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BDNS (Identif.): 446062 De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans) Primero.-Beneficiarios: Las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo inscritas en el Registro de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en la fecha de publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. Las agrupaciones de organizaciones no gubernamentales para el desarrollo sin personalidad jurídica, siempre que cada uno de sus miembros reúna por sí mismo los requisitos exigidos para su concurrencia de modo individual. Segundo.-Objeto: Estas subvenciones tienen por objeto la financiación de proyectos en materia de cooperación internacional para el desarrollo que realicen las ONGD en colaboración con la política de cooperación española. Se entiende por proyecto de cooperación para el desarrollo el conjunto de acciones diseñadas para lograr un objetivo específico de desarrollo en un único país pudiendo alcanzar la actuación las áreas o sectores priorizados en la convocatoria que sean necesarios para la consecución de ese objetivo. Tercero.-Bases reguladoras: La norma reguladora de las bases de concesión de estas subvenciones es la Orden 2909/2011, de 21 de octubre, por la que se establecen las bases para la concesión de subvenciones de cooperación internacional para el desarrollo. Cuarto.-Cuantía: La convocatoria se financiará con cargo a los créditos del capítulo 4 del programa 12.302.143A.484 de los Presupuestos Generales del Estado, por un importe de 100.000 euros, ampliables hasta en 22.000.000 euros adicionales. La subvención máxima por proyecto no podrá ser superior a los 450.000 euros Quinto.-Plazo de presentación de solicitudes: El plazo para la presentación de solicitudes comenzará a partir de las 13.00 horas (hora peninsular española) del día siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». El límite para grabar y enviar la solicitud en la aplicación informática serán las 13:00 horas (hora peninsular española) del jueves 9 de mayo. Sexto.-Otros datos: Para que la solicitud se tenga por presentada, será obligatoria la cumplimentación y envío del formulario de solicitud accesible desde Sede electrónica de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (www.aecid.gob.es) de forma telemática y su firma por el representante legal de la entidad mediante firma digital. Madrid, 24 de marzo de 2019.- El Presidente de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, P.D. (Resolución de 2 de julio de 2009 de la Dirección de la AECID. BOE de 30 de julio), la Directora de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Ana María Calvo Sastre.

Subvenciones para proyectos de Cooperación: se mantienen en 22 millones pero reducen a la mitad el máximo por proyecto, de 900.000 a 450.000 euros.

BDNS (Identif.): 446062 De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans) Primero.-Beneficiarios: Las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo inscritas en el Registro de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en la fecha de publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. Las agrupaciones de organizaciones no gubernamentales para el desarrollo sin personalidad jurídica, siempre que cada uno de sus miembros reúna por sí mismo los requisitos exigidos para su concurrencia de modo individual. Segundo.-Objeto: Estas subvenciones tienen por objeto la financiación de proyectos en materia de cooperación internacional para el desarrollo que realicen las ONGD en colaboración con la política de cooperación española. Se entiende por proyecto de cooperación para el desarrollo el conjunto de acciones diseñadas para lograr un objetivo específico de desarrollo en un único país pudiendo alcanzar la actuación las áreas o sectores priorizados en la convocatoria que sean necesarios para la consecución de ese objetivo. Tercero.-Bases reguladoras: La norma reguladora de las bases de concesión de estas subvenciones es la Orden 2909/2011, de 21 de octubre, por la que se establecen las bases para la concesión de subvenciones de cooperación internacional para el desarrollo. Cuarto.-Cuantía: La convocatoria se financiará con cargo a los créditos del capítulo 4 del programa 12.302.143A.484 de los Presupuestos Generales del Estado, por un importe de 100.000 euros, ampliables hasta en 22.000.000 euros adicionales. La subvención máxima por proyecto no podrá ser superior a los 450.000 euros Quinto.-Plazo de presentación de solicitudes: El plazo para la presentación de solicitudes comenzará a partir de las 13.00 horas (hora peninsular española) del día siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». El límite para grabar y enviar la solicitud en la aplicación informática serán las 13:00 horas (hora peninsular española) del jueves 9 de mayo. Sexto.-Otros datos: Para que la solicitud se tenga por presentada, será obligatoria la cumplimentación y envío del formulario de solicitud accesible desde Sede electrónica de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (www.aecid.gob.es) de forma telemática y su firma por el representante legal de la entidad mediante firma digital. Madrid, 24 de marzo de 2019.- El Presidente de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, P.D. (Resolución de 2 de julio de 2009 de la Dirección de la AECID. BOE de 30 de julio), la Directora de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Ana María Calvo Sastre. ### RESUMEN: Subvenciones para proyectos de Cooperación: se mantienen en 22 millones pero reducen a la mitad el máximo por proyecto, de 900.000 a 450.000 euros.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por auto de 17 de diciembre actual en el recurso de inconstitucionalidad núm. 4834-2013, promovido por el Abogado del Estado, en representación del Presidente del Gobierno, ha acordado mantener la suspensión del artículo único de la Ley Foral 25/2013, de 2 de julio, por el que se modifica el apartado 2 del artículo único de la Ley Foral 28/2012, de 28 de diciembre, por la que se crea, con efectos para el año 2012, un complemento personal transitorio por pérdida de poder adquisitivo, suspensión que se produjo con la admisión del mencionado recurso de inconstitucionalidad y que fue publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 221, de 14 de septiembre de 2013. Madrid, 17 de diciembre de 2013.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra.

Aquí la disposiciónss en la que el TC mantiene la suspensión de la paga extra a los funcionarios navarros

El Pleno del Tribunal Constitucional, por auto de 17 de diciembre actual en el recurso de inconstitucionalidad núm. 4834-2013, promovido por el Abogado del Estado, en representación del Presidente del Gobierno, ha acordado mantener la suspensión del artículo único de la Ley Foral 25/2013, de 2 de julio, por el que se modifica el apartado 2 del artículo único de la Ley Foral 28/2012, de 28 de diciembre, por la que se crea, con efectos para el año 2012, un complemento personal transitorio por pérdida de poder adquisitivo, suspensión que se produjo con la admisión del mencionado recurso de inconstitucionalidad y que fue publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 221, de 14 de septiembre de 2013. Madrid, 17 de diciembre de 2013.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra. ### RESUMEN: Aquí la disposiciónss en la que el TC mantiene la suspensión de la paga extra a los funcionarios navarros

Suscrito con fecha de 31 de mayo marzo de 2021 el Convenio entre la Liga de Fútbol Profesional y el Instituto de Salud Carlos III, O.A., M.P., para el desarrollo del proyecto «LaLiga-Covid», y en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado ocho del artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho Convenio, que figura como anexo de esta Resolución. Madrid, 2 de junio de 2021.–La Directora del Instituto de Salud Carlos III, O.A., M.P., Raquel Yotti Álvarez. ANEXO Convenio entre la Liga Nacional de Fútbol Profesional y el Instituto de Salud Carlos III, O.A., M.P., para el desarrollo del proyecto «LaLiga-COVID» En Madrid, a 31 de mayo de 2021. De una parte, Dra. doña Raquel Yotti Álvarez, como Directora del Instituto de Salud Carlos III, O.A., M.P. (en adelante ISCIII), NIF: Q-2827015-E, organismo público de investigación adscrito al Ministerio de Ciencia e, Innovación, a través de la Secretaría General de Investigación nombrada por Real Decreto 1029/2018, de 3 de agosto (BOE núm. 188, de 4 de agosto) actuando en nombre y representación del mencionado Instituto, con domicilio en la calle Sinesio Delgado, número 6, de Madrid y en ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 11 del Real Decreto 375/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba su Estatuto. Y de otra parte, don Víctor Manuel Martín Ortega, mayor de edad, con DNI número XXXX 69C, en su calidad de Jefe de Gabinete de Presidencia, en virtud de la escritura de poder otorgada ante el Notario de Madrid, don Tomás Pérez Ramos, de fecha 22 de octubre de 2020, bajo el número 5.461 de su protocolo. En nombre y representación de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, con NIF n.º G-78069762 y domicilio social en la ciudad de Madrid, calle Torrelaguna, n.º 60, CP 28043 (en adelante, «LaLiga»). Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad jurídica suficiente para suscribir el presente Convenio, y a tal efecto EXPONEN Primero. Fines del ISCIII. El ISCIII es un Organismo Público de Investigación que asume la planificación, fomento y coordinación de la investigación y la innovación biomédica y sanitaria, así como la prestación de servicios científico-técnicos de referencia en el ámbito de la salud pública, y tiene entre sus funciones el desarrollo de actividades de investigación que conllevan. Segundo. Fines de LaLiga. LaLiga es una asociación deportiva de derecho privado que está integrada exclusiva y obligatoriamente, por todas las sociedades anónimas deportivas y clubes que participan en competiciones oficiales de fútbol de ámbito estatal y de carácter profesional. Las partes, considerando la necesidad de cooperación entre diferentes sectores, públicos y privados, para luchar contra la pandemia producida por el COVID-19, deciden unir sus esfuerzos y acuerdan suscribir el presente Convenio con arreglo a las siguientes CLÁUSULAS Primera. Objeto del Convenio. Este Convenio tiene por objeto establecer las relaciones entre ISCIII y LaLiga, para la realización del informe «LaLiga-COVID», que tiene como objetivo principal el análisis espacio temporal de la incidencia y seroprevalencia de COVID en el contexto de La Liga y su comparación los niveles poblacionales de España. Acuerdan que para dicho proyecto se necesita un Fichero (F1) de datos desagregados y anonimizados procedentes de la base de datos de LaLiga que se entregará a ISCIII. Dicho fichero contendrá los registros de los test realizados en el marco del programa de vigilancia, a los jugadores y personal técnico de los equipos de LaLiga Santander y LaLiga SmartBank., establecido por LaLiga de acuerdo a los protocolos de vuelta a los entrenamientos y de competición de las temporadas 19/20 y 20/21 con las variables: Identificadores anonimizados únicos, Categoría profesional, Ciudad, resultado pruebas (resultados y fechas de las PCRs, así como los valores y fechas de las serologías realizadas –IgM e IgG–). Segunda. Compromisos de las partes. 1. Compromisos generales de ambas partes. LaLiga y el ISCIII colaborarán en todo momento de acuerdo con los principios de buena fe y eficacia para que la investigación pueda ser realizada con éxito. 2. Compromisos del Instituto de Salud Carlos III, a través del Centro Nacional de Epidemiología. 2.1 Analizar la posible re-positivacion por PCR en el tiempo y espacio. 2.2 Evaluar de la seroprevalencia. a) Seronegativización. b) Seroconversión. 2.3 Explorar si existen diferencias epidemiológicas entre los dos grupos, jugadores y staff. 2.4 Detectar diferencias geográficas desde el punto de vista espacial, ya que la pandemia tiene diferentes ritmos según el tiempo y el espacio dentro de nuestro país. 2.5 Comparar los resultados obtenidos del estudio de esta cohorte, con los resultados poblacionales obtenidos en el Estudio Nacional de sero-Epidemiología de la Infección por SARS-CoV-2 en España (ENE-Covid) a nivel nacional. Para ello es imprescindible contar con la ciudad, ya que los datos de seroprevalencia en España son diferentes según la región que se estudie. 3. Compromisos de LaLiga. LaLiga facilitará los datos mediante archivos csv almacenados en una cuenta de almacenamiento Azure dentro de la suscripción de LaLiga. Se suministrará por parte de LaLiga al ISCIII una clave de acceso (token) con la que podrán acceder a la información. Tercera. Mecanismos de seguimiento. A partir de la entrada en vigor del presente Convenio, se constituirá una Comisión Mixta de Seguimiento con representantes designados por los máximos responsables de ambas partes, en régimen de paridad. Dicha Comisión se responsabilizará del seguimiento, vigilancia y control de las acciones derivadas del presente Convenio y de los compromisos adquiridos por las partes. Asimismo, resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse en el desarrollo del presente Convenio. La Comisión Mixta de Seguimiento, se reunirá siempre que lo solicite una de las partes. Sus normas de funcionamiento serán las establecidas para los órganos colegiados en el Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del sector Público. Cuarta. Principio de igualdad. El principio de igualdad de trato y oportunidades, la participación equilibrada de mujeres y hombres en todos los ámbitos a los que se refiere el presente Convenio, informarán la aplicación del mismo. Ambas partes procurarán de forma activa la integración de esos principios en las iniciativas que se lleven a cabo en el marco del presente Convenio, así como la ejecución y desarrollo del conjunto de actividades. Quinta. Protección de datos personales. Para la colaboración estipulada en el Convenio, las Partes acuerdan que LaLiga compartirá con el ISCIII información desagregada y anonimizada. En este sentido, las Partes reconocen que la información que contiene el Fichero (1) incluye información desagregada y anonimizada, responsabilidad de LaLiga y manifiestan que conocen, cumplen y se someten al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (en adelante Reglamento 2016/679), a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y al resto de normativa vigente en materia de protección de datos personales, en todos los supuestos en los que pueda darse tratamiento, cesión o comunicación de datos personales entre las Partes en ejecución de los dispuesto en este Convenio. El ISCIII, como receptor de la información desagregada y anonimizada responsabilidad de LaLiga, se compromete: – a no revelar los datos individuales ni resultados que provengan del fichero F1, con una finalidad diferente a la de este acuerdo y a no comunicarlos ni cederlos a terceros. – a borrar/destruir la información que permita la identificación personal de aquellos datos obtenidos como consecuencia de este Convenio y contenidas en cualquier tipo de soporte, sin conservar ninguna copia, una vez finalice el tratamiento de datos objeto de este proyecto. – a no re-identificar a personas físicas determinadas con la información desagregada y anonimizada facilitada por LaLiga. – a no asociar datos de carácter personal a la información desagregada y anonimizada facilitada por LaLiga. – a no revertir los procesos de anonimizada que hubieran sido llevados a cabo en la información desagregada facilitada por LaLiga. – en aplicación del principio de minimización del dato, a tratar solo aquellos datos que resulten adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con las finalidades anteriormente expuestas. – la obligación de proceder al tratamiento de los datos con las adecuadas medidas de seguridad que garanticen la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, así como de las restantes medidas de responsabilidad proactiva establecidas en el capítulo IV del RGPD. Entre otras medidas, el ISCIII se compromete a: • Realizar el tratamiento garantizando la confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y trazabilidad de la información que sea propiedad o responsabilidad de LaLiga, y cumpliendo, en todo momento, los requisitos normativos y legales que apliquen en cada caso. • Gestionar la seguridad del tratamiento en base a un análisis, evaluación y tratamiento de riesgos continuo, que le permita identificar, implementar y mantener los controles de seguridad necesarios en función de los riesgos que existan y la criticidad de la información que trate. • Designar una persona como Responsable de Seguridad de la Información que será el punto de contacto efectivo con la Oficina de Seguridad de la Información de LaLiga para responder a cuestiones relativas a la seguridad del tratamiento o a los controles de seguridad implementados. • Todos los profesionales por cuenta del ISCIII que intervengan en el tratamiento deben respetar la confidencialidad de la información facilitada por LaLiga. • De igual forma, deben estar concienciados en seguridad de la información y formados en los controles de seguridad relativos al tratamiento de los datos, siendo conocedores de los riesgos asociados, así como del cumplimiento de sus responsabilidades y funciones en la materia. • El ISCIII debe identificar y mantener actualizado el inventario de activos asociados al tratamiento de los datos, designando la propiedad o custodia de cada uno de ellos y documentando e implementando su uso aceptable. • Igualmente, debe clasificar y etiquetar la información que trate para el tratamiento de los datos según los criterios dados por LaLiga y, en todo caso, como pública o no pública (confidencial). • El ISCIII deberá devolver y eliminar de forma segura toda la información de LaLiga que tenga en su poder, en el momento que deje de ser necesaria para la consecución del objetivo establecido en el presente Convenio o por requerimientos normativos y/o legales. Así mismo, una vez finalizado el Convenio y salvo que se requiera fehacientemente y por escrito por LaLiga o por requerimientos normativos y/o legales, el ISCIII deberá devolver y eliminar de forma segura toda la información de LaLiga que aún conserve, emitiendo un certificado a LaLiga en el que garantice que ha devuelto la información a LaLiga y posteriormente la ha destruido de forma segura. • El ISCIII debe garantizar que cuenta con mecanismos de control en la identificación, autenticación y autorización de acceso a la información y a los sistemas que la tratan, en base a los principios de necesidad de conocer y necesidad de uso. • El ISCIII debe asegurar el uso adecuado y efectivo del cifrado de datos siempre que sea necesario para proteger la confidencialidad, autenticidad e integridad de la información propiedad o responsabilidad de LaLiga. En este sentido, es especialmente relevante en el caso de los soportes de datos extraíbles, los dispositivos móviles, los portátiles, etc. • El ISCIII debe adoptar las medidas de seguridad físicas y del entorno adecuadas para prevenir el acceso físico no autorizado, el robo y el daño a la información propiedad o responsabilidad de LaLiga. • El ISCIII debe garantizar que los sistemas de información y equipos informáticos bajo su responsabilidad, que sean necesarios para el tratamiento de los datos, son operados de forma segura, previniendo el riesgo de malware, el acceso no autorizado y las vulnerabilidades software. • De igual forma, debe realizar y verificar copias de respaldo de la información necesaria para el tratamiento de los datos, así como de los sistemas que la tratan, para garantizar la restauración en caso de pérdida de los datos o indisponibilidad de los mismos. • El ISCIII debe proteger la información propiedad o responsabilidad de LaLiga, garantizando su confidencialidad, integridad y autenticidad, cuando haga uso de redes de comunicación y cuando sea compartida con terceros para poder tratar los datos. • El ISCIII debe disponer de un procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información que garantice la capacidad adecuada para la detección y respuesta ante incidentes de seguridad que afecten a los datos. • Asimismo, está obligado a notificar a LaLiga, de forma proactiva y sin dilación, sobre cualquier incidente de seguridad que sufra y que pueda afectar directa o indirectamente a los datos facilitados o a la propia LaLiga, aportando todas las evidencias, eventos o logs asociados de los que disponga. En este sentido, el Responsable de Seguridad de la Información del ISCIII, o un punto de contacto designado ex profeso, deberá colaborar con LaLiga en la gestión efectiva del incidente notificado y deberá atender ágilmente a cualquier solicitud de información adicional relacionada con el mismo. • El ISCIII es responsable de trasladar y hacer cumplir los requisitos anteriores, así como los controles de seguridad asociados que sean necesarios, a la cadena de suministro y a los proveedores en los que se apoye para el tratamiento de los datos. Sexta. Transparencia. Este Convenio se somete a lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Séptima. Difusión. Ambas instituciones se autorizan recíprocamente a utilizar sus respectivos logotipos como entidades colaboradoras exclusivamente en la difusión y publicidad de las actividades objeto del presente Convenio, sujeto a las reglas e instrucciones que ambas instituciones puedan proporcionarse recíprocamente a tal efecto. Octava. Vigencia del Convenio. El presente Convenio se perfecciona el día de su firma y su duración será de 4 años. Resultará eficaz una vez inscrito en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal. Será publicado en el «Boletín Oficial del Estado», con arreglo al artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. Podrá ser prorrogado por cuatro años adicionales por acuerdo unánime de las partes. Novena. Modificación y extinción del Convenio. Este Convenio es susceptible de modificación por acuerdo unánime de las partes. Décima. Naturaleza jurídica, jurisdicción aplicable y resolución de controversias. El presente Convenio es de naturaleza administrativa de los previstos en el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y queda sometido al régimen jurídico que para los convenios prevé en el Capítulo VI de su Título Preliminar. Las discrepancias surgidas sobre la interpretación y cumplimiento que pudieran derivarse de la aplicación del presente Convenio, deberán de solventarse por la Comisión Mixta de Seguimiento regulada en el mismo. Si no se llegara a un acuerdo, las cuestiones litigiosas serán de conocimiento y competencia del orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo de Madrid. Undécima. Propiedad/publicación. Las Partes acuerdan que el ISCIII podrá publicar los trabajos con fines científicos previa aprobación de LaLiga. LaLiga dará acceso al ISCIII a los soportes que sean estrictamente necesarios (informáticos, documentales, etiquetados, sonoros, audiovisuales, etc.) con información y datos de carácter personal para que los traten únicamente para cumplir con el objeto del Convenio recogido en la clausula primera. LaLiga autorizará expresamente al ISCIII, con carácter no exclusivo y a los únicos efectos de la adecuada investigación, utilizar los derechos de propiedad intelectual o de propiedad industrial relativos a los Materiales entregados por LaLiga, única y exclusivamente para dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por el ISCIII en virtud del presente Convenio, siempre previa aprobación expresa por parte de LaLiga de cualquier uso específico por parte de éstas. En cualquier caso, el ISCIII utilizará los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial siguiendo las directrices de Imagen Corporativa que LaLiga proporcione en cada momento. El ISCIII se compromete a (i) no alterar, desfigurar o mutilar de ninguna manera los Derechos de Propiedad Intelectual e industrial de LaLiga; (ii) no utilizar los Derechos de Propiedad Intelectual e industrial de LaLiga de manera que perjudiquen el prestigio o imagen de LaLiga; (iii) no utilizar los Derechos de Propiedad Intelectual e industrial de LaLiga en conjunción con otros signos o marcas no autorizados previamente y por escrito por LaLiga y (iv) respetar aquellas indicaciones razonables que le transmita LaLiga en relación con su uso para su protección y mantenimiento de su fuerza distintiva, renombre y homogeneidad. El ISCIII no podrá conceder sublicencias o autorizaciones de uso de los Derechos de Propiedad Intelectual e industrial de LaLiga a ningún tercero. A efectos aclaratorios, LaLiga y el ISCIII dejan expresa constancia de que la autorización aquí concedida, única y exclusivamente estará en vigor en tanto en cuanto el presente Convenio subsista. Duodécima. Extinción del Convenio. El presente Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto, o por incurrir en causa de resolución. Las causas de resolución son las contempladas en el artículo 51.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. En cualquier caso, las partes se comprometen a finalizar las acciones que estén en curso de ejecución en el momento en que cause efecto la resolución del Convenio, en el plazo improrrogable que será fijado por las partes en el seno de la Comisión de seguimiento cuando se resuelva el Convenio. La Comisión de Seguimiento regulada en la cláusula tercera continuará en funciones y será la encargada de resolver las cuestiones que pudieran plantearse en relación con las actuaciones en curso o derivadas del Convenio y, asimismo, para el caso de producirse la resolución anticipada, hasta que se resuelvan las cuestiones pendientes y se determinen las consecuencias de la misma. En caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes del Convenio, se notificará a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla, en un plazo de 30 días naturales, con las obligaciones o compromisos incumplidos. Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la otra la concurrencia de la causa de resolución y se podrá entender resuelto el Convenio. Y en prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo convenido, ambas partes firman el presente Convenio.–La Directora del Instituto de Salud Carlos III, Raquel Yotti Álvarez.–El Jefe de Gabinete de Presidencia de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, Víctor Manuel Martín Ortega.

Convenio entre La Liga y el Instituto de Salud Carlos III para analizar los datos de seroprevalencia y casos de Covid en jugadores y staff y, entre otras cosas, compararlos con los del resto de la población.

Suscrito con fecha de 31 de mayo marzo de 2021 el Convenio entre la Liga de Fútbol Profesional y el Instituto de Salud Carlos III, O.A., M.P., para el desarrollo del proyecto «LaLiga-Covid», y en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado ocho del artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho Convenio, que figura como anexo de esta Resolución. Madrid, 2 de junio de 2021.–La Directora del Instituto de Salud Carlos III, O.A., M.P., Raquel Yotti Álvarez. ANEXO Convenio entre la Liga Nacional de Fútbol Profesional y el Instituto de Salud Carlos III, O.A., M.P., para el desarrollo del proyecto «LaLiga-COVID» En Madrid, a 31 de mayo de 2021. De una parte, Dra. doña Raquel Yotti Álvarez, como Directora del Instituto de Salud Carlos III, O.A., M.P. (en adelante ISCIII), NIF: Q-2827015-E, organismo público de investigación adscrito al Ministerio de Ciencia e, Innovación, a través de la Secretaría General de Investigación nombrada por Real Decreto 1029/2018, de 3 de agosto (BOE núm. 188, de 4 de agosto) actuando en nombre y representación del mencionado Instituto, con domicilio en la calle Sinesio Delgado, número 6, de Madrid y en ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 11 del Real Decreto 375/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba su Estatuto. Y de otra parte, don Víctor Manuel Martín Ortega, mayor de edad, con DNI número XXXX 69C, en su calidad de Jefe de Gabinete de Presidencia, en virtud de la escritura de poder otorgada ante el Notario de Madrid, don Tomás Pérez Ramos, de fecha 22 de octubre de 2020, bajo el número 5.461 de su protocolo. En nombre y representación de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, con NIF n.º G-78069762 y domicilio social en la ciudad de Madrid, calle Torrelaguna, n.º 60, CP 28043 (en adelante, «LaLiga»). Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad jurídica suficiente para suscribir el presente Convenio, y a tal efecto EXPONEN Primero. Fines del ISCIII. El ISCIII es un Organismo Público de Investigación que asume la planificación, fomento y coordinación de la investigación y la innovación biomédica y sanitaria, así como la prestación de servicios científico-técnicos de referencia en el ámbito de la salud pública, y tiene entre sus funciones el desarrollo de actividades de investigación que conllevan. Segundo. Fines de LaLiga. LaLiga es una asociación deportiva de derecho privado que está integrada exclusiva y obligatoriamente, por todas las sociedades anónimas deportivas y clubes que participan en competiciones oficiales de fútbol de ámbito estatal y de carácter profesional. Las partes, considerando la necesidad de cooperación entre diferentes sectores, públicos y privados, para luchar contra la pandemia producida por el COVID-19, deciden unir sus esfuerzos y acuerdan suscribir el presente Convenio con arreglo a las siguientes CLÁUSULAS Primera. Objeto del Convenio. Este Convenio tiene por objeto establecer las relaciones entre ISCIII y LaLiga, para la realización del informe «LaLiga-COVID», que tiene como objetivo principal el análisis espacio temporal de la incidencia y seroprevalencia de COVID en el contexto de La Liga y su comparación los niveles poblacionales de España. Acuerdan que para dicho proyecto se necesita un Fichero (F1) de datos desagregados y anonimizados procedentes de la base de datos de LaLiga que se entregará a ISCIII. Dicho fichero contendrá los registros de los test realizados en el marco del programa de vigilancia, a los jugadores y personal técnico de los equipos de LaLiga Santander y LaLiga SmartBank., establecido por LaLiga de acuerdo a los protocolos de vuelta a los entrenamientos y de competición de las temporadas 19/20 y 20/21 con las variables: Identificadores anonimizados únicos, Categoría profesional, Ciudad, resultado pruebas (resultados y fechas de las PCRs, así como los valores y fechas de las serologías realizadas –IgM e IgG–). Segunda. Compromisos de las partes. 1. Compromisos generales de ambas partes. LaLiga y el ISCIII colaborarán en todo momento de acuerdo con los principios de buena fe y eficacia para que la investigación pueda ser realizada con éxito. 2. Compromisos del Instituto de Salud Carlos III, a través del Centro Nacional de Epidemiología. 2.1 Analizar la posible re-positivacion por PCR en el tiempo y espacio. 2.2 Evaluar de la seroprevalencia. a) Seronegativización. b) Seroconversión. 2.3 Explorar si existen diferencias epidemiológicas entre los dos grupos, jugadores y staff. 2.4 Detectar diferencias geográficas desde el punto de vista espacial, ya que la pandemia tiene diferentes ritmos según el tiempo y el espacio dentro de nuestro país. 2.5 Comparar los resultados obtenidos del estudio de esta cohorte, con los resultados poblacionales obtenidos en el Estudio Nacional de sero-Epidemiología de la Infección por SARS-CoV-2 en España (ENE-Covid) a nivel nacional. Para ello es imprescindible contar con la ciudad, ya que los datos de seroprevalencia en España son diferentes según la región que se estudie. 3. Compromisos de LaLiga. LaLiga facilitará los datos mediante archivos csv almacenados en una cuenta de almacenamiento Azure dentro de la suscripción de LaLiga. Se suministrará por parte de LaLiga al ISCIII una clave de acceso (token) con la que podrán acceder a la información. Ter ### RESUMEN: Convenio entre La Liga y el Instituto de Salud Carlos III para analizar los datos de seroprevalencia y casos de Covid en jugadores y staff y, entre otras cosas, compararlos con los del resto de la población.

El Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, de medidas urgentes en relación con la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional se articula sobre tres ejes. En primer lugar, establece la obligación de ceder las facultades de comercialización conjunta de los derechos audiovisuales de retransmisión a la Liga Nacional de Fútbol Profesional y a la Real Federación Española de Fútbol. En segundo lugar, se diseña un sistema de reparto de los ingresos con criterios correctores que limitan las diferencias entre los participantes. Por último, cada entidad asume las contribuciones obligatorias al Fondo de Compensación, para las políticas de promoción de la competición profesional y del fútbol aficionado y para las políticas del Consejo Superior de Deportes en apoyo de la Primera División del Fútbol Femenino, la Segunda División B del Campeonato Nacional masculino y las asociaciones de futbolistas, árbitros, entrenadores y preparadores físicos. En desarrollo de lo previsto en el Real Decreto-ley 5/2015, este real decreto tiene fundamentalmente por objeto regular las contribuciones de las entidades participantes en el Campeonato Nacional de Liga a la promoción del deporte y al desarrollo del fútbol aficionado. Se regula la contribución a la promoción del deporte de los clubes y entidades afiliadas a la Liga mediante la aportación de un porcentaje de los ingresos derivados de la explotación de los derechos audiovisuales. Se fija en un 3,5 por ciento la contribución al Fondo de Compensación, destinándose un 90 por ciento del mismo a los clubes que desciendan de Primera a Segunda y el resto a los que desciendan de Segunda División. Se regula la contribución al desarrollo del fútbol aficionado, obligando a destinar el 1 por ciento de los ingresos procedentes de la comercialización de derechos audiovisuales, que se repartirá entre las federaciones autonómicas. Estas deberán destinar, a su vez, estas cantidades al desarrollo de la práctica del fútbol aficionado y a sufragar los gastos de expedición de licencias de personas con dificultades económicas. También se prevé una aportación de hasta un 1 por ciento al Consejo Superior de Deportes –que deberá destinarse a la protección social de los deportistas de alto nivel y a financiar ayudas a deportistas que participen en competiciones internacionales– y otra aportación al Consejo Superior de Deportes de un 0,5 por ciento para la protección social en el fútbol femenino y en la Segunda División B, así como para financiar el asociacionismo en el fútbol. Asimismo, se regulan los aspectos básicos de la función arbitral del Consejo Superior de Deportes en relación con los artículos 5 y 6 del Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril. El presente real decreto se dicta en virtud de la habilitación expresa al Gobierno contenida en la disposición final tercera del Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril. Esta disposición se ajusta a los principios de buena regulación contenidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, esto es, los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. En efecto, la presente disposición es el instrumento adecuado para que el Gobierno cumpla con la obligación de desarrollar reglamentariamente ciertas previsiones contenidas en el citado Real Decreto-ley 5/2015, bien porque esa regulación resulta de una remisión expresa a la norma reglamentaria, o bien porque resulta conveniente desarrollar ciertos aspectos contenidos en dicha norma con rango de ley que precisan ser clarificados para ofrecer cierta seguridad jurídica a los diversos colectivos a los que podrían resultar de aplicación esta norma. En la tramitación del proyecto de real decreto se ha llevado a cabo un trámite de información pública en línea y se ha dado audiencia a las entidades representativas de los sectores afectados (Real Federación Española de Fútbol, Federaciones autonómicas de fútbol, Liga Nacional de Fútbol Profesional, clubes de fútbol y asociaciones representativas de intereses de los distintos afectados). Además, se han solicitado informes a los Ministerios de Economía, Industria y Competitividad; de Hacienda y Función Pública; de Ministerio de Empleo y Seguridad Social; de Justicia; a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia; así como el preceptivo dictamen del Consejo de Estado. El proyecto está incluido en el Plan Anual Normativo de 2018 conforme a lo previsto en el artículo 25 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en la redacción dada por la disposición final tercera de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en el Real Decreto 286/2017, de 24 de marzo, por el que se regulan el Plan Anual Normativo y el Informe Anual de Evaluación Normativa de la Administración General del Estado y se crea la Junta de Planificación y Evaluación. En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Función Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 12 de enero de 2018, DISPONGO: CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículo 1. Objeto. El objeto de este real decreto es desarrollar las previsiones contenidas en el Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, de medidas urgentes en relación con la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional, relativas a las siguientes materias: a) Las contribuciones de las entidades participantes en el Campeonato Nacional de Liga a la promoción del deporte y, en particular, al desarrollo del futbol aficionado, previstas en las letras a), c), d) y e) del artículo 6.1 del Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril. b) Las especialidades de la función arbitral del Consejo Superior de Deportes en relación con las materias previstas en los artículos 5 y 6 Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril. CAPÍTULO II Contribuciones de los clubes y entidades afiliadas a la liga de futbol profesional a la promoción del deporte Artículo 2. Contribuciones de los clubes y entidades afiliadas a la Liga Nacional de fútbol profesional. 1. Los clubes y entidades participantes en el Campeonato Nacional de Liga, en cualquiera de sus categorías, deberán aportar un porcentaje de los ingresos que obtengan por comercialización conjunta de los derechos de explotación de los contenidos audiovisuales para contribuir a los siguientes fines: a) La sostenibilidad financiera de aquellas entidades deportivas que desciendan de categoría. b) El desarrollo del fútbol aficionado. c) La protección social de los deportistas de alto nivel. d) La promoción de la participación de deportistas españoles en competiciones internacionales. e) La protección social de los deportistas en el ámbito del fútbol aficionado. f) El apoyo a las asociaciones o sindicatos de futbolistas, árbitros, entrenadores y preparadores físicos modalidad deportiva de fútbol. 2. El cumplimiento de estas obligaciones se realizará de conformidad con lo previsto en el artículo 6 del Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, en las disposiciones de este capítulo y, en su caso, en las normas estatutarias que aprueben los órganos de gobierno de las entidades competentes. 3. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 6.2 del Real Decreto-ley 5/2015, el importe de las aportaciones que deben realizar los clubes se destinará, con carácter preferente, y sobre los ingresos totales o brutos, al pago de las deudas líquidas, vencidas y exigibles contraídas con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y con la Tesorería General de la Seguridad Social. La Liga Nacional de Fútbol Profesional practicará las retenciones oportunas para poder atender al pago de estas obligaciones preferentes por cuenta del club deudor, que seguirá obligado a satisfacer todas las cantidades que le corresponda abonar en cumplimiento de lo establecido en el artículo 6.1 del citado Real Decreto-ley 5/2015. Cuando un club o entidad participante en competición de fútbol profesional deba atender al pago preferente de deudas líquidas, vencidas y exigibles contraídas con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y con la Tesorería General de la Seguridad Social, y no pueda satisfacer todas las contribuciones que debe satisfacer para cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 6.1 del del Real Decreto-ley 5/2015, el club o entidad en cuestión seguirá obligado a satisfacer todas las cantidades que hubieran debido abonar en cumplimiento de lo previsto en el citado artículo. La liquidación de las cantidades que corresponda percibir a cada club o entidad se realizará al término de la temporada deportiva y, en todo caso, antes de la conclusión del año natural en que se inicie la siguiente temporada deportiva. El resultado de la liquidación aplicada se tomará como referencia para calcular las cantidades que debe aportar cada club para cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 6.1 del Real Decreto-ley 5/2015, se calculará deduciendo los gastos de comercialización y explotación. 4. La Liga Nacional de Fútbol Profesional realizará pagos a cuenta de las cantidades que los clubes deban aportar a la Real Federación Española de Fútbol y al Consejo Superior de Deportes en cumplimiento de las obligaciones establecidas por el artículo 6.1 letras c), d) y e) del Real Decreto-ley 5/2015, procediéndose a la regularización de las cantidades definitivas cuando se conozca la liquidación definitiva de las cantidades correspondientes a cada club. A tal fin, antes del día 15 de enero de cada año, la Liga de Fútbol Profesional informará al Consejo Superior de Deportes de las fechas de pago pactadas con los operadores y con los clubes y entidades deportivas por la comercialización de los contenidos audiovisuales correspondientes a ese año. 5. En el seno del Consejo Superior de Deportes se constituirá una comisión de seguimiento, cuyo funcionamiento será atendido con los recursos personales, técnicos y presupuestarios asignados al citado organismo, y a la que le corresponderá ejercer las siguientes funciones: a) supervisar las inversiones o gastos realizados por las personas o entidades beneficiarias de los fondos aportados por los clubes; b) velar por el cumplimiento de las obligaciones previstas en el presente real decreto, particularmente por el cumplimiento de la obligación de atender al pago preferente de las deudas tributarias y de la seguridad social; c) evaluar la eficacia de las actuaciones realizadas en el marco de lo dispuesto por el Real Decreto-ley 5/2015 y el presente real decreto; d) realizar una memoria anual de las actuaciones realizadas en cumplimiento de lo previsto en el presente real decreto, y elevar propuestas de mejora a los órganos competentes. La comisión de seguimiento estará formada por ocho miembros, de los que tres serán nombrados por el Consejo Superior de Deportes, dos por la Liga Nacional de Fútbol Profesional, y los tres restantes se designarán por la Real Federación Española de Fútbol, por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad Social. La presidencia de la comisión será ejercida por uno de los tres miembros nombrados por el Consejo Superior de Deportes, que designará igualmente al Secretario de la comisión que asistirá a las reuniones con voz pero sin voto. Sección 1.ª Compensaciones económicas por descenso de categoría Artículo 3. Fondo de compensación. 1. De conformidad con la letra a) del artículo 6.1 del Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, cada uno de los clubes y entidades participantes en el Campeonato Nacional de Liga, en cualquiera de sus categorías, deberán destinar un 3,5 por 100 de los ingresos que obtengan por comercialización conjunta de los derechos de explotación de los contenidos audiovisuales, a la constitución de un Fondo de Compensación del que podrán beneficiarse las entidades deportivas que, disputando la competición de fútbol profesional, desciendan de categoría. 2. Corresponderá a la Liga Nacional de Fútbol Profesional determinar el plazo en el que los clubes deberán cumplir con dicha obligación, así como la gestión del Fondo de Compensación, y la concreción del proceso de determinación del importe que corresponda satisfacer a cada club o entidad que tenga derecho a percibir estas compensaciones. 3. La distribución de las cantidades entre las entidades deportivas que desciendan de categoría, se realizará de acuerdo con las normas, los criterios y el procedimiento que apruebe la Asamblea General de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, y deberán incorporarse a los estatutos o reglamentos de dicha entidad que se aprobarán definitivamente el Consejo Superior de Deportes en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre del Deporte. Las normas reguladoras de la gestión y administración del fondo deberán garantizar que el 90 por 100 de la dotación se destine a los equipos que desciendan de Primera a Segunda División A, y el 10 por 100 se destine a los equipos que desciendan de Segunda División y, por esta causa, abandonen la competición profesional. 4. El derecho a percibir estas cantidades corresponde a los clubes que desciendan por causas deportivas, y no se podrá obtener compensación cuando un club/SAD sea excluido de la competición por el incumplimiento de requisitos de carácter económico, social o de infraestructuras, o por no atender al pago de las deudas contraídas con jugadores o técnicos. Sección 2.ª Contribución solidaria al desarrollo del fútbol aficionado Artículo 4. Alcance de la obligación. 1. De conformidad con la letra c) del artículo 6.1 del Real Decreto-ley 5/2015, cada uno de los clubes y entidades participantes en el Campeonato Nacional de Liga, en cualquiera de sus categorías, deberán entregar a la Real Federación Española de Fútbol un 1 por 100 de los ingresos que obtengan por comercialización conjunta de los derechos de explotación de los contenidos audiovisuales; importe que podrá ser incrementado si así se establece en el convenio de coordinación suscrito entre la Federación y la Liga Profesional en el marco de lo dispuesto por el artículo 28 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones Deportivas Españolas y Registro de Asociaciones Deportivas. La Liga Nacional de Fútbol Profesional efectuará dicha entrega a la Real Federación Española de Fútbol por cuenta de los referidos clubes y entidades deportivas. 2. Estas cantidades deberán ser entregadas a la Real Federación Española de Fútbol antes de la conclusión del año natural en el que los clubes o entidades participantes reciban los ingresos correspondientes a cada temporada. La Liga Nacional de Fútbol Profesional realizará pagos a cuenta de las cantidades que corresponda percibir a la Real Federación Española de Fútbol con base en el artículo 6.1 c) del Real Decreto-ley 5/2015, procediéndose a la regularización de las cantidades definitivas cuando se conozca la liquidación definitiva de las cantidades correspondientes a cada club. Artículo 5. Criterios de reparto entre las federaciones autonómicas. 1. Las cantidades que corresponda percibir a la Real Federación Española de Fútbol como contribución solidaria al desarrollo del fútbol aficionado, deberán distribuirse íntegramente entre las federaciones de ámbito autonómico de acuerdo con los siguientes criterios: a) Un 60 por 100 de la cuantía total se repartirá entre las federaciones de ámbito autonómico, en proporción al número de licencias federativas expedidas por cada una de ellas. A los efectos de este cómputo, se aplicará un coeficiente de 1,5 a las licencias otorgadas a deportistas femeninas, a cadetes y categorías inferiores. b) Un 30 por 100 de la cuantía total se repartirá entre las federaciones de ámbito autonómico aplicando un coeficiente que se obtendrá dividiendo el número total de licencias expedidas por cada una de ellas entre la población total residente en cada Comunidad o Ciudad Autónoma. c) Un 10 por 100 de la cuantía total se distribuirá entre las federaciones de ámbito autonómico aplicando un coeficiente que se obtendrá dividiendo la extensión geográfica de cada Comunidad o Ciudad Autónoma entre el número total de licencias expedidas por cada una de ellas. 2. La Real Federación Española de Fútbol publicará anualmente a través de su página web la normativa reguladora del reparto de estas ayudas, que deberá ser remitida antes de su aprobación al Consejo Superior de Deportes, y que incorporará los criterios de reparto establecidos en el presente artículo e incluir un procedimiento que permita garantizar el control del gasto realizado. Asimismo, la Real Federación Española de Fútbol deberá difundir a través de su página web el desglose de las cantidades abonadas y la información que permita verificar la aplicación de los criterios de reparto. Del mismo modo, las federaciones de ámbito autonómico publicarán anualmente en sus páginas web el destino de las cantidades que reciban. Con carácter anual, la Real Federación Española de Fútbol presentará a la Comisión de seguimiento regulada en el artículo 2, un informe de evaluación de las actuaciones realizadas para cumplir con los fines previstos en el artículo 6 del presente real decreto. Dicha evaluación deberá incluir un análisis de alternativas de actuación, un estudio de eficacia en los costes, así como proporcionar información y datos acerca de los fines y objetivos estratégicos de actuación, los mecanismos e indicadores de seguimiento, los principios de buena gestión financiera aplicados y el procedimiento aprobado para garantizar la trasparencia y concurrencia en el reparto de fondos. Artículo 6. Destino de los ingresos. Las federaciones de ámbito autonómico deberán destinar las cantidades que reciban a programas de fomento o la promoción del fútbol aficionado que persigan, al menos, alguna de las siguientes finalidades: a) apoyar la participación en competiciones oficiales de ámbito estatal, autonómico o territorial, de fútbol y de fútbol sala de equipos adscritos a clubes no profesionales, o que no sean dependientes o filiales de los participantes en competiciones oficiales de carácter profesional; b) promover el desarrollo e implantación del fútbol femenino; c) organizar cursos de formación de árbitros; d) desarrollar actividades de apoyo a las selecciones autonómicas; e) contribuir a la financiación de los costes de expedición de las licencias federativas de aquellas personas cuyos ingresos familiares no superen en 2 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), y de las licencias federativas de los menores de edad cuyos padres o tutores se encuentren en situación legal de desempleo, siempre que los clubes directamente afectados presenten la documentación justificativa de tal eventualidad en el momento de la tramitación de la licencia; f) promover el desarrollo e implantación del fútbol aficionado en el territorio de cada Federación de ámbito autonómico; g) promover el respeto y los valores en el fútbol aficionado, desarrollar actividades para garantizar la integridad de las competiciones deportivas e impulsar medidas de prevención de la violencia en el deporte. h) mejorar y reforzar los servicios y atención sanitaria en los estadios correspondientes. No se incluirá a los equipos dependientes o filiales de aquellos inscritos en la Liga Nacional de Fútbol Profesional en la distribución que realicen las federaciones de ámbito autonómico de las cantidades que destinen a las finalidades anteriormente descritas. Para percibir las citadas ayudas será necesaria la previa presentación por parte de los beneficiarios de los correspondientes certificados de estar al día de sus obligaciones tributarias con Hacienda y la Seguridad Social. Asimismo, las Federaciones de ámbito autonómico deberán aportar a la Real Federación Española de Fútbol un informe o memoria sobre los programas desarrollados y los gastos realizados, que incluya la información económico-financiera que permita el seguimiento y control del dinero percibido. La Real Federación Española de Fútbol remitirá al Consejo Superior de Deportes y a la Liga Nacional de Fútbol Profesional, copia de los informes o memorias sobre los programas desarrollados y los gastos realizados por las Federaciones autonómicas. Sección 3.ª Contribución a la protección social de los deportistas de alto nivel y a la participación de deportistas en competiciones internacionales Artículo 7. Alcance de la obligación. 1. De conformidad con la letra d) del artículo 6.1 del Real Decreto-ley 5/2015, cada uno de los clubes y entidades participantes en el Campeonato Nacional de Liga, en cualquiera de sus categorías, deberá entregar al Consejo Superior de Deportes hasta un 1 por 100 de los ingresos que obtengan por comercialización conjunta de los derechos de explotación de los contenidos audiovisuales. La Liga Nacional de Fútbol Profesional efectuará dicha entrega al Consejo Superior de Deportes por cuenta de los referidos clubes y entidades deportivas. 2. La determinación de la cantidad adeudada por los clubes se calculará a partir de la estimación de los costes necesarios para atender a la finalidad prevista en la letra d) del artículo 6.1 del Real Decreto-ley 5/2015. Esta estimación se determinará anualmente mediante resolución del Presidente del Consejo Superior de Deportes, que podrá recabar los informes que sean precisos, en particular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, de las Federaciones deportivas españolas de las que formen parte deportistas que participen en competiciones deportivas internacionales y de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, para sustentar debidamente la estimación realizada. La citada resolución determinará el importe o porcentaje que debe ser destinado tanto a sufragar los costes de la seguridad social de los deportistas de alto nivel, como a financiar las ayudas a deportistas que participen en competiciones internacionales, y garantizará que se destinen a esta última línea de ayudas, regulada en el artículo 10 del presente real decreto, un porcentaje que no podrá ser inferior al 30 por ciento de la cantidad total que deban aportar los clubes o entidades que participan en la competición de fútbol profesional. Para concretar el porcentaje aplicable a cada una de estas finalidades se tendrá en consideración los siguientes criterios: a) el número total de deportistas de alto nivel que pueden acogerse al sistema de ayudas previsto en el artículo 8; b) el importe estimado del coste anual necesario para sufragar el coste de los sistemas de protección social de los deportistas de alto nivel; c) la cuantía anual de las cantidades destinadas a becas y ayudas por resultados deportivos contempladas en los programas deportivos internacionales del Consejo Superior de Deportes, Comité Olímpico o Paralímpico y federaciones deportivas españolas; d) los gastos inherentes a las concentraciones y actividades de preparación de deportistas en competiciones internacionales; e) los costes relativos a la adquisición de equipamiento y material deportivo para la participación en competiciones deportivas internacionales. 3. La entrega al Consejo Superior de Deportes de las cantidades calculadas o determinadas de acuerdo con lo indicado en el presente artículo deberá realizarse antes de la conclusión del año natural en que los clubes y entidades deportivas obligados a ello reciban los ingresos procedentes de la comercialización de los contenidos audiovisuales correspondientes a cada temporada. La Liga Nacional de Fútbol Profesional realizará pagos a cuenta de las cantidades que corresponda percibir al Consejo Superior de Deportes con base en el artículo 6.1 d) del Real Decreto-ley 5/2015, procediéndose a la regularización de las cantidades definitivas cuando se conozca la liquidación definitiva de las cantidades correspondientes a cada club. Artículo 8. Ayudas a deportistas de alto nivel. 1. El Consejo Superior de Deportes destinará estas cantidades a financiar los costes de los sistemas públicos de protección de los deportistas de alto nivel, en la medida en que lo permitan las disponibilidades presupuestarias para atender estos gastos. 2. Estas ayudas se destinarán a financiar el pago de las cuotas de Seguridad Social de los deportistas de alto nivel que por su actividad como tales se encuentren de alta en el sistema de la Seguridad Social, bien sea en el Régimen General, como consecuencia de una relación laboral regulada por Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales, bien sea en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos como consecuencia del trabajo que desarrollen por cuenta propia o por haber firmado un convenio especial para deportistas de alto nivel. 3. Podrán disfrutar de estas ayudas quienes ostenten la condición de deportista de alto nivel, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento. Asimismo, se precisará acreditar que la práctica deportiva de alto nivel del deportista constituía su actividad principal en el momento en que se hubieran obtenido los resultados deportivos que determinan el reconocimiento de la condición de deportista de alto nivel. 4. No podrán acceder a las ayudas contempladas en esta sección los deportistas de alto nivel que desarrollen su actividad deportiva en equipos adscritos a clubes inscritos en la Liga Nacional de Fútbol Profesional, en sus equipos dependientes o filiales de la especialidad de fútbol. Tampoco podrán disfrutar de estas ayudas los deportistas de alto nivel que obtengan ingresos vinculados a su actividad deportiva que exceda del importe que se establezca en la resolución del Presidente del Consejo Superior de Deportes prevista en el apartado 2 del artículo 7. A estos efectos, para calcular el límite de ingresos vinculados a la actividad deportiva de los deportistas de alto nivel no se computarán las ayudas de contenido económico ajustadas a los programas de preparación establecidos por el Consejo Superior de Deportes con las federaciones deportivas españolas o con los Comités Olímpico y Paralímpico Español, que cumplan con las condiciones establecidas en el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se modifica el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones. Artículo 9. Objeto y cuantía de las ayudas. 1. El importe de las cantidades destinadas a la financiación de los sistemas de protección social de los deportistas de alto nivel tendrá por objeto: a) Sufragar la totalidad o una parte de la cuota del régimen general de la Seguridad Social que corresponda abonar al trabajador como consecuencia de una relación laboral regulada por Real Decreto 1006/1985, si el beneficiario es trabajador por cuenta ajena. b) Sufragar la totalidad o una parte de la cuota que deban abonar los trabajadores por cuenta propia o autónomos, si el beneficiario pertenece al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, tanto por estar de alta en este Régimen o por haber suscrito un convenio especial, en los términos previstos en la Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre, por la que se regula el convenio especial en el Sistema de la Seguridad Social. 2. En la resolución del Presidente del Consejo Superior de Deportes prevista en el apartado 2 del artículo 7 del presente real decreto se fijará un tope máximo para las ayudas previstas en las letras anteriores, y se concretarán las obligaciones formales que deban cumplir los perceptores de estas ayudas. 3. Las disposiciones de desarrollo del presente real decreto establecerán el procedimiento que deberán seguir el Consejo Superior de Deportes y la Tesorería General de la Seguridad Social para la gestión y tramitación de estas ayudas. Artículo 10. Ayudas a deportistas que participen en competiciones internacionales. El Consejo Superior de Deportes establecerá un programa de ayudas a deportistas que participen en competiciones internacionales que se financiará con cargo a las cantidades que corresponda percibir a este organismo con base en lo dispuesto en la letra d) del artículo 6.1 del Real Decreto-ley 5/2015. Sección 4.ª Contribución a la protección social en el fútbol femenino y aficionado, y fomento del movimiento asociativo Artículo 11. Alcance de la obligación. 1. De conformidad con lo previsto en la letra e) del artículo 6.1 del Real Decreto-ley 5/2015, las entidades y clubes deportivos participantes en el Campeonato Nacional de Liga, en cualquiera de sus categorías, deberán entregar al Consejo Superior de Deportes hasta un 0,5 por 100 de los ingresos por comercialización conjunta de los derechos de explotación de los contenidos audiovisuales. La Liga Nacional de Fútbol Profesional efectuará dicha entrega al Consejo Superior de Deportes por cuenta de los referidos clubes y entidades deportivas. 2. La determinación de la cantidad adeudada por los clubes se calculará a partir de la estimación de los costes necesarios para atender a las finalidades previstas en el artículo 6.1.e) del Real Decreto-ley 5/2015. Esta estimación se determinará anualmente, mediante resolución del Presidente del Consejo Superior de Deportes, y previo informe emitido por el órgano de control de la gestión de los derechos audiovisuales previsto en el artículo 7 del citado Real Decreto-ley 5/2015. La cuantificación de los costes correspondientes tomará como referencia el número total de potenciales beneficiarios a quienes se pueda sufragar el pago de las cuotas empresariales y de los trabajadores correspondientes a la contratación de deportistas y técnicos, así como el importe estimado de los gastos de cotización que puedan ser asumidos con cargo a los fondos que deben destinarse al cumplimiento de esta finalidad. 3. La entrega al Consejo Superior de Deportes de las cantidades calculadas o determinadas de acuerdo con lo indicado en el presente artículo deberá realizarse antes de la conclusión del año natural en que los clubes y entidades deportivas obligados a ello reciban los ingresos procedentes de la comercialización de los contenidos audiovisuales correspondientes a cada temporada. La Liga Nacional de Fútbol Profesional realizará pagos a cuenta de las cantidades que corresponda percibir al Consejo Superior de Deportes con base en el artículo 6.1 letra e) del Real Decreto-ley 5/2015, procediéndose a la regularización de las cantidades definitivas cuando se conozca la liquidación definitiva de las cantidades correspondientes a cada club. 4. No tendrán derecho a percibir las ayudas previstas en la presente sección los clubes o sociedades anónimas deportivas adscritas a la Liga Nacional de Fútbol Profesional, que cuenten con equipos dependientes o filiales que participen en la Primera División de futbol femenino o en la Segunda División B del Campeonato nacional de Liga. 5. El Consejo Superior de Deportes facilitará a la Real Federación Española de Fútbol información relativa a las subvenciones que otorgue para la financiación de las actividades previstas en la presente sección. Artículo 12. Subvenciones para el fútbol femenino y para el fútbol aficionado. 1. El Consejo Superior de Deportes destinará las cantidades que perciba con base en lo dispuesto en el artículo 6.1 letra e) del Real Decreto-ley 50/2015 a financiar los costes de los sistemas públicos de protección de los deportistas y técnicos contratados por cuenta ajena por las entidades deportivas que participen en la Primera División de Fútbol Femenino y en la Segunda División B del Campeonato Nacional de Liga en la cuantía que permitan las disponibilidades presupuestarias. Asimismo, se destinará al menos un 5% de las cantidades a distribuir conforme a lo establecido por el artículo 6.1 e) del Real Decreto-ley 5/2015, a conceder ayudas a asociaciones o sindicatos de deportistas, técnicos y árbitros. 2. El objeto de estas ayudas será financiar el pago de las cuotas empresariales y de los trabajadores correspondientes a la contratación de deportistas y técnicos, sobre la base del Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales, incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social. 3. Tendrán la condición de beneficiarios de este programa las siguientes entidades deportivas: a) Las entidades que participen en la Primera División de Fútbol femenino en cuanto a la cuota empresarial, y las deportistas y técnicos en cuanto a la cuota del trabajador. b) Las entidades que participen en la Segunda División B del Campeonato Nacional de Liga, en cuanto a la cuota empresarial, y los deportistas y técnicos, en cuanto a la cuota del trabajador. Las solicitudes de los deportistas y técnicos se tramitarán a través de las entidades deportivas empleadoras o, en su caso, directamente por los trabajadores. 4. Estas subvenciones serán convocadas anualmente mediante resolución del Presidente del Consejo Superior de Deportes. En la correspondiente convocatoria anual se establecerá el importe máximo anual de las ayudas que se convoquen para ambas categorías, debiendo destinarse las ayudas a la financiación de las cuotas empresariales correspondientes a la contratación de deportistas y técnicos incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social, así como a los deportistas y técnicos para financiar el pago de las cuotas del trabajador. 5. La cuantía disponible se destinará, en primer término y con carácter preferente, a satisfacer los gastos correspondientes a los participantes en la Primera División de Fútbol femeninos. Una vez atendidas las obligaciones previstas en la letra a) del apartado 3, las cantidades remanentes se destinarán a satisfacer los costes de la protección social correspondiente a los deportistas y técnicos que participen en la Segunda División B del Campeonato Nacional de Liga de fútbol. Si la cuantía disponible en cada momento no resultara suficiente para cubrir los costes de la protección social correspondientes a los deportistas y técnicos incluidos en alguno de los grupos anteriores, se procederá al prorrateo de las cantidades de manera proporcional al número de beneficiarios adscrito en el correspondiente grupo. Artículo 13. Subvenciones a la promoción del movimiento asociativo. 1. Los créditos no comprometidos en la convocatoria del artículo anterior podrán destinarse a conceder subvenciones a las asociaciones o sindicatos de deportistas, árbitros, entrenadores y preparadores físicos correspondientes a las especialidades adscritas a la modalidad deportiva de fútbol. 2. El objeto de estas subvenciones será financiar los programas que faciliten la inserción en el mercado de trabajo de los asociados a estas entidades cuando finalice su dedicación al fútbol, así como a financiar sus gastos de funcionamiento. 3. Tendrán la condición de beneficiarios de este programa las asociaciones o sindicatos de futbolistas, árbitros, entrenadores y preparadores físicos que cumplan con los siguientes requisitos: a) Que se trate de instituciones sin ánimo de lucro legalmente constituidas y que sus fines conlleven la realización de actividades directamente relacionadas con la práctica del fútbol o la promoción de los derechos sociales de sus asociados en el ámbito del fútbol profesional. b) Acreditar la afiliación de, al menos, un 20 por 100 de los deportistas, árbitros, entrenadores o preparadores físicos con licencia federativa que participen en competición de ámbito estatal y en categoría absoluta. c) Tener implantación territorial en al menos tres Comunidades Autónomas. Cuando existiesen varias asociaciones o sindicatos que pudieran concurrir a las ayudas convocadas, se asignarán las cantidades disponibles en función de su representatividad. Para acreditar la representatividad de las asociaciones o entidades se tomará como referencia su ámbito de actuación y las competiciones correspondientes a cada especialidad deportiva, se computará de forma diferenciada cada uno de los estamentos federativos, y se distinguirá por razón de género para determinar la representación de los colectivos representados. A tal fin la Real Federación Española de Fútbol facilitará anualmente el número de licencias expedidas por estamentos, categorías, género y clase de licencia. La acreditación del porcentaje la afiliación y representación por parte de las asociaciones profesionales o sindicatos entidades se efectuará en los términos y condiciones que prevé la normativa de protección de datos personales. CAPÍTULO III El arbitraje sobre las materias previstas en los artículos 5 y 6 del Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril Artículo 14. La función arbitral del Consejo Superior de Deportes. 1. La función arbitral del Consejo Superior de Deportes en las materias previstas en los artículos 5 y 6 Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, se someterá a lo previsto en este capítulo. 2. Resultarán aplicables al arbitraje regulado en el presente capítulo las disposiciones relativas al convenio arbitral y sus efectos que contiene el Título II de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje. A estos efectos, la suscripción del convenio especial obligará a las partes a cumplir lo estipulado e impedirá a los tribunales conocer de las controversias sometidas a arbitraje, en las condiciones y términos establecidos por la citada ley. 3. No podrán someterse al arbitraje regulado en el presente capítulo las eventuales controversias que puedan suscitarse en relación con la aplicación de los privilegios y preferencias que se contemplan a favor de la Hacienda pública en el Real Decreto-ley 5/2015, y en el presente real decreto. 4. A los efectos del ejercicio de la función arbitral regulada en el presente capítulo, los siguientes artículos establecen las especialidades relativas al procedimiento de designación de los árbitros, el procedimiento arbitral y el laudo arbitral. Artículo 15. Procedimiento de designación de los árbitros. 1. Corresponderá al Consejo Superior de Deportes designar a los árbitros, en número impar, no inferior a tres ni superior a cinco, debiendo concurrir en todos ellos la condición de jurista, y designando de entre ellos al presidente. En el proceso de selección de los árbitros constituirá un mérito específico la experiencia, formación o cualificación en el ámbito de la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales. 2. En la selección de los árbitros deberán respetarse los principios de independencia e imparcialidad, así como de honorabilidad y cualificación, debiendo revelar los candidatos propuestos por el Consejo Superior de Deportes toda circunstancia que pueda dar lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad e independencia. Serán de aplicación los criterios para el nombramiento de los árbitros contemplados en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, así como los motivos de abstención y recusación previstos por la legislación arbitral. 3. El nombramiento de los árbitros se efectuará mediante resolución del Presidente del Consejo Superior de Deportes, y será objeto de publicación en la sede electrónica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y en la página web del Consejo Superior de Deportes. Artículo 16. Procedimiento arbitral. 1. El procedimiento arbitral se regirá por la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, con las especialidades previstas en este artículo y en el Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril. 2. El procedimiento arbitral se desarrollará de conformidad con los principios esenciales de audiencia, contradicción e igualdad entre las partes, que podrán actuar por sí solas o valerse de abogado en ejercicio. 3. La solicitud de arbitraje podrá presentarse por escrito, por vía electrónica o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la solicitud y de su autenticidad, y deberá reunir al menos los siguientes requisitos: a) Nombre y apellidos o razón social, domicilio, número de identificación fiscal y lugar señalado a efectos de notificaciones. b) Nombre y apellidos o razón social y domicilio del reclamado, así como, si fuera conocido por el reclamante, el domicilio a efecto de notificaciones o, si no dispone de tales datos, cualquier otro que permita la identificación completa del reclamado. c) Breve descripción de los hechos que motivan la controversia, exposición sucinta de las pretensiones del reclamante, determinando, en su caso, su cuantía y los fundamentos en que basa la pretensión. d) Copia del convenio arbitral o, en su caso, de la norma estatutaria que determine la asunción del arbitraje. e) Lugar, fecha y firma. En su caso, deberá acreditarse la representación conforme a lo previsto en las normas reguladoras del procedimiento administrativo de las administraciones públicas. 4. Las actuaciones arbitrales se desarrollarán en la sede del Consejo Superior de Deportes, salvo que por resolución motivada del mismo se decida que las actuaciones arbitrales tengan lugar en sede diferente. 5. Las partes podrán designar un domicilio a efectos de notificaciones, entendiéndose en su defecto que lo será el domicilio social de la entidad o club o, en su caso, el de su representante. 6. Los árbitros podrán practicar, salvo acuerdo en contrario de las partes, por propia iniciativa o a instancia de parte, las pruebas que se estimen pertinentes y que se ajusten a Derecho, que resulten necesarias para el mayor acierto del laudo arbitral. De igual modo, podrán rechazar motivadamente la práctica de aquellas pruebas solicitadas por las partes y que sean manifiestamente improcedentes o innecesarias. 7. Las decisiones arbitrales se adoptarán por mayoría de votos emitidos entendiéndose válidamente adoptadas si en la votación concurren, al menos, una mayoría de sus miembros. Si no hubiere mayoría, la decisión será tomada por el presidente. 8. Con anterioridad a dictar el laudo arbitral, y tras la práctica de la prueba y su valoración por las partes, el Consejo Superior de Deportes recabará el informe preceptivo de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, que deberá emitirlo en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la mencionada solicitud. 9. Los gastos y costas que genere el arbitraje serán asumidos por las partes, de acuerdo con lo que disponga el laudo arbitral, así como los gastos que ocasione la gestión y administración del procedimiento arbitral. A estos efectos, los árbitros se pronunciarán en el laudo sobre las costas del arbitraje, que incluirán los honorarios y gastos de los árbitros y, en su caso, los honorarios y gastos de los defensores o representantes de las partes, el coste del servicio prestado por la institución administradora del arbitraje y los demás gastos originados en el procedimiento arbitral. Artículo 17. Laudo arbitral. 1. El arbitraje deberá practicarse en el plazo que sea establecido por las partes, que podrán asimismo acordar su prórroga y la extensión de dicha prórroga. En defecto de acto, se aplicará lo dispuesto en el artículo 37.2 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre. 2. El laudo arbitral deberá resolver en Derecho todas las cuestiones que se hubieran planteado por las partes, en relación con las discrepancias relativas a la comercialización o explotación de los derechos audiovisuales. 3. El laudo arbitral será siempre motivado, y deberá dictarse por escrito. 4. El laudo arbitral deberá incluir el siguiente contenido mínimo: a) Identificación y circunstancias personales de los árbitros y de las partes. b) Lugar donde se dicta. c) Cuestión sometida a arbitraje. d) Relación, en su caso, de las pruebas que se hubieran practicado. e) Alegaciones de las partes. f) Decisión arbitral. g) Fecha en la que se dicta. h) Acuerdo sobre la distribución de las costas del arbitraje entre las partes intervinientes, y sobre el abono de los gastos de gestión y administración del procedimiento arbitral. Disposición adicional única. Derecho supletorio. En lo no previsto en este real decreto será de aplicación a las previsiones del mismo relativas a las ayudas y subvenciones concedidas por el Consejo Superior de Deportes la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y las demás normas vigentes que resulten de aplicación, en especial la Orden ECD/2681/2012, de 12 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones y ayudas por el Consejo Superior de Deportes. Disposición transitoria única. Aportaciones a la Real Federación Española de Fútbol y el Consejo Superior de Deportes por los ingresos de las temporadas 2016-2017 y 2017-2018. 1. En el mes siguiente a la entrada en vigor de este real decreto, la Liga Nacional de Fútbol Profesional abonará a la Real Federación Española de Fútbol y al Consejo Superior de Deportes las cantidades retenidas a los clubes y entidades participantes en el Campeonato Nacional de Liga en la liquidación de los ingresos correspondientes a la temporada 2016-2017, con el fin de que estos cumplan con las obligaciones previstas en las letras c), d) y e) del artículo 6.1 del Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril. En el caso de las aportaciones de las letras d) y e), el porcentaje será del 1 por 100 y del 0,5 por 100 respectivamente. La Real Federación Española de Fútbol y el Consejo Superior de Deportes podrán aplicar dichas cantidades a las finalidades previstas en el mencionado artículo 6, que correspondan a los periodos de devengo de dichas cantidades. 2. Las aportaciones por los ingresos de la temporada 2017-2018 para cumplir con obligaciones previstas en las letras c), d) y e) del mencionado artículo 6.1, se abonarán por la Liga Nacional de Fútbol Profesional a la Real Federación Española de Fútbol y al Consejo Superior de Deportes según lo dispuesto en este real decreto. No obstante, el informe de la Liga Nacional de Fútbol Profesional previsto en el artículo 2.4 para la realización de los pagos a cuenta se trasladará al Consejo Superior de Deportes en el plazo de quince días desde la entrada en vigor de este real decreto. Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento. Se modifica la redacción de la letra b) del artículo 13.3 del Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento, que queda redactado como sigue: «b) La solicitud de suscripción del convenio especial deberá realizarse dentro del período en que el solicitante ostente la condición de deportista de alto nivel y surtirá efectos desde el día de su presentación». Disposición final segunda. Título competencial. El presente real decreto se dicta al amparo de las competencias reservadas al Estado por los apartados 6.º, en cuanto se refiere a la regulación de los aspectos relacionados con las funciones de arbitraje atribuidas al Consejo Superior de Deportes, y 13.º y 27.º del artículo 149.1 de la Constitución. Disposición final tercera. Habilitación para el desarrollo normativo. Se habilita al Ministro de Educación, Cultura y Deporte a adoptar, en el ámbito de sus competencias, cuantas medidas resulten necesarias para el desarrollo y aplicación de lo dispuesto en este real decreto. Disposición final cuarta. Entrada en vigor. El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dado en Madrid, el 12 de enero de 2018. FELIPE R. El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, ÍÑIGO MÉNDEZ DE VIGO Y MONTOJO

El decreto que obliga a aportar una pequeña parte de los derechos TV del fútbol a fondo compensación, deporte aficionado y femenino, cuotas deportistas alto nivel. Desarrolla un Decreto Ley de 2015.

El Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, de medidas urgentes en relación con la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional se articula sobre tres ejes. En primer lugar, establece la obligación de ceder las facultades de comercialización conjunta de los derechos audiovisuales de retransmisión a la Liga Nacional de Fútbol Profesional y a la Real Federación Española de Fútbol. En segundo lugar, se diseña un sistema de reparto de los ingresos con criterios correctores que limitan las diferencias entre los participantes. Por último, cada entidad asume las contribuciones obligatorias al Fondo de Compensación, para las políticas de promoción de la competición profesional y del fútbol aficionado y para las políticas del Consejo Superior de Deportes en apoyo de la Primera División del Fútbol Femenino, la Segunda División B del Campeonato Nacional masculino y las asociaciones de futbolistas, árbitros, entrenadores y preparadores físicos. En desarrollo de lo previsto en el Real Decreto-ley 5/2015, este real decreto tiene fundamentalmente por objeto regular las contribuciones de las entidades participantes en el Campeonato Nacional de Liga a la promoción del deporte y al desarrollo del fútbol aficionado. Se regula la contribución a la promoción del deporte de los clubes y entidades afiliadas a la Liga mediante la aportación de un porcentaje de los ingresos derivados de la explotación de los derechos audiovisuales. Se fija en un 3,5 por ciento la contribución al Fondo de Compensación, destinándose un 90 por ciento del mismo a los clubes que desciendan de Primera a Segunda y el resto a los que desciendan de Segunda División. Se regula la contribución al desarrollo del fútbol aficionado, obligando a destinar el 1 por ciento de los ingresos procedentes de la comercialización de derechos audiovisuales, que se repartirá entre las federaciones autonómicas. Estas deberán destinar, a su vez, estas cantidades al desarrollo de la práctica del fútbol aficionado y a sufragar los gastos de expedición de licencias de personas con dificultades económicas. También se prevé una aportación de hasta un 1 por ciento al Consejo Superior de Deportes –que deberá destinarse a la protección social de los deportistas de alto nivel y a financiar ayudas a deportistas que participen en competiciones internacionales– y otra aportación al Consejo Superior de Deportes de un 0,5 por ciento para la protección social en el fútbol femenino y en la Segunda División B, así como para financiar el asociacionismo en el fútbol. Asimismo, se regulan los aspectos básicos de la función arbitral del Consejo Superior de Deportes en relación con los artículos 5 y 6 del Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril. El presente real decreto se dicta en virtud de la habilitación expresa al Gobierno contenida en la disposición final tercera del Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril. Esta disposición se ajusta a los principios de buena regulación contenidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, esto es, los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. En efecto, la presente disposición es el instrumento adecuado para que el Gobierno cumpla con la obligación de desarrollar reglamentariamente ciertas previsiones contenidas en el citado Real Decreto-ley 5/2015, bien porque esa regulación resulta de una remisión expresa a la norma reglamentaria, o bien porque resulta conveniente desarrollar ciertos aspectos contenidos en dicha norma con rango de ley que precisan ser clarificados para ofrecer cierta seguridad jurídica a los diversos colectivos a los que podrían resultar de aplicación esta norma. En la tramitación del proyecto de real decreto se ha llevado a cabo un trámite de información pública en línea y se ha dado audiencia a las entidades representativas de los sectores afectados (Real Federación Española de Fútbol, Federaciones autonómicas de fútbol, Liga Nacional de Fútbol Profesional, clubes de fútbol y asociaciones representativas de intereses de los distintos afectados). Además, se han solicitado informes a los Ministerios de Economía, Industria y Competitividad; de Hacienda y Función Pública; de Ministerio de Empleo y Seguridad Social; de Justicia; a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia; así como el preceptivo dictamen del Consejo de Estado. El proyecto está incluido en el Plan Anual Normativo de 2018 conforme a lo previsto en el artículo 25 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en la redacción dada por la disposición final tercera de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en el Real Decreto 286/2017, de 24 de marzo, por el que se regulan el Plan Anual Normativo y el Informe Anual de Evaluación Normativa de la Administración General del Estado y se crea la Junta de Planificación y Evaluación. En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Función Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 12 de enero de 2018, DISPONGO: CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículo 1. Objeto. El objeto de este real decreto es desarrollar las previsiones contenidas en el Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, de medidas urgentes en relación con la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional, relativas a las siguientes materias: a) Las contribuciones de las entidades participantes en el Campeonato Nacional de Liga a la promoción del deporte y, en particular, al desarrollo del futbol aficionado, previstas en las letras a), c), d) y e) del artículo 6.1 del Real Decreto-ley 5/2015, de 30 ### RESUMEN: El decreto que obliga a aportar una pequeña parte de los derechos TV del fútbol a fondo compensación, deporte aficionado y femenino, cuotas deportistas alto nivel. Desarrolla un Decreto Ley de 2015.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 12 de abril actual, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad número 1624-2016, promovido por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso de los Diputados contra la disposición adicional de la Ley 4/2015, de 18 de diciembre, de modificación de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. Madrid, 12 de abril de 2016.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra.

El Constitucional también tendrá que decidir sobre la Ley del suelo de Madrid, tras aceptar recurso de Podemos

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 12 de abril actual, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad número 1624-2016, promovido por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso de los Diputados contra la disposición adicional de la Ley 4/2015, de 18 de diciembre, de modificación de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. Madrid, 12 de abril de 2016.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra. ### RESUMEN: El Constitucional también tendrá que decidir sobre la Ley del suelo de Madrid, tras aceptar recurso de Podemos

JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley: PREÁMBULO I La Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, transpuso al ordenamiento jurídico español el marco regulador de las comunicaciones electrónicas aprobado por la Unión Europea en el año 2002, profundizando en los principios de libre competencia y mínima intervención administrativa consagrados en la normativa anterior. Desde su aprobación, la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, ha sido objeto de diversas modificaciones tendentes a garantizar la aparición y viabilidad de nuevos operadores, la protección de los derechos de los usuarios y la supervisión administrativa de aquellos aspectos relacionados con el servicio público, el dominio público y la defensa de la competencia. La última de estas modificaciones, efectuada a través del real decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electrónicas, y por el que se adoptan medidas para la corrección de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores eléctrico y gasista, ha incorporado al ordenamiento jurídico español el nuevo marco regulador europeo en materia de comunicaciones electrónicas del año 2009. Este nuevo marco europeo está compuesto por la Directiva 2009/136/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009 (Derechos de los Usuarios), y la Directiva 2009/140/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009 (Mejor Regulación), y a partir del mismo se introducen en la Ley medidas destinadas a crear un marco adecuado para la realización de inversiones en el despliegue de redes de nueva generación, de modo que se permita a los operadores ofrecer servicios innovadores y tecnológicamente más adecuados a las necesidades de los ciudadanos. II Las telecomunicaciones constituyen uno de los sectores más dinámicos de la economía y uno de los que más pueden contribuir al crecimiento, la productividad, el empleo, y por tanto, al desarrollo económico y al bienestar social, afectando directamente al círculo de protección de los intereses generales. Actualmente, la evolución tecnológica nos sitúa en una nueva etapa –la de extensión de las redes de nueva generación–, que obliga a los poderes públicos a reflexionar sobre la importancia de la función regulatoria. La situación económica y financiera que afecta a una gran parte de los países desarrollados, la necesidad actual de fomentar la inversión e impulsar la competencia, son elementos esenciales a considerar en la revisión del marco regulador. El sector de las telecomunicaciones, sujeto a un proceso de permanente innovación tecnológica, necesita de constantes e ingentes inversiones, lo que requiere acometer proyectos de gran envergadura que pueden verse afectados si se exigieran en condiciones distintas de despliegue de redes y de comercialización de servicios en los diferentes ámbitos territoriales. La Agenda Digital para Europa, principal instrumento para el cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Europa 2020, persigue que para 2020 todos los europeos tengan la posibilidad de acceder a conexiones de banda ancha a una velocidad como mínimo de 30 Mbps, y que, al menos, un 50 % de los hogares europeos estén abonados a conexiones de banda ancha superiores a 100 Mbps. Estos objetivos han quedado incorporados a la agenda digital española, aprobada por el Gobierno en febrero de 2013. Para ello, según estimaciones de la Comisión Europea, se deberá invertir hasta dicha fecha una cantidad comprendida entre los 180.000 y 270.000 millones de euros. Se calcula que en España serán necesarias inversiones del sector privado por valor de 23.000 millones de euros. Estas inversiones pueden tener un gran impacto económico y social. La Comisión Europea estima que, por cada aumento de la penetración de la banda ancha en un 10 %, la economía (PIB) crece entre el 1% y el 1,5%. A su vez, la OCDE considera que un incremento del 10% de penetración de banda ancha en cualquier año implica un incremento del 1,5% de la productividad durante los siguientes 5 años. Asimismo, como ha señalado la Comisión Europea, el despliegue de redes ultrarrápidas puede tener un importante impacto en la creación de empleo, estimándose que la innovación podría generar 2 millones de empleos para 2020, incluidos trabajos en sectores relacionados, como la provisión de contenidos o la fabricación de equipos. Por otra parte, además de estimular la inversión, es necesario continuar promoviendo y velando por la competencia efectiva en el sector de las telecomunicaciones. Debe tenerse en cuenta en este sentido que el continuo proceso de innovación tecnológica presente en este sector exige grandes inversiones en el despliegue de redes o infraestructuras y en la comercialización de servicios que generan igualmente barreras de entrada en el sector, dificultando en consecuencia la competencia. Esta Ley persigue como objetivo fomentar la competencia sin desincentivar las inversiones. En consecuencia, introduce reformas estructurales en el régimen jurídico de las telecomunicaciones dirigidas a facilitar el despliegue de redes y la prestación de servicios por parte de los operadores, para que ello les permita ofrecer a los usuarios servicios más innovadores, de mayor calidad y cobertura, a precios más competitivos y con mejores condiciones, lo que contribuirá a potenciar la competitividad y la productividad de la economía española en su conjunto. También favorece la seguridad jurídica, al compendiar la normativa vigente, y en particular en lo que se refiere al marco comunitario de las comunicaciones electrónicas. Pero al mismo tiempo, y en la medida en que la existencia de competencia efectiva constituye un mecanismo eficaz de presión sobre los precios, así como sobre la calidad de los servicios y la innovación, la Ley contempla un conjunto de obligaciones o medidas que podrán imponerse ex ante a los operadores con poder significativo en el mercado. No obstante, será igualmente decisiva la labor ex post de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en la persecución de las prácticas restrictivas de la competencia, tanto de conductas colusorias, como de abusos de posición de dominio, que puedan afectar a este sector. Es por tanto esencial que esta Comisión lleve a cabo una continua supervisión de los distintos mercados de comunicaciones electrónicas para garantizar, preservar y promover una competencia efectiva en ellos que proporcione finalmente beneficios a los usuarios. III La presente Ley persigue, por tanto, garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Agenda Digital para Europa, que requiere, en la actual situación de evolución tecnológica e incertidumbre económica, asegurar un marco regulatorio claro y estable que fomente la inversión, proporcione seguridad jurídica y elimine las barreras que han dificultado el despliegue de redes, y un mayor grado de competencia en el mercado. Para ello, con fundamento en la competencia exclusiva estatal en materia de telecomunicaciones del artículo 149.1.21.ª de la Constitución y en las competencias de carácter transversal de los artículos 149.1.1.ª y 149.1.13.ª del texto constitucional, la Ley persigue, como uno de sus principales objetivos, el de recuperar la unidad de mercado en el sector de las telecomunicaciones, estableciendo procedimientos de coordinación y resolución de conflictos entre la legislación sectorial estatal y la legislación de las Administraciones competentes dictada en el ejercicio de sus competencias que pueda afectar al despliegue de redes y a la prestación de servicios. Con el mismo objetivo de facilitar el despliegue de redes y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, se procede a una simplificación administrativa, eliminando licencias y autorizaciones por parte de la administración de las telecomunicaciones para determinadas categorías de instalaciones que hacen uso del espectro. En la misma línea se prevé una revisión de las licencias o autorizaciones por parte de las Administraciones competentes, eliminando su exigibilidad para determinadas instalaciones en propiedad privada o para la renovación tecnológica de las redes y se facilita el despliegue de las nuevas redes permitiendo el acceso a las infraestructuras de otros sectores económicos susceptibles de ser utilizadas para el despliegue de redes de comunicaciones electrónicas. En esta misma línea de reducción de cargas administrativas, la Ley simplifica las obligaciones de información de los operadores, a los que únicamente se les podrá solicitar aquella información que no se encuentre ya en poder de las Autoridades Nacionales de Reglamentación. Asimismo, se establecen condiciones estrictas para la existencia de operadores controlados directa o indirectamente por administraciones públicas, de manera que, fuera del concepto de autoprestación, se garantice la provisión de los servicios bajo condiciones de mercado y criterios de inversor privado, evitando de este modo que se produzcan distorsiones de la competencia, y con el objetivo de racionalizar el gasto público. La Ley incorpora, asimismo, las previsiones recogidas en la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, atribuyendo en todo caso a dicha Comisión las competencias de regulación ex ante y resolución de conflictos entre operadores reconocidas por la normativa comunitaria. Por último, como necesario contrapunto a la reducción de las cargas y obligaciones impuestas a los operadores, la Ley refuerza el control del dominio público radioeléctrico y las potestades de inspección y sanción, facilitando la adopción de medidas cautelares y revisando la cuantía de las sanciones. En definitiva, los criterios de liberalización del sector, libre competencia, de recuperación de la unidad de mercado y de reducción de cargas que inspiran este texto legal pretenden aportar seguridad jurídica a los operadores y crear las condiciones necesarias para la existencia de una competencia efectiva, para la realización de inversiones en el despliegue de redes de nueva generación y para la prestación de nuevos servicios, de modo que el sector pueda contribuir al necesario crecimiento económico del país. IV La Ley consta de ochenta y cuatro artículos agrupados en ocho títulos, diecinueve disposiciones adicionales, doce disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, once disposiciones finales y dos anexos. El Título I, «Disposiciones generales», establece, entre otras cuestiones, el objeto de la Ley, que no se limita a la regulación de las «comunicaciones electrónicas», término que, de acuerdo con las Directivas comunitarias, engloba aspectos tales como la habilitación para actuar como operador, los derechos y obligaciones de operadores y usuarios, o el servicio universal, sino que aborda, de forma integral, el régimen de las «telecomunicaciones» al que se refiere el artículo 149.1.21.ª de la Constitución Española. Por ello, la presente Ley regula, asimismo, otras cuestiones como la instalación de equipos y sistemas, la interceptación legal de las telecomunicaciones, la conservación de datos, o la evaluación de conformidad de equipos y aparatos, temas que a nivel comunitario son objeto de normativa específica. La Ley excluye expresamente de su regulación los contenidos difundidos a través de servicios de comunicación audiovisual, que constituyen parte del régimen de los medios de comunicación social, y que se caracterizan por ser transmitidos en un solo sentido de forma simultánea a una multiplicidad de usuarios. No obstante, las redes utilizadas como soporte de los servicios de radiodifusión sonora y televisiva y los recursos asociados sí son parte integrante de las comunicaciones electrónicas reguladas en la presente Ley. Igualmente se excluye de su regulación la prestación de servicios sobre las redes de telecomunicaciones que no consistan principalmente en el transporte de señales a través de dichas redes. Estos últimos son objeto de regulación en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. Asimismo, en este Título, se reordenan los objetivos y principios de la Ley, ya recogidos en la regulación anterior, incidiendo en la importancia de alcanzar un equilibrio entre el fomento de la innovación, el despliegue de nuevas redes, la prestación de nuevos servicios y la garantía de una competencia efectiva en los mercados de telecomunicaciones. El Título II de la Ley, relativo al régimen general de explotación de redes y prestación de servicios, refleja la plena liberalización del sector. De acuerdo con los principios de necesidad y proporcionalidad, la habilitación para la prestación y explotación de redes viene concedida con carácter general e inmediato por la Ley con el único requisito de notificación al Registro de Operadores, que ahora pasa a encuadrarse en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Asimismo, deberán de ser objeto de notificación los casos de autoprestación por operadores controlados directa o indirectamente por administraciones públicas. La Ley establece limitaciones concretas para la instalación y explotación de redes y la prestación de servicios por las administraciones públicas, para evitar distorsiones a la competencia que puedan derivarse de la participación de operadores públicos en el mercado de comunicaciones electrónicas. De acuerdo con las Directivas de la Unión Europea, la Ley se refiere a las funciones de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, que en su calidad de autoridad nacional de regulación independiente, en todo caso ejercerá aquellas relacionadas con la imposición de regulación ex ante en el marco de los procesos de análisis de mercados, con la resolución de conflictos entre operadores y con la posible imposición de la obligación de separación funcional, regulando las obligaciones aplicables a los operadores con poder significativo en mercados de referencia. Asimismo, se han recogido determinadas previsiones en el Título II de esta Ley, al objeto de garantizar que los mercados de comunicaciones electrónicas se desarrollen en un entorno de competencia efectiva. A estos efectos, es necesario asegurar que los procesos de análisis de mercados para la imposición, en su caso, de obligaciones específicas en el marco de la regulación ex ante, se acometan con la debida periodicidad. De la misma manera, y con el fin de reprimir prácticas restrictivas de la competencia, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia supervisará el funcionamiento de los distintos mercados de comunicaciones electrónicas, así como a los distintos operadores que desarrollan su actividad en ellos. El Título III de la Ley, relativo a obligaciones y derechos de operadores y usuarios, incluye los preceptos relativos al servicio universal, las obligaciones de integridad y seguridad de las redes y la ampliación de los derechos de los usuarios finales, y recoge importantes novedades en relación con los derechos de los operadores a la ocupación del dominio público y privado, al despliegue de redes y al acceso a infraestructuras de otros sectores. En el ámbito de la simplificación administrativa, es necesario recordar que en la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, se han sustituido determinadas licencias para el despliegue de determinadas redes de telecomunicaciones en dominio privado por una declaración responsable. En la presente Ley se establece que para el resto de actuaciones de despliegue de redes en dominio privado se puedan sustituir igualmente las licencias por una declaración responsable en aquellos casos en los que previamente el operador haya presentado ante las administraciones competentes un plan de despliegue y éste haya sido aprobado, por cuanto que, en estos casos, la administración competente ya ha analizado y ponderado los intereses inherentes al ejercicio de sus propias competencias. Las actuaciones que impliquen una mera actualización tecnológica sin afectar a elementos de obra civil o mástiles no requerirán autorización. Con el objetivo de garantizar la unidad de mercado, facilitar la instalación y despliegue de redes y la prestación de nuevos servicios, la Ley incorpora los mecanismos necesarios de cooperación y resolución de conflictos. Los instrumentos de planeamiento territorial o urbanístico elaborados por las administraciones públicas competentes que puedan afectar al despliegue de redes serán objeto de informe del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, previéndose cuando sea necesario un procedimiento de negociación entre el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y los órganos encargados de la aprobación, modificación o revisión de dichos instrumentos de planificación. Por último, se contempla la necesaria previsión de infraestructuras de comunicaciones electrónicas en zonas de urbanización y se garantiza el derecho de acceso de los operadores a infraestructuras de administraciones públicas y a infraestructuras lineales como electricidad, gas, agua, saneamiento o transporte. Estas medidas se encuentran alineadas con las propuestas realizadas por la Comisión Europea en su documento de 27 de abril de 2012 relativo a las medidas para reducir los costes del despliegue de las redes de muy alta velocidad en Europa. Con el objetivo de reforzar los derechos de los usuarios, se clarifican los derechos introducidos en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones por el real decreto-Ley 13/2012, de 30 de marzo. Es destacable la mejor identificación de los derechos de los usuarios de telecomunicaciones relacionados con la protección de datos de carácter personal y la privacidad de las personas, y el mantenimiento del procedimiento extrajudicial de resolución de controversias entre operadores y usuarios finales ante el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Asimismo se prevé que la normativa específica sectorial establecida en la presente Ley prevalecerá sobre la normativa general de defensa de los consumidores y usuarios, tal y como queda recogido en la propia normativa comunitaria, en particular en el apartado 2 del artículo 3 de la Directiva 2011/83/UE de 25 de octubre de 2011 sobre los derechos de los consumidores. En el Título IV, relativo a la evaluación de la conformidad de equipos y aparatos, se regulan, entre otros, aspectos tales como la normalización técnica, la evaluación de la conformidad de equipos y aparatos, y las condiciones que deben cumplir las instalaciones. En relación con la administración del dominio público radioeléctrico, el Título V procede a una clarificación de los principios aplicables, de las actuaciones que abarca dicha administración, de los tipos de uso y de los distintos títulos habilitantes, introduce una simplificación administrativa para el acceso a determinadas bandas de frecuencia, y consolida las últimas reformas en materia de duración, modificación, extinción y revocación de títulos y en relación al mercado secundario del espectro. Como novedad, se introducen medidas destinadas a evitar el uso del espectro por quienes no disponen de título habilitante para ello, garantizando con ello la disponibilidad y uso eficiente de este recurso escaso, en particular mediante su protección activa y la colaboración de los operadores de red. El Título VI, «La administración de las telecomunicaciones» determina las competencias que tienen atribuidas las diferentes Autoridades Nacionales de Reglamentación. Concretamente, este título incorpora el reparto competencial que inspira la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, atribuyendo a dicha Comisión funciones como la definición y análisis de los mercados de referencia relativos a redes y servicios de comunicaciones electrónicas, la identificación del operador u operadores con poder significativo de mercado, el establecimiento, si procede, de obligaciones específicas a dichos operadores, la resolución de conflictos en los mercados de comunicaciones electrónicas o la determinación del coste neto en la prestación del servicio universal, entre otras. En el Título VII, «Tasas en materia de telecomunicaciones» y en el Anexo I, la Ley introduce importantes mejoras respecto de la regulación contenida en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, en materia de tasas de telecomunicaciones. En particular, se reduce el límite máximo de la tasa general de operadores dirigida a financiar los costes en que incurren las Autoridades Nacionales de Reglamentación por la aplicación del régimen jurídico establecido en esta Ley y se establece un esquema de ajuste automático a los costes a los que han tenido que hacer frente las Autoridades Nacionales de Reglamentación. El Título VIII relativo a inspección y régimen sancionador refuerza las potestades inspectoras, exigiendo la colaboración de los titulares de fincas o inmuebles en los que se ubiquen instalaciones de telecomunicaciones para la identificación de los titulares de dichas instalaciones, mejora la tipificación de infracciones, revisa la clasificación y cuantía de las sanciones, proporciona criterios para la determinación de la cuantía de la sanción, y facilita la adopción de medidas cautelares que podrán acordarse incluso antes de iniciar el expediente sancionador. Las disposiciones adicionales regulan, entre otras cuestiones, el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, las obligaciones en materia de acceso condicional, acceso a determinados servicios de radiodifusión y televisión, televisión de formato ancho y obligaciones de transmisión, así como la creación de la Comisión Interministerial sobre radiofrecuencias y salud encargada de informar sobre las medidas aprobadas en materia de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas y de los múltiples controles a que son sometidas las instalaciones generadoras de dichas emisiones. En particular, una de las disposiciones adicionales persigue la universalización de la banda ancha ultrarrápida, en virtud de la cual el Gobierno establecerá una Estrategia Nacional de Redes Ultrarrápidas que tenga como objetivo impulsar el despliegue de redes de acceso ultrarrápido a la banda ancha, tanto fijo como móvil, de cara a lograr su universalización, así como fomentar su adopción por ciudadanos, empresas y administraciones, para garantizar la cohesión social y territorial en colaboración con las administraciones territoriales. En la ejecución de esta Estrategia se podrán incluir medidas como la realización anual de convocatorias públicas de ayudas para la extensión de la cobertura de la banda ancha ultrarrápida que, bajo el principio de neutralidad tecnológica, doten de cobertura a zonas en las que no existe oferta y en las que no esté prevista en el corto plazo, en particular, con el objetivo de permitir acortar plazos de conexión y abaratar costes en núcleos rurales de difícil orografía y baja densidad de población. Estas convocatorias públicas garantizarán que las ayudas cubrirán sólo un porcentaje de la inversión, que las ayudas se adjudicarán en régimen de concurrencia competitiva, y que la necesidad de la ayuda se encuentra justificada en la existencia de un déficit comercial a corto o medio plazo que impide la ejecución del proyecto dada su baja rentabilidad, y contemple mecanismos para evitar una posible sobre compensación. Asimismo, se establecerán zonas de actuación preferente en base a las mayores necesidades de los usuarios, de su carácter dinamizador, del grado de presencia de PYMES o de centros de actividad económica como polígonos industriales o centros turísticos y de otros factores como el equilibrio territorial, su mayor incidencia sobre el desarrollo económico, su alejamiento, o la disponibilidad de financiación con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Dicha Estrategia se complementará con otras medidas contempladas en la presente Ley orientadas a facilitar el despliegue de redes ultrarrápidas de acceso fijo y móvil, y facilitar la modernización y renovación de las redes. Por su parte, las disposiciones transitorias regulan diferentes aspectos que facilitarán la transición hacia la aplicación de esta nueva Ley, como la adaptación de los operadores controlados directa o indirectamente por administraciones públicas al régimen previsto en el artículo 9 o el régimen transitorio para la fijación de las tasas recogidas en el Anexo I. Por último, en las disposiciones finales, la Ley modifica diversos textos normativos. En particular, se modifican diversos preceptos de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, a fin de adaptarla al marco social y económico actual. En concreto, se introducen precisiones sobre el consentimiento del destinatario para aceptar el tratamiento de los datos derivado de dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos en sus equipos terminales, y se establecen criterios para la modulación de las sanciones. [indice]ÍNDICE Título I. Disposiciones generales Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación de la Ley. Artículo 2. Las telecomunicaciones como servicios de interés general. Artículo 3. Objetivos y principios de la Ley. Artículo 4. Servicios de telecomunicaciones para la defensa nacional, la seguridad pública, la seguridad vial y la protección civil. Título II. Explotación de redes y prestación de servicios de comunicaciones electrónicas en régimen de libre competencia. Capítulo I. Disposiciones generales. Artículo 5. Principios aplicables. Artículo 6. Requisitos exigibles para la explotación de las redes y la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas. Artículo 7. Registro de operadores. Artículo 8. Condiciones para la prestación de servicios o la explotación de redes de comunicaciones electrónicas. Artículo 9. Instalación y explotación de redes públicas y prestación de servicios de comunicaciones electrónicas en régimen de prestación a terceros por las administraciones públicas. Artículo 10. Obligaciones de suministro de información. Artículo 11. Normas técnicas. Capítulo II. Acceso a las redes y recursos asociados e interconexión. Artículo 12. Principios generales aplicables al acceso a las redes y recursos asociados y a su interconexión. Capítulo III. Regulación ex ante de los mercados y resolución de conflictos. Artículo 13. Mercados de referencia y operadores con poder significativo en el mercado. Artículo 14. Obligaciones específicas aplicables a los operadores con poder significativo en mercados de referencia. Artículo 15. Resolución de conflictos. Capítulo IV. Separación funcional. Artículo 16. Separación funcional obligatoria. Artículo 17. Separación funcional voluntaria. Artículo 18. Obligaciones específicas adicionales a la separación funcional. Capítulo V. Numeración, direccionamiento y denominación. Artículo 19. Principios generales. Artículo 20. Planes nacionales. Artículo 21. Conservación de los números telefónicos por los abonados. Artículo 22. Números armonizados para los servicios armonizados europeos de valor social. Título III. Obligaciones de servicio público y derechos y obligaciones de carácter público en la explotación de redes y en la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas. Capítulo I. Obligaciones de servicio público. Sección 1.ª Delimitación. Artículo 23. Delimitación de las obligaciones de servicio público. Artículo 24. Categorías de obligaciones de servicio público. Sección 2.ª El servicio universal. Artículo 25. Concepto y ámbito de aplicación. Artículo 26. Designación de los operadores encargados de la prestación del servicio universal. Artículo 27. Coste y financiación del servicio universal. Sección 3.ª Otras obligaciones de servicio público. Artículo 28. Otras obligaciones de servicio público. Capítulo II. Derechos de los operadores y despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas. Sección 1.ª Derechos de los operadores a la ocupación del dominio público, a ser beneficiarios en el procedimiento de expropiación forzosa y al establecimiento a su favor de servidumbres y de limitaciones a la propiedad Artículo 29. Derecho de ocupación de la propiedad privada. Artículo 30. Derecho de ocupación del dominio público. Artículo 31. Normativa aplicable a la ocupación del dominio público y la propiedad privada. Artículo 32. Ubicación compartida y uso compartido de la propiedad pública o privada. Artículo 33. Otras servidumbres y limitaciones a la propiedad. Sección 2.ª Normativa de las administraciones públicas que afecte al despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas. Artículo 34. Colaboración entre administraciones públicas en el despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas. Artículo 35. Mecanismos de colaboración entre el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y las administraciones públicas para el despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas. Artículo 36. Previsión de infraestructuras de comunicaciones electrónicas en proyectos de urbanización y en obras civiles financiadas con recursos públicos. Sección 3.ª Acceso a infraestructuras susceptibles de alojar redes públicas de comunicaciones electrónicas. Artículo 37. Acceso a las infraestructuras susceptibles de alojar redes públicas de comunicaciones electrónicas. Artículo 38. Acceso o uso de las redes de comunicaciones electrónicas titularidad de los órganos o entes gestores de infraestructuras de transporte de competencia estatal. Capítulo III. Secreto de las comunicaciones y protección de los datos personales y derechos y obligaciones de carácter público vinculados con las redes y servicios de comunicaciones electrónicas Artículo 39. Secreto de las comunicaciones. Artículo 40. Interceptación de las comunicaciones electrónicas por los servicios técnicos. Artículo 41. Protección de los datos de carácter personal. Artículo 42. Conservación y cesión de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones. Artículo 43. Cifrado en las redes y servicios de comunicaciones electrónicas. Artículo 44. Integridad y seguridad de las redes y de los servicios de comunicaciones electrónicas. Capítulo IV. Infraestructuras comunes y redes de comunicaciones electrónicas en los edificios. Artículo 45. Infraestructuras comunes y redes de comunicaciones electrónicas en los edificios. Capítulo V. Derechos de los usuarios finales Artículo 46. Derechos de los usuarios finales de servicios de comunicaciones electrónicas. Artículo 47. Derechos específicos de los usuarios finales de redes y servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público. Artículo 48. Derecho a la protección de datos personales y la privacidad en relación con las comunicaciones no solicitadas y, los datos de tráfico y de localización y con las guías de abonados. Artículo 49. Guías de abonados. Artículo 50. Calidad de servicio. Artículo 51. Acceso a números o servicios. Artículo 52. Regulación de las condiciones básicas de acceso por personas con discapacidad. Artículo 53. Contratos. Artículo 54. Transparencia y publicación de información. Artículo 55. Resolución de controversias. Título IV. Evaluación de la conformidad de equipos y aparatos Artículo 56. Normalización técnica. Artículo 57. Evaluación de la conformidad. Artículo 58. Reconocimiento mutuo. Artículo 59. Condiciones que deben cumplir las instalaciones e instaladores. Título V. Dominio público radioeléctrico Artículo 60. De la administración del dominio público radioeléctrico. Artículo 61. Facultades del Gobierno para la administración del dominio público radioeléctrico. Artículo 62. Títulos habilitantes para el uso del dominio público radioeléctrico. Artículo 63. Títulos habilitantes otorgados mediante un procedimiento de licitación. Artículo 64. Duración, modificación, extinción y revocación de los títulos habilitantes para el uso del dominio público radioeléctrico. Artículo 65. Protección activa del dominio público radioeléctrico. Artículo 66. Neutralidad tecnológica y de servicios en el uso del dominio público radioeléctrico. Artículo 67. Mercado secundario en el dominio público radioeléctrico. Título VI. La administración de las telecomunicaciones. Artículo 68. Competencias de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos. Artículo 69. Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Artículo 70. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Título VII. Tasas en materia de telecomunicaciones. Artículo 71. Tasas en materia de telecomunicaciones. Título VIII. Inspección y régimen sancionador. Artículo 72. Funciones inspectoras. Artículo 73. Facultades de inspección. Artículo 74. Responsabilidad por las infracciones en materia de telecomunicaciones. Artículo 75. Clasificación de las infracciones. Artículo 76. Infracciones muy graves. Artículo 77. Infracciones graves. Artículo 78. Infracciones leves. Artículo 79. Sanciones. Artículo 80. Criterios para la determinación de la cuantía de la sanción. Artículo 81. Medidas previas al procedimiento sancionador. Artículo 82. Medidas cautelares en el procedimiento sancionador. Artículo 83. Prescripción. Artículo 84. Competencias sancionadoras. Disposición adicional primera. Significado de los términos empleados por esta Ley. Disposición adicional segunda. Limitaciones y servidumbres. Disposición adicional tercera. Aplicación de la legislación reguladora de las infraestructuras comunes en los edificios. Disposición adicional cuarta. Información confidencial. Disposición adicional quinta. El Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Disposición adicional sexta. Multas coercitivas. Disposición adicional séptima. Obligaciones en materia de acceso condicional, acceso a determinados servicios de radiodifusión y televisión, televisión de formato ancho y obligaciones de transmisión. Disposición adicional octava. Mecanismo de notificación. Disposición adicional novena. Informe sobre las obligaciones a imponer a operadores de redes públicas o de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público. Disposición adicional décima. Creación de la Comisión Interministerial sobre radiofrecuencias y salud. Disposición adicional undécima. Parámetros y requerimientos técnicos esenciales para garantizar el funcionamiento de las distintas redes y servicios de comunicaciones electrónicas. Disposición adicional duodécima. Aplicación de la Ley General Tributaria. Disposición adicional decimotercera. Publicación de actos. Disposición adicional decimocuarta. Coordinación de las ayudas públicas a la banda ancha y al desarrollo de la economía y empleo digitales y nuevos servicios digitales. Disposición adicional decimoquinta. Asignación de medios a la Administración General del Estado e integración de personal de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Disposición adicional decimosexta. La entidad pública empresarial Red.es. Disposición adicional decimoséptima. Innovación en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Disposición adicional decimoctava. Universalización de la banda ancha ultrarrápida. Disposición adicional decimonovena. Estaciones radioeléctricas de radioaficionado. Disposición transitoria primera. Normativa anterior a la entrada en vigor de esta Ley. Disposición transitoria segunda. Adaptación de los operadores controlados directa o indirectamente por administraciones públicas al régimen previsto en el artículo 9. Disposición transitoria tercera. Condiciones ligadas a las concesiones de uso de dominio público radioeléctrico. Disposición transitoria cuarta. Restricciones a los principios de neutralidad tecnológica y de servicios en los títulos habilitantes para el uso del espectro radioeléctrico para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas. Disposición transitoria quinta. Prestación de determinados servicios a los que se refiere el artículo 28. Disposición transitoria sexta. Régimen transitorio para la fijación de las tasas establecidas en el anexo I de esta Ley. Disposición transitoria séptima. Solicitudes de autorizaciones o licencias administrativas efectuadas con anterioridad. Disposición transitoria octava. Registro de operadores. Disposición transitoria novena. Adaptación de la normativa y los instrumentos de planificación territorial o urbanística elaborados por las administraciones públicas competentes que afecten al despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas. Disposición transitoria décima. Desempeño transitorio de funciones por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Disposición transitoria undécima. Procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley. Disposición transitoria duodécima. Régimen transitorio de las estaciones o infraestructuras radioeléctricas para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público para cuya instalación se hubiera presentado solicitud de licencia o autorización. Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Disposición final primera. Modificación de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego. Disposición final segunda. Modificación de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. Disposición final tercera. Modificación de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones. Disposición final quinta. Modificación del real decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. Disposición final sexta. Modificación de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Disposición final séptima. Modificación de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. Disposición final octava. Regulación de las condiciones en que los órganos o entes gestores de infraestructuras de transporte de competencia estatal permitirán la ocupación del dominio público que gestionan y de la propiedad privada de que son titulares. Disposición final novena. Fundamento Constitucional. Disposición final décima. Competencias de desarrollo. Disposición final undécima. Entrada en vigor. Anexo I. Tasas en materia de telecomunicaciones. 1. Tasa general de operadores. 2. Tasas por numeración, direccionamiento y denominación. 3. Tasa por reserva del dominio público radioeléctrico. 4. Tasas de telecomunicaciones. 5. Gestión y recaudación en período voluntario de las tasas. Anexo II. Definiciones.[fin indice] [encabezado]TÍTULO I Disposiciones generales Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación de la Ley. 1. El ámbito de aplicación de esta Ley es la regulación de las telecomunicaciones, que comprenden la explotación de las redes y la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas y los recursos asociados, de conformidad con el artículo 149.1.21.ª de la Constitución. 2. Quedan excluidos del ámbito de esta Ley los servicios de comunicación audiovisual, los contenidos audiovisuales transmitidos a través de las redes, así como el régimen básico de los medios de comunicación social de naturaleza audiovisual a que se refiere el artículo 149.1.27.ª de la Constitución. Asimismo, se excluyen del ámbito de esta Ley los servicios que suministren contenidos transmitidos mediante redes y servicios de comunicaciones electrónicas, las actividades que consistan en el ejercicio del control editorial sobre dichos contenidos y los servicios de la Sociedad de la Información, regulados en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, que no consistan, en su totalidad o principalmente, en el transporte de señales a través de redes de comunicaciones electrónicas. Artículo 2. Las telecomunicaciones como servicios de interés general. 1. Las telecomunicaciones son servicios de interés general que se prestan en régimen de libre competencia. 2. Sólo tienen la consideración de servicio público o están sometidos a obligaciones de servicio público los servicios regulados en el artículo 4 y en el Título III de esta Ley. La imposición de obligaciones de servicio público perseguirá la consecución de los objetivos establecidos en el artículo 3 de esta Ley y podrá recaer sobre los operadores que obtengan derechos de ocupación del dominio público o de la propiedad privada, de derechos de uso del dominio público radioeléctrico, de derechos de uso de recursos públicos de numeración, direccionamiento o de denominación o que ostenten la condición de operador con poder significativo en un determinado mercado de referencia. Artículo 3. Objetivos y principios de la Ley. Los objetivos y principios de esta Ley son los siguientes: a) Fomentar la competencia efectiva en los mercados de telecomunicaciones para potenciar al máximo los beneficios para las empresas y los consumidores, principalmente en términos de bajada de los precios, calidad de los servicios e innovación, teniendo debidamente en cuenta la variedad de condiciones en cuanto a la competencia y los consumidores que existen en las distintas áreas geográficas, y velando por que no exista falseamiento ni restricción de la competencia en la explotación de redes o en la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, incluida la transmisión de contenidos. b) Desarrollar la economía y el empleo digital, promover el desarrollo del sector de las telecomunicaciones y de todos los nuevos servicios digitales que las nuevas redes ultrarrápidas permiten, impulsando la cohesión social y territorial, mediante la mejora y extensión de las redes, así como la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas y el suministro de los recursos asociados a ellas. c) Promover el despliegue de redes y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, fomentando la conectividad y la interoperabilidad extremo a extremo y su acceso, en condiciones de igualdad y no discriminación. d) Promover el desarrollo de la industria de productos y equipos de telecomunicaciones. e) Contribuir al desarrollo del mercado interior de servicios de comunicaciones electrónicas en la Unión Europea. f) Promover la inversión eficiente en materia de infraestructuras incluyendo, cuando proceda, la competencia basada en infraestructuras, fomentando la innovación y teniendo debidamente en cuenta los riesgos en que incurren las empresas inversoras. g) Hacer posible el uso eficaz de los recursos limitados de telecomunicaciones, como la numeración y el espectro radioeléctrico, y la adecuada protección de este último, y el acceso a los derechos de ocupación de la propiedad pública y privada. h) Fomentar, en la medida de lo posible, la neutralidad tecnológica en la regulación. i) Garantizar el cumplimiento de las obligaciones de servicio público en la explotación de redes y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas a las que se refiere el Título III, en especial las de servicio universal. j) Defender los intereses de los usuarios, asegurando su derecho al acceso a los servicios de comunicaciones electrónicas en condiciones adecuadas de elección, precio y buena calidad, promoviendo la capacidad de los usuarios finales para acceder y distribuir la información o utilizar las aplicaciones y los servicios de su elección, en particular a través de un acceso abierto a Internet. En la prestación de estos servicios deben salvaguardarse los imperativos constitucionales de no discriminación, de respeto a los derechos al honor y a la intimidad, la protección a la juventud y a la infancia, la protección de los datos personales y el secreto en las comunicaciones. k) Salvaguardar y proteger en los mercados de telecomunicaciones la satisfacción de las necesidades de grupos sociales específicos, las personas con discapacidad, las personas mayores, las personas en situación de dependencia y usuarios con necesidades sociales especiales, atendiendo a los principios de igualdad de oportunidades y no discriminación. En lo relativo al acceso a los servicios de comunicaciones electrónicas de las personas en situación de dependencia, se fomentará el cumplimiento de las normas o las especificaciones pertinentes relativas a normalización técnica publicadas de acuerdo con la normativa comunitaria. l) Facilitar el acceso de los usuarios con discapacidad a los servicios de comunicaciones electrónicas y al uso de equipos terminales. Artículo 4. Servicios de telecomunicaciones para la defensa nacional, la seguridad pública, la seguridad vial y la protección civil. 1. Sólo tienen la consideración de servicio público los servicios regulados en este artículo. 2. Las redes, servicios, instalaciones y equipos de telecomunicaciones que desarrollen actividades esenciales para la defensa nacional integran los medios destinados a ésta, se reservan al Estado y se rigen por su normativa específica. 3. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo es el órgano de la Administración General del Estado con competencia, de conformidad con la legislación específica sobre la materia y lo establecido en esta Ley, para ejecutar, en la medida en que le afecte, la política de defensa nacional en el sector de las telecomunicaciones, con la debida coordinación con el Ministerio de Defensa y siguiendo los criterios fijados por éste. En el marco de las funciones relacionadas con la defensa civil, corresponde al Ministerio de Industria, Energía y Turismo estudiar, planear, programar, proponer y ejecutar cuantas medidas se relacionen con su aportación a la defensa nacional en el ámbito de las telecomunicaciones. A tales efectos, los Ministerios de Defensa y de Industria, Energía y Turismo coordinarán la planificación del sistema de telecomunicaciones de las Fuerzas Armadas, a fin de asegurar, en la medida de lo posible, su compatibilidad con los servicios civiles. Asimismo elaborarán los programas de coordinación tecnológica precisos que faciliten la armonización, homologación y utilización, conjunta o indistinta, de los medios, sistemas y redes civiles y militares en el ámbito de las telecomunicaciones. Para el estudio e informe de estas materias, se constituirán los órganos interministeriales que se consideren adecuados, con la composición y competencia que se determinen mediante real decreto. 4. En los ámbitos de la seguridad pública, seguridad vial y de la protección civil, en su específica relación con el uso de las telecomunicaciones, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo cooperará con el Ministerio del Interior y con los órganos responsables de las comunidades autónomas con competencias sobre las citadas materias. 5. Los bienes muebles o inmuebles vinculados a los centros, establecimientos y dependencias afectos a la explotación de las redes y a la prestación de los servicios de telecomunicaciones dispondrán de las medidas y sistemas de seguridad, vigilancia, difusión de información, prevención de riesgos y protección que se determinen por el Gobierno, a propuesta de los Ministerios de Defensa, del Interior o de Industria, Energía y Turismo, dentro del ámbito de sus respectivas competencias. Estas medidas y sistemas deberán estar disponibles en las situaciones de normalidad o en las de crisis, así como en los supuestos contemplados en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, reguladora de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio, y en la Ley 2/1985, de 21 de enero, de Protección Civil. 6. El Gobierno, con carácter excepcional y transitorio, podrá acordar la asunción por la Administración General del Estado de la gestión directa de determinados servicios o de la explotación de ciertas redes de comunicaciones electrónicas, de acuerdo con el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el real decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, para garantizar la seguridad pública y la defensa nacional. Asimismo, en el caso de incumplimiento de las obligaciones de servicio público a las que se refiere el Título III de esta Ley, el Gobierno, previo informe preceptivo de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, e igualmente con carácter excepcional y transitorio, podrá acordar la asunción por la Administración General del Estado de la gestión directa de los correspondientes servicios o de la explotación de las correspondientes redes. En este último caso, podrá, con las mismas condiciones, intervenir la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas. Los acuerdos de asunción de la gestión directa del servicio y de intervención de éste o los de intervenir o explotar las redes a los que se refiere el párrafo anterior se adoptarán por el Gobierno por propia iniciativa o a instancia de una Administración pública competente. En este último caso será preciso que la Administración pública tenga competencias en materia de seguridad o para la prestación de los servicios públicos afectados por el anormal funcionamiento del servicio o de la red de comunicaciones electrónicas. En el supuesto de que el procedimiento se inicie a instancia de una Administración distinta de la del Estado, aquélla tendrá la consideración de interesada y podrá evacuar informe con carácter previo a la resolución final. 7. La regulación contenida en esta Ley se entiende sin perjuicio de lo previsto en la normativa específica sobre telecomunicaciones relacionadas con la seguridad pública y la defensa nacional. TÍTULO II Explotación de redes y prestación de servicios de comunicaciones electrónicas en régimen de libre competencia CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículo 5. Principios aplicables. 1. La explotación de las redes y la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas se realizará en régimen de libre competencia sin más limitaciones que las establecidas en esta Ley y su normativa de desarrollo. 2. La adquisición de los derechos de uso del dominio público radioeléctrico, de ocupación del dominio público o de la propiedad privada y de los recursos de numeración, direccionamiento y denominación necesarios para la explotación de redes y para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas deberá realizarse conforme a lo dispuesto en esta Ley y en lo no contemplado en la misma por su normativa específica. 3. Las medidas que se adopten en relación al acceso o al uso por parte de los usuarios finales de los servicios y las aplicaciones a través de redes de comunicaciones electrónicas respetarán los derechos y libertades fundamentales, como queda garantizado en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en los principios generales del Derecho comunitario y en la Constitución Española. Cualquiera de esas medidas relativas al acceso o al uso por parte de los usuarios finales de los servicios y las aplicaciones a través de redes de comunicaciones electrónicas, que sea susceptible de restringir esos derechos y libertades fundamentales solo podrá imponerse si es adecuada, proporcionada y necesaria en una sociedad democrática, y su aplicación estará sujeta a las salvaguardias de procedimiento apropiadas de conformidad con las normas mencionadas en el párrafo anterior. Por tanto, dichas medidas solo podrán ser adoptadas respetando debidamente el principio de presunción de inocencia y el derecho a la vida privada, a través de un procedimiento previo, justo e imparcial, que incluirá el derecho de los interesados a ser oídos, sin perjuicio de que concurran las condiciones y los arreglos procesales adecuados en los casos de urgencia debidamente justificados, de conformidad con el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Asimismo, se garantizará el derecho a la tutela judicial efectiva y en tiempo oportuno. Artículo 6. Requisitos exigibles para la explotación de las redes y la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas. 1. Podrán explotar redes y prestar servicios de comunicaciones electrónicas a terceros las personas físicas o jurídicas nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o de otra nacionalidad, cuando, en el segundo caso, así esté previsto en los acuerdos internacionales que vinculen al Reino de España. Para el resto de personas físicas o jurídicas, el Gobierno podrá autorizar excepciones de carácter general o particular a la regla anterior. 2. Los interesados en la explotación de una determinada red o en la prestación de un determinado servicio de comunicaciones electrónicas deberán, con anterioridad al inicio de la actividad, comunicarlo previamente al Registro de operadores en los términos que se determinen mediante real decreto, sometiéndose a las condiciones previstas para el ejercicio de la actividad que pretendan realizar. Sin perjuicio de lo dispuesto para los operadores controlados directa o indirectamente por administraciones públicas en el artículo 7, quedan exentos de esta obligación quienes exploten redes y presten servicios de comunicaciones electrónicas en régimen de autoprestación. Artículo 7. Registro de operadores. 1. Se crea, dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, el Registro de operadores. Dicho Registro será de carácter público y su regulación se hará por real decreto. Se garantizará que el acceso a dicho Registro pueda efectuarse por medios electrónicos. En él deberán inscribirse los datos relativos a las personas físicas o jurídicas que hayan notificado su intención de explotar redes o prestar servicios de comunicaciones electrónicas, las condiciones para desarrollar la actividad y sus modificaciones. 2. Cuando el Registro de operadores constate que la notificación a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior no reúne los requisitos establecidos dictará resolución motivada en un plazo máximo de 15 días hábiles, no teniendo por realizada aquélla. 3. Las administraciones públicas deberán comunicar al Registro de operadores todo proyecto de instalación o explotación de redes de comunicaciones electrónicas en régimen de autoprestación que haga uso del dominio público, tanto si dicha instalación o explotación vaya a realizarse de manera directa o a través de cualquier entidad o sociedad. Mediante real decreto podrán especificarse aquellos supuestos en que, en atención a las características, la dimensión de la red proyectada o la naturaleza de los servicios a prestar, no resulte necesario efectuar dicha comunicación. 4. Quienes resultasen seleccionados para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas armonizados en procedimientos de licitación convocados por las instituciones de la Unión Europea serán inscritos de oficio en el Registro de operadores. 5. No será preciso el consentimiento del interesado para el tratamiento de los datos de carácter personal que haya de contener el Registro ni para la comunicación de dichos datos que se derive de su publicidad. Artículo 8. Condiciones para la prestación de servicios o la explotación de redes de comunicaciones electrónicas. 1. La explotación de las redes y la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas se sujetarán a las condiciones previstas en esta Ley y su normativa de desarrollo, entre las cuales se incluirán las de salvaguarda de los derechos de los usuarios finales. 2. Con arreglo a los principios de objetividad y de proporcionalidad, el Gobierno podrá modificar las condiciones impuestas previa audiencia de los interesados, del Consejo de Consumidores y Usuarios y, en su caso, de las asociaciones más representativas de los restantes usuarios, e informe de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. La modificación se realizará mediante real decreto, en el que deberá constar la justificación en que se sustenta y establecerá un plazo para que los operadores se adapten a aquélla. 3. Las entidades públicas o privadas que, de acuerdo con la legislación vigente, tengan derechos especiales o exclusivos para la prestación de servicios en otro sector económico y que exploten redes públicas o presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público deberán llevar cuentas separadas y auditadas para sus actividades de comunicaciones electrónicas, o establecer una separación estructural para las actividades asociadas con la explotación de redes o la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas. Mediante real decreto podrá establecerse la exención de esta obligación para las entidades cuyos ingresos brutos de explotación anuales por actividades asociadas con las redes o servicios de comunicaciones electrónicas sea inferior a 50 millones de euros. Artículo 9. Instalación y explotación de redes públicas y prestación de servicios de comunicaciones electrónicas en régimen de prestación a terceros por las administraciones públicas. 1. La instalación y explotación de redes públicas o la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas en régimen de prestación a terceros por operadores controlados directa o indirectamente por administraciones públicas se regirá de manera específica por lo dispuesto en el presente artículo. 2. La instalación y explotación de redes públicas o la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas en régimen de prestación a terceros por operadores controlados directa o indirectamente por administraciones públicas se realizará dando cumplimiento al principio de inversor privado, con la debida separación de cuentas, con arreglo a los principios de neutralidad, transparencia, no distorsión de la competencia y no discriminación, y cumpliendo con la normativa sobre ayudas de Estado a que se refieren los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Mediante real decreto, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, se determinarán las condiciones en que los operadores controlados directa o indirectamente por administraciones públicas deberán llevar a cabo la instalación y explotación de redes públicas o la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas en régimen de prestación a terceros y, en especial, los criterios, condiciones y requisitos para que dichos operadores actúen con sujeción al principio de inversor privado. En particular, en dicho real decreto se establecerán los supuestos en los que, como excepción a la exigencia de actuación con sujeción al principio de inversor privado, los operadores controlados directa o indirectamente por administraciones públicas podrán instalar y explotar redes públicas y prestar servicios de comunicaciones electrónicas en régimen de prestación a terceros que no distorsionen la competencia o cuando se confirme fallo del mercado y no exista interés de concurrencia en el despliegue del sector privado por ausencia o insuficiencia de inversión privada, ajustándose la inversión pública al principio de necesidad, con la finalidad de garantizar la necesaria cohesión territorial y social. 3. Una Administración Pública sólo podrá instalar y explotar redes públicas de comunicaciones electrónicas o prestar servicios de comunicaciones electrónicas en régimen de prestación a terceros a través de entidades o sociedades que tengan entre su objeto social o finalidad la instalación y explotación de redes o la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas. La instalación o explotación de redes públicas de comunicaciones electrónicas y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas en régimen de prestación a terceros por los órganos o entes gestores de infraestructuras de transporte de competencia estatal, se realizará en las condiciones establecidas en el artículo 38 de la presente Ley. 4. La instalación y explotación de redes públicas o la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas en régimen de prestación a terceros por operadores controlados directa o indirectamente por administraciones públicas deberán llevarse a cabo en las condiciones establecidas en el artículo 8 y, en particular, en las siguientes condiciones: a) Los operadores tienen reconocido directamente el derecho a acceder en condiciones neutrales, objetivas, transparentes, equitativas y no discriminatorias a las infraestructuras y recursos asociados utilizados por los operadores controlados directa o indirectamente por administraciones públicas para la instalación y explotación de redes de comunicaciones electrónicas. b) Los operadores tienen reconocido directamente el derecho de uso compartido de las infraestructuras de red de comunicaciones electrónicas y sus recursos asociados instaladas por los operadores controlados directa o indirectamente por administraciones públicas en condiciones neutrales, objetivas, transparentes, equitativas y no discriminatorias. c) Si las administraciones públicas reguladoras o titulares del dominio público ostentan la propiedad, total o parcial, o ejercen el control directo o indirecto de operadores que explotan redes públicas de comunicaciones electrónicas o servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público, deberán mantener una separación estructural entre dichos operadores y los órganos encargados de la regulación y gestión de los derechos de utilización del dominio público correspondiente. Artículo 10. Obligaciones de suministro de información. 1. Las Autoridades Nacionales de Reglamentación de Telecomunicaciones podrán, en el ámbito de su actuación, requerir a las personas físicas o jurídicas que exploten redes o presten servicios de comunicaciones electrónicas, así como a aquellos otros agentes que intervengan en este mercado, la información necesaria para el cumplimiento de alguna de las siguientes finalidades: a) Satisfacer necesidades estadísticas o de análisis y para la elaboración de informes de seguimiento sectoriales. b) Comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas para la prestación de servicios o la explotación de redes de comunicaciones electrónicas, en particular, cuando la explotación de las redes conlleve emisiones radioeléctricas. c) Comprobar que la prestación de servicios o la explotación de redes de comunicaciones electrónicas por parte de operadores controlados directa o indirectamente por administraciones públicas cumplen las condiciones establecidas por esta Ley y sus normas de desarrollo. d) Evaluar la procedencia de las solicitudes de derechos de uso del dominio público radioeléctrico y de la numeración. e) Comprobar el uso efectivo y eficiente de frecuencias y números y el cumplimiento de las obligaciones que resulten de los derechos de uso del dominio público radioeléctrico, de la numeración, direccionamiento y denominación o de la ocupación del dominio público o de la propiedad privada. f) Elaborar análisis que permitan la definición de los mercados de referencia, el establecimiento de condiciones específicas a los operadores con poder significativo de mercado en aquéllos y conocer el modo en que la futura evolución de las redes o los servicios puede repercutir en los servicios mayoristas que las empresas ponen a disposición de sus competidores. Asimismo, podrá exigirse a las empresas con un poder significativo en los mercados mayoristas que presenten datos contables sobre los mercados minoristas asociados con dichos mercados mayoristas. g) Comprobar el cumplimiento de las obligaciones específicas impuestas en el marco de la regulación ex ante y el cumplimiento de las resoluciones dictadas para resolver conflictos entre operadores. h) Comprobar el cumplimiento de las obligaciones de servicio público y obligaciones de carácter público, así como determinar los operadores encargados de prestar el servicio universal. i) Comprobar el cumplimiento de las obligaciones que resulten necesarias para garantizar un acceso equivalente para los usuarios finales con discapacidad y que éstos se beneficien de la posibilidad de elección de empresas y servicios disponibles para la mayoría de los usuarios finales. j) La puesta a disposición de los ciudadanos de información o aplicaciones interactivas que posibiliten realizar comparativas sobre precios, cobertura y calidad de los servicios, en interés de los usuarios. k) La adopción de medidas destinadas a facilitar la coubicación o el uso compartido de elementos de redes públicas de comunicaciones electrónicas y recursos asociados. l) Evaluar la integridad y la seguridad de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas. m) Cumplir los requerimientos que vengan impuestos en el ordenamiento jurídico. n) Comprobar el cumplimiento del resto de obligaciones nacidas de esta Ley. o) Planificar de manera eficiente el uso de fondos públicos destinados, en su caso, al despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones. Esta información, excepto aquella a la que se refieren los párrafos d) y o), no podrá exigirse antes del inicio de la actividad y se suministrará en el plazo y forma que se establezca en cada requerimiento, atendidas las circunstancias del caso. Las Autoridades Nacionales de Reglamentación garantizarán la confidencialidad de la información suministrada que pueda afectar a la seguridad e integridad de las redes y de los servicios de comunicaciones electrónicas o al secreto comercial o industrial. 2. Las administraciones públicas podrán solicitar la información que sea necesaria en el ejercicio de sus competencias. Las administraciones públicas, antes de solicitar información en materia de telecomunicaciones a las personas físicas o jurídicas que exploten redes o presten servicios de comunicaciones electrónicas para el ejercicio de sus funciones, deberán recabar dicha información de las Autoridades Nacionales de Reglamentación. Únicamente en el caso de que las Autoridades Nacionales de Reglamentación no dispongan de la información solicitada o la misma no pueda ser proporcionada al ser confidencial por razones de seguridad o de secreto comercial o industrial, los órganos competentes de las administraciones públicas podrán solicitar dicha información en materia de telecomunicaciones de las personas físicas o jurídicas que exploten redes o presten servicios de comunicaciones electrónicas. 3. Las solicitudes de información que se realicen de conformidad con los apartados anteriores habrán de ser motivadas y proporcionadas al fin perseguido. Artículo 11. Normas técnicas. 1. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo fomentará el uso de las normas o especificaciones técnicas identificadas en la relación que la Comisión Europea elabore como base para fomentar la armonización del suministro de redes de comunicaciones electrónicas, servicios de comunicaciones electrónicas y recursos y servicios asociados, especialmente en los ámbitos de acceso e interconexión. En particular, garantizará la utilización de las normas o especificaciones técnicas cuya aplicación declare obligatoria la Comisión Europea, de conformidad con lo establecido en la normativa de la Unión Europea, en la medida necesaria para garantizar la interoperabilidad de los servicios y para potenciar la libertad de elección de los usuarios. En ausencia de dichas normas o especificaciones promoverá la aplicación de las normas o recomendaciones internacionales aprobadas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (CEPT), la Comisión Internacional de Normalización (ISO) y la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI). Mediante real decreto se podrán determinar las formas de elaboración y, en su caso, de adopción de las especificaciones técnicas aplicables a redes y servicios de comunicaciones electrónicas, en particular, a efectos de garantizar el cumplimiento de requisitos en materia de despliegue de redes, obligaciones de servicio público, interoperabilidad, integridad y seguridad de redes y servicios. Mediante real decreto se establecerá el procedimiento de comunicación de las citadas especificaciones a la Comisión Europea de conformidad con la normativa de la Unión Europea. 2. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia también fomentará y garantizará el uso de las normas o especificaciones técnicas en los términos señalados en el apartado anterior en el ejercicio de sus funciones de la regulación ex ante y de resolución de conflictos entre operadores. CAPÍTULO II Acceso a las redes y recursos asociados e interconexión Artículo 12. Principios generales aplicables al acceso a las redes y recursos asociados y a su interconexión. 1. Este capítulo y su desarrollo reglamentario serán aplicables a la interconexión y a los accesos a redes públicas de comunicaciones electrónicas y a sus recursos asociados, salvo que el beneficiario del acceso sea un usuario final, de acuerdo con la definición que se da a los conceptos de acceso e interconexión en el anexo II de la presente Ley. 2. Los operadores de redes públicas de comunicaciones electrónicas tendrán el derecho y, cuando se solicite por otros operadores de redes de comunicaciones electrónicas, la obligación de negociar la interconexión mutua con el fin de prestar servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público, con el objeto de garantizar así la prestación de servicios y su interoperabilidad. 3. No existirán restricciones que impidan que los operadores negocien entre sí acuerdos de acceso e interconexión. 4. La persona física o jurídica habilitada para explotar redes o prestar servicios en otro Estado miembro de la Unión Europea que solicite acceso o interconexión en España no necesitará llevar a cabo la notificación a la que se refiere el artículo 6 de la Ley cuando no explote redes ni preste servicios de comunicaciones electrónicas en el territorio nacional. 5. Sin perjuicio de las medidas que puedan adoptarse en relación con las empresas que tengan un poder significativo en el mercado de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 de esta Ley, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá intervenir en las relaciones entre operadores o entre operadores y otras entidades que se beneficien de las obligaciones de acceso e interconexión, a petición de cualquiera de las partes implicadas, o de oficio cuando esté justificado, con objeto de fomentar y, en su caso, garantizar la adecuación del acceso, la interconexión y la interoperabilidad de los servicios, así como la consecución de los objetivos establecidos en el artículo 3. La decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia será vinculante y se adoptará en el plazo indicado en la Ley 3/2013 de creación de dicha Comisión. 6. Las obligaciones y condiciones que se impongan de conformidad con este capítulo serán objetivas, transparentes, proporcionadas y no discriminatorias. 7. Los operadores que obtengan información de otros, con anterioridad, durante o con posterioridad al proceso de negociación de acuerdos de acceso o interconexión, destinarán dicha información exclusivamente a los fines para los que les fue facilitada y respetarán en todo momento la confidencialidad de la información transmitida o almacenada, en especial respecto de terceros, incluidos otros departamentos de la propia empresa, filiales o asociados. CAPÍTULO III Regulación ex ante de los mercados y resolución de conflictos Artículo 13. Mercados de referencia y operadores con poder significativo en el mercado. 1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, teniendo en cuenta la Recomendación de la Comisión Europea sobre mercados relevantes, las Directrices de la Comisión Europea para el análisis de mercados y determinación de operadores con poder significativo en el mercado y los dictámenes y posiciones comunes pertinentes adoptados por el Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE), definirá, previo informe del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y del Ministerio de Economía y Competitividad y mediante resolución publicada en el «Boletín Oficial del Estado», los mercados de referencia relativos a redes y servicios de comunicaciones electrónicas, entre los que se incluirán los correspondientes mercados de referencia al por mayor y al por menor, y el ámbito geográfico de los mismos, cuyas características pueden justificar la imposición de obligaciones específicas. En todo caso, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en aplicación de la normativa en materia de competencia, en especial, de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, de los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y de la Ley 3/2013, de creación de la Comisión, deberá supervisar el funcionamiento de los distintos mercados de comunicaciones electrónicas, así como la actividad de los operadores ya tengan o no poder significativo en el mercado, para preservar, garantizar y promover condiciones de competencia efectiva en los mismos. 2. Asimismo, teniendo en cuenta las referencias citadas en el párrafo anterior, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia llevará a cabo un análisis de los citados mercados: a) En un plazo máximo de tres años contado desde la adopción de una medida anterior relativa a ese mercado. No obstante, y de modo excepcional, este plazo podrá ampliarse a un máximo de tres años suplementarios cuando las autoridades nacionales de reglamentación hayan notificado una propuesta de ampliación razonada a la Comisión Europea y esta no haya hecho ninguna objeción en el plazo de un mes respecto de la ampliación notificada. b) En el plazo máximo de dos años desde la adopción de una recomendación sobre mercados relevantes revisada, para los mercados no notificados previamente a la Comisión Europea. Si la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia no hubiera concluido su análisis de un mercado relevante que figura en la Recomendación de Mercados Relevantes dentro de los plazos establecidos, el ORECE le prestará asistencia, a petición de la propia Comisión, para la conclusión del análisis del mercado concreto y la determinación de las obligaciones específicas que deban imponerse. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, contando con esta colaboración, notificará el proyecto de medida a la Comisión Europea en un plazo de seis meses. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 5.2 de la Ley 3/2013, podrá solicitar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para que realice el análisis de un mercado determinado de comunicaciones electrónicas cuando concurran razones de interés general, o bien se aprecien indicios de falta de competencia efectiva. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en los planes anuales o plurianuales de actuación que apruebe y en los que debe constar sus objetivos y prioridades a tenor de lo dispuesto en el artículo 20.16 de la Ley 3/2013, deberá identificar los mercados relevantes que vaya a analizar y las actuaciones necesarias para la adecuada realización de dicho análisis dentro de los plazos previstos en este apartado. El Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en el marco del control parlamentario anual a que se refiere el artículo 39.1 de la Ley 3/2013, deberá dar cuenta del resultado de los análisis de los mercados y el cumplimiento de los plazos establecidos en este apartado. 3. El análisis a que se refiere el apartado anterior tendrá como finalidad determinar si los distintos mercados de referencia se desarrollan en un entorno de competencia efectiva. En caso contrario, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia previo informe del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y del Ministerio de Economía y Competitividad, identificará y hará públicos el operador u operadores que poseen un poder significativo en cada mercado considerado. Cuando un operador u operadores tengan, individual o conjuntamente, poder significativo en un mercado de referencia (mercado primario), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá declarar que lo tienen también en otro mercado de referencia estrechamente relacionado con el anterior (mercado secundario) cuando los vínculos entre ambos sean tales que resulte posible ejercer en el mercado secundario el peso que se tiene en el mercado primario, reforzando de esta manera el poder en el mercado del operador. En este supuesto, podrán imponerse obligaciones específicas adecuadas en el mercado secundario, en virtud del apartado siguiente. 4. En aquellos mercados en que se constate la inexistencia de un entorno de competencia efectiva, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, previo informe del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y del Ministerio de Economía y Competitividad, impondrá las obligaciones específicas apropiadas que sean exigibles a los operadores que hayan sido identificados como operadores con poder significativo en dichos mercados. Podrá a estos efectos mantener o modificar obligaciones específicas que tuvieran impuestas. En la determinación de dichas obligaciones específicas se otorgará preferencia a las medidas en mercados al por mayor frente a las actuaciones en los mercados al por menor correspondientes. Las obligaciones específicas a que se refieren los párrafos anteriores se basarán en la naturaleza del problema identificado, serán proporcionadas y estarán justificadas en el cumplimiento de los objetivos del artículo 3 de esta Ley. Dichas obligaciones se mantendrán en vigor durante el tiempo estrictamente imprescindible. 5. En los mercados en los que se constate la existencia de competencia efectiva, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia suprimirá las obligaciones específicas que, en su caso, tuvieran impuestas los operadores por haber sido declarados con poder significativo en dichos mercados. Artículo 14. Obligaciones específicas aplicables a los operadores con poder significativo en mercados de referencia. 1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en la forma y en las condiciones que se determinen en desarrollo del apartado 5 de este artículo, podrá imponer a los operadores que, de conformidad con dicho artículo, hayan sido declarados con poder significativo en el mercado obligaciones específicas en materia de: a) Transparencia, en relación con la interconexión y el acceso, conforme a las cuales los operadores deberán hacer público determinado tipo de información, como la relativa a contabilidad, especificaciones técnicas, características de las redes, condiciones de suministro y utilización, incluidas, en su caso, las condiciones que pudieran limitar el acceso o la utilización de servicios o aplicaciones, así como los precios. En particular, cuando de conformidad con la letra b) se impongan a un operador obligaciones de no discriminación, se le podrá exigir que publique una oferta de referencia. Asimismo, se garantizará que los operadores a los que de conformidad con la letra d) se impongan obligaciones en relación con el acceso al por mayor a la infraestructura de la red dispongan de una oferta de referencia. Mediante real decreto se establecerá el contenido mínimo de elementos que debe contemplar dicha oferta. b) No discriminación, que garantizarán, en particular, que el operador aplique condiciones equivalentes en circunstancias semejantes a otros operadores que presten servicios equivalentes y proporcione a terceros servicios e información de la misma calidad que los que proporcione para sus propios servicios o los de sus filiales o asociados y en las mismas condiciones. c) Separación de cuentas, en el formato y con la metodología que, en su caso, se especifiquen. d) Acceso a elementos o a recursos específicos de las redes y a su utilización, así como a recursos y a servicios asociados tales como servicios de identidad, localización y presencia. e) Control de precios, tales como la fijación de precios, la orientación de los precios en función de los costes y el establecimiento de una contabilidad de costes, con objeto de garantizar la formación de precios competitivos y evitar precios excesivos y márgenes no competitivos en detrimento de los usuarios finales. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia velará para que estos mecanismos de control de precios que se impongan sirvan para fomentar la competencia efectiva y los beneficios para los consumidores y usuarios en términos de precios y calidad de los servicios. Para favorecer la inversión por parte del operador, en particular en redes de próxima generación, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tendrá en cuenta la inversión efectuada, permitiendo una tasa razonable de rendimiento en relación con el capital correspondiente invertido, habida cuenta de todos los riesgos específicos de un nuevo proyecto de inversión concreto. 2. En circunstancias excepcionales y debidamente justificadas, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, previo sometimiento al mecanismo de consulta previsto en la disposición adicional octava, podrá imponer obligaciones específicas relativas al acceso o a la interconexión que no se limiten a las materias enumeradas en el apartado anterior. 3. Cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia estudie la conveniencia de imponer las obligaciones específicas de acceso previstas en la letra d) del apartado 1 de este artículo, habrá de considerar, en particular, los siguientes elementos: a) la viabilidad técnica y económica de utilizar o instalar recursos que compitan entre sí, a la vista del ritmo de desarrollo del mercado, teniendo en cuenta la naturaleza y el tipo de interconexión o acceso de que se trate, incluida la viabilidad de otros productos de acceso previo, como el acceso a conductos, b) la posibilidad de proporcionar el acceso propuesto, en relación con la capacidad disponible, c) la inversión inicial del propietario de los recursos, sin olvidar las inversiones públicas realizadas ni los riesgos inherentes a las inversiones, d) la necesidad de salvaguardar la competencia a largo plazo, prestando especial atención a la competencia económicamente eficiente basada en las infraestructuras, e) cuando proceda, los derechos pertinentes en materia de propiedad intelectual, y f) el suministro de servicios paneuropeos. 4. Cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia imponga obligaciones específicas a un operador de redes públicas de comunicaciones electrónicas para que facilite acceso podrá establecer determinadas condiciones técnicas u operativas al citado operador o a los beneficiarios de dicho acceso siempre que ello sea necesario para garantizar el funcionamiento normal de la red, conforme se establezca mediante real decreto. Las obligaciones de atenerse a normas o especificaciones técnicas concretas estarán de acuerdo con las normas a que se refiere el artículo 11. 5. Mediante real decreto, el Gobierno identificará las obligaciones específicas que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá imponer en los mercados de referencia considerados en este artículo y determinará las condiciones para su imposición, modificación o supresión. Artículo 15. Resolución de conflictos. 1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia resolverá los conflictos que se susciten en relación con las obligaciones existentes en virtud de la presente Ley y su normativa de desarrollo entre operadores o entre operadores y otras entidades que se beneficien de las obligaciones de acceso e interconexión, de acuerdo con la definición que se da a los conceptos de acceso e interconexión en el anexo II de la presente Ley. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, previa audiencia de las partes, dictará resolución vinculante sobre los extremos objeto del conflicto, en el plazo indicado en la Ley de creación de esta Comisión, sin perjuicio de que puedan adoptarse medidas provisionales hasta el momento en que se dicte la resolución definitiva. 2. En caso de producirse un conflicto transfronterizo en el que una de las partes esté radicada en otro Estado miembro de la Unión Europea, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en caso de que cualquiera de las partes así lo solicite, coordinará, en los términos que se establezcan mediante real decreto, sus esfuerzos para encontrar una solución al conflicto con la otra u otras autoridades nacionales de reglamentación afectadas. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá solicitar que el ORECE adopte un dictamen sobre las medidas que deben tomarse para resolver el litigio. Cuando se haya transmitido al ORECE tal solicitud, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia deberá esperar el dictamen del ORECE antes de tomar medidas para resolver el litigio. Ello no constituirá un obstáculo para que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia adopte medidas urgentes en caso necesario. Cualquier obligación impuesta a una empresa por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en la resolución de un litigio deberá tener en cuenta en la mayor medida posible el dictamen adoptado por el ORECE. CAPÍTULO IV Separación funcional Artículo 16. Separación funcional obligatoria. 1. Cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia llegue a la conclusión de que las obligaciones específicas impuestas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 14, no han bastado para conseguir una competencia efectiva y que sigue habiendo problemas de competencia importantes y persistentes o fallos del mercado en relación con mercados al por mayor de productos de acceso, podrá decidir la imposición, como medida excepcional, a los operadores con poder significativo en el mercado integrados verticalmente, de la obligación de traspasar las actividades relacionadas con el suministro al por mayor de productos de acceso a una unidad empresarial que actúe independientemente. Esa unidad empresarial suministrará productos y servicios de acceso a todas las empresas, incluidas otras unidades empresariales de la sociedad matriz, en los mismos plazos, términos y condiciones, en particular en lo que se refiere a niveles de precios y de servicio, y mediante los mismos sistemas y procesos. La imposición de la obligación de separación funcional prevista en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de las medidas estructurales que se pudieran adoptar en aplicación de la normativa en materia de competencia. 2. Cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se proponga imponer una obligación de separación funcional, elaborará una propuesta que incluya: a) motivos que justifiquen las conclusiones a las que ha llegado, b) razones por las que hay pocas posibilidades, o ninguna, de competencia basada en la infraestructura en un plazo razonable, c) un análisis del impacto previsto sobre la autoridad reguladora, sobre la empresa, particularmente en lo que se refiere a los trabajadores de la empresa separada y al sector de las comunicaciones electrónicas en su conjunto, sobre los incentivos para invertir en el sector en su conjunto, en especial por lo que respecta a la necesidad de garantizar la cohesión social y territorial, así como sobre otras partes interesadas, incluido en particular el impacto previsto sobre la competencia en infraestructuras y cualquier efecto negativo potencial sobre los consumidores, y d) un análisis de las razones que justifiquen que esta obligación es el medio más adecuado para aplicar soluciones a los problemas de competencia o fallos del mercado que se hayan identificado. 3. El proyecto de medida incluirá los elementos siguientes: a) la naturaleza y el grado precisos de la separación, especificando en particular el estatuto jurídico de la entidad empresarial separada, b) una indicación de los activos de la entidad empresarial separada y de los productos o servicios que debe suministrar esta entidad, c) los mecanismos de gobernanza para garantizar la independencia del personal empleado por la entidad empresarial separada y la estructura de incentivos correspondiente, d) las normas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones, e) las normas para garantizar la transparencia de los procedimientos operativos, en particular de cara a otras partes interesadas, y f) un programa de seguimiento para garantizar el cumplimiento, incluida la publicación de un informe anual. 4. La propuesta de imposición de la obligación de separación funcional, una vez que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y el Ministerio de Economía y Competitividad, como Autoridades Nacionales de Reglamentación identificadas en el apartado 1 del artículo 68, hayan emitido informe sobre la misma, se presentará a la Comisión Europea. 5. Tras la decisión de la Comisión Europea, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia llevará a cabo, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 13, un análisis coordinado de los distintos mercados relacionados con la red de acceso. Sobre la base de su evaluación, previo informe del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y del Ministerio de Economía y Competitividad, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia impondrá, mantendrá, modificará o suprimirá las obligaciones específicas correspondientes. Artículo 17. Separación funcional voluntaria. 1. En el supuesto de que una empresa designada como poseedora de poder significativo en uno o varios mercados pertinentes se proponga transferir sus activos de red de acceso local, o una parte sustancial de los mismos, a una persona jurídica separada de distinta propiedad, o establecer una entidad empresarial separada para suministrar a todos los proveedores minoristas, incluidas sus propias divisiones minoristas, productos de acceso completamente equivalentes, deberá informar con anterioridad al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, al Ministerio de Economía y Competitividad y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Las empresas informarán también al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, al Ministerio de Economía y Competitividad y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de cualquier cambio de dicho propósito, así como del resultado final del proceso de separación. 2. En el caso de que se realice la separación funcional voluntaria, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia evaluará el efecto de la transacción prevista sobre las obligaciones reglamentarias impuestas a esa entidad, llevando a cabo, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 14, un análisis coordinado de los distintos mercados relacionados con la red de acceso. Sobre la base de su evaluación, previo informe del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia impondrá, mantendrá, modificará o suprimirá las obligaciones específicas correspondientes. Artículo 18. Obligaciones específicas adicionales a la separación funcional. Las empresas a las que se haya impuesto o que hayan decidido la separación funcional podrán estar sujetas a cualquiera de las obligaciones específicas enumeradas en el artículo 14 en cualquier mercado de referencia en que hayan sido designadas como poseedoras de poder significativo en el mercado. CAPÍTULO V Numeración, direccionamiento y denominación Artículo 19. Principios generales. 1. Para los servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público se proporcionarán los números, direcciones y nombres que se necesiten para permitir su efectiva prestación, tomándose esta circunstancia en consideración en los planes nacionales correspondientes y en sus disposiciones de desarrollo. 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, la regulación de los nombres de dominio de internet bajo el indicativo del país correspondiente a España («.es») se regirá por su normativa específica. 3. Corresponde al Gobierno la aprobación por real decreto de los planes nacionales de numeración, direccionamiento y denominación, teniendo en cuenta las decisiones aplicables que se adopten en el seno de las organizaciones y los foros internacionales. 4. Corresponde al Ministerio de Industria, Energía y Turismo la elaboración de las propuestas de planes nacionales para su elevación al Gobierno, y el desarrollo normativo de estos planes que podrán establecer condiciones asociadas a la utilización de los recursos públicos de numeración, direccionamiento y denominación, en particular la designación del servicio para el que se utilizarán estos recursos, incluyendo cualquier requisito relacionado con el suministro de dicho servicio. 5. Corresponde al Ministerio de Industria, Energía y Turismo el otorgamiento de los derechos de uso de los recursos públicos regulados en los planes nacionales de numeración, direccionamiento y denominación. Los procedimientos para el otorgamiento de estos derechos serán abiertos, objetivos, no discriminatorios, proporcionados y transparentes. Estos procedimientos se establecerán mediante real decreto. Las decisiones relativas a los otorgamientos de derechos de uso se adoptarán, comunicarán y harán públicas en el plazo máximo de tres semanas desde la recepción de la solicitud completa, salvo cuando se apliquen procedimientos de selección comparativa o competitiva, en cuyo caso, el plazo máximo será de seis semanas desde el fin del plazo de recepción de ofertas. Transcurrido el plazo máximo sin haberse notificado la resolución expresa, se podrá entender desestimada la solicitud por silencio administrativo. Asimismo, también se harán públicas las decisiones que se adopten relativas a la cancelación de derechos de uso. 6. Los operadores que presten servicios telefónicos disponibles al público u otros servicios que permitan efectuar y recibir llamadas a números del plan nacional de numeración telefónica deberán cursar las llamadas que se efectúen a los rangos de numeración telefónica nacional y, cuando permitan llamadas internacionales, al espacio europeo de numeración telefónica y a otros rangos de numeración internacional, en los términos que se especifiquen en los planes nacionales de numeración o en sus disposiciones de desarrollo, sin perjuicio del derecho del usuario de desconexión de determinados servicios. Los operadores que presten servicios telefónicos disponibles al público u otros servicios que permitan las llamadas internacionales adoptarán las medidas oportunas para que sean cursadas cuantas llamadas se efectúen procedentes de y con destino al espacio europeo de numeración telefónica, a tarifas similares a las que se aplican a las llamadas con origen o destino en otros países comunitarios. 7. El otorgamiento de derechos de uso de los recursos públicos de numeración, direccionamiento y denominación regulados en los planes nacionales no supondrá el otorgamiento de más derechos que los de su utilización conforme a lo que se establece en esta Ley. 8. Los operadores a los que se haya otorgado el derecho de uso de una serie de números no podrán discriminar a otros operadores en lo que se refiere a las secuencias de números utilizadas para dar acceso a los servicios de éstos. 9. Todos los operadores y, en su caso, los fabricantes y los comerciantes estarán obligados a tomar las medidas necesarias para el cumplimiento de las decisiones que se adopten por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en materia de numeración, direccionamiento y denominación. 10. Los usuarios finales tendrán, en los términos que determine la normativa de desarrollo de la Ley, acceso a los recursos públicos regulados en los planes nacionales. Esta normativa podrá prever, cuando esté justificado, el otorgamiento de derechos de uso de números, nombres o direcciones a los usuarios finales para determinados rangos que a tal efecto se definan en los planes nacionales o en sus disposiciones de desarrollo. 11. Los operadores que exploten redes públicas de comunicaciones o presten servicios telefónicos disponibles al público, siempre que sea técnica y económicamente posible, adoptarán las medidas que sean necesarias para que los usuarios finales puedan tener acceso a los servicios utilizando números no geográficos en la Unión Europea, y que puedan tener acceso, con independencia de la tecnología y los dispositivos utilizados por el operador, a todos los números proporcionados en la Unión Europea, incluidos los de los planes nacionales de numeración de los Estados miembros, los del espacio europeo de numeración telefónica, y los Números Universales Internacionales de Llamada Gratuita. 12. El Gobierno apoyará la armonización de determinados números o series de números concretos dentro de la Unión Europea cuando ello promueva al mismo tiempo el funcionamiento del mercado interior y el desarrollo de servicios paneuropeos. Artículo 20. Planes nacionales. 1. Los planes nacionales y sus disposiciones de desarrollo designarán los servicios para los que puedan utilizarse los números y, en su caso, direcciones y nombres correspondientes, incluido cualquier requisito relacionado con la prestación de tales servicios y las condiciones asociadas a su uso, que serán proporcionadas y no discriminatorias. Asimismo, los planes nacionales y sus disposiciones de desarrollo podrán incluir los principios de fijación de precios y los precios máximos que puedan aplicarse a los efectos de garantizar la protección de los consumidores. 2. El contenido de los citados planes y el de los actos derivados de su desarrollo y gestión serán públicos, salvo en lo relativo a materias que puedan afectar a la seguridad nacional. 3. A fin de cumplir con las obligaciones y recomendaciones internacionales o para garantizar la disponibilidad suficiente de números, direcciones y nombres, el Ministro de Industria, Energía y Turismo podrá, mediante orden que se publicará con la debida antelación a su entrada en vigor, y previo informe preceptivo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, modificar la estructura y la organización de los planes nacionales o, en ausencia de éstos o de planes específicos para cada servicio, establecer medidas sobre la utilización de los recursos numéricos y alfanuméricos necesarios para la prestación de los servicios. Se habrán de tener en cuenta, a tales efectos, los intereses de los afectados y los gastos de adaptación que, de todo ello, se deriven para los operadores y para los usuarios. 4. Los planes nacionales o sus disposiciones de desarrollo podrán establecer procedimientos de selección competitiva o comparativa para el otorgamiento de derechos de uso de números y nombres con valor económico excepcional o que sean particularmente apropiados para la prestación de determinados servicios de interés general. Estos procedimientos respetarán los principios de publicidad, concurrencia y no discriminación para todas las partes interesadas. Artículo 21. Conservación de los números telefónicos por los abonados. 1. Los operadores garantizarán, de conformidad con lo establecido en el artículo 47, que los abonados con números del plan nacional de numeración telefónica puedan conservar, previa solicitud, los números que les hayan sido asignados, con independencia del operador que preste el servicio. Mediante real decreto se fijarán los supuestos a los que sea de aplicación la conservación de números, así como los aspectos técnicos y administrativos necesarios para que ésta se lleve a cabo. En aplicación de este real decreto y su normativa de desarrollo, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia podrá fijar, mediante circular, características y condiciones para la conservación de los números. 2. Los costes derivados de la actualización de los elementos de la red y de los sistemas necesarios para hacer posible la conservación de los números deberán ser sufragados por cada operador sin que, por ello, tengan derecho a percibir indemnización alguna. Los demás costes que produzca la conservación de los números telefónicos se repartirán, a través del oportuno acuerdo, entre los operadores afectados por el cambio. A falta de acuerdo, resolverá la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Los precios de interconexión para la aplicación de las facilidades de conservación de los números habrán de estar orientados en función de los costes y, en caso de imponerse cuotas directas a los abonados, no deberán tener, en ningún caso, efectos disuasorios para el uso de dichas facilidades. Artículo 22. Números armonizados para los servicios armonizados europeos de valor social. 1. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo promoverá el conocimiento por la población de los números armonizados europeos que comienzan por las cifras 116 y fomentará la prestación en España de los servicios de valor social para los que están reservados tales números, poniéndolos a disposición de los interesados en su prestación. 2. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo adoptará las iniciativas pertinentes para que los usuarios finales con discapacidad puedan tener el mejor acceso posible a los servicios prestados a través de los números armonizados europeos que comienzan por las cifras 116. En la atribución de tales números, dicho Ministerio establecerá las condiciones que faciliten el acceso a los servicios que se presten a través de ellos por los usuarios finales con discapacidad. Entre las referidas condiciones podrán incluirse, en función del servicio en concreto de valor social que se trate, la de posibilitar la comunicación total a través de voz, texto y video para que las personas con discapacidad sensorial no se queden excluidas. 3. Las administraciones públicas competentes en la regulación o supervisión de cada uno de los servicios que se presten a través de los números armonizados europeos que comienzan por las cifras 116 velarán por que los ciudadanos reciban una información adecuada sobre la existencia y utilización de estos servicios de valor social. TÍTULO III Obligaciones de servicio público y derechos y obligaciones de carácter público en la explotación de redes y en la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas CAPÍTULO I Obligaciones de servicio público Sección 1.ª Delimitación Artículo 23. Delimitación de las obligaciones de servicio público. 1. Este capítulo tiene por objeto garantizar la existencia de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público, de adecuada calidad en todo el territorio nacional a través de una competencia y una libertad de elección reales, y hacer frente a las circunstancias en que las necesidades de los usuarios finales no se vean atendidas de manera satisfactoria por el mercado. 2. Los operadores se sujetarán al régimen de obligaciones de servicio público y de carácter público, de acuerdo con lo establecido en este título. Cuando se impongan obligaciones de servicio público, conforme a lo dispuesto en este capítulo, se aplicará con carácter supletorio el régimen establecido para la concesión de servicio público determinado por el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el real decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 3. El cumplimiento de las obligaciones de servicio público en la explotación de redes públicas y en la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas para los que aquéllas sean exigibles se efectuará con respeto a los principios de igualdad, transparencia, no discriminación, continuidad, adaptabilidad, disponibilidad y permanencia y conforme a los términos y condiciones que mediante real decreto se determinen. 4. Corresponde al Ministerio de Industria, Energía y Turismo el control y el ejercicio de las facultades de la Administración relativas a las obligaciones de servicio público y de carácter público a que se refiere este artículo. 5. Cuando el Ministerio de Industria, Energía y Turismo constate que cualquiera de los servicios a que se refiere este artículo se está prestando en competencia, en condiciones de precio, cobertura y calidad de servicio similares a aquellas en que los operadores designados deben prestarlas, podrá, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia y audiencia a los interesados, determinar el cese de su prestación como obligación de servicio público y, en consecuencia, de la financiación prevista para tales obligaciones. Artículo 24. Categorías de obligaciones de servicio público. Los operadores están sometidos a las siguientes categorías de obligaciones de servicio público: a) El servicio universal en los términos contenidos en la sección 2.ª de este capítulo. b) Otras obligaciones de servicio público impuestas por razones de interés general, en la forma y con las condiciones establecidas en la sección 3.ª de este capítulo. Sección 2.ª El servicio universal Artículo 25. Concepto y ámbito de aplicación. 1. Se entiende por servicio universal el conjunto definido de servicios cuya prestación se garantiza para todos los usuarios finales con independencia de su localización geográfica, con una calidad determinada y a un precio asequible. Bajo el mencionado concepto de servicio universal se deberá garantizar, en los términos y condiciones que mediante real decreto se determinen por el Gobierno, que: a) Todos los usuarios finales puedan obtener una conexión a la red pública de comunicaciones electrónicas desde una ubicación fija siempre que sus solicitudes se consideren razonables en los términos que mediante real decreto se determinen y que, incluirán, entre otros factores, el coste de su provisión. La conexión debe permitir realizar comunicaciones de voz, fax y datos, a velocidad suficiente para acceder de forma funcional a Internet. La conexión a la red pública de comunicaciones con capacidad de acceso funcional a Internet deberá permitir comunicaciones de datos en banda ancha a una velocidad en sentido descendente de 1 Mbit por segundo. El Gobierno podrá actualizar esta velocidad de acuerdo con la evolución social, económica y tecnológica, y las condiciones de competencia en el mercado, teniendo en cuenta los servicios utilizados por la mayoría de los usuarios. b) Se satisfagan todas las solicitudes razonables de prestación de un servicio telefónico disponible al público a través de la conexión a que se refiere el párrafo anterior, de modo que se permita efectuar y recibir llamadas nacionales e internacionales. c) Se ponga a disposición de los abonados al servicio telefónico disponible al público una guía general de números de abonados, ya sea impresa o electrónica, o ambas, que se actualice, como mínimo, una vez al año. Mediante real decreto se determinarán los colectivos de abonados que pueden solicitar que se le entregue la guía impresa. Asimismo, que se ponga a disposición de todos los usuarios finales de dicho servicio, incluidos los usuarios de teléfonos públicos de pago, al menos un servicio de información general sobre números de abonados. Todos los abonados al servicio telefónico disponible al público tendrán derecho a figurar en la mencionada guía general, sin perjuicio, en todo caso, del respeto a las normas que regulen la protección de los datos personales y el derecho a la intimidad. d) Exista una oferta suficiente de teléfonos públicos de pago u otros puntos de acceso público a la telefonía vocal en todo el territorio nacional, que satisfaga razonablemente las necesidades de los usuarios finales en lo relativo a la cobertura geográfica, al número de aparatos u otros puntos de acceso, y a la calidad de los servicios, garantice la accesibilidad de estos teléfonos por los usuarios con discapacidades y permita efectuar gratuitamente llamadas de emergencia desde los teléfonos públicos de pago sin tener que utilizar ninguna forma de pago utilizando el número único de llamadas de emergencia 112 y otros números de emergencia españoles. e) Los usuarios finales con discapacidad tengan acceso a los servicios incluidos en los párrafos b), c) y d) de este apartado, a un nivel equivalente al que disfrutan otros usuarios finales. f) Se ofrezcan a los consumidores que sean personas físicas, de acuerdo con condiciones transparentes, públicas y no discriminatorias, opciones o paquetes de tarifas que difieran de las aplicadas en condiciones normales de explotación comercial con objeto de garantizar, en particular, que las personas con necesidades sociales especiales puedan tener acceso a la red y a los servicios que componen el concepto de servicio universal. Con el mismo objeto podrán aplicarse, cuando proceda, limitaciones de precios, tarifas comunes, equiparación geográfica u otros regímenes similares a las prestaciones incluidas en este artículo. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo supervisará la evolución y el nivel de la tarificación al público de los conceptos que forman parte del servicio universal, bien sean prestados por el operador designado, o bien se encuentren disponibles en el mercado en caso de que no se hayan designado operadores en relación con estos servicios, en particular en relación con los niveles nacionales de precios al consumo y de rentas. 2. Mediante real decreto se podrán adoptar medidas a fin de garantizar que los usuarios finales con discapacidad también puedan beneficiarse de la capacidad de elección de operadores de que disfruta la mayoría de los usuarios finales. Asimismo, podrán establecerse sistemas de ayuda directa a los consumidores que sean personas físicas con rentas bajas o con necesidades sociales especiales. 3. Todas las obligaciones que se incluyen en el servicio universal estarán sujetas a los mecanismos de financiación que se establecen en el artículo 27. 4. El Gobierno, de conformidad con la normativa comunitaria, podrá revisar el alcance de las obligaciones de servicio universal. Artículo 26. Designación de los operadores encargados de la prestación del servicio universal. 1. Cuando la prestación de cualquiera de los elementos integrantes del servicio universal no quede garantizada por el libre mercado, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo designará uno o más operadores para que garanticen la prestación eficiente de dichos elementos del servicio universal, de manera que quede cubierta la totalidad del territorio nacional. A estos efectos podrán designarse operadores diferentes para la prestación de diversos elementos del servicio universal y abarcar distintas zonas del territorio nacional. 2. El sistema de designación de operadores encargados de garantizar la prestación de los servicios, prestaciones y ofertas del servicio universal se establecerá mediante real decreto, con sujeción a los principios de eficiencia, objetividad, transparencia y no discriminación sin excluir a priori la designación de ninguna empresa. En todo caso, contemplará un mecanismo de licitación pública para dichos servicios, prestaciones y ofertas. Estos procedimientos de designación garantizarán que la prestación del servicio universal se haga de manera rentable y se podrán utilizar como medio para determinar el coste neto derivado de las obligaciones asignadas, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 27.1. 3. Cuando el operador designado para la prestación del servicio universal se proponga entregar una parte o la totalidad de sus activos de red de acceso local a una persona jurídica separada de distinta propiedad, informará con la debida antelación al Ministerio de Industria, Energía y Turismo a fin de evaluar las repercusiones de la operación prevista en el suministro de acceso desde una ubicación fija y la prestación de servicios telefónicos, de conformidad con el artículo 25. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, como consecuencia de la evaluación realizada, podrá imponer, modificar o suprimir obligaciones al operador designado. 4. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo podrá establecer objetivos de rendimiento aplicables al operador u operadores designados para la prestación del servicio universal. 5. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo notificará a la Comisión Europea las obligaciones de servicio universal impuestas al operador u operadores designados para el cumplimiento de obligaciones de servicio universal, así como los cambios relacionados con dichas obligaciones o con el operador u operadores designados. Artículo 27. Coste y financiación del servicio universal. 1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia determinará si la obligación de la prestación del servicio universal puede implicar una carga injustificada para los operadores obligados a su prestación. En caso de que se considere que puede existir dicha carga injustificada, el coste neto de prestación del servicio universal será determinado periódicamente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de acuerdo con los procedimientos de designación previstos en el artículo 26.2 o en función del ahorro neto que el operador conseguiría si no tuviera la obligación de prestar el servicio universal. Para la determinación de este ahorro neto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia desarrollará y publicará una metodología de acuerdo con los criterios que se establezcan mediante real decreto. 2. El coste neto de la obligación de prestación del servicio universal será financiado por un mecanismo de reparto, en condiciones de transparencia y no discriminación, por aquellos operadores que obtengan por la explotación de redes o la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas unos ingresos brutos de explotación anuales superiores a 100 millones de euros. Esta cifra podrá ser actualizada o modificada mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en función de la evolución del mercado y de las cuotas que los distintos operadores tienen en cada momento en el mercado. 3. Una vez fijado este coste, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia determinará las aportaciones que correspondan a cada uno de los operadores con obligaciones de contribución a la financiación del servicio universal. Dichas aportaciones, así como, en su caso, las deducciones y exenciones aplicables, se verificarán de acuerdo con las condiciones que se establezcan por real decreto. Las aportaciones recibidas se depositarán en el Fondo nacional del servicio universal, que se crea por esta Ley. 4. El Fondo nacional del servicio universal tiene por finalidad garantizar la financiación del servicio universal. Los activos en metálico procedentes de los operadores con obligaciones de contribuir a la financiación del servicio universal se depositarán en este fondo, en una cuenta específica designada a tal efecto. Los gastos de gestión de esta cuenta serán deducidos de su saldo, y los rendimientos que éste genere, si los hubiere, minorarán la contribución de los aportantes. En la cuenta podrán depositarse aquellas aportaciones que sean realizadas por cualquier persona física o jurídica que desee contribuir, desinteresadamente, a la financiación de cualquier prestación propia del servicio universal. Los operadores sujetos a obligaciones de prestación del servicio universal recibirán de este fondo la cantidad correspondiente al coste neto que les supone dicha obligación, calculado según el procedimiento establecido en este artículo. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se encargará de la gestión del Fondo nacional del servicio universal. Mediante real decreto se determinará su estructura, organización, mecanismos de control y la forma y plazos en los que se realizarán las aportaciones. 5. Mediante real decreto podrá preverse la existencia de un mecanismo de compensación directa entre operadores para aquellos casos en que la magnitud del coste no justifique los costes de gestión del fondo nacional del servicio universal. Sección 3.ª Otras obligaciones de servicio público Artículo 28. Otras obligaciones de servicio público. 1. El Gobierno podrá, por necesidades de la defensa nacional, de la seguridad pública, seguridad vial o de los servicios que afecten a la seguridad de las personas o a la protección civil, imponer otras obligaciones de servicio público distintas de las de servicio universal a los operadores. 2. El Gobierno podrá, asimismo, imponer otras obligaciones de servicio público, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, así como de la administración territorial competente, motivadas por: a) Razones de cohesión territorial. b) Razones de extensión del uso de nuevos servicios y tecnologías, en especial a la sanidad, a la educación, a la acción social y a la cultura. c) Por la necesidad de facilitar la comunicación entre determinados colectivos que se encuentren en circunstancias especiales y estén insuficientemente atendidos con la finalidad de garantizar la suficiencia de su oferta. d) Por la necesidad de facilitar la disponibilidad de servicios que comporten la acreditación de fehaciencia del contenido del mensaje remitido o de su remisión o recepción. 3. Mediante real decreto se regulará el procedimiento de imposición de las obligaciones a las que se refiere el apartado anterior y su forma de financiación. 4. En cualquier caso, la obligación de encaminar las llamadas a los servicios de emergencia sin derecho a contraprestación económica de ningún tipo debe ser asumida tanto por los operadores que presten servicios de comunicaciones electrónicas al público para efectuar llamadas nacionales a números de un plan nacional de numeración telefónica, como por los que exploten redes públicas de comunicaciones electrónicas. Esta obligación se impone a dichos operadores respecto de las llamadas dirigidas al número telefónico 112 de atención a emergencias y a otros que se determinen mediante real decreto, incluidas aquellas que se efectúen desde teléfonos públicos de pago, sin que sea necesario utilizar ninguna forma de pago en estos casos. En todo caso, el servicio de llamadas de emergencia será gratuito para los usuarios, cualquiera que sea la Administración pública responsable de su prestación y con independencia del tipo de terminal que se utilice. Asimismo, los operadores pondrán gratuitamente a disposición de las autoridades receptoras de dichas llamadas la información que mediante real decreto se determine relativa a la ubicación de su procedencia. Mediante real decreto se establecerán criterios para la precisión y la fiabilidad de la información facilitada sobre la ubicación de las personas que efectúan llamadas a los servicios de emergencia. El acceso a los servicios de emergencia para los usuarios finales con discapacidad será equivalente al que disfrutan otros usuarios finales. Las autoridades responsables de la prestación de los servicios 112 velarán por que los ciudadanos reciban una información adecuada sobre la existencia y utilización de este número, en particular, mediante iniciativas específicamente dirigidas a las personas que viajen a otros Estados miembros de la Unión Europea. CAPÍTULO II Derechos de los operadores y despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas Sección 1.ª Derechos de los operadores a la ocupación del dominio público, a ser beneficiarios en el procedimiento de expropiación forzosa y al establecimiento a su favor de servidumbres y de limitaciones a la propiedad Artículo 29. Derecho de ocupación de la propiedad privada. 1. Los operadores tendrán derecho, en los términos de este capítulo, a la ocupación de la propiedad privada cuando resulte estrictamente necesario para la instalación de la red en la medida prevista en el proyecto técnico presentado y siempre que no existan otras alternativas técnica o económicamente viables, ya sea a través de su expropiación forzosa o mediante la declaración de servidumbre forzosa de paso para la instalación de infraestructura de redes públicas de comunicaciones electrónicas. En ambos casos tendrán la condición de beneficiarios en los expedientes que se tramiten, conforme a lo dispuesto en la legislación sobre expropiación forzosa. Los operadores asumirán los costes a los que hubiera lugar por esta ocupación. La ocupación de la propiedad privada se llevará a cabo tras la instrucción y resolución por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo del oportuno procedimiento, en que deberán cumplirse todos los trámites y respetarse todas las garantías establecidas a favor de los titulares afectados en la legislación de expropiación forzosa. 2. La aprobación por el órgano competente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo del proyecto técnico para la ocupación de propiedad privada llevará implícita, en cada caso concreto, la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación para la instalación de redes públicas de comunicaciones electrónicas, a efectos de lo previsto en la legislación de expropiación forzosa. 3. Con carácter previo a la aprobación del proyecto técnico, se recabará informe del órgano de la comunidad autónoma competente en materia de ordenación del territorio, que habrá de ser emitido en el plazo máximo de 30 días hábiles desde su solicitud. Si el proyecto afecta a un área geográfica relevante o pudiera tener afecciones ambientales, este plazo será ampliado hasta tres meses. Asimismo, se recabará informe de los Ayuntamientos afectados sobre compatibilidad del proyecto técnico con la ordenación urbanística vigente, que deberá ser emitido en el plazo de 30 días desde la recepción de la solicitud. 4. En las expropiaciones que se lleven a cabo para la instalación de redes públicas de comunicaciones electrónicas ligadas de manera específica al cumplimiento de obligaciones de servicio público se seguirá el procedimiento especial de urgencia establecido en la Ley de Expropiación Forzosa, cuando así se haga constar en la resolución del órgano competente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo que apruebe el oportuno proyecto técnico. Artículo 30. Derecho de ocupación del dominio público. Los operadores tendrán derecho, en los términos de este capítulo, a la ocupación del dominio público en la medida en que ello sea necesario para el establecimiento de la red pública de comunicaciones electrónicas de que se trate. Los titulares del dominio público garantizarán el acceso de todos los operadores a dicho dominio en condiciones neutrales, objetivas, transparentes, equitativas y no discriminatorias, sin que en ningún caso pueda establecerse derecho preferente o exclusivo alguno de acceso u ocupación de dicho dominio público en beneficio de un operador determinado o de una red concreta de comunicaciones electrónicas. En particular, la ocupación o el derecho de uso de dominio público para la instalación o explotación de una red no podrá ser otorgado o asignado mediante procedimientos de licitación. Artículo 31. Normativa aplicable a la ocupación del dominio público y la propiedad privada. 1. La normativa dictada por cualquier Administración Pública que afecte al despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas deberá, en todo caso, reconocer el derecho de ocupación del dominio público o la propiedad privada para el despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas de conformidad con lo dispuesto en este título. 2. Las normas que se dicten por las correspondientes Administraciones, de conformidad con lo dispuesto en el apartado anterior, deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos: a) Ser publicadas en un diario oficial del ámbito correspondiente a la Administración competente así como en la página web de dicha Administración Pública y, en todo caso, ser accesibles por medios electrónicos. b) Prever un procedimiento rápido, sencillo, eficiente y no discriminatorio de resolución de las solicitudes de ocupación, que no podrá exceder de seis meses contados a partir de la presentación de la solicitud, salvo en caso de expropiación. c) Garantizar la transparencia de los procedimientos y que las normas aplicables fomenten una competencia leal y efectiva entre los operadores. d) Garantizar el respeto de los límites impuestos a la intervención administrativa en esta Ley en protección de los derechos de los operadores. En particular, la exigencia de documentación que los operadores deban aportar deberá ser motivada, tener una justificación objetiva, ser proporcionada al fin perseguido y limitarse a lo estrictamente necesario. 3. Si las administraciones públicas reguladoras o titulares del dominio público a que se refiere este artículo ostentan la propiedad, total o parcial, o ejercen el control directo o indirecto de operadores que explotan redes públicas de comunicaciones electrónicas o servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público, deberán mantener una separación estructural entre dichos operadores y los órganos encargados de la regulación y gestión de los derechos de utilización del dominio público correspondiente. Artículo 32. Ubicación compartida y uso compartido de la propiedad pública o privada. 1. Los operadores de comunicaciones electrónicas podrán celebrar de manera voluntaria acuerdos entre sí para determinar las condiciones para la ubicación o el uso compartido de sus infraestructuras, con plena sujeción a la normativa de defensa de la competencia. Las administraciones públicas fomentarán la celebración de acuerdos voluntarios entre operadores para la ubicación compartida y el uso compartido de infraestructuras situadas en bienes de titularidad pública o privada, en particular con vistas al despliegue de elementos de las redes rápidas y ultrarrápidas de comunicaciones electrónicas. 2. La ubicación compartida de infraestructuras y recursos asociados y la utilización compartida del dominio público o la propiedad privada también podrá ser impuesta de manera obligatoria a los operadores que tengan derecho a la ocupación de la propiedad pública o privada. A tal efecto, en los términos en que mediante real decreto se determine, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, previo trámite de audiencia a los operadores afectados y de manera motivada, podrá imponer, con carácter general o para casos concretos, la utilización compartida del dominio público o la propiedad privada en que se van a establecer las redes públicas de comunicaciones electrónicas o el uso compartido de las infraestructuras y recursos asociados. Cuando una Administración pública competente considere que por razones de medio ambiente, salud pública, seguridad pública u ordenación urbana y territorial procede la imposición de la utilización compartida del dominio público o la propiedad privada, podrá instar de manera motivada al Ministerio de Industria, Energía y Turismo el inicio del procedimiento establecido en el párrafo anterior. En estos casos, antes de que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo imponga la utilización compartida del dominio público o la propiedad privada, el citado departamento ministerial deberá realizar un trámite para que la Administración pública competente que ha instado el procedimiento pueda efectuar alegaciones por un plazo de 15 días hábiles. 3. Las medidas adoptadas de conformidad con el presente artículo deberán ser objetivas, transparentes, no discriminatorias y proporcionadas. Cuando proceda, estas medidas se aplicarán de forma coordinada con las Administraciones competentes correspondientes. Artículo 33. Otras servidumbres y limitaciones a la propiedad. 1. La protección del dominio público radioeléctrico tiene como finalidades su aprovechamiento óptimo, evitar su degradación y el mantenimiento de un adecuado nivel de calidad en el funcionamiento de los distintos servicios de radiocomunicaciones. Podrán establecerse las limitaciones a la propiedad y a la intensidad de campo eléctrico y las servidumbres que resulten necesarias para la protección radioeléctrica de determinadas instalaciones o para asegurar el adecuado funcionamiento de estaciones o instalaciones radioeléctricas utilizadas para la prestación de servicios públicos, por motivos de seguridad pública o cuando así sea necesario en virtud de acuerdos internacionales, en los términos de la disposición adicional segunda y las normas de desarrollo de esta Ley. 2. Asimismo podrán imponerse límites a los derechos de uso del dominio público radioeléctrico para la protección de otros bienes jurídicamente protegidos prevalentes o de servicios públicos que puedan verse afectados por la utilización de dicho dominio público, en los términos que mediante real decreto se determinen. En la imposición de estos límites se debe efectuar un previo trámite de audiencia a los titulares de los derechos de uso del dominio público radioeléctrico que pueden verse afectados y se deberán respetar los principios de transparencia y publicidad. Sección 2.ª Normativa de las administraciones públicas que afecte al despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas Artículo 34. Colaboración entre administraciones públicas en el despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas. 1. La Administración del Estado y las administraciones públicas deberán colaborar a través de los mecanismos previstos en la presente Ley y en el resto del ordenamiento jurídico, a fin de hacer efectivo el derecho de los operadores de comunicaciones electrónicas de ocupar la propiedad pública y privada para realizar el despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas. 2. Las redes públicas de comunicaciones electrónicas constituyen equipamiento de carácter básico y su previsión en los instrumentos de planificación urbanística tiene el carácter de determinaciones estructurantes. Su instalación y despliegue constituyen obras de interés general. 3. La normativa elaborada por las administraciones públicas que afecte al despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas y los instrumentos de planificación territorial o urbanística deberán recoger las disposiciones necesarias para impulsar o facilitar el despliegue de infraestructuras de redes de comunicaciones electrónicas en su ámbito territorial, en particular, para garantizar la libre competencia en la instalación de redes y en la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas y la disponibilidad de una oferta suficiente de lugares y espacios físicos en los que los operadores decidan ubicar sus infraestructuras. De esta manera, dicha normativa o instrumentos de planificación no podrán establecer restricciones absolutas o desproporcionadas al derecho de ocupación del dominio público y privado de los operadores ni imponer soluciones tecnológicas concretas, itinerarios o ubicaciones concretas en los que instalar infraestructuras de red de comunicaciones electrónicas. En este sentido, cuando una condición pudiera implicar la imposibilidad de llevar a cabo la ocupación del dominio público o la propiedad privada, el establecimiento de dicha condición deberá estar plenamente justificado e ir acompañado de las alternativas necesarias para garantizar el derecho de ocupación de los operadores y su ejercicio en igualdad de condiciones. Las administraciones públicas contribuirán a garantizar y hacer real una oferta suficiente de lugares y espacios físicos en los que los operadores decidan ubicar sus infraestructuras identificando dichos lugares y espacios físicos en los que poder cumplir el doble objetivo de que los operadores puedan ubicar sus infraestructuras de redes de comunicaciones electrónicas así como la obtención de un despliegue de las redes ordenado desde el punto de vista territorial. 4. La normativa elaborada por las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias que afecte al despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas y los instrumentos de planificación territorial o urbanística deberán cumplir con lo dispuesto en la normativa sectorial de telecomunicaciones. En particular, deberán respetar los parámetros y requerimientos técnicos esenciales necesarios para garantizar el funcionamiento de las distintas redes y servicios de comunicaciones electrónicas, establecidos en la disposición adicional undécima y en las normas reglamentarias aprobadas en materia de telecomunicaciones, y los límites en los niveles de emisión radioeléctrica tolerable fijados por el Estado. En el ejercicio de su iniciativa normativa, cuando esta afecte al despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas, las administraciones públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia. Los operadores no tendrán obligación de aportar la documentación o información de cualquier naturaleza que ya obre en poder de la Administración. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo establecerá, mediante real decreto, la forma en que se facilitará a las administraciones públicas la información que precisen para el ejercicio de sus propias competencias. 5. Los operadores deberán hacer uso de las canalizaciones subterráneas o en el interior de las edificaciones que permitan el despliegue y explotación de redes públicas de comunicaciones electrónicas. En los casos en los que no existan dichas canalizaciones o no sea posible su uso por razones técnicas o económicas, los operadores podrán efectuar despliegues aéreos siguiendo los previamente existentes. Igualmente, en los mismos casos, los operadores podrán efectuar por fachadas despliegue de cables y equipos que constituyan redes públicas de comunicaciones electrónicas y sus recursos asociados, si bien para ello deberán utilizar, en la medida de lo posible, los despliegues, canalizaciones, instalaciones y equipos previamente instalados. Los despliegues aéreos y por fachadas no podrán realizarse en casos justificados de edificaciones del patrimonio histórico-artístico o que puedan afectar a la seguridad pública. 6. Para la instalación de las estaciones o infraestructuras radioeléctricas utilizadas para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público a las que se refiere la disposición adicional tercera de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, no podrá exigirse la obtención de licencia previa de instalaciones, de funcionamiento o de actividad, ni otras de clase similar o análogas, en los términos indicados en la citada ley. Para la instalación de redes públicas de comunicaciones electrónicas o de estaciones radioeléctricas en dominio privado distintas de las señaladas en el párrafo anterior, no podrá exigirse por parte de las administraciones públicas competentes la obtención de licencia o autorización previa de instalaciones, de funcionamiento o de actividad, o de carácter medioambiental, ni otras licencias o aprobaciones de clase similar o análogas que sujeten a previa autorización dicha instalación, en el caso de que el operador haya presentado a la administración pública competente para el otorgamiento de la licencia o autorización un plan de despliegue o instalación de red de comunicaciones electrónicas, en el que se contemplen dichas infraestructuras o estaciones, y siempre que el citado plan haya sido aprobado por dicha administración. En el Plan de despliegue o instalación, el operador deberá prever los supuestos en los que se van a efectuar despliegues aéreos o por fachadas de cables y equipos en los términos indicados en el apartado anterior. Este plan de despliegue o instalación a presentar por el operador se sujetará al contenido y deberá respetar las condiciones técnicas exigidas mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros. El plan de despliegue o instalación de red pública de comunicaciones electrónicas se entenderá aprobado si, transcurridos dos meses desde su presentación, la administración pública competente no ha dictado resolución expresa. Las licencias o autorizaciones previas que, de acuerdo con los párrafos anteriores, no puedan ser exigidas, serán sustituidas por declaraciones responsables, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común, relativas al cumplimiento de las previsiones legales establecidas en la normativa vigente. En todo caso, el declarante deberá estar en posesión del justificante de pago del tributo correspondiente cuando sea preceptivo. La declaración responsable deberá contener una manifestación explícita del cumplimiento de aquellos requisitos que resulten exigibles de acuerdo con la normativa vigente, incluido, en su caso, estar en posesión de la documentación que así lo acredite. Cuando deban realizarse diversas actuaciones relacionadas con la infraestructura o estación radioeléctrica, las declaraciones responsables se tramitarán conjuntamente siempre que ello resulte posible. La presentación de la declaración responsable, con el consiguiente efecto de habilitación a partir de ese momento para ejecutar la instalación, no prejuzgará en modo alguno la situación y efectivo acomodo de las condiciones de la infraestructura o estación radioeléctrica a la normativa aplicable, ni limitará el ejercicio de las potestades administrativas de comprobación, inspección, sanción, y, en general, de control que a la administración en cualquier orden, estatal, autonómico o local, le estén atribuidas por el ordenamiento sectorial aplicable en cada caso. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una declaración responsable, o la no presentación de la declaración responsable determinará la imposibilidad de explotar la instalación y, en su caso, la obligación de retirarla desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. Reglamentariamente se establecerán los elementos de la declaración responsable que tendrán dicho carácter esencial. 7. En el caso de que sobre una infraestructura de red pública de comunicaciones electrónicas, fija o móvil, incluidas las estaciones radioeléctricas de comunicaciones electrónicas, ya esté ubicada en dominio público o privado, se realicen actuaciones de innovación tecnológica o adaptación técnica que supongan la incorporación de nuevo equipamiento o la realización de emisiones radioeléctricas en nuevas bandas de frecuencias o con otras tecnologías, sin variar los elementos de obra civil y mástil, no se requerirá ningún tipo de concesión, autorización o licencia nueva o modificación de la existente o declaración responsable o comunicación previa a las administraciones públicas competentes por razones de ordenación del territorio, urbanismo o medioambientales. 8. Cuando las administraciones públicas elaboren proyectos que impliquen la variación en la ubicación de una infraestructura o un elemento de la red de transmisión de comunicaciones electrónicas, deberán dar audiencia previa al operador titular de la infraestructura afectada, a fin de que realice las alegaciones pertinentes sobre los aspectos técnicos, económicos y de cualquier otra índole respecto a la variación proyectada. Artículo 35. Mecanismos de colaboración entre el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y las administraciones públicas para el despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas. 1. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo y las administraciones públicas tienen los deberes de recíproca información y de colaboración y cooperación mutuas en el ejercicio de sus actuaciones de regulación y que puedan afectar a las telecomunicaciones, según lo establecido por el ordenamiento vigente. Esta colaboración se articulará, entre otros, a través de los mecanismos establecidos en los siguientes apartados, que podrán ser complementados mediante acuerdos de coordinación y cooperación entre el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y las administraciones públicas competentes, garantizando en todo caso un trámite de audiencia para los interesados. 2. Los órganos encargados de los procedimientos de aprobación, modificación o revisión de los instrumentos de planificación territorial o urbanística que afecten al despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas deberán recabar el oportuno informe del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Dicho informe versará sobre la adecuación de dichos instrumentos de planificación con la presente Ley y con la normativa sectorial de telecomunicaciones y sobre las necesidades de redes públicas de comunicaciones electrónicas en el ámbito territorial a que se refieran. El referido informe preceptivo será previo a la aprobación del instrumento de planificación de que se trate y tendrá carácter vinculante en lo que se refiere a su adecuación a la normativa sectorial de telecomunicaciones, en particular, al régimen jurídico de las telecomunicaciones establecido por la presente Ley y su normativa de desarrollo, y a las necesidades de redes públicas de comunicaciones electrónicas, debiendo señalar expresamente los puntos y aspectos respecto de los cuales se emite con ese carácter vinculante. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo emitirá el informe en un plazo máximo de tres meses. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 83.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, transcurrido dicho plazo, el informe se entenderá emitido con carácter favorable y podrá continuarse con la tramitación del instrumento de planificación. A falta de solicitud del preceptivo informe, no podrá aprobarse el correspondiente instrumento de planificación territorial o urbanística en lo que se refiere al ejercicio de las competencias estatales en materia de telecomunicaciones. En el caso de que el informe no sea favorable, los órganos encargados de la tramitación de los procedimientos de aprobación, modificación o revisión de los instrumentos de planificación territorial o urbanística dispondrán de un plazo máximo de un mes, a contar desde la recepción del informe, para remitir al Ministerio de Industria, Energía y Turismo sus alegaciones al informe, motivadas por razones de medio ambiente, salud pública, seguridad pública u ordenación urbana y territorial. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a la vista de las alegaciones presentadas, emitirá un nuevo informe en el plazo máximo de un mes a contar desde la recepción de las alegaciones. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 83.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, transcurrido dicho plazo, el informe se entenderá emitido con carácter favorable y podrá continuarse con la tramitación del instrumento de planificación. El informe tiene carácter vinculante, de forma que si el informe vuelve a ser no favorable, no podrá aprobarse el correspondiente instrumento de planificación territorial o urbanística en lo que se refiere al ejercicio de las competencias estatales en materia de telecomunicaciones. 3. Mediante orden, el Ministro de Industria, Energía y Turismo podrá establecer la forma en que han de solicitarse los informes a que se refiere el apartado anterior y la información a facilitar por parte del órgano solicitante, en función del tipo de instrumento de planificación territorial o urbanística, pudiendo exigirse a las administraciones públicas competentes su tramitación por vía electrónica. 4. En la medida en que la instalación y despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas constituyen obras de interés general, el conjunto de administraciones públicas tienen la obligación de facilitar el despliegue de infraestructuras de redes de comunicaciones electrónicas en su ámbito territorial, para lo cual deben dar debido cumplimiento a los deberes de recíproca información y de colaboración y cooperación mutuas en el ejercicio de sus actuaciones y de sus competencias. En defecto de acuerdo entre las administraciones públicas, cuando quede plenamente justificada la necesidad de redes públicas de comunicaciones electrónicas, y siempre y cuando se cumplan los parámetros y requerimientos técnicos esenciales para garantizar el funcionamiento de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas establecidos en el apartado 4 del artículo anterior, el Consejo de Ministros podrá autorizar la ubicación o el itinerario concreto de una infraestructura de red de comunicaciones electrónicas, en cuyo caso la administración pública competente deberá incorporar necesariamente en sus respectivos instrumentos de ordenación las rectificaciones imprescindibles para acomodar sus determinaciones a aquéllas. 5. La tramitación por la administración pública competente de una medida cautelar que impida o paralice o de una resolución que deniegue la instalación de la infraestructura de red que cumpla los parámetros y requerimientos técnicos esenciales para garantizar el funcionamiento de las distintas redes y servicios de comunicaciones electrónicas establecidos en el apartado 4 del artículo anterior, excepto en edificaciones del patrimonio histórico-artístico, será objeto de previo informe preceptivo del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que dispone del plazo máximo de un mes para su emisión y que será evacuado tras, en su caso, los intentos que procedan de encontrar una solución negociada con los órganos encargados de la tramitación de la citada medida o resolución. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 83.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, transcurrido dicho plazo, el informe se entenderá emitido con carácter favorable y podrá continuarse con la tramitación de la medida o resolución. A falta de solicitud del preceptivo informe, así como en el supuesto de que el informe no sea favorable, no se podrá aprobar la medida o resolución. 6. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo promoverá con la asociación de entidades locales de ámbito estatal con mayor implantación la elaboración de un modelo tipo de declaración responsable a que se refiere el apartado 6 del artículo anterior. 7. Igualmente, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo aprobará recomendaciones para la elaboración por parte de las administraciones públicas competentes de las normas o instrumentos contemplados en la presente sección, que podrán contener modelos de ordenanzas municipales elaborados conjuntamente con la asociación de entidades locales de ámbito estatal con mayor implantación. En el caso de municipios se podrá reemplazar la solicitud de informe a que se refiere el apartado 2 de este artículo por la presentación al Ministerio de Industria, Energía y Turismo del proyecto de instrumento acompañado de la declaración del Alcalde del municipio acreditando el cumplimiento de dichas recomendaciones. 8. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo podrá crear, mediante real decreto, un punto de información único a través del cual los operadores de comunicaciones electrónicas accederán por vía electrónica a toda la información relativa sobre las condiciones y procedimientos aplicables para la instalación y despliegue de redes de comunicaciones electrónicas y sus recursos asociados. Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales podrán, mediante la suscripción del oportuno convenio de colaboración con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, adherirse al punto de información único, en cuyo caso, los operadores de comunicaciones electrónicas deberán presentar en formato electrónico a través de dicho punto las declaraciones responsables a que se refiere el apartado 6 del artículo anterior y permisos de toda índole para ocupar dominio público y privado necesario para el despliegue de dichas redes que vayan dirigidas a la respectiva Comunidad Autónoma o Corporación Local. El punto de información único será gestionado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y será el encargado de remitir a la Comunidad Autónoma o Corporación Local que se haya adherido a dicho punto todas las declaraciones responsables y solicitudes que para la instalación y despliegue de redes de comunicaciones electrónicas y sus recursos asociados les hayan presentado los operadores de comunicaciones electrónicas. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, las Comunidades Autónomas y la asociación de entidades locales de ámbito estatal con mayor implantación fomentarán el uso de este punto de información único por el conjunto de las administraciones públicas con vistas a reducir cargas y costes administrativos, facilitar la interlocución de los operadores con la administración y simplificar el cumplimiento de los trámites administrativos. Artículo 36. Previsión de infraestructuras de comunicaciones electrónicas en proyectos de urbanización y en obras civiles financiadas con recursos públicos. 1. Cuando se acometan proyectos de urbanización, el proyecto técnico de urbanización deberá prever la instalación de infraestructura de obra civil para facilitar el despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas, pudiendo incluir adicionalmente elementos y equipos de red pasivos en los términos que determine la normativa técnica de telecomunicaciones que se dicte en desarrollo de este artículo. Las infraestructuras que se instalen para facilitar el despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas conforme al párrafo anterior formarán parte del conjunto resultante de las obras de urbanización y pasarán a integrarse en el dominio público municipal. La administración pública titular de dicho dominio público pondrá tales infraestructuras a disposición de los operadores interesados en condiciones de igualdad, transparencia y no discriminación. Mediante real decreto se establecerá el dimensionamiento y características técnicas mínimas que habrán de reunir estas infraestructuras. 2. En las obras civiles financiadas total o parcialmente con recursos públicos se preverá, en los supuestos y condiciones que se determinen mediante real decreto, la instalación de recursos asociados y otras infraestructuras de obra civil para facilitar el despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas, que se pondrán a disposición de los operadores interesados en condiciones de igualdad, transparencia y no discriminación. Sección 3.ª Acceso a infraestructuras susceptibles de alojar redes públicas de comunicaciones electrónicas Artículo 37. Acceso a las infraestructuras susceptibles de alojar redes públicas de comunicaciones electrónicas. 1. Las administraciones públicas titulares de infraestructuras susceptibles de ser utilizadas para el despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas facilitarán el acceso a dichas infraestructuras, siempre que dicho acceso no comprometa la continuidad y seguridad de la prestación de los servicios de carácter público que en dichas infraestructuras realiza su titular, en condiciones objetivas, de transparencia y no discriminación a los operadores que instalen o exploten redes públicas de comunicaciones electrónicas, sin que en ningún caso pueda establecerse derecho preferente o exclusivo alguno de acceso a las infraestructuras citadas en beneficio de un operador determinado o de una red concreta de comunicaciones electrónicas. En particular, el acceso a dichas infraestructuras para la instalación o explotación de una red no podrá ser otorgado o reconocido mediante procedimientos de licitación. 2. Las entidades o sociedades encargadas de la gestión de infraestructuras de transporte de competencia estatal, así como las empresas y operadores de otros sectores distintos al de las comunicaciones electrónicas que sean titulares o gestoras de infraestructuras en el dominio público del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales o beneficiarias de expropiaciones forzosas y que sean susceptibles de ser utilizadas para el despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas facilitarán el acceso a dichas infraestructuras a los operadores que instalen o exploten redes públicas de comunicaciones electrónicas, siempre que dicho acceso no comprometa la continuidad y seguridad de la prestación de los servicios que en dichas infraestructuras realiza su titular. En particular, este acceso se reconoce en relación con las infraestructuras viarias, ferroviarias, puertos, aeropuertos, abastecimiento de agua, saneamiento, y del transporte y la distribución de gas y electricidad. El acceso deberá facilitarse en condiciones de igualdad, transparencia y no discriminación. 3. Por infraestructuras susceptibles de ser utilizadas para el despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas se entenderán tubos, postes, conductos, cajas, cámaras, armarios, y cualquier recurso asociado que pueda ser utilizado para desplegar y albergar cables de comunicaciones electrónicas, equipos, dispositivos, o cualquier otro recurso análogo necesario para el despliegue e instalación de las redes. 4. Mediante real decreto se determinarán los procedimientos, plazos, requisitos y condiciones en los que se facilitará el acceso a las infraestructuras susceptibles de ser utilizadas para el despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas, así como las causas por las que se pueda denegar dicho acceso. 5. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo podrá exigir a las administraciones públicas y sus entidades y sociedades, así como a las empresas y operadores a que se refieren los dos primeros apartados de este artículo, que suministren la información necesaria para elaborar de forma coordinada un inventario detallado de la naturaleza, la disponibilidad y el emplazamiento geográfico de las infraestructuras susceptibles de ser utilizadas para el despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas. Dicho inventario se facilitará a los operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas. 6. Las partes negociarán libremente los acuerdos del acceso a que se refiere este artículo y sus condiciones, incluidas las contraprestaciones económicas. Cualquiera de las partes podrá presentar un conflicto sobre el acceso y sus condiciones ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la cual, previa audiencia de las partes, dictará resolución vinculante sobre los extremos objeto del conflicto, en el plazo indicado en la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, sin perjuicio de que puedan adoptarse medidas provisionales hasta el momento en que se dicte la resolución definitiva. 7. Las administraciones públicas titulares de las infraestructuras a las que se hace referencia en este artículo tendrán derecho a establecer las compensaciones económicas que correspondan por el uso que de ellas se haga por parte de los operadores. Artículo 38. Acceso o uso de las redes de comunicaciones electrónicas titularidad de los órganos o entes gestores de infraestructuras de transporte de competencia estatal. 1. Los órganos o entes pertenecientes a la Administración General del Estado así como cualesquiera otras entidades o sociedades encargados de la gestión de infraestructuras de transporte de competencia estatal que presten, directamente o a través de entidades o sociedades intermedias, servicios de comunicaciones electrónicas o comercialicen la explotación de redes públicas de comunicaciones electrónicas, negociarán con los operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas interesados en el acceso o uso de las redes de comunicaciones electrónicas de las que aquellos sean titulares. 2. Las condiciones para el acceso o uso de estas redes han de ser equitativas, no discriminatorias, objetivas, transparentes, neutrales y a precios de mercado, siempre que se garantice al menos la recuperación de coste de las inversiones y su operación y mantenimiento, para todos los operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, incluidos los pertenecientes o vinculados a dichos órganos o entes, sin que en ningún caso pueda establecerse derecho preferente o exclusivo alguno de acceso o uso a dichas redes en beneficio de un operador determinado o de una red concreta de comunicaciones electrónicas. En todo caso, deberá preservarse la seguridad de las infraestructuras de transporte en las que están instaladas las redes de comunicaciones electrónicas a que se refiere este artículo y de los servicios que en dichas infraestructuras se prestan. 3. Las partes acordarán libremente los acuerdos del acceso o uso a que se refiere este artículo, a partir de las condiciones establecidas en el apartado anterior. Cualquiera de las partes podrá presentar un conflicto sobre el acceso y sus condiciones ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la cual, previa audiencia de las partes, dictará resolución vinculante sobre los extremos objeto del conflicto, en el plazo indicado en la Ley de creación de dicha Comisión, sin perjuicio de que puedan adoptarse medidas provisionales hasta el momento en que se dicte la resolución definitiva. CAPÍTULO III Secreto de las comunicaciones y protección de los datos personales y derechos y obligaciones de carácter público vinculados con las redes y servicios de comunicaciones electrónicas Artículo 39. Secreto de las comunicaciones. 1. Los operadores que exploten redes públicas de comunicaciones electrónicas o que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público deberán garantizar el secreto de las comunicaciones de conformidad con los artículos 18.3 y 55.2 de la Constitución, debiendo adoptar las medidas técnicas necesarias. 2. Los operadores están obligados a realizar las interceptaciones que se autoricen de acuerdo con lo establecido en el artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la Ley Orgánica 2/2002, de 6 de mayo, reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia y en otras normas con rango de ley orgánica. Asimismo, deberán adoptar a su costa las medidas que se establecen en este artículo y en los reglamentos correspondientes. 3. La interceptación a que se refiere el apartado anterior deberá facilitarse para cualquier comunicación que tenga como origen o destino el punto de terminación de red o el terminal específico que se determine a partir de la orden de interceptación legal, incluso aunque esté destinada a dispositivo de almacenamiento o procesamiento de la información; asimismo, la interceptación podrá realizarse sobre un terminal conocido y con unos datos de ubicación temporal para comunicaciones desde locales públicos. Cuando no exista una vinculación fija entre el sujeto de la interceptación y el terminal utilizado, éste podrá ser determinado dinámicamente cuando el sujeto de la interceptación lo active para la comunicación mediante un código de identificación personal. 4. El acceso se facilitará para todo tipo de comunicaciones electrónicas, en particular, por su penetración y cobertura, para las que se realicen mediante cualquier modalidad de los servicios de telefonía y de transmisión de datos, se trate de comunicaciones de vídeo, audio, intercambio de mensajes, ficheros o de la transmisión de facsímiles. El acceso facilitado servirá tanto para la supervisión como para la transmisión a los centros de recepción de las interceptaciones de la comunicación electrónica interceptada y la información relativa a la interceptación, y permitirá obtener la señal con la que se realiza la comunicación. 5. Los sujetos obligados deberán facilitar al agente facultado, salvo que por las características del servicio no estén a su disposición, los datos indicados en la orden de interceptación legal, de entre los que se relacionan a continuación: a) Identidad o identidades del sujeto objeto de la medida de la interceptación. Se entiende por identidad: etiqueta técnica que puede representar el origen o el destino de cualquier tráfico de comunicaciones electrónicas, en general identificada mediante un número de identidad de comunicaciones electrónicas físico (tal como un número de teléfono) o un código de identidad de comunicaciones electrónicas lógico o virtual (tal como un número personal) que el abonado puede asignar a un acceso físico caso a caso. b) Identidad o identidades de las otras partes involucradas en la comunicación electrónica. c) Servicios básicos utilizados. d) Servicios suplementarios utilizados. e) Dirección de la comunicación. f) Indicación de respuesta. g) Causa de finalización. h) Marcas temporales. i) Información de localización. j) Información intercambiada a través del canal de control o señalización. 6. Además de la información relativa a la interceptación prevista en el apartado anterior, los sujetos obligados deberán facilitar al agente facultado, salvo que por las características del servicio no estén a su disposición, de cualquiera de las partes que intervengan en la comunicación que sean clientes del sujeto obligado, los siguientes datos: a) Identificación de la persona física o jurídica. b) Domicilio en el que el proveedor realiza las notificaciones. Y, aunque no sea abonado, si el servicio de que se trata permite disponer de alguno de los siguientes: c) Número de titular de servicio (tanto el número de directorio como todas las identificaciones de comunicaciones electrónicas del abonado). d) Número de identificación del terminal. e) Número de cuenta asignada por el proveedor de servicios Internet. f) Dirección de correo electrónico. 7. Junto con los datos previstos en los apartados anteriores, los sujetos obligados deberán facilitar, salvo que por las características del servicio no esté a su disposición, información de la situación geográfica del terminal o punto de terminación de red origen de la llamada, y de la del destino de la llamada. En caso de servicios móviles, se proporcionará una posición lo más exacta posible del punto de comunicación y, en todo caso, la identificación, localización y tipo de la estación base afectada. 8. Los sujetos obligados deberán facilitar al agente facultado, de entre los datos previstos en los apartados 5, 6 y 7 de este artículo, sólo aquéllos que estén incluidos en la orden de interceptación legal. 9. Con carácter previo a la ejecución de la orden de interceptación legal, los sujetos obligados deberán facilitar al agente facultado información sobre los servicios y características del sistema de telecomunicación que utilizan los sujetos objeto de la medida de la interceptación y, si obran en su poder, los correspondientes nombres de los abonados con sus números de documento nacional de identidad, tarjeta de identidad de extranjero o pasaporte, en el caso de personas físicas, o denominación y código de identificación fiscal en el caso de personas jurídicas. 10. Los sujetos obligados deberán tener en todo momento preparadas una o más interfaces a través de las cuales las comunicaciones electrónicas interceptadas y la información relativa a la interceptación se transmitirán a los centros de recepción de las interceptaciones. Las características de estas interfaces y el formato para la transmisión de las comunicaciones interceptadas a estos centros estarán sujetas a las especificaciones técnicas que se establezcan por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 11. En el caso de que los sujetos obligados apliquen a las comunicaciones objeto de interceptación legal algún procedimiento de compresión, cifrado, digitalización o cualquier otro tipo de codificación, deberán entregar aquellas desprovistas de los efectos de tales procedimientos, siempre que sean reversibles. Las comunicaciones interceptadas deben proveerse al centro de recepción de las interceptaciones con una calidad no inferior a la que obtiene el destinatario de la comunicación. Artículo 40. Interceptación de las comunicaciones electrónicas por los servicios técnicos. 1. Con pleno respeto al derecho al secreto de las comunicaciones y a la exigencia, conforme a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de autorización judicial para la interceptación de contenidos, cuando para la realización de las tareas de control para la eficaz utilización del dominio público radioeléctrico o para la localización de interferencias perjudiciales sea necesaria la utilización de equipos, infraestructuras e instalaciones técnicas de interceptación de señales no dirigidas al público en general, será de aplicación lo siguiente: a) La Administración de las telecomunicaciones deberá diseñar y establecer sus sistemas técnicos de interceptación de señales en forma tal que se reduzca al mínimo el riesgo de afectar a los contenidos de las comunicaciones. b) Cuando, como consecuencia de las interceptaciones técnicas efectuadas, quede constancia de los contenidos, los soportes en los que éstos aparezcan deberán ser custodiados hasta la finalización, en su caso, del expediente sancionador que hubiera lugar o, en otro caso, destruidos inmediatamente. En ninguna circunstancia podrán ser objeto de divulgación. 2. Las mismas reglas se aplicarán para la vigilancia del adecuado empleo de las redes y la correcta prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas. 3. Lo establecido en este artículo se entiende sin perjuicio de las facultades que a la Administración atribuye el artículo 60. Artículo 41. Protección de los datos de carácter personal. 1. Los operadores que exploten redes públicas de comunicaciones electrónicas o que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público, incluidas las redes públicas de comunicaciones que den soporte a dispositivos de identificación y recopilación de datos, deberán adoptar las medidas técnicas y de gestión adecuadas para preservar la seguridad en la explotación de su red o en la prestación de sus servicios, con el fin de garantizar la protección de los datos de carácter personal. Dichas medidas incluirán, como mínimo: a) La garantía de que sólo el personal autorizado tenga acceso a los datos personales para fines autorizados por la Ley. b) La protección de los datos personales almacenados o transmitidos de la destrucción accidental o ilícita, la pérdida o alteración accidentales o el almacenamiento, tratamiento, acceso o revelación no autorizados o ilícitos. c) La garantía de la aplicación efectiva de una política de seguridad con respecto al tratamiento de datos personales. La Agencia Española de Protección de Datos, en el ejercicio de su competencia de garantía de la seguridad en el tratamiento de datos de carácter personal, podrá examinar las medidas adoptadas por los operadores que exploten redes públicas de comunicaciones electrónicas o que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público y podrá formular recomendaciones sobre las mejores prácticas con respecto al nivel de seguridad que debería conseguirse con estas medidas. 2. En caso de que exista un riesgo particular de violación de la seguridad de la red pública o del servicio de comunicaciones electrónicas, el operador que explote dicha red o preste el servicio de comunicaciones electrónicas informará a los abonados sobre dicho riesgo y sobre las medidas a adoptar. 3. En caso de violación de los datos personales, el operador de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público notificará sin dilaciones indebidas dicha violación a la Agencia Española de Protección de Datos. Si la violación de los datos pudiera afectar negativamente a la intimidad o a los datos personales de un abonado o particular, el operador notificará también la violación al abonado o particular sin dilaciones indebidas. La notificación de una violación de los datos personales a un abonado o particular afectado no será necesaria si el proveedor ha probado a satisfacción de la Agencia Española de Protección de Datos que ha aplicado las medidas de protección tecnológica convenientes y que estas medidas se han aplicado a los datos afectados por la violación de seguridad. Unas medidas de protección de estas características podrían ser aquellas que convierten los datos en incomprensibles para toda persona que no esté autorizada a acceder a ellos. Sin perjuicio de la obligación del proveedor de informar a los abonados o particulares afectados, si el proveedor no ha notificado ya al abonado o al particular la violación de los datos personales, la Agencia Española de Protección de Datos podrá exigirle que lo haga, una vez evaluados los posibles efectos adversos de la violación. En la notificación al abonado o al particular se describirá al menos la naturaleza de la violación de los datos personales y los puntos de contacto donde puede obtenerse más información y se recomendarán medidas para atenuar los posibles efectos adversos de dicha violación. En la notificación a la Agencia Española de Protección de Datos se describirán además las consecuencias de la violación y las medidas propuestas o adoptadas por el proveedor respecto a la violación de los datos personales. Los operadores deberán llevar un inventario de las violaciones de los datos personales, incluidos los hechos relacionados con tales infracciones, sus efectos y las medidas adoptadas al respecto, que resulte suficiente para permitir a la Agencia Española de Protección de Datos verificar el cumplimiento de las obligaciones de notificación reguladas en este apartado. Mediante real decreto podrá establecerse el formato y contenido del inventario. A los efectos establecidos en este artículo, se entenderá como violación de los datos personales la violación de la seguridad que provoque la destrucción, accidental o ilícita, la pérdida, la alteración, la revelación o el acceso no autorizados, de datos personales transmitidos, almacenados o tratados de otro modo en relación con la prestación de un servicio de comunicaciones electrónicas de acceso público. La Agencia Española de Protección de Datos podrá adoptar directrices y, en caso necesario, dictar instrucciones sobre las circunstancias en que se requiere que el proveedor notifique la violación de los datos personales, sobre el formato que debe adoptar dicha notificación y sobre la manera de llevarla a cabo, con pleno respeto a las disposiciones que en su caso sean adoptadas en esta materia por la Comisión Europea. 4. Lo dispuesto en el presente artículo será sin perjuicio de la aplicación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo. Artículo 42. Conservación y cesión de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones. La conservación y cesión de los datos generados o tratados en el marco de la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas o de redes públicas de comunicación a los agentes facultados a través de la correspondiente autorización judicial con fines de detección, investigación y enjuiciamiento de delitos graves contemplados en el Código Penal o en las leyes penales especiales se rige por lo establecido en la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones. Artículo 43. Cifrado en las redes y servicios de comunicaciones electrónicas. 1. Cualquier tipo de información que se transmita por redes de comunicaciones electrónicas podrá ser protegida mediante procedimientos de cifrado. 2. El cifrado es un instrumento de seguridad de la información. Entre sus condiciones de uso, cuando se utilice para proteger la confidencialidad de la información, se podrá imponer la obligación de facilitar a un órgano de la Administración General del Estado o a un organismo público, los algoritmos o cualquier procedimiento de cifrado utilizado, así como la obligación de facilitar sin coste alguno los aparatos de cifra a efectos de su control de acuerdo con la normativa vigente. Artículo 44. Integridad y seguridad de las redes y de los servicios de comunicaciones electrónicas. 1. Los operadores de redes y de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público, gestionarán adecuadamente los riesgos de seguridad que puedan afectar a sus redes y servicios a fin de garantizar un adecuado nivel de seguridad y evitar o reducir al mínimo el impacto de los incidentes de seguridad en los usuarios y en las redes interconectadas. 2. Asimismo, los operadores de redes públicas de comunicaciones electrónicas garantizarán la integridad de las mismas a fin de asegurar la continuidad en la prestación de los servicios que utilizan dichas redes. 3. Los operadores que exploten redes o presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público notificarán al Ministerio de Industria, Energía y Turismo las violaciones de la seguridad o pérdidas de integridad que hayan tenido un impacto significativo en la explotación de las redes o los servicios. Cuando proceda, el Ministerio informará a las autoridades nacionales competentes de otros Estados miembros y a la Agencia Europea de Seguridad en las Redes y la Información (ENISA). Asimismo, podrá informar al público o exigir a las empresas que lo hagan, en caso de estimar que la divulgación de la violación reviste interés público. Una vez al año, el Ministerio presentará a la Comisión y a la ENISA un informe resumido sobre las notificaciones recibidas y las medidas adoptadas de conformidad con este apartado. Del mismo modo, el Ministerio comunicará a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior aquellos incidentes que afectando a los operadores estratégicos nacionales sean de interés para la mejora de la protección de infraestructuras críticas, en el marco de la Ley 8/2011, de 28 de abril, reguladora de las mismas. También el Ministerio comunicará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia las violaciones de la seguridad o pérdidas de integridad a que se refiere este apartado que afecten o puedan afectar a las obligaciones específicas impuestas por dicha Comisión en los mercados de referencia. 4. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo establecerá los mecanismos para supervisar el cumplimiento de las obligaciones anteriores y, en su caso, dictará las instrucciones correspondientes, que serán vinculantes para los operadores, incluidas las relativas a las fechas límite de aplicación, para que adopten determinadas medidas relativas a la integridad y seguridad de redes y servicios de comunicaciones electrónicas. Entre ellas, podrá imponer: a) La obligación de facilitar la información necesaria para evaluar la seguridad y la integridad de sus servicios y redes, incluidos los documentos sobre las políticas de seguridad. b) La obligación de someterse a una auditoría de seguridad realizada por un organismo independiente o por una autoridad competente, y de poner el resultado a disposición del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. El coste de la auditoría será sufragado por el operador. 5. En particular, los operadores garantizarán la mayor disponibilidad posible de los servicios telefónicos disponibles al público a través de las redes públicas de comunicaciones en caso de fallo catastrófico de la red o en casos de fuerza mayor, y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el acceso sin interrupciones a los servicios de emergencia. 6. El presente artículo se entiende sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 4 de la presente Ley. CAPÍTULO IV Infraestructuras comunes y redes de comunicaciones electrónicas en los edificios Artículo 45. Infraestructuras comunes y redes de comunicaciones electrónicas en los edificios. 1. Mediante real decreto se desarrollará la normativa legal en materia de infraestructuras comunes de comunicaciones electrónicas en el interior de edificios y conjuntos inmobiliarios. Dicho real decreto determinará, tanto el punto de interconexión de la red interior con las redes públicas, como las condiciones aplicables a la propia red interior. Asimismo regulará las garantías aplicables al acceso a los servicios de comunicaciones electrónicas a través de sistemas individuales en defecto de infraestructuras comunes de comunicaciones electrónicas, y el régimen de instalación de éstas en todos aquellos aspectos no previstos en las disposiciones con rango legal reguladoras de la materia. 2. La normativa técnica básica de edificación que regule la infraestructura de obra civil en el interior de los edificios y conjuntos inmobiliarios deberá tomar en consideración las necesidades de soporte de los sistemas y redes de comunicaciones electrónicas fijadas de conformidad con la normativa a que se refiere el apartado 1, previendo que la infraestructura de obra civil disponga de capacidad suficiente para permitir el paso de las redes de los distintos operadores, de forma que se facilite la posibilidad de uso compartido de estas infraestructuras por aquéllos. 3. La normativa reguladora de las infraestructuras comunes de comunicaciones electrónicas promoverá la sostenibilidad de las edificaciones y conjuntos inmobiliarios, de uso residencial, industrial, terciario y dotacional, facilitando la introducción de aquellas tecnologías de la información y las comunicaciones que favorezcan su eficiencia energética, accesibilidad y seguridad, tendiendo hacia la implantación progresiva en España del concepto de hogar digital. 4. Los operadores podrán instalar los tramos finales de las redes fijas de comunicaciones electrónicas de acceso ultrarrápido así como sus recursos asociados en los edificios, fincas y conjuntos inmobiliarios que estén acogidos, o deban acogerse, al régimen de propiedad horizontal o a los edificios que, en todo o en parte, hayan sido o sean objeto de arrendamiento por plazo superior a un año, salvo los que alberguen una sola vivienda, al objeto de que cualquier copropietario o, en su caso, arrendatario del inmueble pueda hacer uso de dichas redes. En el caso de edificios en los que no exista una infraestructura común de comunicaciones electrónicas en el interior del edificio o conjunto inmobiliario, o la existente no permita instalar el correspondiente acceso ultrarrápido, dicha instalación podrá realizarse haciendo uso de los elementos comunes de la edificación. En los casos en los que no sea posible realizar la instalación en el interior de la edificación o finca por razones técnicas o económicas, la instalación podrá realizarse utilizando las fachadas de las edificaciones. El operador que se proponga instalar los tramos finales de red y sus recursos asociados a que se refiere el presente apartado, deberá comunicarlo por escrito a la comunidad de propietarios o, en su caso, al propietario del edificio, junto con un proyecto de la actuación que pretende realizar, antes de iniciar cualquier instalación. El formato, contenido, y plazos formales de presentación tanto de la comunicación escrita como del proyecto de actuación referidos en el presente párrafo serán determinados reglamentariamente. En todo caso, corresponderá al operador acreditar que la comunicación escrita ha sido entregada. La instalación no podrá realizarse si en el plazo de un mes desde que la comunicación se produzca, la comunidad de propietarios o el propietario acredita ante el operador que ninguno de los copropietarios o arrendatarios del edificio está interesado en disponer de las infraestructuras propuestas, o afirma que va a realizar, dentro de los tres meses siguientes a la contestación, la instalación de una infraestructura común de comunicaciones electrónicas en el interior del edificio o la adaptación de la previamente existente que permitan dicho acceso ultrarrápido. Transcurrido el plazo de un mes antes señalado desde que la comunicación se produzca sin que el operador hubiera obtenido respuesta, o el plazo de tres meses siguientes a la contestación sin que se haya realizado la instalación de la infraestructura común de comunicaciones electrónicas, el operador estará habilitado para iniciar la instalación de los tramos finales de red y sus recursos asociados, si bien será necesario que el operador indique a la comunidad de propietarios o al propietario el día de inicio de la instalación. El procedimiento del párrafo anterior no será aplicable al operador que se proponga instalar los tramos finales de red fija de comunicaciones electrónicas de acceso ultrarrápido y sus recursos asociados en un edificio o conjunto inmobiliario en el que otro operador haya iniciado o instalado tramos finales de dichas redes; o en aquellos casos en los que se trate de un tramo para dar continuidad a una instalación que sea necesaria para proporcionar acceso a dichas redes en edificios o fincas colindantes o cercanas y no exista otra alternativa económicamente eficiente y técnicamente viable, todo ello sin perjuicio de que, en todo caso, deba existir una comunicación previa mínima de un mes de antelación del operador a la comunidad de propietarios o al propietario junto con una descripción de la actuación que pretende realizar, antes de iniciar cualquier instalación. En todo caso, será necesario que el operador indique a la comunidad de propietarios o al propietario el día de inicio de la instalación. 5. Los operadores serán responsables de cualquier daño que infrinjan en las edificaciones o fincas como consecuencia de las actividades de instalación de las redes y recursos asociados a que se refiere el apartado anterior. 6. Por orden del Ministerio de Industria, Energía y Turismo se determinarán los aspectos técnicos que deben cumplir los operadores en la instalación de los recursos asociados a las redes fijas de comunicaciones electrónicas de acceso ultrarrápido así como la obra civil asociada en los supuestos contemplados en el apartado 4 de este artículo, con el objetivo de reducir molestias y cargas a los ciudadanos, optimizar la instalación de las redes y facilitar el despliegue de las redes por los distintos operadores. 7. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo podrá imponer a los operadores y a los propietarios de los correspondientes recursos asociados, previo trámite de información pública, obligaciones objetivas, transparentes, proporcionadas y no discriminatorias relativas a la utilización compartida de los tramos finales de las redes de acceso, incluyendo los que discurran por el interior de las edificaciones y conjuntos inmobiliarios, o hasta el primer punto de concentración o distribución ubicado en su exterior, cuando la duplicación de esta infraestructura sea económicamente ineficiente o físicamente inviable. 8. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo creará y mantendrá un inventario centralizado y actualizado de todos aquellos edificios o conjuntos inmobiliarios que disponen de infraestructuras comunes de telecomunicaciones instaladas. Dicho inventario será puesto a disposición de los operadores. CAPÍTULO V Derechos de los usuarios finales Artículo 46. Derechos de los usuarios finales de servicios de comunicaciones electrónicas. 1. Son titulares de los derechos específicos reconocidos en este Capítulo, en las condiciones establecidas en el mismo, los usuarios finales de servicios de comunicaciones electrónicas. Los operadores estarán obligados a respetar los derechos reconocidos en este Capítulo. El reconocimiento de los derechos específicos de los usuarios finales de redes y servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público que efectúa este Capítulo se entiende sin perjuicio de los derechos que otorga a los consumidores el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios aprobado por el real decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. 2. Las disposiciones que esta ley y su desarrollo reglamentario contiene en materia de derechos específicos de los usuarios finales de servicios de comunicaciones electrónicas, en aquellos aspectos expresamente previstos en las disposiciones del derecho de la Unión Europea de las que traigan causa, serán de aplicación preferente en caso de conflicto con las disposiciones que regulen con carácter general los derechos de los consumidores y usuarios. Artículo 47. Derechos específicos de los usuarios finales de redes y servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público. 1. Los derechos específicos de los usuarios finales de redes y servicios de comunicaciones electrónicas se establecerán por real decreto que regulará: a) El derecho a celebrar contratos por parte de los usuarios finales con los operadores que exploten redes o presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público, así como el contenido mínimo de dichos contratos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 53. b) El derecho a resolver el contrato en cualquier momento. Este derecho incluye el de resolverlo anticipadamente y sin penalización en el supuesto de modificación de las condiciones contractuales impuestas por el operador por motivos válidos especificados en aquél y sin perjuicio de otras causas de resolución unilateral. c) El derecho al cambio de operador, con conservación de los números del plan nacional de numeración telefónica en los supuestos en que así se contemple en el plazo máximo de un día laborable. No se podrá transferir a los usuarios finales a otro operador en contra de su voluntad. Los usuarios finales deberán recibir información adecuada sobre el cambio de operador, cuyo proceso es dirigido por el operador receptor, antes y durante el proceso, así como inmediatamente después de su conclusión. Los contratos de los usuarios finales con los operadores cedentes, en lo relativo a los servicios afectados por la conservación de los números, quedarán automáticamente resueltos una vez concluido el proceso de cambio de operador. El retraso en la conservación de los números y los abusos de la conservación por parte de los operadores o en su nombre, dará derecho a los abonados a una compensación en los términos que se establezcan mediante real decreto, en el que se fijarán asimismo los supuestos en que dicha compensación será automática. Las condiciones y procedimientos para la resolución de los contratos no deberán constituir un factor disuasorio para cambiar de operador. d) El derecho a la información, que deberá ser veraz, eficaz, suficiente, transparente, comparable, sobre los servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 54. e) Los supuestos, plazos y condiciones en que el usuario, previa solicitud, podrá ejercer el derecho de desconexión de determinados servicios, contemplándose la necesidad de petición expresa para el acceso a servicios de distinta consideración. f) El derecho a la continuidad del servicio, y a obtener una compensación automática por su interrupción, en los supuestos que se determinen mediante real decreto. g) Los supuestos de aprobación por parte del Ministerio de Industria, Energía y Turismo de las condiciones generales de los contratos, entre los que se incluirán los celebrados entre los usuarios finales y los operadores que exploten redes o presten servicios de comunicaciones electrónicas con obligaciones de servicio público. La aprobación administrativa a la que se refiere el párrafo anterior no excluye el control ni administrativo ni judicial de las condiciones generales de la contratación contenidas en los citados contratos, conforme a la normativa vigente. h) El derecho a recibir información completa, comparable, pertinente, fiable, actualizada y de fácil consulta sobre la calidad de los servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público y sobre las medidas adoptadas para garantizar un acceso equivalente para los usuarios finales con discapacidad. i) El derecho a elegir un medio de pago para el abono de los correspondientes servicios entre los comúnmente utilizados en el tráfico comercial. j) El derecho a acceder a los servicios de emergencias de forma gratuita sin tener que utilizar ningún medio de pago. k) El derecho a la facturación detallada, clara y sin errores, sin perjuicio del derecho a recibir facturas no desglosadas a petición del usuario. l) El derecho a detener el desvío automático de llamadas efectuado a su terminal por parte de un tercero. m) El derecho a impedir, mediante un procedimiento sencillo y gratuito, la presentación de la identificación de su línea en las llamadas que genere o la presentación de la identificación de su línea al usuario que le realice una llamada. Los usuarios finales no podrán ejercer este derecho cuando se trate de llamadas de emergencia a través del número 112 o comunicaciones efectuadas a entidades que presten servicios de llamadas de urgencia que se determinen mediante real decreto. Por un período de tiempo limitado, los usuarios finales no podrán ejercer este derecho cuando el abonado a la línea de destino haya solicitado la identificación de las llamadas maliciosas o molestas realizadas a su línea. n) El derecho a impedir, mediante un procedimiento sencillo y gratuito, la presentación de la identificación de la línea de origen en las llamadas entrantes y a rechazar las llamadas entrantes en que dicha línea no aparezca identificada. En este supuesto y en el anterior, los operadores que presten servicios de comunicaciones electrónicas al público para efectuar llamadas nacionales a números de un plan nacional de numeración telefónica, así como los que exploten redes públicas de comunicaciones electrónicas, deberán cumplir las condiciones que mediante real decreto se determinen sobre la visualización, restricción y supresión de la identificación de la línea de origen y conectada. 2. Los operadores deberán disponer de un servicio de atención al cliente, gratuito para los usuarios, que tenga por objeto facilitar información y atender y resolver las quejas y reclamaciones de sus clientes. Los servicios de atención al cliente mediante el canal telefónico deberán garantizar una atención personal directa, más allá de la posibilidad de utilizar complementariamente otros medios técnicos a su alcance para mejorar dicha atención. Los operadores pondrán a disposición de sus clientes métodos para la acreditación documental de las gestiones o reclamaciones realizadas, como el otorgamiento de un número de referencia o la posibilidad de enviar al cliente un documento en soporte duradero. Artículo 48. Derecho a la protección de datos personales y la privacidad en relación con las comunicaciones no solicitadas, con los datos de tráfico y de localización y con las guías de abonados. 1. Respecto a la protección de datos personales y la privacidad en relación con las comunicaciones no solicitadas los usuarios finales de los servicios de comunicaciones electrónicas tendrán los siguientes derechos: a) A no recibir llamadas automáticas sin intervención humana o mensajes de fax, con fines de comunicación comercial sin haber prestado su consentimiento previo e informado para ello. b) A oponerse a recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial que se efectúen mediante sistemas distintos de los establecidos en la letra anterior y a ser informado de este derecho. 2. Respecto a la protección de datos personales y la privacidad en relación con los datos de tráfico y los datos de localización distintos de los datos de tráfico, los usuarios finales de los servicios de comunicaciones electrónicas tendrán los siguientes derechos: a) A que se hagan anónimos o se cancelen sus datos de tráfico cuando ya no sean necesarios a los efectos de la transmisión de una comunicación. Los datos de tráfico necesarios a efectos de la facturación de los abonados y los pagos de las interconexiones podrán ser tratados únicamente hasta que haya expirado el plazo para la impugnación de la factura del servicio, para la devolución del cargo efectuado por el operador, para el pago de la factura o para que el operador pueda exigir su pago. b) A que sus datos de tráfico sean utilizados para promoción comercial de servicios de comunicaciones electrónicas o para la prestación de servicios de valor añadido, en la medida y durante el tiempo necesarios para tales servicios o promoción comercial únicamente cuando hubieran prestado su consentimiento informado para ello. Los usuarios finales dispondrán del derecho de retirar su consentimiento para el tratamiento de los datos de tráfico en cualquier momento y con efecto inmediato. c) A que sólo se proceda al tratamiento de sus datos de localización distintos a los datos de tráfico cuando se hayan hecho anónimos o previo su consentimiento informado y únicamente en la medida y por el tiempo necesarios para la prestación, en su caso, de servicios de valor añadido, con conocimiento inequívoco de los datos que vayan a ser sometidos a tratamiento, la finalidad y duración del mismo y el servicio de valor añadido que vaya a ser prestado. Los usuarios finales dispondrán del derecho de retirar su consentimiento en cualquier momento y con efecto inmediato para el tratamiento de los datos de localización distintos de tráfico. Los usuarios finales no podrán ejercer este derecho cuando se trate de llamadas de emergencia a través del número 112 o comunicaciones efectuadas a entidades que presten servicios de llamadas de urgencia que se determinen por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 3. Respecto a la protección de datos personales y la privacidad en relación con las guías de abonados, los usuarios finales de los servicios de comunicaciones electrónicas tendrán los siguientes derechos: a) A figurar en las guías de abonados. b) A ser informados gratuitamente de la inclusión de sus datos en las guías, así como de la finalidad de las mismas, con carácter previo a dicha inclusión. c) A no figurar en las guías o a solicitar la omisión de algunos de sus datos, en la medida en que tales datos sean pertinentes para la finalidad de la guía que haya estipulado su proveedor. 4. Lo establecido en las letras a) y c) del apartado 2 de este artículo se entiende sin perjuicio de las obligaciones establecidas en la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones. Artículo 49. Guías de abonados. 1. La elaboración y comercialización de las guías de abonados a los servicios de comunicaciones electrónicas y la prestación de los servicios de información sobre ellos se realizará en régimen de libre competencia. A tal efecto, las empresas que asignen números de teléfono a los abonados habrán de dar curso a todas las solicitudes razonables de suministro de información pertinente para la prestación de los servicios de información sobre números de abonados y guías accesibles al público, en un formato aprobado y en unas condiciones equitativas, objetivas, orientadas en función de los costes y no discriminatorias, estando sometido el suministro de la citada información y su posterior utilización a la normativa en materia de protección de datos vigente en cada momento. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo deberá suministrar gratuitamente a las entidades que vayan a elaborar guías telefónicas de abonados, a las que presten el servicio de consulta telefónica sobre números de abonado y a las que presten los servicios de llamadas de emergencia, los datos que le faciliten los operadores, de conformidad con las condiciones que se establezcan mediante real decreto. 2. Se garantiza el acceso de los usuarios finales a los servicios de información sobre números de abonados, para cuya consecución el Ministerio de Industria, Energía y Turismo podrá imponer obligaciones y condiciones a las empresas que controlan el acceso a los usuarios finales en materia de prestación de servicios de información sobre números de abonado que deberán ser objetivas, equitativas, no discriminatorias y transparentes. 3. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo adoptará, siempre que sea técnica y económicamente posible, medidas para garantizar el acceso directo de los usuarios finales al servicio de información sobre números de abonados de otro país comunitario mediante llamada vocal o SMS. Artículo 50. Calidad de servicio. 1. Por Orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo se podrán fijar requisitos mínimos de calidad de servicio que, en su caso, se exijan a los operadores de redes públicas de comunicaciones electrónicas, con objeto de evitar la degradación del servicio y la obstaculización o ralentización del tráfico en las redes, de acuerdo con los procedimientos que se establezcan mediante real decreto. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo facilitará a la Comisión Europea, a su debido tiempo antes de establecer tales requisitos, un resumen de los motivos para la acción, los requisitos previstos y la línea de acción propuesta. Dicha información se pondrá también a disposición del Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE). 2. Asimismo, se podrán establecer los parámetros de calidad que habrán de cuantificarse, así como los posibles mecanismos de certificación de la calidad, al objeto de garantizar que los usuarios finales, incluidos los usuarios finales con discapacidad, tengan acceso a una información completa, comparable, fiable y de fácil consulta. Artículo 51. Acceso a números o servicios. 1. En la medida que resulte necesario para la consecución de los objetivos establecidos en el artículo 3 y, en particular, para salvaguardar los derechos e intereses de los usuarios, mediante real decreto o en los Planes Nacionales de numeración, direccionamiento y denominación y sus disposiciones de desarrollo, podrán establecerse requisitos sobre capacidades o funcionalidades mínimas que deberán cumplir determinados tipos de servicios. 2. Asimismo, mediante real decreto, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, se establecerán las condiciones en las que los operadores de redes públicas de comunicaciones electrónicas o servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público lleven a cabo el bloqueo de acceso a números o servicios, siempre que esté justificado por motivos de tráfico no permitido y de tráfico irregular con fines fraudulentos, y los casos en que los prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas retengan los correspondientes ingresos por interconexión u otros servicios. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá ordenar el bloqueo de acceso a números o servicios por motivos de tráfico irregular con fines fraudulentos cuando tengan su origen en un conflicto entre operadores en materia de acceso o interconexión que le sea planteado por dichos operadores. En ningún caso podrá exigirse al amparo de este apartado el bloqueo a servicios no incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley, como los servicios de la Sociedad de la Información regulados en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. 3. Mediante Resolución el Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información podrá establecer que, por razones de protección de los derechos de los usuarios finales de servicios de comunicaciones electrónicas, en especial, relacionadas con la facturación y las tarifas que se aplican en la prestación de determinados servicios, algunos números o rangos de numeración sólo sean accesibles previa petición expresa del usuario, en las condiciones que se fijen en dicha Resolución. Artículo 52. Regulación de las condiciones básicas de acceso por personas con discapacidad. Mediante real decreto se podrán establecer las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con las comunicaciones electrónicas. En la citada norma se establecerán los requisitos que deberán cumplir los operadores para garantizar que los usuarios con discapacidad: a) Puedan tener un acceso a servicios de comunicaciones electrónicas equivalente al que disfrutan la mayoría de los usuarios finales. b) Se beneficien de la posibilidad de elección de empresa y servicios disponible para la mayoría de usuarios finales. Artículo 53. Contratos. 1. Antes de la celebración de un contrato entre usuarios finales y los operadores que exploten redes o presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público, los operadores proporcionarán a los usuarios finales al menos la información que a estos efectos se establece en el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. Adicionalmente a lo establecido en el párrafo anterior, los operadores también proporcionarán, antes de la celebración del contrato, la información específica sobre el servicio de comunicaciones electrónicas que se establezca mediante real decreto, y al menos: a) Descripción de los servicios a proveer y posibles limitaciones en su uso. b) Los precios y tarifas aplicables, con los conceptos y detalles que se establezcan mediante real decreto. c) Duración de los contratos y causas para su resolución. d) Información sobre restricciones impuestas en cuanto a las posibilidades de utilizar el equipo terminal suministrado. e) Condiciones aplicables en relación con la conservación de números. 2. El contenido de los contratos que se celebren entre los usuarios finales y los operadores que exploten redes o presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público se regulará mediante real decreto, e incluirá de forma clara, comprensible y fácilmente accesible, al menos, el siguiente contenido específico: a) Los servicios prestados, incluyendo, en particular: i) Si se facilita o no el acceso a los servicios de emergencia e información sobre la ubicación de las personas que efectúan la llamada, así como cualquier otra limitación para la prestación de servicios de emergencia. ii) Información sobre cualquier otra condición que limite el acceso o la utilización de los servicios y las aplicaciones. iii) Los niveles mínimos de calidad de servicio que se ofrecen, en particular, el plazo para la conexión inicial, así como, en su caso, otros parámetros de calidad de servicio establecidos reglamentariamente. iv) Información sobre cualquier procedimiento establecido por la empresa para medir y gestionar el tráfico de forma que se evite agotar o saturar el enlace de la red, e información sobre la manera en que esos procedimientos pueden afectar a la calidad del servicio. v) Los tipos de mantenimiento ofrecidos y los servicios de apoyo facilitados al cliente, así como los medios para entrar en contacto con dichos servicios. vi) Cualquier restricción impuesta por el proveedor en cuanto a las posibilidades de utilizar el equipo terminal suministrado. b) La decisión del abonado acerca de la posibilidad de incluir o no sus datos personales en una guía determinada y los datos de que se trate. c) La duración del contrato y las condiciones para su renovación y para la terminación de los servicios y la resolución del contrato, incluidos: i) Cualquier uso o duración mínimos u otros requisitos requeridos para aprovechar las promociones. ii) Todos los gastos relacionados con la conservación del número y otros identificadores. iii) Todos los gastos relacionados con la resolución del contrato, incluida la recuperación de costes relacionada con los equipos terminales. iv) Las condiciones en las que en los supuestos de cambio de operador con conservación de números, el operador cedente se comprometa, en su caso, a reembolsar cualquier crédito restante en las tarjetas prepago. d) El modo de iniciar los procedimientos de resolución de litigios, de conformidad con el artículo 55. e) Los tipos de medidas que podría tomar la empresa en caso de incidentes de seguridad o integridad o de amenazas y vulnerabilidad. 3. Mediante real decreto podrá establecerse la obligatoriedad de que los contratos incluyan la información que determine la autoridad competente, en relación con el uso de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas para desarrollar actividades ilícitas o para difundir contenidos nocivos, así como sobre los medios de protección frente a riesgos para la seguridad personal, la privacidad y los datos personales, siempre que sean pertinentes para el servicio prestado. 4. Los operadores deberán entregar o remitir a los usuarios por escrito o en cualquier otro soporte duradero el contrato celebrado. Artículo 54. Transparencia y publicación de información. 1. Mediante real decreto se establecerán las condiciones para que los operadores de redes públicas de comunicaciones electrónicas o servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público publiquen información transparente, comparable, adecuada y actualizada sobre los precios y tarifas aplicables, y, en su caso, sobre los gastos y condiciones relacionadas con la terminación de los contratos, así como información sobre el acceso y la utilización de los servicios que prestan a los usuarios finales, que será publicada de forma clara, comprensible y fácilmente accesible. 2. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo fomentará la divulgación de información comparable con objeto de que los usuarios finales puedan hacer una evaluación independiente del coste de las modalidades de uso alternativas, por ejemplo, mediante guías alternativas o técnicas similares, y regulará las condiciones para que la información publicada por los operadores de redes públicas de comunicaciones electrónicas o servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público pueda ser utilizada gratuitamente por terceros, con el fin de vender o permitir la utilización de estas guías interactivas o técnicas similares. 3. Mediante real decreto se regularán las condiciones para garantizar que los operadores de redes públicas de comunicaciones electrónicas o servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público: a) Ofrezcan a los abonados información sobre las tarifas aplicables en relación con cualquier número o servicio sujetos a condiciones de precios específicas, por lo que se refiere a cada una de las categorías de servicios, pudiéndose exigir que dicha información se facilite inmediatamente antes de efectuar las llamadas. b) Informen a los abonados sobre todo cambio de acceso a los servicios de emergencia o a la información relativa a la ubicación de las personas que efectúan las llamadas en el servicio al que están abonados. c) Informen a los abonados de los cambios en las condiciones que limiten el acceso o la utilización de los servicios y las aplicaciones. d) Proporcionen información sobre cualquier procedimiento establecido por el proveedor para medir y gestionar el tráfico de forma que se evite agotar o saturar el enlace de la red y sobre la manera en que esos procedimientos pueden afectar la calidad del servicio. e) Informen a los abonados de su derecho a decidir si incluyen sus datos personales en una guía y los tipos de datos de que se trata. f) Informen de forma periódica y detallada a los abonados con discapacidad de los productos y servicios dirigidos a ellos. 4. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo podrá exigir a los operadores de redes públicas de comunicaciones electrónicas o servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público que difundan de forma gratuita, y en un determinado formato, información de interés público a los antiguos y nuevos abonados, cuando proceda, por las mismas vías utilizadas normalmente por éstos para comunicarse con los abonados, información que cubrirá los siguientes aspectos: a) Los usos más comunes de los servicios de comunicaciones electrónicas para desarrollar actividades ilícitas o para difundir contenidos nocivos, en particular cuando ello atente contra los derechos y libertades de terceros, incluyendo las infracciones de los derechos de autor y derechos afines, así como sus consecuencias jurídicas. b) Los medios de protección contra los riesgos para la seguridad personal, la privacidad, y los datos de carácter personal en el uso de los servicios de comunicaciones electrónicas. 5. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo publicará periódicamente los datos resultantes de la gestión del procedimiento de resolución de controversias establecido en el apartado 1 del artículo 55. Los datos incluirán un nivel de desagregación que permita obtener información acerca de los servicios, materias y operadores sobre los que versan las reclamaciones recibidas. Artículo 55. Resolución de controversias. 1. Los usuarios finales que sean personas físicas tendrán derecho a disponer de un procedimiento extrajudicial, transparente, no discriminatorio, sencillo y gratuito para resolver sus controversias con los operadores que exploten redes o presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público, cuando tales controversias se refieran a sus derechos específicos como usuarios finales de servicios de comunicaciones electrónicas reconocidos en esta Ley y su normativa de desarrollo y de acuerdo con lo recogido en la normativa comunitaria. A tal fin, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo establecerá mediante orden un procedimiento conforme al cual, los usuarios finales que sean personas físicas podrán someterle dichas controversias, con arreglo a los principios establecidos en el apartado anterior. Los operadores estarán obligados a someterse al procedimiento, así como a cumplir la resolución que le ponga fin. En cualquier caso, el procedimiento que se adopte establecerá el plazo máximo en el que deberá notificarse la resolución expresa, transcurrido el cual se podrá entender desestimada la reclamación por silencio administrativo, sin perjuicio de que la Administración de telecomunicaciones tenga la obligación de resolver la reclamación de forma expresa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La resolución que se dicte podrá impugnarse ante la jurisdicción contencioso-administrativa. 2. Lo establecido en el apartado anterior se entiende sin perjuicio del derecho de los usuarios finales a someter las controversias al conocimiento de las Juntas arbitrales de consumo, de acuerdo con la legislación vigente en la materia. Si las Juntas arbitrales de consumo acuerdan conocer sobre la controversia, no será posible acudir al procedimiento del apartado anterior. TÍTULO IV Evaluación de la conformidad de equipos y aparatos Artículo 56. Normalización técnica. 1. Mediante real decreto se podrán establecer los supuestos y condiciones en que los operadores de redes públicas y servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público habrán de publicar las especificaciones técnicas precisas y adecuadas de las interfaces ofrecidas en España, con anterioridad a la posibilidad de acceso público a los servicios prestados a través de dichas interfaces. 2. Mediante real decreto se determinarán las formas de elaboración, en su caso, de las especificaciones técnicas aplicables a los equipos y aparatos de telecomunicaciones, a efectos de garantizar el cumplimiento de los requisitos esenciales en los procedimientos de evaluación de conformidad y se fijarán los equipos y aparatos exceptuados de la aplicación de dicha evaluación. En los supuestos en que la normativa lo prevea, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo podrá aprobar especificaciones técnicas distintas de las anteriores para aparatos de telecomunicación. Artículo 57. Evaluación de la conformidad. 1. Los aparatos de telecomunicación, entendiendo por tales cualquier dispositivo no excluido expresamente del real decreto que desarrolle este título que sea equipo radioeléctrico o equipo terminal de telecomunicación, o ambas cosas a la vez, deberán evaluar su conformidad con los requisitos esenciales recogidos en las disposiciones que lo determinen, ser conformes con todas las disposiciones que se establezcan e incorporar el marcado correspondiente como consecuencia de la evaluación realizada. Podrá exceptuarse de la aplicación de lo dispuesto en este título el uso de los equipos que mediante real decreto se determine, como los equipos de radioaficionados construidos por el propio usuario y no disponibles para venta en el mercado, conforme a lo dispuesto en su regulación específica. 2. Para la importación desde terceros países no pertenecientes a la Unión Europea, la puesta en el mercado, la puesta en servicio y la utilización de un aparato de telecomunicaciones de los indicados en el apartado anterior será requisito imprescindible que el agente económico establecido en la Unión Europea o el usuario de éste haya verificado previamente la conformidad de los aparatos con los requisitos esenciales que les sean aplicables mediante los procedimientos que se determinen en el real decreto que se establezca al efecto, así como el cumplimiento de las disposiciones que se dicten en el mismo. 3. El cumplimiento de todos los requisitos que se establezcan en el real decreto indicado incluye la habilitación para la conexión de los aparatos destinados a conectarse a los puntos de terminación de una red pública de comunicaciones electrónicas. Dicho cumplimiento no supone autorización de uso para los equipos radioeléctricos sujetos a la obtención de autorización o concesión de dominio público radioeléctrico en los términos establecidos en esta Ley. 4. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo podrá promover procedimientos complementarios de certificación voluntaria para los aparatos de telecomunicación que incluirán, al menos, la evaluación de la conformidad indicada en los capítulos anteriores. 5. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo podrá realizar los controles adecuados para asegurar que los equipos puestos en el mercado han evaluado su conformidad de acuerdo con lo dispuesto en este título. La persona física o jurídica responsable de los equipos puestos en el mercado facilitará de manera gratuita la puesta a disposición de los equipos para poder llevar a cabo dichos controles. Mediante real decreto se establecerá el procedimiento aplicable a la retirada del mercado de productos que incumplan lo dispuesto en este título. Artículo 58. Reconocimiento mutuo. 1. Los aparatos de telecomunicación que hayan evaluado su conformidad con los requisitos esenciales en otro Estado miembro de la Unión Europea o en virtud de los acuerdos de reconocimiento mutuo celebrados por ella con terceros países, y cumplan con las demás disposiciones aplicables en la materia, tendrán la misma consideración, en lo que se refiere a lo dispuesto en este Título IV, que los aparatos cuya conformidad se ha verificado en España y cumplan, asimismo, las demás disposiciones legales en la materia. 2. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo establecerá los procedimientos para el reconocimiento de la conformidad de los aparatos de telecomunicación a los que se refieren los acuerdos de reconocimiento mutuo que establezca la Unión Europea con terceros países. 3. Los aparatos de telecomunicación que utilicen el espectro radioeléctrico con parámetros de radio no armonizados en la Unión Europea no podrán ser puestos en el mercado mientras no hayan sido autorizados por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, además de haber evaluado la conformidad con las normas aplicables a aquéllos y ser conformes con el resto de disposiciones que les sean aplicables. Artículo 59. Condiciones que deben cumplir las instalaciones e instaladores. 1. La instalación de los aparatos de telecomunicación deberá ser realizada siguiendo las instrucciones proporcionadas por el agente económico, manteniendo, en cualquier caso, inalteradas las condiciones bajo las cuales se ha verificado su conformidad con los requisitos esenciales, en los términos establecidos en los artículos anteriores de este título. 2. La prestación a terceros de servicios de instalación o mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicación se realizará en régimen de libre competencia sin más limitaciones que las establecidas en esta Ley y su normativa de desarrollo. Podrán prestar servicios de instalación o mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicación las personas físicas o jurídicas nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o con otra nacionalidad, cuando, en el segundo caso, así esté previsto en los acuerdos internacionales que vinculen al Reino de España. Para el resto de personas físicas o jurídicas, el Gobierno podrá autorizar excepciones de carácter general o particular a la regla anterior. Mediante real decreto se establecerán los requisitos exigibles para el ejercicio de la actividad consistente en la prestación a terceros de servicios de instalación o mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicación relativos a la capacidad técnica y a la cualificación profesional para el ejercicio de la actividad, medios técnicos y cobertura mínima del seguro, aval o de cualquier otra garantía financiera. Los requisitos de acceso a la actividad y su ejercicio serán proporcionados, no discriminatorios, transparentes y objetivos, y estarán clara y directamente vinculados al interés general concreto que los justifique. Los interesados en la prestación a terceros de servicios de instalación o mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicación deberán, con anterioridad al inicio de la actividad, presentar al Registro de empresas instaladoras de telecomunicación, por medios electrónicos o telemáticos, una declaración responsable sobre el cumplimiento de los requisitos exigibles para el ejercicio de la actividad. La declaración responsable habilita para la prestación a terceros de servicios de instalación o mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicación en todo el territorio español y con una duración indefinida. Cuando se constate el incumplimiento de alguno de los requisitos determinados reglamentariamente, se le dirigirá al interesado una notificación para que subsane dicho incumplimiento en el plazo de quince días. Transcurrido dicho plazo sin que la subsanación se hubiera producido, se procederá a dictar resolución privando de eficacia a la declaración y se cancelará la inscripción registral. Cualquier hecho que suponga modificación de alguno de los datos incluidos en la declaración originaria deberá ser comunicado por el interesado por medios electrónicos o telemáticos, en el plazo máximo de un mes a partir del momento en que se produzca, a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, que procederá a la inscripción de la modificación en el Registro de empresas instaladoras de telecomunicación. Si como consecuencia de la prestación de servicios de instalación o mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicación se pusiera en peligro la seguridad de las personas o de las redes públicas de telecomunicaciones, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información podrá dictar resolución motivada por la que, previa audiencia del interesado, se adopte de forma cautelar e inmediata y por el tiempo imprescindible para ello la suspensión del ejercicio de la actividad de instalación para el interesado, sin perjuicio de que se pueda incoar el oportuno expediente sancionador de conformidad con lo establecido en el Título VIII. Será libre la prestación temporal u ocasional en el territorio español de servicios de instalación o mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicación por personas físicas o jurídicas legalmente establecidas en otros Estados miembros de la Unión Europea para el ejercicio de la misma actividad, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones en materia de reconocimiento de cualificaciones profesionales que sean de aplicación a los profesionales que se desplacen. 3. El Registro de empresas instaladoras de telecomunicación será de carácter público y su regulación se hará mediante real decreto. En él se inscribirán de oficio los datos relativos a las personas físicas o jurídicas que hayan declarado su intención de prestar servicios de instalación o mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicación y sus modificaciones, a partir de la información contenida en las declaraciones. Los trámites relativos a la inscripción en el mismo no podrán suponer un retraso de la habilitación para ejercer la actividad. TÍTULO V Dominio público radioeléctrico Artículo 60. De la administración del dominio público radioeléctrico. 1. El espectro radioeléctrico es un bien de dominio público, cuya titularidad y administración corresponden al Estado. Dicha administración se ejercerá de conformidad con lo dispuesto en este título y en los tratados y acuerdos internacionales en los que España sea parte, atendiendo a la normativa aplicable en la Unión Europea y a las resoluciones y recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y de otros organismos internacionales. 2. La administración del dominio público radioeléctrico se llevará a cabo teniendo en cuenta su importante valor social, cultural y económico y la necesaria cooperación con otros Estados miembros de la Unión Europea y con la Comisión Europea en la planificación estratégica, la coordinación y la armonización del uso del espectro radioeléctrico en la Unión Europea. En el marco de dicha cooperación se fomentará la coordinación de los enfoques políticos en materia de espectro radioeléctrico en la Unión Europea y, cuando proceda, la armonización de las condiciones necesarias para la creación y el funcionamiento del mercado interior de las comunicaciones electrónicas. Para ello, se tendrán en cuenta, entre otros, los aspectos económicos, de seguridad, de salud, de interés público, de libertad de expresión, culturales, científicos, sociales y técnicos de las políticas de la Unión Europea, así como los diversos intereses de las comunidades de usuarios del espectro, atendiendo siempre a la necesidad de garantizar un uso eficiente y efectivo de las radiofrecuencias y a los beneficios para los consumidores, como la realización de economías de escala y la interoperabilidad de los servicios. 3. En particular, son principios aplicables a la administración del dominio público radioeléctrico, entre otros, los siguientes: a) Garantizar un uso eficaz y eficiente de este recurso. b) Fomentar la neutralidad tecnológica y de los servicios, y el mercado secundario del espectro. c) Fomentar una mayor competencia en el mercado de las comunicaciones electrónicas. 4. La administración del dominio público radioeléctrico tiene por objetivo el establecimiento de un marco jurídico que asegure unas condiciones armonizadas para su uso y que permita su disponibilidad y uso eficiente, y abarca un conjunto de actuaciones entre las cuales se incluyen las siguientes: a) Planificación: Elaboración y aprobación de los planes de utilización. b) Gestión: Establecimiento, de acuerdo con la planificación previa, de las condiciones técnicas de explotación y otorgamiento de los derechos de uso. c) Control: Comprobación técnica de las emisiones, detección y eliminación de interferencias, inspección técnica de instalaciones, equipos y aparatos radioeléctricos, así como el control de la puesta en el mercado de éstos últimos. Igualmente, incluye la protección del dominio público radioeléctrico, consistente, entre otras actuaciones, en la realización de emisiones sin contenidos sustantivos en aquellas frecuencias y canales radioeléctricos cuyos derechos de uso, en el ámbito territorial correspondiente, no hayan sido otorgados, con independencia de que dichas frecuencias o canales radioeléctricos sean objeto en la práctica de ocupación o uso efectivo. d) Aplicación del régimen sancionador. 5. La utilización de frecuencias radioeléctricas mediante redes de satélites se incluye dentro de la administración del dominio público radioeléctrico. Asimismo, la utilización del dominio público radioeléctrico necesaria para la utilización de los recursos órbita-espectro en el ámbito de la soberanía española y mediante satélites de comunicaciones queda reservada al Estado. Su explotación estará sometida al derecho internacional y se realizará, en la forma que mediante real decreto se determine, mediante su gestión directa por el Estado o mediante concesión. En todo caso, la gestión podrá también llevarse a cabo mediante conciertos con organismos internacionales. Artículo 61. Facultades del Gobierno para la administración del dominio público radioeléctrico. El Gobierno desarrollará mediante real decreto las condiciones para la adecuada administración del dominio público radioeléctrico. En dicho real decreto se regulará, como mínimo, lo siguiente: a) El procedimiento para la elaboración de los planes de utilización del espectro radioeléctrico, que incluyen el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, los planes técnicos nacionales de radiodifusión y televisión, cuya aprobación corresponderá al Gobierno, y las necesidades de espectro radioeléctrico para la defensa nacional. Los datos relativos a esta última materia tendrán el carácter de reservados. b) El procedimiento de determinación, control e inspección de los niveles únicos de emisión radioeléctrica tolerable y que no supongan un peligro para la salud pública, que deberán ser respetados en todo caso y momento por las diferentes instalaciones o infraestructuras a instalar y ya instaladas que hagan uso del dominio público radioeléctrico. En la determinación de estos niveles únicos de emisión radioeléctrica tolerable se tendrá en cuenta tanto criterios técnicos en el uso del dominio público radioeléctrico, como criterios de preservación de la salud de las personas, y en concordancia con lo dispuesto por las recomendaciones de la Comisión Europea. Tales límites deberán ser respetados, en todo caso, por el resto de administraciones públicas, tanto autonómicas como locales. c) Los procedimientos, plazos y condiciones para la habilitación del ejercicio de los derechos de uso del dominio público radioeléctrico, que revestirá la forma de autorización general, autorización individual, afectación o concesión administrativas. En particular, se regularán los procedimientos abiertos de otorgamiento de derechos de uso del dominio público radioeléctrico, que se basarán en criterios objetivos, transparentes, no discriminatorios y proporcionados y tendrán en cuenta, entre otras circunstancias, la tecnología utilizada, el interés de los servicios, las bandas y su grado de aprovechamiento. También tendrán en consideración la valoración económica para el interesado del uso del dominio público, dado que éste es un recurso escaso y, en su caso, las ofertas presentadas por los licitadores. No obstante lo anterior, cuando resulte necesario el otorgamiento de derechos individuales de utilización de radiofrecuencias a proveedores de servicios de contenidos radiofónicos o televisivos para lograr un objetivo de interés general establecido de conformidad con el Derecho de la Unión Europea, podrán establecerse excepciones al requisito de procedimiento abierto. d) El procedimiento para la reasignación del uso de bandas de frecuencias con el objetivo de alcanzar un uso más eficiente del espectro radioeléctrico, en función de su idoneidad para la prestación de nuevos servicios o de la evaluación de las tecnologías, que podrá incluir el calendario de actuaciones y la evaluación de los costes asociados, en particular, los ocasionados a los titulares de derechos de uso afectados por estas actuaciones de reasignación, que podrán verse compensados a través de un fondo económico o cualquier otro mecanismo de compensación que se establezca. e) Las condiciones no discriminatorias, proporcionadas y transparentes asociadas a los títulos habilitantes para el uso del dominio público radioeléctrico, entre las que se incluirán las necesarias para garantizar el uso efectivo y eficiente de las frecuencias y los compromisos contraídos por los operadores en los procesos de licitación previstos en el artículo 63. Estas condiciones buscarán promover en todo caso la consecución de los mayores beneficios posibles para los usuarios, así como mantener los incentivos suficientes para la inversión y la innovación. f) Las condiciones de otorgamiento de títulos habilitantes para el uso del dominio público radioeléctrico para fines experimentales o eventos de corta duración. g) La adecuada utilización del espectro radioeléctrico mediante el empleo de equipos y aparatos. Artículo 62. Títulos habilitantes para el uso del dominio público radioeléctrico. 1. El uso del dominio público radioeléctrico podrá ser común, especial o privativo. El uso común del dominio público radioeléctrico no precisará de ningún título habilitante y se llevará a cabo en las bandas de frecuencias y con las características técnicas que se establezcan al efecto. El uso especial del dominio público radioeléctrico es el que se lleve a cabo de las bandas de frecuencias habilitadas para su explotación de forma compartida, sin limitación de número de operadores o usuarios y con las condiciones técnicas y para los servicios que se establezcan en cada caso. El uso privativo del dominio público radioeléctrico es el que se realiza mediante la explotación en exclusiva o por un número limitado de usuarios de determinadas frecuencias en un mismo ámbito físico de aplicación. 2. Los títulos habilitantes mediante los que se otorguen derechos de uso del dominio público radioeléctrico revestirán la forma de autorización general, autorización individual, afectación o concesión administrativas. El plazo para el otorgamiento de los títulos habilitantes será de seis semanas desde la entrada de la solicitud en cualquiera de los registros del órgano administrativo competente, sin perjuicio de lo establecido para los derechos de uso con limitación de número. Dicho plazo no será de aplicación cuando sea necesaria la coordinación internacional de frecuencias o afecte a reservas de posiciones orbitales. 3. El otorgamiento de derechos de uso del dominio público radioeléctrico revestirá la forma de autorización general en los supuestos de uso especial de las bandas de frecuencia habilitadas a tal efecto a través de redes públicas de comunicaciones electrónicas instaladas o explotadas por operadores de comunicaciones electrónicas. La autorización general se entenderá concedida sin más trámite que la notificación a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, mediante el procedimiento y con los requisitos que se establezcan mediante orden del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, sin perjuicio de la obligación de abono de las tasas correspondientes. Cuando dicha Secretaría de Estado constate que la notificación no reúne los requisitos establecidos anteriormente, dictará resolución motivada en un plazo máximo de 15 días, no teniendo por realizada aquélla. 4. El otorgamiento de derechos de uso del dominio público radioeléctrico revestirá la forma de autorización individual en los siguientes supuestos: a) Si se trata de una reserva de derecho de uso especial por radioaficionados u otros sin contenido económico en cuya regulación específica así se establezca. b) Si se otorga el derecho de uso privativo para autoprestación por el solicitante, salvo en el caso de administraciones públicas, que requerirán de afectación demanial. 5. En el resto de supuestos no contemplados en los apartados anteriores, el derecho al uso privativo del dominio público radioeléctrico requerirá una concesión administrativa. Para el otorgamiento de dicha concesión, será requisito previo que los solicitantes ostenten la condición de operador de comunicaciones electrónicas y que en ellos no concurra alguna de las prohibiciones de contratar reguladas en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el real decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. Las concesiones de uso privativo del dominio público radioeléctrico reservado para la prestación de servicios audiovisuales se otorgará por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información aneja al título habilitante audiovisual. La duración de estas concesiones será la del título habilitante audiovisual. En estos supuestos, el operador en cuyo favor se otorgue la concesión no tiene por qué ostentar la condición de operador de comunicaciones electrónicas sino la de prestador de servicios audiovisuales. 6. Es competencia de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información el otorgamiento de los títulos habilitantes salvo en los supuestos de otorgamiento por procedimiento de licitación contemplado en el artículo 63. Las resoluciones mediante las cuales se otorguen las concesiones de dominio público radioeléctrico se dictarán en la forma y plazos que se establezcan mediante real decreto que establecerá, asimismo, la información que se hará pública sobre dichas concesiones. 7. Quienes resultasen seleccionados para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas armonizados en procedimientos de licitación convocados por las instituciones de la Unión Europea en los que se establezca la reserva a su favor de derechos de uso del dominio público radioeléctrico, se inscribirán de oficio en el Registro de operadores. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información otorgará la concesión demanial a los operadores antes mencionados. En las citadas concesiones se incluirán, entre otras, las condiciones que proceda establecidas en los procedimientos de licitación, así como los compromisos adquiridos por el operador en dicho procedimiento. 8. En el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias o en los pliegos reguladores de los procedimientos de licitación para el otorgamiento de títulos habilitantes se podrán establecer cautelas para evitar comportamientos especulativos o acaparamiento de derechos de uso del dominio público radioeléctrico, en particular mediante la fijación de límites en la cantidad de frecuencias a utilizar por un mismo operador o grupo empresarial o la fijación de plazos estrictos para la explotación de los derechos de uso por parte de su titular. A tal efecto, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo podrá adoptar medidas tales como ordenar la venta o la cesión de derechos de uso de radiofrecuencias. Estas cautelas se establecerán y aplicarán de manera que sean proporcionadas, no discriminatorias y transparentes. 9. Con carácter previo a la utilización del dominio público radioeléctrico, se exigirá, preceptivamente, la aprobación del proyecto técnico y la inspección o el reconocimiento favorable de las instalaciones por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, con el fin de comprobar que se ajustan a las condiciones previamente autorizadas. En función de la naturaleza del servicio, de la banda de frecuencias empleada, de la importancia técnica de las instalaciones que se utilicen o por razones de eficacia en la gestión del espectro, podrá sustituirse la aprobación del proyecto técnico por una declaración responsable de conformidad con lo establecido en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de que la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información pueda exigir en cualquier momento la presentación del proyecto técnico. Asimismo, podrá acordarse la sustitución de la inspección previa por una certificación expedida por técnico competente. 10. Los operadores que exploten las redes o servicios de comunicaciones electrónicas que hagan uso del dominio público radioeléctrico deberán disponer del correspondiente título habilitante de dicho uso. Los operadores que vayan a efectuar materialmente emisiones radioeléctricas mediante el uso del dominio público radioeléctrico por encargo de otras personas o entidades deberán verificar, previamente al inicio de dichas emisiones, que las entidades a cuya disposición ponen su red ostentan el correspondiente título habilitante en materia de uso del dominio público radioeléctrico. Dichos operadores no podrán poner a disposición de las entidades referidas su red y, en consecuencia, no podrán dar el acceso a su red a dichas entidades ni podrán efectuar las mencionadas emisiones en caso de ausencia del citado título habilitante. Artículo 63. Títulos habilitantes otorgados mediante un procedimiento de licitación. 1. Cuando sea preciso para garantizar el uso eficaz y eficiente del espectro radioeléctrico, teniendo debidamente en cuenta la necesidad de conseguir los máximos beneficios para los usuarios y facilitar el desarrollo de la competencia, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo podrá, previa audiencia a las partes interesadas, incluidas las asociaciones de consumidores y usuarios, limitar el número de concesiones demaniales a otorgar sobre dicho dominio para la explotación de redes públicas y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas. Toda decisión de limitar el otorgamiento de derechos de uso habrá de ser publicada, exponiendo los motivos de la misma. La limitación del número de títulos habilitantes será revisable por el propio Ministerio, de oficio o a instancia de parte, en la medida en que desaparezcan las causas que la motivaron. 2. Cuando, de conformidad con lo previsto en el apartado anterior, el Ministro de Industria, Energía y Turismo limite el número de concesiones demaniales a otorgar en una determinada banda de frecuencias, se tramitará un procedimiento de licitación para el otorgamiento de las mismas que respetará en todo caso los principios de publicidad, concurrencia y no discriminación para todas las partes interesadas. Para ello se aprobará, mediante orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo, la convocatoria y el pliego de bases por el que se regirá la licitación. El procedimiento de licitación deberá resolverse mediante orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo en un plazo máximo de ocho meses desde la convocatoria de la licitación. Artículo 64. Duración, modificación, extinción y revocación de los títulos habilitantes para el uso del dominio público radioeléctrico. 1. Los derechos de uso privativo del dominio público radioeléctrico sin limitación de número se otorgarán, con carácter general, por un período que finalizará el 31 de diciembre del año natural en que cumplan su quinto año de vigencia, renovables por períodos de cinco años en función de las disponibilidades y previsiones de la planificación de dicho dominio público. Mediante real decreto se determinarán los supuestos en los que podrá fijarse un período de duración distinto para los derechos de uso privativo del dominio público radioeléctrico sin limitación de número. 2. Los derechos de uso privativo con limitación de número tendrán la duración prevista en los correspondientes procedimientos de licitación que, en todo caso, será de un máximo de veinte años, incluyendo posibles prórrogas y sin posibilidad de renovación automática. A la hora de determinar en el procedimiento de licitación la duración concreta de los derechos de uso, se tendrán en cuenta, entre otros criterios, las inversiones que se exijan y los plazos para su amortización, las obligaciones vinculadas a los derechos de uso, como la cobertura mínima que se imponga, y las bandas de frecuencias cuyos derechos de uso se otorguen, en los términos que se concreten mediante real decreto. 3. Con arreglo a los principios de objetividad y de proporcionalidad, atendiendo principalmente a las necesidades de la planificación y del uso eficiente y a la disponibilidad del espectro radioeléctrico, en los términos establecidos mediante real decreto, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo podrá modificar los títulos habilitantes para el uso del dominio público radioeléctrico, previa audiencia del interesado. Cuando los títulos hubiesen sido otorgados por el procedimiento de licitación se requerirá, además, informe previo de la Comisión Nacional de los Mercados y de Competencia y audiencia del Consejo de Consumidores y Usuarios y, en su caso, de las asociaciones más representativas de los restantes usuarios durante un plazo suficiente, que salvo en circunstancias excepcionales no podrá ser inferior a cuatro semanas. En estos casos la modificación se realizará mediante orden ministerial, previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, que establecerá un plazo para que los titulares se adapten a ella. La modificación de los títulos habilitantes para el uso del dominio público radioeléctrico, en los casos en que justificadamente haya que establecer condiciones distintas a las que existían cuando se otorgó el título, podrá consistir en prolongar la duración de derechos ya existentes, incluso más allá de las duraciones establecidas en los apartados anteriores. 4. Los títulos habilitantes para el uso del dominio público se extinguirán por: a) Las causas que resulten aplicables de las reseñadas en el artículo 100 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las administraciones públicas. b) Muerte del titular del derecho de uso del dominio público radioeléctrico o extinción de la persona jurídica titular. c) Renuncia del titular, con efectos desde su aceptación por el órgano competente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. d) Pérdida de la condición de operador del titular del derecho de uso del dominio público radioeléctrico, cuando dicha condición fuera necesaria, o cualquier causa que imposibilite la prestación del servicio por su titular. e) Falta de pago de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico. f) Pérdida de adecuación de las características técnicas de la red al Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, sin que exista posibilidad de otorgar al titular otras bandas. g) Mutuo acuerdo entre el titular y el órgano competente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. h) Transcurso del tiempo para el que se otorgaron. En el caso de los derechos de uso sin limitación de número, por el transcurso del tiempo para el que se otorgaron sin que se haya efectuado su renovación. i) Por incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones del titular contempladas como causa de revocación. j) Aquellas otras causas que se establezcan en el título habilitante, conforme a la presente Ley. 5. El órgano competente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través del procedimiento administrativo general de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrá acordar la revocación de los títulos habilitantes para el uso del dominio público radioeléctrico por las siguientes causas: a) El incumplimiento de las condiciones y requisitos técnicos aplicables al uso del dominio público radioeléctrico. b) No pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. c) No efectuar un uso eficaz o eficiente del dominio público radioeléctrico. d) La revocación sucesiva de dos autorizaciones administrativas de transferencia de título o de cesión de derechos de uso del dominio público radioeléctrico sobre el mismo título habilitante en el plazo de un año. e) La utilización de las frecuencias con fines distintos a los que motivaron su asignación o para otros diferentes de los de la prestación del servicio o el ejercicio de la actividad que haya motivado su asignación. Artículo 65. Protección activa del dominio público radioeléctrico. 1. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, en cualquier momento, podrá efectuar una protección activa del dominio público radioeléctrico mediante la realización de emisiones sin contenidos sustantivos en aquellas frecuencias y canales radioeléctricos cuyos derechos de uso, en el ámbito territorial correspondiente, no hayan sido otorgados. Esta potestad se ejercitará sin perjuicio de las actuaciones inspectoras y sancionadoras que se puedan llevar a cabo para depurar las responsabilidades en que se hubieran podido incurrir por el uso del dominio público radioeléctrico sin disponer de título habilitante, por la producción de interferencias perjudiciales o por la comisión de cualquier otra infracción tipificada en el marco del régimen sancionador establecido en el Título VIII de esta Ley. 2. Mediante real decreto se regulará el procedimiento para el ejercicio de la potestad de protección activa del dominio público radioeléctrico en el caso de que la frecuencia o canal radioeléctrico sea objeto de una ocupación o uso efectivo sin que se disponga de título habilitante, con sujeción a las siguientes normas: a) Se constatará la ocupación o uso efectivo de la frecuencia o canal radioeléctrico sin que se disponga de título habilitante para ello. b) Se efectuará un trámite de previa audiencia a la persona física o jurídica que esté efectuando la ocupación o el uso de la frecuencia o canal radioeléctrico sin título habilitante o, en su caso, al titular de las infraestructuras, de la finca o del inmueble desde donde se produce la emisión en esa frecuencia, para que en el plazo de 10 días hábiles alegue lo que estime oportuno. c) En su caso, una vez efectuado el trámite de previa audiencia, se requerirá a la persona o titular mencionado anteriormente con el que se evacuó dicho trámite, para que en el plazo de 8 días hábiles proceda al cese de las emisiones no autorizadas. d) En el caso de que no se proceda al cese de las emisiones no autorizadas, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información podrá iniciar sus emisiones en dicha frecuencia o canal radioeléctrico. Artículo 66. Neutralidad tecnológica y de servicios en el uso del dominio público radioeléctrico. 1. En las bandas de radiofrecuencias declaradas disponibles para los servicios de comunicaciones electrónicas en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias se podrá emplear cualquier tipo de tecnología utilizada para los servicios de comunicaciones electrónicas de conformidad con el Derecho de la Unión Europea. Podrán, no obstante, preverse restricciones proporcionadas y no discriminatorias a los tipos de tecnología de acceso inalámbrico o red radioeléctrica utilizados para los servicios de comunicaciones electrónicas cuando sea necesario para: a) Evitar interferencias perjudiciales. b) Proteger la salud pública frente a los campos electromagnéticos. c) Asegurar la calidad técnica del servicio. d) Garantizar un uso compartido máximo de las radiofrecuencias. e) Garantizar un uso eficiente del espectro. f) Garantizar el logro de un objetivo de interés general. 2. En las bandas de radiofrecuencias declaradas disponibles para los servicios de comunicaciones electrónicas en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias se podrá prestar cualquier tipo de servicios de comunicaciones electrónicas, de conformidad con el Derecho de la Unión Europea. Podrán, no obstante, preverse restricciones proporcionadas y no discriminatorias a los tipos de servicios de comunicaciones electrónicas que se presten, incluido, cuando proceda, el cumplimiento de un requisito del Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Las medidas que exijan que un servicio de comunicaciones electrónicas se preste en una banda específica disponible para los servicios de comunicaciones electrónicas deberán estar justificadas para garantizar el logro de objetivos de interés general definidos con arreglo al Derecho de la Unión Europea, tales como: a) La seguridad de la vida. b) La promoción de la cohesión social, regional o territorial. c) La evitación del uso ineficiente de las radiofrecuencias. d) La promoción de la diversidad cultural y lingüística y del pluralismo de los medios de comunicación, mediante, por ejemplo, la prestación de servicios de radiodifusión y televisión. Únicamente se impondrá la atribución específica de una banda de frecuencias para la prestación de un determinado servicio de comunicaciones electrónicas cuando esté justificado por la necesidad de proteger servicios relacionados con la seguridad de la vida o, excepcionalmente, cuando sea necesario para alcanzar objetivos de interés general definidos con arreglo al Derecho de la Unión Europea. 3. Las restricciones a la utilización de bandas de frecuencias que, en su caso, se establezcan de conformidad con los apartados anteriores sólo podrán adoptarse tras haber dado a las partes interesadas la oportunidad de formular observaciones sobre la medida propuesta, en un plazo razonable. 4. Periódicamente, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información revisará la pertinencia de mantener las restricciones a la utilización de bandas de frecuencias que, en su caso, se establezcan de conformidad con los apartados anteriores, hará públicos los resultados de estas revisiones y elevará las propuestas correspondientes al órgano competente para su aprobación. Artículo 67. Mercado secundario en el dominio público radioeléctrico. 1. Los títulos habilitantes de uso del dominio público radioeléctrico podrán ser transferidos y los derechos de uso del dominio público radioeléctrico podrán ser cedidos, ya sea de forma total o parcial, en las condiciones de autorización que se establezcan mediante real decreto. En dicho real decreto se identificarán igualmente las bandas de frecuencia en las que se pueden efectuar operaciones de transferencia de títulos o cesión de derechos de uso de dominio público radioeléctrico, en particular, las bandas de frecuencias que en su caso se identifiquen en el ámbito de la Unión Europea. 2. En el caso de la cesión total o parcial, ésta en ningún caso eximirá al titular del derecho de uso cedente de las obligaciones asumidas frente a la Administración. Cualquier transferencia de título habilitante o cesión de derechos de uso del dominio público radioeléctrico deberá en todo caso respetar las condiciones técnicas de uso establecidas en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias o en los planes técnicos o las que, en su caso, estén fijadas en las medidas técnicas de aplicación de la Unión Europea. 3. Mediante real decreto se establecerán las restricciones a la transferencia o arrendamiento de derechos individuales de uso de radiofrecuencias cuando dichos derechos se hubieran obtenido inicialmente de forma gratuita. TÍTULO VI La administración de las telecomunicaciones Artículo 68. Competencias de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos. 1. Tendrán la consideración de Autoridad Nacional de Reglamentación de Telecomunicaciones: a) El Gobierno. b) Los órganos superiores y directivos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo que, de conformidad con la estructura orgánica del departamento, asuman las competencias asignadas a este ministerio en materias reguladas por esta Ley. c) Los órganos superiores y directivos del Ministerio de Economía y Competitividad que, de conformidad con la estructura orgánica del departamento, asuman las competencias asignadas a este ministerio en materias reguladas por esta Ley. d) La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el ejercicio de las competencias que se le ha asignado en materias reguladas por esta Ley. 2. En el desarrollo de las competencias que tengan encomendadas, las autoridades nacionales de reglamentación a las que se refiere el apartado 1 cooperarán mutuamente, con los restantes órganos de control de otros Estados y con los organismos pertinentes de la Unión Europea, a fin de fomentar la aplicación coherente de la normativa comunitaria en materia de comunicaciones electrónicas y contribuir al desarrollo del mercado interior. Con tal fin, apoyarán activamente los objetivos de la Comisión y del Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE) de promover una mayor coordinación. Asimismo colaborarán con ambas instituciones, a fin de determinar qué tipos de instrumentos y soluciones son los más apropiados para tratar situaciones particulares de mercado. 3. En el desarrollo de las competencias que tengan encomendadas las autoridades nacionales de reglamentación a las que se refiere el apartado 1, aplicarán principios reguladores objetivos, transparentes, no discriminatorios y proporcionados, con arreglo a los siguientes fines y criterios: a) Promover un entorno regulador previsible, garantizando un enfoque regulador coherente en períodos de revisión apropiados. b) Fomentar la inversión eficiente orientada al mercado y la innovación en infraestructuras nuevas y mejoradas, incluso asegurando que toda obligación relativa al acceso tenga debidamente en cuenta los riesgos en que incurren las empresas inversoras, y permitir diferentes modalidades de cooperación entre los inversores y las partes que soliciten el acceso, con el fin de diversificar el riesgo de las inversiones y velar por que se respeten la competencia en el mercado y el principio de no discriminación. c) Imponer obligaciones específicas únicamente cuando no exista una competencia efectiva y sostenible, y suprimir dichas obligaciones en cuanto se constate el cumplimiento de dicha condición. d) Garantizar que, en circunstancias similares, no se dispense un trato discriminatorio a las empresas suministradoras de redes y servicios de comunicaciones electrónicas. e) Salvaguardar la competencia en beneficio de los consumidores y promover, cuando sea posible, la competencia basada en las infraestructuras. f) Tener debidamente en cuenta la variedad de condiciones en cuanto a la competencia y los consumidores que existen en las distintas regiones geográficas. g) Ejercer sus responsabilidades de tal modo que se promueva la eficiencia, la competencia sostenible y el máximo beneficio para los usuarios finales. Artículo 69. Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Los órganos superiores y directivos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo que, de conformidad con la estructura orgánica del departamento, asuman las competencias asignadas a este ministerio, ejercerán las siguientes funciones: a) Ejecutar la política adoptada por el Gobierno en los servicios de telecomunicaciones para la defensa nacional y la protección civil a los que se refiere el artículo 4 de la presente Ley. b) Gestionar el Registro de Operadores. c) Ejercer las competencias que en materia de acceso a las redes y recursos asociados, interoperabilidad e interconexión le atribuye la presente Ley y su desarrollo reglamentario, en particular, en los siguientes supuestos: 1. En los procedimientos de licitación para la obtención de derechos de uso del dominio público radioeléctrico. 2. Cuando se haga necesario para garantizar el cumplimiento de la normativa sobre datos personales y protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas. 3. Cuando resulte preciso para garantizar el cumplimiento de compromisos internacionales en materia de telecomunicaciones. d) Proponer al Gobierno la aprobación de los planes nacionales de numeración, direccionamiento y denominación, el otorgamiento de los derechos de uso de los recursos públicos regulados en dichos planes y ejercer las demás competencias que le atribuye el capítulo V del Título II de la presente Ley. e) Proponer al Gobierno la política a seguir para facilitar el desarrollo y la evolución de las obligaciones de servicio público a las que se hace referencia en el capítulo I del Título III y la desarrollará asumiendo la competencia de control y seguimiento de las obligaciones de servicio público que correspondan a los distintos operadores en la explotación de redes o la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas. f) Proponer al Gobierno la política a seguir para reconocer y garantizar los derechos y obligaciones de carácter público en la explotación de redes y en la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas así como los derechos de los usuarios finales a los que se hace referencia en los capítulos II, III y V del Título III. g) Gestionar el Registro de empresas instaladoras de telecomunicación. h) Formular las propuestas para la elaboración de normativa relativa a las infraestructuras comunes de comunicaciones electrónicas en el interior de edificios y conjuntos inmobiliarios, y el seguimiento de su implantación en España. i) Ejercer las funciones en materia de la evaluación de la conformidad de equipos y aparatos a las que se refiere el Título IV. j) Ejercer las funciones en materia de administración del dominio público radioeléctrico a las que se refiere el Título V. En particular, ejercerá las siguientes funciones: 1. La propuesta de planificación, la gestión y el control del dominio público radioeléctrico, así como la tramitación y el otorgamiento de los títulos habilitantes para su utilización. 2. El ejercicio de las funciones atribuidas a la Administración General del Estado en materia de autorización e inspección de instalaciones radioeléctricas en relación con los niveles únicos de emisión radioeléctrica permitidos a que se refiere el artículo 61 de esta Ley. 3. La gestión de un registro público de radiofrecuencias, accesible a través de Internet, en el que constarán los titulares de concesiones administrativas para el uso privativo del dominio público radioeléctrico. 4. La elaboración de proyectos y desarrollo de los planes técnicos nacionales de radiodifusión y televisión. 5. La comprobación técnica de emisiones radioeléctricas para la identificación, localización y eliminación de interferencias perjudiciales, infracciones, irregularidades y perturbaciones de los sistemas de radiocomunicación, y la verificación del uso efectivo y eficiente del dominio público radioeléctrico por parte de los titulares de derechos de uso. 6. La protección del dominio público radioeléctrico, para lo cual podrá, entre otras actuaciones, realizar emisiones en aquellas frecuencias y canales radioeléctricos cuyos derechos de uso, en el ámbito territorial correspondiente, no hayan sido otorgados. 7. La gestión de la asignación de los recursos órbita-espectro para comunicaciones por satélite. 8. La elaboración de estudios e informes y, en general, el asesoramiento de la Administración General del Estado en todo lo relativo a la administración del dominio público radioeléctrico. 9. La participación en los organismos internacionales relacionados con la planificación del espectro radioeléctrico. k) Gestionar en período voluntario las tasas en materia de telecomunicaciones a que se refiere la presente Ley. l) Ejercer las funciones de gestión, liquidación, inspección y recaudación en periodo voluntario de las aportaciones a realizar por los operadores de telecomunicaciones y por los prestadores privados del servicio de comunicación audiovisual televisiva, de ámbito geográfico estatal o superior al de una Comunidad Autónoma, reguladas en los artículos 5 y 6 de la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación Radio y Televisión Española. m) Realizar las funciones atribuidas de manera expresa por la normativa comunitaria, la presente Ley y su normativa de desarrollo. n) Realizar cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por ley o por real decreto. Artículo 70. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 1. La naturaleza, funciones, estructura, personal, presupuesto y demás materias que configuran la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia están reguladas en la Ley de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 2. En particular, en las materias reguladas por la presente Ley, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ejercerá las siguientes funciones: a) Definir y analizar los mercados de referencia relativos a redes y servicios de comunicaciones electrónicas, entre los que se incluirán los correspondientes mercados de referencia al por mayor y al por menor, y el ámbito geográfico de los mismos, cuyas características pueden justificar la imposición de obligaciones específicas, en los términos establecidos en el artículo 13 de la presente Ley y su normativa de desarrollo. b) Identificar el operador u operadores que poseen un poder significativo en el mercado cuando del análisis de los mercados de referencia se constate que no se desarrollan en un entorno de competencia efectiva. c) Establecer, cuando proceda, las obligaciones específicas que correspondan a los operadores con poder significativo en mercados de referencia, en los términos establecidos en el artículo 14 de la presente Ley y su normativa de desarrollo. d) Resolver los conflictos en los mercados de comunicaciones electrónicas a los que se refiere el artículo 15 de la presente Ley. En particular, le corresponderá resolver conflictos entre operadores relativos a la determinación de las condiciones concretas para la puesta en práctica de la obligación impuesta por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo de la utilización compartida del dominio público o la propiedad privada, o de la ubicación compartida de infraestructuras y recursos asociados, de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 32 de la presente Ley, así como resolver conflictos sobre el acceso a infraestructuras susceptibles de alojar redes públicas de comunicaciones electrónicas y el acceso a las redes de comunicaciones electrónicas titularidad de los órganos o entes gestores de infraestructuras de transporte de competencia estatal, en los términos establecidos por los artículos 37 y 38 de la presente Ley. e) Decidir la imposición, como medida excepcional, a los operadores con poder significativo en el mercado integrados verticalmente, de la obligación de separación funcional de acuerdo con los requisitos y procedimientos indicados en el artículo 16 de la presente Ley. f) Fijar las características y condiciones para la conservación de los números en aplicación de los aspectos técnicos y administrativos que mediante real decreto se establezcan para que ésta se lleve a cabo. g) Intervenir en las relaciones entre operadores o entre operadores y otras entidades que se beneficien de las obligaciones de acceso e interconexión, con objeto de fomentar y, en su caso, garantizar la adecuación del acceso, la interconexión y la interoperabilidad de los servicios, en los términos establecidos en el artículo 12 de la presente Ley y su normativa de desarrollo. h) Determinar la cuantía que supone el coste neto en la prestación del servicio universal, a que se refiere al artículo 27 de la presente Ley. i) Definir y revisar la metodología para determinar el coste neto del servicio universal, tanto en lo que respecta a la imputación de costes como a la atribución de ingresos, que deberá basarse en procedimientos y criterios objetivos, transparentes, no discriminatorios y proporcionales y tener carácter público. j) Establecer el procedimiento para cuantificar los beneficios no monetarios obtenidos por el operador u operadores encargados de la prestación del servicio universal. k) Decidir la imposición de obligaciones a los operadores que dispongan de interfaces de programa de aplicaciones (API) y guías electrónicas de programación (EPG) para que faciliten el acceso a estos recursos, en la medida que sea necesario para garantizar el acceso de los usuarios finales a determinados servicios digitales de radiodifusión y televisión. l) Ser consultada por el Gobierno y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en materia de comunicaciones electrónicas, particularmente en aquellas materias que puedan afectar al desarrollo libre y competitivo del mercado. Igualmente podrá ser consultada en materia de comunicaciones electrónicas por las comunidades autónomas y las corporaciones locales. En el ejercicio de esta función, participará, mediante informe, en el proceso de elaboración de normas que afecten a su ámbito de competencias en materia de comunicaciones electrónicas. m) Realizar las funciones de arbitraje, tanto de derecho como de equidad, que le sean sometidas por los operadores de comunicaciones electrónicas en aplicación de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje. n) Realizar las funciones atribuidas de manera expresa por la normativa comunitaria, la presente Ley y su normativa de desarrollo. ñ) Realizar cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por ley o por real decreto. TÍTULO VII Tasas en materia de telecomunicaciones Artículo 71. Tasas en materia de telecomunicaciones. 1. Las tasas en materia de telecomunicaciones gestionadas por la Administración General del Estado serán las recogidas en el anexo I de esta Ley. 2. Dichas tasas tendrán como finalidad: a) Cubrir los gastos administrativos que ocasione el trabajo de regulación relativo a la preparación y puesta en práctica del derecho comunitario derivado y actos administrativos, como las relativas a la interconexión y acceso. b) Los que ocasionen la gestión, control y ejecución del régimen establecido en esta Ley. c) Los que ocasionen la gestión, control y ejecución de los derechos de ocupación del dominio público, los derechos de uso del dominio público radioeléctrico y la numeración. d) La gestión de las notificaciones reguladas en el artículo 6 de esta Ley. e) Los gastos de cooperación internacional, armonización y normalización y el análisis de mercado. 3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, las tasas establecidas por el uso del dominio público radioeléctrico, la numeración y el dominio público necesario para la instalación de redes de comunicaciones electrónicas tendrán como finalidad la necesidad de garantizar el uso óptimo de estos recursos, teniendo en cuenta el valor del bien cuyo uso se otorga y su escasez. Dichas tasas deberán ser no discriminatorias, transparentes, justificadas objetivamente y ser proporcionadas a su fin. Asimismo, deberán fomentar el cumplimiento de los objetivos y principios establecidos en el artículo 3, en los términos que se establezcan mediante real decreto. 4. Las tasas a que se refieren los apartados anteriores serán impuestas de manera objetiva, transparente y proporcional, de manera que se minimicen los costes administrativos adicionales y las cargas que se derivan de ellos. 5. La revisión en vía administrativa de los actos de aplicación, gestión y recaudación de las tasas en materia de telecomunicaciones habrá de sujetarse a lo previsto en el artículo 22.3 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos. 6. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, respecto de las tasas a las que se refiere el apartado 1, y las administraciones competentes que gestionen y liquiden tasas subsumibles en el apartado 2 de este artículo, publicarán un resumen anual de los gastos administrativos que justifican su imposición y del importe total de la recaudación. Asimismo, las administraciones competentes que gestionen y liquiden tasas subsumibles en el apartado 3 de este artículo publicarán anualmente el importe total de la recaudación obtenida de los operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas. TÍTULO VIII Inspección y régimen sancionador Artículo 72. Funciones inspectoras. 1. La función inspectora en materia de telecomunicaciones corresponde a: a) El Ministerio de Industria, Energía y Turismo. b) La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 2. Será competencia del Ministerio de Industria, Energía y Turismo la inspección: a) De los servicios y de las redes de comunicaciones electrónicas y de sus condiciones de prestación y explotación. b) De los equipos y aparatos, de las instalaciones y de los sistemas civiles. c) Del dominio público radioeléctrico. d) De los servicios de tarificación adicional que se soporten sobre redes y servicios de comunicaciones electrónicas. 3. Corresponderá a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en los términos establecidos en la Ley de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la inspección de las actividades de los operadores de telecomunicaciones respecto de las cuales tenga competencia sancionadora de conformidad con esta Ley. 4. Para la realización de determinadas actividades de inspección técnica, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en materias de su competencia en el ámbito de aplicación de esta Ley, podrá solicitar la actuación del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Artículo 73. Facultades de inspección. 1. Los funcionarios destinados en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del Ministerio de Industria, Energía y Turismo tienen, en el ejercicio de sus funciones inspectoras en materia de telecomunicaciones, la consideración de autoridad pública y podrán solicitar, a través de la autoridad gubernativa correspondiente, el apoyo necesario de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. 2. Los operadores o quienes realicen las actividades a las que se refiere esta Ley vendrán obligados a facilitar al personal de inspección, en el ejercicio de sus funciones, el acceso a sus instalaciones. También deberán permitir que dicho personal lleve a cabo el control de los elementos afectos a los servicios o actividades que realicen, de las redes que instalen o exploten y de cuantos documentos están obligados a poseer o conservar. Los titulares de fincas o bienes inmuebles en los que se ubiquen equipos, estaciones o cualquier clase de instalaciones de telecomunicaciones tendrán la obligación de permitir el acceso a dichos bienes por parte del personal de Inspección a que se refiere este artículo. A estos efectos, el acceso por el personal de Inspección a las mencionadas fincas o inmuebles requerirá el consentimiento de dichos titulares o autorización judicial sólo cuando sea necesario entrar en un domicilio constitucionalmente protegido o efectuar registros en el mismo. Los órganos jurisdiccionales de lo Contencioso-Administrativo resolverán sobre el otorgamiento de la autorización judicial en el plazo máximo de 72 horas. 3. Los operadores o quienes realicen las actividades a las que se refiere esta Ley quedan obligados a poner a disposición del personal de inspección cuantos libros, registros y documentos, sea cual fuere su soporte, y medios técnicos éste considere precisos, incluidos los programas informáticos y los archivos magnéticos, ópticos o de cualquier otra clase. Asimismo, deberán facilitarles, a su petición, cualquier tipo de documentación que el personal de la Inspección les exija para la determinación de la titularidad de los equipos o la autoría de emisiones o actividades. 4. Las obligaciones establecidas en los dos apartados anteriores serán exigibles a los operadores o quienes realicen las actividades a las que se refiere esta Ley y que sean directamente responsables de la explotación de la red, la prestación del servicio o la realización de la actividad regulada por esta Ley, y también serán exigibles a quienes den soporte a las actuaciones anteriores, a los titulares de las fincas o los inmuebles en donde se ubiquen equipos o instalaciones de telecomunicaciones, a las asociaciones de empresas y a los administradores y otros miembros del personal de todas ellas. 5. Los operadores o quienes realicen las actividades a las que se refiere esta Ley están obligados a someterse a las inspecciones de los funcionarios del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. La negativa u obstrucción al acceso a las instalaciones fincas o bienes inmuebles o a facilitar la información o documentación requerida será sancionada, conforme a los artículos siguientes de este título, como obstrucción a la labor inspectora. 6. En particular, el personal de inspección tendrá las siguientes facultades: a) Precintar todos los locales, instalaciones, equipos, libros o documentos y demás bienes de la empresa durante el tiempo y en la medida en que sea necesario para la inspección. b) Realizar comprobaciones, mediciones, obtener fotografías, vídeos, y grabaciones de imagen o sonido. 7. Las actuaciones de inspección, comprobación o investigación llevadas a cabo por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo podrán desarrollarse, a elección de sus servicios: a) En cualquier despacho, oficina o dependencia de la persona o entidad inspeccionada o de quien las represente. b) En los propios locales del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. c) En cualquier despacho, oficina, dependencia o lugar en los que existan pruebas de los hechos objeto de inspección. 8. El personal de la Inspección del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a los efectos del cumplimiento de las funciones previstas en este artículo, tendrá acceso gratuito a todo registro público, en particular, en los Registros de la Propiedad y Mercantiles el acceso a la información registral se realizará por medios electrónicos, en la forma determinada en su normativa reguladora. Artículo 74. Responsabilidad por las infracciones en materia de telecomunicaciones. La responsabilidad administrativa por las infracciones de las normas reguladoras de las telecomunicaciones será exigible: a) En el caso de incumplimiento de las condiciones establecidas para la explotación de redes o la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, a la persona física o jurídica que desarrolle la actividad. b) En las cometidas con motivo de la explotación de redes o la prestación de servicios sin haber efectuado la notificación a que se refiere el artículo 6 de esta Ley o sin disponer de título habilitante para el uso del dominio público radioeléctrico cuando dicho título sea necesario, a la persona física o jurídica que realice la actividad. Para identificar a la persona física o jurídica que realiza la actividad, se puede solicitar colaboración a la persona física o jurídica que tenga la disponibilidad de los equipos e instalaciones por cualquier título jurídico válido en derecho o careciendo de éste o a la persona física o jurídica titular de la finca o inmueble en donde se ubican los equipos e instalaciones. Si no se presta la citada colaboración de manera que dicha persona física o jurídica participa de manera esencial en la conducta infractora, se considerará que la misma es responsable de las infracciones cometidas por quien realiza la actividad. Esta responsabilidad es solidaria de la exigible a la persona física o jurídica que realiza la actividad. c) En las cometidas por los usuarios, por las empresas instaladoras de telecomunicación, por los agentes económicos relacionados con equipos y aparatos de telecomunicación o por otras personas que, sin estar comprendidas en los párrafos anteriores, realicen actividades reguladas en la normativa sobre telecomunicaciones, a la persona física o jurídica cuya actuación se halle tipificada por el precepto infringido o a la que las normas correspondientes atribuyen específicamente la responsabilidad. Artículo 75. Clasificación de las infracciones. Las infracciones de las normas reguladoras de las telecomunicaciones se clasifican en muy graves, graves y leves. Artículo 76. Infracciones muy graves. Se consideran infracciones muy graves: 1. La realización de actividades sin disponer de la habilitación oportuna en las materias reguladas por esta Ley, cuando legalmente sea necesaria. 2. El incumplimiento de los requisitos exigibles para la explotación de las redes y prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas establecidos en los artículos 6.1 y 6.2. 3. La utilización del dominio público radioeléctrico, frecuencias o canales radioeléctricos sin disponer de la concesión de uso privativo del dominio público radioeléctrico a que se refiere el artículo 62, cuando legalmente sea necesario. 4. La utilización del dominio público radioeléctrico, frecuencias o canales radioeléctricos no adecuada al correspondiente plan de utilización del espectro radioeléctrico o al Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. 5. La realización de emisiones radioeléctricas no autorizadas que vulneren o perjudiquen el desarrollo o implantación de lo establecido en los Planes de utilización del dominio público radioeléctrico o en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. 6. La producción deliberada, en España o en los países vecinos, de interferencias definidas como perjudiciales en esta Ley, incluidas las causadas por estaciones radioeléctricas que estén instaladas o en funcionamiento a bordo de un buque, de una aeronave o de cualquier otro objeto flotante o aerotransportado que transmita emisiones desde fuera del territorio español para su posible recepción total o parcial en éste. 7. No atender el requerimiento de cesación hecho por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, en los supuestos de producción de interferencias. 8. La instalación, puesta en servicio o utilización de terminales o de equipos de telecomunicación, tanto los que hacen uso del dominio público radioeléctrico como los conectados, directa o indirectamente, a las redes públicas de comunicaciones electrónicas que no hayan evaluado su conformidad, conforme al Título IV de esta Ley, si se producen daños muy graves a las comunicaciones o a las redes. 9. La importación o la venta al por mayor de equipos o aparatos cuya conformidad no haya sido evaluada de acuerdo con lo dispuesto en el Título IV de esta Ley, o con los acuerdos o convenios internacionales celebrados por el Estado español. 10. La interceptación, sin autorización, de telecomunicaciones no destinadas al público en general, así como la divulgación del contenido. 11. El incumplimiento de las resoluciones firmes en vía administrativa o de las medidas previas y medidas cautelares a que se refieren los artículos 81 y 82 de esta Ley dictadas por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en el ejercicio de sus funciones en materia de comunicaciones electrónicas. 12. El incumplimiento de las resoluciones firmes en vía administrativa o de las medidas cautelares a que se refiere el artículo 82 de esta Ley dictadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el ejercicio de sus funciones en materia de comunicaciones electrónicas, con excepción de las que se lleve a cabo en el procedimiento arbitral previo sometimiento voluntario de las partes. 13. El incumplimiento de las resoluciones firmes en vía administrativa relativas a las reclamaciones por controversias entre los usuarios finales y los operadores. 14. La instalación negligente de infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de edificios y conjuntos inmobiliarios que sean causa de daños muy graves en las redes públicas de comunicaciones electrónicas. 15. El incumplimiento grave por parte de los operadores de las obligaciones en materia de acceso, interconexión e interoperabilidad de los servicios a las que estén sometidas por la vigente legislación. 16. El incumplimiento grave de las características y condiciones establecidas para la conservación de los números. 17. El incumplimiento reiterado mediante infracciones tipificadas como graves en los términos expresados en el artículo 79.4 de esta Ley. Artículo 77. Infracciones graves. Se consideran infracciones graves: 1. La instalación de estaciones radioeléctricas sin autorización, cuando, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora de las telecomunicaciones, sea necesaria, o la instalación de estaciones radioeléctricas con características distintas a las autorizadas o, en su caso, a las contenidas en el proyecto técnico aprobado, o de estaciones radioeléctricas a bordo de un buque, de una aeronave o de cualquier otro objeto flotante o aerotransportado, que, en el mar o fuera de él, posibilite la transmisión de emisiones desde el exterior para su posible recepción total o parcial en territorio nacional. 2. El uso del dominio público radioeléctrico en condiciones distintas a las previstas en el título habilitante oportuno a que se refiere el artículo 62, o, en su caso, distintas de las aprobadas en el proyecto técnico de las instalaciones, entre ellas utilizando parámetros técnicos distintos de los propios del título, o emplazamientos diferentes de los aprobados o potencias de emisión superiores a las autorizadas, cuando provoque alteraciones que dificulten la correcta prestación de otros servicios por otros operadores, en España o en los países vecinos. 3. El incumplimiento por los titulares de concesiones de uso privativo del dominio público radioeléctrico de las condiciones esenciales que se les impongan por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 4. La mera producción, en España o en los países vecinos, de interferencias definidas como perjudiciales en esta Ley que no se encuentren comprendidas en el artículo anterior. 5. La emisión de señales de identificación falsas o engañosas. 6. Efectuar emisiones radioeléctricas que incumplan los límites de exposición establecidos en la normativa de desarrollo del artículo 61 de esta Ley e incumplir las demás medidas de seguridad establecidas en ella, incluidas las obligaciones de señalización o vallado de las instalaciones radioeléctricas. Asimismo, contribuir, mediante emisiones no autorizadas, a que se incumplan gravemente dichos límites. 7. La transferencia de títulos habilitantes o cesión de derechos de uso del dominio público radioeléctrico, sin cumplir con los requisitos establecidos a tal efecto por la normativa de desarrollo de esta Ley. 8. El incumplimiento de las obligaciones que se deriven de las designaciones o acreditaciones que realice la Administración de telecomunicaciones en materia de evaluación de la conformidad de equipos y aparatos de telecomunicación, de conformidad con la normativa europea y nacional que les sean de aplicación. 9. La instalación, puesta en servicio o utilización de terminales o de equipos conectados a las redes públicas de comunicaciones electrónicas que no hayan evaluado su conformidad, conforme al Título IV de esta Ley. 10. La venta u oferta de venta, ya sea en establecimientos o por medios telemáticos o telefónicos, de equipos o aparatos cuya conformidad con los requisitos esenciales aplicables no haya sido evaluada de acuerdo con lo dispuesto en el Título IV de esta Ley o con las disposiciones, los acuerdos o convenios internacionales que obliguen al Estado español. 11. La negativa o la obstrucción a ser inspeccionado, la no colaboración con la inspección cuando ésta sea requerida y la no identificación por la persona física o jurídica que tenga la disponibilidad de los equipos e instalaciones o sea titular de la finca o inmueble en donde se ubican los equipos e instalaciones de la persona física o jurídica que explote redes o preste servicios sin haber efectuado la notificación a que se refiere el artículo 6 de esta Ley o sin disponer de título habilitante para el uso del dominio público radioeléctrico cuando dicho título sea necesario. 12. El ejercicio de la actividad de instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicación sin haber efectuado la declaración responsable o sin cumplir los requisitos a los que se refiere el artículo 59. 13. La instalación negligente de infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de edificios y conjuntos inmobiliarios que sean causa de daños en las redes públicas de comunicaciones electrónicas, salvo que deba ser considerada como infracción muy grave. 14. La alteración, la manipulación o la omisión del marcado de los equipos de telecomunicación en cualquiera de las partes donde reglamentariamente deban ser colocados; la alteración de la documentación de los equipos o de los manuales de instalación; así como el suministro de información para la alteración de las características técnicas o de las frecuencias de funcionamiento del aparato. 15. El incumplimiento por las entidades colaboradoras de la Administración para la normalización y la homologación de las prescripciones técnicas y del contenido de las autorizaciones o de los conciertos que les afecten, con arreglo a lo que reglamentariamente se determine. 16. La negativa a cumplir las obligaciones de servicio público según lo establecido en el Título III de la Ley y su normativa de desarrollo. 17. La negativa a cumplir las condiciones para la prestación de servicios o la explotación de redes de comunicaciones electrónicas. 18. El cumplimiento tardío o defectuoso por los operadores de las resoluciones firmes en vía administrativa relativas a las reclamaciones por controversias entre los usuarios finales y los operadores. 19. El incumplimiento de las condiciones determinantes de las atribuciones y el otorgamiento de los derechos de uso de los recursos de numeración incluidos en los planes de numeración. 20. El incumplimiento por los operadores de las obligaciones relativas a la integridad y seguridad en la prestación de servicios o la explotación de redes de comunicaciones electrónica. 21. El incumplimiento por los operadores de las obligaciones establecidas para la utilización compartida del dominio público o la propiedad privada en que se van a establecer las redes públicas de comunicaciones electrónicas o el uso compartido de las infraestructuras y recursos asociados. 22. El incumplimiento por los operadores, o por los propietarios de los correspondientes recursos asociados, de las obligaciones establecidas para la utilización compartida de los tramos finales de las redes de acceso. 23. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la utilización de normas o especificaciones técnicas declaradas obligatorias por la Comisión Europea. 24. La alteración, la manipulación o la omisión de las características técnicas en la documentación de las instalaciones comunes de telecomunicación en el interior de edificios y conjuntos inmobiliarios que se presente a la Administración o a los propietarios. 25. El incumplimiento por los operadores controlados directa o indirectamente por administraciones públicas de las obligaciones establecidas en el artículo 9. 26. El cumplimiento tardío o defectuoso de las resoluciones firmes en vía administrativa o de las medidas previas y medidas cautelares a que se refieren los artículos 81 y 82 de esta Ley dictadas por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en el ejercicio de sus funciones en materia de comunicaciones electrónicas. 27. El cumplimiento tardío o defectuoso de las resoluciones firmes en vía administrativa o de las medidas cautelares a que se refiere el artículo 82 de esta Ley dictadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el ejercicio de sus funciones en materia de comunicaciones electrónicas, con excepción de las que se lleve a cabo en el procedimiento arbitral previo sometimiento voluntario de las partes. 28. El incumplimiento por parte de los operadores de las obligaciones en materia de acceso, interconexión e interoperabilidad de los servicios a las que estén sometidas por la vigente legislación. 29. La falta de notificación a la Administración por el titular de una red de comunicaciones electrónicas de los servicios que se estén prestando a través de ella cuando esta información sea exigible de acuerdo con la normativa aplicable. 30. La puesta a disposición de redes públicas de comunicaciones electrónicas a favor de entidades para que se realicen emisiones radioeléctricas cuando no se ostente el correspondiente título habilitante para el uso del dominio público radioeléctrico. 31. La expedición de certificaciones de instalaciones de telecomunicación que no concuerden con la realidad. 32. El incumplimiento deliberado, por parte de los operadores, de las obligaciones en materia de interceptación legal de comunicaciones impuestas en desarrollo del artículo 39 de la presente Ley. 33. Cursar tráfico contrario a planes nacionales e internacionales de numeración. 34. Cursar tráfico irregular con fines fraudulentos en las redes públicas y servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público. 35. No facilitar, cuando resulte exigible conforme a lo previsto por la normativa reguladora de las comunicaciones electrónicas, los datos requeridos por la Administración una vez transcurridos tres meses a contar desde la finalización del plazo otorgado en el requerimiento de información o una vez finalizado el plazo otorgado en el segundo requerimiento de la misma información. 36. El incumplimiento de las características y condiciones establecidas para la conservación de los números. 37. La vulneración grave de los derechos de los consumidores y usuarios finales, según lo establecido en el título III de la Ley y su normativa de desarrollo. 38. El incumplimiento reiterado mediante infracciones tipificadas como leves en los términos expresados en el artículo 79.4 de esta Ley. Artículo 78. Infracciones leves. Se consideran infracciones leves: 1. La producción de cualquier tipo de emisión radioeléctrica no autorizada o no adecuada con el correspondiente plan de utilización del espectro radioeléctrico, salvo que deba ser considerada como infracción grave o muy grave. 2. El establecimiento de comunicaciones utilizando estaciones no autorizadas. 3. La mera producción de interferencias, en España o en los países vecinos, cuando no deba ser considerada como infracción grave o muy grave. 4. No facilitar los datos requeridos por la Administración o retrasar injustificadamente su aportación cuando resulte exigible conforme a lo previsto por la normativa reguladora de las comunicaciones electrónicas. 5. La utilización del dominio público radioeléctrico, frecuencias o canales radioeléctricos sin disponer de la autorización general, autorización individual o afectación demanial para el uso del dominio público radioeléctrico a las que se refiere el artículo 62, cuando legalmente sea necesario. 6. La instalación de estaciones radioeléctricas de radioaficionado careciendo de autorización. 7. El incumplimiento por los titulares de autorizaciones generales, autorizaciones individuales o afectaciones demaniales para el uso del dominio público radioeléctrico de las condiciones esenciales que se les impongan por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 8. La explotación de redes o la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas sin cumplir los requisitos exigibles para realizar tales actividades establecidos en esta Ley y su normativa de desarrollo distintos de los previstos en los artículos 6.1 y 6.2. 9. La instalación de infraestructuras de telecomunicaciones sin cumplir los requisitos establecidos en la presente Ley, salvo que deba ser considerada como infracción grave o muy grave. 10. El incumplimiento, por parte de los operadores, de las obligaciones en materia de interceptación legal de comunicaciones impuestas en desarrollo del artículo 39 de la presente Ley, cuando no se califique como infracción muy grave o grave. 11. El incumplimiento de las obligaciones de servicio público, de las obligaciones de carácter público y la vulneración de los derechos de los consumidores y usuarios finales, según lo establecido en el Título III de la Ley y su normativa de desarrollo. 12. El incumplimiento de las obligaciones en materia de calidad de servicio. 13. La no presentación de la documentación de las instalaciones comunes de telecomunicaciones a la administración o a la propiedad, cuando normativamente sea obligatoria dicha presentación. Artículo 79. Sanciones. 1. Por la comisión de las infracciones tipificadas en los artículos anteriores se impondrán las siguientes sanciones: a) Por la comisión de infracciones muy graves se impondrá al infractor multa por importe de hasta veinte millones de euros. Por la comisión de infracciones muy graves tipificadas en las que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tenga competencias sancionadoras se impondrá al infractor multa por importe no inferior al tanto, ni superior al quíntuplo, del beneficio bruto obtenido como consecuencia de los actos u omisiones en que consista la infracción. En caso de que no resulte posible aplicar este criterio, el límite máximo de la sanción será de 20 millones de euros. b) Las infracciones muy graves, en función de sus circunstancias, podrán dar lugar a la inhabilitación hasta de cinco años del operador para la explotación de redes o la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas. También podrá dar lugar a la inhabilitación hasta cinco años para el ejercicio de la actividad de instalador. c) Por la comisión de infracciones graves se impondrá al infractor multa por importe de hasta dos millones de euros. Por la comisión de infracciones graves tipificadas en las que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tenga competencias sancionadoras se impondrá al infractor multa por importe de hasta el duplo del beneficio bruto obtenido como consecuencia de los actos u omisiones que constituyan aquéllas o, en caso de que no resulte aplicable este criterio, el límite máximo de la sanción será de dos millones de euros. d) Por la comisión de infracciones leves se impondrá al infractor una multa por importe de hasta 50.000 euros. 2. Las sanciones impuestas por cualquiera de las infracciones comprendidas en los artículos 76 y 77, cuando se requiera título habilitante para el ejercicio de la actividad realizada por el infractor, podrán llevar aparejada, como sanción accesoria, el precintado o la incautación de los equipos o aparatos o la clausura de las instalaciones en tanto no se disponga del referido título. 3. Además de la sanción que corresponda imponer a los infractores, cuando se trate de una persona jurídica, se podrá imponer una multa de hasta 5.000 euros en el caso de las infracciones leves, hasta 30.000 euros en el caso de las infracciones graves y hasta 60.000 euros en el caso de las infracciones muy graves a sus representantes legales o a las personas que integran los órganos directivos que hayan intervenido en el acuerdo o decisión. Quedan excluidas de la sanción aquellas personas que, formando parte de órganos colegiados de administración, no hubieran asistido a las reuniones o hubieran votado en contra o salvando su voto. 4. A los efectos de lo establecido en esta Ley, tendrá la consideración de incumplimiento reiterado la sanción definitiva de dos o más infracciones del mismo tipo infractor en el período de tres años. Artículo 80. Criterios para la determinación de la cuantía de la sanción. 1. La cuantía de la sanción que se imponga, dentro de los límites indicados, se graduará teniendo en cuenta, además de lo previsto en el artículo 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común, lo siguiente: a) La gravedad de las infracciones cometidas anteriormente por el sujeto al que se sanciona. b) La repercusión social de las infracciones. c) El beneficio que haya reportado al infractor el hecho objeto de la infracción. d) El daño causado y su reparación. e) El cumplimiento voluntario de las medidas cautelares que, en su caso, se impongan en el procedimiento sancionador. f) La negativa u obstrucción al acceso a las instalaciones o a facilitar la información o documentación requerida. g) El cese de la actividad infractora, previamente o durante la tramitación del expediente sancionador. 2. Para la fijación de la sanción también se tendrá en cuenta la situación económica del infractor, derivada de su patrimonio, de sus ingresos, de sus posibles cargas familiares y de las demás circunstancias personales que acredite que le afectan. El infractor vendrá obligado, en su caso, al pago de las tasas que hubiera debido satisfacer en el supuesto de haber realizado la notificación a que se refiere el artículo 6 o de haber disfrutado de título para la utilización del dominio público radioeléctrico. Artículo 81. Medidas previas al procedimiento sancionador. 1. Previamente al inicio del procedimiento sancionador, podrá ordenarse por el órgano competente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, mediante resolución sin audiencia previa, el cese de la presunta actividad infractora cuando existan razones de imperiosa urgencia basada en alguno de los siguientes supuestos: a) Cuando de la supuesta actividad infractora puedan producirse perjuicios graves al funcionamiento de los servicios de Seguridad Pública, Protección Civil y de Emergencias. b) Cuando la realización de la presunta actividad infractora pueda poner en peligro la vida humana. c) Cuando se interfiera gravemente a otros servicios o redes de comunicaciones electrónicas. 2. Esta orden de cese irá dirigida a cualquier sujeto que se encuentre en disposición de ejecutar tal cese, sin perjuicio de la posterior delimitación de responsabilidades en el correspondiente procedimiento sancionador. Para su ejecución forzosa, la resolución podrá disponer que, a través de la Autoridad Gubernativa, se facilite apoyo por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. En la resolución se determinará el ámbito objetivo y temporal de la medida, sin que pueda exceder del plazo de un mes. Artículo 82. Medidas cautelares en el procedimiento sancionador. 1. Las infracciones a las que se refieren los artículos 76 y 77 podrán dar lugar, una vez incoado el expediente sancionador, a la adopción de medidas cautelares que, de conformidad con el artículo 136 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrán consistir en las siguientes: a) Ordenar el cese inmediato de emisiones radioeléctricas no autorizadas. b) Orden de cese inmediato de cualquier otra actividad presuntamente infractora. Entre ellas, i) Emitir órdenes de poner fin a la prestación de un servicio o de una serie de servicios, o aplazarla cuando dicha prestación pudiera tener como resultado perjudicar seriamente la competencia, hasta que se cumplan las obligaciones específicas impuestas a raíz de un análisis de mercado con arreglo al artículo 14. Esta medida, junto con las razones en que se basa, se comunicará al operador afectado sin demora, fijando un plazo razonable para que la empresa cumpla con la misma. ii) Impedir que un operador siga suministrando redes o servicios de comunicaciones electrónicas o suspender o retirarle sus derechos de uso, en caso de incumplimiento grave y reiterado de las condiciones establecidas para la prestación de servicios o la explotación de redes o para el otorgamiento de derechos de uso o de las obligaciones específicas que se hubieran impuesto, cuando hubieran fracasado las medidas destinadas a exigir el cese de la infracción. iii) Adoptar medidas provisionales de urgencia destinadas a remediar incumplimientos de las condiciones establecidas para la prestación de servicios o la explotación de redes o para el otorgamiento de derechos de uso o de las obligaciones específicas que se hubieran impuesto, cuando los mismos representen una amenaza inmediata y grave para la seguridad pública o la salud pública o creen graves problemas económicos u operativos a otros suministradores o usuarios del espectro radioeléctrico. Posteriormente deberá ofrecerse al operador interesado la posibilidad de proponer posibles soluciones. En su caso, la autoridad competente podrá confirmar las medidas provisionales, que podrán mantenerse hasta la resolución que ponga fin al procedimiento sancionador. c) El precintado de los equipos o instalaciones que hubiera empleado el infractor, siendo, en su caso, aplicable el régimen de ejecución subsidiaria previsto en el artículo 98 de dicha Ley. d) La retirada del mercado de los equipos y aparatos que presuntamente no hayan evaluado su conformidad de acuerdo con la normativa aplicable. e) La suspensión provisional de la eficacia del título y la clausura provisional de las instalaciones, por un plazo máximo de seis meses. 2. Cuando el infractor carezca de título habilitante para la ocupación o uso del dominio público radioeléctrico, o si con la infracción se superan los niveles de emisiones radioeléctricas establecidos en la normativa de desarrollo del artículo 61, la medida cautelar prevista en el párrafo a) del apartado anterior será obligatoriamente incluida en el acuerdo de iniciación de expediente sancionador, con objeto de salvaguardar el correcto uso de dicho dominio público. 3. Sin perjuicio de los supuestos en los que este precepto fija un plazo máximo de duración, las medidas cautelares podrán mantenerse hasta la resolución del procedimiento sancionador, siempre que se considere necesario para asegurar la eficacia de la resolución final que pudiera recaer. Como excepción, la medida cautelar de retirada del mercado de los equipos y aparatos cuya conformidad no haya sido evaluada presuntamente de acuerdo con la normativa aplicable deberá levantarse cuando se acredite la realización de la evaluación de la conformidad de los equipos y aparatos afectados. Artículo 83. Prescripción. 1. Las infracciones reguladas en esta Ley prescribirán, las muy graves, a los tres años; las graves, a los dos años, y las leves, al año. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a computarse desde el día en que se hubieran cometido. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador. El plazo de prescripción volverá a correr si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable. En el supuesto de infracción continuada, la fecha inicial del cómputo será aquella en que deje de realizarse la actividad infractora o la del último acto con que la infracción se consume. No obstante, se entenderá que persiste la infracción en tanto los equipos, aparatos o instalaciones objeto del expediente no se encuentren a disposición de la Administración o quede constancia fehaciente de su imposibilidad de uso. 2. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años; las impuestas por faltas graves, a los dos años, y las impuestas por faltas leves, al año. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a computarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a correr el plazo si aquél está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor. Artículo 84. Competencias sancionadoras. La competencia sancionadora corresponderá: 1. Al Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, para la imposición de sanciones no contempladas en los siguientes apartados. 2. A la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en el ámbito material de su actuación, cuando se trate de infracciones muy graves tipificadas en los apartados 12, 15 y 16 del artículo 76, infracciones graves tipificadas en los apartados 11, 27, 28, 35 y 36 del artículo 77 e infracciones leves tipificadas en el apartado 4 del artículo 78. 3. A la Agencia Española de Protección de Datos, en el caso de que se trate de las infracciones graves del artículo 77 tipificadas en el apartado 37 y de las infracciones leves del artículo 78 tipificadas en el apartado 11 cuando se vulneren los derechos de los usuarios finales sobre protección de datos y privacidad reconocidos en el artículo 48. 4. El ejercicio de la potestad sancionadora se sujetará al procedimiento aplicable, con carácter general, a la actuación de las administraciones públicas. No obstante, el plazo máximo de duración del procedimiento será de un año y el plazo de alegaciones no tendrá una duración inferior a un mes. Disposición adicional primera. Significado de los términos empleados por esta Ley. A los efectos de esta Ley, los términos definidos en el anexo II tendrán el significado que allí se les asigna. Disposición adicional segunda. Limitaciones y servidumbres. 1. Las limitaciones a la propiedad y las servidumbres a las que hace referencia el apartado 1 del artículo 33 de esta Ley podrán afectar: a) A la altura máxima de los edificios. b) A la distancia mínima a la que podrán ubicarse industrias e instalaciones eléctricas de alta tensión y líneas férreas electrificadas. c) A la distancia mínima a la que podrán instalarse transmisores radioeléctricos. 2. Con la excepción de la normativa legal vigente aplicable a la defensa nacional y a la navegación aérea, no podrán establecerse, por vía reglamentaria, limitaciones a la propiedad ni servidumbres que contengan condiciones más gravosas que las siguientes: a) Para distancias inferiores a 1.000 metros, el ángulo sobre la horizontal con el que se observe, desde la parte superior de las antenas receptoras de menor altura de la estación, el punto más elevado de un edificio será como máximo de tres grados. b) La máxima limitación exigible de separación entre una industria o una línea de tendido eléctrico de alta tensión o de ferrocarril y cualquiera de las antenas receptoras de la estación será de 1.000 metros. La instalación de transmisores radioeléctricos en las proximidades de la estación se realizará con las siguientes limitaciones: Gama de frecuencias Potencia radiada aparente del transmisor en dirección a la instalación a proteger – Kilovatios Máxima limitación exigible de separación entre instalaciones a proteger y antena del transmisor – Kilómetros f ≤ 30 MHz 0,01 < P < 1 2 1 < P ≤10 10 P > 10 20 f > 30 MHz 0,01 < P ≤ 1 1 1 < P ≤ 10 2 P > 10 5 3. Las limitaciones de intensidad de campo eléctrico se exigirán para aquellas instalaciones cuyos equipos tengan una alta sensibilidad. Se entiende que utilizan equipos de alta sensibilidad las instalaciones dedicadas a la investigación: a) Las estaciones dedicadas a la observación radioastronómica, estas limitaciones serán las siguientes: Niveles máximos admisibles de densidad espectral de flujo de potencia en las estaciones de observación de Radioastronomía (1) (2) Frecuencia central (MHz) Anchura de banda de canal (kHz) Densidad espectral de flujo de potencia (dB(W/(m2 · Hz))) Observaciones radioastronómicas 13,385 50 –248 Continuo. 25,61 120 –249 Continuo. 151,525 2950 –259 Continuo. 325,3 6600 –258 Continuo. 327 10 –244 Rayas espectrales. 408,05 3900 –255 Continuo. 1413,5 27000 –255 Continuo. 1420 20 –239 Rayas espectrales. 1612 20 –238 Rayas espectrales. 1665 20 –237 Rayas espectrales. 1665 10000 –251 Continuo. 2695 10000 –247 Continuo. 4995 10000 –241 Continuo. 10650 100000 –240 Continuo. 15375 50000 –233 Continuo. 22200 250 –216 Rayas espectrales. 22355 290000 –231 Continuo. 23700 250 –215 Rayas espectrales. 23800 400000 –233 Continuo. 31550 500000 –228 Continuo. 43000 500 –210 Rayas espectrales. 43000 1000000 –227 Continuo. 76750 8000000 –229 Continuo. 82500 8000000 –228 Continuo. 88600 1000 –208 Rayas espectrales. 89000 8000000 –228 Continuo. 105050 8000000 –223 Continuo. 132000 8000000 –223 Continuo. 147250 8000000 –223 Continuo. 150000 1000 –204 Rayas espectrales. 165500 8000000 –222 Continuo. 183500 8000000 –220 Continuo. 215750 8000000 –218 Continuo. 220000 1000 –199 Rayas espectrales. 244500 8000000 –217 Continuo. 265000 1000 –197 Rayas espectrales. 270000 8000000 –216 Continuo. (1) Los valores anteriores corresponden a una ganancia supuesta de la antena receptora de radioastronomía de 0 dBi. (2) Para sistemas interferentes con condiciones de propagación variables en el tiempo los niveles dados no podrán ser excedidos en la medida en que la pérdida de datos supere el 2%. b) Para la protección de las instalaciones de observatorios de astrofísica, la limitación de la intensidad de campo eléctrico, en cualquier frecuencia, será de 88,8 dB (µV/m) en la ubicación del observatorio. 4. Para un mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico, la Administración podrá imponer la utilización en las instalaciones de aquellos elementos técnicos que mejoren la compatibilidad radioeléctrica entre estaciones. Disposición adicional tercera. Aplicación de la legislación reguladora de las infraestructuras comunes en los edificios. Las infraestructuras comunes de telecomunicaciones en el interior de los edificios se regulan por lo establecido en la presente Ley, por el real decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación y sus desarrollos reglamentarios. Disposición adicional cuarta. Información confidencial. Las personas físicas o jurídicas que aporten a alguna Autoridad Nacional de Reglamentación datos o informaciones de cualquier tipo, con ocasión del desempeño de sus funciones y respetando la legislación vigente en materia de protección de datos y privacidad, podrán indicar, de forma justificada, qué parte de lo aportado consideran confidencial, cuya difusión podría perjudicarles, a los efectos de que sea declarada su confidencialidad. Cada Autoridad Nacional de Reglamentación decidirá, de forma motivada y a través de las resoluciones oportunas, sobre la información que, según la legislación vigente, resulte o no amparada por la confidencialidad. Disposición adicional quinta. El Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. 1. El Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, presidido por el Ministro de Industria, Energía y Turismo o por la persona en quien delegue, es un órgano asesor del Gobierno en materia de telecomunicaciones y sociedad de la información. 2. Las funciones del Consejo serán de estudio, deliberación y propuesta en materias relativas a las telecomunicaciones y a la sociedad de la información, sin perjuicio de las competencias que correspondan a los órganos colegiados interministeriales con competencias de informe al Gobierno en materia de política informática. Le corresponderá, igualmente, informar sobre los asuntos que el Gobierno determine o sobre los que, por propia iniciativa, juzgue conveniente. La deliberación de proyectos o propuestas normativas en el seno del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información equivaldrá a la audiencia a la que se refiere el artículo 24.1.c) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. El Gobierno, mediante real decreto, establecerá la composición y el régimen de funcionamiento del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, cuyos miembros representarán a la Administración General del Estado, a las Administraciones autonómicas, a la Administración local a través de sus asociaciones o federaciones más representativas, a los usuarios, incluyendo en todo caso a las personas con discapacidad a través de su organización más representativa, a los operadores que presten servicios o exploten redes públicas de comunicaciones electrónicas, a los prestadores de servicios de comunicación audiovisual, a los prestadores de servicios de la sociedad de la información, a las industrias fabricantes de equipos de telecomunicaciones y de la sociedad de la información, a los sindicatos y a los colegios oficiales de ingeniería más representativos del sector. Disposición adicional sexta. Multas coercitivas. Para asegurar el cumplimiento de las resoluciones o requerimientos de información que dicten, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo o la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia podrán imponer multas coercitivas por importe diario de 125 hasta 30.000 euros, en los términos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Las multas coercitivas serán independientes de las sanciones que puedan imponerse y compatibles con ellas. El importe de las multas coercitivas previstas en esta disposición se ingresará en el Tesoro Público. Disposición adicional séptima. Obligaciones en materia de acceso condicional, acceso a determinados servicios de radiodifusión y televisión, televisión de formato ancho y obligaciones de transmisión. 1. Mediante real decreto se podrán establecer las condiciones aplicables a los operadores de redes públicas de comunicaciones electrónicas en materia de acceso condicional a los servicios de televisión y radio digitales difundidos a los telespectadores y oyentes, con independencia del medio de transmisión utilizado. Asimismo, se regulará mediante real decreto el procedimiento de revisión de dichas condiciones por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en el supuesto de que el operador obligado ya no tuviera poder significativo en el mercado en cuestión. 2. En la medida que sea necesario para garantizar el acceso de los usuarios finales a determinados servicios digitales de radiodifusión y televisión, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá imponer, en la forma y para los servicios que se determinen mediante real decreto por el Gobierno, obligaciones a los operadores que dispongan de interfaces de programa de aplicaciones (API) y guías electrónicas de programación (EPG) para que faciliten el acceso a estos recursos en condiciones razonables, justas y no discriminatorias. 3. Las redes públicas de comunicaciones electrónicas utilizadas para la distribución de servicios de televisión digital deberán disponer de capacidad para distribuir programas y servicios de televisión de formato ancho. Los operadores de dichas redes que reciban programas o servicios de televisión de formato ancho para su posterior distribución estarán obligados a mantener dicho formato. 4. Mediante real decreto aprobado por el Consejo de Ministros podrán imponerse, como obligaciones de servicio público, exigencias razonables de transmisión de determinados canales de programas de radio y televisión, así como exigencias de transmisión de servicios complementarios para posibilitar el acceso adecuado de los usuarios con discapacidad, a los operadores que exploten redes de comunicaciones electrónicas utilizadas para la distribución de programas de radio o televisión al público, si un número significativo de usuarios finales de dichas redes las utiliza como medio principal de recepción de programas de radio y televisión, cuando resulte necesario para alcanzar objetivos de interés general claramente definidos y de forma proporcionada, transparente y periódicamente revisable. Asimismo, podrán establecerse mediante real decreto condiciones a los proveedores de servicios y equipos de televisión digital, para que cooperen en la prestación de servicios de comunicación audiovisual televisiva interoperables para los usuarios finales con discapacidad. 5. Mediante Orden ministerial se regulará el establecimiento de las obligaciones y requisitos para los gestores de múltiples digitales de la televisión digital terrestre y la creación y regulación del Registro de parámetros de información de los servicios de televisión digital terrestre. La gestión, asignación y control de los parámetros de información de los servicios de televisión digital terrestre y la llevanza de dicho Registro corresponde al Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Disposición adicional octava. Mecanismo de notificación. Las medidas adoptadas por una autoridad nacional de reglamentación de acuerdo con los artículos 13, 14 y 16 y de la disposición adicional séptima de esta Ley y de su normativa de desarrollo, así como todas aquellas medidas que pudieran tener repercusiones en los intercambios entre Estados miembros, se someterán a los mecanismos de notificación a que se refieren artículos 7, 7 bis y 7 ter de la Directiva 2002/21/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y de los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva Marco) y las normas dictadas al efecto en desarrollo de las mismos por la Unión Europea. Disposición adicional novena. Informe sobre las obligaciones a imponer a operadores de redes públicas o de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público. Cualquier medida normativa que vaya a aprobarse con posterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley o acto administrativo en ejecución de dicha medida normativa que tramite cualquier Administración Pública y que persiga imponer con carácter generalizado a los operadores de redes públicas o de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público o a un grupo específico de los mismos obligaciones de servicio público distintas de las previstas en el artículo 28 de esta Ley, obligaciones de supervisión de la información tratada o gestionada en dichas redes o servicios o de colaboración con los agentes facultados respecto al tráfico gestionado, requerirá el informe preceptivo del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Dicha medida normativa o acto administrativo deberá contemplar de manera expresa los mecanismos de financiación de los costes derivados de las obligaciones de servicio público distintas de las previstas en el artículo 28 de esta Ley, obligaciones de carácter público o cualquier otra carga administrativa que se imponga, que no podrá ser a cargo de los operadores de redes públicas o de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público cuando se traten de obligaciones o cargas que no deriven directamente del marco normativo de las comunicaciones electrónicas sino que respondan a otras razones de políticas públicas, salvo que concurran motivos de interés público que lleven a la conclusión de que dichos operadores deban asumir dichos costes, aun cuando sea parcialmente. La solicitud del preceptivo informe del Ministerio de Industria, Energía y Turismo se considera un requisito esencial en la tramitación de la norma o acto administrativo. Disposición adicional décima. Creación de la Comisión Interministerial sobre radiofrecuencias y salud. Mediante real decreto se regulará la composición, organización y funciones de la Comisión Interministerial sobre radiofrecuencias y salud, cuya misión es la de asesorar e informar a la ciudadanía, al conjunto de las administraciones públicas y a los diversos agentes de la industria sobre las restricciones establecidas a las emisiones radioeléctricas, las medidas de protección sanitaria aprobadas frente a emisiones radioeléctricas y los múltiples y periódicos controles a que son sometidas las instalaciones generadoras de emisiones radioeléctricas, en particular, las relativas a las radiocomunicaciones. Asimismo, dicha Comisión realizará y divulgará estudios e investigaciones sobre las emisiones radioeléctricas y sus efectos y cómo las restricciones a las emisiones, las medidas de protección sanitaria y los controles establecidos preservan la salud de las personas, así como, a la vista de dichos estudios e investigaciones, realizará propuestas y sugerirá líneas de mejora en las medidas y controles a realizar. De la Comisión interministerial formarán parte en todo caso el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y el Instituto de Salud Carlos III por parte del Ministerio de Economía y Competitividad. Dicha Comisión contará con un grupo asesor o colaborador en materia de radiofrecuencias y salud, con participación de Comunidades Autónomas, de la asociación de entidades locales de ámbito estatal con mayor implantación y un grupo de expertos independientes, sociedades científicas y representantes de los ciudadanos, para hacer evaluación y seguimiento periódico de la prevención y protección de la salud de la población en relación con las emisiones radioeléctricas, proponiendo estudios de investigación, medidas consensuadas de identificación, elaboración de registros y protocolos de atención al ciudadano. La creación y el funcionamiento tanto de la Comisión como del Grupo asesor se atenderán con los medios personales, técnicos y presupuestarios actuales asignados a los Ministerios y demás Administraciones participantes, sin incremento en el gasto público. Disposición adicional undécima. Parámetros y requerimientos técnicos esenciales para garantizar el funcionamiento de las distintas redes y servicios de comunicaciones electrónicas. Los parámetros y requerimientos técnicos esenciales que son indispensables para garantizar el funcionamiento de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas se establecerán mediante real decreto aprobado en Consejo de Ministros. Disposición adicional duodécima. Aplicación de la Ley General Tributaria. Lo previsto en la presente Ley, se entenderá sin perjuicio de las competencias y facultades que la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, atribuye a la Administración Tributaria, en particular, en relación con el acceso a los datos con trascendencia tributaria. Disposición adicional decimotercera. Publicación de actos. Los actos que formen parte de las distintas fases de los procedimientos que tramite el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en el ejercicio de las competencias y funciones asignadas en las materias a que se refiere la presente Ley se podrán publicar en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo previsto en el artículo 60 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo, todas aquellas resoluciones, actos administrativos o actos de trámite dictados por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en el ejercicio de las competencias y funciones asignadas en las materias a que se refiere la presente Ley y que pudieran tener un número indeterminado de potenciales interesados que requieran ser notificados, deberán ser publicados en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo previsto en la letra a) del artículo 59.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Disposición adicional decimocuarta. Coordinación de las ayudas públicas a la banda ancha y al desarrollo de la economía y empleo digitales y nuevos servicios digitales. Por real decreto se identificarán los órganos competentes y se establecerán los procedimientos de coordinación entre Administraciones y Organismos públicos, en relación con las ayudas públicas a la banda ancha, cuya convocatoria y otorgamiento deberá respetar en todo caso el marco comunitario y los objetivos estipulados en el artículo 3 de la presente ley y en relación con el fomento de la I + D + I y a las actuaciones para el desarrollo de la economía, el empleo digital y todos los nuevos servicios digitales que las nuevas redes ultrarrápidas permiten, garantizando la cohesión social y territorial. Disposición adicional decimoquinta. Asignación de medios a la Administración General del Estado e integración de personal de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 1. El Gobierno aprobará las modificaciones necesarias en el real decreto de desarrollo de la estructura orgánica básica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo para garantizar el ejercicio de las funciones que, siendo competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia hasta el momento de la entrada en vigor de la presente Ley, ésta atribuye al Ministerio de Industria, Energía y Turismo. La entrada en vigor de la modificación del real decreto de estructura orgánica básica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo no se producirá hasta que el presupuesto del Ministerio de Industria, Energía y Turismo no se adecue a la nueva distribución competencial y se haya llevado a cabo la asunción de medios materiales, incluyendo, en particular, sistemas y aplicaciones informáticas, y la integración de personal procedente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que resulte necesario para que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo pueda ejercer las nuevas funciones atribuidas. 2. El personal de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que viene ejerciendo las funciones que, siendo competencia de la citada Comisión hasta el momento de la entrada en vigor de la presente Ley, ésta atribuye al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, se integrará en la Administración General del Estado en los términos indicados en la disposición adicional sexta de la Ley de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 3. La fecha para el ejercicio efectivo de las nuevas funciones que esta Ley atribuye al Ministerio de Industria, Energía y Turismo se determinará mediante orden del Ministro de la Presidencia, a propuesta del Ministro de Industria, Energía y Turismo, del Ministro de Economía y Competitividad y del Ministro de Hacienda y Administraciones públicas. En todo caso, todas las actuaciones a que se refiere la presente disposición deberán haberse realizado en el plazo de cuatro meses desde la entrada en vigor de esta Ley. Disposición adicional decimosexta. La entidad pública empresarial Red.es. 1. La entidad Red.es, creada por la disposición adicional sexta de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, se configura como entidad pública empresarial, conforme a lo previsto en el artículo 43.1.b) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. Dicha entidad queda adscrita al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. 2. La entidad pública empresarial Red.es tiene personalidad jurídica propia, plena capacidad de obrar y patrimonio propio y se regirá por lo establecido en esta disposición adicional, en su propio Estatuto, en la citada Ley 6/1997 y en las demás normas que le sean de aplicación. 3. Constituye el objeto de la entidad pública empresarial la gestión, administración y disposición de los bienes y derechos que integran su patrimonio, correspondiéndole la tenencia, administración, adquisición y enajenación de los títulos representativos del capital de las sociedades en las que participe o pueda participar en el futuro. La entidad pública empresarial actuará, en cumplimiento de su objeto, conforme a criterios empresariales. Para el cumplimiento de su objeto, la entidad pública empresarial podrá realizar toda clase de actos de administración y disposición previstos en la legislación civil y mercantil. Asimismo, podrá realizar cuantas actividades comerciales o industriales estén relacionadas con dicho objeto, conforme a lo acordado por sus órganos de gobierno. Podrá actuar, incluso, mediante sociedades por ella participadas. La entidad pública empresarial Red.es contará además con las siguientes funciones: a) La gestión del registro de los nombres y direcciones de dominio de internet bajo el código de país correspondiente a España (.es), de acuerdo con la política de registros que se determine por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y en la normativa correspondiente. b) La participación en los órganos que coordinen la gestión de Registros de nombre y dominios de la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN), o la organización que en su caso la sustituya, así como el asesoramiento al Ministerio de Industria, Energía y Turismo en el Comité Asesor Gubernamental de ICANN (GAC) y, en general cuando le sea solicitado, el asesoramiento a la Administración General del Estado en el resto de los organismos internacionales y, en particular, en la Unión Europea, en todos los temas de su competencia. c) La de observatorio del sector de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información. d) La elaboración de estudios e informes y, en general, el asesoramiento de la Administración General del Estado en todo lo relativo a la sociedad de la información, de conformidad con las instrucciones que dicte el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. e) El fomento y desarrollo de la Sociedad de la Información. 4. El régimen de contratación, de adquisición y de enajenación de la entidad se acomodará a las normas establecidas en derecho privado, sin perjuicio de lo determinado en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el real decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 5. El régimen patrimonial de la entidad pública empresarial se ajustará a las previsiones del artículo 56 de la Ley 6/1997. No obstante, los actos de disposición y enajenación de los bienes que integran su patrimonio se regirán por el derecho privado. En especial, la entidad pública empresarial Red.es podrá afectar sus activos a las funciones asignadas a la misma en la letra e) del apartado tercero de esta disposición y a financiar transitoriamente el déficit de explotación resultante entre los ingresos y gastos correspondientes a las funciones asignadas en las letras a), b), c) y d) del mismo apartado. 6. La contratación del personal por la entidad pública empresarial se ajustará al derecho laboral, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 55 de la Ley 6/1997, debiéndose respetar, en cualquier caso, los principios de igualdad, mérito y capacidad. 7. El régimen presupuestario, el económico-financiero, el de contabilidad, el de intervención y el de control financiero de la entidad pública empresarial será el establecido en la Ley General Presupuestaria, de acuerdo con lo previsto en el artículo 58 y en la disposición transitoria tercera de la Ley 6/1997. 8. Los recursos económicos de la entidad podrán provenir de cualquiera de los enumerados en el apartado 1 del artículo 65 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. Entre los recursos económicos de la entidad pública empresarial Red.es se incluyen los ingresos provenientes de lo recaudado en concepto del precio público por las operaciones de registro relativas a los nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España «.es» regulado en el apartado siguiente. 9. Precios Públicos por asignación, renovación y otras operaciones registrales de los nombres de dominio bajo el «.es». La contraprestación pecuniaria que se satisfaga por la asignación, renovación y otras operaciones registrales realizadas por la entidad pública empresarial Red.es en ejercicio de su función de Autoridad de Asignación de los nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España tendrán la consideración de precio público. Red.es, previa autorización del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, establecerá mediante la correspondiente Instrucción, las tarifas de los precios públicos por la asignación, renovación y otras operaciones de registro de los nombres de dominio bajo el «.es». La propuesta de establecimiento o modificación de la cuantía de precios públicos irá acompañada, de conformidad con lo previsto en el artículo 26 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, que regula el Régimen Jurídico de las Tasas y Precios Públicos, de una memoria económico-financiera que justificará el importe de los mismos que se proponga y el grado de cobertura financiera de los costes correspondientes. La gestión recaudatoria de los precios públicos referidos en este apartado corresponde a la entidad pública empresarial Red.es que determinará el procedimiento para su liquidación y pago mediante la Instrucción mencionada en el párrafo anterior en la que se establecerán los modelos de declaración, plazos y formas de pago. La entidad pública empresarial Red.es podrá exigir la anticipación o el depósito previo del importe total o parcial de los precios públicos por las operaciones de registro relativas a los nombres de dominio «.es». Disposición adicional decimoséptima. Innovación en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones. El Gobierno desarrollará un plan con medidas para potenciar la innovación en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que permitan asimismo aprovechar el esfuerzo inversor que, en los próximos años, se llevará a cabo en el despliegue de las redes ultrarrápidas. El citado plan contemplará, entre otras, las siguientes actuaciones: a) Promover la puesta en marcha de un foro de colaboración entre los operadores y la industria para identificar y potenciar las oportunidades que, para la industria electrónica y el resto de la industria, genere el despliegue de redes ultrarrápidas. b) Estimular las políticas de innovación en el sector y la innovación tecnológica en el tejido industrial en colaboración con todos los agentes que intervienen en el desarrollo o crecimiento. c) El establecimiento de medidas para potenciar las compras innovadoras y el mercado de demanda temprana para la puesta en marcha de proyectos de I + D + I relacionados con las tecnologías de la información y las comunicaciones. Disposición adicional decimoctava. Universalización de la banda ancha ultrarrápida. El Gobierno establecerá una Estrategia Nacional de Redes Ultrarrápidas que tenga como objetivo impulsar el despliegue de redes de acceso ultrarrápido a la banda ancha, tanto fijo como móvil, de cara a lograr su universalización, así como fomentar su adopción por ciudadanos, empresas y administraciones, para garantizar la cohesión social y territorial. La Estrategia adoptará las medidas precisas para alcanzar los objetivos concretos de cobertura y adopción establecidos por la Agenda Digital para Europa e incorporados a la Agenda Digital para España y, en particular, para lograr la universalización de una conexión que permita comunicaciones de datos de banda ancha que se extenderá progresivamente, de forma que en el año 2017 alcanzará una velocidad mínima de Internet de 10 Mbps y antes de finalizar el año 2020 alcanzará a todos los usuarios a una velocidad mínima de Internet de 30 Mbps, y que al menos el 50% de los hogares puedan disponer de acceso a servicios de velocidades superiores a 100 Mbps. En el desarrollo de esta iniciativa de universalización de la banda ancha se evaluará la actualización del ámbito del servicio universal en relación con este servicio, atendiendo, en todo caso, a la normativa y orientaciones de la Unión Europea a este respecto. La Estrategia establecerá la elaboración de un informe de cobertura de banda ancha ultrarrápida que permita conocer de forma precisa la situación de provisión de los servicios de comunicaciones electrónicas de banda ancha y que permita identificar aquellas zonas donde existan brechas de mercado. La Estrategia contemplará políticas para incrementar la adopción y uso de la banda ancha ultrarrápida entre ciudadanos, empresas y administraciones. En particular se contemplarán las actuaciones necesarias para promover, de forma prioritaria, que los Centros de Salud comarcales, las Universidades Públicas, los Centros de Secundaria públicos y todas las Bibliotecas Públicas en la ciudad y comarcales, tengan en el año 2016 una conexión a la red pública de comunicaciones con capacidad de acceso funcional a Internet a una velocidad mínima de 30 Mpbs y de 100 Mbps en el año 2020. Estas medidas se articularán con la debida colaboración y coordinación con las Comunidades Autónomas. Al menos una vez al año, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, informará al Parlamento sobre la adopción y cumplimiento de la Estrategia Nacional de Redes Ultrarrápidas y, en especial, sobre la evolución del despliegue de las redes ultrarrápidas y el cumplimiento de los objetivos de universalización de este servicio. Disposición adicional decimonovena. Estaciones radioeléctricas de radioaficionado. En la instalación de estaciones radioeléctricas de radioaficionado se aplicará lo establecido en la disposición adicional tercera de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, sin perjuicio de la aplicación de la Ley 19/1983, de 16 de noviembre, sobre regulación del derecho a instalar en el exterior de los inmuebles las antenas de las estaciones radioeléctricas de aficionados, y su normativa de desarrollo. Disposición transitoria primera. Normativa anterior a la entrada en vigor de esta Ley. Las normas reglamentarias en materia de telecomunicaciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley o dictadas en desarrollo de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones continuarán vigentes en lo que no se opongan a esta Ley, hasta que se apruebe su normativa de desarrollo. Disposición transitoria segunda. Adaptación de los operadores controlados directa o indirectamente por administraciones públicas al régimen previsto en el artículo 9. Los operadores controlados directa o indirectamente por administraciones públicas habrán de ajustarse a lo dispuesto en el artículo 9, en un plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la presente Ley. Disposición transitoria tercera. Condiciones ligadas a las concesiones de uso de dominio público radioeléctrico. Las condiciones ligadas a los títulos habilitantes para la explotación de redes o prestación de servicios de telecomunicaciones que implicaran el uso del dominio público radioeléctrico y que se hubieran otorgado con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley a través de procedimientos de licitación pública, ya estuvieran previstas en los pliegos reguladores de las licitaciones o en la oferta del operador, pasan a estar ligadas a las concesiones de uso privativo de dominio público radioeléctrico. Disposición transitoria cuarta. Restricciones a los principios de neutralidad tecnológica y de servicios en los títulos habilitantes para el uso del espectro radioeléctrico para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas. 1. Las condiciones establecidas en los títulos habilitantes para el uso del espectro radioeléctrico para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas otorgados con anterioridad al 25 de mayo de 2011 y que impliquen restricciones a los principios de neutralidad tecnológica y de servicios en los términos establecidos en el artículo 66 de esta Ley, seguirán siendo válidas hasta el 25 de mayo de 2016. 2. No obstante lo anterior, los titulares de títulos habilitantes para el uso del espectro radioeléctrico para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas cuyo periodo de vigencia se extienda más allá del 25 de mayo de 2016, podrán solicitar a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, antes del 25 de mayo de 2016, una evaluación de las restricciones a los principios de neutralidad tecnológica y de servicios en los términos establecidos en el artículo 66 de esta Ley, que tengan impuestas en sus títulos habilitantes. Antes de dictar resolución, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información notificará al titular del título habilitante su nueva evaluación de las restricciones, indicando el alcance de su título a raíz de ella y le concederá un plazo de 15 días hábiles para retirar su solicitud. Si el titular del título desistiese de su solicitud, las restricciones a los principios de neutralidad tecnológica y de servicios establecidas en el título habilitante permanecerían sin modificar hasta el 25 de mayo de 2016, salvo que el título se extinga con anterioridad. 3. A partir del 25 de mayo de 2016, los principios de neutralidad tecnológica y de servicios se aplicarán a todos los títulos habilitantes para el uso del espectro para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas otorgados con anterioridad al 25 de mayo de 2011, sin perjuicio de las restricciones que puedan establecerse en los términos establecidos en el artículo 66 de esta Ley. 4. En la aplicación de esta disposición se tomarán las medidas apropiadas para fomentar la competencia leal. 5. Las medidas que se adopten en ejecución de esta disposición no tendrán en ningún caso la consideración de otorgamiento de un nuevo título habilitante. Disposición transitoria quinta. Prestación de determinados servicios a los que se refiere el artículo 28. La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., prestará directamente los servicios de télex, telegráficos y otros servicios de comunicaciones electrónicas de características similares, a los que se refiere el artículo 28.2 de esta Ley, ajustándose, en su caso, a lo que prevea el real decreto previsto en el apartado 3 de dicho artículo. Asimismo, se encomienda a la Dirección General de la Marina Mercante la prestación de los servicios de seguridad de la vida humana en el mar subsumibles bajo el artículo 28.1. Disposición transitoria sexta. Régimen transitorio para la fijación de las tasas establecidas en el anexo I de esta Ley. Hasta que por la Ley de Presupuestos Generales del Estado se fijen las cuantías de la tasa prevista en el apartado 4 del Anexo I de esta Ley, se aplicarán las siguientes: a) Por la expedición de certificaciones registrales, 42,51 euros. b) Por la expedición de certificaciones de presentación a la administración de las telecomunicaciones del proyecto técnico de infraestructuras comunes de telecomunicaciones, el acta de replanteo, el boletín de instalación y el protocolo de pruebas y, en su caso, el certificado de fin de obra y sus anexos, 42,51 euros. c) Por la expedición de certificaciones de cumplimiento de especificaciones técnicas, 335,49 euros. d) Por cada acto de inspección previa o comprobación técnica efectuado, 352,72 euros. e) Por la presentación de cada certificación expedida por técnico competente sustitutiva del acto de inspección previa, 88 euros. f) Por la tramitación de la autorización o concesión demanial para el uso privativo del dominio público radioeléctrico, 68,46 euros. g) Por la tramitación de la autorización de uso especial del dominio público radioeléctrico por los radioaficionados, 111 euros. h) Por la presentación a los exámenes de capacitación para operar estaciones de radioaficionado, 22,98 euros. i) Por inscripción en el registro de empresas instaladoras de telecomunicación, 104,54 euros. j) Por la solicitud y emisión del dictamen técnico de evaluación de la conformidad de equipos y aparatos de telecomunicación, 345,82 euros. Disposición transitoria séptima. Solicitudes de autorizaciones o licencias administrativas efectuadas con anterioridad. 1. Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, y que tengan por finalidad la obtención de las licencias o autorizaciones de obra, instalaciones, de funcionamiento o de actividad, o de carácter medioambiental u otras de clase similar o análogas que fuesen precisas con arreglo a la normativa anterior, se tramitarán y resolverán por la normativa vigente en el momento de la presentación de la solicitud. 2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el interesado podrá, con anterioridad a la resolución, desistir de su solicitud y, de este modo, optar por la aplicación de la nueva normativa en lo que ésta a su vez resultare de aplicación. Disposición transitoria octava. Registro de operadores. A la entrada en vigor de la presente Ley, se mantiene la inscripción de los datos que figuren en el Registro de operadores regulado en el artículo 7 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. Disposición transitoria novena. Adaptación de la normativa y los instrumentos de planificación territorial o urbanística elaborados por las administraciones públicas competentes que afecten al despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas. La normativa y los instrumentos de planificación territorial o urbanística elaborados por las administraciones públicas competentes que afecten al despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas deberán adaptarse a lo establecido en los artículos 34 y 35 en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la presente Ley. Disposición transitoria décima. Desempeño transitorio de funciones por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. En relación con las funciones que eran competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y que, conforme a lo establecido en esta Ley, se atribuyen al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia las desempeñará hasta la fecha que se determine para el ejercicio efectivo de las nuevas funciones que esta Ley atribuye al Ministerio de Industria, Energía y Turismo conforme a lo establecido en la disposición adicional decimoquinta. Disposición transitoria undécima. Procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley. Los procedimientos que versen sobre las funciones que eran competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y que esta Ley atribuye al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y que se hayan iniciado con anterioridad a la fecha para el ejercicio efectivo de las nuevas funciones a que se refiere la disposición adicional decimoquinta, continuarán tramitándose por dicho Ministerio una vez que se cumpla dicha fecha. Disposición transitoria duodécima. Régimen transitorio de las estaciones o infraestructuras radioeléctricas para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público para cuya instalación se hubiera presentado solicitud de licencia o autorización. Las estaciones o infraestructuras radioeléctricas para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público para cuya instalación se hubiera solicitado la licencia o autorización previa de instalaciones, de funcionamiento, de actividad, de carácter medioambiental u otras de clase similar o análogas a las que se refiere el artículo 34.6, podrán continuar instaladas y en funcionamiento, sin perjuicio de que las administraciones públicas competentes puedan ejercer las potestades administrativas de comprobación, inspección, sanción y, en general, de control, que tengan atribuidas y que están referidas en el citado artículo 34.6 así como en el artículo 5 de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de Medidas Urgentes de Liberalización del Comercio y Determinados Servicios. No obstante, y de conformidad con lo prevenido en la disposición transitoria de la mencionada Ley 12/2012, de 26 de diciembre, los prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas para el público que hubieren solicitado las licencias o autorizaciones anteriormente mencionadas, sin perjuicio de la continuidad y funcionamiento de las respectivas instalaciones, podrán desistir de dichas solicitudes en curso y optar por presentar declaraciones responsables o, en su caso, comunicaciones previas de cambio de titularidad en los términos previstos en la citada Ley. El ejercicio de las potestades administrativas de comprobación, inspección, sanción y, en general, de control deberá respetar los parámetros y requerimientos técnicos esenciales necesarios para garantizar el funcionamiento de las distintas redes y servicios de comunicaciones electrónicas mencionados en el artículo 34.4 y en la disposición adicional undécima. Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Sin perjuicio de lo dispuesto en las disposiciones transitorias de esta Ley, quedan derogadas las siguientes disposiciones: a) La Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones. b) La Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. c) Igualmente, quedan derogadas cuantas otras disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta Ley. Disposición final primera. Modificación de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego. La Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, queda modificada como sigue: Uno. Se modifica el apartado 3 del artículo 7, que queda redactado en los siguientes términos: «3. Cualquier entidad, red publicitaria, agencia de publicidad, prestador de servicios de comunicación audiovisual o electrónica, medio de comunicación o servicio de la sociedad de la información que difunda la publicidad y promoción directa o indirecta de juegos o de sus operadores, deberá constatar que quien solicite la inserción de los anuncios o reclamos publicitarios dispone del correspondiente título habilitante expedido por la autoridad encargada de la regulación del juego y que éste le autoriza para la realización de la publicidad solicitada, absteniéndose de su práctica si careciera de aquél. La autoridad encargada de la regulación del juego, a través de su página web, mantendrá actualizada y accesible la información sobre los operadores habilitados. Se considera red publicitaria a la entidad que, en nombre y representación de los editores, ofrece a los anunciantes la utilización de espacios publicitarios en servicios de la sociedad de la información y la optimización de los resultados publicitarios al orientar los anuncios al público interesado por el producto o servicio publicitado.» Dos. Se modifica el apartado 4 del artículo 7, que queda redactado en los siguientes términos: «4. La autoridad encargada de la regulación del juego en el ejercicio de la potestad administrativa de requerir el cese de la publicidad de las actividades de juego, se dirigirá a la entidad, red publicitaria, agencia de publicidad, prestador de servicios de comunicación audiovisual o electrónica, medio de comunicación, servicio de la sociedad de la información o red publicitaria correspondiente, indicándole motivadamente la infracción de la normativa aplicable. La entidad, red publicitaria, agencia de publicidad, prestador de servicios de comunicación audiovisual o electrónica, medio de comunicación, servicio de la sociedad de la información o red publicitaria deberá, en los tres días naturales siguientes a su recepción, comunicar el cumplimiento del requerimiento. En caso de que el mensaje publicitario cuente con un informe de consulta previa positivo emitido por un sistema de autorregulación publicitaria con el que la autoridad encargada de la regulación del juego tenga un convenio de colaboración de los previstos en el apartado 5 del artículo 24 de esta Ley, se entenderá que se actuó de buena fe si se hubiese sujetado a dicho informe de consulta previa positivo, para el supuesto de actuación administrativa realizada en el marco de un expediente sancionador.» Tres. Se modifica el apartado 8 del artículo 21, que queda redactado en los siguientes términos: «8. Perseguir el juego no autorizado, ya se realice en el ámbito del Estado español, ya desde fuera de España y que se dirija al territorio del Estado, pudiendo requerir a cualquier proveedor de servicios de pago, entidades de prestación de servicios de comunicación audiovisual, medios de comunicación, servicios de la sociedad de la información o de comunicaciones electrónicas, agencias de publicidad y redes publicitarias, información relativa a las operaciones realizadas por los distintos operadores o por organizadores que carezcan de título habilitante o el cese de los servicios que estuvieran prestando.» Cuatro. Se modifica el apartado 3 del artículo 36, que queda redactado en los siguientes términos: «3. En particular, los prestadores de servicios de comunicación audiovisual, de comunicación electrónica y de la sociedad de la información, los medios de comunicación, así como las agencias de publicidad y las redes publicitarias serán responsables administrativos de la promoción, patrocinio y publicidad de los juegos a los que se refiere la presente Ley cuando quienes los realicen carezcan de título habilitante o cuando se difundan sin disponer de la autorización para publicitarlos o al margen de los límites fijados en la misma o infringiendo las normas vigentes en esta materia. No obstante, serán responsables de la infracción prevista en el artículo 40 d) las redes publicitarias que sirvan publicidad a prestadores de servicios de la sociedad de la información. La responsabilidad de los servicios de la sociedad de la información será subsidiaria de la de las agencias y redes publicitarias, siempre y cuando estas últimas sean adecuadamente identificadas por el servicio de la sociedad de la información, previo requerimiento de la autoridad encargada de la regulación del juego, y dispongan de un establecimiento permanente en España. La competencia para instruir los procedimientos y sancionar a los prestadores de servicios de comunicación audiovisual corresponde a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, aplicándose en estos casos el régimen sancionador previsto en la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, salvo la excepción prevista en el apartado anterior, respecto de las infracciones del artículo 40, letra e).» Cinco. Se modifica el apartado e) del artículo 40, que queda redactado en los siguientes términos: «e) El incumplimiento de los requerimientos de información o de cese de prestación de servicios dictados por la autoridad encargada de la regulación del juego que se dirijan a los proveedores de servicios de pago, prestadores de servicios de comunicación audiovisual, prestadores de servicios de la sociedad de la información o de comunicaciones electrónicas, medios de comunicación social, agencias de publicidad y redes publicitarias.» Disposición final segunda. Modificación de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. La Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, queda modificada como sigue: Uno. Se modifica el apartado 1 f) del artículo 10, que queda redactado en los siguientes términos: «f) Cuando el servicio de la sociedad de la información haga referencia a precios, se facilitará información clara y exacta sobre el precio del producto o servicio, indicando si incluye o no los impuestos aplicables y, en su caso, sobre los gastos de envío.» Dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 18, que queda redactado como sigue: «1. Las administraciones públicas impulsarán, a través de la coordinación y el asesoramiento, la elaboración y aplicación de códigos de conducta voluntarios, por parte de las corporaciones, asociaciones u organizaciones comerciales, profesionales y de consumidores, en las materias reguladas en esta Ley. La Administración General del Estado fomentará, en especial, la elaboración de códigos de conducta de ámbito comunitario o internacional. Los códigos de conducta que afecten a los consumidores y usuarios estarán sujetos, además, al capítulo V de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal. Los códigos de conducta podrán tratar, en particular, sobre los procedimientos para la detección y retirada de contenidos ilícitos y la protección de los destinatarios frente al envío por vía electrónica de comunicaciones comerciales no solicitadas, así como sobre los procedimientos extrajudiciales para la resolución de los conflictos que surjan por la prestación de los servicios de la sociedad de la información.» Tres. Los apartados 1 y 3 del artículo 20 quedan redactados del siguiente modo: «1. Las comunicaciones comerciales realizadas por vía electrónica deberán ser claramente identificables como tales, y la persona física o jurídica en nombre de la cual se realizan también deberá ser claramente identificable.» «3. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de lo que dispongan las normativas dictadas por las Comunidades Autónomas con competencias exclusivas sobre consumo.» Cuatro. El apartado 2 del artículo 21 queda redactado del siguiente modo: «2. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación cuando exista una relación contractual previa, siempre que el prestador hubiera obtenido de forma lícita los datos de contacto del destinatario y los empleara para el envío de comunicaciones comerciales referentes a productos o servicios de su propia empresa que sean similares a los que inicialmente fueron objeto de contratación con el cliente. En todo caso, el prestador deberá ofrecer al destinatario la posibilidad de oponerse al tratamiento de sus datos con fines promocionales mediante un procedimiento sencillo y gratuito, tanto en el momento de recogida de los datos como en cada una de las comunicaciones comerciales que le dirija. Cuando las comunicaciones hubieran sido remitidas por correo electrónico, dicho medio deberá consistir necesariamente en la inclusión de una dirección de correo electrónico u otra dirección electrónica válida donde pueda ejercitarse este derecho, quedando prohibido el envío de comunicaciones que no incluyan dicha dirección.» Cinco. El artículo 22 queda redactado en los siguientes términos: «Artículo 22. Derechos de los destinatarios de servicios. 1. El destinatario podrá revocar en cualquier momento el consentimiento prestado a la recepción de comunicaciones comerciales con la simple notificación de su voluntad al remitente. A tal efecto, los prestadores de servicios deberán habilitar procedimientos sencillos y gratuitos para que los destinatarios de servicios puedan revocar el consentimiento que hubieran prestado. Cuando las comunicaciones hubieran sido remitidas por correo electrónico dicho medio deberá consistir necesariamente en la inclusión de una dirección de correo electrónico u otra dirección electrónica válida donde pueda ejercitarse este derecho quedando prohibido el envío de comunicaciones que no incluyan dicha dirección. Asimismo, deberán facilitar información accesible por medios electrónicos sobre dichos procedimientos. 2. Los prestadores de servicios podrán utilizar dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos en equipos terminales de los destinatarios, a condición de que los mismos hayan dado su consentimiento después de que se les haya facilitado información clara y completa sobre su utilización, en particular, sobre los fines del tratamiento de los datos, con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. Cuando sea técnicamente posible y eficaz, el consentimiento del destinatario para aceptar el tratamiento de los datos podrá facilitarse mediante el uso de los parámetros adecuados del navegador o de otras aplicaciones. Lo anterior no impedirá el posible almacenamiento o acceso de índole técnica al solo fin de efectuar la transmisión de una comunicación por una red de comunicaciones electrónicas o, en la medida que resulte estrictamente necesario, para la prestación de un servicio de la sociedad de la información expresamente solicitado por el destinatario.» Seis. Se modifica el apartado 1 del artículo 35, que queda redactado como sigue: «1. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo controlará el cumplimiento por los prestadores de servicios de la sociedad de la información de las obligaciones establecidas en esta Ley y en sus disposiciones de desarrollo, en lo que se refiere a los servicios propios de la sociedad de la información. No obstante, las referencias a los órganos competentes contenidas en los artículos 8, 10, 11, 15, 16, 17 y 38 se entenderán hechas a los órganos jurisdiccionales o administrativos que, en cada caso, lo sean en función de la materia.» Siete. El artículo 37 queda redactado como sigue: «Artículo 37. Responsables. Los prestadores de servicios de la sociedad de la información están sujetos al régimen sancionador establecido en este título cuando la presente Ley les sea de aplicación. Cuando las infracciones previstas en el artículo 38.3 i) y 38.4 g) se deban a la instalación de dispositivos de almacenamiento y recuperación de la información como consecuencia de la cesión por parte del prestador del servicio de la sociedad de la información de espacios propios para mostrar publicidad, será responsable de la infracción, además del prestador del servicio de la sociedad de la información, la red publicitaria o agente que gestione directamente con aquel la colocación de anuncios en dichos espacios en caso de no haber adoptado medidas para exigirle el cumplimiento de los deberes de información y la obtención del consentimiento del usuario.» Ocho. El apartado 3 c) del artículo 38 queda redactado como sigue: «c) El envío masivo de comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente, o su envío insistente o sistemático a un mismo destinatario del servicio cuando en dichos envíos no se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 21.» Nueve. El apartado 3 i) del artículo 38 queda redactado como sigue: «i) La reincidencia en la comisión de la infracción leve prevista en el apartado 4 g) cuando así se hubiera declarado por resolución firme dictada en los tres años inmediatamente anteriores a la apertura del procedimiento sancionador.» Diez. Se modifica el párrafo g) del artículo 38.4, que queda redactado como sigue: «g) Utilizar dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos cuando no se hubiera facilitado la información u obtenido el consentimiento del destinatario del servicio en los términos exigidos por el artículo 22.2.» Once. Se introduce un nuevo artículo 39 bis con el siguiente contenido: «Artículo 39 bis. Moderación de sanciones. 1. El órgano sancionador establecerá la cuantía de la sanción aplicando la escala relativa a la clase de infracciones que preceda inmediatamente en gravedad a aquella en que se integra la considerada en el caso de que se trate, en los siguientes supuestos: a) Cuando se aprecie una cualificada disminución de la culpabilidad del imputado o de la antijuridicidad del hecho como consecuencia de la concurrencia significativa de varios de los criterios enunciados en el artículo 40. b) Cuando la entidad infractora haya regularizado la situación irregular de forma diligente. c) Cuando pueda apreciarse que la conducta del afectado ha podido inducir a la comisión de la infracción. d) Cuando el infractor haya reconocido espontáneamente su culpabilidad. e) Cuando se haya producido un proceso de fusión por absorción y la infracción fuese anterior a dicho proceso, no siendo imputable a la entidad absorbente. 2. Los órganos con competencia sancionadora, atendida la naturaleza de los hechos y la concurrencia significativa de los criterios establecidos en el apartado anterior, podrán acordar no iniciar la apertura del procedimiento sancionador y, en su lugar, apercibir al sujeto responsable, a fin de que en el plazo que el órgano sancionador determine, acredite la adopción de las medidas correctoras que, en cada caso, resulten pertinentes, siempre que concurran los siguientes presupuestos: a) Que los hechos fuesen constitutivos de infracción leve o grave conforme a lo dispuesto en esta Ley. b) Que el órgano competente no hubiese sancionado o apercibido con anterioridad al infractor como consecuencia de la comisión de infracciones previstas en esta Ley. Si el apercibimiento no fuera atendido en el plazo que el órgano sancionador hubiera determinado, procederá la apertura del correspondiente procedimiento sancionador por dicho incumplimiento.» Doce. Se modifica el artículo 40, que queda redactado como sigue: «Artículo 40. Graduación de la cuantía de las sanciones. La cuantía de las multas que se impongan se graduará atendiendo a los siguientes criterios: a) La existencia de intencionalidad. b) Plazo de tiempo durante el que se haya venido cometiendo la infracción. c) La reincidencia por comisión de infracciones de la misma naturaleza, cuando así haya sido declarado por resolución firme. d) La naturaleza y cuantía de los perjuicios causados. e) Los beneficios obtenidos por la infracción. f) Volumen de facturación a que afecte la infracción cometida. g) La adhesión a un código de conducta o a un sistema de autorregulación publicitaria aplicable respecto a la infracción cometida, que cumpla con lo dispuesto en el artículo 18 o en la disposición final octava y que haya sido informado favorablemente por el órgano u órganos competentes.» Trece. Se modifica el artículo 43, que queda redactado como sigue: «1. La imposición de sanciones por el incumplimiento de lo previsto en esta Ley corresponderá, en el caso de infracciones muy graves, al Ministro de Industria, Energía y Turismo, y en el de infracciones graves y leves, al Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. No obstante lo anterior, la imposición de sanciones por incumplimiento de las resoluciones dictadas por los órganos competentes en función de la materia o entidad de que se trate a que se refieren los párrafos a) y b) del artículo 38.2 de esta Ley corresponderá al órgano que dictó la resolución incumplida. Igualmente, corresponderá a la Agencia de Protección de Datos la imposición de sanciones por la comisión de las infracciones tipificadas en los artículos 38.3 c), d) e i) y 38.4 d), g) y h) de esta Ley. 2. La potestad sancionadora regulada en esta Ley se ejercerá de conformidad con lo establecido al respecto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en sus normas de desarrollo. No obstante, el plazo máximo de duración del procedimiento simplificado será de tres meses.» Catorce. Se introduce un apartado Cinco bis en la disposición adicional sexta, que queda redactado de la siguiente forma: «Cinco bis. La autoridad de asignación suspenderá cautelarmente o cancelará, de acuerdo con el correspondiente requerimiento judicial previo, los nombres de dominio mediante los cuales se esté cometiendo un delito o falta tipificado en el Código Penal. Del mismo modo procederá la autoridad de asignación cuando por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se le dirija requerimiento de suspensión cautelar dictado como diligencia de prevención dentro de las 24 horas siguientes al conocimiento de los hechos. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 8, 11 y concordantes de esta Ley, la autoridad administrativa o judicial competente como medida para obtener la interrupción de la prestación de un servicio de la sociedad de la información o la retirada de un contenido, podrá requerir a la autoridad de asignación para que suspenda cautelarmente o cancele un nombre de dominio. De la misma forma se procederá en los demás supuestos previstos legalmente. En los supuestos previstos en los dos párrafos anteriores, sólo podrá ordenarse la suspensión cautelar o la cancelación de un nombre de dominio cuando el prestador de servicios o persona responsable no hubiera atendido el requerimiento dictado para el cese de la actividad ilícita. En todos los casos en que la Constitución, las normas reguladoras de los respectivos derechos y libertades o las que resulten aplicables a las diferentes materias atribuyan competencia a los órganos jurisdiccionales de forma excluyente para intervenir en el ejercicio de actividades o derechos, sólo la autoridad judicial competente podrá requerir la suspensión cautelar o la cancelación. En particular, cuando dichas medidas afecten a los derechos y libertades de expresión e información y demás amparados en los términos establecidos en el artículo 20 de la Constitución solo podrán ser decididas por los órganos jurisdiccionales competentes. La suspensión consistirá en la imposibilidad de utilizar el nombre de dominio a los efectos del direccionamiento en Internet y la prohibición de modificar la titularidad y los datos registrales del mismo, si bien podrá añadir nuevos datos de contacto. El titular del nombre de dominio únicamente podrá renovar el mismo o modificar la modalidad de renovación. La suspensión cautelar se mantendrá hasta que sea levantada o bien, confirmada en una resolución definitiva que ordene la cancelación del nombre de dominio. La cancelación tendrá los mismos efectos que la suspensión hasta la expiración del período de registro y si el tiempo restante es inferior a un año, por un año adicional, transcurrido el cual el nombre de dominio podrá volver a asignarse.» Quince. Se introduce una nueva disposición adicional octava con el siguiente contenido: «Disposición adicional octava. Colaboración de los registros de nombres de dominio establecidos en España en la lucha contra actividades ilícitas. 1. Los registros de nombres de dominio establecidos en España estarán sujetos a lo establecido en el apartado Cinco bis de la disposición adicional sexta, respecto de los nombres de dominio que asignen. 2. Las entidades de registro de nombres de dominio establecidas en España estarán obligadas a facilitar los datos relativos a los titulares de los nombres de dominio que soliciten las autoridades públicas para el ejercicio de sus competencias de inspección, control y sanción cuando las infracciones administrativas que se persigan tengan relación directa con la actividad de una página de Internet identificada con los nombres de dominio que asignen. Tales datos se facilitarán así mismo, cuando sean necesarios para la investigación y mitigación de incidentes de ciberseguridad en los que estén involucrados equipos relacionados con un nombre de dominio de los encomendados a su gestión. Dicha información será proporcionada al órgano, organismo o entidad que se determine legal o reglamentariamente. En ambos supuestos, la solicitud deberá formularse mediante escrito motivado en el que se especificarán los datos requeridos y la necesidad y proporcionalidad de los datos solicitados para el fin que se persigue. Si los datos demandados son datos personales, su cesión no precisará el consentimiento de su titular.» Dieciséis. Se introduce una disposición adicional novena con el siguiente contenido: «Disposición adicional novena. Gestión de incidentes de ciberseguridad que afecten a la red de Internet. 1. Los prestadores de servicios de la Sociedad de la Información, los registros de nombres de dominio y los agentes registradores que estén establecidos en España están obligados a prestar su colaboración con el CERT competente, en la resolución de incidentes de ciberseguridad que afecten a la red de Internet y actuar bajo las recomendaciones de seguridad indicadas o que sean establecidas en los códigos de conducta que de esta Ley se deriven. Los órganos, organismos públicos o cualquier otra entidad del sector público que gestionen equipos de respuesta a incidentes de seguridad colaborarán con las autoridades competentes para la aportación de las evidencias técnicas necesarias para la persecución de los delitos derivados de dichos incidentes de ciberseguridad. 2. Para el ejercicio de las funciones y obligaciones anteriores, los prestadores de servicios de la Sociedad de la información, respetando el secreto de las comunicaciones, suministrarán la información necesaria al CERT competente, y a las autoridades competentes, para la adecuada gestión de los incidentes de ciberseguridad, incluyendo las direcciones IP que puedan hallarse comprometidas o implicadas en los mismos. De la misma forma, los órganos, organismos públicos o cualquier otra entidad del sector público que gestionen equipos de respuesta a incidentes de seguridad podrán intercambiar información asociada a incidentes de ciberseguridad con otros CERTs o autoridades competentes a nivel nacional e internacional, siempre que dicha información sea necesaria para la prevención de incidentes en su ámbito de actuación. 3. El Gobierno pondrá en marcha, en el plazo de seis meses, un programa para impulsar un esquema de cooperación público-privada con el fin de identificar y mitigar los ataques e incidentes de ciberseguridad que afecten a la red de Internet en España. Para ello, se elaborarán códigos de conducta en materia de ciberseguridad aplicables a los diferentes prestadores de servicios de la sociedad de la información, y a los registros de nombres de dominio y agentes registradores establecidos en España. Los códigos de conducta determinarán el conjunto de normas, medidas y recomendaciones a implementar que permitan garantizar una gestión eficiente y eficaz de dichos incidentes de ciberseguridad, el régimen de colaboración y condiciones de adhesión e implementación, así como los procedimientos de análisis y revisión de las iniciativas resultantes. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información coordinará las actuaciones que se pongan en marcha derivadas de estos códigos de conducta. 4. Conforme a los códigos de conducta que se definan en particular, los prestadores de servicios de la sociedad de la información deberán identificar a los usuarios afectados por los incidentes de ciberseguridad que les sean notificados por el CERT competente, e indicarles las acciones que deben llevar a cabo y que están bajo su responsabilidad, así como los tiempos de actuación. En todo caso, se les proporcionará información sobre los perjuicios que podrían sufrir u ocasionar a terceros si no colaboran en la resolución de los incidentes de ciberseguridad a que se refiere esta disposición. En el caso de que los usuarios no ejerciesen en el plazo recomendado su responsabilidad en cuanto a la desinfección o eliminación de los elementos causantes del incidente de ciberseguridad, los prestadores de servicios deberán, bajo requerimiento del CERT competente, aislar dicho equipo o servicio de la red, evitando así efectos negativos a terceros hasta el cese de la actividad maliciosa. El párrafo anterior será de aplicación a cualquier equipo o servicio geolocalizado en España o que esté operativo bajo un nombre de dominio «.es» u otros cuyo Registro esté establecido en España. 5. Reglamentariamente se determinará los órganos, organismos públicos o cualquier otra entidad del sector público que ejercerán las funciones de equipo de respuesta a incidentes de seguridad o CERT competente a los efectos de lo previsto en la presente disposición. 6. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información garantizará un intercambio fluido de información con la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior sobre incidentes, amenazas y vulnerabilidades según lo contemplado en la Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la Protección de las Infraestructuras Críticas. En este sentido se establecerán mecanismos de coordinación entre ambos órganos para garantizar la provisión de una respuesta coordinada frente a incidentes en el marco de la presente Ley.» Disposición final tercera. Modificación de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. Se introduce la disposición adicional octava en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, con el siguiente texto: «Disposición adicional octava. Instalación de infraestructuras de red o estaciones radioeléctricas en edificaciones de dominio privado. Las obras de instalación de infraestructuras de red o estaciones radioeléctricas en edificaciones de dominio privado no requerirán la obtención de licencia de obras o edificación ni otras autorizaciones, si bien, en todo caso el promotor de las mismas habrá de presentar ante la autoridad competente en materia de obras de edificación una declaración responsable donde conste que las obras se llevarán a cabo según un proyecto o una memoria técnica suscritos por técnico competente, según corresponda, justificativa del cumplimiento de los requisitos aplicables del Código Técnico de la Edificación. Una vez ejecutadas y finalizadas las obras de instalación de las infraestructuras de las redes de comunicaciones electrónicas, el promotor deberá presentar ante la autoridad competente una comunicación de la finalización de las obras y de que las mismas se han llevado a cabo según el proyecto técnico o memoria técnica.» Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones. La Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones, queda modificada como sigue: Uno. Se modifica el apartado 2 del artículo 6, que queda redactado en los siguientes términos: «2. La cesión de la información se efectuará mediante formato electrónico únicamente a los agentes facultados, y deberá limitarse a la información que resulte imprescindible para la consecución de los fines señalados en el artículo 1. A estos efectos, tendrán la consideración de agentes facultados: a) Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuando desempeñen funciones de policía judicial, de acuerdo con lo previsto en el artículo 547 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. b) Los funcionarios de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera, en el desarrollo de sus competencias como policía judicial, de acuerdo con el apartado 1 del artículo 283 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. c) El personal del Centro Nacional de Inteligencia en el curso de las investigaciones de seguridad sobre personas o entidades, de acuerdo con lo previsto en la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, y en la Ley Orgánica 2/2002, de 6 de mayo, reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia.» Dos. Se modifica el apartado 3 del artículo 7, que queda redactado en los siguientes términos: «3. El plazo de ejecución de la orden de cesión será el fijado por la resolución judicial, atendiendo a la urgencia de la cesión y a los efectos de la investigación de que se trate, así como a la naturaleza y complejidad técnica de la operación. Si no se establece otro plazo distinto, la cesión deberá efectuarse dentro del plazo de 7 días naturales contados a partir de las 8:00 horas del día natural siguiente a aquél en que el sujeto obligado reciba la orden.» Tres. Se modifica el artículo 10, que queda redactado en los siguientes términos: «Artículo 10. Infracciones y sanciones. 1. Constituyen infracciones a lo previsto en la presente Ley las siguientes: a) Es infracción muy grave la no conservación en ningún momento de los datos a los que se refiere el artículo 3. b) Son infracciones graves: i) La no conservación reiterada o sistemática de los datos a los que se refiere el artículo 3. ii) La conservación de los datos por un período inferior al establecido en el artículo 5. iii) El incumplimiento deliberado de las obligaciones de protección y seguridad de los datos establecidas en el artículo 8. c) Son infracciones leves: i) La no conservación de los datos a los que se refiere el artículo 3 cuando no se califique como infracción muy grave o grave. ii) El incumplimiento de las obligaciones de protección y seguridad de los datos establecidas en el artículo 8, cuando no se califique como infracción grave. 2. A las infracciones previstas en el apartado anterior, a excepción de las indicadas en los apartados 1.b).iii y 1.c).ii de este artículo, les será de aplicación el régimen sancionador establecido en la Ley General de Telecomunicaciones, correspondiendo la competencia sancionadora al Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, sin perjuicio de las responsabilidades penales que pudieran derivar del incumplimiento de la obligación de cesión de datos a los agentes facultados. El procedimiento para sancionar las citadas infracciones se iniciará por acuerdo del Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, pudiendo el Ministerio del Interior instar dicho inicio. En todo caso, se deberá recabar del Ministerio del Interior informe preceptivo y determinante para la resolución del procedimiento sancionador. 3. A las infracciones previstas en los apartados 1.b).iii y 1.c).ii de este artículo les será de aplicación el régimen sancionador establecido en la Ley General de Telecomunicaciones, correspondiendo la competencia sancionadora a la Agencia Española de Protección de Datos.» Cuatro. Se modifica el apartado 5 de la disposición adicional única, que queda redactado en los siguientes términos: «Constituyen infracciones a lo previsto en la presente disposición, además de la previstas en el artículo 10, las siguientes: a) Es infracción muy grave el incumplimiento de la llevanza del libro-registro referido. b) Son infracciones graves la llevanza reiterada o sistemáticamente incompleta de dicho libro-registro así como el incumplimiento deliberado de la cesión y entrega de los datos a las personas y en los casos previstos en esta disposición. c) Son infracciones leves la llevanza incompleta del libro-registro o el incumplimiento de la cesión y entrega de los datos a las personas y en los casos previstos en esta disposición cuando no se califiquen como infracciones muy graves o graves.» Disposición final quinta. Modificación del real decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. Se modifica el apartado 1 del artículo 3 del real decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación, que queda redactado en los siguientes términos: «1. A partir de la fecha de entrada en vigor del presente real decreto-ley, no se concederá autorización para la construcción o rehabilitación integral de ningún edificio de los referidos en el artículo 2, si al correspondiente proyecto arquitectónico no se une el que prevea la instalación de una infraestructura común propia. Esta infraestructura deberá reunir las condiciones técnicas adecuadas para cumplir, al menos, las funciones indicadas en el artículo 1.2 de este real decreto-ley, sin perjuicio de los que se determine en las normas que, en cada momento, se dicten en su desarrollo. La instalación de la infraestructura regulada en este real decreto-ley debe contar con el correspondiente proyecto técnico, firmado por quien esté en posesión de un título universitario oficial de ingeniero, ingeniero técnico, máster o grado que tenga competencias sobre la materia en razón del plan de estudios de la respectiva titulación. Mediante real decreto se determinará el contenido mínimo que debe tener dicho proyecto técnico.» Disposición final sexta. Modificación de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. El artículo 8.2 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, queda redactado como sigue: «2. El período de validez de los certificados electrónicos será adecuado a las características y tecnología empleada para generar los datos de creación de firma. En el caso de los certificados reconocidos este período no podrá ser superior a cinco años.» Disposición final séptima. Modificación de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. La Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, se modifica como sigue: Uno. Se modifica el primer párrafo del apartado 2 del artículo 5 que queda redactado del siguiente modo: «2. Para la efectividad de este derecho, los prestadores del servicio de comunicación televisiva de cobertura estatal o autonómica deben reservar a obras europeas el 51 por ciento del tiempo de emisión anual de su programación. A su vez, el 50 por ciento de esa cuota queda reservado para obras europeas en cualquiera de las lenguas españolas. En todo caso, el 10 por ciento del tiempo de emisión estará reservado a obras europeas de productores independientes del prestador de servicio y la mitad de ese 10 por ciento debe haber sido producida en los últimos cinco años. El tiempo de emisión a que se refiere este número se computará con exclusión del dedicado a informaciones, manifestaciones deportivas, juegos, publicidad, servicios de teletexto y televenta.» Dos. Se modifica el artículo 17 que queda redactado del siguiente modo: «1. Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual tienen el derecho a realizar a cambio de contraprestación emplazamiento de productos en largometrajes, cortometrajes, documentales, películas y series de televisión, programas deportivos y programas de entretenimiento. En los casos en que no se produzca pago alguno, sino únicamente el suministro gratuito de determinados bienes o servicios, tales como ayudas materiales a la producción o premios, con miras a su inclusión en un programa, únicamente constituirá emplazamiento de producto y por tanto estará permitido, siempre que estos bienes o servicios tengan un valor significativo. 2. Cuando el programa haya sido producido o encargado por el prestador del servicio o una de sus filiales, el público debe ser claramente informado del emplazamiento del producto al principio y al final del programa, y cuando se reanude tras una pausa publicitaria. 3. El emplazamiento no puede condicionar la responsabilidad ni la independencia editorial del prestador del servicio de comunicación audiovisual. Tampoco puede incitar directamente la compra o arrendamientos de bienes o servicios, realizar promociones concretas de éstos o dar prominencia indebida al producto. 4. Queda prohibido el emplazamiento de producto en la programación infantil». Tres. Se modifica el artículo 38 que queda redactado del siguiente modo: «Artículo 38. Libertad de recepción de los servicios prestados dentro de la Unión Europea. 1. Se garantiza la libertad de recepción en todo el territorio español de los servicios audiovisuales cuyos titulares se encuentren establecidos en un Estado miembro de la Unión Europea, siempre que no interfieran técnicamente en las emisiones de los prestadores establecidos bajo jurisdicción española. En el ámbito del Convenio Europeo sobre Televisión Transfronteriza y para canalizar el derecho a la diversidad cultural y lingüística a nivel europeo, en todas las zonas limítrofes con un país de la Unión Europea se posibilitará la emisión y la recepción de programas difundidos mediante ondas hertzianas garantizando para ello una adecuada planificación del espectro radioeléctrico en las zonas transfronterizas. 2. La autoridad audiovisual competente estatal, con carácter excepcional y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Directiva 2010/13, podrá limitar dicha libertad de recepción cuando los servicios audiovisuales televisivos procedentes de un Estado miembro de la Unión Europea infrinjan de manera grave y reiterada lo dispuesto en la legislación española en materia de protección de menores o contengan incitaciones al odio por razón de raza, sexo, religión o nacionalidad, siempre que esos servicios hubieran incurrido en las conductas anteriores al menos dos veces en los doce meses inmediatamente anteriores. La autoridad audiovisual, en estos casos, y antes de adoptar las medidas de limitación, deberá notificar al titular de los servicios audiovisuales y a la Comisión Europea las infracciones alegadas y las medidas que tiene intención de adoptar en caso de que se produzca de nuevo dicha infracción e iniciará consultas con ésta última y con el Estado miembro en el que el titular de los servicios audiovisuales esté establecido a fin de llegar a un arreglo amistoso. Si las consultas con los sujetos mencionados en el apartado anterior no hubieran resultado en acuerdo y persistieran las infracciones, en un plazo de quince días a partir de la notificación de las mismas, podrán adoptarse las medidas previstas en el primer párrafo de este número. En caso de decisión negativa por parte de la Comisión, se deberá poner fin urgentemente a las medidas de que se trate. 3. Además, si el servicio de comunicación audiovisual es a petición, la libertad de recepción podrá limitarse de forma proporcionada por razones de orden público, seguridad pública, protección de la salud pública, o para proteger a los consumidores e inversores. En este caso, antes de adoptar las medidas, la autoridad audiovisual deberá solicitar al Estado miembro de la Unión Europea a cuya jurisdicción esté sujeto el prestador de servicios a petición, que tome medidas y notificar, caso de que este último no las haya tomado, o no hayan sido suficientes, a la Comisión Europea y al Estado miembro señalado su intención de adoptarlas. En casos de urgencia, la autoridad audiovisual podrá adoptar estas medidas notificando las mismas a la mayor brevedad a la Comisión Europea y al Estado miembro a cuya jurisdicción esté sujeto el prestador de servicios, indicando las razones de la urgencia. En caso de decisión negativa por parte de la Comisión, la autoridad audiovisual deberá de abstenerse de adoptar las medidas propuestas o, en su caso, deberá poner fin urgentemente a las medidas de que se trate. 4. La acreditación de las medidas referidas en los dos números anteriores deberá efectuarse mediante la instrucción del correspondiente expediente por la autoridad audiovisual competente estatal.» Cuatro. Se modifica el artículo 39 que queda redactado del siguiente modo: «1. La autoridad competente estatal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Directiva 2010/13 podrá adoptar medidas de salvaguarda de la legislación española, de acuerdo con el procedimiento previsto en este artículo cuando el prestador de un servicio de comunicación audiovisual televisivo establecido en otro Estado miembro de la Unión Europea dirija su servicio total o principalmente al territorio español y se hubiera establecido en ese Estado miembro para eludir las normas españolas más estrictas. En este caso, la autoridad competente estatal podrá ponerse, mediante petición debidamente motivada en contacto con el otro Estado miembro mencionado para lograr una solución de los problemas planteados que resulte mutuamente satisfactoria. 2. Si en el plazo de dos meses desde la petición no se alcanzase una solución satisfactoria, la autoridad competente estatal podrá adoptar las medidas previstas en el número uno de este artículo siempre que sean objetivamente necesarias y se apliquen de manera no discriminatoria y proporcionadas a los objetivos que se persiguen. 3. Con carácter previo a la adopción de las citadas medidas, la autoridad audiovisual deberá notificar a la Comisión Europea y al Estado miembro en el que se encuentre establecido el prestador del servicio de comunicación audiovisual televisivo, el proyecto de medidas a aplicar, al que se acompañará la justificación correspondiente. El proyecto de medida deberá ser aprobado por la Comisión Europea y en caso de decisión negativa por parte de ésta, la autoridad audiovisual se abstendrá de adoptar las medidas propuestas.» Disposición final octava. Regulación de las condiciones en que los órganos o entes gestores de infraestructuras de transporte de competencia estatal permitirán la ocupación del dominio público que gestionan y de la propiedad privada de que son titulares. A los efectos de lo previsto en los artículos 29 y 30 de la presente Ley, mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros, a propuesta conjunta del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y del Ministerio de Fomento, se determinarán las condiciones en que los órganos o entes gestores de infraestructuras de transporte de competencia estatal deben permitir el ejercicio del derecho de ocupación del dominio público que gestionan y de la propiedad privada de que son titulares, por los operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas bajo los principios del acceso efectivo a dichos bienes, la reducción de cargas, y la simplificación administrativa, en condiciones equitativas, no discriminatorias, objetivas y neutrales. Disposición final novena. Fundamento constitucional. Esta Ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva estatal en materia de telecomunicaciones, prevista en el artículo 149.1.21.ª de la Constitución. Asimismo, las disposiciones de la Ley dirigidas a garantizar la unidad de mercado en el sector de las telecomunicaciones, se dictan al amparo del artículo 149.1.1.ª de la Constitución, sobre regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales y del artículo 149.1.13.ª de la Constitución, sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. Disposición final décima. Competencias de desarrollo. El Gobierno y el Ministro de Industria, Energía y Turismo, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán dictar las normas reglamentarias que requieran el desarrollo y la aplicación de esta Ley. Disposición final undécima. Entrada en vigor. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley. [ignorar]Madrid, 9 de mayo de 2014. JUAN CARLOS R. El Presidente del Gobierno, MARIANO RAJOY BREY [encabezado]ANEXO I Tasas en materia de telecomunicaciones 1. Tasa general de operadores 1. Sin perjuicio de la contribución económica que pueda imponerse a los operadores para la financiación del servicio universal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 y en el Título III, todo operador estará obligado a satisfacer una tasa anual que no podrá exceder el 1,5 por mil de sus ingresos brutos de explotación y que estará destinada a sufragar los gastos que se generen, incluidos los de gestión, control y ejecución, por la aplicación del régimen jurídico establecido en esta Ley, por las autoridades nacionales de reglamentación a que se refiere el artículo 68. A efectos de lo señalado en el párrafo anterior, se entiende por ingresos brutos el conjunto de ingresos que obtenga el operador derivados de la explotación de las redes y la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley. A tales efectos, no se considerarán como ingresos brutos los correspondientes a servicios prestados por un operador cuyo importe recaude de los usuarios con el fin de remunerar los servicios de operadores que exploten redes o presten servicios de comunicaciones electrónicas. 2. La tasa se devengará el 31 de diciembre de cada año. No obstante, si por causa imputable al operador, éste perdiera la habilitación para actuar como tal en fecha anterior al 31 de diciembre, la tasa se devengará en la fecha en que esta circunstancia se produzca. 3. El importe de esta tasa anual no podrá exceder de los gastos que se generen, incluidos los de gestión, control y ejecución, por la aplicación del régimen jurídico establecido en esta Ley, anteriormente referidos. A tal efecto, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo hará público antes del 30 de abril de cada año una memoria que contenga los gastos en que han incurrido en el ejercicio anterior las autoridades nacionales de reglamentación a que se refiere el artículo 68 por la aplicación del régimen jurídico establecido en esta Ley. La memoria contemplará, de forma separada, los gastos en los que haya incurrido la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por la aplicación del régimen jurídico establecido en esta Ley, que servirán de base para fijar la asignación anual de la Comisión con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y garantizar la suficiencia de recursos financieros de la Comisión para la aplicación de esta Ley. El importe de la tasa resultará de aplicar al importe de los gastos en que han incurrido en el ejercicio anterior las autoridades nacionales de reglamentación a que se refiere el artículo 68 por la aplicación del régimen jurídico establecido en esta Ley y que figura en la citada memoria, el porcentaje que individualmente representan los ingresos brutos de explotación de cada uno de los operadores de telecomunicaciones en el ejercicio anterior sobre el total de los ingresos brutos de explotación obtenidos en ese mismo ejercicio por los operadores de telecomunicaciones. Mediante real decreto se determinará el sistema para calcular los gastos en que han incurrido las autoridades nacionales de reglamentación a que se refiere el artículo 68 por la aplicación del régimen jurídico establecido en esta Ley, el sistema de gestión para la liquidación de esta tasa y los plazos y requisitos que los operadores de telecomunicaciones deben cumplir para declarar al Ministerio de Industria, Energía y Turismo el importe de sus ingresos brutos de explotación con el objeto de que éste calcule el importe de la tasa que corresponde satisfacer a cada uno de los operadores de telecomunicaciones. Si la referida declaración no se presentase en plazo, se formulará al sujeto pasivo requerimiento notificado con carácter fehaciente, a fin de que en el plazo de 10 días presente la declaración. Si no lo hiciera, el órgano gestor le girará una liquidación provisional sobre los ingresos brutos de la explotación determinados en régimen de estimación indirecta, conforme a lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, incluyendo, el importe de la sanción y los intereses de demora que procedan. Respecto de la imposición de la sanción se estará a lo dispuesto en la citada Ley General Tributaria. 2. Tasas por numeración, direccionamiento y denominación 1. Constituye el hecho imponible de la tasa el otorgamiento de derechos de uso de números, direcciones o nombres. Serán sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas beneficiarias de derechos de uso. La tasa se devengará el 1 de enero de cada año, excepto la del período inicial, que se devengará en la fecha que se produzca el otorgamiento de los derechos de uso. El procedimiento para su exacción se establecerá por real decreto. El importe de dicha exacción será el resultado de multiplicar la cantidad de números, direcciones o nombres cuyos derechos de uso se hayan otorgado por el valor de cada uno de ellos, que podrá ser diferente en función de los servicios y planes correspondientes. Con carácter general, el valor de cada número del Plan nacional de numeración telefónica para la fijación de la tasa por numeración, direccionamiento y denominación incluyendo a estos efectos los números empleados exclusivamente para la prestación de servicios de mensajes sobre redes telefónicas, será de 0,04 euros. A este valor se le aplicarán los coeficientes que se especifican en la siguiente tabla, para los rangos y servicios que se indican: Coeficiente Servicio Rango (NXYA) Longitud (cifras) 0 Servicios de interés social. 0XY, 112, 10YA 3 y 4 0 Servicios armonizados europeos de valor social. 116 A (A = 0 y 1) 6 0 Uso interno en el ámbito de cada operador. 12YA (YA= 00 - 19) 22YA Indefinida. 2 Mensajes sobre redes telefónicas. 2XYA (X ≠ 2) 3XYA 79YA 99YA 5 y 6 3 Numeración corta y prefijos. 1XYA (X≠1) 50YA 4, 5 y 6 1 Numeración geográfica y vocal nómada geográfica. 9XYA (X≠0) 8XYA (X≠0) 9 1 Numeración móvil. 6XYA 7XYA (X=1, 2, 3, 4) 9 1 Numeración vocal nómada. 5XYA (X=1) 9 1 Numeración de acceso a Internet. 908A 909A 9 10 Tarifas especiales. 80YA (Y=0, 3, 6, 7) 90YA (Y=0, 1, 2, 5, 7) 9 10 Numeración personal. 70YA 9 30 Consulta telefónica sobre números de abonado. 118 A (A= 1 - 9) 5 2 Comunicaciones máquina a máquina. 590 A 13 Nota: En la columna correspondiente a la identificación de rango, las cifras NXYA representan las primeras 4 cifras del número marcado. Las cifras X, Y, A pueden tomar todos los valores entre 0 y 9, excepto en los casos que se indique otra cosa. El guión indica que las cifras referenciadas pueden tomar cualquier valor comprendido entre los mostrados a cada lado del mismo (éstos incluidos). El Plan nacional de numeración telefónica y sus disposiciones de desarrollo podrán introducir coeficientes a aplicar para los recursos de numeración que se atribuyan con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, siempre que aquéllos no sobrepasen el valor de 30, exceptuando los supuestos en que se otorguen derechos de uso de números de 9 cifras a usuarios finales, en cuyo caso el valor máximo resultante de la tasa no podrá superar los 100 euros. A los efectos del cálculo de esta tasa, se entenderá que todos los números del Plan nacional de numeración telefónica, y los empleados exclusivamente para la prestación de servicios de mensajes sobre redes telefónicas públicas, están formados por nueve dígitos. Cuando se otorguen derechos de uso de un número con menos dígitos, se considerará que se están otorgando derechos de uso para la totalidad de los números de nueve dígitos que se puedan formar manteniendo como parte inicial de éstos el número cuyos derechos de uso se otorgan. Cuando se otorguen derechos de uso de números de mayor longitud, se considerará que se están otorgando para la totalidad de los números de nueve dígitos que se puedan formar con las nueve primeras cifras de aquéllos. Asimismo, se establecen las siguientes tasas por numeración, direccionamiento y denominación: Tipo de número Norma de referencia Valor de cada código (euros) Código de punto de señalización internacional (CPSI). Recomendación UIT-T Q.708. 1.000 Código de punto de señalización nacional (CPSN). Recomendación UIT-T Q.704. 10 Indicativo de red de datos (CIRD). Recomendación UIT-T X.121. 1.000 Indicativo de red móvil Tetra (IRM). Recomendación UIT-T E.218. 1.000 Código de operador de portabilidad (NRN). Especificaciones técnicas de portabilidad. 1.000 Indicativo de red móvil (IRM). Recomendación UIT-T E.212. 1.000 Estas nuevas tasas se aplicarán sin carácter retroactivo desde el 1 de enero del año siguiente a la aprobación de la presente Ley. El valor de la tasa por numeración, direccionamiento y denominación se fijará anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 2. No obstante lo dispuesto en el epígrafe anterior, en la fijación del importe a satisfacer por esta tasa se podrá tomar en consideración el valor de mercado del uso de los números y nombres cuyos derechos de uso se otorguen y la rentabilidad que de ellos pudiera obtener la persona o entidad beneficiaria, conforme a lo dispuesto en el artículo 19. En este caso, en los supuestos de carácter excepcional en que así esté previsto en los planes nacionales o sus disposiciones de desarrollo y en los términos que en éstos se fijen, la cuantía anual de la tasa podrá sustituirse por la que resulte de un procedimiento de licitación en el que se fijará un valor inicial de referencia y el tiempo de duración del otorgamiento del derecho de uso. Si el valor de adjudicación de la licitación resultase superior a dicho valor de referencia, aquél constituirá el importe de la tasa. 3. Procederá la devolución del importe de la tasa por numeración que proporcionalmente corresponda, cuando se produzca la cancelación de la asignación de recursos de numeración a petición del interesado, durante el ejercicio anual que corresponda. Para ello, se seguirá el procedimiento establecido mediante real decreto. 4. El importe de los ingresos obtenidos por esta tasa se ingresará en el Tesoro Público y se destinará a la financiación de los gastos que soporte la Administración General del Estado en la gestión, control y ejecución del régimen jurídico establecido en esta Ley. 3. Tasa por reserva del dominio público radioeléctrico 1. La reserva para uso privativo o para uso especial por operadores de cualquier frecuencia del dominio público radioeléctrico a favor de una o varias personas o entidades se gravará con una tasa anual, en los términos que se establecen en este apartado. Para la fijación del importe a satisfacer en concepto de esta tasa por los sujetos obligados, se tendrá en cuenta el valor de mercado del uso de la frecuencia reservada y la rentabilidad que de él pudiera obtener el beneficiario. Para la determinación del citado valor de mercado y de la posible rentabilidad obtenida por el beneficiario de la reserva se tomarán en consideración, entre otros, los siguientes parámetros: a) El grado de utilización y congestión de las distintas bandas y en las distintas zonas geográficas. b) El tipo de servicio para el que se pretende utilizar la reserva y, en particular, si éste lleva aparejadas las obligaciones de servicio público recogidas en el Título III. c) La banda o sub-banda del espectro que se reserve. d) Los equipos y tecnología que se empleen. e) El valor económico derivado del uso o aprovechamiento del dominio público reservado. 2. El importe a satisfacer en concepto de esta tasa será el resultado de multiplicar la cantidad de unidades de reserva radioeléctrica del dominio público reservado por el valor en euros que se asigne a la unidad. En los territorios insulares, la superficie a aplicar para el cálculo de las unidades radioeléctricas que se utilicen para la determinación de la tasa correspondiente se calculará excluyendo la cobertura no solicitada que se extienda sobre la zona marítima. A los efectos de lo dispuesto en este apartado, se entiende por unidad de reserva radioeléctrica un patrón convencional de medida, referido a la ocupación potencial o real, durante el período de un año, de un ancho de banda de un kilohercio sobre un territorio de un kilómetro cuadrado. 3. La cuantificación de los parámetros anteriores se determinará por Ley de Presupuestos Generales del Estado. La reducción del parámetro indicado en el párrafo b) del epígrafe 1 de este apartado de la tasa por reserva de dominio público radioeléctrico, que se determinará en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, será de hasta el 75 por 100 del valor de dicho coeficiente para las redes y servicios de comunicaciones electrónicas que lleven aparejadas obligaciones de servicio público de los artículos 25 y 28, apartados 1 y 2, de esta Ley, o para el dominio público destinado a la prestación de servicios públicos en gestión directa o indirecta mediante concesión administrativa. Asimismo, en la Ley a que se refiere el párrafo anterior se fijará: a) La fórmula para el cálculo del número de unidades de reserva radioeléctrica de los distintos servicios radioeléctricos. b) Los tipos de servicios radioeléctricos. c) El importe mínimo a ingresar en concepto de tasa por reserva del dominio público radioeléctrico. 4. El pago de la tasa deberá realizarse por el titular de la reserva de dominio público radioeléctrico. Las estaciones meramente receptoras que no dispongan de reserva radioeléctrica estarán excluidas del pago de la tasa. El importe de la exacción será ingresado en el Tesoro Público. 5. El importe de la tasa habrá de ser satisfecho anualmente. Se devengará inicialmente el día del otorgamiento del título habilitante para el uso del demanio y, posteriormente, el día 1 de enero de cada año. 6. El procedimiento de exacción se establecerá mediante real decreto. El impago del importe de la tasa podrá motivar la suspensión o la pérdida del derecho a la ocupación del dominio público radioeléctrico, salvo cuando, en el procedimiento de impugnación en vía administrativa o contencioso-administrativa interpuesto contra la liquidación de la tasa, se hubiese acordado la suspensión del pago. 7. Las administraciones públicas estarán exentas del pago de esta tasa en los supuestos de reserva de dominio público radioeléctrico para la prestación de servicios obligatorios de interés general que tenga exclusivamente por objeto la defensa nacional, la seguridad pública y las emergencias, así como cualesquiera otros servicios obligatorios de interés general sin contrapartida económica directa o indirecta, como tasas, precios públicos o privados, ni otros ingresos derivados de dicha prestación, tales como los ingresos en concepto de publicidad. A tal efecto, deberán solicitar, fundamentadamente, dicha exención al Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Asimismo, no estarán sujetos al pago los enlaces descendentes de radiodifusión por satélite, tanto sonora como de televisión. 4. Tasas de telecomunicaciones 1. La gestión precisa para el otorgamiento de determinadas concesiones y autorizaciones, inscripciones registrales, emisión de certificaciones, realización de actuaciones obligatorias de inspección, emisión de dictámenes técnicos y la realización de exámenes darán derecho a la exacción de las tasas compensatorias del coste de los trámites y actuaciones necesarias, con arreglo a lo que se dispone en los párrafos siguientes. 2. Constituye el hecho imponible de la tasa la gestión precisa por la Administración para la emisión de certificaciones registrales; para la presentación de proyecto técnico de infraestructuras común de telecomunicaciones y del certificado o boletín de instalación que ampara las infraestructuras comunes de telecomunicaciones en el interior de edificios; de cumplimiento de las especificaciones técnicas de equipos y aparatos de telecomunicaciones; así como la emisión de dictámenes técnicos de evaluación de la conformidad de estos equipos y aparatos; las inscripciones en el registro de empresas instaladoras de telecomunicación; las actuaciones inspectoras o de comprobación técnica que, con carácter obligatorio, vengan establecidas en esta Ley o en otras disposiciones con rango legal o la presentación de certificaciones expedidas por técnico competente sustitutivas de dichas actuaciones inspectoras o de comprobación; la tramitación de concesiones demaniales para el uso privativo del dominio público radioeléctrico y la tramitación de autorizaciones generales o individuales de uso especial de dicho dominio y la realización de los exámenes de capacitación para operar estaciones de radioaficionado. 3. Serán sujetos pasivos de la tasa, según los supuestos, la persona natural o jurídica que solicite la correspondiente certificación o dictamen técnico de evaluación; que presente al registro de empresas instaladoras de telecomunicación la correspondiente declaración responsable; que solicite una certificación de presentación del proyecto técnico de infraestructuras comunes de telecomunicaciones, el acta de replanteo, el boletín de instalación y el protocolo de pruebas y, en su caso, el certificado de fin de obras y los anexos; aquélla a la que proceda practicar las actuaciones inspectoras de carácter obligatorio o solicite la tramitación o concesiones demaniales para el uso privativo del dominio público radioeléctrico o la tramitación de autorizaciones, generales o individuales, de uso especial del dominio público radioeléctrico; la que se presente a los exámenes para la obtención del título de operador de estaciones de aficionado, así como la que presente certificaciones expedidas por técnico competente sustitutivas de actuaciones inspectoras o de comprobación de carácter obligatorio. 4. La cuantía de la tasa se establecerá en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. La tasa se devengará en el momento de la solicitud correspondiente. El rendimiento de la tasa se ingresará en el Tesoro Público. Mediante real decreto se establecerá la forma de liquidación de la tasa. La realización de pruebas o ensayos para comprobar el cumplimiento de especificaciones técnicas tendrá la consideración de precio público cuando aquéllas puedan efectuarse por el interesado, opcionalmente, en centros dependientes de la Administración de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, de la Administración española o en centros privados o ajenos a aquéllas, cuando dichas pruebas sean solicitadas por el interesado voluntariamente sin que venga obligado a ello por la normativa en vigor. 5. Estarán exentos del pago de la tasa de tramitación de autorizaciones individuales de uso especial de dominio público radioeléctrico aquellos solicitantes de dichas autorizaciones que cumplan 65 años en el año en que efectúen la solicitud, o que los hayan cumplido con anterioridad, así como los beneficiarios de una pensión pública o que tengan reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100. 5. Gestión y recaudación en período voluntario de las tasas El Ministerio de Industria, Energía y Turismo gestionará y recaudará en período voluntario las tasas de este anexo. [encabezado]ANEXO II Definiciones 1. Abonado: cualquier persona física o jurídica que haya celebrado un contrato con un proveedor de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público para la prestación de dichos servicios. 2. Acceso: la puesta a disposición de otro operador, en condiciones definidas y sobre una base exclusiva o no exclusiva, de recursos o servicios con fines de prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, incluyendo cuando se utilicen para el suministro de servicios de la sociedad de información o de servicios de contenidos de radiodifusión. Este término abarca, entre otros aspectos, los siguientes: el acceso a elementos de redes y recursos asociados que pueden requerir la conexión de equipos por medios fijos y no fijos (en particular, esto incluye el acceso al bucle local y a recursos y servicios necesarios para facilitar servicios a través del bucle local); el acceso a infraestructuras físicas, como edificios, conductos y mástiles; el acceso a sistemas informáticos pertinentes, incluidos los sistemas de apoyo operativos; el acceso a sistemas de información o bases de datos para prepedidos, suministros, pedidos, solicitudes de mantenimiento y reparación, y facturación; el acceso a la conversión del número de llamada o a sistemas con una funcionalidad equivalente; el acceso a redes fijas y móviles, en particular con fines de itinerancia; el acceso a sistemas de acceso condicional para servicios de televisión digital; así como el acceso a servicios de red privada virtual. 3. Agente económico: el fabricante, el representante autorizado, el importador y el distribuidor de equipos y aparatos de telecomunicación. a) Distribuidor: toda persona física o jurídica de la cadena de suministro distinta del fabricante o el importador que comercializa un producto. b) Fabricante: toda persona física o jurídica que fabrica un producto, o que manda diseñar o fabricar un producto y lo comercializa con su nombre o marca comercial. c) Importador: toda persona física o jurídica establecida en la Unión Europea que introduce un producto de un tercer país en el mercado comunitario. d) Representante autorizado: toda persona física o jurídica establecida en la Unión Europea que ha recibido un mandato por escrito de un fabricante para actuar en su nombre en relación con tareas específicas relativas a obligaciones de éste último en virtud de la legislación comunitaria correspondiente. 4. Atribución de frecuencias: la designación de una banda de frecuencias para su uso por uno o más tipos de servicios de radiocomunicación, cuando proceda, en las condiciones que se especifiquen. 5. Asignación de frecuencias: Autorización administrativa para que una estación radioeléctrica utilice una frecuencia o un canal radioeléctrico determinado en condiciones especificadas. 6. Autoridad Nacional de Reglamentación: el Gobierno, los departamentos ministeriales, órganos superiores y directivos y organismos públicos, que de conformidad con esta Ley ejercen las competencias que en la misma se prevén. 7. Bucle local o bucle de abonado de la red pública de comunicaciones electrónicas fija: el circuito físico que conecta el punto de terminación de la red a un dispositivo de distribución o instalación equivalente de la red pública de comunicaciones electrónicas fija. 8. Consumidor: cualquier persona física o jurídica que utilice o solicite un servicio de comunicaciones electrónicas disponible para el público para fines no profesionales. 9. Datos de localización: cualquier dato tratado en una red de comunicaciones electrónicas o por un servicio de comunicaciones electrónicas que indique la posición geográfica del equipo terminal de un usuario de un servicio de comunicaciones electrónicas disponible para el público. 10. Derechos exclusivos: los derechos concedidos a una empresa por medio de un instrumento legal, reglamentario o administrativo que le reserve el derecho a prestar un servicio o a emprender una actividad determinada en una zona geográfica específica. 11. Derechos especiales: los derechos concedidos a un número limitado de empresas por medio de un instrumento legal, reglamentario o administrativo que, en una zona geográfica específica: a) Designen o limiten, con arreglo a criterios que no sean objetivos, proporcionales y no discriminatorios, a dos o más el número de tales empresas autorizadas a prestar un servicio o emprender una actividad determinada, o b) Confiera a una empresa o empresas, con arreglo a tales criterios, ventajas legales o reglamentarias que dificulten gravemente la capacidad de otra empresa de prestar el mismo servicio o emprender la misma actividad en la misma zona geográfica y en unas condiciones básicamente similares. 12. Dirección: cadena o combinación de cifras y símbolos que identifica los puntos de terminación específicos de una conexión y que se utiliza para encaminamiento. 13. Equipo avanzado de televisión digital: decodificadores para la conexión a televisores o televisores digitales integrados capaces de recibir servicios de televisión digital interactiva. 14. Equipo terminal: equipo destinado a ser conectado a una red pública de comunicaciones electrónicas, esto es, a estar conectado directamente a los puntos de terminación de aquélla o interfuncionar, a su través, con objeto de enviar, procesar o recibir información. 15. Especificación técnica: la especificación que figura en un documento que define las características necesarias de un producto, tales como los niveles de calidad o las propiedades de su uso, la seguridad, las dimensiones, los símbolos, las pruebas y los métodos de prueba, el empaquetado, el marcado y el etiquetado. Se incluyen dentro de la citada categoría las normas aplicables al producto en lo que se refiere a la terminología. 16. Espectro radioeléctrico: ondas electromagnéticas, cuya frecuencia se fija convencionalmente por debajo de 3.000 GHz, que se propagan por el espacio sin guía artificial. 17. Explotación de una red de comunicación electrónica: la creación, el aprovechamiento, el control o la puesta a disposición de dicha red. 18. Interconexión: la conexión física y lógica de las redes públicas de comunicaciones utilizadas por un mismo operador o por otro distinto, de manera que los usuarios de un operador puedan comunicarse con los usuarios del mismo operador o de otro distinto, o acceder a los servicios prestados por otro operador. Los servicios podrán ser prestados por las partes interesadas o por terceros que tengan acceso a la red. La interconexión constituye un tipo particular de acceso entre operadores de redes públicas. 19. Interfaz de programa de aplicación (API): la interfaz de software entre las aplicaciones externas, puesta a disposición por los operadores de radiodifusión o prestadores de servicios, y los recursos del equipo avanzado de televisión digital para los servicios de radio y televisión digital. 20. Interferencia perjudicial: toda interferencia que suponga un riesgo para el funcionamiento de un servicio de radionavegación o de otros servicios de seguridad o que degrade u obstruya gravemente o interrumpa de forma repetida un servicio de radiocomunicación que funcione de conformidad con la reglamentación internacional, comunitaria o nacional aplicable. 21. Llamada: una conexión establecida por medio de un servicio de comunicaciones electrónicas disponible para el público que permita la comunicación bidireccional de voz. 22. Nombre: combinación de caracteres (cifras decimales, letras o símbolos) que se utiliza para identificar abonados, usuarios u otras entidades tales como elementos de red. 23. Número: cadena de cifras decimales que, entre otros, pueden representar un nombre o una dirección. 24. Número geográfico: el número identificado en el plan nacional de numeración telefónica que contiene en parte de su estructura un significado geográfico utilizado para el encaminamiento de las llamadas hacia la ubicación física del punto de terminación de la red. 25. Números no geográficos: los números identificados en el plan nacional de numeración telefónica que no son números geográficos. Incluirán, entre otros, los números de teléfonos móviles, los de llamada gratuita y los de tarificación adicional. 26. Operador: persona física o jurídica que explota redes públicas de comunicaciones electrónicas o presta servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público y ha notificado al Ministerio de Industria, Energía y Turismo el inicio de su actividad o está inscrita en el Registro de operadores. 27. Operador con poder significativo en el mercado: operador que, individual o conjuntamente con otros, disfruta de una posición equivalente a una posición dominante, esto es, una posición de fuerza económica que permite que su comportamiento sea, en medida apreciable, independiente de los competidores, los clientes y, en última instancia, los consumidores que sean personas físicas. 28. Punto de terminación de la red: el punto físico en el que el abonado accede a una red pública de comunicaciones. Cuando se trate de redes en las que se produzcan operaciones de conmutación o encaminamiento, el punto de terminación de la red estará identificado mediante una dirección de red específica, la cual podrá estar vinculada a un número o a un nombre de un abonado. 29. Radiocomunicación: toda telecomunicación transmitida por medio de ondas radioeléctricas. 30. Recursos asociados: las infraestructuras físicas, los sistemas, dispositivos, los servicios asociados u otros recursos o elementos asociados con una red de comunicaciones electrónicas o con un servicio de comunicaciones electrónicas que permitan o apoyen la prestación de servicios a través de dicha red o servicio o tengan potencial para ello. Incluirán, entre otros, edificios o entradas de edificios, el cableado de edificios, antenas, torres y otras construcciones de soporte, conductos, mástiles, bocas de acceso y distribuidores. 31. Red de comunicaciones electrónicas: los sistemas de transmisión y, cuando proceda, los equipos de conmutación o encaminamiento y demás recursos, incluidos los elementos que no son activos que permitan el transporte de señales mediante cables, ondas hertzianas, medios ópticos u otros medios electromagnéticos con inclusión de las redes de satélites, redes terrestres fijas (de conmutación de circuitos y de paquetes, incluida Internet) y móviles, sistemas de tendido eléctrico, en la medida en que se utilicen para la transmisión de señales, redes utilizadas para la radiodifusión sonora y televisiva y redes de televisión por cable, con independencia del tipo de información transportada. 32. Red pública de comunicaciones: una red de comunicaciones electrónicas que se utiliza, en su totalidad o principalmente, para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público y que soporta la transferencia de señales entre puntos de terminación de la red. 33. Reserva de frecuencias: Porción de espectro radioeléctrico cuyos derechos de uso se otorgan por la Administración a una persona física o jurídica en condiciones especificadas. 34. Servicios asociados: aquellos servicios asociados con una red de comunicaciones electrónicas o con un servicio de comunicaciones electrónicas que permitan o apoyen el suministro de servicios a través de dicha red o servicio o tengan potencial para ello e incluyen, entre otros, la traducción de números o sistemas con una funcionalidad equivalente, los sistemas de acceso condicional y las guías electrónicas de programas, así como otros servicios tales como el servicio de identidad, localización y presencia. 35. Servicio de comunicaciones electrónicas: el prestado por lo general a cambio de una remuneración que consiste, en su totalidad o principalmente, en el transporte de señales a través de redes de comunicaciones electrónicas, con inclusión de los servicios de telecomunicaciones y servicios de transmisión en las redes utilizadas para la radiodifusión, pero no de los servicios que suministren contenidos transmitidos mediante redes y servicios de comunicaciones electrónicas o de las actividades que consistan en el ejercicio del control editorial sobre dichos contenidos; quedan excluidos, asimismo, los servicios de la sociedad de la información definidos en el artículo 1 de la Directiva 98/34/CE que no consistan, en su totalidad o principalmente, en el transporte de señales a través de redes de comunicaciones electrónicas. 36. Servicio de televisión de formato ancho: el servicio de televisión constituido, total o parcialmente, por programas producidos y editados para su presentación en formato ancho completo. La relación de dimensiones 16:9 constituye el formato de referencia para los servicios de televisión de este tipo. 37. Servicio telefónico disponible al público: el servicio disponible al público para efectuar y recibir, directa o indirectamente, llamadas nacionales o nacionales e internacionales a través de uno o más números de un plan nacional o internacional de numeración telefónica. 38. Sistema de acceso condicional: toda medida técnica o mecanismo técnico que condicione el acceso en forma inteligible a un servicio protegido de radiodifusión sonora o televisiva al pago de una cuota u otra forma de autorización individual previa. 39. Telecomunicaciones: toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos. 40. Teléfono público de pago: un teléfono accesible al público en general y para cuya utilización pueden emplearse como medios de pago monedas, tarjetas de crédito/débito o tarjetas de prepago, incluidas las tarjetas que utilizan códigos de marcación. 41. Usuario: una persona física o jurídica que utiliza o solicita un servicio de comunicaciones electrónicas disponible para el público. 42. Usuario final: el usuario que no explota redes públicas de comunicaciones ni presta servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público ni tampoco los revende.

Ley de telecomunicaciones entra en vigor. Permite expropiar azoteas para instalar antenas si es necesario

JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley: PREÁMBULO I La Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, transpuso al ordenamiento jurídico español el marco regulador de las comunicaciones electrónicas aprobado por la Unión Europea en el año 2002, profundizando en los principios de libre competencia y mínima intervención administrativa consagrados en la normativa anterior. Desde su aprobación, la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, ha sido objeto de diversas modificaciones tendentes a garantizar la aparición y viabilidad de nuevos operadores, la protección de los derechos de los usuarios y la supervisión administrativa de aquellos aspectos relacionados con el servicio público, el dominio público y la defensa de la competencia. La última de estas modificaciones, efectuada a través del real decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electrónicas, y por el que se adoptan medidas para la corrección de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores eléctrico y gasista, ha incorporado al ordenamiento jurídico español el nuevo marco regulador europeo en materia de comunicaciones electrónicas del año 2009. Este nuevo marco europeo está compuesto por la Directiva 2009/136/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009 (Derechos de los Usuarios), y la Directiva 2009/140/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009 (Mejor Regulación), y a partir del mismo se introducen en la Ley medidas destinadas a crear un marco adecuado para la realización de inversiones en el despliegue de redes de nueva generación, de modo que se permita a los operadores ofrecer servicios innovadores y tecnológicamente más adecuados a las necesidades de los ciudadanos. II Las telecomunicaciones constituyen uno de los sectores más dinámicos de la economía y uno de los que más pueden contribuir al crecimiento, la productividad, el empleo, y por tanto, al desarrollo económico y al bienestar social, afectando directamente al círculo de protección de los intereses generales. Actualmente, la evolución tecnológica nos sitúa en una nueva etapa –la de extensión de las redes de nueva generación–, que obliga a los poderes públicos a reflexionar sobre la importancia de la función regulatoria. La situación económica y financiera que afecta a una gran parte de los países desarrollados, la necesidad actual de fomentar la inversión e impulsar la competencia, son elementos esenciales a considerar en la revisión del marco regulador. El sector de las telecomunicaciones, sujeto a un proceso de permanente innovación tecnológica, necesita de constantes e ingentes inversiones, lo que requiere acometer proyectos de gran envergadura que pueden verse afectados si se exigieran en condiciones distintas de despliegue de redes y de comercialización de servicios en los diferentes ámbitos territoriales. La Agenda Digital para Europa, principal instrumento para el cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Europa 2020, persigue que para 2020 todos los europeos tengan la posibilidad de acceder a conexiones de banda ancha a una velocidad como mínimo de 30 Mbps, y que, al menos, un 50 % de los hogares europeos estén abonados a conexiones de banda ancha superiores a 100 Mbps. Estos objetivos han quedado incorporados a la agenda digital española, aprobada por el Gobierno en febrero de 2013. Para ello, según estimaciones de la Comisión Europea, se deberá invertir hasta dicha fecha una cantidad comprendida entre los 180.000 y 270.000 millones de euros. Se calcula que en España serán necesarias inversiones del sector privado por valor de 23.000 millones de euros. Estas inversiones pueden tener un gran impacto económico y social. La Comisión Europea estima que, por cada aumento de la penetración de la banda ancha en un 10 %, la economía (PIB) crece entre el 1% y el 1,5%. A su vez, la OCDE considera que un incremento del 10% de penetración de banda ancha en cualquier año implica un incremento del 1,5% de la productividad durante los siguientes 5 años. Asimismo, como ha señalado la Comisión Europea, el despliegue de redes ultrarrápidas puede tener un importante impacto en la creación de empleo, estimándose que la innovación podría generar 2 millones de empleos para 2020, incluidos trabajos en sectores relacionados, como la provisión de contenidos o la fabricación de equipos. Por otra parte, además de estimular la inversión, es necesario continuar promoviendo y velando por la competencia efectiva en el sector de las telecomunicaciones. Debe tenerse en cuenta en este sentido que el continuo proceso de innovación tecnológica presente en este sector exige grandes inversiones en el despliegue de redes o infraestructuras y en la comercialización de servicios que generan igualmente barreras de entrada en el sector, dificultando en consecuencia la competencia. Esta Ley persigue como objetivo fomentar la competencia sin desincentivar las inversiones. En consecuencia, introduce reformas estructurales en el régimen jurídico de las telecomunicaciones dirigidas a facilitar el despliegue de redes y la prestación de servicios por parte de los operadores, para que ello les permita ofrecer a los usuarios servicios más innovadores, de mayor calidad y cobertura, a precios más competitivos y con mejores condiciones, lo que contribuirá a potenciar la competitividad y la productividad de la economía española en su conjunto. También favorece la seguridad jurídica, al compendiar la normativa vigente, y en particular en lo que se refiere al marco comunitario de las comunicaciones electrónicas. Pero al mismo tiempo, y en la medida en que la existencia de competencia efectiva constituye un mecanismo eficaz de presión sobre los precios, así como sobre la calidad de los servicios y la innovación, la Ley contempla un conjunto de obligaciones o medidas que podrán imponerse ### RESUMEN: Ley de telecomunicaciones entra en vigor. Permite expropiar azoteas para instalar antenas si es necesario

JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley: PREÁMBULO Uno de los elementos clave para mejorar la competitividad de las empresas consiste en reducir la morosidad de las Administraciones Públicas, ya que esto permitirá reducir sus necesidades de financiación y evitar los efectos negativos que ello genera sobre el empleo y su propia supervivencia. Con este objetivo el informe de la Comisión para la reforma de las Administraciones Públicas contiene varias propuestas de reformas estructurales para erradicar la morosidad de las Administraciones Públicas. Esta Ley es una de estas reformas estructurales que impulsa el uso de la factura electrónica y crea el registro contable, lo que permitirá agilizar los procedimientos de pago al proveedor y dar certeza de las facturas pendientes de pago existentes. Este control informatizado y sistematizado de las facturas favorecerá un seguimiento riguroso de la morosidad a través de un indicador, el periodo medio de pagos, que visualizará el volumen de deuda comercial de las Administraciones y permitirá, llegado el caso, aplicar los nuevos mecanismos previstos la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en la que el control de la deuda comercial forma parte del principio de sostenibilidad financiera. Para fortalecer esta necesaria protección del proveedor se facilita su relación con las Administraciones Públicas favoreciendo el uso de la factura electrónica y su gestión y tramitación telemática, en línea con la «Agenda Digital para Europa», una de las iniciativas que la Comisión Europea está impulsando en el marco de la estrategia «Europa 2020». Asimismo, esta protección se verá reforzada con un mejor control contable de las facturas recibidas por las Administraciones, lo cual permitirá no sólo hacer un mejor seguimiento del cumplimiento de los compromisos de pago de las Administraciones Públicas, sino también, un mejor control del gasto público y del déficit, lo que generará una mayor confianza en las cuentas públicas. Para alcanzar estos fines, esta Ley incluye medidas dirigidas a mejorar la protección de los proveedores, tales como el establecimiento de la obligación de presentación en un registro administrativo de las facturas expedidas por los servicios que presten o bienes que entreguen a una Administración Pública en el marco de cualquier relación jurídica; el impulso del uso de la factura electrónica en el sector público, con carácter obligatorio para determinados sujetos a partir del quince de enero de 2015; la creación obligatoria para cada una de las Administraciones Públicas, estatal, autonómica y local, de puntos generales de entrada de facturas electrónicas para que los proveedores puedan presentarlas y lleguen electrónicamente al órgano administrativo al que corresponda su tramitación y a la oficina contable competente. De este modo habría un punto general de entrada de facturas electrónicas por cada nivel administrativo, en total tres, salvo que las Comunidades Autónomas o las Entidades Locales, en aplicación del principio de eficiencia, se adhieran al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado. Por último, se apuesta además por el impulso de la facturación electrónica también en el sector privado, a través de la modificación de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de medidas de impulso de la sociedad de la información, exigible a partir del quince de enero de 2015. Junto a las medidas adoptadas para proteger al proveedor y con el objetivo de seguir avanzando en un mejor control del gasto público, la presente Ley pone en marcha también unas medidas dirigidas a las Administraciones Públicas como la creación de un registro contable de facturas gestionado por el órgano o unidad que tenga atribuida la función contable; la regulación de un nuevo procedimiento de tramitación de facturas, que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2014, que mejorará el seguimiento de las mismas, y el fortalecimiento de los órganos de control interno al otorgarles la facultad de poder acceder a la documentación contable en cualquier momento. La presente Ley consta de un total de 13 artículos, agrupados en cinco capítulos, seis disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria única y ocho disposiciones finales. El Capítulo I concreta el objeto de la Ley y su ámbito de aplicación subjetivo. La Ley se aplica a las facturas emitidas por la entrega de bienes o la prestación de servicios a las Administraciones Públicas, entendiendo por tales los entes, organismos y entidades a que se refiere el artículo 3.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. El Capítulo II establece la obligación de presentación de las facturas en un registro administrativo. El Capítulo III se refiere al uso de la factura electrónica en el sector público, estableciendo el formato que debe tener. Asimismo, se crea el denominado punto general de entrada de facturas electrónicas, del que dispondrán cada una de las Administraciones, con posibilidad de celebrar convenios o adherirse al punto ya implementado por la Administración General del Estado para compartir su uso y que no sea necesario que cada Administración invierta recursos en desarrollar su propio Punto general de entrada de facturas electrónicas. A estos efectos se regulan las características mínimas que deben reunir estos puntos. El Capítulo IV regula la creación del registro contable de facturas, un nuevo procedimiento para la tramitación de facturas y las actuaciones correspondientes al órgano competente en materia de contabilidad. El Capítulo V recoge los efectos de la recepción de la factura, las facultades y obligaciones de los órganos de control interno y la colaboración con la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Las disposiciones adicionales primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta regulan respectivamente el régimen, a los efectos de esta Ley, de los órganos constitucionales del Estado y de los órganos legislativos y de control autonómicos, el formato de la factura y la firma electrónica, el formato de la factura electrónica y sus efectos tributarios, el intercambio de información sobre deudores de las Administraciones, la adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado y la publicidad de la creación de los puntos generales de entrada de facturas electrónicas y el registro contable de facturas. La disposición transitoria primera prevé la no aplicación de lo dispuesto en la Ley a las facturas ya expedidas en el momento de su entrada en vigor. No obstante, los proveedores que así lo consideren podrán presentar ante un registro administrativo también las facturas expedidas antes de la entrada en vigor de la Ley. La disposiciones transitorias segunda y tercera prevén la firma de las facturas electrónicas en tanto no se desarrolle el contenido del sello electrónico avanzado y la intermediación entre el punto general de entrada de facturas y los órganos administrativos a los que corresponda la tramitación, hasta que no estén disponibles los registros contables de facturas respectivamente. La disposición derogatoria deroga cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la Ley. La disposición final primera se refiere a la modificación de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. La disposición final segunda recoge la modificación de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de medidas de impulso de la sociedad de la información para establecer la obligatoriedad de la facturación electrónica a determinadas empresas y particulares que acepten recibirlas o que las hayan solicitado expresamente, así como la eficacia ejecutiva de la factura electrónica. La disposición final tercera se refiere a la modificación del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. La disposición final cuarta se refiere a una modificación de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. La disposición final quinta determina el carácter básico de la Ley e invoca los artículos 149.1.6.ª, 149.1.8.ª, 149.1.13.ª, 149.1.14.ª y 149.1.18.ª de la Constitución española como títulos competenciales al amparo de los cuales se dicta la Ley. Las disposiciones finales sexta, séptima y octava se refieren respectivamente al desarrollo reglamentario de esta Ley, la habilitación normativa y su entrada en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, salvo el artículo 4, que entrará en vigor el 15 de enero de 2015, y el artículo 9 y la disposición final primera, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2014. CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículo 1. Objeto. Constituye el objeto de la presente Ley impulsar el uso de la factura electrónica, crear el registro contable de facturas, regular el procedimiento para su tramitación en las Administraciones públicas y las actuaciones de seguimiento por los órganos competentes. Artículo 2. Ámbito de aplicación subjetivo. 1. Lo previsto en la presente Ley será de aplicación a las facturas emitidas en el marco de las relaciones jurídicas entre proveedores de bienes y servicios y las Administraciones Públicas. 2. A los efectos de lo previsto en esta Ley tendrán la consideración de Administraciones Públicas los entes, organismos y entidades a que se refiere el artículo 3.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, así como las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, en el ejercicio de su función colaboradora en la gestión de la Seguridad Social. CAPÍTULO II Obligación de presentación de facturas ante las Administraciones Públicas Artículo 3. Obligación de presentación de facturas en el registro. El proveedor que haya expedido la factura por los servicios prestados o bienes entregados a cualquier Administración Pública, tendrá la obligación, a efectos de lo dispuesto en esta Ley, de presentarla ante un registro administrativo, en los términos previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación de servicios. En tanto no se cumplan los requisitos de tiempo y forma de presentación establecidos en esta Ley no se entenderá cumplida esta obligación de presentación de facturas en el registro. CAPÍTULO III Factura electrónica en las Administraciones Públicas Artículo 4. Uso de la factura electrónica en el sector público. Todos los proveedores que hayan entregado bienes o prestado servicios a la Administración Pública podrán expedir y remitir factura electrónica. En todo caso, estarán obligadas al uso de la factura electrónica y a su presentación a través del punto general de entrada que corresponda las entidades siguientes: a) Sociedades anónimas; b) Sociedades de responsabilidad limitada; c) Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad española; d) Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio español en los términos que establece la normativa tributaria; e) Uniones temporales de empresas; f) Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico europea, Fondo de Pensiones, Fondo de capital riesgo, Fondo de inversiones, Fondo de utilización de activos, Fondo de regularización del mercado hipotecario, Fondo de titulización hipotecaria o Fondo de garantía de inversiones. No obstante, las Administraciones Públicas podrán excluir reglamentariamente de esta obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros y a las emitidas por los proveedores a los servicios en el exterior de las Administraciones Públicas hasta que dichas facturas puedan satisfacer los requerimientos para su presentación a través del Punto general de entrada de facturas electrónicas, de acuerdo con la valoración del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y los servicios en el exterior dispongan de los medios y sistemas apropiados para su recepción en dichos servicios. Artículo 5. Formato de las facturas electrónicas y su firma electrónica. A efectos de lo previsto en esta Ley: 1. Las facturas electrónicas que se remitan a las Administraciones Públicas deberán tener un formato estructurado y estar firmadas con firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.1 a) del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. Por Orden de la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, a propuesta conjunta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y del Ministro de Industria, Energía y Turismo, se determinará el formato estructurado de la factura electrónica, oído el comité sectorial de Administración electrónica. 2. También se admitirá el sello electrónico avanzado basado en un certificado reconocido que reúna los siguientes requisitos: a) El certificado deberá identificar a la persona jurídica o entidad sin personalidad jurídica que selle la factura electrónica, a través de su denominación o razón social y su número de identificación fiscal. b) La solicitud del sello electrónico avanzado podrá formularse bien mediante comparecencia presencial de una persona física que acredite su representación, bien por medios electrónicos mediante el DNI electrónico y la remisión de los documentos que acrediten su poder de representación en formato papel o electrónico. El sello electrónico es el conjunto de datos en forma electrónica, consignados o asociados con facturas electrónicas, que pueden ser utilizados por personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica para garantizar el origen y la integridad de su contenido. Artículo 6. Punto general de entrada de facturas electrónicas. 1. El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, dispondrán de un punto general de entrada de facturas electrónicas a través del cual se recibirán todas las facturas electrónicas que correspondan a entidades, entes y organismos vinculados o dependientes. No obstante lo anterior, las Entidades Locales podrán adherirse a la utilización del punto general de entrada de facturas electrónicas que proporcione su Diputación, Comunidad Autónoma o el Estado. Asimismo, las Comunidades Autónomas podrán adherirse a la utilización del punto general de entrada de facturas electrónicas que proporcione el Estado. 2. El punto general de entrada de facturas electrónicas de una Administración proporcionará una solución de intermediación entre quien presenta la factura y la oficina contable competente para su registro. 3. El punto general de entrada de facturas electrónicas permitirá el envío de facturas electrónicas en el formato que se determina en esta Ley. El proveedor o quien haya presentado la factura podrá consultar el estado de la tramitación de la factura. 4. Todas las facturas electrónicas presentadas a través del punto general de entrada de facturas electrónicas producirán una entrada automática en un registro electrónico de la Administración Pública gestora de dicho punto general de entrada de facturas electrónicas, proporcionando un acuse de recibo electrónico con acreditación de la fecha y hora de presentación. 5. El punto general de entrada de facturas electrónicas proporcionará un servicio automático de puesta a disposición o de remisión electrónica de las mismas a las oficinas contables competentes para su registro. 6. La Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos determinarán conjuntamente las condiciones técnicas normalizadas del punto general de entrada de facturas electrónicas. Artículo 7. Archivo y custodia de la información. 1. La responsabilidad del archivo y custodia de las facturas electrónicas corresponde al órgano administrativo destinatario de la misma, sin perjuicio de que pueda optar por la utilización del correspondiente punto general de entrada de facturas electrónicas como medio de archivo y custodia de dichas facturas si se adhiere al mismo. 2. Cuando el punto general de entrada de facturas electrónicas sea utilizado para archivo y custodia de las facturas electrónicas, su información no podrá ser empleada para la explotación o cesión de la información, salvo para el propio órgano administrativo al que corresponda la factura. Ello se entenderá sin perjuicio de las obligaciones que se puedan derivar de la normativa tributaria. CAPÍTULO IV Registro contable de facturas y procedimiento de tramitación en las Administraciones Públicas Artículo 8. Creación del registro contable de facturas. 1. Cada uno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley, dispondrán de un registro contable de facturas que facilite su seguimiento, cuya gestión corresponderá al órgano o unidad administrativa que tenga atribuida la función de contabilidad. 2. Dicho registro contable de facturas estará interrelacionado o integrado con el sistema de información contable. Artículo 9. Procedimiento para la tramitación de facturas. 1. El registro administrativo en el que se reciba la factura la remitirá inmediatamente a la oficina contable competente para la anotación en el registro contable de la factura. Las facturas electrónicas presentadas en el correspondiente punto general de entrada de facturas electrónicas, serán puestas a disposición o remitidas electrónicamente, mediante un servicio automático proporcionado por dicho punto, al registro contable de facturas que corresponda en función de la oficina contable que figura en la factura. En la factura deberá identificarse los órganos administrativos a los que vaya dirigida de conformidad con la disposición adicional trigésima tercera del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. No obstante, el Estado, las Comunidades Autónomas y los municipios de Madrid y Barcelona, podrán excluir reglamentariamente de esta obligación de anotación en el registro contable a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros, así como las facturas emitidas por los proveedores a los servicios en el exterior de cualquier Administración Pública hasta que dichas facturas puedan satisfacer los requerimientos para su presentación a través del Punto general de entrada de facturas electrónicas, de acuerdo con la valoración del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y los servicios en el exterior dispongan de los medios y sistemas apropiados para su recepción en dichos servicios. 2. La anotación de la factura en el registro contable de facturas dará lugar a la asignación del correspondiente código de identificación de dicha factura en el citado registro contable. En el caso de las facturas electrónicas dicho código será comunicado al Punto general de entrada de facturas electrónicas. 3. El órgano o unidad administrativa que tenga atribuida la función de contabilidad la remitirá o pondrá a disposición del órgano competente para tramitar, si procede, el procedimiento de conformidad con la entrega del bien o la prestación del servicio realizada por quien expidió la factura y proceder al resto de actuaciones relativas al expediente de reconocimiento de la obligación, incluida, en su caso, la remisión al órgano de control competente a efectos de la preceptiva intervención previa. 4. Una vez reconocida la obligación por el órgano competente que corresponda, la tramitación contable de la propuesta u orden de pago identificará la factura o facturas que son objeto de la propuesta, mediante los correspondientes códigos de identificación asignados en el registro contable de facturas. Artículo 10. Actuaciones del órgano competente en materia de contabilidad. Los órganos o unidades administrativas que tengan atribuida la función de contabilidad en las Administraciones Públicas: 1. Efectuarán requerimientos periódicos de actuación respecto a las facturas pendientes de reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a los órganos competentes. 2. Elaborarán un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se haya efectuado el reconocimiento de la obligación por los órganos competentes. Este informe será remitido dentro de los quince días siguientes a cada trimestre natural del año al órgano de control interno. CAPÍTULO V Efectos de la recepción de la factura, facultades de los órganos de control y colaboración con la Agencia Estatal de Administración Tributaria Artículo 11. Efectos de la recepción de la factura en el punto general de entrada de facturas electrónicas y anotación en el registro contable de facturas. La recepción de la factura en el punto general de entrada de facturas electrónicas y su anotación en el registro contable de facturas tendrá únicamente los efectos que de acuerdo con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común se deriven de su presentación en un registro administrativo. Artículo 12. Facultades y obligaciones de los órganos de control interno. 1. La Intervención General de la Administración del Estado y los órganos de control equivalentes en los ámbitos autonómico y local tendrán acceso a la documentación justificativa, a la información que conste en el registro contable de facturas, y a la contabilidad en cualquier momento. 2. Anualmente, el órgano de control interno elaborará un informe en el que evaluará el cumplimiento de la normativa en materia de morosidad. En el caso de las Entidades Locales, este informe será elevado al Pleno. Artículo 13. Colaboración con la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Los registros contables de facturas remitirán a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por vía telemática, aquella información sobre las facturas recibidas, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de facturación cuyo control le corresponda. Se habilita al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas a determinar el contenido de la información indicada así como el procedimiento y periodicidad de su remisión. Disposición adicional primera. Régimen de los órganos constitucionales del Estado y de los órganos legislativos y de control autonómicos. Los órganos competentes del Congreso de los Diputados, del Senado, del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, del Defensor del Pueblo, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo adaptarán su actuación a las normas establecidas en esta Ley para las Administraciones Públicas. Disposición adicional segunda. Formato de la factura y firma electrónica. En tanto no se apruebe la Orden ministerial prevista en el artículo 5, las facturas electrónicas que se remitan a las Administraciones Públicas se ajustarán al formato estructurado de la factura electrónica Facturae, versión 3.2, y de firma electrónica conforme a la especificación XMLAdvanced Electronic Signatures (XAdES). Disposición adicional tercera. Formato de la factura electrónica y sus efectos tributarios. La factura electrónica prevista en esta Ley y su normativa de desarrollo será válida y tendrá los mismos efectos tributarios que la factura en soporte papel. En particular, podrá ser utilizada como justificante a efectos de permitir la deducibilidad de la operación de conformidad con la normativa de cada tributo y lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Disposición adicional cuarta. Intercambio de información. La Agencia Estatal de Administración Tributaria, los órganos de recaudación de la Comunidades Autónomas y Entidades Locales, la Tesorería General de la Seguridad Social y los órganos pagadores de las Administraciones públicas, incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ley, de acuerdo con el procedimiento que se establezca reglamentariamente, intercambiarán la información sobre deudores de las Administraciones y los pagos a los mismos con el objeto de realizar las actuaciones de embargo o compensación que procedan. La Agencia Estatal de Administración Tributaria creará y administrará la plataforma informática para el desarrollo de los intercambios de información y las actuaciones de gestión recaudatoria previstas en esta disposición. Disposición adicional quinta. Adhesión al Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado. 1. En cumplimiento de la obligación de establecer un punto general de entrada de facturas electrónicas señalada en el artículo 6 de la presente Ley, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales podrán adherirse al punto general de entrada de facturas electrónicas establecido por la Administración General del Estado, que les proporcionará las funcionalidades previstas para el citado punto respecto de las facturas electrónicas de los proveedores. 2. La adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado se realizará por medios telemáticos a través del portal electrónico establecido al efecto en el citado punto por la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 3. Este acto de adhesión, suscrito con firma electrónica avanzada por el órgano competente de la Comunidad Autónoma o Entidad Local de que se trate, deberá dejar constancia de la voluntad de dicha Comunidad o Entidad de adherirse al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado y de aceptar en su integridad las condiciones de uso de la plataforma, determinadas por la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 4. Los desarrollos técnicos que, en su caso, deban implantar las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales para integrar y hacer compatibles sus sistemas informáticos con el punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado serán financiados con cargo a los Presupuestos de cada Comunidad Autónoma o Entidad Local. 5. La adhesión de las Comunidades Autónomas o Entidades Locales al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado es voluntaria, si bien la no adhesión deberá justificarse en términos de eficiencia conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. La adhesión al punto general entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado podrá conllevar la repercusión de los costes económicos que se generen. Disposición adicional sexta. Publicidad de los puntos generales de entrada de facturas electrónicas y de los registros contables. A la creación de los puntos generales de entrada de facturas electrónicas y de los registros contables se le dará publicidad. Disposición transitoria primera. Obligación de presentación de la factura en un registro administrativo. Las obligaciones previstas en esta Ley no serán de aplicación a las facturas ya expedidas en el momento de su entrada en vigor. No obstante, el proveedor que haya expedido la factura por los servicios prestados o bienes entregados a cualquier Administración Pública antes de la entrada en vigor de esta Ley podrá presentarla ante un registro administrativo, en los términos previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Disposición transitoria segunda. Firma de las facturas electrónicas. En tanto no se desarrolle el contenido del sello electrónico avanzado basado en un certificado electrónico reconocido, las facturas electrónicas que se presenten ante las Administraciones Públicas podrán garantizar su autenticidad e integridad mediante un certificado que resulte válido en la plataforma de validación de certificados electrónicos @firma del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Disposición transitoria tercera. Intermediación entre el punto general de entrada de facturas y la oficina contable competente. Mientras no esté disponible el registro contable de facturas, el punto general de entrada de facturas electrónicas proporcionará una solución de intermediación, bien a través de un servicio automático de puesta a disposición o bien a través de su remisión electrónica, entre quien presenta la factura y el órgano administrativo al que corresponda su tramitación. Disposición derogatoria. Derogación normativa. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Ley. En particular, queda derogado el artículo 5 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Disposición final primera. Modificación de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Se modifica el apartado 4 del artículo 34 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que queda redactado de la siguiente forma: «4. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, se establece el régimen de autoliquidación del impuesto con carácter obligatorio en las siguientes Comunidades Autónomas: Comunidad Autónoma de Andalucía Comunidad Autónoma de Aragón Comunidad Autónoma del Principado de Asturias Comunidad Autónoma de las Illes Balears Comunidad Autónoma de Canarias Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha Comunidad de Castilla y León Comunidad Autónoma de Cataluña Comunidad Autónoma de Galicia Comunidad Autónoma de la Región de Murcia Comunidad Valenciana» Disposición final segunda. Modificación de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de medidas de impulso de la sociedad de la información. La Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de medidas de impulso de la sociedad de la información, queda modificada como sigue: Uno. Se incluye un nuevo artículo 2 bis con la siguiente redacción: «Artículo 2 bis. Factura electrónica en el sector privado. A efectos de lo dispuesto en esta Ley: 1. Las empresas prestadoras de los servicios a que alude el artículo 2.2, deberán expedir y remitir facturas electrónicas en sus relaciones con empresas y particulares que acepten recibirlas o que las hayan solicitado expresamente. Este deber es independiente del tamaño de su plantilla o de su volumen anual de operaciones. No obstante, las agencias de viaje, los servicios de transporte y las actividades de comercio al por menor sólo están obligadas a emitir facturas electrónicas en los términos previstos en el párrafo anterior cuando la contratación se haya llevado a cabo por medios electrónicos. Las obligaciones previstas en este artículo no serán exigibles hasta el 15 de enero de 2015. 2. El Gobierno podrá ampliar el ámbito de aplicación de este artículo a empresas o entidades que no presten al público en general servicios de especial trascendencia económica en los casos en que se considere que deban tener una interlocución telemática con sus clientes o usuarios, por la naturaleza de los servicios que prestan, y emitan un número elevado de facturas. 3. Las facturas electrónicas deberán cumplir, en todo caso, lo dispuesto en la normativa específica sobre facturación. 4. Las empresas prestadoras de servicios deberán facilitar acceso a los programas necesarios para que los usuarios puedan leer, copiar, descargar e imprimir la factura electrónica de forma gratuita sin tener que acudir a otras fuentes para proveerse de las aplicaciones necesarias para ello. Deberán habilitar procedimientos sencillos y gratuitos para que los usuarios puedan revocar el consentimiento dado a la recepción de facturas electrónicas en cualquier momento. 5. El período durante el que el cliente puede consultar sus facturas por medios electrónicos establecido en el artículo 2.1 b) no se altera porque aquel haya resuelto su contrato con la empresa o revocado su consentimiento para recibir facturas electrónicas. Tampoco caduca por esta causa su derecho a acceder a las facturas emitidas con anterioridad. 6. Las empresas que, estando obligadas a ello, no ofrezcan a los usuarios la posibilidad de recibir facturas electrónicas o no permitan el acceso de las personas que han dejado de ser clientes, a sus facturas, serán sancionadas con apercibimiento o una multa de hasta 10.000 euros. La sanción se determinará y graduará conforme a los criterios establecidos en el artículo 33 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Idéntica sanción puede imponerse a las empresas que presten servicios al público en general de especial trascendencia económica que no cumplan las demás obligaciones previstas en el artículo 2.1. Es competente para imponer esta sanción el Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.» Dos. Se incluye un nuevo artículo 2 ter con la siguiente redacción: «Artículo 2 ter. Eficacia ejecutiva de la factura electrónica. 1. La factura electrónica podrá pagarse mediante adeudo domiciliado si se incluye en la correspondiente extensión el identificador de cuenta de pago del deudor y en un anexo, el documento que acredite el consentimiento del deudor a que se refiere la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago. 2. Las facturas electrónicas llevarán aparejada ejecución si las partes así lo acuerdan expresamente. En ese caso, su carácter de título ejecutivo deberá figurar en la factura y el acuerdo firmado entre las partes por el que el deudor acepte dotar de eficacia ejecutiva a cada factura, en un anexo. En dicho acuerdo se hará referencia a la relación subyacente que haya originado la emisión de la factura. La falta de pago de la factura que reúna estos requisitos, acreditada fehacientemente o, en su caso, mediante la oportuna declaración emitida por la entidad domiciliaria, faculta al acreedor para instar su pago mediante el ejercicio de una acción ejecutiva de las previstas en el artículo 517 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 3. En las relaciones con consumidores y usuarios, la factura electrónica no podrá tener eficacia ejecutiva. 4. Lo dispuesto en este artículo no será aplicable al pago de las facturas que tengan por destinatarios a los órganos, organismos y entidades integrantes del sector público.» Disposición final tercera. Modificación del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. Uno. Se suprime la letra f) del apartado 2 del artículo 3 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Dos. Se suprime el apartado 2 del artículo 41 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Tres. Se modifica el apartado 1 del artículo 65 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que queda redactado de la siguiente manera: «Artículo 65. Exigencia y efectos de la clasificación. 1. La clasificación de los empresarios como contratistas de obras o como contratistas de servicios de las Administraciones Públicas será exigible y surtirá efectos para la acreditación de su solvencia para contratar en los siguientes casos y términos: a) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de las Administraciones Públicas. Para dichos contratos, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, con categoría igual o superior a la exigida para el contrato, acreditará sus condiciones de solvencia para contratar. Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda acreditará su solvencia económica y financiera y solvencia técnica para contratar. En tales casos, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del contrato. En defecto de estos, la acreditación de la solvencia se efectuará con los requisitos y por los medios que reglamentariamente se establezcan en función de la naturaleza, objeto y valor estimado del contrato, medios y requisitos que tendrán carácter supletorio respecto de los que en su caso figuren en los pliegos. b) Para los contratos de servicios no será exigible la clasificación del empresario. En el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato se establecerán los criterios y requisitos mínimos de solvencia económica y financiera y de solvencia técnica o profesional tanto en los términos establecidos en los artículos 75 y 78 de la Ley como en términos de grupo o subgrupo de clasificación y de categoría mínima exigible, siempre que el objeto del contrato esté incluido en el ámbito de clasificación de alguno de los grupos o subgrupos de clasificación vigentes, atendiendo para ello al código CPV del contrato. En tales casos, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del contrato. En defecto de estos, la acreditación de la solvencia se efectuará con los requisitos y por los medios que reglamentariamente se establezcan en función de la naturaleza, objeto y valor estimado del contrato, medios y requisitos que tendrán carácter supletorio respecto de los que en su caso figuren en los pliegos. c) La clasificación no será exigible ni aplicable para los demás tipos de contratos. Para dichos contratos, los requisitos específicos de solvencia exigidos se indicarán en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y se detallarán en los pliegos del contrato. Reglamentariamente se podrán establecer los medios y requisitos que, en defecto de los establecidos en los pliegos, y atendiendo a la naturaleza, objeto y valor estimado del contrato acrediten la solvencia para poder ejecutar estos contratos.» Cuatro. Se modifican los artículos 75 al 78 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que quedan redactados de la siguiente manera: «Artículo 75. Acreditación de la solvencia económica y financiera. 1. La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por uno o varios de los medios siguientes, a elección del órgano de contratación: a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente. b) En los casos en que resulte apropiado, justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente. c) Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente. 2. La acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica y financiera del empresario se efectuará mediante la aportación de los certificados y documentos que para cada caso se determinen reglamentariamente. En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de las Administraciones Públicas acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y financiera del empresario. 3. En el anuncio de licitación o invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato se especificarán los medios, de entre los recogidos en este artículo, admitidos para la acreditación de la solvencia económica y financiera de los empresarios que opten a la adjudicación del contrato, con indicación expresa del importe mínimo, expresado en euros, de cada uno de ellos. En su defecto, la acreditación de la solvencia económica y financiera se efectuará según lo dispuesto a tales efectos en el apartado 1 del artículo 65 de la Ley. Artículo 76. Solvencia técnica en los contratos de obras. 1. En los contratos de obras, la solvencia técnica del empresario deberá ser acreditada por uno o varios de los medios siguientes, a elección del órgano de contratación: a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los diez últimos años, avalada por certificados de buena ejecución para las obras más importantes; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras tendrán la misma consideración que las directamente ejecutadas por el propio contratista, siempre que este último ostente directa o indirectamente el control de aquélla en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista sin que se cumpla dicha condición, solo se reconocerá como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada por la sociedad participada en la proporción de la participación de aquél en el capital social de ésta. b) Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la empresa, de los que ésta disponga para la ejecución de las obras, especialmente los responsables del control de calidad, acompañada de los documentos acreditativos correspondientes. c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras. d) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato. e) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente. f) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente. 2. En el anuncio de licitación o invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato se especificarán los medios, de entre los recogidos en este artículo, admitidos para la acreditación de la solvencia técnica de los empresarios que opten a la adjudicación del contrato, con indicación expresa, en su caso, de los valores mínimos exigidos para cada uno de ellos. En su defecto, la acreditación de la solvencia técnica se efectuará según lo dispuesto a tales efectos en el apartado 1 del artículo 65 de la Ley. Artículo 77. Solvencia técnica en los contratos de suministro. 1. En los contratos de suministro la solvencia técnica de los empresarios deberá acreditarse por uno o varios de los siguientes medios, a elección del órgano de contratación: a) Relación de los principales suministros efectuados durante los cinco últimos años, indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. Los suministros efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario. b) Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de los que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente los encargados del control de calidad. c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa. d) Control efectuado por la entidad del sector público contratante o, en su nombre, por un organismo oficial competente del Estado en el cual el empresario está establecido, siempre que medie acuerdo de dicho organismo, cuando los productos a suministrar sean complejos o cuando, excepcionalmente, deban responder a un fin particular. Este control versará sobre la capacidad de producción del empresario y, si fuera necesario, sobre los medios de estudio e investigación con que cuenta, así como sobre las medidas empleadas para controlar la calidad. e) Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar, cuya autenticidad pueda certificarse a petición de la entidad del sector público contratante. f) Certificados expedidos por los institutos o servicios oficiales encargados del control de calidad, de competencia reconocida, que acrediten la conformidad de productos perfectamente detallada mediante referencias a determinadas especificaciones o normas. 2. En los contratos de suministro que requieran obras de colocación o instalación, la prestación de servicios o la ejecución de obras, la capacidad de los operadores económicos para prestar dichos servicios o ejecutar dicha instalación u obras podrá evaluarse teniendo en cuenta especialmente sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad. 3. En el anuncio de licitación o invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato se especificarán los medios, de entre los recogidos en este artículo, admitidos para la acreditación de la solvencia técnica de los empresarios que opten a la adjudicación del contrato, con indicación expresa, en su caso, de los valores mínimos exigidos para cada uno de ellos y, en su caso, de las normas o especificaciones técnicas respecto de las que se acreditará la conformidad de los productos. En su defecto, la acreditación de la solvencia técnica se efectuará según lo dispuesto a tales efectos en el apartado 1 del artículo 65 de la Ley. Artículo 78. Solvencia técnica o profesional en los contratos de servicios. 1. En los contratos de servicios, la solvencia técnica o profesional de los empresarios deberá apreciarse teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo que deberá acreditarse, según el objeto del contrato, por uno o varios de los medios siguientes, a elección del órgano de contratación: a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos cinco años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. b) Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, participantes en el contrato, especialmente aquéllos encargados del control de calidad. c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el empresario para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa. d) Cuando se trate de servicios o trabajos complejos o cuando, excepcionalmente, deban responder a un fin especial, un control efectuado por el órgano de contratación o, en nombre de éste, por un organismo oficial u homologado competente del Estado en que esté establecido el empresario, siempre que medie acuerdo de dicho organismo. El control versará sobre la capacidad técnica del empresario y, si fuese necesario, sobre los medios de estudio y de investigación de que disponga y sobre las medidas de control de la calidad. e) Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal directivo de la empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecución del contrato. f) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato. g) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente. h) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente. i) Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el propósito de subcontratar. 2. En el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato se especificarán los medios, de entre los recogidos en este artículo, admitidos para la acreditación de la solvencia técnica de los empresarios que opten a la adjudicación del contrato, con indicación expresa, en su caso, de los valores mínimos exigidos para cada uno de ellos, y en los casos en que resulte de aplicación, con especificación de las titulaciones académicas o profesionales, de los medios de estudio e investigación, de los controles de calidad, de los certificados de capacidad técnica, de la maquinaria, equipos e instalaciones, y de los certificados de gestión medioambiental exigidos. En su defecto, la acreditación de la solvencia técnica o profesional se efectuará según lo dispuesto a tales efectos en el apartado 1 del artículo 65 de la Ley.» Cinco. Se introduce un nuevo artículo 79 bis en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, con la siguiente redacción: «Artículo 79 bis. Concreción de los requisitos y criterios de solvencia. La concreción de los requisitos mínimos de solvencia económica y financiera y de solvencia técnica o profesional exigidos para un contrato, así como de los medios admitidos para su acreditación, se determinará por el órgano de contratación y se indicará en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y se detallará en los pliegos, en los que se concretarán las magnitudes, parámetros o ratios y los umbrales o rangos de valores que determinarán la admisión o exclusión de los licitadores o candidatos. En su ausencia serán de aplicación los establecidos reglamentariamente para el tipo de contratos correspondiente, que tendrán igualmente carácter supletorio para los no concretados en los pliegos. En todo caso, la clasificación del empresario en un determinado grupo o subgrupo se tendrá por prueba bastante de su solvencia para los contratos cuyo objeto esté incluido o se corresponda con el ámbito de actividades o trabajos de dicho grupo o subgrupo, y cuyo importe anual medio sea igual o inferior al correspondiente a su categoría de clasificación en el grupo o subgrupo. A tal efecto, en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos deberá indicarse el código o códigos del Vocabulario «Común de los Contratos Públicos» (CPV) correspondientes al objeto del contrato, los cuales determinarán el grupo o subgrupo de clasificación, si lo hubiera, en que se considera incluido el contrato. Reglamentariamente podrá eximirse la exigencia de acreditación de la solvencia económica y financiera o de la solvencia técnica o profesional para los contratos cuyo importe no supere un determinado umbral.» Seis. Se añade una disposición adicional primera bis al texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público con la siguiente redacción: «Disposición adicional primera bis. Régimen de contratación de los órganos constitucionales del Estado y de los órganos legislativos y de control autonómicos. Los órganos competentes del Congreso de los Diputados, del Senado, del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, del Defensor del Pueblo, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo ajustarán su contratación a las normas establecidas en esta Ley para las Administraciones Públicas. Asimismo, los órganos competentes de las Cortes Generales establecerán, en su caso, el órgano que deba conocer, en su ámbito de contratación, del recurso especial regulado en el Capítulo VI del Título I del Libro I de esta Ley, respetando las condiciones de cualificación, independencia e inamovilidad previstas en dicho Capítulo.» Siete. Modificación del apartado f) de la disposición adicional decimosexta del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público: «f) Todos los actos y manifestaciones de voluntad de los órganos administrativos o de las empresas licitadoras o contratistas que tengan efectos jurídicos y se emitan a lo largo del procedimiento de contratación deben ser autenticados mediante una firma electrónica avanzada reconocida de acuerdo con la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Los medios electrónicos, informáticos o telemáticos empleados deben poder garantizar que la firma se ajusta a las disposiciones de esta norma. No obstante lo anterior, las facturas electrónicas que se emitan en los procedimientos de contratación se regirán en este punto por lo dispuesto en la Ley 25/2013 de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público.» Ocho. Se modifica la disposición transitoria cuarta del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que queda redactada de la siguiente manera: «Disposición transitoria cuarta. Determinación de los casos en que es exigible la clasificación de las empresas y de los requisitos mínimos de solvencia. El apartado 1 del artículo 65, en cuanto delimita el ámbito de aplicación y de exigibilidad de la clasificación previa, entrará en vigor conforme a lo que se establezca en las normas reglamentarias de desarrollo de esta Ley por las que se definan los grupos, subgrupos y categorías en que se clasificarán los contratos de obras y los contratos de servicios, continuando vigente, hasta entonces, el párrafo primero del apartado 1 del artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. La nueva redacción que la Ley de Impulso de la Factura Electrónica y creación del Registro Contable de Facturas en el Sector Público da a los artículos 75, 76, 77 y 78 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y el artículo 79. bis de dicho texto refundido entrarán en vigor conforme a lo que se establezca en las normas reglamentarias de desarrollo de esta Ley por las que se definan los requisitos, criterios y medios de acreditación que con carácter supletorio se establezcan para los distintos tipos de contratos. No obstante lo anterior, no será exigible la clasificación en los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros ni en los contratos de servicios cuyo valor estimado sea inferior a 200.000 euros.» Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. Uno. Se modifica la letra d) de la disposición derogatoria, que queda redactada del siguiente modo: «d) Las letras a) a e), ambas incluidas, del apartado Uno del artículo 5, las letras a) y b) del apartado Dos y el apartado Tres del Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo.» Dos. Se modifica la letra g) de la disposición final decimotercera, que queda redactada del siguiente modo: «g) Lo previsto en el artículo 35, relativo al importe exigido para la cifra mínima del capital social desembolsado y de recursos propios computables de las sociedades de garantía recíproca, entrará en vigor a los 9 meses de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.» Disposición final quinta. Título competencial. La presente Ley tiene carácter básico y se dicta al amparo de los artículos 149.1.6.ª, 149.1.8.ª, 149.1.13.ª, 149.1.14.ª y 149.1.18.ª de la Constitución española. Disposición final sexta. Desarrollo reglamentario. Reglamentariamente, el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas determinará los requisitos técnicos y funcionales tanto del registro contable de facturas como del punto general de entrada de facturas electrónicas, con el fin de garantizar la integridad, seguridad e interoperabilidad de los distintos sistemas. Disposición final séptima. Habilitación normativa. Se habilita al Gobierno, al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y al Ministro de Industria, Energía y Turismo, en el ámbito de sus competencias, a dictar las disposiciones reglamentarias y adoptar medidas necesarias para el desarrollo, la aplicación y ejecución de lo dispuesto en esta Ley. Disposición final octava. Entrada en vigor. La presente Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». No obstante: a) El artículo 4, sobre obligaciones de presentación de factura electrónica, entrará en vigor el 15 de enero de 2015. b) El artículo 9, sobre anotación en el registro contable de facturas, y la disposición final primera, por la que se modifica el apartado 4 del artículo 34 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, entrará en vigor el 1 de enero de 2014. Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley. Madrid, 27 de diciembre de 2013. JUAN CARLOS R. El Presidente del Gobierno, MARIANO RAJOY BREY

Ley de facturación electrónica. Para contratos con la administración: todos obligados a partir de 15 enero 2015

JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley: PREÁMBULO Uno de los elementos clave para mejorar la competitividad de las empresas consiste en reducir la morosidad de las Administraciones Públicas, ya que esto permitirá reducir sus necesidades de financiación y evitar los efectos negativos que ello genera sobre el empleo y su propia supervivencia. Con este objetivo el informe de la Comisión para la reforma de las Administraciones Públicas contiene varias propuestas de reformas estructurales para erradicar la morosidad de las Administraciones Públicas. Esta Ley es una de estas reformas estructurales que impulsa el uso de la factura electrónica y crea el registro contable, lo que permitirá agilizar los procedimientos de pago al proveedor y dar certeza de las facturas pendientes de pago existentes. Este control informatizado y sistematizado de las facturas favorecerá un seguimiento riguroso de la morosidad a través de un indicador, el periodo medio de pagos, que visualizará el volumen de deuda comercial de las Administraciones y permitirá, llegado el caso, aplicar los nuevos mecanismos previstos la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en la que el control de la deuda comercial forma parte del principio de sostenibilidad financiera. Para fortalecer esta necesaria protección del proveedor se facilita su relación con las Administraciones Públicas favoreciendo el uso de la factura electrónica y su gestión y tramitación telemática, en línea con la «Agenda Digital para Europa», una de las iniciativas que la Comisión Europea está impulsando en el marco de la estrategia «Europa 2020». Asimismo, esta protección se verá reforzada con un mejor control contable de las facturas recibidas por las Administraciones, lo cual permitirá no sólo hacer un mejor seguimiento del cumplimiento de los compromisos de pago de las Administraciones Públicas, sino también, un mejor control del gasto público y del déficit, lo que generará una mayor confianza en las cuentas públicas. Para alcanzar estos fines, esta Ley incluye medidas dirigidas a mejorar la protección de los proveedores, tales como el establecimiento de la obligación de presentación en un registro administrativo de las facturas expedidas por los servicios que presten o bienes que entreguen a una Administración Pública en el marco de cualquier relación jurídica; el impulso del uso de la factura electrónica en el sector público, con carácter obligatorio para determinados sujetos a partir del quince de enero de 2015; la creación obligatoria para cada una de las Administraciones Públicas, estatal, autonómica y local, de puntos generales de entrada de facturas electrónicas para que los proveedores puedan presentarlas y lleguen electrónicamente al órgano administrativo al que corresponda su tramitación y a la oficina contable competente. De este modo habría un punto general de entrada de facturas electrónicas por cada nivel administrativo, en total tres, salvo que las Comunidades Autónomas o las Entidades Locales, en aplicación del principio de eficiencia, se adhieran al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado. Por último, se apuesta además por el impulso de la facturación electrónica también en el sector privado, a través de la modificación de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de medidas de impulso de la sociedad de la información, exigible a partir del quince de enero de 2015. Junto a las medidas adoptadas para proteger al proveedor y con el objetivo de seguir avanzando en un mejor control del gasto público, la presente Ley pone en marcha también unas medidas dirigidas a las Administraciones Públicas como la creación de un registro contable de facturas gestionado por el órgano o unidad que tenga atribuida la función contable; la regulación de un nuevo procedimiento de tramitación de facturas, que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2014, que mejorará el seguimiento de las mismas, y el fortalecimiento de los órganos de control interno al otorgarles la facultad de poder acceder a la documentación contable en cualquier momento. La presente Ley consta de un total de 13 artículos, agrupados en cinco capítulos, seis disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria única y ocho disposiciones finales. El Capítulo I concreta el objeto de la Ley y su ámbito de aplicación subjetivo. La Ley se aplica a las facturas emitidas por la entrega de bienes o la prestación de servicios a las Administraciones Públicas, entendiendo por tales los entes, organismos y entidades a que se refiere el artículo 3.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. El Capítulo II establece la obligación de presentación de las facturas en un registro administrativo. El Capítulo III se refiere al uso de la factura electrónica en el sector público, estableciendo el formato que debe tener. Asimismo, se crea el denominado punto general de entrada de facturas electrónicas, del que dispondrán cada una de las Administraciones, con posibilidad de celebrar convenios o adherirse al punto ya implementado por la Administración General del Estado para compartir su uso y que no sea necesario que cada Administración invierta recursos en desarrollar su propio Punto general de entrada de facturas electrónicas. A estos efectos se regulan las características mínimas que deben reunir estos puntos. El Capítulo IV regula la creación del registro contable de facturas, un nuevo procedimiento para la tramitación de facturas y las actuaciones correspondientes al órgano competente en materia de contabilidad. El Capítulo V recoge los efectos de la recepción de la factura, las facultades y obligaciones de los órganos de control interno y la colaboración con la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Las disposiciones adicionales primera, segunda, tercera, cuarta, quint ### RESUMEN: Ley de facturación electrónica. Para contratos con la administración: todos obligados a partir de 15 enero 2015

1. Poder adjudicador: 1.1) Nombre: Delegación del Gobierno Contra la Violencia de Genero. 1.2) Número de identificación fiscal: S2811001C. 1.3) Dirección: C/ Alcalá, 37. 1.4) Localidad: Madrid. 1.5) Provincia: Madrid. 1.6) Código postal: 28071. 1.7) País: España. 1.8) Código NUTS: ES300. 1.9) Teléfono: +34 915243298. 1.10) Fax: +34 912090350. 1.11) Correo electrónico: secretariadelegacion@igualdad.gob.es 1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=SPOKuFtcxsLnSoTX3z%2F7wA%3D%3D 2. Lugar principal de prestación de los servicios: ES300. 3. Descripción de la licitación: Sistema de mensajería instantánea de contención y asistencia psicológica en situación de permanencia en domicilios durante el estado de alarma (CPV: 85312000). 4. Ofertas recibidas: 4.1) Número de ofertas recibidas: 1. 5. Adjudicatarios: 5.1) Nombre: SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A. 5.7) País: España. 5.13) El adjudicatario es una PYME. 6. Valor de las ofertas: 6.1) Valor de la oferta seleccionada: 35.200,00 euros. Madrid, 15 de abril de 2020.- Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, María Victoria Rosell Aguilar.

