.2 y 6.1.4 de este Concierto dará lugar a la imposición de la correspondiente compensación económica. 7.7.2 Con carácter general, para la calificación del incumplimiento y la determinación del importe de la compensación económica se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes factores: a) Perjuicio ocasionado. b) Número de beneficiarios afectados. c) Reiteración del incumplimiento. En atención a estos y otros factores, en el Anexo 7 del presente Concierto se establece la tipificación y calificación en grado de leve, grave o muy grave de los incumplimientos susceptibles de ser sancionados y el importe de la compensación económica para cada uno de ellos en función de su graduación. Asimismo, se regula en dicho Anexo el procedimiento para su imposición. CAPÍTULO 8 Duración, régimen económico y precio del concierto 8.1. Duración del Concierto 8.1.1 Los efectos del presente Concierto se iniciarán a las cero horas del día uno de enero del año 2015 y se extenderán hasta las veinticuatro horas del día treinta y uno de diciembre del año 2015. 8.1.2 Si la Entidad no suscribiera con MUFACE un nuevo Concierto para el año 2016, continuará obligada por el contenido del presente Concierto hasta el treinta y uno de enero de 2016, para el colectivo que tenga adscrito a treinta y uno de diciembre de 2015. Además, si a 31 de enero de 2016 continuase prestando una asistencia en régimen de hospitalización o una asistencia por maternidad (con fecha prevista de parto para el mes de febrero), la Entidad quedará obligada a seguir prestando la asistencia hasta el día en que se produzca el alta hospitalaria o se concluya la asistencia por maternidad, respectivamente. No obstante, si la necesidad de hospitalización se prolongara, la Entidad sólo asumirá su cobertura hasta finalizar el mes de marzo de 2016, fecha a partir de la cual deberá asumirla la nueva Entidad de adscripción. La Entidad tendrá derecho a percibir, por el mes de enero de 2016, la prima fija por persona/mes que se establezca para las entidades que ese año estén concertadas con MUFACE, por el colectivo que tuviera adscrito a treinta y uno de diciembre de 2015. No obstante, del importe a abonar por dicho mes, MUFACE retendrá un diez por ciento hasta el treinta y uno de enero del año 2017, con la finalidad exclusiva de hacer frente, por cuenta de la Entidad, a los reembolsos de gastos que sean acordados durante el citado año al amparo del presente Concierto. Si la cantidad estimada se agotase o los reembolsos se acordaran con posterioridad al treinta y uno de enero de 2017, la Entidad se obliga a satisfacerlos directa e inmediatamente. 8.1.3 El colectivo afectado por la no suscripción por la Entidad del Concierto para 2016 deberá elegir nueva Entidad durante el plazo que establezca MUFACE y la elección tendrá efectos a las cero horas del día uno de febrero de 2016, sin perjuicio, de lo previsto para hospitalizaciones y maternidad en el párrafo primero de la cláusula anterior. 8.2. Régimen económico del Concierto 8.2.1 Sin perjuicio del nacimiento y extinción para los beneficiarios de los derechos derivados del Concierto en los términos previstos en las cláusulas correspondientes, las altas causarán efectos económicos a las cero horas del día uno del mes siguiente a aquél en que se produzcan y las bajas a las veinticuatro horas del último día del mes en que hubieran tenido lugar. 8.2.2 Consiguientemente, cada pago mensual tendrá en cuenta el número de titulares y de beneficiarios existentes en el censo del mes de que se trate, a cuyos efectos, MUFACE emitirá la oportuna certificación comunicando la cifra de titulares y beneficiarios adscritos a la Entidad, diferenciados por edad, según los parámetros establecidos en la cláusula 8.3.1. El pago, salvo eventualidades de carácter excepcional, se efectuará por MUFACE, mediante transferencia bancaria, dentro de los diez primeros días hábiles del mes siguiente, previas las retenciones o los descuentos que procedan con arreglo a la Resolución de Convocatoria y al Concierto con sus Anexos. El 50% del pago mensual correspondiente al mes de diciembre podrá anticiparse y realizarse a partir del día 16 de ese mes. 8.2.3 MUFACE pondrá a disposición de la Entidad, en la primera semana de cada mes, en fichero electrónico, la relación completa con todos los datos del colectivo, incluyendo las altas, bajas y variaciones producidas durante el mes anterior, referida a las veinticuatro horas del último día de dicho mes. 8.2.4 El fichero electrónico con la relación del colectivo podrá ser comprobado por la Entidad, a fin de que, si estimara que existen diferencias, pueda formular las siguientes reclamaciones: A. Las relativas a los titulares, incluidas las que afecten a sus beneficiarios, si existen. B. Las relativas a beneficiarios exclusivamente. 8.2.5 La Entidad presentará las reclamaciones separadamente, y las acompañará de fichero electrónico con las mismas características técnicas que el facilitado por MUFACE, conteniendo la información en la que se funda la reclamación. Las reclamaciones deberán ser presentadas en el plazo máximo de tres meses a partir de la comunicación mensual del estado del colectivo y relación de incidencias, transcurrido el cual sin que se hubiese formulado reclamación se entenderá que existe conformidad por parte de la Entidad, adquiriendo firmeza el pago efectuado en función de dicho colectivo. Las reclamaciones presentadas serán resueltas por MUFACE dentro de los tres meses siguientes a la fecha de presentación de las mismas. La consolidación de la firmeza del pago a que se refiere el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de que en ningún caso pueda originarse una atribución patrimonial sin causa para MUFACE o para la Entidad. 8.2.6 Todos los impuestos, arbitrios, tasas y exacciones que graven este Concierto o los actos que de él se deriven serán por cuenta de la Entidad. 8.2.7 En el supuesto de asistencia sanitaria por lesiones producidas o enfermedad derivada o agravada por accidentes cubiertos por cualquier modalidad de seguro obligatorio o cuando el coste de la asistencia sanitaria prestada deba ser satisfecho legal o reglamentariamente por organismos públicos distintos de MUFACE o por entidades privadas, la Entidad, sin perjuicio de cubrir en todo caso la asistencia, podrá subrogarse en los derechos y acciones de los beneficiarios relativos al importe de los gastos derivados de dicha asistencia sanitaria, realizando a su cargo las gestiones necesarias para reintegrarse del coste de la misma. Los beneficiarios, por su parte, estarán obligados a facilitar a la Entidad los datos necesarios para ello. 8.2.8 Siempre que exista sentencia judicial firme en la que se ordene a MUFACE el pago de una indemnización, derivada de responsabilidad directa o subsidiaria por actuaciones asistenciales incluidas en el objeto del Concierto, MUFACE, sin perjuicio de ejecutar la sentencia, repercutirá el importe abonado a la Entidad concertada correspondiente, de acuerdo con el procedimiento previsto en la cláusula 7.5. 8.3. Precio del Concierto e incentivos a la calidad 8.3.1 El precio del Concierto se establece mediante una prima fija que se abonará por persona mensualmente y que varía en función de su edad. El importe de las primas fijas en euros (exento de IVA), por persona y mes, para el año 2015, se distribuirá de la siguiente manera: Grupos etarios Prima € / persona y mes – Año 2015 0-4 61,65 5-14 51,37 15-44 58,23 45-54 61,65 55-64 68,51 65-74 82,21 Más de 74 89,05 El importe de la prima fija a abonar será el correspondiente al grupo etario por la edad del beneficiario a las cero horas del día 1 de enero de 2015, y por cada nuevo beneficiario será la que corresponda al grupo de edad en el que esté incluido en la fecha de adscripción a la Entidad por MUFACE. En ningún caso el importe de la prima fija de un beneficiario sufrirá alteración alguna dentro de cada año natural aunque a lo largo del año, por razón de edad, cambie de grupo etario. 8.3.2 Se establece un incentivo anual de calidad (IAC), cuya cuantía máxima se calculará mediante la fórmula (IAC)i = Pm x 12 x Ci x Q Donde: Pm = Prima mensual ponderada correspondiente al colectivo protegido en el Concierto a 1 de febrero de 2015 Ci = Colectivo adscrito a la Entidad i a uno de febrero de dicho año Q = Coeficiente 0,035 8.3.3 Al margen del IAC, se establece la cantidad mensual de 0,15 euros por mutualista y beneficiario como compensación económica máxima por el desarrollo e implantación de las acciones contempladas en la cláusula 6.2, que será abonada a la Entidad previa conformidad expresa de MUFACE. El abono a la Entidad se efectuará conforme lo estipulado en la cláusula 8.5.1 B) d), perfeccionándose, en su caso, la cesión de la titularidad y propiedad de los productos finales resultantes de cada etapa y acción en el momento del abono. 8.4. Deducciones por fallos de disponibilidad 8.4.1 La Entidad está obligada a cumplir las obligaciones previstas y plazos fijados en relación con los criterios de disponibilidad establecidos en el Concierto y sus Anexos. En el Anexo 8 se establecen unos criterios que permiten medir el grado de disponibilidad de la atención prestada por la Entidad. 8.4.2 Tras llevar a cabo conforme a dichos criterios el seguimiento, control y evaluación de la gestión del servicio de asistencia sanitaria prestado por la Entidad, la Dirección General de MUFACE aplicará, en su caso, las deducciones económicas que correspondan por fallos de disponibilidad recogidas en el Anexo 8. 8.4.3 El importe máximo anual de las deducciones por fallos de disponibilidad no podrá superar la cuantía máxima del incentivo de calidad que se fije de acuerdo con la cláusula 8.3.2. 8.4.4 Las deducciones por fallos de disponibilidad a que se refiere la cláusula anterior son independientes de las compensaciones económicas por incumplimiento parcial de obligaciones previstas en la cláusula 7.7 de este Concierto. 8.5. Condiciones de pago 8.5.1 El abono por parte de MUFACE a la Entidad de las cantidades resultantes de la aplicación de las cláusulas 8.3. y 8.4 y los Anexos 7, 8, 9 y 10 se hará efectivo de la siguiente forma y con la siguiente periodicidad: A) Mensualmente: La cantidad resultante de la aplicación de la cláusula 8.3.1 minorada en: 1. La cuantía que resulte de los reembolsos de gastos, descuentos y compensaciones económicas por incumplimiento de obligaciones que sean acordados al amparo del presente Concierto. 2. La cuantía que resulte de la aplicación del sistema de deducciones por fallos de disponibilidad que se establece en la cláusula 8.4 y en el punto 3 del Anexo 8 del presente Concierto B) Trimestralmente: a) La cuantía que resulte de aplicar lo previsto en el sistema de incentivos por mejoras en la calidad establecido en el punto 2.3 del Anexo 8. b) La factura de los informes, exploraciones y pruebas realizadas prescritas por los Equipos de Valoración de Incapacidades dentro del campo de aplicación de MUFACE en los términos previstos en el Anexo 9 y con arreglo al Baremo establecido en el Anexo 10. c) La factura de los informes, exploraciones y pruebas prescritas para la realización de determinados reconocimientos médicos para la gestión y seguimiento de la incapacidad temporal dentro del campo de aplicación de MUFACE en los términos previstos en el Anexo 9 y con arreglo al Baremo establecido en el Anexo 10 d) La compensación establecida en la cláusula 8.3.3, de acuerdo con el nivel de cumplimiento de los objetivos marcados por MUFACE para las acciones contempladas en la cláusula 6.2. C) Anualmente: La cuantía que resulte de aplicar el sistema de incentivos por mejoras en la calidad establecido en los puntos 2.1 y 2.2 del Anexo 8. 8.5.2 Las cantidades serán satisfechas con cargo a la aplicación 15.106.312E.251 con excepción de las correspondientes al cumplimiento de la cláusula 8.5.1 B) c) que serán satisfechas con cargo a la aplicación 15.106.222M.227.06, todo ello dentro de las disponibilidades presupuestarias del Organismo. ANEXO 1 Asistencia sanitaria transfronteriza Anexo 1. Asistencia sanitaria transfronteriza De conformidad con lo dispuesto en la cláusula 1.1.5, la Entidad se obliga a la cobertura de la asistencia sanitaria transfronteriza de su colectivo protegido, conforme al Real Decreto 81/2014, de 7 de febrero, por el que se establecen normas para garantizar la asistencia sanitaria transfronteriza, y por el que se modifica el Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre recetas médicas y órdenes de dispensación. El ejercicio del derecho por parte de los beneficiarios, su alcance, las condiciones, requisitos y procedimiento para el reembolso de los gastos por dicha asistencia se establecen en este Anexo. La asistencia sanitaria transfronteriza es aquella que se recibe cuando el beneficiario decide acudir a servicios sanitarios ubicados en otro Estado miembro de la Unión Europea. Por tanto, no incluye los supuestos de estancia temporal en que, por razones médicas sobrevenidas, el beneficiario haya recibido asistencia sanitaria cuya cobertura, con carácter general, corresponde a MUFACE directamente o a través de los mecanismos de coordinación con las instituciones del resto de estados miembros. La asistencia sanitaria transfronteriza no incluye los gastos conexos a la prestación sanitaria. 1. Normas generales 1.1. Contenido La asistencia sanitaria transfronteriza a cargo de la Entidad comprende las prestaciones sanitarias que conforman la Cartera Común de Servicios del SNS y cuya cobertura corresponde a la Entidad de acuerdo con lo establecido en el Capítulo 2 del Concierto. Cuando en el proceso asistencial transfronterizo se generen gastos por la dispensación ambulatoria de medicamentos, productos dietéticos, y otros productos sanitarios objeto de la prestación farmacéutica del SNS, así como de material ortoprotésico, el reintegro de los mismos será a cargo de MUFACE en los términos previstos en la normativa especifica de la Mutualidad que regula estas prestaciones. Están excluidas aquellas prestaciones que expresamente menciona el Real Decreto 81/2014, de 7 de febrero, por el que se establecen normas para garantizar la asistencia sanitaria transfronteriza, como son: a) Los servicios en el ámbito de los cuidados de larga duración, cuya finalidad sea ayudar a quienes requieran asistencia a la hora de realizar tareas rutinarias y diarias. b) La asignación de órganos y el acceso a éstos con fines de trasplante. c) Los programas de vacunación pública contra enfermedades infecciosas, que tengan por finalidad exclusiva la protección de la salud de la población en el territorio español y que estén sujetas a medidas específicas de planificación y ejecución, sin perjuicio de los relativos a la cooperación entre España y los demás Estados miembros en el ámbito de la Unión Europea. En ningún caso serán objeto de reembolso los gastos derivados de la asistencia sanitaria prestada en territorio nacional por medios distintos a los asignados por MUFACE al beneficiario a través de este Concierto. En el caso de los tratamientos incluidos en el punto 2.1 de este Anexo será necesario haber obtenido autorización previa, conforme al procedimiento previsto en el punto 2.2. 1.2. Modalidad La modalidad de cobertura será a través del reembolso de gastos mediante la aplicación de las tarifas incluidas en el Anexo 11, sin exceder del coste real de la asistencia efectivamente prestada, y con los límites, términos, condiciones y requisitos que se especifican en el presente Anexo. 1.3. Ámbito subjetivo Los gastos objeto de cobertura a cargo de la Entidad serán los ocasionados por la asistencia sanitaria transfronteriza recibida por los mutualistas y los familiares o asimilados que tengan reconocida la condición de beneficiarios y el recién nacido en los términos de la cláusula 1.3.2. 1.4. Otras obligaciones de la Entidad Los medios de la Entidad facilitarán el acceso de los beneficiarios que busquen asistencia sanitaria transfronteriza a su historial médico o, al menos, a una copia del mismo. Con independencia del derecho al reembolso de los gastos derivados de la asistencia sanitaria transfronteriza, siempre que resulte necesario, la Entidad facilitará el seguimiento posterior del beneficiario, a través de los correspondientes servicios concertados, en las mismas condiciones que si la asistencia se hubiera llevado a cabo por medios de la Entidad. 2. Prestaciones sanitarias sujetas a autorización previa y procedimiento para su obtención 2.1. La prestaciones que se relacionan a continuación estarán sujetas a autorización previa de la Entidad: a) Cualquier tipo de atención sanitaria que implique que el paciente tenga que pernoctar en el hospital al menos una noche. b) Aquellas técnicas, tecnologías o procedimientos incluidos en la cartera común de servicios del SNS que han sido seleccionadas en base a la exigencia del uso de procedimientos o equipos médicos sumamente especializados, a la necesidad de atención a pacientes con problemas complejos, o a su elevado coste económico: – Tomografía por emisión de positrones (PET), y combinada con el TC (PET-TC) y SPECT. – Reproducción humana asistida. – Diálisis. – Cirugía mayor ambulatoria que requiera la utilización de un implante quirúrgico. – Tratamientos con radioterapia. – Tratamientos farmacológicos o con productos biológicos, cuyo importe mensual sea superior a 1.500 €. – Radiocirugía. – Los análisis genéticos, orientados a diagnósticos de casos complejos, incluidos el diagnóstico prenatal y el preimplantacional, análisis genéticos presintomáticos y de portadores, análisis de farmacogenética y farmacogenómica. – Tratamientos de discapacidades que requieran para su corrección o mejoría: Sillas de ruedas eléctricas, prótesis de miembro superior excepto las prótesis parciales de mano, prótesis de miembro inferior excepto las prótesis parciales de pie, audífonos y bitutores. – Atención a patologías y realización de procedimientos recogidos en el Anexo 3 como Servicios de Referencia. Esta relación deberá ajustarse, en su caso, a los criterios comunes que al efecto establezca el Consejo Interterritorial del SNS. 2.2. La solicitud de autorización se presentará ante la Entidad que, en un plazo máximo de siete días hábiles, deberá autorizar la prestación solicitada o, si no procede, deberá indicar el motivo y, en su caso, los medios asignados para facilitarla en territorio nacional, en los términos estipulados en el Concierto. La respuesta de la Entidad deberá realizarse por escrito o por cualquier otro medio que permita dejar constancia de la misma y con indicación del derecho del interesado a presentar reclamación ante la Mutualidad. En caso de que la autorización sea denegada, en la misma fecha de comunicación al interesado, la Entidad deberá remitir al Departamento de Prestaciones Sanitarias el expediente completo con un informe justificativo. Cuando la Entidad hubiera emitido la autorización correspondiente, y se produjeran complicaciones inmediatas que hagan necesario otro tipo de asistencia que esté incluida dentro de las que precisan autorización previa, se entenderán autorizadas todas las prestaciones asistenciales derivadas del mismo proceso. 2.3. La autorización podrá denegarse en los casos y por las causas que expresamente menciona el artículo 17 del Real Decreto 81/2014, antes citado, entre ellos cuando la atención sanitaria pueda prestarse en territorio nacional, en los términos estipulados en el Concierto, en un plazo que sea médicamente justificable. Si en la denegación no se hicieran constar los medios asignados, o si la respuesta no se produce en el plazo establecido en el punto 2.2, se entenderá que la asistencia del beneficiario no puede llevarse a cabo en un plazo médicamente justificable. 2.4. En caso de reclamación del interesado ante MUFACE, porque la Entidad haya denegado la autorización, será resuelta por la Dirección General de MUFACE, a propuesta del Departamento de Prestaciones Sanitarias, en el plazo máximo de cuarenta y cinco días hábiles, a contar desde la fecha de entrada de la solicitud en la Entidad, suspendiéndose el cómputo del plazo desde el día siguiente a la fecha de denegación de la Entidad hasta el día en que la reclamación del interesado haya tenido entrada en la Mutualidad, éste inclusive. 3. Procedimiento para el reembolso de los gastos por la asistencia sanitaria transfronteriza 3.1. El procedimiento se iniciará a instancia del interesado. No obstante, podrá iniciarse de oficio por MUFACE, cuando el interesado haya presentado una solicitud de reintegro de gastos en el exterior y en la instrucción del expediente se considere que es objeto de asistencia sanitaria transfronteriza. Si la Entidad considera que se trata de una prestación recibida por necesidad sobrevenida en estancias temporales enviará al correspondiente Servicio Provincial de MUFACE el expediente completo para su estudio y resolución en su caso. 3.2. La solicitud de reembolso se presentará por el interesado a la Entidad, en un plazo máximo de tres meses a partir de la fecha de pago de la asistencia recibida, acompañada de la factura original, en la que figuren de forma detallada los diversos conceptos asistenciales realizados, y de la acreditación de su abono, así como copia de la prescripción médica o informe clínico en que figure la asistencia sanitaria prestada, con indicación de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos principales y secundarios realizados. En los tratamientos incluidos en el punto 2.1 de este Anexo será necesario hacer referencia a la existencia de la autorización previa. 3.3. Recibida la solicitud y demás documentación, una vez realizadas las comprobaciones necesarias, incluida si fuera necesaria la subsanación por defecto de la solicitud o falta de la documentación, la Entidad procederá al reembolso de los gastos al interesado de acuerdo con las tarifas del Anexo 11, en el plazo máximo de un mes. En ese mismo plazo, si la Entidad considera que no procede el reembolso, en todo o en parte, lo comunicará al interesado por escrito o por cualquier otro medio que permita dejar constancia, con indicación del motivo de denegación y del derecho a reclamar ante la Mutualidad. En caso de denegación, en la misma fecha de comunicación al interesado, la Entidad deberá remitir al Departamento de Prestaciones Sanitarias el expediente completo con un informe justificativo. 3.4. El interesado podrá formular la correspondiente reclamación ante MUFACE en caso de que la Entidad no proceda en el plazo previsto en el punto anterior al reembolso de los gastos o se lo deniegue, así como en caso de disconformidad con la aplicación de las tarifas. Para la tramitación y resolución de la reclamación se seguirá el procedimiento previsto en las cláusulas 7.4 y 7.5, correspondiendo el conocimiento y estudio de la misma, conforme se estipula en la cláusula 7.3.3, a la Comisión Mixta Nacional. Dicha reclamación será resuelta por la Dirección General de MUFACE en el plazo máximo de tres meses. ANEXO 2 Medios de asistencia en zonas rurales Anexo 2. Medios de asistencia en zonas rurales 1. Normas generales Para hacer posible la prestación de servicios sanitarios en las zonas rurales a los beneficiarios adscritos a la Entidad, MUFACE podrá convenir con los Servicios de Salud de las comunidades autónomas la prestación de los mismos, de acuerdo con la posibilidad prevista en el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 2. Habilitación a MUFACE Mediante la firma de este Concierto la Entidad concede su expresa y total autorización a MUFACE para convenir dichos servicios, que ampara también la autorización para la prórroga de los convenios suscritos al mismo fin con anterioridad al 1 de enero de 2015. La autorización no impedirá que las entidades puedan suscribir por su parte Acuerdos con idéntico objeto y ámbito con las administraciones competentes, siempre y cuando sus cláusulas no se opongan a lo dispuesto en este Anexo. 3. Objeto Los servicios que podrán figurar en dichos convenios son: a) Servicios sanitarios de asistencia primaria en municipios de hasta 20.000 habitantes en los que la Entidad no disponga de medios propios o concertados suficientes. b) Servicios de urgencias en municipios de hasta 20.000 habitantes, que se prestan a través de los Servicios de Atención Primaria. 4. Contenido 4.1. Cada convenio será común para todas las entidades firmantes del Concierto. El contenido asistencial, la contraprestación económica y la relación de municipios convenidos con las respectivas comunidades autónomas serán comunicados a cada una de ellas. 4.2. La contraprestación económica que se establezca en cada convenio podrá estipularse: a) En función del colectivo afectado, mediante la fijación de un precio mensual por persona y tipo de servicio. b) Por acto médico, mediante la aplicación de los precios públicos o tarifas que la correspondiente Comunidad Autónoma aplique por la prestación de servicios sanitarios. 4.3. El importe final de cada convenio, conforme a lo previsto en el punto 4.2 a), será satisfecho con cargo al precio que, una vez devengado y librado, MUFACE debe abonar a cada Entidad por el presente Concierto, entendiéndose realizado el pago por cuenta de la misma. MUFACE realizará cada pago mensual con cargo al importe del mismo mes que deba abonar a la Entidad por el Concierto, trasladándole la justificación correspondiente. 4.4. En aquellos convenios en los que la contraprestación económica, conforme a lo previsto en el punto 4.2 b), se estipule por acto médico, la Entidad procederá al pago directo a la respectiva Comunidad Autónoma en los términos que se estipulen en el convenio correspondiente. En el supuesto de existir obligaciones económicas pendientes con alguna Comunidad Autónoma como consecuencia del pago directo o compromiso de pago por la Entidad, MUFACE procederá al abono de éstas, en los términos del punto anterior, entendiéndose realizado el pago por cuenta de la misma, trasladándole la justificación correspondiente. ANEXO 3 Criterios de disponibilidad de medios por niveles asistenciales Anexo 3. Criterios de disponibilidad de medios por niveles asistenciales 1. Criterio general La Entidad debe garantizar el acceso a los medios que en cada nivel exige la Cartera de Servicios del presente Concierto en los términos que se especifican a continuación, salvo que no existan medios privados ni públicos. 2. Disponibilidad de medios de Atención Primaria 2.1. Todos los municipios dispondrán de Atención Primaria, que comprenderá la asistencia sanitaria a nivel ambulatorio, domiciliario y de urgencia a cargo del médico general o de familia, pediatra, diplomado en enfermería, matrona, fisioterapeuta, odontólogo y podólogo, de acuerdo con los siguientes criterios: a) Los municipios de menos de 10.000 habitantes dispondrán siempre de médico general o de familia y diplomado en enfermería. Además, los municipios a partir de 5.000 habitantes dispondrán de pediatra. b) Los municipios de más de 10.000 habitantes dispondrán, además, de fisioterapeuta y odontoestomatólogo. c) Los municipios de más de 20.000 habitantes, en los que residan más de 500 beneficiarios de MUFACE dispondrán, además, de un podólogo y una matrona, incrementándose el número de profesionales en función del número de beneficiarios como se indica a continuación: 1) Se aumentará un médico general o de familia y un diplomado en enfermería por cada incremento de 500 beneficiarios residentes. 2) Se aumentará un pediatra, un odontoestomatólogo y un fisioterapeuta por cada incremento de 1.000 beneficiarios residentes. 3) Se aumentará un podólogo y una matrona, por cada incremento de 2.000 beneficiarios residentes. d) Los municipios de más de 100.000 habitantes dispondrán de servicios de Atención Primaria en todos los distritos postales o, en su defecto, en un distrito limítrofe. 2.2. La Atención Primaria de Urgencias se prestará, de forma continuada, durante las veinticuatro horas del día, mediante la atención médica y de enfermería en régimen ambulatorio y domiciliario. 2.3. Si, excepcionalmente, la Entidad no dispusiera de los medios propios o concertados precisos, deberá garantizar la cobertura de la asistencia por otros servicios privados que existan en el mismo municipio o, de no existir esos, por los correspondientes servicios públicos. 2.4. Como criterio supletorio se tendrá en cuenta que, en las zonas rurales expresamente previstas en los convenios a que se refiere el Anexo 2 de este Concierto, y con el alcance y contenido estipulado en cada uno de ellos, la asistencia sanitaria a nivel ambulatorio, domiciliario o de urgencia a cargo del médico general o de familia, pediatra, diplomado en enfermería y matrona se podrá prestar por los Servicios de Atención Primaria y de Urgencia de la Red Sanitaria Pública. En todo caso, los beneficiarios residentes en los municipios incluidos en los respectivos convenios rurales, podrán optar por ser atendidos en los medios de que disponga la Entidad en los municipios próximos. En todo caso, y a los fines asistenciales de este Concierto, quedan asimilados a los medios de la Entidad los servicios de Atención Primaria y de urgencias de los Servicios Públicos de Salud concertados por cuenta de la Entidad, conforme a lo previsto en los convenios rurales a que se refiere el Anexo 2 de este Concierto. 2.5. En los municipios de menos de 20.000 habitantes pertenecientes a comunidades autónomas con las que no se hayan formalizado los convenios de colaboración previstos en el punto anterior, o éstos sólo tengan por objeto la asistencia sanitaria de urgencias, y en los que la Entidad no disponga de medios propios o concertados, y no existieran medios privados, ésta facilitará el acceso de los beneficiarios a los servicios de Atención Primaria dependientes de la correspondiente Comunidad Autónoma, tanto para la asistencia ordinaria como de urgencia, asumiendo directamente los gastos que puedan facturarse. 3. Definición de los Niveles de Atención Especializada y Cartera de Servicios 3.1. La Atención Especializada se dispensará en los municipios o agrupaciones con población a partir de 20.000 habitantes y 500 beneficiarios residentes. Las distintas prestaciones incluidas en la Cartera de Servicios de Atención Especializada a facilitar por la Entidad se estructuran en cuatro niveles en orden creciente, en cuya definición se atiende a criterios de población general, número de beneficiarios residentes, así como distancia y tiempo de desplazamiento a los núcleos urbanos donde existe una mayor disponibilidad de recursos sanitarios privados. 3.2. Asimismo, y teniendo en consideración lo anterior, a efectos de optimizar la disponibilidad de medios privados concertados se agrupan algunos municipios por proximidad geográfica y facilidad de transporte, así como por concentrar un mayor número de beneficiarios, de manera que se considerará válida la oferta de los medios exigidos en ese nivel en cualquiera de los municipios que aparecen agrupados en los listados correspondientes por niveles de Atención Especializada. 3.3. Cada Nivel de Atención Especializada incluye los medios exigibles en los niveles de Atención Especializada inferiores, además de los servicios de Atención Primaria que correspondan, de acuerdo a lo establecido en el punto 2 de este Anexo. 3.4. En el punto 3.9 de este Anexo se incluyen las siguientes tablas descriptivas: a) En las tablas 1, 2 y 3 se relacionan las especialidades exigidas en cada Nivel de Atención Especializada en consultas externas o en centros ambulatorios, hospital y urgencias hospitalarias. b) En la tabla 4 se relacionan las unidades y equipos multidisciplinares por niveles de atención. c) En la tabla 5 se relacionan las especificaciones correspondientes a los contenidos de las diferentes especialidades. 3.5. Nivel I de Atención Especializada. 3.5.1 El marco territorial del Nivel I de Atención Especializada es el de los municipios y agrupaciones que con los criterios definidos anteriormente se relacionan en la siguiente tabla: Provincia Municipios y agrupaciones nivel I A Coruña Cambre A Coruña Carballo A Coruña Culleredo A Coruña Ribeira Albacete Almansa Albacete Villarrobledo Alicante/Alacant Campello / Mutxamel Alicante/Alacant Sant Vicente de Raspeig / Sant Joan d' Alacant Almería Adra Asturias Castrillón Barcelona Castellar del Valles Barcelona Esparraguera / Olessa de Monserrat / Martorell Barcelona Igualada Barcelona Masnou Barcelona Premiá de Mar Barcelona Sant Andreu de la Barca / Molins del Rei / Sant Vicenc dels Horts Barcelona Sitges Bizkaia Baracaldo Bizkaia Basauri / Sestao Bizkaia Santurzi / Portugalete Cádiz Conil de la Frontera Cádiz Rota Cádiz San Roque Cantabria Camargo Cantabria Castro- Urdiales Cantabria Piélagos Castellón/Castelló Benicarló / Vinarós Castellón/Castelló Burriana Castellón/Castelló Onda Castellón/Castelló Vall d'Uixó (La) Castellón/Castelló Villa-Real Córdoba Cabra Córdoba Montilla Córdoba Priego de Córdoba Gipuzkoa Irún / Errenteria Girona Blanes / Lloret de Mar Granada Almuñécar Granada Armilla Granada Baza Granada Loja Granada Maracena Guadalajara Azuqueca de Henares Huelva Ayamonte Huelva Lepe Illes Balears (Isla de Mallorca) - Calviá Illes Balears (Isla de Mallorca) - Inca Illes Balears (Isla de Mallorca) - Llucmajor Illes Balears (Isla de Mallorca) - Marratxi Illes Balears (Isla de Menorca) - Ciudadela de Menorca Illes Balears (Isla de Menorca) - Mahón Jaén Alcalá la Real Jaén Martos Las Palmas (Isla de Gran Canaria) - Agüimes Las Palmas (Isla de Gran Canaria) - Arucas Las Palmas (Isla de Gran Canaria) - Gáldar Las Palmas (Isla de Gran Canaria) - Ingenio Las Palmas (Isla de Lanzarote) - Teguise Madrid Arroyomolinos Madrid/Toledo Ciempozuelos (Madrid) / Seseña (Toledo) Madrid Navalcarnero Madrid Paracuellos de Jarama Madrid Villaviciosa de Odón Málaga Coín Murcia Águilas Murcia Alcantarilla Murcia Alhama de Murcia / Totana Murcia Caravaca de la Cruz Murcia Jumilla Navarra Barañain Pontevedra A Estrada Pontevedra Cangas Pontevedra Lalín Pontevedra Marín Pontevedra Redondela Rioja, La Calahorra Santa Cruz de Tenerife (Isla de La Palma) - Llanos de Ariadne Santa Cruz de Tenerife (Isla de Tenerife) - Candelaria Santa Cruz de Tenerife (Isla de Tenerife) - Icod de los Vinos Santa Cruz de Tenerife (Isla de Tenerife) - Tacoronte Sevilla Bormujos Sevilla Camas Sevilla Carmona Sevilla Coria de Río Sevilla La Rinconada Sevilla Lebrija Sevilla Los Palacios y Villafranca Sevilla Mairena de Alcor Sevilla Mairena de Aljarafe Sevilla Morón de la Frontera Sevilla San Juan de Aznalfarache Sevilla Tomares Tarragona Salou / Vila-Seca Tarragona Valls Toledo Illescas Valencia/València Alboraya Valencia/València Algemesí Valencia/València Bétera Valencia/València Burjassot / Paterna / Mislata Valencia/València Catarroja Valencia/València Cullera Valencia/València Paiporta Valencia/València Pobla de Valbona / Lliria Valencia/València Quart de Poblet / Manises Valencia/València Requena Valencia/València Ribarroja de Túria Valencia/València Sueca Valencia/València Torrent Valencia/València Xátiva Valencia/València Xirivella / Alaquás / Aldaia Valladolid Laguna del Duero Valladolid Medina del Campo Zaragoza Calatayud 3.5.2 Estos municipios y agrupaciones dispondrán, al menos, de los medios de Atención Especializada que se especifican en la tabla 1, que comprenderá la asistencia sanitaria en régimen de consultas externas o ambulatorias, con las especificaciones señaladas en la tabla 5. 3.6. Nivel II de Atención Especializada 3.6.1 El marco territorial del Nivel II de Atención Especializada es el de los municipios y agrupaciones que con los criterios definidos anteriormente se relacionan en la siguiente tabla: Provincia Municipios y agrupaciones nivel II Urgencias hospitalarias A Coruña Ferrol / Narón X A Coruña Oleiros   Albacete Hellín X Alicante/Alacant Alcoy / Ibi X Alicante/Alacant Denia / Javea X Alicante/Alacant Elche / Crevillent / Santa Pola / Aspe / Novelda   Alicante/Alacant Elda / Petrer / Villena X Alicante/Alacant l'Alfàs del Pí / Altea / Benidorm / Villajoyosa / Calpe X Alicante/Alacant Orihuela   Alicante/Alacant Torrevieja X Almería El Ejido   Almería Roquetas de Mar   Asturias Avilés X Asturias Langreo / Mieres   Asturias Siero   Badajoz Almendralejo / Mérida X Badajoz Don Benito / Villanueva de la Serena X Barcelona Badalona / Santa Coloma de Gramanet / Sant Adriá de Besos   Barcelona Barbera del Valles / Ripollet / Cerdanyola del Vallés   Barcelona Castelldefels / Gavá / Viladecans   Barcelona Granollers / Mollet del Vallés / Moncada i Reixac   Barcelona Hospitalet de Llobregat / Cornellá de Llobregat / Sant Boi de Llobregat   Barcelona Manresa   Barcelona Mataró / Vilassar de Mar   Barcelona Sabadell X Barcelona Sant Cugat del Valles / Terrassa / Rubí   Barcelona Sant Feliu de Llobregat / Sant Joan Despí / El Prat de Llobregat / Esplugues de Llobregat   Barcelona Vic / Manlleu X Barcelona Vilafranca del Penedés X Barcelona/Tarragona Vilanova i la Geltrú / El Vendrell (Tarragona) X Bizkaia Leioa / Getxo   Burgos Aranda de Duero X Burgos Miranda de Ebro X Cáceres Plasencia X Cádiz Chiclana de la Frontera / Puerto Real   Cádiz Jerez de la Frontera / El Puerto de Santa María / Sanlúcar de Barrameda / Arcos de la Frontera   Cantabria Torrelavega   Ciudad Real Alcazar de San Juan X Ciudad Real Puertollano X Ciudad Real Tomelloso X Ciudad Real Valdepeñas X Córdoba Lucena / Puente Genil X Girona Figueres   Girona Olot X Granada Motril X Illes Balears (Isla de Ibiza) - Eivissa / Santa Eulalia de Río / Sant Josep de Sa Talaia / Sant Antoni de Portmany X Illes Balears (Isla de Mallorca) - Manacor X Jaén Andújar X Jaén Linares X Jaén Úbeda X  Las Palmas (Isla de Fuerteventura) - Puerto del Rosario X Las Palmas (Isla de Gran Canaria) - Santa Lucia de Tirajana / San Bartolomé de Tirajana X Las Palmas (Isla de Gran Canaria) - Telde   Las Palmas (Isla de Lanzarote) - Arrecife X León Ponferrada X Madrid Alcalá de Henares / Torrejón de Ardoz X Madrid Aranjuez X Madrid Arganda del Rey / Rivas-Vaciamadrid   Madrid Colmenar Viejo / Tres Cantos   Madrid Coslada / San Fernando de Henares   Madrid Fuenlabrada / Leganés X  Madrid Galapagar / Collado Villlalba / Torrelodones   Madrid Getafe / Parla X Madrid Majadahonda / Las Rozas   Madrid Móstoles / Alcorcón X  Madrid Pinto / Valdemoro   Madrid San Sebastián de los Reyes / Alcobendas   Málaga Alhaurín de la Torre   Málaga Antequera X Málaga Estepona   Málaga Marbella / Fuengirola / Mijas   Málaga Ronda X Málaga Torremolinos / Benalmádena   Málaga Velez-Málaga / Rincón de la Victoria   Murcia Cieza/ Molina de Segura/ Las Torres de Cotillas   Murcia Lorca X Murcia/Alicante San Javier / San Pedro de Pinatar / Pilar de la Horadada   Murcia Yecla X Navarra Tudela X Pontevedra Villagarcia de Arousa   Santa Cruz de Tenerife (ISLA DE TENERIFE) - Arona / Adeje / Granadilla de Abona X Santa Cruz de Tenerife (ISLA DE TENERIFE) - La Orotava / Puerto de la Cruz / Los Realejos   Santa Cruz de Tenerife (ISLA DE TENERIFE) - San Cristóbal de la Laguna   Sevilla Dos Hermanas / Alcalá de Guadaira   Sevilla Écija X Sevilla Utrera   Tarragona Amposta / Tortosa X Tarragona Reus / Cambrils   Toledo Talavera de la Reina X Valencia/València Alzira / Carcaixent X Valencia/València Gandía / Oliva X Valencia/València Ontinyent X Valencia/València Sagunto   3.6.2 Estos municipios y agrupaciones dispondrán, al menos, de los medios de Atención Especializada especificados en las tablas 1 y 3, que comprenderá la asistencia sanitaria en régimen de consultas externas o ambulatorias, y adicionalmente de urgencias hospitalarias en aquellos municipios expresamente señalados en la tabla anterior. La Entidad también asumirá, en su caso, los correspondientes ingresos o estancias hospitalarias que puedan derivarse de esas urgencias hospitalarias. En todos los casos la asistencia se prestará teniendo en cuenta las especificaciones señaladas en la tabla 5. 3.6.3 No obstante lo anterior, si la Entidad no dispone de centro hospitalario concertado en algún municipio o agrupación de este Nivel II en el que exista un centro hospitalario privado, se obliga a proporcionar en este centro (incluyendo todas las especialidades disponibles en el mismo) la asistencia sanitaria, en régimen de consultas externas y de hospitalización, a los beneficiarios residentes en ese municipio o agrupación, así como la asistencia en régimen de urgencias hospitalarias a cualquier beneficiario del Concierto. A los fines asistenciales de este Concierto, esos centros hospitalarios privados quedan asimilados a los medios de la Entidad. 3.6.4 En el caso de centros privados concertados, la Entidad deberá disponer en las urgencias hospitalarias de médicos de presencia física para las especialidades señaladas en la tabla 3. No obstante, si la guardia fuera localizada, deberá garantizarse la disponibilidad de los especialistas, una vez que sean requeridos por el médico de urgencias, en el plazo más breve posible en función de la patología y estado clínico del paciente, plazo no superior en cualquier caso a 30 minutos. 3.7. Nivel III de Atención Especializada 3.7.1 El marco territorial del Nivel III de Atención Especializada es la provincia, por lo que todas las capitales de provincia y ciudades de Ceuta y Melilla contarán con los medios establecidos para este Nivel. En la tabla siguiente se relacionan, además de las capitales de provincia y las ciudades de Ceuta y Melilla, los municipios y agrupaciones que corresponden a este Nivel de Atención Especializada. Provincia Municipios y agrupaciones nivel III A Coruña Santiago de Compostela / Ames Almería Almería Araba/Álava Vitoria-Gasteiz Asturias Gijón Ávila Ávila Burgos Burgos Cáceres Cáceres Cádiz Algeciras / La Línea de la Concepción / Los Barrios Cádiz Cádiz / San Fernando Castellón/Castelló Castellón de la Plana / Almazora Ceuta Ceuta Ciudad Real Ciudad Real Cuenca Cuenca Gipuzkoa San Sebastian Girona Gerona / Salt Guadalajara Guadalajara Huelva Huelva Huesca Huesca Jaén Jaén León León / San Andrés de Rabanedo LLeida Lleida Lugo Lugo Madrid Pozuelo de Alarcón / Boadilla del Monte Melilla Melilla Murcia Cartagena Ourense Ourense Palencia Palencia Pontevedra Pontevedra Salamanca Salamanca Segovia Segovia Soria Soria Tarragona Tarragona Teruel Teruel Toledo Toledo Zamora Zamora 3.7.2 Estos municipios y agrupaciones dispondrán, al menos, de los medios de Atención Especializada especificados en las tablas 1, 2, 3 y 4, que comprenderá la asistencia sanitaria en régimen de consultas externas o ambulatorias, de hospitalización, de urgencias hospitalarias y unidades multidisciplinares, con las especificaciones señaladas en la tabla 5. 3.7.3 La Entidad deberá disponer en las urgencias hospitalarias de médicos de presencia física para las especialidades señaladas en la tabla 3. No obstante, si la guardia fuera localizada, deberá garantizarse la disponibilidad de los especialistas, una vez que sean requeridos por el médico de urgencias, en el plazo más breve posible en función de la patología y estado clínico del paciente, plazo no superior en cualquier caso a 30 minutos. 3.7.4 En caso de hospitalización la oferta de la Entidad se considerará válida cuando el hospital ofertado se sitúe en otro municipio, siempre que esté a una distancia inferior a 30 minutos desde el núcleo urbano, o desde el más lejano en el caso de las agrupaciones de municipios. 3.8. Nivel IV de Atención Especializada 3.8.1 El marco territorial del Nivel IV es la Comunidad Autónoma, por lo que al menos un municipio de cada Comunidad Autónoma contará con los medios establecidos para este Nivel. En la tabla siguiente se relacionan los municipios que corresponden al Nivel IV de Atención Especializada. Comunidad Autónoma Provincia Municipios nivel IV Andalucía Córdoba Córdoba Granada Granada Málaga Málaga Sevilla Sevilla Aragón Zaragoza Zaragoza Asturias Asturias Oviedo Canarias Las Palmas Las Palmas de Gran Canaria Tenerife Santa Cruz de Tenerife Cantabria Cantabria Santander Castilla La Mancha Albacete Albacete Castilla León Valladolid Valladolid Cataluña Barcelona Barcelona Extremadura Badajoz Badajoz Galicia A Coruña A Coruña Pontevedra Vigo Illes Balears Illes Balears Palma de Mallorca La Rioja La Rioja Logroño C. de Madrid Madrid Madrid Región de Murcia Murcia Murcia Navarra Navarra Pamplona País vasco Bizkaia Bilbao C. Valenciana Valencia Valencia Alicante Alicante 3.8.2 Todos los municipios incluidos en la tabla anterior dispondrán, al menos, de los medios de Atención Especializada especificados en las tablas 1, 2, 3 y 4, que comprenderá la asistencia sanitaria en régimen de consultas externas o ambulatorias, de hospitalización, de urgencias hospitalarias y unidades multidisciplinares, con las especificaciones señaladas en la tabla 5. 3.8.3 Con carácter excepcional, en caso de no disponer de medios propios o concertados de algunas de las especialidades en los municipios relacionados, MUFACE podrá considerar una oferta válida, a estos efectos, si dichos medios están disponibles en otra localidad de la Comunidad Autónoma a que pertenezca el municipio afectado. En el caso de las comunidades autónomas uniprovinciales, la oferta será válida en otra provincia limítrofe si en dicha Comunidad Autónoma no existieran medios privados adecuados. 3.8.4 La Entidad deberá disponer en las urgencias hospitalarias de médicos de presencia física para las especialidades señaladas en la tabla 3. No obstante, si la guardia fuera localizada, deberá garantizarse la disponibilidad de los especialistas, una vez que sean requeridos por el médico de urgencias, en el plazo más breve posible en función de la patología y estado clínico del paciente, plazo que no podrá ser en ningún caso superior a 30 minutos. 3.8.5 En caso de hospitalización la oferta de la Entidad se considerará válida cuando el hospital ofertado se sitúe en otro municipio, siempre que esté a una distancia inferior a 30 minutos desde el núcleo urbano. 3.9. Tablas descriptivas de disponibilidad de medios según tipo de atención y niveles de Atención Especializada: A) Tabla 1. Especialidades en consulta externa o en centros ambulatorios Consultas externas/ Centros ambulatorios Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV Alergología         Análisis Clínicos         Angiología y Cirugía vascular         Aparato Digestivo         Cardiología         Cirugía Cardiovascular         Cirugía General y Aparato digestivo         Cirugía Maxilofacial         Cirugía Ortopédica y Traumatología         Cirugía Pediátrica         Cirugía Plástica y Reparadora         Cirugía Torácica         Dermatología Medicoquirúrgica         Endocrinología y Nutrición         Farmacia Hospitalaria         Ginecología y Obstetricia         Reproducción H. Asistida         Hematología y Hemoterapia         Medicina Física y Rehabilitación         Medicina Interna         Medicina Nuclear         Nefrología         Neurocirugía         Neumología         Neurofisiología Clínica         Neurología         Oftalmología         Oncología Médica         Oncología Radioterápica         Otorrinolaringología         Psiquiatría         Psicología         Radiodiagnóstico         Reumatología         Urología         B) Tabla 2. Especialidades en hospital Hospital Nivel III Nivel IV Alergología     Análisis Clínicos     Anatomía Patológica     Anestesia y Reanimación /URPA     Angiología y Cirugía vascular     Aparato Digestivo     Bioquímica     Cardiología     Cirugía Cardiovascular     Cirugía General y Aparato digestivo     Cirugía Maxilofacial     Cirugía Ortopédica y Traumatología     Cirugía Pediátrica     Cirugía Plástica y Reparadora     Cirugía Torácica     Dermatología Medicoquirúrgica     Endocrinología y Nutrición     Farmacia     Ginecología y Obstetricia     Hematología     Hemoterapia     Microbiología y Parasitología     Medicina intensiva/UCI     Medicina Física y Rehabilitación     Medicina Interna     Medicina Nuclear     Nefrología     Neurocirugía     Neumología     Neurofisiología Clínica     Neurología     Oftalmología     Oncología Médica     Oncología Radioterápica     Otorrinolaringología     Pediatría     Psiquiatría     Radiodiagnóstico     Reumatología     Urología     C) Tabla 3. Especialidades en urgencias hospitalarias Urgencias Hospitalarias Nivel II Nivel III Nivel IV Análisis Clínicos       Anestesia y Reanimación/URPA       Angiología y Cirugía vascular       Aparato Digestivo       Cardiología       Cirugía Cardiovascular       Cirugía General y Aparato digestivo       Cirugía Maxilofacial       Cirugía Ortopédica y Traumatología       Cirugía Pediátrica       Ginecología y Obstetricia       Hematología y hemoterapia       Medicina intensiva/UCI       Medicina Interna       Nefrología       Neurocirugía       Neurología       Oftalmología       Otorrinolaringología       Pediatría       Psiquiatría       Radiodiagnóstico       Urología       D) Tabla 4. Unidades/equipos multidisciplinares/Consejo Genético Unidades/ Equipos Nivel III Nivel IV Cuidados Paliativos Equipos de soporte CP     Unidad CP     Unidad del Dolor     Unidad de Ictus     Unidad de T. Alimentación     Unidad de Atención Temprana     Unidad de Infecciosos     Consejo Genético     E) Tabla 5. Especificaciones según especialidad Especialidad Especificaciones Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV Análisis clínicos  Genética/Citogenética         Inmunología         Aparato digestivo  Endoscopia         Cápsula endoscópica         Cardiología Electrofisiología Cardiaca/marcapasos         Desfibrilador implantable         Ablación/cardioversión         Hemodinámica         Ginecología y obstetricia Ecografía ginecológica         Diagnóstico Prenatal         Obstetricia alto riesgo         Hematología Hospital de día         Medicina nuclear Radioisótopos/Gammagrafía         PET-TC         Nefrología Hemodiálisis y diálisis peritoneal         Neurofisiología clínica Potenciales evocados         Unidad del sueño         Oncología medica Hospital de día         Otorrinolaringología Rehabilitación vestibular         Radiodiagnóstico Radiología convencional         Ecografía         Mamografía         TC         RNM         Densitometría         Radiología intervencionista         Rehabilitación Fisioterapia General         Logopedia         Rehabilitación Cardiaca         Rehabilitación suelo pélvico         Urología Litotricia         Láser Verde         3.10. Servicios de Referencia 3.10.1 Se consideran Servicios de Referencia los destinados a la atención de patologías que precisen de alta especialización profesional o elevada complejidad tecnológica, o cuando el número de casos a tratar no sea elevado y pueda resultar aconsejable la concentración de los recursos diagnósticos y terapéuticos. Los Servicios de Referencia tendrán como marco geográfico y poblacional el conjunto del territorio nacional. 3.10.2 Con carácter general, las patologías, técnicas, tecnologías o procedimientos diagnósticos o terapéuticos susceptibles de ser tratados en los Servicios de Referencia serán las designadas por el Comité de Designación de Centros, Servicios y Unidades de Referencia del SNS, y que son publicadas por resoluciones del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. En estos casos la Entidad facilitará el acceso a estos centros ubicados en la Comunidad Autónoma de residencia o, de no existir en ésa, en la Comunidad Autónoma limítrofe más cercana a la residencia del beneficiario. 3.10.3 Además de lo señalado en el punto anterior, dentro de la Cartera de Servicios de Atención Especializada se considerarán de referencia los servicios, técnicas, y procedimientos terapéuticos siguientes: a) Tratamientos complejos del Cáncer: 1) Cirugía con intención curativa del cáncer de esófago. 2) Cirugía con intención curativa del cáncer pancreático. 3) Cirugía oncológica combinada de los órganos pélvicos. 4) Cirugía radioguiada. 5) Cirugía de las metástasis hepáticas. 6) Radiocirugía del sistema nervioso central y extracraneal. b) Trasplante de órganos, tejidos y células. c) Unidad de Daño Cerebral d) Unidad de Lesionados Medulares e) Unidad de Grandes Quemados f) Cirugía Torácica: 1) Videotoracoscopias diagnósticas y terapéuticas. 2) Tratamientos endoscópicos paliativos en cáncer de pulmón y tumores traqueobronquiales. 3) Neuroestimuladores diafragmáticos. 4) Prótesis traqueales y bronquiales. La Entidad ofertará, como mínimo, tres alternativas, de las cuales al menos una deberá estar ubicada en la Comunidad Autónoma de residencia del beneficiario o, de no existir en esa, en la Comunidad Autónoma limítrofe más cercana a la residencia del beneficiario. 4. Disponibilidad de medios de Atención Especializada en consultas externas o centros ambulatorios 4.1 Las diferencias territoriales en la disponibilidad de especialistas y en la demanda por tipo de especialidad hacen que se determinen tres grupos de especialidades al objeto de fijar el número mínimo de especialistas que la Entidad deberá ofrecer conforme a las exigencias establecidas en cada Nivel de Atención Especializada. 4.2 Los criterios de disponibilidad de facultativos en consultas externas o en centros ambulatorios por tipos de especialidad y Nivel de Atención Especializada serán los siguientes: A) Especialidades tipo A: La Entidad dispondrá como mínimo de un facultativo, incrementándose en proporción al número de beneficiarios residentes en el ámbito geografico a que corresponda el Nivel asignado a la especialidad. Para las especialidades de este tipo de Nivel I y II se incrementará su número en un facultativo más por cada 4.000 beneficiarios residentes en el municipio o agrupación, salvo en el municipio de Madrid que lo hará por cada 7.000. En todo caso la exigencia para la especialidad de Análisis Clínicos (referido a centros de extracciones) en municipos que sean capital de provincia será como mínimo de dos facultativos. Para las especialidades de Nivel III se incrementará su número en un facultativo más por cada 10.000 beneficiarios residentes en la provincia, salvo en el municipio de Madrid que lo hará por cada 12.000 beneficiarios residentes en la provincia. Estos facultativos estarán disponibles en la capital de provincia o municipio de nivel superior de dicha provincia. En el caso de los municipios o agrupaciones incluidos en el Nivel III que no sean capital de provincia, la exigencia se calculará por el número de beneficiarios residentes en el municipio o agrupacion, que será a su vez descontado del que se compute para determinar el número de especialistas de este nivel en la capital de provincia. B) Especialidades tipo B: La Entidad dispondrá como mínimo de un facultativo, incrementándose en proporción al número de beneficiarios residentes en el ámbito geografico a que corresponda el Nivel asignado a la especialidad. Para las especialidades de Nivel III se incrementará su número en un facultativo más por cada 12.000 beneficiarios residentes en la provincia, salvo en el municipio de Madrid que lo hará por cada 14.000 beneficiarios residentes en la provincia. Estos facultativos estarán disponibles en la capital de provincia o municipio de nivel superior de dicha provincia. En el caso de los municipios o agrupaciones incluidos en el Nivel III que no sean capital de provincia, la exigencia se calculará por el número de beneficiarios residentes en el municipio o agrupacion, que será a su vez descontado del que se compute para determinar el número de especialistas de este nivel en la capital de provincia. Para las especialidades de Nivel IV se incrementará su número en un facultativo más por cada 20.000 beneficiarios residentes en la Comunidad Autónoma. En el caso de las Comunidades Autónomas que dispongan de más de un municipio de Nivel IV, la exigencia de cada municipio se determinara mediante la asignacion a partes iguales del número de beneficiarios residentes en la comunidad autonoma. C) Especialidades tipo C: La Entidad dispondrá como mínimo de un facultativo, incrementándose en proporción al número de beneficiarios residentes en el ámbito geografico a que corresponda el Nivel asignado a la especialidad. Para las especialidades de Nivel III se incrementará su número en un facultativo más por cada 22.000 beneficiarios residentes en la provincia. Estos facultativos estarán disponibles en la capital de provincia o municipio de nivel superior de dicha provincia. En el caso de los municipios o agrupaciones incluidos en el Nivel III que no sean capital de provincia, la exigencia se calculará por el número de beneficiarios residentes en el municipio o agrupacion, que será a su vez descontado del que se compute para determinar el número de especialistas de este nivel en la capital de provincia. Para las especialidades de Nivel IV se incrementará su número en un facultativo más por cada 40.000 beneficiarios residentes en la Comunidad Autónoma. En el caso de las comunidades autónomas que dispongan de más de un municipio de Nivel IV, la exigencia de cada municipio se determinará mediante la asignacion a partes iguales del número de beneficiarios residentes en la Comunidad Atonoma. 4.3 En la siguiente tabla se muestran las diferentes especialidades según tipo (A, B y C) y Nivel de Atención Especializada: Tipo / Nivel Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV Tipo A – Análisis Clínicos (referido a centros de extracciones) – C. Ortopédica y Traumatología – Ginecología y Obstetricia – Oftalmología 4.000 beneficiarios (Madrid, 7.000) – Aparato Digestivo – Cardiología – Cirugía General y Ap. Digestivo – Medicina Interna – Medicina Física y Rehabilitación – Otorrinolaringología – Radiodiagnóstico 4.000 beneficiarios (Madrid 7.000) – Dermatología Medicoquirúrgica – Psiquiatría – Urología 10.000 beneficiarios (Madrid 12.000)   Tipo B     – Alergología – Angiología y Cirugía Vascular – Endocrinología y Nutrición – Hematología y Hemoterapia – Nefrología – Neumología – Neurología – Neurofisiología Clínica – Oncología Médica – Reumatología 12.000 beneficiarios (Madrid, 14.000) – Cirugía Estética Plástica y Reparadora – Cirugía Máxilofacial – Neurocirugía 20.000 beneficiarios Tipo C     – Medicina nuclear 22.000 beneficiarios – Cirugía Cardiovascular – Cirugía Pediátrica – Cirugía Torácica – Oncología Radioterápica 40.000 beneficiarios 4.4 A efectos del cálculo del número de facultativos se toma como referencia el número de beneficiarios a 30 de junio de 2014, y el número no variará durante toda la vigencia del Concierto. 5. Condiciones complementarias para el Territorio Insular 5.1. Además de lo señalado en cada Nivel para los correspondientes municipios o agrupaciones que se mencionan en el punto 3, las condiciones especiales complementarias para las islas de los archipiélagos balear y canario serán las siguientes: a) En Atención Especializada se ha tomado como referencia la población de cada isla y el número de beneficiarios residentes. b) En las islas no capitalinas la Entidad deberá garantizar los servicios de urgencia hospitalarios establecidos en el Nivel II de Asistencia Especializada. 5.2. Conforme a las condiciones especiales establecidas en el punto anterior, en las siguientes tablas se relacionan las islas de cada archipiélago con el nivel y modalidad de Atención Especializada que a cada una corresponden. Illes Balears Isla Nivel Atención Especializada Consultas Externas Hospitalización (*) Urgencias Hospitalarias Mallorca Nivel IV x x x Eivissa Nivel II x x x Menorca Nivel II x x x Formentera       x   Islas Canarias Isla Nivel Atención Especializada Consultas Externas Hospitalización (*) Urgencias Hospitalarias Gran Canaria Nivel IV x x x Lanzarote Nivel II x x x Fuerteventura Nivel II x x x Tenerife Nivel IV x x x La Palma Nivel II x x x La Gomera       x El Hierro       x (*) Las especialidades en régimen de hospitalización en el Nivel II de Atención Especializada son las siguientes: Análisis Clínicos, Anatomía Patológica, Anestesia Reanimación/URPA, Aparato Digestivo, Bioquímica, Cardiología, Cirugía General y Aparato Digestivo, Cirugía Ortopédica y Traumatología, Farmacia, Ginecología y Obstetricia, Hemoterapia, Medicina Física y Rehabilitación, Medicina Interna, Oftalmología, Otorrinolaringología, Pediatría y Radiodiagnóstico. 5.3. Lo dispuesto en el punto 3.6.3 del presente Anexo será de aplicación a las islas a las que conforme a lo dispuesto en el punto anterior corresponde el Nivel II de Atención Especializada, salvo que alguno de sus municipios figure relacionado en la tabla incluida en el punto 3.6.1, correspondiente a ese mismo nivel asistencial. 5.4. La Entidad asumirá en todos los casos los gastos de desplazamiento interinsular para la asistencia a las especialidades de Nivel III, salvo que disponga de medio concertado para prestar esa asistencia en la isla. 5.5. En caso de inexistencia de los medios exigibles en cada isla, la Entidad garantizará la asistencia en la isla más próxima que disponga de los mismos, debiendo asumir los gastos de desplazamiento. 5.6. La Atención Especializada de Nivel IV, si no estuviera disponible en la correspondiente Comunidad Autónoma, se prestará en aquella que resulte más próxima en tiempo de desplazamiento, debiendo asumir la Entidad los gastos de desplazamiento. ANEXO 4 Instrucciones para la elaboración y difusión del catálogo de proveedores Anexo 4. Instrucciones para la elaboración y difusión del catálogo de proveedores 1.1. La Entidad publicará sus catálogos de proveedores específicos para MUFACE. El Catálogo, cuyo contenido se ajustará a lo previsto en la cláusula 3.3, será de ámbito provincial y equivalente al que suministre la Entidad en el registro de medios sanitarios descrito en el punto 5 del Anexo 6. En los Servicios Centrales se entregarán los catálogos en formato electrónico y dos ejemplares en papel de cada catálogo provincial; en los Servicios Provinciales, además del formato electrónico del respectivo catálogo, se entregarán al menos cinco ejemplares en papel. 1.2. La estructura e información tanto de los catálogos en papel como en formato electrónico será: A) En la portada deberán figurar el logotipo de MUFACE y el de la Entidad, así como de forma destacada el teléfono gratuito y único del Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias de la Entidad. B) En la primera página deberán figurar los datos relativos a: 1) Teléfono del Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias de la Entidad. 2) Teléfono de Información de la Entidad. 3) Número de fax u otro sistema para autorizaciones. 4) Página web de la Entidad. 5) Dirección, teléfonos y horario de funcionamiento de la delegación provincial de la Entidad, así como de la/las oficina/s existente/s en la provincia para la atención presencial de los beneficiarios. C) En el margen derecho del encabezado de cada página deberá figurar el teléfono del Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias. D) A partir de la segunda página deberán figurar las direcciones de los centros de urgencias hospitalarias en toda la provincia, que en el caso de las provincias insulares se detallara por cada isla. E) Índice general del Catálogo. F) Información general y normas de uso establecidas en el Concierto: 1) Se incluirá un resumen de derechos y normas de uso de mayor relevancia recogidos en el Concierto, que en ningún caso sustituyen el contenido de éste. 2) La información mínima a incluir en este apartado se estructurará y ordenará de acuerdo a los siguientes epígrafes: a) Identificación para el acceso a los medios concertados/Tarjeta Sanitaria de la Entidad b) Normas de utilización de los medios de la Entidad, incluida la libre elección de facultativo y centro concertado, y la relación de servicios que precisan autorización previa de la Entidad y forma de obtención. c) Especificaciones relativas a determinados servicios: asistencia domiciliaria, asistencia en régimen de hospitalización, incluida la hospitalización de día y domiciliaria. d) Transporte para la asistencia sanitaria. Modalidades y requisitos para su utilización. e) Garantía de accesibilidad a los medios. f) Utilización de medios no concertados. g) Asistencia urgente de carácter vital. h) Instrucciones precisas para la utilización de los servicios de Atención Primaria del sistema público en el medio rural, en régimen ambulatorio, domiciliario y de urgencia, en los términos previstos en los convenios suscritos por MUFACE con los Servicios de Salud de las comunidades autónomas o, en su caso, cuando no se hayan formalizado convenios. En Anexo aparte se incluirá la relación detallada de los municipios afectados por dicho convenio en el ámbito provincial. i) Información sobre asistencia sanitaria en caso de accidente cuando existe un tercero obligado al pago (accidentes de tráfico, deportistas federados, etc.). j) Servicios que, en cada municipio, ofrezca la Entidad por encima de las exigencias establecidas en el Concierto, que constituirá su oferta diferenciada de servicios, como elemento para facilitar la elección de Entidad por parte de los titulares. G) Cuadro médico 1) Los profesionales y centros sanitarios se relacionarán empezando por la capital de la provincia, seguida de los municipios por orden alfabético. 2) Todos los profesionales, centros y unidades funcionales deberán aparecer relacionados con sus datos de identificación (nombre y apellidos), debiendo figurar, además, la dirección, teléfono y horarios de funcionamiento. 3) Por cada municipio se relacionarán primero los medios disponibles en Atención de Urgencia, después los de Atención Primaria y a continuación los correspondientes a la Atención Especializada. 4) En Atención de Urgencia se relacionarán los servicios extrahospitalarios y, en su caso, hospitalarios disponibles, así como los de ambulancias. 5) En Atención Primaria, en cada municipio, los medios disponibles se ordenarán de la siguiente forma: a) Medicina general o de familia b) Pediatría c) Enfermería d) Matronas e) Fisioterapia f) Odontología-Estomatología g) Podología En el caso de municipios de Nivel IV, por cada uno de los tipos o modalidades de asistencia, los recursos se consignarán agrupados por códigos postales, y, en todos los casos, ordenados alfabéticamente por los apellidos del profesional. Si en alguno de los municipios no existiese recurso concertado en Atención Primaria, se hará constar, en su caso, su adscripción al convenio de medio rural con el sistema público correspondiente, con expresión de si es únicamente para urgencias o para el conjunto de la Atención Primaria, debiendo figurar, además, la dirección del Centro de Salud o Punto de Atención Continuada (PAC) correspondiente al municipio. 6) En Atención Especializada, primero se relacionarán las consultas externas o ambulatorias especificando, en su caso, la subespecialidad o unidad funcional, siguiendo el orden alfabético de la denominación oficial de la especialidad y después, si existieran, los referidos a la asistencia especializada en régimen de hospitalización. En todos los casos, ordenados alfabéticamente por los apellidos del profesional. En los municipios de Nivel IV los profesionales sanitarios de cada especialidad podrán agruparse por la denominación del centro hospitalario. El Catálogo de Proveedores de Atención Especializada, en cada Nivel de asistencia sanitaria, se ajustará a las correspondientes tablas del Anexo 3 del Concierto. Cuando en el ámbito territorial de una provincia la Entidad no esté obligada a disponer de servicios de Nivel IV de Atención Especializada, conforme a los criterios del Anexo 3, en el correspondiente Catálogo de Proveedores se harán constar los medios de que a tal fin disponga la Entidad en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma a la que pertenece la provincia. Deberán relacionarse separadamente, en cada Catálogo de Proveedores provincial, los Servicios de Referencia. En provincias insulares los recursos deberán figurar en los catálogos de proveedores diferenciados por islas, constando en primer lugar la capitalina. Dentro de cada isla, se colocará en primer lugar el núcleo urbano principal y a continuación el resto de los municipios por orden alfabético. H) Relación de los servicios de información, urgencias y ambulancias disponibles en las restantes provincias, a fin de facilitar su utilización en caso de desplazamiento de los beneficiarios. I) Cartera de Servicios de Atención Especializada en régimen de atención hospitalaria. Incluirá los cuadros con los medios por niveles de Atención Especializada ofertada, según lo previsto en el Anexo 3, desglosada por régimen de hospitalización y urgencias hospitalarias, indicando el nombre del hospital y el municipio en el que se localiza. J) Índice de facultativos por orden alfabético e índice de centros concertados. ANEXO 5 Relación de servicios que precisan autorización previa de la Entidad y procedimiento para su obtención Anexo 5. Relación de servicios que precisan autorización previa de la entidad y procedimiento para su obtención 1. Servicios que precisan autorización previa De conformidad con lo previsto en la cláusula 4.8 del Concierto, la prestación de los servicios que se indican a continuación precisa autorización previa de la Entidad: 1.1. Hospitalizaciones: A) Hospitalización. B) Hospitalización de día. C) Hospitalización domiciliaria. D) Cuidados paliativos a domicilio por equipos de soporte. 1.2. Técnicas diagnósticas, tratamientos y técnicas quirúrgicas: A) Cirugía ambulatoria. B) Odontoestomatología: Tartrectomía (limpieza de boca). Prótesis dentarias e implantes osteointegrados en accidente en acto de servicio o enfermedad profesional. C) Rehabilitación, Fisioterapia y Logopedia. D) Terapias Respiratorias: Oxigenoterapia, Ventiloterapia y Aerosolterapia a domicilio. E) Tratamiento de Diálisis Peritoneal y Hemodiálisis. F) Oncología: Inmunoterapia y Quimioterapia, Cobaltoterapia, Radiumterapia e Isótopos Radiactivos, Braquiterapia y Acelerador Lineal. G) Diagnóstico por imagen: Tomografía Axial Computerizada, Resonancia Magnética, Ortopantomografía, Mamografía, PET-TC (con arreglo a la Guía PET-TC-Protocolo de Prescripción aprobada por MUFACE en 2011), Gammagrafía, Doppler y Densitometría Ósea. H) Estudios neurofisiológicos. I) Test y estudios neuropsicológicos. J) Estudio y tratamiento endoscópico. K) Cardiología: Estudios y tratamientos hemodinámicos. L) Obstetricia: Amniocentesis. M) Oftalmología: Retinografía y tratamiento láser, Tomografía Óptica de Coherencia, Tomografía Óptica con Láser Confocal (HTR - Heidelberg Retina Tomograph), Polarimetría Láser GDX, y Tratamiento de la degeneración macular asociada a la edad (DMAE) por Terapia Fotodinámica o Inyección intravítrea de antiangiogénicos. N) Tratamiento en Unidad del Dolor. O) Estudio y tratamiento en Unidad del Sueño. P) Litotricia renal extracorpórea. 1.3. Psicoterapia. 1.4. Asistencia a médicos consultores. 1.5. Podología. 1.6. Los servicios correspondientes al Nivel IV y los Servicios de Referencia. 1.7. Los Servicios correspondientes a los centros hospitalarios privados no concertados a los que se refiere el punto 3.6.3 del Anexo 3. 2. Procedimiento para la obtención de autorización previa 2.1. La autorización previa de los servicios relacionados en el punto 1 de este Anexo deriva de la necesidad de ordenar y canalizar las prestaciones por parte de la Entidad, para facilitar la asistencia y evitar demoras, pero nunca puede suponer una restricción al acceso a las prestaciones reconocidas en la Cartera de Servicios. En ningún caso se denegará una solicitud de un medio diagnóstico o terapéutico incluido en la Cartera de Servicios establecida en este Concierto, indicado por un facultativo de la Entidad. Excepcionalmente podrá solicitarse del facultativo un informe complementario motivado de indicación de la prestación solicitada. A los efectos del párrafo anterior, cuando no se cumplan los requisitos de disponibilidad de medios previstos en el presente Concierto en el nivel correspondiente, será válida la prescripción de facultativo no concertado, que será acompañada siempre de informe motivado de indicación de la prestación solicitada. 2.2. La Entidad, a través de los facultativos que prescriban o realicen los servicios que precisen autorización previa, deberá informar debidamente de este requisito al beneficiario. 2.3. La Entidad dispondrá los recursos organizativos necesarios para facilitar que los beneficiarios de MUFACE que lo precisen obtengan la autorización previa para la prestación de los servicios que se indican en el punto 1 de este Anexo, por cualquiera de los medios siguientes: a) Presencialmente, en cualquiera de sus delegaciones. b) Telefónicamente. c) Por fax. d) A través de la página web de la Entidad. 2.4. Los beneficiarios que lo precisen podrán tramitar la solicitud de autorización previa enviándola a la Entidad por cualquiera de los medios disponibles. 2.5. Las solicitudes de autorización previa contendrán la siguiente información, cualquiera que sea el medio utilizado para su envío a la Entidad: a) Datos personales del solicitante: 1. Nombre y apellidos. 2. Número de tarjeta sanitaria de la Entidad. 3. Teléfono de contacto, dirección de correo electrónico o fax. b) Datos del servicio para el que se solicita autorización previa: 1. Provincia en la que se realizará la prestación. 2. Identificación del servicio solicitado. 3. Fecha de prescripción. 4. Identificación del facultativo que realiza la prescripción, con firma y sello del mismo. 5. Fecha prevista para la realización de la prestación, en su caso. 6. Centro sanitario en el que se realizará la prestación, en su caso. 2.6. En el caso de accidente en acto de servicio o enfermedad profesional para las prótesis dentarias será necesaria, además de la prescripción de facultativo especialista concertado, el presupuesto para su autorización por la Entidad. 2.7. En el caso referido en el punto 1.7 de este Anexo, la Entidad, una vez recibida la solicitud, podrá confirmar el profesional o servicio del centro sanitario privado o bien asignar otro diferente, siempre que constituya una alternativa asistencial válida para la realización de la prestación solicitada. 2.8. La autorización emitida por la Entidad tendrá un número de identificación, que será único y específico para la prestación solicitada y detallará el profesional o centro sanitario donde ésta haya de realizarse. La Entidad podrá entregarla o remitirla al beneficiario por alguno de los siguientes medios: a) En mano, cuando la solicitud se haya presentado presencialmente en cualquiera de las delegaciones de la Entidad y, ello resulte posible. b) Por correo, teléfono o fax, cuando la solicitud se haya presentado por fax o, cuando habiéndose presentado de forma presencial, no sea posible su tramitación en el acto. c) Por correo electrónico, cuando la solicitud se haya presentado a través de la página web de la Entidad. 2.9. El envío de la autorización al beneficiario por parte de la Entidad se realizará con la mayor brevedad posible, a fin de evitar eventuales demoras en el acceso a la prestación solicitada. Si no fuera posible la tramitación inmediata, la Entidad dispondrá como máximo de cinco días hábiles para su envío, excepto en el caso previsto en la cláusula 5.2.1 d) del Concierto, en el que dispondrá de diez días hábiles. 2.10. La Entidad únicamente podrá denegar la autorización previa si la solicitud: a) Carece de la prescripción de facultativo. b) Carece de la información necesaria, en cuyo caso deberá ponerse en contacto inmediatamente con el solicitante con el objeto de completar la que falte. c) Se refiere a una prestación no incluida en la Cartera de Servicios. La denegación de prestaciones que requieren autorización previa se producirá siempre por escrito y de manera motivada, a través de un medio que permita dejar constancia de su recepción. 2.11. Con el fin de facilitar el acceso a las prestaciones, la Entidad prestará asesoramiento a los beneficiarios que así lo soliciten. 2.12. La información del procedimiento para la obtención de autorización previa constará en el Catálogo de Proveedores, página web y, en su caso, demás medios de información dirigidos a los beneficiarios. ANEXO 6 Sistema de información asistencial Anexo 6. Sistema de información asistencial 1. Registro de actividad/coste 1.1. El Registro de actividad/coste comprende la información sobre actividad ambulatoria, actividad hospitalaria, actividad de urgencias, actividad quirúrgica y sobre otros procedimientos diagnósticos y terapéuticos. 1.2. Información sobre actividad ambulatoria 1.2.1 Con periodicidad trimestral la Entidad comunicará en soporte electrónico a MUFACE los datos acumulados de actividad ambulatoria desglosados por actividad de consulta médica, otra actividad ambulatoria y pruebas diagnósticas. 1.2.2 Actividad de consulta médica: Tabla 1. Actividad de consulta médica Especialidad N.º de consultas* Coste Medicina General Familiar     Pediatría     Alergología     Anestesiología y Reanimación     Angiología y Cirugía Vascular     Aparato Digestivo     Cardiología     Cirugía Cardiovascular     Cirugía General y del Aparato Digestivo     Cirugía Oral y Maxilofacial     Cirugía Ortopédica y Traumatología     Cirugía Pediátrica     Cirugía Plástica, Estética y Reparadora     Cirugía Torácica     Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología     Endocrinología y Nutrición     Estomatología/Odontología     Geriatría     Hematología y Hemoterapia     Inmunología     Medicina Intensiva     Medicina Interna     Medicina Nuclear     Nefrología     Neumología     Neurocirugía     Neurología     Obstetricia y Ginecología     Oftalmología     Oncología Médica     Oncología Radioterápica     Otorrinolaringología     Psiquiatría     Rehabilitación     Reumatología     Tratamiento del dolor     Urología     Servicio concertado a precio fijo / pago capitativo     Otros**     * Se incluyen todas las consultas (primeras, revisiones y domiciliarias). ** Este apartado se utilizará cuando exista algún concepto que no tenga cabida en los apartados anteriores; en ese caso se deberá especificar cada concepto incluido. 1.2.3 Otra actividad ambulatoria: Tabla 2. Otra actividad ambulatoria Actividad N.º pacientes N.º consultas / sesiones / servicios Coste D.U.E.       Matrona       Fisioterapia       Foniatría / Logopedia       Podología       Psicoterapia       Oxigenoterapia / Ventiloterapia       Transporte para la asistencia sanitaria:       – Ordinario       – Sanitario       Otras prestaciones: Tiras reactivas de glucosa, jeringuillas de insulina, farmacia (V04, Uso Hospitalario…).       Indemnizaciones: Pagos directos a interesados por utilización de medios no concertados, CMP, CMN, asistencia en medio rural       Diálisis:       – Hemodiálisis       – Diálisis domiciliaria       – Diálisis peritoneal ambulatoria contínua (CAPD)       1.2.4 Pruebas diagnósticas: Tabla 3. Pruebas diagnósticas Diagnóstico por imagen: N.º de estudios Coste – Radiología Simple (cabeza, tronco, miembros, radiología estomatológica.)     – Radiología Especial (radiología de contraste, mamografía…)     – Radiología intervencionista     – Ecografía/Doppler (no incluye ecocardiografía ni ecografía ginecológica)     – Tomografía (TC)     – Resonancia Magnética Nuclear (RMN)     – Densitometría Ósea     – Otras técnicas     Análisis clínicos: N.º de estudios Coste – Bioquímica     – Endocrinología     – Genética     – Hematología     – Inmunología     – Microbiología     – Parasitología     – Otras determinaciones     Anatomía patológica: N.º de estudios Coste – Biopsias     – Citologías     – PAAF     – Otros     Medicina nuclear: N.º de estudios Coste – Gammagrafías     – PET-TC     – Otros     Otras pruebas diagnósticas: N.º de estudios Coste Alergia:     – Pruebas alérgicas     Cardiología:     – ECG     – Ecocardiografía / Eco doppler     – Ergometría     – Holter     – Otros (excluye hemodinámica y electrofisiología)     Digestivo:     – Gastroscopias     – Colonoscopias     – Otros     Ginecología:     – Ecografías     – Colposcopias     – Otros     Neumología:     – Broncoscopias     – Espirometrías     – Otros     Neurología / Neurofisiología:     – Electroencefalografía     – Electromiografía     – Poligrafía sueño     – Otros     O.R.L.:     – Otoemisiones acústicas     – Potenciales evocados auditivos de tronco cerebral     – Audiometrías     – Otros     Urología:     – Endoscopias     – Estudios urodinámicos     – Otros     Otros*     * Este apartado se utilizará cuando exista algún concepto que no tenga cabida en los apartados anteriores; en ese caso se deberá especificar cada concepto incluido. 1.3. Información sobre actividad hospitalaria 1.3.1 Con periodicidad trimestral la Entidad comunicará a MUFACE los datos acumulados de actividad hospitalaria desglosados por hospitalización convencional y hospitalización de día y a domicilio. 1.3.2 Hospitalización convencional: Tabla 4. Hospitalización convencional Hospitalización convencional N.º ingresos Estancias* Coste Centro concertado Centro público Centro concertado Centro público Centro concertado Centro público Médica             Quirúrgica             Obstétrica:              – Partos              – Cesáreas             Pediátrica             Salud mental             Cuidados intensivos             Neonatología             Unidad de cuidados paliativos             * N.º de estancias acumuladas trimestralmente por línea de actividad. 1.3.3 Hospitalización de día y a domicilio: Tabla 5. Hospitalización de día y a domicilio Hospital de Día* N.º de pacientes N.º de sesiones / días** Coste  – Oncohematológico        – Psiquiatría        – Otros       Hospitalización a domicilio        – Hospitalización a domicilio       * Excluye el hospital de día quirúrgico ** N.º de sesiones acumuladas trimestralmente por línea de actividad 1.4. Información sobre actividad de urgencias Con periodicidad trimestral la Entidad comunicará a MUFACE los datos acumulados de actividad de urgencias desglosados por: a) Urgencia hospitalaria: Son todas aquellas que han sido atendidas en los servicios de urgencia de un hospital, incluyendo aquellas urgencias que hayan acabado en ingreso hospitalario. b) Urgencia ambulatoria: Son todas aquellas que hayan sido atendidas por los servicios de urgencias de los centros sanitarios no hospitalarios (policlínicas, servicios de urgencias externos, etc.). c) Urgencia domiciliaria: Son todas aquellas asistencias urgentes atendidas en el domicilio del paciente por servicios de urgencias. d) Centro / Servicio de urgencia a precio fijo. e) Otros. Tabla 6. Información sobre actividad de urgencias Actividad N.º de urgencias Coste – Urgencia hospitalaria     – Urgencia ambulatoria     – Urgencia domiciliaria     – Centro / Servicio de urgencia a precio fijo     – Otros     1.5. Información sobre actividad quirúrgica Con periodicidad trimestral la Entidad comunicará a MUFACE los datos acumulados de actividad quirúrgica desglosados por cirugía mayor y cirugía menor: Tabla 7. Actividad quirúrgica Actividad N.º Coste Cirugía mayor Intervenciones quirúrgicas programadas con hospitalización     Intervenciones quirúrgicas urgentes con hospitalización     Intervenciones quirúrgicas programadas ambulatorias en quirófano (CMA)     Intervenciones quirúrgicas urgentes ambulatorias en quirófano (CMA)     Cirugía menor Intervenciones de cirugía menor     1.6. Otros procedimientos diagnósticos y terapéuticos Con periodicidad trimestral la Entidad comunicará a MUFACE los datos acumulados de actividad de otros procedimientos terapéuticos desglosados por: Tabla 8. Otros procedimientos diagnósticos y terapéuticos Procedimientos N.º de procedimientos Coste Implante de neuroestimuladores intracraneales     Radiocirugía simple     Radiocirugía fraccionada     Litotricias     Implantes cocleares     Radioterapia     Hemodinámica cardiaca diagnóstica     Hemodinámica cardiaca terapéutica:     – N.º total de stents     Estudios electrofisiológicos diagnósticos     Estudios electrofisiológicos terapéuticos:     – Ablación     – Implante/sustitución de desfibrilador     – Otros     Ciclos de Reproducción Humana Asistida     Otros*     * Este apartado se utilizará cuando exista algún concepto que no tenga cabida en los apartados anteriores; en ese caso se deberá especificar cada concepto incluido 2. Información sobre asistencia sanitaria transfronteriza La Entidad facilitará a MUFACE un archivo en soporte informático en el que se hará constar la siguiente información: a) Prestaciones que no requieren autorización previa: indicando tipo de prestación, número de pacientes, y coste de la prestación e importe reembolsado. b) Prestaciones que requieren autorización previa: indicando tipo de prestación, número de pacientes, y coste de la prestación e importe reembolsado. Todo ello, de acuerdo con la estructura e instrucciones que en cada momento determine la Mutualidad. 3. Registro de CMBD 3.1 La recopilación del Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) de los procesos de hospitalización es un requisito de obligado cumplimiento en todo el SNS. Desde el año 2008 la remisión del CMBD desde los hospitales a las entidades y de éstas a MUFACE es una práctica obligatoria. El tratamiento de la información contenida en este CMBD permite a MUFACE disponer del conocimiento de los servicios prestados y de los procesos atendidos de sus beneficiarios en los centros propios y concertados de la Entidad, lo que le permitirá desarrollar adecuadamente las funciones de gestión, estudios epidemiológicos y evaluación de la calidad de sus servicios sanitarios que viene obligada a realizar como administración sanitaria pública y para las que está legalmente habilitada de acuerdo con su normativa específica y el artículo 53 y la disposición adicional cuarta de la Ley 16/2003, de 28 de mayo. Como se indica en la cláusula 6.1.4 y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 9 y 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, MUFACE, como responsable del tratamiento de dicha información, exigirá que la Entidad recabe de los centros sanitarios detallados en los catálogos de proveedores los datos de los beneficiarios de MUFACE que tenga adscritos y que hayan sido dados de alta hospitalaria o sometidos a procedimientos de cirugía mayor ambulatoria, los custodie y los transmita a MUFACE. En este proceso de transmisión de la información de los centros a la Entidad y de la Entidad a MUFACE, los datos transmitidos no podrán ser comunicados a otras personas, ni utilizados o aplicados por la Entidad para fines distintos a los mencionados en el párrafo anterior, para lo que se aplicarán las pertinentes medidas de seguridad de nivel alto, que garanticen la confidencialidad de los datos relativos a la salud de los protegidos y eviten cualquier alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado de los mismos. Conforme a lo previsto en el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, la estructura y demás información relevante del «Fichero de Datos CMBD, creado por MUFACE figura en la Orden HAP/2478/2013, de 20 de diciembre, por la que se regulan los ficheros de datos de carácter personal existentes en el departamento y en determinados organismos públicos adscritos al mismo. 3.2 La Entidad requerirá a sus centros para que cumplimenten el informe de alta, al finalizar la estancia en una institución hospitalaria. El informe de alta deberá adaptarse a lo establecido en la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo de 6 de septiembre de 1984 y demás disposiciones que son de aplicación para los hospitales públicos, debiendo contener, en todo caso, el CMBD al alta hospitalaria, que se estableció desde 1987 por el Consejo Interterritorial del SNS, conforme a lo establecido en el punto 3.5 de este Anexo. La Entidad se ocupará de informar a los beneficiarios de este Concierto en las autorizaciones de ingreso en centro hospitalario o de cirugía mayor ambulatoria que emita, de que sus datos de salud pueden ser tratados por MUFACE para los fines establecidos, siempre con las recomendaciones y cautelas establecidas por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. La Entidad facilitará a MUFACE los datos del CMBD para su posterior explotación y análisis en soporte informático, según el formato e instrucciones recogidas en el Manual de cumplimentación del CMBD de MUFACE. Dichos datos deberán presentarse por trimestre natural vencido, dentro de los tres meses siguientes a la finalización del trimestre correspondiente. 3.3 Estructura del CMBD Variable Longitud 1. Identificación de la Mutualidad 2 2. Identificación de la Aseguradora 2 3. Identificación del Hospital 6 4. Código postal del Domicilio (residencia) 5 5. Número de historia clínica 10 6. Código de identificación del paciente 16 7. Fecha de nacimiento 8 8. Sexo 1 9. Tipo de asistencia (código de identificación de asistencia sanitaria) 1 10. Fecha de ingreso 8 11. Tipo de ingreso 1 12. Fecha de alta 8 13. Circunstancia de alta / Motivo de alta 1 14. Servicio de alta 3 15. Diagnóstico principal (1 campo) 6 16. Diagnóstico/s secundario/s (14 campos) 6 17. Morfología de la/s neoplasia/s (Código M) (2 campos) 7 18. Procedimiento/s (20 campos) 5 19. Fecha de procedimiento principal/fecha de intervención 8 3.4 Formatos de archivo Los formatos de archivo de CMBD pueden ser: Texto de ancho fijo. Texto delimitado por el carácter “ “. Los ficheros descargados serán siempre ficheros de texto plano con las distintas altas en diferentes filas. La remisión de los ficheros se realizará a través de la aplicación informática para la cumplimentación del CMBD de MUFACE existente en la página web de MUFACE en el «Portal de Entidades Sanitarias», siguiendo para ello el procedimiento que se establece en la mencionada aplicación. Formatos de las fechas: Si el formato del archivo es de texto de ancho fijo, el formato de las fechas debe ser DDMMYYYY (Día con 2 cifras, mes con 2 cifras, año con 4 cifras). Si el formato del archivo es de texto delimitado, el formato de las fechas debe ser DD/MM/YYYY (día con 2 cifras, mes con 2 cifras, año con 4 cifras y entre separadores). 3.5 Descripción de los campos 3.5.1 Identificación de la Mutualidad. Campo alfanumérico de 2 posiciones. Se refiere a la Mutualidad a la que pertenece el beneficiario que ha recibido la asistencia sanitaria. Se pondrá el código 60. 3.5.2 Identificación de la aseguradora. Campo alfanumérico de 2 posiciones. Se refiere a la Entidad o institución que financia el episodio del paciente. Se cumplimentará con el código correspondiente, que puede ser consultado en el Manual de cumplimentación del CMBD de MUFACE. 3.5.3 Identificación del hospital. Campo alfanumérico de 6 posiciones. Código que figura en el catálogo nacional de hospitales. 3.5.4 Código postal del domicilio del paciente. Campo alfanumérico de 5 posiciones. Código postal del domicilio habitual del paciente. 3.5.5 Número de la historia clínica del paciente. Campo alfanumérico de 10 posiciones. El paciente se identificará única y exclusivamente por el número de la historia clínica, lo que exige la utilización de un número de historia único por paciente en cada hospital. Se precisa que este número sea un código de identificación unívoco y exclusivo para un mismo paciente, pero también permanente en el tiempo. Esta condición debe ser asegurada al menos en el período del mismo año natural de forma que permita calcular ingresos reiterados de un mismo paciente en el mismo centro sanitario. 3.5.6 Código de identificación individual. Campo alfanumérico de 16 posiciones. Número de identificación unívoca del paciente que será, cuando esté normalizado, el código de la tarjeta sanitaria individual del paciente asignado en el SNS. 3.5.7 Fecha de nacimiento. Campo fecha de 8 posiciones, con el siguiente formato: las dos primeras cifras corresponden al día, las dos siguientes al mes y las cuatro últimas al año. 3.5.8 Sexo del paciente. Campo numérico con 1 posición. Se codificará en las siguientes categorías: 1. Hombre. 2. Mujer. 9. Indeterminado/No especificado. 3.5.9 Tipo de asistencia. Campo numérico de 1 posición. Se refiere al tipo de recurso que ha proporcionado la asistencia sanitaria al paciente. Se recogerán los siguientes tipos de episodios asistenciales: 1. Hospitalización convencional. 2. Cirugía Mayor Ambulatoria. 3. Hospital de Día 3.5.10 Fecha de ingreso. Campo fecha de 8 posiciones, con el siguiente formato: las dos primeras cifras corresponden al día, las dos siguientes al mes y las cuatro últimas al año. Corresponde a la fecha en la que el paciente ocupa físicamente una cama definida como de hospitalización, con independencia del tiempo previo que esta cama le haya sido reservada. 3.5.11 Tipo de ingreso. Campo numérico con 1 posición. Se codificará en las siguientes categorías: 1. Urgente: Paciente ingresado con orden de ingreso urgente, y por tanto no previsto y planificado con anterioridad, independientemente de que procedan del área de urgencias o no. 2. Programado: Ingreso previsto con anterioridad, y que se ha concertado con antelación una fecha y/u hora para su realización. 3.5.12 Fecha de alta. Campo fecha de 8 posiciones, con el siguiente formato: las dos primeras cifras corresponden al día, las dos siguientes al mes y las cuatro últimas al año. Corresponde a la fecha en la que el paciente abandona el área de hospitalización dejando de ocupar la cama. 3.5.13 Circunstancias o motivos de alta. Campo numérico de 1 posición. Se entiende por circunstancia al alta el destino del paciente tras el cierre del episodio. Se codificará en las siguientes categorías: 1. Domicilio: Se refiere al regreso a la residencia habitual del paciente, tanto ésta sea un domicilio particular o una residencia social. 2. Traslado a otro hospital: Se asignará este código cuando el destino del paciente sea otro centro hospitalario, siempre que no se trate de un episodio de cirugía ambulatoria, en cuyo caso se seleccionará la categoría 6. 3. Alta voluntaria: Cuando el alta se produce a instancias del propio paciente sin que exista indicación médica. Incluye el concepto de Fuga: cuando el enfermo abandone el centro donde estaba ingresado sin conocimiento del mismo. 4. Exitus: Fallecimiento. 5. Traslado a un centro sociosanitario: Se incluyen en esta categoría los traslados a centros sustitutorios del propio domicilio, destinados al alojamiento temporal o permanente de personas que presentan algún grado de limitación que impida la realización autónoma de las actividades de la vida diaria, sin que puedan mantener una calidad de vida adecuada en su medio habitual y que no precisen de cuidados hospitalarios continuados ni se encuentren en situación terminal. 6. Traslado a hospitalización convencional desde cirugía ambulatoria: Se incluye en esta categoría el traslado de un paciente de cirugía ambulatoria que precisa hospitalización convencional en el mismo centro u otro (código solo válido para tipo asistencial de CMA). 8. Otros: Se incluirá en este concepto cualquier modalidad de alta no descrita en las anteriores categorías. 9. Desconocido. 3.5.14 Servicio de alta: Campo alfabético de 3 posiciones. Servicio responsable de la firma del alta hospitalaria. La tabla de códigos de servicios puede ser consultada en el Manual de cumplimentación del CMBD de MUFACE. 3.5.15 Diagnóstico principal: Campo alfanumérico 6 posiciones. Es la afección que después del estudio necesario se establece que fue la causa del ingreso en el hospital de acuerdo con el criterio del servicio clínico o facultativo que atendió al paciente, aunque durante su estancia hayan aparecido complicaciones importantes e incluso otras afecciones independientes. Se codificará con la CIE-9-MC y cuyo número de revisión y edición vigente para cada año será la oficial del Ministerio de Sanidad. Se grabará el código de la CIE-9-MC incluyendo el punto en el lugar correspondiente. 3.5.16 Diagnósticos secundarios: Campo alfanumérico 6 posiciones. Son aquéllos que coexisten con el principal en el momento del ingreso o se desarrollan a lo largo de la estancia hospitalaria, que influyen en la duración de la misma o en el tratamiento administrado. Se codifica con la CIE-9-MC, incluyendo los apéndices de códigos V y códigos E. Se puede trabajar hasta con 14 diagnósticos secundarios. Se codificará con la CIE-9-MC y cuyo número de revisión y edición vigente para cada año será la oficial del Ministerio de Sanidad. Se grabará el código de la CIE-9-MC incluyendo el punto en el lugar correspondiente. 3.5.17 Códigos de morfologías de las neoplasias: Campo alfanumérico de 7 posiciones. Recogerá el tipo histológico de la/s neoplasia/s y su comportamiento. El sistema de codificación es el del apéndice A de Morfología de Neoplasias de la CIE-9-MC. Se grabará el código de la CIE-9-MC incluyendo la barra (/) en la posición correspondiente. Se puede trabajar hasta con 2 códigos de morfología. 3.5.18 Procedimientos: Campo numérico de 5 posiciones. Se recogerán los procedimientos efectuados en el episodio de hospitalización del paciente. Se puede trabajar hasta con 20 procedimientos. Se codificará con la CIE-9-MC y cuyo número de revisión y edición vigente para cada año será la oficial del Ministerio de Sanidad. Se grabará el código de la CIE-9-MC incluyendo el punto en el lugar correspondiente. 3.5.19 Fecha de intervención: Campo fecha de 8 posiciones, con el siguiente formato: las dos primeras cifras corresponden al día, las dos siguientes al mes y las cuatro últimas al año. Sólo debe cumplimentarse en el caso de que al paciente se le haya practicado una intervención quirúrgica o cualquier procedimiento realizado en quirófano. En caso de haberse realizado más de una, se registrará la fecha de la primera de ellas. 3.6 Criterios de evaluación de la calidad de los registros de alta codificados mediante CMBD. Las siguientes variables son de obligado cumplimiento, considerándose inválido cualquier registro que carezca de dichos campos o bien cuyo contenido no corresponda con un valor autorizado o válido: 1. Tipo de asistencia. 2. Fecha de nacimiento. 3. Fecha de ingreso. 4. Fecha de alta. 5. Sexo. 6. Circunstancias al alta. 7. Diagnóstico principal. Los sistemas informáticos del hospital o centro sanitario concertado deberán ser adaptados, en caso necesario, para la adecuada obtención de los datos solicitados, en orden y formatos correctos, con el fin de un correcto procesamiento de los mismos. En el caso de que los datos no se adapten a los requerimientos solicitados, podrán ser invalidados para dicho procedimiento informático. 4. Registro de medios sanitarios 4.1 La información de los medios propios y concertados que las entidades ofertan para prestar el servicio de asistencia sanitaria a los beneficiarios en el territorio nacional se enviará en formato electrónico a MUFACE con arreglo a las instrucciones dictadas por la Mutualidad. Además de los datos generales de la Entidad, ésta remitirá los datos que figuran en las siguientes tablas con el formato indicado. Los datos enviados deben corresponder con todos los que consten en los catálogos editados. MUFACE establecerá la periodicidad de actualización de los datos y proveerá un mecanismo sencillo de carga telemática de los mismos. Los datos de identificación profesional se deben adecuar a los establecidos por los distintos colegios y asociaciones profesionales. La estructura de datos de localización en todas las tablas se corresponde con la estructura oficial del INE para su posible explotación mediante un sistema de información geográfica. 4.2 Tabla de profesionales sanitarios Contiene la información de todos los profesionales sanitarios concertados de la Entidad. Se cumplimentará una fila por cada profesional. Campo Tipo de dato Long. Descripción cif_nif cif_nif 9 CIF o NIF. apellido1 Texto 50 Primer apellido. apellido2 Texto 50 Segundo apellido. nombre Texto 50 Nombre. colegiado colegiado 9 Número de colegiado. Obligatorio únicamente si «actividad_profesional=1» (médico). provincia provincia 2 Código de la provincia. municipio municipio 4 Código INE del municipio. especialidad especialidad 2 Código de especialidad según OMC. Obligatorio únicamente si «actividad_profesional=1» (médico). especialista Texto 75 Nombre literal de la especialidad. Obligatorio únicamente cuando el campo «especialidad» sea igual a 99. actividad_profesional actividad_profesional 1 Código de la actividad profesional. Si su valor es «1» (médico) los campos «especialidad» y «colegiado» serán también obligatorios. cif_centro Texto 9 CIF del centro sanitario. clinica_centro Texto 150 Clínica u hospital donde el profesional desempeña su actividad. Obligatorio si se ha rellenado el campo «cif_centro». direccion_tipovia tipo_via 5 Tipo de vía donde se encuentra el centro. direccion_nombrevia Texto 150 Nombre de la vía donde se halla situado el centro hospitalario. direccion_numero Texto 3 Número de la vía donde se halla situado el centro hospitalario. localidad Texto 50 Localidad donde está ubicado el centro sanitario. codigo_postal codigo_postal 5 Código postal. correo_electronico correo_electronico 60 Dirección de correo electrónico del profesional. telefono telefono 15 Teléfono de contacto del profesional. equipo_informatico sino 1 Disponibilidad de equipo informático: S = Sí, N = No. firma_electrónica sino 1 Disponibilidad de firma electrónica en la consulta: S = Sí, N = No. lector_dnie sino 1 Disponibilidad de lector de DNI electrónico en la consulta: S = Sí, N = No. prescripcion_receta sino 1 Indica si puede prescribir receta o no: S = Sí, N = No. emision_partes_it sino 1 Indica si puede emitir partes de IT, RE, RLN: S = Sí, N = No. 4.3 Tabla de clínicas y hospitales Contiene la información de todos los hospitales y clínicas (con internamiento) propios o concertados por la Entidad. Se cumplimentará una fila por cada hospital o clínica. Campo Tipo de dato Long. Descripción hospital hospital 6 Código del hospital según el Catálogo Nacional de Hospitales. clínica_hospital Texto 150 Denominación de la clínica u hospital. cif_nif cif_nif 9 CIF/NIF del centro. provincia provincia 2 Código de la provincia. municipio municipio 4 Código del municipio. numero_camas Alfanumérico 4 Número de camas instaladas. nivel_ae nivel_ae 1 Nivel de atención especializada. servicio_urgencias sino 1 Indica si el centro dispone de servicio de urgencias o no. direccion_tipovia tipo_via 5 Tipo de vía donde se encuentra el centro. direccion_nombrevia Texto 150 Nombre de la vía donde se halla situado el centro hospitalario. direccion_numero Texto 3 Número de la vía donde se halla situado el centro hospitalario. localidad Texto 150 Localidad. codigo_postal codigo_postal 5 Código postal. telefono telefono 15 Teléfono del centro. correo_electronico correo_electronico 60 Dirección de correo electrónico de la clínica u hospital. 4.4 Tabla de centros sanitarios sin internamiento Contiene la información de todos los centros de diagnóstico y tratamiento sin internamiento propios o concertados por la Entidad. Se cumplimentará una fila por cada centro. Campo Tipo Long. Descripción cif Alfanumérico 9 CIF del centro o consulta. clínica_centro Texto 150 Denominación del centro. provincia Alfanumérico 2 Código de la provincia. municipio Alfanumérico 4 Código del municipio. tipo_centro Alfanumérico 5 Código del centro sanitario según Anexo I del RD 1277/2003. direccion_tipovia Texto 25 Tipo de vía donde se encuentra el centro (calle, plaza, avenida, glorieta, etc.). direccion_nombrevia Texto 150 Nombre de la vía donde se halla situado el centro. direccion_numero Texto 3 Número de la vía donde se halla situado el centro. localidad Texto 150 Localidad del centro. codigo_postal Texto 5 Código postal. correo_electronico Texto 60 Dirección de correo electrónico de la clínica u hospital. telefono Texto 15 Teléfono del centro. fax Texto 15 Fax del centro. oferta_servicios Alfanumérico 3 Código de servicios y técnicas de diagnóstico. 4.5 Tabla de delegaciones provinciales de la Entidad Contiene los datos de información general de cada delegación provincial de la Entidad. Se cumplimentará una fila por cada una de las delegaciones provinciales de la Entidad. Campo Tipo Long. Descripción provincia Alfanumérico 2 Código de la provincia de la delegación provincial de la entidad. municipio Alfanumérico 4 Código del municipio de la delegación provincial de la entidad. propia Texto 1 Indicar si la Delegación es propia de la Entidad. Nombre_responsable Texto 50 Nombre de la persona de contacto en la Delegación. Apellido1_responsable Texto 50 Primer apellido de la persona de contacto en la Delegación. Apellido2_responsable Texto 50 Segundo apellido de la persona de contacto en la Delegación. direccion_tipovia Texto 25 Tipo de vía donde se encuentra la delegación (calle, plaza, avenida, glorieta, etc.). direccion_nombrevia Texto 150 Nombre de la vía donde se halla situada la delegación. direccion_numero Texto 3 Número de la vía donde se halla situada la delegación. codigo_postal Alfanumérico 5 Código postal de la delegación provincial de la entidad. telefono Texto 9 Teléfono de la delegación provincial de la entidad. fax Texto 9 Número de fax de la delegación provincial de la entidad. telefono_ambulancias Texto 9 Teléfono de ambulancias de la entidad. 5. Modificación de la estructura de los ficheros y tablas La Dirección General de MUFACE podrá introducir modificaciones en la estructura de los ficheros y tablas que recogen la información de actividad/coste, CMBD y medios sanitarios con el fin de actualizar sus contenidos o adecuarlos a necesidades sobrevenidas. ANEXO 7 Compensaciones económicas por incumplimiento parcial de obligaciones definidas en el concierto. Procedimiento para su imposición Anexo 7. Compensaciones económicas por incumplimiento parcial de obligaciones definidas en el concierto. Procedimiento para su imposición 1. Criterio general, infracciones y compensaciones económicas 1.1 De conformidad con lo previsto en la cláusula 7.7, en este Anexo se establece la tipificación de los incumplimientos por la Entidad de las obligaciones definidas en las cláusulas 1.5, 1.6, 3.4.1, 3.6, 4.7.3, 4.8, 5.2.1 e), 5.3.6, 6.1.2, y 6.1.4 y el importe de la compensación económica para cada uno de ellos, graduándose, según el caso, en función de su calificación en grado de leve, grave o muy grave. 