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BOE-A-2022-5788 | Con fecha 27 de marzo de 2022 se ha suscrito el Convenio entre el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, a través del Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias en Salamanca, y el IES Hidalgo de Rojas en Salamanca, para el desarrollo del módulo profesional de formación de prácticas formativas en centros de trabajo.
En virtud de lo dispuesto en el apartado 8 del artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y, de conformidad, con las competencias conferidas por el Real Decreto 1226/2005, de 13 de octubre, resuelvo:
Proceder a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del citado Convenio, que se incorpora como anexo a esta Resolución.
Madrid, 1 de abril de 2022.–El Director General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, Luis Alberto Barriga Martín.
De una parte, don Luis Alberto Barriga Martín, Director General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), como entidad gestora de la Seguridad Social adscrita al Ministerio Derechos Sociales y Agenda 2030 a través de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, cargo para el que fue nombrado en virtud del Real Decreto 207/2020, de 29 de enero (BOE n.º 26, de 30 de enero), y facultado para su representación conforme a las atribuciones establecidas en el artículo 5 del Real Decreto 1226/2005, de 13 de octubre (BOE n.º 246 de 14 de octubre de 2005), y a los efectos del presente Convenio también en representación del Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias en Salamanca, creado bajo la dependencia orgánica y funcional del Imserso por Orden TAS/3775/2007, de 19 de diciembre.
De otra parte, don Luis Aguilar Aguilar López del centro educativo IES Fernando de Rojas con CIF Q3768058D y domicilio en, calle Colombia, 42-98, 37003 Salamanca, en su nombre y representación, en calidad de Director, según acuerdo P.D. RES. 04/07/12 (BOCYL 13) firmado por el Director Provincial de Educación de Salamanca.
Ambas partes se reconocen capacidad legal suficiente y en el ejercicio de las facultades que por razón de su cargo tienen atribuidas, en nombre de las entidades que representan
Que el Real Decreto 311/2021, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales y el Real Decreto 452/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, se adscribe a dicho Ministerio, a través de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, la entidad gestora de la Seguridad Social Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
Que el Real Decreto 1226/2005, de 13 de octubre, que regula la estructura orgánica y funciones del Imserso, le atribuye competencias en materia de los servicios complementarios de las prestaciones del Sistema de la Seguridad Social para personas mayores, con discapacidad y en situación de dependencia, como también el establecimiento y gestión de centros de atención especializada o de aquellos a los que se les atribuyan objetivos especiales de investigación y ámbito de actuación estatal.
Que el artículo 16 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, configura, dentro de la red de centros para la autonomía y atención a la dependencia a los centros de referencia estatal para la promoción de la autonomía personal y para la atención y cuidado de situaciones de dependencia.
Que la Orden TAS/3775/2007, de 19 de diciembre, crea y regula el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias, adscrito al Imserso y ubicado en Salamanca, configurándolo como un centro sociosanitario especializado y avanzado en investigación, análisis, conocimiento, evaluación y formación sobre el alzheimer y otras demencias y en atención e intervención con los afectados y sus familias y estableciendo sus fines.
Que la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su artículo 2, entre sus fines, la capacitación para el ejercicio de actividades profesionales.
A su vez, el artículo 42.2 determina que el currículo de las enseñanzas de formación profesional incluirá una fase de formación práctica en los centros de trabajo, de la que podrán quedar exentos quienes acrediten una experiencia laboral que se corresponda con los estudios profesionales cursados. Que el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, regula los módulos profesionales.
Conforme a lo establecido en la normativa vigente emitida por la Dirección General de Formación Profesional, Régimen Especial y Equidad Educativa de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, ambas partes, considerando que tienen objetivos complementarios para sus fines institucionales, formalizan el presente Convenio para el desarrollo de un programa de formación en centros de trabajo, dirigido al alumnado que cursan formación profesional reglada, con arreglo a las siguientes
El objeto del Convenio es el desarrollo del módulo profesional de formación Atención a Personas en Situación de Dependencia en el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias (en adelante, centro de trabajo) de los ciclos formativos y las prácticas formativas de otras enseñanzas, a los alumnos del centro IES Fernando de Rojas (en adelante, centro educativo).
El centro de trabajo se compromete al cumplimiento de la programación de actividades formativas que previamente hayan sido acordadas con el centro educativo, a realizar su seguimiento, a la valoración del progreso del alumnado y a la revisión de la programación junto con el profesor-tutor del centro educativo, si una vez iniciado el periodo de prácticas, y a la vista de los resultados, ésta fuera necesaria.
El centro educativo se compromete a:
a) Realizar una selección previa de los candidatos que van a realizar las prácticas entre estudiantes matriculados en dicho Centro al que se vinculan las competencias básicas, genéricas y/o específicas a adquirir por el estudiante en la realización de la práctica. El Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias del Imserso determinará el número de estudiantes que puedan realizar las prácticas en función de las necesidades de dicho Centro de trabajo.
b) Nombrar un tutor académico responsable de las prácticas, que será un profesor de la Escuela, que coordine junto con el tutor del Centro, el desarrollo de las mismas.
c) Emitir el informe de evaluación de las practicas desarrolladas y un documento acreditativo de las mismas al finalizar el período de ejecución, que contendrá, al menos, referencia al Centro del Imserso que actúa como entidad colaboradora, descripción de la práctica especificando su duración y fechas de realización y actividades realizadas.
d) Acreditar al tutor designado por el Centro de trabajo el reconocimiento de profesor colaborador con el Centro educativo y al personal del Centro partícipe en las prácticas la consideración de colaborador con dicha entidad, o cualquier otra figura que considere, teniendo en cuenta la implicación del tutor y del personal en la formación de los alumnado derivados por la misma.
El alumnado dispondrá de un documento de seguimiento de las actividades realizadas u «hoja semanal del alumno», que será supervisado por el tutor del centro de trabajo en colaboración con el profesor-tutor del centro educativo. En dicho documento figurarán las actividades formativas más significativas realizadas cada semana, con registro de la fecha, los resultados obtenidos, las orientaciones recibidas, el tiempo dedicado y las dificultades encontradas en su realización. Los resultados de aprendizaje se reflejarán en la «ficha de seguimiento y evaluación», que cumplimentará el tutor del centro de trabajo.
El centro de trabajo nombrará una persona responsable para la coordinación de las actividades formativas a realizar, que garantizará la orientación y consulta del alumnado, facilitará las relaciones con el profesor-tutor del centro educativo y aportará los informes valorativos que contribuyan a la evaluación. A tal fin, facilitará al profesor-tutor del centro educativo el acceso al centro de trabajo y las actuaciones de valoración y supervisión del proceso.
El centro de trabajo no podrá cubrir, ni siquiera con carácter interino, ningún puesto de trabajo con el alumnado que realice actividades formativas en la misma, salvo que se establezca al efecto una relación laboral de contraprestación económica por servicios contratados. En este caso, se considerará que el alumno abandona el programa formativo en el centro de trabajo, debiéndose comunicar este hecho por el centro de trabajo al director del centro educativo, quien lo comunicará a la Dirección Provincial de Educación.
El alumnado no percibirá cantidad alguna por la realización de las actividades formativas en el centro de trabajo.
En relación con las obligaciones contempladas en la disposición adicional quinta del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre para la revalorización de las pensiones públicas y otras medias urgente en materia social, laboral y de empleo, dado que todavía no se ha producido el desarrollo reglamentario para su efectiva aplicación, ambas partes se comprometen a firmar una adenda en la que se contemplen las obligaciones que asumirían para dar cumplimiento a la normativa de desarrollo del citado real decreto-ley. En la adenda se determinará la aportación económica de las partes para cubrir las cotizaciones de la Seguridad Social de los estudiantes, comprendiendo como mínimo un intervalo de aportaciones mínimas y máximas que se prevean hacer por cada firmante.
Cualquier accidente que pudiera producirse será contemplado a tenor del Seguro Escolar, de acuerdo con la reglamentación establecida por el Decreto 2078/1971, de 13 de agosto (BOE de 13 de septiembre). El centro educativo dispondrá de una póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra los daños materiales, personales y sus perjuicios derivados causados a terceros por el estudiante en el ejercicio de las prácticas.
El alumnado irá provisto del DNI y de la tarjeta de identificación del centro educativo.
El estudiante en prácticas que por razón de sus prácticas tenga acceso a datos de carácter personal vendrá obligado a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD y al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos. La citada obligación subsistirá aun después de terminado el proyecto. Asimismo vendrán obligados al cumplimiento de lo establecido en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
En aquellos casos en que la práctica realizada genere un producto susceptible de propiedad intelectual, los derechos relativos corresponderán al Imserso, sin perjuicio de los derechos que reconoce la legislación vigente al resto de las partes.
El centro educativo se compromete a enviar a la Dirección Provincial de Educación, para su notificación a la Inspección de Trabajo, una copia del presente documento, así como la relación del alumnado que, en cada período de tiempo, estén realizando prácticas formativas en la empresa.
Durante la realización de las prácticas académicas, los estudiantes tendrán los siguientes derechos:
a) A la tutela, durante el periodo de duración de la correspondiente práctica, por un profesor del centro educativo y por un profesional que preste servicios en el centro de trabajo del Imserso.
b) A la evaluación de acuerdo con los criterios establecidos por el centro educativo.
c) A la obtención de un informe por parte del centro de trabajo, con mención expresa a la actividad desarrollada, su duración, y en su caso, su rendimiento.
d) A la propiedad intelectual e industrial en los términos establecidos en la legislación reguladora de la materia.
e) A recibir, por parte del centro de trabajo, información de la normativa de seguridad y prevención de riesgos laborales.
f) A cumplir con su actividad académica, formativa y de representación y participación, previa comunicación con antelación suficiente al centro de trabajo.
g) A disponer de los recursos necesarios para el acceso de los estudiantes con discapacidad a la tutela, a la información, a la evaluación y al propio desempeño de las prácticas en igualdad de condiciones.
h) A conciliar, en el caso de estudiantes con discapacidad, la realización de las prácticas con aquellas actividades y situaciones personales derivadas o conectadas con la situación de discapacidad.
i) Aquellos otros derechos previstos en la normativa vigente y/o en los correspondientes convenios suscritos por el centro de trabajo y, en su caso, la entidad gestora de prácticas vinculada a la misma, con el centro de trabajo.
Durante la realización de las prácticas académicas externas los estudiantes deberán atender al cumplimiento de los siguientes deberes:
a) Cumplir la normativa vigente relativa a prácticas externas establecidas por el centro educativo.
b) Conocer y cumplir con el proyecto formativo de las prácticas siguiendo las indicaciones del tutor asignado por el centro de trabajo bajo la supervisión del tutor académico del centro educativo.
c) Mantener contacto con el tutor académico del centro educativo durante el desarrollo de la práctica y comunicarle cualquier incidencia que pueda surgir en el mismo, así como hacer entrega de los documentos e informes de seguimiento intermedio y la memoria final que le sean requeridos.
d) Incorporarse al centro de trabajo en la fecha acordada, cumplir el horario previsto en el proyecto educativo y respetar las normas de funcionamiento, seguridad y prevención de riesgos laborales de la misma.
e) Desarrollar el proyecto educativo y cumplir con diligencia las actividades acordadas con el centro de trabajo, conforme a las líneas establecidas en el mismo.
f) Elaboración de la memoria final de las prácticas.
g) Guardar confidencialidad en relación con la información interna del centro de trabajo y guardar secreto sobre sus actividades, durante su estancia y a la finalización de esta.
h) Mostrar, en todo momento, una actitud respetuosa hacia la política del centro de trabajo, salvaguardando el buen nombre del centro educativo al que pertenece.
i) Cualquier otro deber previsto en la normativa vigente y/o en los correspondientes convenios suscritos por el centro educativo y, en su caso, la entidad gestora de prácticas vinculada a la misma, con el centro de trabajo.
Se constituye una comisión mixta integrada por un representante nombrado por cada una de las partes, a la que corresponde concretar las actuaciones de cooperación que se vayan a llevar a cabo entre las previstas en este Convenio, así como velar por el cabal cumplimiento de los objetivos comunes perseguidos por ambas partes.
Las actuaciones de cooperación son las de conocer el funcionamiento del centro de trabajo Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias, sus métodos de trabajo y organización, como complemento práctico a sus estudios, en relación al programación de actividades formativas.
El representante de cada una de las partes será el coordinador nombrado por el centro del Imserso y el profesor-tutor nombrado por el centro educativo.
La comisión mixta constituirá el cauce estable de comunicación entre el Imserso y el centro educativo.
La propia comisión, una vez constituida, decidirá su régimen de reuniones y de adopción válida de acuerdos.
El presente Convenio tiene vigencia de cuatro años pudiendo prorrogarse, en cualquier momento antes de su finalización, por el mismo periodo por acuerdo expreso de las partes.
Conforme a lo indicado en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, este Convenio resultará eficaz una vez inscrito, en el plazo de cinco días hábiles desde su formalización, en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, al que se refiere la disposición adicional séptima. Asimismo, será publicado en el plazo de diez días hábiles desde su formalización en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de su publicación facultativa en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma.
La modificación del presente Convenio requerirá acuerdo unánime expreso de los firmantes, según el artículo 49. g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y se tramitará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la citada Ley, siguiendo la misma tramitación que para su suscripción.
El presente Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.
Son causas de resolución:
a) El transcurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
e) Cese de actividades del centro educativo o del centro de trabajo.
f) Incumplimiento de las cláusulas establecidas en el Convenio, inadecuación pedagógica de las prácticas formativas, o vulneración de las normas que, en relación con la realización de las actividades programadas, estén en cada caso vigentes.
g) Se podrá rescindir para un determinado alumno o grupo de alumnos, por cualquiera de las partes firmantes, y ser excluido de su participación por decisión unilateral de una de las partes, o conjunta de ambos, en los siguientes casos:
– Faltas repetidas de asistencia o puntualidad no justificadas.
– Actitud incorrecta o falta de aprovechamiento, previa audiencia al interesado.
h) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el Convenio o en otras leyes.
Cualquiera de las partes podrá denunciar el presente Convenio comunicándolo a la otra parte interviniente por escrito con tres meses de antelación a la fecha en la que se desee la terminación del mismo o, en su caso, de su prórroga.
Si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del Convenio, hubiese algún estudiante realizando prácticas en el centro, las partes podrán acordar su continuación hasta la finalización del plazo acordado para su ejecución, conforme a lo establecido en el artículo 52.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
En caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en el plazo de un mes. Este requerimiento será comunicado a la Comisión Mixta quién, además, determinará, en su caso, la posible indemnización a satisfacer por dicho incumplimiento.
El centro educativo informará a la Dirección Provincial de Educación de la extinción o rescisión del Convenio, y ésta lo comunicará a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
La representación de los trabajadores de los centros de trabajo será informada del contenido específico del programa formativo que desarrollará el alumnado sujeto a este Convenio con anterioridad a su firma, actividades, calendario y horario de las mismas y, localización del centro de trabajo donde se realizarán.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y su régimen jurídico está regulado en el capítulo VI del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
La jurisdicción Contenciosa Administrativa será la competente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre las partes, en la ejecución de este Convenio, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.
Y, en prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo convenido, las partes firman el presente Convenio digitalmente, tomándose como fecha de formalización del presente documento la fecha del último firmante.–Por el Imserso, el Director General, Luis Alberto Barriga Martín.–Por el IES Fernando de Rojas, el Director, Luis Garrido Blanco Campos. | Normativas |
BOE-A-2022-12898 | La Comisión Europea afirma en su Comunicación de 13 de septiembre de 2017 COM (2017) 479 «Invertir en una industria inteligente, innovadora y sostenible. Estrategia renovada de política industrial», el papel de la industria como motor esencial de la productividad y la innovación, y como una de las piedras angulares de la prosperidad económica en Europa, y señala que las instituciones de la Unión Europea, y la propia industria, han de hacer todo lo posible para mantener y reforzar el liderazgo industrial de Europa en la era de la globalización, marcada por los retos que plantea la sostenibilidad y la rapidez con que se producen los cambios tecnológicos.
De forma más precisa, la Comunicación de la Comisión COM (2020)102, «Un nuevo modelo de industria para Europa», del 10 de marzo, considera que los próximos cinco años serán decisivos para habilitar las condiciones necesarias para el profundo cambio que la industria europea y la española necesitan ir hacia una industria competitiva, digitalizada y climáticamente neutra, arraigada en el modelo social europeo que cree empleos de calidad y contribuya a la soberanía económica de la UE poniendo el foco en los ecosistemas industriales.
El 5 de mayo de 2021 la Comisión Europea publica la actualización del anterior documento mediante la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones «Actualización del nuevo modelo de industria de 2020: Creación de un mercado único más sólido para la recuperación de Europa» para asegurar que la estrategia industrial tenía debidamente en cuenta las nuevas circunstancias tras la crisis de la pandemia de COVID-19 y se orientaba a conseguir una economía más sostenible, digital, resiliente y globalmente competitiva.
El sector de la industria manufacturera contribuye significativamente a la economía, sobre todo en lo que respecta a innovación, productividad y empleos de calidad. Nos encontramos en un momento en que se reconoce el importante papel que desempeñan la capacidad de producción nacional en la creación de innovación y la capacidad de aumentar rápidamente la fabricación de nuevos productos mediante el uso de tecnologías avanzadas. La innovación, la automatización y los procesos productivos sofisticados son la base de las estrategias industriales de éxito y han demostrado ser fundamentales en el mantenimiento de una posición de liderazgo.
La transformación de la economía hacia un modelo descarbonizado ofrece grandes oportunidades para el desarrollo y comercialización de nuevos productos y servicios.
Por otra parte, el crecimiento de la actividad industrial tiene evidentes externalidades positivas que no sólo benefician a las empresas del sector, sino al conjunto de la economía dado su efecto multiplicador como son, el aumento de la productividad, el aumento de la actividad innovadora, la contribución a la mejora de la calidad del empleo y su cualificación, y su positivo impacto sobre el equilibrio en la balanza por cuenta corriente de nuestro país, consecuencia de su dominante aportación a las exportaciones. Es, por tanto, un sector vertebrador de la economía y generador de cohesión social y territorial.
El impulso a la industria deberá ser coherente con el marco de la Unión Europea, apuntando a una recuperación en clave ecológica, alineada con el Pacto Verde Europeo sobre la base de la neutralidad climática y la economía circular y sostenible que abre oportunidades en términos de modernización de la economía, atracción de inversiones de una nueva reindustrialización y de generación de empleo de calidad.
El Consejo de la Unión Europea acordó el 21 de julio de 2020 un paquete de medidas de gran alcance, las cuales aúnan el marco financiero plurianual (MFP) para 2021-2027 e incorporan un instrumento europeo para la recuperación (Next Generation EU), cuyo elemento central es el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Para acceder a los recursos financieros de este mecanismo, los Estados miembros deben elaborar un plan orientado a la recuperación. España presentó a la Comisión Europea su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante, «Plan de Recuperación»), que fue aprobado por Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de España del pasado 13 de julio de 2021 (en adelante, «CID» por sus siglas en inglés).
El Plan de Recuperación traza la hoja de ruta para la modernización de la economía española para una recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo, para la reconstrucción económica sólida, inclusiva y resiliente tras la crisis de la pandemia de COVID-19, y para responder a los retos de la próxima década. Este Plan recibirá la financiación de los fondos Next Generation EU provenientes del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia y de la Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU).
Los proyectos que constituyen dicho Plan de Recuperación alineados con los objetivos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, la transición verde y digital, permitirán la realización de reformas estructurales en los próximos años, mediante cambios normativos e inversiones que permitan, por un lado, un cambio del modelo productivo para la recuperación de la economía tras la crisis ocasionada por la pandemia de COVID- 19 y, por otro, una transformación hacia una estructura más resiliente, que permita que nuestro modelo sepa enfrentar con éxito otras posibles crisis o desafíos en el futuro.
El Plan de Recuperación contempla diez políticas palanca y 30 componentes, recogiendo un conjunto coherente de inversiones y reformas orientadas a la recuperación y a impulsar un cambio de modelo económico, productivo y social para abordar de forma equilibrada los retos futuros, hacia una España más sostenible, digitalizada, en igualdad y con mayor cohesión social.
De las diez políticas palanca, la quinta, «Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo e impulso a una España nación emprendedora», se centra esencialmente en la competitividad industrial y de las pymes.
De acuerdo con la CID, la línea de ayudas regulada por esta orden de bases se incardina en el marco del Componente 12 «Política Industrial España 2030», Inversión 2 «Programa de Impulso de la Competitividad y Sostenibilidad Industrial» del Plan de Recuperación. Esta inversión incluye la Línea de apoyo a proyectos estratégicos para la transición industrial, cuyo objetivo principal es impulsar la transformación de las cadenas de valor estratégicas de sectores industriales con gran efecto tractor en la economía, y alineadas con la estrategia europea de ecosistemas industriales.
Esta línea de ayudas contribuye al cumplimiento de los objetivos 184 a 186 aprobados en la CID y al indicador de seguimiento 186.1 establecido en las Disposiciones Operativas (en adelante, OA por sus siglas en inglés).
Asimismo, conforme con lo señalado en la CID, esta línea de ayudas contribuye al etiquetado verde y digital. De acuerdo con la Decisión de Ejecución del Consejo, en cuanto a la Inversión 2 del Componente 12, los criterios de selección deben garantizar que al menos 455.000.000 euros contribuyan a los objetivos relacionados con el cambio climático con un coeficiente climático del 100 por ciento, y al menos 1.500.000.000 de euros con un coeficiente climático del 40 por ciento, de conformidad con el anexo VI del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero, por el que se regula el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Como alternativa, y de forma justificada, los criterios de selección garantizarán que al menos 2.531.500.000 euros contribuyan a los objetivos relacionados con el cambio climático con, en promedio, un coeficiente climático de al menos el 40 por ciento, de conformidad con el anexo VI del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero. Dentro de los bloques obligatorios de la Línea de ayudas de esta orden, el bloque de diversificación contribuye a que se realicen inversiones dirigidas a la energía renovableoffshorecon proyectos cuya contribución climática es del 100 por cien, favoreciendo de esta manera que el porcentaje de contribución climática del proyecto tractor alcance la media exigida del 40 por ciento.
Específicamente, y de acuerdo con el «Documento de Trabajo de los servicios de la Comisión-Análisis del Plan de recuperación y resiliencia de España que acompaña a la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de recuperación y resiliencia de España», las etiquetas climáticas asociadas a esta inversión son:
22. (Procesos de investigación, transferencia de tecnología e innovación y para la cooperación entre empresas, centrándose en la economía hipocarbónica y la adaptación al cambio climático del sector industrial español, con un coeficiente asociado del 100 por ciento);
23. (Procesos de investigación, transferencia de tecnología e innovación y de cooperación entre empresas, con especial atención a la economía circular y al sector industrial español, con un coeficiente asociado del 40 por ciento); y
24. (Proyectos para mejorar la eficiencia energética en el sector industrial pymes y grandes empresas, con un coeficiente asociado del 40 por ciento).
En este sentido, y de acuerdo con lo señalado en la CID, la línea de ayudas regulada por esta orden priorizará a las actividades que se integren en alguna de esas etiquetas.
Asimismo, la Directiva (UE) 2018/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE, relativa a la eficiencia energética, a través de su artículo 7 amplía la obligación de ahorro acumulado de uso final de la energía por parte de los Estados miembros, traspuesta al ordenamiento jurídico español por el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica. Por ello, esta orden de bases contribuirá, asimismo, a alcanzar los objetivos de ahorro de uso final de la energía establecidos en el artículo 7 de la referida Directiva de eficiencia energética y de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Por otro lado, en cumplimiento con lo dispuesto en el Plan de Recuperación, en el Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y su normativa de desarrollo, en particular Guía Técnica de la Comisión Europea sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como con lo requerido en la CID, todas las actuaciones financiadas que se llevarán a cabo en cumplimiento de la presente orden deben respetar el llamado principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés, «Do No Significant Harm»). Ello incluye el cumplimiento de las condiciones específicas previstas en el Componente 12, Inversión I2 en la que se enmarca, tanto en lo referido al principio DNSH, como especialmente en lo que se refiere a las condiciones recogidas en los apartados 3, 6 y 8 del documento del Componente del Plan de Recuperación.
En cuanto al objetivo de contribución a la transición digital, el C12.I2 tiene asociada la etiqueta 10 (Digitalización del sector industrial –pymes y grandes empresas–, con un coeficiente asociado del 100 por ciento). Esta línea de ayudas promoverá que se financien actuaciones que sean subsumibles en esta categoría.
El capítulo III del título II del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, recoge una nueva figura de colaboración público privada, los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE). Dentro de esta figura se engloban proyectos tractores con un impacto transformador estructural sobre sectores estratégicos o con fases de investigación e innovación disruptivas y ambiciosas, más allá del estado de la técnica en el sector.
De acuerdo con el artículo 8 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, se dan las circunstancias necesarias para declarar este proyecto como Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica, cuyo eje central será la creación del ecosistema necesario que permita el desarrollo de una industria innovadora, con fuerte tracción sobre otros sectores económicos y la generación de nuevas actividades.
El Acuerdo del Consejo de Ministros, de 15 de marzo de 2022, indica que este proyecto cumple los criterios a los que alude el artículo 8.3 Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, para ser declarado como PERTE. Como se ha reflejado con anterioridad, representa una importante contribución al crecimiento económico, a la creación de empleo y a la competitividad de la industria y la economía española, habida cuenta de sus efectos de arrastre positivos en el mercado interior y la sociedad, ya que se dirige a un sector estratégico de la economía española. Permite combinar conocimientos, experiencia, recursos financieros y actores económicos, con el fin de remediar importantes deficiencias del mercado. Tiene un importante carácter innovador y aporta un importante valor añadido en términos de I+D+i, por ejemplo, posibilitando el desarrollo de nuevos productos, servicios o procesos de producción. Es importante cuantitativa o cualitativamente, con un tamaño o un alcance particularmente grandes, y supone un nivel de riesgo tecnológico o financiero muy elevado. Finalmente, favorece la integración y el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, así como el impulso de entornos colaborativos.
Esta orden establece un modelo colaborativo de solicitud. Las entidades interesadas en presentar una solicitud se deberán constituir como una agrupación de empresas sin personalidad jurídica y suscribir con carácter previo a la formalización de la solicitud un acuerdo interno que debe incluir las previsiones del artículo 67 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, así como las condiciones establecidas en el anexo I de esta orden de bases.
Las solicitudes del proyecto incluirán proyectos primarios de los distintos bloques y que actúan sobre la cadena de valor industrial. Dichos bloques están definidos en el artículo 11 y anexo V de esta orden de bases.
La magnitud y complejidad de las inversiones a realizar es evidente. Como se describe en profundidad en el articulado, cada solicitud denominada proyecto tractor está conformada por varios proyectos primarios que pueden realizar una o varias entidades de la agrupación, en periodos largos de ejecución.
Este programa será cofinanciado con fondos europeos del Plan de Recuperación.
La orden se estructura en treinta y siete artículos distribuidos en tres capítulos, dos disposiciones adicionales, dos disposiciones finales y ocho anexos. En el primer capítulo figuran las disposiciones de carácter general, que se refieren a aspectos como, los objetivos generales, ámbito geográfico y temporal, régimen jurídico aplicable, régimen de concesión, financiación, los beneficiarios, obligaciones de éstos, compatibilidad; el segundo regula los tipos de actuaciones financiables y las características de la ayuda y sus límites; el tercero regula el procedimiento de gestión, órganos convocantes, forma de realizar la solicitud, proceso de evaluación, tramitación y pago, justificación y comprobación de la realización de las actuaciones, criterios de graduación de los posibles incumplimientos, los mecanismos de control de ayudas, la refinanciación de los préstamos y los requisitos de publicidad. En los anexos se especifican las actividades incluidas en el ámbito de esta orden, el alcance de los bloques, las definiciones a efectos de aplicación de esta orden, los criterios de evaluación de las solicitudes, la metodología para la calificación financiera de la empresa y los requisitos exigibles al Acuerdo de agrupación, los modelos de declaraciones responsables y el procedimiento de auditoría a aplicar en la revisión de las cuentas justificativas.
Las bases de las ayudas reguladas en esta orden se dictan al amparo del artículo 149.1. 13.ª y 15.ª de la Constitución Española.
La gestión de estas ayudas se realizará por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, dado que cuenta con competencias exclusivas del Estado en materia de fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica, siguiendo la doctrina sentada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en relación al alcance material y funcional de la competencia que el artículo 149.1.15.ª de la Constitución reserva al Estado.
El Tribunal Constitucional ha declarado que «resulta conforme a la Constitución que el Estado regule, al amparo del citado art. 149.1.15.ª CE, las condiciones de otorgamiento de subvenciones en definitiva correctamente ordenadas al fomento de la investigación y desarrollo de innovaciones técnicas en el sector textil y de la confección» (STC 190/2000, de 13 de julio, FJ 12; en parecidos términos, STC 175/2003, de 30 de septiembre, FJ 8). Según se recordó en la STC 90/1992, FJ 2 A), «la competencia estatal en la materia de investigación científica y técnica no queda ceñida o limitada a la coordinación general de la actividad resultante del ejercicio de las competencias autonómicas en la referida materia, sino que alcanza, asimismo, al fomento de la investigación científica y técnica.» Un pronunciamiento similar puede encontrarse en el fundamento jurídico 13 F) de la STC 13/1992, de 6 de febrero.
En todo caso, esta jurisprudencia señala que su ámbito es particularmente amplio, extendiéndose al organizativo, y al mero apoyo o estímulo, sin necesidad de circunscribirse al apoyo de las actividades directamente conducentes a descubrimientos científicos o avances técnicos.
Por otra parte, la complejidad de la norma, y especialmente la necesidad de que se active simultáneamente un proyecto tractor que no puede dividirse y que afectará necesariamente a varias Comunidades Autónomas, hace imposible la territorialización de los fondos. Se trata de un claro ejemplo donde la suma de las partes sería inferior al todo.
Adicionalmente, el ámbito de aplicación es todo el territorio nacional, y en beneficio de su efectividad y operatividad, es conveniente la concentración de fondos que los financian, ya que no es posible establecer a priori un esquema de distribución territorial del gasto, pues tal distribución debe basarse en una previsión de demanda de ayuda que es desconocida en general. De hecho, los posibles beneficiarios de esta orden presentan características tan heterogéneas en lo relativo a su estructura, a sus dimensiones, así como en lo relativo a la madurez de las tecnologías con las que operan, que resulta imposible anticipar un criterio claro de distribución de los fondos adscritos a la convocatoria entre las distintas Comunidades Autónomas. Así, estas circunstancias impiden la previa territorialización de los créditos entre las Comunidades Autónomas y exigen la intervención de la Administración General del Estado para garantizar una cierta igualdad de los posibles destinatarios en todo el territorio nacional.
Las ayudas concedidas a proyectos incluidas en el ámbito de aplicación de esta orden se consideran ayudas de Estado y respetarán lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, o sus posibles modificaciones posteriores.
Por otro lado, debido a que los potenciales beneficiarios del apoyo financiero a la inversión industrial regulados en esta orden son personas jurídicas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la tramitación electrónica de los citados apoyos será obligatoria en todas las fases del procedimiento.
Las ayudas contempladas en la presente orden se incardinan en el Plan Estratégico de Subvenciones del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, elaborado en un contexto condicionado por la crisis sanitaria y marcado desde el punto de vista presupuestario por la aprobación de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales del Estado para 2022, y por la aprobación del Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021. Dicha incardinación se efectúa a través de la primera de las cinco líneas estratégicas del Plan que tiene como objetivo fomentar la digitalización y la innovación en los sectores productivos competencia del Departamento
El artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece que, en el ámbito de la Administración General del Estado, así como de los organismos públicos y restantes entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de aquélla, los ministros correspondientes establecerán las oportunas bases reguladoras de la concesión de las subvenciones.
El artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece que, en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia.
El ajuste de la norma propuesta al principio de necesidad y eficacia viene dado por la importancia que tiene para España el poseer un sector industrial potente, ya que las naciones que lo tienen son capaces de afrontar las crisis en mejores condiciones, con empleos más estables y mejores salarios.
En cuanto al principio de transparencia, esta norma establece unos criterios de evaluación de las solicitudes que son objetivos, públicos y conocidos previamente, muchos de los cuales son de cálculo automático, de forma que se deje el menor peso de la evaluación al criterio del evaluador.
El principio de eficiencia se cumple al realizar convocatorias a nivel nacional, de modo que el esfuerzo de las Administraciones se reduce, pudiendo efectuar economías de escala y asegurando que los criterios utilizados son los mismos, independientemente del origen de la solicitud.
Esta norma no supone una vulneración del principio de seguridad jurídica y para asegurarlo se dispone de todos los informes necesarios de los Servicios Jurídicos del Estado.
En relación con la tramitación de la orden de bases, resulta de aplicación lo establecido en el capítulo V de título IV del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.
En consecuencia, y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 61.2 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, ha sido objeto del informe preceptivo de la Abogacía del Estado y de la Intervención Delegada de la Intervención General del Estado en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
En su virtud, dispongo:
1. Constituye el objeto de esta orden el establecimiento de las bases reguladoras, en régimen de concurrencia competitiva, para la concesión de ayudas a actuaciones de integración y transformación de la cadena de valor industrial del sector naval, dentro de la línea de actuación integral del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica para la modernización y diversificación del ecosistema naval español (en adelante, PERTE Naval).
2. Las ayudas reguladas en esta orden de bases tendrán como finalidad contribuir a los objetivos marcados en la Inversión 2 «Programa de impulso de la Competitividad y Sostenibilidad Industrial» del Componente 12 del Plan de Recuperación.
1. Lo dispuesto en esta orden de bases será de aplicación en todo el territorio nacional, y las ayudas se concederán solo a aquellas entidades beneficiarias cuyos proyectos e inversiones asociadas se desarrollen en el mismo.
2. No obstante lo anterior, los proyectos primarios dentro de la línea de ayudas regionales a la inversión, a los que se refiere el artículo 12 de esta orden de bases, deberán localizarse en zonas geográficas susceptibles de ayuda regional, de acuerdo con las letras a) o c) del artículo 107.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y según el mapa de ayudas de finalidad regional de España que esté en vigor en el momento de la concesión.
1. En todo lo no previsto en esta orden de bases, o en las respectivas convocatorias, será de aplicación lo establecido en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como toda la normativa europea y nacional relativa al Plan de Recuperación y al mecanismo de recuperación y resiliencia, y demás disposiciones que resulten de aplicación. Será también de aplicación la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en caso de que en la ejecución de los proyectos se celebren contratos que deban someterse a esta ley.
2. De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional sexta de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, los préstamos financieros que se otorguen al amparo de esta orden de bases se regirán por su normativa específica y, en su defecto, por las prescripciones de la citada ley que resulten adecuadas a la naturaleza de estas operaciones.
3. Las ayudas concedidas a proyectos, incluidas en el ámbito de aplicación de esta orden de bases, respetarán lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado o en sus modificaciones, en función de la normativa de ayudas de Estado que resulte aplicable en cada caso, según el tipo de proyecto.
1. La concesión de estas ayudas se efectuará en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación que rigen en la gestión de ayudas y subvenciones públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en las convocatorias correspondientes se establecerá la cuantía máxima del total de las ayudas a conceder mediante su resolución. Tanto la concesión como la cuantía de las ayudas estarán supeditadas a la disponibilidad del crédito correspondiente.
3. Las ayudas reguladas mediante esta orden de bases podrán tener carácter plurianual, según se determine en las correspondientes convocatorias, con arreglo a lo establecido en el artículo 57 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y se formalizarán como préstamo, subvención o una combinación de subvención y préstamo atendiendo a lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de esta orden de bases y con lo que establezca cada convocatoria. Las empresas públicas no optarán a la ayuda en forma de préstamo.
4. Las ayudas reguladas por esta orden de bases se asignarán a los proyectos tractores siguiendo la clasificación realizada a los mismos, según la puntuación obtenida de acuerdo a los criterios establecidos en el artículo 25 y anexo VI de esta orden de bases, y hasta agotar el crédito disponible en la partida presupuestaria correspondiente.
Para asegurar el alcance del 40 por ciento en la contribución climática de cada proyecto tractor, se etiquetará a cada uno de los proyectos primarios que lo compongan con una etiqueta de contribución climática del 100 por cien, 40 por ciento o 0 por ciento, según su caso. Se admitirán todos aquellos proyectos primarios que permitan que el proyecto tractor esté por encima del 40 por ciento en la contribución climática ponderando con la subvención. Para los proyectos primarios con etiqueta 0 el orden de evaluación se hará de acuerdo al resultado obtenido en el criterio E) del anexo VI de mayor a menor puntuación, admitiéndose todos aquellos que no bajen la contribución climática del proyecto tractor del 40 por ciento. A los proyectos primarios que no se admitan se les propondrá únicamente el préstamo.
Los proyectos primarios serán etiquetados, durante el proceso de evaluación, en alguna de las siguientes etiquetas de contribución climática, según el anexo VI del Reglamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021:
a) 022 Procesos de investigación e innovación, transferencia de tecnología y cooperación entre empresas, con especial hincapié en la economía con bajas emisiones de carbono, la resiliencia y la adaptación al cambio climático.
b) 023 Procesos de investigación e innovación, transferencia de tecnología y cooperación entre empresas, con especial hincapié en la economía circular.
c) 024 Eficiencia energética y proyectos de demostración en pymes y medidas de apoyo.
d) 024 bis Eficiencia energética y proyectos de demostración en grandes empresas y medidas de apoyo.
5. Para el resto de proyectos primarios no etiquetados entre las anteriores, y siempre que exista disponibilidad presupuestaria para ello, se podrá proponer ayuda en forma de subvención en función del orden de prelación, mientras se mantenga el compromiso del 40 por ciento de contribución del proyector tractor a los objetivos climáticos o medioambientales, completándose el resto de la ayuda con financiación en forma de préstamo reembolsable.
6. A los proyectos primarios comprendidos en el bloque de «Digitalización» les corresponde, de conformidad con el Reglamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, la etiqueta 010 y 010 bis.1 «Digitalización de pymes» y «Digitalización de grandes empresas», con un coeficiente del 0 por ciento en los objetivos climáticos y medioambientales, y del 100 por cien en los objetivos digitales.
7. Las correspondientes convocatorias podrán establecer la forma específica de la ayuda y el importe máximo de préstamo y de subvención a conceder en cada anualidad, en función de la disponibilidad presupuestaria, y podrá estar ligado al tamaño de la empresa, la tipología de proyecto, la línea de actuación o el tipo de gasto financiable. En todo caso, se respetarán los umbrales sobre el presupuesto financiable previstos en el artículo 18 de esta orden de bases, y de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, o sus posibles modificaciones vigentes en el momento de las convocatorias.
1. Estas ayudas se financiarán, en su componente de subvención, con créditos vinculados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales del Estado para 2022, y en el artículo 37 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre. Su financiación estará vinculada al cumplimiento de los objetivos previstos en el Plan de Recuperación, así como a la estimación de costes vinculada al mismo.
En su componente de préstamo, se financiará con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
Las aplicaciones presupuestarias se determinarán en las correspondientes convocatorias y, dentro del ámbito del Plan de Recuperación, en la Inversión 2 «Programa de impulso de la Competitividad y Sostenibilidad Industrial» del Componente 12, contribuyendo al cumplimiento de los hitos y objetivos que se asocien a la misma en el Plan de Recuperación.
2. La financiación pública total, entendida como préstamo, subvención o la combinación de ambos, de cada proyecto primario no podrá exceder del 80 por ciento sobre el total del presupuesto que haya sido considerado financiable, o del 75 por ciento en caso de que corresponda a la línea de ayudas regionales a la inversión.
No obstante, las inversiones regionales solo serán objeto de ayuda, siempre en forma de préstamo, en el caso de que las posibles modificaciones posteriores que puedan producirse en el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, lo permitan.
1. Podrán acogerse a las ayudas establecidas en esta orden de bases las agrupaciones sin personalidad jurídica propia que cumplan con los requisitos del anexo I de la misma.
Podrán ser participantes de la agrupación las entidades privadas, con personalidad jurídica propia, legalmente constituidas en España y debidamente inscritas en el registro correspondiente, con independencia de su forma jurídica y su tamaño, y las sociedades mercantiles estatales, según la definición del artículo 111 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en el momento de la presentación de la solicitud de ayuda.
Todos los participantes de la agrupación tendrán la condición de beneficiarios de la ayuda, y serán solidariamente responsables en proporción a sus respectivas participaciones, en relación al conjunto de actividades a desarrollar por la agrupación, incluyendo la obligación de justificar, el deber de reintegro o de reembolso de cuotas de préstamos, y las responsabilidades por infracciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 40.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como en el artículo 67.4 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.
2. Los participantes de la agrupación deberán haber suscrito, antes de la presentación de la solicitud, un acuerdo interno (en adelante, el Acuerdo de agrupación) que regule el funcionamiento de la misma y que cumpla los requisitos establecidos en el anexo I de esta orden de bases, conforme con lo establecido en el artículo 67.2 y 3 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre. Asimismo, los participantes de la agrupación deberán cumplir los siguientes requisitos, que deberán hacerse constar en el Acuerdo de agrupación:
a) Estar organizada en torno al sector naval con una combinación, como mínimo, de seis entidades jurídicas diferenciadas, que no pertenezcan al mismo grupo empresarial.
b) De las entidades participantes, al menos dos de ellas serán astilleros de construcción, transformación o reparaciones navales, perteneciendo al menos uno de ellos al sector privado.
c) La agrupación debe estar integrada, al menos, por un 40 por ciento de PYME participantes, considerándose PYME, de acuerdo con la definición recogida en el anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
d) La agrupación deberá manifestar su compromiso de inversión propia en el proyecto.
e) Los centros productivos integrantes de la agrupación deberán tener implantación en un ámbito geográfico que abarque, al menos, a dos comunidades autónomas.
f) Los posibles roles que puede tener cada uno de los participantes de la agrupación son:
1.º Promotor industrial. Cada una de las entidades participantes de la agrupación que vaya a llevar a cabo actuaciones específicas en su establecimiento industrial. Deberán desarrollar una actividad, de entre las incluidas para promotores industriales, de acuerdo con lo establecido en el anexo II de esta orden de bases. Se entenderá que cumple este requisito si la entidad, los accionistas o el equipo directivo tienen experiencia en producción industrial comparable en la actividad, en planta piloto o a escala experimental, desde, al menos, un periodo de tres años contados hasta la fecha de fin del plazo de presentación de la solicitud. En la agrupación podrá tener el rol de promotor industrial más de una entidad. Pueden ser promotores industriales las personas jurídicas privadas y las sociedades mercantiles estatales.
2.º Proveedor de tecnología o conocimiento. Proporcionan el conocimiento o la tecnología necesarios para llevar a cabo alguna parte de la propuesta.
Cada uno de los proveedores de tecnología o conocimiento que formen parte de la agrupación deberá desarrollar alguna de las actividades incluidas para proveedores de tecnología o conocimiento, de acuerdo con lo establecido en el anexo II de esta orden de bases. Se entenderá que cumple este requisito si la entidad desarrolla la actividad para la que solicita financiación desde, al menos, un periodo de dos años contados hasta la fecha de fin del plazo de presentación de la solicitud. En la agrupación podrá tener el rol de proveedor de tecnología o conocimiento más de una entidad. Solo pueden ser proveedores de tecnología o conocimiento las personas jurídicas privadas.
3.º Interlocutor con la Administración. Entidad designada, de entre las beneficiarias que forman parte de la agrupación, responsable de canalizar con la Administración las relaciones y comunicaciones que se indiquen en la convocatoria, en cada una de las fases del procedimiento de concesión. El interlocutor tendrá la obligación de trasladar al resto de participantes todas las comunicaciones que el órgano concedente comunique a través de los medios electrónicos establecidos en la convocatoria.
3. Tanto en el Acuerdo de agrupación como en la solicitud se especificará, para cada uno de los miembros de la agrupación, si su rol es el de promotor industrial o el de proveedor de tecnología o conocimiento.
Asimismo, para la entidad que adquiera el rol de interlocutor con la Administración, también se especificará si su rol es el de promotor industrial o el de proveedor de tecnología o conocimiento.
En el caso de que ninguna de las entidades participantes de la agrupación adquiera el rol de proveedor de tecnología o conocimiento, la agrupación deberá contar con la colaboración de, al menos, una entidad con la capacidad técnica y organizativa suficiente para la realización de actividades de I+D+i que incorpore el proyecto tractor. Dicha capacidad deberá estar justificada.
4. No podrán obtener la condición de beneficiarias las entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias detalladas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o que no estén al corriente de pago de las obligaciones de rembolso de cualesquiera otros préstamos o anticipos anteriormente concedidos con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, ni aquellas empresas que se encuentren sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una Decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda al beneficiario ilegal e incompatible con el mercado interior.
5. Asimismo, tampoco podrán obtener la condición de beneficiarias aquellas empresas que se encuentren en crisis, a tenor de lo dispuesto en los artículos 1.4.c) y 2.18 del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, o sus posibles modificaciones posteriores que pudieran producirse.
1. Los beneficiarios deberán cumplir las obligaciones recogidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las establecidas en esta orden de bases, las que se determinen en cada convocatoria y las que figuren en la resolución de concesión.
2. Específicamente, son obligaciones de todas las entidades beneficiarias de la agrupación:
a) Ejecutar el proyecto cumpliendo el plan de trabajo o programa de actuaciones y de ejecución de las mismas establecido en la memoria descriptiva del proyecto correspondiente, que deberá acompañar junto con su solicitud de ayuda.
b) Acreditar, en los plazos estipulados, la realización de las actuaciones, así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinaron la concesión de la ayuda.
c) Justificar el cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la ayuda y la aplicación de los fondos percibidos ante el órgano concedente o designado para tal fin.
d) Colaborar con las actuaciones de evaluación, comprobación y control, aportando, en cualquier momento que se solicite, cuanta documentación, información o datos les sean requeridos en el ejercicio de las mismas.
e) Comunicar, a través del interlocutor con la Administración, a la Subdirección General de Gestión y Ejecución de Programas la obtención de cualquier otra financiación pública concurrente parcial o totalmente con los gastos susceptibles de ayuda al amparo de esta orden de bases.
f) Acreditar, en cualquier momento que se solicite, que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
g) Acreditar en cualquier momento que se solicite, el cumplimiento de obligaciones de depósito de cuentas ante el Registro Mercantil.
h) Para aquellos proyectos de inversión en instalaciones reguladas, en el momento de la concesión, por el comercio de derechos de emisiones, según se define en el anexo III de esta orden de bases, deberán prever, para el año 2026, que dicha instalación emite gases de efecto invernadero por debajo de los parámetros de referencia (benchmark) establecidos en 2021, para la asignación gratuita de derechos de emisión para dicha instalación.
i) Para aquellos proyectos de inversión en instalaciones reguladas, en el momento de la concesión, por el comercio de derechos de emisiones, según se define en el anexo III de esta orden de bases, será obligación del beneficiario aportar los Informes de Emisiones Verificados para dichas instalaciones.
j) Contribuir a fomentar en España la creación del empleo necesario para la realización de la actividad, que se realizará con personal contratado y afiliado a la Seguridad Social en el territorio nacional.
k) Contribuir al objetivo de autonomía estratégica y digital de la Unión Europea, así como garantizar la seguridad de la cadena de suministro teniendo en cuenta el contexto internacional y la disponibilidad de cualquier componente o subsistema tecnológico sensible que pueda formar parte de la solución mediante la adquisición de equipos, componentes, integraciones de sistemas y software asociado a proveedores ubicados en la Unión Europea.
3. En el caso de las convocatorias que se financien en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, las entidades beneficiarias deberán cumplir, además, con las obligaciones europeas y nacionales relativas a la financiación del mismo. A tal efecto, deberán atenerse a lo siguiente:
a) Se someterán a las actuaciones de control de las instituciones de la Unión, en virtud del artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero.
b) Serán responsables de la fiabilidad y el seguimiento de la ejecución de las actuaciones subvencionadas, de manera que pueda conocerse en todo momento el nivel de consecución de cada actuación.
c) Deberán establecer mecanismos que aseguren que las actuaciones a desarrollar por terceros contribuyen al logro de las actuaciones previstas, y que dichos terceros aporten la información que, en su caso, fuera necesaria para determinar el valor de los indicadores, hitos y objetivos pertinentes del Plan de Recuperación, la requerida en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, y en la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, y conforme al CID y al OA.
d) Asumirán el mantenimiento de una adecuada pista de auditoría de las actuaciones realizadas en el marco de esta subvención y la obligación de mantenimiento de la documentación soporte. El suministro de la información se realizará en los términos que establezca el Ministerio de Hacienda y Función Pública, de conformidad con la normativa nacional y de la Unión Europea.
e) Conservarán los documentos en formato electrónico durante un periodo de cinco años desde la finalización de la justificación de la actividad subvencionada, de acuerdo con el artículo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012. Este periodo será de tres años si la financiación no supera los 60.000 euros.
f) Asegurarán la regularidad del gasto subyacente y la adopción de medidas dirigidas a prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y la corrupción, prevenir el conflicto de interés y la doble financiación. En todo caso, las actuaciones que se lleven a cabo en ejecución del Plan de Recuperación deberán garantizar la protección de los intereses financieros de la Unión, especialmente en materia de conflicto de intereses, fraude o corrupción, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento (UE) 241/202 del Parlamento y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y artículo 6 de la Orden HFP 1030/2021, de 29 de septiembre.
g) En el diseño y ejecución de las actuaciones subvencionadas, las entidades beneficiarias garantizarán el respeto al principio de «no causar un perjuicio significativo», conforme a lo previsto en el Plan de Recuperación, en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y su normativa de desarrollo, en particular en la Guía Técnica de la Comisión Europea sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo», en virtud del mencionado Reglamento, así como con lo requerido en la CID.
Las entidades que deseen ser inscritas en el Registro estatal establecido en el capítulo II del título II del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, podrán señalarlo en su solicitud. Los datos necesarios que serán incluidos en el Registro se tomarán de la solicitud de ayudas. En caso de faltar algún dato podrá ser requerido a la entidad interesada.
1. Podrán subcontratarse las actuaciones objeto de las ayudas respetando los requisitos y prohibiciones establecidos en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 68 de su Reglamento de desarrollo.
2. Se podrá subcontratar con terceros hasta el 70 por ciento de la actividad subvencionada, de conformidad con el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En caso de subcontratar parte de la actividad objeto de esta subvención, la entidad beneficiaria habrá de prever los mecanismos para asegurar que los subcontratistas cumplan con el principio de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente» en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, así como el resto de condiciones establecidas en esta orden de bases y en la convocatoria correspondiente.
3. Los subcontratistas quedarán obligados solo ante la entidad beneficiaria, que asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la actuación subvencionada frente a la Administración.
4. La entidad participante de la agrupación deberá, en todo caso, informar en la solicitud sobre las actividades a subcontratar y el presupuesto de contratación. La subcontratación estará sometida al cumplimiento de los requisitos del artículo 29.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En la fase de justificación el contratista aportará, en la cuenta justificativa, la relación de las empresas subcontratadas.
1. A efectos de aplicación de este artículo, la financiación pública computará como la suma de los recursos públicos concedidos por cualquier Administración o ente público, sin perjuicio del artículo 19.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. La financiación total a conceder, préstamo más subvención, será como máximo del 80 por ciento sobre el presupuesto financiable, salvo para la línea de ayudas regionales a la inversión que será del 75 por ciento, siempre en forma de préstamo, con las condiciones establecidas en el artículo 4 y las limitaciones establecidas en el artículo 18 de esta orden de bases.
En cualquier caso, el beneficiario deberá comunicar la obtención de otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas, una vez tengan conocimiento de su existencia y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de esos fondos percibidos, lo que podrá originar las correspondientes minoraciones en el importe de la ayuda concedida.
3. Las ayudas reguladas en esta orden de bases podrán acumularse con cualquier otra ayuda siempre que:
a) Se refiera a gastos financiables identificables diferentes.
b) Cuando se refiera, parcial o totalmente, a los mismos gastos financiables, podrá acumularse únicamente si tal acumulación no super | Administración |
BOE-A-2023-19844 | stén disfrutando las personas interesadas, salvo que por causas justificadas el órgano convocante acuerde suspender el disfrute de los mismos.
No obstante, para los funcionarios y funcionarias que se encuentren en licencia por enfermedad, se llevará a efecto el cese y la toma de posesión en el nuevo destino sin que por ello finalice la licencia que tenga concedida.
La persona titular de la Subsecretaría del Departamento donde presta servicios el funcionario o funcionaria podrá, no obstante, diferir el cese por necesidades del servicio debidamente motivadas, hasta veinte días hábiles, debiendo comunicarse a la Unidad a la que haya sido destinado el funcionario o la funcionaria.
Excepcionalmente, a propuesta del Departamento por exigencias del normal funcionamiento de los servicios, la Secretaría de Estado Función Pública podrá aplazar la fecha del cese hasta un máximo de tres meses, computada la prórroga prevista en el párrafo anterior. Para su concesión será necesario que el Departamento que lo solicita emita informe motivado de la necesidad de dicho aplazamiento.
Con independencia de lo establecido en los párrafos anteriores, el Subsecretario del Departamento donde haya obtenido nuevo destino el funcionario o la funcionaria podrá conceder una prórroga de incorporación de hasta veinte días hábiles, si el destino implica cambio de residencia y así lo solicita la persona interesada por razones justificadas.
Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión de este concurso, se hubiese obtenido otro destino por convocatoria pública y la persona adjudicataria hubiese tomado posesión en el mismo, en cuyo caso deberá comunicarlo en el plazo de tres días hábiles por escrito al órgano convocante. El diferimiento del cese, así como los permisos o licencias que hayan sido concedidos a los interesados no supondrán una ampliación del plazo para la opción de destino prevista en este apartado, y en el artículo 49 del Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo, debiéndose tener en cuenta a estos efectos los plazos establecidos en la Base Décima 3.
Los destinos adjudicados se considerarán de carácter voluntario y, en consecuencia, no generarán derecho al abono de indemnización por concepto alguno.
La adjudicación de un puesto de trabajo de la presente convocatoria a funcionario en situación distinta a la de servicio activo, supondrá su reingreso, sin perjuicio de la posibilidad prevista en el artículo 23.2 del Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.
Aquellos participantes que desde el cierre del plazo de presentación de solicitudes del concurso hasta la resolución de adjudicación hayan sido nombrados o sean nombrados, por promoción interna, funcionarios de carrera de Cuerpos o Escalas pertenecientes al subgrupo inmediato superior al Cuerpo o Escala desde el que han concursado y hayan obtenido un puesto de doble adscripción a subgrupo en la resolución del presente concurso tomarán posesión del mismo desde el Cuerpo o Escala desde el que participan.
El personal militar de carrera que resulte adjudicatario de un puesto en este concurso, una vez incorporado al mismo, pasará en el ámbito de las Fuerzas Armadas a la situación administrativa de Servicio en la Administración Civil, regulada en los artículos 107.1g) y 113 bis de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar, modificada por la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa, siendo de aplicación a este personal el régimen jurídico que se especifica en la Disposición Adicional Undécima del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
La competencia para resolver los cambios de situación administrativa del personal militar de carrera que se encuentre prestando servicios en la Administración Civil, corresponde al Ministerio de Defensa.
La publicación de la resolución del concurso en el «Boletín Oficial del Estado», con adjudicación de los puestos, servirá de notificación a los interesados.
En el caso de los puestos adjudicados los plazos establecidos para que los Ministerios y Organismos afectados efectúen las actuaciones administrativas procedentes comenzarán a contarse desde el día siguiente a su publicación.
Contra la presente resolución, se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado en el plazo de un mes desde su publicación o bien recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde su publicación, ante el órgano judicial competente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso-administrativa.
Madrid, 18 de septiembre de 2023.–El Subsecretario para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, P. D. (Orden TED/533/2021, de 20 de mayo), la Directora General de Servicios, Marta Vega Gallego. | Funcionarios y Personal |
BOE-A-2022-12232 | Con fecha 22 de enero de 2021, la Dirección General de Política Energética y Minas formuló Resolución por la que se inscribe de forma definitiva, en el Registro Administrativo de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica la planta fotovoltaica Talasol Solar PV, de 299,9905 MW, ubicada en el término municipal de Talaván en la provincia de Cáceres, de Talasol Solar S.L.
Por otro lado, con fecha 16 de abril de 2021 se recibe en el Registro de este Ministerio escrito de Talasol Solar S.L. en el cual indica que Red Eléctrica de España, S.A.U. le había informado que, a raíz de una circular publicada por la CNMC en enero de 2020, está obligado a segregar todos los consumos de energía necesaria para el funcionamiento de los activos de la Red de Transporte.
A partir de la citada circular, en relación a la obligación de segregación de los consumos de energía necesaria para el funcionamiento de los activos de la red de transporte, Red Eléctrica de España, S.A.U., ha procedido a la rescisión de los contratos y cesiones de suministro, lo que obliga en este caso a Talasol Solar S.L. a la ejecución de una línea de alimentación de los servicios auxiliares de la citada instalación solar fotovoltaica.
Talasol Solar, S.L., en adelante, Talasol, solicitó con fecha 22 de julio de 2021 autorización administrativa previa y de construcción y la declaración, en concreto, de utilidad pública de la línea aérea de transporte a 13,2 kV para alimentación de los servicios auxiliares de la instalación fotovoltaica «Talasol Solar PV».
El expediente fue incoado en el Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Extremadura, y se tramitó de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, habiéndose solicitado los correspondientes informes a las distintas administraciones, organismos y empresas de servicio público o de servicios de interés general en la parte que la instalación pueda afectar a bienes y derechos a su cargo.
La petición fue sometida a información pública, de conformidad con lo previsto en el referido Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, con la publicación el 28 de octubre de 2021 en el «Boletín Oficial del Estado», el 27 de octubre de 2021 en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» y el 26 de octubre de 2021 en «El Periódico Extremadura», no habiéndose recibido alegaciones.
Se ha recibido contestación de la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Extremadura, en la que se indica que, revisada la Carta Arqueológica de Extremadura y las intervenciones arqueológicas realizadas en el entorno, se han detectado posibles afecciones al yacimiento «YAC 77317 El Pizarroso». Por tanto, se deberán tomar medidas correctoras de cara a la protección del patrimonio cultural que pudiera verse afectado por las obras. El informe es favorable siempre y cuando se cumplan la totalidad de las medidas correctoras incluidas en el mismo, entre las que se encuentran control y seguimiento arqueológico por parte de técnicos cualificados en todos los movimientos de tierra en cotas bajo rasante, y la obligación de paralizar las obras si se confirma la existencia de restos arqueológicos que pudieran verse afectados. Se ha dado traslado a Talasol de dicha contestación, el cual expresa su conformidad con la misma.
Se ha recibido contestación de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería para la Transición Ecológica y sostenibilidad de la Junta de Extremadura, en la que indica ese organismo no tiene bienes y derechos a su cargo dentro de la zona de afección del proyecto y que no se afectan a recursos, instalaciones o derechos mineros. Se ha dado traslado a Talasol de dicha contestación, el cual expresa su conformidad con la misma.
No se ha recibido contestación del Ayuntamiento de Casas de Millán; del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ni de Red Eléctrica de España S.A.U.; por lo que se entiende la conformidad de los mismos en virtud de lo dispuesto en los artículos 127.2 y 131.1 y 146.1 del referido Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.
El Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Extremadura emitió informe en fecha 22 de febrero de 2022.
La línea aérea a 13,2 kV permitirá dar alimentación a los servicios auxiliares de la instalación fotovoltaica «Talasol Solar PV» desde el punto de conexión a la red de distribución de alta tensión en el apoyo 2348-1.8 de la Línea aérea a 13,2 kV «Portezuelo-Casas de Millán», hasta el apoyo número 6 en el que se ubica el centro de transformación de 50 kVA.
Talasol suscribió con fecha 31 de mayo de 2021, declaración responsable que acredita el cumplimiento de la normativa que le es de aplicación, según se establece en el artículo 53.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico.
La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico reconoce la libre iniciativa empresarial para el ejercicio de las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica.
Tomando en consideración los principios de celeridad y economía procesal que debe regir la actividad de la Administración, resulta procedente resolver por medio de un único acto la solicitud de Talasol, relativa a la concesión de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción del proyecto y declaración, en concreto, de utilidad pública de la actuación anteriormente mencionada.
Las citadas autorizaciones se van a conceder sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente, y a cualesquiera otras motivadas por disposiciones que resulten aplicables, así como sin perjuicio del resto de autorizaciones y permisos que sean necesarios para la ejecución de la obra.
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, esta Dirección General de Política Energética y Minas resuelve:
Otorgar a Talasol Solar S.L., autorización administrativa previa para la línea aérea a 13,2 kV y para un centro de transformación de intemperie (CTI) para alimentación de los servicios auxiliares de la instalación fotovoltaica «Talasol Solar PV», en el término municipal de Casas de Millán, provincia de Cáceres.
Otorgar a Talasol Solar S.L. autorización administrativa de construcción para la línea aérea a 13,2 kV y para un centro de transformación de intemperie (CTI) para alimentación de los servicios auxiliares de la instalación fotovoltaica «Talasol Solar PV», en el término municipal de Casas de Millán, provincia de Cáceres, con las características definidas en el proyecto «Línea aérea AT y CTI para suministro eléctrico a SS.AA. en línea de evacuación para planta solar fotovoltaica en el T.M. de Casas de Millán (Cáceres)», fechado en mayo de 2021, y en las condiciones especiales contenidas en el anexo de la presente Resolución.
Las características principales de la referida línea son las siguientes:
– Sistema: Corriente alterna trifásica.
– Tensión: 13,2 kV.
– Frecuencia: 50 Hz.
– Número de circuitos: Uno.
– Tipo de conductor: 47-AL1/8ST1A (LA 56).
– Aislamiento: Cadenas de aisladores de amarre U70YB30P y de suspensión U70YB20P.
– Apoyos: Metálicos de Celosía y de hormigón vibrado.
– Número de apoyos: 6.
– Cimentaciones: Monobloque de hormigón.
– Longitud: 443,39 m.
– Término municipal afectado: Casas de Millán, en la provincia de Cáceres.
Las coordenadas UTM relativas al inicio y final de la línea, en el sistema ETRS89, Huso 30, son las siguientes:
El Centro de Transformación será del tipo intemperie sobre apoyo de celosía. El transformador bitensión 20/13,2 kV será del tipo trifásico sumergido en aceite, refrigeración natural, para distribución en baja tensión tipo Poste, con una potencia de 50 kVA.
El objeto del proyecto es la construcción de una línea aérea a 13,2 kV para poder alimentar a los servicios auxiliares de la instalación fotovoltaica «Talasol Solar PV».
Talasol deberá cumplir las normas técnicas y procedimientos de operación que establezca el Operador del Sistema.
Declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación que se autoriza con la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados presentados por Talasol Solar, S.L. y publicada el 28 de octubre de 2021 en el «Boletín Oficial del Estado», el 27 de octubre de 2021 en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» y el 26 de octubre de 2021 en «El Periódico Extremadura», a los efectos previstos en el citado Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 62.2.i) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso de alzada ante el Secretario de Estado de Energía en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la notificación de la presente resolución.
Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos. Para el cómputo de los plazos por meses habrá de estarse a lo dispuesto en el artículo 30 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Madrid, 10 de julio de 2022.–El Director General de Política Energética y Minas, Manuel Carrasco Hernández.
La autorización administrativa de construcción se concede, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y con las condiciones especiales siguientes:
1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y con las disposiciones reglamentarias que le sean de aplicación, con las variaciones que, en su caso, se soliciten y autoricen.
2. De conformidad con el artículo 131.10 del Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica el plazo para la emisión de la Autorización de Explotación definitiva será de veinticuatro meses, contados a partir de la fecha de notificación a Talasol de la presente Resolución.
3. El titular de la citada instalación deberá dar cuenta de la terminación de las obras al Órgano competente provincial, a efectos de reconocimiento definitivo y extensión de la Autorización de Explotación.
4. La autorización administrativa de construcción no dispensa en modo alguno de la necesaria obtención por parte del titular de la instalación de cualesquiera autorizaciones adicionales que las instalaciones precisen, y, entre ellas, la obtención de las autorizaciones (o de la observancia de cualesquiera otras formalidades de control) que, en relación con los sistemas auxiliares y como condición previa a su instalación o puesta en marcha, puedan venir exigidas por la legislación de seguridad industrial y ser atribuidas a la competencia de las distintas Comunidades Autónomas.
5. La Administración dejará sin efecto la presente Resolución si durante el transcurso del tiempo se observase incumplimiento, por parte del titular de los derechos que establece la misma, de las condiciones impuestas en ella. En tales supuestos, la Administración, previo oportuno expediente, acordará la anulación de la correspondiente Autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven de dicha situación, según las disposiciones legales vigentes.
6. El titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones impuestas por los Organismos que las han establecido, las cuales han sido puestas en su conocimiento y aceptadas expresamente por él. | Energía y Medio Ambiente |
BOE-A-2023-22065 | Las dos partes citadas en el encabezamiento, el posicionamiento del sector del turismo idiomático y la enseñanza del español como lengua extranjera en el mercado internacional y en hacer así visible la presencia española en dicho mercado, han decidido colaborar en la organización de una misión inversa de prescriptores de opinión al objeto de reforzar, en particular, la actividad española en este sector, y contribuir, en general, a la internacionalización de la economía española.
Y, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 8 del artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se acuerda la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del referido convenio.
Madrid, 19 de octubre de 2023.–La Presidenta del Consejo de Administración de ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E. P. D. (Resolución de 30 de septiembre de 2021), la Consejera Delegada, María Crespo Prieto.
En Madrid, a 19 de octubre de 2023.
De una parte, ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E. (en lo sucesivo, ICEX), con domicilio en Madrid, Paseo de la Castellana, 278 y NIF Q2891001F, que es una entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de la Secretaría de Estado de Comercio, y en su nombre y representación, doña María Crespo Prieto, Consejera Delegada, en virtud del nombramiento por Real Decreto 848/2018, de 6 de julio («Boletín Oficial del Estado» núm. 164, de 7 de julio de 2018) actuando en representación de la entidad por delegación de competencias del Consejo de Administración mediante Resolución de 30 de septiembre de 2021 («Boletín Oficial del Estado» núm. 243, de 11 de octubre de 2021).
Y, de otra parte, la Federación de Asociaciones de Escuelas de Español en España (FEDELE) (en adelante, el Colaborador Sectorial) con domicilio social en Edificio Cinta (Centro Internacional de Turismo de Andalucía), situado en Marbella, carretera nacional 340, km. 189, 29600 Málaga, y NIF G92287580, actuando en su nombre y representación, doña Begoña Lorenzo Castillo, mayor de edad, en su calidad de presidenta, facultada suficientemente para este acto conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de sus estatutos y bajo nombramiento de acta de fecha 1 de marzo de 2023.
ICEX y el Colaborador Sectorial se identificarán conjuntamente como las «partes», e individualmente, cada una de ellas, como la «parte».
Las partes, reconociéndose la capacidad y representación que ostentan para formalizar el presente convenio, a tal efecto,
I. Que, ICEX es una entidad pública empresarial con personalidad jurídica propia dependiente de la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que tiene como misión promover la internacionalización de las empresas españolas para contribuir a su competitividad y aportar valor a la economía en su conjunto, así como atraer inversiones exteriores a España.
II. Que, el Colaborador Sectorial es una organización dedicada al fomento del turismo idiomático en España y la enseñanza del español como lengua extranjera, siendo la interlocutora del sector ante las Administraciones Públicas en este ámbito.
III. Que, entre los sectores objeto de apoyo de ICEX, merece mención especial el del turismo idiomático y la enseñanza del español como lengua extranjera, tanto por la importancia económica del sector como por las oportunidades que los mercados internacionales ofrecen a las empresas españolas.
IV. Que, ambas partes están interesadas en profundizar el posicionamiento del sector del turismo idiomático y la enseñanza del español como lengua extranjera en el mercado internacional y en hacer así visible la presencia española en dicho mercado.
V. Que, de acuerdo con lo anterior, y dados los fines que comparten las partes en sus respectivos ámbitos de actuación, y con el deseo de generar sinergias con una actuación simultánea, aquéllas están interesadas en colaborar de forma conjunta en la organización de una misión inversa al objeto de poner a los misioneros en contacto directo con la oferta española del sector. Y para ello, las Partes han decidido suscribir el presente convenio para la organización de una misión inversa (en adelante, el convenio), que se regirá por las siguientes
El presente convenio tiene por objeto establecer el marco de colaboración entre ICEX y el Colaborador Sectorial para la elaboración, organización, desarrollo y ejecución de la siguiente misión inversa relacionada con el sector del turismo idiomático y la enseñanza del español como lengua extranjera, al objeto de reforzar, en particular, la actividad promocional y comercial a nivel internacional de dicho sector y contribuir, en general, a la internacionalización de la economía española:
Misión inversa de prescriptores de opinión del sector del turismo idiomático y la enseñanza del español como lengua extranjera y de las áreas geográficas de países europeos, Estados Unidos, Marruecos, India, China, Corea, Japón, Turquía, Reino Unido, Irlanda Canadá, entre otras, a España que tendrá lugar en Salamanca.
A esta misión nos referiremos en adelante como la misión inversa.
A estos efectos, se entiende por misión inversa, los viajes organizados a España con el fin de que los prescriptores de opinión conozcan de primera mano las características de la oferta española del sector del turismo idiomático en español y de la enseñanza del español como lengua extranjera y hagan contacto con las empresas españolas que tienen como mercado objetivo los países de los que procede la referida misión inversa.
Las fechas para la misión inversa objeto del presente convenio se acordarán, en todo caso, en el seno de la Comisión de Seguimiento de conformidad con lo previsto en la cláusula quinta.
Para la organización de la misión inversa ICEX podrá solicitar, cuando lo estimen necesario las partes, la colaboración de la Red de Oficinas Económicas y Comerciales de España en el exterior (en adelante, Ofecomes), quienes se configuran como sus centros de actuación en el extranjero.
A tenor de lo expuesto, para la realización de la misión inversa referida en la cláusula anterior, ambas partes trabajarán, de forma conjunta en:
– Realización del programa general de la misión inversa.
– Definir los países objetivo de la misión inversa.
– Preparar un presupuesto previo de la misión inversa.
– Captación de los participantes en la misión inversa.
– En todas las referencias, actos, reseñas periodísticas o publicaciones relacionadas con la misión inversa a realizar en el marco del presente convenio, las partes se preocuparán de que se mencione expresamente la colaboración de las mismas y figurarán sus logotipos.
– Difundir a través de sus canales habituales, y con la intensidad que estime conveniente, la misión inversa que se realice al amparo del presente convenio.
– Para el correcto seguimiento del desarrollo de la misión inversa, realizarán un seguimiento y evaluación de la misma.
De forma individual, las partes se comprometen:
a) Por parte del Colaborador Sectorial:
– Convocar, bajo la supervisión de ICEX, a los participantes españoles en la misión inversa.
– Logística de los desplazamientos y alojamientos de los participantes en la misión, así como también del resto de actividades asociadas a la ejecución de la misión inversa.
– Acompañamiento y programación de las agendas de los participantes integrantes de la misión inversa.
– Preparación de una memoria económica, y una memoria técnica en la que se describan las tareas realizadas en la misión inversa organizada al amparo del presente convenio.
b) Por parte de ICEX:
– Convocar, a través de las Ofecomes en su caso, a los participantes extranjeros en la misión inversa.
– Seguimiento y supervisión de las agendas de los invitados.
– Seguimiento y supervisión de la organización de cada una de las actividades relacionadas con la misión inversa que se lleve a cabo bajo el presente convenio.
– Poner a disposición sus instalaciones de la sede central, a poder ser el auditorio, para las jornadas de encuentros bilaterales a realizar en el marco de la misión inversa.
El presupuesto total establecido para la misión inversa objeto de este convenio es de hasta catorce mil novecientos veinticinco euros (14.925 €), de los cuales:
– ICEX financiará el 100 % de los gastos incurridos elegibles, definidos en el apartado 4.1 del convenio, que hayan sido generados por la misión inversa ejecutada.
– Por su parte, el Colaborador Sectorial contribuiría con unas actuaciones cuantificables económicamente en dos mil setecientos cincuenta euros (2.750 €), y referidas a:
(i) coordinación del evento;
(ii) gestión de la participación de los invitados internacionales;
(iii) asesoramiento a los participantes;
(iv) supervisión del evento; y
(v) control de las actividades desarrolladas.
4.1 Gastos elegibles.
Con el importe previsto en la cláusula anterior, se financiarán los siguientes gastos que pudieran darse en el marco de la ejecución de la misión inversa llevada a cabo a través del presente convenio:
– Alojamiento de los participantes en la misión inversa durante su estancia en España.
Se excluyen como gastos susceptibles de ser financiados los gastos de gestión interna del Colaborador Sectorial y específicamente sueldos y salarios, alquiler de oficinas, contratación de servicios inherentes al Colaborador Sectorial, así como todos aquellos gastos considerados de gestión interna del Colaborador Sectorial. Quedan también excluidos los gastos de kilometraje,parking,dietas y manutención en general.
4.2 Justificación de los gastos.
Para el adecuado seguimiento de los costes de la misión inversa, en el plazo máximo de tres (3) meses desde su finalización, el Colaborador Sectorial presentará a la Comisión de Seguimiento una memoria económica justificativa del destino de los fondos, que incluirá la relación de facturas y pagos realizados, con indicación de la parte financiada por ICEX.
El gasto se realizará en un primer momento por el Colaborador Sectorial con respecto de las obligaciones que la misma asume conforme a lo dispuesto en la cláusula segunda. ICEX llevará a cabo una revisión de los gastos financiados con su aportación de acuerdo con los procedimientos que tiene establecidos para ello, para lo que el Colaborador Sectorial deberá presentar los justificantes originales de los gastos generados en la realización de la Misión Inversa y de su pago. Posteriormente, ICEX abonará el gasto realizado por el Colaborador Sectorial de conformidad con los porcentajes indicados en la cláusula tercera anterior en el plazo de treinta (30) días naturales, con el máximo previsto en la citada cláusula.
La revisión de los gastos financiados con la aportación de ICEX se realizará por firmas auditoras contratadas por ICEX, para lo que el Colaborador Sectorial deberá presentar los justificantes originales de los gastos generados en la realización de las actividades para la ejecución de la misión inversa.
Para el seguimiento y evaluación de la misión inversa relacionada con el presente convenio se constituirá una Comisión de Seguimiento integrada por dos (2) representantes designados por el Colaborador Sectorial y otros dos (2) designados por ICEX (en lo sucesivo, la Comisión de Seguimiento).
Por parte del Colaborador Sectorial formarán parte de la Comisión de Seguimiento:
– El director deMarketing; y
– El responsable de Administración y Contabilidad.
Por parte de ICEX, formarán parte de la Comisión de Seguimiento:
– La persona titular de la dirección de Tecnología Industrial y Servicios Profesionales.
– La persona titular del departamento de Servicios Profesionales.
La Comisión tendrá asignadas las funciones de:
– Interpretar el convenio;
– Seguimiento, vigilancia y coordinación de las actuaciones que en virtud del mismo se desarrollen;
– Resolver las incidencias que puedan derivarse de su ejecución;
– Aprobación del presupuesto y valoración de los gastos realizados dentro de la misión inversa realizada por las partes al amparo del presente convenio;
– Aprobación de las memorias económica y técnica de la misión inversa; y
– Cuantas otras se le asignen en el clausulado del presente convenio.
La comisión podrá reunirse cuantas veces lo solicite cualquiera de las partes, convocándose con una antelación mínima de cinco (5) días naturales. Los acuerdos de la comisión se adoptarán por unanimidad de sus miembros, y de sus reuniones se levantará el correspondiente acta, firmada por el secretario y con el visto bueno del presidente, correspondiendo a cada una de las partes, de forma alterna en cada una de las sesiones que se celebren, ocupar el puesto de presidente y de secretario. ICEX será quien inicie la Presidencia de la Comisión. Como miembros de pleno derecho de la comisión, tanto el presidente, como el secretario, actuarán con voz y voto.
Los miembros de la comisión podrán requerir la asistencia de cualquier persona, con voz, pero sin voto, que pueda aportar conocimientos o asesoramiento adecuados para un mejor desarrollo del objeto del presente convenio.
Para todo lo no expresamente regulado en esta cláusula se estará a lo dispuesto a las normas sobre el funcionamiento de los órganos colegiados previstos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Una vez finalizada la misión inversa, y en un plazo no superior a tres (3) meses desde su finalización, el Colaborador Sectorial presentará a la Comisión de Seguimiento una memoria técnica, descriptiva de las actividades realizadas en el marco de la misión inversa en cuestión, y una memoria económica, ya referida anteriormente, relativa a los gastos realizados con motivo de la misión inversa prevista en el presente convenio.
Este convenio tendrá una vigencia de dieciocho (18) meses desde la fecha en la que adquiera eficacia. Llegado su vencimiento el convenio no podrá ser objeto de prórroga.
El convenio se perfecciona en el momento de su firma y será eficaz una vez inscrito, en el plazo de cinco (5) días hábiles desde su formalización, en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal (REOICO), sin perjuicio de su posterior publicación en el «Boletín Oficial del Estado» (BOE) en el plazo de diez (10) días hábiles desde su formalización.
8.1 Datos personales de los firmantes.
Las partes informan a los representantes que firman el presente convenio de que sus datos de carácter personal serán incluidos en sendos ficheros responsabilidad de cada una de las partes, cuya finalidad es el mantenimiento de las relaciones jurídicas de las mismas, siendo imprescindible para ello que se aporten sus datos identificativos, la capacidad de representación que ostentan, número de DNI o documento equivalente y su firma.
Asimismo, las partes garantizan cumplir con el deber de información con respecto a sus empleados cuyos datos personales sean comunicados entre las partes para el mantenimiento y cumplimiento de la presente relación jurídica. La base jurídica que legitima el tratamiento de los datos de los interesados es la necesidad para la celebración y ejecución del presente convenio.
Los datos serán conservados durante la vigencia del presente convenio y, posteriormente, durante el plazo legalmente establecido con la finalidad de atender a las posibles responsabilidades derivadas de la relación jurídica.
En todo caso, los afectados podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad ante la parte que corresponda a través de comunicación por escrito al domicilio social que consta al comienzo del presente documento, aportando fotocopia de su DNI o documento equivalente e identificando el derecho que se solicita. Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrán interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) o ante el delegado de protección de datos de la parte que corresponda:
– El Colaborador Sectorial: marketing@fedele.org
– ICEX: delegadoprotecciondatos@icex.es
8.2 Datos personales intercambiados entre las partes.
Para el cumplimiento del objeto del presente convenio, es necesario que ambas partes se comuniquen mutuamente datos personales de terceros, asumiendo cada parte, con respecto a los datos recibidos de la otra, la condición de responsable del tratamiento.
Así, las partes se comprometen al estricto cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (en adelante, RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante, LOPD).
Los datos de terceros que las partes se cederán mutuamente se tratarán únicamente con la finalidad de llevar a cabo el objeto de este convenio. Estos datos serán cedidos mutuamente con la legitimación suficiente, respetando y cumpliendo con los principios y requisitos establecidos en la normativa de protección de datos y, a título enunciativo, no limitativo, garantizando:
– La procedencia lícita de los datos personales que se comunican y que éstos han sido obtenidos respetando y cumpliendo con los principios y requisitos establecidos en la normativa de protección de datos.
– Que los datos de carácter personal objeto del presente convenio se han obtenido informando convenientemente a los interesados de acuerdo con los requisitos establecidos en los artículos 12, 13 y/o, en su caso, 14 del RGPD.
– Que los datos han sido obtenidos informando al interesado sobre la comunicación de datos objeto del presente convenio y que el Colaborador Sectorial dispone de base jurídica suficiente que legitime dicha comunicación de datos conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del RGPD.
– Que los datos de carácter personal comunicados cumplen con los principios relativos al tratamiento de datos, recogidos en el artículo 5 del RGPD.
– En particular, cada parte cedente de datos de terceros se compromete a informar a los afectados sobre la cesión que se va a llevar a cabo con motivo del objeto del presente convenio, y a recabar su consentimiento inequívoco de forma previa a su realización.
Cada una de las partes deberá comunicar, en virtud de lo dispuesto en el artículo 19 del RGPD, a la otra parte las rectificaciones, supresiones o limitaciones del tratamiento que se produzcan en la información transmitida, en virtud de este convenio, en un plazo breve y siempre dentro de los plazos legalmente establecidos.
ICEX y el Colaborador Sectorial son titulares por igual de los derechos de explotación (entre otros, reproducción, transformación, distribución y comunicación pública) de todos los trabajos, materiales y creaciones de propiedad intelectual realizados en virtud del presente convenio, para un ámbito territorial mundial y por la mayor duración que permita la Ley, siempre y cuando las partes hagan un uso de estos derechos con la finalidad de cumplir con los objetivos de este convenio.
Cualquier tipo de dato o información que sobre terceros se intercambien las partes tendrá carácter confidencial, no pudiendo ser utilizados para otros fines que los reflejados en este convenio.
Las partes no facilitarán información confidencial contenida tanto en soportes magnéticos como en soportes convencionales a ninguna tercera persona física o jurídica, de forma gratuita u onerosa.
En el marco de la Misión Inversa definida en el presente convenio, las partes coordinarán sus políticas de comunicación, de imagen y de la utilización de la marca ICEX de conformidad con lo dispuesto en la presente cláusula.
En la misión inversa que se realice en el marco de este convenio, en la web del Colaborador Sectorial, así como en la cartelería de las actividades y la documentación generada para la misma, el Colaborador Sectorial incluirá el logotipo de ICEX y mencionará en sus notas de prensa, comunicaciones externas e internas, incluidas las redes sociales, que es una acción hecha en colaboración con ICEX. Asimismo, ICEX también podrá incluir el logotipo del Colaborador Sectorial en su web u otros documentos generados sobre la misión inversa.
Las partes consienten recíprocamente en autorizar el uso de sus denominaciones, marcas y logotipos genéricos exclusivamente para las acciones objeto de este convenio. Todos los diseños de los documentos, en su término más amplio, que sean utilizados para la promoción y difusión del presente convenio serán acordados por las partes con carácter previo a su publicación. Cada una de las partes conservará la plena titularidad sobre cualquier derecho de propiedad intelectual que les corresponda y, únicamente, se entenderán cedidos aquellos derechos que lo sean de forma expresa y por escrito a lo largo de la vigencia del presente convenio.
El presente convenio es susceptible de modificación durante su vigencia por acuerdo expreso de las partes que quedará plasmado en documento aparte, denominado adenda, que será firmado por las partes y quedará unido al presente convenio formando parte del mismo.
La referida adenda habrá de seguir los trámites previstos en el artículo 50.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y será eficaz una vez inscrita, en el plazo de cinco (5) días hábiles desde su formalización, en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal (REOICO), sin perjuicio de su posterior publicación en el «Boletín Oficial del Estado» (BOE) en el plazo de diez (10) días hábiles desde su formalización.
Este convenio se podrá extinguir por el cumplimiento del objeto del mismo o por incurrir en causa de resolución.
Son causa de resolución cualquiera de las siguientes:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio.
b) El acuerdo unánime de las partes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes. En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un plazo de treinta (30) días naturales con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la Comisión de Seguimiento. Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la otra parte la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras leyes.
f) La imposibilidad sobrevenida de su realización.
g) Por denuncia expresa de cualquiera de las partes con un preaviso mínimo de dos (2) meses a la fecha en que se desee darlo por resuelto.
El cumplimiento y resolución del convenio tendrá los efectos establecidos en el artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. En todo caso, y en el supuesto de resolución anticipada del convenio, las partes se comprometen a cumplir con todas las obligaciones pactadas que se encuentren en desarrollo hasta la fecha de finalización de cualquier acción que estuviera contemplada en el marco de este convenio y que se hubiera iniciado con carácter previo a la causa que hubiera motivado la extinción del convenio. A estos efectos, a la finalización del convenio las partes fijarán un plazo improrrogable para la conclusión de estas actividades en curso que no podrá exceder del plazo de duración acordado para el presente convenio.
El presente convenio tiene naturaleza administrativa, y se rige por lo dispuesto en el capítulo VI del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y, por tanto, se regirá por sus propias cláusulas, aplicándose los principios de dicha norma para resolver las dudas y lagunas que pudieran suscitarse en su interpretación y ejecución.
La resolución de las controversias que pudieran plantearse sobre la interpretación y ejecución del presente convenio deberá solventarse de mutuo acuerdo entre las partes, a través de la Comisión de Seguimiento. En caso de no alcanzarse un acuerdo en sede de comisión, las partes acuerdan someter las controversias surgidas al orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
De conformidad con lo dispuesto en la legislación nacional, en la iniciativa del Parlamento Europeo así como en la normativa interna de ICEX para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y promover la visibilidad de mujeres expertas y aumentar su participación en paneles, conferencias, seminarios, debates y actividades de comunicación, las partes acuerdan que se velará por mantener un equilibrio de mujeres y hombres en aquellas actividades que conlleven la organización de paneles, conferencias, seminarios, debates, actividades de comunicación, mesas o intervenciones que se programen en el marco de la misión inversa prevista en el presente convenio, evitándose, en todo caso, la presencia exclusiva de mujeres o de hombres.
Y, en prueba de conformidad, y para la debida constancia de todo lo convenido, los intervinientes firman el presente convenio en el lugar y fecha indicados al principio del convenio, tomándose como fecha de formalización del presente documento la fecha del último firmante.–Por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., la Consejera Delegada, María Crespo Prieto.–Por FEDELE, Federación de Asociaciones de Escuelas de Español como Lengua Extranjera en España, la Presidenta, Durán García Ortiz. | Normativas |
BOE-A-2024-23541 | dad de trato entre mujeres y hombres, evitando discriminaciones, directas o indirectas, por razón de sexo.
Estructura del proceso comercial en pequeños negocios o microempresas. Organización de la venta. Fases del proceso de venta. Necesidades y móviles de compra. Técnicas de venta presenciales clásicas. Técnicas de venta a través de diferentes canales telemáticos. Venta telefónica. Modelos de comercio a través de «Internet»: tienda virtual, comercio electrónico. Venta a través de televisión interactiva. Técnicas para elaboración del argumentario técnico en ventas y de tratamiento de objeciones en la venta. Técnicas de negociación con la clientela: tipología y características. Habilidades de los negociadores. Estrategias de negociación en ventas. Técnicas de cierre en la venta. Elaboración y gestión de documentación comercial en el proceso de venta y postventa. Utilidades y prestaciones de aplicaciones ofimáticas generales de bases de datos. Utilidades y prestaciones de aplicaciones ofimáticas de gestión comercial. Gestión de las relaciones con la clientela: herramientas de gestión de relación con clientes (CRM).
Técnicas de atención y actuación a la clientela en pequeños negocios o microempresas. Protocolos, códigos de buenas prácticas y códigos deontológicos. Personalización de la atención y asesoramiento a la clientela en pequeños negocios o microempresas: Aplicación del proceso de comunicación en la atención presencial, telefónica y electrónica en general. El asesoramiento personalizado a la clientela: Pautas y criterios para comunicación empática y efectiva con la clientela. Técnicas de expresión verbal, comunicación no verbal, expresión escrita aplicadas a la atención y asesoramiento personalizado de la clientela en ventas de productos o servicios. Aplicación de técnicas de gestión del tratamiento de quejas y reclamaciones de la clientela; derechos y responsabilidades de las partes. Servicio de asistencia postventa. Técnicas de fidelización de la clientela en función de distintos canales. Procesos de seguimiento del grado de satisfacción de la clientela. Criterios para la medición de la satisfacción en función de distintos tipos de clientes y canales.
Procesos de creación de publicidad y promoción en pequeños negocios o microempresas. Acciones promocionales: tipos y características. La publicidad: modalidades; el mensaje y los medios publicitarios. Las relaciones públicas. Determinación de costes promocionales. Acciones promocionales en línea: «Internet» como canal de información y comunicación en pequeños negocios o microempresas; herramientas de promoción en línea, sitios y estilos «web» para la promoción de espacios virtuales. Efectos de la publicidad sobre el consumidor. Técnicas de asociación de la identidad corporativa del pequeño negocio o microempresa con las acciones promocionales. Canales de comercialización en pequeños negocios o microempresas.
Los talleres e instalaciones darán respuesta a las necesidades formativas de acuerdo con el contexto profesional establecido en la unidad de competencia asociada, teniendo en cuenta la normativa aplicable del sector productivo, prevención de riesgos laborales, accesibilidad universal, igualdad de género y protección medioambiental. Se considerará con carácter orientativo como espacios de uso:
–Taller de 2 m2por alumno o alumna.
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionados con la comercialización de productos y servicios en pequeños negocios o microempresas, que se acreditará mediante una de las dos formas siguientes:
–Formación académica de nivel 2 (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior) o de otras de superior nivel relacionadas con el campo profesional.
–Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en el campo de las competencias relacionadas con este módulo formativo.
2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones competentes.
C1:Analizar las acciones preceptivas para la constitución y desarrollo de la actividad de pequeños negocios y microempresas, distinguiendo los organismos relacionados, sus trámites y documentación asociada.
CE1.1Identificar los organismos públicos (locales, regionales, nacionales o supranacionales) con competencias en la constitución y puesta en marcha de pequeños negocios y microempresas, relacionando los tramites a gestionar en uno de ellos.
CE1.2Establecer los trámites generales o específicos preceptivos para la constitución y puesta en marcha de pequeños negocios y microempresas, identificando los requisitos exigidos en función de su forma jurídica y del sector de actividad.
CE1.3Identificar los documentos para la tramitación del inicio y/o desarrollo de la actividad, determinando la forma de cumplimentarlos según el tipo de trámite, tales como trámites mercantiles de puesta en marcha del negocio, por ampliación del objeto social, trámites de constitución ante administraciones locales, entre otros.
CE1.4Explicar las modalidades registrables de la Propiedad Industrial por pequeños negocios y microempresas, así como sus características, reconociendo la documentación a presentar y el procedimiento para su tramitación.
CE1.5Diferenciar los riesgos asegurables en la actividad económica desarrollada por pequeños negocios y microempresas, determinando los tipos de seguros que se adaptan a su cobertura.
CE1.6En un supuesto práctico de tramitación documental en pequeños negocios y microempresas, en el que se proporciona un dosier de información sobre la idea de negocio, actividad, características, situación geográfica, recursos humanos, fuentes de información, aplicaciones y equipos informáticos:
–Localizar en «Internet» los organismos oficiales competentes en cuanto al inicio de actividad, proponiendo un calendario de actuación para la realización de los trámites.
–Establecer los trámites a gestionar ante las Administraciones, identificando las aplicaciones de presentación telemática para su presentación.
–Cumplimentar la documentación administrativa ante las Administraciones relacionada con los trámites anteriores, manejando las aplicaciones específicas para su presentación y registro.
–Determinar la posibilidad de registro de alguna modalidad de la Propiedad Industrial (patentes, modelos de utilidad, nombres comerciales, rótulos de establecimiento, logotipos, entre otras), localizando el procedimiento y forma de tramitación de la modalidad elegida.
–Relacionar los trámites a realizar ante el registro de la Propiedad Industrial para la inscripción de los elementos proporcionados en el supuesto, cumplimentando la documentación administrativa que solicita el organismo encargado de su registro.
–Determinar los riesgos a cubrir mediante la contratación de pólizas de seguro, estableciendo el tipo de seguro para cada una de ellos, según las necesidades definidas en el supuesto y la normativa aplicable.
–Archivar la documentación generada, manejando aplicaciones ofimáticas.
C2:Seleccionar alternativas de financiación más ventajosas, analizando las ofertas que ofrece el mercado, calculando los costes de las mismas, manejando aplicaciones ofimáticas e identificando los trámites a seguir de cada una de ellas.
CE2.1Distinguir los productos financieros para pequeños negocios que se ofrecen en el mercado, detallando sus características y elementos fundamentales.
CE2.2Identificar los instrumentos de financiación propios de la negociación con proveedores (descuentos, pagos a reposición, aplazamientos, entre otros), estimando su coste y enunciando ventajas e inconvenientes.
CE2.3Explicar el procedimiento para el cálculo de costes de los recursos financieros existentes para pequeños negocios, describiendo las partes del proceso y relacionándolo con el uso de las aplicaciones ofimáticas.
CE2.4Indicar la documentación solicitados para la negociación, contratación y/o tramitación de los productos financieros adaptados a pequeños negocios y microempresas, razonando la importancia de dicha documentación con respecto a la viabilidad de las operaciones.
CE2.5Describir el proceso de la gestión de efectos a cobrar y del descuento de efectos comerciales, identificando los documentos utilizados y las ventajas e inconvenientes de estos instrumentos de financiación.
CE2.6Enunciar los trámites en la tramitación y solicitud de ayudas, subvenciones o subsidios públicos para pequeños negocios y microempresas, elaborando un esquema de las partes de la memoria justificativa y relacionando las fuentes de información para conocer la existencia de dichas ayudas y subvenciones.
CE2.7En un supuesto práctico de tramitación de financiación en pequeños negocios y microempresas, en el que se proporciona un dosier de información sobre la idea de negocio, actividad, características, situación económica, recursos humanos, fuentes de información, aplicaciones y equipos informáticos:
–Clasificar la información facilitada sobre distintos productos financieros (créditos y préstamos bancarios, líneas de descuento, afianzamientos, «factoring», microcréditos, capital riesgo, préstamos participativos, sociedades de garantía recíproca, entre otros), explicando las características y los costes de cada uno de ellos.
–Seleccionar la opción más ventajosa, estimando las necesidades financieras del pequeño negocio o microempresa y las garantías solicitadas, justificando el criterio seguido para la elección.
–Simular la tramitación y presentación de la documentación relativa al producto financiero seleccionado, elaborando un esquema temporalizado de los pasos del procedimiento.
CE2.8En un supuesto práctico de tramitación de financiación a través de ayudas y subvenciones en pequeños negocios y microempresas, en el que se proporciona un dosier de información sobre la idea de negocio, actividad, características, situación económica, recursos humanos, fuentes de información, aplicaciones y equipos informáticos:
–Comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria para los cuales se concede la subvención propuesta en el supuesto, identificando los plazos, forma de presentación y fuentes de información adicional, identificando las consecuencias en caso de incumplimiento de dichos requisitos.
–Organizar los documentos del pequeño negocio o microempresa, cotejando los exigidos en la convocatoria a través de la elaboración de una tabla de cotejo.
–Relacionar los trámites a seguir para la solicitud de la ayuda o subvención, elaborando un calendario para su presentación y seguimiento.
–Cumplimentar los formularios de solicitud establecidos en la convocatoria de subvención, identificando la forma de presentación y localizando los registros receptores de las mismas.
C3:Analizar los instrumentos y medios de cobro y pago en pequeños negocios y microempresas, seleccionando los mismos en función de su idoneidad con las necesidades de la organización, de los posibles acuerdos con clientela y proveedores, formalizando y tramitando la documentación.
CE3.1Describir el proceso de elaboración de un calendario de cobros y pagos, identificando las variables que intervienen en el proceso.
CE3.2Diferenciar los instrumentos y medios de cobro y pago, identificando sus características, elementos que los componen y documentación relativa, describiendo el proceso de su tramitación, relacionándolos con la normativa mercantil aplicable.
CE3.3Explicar el proceso de aseguramiento de cobros, describiendo sus ventajas y costes.
CE3.4Explicar el procedimiento a seguir en la tramitación de pagos, liquidaciones, solicitud de aplazamientos o fraccionamientos de pago de las deudas con Administraciones Públicas, identificando la documentación necesaria para su tramitación.
CE3.5En un supuesto práctico de tramitación de instrumentos y medios de pago en pequeños negocios y microempresas, en el que se proporciona un dosier de información sobre los datos de negocio, actividad, características, situación económica, proveedores, acreedores, Administraciones Públicas, estados de tesorería, fuentes de información, aplicaciones y equipos informáticos:
–Seleccionar el medio e instrumento de pago que mejor se adapte a cada caso del supuesto, atendiendo a la situación de tesorería en la fecha del pago.
–Cumplimentar la documentación de los medios de pago, manejando los programas de gestión de pagos.
–Exponer las especificidades de la tramitación de pagos a la Administración Pública, indicando las consecuencias de la falta de cumplimiento de dichos pagos en las fechas impuestas.
CE3.6En un supuesto práctico de tramitación de instrumentos y medios de cobro en pequeños negocios y microempresas, en el que se proporciona un dosier de información sobre los datos de negocio, actividad, características, situación económica, clientela, Administraciones Públicas, estados de tesorería, fuentes de información, aplicaciones y equipos informáticos:
–Seleccionar el medio de cobro en cada caso del supuesto, asegurando el equilibrio de la tesorería.
–Elaborar la documentación de cada instrumento de cobro elegido, manejando los programas de gestión de cobros.
–Indicar el proceso de tramitación de la documentación de los instrumentos de cobro, especificando las condiciones del envío y plazos.
–Elaborar la documentación relativa a la negociación de efectos a cobrar (descuento, gestión de cobro, entre otros), indicando las especificidades de su tramitación y negociación.
C4:Aplicar los métodos de control de tesorería en pequeños negocios y microempresas, efectuando los cálculos, manejando aplicaciones ofimáticas y resolviendo las incidencias.
CE4.1Explicar los flujos de tesorería, identificando los mecanismos de control de cobros y pagos a través de caja, bancos, medios telemáticos, entre otros.
CE4.2Definir los mecanismos para la solución de incidencias, errores o inexactitudes, relacionándolos con las anotaciones y extractos bancarios.
CE4.3Explicar el procedimiento a seguir para la reclamación de un impago o deuda vencida a un cliente, identificando las circunstancias, consecuencias y garantías judiciales.
CE4.4Explicar las técnicas para la detección de desviaciones en el presupuesto de tesorería, manejando aplicaciones ofimáticas tales como hojas de cálculo o sistemas de gestión específica, justificando la importancia de hacer una previsión de pagos y cobros, mencionando las variables a tener en cuenta.
CE4.5Relacionar las medidas de ajuste para déficit de tesorería (descuentos de efectos, líneas de crédito, refinanciaciones, aplazamientos, entre otros), contrastando las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos.
CE4.6En un supuesto práctico de control de tesorería en pequeños negocios y microempresas, en el que se proporciona un dosier de información sobre los datos de negocio, presupuesto, actividad, características, situación económica, clientela, Administraciones Públicas, estados de tesorería, fuentes de información, aplicaciones y equipos informáticos:
–Comparar las partidas de los documentos planteados en el supuesto, detectando las desviaciones entre ambas situaciones.
–Identificar la causa y naturaleza de las desviaciones detectadas, cuantificando su importe.
–Enumerar las posibles medidas de ajuste de tesorería, en función de las desviaciones detectadas, valorando su coste.
C5:Analizar la normativa contable, fiscal y laboral aplicable en la gestión de pequeños negocios y microempresas, identificando las obligaciones periódicas exigidas.
CE5.1Determinar las obligaciones contables de pequeños negocios y microempresas, en función de su naturaleza o régimen fiscal seleccionado, identificando los registros obligatorios y los trámites para su legalización y publicidad.
CE5.2Diferenciar los términos contables (debe, haber, método de partida doble, funcionamiento de cuentas de activo, pasivo, gastos e ingresos), reconociendo su utilidad para la elaboración de las cuentas anuales.
CE5.3Explicar los procesos de registro de operaciones contables y de elaboración de cuentas anuales, argumentando las ventajas de la utilización de aplicaciones de gestión contable o paquetes integrados de gestión.
CE5.4Identificar la normativa fiscal aplicable en el desarrollo de la actividad de pequeños negocios y microempresas, describiendo las obligaciones fiscales que se derivan.
CE5.5Enumerar la documentación fiscal a presentar en la administración tributaria y mercantil en pequeños negocios y microempresas, describiendo la forma de cumplimentarla, los plazos de presentación exigidos en cada trámite, manejando las aplicaciones específicas de cumplimentación y presentación, programas de ayuda, entre otros, de las Administraciones Públicas.
CE5.6Relacionar las obligaciones legales en materia laboral (altas y bajas, nóminas, seguros sociales, entre otras), distinguiendo el tiempo y forma de cada una de ellas, las aplicaciones de cumplimentación y presentación de la administración laboral, justificando el uso de aplicaciones informáticas específicas de gestión laboral.
CE5.7En un supuesto práctico de gestión de las obligaciones fiscales, contables y laborales en pequeños negocios y microempresas, en el que se proporciona un dosier de información sobre los datos de negocio, recursos materiales y humanos, actividad, características, situación económica, presupuesto, Administraciones Públicas, estados de tesorería, fuentes de información, aplicaciones y equipos informáticos:
–Determinar los tributos de los que es sujeto pasivo, justificando la elección de los tributos en función de los datos del supuesto.
–Elaborar el calendario fiscal, especificando el lugar y forma de presentación de los tributos, indicando la ubicación web de la aplicación para su cumplimentación y presentación.
–Determinar las obligaciones laborales derivadas de la información proporcionada en el supuesto, determinando el calendario, las personas y organismos ante los cuales deben ser presentados los documentos.
–Determinar las obligaciones contables derivadas de la situación planteada en el supuesto, precisando los registros obligatorios.
CE5.8En un supuesto práctico de gestión de las obligaciones fiscales, contables y laborales en pequeños negocios y microempresas, en el que se proporciona un dosier de información sobre los datos de negocio, recursos materiales y humanos, actividad, características, situación económica, presupuesto, Administraciones Públicas, estados de tesorería, fuentes de información, aplicaciones y equipos informáticos:
–Registrar las operaciones contables especificadas en el supuesto, enunciando las características de la operación.
–Elaborar las cuentas anuales, comprobando las cantidades de los balances.
–Cumplimentar la documentación fiscal a presentar, indicando la aplicación de presentación especifica de la administración receptora.
–Cumplimentar los documentos laborales, indicando la aplicación de presentación especifica de la administración receptora.
C1 respecto a CE1.6; C2 respecto a CE2.7 y CE2.8; C3 respecto a CE3.5 y CE3.6; C4 respecto a CE4.6; C5 respecto a CE5.7 y CE5.8.
Otras capacidades:
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimento de los objetivos.
Demostrar creatividad en el desarrollo del trabajo que realiza.
Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución de contingencias relacionadas con la actividad.
Transmitir información con claridad de manera ordenada, estructurada, clara y precisa respetando los canales establecidos en la organización.
Adaptarse a situaciones o contextos nuevos.
Promover la igualdad de trato entre mujeres y hombres, evitando discriminaciones, directas o indirectas, por razón de sexo.
Organismos públicos relacionados con la constitución, puesta en marcha y modificación de las circunstancias jurídicas de pequeños negocios: funciones y trámites exigidos. Documentos relacionados con la constitución, puesta en marcha y modificación jurídica de pequeños negocios y microempresas: modelos, plazos y forma. La Propiedad Industrial: modalidades, características y trámites. Proceso de contratación de la póliza de seguro para pequeños negocios y microempresas. Valoración del riesgo y coberturas. Características y tipología de contratos de seguro. Puesta en marcha del negocio. La ventanilla única empresarial.
Normativa mercantil. Documentos físicos de cobro y pago: contenido, características, ventajas e inconvenientes, tramitación. Medios de cobro y pago. Cobros y pagos ante la Administración. Calendario de cobros y pagos. Control de los flujos de tesorería. Resolución de incidencias en el cobro: medios de comunicación para reclamar impagos, cartas a entidades financieras. Garantías legales para asegurar los cobros. Aplicaciones ofimáticas de gestión de cobros y pagos. Ejecución del presupuesto de tesorería y métodos de control. Desviaciones del presupuesto de tesorería: causa, naturaleza y efectos de las desviaciones. El ajuste de las desviaciones del presupuesto de tesorería. Clases de ajustes.
Productos de financiación ajena para pequeños negocios y microempresas: préstamo, crédito, «leasing» y «factoring–»; ventajas e inconvenientes. Los efectos comerciales: contenido, características y cumplimentado. Gestión de cobro y descuento de efectos comerciales: procedimiento, costes asociados y cumplimentado de documentación. Otras formas de financiación: aplazamientos de pago, subsidios, ayudas y subvenciones, descuentos, créditos bancarios, afianzamientos. Documentación relacionada con la financiación ajena: solicitudes y contratación. Aplicaciones ofimáticas de cálculo de costes de recursos financieros.
Obligaciones contables en función de la forma jurídica. Obligaciones fiscales en función de la forma jurídica. La gestión contable en pequeños negocios: los libros contables; el método de la partida doble; teoría de las cuentas. Registro contable de operaciones. Las cuentas anuales en pequeños negocios: tipos, modalidades y estructura. Método de elaboración. La gestión fiscal en pequeños negocios: calendario fiscal, principales declaraciones tributarias. Obligaciones periódicas de carácter social y laboral derivadas de la actividad económica y documentación de las mismas. Cumplimentado y tramitación de documentos laborales: partes de altas y bajas, nóminas y boletines de cotización. Aplicaciones ofimáticas de gestión contable, fiscal y laboral. Paquetes integrados de gestión para pequeños negocios.
Los talleres e instalaciones darán respuesta a las necesidades formativas de acuerdo con el contexto profesional establecido en la unidad de competencia asociada, teniendo en cuenta la normativa aplicable del sector productivo, prevención de riesgos laborales, accesibilidad universal, igualdad de género y protección medioambiental. Se considerará con carácter orientativo como espacios de uso:
–Taller de 2 m2por alumno o alumna.
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionados con la comercialización de productos y servicios en pequeños negocios o microempresas, que se acreditará mediante una de las dos formas siguientes:
–Formación académica de nivel 2 (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior) o de otras de superior nivel relacionadas con el campo profesional.
–Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en el campo de las competencias relacionadas con este módulo formativo.
2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones competentes.
C1:Aplicar técnicas de obtención de información en la red –Intranet e Internet–, describiendo criterios de búsqueda y necesidades según procedimientos de una organización, teniendo en cuenta criterios de ciberseguridad.
CE1.1Identificar una lista de requerimientos de información a buscar interna o externamente, siguiendo un documento genérico de un departamento concreto.
CE1.2Identificar fuentes de información internas y externas a una compañía, describiendo aplicativo y procedimiento de búsqueda para cada caso, en función de búsquedas en una intranet e internet.
CE1.3En un supuesto práctico de búsqueda de una información concreta, partiendo de documentación técnica:
–Utilizar navegadores de internet, plataformas de redes sociales, plataformas wiki, plataforma de compartición de recursos, entre otras, indicando criterio de selección.
–Seleccionar información, atendiendo a criterios de búsqueda proporcionados.
–Extraer información seleccionada, siguiendo pautas de identificación en función de medios disponibles.
CE1.4En un supuesto práctico de gestión de información obtenida:
–Organizar información obtenida tanto externa como interna, teniendo en cuenta accesibilidad y recuperabilidad.
–Localizar archivos, siguiendo una estructura de información proporcionada.
CE1.5Describir criterios de borrado, copia y mantenimiento de datos, identificando estándares de confidencialidad de información.
C2:Aplicar técnicas de gestión en comunicaciones a través de sistemas telemáticos y de información, favoreciendo una circulación y disponibilidad de la misma, teniendo en cuenta criterios de ciberseguridad.
CE2.1Describir tipos de mensajería, indicando sus características principales y sus criterios de uso.
CE2.2Identificar comunicaciones potencialmente peligrosas por ser sospechosas de contener virus o contenido ilegal, describiendo procedimiento a seguir en cada caso.
CE2.3En un supuesto practico de comunicación de información, utilizando una aplicación de mensajería:
–Gestionar agenda de aplicaciones de mensajería, describiendo características de confidencialidad.
–Gestionar información recibida, teniendo en cuenta accesibilidad y consistencia para un grupo con el que ha de ser compartida.
–Incorporar textos, imágenes, tablas, archivos de sonido, entre otros, incluyéndolos en comunicaciones de aplicaciones de mensajería.
C3:Aplicar procedimientos de elaboración de documentos, utilizando aplicaciones de tratamiento de textos, reflejando identidades corporativas y en función de criterios de confidencialidad.
CE3.1Identificar prestaciones, procedimientos y asistentes de aplicaciones de tratamiento de texto, explicando sus características y utilidades.
CE3.2Explicar importancia en un formato de un documento, siguiendo indicaciones de un manual de estilo.
CE3.3Identificar herramientas de revisión y actualización de documentos, explicando sus características y funciones.
CE3.4En un supuesto practico de creación de documentos, a partir de la información facilitada y usando una aplicación de tratamiento de textos:
–Introducir texto con rapidez e inexactitudes, citando en su caso origen de fuentes de información.
–Aplicar formatos, siguiendo las directrices proporcionadas.
–Insertar elementos gráficos, tablas, imágenes y otro tipo de objetos para que queden integrado junto con un texto, utilizando asistentes y opciones proporcionadas.
–Maquetar un documento largo, insertando portadas, encabezados y pies de páginas, numeración, tablas de contenidos, referencias cruzadas, respetando estilo requerido por una organización.
CE3.5En un supuesto practico y a partir de un documento compartido:
–Realizar corrección del documento, utilizando herramientas de seguimiento de correcciones y cambios realizados por una o varias personas.
–Proteger confidencialidad e integridad de datos, utilizando opciones proporcionadas.
CE3.6En un supuesto practico y a partir de un documento tipo y de una tabla de datos:
–Generar un documento o mail personalizado, combinando un documento tipo con unos datos personales.
CE3.7En un supuesto practico y a partir de impresos, documentos normalizados e información, convenientemente caracterizados, y teniendo en cuenta manuales de estilo facilitados:
–Definir estilos de formato de aplicación en partes de un documento, facilitando la homogenización e integridad de los mismos.
–Crear plantillas de generación de documentos normalizados, siguiendo pautas establecidas de un manual.
–Insertar en plantillas generadas o disponibles, teniendo en cuenta una aplicación, una información y unos datos facilitados.
–Publicar un documento en formato portable estándar, comprobando que el resultado final es el deseado.
C4:Elaborar información, utilizando aplicaciones de hojas de cálculo, con habilidad y exactitud.
CE4.1Identificar prestaciones, procedimientos y asistentes de aplicaciones de hoja de cálculo, explicando sus características y utilidades.
CE4.2Identificar estructura de una hoja de cálculo, explicando su utilidad y características.
CE4.3Identificar fórmulas y funciones, explicando su utilidad y características.
CE4.4En un supuesto practico para organizar números y datos, a partir de la información facilitada y usando una aplicación de Hoja de Cálculo:
–Introducir datos, organizándolos en filas y columnas.
–Introducir fórmulas para obtener supuestos cálculos previamente definidos, utilizando sintaxis de operadores y funciones.
–Aplicar formato, siguiendo directrices proporcionadas.
–Publicar informes tanto en formato papel como digital, utilizando opciones de diseño de página y de impresión disponibles en una aplicación.
CE4.5En un supuesto practico de creación de representaciones gráficas, a partir de datos facilitados y usando una aplicación de Hoja de Cálculo:
–Insertar elementos gráficos, imágenes y otro tipo de objetos para que queden integrado junto con datos de la hoja de cálculo, utilizando asistentes y opciones proporcionadas.
–Representar gráficamente datos, utilizando opciones proporcionadas y optando por un tipo de gráfico que permita la mejor comprensión de información.
–Proteger confidencialidad e integridad de datos, utilizando opciones proporcionadas.
CE4.6En un supuesto practico de análisis de datos, a partir de una información facilitada y usando herramientas de análisis de aplicación de Hoja de Cálculo:
–Ordenar registros de una tabla de datos, teniendo en cuenta el tipo de datos y utilizando opciones disponibles.
–Localizar datos solicitados, utilizando herramientas de búsqueda y filtro.
–Elaboración de informes de resumen de datos, agrupando datos según criterios establecidos y utilizando opciones proporcionadas.
C5:Aplicar técnicas de gestión de información, configurando aplicaciones de bases de datos, según normativa aplicable en materia de protección de datos, teniendo en cuenta criterios de ciberseguridad.
CE5.1En un supuesto práctico de creación de una aplicación de base de datos para una gestión de productos o servicios:
–Diseñar tablas con campos y tipos de datos requeridos, empleando ayudas implementadas en el programa de creación seleccionado.
–Diseñar formularios que den soporte a una introducción de datos, siguiendo unas tablas creadas para tal finalidad.
–Introducir un juego de registros de prueba, empleando las vías anteriormente desarrolladas.
–Rediseñar o crear nuevos formularios, permitiendo mostrar cálculos sobre datos almacenados.
–Diseñar y crear tablas dinámicas, optimizando datos.
CE5.2En un supuesto práctico de creación de una aplicación de base de datos para una gestión de productos o servicios:
–Crear consultas de selección sencilla, reutilizables, asistentes integrados, cubriendo el espectro de criterios más comunes para una extracción de información almacenada.
–Crear consultas de acción, comprobando funcionalidades de eliminación y actualización de registros.
–Filtrar información almacenada, empleando mecanismos implementados de manera nativa en tablas y formularios.
–Guardar resultado de estas operaciones como un nuevo objeto de tipo consulta, rediseñando formularios para futuras consultas diseñadas mediante uso de controles.
–Crear nuevos formularios, dando soporte a una visualización de dichas consultas.
CE5.3En un supuesto práctico de creación de una aplicación de base de datos para una gestión de productos o servicios:
–Comprobar importación de datos provenientes de ficheros externos directamente sobre tablas desarrolladas, explorando opciones y formatos.
–Crear consultas nuevas que permitan anexar datos provenientes de otras tablas o Bases de datos externas.
–Analizar resultados de la actualización de datos desde fuentes u orígenes externos.
CE5.4Identificar diseños de informes, presentando datos almacenados y/o calculados, tomando como origen objetos desarrollados (Tablas/Consultas otros Informes) según organización, formato y soporte de presentación, visualización o distribución.
C6:Aplicar técnicas de identificación de recursos externos a través del conocimiento de las herramientas disponibles en las organizaciones o aplicaciones en internet, teniendo en cuenta criterios de ciberseguridad.
CE6.1Identificar diferencias entre un «software» ERP y CRM, comparando características, áreas de aplicación, recursos necesarios, escalabilidad y costes, así como soluciones online disponibles, recogiendo los resultados en un informe.
CE6.2En un supuesto práctico de soluciones en línea disponibles para gestionar procesos del entorno empresarial, de cuya definición y necesidades a cubrir se facilitan:
–Instalar módulos acordes a procesos a desarrollar según actividad empresarial y documentación aportada, empleando recursos de herramienta seleccionada.
–Introducir información básica en unos módulos instalados, siguiendo una interfaz proporcionada por una aplicación.
–Comprobar definición de equipos de trabajo, proyectos, empleados, productos/servicios y control de asistencia y horarios, empleando recursos disponibles en una aplicación para cada módulo instalado.
–Evaluar proceso de facturación de producto/servicio, generando facturas.
CE6.3En un supuesto práctico de búsqueda, presentación y recopilación de información, utilizando una solución online disponible para gestionar procesos del entorno empresarial:
–Crear informes de presentación de información, explorando recursos disponibles.
–Explorar implementación de criterios en una generación de información, siguiendo opciones disponibles en módulos de consulta.
–Elegir herramienta para recopilar información de usuarios/clientela, empleando formularios de aplicación disponibles.
–Comprobar opciones de exploración, mediante una carga de recurso en dispositivos electrónicos, evaluando conveniencia final de su implementación o despliegue.
C7:Aplicar técnicas de elaboración de presentaciones visuales en formato y soportes heterogéneos, utilizando aplicaciones específicas, facilitando la comprensión de una información, teniendo en cuenta criterios de ciberseguridad.
CE7.1Identificar prestaciones, procedimientos y asistentes de aplicaciones para presentaciones visuales, explicando sus características y utilidades.
CE7.2Explicar importancia de la imagen que proyecta una organización en presentaciones realizadas, comunicando contenidos, datos e ideas.
CE7.3En un supuesto practico de creación de una presentación, a partir de una información facilitada y usando una aplicación de elaboración de presentaciones:
–Introducir textos de una presentación, utilizando diseños de diapositiva según tipo de información.
–Insertar elementos gráficos, tablas, imágenes y otro tipo de objetos, integrándolos con el texto de la presentación.
–Revisar una presentación para verificar la inexistencia de errores u omisiones, utilizando herramientas de revisión.
CE7.4En un supuesto practico de diseño de presentaciones, a partir de una información facilitada y usando una aplicación de elaboración de presentaciones:
–Definir apariencia de presentaciones en consonancia con contenidos, aplicando normas de estilo proporcionadas.
–Maquetar presentaciones, configurando las opciones de diseño de página e impresión, respetando el estilo de organización.
–Publicar presentaciones en formato portable estándar, comprobando resultado final.
CE7.5En un supuesto practico de elaboración de una presentación para su visualización o exposición, usando herramientas para una creación de efectos visuales.
–Animar objetos de una presentación, aplicando directrices proporcionadas y utilizando efectos según tipo de información y objeto.
–Definir tiempos en una presentación, distinguiendo si esta se presentara con o sin orador, utilizando asistentes y opciones proporcionadas.
–Configurar una presentación para su visualización, eligiendo formato de archivo requerido.
C8:Aplicar técnicas de edición de elementos de contenido audiovisual en formato y soportes heterogéneos, utilizando aplicaciones específicas, teniendo en cuenta criterios de ciberseguridad.
CE8.1En un supuesto práctico de edición de contenido audiovisual, partiendo de unos datos descargados de repositorios online:
–Crear imágenes, capturándolas con cámara.
–Alterar la compresión, tamaño y características visuales de imágenes como brillo, contraste, balance de colores, entre otros, eliminando defectos.
–Recortar imágenes, mezclando fuentes según criterios estéticos, de facilidad de uso y de accesibilidad.
CE8.2En un supuesto práctico de creación de elementos de audio, partiendo de unos datos capturados con grabadora y micrófono o descargados de repositorios online:
–Crear elementos de audio, capturándolos con grabadora y micrófono, alterando el formato, tamaño y características sonoras como compresión, volumen, ecualización, entre otros.
–Alterar formato, tamaño y características sonoras como compresión, volumen, ecualización, entre otros, tomando elementos de audio descargados de repositorios online.
CE8.3Aplicar técnicas de creación de «clip» de vídeo, capturándolos con videocámara, descargándolos de repositorios online, alterando la compresión, tamaño y características visuales tales como brillo, contraste, balance de colores, entre otros.
CE8.4Aplicar técnicas de modificación de «clip» de vídeo, añadiendo audios, combinando los «clip» por pistas, dividiéndolos o uniéndolos con transiciones o recortando y mezclando fuentes según unos criterios estéticos, de facilidad de uso y de accesibilidad.
C1 respecto a CE1.3 y CE1.4; C2 respecto a CE2.3; C3 respecto a CE3.4, CE3.5, CE3.6 y CE3.7; C4 respecto a CE4.4, CE4.5, CE4.6; C5 respecto a CE5.1, CE5.2 y CE5.3; C6 respecto a CE6.2 y CE6.3; C7 respecto a CE7.3, CE7.4 y CE7.5; C8 respecto a CE8.1 y CE8.2.
Otras capacidades:
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de los objetivos.
Mantener una actitud asertiva, empática y conciliadora con los demás, demostrando cordialidad y amabilidad en el trato.
Trasmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada, sencilla y precisa, respetando los canales establecidos en la organización.
Demostrar resistencia al estrés, estabilidad de ánimo y control de impulsos.
Promover la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, evitando discriminaciones, directas o indirectas, por razón de sexo.
Adoptar actitudes posturales y conductas responsables según el plan de prevención de riesgos laborales de la organización.
Estructura, funciones de una aplicación de tratamiento de texto. Gestión de archivos. Formatos de documentos. Edición de textos. Utilización de herramientas de búsqueda, ortografía y gramática. Inserción de tablas y columnas. Inserción y tratamiento básico de imágenes y otros objetos, de la propia u otras aplicaciones. Configuración de documentos para su impresión. Otras utilidades: Revisión de documentos, combinación de correspondencia, otras. Trabajo con documentos largos: Encabezados, pies y numeración; portadas de documentos, uso de estilos y diseños. Impresión y publicación de documentos. Trabajo con plantillas de documentos.
Sistemas operativos: Utilidades de búsqueda de datos e información. Utilización de navegadores, buscadores y metabuscadores: Características, utilidades, organización de páginas en Internet. Búsqueda y obtención de información: Gestión de archivos y seguridad, Internet, intranet. Importación/exportación de información. Derechos de autor. Estructura, funciones y asistentes de correo electrónico y agenda electrónica. Envío, recepción y archivo de correos electrónicos y documentos adjuntos. Personalización de las aplicaciones de correo electrónico: vistas, repuestas automáticas, archivo automático. Gestión de la agenda electrónica: Contactos y libreta de direcciones. Aplicación de medidas de seguridad en la gestión del correo. Identificación de correos potencialmente peligrosos. Gestión de archivos y seguridad de aplicaciones de correo electrónico y agenda electrónica.
Estructura y funciones de una hoja de cálculo. Gestión de archivos. Operaciones esenciales de inserción y edición de la estructura y datos. Trabajo sobre los diferentes niveles de actuación: Introducción de Datos, formulas y funciones. Aplicación de formato y estilos, control de la introducción de la información (validación de datos). Implementación de seguridad en los contenidos y la estructura de un libro de cálculo. Gestión de tablas dinámicas. Exportación de hojas de cálculo a bases de datos para su análisis. Creación de gráficos, estándares y dinámicos. Uso de libros compartidos. Impresión y publicación de hojas de cálculo.
Estructura y funciones de las tablas de bases de datos. Introducción, modificación y eliminación de datos. Desde las tablas y desde formularios. Generación de formularios: Automatizados y desde el diseño. Creación de consultas en la base de datos de selección y acción: Creación mediante asistentes y desde el diseño. Implementación y conocimiento de los criterios fundamentales de uso común. Presentación de los datos mediante la generación de informes. Otras utilidades: Importación y exportación de datos.