Contrato relacionado con la crisis sanitaria: el de asistencia psicológica por sistema de mensajería instantánea (whatsapp, telegram, signal, etc...) por valor de 35.200,00 euros.

1. Poder adjudicador: 1.1) Nombre: Delegación del Gobierno Contra la Violencia de Genero. 1.2) Número de identificación fiscal: S2811001C. 1.3) Dirección: C/ Alcalá, 37. 1.4) Localidad: Madrid. 1.5) Provincia: Madrid. 1.6) Código postal: 28071. 1.7) País: España. 1.8) Código NUTS: ES300. 1.9) Teléfono: +34 915243298. 1.10) Fax: +34 912090350. 1.11) Correo electrónico: secretariadelegacion@igualdad.gob.es 1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=SPOKuFtcxsLnSoTX3z%2F7wA%3D%3D 2. Lugar principal de prestación de los servicios: ES300. 3. Descripción de la licitación: Sistema de mensajería instantánea de contención y asistencia psicológica en situación de permanencia en domicilios durante el estado de alarma (CPV: 85312000). 4. Ofertas recibidas: 4.1) Número de ofertas recibidas: 1. 5. Adjudicatarios: 5.1) Nombre: SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A. 5.7) País: España. 5.13) El adjudicatario es una PYME. 6. Valor de las ofertas: 6.1) Valor de la oferta seleccionada: 35.200,00 euros. Madrid, 15 de abril de 2020.- Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, María Victoria Rosell Aguilar. ### RESUMEN: Contrato relacionado con la crisis sanitaria: el de asistencia psicológica por sistema de mensajería instantánea (whatsapp, telegram, signal, etc...) por valor de 35.200,00 euros.

ECLI:ES:TC:2017:25 El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente; doña Adela Asua Batarrita, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez, Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En el recurso de inconstitucionalidad núm. 7067-2014, interpuesto por el Presidente del Gobierno contra los arts. 1.2 b), 2.1, letras i) y j), 3.1, 3.2 y 16.10 de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2014, de 19 de febrero, de horarios comerciales y de medidas para determinadas actividades de promoción. Han comparecido y formulado alegaciones las Letradas del Gobierno de Cataluña y del Parlamento de Cataluña. Ha sido Ponente el Magistrado don Fernando Valdés Dal-Ré, quien expresa el parecer del Tribunal. I. Antecedentes 1. Mediante escrito presentado en el registro general de este Tribunal el día 24 de noviembre de 2014, el Abogado del Estado, en representación del Presidente del Gobierno, interpuso recurso de inconstitucionalidad contra los arts. 1.2 b), 2.1, letras i) y j), 3.1, 3.2 y 16.10 de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2014, de 19 de febrero, de horarios comerciales y de medidas para determinadas actividades de promoción. El Abogado del Estado invocó el art. 161.2 CE a fin de que se acordase la suspensión de la norma impugnada en el presente recurso de inconstitucionalidad. El recurso se fundamenta en los motivos que se resumen a continuación. a) En un supuesto de inconstitucionalidad de carácter mediato o indirecto, resulta vulnerada la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de horarios comerciales, cuyo carácter básico ex art. 149.1.13 CE, declarado en su disposición final primera, ha sido confirmado por la STC 26/2012, de 1 de marzo, FJ 6. La Ley catalana 3/2014 contiene una regulación que restringe el alcance liberalizador de los horarios comerciales establecido por la legislación básica, operación que no puede considerarse como propia del desarrollo autonómico, puesto que su aplicación produciría como resultado la invasión y anulación, al menos en una parte, del régimen jurídico de libertad de horarios y de organización comercial fijado por el Estado. El art. 1.2 b) de la Ley catalana 3/2014, al fijar un máximo de 72 horas semanales para la apertura de establecimientos comerciales, contraviene el art. 3.1 de la Ley 1/2004, según el cual el horario global semanal en que los comercios pueden estar abiertos no podrá restringirse por las Comunidades Autónomas a menos de 90 horas semanales. Las excepciones a la limitación de horarios recogidas en el art. 2, letras i) y j) de la Ley catalana 3/2014 restringen el régimen jurídico básico garantizado en el art. 5 de la Ley 1/2004, en la redacción dada por el art. 27 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, que otorga libertad total de fijación de horarios de apertura comercial a los establecimientos de las clases enumeradas en el precepto; se conculca también la libertad horaria que el art. 5 de la Ley 1/2004 atribuye a los establecimientos comerciales en general, cuando la superficie útil para la exposición y venta al público sea inferior a 300 m2, excluidos los pertenecientes a empresas o grupos de distribución que no tengan la consideración de pequeña o mediana empresa según la legislación vigente. El art. 3 de la Ley catalana 3/2014, al fijar legalmente el concepto de municipio turístico, no respeta los criterios mínimos contenidos en el art. 5.4 de la Ley 1/2004, constriñendo con ello las posibilidades de declaración de municipio turístico a efectos de libertad comercial, y afectando también al criterio legal de ordenación recogido en el art. 5.5 de la Ley 1/2004. b) En un nuevo supuesto de inconstitucionalidad de carácter mediato o indirecto, la regulación de los períodos de rebajas recogida en el art. 16.10 de la Ley catalana 3/2014, al limitar la capacidad de autorregulación de los comerciantes, entra en contradicción con el art. 25 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista, en la redacción dada por el art. 28 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, que permite la venta en rebajas en los períodos de mayor interés comercial, sin condicionarla a épocas concretas, y con una duración sin límite, decidida libremente por cada comerciante. La competencia estatal para regular esta cuestión ha quedado confirmada en la citada STC 26/2012, FJ 10. 2. Por providencia de 2 de diciembre de 2014, el Pleno acordó admitir a trámite el recurso y, de conformidad con lo establecido en el art. 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), dar traslado de la demanda al Congreso de los Diputados, al Senado, a la Generalitat de Cataluña y al Parlamento de Cataluña, al objeto de personarse en el proceso y formular alegaciones en el plazo de quince días. Asimismo, se tuvo por invocado por el Presidente del Gobierno el art. 161.2 CE, lo que, a su tenor, produjo la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados. Finalmente, se acordó publicar la incoación del recurso de inconstitucionalidad en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya». 3. El día 10 de diciembre de 2014, el Presidente del Senado comunicó que la Cámara se personaba en el proceso, ofreciendo su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC. Por su parte, el Presidente del Congreso de los Diputados comunicó el día 11 de diciembre de 2014 el acuerdo de la Mesa de la Cámara en el mismo sentido. 4. La Abogada de la Generalitat de Cataluña presentó su escrito de alegaciones el día 30 de diciembre de 2014, instando la desestimación del recurso con base en los argumentos que seguidamente se sintetizan. a) La amplísima liberalización de horarios comerciales y la desregulación de las ventas en rebajas, introducidas en el ordenamiento a través del Real Decreto-ley 20/2012, restringen o simplemente eliminan el espacio normativo autonómico para la ordenación administrativa de estos dos subámbitos de la actividad comercial. El ámbito material del comercio minorista, de competencia autonómica, abarca diversas submaterias o actividades, entre otras, las modalidades de venta (SSTC 264/1993, de 22 de julio, FJ 5, y 124/2003, de 19 de junio, FFJJ 5 y 7), o los horarios comerciales (SSTC 225/1993, de 8 de julio, FJ 2; 228/1993, de 9 de julio, FJ 2; 264/1993, de 22 de julio, FJ 3; 284/1993, de 30 de septiembre, FJ 4; 124/2003, FFJJ 11, y 14; 254/2004, de 23 de diciembre, FJ 7, y 164/2006, de 24 de mayo, FJ 5). Este ámbito autonómico no es sin embargo estanco, ya que no excluye las competencias estatales concurrentes, destacadamente el art. 149.1.13 CE (jurisprudencia citada y STC 31/2010, de 28 de junio, FFJJ 59, 64 y 68), como reconoce indirectamente el art. 121.1 c) del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC). Ahora bien, esta competencia estatal no habilita al legislador estatal para fijar las bases de la ordenación administrativa del comercio minorista sino que, como ha señalado la muy abundante jurisprudencia constitucional, únicamente le permite fijar las bases y la coordinación de la planificación general de la actividad económica, lo que significa que las prescripciones estatales deben limitarse a la fijación de directrices y de criterios globales de la planificación económica o de un sector específico que tengan una incidencia directa y significativa sobre la actividad económica general, y no puede amparar medidas de escasa entidad económica y de alcance reducido o de proyección meramente local (entre otras muchas, SSTC 143/2012, de 2 julio, FFJJ 3 y 5). Por su parte, la competencia de la Generalitat de Cataluña en materia de comercio interior (art. 121.1 EAC) ha sido analizada por la STC 31/2010, FJ 68, que declaró su plena conformidad a la Constitución y fijó su alcance. Habiéndose generalizado las medidas liberalizadoras estatales que inciden, restringiéndolos, en los ámbitos materiales que el bloque de la constitucionalidad atribuye a la competencia de las comunidades autónomas, en particular el relativo al comercio interior, parece llegado el momento de recapitular y de tratar de articular una interpretación que, sin rectificación de la previa jurisprudencia constitucional sobre el alcance de la competencia estatal ex art.149.1.13 CE, que nadie discute, renuncie a un traslado mecánico de los argumentos vertidos en anteriores pronunciamientos y proceda ex novo a una estricta aplicación de los criterios en los que se fundamenta dicha doctrina jurisprudencial, analizando en concreto si las distintas medidas liberalizadoras adoptadas por la norma estatal constituyen instrumentos de ordenación de la economía con incidencia directa, inmediata y significativa sobre la actividad económica general, circunscritas funcionalmente al ámbito de las bases y la coordinación económica. Si los preceptos de la legislación básica estatal en materia de horarios comerciales y de venta en rebajas que la demanda invoca como infringidos no constituyen materialmente, por su objeto y contenido, normas destinadas a la planificación o coordinación de la actividad económica global o del sector comercial, ni tienen una incidencia en la actividad económica que sea directa, inmediata y significativa. Proceden a una casi completa desregulación que restringe o elimina el espacio de regulación autonómica sectorial y, en esa medida, altera el régimen de distribución de competencias establecido en el bloque de la constitucionalidad a la vez que incumple el mandato que el art. 51 CE. b) En materia de horarios comerciales, los preceptos estatales básicos alegados como presuntamente infringidos penetran en el ámbito material del comercio interior, de competencia autonómica exclusiva, formulando una exhaustiva regulación de los horarios comerciales en sus distintas facetas. No constituyen materialmente preceptos básicos, ya que no se limitan a fijar un mínimo denominador normativo común y uniforme para todo el Estado, sino que contienen una extensa y completa regulación de los horarios comerciales. Esta densidad normativa comporta una invasión del ámbito normativo autonómico en materia de comercio, por lo que deben reputarse inconstitucionales y no pueden erigirse en parámetro para sustentar la inconstitucionalidad mediata de los preceptos autonómicos impugnados por infracción del art. 149.1.13 CE (STC 88/2010, de 15 de noviembre, FJ 4). (i) El art. 1.2 b) de la Ley 3/2014, que se confronta con el art. 3.1 de la Ley 1/2004, supone 12 horas de apertura diaria frente a las 15 (o 90 en cómputo semanal) fijadas por el precepto estatal. No parece que este extensísimo horario constituya una norma básica respetuosa con el margen de desarrollo normativo necesario para que las Comunidades Autónomas puedan llevar a cabo su propia política de horarios comerciales. Se deja formalmente un margen de desarrollo autonómico para ampliar el horario, pero materialmente es un espacio normativo ficticio, por inoperante, que encubre una auténtica liberalización de los horarios comerciales durante los días laborables, puesto que la práctica totalidad de la actividad comercial se lleva a cabo en horario diurno. Se estima que la doctrina recogida, entre otras, en la STC 140/2010, de 14 de septiembre, FJ 4, no resulta acorde con el concepto material de bases ni se compadece con la interpretación restrictiva y teleológica del art. 149.1.13 CE del propio Tribunal. No puede seguir manteniéndose una interpretación basada en el enjuiciamiento individual y aislado de la naturaleza materialmente básica de cada una de las medidas liberalizadoras, ya que la progresiva expansión del fenómeno liberalizador, que alcanza prácticamente todo el subsector de los horarios comerciales y se proyecta sobre otros subsectores, como el régimen de instalación de los establecimiento comerciales o las modalidades de venta, exige que el carácter materialmente básico de las normas estatales se determine teniendo en cuenta globalmente la incidencia del conjunto de medidas desreguladoras que afectan al comercio. El preámbulo del Real Decreto-ley 20/2012, se limita a recoger declaraciones meramente formales que no acreditan una real incidencia sobre la economía y son manifiestamente insuficientes para justificar la ablación del ámbito normativo autonómico sobre el comercio interior. Por el contrario, el informe de la Dirección General de Comercio de la Generalitat de Cataluña 18 de diciembre de 2014, acompañado de notas estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, que se adjunta como documento núm. 2, que se sintetiza en los esquemas y cuadros divulgativos que se adjuntan al presente escrito como documento núm. 3, pone de relieve cómo el modelo de ordenación comercial de Cataluña, ha permitido sortear la crisis económica de los años 2008 a 2014. De no aceptar esta argumentación, habría que considerar que, a diferencia de las regulaciones estatales enjuiciadas con anterioridad (STC 26/2012, de 1 de marzo, FJ 7), las 90 horas semanales establecidas por el vigente art. 3.1 de la Ley 1/2004 no dejan margen a la regulación autonómica, incurriendo por este motivo en un exceso competencial que impide que pueda aducirse como parámetro de la inconstitucionalidad mediata del art. 1.2 b) de la Ley 3/2014. (ii) En el art. 2.1 letras i) y j) de la Ley 3/2014, se relaciona una serie de supuestos en los que los establecimientos comerciales gozan de plena libertad horaria. Su contraste con el art. 5.2 de la Ley 1/2004 suscita similares consideraciones, por cuanto el precepto estatal ha desbordado el ámbito competencial del Estado, y por ello debe ser tachado de inconstitucional por vulneración de la competencia autonómica sobre comercio interior. En el precepto estatal, las excepciones al horario comercial común son tantas y tan extensas que en la práctica los establecimientos con libertad de apertura se convierten en la regla general: según el informe citado, los nuevos umbrales de superficie determinan que nueve de cada diez establecimientos situados en Cataluña se rijan por la libertad de apertura; si se les suman los restantes establecimientos comerciales contemplados en la norma estatal, el porcentaje de desregulación alcanza el 91,62 por 100. Resulta así evidente que el art. 5.2 de la Ley 1/2004 impide una regulación autonómica propia que viene exigiendo la jurisprudencia constitucional, sin que el legislador estatal haya acreditado que la libertad horaria contemplada en el art. 5.2 de la Ley 1/2004 tenga una incidencia directa y significativa sobre la marcha general de la economía. Incurre así en un exceso competencial determinante de su inconstitucionalidad, lo que inhabilita su invocación como parámetro de la inconstitucionalidad mediata del precepto catalán impugnado. (iii) El art. 3.1 y 2 de la Ley 3/2014 se confronta con el art. 5.4 de la Ley 1/2004, que en la redacción anterior dejaba margen de regulación autonómico, como apreció el Tribunal (STC 88/2010, de 15 de noviembre, FJ 5). Sin embargo, la nueva regulación introducida mediante el Real Decreto-ley 20/2012 incorpora una regulación detallada de las condiciones que caracterizan las zonas de gran afluencia turística, cuya concurrencia obliga a las Comunidades Autónomas a su delimitación. Dichas prescripciones, entre otras, fueron impugnadas por el Gobierno de Cataluña en el recurso de inconstitucionalidad núm. 1983-2013. Las modificaciones introducidas posteriormente por el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, y la posterior Ley 18/2014, de 15 de octubre, acentúan el exceso competencial, al establecer la regulación detallada de las circunstancias que obligan a la delimitación de las zonas de gran afluencia turística, sin dejar espacio para una regulación autonómica propia. Por ello no procede la invocación del art. 5, 4 y 5 de la Ley 1/2004 como parámetro de la inconstitucionalidad mediata del art. 3, 1 y 2 de la Ley 3/2014. Aún en el supuesto de que se admitiera que la norma básica estatal no ha invadido la competencia autonómica en materia de comercio y es constitucional, el precepto autonómico tampoco incurriría en ninguna tacha de inconstitucionalidad, ya que no contiene una regulación que discrepe significativamente de la regulación estatal invocada en la demanda, dándose a lo sumo un silencio normativo sobre ciertos aspectos que no resulta relevante a efectos de la constitucionalidad del precepto autonómico, ya que la legislación autonómica de desarrollo de la legislación básica no está en modo alguno obligada a reproducir los contenidos normativos de la referida normativa básica, que posee de suyo fuerza vinculante sin necesidad de dicha reiteración. El precepto autonómico no contiene prescripciones contrarias al estatal, sino simplemente complementarias, ya que ambas regulaciones pretenden alcanzar el máximo aprovechamiento comercial de los flujos turísticos. c) El artículo 16.10, relativo a la venta en rebajas, se impugna por el mismo motivo de inconstitucionalidad mediata, concretamente por infracción del art. 25 de la Ley 7/1996 en la redacción dada por el art. 28.3 del Real Decreto-ley 20/2012. El artículo 25 de la Ley 7/1996 alude a los «períodos estacionales», concepto jurídico indeterminado que apunta a la necesidad de que esta modalidad de venta de promoción se circunscriba a alguna o algunas de las cuatro estaciones astronómicas, y en cualquier caso permite sostener que la norma estatal básica atribuye al legislador autonómico un margen normativo para fijar los períodos estacionales dentro de los que los comerciantes pueden llevar a cabo esta modalidad de venta, con la duración que estimen conveniente dentro de cada período. La definición de los dos períodos, invierno y verano, de venta en rebajas que formula el art. 16.10 de la Ley 3/2014 constituye una norma de disciplina de mercado concerniente a las relaciones verticales entre comerciantes y consumidores, destinada a evitar que las distintas estrategias de venta que legítimamente desarrollen los comerciantes puedan llegar a confundir a los consumidores sobre si se hallan realmente frente a una verdadera venta en rebajas, de manera que esta modalidad de venta no vea difuminadas sus características y condiciones tradicionales hasta el punto de no ser identificable respecto de las otras modalidades de ventas promocionales (saldos, oportunidades, etc.) con las que puede coexistir. No contraviene el art. 25.1 de la Ley 7/1996, ya que este precepto no determina los períodos estacionales, que por ello serán los que desde la perspectiva jurídico-pública de la ordenación de la actividad comercial y de la defensa de los derechos de consumidores y usuarios determinen las Comunidades Autónomas. 5. Con fecha 17 de diciembre de 2014, se registró en este Tribunal escrito de la Letrada del Parlamento de Cataluña, personándose en el proceso y solicitando prórroga del plazo para formular alegaciones, que mediante providencia del Pleno de 18 de diciembre de 2014 le fue concedida por ocho días, a contar desde la expiración del plazo ordinario. En el escrito de alegaciones, registrado con fecha 14 de enero de 2015, solicita la íntegra desestimación del recurso por las razones que seguidamente se resumen. a) Como reza su disposición final segunda, la Ley 3/2014 constituye un ejercicio de la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de comercio interior (art. 121.1 EAC), de la que según la doctrina constitucional forman parte las submaterias relativas a horarios comerciales (SSTC 225/1993, FJ 2, y 31/2010, FJ 68) y a las modalidades de ventas (SSTC 264/1993, FJ 5, y 124/2003, FFJJ 5 y 7). El límite constitucional a la competencia autonómica en materia de horarios comerciales y ventas promocionales lo constituye el título horizontal del art. 149.1.13 CE, invocado en la disposición final cuarta del Real Decreto-ley 20/2012 para las medidas contenidas en el título V, que recogen las modificaciones de la Ley 1/2004 y la Ley 7/1996 que se alegan como parámetro para enjuiciar la supuesta inconstitucionalidad mediata o indirecta de los preceptos impugnados de la Ley 3/2014. De la interpretación del Tribunal Constitucional sobre el alcance de este título competencial estatal (entre otras SSTC 225/1993, FJ 2, 124/2003, FJ 3, y 143/2012, FJ 5) se desprende que debe ser aplicado restrictivamente cuando se proyecte sobre un sector de competencia autonómica exclusiva y más específica, como es la relativa al comercio interior. Además, la normativa estatal dictada al amparo del art. 149.1.13 CE deviene constitucional siempre que se limite a establecer un contenido mínimo, o común denominador normativo necesario, y tenga una incidencia directa y significativa sobre la actividad económica general. En lo que se refiere a la competencia autonómica, la STC 31/2010, FJ 68, declaró la constitucionalidad de las letras a), b) y c) del art. 121 EAC, considerando que no impedía en modo alguno el ejercicio de la competencia estatal ex art. 149.1.13 CE. b) La regulación contenida en los arts. 27 y 28 del Real Decreto-ley 20/2012 es formalmente básica, pero desde el punto de vista material excede de los límites competenciales del Estado, toda vez que el grado de desarrollo y detalle es tan extenso que se ocasiona un vaciamiento de las competencias de la Generalitat, hasta el punto de desplazar o anular su potestad legislativa en la materia. Su incidencia real en la economía es nula, no establece criterio o directriz en materia de ordenación del sector económico de la distribución minorista, ni articula una actuación unitaria para alcanzar un objetivo de política económica estatal. Por el contrario, invadiendo la materia relativa al comercio interior, formula una exhaustiva regulación de los horarios comerciales, de la tipología de establecimientos comerciales que gozan de plena libertad horaria así como de las características que definen a un municipio como turístico a los mismos efectos. c) Lo dicho supone que la regulación estatal no puede ser utilizada como parámetro determinante de la inconstitucionalidad mediata. Concretamente: (i) Art. 1.2 b): el art. 3 de la Ley 1/2004 impide cualquier opción propia de la Generalitat, sin encontrar acomodo desde el punto de vista teleológico en el art. 149.1.13 CE. El legislador estatal ha incorporado una auténtica liberalización de los horarios comerciales, sin acreditar una incidencia real en la economía. Abre un pretendido espacio normativo ficticio que, en realidad, es imposible de modular por la Generalitat, ya que el período cubierto por la regulación estatal cubre toda la franja diurna de la actividad comercial. (ii) Art. 2.1, letras i) y j): el art. 5, 1 y 2 de la Ley 1/2004 rige la libertad de apertura comercial en términos tan amplios que se convierten en la regla general, en una desregulación de facto, impidiendo el desarrollo autonómico, sin que quede acreditado su contenido económico con incidencia significativa sobre la ordenación económica general. (iii) Art. 3.1 y 2: en el art. 5.4, letras b) a g), y 5 de la Ley 1/2004 se recoge una concreción tan pormenorizada de las circunstancias que determinan la condición de zona turística, unida a la posibilidad de que el Gobierno revise los umbrales a efectos de la declaración preceptiva de las zonas de gran afluencia turística (disposición final segunda), que desplazan por completo la competencia normativa autonómica, permitiéndole únicamente una decisión meramente ejecutiva de carácter reglado. d) El art. 16.10 de la Ley 3/2014 regula los dos períodos en los que se podrá llevar a cabo la venta en rebajas. No contraviene el art. 25 de la Ley 7/1996, ya que el precepto básico estatal establece que las ventas en rebajas podrán tener lugar en los períodos estacionales de mayor interés comercial, lo que permite que sean concretados por las Comunidades Autónomas en ejercicio de sus competencias. Debe además rechazarse el título competencial invocado por el Estado, ya que el Tribunal ha incluido la submateria de ventas promocionales dentro del concepto o título competencial del comercio interior (STC 31/2010, FJ 68). 6. Mediante ATC 67/2015, de 14 de abril, el Pleno acordó mantener la suspensión de los arts. 1.2 b), 2.1, letras i) y j), y 16.10 de la Ley 3/2014, y levantar la suspensión de los arts. 3.1 y 3.2 de la misma Ley. 7. Por providencia de 14 de febrero de 2017 se señaló para deliberación y votación del presente recurso el día 16 del mismo mes y año. II. Fundamentos jurídicos 1. La presente resolución persigue resolver el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Presidente del Gobierno contra los arts. 1.2 b), 2.1, letras i) y j), 3.1, 3.2 y 16.10 de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2014, de 19 de febrero, de horarios comerciales y de medidas para determinadas actividades de promoción. Para el Abogado del Estado, la regulación en entredicho, relativa a horarios comerciales y períodos de venta en rebajas, vulnera la normativa básica dictada por el Estado ex art. 149.1.13 CE, contenida tanto en la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de horarios comerciales, como en la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista. Por su parte, los representantes procesales del Gobierno y el Parlamento de Cataluña refutan el carácter materialmente básico de la citada normativa estatal, y con ello su validez como parámetro de contraste a efectos de determinar la constitucionalidad de los preceptos objeto de impugnación, que son manifestación del ejercicio de las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma por el art. 121.1, b) y c) del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC). Sostienen asimismo que cabe interpretar que los arts. 3, 1 y 2, y 16.10 no entran en contradicción efectiva e insalvable con la normativa estatal. 2. Se nos plantea así un problema de constitucionalidad mediata o indirecta, en el que la cuestión a dilucidar pivota sustancialmente no tanto sobre la contradicción efectiva e insalvable de las normas estatales y autonómicas que se someten a contraste, como sobre el carácter materialmente básico de las normas estatales introducidas por los arts. 27 y 28 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, que respectivamente modificaron la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de horarios comerciales, y la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista. Esta cuestión ha sido ya abordada en las SSTC 156/2015, de 9 de julio, 18/2016, de 4 de febrero, 37/2016, de 3 de marzo, 55/2016, de 17 de marzo, y 59/2016, de 17 de marzo, que han confirmado el carácter materialmente básico de las medidas recogidas en los citados preceptos del Real Decreto-ley 20/2012. Por su parte, la STC 195/2016, de 16 de noviembre, FJ 5, ha hecho lo propio respecto de las modificaciones introducidas en el art. 5 de la Ley 1/2004 por el art. 7 del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, aprobado posteriormente, sin modificaciones, como art. 7 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre. Igualmente, la STC 214/2016, de 15 de diciembre, se ha pronunciado en términos similares al analizar la impugnación dirigida contra la propia Ley 18/2014, de 15 de octubre. Más específicamente, y como más adelante se detallará, una parte de los preceptos impugnados en este proceso suceden, con algunas diferencias de redacción, al contenido en las normas previamente recogidas en el Decreto-ley de la Generalitat de Cataluña 4/2012, de 30 de octubre, de medidas en materia de horarios comerciales y determinadas actividades de promoción, que fue impugnado sustancialmente por los mismos motivos en el recurso de inconstitucionalidad tramitado con el núm. 630-2013, y que ha sido objeto de la reciente STC 211/2016, de 15 de diciembre. Abordamos pues la resolución de este proceso en aplicación de la doctrina que ha quedado citada, lo que nos permite darla por reproducida. 3. Por referencia a lo previamente decidido por este Tribunal, el examen individualizado de los preceptos impugnados de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2014 conduce a la estimación de este recurso de inconstitucionalidad, por las razones que seguidamente se especifican. a) El art. 1.2 b) fija en un máximo de doce el número de horas diarias en las que los establecimientos comerciales pueden permanecer abiertos, tanto en los días laborables como en los festivos autorizados. Impone así límites al horario diario de apertura de los establecimientos comerciales, en contradicción con las reglas recogidas en los arts. 3.2 y 4.3 de la Ley 1/2004, que determinan que tal extremo será libremente decidido por cada comerciante, dentro del respeto al límite máximo del horario global semanal para los días laborables, y del régimen de apertura para los domingos y días festivos, respectivamente. En cuanto a los límites aplicables en los días laborables, incurre en la misma contradicción con el art. 3.2 de la Ley 1/2004 determinante de la inconstitucionalidad y nulidad apreciada respecto del art. 1.2 b) de la Ley del Parlamento de Cataluña 8/2004, de horarios comerciales, en la modificación operada por el Decreto-ley 4/2012, en la STC 211/2016, FJ 7 a). Criterio que, con idéntica ratio, ha de extenderse ahora a los límites horarios aplicables a los festivos autorizados, pues también en este caso la base estatal recogida en el art. 4.3 de la Ley 1/2004 «establece … un régimen de libertad de horarios respecto de los días laborables de la semana que, al igual que los examinados en otras ocasiones por este Tribunal (STC 140/2011, FJ 4, y las allí citadas), excluye la intervención autonómica en este concreto aspecto» [STC 211/2016, FJ 7 a)]. Por esta razón, el artículo 1.2 b) resulta contrario al orden constitucional de distribución de competencias y, por tanto, inconstitucional y nulo. b) Del artículo 2.1, que enumera los distintos tipos de establecimientos excluidos del horario comercial general, han sido impugnadas las letras i) y j) por entrar en contradicción con el art. 5 de la Ley 1/2004, precepto sobre cuyo carácter básico se ha pronunciado la STC 18/2016, FJ 9 c), por remisión a la STC 140/2011, de 14 de septiembre, FJ 4. También así lo ha recordado la STC 211/2016, FJ 8 e), al analizar el art. 2.1 i) de la Ley del Parlamento de Cataluña 8/2004, en la redacción dada por el Decreto-ley 4/2012. Si bien la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2014 ha desglosado en dos subapartados y modificado en algunos aspectos la regulación precedente, persiste la introducción de restricciones incompatibles con la libertad horaria reconocida por el art. 5.2 de la Ley 1/2004 a los establecimientos comerciales cuya superficie útil de exposición y venta al público sea inferior a 300 metros cuadrados: se reduce la superficie de venta a 150 metros cuadrados; se impone una limitación en la oferta de productos, salvo que se trate de municipios de población inferior a 5.000 habitantes con autorización del pleno municipal; y se limita la libertad horaria a los establecimientos cuya titularidad corresponda a pequeñas y medianas empresas que no pertenezcan bien a grupos empresariales [art. 2.1 i)] bien a cadenas de distribución u operen bajo el mismo nombre comercial [art. 2.1 j)]. Tales restricciones, como en el caso del precepto analizado por la STC 211/2016, al incurrir en contradicción con la norma básica, son contrarias al orden constitucional de distribución de competencias, por lo que procede declarar la inconstitucionalidad y nulidad del art. 2.1 i) y j). c) Los apartados 1 y 2 del artículo 3 establecen los criterios que determinan la consideración de un municipio como turístico a efectos de su exclusión del horario comercial general. Esta regulación únicamente toma en consideración el incremento del promedio ponderado anual de población, el número de alojamientos turísticos o segundas residencias, o la gran afluencia de visitantes por motivos turísticos, criterios todos ellos que no quedan cuantificados o referidos de otro modo a parámetros objetivos y contrastables. Han sido impugnados por no respetar lo dispuesto en el art. 5.4 y 5 de la Ley 1/2004, cuyo carácter materialmente básico ha sido confirmado en las SSTC 156/2015, FJ 10, 18/2016, FJ 9 c), y 195/2016, FJ 5. Esta última se refiere ya a la redacción actualmente vigente del precepto básico estatal, modificado por el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, incorporado sin modificaciones a la Ley 18/2014, de 15 de octubre. Constituye por tanto el parámetro de contraste determinante de este análisis de constitucionalidad mediata. La incompatibilidad del art. 3.1 y 2 de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2014 con la citada normativa básica se aprecia en varios extremos. De una parte, no recoge más criterios que los antes enunciados, excluyendo o relegando al criterio discrecional de la Comunidad Autónoma, como se desprende del apartado 4 del mismo precepto, la aplicación de las restantes circunstancias determinantes de la delimitación de una zona de gran afluencia turística, que aparecen enumeradas en los apartados b) a f) del art. 5.4 de la Ley 1/2004 (declaración de patrimonio de la humanidad o localización de bienes inmuebles de interés cultural integrados en el patrimonio histórico artístico, áreas de influencia de zonas fronterizas, celebración de grandes eventos deportivos o culturales de carácter nacional o internacional, áreas portuarias en las que operen cruceros turísticos y registren una afluencia significativa de visitantes, o áreas cuyo principal atractivo sea el turismo de compras). Lo mismo sucede, de otra parte, con el régimen específico regulado en el art. 5.5 de la Ley 1/2004 para los municipios de población superior a los 100.000 habitantes, que fija concretos umbrales de pernoctaciones o pasajeros de cruceros turísticos a efectos de la delimitación de las zonas de gran afluencia turística. No resulta posible entender que la norma autonómica se acomoda a la base estatal. Es cierto que la doctrina constitucional (por todas, STC 154/2014, de 25 de septiembre) «no exige que la ley autonómica reproduzca las reglas básicas. Al contrario, ha sostenido, en su doctrina sobre la lex repetita, que la reproducción de normas estatales por leyes autonómicas constituye una deficiente técnica legislativa que sólo resulta admisible en determinadas condiciones»; en concreto cuando la Comunidad Autónoma ostenta competencia sobre la materia regulada [entre otras, SSTC 62/1991, de 22 de marzo, FJ 4 b); 147/1993, de 29 de abril, FJ 4; 341/2005, de 21 de diciembre, FJ 9, y 172/2013, de 10 de octubre, FJ 5]. «Así pues, la no reiteración literal de la norma básica no puede constituir, per se, un motivo de vulneración de la legislación básica, salvo que la omisión se pudiera interpretar inequívocamente como sinónimo de exclusión de dicha regulación, esto es, cuando la hiciera materialmente inaplicable» (FJ 4). Es precisamente lo que sucede en el presente caso con las omisiones que han quedado anteriormente identificadas. La STC 195/2016, FJ 5 a), ha reiterado que el art. 5.4 de la Ley 1/2004 recoge condiciones mínimas y comunes, establece «un minimum sobre el que la Comunidad Autónoma puede establecer una normativa adicional en el ejercicio de sus competencias … añadiendo otras zonas con dicha calificación, haciendo uso de la circunstancia contenida en la letra g) del apartado 4 que les permite, no sólo determinar las que deban considerarse como tales, teniendo en cuenta las circunstancias enumeradas en las letras a) a f) del apartado 4, sino añadir, también, otras zonas de gran afluencia turística cuando aprecie que concurren circunstancias especiales que así lo justifiquen». Recuerda asimismo que son posibles «desarrollos normativos que, sin detrimento de la eficacia de la norma estatal básica, permitan que cada Comunidad Autónoma pueda establecer sistemas singularizados en materia de apertura de comercios en domingos y festivos y en materia de determinación de las zonas de gran afluencia turística» (STC 156/2015, FJ 10). En sentido parecido, el fundamento jurídico 5 b) considera que el régimen del art. 5.5 de la Ley 1/2004, aplicable a los municipios con población superior a 100.000 habitantes, a la vez fija «las circunstancias, en forma de umbral de pernoctaciones y de población, que deben tenerse en cuenta para la determinación de las zonas de gran afluencia turística», y permite que las Comunidades Autónomas puedan establecer zonas adicionales. En ambos casos, la Comunidad Autónoma ha de respetar los mínimos fijados por el legislador básico estatal, a partir de los cuales podrá desplegar su competencia legislativa en la materia y ejercer sus opciones en lo que concierne a la liberalización de los horarios comerciales. En términos de la STC 214/2016, el Estado, «en ejercicio de su competencia, con la finalidad de liberalizar los horarios comerciales, ha dispuesto la siguiente ordenación: las Comunidades Autónomas declararán las zonas de gran afluencia turística en los municipios de su territorio; esa facultad tiene un límite mínimo definido por la norma estatal: en los municipios que cumplan determinados requisitos tendrá que declararse ‘al menos’ una zona de gran afluencia turística; y tiene también un techo obvio, la declaración de todo el término municipal como tal zona. En otras palabras, las Comunidades Autónomas son las competentes para regular la libertad horaria ordenada por la norma estatal dentro de los dos criterios fijados por esta. Así pues, es a la Comunidad Autónoma a quien corresponde la decisión última en el marco diseñado por el legislador estatal» (FJ 4). Lo que la Comunidad Autónoma no puede hacer, sin detrimento de la eficacia de la normativa básica, es regular un régimen alternativo y diferente que presenta un grado escaso si no nulo de integración con las bases, al dejar la delimitación de zonas de gran afluencia turística, que vienen impuestas como consecuencia obligada de la aplicación de los criterios mínimos establecidos por el art. 5, 4 y 5 de la Ley 1/2004, en manos de la decisión discrecional de la Comunidad Autónoma, con el resultado de restringir considerablemente el régimen de plena libertad horaria comercial que ha dispuesto el legislador básico estatal en el art. 5.1 de la Ley 1/2004. En tales términos, la omisión es sinónimo de la pretensión de excluir la regulación dictada por el Estado ex art. 149.1.13 CE, lo que determina la infracción del orden constitucional de distribución de competencias, y la consiguiente inconstitucionalidad y nulidad del art. 3.1 y 2. d) Con leves diferencias en la redacción, meramente formales, el contenido del art. 16.10 es sustancialmente coincidente con el art. 5 del Decreto-ley 4/2012, por lo que, con remisión a las razones expuestas en la STC 211/2016, FJ 9, procede declarar la inconstitucionalidad y nulidad del inciso «en los siguientes períodos estacionales» y de las letras a) y b). FALLO En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA, Ha decidido Declarar la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 1.2 b), 2.1, letras i) y j), 3.1, 3.2 y 16.10, en el inciso «en los siguientes períodos estacionales» y las letras a) y b), de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2014, de 19 de febrero, de horarios comerciales y de medidas para determinadas actividades de promoción. Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». Dada en Madrid, a dieciséis de febrero de dos mil diecisiete.–Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.–Adela Asua Batarrita.–Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan José González Rivas.–Santiago Martínez-Vares García.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Antonio Narváez Rodríguez.–Firmado y rubricado.

Sentencia del TC que anula los límites de Cataluña a la libertad de horarios comerciales.

ECLI:ES:TC:2017:25 El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente; doña Adela Asua Batarrita, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez, Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En el recurso de inconstitucionalidad núm. 7067-2014, interpuesto por el Presidente del Gobierno contra los arts. 1.2 b), 2.1, letras i) y j), 3.1, 3.2 y 16.10 de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2014, de 19 de febrero, de horarios comerciales y de medidas para determinadas actividades de promoción. Han comparecido y formulado alegaciones las Letradas del Gobierno de Cataluña y del Parlamento de Cataluña. Ha sido Ponente el Magistrado don Fernando Valdés Dal-Ré, quien expresa el parecer del Tribunal. I. Antecedentes 1. Mediante escrito presentado en el registro general de este Tribunal el día 24 de noviembre de 2014, el Abogado del Estado, en representación del Presidente del Gobierno, interpuso recurso de inconstitucionalidad contra los arts. 1.2 b), 2.1, letras i) y j), 3.1, 3.2 y 16.10 de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2014, de 19 de febrero, de horarios comerciales y de medidas para determinadas actividades de promoción. El Abogado del Estado invocó el art. 161.2 CE a fin de que se acordase la suspensión de la norma impugnada en el presente recurso de inconstitucionalidad. El recurso se fundamenta en los motivos que se resumen a continuación. a) En un supuesto de inconstitucionalidad de carácter mediato o indirecto, resulta vulnerada la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de horarios comerciales, cuyo carácter básico ex art. 149.1.13 CE, declarado en su disposición final primera, ha sido confirmado por la STC 26/2012, de 1 de marzo, FJ 6. La Ley catalana 3/2014 contiene una regulación que restringe el alcance liberalizador de los horarios comerciales establecido por la legislación básica, operación que no puede considerarse como propia del desarrollo autonómico, puesto que su aplicación produciría como resultado la invasión y anulación, al menos en una parte, del régimen jurídico de libertad de horarios y de organización comercial fijado por el Estado. El art. 1.2 b) de la Ley catalana 3/2014, al fijar un máximo de 72 horas semanales para la apertura de establecimientos comerciales, contraviene el art. 3.1 de la Ley 1/2004, según el cual el horario global semanal en que los comercios pueden estar abiertos no podrá restringirse por las Comunidades Autónomas a menos de 90 horas semanales. Las excepciones a la limitación de horarios recogidas en el art. 2, letras i) y j) de la Ley catalana 3/2014 restringen el régimen jurídico básico garantizado en el art. 5 de la Ley 1/2004, en la redacción dada por el art. 27 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, que otorga libertad total de fijación de horarios de apertura comercial a los establecimientos de las clases enumeradas en el precepto; se conculca también la libertad horaria que el art. 5 de la Ley 1/2004 atribuye a los establecimientos comerciales en general, cuando la superficie útil para la exposición y venta al público sea inferior a 300 m2, excluidos los pertenecientes a empresas o grupos de distribución que no tengan la consideración de pequeña o mediana empresa según la legislación vigente. El art. 3 de la Ley catalana 3/2014, al fijar legalmente el concepto de municipio turístico, no respeta los criterios mínimos contenidos en el art. 5.4 de la Ley 1/2004, constriñendo con ello las posibilidades de declaración de municipio turístico a efectos de libertad comercial, y afectando también al criterio legal de ordenación recogido en el art. 5.5 de la Ley 1/2004. b) En un nuevo supuesto de inconstitucionalidad de carácter mediato o indirecto, la regulación de los períodos de rebajas recogida en el art. 16.10 de la Ley catalana 3/2014, al limitar la capacidad de autorregulación de los comerciantes, entra en contradicción con el art. 25 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista, en la redacción dada por el art. 28 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, que permite la venta en rebajas en los períodos de mayor interés comercial, sin condicionarla a épocas concretas, y con una duración sin límite, decidida libremente por cada comerciante. La competencia estatal para regular esta cuestión ha quedado confirmada en la citada STC 26/2012, FJ 10. 2. Por providencia de 2 de diciembre de 2014, el Pleno acordó admitir a trámite el recurso y, de conformidad con lo establecido en el art. 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), dar traslado de la demanda al Congreso de los Diputados, al Senado, a la Generalitat de Cataluña y al Parlamento de Cataluña, al objeto de personarse en el proceso y formular alegaciones en el plazo de quince días. Asimismo, se tuvo por invocado por el Presidente del Gobierno el art. 161.2 CE, lo que, a su tenor, produjo la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados. Finalmente, se acordó publicar la incoación del recurso de inconstitucionalidad en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya». 3. El día 10 de diciembre de 2014, el Presidente del Senado comunicó que la Cámara se personaba en el proceso, ofreciendo su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC. Por su parte, el Presidente del Congreso de los Diputados comunicó el día 11 de diciembre de 2014 el acuerdo de la Mesa de la Cámara en el mismo sentido. 4. La Abogada de la Generalitat de Cataluña presentó su escrito de alegaciones el día 30 de dici ### RESUMEN: Sentencia del TC que anula los límites de Cataluña a la libertad de horarios comerciales.

De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 954/1988, de 2 de septiembre («BOE» del 8), y en atención a los méritos y circunstancias que concurren en don Jorge Jordana Butticaz de Pozas, Este Ministerio ha dispuesto conceder el ingreso en la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, con la categoría de Encomienda. Madrid, 5 de mayo de 2016.–El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo y Montojo.

Orden Alfonso X para Jorge Jordana Butticaz de Pozas, con la categoría de Encomienda.

De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 954/1988, de 2 de septiembre («BOE» del 8), y en atención a los méritos y circunstancias que concurren en don Jorge Jordana Butticaz de Pozas, Este Ministerio ha dispuesto conceder el ingreso en la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, con la categoría de Encomienda. Madrid, 5 de mayo de 2016.–El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo y Montojo. ### RESUMEN: Orden Alfonso X para Jorge Jordana Butticaz de Pozas, con la categoría de Encomienda.

El Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, establece una serie de mecanismos conducentes a permitir la reestructuración de la deuda hipotecaria de quienes padecen extraordinarias dificultades para atender su pago. A tal fin, al citado Real Decreto-ley se incorporó un código de buenas prácticas al que podrán adherirse las entidades y cuyo seguimiento será supervisado por una comisión de control, cuya composición ha sido modificada por el artículo 6 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, estando integrada por representantes del Ministerio de Economía y Competitividad, Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores, Consejo General del Poder Judicial, Ministerio de Justicia, Consejo General del Notariado, Instituto Nacional de Estadística, Asociación Hipotecaria Española, Consejo de Consumidores y Usuarios y de las asociaciones no gubernamentales, estos últimos serán determinados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Concretamente, el Real Decreto-ley establece en su artículo 5 que el «Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual», previsto en el anexo, será de adhesión voluntaria por parte de las entidades de crédito o de cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios. El artículo 5 señala, igualmente, que las entidades comunicarán su adhesión a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera. Asimismo, dispone que en los primeros diez días de los meses de enero, abril, julio y octubre, el Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, mediante resolución, ordenará la publicación de la lista de entidades adheridas, en la sede electrónica de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera y en el «Boletín Oficial del Estado». Por otra parte, la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, ha procedido a modificar el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, y prevé en su disposición transitoria octava que las entidades comunicarán su adhesión a las modificaciones introducidas en el Código de Buenas Prácticas por la referida Ley 1/2013, de 14 de mayo, y que las entidades que no se adhieran a las mismas seguirán obligadas en los términos del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, en su versión originaria. Por todo ello, en virtud de lo previsto en el artículo 5.3 del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, resuelvo: Ordenar la publicación en la Sede Electrónica de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera y en el «Boletín Oficial del Estado», de la lista de entidades que han comunicado su adhesión al Código de Buenas Prácticas en la versión prevista por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, desde la entrada en vigor de esta ley, hasta el día de la presente resolución, según anexo I adjunto. Ordenar la publicación en la Sede Electrónica de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera y en el «Boletín Oficial del Estado», de la lista de entidades que han comunicado su adhesión al Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual, desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, hasta el día de la presente resolución, según anexo II adjunto. Madrid, 10 de abril de 2014.–El Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Fernando Jiménez Latorre. ANEXO I Lista de entidades que han comunicado su adhesión al «Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual», en la versión prevista por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, desde su entrada en vigor hasta el día de la presente resolución – Banca March, S. A. – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S. A. – Banco Caixa Geral, S. A. – Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S. A. – Banco Caminos, S. A. – Banco Cooperativo Español, S. A. – Banco de Sabadell, S. A. – Banco Gallego, S. A. – Banco Mare Nostrum, S. A. – Banco Mediolanum, S. A. – Banco Popular-E, S. A. – Banco Popular Español, S. A. – Banco Popular Pastor, Sociedad Anónima. – Banco Santander, S. A. – Bankia, S. A. – Bankinter, S. A. – Bankoa, S. A. – Barclays Bank, S. A. – CaixaBank, S. A. – Caixa Popular-Caixa Rural, S. Coop. de Crédito V. – Caixa Rural D’Algemesi, S. Coop. V. de Crèdit. – Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ontinyent. – Caja Laboral Popular, Coop. de Crédito. – Caja Rural de Albacete, Ciudad Real y Cuenca, Sociedad Cooperativa de Crédito, (Globalcaja). – Caja Rural de Casas Ibánez, S. Coop. de Crédito de Castilla-La Mancha. – Caja Rural de Gijón, Cooperativa de Crédito. – Caja Rural de Granada, Sociedad Cooperativa de Crédito. – Caja Rural de Guissona, Sociedad Cooperativa de Crédito. – Caja Rural de Mota del Cuervo, Soc. Coop. de Crédito de Castilla-La Mancha. – Caja Rural de Navarra, S. Coop. de Crédito. – Caja Rural de Salamanca, Sociedad Cooperativa de Crédito. – Caja Rural de Soria, Sociedad Cooperativa de Crédito. – Caja Rural de Teruel, Sociedad Cooperativa de Crédito. – Caja Rural de Villamalea, S. Coop. de Crédito Agrario de Castilla-La Mancha. – Caja Rural Regional San Agustín Fuente Álamo Murcia, Sociedad Cooperativa de Crédito. – Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito. – Cajasiete, Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito. – Cajasur Banco, S. A. – Catalunya Banc, S. A. – Evo Banco, S. A. – Ibercaja Banco, S. A. – ING Bank NV, Sucursal en España. – Kutxabank, S. A. – NCG Banco, S. A. – Nueva Caja Rural de Aragón, Sociedad Cooperativa de Crédito. – Popular Banca Privada, S. A. – Targobank, S. A. – Triodos Bank, N.V., S.E. – Unicaja Banco, S. A. ANEXO II Lista de entidades que han comunicado su adhesión al «Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual», desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, en su versión originaria – Banco de Castilla-La Mancha, S. A. – Banco Espirito Santo, S. A., Sucursal en España. – Banco Etcheverría, S. A. – Banco Grupo Cajatres, S. A. – Caixa de Credit dels Enginyers-Caja de Crédito de los Ingenieros, S. Coop. de Crédito. – Caixa Rural Albalat dels Sorells, Cooperativa de Crédit Valenciana. – Caixa Rural Altea, Cooperativa de Crèdit Valenciana. – Caixa Rural Benicarló, S. Coop. de Crèdit V. – Caixa Rural de Callosa d´en Sarrià, Cooperativa de Crédito Valenciana. – Caixa Rural de L’Alcudia, Sociedad Cooperativa Valenciana de Crédito. – Caixa Rural de Turís, Cooperativa de Crédito Valenciana. – Caixa Rural Galega, Sociedad Cooperativa de Crédito Limitada Gallega. – Caixa Rural la Vall San Isidro, Sociedad Cooperativa de Crédito Valenciana. – Caixa Rural les Coves de Vinromà, S. Coop. de Crèdit V. – Caixa Rural Sant Josep de Vilavella, S. Coop. de Crèdit V. – Caixa Rural Torrent, Cooperativa de Crèdit Valenciana. – Caixa Rural Vinaròs, S. Coop. de Crèdit V. – Caja de Arquitectos, S. Coop. de Crédito (Arquia). – Caja de Crédito Cooperativo, Sociedad Cooperativa de Crédito (Novanca). – Caja de Crédito de Petrel, Caja Rural, Cooperativa de Crédito Valenciana. – Caja Rural Católico Agraria, S. Coop. de Crédito V. – Caja Rural Central, Sociedad Cooperativa de Crédito. – Caja Rural de Albal, Cooperativa Crédito Valenciana. – Caja Rural de Alginet, Sociedad Cooperativa Crédito Valenciana. – Caja Rural de Almendralejo, Sociedad Cooperativa de Crédito (Cajalmendralejo). – Caja Rural de Asturias, Sociedad Cooperativa de Crédito. – Caja Rural de Baena Ntra. Sra. de Guadalupe, Sociedad Cooperativa de Crédito Andaluza. – Caja Rural de Cañete de las Torres, Ntra. Sra. del Campo, Sociedad Cooperativa Andaluza de Crédito. – Caja Rural de Castilla-La Mancha, Sociedad Cooperativa de Crédito. – Caja Rural de Cheste, Sociedad Cooperativa de Crédito. – Caja Rural de Córdoba, Sociedad Cooperativa de Crédito. – Caja Rural de Extremadura, Sociedad Cooperativa de Crédito. – Caja Rural de Utrera, Sociedad Cooperativa Andaluza de Crédito. – Caja Rural de Villar, Coop. de Crédito V. – Caja Rural de Zamora, Cooperativa de Crédito. – Caja Rural del Sur, S. Coop. de Crédito. – Caja Rural la Junquera de Chilches, S. Coop. de Crédito V. – Caja Rural Ntra. Sra. del Rosario, Sociedad Cooperativa Andaluza de Crédito. – Caja Rural Nuestra Madre del Sol, S. Coop. Andaluza de Crédito. – Caja Rural San Isidro de Vilafames, S. Coop. de Crédito V. – Caja Rural San Jaime de Alquerías Niño Perdido, S. Coop. de Crédito V. – Caja Rural San José de Almassora, S. Coop. de Crédito. V. – Caja Rural San José de Burriana, S. Coop. de Crédito V. – Caja Rural San José de Nules, S. Coop. de Crédito V. – Caja Rural San Roque de Almenara, S. Coop. de Crédito V. – Colonya-Caixa D’estalvis de Pollença. – Liberbank, S. A. – Publicredit, S. L. – UNOE Bank, S. A.

Lista de adhesiones de bancos a los código de buenas prácticas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social

El Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, establece una serie de mecanismos conducentes a permitir la reestructuración de la deuda hipotecaria de quienes padecen extraordinarias dificultades para atender su pago. A tal fin, al citado Real Decreto-ley se incorporó un código de buenas prácticas al que podrán adherirse las entidades y cuyo seguimiento será supervisado por una comisión de control, cuya composición ha sido modificada por el artículo 6 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, estando integrada por representantes del Ministerio de Economía y Competitividad, Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores, Consejo General del Poder Judicial, Ministerio de Justicia, Consejo General del Notariado, Instituto Nacional de Estadística, Asociación Hipotecaria Española, Consejo de Consumidores y Usuarios y de las asociaciones no gubernamentales, estos últimos serán determinados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Concretamente, el Real Decreto-ley establece en su artículo 5 que el «Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual», previsto en el anexo, será de adhesión voluntaria por parte de las entidades de crédito o de cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios. El artículo 5 señala, igualmente, que las entidades comunicarán su adhesión a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera. Asimismo, dispone que en los primeros diez días de los meses de enero, abril, julio y octubre, el Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, mediante resolución, ordenará la publicación de la lista de entidades adheridas, en la sede electrónica de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera y en el «Boletín Oficial del Estado». Por otra parte, la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, ha procedido a modificar el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, y prevé en su disposición transitoria octava que las entidades comunicarán su adhesión a las modificaciones introducidas en el Código de Buenas Prácticas por la referida Ley 1/2013, de 14 de mayo, y que las entidades que no se adhieran a las mismas seguirán obligadas en los términos del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, en su versión originaria. Por todo ello, en virtud de lo previsto en el artículo 5.3 del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, resuelvo: Ordenar la publicación en la Sede Electrónica de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera y en el «Boletín Oficial del Estado», de la lista de entidades que han comunicado su adhesión al Código de Buenas Prácticas en la versión prevista por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, desde la entrada en vigor de esta ley, hasta el día de la presente resolución, según anexo I adjunto. Ordenar la publicación en la Sede Electrónica de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera y en el «Boletín Oficial del Estado», de la lista de entidades que han comunicado su adhesión al Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual, desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, hasta el día de la presente resolución, según anexo II adjunto. Madrid, 10 de abril de 2014.–El Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Fernando Jiménez Latorre. ANEXO I Lista de entidades que han comunicado su adhesión al «Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual», en la versión prevista por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, desde su entrada en vigor hasta el día de la presente resolución – Banca March, S. A. – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S. A. – Banco Caixa Geral, S. A. – Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S. A. – Banco Caminos, S. A. – Banco Cooperativo Español, S. A. – Banco de Sabadell, S. A. – Banco Gallego, S. A. – Banco Mare Nostrum, S. A. – Banco Mediolanum, S. A. – Banco Popular-E, S. A. – Banco Popular Español, S. A. – Banco Popular Pastor, Sociedad Anónima. – Banco Santander, S. A. – Bankia, S. A. – Bankinter, S. A. – Bankoa, S. A. – Barclays Bank, S. A. – CaixaBank, S. A. – Caixa Popular-Caixa Rural, S. Coop. de Crédito V. – Caixa Rural D’Algemesi, S. Coop. V. de Crèdit. – Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ontinyent. – Caja Laboral Popular, Coop. de Crédito. – Caja Rural de Albacete, Ciudad Real y Cuenca, Sociedad Cooperativa de Crédito, (Globalcaja). – Caja Rural de Casas Ibánez, S. Coop. de Crédito de Castilla-La Mancha. – Caja Rural de Gijón, Cooperativa de Crédito. – Caja Rural de Granada, Sociedad Cooperativa de Crédito. – Caja Rural de Guissona, Sociedad Cooperativa de Crédito. – Caja Rural de Mota del Cuervo, Soc. Coop. de Crédito de Castilla-La Mancha. – Caja Rural de Navarra, S. Coop. de Crédito. – Caja Rural de Salamanca, Sociedad Cooperativa de Crédito. – Caja Rural de Soria, Sociedad Cooperativa ### RESUMEN: Lista de adhesiones de bancos a los código de buenas prácticas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Dirección General de Tráfico. b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Tráfico. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Dirección General de Tráfico. 2) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España. 4) Teléfono: 913018218. 6) Correo electrónico: vsantos@dgt.es. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es. 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las 13:00 horas del 9 de marzo de 2015. d) Número de expediente: 0100DGT25619. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Servicio para la realización del plan de campañas de divulgación de la seguridad vial en el año 2015 (hasta el 31/12/2015): estrategia, concepto de comunicación, creatividad y producción de piezas publicitarias. e) Plazo de ejecución/entrega: Entre el 15 de abril de 2015 y el 31 de diciembre de 2015. i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 75120000 (Servicios administrativos de agencias). 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. d) Criterios de adjudicación: Los contemplados en los pliegos. 4. Valor estimado del contrato: 1.200.000,00 euros. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 1.200.000,00 euros. Importe total: 1.452.000,00 euros. 6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5. 7. Requisitos específicos del contratista: a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): T1d [Servicios de publicidad. (A partir de 600.000 euros)]. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 horas del 9 de marzo de 2015. b) Modalidad de presentación: Manual. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Dirección General de Tráfico. 2) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España. e) Admisión de variantes: No. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Apertura sobre oferta económica y apertura sobre oferta técnica. b) Dirección: Josefa Valcárcel, n.º 28 (Dirección General de Tráfico) y Josefa Valcárcel, n.º 28 (Dirección General de Tráfico). c) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España y Madrid, 28071, España. d) Fecha y hora: 25 de marzo de 2015, a las 10:00 y 18 de marzo de 2015, a las 10:00. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 12 de febrero de 2015. Madrid, 12 de febrero de 2015.- Directora general de tráfico.

Licitación del servicio para la realización del plan de campañas de divulgación de la seguridad vial en el año 2015 de la DGT por importe máximo de 1.452.000,00 euros.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Dirección General de Tráfico. b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Tráfico. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Dirección General de Tráfico. 2) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España. 4) Teléfono: 913018218. 6) Correo electrónico: vsantos@dgt.es. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es. 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las 13:00 horas del 9 de marzo de 2015. d) Número de expediente: 0100DGT25619. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Servicio para la realización del plan de campañas de divulgación de la seguridad vial en el año 2015 (hasta el 31/12/2015): estrategia, concepto de comunicación, creatividad y producción de piezas publicitarias. e) Plazo de ejecución/entrega: Entre el 15 de abril de 2015 y el 31 de diciembre de 2015. i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 75120000 (Servicios administrativos de agencias). 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. d) Criterios de adjudicación: Los contemplados en los pliegos. 4. Valor estimado del contrato: 1.200.000,00 euros. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 1.200.000,00 euros. Importe total: 1.452.000,00 euros. 6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5. 7. Requisitos específicos del contratista: a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): T1d [Servicios de publicidad. (A partir de 600.000 euros)]. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 horas del 9 de marzo de 2015. b) Modalidad de presentación: Manual. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Dirección General de Tráfico. 2) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España. e) Admisión de variantes: No. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Apertura sobre oferta económica y apertura sobre oferta técnica. b) Dirección: Josefa Valcárcel, n.º 28 (Dirección General de Tráfico) y Josefa Valcárcel, n.º 28 (Dirección General de Tráfico). c) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España y Madrid, 28071, España. d) Fecha y hora: 25 de marzo de 2015, a las 10:00 y 18 de marzo de 2015, a las 10:00. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 12 de febrero de 2015. Madrid, 12 de febrero de 2015.- Directora general de tráfico. ### RESUMEN: Licitación del servicio para la realización del plan de campañas de divulgación de la seguridad vial en el año 2015 de la DGT por importe máximo de 1.452.000,00 euros.

En uso de las competencias que me confieren los artículos 23 y 29 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, y el artículo 2 del Real Decreto 617/1997, de 25 de abril, vengo a disponer el cese de don Carlos Jaume Fernández, como Subdelegado del Gobierno en Girona, agradeciéndole los servicios prestados. Barcelona, 20 de marzo de 2013.–La Delegada del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Cataluña, María de los Llanos de Luna Tobarra.

El cese, el 20 de marzo, del subdelegado del Gobierno en Girona, Carlos Jaume Fernández.

En uso de las competencias que me confieren los artículos 23 y 29 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, y el artículo 2 del Real Decreto 617/1997, de 25 de abril, vengo a disponer el cese de don Carlos Jaume Fernández, como Subdelegado del Gobierno en Girona, agradeciéndole los servicios prestados. Barcelona, 20 de marzo de 2013.–La Delegada del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Cataluña, María de los Llanos de Luna Tobarra. ### RESUMEN: El cese, el 20 de marzo, del subdelegado del Gobierno en Girona, Carlos Jaume Fernández.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (EMSHI). b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria, Servicio de Contratación. c) Número de expediente: S/CONT/07/SERV/SMIXTA/AJ/2012. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: emshi.gob.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Concurso. b) Descripción: Concurso de iniciativas para seleccionar socio privado, que junto con EMSHI ha de constituir sociedad mixta para abastecimiento de agua en alta. g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE-DOUE. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE n.º 103, 29 de abril de 2008. DOUE n.º 2008/S 83-113109, 29 de abril de 2008. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 7.000.000 euros. Importe total: 7.000.000 euros. 5. Adjudicación: a) Fecha: 6 de noviembre de 2012 (STSJCV 261/2012 de 2 de mayo). b) Contratista: Aguas de Valencia, S.A. (AVSA). c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 7.000.000 euros. Importe total: 7.000.000 euros Valencia, 23 de noviembre de 2012.- Presidente de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos.

La readjudicación del contrato a Aguas de Valencia por importe total de 7.000.000 euros

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (EMSHI). b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria, Servicio de Contratación. c) Número de expediente: S/CONT/07/SERV/SMIXTA/AJ/2012. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: emshi.gob.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Concurso. b) Descripción: Concurso de iniciativas para seleccionar socio privado, que junto con EMSHI ha de constituir sociedad mixta para abastecimiento de agua en alta. g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE-DOUE. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE n.º 103, 29 de abril de 2008. DOUE n.º 2008/S 83-113109, 29 de abril de 2008. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 7.000.000 euros. Importe total: 7.000.000 euros. 5. Adjudicación: a) Fecha: 6 de noviembre de 2012 (STSJCV 261/2012 de 2 de mayo). b) Contratista: Aguas de Valencia, S.A. (AVSA). c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 7.000.000 euros. Importe total: 7.000.000 euros Valencia, 23 de noviembre de 2012.- Presidente de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos. ### RESUMEN: La readjudicación del contrato a Aguas de Valencia por importe total de 7.000.000 euros

Hasta el momento, los antisépticos destinados a ser aplicados en la piel, con la finalidad de limpieza higiénica y desinfección previa a un tratamiento quirúrgico o los utilizados en la zona de inyección han tenido la consideración legal de biocidas, incluyéndose en el tipo 1, biocidas para la higiene humana, del grupo principal 1, desinfectantes y biocidas generales, de la clasificación establecida en el anexo V del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y comercialización de biocidas. No obstante, se considera que los antisépticos destinados a ser aplicados en la piel, con la finalidad de limpieza higiénica y desinfección previa a un tratamiento quirúrgico o los utilizados en la zona de inyección deben tener la consideración de medicamentos y por tanto, estar regulados por el Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, por el que se regula el procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente, y posteriores modificaciones, y por el Real Decreto 824/2010, de 25 de junio, por el que se regulan los laboratorios farmacéuticos, los fabricantes de principios activos de uso farmacéutico y el comercio exterior de medicamentos y medicamentos en investigación, así como por el resto de normativa de medicamentos que pueda resultarles de aplicación. Las infecciones en el sitio quirúrgico y en la zona de inyección, en particular las relacionadas con el uso de catéter vascular, suponen un desafío creciente en los hospitales. Su prevención requiere del empleo de antisépticos que no están exentos de propiedades que pueden resultar perjudiciales para la salud, tales como carcinogenicidad o alteraciones endocrinas. Además, su uso inmediatamente anterior a una alteración de la piel permite que penetren directamente en el organismo, por lo que se considera que deben cumplir los mismos criterios de calidad, seguridad o eficacia que cualquier medicamento o que los desinfectantes que se destinan a aplicarse sobre piel dañada, que ya tienen esta consideración. Esta consideración va en línea con la adoptada por otras autoridades europeas. La Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas ha reconocido que todos los productos para la desinfección de la piel dañada o no dañada antes de un procedimiento médico como, por ejemplo, la desinfección antes de cirugía y la desinfección antes de inyección, deben ser considerados medicamentos tal como se definen en la Directiva 2001/83, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano. De acuerdo con la letra a) del artículo 3 del texto refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, medicamento de uso humano es toda sustancia o combinación de sustancias que se presente como poseedora de propiedades para el tratamiento o prevención de enfermedades en seres humanos o que pueda usarse en seres humanos o administrarse a seres humanos con el fin de restaurar, corregir o modificar las funciones fisiológicas ejerciendo una acción farmacológica, inmunológica o metabólica, o de establecer un diagnóstico médico Igualmente, el apartado 3 del artículo 8 establece que corresponde a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios resolver sobre la atribución de la condición de medicamento. La atribución de la condición de medicamento de uso humano a los antisépticos destinados a ser aplicados en la piel, con la finalidad de limpieza higiénica y desinfección del área previa a un tratamiento quirúrgico o los utilizados en la zona de inyección, requiere importantes adaptaciones. En primer lugar, los fabricantes deben autorizarse como laboratorios farmacéuticos fabricantes o importadores. Además, estos productos se deben autorizar como medicamento por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Por ello, para permitir la transición y evitar el desabastecimiento de estos productos, se establece una disposición transitoria que habilita un plazo en el que se permite su fabricación y comercialización como biocidas. Una vez transcurrido éste, tanto los fabricantes como los productos deberán contar con sus respectivas autorizaciones. En virtud de lo expuesto, y de acuerdo con el artículo 14 del Estatuto de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios aprobado por el Real Decreto 1275/2011, de 16 de septiembre, por el que se crea la Agencia estatal Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y se aprueba su Estatuto, dispongo: Artículo 1. Objeto. Esta resolución tiene por objeto atribuir la condición de medicamento de uso humano a los antisépticos destinados a ser aplicados en la piel, con la finalidad de limpieza higiénica y desinfección del área previa a un tratamiento quirúrgico o los utilizados en la zona de inyección al campo quirúrgico preoperatorio y a la desinfección del punto de inyección. Artículo 2. Antisépticos destinados al campo quirúrgico preoperatorio y a la desinfección del punto de inyección. Se atribuye la condición de medicamento de uso humano a los antisépticos destinados a ser aplicados en la piel, con la finalidad de limpieza higiénica y desinfección del área previa a un tratamiento quirúrgico o los utilizados en la zona de inyección. Los antisépticos utilizados para el lavado o frotado quirúrgico de manos, que se utilizan en áreas y situaciones en las que la desinfección está indicada, seguirán teniendo la consideración de productos biocidas. Disposición transitoria única. Fabricación y comercialización de biocidas hasta el 1 de junio de 2022. No obstante la entrada en vigor de esta resolución, se podrán seguir fabricando y comercializando como biocidas los antisépticos destinados a ser aplicados en la piel, con la finalidad de limpieza higiénica y desinfección del área previa a un tratamiento quirúrgico o los utilizados en la zona de inyección hasta el 1 de junio de 2022. Disposición final única. Entrada en vigor. La presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 2 de junio de 2021.–La Directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, María Jesús Lamas Díaz.

Los antisépticos que se usan antes de una cirugía o inyección pasan a ser considerados medicamentos. Tendrán que pasar más controles y los fabricantes tienen que estar acreditados.

Hasta el momento, los antisépticos destinados a ser aplicados en la piel, con la finalidad de limpieza higiénica y desinfección previa a un tratamiento quirúrgico o los utilizados en la zona de inyección han tenido la consideración legal de biocidas, incluyéndose en el tipo 1, biocidas para la higiene humana, del grupo principal 1, desinfectantes y biocidas generales, de la clasificación establecida en el anexo V del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y comercialización de biocidas. No obstante, se considera que los antisépticos destinados a ser aplicados en la piel, con la finalidad de limpieza higiénica y desinfección previa a un tratamiento quirúrgico o los utilizados en la zona de inyección deben tener la consideración de medicamentos y por tanto, estar regulados por el Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, por el que se regula el procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente, y posteriores modificaciones, y por el Real Decreto 824/2010, de 25 de junio, por el que se regulan los laboratorios farmacéuticos, los fabricantes de principios activos de uso farmacéutico y el comercio exterior de medicamentos y medicamentos en investigación, así como por el resto de normativa de medicamentos que pueda resultarles de aplicación. Las infecciones en el sitio quirúrgico y en la zona de inyección, en particular las relacionadas con el uso de catéter vascular, suponen un desafío creciente en los hospitales. Su prevención requiere del empleo de antisépticos que no están exentos de propiedades que pueden resultar perjudiciales para la salud, tales como carcinogenicidad o alteraciones endocrinas. Además, su uso inmediatamente anterior a una alteración de la piel permite que penetren directamente en el organismo, por lo que se considera que deben cumplir los mismos criterios de calidad, seguridad o eficacia que cualquier medicamento o que los desinfectantes que se destinan a aplicarse sobre piel dañada, que ya tienen esta consideración. Esta consideración va en línea con la adoptada por otras autoridades europeas. La Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas ha reconocido que todos los productos para la desinfección de la piel dañada o no dañada antes de un procedimiento médico como, por ejemplo, la desinfección antes de cirugía y la desinfección antes de inyección, deben ser considerados medicamentos tal como se definen en la Directiva 2001/83, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano. De acuerdo con la letra a) del artículo 3 del texto refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, medicamento de uso humano es toda sustancia o combinación de sustancias que se presente como poseedora de propiedades para el tratamiento o prevención de enfermedades en seres humanos o que pueda usarse en seres humanos o administrarse a seres humanos con el fin de restaurar, corregir o modificar las funciones fisiológicas ejerciendo una acción farmacológica, inmunológica o metabólica, o de establecer un diagnóstico médico Igualmente, el apartado 3 del artículo 8 establece que corresponde a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios resolver sobre la atribución de la condición de medicamento. La atribución de la condición de medicamento de uso humano a los antisépticos destinados a ser aplicados en la piel, con la finalidad de limpieza higiénica y desinfección del área previa a un tratamiento quirúrgico o los utilizados en la zona de inyección, requiere importantes adaptaciones. En primer lugar, los fabricantes deben autorizarse como laboratorios farmacéuticos fabricantes o importadores. Además, estos productos se deben autorizar como medicamento por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Por ello, para permitir la transición y evitar el desabastecimiento de estos productos, se establece una disposición transitoria que habilita un plazo en el que se permite su fabricación y comercialización como biocidas. Una vez transcurrido éste, tanto los fabricantes como los productos deberán contar con sus respectivas autorizaciones. En virtud de lo expuesto, y de acuerdo con el artículo 14 del Estatuto de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios aprobado por el Real Decreto 1275/2011, de 16 de septiembre, por el que se crea la Agencia estatal Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y se aprueba su Estatuto, dispongo: Artículo 1. Objeto. Esta resolución tiene por objeto atribuir la condición de medicamento de uso humano a los antisépticos destinados a ser aplicados en la piel, con la finalidad de limpieza higiénica y desinfección del área previa a un tratamiento quirúrgico o los utilizados en la zona de inyección al campo quirúrgico preoperatorio y a la desinfección del punto de inyección. Artículo 2. Antisépticos destinados al campo quirúrgico preoperatorio y a la desinfección del punto de inyección. Se atribuye la condición de medicamento de uso humano a los antisépticos destinados a ser aplicados en la piel, con la finalidad de limpieza higiénica y desinfección del área previa a un tratamiento quirúrgico o los utilizados en la zona de inyección. Los antisépticos utilizados para el lavado o frotado quirúrgico de manos, que se utilizan en áreas y situaciones en las que la desinfección está indicada, seguirán teniendo la consideración de productos biocidas. Disposición transitoria única. Fabricación y comercialización de biocidas hasta el 1 de junio de 2022. No obstante la entrada en vigor de esta resolución, se podrán seguir fabricando y comercializando como biocidas los antisépticos destinados a ser aplicados en la piel, con la finalidad de limpieza higiénica ### RESUMEN: Los antisépticos que se usan antes de una cirugía o inyección pasan a ser considerados medicamentos. Tendrán que pasar más controles y los fabricantes tienen que estar acreditados.

El apartado 2 del artículo 7 de la Ley 46/2003, de 25 de noviembre, reguladora del Museo Nacional del Prado, dispone que el Real Patronato del Museo Nacional del Prado, estará integrado por un mínimo de veinte vocales y un máximo de cuarenta, de los cuales tendrán el carácter de natos los que determine el Estatuto. El artículo 5.2 del Real Decreto 433/2004, de 12 de marzo, por el que aprueba el Estatuto del Museo Nacional del Prado, desarrolla las previsiones de la ley y regula más detalladamente la composición del Real Patronato y el nombramiento de sus vocales. De acuerdo con este artículo corresponde al Ministro de Educación, Cultura y Deporte nombrar libremente hasta un máximo de diez vocales a propuesta del Real Patronato, entre personas físicas o representantes de las instituciones públicas o privadas, que realicen contribuciones de cualquier naturaleza al Museo o al cumplimiento de sus fines. Asimismo, se prevé que los vocales designados desempeñarán sus funciones por un período de cinco años, pudiendo ser renovado su mandato hasta dos veces más por períodos de igual duración, Teniendo en cuenta lo anterior, a propuesta del Real Patronato del Museo del Prado, este Ministerio ha dispuesto renovar el nombramiento, por un período de cinco años, de los siguientes vocales: Don César Alierta Izuel. Don José Manuel Entrecanales Domecq. Don Isidro Fainé Casas. Don Francisco González Rodríguez. Don José Ignacio Sánchez Galán. Madrid, 24 de enero de 2017.–El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo y Montojo.

Patronato del Prado. Repiten como vocales: César Alierta Izuel, José Manuel Entrecanales Domecq, Isidro Fainé Casas, Isidro Fainé CasasFrancisco González Rodríguez y José Ignacio Sánchez Galán.

El apartado 2 del artículo 7 de la Ley 46/2003, de 25 de noviembre, reguladora del Museo Nacional del Prado, dispone que el Real Patronato del Museo Nacional del Prado, estará integrado por un mínimo de veinte vocales y un máximo de cuarenta, de los cuales tendrán el carácter de natos los que determine el Estatuto. El artículo 5.2 del Real Decreto 433/2004, de 12 de marzo, por el que aprueba el Estatuto del Museo Nacional del Prado, desarrolla las previsiones de la ley y regula más detalladamente la composición del Real Patronato y el nombramiento de sus vocales. De acuerdo con este artículo corresponde al Ministro de Educación, Cultura y Deporte nombrar libremente hasta un máximo de diez vocales a propuesta del Real Patronato, entre personas físicas o representantes de las instituciones públicas o privadas, que realicen contribuciones de cualquier naturaleza al Museo o al cumplimiento de sus fines. Asimismo, se prevé que los vocales designados desempeñarán sus funciones por un período de cinco años, pudiendo ser renovado su mandato hasta dos veces más por períodos de igual duración, Teniendo en cuenta lo anterior, a propuesta del Real Patronato del Museo del Prado, este Ministerio ha dispuesto renovar el nombramiento, por un período de cinco años, de los siguientes vocales: Don César Alierta Izuel. Don José Manuel Entrecanales Domecq. Don Isidro Fainé Casas. Don Francisco González Rodríguez. Don José Ignacio Sánchez Galán. Madrid, 24 de enero de 2017.–El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo y Montojo. ### RESUMEN: Patronato del Prado. Repiten como vocales: César Alierta Izuel, José Manuel Entrecanales Domecq, Isidro Fainé Casas, Isidro Fainé CasasFrancisco González Rodríguez y José Ignacio Sánchez Galán.

El presente real decreto tiene por objeto el desarrollo de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, aprobada por unanimidad por ambas Cámaras legislativas como expresión del reconocimiento y compromiso permanente de la sociedad española hacia todas las víctimas del terrorismo. En cumplimiento de la habilitación para el desarrollo reglamentario contenida en la disposición final primera de la citada disposición legal, el reglamento incorpora las principales novedades legales y se inspira, al igual que aquélla, en una concepción integral de la atención al colectivo de víctimas del terrorismo, así como en los principios de protección de las víctimas de delitos reconocidos por el Derecho de la Unión Europea. Se recogen en él las reparaciones, indemnizaciones, ayudas y condecoraciones que se encontraban hasta ahora reguladas de forma separada en los Reales Decretos 288/2003, de 7 de marzo y 1912/1999, de 17 de diciembre, que ordenaban, respectivamente el régimen de resarcimientos por daños derivados del atentado terrorista y el abono por parte del Estado, con carácter extraordinario, de la responsabilidad civil derivada de los delitos de terrorismo. Incluye igualmente las distinciones honoríficas anteriormente contempladas en el Real Decreto 1974/1999, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo. Con la aprobación de este Reglamento se posibilita la plena aplicación del marco de atención integral a las víctimas del terrorismo que estableció la Ley 29/2011 antes citada, permitiendo asimismo avanzar hacia una mejor complementariedad y coordinación de los sistemas de protección de las diversas Administraciones públicas para con las víctimas del terrorismo, objetivo incluido entre las medidas que forman parte del informe para la Comisión de la reforma de las Administraciones Públicas, aprobado por acuerdo de consejo de ministros de fecha 21 de junio de 2013. La nueva regulación, al igual que la Ley de la que trae causa, persigue asegurar un trato equitativo de las víctimas del terrorismo con independencia del momento y lugar de comisión de los atentados. Dispone, de esta forma, un régimen transitorio destinado a regular los supuestos de aplicación retroactiva de los resarcimientos, indemnizaciones y ayudas desde el 1 de enero de 1960. El ámbito territorial comprende los atentados cometidos en territorio español y en el extranjero, en este último caso tanto si la víctima es española y los daños han sido causados por actos cometidos por grupos que operen habitualmente en España o dirigidos a atentar contra el Estado español o los intereses españoles, como si la víctima es española pero los actos cometidos no reúnen las características mencionadas. Por lo que se refiere a la estructura del reglamento, éste se ordena en siete títulos y un anexo. En el título preliminar se dispone el ámbito de aplicación temporal y territorial, los requisitos para la acreditación de la condición de destinatario, la delimitación del contenido de las indemnizaciones, resarcimientos, ayudas y condecoraciones, y el régimen jurídico de las ayudas. El título primero determina, en sus tres primeros capítulos, los titulares y las cuantías de los resarcimientos que corresponden en los supuestos de fallecimiento, lesiones personales producidas como consecuencia del acto terrorista y secuestro. El cuarto capítulo regula el abono por parte del Estado, con carácter extraordinario, de la responsabilidad civil fijada en sentencia. El quinto capítulo dispone el régimen aplicable a las ayudas extraordinarias por atentados terroristas cometidos en el extranjero que no estén incluidas en el régimen general. El título segundo contempla la regulación de los daños materiales. Se consideran resarcibles, hasta el límite máximo fijado en el reglamento, los daños ocasionados en viviendas, en establecimientos mercantiles o industriales, en la sede de partidos políticos, sindicatos y otras organizaciones sociales, así como los producidos en vehículos. El título tercero contempla, en su capítulo primero, la prestación de la asistencia psicológica y psiquiátrica inmediata y sanitaria de urgencia que sea requerida en el supuesto de que eventualmente se produjera un atentado terrorista. Por su parte, los capítulos segundo, tercero y cuarto prevén las ayudas para la asistencia sanitaria y psicosocial complementaria, el tratamiento psicológico, el apoyo psicopedagógico para las víctimas y sus familiares, así como el régimen aplicable a las ayudas educativas y en materia de vivienda pública. Se contempla, asimismo, la posibilidad de otorgar ayudas extraordinarias en los supuestos de necesidad personal o familiar insuficientemente cubiertas y de conceder anticipos a cuenta de las mismas, reguladas en el capítulo quinto. Finalmente, el capítulo sexto recoge una serie de derechos reconocidos en el ámbito laboral a los afectados por la actividad terrorista. El título cuarto contempla las disposiciones aplicables a la tramitación de los procedimientos para el reconocimiento de los resarcimientos, indemnizaciones, ayudas y condecoraciones previstas al amparo del reglamento, en el capítulo primero. Asimismo, se establecen en el capítulo segundo las normas destinadas a facilitar a las víctimas del terrorismo en situaciones transfronterizas el reconocimiento de las indemnizaciones a que tuvieran derecho con arreglo a las legislaciones de los Estados miembros de la Unión Europea, recogiéndose así las obligaciones derivadas de la Directiva 2004/80/CE, del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre indemnización a las víctimas de los delitos. El título quinto incorpora la regulación de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo, que puede concederse, de oficio o a solicitud de los interesados, en los grados de Gran Cruz y Encomienda. Con ella se configura la acción honorífica específica del Estado con el fin de honrar a las víctimas del terrorismo. Finalmente, el título sexto prevé las disposiciones relativas a la tutela institucional a las víctimas del terrorismo y el anexo contiene los modelos de solicitudes de resarcimientos, indemnizaciones, ayudas y condecoraciones regulados en el presente reglamento. En su virtud, a propuesta de los Ministros del Interior, de Justicia, de Hacienda y Administraciones Públicas, y de Empleo y Seguridad Social, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 6 de septiembre de 2013, DISPONGO: Artículo único. Aprobación del Reglamento. Se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, cuyo texto se incluye a continuación. Disposición transitoria primera. Régimen transitorio. Los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor del presente reglamento continuarán su tramitación de conformidad con las normas que les fueran de aplicación en el momento de presentación de la solicitud. Disposición transitoria segunda. Aplicación retroactiva a quienes ya hubieran obtenido resarcimientos, indemnizaciones y ayudas. 1. Quienes, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, hubieran percibido como resultado total de los resarcimientos por daños personales, así como del abono, en su caso, de la indemnización por responsabilidad civil fijada en sentencia firme, una cuantía inferior a la señalada en el anexo I de la citada Ley, podrán solicitar el abono de las diferencias que pudieran corresponderles en el plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor de este reglamento. 2. En el plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor de este reglamento podrán solicitarse resarcimientos por daños materiales derivados de acciones terroristas que hubieran tenido lugar desde el 1 de enero de 1960, cuando los mismos no hubieran podido ser resarcidos en su día por no estar previsto en el ordenamiento jurídico. En las mismas condiciones, salvo la limitación de plazo, podrán solicitarse ayudas educativas, por tratamientos médicos, asistencia psicopedagógica y extraordinarias. 3. Para los hechos cometidos antes de la entrada en vigor de este reglamento, el plazo de 5 años previsto en el artículo 49.4 para la concesión de condecoraciones empezará a contar desde el día siguiente al de la publicación de este reglamento. Disposición derogatoria única. Disposiciones que se derogan. Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que se opongan a lo dispuesto en este Real Decreto y, en particular, el Real Decreto 1912/1999, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con las víctimas del terrorismo, el Real Decreto 1974/1999, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las víctimas del Terrorismo, y el Real Decreto 288/2003, de 7 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de ayudas y resarcimientos a las víctimas de delitos de terrorismo. Disposición final primera. Título competencial. Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.1.ª de la Constitución Española. Disposición final segunda. Incorporación de Derecho de la Unión Europea. Mediante este reglamento se incorpora al Derecho español la Directiva 2004/80/CE, del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre indemnización a las víctimas de delitos. Disposición final tercera. Entrada en vigor. El presente reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dado en Madrid, el 6 de septiembre de 2013. JUAN CARLOS R. La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN [encabezado]REGLAMENTO DE LA LEY 29/2011, DE 22 DE SEPTIEMBRE, DE RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO TÍTULO PRELIMINAR Disposiciones generales Artículo 1. Objeto. El presente reglamento tiene por objeto el desarrollo de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo. Artículo 2. Ámbito de aplicación. 1. El régimen de ayudas, resarcimientos, indemnizaciones y condecoraciones reconocidas por el presente reglamento será de aplicación a las víctimas de actos de terrorismo cometidos en territorio español o bajo jurisdicción española y a los amenazados por organizaciones y elementos terroristas conforme a lo establecido, respectivamente, en los artículos 3 y 5 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre. 2. Se aplicará igualmente el citado régimen a los hechos cometidos fuera del territorio español, siempre que las víctimas sean de nacionalidad española y concurra, además, alguna de las siguientes circunstancias: a) Que los daños hayan sido causados por actos cometidos por grupos que operen habitualmente en España. b) Que las acciones terroristas estuvieran dirigidas a atentar contra el Estado español o los intereses españoles. 3. Se aplicará igualmente el citado régimen a los españoles víctimas de acciones terroristas cometidas fuera del territorio nacional no comprendidos en el apartado anterior, en las condiciones previstas en el presente Reglamento. 4. Asimismo, será de aplicación el régimen de ayudas, resarcimientos, indemnizaciones y condecoraciones reconocidas en el presente reglamento a los participantes en operaciones de paz y seguridad que formen parte de los contingentes de España en el exterior y sean objeto de un atentado terrorista. A estos efectos, se aplicará a: a) Los miembros de las Fuerzas Armadas españolas que participen en dichas operaciones, con inclusión de aquellos que, dependientes del Ministerio de Defensa, formen parte de la tripulación de los medios de transporte en los que se realicen los desplazamientos. b) Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que participen en dichas operaciones. c) El personal al servicio de las Administraciones Públicas, incluyendo el contratado en España a título individual por el Estado, que se desplace al territorio en que se realice la operación para participar en ella o que se encuentre destinado en dicho territorio. 5. El régimen de ayudas, resarcimientos, indemnizaciones y condecoraciones reconocidas por el presente reglamento será de aplicación a los hechos que se hubieren cometido desde el 1 de enero de 1960. Artículo 3. Destinatarios. 1. Serán destinatarios de las ayudas, resarcimientos, indemnizaciones y condecoraciones los afectados por las acciones comprendidas en el ámbito de aplicación de este reglamento. 2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, la acreditación de la condición de afectado tendrá lugar: a) Por sentencia firme que reconozca el derecho a ser indemnizado en concepto de responsabilidad civil por los hechos y daños contemplados en el ámbito de aplicación de la Ley. b) Cuando, sin mediar tal sentencia, se hubiesen llevado a cabo las oportunas diligencias judiciales o la incoación de los procesos penales para el enjuiciamiento de los delitos, en cuyo caso la condición de víctima o derechohabiente, la entidad de los daños sufridos, la naturaleza de los actos o hechos causantes y los demás requisitos legalmente exigidos podrán acreditarse ante la Administración General del Estado por cualquier medio de prueba admisible en derecho. En los supuestos contemplados en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 2 de este reglamento, se solicitará informe a los titulares de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de Defensa y del Interior, en el ámbito de sus respectivas competencias, a los efectos de acreditar los extremos anteriores. 3. La concesión de las ayudas y prestaciones reconocidas en este reglamento se someterán a los principios que, para ser indemnizadas, se establecen en el Convenio Europeo sobre indemnización a las víctimas de delitos violentos. 4. Las resoluciones administrativas firmes dictadas por órganos de la Administración General del Estado de las que se derive el reconocimiento a los interesados de la condición de víctimas del terrorismo tendrán eficacia para la tramitación y resolución de los correspondientes expedientes administrativos que se instruyan al amparo de este reglamento, de conformidad con las previsiones que les sean de aplicación. Artículo 4. Delimitación de las ayudas, resarcimientos, indemnizaciones y condecoraciones. 1. En el supuesto de fallecimiento de la víctima como consecuencia de las acciones comprendidas en el ámbito de aplicación de este reglamento, se reconocerá, en los términos en él contemplados: a) El pago por el Estado de los gastos de traslado, sepelio e inhumación y, en su caso, incineración, efectivamente soportados por los familiares de la víctima, en los términos del artículo 8. b) El abono por el Estado del resarcimiento por fallecimiento en la cuantía reconocida en el artículo 7. c) En su caso, el abono extraordinario a cargo del Estado de la cantidad impuesta en sentencia firme en concepto de responsabilidad civil por los daños físicos o psíquicos derivados de los hechos comprendidos en el ámbito de aplicación de este reglamento, en los términos establecidos por el capítulo IV del título I. d) El abono de los daños materiales de conformidad con lo establecido en el título II. e) Las ayudas para tratamientos médicos, asistencia sanitaria y psicosocial complementaria reconocida en el capítulo II del título III. f) Las ayudas educativas de conformidad con lo establecido en el capítulo III del título III. g) Las ayudas en materia de vivienda contempladas en el capítulo IV del título III. h) Las ayudas extraordinarias para situaciones de necesidad, conforme a lo dispuesto en el capítulo V del título III. i) Las condecoraciones otorgadas por el Estado, de conformidad con lo establecido en el título V de este Reglamento. 2. Las personas que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de las acciones comprendidas en el ámbito de aplicación de este reglamento tendrán derecho al abono por el Estado de los resarcimientos por daños personales en las cuantías establecidas por el artículo 10, así como a las indemnizaciones, ayudas y condecoraciones reconocidas en las letras c) a i) del apartado anterior. 3. Las personas que hayan sido objeto de secuestro, como consecuencia de acciones comprendidas en el ámbito de aplicación de este reglamento, tendrán derecho al abono del resarcimiento en las cuantías establecidas por el artículo 14 de este reglamento, así como a las indemnizaciones, ayudas y condecoraciones reconocidas en las letras c) a i) del apartado uno. 4. Las personas que hayan sufrido daños materiales derivados de las acciones comprendidas en el ámbito de aplicación de este reglamento y no estén incluidas en alguno de los supuestos anteriores, tendrán derecho a ser resarcidas por el Estado en los términos establecidos en el título II del presente Reglamento. 5. Los españoles que no formen parte de contingentes de España en el exterior y sean víctimas de atentados terroristas en el extranjero perpetrados por grupos que no operen habitualmente en España y que no estén dirigidos contra el Estado español ni contra intereses españoles tendrán derecho al abono por el Estado de los resarcimientos por daños personales en las cuantías establecidas por el artículo 21. Artículo 5. Régimen especial de ayudas a las personas amenazadas. Las personas amenazadas a las que se refiere el artículo 5 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, sólo tendrán derecho a la prestación por el Estado de las ayudas extraordinarias del apartado 4 del artículo 42 de este reglamento. TÍTULO I Daños personales CAPÍTULO I Fallecimiento Artículo 6. Titulares. 1. Serán titulares del derecho de resarcimiento por fallecimiento, con referencia a la fecha en que éste se hubiera producido: a) El cónyuge de la persona fallecida, si no estuvieran legalmente separados, o la persona que hubiere venido conviviendo con ella de forma permanente con análoga relación de afectividad al menos los dos años inmediatamente anteriores al momento del fallecimiento, salvo que hubieran tenido descendencia en común, en cuyo caso bastará la mera convivencia; y los hijos de la persona fallecida. b) En el caso de inexistencia de los anteriores, serán destinatarios, por orden sucesivo y excluyente, los padres, los nietos, los hermanos y los abuelos de la persona fallecida. c) En defecto de los anteriores, los hijos de la persona conviviente y los menores en acogimiento familiar permanente o preadoptivo de la persona fallecida, cuando dependieren económicamente de ella. 2. De concurrir dentro de un mismo párrafo del apartado anterior varios beneficiarios, la distribución de la cuantía correspondiente al resarcimiento se efectuará de la siguiente manera: a) En el supuesto contemplado por la letra a), la cantidad se repartirá por mitades, correspondiendo una al cónyuge no separado legalmente o conviviente y otra a los hijos, distribuyéndose esta última entre ellos por partes iguales. b) En el supuesto contemplado en la letra b), la cuantía se repartirá por partes iguales entre las personas con el mismo parentesco. c) En el supuesto contemplado en la letra c), la cuantía se repartirá por partes iguales entre los beneficiarios concurrentes. 3. A los efectos de este artículo, se entenderá que una persona depende económicamente del fallecido cuando, en el momento del fallecimiento, viviera total o parcialmente a expensas de éste y no percibiera en cómputo anual rentas o ingresos de cualquier naturaleza superiores al 150 por ciento del indicador público de renta que correspondiera en aquel momento, también en cómputo anual. Artículo 7. Cuantías. La cuantía de indemnización en caso de fallecimiento por acto terrorista será de 250.000 €, cantidad que será incrementada en una cantidad fija de 20 mensualidades del indicador público de renta que corresponda a la fecha del acto terrorista, en razón de cada uno de los hijos o menores acogidos que dependiesen económicamente de la víctima en el momento del fallecimiento. Artículo 8. Gastos de sepelio e inhumación. 1. La Administración General del Estado abonará los gastos de traslado, sepelio e inhumación y/o incineración de las personas que fallecidas como consecuencia de un atentado terrorista que no se hallen cubiertos por una póliza de seguro, hasta el límite de 6.000 euros. 2. Los gastos serán satisfechos previa presentación de las facturas correspondientes. Será necesario acompañarlas de la póliza de seguro que cubra estos gastos o de la declaración responsable de ausencia de tal seguro. CAPÍTULO II Daños físicos o psíquicos Artículo 9. Titulares. Serán titulares del derecho al resarcimiento por daños personales, que comprenderán los daños físicos y psíquicos, quienes los hubieran padecido. Artículo 10. Cuantías. 1. Las cuantías de los resarcimientos por daños personales serán las siguientes: a) Gran invalidez: 500.000 euros. b) Incapacidad permanente absoluta: 180.000 euros. c) Incapacidad permanente total: 100.000 euros. d) Incapacidad permanente parcial: 75.000 euros. e) Lesiones permanentes no invalidantes: se determinarán de acuerdo con el sistema de valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación establecido en el anexo del Texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, actualizadas sus cuantías por la resolución de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía y Competitividad, vigente en el momento de presentación de la solicitud, y con arreglo al baremo resultante de la aplicación de la legislación de Seguridad Social sobre cuantías de las indemnizaciones de las lesiones, mutilaciones y deformaciones definitivas y no invalidantes, causadas por accidente de trabajo o enfermedad profesional. El importe total no podrá exceder, en ningún caso, de la cuantía señalada para la incapacidad permanente parcial. f) Incapacidad temporal: duplo del indicador público de renta diario que corresponda al período en que se encuentre en situación de incapacidad temporal, hasta el límite de 18 mensualidades. A estos efectos, se entenderá que la víctima se encuentra en situación de incapacidad temporal mientras reciba asistencia sanitaria y esté impedida para el ejercicio de sus actividades profesionales o habituales. 2. Las víctimas afectadas por un grado de incapacidad permanente tendrán derecho a que la ayuda sea incrementada en una cantidad fija de 20 mensualidades del indicador público de renta que corresponda, en razón de cada uno de los hijos o menores acogidos que dependiesen económicamente de la víctima en el momento del acto terrorista que causó la lesión. Artículo 11. Calificación de las lesiones. 1. Para la calificación de las lesiones a efectos de indemnización será preceptivo el dictamen emitido por el equipo de valoración de incapacidades que determine el Instituto Nacional de Seguridad Social, en el que en todo caso se integrará una persona designada por el Ministerio del Interior, al efecto de la valoración del nexo causal de éstas con los actos terroristas. El equipo de valoración de incapacidades sólo requerirá el reconocimiento personal de la víctima y la práctica de pruebas complementarias en los casos en que sea indispensable. No será necesario someterse a nuevos reconocimientos médicos en el supuesto de que los órganos competentes de la Administración General del Estado hayan elaborado ya un informe de calificación de lesiones, en cuyo caso la citada calificación tendrá carácter vinculante para el órgano instructor del procedimiento. El coste de los informes, pruebas o exploraciones complementarias será financiado con cargo a los créditos de la sección correspondiente del presupuesto de gastos del Estado, efectuando el Ministerio del Interior el ingreso de las cantidades correspondientes a la Tesorería General de la Seguridad Social. 2. El informe médico de síntesis consolidado se practicará por un facultativo perteneciente a los servicios médicos de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en la que el interesado tenga su residencia o, en su defecto, por órgano equivalente del servicio de salud pública de la Comunidad Autónoma. 3. Para las víctimas no residentes en el territorio nacional, el dictamen se emitirá a la vista de los informes periciales evacuados con motivo de las actuaciones penales seguidas y de los informes y pruebas complementarias que sea preciso recabar de la legación consular más próxima al lugar de residencia de la víctima. 4. La calificación de las lesiones invalidantes de los miembros de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil o Cuerpo Nacional de Policía se efectuará por sus respectivos órganos médico-periciales o tribunales. A estos efectos, se incorporará, en todo caso, una persona designada por el Ministerio del Interior para informar sobre la valoración del nexo causal. 5. La calificación de las lesiones permanentes no invalidantes podrá efectuarse, en su caso, por la asesoría médica adscrita a la unidad administrativa instructora de las ayudas e indemnizaciones, la cual podrá solicitar informes médicos complementarios a los diferentes servicios sanitarios públicos. Artículo 12. Pagos a cuenta. 1. El sistema de pagos a cuenta se aplicará en los supuestos de incapacidad temporal y de lesiones invalidantes derivadas de acciones comprendidas en el ámbito de aplicación de este reglamento. 2. El Ministerio del Interior podrá anticipar hasta 18.030,36 €, a cuenta de la percepción de la ayuda definitiva en los casos en que, por la gravedad de las lesiones sufridas, sea razonable presumir una posterior declaración de incapacidad permanente total, absoluta o una gran invalidez de la víctima. En tales casos, a instancia de parte o de oficio por el Ministerio del Interior cuando el afectado se viera imposibilitado para ello, el órgano instructor en materia de atención a víctimas del terrorismo tramitará un expediente con carácter de urgencia en el que, una vez comprobado el nexo causal entre las lesiones y los hechos incluidos en el ámbito de aplicación de este reglamento, examinará los informes médicos aportados, a efectos de valorar la presumible incapacidad futura de la víctima, y propondrá a la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo la resolución correspondiente sobre la cantidad que deba ser anticipada. Cuando el afectado no estuviera de acuerdo con la cuantía fijada en dicha resolución, podrá solicitar su reexamen en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de notificación de aquélla. 3. En los demás supuestos de lesiones invalidantes o de incapacidad temporal, las cantidades a cuenta serán equivalentes a las que resulte de multiplicar el duplo del indicador público de renta vigente en la fecha en la que se produjo la lesión, por los días de incapacidad, teniendo su abono una periodicidad trimestral. La instrucción y resolución del procedimiento para su concesión corresponderá a los órganos señalados en el apartado anterior. Para dictar la resolución de concesión, bastará que en el expediente haya quedado acreditada la condición de beneficiario y la situación de baja médica o incapacidad temporal del beneficiario El primer pago a cuenta estará supeditado, sin embargo, a la presentación del documento que pruebe la permanencia de la situación de baja o incapacidad laboral de la víctima durante todo el período trimestral transcurrido. Los sucesivos abonos, también de periodicidad trimestral, se producirán a medida que se acredite la prolongación de la baja, hasta un plazo máximo de 18 meses. 4. Una vez concedida el alta médica y, en todo caso, transcurrido el plazo de 18 meses previsto en el anterior apartado, se tramitará expediente para el pago total del resarcimiento que corresponda, del que se descontarán las cantidades previamente abonadas. CAPÍTULO III Secuestro Artículo 13. Titulares. La persona que haya sido objeto de secuestro, como consecuencia de las acciones comprendidas en el ámbito de aplicación de este reglamento, exigiéndose alguna condición para su libertad, tendrá derecho a las prestaciones reconocidas en el artículo siguiente. Artículo 14. Cuantía. Procederá el abono de 12.000 euros por el acto del secuestro y el triple del indicador público de renta diario por cada día de duración del mismo, hasta el límite de la indemnización fijada por incapacidad permanente parcial. Podrá ser resarcido, en su caso, por los daños personales que el acto del secuestro le haya causado. CAPÍTULO IV Abono de la responsabilidad civil fijada en sentencia Artículo 15. Titulares. Las víctimas de acciones comprendidas en el ámbito de aplicación de este reglamento tendrán derecho a ser resarcidas por el Estado, que asumirá con carácter extraordinario el abono de las correspondientes indemnizaciones en concepto de responsabilidad civil por muerte o por daños físicos o psíquicos. Artículo 16. Cuantía. 1. Las obligaciones asumidas por el Estado, conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, se extenderán al pago de las indemnizaciones que traigan causa de las siguientes contingencias: a) Fallecimiento. b) Gran invalidez. c) Incapacidad permanente absoluta. d) Incapacidad permanente total. e) Incapacidad permanente parcial. f) Lesiones permanentes no invalidantes. g) Secuestro. 2. La cuantía de las indemnizaciones se determinará de la siguiente manera: a) Cuando exista sentencia firme que reconozca una indemnización por responsabilidad civil, bien sea por fallecimiento, bien por daños físicos o psíquicos causante de alguna de las contingencias especificadas en el párrafo anterior, se abonará la cantidad fijada en la misma, con el límite establecido en el apartado tercero. b) Cuando la sentencia firme no reconociera ni permitiera reconocer una cantidad en concepto de responsabilidad civil por daños físicos o psíquicos, se abonará la cuantía prevista en el anexo I de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre. 3. La cantidad total a abonar por el Estado, en concepto de responsabilidad civil fijada en sentencia no excederá de las siguientes cuantías: a) Fallecimiento: 500.000 €. b) Gran invalidez: 750.000 €. c) Incapacidad permanente absoluta: 300.000 €. d) Incapacidad permanente total: 200.000 €. e) Incapacidad permanente parcial: 125.000 €. f) Lesiones permanentes no invalidantes: 100.000 €. g) Secuestro: 125.000 €. Artículo 17. Régimen jurídico. 1. En ningún caso el abono previsto en este capítulo supone la asunción de responsabilidad civil subsidiaria por parte del Estado en los procesos penales. 2. Cuando las personas a las que se refiere el artículo 15 hubieren percibido el resarcimiento por daños personales, la cuantía del abono extraordinario de la responsabilidad civil por parte del Estado se extenderá únicamente a la diferencia que pueda existir entre la cantidad fijada por responsabilidad civil en sentencia firme, con los límites establecidos en el apartado tercero del artículo anterior, y la percibida por daños personales. Artículo 18. Subrogación del Estado en las acciones de responsabilidad civil. 1. El Estado se subrogará en las acciones que los perceptores de las indemnizaciones y prestaciones recibidas en aplicación de esta Ley puedan ejercer contra los responsables de los actos de terrorismo hasta el límite de la indemnización satisfecha por el Estado. A estos efectos deberán, con carácter previo a la percepción de las ayudas y prestaciones, transmitir al Estado las acciones civiles correspondientes. 2. Los destinatarios de las indemnizaciones y prestaciones por terrorismo a quienes la sentencia judicial hubiera reconocido derechos de resarcimiento por un importe superior al recibido del Estado en aplicación de esta Ley, conservarán la acción civil para reclamar la diferencia a los responsables de la acción delictiva causante de los daños. 3. A tales fines, las personas que tengan derecho a ser indemnizadas acompañarán a su solicitud el documento por el que transmiten al Estado las acciones derivadas de la responsabilidad civil que pudieran corresponderles. Artículo 19. Comunicación con los órganos jurisdiccionales. Las concesiones de indemnización se comunicarán al órgano jurisdiccional que hubiere dictado la resolución que declaró la responsabilidad civil en la que el Estado hubiere quedado subrogado. CAPÍTULO V Ayudas excepcionales por daños sufridos en el extranjero Artículo 20. Titulares. Los españoles que no formen parte de contingentes de España en el exterior y sean víctimas de atentados terroristas en el extranjero perpetrados por grupos que no operen habitualmente en España y que no estén dirigidos contra el Estado español ni contra intereses españoles, tendrán derecho a percibir el resarcimiento excepcional regulado en el presente capítulo. Artículo 21. Cuantía. 1. Si el español tiene su residencia habitual en el país en que se produce la acción terrorista, le corresponderá el 50 % de las cantidades fijadas para los supuestos de fallecimiento, daños personales y secuestro en los artículos 7, 10 y 14 de este reglamento. 2. Si el español no tuviera residencia habitual en dicho país, la ayuda a percibir será del 40 % de las cantidades señaladas en los artículos citados en el apartado precedente. Artículo 22. Carácter subsidiario. 1. Esta ayuda tendrá carácter subsidiario de las que pudieran ser reconocidas a la víctima por el Estado donde se produzca el atentado. A tal efecto, el órgano instructor podrá recabar la información pertinente a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 2. Únicamente se abonará la ayuda excepcional prevista en este capítulo cuando el beneficiario no reciba indemnización o ayuda del Estado donde se cometió el hecho o cuando la reciba por importe inferior a la prevista en el artículo anterior, y en este caso sólo por la diferencia. Si el Estado español hubiese satisfecho una ayuda excepcional y luego el beneficiario percibiera otra del Estado donde se cometió el hecho, estará obligado a reintegrar la primera, en todo o en parte según proceda. TÍTULO II Daños materiales Artículo 23. Daños resarcibles. 1. Los resarcimientos por daños materiales comprenderán los causados en las viviendas, en los establecimientos mercantiles e industriales o en elementos productivos de las empresas, en las sedes de partidos políticos, de sindicatos o de organizaciones sociales y los producidos en vehículos, con los requisitos y limitaciones establecidos en el presente real decreto. 2. Los resarcimientos tendrán carácter subsidiario respecto de cualesquiera otros reconocidos por las Administraciones Públicas o derivados de contrato de seguro, reduciéndose en la cantidad percibida por estos conceptos. El conjunto de resarcimientos no podrá superar, en ningún caso, el valor del daño producido. 3. No serán resarcibles los daños causados en bienes de titularidad pública. Artículo 24. Daños en viviendas. 1. En las viviendas habituales serán objeto de resarcimiento los daños sufridos en la estructura, instalaciones y mobiliario que resulte necesario reponer para que aquéllas recuperen sus condiciones anteriores de habitabilidad, excluyendo los elementos que la Administración considere que tienen carácter suntuario. En las viviendas que no tengan carácter habitual el resarcimiento comprenderá el 50 % de los daños, con el límite de 113.680 euros. 2. Se entenderá por vivienda habitual, a los efectos de este reglamento, la edificación que constituya la residencia de una persona o unidad familiar durante un período de, al menos, seis meses al año. Igualmente se entenderá que la vivienda es habitual en los casos de ocupación de ésta en tiempo inferior a un año, siempre que se haya residido en ella un tiempo equivalente, al menos, a la mitad del transcurrido desde la fecha en que hubiera comenzado la ocupación. Artículo 25. Alojamiento provisional. 1. Los gastos derivados del alojamiento provisional de las personas que tengan que abandonar temporalmente su vivienda, se abonarán mientras duren las obras de reparación, con el límite de 90 euros diarios si el alojamiento tiene lugar en un establecimiento hotelero, o de 1.500 euros mensuales si se trata del alquiler de una vivienda. 2. A estos efectos el Ministerio de Interior podrá celebrar convenios o acuerdos con otras Administraciones Públicas u organizaciones especializadas en el auxilio o asistencia a damnificados en situaciones de catástrofe o siniestro. Artículo 26. Daños en establecimientos mercantiles o industriales. 1. Serán resarcibles los daños sufridos en la estructura, instalaciones, mobiliario y equipo necesarios para poner nuevamente en funcionamiento los establecimientos mercantiles o industriales, con un máximo de 113.680 euros por establecimiento. 2. Con independencia de estas reparaciones, la Administración General del Estado, en supuestos excepcionales y, en particular, cuando quedara interrumpida la actividad de una empresa, con riesgo de pérdida de sus puestos de trabajo, podrá subsidiar préstamos destinados a reanudar dicha actividad. El subsidio consistirá en el abono a la entidad de crédito prestamista de la diferencia existente entre los pagos de amortización de capital e intereses, al tipo de interés fijado por la entidad prestamista, y los que corresponderían al tipo de interés subsidiado, que será el del interés legal del dinero en el momento de formalización del préstamo menos tres puntos porcentuales de interés anual. 3. También podrá celebrar la Administración General del Estado convenios con entidades de créditos a bajo interés, con la finalidad indicada en el apartado precedente. Artículo 27. Daños en sedes de partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales. 1. Serán resarcibles los daños sufridos en las sedes de partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales, incluyendo el mobiliario y el equipo siniestrado, en la cuantía necesaria para que recuperen sus condiciones anteriores de funcionamiento y puedan reanudar su actividad. 2. Se incluirán entre las organizaciones sociales las asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto sea la representación y defensa de los intereses de las víctimas del terrorismo. 3. Igualmente, serán resarcibles los daños de esta naturaleza sufridos en las sedes o lugares de culto pertenecientes a confesiones religiosas inscritas en el Registro de Entidades Religiosas, en la cuantía anteriormente precisada. Artículo 28. Daños en vehículos. 1. Serán resarcibles los daños sufridos en vehículos particulares, así como en los destinados al transporte terrestre de personas o mercancías, siempre que se disponga de póliza de seguro obligatorio de vehículo vigente en el momento del daño, cuando ésta sea exigible según la normativa reguladora de dicho seguro. 2. El resarcimiento comprenderá el importe de los gastos necesarios para su reparación. En caso de destrucción del vehículo, o si la reparación es superior al valor venal, la indemnización abarcará el importe en el mercado de un vehículo de similares características y condiciones de uso al siniestrado, hasta el límite de 30.500 euros. El informe pericial hará constar el valor de las reparaciones o el de reposición, según proceda. Artículo 29. Tasación de daños materiales. 1. La tasación pericial de los daños materiales se realizará por los servicios competentes del Consorcio de Compensación de Seguros, que tendrá derecho al abono por parte de la Administración General del Estado de los trabajos de peritación conforme al baremo de honorarios profesionales que dicho Consorcio tuviese aprobado para sus peritos tasadores de seguros. 2. En la tasación pericial habrán de valorarse tanto los daños indemnizables por el Consorcio, con arreglo a su propia normativa, como los resarcibles por la Administración, conforme a lo dispuesto en este reglamento. 3. En los expedientes de resarcimiento de daños materiales de cuantía inferior a 1.803,04 euros será suficiente, para su reconocimiento en la correspondiente resolución administrativa, el informe pericial del Consorcio de Compensación de Seguros. 4. No obstante, se podrá prescindir de la peritación cuando la cuantía total de los daños, acreditada mediante la factura o presupuesto de reparación originales, no alcance 600 euros, si constara a la Administración el cumplimiento de los demás requisitos exigibles. TÍTULO III Asistencia inmediata, ayudas y derechos sociales CAPÍTULO I Asistencia inmediata Artículo 30. Asistencia psicológica y psiquiátrica inmediata. Las personas afectadas por un atentado terrorista recibirán de inmediato, con carácter gratuito, la asistencia psicológica y psiquiátrica necesaria para cubrir sus necesidades de atención, durante todo el tiempo que precisen de acuerdo con los criterios médicos y buscando su mejor y más pronta recuperación. Artículo 31. Asistencia sanitaria de urgencia. 1. La asistencia sanitaria de urgencia se prestará por los órganos y entidades que componen el Sistema Nacional de Salud en las condiciones que establezcan sus normas de funcionamiento. 2. Las autoridades sanitarias y el personal de dirección de los establecimientos sanitarios adoptarán procedimientos específicos dirigidos a localizar e informar a los familiares de las víctimas sobre el estado de éstas. El Ministerio del Interior recabará de las citadas autoridades y centros sanitarios cuanta información precise para la debida prestación de los servicios de atención a las víctimas del terrorismo y a sus familiares. CAPÍTULO II Ayudas para asistencia sanitaria y psicosocial complementaria Artículo 32. Tratamientos médicos y asistencia sanitaria complementaria. 1. Las personas que hayan sufrido daños físicos tendrán derecho a que les sean resarcidos los gastos por tratamientos médicos, prótesis e intervenciones quirúrgicas que guarden vinculación con las acciones terroristas, cuando quede acreditada su necesidad y no se hallen cubiertos por el sistema público o privado de previsión al que estas personas se encuentren acogidas. 2. Para justificar la necesidad y la no cobertura pública o privada de la ayuda se acompañará a la solicitud un informe médico acreditativo de la misma y una certificación de la entidad aseguradora de la víctima de que la ayuda no entra dentro de la cobertura de sus prestaciones. El órgano instructor podrá recabar la certificación anterior, previo consentimiento del interesado, cuando el sistema de aseguramiento o previsión sea público. 3. Estos gastos podrán ser abonados directamente a la entidad prestataria o al destinatario de la ayuda, previa presentación de la factura original acreditativa. Artículo 33. Tratamiento psicológico. 1. Las víctimas y amenazados y sus familiares o personas con quienes convivan, que sufran secuelas psicológicas derivadas de los actos de terrorismo que se manifiesten con posterioridad, tendrán derecho a la financiación del coste de la atención psicológica, previa prescripción facultativa, con un límite de 3.600 euros por tratamiento individualizado. 2. A tal efecto, la Administración General del Estado podrá establecer los oportunos conciertos con otras Administraciones Públicas o con entidades privadas especializadas en dicha asistencia. En defecto de los oportunos conciertos, la Administración General del Estado podrá financiar el coste de los tratamientos individuales requeridos, siempre que quede acreditada, a juicio de la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, su necesidad, vinculación con las acciones comprendidas en el ámbito de aplicación de este reglamento y falta de adecuación al trauma causado por las acciones terroristas del tratamiento psicológico prestado por el sistema de previsión público o privado. La ayuda correspondiente se abonará por trimestres vencidos al profesional interviniente, previa presentación de las facturas originales de los honorarios correspondientes. Artículo 34. Apoyo psicopedagógico. El Ministerio del Interior, en cooperación con las Comunidades Autónomas y en el marco de la normativa que regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, desarrollará las medidas necesarias para que los alumnos de educación infantil, primaria y secundaria obligatoria que, como consecuencia de las acciones comprendidas en el ámbito de aplicación de este reglamento, padezcan problemas de aprendizaje o adaptación social, puedan recibir apoyo psicopedagógico, prioritario y gratuito. CAPÍTULO III Ayudas educativas Artículo 35. Titulares. Se concederán ayudas de estudio cuando como consecuencia de un acto terrorista se deriven para el estudiante, para su viudo o viuda, pareja de hecho o hijos del fallecido, o para sus padres, hermanos, tutores o guardadores, daños personales que los incapaciten para el ejercicio de su profesión habitual. Artículo 36. Contenido. 1. Las citadas ayudas podrán concederse para iniciar o proseguir enseñanzas en las cuantías que se indican por cada curso escolar: a) Primer ciclo de educación infantil: 1.000 euros. b) Segundo ciclo de educación infantil y educación primaria: 400 euros. c) Educación secundaria obligatoria: 400 euros. d) Bachillerato: 1.000 euros. e) Formación profesional de grado medio y superior: 1.500 euros. f) Grado o equivalente: 1.500 euros. g) Máster: 1.500 euros. h) Otros estudios superiores: 750 euros. i) Enseñanzas de idiomas en centros oficiales: 300 euros. 2. Estas cantidades se incrementarán en un 20 % siempre que el centro de estudios diste, al menos, 50 km de la localidad en la que se encuentre el domicilio familiar, y en un 40 % si la asistencia al citado centro implica cambio de residencia respecto del domicilio familiar. Artículo 37. Requisitos. 1. Para ser destinatario de las ayudas será preciso no estar en posesión o no reunir los requisitos legales para la obtención de un título del mismo nivel o de nivel superior al de los estudios para los que se solicita la ayuda. 2. En los niveles de bachillerato o formación profesional media o superior, enseñanzas universitarias conducentes al título de grado, máster universitario, enseñanzas de idiomas y otros estudios superiores no integrados en la universidad, serán de aplicación los requisitos académicos de matriculación y carga lectiva superada establecidos en el capítulo III del Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de becas y ayudas al estudio. No obstante, para el cálculo de los rendimientos académicos mínimos exigidos a los beneficiarios de las ayudas al estudio, el Ministerio del Interior aplicará un coeficiente corrector del 0,60 a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo que requieran de una adaptación curricular o de un aumento de tiempos para realizar los estudios en los supuestos de incapacidad física o psíquica. 3. De manera motivada, el Ministerio del Interior podrá eximir del cumplimiento de los requisitos académicos mínimos al solicitante de la ayuda, atendiendo a la fecha de comisión del atentado terrorista o a su repercusión en el solicitante y/o en su ámbito familiar. Artículo 38. Incompatibilidades. 1. Las ayudas al estudio percibidas por la condición de víctima de terrorismo serán incompatibles con las percibidas por los mismos conceptos de otras Administraciones. En caso de percepción de más de una ayuda por el mismo concepto, se procederá a la revocación de la ayuda concedida por el Ministerio del Interior. 2. Sólo se concederá una ayuda por curso, aunque se realicen de forma simultánea varios cursos o grados universitarios. Artículo 39. Tasas académicas. La Administración General del Estado, en cooperación con las Comunidades Autónomas, acordará las medidas necesarias para eximir del pago de las tasas y precios por los servicios académicos en los centros oficiales de estudios a quienes hayan sufrido daños físicos o psíquicos de carácter permanente como consecuencia de la actividad terrorista, así como a los hijos de los anteriores y de las personas fallecidas en actos terroristas. CAPÍTULO IV Ayudas en materia de vivienda pública Artículo 40. Vivienda pública. 1. La Administración General del Estado, en cooperación con las Comunidades Autónomas, acordará las medidas necesarias para que los beneficiarios del régimen de ayudas e indemnizaciones contemplado en este reglamento tengan una consideración preferente en la adjudicación de viviendas de protección pública a precio tasado o para arrendamiento. 2. A estos efectos, los planes estatales de vivienda incluirán medidas específicas para facilitar el acceso a las viviendas de protección pública en régimen de propiedad o arrendamiento. En particular, dichas medidas podrán exonerar la aplicación de requisitos de umbrales de renta familiar cuando las secuelas que se deriven del atentado terrorista padecidas sean de tal entidad que obliguen a cambio de vivienda. Artículo 41. Ayudas para la adaptación de vivienda. La Administración General del Estado, en cooperación con las Comunidades Autónomas, acordará las medidas necesarias para la adaptación de viviendas cuando esta sea necesaria en atención a las secuelas derivadas de las acciones incluidas en el ámbito de aplicación del presente reglamento. Sin perjuicio de ello, el Ministerio del Interior atenderá con carácter extraordinario el abono de ayudas destinadas a esa finalidad, de conformidad con lo establecido en el artículo siguiente. CAPÍTULO V Ayudas extraordinarias y anticipos Artículo 42. Ayudas extraordinarias. 1. El Ministerio de Interior podrá conceder ayudas extraordinarias para paliar situaciones de necesidad personal o familiar plena o insuficientemente cubiertas por el régimen de ayudas e indemnizaciones previstas en este reglamento. 2. En los supuestos de daños personales, las ayudas podrán cubrir necesidades sociales, sanitarias, psicológicas o educativas, previa evaluación efectuada por los órganos competentes del Ministerio del Interior. 3. En los supuestos de daños materiales, las ayudas podrán cubrir la adaptación o cambio de vivienda cuando las secuelas del atentado terrorista así lo exijan, así como aquellas otras necesidades personales o familiares derivadas de la acción terrorista. 4. Las personas que acrediten la condición de amenazado podrán percibir ayudas que faciliten el traslado de localidad, abandono de vivienda, gastos de escolarización y otros que guarden relación con dicha situación. 5. Estas ayudas serán compatibles con las ayudas ordinarias reguladas por este reglamento y podrán ser solicitadas por las víctimas o familiares que convivan con ellas, o bien ser promovidas de oficio por el Ministerio de Interior, en atención a la necesidad detectada, elevándose por el órgano competente en materia de ayudas y resarcimientos a las víctimas del terrorismo la propuesta de concesión al titular del Ministerio del Interior. Artículo 43. Anticipos. En supuestos de perentoria necesidad podrán otorgarse anticipos a cuenta de las ayudas extraordinarias, gastos de asistencia médica, traslados de afectados y alojamientos provisionales, cuya cuantía no excederá el 70 % de la que previsiblemente fuera a corresponder en la resolución que acuerde su concesión. CAPÍTULO VI Derechos laborales Artículo 44. Derechos laborales. Las personas incluidas en los artículos 5 y 33 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, tendrán derecho para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral: a) A la reducción de la jornada de trabajo con disminución proporcional del salario o a la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de reordenación del tiempo de trabajo que se utilicen en la empresa, en los términos del artículo 37.7 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. b) A la movilidad geográfica, mediante el derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo, del mismo grupo profesional o categoría equivalente, que la empresa tenga vacante en cualquier otro de sus centros de trabajo, en los términos expresados en el artículo 40.3 bis del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Artículo 45. Derechos de los empleados públicos. Las personas a las que se refiere el artículo anterior que tuviesen la condición de funcionarios públicos y de personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas tendrán derecho a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo y a la movilidad geográfica, en los términos previstos en el artículo 35 de la Ley 29/2011 y en la legislación específica. Artículo 46. Políticas activas de empleo. Las personas incluidas en el artículo 34 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, tendrán derecho: a) a ser beneficiarias de las medidas de bonificación a la contratación previstas en la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo. b) a ser beneficiarias de medidas de inserción laboral para colectivos con especiales dificultades para el acceso y permanencia en el empleo, de conformidad con lo previsto en la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo. Artículo 47. Convenios con empresas para facilitar la contratación de víctimas del terrorismo. El Ministerio del Interior, con el fin de facilitar la contratación de las víctimas del terrorismo y la movilidad geográfica, para aquéllas que precisen trasladar su residencia con la garantía de un empleo, promoverá la suscripción de convenios de colaboración con empresas para fomentar la sensibilización sobre la violencia terrorista y la inserción laboral de las víctimas. TÍTULO IV Procedimientos CAPÍTULO I Procedimiento general para el reconocimiento de resarcimientos, indemnizaciones y ayudas Artículo 48. Iniciación del procedimiento. Forma y lugar de presentación de las solicitudes. 1. El procedimiento para el reconocimiento de los resarcimientos, indemnizaciones y prestaciones reguladas en el presente reglamento se iniciará mediante solicitud de persona interesada, directamente o por medio de un representante acreditado por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, debiendo formalizarse aquella conforme a los modelos contenidos en el anexo. Las solicitudes estarán igualmente disponibles para su cumplimentación y presentación en la sede electrónica del Ministerio del Interior en la dirección https://sede.mir.gob.es. Las solicitudes deberán acompañarse de la documentación acreditativa de la condición de afectado, conforme a lo establecido en el artículo 3.2 de este reglamento o, en su caso, del grado de parentesco con la víctima. Si se solicitan ayudas al estudio, habrá de adjuntarse la documentación acreditativa de los créditos en los que se haya matriculado y del rendimiento académico exigido de acuerdo con el artículo 37 de este reglamento. El solicitante no deberá aportar documentación que se halle en poder de la Administración actuante, en cuyo caso podrá autorizar a ésta para que recabe en su nombre la documentación necesaria para la tramitación del expediente. 2. Los procedimientos de concesión de las condecoraciones previstas en el artículo 60 se iniciarán a solicitud del interesado o de las personas indicadas en el artículo 6 de este reglamento para, por orden de presentación de la solicitud, instar la que correspondiera a la persona fallecida. No obstante, este procedimiento podrá también iniciarse de oficio por el Ministerio del Interior, previa consulta con los destinatarios, cuando tuviese conocimiento de los hechos que pudieran dar lugar al reconocimiento. 3. La presentación de solicitudes podrá realizarse en el registro general del Ministerio del Interior, en los registros de cualquier órgano administrativo de la Administración General del Estado, de las Administraciones de las Comunidades Autónomas o de cualquier Entidad Local que hubiese suscrito el oportuno convenio, en las Oficinas de Correos o en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero. Asimismo, las solicitudes podrán presentarse de forma electrónica a través del registro electrónico del Ministerio del Interior (https://sede.mir.gob.es). Artículo 49. Plazo de presentación de solicitudes. 1. El plazo de presentación de solicitudes de indemnización por daños personales o materiales será de un año, a contar desde el día en que se produjeron los daños. En el caso de daños personales, se computará desde la fecha de alta o consolidación de secuelas, conforme acredite el Sistema Nacional de Salud. Si, como consecuencia directa de las lesiones, se produjese un agravamiento de secuelas o el fallecimiento del afectado derivado de las lesiones sufridas como consecuencia del acto terrorista, se abrirá de nuevo el plazo de un año para solicitar la diferencia cuantitativa que proceda. Si la víctima incapacitada hubiera fallecido por causa distinta a las secuelas derivadas del atentado, resultarán destinatarios de la indemnización que hubiera correspondido al causante las personas a las que se refiere el artículo 6 de este reglamento, según el orden de preferencia establecido en el mismo. En el caso de daños psicológicos, el plazo de un año se computará desde el momento en que existiera un diagnóstico acreditativo de la causalidad de la secuela. 2. El plazo para solicitar el abono con carácter extraordinario de la responsabilidad civil fijada en sentencia firme será de un año desde la notificación al interesado de la sentencia o, en su caso, de la resolución judicial que fije la cuantía indemnizatoria. 3. El plazo de presentación de solicitudes de ayudas al estudio será de tres meses desde la formalización de la matrícula del curso para el que se solicita la ayuda. 4. El plazo para solicitar las condecoraciones previstas en el artículo 60 será de cinco años a contar desde la comisión del acto terrorista o desde que la Administración Pública tuviera conocimiento del mismo. Artículo 50. Subsanación y mejora de la solicitud. 1. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se requerirá a la persona interesada para que, en un plazo de quince días, subsane las faltas o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución dictada al efecto. 2. El plazo mencionado en el apartado anterior podrá ser ampliado hasta 5 días, a petición de la persona interesada o a iniciativa del órgano instructor, cuando la aportación de documentos requeridos presente dificultades especiales. Artículo 51. Instrucción del procedimiento. 1. El procedimiento para el reconocimiento de los resarcimientos, indemnizaciones y ayudas será instruido por el órgano competente en materia de atención a víctimas dependiente del Ministerio del Interior, que actuará como ventanilla única de cualquier otro procedimiento que el interesado pueda deducir ante la Administración General del Estado. 2. Los procedimientos se ajustarán a lo dispuesto en este título y, en lo no previsto, a las previsiones generales contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y en la normativa de desarrollo de las anteriores. 3. No se requerirá la aportación documental del interesado referida a hechos notorios o circunstancias cuya acreditación conste en los antecedentes o archivos de la Administración actuante. A tal efecto, el órgano instructor podrá recabar del Instituto Nacional de la Seguridad Social del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y de la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa los datos correspondientes al reconocimiento de pensiones extraordinarias por delitos de terrorismo que afecten al solicitante. Igualmente, podrá solicitar la información que precise para sustanciar de forma adecuada el procedimiento. Asimismo, podrá solicitar a las autoridades policiales, a las autoridades consulares, al Ministerio Fiscal, a los órganos jurisdiccionales, a los órganos autonómicos competentes en materia de atención a víctimas del terrorismo, así como a las autoridades sanitarias, con el consentimiento previo del interesado, la información que precise para sustanciar de forma adecuada el procedimiento. 4. Si durante la instrucción de un procedimiento de concesión de indemnización por el fallecimiento de una persona como consecuencia de atentado terrorista se advierte la existencia de otras personas que sean titulares de este derecho al mismo nivel que el primer solicitante siguiendo el orden de prelación previsto en el artículo 6 de este reglamento, cuya identificación resulte del expediente, se comunicará a estas personas, a instancia de parte o de oficio por el órgano instructor, la tramitación de este procedimiento para su consideración como parte interesada. 5. Corresponderá al Ministerio del Interior la tramitación de los procedimientos de concesión de las condecoraciones, quedando facultada para interesar de toda clase de tribunales, autoridades, centros oficiales y entidades, los informes que estime convenientes, en orden a la determinación de la procedencia del otorgamiento, en su caso. En todo caso, la condición de víctima del terrorismo o ileso quedará acreditada mediante informe del Ministerio del Interior, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de este reglamento. Artículo 52. Suspensión del procedimiento. 1. El transcurso del plazo máximo legalmente previsto para resolver el procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender en los siguientes casos: a) Cuando deba requerirse al interesado para la subsanación de deficiencias y la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario o, en su defecto, el transcurso del plazo concedido, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 50 del presente reglamento. b) Cuando deban realizarse, por cualquiera de los tribunales médicos a los que se refiere el artículo 11 del presente reglamento, las evaluaciones médicas de las lesiones sufridas por los interesados, por el tiempo que medie entre la petición de examen y valoración al tribunal médico correspondiente, que deberá comunicarse al interesado, y la recepción del acta médica por el órgano instructor. c) Cuando, con motivo de la instrucción de un expediente indemnizatorio por daños materiales, deban realizarse las tasaciones periciales de dichos daños por parte de los servicios competentes del Consorcio de Compensación de Seguro, por el tiempo que medie entre la petición de valoración al citado Organismo, que deberá comunicarse al interesado, y la recepción del informe resultante por el órgano instructor. d) Cuando deban solicitarse los informes mencionados en el artículo 3.2.b) in fine de este reglamento, por el tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del informe por el órgano instructor. e) Cuando deban solicitarse otros informes que sean preceptivos y determinantes del contenido de la resolución a órganos de la Administración General del Estado o de otras Administraciones Públicas, por el tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del informe. Este plazo de suspensión no podrá exceder de tres meses. 2. Asimismo, el transcurso del plazo máximo legalmente previsto para resolver y notificar la resolución se podrá suspender cuando se encuentre pendiente un proceso judicial del orden penal contra los responsables del acto terrorista que haya producido los daños sobre los que se solicita indemnización, por el tiempo que medie desde la petición al órgano jurisdiccional hasta la fecha de certificación de la firmeza de la sentencia o de la resolución judicial que proceda y no ejecución de la responsabilidad civil derivada de delito. Artículo 53. Resolución. 1. La resolución será dictada por el titular del Ministerio del Interior, salvo en el supuesto de concesión de condecoraciones, que corresponderá a los órganos previstos en el artículo 60.2. 2. El plazo máximo para resolver y notificar será de doce meses, salvo en el caso de las ayudas al estudio, que será de seis meses. 3. Transcurridos los plazos máximos para resolver sin haberse notificado resolución expresa, se entenderá estimada la solicitud. CAPÍTULO II Normas para facilitar a las víctimas del terrorismo en situaciones transfronterizas el reconocimiento de las indemnizaciones Artículo 54. Ámbito de aplicación. 1. Las disposiciones de este título resultarán de aplicación a la tramitación y resolución de los procedimientos para el reconocimiento de los resarcimientos, indemnizaciones y ayudas reconocidos en este reglamento, cuando los actos descritos en el apartado 1 del artículo 2 se hayan cometido en España y el solicitante de la indemnización tenga su residencia habitual en otro Estado miembro de la Unión Europea. 2. Las disposiciones de este título también serán de aplicación, cuando el lugar en que se cometa el delito sea un Estado miembro de la Unión Europea distinto a España y el solicitante de la ayuda tenga su residencia habitual en España. En este caso, la autoridad de asistencia llevará a cabo las funciones previstas en el artículo 55, a los efectos de cooperar en la iniciación y tramitación de los procedimientos para el reconocimiento de las ayudas e indemnizaciones reconocidas por el Estado miembro de la Unión Europea en el que se haya cometido el delito. Artículo 55. Designación y funciones de la autoridad de asistencia. 1. El Ministerio del Interior actuará como autoridad de asistencia en los casos a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior, para que el solicitante pueda acceder, desde España, al resarcimiento que proceda, en su caso, por el Estado en cuyo ámbito territorial se cometió el delito. 2. A estos efectos, el Ministerio del Interior facilitará al solicitante de la ayuda: a) Información sobre las posibilidades de solicitar una ayuda económica o resarcimiento, los trámites e impresos necesarios, incluido el modo en que éstos han de cumplimentarse, y la documentación acreditativa que pueda precisarse. b) Orientación general sobre el modo de cumplimentar las peticiones de información suplementaria. 3. Asimismo, el Ministerio del Interior, como autoridad de asistencia, deberá: a) Trasladar la solicitud y documentación acreditativa, y también la documentación que, en su caso, sea requerida posteriormente, a la autoridad de decisión designada por el Estado en cuyo territorio se cometió el delito. b) Cooperar con el organismo a que se refiere el párrafo anterior cuando, de conformidad con su legislación nacional, éste acuerde oír al solicitante o a cualquier otra persona. Esta cooperación por parte del Ministerio del Interior podrá consistir, a petición de la autoridad de decisión, en disponer lo necesario para que esta última realice directamente la audiencia, en particular por teléfono o por videoconferencia, o bien en dar audiencia al solicitante de la ayuda económica o a cualquier otra persona y remitir a la autoridad de decisión un acta de la audiencia. Artículo 56. Autoridad de decisión. 1. Cuando las solicitudes hayan sido presentadas a través de la autoridad de asistencia donde el solicitante resida habitualmente, el Ministerio del Interior, como autoridad de decisión, deberá comunicar al solicitante y a la autoridad de asistencia: a) La recepción de la solicitud, el órgano que instruye el procedimiento, el plazo para su resolución y la fecha previsible en la que se adoptará la resolución. b) La resolución que ponga fin al procedimiento. 2. Asimismo, el Ministerio del Interior, como autoridad de decisión, podrá recabar la cooperación de la autoridad de asistencia del Estado donde el solicitante tenga su residencia habitual, a fin de oír al solicitante o a cualquier otra persona si lo estima necesario, para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos y datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución. A tal efecto, podrá solicitar a la autoridad de asistencia a que se refiere el párrafo anterior que disponga lo necesario para que: a) El órgano instructor pueda realizar directamente la audiencia, en particular por teléfono o por videoconferencia, con la persona que deba ser oída, si ésta lo acepta. b) La autoridad de asistencia realice la audiencia y remita al órgano instructor un acta de ésta. La realización de la audiencia por el Ministerio del Interior se ajustará a lo establecido en este reglamento, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en la Ley 11/2007, de 22 de junio. Artículo 57. Impresos para la transmisión de solicitudes y comunicación de la resolución. Para el traslado de la solicitud y documentación acreditativa previsto en el artículo 55.3.a) y para la comunicación de la resolución que ponga fin al procedimiento, prevista en el artículo 56.1.b) se utilizarán los impresos que se establezcan por orden del Ministro del Interior. Artículo 58. Recurso administrativo. 1. Cuando el escrito mediante el que se interponga recurso potestativo de reposición contra la resolución del Ministerio del Interior sea cursado a través de la autoridad de asistencia del Estado miembro donde la víctima del delito tiene su residencia habitual, el Ministerio del Interior, como autoridad de decisión, deberá comunicar al interesado y a la autoridad de asistencia: a) La recepción del escrito de recurso, el órgano que tramita el procedimiento, el plazo para su resolución y notificación, así como los efectos de la falta de resolución y, si es posible, la fecha previsible en la que se adoptará la resolución. b) La resolución que ponga fin al procedimiento. 2. Asimismo, el órgano al que corresponde la tramitación del recurso podrá recabar la cooperación de la autoridad de asistencia del Estado donde el solicitante de la indemnización tenga su residencia habitual, para oír al interesado o a cualquier otra persona, si lo estima necesario, para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos y datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución. A tal efecto, podrá solicitar a la autoridad de asistencia a que se refiere el párrafo anterior que disponga lo necesario para que: a) El órgano instructor pueda realizar directamente la audiencia, en particular por teléfono o por videoconferencia, con la persona que deba ser oída, si ésta lo acepta, en los términos indicados en el apartado segundo del artículo anterior. b) La autoridad de asistencia realice la audiencia y remita al órgano instructor un acta de la misma. TÍTULO V Reconocimientos y condecoraciones Artículo 59. Condecoraciones. La Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo configura la acción honorífica específica del Estado con el fin de honrar a las víctimas del terrorismo, de conformidad con la Ley 29/2011, de 22 de septiembre. Artículo 60. Grados y concesión. 1. La Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo comprende los siguientes grados: a) Gran Cruz, que se concederá, a título póstumo, a los fallecidos en actos terroristas. b) Encomienda, que se otorgará a quienes hayan sufrido daños físicos o psíquicos de carácter permanente y secuestrados en actos terroristas. 2. El titular del Ministerio del Interior elevará a la aprobación del Consejo de Ministros los proyectos de Reales Decretos de concesión del grado de la Gran Cruz y concederá, mediante Orden y en nombre de Su Majestad el Rey, el grado de Encomienda. 3. El Gran Canciller de la Real Orden será el titular del Ministerio del Interior y el Canciller de la misma el titular de la Subsecretaría del Departamento. Artículo 61. Carácter de las condecoraciones y tratamiento que otorgan. 1. Las condecoraciones tendrán carácter personal e intransferible. 2. La Gran Cruz otorga tratamiento de excelencia y la Encomienda de ilustrísimo señor o ilustrísima señora. 3. La concesión de una condecoración no genera derecho a las ayudas o prestaciones reguladas en la Ley 29/2011, de 22 de septiembre. Artículo 62. Descripción de las condecoraciones. Los distintivos correspondientes a los distintos grados de la Real Orden responderán a la siguiente descripción: a) Gran Cruz: Consistirá en una placa de 85 milímetros de diámetro total, de metal dorado formado por cuatro brazos hendidos a lo largo, iguales y simétricos, cuya parte central o llama va esmaltada en rojo. Alternándose con estos brazos llevará cuatro ráfagas bruñidas de cinco facetas. En el centro de la Cruz y en forma circular irá esmaltado el Escudo de España en sus colores y en la mitad del brazo superior de la misma, la corona real. En el reverso de la Gran Cruz se encontrará una corona circular, con bordes dorados de 1 milímetro, esmaltada en negro, de 35 milímetros de diámetro y 4 milímetros de grosor, donde constará grabada en letra dorada y mayúsculas la siguiente inscripción «reconocimiento y memoria», apareciendo una pequeña cruz latina en la parte inferior. En el interior se encontrará un círculo esmaltado en rojo de 17 milímetros de diámetro, con un cuadrado dorado de 10 milímetros en su interior. b) Encomienda: Consistirá en una placa de iguales características que las descritas para la Gran Cruz, con, la diferencia de su tamaño, que será de 60 milímetros de diámetro. Se portará pendiente del cuello mediante una cinta de 45 milímetros de ancho con los colores de la Orden, rojo y blanco, midiendo las franjas blancas que ocupan los bordes de la cinta 4,5 milímetros. Todo el conjunto de la cruz pende de una corona de laurel en metal dorado. En el reverso de la Encomienda se encontrará una corona circular, con bordes dorados de 1 milímetro, esmaltada en negro, de 25 milímetros de diámetro y 4 milímetros de grosor, donde constará grabada en letra dorada y mayúsculas la siguiente inscripción «reconocimiento y memoria», apareciendo una pequeña cruz latina en la parte inferior. En el interior se encontrará un círculo esmaltado en rojo de 17 milímetros de diámetro, con un cuadrado dorado de 10 milímetros en su interior. Artículo 63. Expedición de títulos y Libro Registro. 1. La Cancillería de la Real Orden, una vez otorgada una condecoración, expedirá el título correspondiente, que estará autorizado con la estampilla de la firma de Su Majestad el Rey e irá firmado por el Gran Canciller de la Real Orden. 2. La concesión de las condecoraciones reguladas en este título se harán constar en un Libro Registro. Artículo 64. Uso y efectos de las condecoraciones. La concesión de estas condecoraciones a los miembros de las Fuerzas Armadas, a los funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y, en general, a los empleados públicos les servirá de mérito especial, así como de circunstancia especialmente relevante a los efectos de la concesión de condecoraciones en su respectivo ámbito profesional, de acuerdo con lo previsto en la correspondiente normativa reguladora. Artículo 65. Actos de homenaje y reconocimiento a las víctimas del terrorismo. El Gobierno podrá impulsar el reconocimiento y preservar la memoria de las víctimas del terrorismo y, en particular, la entrega de condecoraciones, al amparo de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo, así como la presencia institucional el 27 de junio, Día de recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo, y el 11 de marzo, Día europeo de las víctimas del terrorismo. TÍTULO VI Tutela institucional a las víctimas del terrorismo Artículo 66. Informe sobre la situación de las víctimas del terrorismo. El Ministerio del Interior elaborará un informe anual sobre la situación del colectivo de víctimas con propuestas de actuación que, en su caso, podrán incluir propuestas de reforma normativa. En la elaboración de dicho informe, se solicitará información a las comunidades autónomas y a las entidades locales. Asimismo, se recogerá el análisis de detección de necesidades que realicen las distintas asociaciones de víctimas del terrorismo, que será canalizado a través de la Fundación de Víctimas del Terrorismo. Dicho informe será elevado al Parlamento en el último trimestre del año. Artículo 67. Carta Europea de Derechos de las Víctimas del Terrorismo. En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de este Reglamento, el Ministerio del Interior, en colaboración con las asociaciones más representativas del colectivo de víctimas del terrorismo, elaborará un borrador de Carta Europea de Derechos de las víctimas del terrorismo, que será elevado a la Comisión Europea, al efecto de que sirva como base para el estudio y la aprobación de una Carta Europea de Derechos de las Víctimas del Terrorismo.

El Real Decreto de Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo

El presente real decreto tiene por objeto el desarrollo de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, aprobada por unanimidad por ambas Cámaras legislativas como expresión del reconocimiento y compromiso permanente de la sociedad española hacia todas las víctimas del terrorismo. En cumplimiento de la habilitación para el desarrollo reglamentario contenida en la disposición final primera de la citada disposición legal, el reglamento incorpora las principales novedades legales y se inspira, al igual que aquélla, en una concepción integral de la atención al colectivo de víctimas del terrorismo, así como en los principios de protección de las víctimas de delitos reconocidos por el Derecho de la Unión Europea. Se recogen en él las reparaciones, indemnizaciones, ayudas y condecoraciones que se encontraban hasta ahora reguladas de forma separada en los Reales Decretos 288/2003, de 7 de marzo y 1912/1999, de 17 de diciembre, que ordenaban, respectivamente el régimen de resarcimientos por daños derivados del atentado terrorista y el abono por parte del Estado, con carácter extraordinario, de la responsabilidad civil derivada de los delitos de terrorismo. Incluye igualmente las distinciones honoríficas anteriormente contempladas en el Real Decreto 1974/1999, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo. Con la aprobación de este Reglamento se posibilita la plena aplicación del marco de atención integral a las víctimas del terrorismo que estableció la Ley 29/2011 antes citada, permitiendo asimismo avanzar hacia una mejor complementariedad y coordinación de los sistemas de protección de las diversas Administraciones públicas para con las víctimas del terrorismo, objetivo incluido entre las medidas que forman parte del informe para la Comisión de la reforma de las Administraciones Públicas, aprobado por acuerdo de consejo de ministros de fecha 21 de junio de 2013. La nueva regulación, al igual que la Ley de la que trae causa, persigue asegurar un trato equitativo de las víctimas del terrorismo con independencia del momento y lugar de comisión de los atentados. Dispone, de esta forma, un régimen transitorio destinado a regular los supuestos de aplicación retroactiva de los resarcimientos, indemnizaciones y ayudas desde el 1 de enero de 1960. El ámbito territorial comprende los atentados cometidos en territorio español y en el extranjero, en este último caso tanto si la víctima es española y los daños han sido causados por actos cometidos por grupos que operen habitualmente en España o dirigidos a atentar contra el Estado español o los intereses españoles, como si la víctima es española pero los actos cometidos no reúnen las características mencionadas. Por lo que se refiere a la estructura del reglamento, éste se ordena en siete títulos y un anexo. En el título preliminar se dispone el ámbito de aplicación temporal y territorial, los requisitos para la acreditación de la condición de destinatario, la delimitación del contenido de las indemnizaciones, resarcimientos, ayudas y condecoraciones, y el régimen jurídico de las ayudas. El título primero determina, en sus tres primeros capítulos, los titulares y las cuantías de los resarcimientos que corresponden en los supuestos de fallecimiento, lesiones personales producidas como consecuencia del acto terrorista y secuestro. El cuarto capítulo regula el abono por parte del Estado, con carácter extraordinario, de la responsabilidad civil fijada en sentencia. El quinto capítulo dispone el régimen aplicable a las ayudas extraordinarias por atentados terroristas cometidos en el extranjero que no estén incluidas en el régimen general. El título segundo contempla la regulación de los daños materiales. Se consideran resarcibles, hasta el límite máximo fijado en el reglamento, los daños ocasionados en viviendas, en establecimientos mercantiles o industriales, en la sede de partidos políticos, sindicatos y otras organizaciones sociales, así como los producidos en vehículos. El título tercero contempla, en su capítulo primero, la prestación de la asistencia psicológica y psiquiátrica inmediata y sanitaria de urgencia que sea requerida en el supuesto de que eventualmente se produjera un atentado terrorista. Por su parte, los capítulos segundo, tercero y cuarto prevén las ayudas para la asistencia sanitaria y psicosocial complementaria, el tratamiento psicológico, el apoyo psicopedagógico para las víctimas y sus familiares, así como el régimen aplicable a las ayudas educativas y en materia de vivienda pública. Se contempla, asimismo, la posibilidad de otorgar ayudas extraordinarias en los supuestos de necesidad personal o familiar insuficientemente cubiertas y de conceder anticipos a cuenta de las mismas, reguladas en el capítulo quinto. Finalmente, el capítulo sexto recoge una serie de derechos reconocidos en el ámbito laboral a los afectados por la actividad terrorista. El título cuarto contempla las disposiciones aplicables a la tramitación de los procedimientos para el reconocimiento de los resarcimientos, indemnizaciones, ayudas y condecoraciones previstas al amparo del reglamento, en el capítulo primero. Asimismo, se establecen en el capítulo segundo las normas destinadas a facilitar a las víctimas del terrorismo en situaciones transfronterizas el reconocimiento de las indemnizaciones a que tuvieran derecho con arreglo a las legislaciones de los Estados miembros de la Unión Europea, recogiéndose así las obligaciones derivadas de la Directiva 2004/80/CE, del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre indemnización a las víctimas de los delitos. El título quinto incorpora la regulación de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo, que puede concederse, de oficio o a solicitud de los interesados, en los grados de Gran Cruz y Encomienda. Con ella se configura la acción honorífica específica del Estado con el fin de honrar a las víctimas del terrorismo. Finalmente, el títu ### RESUMEN: El Real Decreto de Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo

Desde la aprobación por este Ministerio de la Presidencia de la Orden PRE/2571/2011, de 22 de septiembre, por la que se regula el número de identificación de las publicaciones oficiales, se han producido diversas novedades legales que afectan al sector de las publicaciones oficiales. En primer lugar, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en cuanto ha supuesto la publicación de miles de documentos elaborados por la Administración General del Estado, en cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa derivadas de dicha Ley y respecto de los cuales resultaba preciso clarificar su consideración y tratamiento desde el punto de vista de la gestión de publicaciones oficiales. Por otra parte, el Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, para el ámbito del sector público estatal, obliga a las unidades editoras de la Administración General del Estado a facilitar la reutilización de los contenidos de las publicaciones oficiales, prioritariamente los de mayor relevancia social y económica, salvo que existan derechos de propiedad intelectual o industrial que lo impidan. Finalmente, la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), constituida mediante Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de octubre de 2012, a través de la Subcomisión de Simplificación Administrativa, propuso la elaboración de un Manual de Simplificación Administrativa y reducción de cargas para la Administración General del Estado (AGE). Mediante Acuerdo de Consejo de Ministros de 19 de septiembre de 2014, se toma conocimiento de la elaboración de dicho Manual y se establece la obligación de elaborar un Plan Anual de simplificación administrativa y reducción de cargas, cuya primer anualidad corresponderá a la del año 2015. En el Plan de este año 2015 se ha incluido el procedimiento de gestión de las publicaciones oficiales y especialmente la asignación del Número de Identificación de Publicación Oficial (NIPO), como uno de los procedimientos a simplificar, con la consiguiente reducción de cargas para el conjunto de las unidades editoras de la AGE. Además de todas las consideraciones jurídicas o administrativas realizadas hasta este momento, resulta preciso igualmente la adaptación a las nuevas modalidades de edición y distribución electrónica que han supuesto la edición de las publicaciones oficiales en diversos formatos electrónicos con el fin de facilitar su acceso a los colectivos a los que se pretende llegar, desde el mayor número de equipos y dispositivos, e incorporando los valores añadidos que el medio electrónico permite, como la accesibilidad, interoperabilidad y reutilización. En este sentido, las Unidades editoras deben tener en cuenta la multitud de posibilidades que las herramientas electrónicas y los nuevos canales de distribución ofrecen, optimizando las posibilidades de los sitios web corporativos y las nuevas formas de relacionarse con el ciudadano. Por otra parte, desde la aprobación de la Orden PRE/2571/2011, de 22 de septiembre, se ha puesto en marcha el Portal Nacional que organiza y gestiona el Catálogo de Información Pública de la Administración General del Estado (datos.gob.es) que tiene como objetivo prioritario promover la publicación, mejorar el acceso y favorecer la reutilización de la información pública correspondiente a la Administración General del Estado. Con el fin de alcanzar los objetivos antes descritos, las publicaciones han de utilizar los soportes y formatos más idóneos, teniendo en cuenta las posibilidades que en cada momento ofrezcan las tecnologías de la información además de la necesaria optimización de los recursos públicos en aras de la máxima eficacia y racionalidad. Por todo ello, esta orden ministerial tiene por objeto adaptar la regulación del NIPO a esta nueva realidad, rediseñando su ámbito de gestión para dar cabida a la rápida evolución tecnológica del sector y de la Administración General del Estado, garantizando al mismo tiempo el control y la explotación de las publicaciones y la información bibliográfica y de gestión relacionada, la simplificación administrativa de los procedimientos asociados a su edición, la preservación de los contenidos editados por la Administración General del Estado y la garantía y facilidad de acceso a los mismos. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 8 del Real Decreto 118/2001, de 9 de febrero, de ordenación de publicaciones oficiales, ante el nuevo escenario tecnológico y con objeto de adaptar la gestión y asignación del número de identificación de las publicaciones oficiales a las nuevas necesidades que demandan los actuales objetivos de la actividad editorial de la Administración General del Estado, se considera necesario revisar las previsiones establecidas en la Orden PRE/2571/2011, de 22 de septiembre. Asimismo, se ha ponderado la posibilidad cambiar el término «electrónico» por «digital», habida cuenta de que la producción editorial de la Administración General del Estado parece adaptarse en su mayoría a formatos digitales. No obstante, considerando que el corpus legislativo referente a bibliotecas y gestión de documentos utiliza de forma genérica el término electrónico, se decidió finalmente dicha opción, para estar en consonancia con disposiciones de mayor rango. La presente orden ha sido informada por la Junta de Coordinación de Publicaciones Oficiales. En virtud de lo expuesto, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, dispongo: Artículo 1. Objeto. La presente Orden regula la solicitud, asignación y reflejo en las publicaciones de la Administración General del Estado, sus organismos y entidades vinculadas o dependientes de ella de un código numérico –número de identificación de las publicaciones oficiales (NIPO)– que las ha de identificar a efectos de gestión, de control y de información. Artículo 2. Ámbito del NIPO. Todas las publicaciones, de cualquier tipología, soporte y formato, onerosas o gratuitas, que vayan a ser editadas por la Administración General del Estado y sus organismos y entidades vinculadas o dependientes de ella, incluidas en los programas editoriales ministeriales, recogerán el número de identificación NIPO, en los términos que se indican en el artículo 7. Artículo 3. Las publicaciones electrónicas y bajo demanda. 1. Las publicaciones electrónicas comprenderán información de cualquier naturaleza, archivada en un soporte electrónico o disponible en línea, según un formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado, que sea objeto de difusión. 2. Las publicaciones electrónicas y las publicaciones bajo demanda, a todos los efectos, se encuentran vinculadas a la normativa vigente sobre publicaciones oficiales, por lo que, además de incluirse en el programa editorial, han de disponer y reflejar el NIPO. 3. Las publicaciones bajo demanda se analizarán en las memorias editoriales de forma independiente de las publicaciones en papel y de las publicaciones electrónicas. 4. A los efectos de asignación de NIPO, las bases de datos se considerarán publicaciones en línea cuando tengan un contenido homogéneo y estable, una unidad temática consistente y voluntad de difusión pública. 5. Las publicaciones electrónicas podrán reproducirse en papel por la propia Unidad editora para su uso como garantía de conservación, para consulta en la biblioteca del propio organismo, o para su uso en sesiones de trabajo. Dichas reproducciones se ajustarán al número de ejemplares que resulte necesario para el uso acordado, especificándose su naturaleza en cada reproducción, y conservando el mismo NIPO que la edición electrónica. 6. Las publicaciones oficiales electrónicas deberán adecuarse a los siguientes principios técnicos: a) Accesibilidad. Las publicaciones oficiales electrónicas respetarán los principios de accesibilidad y usabilidad, los estándares abiertos y, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos, de acuerdo con lo previsto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, y en su normativa de desarrollo. b) Interoperabilidad. Las publicaciones oficiales electrónicas serán conformes al Esquema Nacional de Interoperabilidad, aprobado por el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica, así como a las normas técnicas de interoperabilidad. c) Reutilización. Cuando los derechos de autor lo permitan, se fomentará que las publicaciones oficiales electrónicas sean editadas en formatos que permitan su reutilización, de acuerdo con lo previsto en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público y en su normativa de desarrollo. Artículo 4. Estructura del NIPO. El NIPO estará compuesto por nueve dígitos, distribuidos en cuatro grupos, que se representarán separados entre sí por guiones, con la siguiente composición: El primero, formado por tres dígitos, identificará a la Unidad u organismo editor. El segundo, formado por dos dígitos, el año de programación de la publicación expresado por sus dos últimas cifras. El tercero, formado por tres dígitos, constituye el número correspondiente a la publicación por orden natural sucesivo atendiendo a su asignación. El cuarto, formado por un dígito, de comprobación para tratamiento informático. Artículo 5. Solicitud del NIPO para publicaciones incluidas en el programa editorial. 1. El NIPO se solicitará, para las publicaciones incluidas en los programas editoriales del ejercicio en curso, por la Unidad editora correspondiente, a través del Centro de Publicaciones del Departamento que validará la solicitud. 2. La solicitud del NIPO, para las publicaciones incluidas en el programa editorial pero pendientes de encaje presupuestario en el concepto económico 240 o pendientes de concretar su financiación, quedará condicionada a la existencia de dicha financiación. 3. La solicitud de NIPO se realizará en el momento de iniciar el expediente económico de contratación que proceda o inmediatamente antes del comienzo de la edición, es decir, en este caso cuando el proceso de preparación del original esté finalizado. La asignación del NIPO tendrá carácter irrevocable, por lo que no se podrán dar de baja del programa editorial publicaciones con NIPO asignado, sin perjuicio de que sean o no editadas. 4. Dado que los programas editoriales tienen ámbito temporal anual, no podrá solicitarse la asignación de NIPO una vez vencido el ejercicio. Artículo 6. Solicitud del NIPO anticipado a la inclusión de las publicaciones en el programa editorial. Excepcionalmente, podrá solicitarse NIPO anticipado para una publicación antes de su inclusión en el programa editorial en los casos siguientes: a) Por razones de urgencia ante la necesidad de realizar un expediente de gasto de tramitación anticipada, se podrá solicitar el NIPO anticipado en los tres meses previos al ejercicio del programa editorial en el que vaya a ser incluida la publicación, y en el mismo ejercicio antes de la aprobación de dicho programa editorial. Dicha necesidad deberá ser certificada por el responsable de la Unidad editora. b) Se podrá solicitar NIPO anticipado en el segundo semestre, antes de la aprobación de la revisión del programa editorial en el que vaya a ser incluida la publicación. Artículo 7. Asignación del NIPO. 1. El NIPO será asignado por la Secretaría de la Junta de Coordinación de Publicaciones Oficiales. 2. Los NIPOs anticipados asignados quedarán condicionados a la efectiva inclusión de las publicaciones en los programas editoriales. 3. A cada soporte, formato, edición, volumen, e idioma de una misma publicación se le asignará un NIPO. No obstante, se asignará el mismo NIPO, siempre que se mantenga la misma Unidad editora, a: a) Todos los números de una publicación periódica. b) Todos los volúmenes de una obra programados en un mismo ejercicio cuando se editen de forma conjunta y con distribución unitaria. c) Las sucesivas versiones de las bases de datos, salvo modificaciones sustanciales como cambios en la estructura, índices y propósito. d) Las sucesivas versiones de las publicaciones en línea, páginas web y los recursos integrables ininterrumpidos, salvo modificaciones sustanciales. e) Las publicaciones realizadas en impresión bajo demanda de una edición en papel, siempre que no supongan modificación de los elementos esenciales de la comercialización. f) Las reimpresiones de una edición en soporte físico. g) Las digitalizaciones de ediciones previas en papel que no incorporen labores de edición que enriquezcan la publicación, elaboradas a efectos de preservación o difusión gratuita. Estas publicaciones se incluirán en el programa editorial del ejercicio en el que se vayan a editar con el NIPO de la versión original. 4. A las publicaciones que se incluyan en más de un programa editorial por abarcar su producción editorial más de un ejercicio, se les asignará un único NIPO que será tramitado durante el primer ejercicio. 5. Las publicaciones unitarias pertenecientes a una misma colección o serie se podrán programar bajo el título de la colección/serie cuando, de forma excepcional, en el momento de elaborar el programa editorial, no se puedan concretar los títulos de las publicaciones que la componen. En el programa editorial se incluirá una estimación del número de títulos a editar durante el ejercicio. Para cada una de estas publicaciones se solicitará y asignará un NIPO diferente. 6. Dentro de una lengua, soporte y formato concretos, los mapas de características técnicas similares podrán incluirse en el programa editorial agrupados bajo una misma serie. Igualmente podrá hacerse con los folletos, carteles y otros materiales menores siempre que pertenezcan a la misma tipología, obedezcan a una misma finalidad, tengan unidad de contenido y se editen en la misma lengua, soporte y formato. 7. No se asignará NIPO a las publicaciones que sean: a) Obras sin distribución pública o cuya circulación esté restringida al ámbito interno de la Administración General del Estado. b) Los materiales docentes de uso exclusivamente interno. c) Las publicaciones que tengan carácter reservado, al amparo de lo establecido en la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales. d) Los materiales, cualquiera que sea su soporte, que no tengan contenido informativo o éste sea irrelevante, los juegos y los objetos tridimensionales aunque acompañen a un documento. e) Los documentos, que en aplicación de las obligaciones de publicidad activa recogidas en los artículos 6, 7 y 8 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, supongan la mera traslación o agregación de datos sobre las materias recogidas en los citados artículos. 8. Para la solicitud y asignación del NIPO se utilizará el Sistema de gestión para la coordinación de las publicaciones oficiales (sistema de gestión). La Secretaría de la Junta de Coordinación de Publicaciones Oficiales establecerá los datos que habrán de aportarse para solicitar el NIPO, será responsable del mantenimiento del sistema de gestión y determinará cualquier cuestión que pueda surgir en relación con la asignación del NIPO. Artículo 8. Requisito del NIPO para la realización de las publicaciones oficiales. Todas las publicaciones de la Administración General del Estado deberán reflejar el NIPO asignado en los términos que se establece en el artículo siguiente. Los expedientes de autorización de gasto para la realización de las publicaciones de la Administración General del Estado irán acompañados del NIPO. Sin el cumplimiento de este requisito no podrá aprobarse el gasto correspondiente. Artículo 9. Indicación del NIPO. 1. En las publicaciones en soporte papel, el NIPO aparecerá impreso en la página de créditos. 2. En las publicaciones electrónicas, el NIPO se incluirá en los metadatos incorporados en la publicación, además de aparecer visiblemente colocado en el texto. a) En el caso de las publicaciones electrónicas en soporte tangible, en dicho soporte o en cualquiera de las etiquetas que estén adheridas de forma permanente a él. En el caso de que no fuera posible, se recogerá en el embalaje permanente del soporte. b) En las publicaciones en línea, en la página o en la pantalla que muestra el título, en la pantalla inicial de acceso a los contenidos o en la pantalla en la que aparecen los créditos. Artículo 10. Coediciones y otras formas de colaboración editorial. 1. Se considerará que hay coedición en aquellas obras en las que colaboren dos o más editoriales en la gestión o la producción editoriales. A todos los efectos, se considerará como coeditor principal aquél que aporte el original. 2. La previsión de una coedición entre dos o más Unidades editoras de la Administración General del Estado exigirá la inclusión de la publicación en los programas editoriales departamentales correspondientes y la solicitud de NIPO por cada una de las Unidades editoras que participen en la coedición. En el sistema de gestión, se especificará qué Unidad editora aporta el original. 3. Si la coedición fuera entre una Unidad editora de la Administración General del Estado y cualquier editorial que no sea Unidad editora de la Administración General del Estado, solamente la Unidad editora deberá solicitar la asignación de NIPO. 4. A efectos de inclusión en el programa editorial y de solicitud de NIPO, se tendrán en cuenta las publicaciones en cualquier soporte que se realicen en cualquiera de las modalidades de coedición o colaboración editorial, aunque no impliquen coste presupuestario alguno para la Unidad editora, siempre que en la obra de que se trate vaya a aparecer algún signo de identificación oficial. 5. Se considerará patrocinio, y no coedición, la participación de una entidad privada o pública, no configurada como Unidad editora de la Administración General del Estado, que solo aporte recursos económicos. En este caso, solo la Unidad editora deberá solicitar la asignación del NIPO. Artículo 11. Entrega de ejemplares a la Secretaría de la Junta de Coordinación de Publicaciones Oficiales. 1. En el caso de las publicaciones con soporte tangible, las unidades editoras enviarán dos ejemplares a la Secretaría de la Junta de Coordinación de Publicaciones Oficiales, en un plazo de quince días desde su aparición. Asimismo, enviarán un archivo electrónico a efectos de conservación y, en su caso, distribución. 2. En el caso de las publicaciones sin soporte físico tangible, las unidades editoras enviarán un archivo electrónico que contenga una copia idéntica, a efectos de catalogación, conservación y difusión. 3. De las bases de datos, sometidas a actualizaciones no sustanciales, se enviará la copia de la última versión del ejercicio a la Secretaría de la Junta de Coordinación de Publicaciones Oficiales. Artículo 12. Aportación de datos de las publicaciones editadas a la Secretaría de la Junta de Coordinación de Publicaciones Oficiales. 1. En el mismo plazo indicado en el artículo anterior, las unidades editoras, a través del Centro de Publicaciones del Departamento, remitirán por el sistema de gestión a la Secretaría de la Junta de Coordinación de Publicaciones Oficiales los datos definitivos de las publicaciones aparecidas. 2. En cualquier caso, la carga de datos revisados y definitivos en el sistema de gestión de las publicaciones correspondientes al programa editorial, de ámbito temporal anual, deberá quedar concluida con fecha límite el 31 de enero del ejercicio siguiente. Disposición transitoria única. Programas editoriales del ejercicio 2015. La ejecución de los programas editoriales ministeriales del ejercicio 2015 y la consiguiente gestión del NIPO de las correspondientes publicaciones se llevarán a cabo conforme con la normativa hasta ahora vigente. Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Queda derogada la Orden PRE/2571/2011, de 22 de septiembre, por la que se regula el número de identificación de las publicaciones oficiales. Disposición final única. Entrada en vigor. La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 6 de noviembre de 2015.–La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría Antón.

Regulación del número (NIPO, 9 dígitos) que tienen que tener TODA publicación oficial, también las que son bajo demanda

Desde la aprobación por este Ministerio de la Presidencia de la Orden PRE/2571/2011, de 22 de septiembre, por la que se regula el número de identificación de las publicaciones oficiales, se han producido diversas novedades legales que afectan al sector de las publicaciones oficiales. En primer lugar, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en cuanto ha supuesto la publicación de miles de documentos elaborados por la Administración General del Estado, en cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa derivadas de dicha Ley y respecto de los cuales resultaba preciso clarificar su consideración y tratamiento desde el punto de vista de la gestión de publicaciones oficiales. Por otra parte, el Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, para el ámbito del sector público estatal, obliga a las unidades editoras de la Administración General del Estado a facilitar la reutilización de los contenidos de las publicaciones oficiales, prioritariamente los de mayor relevancia social y económica, salvo que existan derechos de propiedad intelectual o industrial que lo impidan. Finalmente, la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), constituida mediante Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de octubre de 2012, a través de la Subcomisión de Simplificación Administrativa, propuso la elaboración de un Manual de Simplificación Administrativa y reducción de cargas para la Administración General del Estado (AGE). Mediante Acuerdo de Consejo de Ministros de 19 de septiembre de 2014, se toma conocimiento de la elaboración de dicho Manual y se establece la obligación de elaborar un Plan Anual de simplificación administrativa y reducción de cargas, cuya primer anualidad corresponderá a la del año 2015. En el Plan de este año 2015 se ha incluido el procedimiento de gestión de las publicaciones oficiales y especialmente la asignación del Número de Identificación de Publicación Oficial (NIPO), como uno de los procedimientos a simplificar, con la consiguiente reducción de cargas para el conjunto de las unidades editoras de la AGE. Además de todas las consideraciones jurídicas o administrativas realizadas hasta este momento, resulta preciso igualmente la adaptación a las nuevas modalidades de edición y distribución electrónica que han supuesto la edición de las publicaciones oficiales en diversos formatos electrónicos con el fin de facilitar su acceso a los colectivos a los que se pretende llegar, desde el mayor número de equipos y dispositivos, e incorporando los valores añadidos que el medio electrónico permite, como la accesibilidad, interoperabilidad y reutilización. En este sentido, las Unidades editoras deben tener en cuenta la multitud de posibilidades que las herramientas electrónicas y los nuevos canales de distribución ofrecen, optimizando las posibilidades de los sitios web corporativos y las nuevas formas de relacionarse con el ciudadano. Por otra parte, desde la aprobación de la Orden PRE/2571/2011, de 22 de septiembre, se ha puesto en marcha el Portal Nacional que organiza y gestiona el Catálogo de Información Pública de la Administración General del Estado (datos.gob.es) que tiene como objetivo prioritario promover la publicación, mejorar el acceso y favorecer la reutilización de la información pública correspondiente a la Administración General del Estado. Con el fin de alcanzar los objetivos antes descritos, las publicaciones han de utilizar los soportes y formatos más idóneos, teniendo en cuenta las posibilidades que en cada momento ofrezcan las tecnologías de la información además de la necesaria optimización de los recursos públicos en aras de la máxima eficacia y racionalidad. Por todo ello, esta orden ministerial tiene por objeto adaptar la regulación del NIPO a esta nueva realidad, rediseñando su ámbito de gestión para dar cabida a la rápida evolución tecnológica del sector y de la Administración General del Estado, garantizando al mismo tiempo el control y la explotación de las publicaciones y la información bibliográfica y de gestión relacionada, la simplificación administrativa de los procedimientos asociados a su edición, la preservación de los contenidos editados por la Administración General del Estado y la garantía y facilidad de acceso a los mismos. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 8 del Real Decreto 118/2001, de 9 de febrero, de ordenación de publicaciones oficiales, ante el nuevo escenario tecnológico y con objeto de adaptar la gestión y asignación del número de identificación de las publicaciones oficiales a las nuevas necesidades que demandan los actuales objetivos de la actividad editorial de la Administración General del Estado, se considera necesario revisar las previsiones establecidas en la Orden PRE/2571/2011, de 22 de septiembre. Asimismo, se ha ponderado la posibilidad cambiar el término «electrónico» por «digital», habida cuenta de que la producción editorial de la Administración General del Estado parece adaptarse en su mayoría a formatos digitales. No obstante, considerando que el corpus legislativo referente a bibliotecas y gestión de documentos utiliza de forma genérica el término electrónico, se decidió finalmente dicha opción, para estar en consonancia con disposiciones de mayor rango. La presente orden ha sido informada por la Junta de Coordinación de Publicaciones Oficiales. En virtud de lo expuesto, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, dispongo: Artículo 1. Objeto. La presente Orden regula la solicitud, asignación y reflejo en las publicaciones de la Administración General del Estado, sus organismos y entidades vinculadas o dependientes de ella de un código numérico –número de identificación de las publicaciones oficiales (NIPO)– que las ha de identificar a efectos de gestión, de control y de información. Artículo 2. Ámbito del NIPO. Todas las publicaciones, de cualquier tipología, soporte y formato, onerosas o gratuitas, que vayan a ser editadas por la Administración General del Estado y sus ### RESUMEN: Regulación del número (NIPO, 9 dígitos) que tienen que tener TODA publicación oficial, también las que son bajo demanda

La Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.5 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, atendiendo a las propuestas realizadas por las comunidades autónomas y previos los informes que se citan en dicho artículo, ha fijado la oferta de plazas a incluir en la convocatoria de pruebas selectivas 2020 para iniciar la formación sanitaria especializada en el año 2021. Revisada la oferta y de conformidad con lo previsto en el artículo 22.6 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, se procede a la aprobación definitiva de dicha oferta y se aprueba la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a plazas de formación sanitaria especializada a las personas con grado/licenciatura/diplomatura de Medicina, Farmacia, Enfermería y ámbito de la Psicología, la Química, la Biología y la Física. Para la aprobación de la presente orden se ha tenido en cuenta, sin perjuicio de las peculiaridades que en cada caso correspondan en la normativa vigente, además de lo dispuesto en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias y en el Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada, lo dispuesto en la Orden de 27 de junio de 1989, por la que se establecen las normas reguladoras de las pruebas selectivas para el acceso a plazas de Formación Sanitaria Especializada; en el Real Decreto 450/2005, de 22 de abril, sobre especialidades de Enfermería; en el Real Decreto 578/2013, de 26 de julio, por el que se establecen medidas de acción positiva aplicables a las personas con discapacidad que participen en las convocatorias anuales de pruebas selectivas para el acceso a plazas de formación sanitaria especializada, en desarrollo del artículo 22.3 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre; y en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y su normativa de desarrollo. En la presente convocatoria y de conformidad con lo establecido en el artículo 22.1 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, se establece que las personas que participen en las pruebas selectivas de Formación Sanitaria Especializada, se relacionen obligatoriamente a través de medios electrónicos, en los supuestos que establece la presente orden. La presente orden ha sido informada por la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud y por el Ministerio de Universidades. De conformidad con lo previsto en el Real Decreto 1041/2020, de 24 de noviembre, por el que se modifican el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, y el Real Decreto 735/2020, de 4 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, corresponde a la persona titular de la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad asumir las competencias de gestión de la formación especializada, incluyendo la ordenación y gestión de las pruebas selectivas que se convocan mediante esta orden, en los términos que se especifican en sus bases. En su virtud, dispongo: Primero. Aprobación de la oferta de plazas. Aprobar la oferta de plazas de formación sanitaria especializada de las pruebas selectivas 2020/2021 para las titulaciones universitarias de grado/licenciatura/diplomatura de Medicina, Farmacia, Enfermería y del ámbito de la Psicología, la Química, la Biología y la Física, con indicación de las que pueden ser cubiertas por aspirantes que se acogen al turno de personas con discapacidad y publicar en el anexo I el catálogo de plazas elegibles y el máximo de plazas a adjudicar en los términos establecidos en los cuadros 1 y 2 del citado anexo. 1. Medicina: 7.989 plazas de las especialidades relacionadas en los apartados 1 y 5 del anexo I del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, conforme sigue: a) 7.940 plazas distribuidas por comunidades autónomas en los centros y unidades docentes que se indican en el anexo I, cualquiera que sea la titularidad pública o privada de los centros. b) 49 plazas en centros sanitarios de titularidad privada que ejerzan el derecho de conformidad previa a las personas que pretendan acceder a las mismas. El derecho de conformidad previa solo podrá hacerse efectivo si el aspirante ha superado la puntuación mínima que, en su caso, se establezca y si ha obtenido en la prueba selectiva un número de orden igual o menor al total de plazas convocadas para esta titulación, en el grupo integrado por las plazas incluidas en el apartado anterior. c) 559 plazas podrán ser cubiertas en esta convocatoria por el turno de personas con discapacidad, mediante el procedimiento regulado en el dispongo primero de la presente orden. d) 320 plazas podrán ser cubiertas por personas que no sean titulares de una autorización para residir en España, a las que se hace referencia en el dispongo segundo, apartado 1.e), según lo previsto en el artículo 7.2 de la Orden de 27 de junio de 1989, correspondiendo al cuatro por cien del total de las plazas ofertadas para esta titulación. 2. Farmacia: 267 plazas de las especialidades relacionadas en los apartados 2 y 5 del anexo I del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, conforme sigue: a) 262 plazas distribuidas por comunidades autónomas en los centros y unidades docentes que se indican en el anexo I, cualquiera que sea la titularidad pública o privada de los centros. b) 5 plazas en centros sanitarios de titularidad privada que ejerzan el derecho de conformidad previa a las personas que pretendan acceder a las mismas. El derecho de conformidad previa solo podrá hacerse efectivo si el aspirante ha superado la puntuación mínima que, en su caso, se establezca y si ha obtenido en la prueba selectiva un número de orden igual o menor al total de plazas convocadas para esta titulación, en el grupo integrado por las plazas incluidas en el apartado anterior. c) 19 plazas podrán ser cubiertas en esta convocatoria por el turno de personas con discapacidad, mediante el procedimiento regulado en el dispongo primero de la presente orden. d) 8 plazas podrán ser cubiertas por personas que no sean titulares de una autorización para residir en España, a las que se hace referencia en el dispongo segundo, apartado 1.e), según lo previsto en el artículo 7.2 de la Orden de 27 de junio de 1989, correspondiendo al tres por cien del total de las plazas ofertadas para esta titulación. 3. Enfermería: 1.683 plazas para las especialidades relacionadas en el apartado 4 del anexo I del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, conforme sigue: a) 1.683 plazas distribuidas por comunidades autónomas en los centros y unidades docentes que se indican en el anexo I, cualquiera que sea la titularidad pública o privada de los centros. b) 118 plazas podrán ser cubiertas en esta convocatoria por el turno de personas con discapacidad, mediante el procedimiento regulado en el dispongo primero de la presente orden. c) 34 plazas podrán ser cubiertas por personas que no sean titulares de una autorización para residir en España, a las que se hace referencia en el dispongo segundo, apartado 1.e), según lo previsto en el artículo 7.2 de la Orden de 27 de junio de 1989, correspondiendo al dos por cien del total de las plazas ofertadas para esta titulación. 4. Ámbito de la Química: 22 plazas de las especialidades citadas en el apartado 5 del anexo I del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, conforme sigue: a) 22 plazas distribuidas por comunidades autónomas en los centros y unidades docentes que se indican en el anexo I, cualquiera que sea la titularidad pública o privada de los centros. b) 2 plazas podrán ser cubiertas en esta convocatoria por el turno de personas con discapacidad, mediante el procedimiento regulado en el dispongo primero de la presente orden. 5. Ámbito de la Biología: 50 plazas de las especialidades citadas en el apartado 5 del anexo I del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, conforme sigue: a) 48 plazas distribuidas por comunidades autónomas en los centros y unidades docentes que se indican en el anexo I, cualquiera que sea la titularidad pública o privada de los centros. b) 2 plazas en centros sanitarios de titularidad privada que ejerzan el derecho de conformidad previa a las personas que pretendan acceder a las mismas. El derecho de conformidad previa solo podrá hacerse efectivo si el aspirante ha superado la puntuación mínima que, en su caso, se establezca y si ha obtenido en la prueba selectiva un número de orden igual o menor al total de plazas convocadas para esta titulación, en el grupo integrado por las plazas incluidas en el apartado anterior. c) 4 plazas podrán ser cubiertas en esta convocatoria por el turno de personas con discapacidad, mediante el procedimiento regulado en el dispongo primero de la presente orden. 6. Ámbito de la Psicología: 198 plazas para la especialidad de Psicología Clínica a la que se refiere el apartado 3 del anexo I del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, conforme sigue: a) 198 plazas distribuidas por comunidades autónomas en los centros y unidades docentes que se indican en el anexo I, cualquiera que sea la titularidad pública o privada de los centros. b) 14 plazas podrán ser cubiertas en esta convocatoria por el turno de personas con discapacidad, mediante el procedimiento regulado en el dispongo primero de la presente orden. 7. Ámbito de la Física: 40 plazas para la especialidad de Radiofísica Hospitalaria a la que se refiere el apartado 5 del anexo I del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, conforme sigue: a) 39 plazas distribuidas por comunidades autónomas en los centros y unidades docentes que se indican en el anexo I, cualquiera que sea la titularidad pública o privada de los centros. b) 1 plaza en centro sanitario de titularidad privada que ejerza el derecho de conformidad previa a las personas que pretendan acceder a la misma. El derecho de conformidad previa solo podrá hacerse efectivo si el aspirante ha superado la puntuación mínima que, en su caso, se establezca y si ha obtenido en la prueba selectiva un número de orden igual o menor al total de plazas convocadas para esta titulación, en el grupo integrado por las plazas incluidas en el apartado anterior. c) 3 plazas podrán ser cubiertas en esta convocatoria por el turno de personas con discapacidad mediante el procedimiento regulado en el dispongo primero de la presente orden. En el anexo I de la presente Orden se establece la relación de plazas de formación acreditadas y ofertadas en centros y unidades docentes de las comunidades autónomas. Las plazas que figuran como ofertadas podrán ser elegidas hasta alcanzar el número máximo de plazas a adjudicar en esta convocatoria para cada especialidad, tal como se relaciona en el cuadro número 1 del anexo I. A las plazas señaladas con un asterisco en el cuadro 1 se les aplica un cupo autonómico. En el cuadro número 2 se especifica la distribución de las plazas de especialidades multidisciplinares entre las diversas titulaciones vinculadas a sus respectivos ámbitos. Las plazas ofertadas se entienden sin perjuicio de las reducciones que procedan como consecuencia de los procedimientos de desacreditación concluidos con anterioridad a la resolución que convoca a las personas seleccionadas para que presenten solicitud de adjudicación de plaza. El número de plazas que pueden ser cubiertas con personas con discapacidad de las distintas titulaciones, según se indica en los anteriores apartados 1.c); 2.c); 3.b); 4.b); 5.c), 6.b) y 7.c), se corresponde con el siete por cien de la totalidad de las ofertadas en esta convocatoria, según lo dispuesto en el artículo 22.3 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, desarrollado por el artículo 32 del Real Decreto 578/2013, de 26 de julio. Se acumularán al turno ordinario de esta misma convocatoria, las plazas ofertadas por el turno de discapacidad que no resulten adjudicadas. Segundo. Convocatoria de pruebas selectivas. Convocar la provisión de las plazas ofertadas conforme a las siguientes bases: 1. Requisitos de admisión a las pruebas Para ser admitidas a la realización de las presentes pruebas, las personas solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos: a) Titulación universitaria: i) Estar en posesión del correspondiente título universitario oficial español de grado/licenciatura/diplomatura o bien, reconocimiento u homologación de un título extranjero, según se especifica a continuación: – Títulos que habilitan para el ejercicio de la profesión de médica/o para optar a las plazas de Especialidades Médicas y Especialidades Multidisciplinares de Análisis Clínicos, Bioquímica Clínica, Inmunología y Microbiología y Parasitología. – Títulos que habilitan para el ejercicio de la profesión de farmacéutica/o para optar a las plazas de Farmacia Hospitalaria y Especialidades Multidisciplinares de Análisis Clínicos, Bioquímica Clínica, Inmunología, Microbiología y Parasitología y Radiofarmacia. – Títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión de enfermera/o para optar a las plazas de Especialidades de Enfermería. ii) Estar en posesión del correspondiente título universitario oficial español de grado/licenciatura o bien, reconocimiento u homologación de un título extranjero, según se especifica a continuación: – Titulaciones del ámbito de la Psicología para optar a las plazas de Psicología Clínica. – Titulaciones del ámbito de la Física u otras disciplinas científicas y tecnológicas, para optar a las plazas de Radiofísica Hospitalaria. – Titulaciones del ámbito de la Biología para el acceso a las Especialidades Multidisciplinares de Análisis Clínicos, Bioquímica Clínica, Inmunología, Microbiología y Parasitología y Radiofarmacia. – Titulaciones del ámbito de la Química para el acceso a las Especialidades Multidisciplinares de Análisis Clínicos, Bioquímica Clínica, Inmunología, Microbiología y Parasitología y Radiofarmacia. Las personas con grado/licenciatura en Bioquímica realizarán la prueba selectiva de Química o Biología según la opción elegida al cumplimentar su solicitud. b) No exceder de la edad de jubilación forzosa legalmente establecida o en caso de no alcanzarla, que no se llegue a ella antes de la finalización del periodo de residencia máximo para cada titulación. c) Estar en posesión de la nacionalidad española o de la de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo, de la Confederación Suiza, del Principado de Andorra, o ser nacional de aquellos estados a los que en virtud de Convenio o Tratado Internacional se extienda el régimen previsto para los nacionales de los anteriores. Asimismo, podrán participar en esta convocatoria, cualquiera que sea su nacionalidad, los familiares con vínculos de parentesco con personas de las nacionalidades referidas en el párrafo anterior, que se encuentren incluidos en el ámbito de aplicación de la normativa española sobre el régimen comunitario de extranjería, en los términos que se citan a continuación: – El cónyuge, o la pareja de hecho inscrita en un registro público establecido a esos efectos, siempre que no haya recaído el acuerdo o la declaración de nulidad del vínculo matrimonial, divorcio o se haya cancelado la correspondiente inscripción. – Los descendientes directos, así como los del cónyuge o pareja, menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas. Las situaciones antes descritas se aplicarán con sujeción a lo previsto en el Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. d) Podrán presentarse a las presentes pruebas selectivas para acceder a plazas de cualquier titulación en igualdad de condiciones que las personas españolas, las personas apátridas y las personas nacionales de países no incluidos en el apartado c), que sean titulares de una autorización para residir en España en los términos establecidos en el Real Decreto 865/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de reconocimiento del estatuto de apátrida y en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, y en su Reglamento, aprobado por Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009. e) Podrán solicitar acceso a las pruebas de las titulaciones de Medicina, Farmacia y Enfermería, las personas nacionales de países no incluidos en el apartado c) y las personas que no cumplan los requisitos establecidos en los apartados c) y d), siempre que, en el plazo de presentación de solicitudes, sus países tengan suscrito y en vigor Convenio o Tratado Internacional en virtud del cual se extienda el régimen previsto para los nacionales de los anteriores. En este grupo están incluidas las personas nacionales de dichos países que se encuentren en España con autorización de estancia por estudios. f) Renuncia previa y expresa a plaza de formación sanitaria especializada, de conformidad con lo establecido en el párrafo g) de la disposición transitoria quinta del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero. Tendrá que haber sido comunicada, antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes, al Registro Nacional de Especialistas en Formación a través de la Comisión de Docencia, no siendo preciso aportar ninguna documentación en el momento de hacer la solicitud ni a lo largo del proceso selectivo. La falta de renuncia previa detectada por la administración sanitaria implicará la exclusión de la prueba y de todos los derechos derivados de la misma. g) Las personas aspirantes nacionales de estados cuya lengua oficial no sea el español, sólo serán admitidos a las presentes pruebas si acreditan un conocimiento suficiente del mismo, según lo dispuesto en punto 2.6, apartado f) del dispongo segundo de la presente Orden. h) Abonar la tasa de derechos de examen, salvo que concurra causa de exención. El abono de la tasa deberá acreditarse según lo dispuesto en el punto 2.2 del dispongo segundo de la presente Orden. i) Firmar el formulario de solicitud para participar en las pruebas selectivas; mediante firma electrónica o rúbrica personal, en los casos contemplados en esta orden. Los requisitos establecidos en esta base se deberán poseer o cumplir, y haber sido acreditados, en el plazo de presentación de solicitudes. Asimismo, deberán mantenerse durante el desarrollo de las pruebas y, en su caso, hasta la fecha de toma de posesión. Si en el transcurso del proceso selectivo se conociera que alguna de las personas aspirantes no posee la totalidad de los requisitos exigidos en la convocatoria, previa audiencia de las mismas, la persona titular de la Dirección General de Ordenación Profesional dictará resolución de exclusión del proceso selectivo. 2. Presentación de solicitudes 2.1 Modelo de solicitud. Las solicitudes para participar en estas pruebas se dirigirán a la persona titular de la Secretaría de Estado de Sanidad del Ministerio de Sanidad, Centro Gestor E05173901, y se adecuarán al modelo 790 de «Solicitud de admisión a pruebas selectivas de acceso a formación sanitaria especializada y liquidación de tasa de derechos de examen», que se reproduce a efectos informativos en el anexo II. El modelo 790 de solicitud se cumplimentará a través de la Sede electrónica del Ministerio de Sanidad: https://sede.mscbs.gob.es/ciudadanos/procAdministrativos.do?tipo=detallar&cod=080420 Cada formulario de solicitud tendrá asignado un número de referencia identificativo único, por lo que no serán válidas las copias del mismo. Sin perjuicio del plazo de subsanación previsto en la relación provisional de admitidos, la ausencia de firma en la solicitud, ya sea a través de firma electrónica o mediante rúbrica personal, será causa de no admisión a las pruebas selectivas. Con la firma de la solicitud, conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la persona solicitante otorga consentimiento expreso al Ministerio de Sanidad para que acceda a la comprobación automática, de: a) Situación de desempleo. b) Situación de discapacidad (excepto para la comunidad autónoma del País Vasco y las Ciudades de Ceuta y Melilla, para las que no se puede realizar esta validación). c) Condición de familia numerosa (excepto para las Ciudades de Ceuta y Melilla, para las que no se puede realizar esta validación). En caso de no otorgar consentimiento, marcando la casilla indicada a tal efecto en el modelo de solicitud o en las áreas geográficas anteriormente exceptuadas, se deberá aportar la documentación acreditativa del cumplimiento de los citados datos en los términos y plazos previstos en esta orden de convocatoria. De conformidad con lo previsto en el artículo 3 del Real Decreto 578/2013, de 26 de julio, las personas que hagan constar en su solicitud que se acogen al turno de personas con discapacidad no podrán cambiar de turno de acceso una vez formulada dicha opción, por lo que se incluirán en las relaciones provisionales y definitivas de admitidos, de resultados y de adjudicatarios de plaza, con la indicación de dicho turno. A las personas con discapacidad que hayan obtenido un título de especialista en Ciencias de la Salud por el sistema de residencia habiéndose acogido al turno de personas con discapacidad previsto en dicho real decreto y participen para acceder a otro título de especialista por dicho sistema, no les será de aplicación el porcentaje de las plazas ofertadas que se asignan a personas con discapacidad en la presente convocatoria. Se ha de indicar en la solicitud la localidad en la que se desee realizar el ejercicio, elegida de entre las siguientes: Cádiz, Granada, Málaga, Sevilla, Badajoz, Cáceres, Murcia, Albacete, Ciudad Real, Madrid, Alicante, Valencia, Salamanca, Valladolid, León, Logroño, Barcelona, Girona, Zaragoza, Pamplona, Bilbao, Santander, Oviedo, Santiago de Compostela, Vigo, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Cuando así sea necesario, la persona titular de la Dirección General de Ordenación Profesional podrá modificar alguna de las sedes indicadas por razones de logística o funcionalidad, asignando de oficio a las personas a otras localidades cercanas a sus domicilios. Cumplimentada y firmada la solicitud, ésta podrá presentarse electrónicamente o, excepcionalmente, en soporte papel en los términos previstos en el supuesto descrito en el punto 2.5, apartado b) del dispongo segundo de la presente Orden. En el caso de que una persona quiera modificar algunos de los datos de una solicitud presentada electrónicamente, deberá anular dicha solicitud y registrar una nueva solicitud en el plazo de presentación de las mismas. En el caso de que una persona quiera modificar algunos de los datos de una solicitud presentada de forma presencial, deberá registrar una nueva solicitud en el plazo de presentación de las mismas y solo será tenida en cuenta la registrada en último lugar. Si se decide registrar una nueva solicitud y ha tenido que realizar de nuevo el abono de la tasa a fin de poder concluir correctamente el procedimiento, se podrá solicitar posteriormente la devolución de la cantidad abonada que corresponda. 2.2 Tasa de derechos de examen. Con carácter general, la tasa de derechos de examen será de 30,49 euros, que se ingresarán en el Tesoro Público a través de pago electrónico o mediante su abono en las entidades financieras colaboradoras, en los términos previstos en cada supuesto y según el procedimiento previsto en la Orden de 4 de junio de 1998, por la que se regulan determinados aspectos de gestión recaudatoria de las tasas que constituyen derechos de la Hacienda Pública. En el ejemplar original del modelo 790 destinado a la administración, deberá constar que se ha realizado dicho ingreso acreditado con el número de referencia completo (NRC), si se trata de pago electrónico, o la validación de la entidad colaboradora a través de certificación mecánica o, en su defecto, de sello y firma autorizada de la misma en el espacio reservado a estos efectos. Únicamente cuando las solicitudes se presenten a través de las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero, el ingreso de la tasa de derechos de examen deberá efectuarse mediante transferencia bancaria a la cuenta restringida de recaudación número SWIFT BBVAESMM, IBAN ES29 0182 2370 4102 00000822 abierta en la entidad financiera «Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Sociedad Anónima (BBVA, S.A.)», siendo por cuenta de la persona aspirante todos los gastos y comisiones bancarias que se originen por dicha transferencia. Es obligatorio que cada pago se haga de forma individualizada, realizando una transferencia por cada persona solicitante en la que debe figurar expresamente el nombre completo de la persona, tal como figura en su pasaporte, y el concepto (tasa prueba selectiva) por el que hace la transferencia. Aportando como documentación complementaria a su solicitud de participación el original o copia auténtica del resguardo de la correspondiente transferencia bancaria. La falta de acreditación del abono de la tasa de derechos de examen dentro del plazo de presentación de solicitudes, así como su ingreso por importe inferior a 30,49 euros, determinará la no admisión de la persona aspirante a la prueba selectiva. La presentación y pago de los derechos de examen en la correspondiente entidad financiera colaboradora o, en su caso, del original o copia auténtica de la transferencia bancaria, no eximirá del trámite de presentación del modelo 790 en tiempo y forma. De conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, no procederá la devolución de la tasa de derechos de examen cuando el interesado sea declarado «no admitido» a la prueba selectiva por causa imputable al mismo. El procedimiento de reconocimiento del derecho a la devolución y su pago se ajustará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y en los Reales Decretos 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa y 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, así como en el apartado 15 de la Orden de 4 de junio de 1998. Estarán exentas del pago de la tasa de derechos de examen: a) Las personas que pertenezcan a familia numerosa clasificada en cualquier categoría. b) Las personas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Se considerará que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento las personas pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente y a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. c) Las personas que figuren como demandantes de empleo y que, asimismo, carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional. d) Las personas víctimas de terrorismo, en los términos definidos en la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo. 2.3 Plazo de presentación de solicitudes y de desarrollo de las pruebas selectivas. Las solicitudes se podrán presentar desde las 00:00:00 horas del día 9 de diciembre de 2020 hasta las 23:59:59 horas del día 21 de diciembre de 2020, según la hora peninsular española. Las pruebas selectivas se desarrollarán conforme a los plazos que se especifican en esta convocatoria en relación con las distintas fases del proceso. No obstante, la persona titular de la Dirección General de Ordenación Profesional podrá modificar los citados plazos, con carácter excepcional y mediante resolución motivada que habrá de publicarse con la suficiente antelación en el «Boletín Oficial del Estado». 2.4 Forma de cumplimentación de solicitudes. Será de obligado cumplimiento para participar en estas pruebas selectivas la cumplimentación electrónica de la solicitud de admisión en el modelo oficial 790, en la Sede Electrónica del Ministerio de Sanidad: (https://sede.mscbs.gob.es/ciudadanos/procAdministrativos.do?tipo=detallar&cod=080420) No se tramitarán en ningún caso formularios cumplimentados a mano. 2.5 Forma de presentación de solicitudes. La no presentación de la solicitud de admisión en tiempo y forma supondrá la exclusión de la prueba selectiva de la persona aspirante. a) Registro electrónico de solicitudes: Será de obligado cumplimiento para todas las personas que dispongan de un DNI/NIE. Los sistemas de identificación admitidos para realizar la presentación de la solicitud serán: Certificado electrónico reconocido de persona física o Cl@ve Permanente. Los sistemas de firma admitidos para realizar la presentación de la solicitud serán: AutoFirm@ y Cl@veFirma. La presentación de solicitudes por vía electrónica conllevará la firma electrónica de la solicitud y el pago electrónico de la tasa de derechos de examen, y siendo por cuenta del aspirante los gastos y comisiones bancarias que se originen. b) Registro presencial de solicitudes: Será únicamente admitido para las personas que no dispongan de un DNI/NIE, dado que no pueden disponer de un sistema de identificación electrónico permitido en España. En este caso, una vez cumplimentados los datos del formulario Modelo 790 se deberá pulsar sobre la opción «descargar solicitud». De esta manera se generará el documento que, al imprimirlo, constará de tres copias («ejemplar para la Administración», «ejemplar para la persona interesada» y «ejemplar para la entidad colaboradora»). Es imprescindible firmar mediante rúbrica personal cada uno de los tres ejemplares antes mencionados. Las personas que tengan exención de pago de las tasas de derechos de examen podrán imprimir solo dos ejemplares («ejemplar para la Administración» y «ejemplar para la persona interesada»). Con carácter previo a la presentación de la solicitud se podrá optar, si procede, por el pago electrónico de la tasa, o por el pago presencial en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras, al objeto de acreditar el abono de la misma, siendo por cuenta del aspirante los gastos y comisiones bancarias que se originen. Las solicitudes así generadas se presentarán sin perjuicio de lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en las oficinas de asistencia en materia de registros, en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero, en las oficinas de correos, y en las Delegaciones o Subdelegaciones de Gobierno que las remitirán al Ministerio de Sanidad, a través del Registro Electrónico Común. A la solicitud se unirá el original del resguardo de la transferencia bancaria, que acredite el pago de la tasa de derechos de examen, cuando las solicitudes se presenten a través de las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero. De igual forma, a la solicitud se han de unir los documentos acreditativos que correspondan, conforme a lo señalado en el siguiente apartado. 2.6 Documentación requerida para la acreditación de requisitos. a) Acreditación de titulación universitaria: No tendrán que presentar copia de titulación las personas que hayan sido admitidas a estas pruebas en cualquier convocatoria previa. El resto de personas, en el momento de realizar la solicitud, deberán adjuntar obligatoriamente, en formato pdf, copia del título universitario que en cada caso corresponda, o copia de la resolución de reconocimiento, homologación o equivalencia del correspondiente título extranjero, en la que se visualice con claridad el número de registro. En defecto del título español de grado/licenciatura/diplomatura, se aportará copia auténtica de la certificación supletoria provisional sustitutiva del mismo a la que se refiere el artículo 14.2 del Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales o en su caso el certificado sustitutorio definido en la instrucción novena de la Resolución de 26 de junio de 1989, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, para la aplicación de lo dispuesto en las Órdenes de 8 de julio de 1988 y 24 de diciembre de 1988 en materia de títulos universitarios oficiales. Se deberá haber obtenido el título universitario, la certificación supletoria provisional sustitutiva o la resolución de reconocimiento, homologación o equivalencia, antes de que finalice el plazo de presentación de solicitudes, sin perjuicio del plazo de subsanación y reclamación a las relaciones provisionales de admitidos y no admitidos. Puede consultarse en el anexo III la relación de correspondencias aplicable a los títulos extranjeros declarados equivalentes por el Ministerio de Universidades (Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para la homologación y declaración de equivalencia a titulación y a nivel académico universitario oficial y para la convalidación de estudios extranjeros de educación superior, y el procedimiento para determinar la correspondencia a los niveles del marco español de cualificaciones para la educación superior de los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado), a efectos de determinar su inclusión en los diferentes grupos de titulación. b) Acreditación de méritos académicos: La presentación de los méritos académicos es voluntaria. En el caso de querer presentar los méritos académicos, la documentación acreditativa de los mismos se presentará obligatoriamente en el momento de realización de la solicitud de admisión, aunque estos méritos se hayan presentado en cualquier convocatoria previa. Los méritos académicos vinculados a los estudios universitarios de grado/licenciatura/diplomatura, así como el reconocimiento de la calificación de la tesis doctoral, cuyas valoraciones se pretendan, deberán haberse obtenido antes de que finalice el plazo de presentación de solicitudes, sin perjuicio del plazo de subsanación y reclamación a las relaciones provisionales de admitidos y no admitidos. En relación a la copia de la certificación académica personal, ésta habrá de incluir al menos, la fecha de finalización de los estudios, las calificaciones de las materias del plan de estudios correspondiente y la media global del expediente académico. En relación a la copia de la titulación de doctor, ésta habrá de incluir la calificación obtenida en la tesis doctoral. Resultará de aplicación lo establecido en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. Para las certificaciones académicas de estudios cursados en el extranjero, deberá presentarse la declaración de equivalencia de la nota media del expediente académico universitario, de conformidad con la regulación prevista en la Resolución de 21 de marzo de 2016 de la Dirección General de Política Universitaria por las que se actualizan la relación de las escalas de calificación de los estudios o títulos universitarios extranjeros y las equivalencias al sistema de calificación de las universidades españolas y en la Resolución de 21 de julio de 2016, que la complementa. Para la valoración de los méritos académicos sólo se tendrá en cuenta la declaración de equivalencia de notas medias de estudios universitarios realizados en centros extranjeros emitida por el Ministerio de Universidades. Esta declaración de equivalencia se puede solicitar a través de la página web del Ministerio de Universidades. Para la valoración de la calificación obtenida en la tesis doctoral, se aplicará una de las siguientes puntuaciones para todos los aspirantes que hubieran obtenido dicho título, con independencia del plan de estudios de doctorado que hubieran cursado: – Apto: 0,25 puntos. – Notable: 0,50 puntos. – Sobresaliente: 0,75 puntos. – Sobresaliente Cum Laude: 1 punto. Cuando el título de doctor se haya obtenido en el extranjero, deberá presentarse copia de la correspondiente resolución de homologación, así como, copia auténtica y con traducción jurada del título expedido por la universidad extranjera, en el que se indique la calificación obtenida en la tesis doctoral. Cuando en los títulos extranjeros de Doctor no figure la calificación obtenida en la tesis doctoral, se aplicará de oficio la calificación de «Apto» c) Acreditación de la identidad: Las personas solicitantes que realicen el registro presencial de su solicitud deberán adjuntar copia de su documento de identidad en vigor a su modelo de solicitud. d) Acreditación de la nacionalidad: 1) Si la persona solicitante es nacional de otros Estados miembros de la Unión Europea o de Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de la Confederación Suiza o del Principado de Andorra, aportará, en el momento de realizar el registro de su solicitud, copia auténtica del pasaporte o del documento de identidad en vigor en virtud del cual haya efectuado la entrada en territorio español, acompañado, en su caso, del certificado de inscripción en el Registro Central de Extranjeros o del certificado del derecho a residir en España con carácter permanente. 2) Si la persona solicitante no ostenta las nacionalidades mencionadas en el apartado anterior, pero es cónyuge, pareja o familiar de una persona que sí las posee, en los términos citados en la base 1, apartado c), aportará, en el momento de realizar el registro de su solicitud, copia auténtica de la «tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión» expedida por las autoridades españolas. 3) Las personas incluidas en la base 1, apartado d), aportarán, en el momento de realizar el registro de su solicitud, copia auténtica de la «Tarjeta de Identidad de Extranjero». 4) Las personas incluidas en la base 1, apartado e), que se encuentren en España con autorización de estancia por estudios u otra situación que le permita permanecer en nuestro país, aportarán, en el momento de realizar el registro de su solicitud, copia auténtica del pasaporte en vigor junto con copia auténtica del visado que autorice su estancia legal en España, o en su caso, de la tarjeta de identidad de extranjero. 5) Si la persona solicitante presenta su solicitud a través de las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero, aportará, en el momento de realizar el registro presencial de su solicitud, copia auténtica del pasaporte en vigor realizada por las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el país que corresponda. e) Acreditación de condición que permite exención de pago de tasa: 1) Víctimas de terrorismo: Habrán de adjuntar a su solicitud, copia de la sentencia judicial firme o de la resolución administrativa por la que se reconozca tal condición. 2) Familia numerosa: Si la persona solicitante no ha otorgado consentimiento para la verificación de datos, marcando la casilla indicada a tal efecto en el modelo de solicitud, deberá adjuntar a su solicitud copia del título oficial, en vigor, acreditativo de tal condición expedido por la correspondiente comunidad autónoma en los términos previstos por la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, desarrollada por el Real Decreto 1621/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre. En el caso de títulos expedidos por las Ciudades de Ceuta y Melilla, se deberá aportar la documentación acreditativa del cumplimiento de los citados datos. 3) Grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento: Si la persona solicitante no ha otorgado consentimiento para la verificación de datos, marcando la casilla indicada a tal efecto en el modelo de solicitud, deberá adjuntar a su solicitud copia auténtica de la resolución de reconocimiento del grado de discapacidad expedida por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) u órgano competente de las comunidades autónomas, según lo previsto en el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad; o copia auténtica de la resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social o en su caso, de la resolución de reconocimiento de incapacidad permanente, expedida por el órgano competente del régimen de clases pasivas del Ministerio de Política Territorial y Función Pública o en su caso, por el órgano competente de la Administración Pública de procedencia del funcionario según lo previsto en el artículo 4.2 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. En el caso de resoluciones expedidas por la Comunidad Autónoma del País Vasco o Ciudades de Ceuta y Melilla, se deberá aportar la documentación acreditativa del cumplimiento de los citados datos. 4) Demandantes de empleo: Si la persona solicitante no ha otorgado consentimiento para la verificación de datos, marcando la casilla indicada a tal efecto en el modelo de solicitud, deberá adjuntar a su solicitud, certificación expedida por la correspondiente oficina del Servicio Público de Empleo Estatal o entidad asimilada en la respectiva comunidad autónoma. f) Acreditación del conocimiento del idioma español: Las personas aspirantes nacionales de Estados cuyo idioma oficial no sea el español acreditarán el conocimiento suficiente del mismo, mediante la presentación de copia auténtica de alguno de los siguientes documentos: – Diploma de español C1 o C2, expedido con carácter oficial por la persona titular de la Dirección del Instituto Cervantes, según lo previsto en el Real Decreto 1137/2002, de 31 de octubre, por el que se regulan los «diplomas de español como lengua extranjera (DELE)». Cuando los aspirantes no puedan aportar los diplomas previamente citados, será válida la presentación de un certificado emitido por el centro donde se realizó el examen, en el que conste que el aspirante ha sido declarado apto a la vista de las calificaciones oficiales otorgadas por el Instituto Cervantes en la prueba de que se trate. – Certificado acreditativo de la adquisición de las competencias correspondientes a los cursos especializados de los niveles C1 o C2, expedido por el órgano competente de la administración educativa de la correspondiente comunidad autónoma, o en su caso del Estado (Escuelas Oficiales de Idiomas) de acuerdo con lo previsto para dichos niveles en el Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre, por el que se fijan las exigencias mínimas del nivel básico a efectos de certificación, se establece el currículo básico de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2, de las Enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se establecen las equivalencias entre las Enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en diversos planes de estudios y las de este real decreto. – Los diplomas, certificados o títulos integrados en el Sistema Internacional de Certificación del español como lengua extranjera (SICELE), siempre que se acredite la equivalencia del nivel del diploma que se ostenta con los diplomas de español de nivel C1 y C2. – Certificado acreditativo de la adquisición del grado de competencia en la lengua española integrado en el Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española (SIELE), siempre que se acredite en cada una de sus cuatro pruebas la equivalencia del nivel del certificado que se ostenta con los diplomas de español de nivel C1. Los diplomas, certificados o títulos acreditativos del idioma español deberán haberse obtenido antes de que finalice el plazo de presentación de solicitudes, sin perjuicio del plazo de subsanación y reclamación a las relaciones provisionales de admitidos y no admitidos. Estarán exentos de acreditar el conocimiento del idioma español: – Aquellas personas aspirantes cuyo título universitario, en virtud del cual se presentan a estas pruebas selectivas, haya sido cursado en español en alguna universidad del Estado español, o de Estados cuya lengua oficial sea la española. – Aquellos aspirantes que acrediten haber concluido en el Estado español un periodo de al menos dos años completos de formación sanitaria especializada en Ciencias de la Salud. g) Acreditación de las adaptaciones de tiempo y/o medios en la realización del examen: Las adaptaciones de tiempo y/o medios en la realización del examen se solicitarán adjuntando a su solicitud de admisión escrito motivado especificando dichas adaptaciones y, correspondiendo a la persona titular de la Dirección General de Ordenación Profesional dictar la resolución que proceda conforme al baremo aprobado por la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen criterios generales para la adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con discapacidad. Tercero. Relaciones provisionales y definitivas de admitidos y no admitidos. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, a partir del 26 de enero de 2021, la persona titular de la Dirección General de Ordenación Profesional aprobará y publicará en la página web del Ministerio de Sanidad las relaciones provisionales de aspirantes admitidos y no admitidos a las pruebas selectivas, en las que constará nombre, apellidos, número de expediente, nacionalidad, número del documento de identificación de identidad, situación administrativa, turno de personas con discapacidad, localidad donde realizará el ejercicio, estado (admitido o no admitido) y causa de no admisión. La resolución que aprueba estas relaciones provisionales establecerá un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de su publicación, para presentar reclamación con el fin de subsanar los defectos que motivan la no admisión, realizando las alegaciones y aportando, en su caso, la documentación preceptiva. La no subsanación determinará la exclusión de la prueba de la persona aspirante. Las reclamaciones que se presenten serán resueltas, en el plazo máximo de dos meses, por la citada Dirección General, al aprobar las relaciones definitivas de admitidos y no admitidos a las pruebas selectivas, a las que se dará igual publicidad que a las provisionales. En la relación definitiva de admitidos se indicará nombre, apellidos, número de expediente, nacionalidad, número del documento de identificación de identidad, situación administrativa, turno de personas con discapacidad, estado (admitido o no admitido) y causa de no admisión, localidad donde realizará el ejercicio, mesa y centro de examen en la que cada aspirante debe realizar el ejercicio. Contra la relación definitiva de admitidos y no admitidos podrá interponerse, de conformidad con lo previsto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, recurso de alzada ante la Secretaría de Estado de Sanidad del Ministerio de Sanidad, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación. Aprobadas las relaciones definitivas de admitidos y no admitidos, la persona titular de la Dirección General de Ordenación Profesional, dictará resolución que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» ratificando o, en su caso modificando, la fecha de realización del ejercicio prevista el 27 de marzo de 2021 y nombrando las Comisiones Calificadoras de las distintas titulaciones o en su caso, grupo de estas, que pueden participar en estas pruebas. Dichas Comisiones calificadoras tendrán la composición y funciones previstas en el artículo 8 de la Orden de 27 de junio de 1989. Cuarto. Desarrollo de las pruebas selectivas. La prueba selectiva para acceder a las plazas ofertadas en la presente convocatoria, consistirá en contestar un cuestionario de 175 preguntas más 10 preguntas de reserva. Cada pregunta constará de cuatro opciones de respuesta, de las que solo una de ellas será la correcta. El ejercicio tendrá una duración de cuatro horas. Quinto. Valoración de las pruebas selectivas. 1. La puntuación del ejercicio se obtendrá de acuerdo con las siguientes reglas: Primera: Cada respuesta válida recibirá una valoración de tres puntos, se restará un punto por cada una de las respuestas incorrectas y se dejarán sin valorar las preguntas no contestadas. De las operaciones anteriores se obtendrá la valoración particular del ejercicio realizado por cada persona. Segunda: Evaluados todos los ejercicios, se hallará la media aritmética de las diez máximas valoraciones particulares obtenidas y a esta media aritmética le corresponderán 90 puntos. Tercera: La puntuación final del ejercicio se obtendrá multiplicando por 90 la valoración particular del mismo y dividiendo el producto por la media aritmética a que se refiere la anterior regla segunda. Esta puntuación final se expresará con los primeros cuatro decimales obtenidos, despreciándose el resto. Para poder participar en los actos de adjudicación de plazas será necesario que, cualquiera que sea la titulación y el turno por el que participe, se haya obtenido en el ejercicio la siguiente puntuación mínima: una valoración particular igual o superior al treinta y cinco por cien de la media aritmética de las diez mejores valoraciones particulares del citado ejercicio; a estos efectos solo se tendrán en cuenta los números enteros del resultado de esta operación despreciándose los decimales. Las personas que no obtengan dicha puntuación aparecerán en la correspondiente relación provisional y definitiva de resultados con la mención de «Eliminado». 2. Además, en las pruebas se valorarán los méritos académicos de acuerdo con las siguientes reglas: Primera: Se tendrá en cuenta la media del expediente académico que figure en la certificación académica personal y en su caso la calificación obtenida en la tesis doctoral, según se detalla en el dispongo segundo, punto 2.6, apartado b) de la presente orden. Segunda: Evaluados los expedientes académicos de todas las personas que hayan realizado el ejercicio y que hayan superado la puntuación mínima, se hallará la media aritmética de las diez máximas medias de los expedientes académicos presentados, y a esta media aritmética le corresponderán 10 puntos. Tercera: la puntuación final correspondiente a los méritos académicos de cada persona, se obtendrá multiplicando por 10 la media del expediente individual y dividiendo el producto por la media aritmética a la que se refiere la anterior regla segunda. Esta puntuación se expresará con los primeros cuatro decimales obtenidos, despreciándose el resto. Cuarta: en el caso de las personas que no hayan presentado méritos académicos conforme a lo establecido en la presente orden de convocatoria se considerará una media de 5 en el expediente individual. La puntuación total individual que se reconozca a cada persona en la prueba, se obtendrá de la suma de la puntuación final del ejercicio y la puntuación asignada a los méritos académicos. Sexto. Mesas de examen y celebración del ejercicio. 1. Mesas de examen. Las personas realizarán el ejercicio ante la mesa de examen que se les señale en la relación definitiva de admitidos. El ejercicio no podrá realizarse ante una mesa diferente de la que le fue señalada, salvo que haya recibido autorización expresa de la persona titular de la Dirección General de Ordenación Profesional. La constitución de las diferentes mesas y la coordinación del correcto desarrollo del ejercicio en cada centro de examen, se realizará por los correspondientes Delegados, Presidentes-Interventores y Vocales. Las mesas ejercerán cuantas atribuciones resulten precisas para el buen orden y corrección en el desarrollo del ejercicio. 2. Celebración del ejercicio. La celebración del ejercicio tendrá lugar el día 27 de marzo de 2021. A las 15:00 horas (14:00 horas en Canarias) del día señalado para la celebración del ejercicio, se procederá al llamamiento e identificación de las personas convocadas en cada mesa de examen. Terminado el llamamiento y a partir de las 16:00 horas (15:00 horas en Canarias) comenzará el ejercicio, abriéndose los paquetes precintados que contienen los cuadernos de examen en presencia de las personas que van a examinarse. No se permitirá el acceso al aula de examen una vez abiertos los paquetes precintados. Las contestaciones al cuestionario se escribirán en la hoja de respuestas, con bolígrafo de tinta indeleble, utilizando exclusivamente los signos/marcas permitidos. Cualquier marca confusa o ilegible que no corresponda a los signos permitidos será considerada como respuesta incorrecta. No estará permitido el uso de teléfonos móviles dentro del aula de examen, ni de cualquier otro dispositivo con capacidad de almacenamiento de información o posibilidad de comunicación. Desde el llamamiento hasta la finalización de la recogida de las hojas de respuesta, estos dispositivos deberán estar en todo momento apagados. Asimismo, no estará permitida la utilización de calculadoras, excepto las que se faciliten por los responsables de la mesa a las personas que optan a plazas de Radiofísica Hospitalaria. Las personas que van a examinarse no podrán abandonar el aula, salvo causa excepcional e inaplazable, hasta transcurrida una hora del comienzo del ejercicio. Posteriormente podrán hacerlo momentáneamente en caso de necesidad, autorizadas por la mesa, que dispondrá lo necesario para garantizar su incomunicación. Estas ausencias no darán derecho a prórrogas en el tiempo hábil para contestar el cuestionario. Terminado el tiempo fijado para contestar el cuestionario, las mesas recogerán y sellarán las hojas de respuestas, entregando un ejemplar a cada persona y guardando el ejemplar de la Administración junto con el acta suscrita por todas las personas que forman parte de la mesa, en un paquete que precintarán, en presencia opcional de hasta dos de las personas que han realizado el examen. No se entregarán, en ningún caso, los cuestionarios con las preguntas de examen, habiéndose habilitado un procedimiento para la destrucción segura de los mismos. Las distintas versiones de los cuadernos de examen se publicarán en la Web del Ministerio de Sanidad, al cierre de la última mesa de examen. Séptimo. Relaciones de respuestas y resultados. La persona titular de la Dirección General de Ordenación Profesional publicará, en los cinco días hábiles que siguen a la celebración del ejercicio, las relaciones de las respuestas a los cuestionarios que las Comisiones calificadoras hayan estimado correctas, abriéndose entonces un plazo de tres días hábiles para que puedan presentarse reclamaciones a las mismas. Estas reclamaciones se presentarán electrónicamente con sujeción a las indicaciones que se publiquen en el Ministerio de Sanidad. Las Comisiones Calificadoras analizarán las respuestas a los ejercicios, estimarán o rechazarán dichas reclamaciones anulando las preguntas o sustituyendo las respuestas que, en su caso, consideren necesarias y determinando las preguntas de reserva que sustituyan a las anuladas, si las hubiere, al tiempo que ratificarán las que consideren respuestas correctas a cuyo tenor se evaluarán los ejercicios. Ratificadas las respuestas correctas, se valorarán los ejercicios, y en su caso, los méritos académicos de los aspirantes. Mediante resolución de la persona titular de la Dirección General de Ordenación Profesional, se publicarán las relaciones provisionales de los resultados obtenidos en las pruebas, en el mes siguiente a la celebración del ejercicio. Las relaciones indicarán para cada participante el número de expediente, el número del documento de identidad, la situación administrativa, la nacionalidad, turno de personas con discapacidad, la valoración particular del examen, número de preguntas acertadas, número de preguntas erróneas, número de preguntas no contestadas, la puntuación final del ejercicio, el expediente académico, la puntuación total individual, expresada con cuatro decimales y el número de orden que a esta corresponda. Las personas, de cualquier titulación y turno, que no hayan superado la puntuación mínima aparecerán en la correspondiente relación de resultados con la puntuación final obtenida en el ejercicio y la mención de «Eliminado». Se tendrán por no presentadas a las personas que no hayan rendido el ejercicio de contestaciones múltiples. Contra la relación provisional de resultados, las personas interesadas podrán dirigir reclamaciones a la persona titular de la Dirección General de Ordenación Profesional, en el plazo de cuatro días hábiles contados a partir del siguiente al de su publicación. Mediante resolución de la persona titular de la Dirección General de Ordenación Profesional, se aprobarán y publicarán las relaciones definitivas de resultados, en el mes siguiente a la publicación de las relaciones provisionales de resultados. En tales relaciones se resolverán las reclamaciones presentadas y los empates producidos, y se corregirán los errores materiales que hubieran sido advertidos. En el caso de producirse empate en la puntuación total individual obtenida, el orden de los aspirantes se establecerá mediante la aplicación sucesiva de los siguientes criterios: – Mayor número de respuestas correctas en el ejercicio. – Menor número de respuestas incorrectas. De persistir el empate, la Dirección General de Ordenación Profesional, aplicará para sorteo, lo dispuesto en la Resolución de 21 de julio de 2020, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública. Se aplicarán asimismo los criterios de ordenación alfabética previstos en el anexo IV. Contra la citada resolución podrá interponerse, de conformidad con lo previsto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, recurso de alzada ante la Secretaría de Estado de Sanidad del Ministerio de Sanidad, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación de dicha resolución. Octavo. Adjudicación de plazas. En el mes siguiente a la aprobación de las relaciones definitivas de resultados, la persona titular de la Dirección General de Ordenación Profesional dictará resolución, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», convocando por titulaciones, a las personas seleccionadas de cualquier turno que hayan alcanzado la puntuación mínima para que presenten solicitud de adjudicación de plaza. En dicha resolución se establecerán las indicaciones específicas para llevar acabo la adjudicación de plazas, así como el plazo y demás circunstancias relativas a la toma de posesión de aquellos a los que se adjudique plaza. Las Comisiones de Docencia publicarán, por medios electrónicos y antes de aprobarse la resolución mediante la que se convoca a los actos de adjudicación de plaza, las guías o itinerarios formativos tipo de las unidades docentes que tienen adscritas y los correspondientes cronogramas de rotación incluida la capacidad docente de los distintos dispositivos. Cualquiera que sea el número de personas presentadas que hayan alcanzado la puntuación mínima en el ejercicio de contestaciones múltiples, no podrá adjudicarse un número de plazas en formación superior al que contiene, para cada titulación, el cuadro 1 del anexo I. La adjudicación de plazas se efectuará exclusivamente por medios electrónicos, atendiendo a la solicitud que formulen las personas que hayan alcanzado la puntuación mínima, por riguroso orden de mayor a menor puntuación total individual reconocida en la relación definitiva de resultados. En los actos de adjudicación se observarán las siguientes reglas: Primera: La elección de plaza se llevará a cabo obligatoriamente a través de alguno de los siguientes medios electrónicos: a) Con carácter general, certificado electrónico reconocido de persona física o medio equivalente (Cl@ve). Los sistemas de identificación admitidos para realizar la presentación de la solicitud serán: Certificado electrónico reconocido de persona física o Cl@ve Permanente. Los sistemas de firma admitidos para realizar la presentación de la solicitud serán: AutoFirm@ y Cl@veFirma. b) Solución propia de autenticación y firma no criptográfica basada en sistema de claves concertadas, para los aspirantes contemplados en la base 1, apartado e) del dispongo segundo de la presente orden y para los aspirantes contemplados en la base 1, apartado c) del dispongo segundo de la presente orden que no dispongan de NIE. Los Interventores-Presidentes de Mesa el día de examen entregarán un documento con una pre-clave de acceso para el proceso posterior de la presentación de la solicitud electrónica de adjudicación de plaza. Se deberá firmar y entregar el documento «Recibí pre-clave». Excepcionalmente, el Ministerio de Sanidad podrá autorizar este tipo de firma cuando se haya producido un cambio de situación administrativa desde la presentación de solicitudes o bien la pérdida o sustracción del DNI electrónico, acreditando dicha circunstancia y aportando información personal de la convocatoria. Segunda: Solo se podrá presentar una solicitud por persona que recogerá, por orden de preferencia, todas las plazas a las que desee optar la persona interesada. No se podrá optar a las plazas no recogidas en la solicitud. Se entenderá que renuncian a la adjudicación de plaza las personas que no hayan presentado su solicitud para la sesión de adjudicación a la que por su número de orden hayan sido citadas. Tercera: Las personas serán convocadas por riguroso orden de mayor a menor puntuación reconocida en la relación definitiva de resultados. Cuarta: Se dará curso a la solicitud presentada por medios electrónicos en la sesión a la que ha sido convocada la persona, y en el momento que corresponda al número de orden obtenido. Quinta: No podrá adjudicarse un número de plazas superior al de plazas ofertadas para cada titulación. Una vez adjudicada la plaza, no se admitirá nueva petición de otra, ni siquiera en el caso de renunciar a la primera. Para dar cumplimento a las medidas de acción positiva previstas en el artículo 22.3 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, desarrollado por el Real Decreto 578/2013, de 26 de julio, las personas con discapacidad comenzarán la elección de plaza junto con las personas que participan por el turno ordinario. No obstante, los actos de adjudicación de cada titulación se suspenderán para las personas que participen por el turno ordinario, cuando todavía queden participantes con discapacidad sin plaza y resten por adjudicar un número de estas, que sumadas a las ya adjudicadas por este turno, permita ofertar en esta convocatoria las que se indican, para cada titulación y turno, en el dispongo primero. Cuando se produzca esta circunstancia, se habilitará una sesión específica de adjudicación de plazas a la que se convocará a los aspirantes que participen por el turno de personas con discapacidad, reanudándose los actos de adjudicación de plazas mediante una nueva convocatoria en la siguiente sesión. Para solicitar la adjudicación de plaza comprendida en la oferta perteneciente a un centro de titularidad privada que ejerza el derecho a prestar conformidad previa, se deberá haber obtenido una puntuación total individual a la que corresponda un número de orden igual o menor al total de plazas convocadas para su titulación por el sistema de residencia en el sector público y acompañar a la solicitud el documento que acredite la conformidad del Centro. Las plazas que resulten vacantes con posterioridad a aprobarse las relaciones definitivas de adjudicaciones de plaza, por renuncia expresa o tácita de aquellos a los que se les hubiesen adjudicado, no se proveerán nuevamente en la presente convocatoria. También quedarán vacantes las plazas sobre las que no se presente solicitud de adjudicación en los actos de asignación convocados. No se permitirá la permuta de plazas entre aspirantes ni el traslado de centro ni unidad docente, salvo en el supuesto excepcional de revocación de la acreditación o supuestos excepcionales previstos por la legislación aplicable. Finalizados los actos de adjudicación, la persona titular de la Dirección General de Ordenación Profesional dictará resolución aprobando las relaciones definitivas de personas adjudicatarias de plaza, que se publicarán en la página web del Ministerio de Sanidad comunicándolas al propio tiempo a las unidades docentes cuyas plazas hayan sido adjudicadas. Contra esta resolución podrá interponerse de conformidad con lo previsto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, recurso de alzada ante la Secretaría de Estado de Sanidad del Ministerio de Sanidad, en el plazo de un mes contado a partir del siguiente al de la publicación de dicha resolución. Noveno. Toma de posesión. 1. Plazos de toma de posesión. Las personas a las que se adjudique plaza tomarán posesión de la misma en el centro correspondiente, en el plazo que se señale en la correspondiente resolución. De no hacerlo así o si renunciaran a la plaza perderán los derechos derivados de la superación de la prueba selectiva. Cuando concurran causas de fuerza mayor, la entidad titular del centro en el que la persona ha resultado adjudicataria de plaza, previa petición justificada de la persona afectada, podrá adoptar las medidas necesarias para ampliar el plazo de toma de posesión por un periodo determinado y lo comunicará al Registro Nacional de Especialistas en Formación del Ministerio de Sanidad. Las personas adjudicatarias de plaza iniciarán en la unidad docente que corresponda el programa de formación de su especialidad, para lo que se formalizará el oportuno contrato con sujeción a lo previsto en el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud. Asimismo, las personas adjudicatarias de plaza deberán cumplir en todo caso con lo establecido en el artículo 4.8 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre. Las Comisiones de Docencia comunicarán al Registro Nacional de Especialistas en Formación del Ministerio de Sanidad, las personas adjudicatarias que no han tomado posesión de sus plazas en el plazo establecido en la correspondiente resolución, especificando las causas por las que no se ha producido dicha incorporación. 2. Trámites de toma posesión. a) Certificación negativa de Delitos de naturaleza sexual: Las personas adjudicatarias de plaza deberán presentar en la toma de posesión la certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales en vigor ante el organismo competente de la comunidad autónoma donde le haya sido adjudicada la plaza o en el plazo máximo de tres meses desde la fecha de toma de posesión, siempre que se acredite haber solicitado dicha certificación con anterioridad al referido día de toma de posesión. La no presentación de la certificación negativa en el plazo máximo de tres meses antes indicado, se comunicará por la Comisión de Docencia al Director General de Ordenación Profesional a través del Registro Nacional de Especialistas en Formación (registro.residentes@mscbs.es) para que se emita la Resolución de pérdida de derechos derivados de la prueba y el Centro proceda en consecuencia, a la extinción del contrato formativo suscrito. b) Personas nacionales de países no miembros de la Unión Europea: De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero y en su Reglamento, aprobado por Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, las personas nacionales de países no miembros de la Unión Europea que sean adjudicatarias de plaza en esta convocatoria, deberán obtener la correspondiente autorización de estancia por estudios, salvo que ya contaran con una autorización de residencia con carácter previo al inicio de los estudios de especialización, en cuyo caso podrán continuar en dicha situación. A los efectos establecidos en el párrafo anterior, la circunstancia de resultar adjudicataria de una de las plazas ofertadas en la presente convocatoria no supondrá por sí misma, sin la concurrencia de otras circunstancias de índole excepcional, razón de interés público a los efectos previstos en el artículo 127 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril. c) Examen médico: Todas las personas adjudicatarias de plaza, incluidas las del turno de personas con discapacidad, se someterán en los servicios de prevención de riesgos laborales o dispositivos de vigilancia de la salud que en cada caso corresponda preferentemente antes de la formalización del contrato, a un examen médico sobre el que emitirán un posterior informe, para comprobar que no padecen enfermedad ni están afectadas por limitación física o psíquica que sea incompatible con las actividades profesionales que el correspondiente programa formativo exija al residente. Cuando el examen médico se refiera a personas adjudicatarias de plaza por el turno de personas con discapacidad que sean pensionistas por incapacidad permanente en los términos citados en el artículo 4 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, además de lo previsto en el párrafo anterior, se deberá comprobar que la resolución legal por la que se reconoce la correspondiente pensión, no impide que el interesado realice las funciones inherentes a la especialidad que en cada caso corresponda. En aquellos casos en los que la persona adjudicataria, por causas imputables a sus limitaciones físicas, psíquicas o funcionales, no pueda alcanzar los objetivos y competencias profesionales del correspondiente programa formativo, el informe médico deberá estar debidamente motivado. Dicho dictamen se remitirá a la persona titular de la Dirección General de Ordenación Profesional que, a la vista del mismo y de los informes que se consideren necesarios, dictará la resolución de pérdida de derechos derivados de la superación de la prueba selectiva, previa audiencia a la persona interesada. La adjudicación se entenderá sin efecto si, cumplido el procedimiento aquí descrito, se resolviese la no superación de dicho examen médico, iniciándose la extinción del contrato. Dicha extinción se podrá realizar de manera simultánea al cese de la actividad del residente en el centro, si este se produce antes de la emisión de la resolución definitiva. d) Adaptaciones para personas con discapacidad: De acuerdo con lo previsto en los artículos 22 y 23 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, en relación con la disposición adicional segunda del Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, cuando la viabilidad de que la persona con discapacidad pueda realizar el programa formativo dependa de las condiciones específicas del centro donde se ha obtenido plaza y no de las limitaciones funcionales de la persona con discapacidad, el servicio al que corresponda realizar el preceptivo examen médico, propondrá la adopción de medidas técnicas y de accesibilidad que, siendo proporcionadas, permitan el normal desarrollo del programa formativo, correspondiendo al representante legal del centro en la que se ha obtenido plaza, resolver motivadamente sobre la viabilidad de adoptar las medidas propuestas. Para la adopción de dichas medidas se tendrán en cuenta las previsiones contenidas en el Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. Asimismo, podrá solicitarse asesoramiento y apoyo al Centro Estatal de Autonomía Personal y de Ayudas Técnicas (CEAPAT) o a otras entidades públicas y privadas especializadas en la materia. Décimo. Tratamiento de los datos de carácter personal. Las personas aspirantes quedan vinculadas a los datos que hayan hecho constar en sus solicitudes. El correo electrónico que figure en la solicitud se considerará válido para el envío de avisos o puesta a disposición de notificaciones, siendo responsabilidad exclusiva de la persona aspirante tanto los errores en su consignación, como la falta de comunicación de cualquier cambio del mismo, según lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Los datos de carácter personal que constan en la solicitud de participación en las pruebas de acceso a la formación sanitaria especializada (Modelo 790), y los que puedan ser aportados en las diferentes fases de la convocatoria, serán tratados conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, siendo responsable del tratamiento la Dirección General de Ordenación Profesional. La finalidad del mencionado tratamiento es la gestión de las pruebas de acceso a la formación sanitaria especializada. La base legal del tratamiento deriva de una obligación legal atribuida al Ministerio de Sanidad, y del cumplimiento de una misión de interés público, en el ejercicio de los poderes públicos conferidos al citado Departamento por la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, por el Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, y por la Orden de 27 de junio de 1989. Los datos personales van a ser comunicados al Registro Nacional de Especialistas en Formación del Ministerio de Sanidad, al Centro o Unidad Docente donde se haya adjudicado la plaza de formación y al Registro Estatal de Profesionales Sanitarios. Los datos serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se han recabado y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Con carácter general, los datos facilitados se conservarán de manera indefinida, ya que tras la adjudicación de una plaza de formación y si se completa con éxito la formación de la especialidad, podrá acceder al correspondiente título de especialista en ciencias de la salud. La persona interesada puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y de no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, en los términos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), cuando procedan, dirigiéndose al Responsable del Tratamiento (Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad). Asimismo, puede interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Con carácter previo a una reclamación puede dirigirse al Delegado de Protección de Datos del Ministerio de Sanidad. Todos los actos y acuerdos que se dicten en desarrollo de estas pruebas selectivas se harán públicos en la página web del Ministerio de Sanidad (https://fse.mscbs.gob.es/fseweb/view/index.xhtml), y/o en la sede electrónica del Ministerio de Sanidad (https://sede.mscbs.gob.es/servicios/profesionales/home.htm). Las personas participantes podrán también recabar información por correo electrónico, a través de la dirección correomir@mscbs.es. Esta información adicional tendrá un valor orientativo y no será vinculante para el Ministerio de Sanidad, ni generará derechos para las personas destinatarias. Undécimo. Gastos derivados de las pruebas selectivas. Determinar que, en cuanto a las asistencias y otros gastos derivados de las pruebas selectivas 2020/2021 que se regulan a través de esta orden, se estará a lo siguiente: 1. La persona titular de la Dirección General de Ordenación Profesional determinará mediante la oportuna resolución la cuantía a percibir por las colaboraciones de los comités de expertos constituidos para la redacción y validación de las preguntas necesarias para la elaboración de los cuestionarios de examen, las cuales se harán efectivas con cargo al concepto presupuestario 26.12.311O.226.07, al que asimismo se imputarán los demás gastos derivados de la gestión de las pruebas selectivas, salvo los gastos indemnizables por razón del servicio y las asistencias a que se refiere el apartado siguiente. 2. Las asistencias devengadas por los miembros de las Comisiones calificadoras y de las mesas de examen, así como las del personal designado por la persona titular de la Dirección General de Ordenación Profesional, para la realización de actividades necesarias para el desarrollo del examen y la adjudicación de plazas, serán las correspondientes a la categoría primera de las previstas en el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, y se harán efectivas con cargo al concepto presupuestario 26.12.311O.233, con el límite del número máximo autorizado por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, previa autorización del Ministerio de Hacienda. Duodécimo. Régimen de recursos. Contra la presente orden podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la persona titular del Ministerio de Sanidad, en el plazo de un mes desde el día siguiente a su publicación o bien recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente, en el plazo de dos meses desde el día siguiente a su publicación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, significándose que en el caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo. Madrid, 2 de diciembre de 2020.–El Ministro de Sanidad, Salvador Illa Roca. ANEXO III Relación de correspondencias aplicable a los títulos extranjeros declarados equivalentes por el Ministerio de Universidades (RD 967/2014, de 21 de noviembre), a efectos de determinar su inclusión en los diferentes grupos de titulación 1. Para acceder a las plazas adscritas al ámbito de la Psicología, se requerirá que la certificación de equivalencia se refiera a: – Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas. – Campo específico: Ciencias sociales y del comportamiento. – Rama de conocimiento: Ciencias de la salud. – Campo específico: Salud. 2. Para acceder a las plazas adscritas al ámbito de la Química, se requerirá que la certificación de equivalencia se refiera a: – Rama de conocimiento: Ciencias. – Campo específico: Ciencias físicas, químicas y geológicas. 3. Para acceder a las plazas adscritas al ámbito de la Biología, se requerirá que la certificación de equivalencia se refiera a: – Rama de conocimiento: Ciencias. – Campo específico: Ciencias biológicas y afines. 4. Para acceder a las plazas adscritas al ámbito de la Física y otras disciplinas científicas y tecnológicas, se requerirá que la certificación de equivalencia se refiera a: – Rama de conocimiento: Ciencias. – Campo específico: Cualquiera de los campos específicos incluidos en la rama. – Rama de conocimiento: Ingeniería y Arquitectura. – Campo específico: Ingeniería y profesiones afines. ANEXO IV Criterios de ordenación alfabética 1. Se seguirá el orden del alfabeto español. 2. Criterio general: la ordenación alfabética se realizará por los apellidos seguidos del nombre: primer apellido, segundo apellido y nombre. 3. No se considerará la «CH» y la «LL» como letras independientes. De esta forma, la «CH» se encontrará dentro de la «C» y la «LL» dentro de la «L». 4. La «Ñ» se ordenará alfabéticamente después de la «N» y antes de la «O». 5. Cuando el primer apellido es compuesto y no está separado por guión, se sigue el criterio general: García de la Mina López, Esteban. García Pascual, Laura. 6. Cuando el primer apellido es compuesto y está separado por guión, se coloca detrás de los sujetos cuyo primer apellido sea el mismo que la primera parte del apellido compuesto: García Pascual, Laura. García-Pascual Ávila, Alberto. 7. Cuando el primer apellido empieza por una partícula del tipo «de», «del», «de la», «de los», «de las», se colocará después del nombre: Álamo Martínez, Enrique del. Peña Gómez, Eva de la. Peña Gómez, Luis de la. Peña Gómez, Sergio de la. 8. El artículo sin preposición que preceda al primer apellido, cuando vaya separado, unido o enlazado por un guión a éste, siempre se alfabetizará: La Casa, Carlota. Lacasa, Macarena. La-Gasca, Federico. 9. Sin embargo, el artículo se ignorará a partir del primer apellido: Rodríguez La Casa, Carlota (el artículo «la» no se alfabetizará). 10. Si el artículo va con preposición, pero va enlazado al apellido, alfabetizará y siempre se pospondrá la preposición: Laiglesia, Álvaro De. La-Rosa Loro, Mateo de. 11. La conjunción «y» que suele unir apellidos sí alfabetizará. Barja Pérez, Eladio. Barja Y Becerril, Nicolás.

El plazo para presentar solicitud (online) del MIR y el resto de pruebas de acceso a formación sanitaria (Farmacia, Enfermería, Psicología, Química, Biología y Física) será del 9 al 21. Las pruebas, el 27/3/21.

La Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.5 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, atendiendo a las propuestas realizadas por las comunidades autónomas y previos los informes que se citan en dicho artículo, ha fijado la oferta de plazas a incluir en la convocatoria de pruebas selectivas 2020 para iniciar la formación sanitaria especializada en el año 2021. Revisada la oferta y de conformidad con lo previsto en el artículo 22.6 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, se procede a la aprobación definitiva de dicha oferta y se aprueba la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a plazas de formación sanitaria especializada a las personas con grado/licenciatura/diplomatura de Medicina, Farmacia, Enfermería y ámbito de la Psicología, la Química, la Biología y la Física. Para la aprobación de la presente orden se ha tenido en cuenta, sin perjuicio de las peculiaridades que en cada caso correspondan en la normativa vigente, además de lo dispuesto en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias y en el Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada, lo dispuesto en la Orden de 27 de junio de 1989, por la que se establecen las normas reguladoras de las pruebas selectivas para el acceso a plazas de Formación Sanitaria Especializada; en el Real Decreto 450/2005, de 22 de abril, sobre especialidades de Enfermería; en el Real Decreto 578/2013, de 26 de julio, por el que se establecen medidas de acción positiva aplicables a las personas con discapacidad que participen en las convocatorias anuales de pruebas selectivas para el acceso a plazas de formación sanitaria especializada, en desarrollo del artículo 22.3 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre; y en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y su normativa de desarrollo. En la presente convocatoria y de conformidad con lo establecido en el artículo 22.1 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, se establece que las personas que participen en las pruebas selectivas de Formación Sanitaria Especializada, se relacionen obligatoriamente a través de medios electrónicos, en los supuestos que establece la presente orden. La presente orden ha sido informada por la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud y por el Ministerio de Universidades. De conformidad con lo previsto en el Real Decreto 1041/2020, de 24 de noviembre, por el que se modifican el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, y el Real Decreto 735/2020, de 4 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, corresponde a la persona titular de la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad asumir las competencias de gestión de la formación especializada, incluyendo la ordenación y gestión de las pruebas selectivas que se convocan mediante esta orden, en los términos que se especifican en sus bases. En su virtud, dispongo: Primero. Aprobación de la oferta de plazas. Aprobar la oferta de plazas de formación sanitaria especializada de las pruebas selectivas 2020/2021 para las titulaciones universitarias de grado/licenciatura/diplomatura de Medicina, Farmacia, Enfermería y del ámbito de la Psicología, la Química, la Biología y la Física, con indicación de las que pueden ser cubiertas por aspirantes que se acogen al turno de personas con discapacidad y publicar en el anexo I el catálogo de plazas elegibles y el máximo de plazas a adjudicar en los términos establecidos en los cuadros 1 y 2 del citado anexo. 1. Medicina: 7.989 plazas de las especialidades relacionadas en los apartados 1 y 5 del anexo I del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, conforme sigue: a) 7.940 plazas distribuidas por comunidades autónomas en los centros y unidades docentes que se indican en el anexo I, cualquiera que sea la titularidad pública o privada de los centros. b) 49 plazas en centros sanitarios de titularidad privada que ejerzan el derecho de conformidad previa a las personas que pretendan acceder a las mismas. El derecho de conformidad previa solo podrá hacerse efectivo si el aspirante ha superado la puntuación mínima que, en su caso, se establezca y si ha obtenido en la prueba selectiva un número de orden igual o menor al total de plazas convocadas para esta titulación, en el grupo integrado por las plazas incluidas en el apartado anterior. c) 559 plazas podrán ser cubiertas en esta convocatoria por el turno de personas con discapacidad, mediante el procedimiento regulado en el dispongo primero de la presente orden. d) 320 plazas podrán ser cubiertas por personas que no sean titulares de una autorización para residir en España, a las que se hace referencia en el dispongo segundo, apartado 1.e), según lo previsto en el artículo 7.2 de la Orden de 27 de junio de 1989, correspondiendo al cuatro por cien del total de las plazas ofertadas para esta titulación. 2. Farmacia: 267 plazas de las especialidades relacionadas en los apartados 2 y 5 del anexo I del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, conforme sigue: a) 262 plazas distribuidas por comunidades autónomas en los centros y unidades docentes que se indican en el anexo I, cualquiera que sea la titularidad pública o privada de los centros. b) 5 plazas en centros sanitarios de titularidad privada que ejerzan el derecho de conformidad previa a las personas que pretendan acceder a las mismas. ### RESUMEN: El plazo para presentar solicitud (online) del MIR y el resto de pruebas de acceso a formación sanitaria (Farmacia, Enfermería, Psicología, Química, Biología y Física) será del 9 al 21. Las pruebas, el 27/3/21.

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA Conózcase que el Parlamento de Cantabria ha aprobado y yo, en nombre de Su Majestad el Rey, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.2.º del Estatuto de Autonomía para Cantabria, promulgo la siguiente Ley de Cantabria 1/2013, de 15 de abril, por la que se regula la prohibición en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria de la técnica de fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de gas no convencional. PREÁMBULO La fractura hidráulica como técnica para la extracción de gas, o fracking, plantea en la actualidad interrogantes tanto desde el punto de vista de la salud como desde la perspectiva de la protección medioambiental, fundamentalmente por la posibilidad de que, con la utilización de esta técnica, pueda producirse contaminación en los acuíferos subterráneos dada la inyección de productos tóxicos y contaminantes, que resultan necesarios para la utilización de esta técnica. Los riesgos que puede generar la utilización de esta técnica han sido puestos de manifiesto en recientes estudios elaborados por las instituciones europeas. Así, en junio de 2011, el Parlamento Europeo publicó a instancias de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad, el informe «Repercusiones de la extracción de gas y petróleo de esquisto en el medio ambiente y la salud humana», que se ha completado con el informe «Contribución a la identificación de posibles riesgos ambientales y para la salud humana derivados de las operaciones de extracción de hidrocarburos mediante fractura hidráulica en Europa» de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, publicado el 10 de agosto de 2012. En ambos informes se plantean interrogantes sobre el uso de la fractura hidráulica y ponen de manifiesto el elevado riesgo para las personas y el medio ambiente. Aquel informe contempla el principio de precaución, aplicable a este caso, y lo relaciona con los objetivos de la Directiva 2000/60 CE del Parlamento Europeo y del Consejo (Directiva Marco del Agua), encargada de velar por el buen estado de las aguas superficiales y subterráneas, de evitar su deterioro y de promover su recuperación en aquellos lugares en donde ya esté dañada. Por todo ello, en la actualidad existe una preocupación social por los riesgos que supone la puesta en marcha de la extracción de gas no convencional mediante esta técnica, y se considera por distintos sectores sociales que esta actividad puede tener perjuicios significativos para el medio ambiente y para los acuíferos subterráneos, máxime en ámbitos territoriales con las características geológicas de Cantabria. Ante este estado de cosas en la Comunidad Autónoma de Cantabria se adopta la presente medida en orden a suspender la actividad de extracción de gas no convencional por la técnica de la fracturación hidráulica, mientras siga habiendo las dudas e incógnitas que existen en la actualidad. La Comunidad Autónoma de Cantabria actúa dentro del ámbito de las competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía en materia de ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda; protección del medio ambiente y de los ecosistemas; sanidad e higiene, promoción, prevención y restauración de la salud; industria, y régimen minero y energético. Artículo 1. Prohibición del uso de la fractura hidráulica. Queda prohibido en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria el uso de la fractura hidráulica o fracking como técnica que, por medio de la inyección de aditivos químicos, es susceptible de ser utilizada para la investigación y extracción de gas de esquisto o no convencional. Artículo 2. Medidas para la paralización de actividades. Las Autoridades y funcionarios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma, así como las de las Administraciones Locales de Cantabria, velarán por el respeto y cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley y adoptarán, dentro de sus respectivas competencias, las medidas oportunas para la paralización de las actividades que se realizaran contraviniendo lo dispuesto en esta ley, así como para la reposición de la situación alterada a su estado originario. Artículo 3. Consideración de infracción urbanística. El empleo de la técnica referida en el artículo 1, al implicar un uso del suelo prohibido en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria de acuerdo con lo establecido en el artículo 1 de esta Ley, tendrá la consideración de infracción urbanística con arreglo a lo previsto en la Ley 2/2001, de 25 de junio, de ordenación territorial y régimen urbanístico del suelo de Cantabria. Disposición transitoria única. Aplicación a los títulos habilitantes. Lo dispuesto en la presente Ley será de aplicación a los permisos y cualquier otro título habilitante de la actividad prohibida en el artículo 1, tanto a los ya concedidos o en tramitación, como a las solicitudes que se formulen a partir de su entrada en vigor. Disposición final única. Entrada en vigor. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de Cantabria». Palacio del Gobierno de Cantabria, 15 de abril de 2013.–El Presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria, Juan Ignacio Diego Palacios. (Publicada en el «Boletín Oficial de Cantabria» número 78, de 25 de abril de 2013)

La ley cántabra del 15 de abril por la que se prohíbe el fracking

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA Conózcase que el Parlamento de Cantabria ha aprobado y yo, en nombre de Su Majestad el Rey, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.2.º del Estatuto de Autonomía para Cantabria, promulgo la siguiente Ley de Cantabria 1/2013, de 15 de abril, por la que se regula la prohibición en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria de la técnica de fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de gas no convencional. PREÁMBULO La fractura hidráulica como técnica para la extracción de gas, o fracking, plantea en la actualidad interrogantes tanto desde el punto de vista de la salud como desde la perspectiva de la protección medioambiental, fundamentalmente por la posibilidad de que, con la utilización de esta técnica, pueda producirse contaminación en los acuíferos subterráneos dada la inyección de productos tóxicos y contaminantes, que resultan necesarios para la utilización de esta técnica. Los riesgos que puede generar la utilización de esta técnica han sido puestos de manifiesto en recientes estudios elaborados por las instituciones europeas. Así, en junio de 2011, el Parlamento Europeo publicó a instancias de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad, el informe «Repercusiones de la extracción de gas y petróleo de esquisto en el medio ambiente y la salud humana», que se ha completado con el informe «Contribución a la identificación de posibles riesgos ambientales y para la salud humana derivados de las operaciones de extracción de hidrocarburos mediante fractura hidráulica en Europa» de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, publicado el 10 de agosto de 2012. En ambos informes se plantean interrogantes sobre el uso de la fractura hidráulica y ponen de manifiesto el elevado riesgo para las personas y el medio ambiente. Aquel informe contempla el principio de precaución, aplicable a este caso, y lo relaciona con los objetivos de la Directiva 2000/60 CE del Parlamento Europeo y del Consejo (Directiva Marco del Agua), encargada de velar por el buen estado de las aguas superficiales y subterráneas, de evitar su deterioro y de promover su recuperación en aquellos lugares en donde ya esté dañada. Por todo ello, en la actualidad existe una preocupación social por los riesgos que supone la puesta en marcha de la extracción de gas no convencional mediante esta técnica, y se considera por distintos sectores sociales que esta actividad puede tener perjuicios significativos para el medio ambiente y para los acuíferos subterráneos, máxime en ámbitos territoriales con las características geológicas de Cantabria. Ante este estado de cosas en la Comunidad Autónoma de Cantabria se adopta la presente medida en orden a suspender la actividad de extracción de gas no convencional por la técnica de la fracturación hidráulica, mientras siga habiendo las dudas e incógnitas que existen en la actualidad. La Comunidad Autónoma de Cantabria actúa dentro del ámbito de las competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía en materia de ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda; protección del medio ambiente y de los ecosistemas; sanidad e higiene, promoción, prevención y restauración de la salud; industria, y régimen minero y energético. Artículo 1. Prohibición del uso de la fractura hidráulica. Queda prohibido en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria el uso de la fractura hidráulica o fracking como técnica que, por medio de la inyección de aditivos químicos, es susceptible de ser utilizada para la investigación y extracción de gas de esquisto o no convencional. Artículo 2. Medidas para la paralización de actividades. Las Autoridades y funcionarios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma, así como las de las Administraciones Locales de Cantabria, velarán por el respeto y cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley y adoptarán, dentro de sus respectivas competencias, las medidas oportunas para la paralización de las actividades que se realizaran contraviniendo lo dispuesto en esta ley, así como para la reposición de la situación alterada a su estado originario. Artículo 3. Consideración de infracción urbanística. El empleo de la técnica referida en el artículo 1, al implicar un uso del suelo prohibido en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria de acuerdo con lo establecido en el artículo 1 de esta Ley, tendrá la consideración de infracción urbanística con arreglo a lo previsto en la Ley 2/2001, de 25 de junio, de ordenación territorial y régimen urbanístico del suelo de Cantabria. Disposición transitoria única. Aplicación a los títulos habilitantes. Lo dispuesto en la presente Ley será de aplicación a los permisos y cualquier otro título habilitante de la actividad prohibida en el artículo 1, tanto a los ya concedidos o en tramitación, como a las solicitudes que se formulen a partir de su entrada en vigor. Disposición final única. Entrada en vigor. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de Cantabria». Palacio del Gobierno de Cantabria, 15 de abril de 2013.–El Presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria, Juan Ignacio Diego Palacios. (Publicada en el «Boletín Oficial de Cantabria» número 78, de 25 de abril de 2013) ### RESUMEN: La ley cántabra del 15 de abril por la que se prohíbe el fracking

La disposición adicional undécima de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, establece que las cifras que, en lo sucesivo, se fijen por la Comisión Europea sustituirán a las que figuran en el texto de la misma y que el Ministerio de Hacienda y Función Pública adoptará las medidas pertinentes para asegurar su publicidad. En el mismo sentido, se determina en la Disposición Adicional sexta del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales, indicando que las cifras que, en lo sucesivo, se fijen por la Comisión Europea sustituirán a las que figuran en el texto de este real decreto-ley y que el Ministerio de Hacienda adoptará las medidas pertinentes para asegurar su publicidad. Así también se establece en la Disposición adicional segunda de la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad, que señala que las cifras que en lo sucesivo se fijen por la Comisión Europea para determinar los contratos sujetos a regulación armonizada sustituirán a las que figuren en el texto de esta Ley y que el Ministerio de Economía y Hacienda adoptará las medidas pertinentes para asegurar su publicidad y en todo caso se publicarán en los diarios oficiales correspondientes. La publicación en el «Diario Oficial de la Unión Europea», de fecha 11 de noviembre de 2021, de los Reglamentos Delegados (UE) 2021/1950, 2021/1951, 2021/1952 y 2021/1953 de la Comisión de 10 de noviembre de 2021, por los que se modifican respectivamente las Directivas 2009/81/CE, 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que concierne a sus umbrales de aplicación en materia de adjudicación de contratos, aconseja, sin perjuicio de la aplicación directa de tales Reglamentos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la promulgación de esta orden con la finalidad de permitir el general conocimiento de los umbrales que, por modificación de los establecidos en las citadas Directivas, han de aplicarse a partir del 1 de enero de 2022 respecto de los contratos afectados por las mismas, evitando de tal forma que se susciten posibles causas de infracción de las Directivas, especialmente en cuanto se refiere a la aplicación de fondos comunitarios para la financiación de los correspondientes contratos. Procede, por tanto, incorporar a la legislación española los límites fijados, a partir del 1 de enero de 2022, por la Comisión Europea y señalar las cifras que deben de figurar en los respectivos preceptos de la Ley de Contratos del Sector Público, del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales, así como de la Ley de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad, En su virtud, dispongo: Artículo único. Modificación de umbrales a efectos de aplicación de los procedimientos de contratación. A partir del 1 de enero de 2022 las cifras que figuran en Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; en el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales y en la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad, en los artículos que se expresan a continuación, deben ser sustituidas por las que determinan los Reglamentos Delegados (UE) números 2021/1950, 2021/1951, 2021/1952, 2021/1953 de la Comisión, de 10 de noviembre de 2021, por los que se modifican las Directivas 2009/81/CE, 2014/23/UE, 2014/24/UE y 2014/25/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que concierne a sus umbrales de aplicación en materia de procedimientos de adjudicación de contratos, en los siguientes términos: 1. Respecto de la Ley 9/2017: a) La cifra de 5.350.000 euros por la de 5.382.000 euros, en los artículos 20.1; 23.1.a) y 318 b). b) La cifra de 214.000 euros por la de 215.000 euros, en los artículos 21.1.b); 22.1.b); 23.1.b) y 318 b). c) La cifra de 139.000 euros por la de 140.000 euros en los artículos 21.1.a) y 22.1.a). 2. Respecto del Real Decreto-ley 3/2020: a) La cifra de 5.350.000 euros por la de 5.382.000 euros en el artículo 1.1.c) y 2. b) La cifra de 428.000 euros por la de 431.000 euros, en el artículo 1.1.b). 3. Respecto de la Ley 24/2011: a) La cifra de 5.350.000 euros por la de 5.382.000 euros en el artículo 5, letra b). b) La cifra de 428.000 euros por la de 431.000 euros, en el artículo 5, letra a). Madrid, 28 de diciembre de 2021.–La Ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero Cuadrado.

Subida de los umbrales de regulación armonizada, esas cifras a partir de las cuales las reglas para contratar son más estrictas y tienen reglas comunes en Europa: de 5.350.000 a 5.382.000, de 214K a 215K, de 139K a 140K y de 428K a 431K.

La disposición adicional undécima de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, establece que las cifras que, en lo sucesivo, se fijen por la Comisión Europea sustituirán a las que figuran en el texto de la misma y que el Ministerio de Hacienda y Función Pública adoptará las medidas pertinentes para asegurar su publicidad. En el mismo sentido, se determina en la Disposición Adicional sexta del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales, indicando que las cifras que, en lo sucesivo, se fijen por la Comisión Europea sustituirán a las que figuran en el texto de este real decreto-ley y que el Ministerio de Hacienda adoptará las medidas pertinentes para asegurar su publicidad. Así también se establece en la Disposición adicional segunda de la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad, que señala que las cifras que en lo sucesivo se fijen por la Comisión Europea para determinar los contratos sujetos a regulación armonizada sustituirán a las que figuren en el texto de esta Ley y que el Ministerio de Economía y Hacienda adoptará las medidas pertinentes para asegurar su publicidad y en todo caso se publicarán en los diarios oficiales correspondientes. La publicación en el «Diario Oficial de la Unión Europea», de fecha 11 de noviembre de 2021, de los Reglamentos Delegados (UE) 2021/1950, 2021/1951, 2021/1952 y 2021/1953 de la Comisión de 10 de noviembre de 2021, por los que se modifican respectivamente las Directivas 2009/81/CE, 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que concierne a sus umbrales de aplicación en materia de adjudicación de contratos, aconseja, sin perjuicio de la aplicación directa de tales Reglamentos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la promulgación de esta orden con la finalidad de permitir el general conocimiento de los umbrales que, por modificación de los establecidos en las citadas Directivas, han de aplicarse a partir del 1 de enero de 2022 respecto de los contratos afectados por las mismas, evitando de tal forma que se susciten posibles causas de infracción de las Directivas, especialmente en cuanto se refiere a la aplicación de fondos comunitarios para la financiación de los correspondientes contratos. Procede, por tanto, incorporar a la legislación española los límites fijados, a partir del 1 de enero de 2022, por la Comisión Europea y señalar las cifras que deben de figurar en los respectivos preceptos de la Ley de Contratos del Sector Público, del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales, así como de la Ley de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad, En su virtud, dispongo: Artículo único. Modificación de umbrales a efectos de aplicación de los procedimientos de contratación. A partir del 1 de enero de 2022 las cifras que figuran en Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; en el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales y en la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad, en los artículos que se expresan a continuación, deben ser sustituidas por las que determinan los Reglamentos Delegados (UE) números 2021/1950, 2021/1951, 2021/1952, 2021/1953 de la Comisión, de 10 de noviembre de 2021, por los que se modifican las Directivas 2009/81/CE, 2014/23/UE, 2014/24/UE y 2014/25/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que concierne a sus umbrales de aplicación en materia de procedimientos de adjudicación de contratos, en los siguientes términos: 1. Respecto de la Ley 9/2017: a) La cifra de 5.350.000 euros por la de 5.382.000 euros, en los artículos 20.1; 23.1.a) y 318 b). b) La cifra de 214.000 euros por la de 215.000 euros, en los artículos 21.1.b); 22.1.b); 23.1.b) y 318 b). c) La cifra de 139.000 euros por la de 140.000 euros en los artículos 21.1.a) y 22.1.a). 2. Respecto del Real Decreto-ley 3/2020: a) La cifra de 5.350.000 euros por la de 5.382.000 euros en el artículo 1.1.c) y 2. b) La cifra de 428.000 euros por la de 431.000 euros, en el artículo 1.1.b). 3. Respecto de la Ley 24/2011: a) La c ### RESUMEN: Subida de los umbrales de regulación armonizada, esas cifras a partir de las cuales las reglas para contratar son más estrictas y tienen reglas comunes en Europa: de 5.350.000 a 5.382.000, de 214K a 215K, de 139K a 140K y de 428K a 431K.

Visto el texto del IX Convenio colectivo de la empresa «La Vanguardia Ediciones, S.L.U.» (código de Convenio número 90013522012002), que fue suscrito, con fecha 5 de febrero de 2016, de una parte, por los designados por la Dirección de la empresa, en representación de la misma, y, de otra, por los miembros del comité de empresa, en representación de los trabajadores afectados, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, Esta Dirección General de Empleo resuelve: Primero. Ordenar la inscripción del citado Convenio colectivo en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora. Segundo. Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 8 de abril de 2016.–El Director General de Empleo, Xavier Jean Braulio Thibault Aranda. IX CONVENIO COLECTIVO DE LA VANGUARDIA EDICIONES S.L.U. LA VANGUARDIA 2015-2016 CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículo 1. Partes que lo conciertan. El presente Convenio se concierta entre «La Vanguardia Ediciones, S.L.U.» (sociedad unipersonal) y su personal, mediante sus respectivas representaciones. Artículo 2. Ámbito territorial. Su ámbito es el de Empresa y afecta a todos los centros de trabajo de «La Vanguardia Ediciones, S.L.U.». Artículo 3. Ámbito funcional. El Convenio afecta a todas las actividades de la Empresa. Artículo 4. Ámbito personal. El Convenio afecta a la totalidad del personal de plantilla que preste sus servicios en «La Vanguardia Ediciones, S.L.U.», mediante una relación laboral común de las previstas en el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores. Artículo 5. Ámbito temporal. El Convenio colectivo entrará en vigor el día siguiente al de su firma, surtiendo efecto todos los acuerdos contenidos en el mismo, salvo cuando se indique lo contrario en el presente Convenio, desde 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2016, prorrogándose de año en año por tácita reconducción, si no se denunciara por cualquiera de las partes. La denuncia proponiendo revisión o rescisión del Convenio deberá presentarse por escrito por cualquiera de las partes como mínimo un mes antes de la finalización de la vigencia del Convenio. Artículo 6. Compensación y absorción. Operará la compensación y absorción cuando los salarios realmente abonados, en su conjunto y en cómputo anual, sean más favorables para los trabajadores que los establecidos en el presente Convenio colectivo, todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 26.5 del Estatuto de los Trabajadores y la jurisprudencia que lo desarrolla. Artículo 7. Comisión paritaria. La Comisión paritaria se compondrá de cuatro representantes de la Empresa y cuatro miembros de la representación legal de los trabajadores (Comité de Empresa de Barcelona y delegado/s de personal), designados todos ellos en función de los temas a tratar, por cada una de las partes. Sus acuerdos no tendrán vigencia en tanto no estén ratificados por ambas representaciones de forma conjunta, sin que ello suponga merma ni restricción de las facultades organizativas y directivas de la Empresa. Además de las facultades de interpretación del Convenio, propias de toda Comisión paritaria, ésta tendrá las atribuciones que se especifican seguidamente: a) En materia de promoción de personal. Será informada y realizará propuestas sobre las medidas de acceso a la formación profesional que faciliten la igualdad de oportunidades para la promoción interna con criterios objetivos de mérito y capacidad. Particularmente la Comisión velará para evitar cualquier discriminación prohibida en los artículos 14 de la Constitución vigente y 17 del Estatuto de los Trabajadores y, de modo destacado, por razón de sexo. A dichos efectos, la Empresa se compromete a: Proporcionar a la Comisión información sobre las vacantes cuya cobertura pueda ofrecer en cualquier área de la Empresa al personal afectado por reconversión u amortización de su puesto de trabajo; se excluirán los puestos ocupados por personal cuyo ejercicio profesional comporta funciones de mando o de especial confianza. A los efectos de posibles reconversiones, procurará que los puestos de trabajo vacantes y de nueva creación en Redacción puedan ser ocupados preferentemente por personal excedente, procedentes de otras secciones. b) Clasificación profesional. Ante la aparición de nuevas necesidades derivadas de los cambios tecnológicos, tendrá competencia para valorar la existencia de nuevas funciones o tareas no previstas y su encuadre en la clasificación profesional del convenio actual. La Comisión, para el desempeño de sus funciones, dispondrá de toda la información de la que, respecto al tema tratado, dispongan las partes, obligándose ambas mutuamente a guardar sigilo en aquello que cualquiera de los miembros de la Comisión considere reservado. La Empresa, sin merma de sus facultades organizativas, técnicas y productivas, y para aprovechar al máximo los recursos técnicos y humanos pondrá a disposición de la Comisión Paritaria información suficiente sobre los productos que La Vanguardia prevea externalizar y que afecten negativamente al empleo. A efectos de dar cumplimiento a lo que exige el artículo 85.3 e) del Estatuto de los Trabajadores, el procedimiento para solventar las discrepancias en el seno de la Comisión consistirá en la solicitud, por cualquiera de las partes, de mediación ante el Tribunal Laboral de Catalunya. Artículo 8. Negociación interna. La adopción de alguna de las medidas a que se refieren los artículos 39.2, 40, 41, 51 y 52 c) del Estatuto de los Trabajadores, exigirá en cualquier caso, una negociación entre Comité de Empresa y la Dirección de la misma, durante un plazo de 15 días, y aunque la Ley no lo exija. Dicha negociación versará sobre las causas motivadoras de la medida empresarial y la posibilidad de evitar o reducir sus efectos, así como las medidas necesarias para atenuar sus consecuencias para los trabajadores afectados y posibilitar la continuidad y viabilidad del proyecto empresarial. Iguales trámites habrán de seguirse previamente para la externalización, incluso mediante contrato civil o mercantil, de actividades propias de La Vanguardia Ediciones, S.L.U., susceptibles de afectar negativamente al empleo. De no conseguirse acuerdo, ambas partes convienen en solicitar la mediación o, en su caso conciliación, del Tribunal Laboral de Catalunya, tanto en los supuestos de índole colectiva, como los que por afectar a número inferior al establecido en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, tengan la consideración de plural. Artículo 9. Externalizaciones. La Empresa, sin merma de sus facultades organizativas, técnicas y productivas, garantiza que los puestos de trabajo de La Vanguardia Ediciones, S.L.U., no serán externalizados ni a terceros ni a otras empresas del Grupo Godó sin seguirse los trámites del artículo 8 además de los que legalmente sean de rigor. El presente acuerdo pretende garantizar el cumplimiento por parte de la Empresa de aquellos requisitos procedimentales previstos en el presente artículo 8 del Convenio colectivo. A tal efecto ambas partes acuerdan que para el supuesto que la Empresa incumpliera los citados requisitos, la externalización sería declarada nula con los mismos efectos jurídicos que los previstos para los supuestos de nulidad de los artículos 39.2, 40, 41, 51 y 52.c del Estatuto de los Trabajadores. La efectividad de dicha garantía comportará asimismo que cualquier medida de las previstas en el párrafo primero del artículo 8 del Convenio cuya causa o justificación real subyacente se encuentre reforzada por una externalización en la que la Dirección no haya respetado las obligaciones del artículos 42 ó 44 del Estatuto de los Trabajadores y el procedimiento establecido en el mismo artículo 8 del Convenio, será también nula. CAPÍTULO II Organización del trabajo Artículo 10. Facultades de la Empresa. Con sujeción a lo dispuesto en la legislación vigente, se reconocen como facultades de la Empresa, entre otras: 1.ª La ordenación práctica de la organización del trabajo y de todas las actividades de la Empresa. 2.ª La determinación y aplicación de sistemas dirigidos al incremento de la productividad. 3.ª El establecimiento de procesos y distribución del trabajo precisos en cada momento de acuerdo con las necesidades empresariales. Artículo 11. Obligaciones de la Empresa. 1. Poner en conocimiento de la representación de los trabajadores, con un mínimo de quince días de antelación, el propósito de la Empresa de modificar su organización de trabajo. 2. Recabar la conformidad o desacuerdo razonado de la representación de los trabajadores. 3. En los supuestos de especial relevancia, en que exista disconformidad de los trabajadores, en el plazo de 20 días, con conocimiento de su representación, elevar la propuesta de reorganización del trabajo de la Empresa al Tribunal Laboral de Catalunya, para mediación, previo informe de la Comisión Paritaria del Convenio. 4. Establecer la fórmula para el cálculo del salario de manera clara y sencilla para que los trabajadores puedan normalmente comprenderla. 5. La Empresa capacitará y adaptará al personal afectado por los cambios tecnológicos que supongan una reorganización del trabajo, dando la publicidad precisa para que llegue a conocimiento de todos, respetando la antigüedad y capacitación profesional en cada caso. CAPÍTULO III Régimen del personal Artículo 12. Clasificación profesional. 1. Principios generales. Se entiende por Sistema de Clasificación Profesional la ordenación jurídica por la que, con base técnica y organizativa, se contempla la inclusión de los trabajadores en un marco general que establece los distintos cometidos laborales. La clasificación profesional se realiza en áreas de actividad, grupos y categorías profesionales por interpretación y aplicación de factores generales objetivos y por las tareas y funciones básicas más representativas que ocupen los trabajadores. Los trabajadores en función del puesto de trabajo que desarrollan serán adscritos a una determinada área de actividad, a un grupo y a una categoría profesional de las establecidas en el presente capítulo, circunstancias que definirán su posición en el esquema organizativo y retributivo. 2. Áreas de actividad. Entendemos por áreas de actividad a las agrupaciones organizativas existentes, teniendo en cuenta, tanto el contenido de los puestos que las componen como los objetivos esenciales que las definen. Delimitan, asimismo, la trayectoria natural de una carrera profesional, y son las siguientes: Área Informativa/Redacción: Se integran en esta área de actividad aquellos puestos de trabajo cuya misión es la producción de contenidos propios de la actividad periodística en papel así como para su transmisión para medios electrónicos. Área Técnica/Producción: El objeto de producción de esta Área de Actividad viene determinado por su carácter y formación eminentemente técnicos y tienen como labor fundamental la producción y preimpresión, utilizando para ello los medios tecnológicos y los conocimientos personales para su utilización, que permitan desarrollar los objetivos organizacionales con el máximo de eficacia. Área de Gestión: Quedan encuadrados en esta área de actividad todos los puestos que tienen como funciones primordiales labores de gestión económica, contable, comercial, marketing, recursos humanos, secretaría, servicios generales, etc., de la Empresa. 2.1 Grupos profesionales. Se entiende por grupo profesional el que agrupa las aptitudes profesionales, experiencia profesional, titulaciones y contenido general de la prestación, incluyendo tanto diversas categorías profesionales, como distintas funciones o especialidades profesionales. Cada una de las áreas de actividad anteriormente definidas se divide en los siguientes grupos profesionales. Asimismo, el marco de cada grupo profesional no superará en ningún caso el de su propia área de actividad. Grupo profesional 0. Funciones de dirección, coordinación, planificación, organización y control de las actividades propias al más alto nivel de las distintas áreas de la empresa. Dicho Grupo profesional define e incluye al personal Directivo de la Empresa. Grupo profesional 1. Funciones que requieren un alto grado de autonomía, conocimientos profesionales y responsabilidades que se ejercen sobre uno o varios departamentos o secciones de la empresa, partiendo de directrices muy amplias, debiendo dar cuenta de su gestión al personal adscrito al Grupo 0. Incluye las categorías de Subdirector, Redactor Jefe, Jefe de Departamento, Jefe de Sección y Jefe de Sección Adm.–Red. Grupo profesional 2. Realización de tareas complejas, pero homogéneas que, con o sin implicación de mando, exigen un alto contenido intelectual. Incluye las categorías de Titulado Superior, Redactor Senior y Redactor A, B, C y D. Grupo profesional 3. Tareas consistentes en la ejecución de labores que requieran adecuados conocimientos profesionales y aptitudes prácticas, sin alcanzar el grado de complejidad o plus de contenidos del grupo profesional 2. Incluye las categorías de Ayudante de Redacción, Documentalista, Titulado Medio y Oficial 1.ª A y B. Grupo Profesional 4. Tareas consistentes en la ejecución de operaciones sencillas, con alto grado de supervisión. Incluye las categorías de Oficial 2.ª y Auxiliar. 3. Categorías profesionales. 3.1 Personal del Área Informativa / Redacción. a) Subdirector.–Es el profesional que, designado directamente por el Director, coordina la Redacción. b) Redactor Jefe.–Es el redactor que, en contacto con la Dirección, coordina una o más áreas de la Redacción de acuerdo con las indicaciones recibidas. c) Jefe de Sección.–Es el redactor que, en contacto con los Redactores Jefe, coordina una Sección de acuerdo con las indicaciones recibidas. d) Redactor Senior.–Es el profesional que crea, produce, elabora o edita la información periodística, ya sea literaria o gráfica con una antigüedad mínima de 10 años en la Empresa, y que además de por su dilatada experiencia profesional, tiene un reconocimiento expreso y un plus de autonomía para el ejercicio de su profesión que le deberán ser otorgados por la Dirección de la Empresa. e) Redactor (A, B, C y D).–Es el profesional que crea, produce, elabora o edita la información periodística, ya sea literaria o gráfica. Las partes firmantes del presente Convenio convienen en que la realización de funciones de redactor con plena solvencia profesional requiere del ejercicio de la profesión periodística durante un determinado período de tiempo, durante el cual se van a adquirir la experiencia y conocimientos propios de la profesión. De acuerdo con lo expuesto, la prestación de servicios de Redactor se producirá de acuerdo con las siguientes categorías profesionales: Redactor D: es la categoría que se adquiere al acceder por vez primera a la realización de funciones de Redactor en la Empresa, y se permanece en ésta categoría durante un máximo de tres años. Redactor C: es la categoría que se alcanza, de forma automática, una vez transcurridos tres años como Redactor D. Redactor B: es la categoría que se alcanza, de forma automática, una vez transcurridos cuatro años como Redactor C. Una vez alcanzada la categoría de Redactor B, el acceso a la categoría de Redactor A se producirá, siempre con respeto de las cuotas establecidas en el siguiente apartado 5, en base a los méritos laborales y periodísticos alcanzados, y siempre a propuesta del Director del Diario. f) Ayudante de Redacción.–Es el personal que realiza labores de apoyo periodístico en la Redacción, siempre bajo las directrices y supervisión de los jefes de sección y de los redactores. g) Documentalista.–Profesional titulado que se encarga de la búsqueda, selección, adquisición y organización de los archivos documentales. h) Jefe Sección-Administración Redacción.–Bajo la dependencia directa de un Jefe de Departamento o de la Dirección, asume el mando y responsabilidad de la sección de Administración Redacción. i) Oficial 1.ª A – Administración Redacción.–Es aquel empleado con un servicio determinado a su cargo, que con iniciativa y responsabilidad realiza funciones de carácter administrativo, contable, informática, secretaría, servicios, etc. propias de la sección de Administración Redacción, con una antigüedad mínima de 10 años en la categoría de Oficial 1.ª B – Administración Redacción. j) Oficial 1.ª B – Administración Redacción.–Es aquel empleado con un servicio determinado a su cargo que con iniciativa y responsabilidad realiza funciones de carácter administrativo, contable, informática, secretaría, servicios, etc., propias de la sección de Administración Redacción. A los 10 años de permanencia en esta categoría, se ascenderá automáticamente a Oficial 1.ª A. 3.2 Personal del Área Técnica / Producción. a) Jefe de Departamento.–Bajo la dependencia directa de la Dirección, asume el mando y responsabilidad de un Departamento del Área Técnica / Producción. b) Jefe de Sección.–Bajo la dependencia directa de un Jefe de Departamento o de la Dirección, asume el mando y responsabilidad de una sección del Área Técnica / Producción. c) Oficial 1.ª A.–Es aquel empleado con un servicio determinado a su cargo que con iniciativa y responsabilidad realiza funciones de carácter técnico propias del Área Técnica / Producción con una antigüedad mínima de 10 años en la categoría de Oficial 1.ª B. d) Oficial 1.ª B.–Es aquel empleado con un servicio determinado a su cargo que con iniciativa y responsabilidad realiza funciones de carácter técnico propias del Área Técnica / Producción. A los 10 años de permanencia en esta categoría, se ascenderá automáticamente a Oficial 1.ª A. e) Oficial 2.ª–Es aquel empleado que con cierta iniciativa y bajo supervisión, realiza funciones de carácter técnico propias del Área Técnica / Producción. f) Auxiliar.–Es aquel empleado que bajo supervisión directa realiza funciones auxiliares de carácter técnico propias del Área Técnica / Producción. 3.3 Personal del Área de Gestión. a) Jefe de Departamento.–Bajo la dependencia directa de la Dirección, asume el mando y responsabilidad de un Departamento del Área de Gestión. b) Jefe de Sección.–Bajo la dependencia directa de un Jefe de Departamento o de la Dirección, asume el mando y responsabilidad de una sección del Área de Gestión. c) Titulado Superior.–Es el profesional que, mediante la acreditación de título facultativo de grado superior, realiza trabajos de su competencia profesional, no especificados en otra de las categorías profesionales definidas y concertados en razón del título académico poseído. d) Titulado Medio.–Es el profesional que, mediante la acreditación de título facultativo de grado medio, realiza trabajos de su competencia profesional, no especificados en otra de las categorías profesionales definidas y concertados en razón del título académico poseído. e) Oficial 1.ª A.–Es aquel empleado con un servicio determinado a su cargo que con iniciativa y responsabilidad realiza funciones de carácter administrativo, contable, informática, secretaría, servicios, etc. propias del Área de Gestión, con una antigüedad mínima de 10 años en la categoría de Oficial 1.ª B. f) Oficial 1.ª B.–Es aquel empleado con un servicio determinado a su cargo que con iniciativa y responsabilidad realiza funciones de carácter administrativo, contable, informática, secretaría, servicios, etc. propias del Área de Gestión. A los 10 años de permanencia en esta categoría, se ascenderá automáticamente a Oficial 1.ª A. g) Oficial 2.ª–Es aquel empleado que con cierta iniciativa y bajo supervisión de un Jefe u Oficial 1.ª realiza funciones de carácter administrativo, contable, informática, secretaría, servicios, etc. propias del Área de Gestión. h) Auxiliar.–Es aquel empleado que bajo supervisión directa realiza funciones auxiliares de carácter administrativo, contable, informática, secretaría, servicios, etc., propias del Área de Gestión. 4. Tabla de Áreas de actividad, Grupos y Categorías: Grupo Profesional Categorías Área Redacción Categorías Área Técnica Categorías Área Gestión 0 Directivos. Directivos. Directivos. 1 Subdirector. Redactor Jefe. Jefe Sección. Jefe Sección-Adm. Red. Jefe Departamento. Jefe Sección. Jefe Departamento. Jefe Sección. 2 Redactor Senior. Redactor A. Redactor B. Redactor C. Redactor D.   Titulado Superior. 3 Ayudante Redacción. Documentalista. Oficial 1.ª A– Adm. Red. Oficial 1.ª B – Adm. Red. Oficial 1.ª A. Oficial 1.ª B. Titulado Medio. Oficial 1.ª A. Oficial 1.ª B. 4   Oficial 2.ª Auxiliar. Oficial 2.ª Auxiliar. 5. Porcentajes: El número de redactores senior no será inferior al 60 % del personal de la Empresa adscrito a las categorías profesionales de redactor del grupo profesional 2 (redactor senior y redactor A, B, C y D). El número de redactores en las categorías B, C y D no podrá ser superior al 25 % del personal de la Empresa adscrito a las categorías profesionales de redactor del grupo profesional 2 (redactor senior y redactor A, B, C y D). Para respetar el cumplimiento de los respectivos porcentajes de redactores en las diferentes categorías, y sólo en defecto de propuesta de ascenso de categoría por parte del Director del diario, se utilizará el criterio de antigüedad. La Empresa facilitará, a solicitud del Comité de Empresa, el censo de los trabajadores de la empresa, con la expresión de la categoría profesional. Artículo 13. Ingresos. La admisión de nuevo personal se ajustará a todas las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la firma del contrato laboral. La Empresa podrá someter a los aspirantes a ingreso a las pruebas profesionales y psicotécnicas que considere convenientes para comprobar su grado de preparación. Artículo 14. Procedimiento para solventar las discrepancias derivadas de la inaplicación del Convenio. En cumplimiento del mandato contenido en el artículo 85.3 del Estatuto de los Trabajadores, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, las partes negociadoras del presente Convenio determinan: 1. El procedimiento para solventar las discrepancias que puedan surgir para la no aplicación de las condiciones de trabajo a que se refiere el actual artículo 82.3 del TRLET, seguirá los mismos requisitos y trámites previos contemplados en los artículos 8 y 9 del presente Convenio colectivo. 2. Se designa a la comisión paritaria del artículo 7 del presente Convenio colectivo a los efectos contemplados en el apartado e) del artículo 85.3 del TRLET. Artículo 15. Formación profesional. La Empresa podrá organizar cursos de formación para el personal de plantilla para fomentar la continua capacitación profesional. Se distinguen dos categorías de formación: a) Formación de contenido imprescindible para el puesto de trabajo como consecuencia de la implementación de cambios y mejoras técnicas u organizativas y de prevención de riesgos laborales. Estas acciones formativas serán de carácter obligatorio y tendrán lugar preferentemente dentro de la jornada laboral y, cuando ello no fuera posible, y tuviesen que realizarse fuera de la jornada laboral, se compensarán las horas dedicadas con horas de descanso. b) Cursos de perfeccionamiento profesional para el desarrollo o actualización del puesto de trabajo, dirigidos a mejorar la cualificación profesional en aspectos propios del trabajo que, sin ser imprescindibles, contribuyen a la mejora profesional o a posibilitar la promoción futura. Estas acciones serán de asistencia voluntaria y, por ello, en caso de realizarse fuera de la jornada laboral, no tendrán compensación de tiempo. CAPÍTULO IV Jornada de trabajo Artículo 16. Jornada y horario de trabajo. Jornada laboral. 1. La jornada de trabajo en las Áreas Informativa/Redacción y Técnica/Producción será de 1.687,5 horas anuales de trabajo efectivo. 2. La jornada del personal adscrito al Área de Gestión será de 40 horas semanales de trabajo efectivo. Distribución de la jornada y horario de trabajo. La jornada de trabajo se distribuirá, con carácter general, de lunes a viernes en las Áreas Informativa/Redacción y Gestión, y de lunes a sábado, en el Área Técnica/Producción. No obstante lo anterior, podrán prestarse servicios en fin de semana (sábado y domingo), que tendrán la consideración de jornada ordinaria, en las condiciones y con las compensaciones específicas que se determinan en el presente Convenio. Al no permitir la naturaleza de la actividad periodística la determinación de un horario rígido de trabajo, cada trabajador tendrá asignado un horario básico, que será aquel en el que normalmente presta sus servicios. No obstante, por esa misma razón, el personal se compromete a finalizar su trabajo cuando por circunstancias ajenas a la voluntad de la Empresa y, en especial, cuando así lo requiera la actividad informativa, se vea obligado a prolongar su jornada laboral, debiendo ser compensado correspondientemente en todo caso. Artículo 17. Trabajo en fin de semana. 17.1 La prestación de servicios en fines de semana (sábados y domingos) se regirá por las siguientes condiciones: a) Todo el personal asignado a las Áreas Informativa/Redacción y Técnica/Producción vendrá obligado a prestar servicios en doce fines de semana por cada año natural distribuidos generalmente en uno de cada cuatro. Será de carácter voluntario para el trabajador el trabajo en fin de semana a partir del fin de semana número trece de cada año natural. b) La Dirección establecerá la plantilla necesaria por secciones para cubrir adecuadamente las necesidades de trabajo del fin de semana. c) La Empresa podrá destinar a los trabajadores adscritos al fin de semana a otras secciones distintas a la suya, en caso de ser preciso para compensar desajustes en otras secciones. d) En el Área Informativa/Redacción, por cada fin de semana trabajado corresponderá un día de libranza que deberá realizarse en la semana siguiente a la del fin de semana que se trabaje. e) En el Área Técnica/Producción y determinados puestos de trabajo del Área de Gestión, por fin de semana trabajado (domingo) corresponderá un día de libranza que deberá realizarse en la semana siguiente a la del fin de semana que se trabaje. f) Por cada fin de semana trabajado se abonará una compensación económica, cuya regulación y cuantía se determina en el capítulo V de este Convenio colectivo. g) En cualquier caso, las horas correspondientes a estos fines de semana tendrán la consideración de jornada ordinaria. 17.2 Personal en plantilla a 1 de enero de 2015: El presente régimen de garantías individuales se establece al objeto de compensar al personal de alta en la Empresa a la fecha de firma del presente Convenio colectivo, por la modificación del régimen de trabajo en fin de semana, pasando de un sistema voluntario a uno obligatorio. Por tanto, las garantías contempladas en el presente Anexo constituyen un derecho individual que se reconoce únicamente en favor de los trabajadores afectados por el presente Convenio colectivo y que estuvieran de alta en la Empresa en fecha 1 de enero de 2015, al haberse visto afectados en su régimen de trabajo en fin de semana vigente hasta esa fecha. 17.2.1. A la firma del Convenio, opción individual de cada trabajador por una de las tres opciones siguientes: Opción 1: no realizar de fines de semana. Opción 2: realizar el promedio de fines de semana realizados en los cuatro últimos años (2011-2014), distribuidos de la manera habitual (en este promedio se incluirán las guardias). Opción 3: realizar 12 fines de semana al año, distribuidos generalmente en uno de cada cuatro. Al personal que no acredite cuatro años de antigüedad, el promedio se le calculará sobre el tiempo real trabajado. Si se ha producido un cambio de sección o de situación que afecte sustancialmente al número de fines de semana realizados, se tomará para el cálculo la media actual y/o prevista. En el supuesto de la elección de la opción 2 ó 3, consolidación en complemento salarial denominado Complemento Compensación Cambio Sistema Fin de Semana (no compensable ni absorbible) por cada uno de los fines de semana comprometidos de un importe equivalente a la diferencia entre: Área Redacción: diferencia entre el precio establecido en el presente convenio del fin de semana y el precio establecido en Convenio 2009-2014 para el fin de semana en la categoría de Redactor. Área de Redacción (Sección Documentación): diferencia entre el precio establecido en el presente convenio del fin de semana y el precio establecido en Convenio 2009-2014 para el fin de semana en la categoría de Documentalista. Área de Redacción (Sección Administración): diferencia entre el precio establecido en el presente convenio del fin de semana y el precio establecido en Convenio 2009-2014 para el fin de semana en la categoría de Oficial 1.ª Adm. Red. Área Técnica / Producción: diferencia entre el precio establecido en el presente convenio del fin de semana y el precio establecido en Convenio 2009-2014 para el fin de semana en la categoría de Oficial 1.ª A. Área de Gestión: diferencia entre el precio establecido en el presente convenio del fin de semana y el precio establecido en Convenio 2009-2014 para el fin de semana en la categoría de Oficial 1.ª A. No procederá consolidación ni complemento de fin de semana en caso de escoger la opción 1 (no realizar fines de semana), y será totalmente voluntaria para estos trabajadores la prestación de servicios en fin de semana. Existe el compromiso de trabajar el número de fines de semana que se consoliden y será voluntaria para el trabajador la prestación servicios en fin de semana más allá de los comprometidos. Se reconoce la singularidad de la sección de deportes en el régimen de fines de semana. La aplicación del presente sistema de consolidación de trabajo en fin de semana se producirá a partir del 1 de enero de 2016. 17.2.2 Régimen excepcional de desadscripción al régimen de fin de semana: Los trabajadores podrán suspender temporalmente la obligatoriedad de trabajar los fines de semana comprometidos, con pérdida temporal de dicho complemento consolidado de fin de semana, en los siguientes supuestos: Supuestos personales excepcionales: Cuidado de una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida. Cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida. Cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado, de hijos, cónyuge o pareja de hecho afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas y carcinomas), o por cualquier enfermedad grave, que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de cuidado directo, continuo o permanente, acreditado por el informe del Servicio Público de Salud, u organismo administrativo sanitario de la Comunidad Autónoma correspondiente. Mutuo acuerdo entre Empresa y trabajador. Los trabajadores deberán comunicar por escrito a la Empresa la referida desadscripción con 15 días de antelación. Procederán del mismo modo cuando deseen volver a adscribirse al régimen de fin de semana, recuperando el complemento consolidado de fin de semana desde su reincorporación al trabajo en fin de semana. Artículo 18. Vacaciones. Las vacaciones anuales retribuidas del personal serán de 33 días naturales. Las vacaciones se disfrutarán computándose por años naturales, o sea, de 1 de enero a 31 de diciembre. Los trabajadores de nuevo ingreso podrán disfrutar la parte proporcional de vacaciones que les corresponda. Artículo 19. Festivos. Los trabajadores afectados por este Convenio tendrán derecho al disfrute de los festivos que correspondan según el calendario laboral publicado anualmente en su Comunidad Autónoma o Ayuntamiento. Tendrán la consideración de no laborables los festivos Viernes Santo, 25 de diciembre y 1 de enero de cada año. No obstante, podrán establecerse guardias para la atención de la actividad que pueda producirse en esos días, que se compensarán según lo estipulado en el anexo I de este Convenio. Con independencia de los tres días anteriormente señalados, el personal adscrito a las Áreas Informativa/Redacción y Técnica/Producción, así como aquellos puestos de trabajo del Área de Gestión en que es necesario, deberá trabajar los festivos que correspondan según la organización del trabajo en sus respectivas Áreas. Dichos días se compensarán con 16 días de descanso anuales, que se disfrutarán a lo largo del año natural. Durante los meses de julio, agosto y septiembre se restringirá el disfrute de estos días. El personal que por causa a él imputable, excepto casos de IT, no disfrute dentro del año natural alguno o la totalidad de los 16 días señalados, perderá todo derecho sobre los mismos. Cuando el personal de las indicadas Áreas con este régimen de descansos alternativos esté adscrito en alguna sección en la que por su contenido no sea necesario su trabajo en día festivo, se le podrá asignar durante esos días a las secciones en que sí sea necesario siempre que su categoría profesional y capacitación se correspondan. Para el personal que celebre las fiestas en su fecha, se garantizarán los 14 festivos del calendario laboral actual. En el supuesto de que estos días fueran reducidos legalmente, la diferencia hasta los 14 se sumará al periodo vacacional de estos trabajadores. Artículo 20. Permisos y ausencias retribuidas. Tendrán carácter de permiso retribuido los siguientes: 1) Fallecimiento de cónyuge o hijos: 4 días, ampliables hasta 7 en caso que el trabajador afectado requiriese desplazamiento. 2) Nacimiento hijo/a: 3 días hábiles, ampliables hasta 5 en caso que el trabajador afectado requiriese desplazamiento. 3) Matrimonio: 15 días naturales. 4) Fallecimiento o enfermedad grave de familiares hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad: 2 días, ampliables hasta 4 en caso que el trabajador afectado requiriese desplazamiento. 5) Traslado domicilio habitual: 1 día (el trabajador que solicite este permiso tendrá la obligación de comunicar el nuevo domicilio al Departamento de RRHH). 6) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber de carácter público y personal. 7) Los trabajadores que cursen estudios de carácter oficial dispondrán de hasta un máximo de 5 días anuales para concurrir a exámenes finales y pruebas definitivas de evaluación. La no presentación a examen no dará lugar a concesión de permiso retribuido tal como se establece en este punto. 8) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los términos establecidos legal o convencionalmente. 9) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo. Todos los permisos deberán ser debidamente justificados documentalmente. En los puntos 1, 2 y 4, se entenderá necesidad de desplazamiento cuando éste exceda de los límites de la provincia o sea superior a 60 Km, siempre desde el domicilio del trabajador afectado. Artículo 21. Lactancia. Los/las trabajadores/as afectados/as podrán elegir entre la realización del tiempo de lactancia o reducción de jornada en media hora diaria o bien la acumulación al periodo de descanso maternal del tiempo que ello represente. Artículo 22. Horas extraordinarias. Se estará a lo establecido en la normativa vigente. CAPÍTULO V Régimen económico Artículo 23. Retribuciones de Convenio. El salario del Convenio será el indicado para cada grupo y categoría profesional de conformidad con la tabla salarial que se acompaña como anexo I. Artículo 24. Pagas extraordinarias y su devengo. El salario se abonará en 16 pagos anuales, de igual importe; 12 de ellos se abonarán en cada mes natural, y cuatro extraordinarios en los meses de junio, septiembre y diciembre del mismo año y marzo del año siguiente al devengo. El devengo de las pagas extraordinarias será el siguiente: Paga extra de junio: Devengo de 1 de julio del año anterior al 30 de junio del año en curso. Paga extra de septiembre: Devengo de 1 de octubre del año anterior al 30 de septiembre del año en curso. Paga extra de diciembre: Devengo del 1 de enero al 31 de diciembre del año en curso. Paga extra de marzo: Devengo de 1 de enero al 31 de diciembre del año anterior. En casos especiales, la totalidad de las pagas extraordinarias podrán ser prorrateadas en las 12 mensualidades, previo acuerdo expreso con los trabajadores afectados. Las pagas extraordinarias estarán integradas por los siguientes conceptos: Salario Base, Complemento Personal Consolidado, Libre Disposición y Propiedad Intelectual. Artículo 25. Salario base. Salario base es el concepto salarial que conforma la retribución establecida para cada grupo y categoría profesional, siendo sus importes los especificados en el anexo I de este Convenio. Se abonará en 16 pagos anuales según lo dispuesto en el artículo 24 de este Convenio. Artículo 26. Nueva distribución de conceptos salariales. Se acuerda unificar en un único concepto salarial denominado «Complemento Personal Consolidado» los conceptos salariales contemplados en el artículo 26.1 del convenio colectivo de la Empresa para los años 2009-2014, sin cambiar su carácter ni su naturaleza, y ello de conformidad con los siguientes apartados: 26.1 Complementos unificados: Complemento Personal Consolidado P1. Tiene carácter pensionable y engloba los conceptos, en importe completo o en importe parcial si parte de ellos han quedado integrados en el de Salario base, que hasta el 31 de diciembre de 2011 se venían abonando en 15,95 pagos anuales bajo las siguientes denominaciones: Plus Convenio, Antigüedad, Plus Voluntario, Plus artículo 48, Plena Dedicación, Extra redacción 1, Plus Reconversión, 50 % del plus RANC y 50 % del importe del plus Prolongación de Jornada. Complemento Personal Consolidado P2. Tiene carácter pensionable y engloba los conceptos que hasta el 31 de diciembre de 2011 se venían abonando en 13,20 pagos anuales bajo las siguientes denominaciones: Extra Redacción 2 y Cantidad o Calidad. Complemento Personal Consolidado P3. Tiene carácter pensionable y engloba los conceptos, en importe completo que hasta el 31 de diciembre de 2011 se venían abonando en 12,00 pagos anuales bajo las siguientes denominaciones: Plus Puntualidad. Complemento Personal Consolidado I1. Tiene carácter indemnizable y no pensionable y engloba los conceptos que hasta el 31 de diciembre de 2011 se venían abonando bajo las siguientes denominaciones: 50 % Prolongación Jornada. Complemento Personal Consolidado I2. Tiene carácter indemnizable y no pensionable y engloba los conceptos que hasta el 31 de diciembre de 2011 se venían abonando bajo las siguientes denominaciones: 50 % RANC. Complemento Personal Consolidado I3. Tiene carácter indemnizable y no pensionable y engloba los conceptos que hasta el 31 de diciembre de 2011 se venían abonando bajo las siguientes denominaciones: Complemento Personal PDom. Complemento Personal Consolidado I4. Tiene carácter indemnizable y no pensionable y engloba los conceptos que hasta el 31 de diciembre de 2011 se venían abonando bajo las siguientes denominaciones: Complemento Mínimos. Complemento Personal Consolidado NP. Tiene carácter de no pensionable y engloba los conceptos que hasta el 31 de diciembre de 2011 se venían abonando bajo las siguientes denominaciones: Complemento Personal NP, ICNP 1595 F, ICNP Antigüedad, ICNP 1595 F CV, Complemento Nómina, Incremento Lineal NP, Incremento Lineal NP 2, ICNP 132 F, ICNP 12 V CV, ICNP PE Julio, ICNP PE Navidad, Complemento Septiembre RECNP, Complemento Media octubre y Complemento Montepío NP. Complemento Personal Consolidado (Cantidad o Calidad-Lineales Jun-Oct-Dic). Respecto del Pacto de Jubilación de 1991, este concepto salarial, tanto en las 12 mensualidades como en su repercusión en pagas extraordinarias, tendrá el mismo carácter que tenían los conceptos salariales que los conceptos que engloba, y que hasta el 31 de diciembre de 2011 se venían abonando bajo la denominación: Complemento Paga Julio «Cant. Cal. PE Julio», Complemento Paga Navidad «Cant. Cal PE Navidad», Complemento Paga Octubre «Cant. Cal Med Octubre» y la repercusión en la Paga de Beneficios de la parte proporcional de los tres conceptos lineales anteriores. Se adjunta al presente convenio, como anexo II, tabla de unificación de los anteriores complementos en el «Complemento personal consolidado». 26.2 Garantía. El «Complemento personal consolidado», en su importe resultante de la anterior agrupación, se respetará a título estrictamente personal, tendrá el carácter de no absorbible ni compensable por ningún otro concepto, y se incrementará en los mismos términos en que se incrementen los demás conceptos del Convenio colectivo. El complemento se abonará en 16 pagos anuales en los términos establecidos en el artículo 24 de este Convenio. Artículo 27. Plus Nocturnidad. Los trabajadores que, de modo continuo o periódico, realicen su jornada normal de trabajo en el horario comprendido entre las 22 horas y las 6 horas, percibirán el complemento diario establecido en la tabla del Anexo I, en concepto de Plus de Nocturnidad. Si el tiempo trabajado en el periodo nocturno fuera superior a tres horas, se abonará el Plus de Nocturnidad como si hubiera trabajado la jornada completa. Si fuera inferior a tres horas, se abonará la cantidad que corresponda proporcionalmente al tiempo trabajado. Se trata de un concepto salarial de carácter variable que no formará parte de las pagas extraordinarias, que se abonará, por los días de trabajo nocturno efectivamente realizados, en la nómina del mes siguiente al de su devengo. Artículo 28. Plus Libre Disposición. Aquellos trabajadores que realicen tareas informativas y que además de los cometidos profesionales que tienen asignados en su jornada habitual estén a disposición de la Dirección de la Redacción para cubrir aquellas necesidades informativas de carácter extraordinario o eventual que puedan surgir, se les otorgará el Plus de Libre Disposición, cuya cuantía se especifica en el anexo I de este Convenio colectivo. La designación de la Libre Disposición no es un derecho adquirido con carácter personal ni se integrará en la retribución consolidada del trabajador que lo perciba. La Libre Disposición se regulará en cada caso mediante acuerdo individual y se percibirá únicamente durante el tiempo en que la Empresa requiera dicha libre disposición. Este concepto se abonará en 16 pagos anuales según lo dispuesto en el artículo 24 de este Convenio. Artículo 29. Plus Fin de Semana. 29.1 Según lo regulado en el artículo 17 de jornada, el Plus Fin de Semana es la compensación que percibirá cada trabajador por cada uno de los fines de semana que se trabajen de manera efectiva. Su importe se establece en el anexo I de este Convenio. Este importe, que corresponde a cada fin de semana efectivamente trabajado, no tendrá repercusión alguna en cuanto a pagas extraordinarias y vacaciones ya que en el propio importe establecido ya se encuentra incluida cualquier cantidad que por esos conceptos pudiera corresponder. Todo aquel trabajador que, coincidiendo en fin de semana, realizase las funciones de Redactor Jefe o superiores, aun no teniendo reconocida o consolidada la categoría profesional, por cada fin de semana que lo realice, además del Plus Fin de Semana correspondiente a su categoría, tendrá derecho a percibir un complemento adicional de Jefatura Fin de Semana cuyo importe viene establecido en el anexo I de este Convenio. Dicho plus queda restringido, como máximo, a uno por sección ya que solamente un trabajador por sección puede ejercer la responsabilidad de Redactor Jefe. Se trata de un concepto salarial de carácter variable, que se abonará por los fines de semana efectivamente realizados, en la nómina del mes siguiente al de su devengo. Cuando en el Área Informativa/Redacción, por necesidad de la actividad informativa a cubrir sólo deba trabajarse un día del fin de semana, su compensación económica será del 50 % del importe establecido en el anexo I que corresponde a fin de semana completo, o al complemento Jefatura Fin de Semana. Los conceptos de remuneración aquí pactados no serán absorbibles ni compensables por criterios legales y se actualiza del mismo modo que los restantes conceptos retributivos del presente convenio. 29.2 Adicionalmente, el trabajo en fin de semana se retribuirá para el personal al que se refiere el artículo 17.2, y en los términos y condiciones allí descritos, mediante el Complemento Compensación Cambio Sistema Fin de Semana, distribuido en 16 pagos anuales. Artículo 30. Dietas y kilometraje. Las compensaciones por dichos conceptos son las que se detallan en el anexo II de este Convenio. CAPÍTULO VI Beneficios sociales Artículo 31. Incapacidad temporal. La Empresa complementará las prestaciones de la Seguridad Social en caso de baja por enfermedad común o profesional, accidente de trabajo o maternidad hasta el 100 % del salario real más otros conceptos que se vinieran abonando. El complemento respecto al concepto salarial del fin de semana se calculará hasta el 100 % de lo percibido por el trabajador por este concepto en el mes anterior a la baja. Mientras dure la incapacidad temporal, el trabajador tendrá la obligación de someterse a los exámenes o controles que determinen los Servicios Médicos de la Empresa. Los trabajadores deberán aportar el correspondiente parte de baja, confirmación o alta médica dentro de los tres días siguientes a su expedición. Artículo 32. Mutualidad médica. La Empresa garantiza los servicios de una mutualidad médica de carácter privado de la que serán beneficiarios todos los trabajadores en plantilla con antigüedad superior a tres meses. Durante la vigencia del Convenio se mantendrán las prestaciones de dicha mutualidad como hasta la fecha. Las garantías de dicha mutualidad se extenderán a los cónyuges e hijos hasta 25 años de edad siempre que convivan con el trabajador y no trabajen de forma remunerada. En este sentido, el trabajador estará obligado a comunicar de forma inmediata cualquier cambio que pueda producirse y, anualmente, aportar a la Empresa certificado de vida laboral expedido por la Tesorería de la Seguridad Social que acredite que el beneficiario incluido no está activo laboralmente. Artículo 33. Seguro colectivo de Vida. Se constituye un seguro de vida colectivo para los trabajadores de la Empresa, que cubrirá las contingencias de fallecimiento e invalidez permanente absoluta, que garantizará un capital cuyos importes se especifican en el anexo II de este Convenio Colectivo. La Empresa facilitará a cada trabajador un certificado individual de la póliza. La Empresa mantendrá vigente el Seguro de Vida de aquellos trabajadores que se jubilen antes de la edad ordinaria de jubilación vigente en cada momento, hasta que alcancen dicha edad. Artículo 34. Ayuda viudedad. Se garantiza una pensión mínima igual al salario mínimo interprofesional, para las viudas/os de trabajadores que fallezcan o hayan fallecido en activo. A tal efecto la Empresa complementará la pensión de la Seguridad Social hasta alcanzar la cantidad de 851,56 euros al mes. Se abonará, además, el importe de una paga a la viuda/o o, en su defecto, a los descendientes del trabajador que fallezca en activo. Artículo 35. Ayuda para hijos con discapacidad. Se establece una ayuda a los trabajadores que tengan hijos con discapacidad psíquica y sensorial en la cuantía que se detalla en el anexo I del Convenio. Dicha situación deberá estar reconocida por la Seguridad Social u organismos oficiales competentes. En el caso de que ambos padres sean trabajadores de la Empresa, este derecho sólo podrá acreditarse por uno de ellos. Artículo 36. Ayuda escolar. Se establece una ayuda denominada Ayuda Escolar, que podrán percibir los trabajadores en plantilla, con una antigüedad superior a tres meses, por cada hijo que esté cursando estudios desde P3 hasta alcanzar los 16 años de edad, cumplidos durante el año, independientemente del centro de enseñanza que imparta estos estudios. El importe de esta ayuda se establece en el anexo I de este Convenio. Para obtener la ayuda que aquí se establece será preceptiva la presentación a la Empresa del correspondiente certificado de estudios, librado por el centro de enseñanza. Esta ayuda incluye también a los hijos de trabajadores cuya disminución psíquica les impida cursar los estudios, fijándose en estos casos la edad de 3 a 16 años como límites al derecho a esta ayuda, debiendo asimismo aportar certificados conforme están matriculados en centro de asistencia especial. En el supuesto de que ambos padres trabajen en la Empresa, sólo uno de ellos podrá ejercitar este derecho. Esta ayuda deberá solicitarse antes del 30 de septiembre de cada año y se abonará en la nómina del mes de octubre. Artículo 37. Ayuda por rotura de gafas y ortopedia. La Empresa abonará a los trabajadores, en plantilla con antigüedad superior a tres meses, los gastos derivados de las roturas de gafas como consecuencia de accidente de trabajo, abonándose íntegramente la óptica y 12 euros por montura. Para ejercer este derecho, deberá haberse tramitado el correspondiente parte de Accidente y el trabajador aportará una copia de la factura que le haya emitido la óptica. Asimismo, la Empresa se hará cargo de los costes de productos ortopédicos, prescritos por facultativo, que puedan precisar los trabajadores en plantilla con antigüedad superior a tres meses, y sus hijos hasta los 25 años de edad, siempre que convivan con el trabajador y no trabajen de forma remunerada. En este sentido, el trabajador que ejerza este derecho deberá aportar el informe médico prescriptivo y, en el caso de tratarse de hijos mayores de 16 años, certificado de vida laboral expedido por la Seguridad Social que acredite que no está activo laboralmente. Artículo 38. Paga extra de jubilación. Se abonará una paga íntegra, equivalente a una mensualidad, por una sola vez para el personal que se jubile causando baja definitiva en la Empresa. Si fallecieran cumplidos los 65 años sin haberse jubilado, percibirán este premio sus herederos legales. Artículo 39. Suscripción. Para el personal en plantilla a 31 de diciembre de 2011 se respetará a título estrictamente personal y mientras permanezca de alta en la Empresa, el derecho a una suscripción al diario, que recibirá en su domicilio. Para el personal de alta en la empresa a partir del 1 de enero de 2012, y mientras permanezca de alta en la Empresa, tendrá derecho a una suscripción al diario digital. Artículo 40. Pareja de hecho. A todos los efectos de este Convenio, los derechos que correspondan en virtud del matrimonio serán equiparados a las parejas de hecho acreditadas legalmente. Artículo 41. Cambio de domicilio. Los trabajadores tendrán la obligación de comunicar a la Empresa cualquier modificación en el domicilio que a ésta le conste como residencia habitual del trabajador. CAPÍTULO VII Propiedad intelectual Artículo 42. Derechos sobre la propiedad intelectual. A) Introducción. La empresa La Vanguardia Ediciones, S.L.U., reconoce a los miembros de la Redacción de La Vanguardia –en adelante autores–, los Derechos de Propiedad Intelectual, de acuerdo con lo que las leyes establezcan, sobre todos aquellos trabajos redaccionales, fotográficos e infográficos –en adelante obra– elaborados para la Empresa. Los derechos de explotación de la obra, creada en virtud de su relación laboral, por los trabajadores de Redacción, se consideran cedidos en exclusiva a La Vanguardia Ediciones, S.L.U. La referida cesión comprende los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación (extractos, traducciones y similares) a través de cualquier medio de comunicación o soporte (incluyendo el electrónico, digital, analógico e impreso), propios de la actividad de La Vanguardia Ediciones, S.L.U., y no está sometida a límite temporal o territorial alguno. Así, se considera cedida la obra de los autores para toda aquella actividad de La Vanguardia Ediciones, S.L.U., que se desarrolle de conformidad con el objeto social de la Empresa establecido en cada momento, incluida, con carácter no limitativo, la edición digital del diario La Vanguardia, en cualquier medio de difusión o soporte, ya sea de forma directa, por una entidad participada por el Grupo Godó de Comunicación, S.A., o por cualquier tercero; siempre con el debido respeto a la línea editorial del diario y con independencia de los términos en los que dicha edición digital se elabore, ya sea mediante reproducción exacta de la publicación impresa del diario o mediante variación o actualización posterior del contenido de la misma. La compensación de la cesión de los derechos contenida en los párrafos precedentes se considera incluida en la contraprestación ordinaria de la relación laboral. B) Cesión a terceros: La Vanguardia Ediciones, S.L.U., podrá ceder a terceros (empresas participadas o ajenas al Grupo Godó) los derechos de explotación contemplados en el apartado A anterior. En ese caso, los trabajadores tendrán derecho a percibir la remuneración estipulada en el apartado C siguiente. Para la cesión a terceros, La Vanguardia Ediciones, S.L.U., deberá respetar los siguientes principios generales: a) Cualquier cesión que la Empresa realice a terceros, inclusive por acuerdos de colaboración con otros periódicos, deberá respetar los derechos morales definidos en el Estatuto de la Redacción de La Vanguardia Ediciones, S.L.U. Asimismo, toda obra deberá ir firmada «Nombre del Autor/La Vanguardia». b) La Empresa realizará las cesiones únicamente a empresas de prestigio y reconocida solvencia, respetando la línea editorial de La Vanguardia. c) En el caso que la Empresa realice la cesión de una obra sin obtener contraprestación económica, en el marco de un acuerdo de intercambio con otras empresas periodísticas, no participadas por el Grupo Godó, en los términos de participación establecidos en el apartado C. 1 del presente artículo, no realizará la compensación prevista al autor, en el apartado C. 2 por tal motivo. A tal efecto, dicho acuerdo deberá constar por escrito y será puesto en conocimiento de la Comisión de Control establecida en el apartado D (Mecanismos de Control). d) La Empresa se hará cargo de las demandas existentes y futuras, derivadas de la cesión de obras, que puedan comportar responsabilidad civil por transgresión del derecho al honor, a la intimidad o a la propia imagen derivadas de la cesión de obras. C) Compensación económica por la cesión a terceros: Como contraprestación económica a la cesión a terceros por parte de La Vanguardia Ediciones, S.L.U., de los derechos de explotación de las obras de los trabajadores de Redacción, a partir del año 2009, dichos trabajadores tendrán derecho a las siguientes compensaciones: 1. Por la cesión a empresas participadas por el Grupo Godó de Comunicación, S.A: Los redactores y el resto del personal de Redacción recibirán el importe establecido en el anexo I de este Convenio, que tendrá carácter no pensionable, como contraprestación por la cesión de la explotación de la propiedad intelectual. El importe final establecido en el anexo I del Convenio será alcanzado de forma progresiva, de modo que en el año 2009, el primero de su implantación, se percibirá el 20 % del total; en 2010, el 30 %; en 2011, el 50 %, y en 2012, el 100 %. El Plus de Propiedad Intelectual se abonará en 16 pagos anuales en los términos previstos en el artículo 24 de este Convenio. Se considerarán cesiones a empresas participadas por el Grupo Godó de Comunicación, S.A., aquellas que se efectúen para las siguientes publicaciones y/o medios: suplementos, El Mundo Deportivo, www.elmundodeportivo.es, Vanguardia Dossier, Vanguardia Libros, Vanguardia Grandes Temas, Magazine, www.magazinedigital.com, Historia y Vida, Tv Mania, Què Fem?, Guías QF, Monográficos especiales, www.rac1.net, www.rac105.net, 8TV, www.td8.cat. Se entenderán igualmente incluidas en este apartado las cesiones a cualquier otra publicación y/o medio que en el futuro pudiera elaborarse o crearse en el ámbito de las empresas, actuales o futuras, participadas, en al menos un 20 %, por el Grupo Godó siempre y cuando respeten la línea editorial de La Vanguardia y, por tanto, no vulneren los derechos morales establecidos en el Estatuto Redacción. La cesión de derechos a terceros contemplada en el presente apartado no supondrá, en ningún caso, la modificación de las condiciones de trabajo, ni el incremento de la jornada laboral de los autores. Adicionalmente al Plus de Propiedad Intelectual de carácter general para el personal de Redacción establecido en el Anexo I de este Convenio, los fotógrafos percibirán un importe adicional de 9.097,65 euros brutos anuales por el mismo concepto, cuyo importe también queda especificado en el anexo I de este Convenio. Este importe adicional también tendrá carácter de no pensionable y se verá incrementado anualmente en el porcentaje que se estipule en el Convenio de La Vanguardia Ediciones, S.L.U. La cantidad establecida para los fotógrafos se alcanzará en función de los años de antigüedad en la Empresa de acuerdo con la siguiente escala: De 0 a 5 años de antigüedad: 35 % del importe indicado. De 6 a 10 años de antigüedad: 75 % del importe indicado. Más de 10 años de antigüedad: 100 % del importe indicado. 2. Por la cesión a terceras empresas, ajenas al Grupo Godó de Comunicación, S.A. Los autores afectados por el presente acuerdo deberán percibir un porcentaje del 25 % sobre las cantidades facturadas por La Vanguardia Ediciones, S.L.U., por la cesión de cada una de sus obras. Este porcentaje se calculará individualizadamente a cada trabajador sobre las obras cedidas de las que sea autor, salvo en los supuestos en los que no resulte posible individualizar el precio de la cesión, en cuyo caso se resolverá por la Comisión de Control. La liquidación de los importes resultantes se efectuará con carácter semestral (30 de junio y 31 de diciembre). Corresponderá a la Empresa el 70 % del precio obtenido por cada cesión. Por cesión voluntaria del colectivo de autores de las obras cedidas, el 5 % restante de la facturación global obtenida por La Vanguardia Ediciones, S.L.U., por la cesión de obras, se abonará prorrateado a partes iguales a todos los miembros que formen parte de la plantilla. La liquidación de los importes resultantes se efectuará con carácter semestral (30 de junio y 31 de diciembre). La Empresa facilitará a cada autor copia de las facturas emitidas por la cesión de sus obras y el extracto de liquidación semestral. La Empresa informará adecuadamente a las empresas cesionarias que la cesión se entiende para su explotación por una sola vez y en las condiciones estipuladas, y que cualquier explotación indebida estará sujeta a demanda judicial. D. Mecanismos de control: a) Se establece una Comisión de Control para velar por el cumplimiento de este pacto y resolver las incidencias que se presenten. Dicha Comisión se constituirá a partir del día 1 de enero de 2009 y estará formada por tres representantes de los autores y tres de la Empresa. b) Todas aquellas obras en las que el sujeto o sujetos protagonistas del artículo o fotografía hayan solicitado por escrito que no se publiquen en otros medios, serán identificadas por el autor en la base de datos y/o en el archivo de forma clara e indiscutible como «NO PUBLICABLE». La Empresa, a fin de evitar posibles demandas judiciales, se compromete a no facilitar, regalar o ceder aquellas obras catalogadas como «NO PUBLICABLE». c) La Empresa incluirá el nombre y apellidos de todos los autores en los motores de búsqueda y bases de datos, a fin de que éstos puedan controlar el tratamiento de sus obras, siempre y cuando la foto o el artículo estén debidamente documentados por el autor, según los criterios establecidos formalmente por la Dirección del diario. Este artículo y las recíprocas obligaciones y contraprestaciones de las partes establecidas en el mismo, constituyen un todo orgánico e indivisible, de forma que la eventual declaración de nulidad de alguna de sus partes comportaría la nulidad de su totalidad y consecuente pérdida de su vigencia. CAPÍTULO VIII Salud laboral Artículo 43. Salud laboral y prevención de riesgos. La Empresa deberá garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores en los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección y salud de los trabajadores en materia de evaluación de riesgos, información, consulta, participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud con los medios que sean necesarios de acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y sus normas de desarrollo. La Empresa organizará una revisión médica anual para el personal que lo solicite. Artículo 44. Comité de Seguridad y Salud Laboral. El Comité de Seguridad y Salud Laboral, como órgano paritario entre la Empresa y los trabajadores, velará, con las facultades que le otorga la normativa vigente, por el cumplimiento de la normativa de seguridad y salud laboral y particularmente sobre los riesgos que puedan existir en el trabajo con videoterminales. CAPÍTULO IX Igualdad Artículo 45. Fomento de la igualdad. La Empresa fomentará las medidas oportunas tendentes a alcanzar la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres y eliminar la discriminación por razón de sexo. Asimismo, la Empresa velará por el cumplimiento de la normativa de conciliación de la vida familiar y laboral promoviendo las medidas necesarias para mejorar las condiciones laborales de todos los trabajadores en relación a sus circunstancias personales y familiares. CAPÍTULO X Faltas y sanciones Artículo 46. Régimen disciplinario.   I. Los trabajadores podrán ser sancionados por la Dirección de la Empresa de acuerdo con la regulación de faltas y sanciones que se especifica en los apartados siguientes.   II. Toda falta cometida por un trabajador se clasificará atendiendo a su índole y circunstancias que concurran en leves, graves y muy graves. III. La enumeración de las faltas que a continuación se señalan se hace sin una pretensión exhaustiva, por lo que podrá ser sancionada por la Dirección de la Empresa cualquier infracción de la normativa laboral vigente o incumplimiento contractual, aun en el caso de no estar tipificadas en el presente Convenio. 1. Se considerarán como faltas leves: a) La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida del trabajo hasta tres ocasiones en un mes por un tiempo total inferior a veinte minutos. b) La inasistencia injustificada al trabajo de un día durante el período de un mes. c) La desatención y falta de corrección en el trato con el público cuando no perjudiquen gravemente la imagen de la Empresa. d) Los descuidos en la conservación del material que se tuviere a cargo o fuere responsable y que produzcan deterioros leves del mismo. e) La embriaguez no habitual en el trabajo. 2. Se considerarán como faltas graves: a) La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida del trabajo hasta en tres ocasiones en un mes por un tiempo total de hasta sesenta minutos cada ocasión, siempre que la empresa haya advertido al trabajador/a por escrito con anterioridad en al menos una ocasión sin sanción. b) La inasistencia injustificada al trabajo de dos a cuatro días durante el período de un mes. c) El entorpecimiento, la omisión maliciosa y el falseamiento de los datos que tuvieren incidencia en la Seguridad Social. d) La simulación de enfermedad o accidente. e) La suplantación de otro trabajador, alterando los registros y controles de entrada y salida al trabajo. f) La desobediencia a las órdenes e instrucciones de trabajo, incluidas las relativas a las normas de seguridad e higiene, así como la imprudencia o negligencia en el trabajo, salvo que de ellas derivasen perjuicios graves a la Empresa, causaren averías a las instalaciones, maquinarias y, en general, bienes de la Empresa o comportasen riesgo de accidente para las personas, en cuyo caso serán consideradas como faltas muy graves. g) La falta de comunicación a la Empresa de los desperfectos o anormalidades observados en los útiles, herramientas, vehículos y obras a su cargo, cuando de ello se hubiere derivado un perjuicio grave a la Empresa. h) La realización sin el oportuno permiso de trabajos particulares durante la jornada así como el empleo de útiles, herramientas, maquinaria, vehículos y, en general, bienes de la Empresa para los que no estuviera autorizado o para usos ajenos a los del trabajo encomendado, incluso fuera de la jornada laboral. i) El quebrantamiento o la violación de secretos de obligada reserva que no produzca grave perjuicio para la Empresa. j) La embriaguez habitual en el trabajo. k) La falta de aseo y limpieza personal cuando pueda afectar al proceso productivo o a la prestación del servicio y siempre que, previamente, hubiere mediado la oportuna advertencia de la Empresa. l) Las ofensas de palabra proferidas o de obra cometidas contra las personas, dentro del centro de trabajo, cuando revistan acusada gravedad. m)   La reincidencia en la comisión de cinco faltas leves, aunque sea de distinta naturaleza y siempre que hubiere mediado sanción distinta de la amonestación verbal, dentro de un trimestre. 3. Se considerarán como faltas muy graves: a) La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida del trabajo, de cómo mínimo 60 minutos cada vez, en diez ocasiones durante seis meses o en veinte durante un año debidamente advertida previamente por escrito y siempre que existan dos sanciones anteriores por falta menos grave de este mismo tipo. b) La inasistencia injustificada al trabajo durante tres días consecutivos o cinco alternos en un período de un mes. c) El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas o la apropiación, hurto o robo de bienes propiedad de la Empresa, de compañeros o de cualesquiera otras personas dentro de las dependencias de la Empresa. d) La embriaguez habitual o toxicomanía si repercute negativamente en el trabajo. e) La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento del trabajo normal o pactado. f) El abuso de autoridad ejercido por quienes desempeñan funciones de mando. g) El acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso sexual o por razón de sexo al empresario o a las personas que trabajan en la empresa. h) La reincidencia o reiteración en la comisión de faltas graves, considerando como tal aquella situación en la que, con anterioridad al momento de la comisión del hecho, el trabajador hubiese sido sancionado dos o más veces por faltas graves, aun de distinta naturaleza, durante el período de un año. Artículo 47. Régimen de sanciones. Corresponde a la Dirección de la Empresa la facultad de imponer las sanciones en los términos contenidos en el presente Convenio. Las sanciones máximas que podrán imponerse en cada caso atendiendo a la gravedad de las faltas cometidas serán las siguientes: Por faltas leves: Amonestación verbal. Amonestación por escrito. Suspensión de empleo y sueldo de hasta tres días. Por faltas graves: Suspensión de empleo y sueldo de cuatro a quince días. Por faltas muy graves: Suspensión de empleo y sueldo de dieciséis a sesenta días. Despido, que se reservará a los supuestos de extrema gravedad. Para la imposición de las sanciones se seguirán los trámites previstos en la legislación general. Artículo 48. Prescripción. Las faltas enunciadas en el artículo 46 de este Convenio colectivo prescribirán: Las leves a los diez días de su comisión. Las graves a los veinte días de su comisión. Las muy graves a los sesenta días a partir de la fecha en que la Empresa tuvo conocimiento de su comisión, y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido. Disposición adicional única. Reducción salarial. 1. Se ha alcanzado un acuerdo para la reducción de salarios. Dicha reducción salarial se aplicará, inicialmente, sobre los conceptos salariales contemplados en el artículo 26.1 del Convenio colectivo de la Empresa para los años 2009-2014, unificados bajo la denominación «Complemento Personal Consolidado». En el caso de no acreditar los citados conceptos salariales, la reducción se aplicará sobre cualquier otro concepto de carácter personal no contemplado en el Convenio colectivo. La citada reducción no se aplicará en ningún caso minorando el denominado «Complemento Compensación Cambio Sistema de Fin de Semana». La reducción por tramos salariales se efectuará en los porcentajes establecidos en la siguiente tabla: Resumen tramos Porcentaje tramo Promedio reducción – Porcentaje Más de 150.000 13,50 8,07 Más de 130.000 a 150.000 13,00 8,03 De 120.000 a 130.000 12,50 7,95 De 110.000 a 120.000 12,00 7,26 De 100.000 a 110.000 11,50 6,79 De 90.000 a 100.000 11,00 6,38 De 80.000 a 90.000 10,50 5,83 De 70.000 a 80.000 9,50 5,35 De 60.000 a 70.000 8,50 4,77 De 50.000 a 60.000 6,50 4,26 Menos de 50.000 4,00 4,00     6,00 Excepcionalmente, para los salarios inferiores a 50.000 euros brutos anuales se aplicará una reducción salarial del 3 %. El porcentaje de reducción se calculará sobre el modelo 190 de cada trabajador correspondiente al año 2014. El importe de reducción total resultante se aplicará del siguiente modo: el 50 % desde 1 de julio de 2015 y el otro 50 % desde 1 de enero de 2016. Al personal en reducción de jornada se le calculará el porcentaje de reducción correspondiente en base a jornada completa y el % resultante se le aplicará sobre su salario actual. Excepcionalmente, para la adscripción al tramo salarial correspondiente, en el supuesto de que existan variaciones sustanciales en el trabajo en fin de semana respecto de los realizados en el año 2014, se realizará el cálculo del salario anual con el promedio de los fines de semana de los últimos cuatro años. Al personal que se haya incorporado durante 2014 y no tenga año completo, se anualizará su retribución para calcular el tramo que le corresponda. Si el trabajador no percibe ningún importe en concepto de complemento personal, no se le aplicará la reducción salarial pactada. La Empresa comunicará individualmente a cada trabajador el porcentaje de descuento que le corresponde. 2. Hasta el 31 de enero de 2016, la reducción salarial pactada queda vinculada al compromiso por parte de la Empresa de no efectuar despidos individuales o colectivos (con exclusión de aquellos despidos disciplinarios declarados procedentes) que afecten a un porcentaje superior al 6 % de la plantilla de la Empresa a 30 de junio de 2015. La empresa certificará al Comité la plantilla a 30 de junio de 2015. De incumplir la Empresa el presente compromiso de mantenimiento de plantilla, la reducción salarial aquí pactada quedará sin efecto, estando la Empresa obligada a restituir íntegramente a cada uno de los trabajadores de alta en la empresa en fecha 30 de junio de 2015 el importe de la reducción salarial que ya se hubiera aplicado y reponer a la plantilla en activo los salarios del año 2014. Disposición transitoria primera. Compromisos adicionales para el mantenimiento de plantilla en el periodo 1 de febrero de 2016 hasta 31 de diciembre de 2017. Las partes negociadoras convienen en que la presente cláusula de compromisos adicionales para el mantenimiento de la plantilla para los empleados actuales de La Vanguardia Ediciones, S.L.U. se basa en las transacciones y concesiones asumidas por dichos empleados con motivo de la negociación del presente Convenio colectivo, y por tanto es un elemento compensador de tales transacciones. Por ello, la presente cláusula resultará únicamente de aplicación a aquellos trabajadores que, a 1 de enero de 2015, formen parte de la plantilla de La Vanguardia Ediciones, S.L.U. a) Desde 1 de febrero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016 la Empresa se compromete a no realizar despidos colectivos ni individuales (salvo despido disciplinario procedente), ni tampoco subrogaciones ni externalizaciones que afecten a la plantilla actual. En caso de incumplimiento, la Empresa estará obligada, a opción del trabajador, a 1) pagar la indemnización máxima legal por despido improcedente ó 2) readmitir al trabajador despedido, subrogado o externalizado abonándole los salarios dejados de percibir, desde la fecha del despido, subrogación o externalización hasta la fecha de incorporación, y en las mismas condiciones que tenía antes del despido, subrogación o externalización. b) Desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017, en caso de que la empresa efectúe despido colectivo o individual (salvo despido disciplinario procedente) la Empresa se obliga a pagar, adicionalmente a la indemnización que legalmente corresponda a cada trabajador despedido, un complemento indemnizatorio, de tal modo que el importe bruto que perciba el trabajador, considerando indemnización legal por despido y el referido complemento, sumen en total 45 días de salario por año de servicio, con prorrateo de los periodos inferiores al año, con el tope de 3,5 anualidades. Disposición transitoria segunda. Planes de formación. Las partes acuerdan la creación de una Comisión que estudie y proponga anualmente planes de formación continuada. Se acuerda también la planificación de clases de inglés a partir de septiembre de 2015. Disposición final única. Normas subsidiarias. Para todo lo no regulado en el presente Convenio, se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y demás normativa legal de aplicación general. ANEXO I Salario base y propiedad intelectual en cómputo mensual y anual por grupos y categorías profesionales para los años 2015 y 2016 Grupo   Salario en cómputo mensual Salario en cómputo anual Salario base bruto mes (16 pagos) Propiedad intelectual bruto mes (16 pagos) Total salario bruto mes Salario base bruto anual Propiedad intelectual anual Total salario bruto anual   Categoría Área In formativa/Redacción             1 Subdirector. 3.784,22 97,03 3.881,25 60.547,52 1.552,48 62.100,00 1 Redactor Jefe. 3.460,78 97,03 3.557,81 55.372,48 1.552,48 56.924,96 1 Jefe Sección. 3.137,34 97,03 3.234,37 50.197,44 1.552,48 51.749,92 2 Redactor Sénior. 2.878,59 97,03 2.975,62 46.057,44 1.552,48 47.609,92 2 Redactor A. 2.240,47 97,03 2.337,50 35.847,52 1.552,48 37.400,00 2 Redactor B. 1.615,47 97,03 1.712,50 25.847,52 1.552,48 27.400,00 2 Redactor C. 1.427,97 97,03 1.525,00 22.847,52 1.552,48 24.400,00 2 Redactor D. 1.240,47 97,03 1.337,50 19.847,52 1.552,48 21.400,00 3 Ayudante Redacción. 1.390,78 97,03 1.487,81 22.252,48 1.552,48 23.804,96 3 Documentalista. 1.390,78 97,03 1.487,81 22.252,48 1.552,48 23.804,96 1 Jefe Sección - Adm. Red. 2.167,03 97,03 2.264,06 34.672,48 1.552,48 36.224,96 3 Oficial 1.ª A - Adm. Red. 1.843,59 97,03 1.940,62 29.497,44 1.552,48 31.049,92 3 Oficial 1.ª B - Adm. Red. 1.520,16 97,03 1.617,19 24.322,56 1.552,48 25.875,04   Categorías Técnica / Producción             1 Jefe Departamento. 2.587,50 0,00 2.587,50 41.400,00 0,00 41.400,00 1 Jefe Sección. 2.264,06 0,00 2.264,06 36.224,96 0,00 36.224,96 3 Oficial 1.ª A. 1.940,63 0,00 1.940,63 31.050,08 0,00 31.050,08 3 Oficial 1.ª B. 1.617,19 0,00 1.617,19 25.875,04 0,00 25.875,04 4 Oficial 2.ª. 1.423,13 0,00 1.423,13 22.770,08 0,00 22.770,08 4 Auxiliar. 1.293,75 0,00 1.293,75 20.700,00 0,00 20.700,00   Categorías Área Gestión             1 Jefe Departamento. 2.587,50 0,00 2.587,50 41.400,00 0,00 41.400,00 1 Jefe Sección. 2.264,06 0,00 2.264,06 36.224,96 0,00 36.224,96 2 Titulado Superior. 2.264,06 0,00 2.264,06 36.224,96 0,00 36.224,96 3 Titulado Medio. 1.940,63 0,00 1.940,63 31.050,08 0,00 31.050,08 3 Oficial 1.ª A. 1.940,63 0,00 1.940,63 31.050,08 0,00 31.050,08 3 Oficial 1.ª B. 1.617,19 0,00 1.617,19 25.875,04 0,00 25.875,04 4 Oficial 2.ª. 1.423,13 0,00 1.423,13 22.770,08 0,00 22.770,08 4 Auxiliar. 1.293,75 0,00 1.293,75 20.700,00 0,00 20.700,00 Otros conceptos salariales por grupos y categorías profesionales para los años 2015 y 2016 Grupo   Importe plus fin de semana (*) Importe diario plus nocturnidad Importe mensual plus nocturnidad (12 pagos) (**)   Categoría Área Informativa/Redacción       1 Subdirector. 300,00 21,56 560,54 1 Redactor Jefe. 300,00 18,49 480,61 1 Jefe Sección. 300,00 18,49 480,61 2 Redactor Sénior. 300,00 16,97 441,32 2 Redactor A - B - C - D. 300,00 16,97 441,32 3 Ayudante Redacción. 300,00 15,07 391,81 3 Documentalista. 300,00 16,19 420,87 1 Jefe Sección - Adm. Red. – – – 3 Oficial 1.ª A - Adm. Red. 150,00 – – 3 Oficial 1.ª B - Adm. Red. 150,00 – –   Categorías Técnica / Producción       1 Jefe Departamento. 150,00 16,89 439,17 1 Jefe Sección. 150,00 16,89 439,17 3 Oficial 1.ª A. 150,00 16,29 423,56 3 Oficial 1.ª B. 150,00 15,40 400,42 4 Oficial 2.ª. 150,00 14,69 381,85 4 Auxiliar. 150,00 14,20 369,21   Categorías Área Gestión       1 Jefe Departamento. – – --‑ 1 Jefe Sección. – – --‑ 2 Titulado Superior. – – --‑ 3 Titulado Medio. – – --‑ 3 Oficial 1.ª A. 150,00 – --‑ 3 Oficial 1.ª B. 150,00 – --‑ 4 Oficial 2.ª. 150,00 – --‑ 4 Auxiliar. 150,00 – – Jefatura Fin de Semana (*): 80,00 euros brutos adicionales por fin de semana trabajado. (*) Incluye partes proporcionales de pagas extraordinarias y vacaciones. Para el personal en plantilla a 30/06/2015 el cambio de tarifa será a partir del 01/01/2016, aplicándose mientras tanto, exclusivamente para ese personal, la tabla de Fin de Semana de 2014. En Área Redacción, importes por fin de semana completo (sábado y domingo). Cuando el fin de semana solo se trabaje un día (sábado o domingo), se percibirá el 50 % de los importes indicados. En Áreas Técnica y Gestión, el importe es por fin de semana (domingo). (**) Para empleados con turno nocturno fijo. Libre disposición: 4.140,00 euros brutos anuales. Propiedad intelectual específica fotógrafos (*): 10.650,13 euros brutos anuales. Guardias días 25 diciembre 1 enero y viernes santo: Importe del 50 % del plus de fin de semana. (*) El importe incluye la cantidad de carácter general ANEXO II Dieta: 72,45 euros por día de desplazamiento nacional. 103,50 euros por día de desplazamiento Extranjero. Compensación km.: 0,31 euros por kilómetro. Seguro de vida: 33.198,00 euros capital en caso de fallecimiento o Invalidez Permanente Absoluta. 66.396,00 euros capital en caso de fallecimiento o Invalidez Permanente Absoluta cuando el asegurado tenga hijos menores de 26 años. 33.198,00 euros capital en caso de fallecimiento o Invalidez Permanente Absoluta a causa de accidente. Ayuda hijos discapacitados: 456,00 euros mensuales (12 pagos). Ayuda escolar: 207,71 euros anuales. Ayuda viudedad: 851,56 euros. ANEXO III Al IX Convenio de La Vanguardia Ediciones, S.L.U. Evolución de la adaptación de conceptos salariales

Convenio del periódico La Vanguardia: Sanciones por embriaguez pero no por incumplir ética periodística.

Visto el texto del IX Convenio colectivo de la empresa «La Vanguardia Ediciones, S.L.U.» (código de Convenio número 90013522012002), que fue suscrito, con fecha 5 de febrero de 2016, de una parte, por los designados por la Dirección de la empresa, en representación de la misma, y, de otra, por los miembros del comité de empresa, en representación de los trabajadores afectados, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, Esta Dirección General de Empleo resuelve: Primero. Ordenar la inscripción del citado Convenio colectivo en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora. Segundo. Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 8 de abril de 2016.–El Director General de Empleo, Xavier Jean Braulio Thibault Aranda. IX CONVENIO COLECTIVO DE LA VANGUARDIA EDICIONES S.L.U. LA VANGUARDIA 2015-2016 CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículo 1. Partes que lo conciertan. El presente Convenio se concierta entre «La Vanguardia Ediciones, S.L.U.» (sociedad unipersonal) y su personal, mediante sus respectivas representaciones. Artículo 2. Ámbito territorial. Su ámbito es el de Empresa y afecta a todos los centros de trabajo de «La Vanguardia Ediciones, S.L.U.». Artículo 3. Ámbito funcional. El Convenio afecta a todas las actividades de la Empresa. Artículo 4. Ámbito personal. El Convenio afecta a la totalidad del personal de plantilla que preste sus servicios en «La Vanguardia Ediciones, S.L.U.», mediante una relación laboral común de las previstas en el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores. Artículo 5. Ámbito temporal. El Convenio colectivo entrará en vigor el día siguiente al de su firma, surtiendo efecto todos los acuerdos contenidos en el mismo, salvo cuando se indique lo contrario en el presente Convenio, desde 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2016, prorrogándose de año en año por tácita reconducción, si no se denunciara por cualquiera de las partes. La denuncia proponiendo revisión o rescisión del Convenio deberá presentarse por escrito por cualquiera de las partes como mínimo un mes antes de la finalización de la vigencia del Convenio. Artículo 6. Compensación y absorción. Operará la compensación y absorción cuando los salarios realmente abonados, en su conjunto y en cómputo anual, sean más favorables para los trabajadores que los establecidos en el presente Convenio colectivo, todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 26.5 del Estatuto de los Trabajadores y la jurisprudencia que lo desarrolla. Artículo 7. Comisión paritaria. La Comisión paritaria se compondrá de cuatro representantes de la Empresa y cuatro miembros de la representación legal de los trabajadores (Comité de Empresa de Barcelona y delegado/s de personal), designados todos ellos en función de los temas a tratar, por cada una de las partes. Sus acuerdos no tendrán vigencia en tanto no estén ratificados por ambas representaciones de forma conjunta, sin que ello suponga merma ni restricción de las facultades organizativas y directivas de la Empresa. Además de las facultades de interpretación del Convenio, propias de toda Comisión paritaria, ésta tendrá las atribuciones que se especifican seguidamente: a) En materia de promoción de personal. Será informada y realizará propuestas sobre las medidas de acceso a la formación profesional que faciliten la igualdad de oportunidades para la promoción interna con criterios objetivos de mérito y capacidad. Particularmente la Comisión velará para evitar cualquier discriminación prohibida en los artículos 14 de la Constitución vigente y 17 del Estatuto de los Trabajadores y, de modo destacado, por razón de sexo. A dichos efectos, la Empresa se compromete a: Proporcionar a la Comisión información sobre las vacantes cuya cobertura pueda ofrecer en cualquier área de la Empresa al personal afectado por reconversión u amortización de su puesto de trabajo; se excluirán los puestos ocupados por personal cuyo ejercicio profesional comporta funciones de mando o de especial confianza. A los efectos de posibles reconversiones, procurará que los puestos de trabajo vacantes y de nueva creación en Redacción puedan ser ocupados preferentemente por personal excedente, procedentes de otras secciones. b) Clasificación profesional. Ante la aparición de nuevas necesidades derivadas de los cambios tecnológicos, tendrá competencia para valorar la existencia de nuevas funciones o tareas no previstas y su encuadre en la clasificación profesional del convenio actual. La Comisión, para el desempeño de sus funciones, dispondrá de toda la información de la que, respecto al tema tratado, dispongan las partes, obligándose ambas mutuamente a guardar sigilo en aquello que cualquiera de los miembros de la Comisión considere reservado. La Empresa, sin merma de sus facultades organizativas, técnicas y productivas, y para aprovechar al máximo los recursos técnicos y humanos pondrá a disposición de la Comisión Paritaria información suficiente sobre los productos que La Vanguardia prevea externalizar y que afecten negativamente al empleo. A efectos de dar cumplimiento a lo que exige el artículo 85.3 e) del Estatuto de los Trabajadores, el procedimiento para solventar las discrepancias en el seno de la Comisión consistirá en la solicitud, por cualquiera de las partes, de mediación ante el Tribunal Laboral de Catalunya. Artículo 8. Negociación interna. La adopción de alguna de las medidas a que se refieren los artículos ### RESUMEN: Convenio del periódico La Vanguardia: Sanciones por embriaguez pero no por incumplir ética periodística.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Instituto de la Mujer (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad). b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto de la Mujer. c) Número de expediente: 13CO0011. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondel estado.es y pág. web: http://inmujer@inmujer.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Servicio de atención telefónica de información de los derechos de las mujeres y de atención a las víctimas de discriminación por razón de sexo, cofinanciado por el FSE. Programa operativo lucha contra la discriminación 2007-2013. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 98200000-5. g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 17 de diciembre de 2013. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto, con multiplicidad de criterios. 4. Valor estimado del contrato: 980.000,00 €. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 490.000,00 euros. Importe total: 592.900,00 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 26/03/2014. b) Fecha de formalización del contrato: 23/04/2014. c) Contratista: Tissat, S.A. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 303.800,00 euros. Importe total: 367.598,00 euros. e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la oferta seleccionada la más ventajosa, técnica y económicamente para la Administración. Madrid,, 21 de mayo de 2014.- El Subdirector General de Programas.

Sanidad contrata el servicio de atención telefónica para la mujer a Tissat por importe total de 367.598,00 euros.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Instituto de la Mujer (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad). b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto de la Mujer. c) Número de expediente: 13CO0011. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondel estado.es y pág. web: http://inmujer@inmujer.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Servicio de atención telefónica de información de los derechos de las mujeres y de atención a las víctimas de discriminación por razón de sexo, cofinanciado por el FSE. Programa operativo lucha contra la discriminación 2007-2013. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 98200000-5. g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 17 de diciembre de 2013. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto, con multiplicidad de criterios. 4. Valor estimado del contrato: 980.000,00 €. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 490.000,00 euros. Importe total: 592.900,00 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 26/03/2014. b) Fecha de formalización del contrato: 23/04/2014. c) Contratista: Tissat, S.A. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 303.800,00 euros. Importe total: 367.598,00 euros. e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la oferta seleccionada la más ventajosa, técnica y económicamente para la Administración. Madrid,, 21 de mayo de 2014.- El Subdirector General de Programas. ### RESUMEN: Sanidad contrata el servicio de atención telefónica para la mujer a Tissat por importe total de 367.598,00 euros.

El Ministro de Hacienda y Función Pública, la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Presidente de Farmaindustria, han suscrito, con fecha 27 de diciembre de 2017, un Acuerdo de prórroga de un Convenio de colaboración. Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del referido Convenio, como anexo a la presente Resolución. Madrid, 25 de enero de 2018.–El Subsecretario de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, José María Jover Gómez-Ferrer. ANEXO Acuerdo de prórroga del Convenio de colaboración entre la Administración General del Estado (Ministerios de Hacienda y Función Pública, y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) y Farmaindustria En Madrid a 27 de diciembre de 2017. REUNIDOS Don Cristóbal Montoro Romero, Ministro de Hacienda y Función Pública, nombrado mediante Real Decreto 417/2016, de 3 de noviembre, por el que se nombran Ministros del Gobierno, quien actúa en virtud de las facultades conferidas por la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Doña Dolors Montserrat Montserrat, Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, nombrada mediante Real Decreto 417/2016, de 3 de noviembre, por el que se nombran Ministros del Gobierno, quien actúa en virtud de las facultades conferidas por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Don Jesús Acebillo Marín, como Presidente de Farmaindustria (Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica, cuyos estatutos están depositados con el n.º 582 en el Registro de la Dirección General de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social), en virtud de su nombramiento y facultades conferidas por la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación celebrada en Madrid el 20 de octubre de 2016. Reconociéndose las partes mutuamente capacidad suficiente para suscribir la presente prórroga, EXPONEN Primero. Que con fecha 29 de diciembre de 2016 suscribieron un convenio de colaboración cuyo objeto es el de establecer y articular un espacio de colaboración entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Farmaindustria, para la consecución de objetivos comunes en materia de sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, mejora de la eficiencia del SNS, racionalización del gasto farmacéutico público, acceso de los pacientes a la innovación con equidad en todo el territorio español y promoviendo la localización industrial de estas actividades en un marco regulatorio predecible. Segundo. Que, conforme prevé su cláusula sexta, dicho convenio tiene una vigencia de un año a partir del 1 de enero de 2017, pudiendo ser expresamente prorrogado por acuerdo de las partes por un año hasta un máximo de 3 años adicionales. En atención a dicha previsión, y reconociéndose mutuamente los reunidos competencia y capacidad legal suficiente para ello ACUERDAN Prorrogar el Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Farmaindustria de 29 de diciembre de 2016 por un período de un año, y formalizarlo, aceptando que dicha prórroga se extenderá desde el 1 de enero de 2018 hasta 31 de diciembre de 2018. Y estando las partes conformes con el contenido de este documento y para que así conste, se firma en triplicado ejemplar a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.–El Ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro Romero.–La Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat Montserrat.–El Presidente de Farmaindustria, Jesús Acebillo Marín.

El Gobierno y Farmaindustria prorrogan su convenio de colaboración durante 2018.

El Ministro de Hacienda y Función Pública, la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Presidente de Farmaindustria, han suscrito, con fecha 27 de diciembre de 2017, un Acuerdo de prórroga de un Convenio de colaboración. Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del referido Convenio, como anexo a la presente Resolución. Madrid, 25 de enero de 2018.–El Subsecretario de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, José María Jover Gómez-Ferrer. ANEXO Acuerdo de prórroga del Convenio de colaboración entre la Administración General del Estado (Ministerios de Hacienda y Función Pública, y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) y Farmaindustria En Madrid a 27 de diciembre de 2017. REUNIDOS Don Cristóbal Montoro Romero, Ministro de Hacienda y Función Pública, nombrado mediante Real Decreto 417/2016, de 3 de noviembre, por el que se nombran Ministros del Gobierno, quien actúa en virtud de las facultades conferidas por la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Doña Dolors Montserrat Montserrat, Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, nombrada mediante Real Decreto 417/2016, de 3 de noviembre, por el que se nombran Ministros del Gobierno, quien actúa en virtud de las facultades conferidas por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Don Jesús Acebillo Marín, como Presidente de Farmaindustria (Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica, cuyos estatutos están depositados con el n.º 582 en el Registro de la Dirección General de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social), en virtud de su nombramiento y facultades conferidas por la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación celebrada en Madrid el 20 de octubre de 2016. Reconociéndose las partes mutuamente capacidad suficiente para suscribir la presente prórroga, EXPONEN Primero. Que con fecha 29 de diciembre de 2016 suscribieron un convenio de colaboración cuyo objeto es el de establecer y articular un espacio de colaboración entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Farmaindustria, para la consecución de objetivos comunes en materia de sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, mejora de la eficiencia del SNS, racionalización del gasto farmacéutico público, acceso de los pacientes a la innovación con equidad en todo el territorio español y promoviendo la localización industrial de estas actividades en un marco regulatorio predecible. Segundo. Que, conforme prevé su cláusula sexta, dicho convenio tiene una vigencia de un año a partir del 1 de enero de 2017, pudiendo ser expresamente prorrogado por acuerdo de las partes por un año hasta un máximo de 3 años adicionales. En atención a dicha previsión, y reconociéndose mutuamente los reunidos competencia y capacidad legal suficiente para ello ACUERDAN Prorrogar el Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Farmaindustria de 29 de diciembre de 2016 por un período de un año, y formalizarlo, aceptando que dicha prórroga se extenderá desde el 1 de enero de 2018 hasta 31 de diciembre de 2018. Y estando las partes conformes con el contenido de este documento y para que así conste, se firma en triplicado ejemplar a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.–El Ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro Romero.–La Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat Montserrat.–El Presidente de Farmaindustria, Jesús Acebillo Marín. ### RESUMEN: El Gobierno y Farmaindustria prorrogan su convenio de colaboración durante 2018.

La Resolución de 16 de julio de 2013, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones para la ejecución de planes de formación, de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas, en aplicación de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, dispone en su artículo 3 que los planes de formación se podrán ejecutar desde la entrada en vigor de la citada Resolución, que se produjo el 24 de julio de 2013, hasta el 31 de julio de 2014, salvo aquellas acciones vinculadas a los certificados de profesionalidad, cuya ejecución se iniciará a partir de la notificación de la resolución de concesión de la subvención. El mismo precepto dispone que la fecha de finalización señalada podrá ser prorrogada si las circunstancias concurrentes durante el período de ejecución de los planes así lo aconsejaran. A petición de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de ámbito estatal, el patronato de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo examinó la propuesta de ampliación de los plazos de ejecución y determinó la conveniencia de ampliar el plazo de ejecución hasta el 31 de octubre de 2014, así como la concurrencia de las circunstancias que justifican dicha prórroga. Por todo ello, dispongo: Artículo único. Se modifica el contenido del artículo 3 que queda redactado en los siguientes términos: «Artículo 3. Duración de los planes de formación. Los planes de formación que se desarrollen al amparo de esta convocatoria se podrán ejecutar desde la fecha de entrada en vigor de la presente resolución hasta el 31 de octubre de 2014, salvo aquellas acciones de los mismos vinculadas a los certificados de profesionalidad, cuya ejecución se iniciará a partir de la notificación de la resolución de concesión de la subvención. La fecha de finalización señalada podrá ser prorrogada si las circunstancias concurrentes durante el período de ejecución de los planes así lo aconsejaran. En ningún caso se garantiza la aprobación de las acciones formativas que se inicien a partir de la fecha de entrada en vigor de esta resolución y con anterioridad a que se resuelvan las solicitudes de subvenciones para su financiación. En todo caso, el inicio de dichas acciones formativas deberá comunicarse en los términos y plazos señalados en el apartado 2 del artículo 20, de forma que, una vez dictada la resolución de concesión, sólo podrán financiarse las acciones formativas que hayan cumplido este requisito.» Disposición final única. La presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 6 de mayo de 2014.–La Directora General del Servicio Público de Empleo Estatal, Reyes Zataraín del Valle.

El Gobierno amplía el plazo para dar los cursos de formación a empleados hasta final de 2014.

La Resolución de 16 de julio de 2013, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones para la ejecución de planes de formación, de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas, en aplicación de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, dispone en su artículo 3 que los planes de formación se podrán ejecutar desde la entrada en vigor de la citada Resolución, que se produjo el 24 de julio de 2013, hasta el 31 de julio de 2014, salvo aquellas acciones vinculadas a los certificados de profesionalidad, cuya ejecución se iniciará a partir de la notificación de la resolución de concesión de la subvención. El mismo precepto dispone que la fecha de finalización señalada podrá ser prorrogada si las circunstancias concurrentes durante el período de ejecución de los planes así lo aconsejaran. A petición de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de ámbito estatal, el patronato de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo examinó la propuesta de ampliación de los plazos de ejecución y determinó la conveniencia de ampliar el plazo de ejecución hasta el 31 de octubre de 2014, así como la concurrencia de las circunstancias que justifican dicha prórroga. Por todo ello, dispongo: Artículo único. Se modifica el contenido del artículo 3 que queda redactado en los siguientes términos: «Artículo 3. Duración de los planes de formación. Los planes de formación que se desarrollen al amparo de esta convocatoria se podrán ejecutar desde la fecha de entrada en vigor de la presente resolución hasta el 31 de octubre de 2014, salvo aquellas acciones de los mismos vinculadas a los certificados de profesionalidad, cuya ejecución se iniciará a partir de la notificación de la resolución de concesión de la subvención. La fecha de finalización señalada podrá ser prorrogada si las circunstancias concurrentes durante el período de ejecución de los planes así lo aconsejaran. En ningún caso se garantiza la aprobación de las acciones formativas que se inicien a partir de la fecha de entrada en vigor de esta resolución y con anterioridad a que se resuelvan las solicitudes de subvenciones para su financiación. En todo caso, el inicio de dichas acciones formativas deberá comunicarse en los términos y plazos señalados en el apartado 2 del artículo 20, de forma que, una vez dictada la resolución de concesión, sólo podrán financiarse las acciones formativas que hayan cumplido este requisito.» Disposición final única. La presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 6 de mayo de 2014.–La Directora General del Servicio Público de Empleo Estatal, Reyes Zataraín del Valle. ### RESUMEN: El Gobierno amplía el plazo para dar los cursos de formación a empleados hasta final de 2014.

A propuesta de la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 27 de enero de 2017, Vengo en nombrar Comisionada del Gobierno frente al Reto Demográfico a doña Edelmira Barreira Diz. Dado en Madrid, el 27 de enero de 2017. FELIPE R. La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN

Nombrada comisionada del gobierno frente al reto demográfico a Edelmira Barreira Diz.

A propuesta de la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 27 de enero de 2017, Vengo en nombrar Comisionada del Gobierno frente al Reto Demográfico a doña Edelmira Barreira Diz. Dado en Madrid, el 27 de enero de 2017. FELIPE R. La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN ### RESUMEN: Nombrada comisionada del gobierno frente al reto demográfico a Edelmira Barreira Diz.

Con fecha de 22 de marzo de 2021 la agrupación 'Ganaderos Asociación Productores de Cabritos CAPRITES' (Mérida) presentó una solicitud de inscripción del nombre 'Cabrito de Extremadura' en el Registro de Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) de la Unión Europea, al que se refiere el artículo 11 del Reglamento (UE) n.º 1151/2012 del Parlamento europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios. Tras comprobar, por parte de la Dirección General de Agricultura y Ganadería de la Junta de Extremadura, como órgano competente en esta materia, que la solicitud estaba justificada y cumplía las condiciones para continuar su tramitación, dicha dirección general resolvió ordenar la publicación del acto administrativo sobre la mencionada solicitud, estableciéndose un plazo de dos meses para que cualquier persona física o jurídica que estuviera establecida o residiera legalmente en España, cuyos legítimos derechos o intereses considerase afectados, pudiera oponerse («Boletín Oficial del Estado» n.º 115, de 14 de mayo de 2021). Una vez que hubo trascurrido más de dos meses sin que se hubiera presentado ninguna declaración de oposición, se continuó con el procedimiento establecido en el Real Decreto 1335/2011, de 3 de octubre, por el que se regula el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de inscripción de las denominaciones de origen protegidas y de las indicaciones geográficas protegidas en el registro comunitario y la oposición a ellas, en la redacción dada por el Real Decreto 149/2014, de 7 de marzo. En consecuencia, se adoptó e hizo pública la decisión favorable en relación con la solicitud de inscripción del nombre 'Cabrito de Extremadura', mediante Resolución de 3 de agosto de 2021, del director general de Agricultura y Ganadería («Diario Oficial de Extremadura» n.º 153, de 10 de agosto de 2021). Después de publicar la antedicha decisión favorable, se remitió el expediente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a los efectos de la transmisión de la solicitud de inscripción a la Comisión Europea, que lo recibió el 13 de agosto de 2021, asignándole el número de referencia PGI-ES-02796. Con fecha de 10 de septiembre 2021, la agrupación 'Ganaderos Asociación Productores de Cabritos CAPRITES' ha solicitado la concesión de la Protección Nacional Transitoria al nombre 'Cabrito de Extremadura', al amparo del artículo 9 del Reglamento (UE) n.º 1151/2012 del Parlamento europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012. En su virtud, de conformidad con el artículo 59 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y de acuerdo con las facultades atribuidas por el artículo 3 del Decreto 164/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio y se modifica el Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, esta Dirección General de Agricultura y Ganadería, resuelve: Primero. Conceder la Protección Nacional Transitoria, como Indicación Geográfica Protegida, al nombre 'Cabrito de Extremadura', en las condiciones establecidas en el artículo 9 del Reglamento (UE) n.º 1151/2012 del Parlamento europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, y al amparo del artículo 17 del Real Decreto 1335/2011, de 3 de octubre, en la redacción dada por el Real Decreto 149/2014, de 7 de marzo. Su pliego de condiciones puede consultarse en la siguiente dirección de la página web oficial de la Junta de Extremadura: http://www.juntaex.es/filescms/con03/uploaded_files/SectoresTematicos/Agroalimentario/Denominacionesdeorigen/PLIEGO_CONDICIONES.pdf Segundo. Esta protección nacional transitoria cesará a partir de la fecha en que la Comisión Europea adopte una decisión sobre su inscripción en el Registro comunitario. Tercero. Publicar esta resolución en el «Diario Oficial de Extremadura». Cuarto. Publicar esta resolución, asimismo, en el «Boletín Oficial del Estado», e informar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de la citada concesión, según determina el artículo 17.3 del Real Decreto 1335/2011, de 3 de octubre, en la redacción dada por el Real Decreto 149/2014, de 7 de marzo. Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, las personas interesadas podrán interponer recurso de alzada ante el mismo órgano que la dicta o bien directamente ante la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, quien es la competente para resolverlo, en el plazo de un mes, contado desde el siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con los artículos 36.i) y 101 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Todo ello sin perjuicio de que puedan interponer cualquier otro recurso que estimen procedente. Mérida, 14 de septiembre de 2021.- el Director General de Agricultura y Ganadería, Antonio Cabezas García.

Concedida protección temporal, hasta que la Comisión Europea le de la definitiva, como indicación geográfica protegida al Cabrito de Extremadura.

Con fecha de 22 de marzo de 2021 la agrupación 'Ganaderos Asociación Productores de Cabritos CAPRITES' (Mérida) presentó una solicitud de inscripción del nombre 'Cabrito de Extremadura' en el Registro de Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) de la Unión Europea, al que se refiere el artículo 11 del Reglamento (UE) n.º 1151/2012 del Parlamento europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios. Tras comprobar, por parte de la Dirección General de Agricultura y Ganadería de la Junta de Extremadura, como órgano competente en esta materia, que la solicitud estaba justificada y cumplía las condiciones para continuar su tramitación, dicha dirección general resolvió ordenar la publicación del acto administrativo sobre la mencionada solicitud, estableciéndose un plazo de dos meses para que cualquier persona física o jurídica que estuviera establecida o residiera legalmente en España, cuyos legítimos derechos o intereses considerase afectados, pudiera oponerse («Boletín Oficial del Estado» n.º 115, de 14 de mayo de 2021). Una vez que hubo trascurrido más de dos meses sin que se hubiera presentado ninguna declaración de oposición, se continuó con el procedimiento establecido en el Real Decreto 1335/2011, de 3 de octubre, por el que se regula el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de inscripción de las denominaciones de origen protegidas y de las indicaciones geográficas protegidas en el registro comunitario y la oposición a ellas, en la redacción dada por el Real Decreto 149/2014, de 7 de marzo. En consecuencia, se adoptó e hizo pública la decisión favorable en relación con la solicitud de inscripción del nombre 'Cabrito de Extremadura', mediante Resolución de 3 de agosto de 2021, del director general de Agricultura y Ganadería («Diario Oficial de Extremadura» n.º 153, de 10 de agosto de 2021). Después de publicar la antedicha decisión favorable, se remitió el expediente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a los efectos de la transmisión de la solicitud de inscripción a la Comisión Europea, que lo recibió el 13 de agosto de 2021, asignándole el número de referencia PGI-ES-02796. Con fecha de 10 de septiembre 2021, la agrupación 'Ganaderos Asociación Productores de Cabritos CAPRITES' ha solicitado la concesión de la Protección Nacional Transitoria al nombre 'Cabrito de Extremadura', al amparo del artículo 9 del Reglamento (UE) n.º 1151/2012 del Parlamento europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012. En su virtud, de conformidad con el artículo 59 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y de acuerdo con las facultades atribuidas por el artículo 3 del Decreto 164/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio y se modifica el Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, esta Dirección General de Agricultura y Ganadería, resuelve: Primero. Conceder la Protección Nacional Transitoria, como Indicación Geográfica Protegida, al nombre 'Cabrito de Extremadura', en las condiciones establecidas en el artículo 9 del Reglamento (UE) n.º 1151/2012 del Parlamento europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, y al amparo del artículo 17 del Real Decreto 1335/2011, de 3 de octubre, en la redacción dada por el Real Decreto 149/2014, de 7 de marzo. Su pliego de condiciones puede consultarse en la siguiente dirección de la página web oficial de la Junta de Extremadura: http://www.juntaex.es/filescms/con03/uploaded_files/SectoresTematicos/Agroalimentario/Denominacionesdeorigen/PLIEGO_CONDICIONES.pdf Segundo. Esta protección nacional transitoria cesará a partir de la fecha en que la Comisión Europea adopte una decisión sobre su inscripción en el Registro comunitario. Tercero. Publicar esta resolución en el «Diario Oficial de Extremadura». Cuarto. Publicar esta resolución, asimismo, en el «Boletín Oficial del Estado», e informar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de la citada concesión, según determina el artículo 17.3 del Real Decreto 1335/2011, de 3 de octubre, en la redacción dada por el Real Decreto 149/2014, de 7 de marzo. Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, las personas interesadas podrán interponer recurso de alzada ante el mismo órgano que la dicta o bien directamente ante la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, quien es la competente para resolverlo, en el plazo de un mes, contado desde el siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con los artículos 36.i) y 101 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Todo ello sin perjuicio de que puedan interponer cualquier otro recurso que estimen procedente. Mérida, 14 de septiembre de 2021.- el Director General de Agricultura y Ganadería, Antonio Cabezas García. ### RESUMEN: Concedida protección temporal, hasta que la Comisión Europea le de la definitiva, como indicación geográfica protegida al Cabrito de Extremadura.

De conformidad con los artículos 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, y 38.2 del Reglamento General de ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, este Ministerio, utilizando la prórroga excepcional a que se refiere el artículo 56.1 del referido Reglamento, ha dispuesto hacer pública la adjudicación de puestos de trabajo especificados en el anexo a la presente orden, que habían sido convocados mediante Orden HAP/1346/2013, de 11 de julio, para ser provistos por el procedimiento de libre designación (11/13). La toma de posesión de los nuevos destinos se realizará conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, antes citado. Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, ante el mismo órgano que la ha dictado, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). Madrid, 11 de septiembre de 2013.–El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, P.D. (Orden HAP/1335/2012, de 14 de junio), la Subsecretaria de Hacienda y Administraciones Públicas, Pilar Platero Sanz.

El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas ha dispuesto hacer pública la adjudicación de puestos de trabajo especificados en el anexo a la presente orden.

De conformidad con los artículos 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, y 38.2 del Reglamento General de ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, este Ministerio, utilizando la prórroga excepcional a que se refiere el artículo 56.1 del referido Reglamento, ha dispuesto hacer pública la adjudicación de puestos de trabajo especificados en el anexo a la presente orden, que habían sido convocados mediante Orden HAP/1346/2013, de 11 de julio, para ser provistos por el procedimiento de libre designación (11/13). La toma de posesión de los nuevos destinos se realizará conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, antes citado. Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, ante el mismo órgano que la ha dictado, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). Madrid, 11 de septiembre de 2013.–El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, P.D. (Orden HAP/1335/2012, de 14 de junio), la Subsecretaria de Hacienda y Administraciones Públicas, Pilar Platero Sanz. ### RESUMEN: El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas ha dispuesto hacer pública la adjudicación de puestos de trabajo especificados en el anexo a la presente orden.

De conformidad con lo establecido en la disposición adicional cuarta de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 7.2.g) y 17 del Real Decreto 1637/2011, de 14 de noviembre, por el que se establece la composición, competencias y régimen de funcionamiento de la Comisión Filatélica del Estado y se regulan las emisiones de sellos de correo y otros signos de franqueo, se dicta la presente Resolución sobre emisión y puesta en circulación de tres series de sellos de correo denominadas «Efemérides 2021.–75 aniversario de los Gigantes de la ciudad de Ontinyent», «Gastronomía: España en 19 platos.–2021. Madrid. Cocido madrileño» y «Series de Televisión.–2021. La Casa de Papel». En su virtud, hemos resuelto: Primero. Estampación. Por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda se procederá a la estampación de tres series de sellos de correo denominadas «Efemérides 2021.–75 aniversario de los Gigantes de la ciudad de Ontinyent», «Gastronomía: España en 19 platos.–2021. Madrid. Cocido madrileño» y «Series de Televisión.–2021. La Casa de Papel». Segundo. Características. «Efemérides 2021.–75 aniversario de los Gigantes de la ciudad de Ontinyent». El día 16 de junio de 2021, se emitirá un sello de correo dedicado a la efeméride «75 aniversario de los Gigantes de la ciudad de Ontinyent». Características técnicas: – Procedimiento de impresión: Offset. – Soporte: Estucado, engomado, fosforescente. – Dentado del sello: 13 3/4 (horizontal) y 13 1/4 (vertical). – Formato del sello: 40,9 x 57,6 mm (vertical). – Efectos en pliego: 16 sellos. – Valor postal del sello: 0,70 €. – Tirada: 160.000 sellos. «Gastronomía: España en 19 platos.–2021. Madrid. Cocido madrileño». El día 30 de junio de 2021, se emitirá una Hoja bloque con un sello de correo denominado «Madrid. Cocido madrileño» dentro de la serie «Gastronomía: España en 19 platos». Características técnicas: – Procedimiento de impresión: Offset. – Soporte: Estucado, engomado, fosforescente. – Dentado del sello: 13 3/4 (horizontal) y 13 1/4 (vertical). – Formato del sello: 40,9 x 57,6 mm (vertical). – Formato de la Hoja bloque: 150,6 x 86,4 mm (horizontal). – Efectos en pliego: Hoja bloque con 1 sello. – Valor postal del sello: 4,15 €. – Tirada: 140.000 Hojas bloque. «Series de Televisión.–2021. La Casa de Papel». El día 30 de junio de 2021 se emitirá una Hoja bloque con un sello de correo dentro de la serie «Series de televisión» dedicado a «La Casa de Papel». Características técnicas: – Procedimiento de impresión: Offset. – Soporte: Estucado, engomado, fosforescente. – Dentado del sello: 13 1/4 (horizontal) y 13 1/4 (vertical). – Formato del sello: 36,6 x 48,9 mm (vertical). – Formato de las viñetas horizontales: 53,3 x 37,1 mm y 50,9 x 44,4 mm (Monturiol y Banco de España, respectivamente). – Formato de las viñetas verticales: 36,6 x 48,9 mm; 36,6 x 44,4 mm; 36,6 x 44,4 mm (La Resistencia, S. Juan de Dios y La Magdalena, respectivamente). – Formato de la Hoja bloque: 150 x 104,5 mm (horizontal). – Efectos en pliego: Hoja bloque con 1 sello + 5 ilustraciones viñeta. – Valor postal del sello: 4,70 €. – Tirada: Ilimitada. Tercero. Puesta en circulación y distribución. 1. La venta y puesta en circulación de las tres series se iniciará, respectivamente, el día 16, 30 y 30 de junio de 2021. 2. La distribución a los puntos de venta de las tres series cesará el 31 de diciembre de 2023, no obstante, conservarán indefinidamente su valor a efectos de franqueo, hasta que se dicte orden en contrario. Una vez alcanzada dicha fecha, la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. podrá interesar de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda la inutilización de los sellos sobrantes de la emisión. Cuarto. Reservas. De todos estos efectos la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda reservará a disposición de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. un mínimo de 2.500 unidades de cada efecto, para atender los compromisos derivados de la pertenencia a la Unión Postal Universal y a otros organismos internacionales, así como para su incorporación a los fondos filatélicos del Museo Postal y Telegráfico y para la promoción de la filatelia. Otras 500 unidades de estos efectos serán reservadas a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, para atenciones de intercambio con los Organismos emisores de otros países, integración en los fondos filatélicos del Museo de dicha Fábrica y promoción filatélica nacional e internacional. Quinto. Material utilizado para la impresión. Por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda se procederá a la destrucción de los proyectos, maquetas, dibujos, pruebas, planchas y cualquier otro elemento o material utilizado, una vez realizada la emisión. Sin embargo, cuando resulte, a juicio de la Fábrica, que alguno de los elementos empleados en la preparación o estampillado de la emisión encierra gran interés histórico o didáctico, podrá ser destinado, convenientemente inutilizado, a dotar el Museo de la Fábrica, el Museo Postal y Telegráfico o cualquier otro museo de interés en la materia. En tal caso se extenderá el acta correspondiente, tanto de la inutilización como de los elementos que en calidad de depósito se integren en alguno de los indicados museos. Madrid, 18 de mayo de 2021.–El Subsecretario de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Jesús M. Gómez García.–La Subsecretaria de Hacienda, Pilar Paneque Sosa.

Sellos variados que veremos en breve circulando: el del 75 aniversario de los Gigantes de la ciudad de Ontinyent, el del cocido madrileño y el de 'La casa de papel'.

De conformidad con lo establecido en la disposición adicional cuarta de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 7.2.g) y 17 del Real Decreto 1637/2011, de 14 de noviembre, por el que se establece la composición, competencias y régimen de funcionamiento de la Comisión Filatélica del Estado y se regulan las emisiones de sellos de correo y otros signos de franqueo, se dicta la presente Resolución sobre emisión y puesta en circulación de tres series de sellos de correo denominadas «Efemérides 2021.–75 aniversario de los Gigantes de la ciudad de Ontinyent», «Gastronomía: España en 19 platos.–2021. Madrid. Cocido madrileño» y «Series de Televisión.–2021. La Casa de Papel». En su virtud, hemos resuelto: Primero. Estampación. Por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda se procederá a la estampación de tres series de sellos de correo denominadas «Efemérides 2021.–75 aniversario de los Gigantes de la ciudad de Ontinyent», «Gastronomía: España en 19 platos.–2021. Madrid. Cocido madrileño» y «Series de Televisión.–2021. La Casa de Papel». Segundo. Características. «Efemérides 2021.–75 aniversario de los Gigantes de la ciudad de Ontinyent». El día 16 de junio de 2021, se emitirá un sello de correo dedicado a la efeméride «75 aniversario de los Gigantes de la ciudad de Ontinyent». Características técnicas: – Procedimiento de impresión: Offset. – Soporte: Estucado, engomado, fosforescente. – Dentado del sello: 13 3/4 (horizontal) y 13 1/4 (vertical). – Formato del sello: 40,9 x 57,6 mm (vertical). – Efectos en pliego: 16 sellos. – Valor postal del sello: 0,70 €. – Tirada: 160.000 sellos. «Gastronomía: España en 19 platos.–2021. Madrid. Cocido madrileño». El día 30 de junio de 2021, se emitirá una Hoja bloque con un sello de correo denominado «Madrid. Cocido madrileño» dentro de la serie «Gastronomía: España en 19 platos». Características técnicas: – Procedimiento de impresión: Offset. – Soporte: Estucado, engomado, fosforescente. – Dentado del sello: 13 3/4 (horizontal) y 13 1/4 (vertical). – Formato del sello: 40,9 x 57,6 mm (vertical). – Formato de la Hoja bloque: 150,6 x 86,4 mm (horizontal). – Efectos en pliego: Hoja bloque con 1 sello. – Valor postal del sello: 4,15 €. – Tirada: 140.000 Hojas bloque. «Series de Televisión.–2021. La Casa de Papel». El día 30 de junio de 2021 se emitirá una Hoja bloque con un sello de correo dentro de la serie «Series de televisión» dedicado a «La Casa de Papel». Características técnicas: – Procedimiento de impresión: Offset. – Soporte: Estucado, engomado, fosforescente. – Dentado del sello: 13 1/4 (horizontal) y 13 1/4 (vertical). – Formato del sello: 36,6 x 48,9 mm (vertical). – Formato de las viñetas horizontales: 53,3 x 37,1 mm y 50,9 x 44,4 mm (Monturiol y Banco de España, respectivamente). – Formato de las viñetas verticales: 36,6 x 48,9 mm; 36,6 x 44,4 mm; 36,6 x 44,4 mm (La Resistencia, S. Juan de Dios y La Magdalena, respectivamente). – Formato de la Hoja bloque: 150 x 104,5 mm (horizontal). – Efectos en pliego: Hoja bloque con 1 sello + 5 ilustraciones viñeta. – Valor postal del sello: 4,70 €. – Tirada: Ilimitada. Tercero. Puesta en circulación y distribución. 1. La venta y puesta en circulación de las tres series se iniciará, respectivamente, el día 16, 30 y 30 de junio de 2021. 2. La distribución a los puntos de venta de las tres series cesará el 31 de diciembre de 2023, no obstante, conservarán indefinidamente su valor a efectos de franqueo, hasta que se dicte orden en contrario. Una vez alcanzada dicha fecha, la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. podrá interesar de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda la inutilización de los sellos sobrantes de la emisión. Cuarto. Reservas. De todos estos efectos la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda reservará a disposición de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. un mínimo de 2.500 unidades de cada efecto, para atender los compromisos derivados de la pertenencia a la Unión Postal Universal y a otros organismos internacionales, así como para su incorporación a los fondos filatélicos del Museo Postal y Telegráfico y para la promoción de la filatelia. Otras 500 unidades de estos efectos serán reservadas a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, para atenciones de intercambio con los Organismos emisores de otros países, integración en los fondos filatélicos del Museo de dicha Fábrica y promoción filatélica nacional e internacional. Quinto. Material utilizado para la impresión. Por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda se procederá a la destrucción de los proyectos, maquetas, dibujos, pruebas, planchas y cualquier otro elemento o material utilizado, una vez realizada la emisión. Sin embargo, cuando resulte, a juicio de la Fábrica, que alguno de los elementos empleados en ### RESUMEN: Sellos variados que veremos en breve circulando: el del 75 aniversario de los Gigantes de la ciudad de Ontinyent, el del cocido madrileño y el de 'La casa de papel'.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Área de Ingeniería y Logística. 2) Domicilio: Calle Severo Ochoa, 28. 3) Localidad y código postal: Málaga, 29590. 4) Teléfono: 951042200. 5) Telefax: 951042201. 6) Correo electrónico: scentral@epes.es. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion. 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 15 días naturales, contados desde la fecha de publicación del presente anuncio. d) Número de expediente: 13002010. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicio. b) Descripción: Servicio de operación, supervisión y administración de Salud Responde. e) Plazo de ejecución/entrega: El contrato tendrá una duración inicial de 24 meses. Dará comienzo a las 00:00 horas del día 1 de julio de 2013 y finalizará a las 24:00 horas del día 30 de junio de 2015. f) Admisión de prórroga: Sí. i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79510000. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. d) Criterios de adjudicación: Precio: 60 puntos; plan de formación: 20 puntos; y plan de gestión del servicio: 20 puntos. 4. Valor estimado del contrato: 12.315.060,00 euros, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 8.210.040,00 euros. Importe total: 9.934.148,40 euros. 6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 por 100 del importe de adjudicación. 7. Requisitos específicos del contratista: b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia económica y financiera: Cuentas anuales de los años 2010 y 2011, con justificante de depósito en Registro Mercantil, e Informe de auditoría de cuentas anuales de los ejercicios 2010 y 2011. Se considerará que la empresa tiene solvencia económica y financiera si cumple con los criterios que se señalan: Que haya facturado en cada uno de los años 2010 y 2011, más de 10.000.000 euros. Solvencia técnica y profesional: Relación de servicios prestados al Sector Público Sanitario en 2010, 2011 y 2012, relacionados con el objeto del contrato (Call Center) que incluya el destinatario, la descripción del servicio y la facturación anual IVA excluido. Los servicios incluidos en la relación indicada se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente destinatario de los servicios. Se aportarán los certificados originales o, en su defecto, copia autenticada. Se considerará que la empresa tiene solvencia técnica o profesional si cumple con los criterios que se señalan: El importe total, IVA excluido, de los servicios prestados al Sector Público Sanitario relacionados con el objeto del contrato (Call Center), deberá ser para el conjunto de los años 2010, 2011 y 2012, de 3.000.000 euros. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a partir de la publicación de este anuncio, antes de las 15:00 horas. (Si la finalización del plazo de presentación de ofertas coincidiera en sábado o festivo, el plazo se prolongará al siguiente día hábil en la localidad de Málaga.). c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias. 2) Domicilio: Calle Severo Ochoa, 28. 3) Localidad y código postal: Málaga, 29590. 4) Dirección electrónica: scentral@epes.es. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Acto público de apertura del sobre número 2. b) Dirección: Calle Severo Ochoa, 28. c) Localidad y código postal: Málaga, 29590. d) Fecha y hora: Las 11:00 horas del día 2 de mayo de 2013. 12. Otras informaciones: Acto público de apertura del sobre número 3. Fecha y hora: las 11:00 horas del día 10 de mayo de 2013. Málaga, 2 de abril de 2013.- El Director Gerente, Luis Olavarría Govantes.

Andalucía licita, por importe total de 9.934.148,40 euros, el servicio Salud Responde para dos años

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Área de Ingeniería y Logística. 2) Domicilio: Calle Severo Ochoa, 28. 3) Localidad y código postal: Málaga, 29590. 4) Teléfono: 951042200. 5) Telefax: 951042201. 6) Correo electrónico: scentral@epes.es. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion. 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 15 días naturales, contados desde la fecha de publicación del presente anuncio. d) Número de expediente: 13002010. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicio. b) Descripción: Servicio de operación, supervisión y administración de Salud Responde. e) Plazo de ejecución/entrega: El contrato tendrá una duración inicial de 24 meses. Dará comienzo a las 00:00 horas del día 1 de julio de 2013 y finalizará a las 24:00 horas del día 30 de junio de 2015. f) Admisión de prórroga: Sí. i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79510000. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. d) Criterios de adjudicación: Precio: 60 puntos; plan de formación: 20 puntos; y plan de gestión del servicio: 20 puntos. 4. Valor estimado del contrato: 12.315.060,00 euros, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 8.210.040,00 euros. Importe total: 9.934.148,40 euros. 6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 por 100 del importe de adjudicación. 7. Requisitos específicos del contratista: b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia económica y financiera: Cuentas anuales de los años 2010 y 2011, con justificante de depósito en Registro Mercantil, e Informe de auditoría de cuentas anuales de los ejercicios 2010 y 2011. Se considerará que la empresa tiene solvencia económica y financiera si cumple con los criterios que se señalan: Que haya facturado en cada uno de los años 2010 y 2011, más de 10.000.000 euros. Solvencia técnica y profesional: Relación de servicios prestados al Sector Público Sanitario en 2010, 2011 y 2012, relacionados con el objeto del contrato (Call Center) que incluya el destinatario, la descripción del servicio y la facturación anual IVA excluido. Los servicios incluidos en la relación indicada se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente destinatario de los servicios. Se aportarán los certificados originales o, en su defecto, copia autenticada. Se considerará que la empresa tiene solvencia técnica o profesional si cumple con los criterios que se señalan: El importe total, IVA excluido, de los servicios prestados al Sector Público Sanitario relacionados con el objeto del contrato (Call Center), deberá ser para el conjunto de los años 2010, 2011 y 2012, de 3.000.000 euros. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a partir de la publicación de este anuncio, antes de las 15:00 horas. (Si la finalización del plazo de presentación de ofertas coincidiera en sábado o festivo, el plazo se prolongará al siguiente día hábil en la localidad de Málaga.). c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias. 2) Domicilio: Calle Severo Ochoa, 28. 3) Localidad y código postal: Málaga, 29590. 4) Dirección electrónica: scentral@epes.es. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Acto público de apertura del sobre número 2. b) Dirección: Calle Severo Ochoa, 28. c) Localidad y código postal: Málaga, 29590. d) Fecha y hora: Las 11:00 horas del día 2 de mayo de 2013. 12. Otras informaciones: Acto público de apertura del sobre número 3. Fecha y hora: las 11:00 horas del día 10 de mayo de 2013. Málaga, 2 de abril de 2013.- El Director Gerente, Luis Olavarría Govantes. ### RESUMEN: Andalucía licita, por importe total de 9.934.148,40 euros, el servicio Salud Responde para dos años

Este programa se enmarca en las acciones MECD-Fulbright, por lo que se prevé la participación en la convocatoria, así como durante el desarrollo de las becas, de la Comisión Fulbright, con lo que se garantiza a los becarios el apoyo de esta institución durante la realización de sus estudios. Los términos de la participación de la Comisión en la gestión del Programa se recogen en el Convenio de colaboración firmado el 2 de diciembre de 2013 entre la Secretaría General de Universidades y la Comisión de Intercambio cultural, educativo y científico entre España y los Estados Unidos de América. Mediante esta actuación prevista para los titulados y graduados en Artes, Humanidades y Ciencias Sociales, se pretende fomentar la realización de estudios de Máster en estos ámbitos del conocimiento, con el fin de ampliar la base formativa de los graduados de nuestro sistema universitario, así como de garantizar una presencia efectiva de estudiantes españoles en este tipo de enseñanzas en las Universidades de Estados Unidos de América. La gestión centralizada de estas subvenciones por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se efectúa, en base al criterio de supraterritorialidad, dado el ámbito de aplicación y el objeto del proyecto, que se extiende a un programa con un número muy limitado de becas y la existencia del requisito de movilidad de los titulados y graduados universitarios a un país extranjero. Por todo ello y de acuerdo con los artículos 10.1 y 23 de la Ley General de Subvenciones, previo informe de la Abogacía del Estado, este Ministerio ha resuelto publicar la presente convocatoria. Sumario: Artículo 1. Objeto. Artículo 2. Número y dotación de las becas. Artículo 3. Características y duración de las becas. Artículo 4. Beneficiarios. Requisitos de los solicitantes. Artículo 5. Presentación de las solicitudes y comunicación entre la Administración y los interesados. Artículo 6. Formalización de las solicitudes, plazo de presentación y documentación a presentar. Artículo 7. Práctica de las notificaciones. Artículo 8. Subsanación de solicitudes. Artículo 9. Instrucción y evaluación de las solicitudes. Artículo 10. Selección de candidatos. Artículo 11. Resolución de concesión. Artículo 12. Renovación de las becas. Artículo 13. Pago de las becas. Artículo 14. Obligaciones de la Comisión Fulbright y justificación de las subvenciones. Artículo 15. Obligaciones de los becarios. Artículo 16. Seguimiento y control. Artículo 17. Incumplimientos. Artículo 18. Financiación. Artículo 19. Normativa aplicable. Disposición adicional. Recursos contra la convocatoria. Disposición final primera. Habilitación competencial. Disposición final segunda. Entrada en vigor. Artículo 1. Objeto. 1. Por la presente Resolución se convoca, en régimen de concurrencia competitiva, la concesión de becas para la realización de estudios de Máster en Universidades de EE.UU. Esta convocatoria propone crear las condiciones y facilitar los medios para impulsar la realización de programas de Máster en Universidades de Estados Unidos de América por graduados y licenciados en titulaciones de Artes, Humanidades y Ciencias Sociales en el marco del programa de becas MECD-Fulbright. 2. Quedan excluidos de esta convocatoria los programas en Ciencias Empresariales (MBA), Derecho y Periodismo. Artículo 2. Número y dotación. 1. Por la presente convocatoria podrán concederse hasta un máximo de 10 becas. 2. Las becas incluirán: a) Una dotación mensual calculada según la ciudad de destino en Estados Unidos que será de 1.500,00 euros como máximo, financiada con cargo al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. b) Una cantidad en concepto de matrícula o tasas académicas por importe máximo de 10.000,00 euros, cuando proceda, que la Comisión Fulbright se encargará de abonar directamente a la Universidad de destino, financiada con cargo al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. c) 1.250,00 euros para gastos de viaje de ida y vuelta, financiada con cargo a la Comisión Fulbright. d) Seguro de accidentes corporales y de asistencia sanitaria –excluida la obstetricia y la odontología– que el Programa Fulbright ofrece a sus becarios. Artículo 3. Características y duración de las becas. 1. Las becas tienen como fin la realización de un programa de Máster en Artes, Humanidades o Ciencias Sociales en una universidad de EE.UU. La concesión de la beca quedará supeditada a la acreditación previa de la carta de admisión en la universidad de destino. 2. Los becarios deberán dedicarse en exclusiva al programa de estudios para el que se les haya concedido la beca, pudiendo compatibilizarlo con la colaboración en los departamentos de la universidad receptora. El disfrute de las becas es incompatible con la percepción de cualquier otra beca, ayuda o retribución de cualquier índole, durante el período de vigencia de las mismas, salvo las posibles compensaciones derivadas de su colaboración como lectores, ayudantes de conversación o similares, en la universidad de destino. En aquellos casos en que el programa de Máster requiera la realización de prácticas remuneradas, el becario deberá solicitar, a través de la Comisión Fulbright, la compatibilidad con sus estudios. En función de la cuantía a percibir la Dirección General de Política Universitaria procederá a autorizar la compatibilidad total o parcial con la dotación mensual de la beca, pudiendo minorarse la asignación de esta última durante el período de prácticas. 3. La gestión de este programa de becas se realiza por la Dirección General de Política Universitaria en colaboración con la Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico entre España y Estados Unidos (Comisión Fulbright), de conformidad con los términos recogidos en el convenio de colaboración firmado entre ambas instituciones. Esta Comisión participará en la selección de los becarios, así como en el seguimiento del desarrollo de sus estudios durante el período de disfrute de las becas. 4. La duración de las becas será de doce meses, prorrogable por otro período máximo de doce meses. La solicitud de renovación de las becas concedidas al amparo de esta convocatoria se formalizará en los términos y plazos establecidos en el artículo 12. 5. La fecha de inicio de las becas será fijada por la Comisión Fulbright en función de la programación de las universidades receptoras y de los cursos de orientación preacadémica. Artículo 4. Beneficiarios. Requisitos de los solicitantes. 1. Los beneficiarios deberán cumplir las obligaciones recogidas en la Orden de bases reguladoras y en la presente convocatoria, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 2. No podrán obtener la condición de beneficiario las personas en quienes concurra algunas de las circunstancias establecidas en el artículo 13 de la citada Ley General de Subvenciones. 3. Para participar en este programa, los solicitantes deberán reunir todos y cada uno de los siguientes requisitos, los cuales deberán mantenerse hasta la realización de la beca así como durante el disfrute de la misma. 3.1 Requisitos que deben cumplirse y acreditarse, en los casos que corresponda, en la fecha final del plazo de presentación de solicitudes: a) Nacionalidad. Poseer nacionalidad española o de cualquier país de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo con residencia en España. b) Fecha de finalización de los estudios. Los solicitantes deberán haber concluido sus estudios con posterioridad al 1 de enero de 2010. Los estudiantes que estén finalizando la licenciatura o los estudios de grado en el curso 2013-2014, no podrán participar en la convocatoria. c) Nota media mínima del expediente académico. Los solicitantes deberán acreditar una nota media del expediente académico en la escala 0-10, igual o superior a 7 puntos. El cálculo de la nota media se efectuará de conformidad con las instrucciones del Anexo I. d) No haber disfrutado becas para la realización de estudios de Máster en el extranjero por un período superior a 12 meses. e) No haber obtenido ninguna titulación superior en EE.UU. ni estar realizando estudios de postgrado o proyectos de investigación predoctoral en EE.UU. f) No haber finalizado ningún doctorado. g) No haber disfrutado una beca Fulbright de ampliación de estudios de posgrado. h) Excelente conocimiento del idioma inglés. 3.2 Requisitos que deben cumplir y acreditar los candidatos seleccionados para participar en la segunda fase de selección, la entrevista personal: Poseer buenas referencias académicas o profesionales, que deberán ser acreditadas en cartas emitidas por los profesores, investigadores o profesionales correspondientes. 3.3 Requisitos que deben cumplir y acreditar los candidatos seleccionados en la segunda fase de selección, con carácter previo a la concesión de la beca: Tener una carta de admisión en una universidad de EE.UU. para realizar un programa de Máster acorde con la memoria de estudios presentada para concurrir al Programa. Artículo 5. Presentación de las solicitudes y comunicación entre la Administración y los interesados. 1. Las solicitudes se cumplimentarán en los formularios que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte hará accesible en su sede electrónica https://sede.educacion.gob.es. 2. Una vez cumplimentada la solicitud, deberá ser firmada por el solicitante mediante algunos de los siguientes sistemas: DNI-e, certificado electrónico reconocido por las Administraciones Públicas o con claves concertadas que al registrarse en la sede electrónica https://sede.educacion.gob.es se proporcionarán a los solicitantes que no disponen de firma electrónica, de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 13 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. 3. Los documentos electrónicos que deban adjuntarse a las solicitudes se ajustarán a los formatos regulados en el Real Decreto 4/2010 por el que se aprueba el Esquema Nacional de Interoperabilidad y en su normativa de desarrollo. El Registro Electrónico podrá rechazar los documentos electrónicos que se presenten en los supuestos previstos en el artículo 29 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/20074. De conformidad con el artículo 37 de la Ley 11/2007 el interesado, previa identificación, podrá consultar en la Sede Electrónica el estado de tramitación de los procedimientos administrativos gestionados electrónicamente en su totalidad y de los cuales tenga interés legítimo o representación bastante. 4. En el caso de la Comisión Fulbright, como entidad colaboradora de las personas participantes en los procedimientos regulados en esta convocatoria, estará obligada a presentar los informes, escritos y comunicaciones relativos a los mismos con un sistema de firma electrónica avanzada. La firma electrónica deberá pertenecer a una persona acreditada previamente como representante de la entidad interesada por la sede electrónica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 5. Los interesados podrán consultar en todo momento el estado del expediente administrativo a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Artículo 6. Formalización de las solicitudes, plazo de presentación y documentación a presentar. 1. Las solicitudes podrán ser presentadas por los candidatos que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 4 de la presente convocatoria, desde el 3 de febrero de 2014 hasta las 14,00 horas (horario peninsular) del 21 de febrero de 2014, ambos inclusive. 2. La solicitud se deberá cumplimentar mediante el formulario accesible a través de la sede electrónica del Departamento en la dirección https://sede.educacion.gob.es en el apartado correspondiente a «Trámites y Servicios», de acuerdo con lo señalado en el artículo 5 de la presente convocatoria. 3. Cumplimentada la solicitud electrónica en todos sus apartados, la acreditación de los requisitos requeridos y de la documentación necesaria para efectuar la valoración de la solicitud, se realizará mediante formularios específicos de la aplicación o adjuntando los archivos de los documentos en formato electrónico. 3.1 Formularios específicos a cumplimentar en la propia aplicación. a) Memoria de los estudios de Máster que quiere realizar. Descripción de los estudios, especialidad elegida, importancia del Máster elegido en sí mismo, para su propio desarrollo académico y para su futuro profesional en España. Debe contemplar el motivo que le induce a estudiar este Máster en EE.UU. y no en otro país. b) Currículum vitae. Deberán cumplimentarse distintos apartados referentes tanto a los aspectos a tener en cuenta por la ANECA para efectuar la evaluación del mismo como a aquellos relativos a la experiencia universitaria y profesional en EE.UU. a valorar por el Comité de expertos en la segunda fase de selección. c) Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 4.3.1, apartados d), e), f) y g) y el compromiso de la obligación de comunicar a la Dirección General de Política Universitaria cualquier modificación a este respecto que se realice antes de iniciar la beca que solicita. 3.2 Documentos que se deben adjuntar como archivos en el plazo de presentación de la solicitud: Certificación académica personal de los estudios realizados, en la que deberá acreditarse, de conformidad con las instrucciones del Anexo II, las enseñanzas cursadas de Grado o de Licenciado, la nota media del expediente académico y la fecha de terminación de estudios. 3.3 Documentos que se deben aportar en formato papel a través de la Comisión Fulbright con posterioridad al plazo de presentación de las solicitudes: a) Tres cartas de referencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.3.b). b) Carta de admisión. Una vez finalizada la segunda fase de selección, para proceder a la resolución de concesión de la beca, será requisito indispensable la presentación en la Comisión Fulbright, la carta de admisión para realizar el programa de Máster en una Universidad de EE.UU. 4. Los candidatos podrán hacer uso de los servicios de la Comisión Fulbright para determinar, de acuerdo con los estudios que pretenden realizar, los programas de Máster para los que pueden solicitar la admisión. La Comisión colaborará con el estudiante en las gestiones relativas a dicha admisión en la universidad de destino. 5. La presentación de la solicitud implica la aceptación de las bases de la convocatoria y su firma constituye una declaración responsable de las tipificadas en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992 según modificación dada en la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, conllevará la autorización del solicitante para que el órgano instructor pueda requerir la aportación de documentos originales u obtenga de forma directa, o a través de certificados telemáticos, la siguiente información: a) La acreditación de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y en el caso de ciudadanos españoles o ciudadanos extranjeros residentes en territorio español, el consentimiento para que el órgano instructor pueda consultar y comprobar los datos de identidad incluidos en esta solicitud, de modo fehaciente, mediante el Sistema de Verificación de Datos de Identidad, de acuerdo con el artículo único.3 del Real Decreto 522/2006, de 28 de abril. b) El consentimiento para la comunicación a terceros de los datos recogidos en la misma, con objeto del tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o científicos, en el marco de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 6. La presentación de la solicitud implica la aceptación de la utilización de la práctica de la notificación por medios electrónicos mediante comparecencia en la Sede Electrónica en la dirección https://sede.educacion.gob.es a lo largo del procedimiento. 7. La firma de la solicitud comporta una declaración responsable de que todos los datos introducidos en la solicitud se ajustan a la realidad y que la inexactitud de las circunstancias declaradas dará lugar a la denegación o revocación de la beca o ayuda. Asimismo, las manipulaciones en los documentos y acreditaciones que se requieren, así como la modificación de los resultados correctos de la declaración de la nota media del expediente académico, podrán dar lugar a invalidar la solicitud presentada por el candidato y al resto de responsabilidades conforme al artículo 71 bis. 4 de la Ley 30/1992. Artículo 7. Práctica de las notificaciones. 1. La práctica de las notificaciones se realizará por medios electrónicos mediante comparecencia en la Sede Electrónica en la dirección https://sede.educacion.gob.es, en la forma regulada por el artículo 40 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Si el solicitante no accede al contenido de la notificación en el plazo de diez días naturales, se entenderá que la notificación ha sido rechazada con los efectos previstos en la normativa vigente (artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y artículo 68 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social). 2. El sistema, al realizar las notificaciones individuales, genera un aviso por correo electrónico informando al interesado de que se ha producido una notificación a cuyo contenido podrá acceder a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Este aviso por correo electrónico es un mecanismo de cortesía que ofrece la aplicación pero, en ningún caso, puede garantizarse su recepción. Por tanto, no exime al solicitante de comparecer en Sede para acceder a las notificaciones practicadas en la misma en relación con la tramitación de su expediente. Artículo 8. Subsanación de solicitudes. 1. De conformidad con lo previsto en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, si la documentación aportada durante el periodo de presentación de solicitudes fuera incompleta o contuviese errores subsanables, se requerirá al solicitante para que en el plazo de diez días hábiles subsane la falta, a través de la Sede Electrónica, conforme a lo establecido en el artículo 6 anterior, o acompañe los documentos preceptivos, con la advertencia de que si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 2. En el trámite de subsanación no se podrán reformular las solicitudes presentadas. Artículo 9. Instrucción y evaluación de las solicitudes. 1. La instrucción del procedimiento corresponde a la Subdirección General de Formación y Movilidad del Profesorado e Innovación Docente de la Dirección General de Política Universitaria y se iniciará al día siguiente de finalizar el plazo de presentación de solicitudes. 2. La evaluación de las solicitudes corresponde a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), mediante un Comité de Evaluación integrado por los expertos de la propia Agencia, que realizarán y organizarán su trabajo por las áreas científicas de la clasificación de la ANEP. Dicho Comité valorará las solicitudes, hasta un máximo de 5,00 puntos, de acuerdo con el baremo y criterios de valoración que se recogen a continuación. La puntuación siempre se hará con dos decimales. a) Currículum vitae del candidato, hasta 3,00 puntos. Se valorará hasta 1,50 puntos el haber conseguido, en convocatorias propias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte alguna de las siguientes distinciones: Premio Nacional a la Excelencia en el Rendimiento Académico Universitario, Premio Nacional, Mención o Accésit de Fin de Carrera Universitaria, primero o segundo premio por áreas científicas o premios especiales del Certamen Arquímedes de Introducción a la Investigación Científica. Complementariamente, podrán obtenerse hasta 1,50 puntos por los siguientes méritos: – Méritos de formación complementaria: otros títulos universitarios oficiales, estancias en otros centros universitarios con becas de colaboración (MECD, ERASMUS/SOCRATES, becas intramurales…), conocimientos acreditados de otros idiomas. – Premio Extraordinario Fin de Carrera en su universidad, premios de las Comunidades Autónomas, becas de colaboración y otros premios obtenidos en convocatorias competitivas. – Participación en proyectos de investigación mediante contrato o beca asociada al proyecto, no teniéndose en cuenta las colaboraciones honoríficas o sin vinculación contractual. – Otros méritos de experiencia docente universitaria o de actividad investigadora (publicaciones, participación en congresos, cursos y eventos de difusión científica). b) Memoria de los estudios de Máster que quiere realizar, hasta 2,00 puntos. Se valorará hasta 1,00 punto la importancia del Máster elegido en sí mismo, para el desarrollo académico del solicitante y su futuro profesional en España. La necesidad o conveniencia de realizar esos estudios de Máster en EE.UU. se valorará, igualmente, hasta 1,00 punto. 3. A esta valoración, se añadirá la puntuación del expediente académico, hasta un máximo de 10 puntos. 4. El Comité de Evaluación sólo tendrá en cuenta los méritos presentados por los solicitantes hasta la fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes. 5. Durante el proceso de evaluación, el Comité de Evaluación podrá modificar la adscripción de las solicitudes a un área científica diferente a la señalada por el solicitante, cuando así se considere oportuno por la memoria sobre los estudios que se solicita realizar. Artículo 10. Selección de candidatos. 1) Comisión de Selección. La selección de candidatos se realizará en dos fases y el órgano encargado de llevarla a cabo será la Comisión de Selección, nombrada al efecto por el Director General de Política Universitaria y presidida por el titular de la unidad instructora del procedimiento o persona en quien delegue. En la Comisión de Selección participará un representante de la Comisión Fulbright y deberá formar parte de la misma, como mínimo, un experto que haya formado parte del Comité de Evaluación de la ANECA. 2) Primera fase de selección. a) Esta fase, que tendrá carácter selectivo y eliminatorio, se efectuará en régimen de concurrencia competitiva, con procedimiento único y de conformidad con los criterios de valoración y requisitos contenidos en la presente convocatoria, tomando en cuenta exclusivamente la documentación aportada en la solicitud, por lo que se prescindirá del trámite de audiencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. b) El plazo para la tramitación del procedimiento se suspenderá durante el tiempo que medie entre la petición y la recepción de los informes preceptivos de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación sobre la evaluación de las solicitudes. Este plazo será como máximo de dos meses, de conformidad con el artículo 24, punto 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. c) En esta fase, a la que sólo concurrirán los solicitantes admitidos a trámite, se tendrá en cuenta exclusivamente la valoración global obtenida al sumar la nota del expediente académico y la calificación otorgada por la ANECA, estableciéndose una calificación mínima de 10,00 puntos para poder ser seleccionado. La calificación a tener en cuenta siempre será con dos decimales. Atendiendo a dicho criterio, la Comisión de Selección elevará al órgano instructor una relación de candidatos seleccionados, hasta un máximo de 20 candidatos. En caso de igual puntuación, la Comisión dará prioridad a la nota del expediente académico y en segundo lugar a la valoración obtenida en el currículum vitae. d) La relación de candidatos seleccionados se notificará mediante su publicación en la página Web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y de su publicación se enviará un aviso por correo electrónico a todos los solicitantes. En la relación figurará la valoración global de cada solicitante seleccionado, desglosando la nota media del expediente académico y la valoración de la ANECA. Asimismo, se publicara un anexo con los no seleccionados y otro con las solicitudes excluidas, por no cumplir los requisitos requeridos o no haber subsanado en tiempo y forma la documentación requerida. e) Los candidatos no seleccionados o excluidos, dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la relación en la página web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para presentar alegaciones acerca de las causas que hayan motivado su exclusión o la no selección, mediante el formulario y procedimiento cuyas instrucciones se publicarán en dicha sede. f) Concluido dicho plazo, una vez examinadas las alegaciones, si las hubiera, la Comisión de Selección elevará al órgano instructor la relación definitiva de candidatos seleccionados. Con base en dicha relación, el Director General de Política Universitaria dictará la resolución definitiva con la relación de candidatos seleccionados. Esta resolución se notificará mediante su publicación en la página web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de conformidad con el artículo 59.5, b) de la Ley 30/1992, y de su publicación se enviará un aviso por correo electrónico a todos los solicitantes. 3) Segunda fase de selección. a) Una vez publicada la resolución de candidatos seleccionados, se les enviará una notificación a través de la sede electrónica, para asistir a una entrevista personal efectuada por un Comité nombrado al efecto por el Director General de Política Universitaria, formado por un experto de la ANECA de cada una de las áreas a las que pertenezcan los candidatos convocados y, al menos, dos expertos designados por la Comisión Fulbright a tal efecto. La composición de este Comité se hará pública tanto en la web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. b) Será requisito imprescindible para asistir a la entrevista, de conformidad con lo establecido en el artículo 6, que los candidatos seleccionados soliciten a tres profesores universitarios o personas elegidas por su relación académica o profesional, que cumplimenten, preferentemente en inglés y en los impresos normalizados para ello, una carta de referencia confidencial. Estas cartas deberán ser enviadas directamente, en sobre cerrado, por parte de las personas firmantes a la Comisión Fulbright, en los diez días hábiles desde la publicación de la resolución de candidatos seleccionados en la página web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. La no presentación de las cartas supondrá el desistimiento del solicitante a participar en esta fase del proceso. c) Una vez realizadas las entrevistas, el Comité elaborará una relación de los candidatos entrevistados, con la valoración obtenida a lo largo de la entrevista, con un máximo de 15 puntos, de acuerdo a la puntuación conseguida en cada uno de estos criterios: 1) Defensa que el solicitante haga de la memoria del programa de estudios a realizar, hasta 5 puntos. 2) Capacidad de comunicación y de emprendimiento, motivación y disposición, adaptabilidad e iniciativa, madurez y formación integral del solicitante, hasta 5 puntos. 3) Cartas de referencia, hasta 3 puntos, en función de los méritos específicos y circunstancias particulares del candidato que avalen al solicitante. 4) Se valorará hasta 2 puntos a aquellos candidatos que no hayan tenido experiencia previa en EE.UU., incluyendo la universitaria o profesional. d) La Comisión de Selección, teniendo en cuenta la valoración otorgada por el Comité de expertos, elaborará una relación priorizada de candidatos seleccionados, en la que se tendrá en cuenta la suma de la valoración global obtenida en la primera fase y la puntuación obtenida en la entrevista personal. El orden de priorización se establecerá atendiendo a esta valoración total, que tendrá dos decimales, siendo la puntuación máxima 30 puntos. En caso de empate, se dará prioridad a los solicitantes que hayan tenido mayor puntuación en la entrevista personal. e) La relación priorizada de los candidatos se notificará mediante su publicación en la página web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de conformidad con el artículo 59.5, b) de la Ley 30/1992, y de su publicación se enviará un aviso por correo electrónico a todos los interesados. En la relación figurará la valoración global de cada solicitante seleccionado, con indicación de la puntuación obtenida en la entrevista personal. f) Los candidatos, dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la relación en la página web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para presentar alegaciones acerca de la valoración otorgada por el Comité de expertos, mediante el formulario y procedimiento cuyas instrucciones se publicarán en dicha sede. g) Concluido dicho plazo, una vez examinadas las alegaciones, si las hubiera, la Comisión de Selección elevará al órgano instructor la relación definitiva de candidatos seleccionados. Con base en dicha relación, el Director General de Política Universitaria dictará la resolución definitiva con la relación de candidatos seleccionados para la obtención de una beca para la realización de estudios de Máster en Universidades de Estados Unidos de América durante el curso 2014-2015 por orden de prioridad. Esta resolución se notificará mediante su publicación en la página web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de conformidad con el artículo 59.5, b) de la Ley 30/1992, y de su publicación se enviará un aviso por correo electrónico a todos los interesados. Artículo 11. Resolución de concesión. 1. Una vez efectuada la resolución de la segunda fase de la selección, para proceder a la resolución de concesión de la beca, será requisito indispensable que en el plazo de diez días hábiles desde la publicación de dicha resolución en la web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, los candidatos que ocupen las diez primeras posiciones en la relación priorizada presenten en la Comisión Fulbright, la carta de admisión para realizar el programa de Master en una Universidad de EE.UU. 2. Los candidatos que ocupen la undécima o posterior posición en la relación priorizada, quedarán como suplentes y en caso de que alguno de los diez primeros candidatos no acredite en tiempo y forma la admisión, se les enviará una notificación a través de Sede Electrónica, a la que podrán acceder en los términos establecidos en el artículo 7, para que en el plazo de diez días hábiles desde el acceso a la notificación, presenten en la Comisión Fulbright la carta de admisión. 3. Una vez la Comisión Fulbright disponga de la carta de admisión de los diez candidatos a beca, en función del orden de prioridad establecido, elevará al órgano instructor la relación de los mismos, con indicación de la universidad receptora, programa de Máster asignado y fechas de realización de los mismos. 4. La unidad instructora del procedimiento elevará a la autoridad competente para resolver la propuesta de concesión de las becas. 5. De conformidad con lo establecido en el artículo 25.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de seis meses, computados a partir de la fecha en que se dicte la resolución de candidatos seleccionados en la primera fase del procedimiento. La concesión de las becas se efectuará en el mes de junio de 2014 por resolución del órgano competente, de conformidad con lo establecido en la ECD/465/2012, de 2 de marzo, sobre delegación de competencias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte («BOE» de 9 de marzo). Dicha resolución se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», así como en la página web de la Dirección General de Política Universitaria: (http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/para-profesores/universitarios/master-eeuu.html), y en la página web de la Comisión Fulbright (www.fulbright.es). Artículo 12. Renovación de las becas. 1) El plazo de presentación de la solicitud de renovación de las becas concedidas en esta convocatoria para el curso 2015-2016, será el mes de febrero de 2015. 2) Las condiciones de disfrute de las becas renovadas serán las establecidas en esta convocatoria. 3) La formalización de la solicitud se hará mediante el impreso normalizado que, a tales efectos, será accesible a través de la Sede Electrónica. Dicho impreso deberá ir acompañado del expediente académico y de un informe favorable del departamento en el que esté cursando los estudios de Máster, en el que se haga constar la procedencia de la renovación. 4) La Comisión de Selección, a la que se refiere el artículo 10.1, a la vista del rendimiento académico y del informe del Departamento de adscripción, elevará al órgano instructor un informe sobre si procede o no la prórroga de las becas solicitadas. La Dirección General de Política Universitaria podrá recabar, a través de la Comisión Fulbright, información adicional sobre el becario y su rendimiento académico antes de proceder a la renovación de la beca. 5) Con base en el informe de la Comisión de Selección, se efectuará por el órgano competente, de conformidad con lo establecido en la ECD/465/2012, de 2 de marzo, sobre delegación de competencias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte («BOE» de 9 de marzo), la resolución de concesión de las renovaciones. Dicha resolución se publicará en el Boletín Oficial del Estado, así como en la página web de la Dirección General de Política Universitaria: (http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/para-profesores/universitarios/master-eeuu.html). Artículo 13. Pago de las becas y régimen de garantías. 1. Pago de la provisión de los fondos correspondientes a las dotaciones mensuales y tasas de matricula a la entidad colaboradora. a) En aplicación del Convenio de colaboración suscrito entre la Secretaría General de Universidades del Ministerio de Educación y la Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico entre España y Estados Unidos, la citada Comisión actúa como entidad colaboradora a los efectos de la percepción de la provisión de los fondos financiados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. b) La provisión de fondos se efectuará a la Comisión Fulbright en los términos establecidos en el convenio de colaboración. c) A la Comisión Fulbright, como entidad colaboradora, se la exime de la constitución de garantías, a los efectos de lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 2. Pago a la Comisión Fulbright de las cuantías correspondientes a gastos de gestión de las becas y gastos de compensación por servicios complementarios prestados a los becarios. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en los términos, cuantías y procedimiento establecidos en el Convenio de colaboración con la Comisión Fulbright, efectuará el pago a la citada Comisión de la compensación económica por la gestión de las becas de los beneficiarios activos en cada curso académico como entidad colaboradora, así como la correspondiente, por becario y curso académico, a la gestión ante las universidades de EE.UU. de la admisión y aceptación de los becarios y otros servicios complementarios ofrecidos a los mismos. 3. Pago de las dotaciones mensuales a los beneficiarios de las becas: a) El pago a los beneficiarios lo hará directamente la Comisión, de conformidad con las normas que tengan establecidas en su entidad y de acuerdo con las directrices que, en su caso, marque el órgano gestor del programa, que podrá solicitar información sobre cualquier aspecto relacionado con el pago. b) La Comisión Fulbright requerirá a los beneficiarios que acrediten estar al corriente de obligaciones tributarias y con la seguridad social, así como no ser deudores por resolución de procedencia de reintegro, como requisito imprescindible para realizar el pago. c) La Comisión se compromete a adelantar las cantidades necesarias para que los becarios puedan percibir la dotación correspondiente desde el primer mes a partir de su incorporación. d) Los becarios percibirán la dotación fijada para su beca con efectos del día de incorporación acreditado en el correspondiente documento y el importe a percibir en ese mes será proporcional al período transcurrido desde esa fecha, percibiendo la parte proporcional de esa mensualidad. e) De igual forma el importe a percibir en el mes de finalización se hará con efectos del día de finalización concedido en la resolución, percibiendo la parte proporcional de esa mensualidad. 4. Pago a las universidades americanas de las tasas de matrícula. La Comisión Fulbright deberá efectuar, con cargo a los fondos transferidos por el Ministerio, el pago de las tasas de matrícula correspondientes a cada curso académico, de conformidad con lo establecido en el Convenio de colaboración y en los plazos que determinen las universidades receptoras de los becarios. Artículo 14. Obligaciones de la Comisión Fulbright y justificación de las subvenciones. 1. Asumir la condición de entidad colaboradora a los efectos de lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para todos los beneficiarios a los que sean concedidas las becas. 2. Cumplir todas las obligaciones que como entidad colaboradora quedan expresamente estipuladas en el Convenio de colaboración suscrito con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 3. La Comisión Fulbright deberá justificar la entrega de los fondos percibidos a los beneficiarios y que les han exigido, previo a su abono, la acreditación de estar al corriente de obligaciones tributarias y con la seguridad social, así como no ser deudores por resolución de procedencia de reintegro y en su caso, entregar al órgano concedente la justificación presentada por los citados beneficiarios. 4. La forma y plazos para presentar la justificación en la Dirección General de Política Universitaria será la establecida en el Convenio de colaboración. Artículo 15. Obligaciones de los becarios. La aceptación de la beca por parte del becario implica la obligación de: 1. Cumplimentar la documentación que le proponga la Comisión Fulbright en el plazo y forma requeridos, que sea necesaria para su incorporación a la universidad. La presentación del candidato para su aceptación en la misma y la negociación para la obtención total o parcial de la exención de matrícula le corresponde exclusivamente a la Comisión Fulbright. 2. Aceptar las normas fijadas en esta convocatoria, las que establezca la Dirección General de Política Universitaria, el Programa Fulbright y la universidad de acogida para supervisar y evaluar el desarrollo del programa. 3. No percibir, durante el disfrute de la beca ninguna otra beca, ayuda, subsidio o contrato financiado con fondos públicos o privados españoles, comunitarios o extranjeros, salvo las posibles compensaciones derivadas de su colaboración como lectores, ayudantes de conversación o similares, en la universidad de destino. Cualquier actividad que pueda ser motivo de incompatibilidad deberá ser comunicada a la Comisión Fulbright para su posterior traslado a la Dirección General de Política Universitaria. 4. Cumplimentar los informes, formularios y documentos requeridos por la Dirección General de Política Universitaria, el Programa Fulbright y la universidad de destino. 5. Solicitar autorización de la Dirección General de Política Universitaria –a través del Programa Fulbright– para cualquier modificación de las condiciones de beca. 6. Permanecer ininterrumpidamente en el departamento de la universidad de acogida, debiendo solicitar autorización para ausentarse del centro receptor. La solicitud deberá cursarla a través del Programa Fulbright que la hará llegar, cuando proceda, a la Dirección General de Política Universitaria. En casos excepcionales podrá solicitarse la interrupción de la beca por un período máximo de tres meses, irrecuperables. En tal sentido, cuando los estudios del master finalicen con anterioridad a la fecha de finalización de la beca, los becarios deberán comunicarlo a la Comisión, a fin de proceder a la interrupción de la beca y sus efectos económicos durante el mes o meses que correspondan. 7. Los becarios podrán ausentarse por interés particular hasta 21 días naturales por los doce meses de beca. Dichas ausencias deberán ser comunicadas previamente al disfrute a la Comisión Fulbright para su autorización. 8. Presentar en el plazo de un mes una vez finalizado su período de beca, a través de la Comisión Fulbright, un certificado académico completo expedido por la Universidad de destino. En caso de renovación, este certificado se deberá presentar al finalizar el segundo curso académico. Artículo 16. Seguimiento y control. 1. El seguimiento científico de las becas es competencia de la Dirección General de Política Universitaria. Para ello en las convocatorias de cada programa se establecerán, en colaboración con la Comisión Fulbright, los procedimientos adecuados a fin de verificar el cumplimiento de los objetivos del programa por parte de los beneficiarios del mismo. 2. El seguimiento financiero y de gestión de las becas es competencia de la Comisión Fulbright, que quedará sujeta igualmente a las acciones de control que lleven a cabo las instituciones facultadas para ello por la Ley General de Subvenciones y por la Dirección General de Política Universitaria para garantizar el estricto cumplimiento de las convocatorias. 3. Los beneficiarios de las becas deberán someterse, de considerarse ello necesario, a las actuaciones de comprobación y seguimiento por parte de la Dirección General de Política Universitaria para garantizar el estricto cumplimiento de las mismas, así como al control financiero que corresponda, bien por parte de la Intervención General de Estado, en relación con las subvenciones concedidas, bien del Tribunal de Cuentas, de conformidad con las previsiones contempladas en la legislación vigente. 4. Se considerarán acciones de seguimiento ordinarias: a) La presentación de informes que sean requeridos. b) La presentación del certificado académico al término de la beca. En caso de renuncia o baja sobrevenida en el período de disfrute de la beca, deberá presentarse igualmente un certificado académico que acredite los estudios realizados hasta dicha fecha y en la comunicación de renuncia se deberán justificar los motivos de la renuncia o baja. 5. Serán acciones de seguimiento y control, las que se inicien de oficio por el órgano gestor que se deriven de informes requeridos o de causas sobrevenidas. Así mismo podrá realizar cuantas comprobaciones se consideren oportunas con relación al cumplimiento de las condiciones del programa. 6. Los beneficiarios de las becas estarán sujetos a las funciones de control que lleven a cabo los organismos y centros receptores y las instituciones facultadas para ello por la Ley General de Subvenciones. Artículo 17. Incumplimientos. 1. El incumplimiento de las obligaciones podrá ser motivo de la anulación de las becas concedidas y del reintegro de las cantidades indebidamente percibidas. 2. De conformidad con lo establecido en el apartado vigésimo segundo de la Orden ECI/1305/2005, de 20 de abril («BOE» de 12 de mayo), los criterios proporcionales de graduación de incumplimientos serán los que se indican a continuación: a) El incumplimiento total y manifiesto de los objetivos científicos y técnicos para los que se concedió la beca, determinado a través de los mecanismos de seguimiento y control científico técnico, será causa de reintegro total de la subvención, y en su caso de la pérdida del derecho al cobro de las cantidades pendientes de percibir. b) El incumplimiento de los objetivos parciales o actividades concretas conllevará la devolución de aquella parte de la subvención destinada a las mismas, y en su caso la pérdida del derecho al cobro de las cantidades pendientes de percibir. c) La falta de presentación, de acuerdo con lo establecido en la correspondiente convocatoria, de los informes de seguimiento anuales o finales, conllevará la devolución de las cantidades percibidas y no justificadas, y en su caso la pérdida del derecho al cobro de las cantidades pendientes de percibir. d) El incumplimiento de las medidas de difusión establecidas, en los términos del artículo 31.3 del reglamento de la Ley General de Subvenciones, será causa del reintegro parcial del importe asociado a dicho incumplimiento. 3. El incumplimiento total o parcial de los requisitos y obligaciones establecidas en la presente convocatoria y demás normas aplicables, así como las que se establezcan en la correspondiente resolución de concesión, dará lugar a la apertura de un expediente de incumplimiento, cuya resolución, previa audiencia del interesado, podrá dar lugar a la revocación de la beca concedida parcial o totalmente y la obligación de reintegrar la cuantía que se establezca en función de los criterios aplicables y los intereses de demora correspondientes, conforme a lo dispuesto en el Título II (reintegro de subvenciones), Título III (control financiero) y en el Título IV (infracciones y sanciones) de la Ley General de Subvenciones. 4. En ningún caso podrán concederse becas a los que no hubieran justificado las percibidas con anterioridad. Artículo 18. Financiación. 1. La financiación de las dotaciones mensuales y tasas de matricula de las becas que se concedan y renueven con cargo a la presente convocatoria se efectuará con cargo a la aplicación presupuestaria 18.07.463A.788.03, de los Presupuestos Generales del Estado, siendo el presupuesto total previsto para el programa de 560.000,00 euros, de conformidad con los siguientes desgloses por curso académico: Dotaciones mensuales y tasas de matrícula Ejercicio 2014 Ejercicio 2015 Ejercicio 2016 Total Curso 2014-2015 167.500,00 112.500,00   280.000,00 Curso 2015-2016. Renovaciones   167.500,00 112.500,00 280.000,00 Total 167.500,00 280.000,00 112.500,00 560.000,00 2. La financiación de los gastos de gestión y compensación económica a la Comisión Fulbright por los servicios prestados como entidad colaboradora se efectuará con cargo a la aplicación presupuestaria 18.07.463A.788.06, de los Presupuestos Generales del Estado, siendo el presupuesto total previsto para el programa de 85.000,00 euros, de conformidad con los siguientes desgloses por curso académico: Gastos de compensación por servicios complementarios y gestión de las becas Ejercicio 2014 Ejercicio 2015 Total Curso 2014-2015 44.500,00 2.500,00 47.000,00 Curso 2015-2016. Renovaciones   38.000,00 38.000,00 Total 44.500,00 40.500,00 85.000,00 3. De conformidad con lo establecido en el artículo 56.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, la concesión de las subvenciones queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de efectuarse la resolución de concesión. Artículo 19. Régimen jurídico. En lo no previsto en la presente Resolución serán de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 y la Orden ECI/1305/2005, de 20 de abril, de bases reguladoras de la concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva («BOE» de 12 de mayo). Disposición adicional. Recursos contra la convocatoria. Esta resolución de convocatoria podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Alternativamente, cabe interponer recurso en vía Contencioso-Administrativa ante la Audiencia Nacional, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de la resolución en el «Boletín Oficial del Estado». En caso de silencio administrativo, el plazo será de seis meses a partir del día siguiente a aquel en que dicho recurso se entienda desestimado. Disposición final primera. Habilitación competencial. La presente Resolución Orden se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.15.ª de la Constitución, que asigna al Estado la competencia exclusiva en el fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica. Disposición final segunda. Entrada en vigor. La presente convocatoria entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 17 de diciembre de 2013.–La Secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Montserrat Gomendio Kindelan. ANEXO I Cálculo de la nota media del expediente académico Nota media mínima del expediente académico. Los solicitantes deberán acreditar una nota media del expediente académico en la escala 0-10, igual o superior a 7 puntos. En aquellos casos en que el acceso del solicitante a la titulación aportada se haya acreditado a través de más de un título consecutivo de nivel diferente, como es el caso de los diplomados o maestros, la nota medía mínima deberá ser acreditada independientemente en cada uno de los títulos académicos. Para el cálculo de la nota media se tendrá en cuenta: 1. Para los estudios cursados en centros españoles. El cálculo deberá estar realizado en la escala numérica de 0-10, establecida en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional y en el párrafo 4.3.4 del anexo del Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento Europeo al Título. Las notas medias de los títulos obtenidos en enseñanzas cursadas en dos o más universidades, deberán contener la totalidad de asignaturas y créditos superados, con la correspondiente puntuación. Las asignaturas convalidadas tendrán la equivalencia en puntos correspondiente a la calificación obtenida en el centro de procedencia; para las asignaturas adaptadas se computará la calificación obtenida en el centro de procedencia y el reconocimiento de créditos en que no exista calificación o que correspondan a actividades formativas no integradas en el plan de estudios no se tendrán en cuenta a efectos del cálculo de la nota media, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre. En el caso de que la calificación del expediente recogiera exclusivamente la calificación cualitativa, el cálculo de la nota media se realizará teniendo en cuenta la valoración de cada una de las distintas calificaciones, que para la presente convocatoria será la siguiente: a) Matrícula de honor: 10 puntos. b) Sobresaliente: 9,25 puntos. c) Notable: 7,75 puntos. d) Aprobado: 5,75 puntos. En todos los casos, la nota media del expediente académico de los estudios acreditados para la obtención del título correspondiente será el resultado de la aplicación de la siguiente fórmula: suma de los créditos obtenidos por el alumno multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que correspondan, y dividida por el número de créditos totales obtenidos por el alumno. 2. Para estudios cursados en centros extranjeros. En el caso de los títulos obtenidos por estudios realizados parcial o totalmente en sistemas universitarios extranjeros adaptados o no al EEES, la equivalencia de las calificaciones obtenidas en la escala de calificación que corresponda a la escala numérica española de 0-10 será expedida por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) que tiene la información a disposición de los usuarios en el portal http://notasmedias.aneca.es. Cualquier duda o consulta, habrá que dirigirla a la dirección de correo siguiente: ayuda.notasmedias@aneca.es. ANEXO II Certificación académica personal En la certificación académica personal de los estudios realizados, deberá constar: 1. La acreditación de las enseñanzas cursadas de Grado o de Licenciado. En el caso de los que acrediten los títulos de Diplomado o Maestro, también deberán acreditar el título de 2.º Ciclo cursado para cumplir el requisito de nota media mínima señalado en el artículo 4.3.c). En los certificados deben constar todas las asignaturas superadas, con sus créditos, las calificaciones obtenidas, el curso académico y la nota media del expediente obtenida. El certificado, o en su caso certificados, deben expresar que el conjunto de asignaturas y créditos cursados completan los requisitos para la obtención del título de Grado o Licenciado. En el caso de los estudios realizados parcial o totalmente en el extranjero, el certificado del expediente académico, u otro acompañando al mismo, será el mismo con el que se haya realizado la equivalencia de las nota media del expediente por ANECA. En el caso de las certificaciones académicas extendidas en un idioma distinto del español el certificado original habrá de acompañarse de la correspondiente traducción jurada con Suplemento Europeo al Título (Diploma Supplement), en los casos de los países del EEES en los que esté regulada su expedición. Las certificaciones académicas con firma electrónica expedidas por universidades españolas deberán contener los datos identificativos para efectuar las comprobaciones necesarias. 2. La acreditación de la nota media del expediente académico y, en su caso, la nota media conjunta de los títulos con los que se concurre a la convocatoria. La nota media del título o, en su caso, títulos con los que se concurra a la convocatoria, se acreditará mediante certificación académica oficial de cada una de las titulaciones y enseñanzas cursadas en centros universitarios españoles. En el caso de los estudios realizados parcial o totalmente en centros extranjeros, mediante la presentación de la certificación oficial del centro emisor del título, a la que se añadirá de oficio el documento de equivalencia expedido por la ANECA. La nota media del expediente académico de los solicitantes que presenten los títulos de licenciado o grado, previo estudios de 1º ciclo universitario de Diplomado o Maestro, o curso puente, se calculará teniendo en cuenta el conjunto de asignaturas y créditos superados entre ambos ciclos. La nota obtenida en cada materia o asignatura se multiplicará por el número de créditos de cada una de ellas y la suma total se dividirá por el total de créditos de las asignaturas. Si se produjera algún caso diferente a los señalados, el órgano instructor procederá a determinar el procedimiento a semejanza con los señalados para otros casos, velando por el principio de equidad. 3. La acreditación de fecha de terminación de estudios deberá estar contenida en la certificación académica del expediente.

Convocatoria de 10 becas Fulbright para máster en Artes, Humanidades o Ciencias Sociales en EEUU

Este programa se enmarca en las acciones MECD-Fulbright, por lo que se prevé la participación en la convocatoria, así como durante el desarrollo de las becas, de la Comisión Fulbright, con lo que se garantiza a los becarios el apoyo de esta institución durante la realización de sus estudios. Los términos de la participación de la Comisión en la gestión del Programa se recogen en el Convenio de colaboración firmado el 2 de diciembre de 2013 entre la Secretaría General de Universidades y la Comisión de Intercambio cultural, educativo y científico entre España y los Estados Unidos de América. Mediante esta actuación prevista para los titulados y graduados en Artes, Humanidades y Ciencias Sociales, se pretende fomentar la realización de estudios de Máster en estos ámbitos del conocimiento, con el fin de ampliar la base formativa de los graduados de nuestro sistema universitario, así como de garantizar una presencia efectiva de estudiantes españoles en este tipo de enseñanzas en las Universidades de Estados Unidos de América. La gestión centralizada de estas subvenciones por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se efectúa, en base al criterio de supraterritorialidad, dado el ámbito de aplicación y el objeto del proyecto, que se extiende a un programa con un número muy limitado de becas y la existencia del requisito de movilidad de los titulados y graduados universitarios a un país extranjero. Por todo ello y de acuerdo con los artículos 10.1 y 23 de la Ley General de Subvenciones, previo informe de la Abogacía del Estado, este Ministerio ha resuelto publicar la presente convocatoria. Sumario: Artículo 1. Objeto. Artículo 2. Número y dotación de las becas. Artículo 3. Características y duración de las becas. Artículo 4. Beneficiarios. Requisitos de los solicitantes. Artículo 5. Presentación de las solicitudes y comunicación entre la Administración y los interesados. Artículo 6. Formalización de las solicitudes, plazo de presentación y documentación a presentar. Artículo 7. Práctica de las notificaciones. Artículo 8. Subsanación de solicitudes. Artículo 9. Instrucción y evaluación de las solicitudes. Artículo 10. Selección de candidatos. Artículo 11. Resolución de concesión. Artículo 12. Renovación de las becas. Artículo 13. Pago de las becas. Artículo 14. Obligaciones de la Comisión Fulbright y justificación de las subvenciones. Artículo 15. Obligaciones de los becarios. Artículo 16. Seguimiento y control. Artículo 17. Incumplimientos. Artículo 18. Financiación. Artículo 19. Normativa aplicable. Disposición adicional. Recursos contra la convocatoria. Disposición final primera. Habilitación competencial. Disposición final segunda. Entrada en vigor. Artículo 1. Objeto. 1. Por la presente Resolución se convoca, en régimen de concurrencia competitiva, la concesión de becas para la realización de estudios de Máster en Universidades de EE.UU. Esta convocatoria propone crear las condiciones y facilitar los medios para impulsar la realización de programas de Máster en Universidades de Estados Unidos de América por graduados y licenciados en titulaciones de Artes, Humanidades y Ciencias Sociales en el marco del programa de becas MECD-Fulbright. 2. Quedan excluidos de esta convocatoria los programas en Ciencias Empresariales (MBA), Derecho y Periodismo. Artículo 2. Número y dotación. 1. Por la presente convocatoria podrán concederse hasta un máximo de 10 becas. 2. Las becas incluirán: a) Una dotación mensual calculada según la ciudad de destino en Estados Unidos que será de 1.500,00 euros como máximo, financiada con cargo al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. b) Una cantidad en concepto de matrícula o tasas académicas por importe máximo de 10.000,00 euros, cuando proceda, que la Comisión Fulbright se encargará de abonar directamente a la Universidad de destino, financiada con cargo al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. c) 1.250,00 euros para gastos de viaje de ida y vuelta, financiada con cargo a la Comisión Fulbright. d) Seguro de accidentes corporales y de asistencia sanitaria –excluida la obstetricia y la odontología– que el Programa Fulbright ofrece a sus becarios. Artículo 3. Características y duración de las becas. 1. Las becas tienen como fin la realización de un programa de Máster en Artes, Humanidades o Ciencias Sociales en una universidad de EE.UU. La concesión de la beca quedará supeditada a la acreditación previa de la carta de admisión en la universidad de destino. 2. Los becarios deberán dedicarse en exclusiva al programa de estudios para el que se les haya concedido la beca, pudiendo compatibilizarlo con la colaboración en los departamentos de la universidad receptora. El disfrute de las becas es incompatible con la percepción de cualquier otra beca, ayuda o retribución de cualquier índole, durante el período de vigencia de las mismas, salvo las posibles compensaciones derivadas de su colaboración como lectores, ayudantes de conversación o similares, en la universidad de destino. En aquellos casos en que el programa de Máster requiera la realización de prácticas remuneradas, el becario deberá solicitar, a través de la Comisión Fulbright, la compatibilidad con sus estudios. En función de la cuantía a percibir la Dirección General de Política Universitaria procederá a autorizar la compatibilidad total o parcial con la dotación mensual de la beca, pudiendo minorarse la asignación de esta última durante el período de prácticas. 3. La gestión de este programa de becas se realiza por la Dirección General de Política Universitaria en colaboración con la Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico entre España y Estados Unidos (Comisión Fulbright), de conformidad con los términos recogidos en el convenio de colaboración firmado entre ambas instituciones. Esta Comisión participará en la selección de los becarios, así como en el seguimiento del desarro ### RESUMEN: Convocatoria de 10 becas Fulbright para máster en Artes, Humanidades o Ciencias Sociales en EEUU

La Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 20 de enero de 1998, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización de acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo, modificada por la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 4 de febrero de 2000, indica en su artículo 4.1.c) que las cuantías máximas de las subvenciones, señaladas en los apartados a) y b) del citado artículo, se actualizarán cada año natural de acuerdo con la evolución que experimente el índice de precios al consumo. No obstante lo anterior, el apartado 3 de la disposición transitoria de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española establece que «por lo que se refiere a los valores monetarios en cuya determinación interviene el sector público distintos a los referidos en los apartados anteriores, los regímenes de revisión periódica y predeterminada aprobados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley mantendrán su vigencia hasta la entrada en vigor del real decreto referido en el artículo 4 de la misma, si bien en las fórmulas las referencias a las variaciones de índices generales, tales como Índice de Precios de Consumo o el Índice de Precios Industriales, deberán sustituirse por el valor cero». Por tanto, de acuerdo con lo establecido en la disposición citada, tanto para el año 2016 como para años sucesivos, mientras otra norma no disponga lo contrario, se mantienen, al igual que en el año 2015, las cuantías máximas de las subvenciones establecidas en la Resolución de 25 de febrero de 2014, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se actualizan para el año 2014 las cuantías máximas constitutivas del importe de las subvenciones, para la realización de acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo, a entidades colaboradoras sin ánimo de lucro. En su virtud, de conformidad con lo establecido en el artículo 4.1.c) de la Orden de 20 de enero de 1998 citada, esta Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal ha resuelto: Primero. Las cuantías máximas con las que el Servicio Público de Empleo Estatal subvencionará las retribuciones totales y la cotización empresarial a la Seguridad Social por todos los conceptos del personal necesario para la ejecución de las acciones en función de las normas legales y reglamentarias del Convenio colectivo aplicable, o de acuerdo con la normativa de aplicación en las administraciones públicas para funcionarios, y para el año 2016 y años sucesivos, serán las siguientes: a) Para los técnicos, las establecidas en la respectiva normativa de aplicación para cada categoría, nivel o grupo profesional, hasta 34.912,11 euros por año. b) Para el personal de apoyo, las retribuciones establecidas en la respectiva normativa de aplicación para cada categoría, nivel o grupo profesional, hasta 24.438,50 euros por año. Disposición final. Esta resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 8 de marzo de 2016.–La Directora del Servicio Público de Empleo Estatal, Reyes Zataraín del Valle.