1.2. Infracciones relativas a la entrega por la Entidad del documento de identificación para el acceso a la asistencia 1.2.1 La tipificación del incumplimiento de las obligaciones previstas en la cláusula 1.5, en relación con la entrega de la tarjeta sanitaria o del documento provisional para el acceso inmediato a los servicios de los beneficiarios desde el momento del alta y con la inclusión en la tarjeta del teléfono 900…/800… de atención de urgencia, y el importe de la compensación económica se determinarán de acuerdo a los siguientes criterios: a) Se considerará incumplimiento leve si el retraso en la entrega del documento provisional impide que el beneficiario reciba asistencia en medios correspondientes al nivel de Atención Primaria. b) Se considerará incumplimiento grave: 1. Si el retraso en la entrega del documento provisional impide que el beneficiario reciba asistencia en medios incluidos en el nivel de Atención Especializada, excepto hospitalización. 2. Si después de emitido el certificado previsto en la cláusula 1.5.4, se ha facturado a MUFACE el importe de una asistencia de Atención Primaria. 3. La reiteración de tres incumplimientos leves, con independencia de la provincia en que se hayan producido. c) Se considerará incumplimiento muy grave: 1. Si el retraso en la entrega del documento provisional impide que el beneficiario que lo precise ingrese en un hospital. 2. Si después de emitido el certificado previsto en la cláusula 1.5.4, se ha facturado a MUFACE el importe de una asistencia de Atención Especializada, excepto hospitalización. 3. Si en la tarjeta entregada por la Entidad no consta el teléfono 900…/800… de atención de urgencia. 4. La reiteración de tres incumplimientos graves. 1.2.2 En el supuesto previsto en el punto 1.2.1 a), el importe de la compensación económica será de hasta 1.000 euros; en los supuestos previstos en el punto 1.2.1 b), será una cantidad entre 1.001 y 2.000 euros y en los supuestos previstos en el punto 1.2.1 c) será una cantidad entre 2.001 y 3.000 euros. 1.3. Publicidad indebida 1.3.1 La tipificación del incumplimiento de las obligaciones previstas en la cláusula 1.6 y el importe de la correspondiente compensación económica se determinarán de acuerdo a los siguientes criterios, para cada una de las provincias en donde se detecte el incumplimiento: a) Se considerará incumplimiento leve la publicidad de la oferta de servicios de una Entidad realizada, sin autorización, dentro del recinto de cualquier organismo público que incida negativamente en el funcionamiento del mismo. b) Se considerará incumplimiento grave: 1. La publicidad de la oferta de servicios de una Entidad dirigida a colectivos profesionales específicos. 2. La oferta con fines publicitarios de obsequios a los mutualistas, realizada de forma directa o indirecta a través de terceros. 3. Cuando la Entidad utilice el logotipo o algún otro identificativo de MUFACE o de la Administración General del Estado en cualquier tipo de campaña publicitaria. 4. La reiteración de tres incumplimientos leves. c) Se considerará incumplimiento muy grave: 1. La oferta con fines publicitarios de obsequios a los mutualistas, realizada de forma directa o indirecta a través de terceros cuando se realice durante el periodo de cambio ordinario o en los procesos de alta de colectivos profesionales específicos. 2. La reiteración de tres incumplimientos graves. 1.3.2 En el supuesto previsto en el punto 1.3.1 a), el importe de la compensación económica será de hasta 10.000 euros; en los supuestos previstos en el punto 1.3.1 b), será una cantidad entre 10.001 y 25.000 euros y en los supuestos previstos en el punto 1.3.1 c) será una cantidad entre 25.001 y 50.000 euros. 1.4. Entrega de catálogos de proveedores La tipificación del incumplimiento de las obligaciones previstas en la cláusula 3.4.1, en lo relativo a la entrega en plazo y número de los catálogos de proveedores en los en los Servicios Centrales y Servicios Provinciales de MUFACE, así como a los beneficiarios, y el importe de la compensación económica se determinarán de acuerdo a los siguientes criterios: a) Si la Entidad no hiciera entrega de los catálogos de proveedores en los Servicios Centrales o en los Servicios Provinciales de MUFACE antes del 20 de diciembre del año anterior al de vigencia del Concierto o no lo hiciera en el formato y número de ejemplares solicitados vendrá obligada a abonar una compensación económica del 5% del importe de la prima mensual correspondiente al colectivo de las provincias en las que no se hubieran entregado los catálogos en forma o dentro del plazo antedicho con un mínimo de 3.000 euros, cuando la entrega se efectúe durante el mes de enero. Si la entrega se dilatase, se incrementará la compensación económica en un 3% adicional, con un mínimo de 1.500 euros, por cada mes transcurrido. b) Si la Entidad no facilitara el Catálogo de Proveedores a los beneficiarios que tenga adscritos en la forma y plazo estipulados en la cláusula 3.4.1, vendrá obligada a abonar una compensación económica de 250 euros por beneficiario y día de retraso. 1.5. Falta de garantía del principio de continuidad asistencial 1.5.1 La tipificación del incumplimiento de las obligaciones previstas en la cláusula 3.6 en relación con la falta de garantía de la continuidad asistencial y el importe de la correspondiente compensación económica se determinarán de acuerdo a los siguientes criterios: a) Se considerará incumplimiento leve si la Entidad no garantiza la continuidad asistencial de algún beneficiario en el supuesto previsto en la cláusula 3.6.1, salvo para los procesos oncológicos. b) Se considera incumplimiento grave. 1. Si la Entidad no garantiza en procesos oncológicos la continuidad asistencial de algún beneficiario en el supuesto previsto en la cláusula 3.6.1. 2. Si la Entidad no garantiza la continuidad asistencial de algún beneficiario en el supuesto previsto en la cláusula 3.6.2, salvo para los procesos oncológicos. 3. La reiteración de tres incumplimientos leves. c) Se considerará incumplimiento muy grave: 1. Si la Entidad no garantiza en procesos oncológicos la continuidad asistencial de algún beneficiario en el supuesto previsto en la cláusula 3.6.2. 2. Si la Entidad no garantiza la continuidad asistencial de algún beneficiario en los supuestos previstos en la cláusula 3.6.5. 3. La reiteración de tres incumplimientos graves. 1.5.2 En el supuesto previsto en el punto 1.4.1 a), el importe de la compensación económica será de hasta 30.000 euros; en los supuestos previstos en el punto 1.4.1 b), será una cantidad entre 30.001 y 45.000 euros y en los supuestos previstos en el punto 1.4.1 c) será una cantidad entre 45.001 y 60.000 euros. 1.6. Denegación de solicitudes de prestaciones incluidas en la Cartera de Servicios 1.6.1 La tipificación del incumplimiento de las obligaciones previstas en la cláusula 4.8, en relación con la denegación de una solicitud de prestación que figurando en la Cartera de Servicios establecida en este Concierto, haya sido indicada por un facultativo concertado por la Entidad, y estudiado el correspondiente expediente en Comisión Mixta Nacional haya sido dictada resolución estimatoria por la Dirección General de MUFACE, así como el importe de la compensación económica se determinarán de acuerdo a los siguientes criterios: a) Se considerará incumplimiento leve: 1. En el caso de que alguna de las pruebas diagnósticas o tratamientos incluidos en el Concierto se efectúen con cargo al beneficiario. 2. Si la denegación corresponde a los medios indicados en los puntos 1.2 C), 1.2 D), 1.2 H), 1.2 I), 1.2 O), 1.3, 1.4 y 1.5 del Anexo 5. b) Se considerará incumplimiento grave: 1. Si la denegación corresponde a medios indicados en los puntos 1.2 A), 1.2 B) (para contingencias profesionales) 1.2 G), 1.2 J), 1.2 K), 1.2 L) 1.2 M), 1.2 N), 1.2 P) y 1.7 del Anexo 5. 2. La reiteración de tres incumplimientos leves, con independencia de la provincia en que se hayan producido. c) Se considerará incumplimiento muy grave: 1. Si la denegación se corresponde a medios indicados en los puntos 1.1, 1.6, 1.2 E) y 1.2 F) del Anexo 5. 2. La reiteración de tres incumplimientos graves. En los supuestos previstos en la letra a), el importe de la compensación económica será una cantidad entre 1.500 y 3.000 euros; en los supuestos previstos en la letra b), será una cantidad entre 3.001 y 6.000 euros y en los supuestos previstos en la letra c) será una cantidad entre 6.001 y 10.000 euros. 1.6.2 El incumplimiento de las obligaciones previstas en las cláusulas 4.7.3, 5.2.1 e) y 5.3.6 en relación con las actuaciones que la Entidad debe realizar en cada una de ellas y, estudiado el correspondiente expediente en Comisión Mixta Nacional haya sido dictada resolución estimatoria por la Dirección General de MUFACE, y el importe de la compensación económica se determinarán de acuerdo a los siguiente criterios: a) Se considerará incumplimiento leve cuando la Entidad no emita el informe motivado exigido en la cláusula 5.3.6, o lo haga fuera del plazo establecido en la misma. b) Se considerará incumplimiento grave: 1. El incumplimiento de las obligaciones de la cláusula 4.7.3. 2. La reiteración de tres incumplimientos leves, con independencia de la provincia en que se hayan producido. c) Se considerará incumplimiento muy grave: 1. El incumplimiento de las obligaciones de la cláusula 5.2.1 e). 2. Cuando la Entidad no conteste en los términos y en el plazo de 48 horas establecido en la cláusula 5.3.6. 3. La reiteración de tres incumplimientos graves, con independencia de la provincia en que se hayan producido. En el supuesto previsto en la letra a), el importe de la compensación económica será una cantidad entre 1.500 y 3.000 euros; en los supuestos previstos en la letra b), será una cantidad entre 3.001 y 6.000 euros y en los supuestos previstos en la letra c) será una cantidad entre 6.001 y 10.000 euros. 1.6.3 Una vez calificado el incumplimiento, para cuantificar el importe de la compensación económica en aquellos expedientes en los que exista factura se tomará el duplo del importe fijado en la misma, redondeándose al múltiplo de 100 más cercano por defecto o exceso, siempre y cuando la cuantía así determinada se encuentre entre las cantidades estipuladas para la calificación efectuada; de no quedar comprendida, el importe de la compensación económica, será la cuantía mínima o máxima, según proceda, del tramo fijado. 1.7. Retrasos en la entrega de información sobre actividad y asistencia hospitalaria La tipificación del incumplimiento de las obligaciones previstas en las cláusulas 6.1.2 y 6.1.4 y el importe de la compensación económica se determinarán de acuerdo a los siguientes criterios: a) El incumplimiento por la Entidad de las obligaciones previstas en las cláusulas 6.1.2 y 6.1.4 dará lugar al abono de una compensación económica del 2% del importe de la prima mensual correspondiente, por mes de demora producido en la entrega de la información requerida. b) Ese porcentaje se desglosará del siguiente modo: 1. Si el retraso se produce en la entrega de la información general sobre actividad corresponderá aplicar un 1%. 2. Si el retraso se produce en la entrega de la información sobre asistencia hospitalaria (CMBD) corresponderá aplicar un 1%. 2. Procedimiento para la imposición de las compensaciones económicas 2.1. En los supuestos en los que se haya detectado un incumplimiento de las obligaciones recogidas en la cláusula 1.6, el Servicio Provincial correspondiente informará por escrito a la representación de la Entidad sobre el mismo e incluirá el asunto en el orden del día de la inmediata reunión de la Comisión Mixta Provincial para que la Entidad presente las alegaciones correspondientes. Estudiado el asunto, las posiciones mantenidas por MUFACE y la Entidad se incluirán en el acta de la Comisión. En caso de que las posiciones fueran concordantes y el resultado de las mismas fuera que tal incumplimiento se considera como no producido, bastará con que este extremo se recoja en el acta aprobada para dar por finalizado el asunto. En caso de que permanecieran las discrepancias sobre el asunto o no hubiera acuerdo en la existencia de un incumplimiento, el expediente se elevará para su estudio por la Comisión Mixta Nacional y será incluido en el orden del día de la primera reunión que se celebre. A partir de entonces, se seguirá el procedimiento previsto en el punto 2.2 siguiente. 2.2. En los supuestos en los que se haya detectado un incumplimiento de las obligaciones recogidas en las cláusulas 1.5, 3.4.1, 3.6, 6.1.2 y 6.1.4, el Departamento de Prestaciones Sanitarias de MUFACE informará por escrito a la representación de la Entidad sobre el mismo e incluirá el asunto en el orden del día de la inmediata reunión de la Comisión Mixta Nacional para que la Entidad presente las alegaciones correspondientes. Estudiado el asunto, las posiciones mantenidas por MUFACE y la Entidad se incluirán en el acta de la Comisión. En caso de que las posiciones fueran concordantes y el resultado de las mismas fuera que tal incumplimiento se considera como no producido, bastará que este extremo se recoja en el acta aprobada para dar por finalizado el asunto. En caso de acuerdo con la existencia de un incumplimiento o de desacuerdo de las partes en la Comisión Mixta Nacional, resolverá la Dirección General de MUFACE. Conforme a los términos fijados en la correspondiente resolución, se procederá a descontar en el siguiente pago mensual a la Entidad el coste de la compensación y se notificará a la Entidad que podrá interponer recurso de alzada ante la persona titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con lo previsto en los artículos 107 a 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y en relación con el artículo 37.1 de la LSSFCE. 2.3. En los supuestos en los que se haya detectado un incumplimiento de las obligaciones recogidas en las cláusulas 4.7.3, 4.8, 5.2.1 e) y 5.3.6 se seguirá el mismo procedimiento previsto en el punto anterior, tratándose en la reunión de la Comisión Mixta Nacional en cuyo orden del día figure la reclamación del interesado. ANEXO 8 Sistema de asignación de incentivos a la calidad de la asistencia y deducciones por fallos de disponibilidad Anexo 8. Sistema de asignación de incentivos a la calidad de la asistencia y deducciones por fallos de disponibilidad La mejora continua de los servicios de asistencia sanitaria que los beneficiarios de MUFACE reciben a través de la Entidad es un objetivo central del Concierto. A estos efectos, se establecen unos criterios que permiten medir el grado de disponibilidad y calidad de la atención prestada por la Entidad basados en las especificaciones técnicas del Concierto. 1. Asignación del incentivo de calidad 1.1. Se establece un incentivo anual de calidad, cuyo importe máximo se encuentra definido en la cláusula 8.3.2. Los criterios de asignación de los incentivos económicos vinculados a los objetivos de calidad seleccionados, se reflejan en el punto 2 de este Anexo, donde se especifican los requerimientos mínimos para la obtención del incentivo, la ponderación de los diferentes objetivos y sus componentes y el método de verificación. 1.2. De no alcanzar alguna de las entidades la ponderación máxima en alguno de los objetivos definidos en el punto 2, la cuantía del incentivo anual de calidad no distribuida se repartirá entre las entidades que hayan superado el 50% de cumplimiento en todos y cada uno de los objetivos. Dicho reparto se realizará de forma proporcional al grado de cumplimiento alcanzado en la suma de todos los objetivos, una vez ponderado el peso asignado a cada uno, y al colectivo adscrito a cada Entidad a 1 de febrero. En el caso de que haya sido imposible cumplir el mismo objetivo a todas las entidades por causa no imputable a las mismas, se repartirá a cada Entidad la parte del incentivo económico vinculado a dicho objetivo que le hubiera correspondido, en función al grado de cumplimiento del resto de los objetivos alcanzado por la misma, una vez ponderado el peso asignado a cada uno, y de acuerdo a los criterios de asignación establecidos para el referido objetivo. 2. Criterios de asignación de los incentivos económicos vinculados a los objetivos de calidad 2.1. Objetivo 1: Desarrollo de los planes elaborados para adecuarse a las estrategias del SNS y Protocolo de Atención a la Urgencia 2.1.1 En el presente ejercicio, se procederá a la evaluación del desarrollo de los planes de Cáncer, Cuidados Paliativos (CP), Ictus, Cardiopatía Isquémica y del Protocolo de Atención a la Urgencia. 2.1.2 Para el 2015 se prioriza el desarrollo del Plan de Cáncer elaborado por la Entidad y especialmente la realización de la actividades para el cribado establecidas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y recogidas en la cláusula 2.5.1. 2.1.3 Para la aprobación de la evaluación del desarrollo de cada uno de los planes y del Protocolo de Atención a la Urgencia, la puntuación obtenida en cada uno de los indicadores seleccionados no podrá ser en ningún caso inferior al 50% de su puntuación máxima. Para la aprobación del desarrollo del plan del Cáncer se requerirá además que se obtenga el 70% de la puntuación total asignada a este plan. 2.1.4 En la tabla 1 se recoge la ponderación correspondiente al cumplimiento de este objetivo para la asignación del incentivo. En la tabla 1.1 se recogen los indicadores, las metas y la puntuación para la evaluación del desarrollo del plan del Cáncer y en la tabla 1.2 los correspondientes a los planes de Cuidados Paliativos (CP), Ictus, Cardiopatía Isquémica y del Protocolo de Atención a la Urgencia. A) Tabla 1: Ponderación del objetivo Ponderación del objetivo Ponderación que corresponde a cada componente del objetivo 40% – El 20% por el desarrollo del Plan de Cáncer – El 20% por el desarrollo de los planes de Cuidados Paliativos, Ictus, Cardiopatía Isquémica y del Protocolo de Atención a la Urgencia B) Tabla 1.1: Evaluación del desarrollo del Plan de Cáncer Tabla 1.1. Evaluación del desarrollo del plan de cáncer Indicadores Metas para obtener el incentivo de calidad Puntuación Sobre un total de 150 puntos Cobertura de los programas de cribado de cáncer de mama Al menos el 60 % de las beneficiarias de entre 50 y 69 años deberán estar incluidas en el Programa de detección precoz de cáncer de mama, en el periodo evaluación comprendido entre el 31 de octubre de 2013 y el 31 octubre de 2015 40 Cobertura de los programas de cribado de cáncer de cuello uterino Al menos el 60 % de las beneficiarias de entre 25 y 65 deberán estar incluidas en el Programa de detección precoz del cáncer cuello uterino, en el periodo evaluación comprendido entre el 31 de octubre de 2013 y el 31 octubre de 2015 40 Programa de cribado de cáncer colorectal Elaboración y difusión del Programa de cribado poblacional de cáncer colorectal para los beneficiarios/as de 50 a 69 años 50 Programas formativos específicos en cáncer promovidos por la Entidad Al menos se hayan impartido, tres cursos básicos en cáncer, o dos intermedios, o uno avanzado, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2015 20 C) Tabla 1.2: Evaluación del desarrollo de los planes de Cuidados Paliativos, Ictus, Cardiopatía Isquémica y del Protocolo de Atención a la Urgencia Plan de Cáncer Tabla 1.2. Evaluación del desarrollo de los planes de cuidados paliativos, ictus y cardiopatía isquémica y protocolo de atención a la urgencia Indicadores Metas para obtener el incentivo de calidad Puntuación Sobre un total de 150 puntos Plan de cuidados paliativos (CP) Mapa de recursos de CP Presentación del mapa recursos en CP actualizado a 31 de octubre de 2015 10 Porcentaje de beneficiarios atendidos por Equipos de Soporte Domiciliario (ESD) Al menos el 20% de los beneficiarios que precisen CP en el periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de octubre 2015, serán atendidos en su domicilio por ESD 40 Plan de ictus Mapa de recursos de de rehabilitación para la atención a los pacientes con Ictus CP En el 100 % de la provincias se debe disponer de centros/servicios de rehabilitación que atiendan pacientes con Ictus 10 Plan de cardiopatía isquémica Porcentaje de ambulancias con equipo desfibrilador El 100% de las ambulancias de soporte vital básico, soporte vital avanzado, propia y concertadas deben disponer de equipo desfibrilador, y el 60% de las convencionales. 20 Protocolo de atención a la urgencia Calidad del Registro de Actividad del Centro Coordinador de Urgencias/Emergencias Tiempo de respuesta de los Equipos de emergencia: porcentaje de registros válidos de los tiempos de respuesta (hora de recepción de la llamada, hora de llegada del equipo de emergencias) El porcentaje de errores no puede superar el 10% de los registros 25 Gestión de la urgencia por el Centro Coordinador: porcentaje de registros válidos en la gestión de la urgencia (diagnóstico/asignación de la prioridad de la demanda/ tipo de dispositivo movilizado) El porcentaje de errores no puede superar el 10% de los registros 25 Programas formativos específicos Programas formativos específicos en Cuidados Paliativos, Ictus y Cardiopatía Isquémica y atención de urgencias/ emergencias promovidos por la Entidad Al menos se hayan impartido un curso básico de cada uno de ellos, un intermedio de dos de ellos, o uno avanzado de cualquiera de ellos, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2015 20 2.2. Objetivo 2: Ampliar la cobertura del CMBD y mejorar la calidad de la información de los registros 2.2.1 Para poder realizar los análisis pertinentes de las características de las asistencias hospitalarias es preciso disponer de un volumen mínimo de los registros de CMBD correspondientes a los informes de alta hospitalaria (episodios de hospitalización y de cirugía mayor ambulatoria) codificados correctamente, de forma que permita su explotación y análisis posterior. Con esta finalidad, se establece para este Concierto el objetivo de ampliar la cobertura del CMBD y mejorar la calidad de la información de sus registros. 2.2.2 Los indicadores utilizados para la evaluación de este objetivo son los siguientes: a) Cobertura del CMBD: definida como el porcentaje de registros válidos de CMBD sobre el total de ingresos en centros propios y concertados por la Entidad, declarados en el registro de actividad/coste (excluye hospitales públicos). b) Porcentaje de errores críticos: cociente entre el número de registros con errores críticos y el total de ingresos en centros propios y concertados por la Entidad, declarados en el registro de actividad/coste (excluye hospitales públicos). Siendo los errores críticos: – CMBD que resulte asignado a un grupo relacionado con el diagnóstico no agrupable – GRD quirúrgicos sin fecha de intervención – Altas con estancia igual a cero días y con circunstancia de alta con código 1, código 8 o código 9 – Altas de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) con estancia mayor a cero días – Altas CMA con grupo relacionado con el diagnóstico de tipo médico c) Índice de Calidad del CMBD (IC-CMBD). Se define como la diferencia entre los registros válidos y los registros con errores críticos, sobre el total de ingresos en centros propios y concertados por la Entidad (excluye hospitales públicos), según la siguiente fórmula: 2.2.3 En el ejercicio 2015, para poder recibir el incentivo del CMBD se deberá cumplir las dos condiciones siguientes: a) Un mínimo de cobertura del 85% para el total de altas hospitalaria, debiendo estar esta cobertura en valores comprendidos entre el 0% y el 100% en cada una de las modalidades asistenciales a que atiende el CMBD de MUFACE (episodios de hospitalización y de cirugía mayor ambulatoria). Si en algunas de ellas la cobertura resultara en valores superiores al 100%, se detraerá del denominador de la fórmula de cálculo el total de los registros de CMBD aportados por la Entidad para esa modalidad asistencial, manteniéndose en el denominador el valor declarado para el total de ingresos en centros propios y concertados por la Entidad, declarados en el registro de actividad/coste (excluye hospitales públicos). b) Un máximo de 15% de errores críticos. 2.2.4 La cuantía del incentivo a recibir se determina mediante el valor alcanzado en el índice de calidad del CMBD. El valor mínimo del índice de calidad del CMBD para recibir el incentivo es del 65%. En la tabla 2 se recogen a continuación las ponderaciones correspondientes al cumplimiento de este índice para la asignación final del incentivo económico. 2.2.5 En la tabla 2.1 se recoge el resumen de todos estos criterios. A) Tabla 2: Ponderación del objetivo Ponderación del objetivo Ponderación que corresponde al grado de cumplimiento en este objetivo 30% – El total de este incentivo si el Índice de Calidad del CMBD es mayor o igual al 80% – Proporcionalmente al cumplimiento de este índice si es inferior al 80%, siempre que sea igual o superior 65% B) Tabla 2.1: Evaluación de la Cobertura y Calidad del CMBD Tabla 2.1: Evaluación de la cobertura y calidad del CMBD Indicadores Metas para obtener el incentivo de calidad Cobertura del CMBD Porcentaje de registros válidos del CMBD sobre el total de ingresos declarados en hospitales propios y concertados por las entidades y declarados en el Registro de Actividad Coste (excluye hospitales públicos) Mínimo de 85% Errores críticos CMBD con errores críticos: – CMBD que resulte asignado a un grupo relacionado con el diagnóstico no agrupable – GRD quirúrgicos sin fecha de intervención – Altas con estancia igual a cero días y con circunstancia de alta con código 1, código 8 o código 9. – Altas de CMA con estancia mayor a cero días. – Altas CMA con grupo relacionado con el diagnóstico de tipo médico Porcentaje de CMBD con errores críticos: máximo de 15% Índice de Calidad del CMBD Diferencia entre los registros válidos y los registros con errores críticos, sobre el total de ingresos en centros propios y concertados declarados en el Registro de Actividad Coste – Mínimo requerido: 65 % – 100% del incentivo si es mayor o igual al 80% – Proporcionalmente al cumplimiento de este índice si es inferior al 80% 2.2.6 El método de verificación de la información contenida en los registros de CMBD se realizará mediante el análisis de la base de datos de CMBD y el análisis del registro de actividad/coste, enviadas trimestralmente por las entidades y, en su caso, mediante auditorias de CMBD realizadas en hospitales propios o concertados por las entidades. 2.3. Objetivo 3: Fomentar la calidad y eficiencia de la prestación farmacéutica 2.3.1 De acuerdo con lo previsto en la cláusula 6.3.4, se establece como objetivo de calidad de la prestación farmacéutica el fomento de la prescripción, a través de receta, de medicamentos de primera elección en patologías prevalentes por medio de los indicadores de consumo expresados en número de Dosis Diaria Definida (DDDs) consumidas. Se establecen indicadores de selección en los siguientes grupos terapéuticos: antiulcerosos, hipolipemiantes, antihipertensivos y antiinflamatorios no esteroideos. 2.3.2 Los indicadores que medirán estos objetivos serán: a) Utilización de omeprazol: El indicador de medida (i) será el porcentaje de Dosis Diarias Definidas dispensadas de omeprazol sobre el total de Dosis Diarias Definidas dispensadas de inhibidores de la bomba de protones, según la siguiente fórmula: b) Utilización de estatinas de elección: El indicador de medida (i) será el porcentaje de Dosis Diarias Definidas dispensadas de simvastatina sobre el total de Dosis Diarias Definidas dispensadas de inhibidores de la HMG CoA reductasa y asociaciones, según la siguiente fórmula: c) Utilización de medicamentos que actúan sobre el sistema renina angiotensina: El indicador de medida (i) será el porcentaje de Dosis Diarias Definidas dispensadas de medicamentos IECA sobre el total de Dosis Diarias Definidas dispensadas de medicamentos inhibidores del sistema renina angiotensina, según la siguiente fórmula: d) Utilización de analgésicos antiinflamatorios no esteroideos (AINEs): El indicador de medida (i) será el porcentaje de Dosis Diarias Definidas de AINEs dispensadas de primera elección (diclofenaco, ibuprofeno y naproxeno) sobre el total de DDDs dispensadas de todos los AINEs, según la siguiente fórmula: 2.3.3 La evaluación de los componentes del objetivo y la asignación del incentivo económico se realizará trimestralmente, utilizando los indicadores y aplicando los criterios que se reflejan en la tabla siguiente: Ponderación del objetivo Ponderación que corresponde a cada componente del objetivo 30% 1. 7,5%: Utilización omeprazol: El total del incentivo si el indicador (i), una vez redondeado a dos decimales, es mayor o igual que 80%. Proporcionalmente al índice alcanzado siempre que sea igual o mayor que 65%. 2. 7,5%: Utilización estatinas: El total del incentivo si el indicador (i), una vez redondeado a dos decimales, es mayor o igual que 25%. Proporcionalmente al índice alcanzado siempre que sea igual o mayor que 10%. 3. 7,5%: Utilización IECAs: El total del incentivo si el indicador (i), una vez redondeado a dos decimales, es mayor o igual que 45%. Proporcionalmente al índice alcanzado siempre que sea igual o mayor que 20%. 4. 7,5%: Utilización AINEs: El total del incentivo si el indicador (i), una vez redondeado a dos decimales, es mayor o igual que 70%. Proporcionalmente al índice alcanzado siempre que sea igual o mayor que 40%. 3. Deducciones por fallos de disponibilidad 3.1. De acuerdo a lo establecido en la cláusula 8.4. del Concierto, cuando se produzca un fallo de disponibilidad y la Entidad exceda el tiempo máximo de corrección fijado en el punto 3.4 de este apartado sin haber repuesto el medio correspondiente, serán de aplicación las deducciones económicas por fallos de disponibilidad de acuerdo con los siguientes puntos. 3.2. De acuerdo con lo previsto en la cláusula 8.4.3 el importe máximo anual de las deducciones por fallos de disponibilidad no podrán superar la cuantía máxima anual del IAC. 3.3. Se entiende por fallo de disponibilidad la baja de un profesional o de los medios ofertados por la Entidad en el Catálogo de Proveedores que produce una oferta de recursos inferior a la establecida en los criterios de disponibilidad de medios recogidos en el Anexo 3 del Concierto. 3.4. Los fallos de disponibilidad se tipificarán conforme al detalle que se incluye en la tabla siguiente, en la que se indican, además, el tiempo de corrección y los respectivos porcentajes a aplicar para el cálculo de las deducciones por fallos de disponibilidad: Fallo de disponibilidad Tiempo de corrección Porcentajes a aplicar para el cálculo de las deducciones Especialidad en consulta externa Tipo A Una semana, si no hay disponible un especialista de la misma especialidad en el municipio correspondiente Dos semanas, si hay disponible un especialista de la misma especialidad en el municipio correspondiente 5 % Especialidad en consulta externa Tipo B 10% Especialidad en consulta externa Tipo C 10% Especialidades en el hospital correspondiente Dos semanas 10% Hospital Cuatro semanas 15% 3.5. El importe de la deducción correspondiente a cada fallo de disponibilidad será el producto del número de beneficiarios del municipio en el que se produzca el fallo por la prima diaria ponderada, el número de días en que se exceda el tiempo de corrección y el porcentaje a aplicar según el tipo de fallo de que se trate. 3.6. La prima diaria ponderada que se indica en el punto anterior se calculará multiplicando por 12 la prima mensual ponderada (Pm) prevista en la cláusula 8.3.2. y dividiendo el resultado entre 365. 3.7. En los supuestos en que se detecte e identifique una baja de medios susceptible de constituir un fallo de disponibilidad, conforme a lo estipulado en el punto 3.3 del presente Anexo, la Mutualidad comunicará fehacientemente a la Entidad que ha incurrido en un fallo de disponibilidad y le requerirá para que proceda a su subsanación. Cualquier escrito que la Entidad dirija a MUFACE, al respecto, producirá efectos desde el día que conste en el registro de entrada del Organismo. 3.8. Por su parte, a efectos del cómputo del tiempo de corrección a que se refiere el punto 3.4 de este Anexo, el mismo comenzará a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la comunicación prevista en el punto 3.7. 3.9. Trascurrido el tiempo de corrección sin que el medio haya sido repuesto, el expediente por fallo de disponibilidad se incluirá para su estudio en el orden del día de la inmediata reunión de la Comisión Mixta Nacional, dando así trámite de audiencia a la Entidad. En el acta de la reunión se hará constar necesariamente las posiciones de MUFACE y la Entidad sobre el fallo de disponibilidad y, en su caso, la correspondiente deducción. 3.10. De conformidad con lo dispuesto en la cláusula 8.4.2, el expediente por fallo de disponibilidad será resuelto por el Director General de MUFACE en cuya resolución se fijará la deducción diaria y la cuantía a descontar en los términos establecidos en la letra a) de la cláusula 8.5.1 A). Asimismo, cuando el fallo de disponibilidad no hubiera sido corregido en la fecha de celebración de la Comisión Mixta Nacional, procederá efectuar la deducción diaria hasta la fecha en que sea comunicada la corrección a MUFACE, conforme a lo estipulado en el punto 3.7 o hasta que se alcance el límite máximo anual de las deducciones por fallos de disponibilidad establecido en el punto 3.2. En consecuencia, MUFACE realizará los correspondientes descuentos con periodicidad mensual informando de los mismos a la Entidad en la siguiente sesión de la Comisión Mixta Nacional. 3.11. Contra las resoluciones del Director General de MUFACE, que no ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la persona titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente de la notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. ANEXO 9 Informes, exploraciones o pruebas prescritas por los órganos de valoración de incapacidades y otros órganos de MUFACE Anexo 9. Informes, exploraciones o pruebas prescritas por los órganos de valoración de incapacidades y otros órganos de MUFACE 1. La Entidad, conforme a la cláusula 6.1.7 del Concierto, facilitará la realización de los informes médicos, exploraciones o pruebas de diagnóstico que prescriban a los mutualistas los facultativos encargados del asesoramiento médico para la gestión de la IT, RE y RLN, dentro del procedimiento recogido en la Orden PRE/1744/2010, de 30 de junio, por la que se regula el procedimiento de reconocimiento, control y seguimiento de las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, o disposición normativa que la sustituya. Otro tanto sucederá en el caso de los facultativos de los órganos de valoración de incapacidades dentro del procedimiento de jubilación por incapacidad permanente para el servicio y pensión por incapacidad permanente o de los procedimientos de reconocimiento de una gran invalidez o de lesiones permanentes no invalidantes, a cuyo fin queda obligada a realizar a los mutualistas que estén adscritos a ella los citados informes, exploración o pruebas a través de los facultativos, servicios o centros de su Catálogo de Proveedores y en la forma establecida en el punto 2 del presente Anexo. 2. El mutualista a quien se prescriba la realización de una actuación de las indicadas, presentará el impreso en el que se haya realizado la prescripción en su Servicio Provincial u Oficina Delegada de MUFACE para la correspondiente autorización. El Servicio Provincial u Oficina Delegada, una vez comprobada la afiliación del solicitante, autorizará la prescripción estampando en el impreso el modelo de sello que figura en el punto 3 del presente Anexo. A continuación, el mutualista presentará el mismo impreso en las Oficinas de la Entidad a la que esté adscrito. Ésta, a la vista de la autorización concedida por MUFACE: a) Expedirá y entregará al mutualista con carácter inmediato el o los volantes necesarios para la realización de los informes, exploraciones o pruebas especificadas en la prescripción, con expresa indicación de los facultativos o centros en que deben ser realizadas. b) En el original del impreso autorizado por MUFACE se consignará la recepción por el mutualista del o de los volantes, bajo la fórmula que figura asimismo en el punto 3 del presente Anexo. La recepción quedará acreditada con la firma del mutualista, o, en su caso, del receptor que no sea el mutualista, haciendo constar en este supuesto su DNI y su relación con aquél. c) Entregará al mutualista una fotocopia del impreso. 3. Para la aplicación de lo dispuesto en el punto anterior se utilizarán los siguientes modelos: Modelo de sello para la autorización de prescripciones por MUFACE: MUFACE (Espacio para el nombre del servicio provincial u oficina delegada) FECHA Prescripción autorizada Para asignación de facultativo preséntese este impreso en las oficinas de la Entidad médica del mutualista (Espacio para la firma del director del servicio o jefe de la oficina delegada) Nota.- La firma podrá estar incluida en el sello. Fórmula para acreditar la entrega de los volantes por la Entidad: He recibido de la Entidad los documentos precisos para realizar a su cargo las actuaciones prescritas en este impreso. ……………………, a ….. de ……………………. de 20..... El mutualista, (Firma del mutualista o, en su caso, de la persona que lo represente, consignando en este supuesto el número del DNI y su relación con aquél) Nota: Se consignará por la Entidad, siempre que sea posible, en la parte inferior derecha del impreso. 4. Al término de cada trimestre natural, la Entidad remitirá al Departamento de Gestión Económica y Financiera de MUFACE relación de los informes, exploraciones o pruebas realizadas en el trimestre, con indicación expresa del precio correspondiente, que será, precisamente, el que figura en el Anexo 10. Cada informe, exploración o prueba que conste en la relación deberá ir justificada con el original del correspondiente impreso de prescripción, cumplimentado en la forma prevista en el punto 2 del presente Anexo y con las facturas que reúnan las condiciones y requisitos establecidos en la normativa vigente al respecto. Dentro del mes siguiente a la recepción de la relación, MUFACE procederá a abonar a la Entidad el importe de los informes, exploraciones o pruebas que figuren en la misma. ANEXO 10 Baremo de reintegro de pruebas prescritas para valoración de incapacidades Anexo 10. Baremo de reintegro de pruebas prescritas para valoración de incapacidades Denominación prueba Compensación máxima por unidad (Euros) Contenidos Determinaciones analíticas de sangre     Perfil básico (hemograma + bioquímica) 32,08 Parámetros y cifras de referencia Perfil Cardiaco 61,29 Parámetros y cifras de referencia Perfil Hepático 48,14 Parámetros y cifras de referencia Perfil Reumatológico 48,11 Parámetros y cifras de referencia Perfil Nefrourológico 58,43 Parámetros y cifras de referencia Gasometría Arterial 27,85 Parámetros y cifras de referencia Coagulación 16,81 Parámetros y cifras de referencia Marcadores Hepáticos Virales 81,96 Parámetros y cifras de referencia Determinación Carga Viral VIH 102,43 Parámetros y cifras de referencia Radiografía simple (Tórax o Abdomen) 26,75 Placas en dos posiciones Radiografías osteo-articular 26,75 Placas en dos posiciones por segmento Tomografía Axial Computerizada (tac) 186,10 Placa e informe Tomografía Axial Computerizada con contraste (tac + contraste) 211,35 Placa e informe Resonancia Nuclear Magnética (Rnm) 264,55 Placa e informe Resonancia Nuclear Magnética con contraste (Rnm + contraste) 326,73 Placa e informe Densitometría Ósea 93,22 Informe Gammagrafía Ósea 126,50 Registro e informe Ecografía (todas las regiones) 95,97 Informe Potenciales evocados (visuales; auditivos; somestésicos; cognitivos) 157,31 Informe Electroencefalograma (eeg) 102,89 Registro e informe Electromiograma (emg) 157,22 Registro e informe Electroneurograma (eng) 89,98 Registro e informe Electrocardiograma (ecg) 76,93 Registro e informe Holter 104,10 Informe Prueba de esfuerzo convencional (Protocolo de Bruce) 88,43 Informe Prueba de esfuerzo NO convencional (por ECO de estrés) 108,99 Informe Prueba de esfuerzo NO convencional por ECO con dubatamina) 70,49 Informe Prueba de esfuerzo con determinación directa de consumo de O2 (Ergoespirometria) 134,04 Informe Gammagrafía miocárdica (spect) con P de Bruce o estimulación farmacológica 234,69 Informe Eco - Doppler cardiaco 114,44 Grafico; Informe y Datos (Fracción eyección y Gasto) Eco - Doppler vascular 110,65 Informe Espirometría forzada 42,70 Registro; Datos (CV; FEV1) en tres tomas Espirometría forzada con broncodilatación 52,75 Registro; Datos (CV; FEV1) en 3 tomas antes/ después broncodilatación Difusión alveolo-capilar (dlco o tlco) 60,42 Informe y datos Pletismografía (volúmenes pulmonares) 38,71 Informe y datos Polisomnografía 245,54 Informe Campimetría visual digital 87,45 Grafico; Datos e informe Electroretinograma 99,89 Informe Electrooculograma 105,25 Informe Audiometría tonal en cabina 35,85 Grafico ambos oídos con indicación vías aéreas y ósea Pruebas vestibulares 165,99 Informe Posturografía 116,25 Informe Pruebas epicutáneas (contacto) 106,99 Resultado test; Valoración (graduación) de resultados Informe valoración Neuro - Psicológico 110,62 Informe Informe de Valoración Psiquiátrica 106,09 Informe escrito Informe Médico especializado 94,22 Informe escrito Informe Médico Requerido 102,91 Informe escrito Balance articular y muscular de: Hombro; Codo o Muñeca por técnica de Biomecánica 315,69 Registro e informe Balance articular y muscular de: Cadera; Rodilla o Tobillo por técnica de Biomecánica 240,78 Registro e informe Valoración Funcional de la Capacidad de Marcha por técnica de Biomecánica 422,72 Registro e informe Balance articular de columna: Cervical; Dorsal o Lumbar por técnicas de Biomecánica 224,74 Registro e informe Valoración funcional de la Lumbalgia por técnica de Biomecánica 615,34 Registro e informe Valoración funcional de la Cervicalgia por técnica de Biomecánica 615,34 Registro e informe Valoración funcional del equilibrio postural, por técnicas de Biomecánica 422,72 Registro e informe Informe Psicológico-Laboral 110,62 Informe escrito Informe Valoración Puestos Trabajo (Requerimientos y/o Riesgos) 110,62 Informe escrito Anexo 11 Tarifas para el reembolso de los gastos por la asistencia sanitaria transfronteriza Anexo 11. Tarifas para el reembolso de los gastos por la asistencia sanitaria transfronteriza Asistencia sanitaria Tarifas (Euros)     1. Asistencia sanitaria en Atención Primaria       1.a. Asistencia sanitaria en centro       Consulta médica   Primera consulta médica sin pruebas complementarias 69 Consulta sucesiva médica sin pruebas complementarias 34 Primera consulta médica con pruebas complementarias 84 Consulta sucesiva médica con pruebas complementarias 46 Primera consulta médica con enfermería sin pruebas complementarias 84 Consulta sucesiva médica con enfermería sin pruebas complementarias 46 Primera consulta médica con enfermería y pruebas complementarias 103 Consulta sucesiva médica con enfermería y pruebas complementarias 59     Consulta odontológica 63     Consulta de enfermería   Consulta de enfermería con cuidados básicos 21 Consulta de enfermería con cuidados complejos 29     Consulta de matrona 43 Preparación al parto 45     Intervención quirúrgica menor 90     1.b. Asistencia domiciliaria       Consulta médica   Primera consulta médica sin pruebas complementarias 98 Consulta sucesiva médica sin pruebas complementarias 44 Primera consulta médica con pruebas complementarias 121 Consulta sucesiva médica con pruebas complementarias 63 Primera consulta médica con enfermería sin pruebas complementarias 97 Consulta sucesiva médica con enfermería sin pruebas complementarias 53 Primera consulta médica con enfermería y pruebas complementarias 124 Consulta sucesiva médica con enfermería y pruebas complementarias 64     Consulta de enfermería   Consulta de enfermería con cuidados básicos 60 Consulta de enfermería con cuidados complejos 93     2.Asistencia sanitaria de urgencias       Urgencia domiciliaria 141 Urgencia ambulatoria 237 Urgencia hospitalaria   Urgencia General 383 Urgencia Pediátrica 308 Urgencia Gineco-obstétrica 293 Urgencia Traumatológica 393 Urgencia hospitalaria que precisa observación en box / Día de estancia y cama ocupada 331     3.Asistencia sanitaria en Atención Especializada       3.a. Consultas externas       Consultas médicas   Primera consulta 155 Consulta sucesiva 78 Consulta de alta resolución 235     Consulta pediátricas   Primera consulta 191 Consulta sucesiva 115 Consulta de alta resolución 306     Consulta psiquiátricas   Primera consulta 119 Consulta sucesiva 52 Consulta de alta resolución 146     Consulta quirúrgicas   Primera consulta 101 Consulta sucesiva 60 Consulta de alta resolución 162 3.b.Hospitalización       Hospitalización de día   Hospitalización psiquiátrica 86 Hospitalización geriátrica 249 Hospitalización onco-hematológica 908 Hospitalización de infecciosos 472 Otras hospitalizaciones 259     Hospitalización domiciliaria 209     Estancias hospitalarias   Estancia en hospitalización de servicio psiquiátrico   Unidad psiquiátrica de agudos 234 Unidad psiquiátrica de media y larga estancia 107 Estancia en hospitalización de servicio médico 557 Estancia en hospitalización de servicio quirúrgico 1095 Estancia en hospitalización de servicio pediátrico y neonatológico 740 Estancia en UVI/UCI   Estancia en UVI/UCI neonatal 858 Estancia en UVI/UCI pediátrica 3082 Estancia en UVI/UCI adulto 1486     3.c. Cirugía ambulatoria       Cirugía menor ambulatoria 466 Cirugía menor hospitalaria 252 Cirugía mayor hospitalaria 722   Procedimientos diagnósticos y terapéuticos Tarifas (Euros) Radiodiagnóstico       Alternativa Rx Eco Simple 94 Angiografía 898 Artrografía de hombro 421 Cistografía 257 Cistouretrografía con cadena (Uretrocistografía ascendente) 431 Colangiografía Trans-Kerh 276 Ct artro-tac 303 Ct convencional óseo 130 Ct huesos partes blandas 344 Ct portografia 303 Ct simulaciones 130 Ctph + Drenaje + Endoprotesis (Otros) 535 Ctph + Drenaje biliar externo 849 Defecografía 321 Estudio gastroduodenal (e.g.d.) 200 Eco colecist. por trocar (Percutánea aspiración) 479 Eco con biopsia hepática 259 Eco Doppler contraste 255 Eco doppler tiroidea 215 Eco hidrocolica 118 Eco tiroides 118 Ecografía convencional 118 Ecografía de cuello 118 Ecografía de partes blandas 118 Ecografía de pelvis 118 Ecografía testicular 218 Ecografía. drenaje abcesos 1.039 Ecografa. puncion pleural 144 Ecografia. esclerosis quistica 498 Ecografia. paaf.trioides y (puncion aspiracion aguja fina dirigida por eco) 287 Ecografía endoanal-endorrectal 335 Enema opaco 240 Enteroclisis 549 Esofagograma 321 Exploracion de mama 21 Fistulografia 355 Mamografia 110 Mamografia galactografia 190 Mamografia spot 171 Mamografia p.a.a.f. 138 Mamografia p.a.a.f. con esterotaxia 373 Biopsia percutánea de mama con mamotomo dirigida por esterotaxia 520 Mielografia o radiculografia 206 Mamografia de localizacion 340 Mamografia neumocistograf. 164 Rx ct abdomen y pelvis 343 Rx ct angio tac 310 Rx ct biopsia por aspiracion (bap) 722 Rx ct columna lumbar c/c 256 Rx ct cuerpo entero 343 Rx ct higado s/c 275 Rx ct riñon s/c y c/c 343 Rx ct torax higado suprarrenal 343 Rx ct torax s/c 149 Rx ct torax y abdomen 343 Rx eco alco. paratiroides 240 Rx eco alcoho. plexo esplenica 240 Rx eco convencional 94 Rx eco doppler abdominal 124 Rx eco doppler mama 124 Rx eco doppler miembro 124 Rx eco doppler paratiroide 108 Rx eco doppler renal 124 Rx eco doppler transultrasonica 124 Rx eco Intraoperatoria 112 Rx eco mama 137 Rx eco torax toracocentesis 115 Rx eco torax 94 Rx ecobiopsia mama 373 Rx esterotaxia screening 127 Rx mamografia especimen mama 340 Rx paaf screening mama 431 Rx screening mama 137 Rx trasrectal de prostata 95 Scanner ct cadera 240 Scanner ct cervical dorsal 343 Scanner ct columna dorsal 243 Scanner ct columna lumbar 144 Scanner ct cráneo con contraste 240 Scanner ct cráneo esterotaxia 324 Scanner ct cráneo sin contraste 129 Scanner ct cuello 240 Scanner ct higado dinamico 275 Scanner ct higado-pancreas 343 Scanner ct laringe 240 Scanner ct lumbar con contraste 257 Scanner ct oído coronal 240 Scanner ct orbitas con contraste 240 Scanner ct senos 144 Scanner ct senos con contraste 244 Scanner ct silla turca/axial 260 Scanner ct silla turca/coronal 253 Scanner ct suprarrenales 268 Scanner ct tórax contraste 271 Scanner ct tórax patron intermedio 240 Scanner ct tórax abdomen 288 Scanner ct abdomen contraste 271 Scanner ct c.a.i. cisternografia 287 Scanner ct c.a.i. coronaL 240 Scanner ct. columna cervical 359 Sialografia (Digestivo) 352 Sinugrafia 423 Sondaje duodenal 240 Tránsito intestinal 378 Uretrografia 439 Urografia intravenosa 338 Video fluoroscopia 321 Pielografía 287 Densitometría ósea sencilla 90 Densitometría ósea doble 175 Densitometría triple 216 RX.eco-paaf (pun. con asp. ag. fina) 287 Paaf 57 Paaf/eco 391 PAaf-tac 507 RAdiologia convecional 31 Neumocartrografia 173 Ecografia con biopsia (solo eco) 101 Estudios con contraste 85 Estudios funcionales cerebrales con rm 586 Rmn estudio simple 374 Rmn estudio doble 569 Rmn estudio triple 764 Plus anestesia rmn 156 Plus de contraste rmn 128 Tac simple 270 Tac doble 214 Tac vascular (angio tac) 201 Suplemento anestesia tac 153 Suplemento contraste tac 159 Telerradiografia 151     Medicina nuclear - Oncología       Angiogammagrafia 92 Cisternogammagrafia 587 Estudio hemodinamico con isotopos 251 Filtrado glomerular 113 Gammagrafía simple 108 Gammagrafia de alta resolución 597 Gammagrafia abdominal diverticulo de Meckel 159 Gammagrafia cerebral 377 Gammagrafia de mama 296 Gammagrafia esplenica 61 Gammagrafia hepatica 105 Gammagrafia infarto de miocardio 148 Gammagrafia osea 174 Gammagrafia perfusion pulmonar 175 Gammagrafia suprarenal 617 Gammagrafia testicular 85 Gammagrafia tiroidea 61 Gammagrafia ventilacion pulmonar 185 Gammagrafia vias biliares 148 Gammagrafia de glandulas salivares 85 Hematies marcados 244 Inmunogammagrafia 713 Rastreo con yodo -131-I 180 Rastreo con mibi 354 Reflujo gastro esofagico 140 Renograma 199 Sesion acelerador lineal 43 Test de Shiling 120 Tratamiento con 131-I 603 Vaciamiento gastrico 145 Volumen sanguineo total, celular y plasmatico 180 Leucocitos marcados 436 Ibzm 894 Datscan 906 Ventriculografia isotópica 143     Respiratorio - Neumología       Biopsia pleural 197 Difusión alveolo capilar 488 Espirometria simple 41 Espirometría con broncodilatación 92 Gasometria 49 Mantoux 36 Pletismografia 155 Tbd 72 Toracocentesis evacuadora 185 Toracocentesis diagnostica 151 Broncoscopia enf. intersticial 375 Broncoscopia neoplasias 626 Broncoscopia enf. infecciosas 526 Broncoscopia simple 260 Test del sudor 65 Test del ejercicio 104 Test de metacolina 139 Polisomnografia domiciliaria 290     Cirugía general digestivo       Anoscopias 80 Biopsia ciega de esofago o estomago 88 Biopsia ciega de higado (eco biopsia hepatica) 164 Biopsias (hepáticas, renales, óseas, toracocentesis, etc.) con ecografía 363 Biopsias (hepáticas, renales, óseas, toracocentesis, etc.) con tac 530 Colocacion drenaje biliar 884 Dilataciones esofagicas unicas con eder-puerto 729 Extraccion cuerpo extraño 1.894 Laparoscopia con o sin biopsia 494 Manometria (esofagica) 308 Manometría rectal 135 Paracentesis 438 Phmetria 290 Polipectomia endoscopica 165 Rectoscopias con o sin biopsia 58 Sonda de gastrotomia endoscopica 540     Urología - Exploraciones y cirugía       Exploración urodinamica (varios) 163 Estudio videourodinámico 274 Flujometría aislada 110 Citoscopia 161     Alergias       Pruebas alergias a medicamentos (varios) 58 Pruebas epicutáneas (por sesion) (varios) 211     Cirugía maxilofacial       Ortopantomografia 41 Sialografia 139 Bloqueo intermaxilar 666 Drenaje (absceso) 360 Quistectomia 646     Ginecología -Obstetricia       Amniocentesis 148 Amniocentesis control ecografico 450 Biopsia corial 77 Citologia 29 Ecografia selectiva de malformaciones fetales 43 Ecografia transvaginal 194 Ecografia y diagnostico prenatal 36 Espermiograma 10 Histerosalpingografia 112 Histeroscopia diagnostica ambulatoria 358 Histerosonografia 139 Microlegrado (biopsia endometrial) 230 Monitorizacion de la ovulacion 119 Puncion-citologia de masas anexiales 80     Otorrinolaringología       Audiometria 189 Laringoscopia 123 Pruebas vestibulares 204 Otoemisiones 195     Radiología vascular intervencionista       Procedimientos diagnósticos 484 Procedimientos terapéuticos 1.733 Angiodinografia abdomen (angiografias dinamicas) 237 Angiodinografia cuello 236 Angiodinografia malformacion 237 Angiodinografia mm.ss. (mm.ii.) 416 Angiodinografia varicocele 237 Angiografia diagnostica medular 2.315 Angiografia pulmonar digital 653 Angiografia renal digital 509 Angiografia pulmonar 1.241 Aortograma abdominal 660 Arteriografia de miembros inferiores 627 Arteriografia estandar de miembro superior 627 Arteriografia bronquial/ (toracica) 638 Arteriografia fistula arteriovenosa 528 Arteriografia mm.ii. (via) ax/brag 630 Arteriografia mm.ii. (via femoral) trans 575 Arteriografia selectiva abdominal 715 Arteriografia selectiva carotida 502 Arteriografia tsa via venosa 723 Arteriografía 908 Cambio de cateter de gastrotomia 738 Cambio de cateter de nefrostomia 380 Cavografia 747 Colangiografia transparietohepatica 774 Control de fibrinolisis 618 Control drenaje biliar-endoprotesis 488 Control gastrostomia 395 Control nefrostomia 376 Control shunt porto cava 1.021 Dacriocistografia 3.308 Dilatacion biliar 1.435 Dilatacion de esofago peptico 1.776 Doppler dinamico 1.202 Doppler mm. ii. 219 Doppler mm.ss. 668 Doppler de troncos supraorticos 155 Estudios arterial y venoso 82 Drenaje biliar interno/externo 810 Eco doppler mm.ii. 1.252 Ecografia doppler color carot. bilateral 354 Estudio diagnóstico de hipertension 1.289 Estudio diagnostico sangrante 1.069 Fibrinolisis venosa mm.ii. 462 Flebografia espermatica 753 Flebografia mm.ss. 642 Flebografias miembros inferiores 520 Rastreo venoso suprarrenal 630 Recolocacion cateter de nefrostomia 435 Reparacion cateter Hickman 513 Reposicion cateter 383 Reposicion drenaje biliar 533 REtirada cateter Hickman 258 Retirada cateter reservorio 268 Retirada cateter venoso central tunelizado 188 Retirada de cateter de gastrostomia 339 Retirada cateter nefrostomia 388     Microbiología       Biologia molecular 94 Cultivos grals. micol y anaer. 14 Hemocultivos 13 Inmunologia infecciosa 10 Micobacterias 20 Urocultivos, coproc, y paras. 5 Virologia 43     Cardiología       Ergometría (prueba de esfuerzo) 177 Holter 175 Ecocardiograma / Estudio e informe 108 Ecocardiograma stress farmacológico 376 Eco transesofágico 208 Electrocardiograma 21 Estudio electr0fisioligia (eef) 892     Neurofisiología       Electroencefalograma /Simple 130 Eec con privación de sueño 320 Estudio patología del sueño 385 Electroencefalograma con cuantificación 236 Emg electromielografia 155 Emg estudio de plexo nervioso 315 Potenciales evocados - exploración (peatc) 194     Tratamiento con toxina botulínica (incluye fármaco)       Distonía cervical - sesión 1.577 Distonía craneal - sesión 264 Distonía extremidades - sesión 607 Otras distonías segmentarias - sesión 825 Inyección toxina botulínica 496     Anatomía patológica       Citología 83 Biopsia 183 Biopsia hepática transyugular 156 Biopsia preoperatoria 115 Biopsia simple (para pieza quirúrgica mayor) 218 Biopsia simple (para pieza quirúrgica menor) 140 Diagnóstico microscópico electrónico 494 Inmunofluorescencia-estudio 274 Autopsia / Necrospia 2.714     Pruebas funcionales       Campimetría 91 Nistagmograma 257     Tratamiento del dolor       Anestesia epidural 272 Bloqueo puntos trigger 129 Carga y/o precarga bomba 129 Infiltración subcutánea plus analgesia con presencia de anestesista 161 Tratamiento del dolor 378 Prueba de unidad del dolor 176     Endoscopia       Ecoendoscopia gástrica 584 Gastroscopia 224 Gastroscopia diagnóstica 175 Gastroscopia terapeutica 105 Ecoendoscopia rectal 526 Colonoscopia 263 Colonoscopia corta diagnóstica y terapéutica 140 Colonoscopia larga diagnóstica y terapéutica 245 Cápsula endoscópica (coste de cápsula aparte) 239 Cápsula endoscópica 976 Colangiopancreatografía retrograda endoscópica (cpre) 709 Dilatación esofágica sesión 56     Láserterapia       Tratamiento con láser oftalmológico en régimen ambulatorio 114 Reparación de retina con láser 352 Laserterapia en malformaciones vasculares congénitas 181     Sesion puva 103     Rehabilitación (por sesión) 18     Actividades y servicios de hemoterapia y transfusión       Componentes sangúineos   Sangre total para transfundir 95 Sangre total cpd - adenina 110 Concentrado de hematíes cpd - adenina 140 Autotransfusión 124 Concentrado de hematíes filtrado 140 Pool de plaquetas filtrado 350 Concentrado de palquetas de aféresis 400 Pool de plaquetas inactivado 319 Concentrado de plaquetas de aféresis inactivadas 344 Concentrado de plaquetas congeladas 450 Unidad de buffy-coat 15 Plasma fresco congelado inactivado con azul de metileno 50 Plasma fresco congelado cuarentenado 48 Plasma fresco deficiente en iga 70 Unidad de sangre cordón umbilical para investigación 20     Suplementos de los componentes sanguíneos   Lavado 108 Filtrado 53 Irradiación 27 Fenotipo eritrocitario 32 Fenotipo plaquetario 120 Congelación de hematíes 137     Analítica de inmunohematología   Grupo abo y Rh 14 Estudio de anticuerpos irregulares para trasfundir 35 Fenotipo Rh 20 Fenotipo extendido (serología) 80 Genotipo de antígenos eritrocitarios (tecnica microarrays) 200 Prueba directa agh (coombs directo) 53 Estudio de anemia hemolítica autoinmune 113 Estudio anticuerpos antiplaquetarios 126 Estudio anticuerpos antileucocitarios 126 Tipaje de antigenos plaquetarios 105 Tipaje de antigenos leucocitarios 105     Analítica de enfermedades infecciosas   Determinación anticuerpos anti-vih 12 Determinación de anticuerpos anti-hcv 14 Determinación de ag hbs 11 Confirmatorio anti-vih (blot) 57 Confirmatorio anti-hcv (blot) 65 Nat para vih 31 Nat para hcv 30 Nat para hbv 34 Nat vhc+vih+vhb en pool 117 Anticore 14 Anti s 15 Anti e 15 Antígeno e 15 Determinación anticuerpos anti-cmv 14 Test reagínico para la sífilis 9 Test confirmatorio para sífilis tpha 18 Anticuerpos anti t cruzi 20 Anticuerpos malaria 20     Pruebas analíticas de biología molecular   Tipaje hla baja resolución clase i/(a+b+c) 153 Tipaje hla baja resolución clase i/(a o b o c) 48 Tipaje hla baja resolución clase ii (drb1 + dbr3/4/5) 138 Tipaje hla baja resolución clase ii (drb1 + dbr3/4/5 + dqb1) 125 Tipaje hla baja resolución clase ii (dqa1 + dqb1) 65 Hla alta resolución clase i (a+b+c) 275 Hla alta resolución clase ii (drb1 + dbr3/4/5 + dqb1) 280 Hla alta resolución por serie alélica (ao b o c o drb1 o 3/4/5 o dqb1) 143 Prueba cruzada linfocitaria 20 Escrutinio de anticuerpos anti hla 125 Ica 34 Cuantificación células cd-34 55 Hibridación cromosómica (fish) 88 Ciclo celular 52 Quimerismo post-tmo 115 Reordenamiento clonal cobre dna 74 Reordenamiento clonal sobre rna 108 Secuenciación automática de productos de pcr o clones 41 Inmunofenotipo en leucemias agudas y linfomas 190 Envío muestras de sangre de donantes de médula ósea/dna unidades de cordón 65 Determinación cuantitativa de enfermedad residual 176 Recuento absoluto de leucocitos 17     Pruebas diagnósticas específicas   Elastometría de transición 211 Medición de niveles farmacológicos en sangre 106     Procedimientos diagnósticos de enfermedades infecciosas   Cultivo: bacteriológico, micológico, 21 Identificación microorganismos 63 Test de resistencia 211 Recuento celular 106 Antibiograma 63 Carga viral 79 Otros estudios inmunológicos 21     Laboratorio - hematología (por cada determinación)       Pruebas de biologia molecular 323 Pruebas de coagulacion 14 Pruebas de hematologia 4 Pruebas de serie blanca 89 Pruebas de serie roja 73 Pruebas de urgencia 7 Fenobarbital 15 Diferil hidantomia 15 Carbamazepina 15 Digoxina 17 Teofilina 15 Barbituricos 6 Osmolaridad 11 Pruebas de analisis clinicos, determinaciones hormonas y alergias 8 Pruebas de analisis clinicos, determinaciones de bioquimica 1 Pruebas de analisis clinicos, determinaciones manuales y lipidos 2 Pruebas de analisis clinicos, determinaciones proteinas 17 Pruebas de analisis clinicos, determinaciones orinas 2 Benzodiacepinas 6 Clozapina 52 Cocaina y metabolitos 5 Diazepam 23 Dopamina 14 Prueba de alcoholemia (etanol) 117 Test del aliento helicobacter pylori 54 Consulta de sintrom 122     Analíticas básicas       Analítica básica (hemograma, bioquímica y orina) 55 Análisis microbiológico y/o parasitológico básico 15 Antibiograma 29 Determinación analítica por pcr 94 Hepatitis a, b o c 76 Hepatitis b completo 235 Hepatitis c completo 119 Hiv 76 Hiv completo 119 Perfil bioquímico básico 141 Unidad analítica 20 Test de alcoholemia 72 Detección de drogas de abuso en orina 59 Confirmación analítica de drogas 141       Procedimientos especiales Tarifas (euros)     Quimioterapia       Quimioterapia sesión (coste del fármaco aparte) 151 Sesion de quimioterapia oncologica 511 Sesion de quimioterapia hematologica 765     Braquiterapia       Aplicacion de br. intersticial (boost) de mama alta 712 Aplicacion de braquit. cervix y e. no operado 815 Aplicacion de braquit. endom. y c. operado 858 Braquiterapia oftálmica 8.475 Braquiterapia prostática 12.172 Braquiterapia en otras localizaciones 827 Braquiterapia consulta 134 Braquiterapia planificación 447 Planificaciones sucesivas 224 Sesión 1.117 Braquiterapia nivel I 600 Braquiterapia nivel II 3.600 Braquiterapia nivel III 8.700     Radioterapia       Radioterapia (tratamiento completo) 2.645 Radioterapia solo consulta 134 Radioterapia paliativa sencilla nivel I 833 Radioterapia paliativa compleja nivel II 1.753 Rt adyuvante nivel III 3.099 Rt radical nivel IV 3.453 Rt compleja y tratamientos especiales nivel V 7.500 Sesion - campo de radioterapia superficial 24 Sesion - campo de radioterapia profunda 64     Fisioterapia-Rehabilitación       Sesión no neurológica 22 Sesión neurológica 34 Sesión de rehabilitación 78 Sesión electroterapia con ondas de choque 163 Sesión cinesiterapia coloproctologica 125 Sesión biofeedback 198 Aerosolterapia (sesión) 23     Estudios genéticos       Cariotipo sangre 210 Cariotipos de liquido amniotico 334 Cariotipos de biopsia 620 Cariotipos de tejidos 351 Cariotipos de medula osea 257 Protocolo lig. amniotico (cultivo y bioquimica) 556     Medicina nuclear   Shunt 7.873 Sesion acelerador lineal 43 Spect cerebral con anestesia general 510 Spect miocardico 283 Tomografia por emisión de positrones (pet-tac) 1.143 Pet corporal 1.012 Pet craneal 803     Radiología vascular intervencionista       Radiocirugía estereotáxica para tumores cerebrales y neuralgia del trigémino 7.653 Radiocirugía estereotáxica de malformaciones arteriovenosas 9.450 Procedimientos diagnósticos 807 Procedimientos terapéuticos 1.331 Angiografia diagnostica medular 2.315 Angioplastia 6.605 Angioplastia mm.ii. distal 2.169 Angioplastia mmss humeral 2.603 Angioplastia renal 2.841 Angioplastia diagnostica 1.410 Angioplastia terapeútica 5.684 Angioplastia mixta 6.344 Aterotomia (hemodinamica) 4.771 Arteriografía 893 Biopsia hepatica 916 Biopsia digestiva 322 Cambio de cateter de gastrotomia 711 Cambio de cateter de nefrostomia 380 Cavografia 747 Colangiografia transparietohepatica 774 Colocacion cateter hickman 930 Colocacion cateter infusion renal 632 Colocacion cateter venoso 1.064 Colocacion filtro cava via femoral 2.618 Colocacion stent lacrimonasal 3.372 Control cateter hickman 418 Control cateter reservorio 354 Control de fibrinolisis 618 Control drenaje biliar-endoprotesis 488 Control gastrostomia 395 Control nefrostomia 376 Control shunt porto cava 1.021 Dacriocistografia 3.308 Dilatacion biliar 1.273 Dilatacion de esofago peptico 1.776 Drenaje biliar interno/externo 810 Embolizacion. malformacion a.v.c. 2.440 Embolizacion aneurisma cerebral 16.733 Embolizacion bronquiales 1.916 Embolizaciòn carotida externa 2.266 Embolizacion espermatica 1.161 Embolizacion esplenica 1.744 Embolizacion malformacion 2.224 Embolizacion tracto digestivo 1.975 Embolizacion hepatica 2.682 Endoprotesis cava o vena periferica 2.668 Endoprotesis colon 3.450 Endoprotesis arterial mmi 2.916 Endoprotesis biliar 3.033 Endoprotesis cubierta mm 2.086 Endoprotesis ureter 2.894 Estudio diagnostico de hipertension 1.289 Estudio diagnostico sangrante 1.069 Estudio hemodinamico prentg (hipertension portal) 1.064 Estudio hemodinamico pulmonar 462 Extraccion filtro cava 1.515 Fibrinolisis arterial mm. 1.954 Fibrinolisis by pass 1.997 Fibrinolisis endoprotesis 3.770 FIBRINOLISIS VENOSA MM.II. 462 Gastrostomia percutanea 899 Nefrostomia 1.206 Rastreo venoso suprarrenal 630 Shunt porto cava 7.714 Shunt porto cava percutaneo 6.925 Ultrasonido intravascular 1.614 Embolizacion arteria hipogastrica 2.490 Endoprotesis aorta 2.698 Embolizacion varices esofagicas 2.092 Intento shunt porto cava 3.279 Control embolizacion tracto digestivo (sangria) 1.348 Embolizacion a. pulmonar 1.917 Angiop.ater.fistula arterioven. 2.332 Embolizacion tumoral 1.648 Extraccion cuerpo extraño rxvi 1.703 Valvuloplastia 4.914 Coronariografía + actp 3.309 Coronariografía + actp + aterectomía 6.321 Coronariografía + actp + aterectomía + stent 9.834 Coronariografía + actp + stent 7.823     Cirugía cardiaca infantil       Valvulas cardiacas con cateterismo 16.785 Valvulas cardiacas sin cateterismo 13.307 Proced.cardiovasculares mayores con cc 10.675 Proced.cardiovasculares mayores sin cc 7.600     Cirugía torácica       Toracotomia 5.421 Esternotomia 1.960 Toracoscopia + talcaje 553 Toracot. axilar reseccion bulla 1.268 Drenaje pleural 237 Traqueotomia 358     Terapia fotodinámica 1.777     Actividades y servicios de hemoterapia y transfusión       Unidad de sangre cordón umbilical 21.000 Criopreservación células progenitoras hematopoyéticas 350 Diagnóstico genético molecular 475       cie-9 Descripción de procedimientos Tarifas (euros)         Procedimientos e intervenciones no clasificados en otra parte         00.50 Terapia de resincronicazión (marcapaso) 14.224 00.6 Actp o aitp o acetp 2.259 00.6 Actp + aterectomia 5.271 00.6 Actp + aterectomia + stent 8.784 00.6 Actp + stent o aitp o acetp 5.773 00.6 Aterectomia, filtros de cava 3.066 00.61 Angioplastias, embolizaciones, accesos venosos centrales y extracciones de cuerpos extraños intravasculares 2.618         Operaciones sobre el sistema nervioso         01.13 Biopsia cerebral estereotactica 1.331 01.14 Biopsia cerebral 154 01.24 Craneotomia 1.377 01.24 Craneotomia fosa posterior 2.456 03.01 Extracción de cuerpo extraño del conducto espinal 1.473 03.09 Otra exploración y descompresión del conducto espinal 3.024 03.09 Hemilaminectomia 761 03.09 Laminectomia 625 03.09 Laminectomia cervical 1.432 04.07 Otras escisiones o evulsiones de nervios craneales y periféricos sin cc 1.078 04.43 Liberación de túnel carpiano 693 04.44 Liberación de túnel tarsal 983 04.49 Otra decomprensión o lisis de adherencia de nervio o ganglio periférico 700 04.92 Implantacion sistema completo neuroestimulacion 721         Operaciones sobre el sistema endocrino         06 Procedimientos sobre tiroides 1.500 06 Procedimientos sobre paratiroides 1.100 06.3 Tiroidectomía parcial 1.346 06.4 Tiroidectomía total 1.617 06.7 Extirpación de conducto tirogloso 854 06.81 Paratiroidectomía total 1.475 06.89 Otra paratiroidectomía 1.475         Operaciones sobre el ojo         08 Procedimientos extraoculares excepto orbita edad>17 804 08 Procedimientos extraoculares excepto orbita edad<18 601 08.20 Eliminación de lesión de parpado, n. e. o. m 341 08.21 Escisión de chalacion 303 08.22 Escisión de otra lesión menor de parpado 341 08.32 Reparación de blefaroptosis por técnica del músculo frontal con suspensión facial 1.061 08.33 Reparación de blefaroptosis por resección o avance de músculo elevador o aponeurosis 1.061 08.36 Reparación de blefaroptosis por otras técnicas 340 08.38 Corrección de retracción del párpado 1.061 08.4 Reparación entropion o ectropion 261 08.44 Reparación de entropión o ectropión con reconstrucción de párpado 846 08.49 Otra reparación de entropión o ectropión 786 08.59 Otro ajuste de posición de párpado neom 1.061 08.61 Reconstrucción de parpado con colgajo o injerto de piel 1.205 08.64 Reconstrucción de parpado con colgajo tarsoconjuntival 1.205 08.89 Otra reparación de párpado 786 09.2 Escisión lesión glándula lacrimal 244 09.81 Dacriocistorinostomia (dcr) 939 09.82 Conjuntivocistorinostomia 786 10.31 Escisión de lesión o tejido de conjuntiva 616 10.4 Conjuntivoplastia 256 10.41 Reparación de simbléfaron con injerto libre 616 10.42 Reconstrucción de fondo de saco conjuntival con injerto libre 616 10.44 Otro injerto libre a la conjuntiva 704 10.99 Otra operación sobre conjuntiva ncoc 616 11 Procedimientos intraoculares excepto retina, iris y cristalino 1.024 11.39 Otra escisión de pterigion / escisión de pterigión 412 11.52 Reparación de dehiscencia de herida postoperatoria de córnea 704 11.99 Otra operación sobre cornea ncoc 616 12 Procedimientos primarios sobre iris 873 12.53 Goniotomia con goniopuntura 832 12.59 Otra facilitación de la circulación intraocular 832 12.64 Trabeculectomia desde el exterior 1.356 12.65 Otra fistulizacion escleral con iridectomia 1.356 12.79 Otros procedimientos de glaucoma 789 13 Procedimientos sobre cristalino con o sin vitrectomia 988 13.2 Extracción extracapsular cristalino, técnica extracción línea 967 13.3 Extracción extracapsular cristalino, técnica simple aspiración e irrigación simple 967 13.8 Extracción de cristalino implantado 967 13.19 Otra extracción intracapsular de cristalino 967 13.41 Facoemulsificacion y aspiración de catarata / Cataratas/Inserción de cristalino protésico 977 13.59 Otra extracción extracapsular de cristalino 821 13.64 Disección de membrana secundaria (después de catarata) 693 13.66 Fragmentación mecánica membrana secundaria (después de catarata) 784 13.69 Otra extracción de catarata / Cataratas/Inserción de cristalino protésico 809 13.71 Cataratas/inserción de cristalino protésico 821 13.72 Inserción secundaria de prótesis de cristalino intraocular 967 13.90 Operación sobre cristalino, no clasificada bajo otro concepto 967 13.91 Implantación de prótesis telescópica intraocular 967 14 Procedimientos sobre retina 1.140 14.22 Destrucción de lesión coriorretinal por crioterapia 967 14.24 Destrucción lesión coriorretinal por fotocoagulación con láser 967 14.52 Otra reparación de desprendimiento retinial con crioterapia 335 14.27 Destrucción lesión coriorretinal por implantación fuente de radiación 967 14.41 Indentacion escleral con implantación 1.300 14.49 Otra indentacion escleral 1.300 14.6 Extracción material quirúrgicamente implantado, segmento posterior ojo 967 14.71 Extracción de cuerpo vítreo, acceso anterior 848 14.72 Otra extracción del cuerpo vítreo 848 14.73 Vitrectomia mecánica por acceso anterior 848 14.74 Otra vitrectomia mecánica 1.085 14.75 Inyección de sustituto vítreo (incluida farmacología) 307 14.79 Otras operaciones sobre el cuerpo vítreo 1.600 14.9 Otras operaciones sobre retina, coroides y cámara posterior 1.085 15.3 Operaciones s/dos o más músculos extraoculares c/ desprendimiento temporal globo, uno o ambos ojos 1.085 15.4 Otras operaciones s/dos o más músculos extraoculares, uno o ambos ojos 1.046 15.7 Reparación de lesión de músculo extraocular 1.046 15.9 Otras operaciones sobre músculos y tendones extraoculares / Estrabismo/Operaciones sobre músculos extra-oculares 810 16 Procedimientos sobre orbita 1.650 16.0 Operaciones sobre órbita y globo 307 16.09 Otra orbitotomia 1.220 16.89 Otra reparación de lesión de globo o de órbita 1.220 16.92 Escisión de lesión de órbita 1.220         Operaciones sobre el oído         18.21 Escisión de seno preauricular 1.047 18.29 Extirpación de quiste retroauricular 139 18.39 Otra escisión del oído externo ncoc 721 18.5 Corrección quirúrgica de pabellón auricular prominente 1.046 18.79 Otra reparación plástica de oído externo 847 18.9 Otras operaciones sobre el oído externo 721 19.1 Estapedectomía 662 19.3 Otras operaciones sobre la cadena osicular 1.154 19.4 Miringoplastia 1.154 19.6 Revisión de timpanoplastia 1.154 20.01 Miringotomia con inserción de tubo 606 / miringoplastia. drenaje transtimpánico 423 20.01 Miringotomia con insercion de tubo edad>17 1.007 20.01 Miringotomia con insercion de tubo edad<18 604 20.09 Otra miringotomia 606 / Miringoplastia. drenaje transtimpánico 423 20.51 escisión de lesión de oído medio 742 20.7 Incisión, escisión y destrucción del oído interno 742 20.95 Implantación de prótesis auditiva electromagnética 1.013 20.96 Interv. quirurgica implante coclear 1.031         Operaciones sobre la nariz, boca y faringe         21.30 Polipectomía nasal con biopsia 398 21.32 Polipectomía nasal con biopsia 398 21.5 Resección submucosa del tabique nasal 818 21.6 Turbinectomía 387 21.61 Turbinectomia por diatermia o criocirugía 536 21.69 Otra turbinectomia 536 21.87 Otra rinoplastia 1.062 21.88 Otra septoplastia / Tabique nasal desviado/septoplastia 773 22.9 Otra operaciones sobre senos nasales (paranasales) 709 23.1 Extracción de cordales/extracción quirúrgica dental, con sedación 290 23.11 Restos radiculares / Extracción de raíz residual 144 23.19 Otra extracción quirúrgica de diente / Caninos incluidos 286 23.73 Apicectomía 143 24 Trast. dentales y bucales excepto extracciones y reposiciones edad <18 1.137 24.2 Gingivoplastia 550 24.3 Otras operaciones sobre encías 426 24.4 Escisión de lesión de maxilar, de origen dentario 467 25.1 Escisión o destrucción de lesión o tejido de lengua 550 25.2 Glosectomia parcial 550 25.91 Frenotomia lingual 550 25.92 Frenectomia lingual / Frenotomía 377 26.0 Incisión glándulas o conducto salivar 290 26.21 Drenaje (absceso) 360 26.29 Quistectomia 646 26.29 Otra escisión de lesión de glándula salival 821 26.30 Sialoadenectomia, n. e. o. m. 619 26.31 Sialoadenectomia parcial 821 26.32 Parotidectomia radical 934 26.99 Procedimientos sobre glandulas salivares excepto sialoadenectomia 694 27 Procedimientos miscelaneos sobre oido, nariz, boca y garganta 1.171 27 Otros diagnósticos de oido, nariz, boca y garganta edad >17 1.548 27 Otros procedimientos quirurgicos sobre oido, nariz, boca y garganta 1.682 27.31 Escisión local o destrucción lesión o tejido del paladar óseo 550 27.4 Procedimientos sobre boca sin cc 979 27.41 Frenectomia labial 341 27.42 Escisión amplia de lesión de labio 798 27.43 Otra escisión de lesión o tejido de labio 550 27.49 Otra escisión de boca 550 27.54 Reparación de labio fisurado 868 27.62 Corrección de paladar fisurado 868 27.64 Inserción de implante de paladar 893 27.69 Otra reparación plastica de paladar 550 27.7 Resección parcial paladar. uvuloplastia 398 27.92 Incisión de cavidad bucal, estructura no especificada 977 28.0 Incisión y drenaje de amígdala y estructuras periamigdalinas 853 28.2 Amigdelectomia sin adenoidectomia 541 28.3 Amigdelectomia con adenoidectomia 574 28.6 Adenoidectomia sin amigdalectomia 562 28.99 Otras operaciones sobre amígdalas y adenoides (con láser) 539 28.99 Proced. s. amigdalas y adenoides excepto amigdalectomia y/o adenoidectomia solo, edad>17 828 28.99 Proced. s. amigdalas y adenoides excepto amigdalectomia y/o adenoidectomia solo, edad<18 675 28.99 Proced. s. amigdalas y adenoides excepto amigdalectomia y/o adenoidectomia solo, edad>17 831 28.99 Proced. s. amigdalas y adenoides excepto amigdalectomia y/o adenoidectomia solo, edad<18 713 29.2 Escisión de quiste o vestigio de hendidura branquial 1.415 29.39 Otra escisión o resección de lesión o tejido de la faringe 445 29.52 Cierre de fístula de hendidura branquial 1.099         Operaciones sobre el aparato respiratorio         30.09 Otra escisión o destrucción de lesión o tejido de laringe / Escisión o resección lesión o tejido de laringe 612 30.22 Cordectomia vocal 1.013 31.3 Otra incisión de laringe o traquea 1.000 31.42 Laringoscopia y otra traqueostomía 463 31.69 Colocación de prótesis en vías respiratorias 3.012 31.7 Colocación de prótesis traqueobronquial 2.217 33 Biopsia (neumología) 302 33 Otros procedimientos quirúrgicos de aparato respiratorio sin cc 3.155         Operaciones sobre el aparato cardiovascular         35.20 Rec. valvular mitro-aortico 12.770 35.22 Recambio valvular aortico 7.834 35.24 Recambio valvula mitral 12.775 36.03 Endarterectomia carotidea 1.441 36.10 By pass aorto coronario 8.145 37.23 Trast. circulatorios excepto iam, con cateterismo sin diag. complejo 1.150 37.24 Biopsia endomiocárdica 1.456 37.33 Ablación cardiaca 5.206 37.34 Ablación de arritmia con navegador 9.225 37.80 Implant. marcapasos card. perm. sin iam, f. cardiaco, shock, desfib. o sust. generador 5.905 37.85 Sustitución cualquier tipo marcapasos aparato de cámara única, no especificado ritmo sensible 3.401 37.86 Sustitución cualquier tipo marcapasos con apar. cámara única, ritmo sensible 3.401 37.87 Sustitución cualquier tipo marcapasos con dispositivo de cámara doble 4.846 37.89 Revision de marcapasos cardiaco excepto sustitucion de generador 3.400 37.89 Revision de marcapasos cardiaco sustitucion de generador 4.158 38.5 Ligadura y stripping de venas 973 38.50 Ligadura y extirpación de v. varicosas sitio no especificad 837 38.59 Ligadura y extirpación de varices v. de miembros inferiores 1.043 38.69 Otra escisión de venas de miembros inferiores 1.017 38.89 Otra oclusión quirúrgica de venas de miembros inferiores 1.017 38.95 Cateterismo venoso para diálisis renal 661 39 Otros procedimientos quirurgicos de aparato circulatorio 1.215 39 Procedimientos hemodinámicos diagnósticos 2.420 39 Procedimientos hemodinámicos terapéuticos 4.460 39 Hemodinámica portal 904 39.27 Arteriovenostomia para diálisis renal / Fístula arteriovenosa/Favi 907 39.29 By pass femoro popliteo 1.675 39.42 Revisión de derivación arteriovenosa para diálisis renal 917 39.43 Extracción de desviación arteriovenosa para diálisis renal 1.429 39.5 Otra reparación de vasos 2.152 39.53 Reparación de fístula arteriovenosa 1.492 39.59 Otras operaciones de vaso: arterioplastia y otros 2.152 39.92 Inyección de agente esclerosante en vena 103 39.95 Hemodiálisis en régimen ambulatorio paciente/mes 3.610 39.95 Hemodialisis en régimen abulatorio sesión 251         Operaciones sobre el sistema hemático y linfático         40.21 Escisión de nódulo linfático cervical profundo 1.009 40.23 Escisión de nódulo linfático axilar 1.009 40.29 Escisión simple de otra estructura linfática / extirpación simple de otra estructura linfática 438 40.3 Escisión de nódulo linfático regional 1.009         Operaciones sobre el aparato digestivo         42.81 Colocación de prótesis de tubo digestivo 1.255 42.92 Dilataciones esofagicas unicas con eder-puerto 729 43 Ostomias percutáneas. sonda nasoyeyunal de alimentación enteral 1.610 43.1 Gastrostomía 700 43.11 Sonda de gastrotomia endoscopica 540 44.13 Gastroscopia sin biopsia 100 44.14 Gastroscopia con biopsia + informe anatomopatológico 150 44.39 Gastroenterostomía (proced.integral.c.bariatrica) 4.042 44.66 Proc. para creación de competencia a esfínter esof./gástr. 1.515 44.66 Gastroplicatura endoscópica 2.715 45.23 Colonostomía sin biopsia 190 45.25 Colonostomía con biopsia + informe anatomopatológico 240 45.42 Polipectomía endoscópica del intestino grueso 243 45.7G Colectomia laparoscopica 2.917 45.79 Otra escisión parcial de intestino grueso y otras no especificadas 4.901 48.35 Escisión local de lesión o tejido rectal 789 48.5 Reseccion anterior de recto 2.009 48.6 Otra resección de recto 652 48.6 Sigmoidectomia+histerectomia 3.359 48.7 Reparación de recto 789 49 Procedimientos sobre ano y enterostomia sin cc 682 49.11 Fistulotomía anal 789 49.12 Fistulectomía anal 596 49.3 Extirpación local o eliminación (destrucción) de otra lesión o tejido de ano (fisura anal/fisurectomía anal) 500 49.39 otra escisión local o destrucción de lesión o tejido anal 789 49.45 ligadura de hemorroides 789 49.46 Escisión de hemorroides / hemorroides/hemorroidectomía 764 49.59 Otra esfinterotomía anal 844 49.6 Escisión de ano 591 49.79 Otra reparación de esfínter anal 591 49.92 Inserción o implante de estimulador anal eléctrico 753 49.99 Otra operación sobre ano ncoc 591 50.11 Biopsia hepática 567 50.11 Biopsia hepática percutánea 1.629 50.13 Biopsia hepática transyugular 3.394 50.94 Embolizacion hepatica para sustancia terapeutica (alcoholizacion) 3.162 50.99 Cateterismo hepático diagnóstico y terapéutico 2.106 51.10 Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica con inserción de stent 761 51.2 Colecistectomia +vagotomia +gastroenterostomia 2.255 51.22 Colecistectomía 1.337 51.23 Colecistectomía laparoscópica 1.337 51.23 Colecistectomia laparoscopica sin explorac. conducto biliar sin cc 1.523 51.36 Colocacion drenaje biliar / coledocoenterostomía 1.591 51.86 Colocación de prótesis coledoco-pancreáticas 3.012 51.88 Extracción percutánea de cálculos biliopancreáticos 1.024 52.41 Duodeno pancreatectomia 2.830 53 Procedimientos sobre hernia excepto inguinal y femoral edad>17 con cc 1.391 53 Procedimientos sobre hernia excepto inguinal y femoral edad>17 sin cc 901 53 Procedimientos sobre hernia inguinal y femoral edad>17 con cc 1.169 53 Procedimientos sobre hernia inguinal y femoral edad>17 sin cc 767 53 Procedimientos sobre hernia edad<18 845 53.0 Reparación unilateral de hernia inguinal 844 53.1 Reparación bilateral de hernia inguinal 1.020 53.2 Reparación unilateral de hernia crural 724 53.3 Reparación bilateral de hernia crural 905 53.4 Reparación de hernia umbilical 910 53.49 Reparación hernia umbilical 740 53.5 Reparación de otra hernia de la pared abdominal anterior sin injerto ni prótesis 910 53.51 Reparación hernia incisional (eventración) 878 53.6 Reparación de otra hernia de la pared abdominal anterior con injerto o prótesis 1.092 54 Otros procedimientos quirúrgicos sobre aparato digestivo sin cc 1.455 54.3 Escisión o elimin. lesión o tejido de pared abdominal u ombl. 615 54.11 Laparotomía exploratoria 839 54.19 Otra laparotomía 727 54.21 Laparoscopia 773 54.21 Laparoscopia exploratoria mas colostomia 998 54.92 Extracción de cuerpo extraño de la cavidad peritoneal 916 54.93 Creación de fístula cutáneo-peritoneal 916         Operaciones sobre el aparato urinario         55.01 Nefrolitotomía percutánea 340 55.23 Biopsia renal 568 55.5 Nefrectomia 1.031 55.9 Otros procedimientos quirurgicos sobre riñon y tracto urinario 1.535 56.0 Extracción transuretral de obtruc. uréter y pelvis renal 1.049 56.0 Extracción percutánea de cálculos urinarios 3.012 56.3 Procedimientos diagnósticos en uréter 898 57.18 Otra cistotomía suprapúbica 952 57.19 Otra cistotomia 756 57.4 R.t.u. vejiga 753 57.49 Otra excisión o destrucción transuretral de lesión o tejido de vejiga 1.123 57.6 Cistectomía parcial 1.630 57.85 Cistouretroplastia y reparación cuello vejiga 1.630 57.99 Otra operación sobre vejiga ncoc 952 57.99 Procedimientos menores sobre vejiga sin cc 1.049 58.0 Uretrotomía 756 58.1 Meatotomía uretral 830 58.2 Procedimientos diagnósticos sobre uretra 477 58.2 Procedimientos sobre uretra, edad>17 sin cc 727 58.2 Procedimientos sobre uretra, edad<18 655 58.3 Escisión o destrucción de tejido o lesión uretral 869 58.45 Reparación de hipospadias o epispadias 936 58.49 Reparación de hipospadias o epispadias 1.021 58.49 Uretroplastia 1.084 58.5 Liberación de estenosis uretral 895 58.93 Implantación de esfínter urinario artificial ( aus) 952 59.6 Suspensión parauretral 1.630 59.79 Otra reparación de continencia urinaria de esfuerzo ncoc 1.079 59.8 Colocación catéter ureteral 477 59.8 Colocacion cateter doble j 929 59.8 Retirada cateter doble j 267         Operaciones sobre órganos genitales masculinos         60.11 Biopsia de próstata 476 60.11 Biopsia de prostata ecodirigida con inmunohistoquímica 2.069 60.11 Biopsia de prostata ecodirigida sin inmunohistoquímica 897 60.2 Resección transuretral de próstata 1.075 60.3 Prostatectomia-tecnica cliuret (suprapubica concertado) 818 60.3 Prostatectomia-tecnica milly (suprapubica concertado) 839 60.4 Prostatectomía retropúbica 1.580 60.62 Prostatectomia perineal (suprapublica concertado) 1.164 60.69 Cistoprost+linfoaden+briker 3.148 61.2 Escisión de hidrocele (de tunica vaginal) 607 61.4 Reparación de fístula escrotal 333 62.1 Procedimientos sobre testiculo, proceso no maligno edad>17 1.157 62.1 Procedimientos sobre testiculo, proceso no maligno edad<18 910 62.2 Escisión o destrucción de lesiona testicular 924 62.3 Orquiectomía unilateral 1.088 62.5 Orquidopexia 799 62.42 Extirpación de testículo restante 953 63.1 Escisión de varicocele e hidrocele de cordón espermático 652 63.2 Escisión de quiste de epidídimo 682 63.3 Escisión otra lesión o tejido de cordón espermático y epidídimo 924 63.6 Vasectomia 348 63.82 Reconstrucción de conducto deferente dividido quirúrgicamente 953 63.92 Epididimotomía 615 64 Procedimientos sobre el pene 1.061 64.0 Circuncisión 417 64.0 Circuncision edad>17 780 64.0 Circuncision edad<18 660 64.49 Otra reparación de pene con cirugía plástica 682 64.93 Liberacion de adherencias de pene 256 64.98 Otras operaciones sobre el pene 474 64.9 Otros proc.quirurgicos de ap.genital masc. exc. para neoplasia maligna 729         Operaciones sobre órganos genitales femeninos         65/71 Proc. de reconstruccion aparato genital femenino 1.021 65.01 Ooforotomia laparoscópica 535 65.25 Otra escisión local o destrucción laparoscópica de ovario 839 65.29 Otra escisión local o destrucción de ovario 788 65.31 Ooforectomia unilateral laparoscópica 930 65.39 Otra ooforectomia unilateral 930 65.41 Salpingooforectomia unilateral laparoscópica 930 65.49 Otra salpingooforectomia unilateral 930 65.53 Extirpación laparoscópica de ambos ovarios en un mismo acto 1.293 65.61 Extirpación de ovarios y trompas en un acto quirúrgico 861 65.63 Extirpación laparoscópica de ambos ovarios y trompas en un mismo acto 1.293 65.81 Liberación laparoscópica de adherencias de ovario y trompas de falopio 1.424 65.91 Puncion-citologia de masas anexiales 80 66.21 Ligadura y aplastamiento endoscópico bilateral de trompas de falopio 768 66.2 Interrupcion tubarica por endoscopia 833 66.22 Ligadura y sección endoscópica bilateral de trompas de falopio 768 66.29 Otra destrucción u oclusión endoscópica bilateral de trompas de falopio 768 66.3 Interrupcion tubarica por laparoscopia y laparotomia 898 66.32 Ligadura de trompas 676 66.39 Otra destrucción u oclusión bilateral de trompas de falopio 734 66.51 Extirpación de ambas trompas de falopio en un mismo tiempo operatorio 1.400 66.63 Salpingectomía parcial bilateral 682 66.69 Otra salpingectomía parcial 682 67.2 Conización de cuello uterino 880 67.32 Destrucción de lesión de cuello uterino por cauterización 654 67.33 Destrucción de lesión de cuello uterino por criocirugía 654 68.1 Laparoscopia ginecologica 955 68.1 Laparoscopia operativa 964 68.1 Laparoscopia quirurgica fiv. 1.739 68.12 Histeroscopia 930 68.12 Histeroscopia diagnostica ambulatoria 705 68.12 Histeroscopia quirurgica ambulatoria terapeutica 1.171 68.19 Microlegrado (biopsia endometrial) 230 68.2 Escisión o destrucción de lesión o tejido de útero 861 68.21 Sección de sinequias endometriales 930 68.22 Incisión o escisión de tabique congénito de útero 930 68.23 Ablación endometrial 668 68.29 Otra escisión o destrucción de lesión de útero / miomectomía uterina 884 68.49 Histerectomía abdominal total 1.607 68.59 Histerectomía vaginal 1.607 69 Proc. sobre utero y anejos por ca.in situ y proceso no maligno sin cc 1.137 69.0 Dilatación y legrado uterino 499 69.02 Dilatación y legrado después de parto o aborto 681 69.09 Otra dilatación y legrado 670 69.09 Dilatacion y legrado, conizacion y radio-implante por neoplasia MALIGNA 1.355 69.09 Dilatacion y legrado, conizacion excepto por neoplasia maligna 642 69.29 Otra reparación de útero y estructuras de soporte 1.323 69.52 Legrado post parto 463 69.92 Inseminacion artificial de donante 923 69.92 Inseminacion artificial de conyuge 1.140 70.33 Escisión o destrucción de lesión de vagina 654 70.50 Reparación de cistocele y rectocele 641 70.51 Reparación de cistocele 641 70.52 Reparación de rectocele 622 70.53 Reparación de cistocele y rectocele con injerto o prótesis 789 70.54 Reparación de cistocele con injerto o prótesis 789 70.55 Reparación de rectocele con injerto o prótesis 789 70.77 Suspensión y fijación vaginales 789 70.78 Suspensión y fijación vaginal con injerto o prótesis 789 70.79 Colpoperineoplastia/reparación de vagina 634 70.8 Obliteración de cúpula vaginal 789 70/71 Procedimientos sobre vagina, cervix y vulva 1.121 71.2 Operaciones sobre gládula de bartholin 539 71.3 Otra escisión local o destrucción de vulva y perineo 589 71.23 Marsupializacion de glándula de bartholin (quiste) 789 71.24 Escisión u otra destrucción de glándula de bartholin (quiste) 789 71.62 Vulvectomia bilateral 935         Procedimientos obstétricos         72 Parto con forcep-maniobras 1.199 73 Induccion al parto 760 73.51 Parto gemelar y-o podalico 1.199 73.59 Parto normal 1.199 74.0 Cesarea 1.199 74.3 Embarazo ectopico 819 75 Interrupcion voluntaria del embarazo (i.v.e.) 444   < 12 sem 290   12.1 -14 sem 500   14.1 -16 sem. 570   16.1 -18 sem. 700   18.1 -20 sem. 975   20.1 -22 sem. 1.200 75.1 Amniocentesis controlada por ecografía o biopsia corial 353 75.33 Cordon umbilical extraccion 147 75.33 Cordon umbilical extraccion+conservacion 1.688         Procedimientos sobre el aparato músculo-esquelético         76.2 Escisión local o destrucción de lesiones de hueso facial 426 76.39 Submaxilectomia 623 76.6 Otra reparación de hueso facial/cirugía ortognática 2.027 76.63 Osteotomia mandibular 1.584 76.66 Osteotomia maxilar 1.284 76.69 Reconstruccion partes oseas y blandas 2.790 76.69 Reconstruccion partes blandas 961 76.7 Reduccion abierta 1.013 76.7 Diseccion cuello 1.º 1.052 76.7 Diseccion cuello 2.º 1.055 76.7 Diseccion cuello 3.º 1.110 76.76 Reducción abierta de fractura de mandíbula 1.016 76.9 Operaciones sobre hueso y articulaciones faciales 869 76.97 Extracción de dispositivo de fijación interna de hueso facial 838 76.99 Bloqueo intermaxilar 666 77.1 Otra incisión de hueso sin división 606 77.14 Otra incisión de hueso sin división carpianos y metacarpiano 868 77.20 Osteotomía en cuña 1.737 77.23 Osteotomía en cuña radio y cúbito 1.195 77.25 Osteotomía en cuña – fémur 1.737 77.27 Osteotomía en cuña – tibia y peroné 1.737 77.28 Osteotomía en cuña –tarsianos y metatarsianos 813 77.29 Osteotomía en cuña – otro 813 77.33 Osteoartrotomia de radio y cúbito 960 77.34 Osteoartrotomia de carpianos y metacarpianos 831 77.35 Osteoartrotomía de fémur 1.737 77.36 Osteoartrotomía de rótula 1.243 77.37 Osteoartrotomía de tibia y peroné 1.737 77.38 Osteoartrotomia de tarsianos y metatarsianos 861 77.4 Biopsias de hueso 511 77.51 Bursect.con correción de tejido blando y osteotomía del 1er metatarsiano / bunionectomía con corrección de tejido blando 723 77.54 Escisión de hallux-valgus / escisión o corrección de hallux valgus-unil. 796 77.56 Reparación de dedo del pie en martillo 733 77.57 Reparación de dedo del pie en garra 733 77.58 Otra escisión, fusión y reparación de dedos de los pies 724 77.59 Otra bunionectomia 643 77.6 Escisión local de lesión o tejido de hueso 606 77.65 Escisión local de lesión o tejido de hueso de fémur 1.073 77.68 Escisión local de lesión o tejido huesos tarsianos y metatarsianos 957 77.69 Escisión local de lesión o tejido otro hueso ncoc 1.227 77.7 Escisión hueso para injerto 606 77.81 Descompresión subacromial de hombro 1.560 77.83 Ostectomía parcial – radio y cúbito 813 77.84 Ostectomía parcial – carpianos y metacarpianos 813 77.85 Ostectomía parcial - fémur 813 77.86 Ostectomía parcial – rótula 1.243 77.87 Otra ostectomía tibia y peroné 1.737 77.88 Ostectomía parcial – tarsianos y metatarsianos 813 78.0 Otras operaciones de huesos/injerto sitio no especificado 813   Proc. extr.inferior y humero exc. cadera,pie,femur edad>17 sin cc 1.397   Procedimientos sobre el pie 1.412   Proc. hombro, codo o antebrazo, exc. proc.mayor de articulacion sin cc 1.849 78.35 Procedimientos de alargamiento de extremidades - fémur 1.737 78.37 Procedimientos de alargamiento de extremidades – tibia y peroné 1.737 78.40 Otra reparación u operaciones plásticas sobre el hueso (reparación pseudoartrosis). Falanges (pie - mano) 813 78.41 Otra reparación u operaciones plásticas sobre el hueso (reparación pseudoartrosis). Escápula, clavícula y tórax [costillas y esternón] 1.737 78.42 Otra reparación u operaciones plásticas sobre el hueso (reparación pseudoartrosis). Húmero 1.737 78.43 Otra reparación u operaciones plásticas sobre el hueso (reparación pseudoartrosis). Radio y cúbito 813 78.44 Otra reparación u operaciones plásticas sobre el hueso (reparación pseudoartrosis). Carpianos y metacarpianos 813   Proc.mayor sobre pulgar o articulacion, u otros proc.s.mano o muñeca con cc 1.294   Proc. sobre mano o muñeca, excepto proc.mayores s.articulacion sin cc 1.013 78.45 Otra reparación u operaciones plásticas sobre el hueso (reparación pseudoartrosis). Fémur 1.737 78.46 Otra reparación u operaciones plásticas sobre el hueso (reparación pseudoartrosis). Rótula 1.737 78.47 Otra reparación u operaciones plásticas sobre el hueso (reparación pseudoartrosis). Tibia y peroné 1.737 78.48 Otra reparación u operaciones plásticas sobre el hueso (reparación pseudoartrosis). Tarsianos y metatarsianos 813 78.49 Otra reparación u operaciones plásticas sobre el hueso (reparación pseudoartrosis). Huesos pelvianos - vértebras 1.737 78.52 Fijación interna de hueso (húmero) 1.737 78.53 Fijación interna de hueso (radio y cúbito) 813 78.54 Fijación interna de hueso (carpianos y metacarpianos) 813 78.55 Fijación interna de hueso (fémur) 1.737 78.56 Fijación interna de hueso (rótula) 1.737 78.57 Fijación interna de hueso (tibia y peroné) 1.737 78.58 Fijación interna de hueso (tarsianos y metatarsianos) 813 78.6 Extracción mayor de material de osteosíntesis 643 78.60 Extracción menor de material de osteosíntesis 284 78.61 Extracción dispositivos implantados en escápula. clavícula y tórax (costillas y esternón) / emo menor 598 78.62 Extracción de material de osteosíntesis – húmero (emo mayor) 643 78.63 Extracción de material de osteosíntesis – radio y cúbito (emo menor) 284 78.64 Extracción de material de osteosíntesis – carpianos y metacarpianos (emo menor) 284 78.65 Extracción dispositivo implantado fémur / extracción de material de osteosíntesis – fémur (emo mayor) 786 78.66 Extracción de material de osteosíntesis – rótula (emo menor) 284 78.67 Extracción de material de osteosíntesis – tibia y peroné (emo mayor) 643 78.68 Extracción de material de osteosíntesis – tarsianos y metatarsianos (emo menor) 284 78.69 Extracción dispositivos de fijación interna en columna 851 79 Osteosintesis de rotula 1.025 79.01 Reducción cerrada fractura húmero 884 79.02 Reducción cerrada fractura cúbito y radio 655 79.03 Reducción cerrada de fractura carpiano o metacarpiano 607 79.04 Reducción cerrada de fractura de falanges 607 79.05 Reducción cerrada fractura de fémur / osteosintesis de fémur con orthofix 1.327 79.05 Osteosíntesis cadera con t. howse 3.271 79.06 Reducción cerrada fractura tibia y peroné / osteosíntesis de tibia con orthofix 1.056 79.12 Reducción cerrada de fractura con fijación interna en radio y cúbito 1.195 79.12 Osteos. Cabeza de radio 1.752 79.13 Reducción cerrada de fractura con fijación interna en carpiano y metacarpiano 868 79.14 Reducción cerrada de fractura con fijación interna en falanges de mano 868 79.21 Reducción fractura abierta de húmero 1.761 79.21 Osteos. Acromio-clavicular 1.477 79.22 Reducción fractura abierta de cúbito y radio 813 79.23 Reducción fractura abierta carpiano o metacarpiano 813 79.24 Reducción fractura abierta de falanges 813 79.25 Reducción fractura abierta de fémur 1.737 79.25 Osteos. de femur con kuntscher 874 79.25 Osteos. cad. con c. ender 1.449 79.26 Osteos. de tibia con kuntscher 1.496 79.26 Osteos. meseta tibial 903 79.36 Reducc. fractura abierta de tibia y peroné con fijac. interna 1.737 79.71 Reducción cerrada de luxación de hombro 655 79.75 Reducción cerrada de luxación de cadera 1.287 79.76 Reducción cerrada de luxación de rodilla 615 79.78 Reducción cerrada de luxación de pie y dedo de pie 516 79.81 Reducción abierta luxación de hombro 1.449 79.85 Reducción abierta luxación de cadera 1.737 79.86 Reducción abierta de luxación de rodilla 1.737 79.87 Osteos. de tobillo 1.335 80.0 Excision local y eliminacion disp. fijacion interna de cadera y femur 1.589 80.0 Escisión local y extracción de dispositivo fijación interna excepto cadera y fémur, sin c c 1.522 80.2 Artroscopia 1.303 80.21 Artroscopia de hombro 1.295 80.22 Artroscopia de codo 971 80.23 Artroscopia de muñeca 1.108 80.24 Artroscopia de mano y dedo de mano 691 80.25 Artroscopia de cadera 1.156 80.26 Artroscopia de rodilla 1.222 80.27 Artroscopia de tobillo 1.108 80.28 Artroscopia de pie y dedo de pie 516 80.29 Artroscopia de otros sitios especificados 1.142 80.4 División de cápsula, ligamento o cartílago articular 1.119 80.48 División de cápsula, ligamento o cartílago de articulación de pie y dedos de pie 1.295 80.51 Escisión de disco intervertebral 3.024 80.52 Quimionucleolisis intervertebral 2.359 80.54 Reparación del anillo fibroso con injerto o prótesis 3.024 80.59 Otra reparación del anillo fibroso 3.024 80.6 Escisión de cartílago semilunar de rodilla / escisión de menisco de rodilla 1.307 80.71 Sinovectomía de hombro 801 80.72 Sinovectomía de codo 925 80.73 Sinovectomía de muñeca 933 80.74 Sinovectomía de mano y dedo de mano 743 80.75 Sinovectomia de cadera 801 80.76 Sinovectomía de rodilla 911 80.77 Sinovectomia de tobillo 911 80.78 Sinovectomía (pie y dedos del pie) 516 80.81 Escisión total o destrucción de lesión de articulación (hombro) 516 80.82 Escisión total o destrucción de lesión de articulación (codo) 516 80.83 Escisión total o destrucción de lesión de articulación (muñeca) 516 80.84 Escisión total o destrucción de lesión de articulación (mano y dedo de mano) 516 80.85 Escisión total o destrucción de lesión de articulación (cadera) 801 80.86 Escisión total o destrucción de lesión de articulación (rodilla) 801 80.87 Escisión total o destrucción de lesión de articulación (tobillo) 516 80.88 Escisión total o destrucción de lesión de articulación (pie y dedos del pie) 516 81.00 Artrodesis vertebral 3.322 81.01 Artrodesis a-o 1.155 81.02 Fijacion columna cervical tipo caspar 1.437 81.11 Artrodesis y artroeresis de pie y tobillo 1.650 81.12 Triple artrodesis de tobillo 1.830 81.13 Artrodesis subastragalina 1.226 81.15 Fusión tarsometatarsiana 1.119 81.16 Artrodesis metatarso- falángica 1.155 81.17 Otra fusión de pie 1.119 81.18 Artroereisis de articulación subastragalina 1.155 81.2 Artrodesis 2.448 81.21 Artrodesis de cadera 1.658 81.22 Artrodesis de rodilla 1.623 81.23 Artrodesis de hombro 981 81.25 Artrodesis radiocarpiana 1.144 81.26 Artrodesis carpometacarpiana 1.144 81.27 Artrodesis metacarpofalángica 1.144 81.28 Artrodesis interfalángica 868 81.29 Artrodesis de otras articulaciones especificadas 1.119 81.44 Estabilización de rotula 1.261 81.45 Otra reparación de los ligamentos cruzados 1.458 81.47 Otra reparación de rodilla 1.458   Procedimientos sobre la rodilla sin cc 1.466 81.49 Otra reparación de tobillo 1.259 81.51 Prot. total autobloq. cad. 1.587 81.51 Sustitución total de cadera (prótesis no incluida) 4.098 81.52 Sustitución parcial de cadera (prótesis no incluida) 4.098 81.52 Operacion de girdlstone (ext. cabeza femur) (reseccion cabeza femur) 1.548 81.53 Recambio de prótesis de cadera (prótesis no incluida) 4.098 81.53 Recambio protesis cadera 2.723 81.53 Recambio de vastago y cabeza 1.614   Procedimientos sobre espalda y cuello exc. fusion espinal sin cc 3.508 81.54 Sustitución total de rodilla (prótesis no incluida) 4.098 81.54 Prot. total rotatoria rod. 1.661 81.54 Prot. total tack de rod. 1.382 81.55 Recambio de sustitución de prótesis rodilla (prótesis no incluida) 4.098 81.57 Sustitución de articulación de pie y dedos (prótesis no incluida) 1.571 81.7 Artroplastia de mano, dedo y muñeca (prótesis no incluida) 1.571 81.71 Artroplastia metacarpofalángica e interfalángica con implante 1.808 81.72 Artroplastia de articulaciones metacarpofalángica e interfalángica sin implante 1.074 81.74 Artroplastia de articulaciones carpocarpiana y teacarpofalángica con implante 1.808 81.75 Artroplastia de articulaciones carpocarpiana y metacarpofalángica sin implante 1.074 81.80 Sustitución total de hombro (prótesis no incluida) 4.098 81.81 Sustitución parcial de hombro (prótesis no incluida) 4.098 81.82 Reparación de luxación frecuente de hombro / reparación luxación recidivante de hombro 1.627 81.83 Otra reparación de hombro 1.203 81.84 Artroplastia de codo (prótesis no incluida) 4.098 81.85 Otra reparacion de codo (prótesis no incluida) 1.449 81.93 Sutura de capsula o ligamento de extremidad superior 1.195 81.95 Sutura de cápsula o ligamento de otra extremidad inferior 516 81.96 Otra reparación de articulación 516 82.01 Exploración vaina de tendón de mano 508 82.11 Tenotomía de mano (plastia rizartrosis) 979 82.12 Fasciotomía de mano 508 82.21 Excisión de lesión de vaina de tendón de mano / ganglionectomía 441 82.22 Escisión de lesión de músculo de mano 333 82.29 Escisión de otra lesión de tejido blando de mano 568 82.31 Bursectomía de mano 508 82.33 Otra tendonectomía de mano 508 82.35 Otra fasciectomia de mano / liberación dupuytren 737 82.39 Otra escisión de tejido blando de mano 568 82.4 Sutura de músulo, tendón y fascia de mano 1.008 82.8 Operaciones plásticas sobre mano 1.008 82.91 Lisis de adherencias de mano / dedo resorte-gatillo 516 83.0 Incis. de músc., tendón, fascia y bolsa sinovi. (salvo mano) 502 83.1 División de músculo, tendón y fascia 508 83.11 Aquiletenotomia 918 83.12 Tenotomía de adductor de cadera 767 83.13 Otra tenotomía 641 83.14 Fasciotomía 918 83.21 Biopsias de sistema musculoesqueletico y tejido conectivo 2.026 83.29 Otros diagnósticos de sistema musculoesquelético y tejido conectivo 1.775 83.39 Escisión de lesión de otro tejido blando / (quiste de baker) 568 83.44 Otra fasciectomía 544 83.49 Otra escisión de tejido blando 508   Procedimientos sobre tejidos blandos sin cc 987 83.5 Bursectomia 569 83.63 Reparación de manguito de los rotadores 1.570 83.64 Sutura de tendón 801 83.65 Otra sutura de músculo o fascia 502 83.76 Otra trasposición de tendón 801 83.81 Injerto tendón 1.207 83.83 Reconstrucción de polea de tendón 1.207 83.85 Otro cambio en longitud de músculo o tendón 663 83.87 Otros trastornos de músculo/ligamentos 508 83.88 Liberación del túnel carpiano /reparación tendinosa mano 516 83.89 Otras operaciones plásticas sobre fascia 783 83.9 Otros proc.quirurgicos de s.musculoesqueletico y t.conectivo sin cc 1.288 83.91 Lisis de adhesiones de músculo, tendón, fascia y bolsa sinovial 605 83.99 Otras operaciones sobre músculo, tendón, fascia y bolsa sinovial 783 83.99 Otras operaciones plásticas sobre fascia 508 84.0 Amputaciones miembro superior 1.752 84.01 Amputación y desarticulación de dedo de mano 702 84.02 Amputación y desarticulación de dedo pulgar 799 84.1 Amputación de miembro inferior 1.752 84.11 Amputación de dedo de pie 793 84.17 Amputación por encima de la rodilla 1.752 84.3 Revisión de muñón de amputación 709         Operaciones sobre el aparato tegumentario         85.11 Biopsia de mama dirigida por arpón 204 85.11 Biopsia de mama dirigida por esterotaxia 605 85.12 Biopsia de mama y excision local por proceso no maligno 843 85.19 Proc. sobre mama por proceso no maligno excepto biopsia y excision local 1.433 85.21 Escisión local de lesión de mama lesión menor 537 85.22 Resección de cuadrante de mama 836 85.24 Escisión de tejido mamario ectópico 836 85.25 Escisión de pezón 836 85.31 Mamoplastia de reducción unilateral 1.355 85.32 Mamoplastia de reducción bilateral 1.831 85.41 Mastectomía simple unilateral 1.103 85.42 Mastectomía total bilateral 1.623 85.53 Implante mamario unilateral 1.100 85.54 Implante mamario bilateral 1.688 85.6 Mastopexia 1.078 85.7 Reconstrucción total de mama 2.529 85.70 Reconstruccion e injerto 468 85.81 Excision y sutura directa 366 85.82 Injerto libre 432 85.84 Colgajo sobre la mama 917 85.84 Colgajo microquirurgico 2.353 85.84 Plastia con colgajo 712 85.85 Colgajo mio-cutaneo 1.109 85.87 Otra reparación o reconstrucción de pezón 1.033 85.89 Excision y plastia con colgajo 1.ª 371 85.89 Desbridamiento quirurgico 838 85.91 Aspiración de mama 1.078 85.93 Revisión de implante de mama 1.100 85.94 Extracción de implante de mama 684 85.95 Inserción de expansor del tejido mamario 1.016 85.96 Extracción de expansor de tejido mamario 917 85.99 Otra operación sobre mama ncoc 585 86.0 Trastornos menores de la piel sin cc 963 86.1 Otros procedimientos sobre piel, subcutáneo y mama sin cc 1.160 86.04 Otra incisión con drenaje de piel y tejido subcutáneo 567 86.05 Incisión con extracción de cuerpo extraño o dispositivo de piel y tejido subcutáneo 153 86.06 Inserción de bomba infusora totalmente implantable 996 86.07 Inserción dispositivo de acceso vascular totalmente implantable 725 86.2 Extirpación o destrucción de lesión o tejido de piel y tejido subcutáneo(lipomas) 317 86.21 Escisión de quiste o seno pilonidal 664 86.23 Extracción uña, lecho o pliegue uña 153 86.24 Quimiocirugia de piel 783 86.26 Ligadura de apéndice dérmico/dedo supernumerario 700 86.3 Otra extirpación local o destrucción de lesión o tejido de piel y tejido subcutáneo 153 86.4 Escisión radical de lesión maligna cutánea 517 86.60 Injerto cutáneo libre 539 86.62 Otro injerto cutáneo a mano 1.195 86.70 Injerto pedículos y colgajos. cirugía plástica 1.332 86.83 Operación plástica de reducción de tamaño / lipectomía 1.660 86.84 Relajación de cicatriz o de contractura reticulada de piel plastia de piel 948 86.85 Corrección de sindactilia 903 86.89 Otra reparación y reconstrucción de piel y tejido subcutáneo 539         Procedimientos diagnósticos y terapéuticos misceláneos         87.82 Histerosalpingografia 112 89.17 Polisomnografia 695 89.50 Implantación holter subcutáneo 1.813 93.26 Liberación manual de adherencias articulares 516 96.23 Dilatación del esfínter anal 500 98.0 Extracción de duerpo extraño en tubo digestivo 1.889 98.14 Extracción de cuerpo extraño traquobronquial 1.960 98.52 Litotricia renal extracorpórea 1.143         Tratamiento cámara hiperbárica 2.429   Cápsula endoscópica 976         Histerosonografia 139   Analgesia epidural 86   Atencion amenaza parto premat 374   Fecundacion in vitro 3.448   Inyección intracitoplasmática de espermatozoides (icsi) 1.233   Microinyeccion 1.140   Transferencia de congelados 1.140         Otros proc quirúrgicos hematológicos y de órganos hematopoyéticos 2.592   Trast.mieloproliferativo o neo. mal difer. con otro procedimiento 2.200   Proc.quirurgico con diag. de otro contacto con servicios sanitarios 1.083