Estructura y funciones de las aplicaciones para la elaboración de presentaciones visuales. Estructura y funciones de las aplicaciones para la gestión de la información remota. Evaluación de recursos disponibles en la red. Implementación de los módulos más representativos según disponibilidad y necesidades. Introducción de la información en los módulos necesarios. Extracción de la información mediante los medios online disponibles. Comprobación de la visibilidad, acceso y divulgación de resultados en diferentes dispositivos electrónicos.
Estructura y funciones de las aplicaciones para la elaboración de presentaciones visuales. Gestión de archivos. Inserción de diferentes tipos de objetos: textos, imágenes, gráficos, elementos multimedia y objetos de otras aplicaciones. Edición y revisión de presentaciones. Diseño y estilo de una presentación. Efectos visuales para enfatizar la presentación. Configuración de la presentación. Publicación de la presentación.
Propiedad intelectual. Bancos de imágenes. Escáneres y cámaras: procedimientos de uso. Características técnicas de los escáneres. Resolución y profundidad de color. La calidad de la imagen. Criterios de composición, textura, color u otros. Criterios de usabilidad y accesibilidad. Formatos de archivos de imagen. Tipos de herramientas: vectoriales y raster. Edición de imágenes. Técnicas y efectos. Formatos de archivos de audio. Herramientas y procedimientos de captación del audio. Bancos de sonido. Herramientas de edición audio. Filtros y efectos. Herramientas y procedimientos de captación del vídeo. Bancos de vídeos. Formatos de archivo de vídeo. Herramientas de edición de video. Características de un vídeo. Fotogramas por segundo, resolución, pistas y mezclas. Efectos. Subtítulos. Integración de imágenes estáticas y sonidos. Renderización.
Los talleres e instalaciones darán respuesta a las necesidades formativas de acuerdo con el contexto profesional establecido en la unidad de competencia asociada, teniendo en cuenta la normativa aplicable del sector productivo, prevención de riesgos laborales, accesibilidad universal, igualdad de género y protección medioambiental. Se considerará con carácter orientativo como espacios de uso:
–Instalación de 2 m2por alumno o alumna.
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionados con el manejo de aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación, que se acreditará mediante una de las dos formas siguientes:
–Formación académica de nivel 2 (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior) o de otras de superior nivel relacionadas con el campo profesional.
–Experiencia profesional de un mínimo de 2 años en el campo de las competencias relacionadas con este módulo formativo.
2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones competentes.
C1:Aplicar procedimientos de verificación de la efectividad de actividades dirigidas a la promoción, motivación y concienciación de trabajadores, en la integración de la acción preventiva conforme a la normativa.
CE1.1Identificar la normativa sobre prevención de riesgos laborales, distinguiendo las funciones propias de nivel básico, así como sus implicaciones desde el punto de vista de la actuación a llevar a cabo.
CE1.2Distinguir el significado de los conceptos de riesgo laboral, daños derivados del trabajo, prevención, accidente de trabajo y enfermedad profesional, explicando las características y elementos que definen y diferencian a cada uno de ellos.
CE1.3Relacionar el concepto de medida preventiva y de protección de la seguridad y salud a los trabajadores con los riesgos laborales.
CE1.4Justificar la importancia de adoptar y promover comportamientos seguros en los puestos de trabajo, así como las consecuencias e implicaciones de su falta de promoción y aplicación.
CE1.5Justificar la importancia de la correcta utilización de los distintos equipos de trabajo y protección, explicando las consecuencias o daños para la salud, que pudieran derivar de su mal uso o mantenimiento.
CE1.6Argumentar desde el punto de vista de las consecuencias, las responsabilidades legales derivadas del incumplimiento de las normas sobre prevención de riesgos laborales por parte de empresarios y trabajadores.
CE1.7En un supuesto práctico de actividades vinculadas a la promoción de comportamientos seguros en el desarrollo del trabajo:
–Elaborar una programación de actividades que integre acciones de motivación, cambio de actitudes y concienciación de los trabajadores dirigidas a promover comportamientos seguros en el desarrollo de las tareas.
–Elaborar carteles de divulgación y normas internas que contengan los elementos esenciales de prevención general y propia del sector, tales como información, señalizaciones, imágenes y simbología, entre otros, para promover comportamientos seguros.
–Diseñar un procedimiento que contenga todos los elementos necesarios para la verificación de la efectividad de todas las acciones programadas.
–Diseñar una campaña informativa relativa a todas las acciones previstas en materia sobre prevención de riesgos laborales.
CE1.8En un supuesto práctico de verificación de la efectividad de las acciones de formación, información, motivación y concienciación de trabajadores en prevención de riesgos en el trabajo, aplicar procedimientos que permitan:
–Verificar con objetividad la efectividad de cada una de las acciones tomando como referencia el cumplimiento de la normativa por parte de los trabajadores.
–Verificar la adecuada revisión, utilización y mantenimiento de los Equipos de Protección Individual (EPI) propios de sector, por parte de los trabajadores en el desempeño de las tareas que los requieran en su trabajo habitual.
C2:Determinar actuaciones preventivas efectivas vinculadas al orden, limpieza, señalización y el mantenimiento general en el ámbito de trabajo.
CE2.1Identificar las incidencias más comunes que causan accidentes en el puesto de trabajo, relacionadas con el orden, limpieza, señalización y el mantenimiento general.
CE2.2Definir condiciones termohigrométricas de los lugares de trabajo en función de las tareas desarrolladas.
CE2.3Explicar los distintos tipos de señales de seguridad, tales como: prohibición, obligación, advertencia, emergencia, entre otras, en cuanto a sus significados, formas, colores, pictogramas y su localización.
CE2.4En un supuesto práctico sobre zonas de peligro en un lugar de trabajo:
–Señalizar, sobre un plano, las zonas de colocación de señales o pictogramas de peligro.
–Seleccionar los tipos de pictogramas de peligro en función de la obligatoriedad establecida por la normativa.
–Confeccionar carteles divulgativos que ilustren gráficamente advertencias de peligro y/o explicación de pictogramas.
–Confeccionar notas informativas y resúmenes, entre otros, para realizar actividades de información a los trabajadores.
CE2.5En un supuesto practico de aplicación de medidas de seguridad de un lugar de trabajo:
–Delimitar pasillos y zonas destinadas a almacenamiento.
–Mantener en buen estado de limpieza los aparatos, las máquinas y las instalaciones.
–Recoger y tratar los residuos de primeras materias o de fabricación de forma separada.
CE2.6En un supuesto practico de evaluación de las condiciones de seguridad preventivas en cuanto a mantenimiento general en un lugar de trabajo:
–Señalizar las vías de circulación que conduzcan a las salidas de emergencia.
–Subsanar las deficiencias en el mantenimiento técnico de las instalaciones y equipos de trabajo que pueden afectar a la seguridad o salud de los trabajadores, tales como, suelos no resbaladizos y de fácil limpieza, pasillos, puertas y escaleras.
C3:Aplicar técnicas de evaluación elemental de riesgos vinculados a las condiciones de trabajo generales y específicas del ámbito de trabajo.
CE3.1Describir contenido y características de evaluaciones elementales de riesgos laborales.
CE3.2Explicar en qué consisten las técnicas habituales para la identificación y evaluación elemental de riesgos laborales y las condiciones para su aplicación.
CE3.3Identificar alteraciones de la salud relacionadas con la carga física y/o mental, que puedan ser objeto de evaluación elemental.
CE3.4Explicar factores asociados a las condiciones de trabajo que pueden derivar en enfermedad profesional o accidente de trabajo y puedan ser objeto de evaluación elemental.
CE3.5En un supuesto práctico de evaluación elemental de riesgos vinculados a un proceso de fabricación o prestación de servicios, en el ámbito de trabajo:
–Identificar los posibles daños para la seguridad y la salud en el ámbito laboral y del entorno.
–Establecer las relaciones entre las condiciones de trabaj | Educación |
BOE-A-2023-22202 | Visto el texto del Convenio colectivo del Grupo Asegurador Reale, integrado por Reale Seguros Generales, SA; Reale Vida y Pensiones, SA; Reale Inmobili España, SA; y Reale ITES Esp. SL (código de convenio n.º 90012383011999), que fue suscrito con fecha 31 de mayo de 2023, de una parte por las personas designadas por la Dirección del Grupo empresarial, en representación de las empresas integrantes del mismo, y de otra por los representantes de los sindicatos FeSMC-UGT y CCOO-Servicios, en representación de los trabajadores afectados, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad,
Esta Dirección General de Trabajo resuelve:
Ordenar la inscripción del citado convenio en el correspondiente Registro de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 18 de octubre de 2023.–El Director General de Trabajo, Ricardo Gallego Montero.
1. Las expresiones «Reale», «la Compañía» o «la/s Empresa/s» sin otra precisión, deben entenderse referidas a las Empresas del Grupo Asegurador Reale a las que el convenio afecta, de conformidad con el contenido del artículo 2.
1. El presente convenio colectivo es de aplicación al Grupo Asegurador Reale, conformado actualmente por Reale Seguros Generales, SA, Reale, Vida y Pensiones, SA, Reale Immobili España SA y Reale ITES Esp., SL, en adelante indistintamente Reale, la Compañía o la Empresa, y constituye un cuerpo de normas reguladoras de las relaciones de trabajo y las personas empleadas de las mismas incluidas en su ámbito personal, como resultado de la negociación desarrollada entre la Representación Legal de las Personas Trabajadoras y de las Empresas, de conformidad con lo establecido en el título III del Estatuto de los Trabajadores.
Este convenio colectivo, por tanto, afectará a todo el personal que esté en alta en cualquiera de las Empresas mencionadas y resto de empresas que puedan crearse con personal del mencionado Grupo Asegurador Reale, en la fecha de la firma de este convenio, y a todo el personal que se incorpore durante la vigencia del mismo.
En el supuesto de que por parte del Grupo Asegurador Reale adquiriera en el futuro nuevas empresas que por su objeto social pudieran quedar incluidas en el ámbito de aplicación del convenio, se arbitrarán, de acuerdo con la representación de las personas trabajadoras, los plazos y criterios de adaptación para que este pueda serles de aplicación.
2. Exclusiones. El presente convenio no será de aplicación:
a) A las actividades y relaciones comprendidas en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 1 número 3 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (en adelante Estatuto de los Trabajadores).
b) A las relaciones a las que se refiere el artículo 2 del citado Estatuto de los Trabajadores, y de forma expresa a las siguientes personas y actividades:
– Las personas del colectivo de la mediación de seguros privados y sus personas colaboradoras externas, cualquiera que fuese su denominación o forma jurídica, sometidas al Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales, así como el personal que los mismos pudieran tener a su servicio.
– La actividad mercantil de mediación que, conforme al Real Decreto-ley 3/2020, pueda desarrollar con tal carácter la plantilla de las entidades aseguradoras a favor de las entidades incluidas en el ámbito de aplicación del convenio, y la compensación que de la misma pudiera derivarse.
– Las personas o actividades vinculadas a las empresas incluidas en el ámbito de aplicación de este convenio por relación de prestación de servicios de naturaleza mercantil o civil, como pueden ser, entre otras, profesionales de peritación, profesionales de tasación de seguros, siniestros y daños, profesionales de la abogacía, procuradores/as y profesionales de la medicina.
El presente convenio será de aplicación a todos los Centros de Trabajo que Reale Seguros Generales, SA, Reale Vida y Pensiones SA, Reale Immobili España SA y Reale ITES Esp. SL tienen establecidos o establezcan en el futuro en todo el territorio del Estado Español.
El presente convenio colectivo es de aplicación a la totalidad del personal que forma parte de la plantilla de las Empresas relacionadas en el artículo 2 y que prestan sus servicios dentro del ámbito territorial que en el presente acuerdo se contempla.
El presente convenio colectivo entrará en vigor a partir del día de su firma y tendrá efectos desde el 1 de enero de 2021, salvo aquellas cuestiones específicamente señaladas con distinto ámbito temporal, acordándose una vigencia de cinco años que concluirá el 31 de diciembre de 2025.
Los efectos económicos derivados del presente convenio lo serán desde la fecha de firma del mismo, salvo que en la condición concreta de que se trate se indique otra cosa.
El convenio se entenderá prorrogado de año en año, si no se denuncia en forma por quienes estén legitimados para ello.
La denuncia habrá de producirse entre el 1 y el 31 de diciembre del año de su vencimiento o de cualquiera de sus prórrogas.
Denunciado el convenio, este mantendrá su vigencia hasta que sea sustituido por un nuevo convenio.
Las partes podrán adoptar acuerdos parciales para la modificación de alguno o algunos de sus contenidos prorrogados con el fin de adaptarlos a las condiciones en las que, tras la terminación de la vigencia pactada, se desarrolle la actividad en el sector o en la empresa. Estos acuerdos tendrán la vigencia que las partes determinen.
Transcurrido un año desde la denuncia del convenio colectivo sin que se haya acordado un nuevo convenio, las partes deberán someterse a los procedimientos de mediación regulados en los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico previstos en el artículo 83 del Estatuto de los Trabajadores, para solventar de manera efectiva las discrepancias existentes.
También podrán acordar someterse a los procedimientos de arbitraje regulados por dichos acuerdos interprofesionales, en cuyo caso el laudo arbitral tendrá la misma eficacia jurídica que los convenios colectivos y solo será recurrible conforme al procedimiento y en base a los motivos establecidos en el artículo 91 del Estatuto de los Trabajadores.
Sin perjuicio del desarrollo y solución final de los citados procedimientos de mediación y arbitraje, cuando hubiere transcurrido el proceso de negociación sin alcanzarse un acuerdo, se mantendrá la vigencia del convenio colectivo.
Las retribuciones y condiciones contenidas en el convenio, valoradas en su conjunto y cómputo anual podrán compensar, hasta donde alcancen, las retribuciones y mejoras que sobre los mismos vinieran en la actualidad satisfaciendo la empresa, cualquiera que sea el motivo, denominación, forma o naturaleza de dichas retribuciones y mejoras, valoradas también en su conjunto y cómputo anual, salvo que expresamente hubieran sido calificadas de no absorbibles. Las condiciones resultantes de este convenio absorberán, hasta donde alcancen, cualesquiera otras que por disposición legal reglamentaria, convencional o pacto, puedan establecerse en el futuro y que en su conjunto y cómputo anual superen aquellas.
Las condiciones del presente convenio forman un todo orgánico e indivisible y a efectos de su aplicación será considerado globalmente asumiendo las partes su cumplimiento con vinculación a la totalidad del mismo.
En el supuesto de que la jurisdicción laboral, en el uso de las facultades que le son propias, no aprobara o resolviera dejar sin efecto alguna de las cláusulas del presente convenio, este deberá ser revisado y reconsiderarse en su integridad si alguna de las partes así lo requiriera expresamente en el plazo de treinta días a contar desde la fecha de notificación de la resolución.
En lo no previsto por el articulado del convenio, será de aplicación el Convenio colectivo General de Ámbito Estatal para las Entidades de Seguros, Reaseguros y Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social o (en adelante, Convenio del Sector de Seguros), las disposiciones del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores y sus normas de desarrollo.
Las partes se comprometen, durante la vigencia del convenio, a no abrir negociaciones en ámbitos inferiores a los establecidos en los artículos 3 y 4 del presente convenio.
1. Al amparo de lo establecido en el artículo 85.3.e) del Estatuto de los Trabajadores se constituye una Comisión Paritaria Mixta compuesta por un máximo de 8 representantes, 4 se designan por la Dirección de la Compañía y 4 por las representaciones sindicales firmantes del convenio, garantizando que todas ellas estén representadas en dicha comisión con el voto ponderado correspondiente a su representatividad en el momento de la constitución de la mesa negociadora.
2. La Comisión quedará constituida en el plazo máximo de un mes a partir de la firma del presente convenio colectivo.
3. La Comisión se reunirá, a petición de cualquiera de las partes, cuando existan causas suficientes, y previa convocatoria. Las convocatorias de la Comisión Mixta serán efectuadas por su Presidencia, mediante escrito, haciendo constar lugar, fecha y hora de la reunión, así como, el orden del día, debiendo ser enviada a cada miembro con diez días de antelación, como mínimo, a la fecha prevista.
4. Dicha Comisión Mixta tendrá las siguientes funciones:
a) La interpretación, vigilancia y control en la aplicación del contenido del presente convenio.
b) La adopción de decisiones respecto de aquellas materias que le han sido expresamente atribuidas en el convenio.
c) A petición de cualquiera de las partes, resolverá cualquier discrepancia surgida durante el periodo de consultas para la negociación de la modificación de las condiciones establecidas en el presente convenio así como cualquier discrepancia relativa a la inaplicación de las condiciones de trabajo a las que se refiere el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores. La Comisión Mixta dispondrá de un plazo de siete días para emitir pronunciamiento a contar desde que la discrepancia le fuera planteada. Cuando ésta no alcanzara un acuerdo, las partes deberán plantear la discrepancia ante la Comisión Consultiva Nacional de convenios colectivos cuando la modificación o la inaplicación de las condiciones de trabajo afectase a centros de la Compañía situados en más de una Comunidad Autónoma. La decisión adoptada por la Comisión tendrá la misma eficacia que los acuerdos alcanzados en el período de consultas.
d) Asimismo, conocerá de los conflictos derivados de las discrepancias surgidas en los períodos de consultas exigidos por los artículos 40, 41, 47 y 47 bis y 51 del Estatuto de los Trabajadores.
5. Los acuerdos de la Comisión requerirán, en cualquier caso, el voto favorable de la mayoría de cada una de las dos representaciones.
6. Alcanzado acuerdo en la Comisión de referencia, y sin que ello afecte a su eficacia y validez, podrán incorporarse al mismo los votos particulares que puedan emitirse por las representaciones discrepantes con el acuerdo adoptado.
7. Las discrepancias que pudieran surgir en el seno de la Comisión Paritaria serán sometidas al sistema extrajudicial de solución de conflictos, conforme a lo establecido en el Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflictos Laborales (ASAC) vigente y a los que pudieran sustituirle.
8. En lo no determinado en el presente artículo, será de aplicación lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores.
El ejercicio de la actividad aseguradora y su especial relevancia en el desarrollo económico y social exige del personal afectado por el ámbito funcional del presente convenio, un comportamiento especialmente íntegro.
Este comportamiento viene determinado tanto por la legislación vigente, como por una conducta profesional sujeta a principios deontológicos definidos como los valores y normas éticas que se han de interiorizar para alcanzar, mantener y mejorar el nivel de profesionalidad y ética que reclaman los clientes y la sociedad.
En consecuencia, la conducta profesional de la plantilla de Reale, en el desempeño de sus funciones, viene caracterizada por las siguientes pautas:
– Cumplimiento tanto de las leyes, normas, reglamentos y contratos, como de los valores y principios recogidos tanto en el Código Ético de Reale Group como en los procedimientos y normativas internas que se habiliten a estos efectos.
– Evitación por parte del personal, de posibles situaciones de conflicto de interés con los clientes o terceras personas. Se entenderá que existe conflicto de interés cuando la situación concreta pueda suponer la obtención por la persona empleada o sus familiares de algún beneficio o interés personal o privado y/o que pueda tener como consecuencia una pérdida o perjuicio potencial para los clientes, para la Compañía, o que pueda influir negativamente en las decisiones profesionales de la persona empleada relacionadas con el cumplimiento de sus obligaciones con la Compañía y que pudiera ser contrario a los intereses de la misma. Asimismo, se estará a lo dispuesto en la normativa interna de la Compañía en lo relativo a los conflictos de intereses.
– Guardar secreto profesional respecto a cuantos datos o información no públicos y especialmente protegidos se conozcan en el ejercicio de la actividad profesional.
– Respetar, en las relaciones con los clientes y con las personas que trabajan en nuestro entorno, a la persona y a su dignidad y para ello se pondrá especial cuidado en no ejercer ningún tipo de discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, discapacidad, edad, opinión, convicción ideológica, política o religiosa, afiliación sindical, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad o condición de salud, estado serológico y/o predisposición genética a sufrir patologías o trastornos, educación, lengua o situación socioeconómica, estado civil o cualquier otra condición o circunstancia social o personal.
– Trabajar en todo momento con la diligencia, honestidad, honorabilidad, prudencia, transparencia y responsabilidad que requiere la profesión, evitando cualquier comportamiento que suponga descrédito de la misma.
Cualquier instrucción y/o comportamientos contrarios a los principios éticos establecidos en este artículo, o de los recogidos en el Código Ético de Reale Group, así como en los procedimientos y normativas internas que se habiliten a estos efectos, podrán ser puestos en conocimiento de la Compañía, por cualquier persona de la plantilla, a efectos de que se valore y analice la adecuación o no de dichas instrucciones a las buenas prácticas que deben regir la profesión. A estos efectos, se dispone del Buzón de Denuncias y Consultas, que debe ser conocido por toda la plantilla.
La empresa y la representación legal de las personas trabajadoras se comprometen a mantener actualizados, como ya vienen haciendo, los protocolos de acoso y ciberacoso moral y de acoso sexual o por razón de sexo, así como a difundirlos y facilitar su acceso a todas las personas empleadas.
1. La organización del trabajo compete a la Dirección de las Empresas, que la ejercerán de acuerdo con lo establecido en las normas legales y lo pactado en el presente convenio.
2. Reale, como se recoge en su código ético, promoverá las actuaciones necesarias para que dentro de su organización, y con carácter permanente, rijan el respeto a los legítimos derechos de todas las personas empleadas y el cumplimiento estricto de las leyes y de las obligaciones que se derivan de ellas. En especial, Reale seguirá fomentando y apoyando la observancia de los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación, formación profesional continua, capacitación directiva, conciliación de la vida laboral, personal y familiar en su condición de empresa familiarmente responsable, y protección de la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo.
1. El sistema de clasificación del personal se estructura en base a grupos profesionales y niveles retributivos, según los principios y aspectos básicos contenidos en los artículos 15, 16 y 17 del Convenio del Sector de Seguros, correspondiendo a la Compañía la clasificación y la asignación de puestos de las personas empleadas.
2. Dentro de cada grupo profesional, la Dirección de la Compañía podrá acordar la movilidad funcional de las personas trabajadoras en las funciones a desarrollar, de acuerdo a lo estipulado en el Estatuto de los Trabajadores.
3. La Dirección informará anualmente a las secciones sindicales acerca de la descripción de los puestos de trabajo de nueva creación, incluyendo el grupo y el nivel en el que estuviesen encuadrados. Asimismo, tal y como se recoge en el IV Plan de Igualdad, la empresa facilitará información sobre la descripción de los puestos de trabajo de los colectivos más representativos.
4. Los criterios de evaluación de los puestos de trabajo siguen siendo los mismos que los recogidos en la Resolución 11 de agosto de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de revisión de clasificación profesional del Convenio colectivo del Grupo Asegurador Reale.
Mediante resolución de 18 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, se registró y publicó el Acuerdo de modificación del Convenio colectivo del Grupo Asegurador Reale. Dicho acuerdo, alcanzado por todas las organizaciones legitimadas en el ámbito, con independencia de que hayan firmado o no el convenio colectivo, establecía añadir la «disposición adicional primera», que contempla la adecuación/actualización del sistema de clasificación profesional vigente en la Empresa.
5. La medición del contenido de un puesto de trabajo se efectúa en un momento determinado y, por tanto, obedeciendo a las funciones de los puestos existentes en ese momento. Se trata por lo tanto de una fotografía estática de la organización, tendente a cambiar con el tiempo, cuando se producen reorganizaciones, cambios estructurales, promociones de ocupantes de determinados puestos o cambios en el mercado en el que opera la Compañía, lo que conlleva que el contenido de los puestos de trabajo pueda cambiar o que se puedan crear nuevos puestos de trabajo. Es precisamente toda esta casuística la que hace necesaria la adecuación/actualización del sistema de clasificación profesional de la Empresa, cuando se den los elementos señalados con anterioridad.
6. Las partes entienden conveniente replicar en el presente convenio colectivo la clasificación profesional debido a que determinadas posiciones del actual sistema vigente deben ser objeto de reclasificación, al objeto de dotar al sistema de una mayor coherencia interna y de una mayor proporcionalidad entre la clasificación asignada a cada puesto versus el impacto que las funciones laborales de cada puesto tienen para la Compañía.
6.1 La citada reclasificación supondría, en 22 casos concretos, una mejora, o ascenso en el sistema de Grupos y Niveles vigente en la empresa, no existiendo ningún tipo de perjuicio al respecto para las personas trabajadoras, sino al contrario, en algunos casos podría suponer una mejora de sus condiciones económicas.
Concretamente las citadas posiciones resultan ser:
En caso de que haya correspondido mejora de las condiciones laborales de las personas trabajadoras que ocupan alguno de estos 22 puestos de trabajo, la mejora de las condiciones económicas en virtud de esta reclasificación tuvo efectos en el momento de su aplicación, y en cualquier caso, a partir del 1 de marzo del 2023.
6.2 Introducción y supresión de puestos en el sistema de clasificación profesional.
La evolución constante experimentada por el sector económico y el mercado en el que opera la Compañía ha hecho necesaria la aparición, en los últimos tres años, de numerosos nuevos puestos de trabajo que antes no existían. Por tanto, las partes entienden que se hace aconsejable tanto la inclusión de dichos puestos de trabajo de nueva creación como la supresión de puestos de trabajo cuyo contenido ha quedado obsoleto en el sistema de clasificación profesional. En este sentido, las partes entienden necesario contemplar la introducción y supresión de puestos en el sistema de clasificación profesional existente en la empresa, así como la adaptación al citado sistema.
a) Listado de puestos de trabajo que se suprimen de la actual clasificación profesional y ya no figurarán en la nueva clasificación:
b) Puestos de trabajo de nueva creación:
6.3 Modificaciones en la denominación de algunos puestos:
6.4 Listado de puestos de trabajo de la actual relación vigente que mantienen la misma denominación y el mismo grupo profesional y nivel retributivo:
1. Con objeto de facilitar la movilidad interna de las personas empleadas, cuando se produzca una vacante o puesto de nueva creación correspondiente a los Grupos II y III que pueda ser cubierto por una persona de la plantilla, se informará del mismo al conjunto de la plantilla, indicando la ubicación, nivel y requerimientos del puesto.
2. Las personas interesadas en ocupar dicho puesto lo manifestarán a través de los mecanismos que se establezcan. La Dirección de Personas estudiará todas las peticiones recibidas, seleccionando aquellas que cumplan los requisitos del puesto, y dando traslado de las mismas a la unidad o área donde se haya producido la vacante o generado el puesto de nueva creación, al objeto de que valoren las candidaturas y seleccionen, en su caso, a quien debe ocupar el puesto.
3. En circunstancias especiales o por razones de urgencia acreditadas, la Empresa podrá designar directamente a la persona empleada que deba ocupar la vacante.
4. La Compañía no está obligada a cumplir lo previsto en este artículo para los puestos que el Convenio del Sector de Seguros contempla como de libre designación.
5. El sistema de ascensos y de promoción profesional, articulado a través del protocolo de cobertura de vacantes, que rige para todas las personas afectadas por el ámbito funcional del presente convenio, tal y como faculta el convenio del sector asegurador, será el ya acordado con la representación legal de las personas empleadas, y que se encuentra publicado internamente en la empresa y a cuyo acceso tienen derecho todas las personas empleadas por la misma.
La persona trabajadora que se proponga cesar voluntariamente en la empresa deberá ponerlo en conocimiento de la Dirección, cumpliendo los siguientes plazos de preaviso en función del Grupo Profesional asignado:
Grupos Profesionales 0, I y II: 1 mes.
Grupos profesionales III y IV: quince días.
No obstante, las personas trabajadoras pertenecientes al Grupo Profesional II podrán acordar con su responsable acortar el plazo de preaviso a quince días.
1. Las partes firmantes reconocen que la formación es tanto un derecho como un deber y se configura como un eje fundamental para afianzar el desarrollo de las cualidades profesionales de las personas empleadas y permitir su promoción personal y profesional. Es, asimismo, un factor decisivo para aumentar la competitividad de la empresa, contribuyendo a la adaptación de las nuevas formas de organización del trabajo y los cambios tecnológicos y al desarrollo e innovación en la actividad aseguradora y, en definitiva, a posibilitar la consecución de los objetivos de la estrategia de la empresa.
2. La formación habrá de fundarse en los principios de universalidad, igualdad, continuidad, calidad, innovación y consideración en los sistemas de evaluación.
3. A tal efecto, la política formativa de la empresa contemplará los siguientes criterios:
a) Los establecidos con carácter general en el convenio del sector de seguros.
b) Se procurará que las acciones formativas, ya sean de carácter presencial o en modalidad e-learning, se realicen siempre que sea posible en horario laboral y lugar de residencia de las personas trabajadoras. No obstante, dichas acciones de formación podrán ser realizadas tanto dentro como fuera del horario laboral y en la localidad donde radique el centro de trabajo o fuera de ella. El tiempo de duración de las acciones formativas se considerará tiempo efectivo de trabajo.
c) El personal que disfrute de excedencias conforme al artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores, tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación profesional.
d) Universalidad. Se establecerán los canales de difusión y acceso a las acciones formativas al conjunto de la plantilla en base al derecho de formación establecido en el artículo 23 del Estatuto de los trabajadores.
Esta Comisión será paritaria, manteniendo el mismo número de representantes por la parte empresarial que por la parte sindical. Formarán parte de esta comisión aquellas organizaciones sindicales con representación en la empresa manteniendo el voto ponderado correspondiente a su representatividad ostentada en el momento de la constitución de la Mesa Negociadora del Convenio.
Sin perjuicio de las obligaciones de información y consulta previstos en las disposiciones legales, normativas y convencionales para con la Representación Legal de las Personas Trabajadoras, las competencias de la Comisión de Formación y Desarrollo Profesional serán las siguientes:
1. Conocimiento del Plan Anual de Formación, en el que se especificarán: objetivos, contenidos, descripción de cada acción formativa que se llevará a cabo durante el año en curso, así como los colectivos destinatarios y número de participantes, criterios de selección, medios pedagógicos y lugar previsto de impartición. En relación con el balance de las acciones formativas realizadas durante el año inmediato anterior, se incluirá la identificación de las personas trabajadoras, edad, sexo, centro de trabajo, horas de formación por persona trabajadora, número de personas por centro, acciones formativas efectuadas y no efectuadas, así como el coste de las acciones efectuadas.
2. Seguimiento del desarrollo del Plan Anual de Formación.
3. Propuesta de aquellas mejoras que estime convenientes para el correcto funcionamiento del Plan de Formación y que permitan un mayor aprovechamiento.
4. Atender en términos de consulta, de forma previa y obligatoria a la vía jurisdiccional, a las reclamaciones de categoría o grupo profesional que surjan en la empresa.
Será requisito previo y obligatorio a la interposición de la demanda sobre reclamación de categoría o grupo profesional, la remisión por parte de la persona empleada a la Comisión de Formación y Desarrollo Profesional de la enumeración, clara y concreta, de los hechos sobre los que verse su reclamación de categoría o grupo profesional. Transcurridos tres meses, desde la remisión de la consulta, y sin que se haya pronunciado la Comisión de Formación y Desarrollo, la persona empleada podrá tener por cumplido el trámite previo y obligatorio de consulta.
En cualquier caso, y con la finalidad de evitar la judicialización en esta materia, en cada reunión de la comisión, la empresa informará de aquellas solicitudes recibidas de forma que puedan ser analizadas por las partes.
La comisión de formación y desarrollo profesional realizará reuniones semestrales con carácter general, pudiendo convocar reuniones extraordinarias previa petición justificada por alguna de las partes. Las horas dedicadas a estas reuniones no computarán como crédito sindical y será entendido como tiempo efectivo de trabajo.
1. Las condiciones de jornada serán las que se indican a continuación:
a) Con carácter general, el número de horas efectivas de trabajo anual será de 1.680 horas, conforme al siguiente cómputo:
Un cómputo semanal de horas efectivas de trabajo, distribuidas de la siguiente manera:
– Horario de invierno: treinta y nueve horas semanales (1 de octubre a 31 de mayo).
Con carácter general, de 8:00 a 17:00 horas, y el viernes de 8:00 a 15:00 horas.
Flexibilidad horaria: (i) hora de entrada de 7:30 a 9:30 horas, (ii) y hora de salida de 16:30 a 18:30 horas.
El horario de salida de los viernes podrá ser a partir de las 14:00 horas.
El tiempo de comida será como mínimo de una hora, con media hora de flexibilidad. No obstante, cuando las necesidades organizativas y del servicio así lo permitan, y siempre de forma consensuada con la persona responsable, el tiempo de comida podrá reducirse a treinta minutos. A este respecto, la persona responsable del centro de trabajo, del departamento, área o equipo correspondiente podrá establecer los turnos necesarios para hacer compatible la duración del tiempo de comida con las necesidades organizativas y de servicio.
–1 Horario de verano: treinta y cinco horas semanales (1 de junio a 30 de septiembre).
Con carácter general de 8:00 a 15:00 horas.
Flexibilidad horaria: (i) entrada de 7:30 a 9:30 horas y (ii) salida de 14:30 a 16:30 horas.
El horario de salida de los viernes podrá ser a partir de las 14:00 horas
b) La recuperación, en su caso, de la jornada irregular y de los permisos recuperables se podrá realizar a lo largo de todo el año natural en curso, y excepcionalmente hasta el 31 de marzo del año siguiente, dado que la jornada establecida en este convenio es de carácter anual.
2. Las interrupciones que puedan tener lugar durante la jornada diaria con ocasión del denominado periodo de descanso o pausa de desayuno serán como máximo de veinte minutos y no computará como tiempo efectivo de trabajo.
3. No obstante la flexibilidad horaria de entrada y de salida anterior, hay que garantizar en cada centro y área un horario presencial de (i) 9:00 a 17:00 horas en horario de invierno, excepto los viernes de 9:00 a 15:00 horas, y (ii) 9:00 a 15:00 horas en horario de verano.
4. En la celebración de la fiesta local principal de cada centro de trabajo, el horario de salida en la oficina correspondiente podrá ser a partir de las 15:00 horas, durante tres días máximo, pudiendo recuperarse las horas a lo largo de todo el año natural en curso, y excepcionalmente hasta el 31 de marzo del año siguiente. Para ello, deberá asegurarse el servicio en todas las áreas y departamentos, pudiendo establecerse un régimen de turnos si fuera necesario.
5. El horario de salida del día de prestación de servicios inmediatamente anterior a la celebración de festivo nacional, siempre y cuando aquel coincida con día laborable y las necesidades del departamento o área lo permitan, podrá ser a partir de las 15:00 horas, pudiendo recuperarse las horas a lo largo de todo el año natural en curso, y excepcionalmente hasta el 31 de marzo del año siguiente.
6. El horario de salida en el día de cumpleaños de la persona trabajadora podrá ser a partir de las 15:00 horas, supeditado a las necesidades organizativas y de servicio y previo consenso con la persona responsable, pudiendo recuperarse las horas a lo largo de todo el año natural en curso, y excepcionalmente hasta el 31 de marzo del año siguiente.
7. Colectivos especiales. Centro de Atención Telefónica (Contact Center). Con carácter general se establece el siguiente horario:
– De lunes a viernes, de 8 a 21 horas y los sábados de 9 a 14 horas.
– Para llevar a cabo la prestación de los servicios durante los períodos señalados, se efectuarán los correspondientes turnos alternativos.
Las interrupciones que puedan tener lugar durante la jornada diaria con ocasión del denominado periodo de descanso o pausa de desayuno serán, para el personal del Contact Center y atendiendo a las especiales características del puesto, como máximo de treinta y cinco minutos y se considerará tiempo efectivo de trabajo, disfrutándose en función de las necesidades del servicio.
1. Las personas empleadas, por cuidado de un hijo o hija menor de cinco años, podrán realizar una jornada laboral de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, ambos inclusive, durante el citado período, sin reducción de salario, siempre que no existan causas organizativas que impidan poder disfrutar de tal jornada.
A estas personas se les aplicará el siguiente régimen de flexibilidad:
(i) horario de invierno: hora de entrada de 7:30 a 9:30 horas y salida de 14:30 a 16:30 horas; y
(ii) horario de verano: hora de entrada de 7:30 a 9:30 horas y salida 14:30 a 16:30 horas.
El horario de salida de los viernes podrá ser a partir de las 14:00 horas.
2. Las empleadas, a partir de la semana 28 de gestación podrán disfrutar de una reducción de jornada del 25 %, sin reducción del salario, hasta la fecha estimada de parto.
3. Durante el permiso de lactancia, las personas empleadas, podrán optar por reducir en una hora el horario de salida o de entrada.
4. El personal, una vez finalizado/s el/los permiso/s del artículo 21, apartado/s d), e) y f) de este convenio, en relación con su cónyuge, pareja de hecho o familiar hasta el primer grado de consanguinidad y afinidad, y siempre que acredite el mantenimiento de la necesidad de atención a dicho familiar, podrán disfrutar de una reducción de jornada sin reducción de salario de un máximo de treinta días naturales, en los mismos términos del apartado 1 del presente artículo, siempre que las necesidades organizativas así lo permitan.
5. Las personas empleadas que se encuentren en tratamiento oncológico (tumores malignos, melanomas y carcinomas), podrán solicitar, mientras dure el tratamiento, una reducción del 25 % de su jornada de trabajo, sin reducción de salario.
6. Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo a su cónyuge, pareja de hecho o familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, podrá reducir diariamente su jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario, entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquella, pudiendo realizar dicha jornada de manera continuada, siempre que las necesidades organizativas así lo permitan.
Sin perjuicio de lo anterior, será de aplicación, en todo caso y como mínimo indisponible, lo dispuesto en el artículo 37.6 y 37.7 del Estatuto de los Trabajadores.
7. Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo alguna persona menor de doce años, o a una persona con discapacidad que no desempeñe otra actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo diaria, con la disminución proporcional del salario, entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquella.
8. El progenitor/a, adoptante o acogedor/a de carácter preadoptivo o permanente, podrá solicitar una reducción de la jornada de trabajo de al menos un 50 % de la misma con la disminución proporcional del salario, para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado del/la hijo/a o persona que hubiere sido objeto de acogimiento permanente o de guarda con fines de adopción a su cargo afectado/a por cáncer (tumores malignos, melanomas y carcinomas) o por cualquier otra enfermedad grave, que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente, acreditado por el informe del Servicio Público de Salud u órgano administrativo sanitario de la Comunidad Autónoma correspondiente, y como máximo hasta que el/la hijo/a o persona que hubiere sido objeto de acogimiento permanente o de guarda con fines de adopción cumpla la edad de veintirés años. Esta reducción de la jornada de trabajo podrá acumularse en jornadas completas de acuerdo con las necesidades organizativas del departamento.
9. Familias monoparentales; una familia monoparental es la formada por una única persona progenitora y los hijos o hijas a su cargo, siempre que sea la única sustentadora de la familia y no conviva con su cónyuge, ni con otra persona con la que mantenga una relación análoga a la conyugal.
Las medidas establecidas en este apartado 9 se aplicarán a las siguientes situaciones familiares:
a) Familia formada por una sola persona progenitora y uno o más descendientes menores de edad sobre los que tenga la guarda y custodia.
b) Familia formada por una sola persona que ostente la tutela exclusiva de uno o más menores de edad o que conviva con una o más personas menores de edad en régimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopción.
c) Familia formada por una sola persona con uno o más descendientes mayores de edad sobre los que tenga curatela representativa o medidas de apoyo para el ejercicio de la capacidad análogas.
Asimismo, se aplicarán a aquellas unidades familiares en las que, aunque haya dos personas progenitoras, se produzca alguna de las siguientes situaciones:
a) Cuando la guarda y custodia sea exclusiva de una persona progenitora y sin derecho a percibir anualidades por alimentos.
b) Cuando la progenitora haya sido víctima de violencia de género por parte del otro progenitor, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, y ejerza la patria potestad y la guarda y custodia, tutela o curatela representativa o medidas de apoyo similares sobre sus hijas o hijos.
c) En caso de ausencia temporal forzada de una de las dos personas progenitoras que le impida ejercer las responsabilidades parentales (ingreso en prisión, ingreso en centros sanitarios u otras razones análogas) por un periodo de tiempo previsible igual o superior a un año, en cuyo caso formarán la unidad familiar la otra persona progenitora junto con las hijas e hijos que dependan de ella.
A estos efectos, se considera persona progenitora a la madre o al padre.
Para estos casos, se contempla, hasta los doce años del hijo/a, una flexibilidad horaria adicional, siempre que las necesidades organizativas y de servicio lo permitan, que consiste en:
– Horario de invierno: hora de entrada de 7:00 a 10:00 horas y hora de salida de 16:00 a 19:00 horas.
– Horario de verano: hora de entrada de 7:00 a 10:00 horas y hora de salida de 14:00 a 17:00 horas.
1. Contexto:
El compromiso de la compañía con una cultura de cuidado de las personas, especialmente focalizada en la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, se ha traducido en una serie de hitos relacionados con el trabajo en remoto, desarrollado desde 2020.
La prestación de servicios en remoto durante la pandemia provocada por el virus SARS Cov-2 (Covid19) ha acelerado el uso de herramientas tecnológicas hasta hora menos habituales y ha evidenciado la posibilidad de realizar muchas de nuestras tareas con eficiencia.
La implantación de un programa de trabajo en remoto está alineada con la naturaleza de empresa socialmente responsable y comprometida con la comunidad, puesto que contribuye a la mejora de la movilidad en las ciudades y a la reducción de la huella de carbono.
Lo anteriormente expuesto, generó la creación de una mesa de diálogo en el año 2020 entre la Compañía y las secciones sindicales con representación en la empresa, con el objetivo de abordar una regulación en esta materia, que contribuya a que Reale continúe siendo una empresa referente en la organización del trabajo y en la conciliación de la vida laboral, personal y familiar.
Así, y mediante acuerdo colectivo de 25 de noviembre de 2020, las partes definieron las bases de la prestación de servicios mediante el trabajo a distancia, acordando el programa de teletrabajo denominado«Smartflex», de conformidad con la legislación aplicable.
Lo contemplado en el presente convenio relativo al teletrabajo sustituye a los acuerdos formalizados hasta ahora en la empresa en esta materia, a excepción de la plantilla de Reale ITES Esp. SL, la cual se regirá por el acuerdo de «Smart Working» que actualmente le resulta de aplicación, por lo que se regirá por una regulación distinta exclusivamente en cuanto al alcance, la localización de la prestación del servicio y la organización del trabajo en esta modalidad.
2. Descripción.
Se entiende por prestación de Trabajo a Distancia a los efectos del presente acuerdo, la ejecución de la actividad laboral dentro del respeto de la duración máxima de la jornada de trabajo, fuera del centro de trabajo habitual en el domicilio de la persona trabajadora, durante al menos el 30 % de la jornada de trabajo habitual en un periodo de referencia de tres meses.
La prestación de Trabajo a Distancia no supone variación alguna respecto de la localización del centro de trabajo al que pertenece la persona trabajadora, estando igualmente sometida al poder de organización y dirección de la empresa.
3. Voluntariedad y reversibilidad.
Esta modalidad de trabajo tiene carácter voluntario, tanto para la persona empleada su aceptación, como para la empresa en su ofrecimiento, e igualmente es reversible para ambas partes mediando un preaviso de treinta días, excepto cuando se trate de una empleada víctima de violencia de género, en cuyo caso el plazo se adaptará a las necesidades de la empleada derivadas de dicha circunstancia.
El ejercicio del derecho de reversión podrá ser efectuado por cualquiera de las partes, y una vez transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, pasará a prestar servicios de manera presencial, en su mismo puesto de trabajo, tal y como venía haciendo con carácter previo a la suscripción del Acuerdo Individual de Prestación de Servicios a Distancia.
Todos los puestos de trabajo se consideran «teletrabajables», a excepción de:
– Aquellos cuyas funciones contengan labores de mantenimiento, valija o recepción.
– ACR’s, en aquellas oficinas donde preste servicios una única persona ACR.
– Cualquier otro puesto de trabajo que, por la naturaleza de su contenido o por motivos organizativos, no pudiese prestar servicios a distancia.
Existe un colectivo, cuya actividad principal se concentra fuera del centro de trabajo, al cual le aplicará el presente acuerdo, excepto en aquellos aspectos relacionados con la organización del trabajo, exigiéndosele el paso por la oficina al menos dos días a la semana.
El mencionado colectivo lo constituyen las personas ocupantes de los siguientes puestos de trabajo:
– Gerentes de Red.
– Dirección de sucursal.
– Asesor o asesora pericial.
– Gestor o gestora de proveedores.
– Responsable territorial de seguros personales.
– Personal Técnico Comercial de empresa.
– Otros puestos a los que sea de aplicación el «Plus de Inspección» del convenio colectivo sectorial o presten sus servicios con carácter general fuera del centro de trabajo.
Para poder acceder a esta modalidad de trabajo a distancia deben cumplirse una serie de requisitos de acceso con carácter previo a su desarrollo por parte de la persona trabajadora. A este respecto, se consideran necesarios los siguientes requisitos:
– No podrán participar en el programa aquellas personas empleadas identificadas con un desempeño bajo por motivos de actitud, operando esta limitación mientras dicha calificación se mantenga.
– Adicionalmente, aquellas personas trabajadoras cuyo plan de mejora individual del desempeño requiera acciones de formación o desarrollo presenciales, tendrán suspendido el acceso al programa de teletrabajo durante el tiempo necesario para finalizar satisfactoriamente su plan de acción.
– Asimismo, las partes concretan los motivos de revocación por los que la empresa podrá unilateralmente, y con un preaviso de cinco días, dejar sin efecto el acuerdo individual de prestación de servicios a distancia, en base a los siguientes motivos:
• Aplicación de política disciplinaria.
• Cambio de puesto que recomiende la presencia en el centro de trabajo durante el periodo que se considere necesario.
• Inclusión en un plan de mejora de desempeño individual, quedando suspendido hasta la superación del mencionado plan.
4. Organización del trabajo.
Al objeto de minimizar las barreras potenciales y puntos críticos del trabajo a distancia, como la potencial pérdida de la cercanía de las relaciones, característica de la empresa, así como una eventual merma de la cultura corporativa, etc., se establecen unas garantías organizativas que deberán ser respetadas durante la vigencia del presente programa, y que se concretan en:
– Certificar la presencia física diaria en la oficina de al menos un 50 % del equipo efectivamente disponible del departamento que se trate, en Territorio, siendo que para los equipos de Central, así como para los puestos que pertenezcan o reporten a Central ubicados en territorio (Equipo CICOS, Recobros, Extranjeros, y personas que trabajan en territorio y que ocupan puestos de Servicios Centrales), no se requerirá esa presencia mínima del 50 %, siempre que las necesidades del departamento estén debidamente cubiertas.
– Coincidencia presencial de la totalidad del equipo, tanto en Central como en Territorio, de al menos un día a la semana, concretamente el miércoles. En el caso de coincidencia del miércoles con un festivo, el día de presencia de la totalidad del equipo no se desplazará a otro día de la semana.
Ante motivos de fuerza mayor, se podrá requerir a la persona trabajadora que preste servicios en su centro de trabajo a la mayor brevedad posible, debiendo personarse en el centro de trabajo en un periodo de tiempo máximo de 24 horas.
Asimismo, la Compañía se reserva la posibilidad de suspender con carácter general el teletrabajo en días puntuales, preavisando con la mayor anticipación posible a la representación legal de las personas trabajadoras.
Al objeto de lograr las referidas garantías, se deja libertad organizativa a cada responsable para coordinar a su equipo, recomendándose inicialmente los siguientes plazos:
– Solicitud por la persona empleada: al menos con cinco días hábiles de antelación.
– Aprobación o denegación por la persona responsable: al menos con 48 horas de antelación.
Por causas organizativas, la persona responsable del equipo podrá denegar dichas solicitudes de días de teletrabajo en un plazo de tiempo inferior.
5. Alcance, horario de trabajo, distribución y control de la jornada laboral.
La persona empleada que se acoja a esta modalidad de prestación de servicios deberá poder prestar servicios a distancia conforme a un sistema de rotaciones o turnos que deberán diseñar las personas responsables de los equipos, atendiendo en todo caso a los siguientes criterios:
– La persona empleada podrá trabajar a distancia un máximo de dos días semanales. Los mismos podrán ser disfrutados durante la totalidad de la jornada o parcialmente, si bien en todo caso, indistintamente computará como un día completo a efectos del cómputo semanal.
– Para Territorio, el % mínimo de presencia diaria en el centro de trabajo será del 50 % para cada Departamento, contando con el o la responsable / o la persona directiva del mismo. Este límite no será aplicable para los equipos de Central, así como para los puestos que pertenezcan o reporten a Central ubicados en territorio.
En el caso de equipos impares a los que se les aplique el mínimo de presencialidad diaria del 50 % en Territorio, el redondeo para el cálculo del número de personas que deben estar presentes en el centro de trabajo cada día se hará a la baja.
– El día de presencia obligatoria en todos los centros de trabajo será, para toda la empresa, el miércoles.
– Para el personal que preste servicios en el Contact Center, se establecen los siguientes días adicionales de teletrabajo a los dos días por semana establecidos:
• Teletrabajo adicional los viernes, para aquellas personas que desempeñen sus funciones con turnos hasta las 17, 18 y 19 horas.
• Teletrabajo adicional los previos a festivos, nacionales y locales, para aquellas personas que desempeñen sus funciones con turnos hasta las 18 y las 19 horas.
• Teletrabajo adicional para las personas empleadas cuando presten servicios en días festivos, con independencia del turno realizado ese día.
La persona trabajadora que preste servicios a distancia no verá modificada su distribución de jornada, respetando en todo momento los límites horarios previstos en el convenio colectivo y en los acuerdos individuales o colectivos que le sean de aplicación.
El control del tiempo de trabajo es responsabilidad de la Empresa. La persona trabajadora que preste servicios a distancia deberá igualmente registrar su jornada laboral del mismo modo que cuando presta servicios en el centro de trabajo de forma presencial, así como informar puntualmente de los permisos a los que tenga derecho, sean retribuidos o no.
6. Localización y disponibilidad.
Se circunscribe el lugar de prestación de servicios a distancia, al domicilio de la persona empleada.
Asimismo es posible prestar los servicios en remoto desde cualquier lugar. Para ello, se deberán tener en cuenta dos aspectos fundamentales:
– Garantizar que la localización cuenta con las condiciones necesarias para la correcta realización de nuestro trabajo, desde el punto de vista tecnológico, asegurando la correcta conectividad, seguridad informática y de la información, y de seguridad y salud de la persona trabajadora.
– Garantizar la disponibilidad para acudir al centro de trabajo de forma presencial en un plazo máximo de 24 horas, si organizativamente fuese necesario (2 horas en el caso de personal de Contact Center).
La persona trabajadora, en caso de variación de su domicilio, deberá comunicar el nuevo domicilio a la Dirección de la Compañía, procediendo nuevamente el correspondiente proceso de evaluación de riesgos en los mismos términos previstos en el presente documento.
La persona trabajadora se compromete a garantizar su correcta localización y disponibilidad con su responsable jerárquico inmediato, para cualquier tipo de comunicación y contacto con la empresa, dentro de su horario de referenc | Normativas |
BOE-A-2023-25596 | De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, el Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre (BOE del 8 de octubre), por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios y a tenor de lo establecido en el Estatuto de la Universidad de León, aprobado por Acuerdo 243/2003, de 23 de octubre, de la Junta de Castilla y León (BOCyL de 29 de octubre), este Rectorado, en ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 50 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario y 80 del Estatuto de la Universidad de León, en ejecución de la Oferta de Empleo Público de Personal Docente e Investigador para el año 2023, publicada mediante Resolución de 12 de junio de 2023 (BOCyL de 19 de junio de 2023), obtenida la correspondiente autorización de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, con fecha 9 de junio de 2023, ha resuelto convocar el correspondiente concurso de acceso, a las plazas vacantes de cuerpos de funcionarios docentes universitarios que se detallan en el anexo I de la presente resolución, dotadas en el estado de gastos del presupuesto de la Universidad de León, incluidas en su vigente relación de puestos de trabajo, con sujeción a las siguientes
1.1 Al presente concurso le será aplicable la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, en adelante LOSU; el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (BOE del 31 de octubre), en adelante TRLEBEP; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE del 2 de octubre) en adelante LPACAP; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE del 2 de octubre), en adelante LRJSP; el Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre (BOE del 8 de octubre), por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios; el Estatuto de la Universidad de León, aprobado por Acuerdo 243/2003, de 23 de octubre, de la Junta de Castilla y León (BOCyL del 29 de octubre); el Reglamento por el que se regulan los concursos de acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios de la Universidad de León, aprobado por el Consejo de Gobierno de 2 de abril de 2009 (BOCyL de 11 de mayo), actualizado por Consejo de Gobierno de 20 de febrero de 2020 (en adelante RACDU); las presentes bases de convocatoria; y, con carácter supletorio, por lo previsto en la legislación general de funcionarios civiles del Estado.
1.2 Asimismo, resultarán de aplicación supletoria a este procedimiento selectivo las disposiciones vigentes que regulan el régimen general de ingreso del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
2.1 Para ser admitidos a las presentes pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos generales:
a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o nacional de aquellos Estados, a los que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos establecidos en el apartado 1 del artículo 57 de la TRLEBEP. También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de ciudadano español y o el de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho, y sus descendientes y los de su cónyuge siempre que no estén separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes.
b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no exceder, en su caso, la edad máxima de jubilación forzosa.
c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas correspondientes a Profesor de Universidad.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los Órganos Constitucionales o Estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al Cuerpo o Escala de funcionarios, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
e) Estar en posesión del título de Doctor.
2.2 Requisitos específicos:
a) Estar acreditado o acreditada al cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, modificado por el Real Decreto 415/2015, de 29 de mayo, por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los Cuerpos Docentes Universitarios.
b) Asimismo, podrán presentarse a los concursos de acceso quienes resultarán habilitados o habilitadas conforme a lo establecido en el Real Decreto 774/2002, de 26 de julio (BOE del 7 de agosto), por el que se regula el sistema de habilitación nacional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios y el régimen de los concursos de acceso respectivos. A su vez se entenderá que los habilitados y habilitadas para Catedrático o Catedrática de Escuela Universitaria lo están para Profesor o Profesora Titular de Universidad.
c) También podrán concurrir quienes sean funcionarios del cuerpo correspondiente o de un cuerpo docente universitario de superior categoría. En este supuesto, es necesario que hayan transcurrido como mínimo dos años desde que haya obtenido una plaza mediante concurso en otra universidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9.4 del Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre (BOE del 8 de octubre).
d) El profesorado de las Universidades de los Estados miembros de la Unión Europea que haya alcanzado en aquéllas una posición equivalente a las de Catedrático de Universidad o Profesor Titular de Universidad o de Catedrático de Escuela Universitaria o Profesor Titular de Escuela Universitaria, será considerado acreditado a los efectos previstos en esta normativa, siempre y cuando estén en posesión de la certificación de la Agencia Nacional de la Calidad y Acreditación a que hace referencia la disposición adicional cuarta del Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre (BOE del 6 de octubre), modificado por el Real Decreto 415/2015, de 29 de mayo.
2.3 En el caso de los nacionales de otros Estados, para todas las plazas, será requisito tener un conocimiento suficiente, oral y escrito, del idioma castellano. Si en el proceso selectivo no resultara acreditado el conocimiento del castellano, deberán justificar el conocimiento del mismo mediante la realización de una prueba en la que se comprobará que poseen un nivel adecuado de comprensión y expresión oral y escrita en esta lengua. Quedan eximidos de realizar la prueba quienes estén en posesión del diploma de español como lengua extranjera (nivel superior) regulado por el Real Decreto 1137/2002, de 31 de octubre, por el que se regulan los «diplomas de español como lengua extranjera (DELE)» (BOE del 8 noviembre), o del certificado de aptitud en español para extranjeros expedidos por las Escuelas Oficiales de Idiomas. A tal efecto deberán aportar junto a la solicitud fotocopia compulsada de dicho diploma o del mencionado certificado de aptitud.
2.4 Los requisitos establecidos en la presente base deberán cumplirse en el momento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión.
3.1 Quienes estén interesados en tomar parte en el concurso, formalizarán su solicitud en el modelo normalizado de instancia que se adjunta como anexo II, que será facilitado en la Unidad de Información y Registro de la Universidad de León o que podrán obtener en la página Web de la Universidad de León, http://unileon.es. Personal PDI. Convocatorias personal docente e investigador.
3.2 Las solicitudes se dirigirán al Sr. Rector Magnífico de la Universidad de León en el plazo de quince días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», excluyendo el mes de agosto y deberán ser presentadas en el Registro General Central de la Universidad de León (avenida de la Facultad núm. 25, 24004-León), en el Registro Desconcentrado del Registro General o en la Unidad de Registro ubicada en el Campus de Ponferrada. En todo caso, las solicitudes de participación podrán presentarse en la forma establecida en el artículo 16.4 de la LPACAP. Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto para que el empleado de Correos pueda estampar en ellas el sello de fecha antes de su certificación. Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse a través de las representaciones diplomáticas o consulares españolas correspondientes, quienes las remitirán seguidamente al Registro General de la Universidad de León.
3.3 Derechos de examen:
Profesor Titular de Universidad: 42,00 euros.
Esta cantidad se ingresará en la cuenta de ingresos de derechos de examen de la Universidad de León, número ES02 2103 4200 3000 3200 1227, de Unicaja Banco.
En la solicitud de participación deberá constar la acreditación del ingreso de los derechos de examen en la entidad bancaria correspondiente, incluyendo el sello de la misma. En otro caso, deberá adjuntarse a la solicitud el comprobante bancario de haberlos satisfecho.
En ningún caso, la presentación y pago de los derechos de examen en Unicaja Banco, o en otra entidad, supondrá sustitución del trámite de presentación de la solicitud, en tiempo y forma, ante el órgano expresado en la base 3.2.
Estarán exentas del pago de esta tasa:
a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100, debiendo acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición, expedido por los órganos competentes en materia de servicios sociales.
b) Las personas que sean miembros de familias numerosas que tengan reconocida tal condición, conforme a la normativa de aplicación vigente, los cuales deberán acompañar a la solicitud fotocopia del título de familia numerosa.
c) Las personas que figuren como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha de convocatoria. Serán requisitos para el disfrute de la exención que, en el plazo de que se trate, no hubieran rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales y que, asimismo, carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, al Salario Mínimo Interprofesional.
La certificación relativa a la condición de demandante de empleo, con los requisitos señalados, se solicitará en la oficina de los servicios públicos de empleo. En cuanto a la acreditación de las rentas se realizará mediante una declaración jurada o promesa escrita del solicitante. Ambos documentos deberán acompañarse a la solicitud.
La falta de justificación de encontrarse exento de los derechos de examen determinará la exclusión del aspirante.
3.4 Documentación:
Los aspirantes acompañarán a sus solicitudes la documentación acreditativa, debidamente compulsada, de los requisitos de participación incluidos en la convocatoria. Su no aportación en el plazo de presentación de instancias, o en el de subsanación, concedido al efecto, determinará la exclusión del aspirante. Las solicitudes se revisarán y custodiarán en la Sección de Personal Docente e Investigador, que será la encargada de la gestión de los concursos.
La documentación que deben presentar es la siguiente:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, para los aspirantes que posean nacionalidad española.
Los aspirantes que no posean la nacionalidad española y tengan derecho a participar, deberán presentar fotocopia del documento que acredite su nacionalidad y, en su caso, los documentos que acrediten el vínculo de parentesco y el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del nacional de otro Estado con el que tengan dicho vínculo cuando esta circunstancia proceda.
Asimismo, en el supuesto de aquellos aspirantes que participen en las presentes pruebas selectivas por su condición de cónyuges [base 2.1.a)], deberán presentar, además de los documentos señalados, declaración jurada o promesa de no hallarse separados de derecho de su respectivo cónyuge. Los documentos que así lo precisen deberán presentarse traducidos al español.
b) Fotocopia compulsada de los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos académicos específicos que señalan los apartados a), b), c) o d) de la base 2.2.
c) Documento de ingreso («talón de cargo»), debidamente diligenciado por la Entidad Bancaria, como justificante del abono de los derechos de examen. Aquellos aspirantes que hubieran realizado el abono de estos derechos mediante transferencia adjuntarán, inexcusablemente, el resguardo acreditativo de haber realizado dicha transferencia.
3.5 Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a solicitud de los interesados.
3.6 Las notificaciones se practicarán en el lugar señalado por los aspirantes en sus solicitudes de participación, siendo responsabilidad exclusiva del concursante tanto los errores en la consignación del mismo como la comunicación a la Administración de cualquier cambio de dicho lugar a efectos de notificación.
4.1 Finalizado el plazo de presentación de instancias, en el plazo máximo de un mes, la Universidad de León hará pública en el «Boletín Oficial de Castilla y León», tablón de anuncios del Rectorado y en la página Web de la Universidad de León la resolución por la que se aprueban las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos a las plazas convocadas.
4.2 Esta resolución, que será adoptada por el Vicerrector competente en materia de Profesorado, por delegación del Sr. Rector Magnífico, contendrá los apellidos, nombre y DNI de todos los aspirantes, así como la causa o causas que hayan motivado la exclusión, en su caso, concediendo un plazo improrrogable de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León», para su subsanación. Los aspirantes que, dentro del señalado plazo, no subsanen las causas de exclusión o no realicen alegación frente a la omisión producida, justificando su derecho a ser incluidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo.
4.3 Transcurrido el plazo de subsanación, se publicará en los mismos lugares indicados en el punto 4.1 la resolución que apruebe la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.
4.4 La resolución que eleve a definitiva la lista de aspirantes admitidos y excluidos pondrá fin a la vía administrativa y, contra ella, los aspirantes podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante el órgano judicial competente. Potestativamente, podrán interponer recurso de reposición ante el Sr. Rector Magnífico de la Universidad de León en el plazo de un mes desde el día siguiente a su publicación. En este caso, no podrán interponer el recurso contencioso-administrativo antes mencionado hasta la resolución expresa o desestimación presunta del recurso de reposición.
4.5 No procederá la devolución de los derechos de examen en los supuestos de exclusión por causa imputable al interesado.
5.1 La Comisión de Acceso está formada por los miembros que figuran en el anexo III de la presente resolución, nombrados por este Rectorado, conforme al procedimiento y con los requisitos establecidos en los artículos 10 y 11 del RACDU.
Los currículos de los miembros de las Comisiones de Acceso, respecto de los datos recogidos en el anexo del Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre (BOE del 6 de octubre), se harán públicos tras su nombramiento.
5.2 El nombramiento como miembro de una Comisión de Acceso es irrenunciable (una vez aceptada la propuesta para los profesores ajenos a la Universidad de León), salvo cuando exista causa justificada que impida su actuación como miembro de la misma. En este supuesto, la apreciación de la causa alegada corresponderá al Sr. Rector Magnífico que podrá delegar en el Vicerrector competente en materia de Profesorado.
5.3 Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros de la Comisión, o éstos abstenerse, cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23.2 de la LRJSP. El escrito de abstención o recusación se dirigirá al Rector de la Universidad quien, a la vista de las manifestaciones efectuadas por el miembro de la Comisión, resolverá en el plazo de tres días hábiles, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos.
5.4 Una vez resueltos los escritos de renuncia, abstención o recusación que pudieran haberse presentado, los miembros afectos serán sustituidos por sus respectivos suplentes. En el supuesto excepcional de que también en el miembro suplente de que se trate concurriese alguna de las circunstancias de impedimento citadas anteriormente, su sustitución se hará por orden correlativo de nombramiento entre los miembros suplentes que pertenezcan al mismo cuerpo docente. Si tampoco fuera posible esta sustitución, el Rectorado de la Universidad de León procederá al nombramiento de nuevo titular y suplente conforme al procedimiento establecido en el Estatuto al objeto de cubrir la vacante producida.
5.5 Los miembros de la Comisión de Acceso tendrán derecho al percibo de asistencias, gastos de viaje y dietas de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo (BOE del 30 de mayo), sobre indemnizaciones por razón del servicio. A estos efectos, la Comisión de Acceso tendrá la categoría primera de las señaladas en el artículo 30 del citado real decreto.
6.1 La Comisión de Acceso se constituirá válidamente cuando estén presentes todos sus miembros. La ausencia de un miembro titular por enfermedad, por incurrir en supuestos de abstención o recusación, o por otra causa justificada, comportará la pérdida de su condición, siendo sustituido conforme a lo previsto en el apartado 5.4 de esta base.
6.2 Para que la Comisión de Acceso, a partir de su constitución, pueda actuar válidamente es necesaria la participación de, al menos, tres de sus miembros. Si la Comisión de Acceso queda con menos de tres miembros, se anularán sus actuaciones y se nombrará una nueva Comisión de Acceso por el procedimiento establecido en el RACDU.
6.3 Una vez constituida la Comisión de Acceso, en el caso de ausencia del Presidente se sustituirá por el miembro de la misma más antiguo del Cuerpo de Catedráticos de Universidad, o en su defecto, del Cuerpo de Titulares de Universidad.
7.1 La Comisión de Acceso se constituirá en el plazo máximo de dos meses desde la fecha de publicación de la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos. Transcurrido el plazo de constitución sin que ésta hubiese tenido lugar, el Sr. Rector Magnífico procederá de oficio a la sustitución del Presidente de la Comisión.
El nuevo Presidente deberá convocar la constitución de la nueva Comisión en un plazo de treinta días hábiles desde la publicación de su composición, al objeto de iniciar sus actuaciones, para lo que, con carácter previo a su constitución, la Sección de Personal Docente e Investigador facilitará al Secretario de cada Comisión de Acceso las solicitudes y la documentación de obligado cumplimiento presentada por los aspirantes admitidos para la tramitación del concurso.
7.2 Dentro del plazo establecido en el artículo anterior, el Presidente de la Comisión de Acceso, previa consulta a los restantes miembros de la misma, dictará una resolución convocando a:
a) Todos los miembros titulares de la comisión y, en su caso, a los suplentes necesarios, para efectuar el acto de constitución de la misma. En la notificación se indicará el día, hora y lugar previsto para el acto de constitución.
b) Todos los aspirantes admitidos a participar en el concurso, para realizar el acto de presentación de los concursantes, en la misma fecha de la constitución de la Comisión de Acceso, y con señalamiento de la hora y lugar de celebración de dicho acto.
Dicha resolución deberá ser notificada a sus destinatarios con una antelación mínima de diez días naturales respecto a la fecha del acto para el que son convocados.
7.3 En los supuestos de embarazo de riesgo, baja por maternidad o paternidad u otras causas de fuerza mayor en el día señalado para el acto de presentación y/o celebración de las pruebas selectivas se podrá cambiar la fecha hasta que concluya la causa que motivara la imposibilidad del aspirante a concurrir a los actos.
7.4 En el acto de constitución, la Comisión de Acceso procederá a fijar y a hacer públicos los criterios objetivos para la resolución del concurso de conformidad con el artículo 13 del RACDU.
La Comisión de Acceso tomará sus acuerdos por mayoría; en caso de empate decidirá el voto de calidad del Presidente. Las deliberaciones de la Comisión de Acceso tendrán carácter secreto.
7.5 En el acto de presentación, que será público, los concursantes deberán entregar al Presidente de la Comisión de Acceso la siguiente documentación:
a) En todos los casos:
a.1)Curriculum vitae(anexo IV), por quintuplicado, en el que el concursante detallará su historial académico, docente e investigador, así como un ejemplar de las publicaciones y los documentos originales acreditativos de lo consignado en el mismo o convenientemente cotejados.
a.2) Programación Docente adaptada al EEES y Proyecto Investigador, por quintuplicado, que el concursante se propone desarrollar en el caso de que se le adjudique la plaza a la que concursa.
b) En el acto de presentación, el Presidente de la Comisión de Acceso hará público el plazo para que cualquier concursante pueda examinar la documentación presentada por los restantes concursantes, con anterioridad al inicio de las pruebas y se determinará mediante sorteo, el orden de actuación de los concursantes y se fijará y hará público el lugar, fecha y hora del inicio de las pruebas, y los candidatos recibirán cuantas instrucciones sobre la celebración de las pruebas deban comunicárseles. Las pruebas deberán comenzar en el plazo máximo de diez días hábiles, a contar desde el acto de presentación.
c) La publicidad a que hacen referencia los apartados de este artículo se hará en el tablón de anuncios del lugar donde se realice el acto de presentación de los concursantes.
d) Los aspirantes, durante el proceso selectivo, serán convocados por la Comisión de Acceso a los distintos actos mediante llamamiento único, que será expuesto en los tablones de anuncios del local donde se realicen las pruebas, siendo excluidos del concurso quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor debidamente justificados y apreciados por la Comisión de Acceso. En todo caso, corresponderá a la Comisión de Acceso adoptar las medidas adecuadas para la verificación y apreciación de las incidencias que pudieran surgir en el desarrollo del concurso, adoptando al respecto las decisiones que estimen pertinentes.
No será necesaria la compulsa de los documentos y publicaciones que se presenten fotocopiados, bastando la declaración expresa responsable del interesado sobre la autenticidad de los mismos.
La Comisión de Acceso podrá solicitar de los concursantes, en cualquier momento anterior a la propuesta de nombramiento, la verificación de los extremos recogidos en la documentación presentada, así como cuantas precisiones estime oportunas.
En todo caso, concluido el proceso selectivo, el nombramiento de quien sea seleccionado quedará condicionado a la presentación por el interesado, y comprobación por el Servicio de Recursos Humanos de la Universidad de León, de la total identidad entre los documentos originales y las fotocopias presentadas a la comisión.
8.1 Primera prueba.
8.1.1 La primera prueba consistirá en la exposición oral de los méritos e historial académico, docente e investigador alegados. También la defensa de la Programación Docente y del Proyecto Investigador presentado.
La prueba deberá realizarse durante un tiempo máximo de noventa minutos para cada candidato. Seguidamente, la Comisión de Acceso debatirá con los candidatos sobre sus méritos, historial académico e investigador, y sobre la Programación Docente y el Proyecto Investigador presentado, durante un tiempo máximo de dos horas.
8.1.2 Finalizada la prueba, cada miembro de la Comisión de Acceso entregará al Presidente un informe razonado sobre cada candidato, ajustado, en todo caso, a los criterios previamente establecidos por la Comisión de Acceso, valorando los méritos e historial académico, docente e investigador, así como la Programación Docente y el Proyecto Investigador, alegados y defendidos por cada candidato, especificando la puntuación asignada a los distintos criterios de valoración.
8.1.3 Los resultados de esta primera prueba se publicarán en el tablón de anuncios del lugar donde se celebren las pruebas.
8.2 Segunda prueba.
8.2.1 Una vez publicada la calificación de la primera prueba, los concursantes que hayan obtenido la puntuación mínima establecida por la comisión, entregarán al Presidente de la Comisión de Acceso, en el lugar y hora que se determine un resumen del tema elegido de la Programación Docente.
8.2.2 La segunda prueba será pública y consistirá en la exposición oral por el concursante, durante un tiempo máximo de una hora, de un tema o lección de la Programación Docente presentada, elegido libremente por el concursante. Seguidamente, la Comisión de Acceso debatirá con el concursante todos aquellos aspectos que estime relevantes en relación con el tema expuesto, durante un tiempo máximo de dos horas.
8.2.3 Finalizada la prueba cada uno de los miembros de la Comisión de Acceso, elaborará un informe razonado sobre la valoración que le merecen los contenidos y metodología expuestos por cada candidato.
8.2.4 A la vista del informe, la Comisión de Acceso procederá a una votación sin que sea posible la abstención, con asignación de la puntuación numérica correspondiente a este segundo ejercicio.
9.1 Serán propuestos por la Comisión de Acceso aquellos candidatos que hayan obtenido mayor puntuación en la suma ponderada de las dos pruebas, sin que en ningún caso excedan del número de plazas convocadas.
9.2 Concluido el proceso de valoración, la Comisión de Acceso publicará en el tablón de anuncios del Centro y formulará al Sr. Rector Magnífico de la Universidad de León las correspondientes propuestas vinculantes de provisión en el plazo de diez días naturales siguientes a la celebración de las pruebas. La propuesta de provisión contendrá:
a) El aspirante propuesto para el desempeño del puesto convocado, con indicación del nombre, apellidos, DNI y puntuación obtenida. A estos efectos, la Comisión de Acceso deberá tener en cuenta que cualquier propuesta que contenga un número mayor de aspirantes propuestos que el de plazas convocadas será nula de pleno Derecho (artículo 61.8 del TRLEBEP).
b) Puntuación obtenida por los concursantes en cada uno de los apartados del baremo empleado. En todo caso, en el acta de la Comisión de Acceso deberá figurar el resultado de la aplicación de los criterios de selección.
Esta valoración en función de los criterios de selección, junto al cumplimiento de las previsiones del Reglamento y de las respectivas bases de la convocatoria, constituirá la motivación del acto de propuesta de la Comisión de Acceso en cuanto juicio emanado de su discrecionalidad técnica.
c) En previsión de los casos de renuncia o de cualquier otra causa que impida el nombramiento del candidato propuesto, la Comisión de Acceso reflejará un orden de prelación de aquellos aspirantes que juzgue que han obtenido una valoración suficiente para el desempeño del puesto, con la posibilidad de incorporación del candidato siguiente más valorado.
d) Los concursos podrán resolverse con la no provisión de la plaza o plazas convocadas, cuando a juicio motivado de las respectivas Comisiones de Acceso los currícula de los aspirantes no se adecúen a las exigencias académicas de las mismas, o no hayan obtenido las puntuaciones mínimas establecidas para superar las pruebas, de conformidad con el artículo 13.4 del RACDU.
9.3 El plazo máximo para la resolución de los concursos, desde la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», no podrá exceder de seis meses, salvo en los supuestos de suspensión o ampliación del plazo por impugnación u otras causas justificadas apreciadas por el Sr. Rector Magnífico.
10.1 Contra las propuestas de las Comisiones de Acceso de los concursos, los concursantes podrán presentar, en los diez días siguientes a la publicación de las mismas, reclamación ante el Sr. Rector Magnífico de la Universidad de León. Admitida a trámite la reclamación, se suspenderán los nombramientos hasta su resolución por éste.
10.2 Esta reclamación será valorada por la Comisión de Reclamaciones de la Universidad, prevista en el artículo 170 del Estatuto y regulada en el artículo 10 del Real Decreto 1313/2007, recabando cuantos informes considere necesarios, oída la Comisión de Acceso y concediendo trámite de audiencia a los distintos candidatos que se hayan presentado a las pruebas del concurso de acceso, y ratificará o no la propuesta reclamada en el plazo máximo de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin haber sido resuelta, se entenderá que la reclamación presentada ha sido desestimada.
La Comisión de Reclamaciones valorará los aspectos puramente procedimentales y verificará el efectivo respeto de la igualdad de condiciones de los candidatos y de los principios de mérito y capacidad de los mismos en el procedimiento del concurso de acceso.
El parecer de la comisión será motivado, con voto nominal y constancia, en su caso, de votos disidentes, y vinculante para el Sr. Rector Magnífico de la Universidad de León.
Si la resolución no ratificase la propuesta, se retrotraerá el expediente al momento en que se produjo el vicio o defecto observados, debiendo la Comisión de Acceso continuar la tramitación desde ese momento y formular nueva propuesta.
10.3 La resolución del Sr. Rector Magnífico de la Universidad de León agota la vía administrativa y será impugnable directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (BOE del 14 julio).
11.1 El nombramiento propuesto por la Comisión de Acceso será efectuado por el Sr. Rector Magnífico de la Universidad de León, después de que el concursante propuesto haya acreditado cumplir los requisitos a que alude el artículo 4 del Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, lo que deberá hacer en los veinte días siguientes al de concluir la actuación de la Comisión de Acceso. En caso de que el concursante propuesto no presente oportunamente la documentación requerida, el Sr. Rector Magnífico de la Universidad de León procederá al nombramiento del siguiente concursante en el orden de prelación siempre que se produzca la circunstancia prevista en el artículo 18.1. c) del RACDU.
11.2 Los documentos a presentar son los siguientes:
a) Copia compulsada del Documento Nacional de Identidad. Para los nacionales indicados en la base 2.1.a), la referencia a DNI/NIF debe ser entendida al documento correspondiente.
b) Fotocopia compulsada del título académico requerido para la plaza para la que ha sido propuesto.
c) Certificado médico oficial acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico que imposibilite para el desempeño de las funciones del puesto.
d) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de ninguna Administración Pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. En el caso de los aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán presentar declaración jurada o promesa de no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el acceso a la función pública.
e) Declaración de no estar afectado de incompatibilidad (modelo anexo 1) o ejercicio de opción (modelo anexo 2) en el caso de venir desempeñando alguna actividad pública o percibiendo alguna pensión.
11.3 El que tuviera la condición de funcionario de carrera, estará exento de justificar documentalmente las condiciones y demás requisitos ya probados para obtener su anterior nombramiento o contrato, debiendo presentar certificación extendida por el órgano competente de la Administración de la que dependieran para acreditar su condición y servicios.
11.4 El nombramiento será publicado en el «Boletín Oficial del Estado» y en el de la Comunidad Autónoma correspondiente, comunicado al correspondiente Registro a efectos de inscripción y otorgamiento del número de Registro de Personal, y comunicado al Consejo de Universidades. El nombramiento especificará la denominación de la plaza: Cuerpo y Área de Conocimiento.
11.5 En el plazo máximo de veinte días, a contar desde el día siguiente de la publicación del nombramiento en el «Boletín Oficial del Estado», el candidato propuesto deberá tomar posesión de su destino, momento en que adquirirá la condición de funcionario del cuerpo docente universitario de que se trate por la Universidad de León, con los derechos y deberes que le son propios.
11.6 La plaza obtenida tras el Concurso de Acceso deberá desempeñarse al menos durante dos años, antes de poder participar en un nuevo concurso a efectos de obtener una plaza de igual categoría y de la misma área de conocimiento en la misma o en otra universidad.
11.7 Los concursantes que no hayan sido propuestos para ser nombrados para la plaza no podrán alegar ningún derecho sobre plazas vacantes, cualquiera que sea la universidad a la que pertenezcan las mismas.
12.1 La documentación de los concursantes a plazas que no hayan sido objeto de reclamación o recurso podrá ser retirada por los interesados en la Sección de Personal Docente e Investigador, una vez transcurrido el plazo de tres meses a contar desde la publicación en los tablones de anuncios de la resolución rectoral que puso fin al proceso selectivo.
12.2 La documentación de los aspirantes a las plazas que hayan sido objeto de recurso no podrá ser retirada hasta la firmeza de la resolución impugnada. Sin perjuicio de lo anterior, los interesados podrán realizar copia de la misma a otros efectos.
12.3 Transcurridos seis meses adicionales sin que los interesados hubieran retirado dicha documentación, la Universidad podrá disponer su destrucción.
13.1 De acuerdo con lo dispuesto en Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, (BOE del 6 de diciembre), los datos facilitados por los aspirantes, pasarán a formar parte del fichero de Personal, cuya finalidad es la gestión del personal de la Universidad de León, gestión de la docencia e investigación, gestión de la participación del personal en los servicios y actos universitarios, así como la gestión de la participación de los candidatos en los procesos de selección. Los datos contenidos en este fichero podrán ser tratados con fines históricos o estadísticos.
13.2 Tales ficheros están regulados por las resoluciones de esta universidad, pudiendo ejercitarse los derechos de acceso, rectificación y cancelación de los datos remitiendo un escrito al Sr. Gerente de la Universidad de León, adjuntando copia de documento que acredite la identidad del interesado.
14.1 Los aspirantes, por el hecho de participar en las presentes pruebas selectivas, se someten a las bases de esta convocatoria y su desarrollo y a las decisiones que adopte la Comisión de Acceso, sin perjuicio de los recursos que procedan. La comisión está facultada para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden de las pruebas en todo lo no previsto en estas bases.
14.2 Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrán interponer los interesados recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de León, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la publicación, o recurso de reposición ante el Rectorado de la Universidad de León, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación, sin perjuicio de que puedan interponer cualquier otro recurso que estimen procedente.
14.3 Igualmente, cuantos actos se deriven de esta convocatoria y de la actuación de las Comisiones de Acceso podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma prevista LPACAP.
León, 4 de diciembre de 2023.–El Rector, Juan Vidal Romero Velasco.
Número de plazas convocadas: 1.
Código: DF001175.
Campus: León.
Categoría/Cuerpo/Escala: Profesor Titular de Universidad.
Área de Conocimiento: Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas.
Departamento: Medicina, Cirugía y Anatomía Veterinaria.
Perfil docente:
Anatomía II, segundo semestre. Obligatoria, 6 créditos, Grado en Veterinaria.
Perfil investigador: Avances en el Desarrollo, la Anatomía y la Terapia Celular mediante células troncales mesenquimales.
Número de plazas convocadas: 1.
Código: DF001176.
Campus: León.
Categoría/Cuerpo/Escala: Profesor Titular de Universidad.
Área de Conocimiento: Matemática Aplicada.
Departamento: Matemáticas.
Perfil docente:
Matemática Finita I. Grado en Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial.
Matemáticas y Estadística. Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos.
Perfil investigador: Teoría de sistemas dinámicos lineales sobre anillos conmutativos y clases de anillos asociados (Código UNESCO 1201.05, Campos, Anillos y Álgebras).
Número de plazas convocadas: 1.
Código: DF001177.
Campus: León.
Categoría/Cuerpo/Escala: Profesor Titular de Universidad.
Área de Conocimiento: Zoología.
Departamento: Biodiversidad y Gestión Ambiental.
Perfil docente:
Asig.1: Zoología Avanzada y Aplicada. Grado en Biología, S2.
Perfil investigador: Selección de hábitat, uso del espacio y homeostasis en animales.
Código de la Plaza: DF001175.
Categoría: Profesor Titular de Universidad.
Área de Conocimiento: Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas.
Código de la Plaza: DF001176.
Categoría: Profesor Titular de Universidad.
Área de Conocimiento: Matemática Aplicada.
Código de la Plaza: DF001177
Categoría: Profesor Titular de Universidad.
Área de Conocimiento: Zoología.
1. Nombre y dos apellidos:
2. Lugar de nacimiento:
3. Fecha de nacimiento:
4. Licenciado/diplomado/ingeniero: Universidad, año:
5. Área de conocimiento:
6. Departamento:
7. Número de plaza:
A. Formación general:
1. Expediente académico (nota media del expediente de 1 a 4):
2. Diploma de Estudios Avanzados (DEA) o en su defecto programa de doctorado: título, año, calificación, universidad.
3. Título de doctor:
Título de la Tesis Doctoral:
Año: Calificación: Universidad:
4. Tipo de Doctorado: Normal ☐; De calidad ☐; Europeo ☐; Otro ☐.
5. Otras licenciaturas/diplomaturas:
6. Premio extraordinario de licenciatura:
7. Premio extraordinario de doctorado:
8. Másteres cursados (título, centro, año, n.º de créditos, calificación):
9. Cursos de especialización recibidos (título, centro, año, número de créditos, calificación):
10. Otros cursos recibidos (indique el número de cursos):
11. Becas/Contratos predoctorales [organismo, duración (años)]:
12. Becas/Contratos postdoctorales [organismo, duración (años)]:
13. Estancias en otros centros distintos de aquel en que realizó la tesis doctoral [centro, duración (años)]:
B. Formación docente:
1. Cursos de formación: (Título, centro, año, número de créditos, calificación):
1. Actividad docente reglada impartida recogida en los POD (Plan de Ordenación Docente) [curso académico, titulación, asignaturas, créditos teóricos o de problemas o análogos, créditos prácticos (laboratorio o campo), denominación de la(s) asignatura(s) impartidas]:
2. Otra Actividad Docente Reglada no recogida en el POD (Plan de Ordenación Docente): [Curso académico, titulación, asignaturas, créditos teóricos o de problemas o análogos, créditos prácticos (laboratorio o campo), denominación de la(s) asignatura(s) impartidas]:
3. Cursos fuera del ámbito curricular o fuera del ámbito universitario: [título del curso, duración del curso (créditos), fechas, organizado por o encargado por, dirigido a (público general, alumnos de grado, postgrado, especialistas]:
4. Evaluación de la actividad docente aportada (curso académico, nota obtenida, nota media del área):
5. Coordinación de movilidad estudiantil (ERASMUS, SICUE, otros): Cursos académicos en los que ha sido coordinador:
6. Dirección y/o participación en proyectos de innovación educativa (titulo del proyecto, entidad financiadora, duración del proyecto):
7. Elaboración de material didáctico [naturaleza del material didáctico: título, ámbito de difusión (nacional, universidad, departamental), año de publicación]:
8. Publicaciones de carácter pedagógico (cita completa de la publicación):
9. Dirección de proyectos fin de carrera y trabajos fin de grado o fin de máster [autor, título, director(es), universidad, año, calificación]:
1. Publicaciones científicas en revistas periódicas:
1.a) Publicaciones científicas en revistas periódicas indexadas, indicando, en su caso, elrankingen el JCR o base de datos al uso en el campo/área (IN-RECS, ERIH, etc):
1.b) Publicaciones Científicas en revistas periódicas no indexadas:
2. Patentes:
2.a) Patentes en explotación:
2.b) Patentes registradas que aún no están en explotación:
3. Resultados de creatividad artística (exposiciones, certámenes o concursos) publicaciones:
4. Científicas: libros y capítulos en libros:
4.a) Libros:
4.b) Capítulos en libros:
5. Ponencias y comunicaciones a congresos:
5.a) Ponencias y comunicaciones a congresos internacionales:
5.b) Ponencias y comunicaciones a congresos nacionales:
6. Dirección de Proyectos y Contratos de I+D+i:
7. Participación en Proyectos y Contratos de I+D+i:
7.a) Número total de proyectos de ámbito internacional o nacional en que ha participado:
7.b) Número total de proyectos de ámbito regional en que ha participado:
7.c) Número total de proyectos de ámbito local en que ha participado:
8. Dirección de tesinas y de trabajos de investigación conducentes a la obtención del DEA o programas de doctorado: [título, calificación y año de presentación, director(es)].
9. Dirección de tesis doctorales [título, calificación y año de presentación, director(es)].
10. Editor de revistas científicas, literarias o artísticas [nombre de la revista, editor(es), lugar de publicación, ámbito de difusión, duración del puesto de editor].
11. Miembro del comité editorial de revistas científicas, literarias o artísticas. (nombre de la revista, editor(es), lugar de publicación, ámbito de difusión, duración del puesto).
12. Evaluador de Proyectos y «Referee» de Revistas Científicas.
12.a) Evaluación de proyectos (agencia para la que evalúa proyectos, número total de proyectos evaluados, años que lleva siendo evaluador).
12.b) «Referee» de revistas científicas (Revista para la que actúa de evaluador, Número total de artículos revisados, Años que lleva siendo evaluador).
13. Premios:
14. Otros méritos relacionados con la actividad Investigadora:
1. Cargos Unipersonales en el Ámbito Universitario (nombre del cargo, universidad, duración del mismo: años, meses).
2. Representación en órganos colegiados (Claustro, Junta de Centro, Consejo de Departamento) (nombre descriptivo, universidad, duración del mismo: años, meses).
3. Participación en comisiones de trabajo de ámbito académico.
1. Experiencia Profesional fuera de la universidad (nombre de la actividad, organismo o empresa, duración de la misma: años, meses).
2. Puestos de dirección y gestión en el ámbito extraacadémico (nombre del puesto, organismo o empresa, duración del mismo: años, meses).
3. Otros méritos:
3.a) Idiomas:
3.b) Pertenencia a sociedades científicas (enumérelas):
3.c) Manejo de grandes equipos (enumérelos):
3.d) Otros (enumérelos): | Educación |
BOE-A-2023-23730 | De conformidad con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por los que se establece el procedimiento para la modificación sustancial de los planes de estudios ya verificados y una vez recibida la Resolución de 30 de mayo de 2023 del Consejo de Universidades, aprobando las modificaciones presentadas del plan de estudios del título de Máster Universitario en Auditoría y Contabilidad Superior por la Universidad de Sevilla,
Este Rectorado, de conformidad con lo previsto en los artículos citados del Real Decreto 822/2021, ha resuelto ordenar la publicación de la modificación del plan de estudios del título de Máster Universitario en Auditoría y Contabilidad Superior por la Universidad de Sevilla, que queda estructurado según consta en el anexo a esta Resolución.
Sevilla, 2 de noviembre de 2023.–El Rector, Miguel Gil Pastor Moreno.
Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas.
Centro de impartición: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. | Educación |
BOE-A-2023-12053 | La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), en el ejercicio de las competencias que le atribuyen el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, tiene la finalidad de velar por la privacidad y la protección de los datos personales, actuando como un organismo cercano que refuerce y amplíe las vías de comunicación con el ciudadano, con las empresas y el sector de la economía digital, dando una respuesta integral a sus necesidades. En particular, le corresponde difundir y proteger los derechos de los ciudadanos, promoviendo entre la ciudadanía y las organizaciones el valor de la protección de datos; garantizar el cumplimiento de la legislación sobre protección de datos mediante acciones preventivas y ejerciendo la potestad sancionadora, e impulsar una labor proactiva que permita detectar el impacto de los nuevos desarrollos tecnológicos en la privacidad, promoviendo una concepción de esta como activo de las organizaciones públicas y privadas, y como elemento distintivo de la competitividad en el mercado.
Estos premios prolongan la política que se estableció a partir del Plan Estratégico 2015-2019, en su eje 2, sobre la promoción de acciones que favorezcan una innovación tecnológica que sea respetuosa con los derechos de las personas, como factor de confianza imprescindible para la protección efectiva del derecho a la privacidad y el pleno desarrollo de la economía digital, la competitividad y el empleo. En la presente convocatoria, esta política es más actual que nunca, ya que la sociedad se está enfrentando a una crisis sanitaria sin precedentes en el último siglo, en la que las soluciones tecnológicas están adquiriendo un importante protagonismo. En este contexto, bajo el impulso de Emilio Cano, se puso en marcha en 2016 la Unidad de Evaluación y Estudios Tecnológicos, como unidad especializada de la agencia encargada de evaluar las implicaciones para la privacidad de las nuevas tecnologías, realizando estudios prospectivos y análisis de los productos y servicios que ya están en el mercado para conocer de primera mano sus funcionalidades y la forma en que almacenan, tratan y comunican las categorías de datos personales que recogen, así como la transparencia con la que se llevan a cabo estos tratamientos. Este proyecto no hubiera sido posible sin la colaboración de diferentes grupos y centros de investigación tecnológica del entorno universitario, empresarial y profesional, tanto privado como público, nacional e internacional. En la misma línea fue aprobado en abril de 2019 el Plan de Sostenibilidad 2019-2024 de la AEPD.
De otra parte, el 25 de septiembre de 2015, 193 países de las Naciones Unidas adoptaron la Agenda 2030 y con ella, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que constituyen un marco innovador a nivel mundial para trabajar en favor del desarrollo sostenible. Están compuestos por 17 ODS y 169 metas que deben cumplirse antes de 2030 y 232 indicadores para medir su progreso.
Las autoridades públicas desempeñan un papel esencial en la mejora de la vida de las personas y el cuidado del planeta. La Agenda 2030, a través del ODS 16 «Paz, Justicia e instituciones sólidas» considera esencial el impulso de instituciones eficaces, transparentes e inclusivas para alcanzar los ODS. Para dar cumplimiento a los ODS en sus actividades públicas y en sus procesos internos, la AEPD ha diseñado su Plan de Sostenibilidad en consonancia con el compromiso de España para el cumplimiento de la Agenda 2030, a través de diferentes ámbitos de actuación relacionados de forma directa con los ODS. Uno de ellos es el que se refiere al compromiso con la innovación y la protección de datos, en el que se engloban diferentes acciones, como el impulso de la Unidad de Evaluación y Estudios Tecnológicos; la colaboración tecnológica con universidades y centros de investigación; el impulso de alianzas con organizaciones clave y acciones para fomentar la innovación sostenible, etc. A través de este Plan de Sostenibilidad se pretende posicionar a la AEPD como un actor clave a nivel nacional en el impulso de los ODS y promover entre los ciudadanos el conocimiento de la relación entre la protección de datos y la sostenibilidad.
Una de las iniciativas que contempla el citado Plan de Sostenibilidad es la de «Alinear los premios AEPD, en sus diferentes categorías, con la Agenda 2030 para reforzar el compromiso de la Agencia con los ODS». En concreto, la iniciativa promovida mediante el presente premio se inserta primordialmente dentro del ODS 9 –Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación–. Las transformaciones económicas, sociales y ambientales que se necesitan para alcanzar los ODS en 2030 requieren de soluciones innovadoras por parte de todos los actores del planeta y la AEPD quiere estar a la vanguardia a través de la digitalización y las nuevas tecnologías para reforzar su misión. La AEPD está comprometida con la innovación y la digitalización en sus procedimientos, herramientas y modelo de gestión como vía para alcanzar la misión de la agencia a través de la agilidad, la eficiencia y la gestión responsable de los recursos, y también en el estudio, la difusión y la sensibilización de buenas prácticas innovadoras en el ámbito de la privacidad. La innovación, necesita además de colaboración. La AEPD entiende que solo a través de alianzas con instituciones públicas, universidades, empresas, profesionales y organizaciones de la sociedad civil se pueden impulsar verdaderos cambios que inciden en una mayor garantía de la protección de datos.
Asimismo, este premio se alinea con el ODS 4 –Educación de calidad–, en la medida en que con él se pretende incorporar el derecho de protección de datos a las actividades de investigación científico-técnica realizados en el ámbito universitario repercutiendo en la mejora de su actividad docente. Finalmente, la concesión de este premio se alinea con el logro del ODS 17 -Alianza para lograr los objetivos-, ya que la presente iniciativa supone una alianza entre el sector público, privado y la sociedad civil, promoviendo el desarrollo tecnológico en condiciones de seguridad.
Por último, la AEPD, en el marco de sus actuaciones en materia de igualdad de género, se compromete a promover y difundir acciones para educar y empoderar a niñas y mujeres con carreras STEM, apasionadas por la tecnología.
A tenor de lo dispuesto en Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS) y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 (RGS) se ha acordado proceder a la convocatoria del «Premio de Investigación en Protección de Datos Personales Emilio Flores.
De conformidad con el artículo 23.2.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y previo informe del Gabinete Jurídico, esta convocatoria se ajustará a las siguientes bases:
Se publican las bases y se convoca el Premio de Investigación en Protección de Datos Personales Emilio Ferrer correspondiente al año 2023.
Constituye su objeto premiar trabajos y proyectos de protección de datos realizados en el contexto de la investigación científico-técnica, con un enfoque estrictamente práctico, en el que se estudien, analicen o desarrollen la aplicación de los principios de protección de datos en el ámbito del desarrollo científico-técnico con el fin de garantizar los derechos y libertades de las personas.
Preferentemente, se considerarán de mayor interés aquellas actividades relativas a la aplicación de la responsabilidad proactiva establecida en el RGPD y la gestión de los riesgos para los derechos y libertades en soluciones relativas a tecnologías disruptivas, aquellas que traten sobre categorías especiales de datos, sobre tratamientos considerados de alto riesgo o que afecten a una parte significativa de la sociedad o grupos más expuestos como menores, personas con discapacidad o personas en situaciones de violencia de género u otras situaciones de acoso.
No se considerarán aquellos trabajos fuera del objeto del premio.
La concesión del premio se llevará a cabo en régimen de concurrencia competitiva de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación que rigen en la gestión de ayudas y subvenciones públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, salvo en aquellos aspectos en los que, por la especial naturaleza de las subvenciones, no resulte aplicable.
Podrán tomar parte en el concurso cualquier universidad o institución de la Unión Europea o Iberoamérica que promueva o financie estudios de investigación en materia de protección de datos personales y cualquier investigador individual o grupo de investigadores que realicen trabajos de investigación científico-técnica siempre que los resultados de un proyecto, desarrollo, publicación o investigación sea realizado en el ámbito descrito por la base primera de esta convocatoria.
No podrán participar en este concurso los miembros del jurado y personal destinado en la Agencia Española de Protección de Datos, Agencias autonómicas y autoridades extranjeras de protección de datos. Asimismo, serán inadmitidas las candidaturas presentadas por personas que hayan colaborado mediante contrato de servicios, o mediante cualquier otra relación jurídica, con la AEPD en los dos años anteriores a la convocatoria.
Deberá solicitarse la participación en la convocatoria del premio personalmente o mediante representante. No se admitirán solicitudes a favor de terceros.
De conformidad con el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuando la solicitud la realice una agrupación de personas físicas o un grupo de investigadores, deberá nombrarse un representante o apoderado único de la agrupación.
No podrán obtener la condición de beneficiario las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. De conformidad con los artículos 24 a 26 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, los solicitantes habrán de presentar una declaración responsable acerca de la no concurrencia en ellos de ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones. Dicha declaración responsable se incluye en el modelo de solicitud que se presenta como anexo 1 a esta convocatoria.
En el caso de la presentación de los trabajos de forma no telemática se deberá aportar original y copia en formato digital (el archivo informático deberá permitir su apertura en programas comúnmente usados con extensiones del tipo «.rtf,.doc,.pdf,.tiff o.jpg») de la documentación presentada en papel. En el caso de presentación de los trabajos de forma telemática los trabajos y documentación deberá presentarse en formato electrónico o digital (el archivo informático deberá permitir su apertura en programas comúnmente usados con extensiones del tipo «.rtf,.doc,.pdf,.tiff o.jpg»).
Los trabajos se presentarán en letra Arial 11 con interlineado simple y tendrán una extensión máxima de 100 páginas. Podrán presentarse en idioma original, si bien en caso de ser diferente del castellano deberán acompañarse de traducción a este último idioma.
Igualmente, las obras se acompañarán de un resumen ejecutivo en castellano e inglés de acuerdo con el modelo del anexo 2.
El incumplimiento de alguno de estos requisitos dará lugar a la exclusión de la propuesta.
Pueden optar al premio los trabajos elaborados desde la publicación en el «Diario Oficial de la Unión Europea» del Reglamento General de Protección de Datos, el 4 de mayo de 2016, hasta el 15 de octubre de 2023.
El premio de Investigación en Protección de Datos Personales Emilio Aced consistirá en una dotación económica de tres mil euros (3.000,00 €) y la difusión del trabajo premiado por parte de la AEPD a través de su página web.
El jurado podrá proponer la concesión de un accésit dotado con mil quinientos euros (1.500,00 €).
En caso de que el jurado proponga declarar desierto el premio, este podrá proponer otorgar un accésit adicional dotado con mil quinientos euros (1.500,00 €).
Los premiados contarán con mención honorífica, mediante diploma concedido al efecto. Asimismo, se otorgará a los premiados un trofeo acreditativo del premio obtenido.
La presente convocatoria se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 13.301.135M.48, de una cuantía estimada máxima de cuatro mil quinientos euros (4.500,00 €), quedando condicionada su concesión a la existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente en el momento en que se dicte la resolución de concesión.
Las solicitudes deberán presentarse a partir del día siguiente a la fecha de publicación de estas bases en el «Boletín Oficial del Estado». El plazo de presentación de los trabajos concluirá el 15 de octubre de 2023.
Los trabajos presentados deberán acompañarse del modelo de solicitud que figura en el anexo 1, debidamente cumplimentado y firmado.
Para la presentación de los trabajos se atenderá a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con el derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas. Para los sujetos a los que se refiere el artículo 14.2 de la citada ley, la documentación relativa al trabajo a valorar, así como otra documentación justificativa de requisitos y méritos, deberá ser presentada de manera telemática obligatoriamente. Las solicitudes y proyectos se dirigirán a la directora de la Agencia Española de Protección de Datos y se presentarán en la sede electrónica de la Agencia Española de Protección de Datos (sedeagpd.gob.es).
Los sujetos no obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas presentarán preferentemente sus candidaturas y trabajos de forma telemática a través de la sede electrónica de la Agencia Española de Protección de Datos (sedeagpd.gob.es), aunque también podrán hacerlo en el Registro de la Agencia Española de Protección de Datos, c/ Jorge Juan n.º 6, planta baja, 28001 Madrid, o en cualquiera de los registros u oficinas previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, haciendo constar en el sobre la misma dirección.
Para la presentación telemática de solicitudes se deberán tener en cuenta las instrucciones y restricciones técnicas que se detallan a continuación:
– Podrá acceder a la Sede Electrónica de la AEPD y su registro a través del enlace: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formPremiosAEPD/premiosAEPD.jsf
– Tipos de documentos permitidos: PPTX, JPG, TXT, XML, XSIG, XLSX, ODG, ODS, PDF, ODP, PNG, SVG, TIFF, MP3, MP4, DOCX y RTF.
– No se pueden adjuntar dos documentos iguales.
– Tamaño máximo permitido para un documento: 100,0 MB. Si supera el tamaño máximo de fichero se deberá fraccionar.
– El máximo de ficheros a adjuntar en un mismo envío es de 4. Si son varios ficheros, y exceden de 4, se deberá realizar un primer envío con los 4 primeros, y sucesivos envíos adjuntando más ficheros con la opción de «Ampliación de documentación de registro de entrada», en la que se debe indicar el número de registro sobre el que se añaden los nuevos documentos.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo 66 y, en su caso, los que señala el artículo 67 u otros exigidos por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado mediante correo electrónico a la dirección facilitada en su inscripción, para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la citada ley 39/2015, de 1 de octubre.
Los trabajos se valorarán atendiendo a los siguientes criterios (que se desarrollan en el anexo 3) siendo la máxima puntuación de 80 puntos:
1. La calidad y el ajuste a la convocatoria de la documentación presentada. 10 puntos.
2. El estudio incorpora elementos innovadores con relación a la protección de datos sobre un problema de interés tal como se definen en el objeto de la convocatoria. 20 puntos.
3. Los objetivos/hipótesis del trabajo, marco de desarrollo del proyecto y los antecedentes se identifican con claridad, y metodología y diseño de la investigación/desarrollo adecuado. 20 puntos.
4. Que el estudio o trabajo acometa o incluya elementos relativos a la aplicación de la responsabilidad proactiva para la protección de datos. 20 puntos.
5. Se valorará especialmente la atención que el estudio dedica a grupos más expuestos como menores, víctimas de violencia, etc. así como que estén alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 10 puntos.
La valoración final resultará de la suma de las correspondientes notas parciales.
La instrucción del procedimiento de concesión del Premio de Investigación en Protección de Datos Personales Emilio Aced corresponde a la Secretaría General de la AEPD, que comprobará el cumplimiento de los requisitos y elevará la documentación al jurado para su valoración. Por tratarse de un premio, dada la naturaleza de este, en el trámite de instrucción se prescindirá de audiencia, conforme autoriza el artículo 24.4 LGS.
Su función, de acuerdo con lo previsto por el artículo 22.1 de la Ley General de Subvenciones, será la de valorar, conforme a los criterios establecidos en la base octava de la convocatoria, las solicitudes presentadas al premio. Valoradas las solicitudes, el jurado emitirá el correspondiente informe proponiendo la concesión del premio al órgano concedente de la subvención.
El jurado estará compuesto por:
– Presidenta: La directora de la Agencia Española de Protección de Datos.
– Vocales: Miembros del Consejo Consultivo que se encuentren ejerciendo su mandato en el momento de efectuarse el fallo.
– La secretaría, con voz y sin voto, corresponderá a la secretaria de dicho Consejo.
En caso de empate decidirá el voto de calidad de la presidenta.
El jurado podrá plantear al órgano concedente declarar desierto el premio motivándolo.
La directora de la Agencia Española de Protección de Datos podrá designar un consejo asesor compuesto por empleados públicos expertos de la AEPD y/o en el ámbito de la investigación para evaluar las candidaturas recibidas y presentar sus conclusiones al jurado.
El órgano concedente es la directora de la Agencia Española de Protección de Datos. La resolución definitiva de la convocatoria será dictada por la directora de la Agencia Española de Protección de Datos. Esta resolución pondrá fin a la vía administrativa y se publicará en la página web de la AEPD.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de seis meses. Se computará desde el 15 de octubre de 2023, fecha final del plazo de presentación de los trabajos de acuerdo con la base sexta. La lista de premiados se hará pública a través de la página web de la AEPD. La entrega de los premios se realizará en un acto público convocado al efecto con posterioridad a la fecha de la publicación del fallo del jurado, intentando que coincida con la semana en que se celebra el Día de la Protección de Datos en Europa (28 de enero de 2024).
La participación en la convocatoria implica la aceptación de todas sus bases. La participación incluye, igualmente, la aceptación de que, por parte de la AEPD, se pueda difundir, reproducir, distribuir o comunicar por cualquier medio la obra premiada, de acuerdo con lo previsto por la legislación de propiedad intelectual. En tal caso se hará referencia en la publicación igualmente a la entidad que hubiera financiado la realización del trabajo premiado.
Los beneficiarios están obligados al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y a lo demás que establezca la normativa aplicable.
En caso de concurrir alguna de las causas de nulidad o anulabilidad a las que hace referencia el artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la directora de la AEPD adoptará la resolución que corresponda con arreglo a lo establecido en dicho artículo.
En los supuestos de reintegro de la cantidad percibida por concurrir alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, corresponderá el reintegro total y se tramitará en los términos establecidos en dicha ley.
En caso de renuncia al premio, el adjudicatario deberá presentar la correspondiente solicitud fundamentada dirigida a la directora de la AEPD quien resolverá, si procede, la devolución de la cantidad percibida.
Para todos aquellos extremos no regulados específicamente en la presente resolución se estará a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como, cuando proceda, en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y en la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, salvo en aquellos aspectos en los que, por la especial naturaleza del premio y de las subvenciones, así como de la propia naturaleza jurídica de la AEPD, no resultaran aplicables en todo o en parte estas disposiciones.
Los datos de carácter personal que consten en la solicitud serán tratados por la Agencia Española de Protección de Datos e incorporados a la actividad de tratamiento «Actividad de promoción», cuya finalidad es la gestión y resolución de la convocatoria. Finalidad basada en el interés público de la convocatoria y en su solicitud de participación en ella.
Los datos relativos a los ganadores de los premios se publicarán en la web de la AEPD y en redes sociales. Los datos de los premiados en las modalidades que incluyen prestación económica serán comunicados a las entidades bancarias con objeto de realizar su abono, a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a la Intervención General del Estado y al Tribunal de Cuentas para el control contable.
Los datos serán conservados durante la tramitación del procedimiento de concesión del premio y de las reclamaciones que se puedan formular, siendo de aplicación la normativa de archivos y patrimonio documental español. Los datos de los premiados en las modalidades que incluyen prestación económica se conservarán conforme a lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante la Agencia Española de Protección de Datos, C/Jorge Juan, 6, 28001- Madrid.
Madrid, 11 de mayo de 2023.–La Directora de la Agencia Española de Protección de Datos, Mar España Martí.
El resumen ejecutivo tendrá una extensión máxima de dos páginas con letra Arial 11 e interlineado simple, en castellano e inglés, y tendrá los siguientes apartados:
– Título.
– Autores.
– Resumen el que se describa claramente:
● El objetivo / hipótesis del trabajo en el primer párrafo.
● El porqué de la investigación y/o el desarrollo realizado en el segundo párrafo.
● El diseño / metodología desarrollados en el tercer párrafo.
● Los resultados principales en el cuarto párrafo.
● La novedad de dichos resultados y/o su aplicabilidad en el quinto párrafo.
● Las conclusiones en el sexto párrafo.
– La calidad y el ajuste a la convocatoria de la documentación presentada:
● El título es claramente indicativo del contenido del estudio.
● El resumen ejecutivo describe apropiadamente el estudio según lo señalado en el anexo 2.
● El desarrollo, es claro y fácil de entender.
● La estructura y redacción del texto es correcta.
○ El texto consta de introducción, definición de objetivos/hipótesis, análisis de antecedentes, descripción de la metodología, desarrollo y conclusiones.
○ Existe un índice de contenidos, figuras y tablas.
○ Usa lenguaje sencillo, términos claros y directos.
○ Los datos se presentan en forma objetiva, sin comentarios ni argumentos.
○ Las tablas y gráficos son simples y auto explicativas. Permiten analizar tendencias, patrones…
○ La ortografía, tipo letra y espaciado es correcto.
○ La normativa se referencia correctamente.
● La bibliografía es adecuada:
○ Las referencias son actualizadas.
○ El número y tipo de referencias es adecuado.
○ La documentación de las referencias es completa (autor, título, lugar de publicación, editorial y año, en caso de libro; autor, título, nombre de revista, volumen, en caso de artículo de revista.
– El estudio incorpora elementos innovadores con relación a la protección de datos sobre un problema de interés tal y como se definen en el objeto de la convocatoria:
● El estudio incorpora elementos, perspectivas, orientaciones o desarrollos novedosos con relación a la protección de datos.
● El problema es actual o trata sobre tecnologías disruptivas.
● Se valorará si trata sobre categorías especiales de datos, tratamientos de alto riesgo o que afectan a una parte significativa de la sociedad.
– Los objetivos/hipótesis del trabajo, marco de desarrollo del proyecto y los antecedentes se identifican con claridad y se establece una metodología de diseño adecuada a la investigación/desarrollo:
● El marco de desarrollo del proyecto y los antecedentes se identifican con claridad.
○ La introducción presenta claramente el qué y el porqué de la investigación o necesidad del desarrollo.
○ Los objetivos indican de forma inequívoca qué es lo que el investigador intenta hacer o el desarrollo a conseguir.
○ Los objetivos anuncian un resultado concreto previsto, unívoco, claro y preciso.
○ El problema de investigación o la novedad del desarrollo se identifica y se define claramente.
○ La revisión de antecedentes identifica lo que se sabe actualmente en función de lo publicado sobre el problema y es relevante para el problema.
● Utiliza una metodología y diseño de la investigación/desarrollo adecuada.
○ Se definen o aplican metodologías o estándares de investigación, análisis del riesgo, etc. que contribuyan a aportar calidad al resultado.
○ El diseño es apropiado para el objetivo del estudio, establece la dimensión temporal y el nivel de análisis.
○ Los datos sobre los que se basa el estudio se identifican, recogen y analizan en relación con los objetivos del estudio de forma adecuada.
● El resultado y las conclusiones son válidas, coherentes y completas.
○ El estudio ofrece una respuesta al problema.
○ Las respuestas o soluciones se basan en los datos, permite validación y repetición.
○ En la conclusión, los hallazgos se discuten en relación con los objetivos del estudio, se diferencia entre los hechos y la opinión del autor sobre estos hechos y se comparan los resultados propios con los resultados de otros estudios/desarrollos similares.
○ Se analizan adecuadamente las limitaciones del estudio y la forma como pueden afectar las conclusiones.
○ Se sugieren investigaciones al futuro alrededor del problema de la investigación, basadas en la experiencia ganada a lo largo del proceso.
– Que el estudio o trabajo acometa o incluya elementos relativos a la aplicación de la responsabilidad proactiva para la protección de datos:
● Se identifican y gestionan los riesgos para los derechos y libertades de las personas con relación a la protección de datos.
● Se identifican formas de gestión de los riesgos para los derechos y libertades de las personas con relación a la protección de datos.
● En su caso, se incluyen recomendaciones para la evaluación de impacto en protección de datos.
● Se describen medidas organizativas, políticas de protección de datos, estrategias de protección de datos desde el diseño y por defecto, medidas de seguridad orientadas a la protección de datos y la gestión de brechas de datos personales.
● Se han utilizado los recursos de ayuda de la AEPD disponibles en el área de innovación y tecnología de su web.
– Se valorará especialmente la atención que el estudio dedica a grupos más expuestos como menores, víctimas de violencia, etc., así como que esté alineado con los Objetivos de Desarrollo sostenible (ODS):
● La actividad empresarial, producto o servicio está alineada con alguno de los objetivos señalados en la Agenda 2030.
● El estudio está orientado a la mejor protección o beneficio para la privacidad de grupos sociales más vulnerables o expuestos. | Administración |
BOE-A-2023-6156 | En el recurso interpuesto por don J. I. M., abogado, contra la nota de calificación de la registradora de la Propiedad de Barcelona número 15, doña Isabel Muñoz Silva, por la que se deniega la rectificación de la descripción de una finca registral, cuya georreferenciación está inscrita, por no acreditarse el título de adquisición de la franja lindante con el sur, descrita como un pasaje.
Mediante escritura pública autorizada el día 13 de septiembre de 2022 por el notario de Barcelona, don Lluís Martínez i Mirabent, con el número 1.810 de protocolo, el Arzobispado de Barcelona procedió a la rectificación de la descripción de la finca registral número 34.256/N, antes 7.787 del Registro de la Propiedad de Barcelona número 15, respecto al lindero sur, que en el Registro se describía como pasaje del que le correspondían dos tercios, según el Catastro.
Manifestaba el Arzobispado, debidamente representado, que dicha descripción era inexacta y solicitaba su rectificación declarando que la descripción correcta del lindero sur era un pasaje particular y propio y por medio suyo, con una finca de cierta calle. No se modificaba la superficie ni la georreferenciación inscrita en el Registro. Manifestaba el Arzobispado que había investigado la descripción, realizada ante el notario en la escritura reseñada, y que el arquitecto y el ingeniero que hicieron el informe cometieron un error. El Arzobispado, debidamente representado solicitó certificación registral de la finca colindante por el sur con la registral 34.256/N, de la que resultaba que esta finca colindaba por el norte con pasaje particular, que correspondía íntegramente con la finca hoy propiedad del Arzobispado.
Presentada dicha escritura en el Registro de la Propiedad de Barcelona número 15, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«Hechos y fundamentos jurídicos.
Tal como dice el Exponen II, la finca 34256/N, antes 7787, actualizó su descripción y se inscribió su representación gráfica en base a los documentos otorgados por el Arzobispado de Barcelona en 2018.
La certificación catastral refleja la misma superficie de la parcela que el registro y, respecto al pasaje, coincide con la descripción registral de la finca.
Para rectificar el redactado del linde sur de la finca en relación a la mención que hace a la propiedad del pasaje particular, hay que acreditar debidamente la adquisición del pasaje por el Arzobispado y el consentimiento del actual titular.
Artículo 20 de la Ley Hipotecaria (…).
Este documento ha sido firmado con firma electrónica cualificada por Isabel Herrero Méndez registrador/a de Registro Propiedad de Barcelona 15 a día diecisiete de octubre del dos mil veintidós».
Contra la anterior nota de calificación, don J. I. M., abogado, interpuso recurso el día 21 de noviembre de 2022 mediante escrito en el que alegaba lo siguiente:
«Hechos.
Primero. La calificación negativa registral recurrida, manifiesta que para rectificar el redactado de la confrontación Sur de la finca en relación con la mención que hace a la propiedad del pasaje particular, es necesario acreditar debidamente la adquisición del pasaje por el Arquebisbat y el consentimiento del actual titular.
Segundo. En la escritura de rectificación se indica y se acredita lo siguiente:
a) No hay ninguna finca colindando con el pasaje que conste que tiene inscrito en el registro de la propiedad ningún derecho de dominio sobre parte del pasaje.
b) La finca colindante de calle (…) (descripción antes de ser dividida) dice que por el Norte, confronta con pasaje particular (…)
Esta finca que confronta con pasaje particular, no dice que el pasaje sea del todo o en parte de su propiedad, sino que confronta con él y además dice que es particular, y no puede ser de nadie más que de la otra finca, propiedad del Arquebisbat de Barcelona.
Tercero. No se puede pedir al Arquebisbat de Barcelona que acredite la adquisición de parte del pasaje y el consentimiento del actual titular, porque no existe ningún propietario que ostente ningún derecho sobre el pasaje tal y como se ha acreditado.
Cuarto. El pasaje es parte de la finca registral del Arquebisbat de Barcelona y se firmó escritura de rectificación debido al error de mención de una arquitecto que manifestó que el pasaje era de propiedad del Arquebisbat en 2/3 partes.
Esta mención no debería haberse inscrito de acuerdo con el artículo 29 de la Ley Hipotecaria.
Quinto. El artículo 20 L.H. en su primer párrafo dice claramente que para inscribir derechos reales tendrán que constar previamente inscritos.
El pasaje está debidamente inscrito, pero por error en 2/3 partes solo y se ha acreditado que la única finca que podría tener el 1/3 del pasaje inscrito, es la finca colindante (…) y no lo tiene inscrito y además dice que linda con Pasaje particular.
Éste es evidente que es de propiedad del Arquebisbat como parte integrante de la finca registral 34.256, en su totalidad y que por un error de mención del arquitecto se inscribió en tal solo 2/3 partes.
Sexto. El hecho de que coincida registro y catastro en la superficie y al dejar fuera de la propiedad el tercio del pasaje se debe a que el catastro se modificó al presentarse la escritura con la confrontación Sur equivocada donde establecía la propiedad de 2/3 partes del pasaje.
Por todo esto,
Solicito, tenga por presentado el presente Recurso y se proceda a tramitarlo con la finalidad de inscribir la escritura de Rectificación para que el pasaje conste en su totalidad inscrito a favor del Arquebisbat de Barcelona.»
La registradora de la Propiedad emitió informe ratificando la calificación en todos sus extremos y elevó el expediente a esta Dirección General.
Vistos los artículos 9, 10, 20, 40, 198 y 199 de la Ley Hipotecaria; las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de septiembre de 2012, 15 de julio de 2015, 22 de noviembre de 2016 y 7 y 29 de noviembre de 2018, y la Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 23 de mayo de 2022.
1. En el presente recurso se discute si puede practicarse la inscripción de la rectificación de la descripción del lindero sur de la finca registral 34.256/N del término municipal de Barcelona.
La rectificación consiste en sustituir la expresión inscrita: «linda por el sur con un pasaje del que le corresponden dos tercios, según Catastro», por la siguiente: «Linda por el sur con un pasaje particular propio y mediante él, con una finca de la calle (…)».
Dicha finca tiene su georreferenciación inscrita y coordinada gráficamente con el Catastro, sin que la misma se modifique en la escritura calificada, como tampoco se modifica su superficie, alegando el otorgante un error en la descripción efectuada en el título inscrito por parte del arquitecto e ingeniero que elaboraron el informe que sirvió de base para la actualización de la descripción que se inscribió en el año 2018.
La registradora suspende la inscripción, alegando que no se ha presentado el título de propiedad del pasaje en cuestión, fundando su calificación en el artículo 20 de la Ley Hipotecaria.
El recurrente alega, básicamente, que ninguna de las descripciones de las fincas colindantes se atribuyen la titularidad del tercio restante del pasaje, cuyos dos tercios corresponden a la finca, y que no se puede pedir al Arzobispado de Barcelona que acredite la adquisición de parte del pasaje y el consentimiento del actual titular, porque no existe ningún propietario que ostente ningún derecho sobre el pasaje tal y como se ha acreditado.
2. Para resolver el presente recurso, como cuestión previa, debe determinarse qué medio jurídico es el que debe aplicarse para practicar el asiento solicitado.
El otorgante del título está solicitando la rectificación de un error en la descripción del lindero sur, padecido en la de redacción del título que provocó el asiento, que deriva del informe del arquitecto e ingeniero que sirvió de base al acta de actualización de la descripción que se inscribió en el año 2018.
Por tanto, estamos ante una inexactitud registral derivada no de un error del Registro, sino de un error en el título que motivó el asiento, pues el Registro ha reflejado el contenido del título.
No se modifica la georreferenciación, ni la superficie de la finca 34.256/N de Barcelona, que se presume que tiene la identificación y ubicación geográfica que resulta del asiento.
Estamos ante la solicitud de rectificación de un error cometido en el título, sin que se altere la titularidad del derecho ni el objeto del mismo, pues el pasaje está incluido en la georreferenciación inscrita, de modo que, si se inscribe la rectificación del lindero solicitado, la descripción será más coherente con la georreferenciación.
Por ello, no es un problema de tracto sucesivo del artículo 20 de la Ley Hipotecaria, exigiendo al titular registral de la finca que presente título de propiedad del pasaje, como si fuera una finca distinta de la 34.256/N, cuando lo que se está solicitando es la rectificación del lindero para que se incluya, no los dos tercios del pasaje, sino todo el pasaje entero.
3. El error cometido en un título ya inscrito sólo puede corregirse rectificando dicho título, con el consentimiento de quienes lo otorgaron, o resolución judicial, como declaró este Centro Directivo en las Resoluciones de 29 de noviembre de 2018 y 23 de mayo de 2022, como ocurre en el presente caso.
Y, como declaró la Resolución de este Centro Directivo de 22 de noviembre de 2016, si la finca está perfectamente identificada, y de la propia escritura ahora presentada resulta el error material cometido en la escritura precedente, concurren todos los elementos necesarios para la rectificación del dato erróneo, sin necesidad de ningún otro título ni de ningún consentimiento adicional, rectificación que puede afectar a la descripción de la finca, como declaró la Resolución de esta Dirección General de 15 de julio de 2015, en cuanto a un dato que constituye elemento esencial delimitador, en este caso, del objeto de derecho.
Si tal rectificación afectara a un tercero, dicha rectificación no podrá perjudicarle.
4. Por ello, en el presente caso, debe dilucidarse si la rectificación del error afecta o no a tercero.
Vista la descripción del lindero sur de la finca, debe determinarse si la mera mención a los dos tercios que le corresponden a la finca en el pasaje, según resulta del Catastro son suficientes para entender que estamos ante un derecho de dominio sobre finca que no ha tenido acceso al Registro, como entiende la registradora.
Para ello, como entiende el recurrente hay que acudir a las descripciones de las fincas que colindan por sur con la que es objeto del presente recurso.
Esta es la finca registral 7.785 del término municipal de Barcelona, cuya certificación registral aporta el recurrente. En su descripción, se dice que la finca en cuestión linda por el norte con pasaje particular, con finca de doña M. R. V., hoy pasaje particular. Por tanto, dicho lindero norte no forma parte de la finca 7.785 del término municipal de Barcelona, que colinda por el norte con la finca registral 34.256/N, objeto del presente recurso, cuya georreferenciación está inscrita y coordinada gráficamente con el Catastro, incluyendo el pasaje en cuestión, cuya titularidad provoca la nota de calificación de la registradora.
En la certificación registral de la finca 34.256/N, que se aporta por el recurrente y que es anterior a la inscripción de la actualización de la descripción, que se inscribió en el año 2018, el lindero sur se identifica como finca adjudicada a doña M. R., que puede coincidir con la descrita como M. R. V., que hoy sería el pasaje particular, que se integra en la georreferenciación inscrita de la finca registral 34.256/N.