Subvenciones para realizar la orientación para empleo: para los técnicos hasta 34.912,11 euros por año, para el personal de apoyo, hasta 24.438,50 euros por año.

La Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 20 de enero de 1998, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización de acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo, modificada por la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 4 de febrero de 2000, indica en su artículo 4.1.c) que las cuantías máximas de las subvenciones, señaladas en los apartados a) y b) del citado artículo, se actualizarán cada año natural de acuerdo con la evolución que experimente el índice de precios al consumo. No obstante lo anterior, el apartado 3 de la disposición transitoria de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española establece que «por lo que se refiere a los valores monetarios en cuya determinación interviene el sector público distintos a los referidos en los apartados anteriores, los regímenes de revisión periódica y predeterminada aprobados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley mantendrán su vigencia hasta la entrada en vigor del real decreto referido en el artículo 4 de la misma, si bien en las fórmulas las referencias a las variaciones de índices generales, tales como Índice de Precios de Consumo o el Índice de Precios Industriales, deberán sustituirse por el valor cero». Por tanto, de acuerdo con lo establecido en la disposición citada, tanto para el año 2016 como para años sucesivos, mientras otra norma no disponga lo contrario, se mantienen, al igual que en el año 2015, las cuantías máximas de las subvenciones establecidas en la Resolución de 25 de febrero de 2014, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se actualizan para el año 2014 las cuantías máximas constitutivas del importe de las subvenciones, para la realización de acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo, a entidades colaboradoras sin ánimo de lucro. En su virtud, de conformidad con lo establecido en el artículo 4.1.c) de la Orden de 20 de enero de 1998 citada, esta Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal ha resuelto: Primero. Las cuantías máximas con las que el Servicio Público de Empleo Estatal subvencionará las retribuciones totales y la cotización empresarial a la Seguridad Social por todos los conceptos del personal necesario para la ejecución de las acciones en función de las normas legales y reglamentarias del Convenio colectivo aplicable, o de acuerdo con la normativa de aplicación en las administraciones públicas para funcionarios, y para el año 2016 y años sucesivos, serán las siguientes: a) Para los técnicos, las establecidas en la respectiva normativa de aplicación para cada categoría, nivel o grupo profesional, hasta 34.912,11 euros por año. b) Para el personal de apoyo, las retribuciones establecidas en la respectiva normativa de aplicación para cada categoría, nivel o grupo profesional, hasta 24.438,50 euros por año. Disposición final. Esta resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 8 de marzo de 2016.–La Directora del Servicio Público de Empleo Estatal, Reyes Zataraín del Valle. ### RESUMEN: Subvenciones para realizar la orientación para empleo: para los técnicos hasta 34.912,11 euros por año, para el personal de apoyo, hasta 24.438,50 euros por año.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Contratación, Patrimonio y Tesorería. Subdirección General de Coordinación de la Contratación Pública. c) Número de expediente: 05-AM-1/2016. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.madrid.org/contratospublicos. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Acuerdo marco de servicios dirigidos a la compra de espacios en medios de comunicación y demás soportes publicitarios, para la difusión de campañas de publicidad institucional y otros anuncios oficiales de la Comunidad de Madrid. c) Lote: 2- Lote 1: Medios off line y lote 2: Medios on line. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79341000-6. e) Acuerdo marco: Sí. g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea, Boletín Oficial del Estado, Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y Perfil de contratante. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 15/06/2016 09/07/2016 13/07/2016 14/07/2016 21/06/2016. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Tramitación ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 20.160.000 euros. 5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 13.939.200 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 29 de agosto de 2016. b) Fecha de formalización del contrato: 23 de septiembre de 2016. c) Contratista: Lote 1: Media Sapiens Spain,Sociedad Limitada y Lote 2: Media Planning Group, Sociedad Anónima. d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: Por tratarse de un acuerdo marco, no se conoce el importe. e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Se ha decidido la adjudicación a favor de las empresas que han ofertado la mejor oferta económica. Madrid, 5 de octubre de 2016.- Secretario General Técnico de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

La Comunidad de Madrid prevé gastar 13.939.200 euros en inserción de anuncios de publicidad institucional en 16 meses

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Contratación, Patrimonio y Tesorería. Subdirección General de Coordinación de la Contratación Pública. c) Número de expediente: 05-AM-1/2016. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.madrid.org/contratospublicos. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Acuerdo marco de servicios dirigidos a la compra de espacios en medios de comunicación y demás soportes publicitarios, para la difusión de campañas de publicidad institucional y otros anuncios oficiales de la Comunidad de Madrid. c) Lote: 2- Lote 1: Medios off line y lote 2: Medios on line. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79341000-6. e) Acuerdo marco: Sí. g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea, Boletín Oficial del Estado, Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y Perfil de contratante. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 15/06/2016 09/07/2016 13/07/2016 14/07/2016 21/06/2016. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Tramitación ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 20.160.000 euros. 5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 13.939.200 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 29 de agosto de 2016. b) Fecha de formalización del contrato: 23 de septiembre de 2016. c) Contratista: Lote 1: Media Sapiens Spain,Sociedad Limitada y Lote 2: Media Planning Group, Sociedad Anónima. d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: Por tratarse de un acuerdo marco, no se conoce el importe. e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Se ha decidido la adjudicación a favor de las empresas que han ofertado la mejor oferta económica. Madrid, 5 de octubre de 2016.- Secretario General Técnico de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. ### RESUMEN: La Comunidad de Madrid prevé gastar 13.939.200 euros en inserción de anuncios de publicidad institucional en 16 meses

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en don Alejandro Royo-Villanova Payá, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de octubre de 2015, Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. Dado en Madrid, el 26 de octubre de 2015. FELIPE R. El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, JOSÉ MANUEL GARCÍA-MARGALLO MARFIL

Cruz de Isabel la Católica para Alejandro Royo-Villanova.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en don Alejandro Royo-Villanova Payá, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de octubre de 2015, Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. Dado en Madrid, el 26 de octubre de 2015. FELIPE R. El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, JOSÉ MANUEL GARCÍA-MARGALLO MARFIL ### RESUMEN: Cruz de Isabel la Católica para Alejandro Royo-Villanova.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 136.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y en el punto primero de la Resolución de 28 de mayo de 2012, por la que se determina el contenido mínimo de la información a publicar en el «Boletín Oficial del Estado» por las entidades a las que se son de aplicación la Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional del Estado, cuyo presupuesto de gastos tenga carácter limitativo, modificada por la disposición adicional primera de la Resolución de 3 de junio de 2013, ambas de la Intervención General de la Administración del Estado, se hacen públicas las cuentas anuales de la extinta Comisión Nacional de la Competencia correspondiente al ejercicio 2013 y el informe de auditoría de las cuentas. Las cuentas anuales completas están disponibles en la página web de la CNMC (www.cnmc.es). Madrid, 28 de agosto de 2014.–El Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, José María Marín Quemada.

Las cuentas de 2013 de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 136.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y en el punto primero de la Resolución de 28 de mayo de 2012, por la que se determina el contenido mínimo de la información a publicar en el «Boletín Oficial del Estado» por las entidades a las que se son de aplicación la Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional del Estado, cuyo presupuesto de gastos tenga carácter limitativo, modificada por la disposición adicional primera de la Resolución de 3 de junio de 2013, ambas de la Intervención General de la Administración del Estado, se hacen públicas las cuentas anuales de la extinta Comisión Nacional de la Competencia correspondiente al ejercicio 2013 y el informe de auditoría de las cuentas. Las cuentas anuales completas están disponibles en la página web de la CNMC (www.cnmc.es). Madrid, 28 de agosto de 2014.–El Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, José María Marín Quemada. ### RESUMEN: Las cuentas de 2013 de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia.

Queriendo dar una muestra de Mi Real aprecio a Su Excelencia señor Nursultán Nazarbáyev, Presidente de la República de Kazajstán, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de junio de 2017, Vengo en concederle el Collar de la Orden de Isabel la Católica. Dado en Madrid, el 23 de junio de 2017. FELIPE R. El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, ALFONSO MARÍA DASTIS QUECEDO

Collar de Isabel la Católica, destinado a mandatarios extranjeros, para el Presidente de la República de Kazajstán, Nursultán Nazarbáyev.

Queriendo dar una muestra de Mi Real aprecio a Su Excelencia señor Nursultán Nazarbáyev, Presidente de la República de Kazajstán, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de junio de 2017, Vengo en concederle el Collar de la Orden de Isabel la Católica. Dado en Madrid, el 23 de junio de 2017. FELIPE R. El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, ALFONSO MARÍA DASTIS QUECEDO ### RESUMEN: Collar de Isabel la Católica, destinado a mandatarios extranjeros, para el Presidente de la República de Kazajstán, Nursultán Nazarbáyev.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia. b) Dependencia que tramita el expediente: Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia. c) Número de expediente: 131/13. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Acuerdo Marco para selección de Agencia para la prestación de los servicios de agencia de viajes en la Presidencia del Gobierno y en el Ministerio de la Presidencia. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 63516000 (Servicios de gestión de viajes). e) Acuerdo marco: Establecimiento del Acuerdo Marco. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 0,00 euros. Importe total: 0,00 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 11 de julio de 2013. b) Fecha de formalización del contrato: 31 de julio de 2013. c) Contratista: Viajes Halcón, S.A.U. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 0,00 euros. Importe total: 0,00 euros. e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La oferta económicamente más ventajosa. Madrid, 1 de agosto de 2013.- El Subsecretario de la Presidencia.

Viajes Halcón se encargará del servicio de viajes de Presidencia durante un año.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia. b) Dependencia que tramita el expediente: Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia. c) Número de expediente: 131/13. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Acuerdo Marco para selección de Agencia para la prestación de los servicios de agencia de viajes en la Presidencia del Gobierno y en el Ministerio de la Presidencia. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 63516000 (Servicios de gestión de viajes). e) Acuerdo marco: Establecimiento del Acuerdo Marco. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 0,00 euros. Importe total: 0,00 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 11 de julio de 2013. b) Fecha de formalización del contrato: 31 de julio de 2013. c) Contratista: Viajes Halcón, S.A.U. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 0,00 euros. Importe total: 0,00 euros. e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La oferta económicamente más ventajosa. Madrid, 1 de agosto de 2013.- El Subsecretario de la Presidencia. ### RESUMEN: Viajes Halcón se encargará del servicio de viajes de Presidencia durante un año.

Visto el texto de los acuerdos de modificación y prórroga del II Convenio colectivo de las empresas vinculadas Telefónica de España, S.A.U., Telefónica Móviles España, S.A.U. y Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, S.A.U. (Código de convenio: 90100303012015), publicado en el BOE de 13-11-2019, acuerdos que fueron suscritos, con fecha 28 de diciembre de 2021, de una parte por los designados por la dirección de dichas empresas, en representación de las mismas, y de otra por los sindicatos UGT y CC.OO., en representación de los trabajadores afectados, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (BOE de 24 de octubre), y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad, Esta Dirección General de Trabajo resuelve: Primero. Ordenar la inscripción de los citados acuerdos de modificación y prórroga en el correspondiente Registro de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora. Segundo. Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 17 de marzo de 2022.–La Directora General de Trabajo, Verónica Martínez Barbero. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U., TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U., TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.U. Acuerdo prórroga II Convenio Colectivo de Empresas Vinculadas 2019/2022 hasta 31 de diciembre de 2023 Madrid, 28 de diciembre 2021. Acuerdo de prórroga y modificación del II Convenio Colectivo de Empresas Vinculadas Telefónica de España, SAU, Telefónica Móviles España, SAU, y Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones, SAU En Madrid, a 28 de diciembre de 2021, se reúnen los Sindicatos Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras, y los Representantes de las Empresas Telefónica de España SAU, Telefónica Móviles España SAU y Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España SAU, que se relacionan al final del texto, que son los miembros de la Comisión de Negociación Permanente de Empresas Vinculadas constituida al amparo de lo previsto en el artículo 220 del vigente II Convenio Colectivo de Empresas Vinculadas, reconociéndose ambas partes como interlocutores válidos con la capacidad y legitimación necesaria de acuerdo con lo dispuesto en el Título III del Estatuto de los Trabajadores, y en virtud de lo previsto en el artículo 3 del II Convenio Colectivo de Empresas Vinculadas, en su redacción dada por acuerdo de esta Comisión. Manifestando que es interés de ambas partes prorrogar el vigente Convenio Colectivo 2019-2022 hasta el 31 de diciembre de 2023, y en este sentido se articula el siguiente: ACUERDO DE PRÓRROGA DE CONVENIO COLECTIVO Ambas partes, acuerdan formalizar la prórroga y modificación del II Convenio Colectivo de Empresas Vinculadas 2019-2022, incluyendo sus disposiciones adicionales, transitorias, final y anexos que lo acompañan, hasta el 31 de diciembre de 2023, procediendo a la modificación y/o sustitución de los siguientes artículos, y anexos en los términos que a continuación se concretan: – Artículo 3. Vigencia. – Artículo 12. Garantía de empleo. – Artículo 13. Garantía de no movilidad forzosa. – Artículo 14. Revisiones salariales. – Anexo VII. Plan de Igualdad y Protocolo de actuación en los supuestos de acoso laboral para TDE, TME y TSOL. Se sustituye íntegramente el Anexo VII del II Convenio Colectivo de Empresas Vinculadas que incluye el Plan de igualdad y protocolo de actuación en los supuestos de acoso laboral para TDE, TME y TSOL, por un nuevo Plan de Igualdad registrado según los trámites y requisitos previstos en el Real Decreto 901/2020. – Anexo XI. Programa Voluntario Suspensión Individual de la Relación Laboral y Bajas Incentivadas. Artículo 3. Vigencia. El contenido del artículo 3 del II Convenio Colectivo 2019 - 2022 se sustituye por el siguiente: «Este acuerdo entrará en vigor el día 1 de enero de 2019, salvo en aquellas materias para las que en su articulado se establezca otro plazo de vigencia, y finalizará el día 31 de diciembre de 2023. El Acuerdo así adoptado cumplirá seguidamente los mismos requisitos de registro y publicación previstos legalmente en el artículo 90 del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores. El presente Convenio, se entenderá automáticamente denunciado con efectos de 1 de enero de 2024.» CAPÍTULO III Garantías Artículo 12. Garantía de empleo. Se acuerda expresamente la extensión temporal de la garantía de empleo, que continúa siendo de aplicación durante el año 2023. En consecuencia, se procede a la sustitución del artículo 12 quedando el redactado como se recoge a continuación: «Las partes firmantes del presente Convenio Colectivo comparten la premisa de que la negociación colectiva es el foro más idóneo para, bajo un entorno de diálogo social, favorecer el logro de los objetivos de competitividad y eficiencia y cumplir con uno de los principios informadores del presente Convenio Colectivo cual es la creación de un empleo estable y de calidad y con unos contenidos funcionales específicos que garanticen una continua mejora de la empleabilidad. Fruto de esta visión compartida es el actual marco de Convenio Colectivo de Empresas Vinculadas y el alcance y contenido de los instrumentos de naturaleza colectiva pactados. Conscientes del compromiso asumido en los principios generales del presente Convenio, la Dirección de las tres Empresas se comprometen a crear de forma progresiva durante la vigencia del Convenio Colectivo, en los términos que se recogen en el artículo 12 bis. Asimismo, y con el fin de mantener esta dinámica de negociación y de utilización de mecanismos acordados, ambas partes convienen en la importancia de la negociación como mecanismo adecuado para realizar los ajustes que sean necesarios. En este sentido y para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, las direcciones de las tres Empresas se comprometen a que la reordenación del trabajo por causas de innovaciones tecnológicas, económicas, técnicas, organizativas o de producción, no será causa de baja en la Empresa, con carácter forzoso, mediante la aplicación de los mecanismos previstos en el artículo 51 y en el artículo 52.c) del Estatuto de los Trabajadores. Del mismo modo, y para el referido período, en caso de ser necesaria la reestructuración de actividades que tengan incidencia directa sobre el volumen de empleo, ninguna persona trabajadora de las mismas será adscrita con carácter forzoso, sin previo acuerdo con la Representación de las Personas Trabajadoras» Artículo 13. Garantía de no movilidad forzosa. Se acuerda expresamente la extensión temporal de la garantía de no movilidad forzosa, que continúa siendo de aplicación durante el año 2023. En consecuencia, se procede a la sustitución del artículo 13 quedando el redactado como se recoge a continuación: «Las tres Empresas se comprometen, propiciando la voluntariedad de las personas trabajadoras, a priorizar la movilidad funcional dentro de la localidad, y la movilidad geográfica provincial sobre la interprovincial. En este sentido para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023 las Empresas se comprometen a la no utilización de la movilidad geográfica interprovincial e interinsular con carácter forzoso.» CAPÍTULO IV Aspectos económicos Artículo 14. Revisiones salariales. Para el año 2023 se garantiza un incremento de la masa salarial teórica global del 1,5% que tendrá carácter consolidable. Adicionalmente para el referido año, en el mes de octubre, se abonará una cantidad de 300 euros a todas las personas trabajadoras incluidas dentro del ámbito del Convenio, que estuvieran dados de alta a fecha 1 de enero de 2023. A aquellas personas trabajadoras que hayan permanecido en activo una parte del año y quienes realizaran jornada reducida se les acreditará la parte proporcional correspondiente. De esa cantidad, 150 euros se incorporarán a los sueldos base a 31 de diciembre de 2023, formando parte de la masa salarial en el ejercicio 2024 a efectos de cálculo para la revisión salarial del año siguiente. De este modo, el artículo 14 queda redactado como sigue: «Año 2019: Para el año 2019 se garantiza un incremento de la masa salarial teórica global del 1,5% que tendrá carácter consolidable. Los sueldos y salarios base para las distintas Empresas incluidas en el ámbito de aplicación de este Convenio serán las que figuran en la tabla que se adjunta en el anexo I. Año 2020: Para el año 2020 se garantiza un incremento de la masa salarial teórica global del 1,5% que tendrá carácter consolidable. Adicionalmente para el referido año, en el mes de octubre, se abonará una cantidad de 300 euros a todas las personas trabajadoras incluidas dentro del ámbito de este Convenio, que estuvieran dados de alta a fecha 1 de enero de 2020. A aquellas personas trabajadoras que hayan permanecido en activo una parte del año y quienes realizaran jornada reducida se les acreditará la parte proporcional correspondiente. De esa cantidad, 150 euros se incorporarán a los sueldos base a 31 de diciembre de 2020, formando parte de la masa salarial en el año 2020 a efectos de cálculo para la revisión salarial del año siguiente. Año 2021: Para el año 2021 se garantiza un incremento de la masa salarial teórica global del 1,5% que tendrá carácter consolidable. Adicionalmente para el referido año, en el mes de octubre, se abonará una cantidad de 300 euros a todas las personas trabajadoras incluidas dentro del ámbito del Convenio, que estuvieran dados de alta a fecha 1 de enero de 2021. A aquellas personas trabajadoras que hayan permanecido en activo una parte del año y quienes realizaran jornada reducida se les acreditará la parte proporcional correspondiente. De esa cantidad, 150 euros se incorporarán a los sueldos base a 31 de diciembre de 2021, formando parte de la masa salarial en el ejercicio 2021 a efectos de cálculo para la revisión salarial del año siguiente. Año 2022: Para el año 2022 se garantiza un incremento de la masa salarial teórica global del 1% que tendrá carácter consolidable. Igualmente se abonará un Plus de Convenio por importe de 300 euros no consolidables que se abonará en el mes de octubre de 2022 a todos los empleados incluidos dentro del ámbito del Convenio, que estuvieran dados de alta a fecha 1 de enero de 2022 y hayan permanecido en activo todo el año. A aquellos empleados que hayan permanecido en activo una parte del año y quienes realizaran jornada reducida se les acreditará la parte proporcional correspondiente. Si a fecha 31 de diciembre de 2022, el IPC real acumulado del periodo 2019 a 2022 (ambos incluidos), fuera superior a los incrementos pactados de la masa salarial global para ese periodo, ambas partes se comprometen a revisar las tablas salariales con efectos de 1 de enero de 2023 para garantizar que no se produzca pérdida del poder adquisitivo en este periodo. Año 2023: Para el año 2023 se garantiza un incremento de la masa salarial teórica global del 1,5% que tendrá carácter consolidable. Adicionalmente para el referido año, en el mes de octubre, se abonará una cantidad de 300 euros a todas las personas trabajadoras incluidas dentro del ámbito del Convenio, que estuvieran dados de alta a fecha 1 de enero de 2023. A aquellas personas trabajadoras que hayan permanecido en activo una parte del año y quienes realizaran jornada reducida se les acreditará la parte proporcional correspondiente. De esa cantidad, 150 euros se incorporarán a los sueldos base a 31 de diciembre de 2023, formando parte de la masa salarial en el ejercicio 2024 a efectos de cálculo para la revisión salarial del año siguiente. Si a fecha 31 de diciembre de 2023, el IPC real de 2023, fuera superior al incremento pactado de la masa salarial teórica global y aportaciones a tablas salariales para ese periodo, ambas partes se comprometen a revisar, sin que en ningún caso proceda el abono de atrasos por el hecho de que el IPC real para 2023 fuera superior al incremento pactado de la masa salarial teórica global para ese periodo, las tablas salariales con efectos de 1 de enero de 2024, y todo ello para garantizar que no se produzca pérdida del poder adquisitivo. Antigüedad: El valor de los bienios que se devenguen continuará siendo el 2,4% del sueldo base en el nivel del puesto profesional correspondiente. Resto de conceptos económicos: A partir de 1 de enero de 2019 los restantes conceptos económicos incluidos en el presente Convenio tendrán los valores que figuran en el anexo I. Dicho anexo comprende los conceptos económicos que se aplican a las tres Empresas. Los restantes conceptos económicos que se aplican exclusivamente a alguna de ellas con carácter transitorio hasta su homogeneización tendrán los valores establecidos en el presente Convenio y son de aplicación en los términos indicados en las disposiciones que los contemplan. Estos conceptos mantendrán los mismos valores que tienen en la actualidad y no experimentarán variación durante la vigencia del Convenio». ANEXO VII Plan de Igualdad y protocolo de actuación en los supuestos de acoso laboral para TDE, TME y TSOL Se sustituye íntegramente el Anexo VII del II Convenio Colectivo de Empresas Vinculadas que incluye el Plan de igualdad y protocolo de actuación en los supuestos de acoso laboral para TDE, TME y TSOL, por un nuevo Plan de Igualdad registrado según los trámites y requisitos previstos en el Real Decreto 901/2020. ANEXO XI Programa Voluntario Suspensión Individual de la Relación Laboral y Bajas Incentivadas Vigencia de la prórroga del Convenio. La presente prórroga del II Convenio colectivo de Empresas Vinculadas 2019-2022, así como la de sus disposiciones adicionales, transitorias, final y anexos que lo acompañan, con las modificaciones contempladas en el presente acuerdo, iniciará su vigencia el día 1 de enero de 2023, con excepción de aquellas materias para las que se establezcan plazos distintos, y finalizará el 31 de diciembre de 2023. Registro y publicación. El presente acuerdo de prórroga, cumpliendo los requisitos legales, será presentado para registro y publicación en los términos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores. La representación de las personas trabajadoras y de la Dirección de la Empresa en el seno de la Comisión Paritaria de Negociación Permanente de Empresas Vinculadas firman el presente texto de prórroga del II Convenio Colectivo de empresas vinculadas 2019-2022, en prueba de conformidad y para la debida constancia. Madrid, a 28 de diciembre de 2021. ANEXO XI Programa voluntario suspensión individual de la relación laboral y bajas incentivadas 2021-2022 A. Programa voluntario de suspensión individual de la relación laboral 2021-2022 En el ámbito de las tres Empresas que suscriben este II Convenio de Empresas Vinculadas Telefónica (TdE, TME y TSOL), las partes en el mismo han decidido promover un Plan de medidas para la suspensión individual de la relación laboral para 2022, bajo los principios de voluntariedad, no discriminación y responsabilidad social. En dicho Plan, basado en el mutuo acuerdo de Empresa y la persona trabajadora, se incentivará la baja en la Empresa con fórmulas suspensivas que mantengan el vínculo con el empleado y a su vez promuevan en las personas trabajadoras de mayor edad la conciliación de la vida laboral y personal. Por tanto, se trata de facilitar la voluntaria suspensión individual del contrato de trabajo por mutuo acuerdo, en virtud del art. 45.1.a) del Estatuto de los Trabajadores, de forma que, sin perjuicio del ofrecimiento colectivo de esta opción, dicha suspensión del contrato de trabajo tenga naturaleza plenamente individual. a) Vigencia. El programa voluntario de suspensión individual de la relación laboral tendrá su vigencia únicamente desde la firma del presente Acuerdo hasta el 31 de diciembre de 2022. b) Requisitos. Podrán acogerse a este programa, mediante la suscripción del correspondiente Pacto Suspensivo Individual (PSI) todas las personas trabajadoras en activo en fecha 1 de enero de 2021, con una antigüedad reconocida igual o superior a 15 años en el momento de la baja, que hayan nacido en 1967 o años anteriores. Las personas trabajadoras que reúnan los requisitos para acogerse a este programa podrán solicitar su adhesión hasta el próximo 20 de enero de 2022. La Empresa podrá condicionar y/o denegar la concesión de las solicitudes en función de la actividad estratégica que esté realizando la persona trabajadora, la situación de la plantilla en la localidad o provincia, a las posibilidades de sustitución de la persona trabajadora afectada y a las dificultades de reorganización del área afectada. En este sentido, la aceptación de la solicitud vendrá condicionada por los criterios que se determinan a continuación, siempre teniendo en cuenta la adscripción organizativa de la persona trabajadora a 1 de noviembre de 2021: a. Serán aceptadas todas las solicitudes de aquellas personas trabajadoras pertenecientes al colectivo de fuera de convenio y que ocupen las posiciones de Gerencia, Jefatura o Coordinación. b. En el caso de las áreas (Direcciones/Gerencias/Jefatura) indicadas expresamente en el ANEXO A de este documento se aceptarán hasta un máximo de un 38% de las adhesiones sobre la plantilla que cumpla los requisitos de adhesión y que estuvieran adscritas a 1 de noviembre de 2021 a estas áreas, una vez detraídos los puestos afectados de Gerencia, Jefatura y Coordinación. c. Para el resto de áreas, serán aceptadas hasta un máximo del 75% de las adhesiones sobre la plantilla que cumpla los requisitos de adhesión y que estuvieran adscritos a 1 de noviembre de 2021 a estas áreas, una vez detraídos los puestos afectados de Gerencia, Jefatura y Coordinación. En el caso de que el número de peticiones excediera a las determinadas por los porcentajes indicados para cada área, tendrán prioridad las personas nacidas en 1967, en caso de que el número de adhesiones de personas nacidas en el 1967 sea superior al número de adhesiones posibles, tendrán prioridad, las personas con mayor antigüedad en la empresa a efectos indemnizatorios. Posteriormente, se analizarán el resto de las peticiones de personas nacidas antes de 1967, y a todas estas personas se les aplicará igualmente el criterio de mayor antigüedad a efectos indemnizatorios.  La resolución de las solicitudes finalmente aceptadas se comunicará antes del día 26 de enero de 2022. Respecto a la fecha de inicio de suspensión de la relación laboral, se entenderá como último día trabajado el 31 de enero de 2022, iniciando por tanto la suspensión de la relación laboral el 1 de febrero de 2022. Estas fechas podrán ser modificadas por la Empresa, atendiendo a las razones que concurran en el caso, no excediendo el 31 de diciembre de 2022 y, excepcionalmente, sólo por necesidades empresariales, podrá diferirse al año siguiente la efectividad de la suspensión. c) Asistencia sanitaria. A todas las personas trabajadoras que se acojan al presente programa mediante la suscripción del correspondiente PSI y mientras tengan suspendida la relación laboral, tendrán derecho a la póliza básica de asistencia sanitaria complementaria de ANTARES (cuadro médico y servicio dental franquiciado), la Empresa asumirá el 100% del coste de la misma. La póliza incluirá al cónyuge o pareja de hecho, e hijos de la persona trabajadora que figuren como beneficiarios de asistencia sanitaria conforme a los criterios que se determinan por la Seguridad Social. d) Salario regulador. A efectos del cálculo de las rentas que se contemplan en este punto, se entenderá por salario regulador la suma de devengos fijos anuales acreditados en el momento de la baja por la persona trabajadora, dividida por 12. e) Condiciones económicas. En el caso de las personas trabajadoras nacidas en 1967, se garantiza la percepción de una renta mensual equivalente al 68% del salario regulador acreditado en el momento de la suspensión hasta que cumpla 65 años. En el caso de las personas trabajadoras nacidas en el año 1966 y anteriores, se garantiza la percepción de una renta mensual equivalente al 65% del salario regulador acreditado en el momento de la suspensión hasta que cumpla 65 años. Las personas trabajadoras que así lo deseen, podrán solicitar en el momento de la adhesión y cuando no puedan acceder a la jubilación ordinaria a los 65 años, la cantidad o el monto total de la renta comprometida hasta los 65 años, dividida en 24 mensualidades más, hasta que cumplan los 67 años, siendo ésta la única fórmula alternativa de reparto considerada. Asimismo, se reintegrará a las personas trabajadoras el coste del Convenio Especial con la Seguridad Social que acrediten haber suscrito hasta los 65 años o fecha en que puedan acceder a la jubilación ordinaria. La persona trabajadora se mantendrá de alta en el Seguro Colectivo de Riesgo hasta la fecha en que cumpla 65 años, con cuotas a cargo de Telefónica. No obstante, las personas trabajadoras de Telefónica de España, ingresadas antes del 01-07-1992, no adheridos al Plan de Pensiones, que mantengan el derecho a la prestación de supervivencia, continuarán de alta en el Seguro Colectivo de Riesgo, con cuotas a cargo de Telefónica, hasta tanto perciban dicha prestación. Igualmente, hasta que cumpla 65 años, Telefónica aportará a ATAM las cuotas correspondientes a la Empresa siempre que la persona trabajadora permanezca de alta en dicha Asociación, asumiendo la propia persona trabajadora el pago de su cuota de socio correspondiente. Para aquellas personas trabajadoras de Telefónica de España que se adhieran al Plan de Suspensión Individual de la Relación Laboral y no hubieran solicitado en cualquiera de los períodos establecidos durante la vigencia del anterior CEV la compensación de su expectativa de percepción del Premio de Servicios Prestados se procederá a la liquidación de dicha expectativa de derecho en el momento del inicio de la suspensión de la relación laboral de acuerdo a la siguiente proporcionalidad: – Para los que tengan menos de 25 años de servicio, en el momento de inicio de la suspensión de la relación laboral, una veinticincoava parte por cada año de servicio de tres mensualidades. – Para los que hayan percibido la mitad del premio y tengan más de 25 años de servicio, en el momento de inicio de la suspensión de la relación laboral, percibirán una quinceava parte de tres mensualidades por cada año transcurrido desde la percepción del anterior premio. En ambos casos se prorratearán los periodos inferiores al año y con el percibo de dichas cantidades, se considerarán liquidadas las expectativas generadas. La Empresa realizará las aportaciones obligatorias del Promotor al Plan de Pensiones, en función de las retribuciones fijas acreditadas en el momento de la baja, en los porcentajes a los que el empleado tuviera derecho. Por su parte, la persona trabajadora continuará realizando sus aportaciones obligatorias en los mismos términos que se indican en el párrafo anterior. f) Otras obligaciones y derechos del empleado suspenso. Las personas trabajadoras que se acojan a esta medida, se comprometen al no desarrollo de cualquier tipo de actividad, ya sea por cuenta propia o ajena, directamente o a través de tercero interpuesto, que suponga competencia con las que han realizado o realizan las Empresas del Grupo Telefónica. A los efectos previstos en el párrafo anterior, se entenderán comprendidas dentro del Grupo Telefónica, aquellas Empresas dedicadas a la prestación de Servicios de Telecomunicación, tal como se definen en la Ley General de las Telecomunicaciones y disposiciones de desarrollo. Se comprometen a suscribir en el momento de la firma del correspondiente PSI y suspensión del contrato un Convenio especial con la Seguridad Social, que será reintegrado por la Empresa en los términos previstos en el apartado e) antes mencionado. Las personas trabajadoras expresamente renuncian durante la suspensión a solicitar prestaciones, subsidios o ayudas, especialmente las relacionadas con situaciones de desempleo, derivados de su relación laboral con Telefónica. En caso de fallecimiento o Incapacidad Absoluta de la persona trabajadora con el contrato suspenso éste recibirá el mismo tratamiento que si de una persona trabajadora en activo se tratase. g) Extinción del pacto de suspensión. El Pacto Suspensivo Individual, incluido el derecho de reincorporación en la empresa, se extinguirá en los siguientes supuestos: Por reunir los requisitos legales necesarios para acceder a la jubilación ordinaria. En tal caso se extinguirá asimismo el contrato de trabajo suspendido en los términos previstos en el correspondiente Pacto de Suspensión Individual (PSI). Por desistimiento de la persona trabajadora o de la Empresa del PSI en los términos previsto en este Anexo y efectiva reincorporación de aquél a la Empresa. Por mutuo acuerdo entre Empresa y la persona trabajadora. Por incumplimiento de la obligación de no concurrencia u otras obligaciones contractuales vigentes durante la suspensión del contrato de trabajo. Por extinción del contrato de trabajo basado en cualquiera otro de los motivos legalmente contemplados como causa extintiva. Por incumplimiento de la persona trabajadora de la renuncia expresa a solicitar prestaciones, subsidios o ayudas, especialmente las relacionadas con la prestación por desempleo. Por incapacidad permanente en los grados de absoluta y gran invalidez o por fallecimiento de la persona trabajadora. Por acceso a la jubilación anticipada o declaración de Incapacidad Total para la profesión habitual, en ambos casos se mantendrá el abono hasta los 65 años de una renta equivalente a la comprometida en el apartado e). h) Reingreso. La persona trabajadora tendrá la opción de reincorporarse a la Empresa transcurridos tres años desde la fecha de la suspensión o de la finalización de cualquiera de sus prórrogas, debiendo en tal caso preavisar a la Empresa con una antelación mínima de un mes. De no mediar denuncia por ninguna de las partes, el Pacto se prorrogará de tres años en tres años hasta que se dé algunas de las causas de terminación del Pacto previstas en el apartado g) anterior. La persona trabajadora suspendida en base al PSI no tendrá derecho a reserva de su puesto de trabajo, conservando un derecho preferente de acceso a las vacantes que se produzcan en su Grupo Profesional o, en su defecto, en otro Grupo Profesional. En el caso que se inste la solicitud de reincorporación en la Empresa por parte de la persona trabajadora, y por tanto se quiera extinguir el PSI, se mantendrán las condiciones de dicho Pacto hasta que se produzca la efectiva reincorporación. En este caso de efectiva reincorporación, no podrá considerarse que la persona trabajadora mantiene ningún tipo de derechos adquiridos respecto de las condiciones que ostentaba con anterioridad a la suspensión, no computándose tampoco el tiempo de suspensión como de antigüedad a ninguno de los efectos legal o convencionalmente previstos. Si la reincorporación se produce a instancia de la Empresa, aquélla se producirá en términos idénticos a los previstos en los casos de excedencia forzosa y en las condiciones que contemple el PSI. i) Comisión de seguimiento. Al objeto de realizar el seguimiento de cuantas cuestiones pudieran plantearse en el desarrollo de este Plan, se constituirá una Comisión compuesta por dos representantes por cada sindicato firmante del presente documento y otros tantos por la Dirección de la Empresa. Esta Comisión, se reunirá con una periodicidad anual y de forma extraordinaria en aquellas circunstancias que así pudieran requerirlo. j) Vicisitudes. A lo pactado en el presente Plan se le aplicará lo dispuesto en el art. 4 del CEV, de forma que la anulación por parte de la jurisdicción laboral de cualquiera de las previsiones esenciales de las cláusulas del PSI que represente un manifiesto desequilibrio contractual implicará la obligación de negociar de buena fe para restablecer el equilibrio de intereses de las partes. Lo anterior también será de aplicación cuando aquel desequilibrio sea fruto de una intervención del legislador que afecte sustancialmente a las previsiones del PSI. ANEXO A En la D. ESTRATEGIA Y NEG VERTICALES & MAYORISTA: D. CHIEF DATA OFFICER TE (completa). D. ESTRATEGIA (completa). D. DESARROLLO NUEVOS NEGOCIOS (completa). D. E-HEALTH (completa). D. COORDINACIÓN E-VERTICALS (completa). D. MAYORISTA (completa). D. SEGURIDAD (completa). En la D. PROCESOS TRANSVERSALES Y SIMPLIFICACIÓN: SIMPLIFICACIÓN Y ROBOTIZACIÓN (completa). En la D. EMPRESAS: D. MARKETING DE PRODUCTO EMPRESAS (completa). En la D. PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA: D. VENTAS MEDIANA ALTO VALOR (completa). D. VENTAS MEDIANA EMPRESA (completa). D. PREVENTA Y PROVISIÓN (completa salvo D. PROVISIÓN COMERCIAL EMPRESAS). D. VENTAS AGE (completa). D. VENTAS BANCA, SEGUROS, OCIO Y TURISMO (completa). D. VENTAS INDUSTRIA, SERVICIOS Y RETAIL (completa). En la D. MARKETING Y COMERCIAL GP: D. CANALES ON LINE (completa). D. MARKETING DE PRODUCTO (completa). En la D. OPERACIONES, RED Y TI: D. DESARR. SERV. Y SIST. GRAN PÚBLICO (completa). D. DESARROLLO SERV. Y SIST. EMPRESAS (completa). En la D. ESTRATEGIA Y DESARROLLO DE RED: G. INNOVACIÓN (completa). G. ESTRATEGIA y GEST RED (completa). D. ACC. FIJO, INMOB. Y EQUIP. CLIENTE (completa salvo G.Despliegue, G.Planta Ext. y J.Ofic.Tec. Diseño). D. ACCESO MÓVIL (completa). D. NÚCLEO, PLATAFORMAS Y SISTEMAS DE RED (completa). D. TRANSPORTE Y CONECTIVIDAD IP (completa). D. ESTRATEGIA Y DESARROLLO PLATAFORMA M+ (completa). D. ESTRATEGIA Y DESARROLLO TI (completa). En la D. OPERACIONES: D. TERRITORIOS EMPRESAS (T.ESTE) (completa). D. OPERADORAS (completa). En la D. POSVENTA: G. MEJORA OPERATIVA: CALIDAD Y PROCESOS (completa). D. POSVENTA EMPRESAS, SECTORES Y CENTRO (completa). D. TERRITORIAL CENTRO (completa). D. TERRITORIAL ESTE Y COORD. TERRITORIAL (completa). D. TERRITORIAL NORTE (completa). D. TERRITORIAL SUR (completa). D. DELEGADO CANARIAS (completa). B. Programa de Bajas Incentivadas a) Requisitos. Podrán solicitar a lo largo de la vigencia del Convenio la baja incentivada todas aquellas personas trabajadoras en activo que ya lo estuviesen el 1 de enero de 2021, que cuenten con una antigüedad mínima en la Empresa de 5 años y menos de 55 años de edad, que no puedan acogerse al resto de los programas de este Plan. Podrá denegarse la solicitud cuando las personas trabajadoras esté desarrollando trabajos de carácter estratégico para el negocio. b) Condiciones económicas. Se abonará una compensación económica equivalente de 45 días de salario por año de servicio efectivo, con un máximo de tres anualidades y media. El cálculo del salario/día se efectuará dividiendo los conceptos salariales fijos anuales por 365 días, entendiendo por retribución anual bruta la suma de devengos fijos que la persona trabajadora tenga acreditados en el momento de la baja. El pago del total de la compensación podrá realizarse en tres fracciones iguales; la primera de ellas, en el momento de causar baja en la Empresa. c) Incompatibilidades. La persona trabajadora que se acoja a esta baja se comprometerá a la no realización de cualquier tipo de actividad durante el tiempo previsto en el artículo 21 del Estatuto de los Trabajadores, ya sea por cuenta propia o ajena, que suponga competencia con las que realizan las Empresas del Grupo Telefónica. A los efectos previstos en el párrafo anterior, se entenderán comprendidas dentro del Grupo Telefónica, aquellas Empresas dedicadas a la prestación de Servicios de Telecomunicación, tal como se definen en la Ley General de las Telecomunicaciones y disposiciones de desarrollo. El pago de la segunda fracción, que se efectuará una vez transcurrido un año desde la baja y la tercera, que lo será a los dos años desde esa fecha, estarán condicionadas al cumplimiento por la persona trabajadora del compromiso de no competencia asumido por éste, quedando la Empresa, en caso de incumplimiento por parte de la persona trabajadora, liberada de hacer efectivos los pagos comprendidos en este apartado que puedan estar pendientes y legitimada para reclamarlos en caso de que hubieran sido abonados con anterioridad. A estos efectos, Telefónica, tan pronto tenga conocimiento de la participación del empleado en dichas actividades, le comunicará expresamente su intención de no realizar tales pagos y, en su caso, de reclamar las cantidades indebidamente pagadas. Aquellas personas trabajadoras que se hallen vinculados por un pacto de no concurrencia de seis meses, podrán percibir el importe de la compensación expresada en el apartado b), bien en la forma descrita en los párrafos precedentes o bien en dos fracciones iguales, la primera a percibir en el momento de la baja y la segunda una vez transcurrido el citado período de seis meses. Por la Representación Empresarial, Raúl Gutiérrez Bolívar.–Por la Representación Social, Jesús Fernando Flores Fernández (UGT) y Raquel Díaz Silva (CCOO).

Modificaciones y prórrogas de convenios de Telefónica.

Visto el texto de los acuerdos de modificación y prórroga del II Convenio colectivo de las empresas vinculadas Telefónica de España, S.A.U., Telefónica Móviles España, S.A.U. y Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, S.A.U. (Código de convenio: 90100303012015), publicado en el BOE de 13-11-2019, acuerdos que fueron suscritos, con fecha 28 de diciembre de 2021, de una parte por los designados por la dirección de dichas empresas, en representación de las mismas, y de otra por los sindicatos UGT y CC.OO., en representación de los trabajadores afectados, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (BOE de 24 de octubre), y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad, Esta Dirección General de Trabajo resuelve: Primero. Ordenar la inscripción de los citados acuerdos de modificación y prórroga en el correspondiente Registro de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora. Segundo. Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 17 de marzo de 2022.–La Directora General de Trabajo, Verónica Martínez Barbero. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U., TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U., TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.U. Acuerdo prórroga II Convenio Colectivo de Empresas Vinculadas 2019/2022 hasta 31 de diciembre de 2023 Madrid, 28 de diciembre 2021. Acuerdo de prórroga y modificación del II Convenio Colectivo de Empresas Vinculadas Telefónica de España, SAU, Telefónica Móviles España, SAU, y Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones, SAU En Madrid, a 28 de diciembre de 2021, se reúnen los Sindicatos Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras, y los Representantes de las Empresas Telefónica de España SAU, Telefónica Móviles España SAU y Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España SAU, que se relacionan al final del texto, que son los miembros de la Comisión de Negociación Permanente de Empresas Vinculadas constituida al amparo de lo previsto en el artículo 220 del vigente II Convenio Colectivo de Empresas Vinculadas, reconociéndose ambas partes como interlocutores válidos con la capacidad y legitimación necesaria de acuerdo con lo dispuesto en el Título III del Estatuto de los Trabajadores, y en virtud de lo previsto en el artículo 3 del II Convenio Colectivo de Empresas Vinculadas, en su redacción dada por acuerdo de esta Comisión. Manifestando que es interés de ambas partes prorrogar el vigente Convenio Colectivo 2019-2022 hasta el 31 de diciembre de 2023, y en este sentido se articula el siguiente: ACUERDO DE PRÓRROGA DE CONVENIO COLECTIVO Ambas partes, acuerdan formalizar la prórroga y modificación del II Convenio Colectivo de Empresas Vinculadas 2019-2022, incluyendo sus disposiciones adicionales, transitorias, final y anexos que lo acompañan, hasta el 31 de diciembre de 2023, procediendo a la modificación y/o sustitución de los siguientes artículos, y anexos en los términos que a continuación se concretan: – Artículo 3. Vigencia. – Artículo 12. Garantía de empleo. – Artículo 13. Garantía de no movilidad forzosa. – Artículo 14. Revisiones salariales. – Anexo VII. Plan de Igualdad y Protocolo de actuación en los supuestos de acoso laboral para TDE, TME y TSOL. Se sustituye íntegramente el Anexo VII del II Convenio Colectivo de Empresas Vinculadas que incluye el Plan de igualdad y protocolo de actuación en los supuestos de acoso laboral para TDE, TME y TSOL, por un nuevo Plan de Igualdad registrado según los trámites y requisitos previstos en el Real Decreto 901/2020. – Anexo XI. Programa Voluntario Suspensión Individual de la Relación Laboral y Bajas Incentivadas. Artículo 3. Vigencia. El contenido del artículo 3 del II Convenio Colectivo 2019 - 2022 se sustituye por el siguiente: «Este acuerdo entrará en vigor el día 1 de enero de 2019, salvo en aquellas materias para las que en su articulado se establezca otro plazo de vigencia, y finalizará el día 31 de diciembre de 2023. El Acuerdo así adoptado cumplirá seguidamente los mismos requisitos de registro y publicación previstos legalmente en el artículo 90 del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores. El presente Convenio, se entenderá automáticamente denunciado con efectos de 1 de enero de 2024.» CAPÍTULO III Garantías Artículo 12. Garantía de empleo. Se acuerda expresamente la extensión temporal de la garantía de empleo, que continúa siendo de aplicación durante el año 2023. En consecuencia, se procede a la sustitución del artículo 12 quedando el redactado como se recoge a continuación: «Las partes firmantes del presente Convenio Colectivo comparten la premisa de que la negociación colectiva es el foro más idóneo para, bajo un entorno de diálogo social, favorecer el logro de los objetivos de competitividad y eficiencia y cumplir con uno de los principios informadores del presente Convenio Colectivo cual es la creación de un empleo estable y de calidad y con unos contenidos funcionales específicos que garanticen una continua mejora de la empleabilidad. Fruto ### RESUMEN: Modificaciones y prórrogas de convenios de Telefónica.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda. b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Política Financiera, Tesorería y Patrimonio. Subdirección General de Coordinación de la Contratación Pública. c) Número de expediente: 05-DT-00002.1/2011. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos ). 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Acuerdo marco para la prestación de servicios telegráficos y de burofax. c) Lote: 2 lotes: Lote 1: Telegramas. Lote 2: Burofax. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 64200000-8. e) Acuerdo marco: Sí. f) Sistema dinámico de adquisiciones: No. g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea de 9 de marzo de 2012. Boletín Oficial del Estado de 12 de marzo de 2012. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 6 de marzo de 2012. Perfil de contratante 6 de marzo de 2012. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 24.130.522,04 euros. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 12.065.261,02 euros. Importe total: 14.237.008,00 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: Adjudicación del lote 2: 28 de agosto de 2012. (Desistimiento al lote 1: 12 de septiembre de 2012). b) Fecha de formalización del contrato: 20 de noviembre de 2012. c) Contratista: Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima. d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: Por tratarse de un acuerdo marco en el que se adjudica el mejor descuento sobre los precios unitarios, no se conoce el importe exacto de adjudicación al no conocerse el consumo exacto. e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Se ha decidido la adjudicación a favor del prestador de servicios que cumpliendo suficientemente con los criterios de selección exigidos, ha ofrecido mejores condiciones en cuanto a precio y a red de oficinas de atención al público. Madrid, 12 de diciembre de 2012.- Francisco Lobo Montalbán, Secretario General Técnico de la Consejería de Economía y Hacienda.

La comunidad de Madrid presupuesta el gasto en telegramas y burofax por importe total de 14.237.008,00 euros.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda. b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Política Financiera, Tesorería y Patrimonio. Subdirección General de Coordinación de la Contratación Pública. c) Número de expediente: 05-DT-00002.1/2011. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos ). 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Acuerdo marco para la prestación de servicios telegráficos y de burofax. c) Lote: 2 lotes: Lote 1: Telegramas. Lote 2: Burofax. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 64200000-8. e) Acuerdo marco: Sí. f) Sistema dinámico de adquisiciones: No. g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea de 9 de marzo de 2012. Boletín Oficial del Estado de 12 de marzo de 2012. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 6 de marzo de 2012. Perfil de contratante 6 de marzo de 2012. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 24.130.522,04 euros. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 12.065.261,02 euros. Importe total: 14.237.008,00 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: Adjudicación del lote 2: 28 de agosto de 2012. (Desistimiento al lote 1: 12 de septiembre de 2012). b) Fecha de formalización del contrato: 20 de noviembre de 2012. c) Contratista: Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima. d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: Por tratarse de un acuerdo marco en el que se adjudica el mejor descuento sobre los precios unitarios, no se conoce el importe exacto de adjudicación al no conocerse el consumo exacto. e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Se ha decidido la adjudicación a favor del prestador de servicios que cumpliendo suficientemente con los criterios de selección exigidos, ha ofrecido mejores condiciones en cuanto a precio y a red de oficinas de atención al público. Madrid, 12 de diciembre de 2012.- Francisco Lobo Montalbán, Secretario General Técnico de la Consejería de Economía y Hacienda. ### RESUMEN: La comunidad de Madrid presupuesta el gasto en telegramas y burofax por importe total de 14.237.008,00 euros.

Departamento 2.º Por el presente se hace público, para dar cumplimiento a lo acordado por la Excma. Sra. Consejera de Cuentas del Departamento Segundo de Enjuiciamiento, en Providencia de fecha 25 de junio de 2015, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance n.º B-168/15, de Sector Público Local (Ayuntamiento de Catral), Alicante, que en este Tribunal se sigue procedimiento por un presunto alcance en los fondos públicos del Ayuntamiento de Catral como consecuencia del abono de gratificaciones presuntamente indebidas por un importe de tres mil ciento cuatro euros con veintiocho céntimos (3.104,28 €), más sus correspondientes intereses legales. Lo que se hace público con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos, personándose en forma, dentro del plazo de los nueve días siguientes a la publicación de este Edicto. Madrid, 1 de septiembre de 2015.- El Secretario, Jaime Vegas Torres.

El Tribunal de Cuentas investiga gratificaciones indebidas en Catral (Alicante) de al más de 3.000 euros.

Departamento 2.º Por el presente se hace público, para dar cumplimiento a lo acordado por la Excma. Sra. Consejera de Cuentas del Departamento Segundo de Enjuiciamiento, en Providencia de fecha 25 de junio de 2015, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance n.º B-168/15, de Sector Público Local (Ayuntamiento de Catral), Alicante, que en este Tribunal se sigue procedimiento por un presunto alcance en los fondos públicos del Ayuntamiento de Catral como consecuencia del abono de gratificaciones presuntamente indebidas por un importe de tres mil ciento cuatro euros con veintiocho céntimos (3.104,28 €), más sus correspondientes intereses legales. Lo que se hace público con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos, personándose en forma, dentro del plazo de los nueve días siguientes a la publicación de este Edicto. Madrid, 1 de septiembre de 2015.- El Secretario, Jaime Vegas Torres. ### RESUMEN: El Tribunal de Cuentas investiga gratificaciones indebidas en Catral (Alicante) de al más de 3.000 euros.

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece en su artículo 17 la necesidad de aprobar por Orden Ministerial las bases reguladoras de la concesión de subvenciones y, en su artículo 23, que el procedimiento para la concesión mediante concurrencia competitiva se iniciará siempre mediante convocatoria, aprobada por el órgano competente. Mediante la Orden TAS/1303/2007, de 26 de abril (publicada en el Boletín Oficial del Estado n.º 115 de 14 de mayo de 2007), se establecieron las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las organizaciones sindicales en proporción a su representatividad por la realización de actividades de carácter sindical. De acuerdo con lo anterior, se aprueba esta convocatoria, en el ejercicio de las competencias en materia de subvenciones, que atribuye al Subsecretario de Empleo y Seguridad Social el artículo 4.5 A) de la Orden ESS/619/2012, de 22 de marzo (publicada en el «Boletín Oficial del Estado» n.º 75, de 28 de marzo de 2012), por la que se delegan y se aprueban las delegaciones del ejercicio de competencias en los órganos administrativos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y sus organismos públicos. En su virtud, resuelvo: Primero. Objeto. 1. El objeto de la presente Resolución es aprobar la convocatoria correspondiente al año 2015, para la concesión de subvenciones a las organizaciones sindicales en proporción a su representatividad, por la realización de actividades de carácter sindical. La finalidad de estas subvenciones es fomentar, mediante la financiación, la realización de cualquier tipo de actividad sindical dirigida a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales de los trabajadores. 2. En todo lo no previsto expresamente en esta convocatoria, serán de aplicación las bases reguladoras aprobadas por la Orden TAS/1303/2007, de 26 de abril, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 115, de fecha 14 de mayo de 2007. Segundo. Financiación. 1. La financiación de las subvenciones que se concedan en virtud de las solicitudes presentadas de acuerdo con esta convocatoria, se imputará a la aplicación presupuestaria 19.01.291M.48900, del Presupuesto de Gastos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social correspondiente al ejercicio 2015. 2. La cuantía total máxima de las subvenciones a conceder será de 8.883.890 euros. 3. Dicha cuantía se distribuirá entre todas las organizaciones solicitantes que cumplan los requisitos exigidos en plazo, proporcionalmente al número de representantes que hayan obtenido en las elecciones sindicales, y conforme a los resultados en dichas elecciones vigentes a fecha 1 de enero de 2015. Tercero. Procedimiento de concesión. El procedimiento de concesión se tramitará según el régimen de concurrencia competitiva, previsto en el artículo 22.1 último párrafo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Cuarto. Requisitos de los beneficiarios y documentación acreditativa. 1. Beneficiarios. Podrán ser beneficiarios las organizaciones sindicales que cumplan los siguientes requisitos: a) Estar legalmente constituidas. b) Tener representación sindical el día 1 de enero de 2015. c) No estar incursas en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 2. Documentación. Los interesados que participen en esta convocatoria presentarán los siguientes documentos: a) Índice numerado e indicativo de todos los documentos que se acompañan. b) Solicitud de subvención ajustada al modelo que figura como anexo I de la presente Resolución de convocatoria, debidamente cumplimentado y firmado por quien presente la documentación actuando en nombre de la entidad interesada. c) Copia auténtica o fotocopia compulsada de los Estatutos de la organización sindical y certificado de su depósito o, en su caso, documento acreditativo de su presentación en la oficina pública correspondiente. d) Fotocopia compulsada de la tarjeta de identificación fiscal. La denominación del sindicato habrá de coincidir exactamente en la tarjeta de identificación fiscal y los estatutos. e) Datos de identificación y autorización para su verificación, de la persona que firma la solicitud o, en caso de no prestar su consentimiento, fotocopia compulsada del documento nacional de identidad o del documento que legal o reglamentariamente lo sustituya. Si la instancia es presentada por dos o más personas por exigirse su actuación mancomunada, deberán acompañarse los datos de identificación y autorización para su verificación, o bien la fotocopia compulsada del documento nacional de identidad, o documento que legal o reglamentariamente lo sustituya, de todas ellas. f) Documentación que acredite la capacidad del solicitante para actuar en nombre y representación de la organización sindical, en original o fotocopia compulsada. En caso de que la capacidad de representación corresponda a dos o más personas de manera mancomunada, la instancia y demás documentos a presentar habrán de ir firmados por las personas cuya actuación mancomunada se exija. Si la capacidad de representación se ostenta en virtud de nombramiento para un cargo determinado dentro del sindicato (es decir, si viniera atribuida en los estatutos a quien ostente dicho cargo), habrá de acompañarse certificado del nombramiento por órgano o autoridad competente debidamente firmado en original o copia compulsada. Si la capacidad de representación se ostenta en virtud de poder conferido por órgano competente dentro del sindicato, deberá acompañarse certificado de dicho acuerdo emitido por órgano o autoridad competente. En todo caso habrá de acompañarse declaración responsable firmada de que el nombramiento o poder de representación se encuentra vigente (si bien en aras de facilitar la tramitación, este extremo ya ha sido incluido en el modelo de instancia que constituye el anexo I de la presente Resolución). g) Certificados acreditativos del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social por el sindicato, que se hallen vigentes, o autorización para que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social obtenga de forma directa, de los órganos competentes, los certificados telemáticos acreditativos de dicho cumplimiento. h) Declaración responsable sobre el cumplimiento de obligaciones por reintegro de subvenciones, conforme al anexo II de la presente Resolución, firmada por quien suscriba la solicitud (en aras de facilitar la tramitación, este extremo ya ha sido incluido en el modelo de instancia que constituye el anexo I de la presente Resolución) i) Declaración responsable de no estar incursa la entidad sindical en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, firmada por quien suscriba la solicitud, conforme al anexo III de la presente Resolución (en aras de facilitar la tramitación, este extremo ya ha sido incluido en el modelo de instancia que constituye el anexo I de la presente Resolución). j) Memoria de las actividades para las que se solicita la subvención, ejecutadas o a ejecutar durante el año 2015, que responderá al modelo que se acompaña como anexo IV de la presente Resolución. La citada memoria habrá de contener las actividades para cuya financiación se solicita la subvención, indicando el coste estimado de cada una y su contenido y objetivos. Asimismo, habrá de estar firmada por quien o quienes suscriban la solicitud. k) Comunicación, en su caso, de haber obtenido para el mismo proyecto o actividad otra ayuda o subvención cuando ésta sea incompatible, en los términos establecidos en el artículo 33 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Quinto. Órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento. El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento es la Subdirección General de Administración Financiera. Las subvenciones serán concedidas mediante resolución motivada de la Subsecretaría de Empleo y Seguridad Social, que pondrá fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse contra la misma recurso previo potestativo de reposición o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses. Sexto. Plazo de presentación de las solicitudes. Las organizaciones sindicales que opten a la subvención deberán presentar su solicitud dirigida a la Subsecretaría de Empleo y Seguridad Social, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de esta convocatoria. Las solicitudes presentadas serán examinadas por el órgano instructor; en caso de que la solicitud no reuniera los requisitos establecidos en la presente convocatoria, o no se acompañe alguno de los documentos exigidos, se requerirá al interesado para que proceda a la subsanación en el plazo máximo e improrrogable de 10 días hábiles, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución. La Subdirección General de Administración Financiera elaborará la propuesta de resolución provisional que será notificada a las partes para que, en el plazo de 10 días hábiles, puedan presentar alegaciones. Examinadas las alegaciones presentadas, en su caso, por los interesados, la Subdirección General de Administración Financiera formulará la propuesta de resolución definitiva que elevará al órgano competente para resolver. Séptimo. Plazo de resolución. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de este procedimiento será de seis meses contados a partir del día siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la presente convocatoria. Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado la resolución a los interesados, éstos podrán entender desestimada su solicitud. Octavo. Notificaciones. Las notificaciones que hayan de practicarse como consecuencia del presente procedimiento se realizarán por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado, en los términos del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Noveno. Régimen jurídico. En lo no previsto en la presente Resolución se aplicará lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones y en la Orden TAS/1303/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las organizaciones sindicales en proporción a su representatividad por la realización de actividades de carácter sindical, y supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo. Décimo. Eficacia. La presente Resolución surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Madrid, 3 de julio de 2015.–El Subsecretario de Empleo y Seguridad Social, Pedro Llorente Cachorro. ANEXO I ANEXO II Modelo de declaración responsable de que la entidad solicitante se encuentra al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, a efectos de lo previsto en el artículo 13.2 G) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones Don/Doña …………………………......…............................................……………...... con Documento Nacional de Identidad (o documento que legal o reglamentariamente lo sustituya) número .............……...…… con domicilio en......................................................... (localidad, provincia, calle, etc.) ……………....…………....................……, en representación de la entidad ……………………………….......................………., con N.I.F. ………………, en su calidad de …………............................................................................……………….., DECLARA RESPONSABLEMENTE: Que a efectos del procedimiento de concesión de subvenciones a las organizaciones sindicales en proporción a su representatividad, por la realización de actividades de carácter sindical, correspondiente al ejercicio 2015, convocado por Resolución de la Subsecretaría de Empleo y Seguridad Social de fecha ………................................…………de 2015, la reseñada entidad no tiene deudas con la Administración Pública por reintegros de subvenciones en período ejecutivo, salvo que se trate de deudas aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado su suspensión con ocasión de la impugnación de la correspondiente resolución de reintegro. En …………….., a ….., de ………………… de 2015. Fdo.: ANEXO III Modelo de declaración responsable de que la entidad solicitante no se halla incursa en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones Don/Doña …………………………......…............................................……………...... con Documento Nacional de Identidad (o documento que legal o reglamentariamente lo sustituya) número .............……...…… con domicilio en......................................................... (localidad, provincia, calle, etc.) ……………....…………....................……, en representación de la entidad ……………………………….......................………., con N.I.F. ………………, en su calidad de …………............................................................................……………….., DECLARA RESPONSABLEMENTE: Que a efectos del procedimiento de concesión de subvenciones a las organizaciones sindicales en proporción a su representatividad por la realización de actividades de carácter sindical, correspondiente al ejercicio 2015, convocado por Resolución de la Subsecretaría de Empleo y Seguridad Social de fecha …………………………………………. de 2015, la reseñada entidad no se halla incursa en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. En…………….., a ….., de ………………… de 2015. Fdo.: ANEXO IV Modelo de memoria Don/Doña …………………………......…............................................……………...... con Documento Nacional de Identidad (o documento que legal o reglamentariamente lo sustituya) número .............……...…… con domicilio en......................................................... (localidad, provincia, calle, etc.) ……………....…………....................……, en representación de la entidad ……………………………….......................………., con N.I.F. ………………, en su calidad de …………............................................................................……………….., Expone la presente MEMORIA de actividades realizadas o a realizar por la entidad sindical durante el ejercicio 2015, y a cuya financiación será destinada la subvención que pudiera concederse en virtud del procedimiento de concesión de subvenciones a las organizaciones sindicales en proporción a su representatividad por la realización de actividades de carácter sindical, correspondiente al ejercicio 2015, convocado por Resolución de la Subsecretaría de Empleo y Seguridad Social de fecha ……....………… de 2015: 1ª actividad: Denominación: Contenido: Objetivos: Coste estimado: 2ª actividad: Denominación: Contenido: Objetivos: Coste estimado: ……………………….. ……………………….. ……………………….. En…………….., a ….., de ………………… de 2015. Fdo.:

Subvenciones a sindicatos del Ministerio de Empleo: 8.883.890 euros.

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece en su artículo 17 la necesidad de aprobar por Orden Ministerial las bases reguladoras de la concesión de subvenciones y, en su artículo 23, que el procedimiento para la concesión mediante concurrencia competitiva se iniciará siempre mediante convocatoria, aprobada por el órgano competente. Mediante la Orden TAS/1303/2007, de 26 de abril (publicada en el Boletín Oficial del Estado n.º 115 de 14 de mayo de 2007), se establecieron las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las organizaciones sindicales en proporción a su representatividad por la realización de actividades de carácter sindical. De acuerdo con lo anterior, se aprueba esta convocatoria, en el ejercicio de las competencias en materia de subvenciones, que atribuye al Subsecretario de Empleo y Seguridad Social el artículo 4.5 A) de la Orden ESS/619/2012, de 22 de marzo (publicada en el «Boletín Oficial del Estado» n.º 75, de 28 de marzo de 2012), por la que se delegan y se aprueban las delegaciones del ejercicio de competencias en los órganos administrativos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y sus organismos públicos. En su virtud, resuelvo: Primero. Objeto. 1. El objeto de la presente Resolución es aprobar la convocatoria correspondiente al año 2015, para la concesión de subvenciones a las organizaciones sindicales en proporción a su representatividad, por la realización de actividades de carácter sindical. La finalidad de estas subvenciones es fomentar, mediante la financiación, la realización de cualquier tipo de actividad sindical dirigida a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales de los trabajadores. 2. En todo lo no previsto expresamente en esta convocatoria, serán de aplicación las bases reguladoras aprobadas por la Orden TAS/1303/2007, de 26 de abril, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 115, de fecha 14 de mayo de 2007. Segundo. Financiación. 1. La financiación de las subvenciones que se concedan en virtud de las solicitudes presentadas de acuerdo con esta convocatoria, se imputará a la aplicación presupuestaria 19.01.291M.48900, del Presupuesto de Gastos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social correspondiente al ejercicio 2015. 2. La cuantía total máxima de las subvenciones a conceder será de 8.883.890 euros. 3. Dicha cuantía se distribuirá entre todas las organizaciones solicitantes que cumplan los requisitos exigidos en plazo, proporcionalmente al número de representantes que hayan obtenido en las elecciones sindicales, y conforme a los resultados en dichas elecciones vigentes a fecha 1 de enero de 2015. Tercero. Procedimiento de concesión. El procedimiento de concesión se tramitará según el régimen de concurrencia competitiva, previsto en el artículo 22.1 último párrafo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Cuarto. Requisitos de los beneficiarios y documentación acreditativa. 1. Beneficiarios. Podrán ser beneficiarios las organizaciones sindicales que cumplan los siguientes requisitos: a) Estar legalmente constituidas. b) Tener representación sindical el día 1 de enero de 2015. c) No estar incursas en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 2. Documentación. Los interesados que participen en esta convocatoria presentarán los siguientes documentos: a) Índice numerado e indicativo de todos los documentos que se acompañan. b) Solicitud de subvención ajustada al modelo que figura como anexo I de la presente Resolución de convocatoria, debidamente cumplimentado y firmado por quien presente la documentación actuando en nombre de la entidad interesada. c) Copia auténtica o fotocopia compulsada de los Estatutos de la organización sindical y certificado de su depósito o, en su caso, documento acreditativo de su presentación en la oficina pública correspondiente. d) Fotocopia compulsada de la tarjeta de identificación fiscal. La denominación del sindicato habrá de coincidir exactamente en la tarjeta de identificación fiscal y los estatutos. e) Datos de identificación y autorización para su verificación, de la persona que firma la solicitud o, en caso de no prestar su consentimiento, fotocopia compulsada del documento nacional de identidad o del documento que legal o reglamentariamente lo sustituya. Si la instancia es presentada por dos o más personas por exigirse su actuación mancomunada, deberán acompañarse los datos de identificación y autorización para su verificación, o bien la fotocopia compulsada del documento nacional de identidad, o documento que legal o reglamentariamente lo sustituya, de todas ellas. f) Documentación que acredite la capacidad del solicitante para actuar en nombre y representación de la organización sindical, en original o fotocopia compulsada. En caso de que la capacidad de representación corresponda a dos o más personas de manera mancomunada, la instancia y demás documentos a presentar habrán de ir firmados por las personas cuya actuación mancomunada se exija. Si la capacidad de representación se ostenta en virtud de nombramiento para un cargo determinado dentro del sindicato (es decir, si viniera atribuida en los estatutos a quien ostente dicho cargo), habrá de acompañarse certificado del nombramiento por órgano o autoridad competente debidamente firmado en original o copia compulsada. Si la capacidad de representación se ostenta en virtud de poder conferido por órgano competente dentro del sindicato, deberá acompañarse certificado de dicho acuerdo emitido por órgano o autoridad competente. En todo caso habrá de acompañarse declaración responsable firmada de que el nombramiento o poder de representación se encuentra vigente (si bien en aras de facilitar la tramitación, este extremo ya ha sido incluido en el modelo de instancia que constituye el anexo I de la presente Resolución). g) Certificados acreditativos del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social por ### RESUMEN: Subvenciones a sindicatos del Ministerio de Empleo: 8.883.890 euros.

En cumplimento de lo establecido en el artículo 5.2 de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, en la redacción dada por la Ley 33/2007, de 7 de noviembre, cumplido el trámite de comparecencia ante la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados, a propuesta del Ministro de Industria, Energía y Turismo, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 22 de febrero de 2013, Vengo en nombrar Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear a don Fernando Castelló Boronat. Dado en Madrid, el 22 de febrero de 2013. JUAN CARLOS R. El Ministro de Industria, Energía y Turismo, JOSÉ MANUEL SORIA LÓPEZ

Nombrado Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear a Fernando Castelló Boronat.

En cumplimento de lo establecido en el artículo 5.2 de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, en la redacción dada por la Ley 33/2007, de 7 de noviembre, cumplido el trámite de comparecencia ante la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados, a propuesta del Ministro de Industria, Energía y Turismo, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 22 de febrero de 2013, Vengo en nombrar Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear a don Fernando Castelló Boronat. Dado en Madrid, el 22 de febrero de 2013. JUAN CARLOS R. El Ministro de Industria, Energía y Turismo, JOSÉ MANUEL SORIA LÓPEZ ### RESUMEN: Nombrado Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear a Fernando Castelló Boronat.

ECLI:ES:TC:2019:46   La Sala Segunda del Tribunal Constitucional compuesta por la magistrada doña Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo Enríquez Sancho, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En el recurso de amparo núm. 597-2017, interpuesto por la Administración General del Estado contra la sentencia recaída en el procedimiento ordinario 1/11/2015, dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en fecha 2 de noviembre de 2016 y contra el auto de 22 de diciembre de 2016, de la misma Sala y Sección, que desestimó el incidente de nulidad de actuaciones promovido por la ahora recurrente frente a la resolución citada en primer lugar. Ha intervenido el ministerio fiscal. Han comparecido las entidades mercantiles Endesa, S.A., Viesgo Infraestructuras Energéticas, S.L., Gas Natural Sdg, S.A., Iberdrola, S.A., e Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. Ha sido ponente el magistrado don Antonio Narváez Rodríguez. I. Antecedentes 1. Mediante escrito presentado en el registro general de este Tribunal el día 2 de febrero de 2017, la Administración General del Estado (en adelante la Administración), representada por el abogado del Estado, interpuso recurso de amparo contra la sentencia y el auto referidos en el encabezamiento. 2. Los hechos relevantes para resolver este recurso de amparo son los siguientes: a) En fecha 19 de enero de 2015, la entidad Gas Natural Sdg, S.A., interpuso ante el Tribunal Supremo recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 968/2014, de 21 de diciembre, por el que se desarrollaba la metodología para la fijación de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social. En la demanda (registrada en el Tribunal Supremo el 10 de marzo de 2015), la mercantil argumentó que dicho real decreto era contrario a Derecho, pues entendía que el precepto legal del que trae causa, el artículo 45.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, entonces vigente (en adelante LSE) infringía el Derecho de la Unión Europea, en particular lo dispuesto en el artículo 3 de la Directiva 2009/72/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas para el mercado interior de la electricidad (en adelante Directiva 2009/72/CE). También se alegaba en la demanda que el art. 45.4 LSE vulneraba los arts. 9.3 y 14 CE. En el suplico la entidad solicitaba que se declarara inaplicable el aludido precepto y, de modo subsidiario, la inconstitucionalidad de la norma aludida por vulnerar la Constitución española. Igualmente, interesaba, en cualquiera de los dos casos, que le fueran reintegradas las cantidades pagadas en concepto de bono social. Por medio de otrosí segundo, la mercantil solicitaba que, si se estimaba necesario por el órgano judicial, se planteara cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, en el otrosí tercero, que se formulara cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. b) En fecha 2 de noviembre de 2016, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dictó sentencia, cuyo fallo, a los efectos que interesan al presente recurso, fue el siguiente: «1. Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto en representación de ‘Gas Natural Sdg, S.A.’ contra el Real Decreto 968/2014, de 21 de noviembre, por el que se desarrolla la metodología para la fijación de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social; 2. Declarar inaplicable el régimen de financiación del bono social establecido en el artículo 45.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, por resultar incompatible con la Directiva 2009/72/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE; 3. Declarar inaplicables y nulos los artículos 2 y 3 del Real Decreto 968/2014, de 21 de noviembre, que desarrollan lo dispuesto en el citado artículo 45.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre; 4. Declarar el derecho de ‘Gas Natural Sdg, S.A.’ a ser indemnizada por las cantidades abonadas en concepto de bono social en aplicación del Real Decreto 968/2014 impugnado hasta la fecha de ejecución de la sentencia, de manera que se reintegren a la demandante todas las cantidades que haya abonado por ese concepto, que se determinarán en ejecución de sentencia, más los intereses legales correspondientes computados desde fecha en que se hizo el pago hasta la fecha de su reintegro.» En los fundamentos jurídicos 7 y 8, el órgano judicial expuso las razones que le llevaron a considerar que la previsión del art. 45.4 LSE es contraria a lo preceptuado en el art. 3.2 de la Directiva 2009/72/CE, reproduciendo los mismos argumentos que ya había sostenido en otra precedente sentencia de 24 de octubre anterior, en el sentido de que, si bien «[l]a señalada contradicción de la norma legal y de la disposición reglamentaria directamente impugnada con la Directiva 2009/72/CE obligaría, en principio, a plantear una cuestión prejudicial de interpretación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de conformidad con lo previsto en el artículo 267 del TFUE», concluye su razonamiento considerando que la problemática era susceptible de resolverse a través de la doctrina del «acto aclarado», con sustento en dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, las sentencias, de 20 de abril de 2010 (asunto C-265/08, Federutility) y, muy en particular, la posterior sentencia de 7 de septiembre de 2016 (asunto C121/15, Anode). En concreto, la sentencia del Tribunal Supremo destaca en su fundamento jurídico 8: «La decisión de inaplicar la normativa interna, incluso la contenida en norma con rango legal, ya tuvimos ocasión de adoptarla en la sentencia de 7 de febrero de 2012 (recurso 419-2010) a la que tantas referencias llevamos hechas. En aquella ocasión esta Sala declaró inaplicable el artículo 2, apartado 5, y la disposición transitoria segunda, último párrafo, del Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, e inaplicables también, como consecuencia de la anterior declaración de inaplicabilidad, las disposiciones adicionales segunda y tercera de la Orden ITC/1723/2009. Tal pronunciamiento de inaplicación, sin necesidad de planteamiento de cuestión prejudicial, se acordó atendiendo a que el Tribunal de Justicia había dictado la sentencia de 20 de abril de 2010 (asunto C-265/08, Federutility), que, aunque referida a la Directiva 2003/55, sobre el mercado interior del gas natural, ofrecía una interpretación trasladable al caso que se examinaba, relativo al régimen de financiación del bono social en el sistema eléctrico establecido en el Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, dado que el artículo 3, apartados 2 y 5, de la Directiva 2003/54 (sistema eléctrico) y el artículo 3, apartados 2 y 3, de la Directiva 2003/55 (gas natural), establecían una regulación coincidente en cuanto a la posibilidad de imponer obligaciones de servicio público y la protección de los colectivos vulnerables. Las mismas circunstancias concurren ahora en virtud de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 7 de septiembre de 2016 (asunto C-121/15), cuya incidencia para la resolución del presente recurso fue sometida a la consideración de las partes en el trámite de alegaciones que hemos reseñado en los antecedentes noveno y décimo. La citada STJUE de 7 de septiembre de 2016 (asunto C-121/15) lleva a cabo una interpretación del artículo 3.2 de la Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 2003/55/CE, que resulta enteramente trasladable al caso que nos ocupa, al ser plenamente coincidente el contenido de ese artículo 3.2 de la Directiva 2009/73/CE, que la sentencia interpreta, con lo dispuesto en el artículo 3.2 de la Directiva 2009/72/CE, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE. Así, dada la coincidencia de lo dispuesto en el artículo 3.2 de ambas directivas, las consideraciones que expone la STJUE de 7 de septiembre de 2016 en relación con la intervención estatal en los precios del gas son plenamente trasladables al sector eléctrico que aquí nos ocupa, tanto las referidas a la necesaria observancia del principio de proporcionalidad como las relativas a la exigencia de que las obligaciones de servicio público sean claramente definidas, trasparentes, no discriminatorias y controlables.» A continuación, la sentencia del Tribunal Supremo reprodujo algunos fragmentos de la STJUE de 7 de septiembre de 2016 (asunto Anode), concretamente los apartados 53 a 56, 60 a 66 y 70 a 73, relacionados con el principio de proporcionalidad y los principios mencionados en el art. 3.2 de la Directiva 2009/72/CE, así como la respuesta dada a las cuestiones prejudiciales. Finalmente, la reiterada sentencia concluía que el art. 45.4 LSE y la normativa derivada de su contenido debía ser inaplicada: «[T]rasladando estas consideraciones al caso que nos ocupa, llegamos a la conclusión de que el régimen de financiación del bono social establecido en el artículo 45.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, debe ser declarado inaplicable por resultar incompatible con la exigencia establecida en artículo 3.2 de la Directiva 2009/72/CE, que establece que las obligaciones de servicio público ‘deberán definirse claramente, ser transparentes, no discriminatorias y controlables, y garantizar a las empresas eléctricas de la Comunidad el acceso, en igualdad de condiciones, a los consumidores nacionales’; e inaplicable también el citado precepto regulador de financiación del bono social por vulnerar el principio de proporcionalidad, en cuanto hace recaer la carga de financiación sobre determinados agentes del sistema eléctrico, con exclusión de otros, de manera indefinida y sin ningún tipo de medida compensatoria. Y como consecuencia de lo anterior, debe declararse asimismo inaplicables y nulos los artículos 2 y 3 del Real Decreto 968/2014, de 21 de noviembre, que desarrollan lo dispuesto en el citado artículo 45.4 de la Ley 24/2013.» c) Por escrito de fecha 21 de noviembre de 2016, la Administración General del Estado promovió incidente de nulidad de actuaciones contra la sentencia antes referida, en el cual denunció: i) vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), por haber sido inaplicada una norma con rango de ley sin promover cuestión de inconstitucionalidad; ii) vulneración de los derechos anteriormente indicados por no plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea; iii) y la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por incongruencia omisiva, ya que, al entender de la recurrente, la Sala no se pronunció sobre algunas cuestiones esenciales para enjuiciar el objeto del recurso. En relación con la falta de planteamiento de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Administración desarrolla una extensa argumentación a fin de explicar cuáles son los requisitos del «acto aclarado», según doctrina del Tribunal de Justicia, y exponer las razones por las que, de acuerdo a esa doctrina, considera que los supuestos que el órgano judicial toma como referentes como «acto aclarado», que le dispensa de plantear la referida cuestión prejudicial (las sentencias recaídas en los asuntos Federutility y Anode), no pueden ser tenidos en cuenta a estos efectos, dadas las disimilitudes entre dichos supuestos y el presente. d) El incidente fue desestimado por auto de fecha 22 de diciembre del 2016. El órgano judicial argumentaba que los motivos de nulidad que se aducían en este caso eran, en gran medida, coincidentes con los que la abogacía del Estado había esgrimido en el incidente de nulidad que promovió en su día contra la sentencia de la misma Sala, de fecha 7 de febrero de 2012, que aparece citada expresamente en el texto de la que ahora se impugna. Aquel incidente fue desestimado mediante auto, frente al cual se interpuso recurso de amparo que fue inadmitido por providencia de 26 de septiembre de 2012. En relación con la falta de planteamiento de la cuestión prejudicial, el órgano judicial rechazó que se hubieran producido las vulneraciones objeto de denuncia, toda vez que en la sentencia se explicitaban las causas por las que no resultaba precisa su formulación. En concreto, refería que las «razones por las que esta Sala no ha considerado necesario ni procedente el planteamiento de la cuestión prejudicial las expusimos con algún detenimiento en el fundamento jurídico octavo de la sentencia a la que se refiere este incidente» y tras reproducir el contenido de ese fundamento, concluía que «[c]on estas razones, y las demás que se exponen en el citado fundamento jurídico octavo de nuestra sentencia de 2 de noviembre de 2016, queda debidamente justificada la decisión de no plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea; por lo que el motivo de nulidad debe ser rechazado». A su vez, el auto descartó las quejas de lesión por no haber sido planteada cuestión de inconstitucionalidad, pues esa pretensión se había formulado con carácter subsidiario y, además, la sentencia había considerado que el artículo 45.4 LSE es contrario al Derecho de la Unión Europea; y que para hacer ese pronunciamiento no resultaba necesario el previo planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad. Asimismo, desestimó la queja de haber incurrido en incongruencia omisiva, pues no correspondía a la Sala, contrariamente a lo expuesto por la administración, definir qué modelo de financiación del bono social habría de instaurarse en nuestro ordenamiento. Lo que la sentencia afirmaba era que el ámbito de elección que se reconoce al legislador no podría conducir a fórmulas que vulneraran el Derecho de la Unión, como sucede con el artículo 45.4 cuestionado. Finalmente, se rechazó el alegato relativo a que en la citada resolución no se hubiera examinado la cuestión relativa al alcance de la STJUE de 7 de septiembre de 2016 (asunto C-121/15) para decidir la inaplicabilidad del artículo 45.4 LSE. A ese respecto se afirmaba que la contradicción entre el citado artículo y el Derecho de la Unión Europea (artículo 3.2 de la Directiva 2009/72/CE) constituía precisamente el núcleo de la fundamentación de la sentencia y su ratio decidendi y, en concreto, la incidencia de la citada STJUE de 7 de septiembre de 2016 que fue examinada en su fundamento jurídico octavo. 3. En su demanda de amparo la administración, representada por el abogado del Estado, denuncia la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), por cuanto el órgano judicial no planteó cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pese haber declarado inaplicable el art. 45.4 LSE por considerarlo incompatible con el art. 3.2 de la Directiva 2009/72/CE. Tras destacar los aspectos más relevantes del procedimiento judicial, la recurrente justifica la especial trascendencia constitucional del recurso en los términos que, a continuación, se exponen: el Tribunal Constitucional carece de doctrina consolidada respecto del criterio de identidad o evidencia al que los órganos jurisdiccionales deben sujetarse para poder, en aplicación de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, exonerarse de plantear cuestión prejudicial, con base en la existencia del «acto claro» o «acto aclarado», por la similitud que el supuesto presenta con un caso ya resuelto por el Tribunal de Justicia y poder apreciar directamente que una disposición interna con rango de ley es contraria al Derecho europeo. Esa temática ostenta una clara relevancia pues, conforme así se afirma en la STC 232/2015, dejar de aplicar una ley interna sin previamente plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por entender que dicha ley es contraria al Derecho de la Unión Europea, vulnera el derecho a un proceso con todas las garantías, si existe una duda objetiva, clara y terminante sobre esa supuesta contradicción. Dicho lo anterior, en la demanda de amparo se aduce que no corresponde al Tribunal Constitucional controlar la adecuación de la actividad de los poderes públicos nacionales al Derecho de la Unión Europea, pero sí determinar si las resoluciones judiciales impugnadas son contrarias al derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24 CE. Y, desde esa perspectiva, considera que lo que en esta sede debe resolverse no atañe al eventual acierto del órgano judicial al resolver el litigio, pues lo verdaderamente primordial consiste en delimitar cuál es el alcance de las facultades que esos órganos ostentan y la amplitud del margen de interpretación del que disponen para inaplicar directamente una norma interna con rango de ley, por considerarla contraria al Derecho europeo, sin plantear previamente cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Según la demandante, lo novedoso del caso reside en que, por considerar aplicable al presente supuesto la doctrina del «acto aclarado», la decisión del órgano judicial ha supuesto el apartamiento de una norma con rango de ley de aplicación al caso, de manera que el citado órgano se ha convertido en un «legislador negativo», cuyas facultades de valoración resultan sumamente trascendentes desde la perspectiva del derecho garantizado por el art. 24 CE. Insiste en que, sobre este aspecto o cuestión, aún no se ha fijado de manera definitiva doctrina por parte del Tribunal Constitucional y la solución que propone es que, en esta sede, se acoten restrictivamente las facultades interpretativas del órgano judicial. En cuanto al fondo, en primer lugar sintetiza las razones dadas por el órgano judicial para considerar inaplicable el modelo de financiación del bono social que prevé el art. 45.4 LSE; a saber, que es incompatible con el régimen jurídico establecido en el art. 3.2 de la Directiva 2009/72/CE, porque este precepto exige que las obligaciones de servicio público se definan claramente, sean transparentes, no discriminatorias y controlables y garanticen el acceso en igualdad de condiciones a los consumidores nacionales y, a su vez, porque el precepto inaplicado vulnera el principio de proporcionalidad, toda vez que la carga de la financiación se impone solamente a determinados agentes del sector eléctrico, de manera indefinida y sin ninguna compensación. Afirma que la argumentación que ofrece la sentencia impugnada para considerar innecesario el planteamiento de la referida cuestión prejudicial es meramente apodíctica y, por tanto, incurre en manifiesta falta de motivación que lesiona el derecho a la tutela judicial efectiva; y ello, porque el órgano judicial considera que el contenido de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 7 de septiembre de 2016 (asunto Anode), reproducido literalmente en alguno de sus párrafos, es trasladable al caso ahora examinado, pero no dice por qué razón lo es ni expone cuáles son esos criterios que resultan aplicables al presente caso, por lo que no se acierta a ver cuál es la semejanza con los considerandos de la sentencia del Tribunal de Justicia traída como parámetro de comparación. Añade que la sentencia combatida en esta sede aplica la doctrina del «acto aclarado» para justificar la falta de planteamiento de la cuestión prejudicial, pero estima que el criterio seguido es erróneo, pues no concurren las características o circunstancias que, conforme a la jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, determinan que resulte innecesaria la formulación de la cuestión prejudicial. Afirma que, ni puede imponerse con tal evidencia la similitud entre asuntos, de manera que no quepa albergar duda razonable sobre la solución de la cuestión, ni tampoco la cuestión suscitada es materialmente idéntica a otra anterior que hubiera sido objeto de una decisión prejudicial. Considera que el Tribunal Supremo sustenta la aplicación al caso de la doctrina del «acto aclarado» en las sentencias recaídas en los asuntos Federutility y Anode, que, según su criterio, constituyen supuestos análogos que, conforme a la «doctrina Cilfit», justifican la inaplicación del art. 45.4 de la LSE. Sin embargo, respecto de la STJUE de 20 de abril de 2010 —asunto Federutility—, indica que la discriminación a la que se refieren sus parágrafos 45 y 46 nada tiene que ver con el trato peyorativo apuntado por los recurrentes en el caso que nos ocupa; en aquel asunto se planteó la posible discriminación que podría surgir por indiferenciación (que el tribunal remitente debe verificar), al imponer la normativa cuestionada la misma obligación de servicio público (ofrecer el precio de referencia) con independencia de que los suministradores sean o no mayoristas, lo que podría perjudicar a los suministradores de gas al detalle que no son simultáneamente mayoristas y beneficiar, por el contrario, a los suministradores que sí reúnen tal condición, ya que estos últimos podrían verse inclinados a abusar de la ventaja que les proporciona la integración vertical, desplazando los menores ingresos del precio de referencia a los suministradores no mayoristas en las negociaciones entre unos y otros. A juicio de la administración esta cuestión no puede considerarse materialmente idéntica a la que se suscita en el presente caso, pues la supuesta discriminación que aprecia el tribunal a quo no trae causa de la indiferenciación sino de la diferencia de trato que, en perjuicio de determinadas empresas establece la normativa inaplicada, al hacer recaer la financiación del bono social eléctrico sobre las matrices de determinados grupos empresariales que desarrollan simultáneamente las actividades de generación, distribución y comercialización. No hay, pues, identidad en el tipo de desigualdad ni tampoco en las situaciones y sujetos comparados. En apoyo de su tesis, la demandante cita una sentencia del Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, concretamente la de fecha de 18 de noviembre de 2013, recaída en el recurso núm. 843-2013, en la que, a propósito del déficit de tarifa, se declaró la inhabilidad sustancial de la sentencia Federutility para ser invocada como supuesto idéntico en relación con la asunción de la financiación de ciertos costes del sector eléctrico español. A continuación, analiza en la demanda la segunda de las sentencias traídas a colación por el Tribunal Supremo, esto es, la STJUE de 7 de septiembre de 2016 —asunto Anode— cuya doctrina tampoco considera aplicable al presente caso. Y ello porque, en aquel supuesto, los fines alegados para justificar la medida eran los de garantizar «la seguridad del suministro y la cohesión territorial», que son distintos de los que se pretenden alcanzar mediante el bono social español, ya que estos se refieren a la protección de los consumidores vulnerables, aspecto este que es completamente ajeno a la determinación de los componentes del precio del gas en aquel caso. Al margen de lo expuesto, para la demandante tampoco cabe entender que las consideraciones que se formulan en el parágrafo 71 de la sentencia recaída en el asunto Anode, acerca de la proscripción de discriminación entre compañías de gas, de manera que «el sistema de designación de las empresas encargadas de las obligaciones de servicio público no puede excluir a priori a ninguna de las empresas que operan en el sector de la distribución de gas», sean extensibles al caso ahora enjuiciado. La obligación de financiar el bono social no se aplica a unos operadores determinados a priori, de forma nominativa y con exclusión de otros, sino que tal obligación se establece cada año, con eficacia temporal limitada y en función de circunstancias objetivamente determinadas, de manera que no hay una predeterminación apriorística del elenco de obligados. Posteriormente, invoca algunos de los argumentos que figuran en el voto particular formulado por el magistrado disidente; en síntesis, que concurren diferencias sustanciales entre el caso resuelto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y los presupuestos fácticos y jurídicos examinados en el recurso contencioso administrativo tramitado por el Tribunal Supremo, por lo que no resulta aplicable la doctrina del «acto aclarado» a fin de eludir el planteamiento de la cuestión prejudicial en el presente caso. También se aduce en la demanda que el dictamen de la comisión permanente del Consejo de Estado, de fecha 6 de noviembre de 2014, emitido respecto del inicial proyecto de orden, por la que se desarrollaba la metodología para la fijación de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar, relativas al bono social (que luego se convirtió, precisamente a resultas de las consideraciones sobre su rango realizadas en el citado dictamen, en el Real Decreto 968/2014, de 21 de noviembre), se pronunció en términos contundentes sobre la conformidad de la norma reglamentaria reguladora del bono social con el ordenamiento europeo. Por todo ello, para la administración recurrente se ha vulnerado el art. 24 CE porque: i) al resolver el Tribunal Supremo ha desconocido el sistema de fuentes, no aplicando una norma con rango de ley indebidamente, pues previamente debió plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea; ii) incurre en un déficit de motivación, ya que no explica suficientemente las razones por las que considera que concurre la circunstancia del «acto aclarado», como razón que le excusa de aplicar la norma española sin previamente plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia y iii) el juez nacional ha resuelto el proceso inmiscuyéndose en un ámbito o competencia jurisdiccional ajeno, dando lugar a que la controversia sea decidida por un juez o tribunal distinto del querido por el legislador. 4. Por providencia de 24 de mayo de 2017, la Sección Cuarta de la Sala Segunda de este Tribunal acordó admitir el presente recurso a trámite apreciando que concurre especial transcendencia constitucional (artículo 50.1 LOTC), porque plantea un problema o una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este Tribunal. [STC 155/2009, FJ 2 a)]. Seguidamente, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), dirigió atenta comunicación a la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, a fin de que, en plazo que no excediera de diez días, remitiera certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al recurso contencioso-administrativo ordinario núm. 1/11/2015, practicando los correspondientes emplazamientos. 5. Mediante la presentación de los escritos que a continuación se detallan, las entidades mercantiles que se indican interesaron que se las tuviera por personadas y parte en el presente recurso: por escrito de 31 de mayo de 2017, Endesa, S.A., representada por la procuradora de tribunales doña María del Rosario Victoria Bolívar y asistida por los letrados don Antonio Jesús Sánchez Rodríguez y doña Marta Marañón Hermoso; por escrito de la misma fecha, Viesgo Infraestructuras Energéticas, S.L., representada por la procuradora de tribunales doña María Jesús Gutiérrez Aceves y asistida por la letrada doña Nuria Encinar Arroyo; por escrito de 6 de junio de 2017, Gas Natural Sdg, S.A., representada por el procurador de tribunales don Germán Marina y Grimau (no consta designación de letrado); por escrito de 9 de junio de 2017, Iberdrola, S.A., representada por el procurador de tribunales don José Luis Martínez Jaureguibeitia y asistida por el letrado don José Giménez Cervantes; por escrito de 12 de junio de 2017, Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A., representada por el procurador de tribunales don Carlos Mairata Laviña y asistida por el letrado don Joaquín Suárez Saro. 6. Por diligencia de ordenación de 20 de junio de 2017, la secretaría de justicia de la Sala Segunda tuvo por personados y parte en el procedimiento a los siguientes procuradores de tribunales: doña María del Rosario Victoria Bolívar, en nombre y representación de Endesa, S.A.; doña María Jesús Gutiérrez Aceves, en nombre y representación de Viesgo Infraestructuras Energéticas, S.L.; don Germán Marina y Grimau, en nombre y representación de Gas Natural Sdg, S.A.; don José Luis Martín Jaureguibeitia, en nombre y representación de Iberdrola, S.A., y don Carlos Mairata Laviña, en nombre y representación de Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), se dispuso dar vista de las actuaciones a las partes personadas y al ministerio fiscal, por plazo común de veinte días, para que pudieran presentar las alegaciones que estimaran pertinentes. 7. El ministerio fiscal evacuó el trámite de alegaciones mediante escrito registrado el día 17 de julio de 2017. Tras referirse a los principales aspectos de los que trae causa el presente recurso y compendiar las alegaciones expuestas en la demanda de amparo, señala, en primer lugar, que la Administración General del Estado ostenta legitimación, pues en el recurso de amparo se alega la vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva sin indefensión y al proceso debido, desde la perspectiva de las garantías procesales inherentes a los mismos que le son reconocidas a la administración como parte en los procesos judiciales; esto es «actuando al mismo tiempo un interés general que es el de la integridad del ordenamiento jurídico y de las normas legales que lo componen, dictadas por el Parlamento y que representan la voluntad popular ejercida a través del poder legislativo que la representa» (STC 58/2004, FJ 5). Posteriormente, el ministerio fiscal pasa a explicar el mecanismo del bono social que, según refiere, opera como una medida de protección de los consumidores de energía que son vulnerables, por cumplir determinadas condiciones sociales, de consumo y poder adquisitivo. Ese bono responde a las previsiones de la Directiva 2009/72/CE, en cuya virtud «los Estados miembros adoptarán las medidas oportunas para proteger a los clientes finales y, en particular, garantizarán una protección adecuada de los clientes vulnerables». Seguidamente, trae a colación los antecedentes legislativos del bono social, comenzando por el Real Decreto-Ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptaron determinadas medidas en el sector energético y se aprobó el bono social, que, en su preámbulo reflejaba el objeto al que respondía esa medida, y que en el art. 2.5 y la disposición transitoria segunda establecían el régimen de financiación del bono social. Esas disposiciones, recuerda el ministerio fiscal, fueron enjuiciadas en la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 7 de febrero de 2012, que consideró que ese régimen de financiación no cumplía las exigencias de transparencia, no discriminación, control y proporcionalidad exigidas por las normas de la Unión Europea; en concreto, por la Directiva 2003/54/CE. Por ello, el Tribunal Supremo resolvió la inaplicación de las disposiciones pertinentes del Real Decreto-Ley citado, así como los de la Orden ITC 1723/2009, de desarrollo de aquel, sin plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por considerar que el sentido de la Directiva ya había sido aclarado en la sentencia de dicho tribunal europeo de 20 de abril de 2010, dictada en el asunto Federutility. Ello condujo a la Sala Tercera a declarar la inaplicabilidad del régimen de financiación del bono social establecido en las normas españolas citadas. La regulación posterior del bono social se prevé en el artículo 45.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, más tarde modificada por el Real Decreto-ley 7/2016. Afirma el ministerio fiscal que esta disposición se corresponde con las previsiones del Real Decreto-ley 6/2009, pues establece que «será asumido por las matrices de los grupos de sociedades o, en su caso, sociedades que desarrollen simultáneamente las actividades de producción, distribución y comercialización de energía eléctrica». Más adelante, advierte de que la sentencia impugnada en esta sede considera que los criterios reflejados en la exposición de motivos del Real Decreto-ley 9/2013 no justifican debidamente el sistema de financiación del bono social que, en síntesis, corre a cargo de las sociedades que realizan simultáneamente las actividades de generación, distribución y comercialización en el sector eléctrico. Tampoco, según la referida sentencia, aparece debidamente justificado el carácter no discriminatorio y proporcional de ese nuevo régimen de financiación, atendido el criterio que sostuvo la abogacía del Estado en la contestación a la demanda, que se centraba en la especial posición que tienen, dentro del sector eléctrico, las empresas que constituyen un grupo integrado verticalmente y realizan, simultáneamente, las actividades ya indicadas, lo que les faculta para atemperar la incidencia de las obligaciones de servicio público puestas a su cargo. Señala, a continuación, que, según doctrina constitucional, la correcta aplicación del Derecho de la Unión Europea es una cuestión infraconstitucional que corresponde a la jurisdicción ordinaria, a quien también compete decidir sobre el planteamiento de las cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de acuerdo a lo preceptuado en el art. 267 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Ahora bien, lo expuesto no significa que las decisiones judiciales sobre ese particular estén exentas de cualquier control de constitucionalidad pues, por el contrario, están sujetas al canon de control que es propio de cualquier resolución judicial. No obstante, el ministerio fiscal advierte del especial control de constitucionalidad que procede efectuar respecto de aquellas resoluciones judiciales que no aplican una norma legal interna, por su apreciada contrariedad con el Derecho de la Unión, sin plantear cuestión prejudicial, ni tampoco cuestión de inconstitucionalidad. Afirma que en estos casos —y no en los que el órgano judicial aplica la norma interna sin plantear cuestión prejudicial, por estimarla conforme con el Derecho de la Unión Europea (STC 27/2013)— se pueden lesionar los derechos a la tutela judicial efectiva y al proceso debido. En apoyo a lo expuesto trae a colación la STC 232/2015, de 5 de noviembre, FJ 5, para poner de relieve que la inaplicación de una ley interna por entenderla incompatible con el Derecho de la Unión Europea, sin previamente formular cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, resulta contraria al derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), siempre que exista «una duda objetiva, clara y terminante sobre esa supuesta contradicción (STC 58/2004, FFJJ 9 a 14)». Y añade que el Tribunal Constitucional ha puesto de manifiesto que, en orden a enjuiciar desde la perspectiva del art 24. 1 CE, el carácter fundado de una resolución judicial que inaplica una norma legal vigente por su oposición al Derecho europeo, sin suscitar cuestión prejudicial, habrá que estar a lo establecido por la propia doctrina del Tribunal de Justicia acerca de los presupuestos para la formulación de la cuestión prejudicial, correspondiendo a los órganos judiciales apreciar la concurrencia de tales presupuestos (STC 78/2010, de 20 de octubre, FJ 2). En la misma línea el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su sentencia de fecha de 8 de abril de 2014, caso Dhabi contra Italia, también pone de manifiesto, en relación con el derecho al proceso debido reconocido en el art 6.1 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales (CEDH), que los órganos judiciales nacionales deben justificar, de acuerdo con la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los supuestos por los que deciden no plantear cuestión prejudicial. Refiere, a continuación, que, en los casos en que no se plantea la cuestión prejudicial y se inaplica directamente la norma legal nacional, se incide en la integridad del ordenamiento jurídico, al eludir también el control de la cuestión de inconstitucionalidad, sobre la base de la primacía del Derecho de la Unión. Así, en la propia STC 78/2010, el Tribunal Constitucional entró a enjuiciar, en el caso que examinaba, el carácter fundado de la resolución que había inaplicado la norma legal vigente, sin plantear cuestión prejudicial por estimar que ya existía una decisión prejudicial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la cuestión objeto del proceso, y apreció que esta decisión del órgano judicial no estaba correctamente fundada en Derecho. Tras sintetizar la doctrina Cilfit sobre los supuestos de dispensa del planteamiento de la cuestión prejudicial, el ministerio fiscal compendia la argumentación judicial dada a favor de omitir la cuestión prejudicial. Sobre ese particular, pone de relieve que, en el fundamento jurídico 8 de la sentencia recurrida, se afirma que, en la sentencia de 7 de febrero de 2012, el Tribunal Supremo resolvió que no era necesario plantear esa cuestión respecto de la correcta aplicación del art. 3.2 de la Directiva 2003/54/CE, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, puesto que ya existía una decisión prejudicial al respecto, concretamente la STJUE de 20 de abril 2010 recaída en el asunto Federutility, que la referida resolución consideró como «acto aclarado». En relación con el presente supuesto, el órgano judicial también considera que existen decisiones prejudiciales del Tribunal de Justicia en casos análogos; en concreto, la ya citada STJUE 20 de abril de 2010, dictada en al asunto Federutility, y la de 7 de septiembre de 2016, recaída en el asunto Anode. En relación con esta última sentencia, señala que el órgano judicial apreció que las consideraciones que en dicha resolución se formulan respecto de la normativa francesa sobre precios regulados en el suministro del gas, en relación con los requisitos que establece la Directiva 2009/73/CE para las obligaciones de servicio público impuestas a las empresas de gas natural, son trasladables a la regulación de la financiación del bono social que establece el art. 45.4 LSE; y, en base a ello, consideró que dicho precepto es contrario a lo dispuesto en el art. 3.2 de la Directiva 2009/72/CE, pues no cumple las condiciones de transparencia, no discriminación, control y proporcionalidad exigidas por esa Directiva. Sin embargo, el ministerio fiscal comparte el criterio de la administración recurrente acerca de que el Tribunal Supremo no ha justificado realmente que concurra un supuesto de «acto aclarado». Según manifiesta, el citado Tribunal se ha limitado a expresar una declaración de voluntad, que es la de estimar que las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en esas sentencias son plenamente trasladables a la cuestión controvertida sobre la nueva regulación del régimen de financiación del bono social, pero no ofrece ninguna explicación sobre cuáles son los criterios que le permiten considerar que pueden ser aplicables, para resolver la cuestión controvertida, unas decisiones prejudiciales del Tribunal de Justicia que se pronuncian sobre la interpretación de la Directivas relativas al mercado del gas —y no sobre las del mercado de la electricidad— y además se refieren a otro tipo de obligaciones de servicio público distintas del bono social. Añade que la sentencia del caso Anode versa sobre un supuesto en el que la norma legal controvertida impone a determinadas empresas suministradoras de gas un precio regulado a clientes finales, a fin de garantizar el suministro y la cohesión territorial; por el contrario, en el caso que aquí nos ocupa el supuesto versa sobre una norma que regula el régimen de financiación por parte del sector eléctrico, de una medida destinada a favorecer al consumidor vulnerable. Por ello, el ministerio fiscal entiende que no se ha apreciado correctamente la doctrina del «acto aclarado», pues el objeto de la decisión prejudicial que fue resuelta por el Tribunal de Justicia (caso Anode) no puede ser considerado idéntico o análogo al actual; que se trata de Directivas distintas, cuya aplicación se proyecta sobre los mercados interiores de dos productos energéticos diferentes (gas y energía); y que la norma legal controvertida impone un precio regulado a determinadas suministradoras de gas, a fin de garantizar el suministro y la cohesión social (asunto Anode), mientras que en el proceso de origen del presente recurso de amparo, la cuestión discutida se refiere al régimen de financiación del bono social. Con independencia de lo afirmado sobre la falta de explicación de las razones por las que concurren los requisitos del «acto aclarado», el ministerio fiscal reitera que el tribunal a quo no ha apreciado correctamente la doctrina del «acto aclarado». La sentencia en que se basa el tribunal para considerar que puede abstenerse de plantear cuestión prejudicial no puede catalogarse como materialmente idéntica, ni que haya recaído en un asunto análogo, que permita conocer «de manera evidente y sin ninguna duda objetiva razonable cuál es la correcta aplicación de la norma europea en el caso controvertido». Por tanto, la existencia de dudas razonables sobre la interpretación de la norma comunitaria, en relación con la regulación legal discutida, determina que no proceda considerar que concurra un supuesto de «acto aclarado». A lo que cabe añadir que los supuestos de dispensa del planteamiento de la cuestión prejudicial deben ser objeto de interpretación estricta, tal y como pone de relieve la sentencia Cilfit. También incide a favor de esas dudas la existencia de un voto particular contra la sentencia impugnada en esta sede, amén del dictamen del Consejo de Estado relativo al proyecto de orden por el que se desarrolla la metodología para la fijación de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar respecto del bono social. En ese dictamen, dicho órgano consultivo manifestó que el régimen de financiación satisface los requisitos impuestos por la normativa europea. Por todo lo expuesto, estima que se han vulnerado los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva sin indefensión y al proceso debido (arts. 24. 1 y 2 CE), pues se ha incurrido en un exceso de jurisdicción al pronunciarse la Sala Tercera del Tribunal Supremo sobre la incompatibilidad de la norma legal con el Derecho europeo al margen del proceso debido, vulnerando el sistema de fuentes, al inaplicar directamente la norma legal vigente y eludir indebidamente el mecanismo de control. Ello lleva a la fiscalía a interesar una sentencia estimatoria del amparo solicitado, que anule las resoluciones impugnadas, con retroacción de actuaciones, al objeto de que por la Sala Tercera del Tribunal Supremo se dicte nueva resolución que sea respetuosa con los derechos fundamentales infringidos. 8. La representación procesal de la mercantil Viesgo Infraestructuras Energéticas, S.L. (en adelante Viesgo, S.L.), presentó su escrito de alegaciones en fecha 17 de julio de 2017. En primer lugar, trae a colación los aspectos más relevantes de la normativa reguladora de la financiación del bono social entonces en vigor, de los que colige que, si bien los sujetos obligados a financiar esa medida no han sido designados nominativamente por la ley, tal obligación no recae sobre todos los agentes del sector eléctrico, sino solo sobre un reducido grupo de ellos. Por otro lado, también rechaza el alegato de la administración recurrente, que sostiene que la financiación del bono social no es una carga que se imponga de manera definitiva; una cosa es que la cuantía de esa financiación se calcule anualmente y otra distinta que sus destinatarios estén obligados indefinidamente a cumplirla. A continuación, refuta algunas de las censuras que la demandante dirige a la sentencia combatida en esta sede; en concreto, considera que la falta de proporcionalidad que aprecia el Tribunal Supremo no trae causa de la imposición de la obligación a algunos de los agentes del sector eléctrico (esa circunstancia vulnera el principio de no discriminación), sino porque la obligación no se establece con carácter excepcional, ni con un alcance temporal limitado, sino de forma indefinida y sin derecho a retorno o composición alguna. Tampoco yerra la sentencia, por las razones ya expuestas, cuando estima que la obligación de financiar tiene carácter indefinido. Y por último, a juicio de la codemandada, dicha resolución tampoco incurre en la falta de motivación que se le reprocha, al igual que tampoco adolece de ese déficit el auto que resuelve el incidente de nulidad de actuaciones. Dentro del apartado nominado «fundamentos jurídicos», en primer lugar plantea, como óbice a la admisibilidad del recurso, la falta de especial trascendencia constitucional. Al respecto, invoca la reiterada doctrina constitucional que permite apreciar en sentencia, tanto la insuficiente justificación de la especial trascendencia constitucional (art. 49.1 LOTC), como la ausencia de especial trascendencia constitucional del recurso [art. 50.1 b) LOTC: STC 31/2017, de 27 de febrero]. Para la codemandada, las razones dadas por la recurrente para afirmar la especial trascendencia constitucional se reconducen a que el Tribunal Constitucional debe aclarar o matizar la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el «acto aclarado»; un motivo que carece notoriamente de esa especial trascendencia, pues se proyecta sobre un ámbito que forma parte del Derecho europeo, pero no del Derecho constitucional interno, habida cuenta de que la cuestión prejudicial europea es una institución propia de la normativa de la Unión Europea, cuya función es garantizar la eficacia y autonomía de ese ordenamiento respecto de los ordenamientos nacionales. Por tanto, a su juicio, el asunto que ahora ocupa podría tener «trascendencia europea», pero carece de especial trascendencia constitucional. La codemandada añade que lo hasta ahora expuesto no significa descartar que el proceso aplicativo del Derecho europeo carezca de relevancia constitucional, pues es evidente que tal proceso puede dar lugar a la vulneración de los derechos fundamentales, como así lo recoge la doctrina constitucional cuando afirma que el incumplimiento de la obligación de plantear cuestión prejudicial, en los términos establecidos por el Derecho europeo, puede vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva. Sin embargo, la demandante no ha identificado la especial trascendencia constitucional de su recurso con la necesidad de matizar o aclarar esa doctrina, sino con un elemento propio del Derecho europeo sujeto a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Subsidiariamente, la codemandada interesa la desestimación del recurso porque las resoluciones impugnadas no han vulnerado los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y al proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE). En relación con la falta de motivación que se reprocha a la sentencia, la parte pone de manifiesto que ese vicio no fue denunciado en el incidente de nulidad de actuaciones. Basa ese aserto en que, como así se refleja en el fundamento jurídico cuarto del auto impugnado en esta sede, el incidente de nulidad de actuaciones versó sobre la incongruencia omisiva porque «la sentencia viene a afirmar que podría haber otras opciones para elegir financiadores del bono social que a su juicio serían más adecuadas, no afirma cuál sería la mejor […] pero concluye que la elegida por el legislador no le gusta». Y, pese a lo expuesto, en la demanda de amparo no se denuncia una pretendida incongruencia omisiva, sino que lo que se reprocha a la misma es que no esté debidamente motivada, lo cual no fue objeto de queja formal en el incidente de nulidad de actuaciones. Seguidamente, sostiene que las resoluciones combatidas sí contienen una motivación adecuada porque, a su parecer, la sentencia exterioriza todos los motivos en que se funda lo resuelto en ella, tras tomar en consideración los argumentos de las partes y realizar una exégesis sobre la normativa europea y nacional de aplicación al caso. Igualmente, pone de manifiesto las razones por las que considera que la norma interna es contraria al Derecho europeo, amén de dilucidar sobre la procedencia de formular cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y llega a la conclusión de que no es necesario tal planteamiento pues, tras analizar la doctrina expuesta en los asuntos Federutility y Anode, considera que, en el presente caso, resulta de aplicación la doctrina del Tribunal de Justicia sobre el «acto aclarado», lo que le exonera de la obligación de plantearla. Por otro lado, afirma que el hecho de no haber planteado cuestión prejudicial no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva de la demandante. Sobre ese particular invoca la doctrina constitucional que, según refiere, establece que las decisiones relativas al planteamiento de las cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea están sujetas al canon de control constitucional que es propio de las resoluciones judiciales, que solamente exige constatar que aquellas no incurren en arbitrariedad o falta de razonabilidad, pues al Tribunal Constitucional no le corresponde pronunciarse sobre el eventual acierto de la decisión adoptada. Desde esa perspectiva, la codemandada refiere que la sentencia dictada por el órgano judicial sí exterioriza el razonamiento que le lleva a descartar el planteamiento de la cuestión prejudicial, pese a reconocer que la regla general exige su planteamiento. Y ese razonamiento toma en consideración la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre el «acto aclarado» que, en el presente caso, se aprecia en relación con las sentencias recaídas en los asuntos Federutility y Anode, de las cuales lleva a cabo un análisis detallado para, finalmente, explicar por qué la doctrina establecida en esas sentencias es aplicable al caso sujeto a su enjuiciamiento. Esa argumentación, concluye la codemandada, podrá gustar o no al recurrente pero no deja de constituir una motivación razonada, razonable y fundada en Derecho. A continuación, censura la tesis que, sobre el contenido y alcance del «acto aclarado», sustenta la administración demandante de amparo. Afirma que, según doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo relevante no es que se trate de casos iguales sino de que el citado Tribunal haya asentado jurisprudencia sobre una norma europea. En suma, para ponderar la concurrencia del «acto aclarado» resulta decisivo constatar que la jurisprudencia asentada por el Tribunal de Justicia sea aplicable y no que los casos enjuiciados sean iguales. En las sentencias recaídas en los asuntos Federutility y Anode, el Tribunal de Justicia interpreta los límites y las prohibiciones que el art. 3 de las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE (cuya redacción es idéntica) imponen a las normativas nacionales en lo relativo al establecimiento de obligaciones del servicio público; en particular la delimitación de los criterios que se fijan para verificar si esas obligaciones cumplen con los estándares de no discriminación, proporcionalidad, objetividad, transparencia y verificación que, dentro de ese contexto, corresponde efectuar a los jueces nacionales. Por tales motivos, considera que el Tribunal Supremo sí estaba habilitado para aplicar al caso el art. 3.2 de la Directiva 2009/72/CE y la jurisprudencia europea que lo interpreta, sin necesidad de recabar la intervención del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. De ahí que resolviera el recurso contencioso-administrativo mediante la estricta aplicación de la jurisprudencia del indicado Tribunal. Por último, rechaza que aspectos tales como la decisión de no condenar en costas, la formulación de un voto particular o el dictamen del Consejo de Estado sobre la regulación de la financiación del bono social corroboren la necesidad del planteamiento de la cuestión prejudicial. 9. En fecha 19 de julio de 2017 tuvieron entrada en el registro de este Tribunal las alegaciones de Gas Natural Sdg, S.A., en las que interesa la inadmisión del recurso por falta de legitimación de la demandante y, subsidiariamente, su desestimación. En cuanto a la legitimación de la administración, la codemandada alega que la STC 78/2010, de 20 de octubre, apreció la falta de legitimación de la persona jurídico-pública en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) en un caso, como el presente, relativo a la falta de planteamiento de una cuestión prejudicial en un pleito en el que la administración defendía el ejercicio de sus potestades públicas. La legitimación de la persona jurídico-pública solo existiría, en un supuesto de ese tipo, si hubiera padecido indefensión, lo que, según sostiene la entidad, no ha ocurrido en el presente caso, ya que el abogado del Estado no sólo no propuso al órgano judicial el planteamiento de cuestión prejudicial sino que se opuso expresamente a dicho planteamiento. Por ello, concluye, puede decirse que «la parte ahora recurrente en amparo carece manifiestamente de legitimación para formular semejante pretensión consistente en solicitar al Tribunal Constitucional lo opuesto a lo solicitado ante el Tribunal Supremo», circunstancia a la que se suma que la propia Administración General del Estado «ha acatado el fallo de la sentencia impugnada», habiéndose modificado incluso el tenor del art. 45.4 LSE para adaptarlo a la doctrina fijada por el alto tribunal. En cuanto al fondo del asunto, la codemandada afirma que, desde la STC 78/2010, de 20 de octubre, y, en particular, con las SSTC 212/2014, de 18 de diciembre, y 3/2016, de 18 de enero, así como con el ATC 155/2016, de 20 de septiembre, «desde la perspectiva del art. 24.1 CE el canon de control establecido respecto del único motivo de amparo (la decisión de no plantear cuestión prejudicial) no difiere del fijado por este Alto Tribunal respecto del de la motivación de las resoluciones judiciales, por lo que ‘lo único’ que le corresponde al Tribunal Constitucional [es] ‘ponderar si la resolución judicial está fundada en Derecho y es fruto de una exégesis racional de la legalidad ordinaria’». Con esta perspectiva, analiza los fundamentos de derecho séptimo y octavo de la sentencia impugnada y llega a la conclusión de que la motivación empleada en ellos no puede ser calificada «de arbitraria, ni tampoco de ‘manifiestamente’ irrazonable, pues el Tribunal Supremo, en los referidos fundamentos jurídicos, justifica de forma razonada y razonable, su decisión con base en la propia doctrina del Tribunal de Luxemburgo sobre el ‘acto aclarado’ y teniendo bien en cuenta la doctrina fijada por la citada STC 78/2010, de 20 de octubre, que concluye que la concurrencia de los presupuestos fijados al efecto por el propio Derecho Comunitario para dejar de aplicar una norma legal vigente por su contradicción con una Directiva ‘corresponde apreciar a los jueces y tribunales de la jurisdicción ordinaria’». Es, por ello, claro, concluye «que el Tribunal Supremo ha obrado conforme a Derecho como juez comunitario, interpretando la Directiva en cuestión según la doctrina aclarada del Tribunal de Luxemburgo, tan citada». 10. En fecha 20 de julio de 2017 presentó sus alegaciones Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.U. En primer lugar, la codemandada lleva a cabo un compendio sobre la evolución legislativa en relación con la financiación del bono social, hasta llegar a la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, cuyos arts. 8 y 45.4 regulan en la actualidad el sistema de reparto del coste del indicado bono, para a continuación señalar que esa entidad ha corrido con parte de la financiación de ese bono durante los años 2014 a 2016. Acto seguido, manifiesta que la administración carece de legitimación para interponer recurso de amparo, ya que sus alegaciones contradicen abiertamente lo defendido durante todo el debate procesal previo, pues en todos los procedimientos relativos a la financiación del bono social en que intervino, como parte demandada, se opuso expresamente al planteamiento de la cuestión prejudicial. También, afirma que la administración ya ha cumplido voluntariamente el fallo del Tribunal Supremo, lo que le priva del interés legítimo para obtener la tutela judicial en relación a la pretensión ejercitada. En segundo lugar, expone que la sentencia recurrida no ha vulnerado ningún derecho fundamental reconocido en el artículo 24 CE. A este respecto, sostiene que el Tribunal Supremo resolvió con fundamento en la doctrina del «acto aclarado», a la vista de la jurisprudencia asentada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los asuntos Federutility y Anode, con estricto acatamiento de la doctrina constitucional (SSTC 194/2006, de 19 de junio, FJ 2, y 212/2014, de 18 de diciembre, FJ 3) que, en relación con la decisión de no plantear cuestión prejudicial, establece que al Tribunal Constitucional solo le corresponde ponderar si la resolución judicial está fundada en derecho y es fruto de una exégesis racional de la legalidad ordinaria. Y, en el presente caso, afirma, las justificaciones contenidas en los fundamentos jurídicos 7 y 8 de la sentencia cuestionada son más que suficientes para constatar que se ha respetado ese canon, pues el órgano judicial motiva de forma razonada y razonable la decisión, con base en la propia doctrina del Tribunal de Luxemburgo sobre el «acto aclarado», de no plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia. Por todo ello, la codemandada interesa la íntegra desestimación del recurso de amparo en su escrito de alegaciones. 11. Por escrito fechado el día 21 de julio de 2017, la mercantil Iberdrola, S.A. presenta sus alegaciones oponiéndose a la demanda de amparo. En primer lugar explica el contexto y los antecedentes relevantes de la controversia judicial, en particular la Directiva 2009/72/CE y las normas nacionales que regulan el bono social. Resume, después, el contenido de la sentencia impugnada y los motivos de amparo expuestos por la administración. Posteriormente, trae a colación la doctrina del Tribunal Constitucional según la cual no cabe cuestionar, con base en el art. 24.1 CE, la decisión del tribunal ordinario de no plantear la cuestión prejudicial, siempre que esa decisión sea el fruto de una exégesis racional de la legalidad ordinaria. No obstante, reconoce que existen dos matizaciones a esa doctrina, como así se señala en la STC 232/2015: cuando el tribunal nacional toma una decisión contraria a la doctrina ya establecida por la Unión Europea, lo que no concurre en el caso que nos ocupa; y en aquellos supuestos en que «dejar de aplicar una ley interna, sin plantear cuestión de inconstitucionalidad, por entender un órgano jurisdiccional que esa ley es contraria al derecho de la Unión Europea, sin plantear tampoco cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es contrario al derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) si existe una ‘duda objetiva, clara y terminante’ sobre esa supuesta contradicción (STC 58/2004, FFJJ 9 a 14)». No obstante, tras invocar las SSTC 212/2014, de 18 de diciembre, y 99/2015, de 25 de mayo, afirma que, desde la perspectiva del mencionado art. 24.2 CE, es suficiente con que, al órgano judicial, no se le planteen dudas sobre el alcance del Derecho de la Unión. Dicho lo anterior, la codemandada lleva a cabo una exposición sobre la argumentación dada en la STC 58/2004 acerca del alcance y finalidad de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que, según afirma, no consiste en aclarar la aplicación al caso concreto del Derecho de la Unión Europea, sino en concretar cuál es su interpretación y alcance, para, seguidamente, afirmar que el recurso de amparo ha perdido su objeto. Tal aserto trae causa de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 7/2016, de 23 de diciembre, que regula el mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica, norma esta que fue promulgada tras el dictado de la sentencia recurrida en amparo. Según sostiene, en la exposición de motivos de la mencionada norma se contemplan los principios que deben regir la financiación del bono social, con el mismo alcance que se fija en la sentencia dictada por el Tribunal Supremo; y ello porque la selección de las empresas comercializadoras de energía eléctrica para costear el bono social constituye una medida basada en razones objetivas, transparentes y no discriminatorias, que no quiebran el principio de proporcionalidad conforme a la doctrina establecida en esa sentencia. Siendo así, en el presente recurso no se plantea ningún debate sustantivo sobre lo dicho por el Tribunal Supremo acerca de cuál deba ser la interpretación y aplicación del derecho de la Unión, ni sobre lo que podría haber dicho de forma distinta el Tribunal de Justicia, de haberse planteado la cuestión prejudicial. De ahí que la actual controversia sea puramente formal y en cierto sentido bizantina, pues pretende que el Tribunal Supremo plantee una cuestión prejudicial para resolver una cuestión de fondo que ya no es controvertida. Acto seguido, afirma que el recurso de amparo carece de especial trascendencia constitucional, pues la que expresamente aduce la administración recurrente no es tal. Señala que no corresponde al Tribunal Constitucional clarificar cuáles son los supuestos que han de concurrir para aplicar la doctrina del «acto claro» o del «acto aclarado», ya que esa cuestión se anuda a la interpretación del art. 267 TFUE y de la jurisprudencia dictada en su desarrollo por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por otro lado, aunque sí corresponde al Tribunal Constitucional analizar, desde la perspectiva del art. 24 CE, la interpretación que el tribunal ordinario haga del art. 267 TFUE, pone de relieve que, sobre ese aspecto, la doctrina constitucional es inequívoca y pétrea, como ha quedado expuesto. Asimismo, recuerda que, en un caso que considera idéntico, concretamente el resuelto por la STS de fecha 7 de febrero de 2012, que declaró inaplicable el sistema de financiación del bono social regulado en el Real Decreto-ley 6/2009, el Tribunal Constitucional acordó la inadmisión de la demanda de amparo interpuesta por la abogacía del Estado, mediante providencia de 26 de septiembre de 2012, al apreciar la manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable. Añade que, pese a los esfuerzos de la administración demandante por poner de relieve las diferencias entre el modelo de financiación seguido por el Real Decreto-ley 6/2009 (el coste se distribuía entre una lista de entidades cerrada e inamovible) y el establecido por el art. 45.4 LSE (sistema no definitivo ni nominal, sino contingente), lo cierto es que las diferencias que refiere la demandante no son tales, por lo que procede adoptar la misma decisión que la acordada en la providencia indicada. Además, añade que la administración carece de legitimación para recurrir, pues aunque el recurso de amparo también se encuadra formalmente en el artículo 24.2 CE, lo que realmente se invoca es un déficit de motivación que debe encontrar encaje en el artículo 24.1 CE. Y esa dimensión del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión no protege a las personas jurídico-públicas cuando, como acontece en el presente, la administración actúa en el ejercicio de sus potestades jurídico-públicas. En cuanto al fondo, niega que las resoluciones impugnadas hayan vulnerado el art. 24 CE. Tras detallar exhaustivamente los diferentes argumentos que ofrece la sentencia para desmontar las razones contenidas en la exposición de motivos del Real Decreto-ley 9/2013 acerca del sistema de financiación del bono social, así como las que ofrece para justificar el no planteamiento de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de todo ello colige: i) que en el presente supuesto no existe una duda objetiva, clara y terminante sobre la contradicción entre el Derecho de la Unión y el Derecho Nacional, pues así lo expresa el Tribunal Supremo en su razonamiento; ii) que la decisión adoptada por ese órgano judicial es fruto de una exégesis racional de la legalidad ordinaria y no resulta ser, por tanto, manifiestamente arbitraria o injustificada. Y ello porque la referida resolución explica de manera detallada los hechos del caso y los principios y la normativa aplicable; expone la doctrina del Tribunal de Justicia que considera de aplicación en relación con los límites impuestos a las obligaciones de servicio público (asuntos Federutility y Anode) y constata que esa doctrina coincide con la interpretación del art. 3 de la Directiva 2009/72/ CE, por lo que concluye con la afirmación de que el Tribunal Supremo decidió no plantear cuestión prejudicial. Finalmente, en apoyo de la decisión adoptada por el Tribunal Supremo, considera que, entre la obligación de financiar el déficit de tarifa y financiar el bono social, existen sustanciales diferencias, principalmente porque esta última es una obligación de servicio público. También refiere que, datos tales como la formulación de un voto particular proclive al planteamiento de la cuestión prejudicial, que el dictamen en Consejo de Estado no opusiera reparos a la compatibilidad del sistema de financiación del bono social con el Derecho de la Unión o que se excluyera la imposición de costas porque la controversia suscita suficientes dudas de Derecho para considerar improcedente la condena en costas, no engendran una «duda razonable» que determine la necesidad de plantear cuestión prejudicial. 12. La representación procesal de Gas Natural Sdg, S.A., presentó escrito el día 23 de octubre de 2017, en el que solicita la declaración de la pérdida sobrevenida de objeto de este recurso y subsidiariamente, que se inadmita o se desestime en los términos suplicados en el escrito de alegaciones de 19 de julio de 2017. Según afirma, el objeto ha desaparecido puesto que la Orden ET/929/2017, dispone que la indemnización a abonar no corre a cargo de los presupuestos del Estado sino por cuenta del superávit del sistema eléctrico. Así pues, como se ha imputado la referida indemnización a ese superávit, que no forma parte del patrimonio de la administración, no existe una obligación para esta última de resarcir a la parte demandante en el procedimiento judicial, y, por esa razón, habría desaparecido de manera sobrevenida el objeto del presente recurso. 13. Mediante providencia de fecha 4 de abril de 2019, se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 8 del mismo mes y año. II. Fundamentos jurídicos 1. Objeto del proceso y planteamientos de las partes. El presente recurso de amparo tiene por objeto la sentencia dictada el día 2 de noviembre de 2016 por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, así como el auto de 22 de diciembre de 2016, del mismo órgano judicial, por el que se desestima el incidente de nulidad de actuaciones promovido frente a aquella. Para la administración demandante, que actúa representada por el abogado del Estado, se han vulnerado los apartados 1 y 2 del artículo 24 CE; es decir, el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión y el derecho a un proceso con todas las garantías. A su parecer, el órgano judicial ha inaplicado el artículo 45.4 de la Ley del sector eléctrico (LSE) entonces en vigor, que establece el régimen de financiación del bono social eléctrico, al considerar que es incompatible con el artículo 3.2 de la Directiva 2009/72/CE; y ha adoptado esa decisión sin previamente plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ofreciendo una motivación manifiestamente insuficiente para justificar ese proceder, pues alega que resulta aplicable la doctrina sobre el «acto aclarado», con base en las sentencias recaídas en los asuntos Federutility y Anode, pero no dice cuáles son las razones y motivos por los que cabe apreciarla. Además, para la administración se aplica inadecuadamente la doctrina del Tribunal de Justicia sobre el «acto aclarado», que permite preterir una norma estatal por incompatibilidad con el Derecho de la Unión Europea, sin plantear cuestión prejudicial. Esa errónea apreciación se produce porque no hay identidad material entre los casos ya resueltos por el Tribunal de Justicia y el que se enjuicia en la sentencia impugnada, sin que tampoco los supuestos cotejados sean análogos. Por su parte, las entidades mercantiles comparecidas, Viesgo, S.L., Gas Natural Sdg, S.A., e Iberdrola, S.A., han interesado la inadmisión del recurso por diferentes óbices procesales, en concreto, por entender que el recurso carece de especial transcendencia constitucional, considerar que la Administración General del Estado carece de legitimación activa para impugnar en amparo las resoluciones judiciales cuestionadas y, finalmente, por sostener la pérdida sobrevenida de objeto, de conformidad con las argumentaciones que se exponen, de modo detallado, en los antecedentes. De modo subsidiario, aquellas solicitan la desestimación del recurso por considerar que la sentencia del Tribunal Supremo no ha vulnerado los derechos, a la tutela judicial efectiva y al proceso con todas las garantías, que defiende la Administración General del Estado. El ministerio fiscal, con sustento en los argumentos que detalladamente se han relatado en los antecedentes, interesa la estimación del recurso de amparo, al considerar que se han vulnerado los derechos fundamentales de la demandante a la tutela judicial efectiva sin indefensión y al proceso debido (art. 24. 1 y 2 CE). Por último, la entidad Endesa, S.A., no ha presentado alegaciones. 2. Coincidencia del objeto del presente recurso con el resuelto en la STC 37/2019, de 26 de marzo. Tanto el objeto del presente proceso constitucional como los planteamientos procesales y sustantivos introducidos por las partes en el debate de este recurso son sustancialmente coincidentes con los que ya han sido abordados en nuestra reciente STC 37/2019, de 26 de marzo, dictada en el recurso de amparo 593-2017. Así: a) La resolución judicial ahora impugnada (STS de 2 de noviembre de 2016) procede del mismo órgano judicial (Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo) y también declara (a instancia de una compañía eléctrica distinta) la inaplicación, por contradicción con lo dispuesto en el art. 3.2 de la Directiva 2009/72/CE, del Parlamento y del Consejo, del art. 45.4 LSE y del Real Decreto 968/2014, de 21 de noviembre, utilizando, para llegar a esa conclusión, la doctrina del «acto aclarado», en relación con las SSTJUE de 20 de abril de 2010 (asunto Federutility) y de 7 de septiembre de 2016 (asunto C-121/15, Anode). b) La argumentación de la sentencia ahora impugnada reproduce, además, punto por punto la contenida en la sentencia de 24 de octubre de 2016, del mismo órgano judicial, que fue objeto de análisis en la citada STC 37/2019, de 26 de marzo. También en este caso el Tribunal Supremo estima (fundamento jurídico 8) que la financiación del bono social se hace recaer, entre otros, sobre algunos agentes del sector eléctrico con muy escaso peso específico, quedando exentas de esa obligación otras entidades o grupos empresariales con mayor relevancia, bien sea por su volumen de negocios, su importancia relativa en algunos de los sectores de actividad o porque desarrollan de forma simultánea e integrada dos actividades, sin que se haya ofrecido una justificación plausible de ese trato diferenciado, ni en la normativa cuestionada ni por la administración demandada. Se considera, igualmente, que el modelo de financiación establecido en el art. 45.4 LSE no es compatible con las exigencias que impone el art. 3.2 de la Directiva 2009/72/CE respecto de las obligaciones de servicio público, entre las que se incluye la financiación del bono social. También, en este caso, el Tribunal Supremo invoca la concurrencia del llamado «acto aclarado», vista la jurisprudencia sentada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en las reiteradas SSTJUE de 26 de abril de 2010 (asunto C-265/208, Federutility) y de 7 de septiembre de 2016 (asunto C-121/15, Anode). Estamos, así, ante la misma argumentación que ya examinamos en nuestra STC 37/2019 sobre la incompatibilidad del régimen jurídico de financiación del bono social con lo dispuesto en el art. 3.2 de la Directiva 2009/72/CE, en relación con las obligaciones de servicio público y sobre la improcedencia del planteamiento de la cuestión prejudicial con base en la doctrina del «acto aclarado». c) La demanda de amparo presentada por la Administración General del Estado en el presente recurso se corresponde íntegramente con la que ya formuló aquella en el recurso de amparo 593-2017, que concluyó con la citada STC 37/2019. No se hace en ella ninguna alegación distinta a las ya examinadas en la referida resolución. d) Finalmente, las alegaciones formuladas por las partes en el presente recurso de amparo también reproducen, tanto en lo que se refiere a los óbices procesales planteados como a las cuestiones de fondo, las que fueron realizadas en el recurso de amparo 593-2017. En este sentido, aunque en este proceso ha formulado alegaciones Gas Natural Sdg, S.A., entidad que no llegó a presentarlas en el recurso de amparo 593-2017, el contenido de las mismas no introduce ningún elemento novedoso respecto a los aspectos ya examinados en la STC 37/2019, ya que insiste, como se ha visto, en la falta de legitimación de la administración y en la aplicación del canon general de motivación con el que se examina, por regla general, cualquier resolución judicial (art. 24.1 CE). La plena homogeneidad del presente recurso de amparo con el resuelto en la reciente STC 37/2019 permite abordar las diversas cuestiones procesales y sustantivas suscitadas por las partes con remisión expresa y puntual a lo ya dicho en la citada resolución. 3. Cuestiones procesales. En relación con las alegaciones de índole procesal realizadas por las partes, que podrían impedir la adopción de un pronunciamiento de fondo, hemos de señalar que: a) Como explicamos en la STC 37/2019, FJ 2, no puede apreciarse la solicitud de pérdida sobrevenida de objeto realizada, en este caso, por las mercantiles Gas Natural Sdg, S.A., e Iberdrola, S.A., toda vez que, ni el reintegro de las cantidades abonadas, ni tampoco el cambio normativo producido pueden servir de sustento a una decisión en este sentido. El reintegro de las cantidades que fueron satisfechas por las empresas eléctricas para subvenir a la financiación del bono social no constituye el objeto directo de este recurso de amparo, pues tal circunstancia no es más que una consecuencia derivada de la inaplicación de la norma que regulaba la obligación de financiar el precitado bono social. Tampoco el dictado de la nueva normativa, que sustituye a la que anteriormente regulaba el modelo de financiación del bono social, priva a este recurso de su razón de ser, pues la cuestión a dilucidar no es si el contenido del art. 45.4 LSE es contrario o no a lo dispuesto en el art. 3.2 de la Directiva 2009/72/CE, sino si la inaplicación por el órgano judicial del primero de los preceptos citados, invocando para excusarse de plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la doctrina del «acto aclarado», lesiona los derechos fundamentales anteriormente mencionados. b) Del mismo modo y, en coherencia con lo resuelto en la citada STC 37/2019 [FJ 3 a)], hemos de rechazar la alegación de Gas Natural Sdg, S.A., Iberdrola, S.A., e Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A., sobre la falta de legitimación de la administración demandante para recurrir en amparo las resoluciones cuestionadas, pues «lo que en realidad late en este proceso constitucional no es solo la defensa del interés general, cuya tutela le corresponde a la administración demandante, sino la protección de los principios básicos de un sistema democrático encarnados en la dignidad de unas leyes aprobadas por unos Parlamentos […], circunstancia esta que «legitima activamente a la administración recurrente para impetrar la defensa de su limitado derecho a la tutela judicial efectiva, así como la defensa de su derecho a un proceso con todas las garantías» (STC 58/2004, de 19 de abril, FJ 5). Es, en particular, el art. 24.2 CE el que sustenta la legitimación de la administración, pues «el derecho a un proceso con todas las garantías constituye una de las manifestaciones del derecho a la tutela judicial efectiva de la que, por excepción, son titulares las personas jurídico-públicas» (STC 78/2010, de 20 de octubre, FJ 7). c) También ha de ser desestimada la alegación de falta de especial transcendencia constitucional del recurso, pues este caso también suscita un problema o faceta de un derecho fundamental sobre el que, hasta el dictado de la STC 37/2019, no había doctrina de este Tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)], en la medida en que «permite que este Tribunal pueda perfilar el canon constitucional del control de las decisiones judiciales que, no siendo susceptibles de ulterior recurso ordinario según el Derecho interno, dejan de aplicar una ley nacional por entender que es incompatible con el Derecho de la Unión Europea, sin plantear previamente cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En el presente caso, el órgano judicial ha fundamentado su decisión en el contenido de una o varias sentencias del referido Tribunal de Justicia que, aun cuando este las considera constitutivas de un «acto aclarado», sin embargo no se refieren específicamente a la ley inaplicada. Y en todo caso, a lo dicho añadimos que «es a este Tribunal a quien corresponde apreciar si el contenido del recurso justifica una decisión sobre el fondo en razón de su especial trascendencia constitucional, que ‘encuentra su momento procesal idóneo en el trámite de admisión contemplado en el art. 50.1 LOTC’ (SSTC 192/2012, de 29 de octubre, FJ 2, y 21/2015, de 16 de febrero, FJ 2)» [STC 37/2019, de 26 de marzo, FJ 3 b)]. d) Por último, como señalamos en la STC 37/2019 [FJ 3 c)], puede constatarse que también en este caso la demandante reprodujo, en el seno del procedimiento judicial, los aspectos sustanciales de la vulneración de los derechos fundamentales que entendió haber padecido, permitiendo, de ese modo, que el órgano judicial ofreciera una respuesta al respecto. Por tanto, debe entenderse que la demandante ha agotado las posibilidades de reparación en la vía judicial, al igual que ha quedado preservada la subsidiaridad del recurso de amparo, rechazándose, por ello, la alegación de contrario realizada por la mercantil Viesgo. 4. Doctrina aplicable. Hemos de dar por reproducida la exposición doctrinal contenida en nuestra reciente STC 37/2019, de 26 de marzo, FJ 4, en relación con el planteamiento de la cuestión prejudicial, concluyendo, como entonces, que nuestra doctrina puede expresarse, de manera sintética, del siguiente modo: a) Resulta contrario al derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), dejar de aplicar una norma interna (tenga esta o no rango de ley) sin plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuando exista una «duda objetiva, clara y terminante» sobre esa supuesta contradicción [SSTC 58/2004, FFJJ 9 a 14; 232/2015, FJ 5 a)]. Tal duda objetiva puede derivar (i) del hecho de existir un criterio generalizado de los tribunales españoles acerca de la compatibilidad entre ambas normas, que el órgano judicial no desvirtúa mediante una motivación específica en la resolución impugnada en amparo; (ii) porque pese a haberse dictado una o más resoluciones por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea referentes a dicha norma nacional, ninguna se ha pronunciado directamente sobre las cuestiones que ahora se suscitan; (iii) o bien por la conjunción de ambas circunstancias (STC 58/2004, FFJJ 13-14). b) Resulta igualmente contrario al derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), por alteración del sistema de fuentes, la inaplicación de una norma interna sin plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando se fundamente dicha decisión en la doctrina del «acto aclarado», en los casos en que tal doctrina no pueda ser invocada. Es decir, cuando no sea posible afirmar que «la cuestión planteada es materialmente idéntica a una que ya fue objeto anteriormente de una decisión con carácter prejudicial en un asunto análogo» (STJUE de 6 de octubre de 1982, asunto 283/81, Cilfit, apartado 13) como, por ejemplo, se examinó en la ya citada STC 194/2006, de 19 de junio. c) En sentido contrario a lo anterior, «dejar de plantear la cuestión prejudicial y aplicar una ley nacional supuestamente contraria al Derecho de la Unión no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva si esa decisión es fruto de una exégesis racional de la legalidad ordinaria, pues solo estos parámetros tan elevados forman parte de los derechos consagrados en el art. 24 CE» [STC 232/2015, FJ 5 b), con cita de las anteriores SSTC 27/2013, de 11 de febrero, FJ 7; 212/2014, de 18 de diciembre, FJ 3, y 99/2015, de 25 de mayo, FJ 3]. d) Asimismo, cumpliéndose con los requisitos de la doctrina del «acto aclarado», también hemos dicho que «corresponde a este Tribunal velar por el respeto del principio de primacía del Derecho de la Unión cuando exista una interpretación auténtica efectuada por el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En estos casos, el desconocimiento y preterición de esa norma de Derecho de la Unión, tal y como ha sido interpretada por el Tribunal de Justicia, puede suponer una ‘selección irrazonable y arbitraria de una norma aplicable al proceso’, lo cual puede dar lugar a una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva» [STC 232/2015, FJ 5 c), con cita de la anterior STC 145/2012, de 2 de julio, FFJJ 5 y 6], En igual sentido, SSTC 148/2016, de 19 de septiembre, FJ 5 b); 162/2016, de 3 de octubre, FJ 2, y 75/2017, de 19 de junio, FJ 2. También hemos de remitirnos in toto al análisis efectuado en el fundamento jurídico 5 de nuestra STC 37/2019, en relación con la normativa interna (art. 45.4 LSE) y de la Unión Europea (art. 3.2 de la Directiva 2009/72/CE) que la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha tenido en cuenta para dirimir el litigio, así como la doctrina sobre «el acto aclarado» elaborada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (STJUE de 6 de octubre de 1982, asunto 238/1981, Cilfit). 5. Resolución del recurso de amparo. A la vista de lo expuesto en los fundamentos jurídicos anteriores, debe ser estimada la queja relativa a la alegada vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), debido a la errónea consideración de inaplicar la norma nacional, sin necesidad de plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en consideración a lo ya apreciado en nuestra STC 37/2019, FJ 6. Así: a) La fundamentación jurídica de la sentencia impugnada debería haber incluido una explicación sobre los concretos motivos por los que se considera que concurre el referido «acto aclarado». Al no haberse argumentado en el sentido expuesto, cabe afirmar que el órgano judicial no ha justificado, desde la perspectiva propia del «acto aclarado» que se configura en la sentencia Cilfit, por qué se debe considerar que el presente caso es análogo a los asuntos Federutility y Anode; cuáles son las circunstancias que permiten entender que la cuestión que ahora se suscita es sustancialmente idéntica a la que se planteó en los asuntos antes indicados; o cuál es la concreta doctrina fijada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que, en relación con la presente controversia, sustenta el «acto aclarado» que el tribunal a quo invoca. b) Tampoco en este caso concurrían los presupuestos necesarios para apreciar que la doctrina emanada en las referidas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea constituía un «acto aclarado» respecto del problema interpretativo suscitado y, por tanto, el órgano judicial no estaba dispensado de plantear cuestión prejudicial ante el mencionado Tribunal de Justicia, pues «aunque el precepto interpretado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tuviera el mismo contenido tanto en la Directiva del sector eléctrico como en la relativa al sector del gas, no se trataba de las mismas Directivas, ni del mismo sector ni los problemas abordados, respectivamente, por las sentencias Federutility y Anode y por la sentencia impugnada son exactamente iguales. Por ello, no puede concluirse que, mediante las referidas sentencias, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hubiera aclarado una cuestión idéntica y suscitada en un caso análogo al enjuiciado por el Tribunal Supremo, que son los requisitos fijados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para apreciar la concurrencia del ‘acto aclarado’ y enervar la obligación que tienen los tribunales nacionales de plantear cuestión prejudicial. No está de más recordar que, contra la sentencia impugnada se formuló un voto particular y que el dictamen del Consejo de Estado, de 6 de noviembre de 2014, al que se ha hecho referencia en los antecedentes de esta resolución, no planteó objeciones respecto de la compatibilidad del sistema de financiación del bono social con el Derecho europeo» (STC 37/2019, de 26 de marzo, FJ 6) Debemos, pues, reconocer la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), que ha sido denunciada por la parte recurrente, toda vez que el órgano judicial ha inaplicado la normativa nacional por considerarla incompatible con el art. 3.2 de la Directiva 2009/72/CE, sin previamente haber recabado un pronunciamiento prejudicial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ello ha dado lugar a una preterición del sistema de fuentes y a la vulneración del derecho fundamental del art. 24.2 CE. Una vez apreciada la vulneración anteriormente indicada, la insuficiente motivación acerca de las razones por las que se aprecia la concurrencia del «acto aclarado», dato este en el que la demandante funda la vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión, carece ya de virtualidad, como queja de lesión autónoma, al haberse reconocido, por las razones expuestas, que el tribunal a quo no estaba exonerado de plantear la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por todo ello, procede estimar el recurso de amparo por vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE). El otorgamiento del amparo debe comportar, conforme a lo dispuesto en el art. 55.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el reconocimiento del derecho fundamental vulnerado, la declaración de nulidad de la sentencia y del auto objeto de impugnación, con retroacción de actuaciones al momento anterior al de dictarse la primera de las resoluciones citadas, a fin de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dicte otra resolución respetuosa con el derecho fundamental conculcado. FALLO En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA, Ha decidido Otorgar el amparo solicitado por la Administración General del Estado y, en consecuencia: 1.º Declarar vulnerado el derecho a un proceso público con todas las garantías (art. 24.2 CE). 2.º Restablecerla en la integridad de su derecho y, a tal fin, anular la sentencia de 2 de noviembre de 2016, de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y el auto de 22 de diciembre de 2016, de la misma Sala y Sección, por el que se desestimó el incidente de nulidad de actuaciones promovido frente a la referida sentencia. 3.º Retrotraer las actuaciones al momento anterior al de la sentencia, para que el indicado órgano judicial dicte nueva resolución que sea respetuosa con el derecho fundamental vulnerado, en los términos expresados en el fundamento jurídico quinto de esta resolución. Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». Dada en Madrid, a ocho de abril de dos mil diecinueve.–Encarnación Roca Trías.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Antonio Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.

Sentencias del Tribunal Constitucional: Tumba una del Supremo, al que pide que vuelva a dictar resolución, sobre el asunto de si las eléctricas deben pagar o no el bono social.

ECLI:ES:TC:2019:46   La Sala Segunda del Tribunal Constitucional compuesta por la magistrada doña Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo Enríquez Sancho, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En el recurso de amparo núm. 597-2017, interpuesto por la Administración General del Estado contra la sentencia recaída en el procedimiento ordinario 1/11/2015, dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en fecha 2 de noviembre de 2016 y contra el auto de 22 de diciembre de 2016, de la misma Sala y Sección, que desestimó el incidente de nulidad de actuaciones promovido por la ahora recurrente frente a la resolución citada en primer lugar. Ha intervenido el ministerio fiscal. Han comparecido las entidades mercantiles Endesa, S.A., Viesgo Infraestructuras Energéticas, S.L., Gas Natural Sdg, S.A., Iberdrola, S.A., e Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. Ha sido ponente el magistrado don Antonio Narváez Rodríguez. I. Antecedentes 1. Mediante escrito presentado en el registro general de este Tribunal el día 2 de febrero de 2017, la Administración General del Estado (en adelante la Administración), representada por el abogado del Estado, interpuso recurso de amparo contra la sentencia y el auto referidos en el encabezamiento. 2. Los hechos relevantes para resolver este recurso de amparo son los siguientes: a) En fecha 19 de enero de 2015, la entidad Gas Natural Sdg, S.A., interpuso ante el Tribunal Supremo recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 968/2014, de 21 de diciembre, por el que se desarrollaba la metodología para la fijación de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social. En la demanda (registrada en el Tribunal Supremo el 10 de marzo de 2015), la mercantil argumentó que dicho real decreto era contrario a Derecho, pues entendía que el precepto legal del que trae causa, el artículo 45.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, entonces vigente (en adelante LSE) infringía el Derecho de la Unión Europea, en particular lo dispuesto en el artículo 3 de la Directiva 2009/72/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas para el mercado interior de la electricidad (en adelante Directiva 2009/72/CE). También se alegaba en la demanda que el art. 45.4 LSE vulneraba los arts. 9.3 y 14 CE. En el suplico la entidad solicitaba que se declarara inaplicable el aludido precepto y, de modo subsidiario, la inconstitucionalidad de la norma aludida por vulnerar la Constitución española. Igualmente, interesaba, en cualquiera de los dos casos, que le fueran reintegradas las cantidades pagadas en concepto de bono social. Por medio de otrosí segundo, la mercantil solicitaba que, si se estimaba necesario por el órgano judicial, se planteara cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, en el otrosí tercero, que se formulara cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. b) En fecha 2 de noviembre de 2016, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dictó sentencia, cuyo fallo, a los efectos que interesan al presente recurso, fue el siguiente: «1. Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto en representación de ‘Gas Natural Sdg, S.A.’ contra el Real Decreto 968/2014, de 21 de noviembre, por el que se desarrolla la metodología para la fijación de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social; 2. Declarar inaplicable el régimen de financiación del bono social establecido en el artículo 45.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, por resultar incompatible con la Directiva 2009/72/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE; 3. Declarar inaplicables y nulos los artículos 2 y 3 del Real Decreto 968/2014, de 21 de noviembre, que desarrollan lo dispuesto en el citado artículo 45.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre; 4. Declarar el derecho de ‘Gas Natural Sdg, S.A.’ a ser indemnizada por las cantidades abonadas en concepto de bono social en aplicación del Real Decreto 968/2014 impugnado hasta la fecha de ejecución de la sentencia, de manera que se reintegren a la demandante todas las cantidades que haya abonado por ese concepto, que se determinarán en ejecución de sentencia, más los intereses legales correspondientes computados desde fecha en que se hizo el pago hasta la fecha de su reintegro.» En los fundamentos jurídicos 7 y 8, el órgano judicial expuso las razones que le llevaron a considerar que la previsión del art. 45.4 LSE es contraria a lo preceptuado en el art. 3.2 de la Directiva 2009/72/CE, reproduciendo los mismos argumentos que ya había sostenido en otra precedente sentencia de 24 de octubre anterior, en el sentido de que, si bien «[l]a señalada contradicción de la norma legal y de la disposición reglamentaria directamente impugnada con la Directiva 2009/72/CE obligaría, en principio, a plantear una cuestión prejudicial de interpretación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de conformidad con lo previsto en el artículo 267 del TFUE», concluye su razonamiento considerando que la problemática era susceptible de resolverse a través de la doctrina del «acto aclarado», con sustento en dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, las sentencias, de 20 de abril de 2010 (asunto C-265/08, Federutility) y, muy en particular, la posterior sentencia de 7 de sep ### RESUMEN: Sentencias del Tribunal Constitucional: Tumba una del Supremo, al que pide que vuelva a dictar resolución, sobre el asunto de si las eléctricas deben pagar o no el bono social.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Ayuntamiento de Girona. b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Compras. c) Número de expediente: 2012012460. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://seu.girona.cat/portal/girona_ca/contractant. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Contrato de servicios. b) Descripción: Servicios para eliminar la contaminación visual mediante la extracción de pintadas, publicidad y otros elementos adheridos a las fachadas y otros paramentos verticales de las construcciones públicas y privadas, así como los pavimentos y calles y elementos del mobiliario urbano. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90690000-0. g) Medio de publicación del anuncio de licitación: 'Diario Oficial de la Unión Europea', 'Boletín Oficial del Estado', 'Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña' y 'Boletín Oficial de la Provincia de Girona'. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 29 de septiembre de 2012, 19 de octubre de 2012, 10 de octubre de 2012 y 9 de octubre de 2012, respectivamente. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto, con señalamiento de varios criterios de valoración de las ofertas. 4. Valor estimado del contrato: 590.251,20 euros, IVA excluido. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 134.148 euros anuales, IVA excluido. Importe total: 162.319,08 euros anuales, IVA incluido. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 11 de febrero de 2013. b) Fecha de formalización del contrato: 18 de marzo de 2013. c) Contratista: UTE Èxit Grafitis 2012. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 112.684 euros anuales, IVA excluido. Importe total: 136.347,64 euros anuales, IVA incluido. Girona, 26 de marzo de 2013.- El Alcalde-Presidente, Carles Puigdemont i Casamajó.

El Ayuntamiento de Girona gasta 136.347,64 euros anuales en la eliminación de pintadas y graffitis

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Ayuntamiento de Girona. b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Compras. c) Número de expediente: 2012012460. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://seu.girona.cat/portal/girona_ca/contractant. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Contrato de servicios. b) Descripción: Servicios para eliminar la contaminación visual mediante la extracción de pintadas, publicidad y otros elementos adheridos a las fachadas y otros paramentos verticales de las construcciones públicas y privadas, así como los pavimentos y calles y elementos del mobiliario urbano. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90690000-0. g) Medio de publicación del anuncio de licitación: 'Diario Oficial de la Unión Europea', 'Boletín Oficial del Estado', 'Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña' y 'Boletín Oficial de la Provincia de Girona'. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 29 de septiembre de 2012, 19 de octubre de 2012, 10 de octubre de 2012 y 9 de octubre de 2012, respectivamente. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto, con señalamiento de varios criterios de valoración de las ofertas. 4. Valor estimado del contrato: 590.251,20 euros, IVA excluido. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 134.148 euros anuales, IVA excluido. Importe total: 162.319,08 euros anuales, IVA incluido. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 11 de febrero de 2013. b) Fecha de formalización del contrato: 18 de marzo de 2013. c) Contratista: UTE Èxit Grafitis 2012. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 112.684 euros anuales, IVA excluido. Importe total: 136.347,64 euros anuales, IVA incluido. Girona, 26 de marzo de 2013.- El Alcalde-Presidente, Carles Puigdemont i Casamajó. ### RESUMEN: El Ayuntamiento de Girona gasta 136.347,64 euros anuales en la eliminación de pintadas y graffitis

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial. b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial. c) Número de expediente: 12R-004. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Servicios de transporte aéreo de pasajeros para el traslado de ciudadanos extranjeros y de los funcionarios policiales encargados de su custodia entre diversos puntos del territorio nacional y desde estos a otros países. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 60400000 (Servicios de transporte aéreo). 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 24.200.000,00 euros. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 11.000.000,00 euros. Importe total: 11.880.000,00 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 22 de noviembre de 2012. b) Fecha de formalización del contrato: 1 de marzo de 2013. c) Contratista: Air Europa Línea Aéreas,S.A.U., y Swiftair, S.A. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 11.000.000,00 euros. Importe total: 11.880.000,00 euros. e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la oferta más ventajosa económicamente para la Administración. Madrid, 7 de marzo de 2013.- Subdirector General de Gestión Económica y Patrimonial.

Interior paga a Air Europa y Swiftair un importe total de 11.880.000,00 euros, por el traslado de extranjeros a sus países de origen.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial. b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial. c) Número de expediente: 12R-004. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Servicios de transporte aéreo de pasajeros para el traslado de ciudadanos extranjeros y de los funcionarios policiales encargados de su custodia entre diversos puntos del territorio nacional y desde estos a otros países. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 60400000 (Servicios de transporte aéreo). 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 24.200.000,00 euros. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 11.000.000,00 euros. Importe total: 11.880.000,00 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 22 de noviembre de 2012. b) Fecha de formalización del contrato: 1 de marzo de 2013. c) Contratista: Air Europa Línea Aéreas,S.A.U., y Swiftair, S.A. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 11.000.000,00 euros. Importe total: 11.880.000,00 euros. e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la oferta más ventajosa económicamente para la Administración. Madrid, 7 de marzo de 2013.- Subdirector General de Gestión Económica y Patrimonial. ### RESUMEN: Interior paga a Air Europa y Swiftair un importe total de 11.880.000,00 euros, por el traslado de extranjeros a sus países de origen.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Consejería de Administración Pública. b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Asuntos Generales. c) Número de expediente: S-01/13. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://contratacion.gobex.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Suministro. b) Descripción: Actualización de las licencias de uso Microsoft. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 48000000 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Negociado sin publicidad por razones de exclusividad. 4. Valor estimado del contrato: 2.313.950,00. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 2.313.950,00 euros. Importe total: 2.799.879,50 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 24/05/2013. b) Fecha de formalización del contrato: 25/06/2013. c) Contratista: Microsoft Ireland Operations Limited. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 2.313.950,00 euros. Importe total: 2.799.879,50 euros. Mérida, 1 de julio de 2013.- La Secretaria General de la Consejería de Administración Pública, María José Rubio Cortés.

Extremadura paga a Microsoft por las actulizaciones de licencias de uso un importe total de 2.799.879,50 euros.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Consejería de Administración Pública. b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Asuntos Generales. c) Número de expediente: S-01/13. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://contratacion.gobex.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Suministro. b) Descripción: Actualización de las licencias de uso Microsoft. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 48000000 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Negociado sin publicidad por razones de exclusividad. 4. Valor estimado del contrato: 2.313.950,00. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 2.313.950,00 euros. Importe total: 2.799.879,50 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 24/05/2013. b) Fecha de formalización del contrato: 25/06/2013. c) Contratista: Microsoft Ireland Operations Limited. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 2.313.950,00 euros. Importe total: 2.799.879,50 euros. Mérida, 1 de julio de 2013.- La Secretaria General de la Consejería de Administración Pública, María José Rubio Cortés. ### RESUMEN: Extremadura paga a Microsoft por las actulizaciones de licencias de uso un importe total de 2.799.879,50 euros.

Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 han sido publicados mediante la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, estableciéndose en su artículo 20.Cinco.1 que compete al Gobierno, a iniciativa de los Departamentos u Organismos competentes, a propuesta del Ministerio de Hacienda y Función Pública, y previa valoración e informe sobre su repercusión en los costes de personal, la aprobación de la oferta de empleo público que corresponda a la Administración General del Estado, sus organismos públicos y demás entes públicos estatales. Este real decreto, por tanto, tiene como finalidad dar cumplimiento a lo indicado y establecer los criterios que deben orientar los procesos de selección de los candidatos que mejor se ajusten a las necesidades de la Administración General del Estado. En virtud de lo dispuesto en el artículo 70 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, de aplicación supletoria en la Policía Nacional, la presente oferta de empleo público recoge las previsiones de incorporación de los nuevos recursos humanos necesarios en el ámbito de la Policía Nacional para garantizar la correcta prestación de las funciones que tiene encomendadas este cuerpo, en función de las prioridades detectadas y de las disponibilidades presupuestarias existentes. En dicho precepto se establece que su aprobación se realizará anualmente, cubriendo la necesidad de incorporación de personal de nuevo ingreso con una cadencia temporal con periodicidad anual para asegurar el normal funcionamiento de la administración. Por otro lado, la programación de la estructura y duración del período de formación previo al acceso a las Escala Ejecutiva y Escala Básica de la Policía Nacional, determinan que la aprobación de la oferta de las correspondientes plazas deba hacerse con la anticipación necesaria, ya que la no aprobación de la misma, o un retraso, puede dificultar la planificación y el inicio de los correspondientes procesos selectivos con el consiguiente retraso del cumplimiento del período formativo y de su incorporación efectiva en la Policía Nacional, impidiendo el adecuado mantenimiento de los medios personales indispensable para la adecuada prestación de servicios esenciales. Este carácter de servicio público esencial junto a las singularidades de su despliegue territorial y la necesidad de continuar dando una respuesta adecuada a los retos que plantea la seguridad pública, provoca que resulte perentorio aprobar sin demora la presente oferta de empleo público. La Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, establece en su artículo 20.Uno.4 que la tasa de reposición para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado será del 125 por ciento. Asimismo, en el establecimiento de la presente oferta se tiene en cuenta lo dispuesto en el reglamento de los procesos selectivos y de formación de la Policía Nacional, aprobado por Real Decreto 614/1995, de 21 de abril. Las convocatorias que se publiquen derivadas de esta oferta de empleo público se adecuarán a lo establecido por el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 30 de noviembre de 2018, por el que se aprueban instrucciones para actualizar las convocatorias de pruebas selectivas de personal funcionario, estatutario y laboral, civil y militar, en orden a eliminar ciertas causas médicas de exclusión en el acceso al empleo público. En su virtud, a iniciativa del Ministro del Interior, a propuesta de la Ministra de Hacienda y Función Pública, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 24 de mayo de 2022, DISPONGO: Artículo 1. Aprobación de la oferta de empleo público. En la línea de lo dispuesto por el artículo 20.Uno.4 de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, se aprueba la oferta de empleo público de la Policía Nacional para el año 2022 en los términos que se establecen en este real decreto. Las convocatorias de pruebas selectivas derivadas de esta oferta de empleo público habrán de ser informadas favorablemente por la Dirección General de la Función Pública y solo podrán publicarse en el ejercicio presupuestario al que vienen referidas Artículo 2. Cuantificación de las plazas de la oferta de empleo público. Se autoriza la convocatoria para oposición libre en la Policía Nacional de 150 plazas en la Escala Ejecutiva y 2.456 plazas en la Escala Básica. Artículo 3. Reserva de plazas en la Escala Básica de la Policía Nacional. Del total de 2.456 plazas autorizadas en el artículo anterior, para ingreso por oposición libre en la Escala Básica de la Policía Nacional, se reservan 491 para militares profesionales de tropa y marinería que lleven al menos cinco años de servicios como tales, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20.5 de la Ley 8/2006, de 24 abril, de Tropa y Marinería, en su redacción dada por la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional. Las plazas reservadas a militares profesionales de tropa y marinería, mencionadas en el párrafo anterior, que no sean cubiertas se acumularán a las autorizadas por oposición libre en el artículo anterior en la Escala Básica de la Policía Nacional. Artículo 4. Promoción interna en la Policía Nacional. La autorización de la convocatoria de 150 plazas para oposición libre en la Escala Ejecutiva comporta la convocatoria de 300 para su provisión por promoción interna, desde la categoría de Subinspector, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Real Decreto 614/1995, de 21 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de los procesos selectivos y de formación en el Cuerpo Nacional de Policía. Disposición adicional única. Difusión de las convocatorias de pruebas selectivas. Con el objeto de ampliar la difusión de las distintas convocatorias de pruebas selectivas derivadas de esta oferta de empleo público, el Ministerio del Interior incluirá en su página web un apartado dedicado a procesos selectivos en la que recogerá cada una de las convocatorias y los actos que se deriven de ellas. Disposición final única. Entrada en vigor. El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dado en Madrid, el 24 de mayo de 2022. FELIPE R. La Ministra de Hacienda y Función Pública, MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO

Oferta de empleo público para 2022 a la Policía Nacional

Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 han sido publicados mediante la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, estableciéndose en su artículo 20.Cinco.1 que compete al Gobierno, a iniciativa de los Departamentos u Organismos competentes, a propuesta del Ministerio de Hacienda y Función Pública, y previa valoración e informe sobre su repercusión en los costes de personal, la aprobación de la oferta de empleo público que corresponda a la Administración General del Estado, sus organismos públicos y demás entes públicos estatales. Este real decreto, por tanto, tiene como finalidad dar cumplimiento a lo indicado y establecer los criterios que deben orientar los procesos de selección de los candidatos que mejor se ajusten a las necesidades de la Administración General del Estado. En virtud de lo dispuesto en el artículo 70 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, de aplicación supletoria en la Policía Nacional, la presente oferta de empleo público recoge las previsiones de incorporación de los nuevos recursos humanos necesarios en el ámbito de la Policía Nacional para garantizar la correcta prestación de las funciones que tiene encomendadas este cuerpo, en función de las prioridades detectadas y de las disponibilidades presupuestarias existentes. En dicho precepto se establece que su aprobación se realizará anualmente, cubriendo la necesidad de incorporación de personal de nuevo ingreso con una cadencia temporal con periodicidad anual para asegurar el normal funcionamiento de la administración. Por otro lado, la programación de la estructura y duración del período de formación previo al acceso a las Escala Ejecutiva y Escala Básica de la Policía Nacional, determinan que la aprobación de la oferta de las correspondientes plazas deba hacerse con la anticipación necesaria, ya que la no aprobación de la misma, o un retraso, puede dificultar la planificación y el inicio de los correspondientes procesos selectivos con el consiguiente retraso del cumplimiento del período formativo y de su incorporación efectiva en la Policía Nacional, impidiendo el adecuado mantenimiento de los medios personales indispensable para la adecuada prestación de servicios esenciales. Este carácter de servicio público esencial junto a las singularidades de su despliegue territorial y la necesidad de continuar dando una respuesta adecuada a los retos que plantea la seguridad pública, provoca que resulte perentorio aprobar sin demora la presente oferta de empleo público. La Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, establece en su artículo 20.Uno.4 que la tasa de reposición para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado será del 125 por ciento. Asimismo, en el establecimiento de la presente oferta se tiene en cuenta lo dispuesto en el reglamento de los procesos selectivos y de formación de la Policía Nacional, aprobado por Real Decreto 614/1995, de 21 de abril. Las convocatorias que se publiquen derivadas de esta oferta de empleo público se adecuarán a lo establecido por el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 30 de noviembre de 2018, por el que se aprueban instrucciones para actualizar las convocatorias de pruebas selectivas de personal funcionario, estatutario y laboral, civil y militar, en orden a eliminar ciertas causas médicas de exclusión en el acceso al empleo público. En su virtud, a iniciativa del Ministro del Interior, a propuesta de la Ministra de Hacienda y Función Pública, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 24 de mayo de 2022, DISPONGO: Artículo 1. Aprobación de la oferta de empleo público. En la línea de lo dispuesto por el artículo 20.Uno.4 de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, se aprueba la oferta de empleo público de la Policía Nacional para el año 2022 en los términos que se establecen en este real decreto. Las convocatorias de pruebas selectivas derivadas de esta oferta de empleo público habrán de ser informadas favorablemente por la Dirección General de la Función Pública y solo podrán publicarse en el ejercicio presupuestario al que vienen referidas Artículo 2. Cuantificación de las plazas de la oferta de empleo público. Se autoriza la convocatoria para oposición libre en la Policía Nacional de 150 plazas en la Escala Ejecutiva y 2.456 plazas en la Escala Básica. Artículo 3. Reserva de plazas en la Escala Básica de la Policía Nacional. Del total de 2.456 plazas autorizadas en el artículo anterior, para ingreso por oposición libre en la Escala Básica de la Policía Nacional, se reservan 491 para militares profesionales de tropa y marinería que lleven al menos cinco años de servicios como tales, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20.5 de la Ley 8/2006, de 24 abril, de Tropa y Marinería, en su redacción dada por la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional. Las plazas reservadas a militares profesionales de tropa y marinería, mencionadas en el párrafo anterior, que no sean cubiertas se acumularán a las autorizadas por oposición libre en el artículo anterior en la Escala Básica de la Policía Nacional. Artículo 4. Promoción interna en la Policía Nacional. La autorización de la convocatoria de 150 plazas para oposición libre en la Escala Ejecutiva comporta la convocatoria de 300 para su provisión por promoción interna, desde la categoría de Subinspector, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Real Decreto 614/1995, de 21 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de los procesos selectivos y de formación ### RESUMEN: Oferta de empleo público para 2022 a la Policía Nacional

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña. 2) Domicilio: C/ Puig i Xoriguer, 11-13. 3) Localidad y código postal: Barcelona 08004. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?department=25000&reqCode=viewDetail&keyword=&idCap=1419083&ambit=1&. d) Número de expediente: MO-01/16. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Servicios para la producción y gestión del 080 Barcelona Fashion que se celebrará en Barcelona en enero/febrero de 2017. c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sí, 3 lotes. e) Plazo de ejecución/entrega: 6 meses. f) Admisión de prórroga: Sí. Para la edición de junio/julio de 2017. i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79955000. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria y anticipada. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 2.840.622,00 euros, sin IVA. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe total: 1.420.311,00 euros, sin IVA. 6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 25 de julio de 2016, antes de las 14:00 horas. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Consorci de Comerç, Artesanía y Moda de Cataluña. 2) Domicilio: C/ Puig i Xoriguer, 11-13. 3) Localidad y código postal: Barcelona 08004. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda Cataluña. b) Dirección: C/ Puig i Xoriguer, 11-13. c) Localidad y código postal: Barcelona. d) Fecha y hora: 19 de septiembre de 2016, a las 10 horas. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 2 de junio de 2016. Barcelona, 7 de junio de 2016.- Montserrat Vilalta, Directora del Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña.

La producción y gestión del 080 Barcelona Fashion, presupuestada por importe total de 1.420.311,00 euros, sin IVA.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña. 2) Domicilio: C/ Puig i Xoriguer, 11-13. 3) Localidad y código postal: Barcelona 08004. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?department=25000&reqCode=viewDetail&keyword=&idCap=1419083&ambit=1&. d) Número de expediente: MO-01/16. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Servicios para la producción y gestión del 080 Barcelona Fashion que se celebrará en Barcelona en enero/febrero de 2017. c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sí, 3 lotes. e) Plazo de ejecución/entrega: 6 meses. f) Admisión de prórroga: Sí. Para la edición de junio/julio de 2017. i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79955000. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria y anticipada. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 2.840.622,00 euros, sin IVA. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe total: 1.420.311,00 euros, sin IVA. 6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 25 de julio de 2016, antes de las 14:00 horas. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Consorci de Comerç, Artesanía y Moda de Cataluña. 2) Domicilio: C/ Puig i Xoriguer, 11-13. 3) Localidad y código postal: Barcelona 08004. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda Cataluña. b) Dirección: C/ Puig i Xoriguer, 11-13. c) Localidad y código postal: Barcelona. d) Fecha y hora: 19 de septiembre de 2016, a las 10 horas. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 2 de junio de 2016. Barcelona, 7 de junio de 2016.- Montserrat Vilalta, Directora del Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña. ### RESUMEN: La producción y gestión del 080 Barcelona Fashion, presupuestada por importe total de 1.420.311,00 euros, sin IVA.

1. Poder adjudicador: 1.1) Nombre: Junta de Contratación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 1.2) Número de identificación fiscal: S2801449F. 1.3) Dirección: Paseo de la Castellana nº 63. 1.4) Localidad: Madrid. 1.5) Provincia: Madrid. 1.6) Código postal: 28071. 1.7) País: España. 1.8) Código NUTS: ES300. 1.11) Correo electrónico: secretariajunta@inclusion.gob.es 1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=s1fwLTRUzpYuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D 2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida: 2.1) Tipo: Administración General del Estado. 2.2) Actividad principal ejercida: Gestión y Administración de la Seguridad Social. 4. Códigos CPV: 4.1) CPV principal: 79311300 (Servicios de análisis de estudios). 4.2) CPV Lote 1: 79311300 (Servicios de análisis de estudios). 4.3) CPV Lote 2: 79311300 (Servicios de análisis de estudios). 4.4) CPV Lote 3: 79311300 (Servicios de análisis de estudios). 4.5) CPV Lote 4: 79311300 (Servicios de análisis de estudios). 5. Lugar principal de prestación de los servicios: 5.1) Código NUTS principal: ES. 5.2) Código NUTS Lote 1: ES. 5.3) Código NUTS Lote 2: ES. 5.4) Código NUTS Lote 3: ES. 5.5) Código NUTS Lote 4: ES. 6. Descripción de la licitación: 6.1) Descripción genérica: Servicio de asistencia técnica al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para el desarrollo de las actuaciones de Políticas de Inclusión. 6.2) Lote 1: Proyecto de asistencia técnica para la elaboración de un Plan para la reordenación y simplificación del sistema de prestaciones económicas no contributivas de la Administración General del Estado. 6.3) Lote 2: Proyecto de asistencia técnica para la elaboración del informe del mapa de políticas de inclusión en España. 6.4) Lote 3: Proyecto de asistencia técnica para la elaboración del manual del impacto normativo en inclusión. 6.5) Lote 4: Proyecto de asistencia técnica para la realización de una comparativa internacional sobre la definición de inclusión. 7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto acelerado (Por razones de interés público y ante la necesidad de contar con los trabajos realizados y cumplir con las obligaciones establecidas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.). 9. Criterios de adjudicación: 9.1) Diseño y preparación de una jornada de difusión explicativa de los resultados obtenidos (Ponderación: 5%). 9.2) Importe ofertado (Ponderación: 49%). 9.3) Criterios de adjudicación no evaluables de forma automática por aplicación de fórmula (Ponderación: 46%). 10. Fecha de adjudicación: 10.1) Lote 1: 17 de diciembre de 2021. 10.3) Lote 3: 3 de diciembre de 2021. 10.4) Lote 4: 3 de diciembre de 2021. 11. Ofertas recibidas: 11.1) Lote 1: 11.1.1) Número de ofertas recibidas: 5. 11.1.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 0. 11.1.5) Número de ofertas recibidas por vía electrónica: 5. 11.3) Lote 3: 11.3.1) Número de ofertas recibidas: 6. 11.3.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 0. 11.3.5) Número de ofertas recibidas por vía electrónica: 6. 11.4) Lote 4: 11.4.1) Número de ofertas recibidas: 4. 11.4.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 0. 11.4.5) Número de ofertas recibidas por vía electrónica: 4. 12. Adjudicatarios: 12.1) Lote 1: 12.1.1) Nombre: PwC Asesores de Negocios, S.L. 12.1.2) Número de identificación fiscal: B78016375. 12.1.4) Localidad: Madrid. 12.1.7) País: España. 12.3) Lote 3: 12.3.1) Nombre: PwC Asesores de Negocios, S.L. 12.3.2) Número de identificación fiscal: B78016375. 12.3.4) Localidad: Madrid. 12.3.7) País: España. 12.4) Lote 4: 12.4.1) Nombre: KPMG Asesores, S.L. 12.4.2) Número de identificación fiscal: B82498650. 12.4.4) Localidad: Madrid. 12.4.7) País: España. 13. Valor de las ofertas: 13.1) Lote 1: 13.1.1) Valor de la oferta seleccionada: 977.648,51 euros. 13.1.2) Valor de la oferta de mayor coste: 1.280.433,00 euros. 13.1.3) Valor de la oferta de menor coste: 977.648,51 euros. 13.3) Lote 3: 13.3.1) Valor de la oferta seleccionada: 519.053,34 euros. 13.3.2) Valor de la oferta de mayor coste: 697.767,00 euros. 13.3.3) Valor de la oferta de menor coste: 462.804,77 euros. 13.4) Lote 4: 13.4.1) Valor de la oferta seleccionada: 441.683,00 euros. 13.4.2) Valor de la oferta de mayor coste: 665.922,00 euros. 13.4.3) Valor de la oferta de menor coste: 441.683,00 euros. 15. Información sobre fondos de la Unión Europea: Proyecto o programa financiado por fondos de la Unión Europea. Programas de financiación: Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, componente 22 y 23. 16. Procedimientos de recurso: 16.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso: 16.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. 16.1.2) Dirección: Avda General Perón nº 38. 16.1.3) Localidad: Madrid. 16.1.5) Código postal: 28071. 16.1.6) País: España. 17. Publicación anterior referente al presente procedimiento: 17.1) ID: 2021-284089. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (24 de septiembre de 2021). 17.2) ID: 2021/S 189-492149. Anuncio de Licitación publicado en DOUE (29 de septiembre de 2021). 17.3) ID: 2021-284089. Anuncio de Licitación publicado en BOE (5 de octubre de 2021). 17.4) ID: 2022-465557. Envío de Anuncio de Formalización al DOUE (17 de febrero de 2022). 17.5) ID: 2022-465557. Anuncio de Formalización publicado en BOE (22 de febrero de 2022). 17.6) ID: 2022/S 037-096161. Anuncio de Formalización publicado en DOUE (22 de febrero de 2022). 17.7) ID: 2022-517377. Envío de Anuncio de Formalización al DOUE (8 de marzo de 2022). 18. Fecha de envío del anuncio: 8 de marzo de 2022. Madrid, 8 de marzo de 2022.- Presidenta de la Junta de Contratación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones , Mª Jose Hita Ugena.

Contratos de asistencia técnica, como informes o consultoría, del Ministerio de Inclusión a PwC y KPMG que suman casi 2 millones de euros para la reforma de las ayudas no contributivas, un mapa español de la inclusión, una comparativa internacional del término...

1. Poder adjudicador: 1.1) Nombre: Junta de Contratación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 1.2) Número de identificación fiscal: S2801449F. 1.3) Dirección: Paseo de la Castellana nº 63. 1.4) Localidad: Madrid. 1.5) Provincia: Madrid. 1.6) Código postal: 28071. 1.7) País: España. 1.8) Código NUTS: ES300. 1.11) Correo electrónico: secretariajunta@inclusion.gob.es 1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=s1fwLTRUzpYuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D 2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida: 2.1) Tipo: Administración General del Estado. 2.2) Actividad principal ejercida: Gestión y Administración de la Seguridad Social. 4. Códigos CPV: 4.1) CPV principal: 79311300 (Servicios de análisis de estudios). 4.2) CPV Lote 1: 79311300 (Servicios de análisis de estudios). 4.3) CPV Lote 2: 79311300 (Servicios de análisis de estudios). 4.4) CPV Lote 3: 79311300 (Servicios de análisis de estudios). 4.5) CPV Lote 4: 79311300 (Servicios de análisis de estudios). 5. Lugar principal de prestación de los servicios: 5.1) Código NUTS principal: ES. 5.2) Código NUTS Lote 1: ES. 5.3) Código NUTS Lote 2: ES. 5.4) Código NUTS Lote 3: ES. 5.5) Código NUTS Lote 4: ES. 6. Descripción de la licitación: 6.1) Descripción genérica: Servicio de asistencia técnica al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para el desarrollo de las actuaciones de Políticas de Inclusión. 6.2) Lote 1: Proyecto de asistencia técnica para la elaboración de un Plan para la reordenación y simplificación del sistema de prestaciones económicas no contributivas de la Administración General del Estado. 6.3) Lote 2: Proyecto de asistencia técnica para la elaboración del informe del mapa de políticas de inclusión en España. 6.4) Lote 3: Proyecto de asistencia técnica para la elaboración del manual del impacto normativo en inclusión. 6.5) Lote 4: Proyecto de asistencia técnica para la realización de una comparativa internacional sobre la definición de inclusión. 7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto acelerado (Por razones de interés público y ante la necesidad de contar con los trabajos realizados y cumplir con las obligaciones establecidas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.). 9. Criterios de adjudicación: 9.1) Diseño y preparación de una jornada de difusión explicativa de los resultados obtenidos (Ponderación: 5%). 9.2) Importe ofertado (Ponderación: 49%). 9.3) Criterios de adjudicación no evaluables de forma automática por aplicación de fórmula (Ponderación: 46%). 10. Fecha de adjudicación: 10.1) Lote 1: 17 de diciembre de 2021. 10.3) Lote 3: 3 de diciembre de 2021. 10.4) Lote 4: 3 de diciembre de 2021. 11. Ofertas recibidas: 11.1) Lote 1: 11.1.1) Número de ofertas recibidas: 5. 11.1.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 0. 11.1.5) Número de ofertas recibidas por vía electrónica: 5. 11.3) Lote 3: 11.3.1) Número de ofertas recibidas: 6. 11.3.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 0. 11.3.5) Número de ofertas recibidas por vía electrónica: 6. 11.4) Lote 4: 11.4.1) Número de ofertas recibidas: 4. 11.4.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 0. 11.4.5) Número de ofertas recibidas por vía electrónica: 4. 12. Adjudicatarios: 12.1) Lote 1: 12.1.1) Nombre: PwC Asesores de Negocios, S.L. 12.1.2) Número de identificación fiscal: B78016375. 12.1.4) Localidad: Madrid. 12.1.7) País: España. 12.3) Lote 3: 12.3.1) Nombre: PwC Asesores de Negocios, S.L. 12.3.2) Número de identificación fiscal: B78016375. 12.3.4) Localidad: Madrid. 12.3.7) País: España. 12.4) Lote 4: 12.4.1) Nombre: KPMG Asesores, S.L. 12.4.2) Número de identificación fiscal: B82498650. 12.4.4) Localidad: Madrid. 12.4.7) País: España. 13. Valor de las ofertas: 13.1) Lote 1: 13.1.1) Valor de la oferta seleccionada: 977.648,51 euros. 13.1.2) Valor de la oferta de mayor coste: 1.280.433,00 euros. 13.1.3) Valor de la oferta de menor coste: 977.648,51 euros. 13.3) Lote 3: 13.3.1) Valor de la oferta seleccionada: 519.053,34 euros. 13.3.2) Valor de la oferta de mayor coste: 697.767,00 euros. 13. ### RESUMEN: Contratos de asistencia técnica, como informes o consultoría, del Ministerio de Inclusión a PwC y KPMG que suman casi 2 millones de euros para la reforma de las ayudas no contributivas, un mapa español de la inclusión, una comparativa internacional del término...

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías. b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Unidad de Contratación. 2) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 -entrada por calle Pedro Teixeira- despacho 212. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28046. 4) Teléfono: 91 213 2146/2927/2169. 5) Telefax: 91 213 2747. 6) Correo electrónico: psansor@oc.mde.es / mromcas@oc.mde.es. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma. 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 24 de mayo 2014. d) Número de expediente: 2014/01010020/00000268. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Servicios de vigilancia de seguridad para Delegaciones y Subdelegaciones de Defensa. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Urgente. b) Procedimiento: Abierto. d) Criterios de adjudicación: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe total: 280.242,75 euros. 6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5. 7. Requisitos específicos del contratista: a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo M, Subgrupo 2, Categoría C. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 25 de mayo de 2014, hasta las 12:00 horas. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Registro General del Ministerio de Defensa. 2) Domicilio: C/ Capitán Haya, 12. 3) Localidad y código postal: Madrid 28071. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Salón de Actos de la 9.ª planta del Ministerio de Defensa. b) Dirección: Paseo de la Castellana, 109 -entrada por calle Pedro Teixeira. c) Localidad y código postal: Madrid. d) Fecha y hora: 2 de junio de 2014, a las 10:10 horas. 10. Gastos de publicidad: Correrán a cargo del adjudicatario. Madrid, 16 de mayo de 2014.- El Teniente Coronel de Intendencia Jefe de la Unidad de Contratación.

Defensa sigue privatizando los Servicios de vigilancia de seguridad para Delegaciones y Subdelegaciones. Nuevo contrato.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías. b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Unidad de Contratación. 2) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 -entrada por calle Pedro Teixeira- despacho 212. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28046. 4) Teléfono: 91 213 2146/2927/2169. 5) Telefax: 91 213 2747. 6) Correo electrónico: psansor@oc.mde.es / mromcas@oc.mde.es. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma. 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 24 de mayo 2014. d) Número de expediente: 2014/01010020/00000268. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Servicios de vigilancia de seguridad para Delegaciones y Subdelegaciones de Defensa. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Urgente. b) Procedimiento: Abierto. d) Criterios de adjudicación: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe total: 280.242,75 euros. 6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5. 7. Requisitos específicos del contratista: a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo M, Subgrupo 2, Categoría C. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 25 de mayo de 2014, hasta las 12:00 horas. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Registro General del Ministerio de Defensa. 2) Domicilio: C/ Capitán Haya, 12. 3) Localidad y código postal: Madrid 28071. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Salón de Actos de la 9.ª planta del Ministerio de Defensa. b) Dirección: Paseo de la Castellana, 109 -entrada por calle Pedro Teixeira. c) Localidad y código postal: Madrid. d) Fecha y hora: 2 de junio de 2014, a las 10:10 horas. 10. Gastos de publicidad: Correrán a cargo del adjudicatario. Madrid, 16 de mayo de 2014.- El Teniente Coronel de Intendencia Jefe de la Unidad de Contratación. ### RESUMEN: Defensa sigue privatizando los Servicios de vigilancia de seguridad para Delegaciones y Subdelegaciones. Nuevo contrato.

I El artículo 17 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, establece que para el cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor se incluirán de forma aditiva en su estructura: el coste de producción de energía eléctrica, los peajes de acceso y cargos que correspondan y los costes de comercialización que correspondan. El Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico de contratación. El artículo 7 del citado real decreto recoge la estructura general de los precios voluntarios para el pequeño consumidor, incluyendo en el término de potencia del precio voluntario para el pequeño consumidor el coste de comercialización, expresado en euros/kW y año, que será fijado por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. La disposición adicional octava.2 del mencionado real decreto fijó en 4 euros/kW y año, a partir de 1 de abril de 2014, el valor del anteriormente denominado margen de comercialización fijo, definido en el artículo 7, para cada uno de los peajes aplicables al precio voluntario para el pequeño consumidor, añadiendo que este valor podría ser modificado por Orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo (actual Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital), previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. En el apartado 3 de la disposición adicional octava del mismo real decreto se daba a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia un mandato para elaborar y enviar al Ministerio de Industria, Energía y Turismo un informe sobre el margen comercial que correspondiera aplicar a la actividad de comercialización de referencia para realizar el suministro de energía eléctrica a precio voluntario del pequeño consumidor y a tarifa de último recurso, donde se detallasen cada uno de los costes de comercialización que incorporase. Atendiendo a lo anterior, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, al amparo de la función supervisora prevista en el artículo 5.1 y en el artículo 7 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, así como en la propia disposición adicional octava del Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, antes referida, realizó un requerimiento de información a todas las empresas comercializadoras de gas y/o electricidad que ejercen la actividad de comercialización a consumidores finales en el ámbito de actuación nacional o peninsular en los sectores de electricidad y/o gas natural. En particular, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia solicitó información a las empresas comercializadoras del sector eléctrico y del sector gasista sobre los costes de comercialización correspondientes a los ejercicios 2010, 2011, 2012 y 2013 y previsión para el ejercicio 2014, junto con un documento explicativo de las hipótesis de cálculo. El 3 de noviembre de 2015 el Tribunal Supremo dictó tres sentencias relativas a los recursos contencioso-administrativos números 358/2014, 395/2014 y 396/2014, en las que se declaró nulo el apartado 2 de la disposición adicional octava del Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo. Las sentencias anularon el referido apartado 2 por entender que el valor en él fijado lo había sido sin la previa aprobación de la necesaria metodología para determinar tanto los costes de comercialización como la remuneración razonable que pudiera proceder, absteniéndose la Sala de entrar a valorar la suficiencia o insuficiencia del margen comercial que se venía aplicando. Por ello, condenaron al Gobierno a aprobar una metodología, a fijar con arreglo a la misma los costes de comercialización y a regularizar las cantidades derivadas de la actividad de comercialización de conformidad con el valor así resultante, y ello con efectos desde el 1 de abril de 2014. El 19 de mayo de 2016 fue aprobado por la Sala de Supervisión Regulatoria de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y remitido al Ministerio de Industria, Energía y Turismo el «Informe sobre el margen comercial que corresponde aplicar a la actividad de comercialización de referencia para realizar el suministro de energía eléctrica a precio voluntario del pequeño consumidor en el sector eléctrico y a tarifa de último recurso de gas en el sector del gas natural». La citada Comisión realiza en dicho informe un análisis detallado de los costes comunicados por las empresas comercializadoras de electricidad y de gas en respuesta a su petición y propone el reconocimiento de determinados costes de explotación prudentemente incurridos y de una retribución por el ejercicio de su actividad. II A partir de los datos enviados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y de las conclusiones del análisis realizado por ésta, se ha elaborado una metodología para el cálculo de los costes de comercialización de las comercializadoras de referencia a incluir en el cálculo del precio voluntario para el pequeño consumidor. La misma pretende el reconocimiento de los costes para realizar la actividad de comercialización de referencia por una empresa eficiente y bien gestionada, tomando como referencia los costes de las tres comercializadoras de referencia más eficientes, siempre que éstas representen una cuota de mercado de al menos el 40 por ciento, o un número superior de comercializadoras hasta alcanzar esa cuota. Asimismo, se reconoce una retribución por el ejercicio de su actividad de comercialización de referencia sobre las ventas de energía eléctrica. La imputación de dichos costes para su recuperación como costes de comercialización a través del precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC) se llevará a cabo mediante un término por potencia contratada y otro término por energía consumida. Éste último recogerá los costes vinculados a la financiación del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, a la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local (en adelante, tasa de ocupación de la vía pública), y al valor de la cuantía de la retribución por su actividad de comercialización de referencia. La metodología que se regula en este real decreto prevé una revisión de los componentes fijos de los costes de comercialización y de la retribución por el ejercicio de la actividad cada tres años, y una actualización anual de la parte ligada a la financiación del Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Por su parte, el componente variable de la tasa de ocupación de la vía pública variará horariamente de acuerdo con la variación horaria de los términos que su fórmula incluye y que son los integrados en el coste de producción de energía del PVPC. En aplicación de esta metodología, se establece una habilitación para aprobar mediante orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo (actual Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital), previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, por un lado, y con las particularidades que se regulan en este real decreto, los valores concretos que resulten para su aplicación en el año 2014 (desde el 1 de abril) y en los años 2015 y 2016, contemplando su recuperación mediante las oportunas regularizaciones. Por otro lado, se habilita a aprobar los valores de los costes de comercialización para el período 2016, 2017 y 2018, primer periodo trianual de aplicación de la metodología que se regula en este real decreto. Por consiguiente, con este real decreto se sientan las bases para el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Supremo antes citadas por las que se declara nulo el apartado 2 de la disposición adicional octava del Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, cuya ejecución se culminará con la aprobación de la orden ministerial llamada a concretar los valores resultantes de la aplicación de la metodología prevista, de acuerdo con las disposiciones adicionales primera y transitoria primera de este real decreto. De acuerdo con lo establecido en los artículos 5.2 a), 5.3 y 7 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, lo dispuesto en el presente real decreto ha sido informado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en su «Informe sobre la propuesta de real decreto por el que se establece la metodología para el cálculo del margen comercial de las comercializadoras de referencia a introducir en el precio voluntario para el pequeño consumidor», aprobado por la Sala de Supervisión Regulatoria en su sesión del día 14 de julio de 2016. Para la elaboración de su informe dicha Comisión ha tomado en consideración las observaciones y comentarios del Consejo Consultivo de Electricidad. Asimismo, se ha cumplimentado el preceptivo trámite de audiencia con su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», además de la consulta llevada a cabo por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a través de su Consejo Consultivo de Electricidad. En su virtud, a propuesta del Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 18 de noviembre de 2016, DISPONGO: Artículo único. Modificación del Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico de contratación. El Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico de contratación, queda modificado en los siguientes términos: Uno. El apartado 2 del artículo 7 queda redactado como sigue: «2. El término de potencia del precio voluntario para el pequeño consumidor, TPU, expresado en euros/kW y año, será el término de potencia del peaje de acceso y cargos más el término fijo de los costes de comercialización, calculado de acuerdo con la siguiente fórmula: TPU = TPA + CCF Donde: TPU: Término de potencia del PVPC. TPA: Término de potencia del peaje de acceso y cargos de aplicación al suministro, expresado en euros/kW y año. CCF: Término fijo de los costes de comercialización, expresado en euros/kW y año que será fijado por orden del Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.» Dos. El artículo 12 queda redactado en los siguientes términos: «Artículo 12. Determinación del término de otros costes a incluir en el cálculo del término de la energía del precio voluntario al pequeño consumidor. El valor del coste correspondiente a otros costes asociados al suministro en el periodo tarifario p, OCh, se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula: OCh = CCOMh + CCOSh + CCVh+ CAPh + INTh Siendo: CCOMh: cuantía relativa al pago de los comercializadores para la financiación de la retribución del Operador del Mercado Ibérico de Energía, Polo Español, expresada en euros/MWh y fijada de acuerdo a la normativa en vigor en cada momento. Esta cuantía será la misma para todas las horas y periodos tarifarios. CCOSh: cuantía relativa al pago de los comercializadores para la financiación de la retribución del Operador del Sistema, expresada en euros/MWh y fijada de acuerdo con la normativa de aplicación. Esta cuantía será la misma para todas las horas y periodos tarifarios. CCVh: Término variable horario de los costes de comercialización, expresado en €/MWh, que será calculado y tomará el valor que resulte de acuerdo con lo previsto en la normativa en vigor. Los componentes de este término serán calculados por el operador del sistema y publicados el día anterior al del suministro, para cada una de las 24 horas del día siguiente. CAPh: Pago de los mecanismos de capacidad de generación correspondiente al consumo en la hora h, expresado en euros/MWh, y fijados de acuerdo con la normativa de aplicación en cada momento. INTh: cuantía horaria relativa al pago de los comercializadores de referencia para la financiación del servicio de interrumpibilidad expresada en euros/MWh de acuerdo a lo previsto en la normativa de aplicación. Este precio será calculado por el operador del sistema y publicado el día anterior al del suministro, para cada una de las 24 horas del día siguiente.» Tres. Se añade un nuevo Título VII, con la siguiente redacción: «TÍTULO VII Metodología para el cálculo de los costes de comercialización de las comercializadoras de referencia (COR) a introducir en el precio voluntario para el pequeño consumidor de energía eléctrica CAPÍTULO I Costes de comercialización de las COR Artículo 21. Retribución correspondiente a los costes de comercialización. La retribución correspondiente a los costes de comercialización a considerar en el cálculo del PVPC incluirá: a) Una retribución por los costes de explotación en que incurra una empresa eficiente y bien gestionada para el ejercicio de la actividad de comercialización de referencia; b) Una retribución por la actividad de comercialización de referencia. Artículo 22. Estructura de los costes de explotación a incluir en los costes de comercialización. Los costes de explotación que se tendrán en cuenta para el establecimiento de la retribución por costes de explotación, se desagregarán en centros de coste según lo siguiente: a) Costes de explotación fijos por potencia contratada, que incluirán: 1.º costes de contratación, 2.º costes de facturación y cobro, 3.º costes de atención al cliente en que sea obligatorio incurrir de acuerdo con lo previsto en la normativa estatal, 4.º costes de estructura, 5.º costes financieros debidos a la interposición de garantías en el mercado, 6.º costes fijos asociados a la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local [en adelante, Tasa de Ocupación de la Vía Pública (TOVP)] regulada en el artículo 24.1.c) del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 7.º en su caso, otros costes de naturaleza fija debidos a medidas regulatorias de la actividad de comercialización de energía eléctrica establecidas en la normativa estatal que sea de aplicación en todo el territorio español, y que expresamente se reconozcan por orden del Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. b) Costes de explotación variables por energía activa consumida, que serán los siguientes: 1.º costes variables asociados a la Tasa de Ocupación de la Vía Pública (TOVP) regulada en el artículo 24.1.c) del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; 2.º costes de contribución al Fondo Nacional de Eficiencia Energética regulado en el capítulo IV del Título III de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia; 3.º en su caso, otros costes de naturaleza variable debidos a medidas regulatorias de la actividad de comercialización de energía eléctrica establecidas en la normativa estatal que sea de aplicación en todo el territorio español, y que expresamente se reconozcan por orden del Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Artículo 23. Facturación de los costes de comercialización. 1. Los costes de comercialización de aplicación en la facturación del PVPC tendrán dos términos: a) Un término fijo por potencia, denominado término fijo de los costes de comercialización (CCF) y expresado en €/kW y año, que se incorporará al término de potencia del precio voluntario para el pequeño consumidor, TPU, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7. El término CCF coincidirá con la retribución total por costes de explotación fijos (RTCEF), expresada en €/kW y año establecida en el artículo 24. b) Un término variable horario por energía consumida, denominado CCVh y expresado en €/kWh, que se incorporará al término de energía del PVPC, de acuerdo con lo previsto en el artículo 12. El término variable horario de los costes de comercialización (CCVh) será la suma de dos términos: CCVh = RCEVh + Runitaria Siendo: – RCEVh: Retribución horaria por costes de explotación variables, expresada en €/kWh establecida en el artículo 24. – Runitaria: Retribución unitaria de los comercializadores de referencia por el ejercicio de su actividad, expresada en €/kWh establecida en el artículo 25. CAPÍTULO II Determinación de los componentes de los costes de comercialización Artículo 24. Metodología para la fijación de la retribución por costes de explotación. 1. En el año n, a partir de la información aportada por las empresas comercializadoras de referencia de energía eléctrica conforme a lo dispuesto en el artículo 27, se calculará y se fijará una única retribución total por costes de explotación fijos (RTCEF) para el siguiente periodo trianual (años n+1, n+2 y n+3), según lo siguiente: RTCEF = RCEF + RCFtovp + RMRf Donde: – RTCEF = Retribución total por costes de explotación fijos, expresada en €/kW y año. – RCEF = Retribución por costes de explotación fijos, expresada en €/kW y año. – RCFtovp = Retribución por componente fijo de la tasa de ocupación de la vía pública (TOVP), expresada en €/kW y año. – RMRf = Retribución por otros costes de naturaleza fija debidos a medidas regulatorias de la actividad de comercialización de energía eléctrica establecidas en la normativa estatal que sea de aplicación en todo el territorio español, expresado en €/kW y año. a) La retribución por costes de explotación fijos (RCEF) se obtendrá de acuerdo con lo siguiente: 1.º Para cada una de las COR, se calculará el coste unitario fijo en €/kW, obtenido como la relación entre la suma de costes de explotación fijos definidos en el artículo 22.a) expresados en euros y que hayan sido declarados por la empresa, excluidos los costes asociados a la tasa de ocupación de la vía pública, de los dos años anteriores al que se calcula (años n-1 y n-2), y la suma de potencias en kW de la empresa que figuran en la base de datos del sistema de liquidaciones del sector eléctrico en los años correspondientes (n-1 y n-2). 2.º Se seleccionarán las tres COR más eficientes, entendiendo como tales aquéllas con menor coste unitario fijo obtenido según se describe en el párrafo a).1.º anterior. En el caso de que las tres empresas seleccionadas no supongan, en el periodo analizado, un 40 por ciento de representatividad en el mercado, medida en términos de potencia contratada con empresas comercializadoras de referencia, se adicionarán sucesivamente empresas ordenadas según coste unitario creciente hasta alcanzar dicha cuota. 3.º La retribución por costes de explotación fijos (RCEF) se obtendrá ponderando el coste unitario fijo de cada empresa comercializadora de referencia seleccionada según el criterio del párrafo a).2.º por la potencia que figure en la base de datos del sistema de liquidaciones del sector eléctrico para dicha empresa, de acuerdo con la siguiente fórmula: Donde: A es cada una de las empresas más eficientes seleccionadas según lo establecido en el párrafo 2.º Los valores de costes unitarios y potencias serán los que correspondan a estas empresas los años n-1 y n-2 señalados en el párrafo a).1.º anterior. b) La retribución por componente fijo de la tasa de ocupación de la vía pública (RCFtopv) se obtendrá a partir de la retribución por costes de explotación fijos calculada según se establece en el párrafo a).3.º aplicando la siguiente fórmula: Siendo: – RCFtovp = Retribución por componente fijo de la tasa de ocupación de la vía pública, expresada en €/kW y año. – TOVP = Tipo correspondiente, en tanto por uno, a la tasa de ocupación de la vía pública, según el artículo 24.1.c) del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. – RCEF = Retribución por costes de explotación fijos, expresada en €/kW y año. – RMRf = Retribución por otros costes de naturaleza fija debidos a medidas regulatorias de la actividad de comercialización de energía eléctrica establecidas en la normativa estatal que sea de aplicación en todo el territorio español, expresado en €/kW y año. 2. La retribución unitaria en cada hora por costes de explotación variables (RCEVh) se calculará según lo siguiente: RCEVh = RCVtovph + RFE + RMRv Donde: – RCEVh = Retribución horaria por costes de explotación variables, expresada en €/kWh. – RCVtovph = Retribución horaria por componente variable de la tasa de ocupación de la vía pública (TOVP), expresada en €/kWh. – RFE = Retribución del coste de contribución al Fondo Nacional de Eficiencia Energética regulado en el capítulo IV del Título III de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, expresado en €/kWh. El valor de esta retribución será constante para todas las horas. – RMRv = Retribución por otros costes de naturaleza variable debidos a medidas regulatorias de la actividad de comercialización de energía eléctrica establecidas en la normativa estatal que sea de aplicación en todo el territorio español, expresado en €/kWh. El valor de esta retribución será constante para todas las horas. a) La retribución horaria por componente variable de la tasa de ocupación de la vía pública RCVtopvh incluirá los componentes variables de la facturación de las COR y su valor se calculará de acuerdo con lo siguiente: Siendo: – RCVtovph = Retribución horaria por componente variable de la tasa de ocupación de la vía pública (TOVP), expresada en €/kWh. – TOVP = Tipo correspondiente, en tanto por uno, a la tasa de ocupación de la vía pública, establecido en el artículo 24.1.c) del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. – Pmh = Precio medio horario obtenido a partir de los resultados del mercado diario e intradiario en la hora h del periodo tarifario p según lo establecido en el artículo 10, expresado en €/kWh. – SAh = Valor del coste correspondiente a los servicios de ajuste del sistema asociados al suministro en la hora h del periodo tarifario p. El valor de SAh se calculará de conformidad con lo establecido en el artículo 11, expresado en €/kWh. – CCOMh, CCOSh, CAPh e INTh = serán las cuantías horarias relativas al pago de los comercializadores para la financiación de la retribución del Operador del Mercado Ibérico de Energía, Polo Español, para la financiación de la retribución del Operador del Sistema, por los mecanismos de capacidad de generación y para la financiación del servicio de interrumpibilidad definidas en el artículo 12, expresados en €/kWh. – RFE = Retribución del coste de contribución al Fondo Nacional de Eficiencia Energética regulado en el capítulo IV del Título III de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, expresada en €/kWh. – Runitaria = Retribución unitaria de las COR por el ejercicio de su actividad, expresada en €/kWh, y fijada de acuerdo con el artículo 25 de este real decreto. – RMRv = Retribución por otros costes de naturaleza variable debidos a medidas regulatorias de la actividad de comercialización de energía eléctrica establecidas en la normativa estatal que sea de aplicación en todo el territorio español, expresado en €/kWh. – Los valores de RFE, Runitaria y RMRv serán constantes para todas las horas. b) La retribución del coste de contribución al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (RFE) se calculará como el cociente entre las obligaciones de pago del conjunto de las COR para el año de aplicación correspondiente a su actividad de suministro de electricidad y la energía eléctrica en barras de central en el año anterior para esas mismas empresas. Este valor será fijado anualmente mediante orden del Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, una vez que hayan sido fijadas las obligaciones de pago de estos sujetos conforme establece el artículo 70.1 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, y su valor será de aplicación a partir de la fecha de entrada en vigor de la misma. Si esta fecha fuera posterior al 1 de enero del año de aplicación correspondiente, hasta la aprobación de la orden mencionada en el párrafo anterior o, en su caso, hasta la extinción de la obligación de contribución al Fondo Nacional de Eficiencia Energética de estos sujetos, se mantendrá el valor de la retribución del coste de contribución al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (RFE) en la cuantía establecida para el año anterior. A estos efectos, los sujetos que ejerzan la actividad de comercialización de energía eléctrica obligados a remitir información conforme al artículo 70.2 de la citada Ley 18/2014, de 15 de octubre, desagregarán la información relativa a sus ventas de energía eléctrica que deban remitir de acuerdo con la normativa, distinguiendo los datos entre las siguientes actividades: a) Comercialización de referencia por ventas a consumidores acogidos a PVPC. b) Comercialización de referencia por ventas a consumidores acogidos a TUR. c) Comercialización libre. Artículo 25. Metodología para la fijación de la retribución unitaria por el ejercicio de la actividad de comercialización de referencia. La retribución unitaria por el ejercicio de la actividad de comercialización de referencia se fijará, atendiendo al nivel de riesgo que asume el comercializador en el ejercicio de la actividad, en el año n para el siguiente periodo trianual (años n+1, n+2 y n+3), según lo siguiente: Runitaria = Pe x Tr Donde: – Runitaria = Retribución unitaria de las COR por el ejercicio de su actividad, expresada en €/kWh. – Pe = Precio de la energía único, calculado como media ponderada por la energía en los años n-1 y n-2 de los resultados de los mercados diario e intradiario, los servicios de ajuste del sistema y el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad, correspondientes al precio final anual de la categoría de COR de los resultados del mercado de producción publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. La energía considerada para la ponderación será la correspondiente a dicha categoría de comercializadoras para cada uno de los años n-1 y n-2. – Tr = porcentaje de rentabilidad expresado en tanto por uno, que tomará el valor de 1,05 por ciento. CAPÍTULO III Revisión de los costes de comercialización Artículo 26. Revisión de los costes de comercialización. 1. Los componentes de retribución por costes de explotación fijos (RCEF) y de retribución por componente fijo de la tasa de ocupación de la vía pública (RCFtovp) de la retribución total por costes de explotación fijos (RTCEF), serán revisados cada tres años a partir de la información facilitada por las empresas según lo dispuesto en el artículo 27 y teniendo en cuenta la metodología descrita en el artículo 24. 2. La retribución del coste de contribución al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (RFE) se revisará anualmente de acuerdo con lo establecido en el artículo 24.2.b). 3. La retribución unitaria de las COR por el ejercicio de la actividad se revisará cada tres años, de acuerdo con la metodología descrita en el artículo 25. El componente correspondiente al porcentaje de rentabilidad (Tr) aplicado en la citada retribución unitaria podrá ser revisado cada tres años. 4. La forma de revisar los costes de naturaleza fija (RMRf) y variable (RMRv) debidos a medidas regulatorias se determinará, atendiendo a su naturaleza, en la correspondiente Orden del Ministro de Energía, Turismo, y Agenda Digital, que los reconozca. 5. A efectos de las revisiones previstas en este artículo, por orden del Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, y de acuerdo con los plazos de revisión previstos, se aprobarán: a) El valor del término fijo de los costes de comercialización (CCF) a considerar en la determinación del precio voluntario para el pequeño consumidor y los valores de cada uno de sus componentes: retribución por costes de explotación fijos (RCEF), retribución por componente fijo de la tasa de ocupación de la vía pública (RCFtovp) y Retribución por otros costes de naturaleza fija debidos a medidas regulatorias de la actividad de comercialización de energía eléctrica establecidas en la normativa estatal que sea de aplicación en todo el territorio español (RMRf). b) Los valores de los componentes de la retribución horaria por costes de explotación variables (RCEVh) siguientes: el valor de la retribución unitaria por el ejercicio de la actividad de comercialización de referencia (Runitaria) y su componente de precio de la energía único (Pe), la retribución del coste de contribución al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (RFE), y de la retribución por otros costes de naturaleza variable debidos a medidas regulatorias establecidas en la normativa estatal que sea de aplicación en todo el territorio español (RMRv). Artículo 27. Obligaciones de información de las COR. 1. Las COR llevarán una contabilidad regulatoria de costes de acuerdo con los criterios y reglas de asignación homogéneos para todas las citadas comercializadoras, que se determinarán mediante orden del Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital. 2. Para la actualización de la retribución y la supervisión de la actividad, las COR deberán remitir antes del 1 de julio de cada año a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, con copia a la Dirección General de Política Energética y Minas, bajo su responsabilidad, un informe y un anexo en formato electrónico, con la información de costes recogidos en el artículo 22, conforme a los criterios y reglas que se definan de acuerdo con el apartado anterior. Los criterios y formatos para la entrega de información serán establecidos mediante resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, previa propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que deberá ser remitida a la citada Dirección antes del 1 de febrero del año n en que se calcula la revisión La resolución que se dicte a tal efecto será objeto de publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Además, con el fin de realizar una mejor caracterización de los costes en que incurre una COR, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá remitir antes del 1 de febrero de cada año a la Dirección General de Política Energética y Minas una propuesta de criterios y formatos para la entrega de información señalados en el párrafo anterior. La Dirección General de Política Energética y Minas establecerá, en su caso, los nuevos criterios y formatos de entrega de información que se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado». 3. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, una vez recabada la información según lo dispuesto en el apartado 2, remitirá al Ministro de Energía, Turismo, y Agenda Digital, antes del 30 de octubre del año n en el que deba realizarse la revisión, una propuesta de fijación de los costes de comercialización para el periodo trianual siguiente, de acuerdo con lo establecido en el presente real decreto. 4. La información que remitan las comercializadoras de referencia para el cálculo de los costes de explotación correspondientes deberá ser completa y actualizada, con el fin de que tanto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia como la Dirección General de Política Energética y Minas dispongan de la misma. En todo caso, la documentación presentada por las COR podrá ser contrastada con otras fuentes de información. La información procedente de otras fuentes podrá ser utilizada para la fijación de retribución por el ejercicio de la actividad de comercialización de referencia. Las COR deberán guardar copia de la información facilitada a la Dirección General de Política Energética y Minas y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia durante un periodo de cuatro años.» Disposición adicional primera. Valores de los costes de comercialización a incluir en el precio voluntario para el pequeño consumidor de aplicación en los años 2016, 2017 y 2018. Por orden del Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, se fijarán los valores de los siguientes componentes de los costes de comercialización para el período 2016, 2017 y 2018: a) El término fijo de los costes de comercialización (CCF) y el componente de retribución unitaria (Runitaria) del término variable horario de los costes de comercialización (CCVh) a incluir en el cálculo del precio voluntario para el pequeño consumidor. b) El valor de la retribución del coste de contribución al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (RFE). Disposición adicional segunda. Declaración por las COR de las cantidades derivadas de la aplicación del valor de los costes de comercialización establecidos para los años 2014, 2015 y 2016 a los consumidores acogidos al bono social. Las COR declararán al organismo encargado de las liquidaciones los ingresos o costes que, en su caso, obtengan de las regularizaciones previstas en la disposición transitoria segunda del presente real decreto a consumidores acogidos al bono social. Disposición adicional tercera. Inicio del primer periodo trianual para la revisión de la retribución total por costes de explotación fijos (RTCEF) y de la retribución unitaria (Runitaria). El año de inicio del primer periodo de tres años para la revisión de los componentes de la retribución total por costes de explotación fijos (RTCEF) y de la retribución unitaria (Runitaria) será el año 2016. La primera revisión corresponderá al periodo trianual formado por los años 2019, 2020 y 2021. Disposición adicional cuarta. Propuestas a remitir por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para el establecimiento de las reglas de contabilidad regulatoria y para los criterios y formatos de entrega de información. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia remitirá al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, antes del 1 de febrero de 2017, propuestas sobre: a) La definición de los criterios y reglas de asignación homogéneas para la aplicación de la contabilidad regulatoria de costes de acuerdo con lo señalado en el artículo 27.1 del Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo. b) Los criterios y formatos para la entrega de información de acuerdo con lo señalado en el artículo 27.2 del Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo. Disposición adicional quinta. Información a los consumidores sobre la facturación electrónica. Las COR deberán comunicar a sus clientes, durante el año 2017, la posibilidad de recibir las facturas en formato electrónico. En el caso de clientes que tengan, a los efectos del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, la condición de consumidores, deberán recabar su consentimiento de forma expresa para la implementación efectiva de este servicio, de acuerdo con el artículo 63 del citado texto legal. Disposición transitoria primera. Aplicación de los valores de los costes de comercialización del precio voluntario para el pequeño consumidor para los años 2014, 2015 y 2016. 1. El valor de los costes de comercialización a incluir en el cálculo del precio voluntario para el pequeño consumidor para el período comprendido entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2014, para el año 2015 y para el año 2016 hasta la fecha en que sea de aplicación la orden prevista en la disposición transitoria tercera de este real decreto, será el obtenido por aplicación de la metodología establecida en el título VII del Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, con las particularidades previstas en esta disposición para el cálculo de sus componentes. Los valores de los términos fijo y variable de los costes de comercialización que resulten de aplicar lo previsto en esta disposición serán establecidos mediante orden del Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Asimismo, y a fin de facilitar la regularización de las cuantías que se deriven, dicha orden recogerá los valores del término variable del coste de comercialización de aplicación a la energía consumida incorporando las pérdidas por periodo tarifario que correspondan a cada categoría de peajes de acceso. 2. Las particularidades para el cálculo de los costes de comercialización de acuerdo con el apartado anterior serán las siguientes: a) La retribución total por costes de explotación fijos (RTCEF) se fijará en idéntico valor que la que resulte para el año 2016. b) La retribución del coste de contribución al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (RFE) se calculará: 1.º Para los años 2014 y 2015 se obtendrá considerando la relación entre la contribución total de las COR de energía eléctrica obtenida para cada año a partir de la información obrante en el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital para la aplicación de lo previsto en la Ley 18/2014, de 15 de octubre, y la energía en barras de central de las COR en cada uno de esos años, obtenida de la información del precio final anual de dicha categoría de comercializadoras publicado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia como resultados del mercado de producción. Para el año 2014, se considerará el 75 por ciento de la energía del año, a efectos de la recuperación de los costes por la contribución al Fondo en el periodo comprendido entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2014. 2.º Para el año 2016 se obtendrá como la relación entre la contribución total de las COR de energía eléctrica obtenida para el año 2016 a partir de la información obrante en el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital para la aplicación de lo previsto en la Ley 18/2014, de 15 de octubre, y la energía en barras de central correspondiente al año 2015. c) La retribución unitaria (Runitaria) por la actividad de comercialización de referencia se determinará en cada año 2014 y 2015 considerando como precio de la energía único el obtenido a partir de los resultados de los mercados diario e intradiario, los servicios de ajuste del sistema y el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad correspondientes al precio final anual publicado para dicho año por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para la categoría de comercializadores de referencia. Para el período correspondiente al año 2016, el valor del precio de energía único será el obtenido en aplicación del artículo 25 del Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, como la media ponderada por la energía en los años 2014 y 2015 de los resultados de los mercados diario e intradiario, los servicios de ajuste del sistema y el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad, correspondientes al precio final anual de la categoría de COR y publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, respectivamente. La energía considerada para la ponderación será la correspondiente a dicha categoría de comercializadoras para cada uno de los años 2014 y 2015, respectivamente. d) Los valores de la retribución por la tasa de ocupación de la vía pública se fijarán para cada uno de estos años de forma diferenciada considerando: 1.º Para el componente fijo de la tasa de ocupación de la vía pública (RCFtovp) el valor de la retribución total por costes de explotación fijos (RTCEF) que será el que resulta del párrafo 2.a) anterior. El término RMRf de retribución por otros costes de naturaleza fija debidos a medidas regulatorias, tomará el valor de cero dado que no existen costes de esta naturaleza en este periodo. 2.º El componente variable horario de la tasa de ocupación de la vía pública, (RCVtovph), se determinará como un único valor anual, aplicando lo siguiente: – Los términos Pmh, SAh, CAPh e INTh: en los años 2014 y 2015 serán los valores anuales reflejados en el precio final anual para la categoría de los comercializadores de referencia que publica la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en los resultados del mercado de producción de energía eléctrica. Para 2016, los valores se obtendrán como media ponderada de los valores correspondientes a los precios mensuales para la citada categoría de los comercializadores de referencia ponderando por la energía de cada mes, considerando hasta el último mes completo disponible y publicado por la mencionada Comisión. – Los términos CCOMh y CCOSh serán los establecidos en la normativa de aplicación en cada uno de los años. – Los términos RFE y Runitaria son los que resultarán para cada año calculados de acuerdo con los párrafos b) y c) de esta disposición. – El término RMRv, de retribución por otros costes de naturaleza variable debidos a medidas regulatorias, tomará el valor de cero dado que no existen costes de esta naturaleza en este periodo. Disposición transitoria segunda. Regularización de cuantías por aplicación de la metodología prevista en el título VII del Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo. 1. La regularización derivada de la aplicación de los valores de los costes de comercialización establecidos para el cálculo del PVPC en el periodo correspondiente del año 2014, se realizará de acuerdo con lo siguiente: a) Se aplicarán los valores de los términos fijo y variable horario de los costes de comercialización fijados a las facturaciones que se hubieran realizado en aplicación de los precios voluntarios para el pequeño consumidor correspondientes a consumos comprendidos entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2014. b) Los consumos de energía activa y la potencia contratada que correspondan a un período de facturación que incluya algún periodo anterior al 1 de abril de 2014, se distribuirán a efectos de su regularización proporcionalmente a la parte del tiempo transcurrido en que haya estado en vigor cada uno de los mecanismos de cálculo del PVPC. A estos efectos, se atenderá al procedimiento descrito en la Resolución de 14 de mayo de 2009 de la Dirección General de Política Energética y Minas, y sus modificaciones, por la que se establece el procedimiento de facturación con estimación del consumo de energía eléctrica y su regularización con medidas reales. 2. La regularización derivada de la aplicación de los valores de los costes de comercialización establecidos para el cálculo del PVPC en el año 2015, se realizará aplicando los valores de los términos fijo y variable horario fijados a las facturaciones que se hubieran realizado en aplicación de los PVPC correspondientes a consumos comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015. 3. La regularización derivada de la aplicación de los valores de los costes de comercialización establecidos para el cálculo del precio voluntario para el pequeño consumidor en el año 2016, se realizará de acuerdo con lo siguiente: a) Se aplicarán los valores de los términos fijo y variable horario que se establezcan a las facturaciones que se hubieran realizado en aplicación de los precios voluntarios para el pequeño consumidor correspondientes a consumos comprendidos entre el 1 de enero de 2016 y el día anterior a la fecha en que sea de aplicación la orden prevista en la disposición transitoria tercera. b) Los consumos de energía activa y la potencia contratada que correspondan a un período de facturación que incluya algún periodo posterior al que corresponda la regularización, se distribuirán proporcionalmente a la parte del tiempo transcurrido en que haya estado en vigor cada uno de los mecanismos de cálculo de los costes de comercialización a incluir en el PVPC. A estos efectos, se atenderá al procedimiento descrito en la Resolución de 14 de mayo de 2009 de la Dirección General de Política Energética y Minas, y sus modificaciones, por la que se establece el procedimiento de facturación con estimación del consumo de energía eléctrica y su regularización con medidas reales. 4. Estas regularizaciones se aplicarán igualmente a los consumidores acogidos a las tarifas de último recurso en el correspondiente periodo, a quienes resultarán de aplicación los recargos o descuentos que correspondan sobre los términos de PVPC según la normativa vigente. 5. La aplicación de los costes de comercialización establecidos para el cálculo del precio voluntario para el pequeño consumidor en el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2014 hasta el día anterior a la fecha en que sea de aplicación la orden prevista en la disposición transitoria tercera, se realizará por las comercializadoras de referencia. Las regularizaciones que deban realizar en cumplimiento de lo dispuesto en la presente disposición resultarán de aplicación a cada uno de los puntos de suministro a los que hayan aplicado contratos al PVPC en cada uno de los periodos afectados. A estos efectos, se habilita a los comercializadores de referencia a facturar a los consumidores a los que proceda aplicar las regularizaciones previstas en este real decreto, aunque sean consumidores con los que no tenga relación contractual en vigor en el momento de proceder a aplicar dichas regularizaciones. 6. El plazo máximo para facturar las cantidades correspondientes a las regularizaciones que deban realizar las COR conforme a la presente disposición será de nueve meses desde que sea de aplicación la orden prevista en la disposición transitoria tercera de este real decreto. En la primera facturación que se realice por las COR para proceder a la regularización dichas empresas deberán informar a los consumidores. A estos efectos, remitirán una nota informativa de acuerdo con los modelos recogidos en el anexo, según corresponda. En todo caso, las regularizaciones vendrán reflejadas en la correspondiente factura o facturas que contendrán de forma separada los conceptos correspondientes a cada periodo. En concreto, se especificará: a) El periodo al que corresponde la regularización. b) Los parámetros de dicho periodo para la facturación: potencia y energía activa. c) La cuantía correspondiente a la regularización. d) El número de facturas en que va a llevarse a cabo la regularización completa. 7. Las COR podrán no regularizar las cuantías correspondientes para cualquiera de los años 2014, 2015 ó 2016, siempre que éstas se traduzcan en un cargo para el consumidor. La decisión deberá adoptarse de forma no discriminatoria para todos los consumidores en idéntica situación, además de comunicarlo a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, a los efectos oportunos. 8. Antes del 31 de diciembre de 2017, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia remitirá a la Dirección General de Política Energética y Minas un informe sobre las cantidades percibidas por las COR en concepto de regularización en el periodo 2014, 2015 y 2016, que contendrá al menos el desglose por empresa y año. Disposición transitoria tercera. Periodo transitorio de adaptación. 1. La metodología prevista en el título VII del Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, salvo su artículo 27, será de aplicación a partir de la fecha en que sea de aplicación la orden del Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital en la que, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, se fijen los valores previstos en la disposición adicional primera y en la disposición transitoria primera de este real decreto. 2. Las regularizaciones que deban realizarse conforme a lo previsto en la disposición transitoria segunda de este real decreto abarcarán los consumos realizados hasta el día anterior a la fecha en que sea de aplicación la orden prevista en el apartado anterior. En las facturaciones que se realicen por parte de cada comercializador de referencia con anterioridad a dicha fecha se continuará aplicando, con carácter transitorio, el valor de 4 €/kW y año fijado en la disposición transitoria sexta de la Orden IET/2735/2015, de 17 de diciembre, por la que se establecen los peajes de acceso de energía eléctrica para 2016 y se aprueban determinadas instalaciones tipo y parámetros retributivos de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en cuanto contradigan o se opongan a lo dispuesto en el presente real decreto. Disposición final primera. Título competencial. El presente real decreto tiene carácter básico y se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.13.ª y 25.ª de la Constitución Española, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, y bases del régimen minero y energético. Disposición final segunda. Referencias. Las referencias existentes en la normativa del sector eléctrico a «margen de comercialización» se entenderán realizadas a «costes de comercialización». Disposición final tercera. Desarrollo y aplicación. Por el Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital se dictarán las disposiciones que exijan el desarrollo y aplicación del presente real decreto. Disposición final cuarta. Entrada en vigor. El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dado en Madrid, el 18 de noviembre de 2016. FELIPE R. El Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, ÁLVARO NADAL BELDA ANEXO

El Gobierno publica la nueva metodología de cálculo precios pequeño consumidor energía

I El artículo 17 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, establece que para el cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor se incluirán de forma aditiva en su estructura: el coste de producción de energía eléctrica, los peajes de acceso y cargos que correspondan y los costes de comercialización que correspondan. El Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico de contratación. El artículo 7 del citado real decreto recoge la estructura general de los precios voluntarios para el pequeño consumidor, incluyendo en el término de potencia del precio voluntario para el pequeño consumidor el coste de comercialización, expresado en euros/kW y año, que será fijado por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. La disposición adicional octava.2 del mencionado real decreto fijó en 4 euros/kW y año, a partir de 1 de abril de 2014, el valor del anteriormente denominado margen de comercialización fijo, definido en el artículo 7, para cada uno de los peajes aplicables al precio voluntario para el pequeño consumidor, añadiendo que este valor podría ser modificado por Orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo (actual Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital), previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. En el apartado 3 de la disposición adicional octava del mismo real decreto se daba a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia un mandato para elaborar y enviar al Ministerio de Industria, Energía y Turismo un informe sobre el margen comercial que correspondiera aplicar a la actividad de comercialización de referencia para realizar el suministro de energía eléctrica a precio voluntario del pequeño consumidor y a tarifa de último recurso, donde se detallasen cada uno de los costes de comercialización que incorporase. Atendiendo a lo anterior, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, al amparo de la función supervisora prevista en el artículo 5.1 y en el artículo 7 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, así como en la propia disposición adicional octava del Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, antes referida, realizó un requerimiento de información a todas las empresas comercializadoras de gas y/o electricidad que ejercen la actividad de comercialización a consumidores finales en el ámbito de actuación nacional o peninsular en los sectores de electricidad y/o gas natural. En particular, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia solicitó información a las empresas comercializadoras del sector eléctrico y del sector gasista sobre los costes de comercialización correspondientes a los ejercicios 2010, 2011, 2012 y 2013 y previsión para el ejercicio 2014, junto con un documento explicativo de las hipótesis de cálculo. El 3 de noviembre de 2015 el Tribunal Supremo dictó tres sentencias relativas a los recursos contencioso-administrativos números 358/2014, 395/2014 y 396/2014, en las que se declaró nulo el apartado 2 de la disposición adicional octava del Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo. Las sentencias anularon el referido apartado 2 por entender que el valor en él fijado lo había sido sin la previa aprobación de la necesaria metodología para determinar tanto los costes de comercialización como la remuneración razonable que pudiera proceder, absteniéndose la Sala de entrar a valorar la suficiencia o insuficiencia del margen comercial que se venía aplicando. Por ello, condenaron al Gobierno a aprobar una metodología, a fijar con arreglo a la misma los costes de comercialización y a regularizar las cantidades derivadas de la actividad de comercialización de conformidad con el valor así resultante, y ello con efectos desde el 1 de abril de 2014. El 19 de mayo de 2016 fue aprobado por la Sala de Supervisión Regulatoria de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y remitido al Ministerio de Industria, Energía y Turismo el «Informe sobre el margen comercial que corresponde aplicar a la actividad de comercialización de referencia para realizar el suministro de energía eléctrica a precio voluntario del pequeño consumidor en el sector eléctrico y a tarifa de último recurso de gas en el sector del gas natural». La citada Comisión realiza en dicho informe un análisis detallado de los costes comunicados por las empresas comercializadoras de electricidad y de gas en respuesta a su petición y propone el reconocimiento de determinados costes de explotación prudentemente incurridos y de una retribución por el ejercicio de su actividad. II A partir de los datos enviados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y de las conclusiones del análisis realizado por ésta, se ha elaborado una metodología para el cálculo de los costes de comercialización de las comercializadoras de referencia a incluir en el cálculo del precio voluntario para el pequeño consumidor. La misma pretende el reconocimiento de los costes para realizar la actividad de comercialización de referencia por una empresa eficiente y bien gestionada, tomando como referencia los costes de las tres comercializadoras de referencia más eficientes, siempre que éstas representen una cuota de mercado de al menos el 40 por ciento, o un número superior de comercializadoras hasta alcanzar esa cuota. Asimismo, se reconoce una retribución por el ejercicio de su actividad de comercialización de referencia sobre las ventas de energía eléctrica. La imputación de dichos costes para su recuperación como costes de comercialización a través del precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC) se llevará a cabo mediante un término por potencia contratada y otro término por energía consumida. Éste último recogerá los costes vinculados a la financiación del Fondo Nacional de E ### RESUMEN: El Gobierno publica la nueva metodología de cálculo precios pequeño consumidor energía

En virtud de las atribuciones conferidas en el punto 2 del artículo 5 del Real Decreto 694/2010, de 20 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1523/1982, de 18 de junio, que crea la Real Orden del Mérito Deportivo, el punto 4 del artículo 16 de la Orden PRE/1430/2010, de 21 de mayo, el cual modifica la Orden de 4 de septiembre de 1982, que aprueba el Reglamento y las ordenanzas de dicha Real Orden, y teniendo en cuenta los méritos y circunstancias que concurren en los historiales deportivos y profesionales de las personas y entidades que a continuación se indican, vengo a conceder su ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo en las categorías que se señalan: Medallas de Oro Blanquiño Expósito, Marcos. Calderón Borrallo, José Manuel. Congost Barahona, Elena. Cooper Walz, Marcus. Chourraut Yurramendi, Maialen. Descarrega Puigdevall, Gerard. Hermida Ramos, José Antonio. López González, Kim. López Tarrés, Marc. Marín Martín, Carolina María. Márquez Alentà, Marc. Oliver Peña, Israel. Osa Goikoetxea, Iñaki. Toro Carballo, Cristian Isaac. Valentín Pérez, Lidia. Placa de Plata Equipo de Baloncesto Sénior. Federación Catalana de Atletismo. Federación de Atletismo de Madrid. Medallas de Plata Aguilar Navarro, Sandra. Alonso Bernardo, Jessica. Álvarez Ortiz, Juan Carlos. Calvo Gómez, Eva. Cruz Lebrato, Anna. Benito y Cristóbal, Francisco. Del Toro Santos, Samuel Martín. Domecq Urquijo, Ignacio. Gálvez Marín, Fátima. García Fernández, Miguel. Gavezou Castro, Artemi. López Benaches, Elena. Luengas Mengual, María. Marqués Soto, Nuria. Mohedano Sánchez de Mora, Lourdes. Mola Díaz, Mario. Mondelo García, Lucas. Ortega Alejo, Orlando. Prieto García, Concepción. Quereda Flores, Alejandra. Rivas Corral, Fernando. Rodríguez Sánchez, Adelardo. Rubio Vives, Ricard. Salguero Galisteo, Óscar. Sierra Bermejo, Carlos. Skufca Vieitez, Emiliano Ezequiel. Vergnoux, Frédéric. Xargay Casademont, Marta. Placas de Bronce Asociación Española de Estadísticos de Atletismo. Ayuntamiento de Plasencia. CAR de Sierra Nevada. CEAR de Remo y Piragüismo La Cartuja de Sevilla. Centro de Tecnificación Deportiva de Trasona. Club de Golf Bellavista. Equipo mixto de velocidad de ciclismo (Deportes con discapacidad física). Parque Olímpico del Segre de la Seu d’Urgell. Real Golf Club Zarauz. Medallas de Bronce Abascal Rivero, Itziar. Alierta Izuel, César. Álvarez García, José. Álvarez-Pallete López, José María. Baranova, Anna. Barceló Tous, Simón. Barceló Vadell, Simón Pedro. Berdonce Resina, José Manuel. Blanco Pastor, Xavier. Boesch, Jérôme. Brufau Niubó, Antonio. Calvo Martín, Ignacio. Carceller Arce, Demetrio. Casado Palomares, Ana Belén. Coloma Nicolás, Carlos. Contreras Jordán, Onofre. Copado Fernández, Diego. Corral Collantes, Fernando. Cuesta Nuin, Javier. De Quinto Romero, Marcos. Del Amo Rus, Francisco Javier. Del Arco Pérez, Juan. Delgado Nadal, María. Domaica López, Jesús José (a título póstumo). Dujshebaev Dobichebaeva, Alex. Edo Beltrán, Ariadna. Ereño Iribarren, Iñaki. Estiarte Duocastella, Albert. Fainé Casas, Isidro. Fernández-Clemente Mesegar, José Ángel. Ferrero Jordi, Ignacio. Fuertes Quintanilla, Rafael. Gallardo Tomé, Juan Ignacio. Gallego Martín, Luis. García Ferrer, Antonio. García Martínez, Inmaculada. García Santos, Juan Manuel. García Fernández, Lidia. Garduño, Jorge. Gil Collado, Laura. Gimeno Álvarez, Dimas. Gómez Cantero, Sandra. Gómez Rodríguez, Luis. González Serna, Juan Manuel. González Besada, José Luis. Gual Solé, Jordi. Gurbindo Martínez, Eduardo. Gutiérrez Lumbreras, Fernando. Hortelano Roig, Bruno. Huerta Floriano, Enrique. Jiménez Castrillo, David. Kerejeta Larrucea, Joseba (a título póstumo). Lastras García, Pablo. López-Terradas Díaz, José. Lucas Gaitán, Mariano. Marín Paredes, Enrique. Martínez Tejera, José Luis. Mindegia Elizaga, Niko. Mirotic, Nikola. Molina Ríos, Guillermo. Molina Morote, Juan Manuel. Mora-Figueroa Domecq, Ramón. Morales Gallego, Francisco Javier. Moya Sanabria, José. Muñoz-Guerra Revilla, Jesús. Ndour Gueye, Astou Barro. Nebot Vilar, Rafael. Nievas González, Alhambra. Oñoro Medrano, Alejandro. Osés Ayucar, Izaskun. Pascual Gómez-Cuétara, Tomás. Pavón Menasalvas, Eduardo. Pérez Sánchez, José Francisco (A título póstumo).. Pérez González, Juan Bautista. Pérez de Vargas Moreno, Gonzalo. Piñero Sánchez, Manuel. Quirós Nogales, Jordi. Rafael Román, Manuel. Rignault, Jean-Paul. Rodríguez Ballesteros, Carolina. Rodríguez Manso, Leonor. Romero González, Leticia. Ruiz López, Jairo. Sánchez Domínguez, José Antonio. Sánchez Galán, José Ignacio. Satrústegui Aznar, Fernando (a título póstumo). Segura Noguera, Jordi. Sitges Serra, Joan. Subías Cano, Gabriel. Tarancón Gómez, Vicente. Tardio Barutel, Vicente. Tarrés Camprecios, Xavier. Tojeiro Díaz, Roberto. Tomás Ramón, Samuel. Trecet Garmendia, Ramón. Valenti del Pozo, Ana María. Valín Alonso, Simón. Vázquez Vega, Pablo. Velasco López, Juan Antonio. Zóbel Urquijo, Íñigo. Madrid, 21 de octubre de 2016.–El Presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal Carro.