Los funcionarios en MUFACE podrán optar en 2015 entre DKV, Asisa, Adeslas e Igualatorio Médico-Quirúrgico

En aplicación de lo previsto en los artículos 17.1 del texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, y 77 del Reglamento General del Mutualismo Administrativo, aprobado por Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo, esta Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), previa convocatoria pública cuyo anuncio fue publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el 5 de noviembre de 2014 y en la Plataforma de contratación del Estado el 4 de noviembre de 2014, ha suscrito el 18 de diciembre de 2014 con diversas Entidades de Seguro concierto para el aseguramiento del acceso a la prestación de asistencia sanitaria en territorio nacional a los mutualistas y demás beneficiarios de la misma que opten por recibirla a través de entidades de seguro durante el año 2015. La Orden SSI/2065/2014, de 31 de octubre, (BOE 6 de noviembre), por la que se modifican los anexos I, II y III del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, estableció en su disposición adicional cuarta que MUFACE dispondría de un plazo máximo de nuevo meses para adaptar su cartera a lo dispuesto en dicha Orden. Con objeto de dar público conocimiento del contenido completo del concierto, de la adaptación de la cartera de servicios del concierto a lo dispuesto en la citada Orden de actualización de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, de las entidades de seguro que lo han suscrito, así como de la regulación del cambio de entidad prestadora de la asistencia sanitaria en territorio nacional, Esta Dirección General, resuelve: Primero. Publicar, como Anexo a esta Resolución, el texto del «Concierto de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado con entidades de seguro para el aseguramiento del acceso a la prestación de asistencia sanitaria en territorio nacional a los mutualistas y demás beneficiarios de la misma que opten por recibirla a través de entidades de seguro, durante el año 2015». Segundo. La cartera de servicios recogida en el Concierto que se publica está adaptada, con carácter general, a lo dispuesto en la Orden SSI/2065/2014, de 31 de octubre, citada, si bien algunos criterios recogidos en el citado Concierto en materia de Reproducción Humana Asistida difieren de lo dispuesto en la misma, por lo que a partir de 1 de enero de 2015, se aplicarán los criterios establecidos en la citada Orden, con las siguientes especificaciones: En los tratamientos de RHA, las pruebas que deban realizarse en el ámbito de dicho tratamiento al otro miembro de la pareja, serán facilitadas por la Entidad de adscripción de la mujer a la que se va a realizar la técnica de RHA. Se excluye la financiación de los tratamientos farmacológicos asociados a la técnica de RHA a los que haya de someterse el otro miembro de la pareja. Solo se atenderán los tratamientos de RHA a personas sin ningún hijo, previo y sano y, en caso de parejas, sin ningún hijo común previo y sano. Dentro de los criterios de cobertura la Entidad atenderá también los tratamientos de RHA cuando se precise de un embrión con características inmunológicas idénticas a las de un hermano afecto de un proceso patológico grave, que no sea susceptible de otro recurso terapéutico. Los tratamientos de RHA serán a cargo de la Entidad cuando se apliquen a mujeres mayores de 18 años y menores de 40 años y a hombres mayores de 18 años y menores de 55 años en el momento del inicio del estudio de esterilidad. Los límites relativos al número máximo de ciclos de tratamiento y la edad de la mujer para cada técnica de RHA son: Límites Inseminación artificial Fecundación in vitro Semen de pareja Gametos de donante Gametos propios Gametos donados N.º de ciclos máximo 4 6 3 3 Edad de la mujer < 38 < 40 < 40 < 40 Los preembriones criopreservados podrán ser transferidos para uso propio o podrán ser donados. En el caso de preembriones criopreservados para uso propio se aplicará el criterio específico de que las mujeres sean menores de 50 años en el momento de la transferencia, y en el de los preembriones criopreservados para ser donados se aplicarán los criterios generales de acceso a tratamientos de RHA. Tercero. Hacer público que el Concierto ha sido suscrito con las siguientes entidades de seguro de asistencia sanitaria: ASISA, Asistencia Sanitaria Interprovincial de Seguros, S.A.U. DKV, Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima Española. Igualatorio Médico-Quirúrgico Colegial, S.A de Seguros. Segurcaixa Adeslas, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros. Cuarto. Determinar que durante el mes de enero del año 2015, los titulares afiliados a MUFACE que lo deseen podrán cambiar por una sola vez de Entidad, mediante la oportuna solicitud, para adscribirse a alguna de las Entidades que han suscrito Concierto para el año 2015 y que se relacionan en el apartado tercero de esta Resolución, o al Instituto Nacional de la Seguridad Social (Sistema Sanitario Público). Los titulares que no soliciten cambio continuarán adscritos a la misma Entidad que lo estén a 31 de diciembre de 2014. Este plazo es único para los cambios ordinarios de Entidad, pudiendo realizarse cambios extraordinarios únicamente en los supuestos específicos previstos en los correspondientes conciertos. Quinto. Disponer que en los Servicios Provinciales y Oficinas Delegadas de MUFACE se expongan, a disposición de los titulares que deseen consultarlos, los Catálogos de Proveedores de la respectiva provincia correspondientes a las entidades de seguro concertadas. Asimismo, dicha información será accesible ### RESUMEN: Los funcionarios en MUFACE podrán optar en 2015 entre DKV, Asisa, Adeslas e Igualatorio Médico-Quirúrgico

A propuesta de la Ministra de Fomento y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 5 de septiembre de 2014, Vengo en nombrar Directora del Gabinete de la Ministra de Fomento a doña María García Capa. Dado en Madrid, el 5 de septiembre de 2014. FELIPE R. La Ministra de Fomento, ANA MARÍA PASTOR JULIÁN

Ana Maria Pastor nombra a María García Capa como directora del gabinete

A propuesta de la Ministra de Fomento y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 5 de septiembre de 2014, Vengo en nombrar Directora del Gabinete de la Ministra de Fomento a doña María García Capa. Dado en Madrid, el 5 de septiembre de 2014. FELIPE R. La Ministra de Fomento, ANA MARÍA PASTOR JULIÁN ### RESUMEN: Ana Maria Pastor nombra a María García Capa como directora del gabinete

En el procedimiento administrativo iniciado el 12 de marzo de 2015 por el Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria a la Entidad colaboradora en la gestión recaudatoria de la Hacienda Pública «Banco Sabadell, S.A.», según lo dispuesto en el artículo 17.6 del Reglamento General de Recaudación (Real Decreto 939/2005, de 29 de julio), se ha adoptado la siguiente Resolución: Primero. Suspender temporalmente de la prestación del servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria a la oficina número 5363 que la Entidad «Banco Sabadell, S.A.», tiene abierta en la calle de Horreo, número 33, de Santiago de Compostela (A Coruña), desde la primera quincena de agosto de 2015 hasta la primera quincena de agosto de 2015, es decir, durante el período comprendido entre los días 21 de julio de 2015, y 21 de julio de 2016, ambos inclusive. Segundo. La referida suspensión se extenderá a la totalidad de operaciones presenciales que, como colaboradora en la gestión recaudatoria, efectúe la oficina afectada, salvo aquellas que deban realizarse durante el período de vigencia de la suspensión, relacionadas con domiciliaciones llevadas a cabo con anterioridad al inicio de la suspensión. Cualquier otra operación presencial que, durante, el período de suspensión acordado, pudiera admitir la oficina suspendida, carecerá de efectos liberatorios frente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Tercero. Este Departamento podrá realizar actuaciones comprobación al objeto de constatar la efectividad de la suspensión acordada. Cuarto. Transcurrido el plazo de suspensión acordado, la oficina afectada podrá reiniciar su actuación como colaboradora en la gestión recaudatoria sin limitación alguna. Contra la presente Resolución podrá interponerse, a tenor de lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso de alzada ante el Director General de la AEAT en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación. Madrid, 29 de abril de 2015.–La Directora del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Soledad García López.

Suspensión de una oficina del Banco Sabadell como recaudadora de Hacienda.

En el procedimiento administrativo iniciado el 12 de marzo de 2015 por el Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria a la Entidad colaboradora en la gestión recaudatoria de la Hacienda Pública «Banco Sabadell, S.A.», según lo dispuesto en el artículo 17.6 del Reglamento General de Recaudación (Real Decreto 939/2005, de 29 de julio), se ha adoptado la siguiente Resolución: Primero. Suspender temporalmente de la prestación del servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria a la oficina número 5363 que la Entidad «Banco Sabadell, S.A.», tiene abierta en la calle de Horreo, número 33, de Santiago de Compostela (A Coruña), desde la primera quincena de agosto de 2015 hasta la primera quincena de agosto de 2015, es decir, durante el período comprendido entre los días 21 de julio de 2015, y 21 de julio de 2016, ambos inclusive. Segundo. La referida suspensión se extenderá a la totalidad de operaciones presenciales que, como colaboradora en la gestión recaudatoria, efectúe la oficina afectada, salvo aquellas que deban realizarse durante el período de vigencia de la suspensión, relacionadas con domiciliaciones llevadas a cabo con anterioridad al inicio de la suspensión. Cualquier otra operación presencial que, durante, el período de suspensión acordado, pudiera admitir la oficina suspendida, carecerá de efectos liberatorios frente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Tercero. Este Departamento podrá realizar actuaciones comprobación al objeto de constatar la efectividad de la suspensión acordada. Cuarto. Transcurrido el plazo de suspensión acordado, la oficina afectada podrá reiniciar su actuación como colaboradora en la gestión recaudatoria sin limitación alguna. Contra la presente Resolución podrá interponerse, a tenor de lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso de alzada ante el Director General de la AEAT en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación. Madrid, 29 de abril de 2015.–La Directora del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Soledad García López. ### RESUMEN: Suspensión de una oficina del Banco Sabadell como recaudadora de Hacienda.

De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985, de 1 de julio, modificada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, y en cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso 430/2009, interpuesto por don Andrés Aguilera Martínez, Este Ministerio, como complemento de la Orden JUS/2073/2012, de 12 de septiembre (BOE de 1 de octubre), ha resuelto: Primero. Nombrar funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa a don Andrés Aguilera Martínez, DNI n.º 24184742-N, número 994 BIS, e incluirle en la Orden JUS/4081/2004, de 10 de noviembre (BOE de 14 de diciembre), por la que se hace pública la relación definitiva de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, integrados en los Cuerpos y Escalas creados por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial, integrándole en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa. Segundo. Contra la presente Orden, podrá interponerse recurso potestativo de reposición, ante este Departamento en el plazo de un mes, o contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses. El plazo, en ambos casos, se contará a partir del día siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 16 de octubre de 2012.–El Ministro de Justicia, P. D. (Orden JUS/3770/2008, de 2 de diciembre), el Secretario General de la Administración de Justicia, Joaquín Silguero Estagnan.

La historia de un señor, Andrés Aguilera Martínez, que recurrió que no le dieran plaza de funcionario y ahora la consigue

De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985, de 1 de julio, modificada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, y en cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso 430/2009, interpuesto por don Andrés Aguilera Martínez, Este Ministerio, como complemento de la Orden JUS/2073/2012, de 12 de septiembre (BOE de 1 de octubre), ha resuelto: Primero. Nombrar funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa a don Andrés Aguilera Martínez, DNI n.º 24184742-N, número 994 BIS, e incluirle en la Orden JUS/4081/2004, de 10 de noviembre (BOE de 14 de diciembre), por la que se hace pública la relación definitiva de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, integrados en los Cuerpos y Escalas creados por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial, integrándole en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa. Segundo. Contra la presente Orden, podrá interponerse recurso potestativo de reposición, ante este Departamento en el plazo de un mes, o contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses. El plazo, en ambos casos, se contará a partir del día siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 16 de octubre de 2012.–El Ministro de Justicia, P. D. (Orden JUS/3770/2008, de 2 de diciembre), el Secretario General de la Administración de Justicia, Joaquín Silguero Estagnan. ### RESUMEN: La historia de un señor, Andrés Aguilera Martínez, que recurrió que no le dieran plaza de funcionario y ahora la consigue