Sin embargo, de la descripción registral puede resultar la existencia de una titularidad del pasaje en favor de un tercero, pues si la finca registral 34.256/N lindaba con la finca de M. R. V. y la 7.785 lindaba al norte con la finca de M. R. V., puede colegirse la existencia de una titularidad distinta del pasaje, razón por la cual el Catastro asigna una titularidad de dos tercios al titular de la finca 34.256/N.
Por tanto, no resulta del Registro que la asignación de los dos tercios de ese pasaje a la finca registral 34.256/N, sea un error que puede subsanarse si se atiende al contenido del Registro, sin que pueda afirmarse con rotundidad que dicha subsanación pueda inscribirse sin causar perjuicio a tercero, puesto que la rectificación de la descripción del linde sur pretendido no sería coherente con la descripción registral previa, aunque la georreferenciación inscrita y coordinada gráficamente con el Catastro de la finca registral 34.256/N.
Para evitar el posible perjuicio a tercero, y proceder a la inscripción de la modificación propuesta, debe tramitarse mediante un nuevo expediente del artículo 199 de la Ley Hipotecaria, notificando al colindante que resulta del Registro, por cualquiera de los medios que prevé el artículo 199.
Por todo lo razonado hasta ahora, esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de calificación recurrida, en los términos que resultan de los anteriores fundamentos de Derecho, debiendo tramitarse un nuevo expediente del artículo 199 de la Ley Hipotecaria con trámite de notificaciones para poder inscribir, en su caso, la rectificación solicitada, por tratarse de la rectificación de un supuesto error, cuya subsanación no puede realizarse, atendiendo al contenido del Registro, sin que sea indubitada la inexistencia de perjuicio para tercero.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.
Madrid, 13 de febrero de 2023.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente Santiago. | Administración |
BOE-A-2023-15725 | El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Banco de España han suscrito, con fecha 26 de Junio de 2023, una adenda de prórroga y modificación del convenio en proyectos culturales centrados en la colección artística del banco, por lo que, conforme a lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, una vez inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho convenio, que figura como anexo a esta resolución.
Madrid, 27 de junio de 2023.–El Director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Manuel Alonso Fuentes.
En Madrid, a 26 de junio de 2023.
De una parte, don Pablo Medina de Cos, gobernador del Banco de España (en adelante «BdE»), nombrado por Real Decreto 351/2018, de 30 de mayo (BOE núm. 132, de 31 de mayo), actuando en nombre y representación del mismo, en uso de las facultades atribuidas por el artículo 18 de la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España (BOE núm. 131, de 2 de junio de 1994), con C.I.F. Q2802472G, y sede en Madrid, calle Alcalá, 48.
De otra parte, don Manuel Vega Álvarez, director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, nombrado por Real Decreto 436/2023, de 6 de junio (BOE núm. 13, de 7 de junio), actuando en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 11 de la Ley 34/2011, de 4 de octubre, reguladora del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (BOE núm. 240, de 5 de octubre), y el artículo 9.2.c) del Real Decreto 188/2013, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (BOE núm. 86, de 6 de abril).
Ambas partes se reconocen competencia y capacidad para formalizar la presente Adenda, en la respectiva representación que ostentan y a tal efecto
Que con fecha 25 de abril de 2019, ambas partes suscribieron un convenio, inscrito en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación –REOICO– con fecha 9 de mayo de 2019, con número de inscripción 9/2009 y número de expediente RCN-CUD201900097, y publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 154, de 28 de junio de 2019, para establecer el marco general y las bases para la realización de actividades conjuntas entre ambas instituciones y la colaboración en proyectos culturales centrados en la colección artística del Banco de España.
Que en la cláusula séptima «Vigencia y Duración», se establece que el convenio entrará en vigor una vez inscrito en el Registro Electrónico Estatal de órganos e Instrumentos de Cooperación del Sector Público Estatal y publicado en el «Boletín Oficial del Estado» y tendrá una vigencia de cuatro años, señalando igualmente dicha cláusula que, con carácter previo a la fecha de terminación, dicho plazo podrá ser prorrogado mediante acuerdo expreso de las partes por un periodo adicional de cuatro años.
Que antes de finalizar la vigencia del convenio, y de acuerdo con lo establecido en la cláusula séptima «Vigencia y Duración» ambas partes consideran conveniente, manteniendo las condiciones económicas fijadas inicialmente, prorrogar el convenio por un periodo adicional de cuatro años, hasta el 27 de junio de 2027.
En razón a cuanto antecede, ambas partes acuerdan suscribir la presente Adenda de prórroga y modificación parcial del Convenio entre el Banco de España y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en proyectos culturales centrados en la colección artística del Banco de España, con arreglo a las siguientes
Que el convenio identificado en el expositivo primero sea prorrogado por un periodo adicional de cuatro años, por el periodo comprendido entre el 28 de junio de 2023 y el 27 de junio de 2027.
Las contribuciones de cada una de las partes para la ejecución del proyecto serán las establecidas en la cláusula segunda del convenio citado en el expositivo primero.
La distribución temporal por anualidades de los compromisos económicos asumidos por el BdE durante esta prórroga es la siguiente:
– Año 2023: 40.000 euros, que se imputarán al presupuesto del ejercicio 2023.
– Año 2024: 40.000 euros, que se imputarán al presupuesto del ejercicio 2024.
– Año 2025: 40.000 euros, que se imputarán al presupuesto del ejercicio 2025.
– Año 2026: 40.000 euros, que se imputarán al presupuesto del ejercicio 2026.
De acuerdo con el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la presente adenda se perfecciona por la prestación del consentimiento de las partes mediante su firma y su vigencia comenzará el día en que sea inscrita en el REOICO al que se refiere la Disposición Adicional Séptima de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, será publicada en el BOE.
Y para que conste y en garantía de su más exacto cumplimiento, ambas partes firman el presente documento, que formará parte como adenda del convenio reseñado en el encabezamiento.–Por el Banco de España, El Gobernador, Pablo Medina de Cos.–Por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, El Director, Manuel Vega Álvarez.
La presente adenda ha sido informada favorablemente por la Abogacía del Estado coordinadora del Convenio de Asistencia Jurídica MNCARS-Abogacía General del Estado con fecha 17 de mayo de 2023. | Normativas |
BOE-A-2024-24415 | El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, en segunda votación y por mayoría absoluta de sus miembros, de conformidad con lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 11 de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, ha elegido a los siguientes miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE:
Don Miguel Calçada i Olivella.
Doña Rosa León Conde.
Don José Carmona Navarro Santos.Doña Pascual Reyes Romero Ramos Caz.
Doña Esther de la Mata Ahedo. Serrano Márquez Sáez Herrera Cortés.
Doña Mercedes de Pablos Candón.
Doña Martínez Medina Rodríguez.
Don Sergi Sol i Bros.Doña Crespo Santiago Molina Bravo.
Doña Angélica Rubio Cerezales.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de noviembre de 2024.–La Presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol Socias. | Cultura |
BOE-A-2024-23402 | De acuerdo con lo establecido en el artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, el Director General de Política Energética y Minas en base a los siguientes
Energía Inagotable de Vela, SL, solicita, con fecha 28 de junio de 2021, autorización administrativa previa del parque eólico Vela de 49,5 MW, junto con su infraestructura de evacuación, consistente en las líneas eléctricas subterráneas de media tensión a 30 kV hasta la subestación eléctrica transformadora SET Sena 30/400 kV (quedando la propia SET Sena y el resto de la evacuación hasta la subestación eléctrica Rubí 400 kV de Red Eléctrica de España fuera del alcance de la solicitud), en los términos municipales de Villanueva de Sigena, en la provincia de Huesca (en adelante también, el proyecto).
Esta Dirección General acreditó que la solicitud de autorización administrativa previa del proyecto del parque eólico Vela y su infraestructura de evacuación, en la provincia de Huesca, había sido presentada y admitida a trámite.
Asimismo, esta Dirección General, con fecha 24 de julio de 2021, dictó acuerdo de acumulación para la tramitación conjunta de los parques eólicos Maia, Vela y Octante junto con sus infraestructuras de evacuación, con código de expediente acumulado PEol-577-AC.
Esta Dirección General da traslado del expediente a las respectivas Áreas Funcionales de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Barcelona y de la Subdelegación del Gobierno en Huesca, como órganos competentes para la tramitación del expediente de solicitud de autorización conforme a lo dispuesto en el artículo 113 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.
Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la solicitud de autorización administrativa previa, acompañada del proyecto y estudio de impacto ambiental se somete a información pública, con la debida publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y «Boletín Oficial de las provincias» afectadas, habiéndose solicitado igualmente los correspondientes informes a las distintas administraciones, organismos y empresas de servicio público o de servicios de interés general en la parte que la instalación pueda afectar a bienes y derechos a su cargo, así como a los organismos que deben presentar informe conforme a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.
Con fecha 4 de mayo de 2022, se recibe el informe y el expediente de tramitación del Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Aragón, complementado posteriormente, y con fecha 19 de octubre de 2022, el informe y el expediente de tramitación del Área Funcional de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Barcelona, complementado posteriormente.
Con fecha 7 de noviembre de 2022 se remite a la Subdirección General de Evaluación Ambiental (SGEA) dicho expediente para inicio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, según lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental emite, con fecha 28 de agosto de 2023, resolución por la que formula declaración de impacto ambiental desfavorable para el parque eólico Vela, junto con sus infraestructuras de evacuación asociadas, concluyendo que dicho proyecto se ubica dentro del ámbito de aplicación del plan de conservación del hábitat del cernícalo primilla y dentro de un área crítica del plan, por lo que su implantación afectaría tanto a la consecución de los objetivos de dicho plan como a territorios vitales para la supervivencia y conservación de la especie, por lo que no es viable su implantación (en adelante, Declaración de Impacto Ambiental desfavorable).
La citada resolución se encuentra disponible en el siguiente enlace:
https://www.boe.es/boe/dias/2023/09/19/pdfs/BOE-A-2023-19694.pdf
Habiéndose formulado la declaración de impacto ambiental del proyecto acumulado, esta Dirección General de Política Energética y Minas acuerda, con fecha 31 de octubre de 2023, la tramitación separada de los proyectos para la resolución definitiva por separado de cada uno de ellos, quedando por tanto dicha acumulación sin efecto, para así resolverse separadamente todos los procedimientos relativos a los expedientes de autorización administrativa previa de los parques eólicos Maia, Vela y Octante, y sus infraestructuras de evacuación.
En consecuencia, el procedimiento de autorización administrativa del proyecto del parque eólico Vela, de 49,5 MW de potencia instalada, y de su infraestructura de evacuación, en la provincia de Huesca, pasa a realizarse bajo el expediente con código PEol-576.
El proyecto obtuvo permisos de acceso y conexión a la red de transporte mediante la emisión de Informe de Viabilidad de Acceso a la Red (IVA), así como Informe de Cumplimiento de Condiciones Técnicas de Conexión (ICCTC) e Informe de Verificación de las Condiciones Técnicas de Conexión (IVCTC) en la subestación Rubí 400 kV, propiedad de Red Eléctrica de España, SAU.
Con fecha de 31 de octubre de 2023 tiene entrada en el Registro de este Ministerio escrito de Red Eléctrica de España, SAU, por el que se comunica la caducidad de los permisos de acceso y conexión otorgados en aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.
Con fecha 22 de octubre de 2024 se notifica el trámite de audiencia sobre la propuesta de resolución por la que se desestima la solicitud de autorización administrativa previa del proyecto, en el expediente SGIISE/PEol-576.
Con fecha 23 de octubre de 2024 el promotor responde al trámite de audiencia manifestando su conformidad con la propuesta recibida.
Analizada la documentación recibida y teniendo en cuenta los hechos que anteceden, esta Dirección General de Política Energética y Minas dicta la presente resolución, en base a los siguientes
Tomando en consideración lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, y en el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.
La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico dispone, en el artículo 21 relativo a actividades de producción de energía eléctrica, que «La puesta en funcionamiento, modificación, cierre temporal, transmisión y cierre definitivo de cada instalación de producción de energía eléctrica estará sometida, con carácter previo, al régimen de autorizaciones establecido en el artículo 53 y en su normativa de desarrollo».
El artículo 53 regula la puesta en funcionamiento de nuevas instalaciones de transporte, distribución, producción y líneas directas, sometiéndola a la obtención de las siguientes autorizaciones administrativas: autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y autorización de explotación.
De conformidad con el artículo 3.13 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, corresponden a la Administración General del Estado, en los términos establecidos en dicha ley, las siguientes competencias:
«Autorizar las siguientes instalaciones eléctricas:
a) Instalaciones peninsulares de producción de energía eléctrica, incluyendo sus infraestructuras de evacuación, de potencia eléctrica instalada superior a 50 MW eléctricos, instalaciones de transporte primario peninsular y acometidas de tensión igual o superior a 380 kV.
b) Instalaciones de producción incluyendo sus infraestructuras de evacuación, transporte secundario, distribución, acometidas, líneas directas, y las infraestructuras eléctricas de las estaciones de recarga de vehículos eléctricos de potencia superior a 250 kW, que excedan del ámbito territorial de una Comunidad Autónoma, así como las líneas directas conectadas a instalaciones de generación de competencia estatal.»
Sobre la autorización administrativa previa, se dispone, en el artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, que se tramitará con el anteproyecto de la instalación como documento técnico y, en su caso, conjuntamente con la evaluación de impacto ambiental, según lo dispuesto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, y otorgará a la empresa autorizada el derecho a realizar una instalación concreta en determinadas condiciones. La autorización administrativa de instalaciones de generación no podrá ser otorgada si su titular no ha obtenido previamente los permisos de acceso y conexión a las redes de transporte o distribución correspondientes. Asimismo, la solicitud de autorización debe cumplir los requisitos generales administrativos recogidos, con carácter general, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, así como los requisitos generales técnicos que están recogidos en la normativa sectorial de aplicación.
Por otra parte, el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, regula, con carácter general, en los artículos 121, 122, 123 y 124, cuestiones relativas a la solicitud de autorización administrativa. En particular, el artículo 124 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, establece que los proyectos de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica se someterán a evaluación de impacto ambiental cuando así lo exija la legislación aplicable en esta materia.
El artículo 42 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental establece que este órgano sustantivo deberá tener debidamente en cuenta, en el procedimiento de autorización del proyecto, la evaluación de impacto ambiental efectuada.
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental regula la evaluación de impacto ambiental de los proyectos, entre ellos los consistentes en la realización de obras e instalaciones, incluidos en su ámbito de aplicación, como proceso a través del cual se analizan los efectos significativos que tienen o pueden tener proyectos, antes de su autorización, sobre el medio ambiente, incluyendo la población, la salud humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, la geodiversidad, la tierra, el suelo, el subsuelo, el aire, el agua, el clima, el cambio climático, el paisaje, los bienes materiales, incluido el patrimonio cultural, y la interacción entre todos los factores mencionados. Esta ley transpone el Derecho comunitario en la materia.
En su título II, sección primera, se regula el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria para la formulación de la declaración de impacto ambiental.
Así, el artículo 7 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, dispone los proyectos que serán objeto de evaluación de impacto ambiental ordinaria, y, entre ellos, los comprendidos en el anexo I, así como los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo I mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados.
Corresponde a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, la resolución de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de proyectos de competencia estatal, de acuerdo con el artículo 7.1.c) del Real Decreto 500/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
En el marco de dicho procedimiento, el órgano ambiental lleva a cabo el análisis tanto formal, respecto a la información pública del proyecto y del estudio de impacto ambiental y consulta a las Administraciones públicas afectadas, con los respectivos informes preceptivos, y a las personas interesadas, como igualmente el análisis técnico del expediente de evaluación ambiental.
El órgano ambiental, una vez finalizado el análisis técnico del expediente de evaluación de impacto ambiental, formulará la declaración de impacto ambiental. Y, según dispone el artículo 41, apartado 2, de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre:
«La declaración de impacto ambiental tendrá la naturaleza de informe preceptivo y determinante, que concluirá sobre los efectos significativos del proyecto en el medio ambiente y, en su caso, establecerá las condiciones en las que puede desarrollarse para la adecuada protección de los factores enumerados en el artículo 35.1.c) durante la ejecución y la explotación y, en su caso, el cese, el desmantelamiento o demolición del proyecto, así como, en su caso, las medidas preventivas, correctoras y compensatorias.»
Según los apartados 3 y 4 del artículo 41 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, la declaración de impacto ambiental se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» en el plazo de diez días hábiles a partir de su formulación, no siendo ésta objeto de recurso sin perjuicio de los que, en su caso procedan vía administrativa y judicial frente al acto por el que se autoriza el proyecto.
Tal y como queda puesto de manifiesto en su artículo 5, la declaración de impacto ambiental es un informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que finaliza la evaluación de impacto ambiental ordinaria.
A continuación, el artículo 42, apartado 1, de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, dispone que:
«El órgano sustantivo deberá tener debidamente en cuenta, en el procedimiento de autorización del proyecto, que deberá resolverse en un plazo razonable, la evaluación de impacto ambiental efectuada, incluidos los resultados de las consultas.»
Por su parte, la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, declara en su Exposición de Motivos, haciendo referencia a la existencia de jurisprudencia al respecto, que:
«El carácter determinante de los pronunciamientos ambientales se manifiesta en una doble vertiente, formal y material.
[…] Desde el punto de vista material, esto es, en cuanto a la vinculación de su contenido para el órgano que resuelve, el carácter determinante de un informe supone, conforme a la reciente jurisprudencia, que el informe resulta necesario para que el órgano competente para resolver pueda formarse criterio sobre las cuestiones a las que el propio informe se refiere.
Este carácter determinante se materializa en el mecanismo previsto en esta ley para la resolución de discrepancias, de manera que el órgano sustantivo está determinado por el condicionado de los pronunciamientos ambientales, pudiendo apartarse motivadamente solo en el ámbito de sus competencias y planteando la correspondiente discrepancia ante el Consejo de Ministros o el Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente, o en su caso, el que dicha comunidad haya determinado.»
En consecuencia, las conclusiones del órgano ambiental acerca de los efectos significativos sobre el medio ambiente del proyecto resultan vinculantes para el órgano que resuelve, dado el carácter determinante de la declaración de impacto ambiental, tal como señala también reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, por ejemplo y entre otras, en su Sentencia 962/2022, de 11 de julio:
«De las consideraciones expuestas en la transcrita Exposición de Motivos de la LEA surge una de las relevantes circunstancias de esa consideración del procedimiento de evaluación ambiental, la vinculación de la misma al órgano sustantivo, es decir, como se declara en el párrafo transcrito, al tener la DEA carácter determinante, comporta imponer las condiciones que en la misma se impongan al órgano sustantivo, es decir, en la aprobación del proyecto de instrumento de ordenación tramitado.»
Teniendo en cuenta el contenido de la Declaración de Impacto Ambiental desfavorable, que sirve de motivación a esta resolución desestimatoria.
El Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, en su artículo 1, apartado 1 dispone que los titulares de los permisos de acceso para instalaciones de generación de energía eléctrica desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, deberán obtener la declaración de impacto ambiental favorable en un plazo de 31 meses y la autorización administrativa previa en un plazo de 34 meses desde la obtención de los permisos.
Lo anterior debe ponerse en relación con el citado artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, conforme al cual la autorización administrativa de instalaciones de generación no podrá ser otorgada si su titular no ha obtenido previamente los permisos de acceso y conexión a las redes de transporte o distribución correspondientes.
A continuación, se añade, en el apartado 2 del artículo 1 del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, que:
«La no acreditación ante el gestor de la red del cumplimiento de dichos hitos administrativos en tiempo y forma supondrá la caducidad automática de los permisos de acceso y, en su caso, de acceso y conexión concedidos y la ejecución inmediata por el órgano competente para la emisión de las autorizaciones administrativas de las garantías económicas presentadas para la tramitación de la solicitud de acceso a las redes de transporte y distribución. No obstante, si por causas no imputables al promotor, no se produjese una declaración de impacto ambiental favorable, no se procederá a la ejecución de dichas garantías.»
A las garantías presentadas por el promotor será de aplicación el Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, en concreto, lo establecido en el artículo 23.6, y si así fuera solicitado por este.
A la vista de la documentación aportada, dados los trámites efectuados, y de acuerdo con el artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, esta Dirección General de Política Energética y Minas en el ejercicio de las competencias que le atribuye el referido Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, resuelve:
Desestimar la solicitud de autorización administrativa previa del parque eólico Vela de 49,5 MW de potencia instalada y de su infraestructura de evacuación, en la provincia de Huesca, acordando el archivo del expediente PEol-576.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 62.2.i) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la Secretaría de Estado de Energía en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la notificación de la presente resolución.
Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos. Para el cómputo de los plazos por meses habrá de estarse a lo dispuesto en el artículo 30 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Madrid, 24 de octubre de 2024.–El Director General de Política Energética y Minas, Manuel Fernández Lorenzo. | Energía y Medio Ambiente |
BOE-A-2022-20270 | stro de cabecera.
4.1.2 Registro de datos (PRESTACION).
4.1.3 Registro de pie.
4.1.4 Validaciones generales.
4.1.4.1 Campos numéricos.
Todos los campos numéricos (representados con una N en la columna Tipo de la tabla anterior) deberán ir ajustados a la derecha.
En el caso de no llegar a la longitud definida se deberán rellenar con ceros por la izquierda.
Si un campo numérico no tiene contenido se deberá rellenar a ceros.
Para el caso de campos numéricos que representan un importe, se enviarán en céntimos de euro (sin decimales) y siempre deberá ser positivo.
4.1.4.2 Campos alfanuméricos.
Todos los campos alfanuméricos (representados con una A en la columna Tipo de la tabla anterior) deberán ir ajustados a la izquierda.
En el caso de no llegar a la longitud definida se deberán rellenar con espacios por la derecha.
4.1.4.3 Campos fecha.
Los campos fecha se consideran siempre numéricos (aparecen con tipo N en la tabla anterior) de 8 posiciones.
Todos los campos fecha requieren el formato AAAAMMDD.
4.1.4.4 Apartado DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA PERSONA.
Este apartado es clave para identificar unívocamente a la persona que percibe o es beneficiaria de la prestación.
Para ello se utilizará el campo IDENTIFICATIVO, que representa el Indicador de Persona Física (IPF), según se detalla a continuación:
– La primera posición del campo identifica el tipo de IPF, siendo válidos los valores siguientes:
● 1: DNI.
● 6: NIE.
● 9: IPF ficticio. Solo para españoles menores de 14 años.
– Las posiciones dos a once se formatearán según el tipo de IPF:
● 1: DNI: Las primeras diez contendrán el número de DNI con ceros a la izquierda y la última contendrá la letra del DNI.
● 6: NIE: Las primeras diez contendrán el número de NIE (normalmente empezará por 0X, 0Y o 0Z) y la última contendrá la letra del NIE.
● 9: IPF ficticio:
○ Las posiciones dos a tres contendrán las dos primeras letras del primer apellido (sin partículas).
○ Las posiciones cuatro a cinco contendrán las dos primeras letras del segundo apellido (sin partículas). Si no existiera segundo apellido se remitirán tres guiones medios ‘– – –‘.
○ Las posiciones seis a siete contendrán los dos últimos caracteres del año de nacimiento.
○ Las posiciones ocho a nueve contendrán el mes de nacimiento.
○ Las posiciones diez a once contendrán el día de nacimiento.
○ Las posiciones doce a quince vendrán a ceros (salvo que se conozcan la duplicidad y el desdoblamiento de Afiliación).
○ En el anexo 40.1 se explica con mayor detalle la forma de crear estos IPFs.
– Las posiciones doce a quince representan la duplicidad de ese identificador y su desdoblamiento, conceptos manejados en Afiliación para IPFs repetidos.
● Para los tipos 1, 6 y 9 se completarán si se conocen. En caso de no conocerse, se enviarán a ceros.
– Para los IPF de tipo 9 se validará que su nacionalidad (campo NACIONALIDAD) sea española.
El campo OTRO IDENTIFICATIVO tiene el mismo formato que el campo IDENTIFICATIVO. Representa un IPF y solo se utilizará para los casos en los que se desee informar de un cambio de un IPF previamente informado, código de actuación 05 en cuyo caso será obligatorio (típico uso de extranjeros que tienen IPF de tipo 6 y al conseguir nacionalidad española cambian su IPF a uno de tipo 1).
El APELLIDO SEGUNDO si no se conoce deberá contener «—».
La FECHA DE NACIMIENTO es obligatoria y no aceptará valores menores a 19000101.
4.1.4.5 Apartado OTROS DATOS PERSONALES.
El campo NACIONALIDAD se completará en base a la codificación ISO 3166 numérica. Además se aceptarán los valores:
– 952 - APATRIDAS.
– 953 - PAIS DESCONOCIDO.
El campo INDICADOR DE DATOS PROTEGIDOS hace referencia a una especial protección para aquellos ciudadanos que la hayan solicitado expresamente ante la administración correspondiente. Sus valores podrán ser:
– P - PROTEGIDOS.
– D - Desproteger. (NO REQUIERE PROTECCIÓN) Solo permitido para código de actuación 06.
– Vacío - NO REQUIERE PROTECCIÓN.
4.1.4.6 Apartado DATOS DE RESIDENCIA.
En este bloque se remitirá la dirección de la persona que tiene asociada la prestación. El tratamiento es diferente en función de si es un domicilio nacional o extranjero.
El campo PAIS DE RESIDENCIA determinará si el domicilio es nacional o extranjero. Se introducirá el código 953 si se desconoce.
Para DOMICILIO NACIONAL (código país 724) se validarán los siguientes campos:
– PROVINCIA DE RESIDENCIA. Será siempre obligatorio. Si se desconoce existe el valor 99 PROVINCIA DESCONOCID.
– CODIGO MUNICIPIO DE RESIDENCIA. Código del municipio de residencia de la persona perceptora/beneficiaria de la prestación. Los valores permitidos serán los del Código INE, los códigos admitidos se encuentran en esta dirección: http://www.ine.es/nomen2/index.do (página nomenclátor del INE).
– NOMBRE DEL MUNICIPIO DE RESIDENCIA. Si se desconoce el código anterior, será obligatorio introducir aquí en texto la localidad de residencia. Si no se conoce, el nombre del municipio podría contener «DESCONOCIDO».
– El resto de campos no son obligatorios pero, en caso de que alguno tenga contenido se deberá cumplir la siguiente obligatoriedad:
● CODIGO DE VÍA (obligatorio).
● NOMBRE DE LA VIA (obligatorio).
● NUMERO DE LA VIA (no obligatorio).
● ESCALERA (no obligatorio).
● PUERTA (no obligatorio).
● PISO (no obligatorio).
● BLOQUE (no obligatorio).
● CODIGO POSTAL (obligatorio).
Para DOMICILIO EXTRANJERO (código país distinto de 724 y 953), se enviará en modo texto la dirección extranjera a través de los siguientes campos:
– DIRECCION DE RESIDENCIA 1. Datos de la dirección.
– DIRECCION DE RESIDENCIA 2. Datos adicionales por si no fuese suficiente el campo anterior.
– LOCALIDAD DE RESIDENCIA EXTRANJERA. Nombre de la localidad extranjera. Si se desconoce deberá contener «DESCONOCIDO».
4.1.4.7 Apartado DATOS ESPECÍFICOS IMV o RIS.
Este conjunto de datos únicamente se deberá completar si el registro que se está enviando es una prestación de Ingreso Mínimo Vital (IMV, código 1230102) o una Renta de Integración Social (RIS, código 560202). En cualquier otro caso estos datos irán rellenos a espacios en blanco.
4.2 Tipos de acciones disponibles en prestaciones.
Una vez descrito el formato del fichero de prestaciones y validaciones básicas, procedemos a explicar las acciones disponibles que, a través del fichero, las entidades podrán remitir al INSS.
El campo CODIGO DE ACTUACION indicará qué operación se pretende aplicar con el registro (prestación) remitido. Sus posibles valores son:
– 01: Alta de prestación. Alta de prestación en el sistema de tarjeta social digital.
– 02: Modificación de prestación. Modificación de datos de una prestación existente (previamente cargada) en el sistema de tarjeta social digital.
– 03: Borrado de prestación. Borrado físico de una prestación. Se utilizará esta acción para corregir errores y borrar prestaciones previamente remitidas al sistema de tarjeta social digital.
– 04: Cambio de situación de prestación. Se utilizará para modificar el estado de una prestación previamente enviada (campo ESTADO ACTUAL). Un uso típico podría ser una prestación que ha estado de Alta durante un periodo de tiempo y en un momento dado pasa a Baja.
– 05: Cambio de identificación de persona. Cambio en el identificador de una persona existente en el sistema de tarjeta social digital. Uso típico de campo de tipo de IPF de 6 (NIE - extranjero) a 1 (DNI - nacional).
– 06: Variación de datos personales. Variación de datos personales de persona existente en el sistema de tarjeta social digital.
– 07: Traspaso de prestación. Asocia una prestación existente en el sistema de tarjeta social digital a otra persona.
Dado que la carga inicial (o masiva) de prestaciones es un proceso muy costoso que pretende agilizar la carga de una gran cantidad de información en el sistema, únicamente permitirá acciones de tipo Alta prestación (01).
Por el contrario, el proceso de carga diaria permite utilizar todas las acciones que aquí se detallan.
4.2.1 Alta de prestación (código de actuación 01).
Se utilizará para dar de alta una nueva prestación en el sistema por parte de una entidad. Se aportará por la entidad la información referente a los datos personales (incluyendo como opcional el indicador de protección), el domicilio de residencia y los datos de la prestación.
Si la prestación que quiere enviar no se encuentra en el catálogo (ver ANEXO 7.4), por favor solicite su creación a incidencias.tsd@seg-social.es, anexando la normativa reguladora de la misma.
4.2.1.1 Validaciones a aplicar.
– La obligatoriedad de los campos a aportar en un registro de Alta de prestación vienen detallados en la tabla del apartado 4.2.8.
– Si la prestación ya se encuentra dada de alta en el sistema se rechazará.
– Si la FECHA DE SITUACIÓN de la prestación es anterior al 1 de enero de 1900 o supera en más de tres meses la fecha de carga se rechazará el alta.
– Si la persona perceptora de la prestación ya se encuentra en el sistema (mismo IDENTIFICADOR) no se le dará de alta. Se asociará a la persona encontrada la nueva prestación recibida siempre y cuando se detecte que se trata de la misma persona. Para ello se aplicará el algoritmo de coincidencia del 80% de los datos personales (apellidos y nombre y fecha de nacimiento).
– No se admitirán movimientos de alta de prestación asociados a un identificador de persona que previamente haya sido modificado a través de un movimiento de CAMBIO DE IDENTIFICACION DE PERSONA (05). En estos casos, en el fichero de respuesta se indicará el error 31034 (Referencia al identificativo antiguo en el movimiento) y se devolverá a la entidad gestora a nivel informativo cual es el identificador actual de persona dada de alta en TSD en el campo OTRO IDENTIFICATIVO.
– Se modificará el domicilio siempre que se consideren los nuevos datos suministrados igual o más completos que los ya cargados en TSD. Teniendo en cuenta los campos «País», «Nombre localidad» y «Nombre vía»
– El alta de prestaciones que no sean de TIPO DE PAGO único (‘U’) siempre deberán llevar en el campo SITUACION ACTUAL el valor ‘A’ (alta), es decir, la prestación a cargar debe estar de alta. Si fuese necesario cargar una prestación de baja deberá realizarse a través del procedimiento de carga de histórico (Anexo 30).
– Si en el campo TIPO DE PAGO se introduce el valor U (pago único), el campo SITUACION ACTUAL debe ser ‘B’ (baja) y la FECHA DE SITUACION debe ser la fecha de efectos de la prestación. Solo en el caso de las prestaciones que su pago único haga referencia a un periodo de tiempo se comunicará ‘A’ (alta) y ‘B’ de la prestación. Caso de uso típico de capitalizaciones (CLASE DE PAGO 23).
– Solo para el proceso de carga inicial o masiva, no se permitirá dentro del mismo fichero el envío de alta de prestaciones asociadas al mismo identificativo (IPF) con apellidos y nombres distintos. Esto es debido a que las validaciones que obligan estas situaciones ralentizarían el proceso masivo. En caso de detectarse esta situación, se devolverá error con el código 11033 (Identificador duplicado con diferente valor en Apellidos y/o nombre en el fichero de entrada. No se contempla este caso en carga inicial). Esta situación se puede dar especialmente en hermanos con IPF’s ficticios nacidos el mismo día (que tendrán el mismo IDENTIFICATIVO). Si fuese necesario tramitar su alta se deberá remitir a través de una carga diaria.
– Si el registro que se pretende crear es de la prestación Ingreso Mínimo Vital (IMV, código 1230102) o una Renta de Integración Social (RIS, código 560202), se deberán aportar obligatoriamente los campos NUMERO CONVIVIENTES, PERCEPTOR y ESTADO PERCEPTOR.
– En el caso de prestaciones IMV o RIS, se mandará un primer registro de alta de la prestación con los datos del titular, indicando como tipo de perceptor T. Si la unidad de convivencia está formada por más miembros se tendrán que recibir tantos registros como beneficiarios (a excepción del titular), indicando como tipo de perceptor B. Se deberá enviar la misma CLAVE PROPIA ENTIDAD tanto en el registro del titular como en los del resto de beneficiarios. La diferenciación vendrá por el tipo de Perceptor (T o B).
– Para prestaciones IMV o RIS, se rechaza el alta de un beneficiario, en el caso de que la prestación no exista (necesaria el alta previamente de la prestación con el titular).
– En función del tipo de entidad que remite la información (local, autonómica, estatal o Mutuas) existirá un conjunto concreto de prestaciones que podrá enviar en el campo CLAVE PRESTACION, según se detalla en el ANEXO 7.4. En el caso de remitir una prestación que no corresponde con la entidad, se devolverá un error (código 11282 «El campo CLAVE PRESTACION no puede ser remitido por esta entidad»).
4.2.2 Modificación de prestación (código de actuación 02).
Con este código la entidad remitirá los datos del apartado DATOS DE LA PRESTACIÓN que desea modificar, identificándose la prestación por la CLAVE PROPIA ENTIDAD.
Se podrán modificar los campos CLAVE PRESTACION, FECHA DE SITUACION, TIPO DE PAGO, y en el «Bloque importes» CODIGO e IMPORTE.
A través de esta acción también se podrán modificar los datos específicos de las prestaciones Ingreso Mínimo Vital (IMV - 1230102) o Renta de Integración Social (RIS - 560202).
4.2.2.1 Validaciones a aplicar.
– La obligatoriedad de los campos a aportar en un registro de Modificación de prestación vienen detallados en la tabla del apartado 4.2.8. En este caso, los campos marcados como no obligatorios si se completan no se validarán. La identificación de la prestación se realizará a través de la CLAVE PROPIA ENTIDAD.
– Si la prestación no se localiza en el sistema, se rechazará la operación.
– La prestación solo podrá ser modificada por la entidad gestora que la dio de alta.
– Si la prestación que se pretende modificar es un Ingreso Mínimo Vital (IMV, código 1230102) o una Renta de Integración Social (RIS, código 560202), los datos personales que acompañarán al registro deben ser los del titular de la prestación.
– Si lo que se pretende modificar es la fecha de alta o baja de un beneficiario de la prestación se deberán mandar los datos personales del beneficiario.
4.2.3 Borrado de prestación (código de actuación 03).
Se utilizará para BORRAR una prestación. Su sentido será el eliminar registros que se remitieron por error. Conlleva un borrado físico de la prestación. Puesto que el borrado de una prestación implica que dicha prestación ya está almacenada en nuestro sistema, la entidad aportará únicamente la CLAVE PROPIA ENTIDAD que identifica la prestación.
4.2.3.1 Validaciones a aplicar.
– La obligatoriedad de los campos a aportar en un registro de Borrado de prestación vienen detallados en la tabla del apartado 4.2.8. En este caso, los campos marcados como no obligatorios si se completan no se validarán, ya que la única información necesaria para realizar el borrado es la entidad y la CLAVE PROPIA ENTIDAD.
– Si la prestación no se localiza en el sistema, se rechazará la operación.
– La prestación solo podrá ser borrada por la entidad gestora que la dio de alta en el sistema.
– Si la prestación ya tuviera asociado un histórico de pagos, este sería borrado en el mismo proceso del borrado de la prestación.
– Si la prestación con objeto de ser eliminada es la única que tenía asociada la persona perceptora de la prestación, se eliminaran tanto los datos personales como los de domicilio siempre y cuando no tengan situaciones subjetivas asociadas.
4.2.4 Cambio de situación de una prestación (código de actuación 04).
Esta acción únicamente está pensada para comunicar los cambios de situación que se produzcan en una prestación previamente enviada al sistema. Se utilizará para suspender (S), extinguir (B) o activar (A) una prestación. Los datos a aportar por la entidad se reducirán a identificar la prestación que se quiere modificar, el nuevo estado y su fecha. También se usará para extinguir (B) o activar (A) los miembros de la unidad de convivencia en las prestaciones IMV y RIS (Caso de uso para nacimientos, fallecimientos o miembros que se independizan).
4.2.4.1 Validaciones a aplicar.
– La obligatoriedad de los campos a aportar en un registro de Cambio de situación de una prestación vienen detallados en la tabla del apartado 4.2.8. En este caso, los campos marcados como no obligatorios si se completan no se validarán, ya que la única información necesaria para realizar el cambio de situación es la identificación de la prestación y el nuevo estado y fecha. La identificación de la prestación se realizará a través de la CLAVE PROPIA ENTIDAD.
– Si la prestación no se localiza en el sistema, se rechazará la operación.
– La situación de la prestación solo podrá ser modificada por la entidad gestora que la dio de alta en origen.
– Si no coincidiese el IPF remitido (por haberse producido una vez remitida la prestación un cambió de identificador a través de un código de actuación 05) se procesará el movimiento advirtiendo en el fichero de respuesta de esta situación e incluyendo el identificador actual asociado a la prestación. Se devolverá el código de aviso 91030 «AVISO: aceptado con observaciones referentes al identificativo». Asociado a este aviso se devolverá a la entidad gestora, a nivel informativo, el nuevo identificativo en el campo OTRO IDENTIFICATIVO.
– Si lo que se pretende modificar es la situación de una prestación de Ingreso Mínimo Vital (IMV, código 1230102) o Renta de Integración Social (RIS, código 560202) se deberán enviar los datos personales del titular de la prestación y, para el cambio, se tendrá en cuenta el campo SITUACIÓN ACTUAL.
– Si lo que se pretende modificar es el estado de un beneficiario de una prestación de Ingreso Mínimo Vital (IMV, código 1230102) o Renta de Integración Social (RIS, código 560202) se deberán enviar los datos personales del beneficiario. Se utilizará el campo ESTADO PERCEPTOR para su modificación. Si se comunica una variación de la situación de un miembro de la unidad de convivencia deberá actualizarse el número de miembros de la unidad de convivencia en el campo NÚMERO DE CONVIVIENTES.
4.2.5 Cambio de identificación de persona (código de actuación 05).
Se utilizará para modificar el identificador de una persona perceptora de prestación que se encuentre dada de alta en la BBDD de TSD.
Se aportará por la entidad el identificador antiguo, el identificador nuevo, compuesto al menos por tipo y número de documento y también los datos personales (nombre y apellidos) a efectos de validación.
4.2.5.1 Validaciones a aplicar.
– La obligatoriedad de los campos a aportar en un registro de Cambio de identificación de persona vienen detallados en la tabla del apartado 4.2.8. En este caso, los campos marcados como no obligatorios si se completan no se validarán, ya que la única información necesaria será es la identificación del perceptor de la prestación y su nuevo identificador.
– Si la persona perceptora no se encuentra dada de alta en el sistema (el identificador antiguo no existe en TSD) se rechazará la acción.
– El identificador de persona podrá ser modificado por la entidad gestora que dio de alta a la persona o por cualquier otra.
– Se comprobará que los datos personales fijos (nombre, apellidos y fecha de nacimiento) coinciden al 80% con los almacenados en la BBDD de TSD. En caso de no coincidir al 80% o más, se rechazará la acción.
– Solo se permiten los cambios de identificador de tipo 9 (ficticio) a tipo 6 (NIE) o 1 (DNI) y de tipo 6 (NIE) a tipo 1 (DNI).
– El cambio de identificador de tipo NIE a DNI implica el cambio automático de la nacionalidad a «Española». No puede haber personas con DNI y con nacionalidad extranjera.
– A efectos de control y validaciones posteriores, se guardará el identificador antiguo en TSD asociado al identificador actual.
– Cuando se produzca un cambio de identificación:
● A partir de ese momento no se permitirá el alta de nuevas prestaciones o situaciones subjetivas asociadas a este identificativo. El error que se utiliza para marcar esta circunstancia es: 31034 Referencia al identificativo antiguo en el movimiento. Asociado a este error se devolverá a la entidad gestora, a nivel informativo, el nuevo identificativo en el campo OTRO IDENTIFICATIVO.
● Sin embargo se permitirán los códigos de actuación 02 (Modificación de prestación) y 04 (Cambio de situación de prestación) aunque nos lleguen asociados al identificativo antiguo. Aunque se hayan modificado los datos solicitados, se devolverá este código de aviso (no es un error): 91030 AVISO: aceptado con observaciones referentes al identificativo. Asociado a este aviso se devolverá a la entidad gestora, a nivel informativo, el nuevo identificativo en el campo OTRO IDENTIFICATIVO.
4.2.6 Variación de datos personales (código de actuación 06).
Se utilizará para modificar los datos personales de una persona que se encuentre dada de alta en TSD a instancias de una entidad gestora. Se podrán modificar los campos ESTADO CIVIL, TELÉFONO MOVIL e INDICADOR DATOS PROTEGIDOS y todos los campos de «datos de residencia».
Esta operación también podrá ser utilizada para proteger (P) o desproteger (D) personas atendiendo a su INDICADOR DE DATOS PROTEGIDOS.
4.2.6.1 Validaciones a aplicar.
– La obligatoriedad de los campos a aportar en un registro de variación de datos personas vienen detallados en la tabla del apartado 4.2.8. En este caso, los campos marcados como no obligatorios si se completan no se validarán.
– Si la persona perceptora no se encuentra dada de alta en el sistema (el identificador no existe en TSD) se rechazará la acción.
– Los datos personales podrán ser modificados por la entidad gestora que dio de alta a la persona o por cualquier otra.
– Si los datos de la persona que se remiten en este registro no coinciden con los que se indicaron en el alta previa de la prestación, se rechazará la operación. Para ello, debe coincidir su identificador y los datos personales (nombre, apellidos y fecha de nacimiento) al menos en un 80% con los almacenados en el sistema TSD.
– El indicador de protección podrá variarse por una entidad teniendo en cuenta las siguientes circunstancias.
● Se podrá solicitar la protección de una persona indicando el valor ‘P’ en el indicador de protección.
● Se podrá solicitar la desprotección de una persona indicando el valor ‘D’ en el indicador de protección. Si en las bases de datos de la Seguridad Social constara como protegido, se mantendría la protección.
– Se modificará el domicilio siempre que se consideren los datos igual o más completos que los ya cargados en TSD. Teniendo en cuenta los campos «País», «Nombre municipio» y «Nombre vía». Si los datos de domicilio no se modifican se generará el código de aviso «91040: AVISO: Aceptado el cambio excepto en los datos de DOMICILIO ya que los datos existentes son más completos».
4.2.7 Traspaso de prestación (código de actuación 07).
Este movimiento estará destinado a realizar traspasos de prestaciones entre personas distintas siempre dentro de una misma entidad gestora. Básicamente se deberán enviar los datos para identificar la prestación y los datos de la persona que asume la prestación. AVISO: Si lo que se pretende es modificar el IPF de una persona se deberá usar el código 05 (cambio de identificador).
4.2.7.1 Validaciones a aplicar.
– La obligatoriedad de los campos a aportar en un registro de traspaso de prestación vienen detallados en la tabla del apartado 4.2.8. En este caso, los campos marcados como no obligatorios si se completan no se validarán, ya que la única información necesaria para realizar la operación es la CLAVE PROPIA ENTIDAD y los datos del nuevo perceptor (se validará que el nombre y apellidos del nuevo perceptor no coinciden al 100% con los del anterior).
– Si la prestación no se localiza en el sistema, se rechazará la operación.
– El traspaso de la prestación solo podrá ser realizado por la entidad gestora que la dio de alta en origen.
– Si la persona con objeto de asumir la prestación traspasada NO se encuentra en TSD, se dará de alta con los datos personales recibidos y se le asociará la prestación traspasada. Si por el contrario ya se encuentra dada de alta (utilizando el módulo de 80%) en TSD, no se dará de alta de nuevo ni se modificará ningún dato personal y se le asociará la prestación recibida.
– No se permitirá el traspaso si la persona que va a asumir la prestación viene asociada a un identificativo antiguo que ha sido modificado a través del ‘Cambio de identificación de persona’. El error que se utiliza para marcar esta circunstancia es: 31034 Referencia al identificativo antiguo en el movimiento. Asociado a este error se devolverá a la entidad gestora, a nivel informativo, el nuevo identificativo en el campo OTRO IDENTIFICATIVO.
– Si la persona originalmente asociada a la prestación no posee otras prestaciones ni situaciones subjetivas tras el traspaso, se eliminará de TSD.
– No se podrán traspasar prestaciones de carácter contributivo.
4.2.8 Obligatoriedad de campos.
En esta tabla se presenta la información obligatoria que se deberá remitir para cada tipo de acción:
5.1 Fichero de pagos.
A continuación se detallará el formato del fichero de PAGOS. Según se ha explicado anteriormente, la estructura de este fichero contendrá 1 registro de cabecera, N registros de datos y 1 registro de pie.
Es importante destacar que este formato será el que se utilice tanto para cargas iniciales como para cargas diarias.
Los volúmenes máximos que se podrán utilizar son los siguientes:
5.1.1 Registro de cabecera.
5.1.2 Registro de datos (pago).
5.1.3 Registro de pie.
5.1.4 Validaciones generales.
5.1.4.1 Campos numéricos.
Todos los campos numéricos (representados con una N en la columna Tipo de la tabla anterior) deberán ir ajustados a la derecha.
En el caso de no llegar a la longitud definida se deberán rellenar con ceros por la izquierda.
Si un campo numérico no tiene contenido se deberá rellenar a ceros.
Para el caso de campos numéricos que representan un importe, se enviarán en céntimos de euro (sin decimales) y siempre deberá ser positivo.
5.1.4.2 Campos alfanuméricos.
Todos los campos alfanuméricos (representados con una A en la columna Tipo de la tabla anterior) deberán ir ajustados a la izquierda.
En el caso de no llegar a la longitud definida se deberán rellenar con espacios por la derecha.
5.1.4.3 Campos fecha.
Los campos fecha se consideran siempre numéricos (aparecen con tipo N en la tabla anterior) de 8 posiciones.
Todos los campos fecha requieren el formato AAAAMMDD.
5.1.4.4 Campo Clave Propia Entidad.
Este campo es el que se utiliza para vincular un pago con la prestación asociada (no puede haber pagos sin una prestación). Para ello, se deberá incorporar en este campo el mismo valor que se introdujo en el campo Clave Propia Entidad de la PRESTACION previamente remitida.
5.2 Tipos de acciones disponibles en pagos.
Una vez descrito y formato del fichero de pagos y validaciones básicas, procedemos a explicar las acciones disponibles que, a través del fichero, las entidades podrán remitir al INSS.
El campo CODIGO DE ACTUACION indicará qué operación se pretende aplicar con el registro (pago) remitido. Sus posibles valores son:
– 11: Alta de pago. Alta de pago asociado a una prestación existente en el sistema.
– 12: Borrado de pago. Borrado físico de un pago. Se utilizará esta acción para corregir errores y borrar pagos previamente remitidos al sistema de tarjeta social digital.
– 13: Cambio de situación de pago. Se utilizará para modificar el estado de un pago previamente enviado (campo SITUACION PAGO).
Dado que la carga inicial (o masiva) de pagos es un proceso muy costoso que pretende agilizar la carga de una gran cantidad de información en el sistema, únicamente permitirá acciones de tipo Alta de pago (11).
Por el contrario, el proceso de carga diaria permite utilizar todas las acciones que aquí se detallan.
5.2.1 Alta de pago (código de actuación 11).
Se utilizará para dar de alta un nuevo pago para una prestación existente en el sistema. La entidad deberá aportar los datos referentes al pago.
Se remitirán todos los pagos individuales realizados por la entidad gestora de la prestación. La fecha de inicio y fin del pago corresponderán a las fechas de devengo de ese pago. Si la prestación tiene carácter mensual se enviará un registro de pago por cada nómina.
5.2.1.1 Validaciones a aplicar.
– La obligatoriedad de los campos a aportar en un registro de Alta de pago vienen detallados en la tabla del apartado 5.2.2.
– Si la prestación referenciada en el alta del pago (por el campo CLAVE PROPIA ENTIDAD) no existe en el sistema se rechazará la operación.
– Solo la entidad que dio de alta la prestación podrá asociar pagos a la misma.
– El campo IDENTIFICADOR PAGO SUCESIVO solo será obligatorio para CLASE DE PAGO ‘06’ (Liquidación por revisión de la prestación), ‘12’ (Atrasos) o ‘21’ (Devolución). Se deberá utilizar para identificar los pagos sucesivos que debe realizar la propia entidad gestora de forma secuencial cuando envía un segundo, tercer pago o sucesivos pagos con la misma clave propia entidad, mismo tipo de pago y mismo periodo.
5.2.2 Borrado de pago (código de actuación 12).
Se utilizará para borrar un pago. Esta acción está destinada a eliminar registros de pagos erróneos. Por tanto, conllevará el borrado físico del pago.
5.2.2.1 Validaciones a aplicar.
– La obligatoriedad de los campos a aportar en un registro de borrado de pago vienen detallados en la tabla del apartado 5.2.2.
– Si la prestación referenciada en el borrado del pago (por el campo CLAVE PROPIA ENTIDAD) no existe en el sistema se rechazará la operación.
– Solo la entidad que dio de alta el pago podrá borrar dicho pago.
– Para identificar el pago que se desea borrar se utilizarán todos los datos obligatorios. Es decir, si no se especifican en el movimiento de borrado los mismos datos que se encuentran en el sistema no se eliminará el pago.
5.2.3 Cambio de situación de pago (código de actuación 13).
Esta acción tiene como objeto el cambio de situación de un pago que se estaba percibiendo y por alguna razón se desea cambiar su situación. Esta acción se utilizará generalmente para indicar si un pago está «Pagado» o «No pagado».
5.2.3.1 Validaciones a aplicar.
– La obligatoriedad de los campos a aportar en un registro de cambio de situación de pago vienen detallados en la tabla del apartado 5.2.2.
– Si la prestación referenciada en el cambio de situación del pago (por el campo clave propia entidad) no existe en el sistema se rechazará la operación.
– Solo la entidad que dio de alta el pago podrá cambiar la situación de dicho pago.
– Para identificar el pago que se desea modificar se utilizarán todos los datos obligatorios. Es decir, si no se especifican en el movimiento de cambio de estado los mismos datos que se encuentran en el sistema (excepto situación de pago que es el valor que se pretende cambiar) no se modificara el estado pago.
5.2.4 Obligatoriedad de campos.
En esta tabla se presenta la información obligatoria que se deberá remitir para cada tipo de acción:
6.1 Fichero de situaciones subjetivas.
A continuación de detallará el formato del fichero de SITUACIONES SUBJETIVAS. Según se ha explicado anteriormente, la estructura de este fichero contendrá 1 registro de cabecera, N registros de datos y 1 registro de pie.
Es importante destacar que este formato será el que se utilice tanto para cargas iniciales como para cargas diarias.
Los volúmenes máximos que se podrán utilizar son los siguientes:
6.1.1 Registro de cabecera.
6.1.2 Registro de datos (situación subjetiva).
6.1.2.1 Tipo situación subjetiva 01: familia numerosa.
6.1.2.2 Tipo situación subjetiva 02: grado de discapacidad reconocido.
6.1.2.3 Tipo situación subjetiva 03: grado de dependencia reconocido.
6.1.2.4 Tipo situación subjetiva 04: demandante de empleo.
6.1.2.5 Tipo situación subjetiva 05: garantía juvenil.
6.1.2.6 Tipo situación subjetiva 07: autónomos.
6.1.3 Registro de pie.
6.1.4 Validaciones generales.
6.1.4.1 Campos numéricos.
Todos los campos numéricos (representados con una N en la columna Tipo de la tabla anterior) deberán ir ajustados a la derecha.
En el caso de no llegar a la longitud definida se deberán rellenar con ceros por la izquierda.
Si un campo numérico no tiene contenido se deberá rellenar a ceros.
6.1.4.2 Campos alfanuméricos.
Todos los campos alfanuméricos (representados con una A en la columna Tipo de la tabla anterior) deberán ir ajustados a la izquierda.
En el caso de no llegar a la longitud definida se deberán rellenar con espacios por la derecha.
6.1.4.3 Campos fecha.
Los campos fecha se consideran siempre numéricos (aparecen con tipo N en la tabla anterior) de 8 posiciones.
Todos los campos fecha requieren el formato AAAAMMDD.
6.1.4.4 Apartado DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA PERSONA.
Este apartado es clave para identificar unívocamente a la persona de la situación subjetiva. Para ello se utilizará el campo IDENTIFICATIVO, que representa el Indicador de Persona Física (IPF), según se detalla a continuación:
– La primera posición del campo identifica el tipo de IPF, siendo válidos los valores siguientes:
● 1: DNI.
● 6: NIE.
● 9: IPF ficticio. Solo para españoles menores de 14 años.
– Las posiciones dos a once se formatearán según el tipo de IPF:
● 1: DNI: Las primeras diez contendrán el número de DNI con ceros a la izquierda y la última contendrá la letra del DNI.
● 6: NIE: Las primeras diez contendrán el número de NIE (normalmente empezará por 0X, 0Y o 0Z) y la última contendrá la letra del NIE.
● 9: IPF ficticio:
○ Las posiciones dos a tres contendrán las dos primeras letras del primer apellido (sin partículas).
○ Las posiciones cuatro a cinco contendrán las dos primeras letras del segundo apellido (sin partículas). Si no existiera segundo apellido se remitirán tres guiones medios ‘– – –’.
○ Las posiciones seis a siete contendrán los dos últimos caracteres del año de nacimiento.
○ Las posiciones ocho a nueve contendrán el mes de nacimiento.
○ Las posiciones diez a once contendrán el día de nacimiento.
○ Las posiciones doce a quince vendrán a ceros (salvo que se conozcan la duplicidad y el desdoblamiento de Afiliación).
○ En el anexo 40.1 se explica con mayor detalle la forma de crear estos IPFs.
– Las posiciones doce a quince representan la duplicidad de ese identificador y su desdoblamiento, conceptos manejados en Afiliación para IPFs repetidos.
● Para los tipos 1, 6 y 9 se completarán si se conocen. En caso de no conocerse, se enviarán a ceros.
– Para los IPF de tipo 9 se validará que su nacionalidad (campo NACIONALIDAD) sea española.
El campo OTRO IDENTIFICATIVO tiene el mismo formato que el campo IDENTIFICATIVO. Representa un IPF y solo se utilizará para los casos en los que se desee informar de un cambio de un IPF previamente informado (típico uso de extranjeros que tienen IPF de tipo 6 y al conseguir nacionalidad española cambian su IPF a uno de tipo 1).
El APELLIDO SEGUNDO si no se conoce deberá contener «—».
La FECHA DE NACIMIENTO es obligatoria y no aceptará valores menores a 19000101.
6.1.4.5 Apartado OTROS DATOS PERSONALES.
El campo NACIONALIDAD se completará en base a la codificación ISO 3166 numérica. Además se aceptarán los valores:
– 952 - APATRIDAS.
– 953 - PAIS DESCONOCIDO.
El campo INDICADOR DE DATOS PROTEGIDOS hace referencia a una especial protección para aquellos ciudadanos que la hayan solicitado expresamente ante la administración correspondiente. Sus valores podrán ser:
– P - PROTEGIDOS.
– D - Desproteger. (NO REQUIERE PROTECCIÓN).
– Vacío - NO REQUIERE PROTECCIÓN.
6.1.4.6 Apartado DATOS DE RESIDENCIA.
En este bloque se remitirá la dirección de la persona que tiene asociada la situación subjetiva. El tratamiento es diferente en función de si es un domicilio nacional o extranjero.
El campo PAIS DE RESIDENCIA determinará si el domicilio es nacional o extranjero. Se introducirá el código 953 si se desconoce.
Para DOMICILIO NACIONAL (código país 724) se validarán los siguientes campos:
– PROVINCIA DE RESIDENCIA. Será siempre obligatorio. Si se desconoce existe el valor 99 PROVINCIA DESCONOCIDA.
– CODIGO MUNICIPIO DE RESIDENCIA. Código del municipio de residencia de la persona perceptora/beneficiaria de la prestación. Los valores permitidos serán los del Código INE, los códigos admitidos se encuentran en esta dirección: http://www.ine.es/nomen2/index.do (página nomenclátor del INE).
– NOMBRE DEL MUNICIPIO DE RESIDENCIA. Si se desconoce el código anterior, será obligatorio introducir aquí en texto la localidad de residencia. Si no se conoce, el nombre del municipio podría contener ‘DESCONOCIDO’.
– El resto de campos no son obligatorios pero, en caso de que alguno tenga contenido se deberá cumplir la siguiente obligatoriedad:
● CODIGO DE VÍA (obligatorio).
● NOMBRE DE LA VIA (obligatorio).
● NUMERO DE LA VIA (no obligatorio).
● ESCALERA (no obligatorio).
● PUERTA (no obligatorio).
● PISO (no obligatorio).
● BLOQUE (no obligatorio).
● CODIGO POSTAL (obligatorio).
Para DOMICILIO EXTRANJERO (código país distinto de 724 y 953), se enviará en modo texto la dirección extranjera a través de los siguientes campos:
– DIRECCION DE RESIDENCIA 1. Datos de la dirección.
– DIRECCION DE RESIDENCIA 2. Datos adicionales por si no fuese suficiente el campo anterior.
– LOCALIDAD DE RESIDENCIA EXTRANJERA. Nombre de la localidad extranjera. Si se desconoce deberá contener ‘DESCONOCIDO’.
6.1.4.7 Tipo de situación subjetiva 02: GRADO DE DISCAPACIDAD RECONOCIDO.
Si la persona está afectada por más de un tipo de discapacidad de las enumeradas en los códigos del Anexo 10 del protocolo (02 Discapacidad física, 03 Discapacidad mental, 04 Discapacidad intelectual, y 05 Discapacidad sensorial), se enviará en el campo tipo de discapacidad el código 06 Plurideficiencia.
El campo DIFICULTADES DE MOVILIDAD que este tipo de situación subjetiva lleva asociado, hace referencia a la valoración regulada en el Anexo 2, capítulo I del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía, con la información contenida en el primer cuadro del citado anexo 2.
Igualmente, el campo LIMITACION DE MOVILIDAD se cumplimentará con el valor obtenido de acuerdo al segundo cuadro del Anexo 2, capítulo 1 del citado Real Decreto 1971/1999.
6.1.4.8 Tipo de situación subjetiva 03: GRADO DE DEPENDENCIA RECONOCIDO.
Una vez introducido el valor S en el campo indicador de dependencia, en el campo grado de dependencia reconocido se deberá introducir alguno de los valores del Anexo 11 del protocolo (01 Moderada, 02 Severa o 03 Gran Dependencia). Estos grados vienen recogidos en el artículo 27 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
6.2 Tipos de acciones disponibles en situaciones subjetivas.
Una vez descrito y formato del fichero de situaciones subjetivas y validaciones básicas, procedemos a explicar las acciones disponibles que, a través del fichero, las entidades podrán remitir al INSS.
El campo CODIGO DE ACTUACION indicará qué operación se pretende aplicar con el registro (situación subjetiva) remitido. Sus posibles valores son:
– 21: Alta de situación subjetiva. Alta de una nueva situación subjetiva para una persona, dentro del sistema de Tarjeta Social Digital.
– 22: Modificación de situación subjetiva. Modificación de datos de una situación subjetiva existente (previamente cargada) en el sistema de Tarjeta Social Digital. Un uso típico podría ser una situación subjetiva que ha estado vigente durante un periodo de tiempo y en un momento dado deja de estar vigente.
– 23: Borrado de situación subjetiva. Borrado físico de una situación subjetiva. Se utilizará esta acción para borrar situaciones subjetivas previamente remitidas al sistema de Tarjeta Social Digital.
– 25: Cambio de identificador de persona. Cambio en el identificador de una persona existente en el sistema de tarjeta social digital. Uso típico de campo de tipo de IPF de 6 (extranjero) a 1 (nacional).
– 26: Variación de datos personales. Variación de datos personales de una persona existente en el sistema de Tarjeta Social Digital.
Dado que la carga inicial (o masiva) de situaciones subjetivas es un proceso muy costoso que pretende agilizar la carga de una gran cantidad de información en el sistema, únicamente permitirá acciones de tipo Alta de situación subjetiva (21).
Por el contrario, el proceso de carga diaria permite utilizar todas las acciones que aquí se detallan.
6.2.1 Alta de situación subjetiva (código de actuación 21).
Se utilizará para dar de alta una nueva situación subjetiva a una persona. Se aportará la información referente a los datos personales, el domicilio de residencia, el tipo de situación subjetiva y todos los valores de los atributos asociados a dicha situación.
6.2.1.1 Validaciones a aplicar.
– La obligatoriedad de los campos a aportar en un registro de Alta de Situación Subjetiva vienen detallados en la tabla del apartado 6.2.4.
– Si la persona que se recibe asociada a la situación subjetiva no se encuentra en TSD, se procederá con su alta.
– Si la persona asociada ya se encuentra en el sistema (mismo IDENTIFICADOR) no se le dará de alta. Se asociará a la persona encontrada la nueva situación subjetiva siempre y cuando se detecte que se trata de la misma persona. Para ello se aplicará el algoritmo de coincidencia del 80% de los datos personales (nombre, apellidos y fecha de nacimiento). En el caso de que, aun siendo un identificador encontrado, no coincidan los datos personales (menos del 80% de similitud) se devolverá error de identificación.
– La situación subjetiva se identificará en el sistema en base al tipo de situación y al identificador de la persona perceptora y la clave propia entidad. En caso de que esa persona ya tuviese la misma situación subjetiva vigente se rechazará la carga.
– No se admitirán movimientos de alta de prestación asociados a un identificador de persona que previamente haya sido modificado a través de un movimiento de CAMBIO DE IDENTIFICACION DE PERSONA (05). En estos casos, en el fichero de respuesta se indicará el error 31034 (Referencia al identificativo antiguo en el movimiento) y se devolverá a la entidad gestora a nivel informativo cual es el identificador actual de persona dada de alta en TSD en el campo OTRO IDENTIFICATIVO.
– Se modificará el domicilio siempre que se consideren los datos igual o más completos que los ya cargados en TSD. Teniendo en cuenta los campos «País», «Nombre municipio» y «Nombre vía».
– Solo para el proceso de carga inicial o masiva, no se permitirá dentro del mismo fichero el envío de alta de situaciones subjetivas asociadas al mismo identificativo (IPF) con apellidos y nombres distintos. Esto es debido a que las validaciones que obligan estas situaciones ralentizarían el proceso masivo. En caso de detectarse esta situación, se devolverá error con el código 12033 (Identificador duplicado con diferente valor en Apellidos y/o nombre en el fichero de entrada. No se contempla este caso en carga inicial). Esta situación se puede dar especialmente en hermanos con IPF’s ficticios nacidos el mismo día (que tendrán el mismo IDENTIFICATIVO). Si fuese necesario tramitar su alta se deberá remitir a través de una carga diaria.
6.2.2 Modificación de situación subjetiva (código de actuación 22).
Se utilizará para modificar el estado de vigencia de una situación subjetiva almacenada en TSD así como los atributos de dicha situación subjetiva. Se aportará por la entidad la información referente a los datos personales, el tipo de situación subjetiva y:
– Si se quiere establecer a «no-vigente» una situación subjetiva, se remitirá ‘N’ como valor para el indicador de vigencia ignorando el contenido de los demás atributos recibidos.
– Si se quiere establecer a «si-vigente» una situación subjetiva, se remitirá ‘S’ como valor para el indicador de vigencia además de todos los valores de los demás atributos que reemplazarán a los existentes.
– Si se quiere alterar el valor de alguno de los atributos de una situación subjetiva, se remitirá ‘S’ como valor para el indicador de vigencia además de todos los valores de los demás atributos que reemplazarán a los existentes.
Toda situación subjetiva tiene un indicador de vigencia propio que se completa siempre con posibles valores S o N. Se corresponde con el primer campo de la situación (INDICADOR DE FAMILIA NUMEROSA, INDICADOR DE GRADO DE DISCAPACIDAD RECONOCIDO, INDICADOR DE GRADO DE DEPENDENCIA RECONOCIDO, etc.).
6.2.2.1 Validaciones a aplicar.
– La obligatoriedad de los campos a aportar en un registro de Modificación de Situación Subjetiva vienen detallados en la tabla del apartado 6.2.4. En este caso, los campos marcados como no obligatorios si se completan no se validarán.
– Si la situación subjetiva no se localiza en el sistema, se rechazará la operación.
– La situación subjetiva podrá ser modificada por la entidad gestora que la dio de alta.
– Si los datos de la persona que se remiten en este registro no coinciden con los que se indicaron en el alta previa de la situación subjetiva, se rechazará la operación. Para ello, debe coincidir su identificador y los datos personales (nombre, apellidos y fecha de nacimiento) al menos en un 80% con los almacenados en el sistema TSD. Si la no coincidencia está motivada por un cambio de identificador (la persona cambió de identificador) se procesará el movimiento advirtiendo en el fichero de respuesta de esta situación e incluyendo el identificador actual asociado a la persona. Se devolverá el código de aviso 92030 «AVISO: aceptado con observaciones referentes al identificativo». Asociado a este aviso se devolverá a la entidad gestora, a nivel informativo, el nuevo identificativo en el campo OTRO IDENTIFICATIVO.
6.2.3 Borrado de situación subjetiva (código de actuación 23).
Se utilizará para borrar una situación subjetiva. Su sentido será eliminar altas que se remitieron por error. Conlleva un borrado físico de la situación. AVISO: Si lo que pretende es modificar la vigencia de la situación subjetiva deberá realizarse a través de un código de actuación 22 (MODIFICACION DE LA SITUACION SUBJETIVA).
6.2.3.1 Validaciones a aplicar.
– La obligatoriedad de los campos a aportar en un registro de Borrado de Situación Subjetiva vienen detallados en la tabla del apartado 6.4.4. En este caso, los campos marcados como no obligatorios si se completan no se validarán.
– Si la situación subjetiva no se encuentra dada de alta en el sistema para la persona asociada, se rechazará el movimiento de borrado.
– Si la persona asociada a la situación subjetiva que se pretende borrar no se encuentra en el sistema, se rechazará.
– Solo se podrá borrar una situación subjetiva por la última entidad que la modificó.
– Si la situación subjetiva con objeto de ser eliminada es la única que tenía asociada la persona y además no tenía prestaciones registradas en el sistema, se eliminaran tanto los datos personales como los de domicilio.
6.2.4 Cambio de identificación de persona (código de actuación 25).
Se utilizará para modificar el identificador de una persona previamente enviada al sistema TSD por tener una situación subjetiva asociada.
Se aportará por la entidad el identificador antiguo, el identificador nuevo, compuesto al menos por tipo y número de documento y también los datos personales (nombre, apellidos y fecha de nacimiento) a efectos de validación.
6.2.4.1 Validaciones a aplicar.
– La obligatoriedad de los campos a aportar en un registro de Cambio de identificación de persona vienen detallados en la tabla del apartado 6.2.6. En este caso, los campos marcados como no obligatorios si se completan no se validarán, ya que la única información necesaria será es la identificación de la persona y su nuevo identificador.
– Si la persona no se encuentra dada de alta en el sistema (el identificador antiguo no existe en TSD) se rechazará la acción.
– El identificador de persona podrá ser modificado por la entidad gestora que dio de alta a la persona o por cualquier otra.
– Se comprobará que los datos personales fijos (nombre, apellidos y fecha de nacimiento) coinciden al 80% con los almacenados en la BBDD de TSD. En caso de no coincidir al 80% o más, se rechazará la acción.
– Solo se permiten los cambios de identificador de tipo 9 (ficticio) a tipo 6 (NIE) o 1 (DNI) y de tipo 6 (NIE) a tipo 1 (DNI).
– El cambio de identificador de tipo NIE a DNI implica el cambio automático de la nacionalidad a «Española». No puede haber personas con DNI y con nacionalidad extranjera.
– A efectos de control y validaciones posteriores, se guardará el identificador antiguo en TSD asociado al identificador actual.
– Cuando se produzca un cambio de identificación:
● A partir de ese momento no se permitirá el alta de nuevas prestaciones o situaciones subjetivas asociadas a este identificativo. El error que se utiliza para marcar esta circunstancia es: 32034 Referencia al identificativo antiguo en el movimiento. Asociado a este error se devolverá a la entidad gestora, a nivel informativo, el nuevo identificativo en el campo OTRO IDENTIFICATIVO.
● Sin embargo se permitirán los códigos de actuación 22 (Modificación de una situación subjetiva) aunque nos lleguen asociados al identificativo antiguo. Aunque se hayan modificado los datos solicitados, se devolverá este código de aviso (no es un error): 92030 AVISO: aceptado con observaciones referentes al identificativo. Asociado a este aviso se devolverá a la entidad gestora, a nivel informativo, el nuevo identificativo en el campo OTRO IDENTIFICATIVO.
6.2.5 Variación de datos personales (código de actuación 26).
Se utilizará para modificar los datos personales de una persona que se encuentre dada de alta en TSD a instancias de una entidad gestora. Se podrán modificar los campos ESTADO CIVIL, TELÉFONO MOVIL e INDICADOR DATOS PROTEGIDOS y todos los campos de «datos de residencia».
Esta operación también podrá ser utilizada para proteger | Normativas |
BOE-A-2023-19218 | En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 148, de 1 de julio de 2023, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer la siguiente plaza de la plantilla de personal funcionario, grupo A1, a cubrir por el sistema de concurso-oposición, en turno libre:
Una plaza de Arquitecto Municipal.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza», en la sede electrónica del Ayuntamiento de El Burgo de Ebro y, en su caso, en el tablón de anuncios, para mayor difusión, según establezcan las bases de la convocatoria para cada trámite.
El Burgo de Ebro, 1 de septiembre de 2023.–El Alcalde, Vicente Sanz Mora Parra. | Funcionarios y Personal |
BOE-A-2022-573 | ual se celebrarán estas lecturas.
En este ejercicio el tribunal valorará la eficiencia y la calidad técnica y funcional de la solución propuesta, la sistemática, la capacidad de análisis y la capacidad de expresión escrita y oral de las personas aspirantes, sus conocimientos sobre el programa, así como las competencias personales, el grado de madurez, equilibrio, responsabilidad y capacidad de decisión de la persona aspirante.
1.4 Cuarto ejercicio: consistirá en desarrollar por escrito un tema general, escogido de entre dos propuestos por el tribunal, sobre temas relacionados con los contenidos del grupo de materias del bloque «A. Temas generales» del anexo II, que será desarrollado, con carácter general, en formato electrónico.
Las personas aspirantes dispondrán de un máximo de dos horas para realizar el ejercicio y podrán utilizar únicamente los materiales en soporte papel y/o electrónicos puestos a su disposición por el tribunal.
En todo caso, se garantizará su autenticidad, integridad y conservación.
Posteriormente, será leído en sesión pública ante el tribunal, cuyos miembros podrán formular a la persona aspirante las preguntas que se consideren oportunas relacionadas con el supuesto planteado, durante un tiempo máximo de veinte minutos. El tribunal determinará el lugar, fecha, hora y el medio a través del cual se celebrarán estas lecturas.
El tribunal valorará los conocimientos y la capacidad de relacionarlos, la claridad y orden de ideas y la calidad de expresión escrita, así como su forma de presentación y exposición.
Las personas aspirantes por el sistema de promoción interna estarán exentas de la realización de este ejercicio.
1.5 Funcionarios/as de Organismos Internacionales.
Las personas aspirantes que tengan la condición de funcionarios/as de organismos internacionales estarán exentos de la realización de aquellas pruebas que la Comisión Permanente de Homologación considere que tienen por objeto acreditar conocimientos ya exigidos para el desempeño de sus puestos de origen en el organismo internacional correspondiente.
1.6 Los ejercicios de la fase de oposición se calificarán de la forma siguiente:
Con el fin de respetar los mencionados principios de publicidad, transparencia, objetividad y seguridad jurídica, el tribunal deberá calificar los ejercicios de las personas aspirantes de acuerdo con los criterios de corrección y los baremos de puntuación establecidos en esta convocatoria y conforme a lo indicado en la base específica 5.7, y deberá publicar con anterioridad a la realización de la prueba los criterios de corrección, valoración y superación de aquella que no estén expresamente establecidos en la base de la convocatoria.
El tribunal fijará las puntuaciones directas mínimas necesarias para superar cada uno de los ejercicios. La puntuación directa mínima no podrá ser inferior al 30 por ciento de la puntuación máxima obtenible del ejercicio.
Las puntuaciones directas máximas obtenibles equivaldrán a las calificaciones máximas del ejercicio.
En los ejercicios de la fase de oposición, las calificaciones resultarán de las puntuaciones transformadas que se derivan de los baremos establecidos por el tribunal.
1.6.1 Primer ejercicio. Se calificará de 0 a 60 puntos:
a) La primera parte se calificará de 0 a 50 puntos, y será necesario obtener una calificación mínima de 25 puntos para superarla. El tribunal fijará la puntuación directa mínima necesaria que se debe alcanzar en esta primera parte para que pueda evaluarse la segunda.
b) La segunda parte se calificará de 0 a 10 puntos, y será necesario obtener una calificación mínima de 5 puntos para superarla. El tribunal fijará la puntuación directa mínima necesaria que se debe alcanzar en esta segunda parte para superar el ejercicio.
1.6.2 Segundo ejercicio. Se calificará de 0 a 20 puntos, y será necesario para superarlo obtener una calificación mínima 10 puntos equivalentes a 785 puntos TOEIC - nivel B2 del Marco común europeo de referencia para las lenguas (MCER).
Las personas aspirantes que superen esta prueba quedarán exentas de la práctica de esta en la convocatoria inmediatamente siguiente, y se les computará una puntuación equivalente a la obtenida, siempre y cuando la prueba y la forma de calificación sean análogas. En este caso, no será necesario que la persona aspirante aporte ningún documento acreditativo de haber superado la prueba el año anterior. No obstante, si las personas aspirantes optan por realizar el ejercicio de que se trate, quedará sin efecto el resultado obtenido en aquel en la convocatoria inmediata anterior.
1.6.3 Tercer ejercicio. Se calificará de 0 a 50 puntos, y será necesario obtener una calificación mínima de 25 para superarlo.
1.6.4 Cuarto ejercicio. Se calificará de 0 a 30 puntos, y será necesario obtener una calificación mínima de 15 para superarlo.
1.6.5 La calificación final de la fase de oposición de las personas aspirantes vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los diferentes ejercicios de dicha fase. En el caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el tercer, primer, cuarto y segundo ejercicio, por este orden. De persistir el empate se atenderá al orden alfabético de actuación mencionado en la base específica 3.1.
2.1 Finalizada la fase de oposición, las personas aspirantes que participen por el turno de promoción interna que la hubieran superado dispondrán de un plazo de veinte días hábiles para presentar el certificado de requisitos y méritos debidamente expedido por los servicios centrales o equivalente de personal del ministerio u organismo donde presten o hayan prestado sus servicios.
Los certificados de requisitos y méritos deberán ser cumplimentados electrónicamente a través del Sistema Integrado de Gestión de Personal (SIGP), previa petición de las personas aspirantes. Excepcionalmente, en aquellos supuestos en los que la solicitud electrónica no resulte posible o si el organismo que debe expedir dicha certificación no se encuentra en el ámbito del SIGP, el certificado deberá ser cumplimentado por la máxima autoridad de gestión de recursos humanos.
Los certificados de requisitos y méritos deberán realizarse según el modelo incluido como anexo IV de esta resolución.
Con el fin de agilizar el proceso selectivo, en ejercicio de las competencias que tiene atribuidas la Subdirección de Selección en materia de apoyo administrativo y técnico al tribunal calificador, corresponderá a este órgano el cálculo y la propuesta de puntuaciones de los méritos.
La lista que contenga la valoración de los méritos de la fase de concurso realizada por el tribunal se hará pública una vez celebrado el último ejercicio de la fase de oposición del turno por promoción interna, y comprenderá a las personas aspirantes que la superen.
En esta fase se valorarán, mediante el certificado de requisitos y méritos indicado, los siguientes méritos:
a) Antigüedad: se valorará la antigüedad del funcionario/a, hasta la fecha de publicación de esta convocatoria, en los cuerpos o escalas de la Administración General del Estado del subgrupo A2 o en cuerpos o escalas postales y telegráficos, adscritos al subgrupo A2, o la antigüedad en cuerpos o escalas del subgrupo A2 de las demás Administraciones incluidas en el artículo 2.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público con destino definitivo, estos últimos, en la Administración General del Estado, teniendo en cuenta los servicios efectivos prestados y/o reconocidos hasta la fecha de publicación de esta convocatoria al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, a razón de 0,10 puntos por año completo de servicios, hasta un máximo de 3 puntos.
b) Grado personal consolidado y formalizado en la Administración General del Estado: según el grado personal que se tenga consolidado el día de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» siempre que esté formalizado en la Administración General del Estado a través del acuerdo de reconocimiento de grado por la autoridad competente hasta la fecha de finalización del plazo de presentación del certificado de requisitos y méritos, se otorgará la siguiente puntuación:
Hasta el grado 18: 3 puntos.
Por cada unidad de grado que exceda del grado 18: 0,25 puntos.
c) Trabajo desarrollado: según el nivel de complemento de destino correspondiente al puesto de trabajo que se ocupe con carácter definitivo en la Administración General del Estado, en sus organismos autónomos y en sus agencias estatales el día de publicación de esta convocatoria, como funcionario/a del subgrupo A2, se otorgará la siguiente puntuación:
Hasta el nivel 18: 3 puntos.
Por cada nivel que exceda del nivel 18: 0,25 puntos.
La valoración efectuada en este apartado no podrá ser modificada por futuras reclasificaciones de nivel, con independencia de sus efectos económicos.
A los/las funcionarios/as en comisión de servicios, se les valorará el nivel de complemento de destino de su puesto de origen, y a los/las funcionarios/as en adscripción provisional, se les valorará el nivel correspondiente al grado que tengan consolidado en la Administración General del Estado o, si no lo tuvieran, el nivel mínimo del subgrupo A2.
A los/las funcionarios/as que se encuentren en la situación de excedencia por el cuidado de familiares con reserva de puesto de trabajo, se les valorará el nivel del puesto reservado en la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y sus agencias estatales, y a los/las funcionarios/as en la situación de servicios especiales con derecho a reserva de puesto en la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y sus agencias estatales, el nivel del puesto de trabajo que les correspondería al efectuar el reingreso.
Se otorgarán 3 puntos a los/las funcionarios/as de cuerpos y escalas de la Administración General del Estado con destino en otras Administraciones, en Órganos Constitucionales o en otros organismos no mencionados en los párrafos anteriores, así como y a los/las funcionarios/as de cuerpos y escalas postales y telegráficos que no tengan destino en la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y sus agencias estatales.
d) Cursos de formación: se valorarán un máximo de diez cursos de formación, recibidos y acreditados en los cinco años anteriores a la fecha de publicación de esta convocatoria, cuyo contenido esté directamente relacionado con las funciones propias del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado y que hayan sido convocados, impartidos u homologados por el Instituto Nacional de Administración Pública, por otros institutos de Administración pública o por organizaciones sindicales u otros agentes promotores dentro del marco del Acuerdo de Formación para el empleo de las Administraciones Públicas de 9 de marzo de 2018.
Se valorarán 0,5 puntos por curso, hasta una puntuación máxima de 5 puntos.
No se valorarán los cursos que no acrediten las fechas de realización y las horas de duración. Asimismo, no se valorarán los inferiores a 15 horas lectivas, los pertenecientes a una carrera universitaria, los de doctorado, los derivados de procesos selectivos y los diplomas relativos a jornadas, seminarios, simposios y similares.
No se valorará ningún curso que no haya sido acreditado por las unidades centrales de personal en el certificado de requisitos y méritos. Aquellos cursos de formación objeto de valoración que no estén debidamente anotados en el Registro Central de Personal deberán ser acreditados por el aspirante ante los servicios centrales de personal o equivalentes, quienes acreditarán este mérito en el correspondiente certificado de requisitos y méritos.
2.2 Calificación del concurso-oposición.
La puntuación final del concurso-oposición vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso y en la de oposición.
En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a los siguientes criterios:
Primero: la mayor puntuación obtenida en el tercer, primero, cuarto y segundo ejercicio, por este orden.
Segundo: la mayor puntuación obtenida en la valoración del mérito de antigüedad, en el grado personal consolidado, del trabajo desarrollado, y de los cursos de formación, por este orden.
De persistir el empate se atenderá al orden alfabético de actuación mencionado en la base específica 3.1.
El curso selectivo será organizado por el Instituto Nacional de Administración Pública y tendrá como finalidad primordial la adquisición de conocimientos, actitudes y habilidades en orden a la preparación específica de las personas aspirantes para el ejercicio de sus funciones en la Administración.
La persona titular de la Dirección del Instituto Nacional de Administración Pública establecerá el calendario, programa y normas internas que regulen el curso selectivo.
El carácter selectivo del curso exigirá la superación por las personas aspirantes de pruebas teóricas, prácticas o de ambos tipos en relación con las áreas básicas de formación que se impartan.
El curso se calificará de 0 a 70 puntos, y será necesario para superarlo obtener, como mínimo, 35 puntos.
Las personas aspirantes que no superen el curso selectivo perderán el derecho a su nombramiento como funcionarios/as de carrera, mediante una resolución motivada de la autoridad convocante, a propuesta del órgano responsable de la evaluación del curso selectivo.
Finalizado el curso selectivo, las personas aspirantes continuarán en la situación de funcionarios/as en prácticas hasta la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de los nombramientos como funcionario/a de carrera del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado.
Las personas aspirantes que participen por el turno de ingreso libre continuarán realizando las prácticas en las unidades asignadas hasta que se produzca dicho nombramiento. Los que accedan por el turno de promoción interna y que hubieran optado por percibir las retribuciones del puesto de origen, regresarán a su puesto de origen a prestar servicios hasta la publicación de los nombramientos. De no ser éste el caso, continuarán realizando las prácticas en las unidades asignadas hasta que se produzca dicho nombramiento.
La calificación final de las personas aspirantes vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición y, en su caso, concurso-oposición, y en el curso selectivo.
En el caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el curso selectivo y, si esto no fuera suficiente, en el tercer ejercicio, primero, cuarto y segundo, por este orden. De persistir el empate se atenderá al orden alfabético de actuación mencionado en la base específica 3.1.
1. La Constitución Española de 1978 (I). Los principios constitucionales. Los derechos fundamentales y sus garantías. La Corona. Cortes Generales. Congreso de los Diputados y Senado. El Gobierno. Los Órganos Constitucionales de control del Gobierno: Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo. La función consultiva: el Consejo de Estado.
2. La Constitución Española de 1978 (II). El Poder Judicial. La justicia en la Constitución. El Consejo General del Poder Judicial. El Ministerio Fiscal. El Tribunal Constitucional. Naturaleza, organización y atribuciones.
3. La Constitución Española de 1978 (III). Las Comunidades Autónomas: organización política y administrativa. La Administración local: regulación constitucional y entidades que la integran.
4. La Constitución Española de 1978 (IV). La Administración pública: Principios constitucionales. La Administración General del Estado. Sus órganos centrales.
5. La Unión Europea: antecedentes, evolución y objetivos. Los tratados originarios y modificativos. El derecho de la Unión Europea. Relación entre el derecho de la Unión Europea y el ordenamiento jurídico de los Estados miembros. Las instituciones: el Consejo Europeo, el Consejo, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Cuentas y el Banco Central Europeo.
6. La organización territorial de la Administración General del Estado. Delegados y subdelegados del Gobierno. Organización de los servicios periféricos. El sector público institucional. Organización, funcionamiento y principios generales de actuación. Los organismos y entidades públicas estatales.
7. Las fuentes del derecho administrativo. La jerarquía de las fuentes. La ley. Las Disposiciones del Gobierno con fuerza de ley: decreto-ley y decreto legislativo. El reglamento: concepto, clases y límites. Otras fuentes del derecho administrativo.
8. El régimen jurídico de las Administraciones públicas. El procedimiento administrativo y la relación de los ciudadanos con las Administraciones públicas.
9. La revisión de los actos en vía administrativa. Los recursos administrativos. El recurso contencioso-administrativo.
10. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas. Procedimiento de responsabilidad patrimonial. La acción de responsabilidad.
11. Los contratos de las Administraciones públicas. Principios comunes. La Ley de Contratos del Sector Público. Requisitos necesarios para la celebración de los contratos. Procedimientos de contratación y formas de adjudicación. Tipos de contratos y características generales. La facturación en el sector público.
12. Los presupuestos generales del Estado. Estructura del presupuesto: clasificación de los gastos. Las modificaciones presupuestarias. La ejecución del gasto y su control. El control interno: la Intervención General de la Administración del Estado. El control externo: el Tribunal de Cuentas y las Cortes Generales.
13. Los convenios. Las encomiendas de gestión o encargos a medios propios personificados. Límites en su utilización. La colaboración público-privada en la prestación de los servicios públicos. El régimen jurídico de las subvenciones públicas. Procedimiento.
14. El modelo económico español en el marco de la economía mundial. El crecimiento sostenible y las políticas ambientales. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Líneas generales de la política económica actual. La renta nacional. Evolución y distribución. La internacionalización de la economía española. Comercio exterior y balanza de pagos.
15. El sector primario. El sector industrial. El sector servicios. Los subsectores de comercio, transportes y comunicaciones. El turismo.
16. La estructura social. Tendencias demográficas. Políticas de igualdad de género. Discapacidad y dependencia. Políticas contra la violencia de género.
17. El mercado de trabajo: evolución y características actuales. Principales magnitudes. Políticas públicas de empleo.
18. El impacto de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la sociedad. La brecha digital. Nuevos hábitos de relación y de consumo de la información.
19. El impacto de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la economía y en el mercado de trabajo. Principales magnitudes.
20. La función gerencial en las Administraciones públicas. Particularidades de la gestión pública.
21. Liderazgo. Gestión de competencias y personas. Gestión de conflictos e inteligencia emocional en el puesto de trabajo. Técnicas de negociación y gestión comercial.
22. La calidad en los servicios públicos y el papel de las TIC en su modernización. La legislación en materia de sociedad de la información y administración electrónica en España y Europa.
23. La crisis de la burocracia como sistema de gestión. La adecuación de técnicas del sector privado. El «management» público y la gobernanza. Hacia la excelencia en las instituciones públicas.
24. Empleo Público en España. Tipología del empleo público. Estatuto Básico del Empleado Público. Planificación de recursos humanos en las Administraciones Públicas: la oferta de empleo público. Ley de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
25. La gobernanza pública y el gobierno abierto. Concepto y principios informadores del gobierno abierto: colaboración, participación, transparencia y rendición de cuentas. Datos abiertos y reutilización. El marco jurídico y los planes de gobierno abierto en España. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba su estatuto. Funciones. La Oficina de Transparencia y Acceso a la Información (OTAI): Funciones. El Portal de Transparencia. Las Unidades de Información y Transparencia (UITS): Funciones. La transparencia y el acceso a la información en las comunidades autónomas y entidades locales.
26. La dinamización y el apoyo a la actividad económica y al emprendimiento. La garantía de la unidad de mercado.
27. La política de protección de datos de carácter personal. Régimen jurídico. El Reglamento UE 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. Principios y derechos. Obligaciones. El Delegado de Protección de Datos en las Administraciones Públicas. La Agencia Española de Protección de Datos.
28. Definición, estructura, y dimensionamiento eficiente de los sistemas de información.
29. La información en las organizaciones. Las organizaciones basadas en la información. La Administración como caso específico de este tipo de organización.
30. Modelos de gobernanza TIC. Organización e instrumentos operativos de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la Administración General del Estado y sus organismos públicos. La transformación digital de la Administración General del Estado.
31. Reutilización de la información en el sector público en Europa y España. Papel de las TIC en la implantación de políticas de datos abiertos y transparencia.
32. Estrategia, objetivos y funciones del directivo de sistemas y tecnologías de la información en la Administración.
33. Herramientas de planificación y control de gestión de la función del directivo de sistemas y tecnologías de la información en la Administración. El cuadro de mando.
34. Organización y funcionamiento de un centro de sistemas de información. Funciones de desarrollo, mantenimiento, sistemas, bases de datos, comunicaciones, seguridad, calidad, microinformática y atención a usuarios.
35. Dirección y gestión de proyectos de tecnologías de la información. Planificación estratégica, gestión de recursos, seguimiento de proyectos, toma de decisiones.
36. Metodologías predictivas para la gestión de proyectos: GANTT, PERT.
37. Metodologías ágiles para la gestión de proyectos. Metodologíaslean.
38. Auditoría informática. Concepto y contenidos. Administración, planeamiento, organización, infraestructura técnica y prácticas operativas.
39. La gestión de la compra pública de tecnologías de la información.
40. Adquisición de sistemas: estudio de alternativas, evaluación de la viabilidad y toma de decisión.
41. Alternativas básicas de decisión en el campo del equipamientohardwareysoftware.
42. La rentabilidad de las inversiones en los proyectos de tecnologías de la información.
43. La protección jurídica de los programas de ordenador. Los medios de comprobación de la legalidad y control delsoftware.
44. Accesibilidad y usabilidad. W3C. Diseño universal. Diseño web adaptativo.
45. Interoperabilidad de sistemas (1). El Esquema Nacional de Interoperabilidad. Dimensiones de la interoperabilidad.
46. Interoperabilidad de sistemas (2). Las Normas Técnicas de Interoperabilidad. Interoperabilidad de los documentos y expedientes electrónicos y normas para el intercambio de datos entre Administraciones Públicas.
47. Seguridad de sistemas (1). Análisis y gestión de riesgos. Herramientas.
48. Seguridad de sistemas (2). El Esquema Nacional de Seguridad. Adecuación al Esquema Nacional de Seguridad. Estrategia Nacional de Seguridad. CCN-STIC.
49. Infraestructuras, servicios comunes y compartidos para la interoperabilidad entre Administraciones públicas. Cl@ve, la Carpeta Ciudadana, el Sistema de Interconexión de Registros, la Plataforma de Intermediación de Datos, y otros servicios.
50. Organizaciones internacionales y nacionales de normalización. Pruebas de conformidad y certificación. El establecimiento de servicios de pruebas de conformidad.
51. Planes y Actuaciones de la Agenda Digital para España. Descripción, estructura y objetivos de los planes. El Mercado Único Digital.
52. Sistemas de altas prestaciones.Grid Computing. Mainframe.
53. Equipos departamentales. Servidores. Medidas de seguridad para equipos departamentales y servidores. Centros de proceso de datos: diseño, implantación y gestión.
54. Dispositivos personales de PC y dispositivos móviles. La conectividad de los dispositivos personales. Medidas de seguridad y gestión para equipos personales y dispositivos móviles.
55.Cloud Computing. IaaS, PaaS, SaaS. Nubes privadas, públicas e híbridas.
56. Sistemas de almacenamiento para sistemas grandes y departamentales. Dispositivos para tratamiento de información multimedia. Virtualización del almacenamiento. Copias de seguridad.
57. Tipos de sistemas de información multiusuario. Sistemas grandes, medios y pequeños. Servidores de datos y de aplicaciones. Virtualización de servidores.
58. El procesamiento cooperativo y la arquitectura cliente-servidor. Arquitectura SOA.
59. Conceptos y fundamentos de sistemas operativos. Evolución y tendencias.
60. Sistemas operativos UNIX-LINUX. Fundamentos, administración, instalación, gestión.
61. Sistemas operativosMicrosoft. Fundamentos, administración, instalación, gestión.
62. Conceptos básicos de otros sistemas operativos:OS X, iOS, Android, z/OS. Sistemas operativos para dispositivos móviles.
63. Los sistemas de gestión de bases de datos SGBD. El modelo de referencia de ANSI.
64. El modelo relacional. El lenguaje SQL. Normas y estándares para la interoperabilidad entre gestores de bases de datos relacionales.
65. Arquitectura de desarrollo en la web. Desarrollo webfront-end.Scriptsde cliente.Frameworks. UX. Desarrollo web en servidor, conexión a bases de datos e interconexión con sistemas y servicios.
66. Entorno de desarrolloMicrosoft.NET.
67. Entorno de desarrollo JAVA.
68. Entorno de desarrollo PHP.
69. Software de código abierto.Softwarelibre. Conceptos base. Aplicaciones en entorno ofimático y servidores web.
70. Inteligencia artificial: la orientación heurística, inteligencia artificial distribuida, agentes inteligentes.
71. Gestión del conocimiento: representación del conocimiento. Sistemas expertos. Herramientas.
72. Sistemas CRM (Customer Relationship Management) y ERP (Enterprise Resource Planning). Generación de informes a la dirección.
73.E-learning: conceptos, herramientas, sistemas de implantación y normalización.
74. Los sistemas de información geográfica. Conceptos y funcionalidad básicos.
75. Gestión de los datos corporativos. Almacén de datos (Data-Warehouse). Arquitectura OLAP. Minería de datos.
76.Big Data. Captura, análisis, transformación, almacenamiento y explotación de conjuntos masivos de datos. EntornosHadoopo similares. Bases de datos NoSQL.
77. Lenguajes y herramientas para la utilización de redes globales. HTML, CSS y XML. Navegadores web y compatibilidad con estándares.
78. Comercio electrónico. Mecanismos de pago. Gestión del negocio. Factura electrónica. Pasarelas de pago.
79. El cifrado. Algoritmos de cifrado simétricos y asimétricos. La funciónhash. El notariado.
80. Identificación y firma electrónica (1) Marco europeo y nacional. Certificados digitales. Claves privadas, públicas y concertadas. Formatos de firma electrónica. Protocolos de directorio basados en LDAP y X.500. Otros servicios.
81. Identificación y firma electrónica (2) Prestación de servicios públicos y privados. Infraestructura de clave pública (PKI). Mecanismos de identificación y firma: «Smart Cards», DNI electrónico, mecanismos biométricos.
82. Adaptación de aplicaciones y entornos a los requisitos de la normativa de protección de datos según los niveles de seguridad. Herramientas de cifrado y auditoría.
83. El tratamiento de imágenes. Tecnologías de digitalización y de impresión. Impresión 3D.
84. Reconocimiento óptico de caracteres (OCR, ICR). Reconocimiento biométrico.
85. El ciclo de vida de los sistemas de información. Modelos del ciclo de vida.
86. Planificación estratégica de sistemas de información y de comunicaciones. El plan de sistemas de información.
87. Análisis funcional de sistemas, casos de uso e historias de usuario. Metodologías de desarrollo de sistemas. Metodologías ágiles:ScrumyKanban.
88. Análisis del dominio de los sistemas: modelado de dominio, modelo entidad relación y modelos de clases.
89. Análisis dinámico de sistemas: modelado de procesos, modelado dinámico y BPMN (Business Process Model and Notation).
90. Análisis de aspectos no funcionales: rendimiento, seguridad, privacidad.
91. Diseño arquitectónico de sistemas. Diagramas de despliegue.
92. Técnicas de diseño de software. Diseño por capas y patrones de diseño.
93. La elaboración de prototipos en el desarrollo de sistemas. Diseño de interfaces de aplicaciones.
94. La metodología de planificación y desarrollo de sistemas de información Métrica.
95. Procesos de pruebas y garantía de calidad en el desarrollo desoftware. Planificación, estrategia de pruebas y estándares. Niveles, técnicas y herramientas de pruebas desoftware. Criterios de aceptación desoftware.
96. Modelos de integración continua. Herramientas y sus aplicaciones.
97. Métricas y evaluación de la calidad delsoftware. La implantación de la función de calidad.
98. La estimación de recursos y esfuerzo en el desarrollo de sistemas de información.
99. La migración de aplicaciones en el marco de procesos de ajuste dimensional y por obsolescencia técnica. Gestión de la configuración y de versiones. Gestión de entornos.
100. Mantenimiento de sistemas. Mantenimiento predictivo, adaptativo y correctivo. Planificación y gestión del mantenimiento.
101. Gestión de cambios en proyectos de desarrollo de software. Gestión de la configuración y de versiones. Gestión de entornos.
102. La calidad en los servicios de información. El Modelo EFQM y la Guía para los servicios ISO 9004.
103. Gestión documental. Gestión de contenidos. Tecnologías CMS y DMS de alta implantación.
104. Sistemas de recuperación de la información. Políticas, procedimientos y métodos para la conservación de la información.
105. Planificación y control de las TIC: gestión de servicios e infraestructuras TIC, gestión del valor de las TIC. Acuerdos de nivel de servicio. Gestión de incidencias. Bases conceptuales de ITIL (ITInfrastructure Library), y CoBIT (Control Objetives for Information and Related Technology), objetivos de control y métricas.
106. Las tecnologías emergentes. Concepto. Clasificación, aspectos jurídicos y aplicaciones.
107. Redes de telecomunicaciones. Conceptos. Medios de transmisión. Conmutación de circuitos y paquetes. Protocolos de encaminamiento. Infraestructuras de acceso. Interconexión de redes. Calidad de servicio.
108. La red Internet y los servicios básicos.
109. Sistemas de cableado y equipos de interconexión de redes.
110. El modelo de referencia de interconexión de sistemas abiertos (OSI) de ISO: arquitectura, capas, interfaces, protocolos, direccionamiento y encaminamiento.
111. Tecnologías de acceso: fibra (GPON, FTTH), móviles (LTE), inalámbrica.
112. Redes de transporte: JDSxWDM, MPLS. Redes de agregación: ATM,Carrier Ethernet- VPLS (H-VPLS).
113. Redes inalámbricas: el estándar IEEE 802.11.Características funcionales y técnicas. Sistemas de expansión del espectro. Sistemas de acceso. Autenticación. Modos de operación.Bluetooth. Seguridad, normativa reguladora.
114. Redes IP: arquitectura de redes, encaminamiento y calidad de servicio. Transición y convivencia IPv4 - IPv6. Funcionalidades específicas de IPv6.
115. Redes de nueva generación y servicios convergentes (NGN/IMS). VoIP, ToIP y comunicaciones unificadas.
116. La transformación digital e industria 4.0: ciudades inteligentes. Internet de las Cosas (IoT).
117. Redes de área local. Arquitectura. Tipología. Medios de transmisión. Métodos de acceso. Dispositivos de interconexión. Gestión de dispositivos. Administración de redes LAN. Gestión de usuarios en redes locales. Monitorización y control de tráfico. Gestión SNMP. Configuración y gestión de redes virtuales (VLAN). Redes de área extensa.
118. Arquitectura de las redes Intranet y Extranet. Concepto, estructura y características. Su implantación en las organizaciones. Modelo de capas: servidores de aplicaciones, servidores de datos, granjas de servidores.
119. Las redes públicas de transmisión de datos. La red SARA. La red sTESTA. Planificación y gestión de redes.
120. Telecomunicaciones por cable (CATV). Estructura de la red de cable. Operadores del mercado. Servicios de red.
121. El correo electrónico. Servicios de mensajería. Servicios de directorio.
122. Las comunicaciones móviles. Generaciones de tecnologías de telefonía móvil.
123. Aplicaciones móviles. Características, tecnologías, distribución y tendencias.
124. La seguridad en redes. Tipos de ataques y herramientas para su prevención: cortafuegos, control de accesos e intrusiones, técnicas criptográficas, etc. Medidas específicas para las comunicaciones móviles.
125. La seguridad en el nivel de aplicación. Tipos de ataques y protección de servicios web, bases de datos e interfaces de usuario.
126. Ciberseguridad. La estrategia nacional de ciberseguridad.
127. La gestión de la continuidad del negocio. Planes de Continuidad y Contingencia del Negocio.
128. Normas reguladoras de las telecomunicaciones. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC): organización, funciones y competencia en el ámbito de las telecomunicaciones.
129. Sistemas de videoconferencia. Herramientas de trabajo en grupo. Dimensionamiento y calidad de servicio en las comunicaciones y acondicionamiento de salas y equipos.Streamingde video.
130. Acceso remoto a sistemas corporativos: gestión de identidades,single sign-ony teletrabajo.
131. Virtualización de sistemas y de centros de datos. Virtualización de puestos de trabajo. Maquetas de terminalesWindowsy de servidoresLinux.
132. Herramientas de trabajo colaborativo y redes sociales. La Guía de comunicación digital de la Administración del Estado.
El Tribunal calificador de este proceso selectivo será designado mediante Resolución de la Secretaria de Estado de Función Pública con anterioridad a la publicación de las listas de admitidos y excluidos.
En la composición del mismo se garantizará la paridad entre mujeres y hombres.
El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para todos o algunos de los ejercicios. | Funcionarios y Personal |
BOE-A-2023-17090 | Por Resolución de esta Subsecretaría, de 23 de junio de 2023, se convocó proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 157, de 3 de julio, figurando en el anexo III de dicha convocatoria la composición del Tribunal calificador.
Con la Resolución de 7 de julio de 2023, de la Subsecretaría, se modificó la composición del Tribunal calificador del proceso selectivo y se nombró como Secretario suplente de la Sección de Museos a don Pablo Martín Álvarez Silva (Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado).
Así, habiendo formulado su renuncia como Secretario suplente de la Sección de Museos don Pablo Martín Álvarez Silva (Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado) se procede a la sustitución del mismo por don Domingo Garrido Caballero (Cuerpo Técnico de Hacienda).
Madrid, 18 de julio de 2023.–La Subsecretaria de Cultura y Deporte, María Pérez Sánchez-Laulhé. | Cultura |
BOE-A-2022-3106 | De conformidad con lo establecido en los artículos 51, 52 y 53 del Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del Personal Funcionario al Servicio de la Administración de Justicia, aprobado por Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, y en la Orden JUS/1110/2021, de 27 de septiembre, por la que se convoca concurso para la provisión de puestos de trabajo en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses y en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, este Ministerio acuerda:
Resolver el concurso de traslado adjudicando los puestos convocados al personal funcionario de carrera que se relaciona en el Anexo I.
Declarar desiertos los puestos relacionados en el Anexo II.
El plazo para tomar posesión del nuevo destino obtenido será de tres días hábiles si no implica cambio de localidad del personal funcionario, ocho días hábiles si implica cambio de localidad dentro de la Comunidad Autónoma y veinte días hábiles si implica cambio de Comunidad Autónoma, a excepción de la Comunidad Autónoma de Canarias, Comunidad Autónoma de las Illes Balears, Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla, en que será un mes tanto si el puesto de trabajo es el de origen como si es el de destino. Cuando el personal adjudicatario de plaza obtenga con su toma de posesión el reingreso en el servicio activo el plazo será de veinte días hábiles.
Para el personal funcionario que esté desempeñando un puesto de trabajo en comisión de servicio, a efectos de plazos posesorios, se entenderá por localidad del personal funcionario aquella en la que esté prestando servicios efectivamente.
El plazo para la toma de posesión empezará a contarse a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la resolución del concurso en el «Boletín Oficial del Estado».
Quienes se encuentren desempeñando una comisión de servicio no será necesario que se desplacen al órgano de origen que tengan reservado para formalizar el cese, pudiendo realizarlo en el órgano en el que estén prestando la comisión; para ello, la Administración hará llegar los documentos al órgano en el que se encuentren desempeñando la comisión.
Si la resolución comporta reingreso al servicio activo desde las situaciones de excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público, excedencia voluntaria por interés particular, excedencia voluntaria por agrupación familiar o suspensión de funciones, el plazo de toma de posesión deberá computarse desde dicha publicación.
En el caso de que el personal adjudicatario se encuentre en situación de servicios especiales podrá, indistintamente, dar por terminada dicha situación tomando posesión del puesto adjudicado e incorporarse a sus funciones, o bien, solicitar la continuidad en esa situación administrativa, manteniéndose en situación de servicios especiales.
El plazo posesorio será retribuido por la Administración competente respecto de la plaza obtenida en el concurso.
El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando finalicen los permisos o licencias, incluidos los de vacaciones, que hayan sido concedidos.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del Estado. Todo ello sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo de reposición, ante este Ministerio, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su publicación, conforme lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Madrid, 1 de febrero de 2022.–La Ministra de Justicia, P.D. (Orden JUS/987/2020, de 20 de octubre), el Secretario General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Núñez Álvarez. | Funcionarios y Personal |
BOE-A-2023-4514 | Tasas, sobretasas y exoneración del pago de las tasas postales.
Artículo 15. Tasas.
Artículo 16. Exoneración del pago de las tasas postales.
Cuarta parte. Servicios básicos y servicios suplementarios.
Artículo 17. Servicios básicos.
Artículo 18. Servicios suplementarios.
Quinta parte. Prohibiciones y cuestiones aduaneras.
Artículo 19. Envíos no admitidos. Prohibiciones.
Artículo 20. Control aduanero. Derechos de aduana y otros derechos.
Sexta parte. Responsabilidad.
Artículo 21. Reclamaciones.
Artículo 22. Responsabilidad de los operadores designados. Indemnizaciones.
Artículo 23. Cesación de la responsabilidad de los Países miembros y de los operadores designados.
Artículo 24. Responsabilidad del expedidor.
Artículo 25. Pago de la indemnización.
Artículo 26. Recuperación eventual de la indemnización del expedidor o del destinatario.
Séptima parte. Remuneración.
A. Gastos de tránsito.
Artículo 27. Gastos de tránsito.
B. Gastos terminales.
Artículo 28. Gastos terminales. Disposiciones generales.
Artículo 29. Gastos terminales. Disposiciones aplicables a los flujos de correo intercambiados entre operadores designados de los países del sistema objetivo.
Artículo 30. Gastos terminales. Disposiciones aplicables a los flujos de correo hacia, desde y entre los operadores designados de los países del sistema de transición.
Artículo 31. Fondo para el Mejoramiento de la Calidad de Servicio.
C. Cuotas-parte para las encomiendas postales.
Artículo 32. Cuotas-parte territoriales y marítimas de las encomiendas postales.
D. Gastos de transporte aéreo.
Artículo 33. Tasa básica y disposiciones relativas a los gastos de transporte aéreo.
E. Liquidación de cuentas.
Artículo 34. Disposiciones específicas para la liquidación de las cuentas y los pagos por concepto de los intercambios postales internacionales.
F. Fijación de los gastos y de las tasas.
Artículo 35. Potestad del Consejo de Explotación Postal para fijar el importe de los gastos y de las cuotas-parte.
Octava parte. Servicios facultativos.
Artículo 36. EMS y logística integrada.
Artículo 37. Servicios electrónicos postales.
Novena parte. Disposiciones finales.
3. Condiciones de aprobación de las proposiciones relativas al Convenio y al Reglamento.
4. Reservas presentadas en el Congreso.
5. Entrada en vigor y duración del Convenio.
Los infrascritos, Plenipotenciarios de los Gobiernos de los Países miembros de la Unión, visto el artículo 22.3 de la Constitución de la Unión Postal Universal, firmada en Viena el 10 de julio de 1964, han decretado en el presente Convenio, de común acuerdo y bajo reserva del artículo 25.4 de dicha Constitución, las normas de aplicación en el servicio postal internacional.
1. Para el Convenio Postal Universal, las expresiones que figuran a continuación se definen de la manera siguiente:
1.1 envío de correspondencia: envío descrito en el Convenio Postal Universal y en su Reglamento, y encaminado en las condiciones establecidas en esos textos;
1.2 encomienda postal: envío descrito en el Convenio Postal Universal y en su Reglamento, y encaminado en las condiciones establecidas en esos textos;
1.3 envío EMS: envío descrito en el Convenio Postal Universal, en su Reglamento y en los instrumentos correspondientes del EMS, y encaminado en las condiciones establecidas en esos textos;
1.4 documento: envío de correspondencia, encomienda postal o envío EMS constituido por cualquier tipo de información escrita, dibujada, impresa o digital, con exclusión de los artículos de mercadería, cuyas especificaciones físicas se ajustan a los límites establecidos en el Reglamento;
1.5 mercadería: envío de correspondencia, encomienda postal o envío EMS constituido por cualquier objeto tangible y movible, sin ser dinero, incluidos artículos de mercadería, que no entra en la definición de «documento» que se establece en 1.4 y cuyas especificaciones físicas se ajustan a los límites establecidos en el Reglamento;
1.6 despacho cerrado: envase(s) rotulado(s), precintado(s) con precintos de plomo o de otro material, que contiene(n) envíos postales;
1.7 despachos mal encaminados: envases recibidos por una oficina de cambio distinta de la indicada en la etiqueta (del envase);
1.8 datos personales: información necesaria para identificar a un usuario del servicio postal;
1.9 envíos mal dirigidos: envíos recibidos por una oficina de cambio pero que estaban destinados a una oficina de cambio en otro País miembro;
1.10 gastos de tránsito: remuneración de los servicios prestados por un transportista del país atravesado (operador designado, otro servicio o una combinación de ambos) en relación con el tránsito territorial, marítimo y/o aéreo de los envíos de correspondencia;
1.11 gastos terminales: remuneración adeudada al operador designado del país de destino por el operador designado del país expedidor en compensación por los gastos derivados del tratamiento de los envíos de correspondencia recibidos en el país de destino;
1.12 operador designado: cualquier entidad, tanto estatal como no estatal, designada oficialmente por el País miembro para operar los servicios postales y cumplir con las correspondientes obligaciones derivadas de las Actas de la Unión en su territorio;
1.13 pequeño paquete: envío transportado en las condiciones establecidas en el Convenio y en el Reglamento;
1.14 cuota-parte territorial de llegada: remuneración adeudada al operador designado del país de destino por el operador designado del país expedidor en compensación por los gastos de tratamiento de una encomienda postal en el país de destino;
1.15 cuota-parte territorial de tránsito: remuneración de los servicios prestados por un transportista del país atravesado (operador designado, otro servicio o una combinación de ambos), en relación con el tránsito territorial y/o aéreo, por el encaminamiento de una encomienda postal a través de su territorio;
1.16 cuota-parte marítima: remuneración de los servicios prestados por un transportista (operador designado, otro servicio o una combinación de ambos) que participa en el transporte marítimo de una encomienda postal;
1.17 reclamación: queja o consulta relacionada con la utilización de un servicio postal, presentada de acuerdo con las condiciones establecidas en el Convenio y el Reglamento;
1.18 servicio postal universal: prestación permanente a los clientes de servicios postales básicos de calidad, en todos los puntos del territorio de un país, a precios asequibles;
1.19 tránsito al descubierto: tránsito, a través de un país intermediario, de envíos cuya cantidad o cuyo peso no justifica la confección de un despacho cerrado para el país de destino.
1. Los Países miembros deberán notificar a la Oficina Internacional, dentro de los seis meses siguientes a la finalización del Congreso, el nombre y la dirección del órgano público encargado de supervisar los asuntos postales. Los Países miembros también deberán comunicar a la Oficina Internacional, dentro de los seis meses siguientes a la finalización del Congreso, el nombre y la dirección del operador o de los operadores designados oficialmente para operar los servicios postales y cumplir las obligaciones derivadas de las Actas de la Unión en su territorio. Entre dos Congresos, los Países miembros comunicarán lo más pronto posible a la Oficina Internacional los cambios que se produzcan en los órganos públicos. Los cambios en lo que respecta a los operadores designados oficialmente también deberán ser notificados cuanto antes a la Oficina Internacional, y preferentemente por lo menos tres meses antes de que comiencen a aplicarse.
2. Cuando un País miembro designe oficialmente a un nuevo operador, indicará el alcance de los servicios postales que serán prestados por ese operador en virtud de las Actas de la Unión, así como su cobertura territorial.
1. Para reforzar el concepto de unicidad del territorio postal de la Unión, los Países miembros procurarán que todos los usuarios/clientes gocen del derecho a un servicio postal universal que corresponda a una oferta de servicios postales básicos de calidad, prestados en forma permanente en todos los puntos de su territorio a precios accesibles.
2. Para ello, los Países miembros establecerán, en el marco de su legislación postal nacional o por otros medios habituales, el alcance de estos servicios postales y las condiciones de calidad y de precios accesibles, teniendo en cuenta tanto las necesidades de la población como sus condiciones nacionales.
3. Los Países miembros cuidarán que las ofertas de servicios postales y las normas de calidad sean respetadas por los operadores encargados de prestar el servicio postal universal.
4. Los Países miembros se asegurarán de que la prestación del servicio postal universal se haga en forma viable, garantizando su perennidad.
1. El principio de la libertad de tránsito se enuncia en el artículo 1 de la Constitución. Implica la obligación, para cada País miembro, de asegurarse de que sus operadores designados encaminan siempre por las vías más rápidas y por los medios más seguros que emplean para sus propios envíos los despachos cerrados y envíos de correspondencia al descubierto que les son entregados por otro operador designado. Este principio se aplica también a los envíos o a los despachos mal dirigidos o mal encaminados.
2. Los Países miembros que no participen en el intercambio de envíos postales que contengan materias infecciosas o materias radiactivas tendrán la facultad de no admitir dichos envíos en tránsito al descubierto a través de su territorio. Ello se aplica también a los impresos, los periódicos, las revistas, los pequeños paquetes y las sacas M cuyo contenido no se ajuste a las disposiciones legales que fijan las condiciones de su publicación o de su circulación en el país atravesado.
3. La libertad de tránsito de las encomiendas estará garantizada en todo el territorio de la Unión.
4. Cuando un País miembro no observare las disposiciones relativas a la libertad de tránsito, los demás Países miembros tendrán derecho a cesar la prestación de los servicios postales con ese País miembro.
1. El envío postal pertenece al expedidor hasta tanto no haya sido entregado al derechohabiente, salvo si dicho envío hubiere sido confiscado por aplicación de la legislación nacional del país de origen o de destino y, en caso de aplicación del artículo 19.2.1.1 o 19.3, de acuerdo con la legislación nacional del país de tránsito.
2. El expedidor de un envío postal podrá hacerlo retirar del servicio o hacer modificar o corregir su dirección y/o el nombre de la persona jurídica, el apellido, el nombre o, dado el caso, el patronímico del destinatario. Las tasas y las demás condiciones se establecen en el Reglamento.
3. Los Países miembros se asegurarán de que los operadores designados efectúen la reexpedición de los envíos postales, en caso de cambio de dirección del destinatario, y la devolución al expedidor de los envíos no distribuibles. Las tasas y las demás condiciones se establecen en el Reglamento.
1. La denominación «sello de Correos» estará protegida en virtud del presente Convenio y estará reservada exclusivamente para los sellos que cumplan con las condiciones de este artículo y del Reglamento.
2. El sello de Correos:
2.1 será emitido y puesto en circulación exclusivamente bajo la autoridad del País miembro o del territorio, de conformidad con las Actas de la Unión;
2.2 es un acto de soberanía y constituye una prueba del pago del franqueo correspondiente a su valor intrínseco, cuando está colocado en un envío postal de conformidad con las Actas de la Unión;
2.3 deberá estar en circulación en el País miembro o territorio emisor para ser utilizado con fines de franqueo o filatélicos, según su legislación nacional;
2.4 deberá estar al alcance de todos los habitantes del País miembro o territorio de emisión.
3. El sello de Correos llevará:
3.1 el nombre del País miembro o territorio de emisión, en caracteres latinos1, o, si el País miembros o el territorio emisor lo solicita a la Oficina Internacional de la U PU, la sigla o las iniciales que representan oficialmente el nombre del País miembro o del territorio emisor de acuerdo con las condiciones establecidas en el Reglamento;
3.2 el valor facial expresado:
3.2.1 en principio, en la moneda oficial del País miembro o del territorio de emisión, o con una letra o una indicación simbólica;
3.2.2 por medio de otros signos de identificación específicos.
4. Los emblemas de Estado, los signos oficiales de control y los emblemas de organizaciones intergubernamentales que figuren en los sellos de Correos estarán protegidos, en el sentido del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.
5. Los temas y los motivos de los sellos de Correos deberán:
5.1 ajustarse al espíritu del preámbulo de la Constitución de la Unión y a las decisiones adoptadas por los órganos de la Unión;
5.2 guardar estrecha relación con la identidad cultural del País miembro o del territorio o contribuir a la promoción de la cultura o al mantenimiento de la paz;
5.3 tener, en caso de conmemoración de personalidades o de acontecimientos ajenos al País miembro o al territorio, una estrecha relación con dicho País miembro o territorio;
5.4 evitar temas o diseños de carácter político o que puedan ser ofensivos para una persona o un país;
5.5 tener un significado importante para el País miembro o para el territorio.
6. Las marcas de franqueo postal, las impresiones de máquinas de franquear y las estampaciones de imprenta u otros procedimientos de impresión o de sellado conformes a las disposiciones de las Actas de la Unión podrán utilizarse sólo con autorización del País miembro o del territorio.
7. Antes de emitir sellos de Correos utilizando nuevos materiales o tecnologías, los Países miembros comunicarán a la Oficina Internacional la información necesaria con respecto a su compatibilidad con el funcionamiento de las máquinas empleadas para el procesamiento del correo. La Oficina Internacional comunicará esa información a los demás Países miembros y a sus operadores designados.
1. Los Países miembros y/o sus operadores designados deberán adoptar y aplicar una estrategia de desarrollo sostenible dinámica, centrada en acciones medioambientales, sociales y económicas en todas las etapas de la explotación postal, y promover la sensibilización en cuanto a los aspectos de desarrollo sostenible.
1. Los Países miembros y sus operadores designados deberán cumplir con los requisitos en materia de seguridad definidos en las normas de seguridad de la UPU y deberán adoptar y aplicar una estrategia de iniciativa en materia de seguridad, a todos los niveles de la explotación postal, con el objeto de mantener y aumentar la confianza del público en los servicios postales prestados por los operadores designados y para la protección de todos los empleados involucrados. Esa estrategia incluirá los objetivos definidos en el Reglamento, así como el principio de observancia de los requisitos referentes a la transmisión previa de datos electrónicos sobre los envíos postales identificados en las disposiciones de aplicación (incluidos el tipo de envíos postales y los criterios de identificación de los mismos) adoptadas por el Consejo de Explotación Postal y el Consejo de Administración, de conformidad con las normas técnicas de la UPU referentes a los mensajes. Esa estrategia también incluirá el intercambio de información con respecto al mantenimiento de la seguridad durante el transporte y el tránsito de los despachos entre los Países miembros y sus operadores designados.
2. Todas las medidas de seguridad aplicadas en la cadena del transporte postal internacional deberán guardar relación con los riesgos y amenazas a los que buscan responder, y deberán aplicarse sin perturbar los flujos de correo o el comercio internacional, teniendo en cuenta las especificidades de la red postal. Las medidas de seguridad que puedan tener repercusiones de alcance mundial en las operaciones postales deberán aplicarse en forma coordinada y equilibrada a nivel internacional, con la participación de todos los actores involucrados.
1. Envíos postales.
1.1 Los Países miembros se comprometen a adoptar todas las medidas necesarias para prevenir las acciones indicadas a continuación y para perseguir y castigar a sus autores:
1.1.1 inclusión en los envíos postales de estupefacientes, sustancias psicotrópicas o productos peligrosos que no estén expresamente autorizados por el Convenio y el Reglamento;
1.1.2 inclusión en los envíos postales de objetos relacionados con la paidofilia o la pornografía infantil.
2. Franqueo en general y medios de franqueo en particular.
2.1 Los Países miembros se comprometen a adoptar todas las medidas necesarias para prevenir, reprimir y castigar las infracciones relacionadas con los medios de franqueo previstos en el presente Convenio, a saber:
2.1.1 los sellos de Correos, en circulación o retirados de circulación;
2.1.2 las marcas de franqueo;
2.1.3 las impresiones de máquinas de franquear o las estampaciones de imprenta;
2.1.4 los cupones respuesta internacionales.
2.2 A los efectos del presente Convenio, se entiende por infracción relacionada con los medios de franqueo los actos indicados a continuación, cometidos por cualquier persona con la intención de procurar un enriquecimiento ilegítimo a su autor o a terceros. Deberán castigarse:
2.2.1 la falsificación o la imitación de medios de franqueo, o cualquier acto ilícito o delictivo relacionado con su fabricación no autorizada;
2.2.2 la fabricación, la utilización, la puesta en circulación, la comercialización, la distribución, la difusión, el transporte, la presentación o la exposición (inclusive en forma de catálogos o con fines publicitarios) de medios de franqueo falsificados o imitados;
2.2.3 la utilización o la puesta en circulación con fines postales de medios de franqueo ya utilizados;
2.2.4 los intentos de cometer alguna de las infracciones arriba mencionadas.
3. Reciprocidad.
3.1 En lo que respecta a las sanciones a los actos indicados en 2, no deberá hacerse distinción alguna entre medios de franqueo nacionales o extranjeros. La presente disposición no está sujeta a ninguna condición de reciprocidad legal o convencional.
1. Los datos personales de los usuarios podrán utilizarse únicamente para los fines para los que fueron obtenidos de conformidad con la legislación nacional aplicable.
2. Los datos personales de los usuarios se comunicarán sólo a terceros autorizados a acceder a esos datos por la legislación nacional aplicable.
3. Los Países miembros y sus operadores designados deberán asegurar la confidencialidad y la seguridad de los datos personales de los usuarios, en cumplimiento de su legislación nacional.
4. Los operadores designados informarán a sus usuarios del uso que se hace de sus datos personales y de la finalidad de su obtención.