Medallas al Mérito Deportivo: bronce para los generosos patrocinadores: Carceller, Alierta, Brufau y Fainé entre muchos otros.

En virtud de las atribuciones conferidas en el punto 2 del artículo 5 del Real Decreto 694/2010, de 20 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1523/1982, de 18 de junio, que crea la Real Orden del Mérito Deportivo, el punto 4 del artículo 16 de la Orden PRE/1430/2010, de 21 de mayo, el cual modifica la Orden de 4 de septiembre de 1982, que aprueba el Reglamento y las ordenanzas de dicha Real Orden, y teniendo en cuenta los méritos y circunstancias que concurren en los historiales deportivos y profesionales de las personas y entidades que a continuación se indican, vengo a conceder su ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo en las categorías que se señalan: Medallas de Oro Blanquiño Expósito, Marcos. Calderón Borrallo, José Manuel. Congost Barahona, Elena. Cooper Walz, Marcus. Chourraut Yurramendi, Maialen. Descarrega Puigdevall, Gerard. Hermida Ramos, José Antonio. López González, Kim. López Tarrés, Marc. Marín Martín, Carolina María. Márquez Alentà, Marc. Oliver Peña, Israel. Osa Goikoetxea, Iñaki. Toro Carballo, Cristian Isaac. Valentín Pérez, Lidia. Placa de Plata Equipo de Baloncesto Sénior. Federación Catalana de Atletismo. Federación de Atletismo de Madrid. Medallas de Plata Aguilar Navarro, Sandra. Alonso Bernardo, Jessica. Álvarez Ortiz, Juan Carlos. Calvo Gómez, Eva. Cruz Lebrato, Anna. Benito y Cristóbal, Francisco. Del Toro Santos, Samuel Martín. Domecq Urquijo, Ignacio. Gálvez Marín, Fátima. García Fernández, Miguel. Gavezou Castro, Artemi. López Benaches, Elena. Luengas Mengual, María. Marqués Soto, Nuria. Mohedano Sánchez de Mora, Lourdes. Mola Díaz, Mario. Mondelo García, Lucas. Ortega Alejo, Orlando. Prieto García, Concepción. Quereda Flores, Alejandra. Rivas Corral, Fernando. Rodríguez Sánchez, Adelardo. Rubio Vives, Ricard. Salguero Galisteo, Óscar. Sierra Bermejo, Carlos. Skufca Vieitez, Emiliano Ezequiel. Vergnoux, Frédéric. Xargay Casademont, Marta. Placas de Bronce Asociación Española de Estadísticos de Atletismo. Ayuntamiento de Plasencia. CAR de Sierra Nevada. CEAR de Remo y Piragüismo La Cartuja de Sevilla. Centro de Tecnificación Deportiva de Trasona. Club de Golf Bellavista. Equipo mixto de velocidad de ciclismo (Deportes con discapacidad física). Parque Olímpico del Segre de la Seu d’Urgell. Real Golf Club Zarauz. Medallas de Bronce Abascal Rivero, Itziar. Alierta Izuel, César. Álvarez García, José. Álvarez-Pallete López, José María. Baranova, Anna. Barceló Tous, Simón. Barceló Vadell, Simón Pedro. Berdonce Resina, José Manuel. Blanco Pastor, Xavier. Boesch, Jérôme. Brufau Niubó, Antonio. Calvo Martín, Ignacio. Carceller Arce, Demetrio. Casado Palomares, Ana Belén. Coloma Nicolás, Carlos. Contreras Jordán, Onofre. Copado Fernández, Diego. Corral Collantes, Fernando. Cuesta Nuin, Javier. De Quinto Romero, Marcos. Del Amo Rus, Francisco Javier. Del Arco Pérez, Juan. Delgado Nadal, María. Domaica López, Jesús José (a título póstumo). Dujshebaev Dobichebaeva, Alex. Edo Beltrán, Ariadna. Ereño Iribarren, Iñaki. Estiarte Duocastella, Albert. Fainé Casas, Isidro. Fernández-Clemente Mesegar, José Ángel. Ferrero Jordi, Ignacio. Fuertes Quintanilla, Rafael. Gallardo Tomé, Juan Ignacio. Gallego Martín, Luis. García Ferrer, Antonio. García Martínez, Inmaculada. García Santos, Juan Manuel. García Fernández, Lidia. Garduño, Jorge. Gil Collado, Laura. Gimeno Álvarez, Dimas. Gómez Cantero, Sandra. Gómez Rodríguez, Luis. González Serna, Juan Manuel. González Besada, José Luis. Gual Solé, Jordi. Gurbindo Martínez, Eduardo. Gutiérrez Lumbreras, Fernando. Hortelano Roig, Bruno. Huerta Floriano, Enrique. Jiménez Castrillo, David. Kerejeta Larrucea, Joseba (a título póstumo). Lastras García, Pablo. López-Terradas Díaz, José. Lucas Gaitán, Mariano. Marín Paredes, Enrique. Martínez Tejera, José Luis. Mindegia Elizaga, Niko. Mirotic, Nikola. Molina Ríos, Guillermo. Molina Morote, Juan Manuel. Mora-Figueroa Domecq, Ramón. Morales Gallego, Francisco Javier. Moya Sanabria, José. Muñoz-Guerra Revilla, Jesús. Ndour Gueye, Astou Barro. Nebot Vilar, Rafael. Nievas González, Alhambra. Oñoro Medrano, Alejandro. Osés Ayucar, Izaskun. Pascual Gómez-Cuétara, Tomás. Pavón Menasalvas, Eduardo. Pérez Sánchez, José Francisco (A título póstumo).. Pérez González, Juan Bautista. Pérez de Vargas Moreno, Gonzalo. Piñero Sánchez, Manuel. Quirós Nogales, Jordi. Rafael Román, Manuel. Rignault, Jean-Paul. Rodríguez Ballesteros, Carolina. Rodríguez Manso, Leonor. Romero González, Leticia. Ruiz López, Jairo. Sánchez Domínguez, José Antonio. Sánchez Galán, José Ignacio. Satrústegui Aznar, Fernando (a título póstumo). Segura Noguera, Jordi. Sitges Serra, Joan. Subías Cano, Gabriel. Tarancón Gómez, Vicente. Tardio Barutel, Vicente. Tarrés Camprecios, Xavier. Tojeiro Díaz, Roberto. Tomás Ramón, Samuel. Trecet Garmendia, Ramón. Valenti del Pozo, Ana María. Valín Alonso, Simón. Vázquez Vega, Pablo. Velasco López, Juan Antonio. Zóbel Urquijo, ### RESUMEN: Medallas al Mérito Deportivo: bronce para los generosos patrocinadores: Carceller, Alierta, Brufau y Fainé entre muchos otros.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 29 de mayo de 2015, Vengo en ascender a la categoría de Embajadora a la Ministro Plenipotenciario de Primera Clase doña Marta Vilardell Coma. Dado en Madrid, el 29 de mayo de 2015. FELIPE R. El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, JOSÉ MANUEL GARCÍA-MARGALLO MARFIL

Nombramiento de la embajadora Marta Vilardell Coma

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 29 de mayo de 2015, Vengo en ascender a la categoría de Embajadora a la Ministro Plenipotenciario de Primera Clase doña Marta Vilardell Coma. Dado en Madrid, el 29 de mayo de 2015. FELIPE R. El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, JOSÉ MANUEL GARCÍA-MARGALLO MARFIL ### RESUMEN: Nombramiento de la embajadora Marta Vilardell Coma

La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente; don Luis Ignacio Ortega Álvarez, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara y don Santiago Martínez-Vares, Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En el recurso de amparo núm. 6685-2010, promovido por don Gonzalo Werther Miró Romero, en su propio nombre y en el de su difunta madre doña Pilar Miró Romero, representado por el Procurador de los Tribunales don Íñigo Muñoz Durán y asistido por la Letrada doña Carolina Pina, contra la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 30 de junio de 2010, por la que se revoca la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 27 de junio de 2007, que revocó parcialmente la Sentencia de 9 de junio de 2006, del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Pozuelo de Alarcón. Ha intervenido el Ministerio Fiscal; ha comparecido el Procurador de los Tribunales don Manuel Sánchez-Puelles González-Carvajal, en nombre y representación de Gestevisión Telecinco, S.A., Agencia de Televisión Latinoamericana, S.A. (Atlas España), y de don Adrián Madrid; el Procurador de los Tribunales don Manuel Lanchares Perlado en nombre y representación de doña Pilar Eyre Estrada y el Procurador de los Tribunales don Luis Pozas Osset en nombre y representación de doña María del Carmen Marchante Barrobes. Ha sido Ponente el Magistrado don Luis Ignacio Ortega Álvarez, quien expresa el parecer de la Sala. I. Antecedentes 1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 14 de septiembre de 2010 el demandante interpuso recurso de amparo contra la resolución citada en el encabezamiento. 2. Los hechos en los que se fundamenta la demanda son, sucintamente expuestos, los siguientes: a) Los días 16 y 17 de agosto de 2005, en los programas de televisión «Aquí hay tomate» y «TNT» –ambos producidos por Atlas España y emitidos por la cadena de televisión Telecinco– se difundieron una serie de manifestaciones relativas a la identidad del padre del recurrente mediante la emisión de una serie de reportajes con voz en off y a través de manifestaciones directas de ciertos «periodistas» que participaban en el debate suscitado al efecto. Así en el programa «Aquí hay tomate», emitido el día 16 de agosto de 2005, la voz en off afirmaba: «Gonzalo Miró … esconde un gran secreto. Nunca se ha sabido la identidad de su padre. Pilar Miró se llevó el secreto a la tumba. Sin embargo él siempre ha sabido quién es». «Lo cierto es que nunca se ha sabido el nombre del padre de Gonzalo. Su madre Pilar Miró se negó a revelar su identidad públicamente». «Se rodeó de hombres como Eduardo Sotillos o José Luis Balbín. Pero Pilar Miró se llevó con ella el nombre del padre de su hijo. Ese gran secreto. Sin embargo, Gonzalo ha sabido siempre quién es su padre pero no ha tenido ninguna relación con él, no llegaron a entenderse. A día de hoy muy pocos saben quién es, su nombre sigue siendo un gran misterio.» b) En el programa «Aquí hay tomate» –emitido el día 17 de agosto de 2005– se trató igualmente el tema de la filiación del recurrente. La voz en off del reportaje afirmaba: «Ayer la periodista Pilar Eyre desveló las iniciales del padre de Gonzalo Miró, J.L.B. Luego veremos unas imágenes comparativas donde podremos comprobar el parecido entre las dos personas. Es un personaje muy famoso y muy respetado entre sus compañeros de profesión; lo que desconocemos son las claves para entender ese secretismo con el que lleva su paternidad… Son muchas las razones que se aventuran para explicar por qué Pilar Miró no quiso desvelar al padre de su hijo Gonzalo, un hombre del que ya sabemos que no es X pero del que desconocemos muchas cosas». Constan las siguientes afirmaciones de la periodista Pilar Eyre: «Eh…yo creo que el padre de Gonzalo Miró, eh…, sus iniciales son J.L.B. … se quedó embarazada y tenía como compañero a una persona de nuestra profesión eh…que estoy convencida casi al cien por cien que es el padre de su hijo.» Voz en off: «Eran los tiempos en los que la realizadora trabajó en el Ente público, donde la realizadora se rodeó de muchos hombres». «Entre esos nombres está el periodista José Luis Balbín, que podría corresponder a las iniciales dadas por Pilar Eyre». Afirmaciones de Pilar Eyre: «El padre pues era una persona encantadora, era un hombre muy mujeriego, tuvo romances con las principales actrices de su época, era un solterón empedernido, o sea que realmente podía permitirse todos estos lujos, y dicen que su carácter eh… es muy parecido al de Gonzalo». Voz en off: «Lo cierto es que el parecido entre ambos es asombroso. Pero Pilar Miró jamás quiso revelar la identidad del padre de su hijo». Estos comentarios se acompañan con sendas imágenes de los rostros de Gonzalo Miró y José Luis Balbín. c) Programa «TNT» –emitido el día 17 de agosto de 2005–. Voz en off: «También hay quien dice que, salvo pequeños detalles, el hijo de la cineasta es idéntico a su padre… Los numerosos affaires del Pilar Miró le habrían servido para mantener en el anonimato la identidad del padre de su hijo». Una vez finalizado el reportaje, comienza una tertulia entre los periodistas invitados al programa, en el que vierten las siguientes manifestaciones: Karmele Marchante: «Iba de heroína, iba de heroína…por ser madre soltera y por no haber querido dar el nombre de su hijo». Seguidamente se emiten algunos cortes del programa de «Aquí hay tomate» de esa misma fecha, anteriormente transcritos, en el que se compara de nuevo el parecido físico de Gonzalo Miró con José Luis Balbín. Lydia Lozano: «A ver, ¿por qué nunca se ha dado el nombre del padre de Gonzalo Miró? Igual que nunca se ha dado el nombre del padre del hijo de Ivonne Reyes. Son personas muy influyentes, son personas muy influyentes, son personas muy relacionadas, y que se nos caería el pelo por decirlo» Karmele Marchante: «yo le prometí a la Pilar Miró cuando me lo contó… Yo le prometí confidencialidad». Pilar Eyre: «Yo no lo hago por ese motivo, Lydia… Yo no doy el nombre no por miedo, ni muchísimo menos, sino por respeto… si Pilar no lo quiso decir nunca y el hijo tampoco, porque el hijo sabe perfectamente quien es su padre, pues la verdad es que por mucho que lo sepamos todos los periodistas… no estamos autorizados». d) El 13 de septiembre de 2005, el recurrente, en su propio nombre y en el de su difunta madre, al amparo del art. 4 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 mayo, de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, presentó demanda de juicio ordinario contra las personas y entidades que consideró que eran responsables de la lesión de su derecho a la intimidad. El 9 de junio de 2006 el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Pozuelo de Alarcón dictó Sentencia desestimando la demanda interpuesta. Consideró dicho Juzgado que en ningún caso se vertieron insultos ni descalificaciones contra el demandante y su madre y que la especulación sobre la paternidad del hijo de doña Pilar Miró había sido un tema recurrente en los medios de comunicación. e) Frente a la referida Sentencia se interpuso recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, que fue estimado por la Sección 13 en Sentencia de 27 de julio de 2007. La Audiencia Provincial aprecia la existencia de una intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad personal y familiar del demandante y su madre. La Sentencia fijó la indemnización en 300.000 euros y condenó a los demandados a leerla en los programas de la cadena de televisión Telecinco «Aquí hay tomate» y «TNT» en los que había tenido lugar la intromisión, así como a abstenerse en lo sucesivo de realizar intromisiones ilegítimas en el derecho a la intimidad personal y familiar del demandante. f) Interpuesto recurso de casación frente a la citada Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, el 30 de junio de 2010, el Tribunal Supremo dictó Sentencia estimando el recurso y desestimando la demanda interpuesta por don Gonzalo Miró. En su fundamentación, la Sala Primera del Tribunal Supremo señala que «nos encontramos con que en el supuesto de autos falta el presupuesto de la revelación de unos hechos de la vida privada del actor». Y añade que «en los programas de referencia se conjetura sobre las posibles filiaciones paternales del actor, con base a una serie de datos conocidos en relación a la vida de su progenitora, siendo diversos los nombres propuestos y por tanto barajados como posibles, sin aseverar categóricamente nada al respecto, sino que se trata de conclusiones obtenidas a través de un proceso deductivo banal y con base en semejanzas físicas y de caracteres de personalidad que en todo caso carecen de constatación objetiva formal y que se limita a meros pareceres de los contertulios». Finalmente, concluye que «no se determina ni revela identidad específica y concreta que permita justificar la posible vulneración o intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad personal y familiar». 3. El demandante considera que la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo es arbitraria y contraria a la jurisprudencia consolidada del Tribunal Constitucional, lo que supone una vulneración del derecho fundamental a la intimidad personal y familiar consagrado en el art. 18 de la Constitución. Recuerda que existe una abundante y reiterada doctrina del Tribunal Constitucional en relación con la ilicitud de la divulgación de manifestaciones sobre aspectos privados y reservados de las personas, incluso aunque tal divulgación se haga bajo la apariencia de rumores e insinuaciones. Tampoco existen dudas, afirma, de que la filiación de una persona representa un dato que pertenece a su más estricta intimidad, y que su divulgación no consentida constituye una intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad personal y familiar del afectado. En su opinión, la Sentencia del Tribunal Supremo incurre en una infracción constitucional, puesto que considera que la divulgación de datos que identifican al padre del recurrente no es ilícita en tanto en cuanto no se facilita su nombre de forma expresa. Estima el recurrente que la filiación de una persona representa información que pertenece a su más estricta intimidad y que, en consecuencia no puede ser lícitamente divulgada por nadie sin el expreso consentimiento del interesado. Así considera que lo ha afirmado el Tribunal Constitucional en la Sentencia 134/1999, de 15 de julio. Asimismo, cita la STC 197/1991, de 17 de octubre, en la que se consideró que desde la perspectiva de la dignidad de la persona, no cabe duda de que la filiación ha de entenderse que forma parte de ese ámbito propio y reservado de lo íntimo, que además sirve también para lograr el objetivo constitucional establecido en el art. 39.2 CE. Considera que la información suministrada en los programas objeto de este proceso, en contra de lo establecido en la Sentencia del Tribunal Supremo, se da a conocer la identidad del padre del recurrente de forma clara. De las manifestaciones vertidas en los referidos programas de televisión se deduce claramente que los demandados han divulgado el nombre de don José Luis Balbín como padre de don Gonzalo Miró. Así lo entendió la Audiencia Provincial en su Sentencia. Por otro lado, insiste en que la filiación paterna de don Gonzalo Miró es un dato que tanto él como su madre, protegieron siempre y quisieron mantener al margen del conocimiento público. Entiende que no concurre en este caso ningún motivo legítimo para que pueda prevalecer el derecho a la información reconocido en el art. 20.1 CE, ya que se trata de una información carente de relevancia pública. Por último, considera necesario que se proceda al restablecimiento íntegro de don Gonzalo Miró en sus derechos, que únicamente puede producirse ya, a través de la correspondiente condena indemnizatoria al causante de la lesión. Estima que de poco o nada sirve declarar vulnerado un derecho si tal declaración no va acompañada del debido resarcimiento para el afectado. 4. La Sala Segunda del Tribunal Constitucional acordó por providencia de 18 de octubre de 2012, la admisión a trámite del recurso de amparo y, de conformidad con el art. 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), requerir atentamente a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo para que remitiera testimonio del recurso de casación núm. 2122-2007; asimismo, se acordó requerir a la Audiencia Provincial de Madrid para que remitiera testimonio del recurso de apelación núm. 737-2006; por último, constando en las actuaciones testimonio del procedimiento núm. 458-2005, se acordó requerir al Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Pozuelo de Alarcón, para que emplazara a quienes fueron parte en dicho procedimiento, con excepción de la parte recurrente en amparo, ya personada. Mediante diligencia de ordenación de 26 de diciembre de 2012, se tuvo por personados al Procurador de los Tribunales don Manuel Sánchez-Puelles González-Carvajal, en nombre y representación de Gestevisión Telecinco, S.A., Agencia de Televisión Latinoamericana, S.A. (Atlas España), y de don Adrián Madrid y al Procurador de los Tribunales don Manuel Lanchares Perlado en nombre y representación de doña Pilar Eyre Estrada; asimismo, se acordó un plazo común de veinte días para que las partes pudieran alegar lo que a su derecho conviniera. 5. Doña María del Carmen Marchante Barrobes, representada por el Procurador de los Tribunales don Luis Pozas Osset, presentó alegaciones el 21 de noviembre de 2012, en las que solicitaba que no se la tuviera como parte en este proceso, puesto que ya en segunda instancia la Audiencia Provincial la absolvió de cualquier responsabilidad en los hechos que se discuten, sin que tal pronunciamiento fuera objeto del recurso de casación planteado. 6. Doña Pilar Eyre Estrada, representada por el Procurador de los Tribunales don Manuel Lanchares Perlado, formuló sus alegaciones mediante escrito de 21 de diciembre de 2012. Se queja inicialmente de que el recurrente expone los hechos que propiciaron el ejercicio de su acción sin efectuar distingo de clase alguna entre las manifestaciones efectuadas por los diferentes periodistas que participaron en los programas denunciados. Explica que ella se limitó a la realización de una serie de manifestaciones, tan vagas como intrascendentes e inocuas, sin que haya tenido ningún grado de intervención respecto a las manifestaciones de las demás personas intervinientes. Considera que es completamente ajena al contenido del reportaje elaborado y emitido por Tele 5, careciendo de toda vinculación con las declaraciones de la llamada «voz en off». También es completamente ajena a la comunicación pública de las imágenes que ilustraron el reportaje de Tele 5, y tampoco tuvo ningún tipo de intervención personal respecto de las declaraciones efectuadas por todas las demás personas frente a las que el Sr. Miró dirige su acción. En definitiva, estima que no se ha desvelado ningún dato de la vida privada de nadie en particular y que no se puede haber vulnerado el derecho a la intimidad personal y familiar de nadie. 7. La mercantil Gestevisión Telecinco, S.A., de la sociedad Atlas España, S.A., y don Adrián Madrid Martín, representados por el Procurador de los Tribunales don Manuel Sánchez-Puelles González-Carvajal, presentaron alegaciones el 3 de enero de 2013. Desde el inicio de la vía judicial, han considerado que tanto el actor como su madre son personajes públicos por diversas circunstancias sobradamente conocidas y que los programas litigiosos y las periodistas demandadas se habían limitado a recoger distintas especulaciones que desde los medios se venían haciendo desde hace años sobre la paternidad del actor, sin que en ningún momento se identificase de manera tajante como tal la figura del señor Balbín, y sin perjuicio de que tampoco tal identificación pueda constituir por sí misma una intromisión en la intimidad, honor o imagen. Consideran que los programas emitidos no han aprobado hecho nuevo o noticioso alguno, sino que se han limitado a divagar u opinar sobre viejos rumores y especulaciones referidos a personajes públicos y en particular, sobre el padre del actor con motivo de su creciente popularidad. Dedican gran parte de sus alegaciones a poner de manifiesto el carácter de «personaje público» del demandante de amparo al que reprochan que defiende su derecho a la intimidad personal propia y de su difunta madre cuando, sin consentimiento alguno por parte de su progenitora, facilitó cartas, documentos privados y fotografías para que se publicara un libro sobre doña Pilar Miró en el que se tacha a la misma de mujer dura, antipática, irascible, rencorosa y despiadada: un libro que vuelva a incidir en los amores y desamores de la ex Directora de RTVE y cineasta con los mismos personajes públicos (José Luis Balbín, Claudio Guerín o Manuel Summers). Defiende la prevalencia en este caso del derecho a la libertad de expresión y su debida ponderación con el derecho a la intimidad personal y familiar. Con cita de la STC 144/1998, de 30 de junio, recuerda que el Tribunal Constitucional ha elaborado un cuerpo consolidado de doctrina en relación a los derechos regulados en el art. 20.1 CE distinguiendo entre los que garantizan la libertad de expresión, cuyo objeto son los pensamientos, ideas y opiniones (concepto amplio que incluye las apreciaciones y los juicios de valor), y por otra parte, el derecho a comunicar información, que se refiere a la difusión de aquellos hechos que merecen ser considerados noticiables. Esta distinción entre pensamientos, ideas y opiniones, de un lado y comunicación informativa de hechos, de otro, tiene decisiva importancia a la hora de determinar la legitimidad del ejercicio de esas libertades pues mientras los hechos son susceptibles de prueba, las opiniones o juicios de valor, por su naturaleza abstracto, no se prestan a una demostración de exactitud, y ello hace que al que ejercita la libertad de expresión no le sea exigible la prueba de la verdad o diligencia en su averiguación, que condiciona, en cambio, la legitimidad del derecho de información por expreso mandato constitucional, que ha añadido al término «información» en el texto del art. 20.1 d) CE, el adjetivo «veraz» (STC 4/1996 de 16 de enero, FJ 3). Explican que, como bien consideró la Sentencia del Tribunal Supremo objeto de este amparo, no se facilitó información alguna y no se reveló hecho alguno de su vida privada; sino simplemente se realizaron conjeturas y se opinó sobre hechos públicos y conocidos referidos a los posibles padres de don Gonzalo Miró, sin dar ninguno por cierto. Entienden que los contertulios se limitaron a expresar meros juicios de valor o de opinión, desposeídos de un afán informativo, y encuadrables dentro del derecho a la libertad de expresión y que como tales, no pueden entenderse vulneradores del derecho a la intimidad del actor. Consideran que el recurrente en amparo confunde constantemente dos derechos bien distintos como son la libertad de expresión, art. 20.1 a) CE, y la libertad de información, art. 20.1 d) CE, cuando sin embargo, han hecho uso de su derecho a la libertad de expresión constitucionalmente protegida, a expresar opiniones, realizar conjeturas o divagar sobre el padre del Sr. Miró en base a unos nombres públicos y conocidos. Por último, argumentan que, para que se vulnere el derecho a la intimidad contenido en el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 1/1982, hace falta «la divulgación de hechos relativos a la vida privada de una persona o familia que afecten a su reputación y buen nombre, así como la revelación o publicación del contenido de cartas, memorias u otros escritos personales de carácter íntimo». Sin embargo, en el caso presente no se entiende en qué medida las meras especulaciones sobre las posibles filiaciones paternales del actor pueden afectar a su reputación y buen nombre de su madre. Cuando, por el contrario, como ha quedado acreditado ha sido el propio don Gonzalo Miró quien ha impulsado la publicación de una biografía privada sobre doña Pilar Miró en la que se le tacha de dura, antipática, irascible, rencorosa y despiadada, un libro publicado con el apoyo y consentimiento del recurrente en amparo que vuelva a incidir en los amores y desamores de la ex Directora de RTVE con los mismos personajes públicos en liza. En todo caso, no puede apreciarse lesión del derecho constitucional a la intimidad de personajes de notoriedad pública, cuando voluntariamente cuentan su vida (SSTC 172/1990, 197/1991 o 76/1995; entre otras muchas). 8. El Ministerio Fiscal formuló sus alegaciones el 22 de enero de 2012, solicitando la estimación del amparo al considerar lesionado el derecho a la intimidad del recurrente. En su opinión, la clave se encuentra en la valoración de la prueba del visionado de los distintos programas en los que se alude al origen paterno del demandante para determinar si, al margen de una atribución directa o categórica de los elementos concurrentes, se puede llegar a la conclusión de que se ha transmitido a la audiencia televisiva un dato no conocido. Si se llega a la conclusión negativa es claro que se debería desestimar el amparo; si por el contrario, los datos ofrecidos a la audiencia fueran suficientemente esclarecedores de la identidad oculta, se debería determinar, en primer lugar, si ha habido una invasión de la intimidad por la revelación de una identidad y, en segundo lugar, si la libertad de información, por la forma en que se ejerce podría colisionar con el derecho a la intimidad y, al final, la determinación de la prevalencia de uno u otro derecho. Se detiene el Ministerio Fiscal en las afirmaciones de la Sentencia impugnada relativas a la falta del presupuesto de la revelación de unos hechos de la vida privada del actor, ya que en los programas de referencia se conjetura sobre las posibles filiaciones paternales del actor, siendo diversos los nombres propuestos, sin aseverar categóricamente nada al respecto. En su opinión, al examinar los documentos la demanda de amparo en forma de CDs comprensivos de lo dicho en todos los programas, se observa que se parte de anunciar en términos espectaculares la divulgación de un secreto. Pues bien, aunque al principio de los comentarios se puede observar como dice la Sentencia impugnada, que aparece la imagen de dos o cuatro personas como amigos de doña Pilar Miró, a medida que se avanza en la información se polariza la atención en el que resultó ser el Sr. Balbín, identificado por sus tres iniciales (JLB), y, posteriormente, ya por la mención a su barba, a su pipa y por la salida en pantalla de su foto junto con la de su hijo para que el espectador compare la similitud de rasgos físicos. No deja de ser significativo, entiende el Ministerio Fiscal, que en los CDs aparezcan dos de las periodistas tertulianas pidiendo disculpas al aquí demandante por la divulgación de los datos, lo que demuestra, en cierta medida, el daño conscientemente infligido por la difusión de la paternidad. Con cita de la doctrina del Tribunal sobre el derecho a la intimidad, afirma que es un hecho claro que los datos sobre filiación paterna o materna de una persona, en cuanto no revelados por los interesados, no tienen de por sí relevancia pública y no deben estar a disposición de los ciudadanos para hacerlos públicos y muchos menos en medios de gran audiencia. En aplicación de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional resulta, a su juicio, que la difusión en un medio televisivo de la identidad del padre del actor vulneró el derecho a la intimidad de aquél y de su madre, ya que ambos quisieron mantener en secreto y reservadamente tal hecho del nacimiento como hijo de tal persona sin que mediara ningún tipo de consentimiento para tal revelación y sin que la difusión de aspectos de su vida privada por el demandante suponga un consentimiento tácito para que, en aras de la libertad de información, se hagan públicos datos relativos a su filiación, circunstancia de ocultación que, además, era conocida por la empresa televisiva como se puso de manifiesto en el curso de los programas emitidos. Por ello, afirma el Ministerio Fiscal que el otorgamiento del amparo debe llevar a la anulación de la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo como lesiva del derecho a la intimidad del demandante y, en aras a un proceso sin dilaciones indebidas y visto el tiempo transcurrido desde la interposición de la demanda inicial lo procedente, para no dilatar más el proceso, sería el mantenimiento de los pronunciamientos de la Sentencia de la Audiencia Provincial en orden a indemnización, lectura de Sentencia y otras contenidas en el fallo y, sobre todo, por ser tal Sentencia respetuosa con el derecho fundamental a la intimidad. 9. Mediante Auto de 9 de septiembre de 2013, se consideró justificada la abstención formulada por el Magistrado Juan Antonio Xiol Ríos para el conocimiento del presente recurso al haber formado parte del órgano judicial que decidió sobre la admisibilidad del recurso de casación que dio lugar a la resolución impugnada, estando por ello incurso en la causa 11 del art. 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 10. Por providencia de 14 de noviembre de 2013 se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 18 del mismo mes y año. II. Fundamentos jurídicos 1. Es objeto del presente recurso de amparo la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 30 de junio de 2010, que revocó la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 27 de junio de 2007, que anuló parcialmente la Sentencia de 9 de junio de 2006, del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Pozuelo de Alarcón. Como ha quedado expuesto con más detalle en los antecedentes, el problema constitucional que se nos plantea es, en síntesis, la alegada vulneración del derecho a la intimidad personal y familiar del recurrente por haberse revelado la identidad de su padre en determinados programas de televisión, dato, el de su filiación paterna, que siempre fue mantenido en secreto tanto por él mismo, como por su difunta madre, en cuyo nombre acude también en amparo. La parte demandada en el proceso a quo considera que no se ha producido tal violación del derecho a la intimidad del demandante, puesto que debe prevalecer su derecho a la libertad de expresión y de información que ejercitaron durante la emisión de los programas televisivos aquí cuestionados. Asimismo, aducen que el dato objeto de la controversia era público y conocido antes de la emisión de los programas denunciados. El Ministerio Fiscal solicita la estimación de la demanda puesto que, a su juicio, se ha vulnerado el derecho a la intimidad del recurrente. El objeto del presente proceso será, pues, analizar la ponderación que sobre tales derechos ha realizado el Tribunal Supremo en la Sentencia impugnada. Como hemos recordado, por todas, en la STC 41/2011, de 11 de abril, FJ 4, ante quejas de esta naturaleza «la competencia de este Tribunal no se circunscribe a examinar la suficiencia y consistencia de la motivación de las resoluciones judiciales bajo el prisma del art. 24 CE». Por el contrario, en supuestos como el presente, el Tribunal Constitucional, en su condición de garante máximo de los derechos fundamentales, debe resolver el eventual conflicto entre los dos derechos enfrentados «atendiendo al contenido que constitucionalmente corresponda a cada uno de ellos, aunque para este fin sea preciso utilizar criterios distintos de los aplicados por los órganos jurisdiccionales, ya que sus razones no vinculan a este Tribunal» (STC 244/2007, de 10 de diciembre, FJ 2). De ese modo, este Tribunal puede realizar su propia ponderación de los derechos constitucionales en conflicto a partir de la definición y valoración constitucional de los bienes en juego, de acuerdo con el valor que corresponde a cada uno de ellos. 2. Para resolver el conflicto planteado debemos comenzar recordando la doctrina sobre el derecho a la intimidad y sus límites en relación con la libertad de información y de expresión. Recientemente, en la STC 17/2013, de 31 de enero, FJ 14, hemos recordado que «el derecho a la intimidad personal garantizado por el art. 18.1 CE, estrechamente vinculado con el respeto a la dignidad de la persona (art. 10.1 CE), implica la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás, necesario, según las pautas de nuestra cultura, para mantener una calidad mínima de la vida humana. Además, el art. 18.1 CE confiere a la persona el poder jurídico de imponer a terceros, sean éstos poderes públicos o simples particulares (STC 85/2003, de 8 de mayo, FJ 21), el deber de abstenerse de toda intromisión en la esfera íntima y la prohibición de hacer uso de lo así conocido, y de ello se deduce que el derecho fundamental a la intimidad personal otorga cuando menos una facultad negativa o de exclusión, que impone a terceros el deber de abstención de intromisiones salvo que estén fundadas en una previsión legal que tenga justificación constitucional y que sea proporcionada, o que exista un consentimiento eficaz que lo autorice, pues corresponde a cada persona acotar el ámbito de intimidad personal y familiar que reserva al conocimiento ajeno (STC 206/2007, de 24 de septiembre, FJ 5, por todas).» Asimismo, en la STC 134/1999 de 15 de julio, FJ 5, afirmamos que el derecho a la intimidad garantiza que «a nadie se le puede exigir que soporte pasivamente la revelación de datos, reales o supuestos, de su vida privada personal o familiar (SSTC 73/1982, 110/1984, 170/1987, 231/1988, 20/1992, 143/1994, 151/1997; SSTEDH caso X e Y, de 26 de marzo de 1985; caso Leander, de 26 de marzo de 1987; caso Gaskin, de 7 de julio de 1989; caso Costello-Roberts, de 25 de marzo de 1993; caso Z, de 25 de febrero de 1997).» En concreto, sobre el problema de la publicidad de la filiación, en la STC 197/1991, de 17 de octubre, FJ 3, afirmamos que no cabe duda de que la filiación ha de entenderse que forma parte de ese ámbito propio y reservado de lo íntimo, que además sirve también para lograr el objetivo constitucional establecido en el art. 39.2 CE. Además de recordar su contenido, debemos realizar algún apunte en cuanto a la titularidad de tal derecho, puesto que el demandante acude en amparo en defensa de su propio derecho a la intimidad personal y familiar, lo que no plantea problema alguno, pero también acude en nombre y en defensa del derecho a la intimidad personal y familiar de su difunta madre. A este respecto, es oportuno recordar que en la STC 231/1988, de 2 de diciembre, FFJJ 3 y 4, si bien afirmamos que el derecho a la intimidad personal y familiar reconocido en el art. 18 CE está «estrictamente vinculados a la propia personalidad, derivados sin duda de la ‟dignidad de la persona”, que reconoce el art. 10 de la C.E. … se muestran así esos derechos como personalísimos y ligados a la misma existencia del individuo» y que «una vez fallecido el titular de esos derechos, y extinguida su personalidad … lógicamente desaparece también el mismo objeto de la protección constitucional, que está encaminada a garantizar, como dijimos, un ámbito vital reservado, que con la muerte deviene inexistente», también dijimos que «en principio, el derecho a la intimidad personal y familiar se extiende, no sólo a aspectos de la vida propia y personal, sino también a determinados aspectos de la vida de otras personas con las que se guarde una especial y estrecha vinculación, como es la familiar; aspectos que, por la relación o vínculo existente con ellas, inciden en la propia esfera de la personalidad del individuo que los derechos del art. 18 de la C.E. protegen. Sin duda, será necesario, en cada caso, examinar de qué acontecimientos se trata, y cuál es el vínculo que une a las personas en cuestión; pero al menos, no cabe dudar que ciertos eventos que puedan ocurrir a padres, cónyuges o hijos tienen, normalmente, y dentro de las pautas culturales de nuestra sociedad, tal trascendencia para el individuo, que su indebida publicidad o difusión incide directamente en la propia esfera de su personalidad. Por lo que existe al respecto un derecho –propio, y no ajeno– a la intimidad, constitucionalmente protegible». De lo afirmado se deduce que, aunque el recurrente acuda en amparo en defensa de su propio derecho y el de su difunta madre, nada cabe decir sobre la posible vulneración de éste último, sin perjuicio de que el objeto de este proceso, la divulgación pública de la posible filiación paterna del demandante, pueda llegar a afectar, tanto a su derecho a la intimidad, que protege del conocimiento ajeno la identidad de su padre, como a su derecho a la intimidad familiar que impide que se desvelen datos sobre aspectos íntimos de su madre fallecida. 3. Debe advertirse, en aras de realizar la oportuna ponderación de los derechos en juego en el presente proceso, que el derecho fundamental a la intimidad personal consagrado por el art. 18 CE, como todos los demás derechos, puede ceder ante otros derechos y bienes constitucionalmente relevantes, siempre que la limitación que haya de experimentar esté fundada en una previsión legal que tenga justificación constitucional, se revele necesaria para lograr el fin legítimo previsto, sea proporcionada para alcanzarlo, y sea además respetuosa con el contenido esencial del derecho (por todas, SSTC 57/1994, de 28 de febrero; FJ 6; 143/1994, de 9 de mayo; FJ 6; y 25/2005, de 14 de febrero de 2005, FJ 6). Dentro de los límites naturales al derecho a la intimidad se encuentran tanto la libertad de información como la de expresión, libertades que están en juego por haber sido alegadas en el presente proceso constitucional. A este respecto, en la STC 77/2009, de 23 de marzo, FJ 2, dijimos que el derecho a la intimidad puede «ceder ante la prevalencia de otros derechos, como el derecho a la información cuando se refiera a hechos con relevancia pública, en el sentido de noticiables, y a que dicha información sea veraz (por todas, STC 127/2003, de 30 de junio, FJ 8)». 4. Entrando en el examen del caso concreto planteado, debemos delimitar, en primer lugar, si las afirmaciones vertidas en los programas televisivos origen de este proceso –reflejadas en los antecedentes– deben encuadrarse dentro de la libertad de información o, como alega la parte demandada, en la libertad de expresión. Hemos afirmado, por todas STC 50/2010, de 4 de octubre, FJ 4, la importancia de distinguir «conceptualmente entre los derechos que garantizan la libertad de expresión, cuyo objeto son los pensamientos, ideas y opiniones, incluyendo las apreciaciones y los juicios de valor, y el derecho a comunicar información, que se refiere a la difusión de hechos que merecen ser considerados noticiables. Hemos considerado que esta distinción tiene importancia a la hora de determinar la legitimidad del ejercicio de esas libertades: mientras los hechos son susceptibles de prueba, las opiniones o juicios de valor, por su misma naturaleza, no se prestan a una demostración de exactitud, y ello hace que al que ejercita la libertad de expresión no le sea exigible la prueba de la verdad o diligencia en su averiguación, que condiciona, en cambio, la legitimidad del derecho de información por expreso mandato constitucional, que en el texto del art. 20.1 d) CE ha añadido al término «información» el adjetivo «veraz». Ahora bien, asimismo hemos reconocido que, en la casuística que propone la realidad del ejercicio práctico de estas libertades, no siempre es fácil separar la expresión de pensamientos, ideas y opiniones de la simple narración de unos hechos». En el caso que nos ocupa, debemos señalar que, si bien de los programas televisivos en los que se efectuaron las afirmaciones que ahora se denuncian, se entremezclan opiniones con informaciones, el núcleo del presente recurso, es decir las afirmaciones que especularon o atribuyeron la paternidad del recurrente a una determinada persona, deben ser encuadradas dentro del concepto de información, ya que no se ciñen a manifestar una mera opinión o juicio de valor sino a revelar, con o sin acierto, quién fue el padre del demandante de amparo. Todo ello, sin perjuicio de que se entremezclen expresiones u opiniones de los participantes en dichos programas. El núcleo de la controversia planteada se refiere a las afirmaciones vertidas sobre la identidad del padre del demandante de amparo. Como se ha expuesto con más detalle en los antecedentes, en los programas televisivos ahora denunciados, se anunciaba la noticia, asumiendo que se iba a revelar un «gran secreto», como pone de manifiesto la voz en off del programa «Aquí hay tomate», emitido el día 16 de agosto de 2005, donde se puede escuchar que «Gonzalo Miró … esconde un gran secreto. Nunca se ha sabido la identidad de su padre. Pilar Miró se llevó el secreto a la tumba». Resulta evidente que, la propia forma en que la noticia es presentada pone de manifiesto que, en contra de la voluntad del recurrente, se va a revelar un dato «secreto» que ha tratado de preservar al conocimiento ajeno. El contenido del resto de las noticias objeto de este proceso, como han quedado reflejadas en los antecedentes, se refiere a la especulación, mediante la emisión de diversas imágenes de los posibles padres del recurrente junto con sus iniciales, al tiempo que se realizan comentarios que inducen a espectador a pensar que el padre del recurrente es una determinada persona. 5. Como punto de partida, debe ser rechazada la argumentación contenida en la Sentencia impugnada según la cual no se habría violado el derecho a la intimidad del recurrente puesto que, en realidad, no se había identificado a su padre sino que solamente «se conjetura sobre las posibles filiaciones paternales del actor, con base a una serie de datos conocidos en relación a la vida de su progenitora, siendo diversos los nombres propuestos y por tanto barajados como posibles, sin aseverar categóricamente nada al respecto». Concluye el Tribunal Supremo afirmando que «no se determina ni revela identidad específica y concreta que permita justificar la posible vulneración o intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad personal y familiar». Pues bien, este razonamiento no puede ser aceptado, puesto que, como antes se apuntó, a nadie se le puede exigir que soporte pasivamente la revelación de datos, reales o supuestos, de su vida privada personal o familiar. El derecho a la intimidad puede verse afectado, no solamente por la afirmación concreta y veraz sobre la identidad del padre del recurrente, sino también por meras especulaciones o rumores sobre su filiación. Carece de relevancia que el dato sobre la paternidad del recurrente sea cierto o no, como carece de importancia que se revele con rotundidad a modo de noticia cierta o se especule con varios posibles nombres del padre del recurrente. Es en sí mismo, abordar el tema de la filiación especulando sobre diferentes identidades de quién puede ser el padre del demandante de amparo –cuando éste siempre mostró su voluntad de mantener ese dato fuera del conocimiento ajeno– lo que puede llegar a vulnerar el derecho a la intimidad del recurrente. Por otra parte, no deja de ser contradictorio el planteamiento de la parte demandada en el proceso a quo que niega que se haya vulnerado el derecho a la intimidad del recurrente cuando se insiste en los programas televisivos discutidos que va a revelar un «gran secreto» sobre la vida del demandante de amparo. 6. Constatado que los programas ahora denunciados han invadido un aspecto de la intimidad del demandante de amparo, como es especular y difundir las identidades de las «posibles» personas que pudieran ser su padre, debemos en este momento ponderar si la libertad de información debe ser prevalente sobre el derecho del recurrente. Para ello, bastará analizar si la información trasmitida puede calificarse de interés o relevancia pública. A este respecto, conviene recordar que en la STC 83/2002, FJ 4, se afirma que concurre un interés público constitucionalmente prevalente, digno de protección «cuando la información que se comunica es relevante para la comunidad, lo cual justifica la exigencia de que se asuman perturbaciones o molestias ocasionadas por la difusión de una determinada noticia … en este punto, como advertimos en la STC 115/2000, FJ 9, resulta decisivo determinar si nos encontramos ante unos hechos o circunstancias susceptibles de afectar al conjunto de los ciudadanos, lo cual es sustancialmente distinto ya sea de la simple satisfacción de la curiosidad humana por conocer la vida de otros, o bien de lo que a juicio de uno de dichos medios puede resultar noticioso en un determinado momento (STC 134/1999, FJ 8, entre otras muchas). Pues hemos declarado que la preservación de ese reducto de inmunidad sólo puede ceder, cuando del derecho a la información se trata, si lo difundido afecta, por su objeto y su valor, al ámbito de lo público, que no coincide, claro es, con aquello que pueda suscitar o despertar, meramente, la curiosidad ajena». Es evidente que la información sobre la filiación paterna del recurrente de amparo carece de interés público, sin perjuicio de que sean datos que puedan interesar a un mayor o menor número de espectadores y sin que la condición de personaje público del titular del derecho a la intimidad pueda alterar tal conclusión. Como recordábamos en la STC 115/2000, de 5 de mayo, FJ 9, «si bien los personajes con notoriedad pública inevitablemente ven reducida su esfera de intimidad, no es menos cierto que, más allá de esa esfera abierta al conocimiento de los demás su intimidad permanece y, por tanto, el derecho constitucional que la protege no se ve minorado en el ámbito que el sujeto se ha reservado y su eficacia como límite al derecho de información es igual a la de quien carece de toda notoriedad (STC 134/1999, FJ 7, por todas). De otro lado, que ‟no toda información que se refiere a una persona con notoriedad pública, goza de esa especial protección, sino que para ello es exigible, junto a ese elemento subjetivo del carácter público de la persona afectada, el elemento objetivo de que los hechos constitutivos de la información, por su relevancia pública, no afecten a la intimidad, por restringida que ésta sea” (STC 197/1991, FJ 4)». En definitiva, el interés que pudiera tener la revelación del dato de la filiación paterna del demandante de amparo, no justifica la invasión que tal revelación ha ocasionado en su derecho a la intimidad. 7. Por último, la parte demandada en el proceso a quo considera que el tema referido a la identificación del padre del recurrente, era un asunto que ya en ocasiones anteriores fue objeto de noticia y que se trataba, por tanto, de un tema conocido por el público; estima que no han revelado ningún dato desconocido ni íntimo y que por tanto, no se ha vulnerado el derecho a la intimidad del demandante de amparo. Tampoco este argumento puede aceptarse; ya dijimos en la STC 134/1999, de 15 de julio, FJ 6, que es irrelevante que los datos divulgados fuesen ya públicos, puesto que tal circunstancia no evita calificar como lesiva del art. 18.1 CE una intromisión en la intimidad. El hecho de que un dato íntimo, en un momento determinado, haya alcanzado notoriedad sin consentimiento de su titular –siempre que dicha publicidad no esté amparada por otro derecho fundamental– no implica que dicho dato deje de estar protegido por su derecho a la intimidad y quede, por tanto, carente de tutela jurídica ante una posterior publicación del mismo. Admitir lo contrario supondría una limitación del derecho a la intimidad y una carga desproporcionada a su titular que ante cualquier intromisión en su derecho se vería compelido a iniciar acciones judiciales en su defensa con la única finalidad de evitar que su pasividad pudiera ser considerada como una renuncia a un concreto ámbito de su intimidad. En el caso concreto analizado, si bien el tema de la filiación paterna del recurrente ha podido ser objeto de debate en determinado sector de la prensa, no lo es menos que el demandante de amparo siempre ha manifestado su voluntad de mantener dicho dato en el ámbito de su derecho a la intimidad, por lo que la circunstancia de que sea en esta ocasión y no en las precedentes cuando decide ejercitar acciones en su defensa, no impide que se pueda declarar que se ha violado su derecho a la intimidad. 8. En definitiva, debemos declarar vulnerado el derecho a la intimidad del recurrente puesto que la especulación sobre la identidad de su progenitor en distintos programas televisivos no puede estar amparado por la libertad de información ya que tal dato carece del más mínimo interés o relevancia pública, en los términos que hemos expresado en los fundamentos anteriores. El derecho a la intimidad que ha sido lesionado queda reestablecido, como en otros casos similares en los que el amparo se pide frente a una resolución judicial, declarando la nulidad de la Sentencia impugnada en este proceso constitucional. De conformidad con nuestra jurisprudencia, no procede pronunciarnos sobre la petición indemnizatoria interesada tanto por la representación procesal de la recurrente como por el Ministerio Fiscal; no obstante, puesto que la determinación de la indemnización procedente por la lesión del derecho a la intimidad del recurrente de amparo –que en su día fue declarada por la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 27 de junio de 2007– fue cuestión planteada en el recurso de casación interpuesto pero no resuelta por la Sentencia del Tribunal Supremo ahora anulada, al no apreciar lesión alguna de tal derecho, procede la retroacción de actuaciones para que, partiendo de la constatación del derecho a la intimidad de la parte recurrente, se resuelva por el Tribunal Supremo sobre la determinación de la indemnización, que, en su caso, corresponda. FALLO En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA, Ha decidido Otorgar el amparo solicitado por don Gonzalo Werther Miró Romero y, en consecuencia: 1.º Reconocer su derecho fundamental a la intimidad, art. 18 CE. 2.º Declarar la nulidad de la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 30 de junio de 2010, con retroacción de actuaciones para que se resuelva sobre la determinación de la indemnización que, en su caso, corresponda. Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». Dada en Madrid, a dieciocho de noviembre de dos mil trece.–Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.–Luis Ignacio Ortega Álvarez.–Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Santiago Martínez-Vares García.–Firmado y rubricado.

La sentencia del Tribunal Constitucional que defiende la intimidad de Gonzalo Miró frente a dos programas de Telecinco

La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente; don Luis Ignacio Ortega Álvarez, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara y don Santiago Martínez-Vares, Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En el recurso de amparo núm. 6685-2010, promovido por don Gonzalo Werther Miró Romero, en su propio nombre y en el de su difunta madre doña Pilar Miró Romero, representado por el Procurador de los Tribunales don Íñigo Muñoz Durán y asistido por la Letrada doña Carolina Pina, contra la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 30 de junio de 2010, por la que se revoca la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 27 de junio de 2007, que revocó parcialmente la Sentencia de 9 de junio de 2006, del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Pozuelo de Alarcón. Ha intervenido el Ministerio Fiscal; ha comparecido el Procurador de los Tribunales don Manuel Sánchez-Puelles González-Carvajal, en nombre y representación de Gestevisión Telecinco, S.A., Agencia de Televisión Latinoamericana, S.A. (Atlas España), y de don Adrián Madrid; el Procurador de los Tribunales don Manuel Lanchares Perlado en nombre y representación de doña Pilar Eyre Estrada y el Procurador de los Tribunales don Luis Pozas Osset en nombre y representación de doña María del Carmen Marchante Barrobes. Ha sido Ponente el Magistrado don Luis Ignacio Ortega Álvarez, quien expresa el parecer de la Sala. I. Antecedentes 1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 14 de septiembre de 2010 el demandante interpuso recurso de amparo contra la resolución citada en el encabezamiento. 2. Los hechos en los que se fundamenta la demanda son, sucintamente expuestos, los siguientes: a) Los días 16 y 17 de agosto de 2005, en los programas de televisión «Aquí hay tomate» y «TNT» –ambos producidos por Atlas España y emitidos por la cadena de televisión Telecinco– se difundieron una serie de manifestaciones relativas a la identidad del padre del recurrente mediante la emisión de una serie de reportajes con voz en off y a través de manifestaciones directas de ciertos «periodistas» que participaban en el debate suscitado al efecto. Así en el programa «Aquí hay tomate», emitido el día 16 de agosto de 2005, la voz en off afirmaba: «Gonzalo Miró … esconde un gran secreto. Nunca se ha sabido la identidad de su padre. Pilar Miró se llevó el secreto a la tumba. Sin embargo él siempre ha sabido quién es». «Lo cierto es que nunca se ha sabido el nombre del padre de Gonzalo. Su madre Pilar Miró se negó a revelar su identidad públicamente». «Se rodeó de hombres como Eduardo Sotillos o José Luis Balbín. Pero Pilar Miró se llevó con ella el nombre del padre de su hijo. Ese gran secreto. Sin embargo, Gonzalo ha sabido siempre quién es su padre pero no ha tenido ninguna relación con él, no llegaron a entenderse. A día de hoy muy pocos saben quién es, su nombre sigue siendo un gran misterio.» b) En el programa «Aquí hay tomate» –emitido el día 17 de agosto de 2005– se trató igualmente el tema de la filiación del recurrente. La voz en off del reportaje afirmaba: «Ayer la periodista Pilar Eyre desveló las iniciales del padre de Gonzalo Miró, J.L.B. Luego veremos unas imágenes comparativas donde podremos comprobar el parecido entre las dos personas. Es un personaje muy famoso y muy respetado entre sus compañeros de profesión; lo que desconocemos son las claves para entender ese secretismo con el que lleva su paternidad… Son muchas las razones que se aventuran para explicar por qué Pilar Miró no quiso desvelar al padre de su hijo Gonzalo, un hombre del que ya sabemos que no es X pero del que desconocemos muchas cosas». Constan las siguientes afirmaciones de la periodista Pilar Eyre: «Eh…yo creo que el padre de Gonzalo Miró, eh…, sus iniciales son J.L.B. … se quedó embarazada y tenía como compañero a una persona de nuestra profesión eh…que estoy convencida casi al cien por cien que es el padre de su hijo.» Voz en off: «Eran los tiempos en los que la realizadora trabajó en el Ente público, donde la realizadora se rodeó de muchos hombres». «Entre esos nombres está el periodista José Luis Balbín, que podría corresponder a las iniciales dadas por Pilar Eyre». Afirmaciones de Pilar Eyre: «El padre pues era una persona encantadora, era un hombre muy mujeriego, tuvo romances con las principales actrices de su época, era un solterón empedernido, o sea que realmente podía permitirse todos estos lujos, y dicen que su carácter eh… es muy parecido al de Gonzalo». Voz en off: «Lo cierto es que el parecido entre ambos es asombroso. Pero Pilar Miró jamás quiso revelar la identidad del padre de su hijo». Estos comentarios se acompañan con sendas imágenes de los rostros de Gonzalo Miró y José Luis Balbín. c) Programa «TNT» –emitido el día 17 de agosto de 2005–. Voz en off: «También hay quien dice que, salvo pequeños detalles, el hijo de la cineasta es idéntico a su padre… Los numerosos affaires del Pilar Miró le habrían servido para mantener en el anonimato la identidad del padre de su hijo». Una vez finalizado el reportaje, comienza una tertulia entre los periodistas invitados al programa, en el que vierten las siguientes manifestaciones: Karmele Marchante: «Iba de heroína, iba de heroína…por ser madre soltera y por no haber querido dar el nombre de su hijo». Seguidamente se emiten algunos cortes del programa de «Aquí hay tomate» de esa misma fecha, anteriormente transcritos, en el que se compara de nuevo el parecido físico de Gonzalo Miró con José Luis Balbín. Lydia Lozano: «A ver, ¿por qué nunca se ha dado el nombre del padre de Gonzalo Miró? Igual que nunca se ha dado el nombre del padre del hijo de Ivonne Reyes. Son personas muy influyentes, son personas muy influyentes, son personas muy ### RESUMEN: La sentencia del Tribunal Constitucional que defiende la intimidad de Gonzalo Miró frente a dos programas de Telecinco

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, establece en sus artículos 29 y 36 bis nuevas evaluaciones finales de etapa individualizadas en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, respectivamente. También establece la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en su artículo 144.1 que los criterios de evaluación correspondientes a estas evaluaciones individualizadas serán comunes para el conjunto del Estado. El artículo 6 bis de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, indica que corresponderá al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en relación con las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, determinar los criterios de evaluación del logro de los objetivos de las enseñanzas y etapas educativas y del grado de adquisición de las competencias correspondientes, en relación con los contenidos de los bloques de asignaturas troncales y específicas, determinar las características de las pruebas, diseñar las pruebas y establecer su contenido para cada convocatoria. El artículo 144.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, dispone que las pruebas y los procedimientos de las evaluaciones indicadas en los artículos 29 y 36 bis de la citada ley se diseñarán por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. En el mismo artículo 144.1 se establece que la realización material de las pruebas corresponde a las Administraciones educativas competentes. Además, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, establece en su artículo 31 que para obtener el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será necesario superar la correspondiente evaluación final de etapa, y en su artículo 37 que para obtener el Título de Bachiller será necesario superar la evaluación final de esta etapa. A su vez, la disposición final quinta de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, establece el calendario de implantación de las evaluaciones individualizadas. El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, indica en su artículo 21 que al finalizar el cuarto curso de ESO, los alumnos y alumnas realizarán una evaluación individualizada por la opción de enseñanzas académicas o por la de enseñanzas aplicadas, en la que se comprobará el logro de los objetivos de la etapa y el grado de adquisición de las competencias correspondientes. En el apartado primero del artículo 31 de dicho real decreto se indica que los alumnos y alumnas realizarán una evaluación individualizada al finalizar Bachillerato, en la que se comprobará el logro de los objetivos de esta etapa y el grado de adquisición de las competencias correspondientes. II El diseño de las pruebas debe ser diferente según la etapa. Así, en Educación Secundaria Obligatoria se tendrán en cuenta las competencias clave junto con los contenidos aprendidos durante la etapa a través de las materias relacionadas con la evaluación final de etapa. El objetivo de la evaluación es garantizar que todo el alumnado alcance los niveles de aprendizaje adecuados, normalizar los estándares de titulación en todo el Sistema Educativo Español, introducir elementos de certeza, objetividad y comparabilidad de resultados, permitir al alumnado orientar su trayectoria educativa en función de sus capacidades, competencias y habilidades comprobadas y expectativas e intereses, y orientar e informar a alumnado y familias. Además, será necesario superar la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria para obtener el título de Graduado. Las Administraciones educativas podrán establecer medidas de atención personalizada dirigidas a aquellos alumnos que no superen la evaluación final. Los alumnos podrán repetir la evaluación si no la han superado, o para elevar su calificación final. En Bachillerato se tendrán en cuenta en mayor medida los contenidos aprendidos, dado que los objetivos son garantizar al alumnado un nivel de conocimientos y competencias adecuado y suficiente para acceder a la educación superior o a la vida profesional, consolidar la cultura del esfuerzo y de la responsabilidad, y motivar al alumnado para progresar en el sistema educativo. Además, será necesario superar la evaluación final de Bachillerato para obtener el título de Bachiller. La calificación de las materias evaluadas y de la evaluación final podrá ser tenida en cuenta por las Universidades en sus procedimientos de admisión. Los alumnos podrán volver a realizar la evaluación si no la han superado, o para elevar su calificación final. En el proceso de realización de las pruebas se asegura la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal de las personas, a través de la adaptación de las condiciones de realización a las necesidades del alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo. También se garantiza la transparencia y la participación de las familias en el proceso al asegurar la vía de la revisión de las calificaciones. Según lo establecido en el artículo 8 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, y de conformidad con lo establecido en el artículo 4.2.e) de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, los padres, madres o tutores legales deberán participar y apoyar la evolución del proceso educativo de sus hijos o tutelados, y tendrán acceso a los documentos oficiales de evaluación y a los exámenes y documentos de las evaluaciones que se realicen a sus hijos o tutelados. III Este real decreto se estructura en cuatro capítulos: el primero de ellos, «Disposiciones generales», contiene la normativa básica de general aplicación a las evaluaciones finales de las etapas de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, relativa a la organización de las evaluaciones finales, asignación de funciones a las Administraciones participantes, órganos y profesorado, descripción del proceso, revisión y difusión de resultados. Los capítulos II, «Evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria», y III «Evaluación final de Bachillerato», incluyen las peculiaridades aplicables a cada una de las etapas sobre objeto, convocatorias, requisitos de participación, actuación del grupo técnico y obtención del título correspondiente. Por su parte el capítulo IV, «Educación de personas adultas», describe por un lado las características de las evaluaciones finales que se aplicarán en la Educación Básica y Bachillerato de las personas adultas, y por otro lado las de las pruebas para la obtención directa del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y del título de Bachiller. La disposición adicional primera prevé la adaptación de las normas recogidas en este real decreto a las necesidades y situación de los centros docentes españoles en el exterior y de otros programas internacionales, de la educación a distancia y de la educación de las personas adultas; la disposición adicional segunda regula las características, diseño y contenidos de las pruebas de las evaluaciones finales a realizar en el curso escolar 2016-2017; y la disposición adicional tercera regula las situaciones del alumnado en posesión de un título de Bachiller anterior a la reforma educativa, o de un título de las enseñanzas profesionales. La disposición transitoria única regula la situación del alumnado que curse materias no superadas según el currículo del sistema educativo anterior a la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. La disposición final primera establece el calendario de implantación de las nuevas evaluaciones finales de educación secundaria, en base a la disposición final quinta de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre. La disposición final segunda establece el título competencial del real decreto (artículo 149.1.30.ª de la Constitución). La disposición final tercera modifica el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, para añadirle una disposición transitoria única sobre títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria obtenidos en el curso 2016-2017. La disposición final cuarta regula los efectos académicos de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria obtenidos de acuerdo a la disposición transitoria única del Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se regulan las características generales de las pruebas de la evaluación final de Educación Primaria establecida en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. La disposición final quinta faculta a la persona titular del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para desarrollar lo dispuesto en el real decreto y para dictar la orden ministerial anual que establecerá las características, diseño y contenidos de las pruebas en cada curso escolar. Por último, la disposición final sexta establece la entrada en vigor del real decreto el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». IV Este real decreto se dicta al amparo del artículo 149.1.30.ª de la Constitución, que atribuye al Estado las competencias para la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de los títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia. De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, es posible la intervención excepcional del reglamento en la delimitación de lo básico, entre otros supuestos, cuando la utilización del reglamento resulte justificada por el carácter marcadamente técnico de la materia. El real decreto garantiza el sistema constitucional de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, al asegurar la participación de ambos en la realización de las evaluaciones finales de educación secundaria. Así, el Estado establece las bases para todo el territorio relativas a las características de las pruebas, su diseño y su contenido, y los plazos máximos en los que deberán desarrollarse las convocatorias anuales. Por su parte, las Administraciones educativas de las comunidades autónomas, y del Estado en Ceuta, Melilla, el exterior y el CIDEAD, son competentes para la realización material de las pruebas, que comprenderá su redacción y elaboración de las guías de codificación y corrección en el marco del diseño establecido por el Estado, concreción de las fechas de las convocatorias y de los procedimientos de revisión de las calificaciones, coordinación de centros docentes, universidades y profesorado, designación de tribunales y órganos de calificación, resolución de las reclamaciones e información a la comunidad educativa. Además, se crea una comisión central en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, encargada de proponer cada año las características, el diseño y los contenidos de las pruebas y de evaluar su realización, en la que se asegura la participación de todas las comunidades autónomas, así como de las universidades en el grupo técnico que trate de la evaluación final de Bachillerato dado que los resultados de las pruebas deben servir a las universidades en sus procedimientos de admisión de estudiantes. V Según el artículo 21.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, un Gobierno en funciones como el que aprueba este real decreto debe limitar su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos y abstenerse de adoptar cualesquiera otras medidas, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, razones ambas que concurren en este supuesto. Así, en primer lugar, el interés público en la publicación de este real decreto es indudable pues la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, obliga al Gobierno a determinar las características de las pruebas de las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, el diseño de las pruebas y su contenido. Las evaluaciones externas de fin de etapa constituyen una de las principales novedades de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, con respecto al marco anterior, y una de las medidas llamadas a mejorar de manera más directa la calidad del sistema educativo. Las evidencias de la literatura científica indican que el efecto de las evaluaciones externas tiene un impacto muy positivo en los resultados académicos en el rendimiento del alumnado. Las evaluaciones finales tienen un carácter formativo y de diagnóstico, que servirá para garantizar que todos los alumnos alcancen los niveles de aprendizaje adecuados para el normal desenvolvimiento de la vida personal y profesional, y además deben permitir orientar a los alumnos en sus decisiones escolares. Estas pruebas normalizan los estándares de titulación en toda España, indicando de forma clara al conjunto de la comunidad educativa cuáles son los niveles de exigencia requeridos e introduciendo elementos de certeza, objetividad y comparabilidad de resultados, y proporcionan a los padres, a los centros y a las Administraciones educativas una valiosa información de cara a futuras decisiones. Por otro lado, existe urgencia en la publicación de este real decreto ya que las primeras evaluaciones deben realizarse al finalizar el curso escolar 2016-2017, y por ello las bases que deberán respetar las Administraciones educativas deben ser conocidas por éstas con suficiente antelación que les permita realizar los trabajos y desarrollos normativos que les corresponden. Por su parte, los centros, equipos directivos y equipos docentes también deben conocer con antelación suficiente el diseño y contenido de las evaluaciones para organizar adecuadamente la programación del curso escolar, que comienza en septiembre de 2016. VI En el proceso de elaboración de este real decreto han sido consultadas las comunidades autónomas en el seno de la Conferencia de Educación y ha emitido dictamen el Consejo Escolar del Estado. En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 29 de julio de 2016, DISPONGO: CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículo 1. Objeto. El presente real decreto tiene por objeto establecer las características de las pruebas de las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Artículo 2. Determinación de las características, diseño y contenido de las pruebas. 1. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte determinará para todo el Sistema Educativo Español por orden ministerial, para cada curso escolar, las características, el diseño y el contenido de las pruebas de las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, las fechas máximas para realizar las evaluaciones y resolver los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, y los cuestionarios de contexto, con la finalidad de garantizar la estandarización de las pruebas. 2. Los criterios de evaluación del logro de los objetivos de las etapas de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato y del grado de adquisición de las competencias correspondientes serán los recogidos en los anexos I y II del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 3. Con la finalidad de garantizar la homogeneidad y estandarización de las pruebas, las características y el diseño de las mismas comprenderán la matriz de especificaciones, la longitud (número mínimo y máximo de preguntas), tiempo de aplicación, la tipología de ítems (preguntas abiertas, semiabiertas y de opción múltiple), unidades de evaluación, los cuestionarios de contexto e indicadores comunes de centro. 4. Determinar los contenidos consistirá en establecer el marco de obligado cumplimiento para la construcción de las pruebas. En dicho marco se establecerá aquel conjunto de estándares de aprendizaje evaluables que constituirán el contenido del proceso de evaluación y que procederán de la concreción de los recogidos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. Artículo 3. Realización material de las pruebas. 1. Corresponde a las Administraciones educativas la realización material de las pruebas, lo que incluye las siguientes tareas: a) Construcción y elaboración material de las pruebas en el marco de lo dispuesto en la orden ministerial anual. b) Aplicación de las pruebas. c) Determinación de las fechas de las convocatorias y de los procedimientos de revisión de las calificaciones, de acuerdo con los plazos máximos fijados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. d) Coordinación entre los centros docentes, universidades y otros órganos y organismos que participen en la realización material de las pruebas. e) Designación y constitución de los tribunales u otros órganos de calificación que las Administraciones educativas decidan crear o encargarles la calificación de las pruebas. f) Designación del profesorado funcionario del Sistema Educativo Español externo al centro que aplicará y calificará las pruebas. g) Adopción de medidas para garantizar la custodia y confidencialidad de las pruebas, así como para asegurar el carácter anónimo de los datos de los estudiantes en la fase de corrección y calificación de las pruebas. h) Resolución de reclamaciones. i) Establecimiento de los mecanismos de información adecuados. j) Adopción de las medidas necesarias para garantizar lo establecido en este real decreto. 2. Los equipos directivos y el profesorado de los centros docentes participarán y colaborarán con las Administraciones educativas en las evaluaciones finales que se realicen en sus centros, en los términos establecidos en el artículo 144.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 3. La materia Lengua Cooficial y Literatura deberá ser evaluada en las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, y se tendrá en cuenta para el cálculo de la nota obtenida en dichas evaluaciones finales en la misma proporción que la asignatura Lengua Castellana y Literatura. Corresponde a las Administraciones educativas competentes concretar los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de la prueba de Lengua Cooficial y Literatura, así como determinar su diseño y aplicación, que se realizará de forma simultánea al resto de las pruebas que componen las evaluaciones finales. Estarán exentos de la realización de estas pruebas los alumnos y alumnas que estén exentos de cursar o de ser evaluados de la materia Lengua Cooficial y Literatura, según la normativa autonómica correspondiente. Artículo 4. Pruebas, unidades de evaluación y tipos de preguntas. 1. Las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato tendrán una duración de un máximo de cuatro días. Aquellas Administraciones educativas con lengua cooficial podrán establecer una duración de un máximo de cinco días. 2. Cada una de las pruebas de la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria tendrá una duración de 60 minutos, estableciéndose un descanso mínimo de 15 minutos entre sesión y sesión. Cada una de las pruebas de la evaluación final de Bachillerato tendrá una duración de 90 minutos, estableciéndose un descanso mínimo de 20 minutos entre sesión y sesión. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8.2, los tiempos de descanso no podrán ser utilizados para ampliar el tiempo de realización de las pruebas por los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo a quienes se haya prescrito dicha medida. 3. Se realizará una prueba por cada una de las materias objeto de evaluación. Cada una de las pruebas constará de las unidades de evaluación que sean convenientes, y cada unidad de evaluación de al menos dos preguntas basadas en el estímulo propuesto. En total, cada prueba comprenderá un número máximo de 15 preguntas o ítems. 4. Las unidades de evaluación estarán contextualizadas en entornos próximos a la vida del alumnado, por ejemplo, situaciones personales, familiares, escolares y sociales, además de entornos científicos y humanísticos. 5. Cada una de las pruebas contendrá preguntas abiertas y semiabiertas que requerirán del alumnado capacidad de pensamiento crítico, reflexión y madurez, especialmente en la evaluación final de Bachillerato. Además de estos tipos de preguntas, se podrán utilizar también preguntas de opción múltiple, siempre que en cada una de las pruebas el porcentaje de preguntas abiertas y semiabiertas alcance como mínimo el 50%. 6. Las pruebas podrán realizarse en soporte papel y/o en formato digital. 7. Las pruebas deberán resultar atractivas y motivadoras, para lo que deberán cuidarse las imágenes, tablas y gráficos empleados y otras características formales. Artículo 5. Cuestionarios de contexto. 1. La información sobre las condiciones socioeconómicas y culturales de contexto de los centros docentes se obtendrá mediante la aplicación de diferentes cuestionarios de contexto, que serán elaborados por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 2. Los cuestionarios de contexto podrán ser de los siguientes tipos, según se establezca en la orden ministerial anual: a) Cuestionario del alumnado, dirigido al alumnado que realice la evaluación. b) Cuestionario de las familias, dirigido a los padres, madres y tutores legales del alumnado que realice la evaluación. c) Cuestionario del profesorado tutor, dirigido al profesorado tutor del alumnado que realice la evaluación. d) Cuestionario del equipo directivo, dirigido a la dirección del centro docente del alumnado que realice la evaluación. 3. Los cuestionarios de contexto serán en todo caso anónimos. Artículo 6. Convocatorias y calendario escolar. 1. Anualmente se celebrarán dos convocatorias en cada Administración educativa: una ordinaria y otra extraordinaria. El Ministerio de Educación Cultura y Deporte fijará cada año los plazos máximos para la resolución de cada una de las convocatorias, que comprenderán, en todo caso, un periodo único para la convocatoria ordinaria y dos, alternativos entre sí, para la convocatoria extraordinaria, debiendo cada Administración educativa optar por el que mejor se adecúe a la planificación académica establecida para su ámbito territorial. El alumnado que lo desee podrá realizar la evaluación final de etapa por cualquiera de las diferentes opciones de la Educación Secundaria Obligatoria o modalidades del Bachillerato, o por más de una de ellas, en la misma convocatoria. 2. Los días dedicados a las evaluaciones finales de etapa, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria, se incluirán en el cómputo anual de días lectivos del calendario escolar. Artículo 7. Organización de las pruebas. 1. En el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se constituirá una comisión central, que será la responsable de establecer y proponer cada año el diseño y los contenidos de las pruebas, en los términos establecidos en el artículo 2 del presente real decreto. 2. Dicha comisión central estará presidida por el Director General de Evaluación y Cooperación Territorial y formarán parte de la misma las personas titulares de la Subdirección General del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, la Subdirección General del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado, la Subdirección General de Cooperación Territorial, la Subdirección General de Promoción Exterior Educativa, la Subdirección General de Inspección, la Subdirección General de Ordenación Académica, la Subdirección General de Aprendizaje a lo Largo de la Vida y Subdirección General de Orientación y Formación Profesional. A las reuniones de dicha comisión serán convocados como invitados representantes de todas las comunidades autónomas y cuantos expertos el presidente de la comisión central estime oportuno, que asistirán a las reuniones con voz pero sin voto. Además de los anteriores, cuando en las reuniones de la comisión central se traten aspectos relacionados con la evaluación final de Bachillerato, también serán invitados a participar, con voz pero sin voto, representantes de las universidades designados por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. 3. La comisión central contará con un grupo técnico asociado a la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria y un grupo técnico asociado a la evaluación final de Bachillerato. 4. Son funciones de los grupos técnicos: a) Elaborar cada año una propuesta de las características, el diseño y los contenidos de las pruebas. El resultado de estos trabajos será el punto de partida para la elaboración de la orden ministerial anual que establecerá las características, el diseño y los contenidos de las pruebas. b) Analizar y valorar todo el proceso de realización material de las pruebas, una vez finalizado. c) Elaborar propuestas de mejora para la siguiente convocatoria. 5. Las Administraciones educativas realizarán la coordinación de las evaluaciones finales, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3 de este real decreto, de acuerdo con las normas que establezcan. En dicha coordinación deberán participar, al menos, representantes del profesorado y expertos educativos a los que, en el caso de las pruebas finales de bachillerato, se añadirán representantes de las universidades públicas. 6. Las Administraciones educativas deberán establecer los mecanismos y procedimientos más adecuados que garanticen la confidencialidad de los datos obtenidos durante todas las fases de la evaluación. Artículo 8. Desarrollo y aplicación. 1. Las pruebas de evaluación de las competencias en relación con las materias distintas de Lengua Castellana y Literatura, Primera y Segunda Lengua Extranjera y Lengua Cooficial y Literatura se podrán realizar, a elección de los padres, madres o tutores legales o en su caso de los alumnos, en lengua castellana o en la lengua cooficial correspondiente. 2. Con el fin de asegurar la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal de las personas, en cada convocatoria las Administraciones educativas adoptarán las medidas oportunas para adaptar las condiciones de realización de las pruebas a las necesidades del alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo. En función de la necesidad, se podrán adoptar medidas tales como la adaptación de los tiempos, la utilización de formatos especiales y la puesta a disposición del alumnado de los medios materiales y humanos y de los apoyos y de las ayudas técnicas que precise para la realización de las pruebas, así como la garantía de accesibilidad de la información y la comunicación de los procesos y la del recinto o espacio físico donde ésta se desarrolle. El departamento de orientación de cada centro educativo realizará un informe por cada alumno a que se refiere este apartado, que será tenido en cuenta a la hora de establecer las adaptaciones que procedan. Dichas adaptaciones no computarán de forma negativa menoscabando la calificación final obtenida en las pruebas. 3. De forma simultánea a la celebración de las evaluaciones finales de etapa se aplicarán cuestionarios de contexto elaborados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Estos cuestionarios permitirán obtener información sobre las condiciones socioeconómicas y culturales de los centros para la contextualización de los resultados obtenidos. 4. Los alumnos realizarán la evaluación final, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria, en el ámbito territorial de la Administración educativa en la que haya finalizado los estudios que le permitan acceder a la evaluación final, en el lugar que determine cada Administración educativa. Aquellos alumnos que se presenten en sucesivas convocatorias con objeto de superar la evaluación final, mejorar la calificación o cambiar de opción o modalidad, podrán hacerlo en el ámbito de gestión de la Administración educativa en la que resida o en la que finalizó sus estudios. Artículo 9. Calificación de las pruebas. 1. La calificación de las pruebas será realizada por los tribunales calificadores u órganos designados y constituidos por las respectivas Administraciones educativas que estarán constituidos por profesorado funcionario del Sistema Educativo Español externo a los centros docentes. 2. En la designación de los miembros de los tribunales u órganos se deberá procurar una composición equilibrada entre mujeres y hombres, salvo que no sea posible por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas. Asimismo, se deberá garantizar que todas las pruebas puedan ser calificadas por vocales especialistas de las distintas materias. En todo caso, en el supuesto de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo deberá asegurarse el conocimiento de las adaptaciones de acceso y organizativas que ha precisado el alumno, manteniendo su anonimato, por parte de los miembros de los tribunales u órganos de calificación designados. 3. El tribunal u órgano de calificación garantizará el anonimato de los alumnos y centros docentes durante el proceso de corrección y calificación de las pruebas. 4. El resultado de la evaluación final se expresará mediante una calificación numérica de uno a diez puntos en Educación Secundaria Obligatoria y de cero a diez puntos en Bachillerato, con dos decimales, y será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todas las materias objeto de evaluación y, en su caso, en la evaluación final de la materia Lengua Cooficial y Literatura. 5. El resultado de la evaluación final de etapa de cada alumno se comunicará a los padres, madres, tutores legales del alumno y en su caso al propio alumno, así como al equipo directivo del respectivo centro docente, que lo comunicará al profesorado del alumno y a los órganos colegiados de gobierno y de coordinación docente del centro, con el fin de que, en cada nivel de responsabilidad, se puedan valorar los resultados, identificar las causas de los mismos y adoptar, si procede, las propuestas de refuerzo y mejora que se consideren necesarias. Artículo 10. Revisión de las calificaciones. 1. Los padres, madres o tutores legales y en su caso los alumnos podrán solicitar al órgano que determine cada Administración educativa la revisión de la calificación obtenida en una o varias de las pruebas que componen la evaluación final, para lo que tendrán acceso a las pruebas realizadas. El plazo de presentación de estas solicitudes será de tres días hábiles, contados a partir de la fecha de la publicación de las calificaciones. 2. Las pruebas sobre las que se haya presentado la solicitud de revisión serán corregidas por un profesor funcionario especialista distinto al que realizó la primera corrección. En el supuesto de que existiera una diferencia menor a dos puntos entre las dos calificaciones, la calificación será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las dos correcciones. En el supuesto de que existiera una diferencia de dos o más puntos entre las dos calificaciones, se efectuará, de oficio, una tercera corrección y la calificación final será la media aritmética de las tres calificaciones. Este procedimiento deberá efectuarse en el plazo máximo de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha de finalización del plazo establecido en el punto anterior. Las pruebas objeto de reclamación serán revisadas con objeto de verificar que todas las cuestiones han sido evaluadas y lo han sido con una correcta aplicación de los criterios generales de evaluación y específicos de corrección, así como la comprobación de que no existen errores materiales en el proceso del cálculo de la calificación final. 3. Una vez finalizado el proceso de revisión, el órgano que determine cada Administración educativa adoptará la resolución que establezca las calificaciones definitivas y la notificará a los reclamantes. La resolución pondrá fin a la vía administrativa. 4. Los padres, madres o tutores legales y en su caso los alumnos tendrán derecho a ver las pruebas revisadas una vez finalizado en su totalidad el proceso de revisión establecido en este artículo, en el plazo de diez días desde la notificación de la resolución de revisión. Artículo 11. Difusión de los resultados. 1. Las Administraciones educativas pondrán en conocimiento de la comunidad educativa los resultados de las evaluaciones finales que realicen en su ámbito de gestión, mediante indicadores comunes para todos los centros docentes establecidos por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte tomando en consideración factores socioeconómicos y socioculturales del contexto, sin identificación de datos de carácter personal y siempre garantizando el anonimato de los alumnos y sus padres, madres y tutores legales. 2. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte publicará periódicamente, a través del Sistema Estatal de Indicadores de la Educación, las conclusiones de interés general de las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, en colaboración con las Administraciones educativas. CAPÍTULO II Evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria Artículo 12. Objeto. 1. La evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria tendrá por objeto verificar el logro de los objetivos de la etapa y el grado de adquisición de las competencias correspondientes, en cada caso, a la opción objeto de evaluación, en relación con las siguientes materias: a) Todas las materias generales cursadas durante la Educación Secundaria Obligatoria en el bloque de asignaturas troncales, salvo Biología y Geología y Física y Química, de las que el alumno será evaluado si las escoge entre las materias de opción. b) Dos materias de opción cursadas en el bloque de asignaturas troncales, en cuarto curso, a elección del alumnado. c) Una materia del bloque de asignaturas específicas cursada en cualquiera de los cursos, que no sea Educación Física, Religión, o Valores Éticos, a elección del alumnado. 2. A los efectos de lo dispuesto en el presente real decreto, las pruebas de las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria evaluarán las competencias correspondientes a las materias incluidas en la evaluación. Estas competencias se relacionarán con los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados a las materias de la Educación Secundaria Obligatoria recogidas en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, a través del diseño y contenidos elaborados en la orden ministerial anual. Artículo 13. Convocatorias. 1. El alumnado podrá realizar la evaluación por la opción de enseñanzas académicas o por la de enseñanzas aplicadas, con independencia de la opción cursada en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, o por ambas opciones en la misma convocatoria. La superación de una determinada materia con una nota mínima de 5 en la evaluación final será tenida en cuenta en cualquiera de las opciones para las que esté contemplada la evaluación de dicha materia. De este modo, a quienes realicen la evaluación por una opción no cursada, se les evaluará de las materias requeridas para superar la evaluación final por dicha opción que no tuvieran superadas, elegidas por el propio alumno dentro del bloque de asignaturas troncales. 2. Podrán repetir la evaluación en convocatorias sucesivas, previa solicitud, los alumnos que no hayan superado la evaluación por la opción escogida, o que, habiéndola superado, deseen elevar su calificación final de Educación Secundaria Obligatoria. Los alumnos que hayan superado esta evaluación por una opción podrán presentarse de nuevo a evaluación por la otra opción si lo desean, y, de no superar esta última en primera convocatoria, podrán repetirla en convocatorias sucesivas, previa solicitud. Se tomará en consideración la calificación más alta de las obtenidas en las convocatorias que el alumno haya superado. No será necesario que se evalúe de nuevo de las materias que ya haya superado al alumnado que se presente en segunda o sucesivas convocatorias, a menos que desee elevar su calificación final. Para la superación de una materia el alumno deberá obtener una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10. Artículo 14. Requisitos de participación. Podrán presentarse a la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria: a) El alumnado de Educación Secundaria Obligatoria que haya obtenido, bien evaluación positiva en todas las materias de dicha etapa, o bien negativa en un máximo de dos materias siempre que no sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas. A estos efectos, la materia Lengua Cooficial y Literatura tendrá la misma consideración que la materia Lengua Castellana y Literatura en aquellas comunidades autónomas que posean lengua cooficial. A los efectos de este párrafo, sólo se computarán las materias que como mínimo el alumno debe cursar en cada uno de los bloques, según la normativa básica. Además, en relación con aquellos alumnos que cursen Lengua Cooficial y Literatura, sólo se computará una materia en el bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, con independencia de que dichos alumnos puedan cursar más materias de dicho bloque. Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de Educación Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas. b) Quienes se encuentren en posesión de un título Profesional Básico. Artículo 15. Grupo técnico de la Comisión Central de Evaluación. El grupo técnico, al que hace referencia el artículo 7 del presente real decreto, asociado a las pruebas de la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria estará constituido por tres expertos, por cada una de las materias, seleccionados entre los cuerpos de catedráticos de enseñanza secundaria, profesores de enseñanza secundaria e inspectores de educación. Artículo 16. Obtención del título. 1. Para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será necesario obtener una calificación final igual o superior a 5 puntos sobre 10. La calificación final de Educación Secundaria Obligatoria se deducirá de la siguiente ponderación: a) Con un peso del 70%, la media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en Educación Secundaria Obligatoria. b) Con un peso del 30%, la calificación obtenida en la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria, que deberá ser igual o superior a 5 puntos sobre 10. En caso de que el alumno haya superado la evaluación por las dos opciones de evaluación final de etapa, para la calificación final se tomará la más alta de las notas obtenidas en ambas. 2. El alumnado que se encuentre en posesión de un título profesional básico podrá obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por cualquiera de sus dos opciones, mediante la superación de la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria en relación con las materias del bloque de asignaturas troncales que como mínimo se deban cursar en la opción que escoja el alumno. La calificación final de Educación Secundaria Obligatoria será la nota obtenida en la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria. 3. Los centros docentes, de acuerdo con los resultados obtenidos por sus alumnos y en función del diagnóstico e información proporcionados por dichos resultados, establecerán medidas ordinarias o extraordinarias en relación con sus propuestas curriculares y práctica docente. Estas medidas se fijarán en planes de mejora de resultados colectivos o individuales que permitan, en colaboración con las familias y empleando los recursos de apoyo educativo facilitados por las Administraciones educativas, incentivar la motivación y el esfuerzo de los alumnos para solventar las dificultades. CAPÍTULO III Evaluación final de Bachillerato Artículo 17. Objeto. 1. La evaluación final de Bachillerato tendrá por objeto verificar el logro de los objetivos de la etapa y el grado de adquisición de las competencias correspondientes, en cada caso, a la modalidad del Bachillerato objeto de evaluación, en relación con las siguientes materias: a) Todas las materias generales cursadas en ambos cursos de Bachillerato en el bloque de asignaturas troncales. En el supuesto de materias que impliquen continuidad, se tendrá en cuenta sólo la materia cursada en segundo curso. b) Dos materias de opción cursadas en el bloque de asignaturas troncales, en cualquiera de los cursos, a elección del alumnado. Las materias que impliquen continuidad entre los cursos primero y segundo sólo computarán como una materia; en este supuesto se tendrá en cuenta sólo la materia cursada en segundo curso. c) Una materia del bloque de asignaturas específicas cursada en cualquiera de los cursos que no sea Educación Física ni Religión, a elección del alumnado. 2. A los efectos de lo dispuesto en el presente real decreto, las pruebas de las evaluaciones finales de Bachillerato evaluarán las competencias correspondientes a las materias incluidas en la evaluación. Estas competencias se relacionarán con los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables, asociados a las materias de Bachillerato recogidas en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, a través de las características, diseño y contenidos elaborados en la orden ministerial anual. Artículo 18. Convocatorias. 1. El alumnado que, dentro de una misma convocatoria, desee obtener el título de Bachillerato por más de una modalidad, podrá solicitar a la Administración educativa competente que se le evalúe de las materias generales y de opción de su elección del bloque de asignaturas troncales, correspondientes a las modalidades escogidas. 2. Los alumnos y alumnas que no hayan superado la evaluación, o que deseen elevar su calificación final de Bachillerato, podrán repetir la evaluación en convocatorias sucesivas previa solicitud a la Administración educativa competente. Se tomará en consideración la calificación más alta de las obtenidas en las convocatorias a las que haya concurrido. No será necesario que se evalúe de nuevo al alumnado que se presente en segunda o sucesivas convocatorias de las materias que ya haya superado, a menos que desee elevar su calificación final. Para la superación de una materia el alumno deberá obtener una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10. Artículo 19. Requisitos de participación. Podrán presentarse a la evaluación final de Bachillerato: a) Los alumnos de Bachillerato que hayan obtenido evaluación positiva en todas las materias de dicha etapa. A los efectos de este apartado, sólo se computarán las materias que como mínimo el alumno debe cursar en cada uno de los bloques según la normativa básica. Además, en relación con aquellos alumnos que cursen Lengua Cooficial y Literatura, sólo se computará una materia en el bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, con independencia de que los alumnos puedan cursar más materias de dicho bloque. b) Quienes se encuentren en posesión de un título de Técnico o Técnico Superior de Formación Profesional y Técnico de las Enseñanzas Profesiones de Música o de Danza. Artículo 20. Grupo técnico de la Comisión Central de Evaluación. El grupo técnico, al que hace referencia el artículo 7 del presente real decreto, asociado a las pruebas de la evaluación final de bachillerato estará constituido por cuatro expertos por cada una de las materias, dos seleccionados entre los cuerpos de catedráticos de enseñanza secundaria, profesores de enseñanza secundaria e inspectores de educación, y dos seleccionados entre profesorado universitario. Artículo 21. Obtención del título de Bachiller. 1. Para obtener el título de Bachiller será necesaria la superación de la evaluación final de Bachillerato con una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10. La calificación final de esta etapa se deducirá de la siguiente ponderación: a) Con un peso del 60%, la media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en Bachillerato. b) Con un peso del 40%, la nota obtenida en la evaluación final de Bachillerato. 2. Los alumnos que se encuentren en posesión de un título de Técnico o Técnico Superior de Formación Profesional y Técnico de las Enseñanzas Profesiones de Música o de Danza podrán obtener el título de Bachiller por la superación de la evaluación final de Bachillerato en relación con las materias del bloque de asignaturas troncales que como mínimo se deban cursar en la modalidad que escoja el alumno. En el título deberá hacerse referencia a que dicho título se ha obtenido en la forma indicada en el párrafo anterior, así como la calificación final de Bachillerato que será la nota obtenida en la evaluación final de Bachillerato. CAPÍTULO IV Educación de personas adultas Artículo 22. Evaluaciones finales de Educación Básica y de Bachillerato. 1. Los alumnos que cursen Educación Básica o Bachillerato de la educación de personas adultas deberán haber superado todos los ámbitos o asignaturas correspondientes a dichas enseñanzas para presentarse a las evaluaciones finales de etapa. 2. Los alumnos deberán superar las evaluaciones finales de las enseñanzas correspondientes como requisito para la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, respectivamente. 3. Las pruebas de la evaluación final para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria se organizarán en base a la estructura de ámbitos establecidos para la educación secundaria para personas adultas (ESPA) destinada a la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Además, comprenderán una prueba global de comprobación del grado de adquisición de las competencias relacionadas con las opciones de la Educación Secundaria Obligatoria organizada en base a la estructura de ámbitos establecidos. Esta prueba global estará constituida por una o varias actividades de resolución de problemas complejos basados en situaciones que impulsen a utilizar los diferentes aprendizajes y competencias adquiridos de acuerdo con las opciones de enseñanza académica y/o aplicada, de conformidad con el diseño y contenidos de la orden ministerial anual. 4. La calificación final de Educación Secundaria Obligatoria se calculará de acuerdo con el apartado 1 del artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, teniendo en cuenta que se calculará el valor del 70% de la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada uno de los ámbitos cursados. 5. La calificación final de Bachillerato se calculará de acuerdo con el apartado 1 del artículo 37 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. Artículo 23. Pruebas para la obtención directa del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 1. Corresponde a las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, organizar periódicamente pruebas para que las personas mayores de dieciocho años puedan obtener directamente el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por cualquiera de las dos opciones de Enseñanzas Académicas o Enseñanzas Aplicadas, siempre que hayan logrado los objetivos de la etapa y alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes. 2. Las pruebas se organizarán en base a la estructura de ámbitos establecidos para la educación de personas adultas. Además, comprenderán una prueba global de comprobación del grado de adquisición de las competencias relacionadas con las opciones de enseñanzas académicas o aplicadas, en concepto de evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria. Esta prueba global estará constituida por una o varias actividades de resolución de problemas complejos basados en situaciones que impulsen a utilizar los diferentes aprendizajes y competencias adquiridos de acuerdo con las opciones de enseñanza académica y/o aplicada, de conformidad con el diseño y contenidos de la orden ministerial anual. 3. Las Administraciones educativas podrán eximir de la realización de alguna de las pruebas teniendo en cuenta la formación reglada que estos acrediten. No obstante, los aspirantes deberán superar en cualquier caso la prueba global de comprobación del grado de adquisición de las competencias correspondientes. La calificación final de Educación Secundaria Obligatoria será la nota obtenida en dichas pruebas, con un peso del 70% la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada uno de los ejercicios de los ámbitos y con un peso del 30% la nota obtenida en la prueba global de comprobación del grado de adquisición de las competencias. 4. Las Administraciones educativas velarán por que se adopten las medidas necesarias para asegurar la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad que se presenten a dichas pruebas. Artículo 24. Pruebas para la obtención directa del título de Bachiller. 1. Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, organizarán periódicamente pruebas para que las personas mayores de veinte años puedan obtener directamente el título de Bachiller, en las que se comprobará el logro de los objetivos de esta etapa y el grado de adquisición de las competencias correspondientes. 2. Dichas pruebas se organizarán por materias, de manera diferenciada según las modalidades del Bachillerato. Además, comprenderán una prueba global de comprobación del grado de adquisición de las competencias correspondientes, en concepto de evaluación final de Bachillerato, de conformidad con el diseño y contenidos de la orden ministerial anual. 3. Las Administraciones educativas podrán eximir de la realización de alguna de las pruebas teniendo en cuenta la formación reglada que estos acrediten. No obstante, los aspirantes deberán superar en cualquier caso la prueba global de comprobación del grado de adquisición de las competencias correspondientes que será diseñada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. La calificación final de Bachillerato será la nota obtenida en dichas pruebas, con un peso del 60% la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias objeto de examen y con un peso del 40% la nota obtenida en la prueba global de comprobación del grado de adquisición de las competencias. 4. Las Administraciones educativas velarán por que se adopten las medidas necesarias para asegurar la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad que se presenten a dichas pruebas. Disposición adicional primera. Adaptación de las normas recogidas en este real decreto a las necesidades y situación de los centros situados en el exterior del territorio nacional, de los programas internacionales, de las personas adultas, y de la educación a distancia. 1. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte podrá adaptar las normas recogidas en este real decreto a las necesidades y situación de los centros situados en el exterior del territorio nacional, de los programas internacionales, de las personas adultas, y de la educación a distancia, asegurando en todo caso la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 2. El alumnado que haya cursado las enseñanzas reguladas mediante el Real Decreto 102/2010, de 5 de febrero, por el que se regula la ordenación de las enseñanzas acogidas al acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de Francia relativo a la doble titulación de Bachiller y de Baccalauréat en centros docentes españoles, deberá realizar la prueba externa establecida en su artículo 7 si desea obtener la doble titulación. En este caso, como regla general los alumnos que realicen la prueba externa no necesitarán superar las pruebas relativas a las materias Historia de España y Primera Lengua Extranjera, o en su caso Segunda Lengua Extranjera, de la evaluación final de Bachillerato; la nota de dichas materias será la obtenida en la prueba externa en las materias Historia de España y de Francia y Lengua y Literatura Francesas, respectivamente. Sí deberán superar las pruebas relativas a las materias Historia de España y Primera Lengua Extranjera, o en su caso Segunda Lengua Extranjera, de la evaluación final de Bachillerato: a) Los alumnos que renuncien a realizar la prueba externa establecida en el artículo 7 del Real Decreto 102/2010, de 5 de febrero. b) En convocatoria extraordinaria o en años sucesivos, los alumnos que no hayan superado la prueba externa o que, habiéndola superado, deseen elevar su calificación final de Bachillerato. En ningún caso esta modificación de la calificación podrá afectar a la calificación obtenida en el título de Baccalauréat. 3. En el caso de los demás programas internacionales que conduzcan a las titulaciones españolas de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o Bachiller, además de las propias del país, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se atendrá a lo acordado y, en su caso, podrá acordar con las autoridades educativas competentes los procedimientos más adecuados para la obtención de dichos títulos, teniendo en cuenta las normativas vigentes en ambos países. Disposición adicional segunda. Características, diseño, contenidos, de las pruebas de las evaluaciones finales a realizar en el curso escolar 2016-2017. El titular del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte establecerá, antes del 30 de noviembre de 2016, las características, el diseño y el contenido de las pruebas de las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato para el curso 2016/2017. Disposición adicional tercera. Admisión a enseñanzas universitarias. Las universidades podrán adoptar como procedimiento de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado cualquiera de los previstos en el artículo 10 del Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, y entre ellos, la evaluación de conocimientos de determinas materias relacionadas con las enseñanzas universitarias que pretendan cursarse. Con objeto de garantizar la objetividad de las pruebas y la utilización eficiente de recursos, las universidades podrán utilizar para esta evaluación la calificación obtenida en las materias correspondientes en la evaluación final de Bachillerato. A estos efectos, los estudiantes en posesión de los títulos establecidos en los artículos 9.1 y 9.2 del Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, podrán participar en las pruebas de dichas materias en la evaluación final de Bachillerato y obtendrán una certificación oficial de la calificación obtenida. Disposición transitoria única. Alumnado que curse materias no superadas según el currículo del sistema educativo anterior a la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. Excepcionalmente y con arreglo a lo dispuesto por las Administraciones educativas, en el curso 2016-2017 el alumnado que se incorpore a un curso de Bachillerato del sistema educativo definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, con materias no superadas de 2.º de Bachillerato del currículo anterior a su implantación, y curse dichas materias según el currículo del sistema educativo anterior, no necesitará superar la evaluación final para acceder a la universidad, pero podrá solicitar presentarse a dicha evaluación final si lo desea. Los estudiantes a los que se refiere el párrafo anterior, que opten por realizar la evaluación final de bachillerato, se examinarán de las materias que elija dentro del bloque de asignaturas troncales respetando, en todo caso, las que como mínimo se deban cursar en la modalidad escogida, además de una materia del bloque de asignaturas específicas a su elección en cualquiera de los cursos de bachillerato que no sea ni Educación Física ni Religión. Disposición final primera. Calendario de implantación. 1. La evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria se implantará en el curso escolar 2016-2017. La evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria correspondiente a la convocatoria que se realice en el año 2017 no tendrá efectos académicos. En ese curso escolar sólo se realizará una única convocatoria. 2. La evaluación final de Bachillerato se implantará en el curso escolar 2016-2017. La evaluación final de Bachillerato correspondiente a las dos convocatorias que se realicen en el año 2017 únicamente se tendrá en cuenta para el acceso a la Universidad, pero su superación no será necesaria para obtener el título de Bachiller. También se tendrá en cuenta para la obtención del título de Bachiller por los alumnos que se encuentren en posesión de un título de Técnico o Técnico superior de Formación Profesional y Técnico de las Enseñanzas Profesiones de Música o de Danza. 3. Las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato de la educación de personas adultas, así como las modificaciones realizadas por este real decreto en las pruebas para la obtención directa del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y del título de Bachiller por personas adultas, se implantarán en el curso escolar 2016-2017. Disposición final segunda. Título competencial. Este real decreto se dicta al amparo del artículo 149.1.30.ª de la Constitución. Disposición final tercera. Modificación del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. Se añade una disposición transitoria única que queda redactada como sigue: «Disposición transitoria única. Títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria obtenidos en el curso 2016-2017. Para la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria que se expidan en el curso 2016-17, conforme a lo establecido en la disposición final primera del presente real decreto y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23, se requerirá que el alumno reúna las condiciones para poder presentarse a la evaluación final de acuerdo con lo previsto en el artículo 21.2 del presente real decreto. Asimismo con carácter excepcional, los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria expedidos en el curso 2016-2017 permitirán acceder indistintamente a cualquiera de las enseñanzas postobligatorias recogidas en el artículo 3.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, sin perjuicio de los requisitos de acceso establecidos con carácter general para cada una de estas. En el título deberá constar mediante diligencia la opción por la que el alumno haya cursado el cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria y que dicho título se ha obtenido de la forma indicada en la presente disposición transitoria.» Disposición final cuarta. Efectos académicos de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria obtenidos de acuerdo a la disposición transitoria única del Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se regulan las características generales de las pruebas de la evaluación final de Educación Primaria establecida en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria obtenidos en los cursos 2015/16 o 2016/17 de acuerdo a la disposición transitoria única del Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se regulan las características generales de las pruebas de la evaluación final de Educación Primaria establecida en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, permitirán acceder indistintamente a cualquiera de las enseñanzas postobligatorias recogidas en el artículo 3.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, sin perjuicio de los requisitos de acceso establecidos con carácter general para cada una de estas. El título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria hará constar mediante diligencia que dicho título se ha obtenido de la forma indicada en la presente disposición. Disposición final quinta. Desarrollo. 1. Se faculta a la persona titular del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para dictar cuantas disposiciones requiera la aplicación de lo dispuesto en este real decreto. 2. Anualmente, el titular del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte aprobará por orden ministerial para cada curso escolar las características, el diseño y el contenido de las pruebas de las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, las fechas máximas para realizar las evaluaciones y resolver los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, y los cuestionarios de contexto. Disposición final sexta. Entrada en vigor. El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dado en Madrid, el 29 de julio de 2016. FELIPE R. El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, ÍÑIGO MÉNDEZ DE VIGO Y MONTOJO

Decreto que desarrolla pruebas finales de Secundaria y Bachillerato

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, establece en sus artículos 29 y 36 bis nuevas evaluaciones finales de etapa individualizadas en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, respectivamente. También establece la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en su artículo 144.1 que los criterios de evaluación correspondientes a estas evaluaciones individualizadas serán comunes para el conjunto del Estado. El artículo 6 bis de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, indica que corresponderá al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en relación con las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, determinar los criterios de evaluación del logro de los objetivos de las enseñanzas y etapas educativas y del grado de adquisición de las competencias correspondientes, en relación con los contenidos de los bloques de asignaturas troncales y específicas, determinar las características de las pruebas, diseñar las pruebas y establecer su contenido para cada convocatoria. El artículo 144.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, dispone que las pruebas y los procedimientos de las evaluaciones indicadas en los artículos 29 y 36 bis de la citada ley se diseñarán por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. En el mismo artículo 144.1 se establece que la realización material de las pruebas corresponde a las Administraciones educativas competentes. Además, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, establece en su artículo 31 que para obtener el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será necesario superar la correspondiente evaluación final de etapa, y en su artículo 37 que para obtener el Título de Bachiller será necesario superar la evaluación final de esta etapa. A su vez, la disposición final quinta de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, establece el calendario de implantación de las evaluaciones individualizadas. El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, indica en su artículo 21 que al finalizar el cuarto curso de ESO, los alumnos y alumnas realizarán una evaluación individualizada por la opción de enseñanzas académicas o por la de enseñanzas aplicadas, en la que se comprobará el logro de los objetivos de la etapa y el grado de adquisición de las competencias correspondientes. En el apartado primero del artículo 31 de dicho real decreto se indica que los alumnos y alumnas realizarán una evaluación individualizada al finalizar Bachillerato, en la que se comprobará el logro de los objetivos de esta etapa y el grado de adquisición de las competencias correspondientes. II El diseño de las pruebas debe ser diferente según la etapa. Así, en Educación Secundaria Obligatoria se tendrán en cuenta las competencias clave junto con los contenidos aprendidos durante la etapa a través de las materias relacionadas con la evaluación final de etapa. El objetivo de la evaluación es garantizar que todo el alumnado alcance los niveles de aprendizaje adecuados, normalizar los estándares de titulación en todo el Sistema Educativo Español, introducir elementos de certeza, objetividad y comparabilidad de resultados, permitir al alumnado orientar su trayectoria educativa en función de sus capacidades, competencias y habilidades comprobadas y expectativas e intereses, y orientar e informar a alumnado y familias. Además, será necesario superar la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria para obtener el título de Graduado. Las Administraciones educativas podrán establecer medidas de atención personalizada dirigidas a aquellos alumnos que no superen la evaluación final. Los alumnos podrán repetir la evaluación si no la han superado, o para elevar su calificación final. En Bachillerato se tendrán en cuenta en mayor medida los contenidos aprendidos, dado que los objetivos son garantizar al alumnado un nivel de conocimientos y competencias adecuado y suficiente para acceder a la educación superior o a la vida profesional, consolidar la cultura del esfuerzo y de la responsabilidad, y motivar al alumnado para progresar en el sistema educativo. Además, será necesario superar la evaluación final de Bachillerato para obtener el título de Bachiller. La calificación de las materias evaluadas y de la evaluación final podrá ser tenida en cuenta por las Universidades en sus procedimientos de admisión. Los alumnos podrán volver a realizar la evaluación si no la han superado, o para elevar su calificación final. En el proceso de realización de las pruebas se asegura la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal de las personas, a través de la adaptación de las condiciones de realización a las necesidades del alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo. También se garantiza la transparencia y la participación de las familias en el proceso al asegurar la vía de la revisión de las calificaciones. Según lo establecido en el artículo 8 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, y de conformidad con lo establecido en el artículo 4.2.e) de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, los padres, madres o tutores legales deberán participar y apoyar la evolución del proceso educativo de sus hijos o tutelados, y tendrán acceso a los documentos oficiales de evaluación y a los exámenes y documentos de las evaluaciones que se realicen a sus hijos o tutelados. III Este real decreto se estructura en cuatro capítulos: el primero de ellos, «Disposiciones generales», contiene la normativa básica de general aplicación a las evaluaciones finales de las etapas de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, relativa a la organización de las evaluaciones finales, asignación ### RESUMEN: Decreto que desarrolla pruebas finales de Secundaria y Bachillerato

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Ayuntamiento de Vigo. b) Dependencia que tramita el expediente: Administración Electrónica. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Servicio de Contratación. 2) Domicilio: Pza. de el Rey, 2. 3) Localidad y código postal: 36202 Vigo. 4) Teléfono: 986810148 5) Telefax: 986226206 6) Correo electrónico: contratacion@vigo.org. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.vigo.org. 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 11-03-2013. d) Número de expediente: 5896-113. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Servicio integral de comunicaciones del Ayuntamiento de Vigo. c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No. d) Lugar de ejecución/entrega: 1) Domicilio: Ayuntamiento de Vigo. 2) Localidad y código postal: 36202 Vigo. e) Plazo de ejecución/entrega: 4 años. f) Admisión de prórroga: Sí, dos de un año cada una. i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 64200000-8. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 2.593.220,34. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe total: 1.845.762,71 euros. 6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige. Definitiva (%): 5% precio del contrato sin IVA. 7. Requisitos específicos del contratista: a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo V, subgrupo 4, Categoría C. b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares y las hojas de especificación del contrato. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 11-03-2013. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Vigo. 2) Domicilio: Pza. de el Rey, 2. 3) Localidad y código postal: 36202 Vigo. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Sala anexa al servicio de Contratación. b) Dirección: Pza. de el Rey, 2. c) Localidad y código postal: 36202 Vigo. d) Fecha y hora: 20 de marzo de 2013, a las 11:30 horas. 10. Gastos de publicidad: Los pagará el contratista. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 22 de enero de 2013. Vigo, 24 de enero de 2013.- La Concejala Delegada de Patrimonio y Contratación.

El Ayuntamiento de Vigo presupuesta su servicio integral de comunicaciones por importe total de 1.845.762,71 euros para 4 años

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Ayuntamiento de Vigo. b) Dependencia que tramita el expediente: Administración Electrónica. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Servicio de Contratación. 2) Domicilio: Pza. de el Rey, 2. 3) Localidad y código postal: 36202 Vigo. 4) Teléfono: 986810148 5) Telefax: 986226206 6) Correo electrónico: contratacion@vigo.org. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.vigo.org. 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 11-03-2013. d) Número de expediente: 5896-113. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Servicio integral de comunicaciones del Ayuntamiento de Vigo. c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No. d) Lugar de ejecución/entrega: 1) Domicilio: Ayuntamiento de Vigo. 2) Localidad y código postal: 36202 Vigo. e) Plazo de ejecución/entrega: 4 años. f) Admisión de prórroga: Sí, dos de un año cada una. i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 64200000-8. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 2.593.220,34. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe total: 1.845.762,71 euros. 6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige. Definitiva (%): 5% precio del contrato sin IVA. 7. Requisitos específicos del contratista: a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo V, subgrupo 4, Categoría C. b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares y las hojas de especificación del contrato. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 11-03-2013. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Vigo. 2) Domicilio: Pza. de el Rey, 2. 3) Localidad y código postal: 36202 Vigo. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Sala anexa al servicio de Contratación. b) Dirección: Pza. de el Rey, 2. c) Localidad y código postal: 36202 Vigo. d) Fecha y hora: 20 de marzo de 2013, a las 11:30 horas. 10. Gastos de publicidad: Los pagará el contratista. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 22 de enero de 2013. Vigo, 24 de enero de 2013.- La Concejala Delegada de Patrimonio y Contratación. ### RESUMEN: El Ayuntamiento de Vigo presupuesta su servicio integral de comunicaciones por importe total de 1.845.762,71 euros para 4 años

La Ley 12/2003, de 21 mayo, de bloqueo de la financiación del terrorismo, en su disposición final primera, habilita al Gobierno para aprobar las disposiciones reglamentarias necesarias para su ejecución y desarrollo, especialmente en materia de funcionamiento y régimen jurídico de adopción de acuerdos por parte de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo. Este real decreto viene a dar cumplimiento a tal habilitación y sirve de instrumento para cumplir los compromisos adquiridos por nuestro país en el ámbito internacional en esta materia, relativa al intercambio de información y a la cooperación sobre delitos de terrorismo. La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, solucionó la disfuncionalidad existente entre la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención de blanqueo, y la Ley 12/2003, de 21 mayo, por cuanto esta última reproducía obligaciones de la primera. Además, supuso la unificación de los regímenes de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo. A partir de entonces el bloqueo de carácter administrativo queda configurado como una medida de prevención de la financiación del terrorismo, resultando tipificadas las infracciones derivadas del incumplimiento por parte de los sujetos obligados que no adopten las medidas necesarias para hacer efectivo ese bloqueo. La Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo es el órgano con potestad para acordar cualquier bloqueo, atribuyendo al Consejo de Ministros la potestad para imponer las sanciones correspondientes, a propuesta del Ministro del Interior; reservándose el resto de competencias en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo al Ministerio de Economía y Competitividad. La entrada en vigor de dicha ley supuso de otro lado la modificación de la Ley 12/2003, de 21 de mayo. Dicha modificación se contempla en su disposición final primera, afectando principalmente a la propia denominación de la citada norma legal, suprimiéndose el término «prevención»; así como a las obligaciones de personas y entidades, a la supervisión y al régimen sancionador. Recoge igualmente esta disposición final la constitución, competencias y funcionamiento de la aludida Comisión, la cual es precisamente objeto de desarrollo en este Reglamento; así como su relación de colaboración con la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y la participación del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias en las reuniones de la Comisión. De otra parte, deben tenerse presentes los compromisos adquiridos por España en el ámbito internacional como son las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas relativas a «Al Qaeda», individuos y entidades asociadas y al Reglamento de la Comunidad Europea para la aplicación de las medidas adoptadas por el Comité de Sanciones de Naciones Unidas, que reproduce las listas de las sucesivas Resoluciones a efectos de congelación de fondos. Asimismo, la Posición Común 931/2001/PESC del Consejo Europeo, de 27 de diciembre de 2001, y el Reglamento n.º 2580/2001, como norma propia de la Unión Europea para hacer efectiva la congelación de fondos de la lista europea de terroristas. Con este reglamento se da un paso más en la regulación y funcionamiento de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo como instrumento encaminado a desarrollar la dirección e impulso de las actividades de prevención de la utilización del sistema financiero para la comisión de las acciones terroristas. Este real decreto consta de una parte expositiva, un artículo único por el que se aprueba el Reglamento de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo, una disposición adicional y dos disposiciones finales, la primera habilita al Ministro del Interior a dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo del reglamento aprobado y la segunda se refiere a la entrada en vigor del real decreto. Respecto al reglamento, consta de tres capítulos, el capítulo I referido a las disposiciones generales, el capítulo II a la composición y funcionamiento de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo, y el capítulo III relativo a los acuerdos de dicha Comisión, con un total de 15 artículos. Este real decreto ha sido sometido a informe de la Agencia Española de Protección de Datos. En su virtud, a propuesta del Ministro del Interior, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 29 de mayo de 2015, DISPONGO: Artículo único. Aprobación del Reglamento de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo. Se aprueba el Reglamento de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo, que se inserta a continuación. Disposición adicional única. Funcionamiento. El funcionamiento de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo será atendido con los medios personales, técnicos y presupuestarios asignados al órgano superior al cual se encuentra adscrito. Disposición final primera. Habilitación normativa. El Ministro del Interior dictará cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo de lo establecido en el Reglamento que se aprueba por el presente real decreto. Disposición final segunda. Entrada en vigor. El presente real decreto entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dado en Madrid, el 29 de mayo de 2015. FELIPE R. El Ministro del Interior, JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO CAPITULO I Disposiciones Generales Artículo 1. Objeto. Este Reglamento regula la naturaleza, composición, funciones y funcionamiento de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo (en adelante, la Comisión), en desarrollo de la Ley 12/2003, de 21 de mayo, de bloqueo de la financiación del terrorismo. CAPÍTULO II Composición y funcionamiento de la Comisión Artículo 2. Naturaleza y composición. 1. La Comisión es un órgano colegiado adscrito al Ministerio del Interior. Estará presidida por el Secretario de Estado de Seguridad e integrada por los vocales que a continuación se detallan, así como por el Director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, en su condición de secretario, que actuará con voz pero sin voto y que será el encargado de dirigir la Unidad orgánica que desempeñe la Secretaría de la Comisión. 2. Serán vocales de la Comisión: Un miembro del Ministerio Fiscal, designado por el Fiscal General del Estado. Un representante de los Ministerios de Justicia, del Interior, de Hacienda y Administraciones Públicas, y de Economía y Competitividad, designados por los titulares de los departamentos respectivos. 3. El Director del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias asistirá a las reuniones de la Comisión con voz pero sin voto. 4. A las reuniones de la Comisión podrán asistir expertos independientes, con voz pero sin voto, cuando el Presidente lo juzgue preciso a los fines de asesoramiento específico en los asuntos a tratar. 5. Los miembros de la Comisión serán nombrados por un período de dos años. Si en el transcurso de este tiempo hubiera algún cambio, tanto en lo concerniente a los ministerios representados como a las estructuras administrativas en las que se integran los vocales, se mantendrá la composición de la Comisión hasta agotar el período correspondiente. En todo caso, si se produjera el cese de algún vocal por cualquier circunstancia no variará el período de dos años para el que fue designado el vocal al que sustituya. Artículo 3. Secretaría de la Comisión. 1. La Secretaría de la Comisión, prevista en el artículo 9 de la Ley 12/2003, de 21 de mayo, será ejercida por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad. 2. Corresponderá a la Secretaría: a) Instruir los procedimientos sancionadores a que hubiere lugar por las infracciones a la Ley 12/2003, de 21 de mayo, incluyendo la formulación de propuesta de resolución para la Comisión. b) Recibir de las Administraciones Públicas y personas obligadas la información relacionada con el bloqueo de la financiación de actividades del terrorismo a que se refiere el artículo 4 de la Ley 12/2003, de 21 de mayo. c) Recibir y tramitar, conforme a las normas de este Reglamento, las solicitudes de autorización de liberación o puesta a disposición de fondos o recursos económicos bloqueados en ejecución de un acuerdo de la Comisión. d) Recibir y tramitar las peticiones de supresión de personas y entidades de las listas de terroristas elaboradas por la Unión Europea y Naciones Unidas. e) Elaborar informes que permitan a la Comisión decidir sobre las solicitudes de verificación de identidad a que se refiere el artículo 12. f) Cualesquiera otras tareas que le encomiende la Comisión. Artículo 4. Régimen supletorio. En relación con el régimen de sustituciones y suplencias, convocatoria, y quórum necesario en las reuniones, la Comisión sujetará su actividad a lo dispuesto en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común. Respecto al plazo máximo para resolver y notificar a los interesados y a los efectos del silencio administrativo, se estará, igualmente, a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Artículo 5. Funciones. Son funciones de la Comisión: a) Acordar el bloqueo en los términos del artículo 2 de la Ley 12/2003, de 21 de mayo. b) Recibir los informes de inteligencia financiera que le sean remitidos por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, en el marco de las competencias que le atribuye la Ley 12/2003, de 21 de mayo. c) Cursar al Ministro del Interior las propuestas de resolución, junto con los expedientes, en los procedimientos sancionadores instruidos por la Secretaría de la Comisión. d) Autorizar la liberación o puesta a disposición de fondos o recursos económicos bloqueados en los términos establecidos en el artículo 13 de este reglamento. e) Auxiliar a los órganos jurisdiccionales penales y al Ministerio Fiscal en el ejercicio de las funciones que les son propias. Artículo 6. Deber de confidencialidad. 1. Todas las personas que desempeñen una actividad para la Comisión y tengan conocimiento de actuaciones o de datos de carácter reservado estarán obligadas a mantener el debido secreto. Este deber implicará la prohibición de comunicar, publicar, o difundir datos o documentos reservados, incluso después de haber cesado en el servicio, salvo autorización expresa otorgada por la Comisión. El incumplimiento de este deber dará lugar a las responsabilidades previstas por las leyes. 2. Los datos, documentos e informaciones que obren en poder de la Comisión tienen carácter reservado y no podrán ser divulgados, salvo en los siguientes supuestos, y siempre que no ponga en peligro una investigación policial, judicial o del Ministerio Fiscal, o la ejecución de una medida de bloqueo de fondos y recursos económicos acordados por la Comisión: a) La difusión, publicación o comunicación de datos cuando el interesado lo consienta expresamente. b) La publicación de datos agregados para fines estadísticos, o las comunicaciones en forma sumaria o agregada, de manera que las personas o sujetos interesados no puedan ser identificados ni siquiera indirectamente. c) Las comunicaciones de información practicadas a requerimiento de una Comisión Parlamentaria de investigación del Congreso de los Diputados, del Senado o de ambas Cámaras. d) La aportación de información a requerimiento del Ministerio Fiscal o de una autoridad judicial e) La aportación de informaciones o requerimientos de autoridad administrativa u órgano o unidad administrativa que, en virtud de lo establecido en normas con rango de ley, estén facultadas a tales efectos. En este caso, la autoridad requirente invocará expresamente el precepto legal que habilite la petición de información, y será responsable de la regularidad del requerimiento. f) La solicitud de informes o los requerimientos de información practicados por la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias o por sus órganos de apoyo. g) La comunicación a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para el cumplimiento de las funciones que tiene legalmente atribuidas, de los acuerdos adoptados por la Comisión referentes al bloqueo de saldos, cuentas y posiciones, así como los de cese de las medidas de bloqueo y las autorizaciones de liberación o puesta a disposición de fondos o recursos económicos bloqueados. 3. Las autoridades, personas o entidades públicas que reciban información de carácter reservado procedente de la Comisión o de cualquiera de sus órganos quedarán, asimismo, sujetas al deber de secreto regulado en el presente artículo, debiendo adoptar las medidas pertinentes que garanticen su reserva. Únicamente podrán utilizarla en el marco del cumplimiento de las funciones que tengan atribuidas por razón de su cargo. CAPÍTULO III Acuerdos de la Comisión Artículo 7. Régimen de adopción de acuerdos. 1. Los acuerdos se adoptarán por unanimidad de los miembros asistentes en el caso de las funciones recogidas en los párrafos a) y d) del artículo 5, y por mayoría, también de los miembros asistentes, en los restantes supuestos. 2. No podrá ser objeto de acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo que estén presentes todos sus miembros y sea declarada la urgencia del asunto por unanimidad. 3. El procedimiento de votación permitirá conocer el sentido del voto o la abstención de los miembros de la Comisión, salvo que de manera motivada solicite lo contrario alguno de ellos y dicha solicitud sea aprobada por unanimidad. Artículo 8. Acta de las reuniones. De cada sesión que celebre la Comisión se levantará acta por el Secretario, que especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados y, si hubiese votaciones, su forma de celebración y resultado. Artículo 9. Notificación de los acuerdos. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4, para garantizar la efectividad del acuerdo de bloqueo la Comisión podrá realizar, con la colaboración del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, notificaciones de la medida acordada a los sujetos del artículo 2.1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Artículo 10. Bloqueo de saldos, cuentas y posiciones. 1. De conformidad con la Ley 12/2003, de 21 de mayo, corresponde a la Comisión la facultad de acordar el bloqueo de los saldos, cuentas y posiciones, incluidos los bienes depositados en cajas de seguridad, abiertas por personas o entidades vinculadas a organizaciones terroristas en cualquiera de las entidades enumeradas en el artículo 2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, así como la prohibición de la apertura de nuevas cuentas en las que figure como titular, autorizada para operar o representante, alguna de dichas personas o entidades. Igualmente la Comisión podrá acordar el bloqueo de efectivo, valores y demás instrumentos provenientes de transacciones u operaciones financieras que el ordenante o el beneficiario, directamente o a través de persona interpuesta, hubiera realizado con motivo u ocasión de la perpetración de actividades terroristas o para contribuir a los fines u objetivos perseguidos por los grupos u organizaciones terroristas. 2. Para la adopción de estos acuerdos la Comisión podrá actuar de oficio o en virtud de informaciones que pudieran ser remitidas por otros organismos nacionales, de la Unión Europea o extranjeros. La Comisión fijará la forma en la que las propuestas deberán ser presentadas y los criterios que determinarán su valoración. 3. En relación con la duración de los efectos de los acuerdos de bloqueo será de aplicación lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 12/2003, de 21 de mayo. El cese del bloqueo será acordado cuando no quede acreditada la relación con financiación de actividades terroristas o cuando desaparezcan las causas que lo motivaron. 4. Acordado por la Comisión el cese de la medida de bloqueo o cuando el órgano judicial competente resuelva la nulidad del acuerdo o deniegue su prórroga, dicha circunstancia habrá de ser comunicada inmediatamente, con la colaboración del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, a los sujetos previstos en el artículo 2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril. 5. Cuando la Comisión considere que se cumplen los requisitos previstos en la normativa de las Naciones Unidas o de la Unión Europea podrá proponer la inclusión de la persona física o jurídica en las listas de terroristas aprobadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o por la Unión Europea. La propuesta de la Comisión será remitida al Ministerio del Interior que, si la estima procedente, la cursará al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Artículo 11. Ejecución de las medidas de bloqueo. 1. Los sujetos obligados previstos en el artículo 2 la Ley 10/2010, de 28 de abril, deberán ejecutar, en el marco de sus respectivos ámbitos de actuación, el acuerdo de bloqueo de los fondos o recursos económicos adoptado y notificado por la Comisión, comunicando sin dilación y por escrito su cumplimentación, para su traslado a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera. 2. La ejecución de la medida de bloqueo no impedirá que las entidades financieras o de crédito reciban fondos transferidos a las cuentas bloqueadas y los abonen en ellas, siempre y cuando todo nuevo aporte resulte igualmente bloqueado. Las entidades financieras o de crédito informarán de dichas operaciones sin dilación a la Comisión y la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera. 3. La medida de bloqueo no se aplicará al abono en cuentas bloqueadas de intereses u otros beneficios correspondientes a esas cuentas, o de pagos debidos en razón de contratos, acuerdos u obligaciones, siempre que tales intereses, beneficios y pagos sean, asimismo bloqueados, de manera inmediata. No obstante, existirá obligación de retener e ingresar en la Administración Tributaria correspondiente, los importes que, de acuerdo con la normativa fiscal, fueran exigibles en relación con tales pagos. Artículo 12. Solicitudes de verificación de identidad. 1. Las personas físicas o jurídicas que ejecuten la medida de bloqueo de fondos o recursos económicos acordada por la Comisión podrán solicitar a ésta la realización de las gestiones necesarias a fin de verificar si la identidad de la persona sobre la que se ha ejecutado la medida de bloqueo se corresponde con la de la persona a la que se refiere el acuerdo, sin perjuicio de la ejecución de la medida hasta que se produzca la verificación. 2. A estos efectos, el Secretario de la Comisión recabará cuantos datos e informes sean necesarios para verificar la identidad de los sujetos, elevando informe a la Comisión que, en vista de su contenido, decidirá sobre la procedencia o no del mantenimiento de la medida de bloqueo. Artículo 13. Autorizaciones de liberación o puesta a disposición de fondos o recursos económicos bloqueados. 1. No obstante lo dispuesto en el artículo 10, la Comisión podrá acordar la liberación o puesta a disposición de fondos o recursos económicos que hayan sido sometidos a bloqueo, por acuerdo de la propia Comisión, en los casos señalados en este artículo. 2. Se podrá acordar la liberación o puesta a disposición de fondos o recursos económicos que hayan sido objeto de embargo judicial o administrativo, establecido antes de la fecha en que la persona, entidad o grupo haya sido objeto de cualquier tipo de medida por parte de la Comisión, y siempre que concurran las siguientes circunstancias: a) Cuando los fondos o recursos económicos vayan a ser empleados exclusivamente para satisfacer las cantidades garantizadas por tales embargos. b) Cuando el embargo no beneficie a la persona, entidad u organismo que haya sido sometida a la medida de bloqueo de fondos o recursos económicos por acuerdo de la Comisión, por Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o por un Reglamento de la Unión Europea; 3. La Comisión podrá autorizar, igualmente, la liberación o puesta a disposición de determinados fondos o recursos económicos bloqueados para el pago derivado de un contrato celebrado por la persona, entidad u organismo que haya sido sometida a la medida de bloqueo de fondos o recursos económicos, o de una obligación que corresponda a una persona, entidad u organismo que haya sido objeto de cualquier tipo de medida por parte de la Comisión, siempre que concurran las siguientes circunstancias: a) Cuando la fecha del contrato o de nacimiento de la obligación de que se trate sea anterior a aquella en la que dicha persona, entidad u organismo haya sido objeto de alguna de las citadas medidas b) Cuando los fondos o los recursos económicos sean utilizados para efectuar un pago por una persona, entidad u organismo objeto de las mencionadas medidas a un tercero de buena fe. c) Cuando el pago no contribuya a una actividad prohibida y, en particular, cuando no coadyuve al desarrollo de actividades o grupos terroristas. 4. La Comisión podrá autorizar la liberación o puesta a disposición de determinados fondos o recursos económicos bloqueados, en el caso de que se determine, mediante acuerdo adoptado al efecto sobre dichos fondos o recursos económicos, cualquiera de las siguientes circunstancias: a) Que sean necesarios para sufragar necesidades básicas de la persona y de los familiares a su cargo, tales como el pago de alimentos, alquileres o hipotecas, medicamentos y tratamientos médicos, deudas y sanciones tributarias y primas de seguros. b) Que sean destinados exclusivamente al pago de honorarios profesionales razonables o al reembolso de gastos relacionados con asistencia letrada. c) Que sean destinados exclusivamente al pago de tasas o gastos ocasionados por servicios ordinarios de custodia o mantenimiento de fondos o recursos económicos inmovilizados. d) Que tengan por finalidad la satisfacción de las deudas de carácter salarial, tributarias, de seguridad social o cualesquiera de otra naturaleza con las que se evite el perjuicio a terceros de buena fe. e) Que tenga la condición de inembargables de conformidad con la legislación vigente. 5. No obstante, respecto a lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 4 de este artículo, si la obligación para cuyo pago se van a liberar fondos no está contemplada en el artículo 5 del Reglamento CE 2580/2001 del Consejo de 27 de diciembre de 2001, sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo, será necesaria la previa consulta con los Estados miembros de la Unión Europea en cuyo territorio hayan sido congelados los fondos o recursos económicos. 6. La competencia para resolver sobre las peticiones de autorización de liberación o puesta a disposición de fondos o recursos económicos bloqueados corresponderá a la Comisión. Sus resoluciones agotarán la vía administrativa, sin perjuicio de que se pueda interponer el recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la resolución, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Artículo 14. Peticiones de supresión de un nombre de las listas de terroristas elaboradas por la Unión Europea o las Naciones Unidas. Toda persona física o jurídica de nacionalidad española o residente en España incluida en una lista de personas vinculadas con la financiación del terrorismo aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o por el Consejo de la Unión Europea, y que considere que, o bien no existe fundamento jurídico para la adopción de dicha decisión, o bien las circunstancias que motivaron la adopción han cesado, podrá dirigirse a la Comisión, la cual valorará si dicha petición está justificada. En caso afirmativo o de carencia de datos para pronunciarse, lo remitirá al órgano competente. En caso negativo, la Comisión deberá contestar motivadamente al interesado, quien podrá interponer el correspondiente recurso contra esa decisión.

Esta comisión es la encargada de recibir las peticiones de supresión de nombre en las lista de terroristas de la UE

La Ley 12/2003, de 21 mayo, de bloqueo de la financiación del terrorismo, en su disposición final primera, habilita al Gobierno para aprobar las disposiciones reglamentarias necesarias para su ejecución y desarrollo, especialmente en materia de funcionamiento y régimen jurídico de adopción de acuerdos por parte de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo. Este real decreto viene a dar cumplimiento a tal habilitación y sirve de instrumento para cumplir los compromisos adquiridos por nuestro país en el ámbito internacional en esta materia, relativa al intercambio de información y a la cooperación sobre delitos de terrorismo. La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, solucionó la disfuncionalidad existente entre la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención de blanqueo, y la Ley 12/2003, de 21 mayo, por cuanto esta última reproducía obligaciones de la primera. Además, supuso la unificación de los regímenes de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo. A partir de entonces el bloqueo de carácter administrativo queda configurado como una medida de prevención de la financiación del terrorismo, resultando tipificadas las infracciones derivadas del incumplimiento por parte de los sujetos obligados que no adopten las medidas necesarias para hacer efectivo ese bloqueo. La Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo es el órgano con potestad para acordar cualquier bloqueo, atribuyendo al Consejo de Ministros la potestad para imponer las sanciones correspondientes, a propuesta del Ministro del Interior; reservándose el resto de competencias en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo al Ministerio de Economía y Competitividad. La entrada en vigor de dicha ley supuso de otro lado la modificación de la Ley 12/2003, de 21 de mayo. Dicha modificación se contempla en su disposición final primera, afectando principalmente a la propia denominación de la citada norma legal, suprimiéndose el término «prevención»; así como a las obligaciones de personas y entidades, a la supervisión y al régimen sancionador. Recoge igualmente esta disposición final la constitución, competencias y funcionamiento de la aludida Comisión, la cual es precisamente objeto de desarrollo en este Reglamento; así como su relación de colaboración con la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y la participación del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias en las reuniones de la Comisión. De otra parte, deben tenerse presentes los compromisos adquiridos por España en el ámbito internacional como son las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas relativas a «Al Qaeda», individuos y entidades asociadas y al Reglamento de la Comunidad Europea para la aplicación de las medidas adoptadas por el Comité de Sanciones de Naciones Unidas, que reproduce las listas de las sucesivas Resoluciones a efectos de congelación de fondos. Asimismo, la Posición Común 931/2001/PESC del Consejo Europeo, de 27 de diciembre de 2001, y el Reglamento n.º 2580/2001, como norma propia de la Unión Europea para hacer efectiva la congelación de fondos de la lista europea de terroristas. Con este reglamento se da un paso más en la regulación y funcionamiento de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo como instrumento encaminado a desarrollar la dirección e impulso de las actividades de prevención de la utilización del sistema financiero para la comisión de las acciones terroristas. Este real decreto consta de una parte expositiva, un artículo único por el que se aprueba el Reglamento de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo, una disposición adicional y dos disposiciones finales, la primera habilita al Ministro del Interior a dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo del reglamento aprobado y la segunda se refiere a la entrada en vigor del real decreto. Respecto al reglamento, consta de tres capítulos, el capítulo I referido a las disposiciones generales, el capítulo II a la composición y funcionamiento de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo, y el capítulo III relativo a los acuerdos de dicha Comisión, con un total de 15 artículos. Este real decreto ha sido sometido a informe de la Agencia Española de Protección de Datos. En su virtud, a propuesta del Ministro del Interior, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 29 de mayo de 2015, DISPONGO: Artículo único. Aprobación del Reglamento de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo. Se aprueba el Reglamento de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo, que se inserta a continuación. Disposición adicional única. Funcionamiento. El funcionamiento de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo será atendido con los medios personales, técnicos y presupuestarios asignados al órgano superior al cual se encuentra adscrito. Disposición final primera. Habilitación normativa. El Ministro del Interior dictará cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo de lo establecido en el Reglamento que se aprueba por el presente real decreto. Disposición final segunda. Entrada en vigor. El presente real decreto entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dado en Madrid, el 29 de mayo de 2015. FELIPE R. El Ministro del Interior, JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO CAPITULO I Disposiciones Generales Artículo 1. Objeto. Este Reglamento regula ### RESUMEN: Esta comisión es la encargada de recibir las peticiones de supresión de nombre en las lista de terroristas de la UE

La Orden CIN/2570/2011, de 23 de septiembre, establece las bases reguladoras de la concesión de los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño del Ministerio de Economía y Competitividad. Mediante Resolución de 6 de noviembre de 2013, de la Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación, se convocan los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño 2013, en algunas de sus modalidades. Los Jurados previstos en el artículo 11 de la Orden de bases, designados por el Secretario General de Ciencia, Tecnología e Innovación, emitieron el fallo del Premio Nacional de Innovación en la modalidad «Trayectoria Innovadora», Premio Nacional de Innovación a la Compra Pública Innovadora y Premio Nacional de Innovación a la Internacionalización, tras su reunión del 8 de abril de 2014, y el fallo del Premio Nacional de Diseño en la modalidad Profesionales y del Premio Nacional de Diseño en la modalidad Empresas, tras su reunión del 23 de abril de 2014, una vez evaluadas las candidaturas presentadas. De conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Orden CIN/2570/2011, de 23 de septiembre, resuelvo: Primero. Hacer público los fallos emitidos por los Jurados para cada una de las modalidades convocadas: Jurado de Innovación: Premio Nacional de Innovación, modalidad «Trayectoria Innovadora», a: Don Juan Miguel Villar Mir. Premio Nacional de Innovación, modalidad «Compra Pública Innovadora», a: Servicio Gallego de Salud. Premio Nacional de Innovación, modalidad «Internacionalización», a: Ferrovial, S.A., e Inoxpa, S.A. Jurado de Diseño: Premio Nacional de Diseño, modalidad «Profesionales», a: Don Pablo Martín Badosa. Mención especial en Diseño, modalidad «Profesionales», a: Don Enric Hughet Muixí. Premio Nacional de Diseño, modalidad «Empresa», a: Figueras International Seating, S.L. Segundo. Conceder el Premio Nacional de Innovación, modalidad «Trayectoria Innovadora»; el Premio Nacional de Innovación, modalidad «Compra Pública Innovadora»; el Premio Nacional de Innovación, modalidad «Internacionalización»; el Premio Nacional de Diseño, modalidad «Profesionales»; la Mención Especial en Diseño, modalidad «Profesionales», y el Premio Nacional de Diseño, modalidad «Empresas», a los candidatos galardonados, según lo dispuesto en el apartado primero de esta resolución. Las distinciones serán objeto de entrega solemne en un acto en próxima convocatoria. Tercero. Según establece el artículo 12 de la Orden de bases, el fallo del Jurado pone fin a la vía administrativa. Contra el mismo podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el órgano que lo dictó en el plazo de un mes contado a partir de la publicación de la presente resolución, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Madrid, 14 de mayo de 2014.–La Secretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación, María Luisa Poncela García.

Premios nacionales de innovación: Villar Mir, Ferrovial. Sí, innovación.

La Orden CIN/2570/2011, de 23 de septiembre, establece las bases reguladoras de la concesión de los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño del Ministerio de Economía y Competitividad. Mediante Resolución de 6 de noviembre de 2013, de la Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación, se convocan los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño 2013, en algunas de sus modalidades. Los Jurados previstos en el artículo 11 de la Orden de bases, designados por el Secretario General de Ciencia, Tecnología e Innovación, emitieron el fallo del Premio Nacional de Innovación en la modalidad «Trayectoria Innovadora», Premio Nacional de Innovación a la Compra Pública Innovadora y Premio Nacional de Innovación a la Internacionalización, tras su reunión del 8 de abril de 2014, y el fallo del Premio Nacional de Diseño en la modalidad Profesionales y del Premio Nacional de Diseño en la modalidad Empresas, tras su reunión del 23 de abril de 2014, una vez evaluadas las candidaturas presentadas. De conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Orden CIN/2570/2011, de 23 de septiembre, resuelvo: Primero. Hacer público los fallos emitidos por los Jurados para cada una de las modalidades convocadas: Jurado de Innovación: Premio Nacional de Innovación, modalidad «Trayectoria Innovadora», a: Don Juan Miguel Villar Mir. Premio Nacional de Innovación, modalidad «Compra Pública Innovadora», a: Servicio Gallego de Salud. Premio Nacional de Innovación, modalidad «Internacionalización», a: Ferrovial, S.A., e Inoxpa, S.A. Jurado de Diseño: Premio Nacional de Diseño, modalidad «Profesionales», a: Don Pablo Martín Badosa. Mención especial en Diseño, modalidad «Profesionales», a: Don Enric Hughet Muixí. Premio Nacional de Diseño, modalidad «Empresa», a: Figueras International Seating, S.L. Segundo. Conceder el Premio Nacional de Innovación, modalidad «Trayectoria Innovadora»; el Premio Nacional de Innovación, modalidad «Compra Pública Innovadora»; el Premio Nacional de Innovación, modalidad «Internacionalización»; el Premio Nacional de Diseño, modalidad «Profesionales»; la Mención Especial en Diseño, modalidad «Profesionales», y el Premio Nacional de Diseño, modalidad «Empresas», a los candidatos galardonados, según lo dispuesto en el apartado primero de esta resolución. Las distinciones serán objeto de entrega solemne en un acto en próxima convocatoria. Tercero. Según establece el artículo 12 de la Orden de bases, el fallo del Jurado pone fin a la vía administrativa. Contra el mismo podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el órgano que lo dictó en el plazo de un mes contado a partir de la publicación de la presente resolución, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Madrid, 14 de mayo de 2014.–La Secretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación, María Luisa Poncela García. ### RESUMEN: Premios nacionales de innovación: Villar Mir, Ferrovial. Sí, innovación.

La Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural, declara que esta forma parte del patrimonio cultural digno de protección en todo el territorio nacional, de acuerdo con la normativa aplicable y los tratados internacionales sobre la materia y que en su condición de patrimonio cultural, los poderes públicos garantizarán la conservación de la Tauromaquia y promoverán su enriquecimiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Constitución. El Premio Nacional de Tauromaquia se creó mediante la Orden CUL/3009/2011, de 3 de noviembre, por la que se modifica la Orden de 22 de junio de 1995, por la que se regulan los Premios Nacionales del Ministerio de Cultura. La citada orden establece que los Premios Nacionales serán objeto de convocatoria anual. Procede, por tanto, convocar el Premio Nacional de Tauromaquia correspondiente a 2015 y establecer la normativa que regula su concesión. Los miembros del Jurado se designan a propuesta del Subsecretario de Educación, Cultura y Deporte, quien ostenta las competencias relativas al fomento y protección de la tauromaquia de acuerdo con lo previsto en el artículo 11.2.p) del Real Decreto 257/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. En su virtud, de conformidad con lo previsto en la letra a) del artículo 4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y con las Ordenes de 22 de junio de 1995, por la que se regulan los Premios Nacionales del Ministerio de Cultura, y CUL/3009/2011, de 3 de noviembre, por la que se modifica la anterior, este Ministro ha resuelto: Primero. Convocar el Premio Nacional de Tauromaquia correspondiente a 2015. Segundo. El Premio Nacional de Tauromaquia correspondiente a 2015 está destinado a reconocer la labor meritoria de una persona, entidad o institución durante la temporada española de 2015 en el ejercicio de las diferentes actividades y manifestaciones de la Tauromaquia a que se refiere el artículo 1 de la Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural, propiciando con ello la difusión de los valores culturales de esta. En casos excepcionales, debidamente motivados, también podrá otorgarse como reconocimiento a una trayectoria profesional. Tercero. 1. El Premio Nacional de Tauromaquia está dotado con 30.000,00 euros y su cuantía no podrá dividirse. 2. El importe del Premio se satisfará con cargo a la aplicación presupuestaria 18 01 334A 489.01 «Premio Nacional de Tauromaquia» del presupuesto del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para 2015, aprobado por la Ley 36/2014, de 26 de diciembre. Cuarto. 1. Las propuestas de candidatura al Premio Nacional se efectuarán por los miembros del Jurado. 2. Asimismo, no más tarde del 15 de octubre de 2015, los representantes de las entidades culturales y profesionales del sector taurino podrán remitir sus propuestas de candidatura al Gabinete Técnico de la Subsecretaría del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, C / Alcalá 34, 28014 Madrid, acompañadas por una Memoria que acredite los méritos que se aducen para la concesión del Premio y, en su caso, por cualquier otra documentación complementaria que se estime oportuna para su valoración por el Jurado. Las propuestas podrán remitirse directamente en formato electrónico a la dirección gt.subsecretaria@mecd.es, o presentarse por escrito en el Registro del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, C/ Los Madrazo 15, 28014 Madrid, o en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En este último caso se remitirá de forma simultánea un correo a la dirección gt.subsecretaria@mecd.es anunciando la presentación de la propuesta. 3. El Jurado deliberará sobre todas las propuestas formuladas por sus miembros y las remitidas en la forma prevista en el apartado anterior por representantes de las entidades culturales y profesionales del sector taurino analizando los méritos aducidos y aportados. Quinto. 1. El fallo del premio se llevará a cabo por un Jurado, cuya composición será la siguiente: Presidente: El Subsecretario de Educación, Cultura y Deporte. Vocales: Un representante del mundo de las artes y la cultura: D. José Joaquín de Ysasi-Ysasmendi Adaro. En representación de los profesionales taurinos: D. Juan Diego Vicente Hernández, presidente de la Unión de Toreros y D. Fernando Galindo González, secretario general de la Unión de Picadores y Banderilleros Españoles. Un representante del mundo académico, doctor o catedrático, entre cuyo objeto de trabajo o investigación se haya encontrado la tauromaquia en sus diferentes facetas: D.ª María Teresa Cobaleda Hernández. Un representante con experiencia acreditada en la explotación pública o privada de plaza de toros de primera categoría: D. Ignacio Lloret Carmona. Un representante del mundo ganadero taurino de acreditada experiencia: D.ª María del Mar Mayoral Figueroa. Un representante del periodismo o la crítica taurina de acreditada experiencia: D. Antonio Petit Caro. Un representante de reconocido prestigio de las asociaciones de aficionados o abonados taurinos: D. Pío García-Escudero Márquez. En representación de asociaciones destinadas a la proyección y protección cultural exterior de la tauromaquia: D.ª Beatriz Badorrey Martín y D. Williams Cárdenas Rubio. Un representante de una de las comunidades autónomas con amplia actividad taurina: D. Demetrio Pérez Carretero, director general de Interior, Emergencias y Protección Civil, de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía. La persona premiada en la anterior convocatoria: D. Francisco Cano Lorenza, «Canito». Secretario: D. Liborio López García, Vocal Asesor del Gabinete Técnico de la Subsecretaría de Educación, Cultura y Deporte, que actuará con voz pero sin voto. 2. La condición de miembro del Jurado tiene carácter personal, no siendo posible su delegación. El voto podrá ser ejercido únicamente por los miembros asistentes, tanto en la reunión del mismo como, cuando exista causa justificada, por escrito enviado al Presidente en el que deberá razonarse la propuesta. 3. En todo aquello no previsto anteriormente, el Jurado ajustará su actuación a lo dispuesto en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 4. Los miembros del Jurado tendrán derecho a percibir las cantidades correspondientes a los gastos de locomoción y alojamiento que se deriven de la asistencia a las reuniones, cuando procedan de fuera de Madrid. Sexto. El Subsecretario elevará el fallo del Jurado al Ministro de Educación, Cultura y Deporte antes del 7 de noviembre de 2015 quien, a la vista de la propuesta, resolverá a través de la correspondiente Orden de concesión del Premio, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado». Séptimo. Contra esta Orden cabe interponer recurso potestativo de reposición de acuerdo con lo previsto en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o ser impugnada directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Octavo. La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 25 de septiembre de 2015.–El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo y Montojo.

El Premio Nacional de Tauromaquia, creado en noviembre de 2011, repartirá de nuevo 30.000€

La Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural, declara que esta forma parte del patrimonio cultural digno de protección en todo el territorio nacional, de acuerdo con la normativa aplicable y los tratados internacionales sobre la materia y que en su condición de patrimonio cultural, los poderes públicos garantizarán la conservación de la Tauromaquia y promoverán su enriquecimiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Constitución. El Premio Nacional de Tauromaquia se creó mediante la Orden CUL/3009/2011, de 3 de noviembre, por la que se modifica la Orden de 22 de junio de 1995, por la que se regulan los Premios Nacionales del Ministerio de Cultura. La citada orden establece que los Premios Nacionales serán objeto de convocatoria anual. Procede, por tanto, convocar el Premio Nacional de Tauromaquia correspondiente a 2015 y establecer la normativa que regula su concesión. Los miembros del Jurado se designan a propuesta del Subsecretario de Educación, Cultura y Deporte, quien ostenta las competencias relativas al fomento y protección de la tauromaquia de acuerdo con lo previsto en el artículo 11.2.p) del Real Decreto 257/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. En su virtud, de conformidad con lo previsto en la letra a) del artículo 4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y con las Ordenes de 22 de junio de 1995, por la que se regulan los Premios Nacionales del Ministerio de Cultura, y CUL/3009/2011, de 3 de noviembre, por la que se modifica la anterior, este Ministro ha resuelto: Primero. Convocar el Premio Nacional de Tauromaquia correspondiente a 2015. Segundo. El Premio Nacional de Tauromaquia correspondiente a 2015 está destinado a reconocer la labor meritoria de una persona, entidad o institución durante la temporada española de 2015 en el ejercicio de las diferentes actividades y manifestaciones de la Tauromaquia a que se refiere el artículo 1 de la Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural, propiciando con ello la difusión de los valores culturales de esta. En casos excepcionales, debidamente motivados, también podrá otorgarse como reconocimiento a una trayectoria profesional. Tercero. 1. El Premio Nacional de Tauromaquia está dotado con 30.000,00 euros y su cuantía no podrá dividirse. 2. El importe del Premio se satisfará con cargo a la aplicación presupuestaria 18 01 334A 489.01 «Premio Nacional de Tauromaquia» del presupuesto del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para 2015, aprobado por la Ley 36/2014, de 26 de diciembre. Cuarto. 1. Las propuestas de candidatura al Premio Nacional se efectuarán por los miembros del Jurado. 2. Asimismo, no más tarde del 15 de octubre de 2015, los representantes de las entidades culturales y profesionales del sector taurino podrán remitir sus propuestas de candidatura al Gabinete Técnico de la Subsecretaría del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, C / Alcalá 34, 28014 Madrid, acompañadas por una Memoria que acredite los méritos que se aducen para la concesión del Premio y, en su caso, por cualquier otra documentación complementaria que se estime oportuna para su valoración por el Jurado. Las propuestas podrán remitirse directamente en formato electrónico a la dirección gt.subsecretaria@mecd.es, o presentarse por escrito en el Registro del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, C/ Los Madrazo 15, 28014 Madrid, o en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En este último caso se remitirá de forma simultánea un correo a la dirección gt.subsecretaria@mecd.es anunciando la presentación de la propuesta. 3. El Jurado deliberará sobre todas las propuestas formuladas por sus miembros y las remitidas en la forma prevista en el apartado anterior por representantes de las entidades culturales y profesionales del sector taurino analizando los méritos aducidos y aportados. Quinto. 1. El fallo del premio se llevará a cabo por un Jurado, cuya composición será la siguiente: Presidente: El Subsecretario de Educación, Cultura y Deporte. Vocales: Un representante del mundo de las artes y la cultura: D. José Joaquín de Ysasi-Ysasmendi Adaro. En representación de los profesionales taurinos: D. Juan Diego Vicente Hernández, presidente de la Unión de Toreros y D. Fernando Galindo González, secretario general de la Unión de Picadores y Banderilleros Españoles. Un representante del mundo académico, doctor o catedrático, entre cuyo objeto de trabajo o investigación se haya encontrado la tauromaquia en sus diferentes facetas: D.ª María Teresa Cobaleda Hernández. Un representante con experiencia acreditada en la explotación pública o privada de plaza de toros de primera categoría: D. Ignacio Lloret Carmona. Un representante del mundo ganadero taurino de acreditada experiencia: D.ª María del Mar Mayoral Figueroa. Un representante del periodismo o la crítica taurina de acreditada experiencia: D. Antonio Petit Caro. Un representante de reconocido prestigio de las asociaciones de aficionados o abonados taurinos: D. Pío García-Escudero Márquez. En representación de asociaciones destinadas a la proyección y protección cultural exterior de la tauromaquia: D.ª Beatriz Badorrey Martín y D. Williams Cárdenas Rubio. Un representante de una de las comunidades autónomas con amplia actividad taurina: D. Demetrio Pérez Carretero, director general de Interior, Emergencias y Protección Civil, de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía. La persona premiada en la anterior convocatoria: D. Francisco Cano Lorenza, «Canito». Secretario: D. Liborio López García, Vocal Asesor del Gabinete Técnico de la Subsecretaría de Educación, Cultura y Deporte, que actuará con voz ### RESUMEN: El Premio Nacional de Tauromaquia, creado en noviembre de 2011, repartirá de nuevo 30.000€

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 26 de octubre de 2021, Vengo en disponer el cese de doña Clara Cabrera Brasero como Embajadora en Misión Especial para la Igualdad de Género en la Política Exterior, agradeciéndole los servicios prestados. Dado en Madrid, el 26 de octubre de 2021. FELIPE R. El Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, JOSÉ MANUEL ALBARES BUENO

Cese de la embajadora para la igualdad de género.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 26 de octubre de 2021, Vengo en disponer el cese de doña Clara Cabrera Brasero como Embajadora en Misión Especial para la Igualdad de Género en la Política Exterior, agradeciéndole los servicios prestados. Dado en Madrid, el 26 de octubre de 2021. FELIPE R. El Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, JOSÉ MANUEL ALBARES BUENO ### RESUMEN: Cese de la embajadora para la igualdad de género.

Por el Procurador don Antonio Nicolás Vallellano, en nombre y representación de Asociación Impulso Ciudadano, Asociación Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña, Asociación por la Tolerancia, Galicia Biilinge, se ha interpuesto ante la Sala Tercera, Sección Cuarta del Tribunal Supremo, recurso contencioso-administrativo contra el Real. Decreto. 591/2014, de 11 de julio, por el que se regulan los procedimientos relativos al reconocimiento de la compensación de los costes de escolarización previstos en el apartado 4 de la Disposición adicional trigésimo octava de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, que figura registrado con el número 1/1524/2015. Lo que se hace público a los efectos de conceder un plazo de 9 días para la personación de quienes tengan interés legítimo en sostener la conformidad a Derecho de la disposición impugnada. Madrid, 24 de septiembre de 2015.- El Secretario judicial.

Nuevo recurso de asoc. que defienden el castellano en escuelas CAT contra el pago a padres por privada

Por el Procurador don Antonio Nicolás Vallellano, en nombre y representación de Asociación Impulso Ciudadano, Asociación Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña, Asociación por la Tolerancia, Galicia Biilinge, se ha interpuesto ante la Sala Tercera, Sección Cuarta del Tribunal Supremo, recurso contencioso-administrativo contra el Real. Decreto. 591/2014, de 11 de julio, por el que se regulan los procedimientos relativos al reconocimiento de la compensación de los costes de escolarización previstos en el apartado 4 de la Disposición adicional trigésimo octava de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, que figura registrado con el número 1/1524/2015. Lo que se hace público a los efectos de conceder un plazo de 9 días para la personación de quienes tengan interés legítimo en sostener la conformidad a Derecho de la disposición impugnada. Madrid, 24 de septiembre de 2015.- El Secretario judicial. ### RESUMEN: Nuevo recurso de asoc. que defienden el castellano en escuelas CAT contra el pago a padres por privada

De conformidad con los artículos 20.1,c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; 38 y 51 a 58 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, modificado por la Ley 18/1991, de 6 de junio. Esta Presidencia ha dispuesto hacer pública la adjudicación de los puestos de trabajo especificados en el anexo a la presente disposición, que fueron convocados para ser provistos por el procedimiento de libre designación mediante Resolución de 6 de septiembre de 2013 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de septiembre de 2013) (LD 10/2013). Madrid, 21 de noviembre de 2013.–El Presidente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, P. D. (Resolución de 24 de junio de 1999), el Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Santiago Menéndez Menéndez.

En ONIF se nombra a 4 nuevos inspectores adjuntos en convocatoria de libre designación

De conformidad con los artículos 20.1,c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; 38 y 51 a 58 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, modificado por la Ley 18/1991, de 6 de junio. Esta Presidencia ha dispuesto hacer pública la adjudicación de los puestos de trabajo especificados en el anexo a la presente disposición, que fueron convocados para ser provistos por el procedimiento de libre designación mediante Resolución de 6 de septiembre de 2013 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de septiembre de 2013) (LD 10/2013). Madrid, 21 de noviembre de 2013.–El Presidente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, P. D. (Resolución de 24 de junio de 1999), el Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Santiago Menéndez Menéndez. ### RESUMEN: En ONIF se nombra a 4 nuevos inspectores adjuntos en convocatoria de libre designación

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 9 de abril actual, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad número 1743-2013, promovido por el Gobierno de Cataluña, contra las disposiciones adicionales cuadragésima y septuagésima primera y disposición final octava de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. Madrid, 9 de abril de 2013.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra.

También admite a trámite el recurso de Catalunya contra determinados puntos del presupuesto de 2012

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 9 de abril actual, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad número 1743-2013, promovido por el Gobierno de Cataluña, contra las disposiciones adicionales cuadragésima y septuagésima primera y disposición final octava de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. Madrid, 9 de abril de 2013.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra. ### RESUMEN: También admite a trámite el recurso de Catalunya contra determinados puntos del presupuesto de 2012

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 152.1 de la Constitución y 118.4 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, Vengo en nombrar Presidenta de la Junta de Andalucía a doña Susana Díaz Pacheco, elegida por el Parlamento de Andalucía en sesión celebrada el día 11 de junio de 2015. Dado en Madrid, el 12 de junio de 2015. FELIPE R. El Presidente del Gobierno, MARIANO RAJOY BREY

El nombramiento de Susana Díaz hecho Real Decreto

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 152.1 de la Constitución y 118.4 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, Vengo en nombrar Presidenta de la Junta de Andalucía a doña Susana Díaz Pacheco, elegida por el Parlamento de Andalucía en sesión celebrada el día 11 de junio de 2015. Dado en Madrid, el 12 de junio de 2015. FELIPE R. El Presidente del Gobierno, MARIANO RAJOY BREY ### RESUMEN: El nombramiento de Susana Díaz hecho Real Decreto

I El almacenamiento subterráneo de gas natural «Castor», situado en el subsuelo del mar a 21 km aproximadamente de la costa, es una infraestructura singular en la que concurren una serie de circunstancias que requieren de una solución integral que, con carácter inmediato y urgente, habilite un marco normativo que consolide la primacía del interés general en relación con la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente en el entorno del almacenamiento. El presente real decreto-ley se justifica por la extraordinaria y urgente necesidad de atender a la compleja situación técnica existente en la instalación, especialmente tras la renuncia a la concesión presentada por su titular. A este fin, se acuerda la hibernación de las instalaciones y la asignación de su administración a la sociedad ENAGÁS TRANSPORTE, S.A.U., quien se encargará, durante la citada hibernación, de su mantenimiento y operatividad, así como de la realización de los informes técnicos necesarios para determinar la correcta operatividad de la instalación y en su caso, de los trabajos necesarios para su desmantelamiento. También llevará a cabo el pago de la correspondiente compensación a ESCAL UGS, S.L., por las instalaciones cuya administración se le asigna. La experiencia adquirida por ENAGÁS TRANSPORTE, S.A.U., en la gestión y operación de almacenamientos subterráneos, como titular de las principales instalaciones de tal naturaleza que operan en el sistema gasista, garantiza el mantenimiento efectivo del almacenamiento subterráneo «Castor» en condiciones seguras. Además, se reconoce a dicha sociedad una retribución del sistema gasista por el desarrollo de los trabajos que la presente norma le asigna así como una compensación por el desembolso económico al actual titular de las instalaciones. II El Real Decreto 855/2008, de 16 de mayo, otorgó a ESCAL UGS, S.L., la concesión de explotación para el almacenamiento subterráneo de gas natural denominado «Castor», que se integraría en el sistema gasista como infraestructura básica y consecuentemente, sujeta al régimen de acceso de terceros a la red y con derecho a una retribución regulada. El almacenamiento fue recogido en el Documento de «Planificación de los sectores de la electricidad y del gas 2008-2016», aprobado por el Consejo de Ministros con fecha de 30 de mayo de 2008. El Real Decreto 855/2008, de 16 de mayo, además de su carácter meramente demanial, concretaba algunas especificidades del almacenamiento entre las que cabe destacar el régimen de extinción de su artículo 14. Entre ellas se establecía la posibilidad de renuncia de la concesión de explotación por el titular así como la determinación de la compensación a percibir en dicha eventualidad. Dicha previsión fue objeto de litigio a resultas del Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de mayo de 2012, que declaró la lesividad para el interés público del inciso final del mencionado artículo por entender incompatible una compensación a la empresa concesionaria en caso de caducidad o extinción de la concesión si concurre dolo o negligencia de la misma, con el criterio de la gratuidad de la reversión de las instalaciones estipulado en el artículo 29.1 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos. El Tribunal Supremo dictó sentencia el 14 de octubre de 2013 en la que afirmó que la previsión genérica de gratuidad en la reversión de las instalaciones contenida en el artículo 29.1 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre del Sector de Hidrocarburos debía entenderse «a reserva de previsiones específicas en el otorgamiento de cada concesión concreta», concluyendo por ello, en relación con el citado artículo 14 del Real Decreto 855/2008, de 16 de mayo «que dicha previsión no choca con el tenor del artículo 29.1 de la Ley del Sector de Hidrocarburos y que, por consiguiente, no podemos declarar su nulidad. Pero no significa que aunque medie dolo o negligencia de la empresa concesionaria en todo caso vaya ésta a percibir la indemnización prevista en el inciso litigioso. Antes al contrario, dicha regla concesional es a su vez una previsión genérica de compensación por el valor residual de unas instalaciones que revierten operativas al Estado en caso de caducidad o extinción de la concesión; pero la efectiva percepción por parte de la empresa titular de dicha compensación dependerá de las causas que hayan llevado a la caducidad o extinción de la concesión y de las circunstancias concurrentes en el caso concreto en que se hayan producido». Por otra parte, el referido Real Decreto 855/2008, de 16 de mayo, habilitaba a su titular para emplear la estructura subterránea como almacenamiento subterráneo pero exigía, al mismo tiempo, la obtención de autorización administrativa de sus instalaciones necesarias. Previa realización del trámite de evaluación de impacto ambiental que concluyó por Resolución de 23 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Almacén subterráneo de gas natural Amposta, y posteriormente por Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas de 7 de junio de 2010, se otorgó autorización administrativa y reconocimiento de la utilidad pública de las instalaciones y servicios necesarios para el desarrollo del proyecto de almacenamiento subterráneo «Castor». Finalizados los trabajos de construcción de los mismos, la Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Castellón emitió, el 5 de julio de 2012, el acta de puesta en servicio provisional para el conjunto del almacenamiento que además de habilitar para la inyección del gas colchón establece el inicio del devengo de la retribución regulada de la instalación. La inyección de dicho gas colchón estaba programada en varias fases, que de forma gradual, debían permitir la validación y puesta en marcha de la instalación. La primera tuvo lugar entre el 14 y el 25 de junio de 2013 y la segunda, entre el 19 y el 23 de agosto de 2013, etapas que tuvieron lugar sin incidencias significativas. Durante la tercera fase de inyección, en el mes de septiembre de 2013, la red sismográfica de monitorización del almacenamiento detectó una serie de eventos sísmicos, con una evolución caracterizada por una primera fase con un comportamiento de sismicidad inducida, donde el cese de las inyecciones fue seguido rápidamente por un decrecimiento de la actividad, y una segunda fase de sismicidad disparada. Estos eventos fueron sentidos con intensidad macrosísmica II y III en la escala macrosísmica europea EMS-98, generando una notable alarma social, lo que motivó la suspensión temporal de la operación del almacenamiento, decretada inicialmente por resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas de 26 de septiembre de 2013 y prorrogada posteriormente por resolución de fecha 18 de junio de 2014. A sus resultas, se encargaron sendos informes al Instituto Geográfico Nacional y al Instituto Geológico y Minero de España que no permiten aún emitir una conclusión definitiva sobre las eventuales consecuencias de una vuelta a la operación. Al contrario, recomiendan la realización de una serie de estudios adicionales que, sin perjuicio de las eventuales aportaciones de técnicos internacionales, permitirían disponer de una base sólida y coherente sobre la que tomar una decisión sobre el futuro de la instalación que prime de manera determinante la seguridad de las personas, los bienes y del medioambiente. Por este motivo, el presente real decreto-ley hiberna las instalaciones del almacenamiento subterráneo y encarga a la empresa ENAGÁS TRANSPORTE, S.A.U. la realización de los estudios necesarios sobre la seguridad en la operación de la instalación. III El 31 de octubre de 2012, ESCAL UGS, S.L solicitó el inicio de los trámites para la inclusión del almacenamiento en el régimen retributivo del sistema gasista, adjuntando a su solicitud la información que exige el artículo 6 de la Orden ITC/3995/2006, de 29 de diciembre por la que se establece la retribución de los almacenamientos subterráneos de gas natural incluidos en la red básica. Encontrándose en fase de estudio la compleja solicitud y como consecuencia de los hechos detallados anteriormente aquella no fue resuelta. Posteriormente, el 18 de julio de 2014, ESCAL UGS, S.L. presentó en el registro del Ministerio de Industria, Energía y Turismo un escrito en el que comunica su decisión de ejercer el derecho a la renuncia a la concesión. Como se ha mencionado anteriormente, tanto el Real Decreto 855/2008, de 16 de mayo, como la ya referida Orden ITC/3995/2006, de 29 de diciembre, contemplan la posibilidad de renuncia anticipada a la concesión y el reconocimiento de una compensación por las inversiones efectuadas, siendo precisa la expresa autorización administrativa de tal renuncia de conformidad con lo previsto en el artículo 14 del referido Real Decreto 855/2008, de 16 de mayo. El valor de dicha compensación se establece en el valor neto de la inversión acometida. El importe total de la inversión asciende a 1.461.420 miles de euros, importe al que habría que descontar la retribución provisional ya abonada de 110.691,36 miles de euros. Con ello, el importe que se reconoce a ESCAL UGS, S.L. asciende a 1.350.729 miles de euros. Como consecuencia de lo anterior, el presente real decreto-ley extingue la concesión de explotación del almacenamiento subterráneo de gas natural denominado «Castor». La efectividad de la renuncia no implica, en modo alguno, la extinción de la responsabilidad que la actual sociedad titular y sus accionistas deban, en su caso, afrontar por su gestión del proyecto y que será convenientemente exigida una vez se dispongan de todos los elementos de juicio necesarios. IV Mediante este real decreto-ley se consolida la suspensión de la operación en el almacenamiento ya establecida por la Dirección General de Política Energética y Minas, con determinadas condiciones de forma que se hibernan las instalaciones del almacenamiento subterráneo «Castor». La situación de hibernación de estas instalaciones ya construidas permite su explotación siempre que se realicen los estudios técnicos necesarios que garanticen la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente, y así se considere por acuerdo del Consejo de Ministros. De esta forma, se mantiene el interés estratégico del almacenamiento subterráneo «Castor», que forma parte del conjunto de instalaciones para la seguridad de suministro del sistema gasista español, cuyo abastecimiento depende fundamentalmente de los suministros exteriores, y por consiguiente, la utilidad pública de dicho almacenamiento, así como la imputación de los costes e ingresos al sistema gasista. En esta situación de hibernación, en la que no se realizará ninguna extracción o inyección de gas natural en el almacenamiento, la administración de las instalaciones hibernadas se asignan a la sociedad ENAGÁS TRANSPORTE, S.A.U., mientras que el derecho y el uso de la estructura geológica del almacenamiento subterráneo se reintegran al dominio público al que hace referencia el artículo 2 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos. Esta sociedad se responsabilizará del mantenimiento de las instalaciones en condiciones seguras a cambio de una compensación por los costes incurridos en la ejecución de tales funciones, debidamente auditados. En el supuesto en que ENAGÁS TRANSPORTE, S.A.U., realice con sus propios recursos cualquier operación, se añadirá un beneficio industrial y en el caso de subcontrataciones, un coste por la gestión y administración de las mismas. Con dicha asignación se garantiza la seguridad de las personas, los bienes y el medioambiente y el correcto mantenimiento de la operatividad del almacenamiento subterráneo Castor optimizando los recursos disponibles por el sistema gasista. Esta medida se justifica por cuanto ENAGÁS TRANSPORTE, S.A.U., es titular de tres de los cuatro almacenamientos subterráneos del sistema (Serrablo, Gaviota y Yela), lo que representa en torno al 98 por ciento de la capacidad útil total de almacenamiento del sistema gasista prevista en los próximos años, excluido Castor. Además de lo anterior y como consecuencia de la asunción por ENAGÁS TRANSPORTE, S.A.U., de la administración de tales instalaciones, se deriva la obligación de pago a ESCAL UGS, S.L. de 1.350.729 miles de euros, siendo titular ENAGÁS TRANSPORTE, S.A.U., por razón de la asunción de tal obligación de pago, de un derecho de cobro por parte del sistema gasista de las cantidades que le permitan garantizar la cobertura de tal pago en la cuantía y términos que se fijan en el presente real decreto-ley. La satisfacción del derecho de cobro y del resto de costes se realizará a través de los pagos que realice el órgano competente en materia de liquidaciones del sistema gasista, que es actualmente, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de conformidad con la disposición transitoria cuarta de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Dada la excepcionalidad de la operación y con objeto de dar las mayores garantías en cuanto al cobro se contemplan un conjunto de medidas. Así, en primer lugar, se interpone al organismo encargado de las liquidaciones como sujeto obligado al pago mediante la creación de una cuenta específica en régimen de depósito. En segundo lugar, se da prioridad al pago del derecho de cobro frente al resto de costes del sistema gasista. Finalmente, de forma extraordinaria y excepcional, se establece que dichos derechos de cobro puedan servir de garantía en los acuerdos de garantía financiera previstos en el Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública. Por consiguiente, la hibernación de esta instalación implica un régimen jurídico y económico específico no contemplado de forma expresa en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, ni en su normativa de desarrollo. La atribución de las citadas obligaciones a ENAGÁS TRANSPORTE, S.A.U., a ESCAL UGS, S.L, así como al resto de sujetos implicados y la imputación con cargo al sistema gasista de un nuevo coste que, de conformidad con el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, debe hacerse por ley, exige una norma con rango de ley y teniendo en cuenta la extraordinaria y urgente necesidad con que han de adoptarse estas medidas se articula mediante un real decreto-ley. Como se ha señalado, ENAGÁS TRANSPORTE, S.A.U., completará los informes y estudios a los que se hace referencia en la resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas de fecha 18 de junio de 2014, así como aquellos que se consideren precisos para comprobar la correcta construcción, mantenimiento y utilización del almacenamiento, la verificación de la seguridad en el mantenimiento y operación de la instalación y la adquisición de conocimientos técnicos precisos para el desarrollo del almacenamiento. De este conocimiento deberá obtenerse la profundidad de juicio precisa a fin de que se adopte la decisión definitiva que determine el futuro del almacenamiento, debiendo procederse al desmantelamiento cuando puedan existir riesgos para las personas, los bienes o el medio ambiente que lo aconsejen. En el supuesto de que el Consejo de Ministros considerase segura la operación del almacenamiento, por tratarse de unas instalaciones necesarias para la seguridad del suministro, se integrarán en una nueva concesión de explotación, y el conjunto se deberá asignar en un procedimiento público de concurrencia competitiva a la oferta que, cumpliendo los requisitos técnicos y de seguridad exigibles, suponga un menor coste para el sistema gasista. En ningún caso se afectará a los derechos de cobro reconocidos con cargo al sistema gasista. Por todo lo anteriormente expuesto, la nueva situación determinada por la sobrevenida renuncia a la concesión con la concurrencia de los hechos y aspectos técnicos, económicos y jurídicos antes referidos hace imprescindible articular un marco normativo adecuado e inmediato que permita garantizar el interés general primario de la seguridad de las personas, bienes y medioambiente, y ello con el carácter de extraordinaria y urgente necesidad exigido para la aprobación del presente real decreto-ley. V La Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos, modifica el artículo 28 de la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear, para disponer que el titular de la autorización de explotación de una central nuclear sea una única persona jurídica dedicada exclusivamente a la gestión de centrales nucleares, contando con los medios materiales, económico-financieros y personales necesarios. Asimismo, la referida Ley 12/2011, de 27 de mayo, añade una disposición transitoria única a la Ley 25/1964, de 29 de abril, en la que se establece el procedimiento a seguir por los titulares de las centrales nucleares que no cumplan con los requisitos establecidos en la nueva redacción del artículo 28 de la citada Ley 25/1964, de 29 de abril, para adaptarse a estos requisitos, fijando un plazo para llevar a cabo esta adaptación. Sin embargo, transcurrido en exceso dicho plazo, no se ha podido llevar a cabo la adaptación establecida por la ley en aquellas centrales nucleares en las que existen varios titulares, por no haber dado éstos cumplimiento a lo dispuesto en dicha disposición transitoria única. A la vista de lo anterior, y siendo necesario que se completen los procesos de adaptación de las distintas centrales nucleares, se ha considerado urgente y necesario proceder a esta modificación legal, ya que, además, es preciso posibilitar, en su caso, la renovación de las autorizaciones de explotación de las centrales nucleares afectadas, para evitar un posible impacto negativo en la estabilidad del suministro eléctrico. Esta medida afecta a todas las centrales nucleares, salvo a la central nuclear de Santa María de Garoña y a la central nuclear de Cofrentes ya que son las únicas que cumplen con el requisito de tener un único titular. Mediante esta modificación, se pretende no interferir, en la medida de lo posible, en el modelo de explotación implantado desde hace años en las centrales nucleares afectadas, y respetar el contexto de competencia en materia de generación nucleoeléctrica que actualmente existe en el mercado eléctrico. Hay que tener en cuenta que la operación de estas centrales se lleva a cabo por medio de Agrupaciones de Interés Económico (AIE) constituidas por sus copropietarios que cuentan con los recursos personales que son exigidos en el apartado 2 del artículo 28. Mediante esta modificación legal se exige también que se les dote con los demás medios necesarios. Además, dado que una misma entidad puede ser titular de la explotación de varias centrales nucleares con diferentes propietarios, con la modificación contemplada en este real decreto-ley se pretende exonerar de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de la explotación de una central nuclear a aquellas compañías que siendo partícipes de dicha entidad titular no sean copropietarios de la misma. Esta modificación legal pretende dar solución a la situación planteada, sin perjuicio de que, con posterioridad, las empresas afectadas puedan solicitar una modificación de la titularidad de una central nuclear, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12.i) de Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, aprobado por Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre. En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución Española, a propuesta del Ministro de Industria, Energía y Turismo, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 3 de octubre de 2014, DISPONGO: CAPÍTULO I Hibernación de las instalaciones Artículo 1. Hibernación de la instalación. 1. Se hibernan las instalaciones del almacenamiento subterráneo «Castor». Durante esta hibernación no se realizará ninguna inyección o extracción de gas natural en las estructuras geológicas del subsuelo que conforman el almacenamiento subterráneo. ENAGÁS GTS, en su calidad de Gestor Técnico del Sistema, velará por que no se realicen entregas de gas al almacenamiento. Lo anterior no resultará de aplicación a aquellas cantidades de hidrocarburo que sean imprescindibles para garantizar la operatividad de las instalaciones y equipos o la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente. 2. Mediante acuerdo del Consejo de Ministros se podrá poner término a la hibernación, previa valoración motivada de los resultados de los correspondientes estudios técnicos y atendiendo a la evolución de la demanda de gas natural. La decisión adoptada garantizará la sostenibilidad económica y financiera del sistema gasista y primará, de manera determinante, la seguridad de las personas, los bienes y el medioambiente. En esta disposición del Consejo de Ministros se acordarán bien el desmantelamiento del almacenamiento o, en su caso, la integración de las instalaciones en una concesión de explotación del almacenamiento que deberá otorgarse a través de un procedimiento de concurrencia competitiva de conformidad con la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, y su normativa de desarrollo, correspondiendo al sistema gasista los ingresos y costes prudentes derivados de ambos. CAPÍTULO II Extinción de la concesión y efectos Artículo 2. Extinción de la concesión «Castor». 1. Se extingue la concesión de explotación de almacenamiento subterráneo de gas natural denominado «Castor», otorgada por Real Decreto 855/2008, de 16 de mayo, por la causa prevista en el artículo 34.1 apartado c) de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos y a los efectos del artículo 14 de dicho real decreto, de acuerdo con las condiciones particulares que se determinan en el presente real decreto-ley. 2. Con el abono a ESCAL UGS, S.L., de las cantidades a que se refiere el artículo 4 quedarán extinguidas todas las obligaciones económicas derivadas de la concesión de explotación y cualquier derecho retributivo a ESCAL UGS, S.L., con cargo al sistema gasista de acuerdo con la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos y su normativa de desarrollo, en particular la Orden ITC/3995/2006, de 29 de diciembre, por la que se establece la retribución de los almacenamientos subterráneos de gas natural incluidos en la red básica. 3. La extinción de la concesión implica la de todas las cargas y gravámenes impuestos sobre los bienes e instalaciones objeto de la concesión. Los titulares posteriores o empresas que realicen cualquier clase de actividad sobre el objeto de la concesión de explotación extinguida no quedarán subrogados en las obligaciones, incluidas las derivadas de relaciones laborales o mercantiles, contraídas por ESCAL UGS, S.L. 4. La extinción de la concesión de explotación de almacenamiento subterráneo de hidrocarburos «Castor» se produce sin perjuicio de las responsabilidades que puedan ser exigidas a ESCAL UGS, S.L. tanto a resultas de los eventuales vicios o defectos en su ejecución que puedan presentar las instalaciones y se pongan de manifiesto dentro de los diez años siguientes a la entrada en vigor del presente real decreto-ley como de las acciones y omisiones que, como titular de la concesión, haya desarrollado durante su periodo de vigencia y hasta la fecha en que la Sociedad ENAGÁS TRANSPORTE, S.A.U. asuma de forma plena la administración de las instalaciones de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición transitoria segunda del presente real decreto-ley. En el caso de disolución o liquidación de la sociedad ESCAL UGS, S.L., así como si resultase insolvente para hacer frente a las tales responsabilidades, éstas serán exigibles, solidariamente, a los socios o partícipes en su capital a 18 de julio de 2014, así como, subsidiariamente, a las sociedades dominantes de los grupos de sociedades a que dichos socios y partícipes pertenecieran, todo ello, igualmente, por referencia a la indicada fecha de 18 de julio de 2014. A los efectos previstos en el párrafo anterior, será sociedad dominante la que ostentase una participación superior al cincuenta por ciento en el capital social de la sociedad accionista de ESCAL UGS, S.L., Si ninguna sociedad alcanzara tal porcentaje será de aplicación el artículo 42 del Código de Comercio. Las cantidades que en tal concepto puedan ser exigidas tendrán la consideración de ingresos del sistema gasista, siendo aplicable, tanto para la determinación de las responsabilidades como para la liquidación de las obligaciones derivadas y exigencia de su pago, el plazo de prescripción señalado en la disposición adicional séptima de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, cuyo cómputo se realizará con aplicación de las reglas previstas en el artículo 15 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 5. También corresponderán al sistema gasista las indemnizaciones derivadas de las responsabilidades que, por el otorgamiento de la concesión de explotación o la operación del almacenamiento subterráneo de gas natural «Castor», pudieran reconocerse en procedimientos administrativos o judiciales. Artículo 3. Asignación de la administración de las instalaciones. 1. La administración de las instalaciones asociadas al almacenamiento subterráneo de gas natural denominado «Castor» se asignan a la sociedad ENAGÁS TRANSPORTE, S.A.U. Esta sociedad asumirá la administración de las instalaciones y será titular de todos los derechos y obligaciones asociados a las mismas durante todo el periodo que medie hasta la finalización del periodo de hibernación. Entre tales derechos asociados no se incluye el derecho de cobro regulado en el artículo 5 de este real decreto-ley. En dichas instalaciones se integran, sin carácter limitativo, los elementos referidos en la Resolución de 7 de junio de 2010, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se otorga a ESCAL UGS, S.L. autorización administrativa y reconocimiento de la utilidad pública de las instalaciones y servicios necesarios para el desarrollo del proyecto de almacenamiento subterráneo «Castor». 2. ENAGÁS TRANSPORTE, S.A.U. se subrogará automáticamente en la fecha en que asuma de forma plena la administración de las instalaciones de conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria segunda.2 del presente real decreto-ley, en la titularidad de los restantes permisos, concesiones, autorizaciones o cualesquiera otros títulos administrativos habilitantes relacionados con las instalaciones de los que ESCAL UGS, S.L. fuera titular. La plena asunción de la administración de las instalaciones implicará la realización de las operaciones necesarias para el mantenimiento y la operatividad de las mismas. Se entienden incluidas las de funcionamiento de las instalaciones, los desarrollos necesarios por motivos técnicos, de seguridad y cualesquiera otros requeridos por la normativa de aplicación, la realización de estudios geológicos, técnicos y económicos, las de comprobación de la correcta construcción, mantenimiento y utilización del almacenamiento así como todos aquellos servicios que estén relacionados o sean complementarios con los anteriores, o que sean necesarios directa o indirectamente para la correcta administración de dichas instalaciones. Además, le corresponderá el desmantelamiento siempre que así se disponga en el acuerdo a que se refiere el artículo 1.2, el cual deberá realizarse en condiciones seguras conforme al razonable estado de la ciencia y técnica en ese momento. Asimismo, ENAGÁS TRANSPORTE, S.A.U., deberá garantizar la seguridad de las instalaciones para las personas, los bienes y el medioambiente y asegurar el cumplimiento de las normas que resulten de aplicación, en particular en lo que se refiere a las obligaciones fiscales, de ordenación del territorio y urbanismo, de protección del medio ambiente, de protección de los recursos marinos, y de seguridad para personas y bienes. Los costes del mantenimiento y operatividad así como todos aquellos en los que incurra ENAGÁS TRANSPORTE, S.A.U., por la realización de los trabajos indicados anteriormente o por la administración de las instalaciones serán retribuidos en los términos del artículo 6 del presente real decreto-ley. 3. Los ingresos derivados de la venta de cualquier activo de la instalación, incluido, en su caso, el hidrocarburo contenido en el almacenamiento, corresponderán al sistema gasista. 4. ENAGÁS TRANSPORTE, S.A.U., será exclusivamente responsable de las consecuencias derivadas del incumplimiento de sus obligaciones. En particular, no responderá de los desperfectos o destrucción de las instalaciones o cualesquiera otros daños o perjuicios ocasionados fuerza mayor o caso fortuito, ni por los que vengan determinados por las acciones u omisiones de ESCAL UGS, S.L. durante la vigencia de la concesión y hasta la fecha en que ENAGÁS TRANSPORTE, S.A.U., asuma de forma plena la administración de las instalaciones de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición transitoria segunda del presente real decreto-ley. Artículo 4. Reconocimiento de inversiones y costes a ESCAL UGS, S.L. 1. Se reconoce como valor neto de la inversión a que hace referencia el apartado 3 del artículo 5 de la Orden ITC/3995/2006, de 29 de diciembre, por la que se establece la retribución de los almacenamientos subterráneos de gas natural incluidos en la red básica, la suma de 1.350.729 miles de euros (un millón trescientos cincuenta mil setecientos veintinueve miles de euros). 2. Este importe será abonado, en un solo pago a ESCAL UGS, S.L., en el plazo máximo de 35 días hábiles desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, por la sociedad ENAGÁS TRANSPORTE, S.A.U. 3. La cantidad anterior se entenderá sin perjuicio de los derechos retributivos devengados por ESCAL UGS S.L en el periodo comprendido entre el acta de puesta en servicio provisional y la fecha de entrada en vigor del presente real decreto-ley que comprenderán una retribución financiera, el abono los costes de operación y mantenimiento incurridos e incluidos los costes de mantenimiento desde la suspensión de la operación, en los términos actualmente establecidos en la Orden ITC/3995/2006, de 29 de diciembre y demás normativa de aplicación. Artículo 5. Derechos de cobro con cargo al sistema gasista. 1. La sociedad ENAGÁS TRANSPORTE, S.A.U., será titular, por razón de la obligación de pago prevista en el artículo 4.2 del presente real decreto-ley, de un derecho de cobro por parte del sistema gasista, por el importe que resulte de la aplicación de los apartados siguientes, con cargo a la facturación por peajes de acceso y cánones del sistema gasista durante 30 años hasta la total satisfacción del importe correspondiente al pago estipulado en el artículo 4.2 y a la retribución financiera establecida en el apartado 3 de este artículo. El derecho de cobro se abonará con independencia de que subsista o no la hibernación de la instalación durante el plazo fijo de 30 años y comenzará abonarse a partir de la primera liquidación del sistema gasista correspondiente a la facturación mensual por peajes de acceso y cánones devengados desde el 1 de enero de 2016. A estos efectos, el titular del derecho de cobro o los titulares del mismo, en el caso de cesión realizada de acuerdo con lo dispuesto en este artículo, se considerarán sujetos del sistema de liquidaciones de actividades reguladas de gas natural teniendo esta partida prioridad en el cobro sobre el resto de costes del sistema en las liquidaciones correspondientes, incluyendo los previstos actualmente en los artículos 61.2 párrafo cuarto y 66 del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. 2. La orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo en la que se aprueben los peajes y cánones asociados al acceso de terceros y las retribuciones reguladas en el sistema de gas natural reconocerá de forma expresa la anualidad correspondiente para hacer frente a dicho derecho de cobro. La satisfacción del derecho de cobro anual se realizará a través de los pagos que realice el órgano competente en materia de liquidaciones del sistema gasista. Para ello, el órgano competente en materia de liquidaciones del sistema gasista comunicará a los respectivos sujetos del sistema de liquidaciones, el importe que deberán ingresar en la cuenta que dicho órgano abrirá en régimen de depósito a este exclusivo objeto. En caso de impago, total o parcial, por parte de un sujeto del sistema de liquidaciones, dicho órgano descontará al sujeto incumplidor la cantidad impagada de sus derechos de cobro resultantes de la liquidación, en la siguiente liquidación o posteriores, si fuese necesario. Dichas cantidades serán transferidas a la cuenta a la que se hace referencia en el párrafo anterior. Los posibles intereses que pueda generar dicha cuenta se aplicarán para el mismo fin en el año siguiente. El derecho de cobro será firme y no se verá afectado por el incumplimiento por ENAGÁS Transporte, S.A.U., de sus obligaciones relacionadas en el artículo 3 ni cualesquiera otras. Este derecho no podrá ser objeto de compensación, retención o deducción alguna. La cantidad a pagar en virtud del derecho de cobro será calculada según se indica en el apartado 3 e incluirá tanto la retribución financiera como la amortización del principal. 3. Con objeto de determinar la cantidad anual a pagar en virtud del derecho de cobro en los términos señalados en el apartado 2 anterior, se aplicará la siguiente fórmula: Donde, Ri es la cantidad anual a pagar el año «i», expresada en miles de euros. Tr es la tasa financiera de retribución igual a un tipo de interés anual fijo, expresado en tanto por uno, de 0,04267. Ct es la compensación del importe previsto en el artículo 4.1., expresada en miles de euros. La cantidad mensual a pagar en virtud del derecho de cobro con cargo a la facturación por peajes de acceso y cánones del sistema gasista, se calculará para cada año, a partir de la suma de la retribución financiera anual y la amortización anual, dividiendo el resultado entre 12. Los pagos se abonarán el día 25 de cada mes o, en su caso, del día hábil inmediatamente posterior realizándose el primero el 25 de abril de 2016, o en fecha que corresponda según lo anterior. 4. El derecho de cobro será libremente disponible por ENAGÁS TRANSPORTE, S.A.U., o sus ulteriores titulares y, en consecuencia, podrá ser, total o parcialmente, cedido, transmitido, descontado, pignorado o gravado a favor de cualesquiera terceros, incluyendo fondos de titulización de activos u otros vehículos o sociedades de propósito especial, nacionales o extranjeros, que en ningún caso tendrán la consideración de personas especialmente relacionadas con el titular cedente o pignorante a efectos de lo previsto en los artículos 93 y concordantes de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, con sujeción a las leyes generales y en este artículo. 5. La cesión del derecho de cobro deberá realizarse por escrito en un documento, en el que deberá incluirse al menos: a) Nombre o razón social del adquirente y del transmitente, con los datos identificativos del mismo. b) El porcentaje del derecho de cobro cedido. c) Fecha de efectividad de la adquisición del derecho. En caso de concurso del cedente, los cesionarios iniciales o ulteriores gozarán de un derecho absoluto de separación en los términos prevenidos en el artículo 80 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. La cesión del derecho de cobro sólo podrá rescindirse o impugnarse al amparo de lo previsto en el artículo 71 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, por la administración concursal, que tendrá que demostrar que se han realizado en fraude de acreedores. 6. La cesión del derecho de cobro será eficaz frente al sistema gasista desde la fecha de la comunicación del documento con los requisitos incluidos en el apartado anterior y las firmas del cedente y del cesionario, al órgano competente en materia de liquidaciones del sistema gasista. También se comunicarán los datos de la cuenta bancaria del titular del derecho en el que dicho órgano ha de efectuar los pagos que procedan. A estos efectos, el citado órgano mantendrá un registro de titulares del derecho de cobro. 7. Los titulares del derecho de que se trate podrán recabar del órgano competente en materia de liquidaciones del sistema gasista cuanta información sea necesaria para contrastar la corrección de los cálculos en cuya virtud se hayan determinado las cantidades que hayan percibido. 8. El derecho de cobro tendrá la consideración de derecho de crédito a efectos del artículo séptimo. c) del Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública. La pignoración o cesión en garantía del derecho de cobro tendrá siempre la consideración de acuerdo de garantía financiera a efectos de la aplicación del capítulo II del título I del Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública, aun cuando ninguna de las partes intervinientes esté incluida en una de las categorías del artículo 4 del mismo. En particular: a) no será aplicable a la misma la última frase del artículo 90.1.6º de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal; b) podrá, en todo caso, ser ejecutada al producirse un supuesto de ejecución con arreglo al artículo undécimo.2 del Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, bien mediante venta, apropiación o aplicación del mismo al cumplimiento de las obligaciones financieras principales. En este último caso, el acreedor garantizado podrá proceder a la ejecución del acuerdo de garantía financiera requiriendo el pago directo del derecho de cobro, o la parte correspondiente, al órgano competente en materia de liquidaciones del sistema gasista hasta la completa satisfacción de las cantidades adeudadas al mismo. Lo dispuesto en este apartado 8 será igualmente de aplicación a la pignoración o cesión en garantía de las cuentas bancarias en que hayan de abonarse los pagos correspondientes al derecho de cobro, así como los derechos derivados de cualquier contrato de cesión del derecho de cobro, en su caso. Artículo 6. Pago de los costes a ENAGÁS TRANSPORTE, S.A.U. 1. Los costes de mantenimiento, operatividad y los derivados de las obligaciones indicadas en el artículo 3.2 se abonarán a ENAGÁS TRANSPORTE, S.A.U., con cargo a los ingresos por peajes y cánones del sistema gasista. Los costes incurridos deberán justificarse con la correspondiente auditoría, y se determinarán con carácter definitivo por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Dentro de estos costes, se incluirá como coste adicional el beneficio industrial, y en los supuestos de subcontratación el pago de los costes de su gestión y administración. 2. ENAGÁS TRANSPORTE, S.A.U., remitirá al Ministerio de Industria, Energía y Turismo antes del 31 de octubre de cada año su plan de costes estimados para el ejercicio siguiente. Este plan se acompañará de una memoria explicativa de las actuaciones atribuidas en el artículo 3.2 a realizar, del estado de los principales elementos de la instalación con particular atención a los elementos críticos para la seguridad de las personas, bienes y del medioambiente así como cualquier otro hecho relevante. Asimismo incluirá la forma de contratación que vaya a utilizarse para las principales partidas que deberá favorecer la concurrencia, la transparencia y el mínimo coste. Igualmente, se adjuntará la memoria de gastos auditados del ejercicio precedente a los efectos de su reconocimiento con carácter definitivo. 3. Anualmente, en la orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo en la que se aprueben los peajes y cánones asociados al acceso de terceros y las retribuciones reguladas en el sistema de gas natural se incluirá como un coste el importe previsto del ejercicio siguiente teniendo en cuenta el plan referido en el apartado anterior, que podrá ser condicionado. Asimismo, se incluirán, en su caso, los desvíos incurridos en las retribuciones de años anteriores como consecuencia de las revisiones definitivas de los gastos auditados aprobadas de conformidad con el apartado 1 del presente artículo. Estos costes tendrán la consideración de costes de actividades reguladas de gas natural y se abonarán en las liquidaciones del sistema gasista correspondientes a la facturación mensual por peajes de acceso y cánones de acuerdo con el procedimiento general de liquidaciones. Disposición adicional primera. Cálculos previstos en este real decreto-ley. A efectos de la realización de los cálculos que se deriven de la aplicación de este real decreto-ley, los valores en miles de euros se expresarán con dos decimales y los tipos de interés en tanto por uno con 5 decimales. Disposición adicional segunda. Adaptación de la titularidad de las centrales nucleares a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear. Sin perjuicio de lo previsto en la disposición transitoria única de la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear, en el caso de que a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, la titularidad de la autorización de explotación de una central nuclear no se hubiera adaptado a las condiciones establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 28 de la Ley 25/1964, de 29 de abril, dicha titularidad se entenderá transferida a la entidad que a esa fecha tenga encomendada la explotación de la central nuclear por parte de los titulares de la autorización de explotación. Quedarán con ello sin efecto los planes de adaptación que, en su caso, se encuentren en tramitación. Con este fin, los titulares de la autorización de explotación hasta esa fecha dotarán al nuevo titular con los medios a que se refiere el apartado 2 del artículo 28. Con independencia del régimen de adopción de acuerdos que sea ordinariamente de aplicación al nuevo titular, las decisiones relacionadas con la seguridad nuclear se adoptarán por mayoría simple. En todo caso y sin perjuicio de la responsabilidad del titular de una central nuclear, la responsabilidad por los daños y perjuicios derivados de su funcionamiento no será exigible a entidades que no sean copropietarias de la misma ni, en su caso, a sus representantes en los órganos de administración del referido titular. Disposición transitoria primera. Plan de costes para el ejercicio 2015. El plan de costes para el ejercicio 2015 y demás documentación que ha de acompañarse de conformidad con el artículo 6.2 del presente real decreto-ley deberá remitirse por ENAGÁS TRANSPORTE, S.A.U., antes del 1 de diciembre de 2014. Disposición transitoria segunda. Desempeño transitorio de funciones. 1. ESCAL UGS, S.L. será responsable de que las actividades de mantenimiento y operatividad de las instalaciones se desarrollen con normalidad, en condiciones seguras y de acuerdo con los principios de transparencia y mínimo coste hasta la plena asunción de la administración de las instalaciones por ENAGÁS TRANSPORTE, S.A.U. Desde la entrada en vigor de este real decreto-ley ESCAL UGS, S.L. deberá colaborar y facilitar a ENAGÁS TRANSPORTE, S.A.U., la información, el acceso a las instalaciones y la asistencia necesaria para el traspaso ordenado de funciones. ESCAL UGS, S.L deberá mantener el cumplimiento de los requisitos y obligaciones exigidos en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables, así como de las condiciones que hubieran sido impuestas en las disposiciones de otorgamiento de la concesión de explotación del almacenamiento subterráneo Castor y en este real decreto-ley. En particular, mantendrá la titularidad de los permisos, concesiones, autorizaciones o cualesquiera otros títulos administrativos habilitantes relacionados con las instalaciones. El incumplimiento de dichas condiciones o de cualquiera de sus obligaciones podrá suponer la pérdida del reconocimiento de los costes de mantenimiento y operatividad de las instalaciones previstos en el apartado 3 de esta disposición, sin perjuicio de aquellas otras responsabilidades que le sean exigibles. 2. Antes del 1 de diciembre de 2014, ENAGÁS TRANSPORTE, S.A.U., asumirá de forma plena la administración de las instalaciones, que será comunicada al Ministerio de Industria, Energía y Turismo. En el plazo de dos meses desde la asunción plena de la administración de dichas instalaciones, ENAGÁS TRANSPORTE, S.A.U., remitirá al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, un informe técnico para acreditar el estado de las instalaciones recibidas, el grado de cumplimiento de la normativa vigente, las inversiones a realizar para corregir las deficiencias que presente o, en su caso, para adaptarlo a su nuevo estado, la priorización de las inversiones a realizar y la posibilidad de programarlas en el tiempo y las necesidades de mantenimiento futuras. En función de este informe, podrá minorarse el importe reconocido a ESCAL UGS, S.L. por sus costes de mantenimiento y operatividad. 3. Por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo se determinará el importe correspondiente a los costes de mantenimiento y operatividad de las instalaciones en que razonablemente hubiese incurrido ESCAL UGS, S.L desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley hasta la asunción plena de la administración de la instalación por ENAGÁS TRANSPORTE, S.A.U., Los costes así reconocidos se agregarán al procedimiento de liquidación en curso y se abonarán a ESCAL UGS, S.L. en un pago único. Con este objetivo, ESCAL UGS, S.L. presentará en el plazo de 10 días desde la entrada en vigor de este real decreto-ley al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, una estimación de los costes en los que prevé incurrir durante dicho periodo transitorio. Finalizado el periodo transitorio, presentará al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la memoria de gastos auditados correspondiente a dicho periodo, a los efectos del reconocimiento de los costes. 4. Tanto el Ministerio de Industria, Energía y Turismo como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrán solicitar a ESCAL UGS, S.L., y a ENAGÁS TRANSPORTE, S.A.U., la información adicional que consideren necesaria para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas. Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este real decreto-ley. Disposición final primera. Título competencial. El presente real decreto-ley se dicta al amparo de las competencias que corresponden al Estado en el artículo 149.1.13.ª y 25.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para determinar las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y las bases del régimen minero y energético, respectivamente. Disposición final segunda. Habilitación normativa. Se autoriza al Ministro de Industria, Energía y Turismo para que dicte las disposiciones que sean precisas para el desarrollo y ejecución de lo establecido en este real decreto-ley. Disposición final tercera. Entrada en vigor. El presente real decreto-ley entrará en vigor mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dado en Madrid, el 3 de octubre de 2014. FELIPE R. El Presidente del Gobierno, MARIANO RAJOY BREY

Decreto ley que aprueba pagar un total de más de 1.350 millones de euros a los propietarios de Castor

I El almacenamiento subterráneo de gas natural «Castor», situado en el subsuelo del mar a 21 km aproximadamente de la costa, es una infraestructura singular en la que concurren una serie de circunstancias que requieren de una solución integral que, con carácter inmediato y urgente, habilite un marco normativo que consolide la primacía del interés general en relación con la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente en el entorno del almacenamiento. El presente real decreto-ley se justifica por la extraordinaria y urgente necesidad de atender a la compleja situación técnica existente en la instalación, especialmente tras la renuncia a la concesión presentada por su titular. A este fin, se acuerda la hibernación de las instalaciones y la asignación de su administración a la sociedad ENAGÁS TRANSPORTE, S.A.U., quien se encargará, durante la citada hibernación, de su mantenimiento y operatividad, así como de la realización de los informes técnicos necesarios para determinar la correcta operatividad de la instalación y en su caso, de los trabajos necesarios para su desmantelamiento. También llevará a cabo el pago de la correspondiente compensación a ESCAL UGS, S.L., por las instalaciones cuya administración se le asigna. La experiencia adquirida por ENAGÁS TRANSPORTE, S.A.U., en la gestión y operación de almacenamientos subterráneos, como titular de las principales instalaciones de tal naturaleza que operan en el sistema gasista, garantiza el mantenimiento efectivo del almacenamiento subterráneo «Castor» en condiciones seguras. Además, se reconoce a dicha sociedad una retribución del sistema gasista por el desarrollo de los trabajos que la presente norma le asigna así como una compensación por el desembolso económico al actual titular de las instalaciones. II El Real Decreto 855/2008, de 16 de mayo, otorgó a ESCAL UGS, S.L., la concesión de explotación para el almacenamiento subterráneo de gas natural denominado «Castor», que se integraría en el sistema gasista como infraestructura básica y consecuentemente, sujeta al régimen de acceso de terceros a la red y con derecho a una retribución regulada. El almacenamiento fue recogido en el Documento de «Planificación de los sectores de la electricidad y del gas 2008-2016», aprobado por el Consejo de Ministros con fecha de 30 de mayo de 2008. El Real Decreto 855/2008, de 16 de mayo, además de su carácter meramente demanial, concretaba algunas especificidades del almacenamiento entre las que cabe destacar el régimen de extinción de su artículo 14. Entre ellas se establecía la posibilidad de renuncia de la concesión de explotación por el titular así como la determinación de la compensación a percibir en dicha eventualidad. Dicha previsión fue objeto de litigio a resultas del Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de mayo de 2012, que declaró la lesividad para el interés público del inciso final del mencionado artículo por entender incompatible una compensación a la empresa concesionaria en caso de caducidad o extinción de la concesión si concurre dolo o negligencia de la misma, con el criterio de la gratuidad de la reversión de las instalaciones estipulado en el artículo 29.1 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos. El Tribunal Supremo dictó sentencia el 14 de octubre de 2013 en la que afirmó que la previsión genérica de gratuidad en la reversión de las instalaciones contenida en el artículo 29.1 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre del Sector de Hidrocarburos debía entenderse «a reserva de previsiones específicas en el otorgamiento de cada concesión concreta», concluyendo por ello, en relación con el citado artículo 14 del Real Decreto 855/2008, de 16 de mayo «que dicha previsión no choca con el tenor del artículo 29.1 de la Ley del Sector de Hidrocarburos y que, por consiguiente, no podemos declarar su nulidad. Pero no significa que aunque medie dolo o negligencia de la empresa concesionaria en todo caso vaya ésta a percibir la indemnización prevista en el inciso litigioso. Antes al contrario, dicha regla concesional es a su vez una previsión genérica de compensación por el valor residual de unas instalaciones que revierten operativas al Estado en caso de caducidad o extinción de la concesión; pero la efectiva percepción por parte de la empresa titular de dicha compensación dependerá de las causas que hayan llevado a la caducidad o extinción de la concesión y de las circunstancias concurrentes en el caso concreto en que se hayan producido». Por otra parte, el referido Real Decreto 855/2008, de 16 de mayo, habilitaba a su titular para emplear la estructura subterránea como almacenamiento subterráneo pero exigía, al mismo tiempo, la obtención de autorización administrativa de sus instalaciones necesarias. Previa realización del trámite de evaluación de impacto ambiental que concluyó por Resolución de 23 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Almacén subterráneo de gas natural Amposta, y posteriormente por Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas de 7 de junio de 2010, se otorgó autorización administrativa y reconocimiento de la utilidad pública de las instalaciones y servicios necesarios para el desarrollo del proyecto de almacenamiento subterráneo «Castor». Finalizados los trabajos de construcción de los mismos, la Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Castellón emitió, el 5 de julio de 2012, el acta de puesta en servicio provisional para el conjunto del almacenamiento que además de habilitar para la inyección del gas colchón establece el inicio del devengo de la retribución regulada de la instalación. La inyección de dicho gas colchón estaba programada en varias fases, que de forma gradual, debían permitir la validación y puesta en marcha de la instalación. La primera tuvo lugar entre el 14 ### RESUMEN: Decreto ley que aprueba pagar un total de más de 1.350 millones de euros a los propietarios de Castor

En ejercicio de las competencias que me atribuye el artículo 30 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, vengo a disponer el cese de don Rafael García Vila, con N.R.P. 4143736213 A4101, como Director Insular de la Administración General del Estado en Ibiza-Formentera, agradeciéndole los servicios prestados. Palma de Mallorca, 22 de octubre de 2014.–La Delegada del Gobierno en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, María Teresa Palmer Tous.

Cese de Rafael García Vila, subdelegado de Ibiza-Formentera (director insular)

En ejercicio de las competencias que me atribuye el artículo 30 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, vengo a disponer el cese de don Rafael García Vila, con N.R.P. 4143736213 A4101, como Director Insular de la Administración General del Estado en Ibiza-Formentera, agradeciéndole los servicios prestados. Palma de Mallorca, 22 de octubre de 2014.–La Delegada del Gobierno en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, María Teresa Palmer Tous. ### RESUMEN: Cese de Rafael García Vila, subdelegado de Ibiza-Formentera (director insular)

Visto el estado de abandono del buque denominado 'ELBEIK', con bandera de Togo, IMO 6718427 que se encuentra atracado en la Prolongación del Dique de Levante del Puerto de Tarragona y del que se han reclamado las correspondientes tasas sin que hasta la fecha se haya abonado cantidad alguna. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 302 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (RDL 2/2001, de 5 de septiembre). El Director General de la Autoridad Portuaria ha acordado en fecha 2 de mayo de 2022: -Incoar el expediente administrativo de abandono del buque 'ELBEIK' ( IMO 6718427). Tarragona, 10 de mayo de 2022.- Director General, Ramón Ignacio García Rodríguez.

Abren expediente de abandono al buque Elbeik, atracado en el puerto de Tarragona.

Visto el estado de abandono del buque denominado 'ELBEIK', con bandera de Togo, IMO 6718427 que se encuentra atracado en la Prolongación del Dique de Levante del Puerto de Tarragona y del que se han reclamado las correspondientes tasas sin que hasta la fecha se haya abonado cantidad alguna. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 302 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (RDL 2/2001, de 5 de septiembre). El Director General de la Autoridad Portuaria ha acordado en fecha 2 de mayo de 2022: -Incoar el expediente administrativo de abandono del buque 'ELBEIK' ( IMO 6718427). Tarragona, 10 de mayo de 2022.- Director General, Ramón Ignacio García Rodríguez. ### RESUMEN: Abren expediente de abandono al buque Elbeik, atracado en el puerto de Tarragona.