ECLI:ES:TC:2017:70 La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Juan José González Rivas, Presidente, don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y doña María Luisa Balaguer Callejón, Magistrados, han pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En el recurso de amparo núm. 4589-2013, promovido por la mercantil Cea Ibérica Chocostar, S.L., representada por el Procurador de los Tribunales don Aníbal Bordallo Huidobro y asistida por el Abogado don Carlos Valls Martínez, contra el decreto de 5 de junio de 2013 del Juzgado de Primera Instancia núm. 47 de Barcelona, dictado en el procedimiento ordinario 978-2011. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha comparecido la sociedad Tat Lee Confectionary and Novelty, Co. Ltd., representada por la Procuradora de los Tribunales doña Carmen Azpeitia Bello y asistida por el Abogado don Carlos Wienberg. Ha sido Ponente el Magistrado don Cándido Conde-Pumpido Tourón, quien expresa el parecer del Tribunal. I. Antecedentes 1. Mediante escrito que tuvo entrada en el registro general de este Tribunal el día 22 de julio de 2013, el Procurador de los Tribunales don Aníbal Bordallo Huidobro, en nombre y representación de Cea Ibérica Chocostar, S.L., interpuso recurso de amparo contra la resolución judicial que se cita en el encabezamiento. 2. Los hechos de los que trae causa la demanda, relevantes para la resolución del recurso, son, en síntesis, los siguientes: a) En el año 2008, como fruto de unas negociaciones con el grupo empresarial Gschwandtner, la mercantil demandante de amparo Cea Ibérica, llevó a cabo la cesión del activo y pasivo de la sociedad a favor de tal grupo. Como consecuencia de dicha operación, en junta general extraordinaria de socios, celebrada en 29 de enero de 2009, se aprobó la disolución de la sociedad demandante, cesando el órgano de administración y abriéndose el periodo de liquidación. b) Con fecha 27 de junio de 2011, la sociedad Tat Lee Confectionary and Novelty, Co. Ltd., interpuso demanda de juicio ordinario frente a la demandante de amparo Cea Ibérica Chocostar, S.L., en reclamación de la suma de 681.664,40 dólares estadounidenses, por la falta de pago de una serie de facturas que, según su criterio, debería haber asumido el grupo Gschwandtner, tras la cesión. c) El procedimiento se sustanció ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 47 de Barcelona, con el número 978-2011 y concluyó en virtud de Sentencia, de fecha 6 de febrero de 2013, por la que estimando la demanda interpuesta por Tat Lee Confectionary and Novelty, Co. Ltd., se condenó a la mercantil demandante de amparo al pago de la cantidad de 518.777,25 € (correspondientes al cambio de la cantidad reclamada en dólares americanos), con expresa imposición de costas a la parte actora. d) Contra la anterior resolución, la demandante de amparo Cea Ibérica Chocostar, S.L., interpuso recurso de apelación, si bien, mediante diligencia de ordenación de fecha de 21 de marzo de 2013, el Juzgado de Primera Instancia núm. 47 de Barcelona le requirió para que en el plazo de diez días, subsanara la omisión de acompañar a su escrito de apelación el justificante de pago de la tasa judicial correspondiente, con arreglo al modelo de autoliquidación 696 aprobado por la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Ley 10/2012 de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (en adelante, Ley 10/2012). e) Con fechas de 10 y 11 de abril de 2013, la recurrente presentó sendos escritos en los que manifestaba que se encontraba en liquidación, motivo por el que no disponía de capacidad económica ni de bien alguno que le permitiera hacer frente al pago de la tasa, por lo que suplicaba que se le declarase exenta del pago de la misma. Mediante otrosí interesaba a su vez del órgano judicial el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad de la Ley 10/2012 por vulneración de los artículos 14, 24 y 119 CE. Igualmente solicitaba la elevación de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por vulnerar los derechos contenidos en los artículos 20, 21 y 47 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea (en adelante, CDFUE). Posteriormente la recurrente presentó ampliación del escrito aportando la documentación acreditativa de la falta de actividad de la sociedad, de activos y de ingresos. f) Por diligencia de ordenación de 16 de abril de 2013 se tuvieron por hechas las referidas manifestaciones, y se declaró no haber lugar a lo solicitado, al no encontrarse la recurrente entre los supuestos de exención contemplados en la Ley, dándose cuenta al órgano judicial de la solicitud de planteamiento de cuestión prejudicial y de inconstitucionalidad. g) Por providencia de 18 de abril de 2013, el juez denegó el planteamiento de las cuestiones solicitadas ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. h) Nuevamente se presentó escrito solicitando ampliación de plazo para el pago de la tasa, en el que la mercantil demandante advertía de su situación económica y de su voluntad de cumplir con tal abono. En otrosí primero, la parte suplicaba, de forma subsidiaria, la admisión del recurso de apelación y la declaración de la suspensión de la obligación de aportar el justificante de pago en tanto el Tribunal Constitucional resolviera el recurso de inconstitucionalidad que se había interpuesto contra la Ley 10/2012. Por otrosí segundo, la recurrente suplicaba, subsidiariamente, para el caso de no acceder a ninguna de las dos peticiones anteriores, que se tuviese por interpuesto recurso de reposición contra la diligencia de ordenación de 16 de abril de 2013, que impone el pago de la tasa, pues tal exigencia vulnera los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 24.1 CE y 47 CDFUE. i) En fecha de 7 de mayo de 2013, el Juzgado dictó diligencia de ordenación concediendo la ampliación por diez días del plazo para el abono de la tasa judicial, al haberse producido un error material en el proveído en fecha de 30 de abril de 2013, no dando trámite al resto de las peticiones al haberse interesado subsidiariamente. j) Transcurrido el plazo otorgado sin que la mercantil demandante de amparo hubiese procedido al pago de la tasa, el Juzgado dictó decreto, en fecha de 5 de junio de 2013, acordando no dar curso al recurso de apelación y declarando firme la Sentencia de instancia. En la parte dispositiva de dicho decreto se hace constar expresamente que «[c]ontra esta resolución no cabe recurso alguno». 3. En su demanda de amparo, la mercantil Cea Ibérica Chocostar, S.L., imputa la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), en su vertiente de derecho de acceso al recurso, tanto a la diligencia de ordenación de 21 de marzo de 2013, que acordó requerir a la parte recurrente para que presentara el impreso de autoliquidación de la tasa judicial, como al decreto recurrido, de 5 de junio de 2013, que acordó no dar curso al recurso de apelación contra la Sentencia de 6 de febrero de 2013 del Juzgado de Primera Instancia núm. 47 de Barcelona y declarar su firmeza. Para la mercantil demandante de amparo la decisión de denegación de la tramitación del recurso de apelación carece de fundamento legal por el impago de una tasa que es a todas luces desproporcionada a su capacidad económica. A su juicio, la Ley 10/2012, al establecer una tasa no adecuada a la capacidad económica de los litigantes, se constituye en un obstáculo insalvable a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE) y a la igualdad de partes (art. 14 CE), incurriendo así en un claro vicio de inconstitucionalidad y, a mayor abundamiento, resulta contraria al Derecho de la Unión Europea. Al hilo de lo anterior añade que la situación de liquidación en la que se encuentra la sociedad Cea Ibérica Chocostar, S.L., no disponiendo de activo patrimonial ni valor alguno, ni teniendo actividad o ingreso de alguna clase, y por ende, recursos propios para hacer frente al pago de la tasa judicial que se reclama en virtud de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, debió abocar a la exención de pago de la referida tasa, al ser materialmente imposible cumplir con dicha obligación. En este sentido, pone de manifiesto que el decreto de finalización del procedimiento ha violado de una forma directa y flagrante la tutela judicial efectiva, al habérsele privado de la posibilidad de defender sus legítimos derechos e intereses por la mera imposibilidad de cumplir con el pago de una tasa judicial. Señala, además, que la aplicación de la Ley 10/2012 está afectando al contenido esencial del derecho de acceso al recurso, pues queda así vacío de contenido, lo que supone una vulneración de lo dispuesto en el artículo 53 CE, dado que es evidente que una medida que pueda suponer un impedimento al ejercicio de la tutela judicial efectiva, al imponerse unas tasas que no contemplan la situación personal y patrimonial de los justiciables, en modo alguno puede ser admitida en el ordenamiento jurídico y es contraria al deber de la Administración de Justicia de prestar un servicio público a los ciudadanos con independencia de sus recursos económicos. Siguiendo el argumento anterior, entiende igual de evidente que con ello se está violando asimismo el artículo 14 CE y recuerda la STC 20/2012, de 16 de febrero, que aunque reconoció la constitucionalidad de las tasas, advirtió lo siguiente: «Esta conclusión general sólo podría verse modificada si se mostrase que la cuantía de las tasas establecidas por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, son tan elevadas que impiden en la práctica el acceso a la jurisdicción o lo obstaculizan en un caso concreto en términos irrazonables, atendiendo a los criterios de la jurisprudencia expuestos en el fundamento jurídico 7» (FFJJ 9 y 10). Finaliza apuntando que, debe tenerse en consideración que, por providencia de 12 de mayo de 2013, el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 973-2012 contra los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 11 de la referida Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por lo que, con estricta observancia de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y considerando los elevadísimos importes de las tasas, así como su aplicación indiscriminada por no tener en cuenta los recursos económicos de los litigantes, ya sean personas físicas o jurídicas (máxime cuando estas últimas, además, no disponen de la posibilidad de acogerse al beneficio de justicia gratuita), la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, será considerada manifiestamente inconstitucional por vulneración del artículo 24.l CE. Como consecuencia de lo anterior, la parte recurrente solicita de este Tribunal que se declare vulnerado el artículo 24.1 CE y la exención de la mercantil demandante de la obligación del pago de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social, regulada por la Ley 10/2012, así como la exención de la obligación de aportar el justificante de pago de la tasa con arreglo al modelo de autoliquidación 696 aprobado por la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Ley 10/2012. Igualmente suplica que se anule el decreto de 5 de junio de 2013 y la diligencia de ordenación de 21 de marzo de 2013, ambos dictados por el Juzgado de Primera Instancia núm. 47 de Barcelona, se deje sin efecto el archivo del procedimiento y se retrotraigan las actuaciones al momento de la presentación del recurso de apelación por Cea Ibérica Chocostar, S.L., habiéndose interpuesto en forma y en plazo el recurso de apelación frente a la Sentencia de dicho Juzgado de 6 de febrero de 2013, para que se le permita aportar el documento justificativo de la exención del pago de dicha tasa. 4. Por providencia de 28 de noviembre de 2016, la Sala Primera acordó conocer del presente recurso de amparo y admitir a trámite la demanda, apreciando que concurre especial trascendencia constitucional [art. 50 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (en adelante, LOTC)], como consecuencia de que la posible vulneración del derecho fundamental que se denuncia pudiera provenir de la ley o de otra disposición de carácter general [STC 155/2009, FJ 2 c)]. Por ello, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 51 LOTC, se requirió al Juzgado de Primera Instancia núm. 47 de Barcelona, para que en el plazo de diez días remitiera certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al procedimiento ordinario núm. 978-2011, debiendo previamente emplazarse en el recurso de amparo a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto a la parte recurrente en amparo. 5. Por diligencia de ordenación del Secretario de Justicia de la Sala Primera de 2 de enero de 2017, se tuvieron por recibidos los testimonios de las actuaciones remitidos por el Juzgado de Primera Instancia núm. 47 de Barcelona y el escrito de la Procuradora de los Tribunales doña Carmen Azpeitia Bello, a quien se tiene por personada y parte en nombre y representación de Confectionary and Novelty, Co. Ltd., acordándose, a tenor de lo dispuesto en el artículo 52 LOTC, dar vista de todas las actuaciones del presente recurso de amparo, en la Secretaría de la Sala, por un plazo común de 20 días, al Ministerio Fiscal y a las partes personadas, para que dentro de dicho término pudieran presentar las alegaciones que a su derecho convenga. 6. El Fiscal ante el Tribunal Constitucional presentó sus alegaciones, mediante escrito registrado el día 25 de enero de 2017, interesando el otorgamiento del amparo. El Ministerio público advierte en primer lugar que, en fecha de 21 de julio de 2016, este Tribunal ha dictado la STC 140/2016, resolviendo el recurso de inconstitucionalidad núm. 973-2013 contra, entre otros preceptos, el artículo 7 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, en el que se establece que la cuantía de la tasa a satisfacer por las personas jurídicas que interpongan un recurso de apelación civil se compone de una cuota fija, que asciende a 800 €, y de una cuota variable cuya cuantía sería el resultado de aplicar al primer millón de euros del valor del proceso un 0,5 por 100 y al resto del valor un tipo del 0,25 por 100 con un máximo de 10.000 €, lo que determinaría que, en el proceso que se encuentra en el origen del presente recurso de amparo, la entidad que lo ha planteado tendría que haber justificado el pago de una tasa por importe de 3.393,88 €, por ser la cuantía del proceso de 681.664,40 €. En la referida Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional se acordó declarar la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 7, apartado 1, de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre en los siguientes incisos: «En el orden jurisdiccional civil:... Apelación: 800 €... « y «declarar la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 7, apartado 2, de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre... con los efectos indicados (en ambos casos) en el anterior fundamento jurídico 15». Para el Ministerio Fiscal el primer problema que se debe ventilar es el relativo a la determinación de la eficacia que en el presente recurso de amparo deba atribuirse a la STC 140/2016, de 21 de julio, para lo cual el primer paso que debe darse es analizar cuál sea el alcance que, conforme a una doctrina que arranca en la STC 45/1989, de 20 de febrero, el Tribunal otorga a su propia Sentencia. Para ello parte de su fundamento jurídico 15 en el que se viene a establecer que la eficacia de la nulidad acordada no solamente debe preservar la cosa juzgada, conforme al «“principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), al que responde la previsión contenida en el artículo 40.1 LOTC, según el cual las sentencias declaratorias de la inconstitucionalidad de leyes ‘no permitirán revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada’ en los que se haya hecho aplicación de leyes inconstitucionales», sino que «más allá de ese mínimo impuesto por el artículo 40.l LOTC debemos declarar que el principio constitucional de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) también reclama que –en el caso que nos ocupa– esta declaración de inconstitucionalidad solo sea eficaz pro futuro, esto es, en relación con nuevos supuestos o con los procedimientos administrativos y procesos judiciales donde aún no haya recaído una resolución firme» (SSTC 365/2006, de 21 de diciembre, FJ 8 –con cita de la STC 54/2002, de 27 de febrero, FJ 9–; 161/2012, de 20 de septiembre, FJ 7, y 104/2013, de 25 de abril, FJ 4). Advierte el Fiscal que el pronunciamiento de inconstitucionalidad solamente es de aplicación a procesos futuros y que la resolución que acordó la inadmisión del recurso de apelación impugnada por la mercantil Cea Ibérica Chocostar, S.L., goza de la eficacia de cosa juzgada; en consecuencia, a primera vista podría parecer que no se puede otorgar el amparo que se solicita, pese a haber sido declarado inconstitucional el precepto en cuya aplicación se fundamentó la inadmisión del recurso. Sin embargo, a juicio del Ministerio público tal conclusión no debe ser compartida por tres razones: – En primer lugar, porque la STC 140/2016, de 21 de julio no solamente declaró la inconstitucionalidad del artículo 7 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, en cuyo precepto se regula la cuantía de la tasa de quien desee interponer un recurso de apelación en el orden jurisdiccional civil, sino que también declaró su nulidad, categoría jurídica esta que no es equivalente a aquella, porque la misma no puede predicarse de aquellos preceptos que no pierden su vigencia pese a haber sido declarados inconstitucionales, y a la que, además, se anuda siempre eficacia ex tunc. Es decir, según el Fiscal, el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la ley en julio de 2016 y la nulidad de algunos de sus preceptos, pero de dicho defecto adolece la norma desde el momento en que la misma entró en vigor (entre otras, SSTC 83/1984, 171/1985 y 167/1986). – En segundo lugar, porque el fundamento de la declaración de inconstitucionalidad y nulidad del precepto que establece la cuantía de la tasa por cuyo incumplimiento fue inadmitido el recurso de apelación de la mercantil demandante de amparo constituye una vulneración del derecho de acceso al recurso (art. 24.1 CE), pues lo elevado de la cuantía de la tasa constituye un impedimento injustificado para el acceso al mismo. Para el Fiscal sería, pues, un contrasentido que, pese a dicha declaración, se mantuviese intocable una resolución judicial que impidió el acceso al recurso, porque se justificó el pago de una tasa en cuantía inferior a la debida, siendo así que en el momento de resolverse el presente recurso de amparo dicha tasa no debía de ser abonada o, en todo caso, debería serlo en cuantía muy inferior a la exigida, según cuál fuese la posibilidad de considerar que recobró su vigencia o no la norma derogada por la que ha sido declarada inconstitucional y nula. – Por último, porque el referido fundamento jurídico 15 de la STC 140/2016, de 21 de julio, cuando especifica los límites de la eficacia de la declaración que realiza, establece concretamente que «no procede ordenar la devolución de las cantidades pagadas por los justiciables en relación con las tasas declaradas nulas, tanto en los procedimientos administrativos y judiciales finalizados por resolución ya firme; como en aquellos procesos aún no finalizados en los que la persona obligada al pago de la tasa la satisfizo sin impugnarla por impedirle el acceso a la jurisdicción o al recurso en su caso (art. 24.1 CE), deviniendo con ello firme la liquidación del tributo». Es decir, la retroactividad de la declaración de nulidad encuentra su límite, de una parte, en los pagos de tasas efectuados en procesos ya fenecidos, lo que no acontece en el presente caso, y, de otra en los que, habiendo sido hechos en procesos no fenecidos aún, la persona que efectuó el ingreso no planteó impugnación alguna de dicha obligación de pago, lo que tampoco acontece en el presente caso. Por tanto, para el Fiscal aquellos que no obtuvieron acceso al recurso por no pagar las tasas, o por pagar una cantidad inferior a la debida, no pueden sufrir que se detenga la eficacia de la retroactividad de las normas declaradas inconstitucionales y nulas, cuando, como ocurre también en este caso, la vulneración en el ejercicio de un derecho fundamental atribuida a la resolución que pone fin al proceso en la instancia judicial, se encuentra en el trance de ser controlada a través del recurso de amparo, ya que, en otro caso, se vaciaría de contenido este instrumento de protección de derechos fundamentales y la propia función del Tribunal Constitucional en la medida en la que se permitiera que subsistieran situaciones inconstitucionales producidas mediante la aplicación de normas declaradas inconstitucionales y nulas por el propio Tribunal. Por todos estos razonamientos el Ministerio Fiscal entiende que procede otorgar amparo a la entidad demandante, ya que la norma cuyo incumplimiento impidió en la instancia judicial el acceso al recurso ha sido declarada inconstitucional y nula y la recurrente no tuvo acceso al recurso, pero impugnó su inadmisión por considerar que era contraria al derecho fundamental la exigencia de una tasa de tan elevada cuantía y sin tomar en consideración la situación de insolvencia en la que la misma se encontraba. Por lo que respecta a los efectos de la Sentencia de amparo, señala que debe tomarse en consideración que, aunque la inadmisión del recurso se acordó mediante decreto de 5 de junio de 2013, la preparación de la adopción de dicha decisión comenzó con la diligencia de ordenación de 21 de marzo de 2013, que fue cuando se requirió por vez primera a la demandante de amparo para que presentase el justificante del pago de la tasa, resolución que, aunque no se exprese como recurrida en el encabezamiento de la demanda, aparece en su fundamentación como afectada por la vulneración de derechos fundamentales que se denuncia y de la que, por tal razón, se pide su nulidad en el suplico de aquélla, razón por la cual carecería de sentido que se dejase en vigor, cuando se considera que, hoy, no es procedente requerir a la recurrente para que justifique el pago de tasa alguna. Por el contrario, no le parece que deba hacerse pronunciamiento alguno sobre la exención de la obligación de pagar la tasa por parte de la recurrente porque, sin perjuicio de que se derive dicha consecuencia del otorgamiento del amparo, considera que es una cuestión de legalidad ordinaria ajena a las funciones de este Tribunal. 7. Don Aníbal Bordallo Huidobro, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de la demandante de amparo Cea Ibérica Chocostar, S.A., presentó escrito en fecha 3 de febrero de 2017, en el que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 LOTC, se ratifica íntegramente en lo manifestado en el recurso de amparo interpuesto contra el decreto de fecha 5 de junio de 2013, por el Juzgado de Primera Instancia núm. 47 de Barcelona, dictado en el procedimiento ordinario núm. 978-2011. 8. La representación procesal de Tat Lee Confectionary and Novelty, Co. Ltd., formuló sus alegaciones solicitando la denegación del amparo, mediante escrito que tuvo su entrada en el Registro General de este Tribunal el día 1 de febrero de 2017, en el que expone las causas por las que considera que no debe otorgarse el amparo solicitado por Cea Ibérica. En primer lugar, se hace hincapié en la dudosa falta de medios de la mercantil demandante de amparo para afrontar los gastos y costas derivadas del procedimiento, insistiendo en el hecho de que solo las sociedades en situación concursal están exentas del pago de la tasa, pero no las que se encuentran en período de liquidación, como es el caso de la demandante, entendiendo que lo que realmente pretende la actora es socializar infundadamente el coste de su recurso de apelación. En segundo término, se subraya que si bien la STC 140/2016, de 21 de julio ha declarado nula la tasa judicial de 800 € para primer recurso de apelación en el orden civil y la cuota variable para las personas jurídicas recogida en los apartados 1 y 2 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, ello no significa que en el caso de autos realmente exista una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, pues tal vulneración debe ser analizada en cada caso concreto. En el presente recurso de amparo se debe subrayar, por consiguiente, que Cea Ibérica no es una sociedad de reducidas dimensiones, sino que tenía un gran volumen de negocio y que ha sido parte en diversos procedimientos contra distintos grupos empresariales y sociedades mercantiles por valor de más de cinco millones de euros. En consecuencia, el pago de una tasa judicial por importe de 4.300 € no resulta desproporcionado, a la vista del volumen de negocio y de los importes que movía la recurrente. Por último, se advierte que mediante diligencia de ordenación de 5 de junio de 2013 el Juzgado declaró la firmeza de la Sentencia de 6 de febrero de 2013, que esa diligencia de ordenación no ha sido recurrida en cuanto a la declaración de firmeza y que en amparo solo se queja de que no se haya dado curso al recurso de apelación y, por consiguiente, debe regir el principio de intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes. En cualquier caso, para Tat Lee Confectionary and Novelty, Co. Ltd., aun cuando se entendiere que también se ha recurrido la declaración de firmeza, tampoco podría aplicarse retroactivamente la STC 140/2016, de 21 de julio, porque en el caso de autos no se ha producido lesión de derecho fundamental alguno, dado que la recurrente podía asumir las cargas de todos los procedimientos judiciales en los que está inmersa estando en liquidación y ninguna explicación ha ofrecido sobre la falta de fondos suficientes para afrontar una tasa judicial de 4.300 € en un procedimiento de una cuantía de 554.158 dólares americanos. Expuestos los anteriores razonamientos, concluye en la necesidad de que se deniegue a la recurrente el amparo solicitado. 9. Por providencia de 1 de junio de 2017 se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 5 del mismo mes y año. II. Fundamentos jurídicos 1. El presente recurso de amparo se dirige contra el decreto de 5 de junio de 2013, dictado por el Juzgado de Primera Instancia núm. 47 de Barcelona, por el que se acuerda no dar curso al recurso de apelación interpuesto por la mercantil demandante de amparo Cea Ibérica Chocostar, S.A., y declarar la firmeza de la Sentencia de primera instancia de fecha de 6 de febrero de 2013, por la que estimando la demanda interpuesta por Confectionary and Novelty, Co. Ltd., se condena a la mercantil demandante de amparo al pago de las cantidad de 518.777,25 € (correspondientes al cambio de la cantidad reclamada en dólares americanos), con expresa imposición de costas a la parte actora. En la demanda de amparo se imputa a la resolución recurrida la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), en su vertiente de derecho de acceso al recurso, pues la denegación de la tramitación del recurso de apelación carece de fundamento legal por el impago de una tasa desproporcionada a su capacidad económica. A juicio de la recurrente, la Ley 10/2012, al establecer una tasa no adecuada a la capacidad económica de los litigantes, se constituye en un obstáculo insalvable a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE) y a la igualdad de partes (art. 14 CE), resultando manifiestamente inconstitucional. A las anteriores consideraciones añade que la aplicación de la Ley 10/2012 en su caso supone un impedimento a la posibilidad de ejercitar la tutela judicial efectiva, al imponerse una tasa que no contempla la situación patrimonial de la demandante que en modo alguno puede ser admitida en el ordenamiento jurídico, violando con ello el artículo 14 CE y la doctrina constitucional que declaró que tal infracción ocurre cuando se demuestra que la cuantía de la tasa establecida es tan elevada que impide en la práctica el acceso a la jurisdicción o lo obstaculiza en términos irrazonables. El Ministerio Fiscal interesa la estimación del recurso por entender que, a tenor de lo declarado en la STC 140/2016, de 21 de julio, concurre la vulneración denunciada, en tanto que la representación de Tat Lee Confectionary and Novelty, Co. Ltd., se opone al otorgamiento del amparo por un doble motivo, por falta de impugnación de la resolución que dicta la firmeza de la sentencia de primera instancia y porque no habría quedado acreditada la falta de medios económicos de la recurrente. 2. Antes de entrar en el examen de la cuestión de fondo suscitada en el recurso de amparo, es necesario realizar tres consideraciones preliminares: a) La entidad Tat Lee Confectionary and Novelty, Co. Ltd., se ha opuesto al otorgamiento del amparo considerando que mediante el presente recurso no se habría impugnado la resolución que declara la firmeza de la Sentencia de primera instancia, sino otra resolución. De compartirse, dicha alegación condicionaría el objeto del presente recurso, por lo que requiere un pronunciamiento previo por nuestra parte. Sin embargo, la alegación no puede compartirse porque la resolución que declara la firmeza de la Sentencia de primera instancia es el decreto de 5 de junio de 2013, y no una inexistente diligencia de ordenación de la misma fecha. Dicho decreto constituye justamente el objeto del presente recurso de amparo. Si bien en el suplico de la demanda de amparo [apartado c)] la recurrente solicita la nulidad de la «Diligencia de Ordenación de 5 de junio de 2012» (sic), a la vista del encabezamiento de la demanda y del resto del escrito, cabe apreciar que se trata simplemente de un lapsus calami, porque según consta en autos ni existe tal diligencia de ordenación, ni se declaró la firmeza por una diligencia de ordenación, sino por el decreto de 5 de junio de 2013. b) Cuestiones distintas, que, en todo caso, no plantean ninguna de las partes, son las de la naturaleza del autor de la resolución impugnada y su carácter recurrible. Ciertamente, frente a dicho decreto de 5 de junio de 2013 cabía recurso de revisión de acuerdo con el artículo 454 bis de la Ley de enjuiciamiento civil (en la versión dada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal). Ahora bien, en la propia parte dispositiva de dicho decreto se indicó expresamente que «[c]ontra esta resolución no cabe recurso alguno». Es jurisprudencia reiterada de este Tribunal que no se puede exigir al justiciable, destinatario de una Sentencia expresamente considerada irrecurrible por el propio órgano sentenciador, que, contrariando la auctoritas de dicho Tribunal, acuda a un recurso previamente vedado por dicha instancia (SSTC 202/2007, de 24 de septiembre, FJ 2; y 4/2009, de 12 de enero, FJ 2). El mismo criterio protector de la confianza generada en el justiciable ha de seguirse cuando el objeto del recurso de amparo es, como ocurre en el presente caso, una resolución dictada por un Secretario judicial. Por lo demás, son igualmente reiterados los pronunciamientos de este Tribunal en el sentido de reconocer que las funciones atribuidas ex lege a los secretarios judiciales –denominados en la actualidad Letrados de la Administración de Justicia– han de imputarse, ante todo, al órgano judicial donde estos actúan y que, por tanto, ello nada altera la exigibilidad de los derechos fundamentales del artículo 24 CE o los plazos de interposición del recurso de amparo (por todas, STC 155/2011, de 17 de octubre, FJ 2). c) Ninguna de las partes ha puesto en duda tampoco la especial trascendencia constitucional de este recurso. No obstante, habida cuenta de que es requisito para su admisión de conformidad con los artículos 49.1 y 50.1 b) de nuestra Ley Orgánica (LOTC) reguladora y, por consiguiente, de orden público procesal (entre otras, STC 113/2012, de 24 de mayo, FJ 2, y las allí citadas), así como por exigencias de certeza y buena administración de justicia (STEDH de 20 de enero de 2015, caso Arribas Antón c. España, § 46), debemos explicitar el cumplimiento de ese requisito para hacer así reconocibles los criterios empleados al efecto por este Tribunal. Como tenemos declarado, entre otras muchas, en la STC 54/2015, de 16 de marzo, FJ 4, corresponde únicamente a este Tribunal Constitucional apreciar en cada caso la existencia o inexistencia de esa «especial trascendencia constitucional», esto es, si el contenido del recurso justifica una decisión sobre el fondo, atendiendo, conforme al artículo 50.1 b) LOTC, a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales. En el presente caso, este Tribunal ha apreciado en la providencia de admisión a trámite, de fecha de 28 de noviembre de 2016, que el recurso presenta la trascendencia requerida, como consecuencia de que la posible vulneración del derecho fundamental que se denuncia pudiera provenir de la ley o de otra disposición de carácter general [STC 155/2009, FJ 2 c)], lo que se infiere del hecho de que los apartados 1 y 2 del artículo 7 de la Ley 10/2012, aplicables a este caso, se encontraban recurridos ante este Tribunal cuando se interpuso el recurso de amparo. 3. El primer motivo de impugnación del presente recurso se ciñe a determinar si la decisión del Juzgado de Primera Instancia núm. 47 de Barcelona de no admitir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora es conforme con el derecho de acceso a los recursos legalmente establecidos o si, por el contrario, ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva en el que se integra (art. 24.1 CE). Como afirman la parte actora y el Ministerio Fiscal, el juicio sobre la vulneración del artículo 24.1 CE en la vertiente de acceso a los recursos queda necesariamente influido por la STC 140/2016, de 21 de julio, en cuanto que declaró la nulidad e inconstitucionalidad del artículo 7, apartado 1, de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, en su inciso: «en el orden jurisdiccional civil: … apelación: 800 €»; esto es, en cuanto que expulsó del ordenamiento jurídico el precepto legal regulador de la cuota fija de la tasa judicial aplicada a la entidad demandante de amparo. Los argumentos en los que se fundamentó dicha declaración de inconstitucionalidad fueron los siguientes: «el objetivo de financiación mixta de la Justicia no puede traer consigo el sacrificio de un derecho fundamental, como es el de acceso a la Justicia (art. 24.1 CE), en cualquiera de sus vertientes»: «el esfuerzo económico que se exige también a la mayor parte de las personas jurídicas para la satisfacción de la tasa para la interposición de recursos contra resoluciones judiciales, resulta desproporcionado»; «los criterios establecidos por el legislador para poder acudir a cada uno de los recursos gravados con la tasa, son de diversa índole y muchos de ellos no atienden siquiera al valor económico del proceso», como es el caso del orden civil, en el que son recurribles en apelación «las sentencias dictadas en procedimientos seguidos, no sólo por razón de la cuantía (más de 3.000 €) sino por razón de la materia»; y, en fin, la razón por la que esa y otras tasas resultaban contrarias al artículo 24.1 CE era que «no se aprecia razón y justificación alguna que acredite que se haya tenido en cuenta que las cuantías establecidas por el artículo 7 de la Ley 10/2012, para la interposición de recursos, se adecuen a una capacidad económica que no exceda de la que pueda poseer una persona jurídica» (FJ 12). Ahora bien, aunque en su fundamento jurídico 13 dicha Sentencia también declaró inconstitucional y nulo el artículo 7.2 de la Ley 10/2012, que regulaba la cuota variable aplicable a la interposición del recurso de apelación en el orden jurisdiccional civil por las personas jurídicas, a la entidad demandante de amparo no le fue aplicada esa concreta redacción legal, sino una posterior introducida por el Real decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero. Por tanto, además de la mencionada STC 140/2016, la otra resolución que sirve de fundamento a la solicitud de otorgamiento del presente amparo es la reciente STC 55/2017, de 11 de mayo, FJ 4, que ha declarado la inconstitucionalidad y nulidad, en su aplicación a las personas jurídicas, del artículo 7.2 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, en la redacción dada al mismo por el artículo 1.7 del Real decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, con los efectos determinados en su fundamento jurídico 5; solo entonces se declaró inconstitucional y nula la versión del precepto legal regulador de la cuota variable vigente en el momento del devengo de la tasa aplicada a la entidad demandante y que constituye el objeto de impugnación del presente recurso de amparo. El pronunciamiento de inconstitucionalidad que se efectúa en la STC 55/2017 se basa, de todas formas, en los mismos argumentos que sirvieron para declarar en la STC 140/2016, FJ 13, la invalidez constitucional de la cuota variable contemplada en el artículo 7.2 de la Ley 10/2012, en su aplicación a las personas jurídicas. Entonces este Tribunal señaló que, en la regulación impugnada, «la cuota variable eleva innecesariamente la carga económica de la entidad actora o recurrente en todos los grados de la jurisdicción en los que satisface su pago, sin que sea posible discernir a qué criterio responde su exigencia». En este sentido descartamos tanto que la mera solicitud de una tutela judicial concreta pudiera considerarse como una presunción de riqueza patrimonial, como que el valor del litigio guardase relación con el coste del ejercicio de la función jurisdiccional. Además, destacamos las desigualdades que se producen entre personas jurídicas que ventilan sus derechos por el mismo cauce judicial y cuya pretensión de tutela trae consigo esencialmente idénticos costes generados por la actividad jurisdiccional que conlleva juzgar las demandas, pero que sin embargo satisfacen una tasa distinta, con diferencias entre sí de hasta varios miles de euros. En la STC 55/2017 (FJ 4) declaramos que los anteriores motivos resultaban «íntegramente trasladables al enjuiciamiento de la norma que ahora se examina» y, en consecuencia, declaramos que «la cuota variable prevista para las personas jurídicas en el artículo 7.2 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, con la redacción dada por el artículo 1.7 del Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, resulta inconstitucional por infringir el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), sin necesidad de entrar a valorar los porcentajes y límite de la escala variable vigente para estas últimas». Pues bien, habiendo declarado este Tribunal en las citadas SSTC 140/2016 (FJ 12) y 55/2017 (FJ 4) la inconstitucionalidad y nulidad, por infracción del derecho fundamental de acceso a la jurisdicción y al recurso (art. 24.1 CE), de la normativa reguladora de los dos componentes de la tasa judicial aplicada a la entidad demandante (art. 7.1 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por lo que respecta a la cuota fija; y artículo 7.2 de la misma Ley, en la redacción dada al mismo por el artículo 1.7 del Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, en lo que se refiere a la cuota variable), forzosamente debemos concluir que el acto de aplicación a la mercantil recurrente de ese mismo precepto, en relación con la interposición de un recurso de apelación, viene a actualizar la misma vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de derecho de acceso a los recursos legalmente establecidos, que apreciamos en la norma declarada inconstitucional. 4. Solo queda despejar la cuestión –que se suscita en las alegaciones del Fiscal aunque se resuelve allí en sentido negativo– de si la estimación del presente recurso de amparo viene impedida o condicionada de alguna forma por la limitación de efectos de la inconstitucionalidad y nulidad que se declaró en las mencionadas SSTC 140/2016 y 55/2017. La STC 55/2017 (FJ 5) concretó que los efectos jurídicos derivados del pronunciamiento de inconstitucionalidad efectuado habían de ser los mismos que los establecidos por la STC 140/2016, FJ 15. Por su parte, esta Sentencia distinguió dos situaciones jurídicas inmunes a la declaración de inconstitucionalidad y nulidad efectuada: por un lado, la situación de los procesos fenecidos mediante Sentencia con fuerza de cosa juzgada que contempla expresamente el artículo 40.1 LOTC y que constituye el mínimo exigido por nuestra Ley reguladora; por otro lado, la situación de quienes hubieran satisfecho la tasa declarada nula y hubieran podido impetrar efectivamente el ejercicio de la potestad jurisdiccional, con independencia de que el procedimiento judicial hubiera finalizado o no mediante resolución firme, que es propiamente la modulación adicional de efectos que introdujo este Tribunal en la citada resolución. Como se razona a continuación, el supuesto que subyace al presente recurso de amparo no se incardina en ninguna de las dos situaciones mencionadas. Es incontestable, por un lado, que la entidad demandante interpuso en plazo el recurso de amparo, y ello con anterioridad a las declaraciones de nulidad e inconstitucionalidad efectuadas en dichas Sentencias. En suma, no se aquietó frente a la resolución del órgano judicial declarativa de la firmeza de la sentencia de primera instancia y cumplió debidamente con la carga de interponer el pertinente recurso de amparo, con fundamento precisamente en la infracción del artículo 24.1 CE por los preceptos legales reguladores de la tasa judicial que se le exigía para promover el recurso de apelación. En consecuencia, el presente supuesto no se puede entender incluido dentro de la noción de «procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada en los que se haya hecho aplicación de las Leyes, disposiciones o actos inconstitucionales» del artículo 40.1 LOTC. Esta interpretación del artículo 40.1 LOTC se refuerza, a mayor abundamiento, con el sentido de la norma introducida en el artículo 55.2 de la misma Ley por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, para garantizar la estricta dependencia lógica de la decisión del caso concreto respecto de la decisión sobre la constitucionalidad de la norma legal aplicada. En efecto, debe entenderse que, de acuerdo con el artículo 55.2 LOTC, este Tribunal está obligado a extender los efectos de la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de una ley no solo al concreto recurso de amparo que hubiera motivado la elevación de la cuestión interna de inconstitucionalidad (SSTC 5/2011, de 14 de febrero, y 63/2016, de 11 de abril), sino también a los demás recursos de amparo interpuestos con anterioridad a esa declaración y que se fundamenten en la misma inconstitucionalidad de la Ley (SSTC 75/2016, 76/2016 y 77/2016, las tres de 25 de abril; 89/2016, de 9 de mayo; 103/2016, de 6 de junio; y 129/2016, de 18 de julio, en conexión todas ellas con la STC 58/2016, de 17 de marzo), sin que para ello constituya obstáculo o impedimento alguno la noción de «procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada» establecida en el artículo 40.1 LOTC. Por otro lado, resulta igualmente incontrovertible que la entidad demandante de amparo no satisfizo la tasa judicial exigida ni por consiguiente pudo impetrar efectivamente el ejercicio de la potestad jurisdiccional, que es la otra situación a la que no se extienden, por decisión de este Tribunal, los efectos de la declaración de inconstitucionalidad de la Ley aplicada. Esto es, la entidad demandante no se encuentra en la situación de los procesos no finalizados «en los que la persona obligada al pago de la tasa la satisfizo sin impugnarla por impedirle el acceso a la jurisdicción o al recurso en su caso (art. 24.1 CE), deviniendo con ello firme la liquidación del tributo» (STC 140/2016, FJ 15; en el mismo sentido STC 227/2016, de 22 de diciembre, FJ 6). Por todo ello, debe concluirse que la limitación de efectos de la inconstitucionalidad y nulidad que se contempla en las SSTC 140/2016 y 55/2017, en los términos antes señalados, no constituye obstáculo alguno para la estimación del presente recurso de amparo. Con el mismo criterio, en la STC 40/2017, de 24 de abril, procedimos a estimar el recurso de amparo interpuesto frente a la inadmisión de un recurso de apelación basada igualmente en el impago de la tasa judicial. 5. Lo expuesto conduce a estimar el recurso de amparo, con la consiguiente declaración de inconstitucionalidad y nulidad de las resoluciones impugnadas y retroacción de las actuaciones para que se dé curso a la apelación civil formalizada por la recurrente. Estimación que hace innecesario el examen del segundo motivo que sustenta el presente recurso. FALLO En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA, Ha decidido Otorgar el amparo solicitado por la representación procesal de Cea Ibérica Chocostar, S.L., y, en consecuencia: 1.º Reconocer el derecho de la parte recurrente a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE). 2.º Restablecerla en su derecho y, en consecuencia, declarar la nulidad del decreto del Juzgado de Primera Instancia núm. 47 de Barcelona, de 5 de junio de 2013, dictado en el procedimiento ordinario núm. 978-2011, que acordó no dar trámite al recurso de apelación interpuesto por la mercantil demandante de amparo Cea Ibérica Chocostar, S.A., y declaró la firmeza de la Sentencia de primera instancia de fecha 6 de febrero de 2013. 3.º Declarar la nulidad de la diligencia de ordenación del Juzgado de Primera Instancia núm. 47 de Barcelona, de 7 de mayo de 2013, dictada en el procedimiento ordinario núm. 978-2011, que acordó conceder un nuevo plazo de diez días para que se presentara el justificante del ingreso de la tasa en el Tesoro público. 4.º Declarar la nulidad de la diligencia de ordenación del Juzgado de Primera Instancia núm. 47 de Barcelona, de 21 de marzo de 2013, dictada en el procedimiento ordinario núm. 978-2011, que acordó requerir a la parte recurrente para que presentara el impreso de autoliquidación de la tasa judicial. 5.º Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior a dictarse esta última resolución, para que en su lugar se dicten las oportunas que sean respetuosas del contenido del derecho fundamental que le ha sido reconocido, en los términos y con el alcance que se concreta en el fundamento jurídico 3 de esta Sentencia. Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». Dada en Madrid, a cinco de junio de dos mil diecisiete.–Juan José González Rivas.–Andrés Ollero Tassara.–Santiago Martínez-Vares García.–Alfredo Montoya Melgar.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.

El Tribunal Constitucional declara inconstitucional la sentencia de un juzgado que denegó el recurso a la empresa Cea Ibérica Chocostar, S.L. por no pagar la tasa.

ECLI:ES:TC:2017:70 La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Juan José González Rivas, Presidente, don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y doña María Luisa Balaguer Callejón, Magistrados, han pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En el recurso de amparo núm. 4589-2013, promovido por la mercantil Cea Ibérica Chocostar, S.L., representada por el Procurador de los Tribunales don Aníbal Bordallo Huidobro y asistida por el Abogado don Carlos Valls Martínez, contra el decreto de 5 de junio de 2013 del Juzgado de Primera Instancia núm. 47 de Barcelona, dictado en el procedimiento ordinario 978-2011. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha comparecido la sociedad Tat Lee Confectionary and Novelty, Co. Ltd., representada por la Procuradora de los Tribunales doña Carmen Azpeitia Bello y asistida por el Abogado don Carlos Wienberg. Ha sido Ponente el Magistrado don Cándido Conde-Pumpido Tourón, quien expresa el parecer del Tribunal. I. Antecedentes 1. Mediante escrito que tuvo entrada en el registro general de este Tribunal el día 22 de julio de 2013, el Procurador de los Tribunales don Aníbal Bordallo Huidobro, en nombre y representación de Cea Ibérica Chocostar, S.L., interpuso recurso de amparo contra la resolución judicial que se cita en el encabezamiento. 2. Los hechos de los que trae causa la demanda, relevantes para la resolución del recurso, son, en síntesis, los siguientes: a) En el año 2008, como fruto de unas negociaciones con el grupo empresarial Gschwandtner, la mercantil demandante de amparo Cea Ibérica, llevó a cabo la cesión del activo y pasivo de la sociedad a favor de tal grupo. Como consecuencia de dicha operación, en junta general extraordinaria de socios, celebrada en 29 de enero de 2009, se aprobó la disolución de la sociedad demandante, cesando el órgano de administración y abriéndose el periodo de liquidación. b) Con fecha 27 de junio de 2011, la sociedad Tat Lee Confectionary and Novelty, Co. Ltd., interpuso demanda de juicio ordinario frente a la demandante de amparo Cea Ibérica Chocostar, S.L., en reclamación de la suma de 681.664,40 dólares estadounidenses, por la falta de pago de una serie de facturas que, según su criterio, debería haber asumido el grupo Gschwandtner, tras la cesión. c) El procedimiento se sustanció ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 47 de Barcelona, con el número 978-2011 y concluyó en virtud de Sentencia, de fecha 6 de febrero de 2013, por la que estimando la demanda interpuesta por Tat Lee Confectionary and Novelty, Co. Ltd., se condenó a la mercantil demandante de amparo al pago de la cantidad de 518.777,25 € (correspondientes al cambio de la cantidad reclamada en dólares americanos), con expresa imposición de costas a la parte actora. d) Contra la anterior resolución, la demandante de amparo Cea Ibérica Chocostar, S.L., interpuso recurso de apelación, si bien, mediante diligencia de ordenación de fecha de 21 de marzo de 2013, el Juzgado de Primera Instancia núm. 47 de Barcelona le requirió para que en el plazo de diez días, subsanara la omisión de acompañar a su escrito de apelación el justificante de pago de la tasa judicial correspondiente, con arreglo al modelo de autoliquidación 696 aprobado por la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Ley 10/2012 de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (en adelante, Ley 10/2012). e) Con fechas de 10 y 11 de abril de 2013, la recurrente presentó sendos escritos en los que manifestaba que se encontraba en liquidación, motivo por el que no disponía de capacidad económica ni de bien alguno que le permitiera hacer frente al pago de la tasa, por lo que suplicaba que se le declarase exenta del pago de la misma. Mediante otrosí interesaba a su vez del órgano judicial el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad de la Ley 10/2012 por vulneración de los artículos 14, 24 y 119 CE. Igualmente solicitaba la elevación de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por vulnerar los derechos contenidos en los artículos 20, 21 y 47 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea (en adelante, CDFUE). Posteriormente la recurrente presentó ampliación del escrito aportando la documentación acreditativa de la falta de actividad de la sociedad, de activos y de ingresos. f) Por diligencia de ordenación de 16 de abril de 2013 se tuvieron por hechas las referidas manifestaciones, y se declaró no haber lugar a lo solicitado, al no encontrarse la recurrente entre los supuestos de exención contemplados en la Ley, dándose cuenta al órgano judicial de la solicitud de planteamiento de cuestión prejudicial y de inconstitucionalidad. g) Por providencia de 18 de abril de 2013, el juez denegó el planteamiento de las cuestiones solicitadas ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. h) Nuevamente se presentó escrito solicitando ampliación de plazo para el pago de la tasa, en el que la mercantil demandante advertía de su situación económica y de su voluntad de cumplir con tal abono. En otrosí primero, la parte suplicaba, de forma subsidiaria, la admisión del recurso de apelación y la declaración de la suspensión de la obligación de aportar el justificante de pago en tanto el Tribunal Constitucional resolviera el recurso de inconstitucionalidad que se había interpuesto contra la Ley 10/2012. Por otrosí segundo, la recurrente suplicaba, subsidiariamente, para el caso de no acceder a ninguna de las dos peticiones anteriores, que se tuviese por interpuesto recurso de reposición contra la diligencia de ordenación de 16 de abril de 2013, que impone el pago de la tasa, pu ### RESUMEN: El Tribunal Constitucional declara inconstitucional la sentencia de un juzgado que denegó el recurso a la empresa Cea Ibérica Chocostar, S.L. por no pagar la tasa.

De conformidad con lo establecido en el artículo 63.1 de la Constitución, a propuesta del Presidente del Gobierno, Vengo en designar a doña María Pilar Llop Cuenca, Presidenta del Senado, para que represente a España en los actos de toma de posesión del Presidente de la República Argentina, que tendrán lugar el día 10 de diciembre de 2019. Dado en Madrid, el 5 de diciembre de 2019. FELIPE R. El Presidente del Gobierno, PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN

María Pilar Llop representará a España en la toma de posesión del nuevo presidente argentino, Alberto Fernández.

De conformidad con lo establecido en el artículo 63.1 de la Constitución, a propuesta del Presidente del Gobierno, Vengo en designar a doña María Pilar Llop Cuenca, Presidenta del Senado, para que represente a España en los actos de toma de posesión del Presidente de la República Argentina, que tendrán lugar el día 10 de diciembre de 2019. Dado en Madrid, el 5 de diciembre de 2019. FELIPE R. El Presidente del Gobierno, PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN ### RESUMEN: María Pilar Llop representará a España en la toma de posesión del nuevo presidente argentino, Alberto Fernández.

La disposición adicional vigésima octava del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en su apartado 1 prevé que mediante orden del extinto Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, se podrán declarar de adquisición centralizada los suministros de medicamentos y productos sanitarios que se contraten en el ámbito estatal por los diferentes órganos y organismos. Asimismo, establece que las comunidades autónomas y las entidades locales, así como las entidades y organismos dependientes de ellas e integradas en el Sistema Nacional de Salud, podrán mediante la conclusión del correspondiente acuerdo, adherirse al sistema de adquisición centralizada estatal de medicamentos y productos sanitarios para la totalidad de los suministros incluidos en el mismo o sólo para determinadas categorías de ellos. Dentro de las medidas de eficiencia impulsadas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en el ámbito de compras agregadas con miras al Sistema Nacional de Salud se ha considerado la oportunidad de desarrollar la previsión de la citada disposición adicional. Según lo expuesto y de acuerdo con lo previsto en la citada disposición adicional vigésima octava del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, previos informes de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación y de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, dispongo: Artículo 1. Declaración de productos sanitarios de contratación centralizada. En el ámbito establecido en la disposición adicional vigésima octava del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se declaran de contratación centralizada los suministros de productos sanitarios que se relacionan como anexo a esta orden. Artículo 2. Autorizaciones de excepción. Cuando se hayan materializado los correspondientes acuerdos marco, pero los bienes seleccionados o las características previstas en el acuerdo marco no reúnan las condiciones indispensables para satisfacer las concretas necesidades del organismo peticionario, la contratación de productos sanitarios se efectuará por el correspondiente órgano de contratación, de acuerdo con las normas generales de competencia y procedimiento, previo informe favorable del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que lo emitirá a través de la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (en adelante INGESA), como órgano responsable del procedimiento. Artículo 3. Procedimiento de contratación. 1. La contratación de los suministros se realizará a través del procedimiento especial de adopción de tipo, mediante la conclusión del correspondiente acuerdo marco. 2. Todos los trámites posteriores a la formalización de los acuerdos marco efectuada por el INGESA al amparo de lo previsto en la disposición adicional única de esta orden, tales como aprobación de gasto, formalización de los contratos derivados, recepción y pago, serán efectuados por el organismo o entidad destinatarios de los bienes. 3. Las administraciones que formalicen contratos derivados de los acuerdos marco deberán comunicar al INGESA, de acuerdo con las instrucciones que desde esta entidad gestora se establezcan, información sobre el contenido de los contratos formalizados en relación, entre otros, al importe, precio y número de unidades. Disposición adicional única. Materialización y conclusión de los procedimientos de adquisición centralizada. De acuerdo con lo previsto en el apartado 3 de la disposición adicional vigésima octava del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se autoriza la decisión de la persona titular de la Secretaría General de Sanidad y Consumo, de encargar al INGESA la materialización y conclusión de los procedimientos de adquisición centralizada de productos sanitarios. Disposición transitoria única. Régimen aplicable hasta la efectiva materialización de los acuerdos marco para las compras centralizadas. En tanto no se formalicen los acuerdos marco para las compras centralizadas, la contratación de productos sanitarios se efectuará por el correspondiente órgano de contratación de acuerdo con las normas generales de competencia y procedimiento y teniendo en consideración el contenido del artículo 193.2 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Disposición final única. Entrada en vigor. La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 16 de junio de 2014.–La Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato Adrover. ANEXO 1. Lentes intraoculares. 2. Prótesis articulares de cadera, rodilla y hombro así como sus dispositivos accesorios (tornillos, cuñas, placas o instrumental). 3. Marcapasos uni y bicamerales. 4. Marcapasos con terapia de resincronización cardiaca. 5. Desfibriladores automáticos implantables (DAI). Mono y bicamerales. 6. DAI con terapia de resincronización cardiaca. 7. Electrodos para estimulación endocárdica. 8. Electrodos para estimulación de seno coronario. 9. Electrodos para estimulación epicárdica. 10. Electrodos para desfibrilación. 11. Válvulas cardiacas mecánicas de disco y bivalvas. 12. Válvulas cardiacas biológicas porcinas, pericárdicas y bovinas. 13. Homoinjertos valvulados tratados con criopreservación. 14. Heteroinjertos valvulados. 15. Válvulas biológicas de conexión rápida. Autoexpandibles y expandibles con balón. 16. Válvulas transcatéter. (TAVI). Autoexpandibles y expandibles con balón. 17. Anillos para valvuloplastia. Rígidos, semirrígidos y flexibles. Mitrales y tricuspideos. 18. Dispositivos de cirugía híbrida de reconstrucción y reparación mitral. 19. Conductos valvulados con válvula metálica. De disco y bivalvos. 20. Conductos valvulados con válvula biológica xenóloga. Con soporte y sin soporte. 21. Prótesis sin soporte en posición aórtica. 22. Prótesis sin sutura. 23. Sustitutos del pericardio sintéticos. 24. Sustitutos del pericardio biológicos xenólogos. 25. Sistemas para cierre de comunicación interauricular. 26. Sistemas para cierre de foramen oval. 27. Sistemas para cierre de comunicación interventricular. 28. Sistemas de cierre del ductus arterioso. 29. Sistema de cierre de leak paravalvulares. 30. Dispositivo de cierre (oclusor) de la orejuela auricular izquierda. 31. Dispositivos de asistencia ventricular a corto, medio y largo plazo. 32. Balón de contrapulsación. 33. Holter implantable. 34. Injertos vasculares sintéticos: rectos y bifurcados, de PTFE o poliéster, de pared fina o pared estándar, anillados o no anillados, impregnados o no impregnados. 35. Parches: de PTFE o poliéster, biológicos xenólogos. 36. Accesos vasculares sintéticos, PTFE. 37. Accesos vasculares biológicos, xenólogos. 38. Implantes endovasculares cerebrales. Stent: autoexpandibles, expandibles con balón, stents desviadores de flujo. 39. Implantes endovasculares coronarios. Stents impregnados y no impregnados. Simples y bifurcados. 40. Stents impregnados. Con fármacos antiproliferativos, simples y bifurcados. Con polímero biodegradable. Con fármacos no antiproliferativos. 41. Stents reabsorbibles, stents cubiertos con malla, stents no cubiertos. 42. Prótesis endovasculares aórticas, torácicos y abdominales, con stents cubiertos, con stents no cubiertos, rectos cilíndricos/cónicos, con ramas, fenestrados. 43. Prótesis endovasculares carotideas. Con stents expandibles con balón, cubiertos y no cubiertos. Stents autoexpandibles, rectos, cónicos y de lámina abierta. 44. Prótesis endovasculares periféricas. Con stent cubiertos y no cubiertos, expandibles con balón y autoexpandibles, impregnados y no impregnados. 45. Stents no cubiertos, expandibles por balón, autoexpandibles; impregnados y no impregnados, stents reabsorbibles. 46. Filtros vena cava. 47. Sistemas de cierre/oclusión vascular. Dispositivos hemostáticos con sutura, sin sutura. 48. Tapones vasculares, cubiertos, no cubiertos. 49. Material de embolización (partículas). Calibradas y no calibradas. 50. Material de embolización (líquidos). Agentes líquidos de uso endovascular y agentes esclerosantes de uso percutáneo. 51. Dispositivos espirales empujables. De liberación controlada, mecánicamente, electromagnéticamente. 52. Dispositivos de administración de fármacos. Bombas de infusión implantables. Reservorios subcutáneos. Estándar. De alto flujo. De doble cámara. De bajo perfil. 53. Partículas vehiculizadoras de fármacos. 54. Catéteres temporales percutáneos (PICC). 55. Stent coronario farmacoactivo de rapamicina o sirolimus y derivados de este. 56. Stent coronario farmacoactivo de biolimus. 57. Stent coronario farmacoactivo de everolimus, plataforma de cromo-cobalto. 58. Stent coronario farmacoactivo de everolimus, plataforma de cromo-platino. 59. Stent coronario farmacoactivo de zotarolimus. 60. Stent coronario farmacoactivo para lesiones en bifurcación. 61. Stent metálico tubular o modular, de acero o cromo-cobalto. 62. Stent metálico modular y estructura sinusoidal, de aleación de cromo-cobalto con tecnología sinusoidal. 63. Stent metálico modular de aleación de cromo-platino. 64. Stent metálico tubular o modular, de aleación de acero, cromo-cobalto o cromo-platino, con recubrimiento pasivo. 65. Stent metálico tubular o modular, de aleación de acero, cromo-cobalto o cromo-platino, con recubrimiento bioactivo. 66. Stent metálico autoexpandible. 67. Stent para lesiones en bifurcación modular o tubular, de aleación de cromo-cobalto, con recubrimiento carinal. 68. Stent recubierto para tratamiento de las perforaciones vasculares. 69. Stent recubierto para utilización en lesiones con alto contenido trombótico. 70. Material para incontinencia (pañales, empapadores, bolsas). 71. Tiras de determinación. 72. Vendas, gasas y apósitos. 73. Material de sutura. 74. Material de protección (guantes, calzas y mascarillas).

Medicamentos y productos sanitarios pasan a ser de compra centralizada. En el Anexo, el listado de productos.

La disposición adicional vigésima octava del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en su apartado 1 prevé que mediante orden del extinto Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, se podrán declarar de adquisición centralizada los suministros de medicamentos y productos sanitarios que se contraten en el ámbito estatal por los diferentes órganos y organismos. Asimismo, establece que las comunidades autónomas y las entidades locales, así como las entidades y organismos dependientes de ellas e integradas en el Sistema Nacional de Salud, podrán mediante la conclusión del correspondiente acuerdo, adherirse al sistema de adquisición centralizada estatal de medicamentos y productos sanitarios para la totalidad de los suministros incluidos en el mismo o sólo para determinadas categorías de ellos. Dentro de las medidas de eficiencia impulsadas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en el ámbito de compras agregadas con miras al Sistema Nacional de Salud se ha considerado la oportunidad de desarrollar la previsión de la citada disposición adicional. Según lo expuesto y de acuerdo con lo previsto en la citada disposición adicional vigésima octava del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, previos informes de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación y de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, dispongo: Artículo 1. Declaración de productos sanitarios de contratación centralizada. En el ámbito establecido en la disposición adicional vigésima octava del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se declaran de contratación centralizada los suministros de productos sanitarios que se relacionan como anexo a esta orden. Artículo 2. Autorizaciones de excepción. Cuando se hayan materializado los correspondientes acuerdos marco, pero los bienes seleccionados o las características previstas en el acuerdo marco no reúnan las condiciones indispensables para satisfacer las concretas necesidades del organismo peticionario, la contratación de productos sanitarios se efectuará por el correspondiente órgano de contratación, de acuerdo con las normas generales de competencia y procedimiento, previo informe favorable del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que lo emitirá a través de la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (en adelante INGESA), como órgano responsable del procedimiento. Artículo 3. Procedimiento de contratación. 1. La contratación de los suministros se realizará a través del procedimiento especial de adopción de tipo, mediante la conclusión del correspondiente acuerdo marco. 2. Todos los trámites posteriores a la formalización de los acuerdos marco efectuada por el INGESA al amparo de lo previsto en la disposición adicional única de esta orden, tales como aprobación de gasto, formalización de los contratos derivados, recepción y pago, serán efectuados por el organismo o entidad destinatarios de los bienes. 3. Las administraciones que formalicen contratos derivados de los acuerdos marco deberán comunicar al INGESA, de acuerdo con las instrucciones que desde esta entidad gestora se establezcan, información sobre el contenido de los contratos formalizados en relación, entre otros, al importe, precio y número de unidades. Disposición adicional única. Materialización y conclusión de los procedimientos de adquisición centralizada. De acuerdo con lo previsto en el apartado 3 de la disposición adicional vigésima octava del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se autoriza la decisión de la persona titular de la Secretaría General de Sanidad y Consumo, de encargar al INGESA la materialización y conclusión de los procedimientos de adquisición centralizada de productos sanitarios. Disposición transitoria única. Régimen aplicable hasta la efectiva materialización de los acuerdos marco para las compras centralizadas. En tanto no se formalicen los acuerdos marco para las compras centralizadas, la contratación de productos sanitarios se efectuará por el correspondiente órgano de contratación de acuerdo con las normas generales de competencia y procedimiento y teniendo en consideración el contenido del artículo 193.2 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Disposición final única. Entrada en vigor. La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 16 de junio de 2014.–La Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato Adrover. ANEXO 1. Lentes intraoculares. 2. Prótesis articulares de cadera, rodilla y hombro así como sus dispositivos accesorios (tornillos, cuñas, placas o instrumental). 3. Marcapasos uni y bicamerales. 4. Marcapasos con terapia de resincronización cardiaca. 5. Desfibriladores automáticos implantables (DAI). Mono y bicamerales. 6. DAI con terapia de resincronización cardiaca. 7. Electrodos para estimulación endocárdica. 8. Electrodos para estimulación de seno coronario. 9. Electrodos para estimulación epicárdica. 10. Electrodos para desfibrilación. 11. Válvulas cardiacas mecánicas de disco y bivalvas. 12. Válvulas cardiacas biológicas porcinas, pericárdicas y bovinas. 13. Homoinjertos valvulados tratados con criopreservación. 14. Heteroinjertos valvulados. 15. Válvulas biológicas de conexión rápida. Autoexpandibles y expandibles con balón. 16. Válvulas transcatéter. (TAVI). Autoexpandibles y expandibles con balón. 17. Anillos para valvuloplastia. Rígidos, semirrígidos y flexibles. Mitrales y tricuspideos. 18. Dispositivos de cirugía híbrida de reconstrucción y reparación mitral. 19. Conductos valvulados con válvula metálica. De disco y bivalvos. 20. Conductos val ### RESUMEN: Medicamentos y productos sanitarios pasan a ser de compra centralizada. En el Anexo, el listado de productos.

Obtenida la verificación del Plan de Estudios por el Consejo de Universidades, con fecha 6 de julio de 2009, de conformidad con el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, previo informe positivo de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), y autorizada su implantación por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, según Decreto 229/2010, de 30 de julio («BORM» número 183, de 10 de agosto), figurando inscrito en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), por Resolución de fecha 10 de junio de 2010 («BOE» número 156, de 28 de junio), y para cumplir con lo previsto en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, Este Rectorado resuelve publicar el plan de estudios conducente a la obtención del Título de Máster Oficial en Bioética por la Universidad Católica San Antonio, que se recoge en el Anexo de esta Resolución. Murcia, 14 de enero de 2013.–La Rectora, Josefina García Lozano. ANEXO Denominación del Título: Máster Universitario en Bioética. Rama de conocimiento a la que se adscribe el título: Ciencias de la Salud. Resumen del Plan de Estudios y distribución de créditos Tipo de materias Créditos Obligatorias (OB) 44 Optativas (OP) 4 Prácticas Externas (PE) 6 Trabajo Fin de Máster (TFM) 6 TOTAL 60 Plan de Estudios por módulos y materias 1. Módulo Bioética General (44 ECTS) Materias ECTS Carácter Unidad Temporal Fundamentos de la bioética 7 OB Semestral. Sexualidad humana 7 OB Semestral. Genética e inicio de la vida humana 8 OB Semestral. Bioética e la investigación básica y en la clínica 7 OB Semestral. Bioética en la enfermedad y en la fase Terminal de la vida 8 OB Semestral. Dimensión social de la bioética 7 OB Semestral. 2. Módulo de Bioética especializada (4 ECTS) Configurado íntegramente por materias optativas. Se detallan en tabla separada más adelante. 3. Módulo Trabajo Fin de Máster y Prácticas Externas (12 ECTS) Materias ECTS Carácter Unidad Temporal TFM 6 TFM Semestral. Prácticas externas 6 PE Semestral. Materias optativas: Asignatura Créd. Unidad Temporal La bioética y las enfermedades de transmisión sexual: el SIDA 4 Semestral. El proyecto genoma humano 4 Semestral. La problemática de la eutanasia y los cuidados paliativos en el contexto internacional 4 Semestral.

Master de bioética en Universidad Católica de Murcia.

Obtenida la verificación del Plan de Estudios por el Consejo de Universidades, con fecha 6 de julio de 2009, de conformidad con el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, previo informe positivo de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), y autorizada su implantación por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, según Decreto 229/2010, de 30 de julio («BORM» número 183, de 10 de agosto), figurando inscrito en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), por Resolución de fecha 10 de junio de 2010 («BOE» número 156, de 28 de junio), y para cumplir con lo previsto en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, Este Rectorado resuelve publicar el plan de estudios conducente a la obtención del Título de Máster Oficial en Bioética por la Universidad Católica San Antonio, que se recoge en el Anexo de esta Resolución. Murcia, 14 de enero de 2013.–La Rectora, Josefina García Lozano. ANEXO Denominación del Título: Máster Universitario en Bioética. Rama de conocimiento a la que se adscribe el título: Ciencias de la Salud. Resumen del Plan de Estudios y distribución de créditos Tipo de materias Créditos Obligatorias (OB) 44 Optativas (OP) 4 Prácticas Externas (PE) 6 Trabajo Fin de Máster (TFM) 6 TOTAL 60 Plan de Estudios por módulos y materias 1. Módulo Bioética General (44 ECTS) Materias ECTS Carácter Unidad Temporal Fundamentos de la bioética 7 OB Semestral. Sexualidad humana 7 OB Semestral. Genética e inicio de la vida humana 8 OB Semestral. Bioética e la investigación básica y en la clínica 7 OB Semestral. Bioética en la enfermedad y en la fase Terminal de la vida 8 OB Semestral. Dimensión social de la bioética 7 OB Semestral. 2. Módulo de Bioética especializada (4 ECTS) Configurado íntegramente por materias optativas. Se detallan en tabla separada más adelante. 3. Módulo Trabajo Fin de Máster y Prácticas Externas (12 ECTS) Materias ECTS Carácter Unidad Temporal TFM 6 TFM Semestral. Prácticas externas 6 PE Semestral. Materias optativas: Asignatura Créd. Unidad Temporal La bioética y las enfermedades de transmisión sexual: el SIDA 4 Semestral. El proyecto genoma humano 4 Semestral. La problemática de la eutanasia y los cuidados paliativos en el contexto internacional 4 Semestral. ### RESUMEN: Master de bioética en Universidad Católica de Murcia.