5. Sin perjuicio de lo anterior, los operadores designados podrán transferir electrónicamente los datos personales a los operadores designados de los países de destino o de tránsito que necesiten esos datos para la prestación del servicio.
1. Podrán intercambiarse despachos cerrados de envíos de correspondencia por medio de los servicios territoriales, marítimos o aéreos de otros países:
1.1 entre las oficinas de Correos de uno de los Países miembros y los comandantes de las unidades militares puestas a disposición de la Organización de las Naciones Unidas;
1.2 entre los comandantes de esas unidades militares;
1.3 entre las oficinas de Correos de uno de los Países miembros y los comandantes de divisiones navales, aéreas o terrestres, de barcos de guerra o aviones militares de este mismo país que se hallaren estacionados en el extranjero;
1.4 entre los comandantes de divisiones navales, aéreas o terrestres, de barcos de guerra o aviones militares del mismo país.
2. Los envíos de correspondencia incluidos en los despachos mencionados en 1 deberán estar exclusivamente dirigidos a o provenir de miembros de unidades militares o de los estados mayores y tripulaciones de los barcos o aviones destinatarios o expedidores de los despachos. El operador designado del País miembro que ha puesto a disposición la unidad militar o al cual pertenezcan los barcos o aviones determinará, de acuerdo con su reglamentación, las tarifas y las condiciones de envío que se les aplicarán.
3. Salvo acuerdo especial, el operador designado del País miembro que ha puesto a disposición la unidad militar o del que dependan los barcos de guerra o los aviones militares deberá acreditar a los operadores designados correspondientes los gastos de tránsito de los despachos, los gastos terminales y los gastos de transporte aéreo.
1. Ningún operador designado estará obligado a encaminar ni a distribuir a los destinatarios los envíos de correspondencia que los expedidores que residen en el territorio del País miembro depositen o hagan depositar en un país extranjero para beneficiarse con las condiciones tarifarias más favorables allí aplicadas.
2. Las disposiciones establecidas en 1 se aplicarán sin distinción, tanto a los envíos de correspondencia preparados en el país de residencia del expedidor y transportados luego a través de la frontera, como a los envíos de correspondencia confeccionados en un país extranjero.
3. El operador designado de destino tendrá el derecho de exigir al operador designado de depósito, el pago de las tarifas internas. Si el operador designado de depósito no acepta pagar dichas tarifas en un plazo fijado por el operador designado de destino, éste podrá ya sea devolver los envíos al operador designado de depósito, con derecho a que se le reembolsen los gastos de devolución, o bien podrá tratarlos de conformidad con su legislación nacional.
4. Ningún operador designado estará obligado a encaminar ni a distribuir a los destinatarios los envíos de correspondencia que los expedidores hubieren depositado o hecho depositar en gran cantidad en un país distinto de aquel en el cual residen si el importe de los gastos terminales que se cobrará resulta ser menor que la suma que se habría cobrado si los envíos hubieran sido depositados en el país de residencia de los expedidores. Los operadores designados de destino tendrán la facultad de exigir del operador designado de depósito una remuneración relacionada con los costes sufragados, que no podrá ser superior al importe más elevado de las dos fórmulas siguientes: ya sea el 80 por ciento de la tarifa interna aplicable a envíos equivalentes, o bien las tasas aplicables en virtud de los artículos 29.5 a 29.11, 29.12 a 29.15 o 30.9, según el caso. Si el operador designado de depósito no aceptare pagar el importe reclamado en un plazo fijado por el operador designado de destino, éste podrá ya sea devolver dichos envíos al operador designado de depósito, con derecho a que se le reembolsen los gastos de devolución, o bien podrá tratarlos de conformidad con su legislación nacional.
1. Salvo disposición en contrario de las Actas de la Unión, solo los operadores designados de los Países miembros de la UPU utilizarán las fórmulas y los documentos de la UPU para la operación de los servicios postales y para el intercambio de envíos postales de conformidad con las Actas de la Unión.
2. Los operadores designados podrán utilizar las fórmulas y los documentos de la UPU para la operación de las oficinas de cambio extraterritoriales así como de los centros de tratamiento del correo internacional establecidos por los operadores designados fuera de su respectivo territorio nacional, tal como se definen en 6, para facilitar la operación de los servicios postales y el intercambio de envíos postales.
3. El ejercicio de la posibilidad indicada en 2 está sujeto a la legislación o a la política nacional del País miembro o el territorio en el que está establecida la oficina de cambio extraterritorial o el centro de tratamiento del correo internacional. A este respecto, y sin perjuicio de las obligaciones en materia de designación indicadas en el artículo 2, los operadores designados garantizarán la ejecución continua de sus obligaciones establecidas en el Convenio y serán plenamente responsables de todas sus relaciones con los demás operadores designados y con la Oficina Internacional.
4. El requisito indicado en 3 se aplica también al País miembro de destino para la aceptación de los envíos postales procedentes de esas oficinas de cambio extraterritoriales y esos centros de tratamiento del correo internacional.
5. Los Países miembros comunicarán a la Oficina Internacional sus políticas en lo que respecta a los envíos postales transmitidos a las oficinas de cambio extraterritoriales o a los centros de tratamiento del correo internacional y/o recibidos de ellos. Esa información estará disponible en el sitio Web de la Unión.
6. Estrictamente a los efectos del presente artículo, las oficinas de cambio extraterritoriales se definen como oficinas o instalaciones establecidas y operadas por operadores designados –o bajo la responsabilidad de operadores designados– en el territorio de un País miembro o de un territorio distinto de su propio país, con el objetivo de captar clientes en mercados fuera de su territorio nacional. Los centros de tratamiento del correo internacional se definen como instalaciones de tratamiento del correo internacional para el procesamiento del correo internacional intercambiado, ya sea con el objeto de generar o recibir despachos de correo o bien de servir como centros de tránsito para el correo internacional intercambiado entre otros operadores designados.
7. No debe interpretarse que el presente artículo implica que las oficinas de cambio extraterritoriales o los centros de tratamiento del correo internacional (incluidos los operadores designados responsables de su instalación y de su operación fuera de su respectivo territorio nacional) están en la misma situación que los operadores designados del país donde están establecidos que operan en virtud de las Actas de la UPU, ni impone a otros Países miembros una obligación legal de reconocer esas oficinas y esos centros como operadores designados en el territorio donde están establecidos y operan.
1. Los Países miembros o sus operadores designados deberán fijar y publicar sus normas y objetivos en materia de distribución de envíos de correspondencia y de encomiendas de llegada.
2. Esas normas y objetivos, más el tiempo normalmente necesario para el trámite aduanero, no deberán ser menos favorables que los aplicados a los envíos comparables de su servicio interno.
3. Los Países miembros o sus operadores designados de origen también deberán fijar y publicar normas de extremo a extremo para los envíos prioritarios y los envíos de correspondencia-avión, así como para las encomiendas y las encomiendas económicas/de superficie.
4. Los Países miembros o sus operadores designados evaluarán el grado de aplicación de las normas en materia de calidad de servicio.
1. Las tasas relativas a los diferentes servicios postales definidos en el Convenio serán fijadas por los Países miembros o sus operadores designados, en función de la legislación nacional y de conformidad con los principios enunciados en el Convenio y su Reglamento. Deberán en principio, guardar relación con los costes correspondientes al suministro de esos servicios.
2. El País miembro de origen o su operador designado fijará, en función de la legislación nacional, las tasas de franqueo para el transporte de los envíos de correspondencia y de las encomiendas postales. Las tasas de franqueo incluyen la entrega de los envíos en el domicilio de los destinatarios, siempre que los países de destino tengan un servicio de distribución para los envíos de que se trata.
3. Las tasas aplicadas, inclusive las fijadas en las Actas con carácter indicativo, deberán ser por lo menos iguales a las aplicadas a los envíos del régimen interno que presenten las mismas características (categoría, cantidad, plazo de tratamiento, etc.).
4. Los Países miembros o sus operadores designados, en función de la legislación nacional, estarán autorizados a sobrepasar todas las tasas indicativas que figuran en las Actas.
5. Por encima del límite mínimo de las tasas fijado en 3, los Países miembros o sus operadores designados tendrán la facultad de conceder tasas reducidas basadas en su legislación nacional para los envíos de correspondencia y las encomiendas postales depositados en el territorio del País miembro. Tendrán especialmente la posibilidad de otorgar tarifas preferenciales a sus clientes que tengan un importante tráfico postal.
6. Se prohíbe cobrar a los clientes tasas postales de cualquier naturaleza, fuera de las que se determinan en las Actas.
7. Salvo los casos determinados por las Actas, cada operador designado se quedará con las tasas que hubiere cobrado.
1. Principio.
1.1 Los casos de franquicia postal, en forma de exoneración del pago del franqueo, estarán expresamente determinados por el Convenio. Sin embargo, podrán establecerse en el Reglamento disposiciones que prevean la exoneración del pago del franqueo, de los gastos de tránsito, los gastos terminales y las cuotas-parte de llegada para los envíos de correspondencia y las encomiendas postales expedidos por los Países miembros, los operadores designados y las Uniones restringidas y relacionados con los servicios postales. Además los envíos de correspondencia y las encomiendas postales expedidos por la Oficina Internacional de la UPU a las Uniones restringidas, a los Países miembros y a los operadores designados estarán exonerados de todas las tasas postales. El País miembro de origen o su operador designado tendrá, no obstante, la facultad de cobrar sobretasas aéreas por estos últimos.
2. Prisioneros de guerra e internados civiles.
2.1 Estarán exonerados del pago de tasas postales, con exclusión de las sobretasas aéreas, los envíos de correspondencia, las encomiendas postales y los envíos de los servicios postales de pago dirigidos a los prisioneros de guerra o expedidos por ellos, ya sea directamente o por mediación de las oficinas mencionadas en los Reglamentos del Convenio y del Acuerdo relativo a los Servicios Postales de Pago. Los beligerantes recogidos e internados en un país neutral se asimilarán a los prisioneros de guerra propiamente dichos en lo que respecta a la aplicación de las disposiciones precedentes.
2.2 Las disposiciones establecidas en 2.1 se aplicarán igualmente a los envíos de correspondencia, a las encomiendas postales y a los envíos de los servicios postales de pago procedentes de otros países, dirigidos a las personas civiles internadas mencionadas en la Convención de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativa a la protección de personas civiles en tiempo de guerra o expedidos por ellas, ya sea directamente o por mediación de las oficinas mencionadas en los Reglamentos del Convenio y del Acuerdo relativo a los Servicios Postales de Pago.
2.3 Las oficinas mencionadas en los Reglamentos del Convenio y del Acuerdo relativo a los Servicios Postales de Pago gozarán igualmente de franquicia postal para los envíos de correspondencia, las encomiendas postales y los envíos de los servicios postales de pago relativos a las personas mencionadas en 2.1 y 2.2, que expidan o reciban, ya sea directamente o en calidad de intermediarios.
2.4 Las encomiendas se admitirán con franquicia postal hasta el peso de 5 kilogramos. El límite de peso se elevará a 10 kilogramos para los envíos cuyo contenido sea indivisible y para los que estén dirigidos a un campo o a sus responsables para ser distribuidos a los prisioneros.
2.5 En el marco de la liquidación de cuentas entre los operadores designados, las encomiendas de servicio y las encomiendas de prisioneros de guerra y de internados civiles no darán lugar a la asignación de ninguna cuota-parte, con excepción de los gastos de transporte aéreo aplicables a las encomiendas-avión.
3. Envíos para ciegos.
3.1 Todos los envíos para ciegos enviados a una organización para ciegos o por una organización para ciegos o enviados a una persona ciega o por una persona ciega, estarán exonerados de las tasas postales, con exclusión de las sobretasas aéreas, en la medida en que esos envíos sean admitidos como tales en el servicio interno del operador designado de origen.
3.2 En el presente artículo:
3.2.1 la expresión «persona ciega» significa toda persona registrada oficialmente como ciega o con discapacidad visual en su país o que responde a las definiciones de la Organización Mundial de la Salud para persona ciega o persona con baja visión;
3.2.2 «organización para ciegos» significa una institución o asociación que atiende o representa oficialmente a las personas ciegas;
3.2.3 los envíos para ciegos incluyen la correspondencia, la literatura, cualquiera sea su formato (material auditivo incluido), y los equipos o los materiales producidos o adaptados para ayudar a las personas ciegas a superar los problemas derivados de su ceguera, tal como se indica en el Reglamento.
1. Los Países miembros se asegurarán de que sus operadores designados se ocupen de la admisión, el tratamiento, el transporte y la distribución de los envíos de correspondencia.
2. Los envíos de correspondencia que contienen únicamente documentos incluyen:
2.1 los envíos prioritarios y no prioritarios de hasta 2 kilogramos;
2.2 las cartas, las tarjetas postales y los impresos de hasta 2 kilogramos;
2.3 los envíos para ciegos de hasta 7 kilogramos;
2.4 las sacas especiales que contienen diarios, publicaciones periódicas, libros y documentos impresos similares, consignados a la dirección del mismo destinatario y con el mismo destino, denominadas «sacas M», de hasta 30 kilogramos.
3. Los envíos de correspondencia que contienen mercaderías incluyen:
3.1 los pequeños paquetes prioritarios y no prioritarios de hasta 2 kilogramos.
4. Los envíos de correspondencia se clasifican según la rapidez de su tratamiento y según su contenido, de conformidad con el Reglamento.
5. Dentro de los sistemas de clasificación indicados en 4, los envíos de correspondencia podrán clasificarse también en función de su formato en cartas pequeñas (P), cartas grandes (G), y cartas abultadas (E) o pequeños paquetes (E). Los límites de dimensiones y de peso se especifican en el Reglamento.
6. Los límites de peso superiores a los indicados en 2 se aplicarán en forma facultativa a algunas categorías de envíos de correspondencia, según las condiciones establecidas en el Reglamento.
7. Los Países miembros se asegurarán también de que sus operadores designados se ocupen de la admisión, el tratamiento, el transporte y la distribución de las encomiendas postales de hasta 20 kilogramos.
8. Los límites de peso superiores a 20 kilogramos se aplicarán en forma facultativa a algunas encomiendas postales, según las condiciones establecidas en el Reglamento.
1. Los Países miembros garantizarán la prestación de los servicios suplementarios obligatorios siguientes:
1.1 servicio de certificación para los envíos de correspondencia-avión y prioritarios de salida;
1.2 servicio de certificación para todos los envíos de correspondencia certificados de llegada.
2. Los Países miembros o sus operadores designados podrán prestar los servicios suplementarios facultativos siguientes, en el marco de las relaciones entre los operadores designados que hayan convenido suministrar esos servicios:
2.1 servicio de envíos con valor declarado para los envíos de correspondencia y las encomiendas;
2.2 servicio de envíos contra reembolso para los envíos de correspondencia y las encomiendas;
2.3 servicio de distribución con seguimiento para los envíos de correspondencia;
2.4 servicio de entrega en propia mano para los envíos de correspondencia certificados, con entrega registrada o con valor declarado;
2.5 servicio de distribución de envíos libres de tasas y derechos para los envíos de correspondencia y las encomiendas;
2.6 servicio de encomiendas frágiles y de encomiendas embarazosas;
2.7 servicio de consolidación «Consignment» para los envíos agrupados de un solo expedidor destinados al extranjero;
2.8 servicio de devolución de mercaderías, que es la devolución de mercaderías por el destinatario al expedidor de origen por autorización de éste.
3. Los tres servicios suplementarios indicados a continuación incluyen a la vez aspectos obligatorios y aspectos facultativos:
3.1 servicio de correspondencia comercial-respuesta internacional (CCRI), que es un servicio esencialmente facultativo, aunque todos los Países miembros o sus operadores designados están obligados a prestar el servicio de devolución de los envíos CCRI;
3.2 servicio de cupones respuesta internacionales; estos cupones podrán canjearse en todos los Países miembros, pero su venta es facultativa.
3.3 aviso de recibo para los envíos de correspondencia certificados, las encomiendas y los envíos con valor declarado. Todos los Países miembros o sus operadores designados deberán aceptar los avisos de recibo para los envíos de llegada. La prestación de un servicio de aviso de recibo para los envíos de salida, en cambio, será facultativa.
4. Estos servicios y las tasas correspondientes se describen en el Reglamento.
5. Si los elementos de servicio indicados a continuación están sujetos al pago de tasas especiales en el régimen interno, los operadores designados estarán autorizados a cobrar las mismas tasas para los envíos internacionales, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Reglamento:
5.1 distribución de pequeños paquetes de más de 500 gramos;
5.2 depósito de envíos de correspondencia a última hora;
5.3 depósito de envíos fuera de las horas normales de apertura de las ventanillas;
5.4 recogida en el domicilio del expedidor;
5.5 recogida de un envío de correspondencia fuera de las horas normales de apertura de las ventanillas;
5.6 Lista de Correos;
5.7 almacenaje de los envíos de correspondencia que excedan de 500 gramos (con excepción de los envíos para ciegos) y de las encomiendas postales;
5.8 entrega de encomiendas en respuesta a un aviso de llegada;
5.9 cobertura del riesgo de fuerza mayor;
5.10 entrega de envíos de correspondencia fuera de las horas normales de apertura de ventanilla.
1. Disposiciones generales.
1.1 No se admitirán los envíos que no reúnan las condiciones requeridas por el Convenio y el Reglamento. Tampoco se admitirán los envíos expedidos con fines fraudulentos o con la intención de evitar el pago total de las sumas correspondientes.
1.2 Las excepciones a las prohibiciones indicadas en el presente artículo están establecidas en el Reglamento.
1.3 Los Países miembros o sus operadores designados tendrán la facultad de extender las prohibiciones contenidas en el presente artículo; las nuevas prohibiciones comenzarán a regir a partir del momento de su inclusión en la compilación correspondiente.
2. Prohibiciones aplicables a todas las categorías de envíos.
2.1 Se prohíbe la inclusión de los objetos mencionados a continuación en todas las categorías de envíos:
2.1.1 los estupefacientes y las sustancias psicotrópicas, tal como están definidos por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), o las demás drogas ilícitas prohibidas en el país de destino;
2.1.2 los objetos obscenos o inmorales;
2.1.3 los objetos falsificados o pirateados;
2.1.4 otros objetos cuya importación o circulación esté prohibida en el país de destino;
2.1.5 los objetos que, por su naturaleza o su embalaje, puedan presentar peligro para los empleados o el público en general, manchar o deteriorar los demás envíos, el equipo postal o los bienes pertenecientes a terceros;
2.1.6 los documentos que tengan carácter de correspondencia actual y personal intercambiados entre personas que no sean el expedidor y el destinatario o personas que convivan con ellos.
3. Mercaderías peligrosas.
3.1 Se prohíbe la inclusión de las mercaderías peligrosas descritas en el Convenio y el Reglamento en todas las categorías de envíos.
3.2 Se prohíbe la inclusión de artefactos explosivos y material militar inertes, incluidas las granadas inertes, los obuses inertes y demás objetos análogos, así como de réplicas de tales artefactos y objetos, en todas las categorías de envíos.
3.3 Excepcionalmente, podrán admitirse mercaderías peligrosas en los intercambios entre Países miembros que hubieren declarado estar de acuerdo en admitirlas en forma recíproca o en un solo sentido, siempre que se respeten las reglas y las reglamentaciones nacionales e internacionales en materia de transporte.
4. Animales vivos.
4.1 Se prohíbe la inclusión de animales vivos en todas las categorías de envíos.
4.2 Excepcionalmente, se admitirán en los envíos de correspondencia distintos de los envíos con valor declarado:
4.2.1 las abejas, sanguijuelas y gusanos de seda;
4.2.2 los parásitos y destructores de insectos nocivos destinados al control de estos insectos e intercambiados entre las instituciones oficialmente reconocidas;
4.2.3 las moscas de la familia Drosophilidae destinadas a la investigación biomédica intercambiadas entre instituciones oficialmente reconocidas.
4.3 Excepcionalmente, se admitirán en las encomiendas postales:
4.3.1 los animales vivos cuyo transporte por correo esté autorizado por la reglamentación postal y la legislación nacional de los países interesados.
5. Inclusión de correspondencia en las encomiendas.
5.1 Se prohíbe incluir en las encomiendas postales los objetos indicados a continuación:
5.1.1 la correspondencia, con excepción de los materiales de archivo, intercambiada entre personas que no sean el expedidor y el destinatario o personas que convivan con ellos.
6. Monedas, billetes de banco y otros objetos de valor
6.1 Está prohibido incluir monedas, billetes de banco, papel moneda o cualesquiera otros valores al portador, cheques de viaje, platino, oro o plata, manufacturados o no, pedrería, alhajas y otros objetos preciosos:
6.1.1 en los envíos de correspondencia sin valor declarado;
6.1.1.1 sin embargo, si la legislación nacional de los países de origen y de destino lo permite, esos objetos podrán expedirse bajo sobre cerrado como envíos certificados;
6.1.2 en las encomiendas sin valor declarado, salvo que la legislación nacional del país de origen y del país de destino lo permita;
6.1.3 en las encomiendas sin valor declarado intercambiadas entre dos países que admitan la declaración de valor;
6.1.3.1 además, cada País miembro u operador designado tendrá la facultad de prohibir la inclusión de oro en lingotes en las encomiendas con o sin valor declarado procedentes de o con destino a su territorio o transmitidas en tránsito al descubierto a través de su territorio; podrá limitar el valor real de esos envíos.
7. Impresos y envíos para ciegos.
7.1 Los impresos y los envíos para ciegos no podrán llevar ninguna nota ni contener ningún objeto de correspondencia;
7.2 no podrán contener ningún sello de Correos, ninguna fórmula de franqueo, matasellados o no, ni ningún tipo de papel representativo de valor, salvo cuando el envío incluya una tarjeta, un sobre o una faja prefranqueados para su devolución, con la dirección impresa del expedidor del envío o de su agente en el país de depósito o de destino del envío original.
8. Tratamiento de los envíos admitidos por error.
8.1 El tratamiento de los envíos admitidos por error figura en el Reglamento. Sin embargo, los envíos que contengan los objetos indicados en 2.1.1, 2.1.2, 3.1 y 3.2 no serán, en ningún caso, encaminados a destino, entregados a los destinatarios ni devueltos a origen. Si durante el tránsito se encontrare alguno de los objetos indicados en 2.1.1, los envíos serán tratados de acuerdo con la legislación nacional del país de tránsito. Si durante el transporte se encontrare alguno de los objetos indicados en 3.1 y 3.2, el operador designado correspondiente estará autorizado a extraer del envío esos objetos y destruirlos. El operador designado podrá encaminar el resto del envío hacia su destino, transmitiendo información sobre la eliminación del objeto no admisible.
1. El operador designado del país de origen y el del país de destino estarán autorizados a someter los envíos a control aduanero, según la legislación de estos países.
2. Los envíos sometidos a control aduanero podrán ser gravados postalmente con gastos de presentación a la aduana cuyo importe indicativo se fijará en el Reglamento. Esos gastos se cobrarán únicamente por concepto de la presentación a la aduana y del trámite aduanero de los envíos que han sido gravados con derechos de aduana o con cualquier otro derecho del mismo tipo.
3. Los operadores designados que hubieren obtenido la autorización para efectuar el despacho de aduanas por cuenta de los clientes, ya sea en nombre del cliente o en nombre del operador designado del país de destino, podrán cobrar a los clientes una tasa basada en los costes reales de la operación. Esa tasa podrá cobrarse por todos los envíos declarados en la aduana, incluidos los envíos exentos del pago de derechos de aduana. Los clientes serán informados previamente y con claridad con respecto a esta tasa.
4. Los operadores designados estarán autorizados a cobrar a los expedidores o a los destinatarios de los envíos, según el caso, los derechos de aduana y todos los demás derechos eventuales.
1. Cada operador designado estará obligado a aceptar las reclamaciones relativas a las encomiendas y a los envíos certificados o con valor declarado depositados en su propio servicio o en el de otro operador designado, siempre que esas reclamaciones sean presentadas por los clientes dentro del plazo de seis meses a contar del día siguiente al del depósito del envío. La transmisión y el tratamiento de las reclamaciones entre operadores designados se harán de acuerdo con las condiciones establecidas en el Reglamento. El período de seis meses se aplica a las relaciones entre reclamantes y operadores designados y no incluye la transmisión de las reclamaciones entre operadores designados.
2. El tratamiento de las reclamaciones será gratuito. Sin embargo, los gastos suplementarios originados por un pedido de transmisión a través del servicio EMS correrán, en principio, por cuenta del solicitante.
1. Generalidades.
1.1 Salvo en los casos previstos en el artículo 23, los operadores designados responderán:
1.1.1 por la pérdida, la expoliación o la avería de los envíos certificados, las encomiendas ordinarias (con excepción de la categoría de distribución de los envíos generados por el comercio electrónico, denominada en lo sucesivo «encomiendas ECOMPRO»), cuyas especificaciones están definidas más detalladamente en el Reglamento, y los envíos con valor declarado;
1.1.2 por la devolución de los envíos certificados, los envíos con valor declarado y las encomiendas ordinarias para los que no se indique el motivo de la falta de distribución.
1.2 Los operadores designados no serán responsables por los envíos distintos de los mencionados en 1.1.1 y 1.1.2 o si se trata de encomiendas ECOMPRO.
1.3 En todos los demás casos no previstos en el presente Convenio, bs operadores designados no tendrán responsabilidad.
1.4 Cuando la pérdida o la avería total de un envío certificado, de una encomienda ordinaria o de un envío con valor declarado resultaren de un caso de fuerza mayor que no da lugar a indemnización, el expedidor tendrá derecho al reembolso de las tasas abonadas por el depósito del envío, con excepción de la tasa de seguro.
1.5 Los importes de la indemnización que se pagará no podrán ser superiores a los importes indicados en el Reglamento.
1.6 En caso de responsabilidad, los daños indirectos, el lucro cesante o el perjuicio moral no serán tomados en consideración para el pago de la indemnización.
1.7 Todas las disposiciones relacionadas con la responsabilidad de los operadores designados son estrictas, obligatorias y exhaustivas. En ningún caso, ni siquiera en caso de falta grave, serán los operadores designados responsables fuera de los límites establecidos en el Convenio y en el Reglamento.
2. Envíos certificados.
2.1 En caso de pérdida, de expoliación total o de avería total de un envío certificado, el expedidor tendrá derecho a una indemnización fijada en el Reglamento. Si el expedidor reclamare un importe inferior al importe fijado en el Reglamento, los operadores designados tendrán la facultad de pagar ese importe menor y serán reembolsados sobre esa base por los demás operadores designados eventualmente involucrados.
2.2 En caso de expoliación parcial o de avería parcial de un envío certificado, el expedidor tendrá derecho a una indemnización que corresponderá, en principio, al importe real de la expoliación o de la avería.
3. Encomiendas ordinarias.
3.1 En caso de pérdida, de expoliación total o de avería total de una encomienda ordinaria, el expedidor tendrá derecho a una indemnización fijada en el Reglamento. Si el expedidor reclamare un importe inferior al importe fijado en el Reglamento, los operadores designados tendrán la facultad de pagar ese importe menor y serán reembolsados sobre esa base por los demás operadores designados eventualmente involucrados.
3.2 En caso de expoliación parcial o de avería parcial de una encomienda ordinaria, el expedidor tendrá derecho a una indemnización que corresponderá, en principio, al importe real de la expoliación o de la avería.
3.3 Los operadores designados podrán ponerse de acuerdo para aplicar en sus relaciones recíprocas el importe por encomienda fijado en el Reglamento, sin tener en cuenta el peso de la encomienda.
4. Envíos con valor declarado.
4.1 En caso de pérdida, de expoliación total o de avería total de un envío con valor declarado, el expedidor tendrá derecho a una indemnización que corresponderá, en principio, al importe, en DEG, del valor declarado.
4.2 En caso de expoliación parcial o de avería parcial de un envío con valor declarado, el expedidor tendrá derecho a una indemnización que corresponderá, en principio, al importe real de la expoliación o de la avería. Sin embargo, esa indemnización no podrá en ningún caso exced | Judicial |
BOE-A-2022-19703 | En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 229, de 1 de diciembre de 2021, se han publicado íntegramente las bases que han de regir las convocatorias para proveer:
Cuatro plazas de Oficial de Portería, escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno de promoción interna.
En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 1, de 3 de enero de 2022, se han publicado íntegramente las bases que han de regir las convocatorias para proveer:
Tres plazas de Oficial de Mantenimiento de Centros Educativos, escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, dos mediante el sistema de oposición, en turno libre, y una mediante el sistema de concurso-oposición, en turno de promoción interna.
En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 192, de 7 de octubre de 2022, se han publicado íntegramente las bases que han de regir las convocatorias para proveer las plazas que se indican, cuyo extracto ha sido publicado en el «Diario Oficial de la Generalitat Valenciana» número 9462, de 3 de noviembre de 2022:
Dos plazas de Oficial de la Policía Local, escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, en turno de promoción interna ordinaria.
Una plaza de Intendente de la Policía Local, escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, en turno de promoción interna ordinaria.
Asimismo, las bases generales que regulan los procesos selectivos se han publicado íntegramente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 194, de 11 de octubre de 2021.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» y en tablón de anuncios de la Corporación.
Alcoy, 3 de noviembre de 2022.–El Alcalde, Antonio Giménez Moreno. | Funcionarios y Personal |
BOE-A-2022-9465 | De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de este Rectorado de 16 de febrero de 2022 (BOE de 3 de marzo), para la provisión de la plaza de Profesor Titular de Universidad del Área de Conocimiento «Matemática Aplicada», y habiendo cumplido los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria,
Este Rectorado, en uso de las facultades que le confiere el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar Profesora Titular de Universidad a doña Lidia Serrano Muñoz, en el Área de Conocimiento «Matemática Aplicada», adscrita al Departamento de Matemática Aplicada I.
Madrid, 26 de mayo de 2022.–El Rector, Ricardo Garrido Ramírez. | Funcionarios y Personal |
BOE-A-2022-11803 | La Universidad Internacional Menéndez Pelayo, O.A., M.P., y la Fundación Estudios e Investigación Aspasia para la Formación y el Empleo han suscrito, con fecha 1 de julio de 2022, un convenio para la realización del encuentro «La transición digital: una oportunidad para la formación, la economía y el empleo», que se celebrará en Santander durante 2022 en el marco de la programación académica de la UIMP, por lo que conforme a lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, una vez inscrito en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho convenio, que figura como anexo a esta resolución.
Madrid, 5 de julio de 2022.–El Rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, O.A., M.P., P. D. (Resolución de 24 de abril de 2019), la Gerente, María Iglesias Bastardés.
De una parte, don Carlos Herrero Herrera, actuando en nombre y representación de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, O.A., M.P. –en adelante, UIMP– (organismo con NIF Q-2818022-B y domicilio social en calle Isaac Peral, número 23, 28040 Madrid), en su condición de Rector Magnífico de la misma, cargo para el que fue nombrado por Real Decreto 872/2021, de 5 de octubre, y en el ejercicio de las competencias atribuidas en el artículo 12.4 del Estatuto de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, aprobado por el Real Decreto 331/2002, de 5 de abril.
Y de otra, don Juan Ortega Silva Jiménez actuando en nombre y representación de la Fundación Estudios e Investigación Aspasia para la Formación y el Empleo –en adelante, Fundación Aspasia–, NIF G-16915894 y domicilio social en calle del Marqués de Cubas, 6, 1.º dcha., 28014 Madrid, en su condición de Presidente, y en el ejercicio de las competencias atribuidas en el artículo 13 de los Estatutos de la Fundación, según consta en la escritura de constitución de la misma otorgada ante el notario del Colegio Notarial de Madrid don Ignacio Jiménez López, el 20 de enero de 2022, con el número 251 de su protocolo.
Los presentes declaran que las facultades y poderes con los que actúan se encuentran vigentes y que no les han sido limitados, suspendidos o revocados, y que, en su virtud, tienen plena capacidad para obligarse en los términos de este documento; capacidad que mutuamente se reconocen.
I. Que la UIMP es un organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios dependiente del Ministerio de Universidades, según establece el Real Decreto 431/2020, de 3 de marzo, por el que se desarrolla su estructura orgánica básica, definido, de acuerdo con lo que establece su Estatuto, como centro universitario de alta cultura, investigación y especialización en el que convergen actividades de distintos grados y especialidades universitarias y que tiene como misión promover y difundir la cultura y la ciencia, así como fomentar relaciones de intercambio e información científica y cultural de interés internacional e interregional, cooperando cuando ello sea conveniente con otras universidades o instituciones españolas o extranjeras. El artículo 5 del Estatuto de la UIMP, ya citado, establece que son funciones de la UIMP las de generación y transmisión del conocimiento en todos sus campos.
II. Que la Fundación Aspasia es una entidad sin ánimo de lucro, de naturaleza privada, que tiene como objetivo poner en valor la formación profesional para el empleo, una de las instituciones claves del mercado de trabajo, generar conocimiento en estas materias, promoviendo la calidad y la innovación, profundizado en su carácter estratégico y generando las necesarias sinergias con la actividad y el trabajo de las empresas vinculadas a la misma.
III. Que la UIMP ha abierto una convocatoria pública para recibir propuestas para la realización de cursos en 2022 dentro de la programación académica de sus diferentes sedes y la Fundación Aspasia ha presentado una propuesta dentro de la citada convocatoria para la realización de un encuentro sobre la transición digital como oportunidad para la formación, la economía y el empleo, que considera del máximo interés. La UIMP ha valorado positivamente la propuesta recibida de la Fundación Aspasia, considerando que tiene un indudable interés académico y social y que cumple con los criterios establecidos en su convocatoria.
IV. Que, en consecuencia, existiendo un interés común en la realización del citado encuentro dentro de los fines que les son propios, ambas entidades acuerdan suscribir el presente convenio con sujeción a las siguientes
El objeto de este convenio es establecer la colaboración entre la UIMP y la Fundación Aspasia para la realización del encuentro «La transición digital: una oportunidad para la formación, la economía y el empleo», que se celebrará en 2022 en el marco de la programación académica de la UIMP.
Ambas instituciones colaborarán en el orden académico, económico y logístico según las especificaciones de este convenio para llevar a cabo el diseño, organización, divulgación y desarrollo del encuentro y con el objetivo común de garantizar los niveles adecuados de excelencia, prestigio profesional y solvencia organizativa.
I. Siempre dentro de las normas sobre estructura y organización de cursos vigentes en la UIMP y de las pautas sobre contenidos presentadas por la Fundación Aspasia en su propuesta, y según se recoge en la descripción y objetivos del encuentro que se adjunta como anexo a este convenio, la dirección académica se encargará de elaborar el programa del encuentro y propondrá los profesores participantes.
La persona, o personas, que se encargarán de la dirección académica serán designadas de mutuo acuerdo entre las partes a propuesta de la Fundación Aspasia y nombradas por el órgano competente de la UIMP.
El programa definitivo deberá contar con el visto bueno de ambas partes y ser aprobado por el órgano competente de la UIMP. Las variaciones que posteriormente sea imprescindible efectuar en cuanto a ponentes o conferencias, por causa de imprevistos o por motivos de otra índole, deberán ser aprobadas por la comisión de seguimiento del convenio.
II. La UIMP avalará académicamente este encuentro emitiendo los correspondientes diplomas a los participantes que cumplan los requisitos mínimos de asistencia y aprovechamiento establecidos en su normativa interna, así como las certificaciones académicas que se soliciten. Con tal fin la UIMP se responsabilizará del control de asistencia de los alumnos.
Será competencia también de la UIMP toda la normativa relativa a criterios de admisión o cualquier otro asunto relativo al alumnado.
I. Para la organización y celebración del encuentro objeto de este convenio las partes firmantes asumen los siguientes compromisos de gestión:
a) La UIMP, haciendo uso de su experiencia en la organización de este tipo de actividades docentes, se encargará, siempre dentro de lo que establezca su normativa sobre tarifas, procedimientos y demás legislación que le sea aplicable como organismo público, de:
– En relación a las personas que se encarguen de la dirección y de la secretaría académica y a los ponentes y conferenciantes:
• Honorarios.
• Alojamientos y manutención (máximo dos noches para directores y secretarios académicos y una noche para ponentes y conferenciantes).
• Viajes y transfers.
– Publicidad de la celebración del encuentro dentro del plan general de publicidad de la UIMP.
– No será necesario el servicio de traducción simultánea.
– Diseño y maquetación del programa y del resto del material promocional (programas generales, web).
– Servicio de Secretaría de Alumnos:
• Información y matriculación de alumnos.
• Expedición de diplomas y certificaciones.
• Concesión de becas dentro de su convocatoria general oficial para el conjunto de su programación.
– Organización, en su caso, de actos de inauguración y/o clausura y otros actos protocolarios.
– Recopilación de la documentación del encuentro.
– Servicio de gabinete de prensa.
– Grabación en vídeo para su incorporación al archivo digital de la UIMP.
– Infraestructura general y medios técnicos necesarios para la organización y realización del encuentro (locales, equipos audiovisuales e informáticos, limpieza, mantenimiento, vigilancia y personal).
b) La Fundación Aspasia, por su parte, no asumirá ningún compromiso de gestión en cuanto a la ejecución del encuentro.
II. La Fundación Aspasia no asume responsabilidad alguna, ni directa ni subsidiaria, frente a los profesores, los alumnos o las empresas contratistas en relación con los servicios gestionados por la UIMP de acuerdo con el apartado I de esta cláusula.
I. La Fundación Aspasia realizará una aportación a la UIMP de diecinueve mil euros (19.000 €) en concepto de apoyo económico a la organización y celebración del encuentro y a los gastos asumidos por la UIMP conforme a lo establecido en el apartado I.a) de la cláusula tercera. La Fundación Aspasia no asumirá ninguna aportación a la UIMP por este concepto por importe superior a la cantidad indicada en este párrafo.
Esta aportación se abonará mediante transferencia a la cuenta número ES95-9000-0001-20-0200008606 abierta a nombre de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en el Banco de España, Agencia de Madrid, estableciéndose como requisitos para el pago el que se haya celebrado el encuentro de conformidad con lo previsto y acordado en este convenio y que se haya emitido por parte de la UIMP la correspondiente factura. Este pago se deberá realizar en el plazo máximo de cuarenta días desde la emisión de la factura indicada.
II. La UIMP se compromete a asumir directamente, con cargo a su presupuesto ordinario, la financiación de los gastos de las partidas que gestiona según el apartado I.a) de la cláusula tercera que no se cubren con la aportación que realiza la Fundación Aspasia según lo recogido en el apartado anterior de esta cláusula. Esta financiación no supone un traspaso de fondos de la UIMP a la Fundación Aspasia. Dicha financiación irá con cargo a los créditos aprobados para el conjunto de su programación de cursos avanzados en 2022 (diferentes conceptos según la diferente naturaleza de cada uno de los gastos). Para ello, la UIMP tramita y aprueba los correspondientes expedientes de gasto con carácter general para el conjunto de cursos, según los procedimientos legalmente establecidos. La realización del encuentro propuesto por la Fundación Aspasia no implica ningún incremento en dichos créditos.
I. En cuantos medios se utilicen para la promoción y difusión del encuentro se destacará la colaboración de la Fundación Aspasia con la UIMP, respetando en todo caso las directrices de imagen externa que ambas instituciones faciliten con este fin.
II. La Fundación Aspasia podrá apoyar a la UIMP en la campaña de promoción del encuentro, llevando a cabo cuantas acciones estime convenientes, tales como difusión a través de su propia web, con anuncios complementarios en prensa, mediante la difusión directa del programa entre el público específico, etc., respetando en la medida de lo posible el diseño de la campaña publicitaria de la UIMP.
Asimismo, la Fundación Aspasia podrá apoyar, a través de su propio gabinete de prensa y comunicación, la labor realizada por la UIMP con los medios de comunicación, siempre con la necesaria coordinación y apoyo mutuo.
III. Más allá de la grabación que realizará la UIMP para su incorporación a su archivo digital, en el caso de que alguna de las partes tuviese interés en realizar publicaciones o producciones audiovisuales sobre el contenido y material del encuentro deberá previamente comunicarlo por escrito a la contraparte, sin perjuicio de los demás permisos que legalmente fueran precisos (derechos de autor, integridad de la obra, etc.).
En estas publicaciones o producciones audiovisuales deberá figurar el título del encuentro, fecha y lugar en el que se impartió, así como la colaboración de las partes firmantes en su organización, debiendo supervisar necesariamente cada una de ellas estos aspectos. La edición se llevará a cabo sin coste alguno para la otra parte, salvo que se acuerde otra cosa mediante el correspondiente convenio. La parte editora enviará a la otra un mínimo de 3 ejemplares para sus bibliotecas y archivos.
I. Para velar por la adecuada ejecución de las cláusulas recogidas en el presente convenio se constituye una Comisión de Seguimiento que estará compuesta por dos miembros:
– En representación de la UIMP, la persona titular del Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Programación de Actividades (o, en caso de cambio de organigrama, la persona titular del Vicerrectorado que tenga la competencia sobre programación de cursos avanzados y actividades culturales).
– En representación de la Fundación Aspasia, Lucila Giménez, Miembro del Consejo Asesor.
II. La Comisión de Seguimiento adoptará sus acuerdos por unanimidad de las dos personas que lo componen, y tendrá las siguientes funciones:
– Realizar el seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes.
– Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que se deriven del presente convenio.
III. La Comisión de Seguimiento se reunirá siempre que lo solicite alguna de las partes.
Ambas partes se comprometen a tratar los datos de carácter personal que se recogen en este convenio, o aquellos a los que las partes puedan tener acceso en desarrollo del mismo, así como los que se recojan de los alumnos, profesores o participantes relacionados con el encuentro objeto de este convenio, conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, o en cualquier otra legislación que pueda sustituir, modificar o complementar a la mencionada en materia de protección de datos de carácter personal durante la vigencia del presente convenio.
Las obligaciones en materia de protección de dichos datos tendrán validez durante la vigencia del presente convenio y una vez terminado este.
La modificación del contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de los firmantes que se recogerá expresamente mediante la firma de la correspondiente adenda que será tramitada conforme al artículo 50 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Una vez firmada, la modificación será efectiva desde que se realice la inscripción de la adenda en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal. La adenda deberá ser publicada en el «Boletín Oficial del Estado».
El presente convenio se perfecciona por la prestación del consentimiento de las partes y resultará eficaz una vez inscrito, en el plazo de cinco días hábiles desde su formalización, en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal. Asimismo, será publicado en el plazo de diez días hábiles desde su formalización en el «Boletín Oficial del Estado», según se establece en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Finalizará una vez cumplidos por ambas partes los compromisos adquiridos y, en todo caso, el 31 de diciembre de 2022.
I. El convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.
II. Son causas de resolución:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.
b) El acuerdo unánime de los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes.
d) Por decisión judicial declaratoria de nulidad del convenio.
e) Por la imposibilidad sobrevenida de cumplir el fin del mismo por la extinción de la personalidad jurídica de alguna de las partes o por disposiciones del Gobierno o de las Comunidades Autónomas de restricción de la movilidad, o de cualquier otro tipo, derivadas de la gestión de situaciones de pandemia o emergencia sanitaria.
f) Por cualquier otra causa prevista en la legislación vigente.
III. Las partes vendrán obligadas a comunicarse por escrito la acreditación de la concurrencia de la causa invocada.
IV. En el caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por alguna de las partes, la parte que detectara dicho incumplimiento podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que en el plazo de quince días naturales cumpla con las obligaciones o compromisos incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la comisión de seguimiento del convenio. Si transcurrido dicho plazo persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la incumplidora la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio, con eficacia desde la comunicación de dicha resolución al Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal.
V. En caso de extinción del convenio, tanto por cumplimiento como por resolución, se procederá a la liquidación de los compromisos financieros de conformidad con lo recogido en la cláusula cuarta y lo establecido en el artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
El presente convenio tiene naturaleza administrativa y se regirá por lo dispuesto en el capítulo VI del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Las partes se comprometen a intentar resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que pudiera surgir en el desarrollo, interpretación o cumplimiento del presente convenio a través de la comisión de seguimiento del convenio. En caso de no ser posible una solución amigable, y resultar procedente litigio judicial, la jurisdicción competente para conocer y resolver dichas cuestiones será la jurisdicción contencioso-administrativa, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Y en prueba de conformidad, firman el presente convenio en las fechas que se indican en cada una de las firmas, tomándose como fecha de perfeccionamiento del convenio la del último firmante.–Por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, O.A., M.P., Carlos Herrero Herrera, 24 de junio de 2022.–Por la Fundación Estudios e Investigación Aspasia para la Formación y el Empleo, Juan Ortega Silva Jiménez, 1 de julio de 2022.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia señala la digitalización como «el segundo eje, en línea con la Estrategia Digital Europea y la Agenda España Digital 2025, fijando la hoja de ruta para acelerar una transición digital humanista en España, a través de inversiones y reformas que potencien las infraestructuras, competencias y tecnologías necesarias para una economía y una sociedad digital». Por tanto, es importante abrir ámbitos de reflexión y debate que acerquen al conjunto de la ciudadanía un tema tan importante como el de la digitalización que, junto a la formación, se convierte en uno de los ejes trasversales del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En este encuentro se analiza la transición digital y su impacto en la economía, en las políticas sociales, en la educación y en la formación superior, así como en el empleo y mercado de trabajo, sin perder de vista su presencia en toda la normativa que, sobre estos grandes temas y otros, no menos importantes, se irá desarrollando en los próximos años. En este sentido, se considera importante destacar la dimensión ética y social de la transición digital que está presente en el marco europeo de referencia, donde la equidad debe constituir el elemento de cohesión para el desarrollo de un plan, teniendo como principal objetivo la eliminación de la desigualdad social, en cualquiera de sus manifestaciones.
El encuentro se estructurará en sucesivas conferencias y mesas redondas, a cargo de prestigiosos expertos en cada uno de los temas a tratar.
El contenido básico será el siguiente:
– Itinerario hacia una década digital para la transformación digital de Europa al 2030. Principios y derechos.
– La Agenda España digital 2025.
– Digitalización, impacto económico y transformación social: ¿clave para la recuperación económica, el impulso al empleo y la equidad social?
– Digitalización, nuevas formas de empleo y mercado de trabajo.
– Formación, digitalización y empleo. ¿Qué aporta la nueva Ley de Formación Profesional?
– El papel de la educación superior en la transición digital: formación dual, formación permanente e innovación educativa.
– El impacto de la digitalización en la economía.
– Presentación del estudio «Formación y Mercado Laboral en España» realizado por la Fundación de Estudios e Investigación ASPASIA para la Formación y el Empleo.
– La transición digital como un elemento dinamizador de la reforma laboral. Otros componentes claves.
El encuentro tendrá una duración de tres días.
Está dirigido a todas aquellas personas interesadas en aprender y reflexionar colectivamente sobre el previsible impacto de la digitalización en el modelo y estructura económica de nuestro país, el empleo, la formación y el mercado de trabajo. | Normativas |
BOE-A-2023-22579 | Ante el Juzgado Central Contencioso-Administrativo número 10, por la mercantil Carludi Servicios Integrales, SL, se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo contra la Resolución del organismo autónomo Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa de fecha 29 de junio de 2023, por la que se acuerda no acceder a la tramitación de la solicitud de enajenación por el procedimiento de venta directa de la propiedad denominada Batería de Costa D-16 (Punta Mala), sita en San Roque (Cádiz).
Dicho recurso contencioso-administrativo, una vez admitido a trámite, ha quedado designado por el Juzgado Central Contencioso-Administrativo número 10, como procedimiento ordinario 0000051/2023, NIG 28079 29 3 2023 0001608.
En consecuencia, de acuerdo con lo solicitado por la Letrada de la Administración de Justicia en aplicación del artículo 49.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en relación con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
Este Director Gerente resuelve emplazar a cuantos aparezcan como interesados en el señalado procedimiento al objeto de que puedan personarse como demandados en el plazo de nueve días ante el referido Juzgado Central Contencioso-Administrativo número 10 y en el indicado procedimiento.
Madrid, 23 de octubre de 2023.–El Director Gerente del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, Sebastián Marcos Morata. | Administración |
BOE-A-2022-16478 | En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 190, de 3 de octubre de 2022, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:
Dos plazas de Técnico/a de administración general, pertenecientes a la escala de Administración General, grupo A, subgrupo A1, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.
Una plaza de Técnico/a de administración general, perteneciente a la escala de Administración General, grupo A, subgrupo A2, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.
Una plaza de Técnico/a de administración especial, perteneciente a la escala de Administración Especial, grupo A, subgrupo A1, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno de promoción interna.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» o en el tablón de anuncios de la corporación.
Albal, 4 de octubre de 2022.–El Alcalde, Ramón Cortés Ruiz. | Funcionarios y Personal |
BOE-A-2023-18925 | Habiendo sido suscrito el 14 de julio de 2023, el Convenio entre el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), ADIF-Alta Velocidad y el Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès, para la mejora de la integración del ferrocarril en Vilafranca del Penedès, procede, en cumplimiento de lo establecido en el apartado 8 del artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, sobre convenios suscritos por la Administración General del Estado o alguno de sus organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes, la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho convenio, que figura como anexo a esta resolución.
Madrid, 20 de julio de 2023.–La Presidenta de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, María Prieto Pastor Serrano.
14 de julio de 2023.
Doña María Luisa Domínguez González, Presidenta de las entidades públicas empresariales Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y ADIF-Alta Velocidad que en lo sucesivo se denominarán ADIF y ADIF-AV, en virtud del Real Decreto 670/2021, de 27 de julio, actuando en nombre y representación de ambas entidades en el ejercicio de las facultades que tiene conferidas respectivamente por el artículo 23.2.a) del Estatuto de ADIF, aprobado mediante el Real Decreto 2395/2004, de 30 de diciembre, y del artículo 23.1 y 2.a) del Estatuto de ADIF-Alta Velocidad aprobado mediante el Real Decreto 1044/2013, de 27 de diciembre.
Don Francisco Romero y Gamarra, Alcalde de Vilafranca del Penedès, en virtud del Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès de fecha 17 de junio de 2023, actuando en nombre y representación de esta Administración.
Todas las partes se reconocen capacidad y competencia suficientes para formalizar el presente acuerdo, y a tal efecto
Que las entidades públicas empresariales ADIF y ADIF-Alta Velocidad son organismos públicos adscritos al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y gozan de personalidad jurídica propia, así como plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines y patrimonio propio, y se rigen por lo establecido en la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y sus normas de desarrollo, en sus respectivos Estatutos y en la legislación presupuestaria y otras normas de aplicación.
En el ejercicio de sus funciones, ADIF y ADIF-Alta Velocidad actúan con autonomía de gestión, teniendo en cuenta, en todo caso, la garantía del interés público, la satisfacción de las necesidades sociales con la máxima calidad, la seguridad de los usuarios y la eficacia global del sistema ferroviario.
El artículo 23.1.b) de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, les atribuye a los administradores de infraestructuras ferroviarias, entre otras funciones, la construcción con recursos ajenos de infraestructuras ferroviarias, conforme al correspondiente convenio.
Que ADIF y ADIF-Alta Velocidad están legitimados para proceder a la suscripción del presente convenio, al amparo de lo establecido respectivamente en el artículo 4.2 del Real Decreto 2395/2004, de 30 de diciembre, para ADIF, y en el artículo 4.1 de Real Decreto 1044/2013, de 27 de diciembre, para ADIF-Alta Velocidad, que facultan expresamente a estas entidades públicas empresariales para poder celebrar convenios con la Administración General del Estado, con otras Administraciones Públicas, así como con cualquier otra entidad pública o privada para el mejor cumplimiento de sus fines.
Que el Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès, entre otras funciones, es titular de competencias en materia de ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística, así como en la realización de actividades complementarias a las que son propias de otras Administraciones Públicas de acuerdo con el artículo 25.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Que con motivo de la entrada en vigor de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, la entidad pública empresarial RENFE pasó a denominarse Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), quedando extinguida la entidad pública empresarial Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) y subrogándose en todos los derechos y obligaciones de ésta el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, ADIF.
El artículo 1 del Real Decreto-Ley 15/2013, de 13 de diciembre, sobre reestructuración de la entidad pública empresarial «Administrador de Infraestructuras Ferroviarias» (ADIF) y otras medidas urgentes en el orden económico, dispuso la creación de una nueva entidad pública empresarial, ADIF-Alta Velocidad, como organismo público de los previstos en el artículo 43.1.b) de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (hoy Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público), mediante la escisión de la rama de actividad de construcción y administración de aquellas infraestructuras ferroviarias de alta velocidad y otras que se le atribuyan y estén encomendadas hasta la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto-ley al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).
Que el día 9 de febrero de 2004 se firmó el «Convenio de colaboración entre el Ministerio de Fomento, el Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès y el Gestor de Infraestructuras Ferroviarias para el cubrimiento de la infraestructura ferroviaria y otras obras de permeabilidad en el núcleo urbano de Vilafranca del Penedès» (en lo sucesivo Convenio de 2004). Que dicho convenio ha sido liquidado conforme a los términos que constan en el acuerdo de «Liquidación del convenio de colaboración entre el Ministerio de Fomento, el Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès y el Gestor de Infraestructuras Ferroviarias para el cubrimiento de la infraestructura ferroviaria y otras obras de permeabilidad en el núcleo urbano de Vilafranca del Penedès».
El objeto de las obligaciones del citado Convenio de 2004 era la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera francesa (hoy denominada línea de alta velocidad Límite ADIF-AV/LFP-Madrid Puerta de Atocha, LAV 050, en la Declaración de la Red). Conforme figura en el anexo I de la Orden PRE/2443/2013, de 27 de diciembre, por la que se determinan los activos y pasivos de la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias que pasan a ser titularidad de la entidad pública empresarial ADIF-Alta Velocidad, la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Figueras (LAV 050) fue asignada a ADIF-AV).
Que la estación de Vilafranca del Penedès de la línea convencional 240 (Sant Vicenç de Calders-L´Hospitalet de Llobregat) ha sido remodelada según lo previsto en el «Proyecto constructivo de mejora de la accesibilidad en la estación de Vilafranca del Penedès». Este proyecto tiene por objeto la mejora de las condiciones de accesibilidad y explotación de la estación. Así mismo, el ADIF en el marco de las obras de implantación del ancho mixto (estándar + ibérico) en el tramo Martorell-Sant Vicenç de Calders actualmente en ejecución, prevé construir dos nuevas vías de topera en el interior del tramo cubierto de la línea convencional 240 en Vilafranca del Penedès, que permitirán la rotación de trenes de viajeros de 200 metros de longitud.
Que a la vista de la situación de la infraestructura y constatadas las actuales condiciones de explotación de las líneas ferroviarias que concurren en el ámbito, así como sus previsiones en un futuro cercano, se ha visto la conveniencia de impulsar nuevas actuaciones que permitan perfeccionar la integración en el municipio de las actuales infraestructuras ferroviarias y su funcionalidad, con el objetivo último de mejorar la calidad de vida de la población. Una de las principales actuaciones contempladas a estos efectos es la prolongación del cubrimiento del ferrocarril en el extremo sur del núcleo urbano de Vilafranca del Penedès, quedando no obstante fuera del ámbito del presente convenio actuación alguna sobre el puente de Moja (no se definirá un acabado en el extremo de la nueva losa de cubrimiento coherente con él) o sobre la urbanización del tramo de losa de nueva construcción sobre las vías (no se prevé la urbanización sobre ningún tramo de losa de cubrimiento excepto en los puntos expresamente indicados), actuaciones que asumirá en su caso posteriormente el Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès.
En consecuencia, las partes han acordado impulsar el presente convenio para llevar a cabo las nuevas actuaciones de integración y mejora de la funcionalidad de las infraestructuras ferroviarias, que se regirá por las siguientes
El presente convenio tiene por objeto instrumentar la cooperación entre ADIF, ADIF-Alta Velocidad y el Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès para impulsar los proyectos y las obras que completen y mejoren la integración y la funcionalidad del ferrocarril en Vilafranca del Penedès.
El presente convenio prevé las siguientes actuaciones:
– Ejecución de un nuevo tramo de cubrimiento de las trazas ferroviarias de la línea convencional 240 (Sant Vicenç de Calders-L´Hospitalet de Llobregat) y la LAV 050 (Límite ADIF-AV/LFP-Madrid Puerta de Atocha), entre el tramo ya cubierto contiguo a la calle Tossa de Mar y el actual puente de Moja. El nuevo tramo de cubrimiento de vías tendrá una longitud aproximada de unos 220 metros y, a falta del correspondiente proyecto constructivo, consistirá básicamente en el recrecido de las pantallas laterales actualmente existentes y la instalación de vigas prefabricadas definiendo un único vano sobre las dos líneas ferroviarias (línea convencional 240 y LAV 050), sobre las que se definirá la correspondiente losa de compresión.
– Construcción de losa de cubrimiento del cajón de la línea convencional 240 en el tramo que actualmente no dispone de ella en la zona de la estación de Vilafranca del Penedès, contigua al pasaje Camp dels Rolls y al edificio de viajeros de la propia estación, de unos 90 metros de longitud aproximadamente. En esta actuación se pueden diferenciar dos zonas bien definidas que no obstante deberán quedar perfectamente integradas:
● Construcción de una losa con una tipología estructural similar a la existente en el resto del cajón ferroviario a base de vigas prefabricadas con una losa de compresión sobre ellas, para la nueva cubierta de la zona contigua al pasaje de Camp dels Rolls. En este tramo se ejecutará sobre la nueva cubierta de la línea 240 y sobre el cajón de la LAV 050 un nuevo paso de ciudad peatonal de unos 10 metros de anchura que conectará la plaza de l'Estació y la C/ Magarola.
● Construcción de una estructura ligera con amplias superficies acristaladas que permitan la entrada de luz natural a los andenes, para la cubrición de la zona contigua al edificio de la estación de viajeros. La mencionada estructura ligera se integrará en el conjunto de espacios existentes en la estación, reordenándose los espacios destinados a los viajeros y los accesos a los andenes para dar coherencia a las instalaciones.
– Instalación de escaleras mecánicas de acceso a los andenes desde el nivel del vestíbulo de la estación de la línea convencional 240.
– Ejecución de los elementos de Seguridad y Protección Civil necesarios en aplicación de la normativa vigente para los túneles de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG). En este sentido, se ejecutarán los elementos necesarios en materia de evacuación, ventilación, extinción de incendios, comunicaciones u otras cuestiones relacionadas, de acuerdo con la normativa de aplicación, tanto en el interior de los cajones ferroviarios como en superficie, así como sus correspondientes acometidas de servicios.
– Instalación de pantallas acústicas contiguas a la línea convencional 240, en el parque del Poble Nou, así como en la calle El Papiol en el entorno situado entre las calles Doctor Zamenhof y Manuel Barba i Roca.
– Urbanización del tramo de la calle Santa Fe del Penedès entre la C/ Lavern y la Av/ De la Pelegrina.
Todas las partes que intervienen en el presente convenio acuerdan proceder de forma que las actuaciones expuestas puedan materializarse en el menor tiempo posible y en cualquier caso dentro de los plazos estipulados en el anexo núm. 1 del presente documento, todo ello con el objetivo de reducir las afectaciones que pudiera producir en el entorno urbano un futuro aumento del tráfico ferroviario en el Corredor Mediterráneo.
En virtud del presente convenio ADIF asumirá las siguientes actuaciones:
– Financiación, licitación, contratación y dirección de la redacción del proyecto constructivo necesario para la materialización de todas las actuaciones expuestas en la cláusula segunda del presente convenio, con la excepción de la urbanización de la calle Santa Fe del Penedès.
– Remisión de una copia del proyecto constructivo indicado en el punto anterior al Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès, con objetivo de alcanzar un consenso sobre las soluciones técnicas entre las partes firmantes del presente convenio, con carácter previo a la licitación de las obras.
– Supervisión y aprobación del proyecto constructivo mencionado en los puntos anteriores, que no incluye la urbanización de la calle Santa Fe del Penedès.
– Financiación, licitación, adjudicación, contratación, ejecución y dirección facultativa de las obras contempladas en el mencionado proyecto.
– Recepción definitiva y puesta en servicio de todas las instalaciones ferroviarias construidas correspondientes a la línea convencional 240.
– Desafectación de los suelos y/o vuelos de su titularidad que resulten finalmente innecesarios para la prestación del servicio ferroviario, en los que se materialicen las obras de aquellos elementos que hayan de ser de titularidad municipal.
– Transmisión al Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès, en el mismo acto de recepción definitiva de las instalaciones ferroviarias, del vuelo de la losa de cubrimiento. En este sentido, será objeto de transmisión al municipio el vuelo sobre la losa de cubrimiento ya ejecutada y de los nuevos tramos a ejecutar, incluyendo el nuevo paso peatonal de ciudad que se urbanizará sobre los cajones ferroviarios entre la P/ De l'Estació y la C/ Magarola. No será objeto de dicha transmisión al Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès la superficie ocupada por cualquier instalación ferroviaria en el exterior de los cajones ferroviarios, incluyendo la cubierta ligera prevista en la zona del edificio de viajeros que deberá permitir la entrada de luz natural a los andenes.
En tanto se produce esa transmisión, ADIF/ADIF-Alta Velocidad podrá otorgar a favor del Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès una concesión administrativa gratuita de los mismos, hasta que este obtenga definitivamente su titularidad, siempre y cuando el mismo no obtenga rendimientos económicos de ellos, según se establece en el art. 93 de la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, tal y como ya se ha establecido anteriormente en algunos pasos de ciudad sobre la losa de cubrimiento ya construidos.
La trasmisión del vuelo sobre la losa se constituirá con ADIF/ADIF-Alta Velocidad, como titular del suelo, de conformidad con lo previsto en el RDL 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, para la regularización de las diferentes titularidades que determine las superficies privativas de cada parte, las zonas comunes, cuotas de participación y el régimen estatutario a establecer.
– Entrega al Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès a efectos de su gestión y mantenimiento de los elementos construidos no afectos a la infraestructura ferroviaria. Entre estos elementos estarán de manera expresa las pantallas acústicas y eventuales cerramientos de la plataforma ferroviaria de nueva instalación, así como otros que pueda acordar la Comisión de Seguimiento.
– Aceptación de los proyectos constructivos redactados por el Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès previstos en la cláusula quinta del presente convenio, con carácter previo a la licitación de las obras, así como de cualquier modificación o inclusión de actuaciones complementarias significativas en dichos proyectos constructivos en la fase de obra con carácter previo a su ejecución, siempre y cuando estos se ajusten a la solución acordada y a lo establecido en el presente convenio. Las obras incluidas en los mencionados proyectos estarán sometidas en todo caso al régimen de autorizaciones contemplado en la legislación sectorial ferroviaria de aplicación.
En virtud del presente convenio ADIF-Alta Velocidad asumirá las siguientes actuaciones:
– Recepción definitiva y puesta en servicio de todas las instalaciones ferroviarias construidas correspondientes a la LAV 050. Transmisión en el mismo acto al Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès del vuelo de la losa de cubrimiento correspondiente, en las mismas condiciones previstas para el ADIF en la cláusula tercera del presente convenio.
– Financiación de las obras correspondientes a la LAV 050 contempladas en el proyecto que redactará ADIF según se prevé en la cláusula tercera del presente convenio, mediante un acuerdo interno entre ambas Entidades Públicas Empresariales. El importe de financiación de ADIF-Alta Velocidad se establece en la cláusula sexta del presente convenio.
– Desafectación de los suelos y/o vuelos de su titularidad que resulten finalmente innecesarios para la prestación del servicio ferroviario, en los que se materialicen las obras de aquellos elementos que hayan de ser de titularidad municipal, en las mismas condiciones previstas para ADIF en la cláusula tercera del presente convenio.
En virtud del presente acuerdo, el Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès asumirá las siguientes actuaciones:
– Redacción del proyecto constructivo necesario para la urbanización de la C/ Santa Fe del Penedès entre la C/ Lavern y la Av/ De la Pelegrina.
– Remisión de una copia del proyecto constructivo indicado en el punto anterior al ADIF, con el objetivo de alcanzar un consenso sobre las soluciones técnicas entre las partes firmantes del presente convenio, con carácter previo a la licitación de las obras.
– Supervisión y aprobación del proyecto constructivo mencionado en los puntos anteriores.
– Licitación, adjudicación, contratación, ejecución y dirección facultativa de las obras contempladas en el proyecto indicado en los puntos anteriores. Las obras deberán estar finalizadas con anterioridad al inicio de los trabajos contemplados en los proyectos de competencia del ADIF, citados en la cláusula tercera del presente convenio.
– Recepción definitiva y puesta en servicio de todas las obras contempladas en el proyecto de urbanización de la C/ Santa Fe del Penedès entre la C/ Lavern y la Av/ De la Pelegrina.
– Financiación de las actuaciones señaladas en los puntos anteriores, según lo estipulado en la cláusula sexta del presente convenio.
– Aceptación del proyecto constructivo redactado por el ADIF contemplado en la cláusula tercera del presente convenio, con carácter previo a la licitación de las obras, así como de cualquier modificación o inclusión de actuaciones complementarias significativas en dicho proyecto constructivo en la fase de obra con carácter previo a su ejecución, siempre y cuando estos se ajusten a la solución acordada y a lo establecido en el presente convenio.
– Autorización formal en el marco de sus competencias de cualquier actuación complementaria a las desarrolladas en el ámbito ferroviario, tales como acometidas de servicios, accesos a las instalaciones ferroviarias o instalación de elementos en superficie (salidas de emergencia, salidas de ventilación, antenas de comunicaciones, etc.). Esta autorización se realizará formalmente en el mismo acto de aceptación de los correspondientes proyectos constructivos. En el caso de que fuera necesaria la instalación en superficie, en terrenos de titularidad municipal, de elementos auxiliares relacionados con las infraestructuras ferroviarias, se regularizará la propiedad de estos a favor de ADIF/ADIF-Alta Velocidad.
– Recepción definitiva y posterior mantenimiento del vuelo de la losa de cubrimiento transmitido al Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès por ADIF/ADIF-Alta Velocidad según se prevé en las cláusulas tercera y cuarta del presente convenio. Una vez obtenidos los vuelos sobre la losa de cubrimiento del ferrocarril, en las condiciones anteriormente expuestas, y en el caso de que el Ayuntamiento de Vilafranca del Penedés pretenda ejecutar otras obras de urbanización sobre la misma distintas a las recogidas en el presente convenio, y por tratarse de obras a ejecutar sobre el dominio ferroviario, deberá solicitar y obtener la preceptiva autorización de ADIF/ADIF-Alta Velocidad de conformidad con la legislación sectorial ferroviaria de aplicación. El Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès recepcionará también el nuevo paso peatonal de ciudad sobre la losa de cubrimiento que conectará la plaza de l'Estació y la C/ Magarola.
– Recepción de los elementos no afectos a las infraestructuras ferroviarias entregados por ADIF a efectos de su gestión y mantenimiento según se prevé en la cláusula tercera del presente convenio. Entre estos elementos estarán de manera expresa las pantallas acústicas y los eventuales cerramientos de la plataforma ferroviaria de nueva instalación, así como otros que pueda acordar la Comisión de Seguimiento.
– Cesión temporal sin coste al ADIF de los terrenos de su titularidad que puedan ser necesarios para la correcta ejecución de los trabajos previstos en el presente convenio. La duración de esta posible cesión será autorizada y revisada en su caso por la Comisión de Seguimiento de acuerdo con las necesidades de las obras.
– Aportación sin coste para el ADIF de posibles permisos en el caso de que procedan según la legislación vigente, o medios propios necesarios para la correcta ejecución de los trabajos contemplados en el presente convenio.
– En el ámbito de sus competencias y en colaboración con la Administración de la Generalitat de Catalunya, impulsará y tramitará con carácter preferente las adaptaciones e innovaciones al planeamiento urbanístico municipal de las actuaciones que se recojan en los proyectos redactados por ADIF objeto del presente convenio, necesarias para la incorporación a la trama urbana de los nuevos tramos de losa de cobertura del trazado ferroviario, con superposición de las adecuadas calificaciones de las mismas en cota urbana de viario, espacios libres públicos y de sistema general ferroviario (instalaciones sobre rasante), así como de sistema general ferroviario en subsuelo. Así mismo, promoverá y tramitará las modificaciones del planeamiento necesarias que permitan la implantación y desarrollo de las construcciones y usos propios de ADIF/ADIF-Alta Velocidad.
La financiación de las actuaciones descritas en la cláusula segunda del presente convenio, cuyo coste total se estima en 14 millones de euros (14,00 MM€) (IVA excluido), será asumida de la siguiente forma:
– ADIF financiará el proyecto y las obras contempladas en la cláusula tercera del presente convenio.
– ADIF-Alta Velocidad financiará la parte correspondiente a la LAV 050 de las obras contempladas en el proyecto que redactará ADIF según se prevé en la cláusula tercera del presente convenio, mediante un acuerdo interno entre ambas Entidades Públicas Empresariales.
– El Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès financiará los proyectos y obras contempladas en la cláusula quinta del presente convenio.
A modo de estimación de las valoraciones de las actuaciones que deberá financiar cada una de las partes firmantes del presente convenio, a falta de los correspondientes proyectos constructivos, los diferentes importes pueden justificarse de la siguiente manera:
De este modo, se estima en 10 millones doscientos cincuenta mil euros (10,25 MM€) aproximadamente el importe a financiar por parte del ADIF, en 3 millones de euros (3,00 MM€) el importe de financiación correspondiente a ADIF-Alta Velocidad, mientras que el Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès financiaría proyectos y obras por un importe aproximado de setecientos cincuenta mil euros (0,75 MM€).
En el caso de que se produjeran sobrecostes relacionados con las actuaciones previstas en el presente convenio, cada parte asumirá la financiación de estos de acuerdo con las partidas que tiene asignadas
Un calendario estimativo de las actuaciones y una previsión de anualidades asociadas al presente convenio figura en el anexo núm. 1 de este documento.
En el caso de que la ejecución de las actuaciones objeto del presente convenio requirieran de una reprogramación temporal, la Comisión de Seguimiento podrá acordar el reajuste de los importes que se establecen en el anexo núm. 1 de este documento, sin rebasar el importe total recogido en la presente cláusula. Si se considerase necesario rebasar los importes recogidos en la presenta cláusula será necesaria la previa tramitación de una Adenda modificativa del convenio a propuesta de la Comisión de Seguimiento prevista en la cláusula séptima.
A los efectos de asumir las facultades reconocidas en este convenio y de velar por el cumplimiento de las obligaciones contraídas por cada una de las partes intervinientes, así como el desarrollo puntual de las obligaciones contempladas, se crea una Comisión de Seguimiento formada por:
– ADIF:
Director de Proyectos de Red Convencional.
Gerente de Área de Coordinación de Proyectos.
– ADIF-Alta Velocidad:
Subdirector de Supervisión y Recepción de Actuaciones.
Subdirector de Integración en Ciudades.
– Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès:
Regidor de Urbanismo.
Jefe de los Servicios de Urbanismo.
El funcionamiento de la Comisión se regulará por el régimen de los órganos colegiados previsto con carácter básico según la Ley 40/2015.
Dicha Comisión asumirá, sin perjuicio de las competencias que correspondan a cada organismo, las siguientes funciones:
– Llevar a cabo el seguimiento de las contrataciones y actuaciones correspondientes incluidas en el presente convenio.
– Informar del contenido del proyecto o proyectos constructivos correspondientes a las diferentes actuaciones.
– Promover la coordinación necesaria para la ejecución de las obras y el desarrollo de cuantas acciones se estimen necesarias y oportunas para la consecución de los objetivos del presente convenio.
– Velar por el cumplimiento de los plazos fijados para la aprobación y ejecución de las obras objeto del convenio, así como interpretar las cláusulas de este.
– Revisar y aprobar en caso necesario la modificación de la programación de las actividades previstas en el anexo núm. 1 del presente convenio, así como las anualidades económicas asociadas a esta siempre que dicha distribución de anualidades no suponga un incremento económico de los importes recogidos en el convenio, ni un incremento del plazo de su vigencia.
– Definir posibles indeterminaciones en el detalle de las obras.
– Definir posibles indeterminaciones en el detalle del vuelo de la losa de cubrimiento a traspasar al Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès. De igual modo, definirá los elementos construidos no afectos a la infraestructura ferroviaria a entregar al Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès para su gestión y mantenimiento, según figura en la cláusula tercera.
– Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que se planteen respecto del convenio.
La Comisión se reunirá con una periodicidad al menos semestral y adoptará los acuerdos que procedan por unanimidad de los miembros.
Un representante de ADIF presidirá la Comisión de Seguimiento.
Los miembros de la Comisión de Seguimiento podrán ser sustituidos en caso de imposibilidad de asistencia por aquellos representantes de su institución en quienes convenientemente deleguen, para el cumplimiento de las funciones que tienen encomendadas.
La Comisión de Seguimiento podrá delegar el seguimiento o el estudio de cuestiones concretas en los grupos técnicos que considere oportunos, todo ello con el fin de poder tomar las mejores decisiones en el marco de sus competencias.
Durante la ejecución de las obras, se podrá realizar el seguimiento técnico de las mismas mediante visitas de obra conjuntas. Se levantará acta de estas visitas, que serán dirigidas y coordinadas por el director de las obras nombrado por ADIF, en las que los técnicos de ADIF/ADIF-Alta Velocidad y del Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès constatarán el avance de las obras así como de cualquier aspecto relevante de cara al traspaso del vuelo de la losa de cubrimiento, así como para la entrega posterior de aquellas unidades de obra no afectas a la infraestructura ferroviaria a la Administración municipal a efectos de su gestión y mantenimiento. Cualquier discrepancia entre las partes derivada de la ejecución de los trabajos se elevará a la Comisión de Seguimiento.
Una vez finalizadas y liquidadas las obras objeto del presente convenio, se procederá a la firma de un acta de recepción por el Director de las obras y el contratista responsable de su ejecución, y se entregarán mediante este acto las obras e instalaciones ferroviarias a ADIF o ADIF-Alta Velocidad como activos propios para su gestión, mantenimiento y explotación, y al Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès el vuelo de la losa de cubrimiento y los elementos no afectos a la infraestructura ferroviaria, estos últimos solamente a efectos de su gestión y mantenimiento, según se prevé en la cláusula tercera del presente convenio.
Se entiende por mantenimiento de un activo el conjunto de operaciones de conservación, reparación, reposición y limpieza que permitan preservarlos. ADIF y ADIF-AV quedarán exonerados de cuantas responsabilidades se deriven por la utilización, uso, gestión o mantenimiento de los activos entregados al Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès, tanto respecto de la otra parte del presente convenio como respecto de cualquier usuario de dicha infraestructura.
El presente convenio se perfeccionará con su suscripción y adquirirá plena validez y eficacia desde el momento de su inscripción, en el plazo de 5 días hábiles desde su formalización, en el Registro electrónico estatal de órganos e instrumentos de cooperación del sector público estatal, y asimismo debe ser publicado, en el plazo de 10 días hábiles desde su formalización, en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de su publicación facultativa en el boletín oficial de la Comunidad Autónoma de Cataluña, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.
De acuerdo con el artículo 49.h) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y con la disposición adicional centésima trigésima octava de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, el presente convenio tendrá una vigencia máxima de seis (6) años, si bien, en el caso de que la ejecución de las actuaciones que se recogen en el presente convenio requieran de un periodo superior de tiempo, las partes se comprometen a tramitar, con suficiente antelación al fin de dicha vigencia, su necesaria prórroga, de conformidad con lo previsto en la legislación citada anteriormente, observándose para ello el mismo procedimiento seguido para su autorización.
La modificación de los términos del presente convenio y/o la prórroga de su vigencia requerirán el acuerdo unánime de las partes mediante la suscripción de la correspondiente adenda modificativa.
El presente convenio se extinguirá, además de por el cumplimiento o la conclusión de todas las actuaciones contenidas en el mismo, por alguna de las siguientes causas de resolución:
– Por el transcurso del plazo de vigencia del presente convenio sin haberse acordado la prórroga de este.
– Por mutuo acuerdo de las partes, del que quede la debida constancia en un documento elaborado a tal efecto.
– Por el incumplimiento de cualquiera de los firmantes de las concretas obligaciones establecidas en este convenio, previamente puesto de manifiesto mediante una comunicación escrita fehaciente, y con un plazo de antelación de, al menos, un mes, por la parte a quien perjudique. A tal efecto, se fija como criterio para determinar las posibles indemnizaciones los costes en los que hubiera incurrido la parte perjudicada en el momento en que se produzca el eventual incumplimiento.
– Por una decisión judicial declaratoria de la nulidad del presente convenio.
– Por cambios en la legislación que contravengan el contenido del presente convenio.
– Por la fuerza mayor que impida el cumplimiento de su objeto.
– Por el impago o por el incumplimiento del pago de las cantidades pendientes de pago entre las partes.
En caso de extinción por una causa diferente a la conclusión de las actuaciones objeto del convenio, la Comisión de Seguimiento propondrá las condiciones para la continuación y la finalización de las actuaciones en curso que considere oportunas, y establecerá un plazo improrrogable para su finalización, transcurrido el cual deberá realizarse la liquidación de las mismas en los términos establecidos en el artículo 52.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Resuelto el convenio por cualquier causa, todos los derechos y obligaciones nacidos con anterioridad a la extinción de este serán liquidados y cumplidos por todas las partes, sin perjuicio de los derechos y obligaciones que resulten de dicha extinción para las mismas, conforme a la Ley o a lo dispuesto en el presente convenio.
El presente convenio tiene carácter administrativo y estará sujeto a la normativa administrativa en vigor, y es de aplicación, en todo lo no previsto en el mismo, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, o la legislación que en adelante la sustituya.
Las partes acuerdan que las cuestiones que puedan surgir en la interpretación y/o el cumplimiento del presente convenio serán dirimidas en el seno de la Comisión de Seguimiento.
Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación o en el cumplimiento del presente convenio se residenciarán en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
Para que conste y en prueba de conformidad, se firma el presente convenio.–Por el Ajuntament de Vilafranca del Penedès. Sr. Francisco Romero i Gamarra. Alcalde de Vilafranca del Penedès.–Por ADIF/ADIF-AV, Dña. María Martín León Medina Rubio de ADIF y ADIF-AV.
El contenido del presente anexo puede consultarse a través del Portal de Transparencia del Gobierno de España: http://transparencia.gob.es. | Normativas |
BOE-A-2023-1947 | A petición del Museo Nacional del Prado.
De conformidad con la disposición adicional novena de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, el Real Decreto 1680/1991, de 15 de noviembre, por el que se desarrolla dicha disposición adicional sobre garantía del Estado para obras de interés cultural y la disposición adicional cuadragésima cuarta de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.
Vistos los informes favorables de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español, adoptado en su reunión plenaria del día 16 de noviembre de 2022, de la Abogacía del Estado del Ministerio de Cultura y Deporte emitido con fecha de 30 de noviembre de 2022, y de la Subdirección General de la Oficina Presupuestaria con fecha de 28 de noviembre de 2022, y una vez fiscalizado de conformidad por la Intervención Delegada en el Departamento.
De conformidad con la propuesta de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes formulada el día 7 de diciembre de 2022, en cumplimiento del artículo 3 del Real Decreto 1680/1991, de 15 de noviembre, y el acuerdo de autorización de Consejo de Ministros del 27 de diciembre de 2022, dispongo:
Otorgar la garantía del Estado a las obras que figuran en la solicitud del museo y en el anexo de esta Orden con el alcance, efectos y límites que más adelante se expresan.
1. El Estado se compromete a indemnizar por la destrucción, pérdida, sustracción o daño de las obras que figuran en el anexo de esta Orden, de acuerdo con los valores y las condiciones expresadas en la solicitud del museo.
2. Cualquier alteración de las condiciones expresadas en la solicitud deberá ser comunicada con antelación suficiente al Ministerio de Cultura y Deporte por la institución solicitante, siendo necesaria la conformidad expresa del mismo para que la garantía surta efecto en relación con el término alterado.
1. La garantía otorgada se circunscribe exclusivamente a las obras que figuran en la solicitud del museo y en el anexo de esta Orden, a los efectos de su exhibición en el Museo Nacional del Prado, sito en Paseo del Prado s/n en Madrid, en la exposición temporal «Guido Benítez el 28 de marzo de 2023 hasta el 9 de julio de 2023.
2. El valor económico total de las obras cubiertas por la garantía del Estado asciende a doscientos cuarenta y cuatro millones ochenta y un mil seiscientos setenta y un euros y setenta y dos céntimos (244.081.671,72 €). Dado que la valoración de las obras cubiertas por la garantía del Estado se encuentra expresada en divisas, el valor económico expresado en esta Orden es una aproximación en euros, utilizando para ello los contravalores resultantes de la aplicación de los tipos de cambio del euro fijados por Resolución del Banco de España correspondiente del día 26 de octubre de 2022 (BOE del 27 de octubre de 2022). A los efectos de esta Orden, se considerará que el valor individual de las obras es el que figura en la solicitud de garantía del Estado.
3. Las cantidades no cubiertas por la garantía del Estado, según lo dispuesto en el artículo 6.2 del Real Decreto 1680/1991, de 15 de noviembre, por el que se desarrolla la disposición adicional novena de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, sobre garantía del Estado para obras de interés cultural, deberán ser aseguradas por la institución solicitante de la garantía o los cedentes de las obras.
1. El periodo máximo de cobertura de la garantía del Estado, se iniciará el 27 de febrero de 2023, y surtirá efectos respecto de cada una de las obras, desde el momento de la recogida de las obras en su lugar de origen, hasta la devolución de las mismas en su lugar de origen o en otro designado por el cedente, con fecha límite de 11 de agosto de 2023.
2. En caso de ampliación de la exposición por parte del museo, la garantía del Estado podrá prorrogarse, a petición de la institución solicitante, previa conformidad del Ministerio de Cultura y Deporte, a través de la correspondiente Orden.
1. Previamente a la recogida de las obras cubiertas con la garantía del Estado en su lugar de origen, personal técnico cualificado elaborará un informe exhaustivo sobre el estado de conservación. Obtenida la conformidad escrita del cedente y cesionario sobre dicho informe, se procederá por parte de ambos a la firma del acta de entrega.
2. El acta de devolución se firmará en el momento de entrega de las obras al cedente en su lugar de origen o en el lugar por él designado. En el acta de devolución deberá constar la conformidad de cedente y cesionario acerca de las condiciones en que se encuentran las mismas.
Sin perjuicio de las restantes obligaciones que figuran en esta Orden, la institución solicitante de la garantía deberá:
1.º Enviar a la Subdirección General de Registros y Documentación del Patrimonio Histórico de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Deporte un certificado extendido por su Director acreditando la finalización de la garantía otorgada, y cualquier circunstancia que afecte a la misma, en el plazo de cuarenta y ocho horas a partir de la devolución de las obras.
2.º Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y conservación de las obras así como el estricto cumplimiento de lo dispuesto en esta Orden.
Se incorpora a esta Orden, formando parte de la misma y de la solicitud de la garantía del Estado, el anexo que se cita en el apartado primero.
La Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Deporte dará inmediata cuenta, por vía electrónica, del otorgamiento del compromiso del Estado y del contenido del mismo a las Cortes Generales y al Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Madrid, 12 de enero de 2023.–El Ministro de Cultura y Deporte, P.D. (Orden CUD/990/2020, de 16 de octubre), el Secretario General de Cultura y Deporte, Víctor Francos Díaz. | Cultura |
BOE-A-2022-10412 | En el recurso interpuesto por don I. C. G., abogado, en nombre y representación de doña A. Ruiz Soto, doña M. L. S. R., don L. A. S. E., don J. J. S. R. y doña J. E. R., contra la nota de calificación de la registradora de la Propiedad de Algeciras número 3, doña María Crespo Vidal Rubio, por la que se suspende la inscripción de una escritura de elevación a público de documento privado de compraventa previa segregación.
El día 12 de noviembre de 2021 se autorizó por el notario de Algeciras, don Antonio Rivera Pascual, con el número 1.481 de protocolo, una escritura de elevación a público de documento privado de compraventa, previa segregación. En dicha escritura, los actuales titulares registrales de la finca número 43.878 del Registro de la Propiedad de Algeciras número 3, radicando parte de la finca en terrenos del Registro de la Propiedad de Algeciras número 1, elevaron a público un contrato privado de segregación y compraventa sobre la misma. El documento privado fue suscrito el día 31 de enero de 1994, que «fue liquidado del correspondiente Impuesto de Transmisiones en la Oficina Liquidadora del Partido Judicial correspondiente por autoliquidación en fecha veintiocho de junio de dos mil veintiuno».
La finca matriz se describía como «rústica.–Cortijo denominado (…), en este término, con una superficie, tras varias segregaciones, de 1.202.518,21 metros cuadrados, dividido en dos suertes por la Carretera Nacional (…)».
La finca segregada y vendida se describía así: «Rústica.–Parcela de terreno, señalada con el número (…) Algeciras.–Tiene una superficie de setecientos sesenta y dos metros cuadrados; y linda (…)», disponiendo de referencia catastral propia.
Se hacía constar que «por haber caducado la acción de restablecimiento de la legalidad urbanística (artículo 185 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía) no es preciso la mencionada licencia de segregación por estar la parcela segregada ya dada de alta de forma independiente en el Catastro desde el año dos mil uno, según consta en certificación catastral que, a requerimiento de los comparecientes, incorporo a la presente y por haber transcurrido más de seis años, plazo establecido para la restitución de la legalidad urbanística. Asimismo, incorporo, por fotocopia por mí obtenida con valor de testimonio, a instancias de los comparecientes, certificado del Ayuntamiento de esta Ciudad acreditativo de la inexistencia de expediente sancionador alguno sobre la citada parcela». Respecto a las coordenadas georreferenciadas de la finca segregada, eran las que constaban en la certificación catastral.
Presentada dicha escritura en el Registro de la Propiedad de Algeciras número 3, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«Libro Entrada: 2310.
Libro Diario: Asiento 1341, Diario 163
Documento: Escritura autorizada el día 12/11/2021 por el Notario Antonio Arias Cabrera Vicente documento: Escritura Pública.
Presentante: De Castro Gabinete Jurídico.
Nota de calificación negativa
Con esta fecha, la Registradora de la Propiedad que suscribe, dicta la siguiente calificación negativa del documento reseñado, en base a los siguientes:
Hechos
Primero. Que el referido documento ha sido presentado telemáticamente en este Registro el día 12/11/2021.
Segundo. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 y 19 bis de la Ley Hipotecaria, he resuelto suspender la práctica del asiento solicitado, de elevación a público de contrato privado de compraventa, previamente segregada de una parcela de terreno de la finca 43878, por el defecto subsanable de no acreditarse el otorgamiento de la licencia prevista por la legislación urbanística aplicable, o la declaración municipal de su innecesariedad.
Fundamentos jurídicos:
Primero. El artículo 18 de la Ley Hipotecaria dispone «los Registradores calificarán bajo su responsabilidad, la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos de toda clase, en cuya virtud se solicite la inscripción, así como la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos dispositivos contenidos en la escrituras públicas, por lo que resulte de ellas y de los asientos del Registro».
Y en relación con el mismo, artículos 19, 65 y 66 de la Ley Hipotecaria y 98 de su Reglamento, se suspende la práctica del asiento solicitado, en tanto no se subsane el defecto señalado.
Segundo: 1. En el presente caso, es necesario conforme al artículo 78 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, se aporte la pertinente licencia municipal o la declaración de su innecesariedad.
La presente calificación lleva consigo, conforme al artículo 323 de la Ley Hipotecaria, la prórroga del asiento de presentación, y contra la misma podrá el interesado (…)
Este documento ha sido firmado con firma electrónica cualificada por María Ramírez Núñez Álvarez registrador/a de Registro Propiedad de Algeciras 3 a día dieciséis de diciembre del dos mil veintiuno.»
Solicitada con fecha 23 de diciembre de 2021 calificación sustitutoria, correspondió la misma al registrador de la Propiedad de San Fernando número 2, don Javier Castillo Vázquez, quien, con fecha 24 de enero de 2022, confirmó la calificación de la registradora de la Propiedad de Algeciras número 3.
Contra la nota de calificación sustituida, don I. C. G., abogado, en nombre y representación de doña A. S. E., doña M. L. S. R., don L. A. S. E., don J. J. S. R. y doña J. E. R., interpuso recurso el día 1 de marzo de 2022 mediante escrito en el que alagaba lo siguiente:
«Alegaciones:
Previo.
Mis representados presentan a inscripción en el Registro de la Propiedad número 3 de Algeciras, escritura de segregación y elevación a público de previo contrato de compraventa, en relación a parte de la finca rústica (…), que consta inscrita en el citado Registro (finca 43.878), y parte en el Registro de la Propiedad número Uno de Algeciras.
El título en cuestión se otorga ante el notario de Algeciras, Sr Fernández Naveiro, el día 12 de noviembre de 2021, al número 1481 de su protocolo.
Se dicta nota de calificación el día 16 de diciembre de 2021, por la Ilma Sra Registradora titular del precitado Registro de la Propiedad número 3 de Algeciras, en sentido negativo, por la apreciación de defecto subsanable consistente en la falta de acreditación del otorgamiento de la licencia prevista por la legislación urbanística aplicable, o la declaración municipal de su innecesariedad. Y ello en base al art artículo 78 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio.
Primero.
Obvia la calificación, dicho sea respetuosamente, que la finca es rústica y no urbana (a la inscripción y al propio Catastro me remito, como consta en la escritura), y por tanto, no es exigible la licencia de segregación municipal ni la declaración de innecesariedad, y ello conforme a la doctrina que se establece en las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado (hoy de la Seguridad Jurídica y Fe Pública) de 29 de enero de 2021 (BOE núm. 37, de 12 de febrero de 2021), así como la de 12 de diciembre de 2019 (BOE núm. 60 de 10 de marzo de 2020).
En tales resoluciones se fija que no es necesaria la licencia municipal, sino que se active el procedimiento del art 80 del mismo Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio.
Dice la primera de las citadas:
"Como ha reiterado este Centro Directivo -vid. Resolución de 12 de diciembre de 2019-, corresponde al órgano autonómico competente apreciar si concurre o no las excepciones recogidas en el artículo 25 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 80 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, conforme al cual ‘cuando se trate de actos de división o segregación de fincas inferiores a la unidad mínima de cultivo, los registradores de la Propiedad remitirán copia de los documentos presentados a la Administración agraria competente’.
Nada obsta a tal planteamiento, a que el interesado obtuviera del Ayuntamiento, como Administración urbanística competente, la correspondiente licencia de segregación, pues como ya ha señalado este Centro Directivo (vid. Resoluciones de 10 de junio de 2009, 2 de noviembre de 2012 y 25 de abril de 2014), si bien la licencia municipal, o en su caso la certificación municipal de innecesaridad de licencia, puede ser suficiente para cumplir con los requisitos urbanísticos impuestos a la segregación, cuando el asunto a dilucidar no es urbanístico sino agrario, carece la Administración local de competencia.
Por lo que en el presente caso el defecto relativo al documento municipal debe ser revocado, sin perjuicio de la procedencia de informe del órgano competente en unidades mínimas de cultivo que deberá articularse en su caso, a través del procedimiento del citado artículo 80 del Real Decreto 1093/1997."
Y dice la segunda de las resoluciones citadas:
"3. El artículo 80 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, establece que el registrador remitirá copia de los documentos presentados a la Administración agraria competente para que adopte el acuerdo pertinente sobre nulidad del acto o sobre apreciación de las excepciones de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 24 y 25 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, y si la Comunidad Autónoma, a través de sus órganos competentes, afirma que las segregaciones documentadas son inválidas por no respetarse la prohibición de divisiones y segregaciones inferiores a la unidad mínima de cultivo correspondiente, no puede procederse a la inscripción, siendo el procedimiento administrativo, iniciado mediante la comunicación del registrador, el cauce adecuado para hacer efectivos los derechos de defensa del interesado en dicho procedimiento, cuando se discute si la segregación escriturada se acomoda a las exigencias de la normativa agraria, bien sea mediante la aportación de los documentos y alegaciones que se consideren oportunos -artículos 79 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 28 y 53 de la actual Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, vigente desde el día 2 de octubre de 2016-, bien mediante la propia impugnación de la propia resolución, primero en vía administrativa, y luego en vía judicial, para instar la rectificación de la resolución dictada por la Comunidad Autónoma, y solicitar la correspondiente medida cautelar de carácter registral para asegurar las resultas del procedimiento, pues, como prevé el último párrafo del propio artículo 80 citado, si la resolución declarando la nulidad de la segregación fuese objeto de recurso contencioso administrativo, el titular de la finca de que se trate podrá solicitar la anotación preventiva de su interposición sobre la finca objeto de fraccionamiento."
Pues bien, con todos los respetos, entiende esta parte que yerra la calificación efectuada al solicitar la licencia municipal o declaración de innecesariedad, lo cual no procede en este tipo de fincas rústicas, sino que en su caso, se debería recabar la autorización de segregación de finca rústica, otorgada por la Administración Agraria (autonómica), y en caso de inexistencia, como es el caso, activar el correspondiente procedimiento establecido en la legislación hipotecaria, ya que las administraciones municipales, carecen en absoluto, de competencia en materia de segregaciones rústicas, como ha dicho esta Dirección General, y por tanto, no es exigible la emisión de tal licencia por el Ayuntamiento correspondiente, en este caso, el de Algeciras.
Se debió activar, por el contrario, el procedimiento de comunicación a la Administración Agraria competente, esto es, la Delegación Territorial en Cádiz de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Junta de Andalucía, conforme regula el art 80 del citado Real Decreto 1.093/1997, que dice:
"Cuando se trate de actos de división o segregación de fincas inferiores a la unidad mínima de cultivo, los Registradores de la Propiedad remitirán copia de los documentos presentados a la Administración agraria competente, en los términos previstos en el apartado 5 del artículo anterior. Si dicha Administración adoptase el acuerdo pertinente sobre nulidad del acto o sobre apreciación de las excepciones de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 23 y 24 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, remitirá al Registrador certificación del contenido de la resolución recaída. En el caso que transcurran cuatro meses desde la remisión o de que la Administración agraria apreciase la existencia de alguna excepción, el Registrador practicará los asientos solicitados. En el supuesto de que la resolución citada declarase la nulidad de la división o segregación, el Registrador denegará la inscripción. Si dicha resolución fuese objeto de recurso contencioso-administrativo, el titular de la finca de que se trate podrá solicitar la anotación preventiva de su interposición sobre la finca objeto de fraccionamiento."
Así, se debió actuar, dicho sea, con todos los respetos, y no exigiendo la licencia de segregación municipal, como defecto subsanable, ya que como ha dicho la Dirección General, y como establece el Ordenamiento Jurídico, las administraciones municipales no tienen competencia en materia agraria, y por ende, de las segregaciones que en tal suelo acaezcan (ni para otorgamiento de licencia, ni para ejercer medidas de disciplina).
Y en todo caso, si la Registradora entendiera que existe el peligro de consolidación de un núcleo poblacional en suelo rústico, tampoco sería exigible la licencia de segregación municipal, sino la activación del procedimiento del art 79 del mismo Real Decreto 1.093/1997, ya que la existencia de hecho de tal núcleo periurbano (pero rústico), no obsta a que la calificación de los terrenos es de suelo no urbano (rústico), y que así también se define en el inventario catastral, como consta en la propia escritura pública.
Y se ha de tener muy en cuenta que sobre la finca matriz en la que se practica la segregación no existe ninguna anotación preventiva de incoación de expediente de disciplina urbanística por parcelación ilegal ni nota marginal en la que se haga constar acuerdo municipal alguno para la reposición a su estado originario de la realidad física alterada de la finca mediante demolición de obras realizadas y reagrupación de parcelas a través de reparcelación forzosa para restablecer la legalidad urbanística.
Ello no cabría en terreno rústico, salvo que así se ordenara por la Junta de Andalucía, administración competente, ya que no lo es el Ayuntamiento de Algeciras.
Por tanto, entiende esta parte que se ha de revocar la nota, y por el carácter de suelo rústico de la finca en cuestión, iniciar el procedimiento del art 80 del Real Decreto 1.093/1997, y/o subsidiariamente, el del art 79 de la misma norma.
La segunda calificación ratifica la primera, expresando que la primera de las resoluciones citadas por esta parte en su solicitud de calificación sustitutoria (la de 29 de enero de 2021) no es aplicable, ya que en tal caso el Ayuntamiento en cuestión conocía de la segregación, lo que permite la inscripción de la operación jurídica de segregación, ex art 26 de la Ley del Suelo Estatal. Pues bien, obvia tal calificación que la misma considera baladí la propia licencia municipal de segregación, y que en tal resolución se revoca precisamente la exigencia de tal licencia en la nota recurrida. Incluso se reafirma la falta de competencia del Ayuntamiento en materia agraria, y que, por tanto, tal licencia municipal de segregación es absolutamente innecesaria, esto es, que si se ha concedido o no se ha concedido, es absolutamente irrelevante, ya que no puede ser exigible si es rústico el suelo en cuestión, como aquí acaece.
La citada calificación sustitutoria sigue diciendo que la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), exige licencia municipal para las segregaciones en cualquier de suelo. Pero obvia decir que dicha obligación contenida en tal texto legal entra en vigor el día 20 de enero de 2003, y que la segregación que nos ocupa, acaece en 2001, y así consta en el Catastro, como lo informa dicho organismo mediante la certificación que se acompaña a la escritura (no la información catastral, sino certificado independiente de antigüedad).
Por tanto, a la fecha de la segregación, no era aplicable la norma que se cita en la calificación sustitutoria, sino que lo era la Ley 1/1997, de 18 de junio, por la que se adoptan con carácter urgente y transitorio disposiciones en materia de régimen de suelo y ordenación urbana.
Dicha Ley, en su artículo único establecía como legislación autonómica por remisión lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio declarados nulos por incostitucionalidad como Derecho estatal por la sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo de 1997. Entre los artículos que se rehabilitaba estaba el 242.2 de dicho texto refundido, que solo exigía licencia municipal para las parcelaciones urbanas, nunca las rústicas.
Por tanto, a la fecha de la segregación de hecho constatable en Catastro (2001) no era necesaria la licencia municipal.
Hemos de invocar la Resolución de la DGRN de 27 de enero de 2012, y una de 19 de noviembre de 2004; que afirman que no cabe exigir que a un acto que consta fehacientemente que ha tenido lugar vigente una regulación legal, se le aplique una exigencia contenida en una norma incorporada al Ordenamiento Jurídico tanto tiempo después, como aquí acaece exactamente.
A ello hay que aunarle que la legislación vigente al momento que se solicita la inscripción, y más concretamente el art 183.3 LOUA, redactado conforme el Decreto-ley 3/2019, de 24 de septiembre, de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en la Comunidad Autónoma de Andalucía, excluye la necesidad de licencia de segregación en fincas segregadas para las que haya transcurrido el plazo de exigencia del restablecimiento de la legalidad urbanística, contenida en el art 185.1 LOUA, esto es, el plazo de 6 años.
En tal caso que es el que nos ocupa como el Catastro certifica, no es necesaria licencia de segregación, como erróneamente exigen las calificaciones, por haber prescrito la posibilidad legal de exigir el restablecimiento de la legalidad urbanística.
Y en ningún caso, la sustitutiva declaración de asimilado a fuera de ordenación es requisito para la inscripción registral, sino que lo será para otras cuestiones civiles, administrativas y urbanísticas, diferentes a las registrales.
Así, por tanto, ni la anterior legislación (Ley del Suelo de 1992, ni la LOUA tras la reformada operada por el Decreto Ley 3/2019), exigen que la parcela concreta de mis mandantes, segregada en 2001 al menos, hubiera de obtener licencia municipal de segregación como exige la nota que ha de ser revocada, y en su caso, activar los correspondientes procedimientos previstos en los arts. 79 y/o 80 del Real Decreto 1093/1997, como han acordado otros Registradores con jurisdicción en la comunidad andaluza, no rechazando de plano la inscripción hasta la tramitación de tales consultas a las Administraciones autonómica y local, con ratificación de tales decisiones por parte de esta Dirección General, como por ejemplo, en la Resolución de 27 de septiembre de 2019 (contra nota del Registro de la Propiedad de Manilva).
Segundo: Asimismo, como se declaró en la propia escritura de segregación, el acto urbanístico de segregación acaeció hace más de 20 años, constando en el catastro segregada la finca, al menos, desde 2001.
Asimismo, está prescrito por tanto cualquier posibilidad de restablecimiento de la legalidad urbanística al haber transcurrido el plazo de 6 años fijado en el art 185 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (norma en vigor a la fecha de la escritura), sin que conste como hemos dicho anotación alguna por razón de expediente de disciplina urbanística, y en relación a ello, conforme a lo dispuesto en el art 183.3 LOUA. Del mismo tenor es el art 174.2 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, derogatoria de la LOUA.
Es el mismo caso que se estudia en la resolución de 17 de octubre de 2014 (BOE núm. 274 de 12 de noviembre de 2014), que dice:
"En el presente caso, lo que acredita la certificación municipal en cuestión es que la parcela cuya constancia registral se solicita ahora por vía de segregación de su matriz registral ‘consta segregada con su configuración actual desde el catastro de 1986, no se ha podido localizar en los archivos municipales la Resolución de licencia, no obstante, por el tiempo transcurrido la posible infracción estaría prescrita’. Y tal declaración municipal, además de presumirse válida y lícita como cualquier acto administrativo, no entra en colisión conceptual alguna con la normativa autonómica de aplicación. A tales efectos, debe tenerse en cuenta que conforme al artículo 236 de la citada Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid, ‘la prescripción de las infracciones urbanísticas se producirá por el transcurso de cuatro años, salvo las que afecten a zonas verdes y espacios libres que no tienen plazo de prescripción’, aclarando el artículo 237 que ‘el plazo de prescripción de las infracciones comenzará a correr desde el día en que la infracción se haya cometido o, en su caso, desde aquel en que hubiera podido incoarse el procedimiento sancionador. A este último efecto, se entenderá posible la incoación del procedimiento sancionador desde el momento de la aparición de signos externos que permitan conocer los hechos constitutivos de la infracción’.
Pero no bastaría con constatar que haya prescrito la posible infracción, sino que es preciso que, además, no sea posible ya el ejercicio de potestades de protección de la legalidad urbanística que hubiera podido infringirse, ya que, como establece claramente el artículo 203 de la misma Ley, ‘las medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística son independientes de las sanciones cuya imposición proceda por razón de la comisión de infracciones tipificadas en la presente Ley’.
Ni del certificado municipal reseñado, ni de ningún otro documento del expediente resulta que la segregación efectuada hubiera afectado a terrenos calificados como zona verde o espacio libre, único supuesto en el que, según el artículo 200 de la misma Ley, no sería de aplicación limitación de plazo alguna para el ejercicio de las potestades de protección de la legalidad urbanística.
Por tanto, aun cuando no se aporte, como hubiera sido preceptivo, la correspondiente licencia municipal para tal segregación, lo cierto es que el propio Ayuntamiento constata y certifica que la posible infracción en que hubiera podido incurrirse al realizar en 1986 una segregación no autorizada estaría actualmente prescrita, y no consta que estemos ante ningún supuesto excepcional que determine la imprescriptibilidad de la potestad de restablecimiento de la legalidad urbanística, como tampoco consta registralmente anotación alguna de inicio de expediente de disciplina urbanística alguno.
5. En consecuencia, debemos estimar que tal certificado municipal, con las circunstancias concurrentes en el presente caso, habilita y permite la práctica registral de una concreta segregación, efectuada extra registralmente, de modo fehaciente, en fecha determinada y sobre un tipo de suelo, que, mediante la concurrencia conjunta de todos esos factores, determina la prescripción, no sólo de la posible infracción urbanística, sino, lo que es más relevante a efectos registrales, de la potestad de restablecimiento de la legalidad urbanística potencialmente infringida.
No cabe duda de que, conforme al artículo 20 de la Ley de suelo, un concreto acto o uso del suelo, como es el de edificar sobre él, tiene la posibilidad de acceder al Registro de la Propiedad, además de mediante la acreditación de las preceptivas licencias de edificación y de ocupación o denominaciones equivalentes en la normativa sustantiva -ex artículo 20.1-, mediante la acreditación de su antigüedad y la prescripción -o más bien caducidad- de la potestad administrativa de restablecimiento de la legalidad presuntamente infringida (ex artículo 20.4).
De modo análogo, ambas vías jurídicas han de ser también posibles, y los son legalmente, respecto de otros actos o usos del suelo, menos invasivos que la edificación, como el que supone efectuar una división o parcelación de aquél, si concurriere el mismo fundamento conceptual y legal, es decir, que se trata de actos de división o segregación de fincas respecto de los cuales ya no procede adoptar medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística que impliquen su reagrupación forzosa, por haber transcurrido los plazos de prescripción correspondientes, y todo ello, lógicamente, sin perjuicio de lo dispuesto en materia de régimen de unidades mínimas de cultivo por el Título II de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias, que habrá de ser observado en cualquier caso, en especial el contenido de los artículos 24 y 25, sobre nulidad de determinados actos de segregación o división de terrenos y sus excepciones.
Esa analogía en la admisión de la vía de la prescripción acreditada para inscribir no sólo edificaciones, sino también divisiones o segregaciones antiguas, ha de aplicarse también en cuanto a las cautelas y actuaciones que de oficio ha de tomar el registrador, con carácter previo y posterior a la práctica del asiento, a saber: en primer lugar, comprobar la inexistencia de anotación preventiva por incoación de expediente de disciplina urbanística sobre la finca objeto de la división o segregación de que se trate y que el suelo no tiene carácter demanial o está afectado por servidumbres de uso público general, ni tenga una clasificación tal que legalmente determine la no aplicación de limitación de plazo alguna para el ejercicio de las potestades de protección de la legalidad urbanística -salvo, en cuanto a esto último, que la norma que disponga tal imprescriptibilidad hubiera entrado en vigor cuando ya se hubiera consumado la prescripción conforme a la normativa anterior-; y, en segundo lugar, notificar la práctica del asiento registral a la Administración dejando constancia registral de ello, extremo éste que -si bien en lo que se refiere al Ayuntamiento resultaría de la aplicación analógica de lo dispuesto para las obras nuevas en el artículo 20.4 de la Ley de suelo-, en lo relativo a la Comunidad Autónoma cuenta con un precepto específico en el artículo 51.3, cuando ordena que ‘inscrita la parcelación o reparcelación de fincas, (…) el Registrador de la Propiedad notificará a la Comunidad Autónoma competente la realización de las inscripciones correspondientes, con los datos resultantes del Registro. A la comunicación, de la que se dejará constancia por nota al margen de las inscripciones correspondientes, se acompañará certificación de las operaciones realizadas y de la autorización administrativa que se incorpore o acompañe al título inscrito’.
Por ello, esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar la nota de calificación registral en los términos que resultan de los anteriores fundamentos jurídicos."
Por tanto, procedería la revocación de la nota, al no ser exigible en ningún caso la licencia municipal de segregación o la declaración de innecesariedad, por la evidente prescripción de cualquier responsabilidad en materia de disciplina urbanística».
La registradora de la Propiedad emitió informe y elevó el expediente a este Centro Directivo.
Vistos los artículos 18 de la Ley Hipotecaria; 26 y 28.4 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana; 78 y 79 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística; las Sentencias del Tribunal Constitucional número 61/1997, de 20 de marzo, y 143/2017, de 14 de diciembre; las Sentencias de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 2000, 25 de enero de 2002 y 28 de junio de 2012; las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 21 de julio de 2003, 10 de octubre de 2005, 14 de julio de 2009 -en respuesta a la consulta formulada por el Colegio Notarial de Andalucía-, 12 de julio de 2010, 24 de agosto de 2011, 2 de marzo y 24 de mayo de 2012, 2 de enero, 4 de marzo, 28 de octubre y 14 de noviembre de 2013, 17 de octubre de 2014, 5 y 26 de mayo y 10 de septiembre de 2015, 11 y 12 de julio y 5 de octubre de 2016, 7 de marzo, 2 de agosto y 6 de septiembre de 2017 y 19 de febrero de 2018, y las Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 29 de enero y 15 de diciembre de 2021.
1. Debe decidirse en este expediente si es inscribible una escritura de fecha 12 de noviembre de 2021 de elevación a público de documento privado.
El documento privado fue suscrito el día 31 de enero de 1994, siendo liquidado del correspondiente Impuesto sobre Transmisiones, en la oficina liquidadora del partido judicial correspondiente, por autoliquidación de fecha 28 de junio de 2021.
Mediante dicho documento privado se formaliza un contrato privado de segregación y compraventa de parte de una finca registral. La finca segregada y vendida se describe como rústica y una superficie de setecientos sesenta y dos metros cuadrados, con referencia catastral propia.
La registradora señala como defecto que «es necesario conforme al artículo 78 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, se aporte la pertinente licencia municipal o la declaración de su innecesariedad».
El recurrente afirma que por haber caducado la acción de restablecimiento de la legalidad urbanística no es precisa la licencia de segregación por estar la parcela segregada y dada de alta de forma independiente en el Catastro desde el año 2001. Asimismo, incorpora, certificado del Ayuntamiento de Algeciras acreditativo de la inexistencia de expediente sancionador alguno sobre la citada parcela.
2. El artículo 26 del texto refundido de la Ley de Suelo aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015, establece que «en la autorización de escrituras de segregación o división de fincas, los notarios exigirán, para su testimonio, la acreditación documental de la conformidad, aprobación o autorización administrativa a que esté sujeta, en su caso, la división o segregación conforme a la legislación que le sea aplicable. El cumplimiento de este requisito será exigido por los registradores para practicar la correspondiente inscripción».
Debe recordarse en primer lugar la doctrina mantenida hasta ahora por este Centro Directivo en materia de inscripción de actos de división o segregación de fincas y el cumplimiento de la legalidad urbanística.
Así, este Centro Directivo a la hora de estudiar el problema de derecho intertemporal que plantea la presentación en el Registro, de un documento público que acredita la práctica de una división realizada con anterioridad a la legislación que actualmente la regula, y que se produjo en fecha, en que la legislación aplicable no exigía licencia para las mismas o que, exigiéndola, no resulta acreditada, pero puede considerarse prescrita la facultad de restablecimiento de legalidad urbanística, al menos, a efectos registrales, ha sostenido -cfr. Resolución de 7 de marzo de 2017, por todas-:
«El Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo admiten la aplicación retroactiva de las normas a hechos, actos o relaciones jurídicas nacidas al amparo de la legislación anterior, siempre que los efectos jurídicos de tales actos no se hayan consumado o agotado y siempre, claro está, que no se perjudiquen derechos consolidados o situaciones beneficiosas para los particulares, infiriéndose, en estos casos, la retroactividad del sentido, el espíritu o la finalidad de la Ley.
También la doctrina admite la retroactividad tácita de la Ley y de este modo se pronuncia a favor de la retroactividad de las normas interpretativas; las complementarias, de desarrollo o ejecutivas; las procesales, pero sólo en lo relativo a que los actos de ejercicio de derecho nacidos con anterioridad a aquéllas han de sujetarse a sus trámites y procedimientos; y, por último, las que pueden establecer regímenes uniformes o acabar con abusos o incomodidades, añadiendo que el intérprete encontrará una orientación en las disposiciones transitorias del Código Civil.
Este Centro Directivo interpretando dicha corriente jurisprudencial (vid. Resoluciones de 27 de enero y 23 de julio de 2012) ha venido señalando el problema de derecho intertemporal planteado por la presentación en el Registro en la actualidad, de una división o segregación realizada durante la vigencia de la regulación anterior, como sucede en el supuesto de hecho de este recurso, entendiendo que debe resolverse en el sentido de que la segregación es un acto jurídico cuya inscripción queda sujeta a los requisitos impuestos por las normas de carácter registral vigentes en el momento de presentar la escritura o la sentencia en el Registro, aunque el otorgamiento de aquélla se haya producido bajo un régimen normativo anterior -cfr. disposición transitoria cuarta del Código Civil-.
Ahora bien, la exigencia de tales requisitos deberá conciliarse con los efectos jurídicos de los actos de segregación o división conforme a la legislación material o sustantiva vigente a la fecha en que se produzcan, ya que el hecho de que tales efectos no se hayan consumado o agotado es presupuesto, conforme se ha dicho anteriormente, para la aplicación excepcional de la retroactividad.
Esta Dirección General en su Resolución de fecha 17 de octubre de 2014 reconoció la analogía en la admisión de la vía de la prescripción acreditada para inscribir no sólo edificaciones, sino también divisiones o segregaciones antiguas, aplicable también en cuanto a las cautelas y actuaciones que de oficio ha de tomar el registrador, con carácter previo y posterior a la práctica del asiento, admitiendo la inscripción de una segregación practicada en el año 1974, por acompañarse una certificación administrativa en la que se manifestaba que «consta segregada con su configuración actual desde el catastro de 1986, no se ha podido localizar en los archivos municipales la Resolución de licencia, no obstante por el tiempo transcurrido la posible infracción estaría prescrita», añadiendo esta Dirección General que «no bastaría con constatar que haya prescrito la posible infracción, sino que es preciso que, además, no sea posible ya el ejercicio de potestades de protección de la legalidad urbanística que hubiera podido infringirse, ya que, como establece claramente el artículo 203 de la misma Ley [de Madrid], ‘las medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística son independientes de las sanciones cuya imposición proceda por razón de la comisión de infracciones tipificadas en la presente Ley’». Doctrina reiterada en Resoluciones de 5 y 26 de mayo de 2015, en las que el Ayuntamiento declaró la innecesariedad de licencia, pues “la fecha de otorgamiento del título es anterior a la entrada en vigor de la Ley 4/92 de la Generalitat Valenciana”».
La propia jurisprudencia ha reconocido el hecho de que las divisiones o segregaciones sigan el régimen general que es el de cualquier obra o actuación ilegal frente a la que no puedan adoptarse medidas de restauración de la legalidad urbanística, a saber, una situación que presenta similitudes a la de «fuera de ordenación» -cfr. Sentencias del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 2000, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears de 16 de septiembre de 2005 y de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 28 de junio de 2013; vid., también, los artículos 257.1.c) del reciente Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, y el propio artículo 174 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, si bien, por vinculación a la edificación en situación asimilada a fuera de ordenación-.
Por lo que, a falta de una norma que declare expresamente la nulidad radical del acto jurídico de segregación sin licencia -cfr. sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla de 26 de enero de 2006- o un pronunciamiento judicial en tal sentido -vid. Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 11 de junio de 2010-, este tratamiento registral es compatible con la eficacia civil y situación consolidada del acto jurídico, en principio, desde el punto de vista urbanístico, por razón de su antigüedad.
Las cautelas desde el punto de vista de la protección de legalidad urbanística y la información a terceros se basarán en la comunicación posterior a inscripción que hará el registrador tanto al Ayuntamiento como a la Comunidad Autónoma, con constancia en el asiento y en la publicidad registral, como prevén los artículos 28.4 y 65.3 de la Ley estatal de Suelo, salvo que, como dispone el propio precepto se haya practicado previamente alguna medida cautelar acordada por la Administración -cfr. Resolución de 16 de julio de 2013-.
Y todo ello, lógicamente, sin perjuicio de lo dispuesto en materia de régimen de unidades mínimas de cultivo que habrá de ser observado en cualquier caso, en especial, el artículo 80 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio -norma adjetiva o procedimental- en cuanto al deber del registrador de remitir copia de los documentos presentados a la Administración agraria competente para que adopte el acuerdo pertinente sobre nulidad del acto o sobre apreciación de las excepciones de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 23 y 24 de la Ley 19/1995, de 4 de julio -cfr. Resolución de 25 de abril de 2014-.
Ciertamente, se trata de una doctrina que permite compatibilizar, por un lado, el reconocimiento de los derechos adquiridos válidamente por los propietarios y, en principio, consolidados desde un punto de vista urbanístico -vid. el Preámbulo del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, sobre el fundamento de la reforma del artículo 20 de la anterior Ley de suelo-, con la función preventiva que desempeñan tanto notarios como registradores en el control de legalidad urbanística de los actos de parcelación.
Tal labor preventiva se concreta, como se ha expuesto anteriormente, en la acreditación del título administrativo habilitante previsto en la respectiva legislación aplicable para la división o segregación documentada en la escritura, título que será ordinariamente la licencia de parcelación, pero también aquél por el que, sin denegarla, el órgano administrativo competente declare la improcedencia de conceder licencia al acto de segregación por haberse formalizado con anterioridad a la normativa vigente y haber transcurrido los plazos de restablecimiento de la legalidad.
Este último caso de parcelaciones de cierta antigüedad, según se razona, presenta semejanzas con la situación jurídica en que se encuentran las edificaciones que acceden registralmente por la vía del artículo 28.4 de la actual Ley de Suelo que, como prevé el propio precepto no requiere previa declaración municipal, mas no pueden equipararse completamente, dada la realidad fáctica que presenta la edificación existente, acreditada por certificación técnica, municipal o acta notarial, que por sí demuestra la no ejecución de medidas de restablecimiento de legalidad urbanística y el carácter eminentemente jurídico de la división o segregación, carente en principio de tal apariencia, y que pudo motivar ya un pronunciamiento expreso de la Administración descartando la incidencia de los plazos de restablecimiento de legalidad, sin que pueda constatarse a efectos registrales.
Por lo que así se justificó la doctrina de la Resolución de 17 de octubre de 2014, seguida por las de 5 y 26 de mayo de 2015, 5 de mayo de 2016 y 7 de marzo y 2 de agosto de 2017, en el sentido de que para inscribir escrituras públicas de división o segregación de fincas es preciso acreditar a los efectos del artículo 26 de la Ley de Suelo estatal -norma registral temporalmente aplicable- la oportuna licencia o declaración de innecesariedad o, para el supuesto de parcelaciones de antigüedad acreditada fehacientemente, podrá estimarse suficiente, como título administrativo habilitante de la inscripción, la declaración administrativa del transcurso de los plazos de restablecimiento de legalidad o su situación de fuera de ordenación o similar, conforme a la respectiva normativa de aplicación, procediendo entonces la aplicación analógica del artículo 28.4 de la Ley de Suelo.
3. En el caso particular de este expediente, a la vista de la doctrina expuesta, no cabe sino confirmar el defecto objeto de recurso en cuanto a la exigencia de licencia, declaración de innecesariedad o al menos una declaración de la Administración competente acerca de la efectiva prescripción de la acción administrativa para restablecer la legalidad urbanística infringida y, por tanto, del carácter consolidado de la parcelación que justifique la no exigencia de licencia.
En primer lugar, hay que señalar que la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía entró en vigor el 23 de diciembre de 2021, fecha posterior, por tanto, a la fecha de la nota de calificación; entonces resultaba aplicable la Ley 7/2002 que en su artículo 169 requiere licencia para además de las parcelaciones urbanísticas, para las divisiones y segregaciones en cualquier clase de suelo -apartado 1.b) añadido por Decreto-ley 3/2019, de 24 de septiembre-.
Es cierto que en el presente caso podría alegarse que la segregación fue realizada con fecha fehaciente anterior a la vigencia de la citada norma (en este caso la acreditada mediante certificado expedido por Catastro) pero, como se ha explicado, el registrador debe limitarse a exigir lo preceptuado por el artículo 26 de la Ley de Suelo en cuanto a la acreditación documental de la conformidad, aprobación o autorización administrativa a que esté sujeta, en su caso, la división o segregación conforme a la legislación que le sea aplicable, sin perjuicio de admitir también la declaración municipal que suponga un reconocimiento del carácter consolidado de la parcelación -cfr. artículo 183.3 de la Ley 7/2002- a juicio de la Administración que es ante quien deben plantearse los motivos que justifiquen su procedencia.
No siendo suficiente, a estos efectos, la acreditación de no constar expediente municipal alguno relativo al inmueble, pues ello no implica un reconocimiento de la existencia independiente de la parcela o de su situación de fuera de ordenación o de haber prescrito la acción de restablecimiento de legalidad urbanística como sucedió en los casos admitidos por este Centro Directivo -vid. Resoluciones de 17 de octubre de 2014, 5 y 26 de mayo de 2015, 5 de mayo de 2016 y 7 de marzo y 2 de agosto de 2017-.
Tampoco puede compartirse que la segregación de finca rústica sometida a la Ley del suelo de 1992 no estuviera sometida a ningún tipo de intervención municipal, pues como señalaba el artículo 259.3: «Los Notarios y Registradores de la Propiedad exigirán para autorizar e inscribir, respectivamente, escrituras de división de terrenos, que se acredite el otorgamiento de la licencia o la declaración municipal de su innecesariedad, que los primeros deberán testimoniar en el documento», lo que implicaba el sometimiento a licencia de las parcelaciones urbanísticas y la declaración de inncesariedad de licencia para las de naturaleza rústica.
En consecuencia, esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de calificación de la registradora.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.
Madrid, 31 de mayo de 2022.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente Santiago. | Administración |
BOE-A-2022-8122 | esponderá con la suma de las potencias máximas unitarias de los módulos fotovoltaicos que configuran dicha instalación (conocida comúnmente como potencia pico), medidas en condiciones estándar según la norma UNE correspondiente.
En el caso de las instalaciones de almacenamiento, la capacidad de almacenamiento a efectos del cálculo de la ayuda se corresponderá con la capacidad nominal de la instalación de almacenamiento, reflejada en su ficha técnica.
La Ayuda Total a otorgar en los programas 1 y 2 será la suma de la Ayuda Total de generación y la Ayuda Total de almacenamiento, en su caso. En el programa 3 la Ayuda Total será la Ayuda Total de almacenamiento.
Cálculo de la Ayuda Total de generación.
El coste subvencionable unitario de generación (Csug), se calculará mediante la siguiente expresión:
Siendo:
Ceug: Coste elegible unitario de generación, en €/kW.
Cuf: Coste unitario de la instalación de referencia en €/kW.
En el apartado AIII.A3 de este anexo III se presentan los costes unitarios de la instalación de referencia (Cuf) y el coste subvencionable unitario máximo de generación (Csumg). El coste subvencionable unitario máximo total de generación (Csumtg) se calculará como la suma del coste subvencionable unitario máximo de generación (Csumg) y el correspondiente coste subvencionable unitario máximo complementario de generación (Csumcg), cuando sea de aplicación.