El profesorado constituye el recurso más importante de los centros educativos, esencial para la evolución y mejora de la calidad de la enseñanza. Los informes internacionales coinciden en que una de las claves para hacer frente a los nuevos desafíos en educación es la mejora de las competencias profesionales docentes, dentro de un proceso continuo de aprendizaje y desarrollo profesional que requiere no sólo la actualización pedagógica, didáctica y científica sobre las materias y áreas impartidas, sino también la comprensión de las distintas dimensiones involucradas en la educación y su interacción con una sociedad en permanente transformación. La estrategia «Replantear la Educación», que la Comisión Europea presentó en noviembre de 2012, da prioridad absoluta a desarrollar las competencias del personal docente, poniendo de manifiesto la importancia de la competencia digital en la sociedad actual y en entornos futuros, la necesidad de que las tecnologías de la información y la comunicación se integren plenamente en los centros formativos, y que se exploten también las oportunidades sin precedentes que ofrecen para la colaboración profesional, la resolución de problemas y la mejora de la calidad, accesibilidad y equidad de la educación y la formación. El proceso creciente de digitalización que vivimos está generando una profunda transformación en nuestras maneras de relacionarnos, aprender, educar, trabajar, liderar personas, proyectos y organizaciones. Esta transformación que afecta, entre otros, al mercado de trabajo, debe ser tenida en cuenta a la hora de plantear la actividad educativa y la formación del profesorado debe capacitar para introducir a sus alumnos en estas nuevas realidades. El aprendizaje digital y las tendencias recientes en materia de recursos educativos abiertos promueven cambios importantes, extendiendo la oferta educativa más allá de sus formatos y fronteras tradicionales. Debido al crecimiento exponencial de los recursos disponibles en Internet, están emergiendo nuevas formas de aprendizaje caracterizadas por la personalización, el uso de los medios de comunicación digitales, el compromiso y la colaboración en comunidades virtuales, las prácticas orientadas desde la base, la creación compartida de contenidos de aprendizaje tanto por alumnos como profesores. Todo ello conforma una nueva situación de posibilidades diversas para acceder a la formación, con nuevas metodologías y planteamientos, en la que la formación del profesorado en red es la mejor vía de adaptación y desarrollo profesional. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 102, establece que los programas de formación permanente deberán contemplar la adecuación de los conocimientos y métodos a la evolución de las ciencias y de las didácticas específicas, así como todos aquellos aspectos de coordinación, orientación, tutoría, atención educativa a la diversidad y organización encaminados a mejorar la calidad de la enseñanza y el funcionamiento de los centros. Asimismo, faculta al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para ofrecer programas de carácter estatal. La presente convocatoria de cursos atiende fundamentalmente a criterios de calidad en la formación del profesorado. Por ello, de conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su reglamento, y de acuerdo con el apartado cuarto de la Orden ECI/1305/2005, de 20 de abril, de bases reguladoras de la concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva del Ministerio de Educación y Ciencia (BOE de 12 de mayo), previo informe de la Abogacía del Estado, dispongo: 1. Objeto y finalidad de la convocatoria 1.1 Objeto. La presente Resolución tiene como objeto hacer pública la convocatoria para la adjudicación, en régimen de concurrencia competitiva, de 9.485 plazas para la realización de cursos de formación en red para el profesorado, distribuidas en dos ediciones con sus correspondientes procesos de inscripción (febrero y septiembre de 2014), por un importe máximo de 616.550,00 euros con cargo a la partida presupuestaria 18.04.322L.489.11 del presupuesto de gastos del ejercicio 2014. 1.2 Finalidad. Esta convocatoria tiene como finalidad principal actualizar las competencias pedagógicas y didácticas del profesorado en ejercicio de las distintas enseñanzas reguladas por la Ley Orgánica de Educación, con objeto de poder responder adecuadamente a las demandas de la sociedad actual. 2. Características de los cursos 2.1 El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado, a partir de ahora INTEF, oferta y financia 38 cursos de formación en red convocados en dos ediciones (16 cursos en la primera edición y 22 en la segunda), según distribución que se especifica en anexo I, dirigidos al profesorado de los centros educativos sostenidos con fondos públicos de todo el territorio nacional y de los centros destinados a la acción educativa española en el exterior. 2.2 Los cursos que se ofertan en la presente convocatoria se inscriben en el marco de actuaciones de los planes de Desarrollo Profesional Docente y de Cultura Digital en la Escuela desarrollados por el INTEF. Cada curso tendrá una ficha descriptiva en la sede electrónica (https://sede.educacion.gob.es/portada.html,) con información sobre las competencias profesionales docentes desarrolladas en el mismo, así como sobre el impacto que la aplicación en el aula de los resultados de su aprendizaje podría tener sobre la adquisición de las competencias básicas del alumnado. 2.3 Los cursos se impartirán íntegramente en línea en el espacio de formación en red del INTEF (http://formacion.educalab.es). El acceso al curso en el que el alumno haya sido admitido se realizará mediante un nombre de usuario y contraseña que serán enviados a la cuenta de correo electrónico facilitada en la solicitud de los cursos. 2.4 De acuerdo con la metodología desarrollada por el INTEF para sus cursos de formación en red, los cursos tendrán una estructura modular organizada en bloques con contenidos y actividades. Cada bloque tendrá una fecha de apertura y cierre. Los alumnos realizarán las actividades propuestas en cada bloque necesariamente en ese periodo. 2.5 Para atender a los alumnos durante el desarrollo de los cursos se designarán tutores especializados, que atenderán a un máximo de treinta y cinco participantes en cada curso. Las funciones del tutor serán: dinamizar el curso, resolver dudas, acompañar, guiar, orientar, organizar, mediar y evaluar las actividades de los alumnos. Los tutores serán designados por el INTEF entre personas con los requisitos académicos y profesionales necesarios. A tal efecto, el INTEF formará una base de datos de tutores de cursos de Formación en Red de la que podrán formar parte todos los interesados que reúnan los requisitos para ello. Para poder desempeñar las tareas de tutoría y coordinación de los cursos los candidatos a tutor han debido acreditar su conocimiento del contenido del curso a tutelar y además haber completado el curso «Tutores para la Formación en Red», que les capacita como tutores en red del INTEF. Los tutores serán retribuidos por su labor por un importe máximo, impuestos incluidos, de 65,00 € por cada alumno tutelado que haya concluido el curso. El pago tendrá lugar una vez concluida cada edición de los cursos, cuando el INTEF pueda determinar el importe que corresponde retribuir a cada tutor. 2.6 El plan de actividades de cada curso conducirá a la realización de un trabajo final con aplicación a su práctica profesional. Estos trabajos finales serán puestos a disposición de la comunidad educativa con la licencia de uso elegida por cada participante. 2.7 La realización de los cursos podrá requerir la creación de cuentas en espacios virtuales abiertos y su uso para la puesta en común de actividades realizadas en el marco del curso con el fin de facilitar la participación en comunidades de práctica profesional y el aprendizaje conectado en colaboración. 3. Distribución de plazas Los nombres de los cursos, su duración en horas y el número de plazas ofrecido para cada uno figuran en el anexo I de esta Resolución. 4. Destinatarios y requisitos 4.1 Destinatarios. Podrán optar a las plazas ofertadas los docentes, Asesores de Formación, Asesores Técnicos Docentes, miembros del Departamento de Orientación y de Equipos de Orientación o de Atención Temprana de los centros sostenidos con fondos públicos que imparten las enseñanzas reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de Educación. 4.2 Requisitos. Los participantes deberán reunir los siguientes requisitos: a) Estar impartiendo docencia directa en el aula en un centro sostenido con fondos públicos o estar prestando servicio como asesor de formación o asesor técnico docente, miembro del departamento de orientación, miembro de un Equipo de Orientación o de Atención Temprana en el momento de presentar la solicitud. b) Pertenecer al grupo al que va dirigido el curso que se solicita, según la distribución siguiente: N.º Curso Destinatarios 1 Educación conectada en tiempos de redes. Profesorado de Secundaria y Maestros que imparten tercer ciclo de Primaria, Profesorado de enseñanzas de Régimen Especial y Profesores técnicos de Formación Profesional. Asesores de Formación y Asesores Técnicos Docentes de las administraciones educativas. 2 Evaluaciones externas internacionales del sistema educativo. Profesorado que imparte docencia en enseñanzas reguladas por la LOE y personal docente de las unidades o servicios de evaluación educativa de las administraciones educativas. 3 ABP: Aprendizaje basado en proyectos. Profesorado que imparte docencia en enseñanzas reguladas por la LOE. Asesores de Formación y Asesores Técnicos Docentes de las administraciones educativas. Se dará prioridad a los miembros de un mismo equipo docente. 4 Espacios de lectura. Leer, aprender e investigar en todas las áreas. Asesores de Formación, Profesorado de Secundaria, Bachillerato y Educación de Adultos y responsables docentes de Proyectos de Lectura y Bibliotecas de las distintas administraciones educativas. Se dará prioridad a los miembros de un mismo equipo docente. 5 Coeducación: dos sexos en un solo mundo. Profesorado que imparte docencia en enseñanzas reguladas por la LOE, miembros del departamento de orientación y de Equipos de Orientación o de Atención Temprana. 6 Recursos Educativos Abiertos para la enseñanza de las Matemáticas. Profesorado de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Educación de Adultos, que imparta Matemáticas 7 Recursos Educativos Abiertos para la enseñanza de las Ciencias. Profesorado de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Educación de Adultos, que imparta Ciencias de la Naturaleza o Conocimiento del Medio. 8 Recursos Educativos Abiertos para la enseñanza de las Ciencias Sociales. Profesorado de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Educación de Adultos, que imparta materias de Ciencias Sociales. 9 Recursos Educativos Abiertos para la enseñanza de Lenguas. Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Educación de Adultos y EEOOII, que imparte docencia en alguna de las siguientes materias: lengua castellana, inglés, francés o lenguas clásicas. 10 Recursos Educativos Abiertos para la Educación Infantil y Primaria Profesorado de Educación Infantil y Primaria 11 Uso de Recursos Educativos Abiertos para el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras (AICLE) Profesorado que imparte docencia en enseñanzas reguladas por la LOE, y que, además, participa en programas de aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras (AICLE). 12 Digital Storytelling for Teachers Profesorado que imparte docencia en enseñanzas reguladas por la LOE, de lengua inglesa, en lengua inglesa de otra materia, o que pueda acreditar un nivel B2 de lengua inglesa en el MCERL (Marco común europeo de referencia para las lenguas). 13 Respuesta educativa para el alumnado con TDAH (Déficit de atención e hiperactividad) Profesorado que imparte docencia en enseñanzas reguladas por la LOE, miembros del departamento de orientación y de Equipos de Orientación o de Atención Temprana. 14 PLE: Aprendizaje conectado en red Profesorado que imparte docencia en enseñanzas reguladas por la LOE. asesores de formación y asesores técnicos docentes de las administraciones educativas. 15 Educación inclusiva. Iguales en la diversidad Profesorado que imparte docencia en enseñanzas reguladas por la LOE. Asesores de Formación y Asesores Técnicos Docentes de las administraciones educativas, miembros del departamento de orientación y de Equipos de Orientación o de Atención Temprana.. 16 Creatividad, diseño y aprendizaje mediante retos. Profesorado que imparte docencia en enseñanzas reguladas por la LOE. asesores de formación y Asesores técnicos docentes de las administraciones educativas. 17 Alfabetizaciones múltiples: una nueva ecología del aprendizaje. Asesores de Formación, Profesorado de Secundaria y responsables docentes de Proyectos de Lectura y Bibliotecas de las distintas administraciones educativas. Equipos de un mismo centro que participen en proyectos de innovación. Se dará prioridad a los miembros de un mismo equipo docente. 18 De espectador a programador: El camino para entender la tecnología aprendiendo a manejarla. Profesorado que imparte docencia en enseñanzas reguladas por la LOE. 19 Mobile Learning y Realidad Aumentada. Profesorado que imparte docencia en enseñanzas reguladas por la LOE. Se dará prioridad a los miembros de un mismo equipo docente. 20 Las competencias clave: de las corrientes europeas a la práctica docente en las aulas. Profesorado de Educación Infantil, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Educación de Adultos. Asesores de formación y Asesores Técnicos Docentes de las administraciones educativas. 21 El portafolio educativo como instrumento de aprendizaje y evaluación. Profesorado que imparte docencia en enseñanzas reguladas por la LOE. Asesores de formación y Asesores técnicos docentes de las administraciones educativas. 22 Tutores para la Formación en Red Profesorado que imparte docencia en enseñanzas reguladas por la LOE, asesores de formación y asesores técnicos docentes de las administraciones educativas, que hayan obtenido el certificado por haber completado alguno de los otros cursos de la presente lista. 5. Solicitudes, documentación y plazo de presentación 5.1 Solicitud. Los interesados que reúnan los requisitos exigidos en la presente convocatoria, y deseen formar parte en la misma, deberán solicitarlo, indicando con claridad el curso en el que quieren participar, mediante la instancia accesible por internet en la dirección https://sede.educacion.gob.es/portada.html, sección «Trámites y Servicios». Cada candidato sólo podrá solicitar un curso en cada uno de los dos plazos de inscripción, febrero y septiembre de 2014. En febrero podrá solicitar un curso de los de la primera edición y en septiembre podrá solicitar un curso de los de la segunda edición. La relación de cursos de la primera y de la segunda edición se encuentra recogida en el anexo I de esta convocatoria. Una vez cumplimentada la solicitud, y adjuntada la documentación preceptiva (y la opcional, en su caso) relacionada en el punto 5.2, el solicitante deberá confirmar su solicitud. Es necesario que la solicitud esté confirmada y registrada. Este procedimiento puede completarse por vía electrónica si el ciudadano se puede identificar mediante cualquiera de los sistemas de firma aceptados por la Sede electrónica (http://sede.educacion.gob.es/sistema-firma-acepta.html). En caso de no disponer de firma electrónica, una vez confirmada la solicitud en la sede electrónica, deberá imprimir el formulario que genera la aplicación, y enviar la «copia para registro», debidamente firmada, en cualquiera de las formas previstas en el artículo 38.4. de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico y de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, siendo imprescindible que en la solicitud aparezca la fecha de recepción en el organismo público correspondiente. En caso de que la documentación se presente en una oficina de correos, se hará en sobre abierto con el fin de que pueda ser fechada y sellada antes de su envío. El formulario generado por la sede electrónica incluye un número que identifica la solicitud y un resumen digital que garantiza la integridad de la misma. En caso de modificación del impreso oficial, manual o electrónicamente, la solicitud será automáticamente excluida. De conformidad con lo previsto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, si se advirtiesen defectos formales u omisiones en la solicitud o en la información que debe acompañar a la solicitud, se comunicará a los interesados, quienes dispondrán de un plazo máximo de diez días hábiles para subsanar la falta o acompañar los documentos preceptivos, indicándose que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición archivándose la misma previa resolución a tal efecto, de acuerdo con el artículo 42.1 de la citada Ley. Las notificaciones se realizarán por el sistema de notificación por comparecencia electrónica, previsto en el artículo 40 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, a través de la sede electrónica de este Ministerio que los solicitantes han utilizado para su petición. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, y siguiendo lo establecido en el artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se podrá optar por la notificación de todos o algunos de los trámites administrativos mediante publicación en la sede electrónica de este Ministerio, surtiendo ésta todos los efectos de notificación practicada. En caso de solicitar realizar un curso que ya se hubiera completado anteriormente en el INTEF o en el Instituto de Tecnologías Educativas (ITE), la solicitud será automáticamente excluida. 5.2 Documentación. En la solicitud electrónica deberá incluirse la siguiente documentación: a) La documentación que acredite estar en posesión de los requisitos exigidos en esta convocatoria: Certificado firmado y sellado de estar impartiendo docencia directa, de estar prestando servicio como Asesor de Formación o Asesor Técnico Docente, o de formar parte de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica o de Atención Temprana, expedidos por el centro de trabajo según anexo III. b) Documentación complementaria, si se desea alegar méritos conforme al baremo establecido en el anexo II de esta resolución: b.1) Documentación acreditativa de los méritos que considere conveniente aportar, en relación al baremo establecido en el anexo II de esta Resolución, entendiéndose que solamente se tendrán en cuenta, y por tanto valorados, aquellos méritos debidamente acreditados, mediante la documentación que se determina en dicho anexo, en los términos establecidos en él y presentados dentro del plazo fijado en el apartado 5.5 de esta convocatoria. b.2) Anexo IV, para la comunicación de la solicitud por parte de un equipo de un mismo centro, para los cursos especificados en el apartado 10 del baremo incluido en el anexo II. El INTEF podrá solicitar en cualquier momento del procedimiento administrativo los originales a través de los cuales se generaron todos los archivos electrónicos incorporados a la solicitud, con el fin de contrastar su validez y concordancia. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se reserva el derecho de actuar legalmente contra aquellos que modificaran o alteraran aquellos documentos originales para generar los archivos electrónicos en la solicitud. 5.3 Plazo de presentación. Habrá dos plazos de presentación de solicitudes, uno para cada edición de los cursos. El primer plazo de presentación de solicitudes y documentación acreditativa será de quince días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado». En él se podrá solicitar únicamente uno de los cursos de la primera edición, cuya relación está recogida en el anexo I de esta resolución. El segundo plazo de presentación de solicitudes y documentación acreditativa será también de quince días naturales y comenzará el 8 de septiembre de 2014. En él se podrá solicitar únicamente uno de los cursos de la segunda edición, cuya relación está recogida en el anexo I de esta resolución. Concluido el plazo de presentación en cada una de las dos ediciones de los cursos, no se admitirá ninguna instancia de participación ni documentación acreditativa de méritos ni modificación alguna a las peticiones formuladas en la solicitud. La presente convocatoria y toda la información sobre la misma se encontrará a disposición de los interesados en las siguientes direcciones: http://mecd.gob.es/ y http://blog.educalab.es/intef/ 6. Órgano de instrucción y Comisión de selección 6.1 Órgano de instrucción. La instrucción del procedimiento de adjudicación de plazas y cuantas actuaciones se estimen necesarias para su resolución será llevada a cabo por el INTEF, al que se autoriza para aplicar y desarrollar lo dispuesto en la presente Resolución. 6.2 Comisión de selección. Para la selección de candidatos y adjudicación de plazas se constituirá una Comisión que estará integrada por los siguientes miembros: Directora del INTEF, que la presidirá, o persona en quien delegue. Jefe del Área de Formación en Red y Redes Sociales. Jefe del Servicio de Formación en Red. Dos asesores técnico-docentes del INTEF designados por la directora de dicho Instituto, uno de los cuales actuará como secretario. 7. Criterios de valoración y adjudicación de plazas 7.1 Criterios de valoración. La selección de los candidatos para cada curso se realizará atendiendo a la mayor puntuación obtenida por los participantes, de acuerdo con el baremo que figura en el anexo II de esta Resolución, y a la distribución de plazas establecida en el anexo I. En caso de empate, se tendrá en cuenta la mayor puntuación obtenida en cada uno de los apartados del baremo, conforme al orden en que aparecen en el mismo. Si persistiera el empate, éste se dirimirá por decisión motivada expresamente por la Comisión de selección, pudiendo tenerse en cuenta, entre otros factores, la fecha de presentación de la solicitud o celebrarse un sorteo ante el órgano instructor. 7.2 Adjudicación de plazas. En cada una de las dos ediciones de los cursos, la adjudicación de plazas se hará en régimen de concurrencia competitiva y atendiendo a los criterios de valoración establecidos en el apartado anterior. Por tanto, no será suficiente para la obtención de plaza reunir los requisitos exigidos, sino también obtener un número de orden que le sitúe dentro del total de plazas ofertadas en el curso solicitado. No será necesario fijar dicho orden de prelación en cada curso cuando el número de plazas atribuido a un curso sea suficiente para atender todas las solicitudes presentadas que satisfagan los requisitos exigidos. 7.3 Cuando el número de solicitudes válidas para un curso exceda el número de plazas ofertadas se formará una lista de espera atendiendo a la puntuación obtenida por los candidatos. Las plazas que puedan quedar vacantes como consecuencia de las renuncias que se presenten serán adjudicadas por riguroso orden de esta lista de espera. En ningún caso se le puede adjudicar a un mismo solicitante más de una plaza en cada una de las dos ediciones de los cursos. 7.4 Si el número de solicitudes válidas en un curso fuera inferior al número de plazas, la subvención correspondiente a las plazas no solicitadas podrá reasignarse, siempre que ello no comporte un incremento del gasto respecto al crédito total de la correspondiente aplicación presupuestaria, a otros cursos de la misma edición o de la 2.ª edición de esta convocatoria. Esta reasignación de plazas a otros cursos de la misma o de la 2.ª edición se realizaría, en su caso, por acuerdo motivado del órgano instructor a propuesta de la Comisión de Selección, pudiendo tenerse en cuenta, entre otros factores, la cantidad de solicitudes de los cursos y la disponibilidad de tutores de Formación en Red especializados en los cursos cuyo número de plazas quedaría ampliado. 7.5 Se cancelarán los cursos cuya demanda no supere las 30 solicitudes válidas. Las plazas no cubiertas podrán reasignarse por el procedimiento del apartado anterior. 7.6 La distribución de cursos incluida en el anexo I de la presente convocatoria puede sufrir modificaciones o cancelaciones, por acuerdo motivado del órgano instructor a propuesta de la Comisión de Selección, en cuyo caso las plazas correspondientes se repartirían entre los restantes cursos, pudiendo tenerse en cuenta, entre otros factores, la cantidad de solicitudes de los cursos y la disponibilidad de tutores de Formación en Red especializados en los cursos cuyo número de plazas quedaría ampliado. 8. Resolución de la convocatoria 8.1 Atendiendo a la temporalización de los cursos, la resolución de la convocatoria se llevará a efecto en dos fases, correspondientes respectivamente a la primera y segunda edición de los cursos. En cada una de las dos ediciones de los cursos, una vez evaluadas las solicitudes en el caso de los cursos en que el número de solicitantes sea superior al número de plazas ofrecidas, la comisión de selección emitirá un informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe, formulará las propuestas de resoluciones provisionales. Se harán públicas en la dirección de Internet señalada en el apartado 5.3 las relaciones provisionales de candidatos que, por reunir los requisitos de participación, resulten admitidos con las puntuaciones otorgadas en los distintos apartados del baremo y de aquellos que resulten excluidos, con indicación de las causas de exclusión. En el caso en que el número de solicitudes válidas en algún curso no supere el número de plazas ofrecidas, la relación provisional de candidatos admitidos no incluirá puntuaciones. 8.2 Contra estas relaciones provisionales los interesados podrán, en el plazo de diez días hábiles a partir del siguiente al de su publicación, presentar reclamación o subsanar el defecto que haya motivado su exclusión. En ningún caso se podrá presentar nueva documentación referida a los méritos aportados. Asimismo, los aspirantes que hayan detectado errores en la consignación de sus datos personales podrán manifestarlo y solicitar su subsanación. En el mismo plazo, podrán también presentar renuncia a su participación en el presente procedimiento. Las reclamaciones y renuncias deberán enviarse por correo electrónico: formacionenred@intef.educacion.es. 8.3 Una vez resueltas las reclamaciones y renuncias presentadas, y efectuadas las rectificaciones que procedan, la Comisión de selección emitirá un informe en el que se concrete el resultado definitivo. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe, formulará la propuesta de resolución definitiva. Las relaciones definitivas de candidatos admitidos, con la puntuación obtenida, y de excluidos se harán públicas en la dirección de Internet señalada en el apartado 5.7. 8.4 La competencia para resolver corresponde a la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, de conformidad con el artículo décimo.1.b) de la Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo de delegación de competencias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, por lo que dictará la resolución definitiva, que contendrá la relación de candidatos seleccionados con indicación del curso adjudicado. Dicha resolución deberá dictarse en el plazo máximo de seis meses a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria. Transcurrido dicho plazo sin haberse llevado a cabo la resolución, la misma tendrá carácter desestimatorio, sin perjuicio de lo que pueda resolverse expresamente, según lo dispuesto en artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 8.5 Esta resolución definitiva, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que la ha dictado o ser impugnada directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 8.6 Los candidatos que resulten seleccionados recibirán la oportuna comunicación por parte del INTEF, junto con la correspondiente información complementaria relativa al acceso a la plataforma de formación. La comunicación se realizará a la cuenta de correo electrónico consignada por el candidato en su solicitud. 9. Renuncias El plazo de presentación de renuncias para cada edición de los cursos será el establecido en el apartado 8.2 de esta convocatoria. No obstante, en el supuesto de que alguno de los candidatos seleccionados tuviera que renunciar con posterioridad a dicho plazo, deberá comunicarlo inmediatamente al INTEF mediante correo electrónico a (formacionenred@intef.educacion.es), entendiéndose, en cualquier caso, que la plaza se tendrá por adjudicada a todos los efectos y con las consecuencias que ésto podría implicar para el acceso a plazas en una próxima convocatoria de estos cursos. 10. Obligaciones de los beneficiarios Los beneficiarios de estos cursos estarán obligados a: 1. Aceptar todas las bases de esta convocatoria y realizar el curso concedido de acuerdo con las normas fijadas en ésta, así como las que el INTEF establezca en el desarrollo de la misma. 2. Someterse a las actuaciones de comprobación, evaluación y control que realice el INTEF, así como cumplimentar los documentos que, al efecto, les sean requeridos. 3. Cumplir en todo momento las normas e indicaciones que el INTEF establezca para cada uno de sus cursos. 11. Certificaciones A los profesores asistentes a estos cursos se les expedirá, una vez finalizados los mismos, un certificado por el número de horas de formación correspondientes a cada curso, de acuerdo con la Orden EDU/2886/2011 de 20 de octubre, por la que se regula la convocatoria, reconocimiento, certificación y registro de las actividades de formación permanente del profesorado, siempre que reúnan los requisitos en ella establecidos. 12. Aceptación de las bases La presentación de la solicitud implica la aceptación de las bases de la presente convocatoria. 13. Retirada de la documentación Los candidatos que lo deseen podrán retirar, previa comunicación al INTEF, personalmente o delegando en otra persona debidamente autorizada, la documentación aportada, a excepción del formulario de la solicitud, durante el mes de junio de 2014 para los cursos realizados en la primera edición de los cursos y durante el mes de marzo de 2015 para los cursos realizados en la segunda edición. Para ello es imprescindible que los solicitantes manifiesten expresamente por escrito que no ha sido interpuesto recurso, ni por el propio interesado ni por terceros, que pudiera afectarle. 14. Recursos Contra la presente convocatoria podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Asimismo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, no pudiendo interponerse este último hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación presunta. 15. Disposición final La presente convocatoria se regirá por las normas específicas contenidas en esta Resolución, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 10 de febrero de 2014.–La Secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Montserrat Gomendio Kindelan. ANEXO I Cursos y distribución de plazas Primera edición N.º Curso Duración (horas) Número de plazas 1 Educación conectada en tiempos de redes. 70 245 2 Evaluaciones externas internacionales del sistema educativo. 70 245 3 ABP. Aprendizaje basado en proyectos. 70 560 4 Espacios de lectura. Leer, aprender e investigar en todas las áreas. 70 245 5 Coeducación: dos sexos en un solo mundo. 60 245 6 Recursos Educativos Abiertos para la enseñanza de las Matemáticas. 60 245 7 Recursos Educativos Abiertos para la enseñanza de las Ciencias. 60 245 8 Recursos Educativos Abiertos para la enseñanza de las Ciencias Sociales. 60 245 9 Recursos Educativos Abiertos para la enseñanza de las Lenguas. 60 245 10 Recursos Educativos Abiertos para la Educación Infantil y Primaria. 60 245 11 Uso de Recursos Educativos Abiertos para el aprendizaje integrado de contenidos y Lenguas extranjeras (AICLE). 60 245 12 Digital Storytelling for Teachers. 70 245 13 Respuesta educativa para el alumnado con TDAH (Déficit de atención e hiperactividad). 70 280 14 PLE: Aprendizaje conectado en Red. 70 420 15 Educación inclusiva: iguales en la diversidad. 60 245 16 Tutores para la Formación en Red 70 140 Total primera edición 4.340 Segunda edición N.º Curso Duración (horas) Número de plazas 1 Educación conectada en tiempos de redes. 70 245 2 Evaluaciones externas internacionales del sistema educativo. 70 245 3 ABP. Aprendizaje basado en proyectos. 70 560 4 Espacios de lectura. Leer, aprender e investigar en todas las áreas. 70 245 5 Coeducación: dos sexos en un solo mundo. 60 245 6 Recursos Educativos Abiertos para la enseñanza de las Matemáticas. 60 245 7 Recursos Educativos Abiertos para la enseñanza de las Ciencias. 60 245 8 Recursos Educativos Abiertos para la enseñanza de las Ciencias Sociales. 60 245 9 Recursos Educativos Abiertos para la enseñanza de las Lenguas. 60 245 10 Recursos Educativos Abiertos para la Educación Infantil y Primaria. 60 245 11 Uso de Recursos Educativos Abiertos para el aprendizaje integrado de contenidos y Lenguas extranjeras (AICLE). 60 245 12 Digital Storytelling for Teachers. 70 245 13 Respuesta educativa para el alumnado con TDAH (Déficit de atención e hiperactividad). 70 280 14 PLE: Aprendizaje conectado en red. 70 420 15 Educación inclusiva: iguales en la diversidad. 70 140 16 Creatividad, diseño y aprendizaje mediante retos. 70 210 17 Alfabetizaciones múltiples: una nueva ecología del aprendizaje. 70 140 18 De espectador a programador. El camino para entender la tecnología aprendiendo a manejarla. 70 140 19 Mobile Learning y Realidad Aumentada. 70 140 20 Las competencias clave: de las corrientes europeas a la práctica docente en las aulas. 70 140 21 El portafolio educativo como instrumento de aprendizaje y evaluación. 70 140 22 Tutores para la Formación en Red. 70 140 Total segunda edición 5.145 ANEXO II Baremo para la selección individual de candidatos Apdo. Méritos Valoración Documentación acreditativa 1 Ser funcionario docente de carrera. 1 punto Copia del título administrativo o, en su caso, del boletín o diario oficial en el que aparezca su nombramiento como funcionario de carrera. 2 Destino en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y en centros docentes en el exterior. 3 puntos Copia de la hoja de servicios expedida por la administración educativa competente en la que conste la toma de posesión de dicho cargo o nombramiento, con diligencia de posesión o, en su caso, certificación en la que conste que a la fecha de presentación de la solicitud se está en el cargo conforme al anexo III. 3 Por el desempeño actual del cargo de director/a en centros docentes, en Centros de Profesores y Recursos o instituciones análogas establecidas por las administraciones educativas, así como director/a de Agrupaciones de Lengua y Cultura españolas, o vicedirector/a, subdirector/a, jefe/a de estudios, coordinador TIC, secretario/a y asimilados en centros docentes. 1 punto Copia de la hoja de servicios expedida por la administración educativa competente en la que conste la toma de posesión de dicho cargo o nombramiento, con diligencia de posesión o, en su caso, certificación en la que conste que a la fecha de presentación de la solicitud se está en el cargo conforme al anexo III. 4 Por el desempeño actual del puesto de coordinador/a de ciclo, jefe/a de seminario, departamento o división de centros públicos docentes, asesor/a de formación permanente o director/a de un equipo de orientación educativa y psicopedagógica o las figuras análogas que cada administración educativa establezca. 0,5 puntos Copia de la hoja de servicios expedida por la administración educativa competente en la que conste la toma de posesión de dicho cargo o nombramiento, con diligencia de posesión o, en su caso, certificación conforme al anexo III. 5 Participación en proyectos de investigación o de innovación educativa desde el curso académico 2008/2009. 0,5 puntos, por cada proyecto (máximo 1 punto) Copia del certificado de la administración educativa correspondiente de cada uno de los proyectos. 6 Autoría de Recursos Educativos Abiertos (REA) publicados en Agrega (http://agrega.educacion.es), nodo INTEF o nodos autonómicos. 0,25 puntos por cada recurso publicado (máximo 2 puntos) Enlace al recurso (URL de cada Recurso Educativo Abierto publicado en Agrega presentado) 7 Coordinador de Grupos de Trabajo o Seminarios. 0,5 por actividad (máximo 1 punto) Copia del certificado de la administración educativa correspondiente. 8 Por premios de ámbito autonómico, nacional o internacional convocados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o por las administraciones educativas. 0,5 (máximo 1 punto) Copia de la acreditación justificativa de haber obtenido los premios correspondientes expedida por las entidades convocantes. 9 Para el curso 2 Impartir en el presente curso docencia en primaria o secundaria, en las materias de lengua, matemáticas, ciencias (o conocimiento del medio), inglés o francés (materias sobre las que se construyen las pruebas de Evaluación Internacional del Sistema Educativo estudiadas en el curso) 2 puntos Certificación conforme al anexo III con indicación expresa de impartir docencia en los niveles y materias indicados. 10 Para los cursos 2, 3, 4, 17 y 19 Solicitud de participación de un equipo docente de un mismo centro educativo firmada por la dirección del centro (mínimo: 3 profesores; máximo: 10 profesores). 3 puntos Certificación conforme al anexo IV Todos los certificados expedidos por los centros docentes deberán ser una trascripción literal del modelo publicado en el anexo III de esta convocatoria.

Educación convoca 9.485 plazas para formación online del profesorado de primaria y secundaria

El profesorado constituye el recurso más importante de los centros educativos, esencial para la evolución y mejora de la calidad de la enseñanza. Los informes internacionales coinciden en que una de las claves para hacer frente a los nuevos desafíos en educación es la mejora de las competencias profesionales docentes, dentro de un proceso continuo de aprendizaje y desarrollo profesional que requiere no sólo la actualización pedagógica, didáctica y científica sobre las materias y áreas impartidas, sino también la comprensión de las distintas dimensiones involucradas en la educación y su interacción con una sociedad en permanente transformación. La estrategia «Replantear la Educación», que la Comisión Europea presentó en noviembre de 2012, da prioridad absoluta a desarrollar las competencias del personal docente, poniendo de manifiesto la importancia de la competencia digital en la sociedad actual y en entornos futuros, la necesidad de que las tecnologías de la información y la comunicación se integren plenamente en los centros formativos, y que se exploten también las oportunidades sin precedentes que ofrecen para la colaboración profesional, la resolución de problemas y la mejora de la calidad, accesibilidad y equidad de la educación y la formación. El proceso creciente de digitalización que vivimos está generando una profunda transformación en nuestras maneras de relacionarnos, aprender, educar, trabajar, liderar personas, proyectos y organizaciones. Esta transformación que afecta, entre otros, al mercado de trabajo, debe ser tenida en cuenta a la hora de plantear la actividad educativa y la formación del profesorado debe capacitar para introducir a sus alumnos en estas nuevas realidades. El aprendizaje digital y las tendencias recientes en materia de recursos educativos abiertos promueven cambios importantes, extendiendo la oferta educativa más allá de sus formatos y fronteras tradicionales. Debido al crecimiento exponencial de los recursos disponibles en Internet, están emergiendo nuevas formas de aprendizaje caracterizadas por la personalización, el uso de los medios de comunicación digitales, el compromiso y la colaboración en comunidades virtuales, las prácticas orientadas desde la base, la creación compartida de contenidos de aprendizaje tanto por alumnos como profesores. Todo ello conforma una nueva situación de posibilidades diversas para acceder a la formación, con nuevas metodologías y planteamientos, en la que la formación del profesorado en red es la mejor vía de adaptación y desarrollo profesional. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 102, establece que los programas de formación permanente deberán contemplar la adecuación de los conocimientos y métodos a la evolución de las ciencias y de las didácticas específicas, así como todos aquellos aspectos de coordinación, orientación, tutoría, atención educativa a la diversidad y organización encaminados a mejorar la calidad de la enseñanza y el funcionamiento de los centros. Asimismo, faculta al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para ofrecer programas de carácter estatal. La presente convocatoria de cursos atiende fundamentalmente a criterios de calidad en la formación del profesorado. Por ello, de conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su reglamento, y de acuerdo con el apartado cuarto de la Orden ECI/1305/2005, de 20 de abril, de bases reguladoras de la concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva del Ministerio de Educación y Ciencia (BOE de 12 de mayo), previo informe de la Abogacía del Estado, dispongo: 1. Objeto y finalidad de la convocatoria 1.1 Objeto. La presente Resolución tiene como objeto hacer pública la convocatoria para la adjudicación, en régimen de concurrencia competitiva, de 9.485 plazas para la realización de cursos de formación en red para el profesorado, distribuidas en dos ediciones con sus correspondientes procesos de inscripción (febrero y septiembre de 2014), por un importe máximo de 616.550,00 euros con cargo a la partida presupuestaria 18.04.322L.489.11 del presupuesto de gastos del ejercicio 2014. 1.2 Finalidad. Esta convocatoria tiene como finalidad principal actualizar las competencias pedagógicas y didácticas del profesorado en ejercicio de las distintas enseñanzas reguladas por la Ley Orgánica de Educación, con objeto de poder responder adecuadamente a las demandas de la sociedad actual. 2. Características de los cursos 2.1 El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado, a partir de ahora INTEF, oferta y financia 38 cursos de formación en red convocados en dos ediciones (16 cursos en la primera edición y 22 en la segunda), según distribución que se especifica en anexo I, dirigidos al profesorado de los centros educativos sostenidos con fondos públicos de todo el territorio nacional y de los centros destinados a la acción educativa española en el exterior. 2.2 Los cursos que se ofertan en la presente convocatoria se inscriben en el marco de actuaciones de los planes de Desarrollo Profesional Docente y de Cultura Digital en la Escuela desarrollados por el INTEF. Cada curso tendrá una ficha descriptiva en la sede electrónica (https://sede.educacion.gob.es/portada.html,) con información sobre las competencias profesionales docentes desarrolladas en el mismo, así como sobre el impacto que la aplicación en el aula de los resultados de su aprendizaje podría tener sobre la adquisición de las competencias básicas del alumnado. 2.3 Los cursos se impartirán íntegramente en línea en el espacio de formación en red del INTEF (http://formacion.educalab.es). El acceso al curso en el que el alumno haya sido admitido se realizará mediante un nombre de usuario y contraseña que serán enviados a la cuenta de correo electrónico facilitada en la solicitud de los cursos. 2.4 De acuerdo con la metodo ### RESUMEN: Educación convoca 9.485 plazas para formación online del profesorado de primaria y secundaria

Vista la solicitud de la agrupación solicitante en relación a la inscripción en el registro comunitario de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) «Jamón Serrano», de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1335/2011, de 3 de octubre, por el que se regula el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de inscripción de las denominaciones de origen protegidas y de las indicaciones geográficas protegidas en el registro comunitario y la oposición a ellas, y teniendo en cuenta los siguientes, Hechos Primero. Con fecha 30 de abril de 2015, y número de registro 200800033667, tuvo entrada en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, dicha solicitud. Segundo. Con fecha 11 de diciembre de 2015 se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» el anuncio de Resolución de 30 de octubre de 2015, de la Dirección General de la Industria Alimentaria, por la que se da publicidad a la solicitud de registro de la IGP «Jamón Serrano», para que en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la publicación, cualquier persona física o jurídica establecida o que residiera legalmente en España cuyos legítimos derechos o intereses considerase afectados, pudiera presentar declaración de oposición, debidamente motivada, dirigida al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Tercero. El Consejo Regulador de la IGP «Jamón de Trevélez», presentó al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con fecha 11 de febrero de 2016 y número de registro de entrada 20160010008160, una declaración de oposición al registro de la IGP «Jamón Serrano». Dicho oponente fundamenta su oposición en la causa prevista en el artículo 11.a) del Real Decreto 1335/2011, de 3 de octubre, en relación con el incumplimiento de las condiciones que deben reunir las Denominaciones de Origen Protegidas (DOPs) e IGP para ser consideradas como tales. La citada entidad alega, en primer lugar, que la amplitud del ámbito geográfico establecido y la diversidad climatológica asociada a éste, conlleva que dicho ámbito geográfico no aporte ninguna especificidad que pueda ser trasladada a unas características diferenciales en el producto. En segundo lugar, alega que el pliego afecta a la imagen y credibilidad de la figura de las IGPs que tienen que demostrar un estrecho vínculo entre unas determinadas especificidades del ámbito geográfico que proporcionan unas características diferenciadas en el producto. Recalca que estos perjuicios se acentúan para la IGP que amparan productos similares. En tercer lugar, alega que dado el proceso de elaboración que se establece, controlado artificialmente, no hay justificación a la exclusión de determinadas zonas y tipos climatológicos englobados en el ámbito geográfico descrito. Cuarto. En cumplimiento del artículo 12 del Real Decreto 1335/2011, de 3 de octubre, en la redacción dada por el Real Decreto 149/2014, de 7 de marzo, por el que se modifica el anterior, se remitió dicha oposición a las Comunidades Autónomas territorialmente afectadas para que emitieran el informe preceptivo. Quinto. Se han recibido informes de las comunidades autónomas de Andalucía y Castilla-La Mancha favorables a la continuación del expediente. Sexto. Con fecha 26 de febrero de 2016, la agrupación solicitante del registro de la IGP «Jamón Serrano» remitió informe en apoyo de la solicitud propuesta, invocando, en síntesis, que el pliego de condiciones justifica minuciosamente las circunstancias diferenciales de la climatología de la península Ibérica, quedando el ámbito geográfico perfectamente delimitado mediante una clasificación climática, y que las características climáticas influyen en las propiedades organolépticas del jamón serrano. Por otra parte, declaran que debido a la necesidad de determinadas condiciones climáticas determinadas zonas geográficas, por su climatología excesivamente fría o calurosa no son adecuadas para la elaboración del jamón serrano y deben ser excluidas. Séptimo. En cumplimiento de lo establecido en el apartado 1 del artículo 13 del Real Decreto 1335/2011, de 3 de octubre, con fecha 5 de julio de 2016, se consultó a la Mesa de Coordinación de la Calidad Diferenciada y se decidió por unanimidad rechazar la oposición y continuar con la tramitación del expediente de solicitud de registro. Fundamentos de Derecho I. La Dirección General de la Industria Alimentaria es competente para la resolución de la solicitud, de conformidad con lo previsto en el artículo 13.1 del Real Decreto 1335/2011, de 3 de octubre, en relación con el artículo 11.1.f) del Real Decreto 401/2012, de 17 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. II. Del examen de la documentación aportada por la solicitante se comprueba el cumplimiento de lo exigido en los artículos 4, 5 y 6 del Real Decreto 1335/2011, de 3 de octubre. III. Debe rechazarse la oposición presentada por el Consejo Regulador de la IGP «Jamón de Trevélez», puesto que no cumple lo establecido en el Real Decreto 1335/2011, de 3 de octubre, en su artículo 11, relativo a las causas de oposición ya que no ha demostrado el incumplimiento de las condiciones que deben reunir las DOPs y las IGPs para ser consideradas como tales, de acuerdo con los requisitos para tales figuras de calidad establecidos en el artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 1151/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, sino que se limita a manifestar su incumplimiento. Por otra parte, respecto a la alegación expuesta por la oponente de que «este pliego afecta a la imagen y credibilidad de la figura de las IGPs que tienen que demostrar un estrecho vínculo entre unas determinadas especificidades del ámbito geográfico que proporcionan unas características diferenciadas a un producto», cabe decir que según los requisitos establecidos en el artículo 5.2, letra b) del Reglamento (UE) 1151/2012, una indicación geográfica debe «poseer una cualidad determinada, una reputación u otra característica que pueda esencialmente atribuirse a su origen geográfico». Por tanto, el vínculo puedo estar asociado a la reputación y no es necesario demostrar unas características específicas en el producto que deriven del ámbito geográfico. IV. En la tramitación de la solicitud se ha seguido el procedimiento establecido. Por todo lo expuesto, vista la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el Real Decreto 1335/2011, de 3 de octubre; el Real Decreto 149/2014, de 7 de marzo; el Reglamento (UE) 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, y demás normativa de general y concreta de aplicación, Resuelvo estimar la solicitud y adoptar decisión favorable al registro de la IGP «Jamón Serrano», sin perjuicio de la decisión definitiva que adopte la Comisión, de conformidad con el artículo 49 apartados 3 y 4 del Reglamento (UE) 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012. La dirección de la página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, donde se encuentran publicados el pliego de condiciones y el documento único de la IGP «Jamón Serrano» es la siguiente: http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/pliegodecondicionesigpversion16102015_tcm7-403687.pdf Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, ante la Secretaría General de Agricultura y Alimentación, de conformidad con lo prevenido en el artículo 114 y 115.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Madrid, 14 de julio de 2016.–El Director General de la Industria Alimentaria, Fernando José Burgaz Moreno.

Los de Jamón de Trévelez no querían una denominación geográfica protegida genérica "jamón serrano". Perdieron.

Vista la solicitud de la agrupación solicitante en relación a la inscripción en el registro comunitario de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) «Jamón Serrano», de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1335/2011, de 3 de octubre, por el que se regula el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de inscripción de las denominaciones de origen protegidas y de las indicaciones geográficas protegidas en el registro comunitario y la oposición a ellas, y teniendo en cuenta los siguientes, Hechos Primero. Con fecha 30 de abril de 2015, y número de registro 200800033667, tuvo entrada en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, dicha solicitud. Segundo. Con fecha 11 de diciembre de 2015 se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» el anuncio de Resolución de 30 de octubre de 2015, de la Dirección General de la Industria Alimentaria, por la que se da publicidad a la solicitud de registro de la IGP «Jamón Serrano», para que en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la publicación, cualquier persona física o jurídica establecida o que residiera legalmente en España cuyos legítimos derechos o intereses considerase afectados, pudiera presentar declaración de oposición, debidamente motivada, dirigida al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Tercero. El Consejo Regulador de la IGP «Jamón de Trevélez», presentó al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con fecha 11 de febrero de 2016 y número de registro de entrada 20160010008160, una declaración de oposición al registro de la IGP «Jamón Serrano». Dicho oponente fundamenta su oposición en la causa prevista en el artículo 11.a) del Real Decreto 1335/2011, de 3 de octubre, en relación con el incumplimiento de las condiciones que deben reunir las Denominaciones de Origen Protegidas (DOPs) e IGP para ser consideradas como tales. La citada entidad alega, en primer lugar, que la amplitud del ámbito geográfico establecido y la diversidad climatológica asociada a éste, conlleva que dicho ámbito geográfico no aporte ninguna especificidad que pueda ser trasladada a unas características diferenciales en el producto. En segundo lugar, alega que el pliego afecta a la imagen y credibilidad de la figura de las IGPs que tienen que demostrar un estrecho vínculo entre unas determinadas especificidades del ámbito geográfico que proporcionan unas características diferenciadas en el producto. Recalca que estos perjuicios se acentúan para la IGP que amparan productos similares. En tercer lugar, alega que dado el proceso de elaboración que se establece, controlado artificialmente, no hay justificación a la exclusión de determinadas zonas y tipos climatológicos englobados en el ámbito geográfico descrito. Cuarto. En cumplimiento del artículo 12 del Real Decreto 1335/2011, de 3 de octubre, en la redacción dada por el Real Decreto 149/2014, de 7 de marzo, por el que se modifica el anterior, se remitió dicha oposición a las Comunidades Autónomas territorialmente afectadas para que emitieran el informe preceptivo. Quinto. Se han recibido informes de las comunidades autónomas de Andalucía y Castilla-La Mancha favorables a la continuación del expediente. Sexto. Con fecha 26 de febrero de 2016, la agrupación solicitante del registro de la IGP «Jamón Serrano» remitió informe en apoyo de la solicitud propuesta, invocando, en síntesis, que el pliego de condiciones justifica minuciosamente las circunstancias diferenciales de la climatología de la península Ibérica, quedando el ámbito geográfico perfectamente delimitado mediante una clasificación climática, y que las características climáticas influyen en las propiedades organolépticas del jamón serrano. Por otra parte, declaran que debido a la necesidad de determinadas condiciones climáticas determinadas zonas geográficas, por su climatología excesivamente fría o calurosa no son adecuadas para la elaboración del jamón serrano y deben ser excluidas. Séptimo. En cumplimiento de lo establecido en el apartado 1 del artículo 13 del Real Decreto 1335/2011, de 3 de octubre, con fecha 5 de julio de 2016, se consultó a la Mesa de Coordinación de la Calidad Diferenciada y se decidió por unanimidad rechazar la oposición y continuar con la tramitación del expediente de solicitud de registro. Fundamentos de Derecho I. La Dirección General de la Industria Alimentaria es competente para la resolución de la solicitud, de conformidad con lo previsto en el artículo 13.1 del Real Decreto 1335/2011, de 3 de octubre, en relación con el artículo 11.1.f) del Real Decreto 401/2012, de 17 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. II. Del examen de la documentación aportada por la solicitante se comprueba el cumplimiento de lo exigido en los artículos 4, 5 y 6 del Real Decreto 1335/2011, de 3 de octubre. III. Debe rechazarse la oposición presentada por el Consejo Regulador de la IGP «Jamón de Trevélez», puesto que no cumple lo establecido en el Real Decreto 1335/2011, de 3 de octubre, en su artículo 11, relativo a las causas de oposición ya que no ha demostrado el incumplimiento de las condiciones que deben reunir las DOPs y las IGPs para ser consideradas como tales, de acuerdo con los requisitos para tales figuras de calidad establecidos en el artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 1151/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, sino que se limita a manifestar su incumplimiento. Por otra parte, respecto a la alegación expuesta por la oponente de que «este pliego afecta a la imagen y credibilidad de la figura de las IGPs que tienen que demostrar un estrecho vínculo entre unas determinadas especificidades del ámbito geográfico que proporcionan un ### RESUMEN: Los de Jamón de Trévelez no querían una denominación geográfica protegida genérica "jamón serrano". Perdieron.

El Director Técnico del Departamento 3.º y Secretario en el procedimiento de reintegro por alcance n.º C- 147/12-0, en méritos a lo acordado en providencia del Excmo. Sr. Consejero de Cuentas, de fecha 14 de noviembre de 2012, y para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 68.1, en relación con el 73.1, ambos de la Ley 7/1988, de 5 de abril, reguladora del Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Hace saber: Que en este Tribunal, se sigue procedimiento de reintegro por alcance n.º C-147/12-0, del ramo EE.LL. (Ayuntamiento de Morata de Tajuña), Madrid, como consecuencia de presuntas irregularidades en la gestión económico-financiera del Ayuntamiento de Morata de Tajuña. Lo que se hace público con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos, personándose en forma dentro del plazo de los nueve días siguientes a la publicación de este edicto. Madrid, 20 de noviembre de 2012.- El Director Técnico, Secretario del procedimiento, Fernando de la Cueva Iranzo.

El Tribunal de Cuentas dice que las cuentas de Morata de Tajuña no cuadran

El Director Técnico del Departamento 3.º y Secretario en el procedimiento de reintegro por alcance n.º C- 147/12-0, en méritos a lo acordado en providencia del Excmo. Sr. Consejero de Cuentas, de fecha 14 de noviembre de 2012, y para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 68.1, en relación con el 73.1, ambos de la Ley 7/1988, de 5 de abril, reguladora del Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Hace saber: Que en este Tribunal, se sigue procedimiento de reintegro por alcance n.º C-147/12-0, del ramo EE.LL. (Ayuntamiento de Morata de Tajuña), Madrid, como consecuencia de presuntas irregularidades en la gestión económico-financiera del Ayuntamiento de Morata de Tajuña. Lo que se hace público con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos, personándose en forma dentro del plazo de los nueve días siguientes a la publicación de este edicto. Madrid, 20 de noviembre de 2012.- El Director Técnico, Secretario del procedimiento, Fernando de la Cueva Iranzo. ### RESUMEN: El Tribunal de Cuentas dice que las cuentas de Morata de Tajuña no cuadran

Advertido error en la Circular aeronáutica 3/2006, de 10 de noviembre, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se regula el arrendamiento de aeronaves entre compañías aéreas, sin inscripción en el Registro de Matrícula de Aeronaves, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 278, de 21 de noviembre de 2006, se procede a su rectificación: En la página 40672, en la segunda línea del artículo 6, apartado 2, donde dice: «…(Estados miembros de la Unión Europea, Islandia, Noruega y Suiza)…», debe decir: «…(Estados miembros de la Unión Europea, Islandia, Noruega y Liechtenstein)…».

Corrección de errores 11 años después: no era Suiza, era Liechtenstein.

Advertido error en la Circular aeronáutica 3/2006, de 10 de noviembre, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se regula el arrendamiento de aeronaves entre compañías aéreas, sin inscripción en el Registro de Matrícula de Aeronaves, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 278, de 21 de noviembre de 2006, se procede a su rectificación: En la página 40672, en la segunda línea del artículo 6, apartado 2, donde dice: «…(Estados miembros de la Unión Europea, Islandia, Noruega y Suiza)…», debe decir: «…(Estados miembros de la Unión Europea, Islandia, Noruega y Liechtenstein)…». ### RESUMEN: Corrección de errores 11 años después: no era Suiza, era Liechtenstein.

La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, dispone en su artículo 181.1 la celebración de elecciones locales parciales en el plazo de seis meses en aquellas circunscripciones en que no se hubieran presentado candidaturas en las últimas elecciones locales. En su virtud, de conformidad con lo previsto en el artículo 185 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, a propuesta de los Ministros del Interior y de Hacienda y Administraciones Públicas, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de octubre de 2015, DISPONGO: Artículo 1. Convocatoria y fecha de celebración de elecciones locales parciales en aquellos lugares donde no se presentaron candidaturas en las elecciones de mayo de 2015. Se convocan elecciones locales parciales a celebrar el 20 de diciembre de 2015, para los siguientes cargos: a) Concejales de aquellos municipios en los que no se han presentado candidaturas en las elecciones locales del 24 de mayo de 2015, convocadas por el Real Decreto 233/2015, de 30 de marzo. b) Alcaldes de los municipios que tengan adoptado el régimen de concejo abierto, así como alcaldes pedáneos y órgano unipersonal de las entidades de ámbito territorial inferior al municipio, en los casos en que no se hubiera presentado ninguna candidatura en las citadas elecciones. Artículo 2. Campaña electoral. La campaña electoral tendrá una duración de 15 días. Comenzará a las cero horas del viernes día 4 de diciembre de 2015 y finalizará a las veinticuatro horas del viernes día 18 de diciembre de 2015. Artículo 3. Ámbito de la elección. La relación de municipios y de entidades de ámbito territorial inferior al municipio en los que, de conformidad con el artículo 1, han de celebrarse elecciones locales parciales se encuentra recogida en el anexo a este real decreto. Artículo 4. Normativa aplicable. Las elecciones convocadas por este real decreto se regirán por la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, así como por la normativa que sea de aplicación. Disposición final única. Entrada en vigor. El presente real decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dado en Madrid, el 26 de octubre de 2015. FELIPE R. La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN ANEXO Relación de municipios y entidades locales de ámbito territorial inferior al municipal (EATIM), por provincias, en las cuales deberán efectuarse elecciones locales parciales por no haberse presentado ninguna candidatura en las elecciones celebradas el 24 de mayo de 2015 Relación de municipios JEZ Municipio Provincia: Burgos (5 municipios) Aranda de Duero Berlangas de Roa. Lerma Cabañes de Esgueva. Lerma Pinilla Trasmonte. Lerma Villamayor de los Montes. Salas de los Infantes Vilviestre del Pinar. Provincia: Gipuzkoa (1 municipio) Tolosa Baliarrain. Provincia: Navarra (24 municipios) Aoiz Garde. Aoiz Garralda. Aoiz Izalzu. Aoiz Oroz Betelu. Aoiz Sarries. Aoiz Urzainqui. Aoiz Uztarroz. Aoiz Valcarlos. Aoiz Vidangoz. Aoiz Villanueva de Aezcoa. Estella Abaigar. Estella Armañanzas. Estella Bargota. Estella Dicastillo. Estella Larraona. Estella Lezaun. Estella Mirafuentes. Estella Oco. Pamplona Anue. Pamplona Araitz. Pamplona Eneriz/Eneritz. Pamplona Igantzi. Pamplona Lantz. Pamplona Muruzabal. Relación de EATIM JEZ Municipio EATIM Provincia: Burgos (34 EATIM) Aranda de Duero. Vid y Barrios (La). Guma. Briviesca. Oña. Molina del Portillo de Busto (La). Briviesca. Oña. Penches. Burgos. Basconcillos del Tozo. Barrio-Panizares. Burgos. Bascuñana. San Pedro del Monte. Burgos. Fresneña. Villamayor del Río. Burgos. Humada. Humada. Burgos. Merindad de Río Ubierna. Villaverde-Peñahorada. Burgos. Revilla del Campo. Quintanalara. Burgos. Sasamón. Villasidro. Burgos. Sordillos. Mahallos. Burgos. Sotresgudo. Quintanilla de Riofresno. Burgos. Valle de Santibáñez. Avellanosa del Páramo. Burgos. Valle de Valdelucio. Fuencaliente de Lucio. Lerma. Madrigalejo del Monte. Montuenga. Lerma. Villaverde del Monte. Revenga. Miranda de Ebro. Condado de Treviño. Busto de Treviño. Miranda de Ebro. Condado de Treviño. Franco. Miranda de Ebro. Encío. Moriana. Salas de los Infantes. Huerta del Rey. Peñalba de Castro. Salas de los Infantes. Mambrillas de Lara. Mambrillas de Lara. Villarcayo. Alfoz de Bricia. Barrio de Bricia. Villarcayo. Merindad de Cuesta-Urria. Nofuentes. Villarcayo. Merindad de Cuesta-Urria. Quintanalacuesta. Villarcayo. Merindad de Cuesta-Urria. Villavedeo. Villarcayo. Merindad de Sotoscueva. Hornillalatorre. Villarcayo. Merindad de Sotoscueva. Sobrepeña. VIllarcayo. Merindad de Valdeporres. Cidad. VIllarcayo. Merindad de Valdeporres. Quintanabaldo. Villarcayo. Trespaderne. Tartales de Cilla. Villarcayo. Valle de Losa. Villalambrus. Villarcayo. Valle de Tobalina. Lomana. Villarcayo. Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja. Lechedo. Villarcayo. Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja. Villarias. Provincia: Huesca (2 EATIM). Boltaña. Seira. Abi. Boltaña. Pueyo de Araguás (El). Torrelisa. Provincia: León (56 EATIM). Astorga. Bustillo del Páramo. Acebes del Páramo. Astorga. Bustillo del Páramo. Antoñanes del Páramo. Astorga. Bustillo del Páramo. Milla del Páramo. Astorga. Bustillo del Páramo. San Pedro de Pegas. Astorga. Quintana del Castillo. Palaciosmil. Astorga. Santa Marina del Rey. Villavante. Astorga. Valderrey. Curillas. Astorga. Villamejil. Cogorderos. Astorga. Villares de Órbigo. Santibáñez de Valdeiglesias. Bañeza (La). Antigua, La. Cazanuecos. Bañeza (La). Antigua, La. Ribera de la Polvorosa. Bañeza (La). Cimanes de la Vega. Lordemanos. Bañeza (La). Bercianos del Páramo. Villar del Yermo. Bañeza (La). Bercianos del Páramo. Zuares del Páramo. Bañeza (La). Destriana. Destriana. Bañeza (La). Destriana. Robledino. Bañeza (La). Palacios de la Valduerna. Ribas de la Valduerna. Bañeza (La). Roperuelos del Páramo. Moscas del Páramo. Bañeza (La). Roperuelos del Páramo. Roperuelos del Páramo. Bañeza (La). San Cristóbal de la Polantera. Matilla de la Vega-San Román el Antiguo. Bañeza (La). San Cristóbal de la Polantera. Posadilla de la Vega. Bañeza (La). San Cristóbal de la Polantera. San Cristobal de la Polantera. Bañeza (La). San Cristóbal de la Polantera. Villagarcía de la Vega. Bañeza (La). San Pedro Bercianos. Mata del Páramo (La). Bañeza (La). Urdiales del Páramo. Urdiales del Páramo. Bañeza (La). Valdefuentes del Páramo. Valdefuentes del Páramo. Bañeza (La). Villazala del Páramo. Castrillo de San Pelayo. Bañeza (La). Villazala del Páramo. Huerga de Frailes. Bañeza (La). Villazala del Páramo. Valdesandinas. Cistierna. Cistierna. Santa Olaja de la Varga. Cistierna. Cistierna. Vidanes. Cistierna. Crémenes. Villayandre. Cistierna. Valderrueda. Muñecas (Las). Cistierna. Valderrueda. Puente Almuhey. León. Cármenes. Valverdín. León. Chozas de Abajo. Chozas de Arriba. León. Cimanes del Tejar. Cimanes del Tejar. León. Cimanes del Tejar. Velilla de la Reina. León. Cubillas de Rueda. Quintanilla de Rueda. León. Fuentes de Carbajal. Carbajal de Fuentes. León. Izagre. Valdemorilla. León. Matallana de Torío. Serrilla. León. Onzonilla. Sotico. León. Riello. Manzaneda de Omaña. León. Santa María de Ordás. Callejo de Ordás. León. Santa María de Ordás. Santa María de Ordás. León. Valdefresno. Santibáñez de Porma. León. Vecilla (La). Campohermoso. León. Vegaquemada. Losilla y San Adrián (La). León. Villamandos. Villarabines. Ponferrada. Igueña. Montes de la Ermita (Los). Ponferrada. Igueña. Urdiales de Colinas. Ponferrada. Trabadelo. Parada de Soto. Ponferrada. Vega de Valcarce. Argenteiro y Treita. Sahagún. Cea. San Pedro de Valderaduey. Sahagún. Joarilla de las Matas. San Miguel Montañán. Provincia: Lleida (1 EATIM). La Seu d’Urgell. Valls de Valira (Les). Asnurri. Provincia: Palencia (5 EATIM) Carrión de los Condes. Bustillo de la Vega. Lagunilla de la Vega. Carrión de los Condes. Quintanilla de Onsoña. Villantodrigo. Carrión de los Condes. Santervás de la Vega. Villapun. Cervera de Pisuerga. Olmos de Ojeda. Vega de Bur. Cervera de Pisuerga. Respenda de la Peña. Respenda de la Peña. Provincia: Cantabria (9 EATIM) Laredo. Ruesga. Ogarrio. Laredo. Soba. Valdició. Reinosa. Valdeprado del Río. Candenosa (en disolución). Reinosa. Valdeolea. Santa Olalla. Reinosa. Santiurde de Reinosa. Somballe. Reinosa. Campoo de Yuso. Villasuso. Santander. Santiurde de Toranzo. Acereda. San Vicente de la Barquera. Camaleño. Pembes. San Vicente de la Barquera. San Vicente de la Barquera. Abaño. Provincia: Segovia (1 EATIM). Cuéllar. Cuéllar. Lovingos. Provincia: Soria (5 EATIM) Almazán. Adradas. Sauquillo del Campo. Almazán. Fuentepinilla. Valderrueda. Soria. Alconaba. Martialay. Soria. Candilichera. Duañez. Soria. Renieblas. Ventosilla de San Juan.

El 20 de Diciembre también hay elecciones locales en 30 municipios y 55 entidades menores donde no hubo candidatos en marzo

La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, dispone en su artículo 181.1 la celebración de elecciones locales parciales en el plazo de seis meses en aquellas circunscripciones en que no se hubieran presentado candidaturas en las últimas elecciones locales. En su virtud, de conformidad con lo previsto en el artículo 185 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, a propuesta de los Ministros del Interior y de Hacienda y Administraciones Públicas, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de octubre de 2015, DISPONGO: Artículo 1. Convocatoria y fecha de celebración de elecciones locales parciales en aquellos lugares donde no se presentaron candidaturas en las elecciones de mayo de 2015. Se convocan elecciones locales parciales a celebrar el 20 de diciembre de 2015, para los siguientes cargos: a) Concejales de aquellos municipios en los que no se han presentado candidaturas en las elecciones locales del 24 de mayo de 2015, convocadas por el Real Decreto 233/2015, de 30 de marzo. b) Alcaldes de los municipios que tengan adoptado el régimen de concejo abierto, así como alcaldes pedáneos y órgano unipersonal de las entidades de ámbito territorial inferior al municipio, en los casos en que no se hubiera presentado ninguna candidatura en las citadas elecciones. Artículo 2. Campaña electoral. La campaña electoral tendrá una duración de 15 días. Comenzará a las cero horas del viernes día 4 de diciembre de 2015 y finalizará a las veinticuatro horas del viernes día 18 de diciembre de 2015. Artículo 3. Ámbito de la elección. La relación de municipios y de entidades de ámbito territorial inferior al municipio en los que, de conformidad con el artículo 1, han de celebrarse elecciones locales parciales se encuentra recogida en el anexo a este real decreto. Artículo 4. Normativa aplicable. Las elecciones convocadas por este real decreto se regirán por la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, así como por la normativa que sea de aplicación. Disposición final única. Entrada en vigor. El presente real decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dado en Madrid, el 26 de octubre de 2015. FELIPE R. La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN ANEXO Relación de municipios y entidades locales de ámbito territorial inferior al municipal (EATIM), por provincias, en las cuales deberán efectuarse elecciones locales parciales por no haberse presentado ninguna candidatura en las elecciones celebradas el 24 de mayo de 2015 Relación de municipios JEZ Municipio Provincia: Burgos (5 municipios) Aranda de Duero Berlangas de Roa. Lerma Cabañes de Esgueva. Lerma Pinilla Trasmonte. Lerma Villamayor de los Montes. Salas de los Infantes Vilviestre del Pinar. Provincia: Gipuzkoa (1 municipio) Tolosa Baliarrain. Provincia: Navarra (24 municipios) Aoiz Garde. Aoiz Garralda. Aoiz Izalzu. Aoiz Oroz Betelu. Aoiz Sarries. Aoiz Urzainqui. Aoiz Uztarroz. Aoiz Valcarlos. Aoiz Vidangoz. Aoiz Villanueva de Aezcoa. Estella Abaigar. Estella Armañanzas. Estella Bargota. Estella Dicastillo. Estella Larraona. Estella Lezaun. Estella Mirafuentes. Estella Oco. Pamplona Anue. Pamplona Araitz. Pamplona Eneriz/Eneritz. Pamplona Igantzi. Pamplona Lantz. Pamplona Muruzabal. Relación de EATIM JEZ Municipio EATIM Provincia: Burgos (34 EATIM) Aranda de Duero. Vid y Barrios (La). Guma. Briviesca. Oña. Molina del Portillo de Busto (La). Briviesca. Oña. Penches. Burgos. Basconcillos del Tozo. Barrio-Panizares. Burgos. Bascuñana. San Pedro del Monte. Burgos. Fresneña. Villamayor del Río. Burgos. Humada. Humada. Burgos. Merindad de Río Ubierna. Villaverde-Peñahorada. Burgos. Revilla del Campo. Quintanalara. Burgos. Sasamón. Villasidro. Burgos. Sordillos. Mahallos. Burgos. Sotresgudo. Quintanilla de Riofresno. Burgos. Valle de Santibáñez. Avellanosa del Páramo. Burgos. Valle de Valdelucio. Fuencaliente de Lucio. Lerma. Madrigalejo del Monte. Montuenga. Lerma. Villaverde del Monte. Revenga. Miranda de Ebro. Condado de Treviño. Busto de Treviño. Miranda de Ebro. Condado de Treviño. Franco. Miranda de Ebro. Encío. Moriana. Salas de los Infantes. Huerta del Rey. Peñalba de Castro. Salas de los Infantes. Mambrillas de Lara. Mambrillas de Lara. Villarcayo. Alfoz de Bricia. Barrio de Bricia. Villarcayo. Merindad de Cuesta-Urria. Nofuentes. Villarcayo. Merindad de Cuesta-Urria. Quintanalacuesta. Villarcayo. Merindad de Cuesta-Urria. Villavedeo. Villarcayo. Merindad de Sotoscueva. Hornillalatorre. Villarcayo. Merindad de Sotoscueva. Sobrepeña. VIllarcayo. Merindad de Valdeporres. Cidad. VIllarcayo. Merindad de Valdeporres. Quintanabaldo. Villarcayo. Trespaderne. Tartales de Cilla. Villarcayo. Valle de Losa. Villalambrus. Villarcayo. Valle de Tobalina. Lomana. Villarcayo. Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja. Lechedo. ### RESUMEN: El 20 de Diciembre también hay elecciones locales en 30 municipios y 55 entidades menores donde no hubo candidatos en marzo

El Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, establece una serie de mecanismos conducentes a permitir la reestructuración de la deuda hipotecaria de quienes padecen extraordinarias dificultades para atender su pago. A tal fin, al citado real decreto-ley se incorporó un código de buenas prácticas al que podrán adherirse las entidades y cuyo seguimiento será supervisado por una comisión de control integrada por representantes del Ministerio de Economía y Competitividad, Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores y Asociación Hipotecaria Española. Concretamente, el real decreto-ley establece, en su artículo 5, que el «Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual», previsto en el anexo, será de adhesión voluntaria por parte de las entidades de crédito o de cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios. El artículo 5 señala, igualmente, que las entidades comunicarán su adhesión a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera. Asimismo, dispone que en los primeros diez días de los meses de enero, abril, julio y octubre, el Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, mediante resolución, ordenará la publicación de la lista de entidades adheridas, en la sede electrónica de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera y en el «Boletín Oficial del Estado». Por otra parte, la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, ha procedido a modificar el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, y prevé en su disposición transitoria octava que las entidades comunicarán su adhesión a las modificaciones introducidas en el Código de Buenas Prácticas por la referida Ley 1/2013, de 14 de mayo, y que las entidades que no se adhieran a las mismas seguirán obligadas en los términos del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, en su versión originaria. Por todo ello, en virtud de lo previsto en el artículo 5.3 del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, resuelvo: Ordenar la publicación en la Sede Electrónica de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera y en el «Boletín Oficial del Estado» de la lista de entidades que han comunicado su adhesión al Código de Buenas Prácticas en la versión prevista por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, desde la entrada en vigor de esta ley, hasta el día de la presente resolución, según anexo I adjunto. Ordenar la publicación en la Sede Electrónica de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera y en el «Boletín Oficial del Estado» de la lista de entidades que han comunicado su adhesión al Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual, desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, hasta el día de la presente resolución, según anexo II adjunto. Madrid, 10 de enero de 2014.–El Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Fernando Jiménez Latorre. ANEXO I Lista de entidades que han comunicado su adhesión al «Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual», en la versión prevista por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, desde su entrada en vigor hasta el día de la presente resolución Banca March, S.A. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Banco Caixa Geral, S.A. Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A. Banco Caminos, S.A. Banco Cooperativo Español, S.A. Banco de Sabadell, S.A. Banco Gallego, S.A. Banco Mare Nostrum, S.A. Banco Mediolanum, S.A. Banco Popular-E, S.A. Banco Popular Español, S.A. Banco Popular Pastor, Sociedad Anónima. Banco Santander, S.A. Bankia, S.A. Bankinter, S.A. Bankoa, S.A. Barclays Bank, S.A. CaixaBank, S.A. Caixa Popular-Caixa Rural, S. Coop. de Crédito V. Caixa Rural D’Algemesi, S. Coop. V. de Crèdit. Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ontinyent. Caja Laboral Popular, Coop. de Crédito. Caja Rural de Albacete, Ciudad Real y Cuenca, Sociedad Cooperativa de Crédito, (Globalcaja). Caja Rural de Casas Ibánez, S. Coop. de Crédito de Castilla-La Mancha. Caja Rural de Gijón, Cooperativa de Crédito. Caja Rural de Guissona, Sociedad Cooperativa de Crédito. Caja Rural de Mota del Cuervo, Soc. Coop. de Crédito de Castilla-La Mancha. Caja Rural de Navarra, S. Coop. de Crédito. Caja Rural de Salamanca, Sociedad Cooperativa de Crédito. Caja Rural de Soria, Sociedad Cooperativa de Crédito. Caja Rural de Teruel, Sociedad Cooperativa de Crédito. Caja Rural de Villamalea, S. Coop. de Crédito Agrario de Castilla-La Mancha. Caja Rural Regional San Agustín Fuente Álamo Murcia, Sociedad Cooperativa de Crédito. Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito. Cajasiete, Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito. Cajasur Banco, S.A. Catalunya Banc, S.A. Ibercaja Banco, S.A. ING Direct NV, Sucursal en España. Kutxabank, S.A. NCG Banco, S.A. Nueva Caja Rural de Aragón, Sociedad Cooperativa de Crédito. Popular Banca Privada, S.A. Targobank, S.A. Triodos Bank, N.V., S.E. Unicaja Banco, S.A. ANEXO II Lista de entidades que han comunicado su adhesión al «Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual», desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, en su versión originaria Banco de Castilla-La Mancha, S.A. Banco Espirito Santo, S.A., Sucursal en España. Banco Etcheverría, S.A. Banco Grupo Cajatres, S.A. Caixa de Credit dels Enginyers-Caja de Crédito de los Ingenieros, S. Coop. de Crédito. Caixa Rural Albalat dels Sorells, Cooperativa de Crédit Valenciana. Caixa Rural Altea, Cooperativa de Crèdit Valenciana. Caixa Rural Benicarló, S. Coop. de Crèdit V. Caixa Rural de Callosa D’en Sarrià, Cooperativa de Crédito Valenciana. Caixa Rural de L’Alcudia, Sociedad Cooperativa Valenciana de Crédito. Caixa Rural de Turís, Cooperativa de Crédito Valenciana. Caixa Rural Galega, Sociedad Cooperativa de Crédito Limitada Gallega. Caixa Rural la Vall San Isidro, Sociedad Cooperativa de Crédito Valenciana. Caixa Rural les Coves de Vinromà, S. Coop. de Crèdit V. Caixa Rural Sant Josep de Vilavella, S. Coop. de Crèdit V. Caixa Rural Torrent, Cooperativa de Crèdit Valenciana. Caixa Rural Vinaròs, S. Coop. de Crèdit V. Caja de Arquitectos, S. Coop. de Crédito (Arquia). Caja de Crédito Cooperativo, Sociedad Cooperativa de Crédito (Novanca). Caja de Crédito de Petrel, Caja Rural, Cooperativa de Crédito Valenciana. Caja Rural Católico Agraria, S. Coop. de Crédito V. Caja Rural Central, Sociedad Cooperativa de Crédito. Caja Rural de Albal, Cooperativa Crédito Valenciana. Caja Rural de Alginet, Sociedad Cooperativa Crédito Valenciana. Caja Rural de Almendralejo, Sociedad Cooperativa de Crédito (Cajalmendralejo). Caja Rural de Asturias, Sociedad Cooperativa de Crédito. Caja Rural de Baena Ntra. Sra. de Guadalupe, Sociedad Cooperativa de Crédito Andaluza. Caja Rural de Cañete de las Torres, Ntra. Sra. del Campo, Sociedad Cooperativa Andaluza de Crédito. Caja Rural de Castilla-La Mancha, Sociedad Cooperativa de Crédito. Caja Rural de Cheste, Sociedad Cooperativa de Crédito. Caja Rural de Córdoba, Sociedad Cooperativa de Crédito. Caja Rural de Extremadura, Sociedad Cooperativa de Crédito. Caja Rural de Granada, Sociedad Cooperativa de Crédito. Caja Rural de Utrera, Sociedad Cooperativa Andaluza de Crédito. Caja Rural de Villar, Coop. de Crédito V. Caja Rural de Zamora, Cooperativa de Crédito. Caja Rural del Sur, S. Coop. de Crédito. Caja Rural la Junquera de Chilches, S. Coop. de Crédito V. Caja Rural Ntra. Sra. del Rosario, Sociedad Cooperativa Andaluza de Crédito. Caja Rural Nuestra Madre del Sol, S. Coop. Andaluza de Crédito. Caja Rural San Isidro de Vilafames, S. Coop. de Crédito V. Caja Rural San Jaime de Alquerías Niño Perdido, S. Coop. de Crédito V. Caja Rural San José de Almassora, S. Coop. de Crédito. V. Caja Rural San José de Burriana, S. Coop. de Crédito V. Caja Rural San José de Nules, S. Coop. de Crédito V. Caja Rural San Roque de Almenara, S. Coop. de Crédito V. Colonya-Caixa D’estalvis de Pollença. Liberbank, S.A. Publicredit, S.L. UNOE Bank, S.A.

47 Bancos y Cajas de Ahorros comunican su adhesión al código de buenas prácticas sobre desahucios

El Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, establece una serie de mecanismos conducentes a permitir la reestructuración de la deuda hipotecaria de quienes padecen extraordinarias dificultades para atender su pago. A tal fin, al citado real decreto-ley se incorporó un código de buenas prácticas al que podrán adherirse las entidades y cuyo seguimiento será supervisado por una comisión de control integrada por representantes del Ministerio de Economía y Competitividad, Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores y Asociación Hipotecaria Española. Concretamente, el real decreto-ley establece, en su artículo 5, que el «Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual», previsto en el anexo, será de adhesión voluntaria por parte de las entidades de crédito o de cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios. El artículo 5 señala, igualmente, que las entidades comunicarán su adhesión a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera. Asimismo, dispone que en los primeros diez días de los meses de enero, abril, julio y octubre, el Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, mediante resolución, ordenará la publicación de la lista de entidades adheridas, en la sede electrónica de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera y en el «Boletín Oficial del Estado». Por otra parte, la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, ha procedido a modificar el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, y prevé en su disposición transitoria octava que las entidades comunicarán su adhesión a las modificaciones introducidas en el Código de Buenas Prácticas por la referida Ley 1/2013, de 14 de mayo, y que las entidades que no se adhieran a las mismas seguirán obligadas en los términos del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, en su versión originaria. Por todo ello, en virtud de lo previsto en el artículo 5.3 del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, resuelvo: Ordenar la publicación en la Sede Electrónica de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera y en el «Boletín Oficial del Estado» de la lista de entidades que han comunicado su adhesión al Código de Buenas Prácticas en la versión prevista por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, desde la entrada en vigor de esta ley, hasta el día de la presente resolución, según anexo I adjunto. Ordenar la publicación en la Sede Electrónica de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera y en el «Boletín Oficial del Estado» de la lista de entidades que han comunicado su adhesión al Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual, desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, hasta el día de la presente resolución, según anexo II adjunto. Madrid, 10 de enero de 2014.–El Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Fernando Jiménez Latorre. ANEXO I Lista de entidades que han comunicado su adhesión al «Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual», en la versión prevista por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, desde su entrada en vigor hasta el día de la presente resolución Banca March, S.A. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Banco Caixa Geral, S.A. Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A. Banco Caminos, S.A. Banco Cooperativo Español, S.A. Banco de Sabadell, S.A. Banco Gallego, S.A. Banco Mare Nostrum, S.A. Banco Mediolanum, S.A. Banco Popular-E, S.A. Banco Popular Español, S.A. Banco Popular Pastor, Sociedad Anónima. Banco Santander, S.A. Bankia, S.A. Bankinter, S.A. Bankoa, S.A. Barclays Bank, S.A. CaixaBank, S.A. Caixa Popular-Caixa Rural, S. Coop. de Crédito V. Caixa Rural D’Algemesi, S. Coop. V. de Crèdit. Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ontinyent. Caja Laboral Popular, Coop. de Crédito. Caja Rural de Albacete, Ciudad Real y Cuenca, Sociedad Cooperativa de Crédito, (Globalcaja). Caja Rural de Casas Ibánez, S. Coop. de Crédito de Castilla-La Mancha. Caja Rural de Gijón, Cooperativa de Crédito. Caja Rural de Guissona, Sociedad Cooperativa de Crédito. Caja Rural de Mota del Cuervo, Soc. Coop. de Crédito de Castilla-La Mancha. Caja Rural de Navarra, S. Coop. de Crédito. Caja Rural de Salamanca, Sociedad Cooperativa de Crédito. Caja Rural de Soria, Sociedad Cooperativa de Crédito. Caja Rural de Teruel, Sociedad Cooperativa de Crédito. Caja Rural de Villamalea, S. Coop. de Crédito Agrario de Castilla-La Mancha. Caja Rural Regional San Agustín Fuente Álamo Murcia, Sociedad Cooperativa de Crédito. Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito. Cajasiete, Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito. Cajasur Banco, S.A. Catalunya Banc, S.A. Ibercaja Banco, S.A. ING Direct NV, Sucursal en España. Kutxabank, S.A. NCG Banco, S.A. Nueva Caja Rural de Aragón, Sociedad Cooperativa de Crédito. ### RESUMEN: 47 Bancos y Cajas de Ahorros comunican su adhesión al código de buenas prácticas sobre desahucios

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Congreso de los Diputados. b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Técnica de Infraestructuras e Instalaciones. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.congreso.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Servicios de telefonía móvil, fija y otras comunicaciones en el Congreso de los Diputados. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 64200000-8, 64210000-1 y 64212000-5. g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea y Boletín Oficial del Estado. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 4 de septiembre de 2014 (DOUE), 22 de julio y 11 de septiembre de 2014 (BOE). 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 1.960.800,00 euros (IVA excluido). 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.204.000,00 euros. Importe total: 1.456.840,00 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 16 de diciembre de 2014. b) Fecha de formalización del contrato: 30 de diciembre de 2014. c) Contratista: Ute CCCLXXXIV Telefónica de España, S.A.U. - Telefónica Móviles España, S.A.U. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.029.685,68 euros. Importe total: 1.245.919,67 euros. Madrid, 26 de enero de 2015.- Carlos Gutiérrez Vicén, Secretario general del Congreso de los Diputados.

Telefónica se encarga del servicios de telefonía móvil, fija y otras comunicaciones en casa de los diputados, con un coste de 1.456.840 euros.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Congreso de los Diputados. b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Técnica de Infraestructuras e Instalaciones. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.congreso.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Servicios de telefonía móvil, fija y otras comunicaciones en el Congreso de los Diputados. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 64200000-8, 64210000-1 y 64212000-5. g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea y Boletín Oficial del Estado. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 4 de septiembre de 2014 (DOUE), 22 de julio y 11 de septiembre de 2014 (BOE). 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 1.960.800,00 euros (IVA excluido). 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.204.000,00 euros. Importe total: 1.456.840,00 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 16 de diciembre de 2014. b) Fecha de formalización del contrato: 30 de diciembre de 2014. c) Contratista: Ute CCCLXXXIV Telefónica de España, S.A.U. - Telefónica Móviles España, S.A.U. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.029.685,68 euros. Importe total: 1.245.919,67 euros. Madrid, 26 de enero de 2015.- Carlos Gutiérrez Vicén, Secretario general del Congreso de los Diputados. ### RESUMEN: Telefónica se encarga del servicios de telefonía móvil, fija y otras comunicaciones en casa de los diputados, con un coste de 1.456.840 euros.

Visto el texto del Convenio colectivo de la Industria del Calzado (código de convenio n.º 99000805011981) que fue suscrito con fecha 22 de julio de 2014 de una parte por la Asociación Española de empresas de componentes de calzado (AEC) y la Federación de Industrias del Calzado Español (FICE) en representación de las empresas del sector, y de otra por los sindicatos FITAG-UGT y FITEQA-CC.OO en representación de los trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, Esta Dirección General de Empleo resuelve: Primero. Ordenar la inscripción del citado Convenio colectivo en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora. Segundo. Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Madrid, 25 de septiembre de 2014.–El Director General de Empleo, Xavier Jean Braulio Thibault Aranda. CONVENIO COLECTIVO DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículo 1. Ámbito Territorial, Funcional y Personal. A. Ámbito Territorial: El presente Convenio es de aplicación en todo el Estado Español. B. Ámbito Funcional: El Convenio obliga a todas las Empresas dedicadas a la fabricación de calzado y a las industrias auxiliares de la fabricación de calzado, así como a los talleres de ortopedia, de reparación de calzado y duplicado de llaves. Asimismo en su ámbito funcional están incluidas las Asociaciones de I+D y Centros Tecnológicos sectoriales. C. Ámbito Personal: El Convenio afectará a las personas que trabajen en las Empresas incluidas en el ámbito Funcional. Artículo 2. Vigencia y duración. Pago de atrasos. El convenio entrará en vigor el 1 de enero de 2014 y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2015, en años naturales. Y se prorrogará de año en año de no producirse su denuncia. El plazo para el pago de atrasos, o de diferencias salariales, finaliza a los 10 días siguientes a la primera fecha de pago habitual en la empresa, tras la publicación del convenio, o de su revisión, en el BOE.; penalizándose las demoras con un 25 % de la cantidad adeudada. Artículo 3. Aplicación y Garantía personal. A. Naturaleza de las condiciones pactadas: Las condiciones pactadas constituyen un todo orgánico e indivisible y a efectos de su aplicación práctica, serán consideradas globalmente. B. Todas las condiciones económicas y de otra índole, contenidas en el presente Convenio estimadas en su conjunto, tendrán la consideración de mínimas, por lo que los pactos, cláusulas o situaciones actuales implantadas en las Empresas, que impliquen condición más beneficiosa en relación a las condiciones convenidas por el personal, subsistirán como garantía «ad personam» para quienes vengan gozando de ellas. Las mejoras legales que se dicten en el futuro y afecten a las relaciones de trabajo, tanto en lo económico como en lo social, se incorporarán al Convenio, siempre que ello sea procedente en materia económica por superar global y anualmente lo pactado a nivel de Convenio. Artículo 4. Denuncia y extinción. La denuncia proponiendo la resolución o revisión del convenio deberá comunicarse a la Autoridad laboral y a la otra parte con una antelación mínima de dos meses respecto a la fecha de terminación de la vigencia o de cualquiera de sus prórrogas. Las partes se comprometen a constituir la comisión negociadora del nuevo convenio un mes antes de finalizar la vigencia de éste; estableciéndose un plazo máximo de un año, desde la finalización, para el acuerdo de nuevo convenio o de prórroga. Si, agotado este plazo, la comisión negociadora no llegara a un acuerdo, se acudirá a los mecanismos de solución extrajudicial de conflictos, el laudo arbitral. Transcurrido un año, desde la constitución de la comisión negociadora, sin que se haya acordado un nuevo convenio o dictado un laudo arbitral, el convenio se considerará extinguido. Artículo 5. Comisión de Interpretación y Vigilancia. Para la interpretación y vigilancia del presente Convenio, así como del sistema de clasificación profesional, se crea una Comisión Paritaria compuesta por las organizaciones firmantes. 1. La Comisión Mixta de interpretación y vigilancia estará compuesta de forma paritaria por dos vocales de cada una de las Centrales Sindicales CC.OO. y U.G.T. y otros cuatro de F.I.C.E. y A.E.C., de ambas partes en la Comisión Negociadora del Convenio. Caso de precisarlo ambas representaciones, podrán incorporarse a la Comisión personas expertas para cualquier planteamiento que se derive de la interpretación y aplicación del Convenio. 2. Su ámbito de aplicación será el mismo del Convenio y podrá reunirse o actuar a petición de alguna de las partes, en cualquier lugar del territorio nacional en donde se plantee el conflicto, para lo que se dirigirá la petición a la secretaría de la comisión, en el domicilio de F.I.C.E., que estará obligada a convocarla y realizarla en un plazo máximo de 15 días. 3. La Comisión elegida tendrá como funciones específicas las siguientes: a. Interpretación de la aplicación de la totalidad de las cláusulas del Convenio. b. Arbitraje de la totalidad de los problemas o cuestiones que se deriven de la aplicación del Convenio y de la clasificación profesional. c. Vigilancia del cumplimiento de lo pactado. d. Intervenir, en plazo máximo de 7 días desde la fecha de recepción del escrito razonado y motivado que lo solicite, en la resolución de discrepancias que se le planteen en materia de inaplicación en la empresa de condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo, según el procedimiento previsto en el artículo 82.3 del ET. e. Cuantas otras actividades tiendan a la mayor eficacia práctica del Convenio. 4. Las resoluciones o acuerdos de la Comisión Mixta, serán vinculantes y obligatorias para las partes, sin perjuicio del ejercicio de las acciones que puedan utilizarse ante la Jurisdicción y Administración Laboral. Cuando en el seno de la comisión paritaria resultaren discrepancias sobre la interpretación o aplicación de lo pactado en el convenio, ambas partes se someterán al procedimiento de solución extrajudicial de conflictos previstos en el capitulo X del convenio. 5. La Comisión del Convenio podrá actuar para atender asuntos especializados, tales como: Organización, Clasificación Profesional, o Adecuación de Normas Genéricas a casos concretos. 6. Dentro de la comisión paritaria del convenio se constituirá una comisión para el seguimiento de los Planes de Igualdad, cuyas atribuciones y competencias serán las de seguimiento de la evolución de los acuerdos sobre planes de igualdad en las empresas. Artículo 6. Comisiones de Mediación Provinciales y Comarcales. 1. Se establecerán Comisiones de Mediación dependientes de la Comisión Mixta de Interpretación y Vigilancia para entender de conflictos individuales o colectivos en la esfera de su ámbito territorial de competencia. Sus funciones serán las de mediación y conciliación en conflictos individuales y colectivos no atribuidos a la función de interpretación de la Comisión Mixta de Interpretación y Vigilancia del Convenio. Si no se alcanzara acuerdo, ambas partes podrán solicitar un arbitraje de derecho, cuyo laudo resultará obligatorio para las mismas. 2. Estas Comisiones estarán compuestas paritariamente por dos personas en representación de la patronal y otras dos por las Centrales Sindicales, actuando y moderando cualquiera de las dos representaciones, elegidas en la reunión anterior. 3. Las Comisiones de Mediación se crearán con ámbito provincial, salvo en la provincia de Alicante que se crearán tres Comisiones Comarcales, una ubicada en Elda, otra en Elche y otra en Villena. Artículo 7. Observatorio Industrial del Calzado. Las organizaciones firmantes del presente convenio colectivo, con el fin de realizar un correcto y eficaz seguimiento del desarrollo tanto a nivel del sector como económico, acuerdan realizar durante el año 2015 varias reuniones dentro del Observatorio Industrial del Calzado. CAPÍTULO II Organización del trabajo e implantación de sistemas Artículo 8. Organización del Trabajo. La organización práctica del trabajo, con sujeción a este Convenio y a la legislación vigente, es facultad exclusiva de la Empresa, que será responsable de su uso ante el Estado. Sin merma de la autoridad que corresponde a la Empresa o a sus representantes legales, el personal tiene derecho a participar en la Empresa a través de los órganos de representación regulados en este Convenio y en la Ley, con los derechos y limitaciones que en los citados textos se establecen. Artículo 9. Implantación de sistemas. 1. La iniciativa de instauración de sistemas de organización o control de producción, así como de incentivación del trabajo, corresponde a la Empresa y podrá referirse a su totalidad, a secciones determinadas o centros o lugares de trabajo o a unidades homogéneas de trabajo que no rompan la unidad del conjunto productivo. Cuando la implantación parcial de un sistema de trabajo a tiempo medido aumente las cargas de trabajo en otra sección, centro o puesto, por encima del rendimiento normal, será de aplicación obligatoria, en estos últimos, el citado sistema. 2. En el establecimiento de sistemas de organización del trabajo, así como de sistemas de incentivación a tiempos medidos, será. preceptivo el informe del Comité o Delegado/Delegada de Personal o Secciones Sindicales, de acuerdo con lo que se establece a continuación: La Empresa podrá en cualquier momento realizar los correspondientes estudios para la determinación de tiempos, usando cualquiera de las técnicas que existan al efecto. Para realizar estos estudios no necesitará ningún trámite previo, si bien se informará al Comité del objeto de los mismos, sin que ello suponga obligatoriedad para la Empresa en cuanto a su aplicación. Una vez finalizados los estudios y si estos se van a utilizar para la modificación de las condiciones de trabajo o remuneración del personal, se entregarán a los afectados/afectadas con una semana de antelación al periodo de prueba; si lo desean pedirán la presencia y el asesoramiento de personas expertas ó miembros del Comité de Empresa o de Centrales Sindicales, a quienes la Empresa facilitará la entrada en ella para que estos realicen las mediciones y comprobaciones que consideren necesarias, con el fin de compararlos con el estudio de la Empresa. Los nuevos estudios se someterán a experimentación por un periodo máximo de prueba de trece semanas. En el último día del periodo de prueba las personas afectadas, o en su caso el Comité de Empresa o los Delegados/ Delegadas de Personal, con el asesoramiento de sus Organizaciones Sindicales, tendrán que a entregar el informe y si no entregan éste se entenderá que es positivo. Quince días antes de la finalización del periodo de prueba, la Empresa recordará por escrito la finalización del plazo. En caso de conformidad, al día siguiente entrará en vigor el sistema aprobado. En caso de disconformidad del informe presentado por el Comité de Empresa o Delegados/Delegadas de Personal, se tramitará como conflicto colectivo, siguiendo el procedimiento señalado en el art. 65 y siguientes de este convenio. 3. En la aplicación de un sistema de tiempos, se deberá tener en cuenta, entre otros factores, los siguientes: a. La implantación por parte de la Empresa del método. b. El necesario periodo de adaptación de las personas afectadas por el método de trabajo. c. La perfecta división en secuencias elementales de los trabajos a cronometrar. d. La regularidad en el suministro y calidad de materias primas, en la calidad de las herramientas y el funcionamiento correcto de la maquinaria. e. La definición del nivel de calidad exigible en el trabajo y que corresponda al exigible posteriormente. f. Se tendrá necesariamente en cuenta el número de horas efectivamente trabajadas por jornada. 4. En la implantación de nuevos sistemas de incentivación y durante el periodo de prueba, la Empresa deberá garantizar al personal como mínimo, los incentivos que hubieran obtenido, como media, en los 90 días anteriores de trabajo efectivo en jornada legal de trabajo, siempre y cuando se desarrolle la misma cantidad de esfuerzo en el trabajo. Dicho periodo se verá reducido en el tiempo necesario a fin de que en dicho cálculo no se utilicen incentivos obtenidos al salario del Convenio del año anterior. Durante el periodo de prueba no se podrá sancionar por no alcanzar el mínimo exigible, cuando las causas sean ajenas a la persona, e imputables al propio sistema. 5. En los centros en que sea aplicable algún método científico de medición del trabajo, se considerará actividad normal, aquella que en los distintos y más comunes sistemas de medición, se corresponde con los índices de 60, 75 y 100. Se considerará actividad optima la que corresponde a los anteriores sistemas con los índices 80, 100 y 135. 6. Las tarifas de incentivos podrán ser revisadas cuando de forma continuada se alcancen actividades superiores al 140 o sus equivalentes en otras escalas, que será el mínimo de revisión. La diferencia entre el óptimo (133 o equivalentes) y el mínimo de revisión (140 o equivalentes) se considerara como margen de garantía. Artículo 10. Determinación de la Actividad y la Calidad. 1. La actividad se calculará por la relación existente entre la producción obtenida y la producción considerada o establecida como normal. Para el establecimiento del rendimiento normal en un sistema racionalizado, se tendrá en cuenta como mínimo el coeficiente de fatiga, por necesidades personales, la base por fatiga, el esfuerzo físico, iluminación, monotonía, ruidos, calor, humedad, concentración, etc. A partir de tal determinación, la línea de incentivos será una recta definida por los puntos siguientes: A rendimiento normal, el salario correspondiente a la categoría profesional. 2. La Empresa no podrá aumentar las exigencias de calidad del trabajo, respecto de aquella existente en el momento de la implantación del sistema de incentivos, salvo que se incremente el precio por unidad de tiempo o la cantidad de trabajo disminuyese en relación con el nuevo nivel exigido. A los efectos de éste apartado, se tendrá en cuenta lo establecido en el apartado 3, e) del artículo 9. Artículo 11. Tiempos de Paro y Espera. Tendrán la consideración de tiempos de paro y espera aquellos en los que el personal haya de permanecer inactivo por causas que, siendo ajenas a su voluntad, sean imputables a la Empresa, salvo en las circunstancias recogidas en la Legislación Vigente como no imputables a ninguna de las partes. Cuando el tiempo de paro y espera se produzca por causas ajenas a la voluntad del personal e imputables a la Empresa, se percibirá en concepto de prima, el promedio de lo percibido en el mes anterior. Artículo 12. Revisión. La revisión de tiempos y rendimientos se deberá efectuar en los casos siguientes: a) Por reforma de los métodos o procedimientos industriales o administrativos en cada caso. b) Cuando se hubiera incurrido de modo manifiesto o indubitado en error de cálculo o de medición. c) Cuando los rendimientos obtenidos por el personal, no alcancen reiteradamente y por causas ajenas a su voluntad, el considerado como rendimiento normal. d) Cuando los rendimientos obtenidos excedan reiteradamente del 140 o sus equivalentes en otras escalas. En estos supuestos los valores obtenidos se presentarán en primer lugar a las personas afectadas a sus Representantes legales y a las Organizaciones Sindicales. En caso de disconformidad con la revisión efectuada, el personal podrá instar el procedimiento previsto en el artículo 41 del Estatuto (Real Decreto 1/1995 de 24 de marzo). El periodo de prueba para estos casos será de siete semanas. Vencido dicho periodo no se considerará sanción el adecuar las percepciones a los rendimientos y siempre a resultas de la Resolución que en su día se dicte. Artículo 13. Trabajo a Destajo. 1. En las Empresas que se vaya a destajo o prima, y ésta no sea obtenida por un sistema científico de los enunciados en el articulado de este Convenio, se efectuará de común acuerdo entre las partes la fijación de los precios por unidad de trabajo, pudiendo el personal recabar la asistencia de los Delegados y Delegadas de Personal o Comité de Empresa. En caso de no ser requerida la presencia de sus Representantes legales, la Empresa deberá informarles del acuerdo. Cuando la fijación de precios verse sobre tareas de nueva implantación y cuando no se llegue a un acuerdo sobre su precio, se solicitará la intervención urgente de la Comisión de Mediación, al objeto de que dictamine. Una vez fijado el precio, se practicará liquidación de diferencias, con efecto retroactivo. 2. Las Empresas que actualmente trabajen a destajo o métodos no controlados por tiempo, y deseen implantar sistemas de medición a tiempo, garantizarán a todas las personas afectadas, en el caso de llegar a acuerdo en la implantación de nuevos sistemas, como mínimo y en concepto de «Garantía ad personan», la media diaria de las cantidades percibidas en los últimos seis meses, siempre que alcancen similar nivel de producción al que obtenían, por el anterior sistema; la citada garantía se reducirá en la misma proporción en que se vea disminuido el referido nivel de producción, salvo que las causas de disminución sean ajenas a la persona e imputables al propio sistema implantado. 3. Los destajos se pactarán libremente y, en todo caso, se garantizará el salario de convenio. CAPÍTULO III Empleo, formación y contratación Artículo 14. Grupos profesionales y Definiciones de puestos. Las clasificaciones del personal consignadas en este convenio son meramente enunciativas y no suponen la obligación de tener provistas todas las plazas, oficios y ocupaciones que se enumeran, si las necesidades y volumen de la empresa no lo exigen. Son asimismo enunciativos los distintos cometidos asignados a cada puesto y nivel, pues cada persona en la Empresa está obligada a ejecutar cuantos trabajos y operaciones le ordenen sus superiores, dentro del general cometido de su competencia profesional, entre los que se incluyen la limpieza de su máquina y elementos de trabajo, todo ello sin menoscabo de su dignidad personal y formación profesional. 1. Grupos profesionales. Según la actividad que desempeña en la empresa, el personal de la industria del calzado se clasifica en los siguientes grupos profesionales: – Grupo I: Personal Técnico y de Dirección. – Grupo II: Personal de Administración y comercial. – Grupo III: Personal de Fabricación – Grupo IV: Personal de oficios varios. 2. Definiciones de grupos profesionales: 2.1 Personal de Dirección y Técnico: Son técnicos y de dirección quienes, con responsabilidad de la producción, organización, administración o compraventa, realicen trabajos para los que precisen especiales conocimientos, preparación y experiencia y ejerzan funciones de dirección delegada. 2.2 Personal de Administración y comercial. Se considera personal de Administración o comercial a quien, bajo la dirección Técnica ó Directiva realiza los distintos trabajos de Administración, o comerciales que les son encomendados. 2.3 Personal de Fabricación: Se considera personal de fabricación a quienes, bajo la dirección correspondiente, realizan las tareas propias del proceso de producción que le son asignadas. 2.4 Personal de Oficios varios: Se considera personal de oficios varios a quienes, con dependencia específica en cada empresa, realizan tareas individualizadas no adscritas a un grupo profesional determinado. 2.5 Personal en formación: Es el que, con contrato específico de formación, adquiere la formación teórica y práctica necesaria para el desempeño de un oficio o puesto de trabajo. Se denomina aspirante a la persona contratada en formación para el grupo 2. Se denomina aprendiz/aprendiza a la persona en formación para el grupo de fabricación. Se denomina botones a la persona en formación para el puesto de ordenanza. 3. Definiciones de puestos de trabajo. Mantiene plena vigencia el nomenclátor de valoración de puestos de trabajo que figura como anexo 3 al convenio del calzado, publicado en el BOE del 29/8/2002. Artículo 15. Contratación. Fijos discontinuos. Son las personas contratadas por tiempo indefinido, mediante contrato escrito en el modelo establecido al efecto, para realizar tareas fijas dentro del volumen normal de actividad de la empresa, pero que no se repiten en fechas ciertas, al tratarse de producción de artículos de moda p de temporada y sobre pedido en firme. En el contrato deberá figurar la duración estimada de la actividad, así como la jornada laboral estimada y su distribución horaria. En las empresas de fabricación completa de calzado, la distribución horaria será, en todo caso, en jornadas diarias y semanales a tiempo completo. El llamamiento se producirá por orden de antigüedad en cada sección, con una antelación mínima de una semana a la fecha de comienzo de actividad. La Jefatura de sección o mandos intermedios podrán tener llamamiento previo, por razones de organización. Cada empresa establecerá y expondrá en el tablón de anuncios, la distribución en grupos o secciones de actividad de las personas con contrato fijo discontinuo; secciones que, a título enunciativo y más común, comprenden: patronaje, cortado, suela, aparado, mecánica y envasado o almacén. El cese del periodo de actividad se notificará a cada persona por escrito, con una semana de antelación; y, en caso de que, después de la notificación, la empresa necesitase ampliar actividad sobrepasando dicha fecha, lo comunicará igualmente. Esta notificación servirá como justificante de desempleo ante el Servicio Público de Empleo Estatal. Los ceses de actividad de fijos discontinuos serán posteriores a los eventuales de cada sección. En las empresas de fabricación parcial de calzado, y en los talleres especializados, los contratos fijos discontinuos podrán utilizar también la modalidad de tiempo parcial. El orden de llamamiento será, a falta de acuerdo de empresa recogido en el propio contrato, por orden de antigüedad en cada sección. Artículo 16. Periodos de Prueba. Todo personal de nuevo ingreso, quedará sometido, siempre que se pacte por escrito, a un periodo de prueba, cuya duración será: a) Personal de Dirección y Técnico: 4 meses. b) Personal Técnico no titulado: 2 meses. c) Personal de Administración (oficialías de 1.ª y 2.ª): 30 días. d) Auxiliar de Administración, Personal de Oficio y no cualificado: 14 días. Cuando se haya desempeñado la misma función con anterioridad en la empresa, no existirá período de prueba. Artículo 17. Plazo de Preaviso. El personal que desee causar baja en el servicio de la Empresa, deberá dar los siguientes preavisos: a. Personal de dirección y Técnico: 1 mes. b. Personal de Administración: 10 días. c. Resto del Personal: 7 días. El incumplimiento de la obligación de preavisar con la referida antelación dará derecho a la Empresa a descontar de la liquidación, una cuantía equivalente al importe de su salario diario, por cada día de retraso en el aviso. Habiendo avisado con la referida antelación, la Empresa vendrá obligada a liquidar al finalizar dicho plazo los conceptos fijos que puedan ser calculados en tal momento. El resto de ello lo será en el momento habitual de pago. El incumplimiento de esta obligación imputable a la Empresa, con el importe de un salario diario por cada día de retraso en la liquidación, con el límite de la duración del propio plazo de preaviso. No se dará tal obligación y por consiguiente, no nace éste derecho, si la persona incumplió la de avisar con la antelación debida. Artículo 18. Trabajo a Domicilio. Es contrato de trabajo a domicilio, aquel en que la prestación de la actividad laboral se realiza en el domicilio o en el lugar libremente elegido por la persona y sin vigilancia de la Empresa. El contrato se formalizará por escrito con el visado de la Oficina de Empleo, donde quedará depositado un ejemplar, en el que conste el lugar en el que se realice la prestación laboral, a fin de que puedan exigirse las necesarias medidas de higiene y seguridad que se determinen. Las personas que trabajan a domicilio tienen derecho a trabajar el mismo número de días que las personas de categoría profesional equivalente en el seno de la empresa, debiendo desarrollar el mismo rendimiento normal que esté determinado en la empresa. Artículo 19. Salario del Trabajo a Domicilio. Las personas que trabajan en su domicilio, por la jornada pactada en este Convenio, percibirán el salario fijado en el mismo a rendimiento normal, más un 10% del mismo salario en concepto de gastos generales (luz, herramientas, etc.). No perjudicará al salario del personal la falta de trabajo no imputable al mismo; en este caso únicamente dejará de percibir el 10% que se fija en concepto de gastos durante los días que carezca de trabajo. Los gastos por varios, se abonarán por la Empresa, previa justificación. Artículo 20. Movilidad y Polivalencia funcional. 1. Movilidad. En el caso de que una persona cualificada realice normalmente varios cometidos propios de distintos niveles profesionales, y no pueda medirse su trabajo, se le aplicará el máximo nivel; y en caso de remuneración por incentivos, el correspondiente al puesto de trabajo de mayor incentivo en la sección. 2. Suplencias. Todas las personas, en caso de necesidad, podrán ser destinadas a trabajos de nivel superior, con el salario que corresponda a su nuevo nivel, reintegrándose a su antiguo puesto cuando cese la causa que motivó su cambio. Este cambio no puede ser de duración superior a cuatro meses ininterrumpidos, debiéndose al cabo de este tiempo volver su antiguo puesto y nivel. Cuando se realicen durante cuatro meses consecutivos trabajos de nivel superior, se respetará el salario de dicho nivel superior, ocupando la vacante automáticamente. No obstante lo dicho en los párrafos anteriores, en el caso de que una persona ocupe puestos de categoría superior, durante doce meses alternos, consolidará el salario de dicho nivel a partir de este momento, sin que ello suponga necesariamente la creación de un puesto de trabajo de este nivel. Los tres párrafos anteriores son aplicables a los casos de sustitución por enfermedad, accidente de trabajo, permisos, en cuyo caso la sustitución comprenderá todo el tiempo que duren las circunstancias que lo hayan motivado. 3. Prácticas de adaptación. Cuando se realicen prácticas de aprendizaje de puestos de nivel superior, los periodos de adaptación serán: – 1 mes para el nivel II. – 2 meses para el nivel III. – 3 meses para los niveles IV y V. A cuya finalización percibirá el nivel salarial del puesto cuyas funciones realice. 4. Polivalencia funcional de grupos o secciones. Cuando por razones organizativas o de producción las personas de un grupo o sección realicen tareas de distintos niveles, la equiparación se realizará en virtud de las funciones que resulten prevalentes. Artículo 21. Ascensos. 1. Las Empresas vienen obligadas a dar la debida publicidad, para conocimiento de su plantilla, de la convocatoria de las vacantes que se produzcan en los diferentes niveles. 2. Tendrán acceso a las vacantes de Mandos Intermedios o Jefaturas de Sección, las personas que, gozando de la confianza de la Empresa, ejerzan un oficio cualificado y completen sus conocimientos teóricos previo examen de aptitud del Tribunal designado por la Empresa, ante el cual acrediten, cuando menos, los conocimientos prácticos de taller y tecnología equivalentes a los exigidos para la obtención del título de oficialías de Maestría u Oficialía Industrial, según corresponda. Queda exceptuado de dicho examen el que se halle en posesión de dicho título. CAPÍTULO IV Condiciones laborales Artículo 22. Jornada. La jornada anual será de 1.800 horas de trabajo efectivo. El cómputo de jornada se efectuará por años naturales. Artículo 23. Flexibilidad de jornada. 1. Las Empresas por manifiestas razones productivas, y atendiendo las necesidades de acumulación de trabajo, podrán flexibilizar hasta el 10% de la jornada anual (180 horas al año), en distribución semanal de lunes a viernes, respetando el número de horas anuales de trabajo. 2. La Empresa vendrá obligada a comunicar con ocho días de antelación, como mínimo, la fecha de inicio del período a flexibilizar, tanto en el caso de aumento como de reducción, acordando con los Representantes de los Trabajadores/ Trabajadoras las fechas de compensación. La Empresa de mutuo acuerdo con los Representantes legales de los Trabajadores/Trabajadoras y si las necesidades así lo exigieran podrán pactar un mayor número de horas a flexibilizar. En cualquier caso se respetará el descanso mínimo entre jornada y jornada de doce horas. En las Empresas o Secciones en que se trabaje a turnos completos de 24 horas, obviamente no se podrá flexibilizar la jornada. 3. La acumulación de horas de trabajo se compensará en los períodos de menor trabajo, efectuándose la misma en días completos de descanso o fracción, excluyéndose para esta compensación los periodos que coincidan con expedientes de regulación de empleo y bajas por I.L.T. o accidente y días festivos del calendario de la empresa. En caso de un contrato de duración determinada a quien le pudiera afectar el desplazamiento de horas de la jornada ordinaria se le compensarán con descanso las horas acumuladas. En el caso de los contratos fijos discontinuos, las horas flexibilizadas se acumularán en jornadas completas que se aplicará, al final de la temporada natural, ampliando de esta forma el tiempo de duración de la misma, a efectos de cotización a la seguridad social. 4. Cada hora acumulada se compensará con una hora de descanso. Cuando, como consecuencia de la flexibilidad de jornada, se trabajen más de 9 horas diarias, sin que pueda excederse de diez, la hora décima tendrá una compensación adicional del 15%, que se hará efectiva en el momento de su regularización, bien incrementando el tiempo equivalente de descanso en dicho porcentaje, bien incrementando la retribución de la hora trabajada en su 15%. A estos efectos se entiende por retribución de la hora trabajada la que corresponde como salario para actividad normal. La determinación de uno u otro sistema de compensación será decidida por la empresa, previa consulta con la representación de los trabajadores. Las diferencias derivadas de la distribución irregular de la jornada deberán quedar compensadas dentro del año natural, salvo que, acreditada la necesidad, bien por acumulación de horas de mayor actividad, o bien por descenso de la misma, en el último trimestre del año, fuera necesario ampliar el plazo de compensación a los tres primeros meses del año siguiente, como máximo. Dicha regularización no podrá implicar alteración alguna de la jornada anual del año donde se complete la mencionada compensación. El desplazamiento de horas de la jornada ordinaria de trabajo, no producirá desplazamiento alguno en la liquidación salarial correspondiente a los conceptos fijos, excepto en los incentivos de Empresa sobre la producción realizada que lógicamente se adecuarán a las oscilaciones de ésta. Artículo 24. Jornada continuada. En la jornada que se pacta en este convenio y para la jornada continuada, el descanso por bocadillo, será de 25 minutos, por lo que de trabajo efectivo se deberán realizar 40 horas semanales de las que no se podrán descontar los citados tiempos de descanso. Artículo 25. Excepciones a la jornada. En los casos del personal cuya acción pone en marcha o cierra el trabajo de los demás, podrá prolongarse la jornada el tiempo estrictamente necesario, sin perjuicio del pago de dicho tiempo con los recargos propios de las horas extraordinarias. Artículo 26. Jornada Nocturna. 1. Las horas trabajadas durante el periodo comprendido entre las diez de la noche y las seis de la mañana, salvo que el salario se haya establecido atendiendo a que el trabajo sea nocturno por su propia naturaleza, tendrá la consideración de trabajo nocturno. 2. No se considerará trabajo nocturno a efectos de remuneración especial el realizado por el personal de vigilancia de noche que hubieran sido específicamente contratados para prestar servicios exclusivamente durante el periodo nocturno. No se considerarán excluidos y, en consecuencia, deberán ser retribuidos aquellos trabajos propios y que no siendo específicos de la misión de vigilancia se simultanean con ésta. No se considerarán incluidos en la calificación de nocturnos aquellos trabajos efectuados normalmente en la jornada diurna, que hubieran de realizarse obligatoriamente en el periodo nocturno a consecuencia de acontecimientos catastróficos excepcionales. Artículo 27. Licencias. El personal, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, p0or alguno de los motivos y por el tiempo siguiente: 1. Quince días naturales en caso de matrimonio, pudiéndose optar por una ampliación de hasta cinco días de esta licencia, sin retribución. 2. Dos días por el nacimiento de hija/o y por el fallecimiento, accidente o enfermedad graves u hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad (padres, madres, hijos/as, abuelos/as, nietos/as o hermanos/as). Cuando con tal motivo se necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será de cinco días. 3. Un día por traslado del domicilio habitual. 4. Por boda de un hijo/hija, un día; en caso de boda de un hermano/hermana tendrá derecho a un día de ausencia, pero sin retribución. 5. Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal, comprendido el ejercicio del sufragio activo. Cuando conste en una norma legal o convencional un periodo determinado, se estará a lo que ésta disponga en cuanto a la duración de la ausencia y a su compensación económica. Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la imposibilidad de la prestación del trabajo debido en más del veinte por ciento de las horas laborales en un periodo de tres meses, podrá la empresa pasar a la persona afectada a la situación de excedencia forzosa. En el supuesto de que la persona por cumplimiento del deber o desempeño del cargo, perciba una indemnización, se descontará el importe de la misma del salario a que tuviera derecho en la empresa. 6. A la Representación Legal se les concederá hasta el número de días previsto en las disposiciones legales vigentes en la materia, con derecho a la retribución que hubieran de percibir en caso de haber trabajado. La causa y la duración de la licencia serán acreditadas por el Organismo competente. 7. Por lactancia de un hijo/hija, menor de nueve meses, se tendrá derecho a una hora de ausencia del trabajo, que se podrá dividir en dos fracciones. La duración del permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple. Los progenitores, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de su jornada en media hora con la misma finalidad o acumularlo en jornadas completas, a continuación del periodo de suspensión, en los términos que acuerde con la empresa; en su defecto, la acumulación se llevará a cabo a continuación del periodo de suspensión del contrato por maternidad. La persona que opte a la acumulación deberá comunicárselo a la Empresa con quince días de antelación a su disfrute. Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por los progenitores, en caso de que ambos trabajen. En los casos de nacimientos de hijos/hijas prematuros o que deban permanecer hospitalizados a continuación del parto, la madre o el padre tendrán derecho a ausentarse del trabajo durante una hora. Asimismo tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución proporcional del salario. (ET art. 37.4 y.4 bis) 8. Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de doce años o a una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo diaria, con la disminución proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquella. Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida. 9. La concreción horaria y la determinación del periodo de disfrute del permiso de lactancia y de la reducción de jornada corresponderá a la persona dentro de su jornada ordinaria. Esta deberá preavisar a la empresa con quince días de antelación la fecha en que se reincorporará a su jornada ordinaria. (ET art. 37.6) 10. El personal podrá solicitar hasta cuatro días de permiso anual no retribuido, previa justificación razonada, de acuerdo con el Comité de Empresa o Delegados/Delegadas de Personal, y siempre que no entorpezca el ritmo normal de trabajo en una misma sección. A tal fin no podrá disfrutar de dicha licencia más de una persona en Empresas de hasta 25 en plantilla, 2 en Empresas de 26 a 50, 3 en Empresas de 51 a 100; y en Empresas de más de 100, el 2% más 1 computándosele la fracción resultante como unidad. Cuando la finalidad del permiso sea la realización de trámites de adopción o acogimiento, tendrán derecho a un permiso no retribuido de hasta 15 días naturales En los casos de trámites internacionales, el permiso será de hasta 30 días. 11. La asistencia a clínicas y consultorios médicos durante la jornada de trabajo, será retribuida con arreglo al salario de Convenio, siempre que estos no tengan establecidos horarios de consulta que permitan asistir a ellos fuera de la jornada de trabajo. Bien entendido que el personal no podrá hacer uso de este derecho por un periodo superior a 18 horas anuales; dentro de este periodo se podrán utilizar las mismas 18 horas para acompañamiento de hijos menores y mayores dependientes. Quedan exceptuados de esta limitación y por tanto al margen, los casos en que la asistencia a centros médicos venga determinada por prescripción facultativa, en que deberán retribuirse al salario Convenio las horas justificadas. Asimismo tampoco quedan incluidos en esta limitación los tres días anuales en la primera baja por enfermedad, que se abonarán al 50% del salario diario. En todos estos casos las ausencias deberán ser debidamente justificadas. 12. Las Empresas que tengan a su servicio personas que realicen estudios, estarán obligadas a otorgarles las licencias necesarias para que puedan concurrir a exámenes en las convocatorias del correspondiente centro, pero previa justificación de los interesados de tener formalizada la matrícula. Esto es aplicable para la obtención del permiso de conducir. Cuando la correspondiente convocatoria a examen se refiera a la obtención del título profesional de la actividad realizada en la Empresa, tendrán derecho a la percepción de la retribución correspondiente del Salario de Convenio, y antigüedad en su caso, durante el periodo de duración de la licencia. Perderán tal derecho quienes sean suspendidos en la mitad de las asignaturas que tengan matricula considerándose como suspensos a estos efectos en aquellas en las que no se hubiesen presentado a examen sin causa justificada. También producirá la privación de estos beneficios el no aprobar una misma asignatura en dos convocatorias consecutivas. Los permisos que por estos conceptos se utilicen no podrán ser descontados de las vacaciones anuales que correspondan. 13. Dentro del concepto de afinidad se integrarán las denominadas parejas de hecho que gozarán de los mismos derechos, cuando así sean reconocidas, mediante la oportuna regulación por cualquier organismo competente. Artículo 28. Vacaciones. Las vacaciones anuales serán de treinta días naturales. Las vacaciones serán retribuidas al promedio obtenido por cada persona en las trece últimas semanas trabajadas por la Empresa. Dicho cálculo servirá igualmente para el segundo periodo de disfrute, en el supuesto de que se fraccionen. Las fechas en que se disfruten las vacaciones, se negociarán en cada localidad. Artículo 29. Excedencias. 1. Cualquier persona, con una antigüedad en la empresa de al menos un año, tiene derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo no menor a cuatro meses y no mayor a cinco años. Este derecho sólo podrá ser ejercitado por la misma persona si han transcurrido cuatro años desde el final de la anterior excedencia. 2. Asimismo, podrán solicitar su paso a la situación de excedencia en la empresa las personas que ejerzan funciones sindicales de ámbito provincial o superior, mientras dure el ejercicio de su cargo representativo, siéndoles de aplicación lo establecido en la LOLS. 3. La excedencia forzosa dará derecho a la conservación del puesto; se concederá por la designación o elección para un cargo público que imposibilite su asistencia al trabajo. El reingreso deberá ser solicitado dentro del mes siguiente al cese en el cargo. 4. La persona, en situación de excedencia voluntaria conserva sólo un derecho preferente al reingreso en las vacantes de igual o similar categoría a la suya. 5. Excedencia por cuidados familiares. Se tendrá derecho a un periodo de excedencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo/hija, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o de la resolución judicial o administrativa. También tendrán derecho a un periodo de excedencia, de duración no superior a dos años para atender al cuidado de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida. Las excedencias contempladas en el presente apartado, cuyo periodo de duración podrá disfrutarse de forma fraccionada, constituyen un derecho individual de hombres y mujeres. No obstante, si dos o más personas de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, la Empresa podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa. Artículo 30. Protección contra la violencia de género. La trabajadora víctima de violencia de género, tendrá derecho: 1. A la reducción de la jornada de trabajo entre un máximo de media jornada y un mínimo de una hora diaria con disminución proporcional del salario; y al horario flexible, si la empresa lo tuviere implantado. 2. A ocupar otro puesto de trabajo del mismo grupo profesional que la empresa tenga vacante en cualquier otro de sus centros de trabajo. 3. A la suspensión del contrato, por decisión de la propia trabajadora, con una duración inicial máxima de 6 meses, que podrá prorrogarse por decisión del juez. 4. A que no se computen como faltas de asistencia las ausencias motivadas por la situación derivada de violencia de género, acreditada por los servicios sociales o de salud. Consecuentemente, será nulo el despido por causa del ejercicio de alguno los derechos anteriores. Artículo 31. Suspensiones del contrato por maternidad y paternidad. 1. Suspensión por parto, acogimiento o adopción. En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliables por parto múltiple dos semanas más por cada hijo o hija a partir del segundo. El periodo de suspensión se distribuirá a opción de la interesada siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto, pudiendo hacer uso de éstas el otro progenitor para el cuidado del hijo/hija en caso de fallecimiento de la madre. No obstante lo anterior, en el caso de que ambos progenitores trabajen, la madre, al iniciarse el periodo de descanso por maternidad, podrá optar porque el otro progenitor disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del descanso posterior al parto, de forma simultánea o sucesiva con el de la madre. El otro progenitor podrá seguir haciendo uso del periodo de suspensión por maternidad inicialmente cedido, aunque en el momento previsto para la reincorporación de la madre al trabajo ésta se encuentre en situación de incapacidad temporal. En el supuesto de adopción o acogimiento de menores hasta seis años, la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, a elección del trabajador, bien a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento, bien a partir de la resolución judicial por la que se constituya la adopción. En el caso de que ambos progenitores trabajen, el periodo de suspensión se distribuirá a opción de los interesados, en periodos ininterrumpidos, de forma simultánea o sucesiva y según el art. 48 del ET. 2. Suspensión por paternidad. En los supuestos de nacimientos, adopción o acogimiento de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48.bis del ET, el Trabajador tendrá derecho a la suspensión del contrato durante trece días ininterrumpidos. Éste deberá preavisar a la empresa del ejercicio del derecho, al mismo tiempo que solicita el permiso (o la suspensión si hubiese optado por ejercerla compartida con la madre). En ambos supuestos, y salvo acuerdo diferente con la empresa, la suspensión se realizará inmediatamente a continuación del permiso o de la suspensión compartida. (art. 48 bis del E.T.) Artículo 32. Prevención de riesgos durante el embarazo y la lactancia. 1. La evaluación de los riesgos, a que se refiere el artículo 16 de la Ley 31/1995, deberá comprender la determinación de la naturaleza, el grado y la duración de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente, a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, en cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico. Si los resultados de la evaluación revelasen un riesgo para la seguridad y la salud o una posible repercusión sobre el embarazo o la lactancia de las citadas trabajadoras, la empresa adoptará las medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo, a través de una adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo de la trabajadora afectada. Dichas medidas incluirán, cuando resulte necesario, la no realización de trabajo nocturno o de trabajo a turnos. 2. Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase posible o, a pesar de tal adaptación, las condiciones de un puesto de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o del feto, y así lo certifique el médico que en el régimen de la Seguridad Social aplicable asista facultativamente a la trabajadora, ésta deberá desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado. La empresa deberá determinar, previa consulta con los representantes de los trabajadores/trabajadoras, la relación de los puestos de trabajo exentos de riesgos a estos efectos. El cambio de puesto o función se llevará a cabo de conformidad con las reglas y criterios que se apliquen en los supuestos de movilidad funcional y tendrá efectos hasta el momento en que el estado de salud de la trabajadora permita su reincorporación al anterior puesto. En el supuesto de que, aun aplicando las reglas señaladas en el párrafo anterior, no existiese puesto de trabajo o función compatible, la trabajadora podrá ser destinada a un puesto no correspondiente a su grupo o a categoría equivalente, si bien conservará el derecho al conjunto de retribuciones de su puesto de origen. 3. Lo dispuesto en los anteriores números de este artículo será también de aplicación durante el período de lactancia, si las condiciones de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la mujer o del hijo/hija y así lo certificase el médico que, en el régimen de Seguridad Social aplicable, asista facultativamente a la trabajadora. 4. Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo, con derecho a su remuneración, para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso a la empresa y justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo. Artículo 33. Reestructuración de plantilla. El comité de empresa deberá ser informado, con carácter previo a su ejecución, por la dirección de la empresa, sobre las reestructuraciones de plantilla, cierres totales o parciales definitivos o temporales. CAPÍTULO V Condiciones económicas Artículo 34. Salarios. Revisión Salarial. El salario anual correspondiente a la prestación de los servicios laborales durante la jornada anual pactada, es el que se indica en la tabla salarial anexa, para los distintos grupos profesionales. En su cómputo se incluyen todas las retribuciones salariales correspondientes a la jornada anual de trabajo y los beneficios salariales derivados de su prestación, tales como pagas extraordinarias, vacaciones, etc. con la sola exclusión del complemento personal de antigüedad y de los incentivos por productividad. 1. Tabla salarial: A partir del 1.1.2014 y hasta el 31.12.2014, la tabla salarial aplicable es la que figura en el anexo 2, como resultante de incrementar un 1% la del año anterior. 1.2 Revisión salarial de 2014: Se aplicará en el exceso de la tasa de variación anual del IPC sobre el 2% (según acuerdo del II AENC), con efectos desde el 1.1.2014 y en un pago único. 1.3 A partir del 1.1.2015 y hasta 31.12.2015, la tabla salarial aplicable será la resultante de incrementar un 0,5% la tabla del año anterior. 1.4 Revisión salarial 2015: Se aplicará en el exceso de la tasa de variación anual del IPC sobre el 2% (según acuerdo del II AENC), con efectos desde 1.1.2015 y en un pago único. 1.5 A partir de 1.1.2016, para la negociación del siguiente convenio, las partes adquieren el compromiso de tener en cuenta la situación económica del país y los acuerdos de negociación colectiva confederales vigentes en el estudio del contenido de la clausula de revisión salarial. Artículo 35. Gratificaciones Extraordinarias. La retribución salarial anual comprende dos pagas extraordinarias, siendo el importe de cada una de ellas el equivalente al salario de 30 días. Su pago se realizará: Una en Julio y otra en Diciembre, o prorrateadas en los periodos habituales de pago. Artículo 36. Antigüedad. Desaparecido, con efectos de 1 de marzo de 1997 el complemento salarial personal por continuidad en la empresa, denominado premio de antigüedad, los derechos adquiridos al 1-3-1997 subsistirán como garantía «Ad personam», por la cuantía en que se venían percibiendo a dicha fecha. A fin de compensar las expectativas y los derechos en curso de adquisición, en la disposición adicional primera se estableció un complemento general para todo el personal, que se incorporó al salario. Artículo 37. Plus de Nocturnidad. El complemento salarial por la realización de trabajos nocturnos, conforme determina el artículo 26 de este Convenio, se establece en el equivalente al 25 por ciento del salario día de la tabla 1, para la jornada completa nocturna. Artículo 38. Plus de Mantenimiento. El personal que realizando trabajos de fabricación, se ocupare en tareas de mantenimiento mecánico o eléctrico, percibirá por esta labor, adicionalmente, un 10% del salario correspondiente a un Nivel V. Artículo 39. Rendimiento normal exigible. El rendimiento normal, se corresponde con la llamada actividad normal, y la Empresa podrá determinarlo y exigirlo, en cualquier momento, sin que el no hacerlo signifique ni pueda interpretarse como dejación de este derecho. A efectos de valoración, el rendimiento normal se computará diariamente. Artículo 40. Incentivos a la Productividad. 1. La remuneración del rendimiento normal se corresponde con el salario de Convenio. 2. Para establecer incentivos así como adaptarlos al presente Convenio, las Empresas que ya los tuviesen establecidos, deben partir del rendimiento normal. 3. Los incentivos podrán ser colectivos (sección, cadena, grupo, etc.) o individuales, según determine la Empresa, dando prioridad al establecimiento de incentivos colectivos allí donde sea susceptible su implantación. 4. Las Empresas podrán limitar, reducir proporcionalmente e incluso suprimir los incentivos, de forma individual, a todas aquellas personas que por falta de aptitud o interés y atención, objetivamente demostrado, perjudicasen la producción, sin perjuicio de las medidas que pudieran ser aplicables al caso. 5. Los incentivos podrán ser suspendidos con carácter general, por secciones o individualmente cuando las finalidades perseguidas por el sistema sean inalcanzables por falta o disminución del trabajo o por procederse a la reforma de las instalaciones, en cuyo caso deberá ser informada la plantilla con quince días de antelación. 6. En las Empresas que tengan establecida la remuneración por incentivos, la producción que supere el rendimiento normal, se cuantificará en horas-prima (horas de producción) y se retribuirá cada una de ellas al importe resultante de dividir el salario anual por la jornada anual pactada en el Convenio (1800 desde 1.999) o por la jornada anual de la empresa, si la de ésta fuese inferior, con el incremento de un 2%. 7. Cuando el rendimiento de un puesto de trabajo sea difícilmente medible como suele suceder con determinados puestos (personal administrativo, de servicios auxiliares, de almacenamiento de mercancías y manufacturas, etc.) y, en general, todo el personal que perciba mensualmente su remuneración, se establecerá obligatoriamente un procedimiento de valoración indirecta de cargas de trabajo, en el caso de que esté implantado o se implante en la Empresa un sistema que tienda a incrementar la productividad. La remuneración que por tal concepto perciba dicho personal será proporcional a las percepciones medias de la mano de obra directa de la Empresa o sección, grupo, etc., a que está adscrito, asimismo este criterio será de aplicación cuando se establezca un sistema de incentivos en una o varias secciones de la Empresa. 8. En lo no previsto en esta materia se estará a lo dispuesto en la Legislación Vigente. Artículo 41. Plus de carencia de incentivos. Las empresas que no tengan establecido sistemas de incentivos o destajos, abonarán a su personal un plus de carencia de incentivos; este plus tendrá el mismo incremento que el salario (quedando en 374,99 euros para 2014; y 376,87 euros para 2015). Artículo 42. Horas Extraordinarias. Tendrán la consideración de horas extraordinarias aquellas horas de trabajo que se realicen sobre la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo, fijada de acuerdo con el artículo 22 del Convenio; es decir, que excedan de las 1.800 anuales. El precio de referencia de la hora extraordinaria será del 25% sobre la hora ordinaria, salvo pacto en contrario, respetando los acuerdos que existan a la firma del convenio y futuros. Artículo 43. Pago del Salario. Cuando por acuerdo adoptado por mayoría simple de la plantilla esta manifieste su deseo de percibir sus salarios o sueldos por la fórmula todo incluido, la Empresa lo hará de conformidad con esta petición. Los salarios podrán ser abonados en moneda de curso legal o mediante talón u otra modalidad de pago similar a través de entidades de crédito, previo informe al Comité de Empresa o Delegados/Delegadas de personal. Artículo 44. Anticipos. Se tendrá derecho a pedir anticipos a cuenta hasta el límite del 90 por 100 de las cantidades que tuvieran devengadas. Artículo 45. Dietas y Viajes. Cuando por orden de la Empresa venga obligado el personal a pernoctar o realizar gastos de manutención fuera de su domicilio, le serán abonados dichos gastos por la Empresa, previa justificación de los mismos, y correspondientes, salvo excepción también justificada, a los de un hotel de tres estrellas. Los desplazamientos de ida y vuelta serán también por cuenta de la Empresa, en primera o segunda clase, a juicio de la misma. Artículo 46. Plus de Distancia y Movilidad geográfica. Las Empresas que tengan establecido su centro de trabajo a más de dos kilómetros del extrarradio de la población y no dispongan de medios propios de transporte para su personal, abonarán a cada persona con domicilio en el propio municipio un plus de 0,024 euros diarios por kilómetro. En todas las demás cuestiones que se deriven de la movilidad geográfica y en especial en el supuesto de traslado del centro de trabajo a más de dos km. del casco urbano, se estará a lo dispuesto en el Estatuto,(Real Decreto 1/1995 de 24 de marzo) por lo que será la empresa quien deberá resolver cualquier supuesto con los representantes de los trabajadores./ trabajadoras. Artículo 47. Prendas de Trabajo. Las Empresas afectadas por éste Convenio están obligadas a facilitar a su personal como mínimo, una prenda de trabajo al año, salvo para aquellas actividades en que se precise mayor número. CAPÍTULO VI Temas sociales Artículo 48. Complemento salarial por accidente de trabajo. Las empresas complementarán las prestaciones de la Seguridad Social, hasta alcanzar el 100% del salario de cotización a quien que se encuentren en situación de I.T. por accidente de trabajo, a partir del segundo día de baja y hasta un período máximo de cuatro meses desde el día de la baja. Artículo 49. Cláusula de fidelización o indemnización extraordinaria por extinción del contrato de trabajo. El personal, con 60 o más años cumplidos, y que lleve como mínimo diez años ininterrumpidos de permanencia en la Empresa, podrá solicitar unilateralmente la rescisión de su contrato de trabajo con derecho, por una sola vez, y al causar baja, a una indemnización, de acuerdo con la siguiente escala: – A los 60 años: 5 mensualidades de salario de cotización. – A los 61 años: 4 mensualidades de salario de cotización. – A los 62 años: 3’5 mensualidades de salario de cotización. – A los 63 años: 3 mensualidades de salario de cotización. – A los 64 años: 2 mensualidades de salario de cotización. – A los 65 años: 1 mensualidad de salario de cotización. Teniendo en cuenta la eventualidad de esta indemnización, las empresas no vienen obligadas a hacer provisiones específicas. Artículo 50. Salarios de cotización. Los grupos de asimilación para los topes mínimo y máximo del régimen de la Seguridad Social y para las categorías son los que figuran para cada caso en el anexo I de este convenio. Las bases de cotización para todo el personal serán las vigentes en cada momento. Artículo 51. Suspendido. Artículo 52. Disfrute de vacaciones en periodo diferente. Cuando el periodo de vacaciones de la empresa coincida en el tiempo con una incapacidad temporal, derivada de embarazo, parto o la lactancia natural, o con el periodo de suspensión del contrato previsto en el artículo 48.4 y 48.bis del ET, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso que por aplicación de dicho precepto le correspondiera, al finalizar el periodo de suspensión, aunque haya terminado el año natural a que correspondan. Cuando la incapacidad temporal derive de contingencias distintas, el trabajador podrá disfrutar las vacaciones al finalizar su incapacidad, siempre que no hayan transcurrido más de 18 meses, a partir del final del año en que se hayan originado. Artículo 53. Capacidades diferentes. Las Empresas acoplarán al personal cuya capacidad haya disminuida por edad u otras circunstancias, antes de la jubilación, destinándole a trabajos adecuados a sus condiciones. Tendrá preferencia el incapacitado/incapacitada para su labor habitual a causa de accidente de trabajo o enfermedad indemnizable sufrida al servicio de la Empresa. En orden a la colocación de personas con discapacidad tendrán las preferencias establecidas en su normativa específica y las Empresas de más de cincuenta personas fijas habrán de reservarles hasta un cinco por ciento de su plantilla. En forma compatible con las disposiciones legales, las Empresas proveerán las plazas del grupo IV, a las personas que por discapacidad, enfermedad o edad avanzada no puedan seguir desempeñando su oficio con el rendimiento normal y siempre que no tengan derecho a subsidio, pensión o medios propios para su sostenimiento. El personal acoplado, percibirá el salario de acuerdo con la categoría que desempeñe. CAPÍTULO VII Derechos sindicales Artículo 54. Comités de Empresa y Delegados/ Delegadas de Personal. La Organización práctica del trabajo es facultad de la Empresa, que sin merma de la autoridad que le corresponde, concede a los Representantes de los Trabajadores/Trabajadoras las siguientes facultades en orden a la participación del personal en la Empresa: 1. Vigilancia sobre el empleo en la Empresa e información sobre puestos a cubrir y decisiones en base a una valoración racional de aptitudes (valoración de puestos de trabajo), estando legitimado el Comité o Delegados/ Delegadas de Personal para efectuar las reclamaciones legales oportunas. El Sindicato, por conducto del Comité de Empresa, Delegado/Delegada de Personal o Secciones Sindicales, tendrá conocimiento de los contratos de trabajo previamente a su firma. Visado del Comité o Delegados/ Delegadas de Personal en los documentos que dan por finalizada la relación laboral. 2. En el establecimiento y revisiones de sistemas de organización del trabajo intervendrá el Comité de Empresa o Delegados / Delegadas de Personal en la forma prevista en el presente Convenio. 3. Las reclamaciones previstas por los cambios de puestos de trabajo serán resueltas por la Empresa con intervención preceptiva del Comité de Empresa o Delegados/ Delegadas de Personal; igualmente se exigirá de estos el informe, para el traslado parcial o total del centro de trabajo. 4. Las medidas disciplinarias adoptadas por la Empresa deberán ser puestas en conocimiento, con carácter previo, al Comité de Empresa o Delegados/ Delegadas de Personal, que remitirán preceptivamente un informe a la Autoridad Laboral competente. 5. El Comité de Empresa o Delegados/Delegadas administrarán, en colaboración con la Dirección de la Empresa, los fondos sociales, culturales y recreativos que pudieran existir en la Empresa. 6. En los cambios de titularidad de la Empresa, el Comité de Empresa o los Delegados/Delegadas de Personal serán informados previamente y emitirán preceptivamente un informe para la Autoridad Laboral. 7. Cada temporada el Comité de Empresa o los Delegados/Delegadas de Personal serán informados por la Dirección de la Empresa, sobre la evolución general del sector productivo a que pertenece la Empresa, sobre la evolución de los negocios y la situación de la producción y ventas de la Empresa, sobre su programa de inversión y producción y la evolución probable del empleo de la Empresa y sobre su situación contable, así como de sus planes de fusión, absorción o modificación de su status jurídico. Esta información será absolutamente confidencial. El Comité de Empresa o los Delegados/Delegadas de Personal, podrán formular propuestas a la Dirección de la Empresa, que deberán ser estudiadas conjuntamente. 8. Las condiciones de trabajo en materia de Salud Laboral serán las establecidas en la normativa vigente. 9. Corresponde asimismo a los Comités de Empresa o Delegados/Delegadas de Personal el ejercicio de todas las funciones que la legislación encomienda, pudiendo interponer ante los Organismos y Tribunales competentes las reclamaciones y acciones que estimen oportunas para la mejor defensa de los intereses o derechos del personal. 10. Se faculta la celebración de asambleas, en los centros de trabajo, fuera de las horas de jornada laboral, con asistencia del personal del Centro y Sindicalistas y con previo aviso a la Empresa de, al menos, una jornada laboral para los solicitantes. 11. Atendiendo a que en el Convenio Colectivo de Calzado se estableció una reserva de veinte horas a los Delegado/ Delegadas de Secciones Sindicales, resulta congruente, dentro de la normativa establecida en el Estatuto (Real Decreto 1/1995 de 24 de marzo) pactar para la representación elegida (Delegados/ Delegadas y Comités) un crédito de horas conforme a la siguiente escala: – Hasta 250 en plantilla veinte horas. – De 251 a 500 treinta horas. – De 501 a 750 treinta y cinco horas. – De 751 en adelante: cuarenta horas. Estas horas de crédito podrán ser acumuladas por períodos de tres meses y transferidas a favor de uno o varios Representantes por período de un año. Las Empresas deberán conocer las posibles acumulaciones y transferencias con carácter previo al comienzo del período para el que se realicen. 12. En aquellas empresas menores de 16 en plantilla en las que, por sus escasas dimensiones o por la relevancia del puesto que desarrolle el delegado /delegada, éste tuviere dificultad en hacer uso del crédito de horas que le concede la Ley, podrá pactar con su empresa la cesión de parte de su crédito horario al delegado/delegada comarcal sin que, en ningún momento, la cesión supere el 50 por ciento de las horas que por tal concepto le correspondan. 13. Para presentarse a las elecciones en la empresa, no se exigirán más de tres meses de antigüedad, mientras persistan las circunstancias actuales de eventualidad en las empresas. Artículo 55. Secciones Sindicales. 1. Las personas afiliadas a un Sindicato podrán constituir en los centros de trabajo la correspondiente Sección Sindical. 2. La Sección Sindical representará los intereses sindicales de sus afiliados/afiliadas ante la Dirección de la Empresa. 3. Las Secciones Sindicales de los centros de trabajo podrán designar de entre su afiliación un representante que servirá de cauce de comunicación e interlocución con la Dirección. Este habrá de tener la condición de fijo en plantilla del centro en cuestión. 3.1 En el supuesto de la existencia de varios centros en una misma provincia y de una misma Empresa, se nombrará un solo representante por la Secciones Sindicales de cada uno de los Sindicatos. 3.2 Los Delegados/Delegadas de las Secciones Sindicales que no sean miembros de los Comités de Empresa tendrán derecho a veinte horas retribuidas, a cargo de la Empresa, al mes, para ejercicio de sus funciones, siempre que la Sección Sindical correspondiente comprenda al menos 20 afiliado/as, procurando que su utilización cause el menor perjuicio a la producción. 4. Las Secciones Sindicales constituidas a tenor de las presentes normas dispondrán de un tablón de anuncios adecuado para la publicación y difusión de sus acuerdos y comunicaciones. 5. En el supuesto de que la Sección Sindical cambiara su representante por cualquier causa, el Sindicato correspondiente vendrá obligado a comunicar el cambio a la Empresa. 6. Las Empresas aceptan gestionar el cobro de las cuotas a las Centrales Sindicales, mediante el oportuno descuento en las respectivas nóminas, siempre que dicha detracción esté previamente autorizada por cada persona afiliada. 7. Las Empresas concederán excedencia en caso de que el sindicato lo solicite para incorporar a cargos sindicales de dirección local, comarcal, provincial o estatal, siempre que ello sea debidamente probado, sin exigencia de ninguna antigüedad específica, con derecho a la reincorporación a su puesto de trabajo en la empresa en las mismas condiciones que en la fecha de petición de la excedencia, una vez finalizado el cargo sindical. 8. Las funciones de los Delegados/Delegadas Sindicales son: 8.1 Representar y defender los intereses del Sindicato a quien representan y a la afiliación en la Empresa, y servir de instrumento de comunicación entre su Central Sindical y la Dirección de las respectivas Empresas. 8.2 Podrán asistir a las reuniones del Comité de Empresa, Comités de Salud Laboral y Comités paritarios de interpretación con voz y sin voto. 8.3 Tendrán acceso a la misma información y documentación que la Empresa deba poner a disposición del Comité de Empresa, de acuerdo con lo regulado a través de la Ley, estando obligados a guardar sigilo profesional en las materias en las que legalmente proceda. Poseerán las mismas garantías y derechos reconocidos por la Ley, Convenios Colectivos y por el Acuerdo Marco Interconfederal a los miembros de Comité de Empresa. 8.4 Serán oídos por la Empresa en el tratamiento de aquellos problemas de carácter colectivo que afecten al personal en general y a las personas afiliadas en particular. 8.5 Serán asimismo informados y oídos por la Empresa con carácter previo: – Acerca de los despidos y sanciones que afecten a las personas afiliadas al Sindicato. – En materia de reestructuraciones de plantillas, regulaciones de empleo, traslado de personal, cuando revista carácter colectivo o del centro de trabajo general, y sobre todo proyecto o acción empresarial que pueda afectar sustancialmente a los intereses de la plantilla. La implantación o revisión de sistemas de organización del trabajo y cualquiera de sus posibles consecuencias. 8.6 Podrán recabar cuotas a su afiliación, repartir propaganda sindical y mantener reuniones con los mismos, todo ello fuera de las horas efectivas de trabajo. 8.7 En materia de reuniones, ambas partes, en cuanto al procedimiento se refiere, ajustarán su conducta a la normativa legal vigente. 8.8 En aquellos centros de trabajo con plantilla superior a 250 personas, la Dirección de la Empresa facilitará la utilización de un local, a fin de que el Delegado/Delegada representante del Sindicato ejerza las funciones y tareas que como tal correspondan. 8.9 Los Delegados/Delegadas ceñirán sus tareas a la realización de las funciones sindicales que les sean propias. 8.10 Participación en las negociaciones de Convenios Colectivos. A los Delegados/ delegadas Sindicales o cargos de relevancia nacional de las Centrales, implantadas nacionalmente, y que participen en comisiones negociadoras de Convenios Colectivos, manteniendo su vinculación como personal en activo de alguna Empresa, les serán concedidos permisos retribuidos por las mismas, a fin de facilitar su labor de negociación y durante el transcurso de la misma, siempre que la Empresa esté afectada por la negociación del convenio. CAPÍTULO VIII Ordenación de faltas y sanciones Artículo 56. Faltas leves. Son faltas leves: 1. Faltar un día al trabajo sin causa justificada. 2. Hasta tres faltas de puntualidad en un mes. 3. Abandonar el puesto de trabajo o servicio durante breve tiempo dentro de la jornada de trabajo, sin permiso. 4. Los pequeños descuidos en la realización del trabajo y en la conservación de las máquinas, herramientas y materiales. 5. La inobservancia de los Reglamentos y órdenes de servicio, así como la desobediencia a los mandos; todo ello en materia leve. 6. La falta de respeto en materia leve a personas subordinadas, compañeras, o que ejerzan jefatura y al público, así como la discusión con ellas. 7. La falta de limpieza personal, así como en las dependencias, servicios y útiles de la Empresa. 8. No comunicar a la Empresa los cambios de domicilio o los datos necesarios para la Seguridad Social y Medicina de Empresa. Artículo 57. Faltas graves. Son faltas graves: 1. La doble comisión de falta leve dentro del período de un mes. 2. La falta de dos días al trabajo durante el período de un mes sin causa justificada. 3. El entorpecimiento, la omisión maliciosa y falseamiento de los datos, cuestiones y hechos que pueden afectar a la Seguridad Social y Medicina de Empresa. 4. El incumplimiento de las normas generales en materia de Seguridad y salud laboral. Será falta muy grave cuando tenga consecuencia en las personas, máquinas, materiales, instalaciones o edificios. 5. La desobediencia a los mandos en cuestiones de trabajo. 6. La voluntaria disminución y baja calidad en el trabajo. 7. El empleo del tiempo, materiales, máquinas y útiles del trabajo en cuestiones ajenas al mismo. 8. Las injurias proferidas contra personas o instituciones de toda índole. 9. La suplantación activa o pasiva de la personalidad. 10. La embriaguez no habitual durante el trabajo. Artículo 58. Faltas muy graves. Son faltas muy graves: 1. La impuntualidad no justificada, en la entrada o en la salida del trabajo, en doce ocasiones durante seis meses; o en veinticinco durante un año, debidamente advertida. 2. La inasistencia injustificada al trabajo durante seis días durante el periodo de cuatro meses. 3. El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas o la apropiación, hurto o robo de bienes propiedad de la empresa, de compañeros/compañeras o de cualesquiera otras personas dentro de las dependencias de la empresa. 4. La simulación de enfermedad o accidente, o la prolongación de la baja por enfermedad o accidente, con la finalidad de realizar cualquier trabajo por cuenta propia o ajena. 5. El quebrantamiento o violación de secretos de obligada reserva que produzca grave perjuicio a la empresa. 6. La embriaguez habitual o toxicomanía, si repercute negativamente en el trabajo. 7. La realización de actividades que impliquen competencia desleal a la empresa. 8. La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento. 9. La inobservancia de los servicios de mantenimiento en caso de huelga. 10. El abuso de autoridad ejercido por quienes desempeñan funciones de mando. 11. El acoso sexual. 12. La reiterada no utilización de los elementos de protección en materia de seguridad y salud, debidamente advertida. 13. La reincidencia o reiteración en la comisión de faltas graves, considerando como tal aquella situación en la que con anterioridad al momento de la comisión del hecho, hubiese sido motivo de sanción dos o más veces por faltas graves, aun de distinta naturaleza, durante el periodo de un año. Artículo 59. Sanciones. Las sanciones máximas que pueden imponerse son las siguientes: 1. Por falta leve: Amonestación verbal; amonestación por escrito; suspensión de empleo y sueldo por un día. 2. Por falta grave: Suspensión de empleo y sueldo de dos a quince días; inhabilitación para el ascenso por un período de hasta un año. 3. Por falta muy grave: Suspensión de empleo y sueldo de quince a sesenta días; inhabilitación para el ascenso por un período hasta de cinco años; despido. Artículo 60. Prescripción. Las faltas leves prescribirán a los diez días; las graves a los veinte días, y las muy graves, a los sesenta días, a partir de la fecha en que la Empresa tuvo conocimiento de su comisión, y en todo caso, a los seis meses de haberse cometido. CAPÍTULO IX Coordinación normativa Artículo 61. Convenios de empresa. En el supuesto de que, en una empresa afectada por este Convenio Colectivo, los sujetos legitimados para negociar un convenio de empresa acordaran establecer su propia unidad de negociación, el acuerdo de inaplicación del convenio sectorial deberá notificarse a la Comisión paritaria del Convenio y comunicarse al Registro de convenios por la empresa. En todo caso, las organizaciones firmantes de este acuerdo recomiendan la no creación de nuevos ámbitos de negociación por considerar que el contenido del convenio colectivo supone un marco adecuado para ordenar las relaciones laborales en el sector. Artículo 62. Competencia de Jurisdicciones. Las funciones y actividades de la Comisión del Convenio, no obstruirán en ningún caso el libre ejercicio de las jurisdicciones administrativas o contenciosas previstas en la ley y demás disposiciones de carácter legal, en la forma y con el alcance que determine en dichos textos legales. Artículo 63. Legislación Supletoria. En lo no previsto en el presente Convenio se estará a lo dispuesto en las disposiciones legales vigentes. CAPÍTULO X Conflictos colectivos Artículo 64. Procedimientos para la solución de conflictos. 1. El presente acuerdo regula los procedimientos para la solución de los conflictos surgidos entre la Empresa y el personal o sus respectivas Organizaciones representativas de la Industria del Calzado. 2. Quedan al margen del presente acuerdo: Los conflictos que versen sobre Seguridad Social. Aquellos en que sea parte el Estado, Comunidad Autónoma, Diputación, Ayuntamiento u Organismos dependientes de ellos que tengan prohibida la transacción o avenencia. Artículo 65. Conflictos Colectivos. 1. Serán susceptibles de someterse a los procedimientos voluntarios de solución de conflictos comprendidos en el presente capítulo, aquellas controversias desacuerdos laborales que afecten a un colectivo de personas, o en las que la interpretación, objeto de la divergencia, afecte a intereses suprapersonales ó colectivos. 2. A los efectos del presente Capítulo tendrán también carácter de conflictos colectivos aquellos que, aunque promovidos individualmente, su solución sea extensible o generalizable o un grupo de personas. Artículo 66. Procedimiento voluntario de solución de conflictos. Los procedimientos voluntarios para la solución de conflictos son: 1. Interpretación acordada en el seno de la Comisión Paritaria. 2. Mediación. 3. Arbitraje. Artículo 67. Mediación. 1. El procedimiento de Mediación no estará sujeto a ninguna tramitación preestablecida, salvo la designación de la persona que mediará y la formalización de la avenencia que, en su caso, se alcance. 2. El procedimiento de mediación será voluntario y requerirá acuerdo de las partes, que harán constar documentalmente las divergencias, designando a la persona que medie, y señalando la gestión o gestiones sobre las que versará su función. Una copia se remitirá a la Secretaría de la Comisión Paritaria. 3. La designación de la persona que medie la harán de mutuo acuerdo las partes, preferentemente de entre las personas que figuren incluidas en las listas que apruebe la Comisión Paritaria. 4. Sin perjuicio de lo estipulado en los párrafos anteriores, cualquiera de las partes podrá dirigirse a la Comisión Paritaria solicitando sus buenos oficios para que promueva la mediación. Hecha esta propuesta, la Comisión Paritaria se dirigirá a las partes en conflicto ofreciéndoles la mediación. En defecto de tal petición, cuando existan razones fundamentales para ello, la Comisión Paritaria podrá, por unanimidad, acordar dirigirse a las partes instándolas a que soliciten la solución del conflicto a través de la mediación. 5. Las propuestas de solución que se ofrezcan en la mediación a las partes, podrán ser libremente aceptadas o rechazadas por estas. En caso de aceptación, la avenencia conseguida tendrá la misma eficacia de lo pactado en convenio colectivo. 6. Dicho acuerdo se formalizará por escrito, presentándose copia a la Autoridad Laboral competente a los efectos y en plazo previsto en el Artículo 90 del Estatuto (real decreto 1/1995 de 24 de marzo), cuando proceda. Artículo 68. Arbitraje. 1. Mediante el procedimiento de arbitraje las partes en Conflicto acuerdan voluntariamente encomendar a una tercera persona y aceptar de antemano la solución que ésta dicte sobre sus divergencias. 2. El acuerdo de las partes promoviendo el arbitraje será formalizado por escrito, se denominará compromiso arbitral y constará al menos, de los siguientes extremos: – Nombre de la persona o personas designadas para arbitrar. – Cuestiones que se someten a laudo arbitral y plazo para dictarlo. – Domicilio de las partes afectadas. – Fecha y firma de las partes. 3. Se harán llegar copias del compromiso arbitral a la Secretaria de la Comisión Paritaria, y a los efectos de constancia y publicidad, a la autoridad laboral competente. 4. La designación será libre y las personas designadas serán imparciales. Se llevara a cabo el nombramiento en igual forma que la señalada para la mediación. 5. Una vez formalizado el compromiso arbitral, las partes se abstendrán de instar cualesquiera otros procedimientos sobre la cuestión o cuestiones sujetas al arbitraje. 6. Cuando un conflicto colectivo haya sido sometido a arbitraje, las partes se abstendrán de recurrir a huelga o cierre patronal mientras dure el procedimiento arbitral. 7. El procedimiento arbitral se caracterizará por los principios de contradicción e igualdad entre las partes. Quienes arbitren podrán solicitar informes a especialistas en la materia, si fuera preciso. 8. La resolución arbitral será vinculante inmediatamente ejecutiva y resolverá motivadamente todas y cada una de las cuestiones fijadas en el compromiso arbitral. 9. Las personas que arbitren siempre actuarán conjuntamente y comunicarán a las partes la resolución dentro del plazo fijado en el compromiso arbitral, notificándolo igualmente a la Comisión Paritaria y a la Autoridad Laboral Competente. 10. La resolución, si procede, será objeto de depósito, registro y publicación a idénticos efectos de los previstos en el Artículo 90 del Estatuto (Real Decreto 1/1995 de 24 de marzo). 11. La resolución arbitral tendrá la misma eficacia de lo pactado en Convenio Colectivo. 12. Será de aplicación al procedimiento arbitral lo señalado en este acuerdo para la mediación. Artículo 69. Comisión Paritaria. A los efectos de lo establecido en este Capítulo, la Comisión Paritaria tendrá las atribuciones y competencias ya citadas y de forma primordial las siguientes: a. Aprobar un reglamento de funcionamiento. b. Establecer la lista de personas para mediar y arbitrar. c. Fomentar la utilización de estos procedimientos como vía de concertación y de solución dialogada de los conflictos laborales. d. Difundir el contenido de lo aquí pactado entre la Empresa y su persona. e. Analizar los resultados de estos procedimientos en función de los estudios e informes que se preparan por la Secretaria de la Comisión Paritaria. CAPÍTULO XI Igualdad Artículo 70. Medidas y planes de igualdad. 1. Las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas que deberán negociar, y en su caso acordar, con los representantes legales de los trabajadores /trabajadoras. 2. En el caso de las empresas de más de doscientos cincuenta, en plantilla las medidas de igualdad a que se refiere el apartado anterior deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad, con el alcance y contenido establecidos en el capítulo III de la Ley de Igualdad, que deberá ser asimismo objeto de negociación en la forma que se determine en la legislación laboral. 3. La elaboración e implantación de planes de igualdad será voluntaria para las demás empresas, previa consulta a la representación legal de los trabajadores y trabajadoras. Los planes de igualdad fijarán los objetivos concretos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados. Los planes de igualdad fijaran los objetivos concretos de igualdad alcanzar, las estrategias y practicas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sus sistemas eficaces de seguimiento, evaluación de los objetivos fijados. Los planes de igualdad contemplaran, entre otras, las materias de acceso al empleo, clasificación profesional, promoción y formación, retribuciones, ordenación del tiempo de trabajo para favorecer, en términos de igualdad entre hombres y mujeres, la conciliación laboral, personal y familiar, y prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo. 4. Se garantiza el acceso de la representación sindical o, en su defecto, de los propios trabajadores y trabajadoras, a la información sobre el contenido de los planes de igualdad y la consecución de sus objetivos. Disposición transitoria primera. Incorporación al Convenio de los Talleres de Ortopedia, Reparación de Calzado y Duplicado de Llaves. Los firmantes del presente convenio se comprometen a someterse a un procedimiento de arbitraje en el SIMA, en el mes de septiembre, para incluir los grupos profesionales de la actividad de reparadores de calzado incluida dentro de este convenio. Se requerirá para ello el auxilio de los expertos necesarios para que el arbitraje tenga un carácter técnico. Disposiciones transitoria segunda. Formación Profesional. Objetivos: Las organizaciones firmantes del presente Convenio, consideran la Formación Profesional como un elemento estratégico que permite compatibilizar la mayor competitividad de las empresas con la formación individual y el desarrollo profesional y/o personal. Y manifiestan por ello su voluntad de aprovechar y desarrollar al máximo la normativa legal vigente en esta materia. (RD. 395/2007 de 23 de marzo por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, y las normas que lo desarrollen). Iniciativas de formación: 1. Formación de oferta: Con el objeto de desarrollar acciones formativas de interés general o con el fin de satisfacer las necesidades específicas de formación profesional, se establecerán los mecanismos necesarios para la suscripción de Convenios para la formación Sectorial. 2. Formación de demanda: Las empresas podrán organizar cursos de formación y perfeccionamiento del personal con cargo al crédito de formación que anualmente dispongan en base a lo dispuesto en el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, en aras de obtener un adecuado desarrollo profesional y mejorar la competitividad de las empresas. Comisión paritaria de formación: En aquellas empresas que opten a su crédito de formación mediante el sistema de bonificación, (Orden TAS/500/2004, de 13 de febrero, por la que se regula la financiación de las acciones de formación en las empresas, incluidos los permisos individuales de formación.) y que cuenten con una plantilla igual o superior a 100 personas, constituirán una Comisión Paritaria de Formación, cuyos miembros serán designados de entre la representación legal de los trabajadores y de la dirección de la empresa, y cuyas funciones serán: – Conocer e informar previamente a su puesta en práctica sobre los criterios, orientaciones y contenidos genéricos de las Acciones Formativas, así como el presupuesto destinado a tal fin. – Proponer a la Dirección programas y/o acciones concretas de formación. – Analizar la información del seguimiento, evaluación de su desarrollo y proponer líneas de mejora. – Velar por los intereses de formación de los colectivos que más lo precisen. – Seguimiento y tutela de los derechos de las personas con contratos de formación y de quienes realizan prácticas laborales, que incluyan formación en centros de trabajo de la formación profesional reglada, las prácticas en empresas que realizan los desempleados /desempleadas participantes en cursos con un módulo de formación en centros de trabajo y las prácticas no laborales que realizan las personas becarias o estudiantes de los últimos cursos universitarios. Formación para personas con contrato de duración determinada: En aplicación de lo establecido en el art. 15.7, segundo apartado, del Estatuto (Real Decreto 1/1995 de 24 de marzo), en cada empresa que emplee a personas con contratos de duración determinada, se concretará la participación de estos en las acciones de formación continua en la empresa. Permisos individuales de formación: Se podrán solicitar permisos individuales de formación en los términos que se determinan en el RD. 395/2007, de 23 de marzo, o norma que lo pueda sustituir o desarrollar y con el objeto de facilitar la formación reconocida por una titulación oficial a quien pretenda mejorar su capacitación personal y/o profesional, sin coste a la empresa donde prestan sus servicios. Por parte de las empresas se pondrán todos los medios para que quien los solicite puedan acceder a esta modalidad de permiso individual. Comisión paritaria sectorial de formación: Por acuerdo del convenio pactado en 1997, quedó constituida la Comisión Paritaria Sectorial de Formación Continua para el sector del Calzado, compuesta por cuatro Representantes de las Organizaciones Patronales y cuatro Representantes por la parte Sindical. Que según lo establecido en el artículo 35 del R. D. 395/2007 de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, tendrá asignadas las siguientes funciones: a) Intervenir en la mediación de los supuestos de discrepancias a que se refiere el artículo 15.5. del citado RD. b) Conocer la formación profesional para el empleo que se realice en el sector. c) Fijar los criterios orientativos y las prioridades generales de la oferta formativa sectorial. d) Participar y colaborar en actividades, estudios o investigaciones de carácter sectorial y realizar propuestas en relación con el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional y los Centros de Referencia Nacional correspondientes al sector. e) Elaborar una memoria anual sobre la formación realizada en el sector. f) Conocer de la agrupación de empresas en el sector prevista en el artículo 16.2. g) Cualesquiera otras que les sean atribuidas por la normativa de desarrollo del Real Decreto. Disposición transitoria tercera. Salud Laboral. Se constituye la Comisión paritaria sectorial de salud laboral que estará compuesta por cuatro representantes de las organizaciones empresariales y otros cuatro de los sindicatos. Serán sus cometidos prioritarios: elaborar un estudio para determinar las enfermedades profesionales derivadas del ejercicio del trabajo y solicitar su reconocimiento por la Seguridad Social; elaborar estadísticas sobre la siniestralidad profesional en el sector, proponiendo recomendaciones técnico-sanitarias para su reducción, etc. Asimismo, la comisión trasladará a la Comisión Negociadora del convenio propuestas de seguro para complementar las percepciones salariales en situaciones de IT y su costo sectorial. La comisión queda facultada para constituirse, a estos fines, en entidad jurídica autónoma, sectorial o intersectorial, por acuerdo, al menos, de los dos tercios de sus componentes. Las partes firmantes de este convenio entienden y comparten los objetivos propuestos en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el trabajo. Por ello acuerdan que sea esta Comisión, que tiene carácter paritario entre representantes de la patronal y sindicatos firmantes del convenio, la que asumirá las competencias contempladas en el Objetivo 3 de la Estrategia. Para cumplir esta tarea, la Comisión de salud laboral tendrá la potestad de definir cuales son las líneas de actuación específica y los programas más adecuados para promocionar la seguridad y salud en el trabajo en el sector del calzado, así como de definir los proyectos que se presentarán ante la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. Este órgano paritario tendrá también la capacidad para designar a los agentes sectoriales de prevención en representación de cada una de las partes firmantes, que se encargarán de las visitas a los centros de trabajo previamente establecidos en cada programa. Disposición adicional primera. No compensación ni absorción. No serán compensables ni absorbibles el complemento personal de antigüedad (artículo 36) ni las garantías personales a que se refiere el artículo 13 del presente Convenio (incentivos de personal a destajo que pasen - o hayan pasado- a sistemas de tiempos medidos). Disposición adicional segunda. Responsabilidad social. Las empresas que suscriban códigos de conducta de responsabilidad social, lo negociarán previamente con los comités de empresa. Disposición adicional tercera. Adhesión al ASAC. Ambas partes se adhieren al acuerdo de solución extrajudicial de conflictos laborales ASAC V, publicado en el BOE del 23 de febrero de 2012. Cláusula final. El presente Convenio ha sido suscrito por unanimidad de ambas representaciones, constituidas por las Asociaciones Empresariales F.I.C.E. y AEC., con domicilios respectivamente en C/.Núñez de Balboa Nº. 116 de Madrid (28006) y Severo Ochoa N.º 42, P. Empresarial de Elche (03203), Alicante, y los Sindicatos F.I.T.A.G.–U.G.T. con domicilio en la calle Avenida de América Nº. 25-2ª planta de Madrid (28002) y F.I.T.E.Q.A-.CC.OO. con domicilio en la Plaza de Cristino Martos Nº. 4, 5ª planta, de Madrid (28015), quienes en reunión de constitución de la Comisión negociadora el día 12.11.2013, se reconocieron plena capacidad y legitimaron para negociarlo. ANEXO 1 Grupos de asimilación y bases de cotización a la Seguridad Social Categorías profesionales Grupo de Asimilación Bases de cotización Ingenieros y Licenciados. 1 (1) Peritos, Ayudantes titulados, ATS, Diplomados Graduados Sociales, Profesores Mercantiles y Analistas. 2 (1) Jefes Administrativos y de Taller, Jefe de Departamento, Encargado de Sector, Jefe de Sección y Negociado, Jefes de Compras o de Ventas, Encargado General de Fabricación. 3 (1) Ayudantes no titulados, Modelista, Encargado de Sección, Viajante y Programadores. 4 (1) Oficiales de Primera y Segunda Administrativos, Oficial de Ventas y Dependiente. 5 (1) Listero, Almacenero, Pesador o Basculero, Guarda Jurado, Vigilantes, Ordenanza, Portero, Enfermero, Mozo de Almacén Botones o Recaderos de 18 años. 6 (1) Auxiliares Administrativos y Telefonistas. 7 (1) Niveles V y IV, Patronistas, Maestro de Mesilla., Maestro de Reparación Mecánica, Subencargado de Sección, Conductores y Guarnecedores. 8 (1) Niveles III y II. 9 (1) Nivel I y Empleados de Limpieza. 10 (1) Botones o Recaderos de 16 y 17 años y Aspirantes. 11 (1) (1) Las vigentes en cada momento. ANEXO 2 Convenio del calzado. Tabla salarial 2014 Tabla I. Personal con retribución mensual o diaria (extras aparte) Tabla II. Personal con retribución mensual o diaria (todo incluido)   Salario anual Salario mes (Tabla I) Salario día (Tabla I) Salario mes (Tabla II) Salario día (Tabla II) Hora Prima (Tabla II) Grupo I: Personal Técnico Titulado             Ingenieros y Licenciados. 25.828,74 1.844,91 60,77 2.152,39 70,76   Ingenieros Técnicos y Analistas Diplomados. 23.707,01 1.693,36 55,78 1.975,58 64,95   Graduados Sociales y A.T.S. 23.707,01 1.693,36 55,78 1.975,58 64,95   Personal Técnico no Titulado             Encargado General Fabricación. 23.702,52 1.693,04 55,77 1.975,21 64,94   Encargado Depto.y Técnico Org. 23.078,00 1.648,43 54,30 1.923,17 63,23   Encargado Sector, Programador y Modelista. 20.730,57 1.480,76 48,78 1.727,55 56,80   Patronista. 18.998,77 1.357,05 44,70 1.583,23 52,05   Encargado de Sección y Cronometrador. 17.625,22 1.258,94 41,47 1.468,77 48,29   Subencargado de Sección. 15.479,32 1.105,67 36,42 1.289,94 42,41   Grupo II: Empleados Mercantiles             Jefe de Compras y Ventas. 22.956,72 1.639,77 54,02 1.913,06 62,90   Agente de Compras y Viajantes. 18.714,89 1.336,78 44,04 1.559,57 51,27   Oficial de ventas. 18.520,20 1.322,87 43,58 1.543,35 50,74   Dependiente. 13.876,10 991,15 32,65 1.156,34 38,02   Personal Administrativo             Jefe de Sección. 21.487,98 1.534,86 50,56 1.790,66 58,87   Jefe de Negociado. 20.619,54 1.472,82 48,52 1.718,30 56,49   Oficial de Primera. 17.625,22 1.258,94 41,47 1.468,77 48,29   Oficial de Segunda. 16.134,63 1.152,47 37,96 1.344,55 44,20   Auxiliar y Telefonista. 14.017,66 1.001,26 32,98 1.168,14 38,40   Grupo IV: Oficios varios             Conductor Transportista y Maestro de Mesilla. 16.022,60 1.144,47 37,70 1.335,22 43,90   Encargado de Almacén y Listero. 15.097,85 1.078,42 35,52 1.258,15 41,36   Almacenero y Chofer Distribuidor. 14.756,38 1.054,03 34,72 1.229,70 40,43   Oficial de almacén. 14.261,91 1.018,70 33,56 1.188,49 39.07   Vigilante y Pesador. 13.636,94 974,07 32,09 1.136,41 37,36   Ordenanza, Portero y Mozo de Almacén. 13.573,95 969,57 31,94 1.131,16 37,19   Empleados de Limpieza. 13.219,64 944,26 31,11 1.101,64 36,22   Grupo III: Fabricación             Nivel 5. 14.766,75 1.054,77 34,75 1.230,56 40,46 8,37 Nivel 4. 14.261,88 1.018,71 33,56 1.188,49 39,07 8,08 Nivel 3. 13.757,02 982,64 32,37 1.146,42 37,69 7,80 Nivel 2. 13.550,32 967,88 31,88 1.129,19 37,12 7,68 Nivel 1. 13.408,59 957,76 31,55 1.117,38 36,74 7,60 T. en formación (y para el 100% de jornada).             Aprendices 2.º año. 12.195,29 871,09 28,69 1.016,27 33,41   Aprendices 1.er año. 10.162,74 725,91 23,91 846,90 27,84

Convenios colectivos de nivel I y empleados de limpieza, Botones o Recaderos de 16 y 17 años y Aspirantes. Convenio del calzado, etc..

Visto el texto del Convenio colectivo de la Industria del Calzado (código de convenio n.º 99000805011981) que fue suscrito con fecha 22 de julio de 2014 de una parte por la Asociación Española de empresas de componentes de calzado (AEC) y la Federación de Industrias del Calzado Español (FICE) en representación de las empresas del sector, y de otra por los sindicatos FITAG-UGT y FITEQA-CC.OO en representación de los trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, Esta Dirección General de Empleo resuelve: Primero. Ordenar la inscripción del citado Convenio colectivo en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora. Segundo. Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Madrid, 25 de septiembre de 2014.–El Director General de Empleo, Xavier Jean Braulio Thibault Aranda. CONVENIO COLECTIVO DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículo 1. Ámbito Territorial, Funcional y Personal. A. Ámbito Territorial: El presente Convenio es de aplicación en todo el Estado Español. B. Ámbito Funcional: El Convenio obliga a todas las Empresas dedicadas a la fabricación de calzado y a las industrias auxiliares de la fabricación de calzado, así como a los talleres de ortopedia, de reparación de calzado y duplicado de llaves. Asimismo en su ámbito funcional están incluidas las Asociaciones de I+D y Centros Tecnológicos sectoriales. C. Ámbito Personal: El Convenio afectará a las personas que trabajen en las Empresas incluidas en el ámbito Funcional. Artículo 2. Vigencia y duración. Pago de atrasos. El convenio entrará en vigor el 1 de enero de 2014 y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2015, en años naturales. Y se prorrogará de año en año de no producirse su denuncia. El plazo para el pago de atrasos, o de diferencias salariales, finaliza a los 10 días siguientes a la primera fecha de pago habitual en la empresa, tras la publicación del convenio, o de su revisión, en el BOE.; penalizándose las demoras con un 25 % de la cantidad adeudada. Artículo 3. Aplicación y Garantía personal. A. Naturaleza de las condiciones pactadas: Las condiciones pactadas constituyen un todo orgánico e indivisible y a efectos de su aplicación práctica, serán consideradas globalmente. B. Todas las condiciones económicas y de otra índole, contenidas en el presente Convenio estimadas en su conjunto, tendrán la consideración de mínimas, por lo que los pactos, cláusulas o situaciones actuales implantadas en las Empresas, que impliquen condición más beneficiosa en relación a las condiciones convenidas por el personal, subsistirán como garantía «ad personam» para quienes vengan gozando de ellas. Las mejoras legales que se dicten en el futuro y afecten a las relaciones de trabajo, tanto en lo económico como en lo social, se incorporarán al Convenio, siempre que ello sea procedente en materia económica por superar global y anualmente lo pactado a nivel de Convenio. Artículo 4. Denuncia y extinción. La denuncia proponiendo la resolución o revisión del convenio deberá comunicarse a la Autoridad laboral y a la otra parte con una antelación mínima de dos meses respecto a la fecha de terminación de la vigencia o de cualquiera de sus prórrogas. Las partes se comprometen a constituir la comisión negociadora del nuevo convenio un mes antes de finalizar la vigencia de éste; estableciéndose un plazo máximo de un año, desde la finalización, para el acuerdo de nuevo convenio o de prórroga. Si, agotado este plazo, la comisión negociadora no llegara a un acuerdo, se acudirá a los mecanismos de solución extrajudicial de conflictos, el laudo arbitral. Transcurrido un año, desde la constitución de la comisión negociadora, sin que se haya acordado un nuevo convenio o dictado un laudo arbitral, el convenio se considerará extinguido. Artículo 5. Comisión de Interpretación y Vigilancia. Para la interpretación y vigilancia del presente Convenio, así como del sistema de clasificación profesional, se crea una Comisión Paritaria compuesta por las organizaciones firmantes. 1. La Comisión Mixta de interpretación y vigilancia estará compuesta de forma paritaria por dos vocales de cada una de las Centrales Sindicales CC.OO. y U.G.T. y otros cuatro de F.I.C.E. y A.E.C., de ambas partes en la Comisión Negociadora del Convenio. Caso de precisarlo ambas representaciones, podrán incorporarse a la Comisión personas expertas para cualquier planteamiento que se derive de la interpretación y aplicación del Convenio. 2. Su ámbito de aplicación será el mismo del Convenio y podrá reunirse o actuar a petición de alguna de las partes, en cualquier lugar del territorio nacional en donde se plantee el conflicto, para lo que se dirigirá la petición a la secretaría de la comisión, en el domicilio de F.I.C.E., que estará obligada a convocarla y realizarla en un plazo máximo de 15 días. 3. La Comisión elegida tendrá como funciones específicas las siguientes: a. Interpretación de la aplicación de la totalidad de las cláusulas del Convenio. b. Arbitraje de la totalidad de los problemas o cuestiones que se deriven de la aplicación del Convenio y de la clasificación profesional. c. Vigilancia del cumplimiento de lo pactado. d. Intervenir, en plazo máximo de 7 días desde la fecha de recepción del escrito razonado y motivado que lo solicite, en ### RESUMEN: Convenios colectivos de nivel I y empleados de limpieza, Botones o Recaderos de 16 y 17 años y Aspirantes. Convenio del calzado, etc..

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos que Les Corts han aprobado y yo, de acuerdo con lo establecido por la Constitución y el Estatuto de Autonomía, en nombre del rey, promulgo la siguiente Ley: PREÁMBULO I Las sociedades democráticas avanzadas han reorientado en los últimos años su acción política y su diseño institucional desde burocráticas estructuras de conocimiento y toma de decisiones, hacia un enfoque más holístico y flexible, focalizado sobre la participación, la apertura informativa y la coproducción de conocimiento y servicios. No ha sido fruto de un convencimiento académico o ideológico, sino consecuencia ya inevitable de la evolución casi vertiginosa, del sentir de los ciudadanos que exigen participar en la política de más formas que la representación parlamentaria clásica. El desarrollo de las tecnologías de la información y de las redes sociales como mecanismos de participación casi en tiempo real no son ajenas a este cambio. Queda lejos en el tiempo la previsión originaria sobre el derecho al acceso a la información pública del artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El enfoque, netamente procedimental, y referido a registros y documentos, adoptado por esta ley se ha visto superado en el transcurso de más de veinte años por un nuevo paradigma: la sociedad como coproductora de conocimiento y de políticas públicas, generadora de valor público y legitimada plenamente para acceder, sin más restricciones que las estrictamente necesarias, al conjunto de datos que crea, maneja y gestiona el conjunto de las administraciones públicas y su sector instrumental. Se abandona así un sentido patrimonialista del derecho a la información que es sustituido por una comprensión necesariamente proactiva: la ciudadanía como sujeto de la acción pública, y no sólo el Gobierno y sus administraciones. Los ejes sobre los que bascula esta nueva política son los de la transparencia informativa, la promoción de la reutilización de datos públicos, la implantación efectiva de códigos de buen gobierno y buenas prácticas, y la participación proactiva de la ciudadanía en los procesos de toma de decisión sobre políticas públicas. Este es el marco que esta ley impulsa. II La Constitución española de 1978 garantiza en sus artículos 23 y 105.b el derecho de los ciudadanos a la participación en los asuntos públicos, y al acceso a los archivos y registros administrativos. Una apreciable producción normativa y jurisprudencial ha dado contenido y desarrollado estos derechos. Los pactos y acuerdos de derecho internacional suscritos por España tampoco son ajenos al reconocimiento activo de estos derechos: en concreto el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos ampara «la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas». Asimismo se recoge el derecho de participación ciudadana en el artículo 21.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y en el artículo 25.a del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La Unión Europea, en diferentes momentos, ha adoptado directivas, de alcance sectorial, que han sido transpuestas al ordenamiento jurídico español mediante la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente; y de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público. El Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana en su artículo 9.1. ya previó la promulgación de una ley autonómica sobre el derecho a una buena administración y el acceso a los documentos de las instituciones y administraciones públicas valencianas. Este marco jurídico ha dado un salto cualitativo con la aprobación por el Estado, y con carácter básico casi en su integridad, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Lejos de adoptar una perspectiva procedimentalista, esta ley se convierte en una herramienta efectiva de desarrollo social y de la calidad democrática de las sociedades avanzadas. Además, la Generalitat considera que la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los asuntos públicos constituye uno de los pilares básicos sobre los que se desarrollan y toman forma la democracia avanzada y el autogobierno. Así lo reconoce el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, en su artículo 9.4. Precisamente, viene a reforzar esta convicción el hecho de que la ley se ha sometido a un amplio proceso de consulta pública, de forma que finalmente se han incorporado a su texto propuestas ciudadanas y asociativas referidas a cuestiones y regulaciones de importancia, tales como la ampliación de su ámbito subjetivo, la regulación de un régimen sancionador específico o la atribución de funciones de garantía a una institución independiente del Consell, entre otras. III La Generalitat adopta esta ley en ejercicio de sus competencias y potestad de autoorganización, en los términos previstos en el artículo 49.1.1 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana. Como se ha apuntado ya, al objetivo de desarrollar la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, se suman contenidos que complementan y perfeccionan el régimen jurídico básico, en materia de transparencia y buen gobierno. El sistema y alcance de la participación ciudadana en las políticas públicas de la Generalitat encuentra aquí un encaje adecuado y complementario. Además, mediante esta ley se da cumplimiento a otro objetivo básico de la Generalitat, concretado mediante el segundo plan de simplificación y reducción de cargas administrativas (Plan SIRCA-2), consistente en la simplificación administrativa y la mejora de la calidad normativa. Así, se derogan expresamente diversas normas que han sido incorporadas o actualizadas mediante esta ley. IV En esta ley se establece un nuevo modelo que regula, por una parte, la obligación de informar y la publicidad de la acción pública y, por otra parte, el derecho de acceso a la información pública. Hay que distinguir claramente entre la publicidad activa, es decir, la obligación de la administración pública de proporcionar y difundir –constantemente y de forma veraz– toda la información de mayor relevancia, sin que nadie lo solicite, y el derecho de acceso a la información pública, que abarca la posibilidad de acceso de cualquier ciudadano o ciudadana –mediante solicitud previa– a la información pública sin más limitaciones que las que contemplan las leyes. La publicidad activa está al servicio de la transparencia en la actividad pública. El ciudadano o la ciudadana no tienen por qué preocuparse de solicitar cierta información, sino que la administración pública se la ofrece a través de los diferentes canales existentes y, fundamentalmente, a través de internet. El derecho de libre acceso a la información pública tiene una configuración diferente porqué se trata de acceder no a la información que la administración ha hecho pública por ella misma o tiene el deber de hacerlo, sino a cualquier otra, siempre que tal acceso no esté limitado; por lo que se regulan con detalle tales supuestos. En ocasiones será necesario realizar un ejercicio de ponderación de los intereses en juego y justificar el interés superior en la publicidad de la información. En ocasiones sólo será posible el acceso parcial a la información y, en otras, la protección de los datos personales impedirá el acceso; por lo que se regulan con detalle todas estas cuestiones, teniendo en cuenta la ponderación de los otros derechos que puedan concurrir. V Este texto se estructura en un título preliminar y cinco cardinales, y se complementa con un conjunto de disposiciones que articularán debidamente las regulaciones complementarias no sustantivas de la ley, las derogaciones expresas y un mandato heterogéneo al Consell para aprobar los diferentes desarrollos reglamentarios previstos. En el título preliminar se recogen los aspectos transversales esenciales de la ley como son su objeto, ámbito subjetivo de aplicación y los principios generales que regirán su interpretación. En el título I se regula la transparencia en la gestión de la actividad pública. Es notoria la amplitud de los sujetos y organizaciones tanto del sector público como de la sociedad que se incluyen en el ámbito de aplicación de este título. Así, se regula la actividad de todos los sujetos que prestan servicios públicos o ejercen potestades administrativas para lograr alcanzar una completa transparencia. Por ello, se establecen un conjunto de previsiones que se recogen desde una doble perspectiva y en tres capítulos diferenciados: la publicidad activa, el derecho de acceso a la información pública, y su reutilización. Dentro del capítulo I, relativo a la publicidad activa, se regula la información que debe hacerse pública, estructurada en cinco bloques bien definidos: información económica, presupuestaria y estadística; información de relevancia jurídica; información organizativa y de planificación; información relativa a altos cargos y puestos asimilados; e información relativa a territorio, urbanismo y medio ambiente. Por último se prevé la publicación de información no prevista inicialmente. También se definen aspectos relativos al Portal de Transparencia de la Generalitat, cuya creación responde a la necesidad de facilitar el acceso de toda la ciudadanía a la información a través de un nodo de difusión de fácil acceso y con un contenido claro y estructurado. En lo que concierne a las administraciones locales, se ha optado porque sean ellas, en uso de la autonomía que tienen reconocida, las que amplíen sus obligaciones de publicidad activa sobre las establecidas en la legislación básica mediante la aprobación de sus propias normas u ordenanzas. El capítulo II regula de forma general –y en el marco de las previsiones de la ley estatal– el derecho de acceso a la información pública, los límites establecidos, las causas de acceso parcial, disociación de información e inadmisión entre otras. Se define el procedimiento a seguir, así como la competencia para resolver las solicitudes. El capítulo III atañe a lo que se viene denominando de forma habitual como open data o datos abiertos, entendido como la puesta a disposición pública de la información que gestiona el sector público con el objetivo de facilitar la generación de valor añadido. La información y los datos que crean y gestionan las diferentes administraciones son activos que pasan así a estar disponibles para las interacciones ciudadanas, iniciativas empresariales o del tercer sector, o investigaciones académicas, entre otras, en los términos previstos en las directivas 2003/98/CE y 2013/37/UE. En el capítulo IV se define el régimen jurídico de las reclamaciones contra las resoluciones de acceso a la información pública, cuya resolución es atribuida a un consejo de garantías de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. El título II establece los principios éticos y de actuación que deben regir la labor de los miembros del Consell, sus altos cargos y los directivos asimilados del sector público valenciano. Este título tiene como objetivo detallar a través de unos principios básicos el valor ético de la actividad política y conseguir, con ello, reforzar el vínculo de confianza entre la ciudadanía y sus dirigentes. No obstante, prevé la aprobación de un código ético en concreción de los principios que recoge. El título III establece y detalla un régimen sancionador necesariamente complejo, para garantizar la aplicación y efectividad de la ley en el ámbito de la Comunitat Valenciana. Esta regulación amplia la prevista en la legislación básica para las actuaciones en materia de buen gobierno, y distribuye infracciones, sanciones, procedimiento y competencias en un triple ámbito, en función de la clasificación de sujetos prevista en el título preliminar de la ley, y las diferentes obligaciones que a cada uno atañen. El título IV, dedicado al régimen de garantías del sistema de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ha optado por atribuir su ejercicio a un consejo con independencia funcional soportado por la Administración de la Generalitat. Cabían otros modelos organizativos para diseñar el órgano de control, y se ha optado por una fórmula que permite aunar diversos vectores: el afianzamiento del autogobierno, la garantía de independencia en la elección de sus integrantes, que requiere de una mayoría parlamentaria cualificada, y la necesidad de contener el gasto público evitando la creación de un organismo específico y de su estructura burocrática. El título V regula los aspectos relativos a la participación ciudadana. El diálogo entre ciudadanía y administraciones públicas no sólo es positivo y oportuno sino imprescindible para el desarrollo de una sociedad democrática y avanzada que consolide nuestro estado de bienestar. Se fomenta así la participación activa de la ciudadanía en los asuntos públicos. Y es que transparencia, apertura y participación ciudadana son los tres ejes sobre los que los gobiernos y las administraciones públicas están diseñando las políticas públicas y concretando sus formas de implementación y evaluación. En el capítulo I se establecen los principios generales que deben regir las actuaciones relativas a la participación ciudadana, tanto de forma individual como colectiva. Los instrumentos de participación vienen determinados en el capítulo II y serán las herramientas indispensables de uso ciudadano que harán más eficaz la colaboración entre la administración y la ciudadanía. Se regulan los procesos de participación en la elaboración de normas, el derecho a proponer iniciativas normativas y el régimen del Consejo de Participación Ciudadana. En el capítulo III, por su singularidad organizativa y cultural, se regula la participación de los valencianos residentes en el exterior y el régimen básico de los centros valencianos en el exterior y el Consejo de Centros Valencianos en el Exterior. El conjunto de disposiciones comunes que complementan el texto sustantivo regula los aspectos complementarios, transitorios y derogaciones expresamente contempladas. Nueve disposiciones adicionales recogen diversas regulaciones que no tienen encaje concreto en el articulado de la ley, y que son necesarias o complementarias para su eficaz desarrollo. Una disposición transitoria que garantiza la vigencia temporal de determinados decretos en tanto no sean sustituidos por otros. Una sola disposición derogatoria recoge el conjunto de disposiciones que se extinguen, en concreto la Ley 11/2009, de 20 de noviembre, de la Generalitat, de Ciudadanía Corporativa, la Ley 11/2007, de 20 de marzo, de la Generalitat, de Comunidades de Valencianos en el Exterior; y la Ley 11/2008, de 3 de julio, de la Generalitat, de Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana; cuyos contenidos se integran en la nueva ley, asimismo se deroga el Decreto 206/2007, de 19 de octubre, del Consell, por el que se crea la Comisión Interdepartamental para la Participación Ciudadana. Las disposiciones finales concretan, por un lado el correspondiente desarrollo reglamentario, y por otro el régimen de entrada en vigor. El esquema de entrada en vigor de la ley autonómica, en coherencia con el de la ley básica, se concreta en torno a dos momentos y haciendo valer una lectura restrictiva de tal demora; así, el conjunto de la ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación oficial, difiriéndose seis meses –un periodo de tiempo que se considera razonable para acometer las adaptaciones tecnológicas y organizativas necesarias– la entrada en vigor del capítulo I del título I que recoge las obligaciones en publicidad activa, y las disposiciones complementarias relacionadas. TÍTULO PRELIMINAR Artículo 1. Objeto. Esta ley tiene por objeto: 1. Regular y garantizar, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, el ejercicio del principio de transparencia y el derecho de libre acceso a la información pública, entendido como el derecho de la ciudadanía a recibir una información adecuada y veraz sobre la actividad pública, garantizando la libertad de todas las personas a formar sus opiniones y tomar decisiones con base en esa información. 2. Fomentar la mejora continua de la calidad democrática de nuestra sociedad estableciendo los principios básicos para la implantación de un código de buen gobierno en el ámbito de la Administración autonómica. 3. Promover y fomentar la participación ciudadana en los asuntos públicos, de forma individual o colectiva, y regular las relaciones de la Generalitat con la ciudadanía y con organizaciones y entidades de la sociedad civil de la Comunitat Valenciana. Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación. 1. Las disposiciones de esta ley se aplicarán a: a) La Administración de la Generalitat. b) El sector público instrumental de la Generalitat, en los términos definidos en el artículo 2.3 de la Ley 1/2015 de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones: b.1) Las entidades autónomas de la Generalitat. b.2) Las entidades de derecho público de la Generalitat. b.3) Los consorcios adscritos a la Generalitat. b.4) Las sociedades mercantiles de la Generalitat. b.5) Las fundaciones del sector público de la Generalitat. c) Les Corts, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes, El Consell Valencià de Cultura, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Comité Econòmic i Social, el Consell Jurídic Consultiu y cualquier otra institución estatutaria análoga que se pueda crear en el futuro, en relación con su actividad administrativa y presupuestaria. d) Las entidades integrantes de la Administración local de la Comunitat Valenciana y las entidades de su sector público vinculadas o dependientes. e) Las universidades públicas valencianas y las entidades de su sector público vinculadas o dependientes. f) Las corporaciones de derecho público, en lo relativo a sus actividades sujetas a derecho administrativo. g) Las asociaciones constituidas por las administraciones públicas, organismos y entidades mencionados en este artículo. 2. A los efectos de lo previsto en esta ley, tendrán la consideración de administraciones públicas: la administración de la Generalitat y sus organismos públicos vinculados o dependientes, las entidades integrantes de la administración local de la Comunitat Valenciana, las universidades públicas valencianas y los consorcios constituidos íntegramente por administraciones públicas territoriales. Artículo 3. Otros sujetos obligados. 1. Deberán cumplir las obligaciones de transparencia establecidas en la legislación básica: a) Los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales. b) Las entidades privadas que perciban durante el periodo de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando, al menos, el 40% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros. 2. Sin perjuicio de lo indicado en el apartado anterior, cualquier persona jurídica privada que perciba, durante el periodo de un año, ayudas o subvenciones, de la administración autonómica o de cualquier otra entidad enumerada en el artículo 2, por importe superior a 10.000 euros, deberá dar la adecuada publicidad a la misma, indicando al menos la entidad pública concedente, el importe recibido y el programa, actividad, inversión o actuación subvencionado. La difusión de esta información se realizará preferentemente a través de las correspondientes páginas web. En caso de que no dispongan de página web donde realizar dicha publicidad, podrán cumplir con dicha obligación a través del portal que ponga a su disposición la Generalitat. 3. Las personas físicas que desarrollen actividades económicas o profesionales para las que hayan percibido, durante el periodo de un año, ayudas o subvenciones de la administración autonómica o de cualquier otra entidad enumerada en el artículo 2, por importe superior a 10.000 euros, deberán dar la adecuada publicidad al carácter público de la financiación de la actividad, inversión o actuación objeto de subvención en las condiciones que se establezcan en las bases reguladoras, convenios o instrumentos que regulen la concesión. 4. Las entidades privadas o personas jurídicas que presten servicios públicos. Estas obligaciones se incluirán en las normas reguladoras de los conciertos y otras formas de participación o gestión en sus pliegos o documentos contractuales análogos que correspondan. 5. Las personas físicas o jurídicas distintas de las referidas en los artículos anteriores que presten servicios públicos o ejerzan funciones delegadas de control u otro tipo de funciones administrativas, estarán obligadas a suministrar a la administración, organismo o entidad de los previstos en el artículo 2.1 al que se encuentren vinculadas, previo requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento por aquellos de las obligaciones previstas en esta ley. Artículo 4. Principios generales. 1. Se entiende por información pública el conjunto de contenidos o documentos que obren en poder de cualquiera de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. 2. Sin perjuicio del resto de obligaciones legales, la interpretación y aplicación de esta ley se articulará en torno a los siguientes principios generales: a) Principio de transparencia: que garantiza una actividad pública fundada en la accesibilidad de la información y en la excepcionalidad de las restricciones que sólo podrán fundarse en la protección de otros derechos. b) Principio de publicidad: en virtud del cual la información difundida será veraz y objetiva, estará actualizada y se publicará periódicamente. c) Principio de libre acceso a la información pública por la ciudadanía, de una manera accesible, comprensible y de la forma más simple e inteligible que sea técnica y organizativamente posible atendiendo a su naturaleza. d) Principio de orientación a la ciudadanía: La actividad pública se articula en torno a la ciudadanía, como eje y referencia de su estrategia. e) Principio de participación ciudadana: Se promueve que la ciudadanía, tanto individual como colectivamente, colabore proactivamente en los asuntos públicos f) Principio de modernización y neutralidad tecnológica: El impulso del empleo de las nuevas tecnologías con el objeto de diseñar procesos más eficientes y cercanos a la ciudadanía se articulará mediante la adopción de estándares tecnológicos abiertos y neutrales. g) Principio de responsabilidad y rendición de cuentas: La actividad pública y la de sus servidores exige la asunción de la responsabilidad derivada de tal desempeño, mediante el impulso de la evaluación de políticas y la rendición de cuentas. h) Principio de reutilización de la información: la información se publicará y difundirá en formatos que posibiliten y favorezcan su reutilización, como forma de creación de valor añadido. Artículo 5. Objetivos. Son objetivos de esta ley: a) Proveer todo lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información pública mediante procedimientos sencillos y claros. b) Hacer transparente la gestión pública mediante la difusión de la información que generen los sujetos obligados. c) Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan evaluar el desarrollo de los sujetos obligados. d) Mejorar la organización, clasificación y manejo de la información pública. e) Garantizar que el ejercicio del gobierno se realice con sujeción a principios éticos y en garantía del servicio público. f) Promover la participación ciudadana en los asuntos públicos. Artículo 6. 1. Con el fin de garantizar la difusión y transparencia de una información pública objetiva, veraz y actualizada, las organizaciones comprendidas en el ámbito de aplicación de esta ley adoptarán políticas de gestión integral de la información, tanto en soporte analógico como electrónico, y diseñarán e implementarán los sistemas y las medidas técnicas y organizativas necesarias que garanticen la interoperabilidad, seguridad, integridad, conservación y accesibilidad de la información, así como la integración de conjuntos de datos. 2. Este sistema integral facilitará a las personas la accesibilidad a la información pública necesaria a fin de promover una participación informada en los asuntos públicos. TÍTULO I La transparencia en la actividad pública Artículo 7. Transparencia en la actividad pública. La Generalitat y las organizaciones comprendidas en el artículo 2 actuarán con transparencia, y la promoverán mediante la publicidad y difusión de la información y la actividad pública mediante diferentes canales, en especial a través de internet, en los términos establecidos en esta ley y en la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, promoviendo y garantizando el acceso por la ciudadanía a la información, tanto en soporte papel como electrónico. CAPÍTULO I Publicidad activa Artículo 8. Obligaciones. 1. La información, que será veraz, objetiva y actualizada, se publicará de forma clara, estructurada, comprensible y fácilmente localizable. 2. En el ámbito de la Administración de la Generalitat y su sector público, se establecerán reglamentariamente los requerimientos técnicos y procedimientos adecuados para garantizar la accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad y la reutilización de la información publicada, así como su identificación y localización. 3. Toda la información se suministrará o difundirá por medios o en formatos adecuados para que resulten accesibles y comprensibles, conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos, en especial a las personas con discapacidades. 4. Las entidades que forman la Administración local de la Comunitat Valenciana sujetarán sus obligaciones de publicidad activa a lo establecido en los artículos 6, 7 y 8 de la Ley 19/2013, y a las normas y ordenanzas que ellas mismas aprueben en uso de su autonomía. 5. Las obligaciones de transparencia contenidas en este capítulo tienen carácter de mínimas y generales y se entienden sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones específicas que prevean un régimen más amplio en materia de publicidad. Artículo 9. Difusión de la información. Las organizaciones comprendidas en el artículo 2 publicarán, como mínimo, en sus páginas web, actualizada y estructurada, la siguiente información: 1. Información económica, presupuestaria y estadística Los sujetos relacionados en el artículo 2, en el ámbito de sus competencias, harán pública la información relativa a la actividad pública que se detalla a continuación. a) Todos los contratos y los encargos a medios propios, con indicación del objeto, tipo, duración, importe de licitación y de adjudicación, procedimiento utilizado para su celebración, instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, número de licitadores participantes en el procedimiento e identidad de la persona o entidad adjudicataria, así como las modificaciones, los desistimientos y las renuncias. Asimismo, se publicarán las prórrogas de los contratos o los encargos y los procedimientos que han quedado desiertos, los supuestos de resolución de contrato o declaración de nulidad, así como los casos de posibles revisiones de precios y cesión de contratos. La publicación relativa a los contratos menores se realizará, al menos, trimestralmente. También se dará publicidad a la subcontratación, indicando la identidad de los subcontratistas, el importe de cada subcontratación y el porcentaje en volumen que cada una suponga sobre el total del contrato. b) Datos estadísticos sobre el porcentaje, en volumen presupuestario, de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público. c) Los convenios suscritos y su texto íntegro. Cuando no sea posible publicarlos en su integridad por razones de confidencialidad, se indicará su objeto, partes firmantes, duración, obligaciones, económicas o de cualquier índole, y sus modificaciones si las hubiera. d) Las encomiendas de gestión suscritas, y su texto íntegro. Cuando no sea posible publicarlas en su integridad por razones de confidencialidad, se indicará su objeto, presupuesto, duración, obligaciones, y las subcontrataciones que se realicen con mención de los adjudicatarios, procedimiento seguido para la adjudicación y su importe. e) Las subvenciones, y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo o finalidad y personas o entidades beneficiarias. Las ayudas concedidas con cargo a fondos de la Unión Europea se regularán por la normativa de publicidad específica de cada fondo. f) Los presupuestos, con descripción de los programas presupuestarios e información sobre su estado y grado de ejecución, así como sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera por la Generalitat. Esta información será actualizada, al menos, trimestralmente y se desagregará por secciones, capítulos y programas. g) Las retribuciones íntegras anuales, incluidas las indemnizaciones percibidas con ocasión del cese o despido, o por residencia o análoga, por las personas comprendidas en el artículo 25, y por los altos cargos y máximos responsables del resto de entidades incluidas en el artículo 2 de esta ley. h) Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por parte de los órganos de control que sobre ellos se emitan. i) La información básica sobre la financiación de la Comunitat Valenciana con indicación de los diferentes instrumentos de financiación. j) La deuda pública de la Administración con indicación de su evolución, endeudamiento por habitante y del endeudamiento relativo. k) El plazo medio de pago a beneficiarios de ayudas y subvenciones, convenios y proveedores, así como los informes de morosidad. l) El inventario de bienes y derechos, que al menos incluirá los bienes inmuebles de dominio público y una relación de bienes muebles de valor histórico artístico o de alto valor económico, en los términos en que se desarrolle reglamentariamente. Asimismo se informará sobre el número de vehículos oficiales. m) Los gastos de caja fija desagregados por centros directivos. n) El coste de las campañas de publicidad y de promoción institucional, desglosando los medios de comunicación empleados, el importe destinado a cada medio y el coste de los diferentes conceptos, al menos una vez al año. o) Información actualizada sobre encuestas y estudios de opinión, incluyendo los modelos utilizados, fichas técnicas y metodológicas, resultados completos y microdatos. Además se indicará la empresa o entidad adjudicataria y el coste de elaboración. 2. Información de relevancia jurídica. 2.1 Las administraciones públicas publicarán: a) Una relación de toda la normativa vigente en su ámbito de aplicación, incluyendo las ordenanzas fiscales en los casos de las administraciones locales. b) Los anteproyectos de ley o proyectos de decretos legislativos cuando se recabe el dictamen de los órganos consultivos. c) Los proyectos de reglamentos; si fuera preceptiva la solicitud de dictámenes a los órganos consultivos, cuando esta se haya cursado. d) Las memorias e informes que conformen los expedientes de elaboración de normas. 2.2 Además, las administraciones públicas y el resto de organizaciones comprendidas en el artículo 2 publicarán: a) Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares y respuestas a consultas planteadas en la medida en que supongan una interpretación del derecho, de los derechos garantizados en esta ley o que tengan efectos jurídicos. b) Las normas u otros instrumentos de planificación o programación cuando se sometan a información pública durante su tramitación. 3. Información institucional, organizativa y de planificación 3.1 La Administración de la Generalitat publicará: a) Los acuerdos adoptados por el Consell. b) Una relación de las competencias y traspasos de funciones y servicios asumidos por la Comunitat Valenciana. 3.2 Las organizaciones incluidas en el artículo 2 publicarán: a) La estructura organizativa de cada organización, funciones que desarrolla, sus órganos y centros directivos, sede, dirección y los distintos medios de contacto de aquéllos y la identificación de sus responsables. b) La plantilla orgánica de plazas, la relación de puestos de trabajo o instrumento análogo de planificación de los recursos humanos y retribución económica anual. c) La relación de puestos de trabajo o plazas reservadas a personal eventual, entidad, centro directivo u órgano al que se encuentran adscritos y retribución íntegra anual. d) La oferta anual de empleo público incluyendo sus convocatorias y estado de desarrollo y ejecución. e) Las convocatorias de selección temporal de sus empleados. f) Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a sus empleados. g) La relación actualizada de los procedimientos administrativos, con indicación de los que están disponibles en formato electrónico, así como las sedes de los registros en los que pueden presentarse escritos y comunicaciones. h) La cartera de servicios; así como las cartas de servicios, y los procedimientos para presentar quejas o reclamaciones y los informes sobre el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos, así como la información disponible que permita su valoración. i) Información estadística desagregada sobre el número y distribución por organizaciones y órganos o entidades de los representantes sindicales y unitarios de los empleados públicos, detallando el crédito horario anual del que disponen. j) Los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen los objetivos concretos, las actividades, los medios necesarios para ejecutarlos, y el tiempo previsto para su consecución. El grado de cumplimiento en el tiempo previsto y los resultados, deberán ser objeto de evaluación y publicación periódica, con los indicadores de medida y valoración. k) Los informes de evaluación de las políticas públicas y de calidad de los servicios públicos. l) El plan e informe anuales de la Inspección General de Servicios de la Generalitat. 4. Información relativa a altos cargos y asimilados. La información que se detalla a continuación respecto a las personas comprendidas en el artículo 25 de esta ley: a) La información relativa a las funciones atribuidas por razón de su cargo o función, así como su trayectoria profesional, incluyendo la reproducción gráfica de los títulos académicos y acreditaciones de su currículo. b) Un registro de los obsequios recibidos por razón del cargo, que detallará su descripción, la persona o entidad que los realizó, la fecha y el destino dado a los mismos. La incorporación al patrimonio público de los obsequios de relevancia institucional o de un importante valor se desarrollará reglamentariamente. c) La declaración de bienes, actividades y derechos patrimoniales que se actualizará con ocasión de producirse cualquier variación de la información inicial. d) Los viajes y desplazamientos fuera de la Comunitat Valenciana realizados en el desempeño de su función, indicando el objeto, la fecha y su coste total, incluyendo dietas y otros gastos de representación. e) Las resoluciones de autorización del ejercicio de actividad privada tras el cese de las personas comprendidas en el ámbito de aplicación de este apartado. f) Las agendas institucionales de las personas integrantes del Consell y sus altos cargos. 5. Información relativa a territorio, urbanismo y medio ambiente. La Administración de la Generalitat difundirá a través de su Portal de Transparencia los instrumentos de ordenación del territorio, los planes urbanísticos y la regulación en materia de medio ambiente, garantizando a la ciudadanía su consulta, tanto presencial como telemática, sin perjuicio de lo dispuesto en su normativa sectorial. 6. Otros contenidos objeto de publicación. Reglamentariamente se establecerán, en el ámbito de la Administración de la Generalitat y su sector público, los criterios para incorporar al portal o a las páginas web correspondientes: a) la información que se solicite con mayor frecuencia; y b) la información sobre resultados, actividad y financiación de las políticas sociales de gasto (sanidad, educación y servicios sociales). Artículo 10. Portal de Transparencia. 1. En él ámbito de la Administración de la Generalitat y sus entidades autónomas la publicación de la información detallada en el artículo 9 se realizará a través de un Portal de Transparencia cuya adscripción orgánico-funcional y requerimientos técnicos y organizativos se desarrollarán reglamentariamente. 2. Las entidades de derecho público, consorcios adscritos, sociedades mercantiles y fundaciones públicas de la Generalitat podrán articular mecanismos de colaboración o sindicación de contenidos para cumplir con las previsiones de esta ley. 3. El resto de entidades comprendidas en el artículo 2, garantizarán la publicación de la información detallada en el artículo 9 mediante sus páginas web, sin perjuicio de las medidas de colaboración interadministrativa que puedan acordarse. 4. En el ámbito de la administración de la Generalitat y de sus organismos públicos vinculados o dependientes, la publicación de la información detallada en el artículo 9 se realizará a través de un Portal de Transparencia cuya adscripción orgánico-funcional y requerimientos técnicos y organizativos se desarrollarán reglamentariamente. 5. El resto de organizaciones del sector público instrumental de la Generalitat Valenciana podrán articular mecanismos de colaboración o sindicación de contenidos para cumplir con las previsiones de esta ley. 6. El resto de entidades comprendidas en el artículo 2 garantizarán la publicación de la información detallada en el artículo 9 mediante sus páginas web, sin perjuicio de las medidas de colaboración interadministrativa que puedan acordarse. CAPÍTULO II Derecho de acceso a la información pública Artículo 11. Derecho de acceso a la información pública. Cualquier ciudadano o ciudadana, a título individual o en representación de cualquier organización legalmente constituida, tiene derecho de acceso a la información pública, mediante solicitud previa y sin más limitaciones que las contempladas en la ley. Para el ejercicio de este derecho no será necesario motivar la solicitud ni invocar la ley. Artículo 12. Límites al derecho de acceso a la información pública. El régimen sobre los límites de acceso a la información pública será el previsto en el artículo 14 de la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Artículo 13. Protección de datos personales. El régimen aplicable en el caso de que la información solicitada contuviera datos de carácter personal será el previsto en el artículo 15 de la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Artículo 14. Acceso parcial. Si la información solicitada está afectada parcialmente por alguna de las limitaciones contempladas en el artículo 12 de esta ley, se facilitará, siempre que sea posible, el acceso parcial, omitiendo la parte afectada por la limitación, salvo que de ello resulte una información distorsionada, equívoca o carente de sentido. En este caso, deberá indicarse al solicitante qué parte de la información ha sido omitida. Artículo 15. Solicitud de acceso a la información pública. 1. Los ciudadanos podrán solicitar información que no se encuentre publicada en las plataformas digitales. La solicitud de dicha información, se realizará a través de las herramientas establecidas para ello y preferentemente por vía electrónica. 2. La solicitud deberá dirigirse en el ámbito de la Administración de la Generalitat a la subsecretaría, o a la correspondiente entidad en otro caso, y tendrá que incluir el siguiente contenido: la identidad de la persona solicitante –sin que sea requisito la acreditación mediante certificación electrónica en caso de que la tramitación sea por vías telemáticas; información que se solicita; dirección de contacto, preferentemente electrónica, a efectos de comunicaciones; en su caso, la modalidad que se prefiera para acceder a la información solicitada. 3. La persona solicitante podrá exponer los motivos por los que solicita la información, que podrán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución. No obstante la motivación de la solicitud no será un requisito para su tramitación. 4. Si la solicitud estuviera formulada de manera imprecisa o confusa, se requerirá al solicitante para que, en el plazo de diez días hábiles, la concrete indicándole de que en caso de no hacerlo se le tendrá por desistido, así como de la suspensión, entre tanto, del plazo para resolver. 5. Si las solicitudes se refieren a información que afecte a los derechos o intereses de terceros, el órgano administrativo encargado de resolver dará traslado a las personas afectadas para que, en su caso, en el plazo de quince días hábiles presenten las alegaciones que estimen pertinentes. El solicitante será informado de esta circunstancia, así como de la suspensión del plazo para resolver, entre tanto. Artículo 16. Causas de inadmisión de la solicitud. 1. El régimen sobre las causas de inadmisión de las solicitudes será el previsto en el artículo 18 de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 2. A estos efectos se seguirán las siguientes reglas: a) Si la información está en fase de elaboración o publicación, se informará al solicitante del centro directivo responsable y el plazo previsto para que se difunda o se encuentre disponible. b) Por reelaboración no se entenderá un tratamiento informático habitual o corriente. c) Los informes preceptivos no podrán ser considerados como de carácter auxiliar o de apoyo. Artículo 17. Resolución. 1. Las solicitudes de acceso a información pública, deberán resolverse y notificarse al solicitante y a los terceros afectados que lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. 2. En el caso de que el volumen o la complejidad de la información solicitada lo requiera, el plazo para resolver se podrá prorrogar por otro mes más, en cuyo caso previamente se notificará al solicitante. 3. Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución, la solicitud se entenderá estimada. El órgano competente quedará obligado a proporcionar la información solicitada, excepto aquella que pudiera entrar en conflicto evidente con otros derechos protegidos, o aquella cuya denegación total o parcial, viniera expresamente impuesta en una ley. En tales casos la información será disociada, dando cuenta motivadamente de esta circunstancia. 4. Serán motivadas las resoluciones que denieguen el acceso, las que concedan el acceso parcial o a través de una modalidad distinta a la solicitada, y las que permitan el acceso cuando haya habido oposición de un tercero. 5. En el ámbito de la Administración de la Generalitat, las resoluciones dictadas ponen fin a la vía administrativa y son recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa. No obstante, con carácter potestativo podrá interponerse una reclamación en los términos previstos en el artículo 24 de esta ley. 6. Contra las resoluciones dictadas por las instituciones y órganos previstos en el artículo 2.c, sólo cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo. Artículo 18. Órganos competentes para la resolución del procedimiento de solicitud de acceso a la información pública. 1. En el ámbito de la Administración de la Generalitat serán competentes para la resolución del procedimiento los titulares de los centros directivos responsables funcionales de la información solicitada. 2. En las organizaciones comprendidas en el artículo 2.1.b de esta ley, serán competentes los órganos que determinen sus estatutos o normas de funcionamiento; en su defecto, será competente el órgano máximo con funciones ejecutivas. 3. El resto de instituciones y organizaciones previstas en el artículo 2.1 deberán establecer en sus normas de funcionamiento esta competencia; en su defecto recaerá sobre sus máximos órganos de gobierno. Artículo 19. Formalización de acceso y costes. El régimen sobre la formalización del acceso a la información, será el previsto en el artículo 22 de la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. De acuerdo con lo previsto en el artículo 22.4 de la Ley 19/2003, las exacciones a que pudiera haber lugar se exigirán de acuerdo con el Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat. CAPÍTULO III Reutilización de la información pública Artículo 20. Reutilización de la información pública. Las organizaciones comprendidas en el artículo 2 difundirán, en los términos previstos en esta ley, la información pública a fin de facilitar y promover su reutilización, propiciando su libre disposición por los ciudadanos, instituciones académicas, empresas y otros agentes para la creación de valor mediante nuevos productos y servicios, siempre que se respeten los límites establecidos en el ordenamiento jurídico y que dicho uso no constituya una actividad administrativa. Esta puesta a disposición de la información pública para su reutilización se realizará por medios electrónicos, y sólo se someterá a los límites establecidos en la normativa sobre reutilización de la información pública. Con carácter general, los datos contenidos en la información pública se suministrarán sin someterse a ninguna licencia previa o condición específica para facilitar su reutilización. Artículo 21. Condiciones de la reutilización. En el ámbito de la Administración de la Generalitat y las organizaciones comprendidas en el artículo 2.1.b, se regulará reglamentariamente las condiciones específicas a las que podrá someterse la reutilización de la información pública, garantizando que el contenido de la información no sea alterado, ni se desnaturalice su sentido, que se cite la fuente y la fecha de la última actualización. Artículo 22. Información estadística. La información económica y estadística que esté en poder de las administraciones públicas, cuya difusión pública sea relevante, se publicará de manera periódica y previsible, en formato accesible y reutilizable. Artículo 23. Información producto de la investigación científica y técnica. En el marco de lo previsto por el artículo 37 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la ciencia, la tecnología y la innovación, las organizaciones comprendidas en el artículo 2 de esta ley fomentarán la accesibilidad en formato reutilizable y de forma gratuita de los datos obtenidos en proyectos de investigación financiados mayoritariamente con fondos públicos. CAPÍTULO IV Régimen de reclamaciones Artículo 24. Reclamaciones contra las resoluciones. 1. Las personas interesadas podrán interponer ante el Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, con carácter potestativo, previo a su impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa, reclamación frente a las resoluciones de las solicitudes de acceso a la información 2. Esta reclamación se regirá por lo establecido en la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y por lo previsto en esta ley. 3. Esta reclamación tiene carácter sustitutivo de los recursos administrativos de acuerdo con lo previsto en el artículo 107.2 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 4. Las resoluciones de las reclamaciones adoptadas por el Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno se publicarán en la página web de la institución, previa disociación de los datos de carácter personal y una vez se hayan notificado a las personas interesadas. TÍTULO II Buen gobierno Artículo 25. Ámbito de aplicación. En el ámbito de la Administración de la Generalitat, este título será de aplicación a las personas integrantes del Consell, a las personas titulares de las secretarías autonómicas, subsecretarías, direcciones generales y órganos o centros directivos cuyo nombramiento competa al Consell. Asimismo, quedan comprendidas en su ámbito subjetivo las personas que desempeñen cargos directivos como presidentes, directores generales, directores gerentes, consejeros delegados y funciones ejecutivas asimilables en las organizaciones del sector público instrumental de la Generalitat así como cualquier persona que haya suscrito un contrato laboral especial de alta dirección. Artículo 26. Principios de actuación. 1. Las personas comprendidas en el ámbito de aplicación de este título se regirán, en el ejercicio de sus funciones, por lo dispuesto en la Constitución, el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana y, en especial, el contenido básico del título II de la Ley 19/2013, así como el resto del ordenamiento jurídico, y promoverán el respeto a los derechos fundamentales y a las libertades públicas. 2. Asimismo adecuarán su actividad a los siguientes principios de actuación y conducta: a) Actuarán con transparencia en la gestión de los asuntos públicos, lo que conllevará la rendición de cuentas de la gestión realizada, fomentando la proximidad y accesibilidad de la Administración a la ciudadanía. b) Garantizarán una gestión financiera justa y equitativa, dedicada a la mejora del bienestar de la ciudadanía. c) Estarán obligados al fiel desempeño de su función, cargo o puesto de trabajo y a la gestión de los intereses públicos que le estén encomendados, con imparcialidad respecto de los intereses privados afectados. d) En la elaboración de las políticas públicas, primará el principio de participación, reforzando la interacción con los organismos regionales y locales y la sociedad civil. e) Actuarán de acuerdo con criterios de austeridad, con el fin de lograr la consolidación presupuestaria, velando porque los recursos y bienes públicos se utilicen de forma prudente, eficiente y productiva. f) Actuarán con igualdad en el trato y sin discriminaciones de ningún tipo en el ejercicio de sus funciones. g) Primará el principio de buena fe en el cumplimiento de sus obligaciones, fomentando la calidad en la prestación de los servicios públicos y la aplicación del principio de buena administración. h) Serán responsables de sus actuaciones y de las de los organismos que dirigen, garantizando la ausencia de arbitrariedad en la adopción de sus decisiones. i) Ejercerán las funciones y poderes que les confiere la normativa con la finalidad exclusiva para los que le fueron atribuidos, y evitarán cualquier acción que ponga en riesgo el interés público o el patrimonio de las administraciones públicas. j) Comunicarán a los órganos competentes cualquier actuación irregular de la que tengan conocimiento. k) Observarán estrictamente el régimen de incompatibilidades establecido en el ordenamiento jurídico, y se abstendrán de intervenir en los asuntos en que concurra alguna causa que pueda afectar a su imparcialidad. l) Guardarán la debida reserva respecto a los hechos o informaciones conocidos con motivo del ejercicio de sus competencias. m) No aceptarán regalos que sobrepasen los usos y costumbres de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el ejercicio de sus funciones. n) No utilizarán tarjetas de crédito o débito con cargo a cuentas de la Generalitat o de su sector público. o) Adoptarán la rendición de cuentas como un principio básico de actuación, publicando sus compromisos, diseñando y evaluando de forma objetiva periódicamente sus políticas públicas. p) Gestionarán, protegerán y conservarán adecuadamente los recursos públicos que no podrán utilizarse para actividades o fines que no sean las permitidas por la normativa aplicable. q) Garantizarán que los reconocimientos honoríficos o conmemorativos recaigan en personas de un compromiso público relevante, que en ningún caso hayan sido condenadas penalmente mediante sentencia firme. Artículo 27. Código de buen gobierno. 1. El Consell aprobará un código de buen gobierno basado en los principios recogidos en esta ley. 2. Dicho código se aplicará a las personas comprendidas en el ámbito de aplicación de este título; podrá ser adoptado por las entidades locales, mediante su adhesión en las condiciones previstas por la legislación vigente. Artículo 28. Obligaciones. 1. Los altos cargos y asimilados comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley formularán, al inicio y al final del mandato, declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos. 2. Las personas que en cada momento conformen el Consell asumirán el compromiso de ejercer la acción de gobierno de forma íntegra, transparente y tendrán obligación de rendir cuentas sobre su gestión a la ciudadanía. TÍTULO III Régimen sancionador Artículo 29. Régimen jurídico. 1. Sin perjuicio del régimen sancionador previsto en el título II de la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley se sancionará conforme a lo previsto en este título, sin menoscabo de otras responsabilidades que pudieran concurrir. 2. La potestad sancionadora respecto de las infracciones tipificadas en esta ley se ejercerá de conformidad con lo dispuesto en ella y en la normativa en materia de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo sancionador. 3. Las infracciones disciplinarias se regirán por los procedimientos previstos para el personal funcionario, estatutario o laboral que resulte de aplicación en cada caso. Artículo 30. Responsabilidad. 1. Son responsables de las infracciones, aun a título de simple inobservancia, las personas físicas o jurídicas, cualquiera que sea su naturaleza, que realicen acciones o que incurran en las omisiones tipificadas en la presente ley con dolo, culpa o negligencia. 2. En particular, son responsables: a) Las autoridades, directivos y el personal al servicio de las organizaciones previstas en el artículo 2. b) Las organizaciones a las que se refiere el artículo 3.1. c) Las personas físicas y jurídicas a las que se refieren los apartados 2, 3, 4 y 5 del artículo 3. Artículo 31. Infracciones de carácter disciplinario. Son infracciones imputables a las autoridades, directivos y el personal al servicio de las entidades previstas en el artículo 2: 1. Infracciones muy graves: a) El incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa previstas o de suministro de información pública cuando se haya desatendido el requerimiento expreso del Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. b) La denegación arbitraria del derecho de acceso a la información pública. c) El incumplimiento de las resoluciones dictadas en materia de acceso por el Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno que resuelvan reclamaciones. 2. Infracciones graves: a) El incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa previstas. b) El incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo la solicitud de acceso a la información pública. c) La falta de colaboración en la tramitación de las reclamaciones que se presenten ante el Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. d) Suministrar la información incumpliendo las exigencias derivadas del principio de veracidad. 3. Infracciones leves: a) El incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa previstas. b) El incumplimiento injustificado de la obligación de resolver en plazo la solicitud de acceso a la información pública. Artículo 32. Infracciones de otras entidades. Son infracciones imputables a las entidades de naturaleza privada a las que se refiere el artículo 3.1: 1. Infracción muy grave: el incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa o de suministro de información pública que les sean de aplicación cuando se haya desatendido el requerimiento expreso del Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno o de las administraciones públicas competentes. 2. Infracción grave: el incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa que les sean de aplicación o publicar la información incumpliendo las exigencias derivadas del principio de veracidad. 3. Infracción leve: el incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa que sean de aplicación cuando no constituya infracción grave o muy grave. Artículo 33. Infracciones de las personas obligadas al suministro de información. Son infracciones imputables a las personas físicas y jurídicas a las que se refiere el artículo 3 en sus apartados 2, 3, 4 y 5: 1. Muy graves: a) El incumplimiento de la obligación de suministro de información que haya sido reclamada como consecuencia de un requerimiento o una resolución en materia de acceso del Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno o de las administraciones públicas competentes. b) La reincidencia en la comisión de faltas graves. Se entenderá por reincidencia la comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme. 2. Graves: a) La falta de contestación al requerimiento de información. b) Suministrar la información incumpliendo las exigencias derivadas del principio de veracidad. c) La reincidencia en la comisión de faltas leves. Se entenderá por reincidencia la comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme. 3. Leves: a) El retraso injustificado en el suministro de la información. b) El suministro parcial o en condiciones distintas de las reclamadas. Artículo 34. Sanciones disciplinarias. 1. A las infracciones del artículo 31, imputables a personal al servicio de las entidades previstas en el artículo 2, se les aplicarán las sanciones que correspondan con arreglo al régimen disciplinario que en cada caso resulte aplicable. 2. Cuando las infracciones sean imputables a autoridades y directivos, se aplicarán las siguientes sanciones: a) Amonestación en el caso de infracciones leves. b) En el caso de infracciones graves: b.1) Declaración del incumplimiento y publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. b.2) Cese en el cargo. c) En el caso de muy graves: c.1) Todas las previstas para infracciones graves. c.2) No poder ser nombrados para ocupar cargos similares por un período de hasta tres años. Artículo 35. Sanciones a otras entidades. Las infracciones previstas en los artículos 32 y 33, se sancionarán con amonestación y multa. a) Las infracciones leves se sancionarán con amonestación o multa comprendida entre 200 y 5.000 euros. b) Las infracciones graves se sancionarán con multa comprendida entre 5.001 y 30.000 euros. c) Las infracciones muy graves se sancionarán con multa comprendida entre 30.001 y 400.000 euros. d) Las infracciones graves y muy graves podrán conllevar el reintegro total o parcial de la subvención concedida o, en su caso, la resolución del contrato, concierto o vínculo establecido. Para la imposición y graduación de estas sanciones accesorias, se atenderá a la gravedad de los hechos y su repercusión, de acuerdo con el principio de proporcionalidad. Artículo 36. Procedimiento. 1. Para la imposición de las sanciones establecidas en el presente título, se seguirán las disposiciones previstas en el procedimiento sancionador o, en el caso de infracciones imputables al personal al servicio de entidades, el régimen disciplinario funcionarial, estatutario o laboral que en cada caso resulte aplicable. 2. En todo caso, el procedimiento se iniciará de oficio, por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia. 3. El Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, cuando constate incumplimientos en esta materia susceptibles de ser calificados como alguna de las infracciones previstas en este título, instará la incoación del procedimiento. En este último caso, el órgano competente estará obligado a incoar el procedimiento y a comunicar al Consejo el resultado del mismo. Artículo 37. Competencias sancionadoras en materia de transparencia y acceso a la información. 1. La competencia para la imposición de sanciones disciplinarias corresponderá al órgano que determine la normativa aplicable en la administración u organización en la que preste servicios la persona infractora. 2. En el supuesto de infracciones de las tipificadas en el artículo 32, la potestad sancionadora será ejercida por el órgano competente en la materia de la Administración de la Generalitat. 3. Para las infracciones previstas en el artículo 33, la competencia corresponderá al órgano que determine la normativa aplicable en la administración o entidad a la que se encuentre vinculada la persona infractora, o por la entidad titular del servicio público. Artículo 38. Competencias sancionadoras en materia de buen gobierno. 1. En el ámbito de la Administración de la Generalitat, sus entidades autónomas y entidades de derecho público, las competencias sancionadoras previstas en materia de buen gobierno en el título II de la Ley 19/2013, quedan atribuidas: 1.1 El órgano competente para ordenar la incoación de los expedientes sancionadores: a) Cuando el alto cargo sea miembro del Consell o secretario autonómico, el Consell a propuesta de la conselleria competente en materia de administración pública. b) Cuando sean personas distintas de las anteriores, la conselleria competente en materia de administración pública. 1.2 La instrucción de los correspondientes procedimientos corresponderá al centro directivo que tenga atribuida la inspección general de los servicios. 1.3 La competencia para la imposición de sanciones corresponderá: a) Al Consell cuando el alto cargo tenga la condición de miembro del mismo o secretario autonómico. b) A la conselleria competente en materia de administración pública cuando sean personas distintas de las anteriores. 2. En el resto de entidades comprendidas en el ámbito de aplicación de esta ley, los correspondientes órganos de gobierno determinarán quien ejerce dichas competencias en cada organización. TÍTULO IV Garantías de transparencia y buen gobierno Artículo 39. Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Se crea el Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que actuará con plena independencia funcional para el cumplimiento de sus fines. El soporte administrativo del Consejo y sus comisiones será prestado por una unidad administrativa de la conselleria competente en materia de transparencia y acceso a la información pública. El Consejo tiene como finalidad garantizar los derechos de acceso a la información, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad y garantizar y promover la observancia de las disposiciones de buen gobierno. Artículo 40. Estructura y funcionamiento. 1. El Consejo se estructura en la siguiente forma: a) Una comisión ejecutiva, cuyo presidente lo será del Consejo. b) Una comisión consultiva. 2. La organización interna, funcionamiento y oficina de apoyo del Consejo será objeto de desarrollo reglamentario. Artículo 41. Elección de los integrantes del Consejo. 1. La Comisión Ejecutiva estará constituida por un presidente y tres vocales elegidos por Les Corts, por mayoría de tres quintos, tras su comparecencia en comisión, de entre expertos de competencia o prestigio reconocido y con más de diez años de experiencia profesional. El mandato de la Comisión Ejecutiva tendrá una duración de cinco años. 2. La Comisión Consultiva estará integrada de la siguiente forma: a) La presidirá la persona que ejerza la presidencia del Consejo. b) Un representante de la Administración de la Generalitat, nombrado por acuerdo del Consell. c) Un representante de las universidades públicas valencianas nombrado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas Valencianas. d) Un representante de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. e) Un representante de la Sindicatura de Comptes. f) Un representante del Síndic de Greuges. g) Un representante de las organizaciones empresariales, elegido en el seno del Comité Económico y Social. h) Un representante de las organizaciones sindicales, elegido en el seno del Comité Económico y Social. i) Un representante de las asociaciones de consumidores y usuarios. j) Un representante del Consejo de Participación Ciudadana. k) Ejercerá la secretaría, con voz pero sin voto, un funcionario de los adscritos a la unidad de soporte administrativo del Consejo. 3. La condición de miembro del Consejo, en cualquiera de sus comisiones, no exige dedicación exclusiva ni dará derecho a remuneración, con la excepción de la percepción de dietas o indemnizaciones. 4. El currículum de los integrantes de las comisiones del Consejo de Transparencia será objeto de publicidad a través de su portal. Artículo 42. Funciones del Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. 1. La Comisión Ejecutiva tiene encomendadas las siguientes funciones: a) Resolver las reclamaciones contra las resoluciones en materia de acceso a la información pública, con carácter previo a su impugnación en la jurisdicción contencioso-administrativa. b) Requerir, a iniciativa propia o como consecuencia de denuncia o reclamación, la subsanación de incumplimientos de las obligaciones recogidas en esta ley. c) Adoptar criterios de interpretación uniforme de las obligaciones contenidas en esta ley. d) Resolver las consultas que en materia de transparencia o acceso a la información pública le planteen las administraciones públicas y otras entidades sujetas a esta ley. e) Velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa contenidas en esta ley. f) Responder a las consultas que, con carácter facultativo, le planteen los órganos encargados de tramitar y resolver las solicitudes de acceso a la información. g) Instar la incoación de expedientes disciplinarios o sancionadores de acuerdo con las previsiones del título III. h) Aprobar recomendaciones para el mejor cumplimiento de las obligaciones contenidas en esta ley. i) Asesorar en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. j) Promover la elaboración de recomendaciones, directrices y normas de desarrollo de buenas prácticas en la materia. k) Evaluar el grado de aplicación y cumplimiento de esta ley. l) Colaborar, en estas materias, con órganos de naturaleza análoga estatales o autonómicos. m) Aprobar y remitir, en el primer trimestre de cada año, a Les Corts Valencianes y al Consell, una memoria específica sobre su actividad durante el año anterior relativa a garantizar los derechos en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Esta memoria comprenderá las reclamaciones y consultas tramitadas, así como las recomendaciones o requerimientos que el Consejo haya estimado oportuno realizar en esta materia. n) Informar preceptivamente los proyectos normativos de la Generalitat en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 2. A la comisión consultiva le corresponderá: a) Asesorar a la Comisión Ejecutiva en el ejercicio de sus funciones. b) Formular propuestas a la Comisión Ejecutiva en el ámbito de competencias del Consejo. c) Informar la memoria anual con carácter previo a su aprobación. d) Aquellas otras que le encomiende la Comisión Ejecutiva o el reglamento de funcionamiento del Consejo. TÍTULO V Participación ciudadana CAPÍTULO I Principios generales Artículo 43. Fomento e impulso de la participación ciudadana. La Generalitat fomentará la participación ciudadana, de forma individual o colectiva, en la vida política, económica, cultural y social de la Comunitat Valenciana. Asimismo impulsará el fortalecimiento del tejido asociativo, la implicación ciudadana en la formulación y evaluación de las políticas públicas, así como la generación de cultura y hábitos participativos entre la ciudadanía. Con el objeto de fomentar la cultura y práctica de la participación ciudadana: 1. La Generalitat, a través de la conselleria competente en materia de participación ciudadana, fomentará la creación de entidades ciudadanas, dándoles el debido apoyo en el cumplimiento efectivo de los fines de la presente ley. A tal efecto, se promoverán espacios de comunicación, trabajo y encuentro entre las entidades ciudadanas, con la finalidad de profundizar y actualizar en los distintos aspectos relativos a la participación ciudadana. 2. La Generalitat, en el ámbito de sus competencias, y de conformidad con las disponibilidades presupuestarias, podrá apoyar el desarrollo de actividades por parte de las entidades ciudadanas que promuevan la participación ciudadana en el ámbito institucional de la Generalitat, o que sirvan para fomentar una conciencia cívica de participación respecto de la actuación de las instituciones públicas. Artículo 44. Medidas para la participación ciudadana. 1. Sin perjuicio de los derechos, legalmente previstos, de ciudadanos y entidades en su relación con la administración, se reconocen, además, los siguientes derechos específicos en el ámbito de la participación ciudadana: a) A la información y el asesoramiento sobre los distintos instrumentos de participación ciudadana. b) A participar de manera real y efectiva en la elaboración, modificación y revisión de anteproyectos de ley, así como en las normas, planes, programas, procedimientos y otros instrumentos de planificación. c) A que se haga público el resultado definitivo del procedimiento en el que ha participado y se informe de las razones que sustenten las decisiones adoptadas y, en especial, la información relativa al proceso de participación pública. 2. Reglamentariamente se establecerán mecanismos para fomentar y articular la participación ciudadana en la elaboración de los presupuestos de la Generalitat. CAPÍTULO II Instrumentos de participación ciudadana Artículo 45. Medios de información para la participación ciudadana. La Administración de la Generalitat y su sector público desarrollarán, entre otros, los medios telemáticos adecuados y accesibles para informar a la ciudadanía de las iniciativas de actuaciones públicas y de los resultados de la gestión, potenciando la implementación progresiva de procesos de participación ciudadana a través de medios electrónicos. Artículo 46. Instrumentos de participación ciudadana. 1. Los instrumentos de participación y colaboración ciudadanas son los mecanismos utilizados por la Generalitat para hacer efectiva la participación y colaboración de todos los ciudadanos y ciudadanas, sin discriminación, en los asuntos públicos. 2. La participación y colaboración ciudadanas se podrán hacer efectivas mediante cualquier mecanismo que sirva para favorecer la implicación de la ciudadanía en los asuntos públicos y, especialmente, mediante el uso de las nuevas tecnologías. Al efecto, la Generalitat: a) Promoverá el diálogo electrónico con los ciudadanos y las ciudadanas y participará en las redes sociales y otros instrumentos de comunicación social en internet. b) Promoverá el acceso a las herramientas, conocimientos y recursos tecnológicos necesarios para el desarrollo de este enfoque. c) Escuchará proactivamente, tanto por los canales electrónicos como telefónicos, las opiniones de los ciudadanos y las ciudadanas, responderá a sus peticiones con celeridad y eficacia y valorará sus opiniones en la toma de decisiones. Al efecto, se podrá promover sobre determinadas actividades públicas, cuando así se considere oportuno, la realización de encuestas. d) Promoverá la comunicación y la interacción con la ciudadanía a través de dispositivos de telecomunicaciones móviles, impulsando su utilización en sus relaciones con la administración. Artículo 47. Participación ciudadana en la elaboración de normas, planes, procedimientos y otros instrumentos de planificación. Sin perjuicio del trámite de audiencia e información pública previsto en la legislación, la Administración de la Generalitat y su sector público podrá someter, simultánea o consecutivamente a aquél, a consulta pública las normas, planes, procedimientos, instrumentos de planificación o políticas públicas relevantes, de acuerdo con el siguiente procedimiento: 1. Los órganos administrativos o entidades competentes que consideren oportuno abrir un proceso de participación pública, publicarán en el Portal de Transparencia el proyecto de norma, plan, procedimiento o instrumento administrativo, junto a la documentación complementaria necesaria para su comprensión y valoración. 2. Se informará sobre los plazos y mecanismos de participación que serán preferentemente electrónicos, así como sobre el estado de tramitación del proyecto. 3. La participación en este proceso de consulta no conferirá a los participantes la condición de interesados prevista en la legislación sectorial o sobre procedimiento administrativo. 4. A través del mismo portal el órgano o entidad impulsor del proceso informará sobre el resultado mediante una valoración global. Artículo 48. Propuestas ciudadanas de iniciativas normativas. 1. Los ciudadanos legitimados para promover la iniciativa legislativa popular de acuerdo con lo previsto en la Ley 5/1993, de 27 de diciembre, Reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular de la Comunidad Valenciana, tienen derecho a presentar a la Administración de la Generalitat iniciativas de regulación normativa o de mejora de su calidad. 2. Las propuestas deberán corresponder íntegramente a competencias ejercidas por la Generalitat, y no podrán referirse a las materias excluidas de la iniciativa legislativa popular. 3. La propuesta será dirigida al órgano competente por razón de la materia, que evaluará la propuesta en lo que respecta a su legalidad, oportunidad, coste y efectos, y adoptará una resolución motivada en el plazo de tres meses. 4. En caso de superarse este plazo, la propuesta se entenderá desestimada. 5. Los requisitos de estas propuestas y el procedimiento de tramitación se establecerán reglamentariamente, y deberán contar con el aval de, como mínimo, 20.000 firmas debidamente acreditadas. Artículo 49. El Consejo de Participación Ciudadana. 1. El Consejo de Participación Ciudadana, órgano consultivo de la Administración de la Generalitat, es un foro de consulta adscrito a la conselleria competente en materia de participación ciudadana. 2. Tiene como finalidad impulsar el acercamiento de la administración de La Generalitat a la sociedad civil y a la ciudadanía facilitando su comunicación. 3. Reglamentariamente se establecerá su organización y régimen de funcionamiento. 4. La condición de miembro de este Consejo no exigirá dedicación exclusiva ni dará derecho a remuneración. Artículo 50. Otras formas de participación corporativa. 1. El Consell fomentará la integración de los principios de participación y responsabilidad social en los ámbitos de la empresa, de los profesionales y de los emprendedores. 2. Reglamentariamente el Consell podrá establecer mecanismos de participación activa, reconocimiento o distinción de acciones o buenas prácticas en este ámbito. CAPÍTULO III Participación ciudadana de los valencianos en el exterior Artículo 51. Participación de la ciudadanía valenciana en el exterior. La Generalitat, a los efectos de esta ley, adoptará las medidas necesarias para fomentar y facilitar la participación efectiva de los ciudadanos y ciudadanas valencianos residentes en el exterior, en las mismas condiciones y con los mismos requisitos que los residentes en la Comunitat Valenciana. A los efectos del apartado anterior, se entiende por ciudadanos y ciudadanas valencianos en el exterior, los ciudadanos y ciudadanas españoles que hayan tenido su última vecindad administrativa en la Comunitat Valenciana. Artículo 52. Centros valencianos en el exterior. 1. La Generalitat apoyará el movimiento asociativo de los ciudadanos y ciudadanas valencianos en el exterior, fomentando la creación de centros valencianos en el exterior (CEVEX), que tendrán como objetivo prioritario el mantenimiento de los vínculos sentimentales, afectivos, sociales y culturales con el pueblo valenciano, así como el fomento del conocimiento de su historia, su idioma y su cultura. 2. A los efectos de esta ley, tendrá la consideración de centro valenciano en el exterior cualquier asociación legalmente reconocida, sin ánimo de lucro y con personalidad jurídica propia de acuerdo con las normas vigentes en el territorio en el que se encuentre ubicada, constituida por una comunidad de valencianos o valencianas asentada fuera de la Comunitat Valenciana, que sea reconocida como tal por el órgano competente. 3. A los efectos de defender e integrar sus intereses y de facilitar el cumplimiento conjunto y coordinado de sus fines, los centros valencianos en el exterior reconocidos, podrán constituirse en federaciones y confederaciones. 4. Los centros valencianos en el exterior, como instrumentos de participación en la vida social, cultural y política de la Comunitat Valenciana, serán considerados como entidades ciudadanas con los derechos que establece esta ley. 5. Reglamentariamente se desarrollará el procedimiento y la competencia de reconocimiento de estos centros y sus federaciones o confederaciones. Artículo 53. Consejo de Centros Valencianos en el Exterior. 1. El Consejo de Centros Valencianos en el Exterior ejercerá las funciones consultivas y de asesoramiento a la Administración de la Generalitat en relación con los asuntos que afecten a los derechos e intereses de las comunidades de valencianos en el exterior. 2. El régimen, adscripción, composición y funcionamiento del Consejo de Centros Valencianos en el Exterior se determinará reglamentariamente. Disposición adicional primera. Colaboración con entidades locales. La Generalitat colaborará con las entidades locales en la puesta en marcha de mecanismos para la promoción y el fomento de la transparencia, del acceso a la información pública y de la participación ciudadana. Disposición adicional segunda. Obligatoriedad de la remisión y puesta a disposición de la información. Los centros directivos de la Administración de la Generalitat y sus entidades autónomas facilitarán al centro directivo competente en materia de transparencia, la información que deba ser difundida a través del Portal de Transparencia. Las entidades de derecho público, consorcios adscritos, las sociedades mercantiles y las fundaciones públicas de la Generalitat remitirán al centro directivo competente en materia de transparencia la información que les sea requerida para su publicación o difusión. Disposición adicional tercera. Difusión de los procedimientos administrativos sobre el acceso a la información pública. Las administraciones públicas deberán incluir entre sus procedimientos telemáticos los relativos a las solicitudes de información pública. En el ámbito de la Administración de la Generalitat, la guía de procedimientos y servicios detallará los mecanismos, trámites, plazos y órganos competentes para ejercer los derechos previstos en esta ley. Las organizaciones incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley deberán incluir entre sus procedimientos telemáticos los relativos a las solicitudes de información pública. Mediante sus guías de procedimientos y servicios o instrumentos análogos, detallarán los mecanismos, trámites, plazos u órganos competentes para ejercer los derechos previstos en esta ley, así como las tasas o precios públicos, en su caso, aplicables. Disposición adicional cuarta. Corts Valencianes e instituciones estatutarias. De acuerdo con el régimen institucional y la independencia de Les Corts y de los organismos regulados por el artículo 20.3 del Estatuto de Autonomía, estas instituciones promoverán, en el plazo de seis meses, las modificaciones necesarias de sus reglamentos o normas de gobierno para adaptar su régimen y funcionamiento a los principios y obligaciones contenidas en esta ley, en especial las referidas a: 1. Facilitar el acceso de los ciudadanos a la documentación e información parlamentarias y de las instituciones consultivas. 2. Facilitar la información relativa a las obligaciones de sus altos cargos o comisionados, incluyendo la publicación de sus currículos y perfiles profesionales; 3. Desarrollar en su propio ámbito los principios de buen gobierno, adoptando el correspondiente código; 4. Desarrollar su propio portal de transparencia, de forma exclusiva, mancomunada o en colaboración; 5. Regular y promover mecanismos de participación activa de los ciudadanos en la actividad legislativa; 6. Aprobar el correspondiente sistema de garantías del cumplimiento de las obligaciones previstas en la ley; y 7. Establecer el procedimiento interno y especificar los órganos competentes para resolver las solicitudes de acceso a la información. Disposición adicional quinta. Plan de formación. En el ámbito de la Administración de la Generalitat, el Instituto Valenciano de Administración Pública (IVAP) pondrá en marcha, en un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, un plan de formación específico en materia de transparencia, buen gobierno y reutilización de datos abiertos, con el fin de concienciar a sus empleados públicos respecto a los derechos y obligaciones establecidos en la presente ley. La Generalitat podrá colaborar con otras administraciones públicas o entidades del sector público con este fin. Disposición adicional sexta. Comisiones de seguimiento y evaluación. En el ámbito de la Administración de la Generalitat, se atribuye a la Comisión de Secretarios Autonómicos y Subsecretarios el seguimiento periódico y evaluación de las acciones en materia de transparencia, buen gobierno y reutilización de datos abiertos. En el ámbito de cada conselleria, entidad autónoma, entidad de derecho público o consorcio adscrito a la Generalitat se constituirá una comisión, integrada por empleados públicos, con formación y cualificación apropiadas, con el fin de coordinar en su respectivo ámbito las acciones y medidas en materia de transparencia y reutilización de datos abiertos. La composición, régimen y funcionamiento de estas comisiones técnicas se desarrollará reglamentariamente. Disposición adicional séptima. Evaluación de políticas públicas. Una entidad experta e independiente evaluará de forma objetiva y periódica las políticas públicas llevadas a cabo por la Generalitat. A tal fin se publicará la información estadística necesaria que permita el análisis del cumplimiento de las políticas y la calidad de los servicios públicos. Disposición adicional octava. Retribución variable de altos cargos y asimilados. Las leyes anuales de presupuestos preverán mecanismos de vinculación entre como mínimo un 10% de las retribuciones íntegras de las personas incluidas en el artículo 25 de esta ley y el cumplimiento de los objetivos que se establezcan previamente. Este sistema será objeto de desarrollo reglamentario. Disposición adicional novena. Organización administrativa de la Generalitat en materia de transparencia y acceso a la información pública. En el plazo máximo de seis meses desde la publicación de esta ley en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, los reglamentos orgánicos y funcionales de la Administración de la Generalitat o entidades del sector público dependientes o vinculadas, atribuirán, en el ámbito de cada conselleria u organización, a una unidad específica las funciones relativas a transparencia y acceso a la información pública. El desarrollo de esta disposición no supondrá incremento del gasto y, en todo caso, deberá ser atendido con los medios personales y materiales existentes en los correspondientes presupuestos. Disposición transitoria única. Régimen transitorio en materia de participación ciudadana. En tanto no se apruebe el desarrollo reglamentario previsto, permanecerán en vigor, en aquello en que no se oponga a esta ley, el Decreto 76/2009, de 5 de junio, del Consell, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley 11/2008, de Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana; y el Decreto 53/2008, de 18 de abril, del Consell, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 11/2007, de Comunidades de Valencianos en el Exterior. Disposición derogatoria única. Derogación normativa, A la entrada en vigor de esta ley quedan derogadas la Ley 11/2007, de 20 de marzo, de la Generalitat, de Comunidades de Valencianos en el Exterior; la Ley 11/2008, de 3 de julio, de la Generalitat, de Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana; la Ley 11/2009, de 20 de noviembre, de la Generalitat, de Ciudadanía Corporativa, y el Decreto 206/2007, de 19 de octubre, del Consell, por el que se crea la Comisión Interdepartamental para la Participación Ciudadana. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta ley. Disposición final primera. Desarrollo reglamentario y marco legal. 1. En el plazo de seis meses, desde su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el Consell aprobará los desarrollos reglamentarios previstos en esta ley. Además podrá adoptar cuantas normas sean necesarias para la ejecución y desarrollo de esta ley. La previsión organizativa prevista en la disposición adicional novena se incorporará a todos los reglamentos orgánicos y funcionales que se aprueben a partir de la aprobación de esta ley y, en cualquier caso, antes del transcurso de tres meses desde su publicación. 2. Se modifica el artículo 2 de la Ley 5/1993, de 27 de diciembre, reguladora de la iniciativa legislativa popular de la Comunitat Valenciana, que queda redactado como sigue: «Artículo 2. Requisitos de la iniciativa legislativa popular ante Les Corts. La iniciativa legislativa popular se ejerce mediante la presentación de proposiciones de ley suscritas como mínimo por las firmas de 25.000 electores, autenticadas en la forma que determina la ley.» Disposición final segunda. Entrada en vigor. Esta ley entrará en vigor de acuerdo con el siguiente régimen: 1. El capítulo I del título I a los seis meses de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. 2. El resto del articulado al día siguiente de su publicación. 3. Al día siguiente de su publicación las siguientes disposiciones: adicionales tercera, cuarta, quinta, sexta, octava y novena; transitoria única; y derogatoria única. 4. A los seis meses de su publicación las siguientes disposiciones: adicionales primera, segunda, y séptima. Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos, tribunales, autoridades y poderes públicos a los que corresponda, observen y hagan cumplir esta Ley. Valencia, 2 de abril de 2015.–El President de la Generalitat, Alberto Fabra Part. (Publicada en el «Diario Oficial de la Comunitat Valenciana» número 7.500, de 8 de abril de 2015)