I La economía española está caracterizada por su dinamismo tal y como ha quedado demostrado en el espectacular desarrollo de las últimas décadas. En ese tiempo se ha incrementado su integración a nivel internacional, lo que ha permitido beneficiarse de mayores oportunidades de crecimiento. En este proceso de desarrollo se han venido acumulando desequilibrios económicos y financieros. España ha avanzado en 2012 hacia la corrección de sus vulnerabilidades, al aplicar una estrategia de política económica que persigue la transición hacia un equilibrio sostenible y sentar las bases de un crecimiento que permita generar empleo. En este contexto, las reformas estructurales que se aplican en España desde principios de 2012 persiguen tres objetivos principales: En primer lugar, dotar a la economía española de estabilidad macroeconómica tanto en términos de déficit público e inflación como de equilibrio exterior. En segundo lugar, lograr unas entidades financieras sólidas y solventes, que permitan volver a canalizar el crédito hacia la inversión productiva. Finalmente, conseguir un alto grado de flexibilidad que permita ajustar los precios y salarios relativos, de forma que se consiga aumentar la competitividad de nuestra economía. A partir de este conjunto de actuaciones se han superado algunos de los obstáculos fundamentales para la reactivación económica. En cualquier caso, es necesario continuar con el esfuerzo reformista para recuperar la senda del crecimiento económico y la creación de empleo. Por ello, a efectos de desarrollar la tercera área de la citada estrategia de política económica, además de mantener y culminar las actuaciones ya iniciadas, se da comienzo a una segunda generación de reformas estructurales necesarias para volver a crecer y crear empleo. Dentro del tejido empresarial español, destacan por su importancia cuantitativa y cualitativa las pymes y los autónomos. Los estudios demuestran que precisamente este tipo de empresas y emprendedores constituyen uno de los principales motores para dinamizar la economía española, dada su capacidad de generar empleo y su potencial de creación de valor. No obstante, durante los últimos años, estos agentes económicos han registrado un descenso de la actividad económica y han tenido que desarrollar su actividad en un entorno laboral, fiscal, regulatorio y financiero que ha mermado su capacidad de adaptación a los cambios. Además, se vienen enfrentando a una dependencia estructural de la financiación de origen bancario que puede limitar, en circunstancias como las actuales, su capacidad de expansión. El marco regulatorio e institucional en el que se desenvuelven las actividades empresariales resulta de esencial importancia para impulsar ganancias de productividad y optimizar los recursos. Por ello, es imprescindible que desde las Administraciones Públicas se potencie y se facilite la iniciativa empresarial, especialmente en la coyuntura económica actual. Es necesario el establecimiento de un entorno que promueva la cultura emprendedora, así como la creación y desarrollo de proyectos empresariales generadores de empleo y de valor añadido. El apoyo a la iniciativa emprendedora, al desarrollo empresarial y a la creación de empleo es la lógica común que vertebra el conjunto de medidas que se recoge en este real decreto-ley. En este sentido, en el presente real decreto-ley se adoptan medidas, con carácter de urgencia, dirigidas a desarrollar la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, a fomentar la financiación empresarial a través de mercados alternativos, a reducir la morosidad en las operaciones comerciales y, en general, a fomentar la competitividad de la economía española. II El desempleo juvenil en España es un problema estructural, que se ha visto agravado por la crisis, y que presenta graves consecuencias para la situación presente y futura de los jóvenes españoles y limita el crecimiento potencial de la economía española en el largo plazo. Durante el tercer trimestre de 2012, España registró una tasa de desempleo del 54,1% para los jóvenes menores de 25 años, frente al 23% de la UE-27, según datos de Eurostat. Si atendemos al desglose de los datos de la Encuesta de población Activa (EPA) para el cuarto trimestre de 2012, la tasa de paro se sitúa en el 74% en el grupo de población compuesto por jóvenes de entre 16 y 19 años, en el 51,7% entre los jóvenes con edades comprendidas entre los 20 y los 24 años, y en el 34,4% entre los jóvenes que tienen entre 25 y 29 años. Además de las circunstancias derivadas de la coyuntura económica actual, existen un conjunto de debilidades estructurales que influyen directamente en las cifras de desempleo joven y sobre las que se propone trabajar, tales como la alta tasa de abandono escolar, que dobla los valores de la UE-27; la marcada polarización del mercado de trabajo, donde unos jóvenes abandonan sus estudios con escasa cualificación y otros, altamente cualificados, están subempleados; el escaso peso relativo de la Formación Profesional de grado medio y la baja empleabilidad de los jóvenes, especialmente en lo relativo al conocimiento de idiomas extranjeros; la alta temporalidad y contratación parcial no deseada; la dificultad de acceso al mercado laboral de los grupos en riesgo de exclusión social; y la necesidad de mejorar el nivel de autoempleo e iniciativa empresarial entre los jóvenes. El título primero desarrolla la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016 que se enmarca en el objetivo de impulsar medidas dirigidas a reducir el desempleo juvenil, ya sea mediante la inserción laboral por cuenta ajena o a través del autoempleo y el emprendimiento, y es el resultado de un proceso de diálogo y participación con los Interlocutores Sociales. Además, responde a las recomendaciones que, en materia de empleo joven, ha realizado la Comisión Europea y se enmarca dentro de Plan Nacional de Reformas puesto en marcha por el Gobierno. De esta forma, está en línea con los objetivos de la «Garantía Juvenil» europea y desarrolla buena parte de las recomendaciones específicas o líneas de actuación que se proponen desde los ámbitos de la Unión Europea. Sus objetivos pasan por mejorar la empleabilidad de los jóvenes, aumentar la calidad y la estabilidad del empleo, promover la igualdad de oportunidades en el acceso al mercado laboral y fomentar el espíritu emprendedor. Y los ejes sobre los que se vertebra la Estrategia son: incentivar la contratación y la iniciativa empresarial entre los jóvenes, adecuar la educación y la formación que reciben a la realidad del mercado de trabajo y reducir la tasa de abandono escolar temprano. Para hacerlo posible, la Estrategia contiene una serie de medidas encaminadas a favorecer la inserción laboral de los jóvenes, ya sea por cuenta ajena o a través del emprendimiento, que se clasifican en función de su impacto y su desarrollo temporal. La Estrategia pretende servir de cauce de participación a todas las instituciones públicas y privadas, a las empresas y a todo tipo de organizaciones que quieran colaborar en alcanzar sus objetivos. Para ello, se ha articulado como un instrumento abierto, al que podrán sumarse todos aquellos que quieran contribuir con sus propias iniciativas a hacer frente al reto del empleo juvenil en cualquiera de sus formas, también la del emprendimiento y el autoempleo, y contará con un sello o distintivo que podrá ser utilizado en reconocimiento de su contribución. Este conjunto de medidas se ha diseñado tras un proceso de diálogo y participación con los Interlocutores Sociales. Igualmente, se han realizado, también, consultas a las principales entidades y asociaciones del trabajo autónomo y de la Economía Social, entre otras. En este real decreto-ley se desarrollan un primer conjunto de medidas que se espera tengan un impacto positivo a la hora de reducir la tasa de desempleo juvenil y de mejorar la calidad y la estabilidad en el empleo. En el capítulo I del Título I se adoptan medidas para fomentar el emprendimiento y el trabajo por cuenta propia entre los jóvenes menores de 30 años entre las que destacan la implantación de una cuota inicial reducida, la compatibilización de la prestación por desempleo con el inicio de una actividad por cuenta propia, o la ampliación de las posibilidades de aplicación de la capitalización de la prestación por desempleo. De forma complementaria, en el capítulo II se establece un marco fiscal más favorable para el autónomo que inicia una actividad emprendedora con el objetivo de incentivar la creación de empresas y reducir la carga impositiva durante los primeros años de ejercicio de una actividad. Así, en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades, se establece un tipo de gravamen del 15 por ciento para los primeros 300.000 euros de base imponible, y del 20 por ciento para el exceso sobre dicho importe, aplicable el primer período impositivo en que la base imponible de las entidades resulta positiva y en el período impositivo siguiente a este. En consonancia con lo anterior, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con la finalidad de fomentar el inicio de la actividad emprendedora, se establece una nueva reducción del 20 por ciento sobre los rendimientos netos de la actividad económica obtenidos por los contribuyentes que hubieran iniciado el ejercicio de una actividad económica, aplicable en el primer período impositivo en que el rendimiento neto resulte positivo y en el período impositivo siguiente a este. También, en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se suprime el límite actualmente aplicable a la exención de las prestaciones por desempleo en la modalidad de pago único. El capítulo III contiene medidas destinadas a incentivar la incorporación de jóvenes a las empresas de la Economía Social, así como estímulos a la contratación de jóvenes en situación de desempleo. Entre estos últimos, destacan los incentivos destinados a la contratación a tiempo parcial con vinculación formativa, a la contratación indefinida de un joven por microempresas y empresarios autónomos y a la contratación en prácticas para el primer empleo. Además, se estimula la contratación por jóvenes autónomos de parados de larga duración mayores de 45 años y contratación de jóvenes para que adquieran una primera experiencia profesional. El capítulo IV incorpora medidas relacionadas con la mejora de la intermediación laboral, cuya eficacia hace necesario eliminar cualquier traba que obstaculice la rápida cobertura de los puestos de trabajo disponibles permitiendo que cualquier persona tenga conocimiento de las ofertas de empleo. Por ello se prevé que los Servicios Públicos de Empleo registren todas las ofertas y demandas de empleo en la base de datos del Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo regulado en la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, garantizándose así la difusión de esta información a todos los ciudadanos, empresas y administraciones públicas, como garantía de transparencia y unidad de mercado. En la misma línea de mejora de la intermediación laboral, se incluye en este real decreto-ley una modificación del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que permitirá al Servicio Público de Empleo Estatal y a los órganos de contratación competentes de las Comunidades Autónomas, y de los organismos y entidades dependientes de ellas e integrados en el Sistema Nacional de Empleo, concluir de forma conjunta acuerdos marco con el fin de fijar las condiciones a que habrán de ajustarse los contratos de servicios que se consideren oportunos para facilitar a los Servicios Públicos de Empleo la intermediación laboral. III Se articulan en el Titulo II diversas medidas de fomento de la financiación empresarial, que exigen su adopción de manera urgente dada la actual coyuntura económica. Se efectúa, una modificación del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados para recoger la posibilidad de que las entidades aseguradoras puedan invertir en valores admitidos a negociación en el Mercado Alternativo Bursátil, y que dichas inversiones sean consideradas aptas para la cobertura de provisiones técnicas. En la misma línea, el Reglamento de planes y fondos de pensiones se modifica para recoger la posibilidad de que los fondos de pensiones puedan invertir en valores admitidos a negociación en el Mercado Alternativo Bursátil, así como en entidades de capital riesgo, estableciendo un límite máximo específico del 3% del activo del fondo para la inversión en cada entidad. Por último, para facilitar el acceso a la financiación no bancaria de las empresas españolas, es necesario levantar la limitación impuesta en el artículo 405 de la Ley de Sociedades de Capital, por la que el importe total de las emisiones de las sociedades no puede ser superior al capital social desembolsado, más las reservas. La modificación levanta esta limitación para inversión en sistemas multilaterales de negociación (en línea con lo que ya se produce con los mercados regulados). Esta flexibilización sólo se aplicará en aquellos casos en los que las emisiones vayan dirigidas a inversores institucionales, para asegurar una adecuada protección de los inversores minoristas. De este modo se contribuye de manera sustancial al desarrollo de los mercados alternativos, articulados como sistemas multilaterales de negociación, y, en línea con los proyectos en marcha de mejora de la financiación de las PYMES españolas, se facilita la aparición de mercados especializados en la negociación de deuda de empresas. IV Al objeto de aliviar la difícil situación económica que atraviesan algunas Entidades Locales y algunas Comunidades Autónomas, el Gobierno aprobó el pasado año el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, y que posteriormente se hizo extensible a las Comunidades Autónomas mediante un Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 6 de marzo de 2012. Asimismo, se creó un Fondo para la Financiación de pagos a proveedores, mediante el Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo. La citada normativa estableció un mecanismo extraordinario de financiación para el pago y cancelación de las deudas contraídas con los proveedores de las Entidades Locales y Comunidades Autónomas, que permitía el pago de las deudas que tenían con los contratistas, al mismo tiempo que se facilitaba a las Administraciones Públicas endeudadas la formalización de préstamos a largo plazo, si bien con la exigencia de una condicionalidad fiscal y financiera que se concretó, entre otros elementos, en el requisito de disponer de planes de ajuste. Mediante las disposiciones contenidas en el Título III del presente real decreto-ley, se establece una nueva fase del citado mecanismo al mismo tiempo que se amplía su ámbito subjetivo y objetivo de aplicación y se establecen algunas especialidades del procedimiento necesarias para esta nueva fase. De este modo, se incluyen a las mancomunidades de municipios y las entidades locales que se encuentran en el País Vasco y Navarra. Con respecto al ámbito objetivo de aplicación, se incluyen, entre otras, las obligaciones pendientes de pago derivadas de: convenios, concesiones administrativas, encomiendas de gestión en las que la entidad encomendada tenga atribuida la condición de medio propio y servicio técnico de la Administración, de los contratos de arrendamiento sobre bienes inmuebles, de los contratos previstos en la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, de los contratos de concesión de obras públicas, de colaboración entre el sector público y el sector privado y de contratos de gestión de servicios públicos, en la modalidad de concesión, en los que se hubiere pactado una subvención a cargo de las entidades locales o Comunidades Autónomas. Por otra parte, en esta ampliación se podrán incluir exclusivamente aquellas obligaciones pendientes de pago a contratistas que estuvieren contabilizadas y aplicadas a los presupuestos. La sección 1.ª de disposiciones generales regula el objeto del capítulo primero que se concreta en la ampliación de los ámbitos subjetivo y objetivo del mecanismo de financiación para el pago a proveedores, así como el establecimiento de las especialidades necesarias. La sección 2.ª sobre disposiciones aplicables a las entidades locales regula el ámbito subjetivo y objetivo de aplicación, de acuerdo con los criterios antes citados, establece las especialidades relativas al procedimiento para el suministro de información, con especial atención a las mancomunidades de municipios, y a los planes de ajuste. La sección 3.ª de disposiciones aplicables a las Comunidades Autónomas, establece el ámbito subjetivo y objetivo de aplicación, las especialidades procedimentales relativas al suministro de información y al pago de facturas, la necesaria revisión de los planes de ajuste conforme a las nuevas operaciones de crédito concertadas, así como el modo de cancelación de las obligaciones pendientes de pago que tengan financiación afectada. Por otra parte, la morosidad en el pago de deudas contractuales entre empresas, al igual que entre estas y las Administraciones públicas, y los plazos de pago vienen siendo objeto de especial atención tanto en la Unión Europea como en nuestro país. La razón de esta preocupación obedece a los efectos negativos que tanto esa morosidad como unos plazos de pago excesivamente largos tienen sobre el empleo, la competitividad y la propia supervivencia de las empresas. Fruto de lo anterior fue la aprobación de la Directiva 2000/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, que España transpuso a nuestro ordenamiento jurídico a través de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre. Al tiempo que la Unión Europea comenzaba la revisión de la Directiva 2000/35/CE, España también abordó la modificación de nuestra Ley, la cual se plasmó en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. De esta forma, se anticiparon diversas medidas que posteriormente se incluyeron en la Directiva 2011/7/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, que vino a sustituir a la anterior Directiva del año 2000. Así ha ocurrido con los plazos de pago, incluidos los del sector público. Aunque el Derecho español después de la modificación indicada cumple, en líneas generales, con las nuevas exigencias de la Unión Europea, hay determinados aspectos en los que existe alguna divergencias que hace ineludible la reforma de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, que se acomete en el capítulo segundo del Título III del presente real decreto-ley Entre las modificaciones que ahora se operan, en primer término, se encuentra la determinación de los plazos de pago, que es objeto de simplificación. Se precisan tanto los plazos de pago como el cómputo de los mismos, con la novedad de la previsión de procedimiento de aceptación o de comprobación, que han de regularse para impedir su utilización con la finalidad de retrasar el pago. Se incorpora la previsión relativa a los calendarios de pago y cómo se calcularán los intereses en caso de que alguno de los plazos no se abonara en la fecha pactada. Se reforma también el tipo legal de interés de demora que el deudor estará obligado a pagar, que pasa de siete a ocho puntos porcentuales los que se han de sumar al tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación principal de financiación. En la indemnización por costes de cobro se prevé que en todo caso se han de abonar al acreedor una cantidad fija de 40 euros, sin necesidad de petición previa, que se añadirán a la que resulte de la reclamación que sigue correspondiéndole por los gastos en que se incurrió para conseguir el cobro de la cantidad adeudada. Además, desaparece el anterior límite de esta indemnización, que no podía superar el 15 por ciento de la deuda principal. En esta indemnización se podrán incluir, entre otros, los gastos que la mora ha comportado para el acreedor por la contratación de un abogado o de una agencia de gestión de cobro. Otra novedad consiste, precisamente, en la inclusión entre las cláusulas abusivas y, por tanto nulas, como regula la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación, las que excluyan la indemnización por costes de cobro, las cuales serán contrarias a la ley, salvo que el deudor demostrase que dicha exclusión no es abusiva. Y junto a esas cláusulas la previsión de que la infracción de esta ley se produzca a través de prácticas comerciales, que también reciben la calificación de abusivas y tendrán el mismo régimen de impugnación. V La situación económica actual plantea la necesidad de que se intensifiquen las medidas de racionalización del sector ferroviario para lograr la máxima eficiencia en la gestión de los servicios e impulsar los procesos de liberalización ya iniciados. Con el objeto de lograr los citados fines, así como unificar la gestión de las infraestructuras ferroviarias estatales, se considera necesario traspasar a la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) la red ferroviaria de titularidad estatal. De esta forma, las infraestructuras ferroviarias y estaciones que constituyen la red de titularidad del Estado cuya administración ADIF tiene encomendada, pasarán a ser de titularidad de ésta, con lo que se unifica la titularidad con las funciones de administración de la red en beneficio de la eficacia. Por otro lado, el Real Decreto-ley 22/2012, de 20 de julio, por el que se adoptan medidas en materia de infraestructuras y servicios ferroviarios, prevé la reestructuración de RENFE-Operadora en cuatro sociedades mercantiles que asumirán las diferentes funciones que tiene encomendadas, entre ellas el transporte de viajeros y mercancías. Para que éstas puedan operar, de acuerdo con la Ley del sector ferroviario, en el momento en que efectivamente se constituyan, es necesario que cuenten con la correspondiente licencia de empresa ferroviaria, certificado de seguridad y que se les asigne la capacidad de infraestructura necesaria. Se introducen también determinadas modificaciones en la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario. En primer lugar, se procede a da cumplimiento a la sentencia 245/2012, de 18 de diciembre de 2012, del Tribunal Constitucional, respecto a la determinación de la Red Ferroviaria de Interés General. Debe resaltarse la previsión del próximo establecimiento de un catálogo de las líneas y tramos de la Red Ferroviaria de Interés General que será aprobado por el Ministerio de Fomento previa audiencia de las Comunidades Autónomas por cuyo territorio discurra dicha red. Con carácter transitorio, en tanto no se produzca establecimiento del catálogo de las líneas y tramos de la Red Ferroviaria de Interés General, se considerará que ésta se compone de las líneas y tramos relacionados en Anexo a este Real Decreto-ley. También se modifica la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, en relación con la apertura progresiva a la libre competencia del transporte ferroviario de viajeros, dentro del ámbito de competencias que corresponden al Estado sobre dicho transporte, conforme con lo dispuesto en el artículo 149.1.21 de la Constitución. En este sentido, se contempla transitoriamente establecer un esquema de mercados en el que el acceso para los nuevos operadores se llevará a cabo a través de la obtención de títulos habilitantes. El Consejo de Ministros determinará el número de títulos habilitantes a otorgar para cada línea o conjunto de líneas en las que se prestará el servicio en régimen de concurrencia y el otorgamiento de los títulos habilitantes se llevará a cabo por el Ministerio de Fomento a través del correspondiente procedimiento de licitación. No obstante, los servicios de transporte de viajeros con finalidad primordialmente turística (que incluyen los «trenes turísticos»), que no están definidos en la Ley del Sector Ferroviario y que actualmente presta RENFE-Operadora (y previamente RENFE-Operadora y FEVE), no son servicios necesarios para la movilidad, sino que son servicios de ocio en los que no se dan las circunstancias que aconsejen periodos transitorios en el proceso de liberalización. VI Dado el actual escenario de recesión económica y teniendo en cuenta la evolución de las cotizaciones de los productos petrolíferos, se considera justificado por razones de interés nacional, velar por la estabilidad de los precios de los combustibles de automoción y adoptar medidas directas de impacto inmediato sobre los precios de los carburantes, al tiempo que permitirán un funcionamiento más eficiente de este mercado. El mayor nivel de precios antes de impuestos de los carburantes en España respecto a Europa se constata de forma reiterada en los distintos informes de supervisión emitidos por la Comisión Nacional de Energía. Asimismo, la Comisión Nacional de la Competencia concluye en los diferentes informes emitidos que, a partir de una comparación de precios de los carburantes de varios países de Europa, el comportamiento de los precios y márgenes de mercado de distribución de carburantes en España muestra signos de una reducida competencia efectiva. En este sentido, se adoptan una serie de medidas tanto en el mercado mayorista como en el minorista, que permitirán incrementar la competencia efectiva en el sector, reduciendo las barreras de entrada a nuevos entrantes y repercutiendo positivamente en el bienestar de los ciudadanos. Estas medidas se implementan a través de la modificación puntual de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, que establece el marco sectorial básico, en particular del suministro de hidrocarburos líquidos y del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios En el ámbito mayorista, se considera necesario garantizar que la eficiencia de la logística de hidrocarburos permite que los costes de distribución sean lo más bajos posibles. Por este motivo, se modifican los artículos 41, 43 y 109 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, y se profundiza en el régimen de supervisión de las instalaciones logísticas y de almacenamiento que tienen obligación de acceso de terceros en condiciones transparentes, objetivas y no discriminatorias, lo que permitirá a las Administración Públicas seguir adecuadamente la actividad desarrollada por estas compañías y su incidencia en la competencia en el mercado. En el ámbito minorista del sector, se proponen medidas para eliminar barreras administrativas, simplificar trámites a la apertura de nuevas instalaciones de suministro minorista de carburantes y medidas para fomentar la entrada de nuevos operadores. Se facilita la apertura de estaciones de servicio en centros comerciales, parques comerciales, establecimientos de inspección técnica de vehículos y zonas o polígonos industriales, profundizándose en los objetivos marcados por el Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio. De forma adicional a las dificultades para el establecimiento de nuevas estaciones de servicio, la existencia de contratos de suministro al por menor en exclusiva se considera una de las principales barreras de entrada y expansión de operadores en España alternativos a los operadores principales. Las restricciones contractuales que actualmente aparecen en los contratos en exclusiva, limitan la competencia en el sector, lo que perjudica a los consumidores. Para paliar dicho efecto, se añade un nuevo artículo 43 bis a la Ley 34/1998, de 7 de octubre, para establecer condiciones más estrictas para la suscripción de contratos de suministro en exclusiva y prohibiendo las recomendaciones de precio de venta al público. Se persigue evitar regímenes económicos de gestión de estaciones de servicio con contratos en exclusiva en los que el distribuidor minorista actúa como un revendedor con descuento fijo o como un comisionista. En estos regímenes, el precio recomendado o el precio máximo, son parámetros fundamentales en el establecimiento del precio de adquisición del producto, fomentando el alineamiento de precios entre estaciones de servicio abanderadas, reduciéndose así la competencia intramarca. Asimismo, y de manera transitoria, se limita el crecimiento en número de instalaciones de venta de productos petrolíferos a los principales operadores de cada provincia. El Real Decreto 459/2011, de 1 de abril, por el que se fijan los objetivos obligatorios de biocarburantes para los años 2011, 2012 y 2013, establece objetivos anuales de consumo y venta de biocarburantes tanto globales, como por producto en dicho periodo. Con el fin de alcanzar dichos ambiciosos objetivos, los sujetos están obligados a utilizar importantes cantidades de biodiésel, así como productos alternativos como el hidrobiodiésel, cuyo contenido energético es computable para el cumplimiento de los citados objetivos y presenta la ventaja de que, al ser un producto prácticamente indiferenciado del gasóleo, cumple las especificaciones técnicas vigentes en elevados porcentajes de mezcla. Sin embargo, se trata de productos más caros que el carburante fósil, lo que repercute de forma significativa en el precio final del gasóleo. En el actual escenario económico y de precios de los carburantes, se considera conveniente revisar los objetivos de 2013, estableciendo unos objetivos que permitan minimizar el precio de los carburantes y asegurar cierta estabilidad al sector de los biocarburantes, sin que, en ningún caso, se comprometa el cumplimiento de los objetivos comunitarios previstos para 2020. Se establecen asimismo los objetivos de consumo y venta de biocarburantes, tanto globales, como por productos, para los próximos años. Con este mismo objetivo, se establece un periodo de carencia de forma que no se exigirá el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad establecidos en el artículo 4 del Real Decreto 1597/2011, de 4 de noviembre. No obstante, los sujetos deberán remitir información veraz al respecto y aplicar de forma correcta el sistema de balance de masa previsto. VII El real decreto-ley se completa con cuatro disposiciones adicionales, cinco transitorias, una derogatoria y doce finales. La disposición adicional primera prevé que las bonificaciones y las reducciones de cuotas previstas en este real decreto-ley se financien con cargo a los Presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal y de la Tesorería General de la Seguridad Social, respectivamente. Asimismo establece la obligación de ambas entidades de facilitar mensualmente información detallada sobre las reducciones y bonificaciones practicadas. La disposición adicional segunda prevé la creación de una Comisión Interministerial, cuya composición y funciones se determinará reglamentariamente, para el seguimiento y la evaluación de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, y la disposición adicional tercera encomienda al Ministerio de Empleo y Seguridad Social articular el procedimiento de adhesión a la Estrategia y establece la obligación de dicho Departamento de informar periódicamente sobre las empresas adheridas y las iniciativas planteadas. La disposición transitoria primera prevé que las medidas e incentivos recogidos en los artículos 9 a 13 del real decreto-ley continúen en vigor hasta que la tasa de desempleo se sitúe por debajo del 15%. La disposición transitoria segunda, respecto de los contratos de trabajo y las bonificaciones y reducciones preexistentes, precisa que continuarán rigiéndose por la normativa vigente en el momento de su celebración o el inicio de su disfrute. La disposición transitoria tercera hace referencia a contratos preexistentes en materia de morosidad. La disposición transitoria cuarta se refiere a las licencias que se soliciten para nuevas instalaciones de suministro, que ya dispongan de licencia municipal para su funcionamiento. La disposición transitoria quinta, determina, para completar el nuevo régimen jurídico introducido en el artículo 43.2, que los operadores al por mayor de productos petrolíferos con una cuota de mercado superior al 30 por ciento, no podrán suscribir nuevos contratos de distribución de nuevos contratos de distribución en exclusiva con distribuidores al por menor que se dediquen a la explotación de la instalación para el suministro de combustibles y carburantes a vehículos, con independencia de quién ostente la titularidad o derecho real sobre la misma. Además, en la disposición adicional cuarta se determina el plazo de 12 meses para la adaptación contratos de distribución a las condiciones previstas en el nuevo artículo 43 bis. Con respecto a las disposiciones finales, destaca, en primer término, el carácter supletorio de los Reales Decretos-ley 4/2012, de 24 de febrero, y 7/2012, de 9 de marzo. La disposición final segunda modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, para suprimir el último párrafo del artículo 11.1.c). Las disposiciones finales tercera y cuarta modifican la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal y el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual, respectivamente, para autorizar a las empresas de trabajo temporal a celebrar contratos para la formación y aprendizaje con los trabajadores para ser puestos a disposición de las empresas usuarias. La disposición final sexta modifica diversos preceptos del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Las modificaciones introducidas en los artículos 216 y 222 tratan de precisar el momento de devengo de los intereses de demora previstos en la Directiva por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en función de los diversos supuestos de recepción y tratamiento de las facturas, de forma consistente con la regulación de la Directiva 2011/7/UE, de 16 de febrero de 2011. Mediante la modificación de la Disposición Adicional decimosexta de la Ley de Contratos del Sector Público se excluye de la regulación general de los usos de medios electrónicos, informáticos y telemáticos, las facturas electrónicas que se emitan en los procedimientos de contratación. En la medida que la factura es un elemento asociado a la ejecución del contrato, no está cubierta por las previsiones de la Directiva 2004/18/CE en materia de utilización de medios electrónicos en los procedimientos de contratación, y parece conveniente dado que surte efecto en el ámbito fiscal, bancario, etc. prever una regulación autónoma. En la nueva Disposición adicional trigésima tercera se articula un nuevo itinerario de presentación de facturas ante el órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública, a efectos de asegurar que la Administración tiene un conocimiento exacto de todas las deudas que tiene contraídas por la ejecución de los contratos. La disposición final octava modifica el Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores y establece que corresponderá al ICO la administración y gestión de las operaciones que se concierten con el FFPP. La disposición final novena modifica el Real Decreto-ley 21/2012, de 13 de julio, de medidas de liquidez de las Administraciones Públicas y en el ámbito financiero, disponiendo que el cumplimiento de las obligaciones derivadas de operaciones de endeudamiento con instituciones financieras multilaterales, así como las contempladas en los planes de ajuste no pueden quedar afectadas por las posibles retenciones de los recursos del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas. La disposición derogatoria única deroga la disposición transitoria primera del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios, por contravenir lo dispuesto en este real decreto-ley. VIII En el conjunto y en cada una de las medidas que se adoptan, concurren, por su naturaleza y finalidad, las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución como presupuestos para la aprobación de reales decretos-leyes. Respecto de las medidas recogidas en el Título I, su adopción se justifica en la necesidad de mejorar la eficacia de nuestro mercado de trabajo, fomentando la creación de empresas y favoreciendo la empleabilidad y la contratación de los trabajadores. En concreto, la elevada tasa de desempleo juvenil en España exige la adopción de iniciativas concretas que favorezcan la inserción de los jóvenes en el mercado laboral mediante estímulos a la contratación e incentivos a la formación que se traduzcan en la mejora de oportunidades. Estas medidas pretenden contribuir, en suma, a crear empleo, especialmente entre los trabajadores más jóvenes, y por ello exigen ser adoptadas a la mayor brevedad. Las exigencias del artículo 86 de la Constitución española también concurren en las medidas de lucha contra la morosidad. En primer término, por la importancia desde el punto de vista económico de las medidas que se adoptan y la necesidad de instaurar unos plazos de pago razonables entre los operadores económicos, contribuyendo con ello a la mejora de las reglas de contratación mercantil, así como a una más eficaz y justa resolución de tales situaciones, tanto por los Tribunales de Justicia como a través de la mediación o el arbitraje. Y, en segundo lugar, en la medida que este real decreto-ley incorpora al Derecho español la Directiva 2011/7/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, cuyo plazo de transposición vence el próximo 16 de marzo, es imprescindible acelerar esta tarea, evitando con ello el inicio de cualquier procedimiento sancionador contra España por el incumplimiento de aquel plazo. En este sentido, el Tribunal Constitucional, ya en su sentencia 23/1993, de 21 de enero, señaló que el decreto-ley es un instrumento constitucionalmente lícito para afrontar coyunturas económicas problemáticas, y en su sentencia 1/2012, de 13 de enero, ha avalado la concurrencia del presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad del artículo 86.1 de la Constitución cuando concurran «el patente retraso en la transposición». La necesidad de impulsar la liberalización del sector ferroviario iniciada por el Real Decreto-Ley 22/2012, de 20 de julio, por el que se adoptan medidas en materia de infraestructuras y servicios ferroviarios, en el mercado de transporte de viajeros por ferrocarril, así como de dotar de la máxima eficacia a la política de administración y gestión de las infraestructuras ferroviarias, teniendo en cuenta la situación económica actual, exige la mayor celeridad en la puesta en práctica de tales medidas. Además, es obligado determinar las líneas que han de formar parte de la Red Ferroviaria de Interés General, una vez declarado inconstitucional el apartado 1 de la disposición adicional novena de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario. Todo ello permite apreciar la concurrencia de una extraordinaria y urgente necesidad en los términos establecidos en el artículo 86 de la Constitución. Del mismo modo, como se ha indicado, representando el coste de los carburantes y combustibles un elevado porcentaje de una gran parte del tejido empresarial español, el contexto económico actual obligan de manera imperiosa a acelerar todas las medidas que contribuyan a la mejora de la competencia en este sector, que se debería traducir en una reducción de precios y, por tanto, en un aumento de la competitividad. En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución Española, a propuesta de los Ministros de Justicia, de Hacienda y Administraciones Públicas, de Fomento, de Empleo y Seguridad Social, de Industria, Energía y Turismo y de Economía y Competitividad; y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 22 de febrero de 2013, DISPONGO: TÍTULO I Medidas de desarrollo de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven CAPÍTULO I Fomento del emprendimiento y el autoempleo Artículo 1. Cotización a la Seguridad Social aplicable a los jóvenes trabajadores por cuenta propia. Uno. La disposición adicional trigésima quinta del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, queda redactada del siguiente modo: «Disposición adicional trigésima quinta. Reducciones y bonificaciones a la Seguridad Social aplicables a los jóvenes trabajadores por cuenta propia. 1. En el supuesto de trabajadores por cuenta propia, incorporados al Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos a partir de la entrada en vigor del Estatuto del Trabajo Autónomo, o al Régimen Especial de Trabajadores del Mar, menores de 30 años de edad, o menores de 35 años en el caso de mujeres, se aplicará sobre la cuota por contingencias comunes que corresponda, en función de la base de cotización elegida y del tipo de cotización aplicable, según el ámbito de protección por el que se haya optado, una reducción, durante los 15 meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta, equivalente al 30 % de la cuota que resulte de aplicar sobre la base mínima el tipo mínimo de cotización vigente en cada momento, y una bonificación, en los 15 meses siguientes a la finalización del período de reducción, de igual cuantía que ésta. 2. Alternativamente al sistema de bonificaciones y reducciones establecido en el apartado anterior, los trabajadores por cuenta propia que tengan menos de 30 años de edad y que causen alta inicial o que no hubieran estado en situación de alta en los cinco años inmediatamente anteriores, a contar desde la fecha de efectos del alta, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, podrán aplicarse las siguientes reducciones y bonificaciones sobre la cuota por contingencias comunes, excepto en la incapacidad temporal, resultante de aplicar a la base mínima el tipo mínimo de cotización vigente en cada momento, por un período máximo de 30 meses, según la siguiente escala: a) Una reducción equivalente al 80% de la cuota durante los 6 meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta. b) Una reducción equivalente al 50% de la cuota durante los 6 meses siguientes al período señalado en la letra a). c) Una reducción equivalente al 30% de la cuota durante los 3 meses siguientes al período señalado en la letra b). d) Una bonificación equivalente al 30% de la cuota en los 15 meses siguientes a la finalización del período de reducción. Lo previsto en el presente apartado no resultará de aplicación a los trabajadores por cuenta propia que empleen trabajadores por cuenta ajena. 3. Los trabajadores por cuenta propia que opten por el sistema del apartado anterior, podrán acogerse a las bonificaciones y reducciones del apartado 1, siempre que el cómputo total de las mismas no supere el plazo máximo de 30 mensualidades. 4. Lo dispuesto en los apartados anteriores será también de aplicación a los socios trabajadores de Cooperativas de Trabajo Asociado que estén encuadrados en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, o como trabajadores por cuenta propia en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, cuando cumplan los requisitos de los apartados anteriores de esta disposición adicional. 5. La reducción de la cuota será con cargo al Presupuesto de la Seguridad Social y la bonificación con cargo a la correspondiente partida presupuestaria del Servicio Público de Empleo Estatal.» Dos. La disposición adicional undécima de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, queda redactada del siguiente modo: «Disposición adicional undécima. Reducciones y bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social para las personas con discapacidad que se establezcan como trabajadores por cuenta propia. 1. Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, que causen alta inicial en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o como trabajadores por cuenta propia o en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, se beneficiarán, durante los cinco años siguientes a la fecha de efectos del alta, de una bonificación del 50% de la cuota que resulte de aplicar sobre la base mínima el tipo vigente en cada momento, excepto en la incapacidad temporal. 2. Cuando los trabajadores por cuenta propia con un grado de discapacidad igual o superior al 33% tengan menos de 35 años de edad y causen alta inicial o no hubieran estado en situación de alta en los cinco años inmediatamente anteriores, a contar desde la fecha de efectos del alta, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, podrán aplicarse las siguientes reducciones y bonificaciones sobre la cuota por contingencias comunes, excepto en la incapacidad temporal, resultante de aplicar a la base mínima el tipo mínimo de cotización vigente en cada momento, por un período máximo de 5 años, según la siguiente escala: a) Una reducción equivalente al 80% durante los 12 meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta. b) Una bonificación equivalente al 50% durante los cuatro años siguientes. Lo previsto en este apartado no resultará de aplicación a los trabajadores por cuenta propia con discapacidad que empleen a trabajadores por cuenta ajena. 3. Los trabajadores por cuenta propia con discapacidad a que se refiere el apartado anterior, que hubieran optado por el sistema descrito en el mismo, podrán acogerse posteriormente, en su caso, a las bonificaciones y reducciones del apartado 1, siempre y cuando el cómputo total de las mismas no supere el plazo máximo de 60 mensualidades. 4. Lo dispuesto en los apartados anteriores será también de aplicación a los socios trabajadores de Cooperativas de Trabajo Asociado, que estén encuadrados en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, o como trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, cuando cumplan los requisitos de los apartados anteriores de esta disposición adicional.» Artículo 2. Posibilidad de compatibiliar la percepción de la prestación por desempleo con el trabajo por cuenta propia cuando lo establezcan los programas de fomento al empleo. Se añade un nuevo apartado 6 en el artículo 228 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, con la siguiente redacción: «6. Cuando así lo establezca algún programa de fomento al empleo destinado a colectivos con mayor dificultad de inserción en el mercado de trabajo, se podrá compatibilizar la percepción de la prestación por desempleo pendiente de percibir con el trabajo por cuenta propia, en cuyo caso la entidad gestora podrá abonar al trabajador el importe mensual de la prestación en la cuantía y duración que se determinen, sin incluir la cotización a la Seguridad Social.» Artículo 3. Compatibilización por los menores de 30 años de la percepción de la prestación por desempleo con el inicio de una actividad por cuenta propia. En aplicación de lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 228 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y como excepción a lo establecido en el artículo 221 de dicha ley, los beneficiarios de la prestación por desempleo de nivel contributivo que se constituyan como trabajadores por cuenta propia, podrán compatibilizar la percepción mensual de la prestación que les corresponda con el trabajo autónomo, por un máximo de 270 días, o por el tiempo inferior pendiente de percibir, siempre que se cumplan los requisitos y condiciones siguientes: a) Que el beneficiario de la prestación por desempleo de nivel contributivo sea menor de 30 años en la fecha de inicio de la actividad por cuenta propia y no tenga trabajadores a su cargo. b) Que se solicite a la entidad gestora en el plazo de 15 días a contar desde la fecha de inicio de la actividad por cuenta propia, sin perjuicio de que el derecho a la compatibilidad de la prestación surta efecto desde la fecha de inicio de tal actividad. Transcurrido dicho plazo de 15 días el trabajador no podrá acogerse a esta compatibilidad. Durante la compatibilidad de la prestación por desempleo con la actividad por cuenta propia no se exigirá al beneficiario de la prestación que cumpla con las obligaciones como demandante de empleo y las derivadas del compromiso de actividad previstas en el artículo 231 de la Ley General de la Seguridad Social. Artículo 4. Ampliación de las posibilidades de aplicación de la capitalización de la prestación por desempleo. Uno. Se modifica la regla tercera y se introduce una nueva regla cuarta, pasando la actual cuarta, que también se modifica, a ser la quinta, del apartado 1 de la disposición transitoria cuarta de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, que quedan redactadas de la siguiente forma: «3.ª Lo previsto en las reglas 1.ª y 2.ª también será de aplicación a: a) Los beneficiarios de la prestación por desempleo de nivel contributivo que pretendan constituirse como trabajadores autónomos y no se trate de personas con discapacidad igual o superior al 33%. En el caso de la regla 1.ª, el abono de una sola vez se realizará por el importe que corresponde a la inversión necesaria para desarrollar la actividad, incluido el importe de las cargas tributarias para el inicio de la actividad, con el límite máximo del 60% del importe de la prestación por desempleo de nivel contributivo pendiente de percibir, siendo el límite máximo del 100% cuando los beneficiarios sean hombres jóvenes menores de 30 años de edad o mujeres jóvenes menores 35 años, ambos inclusive, considerándose la edad en la fecha de la solicitud. b) Los beneficiarios de la prestación por desempleo de nivel contributivo menores de treinta años, cuando capitalicen la prestación para destinar hasta el 100% de su importe a realizar una aportación al capital social de una entidad mercantil de nueva constitución o constituida en un plazo máximo de doce meses anteriores a la aportación, siempre que desarrollen una actividad profesional o laboral de carácter indefinido respecto a la misma, e independientemente del Régimen de la Seguridad Social en el que estén encuadrados. Para las personas que realicen una actividad por cuenta ajena de carácter indefinido, ésta deberá mantenerse por un mínimo de 18 meses. No se incluirán en este supuesto aquellas personas que hayan mantenido un vínculo contractual previo con dichas sociedades, ni los trabajadores autónomos económicamente dependientes que hayan suscrito con un cliente un contrato registrado en el Servicio Público de Empleo Estatal. 4.ª Los jóvenes menores de 30 años que capitalicen la prestación por desempleo, también podrán destinar la misma a los gastos de constitución y puesta en funcionamiento de una entidad, así como al pago de las tasas y el precio de servicios específicos de asesoramiento, formación e información relacionados con la actividad a emprender. 5.ª La solicitud del abono de la prestación por desempleo de nivel contributivo, según lo establecido en las reglas 1.ª, 2.ª y 3.ª, en todo caso deberá ser de fecha anterior a la fecha de incorporación a la cooperativa o sociedad laboral, o a la de constitución de la cooperativa o sociedad laboral, o a la de inicio de la actividad como trabajador autónomo o como socio de la entidad mercantil en los términos de la regla tercera, considerando que tal inicio coincide con la fecha que como tal figura en la solicitud de alta del trabajador en la Seguridad Social. Si el trabajador hubiera impugnado el cese de la relación laboral origen de la prestación por desempleo, la solicitud deberá ser posterior a la resolución del procedimiento correspondiente. Los efectos económicos del abono del derecho solicitado se producirán a partir del día siguiente al de su reconocimiento, salvo cuando la fecha de inicio de la actividad sea anterior, en cuyo caso, se estará a la fecha de inicio de esa actividad.» Dos. El Gobierno podrá modificar mediante real decreto lo establecido en el apartado Uno anterior. Artículo 5. Suspensión y reanudación del cobro de la prestación por desempleo tras realizar una actividad por cuenta propia. Se introducen las siguientes modificaciones en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio: Uno. Se modifica la letra d) del apartado 1 del artículo 212, que queda redactada del siguiente modo: «d) Mientras el titular del derecho realice un trabajo por cuenta ajena de duración inferior a doce meses, o mientras el titular del derecho realice un trabajo por cuenta propia de duración inferior a veinticuatro meses o inferior a sesenta meses en el supuesto de trabajadores por cuenta propia menores de 30 años de edad que causen alta inicial en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar.» Dos. Se modifica la letra b) del artículo 212.4, que redactada del siguiente modo: «b) Previa solicitud del interesado, en los supuestos recogidos en los párrafos b), c), d) y e) del apartado 1, siempre que se acredite que ha finalizado la causa de suspensión, que, en su caso, esa causa constituye situación legal de desempleo, o que, en su caso, se mantiene el requisito de carencia de rentas o existencia de responsabilidades familiares. En el supuesto de la letra d) del apartado 1, en lo referente a los trabajadores por cuenta propia menores de 30 años de edad que causen alta inicial en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, la prestación por desempleo podrá reanudarse cuando el trabajo por cuenta propia sea de duración igual o inferior a sesenta meses El derecho a la reanudación nacerá a partir del término de la causa de suspensión siempre que se solicite en el plazo de los quince días siguientes, y la solicitud requerirá la inscripción como demandante de empleo si la misma no se hubiere efectuado previamente. Asimismo, en la fecha de la solicitud se considerará reactivado el compromiso de actividad a que se refiere el artículo 231 de esta Ley, salvo en aquellos casos en los que la Entidad Gestora exija la suscripción de un nuevo compromiso. Si se presenta la solicitud transcurrido el plazo citado, se producirán los efectos previstos en el apartado 2 del artículo 209 y en el párrafo b) del apartado 1 del artículo 219. En el caso de que el período que corresponde a las vacaciones anuales retribuidas no haya sido disfrutado, será de aplicación lo establecido en el apartado 3 del artículo 209 de esta Ley.» Tres. La letra d) del apartado 1 del artículo 213 queda redactada del siguiente modo: «d) Realización de un trabajo por cuenta ajena de duración igual o superior a doce meses, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3 del artículo 210, o realización de un trabajo por cuenta propia, por tiempo igual o superior a veinticuatro meses, o igual o superior a sesenta meses en el supuesto de trabajadores por cuenta propia menores de 30 años de edad que causen alta inicial en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar.» Artículo 6. Régimen de cotización por contingencias profesionales y cese de actividad. Se añade un nuevo párrafo tercero en la disposición adicional quincuagésima octava del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, con la siguiente redacción: «La protección frente a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que incluye la cobertura de la protección por cese de actividad, tendrá carácter voluntario para los trabajadores por cuenta propia menores de 30 años de edad.» CAPÍTULO II Incentivos fiscales Artículo 7. Incentivos para entidades de nueva creación. Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2013, se introduce una nueva disposición adicional decimonovena en el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, que queda redactada de la siguiente forma: «Disposición adicional decimonovena. Entidades de nueva creación. 1. Las entidades de nueva creación, constituidas a partir de 1 de enero de 2013, que realicen actividades económicas tributarán, en el primer período impositivo en que la base imponible resulte positiva y en el siguiente, con arreglo a la siguiente escala, excepto si, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de esta Ley, deban tributar a un tipo diferente al general: a) Por la parte de base imponible comprendida entre 0 y 300.000 euros, al tipo del 15 por ciento. b) Por la parte de base imponible restante, al tipo del 20 por ciento. Cuando el período impositivo tenga una duración inferior al año, la parte de base imponible que tributará al tipo del 15 por ciento será la resultante de aplicar a 300.000 euros la proporción en la que se hallen el número de días del período impositivo entre 365 días, o la base imponible del período impositivo cuando esta fuera inferior. 2. Cuando al sujeto pasivo le sea de aplicación la modalidad de pago fraccionado establecida en el apartado 3 del artículo 45 de esta Ley, la escala a que se refiere el apartado 1 anterior no será de aplicación en la cuantificación de los pagos fraccionados. 3. A los efectos de lo previsto en esta disposición, no se entenderá iniciada una actividad económica: a) Cuando la actividad económica hubiera sido realizada con carácter previo por otras personas o entidades vinculadas en el sentido del artículo 16 de esta Ley y transmitida, por cualquier título jurídico, a la entidad de nueva creación. b) Cuando la actividad económica hubiera sido ejercida, durante el año anterior a la constitución de la entidad, por una persona física que ostente una participación, directa o indirecta, en el capital o en los fondos propios de la entidad de nueva creación superior al 50 por ciento. 4. No tendrán la consideración de entidades de nueva creación aquellas que formen parte de un grupo en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas.» Artículo 8. Incentivos en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Con efectos desde 1 de enero de 2013 se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio: Uno. Se modifica la letra n) del artículo 7, que queda redactada de la siguiente forma: «n) Las prestaciones por desempleo reconocidas por la respectiva entidad gestora cuando se perciban en la modalidad de pago único establecida en el Real Decreto 1044/1985, de 19 de junio, por el que se regula el abono de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único, siempre que las cantidades percibidas se destinen a las finalidades y en los casos previstos en la citada norma. Esta exención estará condicionada al mantenimiento de la acción o participación durante el plazo de cinco años, en el supuesto de que el contribuyente se hubiera integrado en sociedades laborales o cooperativas de trabajo asociado o hubiera realizado una aportación al capital social de una entidad mercantil, o al mantenimiento, durante idéntico plazo, de la actividad, en el caso del trabajador autónomo.» Dos. Se suprime la letra c) del apartado 2 del artículo 14. Tres. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 32, que queda redactado de la siguiente forma: «3. Los contribuyentes que inicien el ejercicio de una actividad económica y determinen el rendimiento neto de la misma con arreglo al método de estimación directa, podrán reducir en un 20 por ciento el rendimiento neto positivo declarado con arreglo a dicho método, minorado en su caso por las reducciones previstas en los apartados 1 y 2 anteriores, en el primer período impositivo en que el mismo sea positivo y en el período impositivo siguiente. A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá que se inicia una actividad económica cuando no se hubiera ejercido actividad económica alguna en el año anterior a la fecha de inicio de la misma, sin tener en consideración aquellas actividades en cuyo ejercicio se hubiera cesado sin haber llegado a obtener rendimientos netos positivos desde su inicio. Cuando con posterioridad al inicio de la actividad a que se refiere el párrafo primero anterior se inicie una nueva actividad sin haber cesado en el ejercicio de la primera, la reducción prevista en este apartado se aplicará sobre los rendimientos netos obtenidos en el primer período impositivo en que los mismos sean positivos y en el período impositivo siguiente, a contar desde el inicio de la primera actividad. La cuantía de los rendimientos netos a que se refiere este apartado sobre la que se aplicará la citada reducción no podrá superar el importe de 100.000 euros anuales. No resultará de aplicación la reducción prevista en este apartado en el período impositivo en el que más del 50 por ciento de los ingresos del mismo procedan de una persona o entidad de la que el contribuyente hubiera obtenido rendimientos del trabajo en el año anterior a la fecha de inicio de la actividad.» Cuatro. Se añade una disposición adicional trigésima octava que queda redactada de la siguiente forma: «Disposición adicional trigésima octava. Aplicación de la reducción del 20 por ciento por inicio de una actividad económica. Lo previsto en el apartado 3 del artículo 32 de esta Ley solamente resultará de aplicación a los contribuyentes que hubieran iniciado el ejercicio de una actividad económica a partir de 1 de enero de 2013.» CAPÍTULO III Estímulos a la contratación Artículo 9. Incentivos a la contratación a tiempo parcial con vinculación formativa. 1. Las empresas, incluidos los trabajadores autónomos, que celebren contratos a tiempo parcial con vinculación formativa con jóvenes desempleados menores de treinta años tendrán derecho, durante un máximo de doce meses, a una reducción de la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes correspondiente al trabajador contratado, del 100 por cien en el caso de que el contrato se suscriba por empresas cuya plantilla sea inferior a 250 personas, o del 75 por ciento, en el supuesto de que la empresa contratante tenga una plantilla igual o superior a esa cifra. Este incentivo podrá ser prorrogado por otros doce meses, siempre que el trabajador continúe compatibilizando el empleo con la formación, o la haya cursado en los seis meses previos a la finalización del periodo a que se refiere el párrafo anterior. 2. Los trabajadores deberán cumplir alguno de los siguientes requisitos: a) No tener experiencia laboral o que esta sea inferior a tres meses. b) Proceder de otro sector de actividad, en los términos que se determinen reglamentariamente. c) Ser desempleado y estar inscrito ininterrumpidamente en la oficina de empleo al menos doce meses durante los dieciocho anteriores a la contratación. 3. Los trabajadores deberán compatibilizar el empleo con la formación o justificar haberla cursado en los seis meses previos a la celebración del contrato. La formación, no teniendo que estar vinculada específicamente al puesto de trabajo objeto del contrato, podrá ser: a) Formación acreditable oficial o promovida por los Servicios Públicos de Empleo. b) Formación en idiomas o tecnologías de la información y la comunicación de una duración mínima de 90 horas en cómputo anual. 4. Para la aplicación de esta medida, el contrato podrá celebrarse por tiempo indefinido o por duración determinada, de acuerdo con lo establecido en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. La jornada pactada no podrá ser superior al 50 por cien de la correspondiente a un trabajador a tiempo completo comparable. A estos efectos se entenderá por trabajador a tiempo completo comparable lo establecido en el artículo 12.1 del Estatuto de los Trabajadores. 5. Para poder acogerse a esta medida, las empresas, incluidos los trabajadores autónomos, deberán no haber adoptado, en los seis meses anteriores a la celebración del contrato, decisiones extintivas improcedentes. La limitación afectará únicamente a las extinciones producidas con posterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley, y para la cobertura de aquellos puestos de trabajo del mismo grupo profesional que los afectados por la extinción y para el mismo centro o centros de trabajo. 6. Para la aplicación de los beneficios, la empresa deberá mantener el nivel de empleo alcanzado con el contrato a que se refiere este artículo durante, al menos, un periodo equivalente a la duración de dicho contrato con un máximo de doce meses desde su celebración. En caso de incumplimiento de esta obligación se deberá proceder al reintegro de los incentivos. No se considerará incumplida la obligación de mantenimiento del empleo a que se refiere este apartado cuando el contrato de trabajo se extinga por causas objetivas o por despido disciplinario cuando uno u otro sea declarado o reconocido como procedente, ni las extinciones causadas por dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de los trabajadores o por la expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto del contrato, o por resolución durante el periodo de prueba. 7. Para la aplicación de las medidas a que se refiere este apartado será precisa la formalización escrita de los contratos en el modelo que se establezca por el Servicio Público de Empleo Estatal. 8. En lo no previsto en este artículo, será de aplicación, respecto de las reducciones, lo dispuesto en la sección I del capítulo I de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, salvo lo establecido en sus artículos 2.7 y 6.2. Artículo 10. Contratación indefinida de un joven por microempresas y empresarios autónomos. 1. Las empresas, incluidos los trabajadores autónomos, que contraten de manera indefinida, a tiempo completo o parcial, a un joven desempleado menor de treinta años tendrán derecho a una reducción del 100 por cien de la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes correspondiente al trabajador contratado durante el primer año de contrato, en los términos recogidos en los apartados siguientes. Para poder acogerse a esta medida, las empresas, incluidos los trabajadores autónomos, deberán reunir los siguientes requisitos: a) Tener, en el momento de la celebración del contrato, una plantilla igual o inferior a nueve trabajadores. b) No haber tenido ningún vínculo laboral anterior con el trabajador. c) No haber adoptado, en los seis meses anteriores a la celebración del contrato, decisiones extintivas improcedentes. La limitación afectará únicamente a las extinciones producidas con posterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley, y para la cobertura de aquellos puestos de trabajo del mismo grupo profesional que los afectados por la extinción y para el mismo centro o centros de trabajo. d) No haber celebrado con anterioridad otro contrato con arreglo a este artículo, salvo lo dispuesto en el apartado 5. 2. Lo establecido en este artículo no se aplicará en los siguientes supuestos: a) Cuando el contrato se concierte con arreglo al artículo 4 de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. b) Cuando el contrato sea para trabajos fijos discontinuos, de acuerdo con el artículo 15.8 del Estatuto de los Trabajadores. c) Cuando se trate de contratos indefinidos incluidos en el artículo 2 de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre. 3. Los beneficios a que se refiere el apartado 1, sólo se aplicarán respecto a un contrato, salvo lo dispuesto en el apartado 5. 4. Para la aplicación de los beneficios, la empresa deberá mantener en el empleo al trabajador contratado al menos dieciocho meses desde la fecha de inicio de la relación laboral, salvo que el contrato se extinga por causa no imputable al empresario o por resolución durante el periodo de prueba. Asimismo, deberá mantener el nivel de empleo en la empresa alcanzado con el contrato a que se refiere este artículo durante, al menos, un año desde la celebración del contrato. En caso de incumplimiento de estas obligaciones se deberá proceder al reintegro de los incentivos. No se considerarán incumplidas las obligaciones de mantenimiento del empleo anteriores a que se refiere este apartado cuando el contrato de trabajo se extinga por causas objetivas o por despido disciplinario cuando uno u otro sea declarado o reconocido como procedente, ni las extinciones causadas por dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de los trabajadores o por la expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto del contrato, o por resolución durante el periodo de prueba. 5. En los supuestos a que se refiere el último inciso del primer párrafo del apartado 4, se podrá celebrar un nuevo contrato al amparo de este artículo, si bien el periodo total de bonificación no podrá exceder, en conjunto, de doce meses. 6. Para la aplicación de las medidas a que se refiere este artículo será precisa la formalización escrita de los contratos en el modelo que se establezca por el Servicio Público de Empleo Estatal. 7. En lo no previsto en este artículo, será de aplicación lo dispuesto en la sección I del capítulo I de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, salvo lo establecido en sus artículos 2.7 y 6.2. Artículo 11. Incentivos a la contratación en nuevos proyectos de emprendimiento joven. 1. Tendrán derecho a una reducción del 100 por cien de la cuota empresarial de la Seguridad Social durante los doce meses siguientes a la contratación los trabajadores por cuenta propia menores treinta años, y sin trabajadores asalariados, que desde la entrada en vigor de este real decreto-ley contraten por primera vez, de forma indefinida, mediante un contrato de trabajo a tiempo completo o parcial, a personas desempleadas de edad igual o superior a cuarenta y cinco años, inscritas ininterrumpidamente como desempleadas en la oficina de empleo al menos durante doce meses en los dieciocho meses anteriores a la contratación o que resulten beneficiarios del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo. 2. Para la aplicación de los beneficios contemplados en este artículo, se deberá mantener en el empleo al trabajador contratado, al menos, dieciocho meses desde la fecha de inicio de la relación laboral, salvo que el contrato se extinga por causa no imputable al empresario o por resolución durante el periodo de prueba. 3. En los supuestos a que se refiere el apartado 2, se podrá celebrar un nuevo contrato al amparo de este artículo, si bien el periodo total de aplicación de la reducción no podrá exceder, en conjunto, de doce meses. 4. En el caso de que la contratación de un trabajador pudiera dar lugar simultáneamente a la aplicación de otras bonificaciones o reducciones en las cuotas de Seguridad Social, sólo podrá aplicarse una de ellas, correspondiendo la opción al beneficiario en el momento de formalizar el alta del trabajador en la Seguridad Social. 5. En lo no previsto en esta disposición, será de aplicación lo establecido en la Sección I del Capítulo I de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, salvo lo establecido en el artículo 2.7. Artículo 12. Primer empleo joven. 1. Para incentivar la adquisición de una primera experiencia profesional, las empresas podrán celebrar contratos temporales con jóvenes desempleados menores de treinta años que no tengan experiencia laboral o si ésta es inferior a tres meses. 2. Estos contratos se regirán por lo establecido en el artículo 15.1.b) del Estatuto de los Trabajadores y sus normas de desarrollo, salvo lo siguiente: a) Se considerará causa del contrato la adquisición de una primera experiencia profesional. b) La duración mínima del contrato será de tres meses. c) La duración máxima del contrato será de seis meses, salvo que se establezca una duración superior por convenio colectivo sectorial estatal o, en su defecto, por convenio colectivo sectorial de ámbito inferior, sin que en ningún caso dicha duración pueda exceder de 12 meses. d) El contrato deberá celebrarse a jornada completa o a tiempo parcial siempre que, en este último caso, la jornada sea superior al 75 por ciento de la correspondiente a un trabajador a tiempo completo comparable. A estos efectos se entenderá por trabajador a tiempo completo comparable lo establecido en el artículo 12.1 del Estatuto de los Trabajadores. 3. Para poder acogerse a esta medida, las empresas, incluidos los trabajadores autónomos, deberán no haber adoptado, en los seis meses anteriores a la celebración del contrato, decisiones extintivas improcedentes. La limitación afectará únicamente a las extinciones producidas con posterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley, y para la cobertura de aquellos puestos de trabajo del mismo grupo profesional que los afectados por la extinción y para el mismo centro o centros de trabajo. 4. Las empresas, incluidos los trabajadores autónomos, que, una vez transcurrido un plazo mínimo de tres meses desde su celebración, transformen en indefinidos los contratos a que se refiere este artículo tendrán derecho a una bonificación en las cuotas empresariales a la Seguridad Social de 41,67 euros/mes (500 euros/año), durante tres años, siempre que la jornada pactada sea al menos del 50 por cien de la correspondiente a un trabajador a tiempo completo comparable. Si el contrato se hubiera celebrado con una mujer, la bonificación por transformación será de 58,33 euros/mes (700 euros/año). 5. Para la aplicación de los beneficios, la empresa deberá mantener el nivel de empleo alcanzado con la transformación a que se refiere este artículo durante, al menos, doce meses. En caso de incumplimiento de esta obligación se deberá proceder al reintegro de los incentivos. No se considerará incumplida la obligación de mantenimiento del empleo a que se refiere este apartado cuando el contrato de trabajo se extinga por causas objetivas o por despido disciplinario cuando uno u otro sea declarado o reconocido como procedente, ni las extinciones causadas por dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de los trabajadores o por la expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto del contrato, o por resolución durante el periodo de prueba. 6. Para la aplicación de las medidas a que se refiere este apartado será precisa la formalización escrita de los contratos en el modelo que se establezca por el Servicio Público de Empleo Estatal. 7. En lo no previsto en este artículo, será de aplicación, en cuanto a los incentivos, lo dispuesto en la sección I del capítulo I de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, salvo lo establecido en sus artículos 2.7 y 6.2. Artículo 13. Incentivos a los contratos en prácticas para el primer empleo. 1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 11.1 del Estatuto de los Trabajadores podrán celebrarse contratos en prácticas con jóvenes menores de treinta años, aunque hayan transcurrido cinco o más años desde la terminación de los correspondientes estudios. 2. Las empresas, incluidos los trabajadores autónomos, que concierten un contrato en prácticas con un menor de treinta años, tendrán derecho a una reducción del 50 por ciento de la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes correspondiente al trabajador contratado durante toda la vigencia del contrato. En los supuestos en que, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1543/2011, de 31 de octubre, por el que se regulan las prácticas no laborales en empresas, el trabajador estuviese realizando dichas prácticas no laborales en el momento de la concertación del contrato de trabajo en prácticas, la reducción de cuotas será del 75 por ciento. 3. Para la aplicación de las medidas a que se refiere este artículo será precisa la formalización escrita de los contratos en el modelo que se establezca por el Servicio Público de Empleo Estatal. 4. En lo no previsto en este artículo, será de aplicación lo dispuesto, en cuanto a los incentivos, en la sección I del capítulo I de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, salvo lo establecido en el artículo 2.7. Artículo 14. Incentivos a la incorporación de jóvenes a entidades de la economía social. 1. Se incorporan las siguientes bonificaciones aplicables a las entidades de la economía social: a) Bonificaciones en las cuotas empresariales de la Seguridad Social durante tres años, cuya cuantía será de 66,67 euros/mes (800 euros/año), aplicable a las cooperativas o sociedades laborales que incorporen trabajadores desempleados menores de 30 años como socios trabajadores o de trabajo. En el caso de cooperativas, las bonificaciones se aplicarán cuando éstas hayan optado por un régimen de Seguridad Social propio de trabajadores por cuenta ajena, en los términos de la disposición adicional cuarta del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. b) Bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social aplicables a las empresas de inserción en los supuestos de contratos de trabajo suscritos con personas menores de 30 años en situación de exclusión social incluidas en el artículo 2 de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción, de 137,50 euros/mes (1.650 euros/año) durante toda la vigencia del contrato o durante tres años, en caso de contratación indefinida. Estas bonificaciones no serán compatibles con las previstas en el artículo 16.3.a) de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre. 2. En lo no previsto en el apartado anterior, se aplicará lo establecido en la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, en cuanto a los requisitos que han de cumplir los beneficiarios, las exclusiones en la aplicación de las bonificaciones, cuantía máxima, incompatibilidades o reintegro de beneficios. En relación a las cooperativas y sociedades laborales, también será de aplicación, en cuanto a los incentivos, lo dispuesto en la sección I del capítulo I de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, salvo lo establecido en sus artículos 2.7 y 6.2. CAPÍTULO IV Mejora de la Intermediación Artículo 15. Formalización conjunta de acuerdos marco para la contratación de servicios que faciliten la intermediación laboral. Se añade una nueva disposición adicional trigésima segunda al texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en los siguientes términos: «Disposición adicional trigésima segunda. Formalización conjunta de acuerdos marco para la contratación de servicios que faciliten la intermediación laboral. La Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal y los órganos de contratación competentes de las Comunidades Autónomas, así como de las entidades y organismos dependientes de ellas e integrados en el Sistema Nacional de Empleo, podrán concluir de forma conjunta acuerdos marco con uno o varios empresarios con el fin de fijar las condiciones a que habrán de ajustarse todos los contratos de servicios de características homogéneas definidos en los convenios a que se refiere el párrafo siguiente para facilitar a los Servicios Públicos de Empleo la intermediación laboral y que se pretendan adjudicar durante un período determinado, siempre que el recurso a estos instrumentos no se efectúe de forma abusiva o de modo que la competencia se vea obstaculizada, restringida o falseada. Esta conclusión conjunta de acuerdos marco se realizará con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo II del Título II del Libro III y previa adopción del correspondiente convenio de colaboración entre el Servicio Público de Empleo Estatal y las Comunidades Autónomas o las entidades y organismos dependientes de ellas e integrados en el Sistema Nacional de Empleo no podrán ser objeto de estos contratos marco las actuaciones de intermediación laboral que puedan preverse en los procedimientos de selección de personal laboral temporal por parte de las Administraciones Públicas, debiendo realizarse dicha intermediación exclusivamente y de manera directa por los correspondientes servicios públicos de empleo.» Artículo 16. Base de datos común de ofertas, demandas de empleo y oportunidades de formación. Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo: Uno. La letra b) del apartado 2 del artículo 8 queda redactada del siguiente modo: «b) Existencia de una base de datos común, Portal Único de Empleo, que posibilite la difusión de las ofertas, demandas de empleo y oportunidades de formación existentes en todo el territorio del Estado, así como en el resto de los países del Espacio Económico Europeo, respetando lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Para ello, los Servicios Públicos de Empleo registrarán todas las ofertas y demandas de empleo en las bases de datos del Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo. El Servicio Público de Empleo Estatal garantizará la difusión de esta información a todos los ciudadanos, empresas y administraciones públicas como garantía de transparencia y unidad de mercado.» Dos. Se añade un nuevo apartado 3 en el artículo 14, renumerándose el actual apartado 3 que pasa a ser el número 4, que queda redactado del siguiente modo: «3. Con carácter previo al libramiento de los fondos que en el seno de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales se destinen a posibilitar las funciones de intermediación laboral, sin barreras territoriales, en los términos de la letra c) del artículo 7.Bis de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, el Servicio Público de Empleo Estatal comprobará el cumplimiento por parte de los Servicios Públicos de Empleo de lo establecido en el apartado 2.b) del artículo 8. Si el Servicio Público de Empleo Estatal detectase el incumplimiento de esta obligación por parte de alguna comunidad autónoma, no procederá al abono de las cantidades debidas en tanto no se subsane esta situación. A estos efectos, el Servicio Público de Empleo Estatal comunicará a las comunidades autónomas que se encuentren en esta situación la necesidad de subsanar el incumplimiento detectado.» TÍTULO II Medidas de fomento de la financiación empresarial Artículo 17. Modificación del Reglamento de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre. El Reglamento de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, queda modificado como sigue: Uno. Se añade un subapartado c) en el artículo 50.5, con la siguiente redacción: «c) Los valores y derechos negociados en el Mercado Alternativo Bursátil, o en otro sistema multilateral de negociación que se concrete mediante real decreto.» Dos. El sexto párrafo del artículo 53.4, queda redactado del siguiente modo: «La inversión en valores o derechos mobiliarios que no se hallen admitidos a negociación en mercados regulados en el ámbito de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), junto con las acciones y participaciones en instituciones de inversión colectiva de inversión libre o en instituciones de inversión colectiva de instituciones de inversión colectiva de inversión libre contempladas en el apartado 5.a.2.º del artículo 50, las acciones y participaciones en sociedades y fondos de capital riesgo a las que se refiere el apartado 5.a.3.º del artículo 50 y la inversión en valores o derechos negociados en el Mercado Alternativo Bursátil, o en otro sistema multilateral de negociación que se concrete mediante real decreto, no podrán computarse por un importe superior al 10 por 100 del total de las provisiones técnicas a cubrir. Cuando se trate de entidades reaseguradoras y únicamente para la inversión en valores o derechos mobiliarios que no se hallen admitidos a negociación en mercados regulados en el ámbito de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), dicho límite será el 30 por 100.» Tres. El octavo párrafo del artículo 53.4 queda redactado del siguiente modo: «El conjunto de las acciones y participaciones en una institución de inversión colectiva de inversión libre o en una institución de inversión colectiva de instituciones de inversión colectiva de inversión libre, a las que se refiere el apartado 5.a.2.º del artículo 50 de este reglamento, o de acciones y participaciones en una sociedad o fondo de capital riesgo a las que se refiere el apartado 5.a.3.º del artículo 50 del mismo, no podrán computarse por un importe superior al 5 por 100 del total de las provisiones técnicas a cubrir. La inversión en acciones y participaciones emitidas por una sola de las entidades de capital riesgo y en valores o derechos negociados en el Mercado Alternativo Bursátil, o en otro sistema multilateral de negociación que se concrete mediante real decreto, emitidos por una misma entidad no podrá superar, conjuntamente, el 3% de las provisiones técnicas a cubrir. El citado límite del 3% será de un 6% cuando la inversión en acciones y participaciones emitidas por las entidades de capital riesgo y en valores y derechos negociados en el Mercado Alternativo Bursátil, o en otro sistema multilateral de negociación que se concrete mediante real decreto estén emitidos o avalados por entidades pertenecientes a un mismo grupo.» Artículo 18. Modificación del Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero. El Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, queda modificado como sigue: Uno. Se añade un apartado d) al artículo 70.9 con la siguiente redacción: «d) Los valores y derechos negociados en el Mercado Alternativo Bursátil o en otro sistema multilateral de negociación que se concrete mediante Real Decreto.» Dos. La letra b) del artículo 72 queda redactada del siguiente modo: «b) La inversión en valores o instrumentos financieros emitidos por una misma entidad, más los créditos otorgados a ella o avalados o garantizados por la misma, no podrá exceder del 5 por ciento del activo del fondo de pensiones. No obstante, el límite anterior será del 10 por ciento por cada entidad emisora, prestataria o garante, siempre que el fondo no invierta más del 40 por ciento del activo en entidades en las que se supere el 5 por ciento del activo del fondo. El fondo podrá invertir en varias empresas de un mismo grupo no pudiendo superar la inversión total en el grupo el 10 por ciento del activo del fondo. Ningún fondo de pensiones podrá tener invertido más del 2 por ciento de su activo en valores o instrumentos financieros no admitidos a cotización en mercados regulados o en valores o instrumentos financieros que, estando admitidos a negociación en mercados regulados no sean susceptibles de tráfico generalizado e impersonal, cuando estén emitidos o avalados por una misma entidad. El límite anterior será de un 4 por ciento para los citados valores o instrumentos financieros cuando estén emitidos o avalados por entidades pertenecientes a un mismo grupo. No obstante lo anterior, la inversión en valores o derechos emitidos por una misma entidad negociados en el Mercado Alternativo Bursátil o en otro sistema multilateral de negociación que se concrete mediante real decreto, así como la inversión en acciones y participaciones emitidas por una sola entidad de capital riesgo podrá alcanzar el 3 por ciento del activo del fondo de pensiones. El límite anterior del 3 por ciento será de un 6 por ciento para los citados valores u otros instrumentos financieros cuando estén emitidos por entidades pertenecientes a un mismo grupo. No estarán sometidos a los límites previstos en esta letra b) los depósitos en entidades de crédito, sin perjuicio de la aplicación del límite conjunto al que se refiere la letra f) de este artículo.» Articulo 19. Modificación de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. Se introduce un nuevo artículo 30 quáter en el capítulo II del título III de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, con la siguiente redacción: «Artículo 30 quáter. Cuando se trate de colocación de emisiones de obligaciones o de otros valores que reconozcan o creen deuda, contempladas en las letras a), c) y d) del apartado 1 del artículo 30 bis, no será de aplicación la limitación establecida en el artículo 405 de la Ley de Sociedades de Capital.» TÍTULO III Medidas de financiación para el pago a los proveedores de las Entidades Locales y Comunidades Autónomas, y de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales CAPÍTULO I Ampliación de una nueva fase del mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las Entidades Locales y Comunidades Autónomas Sección 1.ª Disposiciones generales Artículo 20. Objeto. Constituye el objeto del presente Capítulo la ampliación de los ámbitos de aplicación subjetivo y objetivo del mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales y Comunidades Autónomas, estableciendo las especialidades de procedimiento necesarias para esta nueva fase del mecanismo que permita la cancelación de sus obligaciones pendientes de pago con sus proveedores que fuesen líquidas, vencidas y exigibles con anterioridad a 1 de enero de 2012. Sección 2.ª Disposiciones aplicables a entidades locales Artículo 21. Ámbito subjetivo de aplicación. El mecanismo de pago a proveedores al que se refiere el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, y el Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores, podrá ser de aplicación a las siguientes entidades locales: 1. A las entidades locales del País Vasco y Navarra que estén incluidas en el modelo de participación en tributos del Estado, para lo que se tendrán que suscribir previamente los correspondientes convenios entre la Administración General del Estado y las Diputaciones Forales del País Vasco o la Comunidad Foral de Navarra, según corresponda. 2. Las mancomunidades de municipios. 3. Las entidades locales a las que resultan aplicables los modelos de participación en tributos del Estado, a las que se refieren los Capítulos III y IV, de los Títulos II y III del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en relación con las obligaciones pendientes de pago que se especifican en el artículo siguiente. Artículo 22. Ámbito objetivo de aplicación. 1. Por lo que se refiere a las entidades locales citadas en el apartado 3 del artículo anterior se podrán incluir en esta nueva fase las obligaciones pendientes de pago a los contratistas, que se hayan aplicado a los presupuestos de la entidad correspondientes a ejercicios anteriores a 2012 y derivadas de: convenios de colaboración, concesiones administrativas, encomiendas de gestión en las que la entidad encomendada tenga atribuida la condición de medio propio y servicio técnico de una Administración autonómica o de la Administración estatal, de los contratos de arrendamiento sobre bienes inmuebles, de los contratos previstos en la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, de los contratos de concesión de obras públicas, de colaboración entre el sector público y el sector privado, de contratos de gestión de servicios públicos, en la modalidad de concesión, correspondientes a la subvención que se hubiere pactado a cargo de las entidades locales, siempre que se tuviese que haber ingresado al contratista con anterioridad a 1 de enero de 2012, previstos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 2. En cuanto a las entidades locales relacionadas en los apartados 1 y 2 del artículo anterior se podrán incluir, además de las citadas en el apartado anterior, las obligaciones pendientes de pago a contratistas a las que se refiere el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, y el Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores, siempre que se hayan aplicado a los presupuestos de la entidad correspondientes a ejercicios anteriores a 2012. Artículo 23. Especialidades del procedimiento aplicable para el suministro de información por parte de las entidades locales y el pago de facturas. 1. Hasta el 22 de marzo de 2013 los contratistas podrán solicitar a la entidad local deudora la emisión de un certificado individual de reconocimiento de la existencia de obligaciones pendientes de pago a cargo de la entidad local. 2. El certificado individual se expedirá, en el plazo de cinco días naturales desde la presentación de la solicitud, por el interventor, u órgano de control interno, en los términos y con el contenido previsto en el apartado anterior, con mención expresa a que se trata de una obligación ya aplicada a los presupuestos de la entidad correspondientes a ejercicios anteriores a 2012. En el caso de que no se hubiera contestado la solicitud en plazo se entenderá rechazada. 3. Antes del 29 de marzo de 2013 el interventor u órgano de control interno de la entidad local comunicará al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por vía telemática y con firma electrónica, una relación certificada de las solicitudes de certificados individuales admitidas. 4. Las entidades locales permitirán a los contratistas consultar su inclusión en esta información actualizada y en caso de estar incluidos podrán conocer la información que les afecte con respeto a la normativa de protección de datos de carácter personal. No se podrá materializar el derecho de cobro de los contratistas, en el marco del presente mecanismo de financiación, en el caso de que la mancomunidad deudora no haya dado cumplimiento a las obligaciones formales establecidas en el apartado 6 de este artículo. 5. El Presidente de la entidad local dictará las instrucciones necesarias para garantizar la atención a los contratistas en sus solicitudes, la pronta emisión de los certificados individuales y el acceso, preferentemente por vía electrónica, a la información remitida. 6. Hasta el 22 de marzo de 2013 las mancomunidades deberán enviar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas copia fehaciente de los estatutos por los que se rigen y especificar el porcentaje de participación, a 31 de diciembre de 2011, de cada uno de los ayuntamientos que las integran y que conste en aquéllos. Los mencionados estatutos deberán haber sido aprobados por los plenos de dichos ayuntamientos. La falta de remisión de esta documentación impedirá iniciar el procedimiento previsto en los apartados anteriores de este artículo. En el caso de que la mancomunidad no esté incluida en la Base de Datos General de Entidades Locales y del Inventario de Entes del Sector Público Local dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas deberá solicitar su inclusión en el plazo previsto en el párrafo anterior, así como la remisión de la documentación citada en el mismo. Artículo 24. Procedimiento disciplinario. El incumplimiento por parte de los empleados públicos competentes de las obligaciones previstas en el artículo 23 de este Real Decreto-ley, tendrán la consideración de faltas muy graves en los términos previstos en el apartado segundo del artículo 95 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. A estos efectos será la Dirección General de Función Pública del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el órgano competente para iniciar e instruir el correspondiente procedimiento disciplinario y el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas será el competente para resolver. Artículo 25. Especialidades del Plan de ajuste. Además de lo previsto en el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, y el Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores, el plan de ajuste que presente la entidad local deberá cumplir con lo siguiente: 1. Una vez remitidas las certificaciones individuales previstas en el artículo x, la entidad local elaborará un plan de ajuste, de acuerdo con su potestad de autoorganización, y se presentará, con informe del interventor u órgano de control interno, para su aprobación por el pleno de la corporación local o, en el caso de las mancomunidades, por el órgano de gobierno establecido por el estatuto por el que se rigen y que haya sido aprobado por los plenos de los ayuntamientos que la integren. 2. El plan de ajuste aprobado deberá remitirse por la entidad local al órgano competente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas como fecha límite el día 15 de abril de 2013, por vía telemática y con firma electrónica, quien realizará una valoración del plan presentado, y se la comunicará a la entidad local como fecha límite el día 20 de mayo de 2013. Transcurrido dicho plazo sin comunicación de la citada valoración, ésta se considerará favorable. En el caso de las entidades locales del País Vasco y de Navarra se estará a lo que dispongan los correspondientes convenios entre la Administración General del Estado y las Diputaciones Forales del País Vasco o la Comunidad Foral de Navarra, según corresponda. 3. Si las entidades locales a las que se refiere el apartado 3 del artículo x de la presente norma tuviesen un plan de ajuste aprobado en la fase inicial del mecanismo de pago a proveedores que concluyó en el mes de julio de 2012 y se hubiese valorado favorablemente por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, enviarán una revisión de su plan de ajuste aprobada por su pleno en los quince primeros días de abril de 2013. De no hacerlo, se considerará una falta de remisión del plan de ajuste y será de aplicación lo previsto en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en sus normas de desarrollo. Artículo 26. Aplicación de la disposición adicional cuarta del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 1. En el caso de las mancomunidades deudoras, la garantía para el pago de sus obligaciones derivadas de las operaciones de endeudamiento que suscriban con el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores se ejecutará mediante retenciones en la participación en tributos del Estado de los municipios integrantes de las mancomunidades, en proporción a sus respectivas cuotas de participación en las citadas entidades a 31 de diciembre de 2011. Este criterio será de aplicación en el caso de que las entidades locales no concierten las operaciones de endeudamiento citadas a efectos de la ejecución de aquellas retenciones. 2. En el caso de las entidades locales del País Vasco y de Navarra se tendrá en cuenta lo que dispongan los convenios que se suscriban entre los órganos competentes de los Territorios Históricos y los de la Administración General del Estado y que necesariamente deberán prever un sistema de garantía para el pago de sus obligaciones derivadas del mecanismo para la financiación de los pagos a proveedores. Artículo 27. Cancelación de obligaciones pendientes de pago con financiación afectada. 1. Las obligaciones pendientes de pago que hubieran sido abonadas a través de este mecanismo y contaran con financiación afectada, al recibirse el ingreso de la misma, éste se entenderá automáticamente afectado al Fondo para la financiación del pago a proveedores y deberá destinarse a la amortización anticipada de la operación de endeudamiento, o en su caso, a la cancelación de la deuda de la entidad local con el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores. 2. Lo previsto en este artículo se aplicará tanto a las obligaciones de pago que han sido abonadas en el marco del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, como a las que se abonen en el marco de la ampliación del mecanismo regulada en la presente norma. Sección 3.ª Disposiciones aplicables a Comunidades Autónomas Artículo 28. Ámbito subjetivo de aplicación. Las Comunidades Autónomas podrán acogerse a esta nueva fase del mecanismo previsto en el Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 6 de marzo de 2012 por el que se fijan las líneas generales de un mecanismo extraordinario de financiación para el pago a los proveedores de las Comunidades Autónomas. A estos efectos, se entenderá por Comunidad Autónoma, la Administración de la Comunidad y el resto de entidades, organismos y entes dependientes de la Comunidad sobre los que esta mantenga un poder de decisión sobre su gestión y sus normas internas o estatutos, así como las entidades asociativas en las que participe directa o indirectamente. En cualquier caso, debe tratarse de entidades incluidas en el sector Administraciones Públicas, subsector Comunidades Autónomas, de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales aprobado por el Reglamento (CE) 2223/96 del Consejo, de 25 de junio de 1996. Artículo 29. Ámbito objetivo de aplicación. 1. Por lo que se refiere a las Comunidades Autónomas, se podrán incluir en esta nueva fase del mecanismo las obligaciones pendientes de pago a los proveedores derivadas de convenios de colaboración, de concesiones administrativas, de encomiendas de gestión en las que la entidad encomendada tenga atribuida la condición de medio propio y servicio técnico de la Administración y no se encuentre incluida en la definición de Comunidad Autónoma del artículo 9, de los contratos de arrendamiento sobre bienes inmuebles, de los contratos previstos en la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, de los contratos de concesión de obras públicas, de colaboración entre el sector público y el sector privado, las derivadas de contratos de gestión de servicios públicos, en la modalidad de concesión, correspondientes a la subvención que se hubiere pactado a cargo de la Comunidad Autónoma, siempre que se tuviese que haber ingresado al contratista con anterioridad a 1 de enero de 2012, previstos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 2. En el caso de las Comunidades Autónomas que no hubieran participado en la primera fase de este mecanismo se podrán incluir, además de las citadas en el apartado anterior, las obligaciones pendientes de pago a contratistas a las que se refiere el Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 6 de marzo de 2012 por el que se fijan las líneas generales de un mecanismo extraordinario de financiación para el pago a los proveedores de las Comunidades Autónomas. 3. En todo caso, debe tratarse de obligaciones pendientes de pago que se hayan incluido en la cuenta general de la comunidad autónoma del ejercicio 2011 y anteriores, o cuentas anuales aprobadas correspondientes a tales ejercicios en el supuesto de que se trate de una entidad que no forme parte de la misma. En todo caso tendrá que estar aplicada a presupuesto con anterioridad al pago de la deuda. Artículo 30. Especialidades del procedimiento aplicable para el suministro de información por parte de las Comunidades Autónomas y el pago de facturas. 1. Antes del 6 de marzo de 2013, la Comunidad Autónoma deberá enviar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas una relación certificada por el Interventor General de la Comunidad Autónoma en la que figuren las obligaciones mencionadas en el artículo 10. 2. Hasta del 22 de marzo de 2013, los proveedores podrán consultar esta relación, aceptando, en su caso, el pago de la deuda a través de este mecanismo. 3. Aquellos proveedores no incluidos en la relación inicial, podrán solicitar a la Comunidad Autónoma deudora la emisión de un certificado individual de reconocimiento de la existencia de obligaciones pendientes de pago, que reúnan los requisitos previstos en el artículo 10, a cargo a la Comunidad Autónoma. La solicitud de este certificado implica la aceptación del proveedor en los términos señalados en el apartado anterior. 4. El certificado individual se expedirá por el Interventor General de la Comunidad Autónoma en el plazo de cinco días naturales desde la presentación de la solicitud. En el caso de que no se hubiera contestado la solicitud en plazo se entenderá rechazada. 5. Antes del 29 de marzo de 2013 el Interventor General de la Comunidad Autónoma comunicará al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por vía telemática y con firma electrónica, una relación completa certificada de las facturas, que cumpliendo los requisitos previstos en el artículo 10, hayan sido aceptadas por los proveedores. 6. La Comunidad Autónoma permitirá a los proveedores consultar su inclusión en esta información actualizada y en caso de estar incluidos podrán conocer la información que les afecte con respeto a la normativa de protección de datos de carácter personal. Artículo 31. Revisión del Plan de ajuste. Antes del día 15 de abril de 2013, las Comunidades Autónomas deberán remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un plan de ajuste, o una revisión del que ya tuviera, quien realizará una valoración del mismo en el plazo de 15 días desde su presentación. Artículo 32. Cancelación de obligaciones pendientes de pago con financiación afectada. Las obligaciones pendientes de pago que hubieran sido abonadas a través de este mecanismo y contaran con financiación afectada, al recibirse el ingreso de la misma, éste se entenderá automáticamente afectado al Fondo para la financiación del pago a proveedores y deberá destinarse a la amortización anticipada de la operación de endeudamiento, o en su caso, a la cancelación de la deuda de la Comunidad Autónoma con el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores. Lo previsto en este artículo se aplicará tanto a las obligaciones de pago que han sido abonadas en el marco del Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 6 de marzo de 2012 por el que se fijan las líneas generales de un mecanismo extraordinario de financiación para el pago a los proveedores de las Comunidades Autónomas como a las que se abonen en el marco de la ampliación del mecanismo regulada en la presente norma. CAPÍTULO II Medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales Artículo 33. Modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Uno. Se modifica el artículo 4: «Artículo 4. Determinación del plazo de pago. 1. El plazo de pago que debe cumplir el deudor, si no hubiera fijado fecha o plazo de pago en el contrato, será de treinta días naturales después de la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios, incluso cuando hubiera recibido la factura o solicitud de pago equivalente con anterioridad. Los proveedores deberán hacer llegar la factura o solicitud de pago equivalente a sus clientes antes de que se cumplan treinta días a contar desde la fecha de recepción efectiva de las mercancías o de la prestación de los servicios. Cuando en el contrato se hubiera fijado un plazo de pago, la recepción de la factura por medios electrónicos producirá los efectos de inicio del cómputo de plazo de pago, siempre que se encuentre garantizada la identidad y autenticidad del firmante, la integridad de la factura, y la recepción por el interesado. 2. Si legalmente o en el contrato se ha dispuesto un procedimiento de aceptación o de comprobación mediante el cual deba verificarse la conformidad de los bienes o los servicios con lo dispuesto en el contrato, su duración no podrá exceder de treinta días naturales a contar desde la fecha de recepción de los bienes o de la prestación de los servicios. En este caso, el plazo de pago será de treinta días después de la fecha en que tiene lugar la aceptación o verificación de los bienes o servicios, incluso aunque la factura o solicitud de pago se hubiera recibido con anterioridad a la aceptación o verificación. 3. Los plazos de pago indicados en los apartados anteriores podrán ser ampliados mediante pacto de las partes sin que, en ningún caso, se pueda acordar un plazo superior a 60 días naturales. 4. Podrán agruparse facturas a lo largo de un período determinado no superior a quince días, mediante una factura comprensiva de todas las entregas realizadas en dicho período, factura resumen periódica, o agrupándolas en un único documento a efectos de facilitar la gestión de su pago, agrupación periódica de facturas, y siempre que se tome como fecha de inicio del cómputo del plazo, la fecha correspondiente a la mitad del período de la factura resumen periódica o de la agrupación periódica de facturas de que se trate, según el caso, y el plazo de pago no supere los sesenta días naturales desde esa fecha.» Dos. Se añade un nuevo párrafo al final del artículo 6: «En caso de que las partes hubieran pactado calendarios de pago para abonos a plazos, cuando alguno de los plazos no se abone en la fecha acordada, los intereses y la compensación previstas en esta ley se calcularán únicamente sobre la base de las cantidades vencidas.» Tres. El párrafo primero del apartado 2 del artículo 7 pasa a tener la siguiente redacción: «2. El tipo legal de interés de demora que el deudor estará obligado a pagar será la suma del tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer día del semestre natural de que se trate más ocho puntos porcentuales.» Cuatro. El apartado 1 del artículo 8 queda redactado como sigue: «1. Cuando el deudor incurra en mora, el acreedor tendrá derecho a cobrar del deudor una cantidad fija de 40 euros, que se añadirá en todo caso y sin necesidad de petición expresa a la deuda principal. Además, el acreedor tendrá derecho a reclamar al deudor una indemnización por todos los costes de cobro debidamente acreditados que haya sufrido a causa de la mora de éste y que superen la cantidad indicada en el párrafo anterior.» Cinco. La rúbrica y el apartado 1 del artículo 9 pasan a tener la siguiente redacción: «Artículo 9. Cláusulas y prácticas abusivas. 1. Serán nulas las cláusulas pactadas entre las partes sobre la fecha de pago o las consecuencias de la demora que difieran en cuanto al plazo de pago y al tipo legal de interés de demora establecidos con carácter subsidiario en el apartado 1 del artículo 4 y en el apartado 2 del artículo 7 respectivamente, así como las cláusulas que resulten contrarias a los requisitos para exigir los intereses de demora del artículo 6 cuando tengan un contenido abusivo en perjuicio del acreedor, consideradas todas las circunstancias del caso, entre ellas, la naturaleza del producto o servicio, la prestación por parte del deudor de garantías adicionales y los usos habituales del comercio. Se presumirá que es abusiva aquella cláusula que excluya la indemnización por costes de cobro del artículo 8. No podrá considerarse uso habitual del comercio la práctica repetida de plazos abusivos. Tales prácticas tendrán también la consideración de abusivas y serán impugnables en la misma forma que las cláusulas por las entidades a que se refiere el apartado 4 de este artículo. Para determinar si una cláusula o práctica es abusiva para el acreedor, se tendrá en cuenta, entre otros factores, si el deudor tiene alguna razón objetiva para apartarse del plazo de pago y del tipo legal del interés de demora dispuesto en el artículo 4.1 y en el artículo 7.2 respectivamente; se tendrá en cuenta la naturaleza del bien o del servicio o si supone una desviación grave de las buenas prácticas comerciales contraria a la buena fe y actuación leal. Asimismo, para determinar si una cláusula o práctica es abusiva se tendrá en cuenta, considerando todas las circunstancias del caso, si sirve principalmente para proporcionar al deudor una liquidez adicional a expensas del acreedor, o si el contratista principal impone a sus proveedores o subcontratistas unas condiciones de pago que no estén justificadas por razón de las condiciones de que él mismo sea beneficiario o por otras razones objetivas.» TÍTULO IV Medidas en el sector ferroviario Artículo 34. Transmisión a la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) de la titularidad de la red ferroviaria del Estado cuya administración tiene encomendada. 1. Las infraestructuras ferroviarias y estaciones que constituyen la red de titularidad del Estado cuya administración ADIF tiene encomendada, pasarán a ser de titularidad de la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), a partir de la entrada en vigor del presente Real Decreto-Ley. Los cambios en la titularidad de los bienes a los que se refiere el párrafo anterior, se efectuarán por el valor que se deduzca del Sistema de Información Contable y de los registros del Ministerio de Fomento. 2. Para la administración, reposición o mejora de dichos bienes, la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) podrá recibir tanto transferencias corrientes como de capital de los Presupuestos Generales del Estado, y del presupuesto de otras Administraciones Públicas. El Ministerio de Fomento establecerá las directrices básicas que hayan de presidir la administración de la red, señalando los objetivos y fines que se deben alcanzar y los niveles de calidad en la prestación del servicio. La Intervención General de la Administración del Estado, en el ejercicio de sus funciones de control financiero permanente y conforme a los planes anuales de auditoría, verificará la aplicación de los fondos públicos asignados al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). 3. Las transmisiones que se efectúen como consecuencia de esta disposición quedarán en todo caso exentas de cualquier tributo estatal, autonómico o local, incluidos los tributos cedidos a las Comunidades Autónomas, sin que resulte aplicable a las mismas lo previsto en el artículo 9.2 del Texto Refundido de Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Las indicadas transmisiones, actos u operaciones gozarán igualmente de exención de aranceles u honorarios por la intervención de fedatarios públicos y registradores de la propiedad y mercantiles. Artículo 35. Efectos contables de la extinción de la entidad pública empresarial Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha (FEVE). A efectos contables, la extinción de la entidad pública empresarial Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha (FEVE) se entenderá producida a 1 de enero de 2013. En consecuencia, el último ejercicio económico de dicha entidad se entenderá cerrado a 31 de diciembre de 2012. Artículo 36. Prestación de los servicios de transporte por ferrocarril por las sociedades mercantiles estatales previstas en el artículo 1.1, apartados a) y b) del Real Decreto-Ley 22/2012, de 20 de julio, por el que se adoptan medidas en materia de infraestructuras y servicios ferroviarios. 1. Las sociedades mercantiles estatales previstas en el artículo 1.1, apartados a) y b), del Real Decreto-Ley 22/2012, de 20 de julio, por el que se adoptan medidas en materia de infraestructuras y servicios ferroviarios, seguirán prestando, respectivamente y sin solución de continuidad, todos los servicios de transporte de viajeros y mercancías por ferrocarril que corresponda explotar a Renfe-Operadora desde la fecha de su efectiva constitución. Para ello, sucederán en la capacidad de infraestructura necesaria para la realización de los servicios que estuviere prestando en dicho momento la entidad pública empresarial. En lo sucesivo, deberán obtener directamente del administrador de infraestructuras ferroviarias, la capacidad de infraestructura necesaria para la realización de los servicios que deseen prestar, de conformidad con lo previsto en la Orden FOM/897/2005, de 7 de abril, relativa a la Declaración sobre la Red y al procedimiento de adjudicación de capacidad de infraestructura ferroviaria. 2. Se entenderá que las sociedades mercantiles estatales previstas en el artículo 1, apartados a) y b), del Real Decreto-Ley 22/2012, de 20 de julio, por el que se adoptan medidas en materia de infraestructuras y servicios ferroviarios, cuentan con la licencia de empresa ferroviaria prevista en el artículo 44 de la Ley del Sector Ferroviario y el certificado de seguridad a que se refiere el artículo 16 del Reglamento sobre seguridad en la circulación de la Red Ferroviaria de Interés General, para el ámbito de servicios que cada una explota. No obstante, en el plazo de seis meses desde que las citadas empresas inicien la explotación de los servicios, deberán acreditar que cumplen las exigencias establecidas en el artículo 45 de la Ley del Sector Ferroviario y sus normas de desarrollo y solicitar la correspondiente licencia de empresa ferroviaria. Asimismo, en el plazo máximo de un año desde que inicien la explotación, habrán de presentar la documentación que acredite que disponen de un sistema de gestión de la seguridad y que cumplen con los requisitos en materia de circulación ferroviaria, personal de conducción y material rodante, y solicitar el correspondiente certificado de seguridad. Artículo 37. Modificación de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario. 1. Se modifica el apartado 1 de la disposición adicional novena de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, que pasa a tener la siguiente redacción: «1. En el plazo de seis meses, el Ministerio de Fomento establecerá el «Catálogo de Líneas y Tramos de la Red Ferroviaria de Interés General» conforme a los criterios establecidos en el artículo 4 de la Ley del Sector Ferroviario. En dicho catálogo se relacionarán las líneas y tramos conforme a un código oficial, asignado por la Dirección General de Ferrocarriles, y expresarán su origen y destino y una breve referencia a sus características técnicas. En el citado catálogo figurarán relacionados por un lado las líneas y tramos de interés general y por otro, en anejo independiente del anterior, las líneas y tramos que, no reuniendo los requisitos del artículo 4 de la Ley del Sector Ferroviario, continúen temporalmente siendo administrados conforme a lo dispuesto en la Ley del Sector Ferroviario en tanto que, previa solicitud de la Comunidad Autónoma respectiva a la Administración General del Estado, se efectúe efectivamente el traspaso de la línea o tramo correspondiente. En todo caso, para la determinación del referido catálogo, o de sus modificaciones, deberán ser oídas las Comunidades Autónomas por las que atraviese, o en su caso comprendan totalmente en su territorio, las correspondientes líneas o tramos ferroviarios.» 2. Se adicionan nuevos apartados 2, 3, 4 y 5 a la disposición transitoria tercera de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, con el siguiente contenido: «2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, la apertura a la competencia de los servicios de transporte ferroviario de viajeros de competencia estatal se realizará con el fin de garantizar la prestación de los servicios, la seguridad y la ordenación del sector. 3. A partir del 31 de julio de 2013 el transporte ferroviario de viajeros con finalidad prioritariamente turística se prestará en régimen de libre competencia según lo establecido en el artículo 42.2 de esta Ley. A efectos de esta Ley, tendrá la consideración de transporte ferroviario de viajeros con finalidad prioritariamente turística aquellos servicios en los que, teniendo o no carácter periódico, la totalidad de las plazas ofertadas en el tren se prestan en el marco de una combinación previa, vendida u ofrecida en venta por una agencia de viajes con arreglo a un precio global en el que, aparte del servicio de transporte ferroviario, se incluyan, como principales, servicios para satisfacer de una manera general las necesidades de las personas que realizan desplazamientos relacionados con actividades recreativas, culturales o de ocio, siendo el servicio de transporte por ferrocarril complemento de los anteriores. En ningún caso se podrá asimilar a esta actividad aquella que tuviera como objeto principal o predominante el transporte de viajeros por ferrocarril. Mediante Orden del Ministerio de Fomento, se regularán las condiciones de prestación de este tipo de servicios. 4. En los servicios de transporte ferroviario a los que se refiere el artículo 53 de esta Ley, el Consejo de Ministros establecerá los términos relativos a las licitaciones públicas previstas en el art. 53.2., sin perjuicio de lo establecido en el artículo 5.6 del Reglamento (CE) n.º 1370/2007 del parlamento europeo y del consejo, de 23 de octubre de 2007. Hasta el inicio del servicio, en su caso, por un nuevo operador, Renfe-Operadora continuará prestando estos servicios, regulándose la compensación que, en su caso proceda, a través del contrato correspondiente. 5. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 42.2 de esta Ley, de forma transitoria, el acceso para los nuevos operadores a los servicios no incluidos en los apartados 3 y 4 de esta disposición, se llevará a cabo a través de la obtención de títulos habilitantes. El Consejo de Ministros determinará el número de títulos habilitantes a otorgar para cada línea o conjunto de líneas en las que se prestará el servicio en régimen de concurrencia, así como el período de vigencia de dichos títulos habilitantes. El otorgamiento de los títulos habilitantes se llevará a cabo por el Ministerio de Fomento a través del correspondiente procedimiento de licitación. Este procedimiento será público y garantizará la efectiva competencia de todos los operadores concurrentes. Mediante Orden del Ministerio de Fomento, se determinarán los requisitos y condiciones exigibles para participar en los procedimientos de licitación señalados en el párrafo anterior, así como los criterios de adjudicación que resulten aplicables y las distintas fases de dicho procedimiento. En todo caso, será de aplicación lo dispuesto en el Reglamento (CE) 1370/2007, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y, en tanto no se dicte la Orden del Ministerio de Fomento que regule las licitaciones, la Ley de contratos del sector público y sus normas de desarrollo. RENFE-Operadora dispondrá de un título habilitante para operar los servicios en todo el territorio sin necesidad de acudir al proceso de licitación.» Artículo 38. Red Ferroviaria de Interés General. Hasta que se apruebe el Catálogo de Líneas y Tramos de la Red Ferroviaria de Interés General a que se refiere la disposición adicional novena de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, se considerará que la Red Ferroviaria de Interés General se compone de las líneas y tramos relacionados en Anexo a este Real Decreto-ley. Se habilita al Ministro de Fomento para actualizar la relación expuesta en el presente artículo. TÍTULO V Medidas en el ámbito del sector de hidrocarburos Artículo 39. Modificación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos. La Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, queda modificada como sigue: Uno. El artículo 41.1 queda modificado como sigue: «1. Los titulares de instalaciones fijas de almacenamiento y transporte de productos petrolíferos, autorizadas conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de la presente ley, deberán permitir el acceso de terceros mediante un procedimiento negociado, en condiciones técnicas y económicas no discriminatorias, transparentes y objetivas, aplicando precios que deberán hacer públicos. El Gobierno podrá establecer peajes y condiciones de acceso para territorios insulares y para aquellas zonas del territorio nacional donde no existan infraestructuras alternativas de transporte y almacenamiento o éstas se consideren insuficientes. Los titulares de instalaciones fijas de almacenamiento y transporte de productos petrolíferos que, de acuerdo con lo previsto en el párrafo anterior, deban permitir el acceso de terceros, cumplirán las siguientes obligaciones: a) Comunicar a la Comisión Nacional de Energía las peticiones de acceso a sus instalaciones, los contratos que suscriban, la relación de precios por la utilización de las referidas instalaciones, así como las modificaciones que se produzcan en los mismos en un plazo máximo de un mes. La Comisión Nacional de Energía publicará esta información en los términos previstos en la disposición adicional undécima. Tercero. 4 de esta ley b) Presentar a la Comisión Nacional de Energía la metodología de tarifas aplicada incluyendo los distintos tipos de descuentos aplicables, el sistema de acceso de terceros a sus instalaciones y el Plan anual de inversiones, que será publicada en la forma que determine por circular la Comisión Nacional de Energía. c) Publicar de forma actualizada la capacidad disponible de sus instalaciones, la capacidad contratada y su duración en el tiempo, la capacidad realmente utilizada, las congestiones físicas y contractuales registradas así como las ampliaciones, mejoras y cambios previstos y su calendario de entrada en funcionamiento. La Comisión Nacional de Energía supervisará la frecuencia con la que se producen congestiones contractuales que hagan que los usuarios no puedan acceder a estas instalaciones a pesar de la disponibilidad física de capacidad. d) En su gestión, evitarán cualquier conflicto de interés entre accionistas y usuarios de los servicios y observarán especialmente la obligación de igualdad de trato a todos los usuarios de los servicios de la actividad, con independencia de su carácter o no de accionistas de la sociedad. La Comisión Nacional de Energía establecerá por circular el procedimiento de comunicación de los conflictos que puedan suscitarse en la negociación de los contratos y en las solicitudes de acceso a las instalaciones de transporte o almacenamiento. Asimismo, resolverá, en el plazo máximo de tres meses, los conflictos que le sean planteados respecto a las solicitudes y a los contratos relativos al acceso de terceros a estas instalaciones de transporte o almacenamiento de productos petrolíferos que deben permitir el acceso de terceros..» Dos. El artículo 43.2 pasa a tenerla siguiente redacción: «2. La actividad de distribución al por menor de carburante y combustibles petrolíferos podrá ser ejercida libremente por cualquier persona física o jurídica. Las instalaciones utilizadas para el ejercicio de esta actividad deberán cumplir con los actos de control preceptivos para cada tipo de instalación, de acuerdo con las instrucciones técnicas complementarias que establezcan las condiciones técnicas y de seguridad de dichas instalaciones, así como cumplir con el resto de la normativa vigente que en cada caso sea de aplicación, en especial la referente a metrología y metrotecnia y a protección de los consumidores y usuarios. Las administraciones autonómicas, en el ejercicio de sus competencias, deberán garantizar que los actos de control que afecten a la implantación de estas instalaciones de suministro de carburantes al por menor, se integren en un procedimiento único y ante una única instancia. A tal efecto, regularán el procedimiento y determinarán el órgano autonómico o local competente ante la que se realizará y que, en su caso, resolverá el mismo. Este procedimiento coordinará todos los trámites administrativos necesarios para la implantación de dichas instalaciones con base en un proyecto único. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de ocho meses. El transcurso de dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa tendrá efectos estimatorios, en los términos señalados en el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Los instrumentos de planificación territorial o urbanística no podrán regular aspectos técnicos de las instalaciones o exigir una tecnología concreta. Los usos del suelo para actividades comerciales individuales o agrupadas, centros comerciales, parques comerciales, establecimientos de inspección técnica de vehículos y zonas o polígonos industriales, serán compatibles con la actividad económica de las instalaciones de suministro de combustible al por menor. Estas instalaciones serán asimismo compatibles con los usos que sean aptos para la instalación de actividades con niveles similares de peligrosidad, residuos o impacto ambiental, sin precisar expresamente la cualificación de apto para estación de servicio. Tres. Se añade un nuevo artículo 43 bis con una redacción del siguiente tenor: «Artículo 43 bis. Limitaciones a los vínculos contractuales de suministro en exclusiva. 1. Los vínculos contractuales de suministro en exclusiva referidos en el artículo 43 de la presente ley, deberán cumplir las siguientes condiciones: a) La duración máxima del contrato será de un año. Este contrato se prorrogará por un año, automáticamente, hasta un máximo de tres años consecutivos, salvo que el distribuidor al por menor de productos petrolíferos manifieste, con un mes de antelación como mínimo a la fecha de finalización del contrato, su intención de resolverlo. b) No podrán contener cláusulas exclusivas que fijen, recomienden o incidan, directa o indirectamente, en el precio de venta al público del combustible. 2. Se considerarán nulas y se tendrán por no puestas aquellas cláusulas contractuales en las que se establezca una duración del contrato diferente a la recogida en el apartado 1, o que determinen el precio de venta del combustible en referencia a un determinado precio fijo o recomendado, o cualesquiera otras que contribuyan a una fijación indirecta del precio de venta. 3. Los operadores al por mayor comunicarán a la Dirección General de Política Energética y Minas la suscripción de este tipo de contratos, incluyendo la fecha de su finalización, la cual será publicada en la web oficial del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.» Cuatro. Se añaden dos nuevos párrafos en el artículo 109.1 con la siguiente redacción. «ad) El acaparamiento y utilización sustancialmente inferior de la capacidad de las instalaciones fijas de almacenamiento y transporte de productos petrolíferos que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 41 de la presente Ley, deban permitir el acceso de terceros. ae) El incumplimiento de las limitaciones y obligaciones impuestas en el artículo 43 bis.1.» Artículo 40. Modificación del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios. El artículo 3 del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios, queda modificado en los siguientes términos: «Artículo 3. Instalaciones de suministro al por menor de carburantes a vehículos en establecimientos comerciales y otras zonas de desarrollo de actividades empresariales e industriales. 1. Los establecimientos comerciales individuales o agrupados, centros comerciales, parques comerciales, establecimientos de inspección técnica de vehículos y zonas o polígonos industriales podrán incorporar entre sus equipamientos, al menos, una instalación para suministro de productos petrolíferos a vehículos. 2. En los supuestos a que se refiere el apartado anterior, el otorgamiento de las licencias municipales requeridas por el establecimiento llevará implícita la concesión de las que fueran necesarias para la instalación de suministro de productos petrolíferos. 3. El órgano municipal no podrá denegar la instalación de estaciones de servicio o de unidades de suministro de carburantes a vehículos en los establecimientos y zonas anteriormente señalados por la mera ausencia de suelo cualificado específicamente para ello. 4. La superficie de la instalación de suministro de carburantes, no computará como superficie útil de exposición y venta al público del establecimiento comercial en el que se integre a efectos de la normativa sectorial comercial que rija para éstos.» Artículo 41. Objetivos obligatorios mínimos de venta o consumo de biocarburantes en 2013 y años sucesivos. 1. Los sujetos obligados a acreditar el cumplimiento de los objetivos que se establecen son los siguientes: a) Los operadores al por mayor, regulados en el artículo 42 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, por sus ventas anuales en el mercado nacional, excluidas las ventas a otros operadores al por mayor. b) Las empresas que desarrollen la actividad de distribución al por menor de productos petrolíferos, regulada en el artículo 43 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, en la parte de sus ventas anuales en el mercado nacional no suministrado por los operadores al por mayor. c) Los consumidores de productos petrolíferos, en la parte de su consumo anual no suministrado por operadores al por mayor o por las empresas que desarrollen la actividad de distribución al por menor de productos petrolíferos. 2. Los sujetos a que se refiere el apartado 1 deberán acreditar ante la entidad de certificación, anualmente, para el año 2013 y sucesivos, las siguientes titularidades: a) La titularidad de una cantidad mínima de certificados de biocarburantes que permitan cumplir con un objetivo de biocarburantes del 4,1 por ciento. b) La titularidad de la cantidad mínima de certificados de biocarburantes en diesel (CBD) que permitan cumplir con un objetivo de biocarburantes en diesel del 4,1 por ciento. c) La titularidad de la cantidad mínima de certificados de biocarburantes en gasolina (CBG) que permitan cumplir con un objetivo de biocarburantes en gasolina del 3,9 por ciento. Excepcionalmente, durante el año 2013, este objetivo de biocarburantes en gasolina será del 3,8 por ciento en caso de los sujetos a que se refiere el apartado 1 con ventas o consumos en Canarias, Ceuta o Melilla, por las ventas o consumos en los citados ámbitos territoriales. 3. Los porcentajes indicados en los apartados anteriores se calcularán, para cada uno de los sujetos obligados, de acuerdo con las fórmulas recogidas en la Orden ITC/2877/2008, de 9 de octubre, por la que se establece un mecanismo de fomento del uso de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte, o de acuerdo con las fórmulas que se establezcan por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. 4. El Gobierno podrá modificar los objetivos previstos en este artículo, así como establecer objetivos adicionales. Artículo 42. Modificación del Real Decreto 1597/2011, de 4 de noviembre, por el que se regulan los criterios de sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos, el Sistema Nacional de Verificación de la Sostenibilidad y el doble valor de algunos biocarburantes a efectos de su cómputo. Se modifica el primer apartado de la disposición transitoria única del Real Decreto 1597/2011, de 4 de noviembre, por el que se regulan los criterios de sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos, el Sistema Nacional de Verificación de la Sostenibilidad y el doble valor de algunos biocarburantes a efectos de su cómputo, pasa a tener la siguiente redacción: «1. Se establece un periodo de carencia para la aplicación del periodo transitorio para la verificación de la sostenibilididad de los biocarburantes y bioilíquidos. Por resolución del titular de la Secretaría de Estado de Energía se determinará la fecha en la que finalizará el periodo de carencia. Dicha resolución se publicará en “Boletín Oficial del Estado”, como mínimo, ocho meses antes de su entrada en vigor. Durante el periodo de carencia, los criterios de sostenibilidad del artículo 4 del presente real decreto tendrán carácter indicativo. Los sujetos obligados definidos en el artículo 10 deberán remitir toda la información exigida en las circulares a que hace referencia el apartado 2 de la presente disposición transitoria y dicha información debe ser veraz, si bien el cumplimiento de los requisitos de sostenibilidad no será exigible para el cumplimiento de las obligaciones u objetivos de venta o consumo de biocarburantes. Durante el periodo de carencia, lo previsto en el apartado 5 de la presente disposición transitoria no será de obligado cumplimiento, si bien los agentes económicos del Sistema Nacional de Verificación de la Sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos, deberán mantener durante un mínimo de cinco años las pruebas relacionadas con la información que remitan a la Comisión Nacional de Energía. Las inspecciones a que hace referencia el apartado 1 del artículo 12 de presente real decreto, tendrán como único objetivo durante el periodo de carencia, la verificación de que todos los agentes están aplicando de forma correcta el sistema de balance de masa previsto en el artículo 7 del presente real decreto y en las circulares dictadas al respecto por la Comisión Nacional de Energía y comprobar la veracidad de la información aplicada. Hasta el final del periodo de carencia, como resultado de las inspecciones realizadas no procederá la incoación de expediente sancionador alguno, salvo por falta de remisión de la información requerida, falsedad en los datos reportados o incorrecta aplicación del balance de masa. Finalizado dicho periodo de carencia, comenzará un periodo transitorio para la verificación de la sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos, que se prolongará hasta la aprobación de las disposiciones necesarias para el desarrollo del sistema nacional de verificación de la sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos, según lo previsto en los apartados 1.a) y 1.b) de la disposición final tercera y la aprobación de las disposiciones necesarias para la aplicación de lo dispuesto en el presente real decreto, según lo previsto en los apartados 3 y 5 de la misma disposición. En este periodo será de aplicación lo dispuesto en los apartados 2 a 5 de esta disposición transitoria.» Disposición adicional primera. Financiación, aplicación y control de las bonificaciones y reducciones de las cotizaciones sociales. 1. Las bonificaciones y las reducciones de cuotas previstas en este real decreto-ley se financiarán, respectivamente, con cargo a la correspondiente partida presupuestaria del Servicio Público de Empleo Estatal y de la Tesorería General de la Seguridad Social. 2. Las bonificaciones y las reducciones de cuotas de la Seguridad Social se aplicarán por los empleadores con carácter automático en los correspondientes documentos de cotización, sin perjuicio de su control y revisión por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por la Tesorería General de Seguridad Social y por el Servicio Público de Empleo Estatal, en sus respectivos ámbitos de su competencia. 3. La Tesorería General de la Seguridad Social facilitará mensualmente al Servicio Público de Empleo Estatal el número de trabajadores objeto de bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social, desagregados por cada uno de los colectivos de bonificación, con sus respectivas bases de cotización y las deducciones que se apliquen de acuerdo con los programas de incentivos al empleo y que son financiadas por el Servicio Público de Empleo Estatal. 4. Con la misma periodicidad, la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal facilitará a la Dirección General de Inspección de Trabajo y Seguridad Social la información necesaria sobre el número de contratos comunicados objeto de bonificaciones de cuotas, detallados por colectivos, así como cuanta información relativa a las cotizaciones y deducciones aplicadas a los mismos sea precisa, al efecto de facilitar a este centro directivo la planificación y programación de la actuación inspectora que permita vigilar la adecuada aplicación de las bonificaciones previstas en los correspondientes programas de incentivos al empleo, por los sujetos beneficiarios de la misma. Disposición adicional segunda. Comisión Interministerial para el seguimiento de la Estrategia. El Gobierno constituirá una Comisión Interministerial en un plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley para el seguimiento de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016, con la composición y funciones que se determinen reglamentariamente. Su creación y funcionamiento se atenderán con los medios personales, técnicos y presupuestarios asignados al Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Dicha comisión realizará sus trabajos hasta el 31 de diciembre de 2016, fecha en la que quedará disuelta. Disposición adicional tercera. Adhesión a la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social articulará un procedimiento de adhesión a la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, así como para la concesión de un sello o distintivo para las entidades adheridas. Asimismo, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social informará periódicamente a la Comisión Interministerial de Seguimiento de la Estrategia, a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, a los agentes sociales, al Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas y a cuantos otros órganos consultivos se considere oportuno, sobre las empresas adheridas a la Estrategia, las características esenciales de las iniciativas planteadas y los principales resultados de las mismas. Disposición adicional cuarta. Plazo de adaptación contratos de distribución. Los contratos de distribución en exclusiva afectados por el artículo 43.bis, de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos deberán adaptarse en el periodo de 12 meses desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley. Estos, contratos no podrán incluir cláusulas que, directa o indirectamente, obliguen a su renovación, reputándose en todo caso nulas las así incluidas. Disposición transitoria primera. Aplicación temporal de las medidas. Las medidas establecidas en los artículos 9 al 13 de este real decreto-ley se mantendrán en vigor hasta que la tasa de desempleo en nuestro país se sitúe por debajo del 15 por ciento, tal y como se establezca reglamentariamente por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Disposición transitoria segunda. Contratos e incentivos vigentes. Los contratos de trabajo, así como las bonificaciones y reducciones en las cuotas de la Seguridad Social que se vinieran disfrutando por los mismos, celebrados con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley se regirán por la normativa vigente en el momento de su celebración o, en su caso, en el momento de iniciarse el disfrute de la bonificación o reducción. Disposición transitoria tercera. Contratos preexistentes. Quedarán sujetos a las disposiciones de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, con las modificaciones introducidas en esta ley, la ejecución de todos los contratos a partir de un año a contar desde su entrada en vigor, aunque los mismos se hubieran celebrado con anterioridad. Disposición transitoria cuarta. Licencias para nuevas instalaciones de suministro. Las licencias municipales que se soliciten para la construcción de las instalaciones de suministro en los establecimientos y zonas a los que se refiere el artículo 3 del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios, que ya dispongan de licencia municipal para su funcionamiento a la entrada en vigor de este real decreto-ley se entenderán concedidas por silencio administrativo positivo si no se notifica resolución expresa dentro de los 45 días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud. Transcurrido dicho plazo, el promotor comunicará la fecha prevista de comienzo de las obras de construcción de la instalación a la autoridad responsable de la concesión de dicha licencia. Disposición transitoria quinta. Contratos en exclusiva de los operadores al por mayor. 1. Los operadores al por mayor de productos petrolíferos con una cuota de mercado superior al 30 por ciento, no podrán incrementar el número de instalaciones en régimen de propiedad o en virtud de cualquier otro título que les confiera la gestión directa o indirecta de la instalación, ni suscribir nuevos contratos de distribución en exclusiva con distribuidores al por menor que se dediquen a la explotación de la instalación para el suministro de combustibles y carburantes a vehículos, con independencia de quién ostente la titularidad o derecho real sobre la misma. No obstante lo anterior, podrán renovarse a su expiración los contratos preexistentes aunque con ello se supere la cuota de mercado anteriormente expresada. 2. A los efectos de computar el porcentaje de cuota de mercado anterior, se tendrá en cuenta lo siguiente: a) El número de instalaciones para suministro a vehículos incluidas en la red de distribución del operador al por mayor u operadores del mismo grupo empresarial, contenidas en cada provincia. En el caso de los territorios extrapeninsulares, el cómputo se hará para cada isla y para Ceuta y Melilla de manera independiente. b) Se considerarán integrantes de la misma red de distribución todas las instalaciones que el operador principal tenga en régimen de propiedad, tanto en los casos de explotación directa como en caso de cesión a terceros por cualquier título, así como aquellos casos en los que el operador al por mayor tenga suscritos contratos de suministro en exclusiva con el titular de la instalación. c) Se entenderá que forman parte de la misma red de distribución todas aquellas instalaciones de suministro a vehículos cuya titularidad, según lo dispuesto en el apartado anterior, corresponda a una entidad que forma parte de un mismo grupo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 del Código de Comercio. 3. Por resolución del Director General de Política Energética y Minas se determinará anualmente el listado de operadores al por mayor de productos petrolíferos con una cuota de mercado superior al porcentaje establecido. Esta resolución se publicará en el «Boletín Oficial del Estado». 4. En el plazo de cinco años, o cuando la evolución del mercado y la estructura empresarial del sector lo aconsejen, el Gobierno podrá revisar el porcentaje señalado en el apartado 1 o acordar el levantamiento de la prohibición impuesta en esta disposición. Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Queda derogada la disposición transitoria primera del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este real decreto-ley. Disposición final primera. Fundamento constitucional. El Título I del presente real decreto-ley se dicta al amparo de lo establecido en el artículo lo 149.1.7.ª y 17.ª de la Constitución, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva sobre las materias de legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas, y de legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas, y de legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas, respectivamente. El título II se dicta al amparo de las competencias atribuidas al Estado en el artículo 149.1.11.ª de la Constitución en materia de bases de la ordenación del crédito, banca y seguros. Las Medidas relativas a la Ampliación de una nueva fase del mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las Entidades Locales y Comunidades Autónomas afectan a las obligaciones de pago derivadas de la contratación de obras, suministros o servicios, por lo que la competencia se reconduce, fundamentalmente, en este caso al artículo 149.1.18.ª de la Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva para dictar legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas. Sería, por ello, este título competencial el que habilitaría al Estado a establecer medidas normativas de carácter básico para prevenir la morosidad en el pago de deudas surgidas en operaciones comerciales entre empresarios y Administración Pública, como consecuencia de los contratos administrativos suscritos entre las partes. No obstante, las medidas que afectan a las Haciendas Locales se encuadran en el artículo 149.1.14.ª que atribuye al Estado la competencia exclusive sobre «Hacienda general y deuda del Estado», que en este caso prevalece sobre el artículo 149.1. 18.ª CE. Asimismo prevalece la competencia del artículo 149.1.14.ª CE en lo que se refiere a las Especialidades del procedimiento aplicable para el suministro de información por parte de las Comunidades Autónomas y el pago de facturas. El Capítulo II del Titulo III se dicta al amparo del Artículo 149.1.6.ª y 8.ª de la Constitución que establece la competencia del Estado en materia de legislación mercantil y civil. El Título IV se dicta al amparo del artículo 149.1. 21.ª y 24.ª de la Constitución, que atribuyen al Estado la competencia sobre los ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma y sobre las obras públicas de interés general. Lo dispuesto en el Título V del presente real decreto-ley tiene carácter básico al dictarse al amparo de las competencias que corresponden al Estado en el artículo 149.1.13.ª y 25.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para determinar las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y las bases del régimen minero y energético, respectivamente. Disposición final segunda. Modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. Se suprime el último párrafo de la letra c) del artículo 11.1 del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, que queda redactada como sigue: «c) Ningún trabajador podrá estar contratado en prácticas en la misma o distinta empresa por tiempo superior a dos años en virtud de la misma titulación o certificado de profesionalidad. Tampoco se podrá estar contratado en prácticas en la misma empresa para el mismo puesto de trabajo por tiempo superior a dos años, aunque se trate de distinta titulación o distinto certificado de profesionalidad. A los efectos de este artículo, los títulos de grado, máster y, en su caso, doctorado, correspondientes a los estudios universitarios no se considerarán la misma titulación, salvo que al ser contratado por primera vez mediante un contrato en prácticas el trabajador estuviera ya en posesión del título superior de que se trate.» Disposición final tercera. Modificación de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal. La Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal, queda modificada como sigue: Uno. El apartado 2 del artículo 6 queda redactado del modo siguiente: «2. Podrán celebrarse contratos de puesta a disposición entre una empresa de trabajo temporal y una empresa usuaria en los mismos supuestos y bajo las mismas condiciones y requisitos en que la empresa usuaria podría celebrar un contrato de duración determinada conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores. Asimismo, podrán celebrarse contratos de puesta a disposición entre una empresa de trabajo temporal y una empresa usuaria en los mismos supuestos y bajo las mismas condiciones y requisitos en que la empresa usuaria podría celebrar un contrato para la formación y el aprendizaje conforme a lo dispuesto en el artículo 11.2 del Estatuto de los Trabajadores.» Dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 7, que queda redactado del modo siguiente: «1. En materia de duración del contrato de puesta a disposición, se estará a lo dispuesto en los artículos 11.2 y 15 del Estatuto de los Trabajadores y en sus disposiciones de desarrollo para la modalidad de contratación correspondiente al supuesto del contrato de puesta a disposición, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12.3 de esta Ley en cuanto a los eventuales períodos de formación previos a la prestación efectiva de servicios.» Tres. El apartado 2 del artículo 10 queda redactado del siguiente modo: «2. Las empresas de trabajo temporal podrán celebrar contratos para la formación y el aprendizaje con los trabajadores contratados para ser puestos a disposición de las empresas usuarias de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora del contrato para la formación y el aprendizaje.» Cuatro. Se incluye un nuevo apartado 3.bis en el artículo 12, con la siguiente redacción: «3.bis. Las empresas de trabajo temporal que celebren contratos para la formación y el aprendizaje con trabajadores contratados para ser puestos a disposición de las empresas usuarias deberán cumplir las obligaciones en materia formativa establecidas en el artículo 11.2 del Estatuto de los Trabajadores y sus normas de desarrollo.» Disposición final cuarta. Modificación del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual. El Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual, queda modificado como sigue: Uno. Se añade un artículo 6.bis, en los siguientes términos: «Artículo 6.bis. Contratos para la formación y el aprendizaje celebrados por empresas de trabajo temporal. Las empresas de trabajo temporal podrán celebrar contratos para la formación y el aprendizaje con los trabajadores contratados para ser puestos a disposición de las empresas usuarias de conformidad con lo previsto en el artículo 11.2 del Estatuto de los Trabajadores y en el presente real decreto. En particular, la empresa de trabajo temporal será la responsable de las obligaciones relativas a los aspectos formativos del contrato para la formación y el aprendizaje establecidos en el Capítulo II del Título II. La formación inherente al contrato se podrá impartir en la propia empresa de trabajo temporal siempre que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 18.4.» Dos. El apartado 1 del artículo 20 queda redactado del siguiente modo: «1. La persona titular de la empresa deberá tutelar el desarrollo de la actividad laboral, ya sea asumiendo personalmente dicha función, cuando desarrolle su actividad profesional en la empresa, ya sea designando, entre su plantilla, a una persona que ejerza la tutoría; siempre que, en ambos casos, la misma posea la cualificación o experiencia profesional adecuada. En los supuestos de contratos para la formación y el aprendizaje celebrados por empresas de trabajo temporal, en el contrato de puesta a disposición entre la empresa de trabajo temporal y la empresa usuaria se designará a la persona de la empresa usuaria que se encargará de tutelar el desarrollo de la actividad laboral del trabajador y que actuará como interlocutora con la empresa de trabajo temporal a estos efectos, debiendo asumir esta última el resto de obligaciones relativas a las tutorías vinculadas al contrato y al acuerdo para la actividad formativa previstas en el presente y siguiente artículo.» Disposición final quinta. Incorporación del Derecho de la Unión Europea. Mediante este Real Decreto Ley se incorpora al Derecho español la Directiva 2011/7/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Disposición final sexta. Modificación del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. Uno. El apartado 4 del artículo 216 queda redactado como sigue: «4. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 222.4, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato y en alguno de los documentos que rijan la licitación. En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.» Dos. El apartado 4 del artículo 222 queda redactado en los siguientes términos: «4. Excepto en los contratos de obras, que se regirán por lo dispuesto en el artículo 235, dentro del plazo de treinta días a contar desde la fecha del acta de recepción o conformidad, deberá acordarse y ser notificada al contratista la liquidación correspondiente del contrato, y abonársele, en su caso, el saldo resultante. No obstante, si la Administración Pública recibe la factura con posterioridad a la fecha en que tiene lugar dicha recepción, el plazo de treinta días se contará desde que el contratista presente la citada factura en el registro correspondiente. Si se produjera demora en el pago del saldo de liquidación, el contratista tendrá derecho a percibir los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.» Tres. La letra f) del apartado 1 de la disposición adicional decimosexta queda redactada en los siguientes términos: «f) Todos los actos y manifestaciones de voluntad de los órganos administrativos o de las empresas licitadoras o contratistas que tengan efectos jurídicos y se emitan a lo largo del procedimiento de contratación deben ser autenticados mediante una firma electrónica reconocida de acuerdo con la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica. Los medios electrónicos, informáticos o telemáticos empleados deben poder garantizar que la firma se ajusta a las disposiciones de esta norma. No obstante lo anterior, las facturas electrónicas que se emitan en los procedimientos de contratación se regirán en este punto por lo dispuesto en la normativa especial que resulte de aplicación.» Cuatro. Se añade una nueva disposición adicional trigésima tercera con el siguiente contenido: «Disposición adicional trigésima tercera. Obligación de presentación de facturas en un registro administrativo e identificación de órganos. 1. El contratista tendrá la obligación de presentar la factura que haya expedido por los servicios prestados o bienes entregados ante el correspondiente registro administrativo a efectos de su remisión al órgano administrativo o unidad a quien corresponda la tramitación de la misma. 2. En los pliegos de cláusulas administrativas para la preparación de los contratos que se aprueben a partir de la entrada en vigor de la presente disposición, se incluirá la identificación del órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública, así como la identificación del órgano de contratación y del destinatario, que deberán constar en la factura correspondiente.» Disposición final séptima. Derecho supletorio. En lo no previsto en el Capítulo I del Título III este real Decreto-ley se aplicará supletoriamente lo dispuesto en el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, y el Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores, así como el Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 6 de marzo de 2012 por el que se fijan las líneas generales de un mecanismo extraordinario de financiación para el pago a los proveedores de las Comunidades Autónomas. Disposición final octava. Modificación del Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores. Se modifica el artículo 9 del Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores que queda redactado como sigue: «Artículo 9. Agente de pagos. Corresponderá al Instituto de Crédito Oficial la administración y gestión de las operaciones que se concierten al amparo de este Real Decreto-ley, la llevanza de la contabilidad del Fondo, así como otros servicios de gestión financiera y ordinaria que el Consejo Rector del Fondo decidiera atribuirle, todo ello mediante el pago de la correspondiente compensación económica.» Disposición final novena. Modificación del Real Decreto-ley 21/2012, de 13 de julio, de medidas de liquidez de las Administraciones públicas y en el ámbito financiero. Se modifica el artículo 15 del Real Decreto-ley 21/2012, de 13 de julio, de medidas de liquidez de las Administraciones públicas y en el ámbito financiero, que queda redactado como sigue: «Artículo 15. Retención de los recursos del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común. Los recursos del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común que se adhieran a este mecanismo responderán de las obligaciones contraídas con el Estado, mediante retención, de conformidad con lo previsto en la disposición adicional octava de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre de Financiación de las Comunidades Autónomas. Todo ello sin que pueda quedar afectado el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las operaciones de endeudamiento con instituciones financieras multilaterales ni de las demás obligaciones derivadas de las operaciones de endeudamiento financiero contempladas en el plan de ajuste.» Disposición final décima. Habilitación normativa y desarrollo reglamentario. Se faculta al Gobierno y a los titulares de los Ministerios de Justicia, Hacienda y Administraciones Públicas, Fomento, Empleo y Seguridad Social, Industria, Energía y Turismo, y Economía y Competitividad, para dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo establecido en este real decreto-ley. Disposición final undécima. Modificación de disposiciones reglamentarias. Las modificaciones que, a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley, puedan realizarse respecto a las normas reglamentarias que son objeto de modificación por este real decreto-ley, podrán efectuarse por normas del rango reglamentario correspondiente a la norma en que figuran. Disposición final duodécima. Entrada en vigor. Este real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dado en Madrid, el 22 de febrero de 2013. JUAN CARLOS R. El Presidente del Gobierno, MARIANO RAJOY BREY ANEXO I Forman parte de la Red Ferroviaria de Interés General: a) Líneas y tramos contenidos en el siguiente cuadro: Línea Origen Destino 010 MADRID-PUERTA DE ATOCHA. SEVILLA-SANTA JUSTA. 012 MADRID-PUERTA DE ATOCHA. CAMBIADOR ATOCHA. 016 MAJARABIQUE. CAMBIADOR MAJARABIQUE. 018 BIF. CERRO NEGRO/STA. CATALINA. CTT CERRO NEGRO AV. 020 LA SAGRA. TOLEDO. 022 CAMBIADOR ALCOLEA. BIF.CAMBIADOR ALCOLEA. 024 YELES AGUJA KM.34,397. BIF. BLANCALES. 030 BIF. MALAGA-A. V. MARIA ZAMBRANO. 032 ANTEQUERA-SANTA ANA. CAMBIADOR ANTEQUERA. 040 BIF. TORREJON DE VELASCO. VALENCIA-JOAQUIN SOROLLA. 042 BIF. ALBACETE. ALBACETE-LOS LLANOS. 050 LIMITE ADIF - TP FERRO. MADRID-PUERTA DE ATOCHA. 052 CAMBIADOR PLASENCIA DE JALON. BIF. CAMBIADOR PLASENCIA DE JALON. 054 BIF. CANAL IMPERIAL. BIF. MONCASI. 056 BIF. ARTESA DE LLEIDA. BIF. LES TORRES DE SANUI. 060 BIF. CAMBIADOR ZARAGOZA-DELICIAS. CAMBIADOR ZARAGOZA-DELICIAS. 066 BIF. CAN TUNIS-A. V. CAN TUNIS-A. V. 068 VALLECAS AV - AGUJA KM.12,300. LOS GAVILANES - AGUJA KM. 13,400. 070 BIF. HUESCA. HUESCA. 072 CTT FUENCARRAL AV. CAMBIADOR MADRID-CHAMARTIN. 074 CAMBIADOR MEDINA DEL CAMPO. OLMEDO-AV.–AG.KM 133.9. 076 CAMBIADOR VALDESTILLAS. BIF. CAMBIADOR VALDESTILLAS. 078 CAMBIADOR VALLADOLID C. GRANDE. VALLADOLID-CAMPO GRANDE. 080 VALLADOLID-CAMPO GRANDE. MADRID-CHAMARTIN. 082 BIF. A GRANDEIRA AG. KM. 85,0. BIF. COTO DA TORRE. 100 FRONTERA HENDAYA/IRÚN. MADRID-CHAMARTIN. 102 BIF. ARANDA. MADRID-CHAMARTIN. 104 ALCOBENDAS-S. SEBASTIAN DE LOS REYES. UNIVERSIDAD-CANTOBLANCO. 106 FRONTERA HENDAYA/IRUN. IRUN. 108 VALLADOLID-CAMPO GRANDE. LA CARRERA (CGD). 110 SEGOVIA. VILLALBA DE GUADARRAMA. 112 BIF. LINEA MADRID-HENDAYA. VALLADOLID-ARGALES. 116 LOS COTOS. CERCEDILLA. 120 FRONTERA VILAR FORMOSO/FUENTES DE OÑORO. MEDINA DEL CAMPO. 122 SALAMANCA. AVILA. 124 SALAMANCA. VALDUNCIEL (CGD). 126 ARANDA DE DUERO-MONTECILLO. ARANDA DE DUERO-CHELVA (CGD.). 130 GIJON-SANZ CRESPO. VENTA DE BAÑOS. 132 BIF. TUDELA-VEGUIN. ABLAÑA. 134 LEON-CLASIFICACION. TORNEROS. 138 BIF. GALICIA. BIF. BASE LEON. 140 BIF. TUDELA-VEGUIN. EL ENTREGO. 142 SOTO DE REY. BIF. OLLONIEGO. 144 SAN JUAN DE NIEVA. VILLABONA DE ASTURIAS. 146 BIF. VIELLA. BIF. PEÑA RUBIA. 148 TRASONA. NUBLEDO. 150 ABOÑO. SERIN. 152 GIJON-PUERTO. VERIÑA. 154 LUGO DE LLANERA. TUDELA-VEGUIN. 160 SANTANDER. PALENCIA. 162 SOLVAY FACTORIA (CGD). SIERRAPANDO (APD). 164 PALENCIA ARROYO VILLALOBON. MAGAZ. 166 BIF. RUBENA. VILLAFRIA. 168 VILLAFRIA. BIF. RUBENA-AG. KM. 377,3. 172 CAMBIADOR MADRID-CHAMARTIN. MADRID-CHAMARTIN. 174 MEDINA DEL CAMPO. CAMBIADOR MEDINA DEL CAMPO. 176 VALDESTILLAS. CAMBIADOR VALDESTILLAS. 178 VALLADOLID-AG. KM 250.2. CAMBIADOR VALLADOLID C. GRANDE. 200 MADRID-CHAMARTIN. BARNA.–EST. DE FRANÇA. 202 TORRALBA. CASTEJON DE EBRO. 204 BIF. CANFRANC. CANFRANC. 208 SAN JUAN DE MOZARRIFAR. SAN GREGORIO. 210 MIRAFLORES. TARRAGONA. 212 HOYA DE HUESCA-AGUJA KM. 2,3. BIF. HOYA DE HUESCA. 214 C.I.M. DE ZARAGOZA. LA CARTUJA. 216 BIF.PLAZA-AG.KM.1,4. BIF.PLAZA-AG.KM.8,7. 218 BIF. PLAZA. ZARAGOZA-PLAZA. 220 LLEIDA-PIRINEUS. L’HOSPITALET DE LLOBREGAT. 222 FRONTERA LA TOUR DE CAROL-ENVEIGT/PUIGCERDÁ. MONTCADA-BIFURCACIO. 224 CERDANYOLA UNIVERSITAT. CERDANYOLA DEL VALLES. 230 LA PLANA-PICAMOIXONS. REUS. 234 REUS. CONSTANTI. 238 CASTELLBISBAL-AGUJAS LLOBREGAT. BARCELONA-MORROT. 240 SANT VICENÇ DE CALDERS. L’HOSPITALET DE LLOBREGAT. 242 MARTORELL-SEAT. AGUJA KM. 71,185. 244 AGUJA KM. 70,477. AGUJA KM. 0,500. 246 MOLLET-SANT FOST. CASTELLBISBAL-AGUJAS RUBI. 250 BELLVITGE AGUJA KM.674,8. L’HOSPITALET DE LLOBREGAT. 254 AEROPORT. EL PRAT DE LLOBREGAT. 260 FIGUERES-VILAFANT. VILAMALLA. 262 BIF. SAGRERA. BIF. CLOT. 264 MONTCADA-BIFURCACIO. BIF. AIGÜES. 266 BIF. GLORIAS. BIF. VILANOVA. 268 BIF. SAGRERA. BIF. ARAGO. 270 FRONTERA CERBERE/PORTBOU. BIF. SAGRERA. 274 FRONTERA CERBERE/PORTBOU. PORTBOU. 276 MAÇANET-MASSANES. BIF. SAGRERA. 278 LA LLAGOSTA. BIF. NUDO MOLLET. 280 BIF. MOLLET. BIF. NUDO MOLLET. 282 CAMBIADOR PLASENCIA DE JALON. CAMBIADOR PLASENCIA-AG.KM.308,6. 284 CIM-AGUJA KM. 337,1. CIM-AGUJA KM. 0,7. 286 LA CARTUJA-AGUJA KM. 23,3. LA CARTUJA-AGUJA KM. 351,1. 288 MIRAFLORES-AGUJA KM. 345,6. MIRAFLORES-AGUJA KM. 0,9. 290 CIM-AGUJA KM. 337,1. CAMBIADOR ZARAGOZA-DELICIAS. 294 RODA DE BARA-CAMB. DE ANCHO. RODA DE BARA. 298 GIRONA-MERCADERIES. BIF. GERONA MERCANCÍAS. 300 MADRID-CHAMARTIN. VALENCIA-ESTACIO DEL NORD. 302 AGUJA CLASIF. KM. 146,1. ALCAZAR DE SAN JUAN. 304 ALFAFAR-BENETUSSER. VFSL - AG. KM. 1,3. 306 SAN VICENTE DE RASPEIG. S. VICENTE DE RASPEIG-AGUJA KM.448. 308 ALBACETE-LOS LLANOS. CAMBIADOR ALBACETE. 310 ARANJUEZ. VALENCIA - SANT ISIDRE. 312 CASTILLEJO-AÑOVER. ALGODOR. 314 XIRIVELLA-L’ALTER (APD). VALENCIA - SANT ISIDRE. 318 CAMBIADOR ALBACETE. ALBACETE-AGUJA KM. 279,4. 320 CHINCHILLA MONTEAR.AG.KM.298,4. CARTAGENA. 322 AGUILAS. MURCIA CARGAS. 324 AGUJA KM. 0,8. CARTAGENA. 326 AGUJA KM. 523,2. ESCOMBRERAS. 328 VALENCIA-A. V.–AGUJA KM. 396,7. CAMBIADOR VALENCIA. 330 LA ENCINA. ALACANT-TERMINAL. 332 LA ENCINA AGUJA KM. 2,963. CAUDETE. 334 SANT GABRIEL. ALACANT-BENALUA (CGD). 336 EL REGUERON. ALACANT-TERMINAL. 338 CAMBIADOR VALENCIA. VALENCIA-JOAQUIN SOROLLA. 340 BIF. VALLADA. XATIVA-AGUJA KM.47,0. 342 ALCOI. XATIVA. 344 GANDIA. SILLA. 346 GANDIA PORT. GANDIA-MERCADERIES. 348 FORD. SILLA. 360 LOS NIETOS. CARTAGENA PZ BAS. 400 ALCAZAR DE SAN JUAN. CADIZ. 402 ESPELUY-AGUJA KM. 340,1. JAEN. 404 ESPELUY-AGUJA KM. 338,8. ESPELUY-AGUJA KM. 150,5. 406 LAS ALETAS. UNIVERSIDAD DE CADIZ (APD). 408 ALCOLEA-AGUJA KM.431,9. CAMBIADOR ALCOLEA. 410 LINARES-BAEZA. ALMERIA. 412 MINAS DEL MARQUESADO. HUENEJA-DOLAR. 414 BIF. ALMERIA. BIF. GRANADA. 416 MOREDA. GRANADA. 418 ANTEQUERA-STA.ANA-AGJ.KM.50,4. ANTEQUERA-STA.ANA-AGJ.KM.48,3. 420 BIF. LAS MARAVILLAS. ALGECIRAS. 422 BIF. UTRERA. FUENTE DE PIEDRA. 426 GRANADA. FUENTE DE PIEDRA. 428 CAMBIADOR ANTEQUERA. ANTEQUERA-SANTA ANA-AGUJA KM. 50,4. 430 BIF. CORDOBA - EL HIGUERON. LOS PRADOS. 432 CORDOBA-CENTRAL. EL HIGUERON. 434 CAMBIADOR CORDOBA. VALCHILLON. 436 FUENGIROLA. MALAGA-CENTRO ALAMEDA (APD). 440 BIF. LOS NARANJOS. HUELVA-TERMINO. 442 CAMBIADOR MAJARABIQUE. BIF. LOS NARANJOS. 444 BIF. TAMARGUILLO. LA SALUD. 446 BIF. CARTUJA. CARTUJA. 450 BIF. LA NEGRILLA. BIF. S. BERNARDO. 452 PUERTO DE SEVILLA (CGD). LA SALUD. 454 CAMBIADOR MAJARABIQUE. BIF. SAN JERONIMO. 456 LA SALUD-AGUJA KM. 6,2. LA SALUD-AGUJA KM. 10,2. 458 MAJARABIQUE-ESTACION. BIF. SAN JERONIMO. 500 BIF. PLANETARIO. VALENCIA DE ALCANTARA. 504 VILLALUENGA-YUNCLER. ALGODOR. 508 BADAJOZ. KM. 517,6 (FRONTERA). 510 ALJUCEN. CACERES. 512 ZAFRA. HUELVA-CARGAS. 514 ZAFRA. JEREZ DE LOS CABALLEROS (CGD). 516 MERIDA. LOS ROSALES. 520 CIUDAD REAL. BADAJOZ. 522 MANZANARES. CIUDAD REAL. 524 CIUDAD REAL-MIGUELTURRA. BIF. POBLETE. 526 PUERTOLLANO. PUERTOLLANO-REFINERIA. 528 ALMORCHON. MIRABUENO. 530 MONFRAGÜE. PLASENCIA. 532 MONFRAGÜE-AGUJA KM. 255,4. MONFRAGÜE-AGUJA KM. 4,4. 600 VALENCIA-ESTACIO DEL NORD. SANT VICENÇ DE CALDERS. 602 VFSL - AG. KM. 2,3. VALENCIA PUERTO NORTE. 604 LES PALMES. PORT DE CASTELLO. 606 VFSL - AG. KM. 1,3. VALENCIA PUERTO SUR. 608 CLASIFICACION VALENCIA-F.S.L. VFSL - AG. KM. 1,6. 610 SAGUNT. BIF. TERUEL. 612 SAGUNT-AGUJA KM. 28,3. SAGUNT-AGUJA KM. 268,8. 614 VALENCIA-AGUJA ESTACION A.V. VALENCIA-JOAQUÍN SOROLLA. 620 TORTOSA. L’ALDEA-AMPOSTA-TORTOSA. 622 AGUJA CLASIF. KM. 272,0. TARRAGONA-CLASSIFICACIO. 624 AGUJA CLASIF. KM. 100,4. TARRAGONA. 700 INTERMODAL ABANDO IND. PRIETO. CASETAS. 702 CABAÑAS DE EBRO. GRISEN. 704 BIF. RIOJA. BIF. CASTILLA. 710 ALTSASU. CASTEJON DE EBRO. 712 BIF. KM.534,0. BIF. KM.231,5. 720 SANTURTZI. INTERMODAL ABANDO IND. PRIETO. 722 MUSKIZ. DESERTU-BARAKALDO. 724 BILBAO MERCANCIAS. SANTURTZI. 726 BIF. LA CASILLA. AGUJA DE ENLACE. 740 PRAVIA. FERROL. 750 GIJON-SANZ CRESPO. PRAVIA. 752 LAVIANA. GIJON-SANZ CRESPO. 754 SOTIELLO. PUERTO EL MUSEL. 756 AGUJA ENLACE SOTIELLO. AGUJA ENLACE VERIÑA. 758 LA MARUCA MERCANCIAS. PUERTO AVILES. 760 OVIEDO. TRUBIA. 762 SOTO UDRION. SAN ESTEBAN DE PRAVIA. 764 TRUBIA. COLLANZO. 770 VALDECILLA LA MARGA. OVIEDO. 772 LIERGANES. OREJO. 774 PUERTO DE RAOS. MALIAÑO (APD). 776 RIBADESELLA PUERTO. LLOVIO. 780 BILBAO LA CONCORDIA. SANTANDER. 782 ARIZ. BASURTO HOSPITAL. 784 LUTXANA-BARAKALDO. IRAUREGUI. 790 ARANGUREN. LA ASUNCIÓN UNIVERSIDAD/LEÓN. 792 MATALLANA. LA ROBLA. 794 GUARDO. TERMICA VELILLA. 800 A CORUÑA. LEON. 802 TORAL DE LOS VADOS. VILLAFRANCA DEL BIERZO (CGD). 804 BETANZOS-INFESTA. FERROL. 806 LA BAÑEZA. ASTORGA. 810 BIF. CHAPELA. MONFORTE DE LEMOS. 812 VIGO-GUIXAR. BIF. CHAPELA. 814 GUILLAREI. FRONTERA VALENCA DO MINHO/TUI. 816 GUILLAREI-AG. KM. 141,6. GUILLAREI-AG. KM. 0,9. 820 ZAMORA. MEDINA DEL CAMPO. 822 ZAMORA. A CORUÑA. 824 REDONDELA. SANTIAGO DE COMPOSTELA. 826 CENTRAL TERMICA DE MEIRAMA. CERCEDA-MEIRAMA. 828 FAXIL. PORTAS. 830 BIF. UXES. BIF. SAN CRISTOBAL. 832 AGUJA KM. 545,4. BIF. SAN DIEGO. 834 A CORUÑA-SAN DIEGO. BIF. EL BURGO. 836 BIF. LEON. BIF. RIO BERNESGA. 838 BIF. TORNEROS. BIF. QUINTANA. 840 CERCEDA-MEIRAMA-AG. KM. 000,729. MEIRAMA-PICARDEL. 842 BIF. RIO SAR. BIF. A GRANDEIRA AG. KM. 376,1. 900 MADRID-CHAMARTIN. MADRID-ATOCHA CERCANIAS. 902 PITIS. HORTALEZA. 904 BIF. FUENCARRAL. FUENCARRAL-AGUJA KM 4.5. 906 FUENCARRAL-COMPLEJO. MADRID-CHAMARTIN. 908 HORTALEZA. AEROPUERTO-T4. 910 MADRID-ATOCHA CERCANIAS. PINAR DE LAS ROZAS. 912 LAS MATAS. PINAR DE LAS ROZAS. 914 BIF. CHAMARTIN. BIF. P. PIO. 916 DELICIAS. MADRID-SANTA CATALINA. 920 MOSTOLES - EL SOTO. PARLA. 930 MADRID-ATOCHA CERCANIAS. SAN FERNANDO DE HENARES. 932 MADRID-ATOCHA CERCANIAS. MADRID-SANTA CATALINA. 934 MADRID-ABROÑIGAL. BIF. REBOLLEDO. 936 SAN CRISTOBAL INDUSTRIAL. VILLAVERDE BAJO. 938 MADRID-ATOCHA CERCANIAS. ASAMBLEA MADRID-ENTREVIAS (APD). 940 O’DONNELL. VICALVARO-CLASIFICACION. 942 VILLAVERDE BAJO. VALLECAS-INDUSTRIAL. 944 VICALVARO. VICALVARO-CLASIFICACION. 946 MADRID-SANTA CATALINA. VILLAVERDE BAJO. 948 VICALVARO-CLASIF.AGUJA KM.3,007. BIF. VICALVARO-CLASIFICACION. b) Infraestructuras ferroviarias existentes en el ámbito de los Puertos de Interés General que se relacionan a continuación: − Pasaia. − Bilbao. − Santander. − Gijón-Musel. − Avilés. − Ferrol y su ría. − A Coruña. − Vilagarcía de Arousa. − Marín y ría de Pontevedra. − Vigo y su ría. − Huelva. − Sevilla y su ría. − Cádiz y su bahía. − Bahía de Algeciras. − Málaga. − Almería. − Cartagena (que incluye la dársena de Escombreras). − Alicante. − Gandía. − Valencia. − Sagunto. − Castellón. − Tarragona. − Barcelona. c) Tramo Figueras-Frontera Francesa de la Sección Internacional entre Figueras y Perpiñán.