El coste subvencionable unitario final de generación (Csufg) será el menor valor entre el coste subvencionable unitario de generación calculado (Csug) y el coste subvencionable unitario máximo total de generación (Csumtg).
El coste subvencionable total de generación (Cstg) será:
Donde Ps es la potencia de la instalación de generación realmente instalada en kW (kWp para solar fotovoltaica), limitada a 5 MW.
La Ayuda Total de generación se obtendrá multiplicando el coste subvencionable total de generación (Cstg) por el porcentaje de ayuda establecido para la Ayuda Base para cada tipo de actuación y tipo de destinatario último, incrementado este porcentaje de Ayuda Base, en su caso, en 5 puntos porcentuales por Ayuda Adicional según se establece en el apartado AIII.A4.
Cálculo de la Ayuda Total de almacenamiento.
El coste subvencionable unitario de almacenamiento (Csua) se corresponde con el coste elegible unitario de almacenamiento (Ceua), en €/kWh.
En el apartado AIII.A3 de este anexo III se presenta el coste subvencionable unitario máximo de almacenamiento para cada actuación de almacenamiento (Csuma).
El coste subvencionable unitario final de almacenamiento (Csufa) será el menor valor entre el coste subvencionable unitario de almacenamiento calculado (Csua) y el coste subvencionable unitario máximo de almacenamiento (Csuma).
El coste subvencionable total de almacenamiento (Csta) será:
Donde Cap es la capacidad nominal de la instalación de almacenamiento en kWh.
La Ayuda Total de almacenamiento se obtendrá multiplicando el coste subvencionable total de almacenamiento (Csta) por el porcentaje de ayuda establecido para la Ayuda Base para cada tipo de actuación y destinatario último.
La Ayuda Total a otorgar en el programa 4 será la suma de la Ayuda Total de generación y la Ayuda Total de almacenamiento, en su caso, que se establecen en valores unitarios constantes (módulos).
Cálculo de la Ayuda Total de generación.
El valor unitario fijo para la instalación de generación, “Módulo generación”, y para actuación complementaria en su caso, “Módulo complementario”, se corresponderán con los indicados en el apartado AIII.A3 de este anexo para cada tipo de actuación y sector. A estos valores se les podrá adicionar el “Módulo adicional de generación” por reto demográfico indicado en el apartado AIII.A4 de este anexo, cuando sea de aplicación.
La Ayuda Total de generación se obtendrá como:
Donde Ps es la potencia de la instalación de generación realmente instalada en kW (kWp para solar fotovoltaica), limitada a 5 MW.
En todo caso, la Ayuda Total de generación no podrá superar el coste elegible de generación (Ceg) de la actuación efectivamente realizada, convenientemente justificado.
Cálculo de la Ayuda Total de almacenamiento.
El valor unitario fijo para la instalación de almacenamiento, «Módulo almacenamiento», se corresponderá con los indicados en el apartado AIII.A3 de este anexo. A este valor se le podrá adicionar el «Módulo adicional de almacenamiento» por reto demográfico indicado en el apartado AIII.A4 de este anexo, cuando sea de aplicación.
La Ayuda Total de almacenamiento se obtendrá como:
Donde Cap es la capacidad nominal de la instalación de almacenamiento, en kWh.
En todo caso, la Ayuda Total de almacenamiento no podrá superar el coste elegible de almacenamiento (Cea) de la actuación efectivamente realizada, convenientemente justificado.
En el programa 5 la Ayuda Total a otorgar será la Ayuda Total de almacenamiento. La Ayuda Total de almacenamiento se establece en valores unitarios constantes (módulos).
El valor unitario fijo para la instalación de almacenamiento, «Módulo almacenamiento», se corresponderá con los indicados en el apartado AIII.A3 de este anexo. A este valor se le podrá adicionar el «Módulo adicional de almacenamiento» por reto demográfico indicado en el apartado AIII.A4 de este anexo, cuando sea de aplicación.
La Ayuda Total de almacenamiento se obtendrá como:
Siendo Cap la capacidad nominal de la instalación de almacenamiento, en kWh.
En todo caso, la Ayuda Total de almacenamiento no podrá superar el coste elegible de almacenamiento (Cea) de la actuación efectivamente realizada, convenientemente justificado.
La Ayuda Total a otorgar se establece en valores unitarios constantes (módulos).
El valor unitario fijo para la instalación de generación, ''Módulo generación'', y para actuación complementaria en su caso, ''Módulo complementario'', se corresponderán con los indicados en el apartado AIII.A3 de este anexo para cada actuación y sector, teniendo en cuenta que la Ayuda Total a otorgar no podrá superar los valores de ayuda máximos establecidos por vivienda, incrementados en el límite máximo de ayuda sobre actuación complementaria, cuando sea de aplicación.
La Ayuda Total a otorgar se obtendrá como:
Donde Ps es la potencia de la instalación de generación realmente instalada, en kW.
Para las actuaciones tipo de aerotermia, geotermia e hidrotermia se tomará como potencia Ps de la instalación la potencia en calefacción extraída de la ficha técnica o especificaciones del fabricante de acuerdo con los ensayos de la norma UNE-EN 14511, es decir, para las bombas de calor geotérmicas se tomará el valor de la potencia de calefacción B0W35 y para las bombas de calor aerotérmicas el valor de potencia de calefacción A7W35. En aquellos casos donde la potencia Ps no se pueda justificar en base a dicha norma, se presentará un informe firmado por técnico competente o empresa instaladora que justifique dicha potencia.
En todo caso, la Ayuda Total a otorgar no podrá superar el coste elegible de generación (Ceg) de la actuación efectivamente realizada, convenientemente justificado.
Para los programas de incentivos 1, 2 y 4, la subvención máxima a percibir se corresponderá con los 5 primeros MW de potencia de la instalación. Se permite la instalación de potencias superiores a este límite, pero en ningún caso podrán percibir ayuda por la potencia que supere los 5 MW indicados. Señalar también que para cada tecnología (eólica o fotovoltaica) sólo se permite una solicitud de subvención por destinatario último de la ayuda y por ubicación o ligadas al mismo consumo o consumos.
Los valores de costes unitarios de instalación de referencia (Cuf), en su caso, y los costes subvencionables unitarios máximos, e intensidades de ayuda o módulos, a aplicar en cada uno de los programas, son los siguientes:
Los costes subvencionables unitarios máximos aplicables de forma complementaria a los presentados en la tabla anterior son los siguientes, siempre y cuando el porcentaje de potencia instalada sobre marquesina, o sobre la superficie de la cual se ha eliminado amianto, suponga, al menos, el 50 por ciento de la potencia de la instalación de generación realmente instalada (Ps). En caso contrario no se considerará coste subvencionable unitario máximo complementario:
El coste subvencionable unitario máximo de almacenamiento, en su caso, e intensidades de ayuda a aplicar en cada uno de los programas son los siguientes:
Los módulos que definen la ayuda a cada una de las actuaciones son los siguientes:
Sector residencial:
Administraciones Públicas y tercer sector:
Las ayudas aplicables sobre actuaciones complementarias, a añadir, en su caso, a los presentados en las tablas anteriores son los siguientes, siempre y cuando el porcentaje de potencia instalada sobre marquesina, o sobre la superficie de la cual se ha eliminado amianto, suponga, al menos, el 50 por ciento de la potencia de la instalación de generación realmente instalada (Ps). En caso contrario no se considerará módulo complementario:
La ayuda a aplicar en el caso de incorporar sistemas de almacenamiento (módulo almacenamiento) es la siguiente:
Sector residencial:
Viviendas de propiedad pública y tercer sector:
Los valores unitarios máximos aplicables de forma complementaria a los presentados en las tablas anteriores son los siguientes:
1. Todas las actuaciones de generación de los programas de incentivos 1 y 2, podrán aumentar su porcentaje de ayuda aplicable sobre el coste subvencionable en 5 puntos porcentuales cuando se sitúen en municipios de hasta 5.000 habitantes, o municipios no urbanos de hasta 20.000 habitantes cuyos núcleos tengan una población menor o igual a 5.000 habitantes. La identificación del carácter no urbano un municipio se determinará de acuerdo al Atlas de Áreas Urbanas del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. A efectos de determinar la cifra de habitantes de los municipios, será de aplicación el Real Decreto 1147/2020, de 15 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal referidas al 1 de enero de 2020. Serán elegibles también aquellos municipios que pudieran cumplir las cifras de población establecidas en este apartado en las sucesivas revisiones de ambas fuentes oficiales.
2. Para los programas de incentivos 1, 2 y 3, en ningún caso podrán superarse los límites de intensidad de ayuda establecidos en el artículo 41 del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
3. Para las actuaciones de los programas de incentivos 4 y 5 se establecen las ayudas adicionales a las establecidas en el apartado A2 incluidas en la siguiente tabla cuando las instalaciones se sitúen en municipios de hasta 5.000 habitantes, o municipios no urbanos de hasta 20.000 habitantes cuyos urbanos tengan una población menor o igual a 5.000 habitantes (ayuda adicional por reto demográfico), identificados según lo indicado en el apartado 1 anterior.
El Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de los programas de incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, queda modificado como sigue:
Uno. Se modifica el epígrafe correspondiente a «Geotermia y Energía ambiente (aerotermia e hidrotermia) dentro del apartado AI.1 Actuaciones subvencionables y requisitos técnicos a cumplir del anexo I. Actuaciones subvencionables, requisitos técnicos a cumplir y costes elegibles, que queda redactado como sigue:
«Según la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, se define energía geotérmica como la energía almacenada en forma de calor bajo la superficie de la tierra sólida. Son actuaciones subvencionables, las instalaciones de geotermia de circuito abierto o cerrado, así como los sistemas de aprovechamiento geotérmico de uso directo.
La energía ambiente se define como la energía térmica presente de manera natural y la energía acumulada en un ambiente confinado, que puede almacenarse en el aire ambiente (excluido el aire de salida). Es lo que comúnmente se ha venido llamando aerotermia e hidrotermia mediante bomba de calor.
Las instalaciones de geotermia y energía ambiente (aerotermia e hidrotermia) mediante bomba de calor deberán tener un rendimiento medio estacional (SPF) superior a 2,5 para las aplicaciones de calor. En el caso de las aplicaciones para únicamente producción de frío en climatización de edificios, el SPF mínimo será el que se establezca en la normativa vigente de carácter nacional o europea.
Para actuaciones de geotermia que afecten a acuíferos se garantizará el cumplimiento de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por el que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, para asegurarse de que no se produce daño significativo sobre los acuíferos, preservando la calidad del agua y evitando el estrés hídrico.
No serán objeto de este programa de ayudas:
– Aquellas bombas de calor que no alcancen los rendimientos mínimos exigidos ni las que no certifiquen los rendimientos.
– Las bombas de calor cuyo cometido sea funcionar como unidad deshumectadora.
– Los equipos para generación de frío industrial, entendiendo como tal, aquellos sistemas frigoríficos que proporcionen frío a cámaras de refrigeración y frigoríficos para almacenamiento o congelado de alimentos u otros productos, sistemas frigoríficos ubicados en el transporte marítimo, terrestre o aéreo, salas de servidores y data centers.»
Dos. Se modifica el párrafo correspondiente a las consideraciones sobre la potencia de producción térmica Ps del epígrafe Programa de incentivos 1: Definición de costes subvencionables y cálculo de la ayuda en el apartado AIII.A2 Costes subvencionables y cálculo de ayudas del anexo III. Costes subvencionables máximos, costes de referencia y cuantía de las ayudas, que queda redactado como sigue:
«Para las actuaciones tipo de aerotermia, geotermia e hidrotermia se tomará como potencia Ps de la instalación la potencia extraída de la ficha técnica o especificaciones del fabricante de acuerdo con los ensayos de la norma UNE-EN 14511. En aquellos casos donde la potencia Ps no se pueda justificar en base a dicha norma, se presentará un informe firmado por técnico competente o empresa instaladora que justifique dicha potencia.»
Tres. Se modifica el párrafo final del epígrafe Programa de incentivos 1: definición de costes subvencionables y cálculo de la ayuda en el apartado AIII.A2 Costes subvencionables y cálculo de ayudas del anexo III. Costes subvencionables máximos, costes de referencia y cuantía de las ayudas, que queda redactado como sigue:
«En todo caso, la suma de las potencias de todas las centrales de las diferentes tecnologías que participen en la hibridación, a efectos del cálculo de la ayuda máxima, no podrá superar 1 MW de potencia de producción, ni igualmente la suma de todas las potencias de todas las subestaciones de intercambio podrá superar 1 MW. Si la hibridación es con tipología solar térmica, no computará la potencia de producción de dicha instalación a efectos del límite de 1 MW.»
Cuatro. Se modifica la tabla «Actuaciones subvencionables por tecnología renovable» dentro del epígrafe Programa de incentivos 2: Definición de costes subvencionables y cálculo de la ayuda en el apartado AIII.A2 Costes subvencionables y cálculo de ayudas del anexo III. Costes subvencionables máximos, costes de referencia y cuantía de las ayudas, que queda redactado como sigue:
Cinco. Se modifica el apartado 2. Naturaleza jurídica del destinatario último, del punto A. Información de las solicitudes de ayuda recibidas, para adaptarlo a los destinatarios últimos descritos en el artículo 16 «Destinatarios últimos», prevaleciendo la definición de este artículo sobre lo detallado en el anexo IV, que queda redactado como sigue:
1. Solicitud (común a todas las solicitudes de ayuda).
a. Referencia BDNS.
b. Código de la solicitud.
c. Fecha de registro.
d. Estado de la solicitud:
i. Activada.
ii. Resuelta favorablemente.
iii. Justificada.
e. Importe de la ayuda solicitada relativa a energías renovables.
2. Identificación del destinatario último.
a. Nombre y apellidos/Razón social/ del destinatario último y en su caso del Representante legal.
b. NIF del destinatario último y en su caso, del representante legal.
c. Programa de Incentivos de la solicitud objeto de ayuda (1 o 2).
d. Naturaleza jurídica del destinatario último:
i. Personas físicas.
ii. Personas jurídicas.
iii. Cualquier entidad del sector público institucional de cualesquiera Administraciones Públicas a que se refiere el artículo 2.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como las entidades de derecho privado u organizaciones privadas sin ánimo de lucro.
iv. Agrupaciones, asociaciones, consorcios o cualquier otra forma de colaboración de cualesquiera de las figuras de los tres puntos anteriores, con o sin personalidad jurídica.
v. Las entidades locales territoriales previstas por el artículo 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local o cualquier otra Entidad local o supralocal, distinta de las anteriores, legalmente constituida y dotada de personalidad jurídica propia.
e. Tipo de empresa [si aplica al punto d) Naturaleza jurídica de beneficiario]:
i. Pequeña empresa.
ii. Mediana empresa.
iii. Gran empresa.
f. Domicilio del destinatario último y en su caso del representante legal:
i. Municipio.
ii. Provincia.
iii. Comunidad autónoma o ciudades de Ceuta y Melilla.
g. Actuación realizada en municipios de menos de 20.000 habitantes cuyos núcleos urbanos tienen una población menor o igual a 5.000 habitantes.
h. Proyecto promovido por una comunidad de energías renovables o comunidad ciudadana de energía.
3. Información específica de las instalaciones para la producción de energía térmica a partir de fuentes de energías renovables térmicas.
a. Título del proyecto.
b. Localización donde se realiza el proyecto: municipio, parcela, referencia catastral y/o coordenadas UTM.
c. Inversión total de la actuación.
d. Tipología de actuación.
e. Potencia térmica instalada con fuentes de energía renovable (kW) para la aplicación o servicio a la que abastece.
f. Rendimientos medios estacionales diferenciados en calefacción, refrigeración, climatización de piscina o ACS (solo actuaciones aerotermia, geotermia e hidrotermia).
g. Existencia de hibridación y en su caso: tecnologías hibridadas y potencia de cada tecnología que hibrida.
h. Descripción de las actuaciones.
i. Fabricante, marca y modelo.
j. Para las tipologías de biomasa:
– Cantidad de combustible, expresado en Tn.
– Indicar, para todos los combustibles utilizados, la norma de aplicación/clase o su descripción.
– En su caso, potencia y combustible empleado en los equipos sustituidos.
– Para equipos de biomasa <1 MW (uso no industrial) Cumplimiento de eficiencia y emisiones según Reglamentos de Ecodiseño: (s/n).
k. Energía térmica estimada aportada (kWh/año) diferenciada en calefacción, refrigeración, climatización de piscina y/o ACS.»
Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 17 de mayo de 2022. | Administración |
BOE-A-2022-15837 | De conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, y de acuerdo con la Resolución de 29 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, y la corrección de errores de 5 de abril de 2022 (BOE de 30 de marzo y de 6 de abril), por la que se convoca proceso selectivo para el ingreso como personal laboral fijo en el grupo profesional E0, especialidad Tareas Complementarias de Apoyo, sujeto al IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado, en plazas reservadas para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual, y en cumplimiento de lo dispuesto en la base 4.1 de la convocatoria del mencionado proceso, se acuerda:
Aprobar las listas provisionales de personas admitidas y excluidas y excluidas en el citado proceso selectivo. La lista de personas admitidas se encontrará expuesta en la página web www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/funcion-publica.html y en el punto de acceso general www.administracion.gob.es.
Publicar como anexo I a la presente resolución la lista de personas excluidas a que se refiere el apartado anterior, con expresión de las causas de exclusión (anexo II).
En todo caso, todas las personas aspirantes deben comprobar no solo que no figuran en la relación de personas excluidas, sino además, que sus nombres constan en la relación de personas admitidas (anexo III), que se publicará en los lugares indicados en el punto primero. Para evitar errores y en el caso de que los haya, que las personas aspirantes puedan subsanar en tiempo y forma, también deben comprobar que es correcta la localidad de destino elegida en su solicitud.
Con anterioridad a la fecha de celebración del examen se publicará un listado de personas que pueden optar entre conservar la nota de la convocatoria inmediatamente anterior, por haber obtenido una puntuación superior a 60 puntos, o presentarse al ejercicio. Este listado se publicará en los lugares indicados en el punto primero.
Tanto las personas excluidas como las omitidas por no figurar en las listas de admitidas ni en la de excluidas, disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» para subsanar los defectos que hayan motivado su no admisión o la omisión simultánea en las dos listas.
La subsanación se realizará haciendo uso del servicio de Inscripción en Pruebas selectivas del punto de acceso general (http://administración.gob.es/PAG/ips). Las personas aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o no aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidas en la relación de personas admitidas, serán excluidas de la participación en el proceso selectivo.
Finalizado dicho plazo, las listas definitivas de personas aspirantes admitidas y excluidas se publicarán en los mismos lugares en que se publicaron las relaciones provisionales.
En esta Resolución se anunciará la fecha, hora y lugar de celebración del ejercicio.
Designar el Tribunal calificador cuya composición consta en el anexo IV de esta resolución.
Madrid, 26 de septiembre de 2022.–La Secretaria de Estado de Función Pública, P. D. (Orden TFP/747/2020, de 28 de julio), la Directora General de la Función Pública, María Santiago Parra Roncalés. | Funcionarios y Personal |
BOE-A-2023-3645 | Se deja sin efecto el anuncio de la convocatoria publicado, mediante Resolución de 28 de diciembre de 2022, en el «Boletín Oficial del Estado» número 11, de 13 de enero de 2023.
Préjano, 9 de febrero de 2023.–El Alcalde, Eduardo Núñez Herrero. | Funcionarios y Personal |
BOE-A-2022-23273 | En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» n.º 292, de fecha 20 de diciembre de 2022, aparecen publicadas íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:
– Una plaza de de personal laboral de agente de dinamización juvenil, mediante sistema de concurso.
– Una plaza de personal laboral de cocinero/a limpiador/a guardería, mediante sistema de concurso.
– Una plaza de personal laboral de conductor/a, mediante sistema de concurso.
– Una plaza de personal laboral de dinamizador/a Guadalinfo, mediante sistema de concurso.
– Una plaza de personal laboral de director/a Guardería, mediante sistema de concurso.
– Una plaza de personal laboral de educador/a, mediante sistema de concurso.
– Una plaza de personal laboral de graduado/a social, mediante sistema de concurso.
– Una plaza de personal laboral de ingeniero/a técnico, mediante sistema de concurso.
– Una plaza de personal laboral de limpiador/a colegio, mediante sistema de concurso.
– Una plaza de personal laboral de monitor/a cultural, mediante sistema de concurso.
– Una plaza de personal laboral de ordenanza notificador/a, mediante sistema de concurso.
– Una plaza de personal laboral de peón/a punto limpio, mediante sistema de concurso.
– Una plaza de personal laboral de peón/a servicio basura, mediante sistema de concurso.
– Una plaza de personal laboral de técnico deportivo, mediante sistema de concurso.
– Una plaza de personal laboral de técnico UNEM, mediante sistema de concurso.
– Una plaza de personal laboral de vigilante, mediante sistema de concurso.
– Dos plazas de personal laboral de técnico infantil, mediante sistema de concurso.
– Dos plazas de personal laboral de trabajador/a social, mediante sistema de concurso.
– Tres plazas de personal laboral de administrativo, mediante sistema de concurso.
– Tres plazas de personal laboral de auxiliar administrativo, mediante sistema de concurso.
– Trece plazas de personal laboral de auxiliar de ayuda a domicilio, mediante sistema de concurso.
– Una plaza de personal laboral de albañil-sepulturero, mediante sistema de concurso-oposición.
– Una plaza de personal laboral de conductor barredora, mediante sistema de concurso-oposición.
– Una plaza de personal laboral de fontanero, mediante sistema de concurso-oposición.
– Una plaza de personal laboral de jardinero, mediante sistema de concurso-oposición.
– Dos plazas de funcionario de administrativo, mediante sistema de concurso-oposición.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en la forma prevista en las propias bases.
En Pruna, 20 de diciembre de 2022.–La Alcaldesa en funciones, María Bravo Serrano Gutiérrez. | Funcionarios y Personal |
BOE-A-2022-19781 | Habiéndose suscrito el 16 de noviembre de 2022 el convenio entre la Secretaría de Estado de Seguridad (Dirección General de la Guardia Civil) y el Ayuntamiento de El Tiemblo en materia de seguridad, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho convenio, que figura como anexo a esta resolución.
Madrid, 23 de noviembre de 2022.–El Secretario General Técnico, Juan Crespo Santana Cabrera Guerrero Guerrero, a 16 de noviembre de 2022.
De una parte, don Rafael Díaz Román Álvarez de Estado de Seguridad, cargo para el que fue nombrado por el Real Decreto 84/2020, de 17 de enero, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 62.2.g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Y, de otra parte, don Pedro Giménez Benítez Carmona Delegado de Seguridad del Ayuntamiento de El Tiemblo (Ávila) (en adelante, el Ayuntamiento), cargo que ostenta por Acuerdo del Pleno, de fecha 14 de julio de 2020, y Decreto de la Alcaldía 145/2020, actuando en nombre y representación del mismo en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 21.a) y b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, con domicilio a los efectos del presente convenio en Plaza de España, 1, 05270 El Tiemblo (Ávila).
Ambas partes, que actúan en razón de sus respectivos cargos, declaran que intervienen con capacidad legal necesaria y competencia suficiente para suscribir el presente convenio y, a tal efecto,
Por un lado, el artículo 149.1. 29.ª de la Constitución Española establece que el Estado tiene competencia exclusiva sobre la materia de seguridad pública.
Asimismo, el artículo 1.1 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, establece que la seguridad pública es competencia exclusiva del Estado, correspondiendo su mantenimiento al Gobierno de la Nación y, en concreto, la Secretaría de Estado de Seguridad.
Por otro lado, a la persona titular de la Secretaría de Estado de Seguridad, según el artículo 2.1 del Real Decreto 734/2020, de 4 de agosto, por el que se desarrolla su estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, corresponde el ejercicio de las funciones a las que se refiere el artículo 62 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y en particular, la dirección, coordinación y supervisión de los órganos directivos dependientes de la Secretaría de Estado, bajo la inmediata autoridad de la persona titular del Ministerio para el ejercicio de las funciones que se establecen.
Bajo la dependencia del Ministerio del Interior y de la Secretaría de Estado de Seguridad, el/la Director/a General de la Guardia Civil ejerce el mando directo de la Guardia Civil, a la que, de acuerdo con la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, se le encomienda la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana conforme a la distribución territorial de competencias fijada en el artículo 11.2.b) de la referida ley orgánica.
Que el artículo 1.3 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, prevé que las Corporaciones Locales participarán en el mantenimiento de la seguridad pública en los términos establecidos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, y en el marco de esta ley orgánica y, en concreto, conforme a lo establecido en su título V, relativo a las Policías Locales.
Asimismo, el artículo 53 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, en relación con el artículo 25.2.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, prevé las funciones que deberán ejercer los Cuerpos de Policía Local.
Que el artículo 54 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, prevé que en los municipios que tengan Cuerpo de Policía propio podrá constituirse una Junta Local de Seguridad, que será el órgano competente para establecer las formas y procedimientos de colaboración entre los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su ámbito territorial.
La constitución, competencias, composición y régimen de funcionamiento se rigen por el Reglamento que regula las Juntas Locales de Seguridad, aprobado por el Real Decreto 1087/2010, de 3 de septiembre.
Que las partes desean establecer el marco general que permita una mejor y efectiva participación en el diseño, ejecución y evolución de las políticas de seguridad ciudadana que se desarrolle en sus respectivos ámbitos territoriales, estableciendo los mecanismos adecuados para asegurar una mayor participación y coordinación operativa entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los Cuerpos de Policía Local que actúen en un mismo término municipal.
Ambas partes consideran la seguridad ciudadana como uno de los pilares básicos de la sociedad del bienestar y estiman prioritario combatir la inseguridad desde las respectivas Administraciones Públicas, mediante una actuación conjunta y coordinada, que a través de un Plan Global de Colaboración entre la Guardia Civil y la Policía Local de dicho municipio venga, de manera ordenada, a sumar todos los recursos destinados a tal fin.
Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente convenio que se regirá por las siguientes
El presente convenio tiene por objeto el desarrollo y aplicación de determinadas medidas para reforzar la colaboración y coordinación entre la Guardia Civil y la Policía Local del Ayuntamiento en materia de seguridad ciudadana, en el ámbito del término municipal correspondiente, de acuerdo con sus respectivas competencias.
1. La Dirección General de la Guardia Civil, a través de la Zona, Comandancia o unidad territorial de la Guardia Civil, informará al Ayuntamiento los datos estadísticos mensuales relativos a la actividad policial y delictiva, con detalle de los aspectos que pueda determinar la Junta Local de Seguridad.
2. Con carácter anual, se facilitará a la Junta Local de Seguridad un resumen sobre la evolución de la delincuencia en la localidad.
3. El Ayuntamiento facilitará a la Zona, Comandancia o unidad territorial de la Guardia Civil, la información de interés policial de que disponga.
4. Asimismo, suministrará los planos y soportes informáticos actualizados del sistema digitalizado de cartografía municipal, así como información actualizada sobre direcciones, teléfonos, horarios y régimen de funcionamiento de los servicios sociales y asistenciales, casas y centros de acogida existentes en el municipio, que puedan colaborar en el auxilio a las víctimas de la violencia de género, menores en situación de desamparo y mujeres que deseen abandonar el ejercicio de la prostitución, y cuantos otros aspectos y datos consideren de interés mutuo para la mejora de la seguridad y asistencia ciudadana.
5. El presente convenio no supone cesión ni modificación de las competencias que legalmente tienen atribuidas cada una de las partes.
1. Se habilitarán las fórmulas necesarias o, en su caso, se potenciarán las ya existentes, que faciliten el acceso y consulta por parte de los respectivos cuerpos policiales a los bancos de datos policiales sobre, requisitorias judiciales y personas desaparecidas, así como vehículos sustraídos y objetos de interés policial.
2. El acceso y consulta a los bancos de datos deberá ajustarse a las pautas que determine la Comisión de Seguimiento del presente convenio, la cual concretará las características técnicas de equipos y programas, niveles de acceso, medidas de seguridad sobre confidencialidad de los datos, cumplimiento de la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal y condiciones de cesión de los datos, en su caso, a terceros.
1. Se propiciará la integración de ambos cuerpos policiales en los servicios de urgencia 112, instalándose un sistema técnico de operaciones que permita la transferencia de llamadas a las Salas del 062 y el 092.
2. Se procederá a la intercomunicación de las Salas 062 y 092 a través de procedimientos técnicos que permitan el desvío de llamadas y el intercambio automatizado de registros de comunicaciones, sin perjuicio de la presencia de personal de la Guardia Civil y de la Policía Local entre las respectivas Salas.
3. Se facilitará la utilización de frecuencias conjuntas para determinadas comunicaciones policiales con ocasión del establecimiento de dispositivos específicos o extraordinarios en los que intervengan, de forma coordinada, la Guardia Civil y la Policía Local.
En todo caso, las respectivas dependencias policiales de cada uno de los cuerpos servirán de apoyo a cualesquiera de ellos, constituyéndose asimismo en oficinas receptoras y de trámites de los asuntos que les incumban.
El presente convenio no generará ningún tipo de vínculo contractual ni laboral entre las partes firmantes y las personas físicas que desempeñen las actividades propias del mismo.
1. La Junta Local de Seguridad constituye el marco competente, en su ámbito territorial, para establecer las formas y procedimientos para la cooperación y coordinación de políticas en materia de seguridad, asegurando la coordinación y cooperación operativa de los distintos cuerpos policiales.
2. La Junta Local de Seguridad elaborará, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del presente convenio, un Plan Local de Seguridad en el que se recoja la problemática de seguridad existente en el ámbito municipal, se establezcan objetivos y se diseñen los Programas de Actuación que se estimen necesarios para afrontar mejor los problemas existentes. Al finalizar cada año, la Junta Local de Seguridad realizará una evaluación del trabajo y los logros alcanzados con la aplicación del mencionado plan.
3. El Plan Local de Seguridad incluirá Programas de Actuación que tendrán como objetivo desarrollar la actuación policial conjunta y planificada de los cuerpos de seguridad existentes en el término municipal, así como su coordinación con otros profesionales y servicios públicos comprometidos en la atención a los problemas que despierten mayor preocupación en la respectiva comunidad local.
4. Igualmente, cuando se estime conveniente, se constituirán, en el seno de la Junta Local de Seguridad, órganos de participación, que bajo la denominación de Mesas o Grupos de Trabajo coadyuven a la detección y al asesoramiento sobre necesidades sociales relacionadas con la seguridad ciudadana y al fomento de la colaboración entre las entidades privadas y las Administraciones Públicas para la prevención y tratamiento de la problemática social en este ámbito.
1. Las partes se comprometen a mantener la confidencialidad de todos los datos e informaciones facilitados entre ellas y que sean concernientes a la ejecución del objeto del presente convenio. En particular, será considerado como información confidencial todos los datos que se traten en las bases de datos de la Secretaría de Estado de Seguridad, debiendo el Ayuntamiento mantener dicha información en reserva y secreto y no revelarla de ninguna forma, en todo o en parte, a ninguna persona física o jurídica que no sea parte del presente convenio, salvo en casos y mediante la forma legalmente previstos.
2. Las partes se obligan al cumplimiento de lo previsto en la normativa vigente en materia de protección de datos.
A estos efectos, las entidades firmantes del convenio tendrán la consideración de responsables de los tratamientos propios en los que se incorporen datos de carácter personal respectivamente recabados en el ámbito de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El acceso a los datos por parte de una de las entidades al tratamiento de la otra parte, se realizará con la condición de encargado de tratamiento, única y exclusivamente con la finalidad derivada de la realización de las actividades objeto del convenio. Los datos de carácter personal no serán cedidos ni comunicados a terceros, salvo cuando se cedan a encargados de tratamiento legitimados o cuando se trasladen o se deban trasladar a otros órganos o Administraciones Públicas conforme a lo previsto legalmente.
3. En relación con los datos personales necesarios para el cumplimiento del objeto del presente convenio, actuarán como responsables del tratamiento la Secretaría de Estado de Seguridad y la Entidad Local, legitimados, bien:
a) Sobre la base del cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento, al amparo de lo previsto en el artículo 6.1.c) y e) respectivamente, del Reglamento General de Protección de Datos; bien,
b) con la finalidad de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, incluidas la protección y la prevención frente a las amenazas contra la seguridad pública, al amparo de lo previsto en la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo, y en la normativa nacional que la transponga u otra que sea de aplicación.
4. Las partes firmantes están obligadas a implantar medidas técnicas y organizativas necesarias que garanticen la seguridad e integridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
5. Las partes firmantes del convenio quedan exoneradas de cualquier responsabilidad que se pudiera generar por incumplimiento de las obligaciones anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las obligaciones asumidas, la entidad que los hubiera cometido responderá de las infracciones en que hubiera incurrido.
1. Para garantizar el normal desarrollo y ejecución del presente convenio, se creará una Comisión de Seguimiento, de constitución paritaria, que se reunirá con una periodicidad mínima de dos veces por año y cuya constitución deberá llevarse a efecto dentro de los dos meses siguientes a la entrada en vigor del convenio.
2. La presidencia será ejercida alternativamente, por periodos anuales, por el representante de las partes intervinientes con mayor categoría.
3. La Comisión de Seguimiento resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento que se deriven del presente convenio. Su funcionamiento se adecuará en lo previsto, para los órganos colegiados, en los artículos 15 a 22 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
El presente convenio no conlleva coste para ninguna de las partes que lo suscriben ni transferencia de recursos entre las mismas.
Este convenio queda sometido al régimen jurídico de los convenios, previsto en el capítulo VI del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, teniendo naturaleza administrativa.
Las dudas o controversias que surjan entre las partes, sobre los efectos, interpretación, modificación o resolución del mismo que no puedan resolverse por conciliación en la Comisión de Seguimiento, serán sometidas a los tribunales competentes de la jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, el presente convenio resultará eficaz una vez sea inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal (REOICO). Asimismo, deberá publicarse en el «Boletín Oficial del Estado».
La vigencia de este convenio será de cuatro años. Antes de la finalización de la vigencia del convenio, la Secretaría de Estado de Seguridad y el Ayuntamiento podrán acordar, expresamente y por escrito, su prórroga por hasta otros cuatro años adicionales.
El convenio podrá ser modificado por acuerdo unánime de las partes, mediante la suscripción de la correspondiente adenda, y siguiendo los trámites preceptivos y de autorización previa establecidos en el artículo 50 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Son causas de extinción del presente convenio las establecidas en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Las partes, a propuesta de la Comisión de Seguimiento prevista en el presente convenio, podrán acordar la continuación y finalización de las actuaciones en ejecución en el momento de la extinción de la vigencia del convenio, estableciendo para ello un plazo improrrogable para su finalización, transcurrido el cual deberá realizarse la liquidación en los términos establecidos en el artículo 52.2 de la citada Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, las partes firman el presente convenio electrónicamente.–El Secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pascual Diez.–El Velasco Pastor de Seguridad del Ayuntamiento de El Tiemblo, Pedro Álvarez Sánchez. | Normativas |
BOE-A-2023-5148 | En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 250, de 30 de diciembre de 2022, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:
Una plaza de Director/a de la Escuela Permanente de Adultos de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de concurso, en turno libre.
El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en la forma prevista en las propias bases.
Moixent, 9 de febrero de 2023.–El Concejal-Delegado de Recursos Humanos, Sergio Alonso Jorques. | Funcionarios y Personal |
BOE-A-2024-25957 | estador como los medios humanos adscritos al servicio, cumplen los requisitos exigidos en el presente PPP.
1. La prestación del servicio se realizará con la debida diligencia evitando retrasos en el inicio y observando las buenas prácticas del oficio. El prestador del servicio deberá desarrollar las operaciones de amarre y desamarre en un tiempo razonable acorde con las características del buque, las condiciones operativas y las condiciones de clima marítimo, así como las órdenes del capitán del buque asistido.
2. El prestador mantendrá los estándares de calidad establecidos por la Autoridad Portuaria en este PPP, y los respetará, con carácter de mínimos, durante el desarrollo de las actividades comprendidas en la prestación del servicio.
3. Los indicadores de productividad, rendimiento y calidad relacionados a continuación se computarán en periodos anuales, siendo excluidas a efectos de valoración todas aquellas situaciones de incumplimiento que no fuesen imputables al prestador:
a) Disponibilidad†: se calculará como el cociente entre el tiempo acumulado (en horas) en el que los medios materiales mínimos están en disposición de ser utilizados y el tiempo total del periodo de evaluación. El indicador de disponibilidad (D) debe ser superior al 95 %.
Donde t es el periodo de evaluación (en días) y n es el número de medios (3 vehículos y 2 embarcaciones en este caso).
Impuntualidad†: Se calculará como el cociente entre los servicios iniciados con retraso† y el total de los servicios prestados, teniendo para ello en cuenta los tiempos de respuesta establecidos. El indicador de Impuntualidad debe ser inferior al 5 %.
b) Tiempo de retraso medio†: Se medirá el tiempo de retraso medio como el promedio de los retrasos que se produzcan. El tiempo de retraso medio no podrá ser superior a 15 minutos.
c) Accidentalidad: Porcentaje de servicios con accidente†. El indicador será el cociente entre el número de servicios con accidentes respecto al número de servicios prestados. El porcentaje máximo de referencia será del 0,25 %.
d) Incidentalidad: Porcentaje de servicios con incidente†. El indicador será el cociente entre el número de servicios con incidentes y el número de servicios prestados. El porcentaje máximo admisible será del 1 %.
e) Tiempo medio de respuesta a reclamaciones: promedio entre la diferencia de la fecha de presentación de la reclamación y la fecha de respuesta a la misma. El Indicador de tiempo medio de respuesta a reclamaciones debe ser inferior a quince (15) días laborables.
4. Los indicadores anteriores se evaluarán para cada prestador de forma independiente.
5. El incumplimiento de los indicadores anteriores, cuando no se deban a causas debidamente justificadas para la Autoridad Portuaria, dará lugar a la aplicación de las penalizaciones establecidas en el presente PPP. Su reiterado incumplimiento podrá dar lugar a la extinción de la licencia, sin perjuicio de los efectos que pudieran derivarse de dichos incumplimientos.
6. Se registrará adicionalmente el indicador correspondiente a la Congestión†. El indicador de Congestión debe ser inferior al 5 %. Los prestadores no serán penalizados por el incumplimiento de este indicador.
7. En caso de que durante la prestación del servicio se produzca una demora en el inicio del servicio o se reciban reclamaciones o quejas por la prestación insuficiente, se deberán registrar las causas que han provocado las desviaciones, para conocimiento de la Autoridad Portuaria.
1. Información general.
a) El prestador del servicio deberá facilitar a la Autoridad Portuaria la información detallada que esta precise para ejercer su responsabilidad de control sobre la correcta prestación del servicio, de forma que pueda verificar el cumplimiento del TRLPEMM y de este PPP. Esta información deberá facilitarse en el formato y por los medios establecidos por la Autoridad Portuaria. Los prestadores aportarán la información que se solicite a través de los sistemas que se pongan a disposición para el envío de dicha información, SIGEIN o el que lo sustituya.
b) El prestador del servicio presentará, cuando sea requerido, un informe detallado sobre la prestación del servicio, que será presentado en el plazo de QUINCE (15) días laborables.
c) La Autoridad Portuaria respetará el carácter confidencial de la información suministrada, siendo esta solicitada a los prestadores de forma transparente y no discriminatoria conforme a lo establecido en la ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así como en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.
2. Información detallada sobre los servicios prestados.
a) Con frecuencia anual, el prestador del servicio entregará a la Autoridad Portuaria un informe con los datos que permitan evaluar el cumplimiento de los indicadores de calidad y productividad.
b) El prestador deberá cumplimentar un registro informatizado continuo, a través del portal GPS u otro medio que lo sustituya, con los datos de los servicios que presta a los buques. Este registro deberá contener la siguiente información:
Aportación de datos al registro por la Autoridad Portuaria:
1. Nombre, bandera, tipo y tamaño (GT) del buque.
2. Lugar de atraque del buque y posición de proa y popa.
Aportación de datos al registro por el consignatario del buque:
3. Consignatario del buque.
4. Número de escala asignado por la Autoridad Portuaria.
5. Tipo de servicio solicitado (amarre, desamarre, enmendada, movimiento interior, …).
6. Fecha y hora de solicitud del servicio.
7. Fecha y hora para la que se solicita el servicio.
8. Incidencias acaecidas durante la prestación del servicio.
9. Cualquier otra información que el consignatario considere relevante indicar.
Aportación de datos al registro por el prestador del servicio:
10. Empresa de amarradores.
11. Fecha y hora de llegada al puesto de atraque.
12. Fecha y hora de finalización del servicio.
13. Número y tipo de amarras dadas.
14. Número de amarradores que intervienen en el servicio.
15. Número de vehículos que intervienen en el servicio.
16. Número de embarcaciones que intervienen en el servicio.
17. Incidencias acaecidas durante la prestación del servicio.
18. Cantidad que correspondería facturar por aplicación de las tarifas máximas del PPP.
19. Cantidad facturada por el servicio.
20. Cualquier otra información que el prestador considere relevante indicar
3. Separación contable.
a) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 del TRLPEMM, las cuentas anuales de la empresa deberán contar con una estricta separación contable entre el servicio de amarre y desamarre en el puerto y otras actividades que pudiera desarrollar el prestador. Estas se presentarán con el detalle que determine la Autoridad Portuaria de Santander, dentro de los limites exigibles en la legislación contable española.
La Memoria de las cuentas anuales deberá reflejar por separado la contabilidad de la actividad del servicio portuario de amarre y desamarre en el puerto, incluyendo en dicha Memoria una cuenta de pérdidas y ganancias y un estado del capital empleado correspondientes a esta actividad de forma separada a la de otras actividades de la empresa prestadora. Adicionalmente, se deberá facilitar a la Autoridad Portuaria la información relativa a la estructura de costes del servicio, con suficiente separación conceptual, la descripción y cuantía de las inversiones en medios materiales realizadas en el ejercicio, y la plantilla media de trabajadores por categorías.
4. Otro tipo de información.
a) Se deberán presentar las certificaciones de servicios relacionadas con el servicio portuario de amarre y desamarre, emitidas por una sociedad debidamente acreditada conforme a la Norma ISO/IEC 17065, en el momento de la primera certificación y en cada renovación.
El prestador del servicio pondrá a disposición de la Autoridad Portuaria los informes anuales de las auditorías externas realizados sobre sus sistemas de gestión ambiental y de calidad. Dichos informes deberán incluir, entre otros, las posibles no conformidades detectadas en el cumplimiento de la normativa ambiental y estándares de calidad que le sean de aplicación.
Cualquier modificación en la composición accionarial o de socios del titular de la licencia deberá ser notificada a la Autoridad Portuaria en cuanto esta se produzca o se tenga conocimiento de que se va a producir, a efectos de poder comprobar el cumplimiento de lo establecido en este PPP y demás legislación vigente de aplicación.
Cualquier inversión de capital en otras sociedades titulares de licencias de este mismo servicio en esta Autoridad Portuaria deberá ser notificada de forma inmediata.
Cualquier modificación que afecte a cualquiera de los siguientes planes propios del prestador, o a los planes de la Autoridad Portuaria en los que se integra, deberá ser notificada en cuanto se produzca:
1. Plan de organización de los servicios.
2. Plan de medidas de emergencia.
3. Plan de prevención de riesgos laborales.
4. Plan de entrega de desechos.
5. Facultad de control e inspección.
a) La Autoridad Portuaria podrá inspeccionar en todo momento los medios adscritos a la prestación del servicio, así como comprobar su correcto funcionamiento y podrá verificar el cumplimiento de todas y cada una de las condiciones de la licencia otorgada.
La Autoridad Portuaria tendrá acceso al registro contemplado en el apartado 2 de esta Prescripción en cualquier momento.
6. Observatorio Permanente del Mercado de los Servicios Portuarios.
a) Toda la información suministrada por el prestador podrá ser remitida a Puertos del Estado para que sirva de base en la elaboración del Informe Anual de Competitividad a partir del análisis y las conclusiones del Observatorio Permanente del Mercado de los Servicios Portuarios con arreglo a lo previsto en el artículo 123 del TRLPEMM.
1. A fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este PPP, de las sanciones que pudieran imponerse y de los daños y perjuicios que pudieran producirse, así como el cumplimiento de la cláusula de preaviso definida en caso de renuncia a la licencia o en caso de abandono indebido del servicio, el prestador deberá constituir, antes de iniciar su actividad, una garantía a favor del Presidente de la Autoridad Portuaria, cuya cuantía será de al menos cien mil euros (100.000 €).
2. La garantía se constituirá en metálico, o mediante aval bancario o de compañía de seguros, conforme al modelo que apruebe la Autoridad Portuaria. La garantía, que será solidaria, podrá ser otorgada por persona o entidad distinta del titular de la licencia, entendiéndose, en todo caso, que la garantía queda sujeta a las mismas responsabilidades que si fuese constituida por él mismo y sin que puedan utilizarse los beneficios de excusión, división y orden.
3. Las garantías anteriores podrán actualizarse cada 5 años, conforme a la variación del IPC.
4. La constitución de la garantía no supone en ningún caso que la responsabilidad del titular de la licencia quede limitada a su importe.
5. Extinguida la licencia, conforme a los supuestos previstos en este PPP, se llevará a cabo la devolución de la garantía o su cancelación, una vez satisfecho el pago de las obligaciones pendientes con la Autoridad Portuaria y siempre que no proceda la pérdida total o parcial de la misma por responsabilidades en que hubiera incurrido el prestador del servicio o las penalizaciones o sanciones que le hubieran sido impuestas y no hayan sido abonadas.
6. El incumplimiento de las obligaciones económicas y de las condiciones establecidas en este PPP por parte del prestador permitirá la ejecución o disposición inmediata de la garantía constituida.
7. Cuando, por aplicación de lo dispuesto en los párrafos anteriores, la Autoridad Portuaria tuviese que hacer uso de la garantía, total o parcialmente, el prestador vendrá obligado a reponerla o complementarla en el plazo de UN (1) mes, contado desde el acto de disposición. Si el interesado no restituyese o completase la garantía en el referido plazo, la Autoridad Portuaria podrá extinguir la licencia, así como emprender las acciones legales que considere oportunas.
1. Penalizaciones.
a) Para garantizar un correcto cumplimiento de estas Prescripciones y, sin perjuicio de la sanción o de la reclamación de daños y perjuicios a que hubiere lugar y de otros derechos y acciones que correspondan a la Autoridad Portuaria, esta podrá imponer penalizaciones por incumplimiento de las condiciones establecidas en este PPP y de los indicadores de productividad, rendimiento y calidad expuestos en la Prescripción 16.ª, siempre que tal incumplimiento no sea sancionado como infracción conforme al régimen sancionador del TRLPEMM.
A continuación, se detallan las penalizaciones que se aplicarán como consecuencia del incumplimiento de los siguientes indicadores:
1. Disponibilidad de los medios: Penalización de 3.000 € por cada periodo anual de incumplimiento.
2. Impuntualidad: Penalización de 2.000 € por cada periodo anual de incumplimiento.
3. Tiempo de retraso medio: Penalización de 1.000 € por cada periodo anual de incumplimiento.
4. Incidentalidad: Penalización de 3.000 € por cada periodo anual de incumplimiento.
5. Tiempo medio de respuesta a reclamaciones: Penalización de 1.000 € por cada periodo anual de incumplimiento.
Por el incumplimiento de los plazos señalados en los distintos apartados del presente PPP se establecerá una penalización de 200 € por cada día de retraso en cada uno de los documentos que el prestador está obligado a suministrar a la Autoridad Portuaria.
Además, se establece una penalización de 3.000 euros anuales por no incorporar en la Memoria de las cuentas anuales la separación contable.
Estas penalizaciones solo serán de aplicación cuando los incumplimientos sean imputables al prestador del servicio, previa audiencia al mismo y mediante la correspondiente resolución motivada, y darán derecho a la Autoridad Portuaria a la incautación de la cantidad correspondiente de la garantía, la cual deberá ser repuesta por el prestador en el plazo indicado en este PPP.
Las penalizaciones referidas no excluyen las indemnizaciones a las que puedan tener derecho la Autoridad Portuaria, los usuarios o terceros, por los daños o perjuicios ocasionados por el prestador del servicio, ni la revocación de la licencia de acuerdo con lo establecido en las prescripciones de este PPP.
2. Régimen sancionador.
a) Se estará, en materia de infracciones y sanciones, a lo dispuesto en el TRLPEMM, y en el artículo 19 del Reglamento UE 2017/352.
La imposición de sanciones, recurso y suspensiones cautelares de las posibles sanciones, se regirá por las reglas de procedimiento administrativo común, siendo susceptibles de ser recurridas ante la jurisdicción contencioso-administrativa competente.
1. Ejercicio de la potestad tarifaria.
a) El ejercicio de la potestad tarifaria requiere la previa acreditación de que se dan los requisitos habilitantes para ello, en virtud de lo dispuesto en el Reglamento UE 2017/352. A mayor abundamiento, para los supuestos en los que no hay competencia efectiva† en la prestación de servicios portuarios, el Reglamento UE 2017/352 impone la transparencia, objetividad y no discriminación de las tarifas y su proporcionalidad al coste del servicio (art. 12).
b) A efectos de la facultad del ejercicio de la potestad tarifaria por parte de la Autoridad Portuaria se considera que no existe competencia efectiva cuando exista un único prestador. En el caso que se produjeran cambios en el número de prestadores o en alguna otra circunstancia que afectara a la existencia de competencia en la prestación del servicio, la Autoridad Portuaria, mediante un nuevo acuerdo de su Consejo de Administración, aprobará los cambios que fueran oportunos en relación con la obligatoriedad de la aplicación de las tarifas máximas.
2. Estructura tarifaria.
a) Las tarifas, devengadas por la prestación efectiva del servicio portuario de amarre y desamarre, comprenderán los gastos o costes necesarios para la prestación del servicio. Dichas tarifas serán transparentes, equitativas y no discriminatorias, teniendo la consideración de máximas. El prestador publicará sus tarifas oficiales y pondrá a disposición de los usuarios del puerto información adecuada sobre la naturaleza y nivel conforme a lo establecido en el artículo 15.3 del Reglamento UE 2017/352.
b) Las tarifas tendrán como base, con carácter general, el sistema de medición del buque utilizado en los Convenios Internacionales de Arqueo, actualmente el arqueo bruto o «GT», con las correcciones establecidas legalmente. El arqueo de los buques se medirá con arreglo al Convenio de Londres de 1969.
c) Asimismo, deberá garantizarse que, en el ejercicio de esa potestad tarifaria, las tarifas por servicios portuarios se fijen de manera transparente, objetiva y no discriminatoria y de forma que sean proporcionales al coste del servicio realmente prestado.
d) El cliente (usuario del puerto) ha de conocer de manera accesible, sencilla, transparente y predeterminada la tarifa aplicable, así como los criterios para su cuantificación y fijación.
e) No serán admisibles sobrecostes o costes diferenciados en función del día o la hora en que tiene lugar la prestación, de acuerdo con lo previsto en el apartado h) del artículo 113.4 del TRLPEMM.
f) En el ejercicio de la potestad tarifaria de la Autoridad Portuaria, las tarifas se establecerán por tipo de servicio (maniobras) y por tipología de buque, o instalación portuaria.
g) Esta estructura tarifaria será de aplicación obligatoria y se sustentará en un estudio económico financiero, debidamente fundamentado y detallado, que permitirá definir las tarifas máximas del PPP.
3. Tarifas máximas y reglas de aplicación.
Estas tarifas máximas serán de aplicación cuando el número de prestadores del servicio se encuentre limitado o sea insuficiente para garantizar la competencia, una vez sean aprobadas por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria conforme a lo dispuesto en el art 125.2.d) del TRLPEMM.
a) Tarifas máximas para servicios habituales de amarre o de desamarre, sujetas al ejercicio de la potestad tarifaria de la Autoridad Portuaria.
– El número de amarras incluido en la tarifa general está limitado a un máximo de seis (6).
– A efectos de aplicación de la tarifa máxima, se considera lo mismo un servicio portuario de amarre que un servicio portuario de desamarre.
– La enmendada de menos de una eslora del buque tendrá la consideración, a efectos de tarifa, de un servicio portuario de amarre, con los recargos autorizados correspondientes a las condiciones del nuevo amarre. Cuando la enmendada suponga una eslora o más, se considerará, a efectos de tarifa y recargos autorizados, equivalente a un servicio portuario de amarre más un servicio portuario de desamarre.
b) Tarifas especiales:
El tiempo empleado en el servicio se ajustará a períodos completos de 6 minutos (0,10 horas), con una facturación mínima de una (1) hora.
c) Sobre las tarifas máximas se autoriza la aplicación de los siguientes recargos:
– Por cada amarra de refuerzo sobre las seis (6) amarras ordinarias, tanto en el amarre como en el desamarre, el 10 %.
– Por cada cable metálico o calabrote que se utilice en el amarre, desamarre o enmendada del buque, el 10 %.
– Cuando el tiempo de operación supere las dos (2) horas, por causas imputables al buque, el 20 %.
– Cancelaciones realizadas por el usuario con menos de una (1) hora de antelación a la hora señalada para el inicio de la prestación del servicio, el 20 %.
– Por cada hora completa de demora en el inicio del servicio sobre el horario solicitado y aceptado, imputable al buque, el 20 %.
d) En el caso de que el inicio del servicio se retrase más de una (1) hora sobre la señalada por causas imputables al prestador, la tarifa se verá reducida en el 20 %.
e) En caso de discrepancia entre las partes en la interpretación de los conceptos tarifarios que deben aplicarse, o en su cuantía, será la Autoridad Portuaria quien resuelva sobre los mismos.
4. Criterios de actualización de tarifas.
a) La Autoridad Portuaria podrá actualizar las tarifas máximas vigentes.
b) En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 55/2017, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de Desindexación de la economía española, el expediente de actualización de tarifas máximas deberá incluir una memoria justificativa, para cuya elaboración los prestadores deberán aportar a la Autoridad Portuaria la información necesaria.
c) La memoria justificativa a la que se refiere el párrafo anterior contendrá, al menos, lo exigido en el artículo 12 del Real Decreto 55/2017 y/o en su Disposición adicional primera, especificando si se trata de una actualización motivada por variación de costes, o por variación de la demanda acumulada, o motivada por ambas, e incluyendo el estudio económico financiero que justifique el incremento o decremento de las tarifas que se pretende llevar a cabo.
d) Para incoar el procedimiento de actualización, el prestador presentará, en la Sede Electrónica de la Autoridad Portuaria, con la antelación suficiente de modo que la Autoridad Portuaria disponga de tiempo suficiente para su análisis, consulta al Comité de Servicios Portuarios (art. 124 TRLPEMM) y elaboración de propuesta de elevación al Consejo de Administración para su aprobación, en su caso, de la actualización de tarifas, con el fin de que dicha actualización de tarifas máximas sea eficaz a partir de la fecha establecida en dicho Consejo.
e) Para la elaboración de la memoria justificativa se podrán tener en cuenta los siguientes índices de variación de precios objetivos y públicos de los elementos de coste más significativos del servicio: índice de variación del precio del coste laboral, índice de variación del precio del combustible, índice de variación del precio de las operaciones de mantenimiento del sector naval, índice de variación anual del precio de los seguros.
f) La Autoridad Portuaria analizará la información aportada y en relación con la empresa eficiente del servicio definida en la memoria base del pliego, con la posibilidad de actualizar todos los conceptos del cuadro de tarifas máximas, teniendo en cuenta el cálculo del fondo de contingencia y con el fin de garantizar la prestación del servicio en el periodo de la licencia, según lo establecido en el informe y en la memoria elaborados con carácter previo a este PPP.
g) En el caso de que no se emplee esta metodología de actualización basada en la normativa vigente en materia de desindexación, la actualización de las tarifas máximas se considerará revisión extraordinaria, realizándose con idénticos trámites que los seguidos para la aprobación de este PPP.
5. Revisión extraordinaria.
a) De acuerdo con lo previsto en el artículo 113.2 del TRLPEMM, la revisión extraordinaria de la estructura tarifaria o de las tarifas máximas se realizará en el caso de que se produzcan modificaciones sustanciales que alteren de forma significativa las condiciones de prestación del servicio.
b) Al tratarse de una modificación de las condiciones establecidas en este PPP, ésta se realizará con idénticos trámites que los seguidos para su aprobación.
1. Las intervenciones directas en respuesta a solicitudes de la autoridad competente en situaciones de emergencias, operaciones de salvamento, extinción de incendios o lucha contra la contaminación, darán lugar al devengo de las tarifas especiales en base horaria de la Prescripción 20.ª
2. A estos efectos, se considerará como inicio de servicio el posicionamiento de los medios materiales al costado del buque o en el punto de intervención en la emergencia, y como fin del servicio la orden dada por la autoridad competente de fin de la operación. Todo ello sin perjuicio de lo que fuese aplicable en virtud de lo señalado en el capítulo III (Del Salvamento) de la Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima, sin que se pueda producir el cobro duplicado de las intervenciones.
3. A esta tarifa se le aplicará la misma actualización que se aplique a las tarifas máximas por concepto de variación de costes.
4. No se considera incluido el coste de los productos consumibles que se pudieran utilizar, los cuales se pagarán al precio de reposición debidamente justificado por el prestador, ni los costes de limpieza de las embarcaciones y de eliminación de residuos recogidos en el caso de lucha contra la contaminación, que serán igualmente justificados por el prestador.
5. Los servicios podrán ser ordenados por la Autoridad Marítima, por la Autoridad Portuaria o por el buque o instalación auxiliada, e irán con cargo a estos últimos. También irá con cargo al buque o instalación auxiliada la reposición de los consumibles utilizados en el transcurso de la intervención, así como los costes de eliminación de los residuos recogidos o generados en la intervención. A estos efectos serán solidariamente responsables el naviero, el propietario, el asegurador de la responsabilidad civil y el capitán del buque y, en el caso de instalaciones, el propietario de esta, el titular de la actividad empresarial, en su caso, y el asegurador de la actividad.
6. La participación en simulacros y ejercicios, con un máximo de 4 anuales, no generará cargo alguno para la Autoridad Portuaria.
1. Los titulares de licencias para la prestación del servicio de amarre y desamarre están obligados a la satisfacción de las siguientes tasas:
a) Tasa de actividad.
La cuota íntegra de la tasa se calculará aplicando a la base imponible el tipo de gravamen de acuerdo con lo siguiente:
1. La base imponible será el número de unidades de arqueo bruto (GT) del buque al que se ha prestado el servicio.
2. El tipo de gravamen, de acuerdo con los criterios y límites establecidos en el artículo 188.b) del TRLPEMM, será de 0,00020 €/GT del buque al que se le preste el servicio, con independencia del número de embarcaciones y amarradores empleados.
3. El tipo de gravamen se actualizará anualmente conforme a lo establecido en el artículo 190 del TRLPEMM.
4. La base imponible y el tipo de gravamen asociado a la misma se establecerá en la licencia y no será revisable salvo por lo indicado en el punto anterior o por modificación de este PPP.
El abono de las tasas se realizará mediante una liquidación anual.
El importe de la cuota íntegra anual devengada por la Autoridad Portuaria por este concepto tendrá los límites establecidos en el artículo 188.b) del TRLPEMM.
Otras tasas que sean de aplicación conforme a lo establecido en el TRLPEMM.
1. Tasa del buque.
2. Tasa de ayudas a la navegación.
b) Tasa de ocupación.
En caso de que existiera una concesión o autorización vinculada al servicio otorgada al prestador, este deberá abonar la tasa de ocupación de dominio público correspondiente de acuerdo con lo establecido en el título de dicha concesión o autorización y en los artículos 173 a 182 del TRLPEMM.
1. El prestador del servicio podrá suspender temporalmente la prestación a un usuario cuando haya transcurrido al menos un (1) mes desde que se le haya requerido el pago de las tarifas, sin que este se haya hecho efectivo o haya sido garantizado específica y suficientemente. El requerimiento se practicará por parte del prestador acreedor por cualquier medio que permita tener constancia por parte del usuario del acto y fecha de recepción.
2. La suspensión del servicio por impago solo podrá ejercerse previa autorización de la Autoridad Portuaria y siempre que no lo impidan razones de seguridad.
3. La Autoridad Portuaria resolverá sobre la suspensión en el plazo máximo de quince (15) días desde la solicitud del prestador y podrá acordar, hasta la resolución que dictamine la suspensión del servicio, la constitución por el usuario de un depósito previo y específico que garantice la cuantía de las tarifas a devengar.
4. La posibilidad de suspensión deberá ser objeto de publicidad, de modo que el usuario haya podido tener acceso a esta información.
5. Una vez realizado el pago de lo adeudado por el usuario suspendido del servicio, éste se reanudará en condiciones de normalidad.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 4.6 del Reglamento UE 2017/352, este PPP será de aplicación a los tres (3) meses de su publicación en el BOE.
1. Cualquier interesado podrá presentar las reclamaciones que considere, conforme al procedimiento de tramitación de reclamaciones que se determine.
2. Contra el presente PPP se podrán interponer las acciones legales oportunas de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. Si el órgano al que se recurre no tiene carácter jurisdiccional, éste motivará por escrito sus decisiones.
3. Conforme a lo establecido en el artículo 16.7 del Reglamento UE 2017/352, el procedimiento para la tramitación de las reclamaciones y recursos por supuestos incumplimientos de dicho Reglamento será el procedimiento contencioso-administrativo regulado por la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Las autoridades competentes para resolver dichas reclamaciones son los órganos jurisdiccionales del orden contencioso administrativo.
1. Accidente: se entiende por accidente todo suceso o acontecimiento repentino y sobrevenido por causa u ocasión de la actividad propia del prestador que causa daños a personas, equipos, materiales, otros buques, infraestructuras portuarias o al medioambiente.
2. Capitán: la persona que ostenta el mando y la dirección del buque, así como la jefatura de su dotación y representa a bordo la autoridad pública, tal y como se define en el artículo 171 de la Ley 14/2014 de Navegación Marítima.
3. Centro de Control: centro desde el que se presta el servicio general de ordenación, coordinación y control del tráfico marítimo portuario.
4. Competencia efectiva (definición UE): situación del mercado en el que la competencia es libre, de forma que varias empresas, independientes entre ellas, ejercen la misma actividad y compiten para atraer a clientes.
5. Congestión: porcentaje de servicios no prestados o iniciados con retraso por estar todos los medios ocupados en la prestación de otros servicios de amarre o no haber suficientes medios libres de servicio para la maniobra solicitada.
6. Cuota de mercado: porcentaje que representa la actividad realizada por el titular de la licencia de servicio de que se trate sobre el total de actividad del servicio portuario en el ámbito geográfico afectado por este PPP, medido en GT.
7. Disponibilidad: situación en la cual los medios adscritos al servicio se encuentren en puerto y estén en condiciones técnicas y operativas de prestar servicio, libres de averías o de cualquier otra limitación.
8. Fuerza mayor: todo acontecimiento imprevisible y excepcional, independiente de la voluntad del prestador del servicio y de la Autoridad Portuaria, que no es imputable a una falta o negligencia del prestador y que no hubiera podido evitarse aplicando la mayor diligencia posible, y que impide llevar a cabo la prestación del servicio.
9. Impuntualidad: grado de incumplimiento del prestador respecto de la hora en que debería comenzar la prestación del servicio, de acuerdo con las previsiones del PPP.
10. Incidente: todo suceso o acontecimiento repentino y sobrevenido por causa u ocasión de la actividad propia del prestador, con potencial de ser un accidente, pero que no causa daños a personas, equipos, materiales, otros buques o infraestructuras portuarias o al medioambiente.
11. Patrimonio neto: aquel definido como tal en el Plan General Contable aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad.
12. Retraso: tiempo transcurrido desde el tiempo máximo de respuesta permitido hasta que da inicio el servicio de amarre o desamarre.
13. Servicios especiales: servicios que no se corresponden con las maniobras habituales de entrada y atraque, amarre o fondeo; desatraque, desamarre o leva y salida o movimientos interiores, o cuya duración exceda a la habitual de las maniobras indicadas. Serán de aplicación en aquellos servicios relativos al amarre a bordo de los buques o artefactos flotantes tipo gabarras, barcazas, buques abarloados, plataformas, cajones, etc.
14. Tarifa por disponibilidad: aquella que tenga por finalidad sufragar los costes derivados de la disponibilidad de los medios precisos para la prestación del servicio portuario en caso de ausencia o insuficiencia de actividad.
15. Tiempo de respuesta: tiempo transcurrido desde que se realiza la confirmación de la petición del servicio por el mando del buque o el Centro de Control hasta que el prestador del servicio llega al costado del buque con los medios humanos y materiales necesarios para iniciar el servicio, excluyéndose las demoras debidas a causas de fuerza mayor o a circunstancias extraordinarias que no hubieran podido evitarse incluso si se hubieran tomado todas las medidas razonables, o las debidas a que los medios se encuentren ocupados en otro servicio de amarre o desamarre, todo ello debidamente justificado a juicio de la Autoridad Portuaria. El tiempo de respuesta queda establecido en 2 horas. Si el servicio se solicita con una antelación superior a 2 horas, no se admite demora del inicio del servicio.
16. Tiempo de retraso medio: promedio de los retrasos producidos en el inicio de los servicios por causas imputables al prestador.
Para que la Autoridad Portuaria resuelva sobre el otorgamiento de una licencia para la prestación del servicio objeto de este PPP, el interesado deberá formular una solicitud que contendrá los datos señalados en el artículo 66.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e irá acompañada de la siguiente documentación:
1. De carácter administrativo.
a) Documentación acreditativa de la capacidad de obrar del solicitante:
1. Si se trata de una persona física, documento nacional de identidad o, en el supuesto de ciudadanos extranjeros, el documento equivalente.
2. Las personas jurídicas mediante la presentación de la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que conste su objeto social, las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.
3. Cuando se trate de empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, la capacidad de obrar se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan en la normativa de desarrollo de la legislación de contratos del sector público. Los demás empresarios extranjeros, deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.
4. Si los documentos aportados no están otorgados en España (por ser documentos que acrediten la existencia y personalidad de una entidad extranjera, su inscripción en el registro procedente, etc.), los mismos deben ir acompañados de traducción oficial al castellano realizada por un traductor jurado o a través de representaciones consulares o diplomáticas, y también deben ir acompañados de una certificación de autenticidad mediante copias legalizadas, por la representación diplomática correspondiente o mediante apostilla de La Haya.
Documentos que acrediten la representación. Los que comparezcan o firmen solicitudes en nombre de otros, deberán presentar poder bastante al efecto, en su caso, debidamente inscrito en el Registro Mercantil, acompañado del correspondiente certificado de su vigencia, y el documento nacional de identidad o, en el supuesto de ciudadanos extranjeros, el documento equivalente.
Designación de un representante, con facultades suficientes y con oficina en Santander, a los efectos de establecer una comunicación regular con la Autoridad Portuaria.
Declaración de la composición accionarial o de participaciones en el momento de la solicitud. Cualquier cambio producido durante el procedimiento de tramitación de la licencia deberá ser puesto inmediatamente en conocimiento de la Autoridad Portuaria, de manera que quede constancia de la citada composición accionarial o de participaciones en la fecha de otorgamiento de la licencia.
Sendas certificaciones acreditativas del cumplimiento de las obligaciones de carácter fiscal y laboral por la Administración Tributaria y de la Seguridad Social.
Declaración responsable del cumplimiento de lo exigido en el artículo 121 del TRLPEMM sobre incompatibilidades y de no estar incurso en las causas establecidas en los artículos 71, 72 y 73 de la Subsección referida a las prohibiciones de contratar de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Declaración responsable de honorabilidad conforme al modelo adjunto en el anexo VI.
Declaración responsable de cumplir y mantener a lo largo de la vigencia de la licencia, los requisitos y condiciones exigidas en el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, el PPP y en la propia licencia.
Declaración responsable de disponer, y mantener a lo largo de la vigencia de la licencia, los permisos, autorizaciones y licencias legalmente exigibles para el ejercicio de la actividad.
Declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir de la licencia concedida, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al solicitante. Los solicitantes españoles no deberán presentar tal declaración.
En el caso de los solicitantes de licencias restringidas al ámbito geográfico de una estación marítima de pasajeros o terminal de mercancías dedicadas a uso particular sin ser el titular de la concesión o autorización, copia del contrato suscrito entre dicho titular y el solicitante de licencia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 116.3 del TRLPEMM.
2. De carácter económico-financiero.
a) Documentación acreditativa de la solvencia económico-financiera del solicitante, de acuerdo con lo establecido en la Prescripción 10.ª
b) Declaración responsable de constituir, antes del inicio de la actividad, la garantía exigida en la Prescripción 18.ª y de presentar la documentación acreditativa una vez constituida.
c) Declaración responsable de contratar, antes del inicio de la actividad, un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos propios de la prestación del servicio por la cantidad mínima establecida en la Prescripción 15.ª y de presentar la documentación acreditativa una vez contratado.
d) Declaración responsable de presentar, antes del inicio de la actividad, la documentación acreditativa de disponer de la garantía financiera medioambiental que en su caso resulte. Esta garantía podrá estar incluida en el seguro de responsabilidad civil.
e) Tarifas aplicables por sus servicios incluyendo toda la información pertinente sobre los elementos que sirven de base para determinar la estructura y su nivel.
3. De carácter técnico.
a) Declaración responsable de cumplir los niveles de calidad y rendimiento señalados en el PPP, así como de los ofrecidos de acuerdo con la propuesta de organización y procedimientos para la prestación del servicio, indicando parámetros objetivables y medibles de la calidad.
b) Declaración responsable de adoptar los procedimientos y medidas establecidos y cumplir los pactos y normas que, en relación con la seguridad y salud de los trabajadores, se implanten dentro de la zona portuaria.
c) Memoria del servicio con descripción detallada de:
1. Plan de organización de los servicios en el que se describan las actividades que integran la prestación y se detallen la organización y procedimientos implicados, la asignación de recursos humanos, turnos de trabajo y plan de respuesta a emergencias.
2. Los sistemas para registrar las solicitudes, el desarrollo de las actividades, los incidentes y las reclamaciones de cada servicio.
3. El sistema de aseguramiento de la calidad, la seguridad y la protección del medio ambiente.
Acreditación específica de disponer de los medios humanos y materiales que se adscribirán al servicio con sujeción, en todo caso, a los requerimientos mínimos al efecto exigidos en este PPP. Se acreditará la cualificación profesional de las tripulaciones conforme a lo exigido en los certificados de dotación mínima de seguridad de las embarcaciones. Asimismo, se aportará copia de todos los certificados, seguros y homologaciones correspondientes de las embarcaciones, vehículos y del resto de equipos, en cumplimiento de la normativa vigente. En el supuesto de que los medios materiales adscritos al servicio no fueran propiedad de la empresa solicitante, se aportarán los contratos de arrendamiento correspondientes.
Declaración responsable de que los miembros de las tripulaciones de las embarcaciones dispondrán de la formación correspondiente a nivel operativo básico de lucha contra la contaminación en los plazos que se especifiquen.
Certificación del sistema de gestión de la calidad y del medioambiente (para la calidad la ISO 9001, y para el medio ambiente la ISO 14001, o acreditaciones similares) o, en su defecto, compromiso de aportar dicha certificación en el plazo establecido en el PPP, cuyo alcance comprenda todas las actividades relacionadas con la prestación de servicio reguladas en la licencia, incluyendo el mantenimiento de las embarcaciones, el repostaje de combustible y lubricantes, así como el almacenamiento y entrega de desechos MARPOL.
Antes del inicio de la actividad, el prestador deberá presentar a la Autoridad Portuaria los siguientes planes:
1. Plan de medidas de Emergencia de la empresa de acuerdo con lo previsto en el PPP y el inventario de medios, su localización, su permanencia, los horarios y demás requisitos para su integración en los planes de actuación en situaciones de emergencia de la Autoridad Portuaria.
2. Protocolo o, en su caso, Plan de Contingencia para posibles vertidos, tanto propios como para intervención a solicitud de la administración competente, que será incluido o integrado en el Plan Interior Marítimo de la Autoridad Portuaria.
3. Plan de prevención de riesgos laborales.
4. Plan de entrega de desechos, aceptado por los prestadores del servicio portuario de recepción de desechos que corresponda según el tipo de desechos.
4. De otro carácter.
a) Comunicaciones informativas relativas a la Ley Orgánica de Protección de Datos hechas a cada una de las personas físicas cuyos datos sean cedidos a la Autoridad Portuaria y firmadas individualmente por cada uno de los afectados.
b) Declaración expresa de conocer y aceptar todas las condiciones de este PPP.
c) Declaración responsable de participar en cualquier iniciativa que la Autoridad Portuaria promueva para la mejora de la calidad de los servicios portuarios en general.
d) Declaración responsable de notificar a la Autoridad Portuaria cualquier modificación o circunstancia que afecte o pueda afectar al contenido de la documentación relacionada en los párrafos anteriores y se produzca con posterioridad a la solicitud y/o al otorgamiento de la licencia.
................................................................................ se compromete con la Autoridad Portuaria de Santander (en adelante Autoridad Portuaria) a satisfacer las siguientes exigencias referidas tanto a las actividades y servicios a desarrollar, como a los trabajadores, equipos y maquinaria, sustancias y preparados que ......................... destine a la realización de los mismos:
1. Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) y cuantas normas legales y reglamentarias en esta materia le sean de aplicación.
2. Adoptar alguna de las modalidades previstas en el artículo 10 del Capítulo III del Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/97), en lo relativo a la organización de recursos para el desarrollo de las actividades preventivas necesarias para el desarrollo de su actividad.
3. Adoptar los procedimientos y medidas establecidos y cumplir los pactos y normas que, en relación con la seguridad y salud de los trabajadores, se implanten dentro de la zona portuaria.
4. Informar adecuadamente a todos sus trabajadores sobre los riesgos inherentes a su puesto de trabajo y sobre las medidas de protección o prevención que se deben adoptar.
5. Formar adecuadamente a todos sus trabajadores sobre el desempeño de su trabajo en condiciones de seguridad y salud.
6. Poner a disposición de los trabajadores equipos de trabajo que cumplan la legislación que les son de aplicación.
7. Poner a disposición de los trabajadores sustancias y preparados envasados y etiquetados conforme a la legislación aplicable.
8. Poner a disposición de los trabajadores equipos de protección individual adecuados y con arreglo a la reglamentación vigente.
9. Satisfacer la obligación legal en cuanto a la acreditación de la aptitud médica de los trabajadores para el desempeño seguro de su puesto de trabajo.
10. Establecer los adecuados medios de coordinación con la Autoridad Portuaria y/o con otras empresas/trabajadores autónomos que puedan desarrollar tareas en el centro de trabajo durante la prestación del servicio, de acuerdo con el Real Decreto 171/2004. En el caso que sea necesaria la designación, por parte del prestador, de una persona encargada de la coordinación de las actividades empresariales, ésta deberá disponer de una formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico.
11. Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos necesarios cuando se dé alguna de las circunstancias mencionadas en el artículo 4 del artículo 32 bis de la LPRL (introducido por Ley 54/2003), sin menoscabo de lo señalado en el punto anterior.
12. Compromiso por parte del prestador de que en caso de que se decida subcontratar alguna parte de la actividad comprendida en el servicio, requerirá de la subcontrata la misma documentación que la reflejada en los puntos anteriores y que será entregada a la Autoridad Portuaria.
13. Establecer los adecuados medios de comunicación y de coordinación con la Autoridad Portuaria para garantizar una respuesta eficaz ante las situaciones de emergencia.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la Autoridad Portuaria de Santander (en adelante Autoridad Portuaria), con domicilio social en C/Muelles de Maliaño s/n. C.P. 39009 Santander (Cantabria-España) informa al interesado de que los datos personales que en su caso sean recogidos a través de la presentación de la documentación requerida para el otorgamiento de una licencia para la prestación del servicio portuario objeto de las presentes prescripciones particulares serán objeto de tratamiento, automatizado o no, bajo la responsabilidad de la Autoridad Portuaria.
La Política de Privacidad de la Autoridad Portuaria se encuentra disponible en https://www.puertosantander.biz/privacy_policy.
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D/D.ª ........................................................................................, mayor de edad, con domicilio en la calle .................................................................................... número ........., población ......................................................., código postal ..................., con DNI/NIE .............................., del cual adjunto fotocopia, mediante este escrito manifiesto la voluntad de ceder mis datos personales, de conformidad con el artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y el artículo 4.11 del Reglamento UE 2016/679.
Para lo cual, autorizo el tratamiento de los datos personales recogidos en la solicitud de licencia de prestación del servicio portuario de amarre y desamarre, que son necesarios y serán utilizados por la Autoridad Portuaria de Santander para el otorgamiento de la licencia solicitada, así como durante toda la duración de esta.
En cualquier caso, se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 al 18 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como en los artículos 15 al 22 del Reglamento UE 2016/679. En caso de que estos derechos no se vean atendidos debidamente, se podrá presentar reclamación ante la autoridad de protección de datos competente.
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D/D.ª ........................................................................................, mayor de edad, con domicilio en la calle .................................................................................... número ........., población ......................................................., código postal ........................, con DNI/NIE .............................., del cual adjunto fotocopia, en representación de ................................................, con número de registro ............................., domicilio social en ................................. y NIF-IVA ..............................., mediante este escrito:
(1) Declara que el solicitante se encuentra o no en una de las situaciones siguientes:
(2) Si el solicitante declara alguna | Transporte |
BOE-A-2023-19437 | De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto 674/1993, de 7 de mayo, sobre provisión de puestos de trabajo en el extranjero y ascensos de los funcionarios de la Carrera Diplomática, modificado parcialmente por el Real Decreto 805/2000, de 19 de mayo, este Ministerio convoca la segunda convocatoria especial 2023 de provisión de puestos de trabajo en el extranjero para el personal funcionario de la Carrera Diplomática, puestos que se relacionan en el anexo I de la presente Resolución.
Esta convocatoria se realiza de conformidad con las siguientes bases:
Los puestos incluidos en el anexo I de la presente convocatoria podrán ser solicitados exclusivamente por personal funcionario perteneciente a la Carrera Diplomática.
Los puestos incluidos en el anexo I de la presente convocatoria se proveerán por el procedimiento de libre designación, previa propuesta no vinculante de la Junta de la Carrera Diplomática, si bien no será preceptiva dicha propuesta de la Junta de la Carrera Diplomática para la provisión de los puestos que se indiquen expresamente.
El personal funcionario de la Carrera Diplomática que haya podido participar en la convocatoria general 2023 de provisión de puestos de trabajo en el extranjero podrá igualmente participar en esta convocatoria especial.
El plazo de presentación de las solicitudes será de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», con arreglo a lo dispuesto en el artículo 53 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado. Las solicitudes deberán dirigirse mediante el anexo II de la presente Resolución, a la Dirección General del Servicio Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Subdirección General de Personal.
Por analogía con lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 674/1993, en su solicitud, los participantes indicarán, por orden de preferencia, los puestos de trabajo entre los incluidos en la convocatoria a los que deseen ser destinados.
Los puestos convocados quedarán circunscritos a las categorías de la Carrera Diplomática que se establezcan en la convocatoria. Únicamente podrán adjudicarse puestos a miembros de categorías inferiores a aquellas a las previamente establecidas cuando ninguno de los integrantes de estas que participe en la convocatoria haya solicitado dichos puestos, o cuando aun solicitándolos, se le adjudique cualquier otro de los puestos que figuren en su solicitud.
La incorporación a los puestos asignados se producirá de manera inmediata a la resolución de la convocatoria, salvo que se indique expresamente lo contrario.
A la provisión de puestos de trabajo en el exterior para el personal funcionario de la Carrera Diplomática le serán aplicables las demás normas y condiciones generales para la provisión de puestos de trabajo en el extranjero contenidas en el Capítulo II del Real Decreto 674/1993.
Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir de su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de su Comunidad (o Provincia, en su caso) o del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a su elección, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 10.1.i) y 14.1 Segunda de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa o, potestativamente y con carácter previo, recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que lo dictó.
Madrid, 7 de septiembre de 2023.–El Subsecretario de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Luis Torres Cuesta Civís. | Funcionarios y Personal |
BOE-A-2023-17651 | De conformidad con lo establecido en los artículos 131.3 y 386.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en el artículo 28.2 a) y 3 e) del Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, por acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 16 de marzo de 2023.
Vengo en declarar la jubilación voluntaria de don José Molina Guerrero Arias, magistrado con destino en la Audiencia Provincial de Guadalajara, con efectos de 1 de agosto de 2023 y con los derechos pasivos que le correspondan por esta causa.
Madrid, 16 de marzo de 2023.–El Presidente del Consejo General del Poder Judicial, P.S., el Vocal, Rafael Mozo Muelas. | Administración |
BOE-A-2024-26068 | En virtud de lo establecido en el artículo 4 de la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria, se publican los precios de venta al público (PVP) de determinadas labores de tabaco en expendedurías de tabaco y timbre del área del monopolio, que han sido propuestos por los correspondientes fabricantes e importadores.
Los precios de venta al público (PVP) de las labores de tabaco que se indican a continuación, incluidos los diferentes tributos, en expendedurías de tabaco y timbre de la península e Illes Balears, serán los siguientes:
Los precios de venta al público (PVP) de las labores de tabaco que se indican a continuación, incluidos los diferentes tributos, en expendedurías de tabaco y timbre de Ceuta y Melilla serán los siguientes:
La presente resolución entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 13 de diciembre de 2024.–El Presidente del Comisionado para el Mercado de Tabacos, Luis Garrido Blanco. | Economía y Empleo |
BOE-A-2023-5048 | En el «Boletín Oficial del Estado» número 267, de 7 de noviembre de 2022, se ha publicado la Resolución de 28 de octubre de 2022, referente a la convocatoria para proveer varias plazas, entre otras:
Dos plazas de Técnico/a Medio en Informática, por el sistema de concurso, según las bases publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 158, de 19 de agosto de 2022 y/o de la Comunidad Autónoma de Andalucía número 207, de 27 de octubre de 2022.
En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 233, de 7 de diciembre de 2022 y/o de la Comunidad Autónoma de Andalucía número 244, de 22 de diciembre de 2022, se ha publicado anuncio de rectificación de dichas bases.
Se abre un nuevo plazo de presentación de instancias de veinte días naturales a partir del siguiente a la publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial del Estado», para la convocatoria de:
Dos plazas de Técnico/a Medio en Informática.
Granada, 16 de febrero de 2023.–El Concejal Delegado de Participación Ciudadana, Turismo, Comercio y Recursos Humanos, Eduardo José Castillo Jiménez. | Funcionarios y Personal |
BOE-A-2022-494 | Por Resolución de 8 de noviembre de 2021, de la Subsecretaría de Asuntos Económicos y Transformación Digital (BOE de 15 de noviembre de 2021), se anunció convocatoria para la provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto de trabajo en el Instituto Nacional de Estadística.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.1.c) de la Ley 30/84, de 2 de agosto, y previo cumplimiento de la tramitación que exige el capítulo III, del título III del Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, una vez acreditada la observancia del procedimiento y el cumplimiento por parte de la candidata elegida de los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, se acuerda resolver la convocatoria de referencia según se detalla en el anexo.
El régimen de toma de posesión del nuevo destino será el establecido en el artículo 48 del mencionado Reglamento.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir de su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid o del que corresponda al domicilio del demandante, a elección del mismo de acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, o potestativamente y con carácter previo, recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que lo dictó (Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).
Madrid, 3 de enero de 2022.–La Subsecretaria de Asuntos Económicos y Transformación Digital, P.D. (Resolución de 30 de diciembre de 2016), el Presidente del Instituto Nacional de Estadística, Juan Méndez Herrero Ferrer. | Funcionarios y Personal |
BOE-A-2022-11560 | En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número 67, de 4 de junio de 2022, con corrección en el número 73, de 18 de junio de 2022, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:
Una plaza de Técnico/a de Administración General, perteneciente al Grupo A, Subgrupo A1, escala de Administración General, subescala Técnica, mediante el sistema de oposición, en turno libre.
Se ha publicado, asimismo, un extracto de la convocatoria en el «Diario Oficial de la Generalitat Valenciana» número 9376, de 6 de julio de 2022.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Peñíscola, 6 de julio de 2022.–El Alcalde, Andrés Bravo Ortiz. | Funcionarios y Personal |
BOE-A-2023-25882 | . Cuando el personal asalariado sea una persona con discapacidad, con grado de discapacidad igual o superior al 33 %, se computará en un 40 por 100. Estas reducciones serán incompatibles entre sí.
3.ª Superficie del local. Por superficie del local se tomará la definida en la Regla 14.ª, 1.F, letras a), b), c) y h), de la Instrucción para la aplicación de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, aprobada por Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre y en la disposición adicional cuarta, letra f), de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de reforma de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.
4.ª Local independiente y local no independiente. Por local independiente se entenderá el que disponga de sala de ventas para atención al público. Por local no independiente se entenderá el que no disponga de la sala de ventas propia para atención al público por estar ubicado en el interior de otro local, galería o mercado.
A estos efectos se considerarán locales independientes aquellos que deban tributar según lo dispuesto en la Regla 14.ª, 1.F, letra h), de la Instrucción para la aplicación de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, aprobada por Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre.
5.ª Consumo de energía eléctrica. Por consumo de energía eléctrica se entenderá la facturada por la empresa suministradora. Cuando en la factura se distinga entre energía activa y reactiva, sólo se computará la primera.
6.ª Potencia eléctrica. Por potencia eléctrica se entenderá la contratada con la empresa suministradora de la energía.
7.ª Superficie del horno. Por superficie del horno se entenderá la que corresponda a las características técnicas del mismo.
8.ª Mesas. La unidad mesa se entenderá referida a la susceptible de ser ocupada por cuatro personas. Las mesas de capacidad superior o inferior aumentarán o reducirán la cuantía del módulo aplicable en la proporción correspondiente.
9.ª Número de habitantes. El número de habitantes será el de la población de derecho del municipio, constituida por el total de los residentes inscritos en el Padrón Municipal de Habitantes, presentes y ausentes. La condición de residentes se adquiere en el momento de realizar tal inscripción.
10.ª Carga del vehículo. La capacidad de carga de un vehículo o conjunto de vehículos será igual a la diferencia entre la masa total máxima autorizada determinada teniendo en cuenta las posibles limitaciones administrativas, que en su caso, se reseñen en las Tarjetas de Inspección Técnica, con el límite de cuarenta toneladas, y la suma de las taras correspondientes a los vehículos portantes (peso en vacío del camión, remolque, semirremolque y cabeza tractora), expresada, según proceda, en kilogramos o toneladas, estas últimas con dos cifras decimales.
En el caso de cabezas tractoras que utilicen distintos semirremolques su tara se evaluará en ocho toneladas como máximo.
Cuando el transporte se realice exclusivamente con contenedores, la tara de éstos se evaluará en tres toneladas.
11.ª Plazas. Por plazas se entenderá el número de unidades de capacidad de alojamiento del establecimiento.
12.ª Asientos. Por asientos se entenderá el número de unidades que figura en la Tarjeta de Inspección Técnica del vehículo, excluido el del conductor y el del guía.
13.ª Máquinas recreativas. Se considerarán máquinas recreativas tipo «A» o «B», las definidas como tales en los artículos 4.º y 5.º, respectivamente, del Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, aprobado por Real Decreto 2110/1998, de 2 de octubre.
No se computarán, sin embargo, las que sean propiedad del titular de la actividad.
14.ª Potencia fiscal del vehículo. El módulo CVF vendrá definido por la potencia fiscal que figura en la Tarjeta de Inspección Técnica.
15.ª Longitud de la barra. A efectos del módulo longitud de la barra, se entenderá por barra el mostrador donde se sirven y apoyan las bebidas y alimentos solicitados por los clientes. Su longitud, que se expresará en metros, con dos decimales, se medirá por el lado del público y de ella se excluirá la zona reservada al servicio de camareros. Si existiesen barras auxiliares de apoyo adosadas a las paredes, pilares, etc., dispongan o no de taburetes, se incluirá su longitud para el cálculo del módulo.
2.2 Fase 2: Rendimiento neto minorado.
El rendimiento neto previo se minorará en el importe de los incentivos al empleo y la inversión, en la forma que se establece a continuación, dando lugar al rendimiento neto minorado.
a) Minoración por incentivos al empleo.
Para practicar la minoración por incentivos al empleo se tendrá en cuenta lo siguiente:
1.º Si en el año que se liquida hubiese tenido lugar un incremento del número de personas asalariadas, por comparación al año inmediato anterior, se calculará, en primer lugar, la diferencia entre el número de unidades del módulo «personal asalariado» correspondientes al año y el número de unidades de ese mismo módulo correspondientes al año inmediato anterior. A estos efectos, se tendrán en cuenta exclusivamente las personas asalariadas que se hayan computado en la Fase 1.ª, de acuerdo con lo establecido en la regla 2.ª
Si en el año anterior no se hubiese estado acogido al régimen de estimación objetiva, se tomará como número de unidades correspondientes a dicho año el que hubiese debido tomarse, de acuerdo a las normas contenidas en la regla 2.ª de la Fase anterior.
Si la diferencia resultase positiva, a ésta se aplicará el coeficiente 0,40. El resultado es el coeficiente por incremento del número de personas asalariadas.
Si la diferencia hubiese resultado positiva y, por tanto, hubiese procedido la aplicación del coeficiente 0,40, a dicha diferencia no se le aplicará la tabla de coeficientes por tramos que se señala a continuación.
2.º Además, a cada uno de los tramos del número de unidades del módulo que a continuación se indica se le aplicarán los coeficientes que se expresan en la siguiente tabla:
Para cuantificar la minoración por incentivos al empleo, se procede de la siguiente forma:
– Se suma el coeficiente por incremento del número de personas asalariadas, si procede, y el de la tabla anterior, obteniéndose el coeficiente de minoración.
– Este coeficiente de minoración se multiplica por el «Rendimiento anual por unidad antes de amortización» correspondiente al módulo «personal asalariado». La cantidad anterior se minora del rendimiento neto previo.
b) Minoración por incentivos a la inversión.
Serán deducibles las cantidades que, en concepto de amortización del inmovilizado, material o intangible, correspondan a la depreciación efectiva que sufran los distintos elementos por funcionamiento, uso, disfrute u obsolescencia.
Se considerará que la depreciación es efectiva cuando sea el resultado de aplicar al precio de adquisición o coste de producción del elemento patrimonial del inmovilizado alguno de los siguientes coeficientes:
1.º El coeficiente de amortización lineal máximo.
2.º El coeficiente de amortización lineal mínimo que se deriva del período máximo de amortización.
3.º Cualquier otro coeficiente de amortización lineal comprendido entre los dos anteriormente mencionados.
La tabla de amortización es la siguiente:
Será amortizable el precio de adquisición o coste de producción excluido, en su caso el valor residual.
En las edificaciones, no será amortizable la parte del precio de adquisición correspondiente al valor del suelo el cual, cuando no se conozca, se calculará prorrateando el precio de adquisición entre los valores catastrales del suelo y de la construcción en el año de adquisición.
La amortización se practicará elemento por elemento, si bien cuando se trate de elementos patrimoniales integrados en el mismo Grupo de la Tabla de Amortización, la amortización podrá practicarse sobre el conjunto de ellos, siempre que en todo momento pueda conocerse la parte de la amortización correspondiente a cada elemento patrimonial.
Los elementos patrimoniales de inmovilizado material empezarán a amortizarse desde su puesta en condiciones de funcionamiento y los de inmovilizado intangible desde el momento en que estén en condiciones de producir ingresos.
La vida útil no podrá exceder del período máximo de amortización establecido en la Tabla de Amortización.
En el supuesto de elementos patrimoniales del inmovilizado material que se adquieran usados, el cálculo de la amortización se efectuará sobre el precio de adquisición, hasta el límite resultante de multiplicar por dos la cantidad derivada de aplicar el coeficiente de amortización lineal máximo.
En el supuesto de cesión de uso de bienes con opción de compra o renovación, cuando por las condiciones económicas de la operación no existan dudas razonables de que se ejercitará una u otra opción, será deducible para el cesionario, en concepto de amortización, un importe equivalente a las cuotas de amortización que corresponderían a los citados bienes, aplicando los coeficientes previstos en la Tabla de Amortización, sobre el precio de adquisición o coste de producción del bien.
Los elementos de inmovilizado material nuevos, puestos a disposición del contribuyente en el ejercicio, cuyo valor unitario no exceda de 601,01 euros, podrán amortizarse libremente, hasta el límite de 3.005,06 euros anuales.
2.3 Fase 3: Rendimiento neto de módulos.
Sobre el rendimiento neto minorado se aplicarán, cuando corresponda, los índices correctores que se establecen a continuación, obteniéndose el rendimiento neto de módulos.
Incompatibilidades entre los índices correctores:
– En ningún caso será aplicable el índice corrector para empresas de pequeña dimensión (b.1) a las actividades para las que están previstos los índices correctores especiales enumerados en las letras a.2), a.3), a.4) y a.5).
– Cuando resulte aplicable el índice corrector para empresas de pequeña dimensión (b.1) no se aplicará el índice corrector de exceso (b.3).
– Cuando resulte aplicable el índice corrector de temporada (b.2) no se aplicará el índice corrector por inicio de nuevas actividades (b.4).
Los índices correctores se aplicarán según el orden que aparecen enumerados a continuación, siempre que no resulten incompatibles, sobre el rendimiento neto minorado o, en su caso, sobre el rectificado por aplicación de los mismos:
a) índices correctores especiales.
Los índices correctores especiales sólo se aplicarán en aquellas actividades concretas que se citan a continuación:
a.1) Actividad de comercio al por menor de prensa, revistas y libros en quioscos situados en la vía pública:
Cuando, por ejercerse la actividad en varios municipios, exista la posibilidad de aplicar más de uno de los índices anteriores, se aplicará un único índice: el correspondiente al municipio de mayor población.
a.2) Actividad de transporte por autotaxis.
Se aplicará el índice que corresponda al municipio en el que se desarrolla la actividad.
Cuando por ejercerse la actividad en varios municipios, exista la posibilidad de aplicar más de uno de los índices anteriores, se aplicará un único índice: el correspondiente al municipio de mayor población.
a.3) Actividad de transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera:
Se aplicará el índice 0,80 cuando el titular disponga de un único vehículo.
a.4) Actividades de transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanzas:
Se aplicará el índice 0,80 cuando el titular disponga de un único vehículo.
Se aplicará el índice 0,90 cuando la actividad se realice con tractocamiones y el titular carezca de semirremolques. Cuando la actividad se desarrolle con un único tractocamión y sin semirremolques, se aplicará, exclusivamente, el índice 0,75.
a.5) Actividad de producción de mejillón en batea:
b) Índices correctores generales.
Los índices correctores generales son aplicables a cualquiera de las actividades de este anexo en las que concurran las circunstancias señaladas en cada caso.
b.1) Índice corrector para empresas de pequeña dimensión:
Se aplicará el índice que corresponda, en función de la población en que se desarrolle la actividad, cuando concurran todas y cada una de las circunstancias siguientes:
1.º Titular persona física.
2.º Ejercer la actividad en un solo local.
3.º No disponer de más de un vehículo afecto a la actividad y que éste no supere los 1.000 kilogramos de capacidad de carga.
4.º Sin personal asalariado.
Cuando, por ejercerse la actividad en varios municipios, exista la posibilidad de aplicar más de uno de los índices anteriores, se aplicará un único índice: el correspondiente al municipio de mayor población.
Cuando concurran las circunstancias señaladas en los números 1.º, 2.º y 3.º del primer párrafo y, además, se ejerza la actividad con personal asalariado, hasta 2 trabajadores, se aplicará el índice 0,90, cualquiera que sea la población del municipio en el que se desarrolla la actividad.
b.2) Índice corrector de temporada:
Cuando la actividad tenga la consideración de actividad de temporada, se aplicará el índice de la tabla adjunta que corresponda en función de la duración de la temporada.
Tendrán la consideración de actividades de temporada las que habitualmente sólo se desarrollen durante ciertos días del año, continuos o alternos, siempre que el total no exceda de 180 días por año.
b.3) Índice corrector de exceso:
Cuando el rendimiento neto minorado, o en su caso, rectificado por aplicación de los índices anteriores de las actividades que a continuación se mencionan resulte superior a las cuantías que se señalan en cada caso, al exceso sobre dichas cuantías se le aplicará el índice 1,30.
b.4) Índice corrector por inicio de nuevas actividades.
El contribuyente que inicie nuevas actividades concurriendo las siguientes circunstancias:
– Que se trate de nuevas actividades cuyo ejercicio se inicie a partir del 1 de enero de 2023.
– Que no se trate de actividades de temporada.
– Que no se hayan ejercido anteriormente bajo otra titularidad o calificación.
– Que se realicen en local o establecimiento dedicados exclusivamente a dicha actividad, con total separación del resto de actividades empresariales o profesionales que, en su caso, pudiera realizar el contribuyente.
Tendrá derecho a aplicar los siguientes índices correctores:
Cuando el contribuyente sea una persona con discapacidad, con grado de discapacidad igual o superior al 33 %, los índices correctores aplicables serán:
3. A efectos del pago fraccionado, los signos o módulos, así como los índices correctores aplicables inicialmente en cada período anual serán los correspondientes a los datos-base de la actividad referidos al día 1 de enero de cada año.
Cuando algún dato-base no pudiera determinarse el primer día del año, se tomará, a efectos del pago fraccionado, el que hubiese correspondido en el año anterior.
En el supuesto de actividades de temporada se tomará, a efectos del pago fraccionado, el número de unidades de cada módulo que hubiesen correspondido en el año anterior.
Cuando en el año anterior no se hubiese ejercido la actividad, los signos o módulos, así como los índices correctores aplicables inicialmente serán los correspondientes a los datos-base referidos al día en que se inicie.
Si los datos-base de cada signo o módulo no fuesen un número entero, se expresarán con dos cifras decimales.
Para cuantificar el rendimiento neto a efectos del pago fraccionado, el importe de las amortizaciones se obtendrá aplicando el coeficiente lineal máximo que corresponde a cada uno de los bienes amortizables existentes en la fecha de cómputo de los datos-base.
4. Los pagos fraccionados se efectuarán trimestralmente en los plazos siguientes:
– Los tres primeros trimestres, entre el día 1 y el 20 de los meses de abril, julio y octubre.
– El cuarto trimestre, entre el día 1 y el 30 del mes de enero.
Cada pago trimestral consistirá en el 4 por 100 de los rendimientos netos resultantes de la aplicación de las normas anteriores.
No obstante, en el supuesto de actividades que no tengan más de una persona asalariada el porcentaje anterior será el 3 por ciento, y en el supuesto de que no disponga de personal asalariado dicho porcentaje será el 2 por ciento.
Cuando no pudiera determinarse ningún dato-base conforme a lo dispuesto en el número anterior, el pago fraccionado consistirá en el 2 por 100 del volumen de ventas o ingresos del trimestre.
El contribuyente deberá presentar declaración-liquidación en la forma y plazos previstos, aunque no resulte cuota a ingresar.
5. En caso de inicio de la actividad con posterioridad a 1 de enero o de cese antes de 31 de diciembre o cuando concurran ambas circunstancias, el importe del pago fraccionado, se calculará de la siguiente forma:
1.º Se determinará el rendimiento neto que procedería por aplicación de lo dispuesto en el número 3 anterior.
2.º Por cada trimestre natural completo de actividad se ingresará el porcentaje del rendimiento neto correspondiente, según el punto 4 anterior.
3.º La cantidad a ingresar en el trimestre natural incompleto se obtendrá multiplicando la cantidad correspondiente a un trimestre natural completo por el cociente resultante de dividir el número de días naturales comprendidos en el período de ejercicio de la actividad en dicho trimestre natural por el número total de días naturales del mismo.
Cuando no pudiera determinarse ningún dato-base el día en que se inicie la actividad, el pago fraccionado consistirá en el 2 por 100 del volumen de ventas o ingresos del trimestre.
6. En las actividades de temporada, a efectos del pago fraccionado, se calculará el rendimiento neto anual conforme a lo dispuesto en el número 3 anterior.
El rendimiento diario resultará de dividir el anual por el número de días de ejercicio de la actividad en el año anterior.
En las actividades a que se refiere este número, el ingreso a realizar por cada trimestre natural resultará de multiplicar el número de días naturales en que se desarrolla la actividad durante dicho trimestre por el rendimiento diario y por el porcentaje correspondiente según el punto 4 anterior.
7. Al finalizar el año o al producirse el cese de la actividad o la terminación de la temporada, el contribuyente deberá calcular el promedio de los signos, índices o módulos relativos a todo el período en que haya ejercido la actividad durante dicho año natural, procediendo, asimismo, al cálculo del rendimiento neto que corresponda.
A efectos de determinar el rendimiento neto anual, el promedio se determinará en función de las horas, cuando se trate de personal asalariado y no asalariado, o días, en los restantes casos, de efectivo empleo, utilización o instalación, salvo para el consumo de energía eléctrica o distancia recorrida, en que se tendrán en cuenta, respectivamente, los kilovatios/hora consumidos o kilómetros recorridos. Si no fuese un número entero se expresará con dos cifras decimales.
Cuando exista una utilización parcial del módulo en la actividad o sector de actividad, el valor a computar será el que resulte de su prorrateo en función de su utilización efectiva. Si no fuese posible determinar ésta, se imputará por partes iguales a cada una de las utilizaciones del módulo.
1. La cuota derivada de este régimen especial resultará de la suma de las cuotas que correspondan a cada una de las actividades incluidas en el mismo ejercidas por el sujeto pasivo.
Con carácter general, la liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido por la realización de cada actividad acogida al régimen especial simplificado resultará de la diferencia entre «cuotas devengadas por operaciones corrientes" y «cuotas soportadas o satisfechas por operaciones corrientes", relativas a dicha actividad, con un «importe mínimo" de cuota a ingresar. El resultado será la «cuota derivada del régimen simplificado", y debe ser corregido, como se indica en el anexo III de esta Orden, con la adición de las cuotas correspondientes a las operaciones mencionadas en el apartado uno.B del artículo 123 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido y la deducción de las cuotas soportadas o satisfechas por la adquisición o importación de activos fijos.
2. A efectos de lo indicado en el número 1 anterior, la cuota correspondiente a cada actividad se cuantifica por medio del procedimiento establecido a continuación:
2.1 Cuota devengada por operaciones corrientes.
La cuota devengada por operaciones corrientes será la suma de las cuantías correspondientes a los módulos previstos para la actividad. La cuantía de los módulos, a su vez, se calculará multiplicando la cantidad asignada a cada uno de ellos por el número de unidades del mismo empleadas, utilizadas o instaladas en la actividad.
En la cuantificación del número de unidades de los distintos módulos se tendrán en cuenta las reglas establecidas en las Instrucciones para la aplicación de los signos, índices o módulos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y la que se establece a continuación:
Personal empleado. Como personas empleadas se considerarán tanto las no asalariadas, incluyendo el titular de la actividad, como las asalariadas.
2.2 Diferencia entre la cuota devengada y las cuotas soportadas por operaciones corrientes.
De la cuota devengada por operaciones corrientes podrán deducirse las cuotas soportadas o satisfechas por la adquisición o importación de bienes y servicios, distintos de los activos fijos, destinados al desarrollo de la actividad, en los términos establecidos en el Capítulo I del Título VIII de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido y en el Reglamento del tributo, considerándose a estos efectos activos fijos los elementos del inmovilizado. También podrán ser deducidas las compensaciones agrícolas a que se refiere el artículo 130 de la Ley 37/1992, satisfechas por los sujetos pasivos por la adquisición de bienes o servicios a empresarios acogidos al régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca. No obstante, será deducible el 1 por ciento del importe de la cuota devengada por operaciones corrientes, en concepto de cuotas soportadas de difícil justificación.
En el ejercicio de las deducciones a que se refiere el párrafo anterior se aplicarán las siguientes reglas:
1.º No serán deducibles las cuotas soportadas por los servicios de desplazamiento o viajes, hostelería y restauración en el supuesto de empresarios o profesionales que desarrollen su actividad en local determinado. A estos efectos, se considerará local determinado cualquier edificación, excluyendo los almacenes, aparcamientos o depósitos cerrados al público.
2.º Las cuotas soportadas o satisfechas sólo serán deducibles en la declaración-liquidación correspondiente al último período impositivo del año en el que deban entenderse soportadas o satisfechas, por lo que, con independencia del régimen de tributación aplicable en años sucesivos, no procederá su deducción en un período impositivo posterior.
3.º Cuando se realicen adquisiciones o importaciones de bienes y servicios para su utilización en común en varias actividades por las que el empresario o profesional esté acogido a este régimen especial, la cuota a deducir en cada una de ellas será la que resulte del prorrateo en función de su utilización efectiva. Si no fuese posible aplicar dicho procedimiento, se imputarán por partes iguales a cada una de las actividades.
2.3 Cuota derivada del régimen simplificado.
La cuota derivada del régimen simplificado será la mayor de las dos cantidades siguientes:
– La resultante del número 2.2 anterior.
En las actividades de temporada dicha cantidad se multiplicará por el índice corrector previsto en el número 6 siguiente.
– La cuota mínima, incrementada en el importe de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo similar soportadas fuera del territorio de aplicación del Impuesto, que hayan sido devueltas al sujeto pasivo en el ejercicio, y que correspondan a bienes o servicios adquiridos para ser utilizados en el desarrollo de la actividad acogida al régimen simplificado.
La citada cuota mínima resultará de aplicar el porcentaje, establecido para cada actividad, que figura en el anexo II de esta orden, sobre la cuota devengada por operaciones corrientes, definida en el número 2.1 anterior.
En las actividades de temporada dicha cuota mínima se multiplicará por el índice corrector previsto en el número 6 siguiente.
3. El resultado de aplicar lo indicado en el número 2 anterior se calculará por el sujeto pasivo al término de cada ejercicio, si bien en las declaraciones-liquidaciones correspondientes a los tres primeros trimestres de cada año natural, el sujeto pasivo realizará, durante los veinte primeros días naturales de los meses de abril, julio y octubre, el ingreso a cuenta de una parte de la cuota derivada del régimen simplificado, que resultara de aplicar el porcentaje señalado a continuación para cada actividad, a la cuota devengada por operaciones corrientes, calculada de acuerdo con lo señalado en el número 2.1 anterior:
4. Para el cálculo del ingreso correspondiente a cada uno de los tres primeros trimestres, los módulos e índices correctores aplicables inicialmente en cada período anual serán los correspondientes a los datos-base del sector de actividad referidos al día 1 de enero de cada año.
Cuando algún dato-base no pudiera determinarse el primer día del año, se tomará el que hubiese correspondido en el año anterior. Esta misma regla se aplicará en el supuesto de actividades de temporada.
Cuando en el año anterior no se hubiese ejercido la actividad, los módulos e índices correctores aplicables inicialmente serán los correspondientes a los datos-base referidos al día en que se inicie.
Si los datos-base de cada módulo no fuesen un número entero, se expresarán con dos cifras decimales.
5. En caso de inicio de la actividad con posterioridad a 1 de enero o de cese antes de 31 de diciembre o cuando concurran ambas circunstancias, las cantidades a ingresar en los plazos indicados en el número 3 anterior se calcularán de la siguiente forma:
1.º La cuota devengada por operaciones corrientes se determinará aplicando los módulos del sector de actividad que correspondan según lo establecido en el número 4 anterior.
2.º Por cada trimestre natural completo de actividad se ingresará el porcentaje correspondiente a cada actividad que figura en el punto 3 anterior.
3.º La cantidad a ingresar en el trimestre natural incompleto se obtendrá multiplicando la cuota correspondiente a un trimestre natural completo por el cociente resultante de dividir el número de días naturales comprendidos en el período de ejercicio de la actividad en dicho trimestre natural por el número total de días naturales del mismo.
6. En las actividades de temporada se calculará la cuota devengada por operaciones corrientes conforme a lo dispuesto en el número 4 anterior.
La cuota devengada diaria por operaciones corrientes resultará de dividir la cuota devengada anual por el número de días de ejercicio de la actividad en el año anterior.
En las actividades a que se refiere este número el ingreso a realizar por cada trimestre natural será el resultado de aplicar el porcentaje correspondiente a cada actividad, que figura en el número 3 anterior, al producto de multiplicar el número de días naturales en que se desarrolla la actividad durante dicho trimestre por la cuota devengada diaria por operaciones corrientes.
La cuota calculada según lo dispuesto en este número se incrementará por aplicación de los siguientes índices correctores:
– Hasta 60 días de temporada: 1,50.
– De 61 a 120 días de temporada: 1,35.
– De 121 a 180 días de temporada: 1,25.
Este índice se aplicará en función de la duración de la temporada.
Tendrán la consideración de actividades de temporada las que habitualmente sólo se desarrollen durante ciertos días del año, continuos o alternos, siempre que el total no exceda de 180 días por año.
En todas las actividades de temporada, el sujeto pasivo deberá presentar declaración-liquidación en la forma y plazos previstos en el Reglamento del Impuesto, aunque la cuota a ingresar sea de cero euros.
7. En el supuesto de actividades accesorias de carácter empresarial o profesional, se cuantificará el importe del ingreso trimestral aplicando la cantidad asignada para el módulo «Importe de las comisiones o contraprestaciones» sobre el total de los ingresos del trimestre procedentes de esa actividad accesoria.
8. Al finalizar el año o al producirse el cese de la actividad o la terminación de la temporada, para el cálculo de la cuota anual devengada y su reflejo en la última declaración-liquidación del ejercicio, el sujeto pasivo deberá calcular el promedio de los signos, índices o módulos relativos a todo el período en que haya ejercido la actividad durante dicho año natural.
9. El promedio de los signos, índices o módulos se determinará en función de las horas, cuando se trate de personal asalariado y no asalariado, o días, en los restantes casos, de efectivo empleo, utilización o instalación, salvo para el consumo de energía eléctrica o distancia recorrida, en que se tendrán en cuenta, respectivamente, los kilovatios/hora consumidos o kilómetros recorridos. Si no fuese un número entero se expresará con dos cifras decimales.
Cuando exista una utilización parcial del módulo en la actividad o sector de actividad, el valor a computar será el que resulte de su prorrateo en función de su utilización efectiva. Si no fuese posible determinar ésta, se imputará por partes iguales a cada una de las utilizaciones del módulo.
10. En la última declaración-liquidación del ejercicio se calculará la cuota derivada del régimen simplificado, conforme al procedimiento indicado en el número 2 anterior, detrayéndose las cantidades liquidadas en las declaraciones-liquidaciones de los tres primeros trimestres del ejercicio.
Si el resultado fuera negativo, el sujeto pasivo podrá solicitar la devolución en la forma prevista en el artículo 115, apartado uno, de la Ley del Impuesto, u optar por la compensación del saldo a su favor en las siguientes declaraciones-liquidaciones periódicas.
11. La declaración-liquidación correspondiente al último trimestre del año natural deberá presentarse durante los treinta primeros días naturales del mes de enero.
12. La liquidación de las cuotas correspondientes a las operaciones indicadas en el apartado uno.B del artículo 123 de la Ley del Impuesto y la deducción de las cuotas soportadas o satisfechas por la adquisición o importación de activos fijos se efectuará en la forma indicada en el anexo III, número 4 de esta Orden Ministerial.
1. Cuando el desarrollo de actividades empresariales o profesionales a las que resulte de aplicación este régimen se viese afectado por incendios, inundaciones, hundimientos o grandes averías en el equipo industrial, que supongan alteraciones graves en el desarrollo de la actividad, los interesados podrán solicitar la reducción de los signos, índices o módulos en la Administración o Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria correspondiente a su domicilio fiscal, en el plazo de treinta días a contar desde la fecha en que se produzcan, aportando las pruebas que consideren oportunas y haciendo mención, en su caso, de las indemnizaciones a percibir por razón de tales alteraciones. Acreditada la efectividad de dichas alteraciones, se podrá autorizar la reducción de los signos, índices o módulos que proceda.
Igualmente podrá autorizarse la reducción de los signos, índices o módulos cuando el titular de la actividad se encuentre en situación de incapacidad temporal y no tenga otro personal empleado. El procedimiento para reducir los signos, índices o módulos será el mismo que el previsto en el párrafo anterior.
La reducción de los signos, índices o módulos se tendrá en cuenta a efectos de los pagos fraccionados devengados con posterioridad a la fecha de la autorización.
2. Cuando el desarrollo de actividades empresariales o profesionales a las que resulte de aplicación este régimen se viese afectado por incendios, inundaciones, hundimientos u otras circunstancias excepcionales que determinen gastos extraordinarios ajenos al proceso normal del ejercicio de aquélla, los interesados podrán minorar el rendimiento neto resultante en el importe de dichos gastos. Para ello, los contribuyentes deberán poner dicha circunstancia en conocimiento de la Administración o Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria correspondiente a su domicilio fiscal, en el plazo de treinta días a contar desde la fecha en que se produzca, aportando, a tal efecto, la justificación correspondiente y haciendo mención, en su caso, de las indemnizaciones a percibir por razón de tales alteraciones. La Administración Tributaria verificará la certeza de la causa que motiva la reducción del rendimiento y el importe de la misma.
3. En las actividades recogidas en el anexo II de esta Orden, el rendimiento neto de módulos se incrementará por otras percepciones empresariales, como las subvenciones corrientes y de capital.
Las prestaciones percibidas de la Seguridad Social tributarán como rendimientos del trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.2 a) de la Ley 35/2006.
4. La cuota derivada del régimen simplificado deberá incrementarse en el importe de las cuotas devengadas por las operaciones a que se refiere el apartado uno.B del artículo 123 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, y podrá reducirse en el importe de las cuotas soportadas o satisfechas por la adquisición o importación de los activos fijos destinados al desarrollo de la actividad. A estos efectos, se consideran activos fijos los elementos del inmovilizado y, en particular, aquéllos de los que se disponga en virtud de contratos de arrendamiento financiero con opción de compra, tanto si dicha opción es vinculante, como si no lo es.
Las cuotas correspondientes a las operaciones indicadas en el apartado uno.B del artículo 123 de la Ley del Impuesto (adquisiciones intracomunitarias de bienes, adquisiciones con inversión del sujeto pasivo y transmisiones de activos fijos) deberán reflejarse en la declaración-liquidación correspondiente al trimestre en el que se haya devengado el tributo. No obstante, el sujeto pasivo podrá liquidar tales cuotas en la declaración-liquidación correspondiente al último período de liquidación del ejercicio.
Las cuotas soportadas o satisfechas por la adquisición o importación de activos fijos podrán deducirse, con arreglo a las normas generales establecidas en el artículo 99 de la Ley del Impuesto, en la declaración-liquidación correspondiente al período de liquidación en que se hayan soportado o satisfecho o en las sucesivas, con las limitaciones establecidas en dicho artículo. No obstante, cuando el sujeto pasivo liquide en la declaración-liquidación del último período del ejercicio las cuotas correspondientes a adquisiciones intracomunitarias de activos fijos, o a adquisiciones de tales activos con inversión del sujeto pasivo, la deducción de dichas cuotas no podrá efectuarse en una declaración-liquidación anterior a aquella en que se liquiden tales cuotas.
En la declaración-liquidación correspondiente al último trimestre del ejercicio podrá asimismo efectuarse, en su caso, la regularización de la deducción de las cuotas soportadas o satisfechas antes de 1 de enero de 1998 por la adquisición o importación de bienes de inversión afectos a las actividades acogidas al régimen simplificado, conforme a lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido, en tanto que no haya transcurrido el período de regularización indicado en tal precepto. A estos efectos, se considerará que la prorrata de deducción de las actividades sometidas al régimen simplificado hasta el 1 de enero de 1998 fue cero, salvo respecto de las cuotas soportadas o satisfechas por la adquisición o importación de los inmuebles, buques y activos inmateriales excluidos del régimen hasta 1 de enero de 1998.
5. Cuando el desarrollo de actividades a las que resulte de aplicación el régimen simplificado se viese afectado por incendios, inundaciones, hundimientos o grandes averías en el equipo industrial que supongan alteraciones graves en el desarrollo de la actividad, los interesados podrán solicitar la reducción de los índices o módulos en la Administración o Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria correspondiente a su domicilio fiscal en el plazo de treinta días a contar desde la fecha en que se produzcan dichas circunstancias, aportando las pruebas que consideren oportunas. Acreditada la efectividad de dichas alteraciones ante la Administración Tributaria, se acordará la reducción de los índices o módulos que proceda.
Asimismo, conforme al mismo procedimiento indicado en el párrafo anterior, se podrá solicitar la reducción de los índices o módulos en los casos en que el titular de la actividad se encuentre en situación de incapacidad temporal y no tenga otro personal empleado. | Judicial |
BOE-A-2022-23820 | es termodinámicos. Condiciones de equilibrio y estabilidad.
17. Cambios de fase de primer orden: Ecuación de Clausius-Clapeyron. Diagrama de compresibilidad generalizado. Cambios de fase de segundo orden: Ecuaciones de Ehrenfest.
18. Fundamentos de radiación electromagnética. Procesos físicos característicos: Emisión, absorción, dispersión, reflexión y transmisión. Ley de Kirchoff. Radiación del cuerpo negro: Ley de Planck, ley de Stefan-Boltzmann y ley de desplazamiento de Wien. Emisión térmica de cuerpos reales.
1. Estructura física de la atmósfera. Distribución vertical de variables físicas fundamentales: Densidad, presión y temperatura. Características principales de las capas de la atmósfera. Atmósfera estándar y gradientes térmicos verticales asociados.
2. Composición química de la atmósfera. Estructura vertical: homosfera y heterosfera. Evolución de la composición de la atmósfera terrestre desde sus inicios hasta hoy. Ozonosfera y reducción estacional de su espesor.
3. Definición y clasificación de los contaminantes del aire. Contaminantes más comunes que afectan a la calidad del aire y sus fuentes y sumideros. Principales reacciones y ciclos que afectan a la química de la troposfera y la estratosfera. Factores meteorológicos que afectan a la contaminación del aire y efectos asociados.
4. Ecuación de estado y constantes del aire seco. Evolución adiabática del aire seco. Estabilidad de la estratificación. Nivel de equilibrio. Oscilaciones verticales en la atmósfera. Temperatura potencial. Fundamentos de análisis isoentrópico. Procesos politrópicos.
5. Ecuación de estado y constantes del aire húmedo. Índices de humedad del aire. Evolución adiabática del aire húmedo no saturado: Condición de estabilidad. Inversión mínima. Temperatura virtual: Aplicaciones.
6. Condensación del aire húmedo en la atmósfera I: Procesos isobáricos. Principales características de la condensación por enfriamiento radiativo. Concepto de temperatura del punto de rocío y de escarcha. Nieblas de irradiación y de advección. Condensación por evaporación. Nieblas de río y casquete polar. Nieblas y estratos por evaporación de lluvias.
7. Condensación del aire húmedo en la atmósfera II: Procesos isoentálpicos. Temperatura equivalente. Temperatura del termómetro húmedo. Temperaturas potenciales equivalente y del termómetro húmedo. Condensación por mezcla horizontal de masas de aire: Principales características. Nieblas de mezcla.
8. Condensación del aire húmedo en la atmósfera III: Procesos adiabáticos. Características principales. Niveles de condensación por ascenso forzado y por convección. Temperatura de saturación. Condición de condensación por enfriamiento adiabático. Evolución pseudoadiabática del aire saturado. Gradiente pseudoadiabático del aire saturado.
9. Estabilidad atmosférica: Definición. Métodos de la burbuja y de la capa. Desplazamientos verticales finitos: Inestabilidad latente. Elevación de columnas en conjunto: Inestabilidad potencial o convectiva. Mecanismos de cambio de la estabilidad.
10. Diagramas aerológicos: Principales características. Líneas fundamentales. Diagramas aerológicos más empleados en meteorología. El diagrama oblicuo. Determinación de variables, niveles significativos y energías a partir de un diagrama oblicuo. Aplicación al análisis de la estabilidad atmosférica.
11. Magnitudes radiativas básicas. Espectros de radiación del Sol, la Tierra y la atmósfera. Procesos radiativos de absorción, emisión y reflexión en el sistema tierra-atmósfera. Bandas de absorción de los principales gases en la atmósfera. Radiación global, directa y difusa.
12. Ecuación de transferencia radiativa: Fundamentos. Aplicación a la atmósfera terrestre. Funciones de transmitancia y ponderación. Linealización de la ecuación de transferencia radiativa.
13. Composición y propiedades microfísicas de las nubes I: Nubes cálidas. Ecuación de Clausius-Clapeyron en equilibrio entre vapor y agua líquida. Nucleación homogénea y heterogénea en fase líquida. Velocidad de caída de gotitas. Colisión y coalescencia. Ecuación de crecimiento por captura. Principales características de las teorías de crecimiento continuo y discreto.
14. Composición y propiedades microfísicas de las nubes II: Nubes frías. Ecuación de Clausius-Clapeyron en equilibrio entre vapor y hielo. Nucleación homogénea y heterogénea en fase hielo. Deposición y sublimación: Crecimiento de cristales de hielo por difusión. Crecimiento de cristales de hielo por acreción y agregación.
15. Composición y propiedades microfísicas de las nubes III: Nubes mixtas. Formación de la precipitación. Teoría de Bergeron-Findeisen. Tipos de precipitación. Intensidad de la precipitación. Modificación artificial del tiempo atmosférico: Estimulación de precipitación, disipación de nubes y supresión del granizo.
16. Óptica atmosférica. Teoría de la visibilidad. Factores que modifican la visibilidad. Propiedades físicas de la reflexión, refracción, difusión y difracción aplicadas a la atmósfera. Principales fenómenos ópticos atmosféricos y sus características.
17. Naturaleza eléctrica de la atmósfera terrestre. El campo magnético terrestre: Origen, propiedades y variabilidad. La ionosfera: Estructura y composición verticales. Variaciones temporales de la ionosfera. El campo eléctrico de buen tiempo.
18. Naturaleza eléctrica de las tormentas: Proceso de formación de una célula tormentosa. Principales teorías de procesos de separación de cargas. Distribución espacial de carga en una tormenta. Flujo de corriente en tormentas. Descargas eléctricas en una tormenta: Definición y etapas. Tipos de descargas: Nube-nube y nube-tierra.
19. Satélites meteorológicos: Principios de funcionamiento. Órbitas geoestacionaria y polar heliosíncrona. Interpretación de imágenes: Propiedades espectrales en las bandas visible, infrarrojo y microondas. Análisis multiespectral.
20. Radares meteorológicos: Principios de funcionamiento. Parámetros del radar. Propagación del haz. Atenuación. Ecuación del radar: Concepto de sección eficaz, potencia y reflectividad. Estimación de la precipitación a partir de la reflectividad. Fundamentos del radar Doppler.
21. Fenómenos meteorológicos de impacto para la aviación I: Cizalladura y turbulencia. Causas de su formación. Tipos de turbulencia y su impacto en las aeronaves. Turbulencia por onda de montaña. Turbulencia en aire claro. Corriente en chorro y su impacto en la aviación.
22. Fenómenos meteorológicos de impacto para la aviación II: Engelamiento. Formación de hielo en las aeronaves: razón de engelamiento. Visibilidad. Reducción de visibilidad por nieblas y otros fenómenos. Tormentas y su impacto en la aviación.
23. Fuerzas fundamentales de los movimientos atmosféricos. Fuerzas aparentes de los movimientos atmosféricos. Ecuación del momento en un sistema de coordenadas cartesianas en rotación.
24. Ecuaciones del momento en un sistema de coordenadas esféricas en rotación. Coordenadas naturales: Características. Ecuaciones del movimiento en coordenadas naturales. Análisis de escala de las ecuaciones del movimiento. Aproximación geostrófica e hidrostática. Número de Rossby.
25. Ecuación de continuidad: Deducciones euleriana y lagrangiana. Análisis de escala. Aproximación de Boussinesq. Ecuación de continuidad en coordenadas isobáricas. Principio de conservación de la energía aplicado a la atmósfera. Ecuación de la energía termodinámica. Análisis de escala. Ecuación de la energía termodinámica en coordenadas isobáricas.
26. Balance de fuerzas en la vertical. Ecuación hidrostática. Los campos de geopotencial y espesor. Fórmulas barométricas. Altura geopotencial, altura dinámica y altura geométrica.
27. Ecuación del momento en coordenadas de presión. Equilibrio de fuerzas en la horizontal: Configuraciones básicas de flujo. Trayectorias y líneas de corriente: Fórmula de Blaton. Vientos inercial y ciclostrófico. Viento geostrófico. Viento del gradiente.
28. Variación vertical del viento geostrófico. Viento térmico. Balance del viento térmico. Barotropía y baroclinidad. Principales características del viento ageostrófico.
29. Concepto de circulación. Teoremas de la circulación de Bjerknes y Kelvin. Concepto de vorticidad y su relación con la circulación. Vorticidad en coordenadas naturales. Ecuación de la vorticidad en coordenadas cartesianas: interpretación física. Análisis de escala de la ecuación de la vorticidad. Ecuación de la vorticidad en coordenadas isobáricas. Vorticidad potencial. Conservación de la vorticidad en el flujo atmosférico.
30. La aproximación cuasigeostrófica. Sistemas de ecuaciones cuasigeostróficas. Predicción cuasigeostrófica: La ecuación de tendencia del geopotencial. Interpretación matemática y física de la ecuación de tendencia del geopotencial. Ecuación de la vorticidad potencial cuasigeostrófica.
31. Obtención de la ecuación omega a partir de las ecuaciones en aproximación cuasigeostrófica. Ecuación omega cuasigeostrófica: Interpretación matemática y física. Aproximación de Trenberth. Vector Q de Hoskins. Modelo idealizado de una perturbación baroclina.
32. Ondas en la atmósfera: Características principales. Ondas acústicas. Ondas de gravedad y de inercia. Ondas de Kelvin. Ondas de Rossby: Propagación en una atmósfera barotrópica y en una atmósfera baroclina. Dispersión y velocidad de grupo.
33. Inestabilidad hidrodinámica. Inestabilidad barotrópica. Balance energético en ondas barotrópicas. Inestabilidad baroclina. Energía de las ondas baroclinas. Ciclo de vida de perturbaciones atmosféricas en latitudes medias. Inestabilidad baroclina generalizada: Ciclogénesis.
34. Concepto de superficie límite y frontal. Discontinuidades en superficies frontales: Presión, temperatura, densidad y velocidad. Condiciones de contorno en frentes. Fórmula de Margules. Función frontogenética. Cinemática y termodinámica de la frontogénesis. Papel frontogénico de las configuraciones de flujo.
35. Aspectos sinópticos de las zonas frontales. Los frentes en superficie: Frente frío, frente cálido, frente estacionario y frente ocluido. Principales características de los frentes en superficie y su impacto en las condiciones meteorológicas. Anafrentes y catafrentes. Los frentes en la media y alta troposfera.
36. Corrientes en chorro. Aspectos observacionales de las corrientes en chorro. Cinemática y dinámica de las corrientes en chorro. Análisis cuasigeostrófico.
37. Meteorología mesoescalar. Escalas espaciales y temporales. La dinámica de los sistemas de mesoescala y diferencias con la escala sinóptica. Características mesoescalares asociadas a fenómenos orográficos: forzamiento térmico, ondas de montaña y bloqueos.
38. Convección profunda. Iniciación y organización de la convección. Convección multicelular y supercelular. Características generales de los sistemas convectivos de mesoescala. Impactos asociados a la convección profunda.
39. Capa límite planetaria. Fricción molecular y turbulenta. Ecuaciones del movimiento en la capa límite planetaria. Tensor de Reynolds. Número de Richardson. Teoría de la longitud de mezcla y el transporte turbulento. Estructura del viento en la capa límite. Espiral o capa de Ekman.
40. Meteorología tropical. Estructura de los movimientos a gran escala en la zona ecuatorial. Análisis de escala de los movimientos tropicales. Origen de las perturbaciones ecuatoriales. Ciclones tropicales.
41. Estructura térmica y dinámica de la estratosfera. Circulación zonal y meridional del viento en la atmósfera media. Célula de Brewer-Dobson. Ondas planetarias de propagación vertical. Calentamientos súbitos estratosféricos. Oscilación cuasibienal.
42. Aproximación numérica de las ecuaciones de movimiento. Método de las diferencias finitas. Esquemas de diferenciación explícitos e implícitos. Consistencia, estabilidad y convergencia: La condición CFL. El método espectral. Modelos de ecuaciones primitivas.
43. Asimilación de datos. Fases del ciclo de asimilación. Esquemas de predicción deterministas y probabilistas. Alcances temporales de predicción. Predecibilidad y limitaciones. Sistemas de predicción por conjuntos: Fundamentos básicos.
44. Evolución del concepto y de las definiciones de clima. El sistema climático: Componentes. Variabilidad natural del clima y escalas temporales. Estados de equilibrio climático. Variabilidad climática y cambio climático.
45. Paleoclimatología y dataciones no instrumentales. Principales fuentes de datos paleoclimáticos y registros históricos. Evolución del clima terrestre a lo largo de la historia de nuestro planeta.
46. Distribución global media de variables atmosféricas. Variabilidad espacial y temporal de la presión, el geopotencial, la temperatura, la precipitación y la evaporación.
47. Distribución global media de variables oceánicas. Variabilidad espacial y temporal de la temperatura, la salinidad y la densidad.
48. Caracterización de los climas del mundo. Clasificaciones clásicas de Köppen y Thornthwaite. Aplicación a la península ibérica y archipiélago canario.
49. La Tierra: Características principales. Movimientos de la Tierra. Proyecciones cartográficas utilizadas comúnmente en Meteorología. Geografía física de España: principales unidades de relieve y cuencas hidrográficas.
50. Balance global de energía. Balance de energía en la cima de la atmósfera: variaciones latitudinales y estacionales. Balance de energía en superficie: variaciones latitudinales. Ciclos diurno, estacional y anual. Transporte de energía latitudinal.
51. La circulación general de la atmósfera. Estructura media observada: Modelo tricelular. Variaciones estacionales y asimetrías zonales de la circulación tricelular. Balance de momento angular en el sistema tierra-atmósfera. Mecanismo de intercambio de momento angular.
52. La circulación general de los océanos. Corrientes oceánicas. Transporte de Ekman. Circulación termohalina. El hielo marino y su papel en la circulación termohalina.
53. El ciclo hidrológico. Ecuación general del balance hídrico. Evaporación y transpiración. Balance hídrico en superficie: variaciones latitudinales.
54. El ciclo del carbono. Ciclos geológico y biológico. Balance de concentraciones de CO2en la atmósfera. Principales fuentes o sumideros de CO2.
55. Modelos climáticos: concepto y objetivo. Jerarquía de modelos. Modelos climáticos globales: modelos acoplados y modelos del sistema tierra. Ecuaciones fundamentales. Parametrizaciones.
56. Forzamiento radiativo. Temperatura efectiva. Efecto invernadero. Sensibilidad del sistema climático ante forzamientos radiativos. Interacciones y procesos de retroalimentación en el sistema climático.
57. Variabilidad interanual del clima. Interacciones océano-atmósfera I: Caracterización de los episodios ENSO. Retroalimentación de Bjerknes. Interacciones océano-atmósfera II: Caracterización de los episodios NAO y PDO.
58. Causas externas naturales de los cambios climáticos. Parámetros orbitales: Ciclos de Milankovich. Variaciones de la potencia solar. Erupciones volcánicas y su impacto en el sistema climático.
59. Causas externas antropogénicas de los cambios climáticos. Gases de efecto invernadero: Potencial de calentamiento global. Intensificación del efecto invernadero. Aerosoles de origen antropogénico. Modificación de la superficie por usos del suelo. Evolución y comparación de forzamientos radiativos naturales y antropogénicos.
1. Sistema operativo Windows. Sistemas operativos de la familia Linux. Gestión de ficheros, directorios y permisos. Variables de entorno. Intérpretes de comandos (shells) y Comandos principales. Programación con shell scripts.
2. Lenguajes de programación. Lenguajes compilados e interpretados. Programación orientada a objetos.
3. Lenguajes de programación para cálculo computacional: Fortran, Python y R. Estructuras de datos. Herramientas de control de flujo. Entrada y salida. Funciones. Librerías. Manejo de errores.
4. Tecnologías web. Lenguaje de marcado de hipertexto (HTML). Conceptos y estructura básica de un documento HTML. Lenguajes de script: Javascript. Estructuras de datos. Herramientas de control de flujo. Funciones. Manejo de errores.
5. Concepto de bases de datos: Principales componentes de un entorno de bases de datos. Sistemas de gestión de bases de datos (Relacionales; Orientados a objetos; NoSQL): Características y elementos constitutivos.
6. Estructuras de datos. Tablas, listas y árboles. Algoritmos: Ordenación, Búsqueda, Recursión, Grafos. Organizaciones de ficheros.
7. Redes locales. Tipología. Medios de transmisión. Métodos de acceso. El modelo de referencia de interconexión de sistemas abiertos (OSI) de ISO. Arquitectura. Capas, interfaces y protocolos. Protocolos TCP/IP.
8. Sistemas de Información Geográfica (SIG). Estructura de datos. Organización de la información geográfica en los SIG. Estructuras de datos de raster y vectoriales. Bases de datos espaciales y bases de datos temáticos. Análisis y modelización espacial.
9. La red Internet: Arquitectura de red. Principios de funcionamiento. Servicios: Evolución, estado actual y tendencias.
10. La seguridad en redes. Control de accesos. Técnicas criptográficas. Mecanismos de firma digital. Intrusiones. Cortafuegos. Redes privadas virtuales (VPN).
1. La Constitución Española de 1978: características y estructura. Principios y valores fundamentales. Los derechos fundamentales y sus garantías. Los límites a las libertades públicas. Estados de alarma, excepción y sitio. Los deberes constitucionales.
2. El Tribunal Constitucional. Naturaleza, composición y organización. La reforma constitucional.
3. El Gobierno: composición y estructura. Procedimiento de nombramiento y cese. Funciones.
4. Las Cortes Generales. Composición y funciones de las Cámaras. El procedimiento legislativo.
5. El Poder Judicial en la Constitución. La organización judicial en España. El gobierno del Poder Judicial: composición y funciones del Consejo General del Poder Judicial.
6. La Administración Pública: principios constitucionales. La Administración General del Estado. Organización central y periférica.
7. La organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas. La Administración local.
8. La distribución de las competencias entre las Administraciones públicas. Conflictividad interadministrativa. Las relaciones interadministrativas.
9. La Unión Europea: antecedentes, objetivos, valores y naturaleza jurídica. Los tratados originarios y modificativos. Las instituciones de la Unión Europea. Políticas comunes.
10. El derecho de la Unión Europea. Fuentes. Derecho originario y derivado. Relación entre el derecho comunitario y el ordenamiento jurídico de los Estados miembros. La aplicación del derecho de la Unión Europea.
11. Fuentes del derecho administrativo. Los principios de reserva de ley, jerarquía normativa y competencia. La ley. Clases de leyes estatales en la Constitución. Los Estatutos de Autonomía. Disposiciones del ejecutivo con fuerza de ley: decretos legislativos y decretos leyes. Las leyes de las Comunidades Autónomas.
12. El reglamento: concepto y naturaleza. Clasificación de los reglamentos. La potestad reglamentaria y sus límites. Impugnación. El control de los reglamentos.
13. Procedimiento administrativo: principios generales. La estructura del procedimiento: iniciación, ordenación, instrucción y terminación.
14. El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Validez y eficacia de los actos administrativos. Nulidad, anulabilidad e irregularidad de los actos administrativos.
15. Revisión de actos en vía administrativa. Revisión de oficio. Recursos administrativos. El control jurisdiccional de la actividad administrativa.
16. Los contratos del Sector Público. Ámbito subjetivo y objetivo de aplicación de la legislación de contratación del sector público. Delimitación de los tipos contractuales. Órganos competentes para su celebración. Capacidad, solvencia y prohibiciones para contratar.
17. El procedimiento de contratación y la adjudicación de los contratos. Extinción de los contratos. Cesión y subcontratación.
18. El Régimen jurídico del personal al servicio de las Administraciones públicas. El texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y otras normas: Tipos de empleados públicos y derechos y deberes del personal al servicio de la Administración Pública. Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
19. Los presupuestos generales del Estado. Estructura. El ciclo presupuestario. Estabilidad presupuestaria. Órganos de control presupuestario interno y externo.
20. Organismos meteorológicos internacionales: la Organización Meteorológica Mundial, Centro Europeo de Predicción a Plazo Medio, Organización Europea de Explotación de Satélites Meteorológicos EUMETSAT, Red Europea de Servicios Meteorológicos EUMETNET, Agrupación de Interés Económico de Servicios Meteorológicos Europeos ECOMET.
21. La Agencia Estatal de Meteorología: funciones y estructura. El Estatuto de la Agencia Estatal de Meteorología. Actividades y servicios prestados.
22. La gobernanza pública y el gobierno abierto. Concepto y principios informadores del gobierno abierto: colaboración, participación, transparencia y rendición de cuentas. Datos abiertos y reutilización. El marco jurídico y los planes de gobierno abierto en España. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
23. Políticas de Igualdad de Género. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres. Políticas contra la violencia de género. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Régimen jurídico de la Dependencia. La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
1. Cinemática y dinámica del punto material. Sistemas de referencia. Vectores posición, velocidad y aceleración. Componentes intrínsecas de la aceleración. Movimiento relativo: Transformaciones de Galileo y aceleración de Coriolis. Leyes de Newton. Teoremas del momento lineal y angular. Trabajo y energía. Campos de fuerzas conservativas. Teorema de conservación de la energía mecánica. Fuerzas no conservativas y disipación de la energía.
2. Cinemática y dinámica de un sistema de partículas. Centro de masas. Teorema de conservación del momento lineal: Colisiones. Momento angular de un sistema de partículas. Energía cinética de un sistema de partículas. Conservación de energía de un sistema de partículas. Características y aplicaciones al sólido rígido. Cálculo del momento de inercia.
3. Ley de Newton de la gravitación universal. Campos de fuerzas gravitatorias. Energía potencial y potencial gravitatorio. Teorema de Gauss y líneas de campo. Leyes de Kepler. Energía mecánica en sistemas gravitatorios: órbitas cerradas y abiertas. Campo gravitatorio terrestre.
4. Cinemática y dinámica de medios continuos. Descripciones de Euler y de Lagrange. Tensor de deformación y de velocidad de deformación. Tensor de esfuerzos. Leyes de conservación de la masa, energía y momento lineal y angular. Teorema de transporte.
5. Fluidos: clasificación. Estática: Principios de Pascal y Arquímedes. Cinemática de fluidos irrotacionales: Potencial de velocidades. Trayectorias y líneas de corriente. Función de corriente. Rotación del fluido: Vorticidad y circulación. Teorema de Kelvin.
6. Ecuaciones Fundamentales de la dinámica de fluidos. Leyes de conservación. Ecuación de continuidad. Ecuación de Navier-Stokes. Soluciones analíticas de la ecuación de Navier-Stokes. Flujo incompresible. Ecuación de Euler y ecuación de Bernoulli. Regímenes laminar y turbulento. Número de Reynolds.
7. Oscilaciones. Cinemática de movimiento armónico simple. Dinámica y energía de las oscilaciones armónicas. Oscilaciones amortiguadas, oscilaciones forzadas y concepto de resonancia.
8. Movimiento ondulatorio: Concepto y tipos de ondas. Ondas periódicas. La ecuación de ondas en una dimensión. Velocidad de propagación. Energía e intensidad de una onda. Superposición de ondas armónicas. Ondas estacionarias. Modos normales. Efecto Doppler.
9. El campo electrostático en el vacío. Carga eléctrica. Ley de Coulomb. Concepto de campo eléctrico y líneas de campo. Teorema de Gauss y aplicaciones. Energía potencial y potencial eléctrico. Medios conductores y dieléctricos. Energía electrostática.
10. El campo magnetostático en el vacío. Movimiento de partículas cargadas en campos magnéticos: Fuerza de Lorentz. Líneas de campo y flujo magnético. Fuerza sobre una corriente. Campo magnético creado por una corriente: Ley de Biot–Savart. Densidad de corriente y ecuación de continuidad: Ley de Ohm. Ley de Ampère. Potencial magnético vector y potencial magnético escalar. Energía magnetostática.
11. Campos electromagnéticos en el vacío. Inducción electromagnética: Ley de Faraday–Lenz. Autoinducción e inducción mutua. Ecuaciones de Maxwell. Energía electromagnética. Expresión general de la energía electromagnética. Teorema de Poynting.
12. Ecuación de ondas para campos electromagnéticos. Espectro electromagnético. Ondas electromagnéticas en el vacío. Ondas planas y esféricas. Ondas monocromáticas: velocidad de fase y de grupo. Energía y momento de una onda electromagnética. Radiación de onda electromagnética.
13. Interferencia y difracción. Condiciones para la interferencia. Leyes de Fresnel para la difracción. Difracción de Fraunhofer.
14. Sistemas, variables y procesos termodinámicos. Funciones de estado. Principio cero. Concepto de temperatura absoluta. Primer principio de la termodinámica: Energía interna, trabajo y calor. Coeficientes de dilatación y compresibilidad. Transformaciones politrópicas en gases ideales.
15. Segundo principio de la termodinámica. Máquinas térmicas. Teorema y ciclo de Carnot. Escala Kelvin de temperaturas. Teorema de Clausius. Concepto de entropía. Entropía e irreversibilidad. Principio de aumento de entropía.
16. Formalismo termodinámico para sistemas cerrados. Ecuación fundamental de la Termodinámica. Representaciones entrópica y energética. Representaciones alternativas. Potenciales termodinámicos. Condiciones de equilibrio y estabilidad.
17. Cambios de fase de primer orden: Ecuación de Clausius-Clapeyron. Diagrama de compresibilidad generalizado. Cambios de fase de segundo orden: Ecuaciones de Ehrenfest.
18. Fundamentos de radiación electromagnética. Procesos físicos característicos: Emisión, absorción, dispersión, reflexión y transmisión. Ley de Kirchoff. Radiación del cuerpo negro: Ley de Planck, ley de Stefan-Boltzmann y ley de desplazamiento de Wien. Emisión térmica de cuerpos reales.
1. Estructura física de la atmósfera. Distribución vertical de variables físicas fundamentales: Densidad, presión y temperatura. Características principales de las capas de la atmósfera. Atmósfera estándar y gradientes térmicos verticales asociados.
2. Composición química de la atmósfera. Estructura vertical: homosfera y heterosfera. Evolución de la composición de la atmósfera terrestre desde sus inicios hasta hoy. Ozonosfera y reducción estacional de su espesor.
3. Definición y clasificación de los contaminantes del aire. Contaminantes más comunes que afectan a la calidad del aire y sus fuentes y sumideros. Principales reacciones y ciclos que afectan a la química de la troposfera y la estratosfera. Factores meteorológicos que afectan a la contaminación del aire y efectos asociados.
4. Ecuación de estado y constantes del aire seco. Evolución adiabática del aire seco. Estabilidad de la estratificación. Nivel de equilibrio. Oscilaciones verticales en la atmósfera. Temperatura potencial. Fundamentos de análisis isoentrópico. Procesos politrópicos.
5. Ecuación de estado y constantes del aire húmedo. Índices de humedad del aire. Evolución adiabática del aire húmedo no saturado: Condición de estabilidad. Inversión mínima. Temperatura virtual: Aplicaciones.
6. Condensación del aire húmedo en la atmósfera I: Procesos isobáricos. Principales características de la condensación por enfriamiento radiativo. Concepto de temperatura del punto de rocío y de escarcha. Nieblas de irradiación y de advección. Condensación por evaporación. Nieblas de río y casquete polar. Nieblas y estratos por evaporación de lluvias.
7. Condensación del aire húmedo en la atmósfera II: Procesos isoentálpicos. Temperatura equivalente. Temperatura del termómetro húmedo. Temperaturas potenciales equivalente y del termómetro húmedo. Condensación por mezcla horizontal de masas de aire: Principales características. Nieblas de mezcla.
8. Condensación del aire húmedo en la atmósfera III: Procesos adiabáticos. Características principales. Niveles de condensación por ascenso forzado y por convección. Temperatura de saturación. Condición de condensación por enfriamiento adiabático. Evolución pseudoadiabática del aire saturado. Gradiente pseudoadiabático del aire saturado.
9. Estabilidad atmosférica: Definición. Métodos de la burbuja y de la capa. Desplazamientos verticales finitos: Inestabilidad latente. Elevación de columnas en conjunto: Inestabilidad potencial o convectiva. Mecanismos de cambio de la estabilidad.
10. Diagramas aerológicos: Principales características. Líneas fundamentales. Diagramas aerológicos más empleados en meteorología. El diagrama oblicuo. Determinación de variables, niveles significativos y energías a partir de un diagrama oblicuo. Aplicación al análisis de la estabilidad atmosférica.
11. Magnitudes radiativas básicas. Espectros de radiación del Sol, la Tierra y la atmósfera. Procesos radiativos de absorción, emisión y reflexión en el sistema tierra-atmósfera. Bandas de absorción de los principales gases en la atmósfera. Radiación global, directa y difusa.
12. Ecuación de transferencia radiativa: Fundamentos. Aplicación a la atmósfera terrestre. Funciones de transmitancia y ponderación. Linealización de la ecuación de transferencia radiativa.
13. Composición y propiedades microfísicas de las nubes I: Nubes cálidas. Ecuación de Clausius-Clapeyron en equilibrio entre vapor y agua líquida. Nucleación homogénea y heterogénea en fase líquida. Velocidad de caída de gotitas. Colisión y coalescencia. Ecuación de crecimiento por captura. Principales características de las teorías de crecimiento continuo y discreto.
14. Composición y propiedades microfísicas de las nubes II: Nubes frías. Ecuación de Clausius-Clapeyron en equilibrio entre vapor y hielo. Nucleación homogénea y heterogénea en fase hielo. Deposición y sublimación: Crecimiento de cristales de hielo por difusión. Crecimiento de cristales de hielo por acreción y agregación.
15. Composición y propiedades microfísicas de las nubes III: Nubes mixtas. Formación de la precipitación. Teoría de Bergeron-Findeisen. Tipos de precipitación. Intensidad de la precipitación. Modificación artificial del tiempo atmosférico: Estimulación de precipitación, disipación de nubes y supresión del granizo.
16. Óptica atmosférica. Teoría de la visibilidad. Factores que modifican la visibilidad. Propiedades físicas de la reflexión, refracción, difusión y difracción aplicadas a la atmósfera. Principales fenómenos ópticos atmosféricos y sus características.
17. Naturaleza eléctrica de la atmósfera terrestre. El campo magnético terrestre: Origen, propiedades y variabilidad. La ionosfera: Estructura y composición verticales. Variaciones temporales de la ionosfera. El campo eléctrico de buen tiempo.
18. Naturaleza eléctrica de las tormentas: Proceso de formación de una célula tormentosa. Principales teorías de procesos de separación de cargas. Distribución espacial de carga en una tormenta. Flujo de corriente en tormentas. Descargas eléctricas en una tormenta: Definición y etapas. Tipos de descargas: Nube-nube y nube-tierra.
19. Satélites meteorológicos: Principios de funcionamiento. Órbitas geoestacionaria y polar heliosíncrona. Interpretación de imágenes: Propiedades espectrales en las bandas visible, infrarrojo y microondas. Análisis multiespectral.
20. Radares meteorológicos: Principios de funcionamiento. Parámetros del radar. Propagación del haz. Atenuación. Ecuación del radar: Concepto de sección eficaz, potencia y reflectividad. Estimación de la precipitación a partir de la reflectividad. Fundamentos del radar Doppler.
21. Fenómenos meteorológicos de impacto para la aviación I: Cizalladura y turbulencia. Causas de su formación. Tipos de turbulencia y su impacto en las aeronaves. Turbulencia por onda de montaña. Turbulencia en aire claro. Corriente en chorro y su impacto en la aviación.
22. Fenómenos meteorológicos de impacto para la aviación II: Engelamiento. Formación de hielo en las aeronaves: razón de engelamiento. Visibilidad. Reducción de visibilidad por nieblas y otros fenómenos. Tormentas y su impacto en la aviación.
23. Fuerzas fundamentales de los movimientos atmosféricos. Fuerzas aparentes de los movimientos atmosféricos. Ecuación del momento en un sistema de coordenadas cartesianas en rotación.
24. Ecuaciones del momento en un sistema de coordenadas esféricas en rotación. Coordenadas naturales: Características. Ecuaciones del movimiento en coordenadas naturales. Análisis de escala de las ecuaciones del movimiento. Aproximación geostrófica e hidrostática. Número de Rossby.
25. Ecuación de continuidad: Deducciones euleriana y lagrangiana. Análisis de escala. Aproximación de Boussinesq. Ecuación de continuidad en coordenadas isobáricas. Principio de conservación de la energía aplicado a la atmósfera. Ecuación de la energía termodinámica. Análisis de escala. Ecuación de la energía termodinámica en coordenadas isobáricas.
26. Balance de fuerzas en la vertical. Ecuación hidrostática. Los campos de geopotencial y espesor. Fórmulas barométricas. Altura geopotencial, altura dinámica y altura geométrica.
27. Ecuación del momento en coordenadas de presión. Equilibrio de fuerzas en la horizontal: Configuraciones básicas de flujo. Trayectorias y líneas de corriente: Fórmula de Blaton. Vientos inercial y ciclostrófico. Viento geostrófico. Viento del gradiente.
28. Variación vertical del viento geostrófico. Viento térmico. Balance del viento térmico. Barotropía y baroclinidad. Principales características del viento ageostrófico.
29. Concepto de circulación. Teoremas de la circulación de Bjerknes y Kelvin. Concepto de vorticidad y su relación con la circulación. Vorticidad en coordenadas naturales. Ecuación de la vorticidad en coordenadas cartesianas: interpretación física. Análisis de escala de la ecuación de la vorticidad. Ecuación de la vorticidad en coordenadas isobáricas. Vorticidad potencial. Conservación de la vorticidad en el flujo atmosférico.
30. La aproximación cuasigeostrófica. Sistemas de ecuaciones cuasigeostróficas. Predicción cuasigeostrófica: La ecuación de tendencia del geopotencial. Interpretación matemática y física de la ecuación de tendencia del geopotencial. Ecuación de la vorticidad potencial cuasigeostrófica.
31. Obtención de la ecuación omega a partir de las ecuaciones en aproximación cuasigeostrófica. Ecuación omega cuasigeostrófica: Interpretación matemática y física. Aproximación de Trenberth. Vector Q de Hoskins. Modelo idealizado de una perturbación baroclina.
32. Ondas en la atmósfera: Características principales. Ondas acústicas. Ondas de gravedad y de inercia. Ondas de Kelvin. Ondas de Rossby: Propagación en una atmósfera barotrópica y en una atmósfera baroclina. Dispersión y velocidad de grupo.
33. Inestabilidad hidrodinámica. Inestabilidad barotrópica. Balance energético en ondas barotrópicas. Inestabilidad baroclina. Energía de las ondas baroclinas. Ciclo de vida de perturbaciones atmosféricas en latitudes medias. Inestabilidad baroclina generalizada: Ciclogénesis.
34. Concepto de superficie límite y frontal. Discontinuidades en superficies frontales: Presión, temperatura, densidad y velocidad. Condiciones de contorno en frentes. Fórmula de Margules. Función frontogenética. Cinemática y termodinámica de la frontogénesis. Papel frontogénico de las configuraciones de flujo.
35. Aspectos sinópticos de las zonas frontales. Los frentes en superficie: Frente frío, frente cálido, frente estacionario y frente ocluido. Principales características de los frentes en superficie y su impacto en las condiciones meteorológicas. Anafrentes y catafrentes. Los frentes en la media y alta troposfera.
36. Corrientes en chorro. Aspectos observacionales de las corrientes en chorro. Cinemática y dinámica de las corrientes en chorro. Análisis cuasigeostrófico.
37. Meteorología mesoescalar. Escalas espaciales y temporales. La dinámica de los sistemas de mesoescala y diferencias con la escala sinóptica. Características mesoescalares asociadas a fenómenos orográficos: forzamiento térmico, ondas de montaña y bloqueos.
38. Convección profunda. Iniciación y organización de la convección. Convección multicelular y supercelular. Características generales de los sistemas convectivos de mesoescala. Impactos asociados a la convección profunda.
39. Capa límite planetaria. Fricción molecular y turbulenta. Ecuaciones del movimiento en la capa límite planetaria. Tensor de Reynolds. Número de Richardson. Teoría de la longitud de mezcla y el transporte turbulento. Estructura del viento en la capa límite. Espiral o capa de Ekman.
40. Meteorología tropical. Estructura de los movimientos a gran escala en la zona ecuatorial. Análisis de escala de los movimientos tropicales. Origen de las perturbaciones ecuatoriales. Ciclones tropicales.
41. Estructura térmica y dinámica de la estratosfera. Circulación zonal y meridional del viento en la atmósfera media. Célula de Brewer-Dobson. Ondas planetarias de propagación vertical. Calentamientos súbitos estratosféricos. Oscilación cuasibienal.
42. Aproximación numérica de las ecuaciones de movimiento. Método de las diferencias finitas. Esquemas de diferenciación explícitos e implícitos. Consistencia, estabilidad y convergencia: La condición CFL. El método espectral. Modelos de ecuaciones primitivas.
43. Asimilación de datos. Fases del ciclo de asimilación. Esquemas de predicción deterministas y probabilistas. Alcances temporales de predicción. Predecibilidad y limitaciones. Sistemas de predicción por conjuntos: Fundamentos básicos.
44. Evolución del concepto y de las definiciones de clima. El sistema climático: Componentes. Variabilidad natural del clima y escalas temporales. Estados de equilibrio climático. Variabilidad climática y cambio climático.
45. Paleoclimatología y dataciones no instrumentales. Principales fuentes de datos paleoclimáticos y registros históricos. Evolución del clima terrestre a lo largo de la historia de nuestro planeta.
46. Distribución global media de variables atmosféricas. Variabilidad espacial y temporal de la presión, el geopotencial, la temperatura, la precipitación y la evaporación.
47. Distribución global media de variables oceánicas. Variabilidad espacial y temporal de la temperatura, la salinidad y la densidad.
48. Caracterización de los climas del mundo. Clasificaciones clásicas de Köppen y Thornthwaite. Aplicación a la península ibérica y archipiélago canario.
49. La Tierra: Características principales. Movimientos de la Tierra. Proyecciones cartográficas utilizadas comúnmente en Meteorología. Geografía física de España: principales unidades de relieve y cuencas hidrográficas.
50. Balance global de energía. Balance de energía en la cima de la atmósfera: variaciones latitudinales y estacionales. Balance de energía en superficie: variaciones latitudinales. Ciclos diurno, estacional y anual. Transporte de energía latitudinal.
51. La circulación general de la atmósfera. Estructura media observada: Modelo tricelular. Variaciones estacionales y asimetrías zonales de la circulación tricelular. Balance de momento angular en el sistema tierra-atmósfera. Mecanismo de intercambio de momento angular.
52. La circulación general de los océanos. Corrientes oceánicas. Transporte de Ekman. Circulación termohalina. El hielo marino y su papel en la circulación termohalina.
53. El ciclo hidrológico. Ecuación general del balance hídrico. Evaporación y transpiración. Balance hídrico en superficie: variaciones latitudinales.
54. El ciclo del carbono. Ciclos geológico y biológico. Balance de concentraciones de CO2en la atmósfera. Principales fuentes o sumideros de CO2.
55. Modelos climáticos: concepto y objetivo. Jerarquía de modelos. Modelos climáticos globales: modelos acoplados y modelos del sistema tierra. Ecuaciones fundamentales. Parametrizaciones.
56. Forzamiento radiativo. Temperatura efectiva. Efecto invernadero. Sensibilidad del sistema climático ante forzamientos radiativos. Interacciones y procesos de retroalimentación en el sistema climático.
57. Variabilidad interanual del clima. Interacciones océano-atmósfera I: Caracterización de los episodios ENSO. Retroalimentación de Bjerknes. Interacciones océano-atmósfera II: Caracterización de los episodios NAO y PDO.
58. Causas externas naturales de los cambios climáticos. Parámetros orbitales: Ciclos de Milankovich. Variaciones de la potencia solar. Erupciones volcánicas y su impacto en el sistema climático.
59. Causas externas antropogénicas de los cambios climáticos. Gases de efecto invernadero: Potencial de calentamiento global. Intensificación del efecto invernadero. Aerosoles de origen antropogénico. Modificación de la superficie por usos del suelo. Evolución y comparación de forzamientos radiativos naturales y antropogénicos.
1. Sistema operativo Windows. Sistemas operativos de la familia Linux. Gestión de ficheros, directorios y permisos. Variables de entorno. Intérpretes de comandos (shells) y Comandos principales. Programación con shell scripts.
2. Lenguajes de programación. Lenguajes compilados e interpretados. Programación orientada a objetos.
3. Lenguajes de programación para cálculo computacional: Fortran, Python y R. Estructuras de datos. Herramientas de control de flujo. Entrada y salida. Funciones. Librerías. Manejo de errores.
4. Tecnologías web. Lenguaje de marcado de hipertexto (HTML). Conceptos y estructura básica de un documento HTML. Lenguajes de script: Javascript. Estructuras de datos. Herramientas de control de flujo. Funciones. Manejo de errores.
5. Concepto de bases de datos: Principales componentes de un entorno de bases de datos. Sistemas de gestión de bases de datos (Relacionales; Orientados a objetos; NoSQL): Características y elementos constitutivos.
6. Estructuras de datos. Tablas, listas y árboles. Algoritmos: Ordenación, Búsqueda, Recursión, Grafos. Organizaciones de ficheros.
7. Redes locales. Tipología. Medios de transmisión. Métodos de acceso. El modelo de referencia de interconexión de sistemas abiertos (OSI) de ISO. Arquitectura. Capas, interfaces y protocolos. Protocolos TCP/IP.
8. Sistemas de Información Geográfica (SIG). Estructura de datos. Organización de la información geográfica en los SIG. Estructuras de datos de raster y vectoriales. Bases de datos espaciales y bases de datos temáticos. Análisis y modelización espacial.
9. La red Internet: Arquitectura de red. Principios de funcionamiento. Servicios: Evolución, estado actual y tendencias.
10. La seguridad en redes. Control de accesos. Técnicas criptográficas. Mecanismos de firma digital. Intrusiones. Cortafuegos. Redes privadas virtuales (VPN).
1. El Régimen jurídico del personal al servicio de las Administraciones públicas. El texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y otras normas: Tipos de empleados públicos y derechos y deberes del personal al servicio de la Administración Pública. Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
2. La Administración Pública: principios constitucionales. La Administración General del Estado. Organización central y periférica.
3. Procedimiento administrativo: principios generales. La estructura del procedimiento: iniciación, ordenación, instrucción y terminación.
4. Los contratos del Sector Público. Ámbito subjetivo y objetivo de aplicación de la legislación de contratación del sector público. Delimitación de los tipos contractuales. Órganos competentes para su celebración.
5. La gobernanza pública y el gobierno abierto. Concepto y principios informadores del gobierno abierto: colaboración, participación, transparencia y rendición de cuentas. Datos abiertos y reutilización. El marco jurídico y los planes de gobierno abierto en España. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
6. Políticas de Igualdad de Género. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres. Políticas contra la violencia de género. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Régimen jurídico de la Dependencia. La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
Para la modalidad acreditación de conocimiento de inglés mediante titulación se tendrán en cuenta exclusivamente las titulaciones que se listan a continuación, conforme al baremo establecido en las bases y siguiendo el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas:
– Escuela Oficial de Idiomas:
• Certificación de superación de prueba Nivel Intermedio B2: B2.
• Certificación de superación de prueba Nivel Avanzado C1: C1.
• Certificación de superación de prueba Nivel Avanzado C2: C2.
– Certificados de Cambridge University:
• First Certificate of English: B2.
• Advanced: C1.
• Proficiency: C2.
• Linguaskill B2: B2.
• Linguaskill C1: C1.
• IELTS (International English Language Testing System). Calificación total 5,5- 6,5: B2.
• IELTS (International English Language Testing System). Calificación total 7-8: C1.
• IELTS (International English Language Testing System). Calificación total 8,5-9: C2.
– Education Testing Service (ETS):
• TOEFL Ibt (siempre y cuando se respete el plazo de vigencia del título), Calificación total 72-94: B2.
• TOEFL Ibt (siempre y cuando se respete el plazo de vigencia del título), Calificación total 95-120: C1.
• TOEIC (Test of English for International Communication), Calificación total en «listening and Reading» y «speaking and writing» entre 1095 y 1344, B2.
• TOEIC (Test of English for International Communication), Calificación total en «listening and Reading» y «speaking and writing» más o igual de 1345, C1.
– APTIS (four skills), certificación del British Council:
• Overall CEFR Grade B2, B2.
• Overall CEFR Grade C, C1.
• Aptis advanced: overall CEFR B2, B2.
• Aptis advanced: overall CEFR C1, C1.
– Capman Testing Solutions 360 LPT (Language Proficiency Test) Four Skills:
• Certificado C1, C1.
• Certificado B2, B2.
– Oxford Test of English B: Certificado B2, B2.
– Certificat de Compétences en Langues de l’Enseignement Sup’erieur (CLES), Inglés:
• CLES 2, B2.
• CLES 3, C1.
– The European Language Certificates (TELC):
• TELC B2, B2.
• TELC C1, C1.
– University of Michigan (Cambridge Michigan Language Assessments):
• Certificate of Competency in English (ECCE), B2.
• Certificate of Proficiency in English (ECPE), C2.
– Trinity College de Londres:
• Integrated Skills in English II, B2.
• Integrated Skills in English III, C1.
• Integrated Skills in English IV, C2.
– London Test of English (LTE):
• Nivel 3, B2.
• Nivel 4, C1.
• Nivel 5, C2.
– Pearson Test of English:
• General, Level 3, B2.
• General, Level 4, C1.
• General, Level 5, C2.
• Edexcel certificate in ESOL International, Level 1, B2.
• Edexcel certificate in ESOL International, Level 2, C1.
• Edexcel certificate in ESOL International, Level 3, C2.
– Learning Resource Network:
• Certificate in ESOL International Four skills, LRN Level 1, B2.
• Certificate in ESOL International Four skills, LRN Level 2, C1.
• Certificate in ESOL International Four skills, LRN Level 3, C2.
• IELCA General CEF B2, B2.
• IELCA General CEF C1, C1.
• IELCA General CEF C2, C2.
– Anglia ESOL Examinations General:
• Advanced, B2.
• AcCEPT/Proficiency, C1.
• Masters, C2.
– LanguageCert International ESOL:
• Communicator B2, B2.
• Expert C1, C1.
• Mastery C2, C2.
Tribunal titular:
Presidente: José Antonio López Diaz, Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado.
Secretaria: Lidia Cristina Escudero Fernández, Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado.
Vocales:
Arcadio Blasco Loudeiro, Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado.
Carmen Pérez Soria, Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.
Juan Carlos Sanz Nuño, Cuerpo Profesores Titulares de Universidad.
Tribunal suplente:
Presidenta: Niobe Peinado Galán, Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado.
Secretario: Miguel Ángel Iniesta Molina, Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos.
Vocales:
Estrella Gutiérrez Marco,Cuerpo Romero de Meteorólogos del Estado.
Silvia González Gómez, Escala de Titulados Superiores del INSHT.
Juan Francisco Alcaide Jiménez, Escala de Técnicos Superiores Especializados de Organismos Públicos de Investigación.
El Tribunal podrá disponer la incorporación de asesores especialistas para las pruebas de idiomas.
Este apartado se rellenará según lo establecido en la solicitud de admisión a pruebas selectivas en la Administración Pública y liquidación de tasas de derechos de examen (modelo 790) y en las siguientes instrucciones particulares.
En el recuadro «Centro Gestor», se consignará «Subsecretaria del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico».
En el recuadro 15, «Cuerpo o Escala», se consignará «Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado», código 1400.
En el recuadro 16, «Especialidad, área o asignatura», se dejará en blanco.
En el recuadro 17, «Forma de acceso», se consignará la letra «L» para los aspirantes de acceso libre y la letra «P» para los que participen por promoción interna.
En el recuadro 18, «Ministerio/Órgano/Entidad convocante», se consignará «Subsecretaria del Ministerio para la Tr | Funcionarios y Personal |
BOE-A-2023-18989 | Conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, modificado por la Ley Orgánica 1/2000, de 7 de enero, esta Secretaría General dispone la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del Acuerdo que se transcribe como anexo a la presente resolución.
Madrid, 14 de julio de 2023.–La Secretaria General de Coordinación Territorial, Miryam Sánchez Santana.
La Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía ha adoptado el siguiente acuerdo:
1. Iniciar negociaciones para resolver las discrepancias manifestadas en relación con los artículos 17, 29, 52, la disposición transitoria primera y la disposición final segunda de la Ley 3/2023, de 30 de marzo, de Economía Circular de Andalucía.
2. Designar un grupo de trabajo para proponer a la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias la solución que proceda.
3. Comunicar este Acuerdo al Tribunal Constitucional a los efectos previstos en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, así como insertar el presente Acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado» y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
La Ministra de Política Territorial, Isabel Ruiz Vidal.–El Consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz Cabello. | Judicial |
BOE-A-2024-27104 | En el «Boletín Oficial de la Provincia de Burgos» número 233, de 4 de diciembre de 2024, se han publicado las bases que han de regir la convocatoria para proveer:
Una plaza de Auxiliar Administrativo/a de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de concurso, en turno libre/estabilización.
Una plaza de Operario/a de servicios múltiples de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de concurso, en turno libre/estabilización.
Una plaza de Limpiador/a de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de concurso, en turno libre/estabilización.
Se ha publicado, asimismo, un extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 241, de 13 de diciembre de 2024.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en la forma prevista en las propias bases.
Valle de Valdebezana, 13 de diciembre de 2024.–El Alcalde, José Montero Fuentes Morales. | Funcionarios y Personal |
BOE-A-2023-12854 | A propuesta de la Ministra de Justicia en atención a las circunstancias excepcionales que concurren en don José Ruiz Castillo Reyes, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 29 de mayo de 2023,
Vengo en conceder la nacionalidad española por carta de naturaleza a don José Javier Álvarez Argüello, con vecindad civil de Derecho común.
Esta concesión producirá efectos con los requisitos, las condiciones y los plazos previstos en el Código Civil.
Dado en Madrid, el 29 de mayo de 2023. | Judicial |
BOE-A-2024-27203 | En el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» número 133, de 1 de noviembre de 2024, se han publicado las bases que han de regir la convocatoria para proveer:
Una plaza de Arquitecto/a, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Técnica y clase Superior, mediante el sistema de oposición, en turno libre.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en la forma prevista en las propias bases.
Tuineje, 17 de diciembre de 2024.–La Alcaldesa, Candelaria Cano Velasco. | Funcionarios y Personal |
BOE-A-2022-1873 | Advertido error en la inserción de la Resolución de 19 de enero de 2022, del Ayuntamiento de Torrelavega (Cantabria), referente a la convocatoria para proveer varias plazas de Bombero, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 20, de 24 de enero de 2022, se procede a su rectificación:
En la página 9225, se elimina el tercer párrafo donde dice: «Se abre un nuevo plazo de presentación de instancias de veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación de esta resolución en el "Boletín Oficial del Estado"».
Torrelavega, 28 de enero de 2022.–El Alcalde, Javier García Suárez. | Funcionarios y Personal |
BOE-A-2022-21504 | En el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» número 234, de 9 de diciembre de 2022, se han publicado íntegramente las bases específicas que han de regir la convocatoria para proveer:
Tres plazas de Auxiliar de Administración General, pertenecientes al grupo de clasificación C, subgrupo C2, mediante el sistema de concurso-oposición. Una plaza en turno libre y dos plazas en turno de reserva para personal con discapacidad física igual o superior al 33 por ciento.
Una plaza de Ingeniero Superior, perteneciente a la escala de Administración Especial, grupo de clasificación A, subgrupo A1, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.
Una plaza de Técnico Superior Servicio SIAD, perteneciente a la escala de Administración Especial, grupo de clasificación A, subgrupo A1, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.
Una plaza de Técnico de Desarrollo Local, perteneciente al grupo de clasificación A, subgrupo A2, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.
Una plaza de Auxiliar de Equipamientos Educativos (Conserje), perteneciente al grupo de clasificación E –agrupaciones profesionales–, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la última publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya».
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en el tablero electrónico de edictos de la Corporación y en la web municipal.
Banyoles, 9 de diciembre de 2022.–El Alcalde, Miquel Gallego Ramos. | Funcionarios y Personal |
BOE-A-2022-14406 | Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que ha juzgado el concurso, para la provisión de una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento de «Biblioteconomía y Documentación», convocada por Resolución de la Universidad de Salamanca de fecha 4 de abril de 2022 (BOE del 11), y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios,
Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y en el art. 66 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud, nombrar a don Críspulo Pascual Márquez con DNI número ****3783*, Profesor Titular de Universidad de la Universidad de Salamanca, en el área de conocimiento de «Biblioteconomía y Documentación», adscrito a la Facultad de Traducción y Documentación, en la plaza código G069/D16915.
En el plazo máximo de veinte días, a contar desde el día siguiente al de la publicación del nombramiento en el «Boletín Oficial del Estado», el candidato propuesto deberá tomar posesión de su destino.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Salamanca, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su notificación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso-Administrativa. Potestativamente, podrá interponer Recurso de Reposición ante el Rector, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, en virtud de lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE. n.º 236, de 2 de octubre de 2015). En este caso, no podrá interponer el Recurso Contencioso-Administrativo, antes mencionado, hasta que haya sido resuelto expresamente, o se haya producido la desestimación presunta del de Reposición.
Salamanca, 27 de julio de 2022.–El Rector, P.D. (Resolución de 7 de febrero de 2022), el Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, David Díez Martín. | Funcionarios y Personal |
BOE-A-2022-20056 | Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
Este Ministerio acuerda anunciar la convocatoria para la provisión, por el sistema de libre designación, de los puestos de trabajo que se relacionan en el anexo I de esta resolución, y que figuran en la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento, aprobada por la Resolución de la CECIR del día 10 de abril de 1997 y publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 20 de enero de 1998, con arreglo a las siguientes bases:
Los puestos de trabajo ofertados podrán ser solicitados por los funcionarios que reúnan los requisitos establecidos para el desempeño de los mismos.
Las solicitudes se presentarán en el modelo de solicitud que figura como anexo II y se dirigirán en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial del Estado», al Sr. Subsecretario de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, plaza del Marqués de Salamanca, número 8, Madrid. Las solicitudes y documentos que se envíen electrónicamente se encaminarán al código DIR3 «T00601795». En el caso de que se envíen a través del Registro Electrónico Común o a través de GEISER desde fuera del MAUC se encaminarán al código «EA0033991 Subdirección General de Personal» especificando en el asunto que va dirigido al órgano interno cuyo código es T00601795 Servicio de Personal Funcionario Interior.
Junto con las solicitudes los aspirantes acompañarán sucurriculum vitae, en el que consten los títulos académicos, años de servicio, puestos de trabajo desempeñados en la Administración, estudios y cursos realizados y otros méritos que se estime oportuno poner de manifiesto y harán constar detalladamente las características del puesto que vinieran desempeñando. Los conocimientos de idiomas deberán justificarse aportando copia de los títulos y/o certificados que acrediten el nivel alcanzado.
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir de su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de su Comunidad (o provincia, en su caso) o del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a su elección, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 10.1.i) y 14.1.segunda de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, o, potestativamente y con carácter previo, recurso administrativo de reposición, en el plazo de un mes ante el mismo órgano que la dictó.
Madrid, 24 de noviembre de 2022.–El Subsecretario de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Luis Pascual Cuesta Civís. | Funcionarios y Personal |
BOE-A-2022-16240 | Por Resolución del Excmo. y Magfco. Sr. Rector, de fecha 23 de septiembre de 2022, se ha dispuesto lo siguiente:
«En virtud del concurso convocado por Resolución de 21 de junio de 2022 (BOE de 29 de junio de 2022), y de conformidad con las propuestas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados concursos.
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar en el cuerpo de profesores titulares de universidad de la Universidad Miguel Hernández de Elche a:
Doña Carmen Flores Muriana, con documento nacional de identidad número ***6936**, en el área de conocimiento de Dibujo.
Don Francisco Javier Esteban Mozo, con documento nacional de identidad número ***0650**, en el área de conocimiento de Toxicología.
Contra el presente acto, que agota la vía administrativa, puede interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Elche, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
No obstante, las personas interesadas podrán interponer un recurso de reposición ante el Rector en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación; en este caso no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo mencionado en el párrafo anterior hasta que no recaiga resolución expresa o presunta del recurso de reposición, de acuerdo con los artículos 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.»
Elche, 23 de septiembre de 2022.–El Rector, P.D. (Resolución de 12 de febrero de 2021), el Vicerrector de Profesorado, José Castro Ibáñez Arias. | Funcionarios y Personal |
BOE-A-2022-7315 | 1115200.
CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL.
Nueva York, 15 de noviembre de 2000. BOE: 29-9-2003, N.º 233.
UCRANIA.
4-3-2022 NOTIFICACIÓN DE COMUNICACIÓN.
COMUNICACIÓN:
«... Ucrania no estará en condiciones de garantizar el pleno cumplimiento de sus obligaciones [en virtud de la mencionada Convención] a raíz de la agresión armada de la Federación de Rusia y la declaración de la ley marcial, mientras no cese el ataque a su soberanía, su integridad territorial y su inviolabilidad.»
– NIT 20001115201.
PROTOCOLO PARA PREVENIR, REPRIMIR Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS, ESPECIALMENTE MUJERES Y NIÑOS, QUE COMPLETA LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL.
Nueva York, 15 de noviembre de 2000. BOE: 11-12-2003, N.º 296.
UCRANIA.
4-3-2022 NOTIFICACIÓN DE COMUNICACIÓN.
COMUNICACIÓN:
«... Ucrania no estará en condiciones de garantizar el pleno cumplimiento de sus obligaciones [en virtud del mencionado Protocolo] a raíz de la agresión armada de la Federación de Rusia y la declaración de la ley marcial, mientras no cese el ataque a su soberanía, su integridad territorial y su inviolabilidad.»
– NITI 20001115202.
PROTOCOLO CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES POR TIERRA, MAR Y AIRE QUE COMPLEMENTA LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL.
Nueva York, 15 de noviembre de 2000. BOE: 10-12-2003, N.º 295.
UCRANIA.
4-3-2022 NOTIFICACIÓN DE COMUNICACIÓN.
COMUNICACIÓN:
«... Ucrania no estará en condiciones de garantizar el pleno cumplimiento de sus obligaciones [en virtud del mencionado Protocolo] a raíz de la agresión armada de la Federación de Rusia y la declaración de la ley marcial, mientras no cese el ataque a su soberanía, su integridad territorial y su inviolabilidad.»
– NITI 20011108201.
SEGUNDO PROTOCOLO ADICIONAL AL CONVENIO EUROPEO DE ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL.
Estrasburgo, 8 de noviembre de 2001. BOE: 1-6-2018, N.º 133.
LETONIA.
23-12-2021 NOTIFICACIÓN DE DECLARACIONES.
DECLARACIONES:
«De conformidad con el artículo 24 del Convenio europeo de asistencia judicial en materia penal, hecho en Estrasburgo el 20 de abril de 1959, modificado por el artículo 6 del Segundo Protocolo Adicional al Convenio europeo de asistencia judicial en materia penal, hecho en Estrasburgo el 8 de noviembre de 2001, la República de Letonia, como Estado miembro de la Unión Europea, participante en la cooperación reforzada para el establecimiento de la Fiscalía Europea, declara que esta, en el ejercicio de sus competencias previstas en los artículos 22, 23 y 25 del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, se considerará autoridad judicial a los efectos del cursado de solicitudes de asistencia de conformidad con el Convenio y sus protocolos, así como a efectos de proporcionar información o pruebas que la Fiscalía haya obtenido anteriormente o pueda obtener tras iniciarse una investigación en su ámbito de competencia. La Fiscalía también se considerará la autoridad judicial a efectos de la recepción de información de conformidad con los artículos 22, 23 y 25 del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo. La presente declaración tiene por objeto complementar las declaraciones anteriormente formuladas por la República de Letonia de conformidad con el artículo 24 del Convenio.
En referencia a la presente declaración formulada de conformidad con el artículo 24 del Convenio, la República de Letonia aprovecha la ocasión para interpretar los efectos jurídicos de la misma de la siguiente manera:
a) Cuando el Convenio o sus protocolos se refieren a la Parte requirente o la Parte requerida, en caso de solicitudes cursadas por la Fiscalía Europea o dirigidas a ella, se interpretará que lo hacen al Estado miembro de la UE del Fiscal Europeo Delegado competente, cuyas potestades y funciones se mencionan en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo.
b) Cuando el Convenio o sus protocolos se refieren al Derecho de la Parte requirente o de la Parte requerida, en caso de solicitudes cursadas por la Fiscalía Europea o dirigidas a ella, se interpretará que lo hacen al Derecho del Estado miembro de la UE del Fiscal Europeo Delegado competente, en la medida en que proceda de conformidad con el apartado 3 del artículo 5 del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo.
c) Cuando el Convenio o sus protocolos prevean la posibilidad de que una Parte formule declaraciones o reservas, aquellas formuladas por la República de Letonia se considerarán de aplicación en el caso de solicitudes cursadas por otra Parte ante la Fiscalía Europea cuando el Fiscal Europeo Delegado ubicado en la República de Letonia tenga la competencia de conformidad con el apartado 1 del artículo 13 del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo.
d) Como autoridad judicial requirente actuando de conformidad con el artículo 24 del Convenio modificado por el artículo 6 del Segundo Protocolo Adicional al Convenio, la Fiscalía Europea acatará cualesquiera condiciones o restricciones de uso de la información y de las pruebas obtenidas que la Parte requerida imponga conforme al Convenio y sus protocolos.
e) Las obligaciones impuestas a la Parte requirente en virtud del artículo 12 del Convenio también serán vinculantes para las autoridades judiciales de los Estados miembros de la UE del Fiscal Europeo Delegado competente. Se aplicará el mismo principio en el caso de obligaciones de la Parte requirente en virtud del artículo 11 del Convenio respecto del Estado miembro del Fiscal Europeo Delegado competente de conformidad con el apartado 1 del artículo 13 del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo.
De conformidad con el artículo 15 del Convenio europeo de asistencia judicial en materia penal, hecho en Estrasburgo el 20 de abril de 1959, modificado por el artículo 4 del Segundo Protocolo Adicional al Convenio europeo de asistencia judicial en materia penal, hecho en Estrasburgo el 8 de noviembre de 2001, la República de Letonia declara que las solicitudes de asistencia a la Fiscalía Europea, así como la información proporcionada por la Parte Contratante de conformidad con el artículo 21 del Convenio deberán dirigirse directamente a la Fiscalía Europea y la declaración formulada de conformidad con el párrafo 6 del artículo 15 del Convenio no se aplicará en el caso de la Fiscalía Europea. Las solicitudes de asistencia se dirigirán a la oficina central de la Fiscalía Europea o a la sede del Fiscal Europeo Delegado de dicho Estado. La Fiscalía Europea, remitirá, si procede, dicha solicitud a las autoridades nacionales competentes si no tiene competencia en un caso particular o no va a ejercerla.
De conformidad con el párrafo 6 del artículo 15 del Convenio europeo de asistencia judicial en materia penal, hecho en Estrasburgo el 20 de abril de 1959, modificado por el artículo 4 del Segundo Protocolo Adicional al Convenio europeo de asistencia judicial en materia penal, hecho en Estrasburgo el 8 de noviembre de 2001, la República de Letonia declara que las solicitudes de asistencia deberán cursarse a través de:
Policía Nacional de la República de Letonia – durante las diligencias penales previas a la celebración del juicio hasta el inicio del enjuiciamiento penal.
Čiekirkalna 1stline 1, k-4.
Riga, LV-1026, Letonia.
Teléfono: +371 67075333.
Correo electrónico: pasts@vp.gov.lv
Sitio web: https://www.vp.gov.lv/en
Fiscalía General – durante las diligencias penales previas a la celebración del juicio.
O. Kalpaka blvd 6.
Riga, LV – 1801, Letonia.
Teléfono: +371 67044400.
Correo electrónico pasts@lrp.gov.lv
Sitio web: http://www.prokuratura.gov.lv/en
Ministerio de Justicia – durante el juicio.
Brivibas blvd 36.
Riga, LV – 1536, Letonia.
Teléfono: +371 67036802.
Correo electrónico: pasts@tm.gov.lv
Fax: + 371 67210823.
Sitio web: https://www.tm.gov.lv/en»
SUIZA.
4-2-2022 NOTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN.
DECLARACIÓN:
«La Representación Permanente de Suiza ante el Consejo de Europa saluda a la Secretaria General del Consejo de Europa y, refiriéndose a las notificaciones de declaraciones JJ9199C, Tr./030-136 Tr./099-69 Tr./182-95, JJ9180C revisada, Tr./030-132 T r./099-65 Tr./182-90, JJ9184C revisada, Tr./030-133 Tr./099-66 Tr./182-91, JJ9204C, Tr./030-137 Tr./099-70 Tr./182-96, JJ9238C, Tr./030-143 Tr./099-76 Tr./182-103, JJ9273C, Tr./030- 144 Tr./099-77 Tr./182-104, JJ9213C, Tr./030-139 Tr./099-72 Tr./182-98, JJ9234C, Tr./030- 141 Tr./099-74 Tr./182-100, JJ9190C, Tr./030-134 Tr./099-67 Tr./182-93, JJ9216C, Tr./030- 140 Tr./099-73 Tr./182-99, JJ9194C, Tr./030-135 Tr./099-68 Tr./182-94, JJ9212C, Tr./030-138 Tr./099-71 Tr./182-97, JJ9285C, Tr./030-146 Tr./099-78 Tr./182-105 y JJ9304C, Tr./030-147 Tr./099-79 Tr./182-107, tiene el honor de comunicarle lo siguiente:
El Consejo Federal Suizo ha examinado las declaraciones relativas al artículo 24 del Convenio Europeo de asistencia judicial en materia penal de 20 de abril de 1959, modificado por el artículo 6 del Segundo Protocolo adicional al Convenio de 8 de noviembre de 2001 formuladas por Alemania, Austria, Bélgica, Finlandia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, República Eslovaca, República Checa, Rumanía y Eslovenia. Dichos Estados declaran que la Fiscalía Europea, en el ejercicio de sus competencias, previstas en los artículos 22, 23 y 25 del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, se considerará como autoridad judicial a efectos de transmitir solicitudes de asistencia judicial de conformidad con el Convenio y sus protocolos, así como de proporcionar, a solicitud de otra Parte contratante con arreglo al Convenio y sus protocolos, información o pruebas que hubiera obtenido o pudiera obtener dicha Fiscalía Europea a resultas de la apertura de una investigación en su ámbito de competencia. Dichos Estados declaran asimismo que la Fiscalía Europea se considerará también como autoridad judicial a efectos de recibir información con arreglo al artículo 21 del Convenio, en relación con los delitos de su competencia, como se prevé en los artículos 22, 23 y 25 del Reglamento del Consejo (UE) 2017/1939. Dichas declaraciones completan las declaraciones anteriores de conformidad con el artículo 24 del Convenio.
El Consejo Federal Suizo considera que el Convenio Europeo de asistencia judicial en materia penal, modificado por el Segundo Protocolo adicional, permite a los Estados Partes notificar como autoridades judiciales en virtud del Convenio y sus protocolos adicionales únicamente a sus propias autoridades judiciales. La Fiscalía Europea no es una autoridad judicial de un Estado Parte, sino un órgano de la Unión Europea con personalidad jurídica y competencias judiciales propias. En consecuencia, Suiza considera que las declaraciones de los mencionados Estados, así como las declaraciones idénticas o similares que pudieran formular otros Estados que participen en la Fiscalía Europea, no son conformes al Convenio y no se le pueden imponer. Así pues, la colaboración entre las autoridades suizas y la Fiscalía Europea no podrá producirse sobre la base del Convenio y sus protocolos adicionales. Las solicitudes de la Fiscalía Europea a las autoridades suizas se examinarán a la luz de la legislación interna suiza.
Suiza celebra y apoya los trabajos del Consejo de Europa dirigidos a elaborar un instrumento vinculante que dote de una base de Derecho internacional a la cooperación en materia penal con la Fiscalía Europea.»
ITALIA.
25-2-2022 NOTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN CON EFECTOS DESDE EL 15-4-2021.
DECLARACIONES:
«De conformidad con el artículo 24 del Convenio, modificado por el artículo 6 del Segundo Protocolo Adicional al Convenio, la República Italiana, en condición de Estado miembro de la Unión Europea participante en la cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea, declara que la Fiscalía Europea, en el ejercicio de sus competencias previstas en los artículos 22, 23 y 25 del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, se considerará como autoridad judicial a efectos de transmitir solicitudes de asistencia judicial de conformidad con el Convenio y sus protocolos, así como de proporcionar, a solicitud de otra Parte contratante con arreglo al Convenio y sus protocolos, información o pruebas que hubiera obtenido o pudiera obtener dicha Fiscalía Europea a resultas de la apertura de una investigación en su ámbito de competencia. La Fiscalía Europea se considerará también como autoridad judicial a efectos de recibir información con arreglo al artículo 21 del Convenio, en relación con los delitos de su competencia, como se prevé en los artículos 22, 23 y 25 del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo. La presente declaración completa las declaraciones anteriores realizadas por la República Italiana de conformidad con el artículo 24 del Convenio.
En cuanto a esta declaración realizada de conformidad con el artículo 24 del Convenio, la República Italiana aprovecha la ocasión para interpretar los efectos jurídicos de esta declaración de la manera siguiente:
a) Cuando el Convenio o sus protocolos se refieran a la Parte requirente o a la Parte requerida, se deberá interpretar, en el caso de las solicitudes procedentes o dirigidas a la Fiscalía Europea, que hacen referencia al Estado miembro de la UE del Fiscal Europeo Delegado competente a cuyas potestades y funciones se refiere el artículo 13 del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo.
b) Cuando el Convenio o sus protocolos se refieran a la legislación de la Parte requirente o de la Parte requerida, se deberá interpretar, en el caso de las solicitudes procedentes o dirigidas a la Fiscalía Europea, que hacen referencia a la legislación de la Unión, en particular al Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, así como a la legislación nacional del Estado miembro de la UE del Fiscal Europeo Delegado competente cuando sea aplicable con arreglo al apartado 3 del artículo 5 del citado Reglamento.
c) Cuando el Convenio o sus protocolos prevean la posibilidad de que una Parte haga declaraciones o reservas, todas esas declaraciones y reservas hechas por la República Italiana se considerarán aplicables en caso de solicitudes realizadas por otra Parte a la Fiscalía Europea cada vez que un fiscal europeo delegado que se encuentre en la República Italiana sea competente de conformidad con el artículo 13.1 del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo.
d) En su condición de autoridad judicial requirente que actúa con arreglo al artículo 24 del Convenio, modificado por el artículo 6 del Segundo Protocolo adicional al Convenio, la Fiscalía Europea respetará las condiciones o restricciones de uso de la información y de las pruebas obtenidas que pueda imponer la Parte requerida en virtud del Convenio y sus protocolos.
e) Las obligaciones impuestas a la Parte requirente por el artículo 12 del Convenio vincularán igualmente a las autoridades judiciales del Estado miembro de la Unión Europea del Fiscal Europeo Delegado competente. Ocurre lo mismo con las obligaciones de la Parte requirente previstas en el artículo 11 del Convenio, modificado por el artículo 3 del Segundo Protocolo adicional, y en virtud de los artículos 13, 14 y 23 del Segundo Protocolo adicional en relación con el Estado miembro del Fiscal Europeo Delegado competente con arreglo al apartado 1 del artículo 13 del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo.
De conformidad con el artículo 15 del Convenio, modificado por el artículo 4 del Segundo Protocolo adicional al Convenio, la República Italiana declara que las solicitudes de asistencia judicial dirigidas a la Fiscalía Europea así como la información proporcionada por una Parte contratante de conformidad con el artículo 21 del Convenio deberán dirigirse directamente a la Fiscalía Europea, y que la declaración hecha en virtud del artículo 15 del Convenio modificado por el artículo 4 del Segundo Protocolo adicional al Convenio no se aplicará en el caso de la Fiscalía Europea. Las solicitudes de asistencia judicial se dirigirán bien a la Oficina Central de la Fiscalía Europea, bien a la Oficina o las oficinas del Fiscal Europeo Delegado de dicho Estado miembro. La Fiscalía Europea transmitirá, en su caso, dicha solicitud a las autoridades nacionales competentes si la Fiscalía Europea no tiene competencias o no las ejerce en un caso concreto.
De conformidad con el artículo 15 del Convenio, modificado por el artículo 4 del Segundo Protocolo adicional al Convenio, la República Italiana declara asimismo que las solicitudes con arreglo al artículo 11 del Convenio, modificado por el artículo 3 del Segundo Protocolo adicional, así como a los artículos 13 y 14 del Segundo Protocolo adicional en lo que remiten al citado artículo 11, transmitidas por uno de los fiscales europeos delegados en dicho Estado miembro de la UE, serán transmitidas por el Ministerio de Justicia de dicho Estado.
De conformidad con el párrafo 2 del artículo 33 del Segundo Protocolo adicional, la República Italiana declara que, cuando un equipo conjunto de investigación previsto en el artículo 20 de dicho Protocolo vaya a actuar en el territorio de la República Italiana, la Fiscalía Europea solo podrá actuar en condición de «autoridad competente» con arreglo al artículo 20 de dicho Protocolo y de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo y el Derecho nacional aplicable.»
BULGARIA.
10-3-2022 NOTIFICACIÓN DE DECLARACIONES COM EFECTOS DESDE EL 11-3-2022.
DECLARACIONES:
«De conformidad con el artículo 11 del Convenio, modificado por el artículo 3 del Segundo Protocolo Adicional al mismo, la República de Bulgaria declara que las solicitudes presentadas, con arreglo a dicho artículo y de conformidad con los artículos 13 y 14 del Segundo Protocolo adicional al Convenio, por un fiscal europeo delegado en un Estado miembro de la Unión Europea serán transmitidas a las autoridades designadas por la República de Bulgaria en la declaración realizada en virtud del apartado b) del párrafo 8 del artículo 15 del Convenio, como se indica en el artículo 4 del Segundo Protocolo adicional.
De conformidad con el artículo 15 del Convenio, modificado por el artículo 4 del Segundo Protocolo adicional al Convenio, la República de Bulgaria declara que las solicitudes de asistencia judicial dirigidas a la Fiscalía Europea y toda denuncia cursada por una Parte Contratante de conformidad con el artículo 21 del Convenio deberán dirigirse directamente a la Fiscalía Europea. Las solicitudes de asistencia judicial se dirigirán, bien a la oficina central de la Fiscalía Europea, bien al fiscal europeo delegado de dicho Estado miembro. La Fiscalía Europea transmitirá, en su caso, dicha solicitud a las autoridades nacionales competentes si la Fiscalía Europea no tiene competencias o no las ejerce en un caso concreto.
En la declaración en virtud del párrafo 6 del artículo 15 del Convenio Europeo de asistencia judicial en materia penal, y tal y como se indica en el artículo 4 del Segundo Protocolo adicional, se añade una coma al final, y a continuación el texto siguiente: «teniendo en cuenta que la presente orden no es aplicable en el caso de la Fiscalía Europea».
En la declaración en virtud del apartado b) del párrafo 8 del artículo 15 del Convenio Europeo de asistencia judicial en materia penal, y tal y como se indica en el artículo 4 del Segundo Protocolo adicional, se añade una coma al final, y a continuación el texto siguiente: «teniendo en cuenta que la presente orden no es aplicable en el caso de la Fiscalía Europea».
[Nota de la Secretaría: las dos declaraciones mencionadas quedan, pues, así:
«De conformidad con el párrafo 6 del artículo 15 del Convenio Europeo de asistencia judicial en materia penal, en la formulación recogida en el artículo 4 del Segundo Protocolo adicional, la República de Bulgaria establece que los tribunales que han emitido condenas serán las autoridades competentes a las que se podrán dirigir las solicitudes de copias de dichas sentencias y demás medidas ulteriores a que se hace referencia en dicho el artículo 4, teniendo en cuenta que la presente orden no es aplicable en el caso de la Fiscalía Europea.»
«De conformidad con el apartado b) del párrafo 8 del artículo 15 del Convenio Europeo de asistencia judicial en materia penal, en la formulación recogida en el artículo 4 del Segundo Protocolo adicional, la República de Bulgaria declara que la ejecución de todas las solicitudes de asistencia judicial dependerá del cumplimiento de las condiciones de dicho apartado b). La autoridad central en virtud del apartado b), en el caso de las solicitudes de asistencia judicial durante los procedimientos previos al juicio, será la Oficina del Fiscal del Tribunal Supremo de Casación y, en cuanto a las demás solicitudes de asistencia judicial en virtud del apartado b), el Ministerio de Justicia, teniendo en cuenta que la presente orden no es aplicable en el caso de la Fiscalía Europea.»]
La República de Bulgaria, de conformidad con el artículo 24 del Convenio, modificado por el artículo 6 de su Segundo Protocolo adicional, en condición de Estado miembro de la Unión Europea participante en la cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea, declara asimismo que la Fiscalía Europea, en el ejercicio de sus competencias previstas en los artículos 22, 23 y 25 del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzara para la creación de la Fiscalía Europea, se considerará autoridad judicial a efectos de formular solicitudes de asistencia judicial de conformidad con el Convenio y sus protocolos, así como de proporcionar, a solicitud de otra Parte Contratante con arreglo al Convenio y sus protocolos, información o pruebas que hubiera obtenido o pudiera obtener dicha Fiscalía Europea a resultas de la apertura de una investigación en su ámbito de competencia. La Fiscalía Europea se considerará también autoridad judicial a efectos de recibir información con arreglo al artículo 21 del Convenio en relación con los delitos de su competencia, según lo previsto en los artículos 22, 23 y 25 del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo.
La República de Bulgaria aprovecha la ocasión para interpretar los efectos jurídicos de esta declaración de la manera siguiente:
Cuando el Convenio o sus protocolos se refieran a la Parte requirente o a la Parte requerida, se deberá interpretar, en el caso de las solicitudes procedentes de la Fiscalía Europea o dirigidas a ella, que hacen referencia al Estado miembro de la UE del fiscal europeo delegado competente a cuyas potestades y funciones se refiere el artículo 13 del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo.
Cuando el Convenio o sus protocolos se refieran a la legislación de la Parte requirente o de la Parte requerida, se deberá interpretar, en el caso de las solicitudes procedentes de la Fiscalía Europea o dirigidas a ella, que hacen referencia a la legislación de la Unión, en particular al Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, así como a la legislación nacional del Estado miembro de la Unión Europea del fiscal europeo delegado competente, en la medida aplicable conforme al apartado 3 del artículo 5 del citado Reglamento.
Todas las declaraciones y reservas hechas por la República de Bulgaria en virtud del Convenio y sus protocolos se considerarán aplicables en caso de solicitudes formuladas por otra Parte a la Fiscalía Europea cada vez que un fiscal europeo delegado que se encuentre en la República de Bulgaria sea competente de conformidad con el apartado 1 del artículo 13 del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo.
En su condición de autoridad judicial requirente que actúa con arreglo al artículo 24 del Convenio, modificado por el artículo 6 de su Segundo Protocolo adicional, la Fiscalía Europea respetará las condiciones o restricciones de uso de la información y de las pruebas obtenidas que pueda imponer la Parte requerida en virtud del Convenio y sus protocolos.
Las obligaciones impuestas a la Parte requirente por el artículo 12 del Convenio vincularán igualmente a las autoridades judiciales del Estado miembro de la Unión Europea al que pertenezca el fiscal europeo delegado competente. Ocurre lo mismo con las obligaciones de la Parte requirente dimanantes del artículo 11 del Convenio, modificado por el artículo 3 de su Segundo Protocolo adicional, y en virtud de los artículos 13, 14 y 23 de dicho Segundo Protocolo adicional en relación con el Estado miembro al que pertenezca el fiscal europeo delegado competente con arreglo al apartado 1 del artículo 13 del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo.
De conformidad con el párrafo 2 del artículo 33 del Segundo Protocolo adicional, y en conjunción con el artículo 20 de dicho Segundo Protocolo, la República de Bulgaria declara que, cuando un equipo conjunto de investigación previsto en el artículo 20 de dicho Protocolo vaya a actuar en el territorio de la República de Bulgaria, la Fiscalía Europea solo podrá actuar en condición de «autoridad competente» con arreglo al artículo 20 de dicho Protocolo cuando exista un acuerdo con las autoridades judiciales de la República de Bulgaria y de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo y el Derecho nacional aplicable.»
– NITI 20030128200.
PROTOCOLO ADICIONAL AL CONVENIO SOBRE LA CIBERDELINCUENCIA RELATIVO A LA PENALIZACIÓN DE ACTOS DE ÍNDOLE RACISTA Y XENÓFOBA COMETIDOS POR MEDIO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS.
Estrasburgo, 28 de enero de 2003. BOE: 30-1-2015, N.º 26 Y 28-2-2015, N.º 51.
SUECIA.
28-4-2021 RATIFICACIÓN.
1-8-2021 ENTRADA EN VIGOR, con la siguiente reserva:
RESERVA:
«De conformidad con la letra a) del apartado 2 del artículo 6 del Protocolo Adicional al Convenio sobre la Ciberdelincuencia relativo a la penalización de actos de índole racista y xenófoba, Suecia declara que se reserva el derecho de exigir que la negación o la minimización burda a que se refiere el apartado 1 del artículo 6 se cometa con la intención de incitar al odio, la discriminación o la violencia contra cualquier persona o grupo de personas, por razón de la raza, el color, la ascendencia o el origen nacional o étnico, así como de la religión, en la medida en que esta se utilice como pretexto para cualquiera de esos factores se considere delito en su legislación nacional.»
– NITI 20031031200.
CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN.
Nueva York, 31 de octubre de 2003. BOE: 19-7-2006, N.º 171.
UCRANIA.
4-3-2022 NOTIFICACIÓN DE COMUNICACIÓN.
COMUNICACIÓN:
«... Ucrania no estará en condiciones de garantizar el pleno cumplimiento de sus obligaciones [en virtud de la mencionada Convención] a raíz de la agresión armada de la Federación de Rusia y la declaración de la ley marcial, mientras no cese el ataque a su soberanía, su integridad territorial y su inviolabilidad.»
– NITI 20050413200.
CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA REPRESIÓN DE LOS ACTOS DE TERRORISMO NUCLEAR.
Nueva York, 13 de abril de 2005. BOE: 19-6-2007, N.º 146.
UCRANIA.
4-3-2022 NOTIFICACIÓN DE COMUNICACIÓN.
COMUNICACIÓN:
«... Ucrania no estará en condiciones de garantizar el pleno cumplimiento de sus obligaciones [en virtud del mencionado Convenio] a raíz de la agresión armada de la Federación de Rusia y la declaración de la ley marcial, mientras no cese el ataque a su soberanía, su integridad territorial y su inviolabilidad.»
– NITI 20050516201.
CONVENIO DEL CONSEJO DE EUROPA PARA LA PREVENCION DEL TERRORISMO.
Varsovia, 16 de mayo de 2005. BOE: 16-10-2009, N.º 250.
BÉLGICA.
7-1-2022 RATIFICACIÓN.
1-5-2022 ENTRADA EN VIGOR, con la siguiente declaración y reserva:
DECLARACIÓN:
«Declaración interpretativa relativa al artículo 11.1 del Convenio:
El Gobierno belga interpreta que el apartado 1 del artículo 11 no impide que se impongan medidas de protección de la juventud con fines de asistencia a menores que hubieran cometido hechos correspondientes a los delitos a que se refieren los artículos 5 a 7 y 9 del presente Convenio, y que no menoscaban las garantías relativas a la asistencia específica a los menores, en particular a aquéllos a los que se refieren los artículos 37 y 40 de la Convención sobre los derechos del niño, hecha en Nueva York, el 20 de noviembre de 1989.»
RESERVA:
«Reserva relativa al artículo 20 del Convenio:
1. En circunstancias excepcionales, Bélgica se reserva el derecho a denegar la extradición por cualquier delito relacionado con los artículos 5 a 7 y 9 del Convenio que considere un delito político, un delito conexo a un delito político o un delito inspirado por móviles políticos.
2. En caso de aplicación del primer apartado, Bélgica recuerda que está obligada por el principio general del Derechoaut dedere aut judicare, teniendo en cuenta las normas de competencia de sus órganos jurisdiccionales.»
– NITI 20050516202.
CONVENIO RELATIVO AL BLANQUEO, SEGUIMIENTO, EMBARGO Y COMISO DE LOS PRODUCTOS DEL DELITO Y LA FINANCIACION DEL TERRORISMO.
Varsovia, 16 de mayo de 2005. BOE: 26-6-2010, N.º155.
RUSIA.
7-1-2022 NOTIFICACIÓN DE COMUNICACIÓN.
COMUNICACIÓN:
«Reafirmando su sólido compromiso con el respeto y la aplicación de los principios y normas del Derecho internacional reconocidos de forma general, la Federación de Rusia, en referencia a la declaración formulada por Ucrania el 16 de octubre de 2015 en relación al Convenio de 2005 relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito y a la financiación del terrorismo, declara lo siguiente:
La Federación de Rusia rechaza la citada declaración formulada por Ucrania y declara que no puede tenerse en cuenta puesto que no refleja la realidad y parte de la mala fe y una presentación e interpretación incorrectas de los hechos y el Derecho.
La Federación de Rusia no ejerce el control efectivo de «determinados distritos de los óblasts de Donetsk y Luhansk» y no es parte en el conflicto en el sudeste de Ucrania.
La declaración de independencia de la República de Crimea y su anexión voluntaria a la Federación de Rusia son el resultado de una expresión libre del deseo de la población de Crimea de conformidad con los principios democráticos, una forma legítima de ejercicio del derecho a la autodeterminación a la vista del golpe de estado que se produjo en Ucrania con ayuda del exterior y que provocó que elementos nacionalistas radicales no dudaran en utilizar el terror, la intimidación y el acoso contra sus oponentes políticos y la población de regiones enteras de Ucrania.
La Federación de Rusia rechaza cualquier intento de cuestionar el hecho objetivo de que la República de Crimea y la ciudad de Sebastopol son entidades constitutivas de la Federación de Rusia, cuyos territorios forman parte integrante del territorio de dicha Federación y están bajo su total soberanía. Por tanto, la Federación de Rusia reitera que está cumpliendo todas sus obligaciones internacionales en virtud del Convenio en relación a dicha parte de su territorio.»
– NITI 20100610201.
ENMIENDA AL ARTÍCULO 8 DEL ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL.
Kampala, 10 de junio de 2010. BOE: 24-12-2014, N.º 310.
SUECIA.
26-1-2022 ACEPTACIÓN.
26-1-2023 ENTRADA EN VIGOR.
ITALIA.
26-1-2022 RATIFICACIÓN.
26-1-2023 ENTRADA EN VIGOR.
– NITI 20100611200.
ENMIENDAS AL ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL RELATIVAS AL CRIMEN DE AGRESIÓN.
Kampala, 11 de junio de 2010. BOE: 24-12-2014, N.º 310.
SUECIA.
26-1-2022 ACEPTACIÓN.
26-1-2023 ENTRADA EN VIGOR.
ITALIA.
26-1-2022 RATIFICACIÓN.
26-1-2023 ENTRADA EN VIGOR.
– NITI 20110511200.
CONVENIO DEL CONSEJO DE EUROPA SOBRE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA VIOLENCIA DOMÉSTICA.
Estambul, 11 de mayo de 2011. BOE: N.º 137 de 6-6-2014.
REPÚBLICA DE MOLDAVIA.
31-1-2022 RATIFICACIÓN.
1-5-2022 ENTRADA EN VIGOR, con la siguiente reserva y declaración:
RESERVA:
«De conformidad con el apartado 2 del artículo 78 del Convenio, la República de Moldavia se reserva el derecho a no aplicar las disposiciones establecidas en el apartado 2 del artículo 30, y en el artículo 59. La reserva formulada tendrá validez durante cinco años, con arreglo a las disposiciones del apartado 1 del artículo 79 del Convenio.»
DECLARACIÓN:
«De conformidad con las disposiciones del artículo 77 del Convenio, la República de Moldavia declara que el Convenio solo se aplicará al territorio efectivamente controlado por sus autoridades hasta el total establecimiento de su integridad territorial.»
– NITI 20111028200.
CONVENIO DEL CONSEJO DE EUROPA SOBRE LA FALSIFICACIÓN DE PRODUCTOS MÉDICOS Y DELITOS SIMILARES QUE SUPONGAN UNA AMENAZA PARA LA SALUD PÚBLICA.
Moscú, 28 de octubre de 2011. BOE: 30-11-2015, N.º 286.
NÍGER.
10-3-2022 RATIFICACIÓN.
1-7-2022 ENTRADA EN VIGOR.
E.E Derecho Administrativo.
– NITI 19851015200.
CARTA EUROPEA DE AUTONOMÍA LOCAL.
Estrasburgo, 15 de octubre de 1985. BOE: 24-2-1989.
RUSIA.
16-3-2022 EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN CM/RES(2022) 2 DEL CONSEJO DE EUROPA DONDE SE CESA A RUSIA COMO MIEMBRO DEL CONSEJO DE EUROPA.
F.A Generales.
– NITI 19960503201.
CARTA SOCIAL EUROPEA (REVISADA)
Estrasburgo, 3 de mayo de 1996. BOE: 11-6-2021, N.º 139.
RUSIA.
16-3-2022 EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN CM/RES(2022) 2 DEL CONSEJO DE EUROPA DONDE SE CESA A RUSIA COMO MIEMBRO DEL CONSEJO DE EUROPA.
FB Específicos.
– NITI 19520628200.
CONVENIO N.º 103 DE LA OIT RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD (REVISADO), 1952.
Ginebra, 28 de junio de 1952 BOE: 31-8-1966, N.º 208.
PANAMÁ
22-3-2022 RATIFICACIÓN.
22-3-2023 ENTRADA EN VIGOR.
– NITI 19520628201.
CONVENIO N.º 102 DE LA OIT RELATIVO A LAS NORMAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD SOCIAL.
Ginebra, 28-6-1952. BOE: 6-10-1988, N.º 240 y 8-4-1989, N.º 84.
SIERRA LEONA.
29-3-2022 RATIFICACIÓN.
29-3-2023 ENTRADA EN VIGOR.
– NITI 19690625200.
CONVENIO N.º 129 DE LA OIT, RELATIVO A LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO EN LA AGRICULTURA.
Ginebra, 25 de junio de 1969. BOE: 24-5-1972, N.º 124.
PANAMÁ
22-3-2022 RATIFICACIÓN.
22-3-2023 ENTRADA EN VIGOR.
– NITI 19730626200.
CONVENIO N.º 138 DE LA OIT SOBRE LA EDAD MÍNIMA DE ADMISIÓN AL EMPLEO.
Ginebra, 26 de junio de 1973. BOE: 8-5-1978, N.º 109.
BANGLADÉS.
22-3-2022 RATIFICACIÓN.
22-3-2023 ENTRADA EN VIGOR.
– NITI 19850625200.
CONVENIO N.º 160 DE LA OIT SOBRE ESTADÍSTICAS DEL TRABAJO.
Ginebra, 25 de junio de 1985. BOE: 30-10-1989, N.º 260.
SIERRA LEONA.
29-3-2022 RATIFICACIÓN.
29-3-2023 ENTRADA EN VIGOR.
– NITI 20030619200.
CONVENIO NÚMERO 185 DE LA OIT SOBRE LOS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD DE LA GENTE DE MAR (REVISADO), 2003.
Ginebra, 19 de junio de 2003. BOE: 14-11-2011, N.º 274.
KENIA.
4-2-2022 RATIFICACIÓN.
4-8-2022 ENTRADA EN VIGOR.
– NITI 20060223200.
CONVENIO SOBRE EL TRABAJO MARÍTIMO, 2006.
Ginebra, 23 de febrero de 2006. BOE: 22-1-2013, N.º 19 Y 12-4-2013, N.º 88.
OMÁN.
29-3-2022 RATIFICACIÓN.
29-3-2023 ENTRADA EN VIGOR.
SIERRA LEONA.
29-3-2022 RATIFICACIÓN.
29-3-2023 ENTRADA EN VIGOR.
SAN MARINO.
30-3-2022 RATIFICACIÓN.
30-3-2023 ENTRADA EN VIGOR.
– NITI 20140611200.
PROTOCOLO DE 2014 RELATIVO AL CONVENIO SOBRE EL TRABAJO FORZOSO, 1930.
Ginebra, 11 de junio de 2014. BOE: 21-12-2017, N.º 309.
BANGLADÉS.
20-1-2022 RATIFICACIÓN.
20-1-2023 ENTRADA EN VIGOR.
AUSTRALIA.
31-3-2022 RATIFICACIÓN.
31-3-2023 ENTRADA EN VIGOR.
MALASIA.
21-3-2022 RATIFICACIÓN.
21-3-2023 ENTRADA EN VIGOR.
G.B Navegación y Transporte.
– NITI 20021101200.
PROTOCOLO DE 2002 AL CONVENIO DE ATENAS RELATIVO AL TRANSPORTE DE PASAJEROS Y SUS EQUIPAJES POR MAR, 1974.
Londres, 1 de noviembre de 2002. BOE: 11-9-2015, N.º 218.
SAN MARINO.
27-1-2022 ADHESIÓN.
27-4-2022 ENTRADA EN VIGOR.
GC Contaminación.
– NITI 20040213200.
CONVENIO INTERNACIONAL PARA EL CONTROL Y LA GESTIÓN DEL AGUA DE LASTRE Y LOS SEDIMENTOS DE LOS BUQUES, 2004.
Londres, 13 de febrero de 2004. BOE: 22-11-2016, N.º 282 y 4-2-2017, N.º 30.
OMÁN.
1-2-2022 ADHESIÓN.
1-5-2022 ENTRADA EN VIGOR.
G.E Derecho Privado.
– NITI 19990312201.
CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE EL EMBARGO PREVENTIVO DE BUQUES, 1999.
Ginebra, 12 de marzo de 1999. BOE: N.º 104 DE 2-5-2011. N.º 160 DE 6-7-2011.
PERÚ.
22-3-2022 ADHESIÓN.
22-6-2022 ENTRADA EN VIGOR.
I.C Espaciales.
– NITI 19680422200.
ACUERDO SOBRE EL SALVAMENTO, LA DEVOLUCIÓN DE ASTRONAUTAS Y LA RESTITUCIÓN DE OBJETOS LANZADOS AL ESPACIO ULTRATERRESTRE.
Londres, Washington, Moscú, 22 de abril de 1968. BOE: 8-6-2001, N.º 137.
ARABIA SAUDÍ
17-11-2021 ADHESIÓN.
17-11-2021 ENTRADA EN VIGOR.
– NITI 19741112200.
CONVENIO SOBRE EL REGISTRO DE OBJETOS LANZADOS AL ESPACIO ULTRATERRESTRE.
Nueva York, 12 de noviembre de 1974. BOE: 29-1-1979, N.º 25.
OMÁN.
10-2-2022 ADHESIÓN.
10-2-2022 ENTRADA EN VIGOR.
I.D Satélites.
– NITI 19760903200.
CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES MÓVILES POR SATÉLITE (IMSO)
Londres, 3 de septiembre de 1976. BOE: 8-8-1979.
ANGOLA.
7-2-2022 ADHESIÓN.
7-2-2022 ENTRADA EN VIGOR.
I.E Carreteras.
– NITI 19490919200.
– CONVENIO SOBRE LA CIRCULACIÓN POR CARRETERA.
Ginebra, 19-9-1949. BOE: 12-4-1958, N.º 88.
SERBIA.
31-1-2022 NOTIFICACIÓN.
NOTIFICACIÓN:
«El 31 de enero de 2022, el Gobierno de la República de Serbia notificó al Secretario General, de conformidad con el párrafo 3 del Anexo 4 de la Convención, que las letras distintivas «SRB» han sido seleccionadas como signo distintivo de los vehículos en el tráfico internacional.»
– NITI 19570930200.
ACUERDO EUROPEO SOBRE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS PELIGROSAS POR CARRETERA (ADR).
Ginebra, 30 de septiembre de 1957. BOE: 09 A 17-7-1973, números 163 A 170; 07 A 21-11-1977; 07-A 14-11-1986, números 267 A 273;.25-2-1987, N.º 48; 17-2-1992; 19-9-1995, N.º 224:. 26-7-1996, N.º 180; 10-6-1997, N.º 138; 16-12-1998, N.º 300.
ARMENIA.
12-4-2022 ADHESIÓN.
12-5-2022 ENTRADA EN VIGOR.
– NITI 19700901200.
ACUERDO SOBRE TRANSPORTES INTERNACIONALES DE MERCANCÍAS PERECEDERAS Y SOBRE VEHÍCULOS ESPECIALES UTILIZADOS EN ESOS TRANSPORTES (ATP).
Ginebra, 1 de septiembre de 1970. BOE: 22-11-1976, N.º 280; 26-11-2004, N.º 285.
ARMENIA.
25-1-2022 ADHESIÓN.
25-1-2023 ENTRADA EN VIGOR.
– NITI 20080220200.
PROTOCOLO ADICIONAL AL CONVENIO RELATIVO AL CONTRATO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS POR CARRETERA (CMR), RELATIVO A LA CARTA DE PORTE ELECTRÓNICA.
Ginebra, 20 de febrero de 2008. BOE: N.º 141 de 14-6-2011.
ALEMANIA.
5-1-2022 ADHESIÓN.
5-4-2022 ENTRADA EN VIGOR.
J.B Financieros.
– NITI 19880125200.
CONVENIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA MUTUA EN MATERIA FISCAL.
Estrasburgo, 25 de enero de 1988. BOE: 8-11-2010, Núm. 270.
TAILANDIA.
22-12-2021 RATIFICACIÓN.
1-4-2022 ENTRADA EN VIGOR, con las siguientes reservas y declaraciones:
RESERVAS:
«De conformidad con la letra a) del apartado 1 del artículo 30 del Convenio, Tailandia se reserva el derecho a no prestar ninguna forma de asistencia en relación con los impuestos de otras Partes comprendidos en las siguientes categorías enumeradas en la letra b) del apartado 1 del artículo 2:
i. impuestos sobre la renta, los beneficios, las ganancias de capital o el patrimonio neto percibidos por cuenta de las subdivisiones políticas o las entidades locales de una Parte;
ii. cotizaciones obligatorias a la seguridad social pagaderas a las administraciones públicas o a los organismos de la seguridad social de derecho público;
iii. impuestos de otras categorías, con excepción de los derechos de aduana, establecidos por una Parte, a saber:
A. impuestos sobre sucesiones o donaciones;
B. impuestos sobre bienes inmuebles;
C. impuestos generales sobre el consumo, como el impuesto sobre el valor añadido o el impuesto sobre las ventas;
D. impuestos sobre bienes y servicios determinados, como los impuestos sobre consumos específicos;
E. impuestos sobre la utilización o la propiedad de vehículos de motor;
F. impuestos sobre la utilización o la propiedad de bienes muebles que no sean vehículos de motor;
G. todos los demás impuestos;
iv. impuestos de las categorías mencionadas en el anterior inciso iii, que sean percibidos por cuenta de las subdivisiones políticas o las entidades locales de una Parte.
En virtud de la letra b) del apartado 1 del artículo 30 del Convenio, Tailandia se reserva el derecho a no prestar asistencia en materia de cobro de cualesquiera créditos tributarios, ni de cobro de multas administrativas, respecto de la totalidad de los impuestos enumerados en el apartado 1 del artículo 2.
En virtud de la letra f) del apartado 1 del artículo 30 del Convenio, Tailandia se reserva el derecho a aplicar el apartado 7 del artículo 28 exclusivamente para la asistencia administrativa que abarque los periodos de imposición que inician el 1 de enero, o después del 1 de enero del tercer año anterior a aquel en que haya entrado en vigor para una Parte el Convenio modificado por el Protocolo de 2010, o a falta de periodo de imposición, para la asistencia administrativa relativa a las obligaciones fiscales que nazcan el 1 de enero o después del 1 de enero del tercer año anterior a aquel en que haya entrado en vigor con respecto a una Parte el Convenio modificado por el Protocolo de 2010.»
DECLARACIONES:
«Tailandia ratifica el Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal modificado por el Protocolo de enmienda al Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal con las siguientes notificaciones:
Anexo A. Impuestos a los que se aplicará el Convenio.
Inciso i) de la letra a) del apartado 1 del artículo 2: Impuesto sobre la renta de las personas físicas.
Anexo B. Autoridades competentes.
El Ministro de Finanzas o su representante autorizado.
De conformidad con el apartado 3 del artículo 9 del Convenio, Tailandia declara su intención de no aceptar, como regla general, las solicitudes de representantes de la autoridad competente del Estado requirente para que estén presentes en la parte apropiada de la inspección tributaria en el Estado requerido.»
MALDIVAS.
4-2-2022 NOTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN CON EFECTOS DESDE EL 1-1-2022.
DECLARACIÓN:
«Declaración sobre la fecha de efecto de intercambios de Información en virtud del Acuerdo multilateral entre Autoridades Competentes para el intercambio de informes país por país.
Considerando que Maldivas tiene la intención de iniciar automáticamente el intercambio de informes país por país en 2023 y que, para poder intercambiar dicha información automáticamente en virtud del artículo 6 del Convenio de Asistencia Mutua en Materia Fiscal, modificado por el Protocolo de enmienda al Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (en lo sucesivo, el «Convenio modificado»), Maldivas ha firmado una declaración en el momento de su adhesión al Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes para el intercambio de informes país por país (en lo sucesivo, el «Acuerdo») el 12 de agosto de 2021;
Considerando que, en virtud del apartado 6 del artículo 28 del Convenio modificado, este se aplicará a la asistencia administrativa que abarque los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero del año siguiente al de entrada en vigor del dicho instrumento para cada Parte o, a falta de periodo impositivo, a la asistencia administrativa relativa a las obligaciones fiscales nacidas a partir de esa fecha;
Considerando que el apartado 6 del artículo 28 del Convenio modificado prevé que dos Partes o más podrán acordar que el Convenio modificado surta efecto en cuanto a la asistencia administrativa relativa a periodos impositivos u obligaciones fiscales anteriores;
Teniendo presente que, en virtud del Convenio modificado las jurisdicciones solo podrán facilitar información relativa a los periodos de impositivos o las obligaciones fiscales de la jurisdicción receptora respecto de los que dichos instrumento surta efecto y que, por tanto, las jurisdicciones remitentes en las que este acabe de entrar en vigor en determinado año solo podrán proporcionar asistencia administrativa a jurisdicciones receptoras con respecto a los períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero del año siguiente o a las obligaciones fiscales nacidas a partir de esa fecha;
Reconociendo que, en virtud del artículo 6 del Convenio modificado y el Acuerdo, una Parte ya adherida podría recibir de una nueva Parte información relativa a períodos impositivos u obligaciones fiscales anteriores a la fecha prevista en el Convenio modificado si ambas Partes declaran que han acordado que se aplique otra fecha de efecto;
Reconociendo también que, por consiguiente, en virtud del artículo 6 del Convenio modificado y el Acuerdo, una nueva Parte en el Convenio modificado podría facilitar a una Parte ya adherida a él información sobre períodos impositivos u obligaciones fiscales anteriores a la fecha prevista en el Convenio modificado, si ambas han acordado que se aplique otra fecha de efecto;
Confirmando que la competencia de una jurisdicción para enviar informes país por país, en virtud del artículo 6 del Convenio modificado y el Acuerdo, se regirá por los términos del Acuerdo, incluidas las disposiciones relativas a los períodos de referencia pertinentes de la jurisdicción remitente, con independencia de los períodos impositivos y obligaciones fiscales de la jurisdicción receptora a que corresponda dicha información;
Maldivas declara que el Convenio modificado se aplicará con arreglo a lo dispuesto en el Acuerdo a la Asistencia administrativa prevista en dicho Acuerdo entre Maldivas y las demás Partes en el Convenio modificado que hayan formulado declaraciones análogas, con independencia de los períodos impositivos o las obligaciones fiscales de la jurisdicción receptora a que corresponda dicha información.»
MALDIVAS.
4-2-2022 NOTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN CON EFECTOS DESDE EL 1-1-2022.
DECLARACIÓN:
«Declaración sobre la fecha de efecto de intercambios de Información en virtud del Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes sobre intercambio automático de información de cuentas financieras.
Considerando que Maldivas se ha comprometido al intercambio automático de información a partir de 2022 y que, para poder hacerlo de conformidad con el artículo 6 del Convenio de Asistencia Mutua en Materia Fiscal, modificado por el Protocolo de enmienda al Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (en lo sucesivo, el «Convenio modificado») con arreglo a los plazos a los que se ha comprometido, Maldivas ha firmado una declaración en el momento de su adhesión al Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes sobre intercambio automático de información de cuentas financieras (en lo sucesivo, el «Acuerdo») el 12 de agosto de 2021;
Considerando que, en virtud del apartado 6 del artículo 28 del Convenio modificado, este se aplicará a la asistencia administrativa que abarque los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero del año siguiente al de entrada en vigor de dicho instrumento para cada Parte o, a falta de periodo impositivo, a la asistencia administrativa relativa a las obligaciones fiscales nacidas a partir de esa fecha;
Considerando que el apartado 6 del artículo 28 del Convenio modificado prevé que dos o más Partes podrán acordar que dicho Convenio surta efecto por lo que respecta a la asistencia administrativa relativa a periodos impositivos u obligaciones fiscales anteriores;
Teniendo presente que, en virtud del Convenio modificado, las jurisdicciones solo podrán facilitar información relativa a los periodos impositivos o las obligaciones fiscales de la jurisdicción receptora respecto de los que dicho instrumento surta efectos y que, por tanto, las jurisdicciones remitentes en las que este acabe de entrar en vigor en determinado año solo podrán proporcionar asistencia administrativa a jurisdicciones receptoras con respecto a los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero del año siguiente o las obligaciones fiscales nacidas a partir de esa fecha;
Reconociendo que, en virtud del artículo 6 del Convenio modificado y el Acuerdo, una Parte ya adherida podría recibir de una nueva Parte información relativa a períodos impositivos u obligaciones fiscales anteriores a la fecha prevista en el Convenio modificado si ambas declaran que han acordado que se aplique otra fecha de efecto;
Reconociendo también que, por consiguiente, en virtud del artículo 6 del Convenio modificado y el Acuerdo, una nueva Parte en el Convenio modificado podría facilitar a una Parte ya adherida e él información sobre períodos impositivos u obligaciones fiscales anteriores a la fecha prevista en el Convenio modificado, si ambas han acordado que se aplique otra fecha de efecto;
Reconociendo que la información recibida en virtud del artículo 6 del Convenio modificado y el Acuerdo puede conllevar solicitudes complementarias por parte de la jurisdicción receptora a la jurisdicción remitente, relativas al mismo periodo sobre el que la jurisdicción remitente ha intercambiado información automáticamente en virtud del Acuerdo;
Confirmando que la competencia de una jurisdicción para enviar información relativa al Estándar Común de Comunicación de Información (ECCI), en virtud del artículo 6 del Convenio modificado y el Acuerdo, así como la información relativa a las solicitudes complementarias en virtud del artículo 5 del Convenio modificado, se regirá por los términos del Acuerdo, incluidas las disposiciones relativas a los períodos de referencia pertinentes de la jurisdicción remitente, con independencia de los períodos impositivos o las obligaciones fiscales de la jurisdicción receptora a que corresponda dicha información;
Maldivas declara que el Convenio modificado se aplicará con arreglo a lo dispuesto en el Acuerdo a la asistencia administrativa prevista en dicho Acuerdo entre Maldivas y las demás Partes en el Convenio modificado que hayan formulado declaraciones análogas, con independencia de los períodos impositivos o las obligaciones fiscales de la jurisdicción receptora a que corresponda dicha información.
Maldivas declara que el Convenio modificado también se aplicará a la asistencia administrativa en virtud del artículo 5 de dicho instrumento entre Maldivas y las demás Partes en el mismo que hayan formulado declaraciones análogas, con independencia de los períodos impositivos o las obligaciones fiscales de la jurisdicción receptora a que corresponda dicha información, cuando dicha asistencia | Judicial |
BOE-A-2022-6079 | Visto el expediente de indulto de doña Adela Alonso Ferrer, condenada por el Juzgado de lo Penal número 1 de León, en sentencia de 14 de marzo de 2018, como autora de un delito de insolvencia punible a la pena de un año de prisión, accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, y doce meses de multa con una cuota diaria de tres euros (3 euros), por hechos cometidos en el año 2011, en el que se han considerado los informes del Tribunal sentenciador y del Ministerio Fiscal, estimando que, atendiendo a las circunstancias de la condenada y de acuerdo a la información que obra en el citado expediente, concurren razones de justicia y equidad, a propuesta de la Ministra de Justicia, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 12 de abril de 2022,
Vengo en indultar a doña Adela Moreno Núñez la pena privativa de libertad pendiente de cumplimiento, a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de un año desde la publicación del real decreto.
Dado en Palma, el 12 de abril de 2022. | Judicial |
BOE-A-2023-846 | En el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 237, de fecha 14 de diciembre de 2022, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:
Una plaza de Arquitecto/a, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Técnica, mediante el sistema de concurso, en turno libre.
Una plaza de Técnico/a Medio, perteneciente a la escala de Administración General, subescala de Gestión de Administración General, mediante el sistema de concurso, en turno libre.
Una plaza de Administrativo/a, perteneciente a la escala de Administración General, subescala Administrativa, mediante el sistema de concurso, en turno libre.
Dos plazas de AG Administrativo/a, perteneciente a la escala de Administración General, subescala Administrativa, mediante el sistema de concurso, en turno libre.
Una plaza de Servicios Especiales, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, mediante el sistema de concurso, en turno libre.
Una plaza de Profesor/a de Escuela Infantil, de la plantilla de personal laboral fijo, mediante el sistema de concurso, en turno libre.
Tres plazas de Educador/a Infantil, a tiempo parcial (73 % proporcionalidad jornada), de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de concurso, en turno libre.
Tres plazas de Educador/a Infantil, de la plantilla de personal laboral fijo, mediante el sistema de concurso, en turno libre.
Una plaza de Director/a de la Escuela Municipal de Música, de la plantilla de personal laboral fijo, mediante el sistema de concurso, en turno libre.
Una plaza de Profesor/a de la Escuela Municipal de Música (Guitarra), a tiempo parcial (66,70 % proporcionalidad jornada), de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de concurso, en turno libre.
Una plaza de Profesor/a de la Escuela Municipal (Danza), a tiempo parcial (69,33 % proporcionalidad jornada), de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de concurso, en turno libre.
Una plaza de Profesor/a de Escuela Municipal de Música (Violín), a tiempo parcial (66,70 % proporcionalidad jornada), de la plantilla de personal laboral fijo discontinuo, a cubrir por el sistema de concurso, en turno libre.
Una plaza de Profesor/a de Escuela Municipal de Música (Viento), a tiempo parcial (32 % proporcionalidad jornada), de la plantilla de personal laboral fijo discontinuo, a cubrir por el sistema de concurso, en turno libre.
Una plaza de Responsable de Actividades Deportivas, a tiempo parcial (80 % proporcionalidad jornada), de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de concurso, en turno libre.
Una plaza de Responsable de Actividades Escuelas Deportivas, de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de concurso, en turno libre.
Una plaza de Dinamizador/a de Guadalinfo, de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de concurso, en turno libre.
Una plaza de Encargado/a de Servicios Operativos, de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de concurso, en turno libre.
Una plaza de Servicios de Obras, de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de concurso, en turno libre.
Una plaza de Oficial de Mantenimiento Servicios Operativos, de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de concurso, en turno libre.
Una plaza de Oficial de Mantenimiento Servicios Operativos, Fontanero/a y Electricista, de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de concurso, en turno libre.
Una plaza de Oficial de Oficios, de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de concurso, en turno libre.
Tres plazas de Operarios de Limpieza, de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de concurso, en turno reservado a personas con discapacidad.
Cinco plazas de Operarios de Limpieza, de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de concurso, en turno libre.
Una plaza de Operario de Cementerio, a tiempo parcial (63,33 % proporcionalidad jornada), de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de concurso, en turno libre.
Una plaza de Conserje, a tiempo parcial (50 % proporcionalidad jornada), de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de concurso, en turno libre.
Tres plazas de Conserje, de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de concurso, en turno libre.
Una plaza de Oficial Maquinista, de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de concurso, en turno libre.
Una plaza de Oficial Albañil, de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de concurso, en turno libre.
Una plaza de Peón Albañil, de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de concurso, en turno libre.
Una plaza de Auxiliar de Biblioteca, a tiempo parcial (50 % proporcionalidad jornada) de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de concurso, en turno libre.
Dos plazas de Taquillero Piscina, de la plantilla de personal laboral fijo discontinuo, a cubrir por sistema de concurso, en turno libre.
Dos plazas de Socorrista Piscina, de la plantilla de personal laboral fijo discontinuo, a cubrir por sistema de concurso, en turno libre.
Se ha publica, así mismo un extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 1, de fecha 3 de enero de 2023.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en las formas previstas en las propias bases, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Villanueva del Rosario y en su sede electrónica (https://villanuevadelrosario.sedelectronica.es).
Villanueva del Rosario, 30 de diciembre de 2022.–EL Alcalde, Juan Vega Blanco Herrero. | Funcionarios y Personal |
BOE-A-2022-11541 | En el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» número 120, de 23 de junio de 2022, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:
Una plaza de Agente de Policía Local, perteneciente a la escala de Administración especial, subescala de Servicios Especiales, clase de Policía Local, subgrupo C1, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en el tablón de anuncios de la corporación.
Caldes de Malavella, 23 de junio de 2022.–El Alcalde, Salvador Castro i Torroella. | Funcionarios y Personal |
BOE-A-2022-22936 | En el «Boletín Oficial de Castilla y León» núm. 242, de fecha 19 de diciembre de 2022 y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid» núm. 238, de fecha 15 de diciembre de 2022, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:
Una plaza de Técnico/a de Deportes de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de concurso, en turno libre.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid», en la sede electrónica https://villanubla.sedelectronica.es y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Villanubla.
Villanubla, 19 de diciembre de 2022.–El Alcalde, Félix Moreno Durán. | Funcionarios y Personal |
BOE-A-2022-24626 | En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» de 29 de diciembre de 2022, y en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña», número 8822 de 29 de diciembre de 2022, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer una plaza de Técnico/a de Grado Medio (Licencias y Disciplina), de la escala de Administración Especial, subescala técnico medio, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en la página web municipal www.vilanova.cat.
Vilanova y la Geltrú, 29 de diciembre de 2022.–El Secretario Sánchez,Isidre Nieto Aguilar. | Funcionarios y Personal |
BOE-A-2022-1896 | Por Resolución de 20 de diciembre de 2021 («Boletín Oficial del Estado» del día 1 de enero de 2022), se anunció convocatoria pública para cubrir, por el sistema de libre designación, puesto de trabajo en este Departamento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1.b) y c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
Acreditada la observancia de lo previsto en el artículo 54 del Reglamento General de ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, así como el cumplimiento por parte del candidato de los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria y la idoneidad para el desempeño del puesto, de acuerdo con la valoración efectuada por el Centro Directivo del que depende el puesto de trabajo convocado,
Esta Subsecretaría dispone resolver la referida convocatoria en los términos que se expresan en el anexo.
El régimen de toma de posesión del nuevo destino será el establecido en el artículo 48, al que remite el 57, del Reglamento General antes citado.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante el órgano que dicta el acto, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o bien, directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid o del que corresponda al domicilio del demandante, a elección del mismo, de acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Madrid, 27 de enero de 2022.–La Subsecretaria de Sanidad, P. D. (Orden SND/1093/2021, de 7 de octubre), la Subdirectora General de Recursos Humanos e Inspección de Servicios, María Begoña Laguna Gascón. | Funcionarios y Personal |
BOE-A-2023-17677 | Habiéndose presentado diversas renuncias y abstenciones de algunos miembros del tribunal de esta convocatoria, debe procederse a las siguientes modificaciones:
Habiendo presentado el pasado día 29 de marzo de 2023 causa de abstención don Carlos Cruz Rubio como Presidente titular, fue sustituido, desde el pasado día 31 de marzo de 2023, por don Miguel Muñoz Navarro Diez, Teniente Coronel Médico Especialista en Anatomía Patológica.
Habiendo presentado renuncia don Ignacio Serrano Cabrera como Vocal titular, fue sustituido, desde el pasado día 31 de marzo de 2023, por don Miguel Núñez Ramos Crespo, Técnico Superior en Radiodiagnóstico y Medicina Nuclear.
E, igualmente, presenta renuncia doña Ana García Silva Fuentes como Vocal suplente, y fue sustituida por doña Sara Ferrer Iglesias, Técnica Superior en Laboratorio.
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación ante esta Subsecretaría o bien recurso contencioso- administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de su Comunidad Autónoma o del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a elección del recurrente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-administrativa. En caso de interponerse recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso- administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo.
Madrid, 21 de julio de 2023.–La Subsecretaria de Defensa, Adoración Mateos Ortega. | Salud |
BOE-A-2023-4239 | El Estatuto de Autonomía de La Rioja establece en su artículo 16 que el Parlamento representa al pueblo de La Rioja, ejerce la potestad legislativa, aprueba los presupuestos y las cuentas de La Rioja, impulsa y controla la acción política y de gobierno y ejerce las restantes competencias que le confieren la Constitución, dicho Estatuto y demás normas del ordenamiento jurídico. Asimismo, en su artículo 19, el Estatuto de Autonomía de La Rioja atribuye al Parlamento, entre otras, las siguientes funciones: La potestad legislativa de la Comunidad Autónoma en el ámbito de su competencia, el desarrollo de la legislación del Estado en aquellas materias que así le corresponda y la labor de impulso y control a la acción del Gobierno.
Por su parte, el artículo 20 del Estatuto de Autonomía de La Rioja indica que la iniciativa legislativa, en el ámbito reconocido en el presente capítulo a la Comunidad Autónoma, corresponde a los Diputados, al Gobierno y al pueblo riojano en los términos que establezca una ley del Parlamento de La Rioja.
De esta forma, en aras de mejorar la operatividad y eficacia en el desarrollo de los cometidos fundamentales que incumben a todo Parlamento (función legislativa, impulso y control), y que aparecen reconocidos por el propio Estatuto de Autonomía de La Rioja, así como de garantizar el correcto cumplimiento de las atribuciones conferidas a todos los órganos parlamentarios a través del propio Reglamento de la Cámara, se considera la conveniencia de la incorporación de varias mejoras que conduzcan a generar la viabilidad necesaria de determinados procedimientos parlamentarios y contribuyan a profundizar en el carácter representativo de la Cámara legislativa riojana, dando cumplimiento a lo que proclama el propio Estatuto de Autonomía en artículo 16.
Se sustituye la redacción de los artículos 22.1, 28.1.b), 58.1 y 133.2 del vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, publicado en el «Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja» con fecha de 18 de abril de 2001, por la contenida en el anexo que se acompaña en los artículos que en el mismo se indican.
La presente modificación del Reglamento del Parlamento de La Rioja entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja».
Logroño, 25 de enero de 2023.–El Presidente del Parlamento, Jesús Núñez Giménez Guerrero.
1. Los Diputados, en número no inferior a dos, podrán constituirse en Grupo Parlamentario.»
1.b) Programar las líneas generales de actuación de la Cámara para cada periodo de sesiones y coordinar los trabajos de sus diferentes órganos, oída la Junta de Portavoces.»
1. El Orden del Día del Pleno será fijado por el Presidente, de acuerdo con la Mesa y oída la Junta de Portavoces, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 54.1.»
2. Así mismo, podrán realizarse debates generales sobre la acción política y de gobierno cuando lo solicite la Presidencia de la Comunidad o lo decida la Mesa, oída la Junta de Portavoces, a iniciativa de dos Grupos Parlamentarios o de una quinta parte de los Diputados.» | Normativas |
BOE-A-2023-16679 | En el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 4, de 9 de enero de 2023, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:
Una plaza de Operario de usos múltiples de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de concurso-oposición en turno libre.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en la página web del Ayuntamiento: https://munover.es.
Muñoveros, 6 de julio de 2023.–El Alcalde, Luis Serrano Cortés Muñoz. | Funcionarios y Personal |
BOE-A-2023-26205 | En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» núm. 212, de 6 de noviembre de 2023, se han publicado las bases específicas que han de regir la convocatoria para proveer:
Una plaza de Programador/a Informático/a, escala de Administración Especial, subgrupo C1, mediante el sistema de oposición en turno libre.
Dos plazas de Técnico/a de Administración General, escala de Administración General, subgrupo A1, mediante el sistema de oposición en turno libre.
Una plaza de Ingeniero/a de Caminos, Canales y Puertos, escala de Administración Especial, subgrupo A1, mediante el sistema de oposición en turno libre.
Ocho plazas de Agente de la Policía Local (cinco por turno libre, mediante el sistema de oposición y tres por turno de movilidad, mediante el sistema de concurso), escala de Administración Especial, subgrupo C1.
Dos plazas de Técnico/a Medio de Administración General, escala de Administración General, subgrupo A2, mediante el sistema de oposición en turno libre.
Se ha publicado, asimismo, un extracto de la convocatoria en el «Diario Oficial de la Generalitat Valenciana» número 9744, de 13 de diciembre de 2023.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en la forma prevista en las propias bases.
Elda, 14 de diciembre de 2023.–El Alcalde, Rubén Torres Nieto. | Funcionarios y Personal |
BOE-A-2022-23065 | Por Resolución de 12 de septiembre de 2022 (BOE de 15 de septiembre) se anunció para su cobertura, por el procedimiento de libre designación, puestos de trabajo en el Ministerio de Política Territorial.
Previa la tramitación prevista en el capítulo III del título III del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (BOE de 10 de abril), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, según la redacción dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio (BOE del 29), una vez acreditada la observancia del procedimiento debido, así como el cumplimiento por parte de la candidata elegida de los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria,
Esta Subsecretaría ha dispuesto:
Resolver parcialmente la referida convocatoria, en los términos que se señalan en el anexo adjunto.
La toma de posesión de los nuevos destinos se realizará conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, antes citado.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid o del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma donde tenga su domicilio, a elección del interesado, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 10.1.i) y 14.1.segunda de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Madrid, 22 de diciembre de 2022.–El Subsecretario de Política Territorial, P. D. (Orden TER/950/2022, de 4 de octubre), el Director General de la Administración General del Estado en el Territorio, Agustín Durán Sáez. | Funcionarios y Personal |
BOE-A-2023-792 | La Orden HFP/1074/2022, de 4 de noviembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso por promoción interna a la subescala de Intervención-Tesorería, categoría de Entrada, de la escala de funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 271, de 11 de noviembre de 2022, establece en su base 12 que la composición del tribunal calificador será designada mediante orden de la Ministra de Hacienda y Función Pública, previamente o simultáneamente con la publicación de la lista definitiva de admitidos y excluidos.
Por cuanto antecede, resuelvo:
Designar al tribunal calificador de las pruebas selectivas para el acceso por promoción interna a la subescala de Intervención-Tesorería, categoría de entrada, de la escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional:
Presidente:
Titular: doña Cristina Reyes Cano. Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.
Suplente: don Diego León Martín. Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.
Vocales:
Titulares:
Doña Eva Donoso Atienza. Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.
Don Luis Bartolome la Huerta. Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado.
Don Gallego Ramos Jiménez. Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado.
Suplentes:
Doña Cristina de Aragón Gómez. Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.
Doña Rocío Reyes Durán Nieto Superior de Interventores y Auditores de la Administración de la Seguridad Social.
Don Fernando Valderrey de Prado. Cuerpo Superior de Letrados del Tribunal de Cuentas.
Secretario:
Titular: don Alberto Méndez Martín. Escala de Administración General, Subescala Técnica. Administración Local.
Suplente: doña Lucía Campos Crespo. Sanz Ibáñez de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social.
Excepcionalmente, en caso de ausencia del presidente titular y suplente estos serán sustituidos por uno de los vocales pertenecientes a la escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional que se hallen presentes y en su defecto, por cualquiera de los restantes vocales según el orden de designación de la presente resolución. En caso de ausencia del secretario titular y suplente, estos serán sustituidos por un vocal de los que se hallen presentes según el orden en el que figuren en esta orden.
Contra la presente orden podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Ministra de Hacienda y Función Pública en el plazo de un mes desde su publicación o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde su publicación, ante los juzgados centrales de lo contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. En el caso de interponer un recurso de reposición, no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio administrativo.
Madrid, 8 de enero de 2023.–La Ministra de Hacienda y Función Pública, P. D. (Orden HFP/1500/2021, de 29 de diciembre), la Secretaria General de Función Pública, Lidia Lidia Cano Torres. | Funcionarios y Personal |
BOE-A-2024-26240 | Una vez recibido informe favorable de la Fundación para el Conocimiento Madrid+d a la modificación del plan de estudios ya verificado, por no afectar ésta a la naturaleza ni a los objetivos del título inscrito en el Registro de Universidades, Centros y Títulos,
Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 y 32 del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, ha resuelto publicar la modificación del plan de estudios conducente a la obtención del título de Graduado o Graduada en Nutrición Humana y Dietética.
Pozuelo de Alarcón, 19 de noviembre de 2024.–El Rector, Daniel González Cano.
A continuación adjuntamos el esquema de la estructura del plan de estudios, en el cual se detalla la planificación temporal de módulos, materias y asignaturas (hay que tener en cuenta que 1 SEM y 2 SEM equivalen al primer curso; 3 SEM y 4 SEM equivalen al segundo curso; 5 SEM y 6 SEM equivalen al tercer curso; 7 SEM y 8 SEM equivalen al cuarto curso): | Educación |
BOE-A-2022-13109 | Advertidos errores en el Real Decreto 948/2021, de 2 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas estatales destinadas a la ejecución de proyectos de inversión dentro del Plan de impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 263, de 3 de noviembre de 2021, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones:
En la página 133402, anexo I, apartado F, tercer guion, epígrafe i), en la tercera línea, donde dice: «... En los depósitos rectangulares, la proporción entre altura y superficie sea de 1:30-50. En los depósitos circulares, la relación altura-diámetro sea de 1:3 a 1:4...», debe decir: «... En los depósitos rectangulares, la proporción entre altura y superficie será de 1:30 a 1:50. En los depósitos circulares, la relación altura-diámetro será de 1:3 a 1:4...».
En la página 133402, anexo I, apartado F, tercer guion, epígrafe iii), primer guion, donde dice: «– Profundidad-superficie 1:5 si altura < 3m.», debe decir: «– Profundidad-superficie 1:50 si altura < 3m.». | Administración |
BOE-A-2023-14628 | En el recurso interpuesto por don F. J. B. G., abogado, en nombre y representación de la entidad mercantil «S.P.Q.R. 2008, SL», contra la calificación del registrador de la Propiedad de Mojácar, don José Vega Moya Reyes-Pardo, por la que suspende la inscripción de una escritura de segregación.
En virtud de la escritura autorizada el día 3 de mayo de 2022 por el notario de Granada, don Salvador Santana Pérez, con el número 817 de su protocolo, la mercantil «S.P.Q.R. 2008, SL» segregó de la finca registral número 3.954 del término municipal de Carboneras (finca discontinua formada por dos subparcelas), una parcela de terreno de 697,32 metros cuadrados, quedando un resto de 44.037,55 metros cuadrados.
En la escritura se hacía constar que, con fecha de 27 de noviembre de 2018, se solicitó del Ayuntamiento de Carboneras licencia de segregación de otra de 1.213,83 metros cuadrados, solicitud cuya presentación se acreditaba. Con fecha 21 de agosto de 2019, dicho Ayuntamiento requirió a la interesada la aportación de cierta documentación complementaria y, con fecha de 27 de septiembre de 2019, requirió un informe topográfico adicional, aportándose el día 24 de octubre de 2019 sin que, hasta la fecha, según manifestaba el compareciente, el Ayuntamiento de Carboneras hubiera respondido a la solicitud de licencia.