Real Decreto con medidas de estimulos economicos ante la crisis económica actual.

I La economía española está caracterizada por su dinamismo tal y como ha quedado demostrado en el espectacular desarrollo de las últimas décadas. En ese tiempo se ha incrementado su integración a nivel internacional, lo que ha permitido beneficiarse de mayores oportunidades de crecimiento. En este proceso de desarrollo se han venido acumulando desequilibrios económicos y financieros. España ha avanzado en 2012 hacia la corrección de sus vulnerabilidades, al aplicar una estrategia de política económica que persigue la transición hacia un equilibrio sostenible y sentar las bases de un crecimiento que permita generar empleo. En este contexto, las reformas estructurales que se aplican en España desde principios de 2012 persiguen tres objetivos principales: En primer lugar, dotar a la economía española de estabilidad macroeconómica tanto en términos de déficit público e inflación como de equilibrio exterior. En segundo lugar, lograr unas entidades financieras sólidas y solventes, que permitan volver a canalizar el crédito hacia la inversión productiva. Finalmente, conseguir un alto grado de flexibilidad que permita ajustar los precios y salarios relativos, de forma que se consiga aumentar la competitividad de nuestra economía. A partir de este conjunto de actuaciones se han superado algunos de los obstáculos fundamentales para la reactivación económica. En cualquier caso, es necesario continuar con el esfuerzo reformista para recuperar la senda del crecimiento económico y la creación de empleo. Por ello, a efectos de desarrollar la tercera área de la citada estrategia de política económica, además de mantener y culminar las actuaciones ya iniciadas, se da comienzo a una segunda generación de reformas estructurales necesarias para volver a crecer y crear empleo. Dentro del tejido empresarial español, destacan por su importancia cuantitativa y cualitativa las pymes y los autónomos. Los estudios demuestran que precisamente este tipo de empresas y emprendedores constituyen uno de los principales motores para dinamizar la economía española, dada su capacidad de generar empleo y su potencial de creación de valor. No obstante, durante los últimos años, estos agentes económicos han registrado un descenso de la actividad económica y han tenido que desarrollar su actividad en un entorno laboral, fiscal, regulatorio y financiero que ha mermado su capacidad de adaptación a los cambios. Además, se vienen enfrentando a una dependencia estructural de la financiación de origen bancario que puede limitar, en circunstancias como las actuales, su capacidad de expansión. El marco regulatorio e institucional en el que se desenvuelven las actividades empresariales resulta de esencial importancia para impulsar ganancias de productividad y optimizar los recursos. Por ello, es imprescindible que desde las Administraciones Públicas se potencie y se facilite la iniciativa empresarial, especialmente en la coyuntura económica actual. Es necesario el establecimiento de un entorno que promueva la cultura emprendedora, así como la creación y desarrollo de proyectos empresariales generadores de empleo y de valor añadido. El apoyo a la iniciativa emprendedora, al desarrollo empresarial y a la creación de empleo es la lógica común que vertebra el conjunto de medidas que se recoge en este real decreto-ley. En este sentido, en el presente real decreto-ley se adoptan medidas, con carácter de urgencia, dirigidas a desarrollar la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, a fomentar la financiación empresarial a través de mercados alternativos, a reducir la morosidad en las operaciones comerciales y, en general, a fomentar la competitividad de la economía española. II El desempleo juvenil en España es un problema estructural, que se ha visto agravado por la crisis, y que presenta graves consecuencias para la situación presente y futura de los jóvenes españoles y limita el crecimiento potencial de la economía española en el largo plazo. Durante el tercer trimestre de 2012, España registró una tasa de desempleo del 54,1% para los jóvenes menores de 25 años, frente al 23% de la UE-27, según datos de Eurostat. Si atendemos al desglose de los datos de la Encuesta de población Activa (EPA) para el cuarto trimestre de 2012, la tasa de paro se sitúa en el 74% en el grupo de población compuesto por jóvenes de entre 16 y 19 años, en el 51,7% entre los jóvenes con edades comprendidas entre los 20 y los 24 años, y en el 34,4% entre los jóvenes que tienen entre 25 y 29 años. Además de las circunstancias derivadas de la coyuntura económica actual, existen un conjunto de debilidades estructurales que influyen directamente en las cifras de desempleo joven y sobre las que se propone trabajar, tales como la alta tasa de abandono escolar, que dobla los valores de la UE-27; la marcada polarización del mercado de trabajo, donde unos jóvenes abandonan sus estudios con escasa cualificación y otros, altamente cualificados, están subempleados; el escaso peso relativo de la Formación Profesional de grado medio y la baja empleabilidad de los jóvenes, especialmente en lo relativo al conocimiento de idiomas extranjeros; la alta temporalidad y contratación parcial no deseada; la dificultad de acceso al mercado laboral de los grupos en riesgo de exclusión social; y la necesidad de mejorar el nivel de autoempleo e iniciativa empresarial entre los jóvenes. El título primero desarrolla la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016 que se enmarca en el objetivo de impulsar medidas dirigidas a reducir el desempleo juvenil, ya sea mediante la inserción laboral por cuenta ajena o a través del autoempleo y el emprendimiento, y es el resultado de un proceso de diálogo y participación con los Interlocutores Sociales. Además, responde a las recomendaciones que, en materia de empleo joven, ha realizado la Comisión Europea y se enmarca ### RESUMEN: Real Decreto con medidas de estimulos economicos ante la crisis económica actual.