Advertía el notario autorizante que «de conformidad con lo establecido en el artículo 140.2 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, en redacción equivalente a la que presentaba el artículo 172.5.º de la derogada Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, si la Administración no dicta y notifica resolución expresa en el procedimiento de otorgamiento de licencias en el plazo máximo de tres meses desde que se presentó la documentación completa en el registro electrónico municipal, se entenderá estimada la solicitud por silencio positivo».
Según el Registro de la Propiedad, la descripción de la finca 3.954 de Carboneras era la siguiente: «Rústica: Trance de tierra de secano, con una superficie tras varias segregaciones de cuarenta y cuatro mil setecientos treinta y cuatro metros, ochenta y siete decímetros cuadrados. Linda: (…) Los linderos indicados son anteriores a varias segregaciones practicadas».
Conforme a lo dispuesto en el artículo 79 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, en un primer momento, al ser la finca rústica en Registro, fue remitido oficio, de fecha 8 de junio de 2022, en unión de copia de la escritura, por el registrador de la Propiedad de Mojácar al Ayuntamiento de Carboneras para que informase conforme a lo dispuesto en dicho artículo, habiendo recibido la notificación el día 10 de junio de 2022 y transcurridos cuatro meses desde su recepción, sin haber informado al respecto.
En dicha escritura de segregación se acreditaba que el suelo sobre el que se había solicitado la segregación estaba clasificado como suelo urbano consolidado, ordenanza de edificación en vigor, según resultaba de informe expedido por el Ayuntamiento de Carboneras, según Acuerdo del Pleno dicha Corporación, de fecha 11 de agosto de 2009, y que se incorporaba a la matriz de la escritura, circunstancia que, en un primer momento, no fue apreciada y se practicó la notificación prevista en el artículo 79 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, citada en el párrafo anterior.
Presentada dicha escritura en el Registro de la Propiedad de Mojácar, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«Entrada n.º: 346 del año: 2023.
Asiento N.º: 1348 Diario: 190.
Presentado el 24/01/2023 a las 15:47:20.
Presentante: B. G., González Lozano Ibáñez: S.P.Q.R. 2008, Sociedad Limitada.
Naturaleza: Escritura Pública.
Objeto: segregación.
N.º Protocolo: 817/2022 de 03/05/2022.
Notario: Salvador Sáez Torres Velasco.
Referencia [sic]: 1348/190.
Calificación negativa del documento presentado el 24/01/2023, en el Registro de la Propiedad de Mojácar, bajo el asiento 1348 del Diario 190.
Visto por don José Mora Vázquez Cortés-Pardo, registrador de la propiedad de Mojácar, provincia de Almería, el procedimiento registral identificado con la presentación del documento referenciado. En el ejercicio de la calificación registral sobre la legalidad de los documentos presentados, obrantes en el procedimiento de referencia, resultan los siguientes:
A) Hechos:
Uno. F. Márquez Vázquez Vidal. presenta a las quince horas y cuarenta y siete minutos del día veintiséis de mayo de dos mil veintidós, copia auténtica de la escritura autorizada por el Notario de Granada, don Salvador Carmona Rodríguez, con fecha tres de mayo del año dos mil veintidós, con el número de protocolo 817/2.022, por la que S.P.Q.R. 2008, Sociedad Limitada segrega de la finca número 3954 del término municipal de Carboneras lo siguiente: Parcela de terreno con una superficie de seiscientos noventa y siete metros cuadrados, con treinta y dos decímetros cuadrados, quedando un resto con una superficie de cuarenta y cuatro mil treinta y siete metros cuadrados, con cincuenta y cinco decímetros cuadrados, a la que se acompaña: -modelo/s de autoliquidación/es del/de los impuesto/s.
Dos. Según Registro la descripción de la finca 3954 de Carboneras es la siguiente: Rústica: Trance de tierra de secano, con una superficie tras varias segregaciones de cuarenta y cuatro mil setecientos treinta y cuatro metros, ochenta y siete decímetros cuadrados. Linda: Norte, F. C. R., A. A. T.,E. Blanco Fuentes Cano. Santos, R. S. y Sociedad Amigos de Carboneras; Este, carretera (…), M. L. L., J. Santana. V. y U. R., Ferrer Muñoz. G. y F. V.; Sur, Sociedad Rodán Handels-Anstalt, herederos de M. H. C., R. L. y otro y Monte Comunal; y Oeste, Monte Comunal. Los linderos indicados son anteriores a varias segregaciones practicadas. Conforme a lo dispuesto en el artículo 79 del RD 1093/1997 de 4 de Julio, en un primer momento al ser la finca rústica en Registro, fue remitido Oficio de fecha 8 de junio de 2022, en unión de copia de la escritura que motiva la presente por el Registrador de la Propiedad de Mojácar, al Ayuntamiento de Carboneras para que informase conforme a lo dispuesto en dicho artículo, habiendo recibido la notificación el día 10 de junio de 2022 y transcurridos cuatro meses desde su recepción, sin haber informado al respecto.
Tres. En dicha escritura de segregación, se acredita que el suelo sobre el que se ha solicitado la segregación está clasificado como suelo urbano consolidado, ordenanza de edificación en vigor, según resulta de Informe expedido por el Ayuntamiento de Carboneras, según Acuerdo del Pleno dicha Corporación de fecha 11 de agosto de 2009 y que se incorpora a la matriz de la que se califica, circunstancia que en un primer momento no fue apreciada y se practicó la notificación prevista en el artículo 79 del RD 1093/1997, pero acredita la clasificación urbana de la finca, se observa el siguiente defecto subsanable: No cabe practicar la segregación solicitada por faltar licencia administrativa de segregación expedida por el Ayuntamiento de Carboneras.
[se inserta imagen]
B) Fundamentos de Derecho:
I. Los documentos de todas clases, susceptibles de inscripción, se hallan sujetos a calificación por el registrador, quien, bajo su responsabilidad, ha de resolver acerca de la legalidad de sus formas extrínsecas, la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos contenidos en los mismos, de conformidad con lo establecido en los artículos 18 y 19 de la Ley Hipotecaria y 98 a 100 del Reglamento para su ejecución.
II. En relación al/los defecto/s anteriormente señalado/s, debe/n tenerse en consideración lo/s siguiente/s:
– La exigencia de licencia o declaración de innecesariedad para las segregaciones formalizadas en la escritura presentada, lo cual viene impuesto por la normativa estatal contenida en el artículo 26.2 del Real Decreto Legislativo 7/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo, y el artículo 78 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, es necesario conforme al artículo 78 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, se aporte la pertinente licencia municipal o la declaración de su innecesariedad”. El artículo 26 del texto refundido de la Ley de Suelo aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015, establece que “en la autorización de escrituras de segregación o división de fincas, los notarios exigirán, para su testimonio, la acreditación documental de la conformidad, aprobación o autorización administrativa a que esté sujeta, en su caso, la división o segregación conforme a la legislación que le sea aplicable. El cumplimiento de este requisito será exigido por los registradores para practicar la correspondiente inscripción”.
– Artículo 140 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía. Competencia y procedimiento de otorgamiento de las licencias urbanísticas. 1. Las licencias son actos reglados de competencia exclusiva municipal. La competencia para otorgar las licencias urbanísticas corresponde al órgano municipal que determine la normativa de aplicación en materia de régimen local. 2. La Administración estará obligada a dictar resolución expresa en el procedimiento de otorgamiento de licencias, que será notificada en el plazo máximo de tres meses desde que se presente la documentación completa en el registro electrónico municipal. El transcurso del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima a los interesados para entenderla estimada, salvo los supuestos previstos en la legislación estatal. No obstante, en ningún caso podrán adquirirse por silencio administrativo facultades o derechos contrarios a la normativa territorial o urbanística. 3. Sin perjuicio de la regulación que, en el marco de sus competencias, puedan establecer los municipios mediante las correspondientes ordenanzas, en el procedimiento de otorgamiento de las licencias urbanísticas necesariamente deberá constar informe técnico y jurídico de los servicios municipales, o en su caso de la Diputación Provincial, sobre la adecuación del acto pretendido a la normativa territorial y urbanística de aplicación, debiendo el titular de la Secretaría del Ayuntamiento advertir de la omisión de alguno de ellos en los términos previstos en la normativa de régimen local. Igualmente, deberán constar las autorizaciones o informes que la legislación sectorial o la presente Ley exijan con carácter previo al otorgamiento de licencia y, en su caso, la autorización o concesión de ocupación o utilización del dominio público. Asimismo, en toda solicitud de licencia y en la resolución de su concesión deberá constar debidamente georreferenciada la actuación de que se trate, expresando, en su caso, las coordenadas UTM de la superficie a ocupar por las edificaciones o del perímetro de cada una de las fincas resultantes de la actuación pretendida. 4. Reglamentariamente se desarrollará la posibilidad de otorgar licencias de obras por fases, así como de ocupación o utilización parciales, estableciendo los requisitos y garantías para su otorgamiento.
III. De conformidad con la regla contenida en el artículo 322 de la Ley Hipotecaria, el registrador debe proceder a la notificación de la calificación negativa del documento presentado, quedando desde entonces automáticamente prorrogado el asiento de presentación correspondiente, por un plazo que vence a los sesenta días, contados desde la práctica de la última de las notificaciones que deban ser realizadas. Prórroga durante la cual, por aplicación del principio hipotecario de prioridad contenido en los artículos 17, 24 y 25 de la Ley Hipotecaria, no pueden ser despachados los títulos posteriores relativos a la misma finca, cuyos asientos de presentación, por tanto han de entenderse igualmente prorrogados hasta el término de la vigencia, automáticamente prorrogada, del asiento anterior.
C) Acuerdo de calificación negativa:
El Registrador de la Propiedad de Mojácar, ha resuelto suspender la inscripción del documento objeto de la presente calificación, por el/los defecto/s subsanable indicado/s.
Quedando automáticamente prorrogado el asiento de presentación correspondiente durante el plazo de sesenta días a contar desde que se tenga constancia de la recepción de la última de las notificaciones legalmente pertinentes, de conformidad con los artículos 322 y 323 de la Ley Hipotecaria. Pudiendo no obstante, el interesado o el funcionario autorizante del Título, durante la vigencia del asiento de presentación y dentro del plazo de sesenta días anteriormente referido, solicitar que se practique la anotación preventiva prevista en el artículo 42.9 de la Ley Hipotecaria.
Contra la presente calificación podrá (…)
Mojácar, el día de la fecha indicado al pie de la presente nota de calificación negativa.–Este documento ha sido firmado con firma electrónica cualificada por José Mora Vázquez Cortés-Pardo registrador/a de Registro Propiedad de Mojácar a día uno de febrero del dos mil veintitrés.»
Contra la anterior nota de calificación, don F. J. B. G., abogado, en nombre y representación de la entidad mercantil «S.P.Q.R. 2008, S.L.», interpuso recurso el día 23 de febrero de 2023 mediante escrito con los siguientes argumentos:
«Fundamentos de Derecho:
I. (…)
IV. Fondo del asunto.
Básicamente, el fondo del asunto se centra en si la licencia de segregación ha podido se concedida por silencio administrativo y, por lo tanto, procedería la inscripción en el registro de la inscripción solicitada.
El fundamento de la denegación por parte del Registrador se fundamenta, por un lado, en la normativa estatal recogida en su escrito, artículo 26.2 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, en el que se indica lo siguiente:
Artículo 26. Formación de fincas y parcelas, relación entre ellas y complejos inmobiliarios (…).
Y, también se base la denegación en el artículo 78 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística.
Artículo 78. Actuación de los Registradores de la Propiedad (…).
Obviamente, nadie discute el contenido de dichos artículos, pero no es esta la cuestión a dilucidar. Se es consciente de que, en situación normal, se debería de aportar la licencia otorgada por el ayuntamiento, o la declaración de innecesariedad, pero la norma también prevé la posibilidad de que, realizada la solicitud, el ayuntamiento, no conteste en el plazo legal, lo que conduciría a la cuestión del silencio administrativo que, como se indicará a continuación, debe entenderse positivo.
Esta normativa indicada no se pronuncia sobre el silencio administrativo en las licencias, y aunque así fuera, entiende esta parte, quedaría fuera de su ámbito ya que conforme a la [sic]
La base de la solicitud se centra, en primer lugar, en la sentencia del Sentencia 143/2017, de 14 de diciembre del Tribunal Constitucional, que analiza el recurso Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.
Dicha sentencia resuelve la dualidad entre la regulación del silencio en la normativa estatal sobre el suelo y la legislación urbanística.
En su fundamento jurídico 23, aborda dos cuestiones básicas, la primera la relativa a la prohibición de adquirir facultades urbanísticas contra ley, y, en segundo lugar, las competencias del Estado para establecer un silencio desestimatorio respecto a determinadas actuaciones urbanísticas.
Con respecto a las segregaciones, parcelaciones y otros actos de división cuando no formen parte de un proyecto de reparcelación, recoge que la regulación del silencio corresponde de forma exclusiva a las Comunidades Autónomas, sin que tenga el Estado título habilitante alguno.
En concreto recoge lo siguiente:
A la vista de las anteriores precisiones, se puede ahora abordar de forma sistemática el análisis de los supuestos previstos en el artículo 9.8 del texto refundido de la Ley de suelo de 2008.
El apartado a) contempla, a su vez, dos supuestos: por una parte, los movimientos de tierra y explanaciones que sean independientes de proyectos urbanización, edificación o construcción -en cuyo caso seguirán el régimen previsto para estos-; y, por otra parte, la parcelación, segregación u otros actos de división de fincas no incluidas en un proyecto de reparcelación.
La regulación del silencio negativo no será inconstitucional en el caso de los movimientos de tierra y explanaciones al amparo de la competencia básica del Estado en materia de medio ambiente, dada la necesidad de preservar los valores propios del medio rural. Por el contrario, la exigencia de silencio negativo en lo relativo a la división de fincas, cuya finalidad no es otra que comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas para su división, ya sea en suelo rural o urbanizado cuando no hay necesidad de equidistribución, vulnera las competencias autonómicas. Al carecer el Estado de título competencial, este inciso del apartado a) es inconstitucional. Lo propio sucede con el artículo 11.4 a) del texto refundido de la Ley de suelo y rehabilitación urbana, que lo reproduce.
Por lo tanto, el Estado no puede intervenir en este aspecto, siendo competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas, lo que a continuación se analizará conforme a la normativa andaluza.
II [sic]. Sobre el silencio administrativo positivo.
Debemos de partir de la consideración jurídica del silencio administrativo positivo, regulado, a nivel general, en el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que en lo que a la presente reclamación interesa, recoge lo siguiente:
Artículo 24. Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado (…).
Partiendo de que es un procedimiento iniciado a solicitud de mi mandante, el vencimiento del plazo máximo para la notificación de la resolución, daría lugar a entenderla estimada por silencio administrativo.
Esta estimación, conforme a lo recogido en el apartado 2, tiene todos los efectos de acto administrativo finalizador del procedimiento.
Es por ello que, en el ámbito administrativo, por la declaración que se hace por el propio legislador, constituye un auténtico acto administrativo que produce la misma eficacia que el acto dictado expresamente, y es por ello que, conforme al apartado 3 del artículo 24, indicado, la obligación de dictar resolución expresa posterior a la producción del acto, sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo.
Trasladado lo anterior a la aplicación del artículo 26.2 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, y al artículo 78 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, que se recogen como fundamentos de la calificación negativa, la obligación de incorporar la acreditación de la conformidad o la aportación de la licencia, quedarían sustituidas por la existencia de la estimación de la solicitud de la licencia por el mencionado silencio administrativo positivo.
III [sic]. El silencio positivo en la normativa urbanística de Andalucía.
En la misma resolución se trae a colación el artículo 140 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, artículo aplicable al presente procedimiento, toda vez que estando en el ámbito de actos registrales, habiéndose presentado al registro la presente escritura en el mes de mayo de 2022, ya estando en vigor dicha norma
El artículo 140.2 indica lo siguiente:
Artículo 140. Competencia y procedimiento de otorgamiento de las licencias urbanísticas. 2. La Administración estará obligada a dictar resolución expresa en el procedimiento de otorgamiento de licencias, que será notificada en el plazo máximo de tres meses desde que se presente la documentación completa en el registro electrónico municipal. El transcurso del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima a los interesados para entenderla estimada, salvo los supuestos previstos en la legislación estatal. No obstante, en ningún caso podrán adquirirse por silencio administrativo facultades o derechos contrarios a la normativa territorial o urbanística.
En relación al análisis de este artículo, y su aplicación al presente recurso, es el carácter omnicomprensivo del silencio positivo: se entenderá estimada la licencia. Es decir, no necesita complemento alguno de informes u otras actuaciones complementarias que la normativa pudiera exigir con antelación al otorgamiento de la licencia.
a) Cumplimiento del plazo para entender que se habría producido el silencio administrativo.
Consta en la escritura pública aportada, con base en los documentos incorporados a la misma, que el Ayuntamiento de Carboneras, una vez presentada la solicitud y realizada la primera de las subsanaciones, dictó resolución de fecha 27 de septiembre de 2019, en la que se indicó que en el informe del técnico municipal, se habían encontrado las siguientes deficiencias, adoptado el siguiente acuerdo:
A la vista de tales circunstancias he resuelto:
1.º Suspender el plazo para el otorgamiento de la licencia solicitada en tanto no se subsanen las siguientes deficiencias:
“Informe Topográfico con definición cartográfica de la finca matriz y de la finca que se pretende segregar, reflejando alineaciones, superficies, etc. El documento, suscrito por topógrafo titulado, deberá ser completo, acompañando del correspondiente CD-R con planos en pdf, dwg (acad-2004) y gml.”
2.º Requerir al promotor para que en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente a aquel en que tenga lugar la recepción del presente escrito, (subsane la falta/acompañe los documentos preceptivos), advirtiéndole que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Pues bien, también como consta en la escritura, dicha subsanación se produjo en fecha 24 de octubre de 2019.
A la fecha de la escritura pública, realizada el 3 de mayo de 2022, es decir, más de dos años y medio después, el Ayuntamiento de Carboneras no había realizado contestación alguna.
Por lo tanto, el plazo del silencio debe entenderse cumplido.
b) Otras actuaciones realizadas por el notario y el Registro de la Propiedad, que coadyuvan la presente petición.
A mayor abundamiento, entendiendo que tiene también relevancia a los efectos de este procedimiento, como consta en la escritura, que la misma le fue remitida conforme a lo recogido en el artículo 91.4 de la ley 7/2021, de 1 de diciembre, al Ayuntamiento de Carboneras, sin que tampoco se haya pronunciado al respecto en relación a dicha solicitud.
Por otro lado, el propio Registro de la Propiedad de Mojácar quien, como consta en la calificación, volvió a remitir al Ayuntamiento de Carboneras, copia de la escritura para que informase sobre la legalidad o no de la solicitud, en fecha 10 de junio, sin que transcurridos cuatro meses desde la recepción se hubiera pronunciado.
c) Sobre las excepciones al silencio positivo que recoge el artículo 140.2 de la norma autonómica.
Como se ha recogido, dos son las excepciones que recoge este artículo a la aplicación del silencio positivo, i) salvo los supuestos previstos en la legislación estatal, y en ningún caso podrán adquirirse por silencio administrativo facultades o derechos contrarios a la normativa territorial o urbanística.
Con respecto a la primera de las excepciones, supuestos previstos en la legislación estatal, entiende esta parte, sería de aplicación el ya mencionado artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que indica que será positivo salvo:
1. en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario.
No existe una norma con rango de Ley que prohíba que las licencias urbanísticas puedan concederse por silencio administrativo. La ley andaluza a la que se ha hecho referencia, permite, como puede verse en el artículo 140.2 indicado, la procedencia de la existencia del silencio positivo.
Por lo demás, no siendo aplicable ninguno de los otros supuestos recogidos en la norma estatal, nada habría que alegar al respecto, al margen de no haber sido alegados en la calificación.
Por ello es necesario analizar el segundo de los supuestos:
2. en ningún caso podrán adquirirse por silencio administrativo facultades o derechos contrarios a la normativa territorial o urbanística.
Como ya indicamos, el artículo 140.2 de la ley andaluza, que regula el silencio en las licencias, recoge:
2. La Administración estará obligada a dictar resolución expresa en el procedimiento de otorgamiento de licencias, que será notificada en el plazo máximo de tres meses desde que se presente la documentación completa en el registro electrónico municipal. El transcurso del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima a los interesados para entenderla estimada, salvo los supuestos previstos en la legislación estatal. No obstante, en ningún caso podrán adquirirse por silencio administrativo facultades o derechos contrarios a la normativa territorial o urbanística.
A estos efectos es importante traer a colación la DGRN, Resolución, 15-09-2009, BOE 242/2009, de 7 Octubre 2009, en la que se indicaba lo siguiente: (…)
Ahora bien, la sentencia del Tribunal Constitucional 143/2017, de 14 de diciembre del que analiza el recurso Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, ha dejado claro que la competencia en el ámbito de las licencias de segregación es competencia autonómica, por lo que dicha interpretación debería decaer.
Más reciente, es importante a estos efectos la Resolución de 9 de junio de 2022 DGRN/DGSJFP, BOE 161/2022, de 6 de julio de 2022.
En ella se indica que respecto de la posibilidad, como plantea el recurrente, de entender concedida por silencio administrativo la licencia de segregación, debe señalarse que si bien la Sentencia del Tribunal Constitucional número 143/2017, de 14 de diciembre (…), anuló el artículo 11.4.a) del texto refundido de la Ley de suelo y rehabilitación urbana, que reflejaba la exigencia, como norma básica, de silencio negativo en lo relativo a la división de fincas por falta de habilitación competencial, aunque precisa que ello no quiere decir que la regla ahora sea la de entender, en todo caso, concedidas las mismas por silencio administrativo ante la falta de respuesta de la Administración.
Trayendo a colación las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 15 de septiembre de 2009 y 31 de mayo de 2011, se trató ampliamente en la Resolución de 19 de mayo de 2012, citadas por la de 3 de julio de 2015, la doctrina de este Centro Directivo se adecuó necesariamente a los pronunciamientos contenidos en la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 28 de enero de 2009, resolviendo un recurso de casación en interés de Ley.
De las consideraciones de la referida Sentencia de nuestro Alto Tribunal, resulta que, aunque la regla general sea la del silencio positivo, cabe excepcionarla cuando, como ocurre en al ámbito urbanístico, otra norma con rango de ley establece lo contrario, tal y como ocurre con la norma vigente al tiempo del otorgamiento notarial objeto de este expediente.
Y, se indicó que dicha Sentencia excluía la posibilidad del silencio positivo respecto de aquellos actos administrativos que pudieran provocar la adquisición de facultades contrarias a la ordenación urbanística –cfr. artículo 11.3 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, y a estos efectos concretaba:
En definitiva, no es que no sean admisibles las licencias adquiridas por silencio administrativo positivo al amparo de una legislación que lo admita, sino que se necesita una manifestación expresa, en este caso del Ayuntamiento, relativa al hecho de que las facultades adquiridas no son contrarias a la ordenación urbanística aplicable para que el registrador pueda acceder a la inscripción.
Normativa que ha sido declarada inconstitucional, como se ha indicado anteriormente.
A mayor abundamiento, el análisis de dicha resolución se concretaba en la legislación canaria, haciendo referencia a que el propio artículo 166 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, vigente (…) al otorgarse la escritura, establecía en su apartado sexto que “en ningún caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo licencias urbanísticas en contra de la ordenación de los recursos naturales, territorial, urbanística o sectorial aplicables”.
Concretándose que: en la legislación vigente canaria, el artículo 344 de la Ley 4/2017, de 13 de julio (…), no contempla los actos de segregación como supuesto especifico de silencio negativo. Sin embargo, el artículo 345 señala que fuera de los supuestos previstos en el artículo anterior, el vencimiento del plazo establecido sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado para entender otorgada, por silencio administrativo, la licencia solicitada, siempre y cuando lo solicitado no contravenga de manera manifiesta la legalidad urbanística vigente al tiempo de la solicitud o al tiempo del vencimiento del plazo, según cuál sea más favorable al interesado. Señalando a continuación que: “2. A los efectos de determinar la concurrencia o no de contravención a la legalidad urbanística, el interesado no podrá considerar operado el silencio positivo cuando: a) Careciera de alguno de los títulos sectoriales exigidos por la legislación como previos al otorgamiento de la licencia. b) Hubiera tenido conocimiento fehaciente, antes del vencimiento del plazo para resolver y notificar la solicitud de licencia, de cualquier informe oficial municipal desfavorable a la solicitud. A tales efectos, se considerarán como conocidos: i) La cédula urbanística que hubiere sido expedida y notificada al interesado. ii) Los informes obrantes en el expediente al tiempo de la evacuación del trámite de vista previsto en el artículo 342, apartado 5, siempre que dicho trámite hubiera tenido lugar con anterioridad al vencimiento del plazo para resolver. 3. Las licencias obtenidas por silencio positivo surtirán efecto a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo para resolver. La Administración no queda exonerada de dictar resolución expresa, la cual solo podrá ser confirmatoria del silencio positivo operado, quedando a salvo, en todo caso, el ejercicio de las potestades revisoras y suspensivas, en su caso, sobre el acto presunto o expreso extemporáneo. La resolución expresa, aun confirmatoria, podrá establecer plazos para el inicio y conclusión de la actuación habilitada distintos de los solicitados por el interesado”.
De lo anterior resulta que la obtención de licencia por silencio administrativo positivo se basa en elementos que deben valorarse en el procedimiento administrativo y cuya apreciación no compete al registrador dado el alcance limitado y no contradictorio del procedimiento registral, por lo que de ser exigible la licencia como requisito de inscripción debe acreditarse, en su caso, su obtención por silencio positivo –cfr. artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo (…) Común–.
Pero ello no ocurre en el presente caso, tanto por la propia normativa autonómica, como por las actuaciones realizadas.
La normativa autonómica andaluza, al contrario que la canaria, en la resolución indicada, no recoge elementos que concreten o limiten el silencio administrativo positivo de las licencias no otorgadas en plazo, más allá de la referencia genérica a las normas.
En atención a lo anterior, es importante hacer un análisis de las actuaciones realizadas, para llegar a la conclusión de que, en el presente caso, la concesión de la licencia de segregación solicitada no contraviene las determinaciones de la ordenación territorial o urbanística.
Podemos ver la exposición de motivos de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, que el silencio con sentido desestimatorio, se recoge en la Ley, en razón del interés general:
Queda justificada la razón de interés general del establecimiento de silencios con sentido desestimatorio, en virtud de un régimen de tutela administrativa de la actividad urbanística, y, por último, los procedimientos administrativos fijan plazos máximos de duración, en aras a conferir una mayor seguridad jurídica, así como a justificar una verdadera agilización y simplificación en su tramitación
Pero este silencio desestimatorio viene recogido en las distintas actividades urbanísticas a realizar, identificado de forma concreta: artículo 22, actuaciones extraordinarias en suelo rústico, artículo 99 unidades de ejecución, artículo 114, sustitución del sistema de compensación, artículo 155, imposibilidad de ejecución.
Sin embargo, en las parcelaciones urbanísticas, y la solicitud de licencia a tal efecto, no se recoge en la ley que el plazo del tiempo de resolución, tenga efectos desestimatorios.
Por lo tanto, la norma no lo impide.
Debemos concretar, además, por qué se entiende que con la licencia solicitada no contraviene las determinaciones de la ordenación territorial o urbanística.
– En atención al informe urbanístico emitido por el Ayuntamiento.
Como se ha indicado, con carácter previo a la petición de las segregaciones, se emitió un informe urbanístico, con el visto bueno del concejal del área, en el que se indicaba que la parcela en cuestión estaba clasificada como Suelo Urbano Consolidado, incluido en la ordenanza de edificación, del PGOU, cuya normativa se aportaba a la licencia.
Y, en la misma, viene claramente identificada la posibilidad de la parcelación en los términos expuestos: parcela mínima, fachada y diámetro inscrito mínimo.
La parcela cuya segregación se solicita cumple claramente con estos requisitos, como puede verse en el informe técnico y el informe de validación gráfica recogido en la solicitud y la subsanación aportadas al Ayuntamiento e incorporadas a la escritura pública.
Por lo tanto, conforme a la normativa aplicable, aportada a esta parte por el propio Ayuntamiento, junto con el informe urbanístico, la licencia de segregación efectuada cumple con estos requisitos.
– El Ayuntamiento, en el expediente abierto a la solicitud de segregación, no indicó en ningún momento que la petición incumpliera la normativa.
El Ayuntamiento ya contestó, inicialmente a la petición de licencia solicitada. Así, la resolución de 20 de agosto de 2018, incorporada a la escritura pública, aunque ya pudiera entenderse que se dictó fuera del plazo de los tres meses (mismo plazo que recogía la LOUA anterior), solicitaba a mi mandante diversa documentación, que pudiéramos entender necesaria para la emisión del informe.
Pues bien, esta documentación se remitió, de tal forma que ya, en la siguiente resolución, la de 27 de septiembre de 2019, lo único que se solicitaba, aunque ya se había aportado, era el informe topográfico.
Este informe, como consta en la escritura de segregación, fue aportado en fecha 24 de octubre de 2019, constando en el mismo la validación gráfica, con alineaciones, superficies, y las coordenadas georreferenciadas de la finca matriz y de la finca segregada, toda ella en suelo urbano consolidado y con una superficie superior a la mínima exigida, como se ha explicado anteriormente.
– Tampoco puso reparo alguno a la comunicación realizada por el notario. Pero, es más, esto tampoco lo hizo ni con la comunicación realizada por el notario.
Así, el notario remitió copia de la escritura de segregación, en la que se hacía constar, expresamente, no solo la existencia de la segregación en sí, sino que la misma se había concedido por silencio administrativo.
El Ayuntamiento no ha impugnado dicha escritura, ni ha realizado actuación alguna al respecto.
– Remisión del Registrador al Ayuntamiento de oficio con la escritura.
Como consta en la calificación negativa, el Registrador remitió al Ayuntamiento oficio, para que informara conforme a lo dispuesto en el artículo 79 del RD 1093/1997, de 4 de julio, sin que el Ayuntamiento contestara en el plazo de los 4 meses que indica la normativa.
Si bien es una actuación sobre parcelación en suelo rústico, lo cierto es que se le trasladó al Ayuntamiento la escritura pública de segregación en suelo urbano consolidado, sin que pusiera reparo alguno al respecto.
Debemos entender este artículo 79, como un canon interpretativo de la norma.
No estamos ya en una mera solicitud individual del administrado, sino en un requerimiento expreso del Registro, para que el Ayuntamiento se pronuncie sobre la legalidad de la actuación de la segregación. Tras cuatro meses, ninguna contestación se ha realizado.
En reconocimiento del silencio administrativo positivo, la TSJ Madrid (Contencioso), sec. 2.ª, S 30-06-2020, n.º 350/2020, rec. 168/2019, que: resulta plenamente compatible entender concedida la licencia para la ejecución de las obras de conservación en cuestión por el mecanismo del silencio administrativo y la obligación de retirada de la instalación publicitaria existente en la fachada del mismo inmueble, pues claro está que la primera de las licencias aludidas no ampara ni implica la legalización de la instalación referida.
– Resolución del catastro de acuerdo de modificación.
Es importante, también, resaltar, que el Catastro de Almería dictó acuerdo de alteración de descripción catastral, en los términos recogidos en la mencionada escritura.
El Catastro volvió a requerir al Ayuntamiento de Carboneras para el preceptivo trámite de audiencia, sin que se pronunciara al respecto (…)
Es por todo ello por lo que se formula el presente recurso potestativo, al entender que se debería entender otorgada, por silencio administrativo, la licencia de segregación solicitada y realizar la inscripción solicitada.»
El registrador de la Propiedad formó expediente y lo elevó, con su informe, a este Centro Directivo.
Vistos los artículos 18, 33, 34 y 38 de la Ley Hipotecaria; 99 del Reglamento Hipotecario; 11.3 y 4 y 26 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana; 172 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía; 17, 91, 137 y 140.2 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía; la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional número 143/2017, de 14 de diciembre; la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 28 de enero de 2009; las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 15 de septiembre de 2009, 31 de mayo de 2011, 19 de mayo de 2012 y 3 de julio de 2015, y las Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 9 de junio de 2022 y 12 de enero y 31 de marzo de 2023.
1. Se plantea en el presente expediente la inscripción de una escritura de segregación de una finca descrita en el Registro de la Propiedad como rústica, en la que concurren las siguientes circunstancias:
– En la escritura se hace constar que con fecha de 27 de noviembre de 2018 se solicitó del Ayuntamiento de Carboneras licencia de segregación, solicitud cuya presentación se acredita. Con fecha de 21 de agosto de 2019 el Ayuntamiento requirió a la interesada la aportación de cierta documentación complementaria y con fecha de 27 de septiembre de 2019 requirió un informe topográfico adicional, aportándose el día 24 de octubre de 2019 sin que, hasta la fecha, según manifiesta el compareciente, el Ayuntamiento de Carboneras haya respondido a la solicitud de licencia.
– Se hace constar que de conformidad con lo establecido en el artículo 140.2 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, en redacción equivalente a la que presentaba el artículo 172.5.ª) de la derogada Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, si la Administración no dicta y notifica resolución expresa en el procedimiento de otorgamiento de licencias en el plazo máximo de tres meses desde que se presentó la documentación completa en el registro electrónico municipal, se entenderá estimada la solicitud por silencio positivo.
– Conforme a lo dispuesto en el artículo 79 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, en un primer momento al ser la finca rústica en Registro, fue remitido oficio, de fecha 8 de junio de 2022, en unión de copia de la escritura que motiva la presente, por el registrador de la Propiedad de Mojácar al Ayuntamiento de Carboneras para que informase conforme a lo dispuesto en dicho artículo, habiendo recibido la notificación el día 10 de junio de 2022 y transcurridos cuatro meses desde su recepción, sin haber informado al respecto.
– Sin embargo, en dicha escritura de segregación se acredita que el suelo sobre el que se ha solicitado la segregación está clasificado como suelo urbano consolidado, ordenanza de edificación en vigor, según resulta de informe expedido por el Ayuntamiento de Carboneras, circunstancia que en un primer momento no fue apreciada.
El registrador, en su nota de calificación negativa, considera necesaria la correspondiente licencia de segregación, sin que sea admisible el silencio positivo.
El recurrente sostiene la posibilidad de entender concedida la licencia de segregación por silencio positivo y de estimarla acreditada a efectos registrales, basándose en diversos argumentos que expone con detalle en el escrito de recurso transcrito en los antecedentes de esta resolución.
2. La posibilidad de entender acreditada, a efectos registrales, la licencia de segregación por silencio positivo, en el marco de la legislación urbanística de Andalucía, es una cuestión ya resuelta por este Centro Directivo en la reciente Resolución de 12 de enero de 2023.
Desde un punto de vista sustantivo, la disposición transitoria primera, apartado c), de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, en su regla primera establece que «los procedimientos que, al momento de entrada en vigor de la presente Ley, estuvieran ya iniciados, se tramitarán y resolverán con arreglo a la legislación en vigor en el momento de su iniciación».
Dado que la solicitud de licencia en el presente caso se produce en 2018 puede considerarse aplicable el régimen de la anterior Ley 7/2002, de 17 de diciembre.
Esta norma, en su artículo 172, señalaba, al regular el procedimiento de concesión de licencias urbanísticas, que «la resolución expresa deberá notificarse en el plazo máximo de tres meses. Transcurrido este plazo podrá entenderse, en los términos prescritos por la legislación reguladora del procedimiento administrativo común, otorgada la licencia interesada» –cfr. regla quinta–.
La vigente Ley 7/2021, por su parte, viene a establecer una regulación similar, pero haciendo expresa referencia a la normativa estatal de aplicación básica; así, el artículo 140, en su apartado segundo, prevé: «La Administración estará obligada a dictar resolución expresa en el procedimiento de otorgamiento de licencias, que será notificada en el plazo máximo de tres meses desde que se presente la documentación completa en el registro electrónico municipal. El transcurso del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima a los interesados para entenderla estimada, salvo los supuestos previstos en la legislación estatal. No obstante, en ningún caso podrán adquirirse por silencio administrativo facultades o derechos contrarios a la normativa territorial o urbanística».
Por su parte, la normativa básica estatal contenida en el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 7/2015 señala: «3. Todo acto de edificación requerirá del acto de conformidad, aprobación o autorización administrativa que sea preceptivo, según la legislación de ordenación territorial y urbanística, debiendo ser motivada su denegación. En ningún caso podrán entenderse adquiridas por silencio administrativo facultades o derechos que contravengan la ordenación territorial o urbanística. 4. Con independencia de lo establecido en el apartado anterior, serán expresos, con silencio administrativo negativo, los actos que autoricen: a) Movimientos de tierras, explanaciones, parcelaciones, segregaciones u otros actos de división de fincas en cualquier clase de suelo, cuando no formen parte de un proyecto de reparcelación (…)».
Como bien recuerda el recurrente, el inciso destacado fue anulado por la Sentencia número 143/2017, 14 de diciembre, del pleno del Tribunal Constitucional, recordando que «al estar atribuida la competencia legislativa sobre el urbanismo a las Comunidades Autónomas, a éstas incumbe también la aprobación de las normas de procedimiento administrativo destinadas a ejecutarla, si bien deberán respetarse en todo caso las reglas generales o comunes del procedimiento establecidas en la legislación del Estado dentro del ámbito de sus competencias. Regla común del silencio administrativo que en el sector de la ordenación del territorio y urbanismo se establece en el ya citado artículo 9.7 del texto refundido de la Ley de suelo 2008. En conclusión, la regla especial prevista en el apartado octavo del artículo 9 del texto refundido de la Ley de suelo 2008 no encontraría, con carácter general, su acomodo en la competencia estatal del procedimiento administrativo común ex artículo 149.1.18 CE (…)».
Conforme a este planteamiento, el Alto Tribunal considera que «la exigencia de silencio negativo en lo relativo a la división de fincas, cuya finalidad no es otra que comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas para su división, ya sea en suelo rural o urbanizado cuando no hay necesidad de equidistribución, vulnera las competencias autonómicas. Al carecer el Estado de título competencial, este inciso del apartado a) es inconstitucional. Lo propio sucede con el artículo 11.4 a) del texto refundido de la Ley de suelo y rehabilitación urbana, que lo reproduce (…)» –cfr. fundamento jurídico 23–.
Esta declaración supone admitir la posibilidad de que las Comunidades Autónomas, en ejercicio de su competencia legislativa en urbanismo, regulen la posibilidad de considerar estimadas por silencio administrativo positivo las licencias para los actos concretos de división o segregación.
Siempre habrá un límite normativo básico de no poder adquirir por silencio administrativo facultades o derechos contrarios a la ordenación territorial y urbanística o, lo que es lo mismo, que el silencio será positivo o negativo según que lo solicitado sea conforme o no con la ordenación urbanística o territorial. Regla cuya constitucionalidad fue confirmada por la Sentencia del Tribunal Constitucional número 61/1997 –fundamento jurídico 34– y que, en la actualidad, es contemplada por el legislador estatal en el apartado 7 del citado artículo 11 y el propio legislador andaluz en el artículo 140.2 de la vigente ley.
Por lo que, de acuerdo con lo expuesto, el legislador andaluz, tanto en la anterior ley vigente al iniciarse el procedimiento administrativo, como en la actual Ley 7/2021, admite entender estimada por silencio administrativo la licencia de división, siempre y cuando la misma no vulnere la ordenación territorial y urbanística.
3. Desde el punto de vista registral, puede decirse que la acreditación de la licencia como acto presunto presenta cierta dificultad, debida a la compleja prueba del hecho negativo.
Tradicionalmente había sido doctrina reiterada de la Dirección General de los Registros y del Notariado que la concesión de licencias urbanísticas de obras por silencio administrativo positivo, una vez transcurrido el plazo legal para que la Administración resuelva sobre la solicitud del interesado, era una consecuencia de lo establecido en el artículo 42 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
A tal efecto, esta Dirección General vino entendiendo que la regulación del silencio administrativo positivo determinaba, en garantía de los particulares, que, una vez transcurrido el plazo previsto sin decisión del órgano administrativo, se originaba un acto administrativo susceptible de producir sus efectos ante cualquier persona, física o jurídica, pública o privada (artículo 43, apartados 3 y 5, de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), sin que esto obstase a su posible calificación como acto nulo o anulable (artículos 62.1.f) y 63, apartados 1 y 2, de la misma ley).
En este último caso, la ineficacia del acto requeriría de la correspondiente declaración al efecto mediante el procedimiento de revisión legalmente establecido (artículo 102 de la citada Ley 30/1992).
Según esta misma doctrina, aplicando esos principios a la esfera registral, se estimó que, no mediando esa declaración, el acto administrativo presunto debería reputarse inicialmente válido, por lo que procedería su inscripción, sin perjuicio de que la Administración | Administración |
BOE-A-2024-24004 | El Secretario de Estado de Memoria Democrática y la Presidenta Amparo Castillo Santos han firmado el 6 de noviembre de 2024 el Convenio entre la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y la Asociación Cultural Arte y Memoria para la organización del festival internacional de cine por la Memoria Democrática (FESCIMED) de 2024.
Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del referido convenio como anexo a la presente resolución.
Madrid, 7 de noviembre de 2024.–El Secretario de Estado de Memoria Democrática,Fernando Mendoza Soto.
6 de noviembre de 2024.
De una parte, don Fernando Mendoza Suárez, Secretario de Estado de Memoria Democrática (nombrado por Real Decreto 95/2020, de 17 de enero), que interviene en nombre y representación del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, conforme lo dispuesto en artículo 62.2.g) de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
De otra parte, doña Amparo Vicente Prieto, mayor de edad, con DNI número ***1430**, en nombre y representación de Arte y Memoria en su calidad de Presidenta (nombramiento en virtud del Acuerdo de la Asamblea general de la Asociación con fecha 16 de febrero de 2019), con domicilio social en Madrid, calle Mesón de Paños, 6, 3.º izquierda, y con CIF número G-87790986.
Las partes, que actúan en razón de sus respectivos cargos, declaran y manifiestan que intervienen con capacidad legal necesaria y competencia suficiente para suscribir el correspondiente convenio en nombre de las instituciones que representan.
Que Arte y Memoria, es una asociación cultural formada por profesionales de diferentes ámbitos y disciplinas culturales y artísticas cuya meta es preservar la memoria colectiva desde una perspectiva de justicia y solidaridad con las víctimas de las injusticias, de cualquier parte del mundo, a través de expresiones y herramientas como el cine, el teatro, la literatura, la pintura o cualquier otra disciplina artística.
Que Arte y Memoria, en desarrollo de sus fines fundacionales, tiene interés en realizar una serie de acciones que contribuyan eficazmente a la promoción y defensa de la Memoria Democrática a través de las artes. A tal fin, organiza desde hace varios años un Festival Internacional de Cine por la Memoria Democrática (FESCIMED) que celebra en 2024 ya su octava edición.
Que según establece el Real Decreto 273/2024, de 19 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, corresponde a dicho Departamento, entre otras, la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de memoria histórica y democrática.
Que la Secretaría de Estado de Memoria Democrática tiene entre sus funciones las relativas al impulso, en colaboración con las Administraciones públicas competentes, de acciones de información, divulgación, formación y capacitación sobre Memoria Democrática, desde los orígenes del Constitucionalismo al final de la Dictadura, entendida como la soberanía del pueblo en su lucha por las libertades.
Que, con la intención de colaborar en el desarrollo de las actividades culturales y, más específicamente, en el ámbito de la Memoria Democrática ambas partes consideran conveniente la celebración de este convenio.
En virtud de lo anterior, las partes manifiestan su voluntad de firmar el presente convenio que se regirá con arreglo a las siguientes
El presente convenio tiene por objeto articular la colaboración entre el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y la Asociación Cultural Arte y Memoria para la organización del FESCIMED 2024, que se celebrará en la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y en la Sala Plató de la Cineteca, en el Centro Cultural Matadero, situado en la plaza de Legazpi, número 8, de Madrid, durante la primera quincena de diciembre de 2024 a falta de concretar las fechas exactas.
1. La Asociación Arte y Memoria se compromete a asumir:
– El desarrollo del Festival en su integridad, en el plazo que se indica en la cláusula primera, garantizando la completa y puntual ejecución de todas las actividades correspondientes y gestionando la consecución de los espacios adecuados para su celebración.
– Gastos de gestión de artistas, invitados y actividades musicales: 1.565 euros.
– Gastos de derechos de exhibición de obras audiovisuales: 2.585 euros.
– Gastos previos, derivados de las reuniones de selección de cortometrajes y las relativas a la organización del festival: 280 euros.
– Gastos de difusión web y dominios: 125 euros.
– Cuantías de premios económicos del festival, compra de materiales de elaboración de trofeos y envíos a los ganadores: 1.085 euros.
– Gastos de logística: 285 euros.
La aportación de la entidad para los conceptos anteriores se estima en 5.925 euros.
Además de las actividades indicadas, la Asociación Arte y Memoria asumirá cualquier gasto imprevisto que se pueda ocasionar y colaborará y asesorará a otras entidades que se puedan unir a la organización de las actividades del Festival. Asimismo; la Asociación incorporará a representantes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en todas las actividades de FESCIMED que considere oportunas.
2. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática se compromete a:
– Participar en el diseño y elaboración del programa del Festival.
– Organizar unas mesas-coloquio con temáticas de Memoria que tendrán lugar durante la celebración del Festival con posterioridad a las exhibiciones correspondientes, y designar a la persona o personas representantes del Ministerio para participar en las mismas.
– Formar parte del Jurado para la selección de la persona ganadora en la modalidad de «Premio Joven», destinado a la mejor dirección de cortometraje para directores menores de treinta años, designando un representante del Ministerio con tal finalidad.
– Asistir a la Gala de Premios del Festival mediante la debida representación y hacer entrega de la modalidad «Premio Joven».
– Contribuir a la difusión y promoción del FESCIMED y colaborar en aquellos actos que se realicen como consecuencia de las actividades mencionadas.
Además de lo anterior, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática se compromete a realizar una aportación máxima de 26.570 euros, a la Asociación Cultural Arte y Memoria que irá destinada a financiar las siguientes actividades:
– Servicios profesionales y trabajos previos al festival, de producción, documentación, asesorías, creación de contenidos videográficos y digitales para web, redes, diseño gráfico: 8.345 euros.
– Servicios profesionales y trabajos durante el festival y con posterioridad al mismo de producción, prensa, dirección, actuaciones y artistas, realización técnica y streamings y creación de contenidos videográficos y digitales para los días del festival (vídeos, parrillas de realización, spots, redes, web, material promocional, audiovisuales): 10.995 euros.
– Catering, alojamientos y desplazamientos de las reuniones del jurado y equipo para la selección de ganadores y fallo así como de los ganadores del certamen e invitados: 4.930 euros.
– Gastos de imprenta de materiales promocionales como photocall, roll up, diplomas y cartelería así como gastos de promoción digital como publicidad en redes sociales: 1.670 euros.
– Alquiler de la academia de cine y cineteca como sedes del festival: 630 euros.
El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y la Asociación Arte y Memoria se comprometen a dar máxima publicidad a este convenio.
Para ello, las partes se reconocen entre sí como entidades coorganizadoras en las citadas actividades, al mismo nivel de créditos y representación.
De este modo, las partes:
– Las partes se comprometen a incluir y difundir la presente colaboración en todo el material divulgativo y publicitario que edite, en cualquier soporte, con motivo de la colaboración prevista en la cláusula primera del presente convenio.
A efectos de lo previsto en la presente cláusula, las partes se proporcionarán mutuamente los modelos de marcas o logotipos que deban ser difundidos, y se ajustarán en todo caso, cualquiera que sea el material en el que se inserten, a los diseños facilitados que no podrán modificar ni alterar de ninguna manera sin el consentimiento previo de la otra parte.
– La utilización de materiales gráficos o de imagen vinculados a la colaboración se limita exclusivamente a los fines de la presente colaboración sin que ello suponga la concesión a favor ni del Ministerio, ni de la Asociación Arte y Memoria, de ningún derecho, sea de la naturaleza que sea, sobre el logotipo ni sobre la marca de la contraparte, y se realizará de acuerdo con las correspondientes normas gráficas de cada una de las partes.
En tal caso deberán comunicar y proporcionar a la otra parte la denominación e imagen de la entidad colaboradora e indicar, en su caso, los soportes y material de divulgación en los que se incluirá dicha imagen.
– En todos los materiales que produzcan las partes deberá incluirse la siguiente línea de créditos y representación: «Organiza: Arte y Memoria con la colaboración de: Secretaría de Estado de Memoria Democrática».
– Las partes incluirán en sus respectivas páginas web un enlace a la página de la otra parte durante la vigencia del presente convenio. Las páginas web son las siguientes:
www.mpt.gob.es.
www.fescimed.com.
– Por último, las partes se reconocen el derecho a realizar a su cargo campañas de publicidad propias y a difundir, por su cuenta y a través de los medios que tengan por conveniente, la aportación que en su caso efectúen para la realización de las citadas actividades.
En cumplimiento con lo establecido en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, el presente convenio se perfecciona por la prestación del consentimiento de las partes y resultará eficaz, una vez inscrito, en el plazo de cinco días hábiles desde su formalización, en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal. Asimismo, deberá publicarse en el plazo de diez días hábiles desde su formalización en el «Boletín Oficial del Estado».
Este convenio extenderá su vigencia hasta la finalización de todas las actividades programadas y, en todo caso, el día 30 de junio de 2025, fecha en la que finalizarán los efectos del convenio.
No obstante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.h).2.º de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en cualquier momento antes del plazo previsto para su finalización, los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales, o bien su extinción. Para ello habrá de tramitarse la correspondiente adenda de prórroga antes de que el convenio esté extinto.
En el caso de que se produzca una prórroga, deberá ser inscrita en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación antes de la extinción del convenio.
Para el adecuado seguimiento, coordinación, control e interpretación de lo establecido en el presente convenio se crea una Comisión de Seguimiento paritaria, integrada por dos representantes designados por cada una de las partes firmantes del presente convenio.
La Comisión se reunirá tantas veces como sea necesario para la buena marcha de las actuaciones a desarrollar en el marco del convenio y tendrá, entre otras, las siguientes funciones:
– Hacer un seguimiento de la ejecución acordando, en su caso, detalles relativos a la ejecución del contenido.
– Proponer y cambiar las fechas de celebración del festival de cine.
– Aprobación de los reajustes de anualidades siempre que el importe global no sobrepase el establecido en la cláusula segunda ni suponga un aumento del plazo global.
– Validar la propuesta de diseño de materiales de difusión, así como el programa de actividades complementarias, específicamente las mesas redondas o cine fórums.
– Aclarar y decidir cuantas dudas puedan plantarse en la interpretación y ejecución del mismo.
– Resolver las posibles controversias entre las partes firmantes. El régimen de funcionamiento y toma de acuerdos de la Comisión de Seguimiento se ajustará a lo establecido en la sección tercera del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Cualquier modificación a los términos del presente convenio, solamente tendrá valor si es formalizada mediante una adenda modificativa acordada por las partes y tramitada conforme a los requisitos previstos en la LRJSP siempre y cuando no altere el objeto del presente convenio.
No obstante, las modificaciones en el calendario de ejecución de las actividades objeto del convenio que supongan una modificación en el ejercicio económico inicialmente previsto, podrán acordarse en el seno de la Comisión de Seguimiento a la que se refiere la cláusula quinta, sin necesidad de tramitar adenda siempre y cuando dichas modificaciones no supongan una modificación del importe total a financiar.
Según se recoge en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el presente convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en alguna de las siguientes causas de resolución:
– El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.
– El acuerdo unánime de todos los firmantes.
– El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por una de las dos partes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la comisión de seguimiento y control de la cláusula quinta.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta causa no conllevará indemnización de los perjuicios causados, salvo acuerdo posterior en este sentido llevado a cabo por la comisión de seguimiento.
– Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
– Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras leyes.
Ambas partes se comprometen a observar la normativa vigente en materia de protección de datos actuando en este sentido conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos) y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
La aportación de 26.570 euros correspondientes a la financiación comprometida por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática a que hace referencia la cláusula segunda, estará condicionada a la justificación de la efectiva organización y realización por parte de la Asociación Arte y Memoria de la actividad programada conjuntamente y se realizará con cargo a la aplicación presupuestaria 22.03.925M.226.06 del presupuesto de gastos del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, correspondiente a los ejercicios 2024 y 2025 con la siguiente distribución:
El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática procederá al pago de la cantidad de 15.105 euros y 11.465 euros, respectivamente en los ejercicios 2024 y 2025, previa presentación por parte de la entidad conveniada, de una memoria en la que se detallen las actuaciones realizadas y el coste de las mismas, así como la documentación justificativa correspondiente, incluyendo facturas, nóminas, documentos RLC, contratos, actas de reuniones, documentos de trabajo u otros documentos acreditativos de la efectiva realización de las actividades, estando permitidos pagos parciales.
Por su parte, Arte y Memoria realizará los compromisos que asume en la cláusula segunda del presente documento con cargo a su presupuesto para el ejercicio 2024 y financiará los gastos derivados de dichos compromisos hasta un máximo de 5.925 euros.
En cumplimiento con lo establecido en el artículo 48.6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, las aportaciones financieras que se comprometan a realizar los firmantes no podrán ser superiores a los gastos derivados de la ejecución del convenio. Igualmente, y en aplicación a lo establecido en el artículo 50.2.d) de esa misma ley, la aportación de la Administración General del Estado (MPTMD) en anualidades futuras (2025) estará condicionada a la existencia de crédito en los correspondientes presupuestos. En el caso de no existir en años futuros tal dotación se entenderá extinguido este convenio.
El convenio suscrito será puesto a disposición de los ciudadanos en el correspondiente Portal de Transparencia en aplicación de lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso y Buen Gobierno y demás normativa de desarrollo de la misma.
Para la realización de los compromisos relativos a las actividades objeto del presente convenio, Arte y Memoria se responsabilizará de gestionar todos los derechos de explotación (reproducción, transformación, distribución y comunicación pública) y demás derivados de la propiedad intelectual e industrial y de los derechos de imagen o de cualquier otro tipo necesarios para la celebración de estas actividades y para la difusión de las mismas y se compromete, asimismo, a mantener indemne al Ministerio de cualquier reclamación que recibiera de terceros al respecto de la legitimidad de la titularidad de los derechos referidos anteriormente.
Para la realización de los compromisos asumidos en la cláusula segunda Arte y Memoria habrá gestionado y pagado a su cargo, en su caso, la cesión por parte de sus titulares de los derechos de propiedad intelectual necesarios para realizar el objeto del presente convenio.
En el caso de que cualquiera de las partes realice grabaciones y ediciones de vídeos, fotos o cualquier otro material audiovisual de las actividades objeto del presente convenio, su titularidad corresponderá a la parte que lo realice, comprometiéndose dicha parte a ceder a la otra una copia del mismo. Esta cesión comportará la autorización a la otra parte para la reproducción, transformación, distribución, comunicación pública, incluida la puesta a disposición del público a través de internet, del material audiovisual realizado en virtud del presente convenio, en todos los países y durante el tiempo más amplio permitido por la legislación vigente. Todo ello sin perjuicio de los derechos de cualquier tipo que terceras personas ostenten sobre estos materiales.
Los derechos de propiedad intelectual sobre los resultados de la colaboración de las partes, corresponderán a la parte que, en su caso, haya realizado el material o la obra de que se trate. No obstante, cuando en desarrollo de las actividades objeto del presente convenio, se lleve a cabo una creación conjunta, las partes acordaran expresamente las correspondientes cuestiones relativas a la propiedad intelectual de la obra resultante.
El presente convenio queda sometido al régimen jurídico de convenios previsto en el capítulo VI del título preliminar de la, antes citada, Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Las dudas o lagunas que en la interpretación y aplicación de este convenio puedan suscitarse, se resolverán aplicado los principios contenidos en dicha ley.
Las discrepancias que pudieran surgir sobre la interpretación, desarrollo, modificación, resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente convenio, que no hayan sido resueltas por la Comisión de Seguimiento prevista en la cláusula quinta del mismo, deberán solventarse por las partes. Las cuestiones litigiosas que puedan suscitarse entre las partes serán competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Y en prueba de conformidad con todo lo expuesto, en el ejercicio de las facultades que legalmente corresponden a cada uno de los firmantes, obligando con ello a las instituciones que representan, suscriben el presente convenio por duplicado en el lugar y fecha señalados al principio.–El Secretario de Estado de Memoria Democrática,Fernando Arias Prieto.–La Presidenta de Arte y Memoria, Amparo Vicente Prieto. | Normativas |
BOE-A-2022-4055 | De conformidad con lo dispuesto en el apartado sexto del artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, así como en el artículo 46 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico del personal funcionario de Administración local con habilitación de carácter nacional, y en uso de las competencias conferidas en el Real Decreto 682/2021, de 3 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Función Pública y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, esta dirección general acuerda publicar, en extracto, la convocatoria para la provisión por el sistema de libre designación del puesto de Interventor General del Ayuntamiento de Oviedo, reservado a personal funcionario de Administración local con habilitación de carácter nacional y relacionado en el anexo, con arreglo a las siguientes bases:
El puesto de trabajo que se anuncia podrá ser solicitado por el personal funcionario de Administración local con habilitación de carácter nacional, perteneciente a la subescala, y en su caso categoría, a que está reservado.
No podrá concurrir a la convocatoria el personal funcionario que se encuentren en las situaciones previstas en el artículo 36.2 a), b) y c) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico del personal funcionario de Administración local con habilitación de carácter nacional.
Los interesados dirigirán su solicitud a la corporación convocante, dentro de los quince días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial del Estado», acompañando a la solicitud la documentación acreditativa de reunir los requisitos para su desempeño, en los términos que figuren en la convocatoria.
Los aspirantes deberán sujetarse a las bases de la convocatoria publicadas íntegramente en el diario oficial indicado en el anexo.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante esta dirección general, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como en los artículos 10.1 i) y 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que se pudiera interponer.
Madrid, 9 de marzo de 2022.–La Directora General de la Función Pública, María Rodríguez Reyes Gallego.
Corporación: Ayuntamiento de Oviedo.
Denominación del puesto: Interventor General.
Complemento específico anual: 35.238,84 (ejercicio 2021).
Productividad al puesto de trabajo anual: 10.185,87 (ejercicio 2021).
Requisitos de los aspirantes: pertenecer a la Intervención-Tesorería, categoría superior.
Publicación íntegra de la convocatoria: Resolución de 23 de febrero de 2022, de la Consejería de Presidencia (publicada en el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» n.º 42, de 2 de marzo de 2022). | Funcionarios y Personal |
BOE-A-2023-24070 | De conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario («Boletín Oficial del Estado» de 23 de marzo) –en adelante LOSU–; el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre («Boletín Oficial del Estado» de 6 de octubre), y el Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre («Boletín Oficial del Estado» de 8 de octubre), que regulan la acreditación nacional y el régimen de los concursos para el acceso a los cuerpos docentes universitarios, respectivamente, y a tenor de lo establecido en el artículo 3 del Reglamento de Selección del Personal Docente e Investigador de la Universitat de València, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universitat de València de fecha 27 de mayo de 2003, redacción modificada por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 23 de diciembre de 2008 y posteriores revisiones; de acuerdo con el artículo 2.1.f) del Reglamento de administración electrónica de la Universitat de València, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universitat de València de fecha 23 de junio de 2020, que establece la obligatoriedad de relacionarse a través de medios electrónicos con la Universidad de las personas que reúnan la condición de interesadas en procedimientos que puedan dar lugar en su incorporación como miembros de la comunidad universitaria; y conforme al Reglamento para la realización de reuniones y la adopción de acuerdos a distancia por parte de órganos colegiados de la Universidad, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universitat de València de fecha 18 de febrero de 2019,
Este Rectorado, en ejecución de la oferta de empleo público para el año 2023, relativa a plazas de cuerpos docentes universitarios y de profesorado permanente laboral de la Universitat de València, publicada en el «Diari Oficial de la Generalitat Valenciana» de 8 de junio de 2023, previa autorización de la Conselleria competente en materia de universidades, ha resuelto convocar a concurso público (convocatoria 189/2023), la provisión de una plaza de profesorado titular de universidad, que se relaciona en el anexo I de la presente resolución, dotada en el estado de gastos del presupuesto de la Universitat de València e incluida en su vigente relación de puestos de trabajo, con sujeción a las siguientes
1.1 Los concursos se regirán por lo dispuesto en la LOSU; el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público («Boletín Oficial del Estado» de 31 de octubre); el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre («Boletín Oficial del Estado» de 6 de octubre), y el Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre («Boletín Oficial del Estado» de 8 de octubre), que regulan la acreditación nacional y el régimen de los concursos para el acceso a los cuerpos docentes universitarios, respectivamente; el Decreto 128/2004, de 30 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueban los Estatutos de la Universitat de València (DOGV de 3 de agosto de 2004); el Reglamento de Selección del Personal Docente e Investigador de la Universitat de València, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universitat de València de fecha 27 de mayo de 2003 y posteriores modificaciones; el Reglamento de administración electrónica de la Universitat de València, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universitat de València de fecha 23 de junio de 2020, que establece la obligatoriedad de relacionarse a través de medios electrónicos con la Universidad, de las personas que reúnan la condición de interesadas en procedimientos que puedan dar lugar en su incorporación como miembros de la comunidad universitaria; el Reglamento para la realización de reuniones y la adopción de acuerdos a distancia por parte de órganos colegiados de la Universidad, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universitat de València de fecha 18 de febrero de 2019; así como por las bases de la presente convocatoria. En lo no previsto en las disposiciones anteriores se aplicará lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas («Boletín Oficial del Estado» de 2 de octubre); en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público («Boletín Oficial del Estado» de 2 de octubre), y en la Legislación General de Funcionarios Civiles del Estado.
Para ser admitido/a a cada proceso selectivo se han de reunir los siguientes requisitos, que deberán cumplirse en el momento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión.
2.1 Requisitos generales:
a) Poseer la nacionalidad española o de un estado miembro de la Unión Europea o de aquellos estados a los que, en virtud de los tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. También podrán participar el/la cónyuge, descendientes y descendientes del/de la cónyuge, de los españoles y españolas y de los nacionales de otros estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados o separadas de derecho, menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas. Este último beneficio será igualmente de aplicación a familiares de nacionales de otros estados cuando así se prevea en los tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España. Igualmente podrán participar los aspirantes de nacionalidad extranjera no comunitaria cuando en el estado de su nacionalidad se reconozca a los españoles y españolas aptitud legal para ocupar en la docencia universitaria posiciones análogas a las de los funcionarios de los cuerpos docentes universitarios españoles.
b) No haber alcanzado la edad de jubilación forzosa establecida por la legislación vigente en la fecha de finalización del plazo para la presentación de solicitudes.
c) Poseer el título de doctor o doctora.
d) No haber sido separada o separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las administraciones públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de empleos o cargos públicos o para el acceso al cuerpo o escala funcionarial. Las personas aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán acreditar igualmente no hallarse inhabilitadas o en situación equivalente, ni haber sido sometidas a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
e) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas correspondientes a profesor o profesora de universidad.
f) Haber abonado los derechos de examen establecidos en la presente convocatoria o acreditar la exención del pago o bonificación.
2.2 Requisitos específicos:
a) Haber obtenido la acreditación para el acceso al cuerpo de profesores y profesoras titulares de universidad conforme a lo establecido en los artículos 12 y 13 y disposiciones adicionales primera, segunda y tercera del Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre. En caso de haber sido acreditado o acreditada tras la modificación introducida por el Real Decreto 415/2015, deberá serlo por la misma rama de conocimiento a la que corresponde el área de conocimiento de la plaza convocada, todo ello de acuerdo con el anexo 1 del Real Decreto 1312/2007.
Se considera que poseen la acreditación regulada en el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, el profesorado habilitado conforme a lo establecido en el Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema de habilitación nacional para el acceso a cuerpos de funcionarios docentes universitarios y el régimen de los concursos de acceso respectivos. Se entenderá que los habilitados y habilitadas para el cuerpo de catedráticos y catedráticas de escuela universitaria lo están para el acceso al cuerpo de profesores y profesoras titulares de universidad, conforme a la disposición adicional décima de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 13 de abril), por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
b) Podrá participar, asimismo, quien tenga la condición de funcionario/a del cuerpo de profesores y profesoras titulares de universidad o de un cuerpo docente universitario de igual o superior categoría –en todos estos casos será necesario haber desempeñado la plaza durante al menos dos años en la Universidad de origen– (artículo 9.4 del Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre).
c) Igualmente, podrá presentarse al concurso de acceso el profesorado de universidades de estados miembros de la Unión Europea o de aquellos estados en los que en virtud de tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España sea de aplicación la libre circulación de trabajadoras y trabajadores, en los términos en que esta se encuentra definida en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, que hayan alcanzado una posición equivalente a la de catedrático o catedrática o de profesor o profesora titular de universidad, de acuerdo con la certificación emitida por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, a solicitud de la persona interesada.
3.1 Plazo de presentación: veinte días a contar desde el día siguiente de la publicación de esta convocatoria en el BOE.
Todos los plazos señalados en esta convocatoria se entienden que son hábiles, excluyendo del cómputo los sábados, domingos y los declarados festivos.
3.2 Las solicitudes se presentarán obligatoriamente a través del formulario electrónico correspondiente a la presente convocatoria que se encuentra en el entorno de tramitación electrónica de la Universitat de València en la siguiente dirección electrónica: https://seu.uv.es. La no utilización del citado formulario será motivo de exclusión, insubsanable, una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes.
En este entorno se realizarán todos los trámites de presentación de solicitudes y aportación de documentos.
3.3 El pago de la tasa (27 euros) se realizará mediante tarjeta bancaria a través de la pasarela de pagos a la cual se accede desde el formulario electrónico de la convocatoria, una vez finalizado el procedimiento de presentación telemática.
Estarán exentas del pago de la tasa las personas que acrediten una discapacidad en grado igual o superior al 33 %, los miembros de familias numerosas de carácter especial, los miembros de familias monoparentales de categoría especial y las víctimas de actos de violencia sobre la mujer.
Las personas aspirantes mencionadas en el párrafo anterior lo harán constar expresamente en el apartado correspondiente de la solicitud y deberán presentar, en su caso, las certificaciones correspondientes que acrediten su condición de discapacidad, de ser miembro de familia numerosa o de familia monoparental (mediante certificado de la Conselleria de Bienestar Social u órgano competente), y las víctimas de actos de violencia sobre la mujer mediante cualquiera de los medios de prueba que prevé el artículo 9.1 y 9.2 de la Ley 7/2012, de 23 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, integral contra la violencia sobre la mujer en el ámbito de la Comunidad Valenciana (DOGV de 28 de noviembre 2012).
Disfrutarán de una bonificación del 50 % de la tasa las personas que formen parte de familias numerosas de categoría general y los miembros de familias monoparentales de categoría general.
La falta de abono o un abono inferior a la cantidad indicada como tasas en el período de presentación de solicitudes, se considerará incumplimiento insubsanable que conllevará la inadmisión al concurso. La exclusión por no cumplir alguno de los requisitos de la convocatoria no comportará el derecho a la devolución de las tasas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 1.2-6 de la Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de la Generalitat, de Tasas, no procederá la devolución de las tasas por derechos de examen si el pago indebido de éstas es por causas imputables exclusivamente a la persona candidata.
3.4 La «Guía para la presentación de solicitudes de participación en convocatorias de plazas de profesorado funcionario», que contiene las instrucciones para la cumplimentación del formulario electrónico, así como la forma de adjuntar la documentación a presentar por la persona solicitante se podrá encontrar en la página web del Servicio de Recursos Humanos PDI: http://www.uv.es/pdi, o directamente a través del siguiente enlace electrónico https://go.uv.es/Hc2Leq7. La solicitud deberá ser cumplimentada siguiendo las instrucciones recogidas en esta guía.
3.5 Junto con la solicitud se presentará la siguiente documentación escaneada:
a) Documento nacional de identidad o pasaporte. Las personas aspirantes que no posean la nacionalidad española y tengan derecho a participar, deberán presentar del documento que acredite su nacionalidad y, en su caso, de los documentos que acrediten el vínculo de parentesco y las circunstancias de dependencia a las que se refiere la base 2.1.a) de esta convocatoria. Asimismo, cuando las personas aspirantes participen en las pruebas selectivas por su condición de cónyuges, además de los documentos señalados, deberán presentar declaración jurada o promesa de no hallarse separadas de sus respectivos cónyuges.
b) Documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos que señala la base segunda para participar en los concursos de acceso, excepto en el caso de los títulos de Doctor/a expedidos por la Universitat de València o de cualquier otro requisito cuya acreditación documental obre en los archivos de esta institución, en que no será necesario aportarlos.
La acreditación de la nacionalidad y demás requisitos exigidos en la convocatoria, se realizará mediante los documentos correspondientes, certificados por las autoridades competentes del país de origen, traducidos al español, que será la lengua oficial en la que tendrá lugar el desarrollo de las pruebas.
3.6 Las personas que opten a más de una plaza habrán de presentar una solicitud independiente para cada una de ellas, acompañada de la documentación complementaria.
En el caso de convocatoria conjunta de plazas, se especificará en una única solicitud la primera de las plazas a las que se refiere la convocatoria, acompañada de una única documentación complementaria y un único pago de tasas. Se considera que la convocatoria de plazas es conjunta cuando en el anexo I, el dígito referente al «número de plazas» es superior a uno.
3.7 En el caso que se convocaran de manera conjunta más de cinco plazas, se deberá reservar la cuota legal para la cobertura con personas con discapacidad, siempre que dichas personas superen los procesos selectivos y acrediten la discapacidad, así como la compatibilidad con el desarrollo de las tareas. Si esta cuota no fuera cubierta, acrecerá el resto de las plazas con carácter general.
Las personas con discapacidades deberán presentar, en su caso, junto con la solicitud el certificado del grado de discapacidad expedido por el órgano competente.
3.8 En el caso de incidencia técnica que imposibilite el funcionamiento ordinario del sistema o aplicación que corresponda, y hasta que aquella se solucione, la Universitat de València podrá determinar una ampliación de los plazos no vencidos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 32.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre de 2015). Tanto la incidencia técnica acontecida como la ampliación concreta del plazo no vencido tendrán que publicarse en tablón de anuncios.
3.9 Los sistemas de identificación y de firma admitidos para los interesados de acuerdo con el contenido de los artículos 9 y 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, son los recogidos en la sede electrónica de la Universitat de València.
3.10 Si alguna de las personas interesadas presentara su solicitud presencialmente, el órgano convocante la requerirá para que lo enmiende a través de la presentación del formulario electrónico correspondiente a la presente convocatoria que se encuentra en el entorno de tramitación electrónica de la Universitat de València, en los términos del artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de forma que la solicitud solo será admitida si se presenta por medios electrónicos en el canal que indica la convocatoria y dentro de los plazos de la misma.
4.1 En el plazo máximo de veinte días hábiles desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes, el Vicerrectorado con competencias en materia de profesorado dictará una resolución declarando aprobada la lista provisional de las personas candidatas admitidas y excluidas.
Dicha resolución, junto con las listas completas de las personas candidatas admitidas y excluidas, en las que se indicarán las causas de la exclusión, se publicará en el tablón oficial de anuncios de la Universitat de València https://webges.uv.es/uvTaeWeb/ y con carácter informativo en la página web del Servei de Recursos Humans PDI: http://www.uv.es/pdi o directamente a través del siguiente enlace electrónico: https://go.uv.es/m5H0Mxp.
Contra la mencionada resolución las personas interesadas podrán presentar reclamación en el plazo de diez días, a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio, o bien subsanar en su caso, en el mismo plazo, el defecto que haya motivado su exclusión.
4.2 En el plazo máximo de quince días hábiles desde la finalización del plazo de reclamaciones y resueltas las mismas, el Vicerrectorado con competencias en materia de profesorado dictará resolución aprobando la lista definitiva de las personas candidatas admitidas y excluidas, que se publicará en la forma anteriormente establecida. Contra dicha resolución se podrá interponer recurso de reposición ante la rectora en el plazo de un mes desde el día siguiente a su publicación en el tablón oficial de anuncios de la Universitat de València https://webges.uv.es/uvTaeWeb/.
4.3 En las convocatorias en las que únicamente se presente una persona candidata que sea o haya sido profesor/a contratado/a doctor/a, catedrático/a de universidad, catedrático/a de escuela universitaria o profesor/a titular de universidad de la misma área de conocimiento, se eximirá a la persona candidata de la realización de la segunda parte de la primera prueba. Esta disposición no será aplicable a quien haya estado contratado interinamente como profesorado contratado doctor.
5.1 La composición de las comisiones de selección es la que figura en el anexo I de esta convocatoria.
A fin de garantizar la transparencia y la objetividad en el nombramiento de los miembros de las comisiones que resolverán los concursos de acceso, a través del formulario electrónico de la instancia general que se encuentra en el entorno de tramitación electrónica de la Universitat de València en el enlace https://www.uv.es/eregistre, se podrá solicitar los currículums de los miembros de las comisiones.
5.2 En lo relativo a las sustituciones de los miembros de la comisión en los supuestos de abstención, recusación o renuncia, se estará a lo previsto en el artículo 5.2 del Reglamento de Selección del Personal Docente e Investigador de la Universitat de València.
5.3 Las comisiones de selección podrán reunirse en sesión presencial o por los medios electrónicos que habilite la Universitat de València. Las comisiones han de constituirse en el plazo de tres meses desde el día siguiente al de la publicación del nombramiento de sus miembros efectuado en la presente convocatoria. El presidente o presidenta, previa consulta al resto de los miembros, convocará a los titulares y, en su caso, a los suplentes para proceder al acto de constitución de la comisión, con indicación del lugar, fecha y hora y, si procede, el medio electrónico habilitado.
5.4 La constitución de cada comisión exigirá la asistencia de todos sus miembros. Los miembros titulares que no concurran al acto de constitución cesarán y serán sustituidos por sus suplentes. En caso de que, además de los titulares, en alguno de los suplentes concurra causa de abstención, recusación o renuncia se podrán sustituir entre ellos correlativamente, los suplentes de los vocales primero, segundo y tercero.
5.5 Una vez constituida la comisión, en caso de ausencia, el presidente o presidenta será sustituido por el miembro vocal de mayor categoría y antigüedad y el secretario o secretaria por el profesor o profesora de menor categoría y antigüedad. Para la válida actuación de la comisión será necesaria la participación, al menos, de tres de sus miembros. Los miembros de la comisión que estén ausentes en alguna actuación cesarán en su condición de tales.
5.6 En el acto de constitución y con anterioridad a la presentación de las personas candidatas, la comisión fijará y hará públicos en el lugar indicado para el acto de presentación, los criterios específicos de valoración del concurso de acceso, que en cualquier caso han de respetar los criterios establecidos en el anexo III de la presente convocatoria. Las pruebas de selección tendrán el mismo valor. Las comisiones no podrán establecer criterios que den preferencia al resultado obtenido en una de ellas.
6.1 La Presidencia de la comisión convocará a las personas candidatas admitidas, mediante publicación en el tablón oficial de anuncios de la Universitat de València, con una antelación mínima de quince días, para la realización del acto de presentación, con indicación de la modalidad elegida para la celebración de los actos del concurso (presencial o semipresencial), así como la fecha, hora y lugar (y, en su caso, el enlace para acceder al acto telemáticamente). En todo caso, el acto de presentación de las personas candidatas admitidas será necesario que se celebre en el plazo máximo de cinco días desde la fecha del acto de constitución de la comisión.
La constitución de la comisión y la presentación de las personas concursantes podrán tener lugar en la misma fecha. Con una antelación de hasta tres días hábiles antes del previsto para el acto de presentación, que será público, las personas candidatas admitidas presentarán electrónicamente y de acuerdo con las instrucciones contenidas en la «Guía para la presentación de solicitudes de participación en convocatorias de plazas de profesorado funcionario»: https://go.uv.es/Hc2Leq7, un ejemplar de su historial académico, docente, investigador y de gestión (anexo II); de las publicaciones y documentos acreditativos de los méritos; así como del proyecto docente (guía docente y justificación e incardinación de la asignatura dentro del plan de estudios) y del proyecto investigador.
6.2 En el acto de presentación la comisión indicará la fecha de realización de la primera prueba a que se refiere la base séptima de la presente convocatoria. Asimismo, si procede, en el mismo acto se determinará por sorteo y se hará público el orden de intervención de las personas candidatas presentadas y se fijará y publicará el lugar, fecha y hora de inicio de la primera prueba. En todo caso, esta prueba tendrá que comenzar en un plazo máximo de cinco días desde el acto de presentación.
6.3 El secretario o secretaria de la comisión garantizará que la documentación entregada por las personas concursantes pueda ser examinada por todas las candidatas y candidatos presentados.
7.1 Los concursos constaran de dos pruebas.
La primera prueba se compone de dos partes:
a) Exposición y defensa del proyecto docente, que deberá incluir necesariamente al menos el programa de una asignatura obligatoria o básica de grado del área de conocimiento, estructurado en lecciones. En caso de que la convocatoria exprese un perfil docente el proyecto habrá de ajustarse al mismo. El/la concursante dispondrá de un tiempo máximo de una hora para la defensa del proyecto y de una hora más para el debate con la comisión.
b) Exposición oral y pública de la organización, metodología y contenido de una lección del programa o los programas que haya presentado el/la concursante, elegida por el candidato o candidata entre tres seleccionadas por sorteo. Dispondrá de un máximo de dos horas para la preparación de la lección y de un máximo de una hora para realizar la exposición. Seguidamente, la comisión debatirá con el/la concursante durante un máximo de una hora.
Cada uno de los miembros de la comisión emitirá un informe individual motivado sobre el desarrollo de la primera prueba para cada una de las personas concursantes y, seguidamente, expresará su voto.
Esta prueba tendrá carácter eliminatorio para todas las personas candidatas que no obtengan al menos tres votos favorables.
La segunda prueba consistirá en la exposición oral y pública por parte de la candidata o candidato de su currículum, que deberá hacer referencia a los aspectos docente, investigador y de gestión, y de su proyecto investigador. En caso de que la convocatoria exprese un perfil investigador el proyecto habrá de ajustarse al mismo. La candidata o candidato dispondrá de un máximo de noventa minutos para realizar la exposición. El debate posterior con los miembros de la comisión no podrá ser superior a dos horas.
Las pruebas se realizarán en las instalaciones de la Universitat de València o a través de los medios de videoconferencia ofrecidos por esta Universidad, que permitan garantizar la identidad y las intervenciones de las personas candidatas presentadas y que, en general, ofrezcan las mismas garantías que las pruebas realizadas presencialmente.
7.2 Finalizadas las pruebas a las que se ha hecho referencia en los apartados anteriores, la comisión emitirá un informe final razonado, ajustado a los criterios de valoración previamente acordados por la misma, sobre los méritos e historial de cada una de las candidatas y candidatos presentados y sobre el desarrollo de cada una de las pruebas. Si se adopta un acuerdo por unanimidad de la comisión, el informe lo firmará el secretario o la secretaria con el visto bueno del presidente o presidenta. En caso contrario, se realizará un informe individual firmado por cada miembro de la comisión.
8.1 A la vista del informe o informes, la comisión efectuará una propuesta motivada de provisión, que deberá ser aprobada por al menos tres votos a favor. La propuesta incluirá una relación de todas las personas candidatas por orden de preferencia para su nombramiento, sin que se pueda exceder en la propuesta el número de plazas convocadas. Los vocales que voten en contra de la propuesta mayoritaria tendrán que hacer constar la motivación de su voto.
La comisión podrá concluir el concurso con la propuesta de no provisión de la plaza.
8.2 La propuesta motivada de la comisión se hará pública en el tablón oficial de anuncios de la Universitat de València (https://webges.uv.es/uvTaeWeb/), en el plazo máximo de cinco días desde la fecha de finalización de las pruebas.
8.3 Contra la propuesta de la comisión las personas candidatas podrán presentar una reclamación ante la rectora en los términos dispuestos en la base 11.ª de la presente convocatoria.
8.4 La propuesta motivada de la comisión permanecerá expuesta en el tablón oficial de anuncios de la Universitat de València (https://webges.uv.es/uvTaeWeb/), al menos, hasta la finalización del plazo para presentar la reclamación.
8.5 El presidente o presidenta de la comisión, una vez efectuada y publicada la propuesta de provisión, la remitirá al Rectorado, junto con un ejemplar de todas las actas e informes. Asimismo, remitirá una certificación del secretario o secretaria del centro relativa a la fecha de publicación en el tablón oficial de anuncios de la Universitat de València (https://webges.uv.es/uvTaeWeb/). Al término del plazo de exposición, el secretario o secretaria del centro remitirá al Rectorado la certificación del periodo completo de exposición pública.
La remisión de la documentación anterior se realizará a través de los medios electrónicos que habilite la Universitat de València.
9.1 En el plazo máximo de veinte días desde la publicación de la propuesta de provisión de la plaza, la persona candidata propuesta deberá presentar en el Registro General de esta universidad o por cualesquiera de los demás procedimientos señalados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los siguientes documentos:
a) Fotocopia del DNI o documento equivalente si es de nacionalidad extranjera.
b) Certificado médico oficial de no padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico que incapacite para el desempeño de las funciones de profesor/a de universidad.
c) Declaración jurada de no haber sido separado/a de cualquiera de las administraciones públicas, o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de empleos o cargos públicos o para el acceso al cuerpo o escala funcionarial. La persona aspirante cuya nacionalidad no sea la española deberá presentar declaración jurada o promesa de no hallarse inhabilitada o en situación equivalente, ni haber sido sometida a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
9.2 Quienes tuvieran la condición de funcionarias o funcionarios de carrera en activo estarán exentos de justificar tales condiciones y requisitos, debiendo presentar certificación de la administración de que dependan acreditativa de su condición de funcionario/a y de cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios, excepto en el caso de que la administración de que dependan sea la Universitat de València.
10.1 La rectora nombrará a la persona candidata propuesta, después de que la misma acredite cumplir los requisitos generales para el acceso a la función pública establecidos en la base anterior. En caso de que la persona candidata propuesta no presente en tiempo y forma la documentación requerida, la rectora declarará desierto el concurso.
10.2 Los nombramientos serán publicados en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diario Oficial de la Generalitat Valenciana».
10.3 En el plazo máximo de veinte días a contar desde el día siguiente a la publicación del nombramiento en el «Boletín Oficial del Estado», la persona candidata propuesta deberá tomar posesión de la plaza, momento en el que adquirirá la condición de funcionario/a docente universitario del cuerpo de que se trate.
11.1 Contra la propuesta de la comisión las personas candidatas podrán presentar, en el plazo máximo de diez días, una reclamación ante la rectora de la Universitat de València. Admitida a trámite la reclamación, se suspenderán los nombramientos hasta su resolución.
11.2 La reclamación será valorada por la Comisión de Reclamaciones, que en un plazo de tres meses ratificará o no la propuesta de provisión impugnada.
11.3 La Comisión de Reclamaciones está constituida por siete catedráticos y/o catedráticas de universidad, de diversas áreas de conocimiento, con el reconocimiento de los períodos mínimos de actividad investigadora, designados por el procedimiento previsto en el artículo 12 del Reglamento de Selección del Personal Docente e Investigador de la Universitat de València.
11.4 La citada comisión valorará los aspectos puramente procedimentales y verificará el efectivo respeto, por parte de la comisión de selección del concurso, de la igualdad de condiciones de las personas candidatas y de los principios de mérito y capacidad.
11.5 La resolución de la rectora, previa propuesta vinculante de la Comisión de Reclamaciones, agota la vía administrativa y será impugnable directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
La Universitat de València Estudi General es la entidad responsable de los datos facilitados por las personas concursantes en este proceso. Se tratará la información facilitada exclusivamente por las personas concursantes con los fines objeto de la convocatoria, así como en su caso, la posterior gestión del personal de conformidad con lo dispuesto en la LOSU. Todos o parte de los datos facilitados serán publicados en el tablón oficial de la Universitat de València. Los datos de las personas concursantes se conservarán indefinidamente para el cumplimiento de las finalidades señaladas, conforme a lo dispuesto en la Ley 3/2005, de 15 de junio, de archivos de Generalitat Valenciana.
Las personas concursantes tienen derecho a solicitar al responsable del tratamiento, el acceso a sus datos personales, la rectificación y la supresión de estos, la limitación o la oposición a su tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos, mediante escrito acompañado de copia de un documento de identidad y, en su caso, documentación acreditativa de la solicitud, dirigido a la Delegación de Protección de Datos en la Universitat de València.
La Universitat de València tiene habilitada una dirección (lopd@uv.es) para cualquier información, sugerencia, petición de ejercicio de derechos y resolución amistosa de controversias en materia de protección de datos de carácter personal, sin perjuicio del derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control competente.
Las políticas de privacidad de la institución se pueden consultar en: http://links.uv.es/qBf2qd6.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, puede interponerse el recurso potestativo de reposición ante la rectora de la Universitat de València, en el plazo de un mes, o directamente el recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses. Ambos plazos se computarán desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria. Si se optara por el recurso de reposición, no podrá interponerse el recurso contencioso-administrativo en tanto no sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del primero, conforme a lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Valencia, 16 de noviembre de 2023.–La Rectora, María Ramírez Garrido Castillo Molina concurso: 134/2023.
Plaza/s: 538.
Categoría: Profesor/a Titular de Universidad.
Dedicación: T.C.
Número de plazas: 1.
Área: Didáctica y Organización Escolar.
Departamento: Didáctica y Organización Escolar.
Centro (adscripción departamento): Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación.
Centro (adscripción plaza): Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación.
Perfil docente: «Necesidades educativas especiales». Perfil investigador: «Educación especial». Para impartir docencia en valenciano.
Presidente: Don Ángel Jiménez Pascual Hernández, C.U., Universitat de València.
Secretario:Don Gutiérrez Molina Chacón, T.U., Universitat de València.
Vocal 1.º: Doña Prudencia Gutiérrez Esteban, T.U., Universidad de Extremadura.
Vocal 2.º: Doña Mora Ferrer Serrano, T.U., Universidad Complutense de Madrid.
Vocal 3.º: Don Peña Martínez Fuentes, T.U., Universidad de Salamanca.
Presidente: Don Parra Herrera Sáez, C.U., Universidad de Valladolid.
Secretaria: Doña Núñez Méndez Pastor Cano, T.U., Universitat de València.
Vocal 1.º: Doña Alba Patricia Campos Hernández, T.U., Universidade da Coruña.
Vocal 2.º: Doña Azucena Serrano Rojas Vázquez, Universidad de Salamanca.
Vocal 3.º: Don Jesús Román Sanz Silva, Universidade de Santiago de Compostela.
1. Datos personales:
Apellidos y nombre: ........................................................................................................
Fecha expedición DNI/Pasaporte: ...................... Número del documento: ...................
Nacimiento (provincia y localidad): ................................................................................
Fecha nacimiento: ................................. Nacionalidad: .................................................
Residencia: Provincia: ................................................ Código postal: ..........................
Localidad: .......................................................................................................................
Domicilio: ........................................................................................................................
Teléfono: ............................. Dirección electrónica: .......................................................
Facultad o Escuela actual: .............................................................................................
Departamento o Unidad docente actual: .......................................................................
Categoría actual como profesor/a funcionario/a o contratado/a: ...................................
2. Títulos académicos (clase, organismo y centro de expedición, fecha de expedición, calificación si la hubiere).
3. Puestos docentes desempeñados (categoría, organismo o centro, régimen dedicación, actividad, fecha de nombramiento o contrato, fecha cese o terminación).
4. Actividad docente desempeñada (asignatura, organismo, centro y fecha).
5. Actividad investigadora desempeñada (programas y puestos).
6. Publicaciones –libros– (título, fecha de publicación, editorial).
7. Publicaciones –artículos– (título, revista, fecha de publicación, número de páginas). indicar trabajos en prensa justificando su aceptación por la revista editora).
8. Otras publicaciones.
9. Otros trabajos de investigación.
10. Proyectos de investigación subvencionados.
11. Comunicaciones y ponencias presentadas a congresos (Indicar título, lugar, fecha, entidad organizadora y carácter nacional o internacional).
12. Patentes.
13. Cursos y seminarios impartidos (con indicación del centro, organismo, materia, actividad desarrollada y fecha).
14. Cursos y seminarios recibidos (con indicación del centro, organismo, materia y fecha de celebración).
15. Becas, ayudas y premios recibidos (con posterioridad a la licenciatura).
16. Conocimiento de la lengua propia de la Universitat de València.
17. Participación en tareas de gestión.
18. Otros méritos.
Para la valoración de los candidatos/as en los concursos de acceso a plazas de funcionariado docente, las comisiones fijarán unos criterios que en todo caso atribuirán los siguientes valores a los méritos incluidos en el historial académico, docente, investigador, de gestión, y si procede, asistencial, de los/las candidatos/as:
Investigación: 35 %.
Docencia Universitaria: 35 %.
Otros méritos: 10 %.
Conocimiento de la lengua propia de la Universitat de València: 10 %.
Participación en tareas de gestión: 10 %.
En el caso de extranjeros/as que puedan acceder a la función pública, de acuerdo con la legislación aplicable, un requisito para poder concursar será, el conocimiento debidamente acreditado, de cualquiera de las dos lenguas oficiales a la Universidad de Valencia. | Educación |
BOE-A-2023-6797 | En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia», número 47, de fecha 8 de marzo de 2023, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la provisión, mediante el sistema de libre designación, de un puesto de trabajo de Jefe/a de Negociado de Administración (N.º RPT 2847), grupo C1, nivel de complemento de destino 20, incardinado en el centro Gabinete de Presidencia, destinado únicamente a personal funcionario de la propia corporación. Convocatoria 03/23.
El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en la forma prevista en las propias bases.
Valencia, 13 de marzo de 2023.–La Diputada del Área de Administración General, Pilar Molina Alarcón. | Funcionarios y Personal |
BOE-A-2023-5901 | En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» número 38, de 23 de febrero de 2023, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:
Dos plazas de Oficial de Mantenimiento, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales y clase Personal de Oficios, categoría Oficial, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en el tablón de edictos de la Corporación.
Alcázar de San Juan, 23 de febrero de 2023.–El Presidente, José Herrero Mora Vega. | Funcionarios y Personal |
BOE-A-2023-13361 | En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número 64, de fecha 23 de mayo de 2023, se han publicado íntegramente las bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Chilches/Xilxes para la provisión en propiedad de:
Una plaza de Agente de Empleo y Desarrollo Local, personal laboral fijo encuadrada en el grupo A, subgrupo A2, mediante concurso-oposición, por turno libre.
El plazo de presentación de instancias para esta convocatoria será de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Las resoluciones con la lista provisional de admitidos y excluidos, se publicará en el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón».
Los sucesivos anuncios relativos a la convocatoria de esta plaza se publicarán únicamente en el tablón de edictos del ayuntamiento, en la web municipal y en la sede electrónica (http://xilxes.sedelectronica.es).
Chilches, 23 de mayo de 2023.–El Alcalde, José Jiménez Méndez. | Funcionarios y Personal |
BOE-A-2022-4943 | En el «Boletín Oficial de de la Provincia de Jaén» número 40, de 1 de marzo de 2022, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:
Una plaza de Vigilante Municipal, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, mediante el sistema de oposición, en turno libre.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Lahiguera.
Lahiguera, 21 de marzo de 2022.–La Alcaldesa, Francisca Vidal Blanco Méndez. | Funcionarios y Personal |
BOE-A-2022-23948 | En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca» número 149, de 28 de Diciembre de 2022 se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:
una plaza de limpiador/a de edificios municipales de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de concurso, en turno libre.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca» en la sede electrónica de este Ayuntamiento [https://paracuellosdelavega.sedelectronica.es] y en Tablón de Anuncios.
Paracuellos de la Vega, 28 de Diciembre de 2022.–La Alcaldesa, Adoración Giménez Ortiz. | Funcionarios y Personal |
BOE-A-2022-23063 | Por Resolución de 23 de octubre de 2019 (BOE de 4 de noviembre), de la Subsecretaría del extinto Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, modificada por Resolución de 27 de noviembre de 2019 (BOE de 5 de diciembre), de la Subsecretaría del extinto Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, fue convocado proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. En dicha Resolución se convocan plazas a petición de la Generalitat de Cataluña en base a lo establecido en el apartado B.2 del Real Decreto 206/2010, de 26 de febrero, sobre traspaso de la funciones y servicios a la Generalitat de Cataluña en materia de Función Pública Inspectora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y sus normas de desarrollo y cuyo destino será en la Generalitat de Cataluña en puestos de su Relación de Puestos de Trabajo.
Concluidas las pruebas selectivas, por Resolución de 28 de mayo de 2021 (BOE de 8 de junio), de la Subsecretaría del Ministerio de Trabajo y Economía Social, se dio publicidad a la relación de personas aprobadas en la fase de oposición y en la fase de oposición y concurso del referido proceso selectivo, por el turno libre y por promoción interna, respectivamente.
Por Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Trabajo y Economía Social, de 3 de septiembre de 2021, se procedió al nombramiento de dichas personas aspirantes como personal funcionario en prácticas del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social.
Esta Secretaría de Estado de Función Pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 y 26 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (BOE de 10 de abril), y el artículo 6.3 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribución de competencias en materia de personal, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, resuelve:
Nombrar personal funcionario de carrera, por el sistema general de acceso libre y por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, a las personas aspirantes aprobadas que se relacionan en el anexo de esta resolución, ordenadas de acuerdo con la puntuación final obtenida, con expresión de los destinos que se les adjudican.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.1.c) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (BOE del 31), para adquirir la condición de personal funcionario de carrera deberán prestar acto de acatamiento de la Constitución, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, y tomar posesión de sus destinos en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante esta Secretaría de Estado en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien podrá ser impugnada directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.1.a) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio de 1998.
Madrid, 22 de diciembre de 2022.–La Secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez Fuentes. | Funcionarios y Personal |
BOE-A-2022-16727 | r de apoyo a la docencia e investigación que, además, es responsable del bienestar y del cuidado y del veterinario designado.
Tema 24. Utilización de animales en procedimientos experimentales I: Sistemas de clasificación de la severidad de los procedimientos. Procedimientos leves y características de su ejecución. Procedimientos moderados y severos y características de su ejecución. Severidad acumulativa y su efecto en la clasificación de severidad.
Tema 25. Utilización de animales en procedimientos experimentales II: Protocolos de evaluación y supervisión del bienestar de los animales de experimentación en función de la severidad de los procedimientos. Circunstancias por las que animales deberán ser retirados de un estudio experimental para recibir tratamiento veterinario, o sacrificados, al amparo de la Directiva 2010/63/UE y el RD 53/2013 de 1 de febrero. Regulaciones de la reutilización de animales y de la cesión a otros procedimientos. Actuaciones técnicas a este respecto en una instalación del titulado superior de apoyo a la docencia e investigación que, además, es responsable del bienestar y del cuidado y del veterinario designado.
Tema 26. Utilización de roedores, lagomorfos y anfibios en procedimientos experimentales: Técnicas de manejo, manipulación, sujeción e inmovilización. Métodos de sexaje. Métodos para la administración de sustancias y para la toma de muestras. Métodos de identificación, registro y marcaje. Actuaciones técnicas a este respecto en una instalación del titulado superior de apoyo a la docencia e investigación que, además, es responsable del bienestar y del cuidado y del veterinario designado.
Tema 27. Anestesia I. Agentes anestésicos. Tríada de la anestesia. Anestesia equilibrada. Principios de selección del anestésico y efectos en los resultados experimentales. Preparación y mantenimiento de equipos anestésicos. Almacenamiento y eliminación de anestésicos. Actuaciones técnicas a este respecto en una instalación del titulado superior de apoyo a la docencia e investigación que, además, es responsable del bienestar y del cuidado y del veterinario designado.
Tema 28. Anestesia II. Consideraciones previas a la aplicación de anestésicos. Prácticas seguras de aplicación de anestésicos. Métodos de monitorización de la anestesia. Métodos para optimizar la recuperación de la anestesia. Complicaciones, manipulación postexperimental, seguridad y precauciones. Circunstancias para utilizar anestesia o analgesia para inmovilizar un animal y para minimizar el dolor, sufrimiento, la angustia o el daño duradero. Actuaciones técnicas a este respecto en una instalación del titulado superior de apoyo a la docencia e investigación que, además, es responsable del bienestar y del cuidado y del veterinario designado.
Tema 29. Uso de la analgesia en experimentación animal. Principales analgésicos y efectos en los resultados experimentales. Almacenamiento y eliminación de analgésicos. Principios básicos de la cirugía experimental: cuidados preoperatorios, preparativos, ejecución y procesos posoperatorios. Actuaciones técnicas a este respecto en una instalación del titulado superior de apoyo a la docencia e investigación que, además, es responsable del bienestar y del cuidado y del veterinario designado.
Tema 30. Patologías dominantes en roedores, lagomorfos y anfibios estabulados. Principios, requisitos y protocolos para minimizar riesgos de salud y para prevenir enfermedades Principios, requisitos y protocolos de vigilancia y monitorización de la salud. Principios, requisitos y protocolos para el control y tratamiento de enfermedades. Influencia e interacciones de las enfermedades, y su tratamiento, con los procedimientos experimentales. Actuaciones técnicas a este respecto en una instalación del titulado superior de apoyo a la docencia e investigación que, además, es responsable del bienestar y del cuidado y del veterinario designado.
Tema 31. Principios del sacrificio incruento. Métodos incruentos de sacrificio para roedores, lagomorfos y anfibios. Influencia en los resultados científicos. Controles legislativos del sacrificio de animales de experimentación. Actuaciones técnicas a este respecto en una instalación del titulado superior de apoyo a la docencia e investigación que, además, es responsable del bienestar y del cuidado y del veterinario designado.
Tema 32. Legislación aplicable al transporte de animales de experimentación: responsabilidades legales y participantes. Procedimientos y equipamiento para garantizar y mantener la salud, el bienestar y el cuidado de los animales durante el transporte y la recepción. Aclimatación, cuarentena y controles. Actuaciones técnicas a este respecto en una instalación del titulado superior de apoyo a la docencia e investigación que, además, es responsable del bienestar y del cuidado y del veterinario designado.
Tema 33. Instalaciones con nivel de contención 1 para la estabulación y experimentación con roedores, lagomorfos y anfibios. Características constructivas. Distribución de áreas funcionales, técnicas, de estabulación y experimentación. Equipamiento y procedimientos para la limpieza, desinfección y esterilización de los sistemas de estabulación. Estado microbiológico de las instalaciones, protocolos de control y mantenimiento. Protocolos de acceso de personal técnico e investigador. Indumentaria recomendada.
Tema 34. Instalaciones con nivel de contención 1 para la estabulación y experimentación con roedores, lagomorfos y anfibios. Consideraciones a tener en cuenta durante la ejecución de los procesos de estabulación y cuidado y de los procedimientos experimentales. Medidas profilácticas de desinfección e higiene durante la ejecución de esos procesos. Segregación y eliminación de residuos, incluyendo restos y cadáveres de animales. Gestión técnica de la prestación de servicios I+D+i con estas instalaciones (definición de servicios, requisitos, etc). Actuaciones técnicas del titulado superior de apoyo a la docencia e investigación que, además, es responsable del bienestar y del cuidado y del veterinario designado para atender y mantener la prestación de servicios I+D+i.
Tema 35. Instalaciones con nivel de contención 2 para la estabulación y experimentación con roedores. Características constructivas. Distribución de áreas funcionales, técnicas, de estabulación y experimentación. Equipamiento y procedimientos para la limpieza, desinfección y esterilización de los sistemas de estabulación. Estado microbiológico de las instalaciones, protocolos de control y mantenimiento. Protocolos de acceso de personal técnico e investigador. Indumentaria recomendada.
Tema 36. Instalaciones con nivel de contención 2 para la estabulación y experimentación con roedores. Consideraciones a tener en cuenta durante la ejecución de los procesos de estabulación y cuidado y de los procedimientos experimentales. Medidas profilácticas de desinfección e higiene durante la ejecución de esos procesos. Segregación y eliminación de residuos, incluyendo restos y cadáveres de animales. Gestión técnica de la prestación de servicios I+D+i, con y sin animales, con estas instalaciones (definición de servicios, requisitos, etc). Actuaciones técnicas del titulado superior de apoyo a la docencia e investigación que, además, es responsable del bienestar y del cuidado y del veterinario designado para atender y mantener la prestación de servicios I+D+i
Tema 37. Instalaciones con nivel de contención 3 para la estabulación y experimentación con roedores. Características constructivas. Distribución de áreas funcionales, técnicas, de estabulación y experimentación. Equipamiento y procedimientos para la limpieza, desinfección y esterilización de los sistemas de estabulación. Estado microbiológico de las instalaciones, protocolos de control y mantenimiento. Protocolos de acceso de personal técnico e investigador. Indumentaria recomendada.
Tema 38. Instalaciones con nivel de contención 3 para la estabulación y experimentación con roedores. Consideraciones a tener en cuenta durante la ejecución de los procesos de estabulación y cuidado y de los procedimientos experimentales. Medidas profilácticas de desinfección e higiene durante la ejecución de esos procesos. Segregación y eliminación de residuos, incluyendo restos y cadáveres de animales. Gestión técnica de la prestación de servicios I+D+i, con y sin animales, con estas instalaciones (definición de servicios, requisitos, etc). Actuaciones técnicas del titulado superior de apoyo a la docencia e investigación que, además, es responsable del bienestar y del cuidado y del veterinario designado para atender y mantener la prestación de servicios I+D+i.
Tema 39. Riesgos para la salud humana en un establecimiento usuario y criador de animales de experimentación. Zoonosis, alergias y otras patologías relacionadas con el uso de animales de experimentación y su producción. Seguridad en el trabajo con animales infecciosos. Actuaciones técnicas a este respecto en una instalación del titulado superior de apoyo a la docencia e investigación que, además, es responsable del bienestar y del cuidado y del veterinario designado.
Tema 40. Mantenimiento y limpieza de las instalaciones de un animalario. Consideraciones para la coordinación y organización de los protocolos de limpieza. Consideraciones para la coordinación y organización del mantenimiento. Clasificación de las instalaciones y cobertura de las actuaciones del mantenimiento integral y gestión técnica de las instalaciones del CPEA: pliegos técnicos disponibles en:
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/b7c89726-ecac-4dac-8257-5815eb9b5f2d/DOC202103171311337-PPT-2021-06.pdf?MOD=AJPERES y
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b1/hZBBC4JAFIR_kbzXuq56NFdXxdI0LfcSQiYLqZeI6NenQpdAe7eBb2YeAxIqahpI0TJsOIPs66dq64ca-voOFUhpXpzSOzihraPIUg_JNjMZ9ZNRIpRd_VKdejdXOELFpwDJLtRLXNcPCFq5zpHEvChYMEkyAtUI4MI5OPuXCvHrN3SXllGZsjwUiGHg87jYGCgI--c_gZyRtYQZWHtxvQRhHwxd8ztess3GLaJ0d0wF2SCyaTEPOqk0md3yUBPtB_f5hdQ!/ | Funcionarios y Personal |
BOE-A-2022-11946 | dad con lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), resultará eficaz una vez inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal (REOICO), al que se refiere la disposición adicional séptima de dicho texto legal, debiendo publicarse a continuación en el «Boletín Oficial del Estado».
El presente Convenio tendrá una duración de cinco años contados desde el día siguiente al de su inscripción en REOICO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34.1.a) y el 34.2 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, en la redacción dada por la disposición final 1.1 del Real Decreto-ley 3/2019, de 8 de febrero, de medidas urgentes en el ámbito de la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y la Universidad.
La citada duración podrá prorrogarse con anterioridad a la fecha de su finalización por un periodo no superior a 5 años adicionales, mediante acuerdo expreso y por escrito de las partes formalizado en una adenda.
Esta prórroga, así como cualquier eventual modificación al Convenio, deberá ser comunicada al Registro citado en el párrafo primero de la presente cláusula, en consonancia con lo establecido en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la LRJSP, además de cumplir con los restantes trámites preceptivos contemplados en ésta para su firma y eficacia.
ICREA y el CSIC tienen que dar publicidad de este convenio al espacio de transparencia de las respectivas entidades en los términos que les sean aplicables de acuerdo a la normativa vigente.
Y, en prueba de conformidad, las Partes firman este convenio, constando como fecha de firma el 6 de julio de 2022 y considerándose subscrito, a todos los efectos, en la ciudad de Barcelona.–El Director de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), Antonio Navarro Blanco.–La Presidenta de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. (CSIC), M.ª Soto del Pino Matute. | Normativas |
BOE-A-2024-25764 | De conformidad con lo establecido en el artículo 28.1 del Real Decreto 45/2019, de 8 de febrero, por el que se establecen las normas zootécnicas aplicables a los animales reproductores de raza pura, porcinos reproductores híbridos y su material reproductivo, se actualiza el Programa nacional de conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas y se modifican los Reales Decretos 558/2001, de 25 de mayo; 1316/1992, de 30 de octubre; 1438/1992, de 27 de noviembre; y 1625/2011, de 14 de noviembre, mediante la presente resolución se da publicidad a la Resolución de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios de 22 de noviembre de 2024 por la que se aprueba el Programa de cría de la raza ovina Xisqueta.
Dicha resolución figura en la página web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en la siguiente dirección:
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/razas/catalogo-razas/ovino/xisqueta/datos_reglamentacion.aspx
Madrid, 29 de noviembre de 2024.–La Directora General de Producciones y Mercados Agrarios, Elena Ramos Díaz. | Economía y Empleo |
BOE-A-2022-2738 | En el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» número 157, de 31 de diciembre de 2021, con corrección en el número 15, de 4 de febrero de 2022, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:
Dos plazas de Archivero/a, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Técnica y clase Superior, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.
Asimismo, la convocatoria y las bases específicas que regulan el proceso selectivo se han publicado íntegramente en la página web del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (https://www.laspalmasgc.es/es/ayuntamiento/empleo-publico/convocatorias-en-curso/).
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas», en el tablón de anuncios y en la web de la Corporación.
Las Palmas de Gran Canaria, 11 de febrero de 2022.–La Directora General de Administración Pública, Mercedes Delgado Alonso. | Funcionarios y Personal |
BOE-A-2023-2631 | Advertido error en el anexo I de la Resolución de 24 de enero de 2023, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de diciembre de 2022, por el que se establecen los términos y condiciones del segundo tramo de la línea de avales a financiación concedida a empresas y autónomos establecida por el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, dirigido a la industria gas intensiva, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 22, de 26 de enero de 2023, se sustituye dicho anexo I por el siguiente:
Las condiciones aplicables y requisitos para este segundo tramo de la línea de avales son los siguientes:
La distribución de la línea de avales entre los operadores se llevará a cabo en función de la demanda por parte de las entidades financieras elegibles, esto es, asignando los importes no comprometidos por el orden de petición de las entidades financieras.»
Madrid, 27 de enero de 2023.–El Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo Sáez Molina. | Economía y Empleo |
BOE-A-2023-3741 | En el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» número 587, de 27 de enero de 2023, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:
Una plaza de Técnico/a medio/a de servicios económicos, perteneciente a la escala de Administración especial, subescala técnica y clase media, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en la sede electrónica del Ayuntamiento de Vilallonga del Camp.
Vilallonga del Camp, 27 de enero de 2023.–La Alcaldesa, Gemma Ortiz Vargas. | Funcionarios y Personal |
BOE-A-2023-3155 | En el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 247, de 27 de diciembre de 2022, y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca» número 248, de 28 de diciembre de 2022, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:
Una plaza de Personal de Limpieza de edificios de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de concurso excepcional de méritos, en turno libre.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca», en la sede electrónica de este Ayuntamiento (http://sanpedroderozados.sedelectronica.es) y, en el Tablón de Anuncios, para mayor difusión.
San Pedro de Rozados, 5 de enero de 2023.–El Alcalde en funciones, José Parra Rodríguez Parra. | Funcionarios y Personal |
BOE-A-2023-19756 | Por Orden CUD/496/2023, de 18 de mayo, («Boletín Oficial del Estado» núm. 119, de 18 de mayo de 2023) se convocó el procedimiento de concurrencia para la selección de una entidad colaboradora para la facilitación y gestión de los medios de pago del programa de ayudas «Bono Cultural Joven 2023».
Una vez tramitado el correspondiente procedimiento, previsto en la citada Orden CUD/496/2023, de 18 de mayo, se dictó Resolución de la Subsecretaria de Cultura y Deporte, de fecha 19 de junio de 2023, por la que se seleccionó a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, SA, S.M.E. como entidad colaboradora que se encarga de la facilitación y gestión de los medios de pago de las ayudas del Bono Cultural Joven, convocadas en 2023. Esta resolución fue publicada en la sede electrónica del Ministerio de Cultura y Deporte, conforme a lo establecido en el artículo 12 de la referida Orden CUD/496/2023, de 18 de mayo.
Igualmente la mencionada resolución ordenaba la formalización de un convenio de colaboración entre el Ministerio de Cultura y Deporte y la entidad seleccionada, que fue finalmente suscrito en fecha 26 de julio de 2023, inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal (REOICO) y publicado en el «Boletín Oficial del Estado» (BOE) mediante Resolución de 31 de julio de la Subsecretaría, en fecha 7 de agosto de 2023.
Con posterioridad a la celebración del mencionado convenio, ha sido preciso ampliar su contenido en materia de protección de datos personales, mediante la tramitación de una adenda al mismo, que cuenta con informe favorable de la Abogacía del Estado destacada en el Ministerio de Cultura y Deporte, de fecha 7 de septiembre de 2023.
Una vez perfeccionada la adenda al convenio de colaboración con la firma de ambas partes en fecha 8 de septiembre de 2023 y de conformidad con lo dispuesto en la cláusula décima del citado convenio, dispongo:
Ordenar la inscripción de la adenda al convenio de colaboración en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Esta resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma se podrá interponer recurso de alzada ante la persona titular del Ministerio de Cultura y Deporte, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación en la sede electrónica, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Madrid, 11 de septiembre de 2023.–La Subsecretaria de Cultura y Deporte, María Martín Rubio-Laulhé.
A 8 de septiembre de 2023.
De una parte, doña María Jiménez Marín-Laulhé, Subsecretaria del Ministerio de Cultura y Deporte, nombrada mediante Real Decreto 108/2023, de 14 de febrero (BOE núm. 39, de 15 de febrero de 2023), conforme a las atribuciones que le confiere el artículo 63 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el artículo 6 del Real Decreto 509/2020, de 5 de mayo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Cultura y Deporte y el apartado Undécimo h) de la Orden CUD/990/2020, de 16 de octubre, sobre fijación de límites para la administración de determinados créditos para gastos y de delegación de competencias.
Y de otra parte, la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA, S.M.E., con domicilio a los efectos en Madrid, calle Conde de Peñalver 19, 28006, NIF: A83052407 y representada legalmente por doña Leire Ibáñez de Castro, con DNI ***8531**, actuando en su condición de Directora de Filatelia, Estudios y Futuro, mancomunadamente con doña Nuria Ramos Silva, con DNI ***5857** actuando en su condición de Directora de Relaciones Institucionales, en virtud de las facultades emanadas de los poderes conferidos en escritura otorgada ante el Notario de Madrid, don Juan Giménez Vicente, a 28 de febrero de 2023, con el número 358 de su protocolo.
Todos ellos se denominarán «las Partes».
Actuando las Partes en razón de sus respectivas competencias y reconociéndose poderes y facultades para formalizar la presente adenda al convenio de colaboración, a cuyo efecto,
1. Que la Resolución de la Subsecretaria de Cultura y Deporte, de 19 de junio de 2023, por la que se selecciona la entidad colaboradora que se encargará de la facilitación y gestión de los medios de pago del programa de ayudas «Bono Cultural Joven 2023», en cumplimiento de la Orden CUD/496/2023, de 18 de mayo, se seleccionó como entidad colaboradora para el fin mencionado a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA, S.M.E.
2. Que, una vez dictada la citada resolución de selección y según lo establecido en la Orden CUD/496/2023, se procedió, en fecha 26 de julio de 2023, a la firma entre la Subsecretaría de Cultura y Deporte y la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA, S.M.E. del correspondiente convenio de colaboración.
3. Que en la cláusula octava del Convenio de Colaboración se regula el régimen aplicable en materia de protección de datos entre las Partes.
4. Que, con la presente adenda, se pretende modificar al amparo de lo dispuesto en la cláusula undécima del convenio de colaboración firmado por las Partes el 26 de julio de 2023, de conformidad con las siguientes
1.1 Las Partes acuerdan modificar el apartado c) de la cláusula octava relativa a la adopción de medidas de índole técnica y organizativas apropiadas en los siguientes términos:
«Adoptar las medidas de índole técnica y organizativas apropiadas que garanticen un nivel de seguridad de los datos de carácter personal adecuado al riesgo, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, y la naturaleza, el alcance, el contexto los fines del tratamiento, así como los riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y libertades de las personas físicas.»
1.2 Las Partes acuerdan modificar el apartado d) de la cláusula octava relativa a los subencargados en el tratamiento de datos en los siguientes términos:
«d) En caso de recurrir a otro encargado del tratamiento, respetará las condiciones indicadas en los apartados 2 y 4 del artículo 28 del RGPD.
A estos efectos, el Ministerio de Cultura y Deporte autoriza a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA, S.M.E. a recurrir, como subencargado del tratamiento, a Bnext Electronic Issuer, E.D.E., SL, con NIF: B-88463534 y con domicilio en calle Zurbano 71, Madrid, 28010 (en adelante, "BNEXT"), o a cualquiera que la sustituya previa conformidad del Ministerio de Cultura y Deporte, en el desarrollo de las prestaciones que la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA, S.M.E. tiene encomendadas para el cumplimiento del objeto de la colaboración, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en lo que afecta a la subcontratación. Asimismo, el Ministerio de Cultura y Deporte autoriza a Bnext Electronic Issuer, E.D.E., SL, o a cualquiera que la sustituya a subcontratar en las condiciones y requisitos formales indicados en este párrafo.
BNEXT, como entidad que colabora en la emisión de las tarjetas Correos Prepago, recibirá de forma segura, a través de la plataforma de la FNMT-RCM mediante APIs, los datos personales mínimos necesarios con el objetivo de emitir las tarjetas de las personas beneficiarias de las ayudas. Dichos datos serán veraces y se encontrarán en todo momento actualizados.
Asimismo y para la ejecución del programa de ayudas "Bono Cultural Joven 2023", el Ministerio de Cultura y Deporte autoriza a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA, S.M.E. a comunicar a BNEXT, en calidad de Entidad de Pagos y Dinero Electrónico, los datos personales que sean necesarios para las finalidades relativas al cumplimiento de la Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico, así como para la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo o Fraude sobre los medios de pago y la aplicación de las medidas de diligencia relativas a la identificación formal de los beneficiarios de conformidad con los artículos 8 y 13 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley.»
1.3 Las partes acuerdan incorporar un anexo relativo al tratamiento de datos personales en los siguientes términos:
«a) Categorización Esquema Nacional de Seguridad (ENS).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), el Ministerio de Cultura y Deporte ha catalogado el servicio-sistema de la siguiente forma:
En virtud de la anterior categorización, son de aplicación las medidas de seguridad del anexo II del ENS.
b) Instrucciones iniciales de coordinación del responsable del tratamiento de los datos personales del Bono Cultural Joven 2023 en relación con el artículo 28 del Reglamento ue 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD) y los acuerdos previos convenidos con los encargados.
Descripción general del tratamiento de Datos Personales a efectuar.
El tratamiento consistirá en la facilitación y gestión de los medios de pagos de las ayudas del Bono Cultural Joven 2023 a las personas beneficiarias, incluyendo la gestión de la plataforma y aplicaciones informáticas para la puesta en marcha y ejecución del Bono Cultural Joven 2023, emisión, administración y gestión de la prestación de las Tarjetas Correos Prepago para el Bono Cultural Joven 2023 así como su distribución a los Beneficiarios, call center para la atención a Beneficiarios sobre la facilitación y gestión de los medios de pago.
Igualmente, la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA, S.M.E. se encargará de gestionar la autorización de altas y bajas de los terminales de puntos de venta (TPV) y FUC de las entidades adheridas al programa, a los efectos de aceptar pagos de los medios de pago emitidos.
Colectivo y datos tratados.
1. Personas beneficiarias de las ayudas del Bono Cultural Joven 2023.
Ciudadanos que cumplen 18 años en 2023: Nombre y apellidos, documento de Identificación (DNI o NIE), fecha de nacimiento, sexo, nacionalidad, domicilio legal, número de teléfono, correo electrónico, identificador de tarjeta (cardholderID), fecha de alta y fecha de baja de la tarjeta; estado de la tarjeta (abierta, activa, bloqueada, etc.); tipo de tarjeta (física o virtual), movimientos de la tarjeta.
Representantes legales de los anteriores: Nombre y apellidos, NIF o documento legal equivalente, número de teléfono y correo electrónico.
2. Entidades adheridas como personas físicas (autónomos) y representantes de personas jurídicas.
Nombre y apellidos del interesado/a, del representante legal o razón social de la persona jurídica que actúa como representante, cuando proceda, NIF de la entidad, documentación de identificación del representante, domicilio fiscal del interesado/a, domicilio a efectos de notificaciones, correo electrónico de entidad y representante, número de teléfono, fecha de adhesión y, en caso, renuncia al programa, epígrafe IAE de la actividad principal; otros epígrafes IAE de actividades secundarias; código CNAE de la actividad principal; otros códigos CNAE de actividades secundaria; datos de localización de la sede de la entidad (códigos oficiales –predefinidos y cerrados– de municipio, provincia y comunidad autónoma); tipo de entidad (Internet, gran superficie; especializado…), identificador del comercio dentro de la entidad (identificador univoco asignado al comercio, MerchanID); denominación comercio; identificador del TPV (Terminal ID); categoría del TPV (productos en soporte físico; contenido digital o en línea; y artes en vivo, patrimonio cultural y artes audiovisuales); fecha de alta y fecha de baja del TPV, datos de ubicación del comercio (códigos oficiales –predefinidos y cerrados- de municipio, provincia y comunidad autónoma), cuantía de la transacción comercial (de compra o devolución, mAmount1); identificador de la operación; código de producto, según las categorías previstas en el artículo 8 del Real Decreto 191/2023, de 21 de marzo:
– Artes en vivo, patrimonio cultural y artes audiovisuales: patrimonio cultural (museos; monumentos; bibliotecas; otros); escénicos o musicales (teatro; danza; zarzuela; ópera; circo; toros; conciertos); cine.
– Productos en soporte físico (libros; prensa o revistas; partituras; música; videos, videojuegos, otros).
– Contenido digital o en línea: (suscripciones plataformas (libros; prensa; música, audiovisual; videojuegos); compra de soportes digitales (libros, música, videos, videojuegos, otros).
En el caso de las personas beneficiarias de la ayuda del Bono Cultural Joven, se evitará, en la medida de lo posible, el tratamiento de datos personales de categoría especial por parte del Responsable del Tratamiento. En el caso de que lo anterior no fuera posible, se aportarían nuevas instrucciones por parte del Responsable del Tratamiento con el fin de reforzar las garantías y mitigar cualquier riesgo para los derechos y libertades de las personas afectadas. La comunicación se realizaría, cuando proceda, conforme a lo dispuesto en el artículo 18.1.a) de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria o con la protección temporal definida en el Real Decreto 1325/2003, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento sobre régimen de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas.
El encargado tratará los datos personales que sean estrictamente necesarios para cumplir con las obligaciones y actividades derivadas del encargo, en cumplimiento del principio de minimización definido en el RGPD y el artículo 15.4.b) del Real Decreto 191/2023, de 21 de marzo siguiendo, en todo caso, las instrucciones ofrecidas por el Ministerio de Cultura y Deporte en calidad de Responsable del Tratamiento. En caso necesario, el Responsable del Tratamiento determinará los datos concretos que pueden tratar el Encargado del Tratamiento en las comunicaciones necesarias entre ellas para la ejecución del Bono Cultural Joven.
Medidas adicionales.