CONVENIO PARA LA EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SECCIÓN INTERNACIONAL DE UNA LÍNEA FERROVIARIA DE ALTA VELOCIDAD ENTRE PERPIÑÁN Y FIGUERES ÍNDICE Título I. Definiciones y objeto del convenio. 1. Definiciones. 2. Interpretación. 3. Documentos contractuales-Orden de prelación. 4. Objeto del Convenio. 5. Entrada en vigor. 6. Duración del Convenio. 7. Celebración de contratos y subcontratación. Título II. Operaciones de cesión de la sección internacional. 8. Comité de Coordinación de las Operaciones de Cesión. 9. Inventario de los bienes de la Sección Internacional puestos a disposición del Proveedor de servicios. 10. Puesta a disposición de la documentación de explotación-Revisión contable-Estudio sobre la circulación. 11. Cesión de contratos. 12. Cesión de la plantilla. 13. Autorizaciones necesarias para la explotación. Título III. Fase de explotación y mantenimiento. 14. Explotación y mantenimiento de la Sección Internacional. 15. Medidas de policía, seguridad y controles fronterizos. 16. Relaciones con las empresas ferroviarias. 17. Cánones-Percepción de los cánones. Título IV. Remuneración. 18. Definición de la remuneración y condiciones de pago. 19. Facturación y plazos de pago. Título V. Control, responsabilidad y seguros. 20. Modalidades de control y seguimiento del cumplimiento del Convenio. 21. Responsabilidad del Proveedor de servicios en la ejecución de las prestaciones. 22. Fuerza mayor. 23. Seguros del Proveedor de servicios. Título VI. Extinción del convenio. 24. Casos de extinción del Convenio. 25. Consecuencias de la extinción normal o anticipada del Convenio. 26. Condiciones de entrega de la Sección Internacional al término del Convenio. Título VII. Disposiciones varias. 27. Estabilidad del accionariado. 28. Relaciones con los Estados. 29. Diferencias y litigios. 30. Derecho aplicable. 31. Confidencialidad. 32. Idioma. 33. Comunicaciones. 34. Lista de anexos. REUNIDOS La República Francesa, representada por el Secretario de Estado de Transportes, Mar y Pesca y el Reino de España, representado por el Ministro de Fomento, de una parte, y la «Sociedad Línea Figueras Perpignan, S.A.» de otra parte, en lo sucesivo, individualmente, una «Parte» o, conjuntamente, las «Partes». PREÁMBULO El 17 de febrero de 2004, la República Francesa y el Reino de España firmaron con la sociedad TP Ferro Concesionaria S.A. un contrato de concesión cuyo objeto era la elaboración del proyecto, la construcción, la explotación y el mantenimiento de una nueva línea de alta velocidad, de tráfico mixto (pasajeros y mercancías) y con doble vía, entre Perpiñán y Figueres, incluyendo la construcción del túnel de Perthus, así como la construcción de las instalaciones, equipamientos y conexiones con las redes ferroviarias de Francia y España que fueran precisos. La puesta en servicio definitiva de la Sección Internacional de la línea ferroviaria de alta velocidad entre Francia y España (Perpiñán-Figueres) se produjo el 17 de enero de 2013. Como consecuencia de las dificultades encontradas en la explotación de la Concesión, el 1 de septiembre de 2015, el Juzgado de lo Mercantil de Girona dictó el auto de declaración del concurso voluntario de acreedores de TP Ferro. Para poder anticipar una posible liquidación de TP Ferro, el 23 de mayo de 2016, la República Francesa y el Reino de España firmaron, conforme al artículo 8 del Acuerdo de Madrid, un Protocolo Adicional por el que acordaban, por una parte, continuar explotando en común la Sección Internacional en el supuesto de que (i) tuvieran que sustituir a TP Ferro en virtud de la cláusula 27.7 de la Concesión, o (ii) la Concesión finalizara anticipadamente, hasta que pudieran determinar de manera definitiva las condiciones de explotación permanentes de la Sección Internacional. Por otra parte, decidieron que los administradores de infraestructuras ferroviarias de España y Francia, Adif y SNCF Réseau, asumirían de modo transitorio la explotación y el mantenimiento de la Sección Internacional, en las mismas condiciones que las vigentes en el momento de la resolución de la Concesión. Para garantizar la continuidad de la explotación de la Sección Internacional mediante una gestión común y unificada, la República Francesa y el Reino de España, conforme al Protocolo Adicional, han solicitado a los administradores de infraestructuras ferroviarias español y francés, Adif y SNCF Réseau, que, por una parte, realicen diversas prestaciones con vistas a anticipar y preparar las Operaciones de Cesión de la Sección Internacional y, por otra, creen una filial común, la sociedad Línea Figueras Perpignan, S.A., a la que se prevé confiar una misión de explotación y conservación-mantenimiento de la Sección Internacional. Mediante auto del 29 septiembre de 2016, el Juzgado de lo Mercantil de Girona dictó la apertura de la fase de liquidación de la sociedad TP Ferro Concesionaria SA. Habida cuenta del Auto del Juzgado de lo Mercantil de Girona y de la probable falta de tesorería de TP Ferro Concesionaria SA, las Partes acordaron especificar en virtud del presente Convenio, de conformidad con el Protocolo Adicional, las condiciones en las que la empresa Línea Figueras Perpignan, S.A será responsable de garantizar la continuidad del servicio público en la Sección Internacional a partir de la medianoche del día 20 de diciembre de 2016. En una carta con fecha de 16 de diciembre de 2016, la República Francesa y el Reino de España notificaron a la sociedad TP Ferro Concesionaria SA la resolución del Contrato de concesión por incumplimiento del Concesionario, efectiva a partir de la medianoche del día 20 de diciembre de 2016. Teniendo en cuenta lo expuesto, se acuerda y estipula lo siguiente: TÍTULO I Definiciones y objeto del Convenio 1. Definiciones Los términos y definiciones que aparecen en el presente Convenio con mayúscula inicial tendrán el sentido estipulado a continuación y, en ausencia de definición, el sentido que se les haya otorgado en la Concesión: «Acuerdo de Madrid» designa el acuerdo internacional celebrado entre la República Francesa y el Reino de España en Madrid el 10 de octubre de 1995 para la construcción y explotación de la Sección Internacional de una línea ferroviaria de alta velocidad entre España y Francia (vertiente mediterránea); «Adif» (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) designa al administrador de infraestructuras español; «Anexo» designa un anexo al Convenio; «Cláusula» designa una cláusula del Convenio; «Comité de Coordinación de las Operaciones de Cesión» designa el comité que reúne a los representantes cualificados de los Estados, del Proveedor de servicios y de TP Ferro, encargado de dirigir y controlar las Operaciones de Cesión de la Sección Internacional hasta la realización de todas las Operaciones de Cesión, en su caso, después de la Fecha de Cesión Efectiva de la Explotación; «Concesión» designa el contrato de concesión celebrado el 17 de febrero de 2004 entre la República Francesa y el Reino de España, en calidad de concedentes, y la sociedad TP Ferro Concesionaria S.A., en calidad de concesionario, y cuyo objeto es el proyecto, la construcción, el mantenimiento y la explotación de una nueva línea de alta velocidad, de tráfico mixto (pasajeros y mercancías) y con doble vía, entre Perpiñán y Figueres, incluyendo la construcción del túnel de Perthus, así como la construcción de las instalaciones, equipamientos y conexiones con las redes ferroviarias de España y Francia que sean precisos, como se indica en el anexo 1; «Convenio» designa el presente Convenio para la explotación y mantenimiento de la Sección Internacional y sus anexos; «Fecha de Cesión Efectiva de la Explotación» designa la fecha en la que (i) la resolución de la Concesión entrará en vigor, y (ii) el Proveedor de servicios retomará de forma efectiva y operativa la explotación y el mantenimiento de la Sección Internacional, según las condiciones estipuladas en el Convenio; «Fecha de Entrada en Vigor del Convenio» designa la fecha de entrada en vigor del Convenio, tal como prevé su cláusula 5; «Diferencia» designa, para un periodo determinado (trimestre o año), la diferencia (en valor absoluto) entre el importe de la Remuneración y el importe de los ingresos percibidos por el Proveedor de servicios por la explotación de la Sección Internacional; «Documentación de Explotación» designa todos los manuales, hojas de información, planes, procedimientos y otros documentos necesarios para la explotación y el mantenimiento de la Sección Internacional, incluidos los documentos de seguridad (como los documentos de gestión de la seguridad ferroviaria, planes de vigilancia, planes de acción para la seguridad, análisis de resultados, hojas de incidencias, etc.); «Estados» designa a la República Francesa y al Reino de España, firmantes del Convenio; «Importe Máximo Acumulado» designa el importe indicado en el anexo 5 «Operaciones de Cesión» designa las operaciones necesarias para la cesión de la explotación y el mantenimiento de la Sección Internacional de TP Ferro al Proveedor de servicios. «Partes» designa a los Estados y al Proveedor de servicios; «Plan de Explotación» designa el plan de explotación que el Proveedor de servicios debe establecer en las condiciones previstas en la cláusula 18.3; «Prestaciones» designa todas las prestaciones encomendadas al Proveedor de servicios en virtud del Convenio para ocuparse de la explotación y el mantenimiento de la Sección Internacional; «Protocolo Adicional» designa el acuerdo internacional celebrado, conforme al artículo 8 del Acuerdo de Madrid, entre la República Francesa y el Reino de España el 23 mayo de 2016, e incluido en el anexo 2; «Remuneración» designa, para un año determinado, la remuneración debida por los Estados al Proveedor de servicios como contrapartida por la ejecución de las Prestaciones a partir de la Fecha de Cesión Efectiva de la Explotación; «Sección Internacional» designa todas las obras, instalaciones, conexiones y equipamientos relacionados con la línea ferroviaria de alta velocidad, de tráfico mixto (pasajeros y mercancías) y con doble vía, entre Perpiñán y Figueres; «SNCF Réseau» designa al administrador de infraestructuras francés; «Proveedor de servicios» designa a la Sociedad Línea Figueras Perpignan, S.A., firmante del Convenio; «TP Ferro» designa a la sociedad TP Ferro Concesionaria S.A., titular de la Concesión. 2. Interpretación En el Convenio, salvo estipulación en contrario: a) Los títulos de los párrafos, cláusulas y anexos se incluyen únicamente a título informativo y no deben tenerse en cuenta para la interpretación del Convenio; b) los términos definidos en el Convenio podrán emplearse indistintamente en singular o en plural, en función de lo que exija el sentido o el contexto; c) cualquier referencia al Convenio comportará una referencia a los anexos, que son parte integrante del Convenio; d) las referencias a una disposición legislativa o reglamentaria se entenderán hechas a dicha disposición tal como ha sido aplicada, modificada o codificada, e incluirán cualquier disposición que se derive de la misma; e) los plazos que figuran en el Convenio se calcularán aplicando las normas establecidas por el Reglamento (CEE, EURATOM) n.° 1182/71, de 3 de junio de 1971. Salvo estipulación expresa del Convenio en contrario, si el último día de cualquier plazo expresado en días es un sábado, un domingo o un día festivo (en Francia o en España), el plazo concluirá el primer día hábil siguiente. Las cuestiones relativas a la interpretación y el alcance del anexo 1 (Concesión) se someterán a la apreciación del Comité de seguimiento contemplado en la cláusula 28.6 y, si procede, en caso de persistencia del desacuerdo, se someterán al experto o al colegio de expertos previstos en la cláusula 29. 3. Documentos contractuales-Orden de prelación 3.1 El Proveedor de servicios realizará todas las Prestaciones de conformidad con: a) El presente Convenio; b) sus anexos; c) la reglamentación aplicable; d) las normas de la buena práctica aplicables a la Sección Internacional. 3.2 En caso de contradicción, en particular relativa a la interpretación, entre dos o más documentos, normas o textos reglamentarios contemplados en los anteriores párrafos (a) a (d), estos deberán prevalecer según su orden de enumeración. 4. Objeto del Convenio El objeto del Convenio es encomendar al Proveedor de servicios, que acepta, en las condiciones estipuladas en el Convenio, todas las prestaciones de explotación y mantenimiento de la Sección Internacional, tal como se han definido (i) en el título IV de la Concesión y en los anexos 7 y 8 de la Concesión, que figuran en el anexo 1 (quedando precisado que se hace referencia a la Concesión únicamente con el fin de precisar las prescripciones técnicas en materia de explotación y mantenimiento, las condiciones de establecimiento y cobro de los cánones y las estipulaciones relativas a los servicios que deberán prestarse a las empresas ferroviarias, excluyéndose las cláusulas relativas a la relación contractual anterior entre los Estados y TP Ferro), y (ii) en el presente Convenio, como contrapartida por el pago de la Remuneración. 5. Entrada en vigor El Convenio entrará en vigor cuando los Estados se lo notifiquen al Proveedor de servicios. 6. Duración del Convenio El Convenio tendrá una duración de cuatro años a partir de la Fecha de Entrada en Vigor del Convenio, y podrá ser prorrogado por un periodo de dos años. Si los Estados desean prorrogar el Convenio por un periodo de dos años, notificarán su decisión al Proveedor de servicios como máximo un año antes de la expiración del primer periodo de 4 años La prórroga constará en una adenda al presente Convenio que deberá firmarse como máximo cuando expire el primer periodo de cuatro años y revisará los importes indicados en el anexo 5. 7. Celebración de contratos y subcontratación 7.1 Sin perjuicio de lo estipulado en la cláusula 11, el Proveedor de servicios deberá cumplir, si procede, las obligaciones de publicidad y licitación que se le imponen para la celebración de contratos con terceros. 7.2 El Proveedor de servicios estará autorizado a subcontratar una parte de las Prestaciones. El Proveedor de servicios celebrará los contratos con los subcontratistas respetando las disposiciones del Derecho comunitario y nacional que le sean aplicables, así como las autorizaciones y permisos necesarios para la explotación de la Sección Internacional. Comprobará las capacidades técnicas y financieras de los subcontratistas, así como las garantías presentadas, en particular en relación con las exigencias de seguridad que se le imponen en virtud del Convenio y de la normativa en materia ferroviaria. Los Estados podrán solicitar al Proveedor de servicios información sobre el proceso de selección de los subcontratistas. El Proveedor de servicios (i) seguirá siendo totalmente responsable, frente a los Estados, de la correcta realización de las Prestaciones, y (ii) deberá ocuparse de los pagos relacionados con los contratos celebrados con los subcontratistas y de los posibles litigios que puedan derivarse de los mismos. En caso de incumplimiento de un subcontratista, el Proveedor de servicios garantizará la continuidad del servicio público. El Proveedor de servicios no podrá celebrar contratos en régimen de subcontratación con una duración superior a la del Convenio, salvo acuerdo expreso y previo de los Estados. 7.3 El Proveedor de servicios comunicará a los Estados, en un plazo de tres (3) meses a partir de la Fecha de Cesión Efectiva de la Explotación y a continuación cada año, la lista de contratos y de subcontratos de primer nivel cuyo importe anual o acumulado durante toda su vigencia supere los cien mil (100.000) euros. TÍTULO II Operaciones de cesión de la Sección Internacional 8. Comité de coordinación de las operaciones de cesión 8.1 Un Comité de Coordinación de las Operaciones de Cesión que reunirá a representantes cualificados de los Estados, el Proveedor de servicios y TP Ferro asumirá la dirección y el control de las operaciones necesarias para la cesión de la explotación de la Sección Internacional de TP Ferro al Proveedor de servicios, y hasta que todas las Operaciones de Cesión hayan sido realizadas, si procede pasada la Fecha de Cesión Efectiva de la Explotación. 8.2 Los representantes del Proveedor de servicios participarán en todas las reuniones del Comité de Coordinación de las Operaciones de Cesión y comprobarán que se aplican las decisiones tomadas por el Comité de Coordinación de las Operaciones de Cesión. 9. Inventario de los bienes de la sección internacional puestos a disposición del proveedor de servicios 9.1 Los Estados pondrán a disposición del Proveedor de servicios, en la Fecha de Cesión Efectiva de la Explotación, todos los bienes necesarios para la explotación y el mantenimiento de la Sección Internacional. 9.2 Como máximo en la Fecha de Cesión Efectiva de la Explotación, los Estados comunicarán al Proveedor de servicios la lista de los bienes muebles e inmuebles que se pondrán a su disposición de forma gratuita a partir de la Fecha de Cesión Efectiva de la Explotación para llevar a cabo la explotación y mantenimiento de la Sección Internacional. Dicha lista se remitirá a la Comisión de Seguimiento prevista en el artículo 28.5, para su conocimiento, archivo, y, en su caso, para adoptar en su seno las decisiones que correspondan. Sin perjuicio de las operaciones de entrega y de inventario del estado de los bienes de la Sección Internacional previstas en los párrafos 9.3 y siguientes, y siempre y cuando el Proveedor de servicios haya tenido previamente acceso a todas las instalaciones y equipos de la Sección Internacional, este comprobará, modificará y completará en la medida de lo posible esa lista de bienes. Notificará cuanto antes a los Estados cualquier modificación que desee aportar a la lista, y no podrá ser considerado responsable de las consecuencias de un posible carácter erróneo o incompleto de la lista que le hayan entregado los Estados. 9.3 En la Fecha de Cesión Efectiva de la Explotación, las Partes levantarán conjuntamente un acta de entrega de los bienes de la Sección Internacional al Proveedor de servicios, coherente con el acta de entrega elaborada contradictoriamente, previamente levantada por los Estados y TP Ferro, conforme a las estipulaciones de la Concesión. Dicha acta se remitirá a la Comisión de Seguimiento prevista en el artículo 28.5 para su conocimiento, archivo, y, en su caso, para adoptar en su seno las decisiones que correspondan. En la Fecha de Cesión Efectiva de la Explotación, el Proveedor de servicios asumirá la custodia y garantizará la seguridad de todos los bienes que se le entreguen. Contará con todas las garantías legales y contractuales vinculadas a los bienes puestos a su disposición. 9.4 En un plazo máximo de seis (6) meses a partir de la Fecha de Cesión Efectiva de la Explotación, se llevará a cabo de forma contradictoria una auditoría del estado de los bienes de la Sección Internacional. Dicha auditoría se remitirá a la Comisión de Seguimiento prevista en el artículo 28.5 para su conocimiento, archivo, y, en su caso, para adoptar en su seno las decisiones que correspondan. Si procede, el Proveedor de servicios podrá formular reservas, que se incluirán en el informe de auditoría, si considera que el estado de una obra, una instalación o un equipamiento de la Sección Internacional puesto a su disposición podría alterar de forma significativa las condiciones de seguridad de la explotación de la Sección Internacional o las condiciones de ejecución de las Prestaciones asumidas. En ese caso, el Proveedor de servicios deberá proponer cuanto antes a los Estados una solución que posibilite la explotación y el mantenimiento de la Sección Internacional en condiciones satisfactorias de explotación y de seguridad. Los Estados decidirán qué solución implementarán. Si procede, las Partes acordarán las condiciones de implementación de la solución elegida mediante adenda al presente Convenio o en un documento separado. 9.5 En cualquiera de los casos, los Estados asumirán los costes directos e indirectos de la adecuación y corrección de cualquier defecto que afecte a las instalaciones y el equipamiento de la Sección Internacional, identificados en la auditoría contemplada en la presente cláusula o posteriormente y de manera contradictoria por los Estados y el Proveedor de servicios. 10. Puesta a disposición de la documentación de explotación-Revisión contable 10.1 En la Fecha de Entrada en Vigor del Convenio, y si es necesario, posteriormente, los Estados entregarán al Proveedor de servicios toda la Documentación de Explotación necesaria para que el Proveedor de servicios ejecute sus Prestaciones. La lista de los documentos que forman la Documentación de Explotación entregada al Proveedor de servicios será establecida conjuntamente por las Partes en un plazo máximo de veinte (20) días a partir de la Fecha de Entrada en Vigor del Convenio. Dicha lista podrá actualizarse si se entrega Documentación de Explotación complementaria. En particular, los Estados transmitirán al Proveedor de servicios, en la Fecha de Entrada en Vigor del Convenio, el manual del sistema de gestión de la seguridad (SGS) establecido por TP Ferro. 10.2 El Proveedor de servicios comprobará, modificará y completará, en la medida de lo posible, la Documentación de Explotación. Notificará cuanto antes a los Estados cualquier modificación que desee aportar a dichos documentos, y no podrá ser considerado responsable de las consecuencias de un posible carácter erróneo o incompleto de la Documentación de Explotación que le hayan entregado los Estados. 10.3 Como máximo en la Fecha de Cesión Efectiva de la Explotación, el Proveedor de servicios revisará las cuentas de TP Ferro o encargará su revisión, a partir de los documentos entregados por TP Ferro o los Estados, con el objeto de evaluar los gastos corrientes, las diferentes partidas de gastos y los riesgos asociados para poder elaborar el Plan de Explotación contemplado en la cláusula 18.3. El Proveedor de servicios remitirá el resultado de dicha revisión a la Comisión de Seguimiento prevista en el artículo 28.5 para su conocimiento, archivo, y, en su caso, para adoptar en su seno las decisiones que correspondan. 11. Cesión de contratos 11.1 De conformidad con lo dispuesto en el Protocolo Adicional, en la Fecha de Cesión Efectiva de la Explotación, el Proveedor de servicios se subrogará en los contratos de TP Ferro con proveedores de servicios y clientes vinculados al servicio público objeto de Concesión sin necesidad de su consentimiento, salvo en los contratos en los que el Proveedor de servicios haya manifestado expresamente su intención de no subrogarse conforme a lo dispuesto en el artículo 146 bis de la Ley Concursal, y sin asunción en ningún caso de deudas anteriores a la transmisión. Por lo que se refiere a los contratos de seguros y sin perjuicio del régimen general de cesión establecido en el párrafo anterior, el Proveedor de servicios podrá realizar, con anterioridad a la Fecha de Cesión Efectiva de la Explotación, las gestiones oportunas de forma individual con los proveedores, intermediarios, agentes y corredores de los seguros correspondientes (mediante la firma de suplementos de pólizas, órdenes de encargo, gestión, colocación o terminación, u otras) para asegurar la continuidad y el debido aseguramiento de los riesgos concernidos. 11.2 Si, una vez producida la subrogación, no pudieran ser continuados contratos que impidiese al Proveedor de servicios cumplir sus obligaciones dimanantes del Convenio y el Proveedor de servicios no fuera capaz de firmar nuevos contratos en plazos que permitan retomar la explotación de la Sección Internacional, las Partes se reunirán para examinar las consecuencias y los medios necesarios para resolver la situación. 11.3 Los Estados mantendrán indemne al Proveedor de servicios frente a las consecuencias financieras que se deriven de una posible oposición de los contratistas a la cesión de los contratos, y de la renegociación o modificación de las condiciones de cumplimiento de los contratos estrictamente necesarios para la continuidad de la explotación de la Sección Internacional. 12. Cesión de la plantilla 12.1 El Proveedor de servicios se pondrá en contacto con TP Ferro para establecer la lista de trabajadores asalariados de TP Ferro y revisar los contratos de trabajo y los posibles acuerdos de empresa vigentes. Se incluye en el anexo 3 lista provisional de trabajadores de TP Ferro a 14 de julio de 2016. El Proveedor de servicios remitirá a la Comisión de Seguimiento para su conocimiento, archivo, y, en su caso, para adoptar en su seno las decisiones que correspondan, en el plazo de un (1) mes, desde la Fecha de Cesión Efectiva de la Explotación, la lista definitiva de trabajadores que prestaban servicios para TP Ferro al día de la Cesión Efectiva de la Explotación. 12.2 En la Fecha de Cesión Efectiva de la Explotación, los trabajadores de TP Ferro se cederán al Proveedor de servicios, en las condiciones previstas por la legislación aplicable. 12.3 Los Estados mantendrán indemne al Proveedor de servicios frente a las consecuencias de cualquier tipo de incumplimiento de TP Ferro en relación con sus empleados, anteriores a la Fecha de Cesión Efectiva de la Explotación (incluidos, en particular, los posibles pagos atrasados de salarios, cotizaciones sociales y deudas ante la Seguridad Social), así como frente a todos los gastos y costes que se deriven de la ausencia de cesión de su plantilla o del cese de las relaciones contractuales con dichos empleados tras su cesión. 12.4 A partir de la Fecha de Cesión Efectiva de la Explotación y sin perjuicio del objetivo de optimización de los gastos de explotación contemplado en la cláusula 18.4, cuando resulte necesario contratar trabajadores para llevar a cabo la explotación y el mantenimiento de la Sección Internacional, el Proveedor de servicios recurrirá (siempre que respete, si procede, las exigencias en materia de seguridad) a contratos temporales cuya vigencia no podrá superar la duración normal del Convenio según lo estipulado en la cláusula 6. 12.5 Tras la Fecha de Cesión Efectiva de la Explotación, el Proveedor de servicios procederá a revisar la organización y las condiciones de trabajo de los empleados y, si procede, aplicará los ajustes necesarios para optimizar los gastos de explotación, respetando el derecho aplicable. 12.6 Sin perjuicio de las disposiciones del derecho español aplicables en el momento de esta decisión, si los Estados deciden confiar a un tercero la explotación y el mantenimiento de la Sección Internacional, quedará previsto expresamente que dicho tercero se subrogará en los contratos de trabajo retomados por el Proveedor de servicios en la Fecha de Cesión Efectiva de la Explotación y en los que haya celebrado posteriormente con vistas a ejecutar las Prestaciones. 13. Autorizaciones necesarias para la explotación 13.1 El Proveedor de servicios iniciará ante las autoridades francesas y españolas de seguridad ferroviaria todos los trámites necesarios con vistas a obtener, como máximo en la Fecha de Cesión Efectiva de la Explotación, las autorizaciones, permisos y declaraciones necesarios para ejecutar las Prestaciones. El Proveedor de servicios será responsable del mantenimiento y la renovación de dichas autorizaciones, permisos y declaraciones durante toda la vigencia del Convenio. 13.2 Los Estados apoyarán, en la medida en que sea necesario y con observancia de la normativa aplicable, las gestiones del Proveedor de servicios para obtener de las autoridades administrativas las autorizaciones y permisos necesarios para poder realizar las Prestaciones. TÍTULO III Fase de explotación y mantenimiento 14. Explotación y mantenimiento de la sección internacional 14.1 Desde la Fecha de Cesión Efectiva de la Explotación, el Proveedor de servicios será el administrador de infraestructuras de la Sección Internacional y la explotará de conformidad con las prescripciones relativas a la explotación y el mantenimiento de la Sección Internacional que figuran en el anexo 1 (Concesión) y, en particular: a) Las disposiciones relativas a la seguridad en el túnel en lo que se refiere a la explotación, conservación y mantenimiento (anexo 3 de la Concesión); b) la explotación (anexo 7 de la Concesión); c) los servicios a las empresas ferroviarias (anexo 9 de la Concesión); d) los cánones (anexo 10 de la Concesión); 14.2 El Proveedor de servicios mantendrá en buen estado la Sección Internacional durante toda la vigencia del Convenio, de forma adecuada al uso al que está destinada y de conformidad con lo establecido en el anexo 1 (anexo 8 (Mantenimiento) de la Concesión). 14.3 Sin perjuicio de lo estipulado en la cláusula 21 (Responsabilidad del Proveedor de servicios en la ejecución de las Prestaciones), el Proveedor de servicios estará obligado a mantener en todo momento la continuidad y la fluidez de la circulación en condiciones adecuadas de seguridad y comodidad, así como las prestaciones de la línea y de su explotación. En particular, el Proveedor de servicios realizará el mantenimiento preventivo y correctivo de la Sección Internacional que sea necesario para que no se degrade el funcionamiento de esta y no se imponga ninguna restricción injustificada a la velocidad de la circulación. 15. Medidas de policía, seguridad y controles fronterizos 15.1 El Proveedor de servicios cumplirá todas las obligaciones que resulten de las leyes y reglamentos actuales y futuros y todas las obligaciones promulgadas por los poderes públicos en materia de seguridad, no obstaculizando el funcionamiento de los servicios aduaneros, de policía, de inmigración, de lucha contra incendios, de socorro y otros servicios de urgencia, así como los controles sanitarios, fitosanitarios y veterinarios, en la medida en que estén directamente vinculados con la explotación y el mantenimiento de la Sección Internacional. 15.2 Los Estados organizarán los controles fronterizos de manera que se concilien, en la medida de lo posible, la eficacia de los mismos con la fluidez y la celeridad del tráfico. De conformidad con las reglas aplicables resultantes del Derecho Comunitario y del Derecho Internacional, los Estados agilizarán los controles y las formalidades administrativas en la frontera en el marco de una cooperación bilateral. A tal efecto, los controles que deban efectuarse en el ámbito de la Sección Internacional podrán yuxtaponerse en uno u otro extremo de la Sección Internacional. Esta cláusula no obsta a la posibilidad de practicar controles a bordo de los trenes. 16. Relaciones con las empresas ferroviarias 16.1 El Proveedor de servicios suministrará a las empresas ferroviarias todos los servicios y el acceso de vía a las infraestructuras de servicios descritos en el anexo 1 [anexo 9 (Servicios a las empresas ferroviarias)], así como cualesquiera otros servicios exigidos por las normas aplicables o acordadas con los usuarios de la Sección Internacional. 16.2 La información necesaria para que las empresas ferroviarias puedan ejercer los derechos de acceso a la Sección Internacional y la descripción de los servicios suministrados por el Proveedor de servicios se indican en las declaraciones sobre la red de la Sección Internacional. Para los horarios de servicio de 2016 y 2017, el Proveedor de servicios asumirá los derechos y obligaciones de TP Ferro contemplados en las declaraciones sobre la red pertinentes previamente elaboradas por TP Ferro y transmitidas al Proveedor de servicios por los Estados en las condiciones previstas en la cláusula 10. Si es necesario, el Proveedor de servicios actualizará las declaraciones sobre la red para el horario de servicio de 2017. Si para el año 2017, las declaraciones sobre la red no han podido ser elaboradas por TP Ferro y transmitidas por los Estados al Proveedor de servicios en las condiciones anteriores, el Proveedor de servicios propondrá, como máximo 15 días después de la Fecha de Cesión Efectiva de la Explotación, un proyecto de declaraciones sobre la red que tenga en cuenta las últimas declaraciones aprobadas por los Estados, en cumplimiento de lo estipulado en el Convenio y la normativa vigente. Posteriormente, serán publicadas por el Proveedor de servicios tras su aprobación por los Estados, que se producirá en un plazo de quince días a partir de su transmisión. A partir del horario de servicio de 2018, incluido dicho año, el Proveedor de servicios elaborará y publicará las declaraciones sobre la red de conformidad con las estipulaciones del Convenio y la normativa vigente. Para el horario de servicio de 2018, el Proveedor de servicios presentará las declaraciones sobre la red a los Estados para que estos puedan emitir sus observaciones, como máximo seis (6) meses antes de la entrada en vigor del horario de servicio correspondiente. A continuación, el Proveedor de servicios presentará las declaraciones sobre la red a los Estados para que estos puedan emitir sus observaciones como máximo doce (12) meses antes de la entrada en vigor del horario de servicio de que se trata y, posteriormente, en un plazo máximo de dos (2) meses antes de cualquier modificación significativa del documento. 16.3 De conformidad con las normas comunitarias y, en particular, las disposiciones de la Directiva 2012/34/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece un espacio ferroviario europeo único, los textos nacionales de trasposición de las directivas comunitarias, los reglamentos aplicables a la Sección Internacional y las estipulaciones del anexo 1 [anexo 7 (Explotación) de la Concesión], el Proveedor de servicios adjudicará las capacidades de la Sección Internacional coordinándose con los administradores de las infraestructuras ferroviarias adyacentes. 16.4 El Proveedor de servicios podrá, de conformidad con la normativa en vigor, las estipulaciones del Convenio y los acuerdos de coordinación con los administradores de las infraestructuras ferroviarias adyacentes que puedan existir, celebrar con empresas ferroviarias acuerdos marco que organicen la adjudicación de capacidades de infraestructura ferroviaria por una duración superior a un solo período de vigencia del horario de servicio. El Proveedor de servicios se subrogará en los acuerdos marco y los contratos de utilización celebrados por TP Ferro antes de la Fecha de Cesión Efectiva de la Explotación, en las condiciones contempladas en la cláusula 11. 17. Cánones-Percepción de los cánones 17.1 El Proveedor de servicios percibirá de las empresas ferroviarias cánones por la utilización de la Sección Internacional por cada tren que circule por ella, sobre la base de la parrilla de cánones que figura en el anexo 4. 17.2 Para la liquidación de los cánones de los años 2016 y 2017, el Proveedor de servicios aplicará la estructura y las tarifas contempladas en las declaraciones sobre la red pertinentes previamente elaboradas por TP Ferro y transmitidas al Proveedor de servicios por los Estados en las condiciones previstas en la cláusula 10. Si para el año 2017, las declaraciones sobre la red no han podido ser elaboradas por TP Ferro y transmitidas por los Estados al Proveedor de servicios en las condiciones anteriores, el Proveedor de servicios propondrá, como máximo 15 días después de la Fecha de Cesión Efectiva de la Explotación, un proyecto de declaraciones sobre la red que tenga en cuenta las últimas declaraciones aprobadas por los Estados, en cumplimiento de la normativa vigente y lo estipulado en el Convenio y, en particular cuando se trate de los cánones, de las condiciones de evolución contempladas en el anexo 1 [cláusula 15 (Cánones) y anexo 10 (Cánones) de la Concesión]. Las declaraciones, que los Estados aprobarán en un plazo de 15 días a partir de su fecha de transmisión, servirán de referencia para el cálculo posterior de los cánones en las condiciones contempladas en las cláusulas 17.3 y 17.4. 17.3 A partir del año 2018, incluido este, el Proveedor de servicios podrá proponer cambios en la parrilla de cánones en las condiciones contempladas en el anexo 1 [cláusula 15 (Cánones) y anexo 10 (Cánones) de la Concesión]. El Proveedor de servicios presentará el proyecto a los Estados para su aprobación. 17.4 El Proveedor de servicios aplicará los cánones de conformidad con el anexo 1 [cláusula 15 (Cánones) y anexo 10 (Cánones) de la Concesión]. 17.5 El Proveedor de servicios deberá tratar con arreglo al principio de igualdad a los diferentes usuarios de la Sección Internacional. TÍTULO IV Remuneración 18. Definición de la remuneración y condiciones de pago 18.1 Como contrapartida por la ejecución de las Prestaciones objeto del presente Convenio, el Proveedor de servicios recibirá la remuneración especificada a continuación: a) Los Estados pagarán al Proveedor de servicios un importe que cubrirá los costes de realización de las Operaciones de Cesión y la implantación de los medios necesarios para el cumplimiento del Convenio. b) A partir de la Fecha de Cesión Efectiva de la Explotación, el Proveedor de servicios tendrá derecho a una Remuneración en las condiciones contempladas en las cláusulas 18.2 a 18.10, que deberá permitir cubrir todos los gastos y costes asumidos por el Proveedor de servicios al realizar las Prestaciones, incluidos los posibles costes adicionales resultantes de: i) La recepción de los bienes de la Sección Internacional por parte del Proveedor de servicios y la necesidad de proceder a obras para garantizar la seguridad de la explotación en las condiciones estipuladas en la cláusula 9.4; ii) la organización de la explotación anteriormente seleccionada por TP Ferro; iii) la modificación, creación o eliminación de una normativa técnica, ambiental o de seguridad que presente una relación directa con el objeto del Convenio. 18.2 La Remuneración se pagará, por una parte, con los ingresos obtenidos de la ejecución de las Prestaciones, incluidos los cánones percibidos en virtud de la cláusula 17 y, por otra parte, mediante el pago por parte de los Estados, si procede, de la Diferencia determinada en aplicación de las cláusulas 18.3 y siguientes. 18.3 El Proveedor de servicios se basará en los elementos recopilados durante las Operaciones de Cesión para elaborar un balance de apertura y un Plan de Explotación que precisen, para cuatro ejercicios, las previsiones de gastos e ingresos, incluidos los cánones percibidos en virtud de la cláusula 17. El Plan de Explotación y el balance de apertura deberán comunicarse a los Estados como máximo treinta (30) días después de la Fecha de Entrada en Vigor del Convenio. Para que los Estados puedan establecer sus previsiones presupuestarias, el anexo 5 indicará durante la vigencia del Convenio, como se indica en la cláusula 6, sin incluir la prórroga (es decir, 4 años) (a) el Importe Máximo Acumulado (b) el importe que cubrirá los costes de realización de las Operaciones de Cesión, y (c) el importe anual estimado de la Diferencia que los Estados tendrían que abonar al Proveedor de servicios. Las Partes se reunirán en un plazo de quince (15) días a partir de la comunicación del balance de apertura y del Plan de Explotación a los Estados con vistas a determinar, para cuatro ejercicios, los importes provisionales anuales de la Remuneración y la Diferencia. Una vez aprobados, el balance de apertura y el Plan de Explotación, que incluirá los importes provisionales de la Remuneración y de la Diferencia, se remitirán a la Comisión de Seguimiento prevista en el artículo 28.5, para su conocimiento, archivo, y, en su caso, para adoptar en su seno las decisiones que correspondan. 18.4 A partir de la Fecha de Cesión Efectiva de la Explotación, el Proveedor de servicios examinará en profundidad los gastos de explotación y mantenimiento de la Sección Internacional y hará sus mejores esfuerzos para reducir el déficit estructural resultante de la organización de la explotación anteriormente llevada a cabo por TP Ferro, así como para permitir que la Remuneración debida en virtud del Convenio quede cubierta exclusivamente por los cánones percibidos de las empresas ferroviarias. 18.5 Como máximo tres (3) meses antes del cierre de un año N determinado, el Proveedor de servicios y los Estados revisarán conjuntamente el Plan de Explotación para el año N+1 y siguientes, en particular la evolución de los gastos y los ingresos del Proveedor de servicios. Si procede, podrán revisar la Remuneración y la Diferencia para el año N+1 al alza o a la baja. Tras su aprobación, como máximo cuarenta y cinco (45) días antes del cierre del año N, el Plan de Explotación modificado se adjuntará al Convenio. En ausencia de acuerdo entre las Partes sobre los importes provisionales de la Remuneración y la Diferencia para el año N+1 previstos en el Plan de Explotación, los Estados determinarán y notificarán, como máximo cuarenta y cinco (45) días antes del cierre del año N, dichos importes provisionales al Proveedor de servicios, sin perjuicio de la posibilidad de este último de solicitar el nombramiento de un experto independiente en las condiciones previstas en la cláusula 29. Si el Plan de Explotación modificado muestra que durante el año N+1 podría alcanzarse el Importe Máximo Acumulado indicado en el anexo 5, las Partes se reunirán en un plazo máximo de un (1) mes a partir de la aprobación del Plan de Explotación y, en cualquier caso, antes del cierre del año N, para garantizar la continuidad de la remuneración del Proveedor de servicios, con el objeto de acordar una adenda al presente Convenio por la que se modifique el Importe Máximo Acumulado indicado en el anexo 5. A los efectos de valorar lo indicado en el párrafo anterior, se tendrán en cuenta los importes provisionales de la Remuneración y la Diferencia para el año N+1 previstos en el Plan de Explotación modificado, así como una estimación, lo más actualizada posible, del importe del saldo correspondiente al año N a obtener en su momento de acuerdo con los apartados (a) o (b) de la cláusula 18.6. Si la adenda no es acordada en los plazos antes especificados, sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 24.1 (c), el Proveedor de servicios continuará cumpliendo el presente Convenio y tendrá derecho al pago de la Diferencia hasta el límite del Importe Máximo Acumulado e indicado en el anexo 5. Si se alcanza el Importe Máximo Acumulado indicado en el anexo 5, los Estados pagarán la totalidad de los costes y gastos por encima de dicho importe asumidos por el Proveedor de servicios en cumplimiento el Convenio, bien en la fecha de firma de la adenda al Convenio indicada anteriormente, bien en las condiciones previstas en la cláusula 25.2. 18.6 Tres (3) meses después del cierre de cada ejercicio anual transcurrido a partir de la Fecha de Cesión Efectiva de la Explotación, el Proveedor de servicios notificará a los Estados el importe real de los gastos e ingresos, incluidos los cánones, basándose en los datos de sus cuentas anuales auditadas. En esa misma fecha, el Proveedor de servicios facilitará cualquier otra documentación relevante a estos efectos, o que haya sido solicitada previamente por los Estados, con objeto de asegurar el seguimiento del Convenio previsto en el apartado (ii) de la cláusula 28.5. En un plazo de quince (15) días a partir de dicha notificación, las Partes se reunirán con el fin de valorar y, en su caso aprobar, los importes definitivos de la Remuneración y la Diferencia para el año transcurrido. Las Partes tendrán en cuenta los importes provisionales de la Remuneración y la Diferencia para determinar el saldo, en las siguientes condiciones: a) Si el Proveedor de servicios ha recibido un importe menor del que le corresponde, las Partes determinarán el importe del saldo que le adeudarán los Estados. b) Si el Proveedor de servicios ha recibido un importe mayor del que le corresponde, las Partes determinarán el importe del saldo adeudado por el Proveedor de servicios a los Estados. Las partes levantarán un acta, que firmarán ambos Estados y el Proveedor de servicios, a la que se adjuntarán las cuentas anuales del Proveedor de servicios auditadas y que recogerá los datos considerados para establecer el saldo definitivo, sin perjuicio de lo indicado en el párrafo siguiente. Si las Partes no llegaran a un acuerdo en un plazo máximo de treinta (30) días a partir de la notificación referida anteriormente, los Estados fijarán y notificarán al Proveedor de servicios los importes definitivos de la Remuneración y la Diferencia, así como el importe del saldo debido por los Estados al Proveedor de servicios o el importe del saldo debido por el Proveedor de servicios a los Estados, sin perjuicio para el Proveedor de servicios de la posibilidad de solicitar que se designe un experto independiente en las condiciones contempladas en la cláusula 29. 19. Facturación y plazos de pago 19.1 Dentro de los dos días siguientes a la Fecha de Entrada en Vigor del Convenio, el Proveedor de Servicios emitirá una factura a nombre de cada Estado, por importe de cincuenta mil (50.000) euros, impuestos incluidos, como pago a cuenta de las operaciones previstas en la cláusula 18.1 (a). Cada Estado pagará al Proveedor de servicios el importe de la factura en un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días a partir de su recepción. 19.2 Como máximo quince (15) días después del 1 de enero de 2017, el Proveedor de servicios emitirá una factura a nombre de cada Estado. El importe de cada una de las facturas será la cantidad resultante, tras deducir lo abonado de conformidad con la cláusula 19.1, a la mitad: i) De la suma definitiva prevista en la cláusula 18.1 (a); ii) del importe provisional de la Diferencia debida por los Estados para el periodo iniciado en la Fecha de Cesión Efectiva de la Explotación y finalizado el 31 de diciembre de 2016, fijado en las mismas condiciones que las previstas en las cláusulas 18.4 y siguientes. Cada Estado pagará al Proveedor de servicios el importe de la factura en un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días a partir de su recepción. 19.3 Para cada trimestre a partir del 1 de enero de 2017, en un plazo máximo de quince (15) días a partir del inicio del mismo, el Proveedor de servicios emitirá una factura a nombre de cada Estado. El importe de cada factura será la mitad de la Diferencia debida por los Estados al Proveedor de servicios para ese trimestre. Con cada factura emitida para un trimestre determinado, deberán presentarse los siguientes elementos: – Una copia del Plan de Explotación previsto en la cláusula 18.3, en su caso modificado en las condiciones de la cláusula 18.5, del presente Convenio donde se indique el importe provisional de la Remuneración debida para dicho trimestre y el importe provisional de los ingresos percibidos por el Proveedor de servicios durante dicho trimestre, o una copia de la decisión relativa al establecimiento de dichos importes notificada por los Estados al Proveedor de servicios en las condiciones estipuladas en la cláusula 18.3; – los importes trimestrales provisionales del año en curso, recogidos en el Plan de Explotación; – una copia de la factura emitida a nombre del otro Estado para el trimestre considerado. Cada Estado pagará al Proveedor de servicios el importe de la factura en un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días a partir de su recepción. 19.4 En un plazo máximo de quince (15) días a partir del establecimiento de los importes definitivos de la Remuneración y la Diferencia en aplicación de la cláusulas 18.6 del Convenio, a) en el caso contemplado en la cláusula 18.6 (a), el Proveedor de servicios emitirá una factura a nombre de cada Estado, y el importe de cada factura será la mitad del importe determinado de conformidad con dicha cláusula. Con cada factura deberán presentarse los siguientes elementos: – Una copia del acta prevista por la cláusula 18.6 donde se fijen los importes definitivos de la Remuneración y la Diferencia del año pasado, o una copia de la decisión que establezca dichos importes notificada por los Estados al Proveedor de servicios en las condiciones estipuladas en la cláusula 18.6; – una copia de la factura emitida a nombre del otro Estado para el trimestre considerado. Cada Estado pagará al Proveedor de servicios el importe facturado en un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días a partir de la recepción de la factura; o b) en el caso contemplado en la cláusula 18.6 (b), el Proveedor de servicios comunicará los elementos que permitan a cada Estado establecer la orden de ingresos correspondiente a la mitad del importe determinado de conformidad con dicha cláusula, y en particular: – Una copia del acta prevista por la cláusula 18.6 donde se fijen los importes definitivos de la Remuneración y la Diferencia del año pasado, o una copia de la decisión que establezca dichos importes notificada por los Estados al Proveedor de servicios en las condiciones estipuladas en la cláusula 18.6; – una copia de la orden de ingresos emitida a nombre del otro Estado para el trimestre considerado. El Proveedor de servicios pagará a cada Estado dicho importe en un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días a partir de la recepción de la orden de ingresos. 19.5 En los supuestos previstos en las anteriores cláusulas 19.1 a 19.4, cada Estado garantizará, en relación con lo que le afecte, las consecuencias financieras de posibles retrasos en el pago de la parte de las cantidades que adeude y correrá con la totalidad de los costes asumidos y debidamente justificados por el Proveedor de servicios o sus accionistas por este concepto. TÍTULO V Control, responsabilidad y seguros 20. Modalidades de control y seguimiento del cumplimiento del Convenio Los Estados harán todo lo posible para facilitar, en la medida en que sea necesario y con observancia de la normativa aplicable, la ejecución de las Prestaciones por el Proveedor de servicios. Los Estados ostentarán un derecho de control permanente del cumplimiento del Convenio por el Proveedor de servicios y todos sus contratistas. Dicho control será ejercido por los Estados, si es necesario representados o asistidos por cualesquiera terceros de su elección. 21. Responsabilidad del proveedor de servicios en la ejecución de las prestaciones 21.1 Durante la ejecución de las Prestaciones, el Proveedor de servicios será responsable por cualquier incumplimiento de las leyes y disposiciones aplicables y, por consiguiente, no podrá ejercer ninguna acción contra los Estados si se dicta una condena por incumplimiento en su contra o en contra de sus representantes, empleados o subordinados. En general, el Proveedor de servicios será responsable del adecuado cumplimiento del Convenio, tanto frente a los Estados como frente a los usuarios y terceros. Responderá de los daños causados a los usuarios o a terceros que se deriven de la realización, falta de realización o inadecuada realización de las Prestaciones. Mantendrá indemnes a los Estados frente a cualesquiera condenas que pudieran dictarse en su contra o sumas que deban pagar por daños cuyo origen se encuentre en la realización, falta de realización o inadecuada realización de las Prestaciones que se han encomendado al Proveedor de servicios. El Proveedor de servicios será responsable de la aplicación estricta de las medidas de higiene y seguridad prescritas por las leyes y reglamentos. Bajo su responsabilidad, se encargará de controlar que se toman todas las precauciones necesarias para evitar cualesquiera accidentes o daños a sus subordinados y a terceros. 21.2 Queda precisado que el Proveedor de servicios no podrá ser considerado responsable de los daños y perjuicios sufridos por él mismo, por sus subordinados o por terceros, incluidas las reclamaciones de las empresas ferroviarias, que resulten de una acción u omisión de TP Ferro como concesionario con carácter previo a la Fecha de Cesión Efectiva de la Explotación, y los Estados lo mantendrán indemne frente a ellos. 22. Fuerza mayor El Proveedor de servicios deberá ejecutar de forma continua y regular las Prestaciones, sean cuales sean las circunstancias, salvo en caso de fuerza mayor. A los efectos del Convenio, se considerará un caso de fuerza mayor cualquier circunstancia o conjunto de circunstancias o hecho que sea ajeno a las Partes, imprevisible en la fecha de firma del Convenio e irresistible, y cuyo efecto sea impedir el cumplimiento de la totalidad o parte del Convenio. Si el Proveedor de servicios invoca la concurrencia de un supuesto de fuerza mayor, lo notificará a los Estados inmediatamente mediante carta certificada con acuse de recibo. Dicha notificación precisará la naturaleza del acontecimiento, sus consecuencias sobre el cumplimiento del Convenio y las medidas tomadas para atenuar sus efectos. Los Estados comunicarán su decisión acerca del fundamento de dicha pretensión en un plazo de quince (15) días. Cuando invoque la concurrencia de un supuesto de fuerza mayor, el Proveedor de servicios adoptará, a la mayor brevedad posible tras el acontecimiento, todas las medidas razonablemente adecuadas para atenuar su impacto sobre el cumplimiento de sus obligaciones. 23. Seguros del proveedor de servicios 23.1 El Proveedor de servicios deberá tener contratados seguros con compañías de seguros de reconocida solvencia, y conservar durante toda la vida del Convenio, los seguros que permitan garantizar su responsabilidad frente a los Estados, los usuarios y terceros, víctimas de accidentes o de daños causados por la ejecución de las Prestaciones. 23.2 El Proveedor de servicios deberá justificar ante los Estados que tiene suscritos dichos contratos de seguro en un plazo de dos (2) meses a partir de la Fecha de Entrada en Vigor del Convenio. Para ello, deberá presentar un certificado que recoja la extensión de la responsabilidad garantizada. El Proveedor de servicios también deberá entregar a los Estados, en los dos (2) meses posteriores a su renovación o modificación, según proceda, los certificados de renovación y las posibles adendas correspondientes a dichos seguros. El Proveedor de servicios entregará a los Estados, en un plazo de dos (2) meses a partir de su pago, los justificantes del pago de las primas correspondientes a dichas pólizas de seguro. TÍTULO VI Extinción del Convenio 24. Casos de extinción del Convenio 24.1 El Convenio se extinguirá en alguno de los siguientes casos: a) En condiciones normales, al término de la duración máxima mencionada en la cláusula 6; b) si no se prorroga, en las condiciones contempladas en la cláusula 6; c) en el supuesto de que se alcance el Importe Máximo Acumulado indicado en el anexo 5 y de que las Partes no acuerden ninguna adenda por la que se modifique el importe indicado en el anexo 5 en un plazo de doce (12) meses a partir de la revisión del Plan de Explotación conforme a lo dispuesto en la cláusula 18.5; d) de manera anticipada, si los Estados deciden resolverlo, en alguno de los siguientes casos: i) en caso de incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones del Proveedor de servicios, cuando este no cumpla con sus obligaciones al término del plazo determinado en el requerimiento enviado por los Estados instándole a poner fin a sus incumplimientos; ii) por un motivo de interés general, incluido el caso contemplado en la cláusula 27, con un preaviso de dos (2) meses; iii) cuando alguno de los supuestos de fuerza mayor descritos en la cláusula 22 imposibilite, o pueda imposibilitar, el cumplimiento del Convenio durante un período mínimo de doce (12) meses. 24.2 Los Estados comunicarán su decisión de resolver el Convenio al Proveedor de servicios. La resolución será efectiva en la fecha fijada en la decisión de resolución o, en su defecto, en la fecha de su notificación. 25. Consecuencias de la extinción normal o anticipada del Convenio 25.1 En cualquiera de los casos, la extinción normal o la resolución anticipada del Convenio no otorgará al Proveedor de servicios el derecho a indemnización de daño o perjuicio alguno. 25.2 En un plazo de sesenta (60) días a partir de la extinción normal del Convenio o la fecha de efecto de su resolución anticipada, los Estados comunicarán al Proveedor de servicios la liquidación definitiva de las cuentas. Dicha liquidación definitiva de las cuentas incluirá las siguientes sumas calculadas en la fecha de extinción normal del Convenio o en la fecha de efecto de su resolución anticipada: i) la parte de la Remuneración correspondiente a las Prestaciones ejecutadas aún no pagada; ii) los gastos razonablemente asumidos y debidamente justificados que se deriven de la ruptura de los subcontratos, contratos de suministro y contratos de prestación de servicios; iii) cualquier otro gasto relacionado con la extinción normal o anticipada del Convenio, con exclusión del lucro cesante. A dichas sumas se les restarán los importes pagados en concepto de adelanto, de anticipo, de pago parcial definitivo y de saldo. En los casos de resolución anticipada del Convenio de acuerdo con el artículo 24.1 (d) (i), la liquidación definitiva de las cuentas sólo incluirá la suma prevista en el apartado (i) anterior. 25.3 Si la liquidación definitiva de las cuentas, calculada de conformidad con la cláusula 25.2, arroja un saldo deudor para los Estados, cada uno de estos deberá abonar al Proveedor de servicios la mitad del saldo en un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días a partir de la emisión de la factura correspondiente por el Proveedor de servicios. 26. Condiciones de entrega de la sección internacional al término del Convenio 26.1 Al término normal o anticipado del Convenio, antes de que el Proveedor de servicios entregue la Sección Internacional a los Estados, las Partes deberán realizar conjuntamente un inventario, que incluirá una lista de las obras, instalaciones, equipamientos y conexiones entregados a los Estados. 26.2 Al término normal o anticipado del Convenio, el Proveedor de servicios entregará a los Estados toda la Documentación de Explotación y los documentos relativos a la Sección Internacional que se le hayan entregado en virtud del presente Convenio, así como cualquier actualización o modificación de dichos documentos realizada por el Proveedor de servicios durante el cumplimiento del Convenio, o cualquier documento nuevo presentado. TÍTULO VII Disposiciones varias 27. Estabilidad del accionariado 27.1 En la fecha de firma del Convenio, SNCF Réseau y Adif ostentan cada uno el 50 % del capital social del Proveedor de servicios. El Proveedor de servicios deberá informar a cada Estado, con un preaviso mínimo de un (1) mes, sobre cualquier proyecto de modificación de su capital social. 27.2 El Proveedor de servicios deberá informar a ambos Estados, en cuanto tenga conocimiento de ello, sobre cualquier modificación que afecte significativamente a la situación de sus accionistas, en particular en lo que se refiere a su condición de ente público o de administrador de la infraestructura ferroviaria nacional. 27.3 Los Estados podrán resolver el Convenio cuando el Proveedor de servicios deje de presentar, debido a la modificación que afecte a la distribución de su capital social o a la situación de uno de sus accionistas, las garantías necesarias para la explotación y el mantenimiento de la Sección Internacional. 28. Relaciones con los estados 28.1 El Proveedor de servicios cumplirá los reglamentos aplicables a la Sección Internacional, aprobados por los Estados tras escuchar al Proveedor de servicios, conforme al apartado 7 del artículo 5 del Acuerdo de Madrid. 28.2 Las decisiones de los Estados en relación con el Convenio, incluidas las relacionadas con su interpretación o cumplimiento, tendrán carácter ejecutivo para el Proveedor de servicios, si procede después de haberlo oído, sin perjuicio de los derechos del Proveedor de servicios en aplicación de la cláusula 29. 28.3 Los Estados podrán modificar el Convenio por motivos de interés general. En ese caso, compensarán al Proveedor de servicios por todos los costes y gastos adicionales que se deriven de dicha modificación. 28.4 Cuando, de acuerdo con las estipulaciones del Convenio, el Proveedor de servicios comunique a los Estados un documento para su aprobación o autorización o para la transmisión de observaciones, estos darán a conocer su decisión expresa (sin que la ausencia de decisión implique una decisión de aceptación) o sus observaciones en un plazo de un mes, salvo si las estipulaciones del Convenio prevén otro plazo o si este se prolonga de forma justificada por circunstancias particulares. Dicha extensión, que no podrá superar los quince (15) días, se notificará al Proveedor de servicios antes del término del plazo inicial. 28.5 En el plazo de quince (15) días siguientes a la Fecha de Entrada en Vigor del Convenio, se constituirá una Comisión de Seguimiento que, en particular, hará de enlace entre el Proveedor de servicios y los Estados y permitirá el seguimiento del Convenio. Dicha Comisión se compondrá a partes iguales de representantes del Proveedor de servicios y de cada Estado. Cada Estado tendrá como mínimo 2 representantes, y dispondrá de plena libertad para su nombramiento. La Comisión se reunirá de pleno derecho al menos una vez por semestre en sesión ordinaria previa convocatoria del Proveedor de servicios, y podrá reunirse si así lo solicita uno de sus miembros. La propia Comisión de Seguimiento determinará sus condiciones de funcionamiento y, en particular, las condiciones en las que será convocada y se reunirá. El seguimiento del Convenio se organizará principalmente en torno a las siguientes temáticas: i) El seguimiento técnico y operativo, es decir, en particular: – La organización implementada para el cumplimiento del Convenio; – el nivel de utilización de la Sección Internacional. ii) El seguimiento financiero y administrativo, es decir, en particular: – El análisis de todos los ingresos y gastos relativos al cumplimiento del Convenio. A este respecto, las reuniones previstas en las cláusulas 18.3 y 18.5 podrán celebrarse en el seno de la Comisión de Seguimiento convocada especialmente para tal fin. Será necesaria la convocatoria de la Comisión de Seguimiento para la reunión prevista en la cláusula 18.6, salvo que todos sus miembros por unanimidad acuerden lo contrario. – el análisis del tratamiento de los problemas que puedan surgir y que supongan una modificación de los gastos y, en concreto, una adaptación del Plan de Explotación previsto en la cláusula 18.5; – cualquier dificultad en el pago, por los Estados, de la Remuneración debida al Proveedor de servicios. iii) La Comisión de Seguimiento recibirá, archivará y, adoptará sus decisiones, tomando como base entre otros documentos, los siguientes que le habrán de remitir los Estados o el Proveedor de servicios: – Inventario de los bienes de la sección internacional puestos a disposición del Proveedor de servicios; – Acta de entrega de los bienes de la Sección Internacional al Proveedor de servicios; – Auditoría del estado de los bienes de la Sección Internacional; – Revisión de cuentas de TP Ferro; – Lista definitiva de trabajadores que prestaban servicios para TP Ferro el día anterior al día de la Cesión Efectiva de la Explotación; – Balance de apertura y el Plan de Explotación. – La documentación necesaria para el seguimiento del Convenio previsto en los apartados i) y ii) de la presente cláusula 28.5, que haya sido requerida por cualquiera de las Partes. 28.6 El Proveedor de servicios informará regularmente a los Estados del programa de mantenimiento contemplado en la cláusula 14.2, que será revisado por el Comité de seguimiento como mínimo una vez al año. 29. Diferencias y litigios Los Estados y el Proveedor de servicios harán lo posible por solucionar de forma amistosa, recurriendo a la Comisión de Seguimiento contemplada en la cláusula 28.5, cualquier posible diferencia relacionada con la interpretación de las estipulaciones del Convenio o con su cumplimiento. Las Partes acuerdan que las diferencias que las enfrenten podrán someterse de común acuerdo a la apreciación de un experto independiente o de un colegio de tres (3) expertos independientes, que deberán emitir un dictamen sobre el desacuerdo en un plazo de quince (15) días a partir de su nombramiento, salvo acuerdo en contrario de las Partes. Las Partes nombrarán conjuntamente al experto independiente o al colegio de expertos independientes. El dictamen del experto independiente servirá de base a las Partes para resolver de forma amistosa su desacuerdo. Si las Partes no resuelven de manera amistosa su desacuerdo, dicho desacuerdo podrá ser sometido, a petición de cualquiera de las Partes, a resolución por un tribunal arbitral constituido conforme a lo previsto en el artículo 10 del Acuerdo de Madrid, en el entendido de que las lo previsto en el párrafo 10.2.f) se aplicará «mutatis mutandis» en beneficio del Prestador de servicios. 30. Derecho aplicable El Derecho aplicable al Convenio será el siguiente: a) Las estipulaciones de este Convenio; b) los principios comunes a las normas aplicables en España y en Francia a los servicios públicos y a los contratos públicos, incluida la jurisprudencia establecida en la materia por los órganos supremos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo; si no se puede obtener un principio común para resolver una cuestión determinada, la norma aplicable será aquella que, teniendo en cuenta los intereses públicos afectados, parezca más ajustada al interés de la continuidad de la explotación de la Sección Internacional, elegida entre las normas aplicables en España o en Francia, o inspirada en ellas; y c) el derecho europeo. 31. Confidencialidad 31.1 El Proveedor de servicios mantendrá la confidencialidad de cualquier dato, documento e informe de naturaleza técnica, comercial o financiera obtenido en el marco del cumplimiento del Convenio. 31.2 Al término normal o anticipado del Convenio, el Proveedor de servicios deberá devolver a los Estados todos los documentos contemplados en la cláusula 25.2 y destruir cualquier copia de dichos documentos. 31.3 El Proveedor de servicios únicamente podrá difundir información confidencial en los siguientes casos, respetando estrictamente los límites de lo necesario habida cuenta de su naturaleza: a) Si una disposición legislativa o reglamentaria o una decisión de una autoridad administrativa tomada en aplicación de una disposición legislativa o reglamentaria lo exige, o si lo exige una decisión dictada por un órgano jurisdiccional; b) si la información confidencial en cuestión ya ha sido divulgada al público por un medio que no derive de un incumplimiento de alguna de las Partes de su obligación de confidencialidad, de tal forma que la información ya no pueda ser considerada como confidencial; c) si los Estados eximen al Proveedor de servicios de la obligación de confidencialidad en relación con la información confidencial afectada. 32. Idioma. 32.1 El Convenio se firma en los idiomas español y francés. Ambas versiones tienen la misma fuerza obligatoria. 32.2 El Proveedor de servicios presentará todos los documentos en el ámbito del Convenio en ambos idiomas, no considerándose válidamente realizada ninguna comunicación hasta que ambas versiones hayan sido remitidas a los Estados o sus asistentes. 33. Comunicaciones Todas las notificaciones y comunicaciones entre las Partes previstas en el Convenio (salvo estipulación en contrario del Convenio) se realizarán por correo certificado con acuse de recibo o mediante entrega en mano con recibo de entrega, en las siguientes direcciones: Para el Reino de España: Ministerio de Fomento Secretaría General de Infraestructuras Paseo de la Castellana, 67 28071 Madrid Para la República Francesa: Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer Direction des infrastructures de transport Sous-direction de la gestion et du développement des réseaux ferroviaires et des voies navigables Tour Séquoïa, 1 Place Carpeaux 92055 La Défense Cedex Para el proveedor de servicios: Línea Figueras Perpignan, S.A. Calle sor Angela de la Cruz 28020 Madrid 34. Lista de anexos Anexo 1. Contrato de concesión celebrado el 17 de febrero de 2004 entre la República Francesa y el Reino de España y la sociedad TP Ferro Concesionaria S.A., incluidos sus anexos. Anexo 2. Acuerdo de Madrid y Protocolo Adicional. Anexo 3. Lista provisional de trabajadores asalariados de TP Ferro a fecha 14 de julio de 2016. Anexo 4. Parrilla de cánones. Anexo 5. Importe Máximo Acumulado y desglose provisional de dicho importe en los costes de las operaciones de cesión y la Diferencia durante la vigencia del Convenio. Hecho, el 19 de diciembre de 2016.–Por el Ministerio de Fomento del Reino de España, Iñigo de la Serna Hernáiz.–Pour la République Française, le directeur général des infrastructures des transports et de la mer, François Poupard.–Por el proveedor de servicios, Miguel Miaja Fo, Presidente de LFP. ANEXO 1 Contrato de concesión celebrado el 17 de febrero de 2004 entre la República Francesa y el Reino de España y la sociedad TP Ferro Concesionaria S.A., incluidos sus anexos Contrato de concesión del proyecto, construcción, mantenimiento y explotación de la sección internacional entre Figueres y Perpiñán de una nueva línea ferroviaria de alta velocidad entre el Reino de España y la República Francesa, los concedentes, y la sociedad TP Ferro Concesionaria, S.A., el concesionario ÍNDICE Preámbulo. Título I. Objeto, ámbito, características y entrada en vigor de la concesión. Cláusula 1. Definiciones. Cláusula 2. Objeto. Cláusula 3. Entrada en vigor y publicación de la concesión. Cláusula 4. Ámbito de la concesión y bienes empleados en la misma. Cláusula 5. Adquisiciones inmobiliarias y delimitación de la concesión. Título II. Obligaciones generales del concesionario. Cláusula 6. Autorizaciones. Cláusula 7. Obligaciones del concesionario en materia de seguridad, medio ambiente, calidad y otros extremos. Título III. Proyecto y construcción de la obra. Cláusula 8. Diseño, proyecto y ejecución de las obras. Cláusula 9. Modificaciones. Cláusula 10. Puesta en servicio. Título IV. Explotación de la Sección Internacional. Cláusula 11. Explotación y mantenimiento de la sección internacional. Cláusula 12. Medidas de policía, seguridad y controles fronterizos. Cláusula 13. Relaciones con los usuarios. Título V. Régimen financiero de la concesión. Cláusula 14. Financiación. Cláusula 15. Cánones. Cláusula 16. Tributos. Cláusula 17. Garantías. Título VI. Disposiciones comunes. Cláusula 18. Relaciones con los concedentes y la comisión intergubernamental. Cláusula 19. Celebración de contratos por el concesionario. Cláusula 20. Responsabilidad frente a usuarios y terceros. Cláusula 21. Seguros. Cláusula 22. Duración de la concesión. Cláusula 23. Fuerza mayor. Cláusula 24. Hechos sobrevenidos. Cláusula 25. Resolución. Cláusula 26. Resolución por incumplimiento del concesionario. Cláusula 27. Penalidades y medidas coercitivas. Cláusula 28. Reversión de las instalaciones. Cláusula 29. Cesión. Cláusula 30. Arbitraje y derecho aplicable. Cláusula 31. Idioma. Cláusula 32. Comunicaciones. Contrato de concesión del proyecto, construcción, mantenimiento y explotacion de la sección internacional entre Figueres y Perpiñán de una nueva linea ferroviaria de alta velocidad El presente contrato de concesión, del que forman parte integrante a todos los efectos los anexos al mismo (en lo sucesivo, la «Concesión»), se concluye el día 17 de febrero de 2004. Entre: − De una parte, el Reino de España, representado por el Ministro de Fomento, y la República Francesa, representada por el Ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, el Ministre de l’economie, des finances et de l’industrie y el Ministre des affaires étrangères (en lo sucesivo, los «Concedentes»), y − De otra parte, la sociedad TP Ferro Concesionaria, S.A., constituida con arreglo al Derecho español, en fecha 29 de enero de 2004, ante el notario del Ilustre Colegio de Madrid D. Cruz Gonzalo López-Muller Gómez con el número 173 de su protocolo e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, según consta en la propia escritura de constitución, con un capital social de 34.290.000 (treinta y cuatro millones doscientos noventa mil) euros, con domicilio social en Barcelona, vía Layetana n.º 33, representada por D. Claude Charles Robert Gendreau, ingeniero de Ponts et Chaussées, de nacionalidad francesa, casado, con domicilio en Versalles, calle Fontenay n.º 8 y con tarjeta nacional de identidad n.º 970478402912 (en lo sucesivo, el «Concesionario»). PREÁMBULO El Reino de España y la República Francesa concluyeron un Acuerdo internacional en Madrid el día 10 de octubre de 1995 para la construcción y explotación de la sección internacional de una línea ferroviaria de alta velocidad entre España y Francia (vertiente mediterránea) (en lo sucesivo, el «Acuerdo de Madrid»), por el que ambos Estados se comprometieron en particular a autorizar la construcción y explotación de la sección internacional en régimen de concesión. El Acuerdo de Madrid entró en vigor el 11 de diciembre de 1997. Fue publicado en España en el «Boletín Oficial del Estado» del día 29 de enero de 1998 (corrección de errores en el «Boletín Oficial del Estado» de 22 de mayo de 1998), y en Francia por Decreto número 98-98, de 16 de febrero de 1998. En cumplimiento de lo previsto en el Acuerdo de Madrid, el Reino de España y la República Francesa iniciaron el procedimiento encaminado a la adjudicación de una concesión de obras públicas en el sentido del artículo 1.d) de la Directiva 93/37/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, mediante la publicación de un anuncio de concesión de obras públicas en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» (números S89-079444, de 8 de mayo de 2003, en su versión española, y número S89-079443, de 8 de mayo de 2003, en su versión francesa). Una vez tramitado dicho procedimiento, la presente Concesión ha sido adjudicada al Concesionario en virtud de una decisión conjunta del Consejo de Ministros del Reino de España del día 30 de enero de 2004 y de los Ministros franceses de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer y de l’économie, des finances et de l’industrie y des affaires étrangères del día 17 de febrero de 2004. TÍTULO I Objeto, ámbito, características y entrada en vigor de la concesión Cláusula 1. Definiciones. − «Puesta en Servicio»: designa la apertura comercial de la Sección Internacional por el Concesionario en beneficio de todos los usuarios una vez obtenida la autorización a la que se refiere la cláusula 10.4. − «Eventos Clave»: designa los eventos identificados como tales en el anexo 6, constituidos por el efectivo cumplimiento de una tarea, la efectiva realización de una determinada cantidad de obra o la conclusión de una parte de la obra. − «Fecha Contractual de Terminación»: designa la fecha en la que el Concesionario se compromete contractualmente a proceder a la Puesta en Servicio. − «Calendario Inicial»: designa el calendario de las obras de construcción de la Sección Internacional previsto por la cláusula 8.8 y contenido en el anexo 6. Cláusula 2. Objeto. 2.1 La Concesión tiene por objeto el proyecto, la construcción, el mantenimiento y la explotación de una nueva línea ferroviaria de alta velocidad, de tráfico mixto (pasajeros y mercancías) y con doble vía entre Figueres y Perpiñán, incluyendo la construcción del túnel de Perthus [túnel bitubo de 8.300 (ocho mil trescientos) metros de longitud total aproximada], así como la construcción de las instalaciones, equipamientos y conexiones con las redes ferroviarias de España y Francia que sean precisos. La longitud de la línea ferroviaria será aproximadamente de 44,5 (cuarenta y cuatro coma cinco) kilómetros. El conjunto de tales obras, instalaciones, equipamientos y conexiones será denominado en lo sucesivo «Sección Internacional». 2.2 La Concesión, comprendidos los anexos 1 a 9, fija las características y las funcionalidades de las obras que constituyen la Sección Internacional, así como las especificaciones técnicas que deben ser obligatoriamente respetadas por el Concesionario. El anexo 0 contiene el Anteproyecto elaborado por el Concesionario, respecto del que éste asume íntegramente la responsabilidad, y que tomará como fundamento para la elaboración del Proyecto Básico. 2.3 La Concesión de la Sección Internacional se otorga, en las condiciones previstas en el presente contrato, a riesgo y ventura del Concesionario, cualesquiera que sean las eventualidades que se produzcan durante la vida de la Concesión. Los Concedentes se comprometen frente al Concesionario a conectar la Sección Internacional al enlace Montpellier-Barcelona, de conformidad con lo previsto en el artículo 2 del Acuerdo de Madrid. 2.4 El Concesionario no podrá en ningún caso ampararse en el carácter eventualmente inexacto, incompleto o contradictorio de los estudios de cualquier naturaleza que se le hayan entregado o se hayan puesto a su disposición para facilitar su tarea, correspondiendo al mismo, bajo su exclusiva responsabilidad, verificarlos, comprobarlos, modificarlos y completarlos. El Concesionario mantendrá indemne a los Concedentes frente a los resultados de toda acción que pueda ser ejercitada contra los mismos o cualquiera de sus agentes por razón de tales estudios. 2.5 Salvo disposición expresa en contrario contenida en el presente contrato, todos los gastos ligados al proyecto, construcción, mantenimiento y explotación de la Sección Internacional son a cargo del Concesionario. Cláusula 3. Entrada en vigor y publicación de la concesión. 3.1 La presente Concesión entrará en vigor en la fecha de su firma por las partes. 3.2 El Acuerdo del Consejo de Ministros del Reino de España por el que se adjudica, en los términos del Acuerdo de Madrid, la presente Concesión será publicado en España en el «Boletín Oficial del Estado». Asimismo, la presente Concesión se publicará en Francia en el «Journal Officiel de la République française». Cláusula 4. Ámbito de la concesión y bienes empleados en la misma. 4.1 La Concesión se extiende a todos los terrenos, obras e instalaciones necesarias para el proyecto, la construcción, el mantenimiento y la explotación de la Sección Internacional. 4.2 Son bienes de reversión obligatoria los bienes constitutivos de la Sección Internacional, construidos o adquiridos por el Concesionario o puestos a su disposición por los Concedentes. Se reputan bienes constitutivos de la Sección Internacional el conjunto de los terrenos, edificios, obras e instalaciones inmuebles situados dentro del ámbito de la Concesión delimitado conforme a lo previsto en la cláusula 5.2, así como los bienes muebles necesarios para la continuación de la explotación del servicio objeto de la Concesión, comprendidos su conservación y mantenimiento. Los bienes inmuebles de reversión obligatoria (o la parte de tales bienes situada en el territorio de uno de los Estados) pertenecerán, desde la terminación de su construcción, al Estado en cuyo territorio estén situados, y los bienes de reversión obligatoria que, en su caso, sean de carácter mueble serán propiedad común de ambos Estados. Son bienes de reversión potestativa los bienes muebles propiedad del Concesionario que, sin ser constitutivos de la Sección Internacional, pueden ser útiles para la continuación de la explotación, la conservación o el mantenimiento del servicio objeto de la Concesión y pueden, en consecuencia, ser adquiridos por los Concedentes conforme a lo previsto en la cláusula 28. Los bienes propios se definen, de forma residual, como los de propiedad del Concesionario que, no siendo constitutivos de la Sección Internacional ni útiles para la continuación de la explotación, la conservación o el mantenimiento del servicio objeto de la Concesión, permanecen en propiedad del Concesionario. Dentro de los 2 (dos) años siguientes a la Puesta en Servicio, los Concedentes aprobarán, a propuesta del Concesionario, un inventario en el que se clasifiquen los bienes en las tres categorías previstas por la presente cláusula. Dicho inventario será actualizado regularmente por el Concesionario y sometido a la aprobación de los Concedentes. 4.3 La frontera entre España y Francia se materializará en la Sección Internacional por la Comisión Internacional de los Pirineos, de conformidad con los Acuerdos internacionales en vigor. Cláusula 5. Adquisiciones inmobiliarias y delimitación de la concesión. 5.1 El Concesionario tendrá, para la adquisición de los terrenos y para la ejecución de las obras en el ámbito de la Concesión, todos los derechos derivados de las Leyes y Reglamentos aplicables en materia de obras públicas, y los que aquéllos confieren al beneficiario en materia de expropiación forzosa. Quedará, asimismo, sometido a todas las obligaciones que resulten de la aplicación de tales Leyes y Reglamentos, comprendida la de pagar la compensación que proceda por los bienes y derechos expropiados. 5.2 Dentro de los 2 (dos) años siguientes a la Puesta en Servicio, se procederá, a costa del Concesionario y, de ser necesario, de oficio por la Comisión Intergubernamental prevista en el Acuerdo de Madrid, a la delimitación de los terrenos que se integran en los bienes inmuebles objeto de la Concesión, exceptuando los emplazamientos de las instalaciones provisionales de las obras y los lugares de extracción y depósito de materiales, que no se integrarán en el objeto de la Concesión. Esta delimitación será sometida a la aprobación de los Concedentes. Con posterioridad a tal delimitación, el Concesionario podrá enajenar los terrenos sobrantes situados fuera del ámbito de la Concesión, sin perjuicio de los derechos de los propietarios expropiados. 5.3 El Estado español entregará al Concesionario, con la antelación necesaria, el derecho de uso de los terrenos que se enumeran en el anexo 1. La entrega se formalizará mediante la correspondiente acta o actas, debiendo el Concesionario pagar íntegramente al Estado español la totalidad de los costes en los que éste haya incurrido para proceder a la adquisición de los citados terrenos. El pago correspondiente a cada entrega tendrá lugar mediante deducción de su importe de la primera fracción de las ayudas públicas a pagar por aquél, conforme a la cláusula 14, después de la formalización del acta correspondiente, salvo que en el momento de que se trate no esté previsto el pago de más ayudas públicas, supuesto en el que el Concesionario procederá al abono a los Concedentes del importe correspondiente dentro del mes siguiente a su determinación. TÍTULO II Obligaciones generales del concesionario Cláusula 6. Autorizaciones. 6.1 El Concesionario será responsable de todas las gestiones encaminadas a permitir a las autoridades competentes conceder en tiempo y forma las autorizaciones relativas a la ejecución de la Concesión y, en consecuencia, asumirá en exclusiva los riesgos correspondientes. 6.2 Los Concedentes tramitarán con la mayor rapidez posible las solicitudes de autorización formuladas por el Concesionario que sean de su competencia. Cuando las circunstancias lo justifiquen, los Concedentes apoyarán, en la medida en que sea necesario y con observancia en todo caso del ordenamiento jurídico, las gestiones del Concesionario dirigidas al otorgamiento por las autoridades administrativas de las autorizaciones relativas al cumplimiento de la Concesión. 6.3 No obstante lo indicado en la cláusula 6.1, en el supuesto de que determinadas obras deban ser interrumpidas o abandonadas como consecuencia de la anulación de la declaración de utilidad pública o de la Declaración de Impacto Ambiental, los Concedentes y el Concesionario adoptarán, de común acuerdo, las medidas que permitan a éste asegurar la ejecución de la Concesión en condiciones económicas equivalentes a las inicialmente previstas. Cláusula 7. Obligaciones del concesionario en materia de seguridad, medio ambiente, calidad y otros extremos. 7.1 El Concesionario estará obligado a cumplir: i) Por lo que concierne a la organización y el control de la calidad, las prescripciones que se contienen en el anexo 5 y en las demás disposiciones aplicables a la Concesión. ii) Por lo que se refiere a la seguridad en el túnel de Perthus, las prescripciones contenidas en el anexo 3 y en las demás disposiciones aplicables a la Concesión. 7.2 En virtud de la Concesión, el Concesionario se obliga a cumplir, en lo que atañe a la Sección Internacional: i) En Francia, los compromisos asumidos por la República Francesa con los servicios del Estado, las entidades locales, los organismos o respecto de terceros en el marco de los estudios y concertaciones que han posibilitado la aprobación del proyecto, adoptados en el marco de los procedimientos de declaración de utilidad pública de la Sección Internacional, enumerados en el documento de compromisos del Estado hecho público por el Préfet des Pyrénées Oreintales el 19 de julio de 2002, puesto a disposición del Concesionario, debiendo éste cumplir las condiciones de realización a las que dicha declaración esté vinculada. ii) En España, las prescripciones y obligaciones que resultan de la «Declaración de Impacto Ambiental del Estudio Informativo «Línea Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa. Tramo: Barcelona-Frontera Francesa. Subtramo: Llinars del Vallés-Frontera Francesa.» (BOE número 231, del 26 de septiembre de 2001), y de la Resolución del Secretario de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento por la que se aprueba definitivamente el trazado del tramo: Figueres-Frontera Francesa del Estudio Informativo: «Línea Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa. Tramo: Barcelona-Frontera Francesa.» (BOE número 245, de 12 de octubre de 2001). 7.3 Las normas o especificaciones aplicables se recogen, de forma general y por orden decreciente de importancia, en el anexo 2 en lo relativo al proyecto y la construcción, y en el anexo 7 en lo concerniente a la explotación. Tales anexos no tienen carácter exhaustivo, de forma que podrán existir otras prescripciones aplicables en la fecha de entrada en vigor de la Concesión que el Concesionario estará obligado a respetar y, asimismo, éste podrá someter sus propias propuestas a la aprobación de los Concedentes. La Sección Internacional deberá cumplir las prescripciones para una nueva línea especialmente construida para la alta velocidad contenidas en la Directiva 96/48/CE, de 23 de julio de 1996, relativa a la interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo de alta velocidad, así como la parte de las especificaciones técnicas de interoperabilidad que le sean aplicables, en las condiciones previstas por los anexos 2 (Prescripciones técnicas para el proyecto y la construcción), 7 (Explotación) y 8 (Mantenimiento). TÍTULO III Proyecto y construcción de la obra Cláusula 8. Diseño, proyecto y ejecución de las obras. 8.1 El Concesionario será íntegramente responsable del diseño, proyecto y construcción de la Sección Internacional. 8.2 Previa aprobación de los Concedentes, el Concesionario designará y retribuirá a uno o varios expertos independientes de los responsables del proyecto y construcción de la Sección Internacional, encargados de: i) Evaluar el proyecto y la ejecución de la Sección Internacional, así como verificar sus condiciones, en lo concerniente a los objetivos de seguridad y de mantenimiento en el tiempo de dichas condiciones. ii) Evaluar la seguridad del túnel de Perthus. iii) Evaluar la conformidad de los proyectos de ejecución a los que se alude en la cláusula 8.5 con la normativa aplicable y las normas de la buena práctica. Dichos expertos podrán ser personas físicas u organismos o servicios técnicos –sin perjuicio, en este último caso, de que las personas físicas que en el seno de dichos organismos o servicios técnicos hayan de llevar a cabo las tareas enumeradas anteriormente sean designados nominalmente previa aprobación de los Concedentes–. 8.3 En el plazo de 6 (seis) meses a contar desde la fecha de entrada en vigor de la Concesión, el Concesionario presentará a la Comisión Intergubernamental, para su aprobación por los Concedentes, un documento técnico (en lo sucesivo, «Proyecto Básico») al que serán de aplicación las reglas siguientes: i) El Proyecto Básico se elaborará por el Concesionario de conformidad con las prescripciones de los anexos 2 y 3 y partiendo de los elementos de su anteproyecto contenidos en el anexo 0. El Proyecto Básico se fraccionará en diversas partes conforme a lo previsto en el anexo 4. ii) El alcance del Proyecto Básico será, como mínimo, el necesario para la completa definición geométrica de las obras a realizar y para establecer las ocupaciones de suelo necesarias y los bienes y derechos afectados. iii) El Proyecto Básico contemplará, al menos, los aspectos que se enumeran en el anexo 4. Los Concedentes habrán de notificar al Concesionario su decisión en relación con cada una de las partes de las que consta el Proyecto Básico dentro de los 2 (dos) meses siguientes a la fecha de presentación de cada una de aquéllas. La aprobación podrá incorporar al mismo todas aquellas prescripciones que los Concedentes consideren necesarias para la redacción de los ulteriores proyectos de ejecución a los que se refiere la cláusula 8.5. 8.4 El Concesionario presentará a la Comisión Intergubernamental, con anterioridad o simultáneamente a la última de las partes del Proyecto Básico, para su aprobación por los Concedentes, los documentos siguientes, que se ajustarán al contenido de los anexos 3 y 7 y a todas las normas, incluidas las de la buena práctica, aplicables a la materia: i) Un estudio preliminar de seguridad, en el que se tendrán en cuenta las prescripciones del anexo 2 y los datos técnicos y funcionales del anexo 0 y se precisarán las características del proyecto en relación con los objetivos de seguridad del conjunto de las infraestructuras e instalaciones de la Sección Internacional y, en particular, las reglas, normas y prescripciones relativas a la seguridad de funcionamiento, a la calidad y a la accesibilidad. Este estudio se acompañará del informe del experto previsto en la cláusula 8.2.i). ii) Un estudio de seguridad del túnel de Perthus, teniendo en cuenta las prescripciones del anexo 3, que deberá comprender: − La descripción del túnel y de sus equipos, así como de las condiciones de explotación, acompañada de todos los planos necesarios para la comprensión de las soluciones o medios adoptados. − Un estudio de la incidencia de las condiciones de explotación previstas sobre la circulación de los trenes. − Un estudio específico de riesgos que describa las situaciones de accidente, cualquiera que sea su origen, que puedan producirse durante la explotación, así como la naturaleza e importancia de sus eventuales consecuencias. Dicho estudio expresará y justificará las medidas posibles para reducir la probabilidad de que tales accidentes se produzcan y sus consecuencias. − El informe del experto previsto en la cláusula 8.2.ii). Los Concedentes habrán de notificar al Concesionario su decisión en relación con los estudios de seguridad a los que se refiere esta cláusula dentro de los 2 (dos) meses siguientes a la fecha de la presentación de aquéllos. 8.5 El Concesionario. i) Elaborará, de conformidad con las prescripciones de los anexos 2 y 3 y con las partes del Proyecto Básico aprobadas por los Concedentes y bajo su exclusiva responsabilidad, todos los proyectos de ejecución que sean precisos para la realización de las obras (en lo sucesivo, «Proyectos de Ejecución»). El Concesionario se asegurará de que la elaboración de los Proyectos de Ejecución se realice de acuerdo con la normativa vigente y las normas de la buena práctica y de que se lleven a cabo todos los estudios y cálculos necesarios para la definición de las obras a realizar. ii) Deberá someter los Proyectos de Ejecución al informe del experto previsto en la cláusula 8.2.iii). iii) Pondrá a disposición de los Concedentes los Proyectos de Ejecución, así como los certificados elaborados por el experto previsto en la cláusula 8.2.iii). 8.6 El Concesionario ejecutará las obras de conformidad con los Proyectos de Ejecución. 8.7 Sin perjuicio de la obtención de las autorizaciones que eventualmente sean necesarias en virtud de otras normas, la ejecución de las obras de construcción de cada tramo de la Sección Internacional sólo podrá comenzar después de que los Concedentes hayan aprobado la parte del Proyecto Básico relativa a dicho tramo. Por lo que atañe al túnel, el Concesionario sólo podrá comenzar la construcción después de remitir a los Concedentes y de que éstos hayan aprobado las partes del estudio de seguridad previsto por la cláusula 8.4.ii) que justifiquen la elección de la sección transversal en lo que se refiere a la obra civil. Las obras de las secciones exteriores sólo podrán comenzar después de la remisión del estudio preliminar de seguridad al que se refiere la cláusula 8.4.i). El Concesionario sólo podrá comenzar la ejecución de las obras correspondientes a cada parte de la Sección Internacional una vez que haya elaborado el correspondiente Proyecto de Ejecución y haya sido emitido el certificado al que se refiere la cláusula 8.5.iii). 8.8 El Concesionario realizará las obras de construcción de la Sección Internacional de conformidad con el Calendario Inicial. El Calendario Inicial podrá modificarse, en su caso, en aplicación de las cláusulas 6.3, 23, 24, 27.9, 27.10 y 27.11. 8.9 El Concesionario elaborará y remitirá a la Comisión Intergubernamental: − Trimestralmente, los calendarios de ejecución de los proyectos y de las obras, al objeto de que la Comisión Intergubernamental pueda apreciar su avance en relación con el Calendario Inicial. − A la mayor brevedad posible, todos los informes e informaciones que le solicite la Comisión Intergubernamental con el fin de comprobar si las obras de construcción se ajustan a los Proyectos de Ejecución y a las normas aplicables y si su coste está cubierto por los medios de financiación del Concesionario. − A la mayor brevedad posible, cualesquiera otros documentos que le requiera la Comisión Intergubernamental, en particular planes de aseguramiento de la calidad, estudios, cálculos e informes de control y ensayos. 8.10 El Concesionario asistirá, una vez al trimestre, o con mayor frecuencia si la Comisión Intergubernamental lo estima pertinente, a las reuniones de coordinación que al efecto convoque ésta. 8.11 La Comisión Intergubernamental podrá formular observaciones en relación con los documentos que le remita el Concesionario o sobre las obras y su desarrollo. 8.12 El Concesionario adoptará la organización para el proyecto y la construcción de la Sección Internacional que se describe en el anexo 5. 8.13 El Concesionario permitirá el libre acceso a las obras a los representantes de la Comisión Intergubernamental o de las entidades designadas por ésta, y colaborará con ellos para permitirles acceder a todos los lugares de las obras, especialmente con el fin de verificar si éstas son conformes con las prescripciones de la Concesión. 8.14 Las verificaciones realizadas, las observaciones formuladas y las aprobaciones concedidas por la Comisión Intergubernamental y los Concedentes en relación con la realización de la Sección Internacional no determinarán ninguna responsabilidad a su cargo ni excluirán la del Concesionario en relación con la conformidad de la Sección Internacional con las prescripciones de la Concesión. 8.15 El Concesionario se compromete a tomar conocimiento, bajo su exclusiva responsabilidad, de los terrenos sobre los que se construirá la Sección Internacional y, en particular, de aquéllos en los que se construirá el túnel de Perthus, de su consistencia y de sus características geológicas. El Concesionario asume a este respecto la totalidad de los riesgos correspondientes, sin que su responsabilidad quede limitada por razón del carácter eventualmente inexacto o incompleto de los estudios que le hayan remitido los Concedentes o éstos hayan puesto a su disposición. 8.16 La Fecha Contractual de Terminación se fija en 60 (sesenta) meses desde la fecha de entrada en vigor de la Concesión. El concesionario se compromete a que la Puesta en Servicio se produzca en la Fecha Contractual de Terminación. Esta última podrá modificarse, en su caso, en aplicación de las cláusulas 6.3, 23, 24, 27.9, 27.10 y 27.11. Cláusula 9. Modificaciones. El Concesionario podrá, una vez obtenida la aprobación de los Concedentes otorgada previa presentación del correspondiente estudio explicativo y justificativo detallado, construir y poner en explotación obras e instalaciones complementarias, así como introducir modificaciones y mejoras en la Sección Internacional. Cláusula 10. Puesta en servicio. 10.1 Al menos 3 (tres) meses antes de la fecha prevista para la Puesta en Servicio, los Concedentes procederán a una inspección final de las obras en presencia del Concesionario. Una vez practicada la inspección, los Concedentes notificarán al Concesionario sus observaciones en relación con la conformidad de las obras y de las instalaciones construidas con las prescripciones de la Concesión, sin perjuicio de la posibilidad de formular observaciones complementarias a la vista de las actas que reflejen el resultado de los ensayos previstos por la cláusula 10.3. El Concesionario será responsable, respecto de los elementos de la Sección Internacional, de: − Suministrar las declaraciones «CE» de conformidad o idoneidad para el uso de los componentes de interoperabilidad, expedidas por los fabricantes de los mismos. − Obtener de un organismo notificado las declaraciones «CE» de verificación de los subsistemas. 10.2 Al menos 6 (seis) meses antes de la fecha prevista para la Puesta en Servicio, el Concesionario presentará a la Comisión Intergubernamental la primera redacción completa de los documentos siguientes: i) El estudio final de seguridad, al que el Concesionario habrá de acompañar el informe del experto previsto en la cláusula 8.2.i) y, en particular, la certificación por tal experto de la conformidad de las obras con el estudio preliminar de seguridad. El estudio final de seguridad precisará, entre otros extremos, los principios de mantenimiento y las restantes medidas adoptadas para que, durante toda la duración de la explotación, se mantengan los niveles de seguridad de las infraestructuras y de las instalaciones, así como las características de la formación, adaptada a las funciones de seguridad, que recibirá el personal. ii) El estudio de seguridad del túnel de Perthus al que se alude en la cláusula 8.4, completado y actualizado con los extremos siguientes: − Indicación de las medidas relativas al túnel integradas en el sistema general de explotación de la línea y de sus consecuencias sobre la organización, los medios humanos y materiales, así como las consignas previstas para garantizar la explotación y el mantenimiento. − Indicación de las disposiciones adoptadas para integrar las restricciones impuestas por la seguridad del túnel en la gestión de las interfaces con los gestores de las redes y operadores ferroviarios implicados. − Plan de intervención y de seguridad propio del túnel establecido en coordinación con los servicios públicos de emergencia. − Descripción de un mecanismo de seguimiento que permita registrar y analizar los incidentes en el túnel, así como los eventuales incumplimientos de las condiciones de explotación o de las obligaciones de los operadores relacionados con la incidencia registrada. − Informe relativo a estos extremos, emitido por el experto previsto en la cláusula 8.2.ii). iii) El Manual de Explotación al que se refiere el anexo 7. iv) Cualesquiera otros documentos que los Concedentes requieran en el curso de la elaboración de los proyectos y de la ejecución de las obras. Los Concedentes notificarán su aprobación u observaciones sobre tales documentos dentro de los 2 (dos) meses siguientes a su presentación. El Concesionario dispondrá, en su caso, del plazo de 1 (un) mes para presentar nuevas versiones de los documentos para su aprobación por los Concedentes, debiendo éstos notificar su decisión sobre las mismas en el plazo de 1 (un) mes. 10.3 Al menos 3 (tres) meses antes de la fecha prevista para el comienzo de los ensayos previos a la Puesta en Servicio, el Concesionario presentará a la Comisión Intergubernamental el programa general, los principios directores y los procedimientos necesarios para llevar a cabo tales ensayos, así como las verificaciones que prevé realizar con ocasión de la conclusión de la construcción de las obras. Los Concedentes notificarán sus observaciones al respecto en un plazo de 2 (dos) meses desde la recepción de los señalados documentos. El Concesionario ejecutará, bajo su exclusiva responsabilidad, dicho programa, modificado como consecuencia de las observaciones, debiendo remitir a la Comisión Intergubernamental las actas que reflejen su resultado a medida que se vayan suscribiendo. 10.4 La autorización de puesta en servicio de la Sección Internacional en beneficio de todos los usuarios se otorgará por los Concedentes a la vista de los elementos siguientes: − Constatación de la conformidad de la Sección Internacional con las prescripciones de la Concesión (y en particular de la conformidad «CE» sobre las especificaciones de interoperabilidad) y con las observaciones eventualmente formuladas de conformidad con la cláusula 10.1. − Los documentos mencionados en la cláusula 10.2, en su versión aprobada. − Las actas que reflejen el resultado de los ensayos previos a la Puesta en Servicio y de la verificación de las obras conforme al programa mencionado en la cláusula 10.3, en las que se concluya en términos satisfactorios respecto del cumplimiento de las prescripciones o de las prestaciones exigidas. La autorización se otorgará en el plazo máximo de 1 (un) mes a contar desde la remisión por el Concesionario del último de los elementos enumerados. La autorización de puesta en servicio a la que se refiere esta cláusula podrá contener condiciones relativas a la posterior ejecución de obras de subsanación de las deficiencias advertidas, las cuales serán objeto de ulterior acta de comprobación en la que podrán incluirse las reservas que procedan. 10.5 Sin perjuicio de lo previsto en la cláusula 27, los Concedentes podrán, en el caso de que no se cumplan las condiciones para el otorgamiento de la autorización prevista por la cláusula 10.4, otorgar una autorización para la puesta en servicio de la Sección Internacional limitada a ciertas categorías de usuarios o sometida a cualquier otra condición. 10.6 Dentro del año siguiente a la Puesta en servicio, el Concesionario remitirá a la Comisión Intergubernamental 3 (tres) ejemplares en idioma español y 3 (tres) en idioma francés, de los que 1 (uno) en cada idioma será en soporte susceptible de reproducción, de un informe que comprenderá los extremos siguientes: − Localización de la Sección Internacional en su entorno (situación, perfiles y lindes). − Descripción de la Sección Internacional que incluya sus dimensiones exactas (plantas, alzados y secciones). El Concesionario introducirá, a requerimiento de los Concedentes, cuantos complementos o precisiones resulten pertinentes al respecto. TÍTULO IV Explotación de la Sección Internacional Cláusula 11. Explotación y mantenimiento de la sección internacional. 11.1 El Concesionario explotará la Sección Internacional de conformidad con las prescripciones del anexo 7. 11.2 El Concesionario mantendrá a su costa la Sección Internacional en buen estado durante toda la vida de la Concesión, de forma adecuada al uso al que está destinada y cumpliendo lo establecido en el anexo 8 y en las demás disposiciones aplicables a la Concesión. 11.3 El Concesionario estará obligado a mantener en todo momento la continuidad y la fluidez de la circulación en condiciones adecuadas de seguridad y comodidad, así como las prestaciones de la línea y de su explotación. En particular, el Concesionario realizará el mantenimiento de la Sección Internacional que sea necesario para que no se degrade el funcionamiento de ésta y no se imponga ninguna restricción injustificada a la velocidad de la circulación. Cláusula 12. Medidas de policía, seguridad y controles fronterizos. 12.1 El Concesionario cumplirá todas las obligaciones que resulten de las normas o decisiones adoptadas por los poderes públicos, existentes o futuras, en materia de seguridad, no obstaculizando el funcionamiento de los servicios aduaneros, de policía, de inmigración, de lucha contra incendios, de socorro y otros servicios de urgencia, así como los controles sanitarios, fitosanitarios y veterinarios, en la medida en que estén directamente vinculados a la construcción o a la explotación de la Sección Internacional. 12.2 Los Concedentes organizarán los controles fronterizos de manera que se concilien, en la medida de lo posible, la eficacia de los mismos con la fluidez y la celeridad del tráfico. De conformidad con las reglas aplicables resultantes del Derecho Comunitario y del Derecho Internacional, los Concedentes agilizarán los controles y las formalidades administrativas en la frontera en el marco de una cooperación bilateral. A tal fin, los controles que deban efectuarse en el ámbito de la Concesión podrán yuxtaponerse en uno u otro extremo de la Sección Internacional. Esta cláusula no obsta a la posibilidad de practicar controles a bordo de los trenes. Cláusula 13. Relaciones con los usuarios. 13.1 El Concesionario facilitará a las empresas ferroviarias el conjunto de las prestaciones y el acceso por la red a las infraestructuras de los servicios enumerados en el anexo 9, así como cualesquiera otras prestaciones exigidas por las normas aplicables o convenidas con los usuarios. 13.2 Con observancia de las normas comunitarias y, en particular, de la Directiva 2001/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2001, así como de las normas nacionales de trasposición de la misma, de los reglamentos aplicables a la Sección Internacional y del contenido del anexo 7, el Concesionario: − Elaborará y publicará una declaración sobre la red, que someterá a la Comisión Intergubernamental, al objeto de que ésta formule observaciones, al menos 6 (seis) meses antes de la fecha prevista para la Puesta en Servicio y, en lo sucesivo, al menos 2 (dos) meses antes de toda modificación significativa de dicha declaración. − Adjudicará –en coordinación con los entes gestores de las infraestructuras ferroviarias adyacentes– las capacidades de la Sección Internacional. − Podrá concluir acuerdos marco con las empresas ferroviarias u otros candidatos que reúnan los requisitos para la adquisición de una parte de las capacidades de la Sección Internacional, otorgándoles derechos de utilización de la Sección Internacional por una duración superior a un período de vigencia del horario de servicio. 13.3 El Concesionario establecerá como mínimo un centro permanente de información abierto al público, así como un sistema de información a distancia para los usuarios, especialmente en los supuestos de interrupción prolongada de la circulación por la Sección Internacional. TÍTULO V Régimen financiero de la concesión Cláusula 14. Financiación. 14.1 En las condiciones previstas en el presente contrato, el Concesionario se compromete, a su riesgo y ventura, a financiar el proyecto, la construcción, el mantenimiento y la explotación de la Sección Internacional, y asume el conjunto de los riesgos inherentes a tal compromiso. Los términos y condiciones de la financiación y el calendario de puesta a disposición de los fondos se describen en el anexo 11. Cualquier modificación de tales términos y condiciones o calendario será notificada por el Concesionario a los Concedentes a la mayor brevedad posible. En el caso de que haya transcurrido un plazo de 12 (doce) meses desde la fecha de entrada en vigor de la Concesión sin que haya concluido la negociación y se hayan firmado los acuerdos de financiación que permitan al Concesionario hacer frente a sus obligaciones derivadas de la Concesión o sin que los primeros fondos hayan sido puestos a su disposición, los Concedentes podrán declarar resuelta la Concesión. En tal caso, como excepción a lo previsto por las cláusulas 25 y 26, el Concesionario no tendrá derecho a ningún tipo de indemnización en su favor, de cualquier naturaleza que sea. Los Concedentes ejecutarán la garantía prevista por la cláusula 17.1 como indemnización a tanto alzado de los perjuicios que les haya producido la resolución de la Concesión. En el caso de que no haya concluido la negociación y no se hayan firmado los acuerdos de financiación que permitan al Concesionario hacer frente a sus obligaciones derivadas de la Concesión o de que los primeros fondos no hayan sido puestos a su disposición, los Concedentes no pagarán la segunda fracción de las ayudas públicas prevista por la cláusula 14.4.1, salvo que el Concesionario adjunte a la correspondiente solicitud una garantía a primer requerimiento a disposición de los Concedentes, que sea aceptada por éstos, emitida por los accionistas del Concesionario, que asegure, para el caso de resolución de la Concesión en virtud del párrafo anterior, la restitución del importe pagado de la citada segunda fracción de las ayudas públicas. La garantía se cancelará una vez que haya concluido la negociación y se hayan firmado los acuerdos de financiación que permitan al Concesionario hacer frente a sus obligaciones derivadas de la Concesión y que los primeros fondos hayan sido puestos a su disposición. 14.2 El Estado español compensará al Concesionario la parte del Impuesto sobre el Valor Añadido que soporte por las entregas de bienes y prestaciones de servicios de las que sea destinatario que hayan de entenderse efectuadas en el territorio de aplicación del tributo en España y que no sean deducibles para el Concesionario como consecuencia de la percepción de las ayudas públicas que se contemplan en la Concesión. El Estado español abonará, en concepto de provisión, un importe de 26.221.035 (veintiséis millones doscientos veintiún mil treinta y cinco) euros en valor de enero de 2003, conforme al calendario previsto en la cláusula 14.4.1 y en la misma proporción que en ella se establece, actualizado mediante la aplicación del Índice de Precios de Consumo (General sin Tabaco) en España. El último pago del calendario previsto en la cláusula 14.4.1 se ajustará a un cálculo provisional cuyo resultado será la diferencia entre el importe de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido no deducidas por el Concesionario en España y los importes a cuenta recibidos por el Concesionario de conformidad con el párrafo anterior. El Concesionario habrá de presentar al Estado español el citado cálculo provisional en la fecha de Puesta en Servicio. Se procederá a efectuar un cálculo definitivo, y su correspondiente liquidación por diferencia con el cálculo provisional, inmediatamente después de que adquiera firmeza el importe de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido soportadas durante el período de construcción que resulten no deducibles. El resultado del cálculo definitivo se actualizará del mismo modo que los importes a cuenta. En caso de que, a los efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, el régimen aplicable a las ayudas públicas que ha de percibir el Concesionario se viera modificado en España o Francia –tanto si esa modificación tiene su origen en la modificación de la normativa comunitaria o de cualquiera de las normativas nacionales, como si lo tiene en su interpretación judicial o administrativa–, las consecuencias de dicha modificación serán corregidas, de forma que la misma no implique ventaja ni perjuicio económico alguno para el Concesionario o para cualquiera de los dos Estados Concedentes durante toda la vida de la Concesión. 14.3 Sin que ello entrañe modificación ninguna de los derechos y las obligaciones derivadas de la presente Concesión, el Concesionario colaborará con los Concedentes con el fin de optimizar la ayuda financiera de la Unión Europea al proyecto. Asimismo, el Concesionario se compromete a facilitar, en su caso, el desarrollo de las inspecciones y controles que sean necesarias para la consecución de tal fin. La suma de los importes que perciba el Concesionario en concepto de ayudas financieras al cumplimiento del objeto de la Concesión procedentes de la Unión Europea y de otros organismos o entidades públicas distintos de los Concedentes, se deducirá del monto total de las ayudas públicas que éstos han de pagar al Concesionario conforme a lo previsto por la cláusula 14.4. 14.4 Los Concedentes pagarán al Concesionario ayudas públicas a tanto alzado por importe de 540.000.000 (quinientos cuarenta millones) euros en valor de enero de 2003, reducido, en las condiciones que se indican seguidamente, en el importe de las ayudas públicas percibidas por el Concesionario a las que se refiere el segundo párrafo de la cláusula 14.3. En el momento en el que el Concesionario formule la solicitud de pago prevista por la cláusula 14.4.5, el importe teórico a liquidar en euros corrientes, calculado conforme a las cláusulas 14.4.1 a 14.4.4, se reducirá en el importe en euros corrientes de las ayudas públicas percibidas por el Concesionario a las que alude el segundo párrafo de la cláusula 14.3 desde la última solicitud de pago. 14.4.1 Las ayudas públicas se liquidarán por fracciones conforme a las reglas siguientes: – (1) un primer pago, que tendrá lugar 1 (un) mes después de la fecha de entrada en vigor del contrato de concesión, por importe de 54.000.000 (cincuenta y cuatro millones) euros en valor de enero de 2003. – 8 (ocho) pagos semestrales, cada uno de ellos por importe de 54.000.000 (cincuenta y cuatro millones) euros en valor de enero de 2003, teniendo lugar el primer pago 6 (seis) meses después del pago de 54.000.000 (cincuenta y cuatro millones) euros en valor de enero de 2003 previsto en el punto anterior, y estando vinculados estos pagos a la realización de los Eventos Clave de la construcción de la nueva línea previstos en el anexo 6. – 1 (un) último pago de 54.000.000 (cincuenta y cuatro millones) euros en valor de enero de 2003 tendrá lugar 1 (un) mes después de la fecha de Puesta en Servicio de la Sección Internacional. El primer pago se producirá el día de la liquidación de la primera fracción. Respecto de los pagos siguientes, con al menos 20 (veinte) días laborables de antelación a la fecha prevista para cada uno de ellos, el Concesionario presentará a los Concedentes, por correo certificado con acuse de recibo, un certificado que garantice que los proyectos y las obras se están realizando en condiciones tales que se podrá cumplir el Calendario Inicial y se mantiene una coherencia en el avance de las obras, constituyan o no Eventos Clave, así como la enumeración de los documentos justificativos que tiene a disposición de los Concedentes para que éstos controlen, incluso sobre el terreno, la veracidad del certificado. 14.4.2 En caso de retraso en la realización de un Evento Clave, definido como tal en el anexo 6, o de que no se presente el certificado previsto por la cláusula 14.4.1, o de que éste sea cuestionado por los Concedentes dentro de los 10 (diez) días laborables siguientes a su recepción, o de que se produzca un requerimiento de subsanación o una notificación conforme a la cláusula 26, o de estar incurso el Concesionario en un procedimiento judicial de carácter concursal o dirigido a su liquidación, la liquidación de la correspondiente fracción de las ayudas públicas se retrasará por un plazo igual al retraso en la completa realización del hecho de que se trate. 14.4.3 No obstante lo previsto por la cláusula 14.4.2, los Concedentes podrán proceder a la liquidación de una fracción de las ayudas públicas en el supuesto de que no se haya realizado el correspondiente Evento Clave, siempre que el Concesionario constituya, con carácter previo a tal pago, garantías suficientes para cubrir éste. 14.4.4 Cada uno de los importes previstos en la cláusula 14.4.1 se actualizará mediante la aplicación del coeficiente K, definido en los términos siguientes: K = 50 % (TPFn /TPFo) + 50 % (TPEn /TPEo) Donde TPFn es el índice de precios de la construcción (TP01) en Francia correspondiente al mes previsto para el pago según resulta de la cláusula 14.4.1, tal como eventualmente resulte modificada en aplicación de las cláusulas 6.3, 23, 24, 27.9, 27.10 y 27.11. TPEn es el Índice de costes de la construcción. Índice ponderado de Ingeniería Civil, publicado por el Instituto Nacional de Estadística, en España correspondiente al mes previsto para el pago según resulta de la cláusula 14.4.1, tal como eventualmente resulte modificada en aplicación de las cláusulas 6.3, 23, 24, 27.9, 27.10 y 27.11. TPFo es el índice de precios de la construcción (TP01) en Francia del mes de enero de 2003. TPEo es el Índice de costes de la construcción. Índice ponderado de Ingeniería Civil, publicado por el Instituto Nacional de Estadística, en España del mes de enero de 2003. En el supuesto de que alguno de los índices mencionados no sea conocido en la fecha en la que el Concesionario solicite el pago, el cálculo correspondiente se efectuará mediante la aplicación del último índice conocido, procediéndose a la pertinente regularización con ocasión del siguiente pago o, de ser aquél el último, cuando sea posible. 14.4.5 La última de las fracciones prevista por la cláusula 14.4.1 será objeto de una solicitud por el Concesionario que tenga en cuenta la fecha prevista para la Puesta en Servicio, acompañada de los documentos que permitan apreciar la verosimilitud de dicha fecha. 14.4.6 Los pagos de las ayudas públicas se realizarán mediante transferencia bancaria a la cuenta bancaria del Concesionario. 14.5 En caso de retraso de los Concedentes en el pago de cualquier importe debido conforme a la presente cláusula 14, tal importe se incrementará de pleno derecho con intereses moratorios calculados al tipo del 4 % (cuatro) anual para los 3 (tres) primeros meses de retraso y al tipo del 7 % (siete) anual una vez transcurrido dicho plazo de 3 (tres) meses. Los intereses moratorios se calcularán día a día sobre la base de 1 (un) año de 365 (trescientos sesenta y cinco) días a contar desde el primer día de retraso hasta la fecha de pago efectivo del importe debido. 14.6 El Concesionario se obliga a que: i) El importe de los recursos propios aportados por los accionistas sea al menos igual, sin perjuicio de lo dispuesto en el resto de la presente cláusula 14.6, a 102.857.075 (ciento dos millones ochocientos cincuenta y siete mil setenta y cinco) euros. ii) En la fecha de entrada en vigor de la Concesión, deberá estar desembolsado al menos el importe de 34.285.692 (treinta y cuatro millones doscientos ochenta y cinco mil seiscientos noventa y dos) euros. iii) Transcurridos 18 (dieciocho) meses desde la fecha de entrada en vigor de la Concesión, deberá desembolsarse al menos el importe de 34.285.692 (treinta y cuatro millones doscientos ochenta y cinco mil seiscientos noventa y dos) euros. iv) Transcurridos 36 (treinta y seis) meses desde la fecha de entrada en vigor de la Concesión, deberá desembolsarse al menos el importe de 34.285.692 (treinta y cuatro millones doscientos ochenta y cinco mil seiscientos noventa y dos) euros. v) El importe de los recursos propios no se reduzca por debajo del importe referido en la cláusula 14.6.i) hasta la conclusión del tercer año computado a partir de la fecha de Puesta en Servicio y, con posterioridad, sólo en el caso de que se acredite a los Concedentes que la ratio de cobertura de la deuda anual es igual o superior a 1,15. A tales efectos, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: − Ratio anual de cobertura de la deuda = (cash flow disponible para el servicio de la deuda)/(intereses + principal de la deuda). − Cash flow disponible para el servicio de la deuda = (ingresos) – (costes de explotación + costes de mantenimiento + impuestos + otros costes + costes de inversión) ± (variación de la necesidad en fondos de operaciones). vi) El importe de los recursos propios no sea en ningún caso inferior al 3 % (tres) de la inversión total en las obras de construcción de la Sección Internacional durante la duración de la Concesión. 14.7 A efectos de la presente cláusula, los recursos propios estarán constituidos por el capital social del Concesionario y los recursos aportados por sus accionistas que estén subordinados a todas las obligaciones financieras del Concesionario. 14.8 A partir del ejercicio en el que el total de los resultados netos de explotación acumulados de la Concesión sea superior a 1.350.000.000 (mil trescientos cincuenta millones) euros en valor de enero de 2003, el Concesionario pagará a los Concedentes, hasta el final de la Concesión, un canon anual equivalente al 25 % (veinticinco) del resultado neto anual de explotación. A los efectos de la presente cláusula 14.8, se entenderá por resultados netos de explotación la cifra que resulte de deducir al importe de los ingresos de explotación, excluidos los ingresos financieros, obtenidos por el Concesionario la suma de los importes siguientes: − Los costes de explotación, incluido el mantenimiento corriente. − Las aportaciones a la cuenta de regularización establecida para las renovaciones y el mantenimiento pesado. − Los impuestos. La suma en euros constantes pagada por el Concesionario a los Concedentes conforme a la presente cláusula 14.8 no podrá exceder del importe de las ayudas públicas de cualquier naturaleza percibidas por aquél para el cumplimiento del objeto de la Concesión. Cláusula 15. Cánones. 15.1 El Concesionario percibirá de los operadores ferroviarios cánones a tanto alzado por la utilización de la Sección Internacional por los trenes que circulen por la misma. Tales cánones se establecerán por el Concesionario de conformidad con la presente cláusula y con observancia de las normas comunitarias y, en particular de la Directiva 2001/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2001, de las normas nacionales dictadas para su trasposición y de los reglamentos aplicables a la Sección Internacional. 15.2 Los cánones son fijados de manera global para cada tren de un mismo Grupo, de una misma categoría y circulando en una misma franja horaria. Los Grupos contemplados son los siguientes: 15.2.1 Grupo 1: «Trenes de viajeros»: está constituido por el conjunto de los trenes en los que la mayoría de sus vagones son destinados al transporte de viajeros. 15.2.2 Grupo 2: «Trenes de mercancías» 15.2.3 Grupo 3: «Unidades de tracción aisladas» 15.2.4 Grupo 4: «Transportes especiales» (definidos en la cláusula 15.7) Todas las magnitudes definidas en la presente cláusula y aplicables al conjunto de los Grupos tarifarios estarán identificadas con el subíndice «g». Todas las magnitudes definidas en la presente cláusula y aplicables a uno solo de los Grupos tarifarios estarán identificadas con subíndices de la manera siguiente: «v» cuando se refieran al Grupo 1, «m» para el Grupo 2, «uts» para el Grupo 3 y «ts»para el Grupo 4. El importe de los cánones no incluye el coste del suministro de la energía eléctrica y los servicios vinculados al mismo. Cuando el Concesionario asegure todo o parte de tal suministro, el mismo será facturado de forma independiente, sobre bases transparentes y no discriminatorias. El Concesionario definirá dentro de un mismo Grupo, con el acuerdo de los Concedentes, categorías de trenes con características técnicas y comerciales homogéneas. El anexo 10 describe para cada Grupo las categorías adoptadas y la parrilla de cánones correspondientes aplicables en la fecha de Puesta en Servicio, expresados en euros de enero de 2003, indicando, en caso necesario, las modulaciones propuestas por periodos o franjas horarias. El Grupo 1 comprenderá al menos las siguientes categorías, que figuran en el anexo 10: – Categoría 1.1: Trenes con una capacidad inferior a 300 (trescientas) plazas sentadas. – Categoría 1.2: Trenes con una capacidad comprendida entre 300 (trescientas) y 410 (cuatrocientas diez) plazas sentadas. – Categoría 1.3: Trenes con una capacidad comprendida entre 411 (cuatrocientas once) y 510 (quinientas diez) plazas sentadas. – Categoría 1.4: Trenes con una capacidad superior a 510 (quinientas diez) plazas sentadas. A efectos de determinar a qué categoría pertenece un tren del Grupo 1 en el que existan plazas acostadas, cada plaza acostada se contabilizará como 1,4 (una coma cuatro) plazas sentadas. El Grupo 2 comprenderá al menos las siguientes categorías: – Categoría 2.1: Trenes de mercancías convencionales. – Categoría 2.2: Trenes de transporte de automóviles. – Categoría 2.3: Trenes de transporte combinado. En caso de aparición de una o más categorías de trenes en los Grupos 1 y 2, el Concesionario podrá proponer, en el marco de la siguiente modificación de la parrilla de cánones conforme a lo previsto en la cláusula 15.3, la introducción de nuevos cánones para tales categorías, respetando las reglas para la fijación de cánones globales establecidas en esta cláusula. El Concesionario definirá, con acuerdo de los Concedentes, las franjas horarias para cada categoría de trenes. Cada categoría estará dividida, en la fecha de Puesta en Servicio de la Sección Internacional, en las franjas horarias que figuran en el anexo 10. En caso de que fuese necesario, en particular por razones ligadas a la gestión de tráfico sobre la Sección Internacional, el Concesionario podrá proponer la modificación de las franjas horarias en el marco de la siguiente modificación de la parrilla de cánones, conforme a lo previsto en la cláusula 15.3, respetando las reglas para la fijación de cánones globales establecidas a continuación. 15.3 A efectos de lo previsto por la presente cláusula 15, se entiende por «año» todo período de 12 (doce) meses comenzando a contar en múltiplos de 12 (doce) meses desde la fecha de Puesta en Servicio. Asimismo, se entiende por «año n» el enésimo período de 12 (doce) meses contado desde la fecha de Puesta en Servicio. El Concesionario publicará cada año, en la declaración sobre la red, una parrilla en la que se fijarán los cánones globales para cada Grupo, para cada categoría y para cada franja horaria y por un período estacional determinado del año. En la elaboración de dicha parrilla de cánones se respetará el conjunto de las disposiciones contenidas en la cláusula 15. La parrilla será sometida por el Concesionario a los Concedentes, para su aprobación, al menos 3 (tres) meses antes de su entrada en vigor. Los Concedentes darán su conformidad en el plazo de 1 (un) mes o, en su caso, solicitarán información complementaria al Concesionario. La parrilla de cánones definitiva será fijada como muy tarde 1 (un) mes antes del inicio de cada año. En caso de desacuerdo, el Concesionario aplicará una parrilla temporal de cánones coincidente con la parrilla aplicada durante el año precedente. Los Concedentes podrán en todo caso, en espera de que se resuelva la controversia, definir de acuerdo con el Concesionario una parrilla temporal de cánones corregida. 15.4 El canon medio ponderado anual previsto por Grupo, para los Grupos 1, 2 y 3, se calcula, 3 (tres) meses antes del comienzo de cada año n y así hasta el final de la Concesión, a partir de las parrillas de cánones detalladas para cada Grupo, de la siguiente manera: mediante la división de los ingresos previstos por el Concesionario para el Grupo para el año n, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, entre el número de trenes del mismo Grupo previsto por el Concesionario para el año n. Los ingresos previstos se calculan aplicando la nueva parrilla propuesta por el Concesionario a las circulaciones de trenes de las diferentes categorías y franjas horarias del Grupo previstas por el Concesionario para el año n. Los Concedentes podrán cuestionar la previsión del Concesionario en las condiciones previstas en la cláusula 15.3, en caso de error manifiesto de apreciación de aquél. 15.5 Para cada año n, los cánones globales de los Grupos 1, 2 y 3 serán fijados de tal manera que el canon medio ponderado anual previsto para cada Grupo, según el modo de cálculo establecido en la cláusula 15.4, sea inferior o igual al Techo Pg(n) del Grupo considerado, fijado conforme a lo previsto en la cláusula 15.6. Las amplitudes máximas en la parrilla de cánones, entre los cánones de los trenes por franja horaria para una categoría dada, serán de +/– 50 % (cincuenta) en relación con el valor de la media aritmética de dichos valores. La diferencia entre la media aritmética de los cánones de los trenes de una categoría dada y el Techo del Grupo al que pertenece dicha categoría no podrá ser superior o inferior al 50 % (cincuenta) del valor del Techo del Grupo en cuestión. La evolución, de un año en relación con el inmediatamente anterior, de cada elemento de la parrilla de cánones (según categoría y franja horaria) no debe ser superior o inferior en más de 5 (cinco) puntos porcentuales al aumento previsto para el año considerado del Techo del Grupo de que se trate. En caso de cambios sustanciales en la composición del tráfico por categorías o por franjas horarias, este límite podrá superarse con el acuerdo expreso y previo de los Concedentes. 15.6 Reglas relativas a los Techos autorizados para los cánones anuales. Se define, cada año n, un Techo antes de corrección Qg(n) y un Techo corregido Pg(n) conforme a las disposiciones siguientes: El Techo inicial antes de corrección Qg(n) sigue la fórmula de evolución definida en la cláusula 15.6.1. Los 3 (tres) primeros años tras la Puesta en Servicio, Qg(n) toma los valores definidos en la cláusula 15.6.1. Para los años n siguientes, para cada uno de los Grupos tarifarios 1, 2 y 3, el Techo inicial es calculado en función del Techo inicial del año precedente Qg(n-1), del coeficiente de evolución en términos reales Cg(n), de un coeficiente Δ(n) y del índice de inflación del año n en relación al año n-1 A(n), conforme a las disposiciones de la cláusula 15.6.1. Para cada año n, tras el establecimiento de la nueva parrilla de cánones, un Techo corregido denominado Pg(n), será establecido a partir del Techo inicial Qg(n). De esta forma el Techo corregido Pg(n) es entonces considerado el Techo que se debe aplicar a los cánones del año n, conforme a las cláusulas 15.4 y 15.5. La corrección que se aplica anualmente al Techo inicial Qg(n) para calcular Pg(n) resulta, conforme a las disposiciones de la cláusula 15.6.2, de las dos posibilidades siguientes: – Siempre que se observe que el Techo Pg (n-2) ha sido rebasado por el canon medio ponderado real constatado en el año n-2 Mg (n-2), el Techo inicial del año n, Qg (n) será corregido a la baja en en la misma proporción que el exceso observado en el año n-2. – Para el Grupo viajeros, siempre que la capacidad media de los trenes que hayan circulado el año n-2, Capv (n-2), sobrepase la capacidad media de referencia K0 definida, en número de plazas ofertadas por tren, en la cláusula 15.6.2, el Techo inicial del año n, Qg(n), será corregido al alza, conforme a las disposiciones de la citada cláusula 15.6.2. 15.6.1 Definición del Techo antes de corrección Qg(n): El Techo antes de corrección, Qg(n), aplicable al primer año es fijado, en euros de valor de enero de 2003 y excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, para cada Grupo, en los siguientes valores: Grupo Techos euros de enero 2003) 1. Trenes de viajeros 1.350 €/tren 2. Trenes de mercancías 550 €/tren 3. Unidades de tracción aisladas 550 €/unidad de tracción simple o acoplada 4. Transportes especiales no aplicable El valor en euros corrientes de este Techo, aplicable el primer año, será fijado 3 (tres) meses antes de la fecha prevista para la Puesta en Servicio, aplicando a su valor en euros de enero de 2003 el siguiente coeficiente de actualización inicial A i Ai = 50% (If(1) / If (o) ) + 50% (Ie(1) / Ie(o)) Donde Ie (o) es el Índice de Precios al Consumo en España (General sin Tabaco) e If (o) es el Índice de Precios al Consumo en Francia (excluido el tabaco), ambos del mes de enero de 2003; Ie (1) es el Índice de Precios al Consumo en España (General sin Tabaco) e If (1) es el Índice de Precios al Consumo en Francia (excluido el tabaco), ambos publicados 3 (tres) meses antes de la fecha de la Puesta en Servicio, incrementados en el 3/12 (tres doceavos) de la media de los crecimientos respectivos de los Índices de Precios al Consumo en España (General sin Tabaco) y en Francia (excluido el tabaco) constatada en el curso de los últimos 12 (doce) meses conocidos. A partir del segundo año a contar desde la fecha de Puesta en Servicio, es decir para n ≥2, la regla de evolución de Qg (n) es la siguiente: Qg (n) = Qg (n-1) × [Cg (n) + A(n)] × Δ (n) Donde A(n) = Max [(50% (If (n) / If (n-1) ) + 50% (Ie(n) / Ie(n-1))),1] Siendo Ie (n) es el Índice de Precios al Consumo en España (General sin Tabaco) e If (n) es el Índice de Precios al Consumo en Francia (excluido el tabaco), ambos publicados 3 (tres) meses antes del comienzo de cada año, y donde los valores de Cg (n) y el funcionamiento del coeficiente Δ (n) son los siguientes: Coeficiente Cv (n): Período Cv (n) De n=1 a n=3 0 De n=4 a n=7 0,05 De n=8 a n=9 0,03 n=10 0,008 De n=11 a n=13 0 n=14 (1,5/1,3)-1 De n=15 a n=23 0 n=24 (1,6/1,5)-1 A partir de n=25 0 Coeficiente Cm (n) : Período Cm (n) De n=1 a n=3 0 De n=4 a n=7 0,05 De n=8 a n=9 0,03 n=10 0,008 De n=11 a n=13 0 n=14 (1,5/1,3)-1 De n=15 a n=23 0 n=24 (1,6/1,5)-1 A partir de n=25 0 Coeficiente Δ (n): El coeficiente Δ (n) es un coeficiente corrector de carácter coyuntural que le permite al Concesionario ajustar de forma simétrica los cánones, al alza y a la baja, más allá de la fórmula de evolución, si los tráficos constatados, medidos en número de trenes, se distancian sensiblemente y de manera sostenida de las previsiones de número de trenes adoptadas por el Concesionario y justificadas. El coeficiente Δ (n) será igual a 1 (uno) para cualquier año de la Concesión, salvo para los años n=4, n=9 y n=14. Cálculo de Δ (n) para n=4, n=9 y n=14: 3 (tres) meses antes del comienzo del año en el cual se aplica, Δ (n) se calculará sobre la base de las observaciones efectuadas en el período de 5 (cinco) años que antecede al año n. Sea E(n) el coeficiente calculado como división entre el número de trenes totales registrados en el conjunto de todos los Grupos tarifarios (computadas como trenes las franjas de capacidad reservadas, abonadas y no utilizadas) para cada período y el número total de trenes previstos en el conjunto de todos los Grupos tarifarios en dicho período, donde Tp (i) representa el número de trenes totales previstos para el conjunto de todos los Grupos tarifarios en el año i, y Tc (i) el número de trenes totales registrados para el conjunto de todos los Grupos tarifarios (computadas como trenes las franjas de capacidad reservadas, abonadas y no utilizadas) en el año i. E4 se calculará teniendo presentes los trenes registrados y los trenes teóricos previstos en los 3 (tres) primeros años. El anexo 10 recoge los valores tomados para los trenes previstos en el conjunto de todos los Grupos tarifarios para los tres períodos de referencia. Para n=4, n=9 y n=14, el valor de Δ (n) viene dado por el cuadro siguiente: Valor de E(n) E(n)≤ 0,8 0,8<E(n) ≤ 0,85 0,85<E(n) ≤0,9 0,9< E(n) <1,10 1,10 ≤ E(n) <1,15 1,15≤E(n) <1,20 1,20≤E(n) Valor de Δ (n) 1.04 1.03 1.02 1 0.98 0.97 0.96 15.6.2 Definición del Techo después de corrección Pg (n), aplicable a los cánones. Durante los 2 (dos) primeros años a contar desde la fecha de Puesta en Servicio, es decir n≤2, el Techo después de corrección Pg (n), aplicable a estos 2 (dos) años será tomado igual a Qg (n), tal como se ha definido en la cláusula 15.6.1. A partir del tercer año a contar desde la fecha de Puesta en Servicio, es decir para n>2 los Techos por Grupo Pg (n), serán fijados 3 (tres) meses antes del inicio de cada año, según las reglas siguientes: a) Grupo Trenes de viajeros. Para n > 2, sea Mv (n-2) el canon medio ponderado real, obtenido por la división de los ingresos reales del Grupo Trenes de viajeros para el año n-2, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, entre el número de trenes del mismo Grupo que hayan pasado por la Sección Internacional el mismo año. El Techo corregido Pv (n) autorizado para el Grupo Trenes de viajeros para el año n se fija de la manera siguiente: – Para n > 2 y si Mv (n-2) ≥ Pv (n-2), entonces Pv (n) = Qv (n) × [Pv (n-2)/Mv (n-2)] × Kv (n-2) – Si no, Pv (n) = Qv (n) × Kv (n-2) Donde el coeficiente Kv (n) viene dado según las reglas siguientes: Coeficiente Kv (n) Kv (n) es un coeficiente que refleja la evolución de la capacidad media de los trenes de viajeros, expresada en plazas por tren, en relación con la capacidad de referencia K0. K0 es igual al valor medio observado durante los 3 (tres) primeros años de explotación. Este valor no podrá ser inferior a 360 (trescientas sesenta) plazas por tren. Por convención, Kv (n) permanecerá igual a 1 (uno) durante los 3 (tres) primeros años a contar desde la fecha de Puesta en Servicio. Sea Capv (n) la capacidad media constatada para los trenes del Grupo 1 durante el año n, definida según la fórmula siguiente: Capv (n) = Pv (n)/Tv (n), donde Tv (n) es el número total de trenes del Grupo 1 constatados durante el año n, y donde Pv (n) es el número total de plazas sentadas que han sido ofertadas por los anteriores trenes en el mismo año n. En un tren del Grupo 1 en el que existan plazas acostadas, cada plaza acostada será contabilizada como 1,4 (una coma cuatro) plazas sentadas. A partir del año n=4, el coeficiente Kv (n) se calcula de la manera siguiente: Kv (n) = max (Capv (n)/K0; 1) Los datos necesarios para el establecimiento del coeficiente Kv (n), en particular Pv (n), serán recogidos bajo la responsabilidad y a costa del Concesionario. Los datos anuales recogidos serán comunicados a los Concedentes como muy tarde 3 (tres) meses antes del comienzo de cada año sobre el que se establecen la nueva parrilla de cánones y el valor del coeficiente Kv (n) en cuestión. Los Concedentes dispondrán de 15 (quince) días naturales para aprobar el valor del coeficiente Kv (n) o, en su caso, solicitar información complementaria al Concesionario. En caso de desacuerdo, se tendrá en cuenta un valor temporal de Kv (n) igual a Kv (n-1) para el establecimiento de la nueva parrilla de cánones. b) Grupo Trenes de mercancías. Para n>2, sea Mm (n-2) el canon medio ponderado real, obtenido por la división de los ingresos reales del Grupo Trenes de mercancías para el año n-2, excluidos los ingresos debidos a los cánones complementarios aplicados a los trenes del Grupo 2 cuya longitud sobrepase la longitud de referencia definida en el anexo 10 para la categoría a la que pertenezcan, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, entre el número de trenes del mismo Grupo que hayan pasado por la Sección Internacional el mismo año. El Techo corregido Pm (n) autorizado para el Grupo Trenes de mercancías para el año n se fija de la manera siguiente: – Para n > 2 y si Mm (n-2) ≥ Pm (n-2), entonces Pm (n) = Qm (n) × [Pm (n-2)/Mm (n-2) – Si no, Pm (n) = Qm (n) El Concesionario está autorizado a aplicar un canon ajustado a la longitud de un tren de mercancías de una categoría dada, siempre que éste sobrepase la longitud de referencia aplicable a la categoría en cuestión. Las longitudes de referencia por categoría del tren de mercancías figuran en el anexo 10. Para tales trenes, el canon complementario autorizado será tal que el canon total aplicado a cada tren sea igual al producto del canon de base correspondiente por la relación entre la longitud efectiva y la longitud de referencia, anteriormente aludida, de la categoría a la que pertenezca el tren. Dicho canon complementario no será tenido en cuenta ni en el cálculo del canon medio ponderado anual previsto para el Grupo 2, tal como se especifica en la cláusula 15.4, ni en el cálculo del canon medio ponderado anual real para el Grupo 2, definido en la letra b) de la presente cláusula. Con carácter anual, el Concesionario remitirá a los Concedentes la información sobre el número, las características técnicas y el precio pagado por los trenes sometidos a dicho canon complementario, así como el número total de trenes de mercancías por categorías que hayan atravesado la Sección Internacional. Una vez transcurridos 5 (cinco) y 10 (diez) años, respectivamente, desde la Puesta en Servicio, las partes procederán a revisar esta cuestión, sobre la base de los elementos anteriormente indicados y de los datos (declaraciones, contabilidad, informes, etc.) que recoja el Concesionario el año anterior al de la revisión, aplicando una metodología establecida conjuntamente con los Concedentes, en relación con las toneladas y las longitudes de los trenes de mercancías que atraviesen la Sección Internacional. Si tales datos muestran que el tonelaje neto medio de los trenes de mercancías no sometidos al canon complementario se aparta sensiblemente de 420 (cuatrocientas veinte) toneladas, las partes acuerdan reajustar en consecuencia las longitudes de referencia. Las longitudes, comprendidos los elementos de tracción, a tener en cuenta en el anexo 10 son las siguientes: – Trenes de transporte de automóviles: Laut = 650 (seiscientos cincuenta) metros. – Trenes de mercancías convencionales: Lconv = 600 (seiscientos) metros. – Trenes de transporte combinado: Lcomb = 500 (quinientos) metros. c) Grupo Unidades de tracción aisladas. El Techo Puts (n) autorizado para el Grupo Unidades de tracción aisladas será igual al Techo Pm (n) aplicado al Grupo Trenes de mercancías, tal como se calcula en la letra b) de la presente cláusula. 15.7 El Concesionario aplicará cánones especiales a la utilización de la Sección Internacional por los transportes especiales admitidos a circular, considerando especial cualquier tren cuya carga presente dimensiones o características de peso que requieran vagones especiales o vagones articulados, o cualquier tren cuya circulación obligue a condiciones especiales de vigilancia o de explotación de la red en su recorrido. El canon aplicable a un transporte especial en una franja horaria considerada será igual al canon más elevado aplicable a un tren de mercancías en dicha franja horaria, con facturación adicional a los operadores ferroviarios de los posibles costes adicionales, debidamente justificados, inducidos para el Concesionario por los mencionados transportes especiales. Los transportes especiales serán autorizados a circular por la Sección Internacional en horarios que permitan evitar la perturbación de la circulación de trenes de viajeros o de mercancías. Su solicitud se pondrá en conocimiento del Concesionario y de los gestores de infraestructuras ferroviarias adyacentes con la suficiente antelación para poder organizar su circulación. Las unidades de tracción aisladas serán autorizadas a circular por la Sección Internacional en horarios que permitan evitar la perturbación de la circulación de los trenes de viajeros o de mercancías. 15.8 Cuando un operador de trenes de mercancías utilice para la explotación normal de su servicio una o más franjas de capacidad inicialmente reservadas para trenes de viajeros, el Concesionario podrá reclamarle el pago de los mismos cánones que se apliquen a los trenes de viajeros que utilicen las mismas franjas. Una franja de capacidad reservada será normalmente debida, pudiendo el Concesionario, no obstante, aplicar una reducción, e incluso eventualmente no cobrar una reserva no utilizada, en el marco de su política comercial con respecto a los operadores. 15.9 El Concesionario deberá en todo caso tratar con arreglo al principio de igualdad a los diferentes usuarios de la Sección Internacional. Cláusula 16. Tributos. Serán de cargo del Concesionario todos los tributos, existentes o futuros, relativos a la Concesión, incluyendo los concernientes a los inmuebles de la misma. Sin perjuicio de lo establecido por la cláusula 24.2, el Concesionario estará sujeto, por las operaciones derivadas de la Concesión, a las obligaciones que resulten de las disposiciones fiscales vigentes, en el momento presente o en el futuro, en España y en Francia, así como a las que resulten de los Tratados Internacionales vigentes, en el momento presente o en el futuro, en la materia. Cláusula 17. Garantías. 17.1 El Concesionario se compromete a que la garantía de construcción por importe de 60.000.000 (sesenta millones) euros constituida en forma de garantía bancaria a primer requerimiento según el modelo contenido en el anexo 12 a disposición de los Concedentes, conforme al Pliego de Bases regulador de la adjudicación de la Concesión, con carácter previo a la firma de ésta, subsista en su importe nominal hasta que haya transcurrido un plazo de 6 (seis) meses desde la fecha de Puesta en Servicio. Ello no obstante, el importe de dicha garantía podrá reducirse a 30.000.000 (treinta millones) euros una vez que el Concesionario acredite a los Concedentes que dispone de los fondos necesarios para cumplir el objeto de la Concesión. 17.2 En la fecha de Puesta en Servicio, el Concesionario constituirá una nueva garantía, por un importe de 1.500.000 (un millón quinientos mil) euros, comprometiéndose a que la misma subsista en su importe nominal actualizado hasta la conclusión del cuadragésimo quinto año desde la fecha de entrada en vigor de la Concesión. En el caso de que la garantía a la que se refiere el párrafo anterior sea objeto de ejecución en una cuantía superior al 50 (cincuenta)% de su importe nominal actualizado, bien en virtud de un solo acto de ejecución, bien en virtud de la suma de los importes correspondientes a los distintos actos de ejecución producidos en el curso de un período de 12 (doce) meses consecutivos, el Concesionario incrementará el importe de la garantía a la cifra de 3 (tres) millones de euros, actualizada conforme a lo indicado en la presente cláusula. La garantía así incrementada se mantendrá en la cifra actualizada de 3.000.000 (tres millones) euros durante 36 (treinta y seis) meses. Si, durante tal período, la garantía no ha sido objeto de ejecución en una cuantía superior al 25 (veinticinco)% de su importe nominal actualizado en virtud de un solo acto de ejecución, o en una cuantía superior al 50 (cincuenta)% de su importe nominal actualizado en virtud de la suma de los importes correspondientes a los distintos actos de ejecución producidos en el curso del período de 36 (treinta y seis) meses, el Concesionario reducirá dicha garantía, previo acuerdo de los Concedentes acerca de la concurrencia de los señalados requisitos, a la cifra de 1.500.000 (un millón quinientos mil) euros, actualizada conforme a lo indicado en la presente cláusula. Las reglas precedentes serán aplicables cuantas veces resulten pertinentes hasta la cancelación de la garantía prevista por esta cláusula 17.2. La garantía a la que se refiere esta cláusula 17.2 se cancelará cuando se constituya la prevista por la cláusula 17.3. El importe de la garantía prevista por la presente cláusula 17.2 se revisará anualmente, por años calculados desde la fecha de su constitución, en función de la evolución de la media de los Índices de Precios de Consumo en España (General sin Tabaco) y en Francia, excluido el tabaco. 17.3 Al menos 5 (cinco) años antes de la conclusión del plazo de la Concesión previsto por la cláusula 22, el Concesionario constituirá a disposición de los Concedentes una garantía por importe del 50 (cincuenta)% del coste total de las obras de conservación y renovación previstas en el programa quinquenal correspondiente al que se refiere el anexo 8. Tal garantía podrá ser reducida cada año, previo acuerdo de los Concedentes, para tener en cuenta la fracción de las obras que se haya ejecutado, y subsistirá hasta que hayan transcurrido 6 (seis) meses desde la conclusión del plazo previsto por la cláusula 22. 17.4 Los Concedentes podrán ejecutar las garantías previstas en esta cláusula 17 al objeto de hacer efectiva cualquier suma debida a aquéllos por el Concesionario en virtud de la Concesión. 17.5 En caso de ejecución total o parcial de una garantía, el Concesionario deberá restituirla a su importe inicial, actualizado en su caso, mediante la constitución, si procede, de una nueva garantía que sustituya a la garantía ejecutada, salvo que se haya declarado resuelta la Concesión de conformidad con lo previsto en la cláusula 26. 17.6 Las garantías previstas por esta cláusula habrán de ser garantías a primer requerimiento, ajustadas estrictamente al modelo que figura en el anexo 12, emitidas por una entidad previamente aceptada por los Concedentes y constituidas a disposición de éstos. 17.7 La existencia y la ejecución de las garantías previstas por esta cláusula no limitan el derecho de los Concedentes a dirigirse contra el Concesionario en el supuesto de que aquéllas sea insuficiente para cubrir las cantidades debidas por éste. TÍTULO VI Disposiciones comunes Cláusula 18. Relaciones con los concedentes y la Comisión Intergubernamental. 18.1 Conforme al artículo 5 del Acuerdo de Madrid, corresponde a la Comisión Intergubernamental seguir, en nombre de los Concedentes, el conjunto de las cuestiones ligadas a la construcción y a la explotación de la Sección Internacional. 18.2 El Concesionario se relacionará, en ámbitos específicos relativos a la Concesión, con los organismos o entidades que designen los Concedentes. Estos comunicarán al Concesionario las atribuciones de tales organismos o entidades, entre los que podrán hallarse un comité de seguridad que colabore con la Comisión Intergubernamental en las cuestiones concernientes a la seguridad de la Sección Internacional, y un organismo o entidad que colabore con ella en lo atinente a los trabajos de construcción de aquélla. 18.3 El Concesionario deberá cumplir los reglamentos aplicables a la Sección Internacional aprobados por los Concedentes, previa audiencia de aquél, conforme a lo previsto por el artículo 5.7 del Acuerdo de Madrid. 18.4 Las decisiones de los Concedentes en relación con la Concesión –que habrán de adoptarse previa audiencia, en su caso, del Concesionario–, comprendidas las dirigidas a resolver las eventuales dificultades ligadas a la interpretación o el cumplimiento de la Concesión, tienen carácter ejecutivo para el Concesionario, sin perjuicio de los derechos de éste resultantes de las resoluciones que pueda adoptar el tribunal arbitral conforme a la cláusula 30. 18.5 Los Concedentes podrán, por motivos de interés general, modificar la Concesión y, en particular, las características de las obras de la Sección Internacional, con aplicación, en su caso, de la cláusula 24.1. 18.6 En el caso de que los Concedentes decidan, dentro de los 24 (veinticuatro) meses siguientes a la fecha de entrada en vigor de la Concesión, la instalación en la Sección Internacional de uno o varios de los sistemas de señalización TVM-430, ASFA y/o KVB, o el establecimiento de un sistema de videovigilancia en el túnel de Perthus, los Concedentes pagarán al Concesionario, por razón de tales prestaciones, una cifra por importe, respectivamente, de: – TVM-430: 7.784.600 (siete millones setecientos ochenta y cuatro mil seiscientos), – ASFA: 2.744.400 (dos millones setecientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos), – KVB: 2.744.400 (dos millones setecientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos), – videovigilancia en el túnel de Perthus: 5.321.200 (cinco millones trescientos veintiún mil doscientos), euros en valor de enero de 2003, actualizados mediante la aplicación de la fórmula prevista en la cláusula 14.4.4. Los elementos que caracterizan estas opciones constan en el anexo 0. 18.7 El Concesionario: – Remitirá a la Comisión Intergubernamental, en los plazos que ésta disponga, todos los informes e informaciones relativos al cumplimiento de sus obligaciones que aquélla estime necesarios, debiendo asimismo remitir a la Comisión Intergubernamental un informe anual sobre su actividad. – Pondrá en conocimiento de la Comisión Intergubernamental las modificaciones en la composición de su accionariado. 18.8 Cuando, de conformidad con la Concesión, el Concesionario presente a los Concedentes o a la Comisión Intergubernamental un documento para aprobación, autorización o formulación de observaciones, los Concedentes o la Comisión Intergubernamental notificarán al Concesionario su decisión expresa –sin que la ausencia de la misma pueda entenderse como decisión presunta de aprobación o autorización– o sus observaciones en un plazo de 1 (un) mes, salvo que otras prescripciones de la Concesión dispongan un plazo distinto o salvo prórroga de tales plazos justificada por las circunstancias particulares concurrentes. En tal supuesto, la prórroga del plazo, que no podrá exceder de 15 (quince) días naturales, será notificada el Concesionario antes de la conclusión del plazo inicial. 18.9 Salvo autorización previa de los Concedentes, el Concesionario se compromete a no realizar ninguna actividad distinta de las vinculadas a la ejecución de la Concesión. La autorización aludida en el párrafo anterior podrá establecer condiciones dirigidas a posibilitar que los Concedentes participen en los beneficios que el Concesionario obtenga en el marco de la actividad autorizada. Asimismo, tal autorización preverá, en su caso, si los beneficios que pueda obtener el Concesionario, así como las cargas inherentes a los mismos (valor no amortizado de las inversiones), podrán tenerse en cuenta en el cálculo de los importes que puedan ser debidos en aplicación de las cláusulas 25 y 26. 18.10 Salvo autorización previa de los Concedentes, el Concesionario no podrá establecer su domicilio social fuera del territorio del Estado español. Cláusula 19. Celebración de contratos por el concesionario. 19.1 El Concesionario deberá cumplir la legislación aplicable en materia de celebración de contratos con terceros. 19.2 El Concesionario remitirá a la Comisión Intergubernamental, en el plazo de 1 (un) mes desde la entrada en vigor de la Concesión, la relación de todos los contratos firmados por el Concesionario, así como de los subcontratos concertados por los contratistas del Concesionario y de los subcontratos sucesivos –siempre que el importe acumulado de cada uno de estos últimos a lo largo de su vida exceda de 200.000 (doscientos mil) euros–, relativos a las prestaciones constitutivas del objeto de la Concesión. Tal relación indicará el objeto del contrato, la identidad del co-contratante, el importe fijado o previsto del contrato, su duración y la fecha de su firma. La relación será actualizada regularmente y remitida a los Concedentes y a la Comisión Intergubernamental con carácter trimestral hasta la fecha de Puesta en Servicio y anualmente con posterioridad. 19.3 El Concesionario remitirá a los Concedentes o a la Comisión Intergubernamental, a solicitud de éstos, cualquiera de los contratos incluidos en la relación aludida en la cláusula 19.2. Los Concedentes y la Comisión Intergubernamental tutelarán el carácter confidencial de los señalados documentos en la medida en que contengan información, precisada al efecto por el Concesionario, constitutiva de secreto comercial. 19.4 La celebración de contratos con terceros no exonerará al Concesionario de la responsabilidad de cumplir todas sus obligaciones derivadas de la Concesión. 19.5 Con anterioridad al 31 de enero de cada año, el Concesionario remitirá a la Comisión Intergubernamental la relación de las empresas que hayan intervenido en las obras durante el año precedente. Cláusula 20. Responsabilidad frente a usuarios y terceros. 20.1 En relación con los Concedentes, el Concesionario asumirá íntegra y exclusivamente la responsabilidad por los daños causados a los usuarios o a terceros que puedan resultar de la construcción, la existencia, la explotación o el mantenimiento de la Sección Internacional. El Concesionario no podrá ejercer ninguna acción contra los Concedentes por razón de tales daños y mantendrá indemne a éstos frente a toda responsabilidad susceptible de ser declarada a cargo de los mismos como consecuencia de dichos daños o perjuicios. 20.2 Los Concedentes y el Concesionario se informarán mutuamente, en cuanto tengan conocimiento de su existencia, de toda reclamación o procedimiento dirigido contra cualquiera de ellos, o susceptible de serlo, que pueda causar perjuicios a la otra parte. Asimismo, convienen en prestarse la asistencia que resulte razonable en su defensa contra tales reclamaciones o procedimientos. 20.3 Las reclamaciones o procedimientos mencionados en esta cláusula no podrán ser objeto de transacción sin previa consulta a la parte que pudiera ser obligada a abonar una indemnización en virtud de los mismos o a soportar las consecuencias de la transacción. 20.4 A efectos de la presente cláusula, la expresión «los Concedentes» incluye toda persona u organismo que obre por su cuenta y, en particular, la Comisión Intergubernamental. Cláusula 21. Seguros. 21.1 El Concesionario deberá, antes de la fecha de comienzo de las obras o en el momento en el que resulte adecuado en función de la naturaleza del seguro de que se trate, suscribir los seguros descritos en el anexo 13, y mantenerlos durante la vida de la Concesión. 21.2 El Concesionario comunicará a la Comisión Intergubernamental las pólizas suscritas de conformidad con lo previsto por la cláusula 21.1. Cláusula 22. Duración de la concesión. La Concesión se extinguirá a los 50 (cincuenta) años de su entrada en vigor, sin perjuicio de la aplicación de las cláusulas 14, 24, 25 y 26. Cláusula 23. Fuerza mayor. 23.1 Ninguna de las partes de la presente Concesión incurrirá en responsabilidad por razón de haber incumplido o de haber cumplido tardíamente una obligación derivada de la Concesión en la medida en que tal incumplimiento o retraso resulte directamente de acontecimientos producidos en cualquier momento durante la vigencia de la Concesión y en los que concurran las características de la fuerza mayor, esto es, origen exterior a las partes, imprevisibilidad e irresistibilidad. 23.2 Si el Concesionario invoca la concurrencia de un supuesto de fuerza mayor, lo comunicará inmediatamente por escrito a la Comisión Intergubernamental, justificando su criterio. En el plazo de 1 (un) mes, los Concedentes notificarán al Concesionario su decisión acerca del fundamento de su pretensión. 23.3 Si los Concedentes invocan la concurrencia de un supuesto de fuerza mayor, lo notificarán al Concesionario a fin de que éste formule alegaciones en el plazo de 1 (un) mes. Una vez concluido tal plazo, los Concedentes notificarán al Concesionario su decisión en cuanto a la existencia y los efectos del supuesto de fuerza mayor. 23.4 La parte que invoque la concurrencia de un supuesto de fuerza mayor deberá adoptar, a la mayor brevedad posible, todas las medidas razonablemente adecuadas para atenuar el impacto de aquél sobre el cumplimiento de sus obligaciones. 23.5 La parte que, por acción u omisión, haya agravado seriamente las consecuencias de un supuesto en el que concurran las características de la fuerza mayor no podrá invocar ésta sino en la medida correspondiente a los efectos que tal supuesto habría producido si no hubiera tenido lugar dicha acción u omisión. 23.6 Salvo en los supuestos previstos expresamente por esta cláusula, ninguna de las partes quedará desvinculada de sus obligaciones por razón de la imposibilidad de su cumplimiento o de la concurrencia de circunstancias o acontecimientos sobrevenidos que escapen a su control. Cláusula 24. Hechos sobrevenidos. 24.1 En el caso de que una modificación de la Concesión, comprendida una modificación de las características de las obras de construcción de la Sección Internacional distinta de las previstas por la cláusula 9, tenga como consecuencia la alteración en cualquier sentido del equilibrio económico de la Concesión, las partes adoptarán a la mayor brevedad posible las medidas, en particular tarifarias o referidas a la modificación del plazo de la Concesión, necesarias para el restablecimiento de tal equilibrio. No se considerarán como modificaciones a efectos de la presente cláusula las adaptaciones que sean necesarias para cumplir las prescripciones de los anexos 2 y 3 que, por error u omisión del Concesionario, no estuvieran previstas en el Anteproyecto o en el Proyecto Básico. 24.2 En el caso de que una nueva regulación o una nueva medida, o asimismo una nueva interpretación de las Administraciones competentes en materia fiscal, siempre que la regulación, la medida o la interpretación afecten específicamente a la presente Concesión o a las infraestructuras de transporte, tenga como consecuencia la alteración del equilibrio económico de la Concesión en beneficio sustancial o en perjuicio del Concesionario, las partes adoptarán a la mayor brevedad posible las medidas, en particular tarifarias o referidas a la modificación del plazo de la Concesión, necesarias para el restablecimiento de tal equilibrio. A efectos de la presente cláusula, constituye una nueva regulación o medida toda norma o decisión adoptada por el Reino de España y por la República Francesa o por uno de ambos Estados (actuando en una condición distinta a la de Concedentes) que haya entrado en vigor después de la fecha de la Concesión y que no haya sido objeto de publicación o comunicación oficial, incluso en forma de proyecto, antes de dicha fecha. La presente cláusula 24.2 no será de aplicación, una vez que se haya producido la Puesta en Servicio, en el supuesto de que la nueva regulación o medida tenga por objeto adaptar la normativa técnica, medioambiental o de seguridad de los usuarios al progreso de la ciencia, salvo que la nueva regulación o medida tenga como consecuencia la alteración del equilibrio económico de la Concesión en perjuicio sustancial del Concesionario, supuesto en el que sí será de aplicación esta cláusula 24.2. 24.3 En el caso de que un hecho distinto de los previstos por las cláusulas 24.1 y 24.2, imprevisible en la fecha de la Concesión y ajeno a las partes, dé lugar a una ruptura sustancial de la economía de la Concesión, el Concesionario, al objeto de continuar el cumplimiento de sus obligaciones, podrá proponer a los Concedentes las medidas, en particular tarifarias o referidas a la modificación del plazo de la Concesión, estrictamente necesarias para asegurar dicho cumplimiento. Los Concedentes habrán de notificar su decisión al respecto en un plazo de 2 (dos) meses. 24.4 Los Concedentes adoptarán, o harán adoptar, conforme al Derecho Comunitario y nacional aplicable en materia de circulaciones ferroviarias, todas las disposiciones que sean necesarias para dar preferencia al tráfico internacional, tanto de viajeros como de mercancías. El Concesionario podrá invocar frente a los Concedentes la alteración en perjuicio de aquél del equilibrio económico de la Concesión mencionado en la cláusula 24.2 y, en su virtud, obtener de los Concedentes las medidas necesarias para restablecerlo, si: – el Concedente francés no hubiera construido o hecho construir las nuevas infraestructuras que permitan al tráfico ferroviario previsible en la fecha de entrada en vigor de la Concesión circular sin restricciones en el tramo Nimes-Montpellier, y – el Concesionario puede demostrar que el tráfico que hubiera debido pasar por la Sección Internacional ha sido significativamente alterado, por un plazo de una duración igual o superior a 1 (un) mes, en cualquiera de las categorías a las que se refiere la cláusula 15, sea en cuanto al número de trenes o en cuanto a su distribución horaria. Cláusula 25. Resolución. 25.1 En el caso de que acontecimientos en los que concurran las características de la fuerza mayor hicieran imposible la ejecución de la Concesión durante un período de al menos 12 (doce) meses, o que necesariamente vaya a exceder de 12 (doce) meses, la resolución de la Concesión podrá ser acordada por los Concedentes o, a solicitud del Concesionario, por el tribunal arbitral al que se refiere la cláusula 30. 25.2 En el caso de que, una vez producido uno de los supuestos previstos por la cláusula 24.3, la ruptura sustancial de la economía de la Concesión sea o haya de resultar definitiva, la resolución de la Concesión podrá ser acordada por los Concedentes o, a solicitud del Concesionario, por el tribunal arbitral al que se refiere la cláusula 30. 25.3 Los Concedentes podrán, con un preaviso de 12 (doce) meses, que podrá concluir en la fecha en la que se cumplan las condiciones previstas en esta cláusula, poner fin a la Concesión mediante su rescate por razones de interés general, siempre que el total de los resultados netos de explotación acumulados de la Concesión, tal como se definen en la cláusula 14.8, sea igual o superior a 1.962.500.000 (mil novecientos sesenta y dos millones quinientos mil) euros en valor de enero de 2003. En tal supuesto, el Concesionario tendrá derecho a percibir una indemnización por el perjuicio sufrido por razón de la resolución, que será calculada mediante la suma de los importes correspondientes a los tres factores que se enumeran a continuación: A. Para cada uno de los años que resten hasta la conclusión del plazo de duración de la concesión, una anualidad determinada sobre la base del producto anual neto de la Concesión. Se entiende por producto anual neto de la Concesión el total de los ingresos de la misma, descontado el Impuesto sobre el Valor Añadido, menos los importes siguientes, descontado igualmente el Impuesto sobre el Valor Añadido: – Los gastos comprometidos para la explotación y el mantenimiento. – Los gastos comprometidos para la renovación de las obras y del material. – Las provisiones netas que hayan sido o normalmente debieran haber sido constituidas para tal renovación. – Las amortizaciones técnicas que se extiendan durante un período inferior al de la Concesión. No se integran dentro de tales gastos los gastos financieros ni las amortizaciones que se distribuyan a lo largo de toda la vida de la Concesión, los gastos de primer establecimiento y las inversiones en la Sección Internacional posteriores a la Puesta en Servicio. Dicha anualidad, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, calculada anualmente a partir del año en el que tiene lugar el rescate hasta el transcurso del plazo inicial de la Concesión, será la mayor de las dos cifras siguientes: – La media de los 5 (cinco) productos netos anuales obtenidos por el Concesionario durante los 7 (siete) años anteriores a aquél en el que se notifica al mismo el preaviso del rescate, una vez excluidos los 2 (dos) años en los que se hayan obtenido las cifras más elevada y menos elevada. – El producto neto del año anterior a aquél en el que se notifica al Concesionario el preaviso del rescate. Dicha anualidad se modificará anualmente en función del coeficiente K, definido en los términos siguientes: Donde: IFn es el valor del Índice de Precios de Consumo en Francia, excluido el tabaco, correspondiente al mes de enero del año n, e IFo es el valor del mismo Índice correspondiente al mes de enero del año anterior al del preaviso. IEn es el valor del Índice de Precios de Consumo en España (General sin Tabaco) correspondiente al mes de enero del año n, e IEo es el valor del mismo Índice correspondiente al mes de enero del año anterior al del preaviso. K = 1 + la media aritmética de las 5 (cinco) variaciones anuales del producto neto anual durante los 7 (siete) años anteriores al del rescate, una vez excluidos los 2 (dos) años en los que se hayan obtenido las cifras más elevada y menos elevada, expresada en porcentaje. Kp es el valor de K elevado a la potencia p. p es el número de años que separan el año n del año anterior al del preaviso, siendo p = 2 para el año del rescate y así en lo sucesivo. El pago de la anualidad debida en el año (n) se producirá antes del 30 de junio del año n. B. Una indemnización, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, a pagar el 30 de junio del año en el que tiene lugar el rescate, igual al importe pendiente de amortizar, según la normativa contable aplicable en el momento del rescate de la Concesión, de las inversiones de renovación vinculadas a la Concesión realizadas por el Concesionario. En el caso de que la anualidad referida en la letra A o la indemnización aludida en la letra B estén sometidas al Impuesto sobre el Valor Añadido en España y/o en Francia, su importe se incrementará en la cuantía correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido que sea aplicable de conformidad con el tipo en vigor en la fecha del pago de que se trate. C. En su caso, el importe de los impuestos sobre el valor añadido debidos por el Concesionario a las Administraciones tributarias española y francesa por razón de los bienes puestos a su disposición por los Concedentes o aquéllos a los que se refiere el tercer párrafo de la cláusula 4.2 que los Concedentes adquieran. Una vez acordada la resolución, los Concedentes se subrogarán en la posición del Concesionario en relación con los compromisos asumidos por éste para el cumplimiento en condiciones normales de la Concesión, salvo en lo relativo a los contratos relativos a la financiación. 25.4 La presente cláusula 25 se entiende sin perjuicio de la resolución por incumplimiento del Concesionario prevista por la cláusula 26 y de otras causas de resolución resultantes de los principios comunes a las normas aplicables en España y en Francia a las concesiones de obras y de servicios públicos. 25.5 En los supuestos de resolución previstos por esta cláusula 25, con excepción de la cláusula 25.3, los Concedentes pagarán al Concesionario el porcentaje del valor neto contable -excluidos los gastos financieros de cualquier naturaleza distintos de los gastos financieros intercalares durante el período de construcción- de los bienes de reversión obligatoria, conforme a las letras B-1 y D-1 de las cláusulas 26.6 y 26.7, respectivamente, y del valor neto contable de los bienes de reversión potestativa que hayan sido objeto del ejercicio por los Concedentes de su derecho de adquisición, resultante de la realización de la operación 100 – X, siendo X el porcentaje definido en la cláusula 26.8. Cláusula 26. Resolución por incumplimiento del concesionario. 26.1 Los Concedentes podrán declarar la resolución de la Concesión por incumplimiento del Concesionario en el caso de que éste: i) Se retrase en la ejecución de las obras de construcción de la Sección Internacional o en el cumplimiento de otras obligaciones, de manera que la Puesta en Servicio no se produzca, o no pueda en ningún caso producirse, dentro de los 18 (dieciocho) meses siguientes a la fecha prevista por la cláusula 8.16. ii) Después de la Puesta en Servicio, interrumpa duradera o reiteradamente sin autorización o motivo legítimo la explotación de la Sección Internacional. iii) No constituya o no restituya a su importe inicial, actualizado en su caso, en el plazo establecido cualquiera de las garantías previstas por la cláusula 17. Como excepción a lo previsto en la cláusula 26.6, en el supuesto de que se incumpla dicha obligación en relación con la garantía prevista por la cláusula 17.3, la declaración de resolución de la Concesión por incumplimiento del Concesionario en ningún caso entrañará el derecho de éste a percibir cantidad alguna. 26.2 Cualquier otro supuesto de incumplimiento por el Concesionario de sus obligaciones contractuales podrá dar lugar a la resolución de la Concesión, mediante acuerdo adoptado por los Concedentes, en las condiciones previstas en esta cláusula, siempre que tal o tales incumplimientos sean, individualmente o en su conjunto, de una particular gravedad y comprometan la prosecución del cumplimiento de la Concesión en condiciones normales. 26.3 Cuando los Concedentes entiendan que concurre un supuesto de resolución por incumplimiento del Concesionario previsto por los apartados ii) y iii) de la cláusula 26.1 y una vez aplicadas eventualmente las prescripciones de la cláusula 27, requerirán al Concesionario para que subsane el incumplimiento o los incumplimientos en un plazo de 2 (dos) meses a computar desde la notificación de dicho requerimiento. En el supuesto de que, transcurrido el citado plazo de 2 (dos) meses, el Concesionario no haya subsanado el incumplimiento, los Concedentes podrán declarar la resolución de la Concesión. 26.4 En el supuesto previsto por el apartado i) de la cláusula 26.1, los Concedentes se limitarán a notificar al Concesionario su intención de declarar la resolución de la Concesión en el plazo que al efecto determinen aquéllos, que no podrá ser inferior a 2 (dos) meses. En el caso previsto por el citado apartado i) consistente en que no pueda en ningún caso producirse la Puesta en Servicio en el plazo de 24 (veinticuatro) meses previsto por el mismo, el Concesionario podrá, dentro de los 2 (dos) meses anteriormente aludidos, presentar a los Concedentes toda la documentación e información que estime pertinente para acreditar que las medidas adoptadas o pendientes de adopción permitirán que no se supere el señalado plazo de 24 (veinticuatro) meses. En el caso de que los Concedentes estén conformes con dicha acreditación, no procederán a la declaración de la resolución de la Concesión. El plazo de 2 (dos) meses mencionado en el párrafo anterior podrá ser empleado para permitir a los acreedores financieros del Concesionario, actuando a través de un representante único y con observancia de la legislación aplicable, proponer la subrogación de una entidad en la posición del Concesionario para continuar la ejecución de la Concesión. En el supuesto de que, transcurrido el plazo de 2 (dos) meses a contar desde la notificación, el representante de los acreedores financieros no haya propuesto la subrogación o ésta no haya sido aceptada por los Concedentes mediante resolución motivada, los Concedentes declararán la resolución de la Concesión. Sin perjuicio de la aplicación de lo previsto por la cláusula 27.7, los Concedentes adoptarán todas las medidas que estimen adecuadas para asegurar la continuidad de la explotación a costa y riesgo del Concesionario. 26.5 La declaración de resolución adoptada conforme a la cláusula 26.3, en los supuestos previstos por los apartados ii) y iii) de la cláusula 26.1, no surtirá efectos de inmediato, al objeto de permitir a los acreedores financieros del Concesionario, actuando a través de un representante único y con observancia de la legislación aplicable, proponer, dentro de los 2 (dos) meses siguientes a la notificación del acuerdo de resolución, la subrogación de una entidad en la posición del Concesionario para continuar la ejecución de la Concesión. En el supuesto de que, transcurrido el plazo de 2 (dos) meses, el representante de los acreedores financieros no haya propuesto la subrogación o ésta no haya sido aceptada por los Concedentes mediante resolución motivada, surtirá efectos el acuerdo de resolución. Sin perjuicio de la aplicación de lo previsto por la cláusula 27.6, los Concedentes adoptarán todas las medidas que estimen adecuadas para asegurar la continuidad de la explotación a costa y riesgo del Concesionario. 26.6 En el supuesto de que los Concedentes declaren la resolución de la Concesión por incumplimiento del Concesionario antes de la Puesta en Servicio de la Sección Internacional, el Concesionario, en concepto de liquidación definitiva, deberá abonarles una cantidad global igual a (A) – (B) en el caso de que la cifra resultante de tal cálculo sea positiva, y tendrá derecho a recibir de los Concedentes el importe correspondiente a tal cifra si ésta es negativa, siendo: (A) La mayor de las dos cifras (A-1 y A-2) siguientes: (A-1) El importe de la garantía de construcción de las obras que esté o deba estar constituida o restituida a su importe inicial conforme a la cláusula 17. (A-2) El importe de los perjuicios sufridos por los Concedentes por razón del incumplimiento del Concesionario y de la declaración de resolución de la Concesión. Este importe se calculará mediante la suma de los elementos siguientes: – A-2-a: Perjuicio a tanto alzado vinculado al retraso en la construcción y Puesta en Servicio de la Sección Internacional: 2 % (dos) del coste previsto de construcción hasta la Puesta en Servicio, esto es, 17.870.000 (diecisiete millones ochocientos setenta mil) euros en valor de enero de 2003, actualizados mediante la aplicación de la fórmula prevista en la cláusula 14.4.4. – A-2-b: Perjuicio a tanto alzado vinculado al encarecimiento del proyecto, cuyo importe será: • Del 16 % (dieciséis) del coste previsto de construcción de la Sección Internacional hasta la Puesta en Servicio, esto es, 142.960.000 (ciento cuarenta y dos millones novecientos sesenta mil) euros en valor de enero de 2003, actualizados mediante la aplicación de la fórmula prevista en la cláusula 14.4.4, en el caso de que la obra civil del túnel de Perthus no se haya concluido en la fecha en la que surta efectos el acuerdo de resolución. • Del 12 % (doce) del coste previsto de construcción de la Sección Internacional hasta la Puesta en Servicio, esto es, 107.220.000 (ciento siete millones doscientos veinte mil) euros en valor de enero de 2003, actualizados mediante la aplicación de la fórmula prevista en la cláusula 14.4.4, en el supuesto contrario. – A-2-c: Perjuicio real, directo y cierto, vinculado a la garantía de la seguridad en las obras, calculada sobre la base de los gastos comprometidos o cuyo compromiso se prevé, y fijado dentro de los 6 (seis) meses siguientes a la eficacia de la declaración de resolución de la Concesión conforme a las cláusulas 26.4 y 26.5. Se establece como límite máximo del importe correspondiente la cifra de 5 (cinco) millones de euros. – A-2-d: Perjuicio real, directo y cierto, vinculado a la adecuación a la Concesión de las obras útiles para la constitución de los bienes de reversión obligatoria y de tales bienes, realizadas o construidos con incumplimiento de las prescripciones técnicas o funcionales de la Concesión. Dicho perjuicio comprenderá, en su caso, la eventual supresión o retirada de las obras y bienes a tal efecto y la retirada de las obras e instalaciones provisionales. El importe correspondiente, cuya cuantía no se limita, se fijará, de forma provisional o definitiva, por los Concedentes, dentro de los 6 (seis) meses siguientes a la fecha de eficacia de la declaración de resolución. (B) El montante resultante de la aplicación del porcentaje (100 – X)%, estando X definido en la cláusula 26.8, a la suma de: (B-1) El valor neto contable –excluidos los gastos financieros de cualquier naturaleza distintos de los gastos financieros intercalares durante el período de construcción– de los bienes que reviertan obligatoriamente a los Concedentes, adquiridos, construidos o en curso de construcción. Este valor no tendrá en cuenta las eventuales deducciones impuestas por las normas contables en vigor por razón de eventuales deficiencias que afecten a tales bienes, cuando éstas requieran la adecuación prevista por la letra A-2-d. El valor neto contable al que se refiere este apartado no comprende los bienes o elementos corporales o incorporales adquiridos por el Concesionario con posterioridad a la fecha de la declaración de la resolución. Asimismo, tampoco se incluirá el valor de los bienes o elementos corporales o incorporales adquiridos por el Concesionario con posterioridad a la fecha de requerimiento de subsanación o de la notificación previstos por las cláusulas 26.3 y 26.4, respectivamente, en el caso de que los Concedentes no hayan autorizado previamente tales adquisiciones, ni el de los adquiridos durante el período inmediatamente anterior a tales requerimiento o notificación en el supuesto de que los Concedentes puedan cuestionar legítimamente la adquisición. (B-2) El valor neto contable de los bienes de reversión potestativa respecto de los cuales, una vez producida la resolución por incumplimiento del Concesionario, los Concedentes ejerzan su derecho de adquisición. El importe al que se refiere la letra (B) será calculado, dentro de los 6 (seis) meses siguientes a la fecha de eficacia del acuerdo de resolución, por un experto o grupo de expertos designados por los Concedentes, que obrarán con independencia de las partes. Los expertos estarán especialmente encargados de verificar, en su caso, la justificación de la diferencia que pueda existir entre los costes reales de la Concesión y los costes previstos para las obras. El importe de los honorarios de los expertos se deducirá del importe correspondiente a la letra (B). Mientras no se produzca un acuerdo entre las partes, el importe fijado por el experto al que se refiere el párrafo anterior, así como los establecidos provisionalmente por los Concedentes, constituirán la base para la fijación provisional del importe (A) – (B). Los Concedentes pagarán al Concesionario el 70 % (setenta) de dicho importe dentro de los 3 (tres) meses siguientes a su fijación provisional. El 30 % (treinta) restante se pagará, en su caso, una vez concluido el procedimiento arbitral previsto en la cláusula 30 o, en caso de renuncia definitiva de las partes a tal arbitraje, dentro de los 3 (tres) meses siguientes a tal renuncia. 26.7 En el supuesto de que los Concedentes declaren la resolución de la Concesión por incumplimiento del Concesionario después de la Puesta en Servicio de la Sección Internacional, el Concesionario, en concepto de liquidación definitiva, deberá abonarles una cantidad global igual a (C) – (D) en el caso de que la cifra resultante de tal cálculo sea positiva, y tendrá derecho a recibir de los Concedentes el importe correspondiente a tal cifra si ésta es negativa, siendo: (C) La suma de las cifras correspondientes a los perjuicios siguientes, sufridos por los Concedentes por razón del incumplimiento del Concesionario y de la declaración de resolución de la Concesión: (C-1) Perjuicio a tanto alzado vinculado a las deficiencias inducidas por el incumplimiento o incumplimientos del Concesionario que afecten a la adecuada explotación de la Sección Internacional: 7.000.000 (siete millones) euros. (C-2) Perjuicio a tanto alzado vinculado a la transferencia a los Concedentes del riesgo ligado al grado de frecuencia en la utilización de la Sección Internacional: 100.000.000 (cien millones) euros. Este importe se reducirá en 5.000.000 (cinco millones) euros por cada período quinquenal a contar desde el undécimo año siguiente a la fecha de entrada en vigor de la Concesión. (C-3) Perjuicio real, directo y cierto, ligado a la adecuación de los bienes de reversión obligatoria a las prescripciones técnicas y funcionales de la Concesión. El importe correspondiente, cuya cuantía no se limita, se fijará, de forma provisional o definitiva, por los Concedentes dentro de los 6 (seis) meses siguientes a la fecha de eficacia de la declaración de resolución. (C-4) Importe eventual de las sumas correspondientes a créditos de terceros (en el sentido del artículo 3.4 de la Directiva 93/37/CE, de 14 de junio de 1993) a cuyo pago estaría obligado el Concesionario de no estar incurso en un procedimiento judicial de carácter concursal o dirigido a su liquidación, que puedan ser reclamadas con fundamento jurídico a los Concedentes. A tal efecto, el Concesionario remitirá a los Concedentes, dentro del mes siguiente a la fecha de eficacia de la declaración de resolución, todos los documentos o reclamaciones de tales acreedores. En todo caso, los Concedentes podrán adoptar las medidas que estimen adecuadas para recabar la correspondiente información de los terceros afectados. Este importe se fijará dentro de los 6 (seis) meses siguientes a la fecha de eficacia de la declaración de resolución. (D) El montante resultante de la aplicación del porcentaje (100 – X)%, estando X definido en la cláusula 26.8, a la suma de: (D-1) El valor neto contable –excluidos los gastos financieros de cualquier naturaleza distintos de los gastos financieros intercalares durante el período de construcción– de los bienes que reviertan obligatoriamente a los Concedentes, adquiridos, construidos o en curso de construcción. Este valor no tendrá en cuenta las eventuales deducciones impuestas por las normas contables en vigor por razón de eventuales deficiencias que afecten a tales bienes, cuando éstas requieran la adecuación prevista por la letra C-3. El valor neto contable al que se refiere este apartado no comprende los bienes o elementos corporales o incorporales adquiridos por el Concesionario con posterioridad a la fecha de la declaración de la resolución. Asimismo, tampoco se incluirá el valor de los bienes o elementos corporales o incorporales adquiridos por el Concesionario con posterioridad a la fecha de requerimiento de subsanación previsto por la cláusula 26.3, en el caso de que los Concedentes no hayan autorizado previamente tales adquisiciones, ni el de los adquiridos durante el período inmediatamente anterior a tal requerimiento en el supuesto de que los Concedentes puedan cuestionar legítimamente la adquisición. (D-2) El valor neto contable de los bienes de reversión potestativa respecto de los cuales, una vez producida la resolución por incumplimiento del Concesionario, los Concedentes ejerzan su derecho de adquisición. El importe al que se refiere la letra (D) será calculado, dentro de los 6 (seis) meses siguientes a la fecha de eficacia del acuerdo de resolución, por un experto o grupo de expertos designados por los Concedentes, que obrarán con independencia de las partes. Los expertos estarán especialmente encargados de verificar, en su caso, la justificación de la diferencia que pueda existir entre los costes reales de la Concesión y los costes previstos para las obras. El importe de los honorarios de los expertos se deducirá del importe correspondiente a la letra (D). El conjunto de los importes previstos en la presente cláusula está expresado en euros en valor de la fecha de Puesta en Servicio, y el resultado (C) – (D) se revisará en la fecha de declaración de la resolución mediante la aplicación de la media del Índice de Precios de Consumo en España (General sin Tabaco) y Francia, excluido el tabaco. Mientras no se produzca un acuerdo entre las partes, el importe fijado por el experto al que se refiere el párrafo anterior, así como los establecidos provisionalmente por los Concedentes, constituirán la base para la fijación provisional del importe (C) – (D). Los Concedentes pagarán al Concesionario el 70 % (setenta) de dicho importe dentro de los 3 (tres) meses siguientes a su fijación provisional. El 30 % (treinta) restante se pagará, en su caso, una vez concluido el procedimiento arbitral previsto en la cláusula 30 o, en caso de renuncia definitiva de las partes a tal arbitraje, dentro de los 3 (tres) meses siguientes a tal renuncia. 26.8 «X» corresponde al porcentaje que representa el importe total de las ayudas públicas percibidas por el Concesionario en la fecha de declaración de resolución, en relación con el valor contable –excluidos los gastos financieros de cualquier naturaleza– de los bienes de reversión obligatoria, adquiridos, construidos o en curso de construcción, conforme a las letras B-1 y D-1 de las cláusulas 26.6 y 26.7 respectivamente, y el valor neto contable de los bienes de reversión potestativa que hayan sido objeto del ejercicio por los Concedentes de su derecho de adquisición, tal como figuran en el balance del Concesionario en la fecha de Puesta en Servicio, o en la de la declaración de la resolución si ésta es anterior, actualizándose tales importes al tipo del 7 % (siete) con referencia a la fecha de Puesta en Servicio o a la de la declaración de la resolución si ésta es anterior. 26.9 Cuando el Concesionario resulte deudor de una cantidad en aplicación de las cláusulas 26.6 o 26.7, los Concedentes ejecutarán la garantía que esté en vigor conforme a la cláusula 16, deduciéndose el importe de la garantía efectivamente pagada sin objeción de la suma debida por el Concesionario. En el supuesto de que los Concedentes sean o puedan resultar deudores de una cantidad en aplicación de las cláusulas 26.6 o 26.7, ejecutarán la garantía con el fin de hacer efectiva la indemnización por los perjuicios a tanto alzado que se produzcan. El importe de la garantía efectivamente pagada sin objeción se sumará a la cantidad finalmente debida al Concesionario en aplicación de dichas cláusulas 26.6 o 26.7. 26.10 En el supuesto de que el incumplimiento del Concesionario determinante de la declaración de resolución de la Concesión constituya un abandono de ésta posterior a la Puesta en Servicio de la Sección Internacional (esto es, resulte del hecho de que el Concesionario se haya abstenido voluntariamente de subsanar, con los medios de los que dispone, los incumplimientos en los que haya incurrido y que hayan sido objeto del requerimiento de subsanación previsto por la cláusula 26.3), los Concedentes reducirán en un 20 % (veinte) la indemnización eventualmente debida al Concesionario por aplicación de la cláusula 26.7. La misma reducción será aplicada en el supuesto indicado por el tribunal arbitral al que se refiere la cláusula 30. 26.11 El Concesionario y los Concedentes realizarán sus mejores esfuerzos para fijar las sumas debidas en aplicación de la presente cláusula y para proceder a su pago a la mayor brevedad posible y en condiciones adecuadas, teniendo en cuenta los intereses de la Concesión y las constricciones aplicables a los diferentes sujetos intervinientes al efecto. Cláusula 27. Penalidades y medidas coercitivas. 27.1 Una vez practicado un requerimiento de subsanación, y no habiendo tenido lugar ésta, los Concedentes podrán exigir del Concesionario el pago de penalidades por cualquier incumplimiento de sus obligaciones derivadas de la Concesión. El plazo fijado por el requerimiento tendrá en cuenta la naturaleza del incumplimiento imputado. No será necesario el requerimiento de subsanación para la imposición de las penalidades correspondientes en los casos a los que se refieren las cláusulas 27.2 a 27.4. 27.2 En el supuesto de que el incumplimiento consista en un retraso en la Puesta en Servicio por comparación con la Fecha Contractual de Terminación, se podrá imponer una penalidad, por día natural de retraso, una vez producido un primer retraso de 60 (sesenta) días naturales, de: – 20.000 (veinte mil) euros durante los primeros 90 (noventa) días naturales siguientes a los 60 (sesenta) días naturales anteriormente aludidos. – 40.000 (cuarenta mil) euros durante los 180 (ciento ochenta) días naturales siguientes. – 60.000 (sesenta mil) euros por cada día natural posterior. El importe acumulado de las penalidades que podrán ser exigidas en virtud de lo establecido en esta cláusula 27.2 no podrá exceder de 22.000.000 (veintidós millones) euros. 27.3 En caso de incidente imputable al Concesionario que suponga un retraso para al menos un tren de una duración superior a 30 (treinta) minutos (conforme a lo indicado en el anexo 9), se podrá imponer una penalidad igual a: i) Para cada incidente que entrañe retrasos comprendidos entre treinta minutos y cuatro horas: 5.000 (cinco mil) euros para el primer incidente, 10.000 (diez mil) para el segundo y, para cada uno de los incidentes adicionales, otros 10.000 (diez mil) euros más que para el anterior. Al comienzo de cada año la penalidad vuelve a ser de 5.000 (cinco mil) euros. ii) Para cada incidente que entrañe retrasos superiores a cuatro horas: 10.000 (diez mil) euros para el primer incidente, 20.000 (veinte mil) para el segundo y, para cada uno de los incidentes adicionales, otros 20.000 (veinte mil) euros más que para el anterior. Al comienzo de cada año la penalidad vuelve a ser de 10.000 (diez mil) euros. 27.4 En el caso de que no se alcance el índice de regularidad previsto en el anexo 7, se podrá aplicar, anualmente, una penalidad igual a: i) 40.000 (cuarenta mil) euros por cada décima de desviación en el supuesto de que el porcentaje de desviación no exceda del 0,5 % (cero coma cinco). ii) 160.000 (ciento sesenta mil) euros por cada décima de desviación en el supuesto de que el porcentaje de desviación exceda del 0,5 % (cero coma cinco) y no exceda del 1 % (uno). iii) 300.000 (trescientos mil) euros por cada décima de desviación en el supuesto de que el porcentaje de desviación exceda del 1 % (uno). 27.5 En los demás supuestos de incumplimiento, comprendido el relativo a la calidad del servicio tal como ésta se define en la declaración sobre la red, la penalidad será fijada por los Concedentes en un importe por día natural de incumplimiento calculado a partir del transcurso del plazo establecido en el requerimiento de subsanación, importe que será proporcionado a la gravedad del incumplimiento y que en ningún caso excederá de 6.000 (seis mil) euros por día natural y por incumplimiento. 27.6 Los importes de las penalidades establecidos por la presente cláusula están formulados en valor de enero de 2003. Tales importes se actualizarán mediante la aplicación de un coeficiente K1, donde K1 = 50% (If (1) / If(0)) + 50% (Ie(1) / Ie(0)), donde Ie(0) es el Índice de Precios al Consumo en España (General sin Tabaco) e If(0) es el Índice de Precios al Consumo en Francia (excluido el tabaco), ambos del mes de enero de 2003, y Ie(1) y If(1) son los valores respectivos de los mismos índices en el tercer mes previo a la fecha a partir de la cual se calcule la cuantía de la penalidad. 27.7 Sin perjuicio de la aplicación de las penalidades que procedan, los Concedentes podrán, una vez transcurrido el plazo fijado por los mismos en el requerimiento de subsanación que al efecto dirijan al Concesionario, sustituir provisionalmente a éste, a su costa, en el cumplimiento de las obligaciones incumplidas. 27.8 Las cantidades debidas por el Concesionario a los Concedentes en concepto de penalidades o por cualquier otro concepto derivado de la Concesión habrán de pagarse en el plazo de 1 (un) mes y devengarán de pleno derecho, desde que su importe sea exigible y hasta su pago, intereses a un tipo igual a la media de los tipos de interés legales vigentes en España y en Francia en la fecha de pago. Los intereses moratorios se calcularán día a día sobre la base de 1 (un) año de 365 (trescientos sesenta y cinco) días a contar desde el primer día natural de retraso hasta la fecha de pago efectivo del importe debido. 27.9 En el supuesto de retraso imputable a los Concedentes en relación con los plazos establecidos en la Concesión: – para la notificación de su decisión en relación con una aprobación solicitada conforme a las cláusulas 8.3, 8.4 y 10.2; o – para la realización de la inspección prevista por la cláusula 10.1 o para el otorgamiento de la autorización de Puesta en Servicio; la Fecha Contractual de Terminación se retrasará en la medida estrictamente necesaria para compensar el retraso eventualmente sufrido por el Concesionario en la realización de las obras o en la Puesta en Servicio por razón de los retrasos de los Concedentes. 27.10 No obstante lo dispuesto en la cláusula 23.6, en caso de retraso del Concesionario debido a una causa manifiestamente ajena al mismo y totalmente fuera de su control, los Concedentes, siempre que el Concesionario haya adoptado todas las medidas que estén o debieran razonablemente estar a su disposición para hacer frente a las consecuencias de dicha causa, otorgarán a aquél una prórroga del plazo de que se trate. 27.11 El Concesionario tendrá derecho a dicha prórroga en caso de anulación o de suspensión de una resolución administrativa, distinta de la Declaración de Impacto Ambiental o de la declaración de utilidad pública, dictada por uno de los Estados concedentes que fuera indispensable para continuar el cumplimiento de la Concesión, siempre que el Concesionario no sea responsable en absoluto de tal anulación o suspensión. 27.12 Las decisiones de los Concedentes previstas por las cláusulas 27.10 y 27.11 se adoptarán sobre la base de una solicitud fundada elaborada por el Concesionario. Cláusula 28. Reversión de las instalaciones. 28.1 Cuando concluya el plazo previsto por la cláusula 22 o en los casos de resolución previstos por las cláusulas 25 y 26: – Los bienes inmuebles de reversión obligatoria y los bienes inmuebles de reversión potestativa que hayan sido objeto del ejercicio por los Concedentes de su derecho de adquisición (o la parte de tales bienes situada en el territorio de uno de los Estados) revertirán al Estado en cuyo territorio estén situados o pasarán a ser de su propiedad. – Los bienes muebles de reversión obligatoria y los bienes muebles de reversión potestativa que hayan sido objeto del ejercicio por los Concedentes de su derecho de adquisición revertirán conjuntamente a ambos Estados o pasarán a ser propiedad común de ambos. 28.2 La reversión a los Concedentes de los bienes de reversión obligatoria tendrá carácter gratuito, sin perjuicio, en su caso, de las indemnizaciones debidas conforme a lo previsto por las cláusulas 25 y 26. El ejercicio por los Concedentes, cuando concluya el plazo previsto en la cláusula 22, de su derecho de adquisición de los bienes de reversión potestativa se realizará mediante el pago al Concesionario del valor neto contable de los bienes de que se trate. Cuando concluya el plazo previsto por la cláusula 22, el Concesionario entregará a los Concedentes la Sección Internacional en las condiciones fijadas en el anexo 8. 28.3 En la fecha en la que sea efectiva la resolución de la Concesión conforme a las cláusulas 25 o 26, el Concesionario, siempre que las circunstancias no lo impidan, entregará la Sección Internacional a los Concedentes en el estado exigido por el anexo 8, procediéndose en tal fecha a la elaboración contradictoria y firma por ambas partes de la correspondiente acta de entrega. Cláusula 29. Cesión. 29.1 El Concesionario no podrá ceder total o parcialmente la Concesión o constituir garantías sobre la misma sin autorización expresa y previa de los Concedentes. 29.2 La presente cláusula no obstará a la posibilidad de cesión de los derechos de cobro de los que el Concesionario sea eventualmente titular frente a los Concedentes en virtud de, o en relación con, la Concesión, ni a la posibilidad de constitución de garantías sobre los mismos. En caso de cesión por el Concesionario a un fondo de titulización de activos de su derecho al cobro de los cánones a los que se refiere la cláusula 15, será necesaria la autorización de los Concedentes, cuya eventual denegación habrá de ser debidamente motivada por éstos. 29.3 Los Concedentes consienten en pagar directamente a los acreedores financieros previamente designados por el Concesionario los importes que deban a éste, siempre que se cumplan las condiciones siguientes: i) Que el pago a los señalados acreedores se ajuste a Derecho. ii) Que los Concedentes puedan oponer a los terceros acreedores cualesquiera excepciones que hubieran podido oponer al Concesionario. iii) En el caso de que se trate del pago de un importe fijado provisionalmente en aplicación de las cláusulas 26.6 o 26.7, que los acreedores financieros constituyan previamente a disposición de los Concedentes una garantía a primer requerimiento que permita a éstos recuperar las cantidades pagadas en el supuesto y en la medida en que finalmente no resulten deudores de las mismas en virtud de una decisión del tribunal arbitral previsto en la cláusula 30. Cláusula 30. Arbitraje y derecho aplicable. 30.1 Todas las diferencias relativas a la Concesión que surjan entre los Concedentes y el Concesionario se someterán, a solicitud de una u otra parte, al tribunal arbitral constituido conforme a lo previsto por el artículo 10 del Acuerdo de Madrid. 30.2 En el caso de que la cuestión sea planteada por el Concesionario, éste deberá, previamente al sometimiento de la misma al tribunal arbitral aludido por la cláusula 30.1, plantearla formalmente a los Concedentes mediante el correspondiente escrito motivado, en el que se expondrán de forma detallada los fundamentos fácticos, técnicos y jurídicos de la solicitud de que se trate. Los Concedentes deberán pronunciarse por escrito sobre tal solicitud en el plazo de 1 (un) mes a contar desde su recepción. Transcurrido dicho plazo, el Concesionario podrá acudir al tribunal arbitral. 30.3 En el caso de que los Concedentes no consideren pertinente, por razón de su conocimiento de la fundamentación invocada por el Concesionario, estimar íntegramente la solicitud de éste, pero entiendan que tampoco procede la desestimación íntegra de aquélla, podrán proponer al Concesionario, dentro del plazo de 1 (un) mes previsto por la cláusula 30.2, la sustanciación de un trámite de conciliación previa. El Concesionario deberá pronunciarse sobre tal propuesta dentro de los 7 (siete) días naturales siguientes a la recepción de la misma. En caso de acuerdo de ambas partes, éstas designarán conjuntamente, dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la formalización de aquél, uno o varios mediadores, que habrán de ser personalidades independientes especializadas en materia jurídica y/o técnica, en función de la trascendencia y naturaleza de la cuestión controvertida. El transcurso del señalado plazo de 15 (quince) días naturales sin que haya tenido lugar la designación de los mediadores se entenderá expresivo de la renuncia de las partes al trámite de conciliación previa. Las partes acordarán el plazo del que disponen los mediadores para la emisión de su informe, el cual no podrá ser inferior a 30 (treinta) días naturales ni superior a 80 (ochenta) días naturales a contar desde la fecha de la solicitud de su emisión. Los mediadores emitirán su informe sobre la base de los documentos escritos que les sean remitidos por las partes, previa audiencia de éstas. Dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la recepción del informe de los mediadores, las partes se pronunciarán sobre el mismo, con la intervención en su caso de aquéllos. En defecto de acuerdo de las partes, cualquiera de ellas podrá someter la diferencia al tribunal arbitral. En caso de que se haya sustanciado el trámite de conciliación previa, los Concedentes y el Concesionario harán sus mejores esfuerzos para designar a los árbitros en el plazo de 1 (un) mes. 30.4 La sede del arbitraje se fija en Bruselas (Bélgica), correspondiendo al tribunal arbitral establecer las normas de procedimiento. 30.5 El Derecho aplicable a la Concesión será el siguiente: – Las prescripciones de la presente Concesión y – los principios comunes a las normas aplicables en España y en Francia a las concesiones de obras y servicios públicos, incluida la jurisprudencia establecida en la materia por los órganos supremos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo; si no se puede obtener un principio común para resolver una cuestión determinada, el tribunal arbitral aplicará la norma que, teniendo en cuenta los intereses públicos afectados, le parezca más ajustada al interés de la Concesión, elegida entre las normas aplicables en España o en Francia, o inspirada en ellas. Cláusula 31. Idioma. La Concesión se firma en los idiomas español y francés. Ambas versiones tienen la misma fuerza obligatoria. El Concesionario presentará todos los documentos en el ámbito de la Concesión en ambos idiomas, no considerándose válidamente realizada ninguna comunicación hasta que ambas versiones hayan sido remitidas a los Concedentes, a la Comisión Intergubernamental o a los órganos o entidades a los que alude la cláusula 18.2, según proceda. Cláusula 32. Comunicaciones. 32.1 Las comunicaciones que deban producirse en el ámbito de la Concesión se realizarán a las siguientes direcciones: – Concedentes: Ministerio de Fomento. Dirección General de Ferrocarriles. Plaza de los Sagrados Corazones, 7. E-28036 Madrid. Ministère de l’équipement, des transports et du logement. Direction des transports terrestres. Sous-direction des transports ferroviaires. Arche Sud-F-92055 París La Défense Cedex 04. – Concesionario: TP Ferro Concesionaria, S.A. Vía Layetana 33, 5.ª planta. E-08003-Barcelona. 32.2 Todas las comunicaciones que hayan de realizarse en virtud de la Concesión habrán de tener carácter escrito para que surtan efectos. El Ministro de Fomento, Francisco Alvarez-Cascos.–El Ministro de Asuntos Exteriores, Dominique de Villepin.–El Ministro de Economía, Finanzas e Industria, Francis Mer.–El Ministro de Infraestructuras, Transportes, Vivienda, Turismo y del Mar, Gilles de Robien.–El Presidente de TP Ferro Concesionaria, S.A., Claude Gendreau. ANEXO 2 Acuerdo de Madrid y Protocolo Adicional Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Francesa para la construcción y explotación de la sección internacional de una línea ferroviaria de alta velocidad entre España y Francia (vertiente mediterránea) El Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Francesa, en adelante denominados las Partes Contratantes: Deseando contribuir a la expansión de las relaciones y de los intercambios entre los Estados miembros de la Unión Europea y, en general, entre los Estados europeos; Deseando desarrollar la red ferroviaria de alta velocidad entre España y Francia, en el marco del Esquema Director Europeo, y animados por el espíritu de cooperación amistosa que preside sus relaciones mutuas; Convencidos de que una conexión ferroviaria en alta velocidad mejorará considerablemente las comunicaciones entre España y Francia y aportará un nuevo impulso a las relaciones entre los dos países; Deseando, igualmente, permitir que la iniciativa privada tome parte en la construcción y explotación de esa conexión, en las condiciones determinadas por el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Francesa; Han convenido las disposiciones siguientes: Artículo 1. Objeto. 1. El presente Acuerdo tiene por objeto determinar las condiciones de construcción y explotación de la sección internacional entre Perpiñan y Figueres, en adelante denominada «la Sección Internacional», de una nueva línea ferroviaria de alta velocidad entre España y Francia. Este enlace está integrado dentro del proyecto de «Tren de alta velocidad Sur-Europa» que figura en la lista de proyectos prioritarios en materia de transporte adoptados por el Consejo Europeo en las Cumbres de Corfú y Essen. 2. La Sección Internacional estará constituida por una nueva línea ferroviaria de alta velocidad con ancho europeo estándar, equipada con doble vía y concebida para tráfico mixto de viajeros y mercancías. Artículo 2. Derechos y obligaciones de las Partes Contratantes. 1. Las Partes Contratantes se comprometen a autorizar la construcción y la explotación de la Sección Internacional por una o varias sociedades concesionarias (en adelante denominadas «el Concesionario»), en las condiciones previstas en el presente Acuerdo, sus acuerdos adicionales y en un contrato de concesión (en adelante denominado «la Concesión») entre los dos Gobiernos y el Concesionario. 2. Cada Estado se compromete a ejecutar y financiar las obras indispensables para permitir, como más tarde en la fecha de puesta en servicio de la Sección Internacional, su enlace con las redes de ancho europeo estándar a fin de asegurar la conexión Barcelona-Montpellier. Artículo 3. Disposiciones internacionales, legales y reglamentarias. 1. Las Partes Contratantes adoptarán las disposiciones necesarias para que la construcción y la explotación de la Sección Internacional se realicen respetando sus compromisos internacionales y, en particular, el derecho comunitario aplicable. También cooperarán en el cumplimiento de todos los trámites necesarios ante los organismos internacionales competentes. 2. Las Partes Contratantes adoptarán las disposiciones legales y reglamentarias y emprenderán las acciones que sean necesarias para la construcción y explotación de la Sección Internacional por el Concesionario, de conformidad con la Concesión. En particular, aprobarán los estudios y llevarán a cabo los procedimientos administrativos y jurídicos pertinentes en cada Estado en lo referente a la adquisición de terrenos y trámites previos al comienzo de las obras. Artículo 4. Frontera y jurisdicción. 1. Para todas las cuestiones relativas a la aplicación del presente Acuerdo, la frontera entre España y Francia se materializará en la Sección Internacional por la Comisión Internacional de los Pirineos, de conformidad con los Acuerdos internacionales en vigor. 2. Los derechos sobre los recursos naturales descubiertos en el curso de la construcción de la Sección Internacional se regirán por la legislación del Estado en cuyo territorio se encuentren los recursos. Artículo 5. Comisión Intergubernamental. 1. Se creará una Comisión Intergubernamental para seguir, en nombre de los dos Gobiernos y por delegación de los mismos, el conjunto de las cuestiones ligadas a la construcción y a la explotación de la Sección Internacional. 2. En el ejercicio de su misión, la Comisión deberá, en particular: a) Informar a los dos Gobiernos y emitir las propuestas oportunas en lo que concierne a los estudios del proyecto, la ejecución y la financiación de las obras y la explotación futura de la Sección Internacional. b) Dirigir los estudios realizados por la Agrupación Europea de Interés Económico (A.E.I.E.), creada en abril de 1995 entre las empresas ferroviarias RENFE y SNCF, con las siglas S.E.M. (Sur-Europa-Mediterráneo). c) Preparar el contrato de concesión y la adjudicación de la Concesión de la Sección Internacional. d) Supervisar la construcción y la explotación de la Sección Internacional, su mantenimiento y su conservación. e) Participar en la elaboración de todo reglamento aplicable a la Sección Internacional, asegurando su seguimiento. f) Emitir dictámenes o recomendaciones para la consideración por los dos Gobiernos o por el Concesionario, como organismo consultivo. 3. Cada Gobierno designará la mitad de los miembros de la Comisión Intergubernamental. Ésta se compondrá de catorce miembros. La presidencia, durante períodos de un año, será ocupada alternativamente por el Jefe de cada Delegación. 4. Las dictámenes y recomendaciones de la Comisión Intergubernamental serán tomados de común acuerdo por los Jefes de las Delegaciones española y francesa. En el caso de desacuerdo entre ellos será aplicable el procedimiento de consultas entre los Gobiernos previsto en el artículo 9. 5. La Comisión Intergubernamental establecerá su propio reglamento interno y lo someterá a la aprobación de los dos Gobiernos. 6. En el cumplimiento de su misión, la Comisión Intergubernamental podrá apelar a la colaboración de las Administraciones de cada Gobierno y a todo organismo o experto que juzgue conveniente. 7. Los dos Gobiernos tomarán las disposiciones necesarias para poner en vigor los reglamentos aplicables a la Sección Internacional, en el marco de sus legislaciones nacionales, y concederán a la Comisión Intergubernamental las facultades de investigación, inspección y de instrucción necesarias para el cumplimiento de su cometido. 8. Los gastos de funcionamiento de la Comisión Intergubernamental se sufragarán a partes iguales por cada una de las Partes Contratantes. Artículo 6. Financiación de la Sección Internacional. El Concesionario construirá y explotará la infraestructura de la Sección Internacional. Podrán otorgarse al Concesionario subvenciones y aportaciones procedentes de los Estados o de las entidades territoriales españolas y francesas, así como de la Unión Europea. El detalle de estas subvenciones y aportaciones será precisado, en caso necesario, en el contrato de adhesión. Podrán establecerse acuerdos entre el Concesionario y las empresas ferroviarias, concediéndoles derechos de utilización de la infraestructura a cambio de que éstas aseguren al Concesionario unos tráficos mínimos a largo plazo. Artículo 7. Indemnización entre Estados. En el caso en el que uno de los dos Estados interrumpa o ponga término unilateralmente a la construcción o a la explotación de la Sección Internacional por el Concesionario antes de concluir la Concesión, o de sus enlaces tal y como están previstos en el punto 2 del artículo 2 del presente Acuerdo, el otro Estado tendrá derecho a una indemnización. Esta indemnización estará limitada al perjuicio directo y cierto sufrido por él, con la exclusión de toda pérdida o daño indirecto; en particular se excluyen las pérdidas de ingresos fiscales u otros ingresos provenientes de la existencia o de la explotación de la Sección Internacional. Ninguna indemnización será debida por el hecho de la interrupción o el cese de la construcción o de la explotación de la Sección Internacional o de sus enlaces por razones de defensa nacional, cuando éstas se produzcan en interés común de los dos Estados. Artículo 8. Derechos de los Estados al finalizar la Concesión. En el momento en que la Concesión llegue a su fin, bien sea en la fecha normal de expiración, bien sea con anterioridad debido a otra causa, los derechos ejercidos por el Concesionario sobre la parte de la obra y las instalaciones inmobiliarias de la Sección Internacional levantadas en el territorio de cada Estado, revertirán a este Estado. Los otros bienes que formen la Sección Internacional pasarán a ser propiedad común de los dos Estados en las condiciones fijadas en la Concesión. Si los dos Gobiernos acuerdan continuar explotando en común el enlace, lo harán bajo las condiciones que sean definidas en el correspondiente protocolo. Artículo 9. Consultas entre los Gobiernos. Los dos Gobiernos se consultarán, a petición de uno de ellos: a) Sobre toda cuestión relativa a la interpretación o a la aplicación de este Acuerdo. b) Sobre toda cuestión relativa a la Concesión. c) Sobre las consecuencias de toda medida anunciada o tomada que pudiera afectar substancialmente a la construcción o a la explotación de la Sección Internacional. d) Sobre toda cuestión que se refiera a los derechos y obligaciones de los Estados derivados del Acuerdo y de la Concesión. e) Si la Concesión terminase anticipadamente, por cualquier causa, sobre la utilización futura, y el futuro del desarrollo y de la explotación de la Sección Internacional. Artículo 10. Arbitraje. 1. Se constituirá un tribunal arbitral para resolver: a) Las diferencias entre los dos Estados relativas a la interpretación y a la aplicación del presente Acuerdo que no se hayan resuelto en un plazo de tres meses mediante las consultas previstas en el artículo 9. b) Las diferencias entre los Gobiernos y el Concesionario relativas a la Concesión. 2. El tribunal arbitral estará compuesto en cada caso de la siguiente forma: a) Cada uno de los Gobiernos designará un árbitro en un plazo de dos meses a partir de la petición de arbitraje. b) Los dos árbitros, en los dos meses siguientes a la designación del último de ellos, designarán de común acuerdo un tercer árbitro nacional de un tercer Estado, quien presidirá el tribunal arbitral. c) Si una de las designaciones no se hubiese efectuado en los plazos fijados anteriormente, una parte podrá, en ausencia de cualquier otro acuerdo, pedir al Presidente del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que proceda a la designación necesaria. d) Si el Presidente del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas fuese nacional de uno de los dos Estados, o si se encontrase imposibilitado por otras razones, las designaciones serían solicitadas a los Presidentes de Sala de este Tribunal, por orden de antigüedad. e) Si estos últimos fuesen nacionales de uno de los dos Estados o si igualmente se encontrasen imposibilitados, las designaciones serían efectuadas por el Juez del Tribunal más antiguo que no sea nacional de ninguno de los dos Estados y que no esté imposibilitado por otras razones. f) En el caso de que el Concesionario sea parte en el litigio tendrá derecho a designar un árbitro suplementario. Los dos árbitros designados por los Gobiernos nombrarán al Presidente del tribunal arbitral, de acuerdo con el árbitro designado por el Concesionario. A falta de acuerdo en el plazo fijado en el apartado b), el Presidente será designado según el procedimiento previsto en los apartados c), d) y e) del presente punto. El árbitro designado por el Concesionario no tomará parte, total o parcialmente, en las decisiones relativas a la interpretación o aplicación del presente Acuerdo. 3. El tribunal decidirá por mayoría de votos. Los árbitros no podrán abstenerse. El Presidente del tribunal tendrá voto de calidad en caso de empate. El tribunal podrá, a petición de una de las partes, interpretar sus propias decisiones. Las decisiones del tribunal arbitral serán definitivas y obligatorias para las partes. 4. Cada parte sufragará los gastos del árbitro designado por ella o en su nombre y compartirá a partes iguales los gastos del Presidente; los otros gastos de arbitraje serán sufragados de la forma que determine el tribunal. Artículo 11. Entrada en vigor del Acuerdo. Cada una de las Partes Contratantes notificará a la otra el cumplimiento de los procedimientos constitucionales exigidos para la entrada en vigor del presente Acuerdo, que entrará en vigor en la fecha de la última notificación por nota verbal. En fe de lo cual, los representantes de los dos Gobiernos, debidamente autorizados a este efecto, firman el presente Acuerdo, hecho en Madrid, el 10 de octubre de 1995, en doble ejemplar en lenguas española y francesa, los dos textos darán fe igualmente.–Por el Gobierno del Reino de España, el Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente «ad referendum», José Borrell.–Por el Gobierno de la República Francesa, el Ministro de Ordenación del Territorio, del Equipamiento y de los Transportes, Bernard Pons. PROTOCOLO AL AMPARO DEL ACUERDO FIRMADO EN MADRID EL 10 DE OCTUBRE DE 1995 ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FRANCESA Y EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN Y LA EXPLOTACIÓN DE LA SECCIÓN INTERNACIONAL DE UNA LÍNEA FERROVIARIA DE ALTA VELOCIDAD ENTRE FRANCIA Y ESPAÑA (VERTIENTE MEDITERRÁNEA) Por un lado, el Gobierno de la República Francesa y, por otro, el Gobierno del Reino de España (las «Partes Contratantes»). Visto el Acuerdo firmado el 10 de octubre de 1995 en Madrid, relativo a la construcción y la explotación de la sección internacional de una línea ferroviaria de alta velocidad entre Francia y España (vertiente mediterránea) (el «Acuerdo de Madrid»); Visto el Contrato del proyecto, construcción, explotación y mantenimiento de la sección internacional entre Perpiñán y Figueras de una nueva línea ferroviaria de alta velocidad (el «Contrato de concesión») suscrito entre los Partes Contratantes y la sociedad TP Ferro Concesionaria S.A.; Se acuerda: ARTÍCULO 1 Objeto El objeto del presente Protocolo es precisar, de conformidad con el Acuerdo de Madrid, las disposiciones transitorias de explotación común de la sección internacional (i) en caso de que las Partes Contratantes ejerciten la prerrogativa de sustitución del concesionario prevista en la cláusula 27.7 del Contrato y/o (ii) en caso de que dicho Contrato termine de manera anticipada, en los términos previstos en las cláusulas 25 o 26 de éste, hasta que las Partes Contratantes fijen de forma definitiva las condiciones de explotación permanente de la sección internacional. ARTÍCULO 2 Disposiciones transitorias Si las Partes Contratantes tuvieran que sustituir al Concesionario en los términos previstos en la cláusula 27.7 del contrato de concesión, los gestores de infraestructuras ferroviarias español y francés, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y SNCF Réseau, quedan encomendados por ellas para administrar la concesión en su nombre durante la vigencia de esa medida. Si el Contrato terminase de manera anticipada, en espera de fijar de manera permanente el destino de las obras e instalaciones inmuebles y las condiciones de explotación de la sección internacional, la explotación y el mantenimiento de la sección internacional están garantizados a título transitorio por los gestores de infraestructuras ferroviarias español y francés, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y SNCF Réseau en las mismas condiciones que aquellas que estén en vigor en el momento de la terminación del Contrato. En ambos casos los gestores de infraestructuras ferroviarias español y francés, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y SNCF Réseau, pueden establecer mediante acuerdo las modalidades de organización de las prestaciones. ARTÍCULO 3 Definición de las disposiciones permanentes De acuerdo con el artículo 9 del Acuerdo de Madrid, las Partes Contratantes se comprometen a proseguir las consultas sobre el futuro uso, el futuro del desarrollo y la explotación de la sección internacional, para tomar todas las disposiciones necesarias para la explotación permanente de la sección internacional. ARTÍCULO 4 Entrada en vigor Cada una de las Partes Contratantes notificará a la otra el cumplimiento de los procedimientos constitucionales exigidos para la entrada en vigor del presente Acuerdo, que entrará en vigor en la fecha de la última notificación por nota verbal. En fe de lo cual, los representantes de ambos Gobiernos, debidamente autorizados para ello, firman el presente protocolo, en París, a 23 de mayo de 2016, en doble copia, en los idiomas francés y español, los dos textos dan fe. Por la República Francesa, El Secretario de Estado de Transportes, Mar y Pesca Por el Reino de España, El Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda ANEXO 3 Lista provisional de trabajadores asalariados de TP Ferro a fecha 14 de julio de 2016 N.º Apellidos Nombre 1 Moix García. Meritxell. 2 Palomeras Giralt. Sònia. 3 Cuadrado Vicente. José María. 4 Del Pozo. Virginia. 5 Ruiz García. Antonio. 6 Barrado Ortiz. María José. 7 Giró Val. Gemma. 8 Papaghiannakis. Petros. 9 Pescador. Jean François. 10 Lieutet. Vincent. 11 Pinto Baró. Luis. 12 Mahic. Dudo. 13 Sánchez Vaquero. Francisca. 14 Martín Pot. Ángel. 15 Mehmedov Osmanov. Zehti. 16 Puig Esteban. Francisco. 17 Steckiewiez. Hervé. 18 Rodríguez Redondo. Fernando. 19 Román Verdasco. Francisco Javier. 20 Ares. Xavier. 21 Minoux. Christophe. 22 Viñas Buxeda. Marc. 23 García González. Marcos. 24 Morell Bel. Albert. 25 Pau Isern. Carles. 26 Casanovas. Christophe. 27 Picornell Mach. Narcís. 28 Rossi. Bastien. 29 García Muñoz. Antonia Pilar. 30 Grau. Julien. 31 Joan Vila. Jaume. 32 Muñoz Cuenca. Jaime Washington. 33 Cortada Rovira. Albert. 34 González. Gaëlle. 35 Reynalt. Hélène. 36 Amoreti Zarco. Rafael. 37 González Sánchez. Fco. Javier. 38 Grande Hernandez. Claudio. 39 Fernández González. Rubén. 40 De Pablos Galán. Laura. 41 Fortiana sastre. Eric. 42 García Paloma. Sergio. 43 García Llorente. Roberto. 44 García Martín. Martín. 45 Centeno de la Iglesia. Ángel. 46 Cid. Adrien. 47 Chávez Segovia. Óscar Wilfredo. 48 Aguirre Santana. César Edison. 49 Ferrer Lozano. Gonzalo. 50 Pérez Saavedra. Óscar. 51 Leaua. Florin. 52 Rodríguez Leal. José Luis. 53 Rodríguez Rodríguez. Óscar. 54 Pérez Serra. Javier. 55 Campasol Palau. Jordi. 56 Santacana Puig. Joan. 57 Sánchez Martínez. Raul. 58 Garau. Guillem. 59 Valverde González. David. 60 Soler Barris. Margarita. 61 Sierra Herrero. Francisco Guillermo. 62 Garreta. Frédéric. 63 Ruiz. Frédéric. 64 Prieto Barquero. Alberto. 65 Pimentel Pino. Antoni. 66 Muñoz Murillo. Sergio. 67 Vaquero Gamero. Adrián. 68 Stankovic Held. Igor. 69 Salas Pacreu. Marc. 70 Torres Rodríguez. Alfonso. 71 Gutiérrez Camarós. Josep. 72 De Pedro Rabat. Santiago. 73 Sánchez López. Francisco Javier. 74 Esquerra Miró. Francesc. 75 Arnaud. Cédric. 76 Gil Ariza. Alberto. 77 Flores. Joël. 78 González Sánchez. Diego. 79 Décima di Giuseppi. Ariel Germán. 80 Sequera Vacas. Jonathan. 81 Rabot. Benjamin. 82 Murgui. Galdric. 83 Deville. Fabien. 84 García Cedeño. Josep. 85 Iglesias Fernández. Javier. 86 Haudoin. Michaël. 87 Rubio Sarabia. Joaquim. 88 Esteban Silva. Héctor. ANEXO 4 Parrilla de cánones La parilla de cánones es la que figura en la declaración de la red vigente de la sociedad TP Ferro Concesionaria, S.A., que se encuentra accesible en su página web (http://www.tpferro.com/) ANEXO 5 Importe Máximo Acumulado y desglose provisional de dicho importe en los costes de las operaciones de cesión y la Diferencia durante la vigencia del Convenio Importe máximo durante la vigencia del Convenio (4 años a partir de la fecha de entrada en vigor del Convenio) (el «Importe Máximo Acumulado») 11.700.000,00 € Para el Reino de España 5.850.000,00 € Para la República Francesa 5.850.000,00 € Desglose provisional (importes indicativos): Para la realización de las operaciones de cesión 1.700.000,00 € Para el Reino de España 850.000,00 € Para la República Francesa 850.000,00 € Para el pago de la Diferencia durante la vigencia del Convenio (importe anual) 2.500.000,00 € Para el Reino de España 1.250.000,00 € Para la República Francesa 1.250.000,00 € El presente Protocolo entró en vigor el 20 de diciembre de 2016, fecha en la que los Estados se lo han notificado al Proveedor de servicios, según se establece en su artículo 5. Madrid, 20 de diciembre de 2016.–La Secretaria General Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, P.S. (Real Decreto 342/2012, de 10 de febrero), la Vicesecretaria General Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Celia Abenza Rojo.

Convenio entre Francia y España para que una sociedad al 50% explote la línea Figueres-Perpignan durante 4 años

CONVENIO PARA LA EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SECCIÓN INTERNACIONAL DE UNA LÍNEA FERROVIARIA DE ALTA VELOCIDAD ENTRE PERPIÑÁN Y FIGUERES ÍNDICE Título I. Definiciones y objeto del convenio. 1. Definiciones. 2. Interpretación. 3. Documentos contractuales-Orden de prelación. 4. Objeto del Convenio. 5. Entrada en vigor. 6. Duración del Convenio. 7. Celebración de contratos y subcontratación. Título II. Operaciones de cesión de la sección internacional. 8. Comité de Coordinación de las Operaciones de Cesión. 9. Inventario de los bienes de la Sección Internacional puestos a disposición del Proveedor de servicios. 10. Puesta a disposición de la documentación de explotación-Revisión contable-Estudio sobre la circulación. 11. Cesión de contratos. 12. Cesión de la plantilla. 13. Autorizaciones necesarias para la explotación. Título III. Fase de explotación y mantenimiento. 14. Explotación y mantenimiento de la Sección Internacional. 15. Medidas de policía, seguridad y controles fronterizos. 16. Relaciones con las empresas ferroviarias. 17. Cánones-Percepción de los cánones. Título IV. Remuneración. 18. Definición de la remuneración y condiciones de pago. 19. Facturación y plazos de pago. Título V. Control, responsabilidad y seguros. 20. Modalidades de control y seguimiento del cumplimiento del Convenio. 21. Responsabilidad del Proveedor de servicios en la ejecución de las prestaciones. 22. Fuerza mayor. 23. Seguros del Proveedor de servicios. Título VI. Extinción del convenio. 24. Casos de extinción del Convenio. 25. Consecuencias de la extinción normal o anticipada del Convenio. 26. Condiciones de entrega de la Sección Internacional al término del Convenio. Título VII. Disposiciones varias. 27. Estabilidad del accionariado. 28. Relaciones con los Estados. 29. Diferencias y litigios. 30. Derecho aplicable. 31. Confidencialidad. 32. Idioma. 33. Comunicaciones. 34. Lista de anexos. REUNIDOS La República Francesa, representada por el Secretario de Estado de Transportes, Mar y Pesca y el Reino de España, representado por el Ministro de Fomento, de una parte, y la «Sociedad Línea Figueras Perpignan, S.A.» de otra parte, en lo sucesivo, individualmente, una «Parte» o, conjuntamente, las «Partes». PREÁMBULO El 17 de febrero de 2004, la República Francesa y el Reino de España firmaron con la sociedad TP Ferro Concesionaria S.A. un contrato de concesión cuyo objeto era la elaboración del proyecto, la construcción, la explotación y el mantenimiento de una nueva línea de alta velocidad, de tráfico mixto (pasajeros y mercancías) y con doble vía, entre Perpiñán y Figueres, incluyendo la construcción del túnel de Perthus, así como la construcción de las instalaciones, equipamientos y conexiones con las redes ferroviarias de Francia y España que fueran precisos. La puesta en servicio definitiva de la Sección Internacional de la línea ferroviaria de alta velocidad entre Francia y España (Perpiñán-Figueres) se produjo el 17 de enero de 2013. Como consecuencia de las dificultades encontradas en la explotación de la Concesión, el 1 de septiembre de 2015, el Juzgado de lo Mercantil de Girona dictó el auto de declaración del concurso voluntario de acreedores de TP Ferro. Para poder anticipar una posible liquidación de TP Ferro, el 23 de mayo de 2016, la República Francesa y el Reino de España firmaron, conforme al artículo 8 del Acuerdo de Madrid, un Protocolo Adicional por el que acordaban, por una parte, continuar explotando en común la Sección Internacional en el supuesto de que (i) tuvieran que sustituir a TP Ferro en virtud de la cláusula 27.7 de la Concesión, o (ii) la Concesión finalizara anticipadamente, hasta que pudieran determinar de manera definitiva las condiciones de explotación permanentes de la Sección Internacional. Por otra parte, decidieron que los administradores de infraestructuras ferroviarias de España y Francia, Adif y SNCF Réseau, asumirían de modo transitorio la explotación y el mantenimiento de la Sección Internacional, en las mismas condiciones que las vigentes en el momento de la resolución de la Concesión. Para garantizar la continuidad de la explotación de la Sección Internacional mediante una gestión común y unificada, la República Francesa y el Reino de España, conforme al Protocolo Adicional, han solicitado a los administradores de infraestructuras ferroviarias español y francés, Adif y SNCF Réseau, que, por una parte, realicen diversas prestaciones con vistas a anticipar y preparar las Operaciones de Cesión de la Sección Internacional y, por otra, creen una filial común, la sociedad Línea Figueras Perpignan, S.A., a la que se prevé confiar una misión de explotación y conservación-mantenimiento de la Sección Internacional. Mediante auto del 29 septiembre de 2016, el Juzgado de lo Mercantil de Girona dictó la apertura de la fase de liquidación de la sociedad TP Ferro Concesionaria SA. Habida cuenta del Auto del Juzgado de lo Mercantil de Girona y de la probable falta de tesorería de TP Ferro Concesionaria SA, las Partes acordaron especificar en virtud del presente Convenio, de conformidad con el Protocolo Adicional, las condiciones en las que la empresa Línea Figueras Perpignan, S.A será responsable de garantizar la continuidad del servicio público en la Sección Internacional a partir de la medianoche del día 20 de diciembre de 2016. En una carta con fecha de 16 de diciembre de 2016, la República Francesa y el Reino de España notificaron a la sociedad TP Ferro Concesionaria SA la resolución del Contrato de concesión por incumplimiento del Concesionario, ### RESUMEN: Convenio entre Francia y España para que una sociedad al 50% explote la línea Figueres-Perpignan durante 4 años

De conformidad con lo previsto en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, este Ministerio, en nombre de S.M. el Rey, ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Padul a favor de doña María Pérez de Herrasti y Urquijo, por fallecimiento de su padre, don Ramón Pérez de Herrasti y Narváez. Madrid, 10 de febrero de 2021.–El Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo Moreno.

Nombramiento de María Pérez de Herrasti y Urquijo con el título de Conde de Padul.

De conformidad con lo previsto en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, este Ministerio, en nombre de S.M. el Rey, ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Padul a favor de doña María Pérez de Herrasti y Urquijo, por fallecimiento de su padre, don Ramón Pérez de Herrasti y Narváez. Madrid, 10 de febrero de 2021.–El Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo Moreno. ### RESUMEN: Nombramiento de María Pérez de Herrasti y Urquijo con el título de Conde de Padul.