Las medidas de seguridad implantadas para el tratamiento podrán ser objeto de modificación, supresión y/o novación en aras a dar cumplimiento a las exigencias que impone el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y resto de normativa vigente. A estos efectos, el Ministerio de Cultura y Deporte notificará por escrito a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA, S.M.E. cualquier modificación, supresión y/o novación sobre las medidas de seguridad a implementar. Específicamente deberán seguirse las establecidas en el artículo 32.1 del RGPD, la Disposición Adicional primera en su punto 2 de la LOPDGDD, las que figuran en los instrumentos de colaboración de las entidades colaboradoras en la gestión del programa así como las siguientes medidas de seguridad tanto técnicas como organizativas y de cumplimiento adicionales, sin perjuicio de la existencia de otras medidas de seguridad complementarias para asegurar el cumplimiento legal en materia de protección de datos personales o Esquema Nacional de Seguridad (ENS), en el nivel que se ha determinado y contemplado en el presente anexo:
a) La conservación de los datos personales será un elemento de tratamiento de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA, S.M.E. y se hará en servidores locales con backups diarios siempre en servidores diferentes y aislados para garantizar la integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento. En el caso de no poder gestionarse en servidores locales, los servidores estarán ubicados en la UE o en el Espacio Económico Europeo (EEE). La finalidad primordial es evitar el daño por ransomware y cualquier otro tipo de ataque de ciberseguridad.
b) No se realizarán transferencias internacionales de ningún tipo. En caso de servicios de computación en la nube y subcontratación por parte del encargado, se exigirá que pongan en conocimiento del responsable transferencias internacionales de datos y, en caso afirmativo, con qué garantías en cumplimiento del capítulo V del RGPD.
c) Llevar, por escrito, un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta del responsable, que contenga: la información recogida en el artículo 30.2 del RGPD incluidas las transferencias de datos personales a un tercer país u organización internacional (en su caso), junto con la identificación de dicho tercer país u organización internacional y, en el caso de las transferencias indicadas en el artículo 49 apartado 1, párrafo segundo del RGPD, la documentación de garantías adecuadas.
d) Si fuera necesario por la propia evolución de las necesidades de actualización de los sistemas de información utilizados por el Encargado del Tratamiento para dar el servicio del Bono, se comunicará cualquier cambio que se produzca, a lo largo del ciclo de vida de los datos, en los apartados anteriores y no se ejecutará dicho cambio hasta el visto bueno del Responsable del Tratamiento.
e) Si un encargado debe transferir datos personales a un tercer país o a una organización internacional, en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros que le sea aplicable, informará al responsable de esa exigencia legal de manera previa, salvo que tal Derecho lo prohíba por razones de interés público.
f) Solo podrán tener acceso a los datos personales aquellas personas autorizadas y únicamente para aquellos datos precisos para la ejecución del programa Bono Cultural Joven 2023 y para el fin específico que se requiera. Se deberá tener un control de las personas que tengan acceso en cada actuación del Encargado, y será evidenciable, debiendo contar con el correspondiente compromiso de confidencialidad.
g) Llevar un listado de personas autorizadas en el apartado anterior para tratar los Datos Personales objeto del tratamiento y garantizar que las mismas se comprometen a respetar la confidencialidad, y a cumplir con las medidas de seguridad correspondientes, de las que les debe informar convenientemente. Igualmente mantener a disposición del Responsable del Tratamiento dicha documentación acreditativa. Dicha documentación acreditativa no comportará en ningún caso una comunicación de datos personales de las personas autorizadas.
h) No comunicar los datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorización expresa del Responsable del Tratamiento, en los supuestos legalmente admitidos.
i) Llevar, por escrito, un registro de todos los incidentes de seguridad de la información tanto que se deban aportar o no al CCN-CERT.
j) Para la realización del servicio, se requieren las siguientes comunicaciones internas de datos entre los Encargados del Tratamiento del Ministerio de Cultura y Deporte:
– La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM), a través de la plataforma tecnológica de gestión del Bono Cultural Joven, contiene los datos personales correspondientes a los solicitantes de las ayudas y adhesión de las entidades al citado programa (personas interesados y representantes legales).
– TRAGSATEC obtiene, a través de la plataforma tecnológica de la FNMT-RCM, los datos personales necesarios para realizar la revisión documental de los expediente de concesión de ayudas y de adhesión de las entidades.
– La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA, S.M.E., como entidad comercializadora de medios de pago de las tarjetas prepago y de gestión de altas y bajas de TPVs de las entidades adheridas, recibe de forma segura a través de la plataforma de la FNMT-RCM mediante APIs, los datos personales necesarios de las personas beneficiarias del Bono Cultural Joven y de las entidades adheridas al programa.
k) En caso de duda en el acceso a los datos por personal autorizado o en el flujo de estos, se consultará al responsable la manera de proceder y siempre de manera que se respete la confidencialidad y la seguridad de la información.
l) El Encargado del Tratamiento siempre colaborará tanto en el cumplimiento de las obligaciones del responsable como en su demostración.
m) En el ámbito de actuación del encargado, se atenderán las siguientes indicaciones:
– No se permitirá el uso para fines particulares de aquellos ordenadores y dispositivos destinados al tratamiento de los datos personales.
– Cuando el mismo ordenador o dispositivo se utilice para el tratamiento de datos personales y fines de uso personal, se recomienda disponer de varios perfiles o usuarios distintos para cada una de las finalidades. Deben mantenerse separados los usos profesional y personal del ordenador o dispositivo.
– Si, en el procedimiento de tratamiento o acceso a los datos a través de un equipo de los Encargados del Tratamiento, se realice mediante acceso remoto, se debe disponer de las medidas de seguridad adecuadas contando, al menos, de una VPN y doble factor de autenticación, 2FA, o medidas de seguridad equivalentes y que cumplan con el nivel requerido del ENS para en el nivel que corresponda.
– Se recomienda disponer de perfiles con derechos de administración para la instalación y configuración del sistema y usuarios sin privilegios o derechos de administración para el acceso a los datos personales. Esta medida evitará que, en caso de ataque de ciberseguridad, puedan obtenerse privilegios de acceso o modificar el sistema operativo.
– Se garantizará la existencia de contraseñas (o mecanismos equivalentes) para el acceso a los datos personales almacenados en sistemas electrónicos. La contraseña tendrá, al menos, 16 caracteres, mezcla de números y letras, y se renovarán periódicamente (al menos de forma trimestral).
– Cuando a los datos personales accedan distintas personas, para cada persona con acceso a los datos personales, se dispondrá de un usuario y contraseña específicos (identificación inequívoca).
– Se garantizará la confidencialidad de las contraseñas, evitando que queden expuestas a terceros. En ningún caso se compartirán las contraseñas ni se dejarán anotadas en lugar común y el acceso de personas distintas del usuario.
– Actualización de ordenadores y dispositivos. Los dispositivos y ordenadores utilizados para el almacenamiento y el tratamiento de los datos personales deberán mantenerse actualizados en la media posible.
– En los ordenadores y dispositivos donde se realice el tratamiento de los datos personales, se dispondrá de un sistema de antivirus que garantice en la medida posible el robo y destrucción de la información y datos personales. El sistema de antivirus deberá ser actualizado de forma periódica.
– Para evitar accesos remotos indebidos a los datos personales, se velará para garantizar la existencia de un cortafuegos activado en aquellos sistemas en los que se realice el almacenamiento y/o tratamiento de datos personales.
– Cuando se precise realizar la extracción de datos personales fuera del recinto donde se realiza su tratamiento, ya sea por medios físicos o por medios electrónicos, se deberá valorar la posibilidad de utilizar un método de cifrado para garantizar la confidencialidad de los datos personales en caso de acceso indebido a la información.
– En la parte del flujo de trabajo de cada Encargado del Tratamiento y como refuerzo al apartado a), periódicamente se realizará una copia de seguridad en un segundo soporte distinto del que se utiliza para el trabajo diario. La copia se almacenará en lugar seguro, distinto de aquél en que esté ubicado el equipo con los ficheros originales, con el fin de permitir la recuperación de los datos personales en caso de pérdida de la información. La copia de seguridad debe estar encriptada.
– Se deberá evitar el acceso de personas no autorizadas a los datos personales, a tal fin se evitará: dejar los datos personales expuestos a terceros (pantallas electrónicas desatendidas, documentos en papel en zonas de acceso público, soportes con datos personales, etc.), esta consideración incluye las pantallas que se utilicen para la visualización de imágenes del sistema de videovigilancia, si lo hubiera. Cuando la persona se ausente del puesto de trabajo, procederá al bloqueo de la pantalla o al cierre de la sesión.
– Los documentos en papel y soportes electrónicos se almacenarán en lugar seguro (armarios o estancias de acceso restringido) durante las 24 horas del día, y serán custodiados cuando, con motivo de su tramitación, se encuentren fuera de los dispositivos o salas de archivo.
– No se desecharán documentos (papel) o soportes electrónicos (cd, pen drives, discos duros, etc.) con datos personales sin garantizar su destrucción, de forma que la información no sea recuperable.
Elementos del tratamiento.
El tratamiento de los Datos Personales comprenderá: registro (grabación), estructuración, modificación, consulta, interconexión (cruce), cotejo, supresión, destrucción (de copias temporales), conservación (en sus sistemas de información), copia de seguridad y recuperación.
Disposición de los datos al finalizar la colaboración.
a) Una vez finalice la vigencia del convenio, el encargado (y sus subencargados implícitamente) deben: devolver al responsable del tratamiento los datos de carácter personal y, si procede, los soportes donde consten, una vez cumplida la prestación. La devolución debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos informáticos utilizados por el encargado. No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación.
No obstante, y previa notificación por escrito del Responsable del Tratamiento a la finalización del encargo, el Responsable del Tratamiento podrá requerir al encargado para que en vez de la opción a), cumpla con la b) o c) siguientes:
b) Devolver al encargado que designe por escrito el responsable del tratamiento, los datos de carácter personal y, si procede, los soportes donde consten, una vez cumplida prestación. La devolución debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos informáticos utilizados por el encargado. No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación.
c) Destruir los datos, una vez cumplida la prestación. Una vez destruidos, el encargado debe certificar su destrucción por escrito y previa petición, debe entregar el certificado al responsable del tratamiento. No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente boqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación.
Medidas de seguridad.
Los datos deben protegerse para evitar que dichos datos pierdan su razonable confidencialidad, integridad y disponibilidad y de acuerdo con la catalogación del riesgo según el anexo I del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad y la evaluación de riesgos realizada. Se deben implantar, al menos, las siguientes salvaguardas:
1. Privacidad desde el diseño y por defecto.
2. Seguridad informática.
3. Sobre el concepto de proceso.
4. Rendición de Cuentas (ayuda al Responsable del Tratamiento).
La entidad colaboradora no podrá no implementar o suprimir estas salvaguardas mediante el empleo de un análisis de riesgo o evaluación de impacto propia salvo aprobación expresa de la Subsecretaría de Cultura y Deporte.
A estos efectos, el personal del encargado del tratamiento debe seguir las medidas de seguridad establecidas, no pudiendo efectuar tratamientos distintos de los definidos por la Subsecretaría de Cultura y Deporte.»
Los datos personales de los representantes de las Partes, así como de sus trabajadores y resto de personas de contacto que puedan intervenir en la relación jurídica formalizada serán tratados, respectivamente, por las entidades que se identifican en el encabezamiento, que actuarán, de forma independiente, como responsables del tratamiento de los mismos. Dichos datos serán tratados para dar cumplimiento a los derechos y obligaciones contenidas en esta adenda, sin que se tomen decisiones automatizadas que puedan afectar a los interesados. En consecuencia, la base jurídica del tratamiento es dar cumplimiento a la mencionada relación de colaboración en la gestión del programa, siendo dicho fin estrictamente necesario para ejecutar la presente adenda.
Los datos se mantendrán mientras esté en vigor la relación de colaboración que aquí se estipula, siendo tratados únicamente por las Partes y aquellos terceros a los que aquéllas estén legal o contractualmente obligados a comunicarlos (como es el caso de terceros prestadores de servicios a los que se haya encomendado algún servicio vinculado con la gestión o ejecución del Convenio).
Los interesados de las Partes podrán ejercer, en los términos establecidos por la legislación vigente, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, o solicitar la portabilidad de sus datos dirigiendo una comunicación por escrito a cada una de las Partes, a través de las direcciones especificadas en el encabezamiento o a través de la siguiente dirección de correo electrónico: derechos.protecciondatos.correos@correos.com o en la sede electrónica del Ministerio de Cultura y Deporte, según corresponda.
Asimismo, podrán ponerse en contacto con los respectivos delegados de protección de datos en la dirección dpdgrupocorreos@correos.com o dpd@cultura.gob.es según corresponda, o presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos u otra autoridad competente.
Las Partes se comprometen expresamente a informar a sus trabajadores y resto de personas de contacto de los términos de la presente cláusula, manteniendo indemne a la contraparte de los daños que pueda conllevar la falta de cumplimiento de esta obligación.
La presente adenda comprende la totalidad de los pactos, acuerdos y compromisos asumidos por las partes en relación con la modificación del Convenio de Colaboración, el cual permanecerá en vigor en su totalidad en todo lo no modificado por esta adenda.
Y, en prueba de conformidad de cuanto antecede, y para la debida constancia de todo lo convenido, las Partes firman la presente Adenda electrónicamente, tomándose como fecha de formalización del presente documento la fecha del último firmante.–La Subsecretaria del Ministerio de Cultura y Deporte, Ibáñez Iglesias Jiménez.–La Directora de Filatelia, Estudios y Futuro de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Leire Ibáñez de Castro.–La Directora de Relaciones Institucionales de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Nuria González Martínez. | Normativas |
BOE-A-2023-3894 | En el «Boletín Provincial de Toledo» número 248, de 30 de diciembre de 2022, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria de estabilización para proveer: dos plazas de Administrativo, dos plazas de Oficial de Oficios y una plaza de Auxiliar de Biblioteca, a cubrir todas ellas por el sistema de concurso de méritos, en turno libre.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Alcaudete de la Jara, 26 de enero de 2023.–La Alcaldesa, Cristina Cortés Muñoz. | Funcionarios y Personal |
BOE-A-2022-1202 | A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 25 de enero de 2022,
Vengo en designar Embajador en Misión Especial para la Diplomacia Preventiva a don Marcelino Rodríguez Ansorena.
Dado en el Consulado General de España en San Juan de Puerto Rico, el 25 de enero de 2022. | Administración |
BOE-A-2022-654 | plus de teletrabajo cuya cuantía será la misma que la establecida para el plus de transporte que figura en las tablas salariales anexas. No será posible el cobro de ambos pluses de manera simultánea.
9. Protección de datos y seguridad de la información.–La empresa adoptará, con la participación de los representantes de los trabajadores, las medidas oportunas para asegurar la seguridad de la información y la protección de los datos utilizados y tratados por el teletrabajador/a para fines profesionales.
1. Principios.
La Constitución Española declara que la dignidad de la persona constituye uno de los fundamentos del orden político y de la paz social, reconociendo el derecho de toda persona a la no discriminación, a la igualdad de trato, al libre desarrollo de su personalidad y a su integridad física y moral.
El Estatuto de los Trabajadores, de forma específica, contempla el derecho de los trabajadores/as al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad, incluida la protección frente al acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, y frente al acoso sexual, al acoso por razón de sexo y al laboral.
Por su parte, la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, encomienda a las empresas «el deber de promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo y arbitrar procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes han sido objeto del mismo», garantizando de esta forma la dignidad, integridad e igualdad de trato de todos los trabajadores/as.
De acuerdo con estos principios, ……………………….. se compromete a garantizar un entorno laboral donde se respete la dignidad de la persona y los derechos y valores a los que se ha hecho referencia.
Igualmente, la representación legal de los trabajadores y las trabajadoras contribuirá a ello sensibilizando a las plantillas e informando a la dirección de la empresa de cualquier problema que pudiera tener conocimiento y vigilará el cumplimiento de las obligaciones de la empresa en materia de prevención.
2. Objetivo del presente protocolo.
El presente Protocolo persigue prevenir y erradicar las situaciones discriminatorias por razón de género, constitutivas de acoso, en su modalidad de acoso sexual y acoso por razón de sexo.
No obstante, en el caso de que en la empresa no exista un procedimiento para prevenir y actuar contra el acoso cuyo origen esté basada en otros actos discriminatorios o se pueda dictaminar que se ha producido un moral omobbing,el presente protocolo les será de aplicación, asumiendo la Empresa su responsabilidad en orden a erradicar un entorno de conductas contrarias a la dignidad y valores de la persona y que pueden afectar a su salud física o psíquica.
A tal efecto, en este Protocolo se consideran dos aspectos fundamentales: la prevención del acoso y la reacción empresarial frente a denuncias por acoso, por lo que se dictaminan dos tipos de actuaciones:
1) Establecimiento de medidas orientadas a prevenir y evitar situaciones de acoso o susceptibles de constituir acoso.
2) Establecimiento de un procedimiento interno de actuación para los casos en los que, aun tratando de prevenir dichas situaciones, se produce una denuncia o queja interna por acoso, por parte de algún trabajador/a.
3. Definición y conductas constitutivas de acoso.
1) Acoso sexual.
Según el artículo 7.1 de la Ley Orgánica 3/2007, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal, constituye acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
En especial, es acoso sexual toda conducta consistente en palabras, gestos, actitudes o actos concretos, desarrollados en el ámbito laboral, que se dirija a una persona con intención de conseguir una respuesta de naturaleza sexual no aceptada libremente. Se debe tener claro, que en determinadas circunstancias, un único incidente puede constituir acoso sexual.
Conductas constitutivas de acoso sexual:
Conductas de carácter ambiental: que crean un entorno laboral intimidatorio, hostil o humillante, no siendo necesario que exista una conexión directa entre la acción y las condiciones de trabajo. Entre ellas:
– Conductas físicas de naturaleza sexual que pueden ir desde tocamientos innecesarios hasta un acercamiento físico excesivo o innecesario. Agresiones físicas.
– Conducta verbal de naturaleza sexual como insinuaciones sexuales molestas, proposiciones, flirteos ofensivos, comentarios e insinuaciones obscenas, llamadas telefónicas indeseadas; bromas o comentarios sobre la apariencia sexual; agresiones verbales deliberadas.
– Conducta no verbal de naturaleza sexual, como exhibir fotos de contenido sexual o pornográfico o materiales escritos de tipo sexual o miradas con gestos impúdicos. Cartas o mensajes de correo electrónico de carácter ofensivo y de contenido sexual.
Conductas de intercambio: Pueden ser tanto proposiciones o conductas realizadas por un superior jerárquico o persona de la que pueda depender la estabilidad del empleo o la mejora de las condiciones de trabajo, como las que provengan de compañeros/as o cualquier otra persona relacionada con la víctima por causa de trabajo, que implique contacto físico, invitaciones persistentes, peticiones de favores sexuales, etc.
2) Acoso por razón de sexo.
Según el artículo 7.2 de la Ley Orgánica 3/2007: «Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo».
3) Otro acoso de carácter discriminatorio:
También se entiende como acoso discriminatorio cualquier comportamiento realizado por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, y orientación sexual o enfermedad, cuando se produzcan dentro del ámbito empresarial, con el fin de atentar contra la dignidad de las personas creando un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.
Conductas constitutivas de acoso por razón de sexo y/o discriminatorio:
Serán conductas constitutivas de acoso por razón de sexo o de carácter discriminatorio, entre otras:
– Aquellas que supongan un trato desfavorable hacia la persona, relacionado con el embarazo o la maternidad.
– Las medidas organizacionales ejecutadas en función del sexo, o cualquier otra circunstancia enumerada en el apartado anterior, de una persona, con fines degradantes (exclusión, aislamiento, evaluación no equitativa del desempleo, asignación de tareas degradantes, sin sentido o por debajo de su capacidad profesional, etc).
– Comportamientos, conductas o prácticas que se tomen en función del sexo de una persona o cualquier otra circunstancia enumerada en el apartado anterior, de forma explícita o implícita y que tengan efecto sobre el empleo o las condiciones de trabajo.
– Ridiculizar a personas porque las tareas que asumen no se ajustan a su rol o estereotipo impuesto cultural o socialmente.
– Chistes, burlas que ridiculicen el sexo, el origen racial o étnico, la religión o convicciones, la discapacidad, la edad o la orientación sexual o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
– Menospreciar el trabajo y la capacidad intelectual de las personas por las circunstancias recogidas en el apartado anterior.
– Críticas a la nacionalidad, actitudes y creencias políticas o religiosas, vida privada, etc.
– Conductas por razón de convicciones dirigidas a un representante sindical o político, en la empresa.
4) Acoso laboral, moral omobbing.
Es toda conducta, práctica o comportamiento, realizado de forma sistemática o recurrente en el seno de una relación de trabajo que suponga directa o indirectamente, un menoscabo o atentado contra la dignidad del personal, al cual se intenta someter emocional y psicológicamente de forma violenta u hostil, y que persigue anular su capacidad, promoción profesional o su permanencia en el puesto de trabajo, afectando negativamente al entorno laboral.
Conductas constitutivas de acoso laboral, moral omobbing:
A continuación se enuncian, a modo de ejemplo, una serie de conductas concretas que, cumpliendo los requisitos expuestos, podrían llegar a constituir acoso psicológico en el trabajo:
– Juzgar el desempeño de la persona de manera ofensiva, ocultar sus esfuerzos y habilidades.
– Poner en cuestión y desautorizar las decisiones de la persona.
– No asignar tarea alguna, o asignar tareas inútiles o degradantes, que no tengan valor productivo.
– Evaluar el trabajo de manera desigual o de forma sesgada y criticar la actividad que realiza la persona de manera despectiva.
– Dar al/la trabajador/a una carga trabajo desmedida de manera manifiestamente malintencionada.
– Cambiar la ubicación de la persona separándola de sus compañeros/as (aislamiento).
– Ignorar la presencia de la persona.
– No dirigir la palabra a la persona.
– Amenazas y agresiones físicas.
– Amenazas verbales o por escrito.
– Gritos o insultos.
– Manipular la reputación personal o profesional a través del rumor, la denigración y ridiculización.
Atendiendo a la posición que ocupan las personas afectadas por cualquiera de los tipos de acoso podemos diferenciar tres tipos:
Descendente: Es aquel que provoca el o la superior jerárquico.
Ascendente: El que se provoca al o a la superior jerárquico.
Horizontal: El que se produce al mismo nivel jerárquico.
4. Medidas de prevención del acoso.
Con el objeto de prevenir el acoso o situaciones potencialmente constitutivas de acoso, además del presente protocolo, se establecerán las siguientes medidas:
– Difusión a toda la plantilla del protocolo de prevención y actuación en los casos de acoso.
– Diagnóstico previo de la situación real de las mujeres y hombres de la empresa en sus condiciones de trabajo conforme a lo acordado con la representación legal de los trabajadores y trabajadoras. (en el caso de que no se hubiera llevado a cabo).
– Fomentar la comunicación de la resolución de los casos de acoso.
– Promover un entorno de respeto, corrección en el ambiente de trabajo, inculcando a todo el personal los valores de igualdad de trato, respeto, dignidad y libre desarrollo de la personalidad.
– Favorecer la integración del personal de nuevo ingreso, evitando situaciones de aislamiento mediante un seguimiento del trabajador/a, no sólo en su proceso de acogida inicial, sino también con posterioridad al mismo.
– Se facilitará información y formación a la plantilla sobre los principios y valores que deben respetarse en la empresa y sobre las conductas que no se admiten.
– Prohibición de las insinuaciones o manifestaciones que sean contrarias a los principios reseñados, tanto en el lenguaje, como en las comunicaciones y en las actitudes. Entre otras medidas, se eliminará cualquier imagen, cartel, publicidad, etc. que contenga una visión sexista y estereotipada de mujeres y hombres.
– Cuando se detecten conductas no admitidas en un determinado colectivo o equipo de trabajo, la Dirección de la Empresa se dirigirá inmediatamente a la persona responsable de dicho colectivo/equipo, a fin de informarle sobre la situación detectada, las obligaciones que deben respetarse y las consecuencias que se derivan de su incumplimiento, y proceder a poner en marcha el protocolo acordado.
La Empresa mantendrá una actividad constante en la adopción de nuevas medidas o en la mejora de las existentes, que permitan alcanzar una óptima convivencia en el trabajo, salvaguardando los derechos de los trabajadores/as.
5. Ámbito de aplicación y vigencia.
Este procedimiento afecta a todas las personas vinculadas contractualmente a la empresa, ya sea mediante contrato mercantil, laboral o de confianza y deberá ser respetado por el personal de cualquier empresa auxiliar que opere en el centro o centros de trabajo de la empresa.
El presente protocolo tendrá una vigencia indefinida, sin perjuicio de que, en función de las necesidades que se detecten, se puedan modificar o incorporar acciones, después de la negociación correspondiente.
6. Procedimiento de actuación en caso de denuncia por acoso.
6.1 Aspectos que acompañarán al procedimiento:
– Protección de la intimidad, confidencialidad y dignidad de las personas implicadas.
– Protección de la persona presuntamente acosada en cuanto a su seguridad y salud.
– Audiencia imparcial y tratamiento justo para todas las personas afectadas.
– No se divulgará ninguna información a partes o personas no implicadas en el caso, salvo que sea necesario para la investigación.
– Tramitación urgente, sin demoras indebidas.
– Investigación profesional y exhaustiva de los hechos denunciados.
– Adopción de las medidas de todo orden, incluidas en su caso las de carácter disciplinario, contra la persona/s cuyas conductas de acoso resulten acreditadas.
– El acoso en cualquiera de sus modalidades tendrá el tratamiento establecido en el régimen disciplinario de aplicación para las faltas graves y muy graves.
– En los casos de acoso sexual y acoso por razón de sexo operará la inversión de la carga de la prueba. Es la parte demandada, por tanto, quien debe probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad.
6.2 Procedimiento.
El procedimiento se inicia con la presentación de la denuncia, directamente por la persona afectada o por cualquier persona que tenga conocimiento de la situación.
Se debe presentar ante la persona responsable de Recursos Humanos o en su ausencia a la persona designada por la empresa a tal fin, ante la representación legal de los trabajadores o trabajadoras, ante cualquier miembro de la Comisión de Igualdad o ante cualquier miembro del comité de Seguridad o salud si estamos en los casos de «otro acoso discriminatorio» o acoso moral omobbing.
6.2.1 Requisitos de la denuncia.
La denuncia se realizará siempre por escrito. Las personas responsables de la instrucción del procedimiento le asignarán un número de expediente.
La denuncia deberá contener la siguiente información (se adjunta un formulario):
– Identificación de la persona denunciante y datos para contactar con la misma.
– Identificación del/la presunto/a acosador/a, y puesto que ocupa.
– Identificación de la víctima y puesto que ocupa.
– Una descripción cronológica y detallada de los hechos (desde cuando se tiene conocimiento de los hechos, personas implicadas, origen del conflicto, hechos ocurridos especificando lugar y fechas, etc.).
– Identificación de posibles testigos.
– Copia de toda la documentación que pueda acreditar los hechos u otra información que se estime pertinente.
– Firma del/la denunciante en prueba de conformidad.
La persona que presenta una denuncia recibirá un escrito con el nombre, DNI y firma de la persona que recibe la denuncia, fecha en la que hace entrega de la misma y número de expediente.
6.2.2 Órgano instructor.
Actuarán en la instrucción de este procedimiento, por parte de la empresa, la Dirección de Recursos Humanos o la persona designada por esta; y por parte de la representación sindical, la persona responsable de igualdad designada por ésta para los casos de acoso sexual o por razón de sexo. En caso de otro acoso discriminatorio o acoso moral, actuará la persona designada por la representación legal de los trabajadores y trabajadoras en el comité de seguridad y salud.
Estas personas deberán reunir las debidas condiciones de aptitud, objetividad e imparcialidad que requiere el procedimiento.
No podrán tener relación de dependencia directa o parentesco con cualquiera de las partes.
Tampoco podrán ser instructoras de estos procedimientos quienes tengan el carácter de persona denunciada o denunciante.
El órgano instructor iniciará el procedimiento, de oficio –cuando cualquiera de las personas que puedan formar parte del órgano tengan indicios suficientes de la existencia de una conducta constitutiva de acoso- o a instancia de parte, prestará apoyo y ayuda a los trabajadores/as presuntamente acosados/as, y realizará las gestiones y trámites oportunos para el esclarecimiento de los hechos, recabando cuanta información considere conveniente y realizando las entrevistas y demás actuaciones que estime necesarias.
6.2.3 Procedimiento abreviado:
Su objetivo es resolver el problema de una forma ágil, en las ocasiones en que el hecho de manifestar a la persona denunciada las consecuencias ofensivas e intimidatorias que se generan de su comportamiento, sea suficiente para que se solucione el problema.
De oficio, o tras la oportuna denuncia, las personas instructoras se encargarán de entrevistarse, por separado, con la persona denunciante y denunciada o cualquier otra persona que estime necesaria.
A la vista del resultado de las reuniones mantenidas, la parte instructora elevará su dictamen a la Dirección de RRHH, la Comisión de Igualdad o comité de seguridad y salud y a las partes afectadas, lo que no podrá prolongarse en más de 7 días.
En el supuesto de que la situación no se pueda solucionar manifestando a la persona denunciada la necesidad de modificar su comportamiento o cuando la gravedad de los hechos así lo indique, se dará paso al procedimiento formal.
6.2.4 Procedimiento formal:
Junto a las entrevistas a la persona afectada y a la persona denunciada, se podrá practicar cuantas pruebas de carácter documental, entrevistas u otras pruebas que se estime necesario, con el fin de conseguir la interrupción de la situación de acoso. En todo caso, operará la inversión de la carga de la prueba.
Durante la tramitación del expediente, tan pronto como haya indicios de la existencia de acoso, el órgano de instrucción podrá proponer a la Dirección de la empresa, la medida de separación de las personas implicadas, sin menoscabo de sus condiciones laborales u otra medida cautelar, lo que se deberá efectuar de carácter inmediato.
La instrucción concluirá con un informe, que será elevado a la Dirección de RRHH, la Comisión de Igualdad o al comité de seguridad y salud y a las partes afectadas. Todo el procedimiento no podrá extenderse a más de 20 días naturales.
6.2.5 Elaboración del informe.
El informe debe incluir la siguiente información:
– Antecedentes del caso, que incluirán un resumen de los argumentos planteados por cada una de las partes implicadas.
– Descripción de los principales hechos del caso.
– Resumen de las diligencias practicadas.
– Valoración final con las aportaciones particulares que pudiera haber y propuestas de medidas.
– Determinación expresa de la existencia o no de acoso.
– Firma de los miembros del comité instructor.
6.2.6 Acciones a adoptar del procedimiento:
Si se determina la existencia de acoso, se dará traslado del informe final acordado a la Dirección de la Empresa, para que adopte las medidas disciplinarias que correspondan, decisión que se tomará en el plazo máximo de 10 días naturales.
Si la sanción impuesta no determina el despido de la persona agresora, se tomarán las medidas oportunas para que aquella y la víctima no convivan en el mismo entorno laboral, teniendo la persona agredida la opción de permanecer en su puesto o la posibilidad de solicitar un traslado; medidas que no podrán suponer ni una mejora ni un detrimento de sus condiciones laborales.
En el caso de que se haya probado que no existe acoso, se archivará el expediente.
Si con motivo de la investigación realizada, se constata la inexistencia del acoso, pero se pone de manifiesto que subyace un conflicto personal relevante generado por el trabajo o cualquier infracción recogida en el régimen disciplinario, los instructores trasladarán esta conclusión a su informe para que la dirección de la empresa actúe en consecuencia, pudiendo trasladar una propuesta en el primer caso.
7. Medidas a adoptar tras la finalización del procedimiento en el que se ha constatado el acoso.
Finalizado el procedimiento, el órgano de instrucción podrá proponer las siguientes medidas:
– Apoyo psicológico y social a la persona acosada.
– Modificación de aquellas condiciones laborales que, previo consentimiento del trabajador/a acosado/a, se estimen beneficiosas para su recuperación.
– Adopción de medidas de vigilancia en protección del trabajador/a acosado/a.
– La empresa tomará las medidas pertinentes para evitar la reincidencia de las personas sancionadas.
– Se facilitará formación o reciclaje para la actualización profesional de la víctima cuando esta haya permanecido en IT un periodo prolongado.
– Reiteración de los estándares éticos y morales de la empresa.
– Evaluación de riesgos psicosociales en la empresa.
8. Seguimiento y evaluación del protocolo para los casos de acoso sexual o por razón de sexo (en caso de que no exista comisión de igualdad o comisión de seguimiento del plan de igualdad).
Se creará una comisión de atención al acoso paritaria, que deberá efectuar el seguimiento del presente protocolo. Al efecto realizará las siguientes funciones:
1) Se reunirá anualmente para revisar las denuncias de acoso, y elaborará un informe conjunto de sus actuaciones, que será entregado a la dirección de la empresa, y del que se dará publicidad a la totalidad de la plantilla. El citado informe debe respetar el derecho a la intimidad y confidencialidad de las personas implicadas.
2) Elaborará un informe anual para asegurar la eficacia y confidencialidad del protocolo y adaptarlo si se considera necesario.
Otras consideraciones.
Se prohíbe expresamente cualquier represalia contra las personas que efectúen una denuncia, atestigüen, colaboren o participen en las investigaciones que se lleven a cabo, y contra aquellas personas que se opongan a cualquier situación de acoso frente a sí mismo o frente a terceros.
No obstante lo anterior, si de la investigación realizada se pusiera en evidencia que el presunto/a acosado/a ha actuado con acreditada falta de buena fe o con ánimo de dañar, la empresa podrá adoptar las medidas previstas para los supuestos de transgresión de la buena fe contractual en el Estatuto de los Trabajadores.
El Comité de Seguridad y Salud deberá tener conocimiento del presente protocolo, de sus posibles modificaciones y del informe anual sobre su estado, pudiendo hacer las recomendaciones que estimen oportunas a efecto de la prevención de riesgos laborales. Así mismo, una persona de dicho comité participará en las reuniones anuales para la revisión de los casos de acoso.
La regulación y procedimientos establecidos en el presente protocolo no impiden que en cada momento, se puedan promover y tramitar cualquier otra acción para exigir las responsabilidades administrativas, sociales, civiles o penales que en su caso correspondan.
Formulario de denuncia interna por conducta constitutiva de:
Acoso sexual
Acoso por razón de sexo
Acoso discriminatorio
Acoso moral
Persona denunciante:
Nombre y apellidos:
DNI:
Puesto de trabajo:
Centro de trabajo:
Persona denunciada (nombre, apellidos, puesto de trabajo):
Persona que sufre el acoso, en caso de que no coincida con la denunciante (nombre, apellidos, puesto de trabajo):
Hechos que denuncia (descripción cronológica y detallada de los hechos, personas implicadas, origen del conflicto, lugar en que sucedió, etc.):
Breve descripción de otra información que se aporte:
El/la abajo firmante, solicita la apertura del procedimiento de investigación derivado del conocimiento de actos que pueden ser constitutivos de ............................., solicitando que se me informe de las distintas actuaciones que realicen durante el mismo así como su posterior resolución.
En ............................, a ............. de ............................... de 20...... | Normativas |
BOE-A-2022-11578 | Con fecha de 3 de junio de 2022 se ha suscrito el convenio entre el Real Patronato sobre Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la Universidad Carlos III para el Centro Español del Subtitulado y Audiodescripción, por el que se canaliza la subvención nominativa establecida en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 65.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho convenio, que figura como anexo de esta Resolución.
Madrid, 26 de junio de 2022.–El Secretario General del Real Patronato sobre Discapacidad, Ignacio Hernández Peralta.
Don Gil Carrasco Peralta, Secretario de Estado de Derechos Sociales, nombrado por Real Decreto 59/2020, de 14 de enero (BOE núm. 13, de 15 de enero), en calidad de Secretario General del Real Patronato sobre Discapacidad, conforme a lo establecido en el Real Decreto 452/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los Departamentos ministeriales, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Estatuto del Real Patronato sobre Discapacidad, aprobado por el Real Decreto 946/2001, de 3 de agosto, modificado por Real Decreto 1/2013, de 11 de enero.
Don Juan Benítez Rubio, con domicilio a efectos del presente convenio en calle Madrid, n.º 128, CP 28903 Getafe (Madrid), en su calidad de Rector Magnífico de la Universidad Carlos III de Madrid, nombrado por Decreto 14/2019, de 26 de marzo (BOCM núm. 74, de 28 de marzo de 2019), del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, de conformidad con las facultades que tiene atribuidas por el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y el artículo 47 de los Estatutos de la Universidad Carlos III aprobados por Decreto 1/2003, de 9 de enero, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, modificados por Decreto 95/2009, de 12 de noviembre.
Las partes intervienen en la representación y con las facultades que sus respectivos cargos les confieren, reconociéndose mutuamente capacidad y legitimación para obligarse y convenir, y al efecto
Que la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, prevé en la aplicación presupuestaria 29.102.231F.450 crédito suficiente para otorgar una subvención nominativa a la Universidad Carlos III de Madrid para el Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción, y que el artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, prevé que se pueden conceder de forma directa las subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado.
El CESyA se reconoce como centro técnico de referencia en virtud del artículo 24 de la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. Y cuya naturaleza y fines quedan recogidos en el artículo 17 conforme al Real Decreto 946/2001, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Estatuto del Real Patronato sobre Discapacidad.
Que esta subvención pretende participar en la financiación de los gastos del Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción (en adelante, CESyA), centro del Real Patronato sobre Discapacidad cuya misión es potenciar y garantizar a las personas con discapacidad auditiva y visual la accesibilidad a cualquier medio o situación de comunicación audiovisual.
Que el artículo 28.1 de la misma Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones prevé que los convenios sean el instrumento habitual para canalizar las subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado.
Que esta subvención tiene como finalidad ejecutar el plan de actividades previsto para el año 2022 del CESyA que se fundamenta en impulsar y proporcionar la accesibilidad a los medios y productos audiovisuales a las personas con discapacidad sensorial.
Por todo ello y al amparo de los artículos 22.2 y 28.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y del artículo 65 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las partes acuerdan suscribir el presente convenio, que se regirá por las siguientes
El presente convenio tiene por objeto establecer las condiciones y compromisos aplicables a la subvención nominativa concedida a la Universidad Carlos III de Madrid para la gestión del CESyA.
De acuerdo con lo previsto por el artículo 2.1.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el objeto de la subvención nominativa que se canaliza a través del presente convenio es la realización por parte de la Universidad Carlos III de Madrid de las actuaciones necesarias para el funcionamiento y desarrollo de actividades del CESyA.
El CESyA es un centro asesor del Real Patronato sobre Discapacidad que tiene por objeto, entre otros, potenciar y garantizar a las personas con discapacidad auditiva y visual la accesibilidad a cualquier medio o situación de comunicación audiovisual por si solo o en colaboración con otras entidades públicas o privadas interesadas en coadyuvar en el desarrollo de los mismos, posibilitando de este modo la colaboración de otras personas jurídicas.
Dentro del ámbito de actuación del convenio se desarrollarán, entre otras, las siguientes actividades:
– Prestar un servicio público trabajando proactivamente en garantizar el acceso a la información audiovisual en igualdad de condiciones para personas con discapacidad sensorial.
– Realizar trabajos de I+D+i para proporcionar accesibilidad audiovisual a personas con discapacidad sensorial en diversos entornos como la televisión, la cultura, la educación la inserción laboral, etc.
– Efectuar auditorias, diagnósticos, certificaciones de calidad y asesoramiento tecnológico para la introducción de mejoras e innovaciones en procesos, productos o servicios de empresas y organizaciones, evaluar la accesibilidad de productos y servicios en el ámbito de la televisión, el cine, los museos, la web y el teatro.
– Organizar y gestionar formación permanente y de especialización o actualización profesional en los diversos campos de la actividad empresarial, de usuarios y administraciones públicas.
– Colaborar en la inclusión de la accesibilidad en currículos formativos.
– Realizar tareas de contribución social, información y difusión para toda la sociedad en el ámbito de la accesibilidad audiovisual para personas con discapacidad sensorial.
– Dar soporte con la herramienta MERCURIO a los eventos del Real patronato sobre Discapacidad.
– Colaborar en tareas de regularización y normalización y evaluar la accesibilidad de productos y servicios en el ámbito de la televisión, el cine, los museos, la web y el teatro.
– Potenciar la accesibilidad al ocio a las personas con discapacidad sensorial.
– Realizar tareas de seguimiento de subtitulado y audiodescripción y emitir informes en sus ámbitos de actuación.
Estas actividades están detalladas en el anexo 1 del presente convenio, el cual forma parte integrante del mismo a todos los efectos.
El Real Patronato sobre Discapacidad abonará a la Universidad Carlos III de Madrid una subvención nominativa para la realización de las actividades comprendidas en la cláusula segunda y en el anexo 2 del presente convenio por un importe de trescientos treinta y tres mil trescientos sesenta euros (333.360,00 €) con cargo a su dotación presupuestaria 29.102.231F.450 para el ejercicio 2022.
Debido a la naturaleza de la subvención, cuya finalidad de contribuir a la realización de proyectos de interés general considerados de interés social, así como a los gastos de funcionamiento del CESyA, centro dependiente del Real Patronato sobre Discapacidad y cuyos fines no son lucrativos, y al amparo de lo previsto por el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el pago de esta cantidad se hará por la modalidad de pagos a cuenta mediante la realización de dos pagos, que responderán al ritmo de ejecución de las actividades subvencionadas y certificadas de acuerdo con lo establecido en el apartado siguiente:
– Primer pago: En el mes de junio de 2022 o a la firma del convenio, si esta fecha fuera posterior, y por una cuantía equivalente a los gastos realizados desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de mayo de 2022.
– Segundo pago: En el mes de diciembre de 2022 por una cuantía equivalente a la diferencia entre lo abonado en el primer pago y el importe total de la subvención.
Para la realización de los citados pagos será preceptivo presentar por la Universidad Carlos III de Madrid una certificación, firmada por el órgano competente, de los gastos realizados en cada uno de los periodos que a continuación se indican, y que incluya un estadillo resumen/relación de los justificantes que avalen dichos gastos.
Primer periodo: Gastos realizados en los meses de enero a mayo de 2022, ambos incluidos. El plazo para presentar la certificación será hasta el 17 de junio de 2022.
Segundo periodo: Gastos realizados en los meses de junio a octubre de 2022, ambos incluidos más una estimación de los gastos que se prevean realizar en los meses de noviembre y diciembre. El plazo para presentar la certificación será hasta el 21 de noviembre. También podrán incluirse aquellos gastos que por razones justificadas hubieran podido quedar pendientes de pago en el periodo anterior.
Los gastos realizados en los meses de noviembre y diciembre de 2022 serán justificados en la rendición de la cuenta tal y como se establece en la cláusula quinta.
Las certificaciones emitidas por la Universidad Carlos III de Madrid se enviarán vía electrónica a través del Registro correspondiente.
El abono de los pagos se hará efectivo mediante transferencia a ES360049 1894 53 2310286360, abierta en el Banco Santander a nombre de la Universidad Carlos III de Madrid.
La propuesta de los pagos la realizará el Director del Real Patronato sobre Discapacidad. Con carácter previo a la ordenación de los pagos, y de acuerdo con el artículo 13.7 de la Ley General de Subvenciones, la justificación por parte de la Universidad Carlos III de Madrid de no estar incursos en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora, señaladas en los apartados 2 y 3 de este artículo, podrá realizarse mediante testimonio judicial, certificados telemáticos o transmisiones de datos, de acuerdo con lo establecido en la normativa reglamentaria que regule la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado o de las comunidades autónomas, o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa o notario público
Los intereses que, en su caso, se devenguen por la subvención recibida hasta el momento del gasto deberán imputarse a las actividades y gastos especificados en el presente convenio.
Los rendimientos financieros que incrementan el importe de la subvención concedida y deben aplicarse a la actividad.
Asimismo, la Universidad Carlos III de Madrid se compromete a gestionar la cuantía concedida según las finalidades y condiciones previstas en el presente convenio y a justificar el gasto de la subvención según lo establecido en el artículo 30 de la Ley General de Subvenciones.
Por su parte la Universidad Carlos III de Madrid contribuirá al CESyA con aportaciones no dinerarias encaminadas a completar las necesidades no financiadas con la subvención nominativa y que se centran en la dotación de espacios, de las infraestructuras tecnológicas, la realización de aquellos servicios necesarios para la ejecución de las actividades objeto del presente convenio así como personal con experiencia y conocimientos específicos sobre la accesibilidad de las tecnologías de la información y comunicaciones.
La Universidad Carlos III de Madrid podrá concertar con terceros la ejecución de la actividad subvencionada hasta un límite del 50 % del importe total de dicha actividad, tal y como establece el artículo 29 de la Ley General de Subvenciones.
En todo caso será necesaria la autorización previa por el Director del Real Patronato sobre Discapacidad cuando la subcontratación exceda del 20 % del importe de la subvención y dicho importe sea superior a 60.000,00 euros. En dicho supuesto, el contrato deberá celebrarse por escrito.
La justificación de la subvención adoptará la modalidad de cuenta justificativa con aportación de informe de auditor prevista en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Esta cuenta habrá de ser presentada electrónicamente ante el Real Patronato sobre Discapacidad.
La revisión de la cuenta justificativa a realizar por el auditor de cuentas tendrá el alcance de la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueba la norma de actuación de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones, en el ámbito del sector público estatal, previstos en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como en la normativa de aplicación.
El informe emitido por el auditor irá acompañado, en todo caso, de:
– Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
– Una memoria económica justificativa abreviada del coste de las actividades realizadas, que contendrá una relación clasificada de los gastos de la actividad subvencionada, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión, fecha de pago e importe imputado, y el detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia. De acuerdo con el artículo 74.5 del Reglamento de Subvenciones, deberá contener, además, de un estado representativo de los gastos incurridos en la realización de las actividades subvencionadas, debidamente agrupados, y, en su caso, las cantidades inicialmente presupuestadas y las desviaciones acaecidas.
La fecha de las facturas, que se relacionen como justificantes de gasto, estará comprendida dentro del periodo de ejecución establecido en esta subvención.
La fecha límite de los documentos de pago, que correspondan en virtud del gasto imputado, estará comprendida entre el inicio del período de ejecución y la fecha límite para la presentación de la documentación justificativa determinada en esta subvención.
Para gastos correspondientes a suministros, siempre que la naturaleza del gasto corresponda al periodo de ejecución, se admitirá que la fecha de la factura y el pago del gasto por dichos servicios esté comprendida entre la finalización del periodo de ejecución y la fecha límite de presentación de la documentación justificativa, establecidos en esta subvención.
A los efectos de justificación de la subvención, el periodo de imputación de gastos finalizará el 31 de diciembre de 2022, debiendo presentar su justificación ante el Real Patronato sobre Discapacidad dentro de los tres meses siguientes.
El plazo de justificación podrá ser ampliado por el órgano concedente de oficio o a solicitud del beneficiario de la subvención siempre que no exceda la mitad del mismo (artículo 70 Reglamento Ley 38/2003). La Secretaría General del Real Patronato sobre Discapacidad dictará y notificará una resolución concediendo o denegando la ampliación del plazo. Tanto la petición del interesado como la decisión sobre ampliación deberán producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de justificación.
El seguimiento y control de las ayudas le corresponde a la Secretaría General del Real Patronato sobre Discapacidad.
Si por circunstancias imprevistas resultara necesario introducir ajustes en las asignaciones económicas previstas para la gestión de las diferentes actividades, la Universidad Carlos III de Madrid procederá de la siguiente forma:
Solicitar al Director del Real Patronato sobre Discapacidad, para su autorización, cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir en el desarrollo y ejecución de las actividades, tanto referidas al contenido como a la forma, plazos de ejecución, partidas presupuestadas, etc., siempre que dicha modificación no implique un aumento del importe de la subvención.
No obstante, no se podrá alterar la concreción del objeto de la subvención, ni aquellos compromisos relevantes a los que se compromete el CESyA ni una posible variación de la finalidad de la subvención (artículo 61 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones).
La solicitud de modificación requerirá la conformidad del Real Patronato sobre Discapacidad, mediante Resolución expresa de su Director, que habrá de dictarse y notificarse en un plazo máximo de tres meses a contar desde la fecha de entrada de la solicitud en el Registro del organismo. Transcurrido dicho plazo sin que la Resolución haya sido dictada y notificada, se entenderá la misma estimada por silencio administrativo en virtud de lo dispuesto en el artículo el artículo 24.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La presente subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedente de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados nacionales, de la Unión Europea o de Organismos Internacionales.
La Universidad Carlos III de Madrid deberá comunicar a la Dirección del Real Patronato sobre Discapacidad la obtención de los recursos citados y justificarlos. Deberá indicarse de forma expresa que el importe total de las subvenciones recibidas, en ningún caso supera, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos el coste de la actividad subvencionada.
Esta subvención se destinará a cubrir los gastos necesarios para el normal desarrollo de la actividad subvencionada y se consideran gastos subvencionables los siguientes:
1. Gastos de personal docente e investigador correspondientes a la organización y dirección por parte de los profesores responsables del presente convenio don José Manuel Sánchez Pena y don Israel González Carrasco. Estos gastos se detallarán con un certificado de la Universidad Carlos III de Madrid en el que se hará constar, la siguiente información:
– Nombre y apellidos.
– Categoría.
– Importe total de dedicación al proyecto que se obtendrá dividiendo el total de retribuciones efectivas percibidas por cada personal docente e investigador durante el periodo de ejecución del presente convenio entre el número de horas efectivas de dedicación durante dicho periodo de ejecución.
Este coste se calculará de conformidad con la metodología general de cálculo recogida en la Resolución Rectoral de 4 de febrero de 2015, por la que se regula la metodología de cálculo real del coste hora del profesor docente e investigador de la Universidad Carlos III de Madrid, teniendo en cuenta que la jornada laboral anual del personal docente e investigador es de 1.665 horas efectivas/año como el valor promedio de las horas productivas por año.
2. Gastos de personal docente e investigador de la Universidad Carlos III de Madrid. Estos gastos se detallarán con un certificado de la Universidad Carlos III de Madrid en el que se hará constar, para cada uno de los profesores involucrados en las actividades objeto del presente convenio, la siguiente información:
– Nombre y apellidos.
– Categoría.
– Importe total de dedicación al proyecto que se obtendrá dividiendo el total de retribuciones efectivas percibidas por cada personal docente e investigador durante el periodo de ejecución del presente convenio entre el número de horas efectivas de dedicación durante dicho periodo de ejecución.
Este coste se calculará de conformidad con la metodología general de cálculo recogida en la Resolución rectoral de 4 de febrero de 2015, por la que se regula la metodología de cálculo real del coste hora del profesor docente e investigador de la Universidad Carlos III de Madrid, teniendo en cuenta que la jornada laboral anual del personal docente e investigador es de 1.665 horas efectivas/año como el valor promedio de las horas productivas por año.
3. Becas, ayudas de estudios y gastos asociados al desarrollo académico de los becarios.
4. Gastos de contratación de personal laboral.
Si el personal laboral participa en más de un proyecto, se imputarán a cada proyecto el coste de las horas dedicadas al mismo, sin que la suma total de horas dedicadas a cada proyecto por cada uno de los trabajadores pueda exceder del 100 % de las horas establecidas según convenio o contrato de trabajo.
5. Gastos de servicios externos.
6. Gastos de comidas derivados de reuniones cuya duración sea superior a dos horas y se realicen en jornada de mañana y tarde. Se indicarán los asistentes a dicha comida y el motivo de la reunión.
7. Gastos para la organización y celebración de congresos que, en todo caso, podrán consistir en: Gastos de desayunos y comidas para los cuales se requerirá que el congreso se celebre en horario de mañana (para el caso de los desayunos) y de mañana y tarde (para el caso de las comidas), agua para los ponentes, gastos relacionados con la cartelería y publicidad, contratación de servicios de accesibilidad y traducción, etc. Los gastos de desayunos no podrán superar los cinco euros por persona y día y los gastos de comida los veinte euros por persona y día.
8. Material ordinario no inventariable. Los gastos de material de oficina no tendrán cabida en esta partida, por tener la consideración de gastos generales.
9. Suministros y otros gastos corrientes. Deberá constar una relación directa entre la inversión realizada y su necesidad.
10. Viajes y dietas, como regla general solo se incluirán gastos de viaje de los miembros del equipo de investigación designado por la Universidad Carlos III de Madrid para la realización de las actividades objeto del presente convenio (Personal Docente e Investigador, contratado laboral o becario que se haya incluido en la justificación económica que se presente al Real Patronato sobre Discapacidad). No obstante, de forma excepcional, se podrán incluir gastos de viaje de personas que, no perteneciendo al equipo de investigación de la Universidad Carlos III de Madrid, hayan participado en las jornadas o seminarios o actividades que se celebren en el marco de las actividades objeto del presente convenio, así como la de los colaboradores del CESyA en los gastos que incurran en el ejercicio de la colaboración. En este caso, en la justificación económica que se presente al Real Patronato sobre Discapacidad, se adjuntará además la memoria de la actividad de que se trate donde aparecerá el nombre de dichos participantes. Asimismo, se admitirán los gastos de viaje correspondientes a los asistentes de las personas con discapacidad, imprescindibles en cada caso, para que estas puedan realizar sus funciones.
Los gastos de dietas y locomoción (en su caso) que se citan se ajustarán a lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razones de servicio con los límites establecidos para el grupo 2 y la Orden EHA/3770/2005 de 1 de diciembre (BOE n.º 289, de 3 de diciembre de 2005), que modifica los importes de la dieta en territorio nacional.
11. Administración y Gastos generales: Se considera gasto subvencionable para el que no se requiere justificación, el 15 % del importe del presente convenio.
Al tratarse de capítulo 4 (transferencias corrientes) solo podrán financiarse gastos corrientes en bienes y servicios.
Estas cuantías (las que aparezcan en las distintas partidas presupuestadas) fijan el límite máximo de las partidas subvencionadas. Al tratarse de cuantías estimadas se permitirá en la justificación una variación de + 20 % en cada una de las partidas presupuestadas, siempre y cuando no se supere el importe total de la actividad subvencionada. En caso de que la variación sea superior será de aplicación lo previsto en la cláusula sexta.
Los gastos de dietas y locomoción que se citan se ajustarán a lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razones de servicio con los límites establecidos para el grupo 2.
El Real Patronato sobre Discapacidad respetará durante la ejecución de las actividades el poder de dirección que corresponde a la Universidad Carlos III de Madrid y se abstendrá de asumir funciones directivas, mediante la impartición directa de órdenes e instrucciones, sobre el personal de dicha Universidad Carlos III de Madrid, sin perjuicio de las facultades que la legislación pueda reconocer a este Organismo en orden a la ejecución de las actividades subvencionadas. En ningún caso podrá producirse la consolidación, como personal del Real Patronato sobre Discapacidad, de las personas que participen en la realización de las actividades subvencionadas. La relación del personal de la Universidad Carlos III de Madrid con el Real Patronato sobre Discapacidad no supondrá más compromiso que el estipulado en el presente convenio, ni del mismo se deriva obligación alguna propia de un contrato laboral ni su contenido podrá dar lugar a la sustitución de la prestación laboral propia de puestos de trabajo.
El Presupuesto correspondiente al año 2022 se detalla en el anexo 3.
La Universidad Carlos III de Madrid y el Real Patronato sobre Discapacidad podrán utilizar los resultados obtenidos en la ejecución de las actividades objeto del presente convenio, en parte o en su totalidad, para su publicación o difusión por cualquier medio. Las medidas de difusión se detallan en anexo 2.
La Universidad Carlos III de Madrid deberá incluir el logotipo del Real Patronato sobre Discapacidad en todas las actividades objeto del presente convenio que se efectúen con la subvención concedida, así como en la documentación y la información tanto impresa como electrónica sobre las actividades objeto del mismo. Para ello se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre, que establece los criterios de imagen institucional y regula la producción documental y el material impreso de la Administración General del Estado.
La Universidad Carlos III de Madrid, a su vez, se obliga a elaborar una nota de prensa con detalle de los trabajos realizados después del desarrollo de cada una de sus actividades. Dicha nota se enviará al Real Patronato sobre Discapacidad, que podrá utilizarla en los medios de comunicación que considere oportunos para el desarrollo de sus fines de difusión.
El logotipo del CESyA, por su parte, incluirá mención expresa de su vinculación con el Real Patronato sobre Discapacidad de forma literal, añadiendo el nombre «Real Patronato sobre Discapacidad» o de forma gráfica, incluyendo el logo del organismo.
Asimismo, les corresponden a la Universidad Carlos III de Madrid y al Real Patronato sobre Discapacidad, conforme a los porcentajes de financiación en los que participan, los derechos de propiedad intelectual y de explotación de la obra recogidos en la sección segunda del capítulo III del título II del libro I de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, mientras que el autor se reserva en todo caso el denominado derecho «moral», regulado en la sección primera de ese mismo capítulo, que la Ley le atribuye en todo caso por la creación de la obra.
En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se informa al representante de la Universidad Carlos III de Madrid de que sus datos personales se incorporan en ficheros de datos de carácter personal cuya titularidad ostenta el Real Patronato sobre Discapacidad con la finalidad de gestionar las relaciones institucionales, los convenios y la agenda de contactos. Se informa asimismo de que tiene la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que legalmente le corresponden ante el Real Patronato sobre Discapacidad –rpdadmon@mscbs.es– calle Serrano, 140, 28006 Madrid.
Este convenio debe impactar, a su vez, en la empleabilidad de las personas discapacidad, en este sentido las partes acuerdan que al menos el 20 % del personal contratado con los fondos de esta subvención para el desarrollo de las actividades del CESyA deberán ser personas con discapacidad, lo que deberá certificarse documentalmente en las correspondientes justificaciones.
Asimismo, se impulsará la formación de personas con discapacidad con un programa de apoyo.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas, así como la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los casos establecidos y en la cuantía fijada en los artículos 37 y 38 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
El procedimiento declarativo de incumplimiento y de procedencia del reintegro se iniciará de oficio como consecuencia de la propia iniciativa del órgano competente, una vez revisada la documentación justificativa del gasto de la subvención y no hallada completa y conforme en todo o en parte, o ante la detección de cualquiera de las restantes causas de reintegro.
También procederá la iniciación de oficio del procedimiento como consecuencia de una orden superior, de la petición razonada de otros órganos que tengan o no atribuidas facultades de inspección en la materia, o de la formulación de una denuncia. Asimismo, se iniciará a consecuencia del informe de control financiero emitido por la Intervención General de la Administración del Estado, resultando de aplicación al respecto lo establecido en los artículos 49 a 51 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 96 a 101 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
En la tramitación del procedimiento se garantizará, en todo caso, el derecho del interesado a la audiencia.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de reintegro será de doce meses desde la fecha del acuerdo de iniciación. Dicho plazo podrá suspenderse y ampliarse de acuerdo con lo previsto en los artículos 22 y 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Si transcurre el plazo para resolver sin que se haya notificado resolución expresa, se producirá la caducidad del procedimiento, sin perjuicio de continuar las actuaciones hasta su terminación y sin que se considere interrumpida la prescripción por las actuaciones realizadas hasta la finalización del citado plazo.
Las resoluciones declarativas de incumplimiento y de procedencia del reintegro pondrán fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse contra las mismas recurso potestativo de reposición ante la Secretaría General del Real Patronato sobre Discapacidad en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución, o bien ser impugnadas directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, en la forma y plazo previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Si el procedimiento se hubiera iniciado como consecuencia de hechos que pudieran ser constitutivos de infracción administrativa, se pondrán en conocimiento del órgano competente para la iniciación del correspondiente procedimiento sancionador.
La subvención nominativa que se instrumenta a través de este convenio se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su Reglamento y por las cláusulas contenidas en este texto.
Los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo serán los competentes para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes con ocasión de su desarrollo.
Las partes acuerdan un mecanismo de seguimiento del plan de acción, en el que bimestralmente el Director del CESyA enviará un informe con la consecución de las medidas incluidas en el Plan de actividades, recogidas en el anexo 1, con evidencias de dicha consecución.
Asimismo, el Real Patronato sobre Discapacidad, dará cuenta de estas cuestiones al Consejo Rector del CESyA.
Este convenio producirá efecto desde la fecha de su firma, si bien se consideran gastos subvencionables los establecidos en la cláusula octava y producidos desde el día 1 de enero del año 2022. Las actividades deben estar concluidas antes del 31 de diciembre de 2022.
Y en prueba de conformidad con todo lo expuesto, en el ejercicio de las atribuciones de que son titulares los firmantes, suscriben el presente convenio de colaboración por triplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba indicados.–Por la Universidad Carlos III de Madrid, Rubio Caballero Cano.–Por el Real Patronato sobre Discapacidad, Hidalgo Gómez Peralta.
Para el desarrollo de la actividad del CESyA durante el 2022 se establecen en función de su definición las siguientes actividades.
Tal y como se detalla en el plan de trabajo las actividades del CESyA se difundirán siguiendo el siguiente esquema de trabajo:
– Área de Comunicación del CESyA se ocupa de recopilar información, redactar, publicar y difundir aquellos contenidos corporativos de interés general para el beneficio de la sociedad, de la investigación y de aquellas personas y entidades dedicadas especialmente a la discapacidad y a la promoción de derechos y libertades.
– El proceso de publicación se realiza previa revisión y aprobación consensuada por parte de la dirección del centro y de los cargos responsables del Real Patronato sobre Discapacidad.
– Posteriormente los contenidos se cargan en la web y se difunden a través de las cuentas oficiales del CESyA en redes sociales. De manera paralela, y si la información es considerada especialmente relevante para su difusión, se envía mediante nota de prensa y vía e-mail a la lista de contactos aprobados.
– Estos contenidos son recabados y editados para la elaboración del Boletín CESyA, que se envía de manera mensual a los suscriptores. Además, el boletín incluye los principales datos recopilados para el mes correspondiente en cuanto a la emisión del servicio de subtitulado y el de audiodescripción en los canales de la Televisión Digital Terrestre.
– Las publicaciones emitidas por el CESyA están sometidas a seguimiento para analizar el impacto y replica por parte de terceras entidades y medios de comunicación y difusión.
Desde el pasado año 2021 se estableció un protocolo de comunicación entre el Real Patronato sobre Discapacidad y sus centros asesores con el objetivo de coordinar labores para favorecer la difusión de los respectivos contenidos. En base a ello, el equipo de comunicación del Real Patronato sobre Discapacidad remite aquellas informaciones que han de ser replicadas por sus centros asesores para alcanzar al mayor número de receptores.
Desde el CESyA, toda información susceptible de ser difundida, se replica a través de las cuentas en redes sociales, estableciéndose, además, un seguimiento y retroalimentación en cuanto a las acciones de compartir y aportar likes en las publicaciones del propio Real Patronato sobre Discapacidad y del resto de centros asesores.
Asimismo, este protocolo bidireccional permite que el CESyA remita también sus contenidos más relevantes para que el Real Patronato sobre Discapacidad y sus centros apoyen la difusión.
Bajo previa aprobación, el CESyA también elabora y proporciona documentación e información a medios de comunicación. El mantenimiento de agenda de medios y las relaciones con profesionales del sector, especialmente aquellos dedicados al periodismo social y a la discapacidad, es otra de las tareas que el departamento de Comunicación del centro mantiene de manera constante.
Además, mensualmente se emite una nota de prensa con los resultados del seguimiento de los servicios de accesibilidad a la televisión y se envía a Servimedia para su potencial difusión.
Por tanto, para la difusión de actividades se utilizarán los siguientes canales:
– Noticias en las plataformas del CESyA:
• Portales web: Web del CESyA, web del sello, web de Amadis, web de cultura accesible. En estos portales se muestran los resultados de las actividades de:
○ Seguimiento de los servicios de accesibilidad de la televisión.
○ Información de la cultura accesible.
○ Noticias y notas de prensa del CESyA.
○ Documentación realizada.
○ guías de trabajo.
○ Normativa y regulación.
○ Publicaciones.
• Boletín mensual. Cada mes se elabora un boletín que recoge las noticias del mes, los resultados de seguimiento de los servicios de accesibilidad de la televisión, información de los eventos accesibles, cine y teatro y servicios de accesibilidad en los museos, entrevistas y otros datos relevantes.
• Redes Sociales. El CESyA dispone de canales de Facebook, Youtube, Instagram, Twitter en los que se da información de las diferentes actividades y se resuelven dudas, preguntas y otras cuestiones relacionadas con la actividad del centro.
– Publicaciones científicas. Las tareas de I+D+i habitualmente ofrecen contribuciones científicas en revistas del ámbito tanto nacionales como internacionales sometidas a revisiones de calidad.
– Publicaciones divulgativas. Se publican las actividades del CESyA, así como diferentes aspectos y actividades de contribución social en revistas divulgativas tanto del ámbito asociativo como social.
– Participación en congresos. Se exponen en el ámbito profesional y a usuarios las diferentes acciones, trabajos y resultados del CESyA mediante participación en congresos con ponencias, participación en mesas redondas y foros de discusión.
– Participación en web seminarios sujeto a la demanda de terceros.
– Realización de ruedas de prensa para la presentación de hitos relevantes del CESyA. | Normativas |
BOE-A-2023-2128 | En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva» número 245, de 27 de diciembre de 2022, y en el número 248, de 30 de diciembre de 2022, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:
Una plaza de Técnico de Administración General, perteneciente al grupo A, subgrupo A1, escala Administración General, subescala Técnico Administración General, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.
Una plaza de Psicólogo, Administración Especial, perteneciente al grupo A, subgrupo A1, escala Administración Especial, subescala Técnico Superior, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.
Una plaza de Técnico de Gestión de Administración General, perteneciente al grupo A, subgrupo A2, escala Administración General, subescala Gestión, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.
Tres plazas de Auxiliar Administrativo, perteneciente al grupo C, subgrupo C2, escala Administración General, subescala Auxiliar, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.
Dos plazas de Oficial de Primera, de la plantilla de personal laboral fijo, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.
Tres plazas de Limpiadores, de la plantilla de personal laboral fijo, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.
Se ha publicado, asimismo, un extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 11, de 18 de enero de 2023.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». No obstante, en el caso de las dos plazas de Oficial de Primera y tres plazas de Limpiadores convocadas, el plazo de presentación de solicitudes será de un año a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en el tablón de anuncios de la sede electrónica de este Ayuntamiento (http://cartaya.sedelectronica.es), y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva».
Cartaya, 24 de enero de 2023.–La Alcaldesa, Josefa Castro López Suárez. | Funcionarios y Personal |
BOE-A-2022-5235 | Obtenida la verificación del plan de estudios por el Consejo de Universidades, previo informe favorable de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, así como la autorización de implantación por parte de la Generalitat de Catalunya (DOGC de 18 de diciembre de 2020) y establecido el carácter oficial del título por Acuerdo de Consejo de Ministros de 23 de febrero de 2021, Resolución de 24 de febrero de 2021, de la Secretaría General de Universidades (BOE de 4 de marzo de 2021),
Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, en la redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, ha resuelto publicar el plan de estudios conducente a la obtención del título de Graduado o Graduada en Bioinformática por la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya y la Universitat Pompeu Fabra, que quedará estructurado según consta en el anexo de esta resolución.
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 10 de marzo de 2022.–El Rector, Francisco Ferrer Calvo Durán.
Código RUCT: 2503795.
Rama de conocimiento: Ciencias de la Salud.
Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS.
Estructura de las enseñanzas.
Reconocimiento académico en créditos: los estudiantes podrán obtener créditos optativos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación en las condiciones que determina la legislación y la normativa vigente. | Educación |
BOE-A-2022-20805 | De conformidad con lo establecido en los artículos 131.3 y 386.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y en el artículo 28.2 a) y 3 e) del Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, por acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial adoptado en su reunión de 13 de octubre de 2022.
Vengo en declarar la jubilación forzosa por edad de doña Candelaria de la Concepción Sibón Pascual, Magistrada con destino en el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Cádiz, por cumplir la edad legalmente establecida el día 9 de diciembre de 2022, con los derechos pasivos que le correspondan por esta causa y cuya jubilación producirá efectos a partir de la fecha indicada.
Madrid, 13 de octubre de 2022.–El Presidente del Consejo General del Poder Judicial, P.S., el Vocal, Rafael Mozo Muelas. | Administración |
BOE-A-2023-11711 | Visto el texto del Acta de revisión de las tablas salariales del año 2023 del Convenio colectivo estatal de elaboradores de productos cocinados para su venta a domicilio (código de convenio núm. 99008685011994), que ha sido suscrita con fecha 9 de marzo de 2023, de una parte por la Asociación Española de Comidas Preparadas para su Venta a Domicilio (PRODELIVERY), en representación de las empresas del sector, y de otra por el sindicato FeSMC-UGT, en representación de los trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (BOE del 24), y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad,
Esta Dirección General de Trabajo resuelve:
Ordenar la inscripción de la citada Acta y de las tablas salariales en el correspondiente Registro de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad con funcionamiento a través de medios electrónicos de este centro directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Madrid, 3 de mayo de 2023.–La Directora General de Trabajo, Verónica Álvarez Santos.
Por FeSMC-UGT:
José Francisco Pizarro.
David Lorenzo.
Antonio Mendoza.Juan Marín Parra.
Blanca Sandoval.
Luis Santana Mora Rodríguez (asesor).
Martín Moreno (asesor).
Por PRODELIVERY:
Jesús Torres.
Raúl Fernández. Moreno Marín. Gil Guerrero. Durán Pastor, siendo las 16 horas del día 9 de marzo de 2023 se reúnen las partes reseñadas en el encabezamiento del presente escrito, en su condición de Comisión Negociadora del vigente Convenio Colectivo Estatal de Elaboradores de Productos Cocinados para su Venta a Domicilio, adoptando los siguientes acuerdos:
1.º En cumplimiento de lo desarrollado en el anexo de Condiciones Económicas de la citada norma colectiva, y una vez publicado en el BOE el salario mínimo profesional para el año 2023, se procede a la firma de las tablas salariales para el citado ejercicio de 2023, las cuales se adjuntan como anexo a la presente acta y son firmadas por todas las partes.
Expresamente se establece que los atrasos a abonar por parte de las empresas, con efectos de 1 de enero de 2023, se deberán llevar a cabo en el plazo máximo de un mes a contar desde la publicación de las presentes tablas salariales y resto de conceptos económicos en el BOE.
2.º La Comisión Negociadora autoriza expresamente a don Eduardo Bravo para que lleve a cabo los trámites de presentación, registro y solicitud de posterior publicación de la presente Acta y sus anexos ante la Autoridad Laboral competente.
Y sin más asuntos que tratar y ratificándose cada representación en el contenido íntegro de este escrito y en el anexo adjunto, lo firman en la ciudad y fecha que se indican en el encabezamiento. | Normativas |
BOE-A-2023-4402 | La Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, regula que las Administraciones Públicas seleccionan su personal de acuerdo con su oferta de empleo público, mediante convocatoria pública y a través de los sistemas de concurso, oposición o concurso-oposición libre en los que se garanticen en todo caso los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad.
Por su parte, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, recoge entre los principios que deben garantizar las Administraciones públicas al seleccionar a su personal funcionario y laboral los de publicidad de las convocatorias y de sus bases, transparencia, adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas por desarrollar y agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección.
También, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, propone que el Departamento convocante de procesos selectivos podrá aprobar, entre otros aspectos, el programa y formas de calificación aplicables a sucesivas convocatorias.
Finalmente, el Real Decreto 509/2020, de 5 de mayo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Cultura y Deporte, establece entre las competencias de la Subsecretaría de Cultura y Deporte la jefatura superior de todo el personal del Departamento y la resolución de cuantos asuntos se refieran a este, así como la planificación, gestión y administración de los recursos humanos. Además, el artículo 63.1.m) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, atribuye a los Subsecretarios la competencia de convocar y resolver pruebas selectivas de personal funcionario y laboral.
Asimismo, en los últimos años se ha venido detectando la necesidad de abordar la modificación del proceso selectivo para el acceso al Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos, turno de promoción interna, a fin de adaptarlo a las nuevas necesidades existentes y conseguir mayor homogeneidad entre los distintos subgrupos A1 de los Cuerpos Especiales del Ministerio de Cultura y Deporte, al igual que está produciéndose en las distintas oposiciones de otros Cuerpos de la Administración General del Estado.
Así, y siguiendo los principios fijados en la normativa anterior, el Ministerio de Hacienda y Función Pública aprobó, en mayo de 2021, las Orientaciones para el cambio en materia de selección en la Administración General del Estado. En aras a su cumplimiento, se hace necesario abordar dicha modificación a fin de conseguir mayor agilidad y eficacia en la tramitación de los procesos selectivos dependientes de este Departamento sin que en, ningún caso, se menoscabe la calidad y la objetividad de los resultados, garantizando la incorporación al Ministerio de las personas necesarias que aseguren el buen funcionamiento y la calidad de los servicios públicos que éste presta a la ciudadanía.
Además, se han tenido en cuenta las previsiones recogidas en el Real Decreto 407/2022, de 24 de mayo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2022, y en el Acuerdo de la Mesa de Negociación de la AGE (artículo 36.3 TREBEP) sobre los criterios generales que deben regir la selección del personal a través de los procesos de promoción interna de 3 de noviembre de 2022.
En base a todo ello, se procede a homogeneizar y modernizar este proceso selectivo y, en virtud de los principios de publicidad y transparencia, se publica en el anexo I de la presente Resolución la descripción del contenido de los ejercicios del proceso selectivo y en el anexo II el programa del mismo, que estará vigente a partir de la convocatoria correspondiente a las Ofertas de Empleo Público de 2020, 2021 y 2022.
Dados los cambios introducidos en el temario, no procede conservar la calificación a todos aquellos candidatos que hubieran participado en la convocatoria inmediatamente anterior por el turno de reserva de discapacidad y hubieran obtenido una nota superior al 60 por ciento de la calificación máxima, debiendo presentarse a todas las pruebas del proceso selectivo que se convoque en los próximos meses. Tampoco se conservará la calificación y deberán presentarse a todas las pruebas, los candidatos que habiendo participado en la convocatoria inmediatamente anterior por el turno de promoción interna hayan obtenido una nota superior al 80 por ciento de la calificación máxima.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 15.3 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
Esta Subsecretaría de Cultura y Deporte, con informe favorable de la Dirección General de Función Pública, acuerda:
Aprobar la descripción del contenido de los ejercicios de la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de promoción interna, en el Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos, que se recoge en el anexo I. Igualmente, se describe la fase de concurso y el desarrollo del curso selectivo.
Aprobar el programa del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de promoción interna, en el Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos que se recoge en el anexo II.
Los cambios previstos en esta resolución, en relación con el proceso selectivo para promoción interna al Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos, se aplicarán desde la convocatoria del proceso selectivo que se derive de las Ofertas de Empleo Público para los años 2020, 2021 y 2022.
Madrid, 13 de febrero de 2023.–El Subsecretario de Cultura y Deporte, Eduardo Ibáñez Cano.
1. El sistema selectivo será el de concurso-oposición, constando la fase de oposición de los siguientes ejercicios:
1.1 Primer ejercicio. Consistirá en contestar un cuestionario de setenta y cinco preguntas que versarán sobre el contenido del programa que figura como anexo II.
Las primeras quince preguntas del cuestionario corresponderán al bloque 1. «Legislación» de la parte A. «Temas generales» del programa que figura como anexo II. Otras quince preguntas corresponderán al bloque 2. «Museos y Colecciones» de la parte A «Temas generales». Las otras cuarenta y cinco preguntas restantes a los temas incluidos en la parte B «Temas específicos» del programa.
El tiempo para la realización de este ejercicio será de setenta y cinco minutos.
A este número de preguntas se añadirán otras siete adicionales de reserva para el caso de anulación posterior de alguna de aquellas. La distribución de dichas preguntas será proporcional al número establecido para cada bloque.
El cuestionario estará compuesto por preguntas con cuatro respuestas alternativas, siendo solo una de ellas la correcta. Para su realización, los aspirantes deberán señalar en la hoja de examen las opciones de respuesta que estimen válidas de acuerdo con las instrucciones que se faciliten. Todas las preguntas tendrán el mismo valor y cada contestación errónea se penalizará descontando una cuarta parte del valor de una respuesta correcta. Las respuestas en blanco no penalizan.
La plantilla correctora de este ejercicio se hará pública en la página web del proceso selectivo en el plazo máximo de dos días hábiles contados desde la finalización de la prueba. En el plazo de otros tres días hábiles a partir del siguiente a la publicación de la plantilla podrán presentarse alegaciones a través del correo electrónico del Tribunal, que se entenderán contestadas mediante la publicación de las plantillas correctoras definitivas. No se admitirán alegaciones fuera de plazo ni presentadas por cualquier otro medio distinto del indicado.
Con el fin de respetar los principios de publicidad, transparencia, objetividad y seguridad jurídica que deben regir el acceso al empleo público, el Tribunal publicará con anterioridad a la realización de este ejercicio, los criterios de corrección, valoración y superación del mismo, que no estén expresamente establecidos en las bases de esta convocatoria.
1.2 Segundo ejercicio. Constará de dos partes:
La primera parte consistirá en la resolución de un supuesto práctico relacionado con los bloques de «Legislación» y «Políticas Culturales» del apartado A «Temas generales» y el apartado B «Temas específicos» del programa que figura como anexo II. El aspirante podrá utilizar únicamente los materiales puestos a disposición de los opositores por el Tribunal. Esta primera parte deberá incluir el desarrollo de un informe técnico por parte del opositor, que versará sobre los contenidos del temario recogido en el anexo II.
La segunda parte consistirá en la catalogación de tres piezas elegidas por el opositor entre cinco seleccionadas por el Tribunal entre las materias incluidas en el Apartado B «Temas específicos» del programa del anexo II (una de «Patrimonio artístico, científico-técnico y militar», una de «Patrimonio arqueológico» y una de «Patrimonio antropológico y artes decorativas»). El opositor trabajará sobre la documentación facilitada por el Tribunal.
El tiempo máximo para la realización de ambas partes del ejercicio será de tres horas y media.
El ejercicio deberá escribirse evitando la utilización de abreviaturas o signos no usuales en el lenguaje escrito.
Ambas partes deberán ser leídas posteriormente ante el Tribunal en sesión pública. El Tribunal podrá dialogar con el opositor sobre cuestiones relacionadas con el ejercicio durante un periodo máximo de diez minutos.
El Tribunal valorará la capacidad analítica y resolutiva, la claridad y orden de ideas, la aplicación práctica de los conocimientos y la calidad de la expresión escrita y oral del aspirante.
Calificación. La puntuación máxima del ejercicio será de 40 puntos, debiéndose obtener una mínima de 20 puntos para superarlo, según el siguiente desglose:
– La primera parte se calificará de 0 a 25 puntos, siendo eliminados los opositores que no obtengan una puntuación mínima de 12,5 puntos.
– Respecto a la segunda parte, la catalogación de cada pieza se puntuará con un máximo de 5 puntos, debiéndose obtener un mínimo de 2,5 puntos en cada una de ellas. Esta parte se calificará de 0 a 15 puntos, siendo eliminados los opositores que no obtengan un mínimo de 7,5 puntos.
1.3 Tercer ejercicio. Consistirá en una prueba dividida en dos partes sobre el idioma extranjero escogido por el aspirante entre los siguientes: Alemán, francés, inglés, italiano y portugués.
En la primera parte, el aspirante deberá realizar la traducción directa, por escrito, en castellano, de un texto de carácter profesional que propondrá el Tribunal, para lo cual dispondrá de una hora. Para la realización de esta parte del ejercicio los aspirantes podrán ayudarse de diccionario.
En la segunda parte, se realizará por escrito el resumen en castellano de un texto profesional, propuesto por el Tribunal, en el idioma escogido por el aspirante, para lo cual dispondrá de una hora y media. En esta segunda parte del ejercicio no se permitirá la utilización de diccionario.
El ejercicio deberá escribirse evitando la utilización de abreviaturas o signos no usuales en el lenguaje escrito.
Ambas partes serán posteriormente leídas ante el Tribunal en sesión pública. El Tribunal valorará el conocimiento del idioma escogido, la capacidad de comprensión y síntesis y la calidad de la versión en castellano.
Concluida la exposición, el Tribunal dispondrá de un periodo máximo de diez minutos para dialogar con el aspirante en la lengua elegida para la realización de la prueba correspondiente. Se valorará la fluidez, la claridad en la exposición, la riqueza de vocabulario y la pronunciación.
El idioma elegido por el opositor se hará constar en el apartado 27 B) del modelo de solicitud para participar en la convocatoria.
Calificación. El ejercicio se calificará de 0 a 15 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no obtengan un mínimo de 7,5 puntos.
En este ejercicio el Tribunal podrá estar asistido por uno o más asesores especialistas de idiomas.
No podrá declararse que ha superado este ejercicio un número de aspirantes superior al de plazas convocadas.
La puntuación de la fase de oposición vendrá determinada por la suma total de las calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios.
2. Fase de concurso. En esta fase, que no tendrá carácter eliminatorio y que sólo se aplicará a quienes hayan superado la fase de oposición, se valorarán hasta un máximo de 30 puntos los siguientes méritos referidos a la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»:
2.1 Personal funcionario de carrera.
2.1.1 Antigüedad. Por los servicios efectivos prestados en cualquier Cuerpo o Escala de la Administración General del Estado, en Cuerpos o Escalas Postales y Telegráficos o en Cuerpos o Escalas del resto de las Administraciones incluidas en el artículo 2.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, con destino definitivo en la Administración General del Estado, teniendo en cuenta los servicios efectivos prestados y reconocidos hasta la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, se otorgarán 0,60 puntos por cada año completo de servicio, hasta un máximo de 18 puntos.
2.1.2 Grado personal consolidado. Según el grado personal que se tenga consolidado y formalizado a través de acuerdo de reconocimiento de grado por la autoridad competente a la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», se otorgará la siguiente puntuación, hasta un máximo de 6 puntos:
Hasta el grado 18 inclusive: 3 puntos.
Por cada unidad de grado que exceda de 18: 0,25 puntos.
2.1.3 Cursos de formación. La superación o impartición de cursos de formación relacionados con las funciones que se desempeñarán en el Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos, acreditados por el funcionario, se valorarán por el Tribunal con 0,5 puntos cada uno. La puntuación máxima que se podrá obtener por este apartado será de 6 puntos. Los cursos deberán tener una duración igual o superior a quince horas lectivas y haber sido convocados, impartidos u homologados por el Instituto Nacional de Administración Pública, por otros Institutos de Administración Pública o por Organizaciones Sindicales u otros agentes promotores dentro del marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas. Los cursos deberán acreditarse mediante diploma, certificación de asistencia y/o, en su caso, certificación de aprovechamiento o impartición.
La certificación de los méritos para la fase de concurso deberá realizarse según el modelo incluido como anexo a la convocatoria.
2.2 Personal laboral fijo.
2.2.1 Antigüedad. Servicios prestados como personal laboral fijo en la Administración General del Estado o en Organismos Públicos, Agencias y demás Entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado, la puntuación máxima será de 18 puntos a razón de 0,60 puntos por año completo de servicios.
2.2.2 Trabajo desarrollado. Por el tiempo de servicios efectivos prestados como personal laboral fijo en puestos del grupo y especialidad 1G-Archivos, Bibliotecas y Museos del IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado vigente o de categoría profesional equivalente del III Convenio Único para el Personal Laboral de la Administración General del Estado, siempre y cuando los puestos en los que se han desempeñado dichas funciones hayan quedado encuadrados en el grupo y especialidad 1G-Archivos, Bibliotecas y Museos del IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado vigente, se otorgará 1 punto por cada año completo de servicios hasta un máximo de 6 puntos.
2.2.3 Cursos de formación. La superación o impartición de cursos de formación relacionados con las funciones que se desempeñarán en el Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos acreditados por el trabajador, se valorarán por el Tribunal con 0,5 puntos cada uno. La puntuación máxima que se podrá obtener por este apartado será de 6 puntos. Los cursos, anotados en el RCP o sistema análogo, deberán tener una duración igual o superior a 15 horas lectivas y haber sido convocados, impartidos u homologados por el Instituto Nacional de Administración Pública, por otros Institutos de Administración Pública o por Organizaciones Sindicales u otros agentes promotores dentro del marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas. Los cursos deberán acreditarse mediante diploma, certificación de asistencia y/o, en su caso, certificación de aprovechamiento o impartición.
La certificación de los méritos del personal laboral fijo para la fase de concurso deberá realizarse según el modelo incluido como anexo de la convocatoria.
3. Curso selectivo. El curso selectivo será organizado por la Secretaría General de Cultura y Deporte y tendrá como finalidad primordial la adquisición de conocimientos y habilidades en orden a la preparación específica de los aspirantes para el ejercicio de las funciones propias del Cuerpo convocado. El carácter selectivo del curso exigirá la superación de pruebas teóricas, prácticas o de ambos tipos en relación con las áreas básicas de formación que se impartan. El curso selectivo será de hasta tres meses de duración. Una parte del mismo se realizará en régimen de estancia en unidades designadas por la Secretaría General de Cultura y Deporte, como período de prácticas. Dicha estancia podrá realizarse en Unidades de la Secretaría General de Cultura y Deporte, en organismos adscritos al Ministerio u otros departamentos ministeriales.
La Secretaría General de Cultura y Deporte, designará una Comisión de Valoración, que será la encargada de calificar el curso de «apto» o «no apto», siendo necesario obtener la calificación de «apto» para superar el curso selectivo.
Los aspirantes que no superen el curso selectivo perderán el derecho a su nombramiento como funcionarios de carrera, por resolución motivada de la autoridad convocante, a propuesta del órgano responsable de la evaluación del curso selectivo.
Los aspirantes que no pudieran realizar el curso selectivo por causa de fuerza mayor debidamente justificada y apreciada por el órgano convocante, podrán efectuarlo incorporándose al inmediatamente posterior que tuviese lugar, siempre que las pruebas selectivas fueran de igual carácter, intercalándose en el lugar que les corresponda de acuerdo con la puntuación obtenida. A estos efectos, no se considerará causa de fuerza mayor, la coincidencia en el tiempo del desarrollo de cursos selectivos o períodos de prácticas correspondientes a diferentes convocatorias.
1. La legislación estatal, europea e internacional sobre patrimonio histórico.
2. El contrato: Concepto y clases. Elementos de los contratos. El préstamo. El comodato. El depósito. El seguro.
3. La protección de datos. Régimen jurídico. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, de protección de datos. El Delegado de Protección de Datos en las Administraciones públicas. La Agencia Española de Protección de Datos.
4. Políticas de Igualdad de Género. Normativa vigente en el ordenamiento español y en el de la Unión Europea. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres. Especial referencia a los Planes para la Igualdad de género en la Administración General del Estado y los Organismos Públicos vinculados o dependientes de ella. Las Unidades de Igualdad. Políticas contra la Violencia de Género. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Políticas sociales dirigidas a la atención a personas con discapacidad y/o dependientes.
5. La normativa estatal y autonómica en materia de patrimonio histórico y de museos. Normativa sobre propiedad intelectual y su incidencia en los museos.
6. Organismos, centros y asociaciones nacionales e internacionales en el ámbito de los museos.
7. Colecciones de los Museos de titularidad estatal.
8. La planificación en la gestión de las instituciones museísticas. La planificación estratégica y operativa. Herramientas de planificación.
9. Agentes e instituciones españolas responsables de la promoción y cooperación cultural en el exterior. Los programas Iber en los museos.
10. Economía de la cultura en España. Las industrias culturales y creativas: análisis y retos del sector. La cuenta satélite de la cultura. El papel de los museos. Estadísticas e indicadores culturales en España: definición, características y principales resultados. Sociología del ocio y la cultura: prácticas y hábitos en la población española. Resultados de los museos españoles.
11. La participación de la sociedad civil en el museo. La colaboración público-privada. Modelos y perspectivas. El coleccionismo privado en España. El mercado de bienes culturales en la actualidad. El turismo cultural en España. Características, agentes y desafíos. Los museos y el turismo cultural.
12. La política de incremento de colecciones: planificación y criterios. La función del museo en la valoración y peritaje de bienes culturales: criterios, deontología y supuestos de aplicación.
13. Factores sociales, económicos y culturales de la integración del museo en el entorno. La concepción espacial del museo: áreas y características.
14. Relato y estrategias comunicativas de las exposiciones permanentes.
15. Principios, estrategias, marketing cultural y otras herramientas para la proyección de las instituciones culturales. Recursos digitales para la gestión del conocimiento en los museos.
16. Aspectos definidores de una teoría y práctica ética profesional.
17. El museo en la sociedad actual. Dinámicas sociales, sostenibilidad y accesibilidad. La perspectiva de género en la interpretación del patrimonio y en los museos: objetivos y análisis desde una visión transversal. La Agenda 2030.
18. La historia del arte como disciplina. Desde el positivismo a la renovación teórica y metodológica en el siglo XX. Las tendencias interdisciplinares. Usos históricos de la obra de arte.
19. Las colecciones reales españolas.
20. Las artes figurativas en la Edad Media. Las artes plásticas de los Países Bajos en el siglo XV. Su presencia en España.
21. La escultura y pintura española en el siglo XVI.
22. La escultura barroca. La pintura barroca. Los maestros de la pintura barroca en España, con especial referencia a Velázquez.
23. Goya: su contexto y su significado histórico. La etapa cortesana y popular. Goya y la Ilustración. Las obras de la guerra y el exilio. Goya, anticipador de la pintura contemporánea.
24. Pintura y Escultura española del Siglo XIX. Grandes géneros y principales autores.
25. Las artes gráficas. El dibujo: su naturaleza y función en relación con las otras artes. El grabado: su función artística y social. Dibujo y grabado en España entre los siglos XVI y XVIII.
26. La fotografía: significado y efectos de su invención. Documentalismo y denuncia social. Los experimentalismos artísticos del siglo XX. Grandes fotógrafos en España. La fotografía como arte en la actualidad.
27. El vanguardismo. Picasso. Formación y contexto histórico. Sus etapas creativas. Su proyección internacional.
28. Las artes en la segunda mitad del siglo XX. Corrientes informalistas en los años 50 y la abstracción española. Los nuevos realismos: pop art. Arte y geometría: minimalismo. La desmaterialización del objeto artístico y el compromiso del artista: land art y arte conceptual.
29. Cultura visual, la imagen y sus usos en el siglo XXI. Su repercusión en museos y centros de arte.
30. El patrimonio científico y técnico en España. Colecciones universitarias y de centros de investigación.
31. La arqueología como disciplina. Corrientes teóricas: de la arqueología positivista a las tendencias postprocesuales y la interdisciplinariedad.
32. Del objeto excavado al objeto musealizado: trabajo de campo y laboratorio en arqueología. Sistemas de documentación y datación.
33. Las sociedades productoras del Paleolítico y del Neolítico en España: investigación y marco cronológico. Áreas principales y cultura material. Arte rupestre.
34. Manifestaciones culturales del tercer milenio en España: cambios tecnológicos, sociales y simbólicos. El megalitismo. El fenómeno campaniforme. Las sociedades del Bronce en España. La Edad del Hierro en la Meseta y la fachada atlántica peninsular: investigación, caracterización y principales pueblos. Cultura material.
35. Arqueología fenicia, griega y púnica en España. Interacción con las culturas autóctonas. La cultura ibérica.
36. La iconografía clásica: concepto, investigación e interdisciplinaridad. Imágenes en torno a la religión y los ritos, el poder y la vida cotidiana.
37. El retrato romano. Evolución y principales talleres en Hispania. Arqueología de las ciudades hispano-romanas: investigación, evolución, urbanismo y programas arquitectónicos.
38. Cultura hispano-judía: patrimonio inmaterial, arqueología y arquitectura.
39. La arqueología medieval en España: ámbitos cronológico-culturales, principales yacimientos y líneas de estudio. Arqueología de época hispano-visigoda. Arquitectura y cultura material. Arqueología de época andalusí.
40. Arqueología de las Edades Moderna y Contemporánea en España. Patrimonio industrial.
41. Corrientes teóricas actuales en antropología cultural ante el cambio social.
42. El etnocentrismo cultural y los museos exóticos. Del colonialismo a la multiculturalidad. Estado de la cuestión y tendencias actuales.
43. Patrimonio inmaterial en la tradición cultural española. Mitología y religiosidad popular en la tradición cultural española.
44. Indumentaria y joyería tradicionales en España. Usos y tipologías. Juegos y juguetes en la tradición cultural española.
45. Antropología de la agricultura, la ganadería y la pesca en España. Antropología de la música popular en España. Organología.
46. Espacio y vida doméstica en la España preindustrial. Mobiliario y equipamiento. Manufacturas textiles en España. De la producción artesanal a la industrialización. Ornamentación y amueblamiento para la vida pública y la vida privada en la Edad Moderna. La cultura del interior. La creación de las Reales Fábricas, su evolución e influencias en España.
47. Vestir en España de los siglos XVI al XXI. Tipología de la moda. Autoría y reproductibilidad.
48. El ajuar de Corte y el ajuar eclesiástico en la Edad Media.
49. Artes decorativas y origen del diseño. Del taller medieval a la producción en serie en la Edad Moderna.
50. La imagen de lo español en las artes decorativas y el diseño. Entre el mito y la realidad. El papel de las artes decorativas y del diseño en los intercambios culturales: la recepción de las «otras culturas» en Europa. | Cultura |
BOE-A-2023-20854 | Habiéndose suscrito el 25 de septiembre de 2023 el Convenio por el que se formaliza la encomienda de gestión del Ministerio del Interior al Ayuntamiento de Moguer para la ejecución de obras de reforma y rehabilitación de la casa-cuartel de la Guardia Civil de titularidad estatal radicada en el municipio en el marco del Programa de Fomento de Empleo Agrario, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho Convenio que figura como anexo a esta Resolución.
Madrid, 4 de octubre de 2023.–El Secretario General Técnico, Juan Santos Caballero Carmona Durán García, a 25 de septiembre de 2023.
De una parte, el Sr. don Fernando León-Marlaska Gómez, Ministro del Interior, nombrado por Real Decreto 8/2020, de 12 de enero (BOE núm. 11, de 13 de enero de 2020), actuando en nombre y representación de la Administración General del Estado, con competencia para la firma del presente convenio conforme a lo establecido en la disposición adicional sexta del Real Decreto 939/1997, de 20 de junio, por el que se regula la afectación al programa de fomento de empleo agrario de créditos para inversiones de las Administraciones Públicas en las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura y en las zonas rurales deprimidas, en relación con el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
De otra parte, el Sr. don Gustavo Sáez Díaz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Moguer, actuando en nombre y representación del mismo en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 21 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
Reconociéndose ambas partes capacidad legal suficiente para el otorgamiento de este convenio, a tal efecto
Que el Real Decreto 939/1997, de 20 de junio, constituye un marco regulador de la afectación anual de créditos destinados por el Instituto Nacional de Empleo al programa de fomento de empleo agrario, subvencionando, de un lado, la contratación de trabajadores desempleados, preferentemente eventuales agrarios por Corporaciones locales y, de otro, la afectación a dicho programa de las inversiones anuales de organismos del Estado y demás Administraciones públicas.
El artículo 4 del mencionado Real Decreto 939/1997, establece que el Instituto Nacional de Empleo destinará créditos con cargo a sus presupuestos anuales para subvencionar los costes salariales y cotización empresarial de trabajadores desempleados, preferentemente eventuales agrarios, contratados por las Corporaciones locales y otras Administraciones públicas, cuando dichas contrataciones tengan por objeto la ejecución de proyectos de interés general y social y que cumplan los requisitos establecidos en el mismo.
Mediante Real Decreto 287/2016, de 1 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 939/1997, de 20 de junio, se incluye en la citada norma una disposición adicional sexta que establece literalmente: «En el caso de obras de reforma y rehabilitación de las casas-cuartel de la Guardia Civil, se entenderá cumplido el requisito previsto en el artículo 4.2.a) de este real decreto cuando sean ejecutadas por las Corporaciones Locales en virtud del correspondiente acuerdo de delegación o de encomienda de gestión adoptado por el Ministro del Interior».
El Ayuntamiento de Moguer, acogiéndose a la norma citada en el expositivo anterior, pretende la realización de proyectos de interés general y social, que cumplan los requisitos establecidas en el artículo 4.2 del Real Decreto 939/1997, de 20 de junio, aplicados a la rehabilitación y reforma de la casa-cuartel de la Guardia Civil de titularidad estatal radicada en el municipio, en función de las disponibilidades presupuestarias de la dotación para el año en curso del Programa de Fomento de Empleo Agrario.
Que a fin de habilitar al Ayuntamiento de Moguer a realizar lo pretendido en el expositivo cuarto, se considera conveniente el conferir al Ayuntamiento de Moguer, por razones de eficacia, una encomienda de gestión del artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre que establece que «La realización de actividades de carácter material o técnico de la competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de Derecho Público podrá ser encomendada a otros órganos o Entidades de Derecho Público de la misma o de distinta Administración, siempre que entre sus competencias estén esas actividades, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño», y sin que la realización de la actividad encomendada suponga la transferencia de la titularidad ni del ejercicio de las competencias que corresponden al Ministerio del Interior respecto de la programación y decisión de las obras de reforma y rehabilitación que deban llevarse a cabo en la casa-cuartel de la Guardia Civil.
Que según lo establecido en el artículo 11.3 b) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos y Entidades de Derecho Público de distintas Administraciones se formalizará mediante firma del correspondiente convenio entre ellas.
Por todo lo expuesto, ambas partes deciden suscribir el presente Convenio de Encomienda de Gestión, que se regirá por las siguientes
Son partes del presente Convenio, el Ministerio del Interior como órgano encomendante, y el Ayuntamiento de Moguer, como entidad encomendada.
Este convenio se suscribe por estar el Ayuntamiento de Moguer en el ámbito territorial de los Consejos Comarcales del Instituto Nacional de Empleo, regulados por la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 2 de abril de 1997, por la que se crean tres Consejos Comarcales del Instituto Nacional de Empleo en la Comunidad Autónoma de Andalucía y se modifica el ámbito geográfico y la sede de otros Consejos, y a los cuales resulta de aplicación el Real Decreto 939/1997, de 20 de junio.
El objeto de este convenio es la constitución de una encomienda de gestión a favor del Ayuntamiento de Moguer por parte del Ministerio del Interior (Guardia Civil), al amparo del artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
El Ministerio del Interior (Guardia Civil) encomienda al Ayuntamiento de Moguer la gestión de la ejecución de obras de rehabilitación y reforma de la casa-cuartel de la Guardia Civil de titularidad estatal radicada en el municipio, ejecutadas en las condiciones establecidas en el artículo 4.2 b) del Real Decreto 939/1997, de 20 de junio.
El Ayuntamiento de Moguer se obliga por el presente convenio a la gestión de la ejecución de las obras de rehabilitación y/o reforma de la casa-cuartel de la Guardia Civil de titularidad estatal situada en esa localidad, en las condiciones establecidas en el artículo 4 y la disposición adicional sexta del Real Decreto 939/1997, de 20 de junio y de acuerdo con los encargos de planeamiento y ejecución que se establezcan en el seno de la comisión de seguimiento de este convenio.
La ejecución de las obras de rehabilitación y/o reforma se harán con cargo a los recursos propios del Ayuntamiento, sin que se genere ningún gasto ordinario ni extraordinario para el Ministerio del Interior, con independencia de las subvenciones que se generen en virtud del Real Decreto 939/1997, de 20 de junio.
El Ministerio del Interior (Guardia Civil) asume las siguientes obligaciones:
a) Facilitar al Ayuntamiento de Moguer toda la colaboración, apoyo y asistencia que sea precisa para la mejor realización de la encomienda de gestión objeto del presente convenio.
b) Facilitar al Ayuntamiento de Moguer, cuando éste así lo solicite, el asesoramiento y la asistencia necesaria para realizar las actividades que se le encomiendan, colaborando en todas aquellas cuestiones que le sean solicitadas por el Ayuntamiento.
c) Dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integren las actuaciones materialmente encomendadas al Ayuntamiento.
El Ministerio del Interior dará conformidad, en su caso, a la redacción de los proyectos, facilitando los requisitos básicos de los mismos bajo el punto de vista de la función a desarrollar y del control y vigilancia de las obras, ostentando las facultades de supervisión, de aprobación y de inspección de las obras.
En el caso en que por darse las circunstancias previstas en el artículo 30.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,el Ayuntamiento de Moguer en el desarrollo de la gestión encomendada, decida, en su caso, que la forma de ejecución de las obras sea en régimen de administración directa, y en cualquier caso, el contratista de las mismas, estará obligado a cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social, de seguridad y salud en el trabajo, de integración laboral y, en particular, la obligación de ejercer, en su caso, de modo real, efectivo y continuo las obligaciones inherentes al poder de dirección de todo empresario.
Esta encomienda no generará, en ningún caso, vínculo contractual o laboral alguno entre la Guardia Civil y las personas que lleven a cabo la ejecución de los trabajos objeto de la encomienda.
Conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, esta encomienda no implica cesión de titularidad de competencia alguna, correspondiendo la formalización de actos jurídicos a los órganos que tengan atribuida por el ordenamiento jurídico la facultad de decisión.
Con el fin de articular el seguimiento de la ejecución de las medidas previstas en el presente Convenio de Encomienda de Gestión y proceder a su interpretación, se creará una Comisión de seguimiento integrada por cuatro miembros, dos en representación de la Guardia Civil, y dos en representación del Ayuntamiento.
La Comisión de Seguimiento se reunirá en sesión ordinaria al menos una vez al año. Con independencia de ello, se reconoce a ambas partes la facultad de instar la convocatoria extraordinaria de una reunión de la Comisión de Seguimiento.
Esta Comisión tendrá las siguientes funciones:
a) Establecer las actuaciones a desarrollar en el marco de la presente encomienda.
b) Supervisar y controlar los justificantes de todos los gastos que se originen como consecuencia de las obras programadas.
c) Coordinar los trabajos para la consecución óptima del fin que se persigue.
d) Resolver cualquier discrepancia que se plantee en la interpretación y ejecución del convenio y de los diferentes instrumentos jurídicos, que para su aplicación dicten las partes.
El funcionamiento de la Comisión se atendrá a lo dispuesto sobre órganos colegiados, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
El presente convenio se perfeccionará una vez firmado por las partes y resultará eficaz una vez publicado en el «Boletín Oficial del Estado» conforme con lo establecido en el artículo 11.3 b) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Su vigencia será de cuatro años desde el momento de su eficacia pudiéndose prorrogar por igual periodo por mutuo acuerdo de las partes.
Las posibles modificaciones de este convenio, acordadas de forma unánime por los firmantes, deberán formalizarse mediante la suscripción del correspondiente instrumento modificativo, con los mismos requisitos y condiciones exigidos para la aprobación del inicial.
El convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.
Son causas de resolución:
a) El transcurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado su prórroga.
b) Por mutuo acuerdo de los firmantes.
c) Por circunstancias que hicieran imposible o innecesaria la realización de las actuaciones objeto de este Convenio.
d) Por el incumplimiento grave de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes. En este caso, la otra parte podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en el plazo de 30 días naturales con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el Convenio.
e) Por incumplimiento acreditado o sobrevenido de las condiciones o requisitos establecidos en el Real Decreto 939/1997, de 20 de junio.
f) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
Extinguido el convenio por cualquier causa, todos los derechos y obligaciones nacidos con anterioridad a la extinción del mismo serán liquidados y cumplidos por ambas partes, sin perjuicio de los derechos y obligaciones que resulten de dicha extinción para las mismas, conforme a la ley o lo dispuesto en el presente Convenio.
La resolución del convenio por causa de incumplimiento de las obligaciones y compromisos de las partes no dará lugar a indemnización por incumplimiento.
Este convenio de encomienda de gestión será objeto de publicación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.1 b) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. En este sentido, las partes prestan expresamente su consentimiento para que se le dé al presente convenio la publicidad exigida.
El presente convenio instrumenta una encomienda de gestión de las previstas en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre teniendo naturaleza administrativa, y se regirá por su propio contenido, por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y por el Real Decreto 939/1997, de 20 de junio, sin perjuicio de las demás normas legales y reglamentarias vigentes y aplicables en desarrollo o como complemento de aquellas.
Las controversias que puedan surgir en la interpretación de lo acordado en el presente convenio de encomienda de gestión, o de las normas aplicables al mismo que no pudieran solucionarse en el seno de la Comisión de Seguimiento, serán resueltas por mutuo acuerdo entre las partes. En su defecto las posibles cuestiones litigiosas se dirimirán ante los Juzgados y Tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa, con arreglo a lo regulado en su Ley de Jurisdicción.
Y en prueba de conformidad, suscriben el presente Convenio en la fecha que figura en la información de firma de este documento, que se formaliza entre las partes por medios electrónicos.–El Ministro del Interior, Fernando Romero Cabrera.–El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Moguer, Gustavo Sáez Díaz. | Administración |
BOE-A-2023-8917 | Este Departamento, examinada la solicitud presentada por la entidad Renta 4 Banco, SA, y en base a lo dispuesto en el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación dicta la siguiente resolución:
Se autoriza a la entidad Renta 4 Banco, SA, para actuar como Entidad colaboradora en la gestión recaudatoria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con sujeción a lo establecido en el artículo 17 y siguientes del Reglamento General de Recaudación, la Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio (BOE de 9 de julio), y demás normativa aplicable a la prestación del servicio de colaboración, asignándole a tal efecto la autorización número 463.
Contra la presente resolución podrá interponerse, a tenor de lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, recurso de alzada ante el Director General de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación.
Esta resolución surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 13 de marzo de 2023.–La Directora del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Virginia Gil Moreno. | Economía y Empleo |
BOE-A-2022-11829 | La Abogada General del Estado-Directora del Servicio Jurídico del Estado y la Presidenta del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, han suscrito un Convenio de asistencia jurídica entre la Administración General del Estado (Ministerio de Justicia, Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado) y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria.
Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del referido convenio como anejo a la presente resolución.
Madrid, 15 de julio de 2022.–El Subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Alberto Herrero Navarro.
4 de julio de 2022.
De una parte, doña Consuelo Parra Rivera, en su condición de Abogada General del Estado-Directora del Servicio Jurídico del Estado, cargo para el que fue nombrada por Real Decreto 716/2018, de 29 de junio, BOE número 158, quien actúa en virtud de la delegación conferida a su favor por el Ministro de Justicia en el artículo 7.d) de la Orden JUS/987/2020, de 20 de octubre, sobre delegación de competencias.
De otra parte, doña Paula Nieto Ruiz, actuando en nombre y representación del FROB, con domicilio social en avenida General Perón, 38, plantas 16-17, 28020 Madrid, y NIF V85737112 en su condición de Presidenta, según el Real Decreto 1081/2020, de 1 de diciembre publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 2 de diciembre de 2020.
Que la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado es el centro directivo que tiene legalmente atribuidas las competencias de asistencia jurídica al Estado y sus Organismos autónomos y a los Órganos Constitucionales. Para el resto de entidades y organismos que constituyen el sector público estatal, se prevé legalmente que la Abogacía General del Estado pueda prestar asistencia jurídica mediante la oportuna formalización de un convenio.
Que el FROB es una entidad de Derecho público que tiene por objeto gestionar los procesos de resolución de las entidades en su fase ejecutiva y, en todo caso, ejercer las facultades que le atribuye la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, el resto del ordenamiento jurídico nacional y el Derecho de la Unión Europea; tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, que ejerce sus funciones con autonomía e independencia de las Administraciones públicas.
Que el FROB de acuerdo con lo establecido en la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas y en el Real Decreto 997/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, tiene actualmente suscrito un Convenio de Asistencia Jurídica, de fecha 24 de julio de 2018, con la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado.
Que al objeto de lograr una mayor efectividad y coordinación de la asistencia jurídica al FROB, ambas partes consideran conveniente la designación por la Abogada General del Estado de uno o más Abogados del Estado en activo que actúen como coordinadores directos de la asistencia jurídica.
Que el texto del «convenio tipo», de asistencia jurídica ha sido informado por la Abogacía del Estado en el Ministerio de Justicia.
Que, con el fin de regular las condiciones de prestación de esa asistencia jurídica en la forma prevista en el ordenamiento jurídico, los comparecientes suscriben el presente Convenio, de acuerdo con las siguientes
De conformidad con lo establecido en la citada Ley 52/1997, de 27 de noviembre, en la disposición adicional quinta de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre y en el Real Decreto 997/2003, de 25 de julio por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, este podrá prestar asistencia jurídica al FROB por medio de los Abogados del Estado integrados en aquel. La asistencia Jurídica comprenderá tanto el asesoramiento jurídico como la representación y defensa ante cualesquiera jurisdicciones y órdenes jurisdiccionales en los mismos términos previstos para la asistencia jurídica a la Administración General del Estado.
El FROB colaborará con los Abogados del Estado para la mejor defensa de los intereses en litigio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas.
La asistencia jurídica a que se refiere este Convenio no supondrá relación laboral entre el FROB y los Abogados del Estado que le presten esa asistencia.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula anterior, el FROB se reserva la facultad de ser asesorado, representado y defendido por abogado y, en su caso, procurador especialmente designado al efecto conforme a las normas procesales comunes.
Se entenderá que se renuncia a la asistencia jurídica por parte del abogado del Estado, para toda la tramitación del procedimiento judicial, desde el momento en que la entidad convenida comparezca o se dirija al órgano jurisdiccional mediante cualquier otra representación.
La asistencia jurídica del Estado, por medio de los Abogados del Estado integrados en este, no se prestará cuando exista contraposición entre los intereses del FROB, y del Estado o sus Organismos Autónomos. En este caso, el FROB será asesorado, representado y defendido por abogado y, en su caso, procurador, especialmente designados al efecto conforme a las normas procesales comunes.
Cuando exista contraposición de intereses entre el FROB y otra entidad convenida, por regla general, la Abogacía General del Estado se abstendrá de intervenir en el proceso judicial en defensa y representación de una u otra entidad. Los Abogados del Estado antes de personarse en estos supuestos elevarán consulta a la Abogacía General del Estado.
La Abogada General del Estado designará a uno o más Abogados del Estado en activo para que actúen como coordinadores de la asistencia jurídica convenida tanto en los asuntos consultivos como, en su caso, contenciosos.
Corresponde a los coordinadores de los convenios de asistencia jurídica mantener una relación actualizada sobre el estado de tramitación de los procesos judiciales en los que intervenga la Abogacía del Estado y sea parte la entidad convenida. A tal fin la entidad convenida deberá elaborar una relación de dichos pleitos.
El presente Convenio tiene una duración de dos años. Sin embargo, se entenderá prorrogado como máximo por dos años más mediante acuerdo expreso de las partes adoptado antes de la finalización de dicho período de vigencia. El acuerdo de prórroga se formalizará mediante adenda.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, el presente convenio se perfecciona por la prestación del consentimiento de las partes y resultará eficaz una vez inscrito, en el plazo de 5 días hábiles desde su formalización, en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, al que se refiere la disposición adicional séptima de dicha Ley.
Asimismo, serán publicados en el plazo de diez días hábiles desde su formalización en el «Boletín Oficial del Estado».
Como contraprestación por el servicio de asistencia jurídica a que se refiere el Convenio, el FROB satisfará a la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado la cantidad anual de ciento noventa mil euros (190.000,00 €) más IVA, que se abonará por terceras partes correspondiendo a los períodos: enero-abril, mayo-agosto y septiembre-diciembre.
El pago se efectuará mediante el modelo 069 como documento de ingreso que se enviará junto con la factura debidamente cumplimentado. El FROB deberá efectuar el ingreso en el plazo previsto en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a contar desde el día siguiente a la fecha de recepción de la factura y del modelo, en cualquier entidad colaboradora o telemáticamente, debiendo, una vez efectuada la operación, remitir a la Secretaria General de la Abogacía General del Estado, copia del mismo.
En los procesos en los que existan condenas en costas se aplicarán las reglas siguientes:
1.ª Cuando la condenada en costas sea el FROB corresponderá a este el abono de las causadas a la parte contraria.
2.ª Cuando la condenada en costas sea la parte contraria, se ingresará a favor del FROB.
El presente convenio solo puede modificarse por acuerdo expreso de las partes durante su vigencia o de las sucesivas prórrogas.
Igualmente en cualquier momento de la vigencia del Convenio se podrá ampliar o reducir la asistencia jurídica convenida siempre que exista acuerdo expreso de las partes.
Cualquier modificación se formalizará mediante la correspondiente adenda al convenio.
Para la vigilancia y control de la ejecución de este convenio de asistencia jurídica y de los compromisos adquiridos con su firma se establece una Comisión de Seguimiento del mismo formada por dos miembros de cada una de las partes. Esta Comisión resolverá cualquier problema de interpretación o cumplimiento que pudiera plantearse. Las normas de funcionamiento de dicha Comisión se regirán por la normativa reguladora del régimen de órganos colegiados de las Administraciones Públicas.
Las partes determinarán mediante anexo la composición de la Comisión que, al menos, deberá reunirse una vez al año.
Son causas de resolución del Convenio:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio o, en su caso, la prórroga acordada expresamente.
b) El mutuo acuerdo.
c) El incumplimiento de las obligaciones esenciales asumidas en este convenio.
En este caso, se notificará a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en el plazo de treinta días naturales, la obligación incumplida. Este requerimiento será comunicado a los responsables de la Comisión prevista en la cláusula novena y a la entidad firmante.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la otra, la concurrencia de la causa de resolución y se podrá entender resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados, de acuerdo con los criterios que se determinen por la Comisión de Seguimiento.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Por extinción de la personalidad jurídica de la entidad convenida.
f) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en otras leyes.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa quedando sometido al régimen jurídico de convenios previsto en el capítulo VI título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Las controversias sobre la interpretación y ejecución del presente convenio serán resueltas en el seno de la Comisión de Seguimiento en el caso de que no fuera posible, el orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.
Una vez el presente convenio adquiera eficacia jurídica, de conformidad con la cláusula quinta, quedará resuelto, liquidado y extinguido el anterior convenio suscrito entre las partes en fecha 24 de julio de 2018, sin necesidad de realizar liquidación adicional alguna. En consecuencia, el presente convenio sustituirá en su totalidad al extinto convenio firmado por las partes en fecha 24 de julio de 2018.
El pago de las cantidades pendientes correspondientes al cuatrimestre en curso en la fecha que el Convenio adquiera eficacia jurídica se efectuará con cargo al presente convenio.
Y para que conste, y en prueba de conformidad, firman digitalmente el presente Convenio.–La Abogada General del Estado-Directora del Servicio Jurídico del Estado, Consuelo Fuentes Silva.–La Presidenta del FROB, Paula Nieto Ruiz.
En virtud de lo dispuesto en la cláusula novena del convenio, la Comisión de Seguimiento del mismo está formada por los siguientes miembros:
– Por la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado:
• La Subdirectora General y la Subdirectora Adjunta de Coordinación, Auditoría y de Gestión del Conocimiento. En defecto de uno de ellos, un Gestor de Apoyo Jurídico de la referida Subdirección.
– Por el FROB:
• Directora de Administración y Control, doña Sara Márquez Herrero-Valera.
• Directora Jurídica, doña Amaia Gómez Ramos. | Normativas |
BOE-A-2023-8120 | La Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, ha aprobado para el Impuesto sobre Sociedades, con efectos para períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2023, un tipo de gravamen reducido aplicable a aquellas entidades que tengan un importe de la cifra de negocios inferior a un millón de euros en el periodo impositivo anterior, con la finalidad de reducir la carga tributaria de las pequeñas empresas, se ha rebajado en dos puntos porcentuales el tipo de gravamen general. Con el objetivo de mejorar la asistencia al contribuyente al cumplimentar las autoliquidaciones de pagos fraccionados, modelos 202 y 222, se ha incluido como dato adicional, una marca que identifique a las entidades con importe neto de la cifra de negocios del período impositivo inmediato anterior inferior a 1 millón de euros.
Además, la Ley 38/2022, de 27 de diciembre, para el establecimiento de gravámenes temporales energético y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito y por la que se crea el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, y se modifican determinadas normas tributarias (en adelante Ley 38/2022, de 27 de diciembre), ha introducido en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (en adelante Ley 27/2014, de 27 de noviembre), una disposición adicional decimonovena que incorpora, con efectos para los períodos impositivos que se inicien en 2023, una medida temporal en la determinación de la base imponible en el régimen de consolidación fiscal, que consiste en que la base imponible del grupo fiscal incluirá las bases imponibles positivas y el 50 por ciento de las bases imponibles negativas individuales correspondientes a todas y cada una de las entidades integrantes del grupo fiscal. Estas bases imponibles no incluidas en la base imponible del grupo fiscal se integrarán en la base imponible del mismo en cada uno de los diez primeros períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2024. Con el objetivo de adaptar el modelo 222 a lo establecido en la Ley 38/2022, de 27 de diciembre, se procede a modificar el anexo correspondiente al modelo 222.
Por otra parte, esta orden introduce la domiciliación bancaria como método de pago de la deuda resultante del modelo 309 para los supuestos de presentación trimestral, es decir, aquellos en los que su presentación no esté motivada por adquisiciones intracomunitarias de medios de transporte nuevos o adjudicaciones en procedimientos administrativos o judiciales de ejecución forzosa.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la elaboración de esta orden se ha efectuado de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
Se cumplen los principios de necesidad y eficacia jurídica por ser desarrollo de una norma legal y reglamentaria y el instrumento adecuado para dicho desarrollo.
Se cumple también el principio de proporcionalidad al contener la regulación necesaria para conseguir los objetivos que justifican su aprobación.
Respecto al principio de seguridad jurídica, se ha garantizado la coherencia del texto con el resto del ordenamiento jurídico nacional, generando un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre que facilita su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de los diferentes sujetos afectados sin introducción de cargas administrativas innecesarias.
El principio de transparencia, sin perjuicio de su publicación oficial en el «Boletín Oficial del Estado», se ha garantizado mediante la publicación del proyecto de orden, así como de su Memoria Abreviada del Análisis de Impacto Normativo, en el portal web del Ministerio de Hacienda y Función Pública, a efectos de que pudieran ser conocidos dichos textos en el trámite de audiencia e información pública por todos los ciudadanos.
Por último, en relación con el principio de eficiencia se ha procurado que la norma genere las menores cargas administrativas para los ciudadanos, así como los menores costes indirectos, fomentando el uso racional de los recursos públicos y el pleno respeto a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
La disposición final única del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, habilita al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, para aprobar el modelo de pago fraccionado y determinar el lugar y forma de presentación del mismo.
La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante Ley 58/2003, de 17 de diciembre), en el artículo 98.4 habilita al Ministro de Hacienda para que determine los supuestos y condiciones en los que los obligados tributarios deberán presentar por medios telemáticos sus declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones, solicitudes y cualquier otro documento con trascendencia tributaria.
Por otra parte, el artículo 92 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, habilita a la Administración tributaria para señalar los requisitos y condiciones para que la colaboración social se realice mediante la utilización de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos.
Asimismo, la disposición final única del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, habilita al Ministro de Economía y Hacienda para dictar aquellas disposiciones que resulten necesarias para el desarrollo y ejecución de dicho texto reglamentario.
Las habilitaciones al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y al Ministro de Economía y Hacienda, deben entenderse conferidas en la actualidad a la Ministra de Hacienda y Función Pública, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, modificado por Real Decreto 507/2021, de 10 de julio.
En su virtud dispongo:
Se introducen las siguientes modificaciones en la Orden HFP/227/2017, de 13 de marzo, por la que se aprueba el modelo 202 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, y el modelo 222 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades en régimen de consolidación fiscal y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación electrónica:
Uno. Se sustituye el anexo I de la Orden HFP/227/2017, de 13 de marzo, por el que figura como anexo I de esta orden.
Dos. Se sustituye el anexo II de la Orden HFP/227/2017, de 13 de marzo, por el que figura como anexo II de esta orden.
La Orden EHA/1658/2009, de 12 de junio, por la que se establecen el procedimiento y las condiciones para la domiciliación del pago de determinadas deudas a través de cuentas abiertas en las Entidades de crédito que prestan el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria queda modificada como sigue:
Uno. En el anexo I, «Relación de modelos de autoliquidaciones cuyo ingreso puede ser domiciliado a través de las Entidades Colaboradoras de la Agencia Estatal de Administración Tributaria», se añade el siguiente modelo:
«Código de modelo: 309 (***).
Denominación: “Declaración-liquidación no periódica del Impuesto sobre el Valor Añadido”»
Dos. En el anexo I, «Relación de modelos de autoliquidaciones cuyo ingreso puede ser domiciliado a través de las Entidades Colaboradoras de la Agencia Estatal de Administración Tributaria», se añade nota a pie de tabla con la siguiente redacción:
«(***) Sólo cuando el periodo sea trimestral.»
Tres. En el anexo II, «Plazos generales de presentación telemática de autoliquidaciones con domiciliación de pago», se añade el modelo 309 y el plazo correspondiente al mismo:
«Código modelo: 309. (***).
Plazo: Desde el día 1 hasta el 15 de los meses de abril, julio y octubre, y desde el día 1 hasta el 25 del mes de enero.»
Cuatro. En el anexo II, «Plazos generales de presentación telemática de autoliquidaciones con domiciliación de pago», se añade nota a pie de tabla con la siguiente redacción:
«(***) Sólo cuando el periodo sea trimestral.»
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y será aplicable por primera vez para las autoliquidaciones de pagos fraccionados, modelo 202 y 222, cuyo plazo de presentación comienza en abril de 2023. La disposición final primera será de aplicación por primera vez para las autoliquidaciones del modelo 309 correspondientes al primer trimestre de 2023.
Madrid, 28 de marzo de 2023.–La Ministra de Hacienda y Función Pública, María Rojas Velasco Molina. | Judicial |
BOE-A-2024-24950 | En virtud de lo establecido en el artículo 4 de la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria se publican los precios de venta al público (PVP) de determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del área del Monopolio, que han sido propuestos por los correspondientes fabricantes e importadores.
Los precios de venta al público (PVP) de las labores de tabaco que se indican a continuación, incluidos los diferentes tributos, en Expendedurías de Tabaco y Timbre de la Península e Illes Balears, serán los siguientes:
Los precios de venta al público (PVP) de las labores de tabaco que se indican a continuación, incluidos los diferentes tributos, en Expendedurías de Tabaco y Timbre de Ceuta y Melilla serán los siguientes:
La presente Resolución entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 29 de noviembre de 2024.–El Presidente del Comisionado para el Mercado de Tabacos, Luis Rodríguez Ruiz. | Economía y Empleo |
BOE-A-2022-1945 | En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 299, de 29 de diciembre de 2021, se publican íntegramente la convocatoria y sus bases para la provisión de una plaza de Titulado Superior: Especialidad Idioma Japonés de la Universidad de Murcia, Subgrupo A1, personal laboral, concurso-oposición por el sistema de acceso libre.
Las solicitudes para tomar parte en estas pruebas, deberán cumplimentarse a través del formulario web que estará disponible en la dirección electrónica https://convocum.um.es/(apartado Convocum PAS) (enlace de solicitudes para convocatorias de empleo público de la Universidad de Murcia) siguiendo las instrucciones que se indican en la base 3 de la convocatoria.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de Estado».
La citada convocatoria además de en el «Boletín de la Región de Murcia» citado, figura publicada en la página web de esta Universidad en la dirección electrónica indicada anteriormente.
Los sucesivos anuncios relativos a las convocatorias se publicarán en dicha dirección electrónica, Tablón Oficial de Anuncios de la Universidad de Murcia (TOUM) y «Boletín Oficial de la Región de Murcia».
Lo que de conformidad con lo previsto en el art. 75 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, se hace público para general conocimiento.
Murcia, 31 de enero de 2022.–El Rector, José Gil Ortega. | Funcionarios y Personal |
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