Ley de transparencia Comunidad Valenciana. El derecho de acceso a la información ya está vigente

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos que Les Corts han aprobado y yo, de acuerdo con lo establecido por la Constitución y el Estatuto de Autonomía, en nombre del rey, promulgo la siguiente Ley: PREÁMBULO I Las sociedades democráticas avanzadas han reorientado en los últimos años su acción política y su diseño institucional desde burocráticas estructuras de conocimiento y toma de decisiones, hacia un enfoque más holístico y flexible, focalizado sobre la participación, la apertura informativa y la coproducción de conocimiento y servicios. No ha sido fruto de un convencimiento académico o ideológico, sino consecuencia ya inevitable de la evolución casi vertiginosa, del sentir de los ciudadanos que exigen participar en la política de más formas que la representación parlamentaria clásica. El desarrollo de las tecnologías de la información y de las redes sociales como mecanismos de participación casi en tiempo real no son ajenas a este cambio. Queda lejos en el tiempo la previsión originaria sobre el derecho al acceso a la información pública del artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El enfoque, netamente procedimental, y referido a registros y documentos, adoptado por esta ley se ha visto superado en el transcurso de más de veinte años por un nuevo paradigma: la sociedad como coproductora de conocimiento y de políticas públicas, generadora de valor público y legitimada plenamente para acceder, sin más restricciones que las estrictamente necesarias, al conjunto de datos que crea, maneja y gestiona el conjunto de las administraciones públicas y su sector instrumental. Se abandona así un sentido patrimonialista del derecho a la información que es sustituido por una comprensión necesariamente proactiva: la ciudadanía como sujeto de la acción pública, y no sólo el Gobierno y sus administraciones. Los ejes sobre los que bascula esta nueva política son los de la transparencia informativa, la promoción de la reutilización de datos públicos, la implantación efectiva de códigos de buen gobierno y buenas prácticas, y la participación proactiva de la ciudadanía en los procesos de toma de decisión sobre políticas públicas. Este es el marco que esta ley impulsa. II La Constitución española de 1978 garantiza en sus artículos 23 y 105.b el derecho de los ciudadanos a la participación en los asuntos públicos, y al acceso a los archivos y registros administrativos. Una apreciable producción normativa y jurisprudencial ha dado contenido y desarrollado estos derechos. Los pactos y acuerdos de derecho internacional suscritos por España tampoco son ajenos al reconocimiento activo de estos derechos: en concreto el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos ampara «la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas». Asimismo se recoge el derecho de participación ciudadana en el artículo 21.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y en el artículo 25.a del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La Unión Europea, en diferentes momentos, ha adoptado directivas, de alcance sectorial, que han sido transpuestas al ordenamiento jurídico español mediante la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente; y de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público. El Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana en su artículo 9.1. ya previó la promulgación de una ley autonómica sobre el derecho a una buena administración y el acceso a los documentos de las instituciones y administraciones públicas valencianas. Este marco jurídico ha dado un salto cualitativo con la aprobación por el Estado, y con carácter básico casi en su integridad, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Lejos de adoptar una perspectiva procedimentalista, esta ley se convierte en una herramienta efectiva de desarrollo social y de la calidad democrática de las sociedades avanzadas. Además, la Generalitat considera que la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los asuntos públicos constituye uno de los pilares básicos sobre los que se desarrollan y toman forma la democracia avanzada y el autogobierno. Así lo reconoce el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, en su artículo 9.4. Precisamente, viene a reforzar esta convicción el hecho de que la ley se ha sometido a un amplio proceso de consulta pública, de forma que finalmente se han incorporado a su texto propuestas ciudadanas y asociativas referidas a cuestiones y regulaciones de importancia, tales como la ampliación de su ámbito subjetivo, la regulación de un régimen sancionador específico o la atribución de funciones de garantía a una institución independiente del Consell, entre otras. III La Generalitat adopta esta ley en ejercicio de sus competencias y potestad de autoorganización, en los términos previstos en el artículo 49.1.1 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana. Como se ha apuntado ya, al objetivo de desarrollar la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, se suman contenidos que complementan y perfeccionan el régimen jurídico básico, en materia de transparencia y buen gobierno. El sistema y alcance de la participación ciudadana en las políticas públicas de la Generalitat encuentra aquí un encaje adecuado y complementario. Además, mediante esta ley se da cumplimiento a otro objetivo básico de la Generalitat, concretado mediante el se ### RESUMEN: Ley de transparencia Comunidad Valenciana. El derecho de acceso a la información ya está vigente

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente; doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Enrique López y López y don Ricardo Enríquez Sancho, Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 2928-2013, planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en relación con el artículo 44 de la Ley 10/2010, de 23 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2011. Han intervenido y formulado alegaciones la Abogada del Estado, el Gobierno de Cantabria y el Fiscal General del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Fernando Valdés Dal-Ré, quien expresa el parecer del Tribunal. I. Antecedentes 1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 17 de mayo de 2013, tuvo entrada el Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, de 22 de abril de 2013, por el que se acuerda plantear cuestión de inconstitucionalidad en relación con el artículo 44 de la Ley 10/2010, de 23 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2011. Se acompaña testimonio de las actuaciones correspondientes al procedimiento ordinario tramitado con el núm. 58-2012 ante dicha Sala. 2. Los hechos de los que trae causa esta cuestión de inconstitucionalidad son los siguientes: a) Con fecha 27 de enero de 2012, se interpuso recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria («Boletín Oficial de Cantabria» de 5 de mayo de 2011), por la que se efectúa anuncio de licitación de la obra de acondicionamiento de plataforma de carretera, tramo Rubayo-Puente Agüero, modalidad pago aplazado del precio del contrato, así como contra el acuerdo del Consejo de Gobierno de Cantabria de 22 de marzo de 2012, que desestima el recurso de alzada formulado frente a dicha resolución. b) Una vez concluida la tramitación del recurso contencioso-administrativo y estando el proceso en trámite de Sentencia, la Sala, mediante providencia de 14 de marzo de 2013, acordó conferir plazo común de diez días a las partes y al Ministerio Fiscal para que, de conformidad con el artículo 35.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), alegasen sobre la pertinencia de plantear cuestión de inconstitucionalidad, o sobre el fondo de ésta. c) Evacuado dicho trámite, por Auto de 22 de abril de 2013, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria acordó plantear cuestión de inconstitucionalidad en relación con el artículo 44 de la Ley 10/2010, de 23 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2011. 3. El referido Auto fundamenta el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad en las consideraciones que, resumidamente, se exponen a continuación. a) El artículo 44 de la Ley del Parlamento de Cantabria 10/2010 autoriza el pago aplazado de los contratos administrativos de obra cuando su valor estimado sea superior a un millón y medio de euros y su plazo de ejecución sea igual o superior a doce meses. Con fundamento en este precepto, se ha publicado el anuncio de licitación de la obra de acondicionamiento de plataforma de carretera, tramo Rubayo-Puente Agüero, bajo la modalidad de pago aplazado del precio del contrato, que constituye el objeto del proceso a quo. b) El precepto vulnera lo dispuesto en los artículos 75.7 y 111 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, que prohíbe el pago aplazado del precio en los contratos de las Administraciones públicas, excepto en los supuestos en que el sistema de pago se establezca mediante la modalidad del arrendamiento financiero o de arrendamiento con opción de compra, así como en los casos en que ésta u otra ley lo autorice expresamente. Al habilitarse dicha excepción mediante ley autonómica, se invade la competencia estatal en materia de legislación de contratos (art. 149.1.18 CE), pues aquella debe ser establecida, en todo caso, por medio de la legislación básica estatal. c) La prohibición de pago aplazado del precio de los contratos administrativos es un principio clásico que limita la capacidad de las partes contratantes en la regulación de los elementos de la obligación, limitación justificada por razones presupuestarias y económicas. Así, la exposición de motivos de la Ley de contratos del sector público justifica la prohibición en la exigencia de contener el gasto público y el nivel de deuda, así como en la necesidad de asegurar el mantenimiento del equilibrio presupuestario. La prohibición tiene una serie de excepciones, entre las que se encuentran los casos autorizados por norma con rango de ley, como la contenida en el artículo 147 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, que regula los contratos de obra bajo la modalidad de abono total del precio. La ley que excepcione la prohibición de pago aplazado establecida en preceptos declarados básicos debe ser estatal, dada su incidencia en la planificación general de la actividad económica, por lo que el precepto cuestionado, en un supuesto de inconstitucionalidad mediata o indirecta, invade la competencia reservada al Estado por el artículo 149.1.18 CE. 4. Mediante providencia de 9 de julio de 2013, el Pleno, a propuesta de la Sección Cuarta, acordó admitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad núm. 2928-2013 y reservar para sí el conocimiento de la misma; dar traslado de las actuaciones recibidas al Congreso de los Diputados, al Senado, al Gobierno, al Fiscal General del Estado, así como al Gobierno y al Parlamento de Cantabria, al objeto de que, en el plazo de quince días, pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren convenientes; comunicar esta resolución a la Sala proponente a efectos de lo dispuesto en el artículo 35.3 LOTC; y publicar la incoación de la cuestión en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial de Cantabria». 5. La Abogada del Estado se personó en el presente proceso constitucional en nombre del Gobierno y formuló alegaciones mediante escrito registrado el 16 de julio de 2013, instando la desestimación de esta cuestión de inconstitucionalidad, en atención a los razonamientos que se resumen a continuación. La contradicción que se plantea entre el precepto básico estatal (art. 75.7 de la Ley de contratos del sector público) y el precepto cuestionado es fácilmente superable por vía hermenéutica. El precepto estatal –cuyo carácter básico proclama la disposición final séptima.2 de la Ley de contratos del sector público al amparo del artículo 149.1.18 CE– admite excepciones en la prohibición de pago aplazado del precio en los contratos de las Administraciones públicas, además de «en los supuestos en que el sistema de pago se establezca mediante la modalidad de arrendamiento financiero o de arrendamiento con opción de compra», en aquellos otros en los que la propia Ley de contratos del sector público u otra ley así lo permita con carácter expreso. Es decir, el artículo 75.7 de la Ley de contratos del sector público prescribe con carácter básico una reserva legal para poder exceptuar la prohibición de pago aplazado, y esta reserva se respeta tanto si la excepción viene fijada en esta misma ley como en otra, sea estatal o autonómica. El artículo 44 de la Ley del Parlamento de Cantabria 10/2010, al autorizar el pago aplazado de los contratos de obra cuyo valor estimado sea superior a un millón y medio de euros y su plazo de ejecución sea igual o superior a doce meses, respeta, dado su rango, la reserva legal que con carácter básico exige el artículo 75.7 de la Ley de contratos del sector público. Por tanto, el precepto cuestionado no contradice esta norma básica estatal ni, por la misma razón, viola la competencia exclusiva del Estado recogida en el artículo 149.1.18 CE. 6. El Presidente del Congreso de los Diputados comunicó a este Tribunal, mediante escrito registrado con fecha 29 de julio de 2013, el acuerdo de la Mesa de la Cámara de personarse en el proceso, ofreciendo su colaboración a los efectos del artículo 88.1 LOTC. Idéntica comunicación efectuó el Presidente del Senado mediante escrito registrado en este Tribunal con fecha 6 de septiembre de 2013. 7. Con fecha 6 de septiembre de 2013, el Letrado del Gobierno de Cantabria se personó en el proceso en nombre de éste y formuló alegaciones, que concluye interesando que se dicte Sentencia desestimatoria, en atención a los argumentos que seguidamente se sintetizan. a) Partiendo de lo que dispuso el artículo 147 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social; el artículo 111 de la Ley de contratos del sector público prevé la posibilidad de pago aplazado de los contratos, estableciendo con carácter indefinido la modalidad contractual de abono total del precio. Por ello, no puede entenderse que el artículo 111 de la Ley estatal simplemente permita una futura regulación por ley (estatal) del pago aplazado de los contratos, sino que constituye una regulación que habilita a los órganos de contratación a celebrar este tipo de contrato –al margen de la previsión del art. 75.7– sin necesidad de esperar a nuevas habilitaciones legales. b) No existe colisión alguna entre el artículo 75.7 de la Ley de contratos del sector público y el precepto cuestionado, pues éste se limita a dar cumplimiento a la reserva de norma de rango legal para establecer excepciones a la prohibición de pago aplazado del precio en los contratos administrativos. La citada norma básica remite a una norma con rango de ley, sin establecer más limitaciones ni especificar el poder legislativo del que ha de partir. La Ley autonómica, lejos de infringirla, cumple con el requisito del rango normativo preestablecido para establecer la excepción de la prohibición de pago aplazado. c) Más trascendencia tiene la cobertura constitucional que posibilita que la Comunidad Autónoma pueda dictar una norma de esta naturaleza, que incide sobre los mecanismos de pago. Según la doctrina constitucional (SSTC 141/1993, de 22 de abril; 331/1993, de 12 de noviembre, y 162/2009, de 29 de junio), constituyen bases de la contratación administrativa, al amparo del artículo 149.1.18 CE, las normas que configuran las garantías de publicidad, igualdad, libre concurrencia y seguridad jurídica que aseguren a los ciudadanos un tratamiento común por parte de todas las Administraciones públicas en el ámbito de la contratación pública. A ese fundamento responde la declaración de norma básica del artículo 75.7 Ley de contratos del sector público, que abre la posibilidad de que una norma con rango de ley pueda establecer un régimen de pago aplazado. En este marco, nada impide que las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de su competencia de desarrollo de las bases del régimen jurídico (en el caso de Cantabria, de la competencia que proclama el artículo 24 del Estatuto de Autonomía de Cantabria: EACant, en sus apartados 1, 14 y 32), establezcan mediante ley especialidades en relación con el pago aplazado, siempre que no se perjudiquen la seguridad jurídica y la igualdad impuestas por la norma básica. 8. El día 9 de septiembre de 2013 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal escrito del Parlamento de Cantabria comunicando el acuerdo de la Mesa de la Cámara de no personarse en el procedimiento. 9. El Fiscal General del Estado presentó su escrito de alegaciones ante este Tribunal con fecha 26 de septiembre de 2013, interesando la estimación de la presente cuestión de inconstitucionalidad, por los motivos que se resumen a continuación. a) La cuestión planteada se circunscribe a determinar si el último inciso del artículo 75.7 de la Ley de contratos del sector público, en cuanto admite la posibilidad de regular excepciones a la prohibición de pago aplazado cuando «ésta u otra Ley lo autorice expresamente», otorga cobertura a dicha regulación cuando sea establecida por una ley autonómica, o bien requiere que la disposición sea de carácter exclusivamente estatal por afectar al carácter básico de la norma conforme al artículo 149.1.18 CE. Se trata, por tanto, de un supuesto de constitucionalidad mediata o indirecta, a analizar teniendo en cuenta la doctrina constitucional relacionada con la normativa básica en materia de contratación administrativa, recogida en las SSTC 141/1993, FJ 5; 331/1993, FJ 6, y 162/2009, FJ 4. b) La prohibición del pago aplazado en la contratación administrativa ha sido una constante legislativa, reiterada en el artículo 75.7 de la Ley de contratos del sector público y, actualmente, en el artículo 87.7 de su texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. A partir de la Ley de contratos del sector público, se establece que la prohibición de contratar pago aplazado regirá salvo las excepciones expresas del propio precepto y salvo que «ésta u otra Ley lo autorice expresamente». Dos han sido las excepciones establecidas por Ley: (i) el artículo 147 de la Ley 13/1996, desarrollado mediante el Real Decreto 704/1997 y posteriormente derogado por la Ley de contratos del sector público, que recogió en su artículo 111 la figura del contrato de obra bajo la modalidad de abono total del precio, que se satisface en un único abono en el momento de su terminación; y (ii) las modalidades de arrendamiento financiero o de arrendamiento con opción de compra, introducidas por la Ley 53/1999, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de contratos de las Administraciones públicas, posteriormente recogidas en el artículo 75.7 de la Ley de 2007. Ninguna de estas modalidades podría dar cobertura al contrato con precio aplazado que regula la disposición cuestionada, que prevé el aplazamiento en el pago de la obra, una vez terminada, en un máximo de diez anualidades. c) Los artículos 75.7 y 111 de la Ley de contratos del sector público son normas formalmente básicas, según la disposición final séptima.2 de la misma Ley. Por su parte, la disposición final primera del Real Decreto 704/1997 declara básicos su artículo 1, «en cuanto determina la naturaleza y el precio del contrato de las obras que se pueden realizar bajo la modalidad de abono total del precio», y su artículo 2, «en cuanto establece un límite máximo a contratar en cada ejercicio, por su incidencia en la planificación general de la actividad económica». En la dimensión material, y en el marco de la STC 141/1993, FJ 5, el artículo 75.7 de la Ley de contratos del sector público debe ser considerado asimismo básico, en atención a los siguientes motivos: (i) Por sus fines y justificación. Dispone el artículo 1 de la Ley de contratos del sector público que la regulación de la contratación del sector público tiene como fin, entre otros, el de «asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras». Por tanto, las finalidades de contención del gasto público y del nivel de endeudamiento y mantenimiento del equilibrio presupuestario se configuran como objetivos esenciales de la prohibición de pago aplazado del artículo 75.7 de la Ley de contratos del sector público. La aplicación efectiva del principio de estabilidad presupuestaria se recogió en la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, general de estabilidad presupuestaria, y posteriormente en su texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre. Se refuerza esta perspectiva en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, aprobada como consecuencia de la reforma del artículo 135 CE. Sobre ello se ha pronunciado la STC 134/2011, de 20 de julio, señalando la virtualidad del título competencial del artículo 149.1.13 CE. No discutiéndose que la prohibición del precio aplazado del artículo 75.7 de la Ley de contratos del sector público integra un contenido de carácter básico de la exclusiva competencia del Estado, no cabe duda de que el establecimiento de excepciones a esta norma general incidirá en las actuaciones de contención del gasto público y en el mantenimiento del equilibrio presupuestario, afectando al endeudamiento presente y futuro de las Administraciones públicas. Por ello, siendo competencia del Estado establecer las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica (art. 149.1.13 CE), así como los procedimientos necesarios para la aplicación efectiva del principio de estabilidad presupuestaria, corresponde al Estado regular aquellas excepciones a la regla general, sin perjuicio de que, un vez reguladas, pudieran existir aspectos susceptibles de desarrollo autonómico. (ii) Falta de título competencial e insuficiencia de la Ley de presupuestos. El contenido general de los preceptos estatutarios invocados por el Gobierno de Cantabria (art. 24, apartados 1, 14 y 32 EACant), y la propia referencia al ámbito de planificación económica del Estado, excluyen la cobertura del precepto cuestionado. Tampoco los artículos 25 y 26 EACant contienen habilitaciones competenciales que pudieran amparar el desarrollo de la legislación de contratos del sector público. Por otra parte, resulta cuando menos dudoso que la Ley de presupuestos que introduce esta excepción constituya el marco idóneo para una modificación que establece normas de contratación administrativa, ajenas al contenido genuino de las leyes presupuestarias (STC 76/1992, de 14 de mayo, FJ 4). (iii) No se ajusta a la actual orientación ni a la normativa de pagos del sector público. La Ley 3/2004, de 29 de diciembre, de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, incorpora al Derecho interno la Directiva 2000/35/CE, del Parlamento y del Consejo, de 29 de junio de 2000. Tales medidas se dirigen precisamente a limitar y reducir los plazos de pago, ante los negativos efectos que los plazos excesivamente amplios tienen en la morosidad y el nivel de endeudamiento de las empresas, especialmente en las pequeñas y medianas empresas, como señala su exposición de motivos. Su aplicación a las Administraciones públicas se llevó a efecto mediante la modificación del entonces vigente texto refundido de la Ley de contratos de las Administraciones públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio. La Ley 3/2004 fue modificada mediante la Ley 15/2010, de 5 de julio, que reiterando esta línea modifica en tal sentido el artículo 200.4 de la Ley de contratos del sector público, estableciendo en este precepto y en el régimen transitorio unos plazos máximos de pago muy reducidos, sin permitir pactos entre las partes por encima de estos términos legales. Nuevamente, la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, ha modificado entre otros el artículo 216.4 del texto refundido de la Ley de contratos del sector público. Existe, por tanto, una minuciosa regulación sobre los plazos de pago de los contratos del sector público, con una tendencia a su reducción temporal, que responde no solo a la finalidad de planificación, control del gasto y estabilidad presupuestaria, sino también a la consideración de que el plazo de pago es un elemento esencial de la regulación, que no queda reenviado a las Comunidades Autónomas, pues los artículos 200, 216, 222.4 y 228 del texto refundido de la Ley de contratos del sector público tienen carácter básico. El precepto impugnado, al establecer un aplazamiento de hasta diez anualidades, supera notoriamente estas limitaciones, contradiciendo la orientación y la letra de esta normativa limitativa del cualquier aplazamiento de los plazos de pago, que es coherente con la regla general prohibitiva establecida en el artículo 75.7 de la Ley de contratos del sector público. (iv) Incidencia en los principios de garantía de la contratación pública. Las condiciones de aplazamiento que derivan de la norma cuestionada incrementan el precio, e inciden directamente sobre la concurrencia y selección del contratista, tanto por su capacidad económica como por los sobrecostes financieros añadidos y, sobre todo, por la capacidad de endeudamiento necesaria para soportarlos durante varios años, hasta la total percepción del precio. La necesidad de disponer de un mayor crédito en las actuales circunstancias afecta a la posibilidad de acceder a aquellos tipos de contratación que requieren un gran esfuerzo financiero. La regulación de la solvencia económica y financiera y de la clasificación de los contratistas (arts. 27, 29, 30, 33 y 51.1 del Reglamento de la Ley de contratos de las Administraciones públicas aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre) tiene carácter básico al amparo del artículo 149.1.18 CE, según la disposición final primera de esta norma. El establecimiento del aplazamiento de pago incide en la capacidad financiera del contratista y, por ello, en su clasificación y aptitud, por lo que, en último extremo, afecta a las condiciones de la contratación administrativa y al desarrollo de las actividades económicas privadas en régimen de libre competencia. (v) Ámbito de regulación material de la norma. En la jurisprudencia constitucional (SSTC 141/1993, FJ 5, y 162/2009, FJ 4), la consideración del contenido sustancial de la norma como básica aparece unida a aspectos directamente relacionados con los principios básicos de la contratación administrativa, en atención a las garantías de igualdad y libre concurrencia de la contratación pública. Estos elementos también aparecen en la regulación del precio aplazado de los contratos, por la relevancia que ello tiene tanto en la estabilidad presupuestaria como en la selección y concurrencia del contratista, al proyectarse su regulación sobre otros aspectos sustantivos, incidiendo en su clasificación y, por tanto, en la posibilidad y aptitud de concurrencia y acceso a la adjudicación de obras en la contratación administrativa. (vi) Contradicción insalvable por vía interpretativa. Sentado el contenido básico, formal y material, del artículo 75.7 de la Ley de contratos del sector público y la necesidad de que la prohibición de pago aplazado sólo pueda salvarse por una ley estatal, no resulta posible su conciliación interpretativa con la norma cuestionada. De otro modo, se obtendría como resultado un vaciamiento del contenido de la norma estatal, enervando la regla general de prohibición, en beneficio de diferentes opciones de aplazamiento en función de los plurales criterios de las Comunidades Autónomas, con un resultado opuesto al sentido nuclear de la norma. Asimismo, contribuiría a dificultar otro de los objetivos de la contratación administrativa señalados por la doctrina constitucional, como es el de asegurar a los ciudadanos un tratamiento común por parte de todas las Administraciones públicas [STC 331/1993, FJ 6 c)]. 10. Por providencia de 8 de abril de 2014 se señaló para deliberación y votación del presente recurso el día 10 del mismo mes y año. II. Fundamentos jurídicos 1. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria plantea cuestión de inconstitucionalidad en relación con el artículo 44 de la Ley 10/2010, de 23 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2011. Considera el órgano judicial que dicho precepto, al regular el pago aplazado del precio de los contratos administrativos de obra, vulnera lo dispuesto en los artículos 75.7 y 111 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, que prohíbe el plazo aplazado del precio de los contratos administrativos, salvo las excepciones previstas en dicha Ley o en otra norma del mismo rango, que necesariamente debe ser estatal. Por esta razón, aprecia que se invade la competencia que el artículo 149.1.18 CE atribuye al Estado para dictar la legislación básica en materia de contratos administrativos. La Abogada del Estado solicita la desestimación de la cuestión de inconstitucionalidad, por no apreciar infracción del artículo 149.1.18 CE. Entiende que el artículo 75.7 de la Ley de contratos del sector público permite excepciones a la prohibición de pago aplazado siempre que se establezcan por ley, reserva legal que se respeta tanto si la excepción viene fijada en la propia Ley de contratos del sector público como en otra ley, sea estatal o autonómica. El Letrado del Gobierno de Cantabria solicita asimismo la desestimación de la cuestión de inconstitucionalidad, alegando que el precepto cuestionado no contradice lo establecido por los artículos 75.7 y 111 de la Ley de contratos del sector público, y cumple las exigencias de la legislación básica estatal en cuanto al requisito de rango normativo preestablecido en ésta para establecer la excepción de la prohibición. A su juicio, nada impide que la Comunidad Autónoma, en el ejercicio de su competencia de desarrollo de las bases del régimen jurídico, y concretamente en virtud de lo dispuesto por el artículo 24 del Estatuto de Autonomía de Cantabria (EACant), apartados 1 (organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno), 14 (planificación de la actividad económica y fomento del desarrollo de Cantabria, dentro de los objetivos marcados por la política económica del Estado y del sector público económico de la Comunidad) y 32 (procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organización propia) establezca, a través del instrumento adecuado, especialidades en relación con el pago aplazado, siempre que no se perjudiquen la seguridad jurídica y la igualdad impuestas por la norma básica. El Fiscal General del Estado considera que procede estimar la cuestión de inconstitucionalidad, ante la falta de título competencial de la Comunidad Autónoma para regular esta materia y la inidoneidad de la Ley de presupuestos para establecer normas de contratación administrativa, ajenas al contenido genuino de las leyes presupuestarias. Alega asimismo que el precepto cuestionado invade la competencia del Estado en materia de legislación básica de la contratación administrativa. En su opinión, el precepto autonómico incide en los fines de contención de gasto y equilibrio presupuestario propios del Estado, contradice el criterio de las normas básicas reguladoras del tiempo del pago del precio de los contratos, no está incluida en ninguna de las excepciones previstas en la legislación básica estatal y, en fin, afecta a la concurrencia de los licitadores al incidir en su capacidad financiera. Su consecuencia última es anular la prohibición del art. 75.7 de la Ley de contratos del sector público, que queda vacía de contenido. 2. El Auto de planteamiento propone como parámetro mediato de constitucionalidad los artículos 75.7 y 111 de la Ley de contratos del sector público, debiendo efectuar sobre este particular una precisión inicial, a fin de esclarecer posibles dudas sobre su eventual utilización. Según su disposición final única, el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos del sector público, que derogó la Ley de contratos del sector público de 2007, entró en vigor al mes de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», lo que tuvo lugar el 16 de noviembre de 2011. No obstante, esta precisión no tiene mayores consecuencias, toda vez que el régimen de prohibición del pago aplazado del precio de los contratos de las Administraciones públicas y sus excepciones, regulado en su momento por el artículo 75.7 de la Ley de contratos del sector público, se reproduce literalmente en el artículo 87.7 del texto refundido de la Ley de contratos del sector público y el relativo a los contratos con abono total de precio que regulaba el artículo 111 de la Ley de 2007 figura ahora en el artículo 127 del texto refundido de 2011 en idénticos términos. 3. El artículo 44.1 de la Ley del Parlamento de Cantabria 10/2010 autoriza el pago aplazado de los contratos administrativos de obra cuyo valor estimado sea superior a un millón y medio de euros y su plazo de ejecución sea igual o superior a doce meses. El resto del precepto regula cuestiones accesorias a esta autorización, tales como la tramitación del correspondiente expediente de gasto plurianual, el reajuste de anualidades en el supuesto de prórrogas o modificaciones que impliquen la ampliación del plazo inicial, el contenido específico de los pliegos de cláusulas administrativas particulares, el ritmo de los pagos y el contenido de las facturas emitidas por el contratista, en las que deben constar separadamente los intereses por el aplazamiento del pago. No ofrece dudas que esta regulación constituye, desde el punto de vista material, legislación sobre contratos administrativos, al incidir sobre determinados aspectos del pago de su precio. Es más, a tenor de la remisión que este mismo precepto realiza al artículo 47 de la Ley 14/2006, de 24 de octubre, de finanzas de Cantabria, y a los pliegos de cláusulas administrativas particulares, el precepto impugnado regula determinados aspectos del pago del precio de los contratos de obra que celebran las Administraciones públicas, que son –conforme a lo establecido en el art. 19.1 a) del texto refundido de la Ley de contratos del sector público– contratos administrativos. Debemos comenzar, por tanto, por analizar la distribución de competencias que rige en esta materia entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Cantabria. a) El artículo 149.1.18 CE atribuye al Estado, entre otras, la competencia exclusiva para dictar «la legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas». En términos de la STC 141/1993, de 22 de abril, FJ 5, «la normativa básica en materia de contratación administrativa tiene principalmente por objeto, aparte de otros fines de interés general, proporcionar las garantías de publicidad, igualdad, libre concurrencia y seguridad jurídica que aseguren a los ciudadanos un tratamiento común por parte de todas las Administraciones públicas» (en el mismo sentido, SSTC 331/1993, de 12 de noviembre, FJ 6, y 162/2009, de 29 de junio, FJ 4). En el marco de lo dispuesto por el art. 149.1.18 CE, las Comunidades Autónomas han podido asumir la competencia de desarrollo legislativo de la legislación básica estatal en materia de contratos administrativos. b) El representante procesal del Gobierno de Cantabria pretende amparar el precepto cuestionado en las competencias exclusivas recogidas en el artículo 24 EACant, apartados 1 (organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno), 14 (planificación de la actividad económica y fomento del desarrollo de Cantabria, dentro de los objetivos marcados por la política económica del Estado y del sector público económico de la Comunidad) y 32 (procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organización propia). Por su parte, el Fiscal General del Estado considera que el contenido general de los preceptos estatutarios invocados por el Gobierno de Cantabria excluye que den cobertura competencial al precepto cuestionado. En lo que concierne al reparto competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas, la materia «contratos administrativos» aparece diferenciada en el artículo 149.1.18 CE, aunque forme parte del amplio haz de competencias recogidas en el mismo precepto constitucional, que tienen diverso alcance y naturaleza, y cuya heterogeneidad impide un tratamiento unívoco (STC 61/1997, de 20 de marzo, FJ 11). Regida así la legislación sobre contratos administrativos por un título competencial específico, esta circunstancia por sí sola impide aceptar la operación de subsunción en otros ámbitos competenciales que propone el Gobierno de Cantabria. Según la doctrina de este Tribunal, recapitulada en la STC 120/2012, de 4 de junio, FJ 5: «desde un principio, venimos manteniendo que en materia de delimitación de competencias la ‘regla de más amplio alcance debe ceder ante la regla más especial’ [SSTC 71/1982, de 30 de noviembre, FJ 6; 87/1985, de 16 de julio, FJ 8; 87/1989, de 11 de mayo, FJ 3 a); y 193/1998, de 1 de octubre, FJ 1]. O, lo que es lo mismo, que el título específico ha de prevalecer sobre el genérico (SSTC 48/1988, de 22 de marzo, FJ 2; 49/1988, de 22 de marzo, FJ 11; y 80/1988, de 28 de abril, FJ 3), sin perjuicio de que igualmente hayamos afirmado que ‘‘a este criterio no se puede atribuir un valor absoluto’’ (STC 213/1988, de 11 de noviembre, FJ 3)». Ahora bien, pese a no haber sido invocado por las partes, debemos tomar en consideración el artículo 35.3 EACant, que, en el título dedicado a «régimen jurídico», dispone: «Asimismo, en el ejercicio de la competencia de organización, régimen y funcionamiento prevista en el artículo 24 del presente Estatuto y, de acuerdo con la legislación del Estado, corresponde a la Comunidad Autónoma, entre otras materias, el establecimiento del régimen estatutario de su personal funcionario, la elaboración del procedimiento administrativo derivado de las especialidades de su organización propia, la regulación de los bienes de dominio público y patrimoniales cuya titularidad corresponda a la Comunidad Autónoma, y de los contratos y de las concesiones administrativas en el ámbito de la Comunidad». Este precepto estatutario aporta a la Comunidad Autónoma el título específico exigido por la jurisprudencia constitucional, pues –con independencia de su atípica ubicación sistemática– le atribuye competencia de regulación en materia de contratos administrativos, «de acuerdo con la legislación del Estado». 4. Procede, por tanto, entrar ya a examinar si el artículo 44 de la Ley del Parlamento de Cantabria 10/2010 contradice la normativa básica estatal. Como en todo análisis de constitucionalidad mediata, ello requerirá, en primer lugar, constatar el carácter efectivamente básico de la normativa estatal de contraste y, en segundo lugar, verificar si existe una verdadera y real contradicción entre la norma impugnada y la norma estatal básica, que no pueda ser salvada con una interpretación de la norma cuestionada conforme con la Constitución. a) De los preceptos invocados por el Auto de planteamiento, queda excluido de nuestro análisis el artículo 127 del texto refundido de la Ley de contratos del sector público, que regula los contratos de obra con abono total del precio. Éste debe satisfacerse en un pago único en el momento de terminación de la obra, no resultando de aplicación el régimen general de abono de las certificaciones parciales de obra. Finalizada la obra, se le aplica el régimen general de pago establecido para los contratos de obra y está sometido, también, a la prohibición general de aplazamiento del pago. Se trata, por tanto, de un régimen específico de pago que afecta únicamente al tiempo durante el que la obra se está ejecutando, pero que nada tiene que ver con lo previsto en el precepto cuestionado, en el que el aplazamiento del pago se puede extender a las diez anualidades posteriores a aquélla en la que se prevea la terminación de la obra. b) La norma estatal a considerar es, por tanto, el artículo 87.7 del texto refundido de la Ley de contratos del sector público, cuyo carácter formalmente básico está recogido en su disposición final segunda, apartado 3. Dicho artículo, tras fijar como regla general la prohibición del pago aplazado del precio de los contratos de las Administraciones públicas, contempla como excepciones: (i) las modalidades de arrendamiento financiero o arrendamiento con opción de compra, incluidas por vez primera en la Ley de contratos del sector público de 2007 como un contrato calificado de suministro (art. 9 del texto refundido de la Ley), ajenas a este debate procesal, y (ii) «los casos en que ésta u otra Ley lo autorice expresamente». La cuestión se circunscribe, por tanto, a dilucidar si la remisión hecha a otras leyes puede considerarse comprensiva de la ley autonómica. Sin duda puede reprocharse al artículo 87.7 del texto refundido de la Ley de contratos del sector público su imprecisa formulación, por cuanto la remisión genérica a la ley para el establecimiento de excepciones al régimen de prohibición de pago aplazado no despeja, prima facie, la duda de si con ello el legislador ha querido referirse únicamente a la ley estatal o, por el contrario, ha pretendido abrir la posibilidad de excepciones establecidas mediante ley autonómica. Pero la crítica que pueda merecer el precepto desde la óptica de la buena técnica legislativa no nos exime de indagar en la dimensión material de la norma básica, que es en definitiva la que debe prevalecer en el juicio de constitucionalidad. Desde esta perspectiva material, hay que comenzar resaltando que, aunque haya experimentado cierta evolución y modulaciones, la prohibición de pago aplazado en los contratos administrativos ha sido tradicionalmente y sigue siendo la regla general en nuestro Derecho. Ya la primera ley postconstitucional aprobada con carácter básico ex artículo 149.1.18 CE, la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de contratos de las Administraciones públicas, justificaba la necesidad de mantener la prohibición del pago aplazado por la inexcusable exigencia de contener el crecimiento del gasto público y el nivel de endeudamiento, y a la vez asegurar el mantenimiento del equilibrio presupuestario. El efecto es así, sin que requiera excesivo esfuerzo argumental puntualizar que el aplazamiento del pago implica un fraccionamiento temporal de la inversión, que difiere su impacto en el gasto público y lo incrementa debido a los costes de financiación, lo que forzosamente repercute negativamente en el nivel de endeudamiento público. Por tanto, fijándonos de nuevo en el texto refundido de la Ley de contratos del sector público, de inmediato se aprecia el nexo directo que enlaza la prohibición recogida en el artículo 87.7 con la finalidad de «asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras», que proclama en el artículo 1. Tal objetivo de estabilidad presupuestaria ha adquirido la máxima relevancia en nuestro ordenamiento a partir de la reforma del artículo 135 CE, desarrollado en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Pero, al haberse introducido con anterioridad en nuestro ordenamiento mediante la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, general de estabilidad presupuestaria (cuyo texto refundido fue aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre), complementada por la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, habremos de fijar nuestra atención en estas últimas normas, vigentes al tiempo de dictarse la Ley cántabra objeto de este proceso constitucional. Al enjuiciar la concepción de la estabilidad presupuestaria regulada en las citadas normas del año 2001, este Tribunal, en la STC 134/2011, de 20 de julio, FJ 8, desestimó su impugnación con fundamento en las siguientes apreciaciones y conclusiones: (i) «La definición de ‘‘estabilidad presupuestaria’’ se configura como una orientación de la política económica general que el Estado puede dictar ex artículo 149.1.13» de la Constitución. (ii) «Este Tribunal en su STC 62/2001, de 1 de marzo, reiterando anterior doctrina, ha considerado legítimo el establecimiento de límites presupuestarios en materias concretas.» (iii) «La legitimidad constitucional de que el Estado, ex artículos 149.1.13 y 156.1 en conexión con el artículo 149.1.14 CE, establezca topes máximos en materias concretas a las Comunidades Autónomas en la elaboración de sus presupuestos se extiende, con igual fundamento, a la fijación de topes generales para dichos presupuestos, toda vez que la política presupuestaria es un instrumento de la política económica de especial relevancia, a cuyo través incumbe al Estado garantizar el equilibrio económico general (STC 62/2001, FJ 4).» De conformidad con esta doctrina, reproducida en las SSTC 157/2011, de 18 de octubre, 195/2011 a 199/2011, de 13 de diciembre, y 203/2011, de 14 de diciembre, procede considerar que el régimen de prohibición de pago aplazado es indiscutiblemente básico, tanto por regular un aspecto nuclear de la contratación administrativa como por su conexión con el principio de estabilidad presupuestaria, que informa y preside todas las políticas públicas con impacto en el gasto y, en lo que aquí interesa, los presupuestos de las Comunidades Autónomas (art. 21.2 de la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas). Por la razón expuesta, existe una relación inescindible en este caso entre la regla general de prohibición y las contadas excepciones que fijan su contorno. Admitir la hipótesis contraria sería tanto como dejar sin efecto la regla general de prohibición, con evidentes repercusiones negativas en la disciplina presupuestaria que deben observar rigurosamente todas las Administraciones públicas por imperativo, ahora, del artículo 135 CE. Porque, siendo competencia del Estado, ex artículo 149.1.18 CE, establecer la regla general de prohibición del pago aplazado en los contratos de las Administraciones públicas, la misma lógica se extiende a considerar que sólo el mismo legislador estatal puede determinar las excepciones, pues éstas no hacen sino delimitar el alcance de la regla general, actuando como complemento necesario de la misma. Así lo determinamos en la STC 3/2013, de 17 de enero, en relación con los supuestos de colegiación obligatoria, aunque en aquella ocasión la norma estatal de contraste, el artículo 3.2 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de colegios profesionales, no ofreciera margen alguno de duda en su redacción. Y así lo hemos recordado en la STC 17/2014, de 30 de enero, FJ 8: «si básica es la regla general, básica debe ser también la excepción (SSTC 206/1997, de 27 de noviembre, FJ 8, y 219/2013, de 19 de diciembre, FJ 5)». Por todo ello, pese a la equívoca formulación contenida en el artículo 87.7 del texto refundido de la Ley de contratos del sector público, hemos de coincidir con el Auto de planteamiento y el Fiscal General del Estado, en la conclusión de que sólo el legislador básico está habilitado para fijar las excepciones a la prohibición de pago aplazado de los contratos de las Administraciones públicas. c) Una vez determinado que la ley que puede establecer excepciones a la regla general de prohibición de pago aplazado en los contratos que celebran las Administraciones públicas debe ser necesariamente estatal, no existe ámbito de conciliación posible entre lo dispuesto en el artículo 87.7 del texto refundido de la Ley de contratos del sector público y el precepto cuestionado en este proceso. Ante esta radical e insalvable contradicción hemos de declarar que el artículo 44 de la Ley del Parlamento de Cantabria 10/2010 es inconstitucional y nulo, por invadir la competencia exclusiva del Estado para establecer la legislación básica en materia de contratos administrativos, ex artículo 149.1.18 CE. 5. En atención a lo razonado en el previo fundamento jurídico, resulta innecesario entrar a examinar la duda expuesta por el Fiscal General del Estado, que cuestiona la idoneidad de una Ley de presupuestos para establecer normas de contratación administrativa, por ser éstas ajenas al contenido genuino de las leyes presupuestarias. FALLO En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA, Ha decidido Estimar la cuestión de inconstitucionalidad núm. 2928-2013 y, en consecuencia, declarar inconstitucional y nulo el artículo 44 de la Ley del Parlamento Cantabria 10/2010, de 23 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2011. Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». Dada en Madrid, a diez de abril de dos mil catorce.–Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.–Adela Asua Batarrita.–Luis Ignacio Ortega Álvarez.–Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Santiago Martínez-Vares García.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Enrique López y López.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.

El Tribunal Constitucional tumba el artículo de ley presupuestos 2011 cántabra que permitía el pago aplazado de contratos públicos

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente; doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Enrique López y López y don Ricardo Enríquez Sancho, Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 2928-2013, planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en relación con el artículo 44 de la Ley 10/2010, de 23 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2011. Han intervenido y formulado alegaciones la Abogada del Estado, el Gobierno de Cantabria y el Fiscal General del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Fernando Valdés Dal-Ré, quien expresa el parecer del Tribunal. I. Antecedentes 1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 17 de mayo de 2013, tuvo entrada el Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, de 22 de abril de 2013, por el que se acuerda plantear cuestión de inconstitucionalidad en relación con el artículo 44 de la Ley 10/2010, de 23 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2011. Se acompaña testimonio de las actuaciones correspondientes al procedimiento ordinario tramitado con el núm. 58-2012 ante dicha Sala. 2. Los hechos de los que trae causa esta cuestión de inconstitucionalidad son los siguientes: a) Con fecha 27 de enero de 2012, se interpuso recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria («Boletín Oficial de Cantabria» de 5 de mayo de 2011), por la que se efectúa anuncio de licitación de la obra de acondicionamiento de plataforma de carretera, tramo Rubayo-Puente Agüero, modalidad pago aplazado del precio del contrato, así como contra el acuerdo del Consejo de Gobierno de Cantabria de 22 de marzo de 2012, que desestima el recurso de alzada formulado frente a dicha resolución. b) Una vez concluida la tramitación del recurso contencioso-administrativo y estando el proceso en trámite de Sentencia, la Sala, mediante providencia de 14 de marzo de 2013, acordó conferir plazo común de diez días a las partes y al Ministerio Fiscal para que, de conformidad con el artículo 35.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), alegasen sobre la pertinencia de plantear cuestión de inconstitucionalidad, o sobre el fondo de ésta. c) Evacuado dicho trámite, por Auto de 22 de abril de 2013, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria acordó plantear cuestión de inconstitucionalidad en relación con el artículo 44 de la Ley 10/2010, de 23 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2011. 3. El referido Auto fundamenta el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad en las consideraciones que, resumidamente, se exponen a continuación. a) El artículo 44 de la Ley del Parlamento de Cantabria 10/2010 autoriza el pago aplazado de los contratos administrativos de obra cuando su valor estimado sea superior a un millón y medio de euros y su plazo de ejecución sea igual o superior a doce meses. Con fundamento en este precepto, se ha publicado el anuncio de licitación de la obra de acondicionamiento de plataforma de carretera, tramo Rubayo-Puente Agüero, bajo la modalidad de pago aplazado del precio del contrato, que constituye el objeto del proceso a quo. b) El precepto vulnera lo dispuesto en los artículos 75.7 y 111 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, que prohíbe el pago aplazado del precio en los contratos de las Administraciones públicas, excepto en los supuestos en que el sistema de pago se establezca mediante la modalidad del arrendamiento financiero o de arrendamiento con opción de compra, así como en los casos en que ésta u otra ley lo autorice expresamente. Al habilitarse dicha excepción mediante ley autonómica, se invade la competencia estatal en materia de legislación de contratos (art. 149.1.18 CE), pues aquella debe ser establecida, en todo caso, por medio de la legislación básica estatal. c) La prohibición de pago aplazado del precio de los contratos administrativos es un principio clásico que limita la capacidad de las partes contratantes en la regulación de los elementos de la obligación, limitación justificada por razones presupuestarias y económicas. Así, la exposición de motivos de la Ley de contratos del sector público justifica la prohibición en la exigencia de contener el gasto público y el nivel de deuda, así como en la necesidad de asegurar el mantenimiento del equilibrio presupuestario. La prohibición tiene una serie de excepciones, entre las que se encuentran los casos autorizados por norma con rango de ley, como la contenida en el artículo 147 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, que regula los contratos de obra bajo la modalidad de abono total del precio. La ley que excepcione la prohibición de pago aplazado establecida en preceptos declarados básicos debe ser estatal, dada su incidencia en la planificación general de la actividad económica, por lo que el precepto cuestionado, en un supuesto de inconstitucionalidad mediata o indirecta, invade la competencia reservada al Estado por el artículo 149.1.18 CE. 4. Mediante providencia de 9 de julio de 2013, el Pleno, a propuesta de la Sección Cuarta, acordó admitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad núm. 2928-2013 y reservar para sí el conocimiento de la misma; dar traslado de las actuaciones recibidas al Congreso de los Diputados, al Senado, al ### RESUMEN: El Tribunal Constitucional tumba el artículo de ley presupuestos 2011 cántabra que permitía el pago aplazado de contratos públicos

El Pleno del Tribunal Constitucional, por Auto de 23 de abril actual en el conflicto positivo de competencia núm. 6862-2012, promovido por el Abogado del Estado, en representación del Gobierno de la Nación, ha acordado mantener la suspensión de la Decisión del Gobierno Vasco, de fecha indeterminada por la que acuerda que los trabajadores del sector público vasco cobren la paga extraordinaria de diciembre de 2012, «así como respecto a las actuaciones o disposiciones que apliquen este criterio», suspensión que se produjo con la admisión del mencionado conflicto positivo de competencia y que fue publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 298, de 12 de diciembre de 2012. Madrid, 23 de abril de 2013.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra.

El Constitucional mantiene la suspensión del cobro de la paga extra de navidad a los funcionarios vascos

El Pleno del Tribunal Constitucional, por Auto de 23 de abril actual en el conflicto positivo de competencia núm. 6862-2012, promovido por el Abogado del Estado, en representación del Gobierno de la Nación, ha acordado mantener la suspensión de la Decisión del Gobierno Vasco, de fecha indeterminada por la que acuerda que los trabajadores del sector público vasco cobren la paga extraordinaria de diciembre de 2012, «así como respecto a las actuaciones o disposiciones que apliquen este criterio», suspensión que se produjo con la admisión del mencionado conflicto positivo de competencia y que fue publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 298, de 12 de diciembre de 2012. Madrid, 23 de abril de 2013.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra. ### RESUMEN: El Constitucional mantiene la suspensión del cobro de la paga extra de navidad a los funcionarios vascos

ECLI:ES:TC:2018:4 La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por doña Encarnación Roca Trías, Presidenta; don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo Enríquez Sancho, Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En el recurso de amparo núm. 4931-2016, interpuesto por la Procuradora de los Tribunales doña Matilde Marín Pérez, en nombre y representación del Grupo Parlamentario Podemos en el Parlamento de Canarias, y de sus miembros doña Noemí Santana Perera, doña María Concepción Monzón Navarro, don Juan José Márquez Fandiño, doña Asunción Delgado Luzarro, doña Natividad Arnáiz Martínez, doña María del Río Sánchez y don Francisco Antonio Déniz Ramírez, contra el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias de 20 de julio de 2016, desestimatorio de la solicitud de reconsideración del precedente acuerdo de la Mesa de la Comisión de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del 19 de julio anterior, que, a su vez, había inadmitido la relación de enmiendas al articulado presentadas por el Grupo Parlamentario Podemos a la proposición de ley para la modificación de los artículos 4 y 8 de la Ley del Parlamento de Canarias 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas para la ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma. Ha comparecido el Parlamento de Canarias e intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Antonio Narváez Rodríguez, quien expresa el parecer del Tribunal. I. Antecedentes 1. En fecha 16 de septiembre de 2016 tuvo entrada en el registro general de este Tribunal un escrito firmado por la Procuradora de los Tribunales doña Matilde Marín Pérez, en nombre y representación del Grupo Parlamentario Podemos en el Parlamento de Canarias y de sus miembros doña Noemí Santana Perera, doña María Concepción Monzón Navarro, don Juan José Márquez Fandiño, doña Asunción Delgado Luzarro, doña Natividad Arnáiz Martínez, doña María del Río Sánchez y don Francisco Antonio Déniz Ramírez, por el que ha interpuesto demanda de amparo contra el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 20 de julio de 2016, desestimatorio de la solicitud de reconsideración de otro acuerdo de la Mesa de la Comisión de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, del día 19 de julio anterior, que había inadmitido la relación de enmiendas al articulado presentadas por el precitado Grupo Parlamentario a una proposición de ley para la modificación de los artículos 4 y 8 de la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas para la ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, que había tenido entrada en el Parlamento de Canarias a instancia del cabildo insular de La Palma. 2. El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes: a) Con fecha de 5 de octubre de 2015, tuvo entrada en el registro del Parlamento de Canarias una iniciativa legislativa del cabildo insular de La Palma para la modificación de los artículos 4 y 8 de la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma. La proposición de ley incluía una exposición de motivos y tres artículos; el primero iba destinado a modificar el artículo 4 b).1; el segundo, a incorporar tres nuevos apartados a ese mismo artículo 4, que encabezó con las letras e), f) y g) y el tercero tendente a modificar el artículo 8.4 f).3, de la Ley 6/2002. b) En sesiones celebradas los días 8 y 9 de marzo de 2016, el Pleno del Parlamento de Canarias tomó en consideración la precitada proposición de ley (9L/PPLC-0002) y acordó la apertura del trámite de enmiendas. c) Transcurrido el plazo para la presentación de enmiendas a la totalidad sin haber registrado ninguna, se abrió el subsiguiente trámite de enmiendas al articulado, en el que se presentaron las siguientes: – El Grupo Parlamentario Mixto presentó cuatro enmiendas que tenían por objeto la modificación de los siguientes artículos de la Ley 6/2002: artículo 4, para la supresión de los apartados c) y d), por ser contrarios a la legislación básica estatal; artículo 8; artículo 9; y se propuso agregar una disposición adicional cuarta, dedicada a las viviendas vacacionales. – Los Grupos Parlamentarios Nacionalista Canario y Socialista Canario presentaron conjuntamente trece enmiendas: de modificación del título de la proposición de ley, de supresión de los antecedentes, de modificación de la exposición de motivos, de modificación del artículo primero de la proposición de ley, de modificación del artículo segundo –que pasa a modificar el art. 5.1 f) de la Ley 6/2002–, de adición de un nuevo artículo segundo bis –de modificación del art. 6 de la Ley 6/2002–, de adición de un nuevo artículo segundo ter –de modificación del art. 7.3 de la Ley 6/2002–, de modificación del artículo tercero, de adición de una nueva disposición adicional primera, de adición de una nueva disposición adicional segunda, de adición de una nueva disposición adicional tercera, de adición de una nueva disposición transitoria y de adición de una disposición final. – El Grupo Parlamentario Nueva Canarias presentó una enmienda de adición de una nueva disposición final de modificación de la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de armonización y simplificación en materia de protección del territorio y de los recursos naturales. – El Grupo Parlamentario Popular presentó 11 enmiendas al articulado: de modificación de los artículos primero y segundo de la proposición de ley –que modifica el art. 4 de la Ley 6/2002–, de adición de un nuevo artículo segundo –de modificación del art. 5.1 f) de la Ley 6/2002)–, de adición de un nuevo artículo tercero –de supresión del art. 6)–, de adición de un nuevo artículo cuarto –de adición de un nuevo art. 6 a la Ley 6/2002–, de adición de un nuevo artículo quinto –de modificación del art. 7.3 de la Ley 6/2002–, de adición de un nuevo artículo sexto –de modificación del art. 8.4 f).2)–, de modificación del artículo tercero de la proposición de ley –de introducción de un nuevo artículo séptimo de la misma que modifica el art. 8.4 f).3–, de adición de un nuevo artículo octavo –que añadía un nuevo capítulo IV a la Ley 6/2002 dedicado a los proyectos de interés insular–, de adición de una nueva disposición adicional, de adición de una nueva disposición transitoria y de adición de una nueva disposición final. – Finalmente, el Grupo Parlamentario Podemos presentó, con fecha de 18 de julio de 2016, tres enmiendas al articulado de la referida proposición de ley: en la primera de ellas, propuso la sustitución de la exposición de motivos, así como la de los artículos 1, 2 y 3 de la proposición de ley. En la segunda enmienda se interesó una nueva redacción del artículo 4 de la Ley 6/2002, que coincidía con la redacción de dicho artículo, que había estado vigente desde el inicio de la aprobación de la Ley hasta el día 10 de noviembre de 2014. Por último, la tercera enmienda proponía la misma redacción del artículo 8 de la Ley 6/2002, que estaba rigiendo al tiempo de la presentación de la proposición de ley. En la justificación de las enmiendas se destacó de modo textual que «no parece que éste sea el mejor momento para tramitar una proposición de ley que modifica la regulación de la planificación territorial y urbanística de las islas no capitalinas, así como sus condiciones y estándares turísticos, hasta que no se haya debatido en este Parlamento el modelo territorial, urbanístico y turístico que está proyectando el Gobierno para todo el archipiélago» y que «por tanto, el Grupo Parlamentario Podemos considera que no se cumple el principio de oportunidad para modificaciones importantes de esta legislación que debe esperar a que se discuta en el Parlamento sobre el proyecto de ley del suelo». d) Con fecha 19 de julio de 2016, la Mesa de la Comisión de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, acordó la numeración de todas las enmiendas presentadas y, al mismo tiempo, procedió a su calificación, adoptando el acuerdo de admitir todas las enmiendas presentadas a excepción de dos enmiendas, la núm. 4 del Grupo Mixto y la núm. 18 del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, en ambos casos por «no guardarse la debida homogeneidad entre la enmienda presentada y la iniciativa legislativa que se tramita», así como de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Podemos, «en cuanto suponen en conjunto una enmienda a la totalidad encubierta, contradictoria con la toma en consideración del texto de la proposición de ley ya acordada por el Pleno de la Cámara». e) Contra el anterior acuerdo, el Grupo Parlamentario Podemos formuló solicitud de reconsideración, mediante escrito presentado el día 20 de julio de 2016, que atendía a las siguientes consideraciones: en primer lugar, que, frente a la afirmación de que las enmiendas de su grupo parlamentario no habían sido admitidas por ser contradictorias con la toma en consideración del texto de la proposición de ley, se razonó que se trataba de un supuesto no contemplado en el reglamento y que los diferentes tipos de enmiendas presentadas tenían como finalidad alterar el texto de la inicial proposición de ley. Se destacó, igualmente, que tampoco la calificación de las enmiendas al articulado como enmienda a la totalidad está prevista como causa de inadmisión y no entra dentro de las funciones de calificación de la Mesa, sino que comporta un ejercicio de opinión. Finalmente, se afirmaba que la Mesa había realizado una interpretación restrictiva frente a la interpretación amplia y permisiva realizada por la misma en la admisión de enmiendas al articulado presentadas por otros grupos parlamentarios, que, a su parecer, excedían de manera muy significativa del espíritu de modificación de la ley que se tomó en consideración en el Pleno. Por lo tanto, la decisión de la Mesa había mermado sus derechos como diputados y como Grupo Parlamentario. Asimismo, presentó solicitud de reconsideración el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias. f) La Mesa del Parlamento de Canarias, en reunión celebrada el mismo día 20 de julio de 2016, estimó la solicitud de reconsideración formulada por el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, pero acordó desestimar la del Grupo Parlamentario Podemos. El acuerdo comenzó señalando que las enmiendas planteadas por este último grupo parlamentario tenían por finalidad modificar la proposición de ley para volver a la redacción originaria de la Ley 6/2002, de 12 de junio, y destacaba las razones por las que fueron inadmitidas las enmiendas por parte de la Mesa de la Comisión, así como los argumentos alegados por el grupo parlamentario en el escrito de reconsideración. Razonaba en este sentido el acuerdo que, mediante la toma en consideración de la proposición de ley, la Cámara hacía suya una iniciativa legislativa emanada de un sujeto distinto del Gobierno, lo que acarreaba consecuencias importantes en la tramitación de la iniciativa, dado que ya no podía ser objeto de enmiendas a la totalidad de devolución conforme al artículo 135.6 del Reglamento del Parlamento de Canarias y solo podía ser retirada aquella iniciativa legislativa si así lo aceptaba el Pleno de la Cámara (art. 139.2 del Reglamento del Parlamento de Canarias). La aceptación de la iniciativa suponía que el Pleno había hecho suya la iniciativa y que había emitido un juicio de oportunidad y conveniencia política sobre la nueva regulación del ámbito material, de tal manera que, en adelante, era posible proponer una redacción distinta, pero lo que no cabía era sugerir un contenido de la norma que neutralizara la iniciativa y su toma en consideración. A lo expuesto, el acuerdo agregaba el siguiente tenor: «no es posible que a través de lo que se presentan como enmiendas parciales, se pretenda anular por completo el contenido de la iniciativa legislativa, y vaciarla de contenido para volver a la regulación anterior, formulando, en realidad, una enmienda a la totalidad con texto alternativo que no difiere de la norma que se pretende reformar, extremo sobre el que ya se ha pronunciado el Pleno, al tomar en consideración la proposición. Se detecta que bajo la forma de enmiendas parciales a artículos de la proposición (a todos y cada uno de ellos) lo que se esconde en el caso controvertido es la formulación extemporánea de un texto alternativo total como si de una enmienda a la totalidad se tratase, que además coincide con la versión del texto cuya modificación persigue la iniciativa legislativa en trámite. Al respecto puede traerse a colación la doctrina plasmada en el ATC 275/1993». De conformidad con el razonamiento expuesto, el acuerdo de la Mesa decidió desestimar la solicitud de reconsideración formalizada contra el anterior Acuerdo de la Mesa de la Comisión de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, y confirmó la inadmisibilidad de las enmiendas del Grupo Parlamentario Podemos, por suponer en conjunto una enmienda a la totalidad encubierta, contradictoria con la toma en consideración del texto de la proposición de ley ya acordada por el Pleno de la Cámara. 3. La demanda de amparo, que ha sido interpuesta con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), interesa la nulidad del acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias de 20 de julio de 2016, desestimatorio de la solicitud de reconsideración previamente formalizada contra el acuerdo de la Mesa de la Comisión de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, del día anterior, 19 de julio de 2016, que, a su vez, había inadmitido a trámite las enmiendas al articulado presentadas por el Grupo Parlamentario Podemos a la proposición de ley para la modificación de los artículos 4 y 8 de la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas para la ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma. Asimismo, en el suplico se ha pedido el reconocimiento del derecho del Grupo Parlamentario Podemos y de los diputados recurrentes a la admisión a trámite de las enmiendas parciales presentadas y el restablecimiento en su integridad de dicho derecho, con retroacción de las actuaciones del Parlamento de Canarias en el trámite legislativo al momento anterior a la violación del derecho fundamental. Los recurrentes aducen que la inadmisión a trámite de las enmiendas vulneró su derecho fundamental a ejercer en condiciones de igualdad los cargos públicos, según lo dispuesto en el artículo 23.2 en relación con el artículo 23.1, así como el artículo 14, todos de la Constitución. Entienden que los acuerdos recurridos afectan al núcleo de su función representativa, al referirse a un derecho reconocido por el propio Reglamento de la Cámara a los diputados. Sostienen, igualmente, que, conforme a la STC 200/2014, de 15 de septiembre, ha de tenerse presente el principio de interpretación más favorable a la efectividad de los derechos fundamentales y que los acuerdos impugnados han restringido el núcleo esencial de su derecho de participación política, porque han efectuado una interpretación discriminatoria y restrictiva del Reglamento del Parlamento de Canarias. Afirman, al respecto, que tales acuerdos suponen una restricción, sin base en el Reglamento de la Cámara, de la participación de los recurrentes en la función legislativa, impidiéndoles el derecho de enmienda. Se sostiene que «no existe en el Reglamento de la Cámara limitación alguna sobre el contenido o número de las enmiendas al articulado, sino que es el órgano del Parlamento el que realiza una tarea de análisis y valoración de las enmiendas parciales equiparándolas a un texto completo de proposición», denunciando que le hayan sido aplicadas a dichas enmiendas al articulado la prohibición de presentar una enmienda a la totalidad fuera de plazo. La demanda de amparo reconoce que el Reglamento del Parlamento establece una restricción al derecho de enmienda, que aparece referida a la presentación de enmiendas a la totalidad de devolución frente a una proposición de ley tomada en consideración por el Pleno (art. 135.6 del Reglamento del Parlamento de Canarias). Ahora bien, niega que se pueda aplicar aquella restricción a las enmiendas presentadas por el grupo parlamentario, habida cuenta que las mismas no constituyen una enmienda a la totalidad de devolución. Se discrepa, pues, de la equivalencia entre enmiendas al articulado y una enmienda a la totalidad, que, a su juicio, ha sido el criterio utilizado por las mesas de la Comisión y del Parlamento para activar la restricción al derecho de enmienda. Sostiene la parte que «la prohibición del artículo 135.6 del Reglamento del Parlamento de Canarias debe ser interpretada en sus propios términos, es decir respecto de una fase de presentación de enmiendas a la totalidad de la proposición de ley. No puede efectuarse ni una interpretación extensiva ni analógica, ni procedimental ni materialmente, de dicha restricción». El recurso cuestiona la asimilación que se hace en las resoluciones recurridas entre enmiendas al articulado y enmienda a la totalidad, asimilación que parte de la idea de que se trata de enmiendas a todos y cada uno de los artículos contenidos en la proposición de ley. Los recurrentes afirman que la equiparación cuantitativa entre enmiendas parciales hechas a todos los artículos de la proposición y enmienda a la totalidad no es aceptable, ni debe ser un juicio a realizar por la Mesa. La valoración conjunta realizada por la Mesa, a juicio de quien interpone el recurso, «como sumatorio de todas las enmiendas englobándolas en una unidad, es un enjuiciamiento improcedente por parte de la Mesa a estos efectos, ya que el trámite de enmiendas al articulado implica necesariamente que se debatan artículo por artículo en la Comisión (art. 128.1, 129.2 del Reglamento del Parlamento de Canarias) … De modo que la discusión y votación es parcial, no única para la totalidad del texto de la iniciativa legislativa». Por lo que hace al juicio sobre la finalidad de las enmiendas, la parte recurrente sostiene que tal juicio es erróneo. Frente a la afirmación de que las enmiendas pretenden mantener el statu quo legislativo anterior a la presentación de la proposición de ley, señala que no es cierto más que en relación con la tercera enmienda, proponiendo las otras dos unos textos alternativos, basados en la primera redacción de la ley y no en la redacción actualmente vigente (lo era en el momento de la interposición del recurso de amparo), que es aquella cuya modificación se pretende. Por otra parte, se afirma la vulneración del derecho fundamental a la igualdad (art. 14 CE) porque entiende la demanda que las mesas parlamentarias han dispensado un trato radicalmente distinto a las enmiendas de otros grupos parlamentarios, que han sido admitidas a trámite, y a las formuladas por el grupo recurrente en amparo, sin justificación alguna para tal desigualdad de trato. En particular, los recurrentes ponen de relieve que la Mesa del Parlamento ha estimado la reconsideración relativa a la originaria inadmisión de la enmienda del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, aun cuando se reconoce la falta de homogeneidad entre la enmienda y el contenido de la proposición, en aras a la «mayor satisfacción del interés general» y, sin embargo, las enmiendas propias no han sido admitidas, lo que, a su parecer, constituye un factor de desigualdad de trato. Asimismo, en relación con esta alegada vulneración, los recurrentes plantean, desde el análisis del contenido y finalidad de las enmiendas de los demás grupos parlamentarios, admitidas todas ellas a trámite, que la Mesa de la Comisión realizó inicialmente una interpretación flexible, en aras de la admisión de todas ellas, habida cuenta de que todos los grupos –salvo Nueva Canarias– habían presentado enmiendas a todos los artículos de la proposición y, sin embargo, ninguna fue entendida como enmienda a la totalidad, que es la interpretación que se aplica a las enmiendas del Grupo Parlamentario Podemos. Entienden los recurrentes que, además, las enmiendas del Grupo Mixto, así como las de los Grupos Socialista Canario, Nacionalista Canario y Popular, pretenden una alteración de la finalidad y los principios del mecanismo específico de regulación turística de las islas occidentales no capitalinas, que la proposición de ley pretende reformar sólo puntualmente. Ponen de relieve los recurrentes que, tanto la Mesa de la Comisión como la Mesa del Parlamento, han utilizado las mayorías políticas, sin justificación razonable, para aplicar la máxima admisibilidad para las enmiendas parciales de determinados grupos parlamentarios y simultáneamente aplicar un criterio absolutamente restrictivo respecto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Podemos, sobre la base de un juicio político de neutralización o anulación de la propuesta, fundado en un error sobre el contenido literal de las enmiendas, que no ha pretendido dejar la Ley 6/2002 como estaba en su redacción vigente al tiempo del trámite parlamentario, sino retornar a la redacción inicial y originaria, mucho más protectora del entorno físico de las islas occidentales. En síntesis, los recurrentes afirman que «los órganos parlamentarios aplican la más amplia interpretación en favor de la admisión de las enmiendas de los Grupos Parlamentarios de la mayoría (o las que cuentan con el apoyo de éstos) y el criterio más restrictivo para rechazar las de un determinado grupo de la oposición cuya finalidad es recuperar los artículos de la regulación originaria de la Ley 6/2002». Por último, mediante «otro sí digo», al amparo de lo dispuesto en el artículo 56.2 LOTC, el grupo parlamentario recurrente solicitó la inmediata suspensión de los Acuerdos recurridos. 4. La Sección Cuarta de este Tribunal, por providencia de 30 de enero de 2017, acordó admitir a trámite la demanda de amparo, apreciando que concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC), porque el asunto suscitado trasciende del caso concreto al poder tener unas consecuencias políticas generales [STC 155/2009, FJ 2 g)] y, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 51 LOTC, acordó requerir a la Mesa del Parlamento de Canarias la remisión de la fotocopia del «acuerdo firme de fecha 22 de julio de 2016», y de las actuaciones y acuerdos anteriores al mismo, debiendo previamente emplazarse para que puedan comparecer quienes hubieran sido parte. La sección acordó, asimismo, formar la oportuna pieza separada para la tramitación de la suspensión solicitada, que finalizó con el ATC 59/2017, de 24 de abril, dictado por la Sala Segunda de este Tribunal, que denegó la suspensión solicitada. 5. La Secretaría de Justicia de la Sala Segunda de este Tribunal, por diligencia de ordenación de 10 de mayo de 2017, acordó tener por personado y parte al Parlamento de Canarias, así como dar vista de las actuaciones a las partes personadas y al Ministerio Fiscal por plazo común de 20 días, para que, dentro del mismo, pudieran presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, de conformidad con el artículo 52.1 LOTC. 6. El Letrado Secretario General del Parlamento de Canarias, mediante escrito presentado el día 8 de junio de 2017, formuló alegaciones solicitando la desestimación del recurso de amparo por considerar que los acuerdos impugnados eran ajustados a Derecho. En primer lugar afirma que, conforme a la doctrina constitucional, si bien las facultades de las mesas de las asambleas legislativas son limitadas en orden a la admisión a trámite de las iniciativas parlamentarias, la actuación de los órganos del Parlamento de Canarias no ha resultado lesiva del derecho fundamental contenido en el artículo 23.2 CE. Al respecto, expone que el trámite de toma en consideración de las proposiciones de ley supone que la Cámara hace suya la iniciativa por lo que, tras la superación de aquel, no se puede retirar ninguna iniciativa legislativa, salvo que así lo autorice la Cámara (art. 139.2 del Reglamento del Parlamento de Canarias), amén de que sólo son admisibles las enmiendas a la totalidad con texto alternativo pero no las de devolución (art. 135.6 del Reglamento del Parlamento de Canarias). Sigue destacando que el Reglamento del Parlamento de Canarias establece una clara distinción entre las enmiendas a la totalidad y las enmiendas al articulado, tanto por el momento de su presentación, como por su contenido y finalidad. A tal fin, son enmiendas a la totalidad «las que versen sobre la oportunidad, los principios o el espíritu del proyecto de ley y postulen la devolución de aquel al Gobierno o las que propongan un texto completo alternativo al proyecto». Mientras que las enmiendas al articulado (cuya presentación se produce «concluido el debate de primera lectura» ex art. 125.1 del Reglamento del Parlamento de Canarias), «podrán ser de supresión, modificación o adición. En los dos últimos supuestos la enmienda deberá contener el texto concreto que se proponga» (art. 125.3 del Reglamento del Parlamento de Canarias). A lo expuesto, añade que el trámite de toma en consideración tiene trascendencia respecto al derecho de enmienda, según se infiere de la STC 119/2011, FJ 6, lo que coincide con los argumentos dados por el Acuerdo de la Mesa del Parlamento de 20 de julio de 2017. En este sentido, señala que la delimitación del objeto de la iniciativa, tratándose de una proposición de ley, corresponde al Pleno de la Cámara a través del debate de toma en consideración, de forma que posteriormente los grupos parlamentarios podrán perfilar o matizar ese objeto, pero no alterarlo sustancialmente a través de las enmiendas parciales o al articulado, que se definen por su carácter subsidiario (cita la STC 119/2011, FJ 6). En su opinión, la admisión a trámite de las enmiendas del Grupo Parlamentario Podemos habría supuesto la alteración del objeto de la proposición de ley, lo que no se admite por la doctrina constitucional (cita la STC 136/2011, FJ 8). Tras la toma en consideración de la proposición de ley, la Cámara asumió la procedencia de la modificación y que la misma sólo iba a afectar a los aspectos predeterminados por la citada proposición de ley. Afirma el representante del Parlamento de Canarias que la facultad de calificación y admisión a trámite de iniciativas parlamentarias es limitada para los órganos parlamentarios competentes pero, en determinadas circunstancias, dicha facultad debe verse ampliada con objeto de garantizar la correcta aplicación de las previsiones reglamentarias [cita el ATC 85/2006, de 15 de marzo, FJ 6, y la STC 208/2003, FFJJ 4 c) y 5]. Concretamente, es posible realizar un enjuiciamiento conjunto de un grupo de enmiendas al articulado para apreciar que todas ellas constituyen una enmienda a la totalidad encubierta (cita el ATC 275/1993, FJ 2). De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se concluye que los acuerdos de la Mesa de la Comisión y de la Mesa de la Cámara no encerraron un juicio de oportunidad, ni se basaron en una motivación política, sino que se fundamentaron en la estricta aplicación del reglamento, que distingue entre una enmienda a la totalidad y una enmienda al articulado; además, el escrito de alegaciones del Parlamento determina los momentos del iter legislativo en que cabe plantear unas y otras, así como que la Mesa puede realizar un enjuiciamiento que consista en una valoración global de un conjunto de enmiendas al articulado que estén íntimamente vinculadas entre sí, valorando la idoneidad o procedencia del procedimiento parlamentario elegido por el Grupo Parlamentario Podemos para su debate. Las Mesas de la Comisión y de la Cámara entendieron que el procedimiento parlamentario elegido por el grupo parlamentario recurrente no era procedente, porque, si lo que perseguía era cuestionar la oportunidad, los principios o el espíritu de una proposición de ley, ello solo era posible a través de una enmienda a la totalidad, no de enmiendas al articulado (cita las SSTC 136/2011, FFJJ 6 y 8, y 119/2011, FJ 6). Las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Podemos, en el parecer del Parlamento de Canarias, afectan a la totalidad de la iniciativa legislativa: a la exposición de motivos (enmienda núm. 30) y a la modificación de los artículos 4 (enmienda núm. 31) y 8 (enmienda núm. 32) de la Ley 6/2002. En el escrito de 18 de julio de 2016, por el que formularon sus enmiendas al articulado, se pone de manifiesto que, a través de las mismas, se ha pretendido evitar, por diversas razones, el cambio de regulación que propiciaba la proposición de ley. Queda constatado que, para el Grupo Parlamentario recurrente, resultaba prematuro abordar el cambio legislativo que impulsaba la proposición de ley y, en coherencia con ello, con la presentación de sus enmiendas al articulado, luego inadmitidas a trámite, perseguía evitar la modificación de la Ley 6/2002, al menos, con el alcance y en los términos previstos por la proposición de ley. La admisión a trámite de las enmiendas del Grupo Parlamentario Podemos hubiera supuesto, de forma objetiva, una desnaturalización de la oportunidad, principios o espíritu de la proposición de ley, tal y como quedó definida ésta, una vez superado el debate de toma en consideración, dado que la mayoría de la Cámara accedió a discutir una determinada modificación de los artículos 4 y 8 de la Ley 6/2002, que el Grupo Parlamentario Podemos pretendía neutralizar con sus enmiendas parciales. Modificación que, si bien podría haber sido objeto de matización a través de enmiendas parciales, nunca habría admitido el cuestionamiento global de la finalidad de una proposición de ley, que estaba orientada a propiciar una nueva línea de actuación en relación con el ámbito turístico de las tres islas más occidentales del archipiélago (El Hierro, La Gomera y La Palma), a través de la adopción de unas medidas tendentes a posibilitar de forma más eficaz la consecución de la dinamización del mercado turístico en dichas islas, hasta convertirlo en el principal motor de su desarrollo económico. En definitiva, se trataba de enmiendas que perseguían neutralizar en bloque la modificación pretendida por la iniciativa legislativa, una vez que la Cámara ya se había pronunciado a favor de su modificación parcial (atinente a los artículos 4 y 8 de la Ley 6/2002), después del debate de toma en consideración, lo que equivale a negar la oportunidad y el espíritu de la misma, extremo que sólo podría haberse logrado, en su caso, a través de la presentación, en el momento procedimental oportuno para ello, de una enmienda a la totalidad de texto alternativo. Finalmente, el representante del Parlamento de Canarias niega la vulneración del artículo 14 CE que, en todo caso, queda, a su juicio, subsumida en la lesión del artículo 23.2 CE (cita SSTC 50/1986, entre otras, y 191/2013, FJ 1). Afirma que no hay término de comparación válido entre la actuación de la Mesa respecto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Podemos y las del resto de grupos parlamentarios. La inadmisión de las enmiendas del Grupo Parlamentario Podemos no se fundamentó en la falta de congruencia material, como el resto de las inadmisiones inicialmente adoptadas, sino en la formulación, bajo la apariencia de enmiendas parciales, de una enmienda a la totalidad. Según explica en su escrito, en la medida en que los términos de comparación no son idénticos, no puede apreciarse una discriminación o trato diferenciado sin justificación (cita STC 186/2000, FJ 11). Además, el hecho de que se haya estimado la reconsideración formulada por el Grupo Parlamentario Nueva Canarias deriva del amplio margen de apreciación que corresponde a los órganos de la Cámara, así como de la aplicación más favorable posible a la eficacia de los derechos fundamentales (STC 177/2002, FJ 3). Con fundamento, pues, en todas las consideraciones expuestas, el escrito del Parlamento de Canarias finaliza solicitando la desestimación del recurso interpuesto. 7. Por sendos escritos presentados el día 12 de junio de 2017 en el registro general de este Tribunal, la representación procesal del Grupo Parlamentario Podemos y de sus integrantes, solicitó copia de las alegaciones presentadas y, expuso «que (sin perjuicio de que la norma tramitada ya ha sido aprobada y consiguientemente no quepa ahora que en virtud del recurso de amparo pueda perder su vigencia dicha norma), a entender de esta parte, procede otorgar el amparo constitucional solicitado, declarando la nulidad por infracción de la Constitución por las resoluciones referidas de los órganos parlamentarios, y reconociendo los derechos fundamentales de los recurrentes al ejercicio de sus cargos representativos sin restricciones injustas y contrarias al ordenamiento jurídico constitucional, conforme a los pedimentos efectuados en el suplico del recurso de amparo interpuesto, que se da aquí por reproducido». 8. Por su parte, en fecha 14 de junio de 2017, el Ministerio Fiscal presentó su escrito de alegaciones, en el que interesa el dictado de una Sentencia que estime el recurso de amparo y que declare vulnerado el derecho fundamental de los demandantes a ejercer sus funciones representativas (art. 23.2 CE), así como del derecho de participación ciudadana en los asuntos públicos (art. 23.1 CE). También solicita que se acuerde la nulidad del acuerdo de la Mesa de la Comisión de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Parlamento de Canarias de fecha 19 de julio de 2016 y del acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias de fecha 20 de julio de 2016. Tras exponer detalladamente los antecedentes de los que trae causa el recurso, así como los principales argumentos esgrimidos por los recurrentes, el Fiscal descarta la vulneración autónoma del artículo 14 CE, partiendo de la doctrina constitucional que subsume en la eventual vulneración del derecho reconocido en el artículo 23.2 CE, la específica denuncia de infracción del derecho a la igualdad en el acceso a las funciones y cargos públicos, siendo éste, por tanto, el precepto que debe ser considerado de modo directo para apreciar si el acto, resolución o norma objeto del proceso constitucional ha quebrantado ese derecho, a no ser que el tratamiento diferenciado controvertido se deba a alguno de los criterios expresamente mencionados en el artículo 14 CE (SSTC 191/2007, de 10 de septiembre, FJ 3, y 39/2008, de 10 de marzo, FJ 4). En cuanto a la vulneración del artículo 23 CE, el Fiscal expone la doctrina constitucional sobre el derecho contenido en el mismo, sobre la función de calificación y admisión a trámite de los órganos de las cámaras y sobre las enmiendas. Seguidamente, se afirma que la facultad de enmienda forma parte del ius in officium del parlamentario autonómico canario (STC 119/2011, de 5 de julio, FJ 9). En cuanto al análisis de la actuación de la Mesa de la Comisión, entiende que la razón del rechazo de las enmiendas se debió a que las enmiendas parciales presentadas por el Grupo Parlamentario Podemos habrían escondido la formulación de un texto alternativo total, haciéndolo mediante la propuesta de un texto coincidente con el tenor literal de la norma cuya modificación perseguía la iniciativa legislativa en trámite. A juicio del Ministerio Fiscal, la cuestión que se suscita en el presente recurso de amparo es si los órganos parlamentarios podían exigir a las enmiendas del grupo parlamentario demandante, no sólo homogeneidad material sino también homogeneidad de orden teleológico, es decir, de propósitos o de objetivos, al considerar inadmisible que esas enmiendas parciales, aun siendo homogéneas materialmente, tuvieran un propósito, un objetivo, una finalidad o una orientación distinta a aquella que dominaba el texto de la proposición que se estaba tramitando. Al respecto, considera el Ministerio Fiscal que, en el caso que ahora se analiza, los órganos parlamentarios, al obrar como lo hicieron, se excedieron en el ejercicio de sus facultades de calificación y se introdujeron en un terreno próximo al análisis de fondo o de oportunidad política de las enmiendas, proscrito por la doctrina constitucional. En efecto, según destaca, para llegar a la conclusión de que las enmiendas parciales del Grupo Parlamentario Podemos pretendían anular por completo el contenido de la iniciativa legislativa de que se trataba, así como vaciarla de contenido, con la finalidad de volver a la regulación normativa inmediatamente anterior, los órganos parlamentarios hubieron de estudiar el contenido y finalidad de esas enmiendas parciales, cotejarlo con el contenido de aquella iniciativa legislativa, compararlo con el contenido de la normativa que se pretendía modificar y fijar sus diferencias con el contenido del resto de enmiendas parciales, al objeto de concluir que éstas podrían ser aceptables en atención al sentido de la reforma que se buscaba, mientras que las del Grupo Parlamentario Podemos no lo serían, por ir contra dicho sentido y, además, pretender, en una conducta casi fraudulenta, mantener la regulación normativa vigente. Y, como así lo destaca el Ministerio público, si este análisis no fuera de por sí improcedente, resulta además que el resultado de esa valoración fue notoriamente erróneo. Ello se ve claramente en la enmienda número 2 del Grupo Parlamentario Podemos (enmienda de sustitución del artículo primero y segundo de la proposición de ley), pues el texto que se propuso por dicho Grupo Parlamentario coincidía literalmente con la redacción original de la Ley 6/2002, de 12 de junio, que fue la que estuvo vigente entre el día 2 de julio de 2002 y el día 10 de noviembre de 2014, lo que significa que, en este caso concreto, no se pretendía defender la regulación normativa previa, sino volver a la regulación anterior a ésta, esto es, a la regulación originaria. Pretensión esta que, según señala el Fiscal, también es predicable respecto de su enmienda número 3 (enmienda de sustitución del artículo tercero de la proposición de ley), si bien en este caso el texto original de la Ley 6/2002, de 12 de junio, ha estado vigente hasta el día 5 de octubre de 2016, fecha anterior a la entrada en vigor de la Ley 2/2016, de 27 de septiembre. Por lo tanto, señala el Fiscal que las enmiendas parciales de ese grupo parlamentario no pretendían el mantenimiento de la regulación normativa previa a la reforma que pretendía esa iniciativa legislativa, sino volver al modelo organizativo de la materia que resultaba de la regulación originaria dada por el legislador autonómico. Lo cual sería, efectivamente, un cambio de modelo, un modelo quizá más restrictivo, pero no el mantenimiento de la reglamentación previa a ese proyecto de reforma a que se refirieron los órganos parlamentarios. Y si bien es cierto que ello podría haberse hecho valer por la vía de la enmienda a la totalidad, dado el tenor del artículo 123.2 del Reglamento del Parlamento de Canarias, no menos cierto es que nada impedía intentarlo por la vía de las enmiendas parciales del artículo 125 del Reglamento del Parlamento de Canarias. En el parecer del Ministerio Fiscal, las decisiones parlamentarias que constituyen el objeto de este proceso constitucional de amparo, al entender que las enmiendas parciales del Grupo Parlamentario Podemos pretendían anular por completo el contenido de la iniciativa legislativa de que se trataba, así como vaciarla de contenido, para volver a la regulación normativa anterior, formulando, en realidad, una enmienda con texto alternativo que no difería de la norma que se quería reformar, se excedieron, sin justificación, en el ejercicio de sus funciones, al introducirse en un terreno próximo al análisis de oportunidad política o de fondo de las enmiendas de ese grupo parlamentario, provocando con ello un rechazo arbitrario o no motivado, generador de la lesión del derecho del grupo parlamentario y de sus integrantes. Máxime cuando en ningún momento estuvo presente en la toma de decisión el principio de interpretación más favorable a la eficacia de los derechos fundamentales, que ha sido afirmado por este Tribunal también en relación con el artículo 23.2 CE. Además, los órganos parlamentarios no dieron al Grupo Parlamentario Podemos un trato semejante al dispensado a otros grupos parlamentarios ya que, por una parte se estimó la solicitud de reconsideración del acuerdo de inadmisión de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Nueva Canarias, en aras a la «mayor satisfacción del interés general», interpretación extensiva que, en cambio, no se empleó para las enmiendas planteadas por el Grupo Parlamentario Podemos. Y, en igual sentido, tal y como sostiene la parte recurrente, analizado el contenido y la finalidad de las enmiendas de los demás grupos parlamentarios admitidas a trámite, se puede apreciar, según explica el escrito del Fiscal, que los órganos parlamentarios también aplicaron una interpretación flexible para la admisión de todas ellas, habida cuenta de que todos los grupos –salvo Nueva Canarias– habían presentado enmiendas a todos los artículos de la proposición, lo que no provocó que fueran entendidas como enmiendas a la totalidad, que es la interpretación que se aplicó a las enmiendas del Grupo Parlamentario Podemos. Es más, las enmiendas del Grupo Mixto, las de los Grupos Socialista Canario y Nacionalista Canario y las del Grupo Popular pretendían una alteración de la finalidad y de los principios del mecanismo específico de regulación turística de las islas occidentales no capitalinas que la proposición de ley sólo pretendía reformar puntualmente, y, a pesar de ello, fueron admitidas, lo que evidencia que dicho órgano parlamentario no aplicó al grupo ahora demandante de amparo los mismos criterios de flexibilidad que emplearon con otros grupos de la asamblea legislativa canaria. A juicio del Ministerio Fiscal, la consecuencia de todo lo anterior es que los Acuerdos recurridos vulneraron el derecho fundamental de los recurrentes a ejercer sus funciones representativas (art. 23.2 CE) y, en consecuencia, el derecho de participación ciudadana en los asuntos públicos a través de sus representantes (art. 23.1 CE). También, como consecuencia de ello, propone la declaración de nulidad de los referidos Acuerdos, pero no la retroacción de las actuaciones del Parlamento de Canarias en el trámite legislativo al momento anterior a la violación del derecho fundamental, como solicita la parte recurrente, habida cuenta de que el procedimiento legislativo concluyó con la aprobación de la Ley 2/2016, de 27 de septiembre, para la modificación de la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, y de que el procedimiento constitucional de amparo no constituye por sí mismo cauce idóneo para dejar sin efecto y expulsar del ordenamiento jurídico una norma con rango de ley, lo cual sería consecuencia ineludible de la pretensión de la parte recurrente en este particular. 9. Por providencia de 18 de enero de 2018, se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 22 del mismo mes y año. II. Fundamentos jurídicos 1. El objeto del presente recurso de amparo es determinar si el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias de 20 de julio de 2016, que desestimó la solicitud de reconsideración de otro acuerdo anterior de fecha 19 de julio del mismo año, de la Mesa de la Comisión de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, que había inadmitido las enmiendas al articulado presentadas por el Grupo Parlamentario Podemos en el Parlamento de Canarias a la proposición de ley para la modificación de los artículos 4 y 8 de la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas para la ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, ha vulnerado el derecho de los recurrentes a acceder y ejercer en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos (art. 23.2 CE) y, con ello, el derecho de los ciudadanos a participar por medio de sus representantes en los asuntos públicos (art. 23.1 CE), así como el principio de igualdad reconocido en el artículo 14 CE. Los recurrentes, como se ha expuesto pormenorizadamente en los antecedentes, alegan la vulneración del artículo 23.2 CE, en relación con el artículo 23.1 CE, por cuanto los acuerdos impugnados habrían conceptuado como una enmienda encubierta a la totalidad el conjunto de enmiendas al articulado que habían formulado contra la proposición de ley de referencia tomada en consideración por la Cámara canaria. Asimismo, se alega la vulneración del artículo 14 CE porque los órganos parlamentarios citados habrían dispensado un trato diferente a las enmiendas del grupo parlamentario recurrente, en comparación con las presentadas por los demás grupos parlamentarios, por haber hecho a aquellas de peor condición que a estas. Por su parte, el representante del Parlamento de Canarias aduce, en los términos expuestos en los antecedentes, que no se han producido las vulneraciones alegadas porque, atendiendo al Reglamento de la Cámara, se acordó la inadmisión de las enmiendas del Grupo Parlamentario Podemos, al haber sido presentadas a todos los artículos de la proposición de ley con la finalidad de evitar el cambio que propugnaba esta. Niega, finalmente, la vulneración del artículo 14 CE que, en todo caso, quedaría subsumida en la del artículo 23.2 CE, considerando, además, que no hay término de comparación válido. Por su parte, el Ministerio Fiscal interesa la estimación del recurso de amparo, en los términos que han quedado expuestos en los antecedentes. 2. La demanda aduce, en consecuencia, que el acuerdo impugnado vulneró, tanto el artículo 14, como el artículo 23, ambos de la Constitución. Sin embargo, debemos de inicio descartar la vulneración del artículo 14 CE que alegan los recurrentes ya que, como recordamos en la STC 76/2017, de 19 de junio, FJ 4, en este tipo de recursos, la eventual lesión de la igualdad ha de examinarse en el contexto del artículo 23.2 CE y no en el del artículo 14: «la invocación del derecho a la igualdad y a no sufrir discriminación (art. 14 CE) debe entenderse subsumida en el derecho garantizado por el artículo 23.2 CE, pues es doctrina reiterada de este Tribunal que el artículo 23.2 CE especifica el derecho a la igualdad en el acceso a las funciones y cargos públicos, siendo éste, por tanto, el precepto que debe ser considerado de modo directo para apreciar si el acto, resolución o norma objeto del proceso constitucional ha quebrantado ese derecho, a no ser que el tratamiento diferenciado controvertido se deba a alguno de los criterios expresamente mencionados en el artículo 14 CE». 3. Consecuentemente, el objeto del presente recurso de amparo queda limitado a la eventual vulneración del artículo 23 CE, respecto del que existe una consolidada doctrina constitucional, recordada, entre otras, en la citada STC 76/2017, FJ 3, y, conforme a la cual: a) El artículo 23.2 CE, no sólo garantiza el acceso igualitario a las funciones y cargos públicos, sino también que los que hayan accedido a los mismos se mantengan en ellos y los desempeñen de conformidad con lo que la ley disponga. Esta garantía resulta de particular relevancia cuando, como ocurre en el presente caso, la petición de amparo es aducida por varios representantes parlamentarios en defensa del ejercicio de sus funciones, ya que, en tal supuesto, resulta también afectado el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes, reconocido en el artículo 23.1 CE. b) Es, asimismo, doctrina reiterada que el derecho que consagra el artículo 23.2 CE es un derecho de configuración legal, por lo que corresponde a los reglamentos parlamentarios fijar y ordenar los derechos y atribuciones propios de los parlamentarios. Estos, una vez creados, quedan integrados en el estatuto propio del cargo, con la consecuencia de que podrán sus titulares, al amparo del artículo 23.2 CE, reclamar la protección del ius in officium que consideren ilegítimamente constreñido o ignorado por actos del poder público, incluidos los provenientes del propio órgano en el que se integren y, en concreto, hacerlo ante este Tribunal, por el cauce del recurso de amparo, según lo previsto en el artículo 42 LOTC. c) Asimismo, este Tribunal ha venido reiterando que, no cualquier acto del órgano parlamentario que infrinja la legalidad del ius in officium, resulta lesivo del derecho fundamental. Sólo poseen relevancia constitucional, a estos efectos, los derechos o facultades atribuidos al representante que pertenezcan al núcleo de su función representativa parlamentaria, siendo vulnerado el artículo 23.2 CE si los propios órganos de las asambleas legislativas impiden o coartan su práctica o adoptan decisiones que contraríen la naturaleza de la representación o la igualdad de los representantes. 4. Una vez expuesta la doctrina general sobre el artículo 23 CE, para analizar el problema planteado en el presente proceso constitucional, debemos recordar nuestra jurisprudencia sobre el derecho de enmienda que, como este Tribunal ha afirmado, por todas, en la STC 119/2011, de 5 de julio, FJ 9, no es un mero derecho reglamentario sino un auténtico contenido central de su derecho de participación del artículo 23.2 CE. Así, lo hemos reiterado en la reciente STC 139/2017, de 29 de noviembre, FJ 5, en la que afirmamos que el derecho de enmienda es «uno de los principales instrumentos a través del cual los diputados y grupos parlamentarios participan e intervienen en el ejercicio de la potestad legislativa con la pretensión de incidir mediante la formulación de propuestas de rechazo, alteración o modificación sobre la iniciativa legislativa en cada caso concernida. El derecho de enmienda cumple, por consiguiente, la relevante función de garantizar la participación e intervención de los diputados y de los grupos parlamentarios en el proceso de elaboración de la ley y, en último término, en la configuración del texto legislativo, contribuyendo de este modo a la formación de la voluntad de la Cámara». Asimismo, este Tribunal ha declarado que «el derecho de enmienda en el procedimiento legislativo entronca directamente con el derecho de participación política reconocido en el artículo 23.2 CE, formando parte integrante del contenido del ius in officium de los parlamentarios que el citado derecho fundamental por sí mismo garantiza. Y ello porque el derecho de enmienda se configura como uno de los instrumentos esenciales de la participación e intervención de los diputados y de los grupos parlamentarios en la potestad legislativa de las Cámaras, de cuyo ejercicio es fruto la ley, máxima expresión de la voluntad popular a la que aquéllas están llamadas a representar, a la vez que constituye un cauce al servicio de la función representativa propia del Parlamento». Ahora bien, el ejercicio del derecho de enmienda no está exento de límites (en este sentido, entre otras, STC 204/2011, de 15 de diciembre, FJ 4). Dichos límites, por una parte, derivan de la propia definición que los reglamentos parlamentarios realicen de las enmiendas a la totalidad y al articulado y, de otro lado, de las previsiones reglamentarias sobre el procedimiento al que las mismas estén sometidas. Por otra parte, y esté o no previsto en los correspondientes reglamentos parlamentarios, este Tribunal ha afirmado la exigencia general de conexión u homogeneidad entre las enmiendas y los textos a enmendar (SSTC 119/2011, de 5 de julio, FJ 6; 136/2011, de 13 de septiembre, FJ 7, y 234/2012, de 13 de diciembre, FJ 4). El derecho de enmienda al articulado, como forma de incidir en la iniciativa legislativa, debe ejercitarse en relación con ésta, cuya oportunidad y alcance sólo podrá cuestionarse a través de las enmiendas a la totalidad, si de un proyecto de ley se tratara, o en el debate de la toma en consideración, en el caso de las proposiciones de ley. Por esta razón, toda enmienda parcial tiene que tener un carácter subsidiario o incidental respecto del texto a enmendar, de modo que, una vez que una iniciativa ha sido aceptada por la Cámara como texto de deliberación, no cabe alterar su objeto mediante las enmiendas al articulado. Con ello se evita que, a través del procedimiento parlamentario, se transmute el objeto de las propuestas presentadas por quienes están así legitimados para ello, aprovechando el procedimiento legislativo activado para la introducción ex novo de materias ajenas al mismo (STC 136/2011, FJ 8). En definitiva, debe respetarse una conexión mínima de homogeneidad con el texto enmendado (SSTC 59/2015, FJ 5, y 216/2015, de 22 de octubre, FJ 5), así como que sea congruente con su objeto, espíritu y fines esenciales (ATC 118/1999, de 10 de mayo, FJ 4), si bien la conexión reclamada no tiene que ser de identidad con las medidas previstas en el texto de la iniciativa, sino de afinidad con las materias recogidas en el mismo [STC 59/2015, FJ 6 b)]. En todo caso, «lo que no exige nuestra doctrina es que las enmiendas deban responder a la misma finalidad concreta que las medidas contenidas en el proyecto de ley presentado» (STC 216/2015, FJ 6). 5. Para completar el marco doctrinal que hemos de aplicar en el presente recurso, es oportuno recordar que la vulneración del artículo 23.2 CE, aducida en la demanda, se sustenta en que las mesas de la comisión y del Parlamento de Canarias se excedieron en la función de calificación que les corresponde, por lo que es necesario traer a colación nuestra jurisprudencia sobre tal función. En el ejercicio de la función de calificación de las enmiendas, como en la de todas las iniciativas parlamentarias, resulta aplicable nuestra doctrina, conforme a la que los órganos parlamentarios deben realizar una «interpretación restrictiva de todas aquellas normas que puedan suponer una limitación al ejercicio de aquellos derechos o atribuciones que integran el estatuto constitucionalmente relevante del representante público y a motivar las razones de su aplicación. De lo contrario, no sólo vulneran el derecho fundamental del representante de los ciudadanos a ejercer su cargo (art. 23.2 CE), sino que también infringen el de éstos a participar en los asuntos públicos ex artículo 23.1 CE (SSTC 1/2015, FJ 3; 23/2015, FJ 3, y 199/2016, FJ 3, entre otras muchas)» (STC 76/2017, de 19 de junio, FJ 3). En este sentido, corresponde a este Tribunal «controlar que en los supuestos en que las resoluciones o acuerdos de las Mesas de los Parlamentos, adoptadas en el ejercicio de su función de calificación y admisión, sean restrictivas del ius in officium, tales resoluciones incorporen una motivación expresa, suficiente y adecuada, puesto que en «ausencia de motivación alguna no sería posible determinar si el rechazo de la iniciativa de control al Gobierno entraña en sí misma el desconocimiento de la facultad que se ha querido ejercitar, ni si se manifiesta desprovista de razonabilidad en atención al fin institucional propio de la función que quiso ejercerse y los motivos aducidos para impedir su ejercicio (SSTC 74/2009, FJ 3, y 44/2010, FJ 4)» [STC 32/2017, de 27 de febrero, FJ 4 b)]. Asimismo, hemos recordado que no vulnera el ius in officium, el ejercicio de la función de control por las mesas de las Cámaras, estatales o autonómicas, sobre los escritos y documentos parlamentarios, «siempre que tras ese examen de la iniciativa a la luz del canon normativo del Reglamento parlamentario no se esconda un juicio sobre la oportunidad política» (STC 40/2003, FJ 2). Únicamente, puede existir un control material cuando la limitación venga establecida en la propia Constitución, las leyes que integran el bloque de la constitucionalidad o el Reglamento parlamentario concreto de aplicación. En caso contrario, la verificación será siempre formal, de modo que «cualquier rechazo arbitrario o no motivado causará lesión» del derecho del parlamentario, debiendo tenerse presente también «el principio de interpretación más favorable a la eficacia de los derechos fundamentales, que ha sido afirmado por este Tribunal también en relación con el art. 23.2 CE (SSTC 177/2002, FJ 3 y 40/2003, FJ 2)» (entre otras, STC 23/2015, de 16 de febrero, FJ 3). Finalmente, respecto a la función de calificación de los órganos parlamentarios, hay que partir de que este Tribunal sólo puede realizar un control negativo, pues no le es dado, por respeto a la autonomía de las Cámaras sobre los procedimientos que se desarrollan en su seno, reemplazar la voluntad de sus órganos en el ejercicio de la función de calificación, así como de decisión del procedimiento que han de seguir los escritos parlamentarios [en un sentido similar, SSTC 153/2016, de 22 de septiembre, FJ 3; 185/2016, FJ 5 c) y 213/2016, de 15 de diciembre, FJ 4]. En cuanto a las facultades que tienen encomendadas los órganos parlamentarios respecto a las enmiendas, es doctrina constitucional la posibilidad de que la mesa respectiva verifique un control de homogeneidad entre las enmiendas presentadas y la iniciativa legislativa a enmendar. Además, «los órganos de gobierno de las Cámaras deben contar con un amplio margen de apreciación para determinar la existencia de conexión material entre enmienda y proyecto o proposición de ley objeto de debate, debiendo éstos pronunciarse de forma motivada acerca de la conexión, de suerte que ‘sólo cuando sea evidente y manifiesto que no existe tal conexión deberá rechazarse la enmienda, puesto que, en tal caso, se pervertiría la auténtica naturaleza del derecho de enmienda, ya que habría pasado a convertirse en una nueva iniciativa legislativa’ (STC 119/2011, FJ 7)» [SSTC 216/2015, de 22 de octubre, FJ 5 b)]. Por último, la función de calificación y admisión a trámite de los órganos parlamentarios comprende, como ya se afirmó en el ATC 275/1993, de 13 de septiembre, FJ 2, y se recogió en la STC 119/2011, de 5 de julio, FJ 5, la calificación de enmiendas al articulado como enmiendas a la totalidad. 6. Una vez expuesta la doctrina constitucional sobre esta materia procede dar solución al problema constitucional planteado, no sin antes recordar que, cuando se reclama la tutela de derechos o facultades que pertenecen al núcleo de la función representativa parlamentaria frente a posibles vulneraciones de los órganos de la Cámara correspondiente, este Tribunal debe ser especialmente cuidadoso en la identificación, en primer lugar, de la base normativa del derecho alegado (toda vez que estamos ante un derecho fundamental de configuración legal) y, en segundo lugar, en la determinación de la regulación reglamentaria de las facultades del órgano de la Cámara al que se imputa la vulneración (por todas, STC 76/2017, FJ 5). Analizando la base normativa, debemos señalar que el Reglamento del Parlamento de Canarias prevé que las proposiciones de ley de los cabildos insulares sean, en su caso, tomadas en consideración por el Pleno de la Cámara (art. 136). Además, contempla que, a las proposiciones de ley, tras su toma en consideración, puedan presentarse enmiendas a la totalidad de texto alternativo (art. 135.6), que son las enmiendas que propongan un texto completo alternativo al proyecto (art. 123.2), así como enmiendas al articulado (art. 125.1). Estas podrán ser de supresión, modificación o adición. En los dos últimos supuestos, la enmienda deberá contener el texto concreto que se proponga. A tal fin, cada disposición adicional, final, derogatoria o transitoria tendrá la consideración de un artículo, al igual que el título de la ley, las rúbricas de las distintas partes en que esté sistematizado el texto, la propia ordenación sistemática y la exposición de motivos (art. 125.3). Conforme al citado Reglamento, corresponde a los grupos parlamentarios la presentación de enmiendas a la totalidad (art. 123.1) y a los diputados y grupos parlamentarios la presentación de enmiendas al articulado (art. 125.2). En cuanto a las facultades de la mesa, el Reglamento señala que corresponde a la Mesa de la Comisión calificar las enmiendas que hayan sido presentadas, en relación con la iniciativa legislativa de que se trate, y resolver sobre su admisibilidad (art. 125. 2 y 127.3 del Reglamento del Parlamento de Canarias). A su vez, a la Mesa de la Cámara le corresponde, en su caso, resolver la reclamación contra el acuerdo de calificación de la Mesa de la Comisión. Finalmente, y con carácter general, el artículo 28.1.4 del Reglamento del Parlamento de Canarias determina que corresponde a la Mesa de la Cámara, entre otras funciones, la de «calificar, con arreglo al Reglamento, los escritos y documentos de índole parlamentaria, así como declarar la admisibilidad o inadmisibilidad de los mismos mediante resolución motivada». Recordando brevemente el problema constitucional que se nos plantea y conforme al relato expuesto en los antecedentes, se desprende que la Mesa de la Comisión de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, con fecha de 19 de julio de 2016, inadmitió a trámite las enmiendas del grupo parlamentario recurrente «en cuanto suponen en conjunto una enmienda a la totalidad encubierta, contradictoria con la toma en consideración del texto de la proposición de ley ya acordada por el Pleno de la Cámara». Frente a dicha decisión, el Grupo Parlamentario Podemos presentó escrito de reconsideración en el que puso de manifiesto su disconformidad con el Acuerdo adoptado por dos órdenes de motivos, tal y como se ha recogido en los antecedentes: por una parte, porque el motivo de inadmisión no se contemplaba en el Reglamento del Parlamento de Canarias y su adopción excedía de las funciones de calificación de la Mesa de la Comisión y, por otra parte, porque la mesa realizó una interpretación restrictiva, frente a la interpretación amplia y permisiva realizada por la misma en la admisión de enmiendas al articulado presentadas por otros grupos parlamentarios, que excedían de manera muy significativa el espíritu de modificación de la ley que se tomó en consideración en el Pleno. La decisión de la Mesa de la Comisión de inadmitir las enmiendas al articulado presentadas por el Grupo Parlamentario Podemos, fue ratificada por la Mesa del Parlamento, que afirmó que «no es posible que a través de lo que se presentan como enmiendas parciales, se pretenda anular por completo el contenido de la iniciativa legislativa, y vaciarla de contenido para volver a la regulación anterior, formulando, en realidad, una enmienda a la totalidad con texto alternativo que no difiere de la norma que se pretende reformar, extremo sobre el que ya se ha pronunciado el Pleno, al tomar en consideración la proposición. Se detecta que bajo la forma de enmiendas parciales a artículos de la proposición (a todos y cada uno de ellos) lo que se esconde en el caso controvertido es la formulación extemporánea de un texto alternativo total como si de una enmienda a la totalidad se tratase, que además coincide con la versión del texto cuya modificación persigue la iniciativa legislativa en trámite. Al respecto puede traerse a colación la doctrina plasmada en el ATC 275/1993…». 7. Pues bien, a la vista de dicha sucesión de acuerdos, cabe afirmar que la decisión de las mesas de la Comisión y del Parlamento, si bien se adoptaron formalmente al amparo de los artículos 125.2 y 127.3 del Reglamento del Parlamento de Canarias, al que se remite el artículo 135 del mismo, al ser restrictivos del ius in officium de los parlamentarios, deberían haber incorporado una motivación expresa, suficiente y adecuada para no vulnerar el artículo 23.2 CE, lo que no concurrió en el supuesto ahora analizado. En principio, la decisión de los órganos parlamentarios de inadmisión de enmiendas parciales, por considerarlas una enmienda a la totalidad extemporánea no tiene porqué comportar, per se, la vulneración del artículo 23.2 CE, tal y como reconoció este Tribunal en el ATC 275/1993, de 13 de septiembre, FJ 2, si bien habrá que analizar la motivación que, en cada caso concreto, se haya ofrecido para decretar tal inadmisión, teniendo en cuenta que las enmiendas son, como hemos recordado anteriormente, instrumento esencial de participación e intervención de los diputados y grupos parlamentarios en la potestad legislativa y cauce de la función representativa. En este sentido, la calificación realizada por los órganos parlamentarios de las enmiendas al articulado del Grupo Parlamentario Podemos como enmienda a la totalidad, que determinó la inadmisión de las mismas, se fundamentó, en el caso del Acuerdo de la Mesa de la Comisión, solamente en que suponían en conjunto una enmienda a la totalidad encubierta, contradictoria con la toma en consideración del texto de la proposición de ley ya acordada por el Pleno de la Cámara. Decisión que ratificó la Mesa del Parlamento atendiendo a que se habían presentado enmiendas a todos y cada uno de los artículos de la proposición de ley y a que dichas enmiendas pretendían mantener el mismo texto de la Ley 6/2002, de 12 de junio, que la proposición de ley propugnaba modificar. Desde la perspectiva del control externo de la actuación de los órganos parlamentarios que corresponde a este Tribunal, podemos constatar que los Acuerdos impugnados calificaron las enmiendas al articulado presentadas por el Grupo Parlamentario Podemos como una enmienda a la totalidad encubierta, presentada extemporáneamente y con un texto alternativo que no difería de la norma que se pretendía reformar, sobre la base de que se habían introducido enmiendas a todos los artículos que componían la proposición de ley, con sugerencia de un texto, que, en el parecer de las Mesas actuantes, pretendía «anular por completo el contenido de la iniciativa legislativa, y vaciarla de contenido para volver a la regulación anterior». Sin embargo, los citados acuerdos no han reparado en que, de las tres enmiendas presentadas, al menos dos de ellas (las núms. 31 y 32) planteaban sendos textos alternativos a los artículos 4 y 8 de la Ley 6/2002, que, en realidad, se correspondían con los que originariamente habían tenido aquellos preceptos. Concretamente, la enmienda núm. 31, enmienda de sustitución del artículo primero y segundo de la proposición de ley, proponía un texto alternativo al artículo 4 de la Ley 6/2002, de 12 de junio, que coincidía con el texto que estuvo vigente entre el día 2 de julio de 2002 y el día 10 de noviembre de 2014, por lo que, en este caso, no se pretendía mantener la redacción del precepto vigente en el momento en el que se tramitaba la proposición de ley, sino volver a la redacción originaria de dicho precepto. Por su parte, la enmienda núm. 32, enmienda de sustitución del artículo tercero de la proposición de ley, proponía una redacción del artículo 8 de la Ley 6/2002 que se correspondía, asimismo, con la redacción originaria del mismo, si bien, en este caso, coincidía con la redacción que se proponía modificar. Consecuentemente, como señala el Ministerio Fiscal, las enmiendas del Grupo Parlamentario Podemos no pretendían mantener la regulación normativa previa a la reforma que pretendía esa iniciativa legislativa, sino volver a la regulación originaria de la Ley 6/2002. Por tanto, la respuesta que dieron los acuerdos impugnados a esta solicitud de reconsideración del grupo parlamentario recurrente había partido de un presupuesto erróneo, el de haber confundido el contenido de los preceptos que estaban en vigor con el que originariamente habían tenido aquellos. Tal punto de partida abocó a una deducción totalmente equivocada, la de que la finalidad de las enmiendas presentadas era la del mantenimiento del texto que se pretendía reformar, para llegar, por último, a la decisión de inadmitir a trámite aquellas enmiendas, con fundamento en aquella concepción inicial que, de las enmiendas presentadas, se habían formado los integrantes de las mesas. Además, respecto de las afirmaciones realizadas por los órganos parlamentarios sobre la finalidad de las enmiendas inadmitidas, hemos de recordar que, aunque nuestra doctrina exija que las enmiendas parciales deban tener una mínima homogeneidad con el texto enmendado, lo cual no se cuestionó en ningún momento por los órganos parlamentarios respecto a las enmiendas que se inadmitieron, lo que no exige es «que las enmiendas deban responder a la misma finalidad concreta que las medidas contenidas en el proyecto de ley presentado» (STC 216/2015, de 22 de octubre, FJ 6). A lo expuesto hay que añadir que resulta especialmente relevante que la Mesa del Parlamento de Canarias nada haya esgrimido frente a la alegación del escrito de reconsideración, que se habían fundamentado en el diferente trato dado a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Podemos, frente al dispensado a las enmiendas presentadas por otros grupos parlamentarios. En efecto, la Mesa de la Comisión admitió a trámite las enmiendas presentadas, tanto por los Grupos Parlamentarios Nacionalista Canario y Socialista Canario, como por el Grupo Parlamentario Popular, pues los dos primeros, como consta en los antecedentes, presentaron conjuntamente trece enmiendas y, de igual modo, el Grupo Parlamentario Popular presentó otras once enmiendas al articulado. Pese a la aparente similitud entre el impacto que, sobre la proposición de ley tomada en consideración por el Parlamento de Canarias, podían haberle producido las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Podemos y la modificación propugnada por las enmiendas presentadas por estos grupos parlamentarios sobre tal proposición, la Mesa de la Comisión decidió inadmitir las primeras y admitir las segundas que, como se ha expuesto antes, en realidad pretendían un cambio de mayor envergadura en el texto de la proposición. Dicha decisión fue ratificada por la Mesa del Parlamento que omitió toda explicación frente a la diferencia de trato aducida por los ahora recurrentes en el escrito de reconsideración del acuerdo de la Mesa de la Comisión. Así pues, de acuerdo con las consideraciones realizadas, debemos concluir que los acuerdos impugnados han inadmitido a trámite las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario recurrente, con fundamento en una argumentación que ha partido de un presupuesto de hecho erróneo, lo que ha conducido a una decisión que no cumple las exigencias de una motivación expresa, suficiente y adecuada, amén de no haber dado, tampoco, ninguna respuesta a la diferencia de trato aducida por los ahora recurrentes en su escrito de reconsideración. No se han cumplido las exigencias de este Tribunal en orden a que tales resoluciones debieran haber incorporado una motivación expresa, suficiente y adecuada, en aplicación de las normas a las que está sujeta la Mesa en el ejercicio de su función de calificación y admisión de los escritos y documentos de índole parlamentaria (por todas, STC 23/2015, de 16 de febrero, FJ 8). Las Mesas de referencia han adoptado, en definitiva, unos acuerdos restrictivos del ius in officium de los parlamentarios recurrentes, que han vulnerado su derecho a ejercer, sin traba ilegítima alguna, las funciones que el Reglamento de la Cámara le confiere. 8. De conformidad con los razonamientos que preceden, debemos declarar que los acuerdos impugnados vulneran el derecho fundamental del Grupo Parlamentario Podemos en el Parlamento de Canarias y de los diputados que lo integran, garantizado por el artículo 23.2 CE, en conexión con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, reconocido en el artículo 23.1 CE. En cuanto al alcance del otorgamiento del amparo, la propia parte recurrente reconoció en su escrito de 12 de junio de 2017, dirigido a este Tribunal en el trámite de alegaciones del artículo 52.1 LOTC, que la norma legal a que se refiere este recurso de amparo ha sido ya aprobada por el Parlamento de Canarias, sin que «quepa ahora que en virtud del recurso de amparo pueda perder su vigencia dicha norma». Por todo ello, en los términos expuestos por el Ministerio Fiscal, bastará con el reconocimiento del derecho vulnerado y con la declaración de nulidad del acuerdo de la Mesa de la Comisión de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, de 19 de julio, así como del acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 20 de julio de 2016, en lo que se refiere a la inadmisión a trámite de las enmiendas al articulado presentadas por el Grupo Parlamentario Podemos a la proposición de ley para la modificación de los artículos 4 y 8 de la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas para la ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma. En consecuencia, no procede realizar en este recurso de amparo ningún pronunciamiento, ni deducir efecto alguno de su fallo sobre la constitucionalidad de los preceptos afectados de la Ley 2/2016, de 27 de septiembre, para la modificación de la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, que se halla pendiente del recurso de inconstitucionalidad núm. 6711-2016. FALLO En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA, Ha decidido Otorgar el amparo solicitado por el Grupo Parlamentario Podemos en el Parlamento de Canarias y de sus miembros doña Noemí Santana Perera, doña María Concepción Monzón Navarro, don Juan José Márquez Fandiño, doña Asunción Delgado Luzarro, doña Natividad Arnáiz Martínez, doña María del Río Sánchez y don Francisco Antonio Déniz Ramírez y, en consecuencia: 1.º Declarar que ha sido vulnerado su derecho a ejercer las funciones representativas con los requisitos que señalan las leyes (art. 23.2 CE), en relación con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes (art. 23.1 CE). 2.º Declarar la nulidad del acuerdo de la Mesa de la Comisión de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, de 19 de julio de 2016 y del acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 20 de julio de 2016, en lo que se refiere a la inadmisión a trámite de las enmiendas al articulado presentadas por el Grupo Parlamentario Podemos a la proposición de ley para la modificación de los artículos 4 y 8 de la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas para la ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma. Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». Dada en Madrid, a veintidós de enero de dos mil dieciocho.–Encarnación Roca Trías.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Antonio Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.

Sentencia del Tribunal Constitucional que tumba la inadmisión de enmiendas de Podemos en Canarias.

ECLI:ES:TC:2018:4 La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por doña Encarnación Roca Trías, Presidenta; don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo Enríquez Sancho, Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En el recurso de amparo núm. 4931-2016, interpuesto por la Procuradora de los Tribunales doña Matilde Marín Pérez, en nombre y representación del Grupo Parlamentario Podemos en el Parlamento de Canarias, y de sus miembros doña Noemí Santana Perera, doña María Concepción Monzón Navarro, don Juan José Márquez Fandiño, doña Asunción Delgado Luzarro, doña Natividad Arnáiz Martínez, doña María del Río Sánchez y don Francisco Antonio Déniz Ramírez, contra el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias de 20 de julio de 2016, desestimatorio de la solicitud de reconsideración del precedente acuerdo de la Mesa de la Comisión de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del 19 de julio anterior, que, a su vez, había inadmitido la relación de enmiendas al articulado presentadas por el Grupo Parlamentario Podemos a la proposición de ley para la modificación de los artículos 4 y 8 de la Ley del Parlamento de Canarias 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas para la ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma. Ha comparecido el Parlamento de Canarias e intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Antonio Narváez Rodríguez, quien expresa el parecer del Tribunal. I. Antecedentes 1. En fecha 16 de septiembre de 2016 tuvo entrada en el registro general de este Tribunal un escrito firmado por la Procuradora de los Tribunales doña Matilde Marín Pérez, en nombre y representación del Grupo Parlamentario Podemos en el Parlamento de Canarias y de sus miembros doña Noemí Santana Perera, doña María Concepción Monzón Navarro, don Juan José Márquez Fandiño, doña Asunción Delgado Luzarro, doña Natividad Arnáiz Martínez, doña María del Río Sánchez y don Francisco Antonio Déniz Ramírez, por el que ha interpuesto demanda de amparo contra el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 20 de julio de 2016, desestimatorio de la solicitud de reconsideración de otro acuerdo de la Mesa de la Comisión de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, del día 19 de julio anterior, que había inadmitido la relación de enmiendas al articulado presentadas por el precitado Grupo Parlamentario a una proposición de ley para la modificación de los artículos 4 y 8 de la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas para la ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, que había tenido entrada en el Parlamento de Canarias a instancia del cabildo insular de La Palma. 2. El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes: a) Con fecha de 5 de octubre de 2015, tuvo entrada en el registro del Parlamento de Canarias una iniciativa legislativa del cabildo insular de La Palma para la modificación de los artículos 4 y 8 de la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma. La proposición de ley incluía una exposición de motivos y tres artículos; el primero iba destinado a modificar el artículo 4 b).1; el segundo, a incorporar tres nuevos apartados a ese mismo artículo 4, que encabezó con las letras e), f) y g) y el tercero tendente a modificar el artículo 8.4 f).3, de la Ley 6/2002. b) En sesiones celebradas los días 8 y 9 de marzo de 2016, el Pleno del Parlamento de Canarias tomó en consideración la precitada proposición de ley (9L/PPLC-0002) y acordó la apertura del trámite de enmiendas. c) Transcurrido el plazo para la presentación de enmiendas a la totalidad sin haber registrado ninguna, se abrió el subsiguiente trámite de enmiendas al articulado, en el que se presentaron las siguientes: – El Grupo Parlamentario Mixto presentó cuatro enmiendas que tenían por objeto la modificación de los siguientes artículos de la Ley 6/2002: artículo 4, para la supresión de los apartados c) y d), por ser contrarios a la legislación básica estatal; artículo 8; artículo 9; y se propuso agregar una disposición adicional cuarta, dedicada a las viviendas vacacionales. – Los Grupos Parlamentarios Nacionalista Canario y Socialista Canario presentaron conjuntamente trece enmiendas: de modificación del título de la proposición de ley, de supresión de los antecedentes, de modificación de la exposición de motivos, de modificación del artículo primero de la proposición de ley, de modificación del artículo segundo –que pasa a modificar el art. 5.1 f) de la Ley 6/2002–, de adición de un nuevo artículo segundo bis –de modificación del art. 6 de la Ley 6/2002–, de adición de un nuevo artículo segundo ter –de modificación del art. 7.3 de la Ley 6/2002–, de modificación del artículo tercero, de adición de una nueva disposición adicional primera, de adición de una nueva disposición adicional segunda, de adición de una nueva disposición adicional tercera, de adición de una nueva disposición transitoria y de adición de una disposición final. – El Grupo Parlamentario Nueva Canarias presentó una enmienda de adición de una nueva disposición final de modificación de la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de armonización y simplificación en materia de protección del territorio y de los recursos naturales. – El Grupo Parlamentario Popular presentó 11 enmiendas al articulado: de modificación de los artículos primero y segundo de la proposición de ley –que modifica el art. 4 de la Ley 6/2002–, de adición de un nuevo artículo segundo –de modificación del art. 5.1 f) de la Ley 6/2002)–, de adición de un nuevo artículo tercero –de supresión del art. 6 ### RESUMEN: Sentencia del Tribunal Constitucional que tumba la inadmisión de enmiendas de Podemos en Canarias.

El artículo 8 del Real Decreto 343/2012, de 10 de febrero, por el que se desarrolla la estructura básica del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, establece que le corresponde a la Secretaría General de Inmigración y Emigración desarrollar la política del Gobierno en materia de extranjería, inmigración y emigración. Para el desarrollo de esta política, el artículo 9 del citado Real Decreto asigna a la Dirección General de Migraciones, órgano directivo dependiente de esta Secretaría General, entre otras funciones, el desarrollo y la gestión del sistema de acogida integral e integración de los inmigrantes, solicitantes de asilo, refugiados, apátridas, personas acogidas al régimen de protección temporal y otros estatutos de protección subsidiaria. Asimismo le corresponde la gestión de subvenciones destinadas a los programas para la promoción laboral, social, cívica y cultural de los colectivos citados, el control y seguimiento de los centros de migraciones, así como la gestión de iniciativas, fondos y planes de acción comunitarios que afecten a los mismos y el desarrollo de Programas vinculados al retorno. El objetivo general de la presente convocatoria, que consiste en impulsar las acciones dirigidas a acoger e integrar a personas solicitantes y beneficiarias de Protección Internacional, del Estatuto de Apátrida y de Protección Temporal, se enmarca dentro de la estrategia europea en este ámbito, de conformidad con la legislación comunitaria. El Reglamento (UE) n.º 516/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por el que se crea el Fondo de Asilo, Migración e Integración, por el que se modifica la Decisión 2008/381/CE del Consejo y por el que se derogan las Decisiones n.º 573/2007/CE y n.º 575/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Decisión 2007/435/CE del Consejo, establece un periodo de vigencia del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI), entre 2014 y 2020, con el fin de establecer progresivamente un espacio de libertad, seguridad y justicia, basándose en la solidaridad entre los estados miembros. Los programas destinados a fomentar la empleabilidad, la inclusión social y la igualdad entre hombres y mujeres, así como la cooperación transnacional e interregional, se encuadran en el Programa Operativo «Lucha contra la Discriminación» del Fondo Social Europeo, con número de referencia CCI 2007ES05UPO002, aprobado por Decisión de la Comisión de 18 de diciembre de 2007. Además, han de tenerse en cuenta la Directiva 2011/95/EU del Parlamento Europeo y el Consejo de 13 de diciembre 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida (refundición) y la Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional. En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo previsto en el artículo 2 de la Orden ESS/1423/2012, de 29 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el área de integración de los inmigrantes, solicitantes y beneficiarios de protección internacional, apatridia y protección temporal, en el que se dispone que las correspondientes convocatorias se realizarán en régimen de concurrencia competitiva, esta Dirección General ha dispuesto: Primero. Convocatoria y normativa de aplicación. 1. La Dirección General de Migraciones convoca la concesión de subvenciones en el área de acogida e integración de los solicitantes y beneficiarios de Protección Internacional, del Estatuto de Apátrida y de Protección Temporal. 2. La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; en la Orden ESS/1423/2012, de 29 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el área de integración de los inmigrantes, solicitantes y beneficiarios de protección internacional, apatridia y protección temporal; y por lo dispuesto en esta Resolución. 3. Los programas cofinanciados a través del Fondo de Asilo, Migración e Integración se regirán, además de por la normativa relacionada en el apartado anterior, por lo dispuesto en su normativa especifica: a. Reglamento (UE) n.º 516/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por el que se crea el Fondo de Asilo, Migración e Integración, por el que se modifica la Decisión 2008/381/CE del Consejo y por el que se derogan las Decisiones n.º 573/2007/CE y n.º 575/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Decisión 2007/435/CE del Consejo. b. Reglamento (UE) n.º 514/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por el que se establecen disposiciones generales sobre el Fondo de Asilo, Migración e Integración y sobre el instrumento de apoyo financiero a la cooperación policial, a la prevención y la lucha contra la delincuencia, y a la gestión de crisis. 4. Los programas cofinanciados a través del Fondo Social Europeo se regirán, además de por la normativa relacionada en el apartado segundo, por lo dispuesto en su normativa especifica: a. Reglamentos (CE) n.º 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1260/1999; b. Reglamento (CE) n.º 1081/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1784/1999; c. Reglamento (CE) n.º 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, por el que se fijan normas de desarrollo para el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión. d. Orden TIN/2965/2008, de 14 de octubre, por la que se determinan los gastos subvencionables por el Fondo Social Europeo durante el periodo de programación de 2007-2013, modificada por Orden TIN/788/2009, de 25 de marzo. Segundo. Objeto y financiación. 1. Los programas que pueden ser subvencionados figuran relacionados en el anexo A de la presente convocatoria, teniendo en cuenta que cada programa presentado debe corresponder a una única prioridad por fuente de financiación (A.I, A.II y A.III en programas financiados cofinanciados por el Fondo de Asilo, Migración e Integración y BI, BII o BIII en programas cofinanciados por el Fondo Social Europeo). 2. La cuantía máxima de las subvenciones a otorgar mediante la presente convocatoria que asciende a 2.096.000,00 euros se financiará con cargo a los créditos presupuestarios: 19 07 231H 484.13 por una cuantía de 596.000,00 euros, que será cofinanciada por el Fondo de Asilo, Migración e Integración. 19 07 231H 484.03 por una cuantía de 1.500.000,00 €, que será cofinanciada por el Fondo Social Europeo. La distribución de la cuantía total máxima entre los créditos presupuestarios 19. 07 231H 484.13 y 19. 07 231H 484.03 tendrá carácter estimativo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 58.4 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones. 3. Sin perjuicio del apartado anterior, se establece una cuantía adicional de 2.500.000 euros con cargo al crédito presupuestario 19.07 231H 484.13, que se prevé obtener en concepto de financiación suplementaria derivada, en su caso, de una generación, ampliación o incorporación de crédito. La efectividad de esta cuantía adicional estará condicionada a la obtención de la financiación añadida, que será publicada antes de la resolución de concesión. 4. La cofinanciación comunitaria del Fondo de Asilo, Migración e Integración podrá alcanzar un máximo del 75%. 5. Los porcentajes de cofinanciación del Fondo Social Europeo serán para las regiones de convergencia (Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia), «phasing out» (Asturias, Murcia, Ceuta y Melilla) y «phasing in» (Canarias, Castilla-León, Comunidad Valenciana) del 80%. Los programas desarrollados en las regiones de competitividad (Cantabria, Aragón, Baleares, Cataluña, Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja), serán cofinanciados en un 50%. 6. El compromiso de financiación propia reflejado en el artículo 7 de la Orden ESS/1423/2012, de 29 de junio, será de al menos el 2% para los programas recogidos en esta convocatoria. Se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 8.2 de la misma Orden, según el cual el importe de la subvención será como máximo el coste total del programa finalmente aprobado por el órgano concedente, una vez deducido el porcentaje de financiación propia mencionado en el artículo 7.1, las otras financiaciones de instituciones públicas, otras financiaciones externas no públicas y los ingresos generados por el programa. Tercero. Requisitos de los beneficiarios. Las entidades u organizaciones no gubernamentales que concurran a la convocatoria deberán reunir los requisitos establecidos en el artículo 4 de la Orden ESS/1423/2012, de 29 de junio. Cuarto. Presentación de solicitudes. 1. De conformidad con el artículo 6 de la Orden ESS/1423/2012, de 29 de junio, las solicitudes para participar en la presente convocatoria deberán presentarse en el plazo de 20 días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado. 2. Las solicitudes se formularán en los modelos que se acompañan como anexos I a IV, ambos inclusive, y estarán dirigidas a la Dirección General de Migraciones. Dichos modelos estarán disponibles en la sede de la Dirección General de Migraciones, calle José Abascal, n.º 39, 28003 Madrid; pudiendo ser presentados en la citada sede, así como en los registros y oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Teniendo en cuenta que se trata de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, con el fin de poder valorarlas conjuntamente y resolverlas en el plazo previsto, si las solicitudes se presentan en otro registro diferente del mencionado en el párrafo anterior, de acuerdo con lo previsto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la entidad deberá comunicar este hecho a la Subdirección General de Integración de los Inmigrantes mediante correo electrónico a la siguiente dirección: sgii@meyss.es. 3. A la solicitud se acompañará la documentación que señala el artículo 6.3 de la Orden ESS/1423/2012, de 29 de junio, junto con un compromiso de financiación propia no inferior al 2% para cada programa, según lo establecido en el artículo 7 de la citada Orden, y que quedará consignado en el anexo III, punto 6 de la solicitud. Quinto. Subsanación de errores. En el supuesto de que la solicitud y la documentación aportada no reúnan los requisitos establecidos en la Orden ESS/1423/2012, de 29 de junio y en la presente Resolución, la Subdirección General de Integración de los Inmigrantes requerirá al interesado para que subsane las faltas u omisiones en el plazo máximo improrrogable de 10 días hábiles, indicándole que si no lo hiciere, se le tendrá por desistido en su solicitud mediante Resolución, que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Sexto. Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del procedimiento. Los órganos competentes para la ordenación e instrucción del procedimiento, la valoración de las solicitudes y la resolución serán los establecidos en el artículo 5 de la Orden ESS/1423/2012, de 29 de junio. Séptimo. Criterios de valoración de las entidades y de los programas. 1. La valoración de las entidades u organizaciones solicitantes se realizará según los criterios establecidos en el artículo 9.1 y 9.2 de la Orden ESS/1423/2012, de 29 de junio. 2. La valoración de los programas se realizará según los criterios establecidos en el artículo 9.3 de la Orden ESS/1423/2012, de 29 de junio. Octavo. Plazo de ejecución. 1. El plazo de ejecución de los programas subvencionados por la presente convocatoria estará comprendido entre la fecha de la resolución de concesión de la subvención y el 31 de diciembre de 2015. 2. El plazo de ejecución de los programas subvencionados por la presente convocatoria, cuando se trate de programas de continuidad, podrá extenderse desde la fecha de finalización de la ejecución real del programa subvencionado en la convocatoria anterior hasta el 31 de diciembre de 2015, en los términos previstos en la Orden ESS/1423/2012, de 29 de junio. Noveno. Forma de pago. El pago de la subvención tendrá el carácter de anticipado, se efectuará en un solo plazo y supondrá entregas de fondos con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención, de acuerdo con lo previsto en los artículos 34.4, segundo párrafo, de la Ley General de Subvenciones, y 88.2 de su Reglamento de desarrollo. Décimo. Cuantía de la subvención. 1. De acuerdo con el artículo 8.2 de la Orden ESS/1423/2012, de 29 de junio, el importe de la subvención será el coste total del programa finalmente aprobado, una vez deducido el porcentaje de financiación propia al que hace referencia el artículo cuarto, apartado 3 de esta resolución, las otras financiaciones de instituciones públicas, otras financiaciones externas no públicas y los ingresos generados por el programa. 2. De acuerdo con lo previsto en el artículo 8 de la Orden ESS/1423/2012, de 29 de junio, sólo se podrán subvencionar programas cuyo coste total sea igual o superior a 30.000 euros, salvo los programas cofinanciados con el Fondo de Asilo, Migración e Integración, dentro de la prioridad A.II del anexo A, de Programas relacionados con la Prioridad de Evaluación/Mejora en la calidad de la toma de decisiones en procedimientos de asilo, cuyo coste total para ser subvencionados será igual o superior a 15.000 euros. Undécimo. Obligaciones de la entidad u organización beneficiaria. 1. Los beneficiarios de las subvenciones concedidas conforme a esta Resolución deberán cumplir las obligaciones recogidas en los artículos 16 al 23 de la Orden ESS/1423/2012, de 29 de junio. 2. Las entidades beneficiarias deberán cumplir con las obligaciones detalladas en el Manual de Gestión de los Programas, en los procedimientos de gestión de ayudas económicas y de gestión de plazas establecidos por la Subdirección General de Integración de los Inmigrantes y participarán y colaborarán en la gestión y desarrollo del Sistema de Información sobre programas para Refugiados, Inmigrantes y Solicitantes de Asilo (SIRIA). 3. Las entidades beneficiarias deberán cumplir con la normativa sobre la elegibilidad de gastos, de acuerdo con el Documento de Instrucciones para la Gestión, Seguimiento y Justificación de las Subvenciones que se facilitará a los beneficiarios y que estará disponible en la página Web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social: www.meyss.es. 4. Las entidades beneficiarias deberán cumplir el protocolo de atención a las Víctimas de Trata de Seres Humanos elaborado por la Subdirección General de Integración de los Inmigrantes. 5. Para los programas cofinanciados por el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) se establecen, además, las siguientes obligaciones: a) Formalizar un Convenio para el desarrollo de programas subvencionados que tendrá el siguiente contenido: • El importe máximo de la subvención; • El porcentaje máximo de la contribución comunitaria será del 75%; • Una descripción y un calendario detallados del proyecto subvencionado; • En su caso, la parte de tareas y costes relacionados que el beneficiario se proponga subcontratar con terceros; • El presupuesto estimativo acordado y el plan de financiación del proyecto, incluido el porcentaje fijo de costes indirectos; • El calendario y las disposiciones de aplicación del Convenio (informes que deben presentarse, modificaciones y terminación); • Los objetivos operativos del programa y los indicadores que se utilizarán; • La definición de costes subvencionables; • Las condiciones de pago de la subvención y los requisitos contables; • Las condiciones de la pista de auditoría; • Las disposiciones relevantes en materia de protección de datos; • Las disposiciones relevantes en materia de publicidad. b) Cumplir con la normativa sobre la elegibilidad de gastos que se facilitará a los beneficiarios y que estará disponible en la página web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social: www.meyss.es. También estarán obligados los beneficiarios a gestionar y realizar de forma directa aquellas actividades que constituyan el contenido de los programas para los que se conceda la subvención. En caso de que sea necesaria y pertinente la subcontratación, y mediando la aprobación previa por la Dirección General de Migraciones, ésta no podrá sobrepasar el 50 por ciento de los costes directos subvencionables. c) Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y evaluación de la aplicación de la subvención, así como el control financiero que corresponde a la Intervención General de la Administración del Estado y al Tribunal de Cuentas, así como a aquellos controles que la Comisión Europea y el Tribunal de Cuentas Europeo estimen oportunos. d) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, durante los cinco años siguientes a la finalización de la ejecución del proyecto para posibles actuaciones de comprobación y control. e) Garantizar una clara pista de auditoría, a través del mantenimiento de un sistema separado de contabilidad y gestión, que impida el solapamiento de esta ayuda con otras de carácter comunitario o nacional que puedan incidir en las materias objeto de la subvención concedida. f) Dar la adecuada publicidad de la cofinanciación, incorporando, además de los logotipos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, los del FAMI, en un lugar preferencial del material que utilicen para la difusión de la actuación subvencionada (folletos, carteles, hojas informativas, cuñas publicitarias, etc.). g) Aceptar que la Dirección General de Migraciones haga pública en el sitio de Internet del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y de forma anual, la lista de beneficiarios finales, los nombres de los programas y el importe de la financiación pública y comunitaria que se les ha asignado. h) Justificar los gastos ante la Dirección General de Migraciones con facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, mediante cuenta justificativa según lo dispuesto en el artículo 18.2 de la Orden ESS/1423/2012, de 29 de junio. Para los programas cuyo importe subvencionado sea inferior a 60.000 euros, la cuenta justificativa podrá tener carácter de simplificada, con el contenido previsto en el artículo 75.2 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones. i) Marcar los justificantes originales presentados con una estampilla, indicando en la misma la subvención para cuya justificación han sido presentados y si el importe justificado se imputa total o parcialmente a la subvención. En este último caso se indicará además la cuantía exacta que resulte afectada por la subvención. j) Justificar los gastos efectuados con cargo a la subvención recibida de todos los Programas en el plazo de un mes a partir de la finalización del periodo de ejecución del programa, tal y como se establece en el artículo 18.1 de la Orden de bases. k) No incluir costes indirectos en el presupuesto estimativo en el caso de haber percibido una subvención de funcionamiento procedente del presupuesto de la Unión Europea. 6. Para los programas cofinanciados por el Fondo Social Europeo (FSE) se establecen, además de las obligaciones recogidas en el apartado anterior, salvo las mencionadas en los apartados a), b), d) y k), las siguientes obligaciones: a) La aceptación de la subvención implica la autorización de la entidad para ser incluida en una lista de beneficiarios publicada anualmente por la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo. b) Los beneficiarios deberán conservar toda la documentación original durante tres años a contar desde la finalización del Programa Operativo «Lucha contra la Discriminación». c) Los beneficiarios deberán llevar una contabilidad separada para los programas cofinanciados por el Fondo Social Europeo. d) Cumplir con la normativa sobre la elegibilidad de gastos según el Documento de Instrucciones para la Gestión, Seguimiento y Justificación de las Subvenciones FSE que se facilitará a los beneficiarios y que estará disponible en la página Web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social: www.meyss.es Duodécimo. Costes Indirectos. De acuerdo con el artículo 20.8 de la Orden ESS/1423/2012, de 29 de junio, el porcentaje de costes indirectos sobre costes directos de los programas recogidos en esta convocatoria, no superará el 8%, salvo lo que en su caso disponga la normativa comunitaria aplicable. Decimotercero. Modelos de logotipo. Con el fin de dar adecuada publicidad, tanto al carácter público de la financiación de las actuaciones, como de su cofinanciación por parte del Fondo de Asilo, Migración e Integración y del Fondo Social Europeo, se aprueban los modelos de logotipo que deberán incorporarse de forma visible en el material que se utilice para los programas subvencionados. Dichos modelos son los que figuran en el anexo B de la presente convocatoria. Madrid, 24 de julio de 2014.–El Director General de Migraciones, P.S. (Real Decreto 343/2012, de 10 de febrero), el Subdirector General de Inmigración, Carlos Mora Almudí. ANEXO A Programas subvencionables A. Programas cofinanciados por el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) La Dirección General de Migraciones, como autoridad responsable del Fondo, ha establecido en su programa plurianual para el periodo 2014-2020 y en el plan anual para el año 2014-15, los programas objeto de financiación, que serán los relacionados con: – Condiciones de acogida y procedimientos de asilo. – Evaluación/Mejora en la calidad de la toma de decisiones en procedimientos de asilo. – Reasentamiento. Por tanto, podrán ser subvencionados los programas que se relacionan a continuación, que deberán estar dirigidos a los siguientes grupos destinatarios: Grupos destinatarios de las acciones. El Reglamento (UE) N.º 516/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014, en su artículo 5 establece que el Fondo de Asilo, Migración e Integración apoyará acciones dirigidas a una o varias de las siguientes categorías de nacionales de terceros países: a) los que disfrutan de un estatuto de refugiado o de un estatuto de protección subsidiaria en el sentido de la Directiva 2011/95/UE; b) los que hayan solicitado una de las formas de protección internacional contempladas en la letra a) sin que se les haya comunicado aún una decisión definitiva; c) los que disfrutan de una protección temporal en el sentido de la Directiva 2001/55/CE; d) los que vayan a ser o hayan sido reasentados en un Estado miembro o trasladados desde un Estado miembro. A.I. Programas relacionados con la Prioridad de Condiciones de acogida y procedimientos de asilo 1. Objeto. Estos programas tienen por objeto el refuerzo de los programas de atención a solicitantes y beneficiarios de protección internacional gestionados por las ONG y otras entidades públicas y privadas. Los programas objeto de financiación pueden ir destinados a mejorar las condiciones de acogida, procedimientos de asilo, integración, análisis, seguimiento y evaluación. Además, dentro de su objetivos están los siguientes: refuerzo del sistema mixto de acogida en centros de migraciones y dispositivos públicos y privados, incluyendo medidas de acogida especiales para personas especialmente vulnerables; planificación nacional del sistema para poder proporcionar asistencia en casos de llegadas masivas. 2. Actuaciones. Respecto a las condiciones de acogida, a los procedimientos de asilo y a la integración: a) Proporcionar asistencia sanitaria y psicológica en los puestos fronterizos que incluya la asistencia farmacéutica gratuita prescrita por orden facultativa, el mantenimiento de elementos higiénicos sanitarios y la alimentación especial de niños, ancianos y personas con necesidades de tratamiento especial. b) Atender a solicitantes de asilo para favorecer su asistencia legal dentro del procedimiento de asilo facilitando la información y asesoramiento social, jurídico y lingüístico. c) Facilitar la acogida, y en su caso el alojamiento, de los grupos destinatarios con necesidades de asistencia social, sanitaria y psicológica, en las primeras instancias de la entrada en nuestro país. d) Reforzar los servicios de traducción e interpretación para los grupos destinatarios. e) Procurar cuidados sanitarios, sociales y psicológicos a los usuarios con especial vulnerabilidad, incluyendo el acompañamiento e interpretación en visitas médicas. f) Mejorar los sistemas actuales de acogida con especial atención a los dispositivos normalizados o de larga duración. g) Facilitar la acogida de los grupos destinatarios con necesidades de asistencia social, sanitaria y psicológica, durante su proceso de integración en nuestro país. h) Acogida dirigida a colectivos especialmente vulnerables tales como discapacitados, personas mayores, mujeres embarazadas, familias monoparentales con hijos menores y personas que hayan sufrido torturas, violaciones u otras formas graves de violencia psicológica, física o sexual, y víctimas del tráfico de seres humanos y personas que precisen cuidados de urgencia y tratamiento de enfermedades físicas y psicológicas. i) Proyectos que integren perspectiva de género dentro del objeto de este tipo de programas y estén diseñados para atender las necesidades de mujeres pertenecientes al grupo de destinatarios de estas acciones. j) Impulsar la sensibilización de la sociedad de acogida y de los grupos destinatarios de las acciones, en materia de asilo, refugio y género a través de campañas de información y difusión (sobre factores del proceso de asilo y refugio, normativa relativa al asilo y refugio), con especial atención a propuestas cuyo objetivo sea: • Sensibilizar a profesionales del sector público y a la sociedad en general, en especial autoridades locales y personal, contratado o voluntario, del tercer sector, identificando y difundiendo buenas prácticas. • Promover acciones que permitan a los grupos destinatarios adaptarse a la sociedad de acogida desde una perspectiva sociocultural y compartir los valores consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. • Organizar foros de encuentro, seminarios y grupos de discusión, preferentemente encuentros en el ámbito local entre la población autóctona y las personas beneficiarias. Estas acciones de sensibilización serán complementarias a las de los programas financiados por el Fondo Social Europeo, que basarán sus acciones en empresarios y emprendedores. Otras actuaciones: a) Proporcionar una primera información al colectivo de actuación en la que se facilite asesoramiento y orientación suficiente, verbal o escrita, sobre cuestiones relacionadas con los servicios públicos y comunitarios. b) Información sobre derechos y deberes de las personas extranjeras, procedimiento de asilo en España y cualquier otra información que pudiera ser de utilidad para estas personas. Dicha información deberá ser transmitida en un idioma que el destinatario comprenda fácilmente. c) Informar y asesorar sobre medios, servicios y coberturas disponibles para la reagrupación familiar de las personas correspondientes al colectivo de actuación. d) Derivación a otros servicios. e) Establecimiento de itinerarios individualizados que incluyan el estudio, valoración, orientación y seguimiento de los procesos de integración en diferentes áreas: educativa, formación, sanitaria, social, proporcionando a las personas beneficiarias las herramientas necesarias para alcanzar su autonomía. f) Promover la inserción social y cultural de carácter individualizado facilitando la integración. g) Desarrollar acciones centradas en favorecer la educación, especialmente la adquisición de competencias lingüísticas (alfabetización lingüística y digital, enseñanza Primaria y Secundaria Obligatoria), así como otras iniciativas adaptadas a las necesidades individuales y el reconocimiento de cualificaciones, niveles y títulos, para aquellas personas que queden fuera de la cobertura de otros programas financiados a través de Fondos Europeos. h) Facilitar el asesoramiento y asistencia para el acceso a la vivienda. i) Facilitar ayudas pertinentes para el acceso a la vivienda, medios de subsistencia y primera necesidad, vestuario, transporte, educativas, formación, ocio, sanitarias y para obtención de documentación administrativa. j) Gestionar ayudas para la reagrupación familiar, facilitando asesoramiento para los trámites de la misma. k) Estudios, análisis y evaluación de las políticas de asilo. Todas estas actuaciones se podrán desarrollar mediante los servicios de: Información y Orientación, Intervención Social, Acogida Temporal, Ayudas Económicas, Atención Psicológica, Asistencia Legal y Jurídica, Interpretación y Traducción, Sensibilización y Comunicación y Primera Acogida a solicitantes de Protección Internacional en puestos fronterizos y otros puntos del territorio nacional. A.II. Programas relacionados con la Prioridad de Evaluación/Mejora en la calidad de la toma de decisiones en procedimientos de asilo 1. Objeto. Estos programas tienen por objetivo el refuerzo de la capacidad del Estado Español para desarrollar, supervisar y evaluar sus políticas de asilo. 2. Actuaciones. a) Programas dirigidos al aumento del conocimiento y evaluación de las necesidades de las personas solicitantes o beneficiarias de protección internacional y la realidad de la Política de Asilo en España. b) Programas para la formación de los agentes involucrados en la Política de Asilo, a través de una formación específica relativa a las personas beneficiarias, los sistemas y estructuras de asilo. Estos programas serán complementarios a los cofinanciados por el Fondo Social Europeo en la prioridad de formación y perfeccionamiento de los profesionales/trabajadores y voluntarios de las entidades. c) Estudios comparativos de la Política de Asilo de España con la de otros países europeos. d) Estudios, análisis y evaluación de las políticas de asilo. Estas actuaciones se podrán desarrollar mediante los servicios de: Participación en Programas Europeos e Internacionales, Formación de Agentes e Información Documental. A.III. Programas relacionados con la Prioridad de Reasentamiento 1. Objeto. Estos programas tienen por objeto acciones relacionadas con el reasentamiento de cualquier nacional de un tercer país que vaya a ser o haya sido reasentado en un Estado miembro y otros programas de admisión humanitaria. 2. Actuaciones. a) Programas que faciliten el reasentamiento, mediante una intervención social dirigida a la cogida e integración de los refugiados reasentados. b) Estudios y análisis de las necesidades, la mejora de los indicadores y la evaluación de los programas y estrategias nacionales de reasentamiento. Estas actuaciones se podrán desarrollar mediante el servicio de Reasentamiento. B. Programas cofinanciados por el Fondo Social Europeo (FSE) en el marco del Programa Operativo «Lucha contra la Discriminación» Se considerarán prioritarios los programas que fomenten la empleabilidad, la inclusión social y la igualdad entre hombres y mujeres pertenecientes al grupo destinatario de las actuaciones: solicitantes de asilo o de protección subsidiaria, personas reconocidas como refugiadas y apátridas, con estatuto reconocido de protección subsidiaria, acogidas a un régimen de protección temporal, o que han sido o estén siendo reasentadas, así como aquellos que contemplen actuaciones específicas que promuevan la integración de la perspectiva de género, la no discriminación, el impulso y transferencia de acciones innovadoras, las nuevas tecnologías (NTIC), el cuidado y respeto del medio ambiente y la aplicación del partenariado. Grupo de destinatarios de las actuaciones: a) Personas reconocidas como refugiadas y apátridas. b) Personas con estatuto reconocido de protección subsidiaria. c) Solicitantes de asilo y del estatuto de apátrida. d) Personas acogidas a un régimen de protección temporal. e) Personas que han sido o están siendo reasentadas. B.I. Programas de empleo 1. Objeto. Desarrollo de itinerarios integrados de inserción laboral individualizada destinados a personas solicitantes y beneficiarias de Protección Internacional, del Estatuto de Apátrida y de Protección Temporal. 2. Prioridades. a) Programas que tienen por objeto el desarrollo de itinerarios integrados de inserción laboral individualizada. Estos programas podrán incluir actividades complementarias de formación de profesionales y voluntarios, sensibilización de empleadores/as, promoción de la cooperación transnacional e interregional e intercambio de buenas prácticas. En todo caso, estas actividades complementarias estarán vinculadas al desarrollo de itinerarios de inserción laboral individualizada dentro de ese programa. Toda la formación a los beneficiarios finales reflejada en esta categoría de programas, ha de ser complementaria a la reseñada en los programas financiados por el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI), salvo la formación en idioma español, alfabetización e informática básica que puede ser recogida en los programas de las tres fuentes de financiación, siempre y cuando sean a distinto destinatario final de la acción formativa. b) Programas de preparación y acompañamiento de proyectos dirigidos a la puesta en marcha de iniciativas de trabajo por cuenta propia, con especial consideración a aquellos orientados a la economía social. c) Programas que promuevan la conciliación de la vida familiar y laboral. d) Programas que tengan por objeto la erradicación de la trata de personas con fines de explotación sexual o laboral y que promuevan la inserción de las víctimas en el mercado de trabajo, mediante itinerarios de integración laboral y formación para el empleo. e) Programas que posibiliten la inserción laboral de familias del colectivo destinatario de las actuaciones en zonas rurales con baja densidad de población, a través de procesos personalizados de selección, formación y acompañamiento. f) Programas que contemplen la gestión de la diversidad en las empresas. Entre ellos, los que introduzcan la figura del mediador en la empresa, la intermediación de los mediadores laborales y la formación del personal directivo y mandos intermedios. g) Programas que tengan por objeto acciones de apoyo para la diversificación profesional, entre ellas la creación de servicios que ofrezcan información, asesoramiento, acompañamiento, traducción de documentos y otros trámites necesarios para la homologación de títulos y convalidación de estudios realizados en los países de origen. h) Programas que fomenten la cooperación y el intercambio de información y buenas prácticas. B.II. Programas destinados a la incorporación de sistemas de calidad y formación y perfeccionamiento de los profesionales y voluntarios 1. Objeto. Aumentar la calidad en el desarrollo de los distintos servicios prestados por las entidades en materia de integración de personas solicitantes y beneficiarias de Protección Internacional, del Estatuto de Apátrida y de Protección Temporal, así como la formación de los profesionales y voluntarios que lleven a cabo actividades en este contexto. 2. Prioridades. a) Programas destinados a la incorporación de sistemas de calidad para la mejora continua de la eficacia, eficiencia y gestión de los programas desarrollados en materia de integración de personas pertenecientes al grupo destinatario de las actuaciones. b) Programas de formación y perfeccionamiento de los profesionales/trabajadores y voluntarios de las entidades, mediante su participación en cursos, seminarios especializados y en programas de asistencia técnica realizados por la entidad y otras organizaciones, en especial los referidos al colectivo de solicitantes y beneficiarias de Protección Internacional, del Estatuto de Apátrida y de Protección Temporal. Tendrán prioridad los programas de formación que reserven un número de plazas superior al 60% para profesionales de otras entidades dedicadas al mismo colectivo de atención. Estos programas serán complementarios a los realizados en FAMI. B.III. Programas de sensibilización y promoción de la igualdad de trato y no discriminación en el ámbito laboral 1. Objeto. Impulsar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, evitar la producción en el ámbito laboral de conductas xenófobas y fomentar la diversidad en el ámbito empresarial. 2. Prioridades. a) Programas de sensibilización que se dirijan a empleadores/as con el fin de superar los prejuicios y reticencias para la contratación de personas solicitantes y beneficiarias de Protección Internacional, del Estatuto de Apátrida y de Protección Temporal. b) Programas de sensibilización dirigidos a prevenir la discriminación en el acceso y la permanencia en el empleo y a promover la igualdad de trato en el trabajo entre población autóctona y personas solicitantes y beneficiarias de Protección Internacional, del Estatuto de Apátrida y de Protección Temporal, especialmente de las trabajadoras pertenecientes a este colectivo. c) Programas de sensibilización dirigidas a empresarios con el fin de promover la gestión de la diversidad en las empresas. d) Programas de sensibilización en la lucha contra el racismo y la xenofobia en el ámbito laboral. e) Programas de mejora del conocimiento de la situación laboral de la población perteneciente al grupo de destinatarios de las actuaciones, encaminados a la difusión de datos, estudios y publicaciones sectoriales. ANEXO B Logotipos Los logotipos que deberán utilizarse para la difusión de los programas subvencionados serán los siguientes: Logotipo de la Dirección General de Migraciones: Logotipo del Fondo de Asilo, Migración e Integración: Logotipo del Fondo Social Europeo: Pautas para su utilización: Estos logotipos se utilizarán siempre, en las ampliaciones o reducciones, guardando las proporciones de los modelos y las normas de reproducción, sin que sea preciso que figure recuadrado, debiéndose colocar en el lugar preferencial del soporte a difundir con la misma categoría que el logotipo de la organización o entidad subvencionada. Los logotipos serán facilitados a las entidades beneficiarias una vez concedida la subvención. El logotipo de la Dirección General de Migraciones se incorporará siempre en todos los programas financiados por la presente convocatoria. El logotipo del Fondo de Asilo, Migración e Integración se incorporará siempre junto al logotipo de la Dirección General de Migraciones, para programas cofinanciados por dicho fondo y respetará las instrucciones relativas al emblema y definición de los colores normalizados establecidas en el anexo 10 de las normas de aplicación de la Decisión 2008/22/CE. El logotipo del Fondo Social Europeo se incorporará siempre junto al logotipo de la Dirección General de Migraciones, para programas cofinanciados por dicho fondo.

Las subvenciones para beneficiarios de protección internacional y apátridas caen de 5,5 millones en 2013 a 2 millones de euros

El artículo 8 del Real Decreto 343/2012, de 10 de febrero, por el que se desarrolla la estructura básica del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, establece que le corresponde a la Secretaría General de Inmigración y Emigración desarrollar la política del Gobierno en materia de extranjería, inmigración y emigración. Para el desarrollo de esta política, el artículo 9 del citado Real Decreto asigna a la Dirección General de Migraciones, órgano directivo dependiente de esta Secretaría General, entre otras funciones, el desarrollo y la gestión del sistema de acogida integral e integración de los inmigrantes, solicitantes de asilo, refugiados, apátridas, personas acogidas al régimen de protección temporal y otros estatutos de protección subsidiaria. Asimismo le corresponde la gestión de subvenciones destinadas a los programas para la promoción laboral, social, cívica y cultural de los colectivos citados, el control y seguimiento de los centros de migraciones, así como la gestión de iniciativas, fondos y planes de acción comunitarios que afecten a los mismos y el desarrollo de Programas vinculados al retorno. El objetivo general de la presente convocatoria, que consiste en impulsar las acciones dirigidas a acoger e integrar a personas solicitantes y beneficiarias de Protección Internacional, del Estatuto de Apátrida y de Protección Temporal, se enmarca dentro de la estrategia europea en este ámbito, de conformidad con la legislación comunitaria. El Reglamento (UE) n.º 516/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por el que se crea el Fondo de Asilo, Migración e Integración, por el que se modifica la Decisión 2008/381/CE del Consejo y por el que se derogan las Decisiones n.º 573/2007/CE y n.º 575/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Decisión 2007/435/CE del Consejo, establece un periodo de vigencia del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI), entre 2014 y 2020, con el fin de establecer progresivamente un espacio de libertad, seguridad y justicia, basándose en la solidaridad entre los estados miembros. Los programas destinados a fomentar la empleabilidad, la inclusión social y la igualdad entre hombres y mujeres, así como la cooperación transnacional e interregional, se encuadran en el Programa Operativo «Lucha contra la Discriminación» del Fondo Social Europeo, con número de referencia CCI 2007ES05UPO002, aprobado por Decisión de la Comisión de 18 de diciembre de 2007. Además, han de tenerse en cuenta la Directiva 2011/95/EU del Parlamento Europeo y el Consejo de 13 de diciembre 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida (refundición) y la Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional. En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo previsto en el artículo 2 de la Orden ESS/1423/2012, de 29 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el área de integración de los inmigrantes, solicitantes y beneficiarios de protección internacional, apatridia y protección temporal, en el que se dispone que las correspondientes convocatorias se realizarán en régimen de concurrencia competitiva, esta Dirección General ha dispuesto: Primero. Convocatoria y normativa de aplicación. 1. La Dirección General de Migraciones convoca la concesión de subvenciones en el área de acogida e integración de los solicitantes y beneficiarios de Protección Internacional, del Estatuto de Apátrida y de Protección Temporal. 2. La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; en la Orden ESS/1423/2012, de 29 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el área de integración de los inmigrantes, solicitantes y beneficiarios de protección internacional, apatridia y protección temporal; y por lo dispuesto en esta Resolución. 3. Los programas cofinanciados a través del Fondo de Asilo, Migración e Integración se regirán, además de por la normativa relacionada en el apartado anterior, por lo dispuesto en su normativa especifica: a. Reglamento (UE) n.º 516/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por el que se crea el Fondo de Asilo, Migración e Integración, por el que se modifica la Decisión 2008/381/CE del Consejo y por el que se derogan las Decisiones n.º 573/2007/CE y n.º 575/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Decisión 2007/435/CE del Consejo. b. Reglamento (UE) n.º 514/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por el que se establecen disposiciones generales sobre el Fondo de Asilo, Migración e Integración y sobre el instrumento de apoyo financiero a la cooperación policial, a la prevención y la lucha contra la delincuencia, y a la gestión de crisis. 4. Los programas cofinanciados a través del Fondo Social Europeo se regirán, además de por la normativa relacionada en el apartado segundo, por lo dispuesto en su normativa especifica: a. Reglamentos (CE) n.º 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1260/1999; b. Reglamento (CE) n.º 1081/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativo al Fondo ### RESUMEN: Las subvenciones para beneficiarios de protección internacional y apátridas caen de 5,5 millones en 2013 a 2 millones de euros

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente, doña Adela Asua Batarrita, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez, Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En el recurso de amparo núm. 7222-2013, promovido por doña Mónica Rebeca Liberato Rodríguez, representada por la Procuradora de los Tribunales doña Carmen Olmos Gilsanz y asistida por el Abogado don Enrique Arce Mainzhausen, contra el Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 23 de octubre de 2013 por el que se desestima el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 24 de julio de 2013 desestimatoria a su vez del recurso de suplicación interpuesto con la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 2 de León de 11 de marzo de 2013. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente la Magistrada doña Encarnación Roca Trías, quien expresa el parecer del Tribunal. I. Antecedentes 1. La Procuradora de los Tribunales doña Carmen Olmos Gilsanz, en nombre y representación de doña Mónica Rebeca Liberato Rodríguez, bajo la dirección del Letrado don Enrique Arce Mainzhausen, interpuso demanda de amparo contra las resoluciones que se mencionan en el encabezamiento mediante escrito registrado en este Tribunal el 9 de diciembre de 2013, por entender vulnerados los arts. 14, 15, 18 y 24 CE. 2. Los hechos en los que tiene su origen el presente recurso, relevantes para su resolución, son los siguientes: a) La demandante de amparo venía prestando sus servicios para la empresa Bershka BSK España, S.A. El 21 de junio de 2012 fue despedida por transgresión de la buena fe contractual. El departamento de seguridad de Inditex, a raíz de la instalación de un nuevo sistema de control informático de caja, detectó que en la tienda y caja donde prestaba sus servicios la demandante existían múltiples irregularidades, de lo que podría desprenderse una apropiación dineraria por parte de alguno de los trabajadores que trabajaban en dicha caja, entre ellos la demandante. Por ello encargaron a la empresa Prosegur Compañía de Seguridad, S.A., que instalara una cámara de videovigilancia en la tienda donde prestaba sus servicios la demandante y que controlara la caja donde trabajaba. La cámara se instaló, no comunicando a los trabajadores dicha instalación, si bien en el escaparate del establecimiento, en un lugar visible, se colocó el distintivo informativo. b) El día 21 de junio de 2012 se comunicó a la demandante su despido. En la carta de despido constaba que era despedida disciplinariamente porque se había venido apropiando de efectivo de la caja de la tienda, en diferentes fechas y de forma habitual. En concreto, se señalaba los días y horas en los que se había apropiado del importe de 186,92 €, habiendo realizado para ocultar dicha apropiación las operaciones falsas de devoluciones de venta de prendas. c) La demandante de amparo presentó demanda de despido contra Bershka BSK España, S.A. En su demanda solicitaba la declaración de nulidad del despido por atentar contra su honor, intimidad y dignidad, y subsidiariamente la declaración de improcedencia. La trabajadora en su demanda sostuvo que en el centro de trabajo no existía comunicación al público ni carteles comunicativos de la existencia de cámaras de videograbación, ni tampoco comunicación a la Agencia de Protección de Datos, ni autorización por la sección de seguridad privada de la comisaría de policía de León, ni tampoco comunicación o informe previo del comité de empresa de la instalación de la videograbación. Por Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 2 de León de 11 de marzo de 2013 se desestimó la demanda y se declaró procedente el despido. Señala el Juzgado que la empresa ha acreditado plenamente con arreglo al art. 105 de la Ley reguladora de la jurisdicción social los hechos que constan en la carta motivadores del despido, en base a lo siguiente: «A) Por la declaración testifical del responsable de seguridad de INDITEX, que manifestó que en el puesto de trabajo y en la tienda donde prestaba sus servicios la demandante se habían detectado irregularidades de las que pudieran derivarse una apropiación dineraria de carácter indebido. Por lo que se encargó a la empresa PROSEGUR la colocación de una cámara de videovigilancia. B) Por las declaraciones testificales de la responsable de recursos humanos y de la dirección de la empresa demandada en Castilla y León, que se valoraron como muy verosímiles por la contundencia y coincidencia respecto de los términos en que se hicieron. Y que, en síntesis, manifestaron que cuando a la actora se le leyó la carta de despido reconoció plenamente los hechos, pidiendo perdón y diciendo que su conducta respondía a una necesidad por una mala racha que duraba mucho tiempo. C) Por el escrito de finiquito firmado por la actora, tal y como se reconoció en el acto del juicio, que sin perjuicio de lo ya dicho en cuanto a la falta de enervación por el mismo de la acción de despido nulo, implícitamente está admitiendo los hechos, por la renuncia a la impugnación del despido ordinario». Y, por lo que se refiere a la instalación de la cámara de videovigilancia afirma la Sentencia que «en la instalación y grabación se cumplió escrupulosamente la normativa al respecto. En efecto, con arreglo a la STC 186/2000, de 10 de julio, concurría la situación precisa para el control oculto, esto es sin notificar expresamente la colocación de la cámara a los trabajadores, porque era, en principio, el único medio posible dicho control para satisfacer el interés empresarial de saber fehacientemente quien estaba realizando los actos defraudatorios de los que indiciariamente ya se tenían conocimiento». d) Contra esta Sentencia interpuso la demandante recurso de suplicación que fue desestimado por Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 24 de julio de 2013. Estima, en síntesis, la demandante que el despido ha de calificarse como nulo, puesto que las pruebas que condujeron a exteriorizar y captar los hechos imputados a la trabajadora y que justificaron su despido se obtuvieron con preterición de los derechos fundamentales de la misma a su intimidad y dignidad, estándose entonces ante actividad probatoria ineficaz por ilícita. Sin embargo, a juicio de la Sala, «la decisión empresarial de colocar una cámara de videovigilancia en el centro de trabajo … satisfizo el juicio de proporcionalidad constitucionalmente exigido para poder afirmar su legalidad y legitimidad en sede de tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas de los que son titulares los trabajadores en el ámbito del contrato de trabajo. En primer lugar, la medida sobre la que se debate integra una iniciativa que, en principio, se encuentra dentro de las facultades legales que se atribuyen al poder empresarial de dirección y de control de la actividad laboral, puesto que el art. 20.3 ET faculta al empresario para la adopción de medidas de vigilancia y control del cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, siempre que en su adopción y aplicación se guarde la consideración debida a su humana dignidad. Y la referida medida debe considerarse idónea, en tanto que la misma era útil para exteriorizar, conocer e identificar las irregularidades existentes en la caja del centro comercial, en el que prestaba servicios la trabajadora despedida, irregularidades detectadas tras la implantación de un nuevo sistema de control informático de la dependencia de caja. En segundo lugar, la instalación de la cámara de videovigilancia se revelaba necesaria para aquilatar las irregularidades o anomalías que pudieren estar relacionadas con el uso o con la gestión de la caja del centro comercial, puesto que se trataba de verificar a través de aquella instalación eventuales operaciones o maniobras de apropiación dineraria, esto es, de maniobras de trasiego físico del dinero obrante en la caja a otro lugar distinto en el que ese dinero se depositaba. Y, en tercer término, la medida era necesariamente proporcional, en tanto que su adopción tenía como exclusivo destino la dependencia de caja de la tienda, esto es, un espacio destinado a la permanente interrelación personal y en el que se llevan a cabo conductas escasamente exigentes de la preservación de la injerencia o del conocimiento de las mismas por terceras personas; en tanto que la videovigilancia afectaba exclusivamente a uno de esos ámbitos, cual es el de la recaudación dineraria, en los que se expresa de forma primordial el interés de la empresa; en tanto que la instalación de la cámara estuvo acompañada de la colocación de un anuncio informativo de que el centro de trabajo estaba video vigilado; y en tanto que la medida, dotada de la necesidad de su adopción que es inherente a la previa y fundada sospecha de que se estaban cometiendo irregularidades sugerentes de apropiación dineraria, tenía también por finalidad la captación de eventuales irregularidades afectantes a ese elemento nuclear del contrato de trabajo y de su mantenimiento en que consiste el cumplimiento de las obligaciones de trabajo con la probidad y lealtad que exige la buena fe (arts. 5 a) y 20.2 ET). En consecuencia, la decisión sobre la que se debate y que se tacha en el escrito del recurso como ilegal por lesiva de derechos fundamentales no fue tal, al superar la misma el juicio de adecuación, de razonabilidad o de proporcionalidad constitucionalmente exigido para elucidar los límites de la injerencia del poder empresarial de control de la actividad laboral, cuando ese poder afecta a derechos fundamentales del trabajador.» e) Frente a esta Sentencia interpuso la recurrente incidente de nulidad de actuaciones ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que fue desestimado por Auto de 23 de octubre de 2013 porque la Sentencia cuya nulidad se instaba era susceptible de recurso de casación para unificación de doctrina y porque la misma ya abordó, acertada o desacertadamente, la cuestión que se suscitaba en el incidente. 3. La recurrente en amparo alega vulneración de los arts. 14, 15, 18.1, 18.4 y 24 CE. En relación con el art. 18.1 CE afirma que lo alegado en el recurso de suplicación no era que el despido se hubiere producido con violación de sus derechos o libertades, confundiendo el despido vulnerador de éstos, sino que lo era con la infracción de los mismos para la obtención de la prueba de los hechos en los que se fundamentó, cuestiones absolutamente diferentes, ya que para que el despido sea nulo ha de producirse por una causa ajena al contrato de trabajo, directamente atentatoria contra un derecho fundamental y verdadero móvil de la decisión extintiva del empleador, absolutamente al margen de cualquier motivo disciplinario. A continuación, reproduce el contenido de una Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de diciembre de 2003 en la que se señala que los controles empresariales que puedan establecer los empleadores en uso de su derecho a controlar la actividad de los trabajadores serán lícitos mientras no produzcan resultados inconstitucionales, y que para poder afirmar si ese respeto se entiende producido o no habrá que establecer en cada caso si la medida empresarial adoptada se acomoda a las exigencias de proporcionalidad entre el fin pretendido con ella y la posible restricción de aquel derecho fundamental de los trabajadores, para lo cual es necesario constatar si dicha medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad), si además es necesaria (juicio de necesidad) y finalmente si la misma es ponderada o equilibrada (juicio de proporcionalidad en sentido estricto). Sostiene la recurrente que en casos como el presente se exige ineludiblemente la información previa al trabajador. En el ámbito laboral, no existe razón que tolere la limitación del derecho de información que integra la cobertura ordinaria del derecho fundamental del art. 18.4 CE, sin que sea suficiente que el tratamiento de datos resulte en principio lícito o que pueda resultar eventualmente proporcionado al fin perseguido, debiendo el control empresarial asegurar en todo caso la debida información previa. Insiste la recurrente en que en el ámbito del contrato de trabajo, como núcleo de los derechos y deberes derivados del contrato, cuando se produce una sanción disciplinaria a trabajador por incumplimiento de éste, con sanción basada en imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia instaladas en el puesto de trabajo, deben de respetarse la protección de datos de carácter personal y su derecho a la información. El tratamiento de los datos sin haber informado al trabajador sobre la utilidad de supervisión laboral asociada a las capturas de su imagen, a la que se ha de añadir la insuficiencia de la existencia de distintivos anunciando la instalación de cámaras y la captación de imágenes y de la notificación de creación del fichero a la Agencia Española de Protección de Datos, para su validez, exige la necesidad de información previa, expresa, precisa, clara e inequívoca a los trabajadores sobre la captación de imágenes, su finalidad de control de la actividad laboral y su posible utilización para la imposición de sanciones disciplinarias por incumplimientos del contrato de trabajo. De no hacerse así, a su juicio, se vulnera el art. 18.4 CE. Señala que la protección de datos y el derecho de información en el ámbito laboral acarrea la inexistencia de razón que tolere la limitación del derecho de información que integra la cobertura ordinaria del derecho fundamental del art. 18.4 CE, sin que sea suficiente que el tratamiento de datos resulte en principio lícito o que pueda resultar eventualmente proporcionado al fin perseguido. El control empresarial deberá asegurar la debida información previa. La recurrente reproduce la doctrina al respecto contenida en la STC 29/2013, de 11 de febrero, e indica que el Tribunal Constitucional ha fijado como elemento caracterizador de la definición constitucional del art. 18.4 CE, de su núcleo esencial, el derecho del afectado a ser informado de quién posee los datos personales y con qué fin. Por último afirma que se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva en cuanto las decisiones judiciales deben ser racionales, fundadas en derecho, sin que puedan ser de apreciación por los tribunales pruebas obtenidas con vulneración de derechos fundamentales, cual es el caso. 4. Por providencia de 3 de noviembre de 2014, la Sala Primera acordó la admisión a trámite de la demanda y, a tenor de lo dispuesto en el art. 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), requerir a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, para que en el plazo de diez días remitiera certificación o copia adverada de las actuaciones correspondientes al recurso de suplicación núm. 1078-2013. Igualmente se acordó dirigir comunicación al Juzgado de lo Social núm. 2 de León a fin de que, en plazo que no exceda de diez días, remitiera certificación o copia adverada de las actuaciones correspondientes al procedimiento sobre despido/ceses núm. 841-2012, debiendo previamente emplazarse, para que en el plazo de diez días puedan comparecer, si lo desean, en el recurso de amparo a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto la parte recurrente en amparo. 5. Por escrito presentado el 19 de diciembre de 2014 en el Registro General de este Tribunal, se personó en el recurso de amparo la Letrada doña Belén Sánchez Caja, en nombre y representación de Bershka BSK España, S.A., solicitando que se la tenga por comparecida en tiempo y forma en el proceso constitucional y que se entiendan con ella las sucesivas notificaciones y/o diligencia en el domicilio profesional designado. 6. Una vez recibidas las actuaciones, a través de diligencia de ordenación del Secretario de Justicia de la Sala Primera de 29 de diciembre de 2014, de conformidad con el art. 81 LOTC, se concedió un plazo de diez días a la Abogada doña Belén Sánchez Caja, para que dentro de dicho término compareciera con Procurador debidamente apoderado, advirtiendo a la citada Abogada que de no subsanar el defecto en el plazo indicado, se tendrá a dicha entidad por no personada continuándose la tramitación del presente recurso. 7. Por escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el 14 de enero de 2015 se personó en nombre y representación de Bershka BSK España, S.A., el Procurador de los Tribunales don Argimiro Vázquez Guillén solicitando que se entiendan con él las sucesivas diligencias y notificaciones. 8. Por diligencia de ordenación del Secretario de Justicia de la Sala Primera de 22 de enero de 2015 se tuvo por personado y parte en nombre y representación de Bershka BSK España, S.A., al Procurador don Argimiro Vázquez Guillén, y a tenor de lo dispuesto en el art. 52 LOTC, se da vista de todas las actuaciones del presente recurso de amparo, en la Secretaría de la Sala Primera, por un plazo común de veinte días, al Ministerio Fiscal y a las partes personadas, para que dentro de dicho término puedan presentar las alegaciones que a su derecho convenga. 9. El día 20 de febrero de 2015 presentó sus alegaciones el Ministerio Fiscal, interesando se dicte Sentencia denegando el amparo pretendido. Tras exponer los antecedentes del caso, señala el Fiscal con carácter previo al análisis de las cuestiones de fondo, que el recurso es extemporáneo al haberse prolongado artificialmente el plazo para su interposición con motivo de suscitarse un recurso manifiestamente improcedente. Este recurso no es otro que el incidente de nulidad de actuaciones. Señala el Fiscal que dentro de la relación de derechos fundamentales invocados respectivamente en el recurso de suplicación y en el incidente de nulidad, no existe una total y absoluta igualdad, ya que al formalizarse el recurso de suplicación se citan sin más los arts. 14, 15, 18 y 24.1 CE. El desarrollo de tales motivos se centra esencialmente en el art. 18.1 CE, invocándose el genérico derecho a la intimidad personal. Se razona desde la exclusiva perspectiva del art. 18.1 CE no haciéndose la más mínima mención al derecho de autodeterminación informativa del art. 18.4 CE, que no obstante sí es objeto de análisis posteriormente en la promoción del incidente de nulidad y por supuesto en la demanda de amparo. Afirma que la invocación al derecho fundamental protegido por el art. 18.4 CE aparece por primera vez en el escrito por el que se suscita el incidente de nulidad de actuaciones, aduciéndose una supuesta lesión tanto en la sentencia de instancia como en la de suplicación, por el hecho de no haberse declarado judicialmente la nulidad de su despido, no obstante haberse obtenido datos de carácter personal que la recurrente estima no podrían haber sido recogidos, si no es con su conocimiento y, además, mediante su previa comunicación a la Agencia Española de Protección de Datos. De este modo, para el Ministerio Fiscal los razonamientos de uno y otro escrito no resultan exactamente coincidentes, pudiendo distinguirse, de un lado, la cita conjunta que se hace en suplicación de los arts. 14, 15, 18 y 24.1 CE, y de otro, la repetición que de ellos se contiene en el escrito promotor del incidente y a los que se añade una especificación del art. 18 CE, identificando como tal el derecho a la autodeterminación informativa del art. 18.4 CE que es objeto de desarrollo argumental por vez primera. Tanto en uno como en otro caso, la consecuencia, en opinión del Fiscal, no puede ser otra que la de erigirse en causas de inadmisión de la demanda de amparo. Por lo que se refiere a la repetición en suplicación y en el incidente, de los arts. 14, 15, 18 (en realidad 18.1) y 24.1 CE, en tanto se reitera en esta última vía el mismo objeto ya alegado en suplicación. Por lo que afecta al art. 18.4 CE, en cuánto no se habría hecho uso de la posibilidad de su oportuno alegato y denuncia en el recurso de suplicación como medio de oposición a una decisión del Juzgado de lo Social, a la que ahora, junto con la adoptada por la Sala de lo Social, se la censura por lesionar supuestamente tal derecho. Por lo que se refiere ya al fondo del asunto, señala en primer lugar el Fiscal que con respecto a los arts. 14 y 15 CE no se hace a lo largo de toda la demanda consideración alguna sobre su pretendida quiebra, si no es para ser empleados como meras citas nominales e invocados de forma meramente retórica al hacer alusión a su genérico contenido. Y es que la denuncia alojada en la demanda se basa sustancialmente, señala el Fiscal, en la pretendida lesión del derecho a la intimidad personal del art. 18.1 CE de un lado, y de otro, en la quiebra de su derecho a la libertad informática o autodeterminación informativa del art. 18.4 CE. Por lo que se refiere al genérico derecho a la intimidad personal del art. 18.1 CE, el Fiscal tras analizar el contenido de las SSTC 98/2000 y 186/2000 concluye que la existencia de fundadas sospechas sobre la existencia de un comportamiento antijurídico por parte de algún trabajador, legitima al empleador para instalar mecanismos de grabación en determinados espacios en los que se lleve a cabo la prestación laboral y siempre que ello se ajuste estrictamente a las exigencias de proporcionalidad, de manera que venga a ser una medida idónea, necesaria, proporcionada y de carácter estrictamente temporal. La aplicación de este criterio al presente caso lleva al Fiscal a concluir que el derecho a la intimidad de la recurrente resultaba justificadamente limitado, en tanto la filmación se ceñía a la observación del espacio en el que se ubicaba la caja registradora, examinándose su manejo por los empleados al haberse advertido desde tiempo atrás sustanciales descuadres en su contabilidad. La medida pues, no resultaba arbitraria o caprichosa, ni pretendía examinar con carácter general la conducta de la trabajadora en el desarrollo de las distintas funciones o cometidos a ella asignados en el establecimiento comercial, sino que se limitaba a obtener un cabal conocimiento de su comportamiento laboral en razón de detectadas irregularidades, que de confirmarse, supondrían la transgresión de la buena fe contractual. Se trataba, a su juicio, de verificar fundadas sospechas que efectivamente resultaron corroboradas por las grabaciones videográficas. Insiste en señalar que la realidad de los hechos probados que se establecen como tales en la sentencia de instancia, y se mantienen inmodificados en suplicación, revela que la actuación empresarial se ajustó estrictamente a las exigencias constitucionales al señalarse en el citado relato que no fue sino a raíz de la instalación de un nuevo sistema de control informático de caja cuando se detectó que en la tienda y caja donde prestaba sus servicios la actora existían múltiples irregularidades y podría desprenderse de ello una apropiación dineraria por parte de alguno de los trabajadores que trabajaban en dicha caja, entre ellos la demandante. Por lo que se refiere a la vulneración del art. 18.4 CE, señala el Fiscal que a diferencia de lo que sucede en la STC 29/2013 donde se trataba de la instalación de un mecanismo de grabación que forma parte de un sistema de seguridad o control que se presenta con un propósito de cierta fijeza o permanencia en el tiempo, en el presente recurso de amparo lo que se examina es la instalación puntual de un mecanismo de captación de imágenes, que con carácter transitorio, se emplea para confirmar o descartar previas sospechas debidamente fundadas en relación con el comportamiento de un o unos trabajadores. Es un supuesto, a su juicio, radicalmente distinto al que se contempla en el caso de la STC 29/2013, identificándose por el contrario con el resuelto en la STC 186/2000. Por lo tanto, afirma el Fiscal, no pudiendo subsumirse el supuesto de hecho que aquí se ventila en el ámbito que protege el art. 18.4 CE, en cuánto no se trata de la instalación de sistemas aptos para la recopilación sistemática y general de datos de carácter personal, mal puede pretenderse que de ello se diera conocimiento al trabajador vigilado y que se comunicara un pretendido fichero inexistente a la Agencia Española de Protección de Datos. 10. El 20 de febrero de 2015 presentó su escrito de alegaciones en el Registro General de este Tribunal el Procurador de la empresa demandada Bershka BSK España, SA. Señala en primer lugar que no se ha acudido a la interposición del recurso de casación para unificación de doctrina por tanto la recurrente en amparo ha despreciado negligentemente sus oportunidades procesales y ha preferido acudir, per saltum, ante este Tribunal, habiendo privado así a la jurisdicción ordinaria de reparar la lesión de sus derechos fundamentales. A continuación afirma, entrando ya en el fondo del asunto, que la conducta de la recurrente ha quedado acreditada de forma independiente de las imágenes que se aportaron al acto del juicio, por tanto, dichas imágenes no resultan determinantes para el fallo, habiendo quedado totalmente acreditada la comisión por parte de la actora de una apropiación dineraria en su tiempo de trabajo. Señala que el supuesto que nos ocupa es igual que el contemplado en la STC 186/2000 y añade que existe una diferencia fáctica relevante con la STC 29/2013. Así afirma que las sanciones disciplinarias por faltas muy graves en el cumplimiento de la jornada laboral, imputadas a un empleado universitario, en la STC 29/2013, no se podían fundar en una simple imagen, sino que se precisaba un tratamiento de datos para comprobar cuando llegaba, cuando salía y cuánto permanecía en los pasillos o fuera del edificio sin trabajar, lo que requería un tratamiento de datos de las imágenes capturadas a fin de controlar y fijar las ausencias y retrasos durante dos meses, lo que significa no sólo un control horario, sino también, un control de la actividad desarrollada fuera del puesto de trabajo y este no es el caso en el presente recurso de amparo. En el presente supuesto se graba exclusivamente la caja de la tienda, para confirmar quien es la trabajadora que está cometiendo la apropiación. Una vez corroborado este hecho, se procede al despido disciplinario de la actora por la comisión de una apropiación de efectivo, es decir, la empresa adopta la medida para proteger su patrimonio, no para monitorizar el trabajo de la actora. Añade que la medida de instalación de un aparato de grabación de imágenes que controlaba la zona en que se venían produciendo las irregularidades que daban como consecuencia una defraudación patrimonial a la empresa es una medida justificada –ya que existían sospechas razonables de la comisión por parte de los trabajadores de graves irregularidades– idónea para la finalidad pretendida por la empresa –verificar qué trabajador cometía efectivamente las irregularidades sospechadas y adoptar en su contra las medidas disciplinarias correspondientes– necesaria –ya que la grabación servía de prueba de tales irregularidades– y equilibrada –pues la grabación de imágenes se limitó a la zona de la caja y con una duración temporal lo suficientemente amplia para comprobar que no se trataba de un hecho aislado o de una confusión, sino de una conducta ilícita reiterada–. Por todo ello, a juicio de la empresa demandada, debe descartarse que se haya producido lesión alguna del derecho a la intimidad personal consagrado en el art. 18 CE e insiste en afirmar que la grabación del movimiento de las cajas de cobro era una medida adecuada (idónea), necesaria y proporcionada al fin perseguido: evitar sustracciones, sin que los datos grabados se conservaran, se archivaran o se utilizaran para otros fines. 11. Por escrito presentado en el Registro General de este Tribunal de 23 de febrero de 2015 formuló la recurrente escrito de alegaciones en el que vuelve a reiterar los mismos argumentos expuestos en la demanda de amparo. 12. Por providencia de 15 de diciembre de 2015, el Pleno acordó, a propuesta de la Sala Primera y de conformidad con el art. 10.1 n) LOTC, recabar para sí el conocimiento de este recurso de amparo. 13. Por providencia de 1 de marzo de 2016, se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 3 del mismo mes y año. II. Fundamentos jurídicos 1. Según se ha consignado en los antecedentes, la demanda de amparo se fundamenta en la infracción de los arts. 14, 15, 18.1, 18.4 y 24 CE, por haberse admitido como prueba de cargo en el proceso por despido las grabaciones de vídeo presentadas por la empresa, prueba que la recurrente estima nula de pleno derecho al haberse obtenido vulnerando derechos fundamentales del trabajador. Las infracciones de derechos fundamentales alegadas, imputables en primer término al Juzgado de lo Social, lo son asimismo a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Para el Ministerio Fiscal el derecho a la intimidad de la recurrente en amparo resultaba justificadamente limitado, en tanto la filmación se ceñía a la observación del espacio en el que se ubicaba la caja registradora, examinándose su manejo por los empleados al haberse advertido desde tiempo atrás sustanciales descuadres en su contabilidad. A su juicio, la medida era idónea, necesaria y proporcionada. Y, por lo que se refiere al art. 18.4 CE considera que el supuesto es distinto al contemplado en la STC 29/2013, de 11 de febrero, identificándose por el contrario con el resuelto en la STC 186/2000, de 10 de julio. La empresa entiende que la medida ha sido adoptada para proteger su patrimonio, no para monitorizar el trabajo de la recurrente, y además está justificada, es idónea, necesaria y equilibrada, por lo que no se ha producido vulneración alguna del derecho a la intimidad personal ni a la protección de datos de la trabajadora. Debe añadirse, de otro lado, que el presente recurso de amparo tiene especial trascendencia constitucional [art. 50.1 b) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional], pues las especificidades propias del caso permiten a este Tribunal perfilar o aclarar su doctrina en relación con el uso de cámaras de videovigilancia en la empresa [STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2 b)]. Se pretende, así, aclarar el alcance de la información a facilitar a los trabajadores sobre la finalidad del uso de la videovigilancia en la empresa: si es suficiente la información general o, por el contrario, debe existir una información específica (tal como se había pronunciado la STC 29/2013, de 11 de febrero). 2. Antes de abordar el examen de la pretensión de amparo debemos pronunciarnos acerca de la eventual concurrencia de las causas de inadmisión del recurso invocadas, habida cuenta de que no representa impedimento para el análisis de tales objeciones de procedibilidad el hecho de que la demanda de amparo fuese admitida a trámite en su día, ya que, según reiterada doctrina constitucional, los defectos insubsanables de que pueda estar afectada la demanda de amparo no resultan subsanados porque haya sido inicialmente admitida a trámite, pudiendo abordarse por este Tribunal, incluso de oficio, el examen de los presupuestos de viabilidad de la demanda de amparo en fase de sentencia para llegar, en su caso y si tales defectos son apreciados, a la declaración de inadmisión del recurso o del motivo del recurso afectado (por todas, SSTC 99/1993, de 22 de marzo, FJ único; 201/2000, de 24 de julio, FJ 2; 85/2004, de 10 de mayo, FJ 2, y 220/2008, de 31 de enero, FJ 3). a) Señala la representación procesal de la empresa Bershka España, S.A., que no se ha acudido a la interposición del recurso de casación para unificación de doctrina, por lo que la recurrente ha despreciado negligentemente sus oportunidades procesales y ha preferido acudir, per saltum, ante este Tribunal, habiendo privado así a la jurisdicción ordinaria de reparar la lesión de sus derechos fundamentales. La objeción debe ser rechazada. Este Tribunal ha reiterado que la especial naturaleza del recurso de casación para la unificación de doctrina, condicionado legalmente a la concurrencia de rígidos requisitos de admisión sobre identidad y contradicción, determina que su interposición no resulte siempre preceptiva para dar por agotada la vía judicial, siendo únicamente exigible, a los efectos de la subsidiariedad del amparo, cuando no quepa duda respecto de su procedencia. Por lo demás, no es suficiente alegar la abstracta procedencia de tal recurso, sino que, dada su naturaleza extraordinaria, corresponde acreditar la posibilidad de utilizar esa extraordinaria vía a la parte que pretende hacer valer la no interposición del recurso como motivo de inadmisibilidad de la demanda de amparo (por todas SSTC 29/2013, de 11 de febrero, FJ 2; 153/2004, de 20 de septiembre, FJ 2, y 122/2008, de 20 de octubre, FJ 2). Y en el presente caso en modo alguno cumple esa carga quien formula la objeción, pues no ofrece un razonamiento que justifique la viabilidad de su articulación procesal. b) Por su parte, el Ministerio Fiscal considera que el recurso es extemporáneo por haberse prolongado artificialmente el plazo para su interposición al haberse suscitado un recurso manifiestamente improcedente como era el incidente de nulidad de actuaciones. Afirma que en el incidente y en el recurso de suplicación se repiten las mismas vulneraciones, y en el incidente se añade una especificación del art. 18 CE, identificando como tal el derecho a la autodeterminación informativa del art. 18.4 CE que es objeto de desarrollo argumental por vez primera. Ciertamente hemos declarado en distintas ocasiones que la indebida prolongación de la vía judicial previa por causa de la interposición de un recurso no autorizado por la Ley puede ocasionar la extemporaneidad del recurso de amparo por prórroga indebida del plazo establecido en el art. 44.2 LOTC. Pero para que dicha consecuencia se produzca, este Tribunal ha venido exigiendo que la improcedencia del recurso sea evidente, esto es, comprobable prima facie sin intervención de dudas interpretativas que sea necesario despejar por medio de criterios no absolutamente indiscutibles, ya que el respeto debido al derecho de la parte a utilizar cuantos recursos considere útiles para la defensa de sus intereses impide exigirle que se abstenga de emplear aquellos cuya improcedencia sea razonablemente dudosa y, en consecuencia, que asuma el riesgo de incurrir en una falta de agotamiento de la vía judicial previa (entre otras muchas, STC 135/2007, de 4 de junio, FJ 4, y las que en ella se citan). De este modo, es doctrina consagrada que debe permitirse la utilización de cuantos recursos se consideren útiles para la defensa de los intereses de las partes, «siempre que no se vislumbre en ello una intención meramente dilatoria o defraudadora del carácter preclusivo y perentorio del plazo para demandar en amparo» (así, SSTC 352/1993, de 29 de noviembre, FJ 2; 122/1996, de 8 de julio, FJ 3; 267/2000, de 13 de noviembre, FJ 2; 131/2004, de 19 de julio, FJ 2; 77/2005, de 4 de abril, FJ 2, y 233/2005, de 26 de septiembre, FJ 2). Específicamente en relación con la formulación del incidente de nulidad de actuaciones (art. 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), este Tribunal ha afirmado que cuando es admitido a trámite, analizado y resuelto por el órgano judicial, aunque pudiera resultar dudosa su utilización, debe rechazarse este óbice procesal si la demanda de amparo se presenta ante este Tribunal dentro del plazo previsto en el art. 44.2 LOTC, contado a partir de la fecha en la que los órganos judiciales dieron por agotada la vía judicial al desestimar el incidente de nulidad de actuaciones (SSTC 76/2009, de 23 de marzo, FJ 2; 148/2003, de 14 de julio, FJ 2; 20/2004, de 23 de febrero, FJ 3; 131/2004, de 19 de julio, FJ 3; 85/2005, de 18 de abril, FJ 2; 127/2005, de 23 de mayo, FJ 2; 246/2005, de 10 de octubre, FJ 2, y 47/2006, de 13 de febrero, FJ 2). La aplicación de esta doctrina al presente caso lleva a concluir que la formulación del incidente de nulidad de actuaciones no puede considerarse como un recurso manifiestamente improcedente cuya interposición conlleve un alargamiento indebido de la vía judicial previa al recurso de amparo, puesto que el propio órgano judicial ante el que se promovió el incidente, lo admitió a trámite, dio traslado de la pretensión anulatoria a las demás partes, lo analizó y lo resolvió con un pronunciamiento desestimatorio. Así pues, no cabe acoger la objeción de extemporaneidad alegada por el Ministerio Fiscal. Por lo que se refiere a la alegación por primera vez en el incidente de nulidad de actuaciones de la vulneración del art. 18.4 CE, debemos recordar que «con esta exigencia de ‘que se haya invocado formalmente en el proceso el derecho constitucional vulnerado, tan pronto como, una vez conocida la violación, hubiere lugar para ello’ [art. 44.1 c) LOTC], este Tribunal ha reiterado su importancia para proteger el carácter subsidiario del recurso de amparo, que resultaría desvirtuado si ante la jurisdicción constitucional pudieran traerse cuestiones sobre las que previamente no se hubiese dado ocasión de pronunciarse a los órganos del Poder Judicial, que son los que de modo directo y en primer término garantizan los derechos fundamentales que la Constitución proclama, según resulta claramente del art. 53.2 CE. De este artículo, interpretado conjuntamente con el art. 44 LOTC, se desprende entonces que solamente cuando en sede ordinaria se descuide la protección del derecho puede recabarse la tutela del mismo de este Tribunal Constitucional. De ahí que aunque deba rechazarse una interpretación literal o excesivamente rigorista del requisito, que imponga la cita concreta y numérica del precepto constitucional presuntamente infringido o la mención del nomen iuris del derecho supuestamente vulnerado, sí deba al menos exigirse que se dé a los órganos de la jurisdicción ordinaria la posibilidad de pronunciarse y reparar, en su caso, la lesión constitucional posteriormente alegada ante este Tribunal. Lo contrario sería tanto como vaciar de contenido una norma cuya trascendente finalidad ya ha quedado explicitada (son exponentes de esta doctrina, entre muchas otras, las SSTC 53/2012, de 29 de marzo, FJ 2, y 201/2000, de 24 de julio, FJ 3)» (STC 117/2014, de 8 de julio, FJ 3). En el supuesto ahora enjuiciado, el examen de las actuaciones permite constatar que en su demanda de despido, así como en el recurso de suplicación, la recurrente puso de manifiesto que en el centro de trabajo no existía comunicación al público ni carteles comunicativos de la existencia de cámaras de videograbación, ni tampoco comunicación a la Agencia Española de Protección de Datos, ni comunicación o informe previo del comité de empresa de la instalación de la videograbación. Con estas alegaciones, y aunque en su demanda la recurrente planteó con carácter general la vulneración de su derecho a la intimidad, el problema de la protección de datos, directamente relacionado con el derecho a la intimidad, pudo haber sido abordado por el órgano judicial. La estrecha relación que existe entre el derecho a la intimidad y el derecho a la protección de datos, unida a las afirmaciones genéricas de la recurrente en amparo, han permitido que, desde el principio, los órganos judiciales ordinarios hayan podido pronunciarse sobre ambos derechos. Por ello, de acuerdo con la doctrina constitucional antes expuesta, ha de considerarse que la demandante ha satisfecho el requisito de invocación previsto en el art. 44.1 c) LOTC, por más que haya sido en el incidente de nulidad de actuaciones donde haya hecho una referencia expresa al art. 18.4 CE. Por último, como apunta el Ministerio Fiscal, aunque en la demanda se alega vulneración de los arts. 14, 15, 18.1, 18.4 y 24.1 CE, nuestro enjuiciamiento se va a limitar a los arts. 18.1 y 18.4 CE, pues respecto de los arts. 14 y 15 CE no hay en la demanda desarrollo argumental alguno, lo que impide a este Tribunal entrar a examinar su contenido conforme a reiterada doctrina (por todas, SSTC 89/2010, de 15 de noviembre, FJ 2, y 182/2011, de 21 de noviembre, FJ 1), que imposibilita la reconstrucción de oficio de la demanda de amparo. Y, por lo que se refiere al art. 24.1 CE, la demanda justifica el pretendido desconocimiento del derecho a la intimidad personal tanto en la sentencia de instancia como en la de suplicación como parte integrante de la pretendida afectación del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE. Se afirma, así, que aquellas resoluciones judiciales carecen de racionalidad y dicha reivindicada carencia se sustenta en base a lo que la recurrente estima como un incorrecto entendimiento del derecho a la intimidad personal. En consecuencia, el análisis de esta vulneración habrá de hacerse exclusivamente desde la óptica del derecho fundamental sustantivo (art. 18.1 CE). 3. Por lo que se refiere, en primer lugar, a la vulneración del art. 18.4 CE, derecho a la protección de datos, debemos recordar que la imagen se considera un dato de carácter personal, en virtud de lo establecido en el art. 3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, que considera dato de carácter personal «cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables», y el art. 5.1 f) del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, que considera como dato de carácter personal la información gráfica o fotográfica. Como afirma la STC 292/2000, de 30 de noviembre, FJ 7, «el contenido del derecho fundamental a la protección de datos consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos poderes de disposición y control sobre los datos personales, que constituyen parte del contenido del derecho fundamental a la protección de datos se concretan jurídicamente en la facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los datos personales, su posterior almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos posibles, por un tercero, sea el Estado o un particular. Y ese derecho a consentir el conocimiento y el tratamiento, informático o no, de los datos personales, requiere como complementos indispensables, por un lado, la facultad de saber en todo momento quién dispone de esos datos personales y a qué uso los está sometiendo, y, por otro lado, el poder oponerse a esa posesión y usos». Son así elementos característicos de la definición constitucional del derecho fundamental a la protección de datos personales «los derechos del afectado a consentir sobre la recogida y uso de sus datos personales y a saber de los mismos. Y resultan indispensables para hacer efectivo ese contenido el reconocimiento del derecho a ser informado de quién posee sus datos personales y con qué fin, y el derecho a poder oponerse a esa posesión y uso requiriendo a quien corresponda que ponga fin a la posesión y empleo de los datos. Es decir, exigiendo del titular del fichero que le informe de qué datos posee sobre su persona, accediendo a sus oportunos registros y asientos, y qué destino han tenido, lo que alcanza también a posibles cesionarios; y, en su caso, requerirle para que los rectifique o los cancele» (STC 292/2000, de 30 de noviembre, FJ 7). El consentimiento del afectado es, por tanto, el elemento definidor del sistema de protección de datos de carácter personal. La Ley Orgánica de protección de datos de carácter personal (LOPD) establece el principio general de que el tratamiento de los datos personales solamente será posible con el consentimiento de sus titulares, salvo que exista habilitación legal para que los datos puedan ser tratados sin dicho consentimiento. En este sentido, no podemos olvidar que conforme señala la STC 292/2000, de 30 de noviembre, FJ 16, «es el legislador quien debe determinar cuándo concurre ese bien o derecho que justifica la restricción del derecho a la protección de datos personales y en qué circunstancias puede limitarse y, además, es el quien debe hacerlo mediante reglas precisas que hagan previsible al interesado la imposición de tal limitación y sus consecuencias». De este modo, el art. 6.1 LOPD prevé que «el tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la ley disponga otra cosa». El propio art. 6 LOPD, en su apartado 2, enumera una serie de supuestos en los que resulta posible el tratar y ceder datos sin recabar el consentimiento del afectado; en concreto, «no será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se recojan para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones públicas en el ámbito de sus competencias; cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento; cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad proteger un interés vital del interesado en los términos del artículo 7, apartado 6, de la presente Ley, o cuando los datos figuren en fuentes accesibles al público y su tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen los datos, siempre que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado». En el ámbito laboral el consentimiento del trabajador pasa, por tanto, como regla general a un segundo plano pues el consentimiento se entiende implícito en la relación negocial, siempre que el tratamiento de datos de carácter personal sea necesario para el mantenimiento y el cumplimiento del contrato firmado por las partes. Esta excepción a la exigencia de consentimiento aparece también recogida en el art. 10.3 b) del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, según el cual los datos de carácter personal podrán tratarse sin necesidad del consentimiento del interesado cuando «se recaben por el responsable del tratamiento con ocasión de la celebración de un contrato o precontrato o de la existencia de una relación negocial, laboral o administrativa de la que sea parte el afectado y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento». La dispensa del consentimiento se refiere, así, a los datos necesarios para el mantenimiento y cumplimiento de la relación laboral, lo que abarca, sin duda, las obligaciones derivadas del contrato de trabajo. Por ello un tratamiento de datos dirigido al control de la relación laboral debe entenderse amparado por la excepción citada, pues está dirigido al cumplimiento de la misma. Por el contrario, el consentimiento de los trabajadores afectados sí será necesario cuando el tratamiento de datos se utilice con finalidad ajena al cumplimiento del contrato. Ahora bien, aunque no sea necesario el consentimiento en los casos señalados, el deber de información sigue existiendo, pues este deber permite al afectado ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición y conocer la dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, del representante (art. 5 LOPD). El deber de información previa forma parte del contenido esencial del derecho a la protección de datos, pues resulta un complemento indispensable de la necesidad de consentimiento del afectado. El deber de información sobre el uso y destino de los datos personales que exige la Ley Orgánica de protección de datos de carácter personal está íntimamente vinculado con el principio general de consentimiento para el tratamiento de los datos, pues si no se conoce su finalidad y destinatarios, difícilmente puede prestarse el consentimiento. Por ello, a la hora de valorar si se ha vulnerado el derecho a la protección de datos por incumplimiento del deber de información, la dispensa del consentimiento al tratamiento de datos en determinados supuestos debe ser un elemento a tener en cuenta dada la estrecha vinculación entre el deber de información y el principio general de consentimiento. La no exigencia de consentimiento en determinados supuestos tiene también repercusión en otro de los principios de la protección de datos, el denominado por el art. 4 LOPD, calidad de los datos. El art. 4.1 LOPD establece que «los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido». Debe existir, así, una relación directa entre la finalidad que justifica el fichero y los datos personales que se recaban y que afectan a los derechos de las personas. Además, de conformidad con el apartado 2 del citado art. 4 LOPD, «los datos de carácter personal objeto de tratamiento no podrán usarse para finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos». La utilización de un fichero para finalidades incompatibles representa una vulneración del principio de calidad, así como del principio de consentimiento e información. De hecho, el Real Decreto 1720/2007 regula expresamente la solicitud del consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos personales en el marco de una relación contractual para fines no relacionados directamente con la misma. Así, se establece que «si el responsable del tratamiento solicitase el consentimiento del afectado durante el proceso de formación de un contrato para finalidades que no guarden relación directa con el mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual, deberá permitir al afectado que manifieste expresamente su negativa al tratamiento o comunicación de datos» (art. 15). Por lo tanto, solo cuando la finalidad del tratamiento de datos no sea el mantenimiento, desarrollo y control de la relación contractual se necesita consentimiento del afectado. En todo caso, el incumplimiento del deber de requerir el consentimiento del afectado para el tratamiento de datos o del deber de información previa sólo supondrá una vulneración del derecho fundamental a la protección de datos tras una ponderación de la proporcionalidad de la medida adoptada. Como señala la STC 292/2000, FJ 11, «el derecho a la protección de datos no es ilimitado, y aunque la Constitución no le imponga expresamente límites específicos, ni remita a los poderes públicos para su determinación como ha hecho con otros derechos fundamentales, no cabe duda de que han de encontrarlos en los restantes derechos fundamentales y bienes jurídicos constitucionalmente protegidos, pues así lo exige el principio de unidad de la Constitución». 4. Aplicando la doctrina expuesta al tratamiento de datos obtenidos por la instalación de cámaras de videovigilancia en el lugar de trabajo, que es el problema planteado en el presente recurso de amparo, debemos concluir que el empresario no necesita el consentimiento expreso del trabajador para el tratamiento de las imágenes que han sido obtenidas a través de las cámaras instaladas en la empresa con la finalidad de seguridad o control laboral, ya que se trata de una medida dirigida a controlar el cumplimiento de la relación laboral y es conforme con el art. 20.3 del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores, que establece que «el empresario podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad humana». Si la dispensa del consentimiento prevista en el art. 6 LOPD se refiere a los datos necesarios para el mantenimiento y el cumplimiento de la relación laboral, la excepción abarca sin duda el tratamiento de datos personales obtenidos por el empresario para velar por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo. El consentimiento se entiende implícito en la propia aceptación del contrato que implica reconocimiento del poder de dirección del empresario. En definitiva, la exigencia de finalidad legítima en el tratamiento de datos prevista en el art. 4.1 LOPD viene dada, en el ámbito de la videovigilancia laboral, por las facultades de control empresarial que reconoce el art. 20.3 del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores, siempre que esas facultades se ejerzan dentro de su ámbito legal y no lesionen los derechos fundamentales del trabajador. Por ello, como hemos señalado, aunque no se requiere el consentimiento expreso de los trabajadores para adoptar esta medida de vigilancia que implica el tratamiento de datos, persiste el deber de información del art. 5 LOPD. Sin perjuicio de las eventuales sanciones legales que pudieran derivar, para que el incumplimiento de este deber por parte del empresario implique una vulneración del art. 18.4 CE exige valorar la observancia o no del principio de proporcionalidad. Debe ponderarse así el derecho a la protección de datos y las eventuales limitaciones al mismo justificadas en el cumplimiento de las obligaciones laborales y las correlativas facultades empresariales de vigilancia y control reconocidas en el art. 20.3 del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores, en conexión con los arts. 33 y 38 CE. En efecto, la relevancia constitucional de la ausencia o deficiencia de información en los supuestos de videovigilancia laboral exige la consiguiente ponderación en cada caso de los derechos y bienes constitucionales en conflicto; a saber, por un lado, el derecho a la protección de datos del trabajador y, por otro, el poder de dirección empresarial imprescindible para la buena marcha de la organización productiva, que es reflejo de los derechos constitucionales reconocidos en los arts. 33 y 38 CE y que, como se ha visto, en lo que ahora interesa se concreta en la previsión legal ex art. 20.3 del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores que expresamente faculta al empresario a adoptar medidas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por los trabajadores de sus obligaciones laborales (SSTC 186/2000, de 10 de julio, FJ 5, y 170/2013, de 7 de octubre, FJ 3). Esta facultad general de control prevista en la ley legitima el control empresarial del cumplimiento por los trabajadores de sus tareas profesionales (STC 170/2013, de 7 de octubre, y STEDH de 12 de enero de 2016, caso Barbulescu v. Rumania), sin perjuicio de que serán las circunstancias de cada caso las que finalmente determinen si dicha fiscalización llevada a cabo por la empresa ha generado o no la vulneración del derecho fundamental en juego. Obviamente, el sometimiento de la falta o insuficiencia de información al reiterado juicio de proporcionalidad requerirá determinar en cada supuesto, con carácter previo, si se ha producido o no la indicada omisión de la información debida. Pues bien, centrándonos ya en el presente caso, la recurrente en amparo considera vulnerado el art. 18.4 CE porque no había sido informada previamente de la instalación de cámaras de videovigilancia en el puesto de trabajo. Como señala la Sentencia recurrida, las cámaras de videovigilancia instaladas en la tienda donde prestaba sus servicios la recurrente en amparo captaron su imagen apropiándose de dinero y realizando, para ocultar dicha apropiación, operaciones falsas de devoluciones de venta de prendas. Ante estos hechos la trabajadora fue despedida. Según consta en los hechos probados de las resoluciones recurridas, la cámara estaba situada en el lugar donde se desarrollaba la prestación laboral, enfocando directamente a la caja, y en el escaparate del establecimiento, en un lugar visible, se colocó el distintivo informativo exigido por la instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras. La necesidad de adecuar la videovigilancia a las exigencias del derecho fundamental a la protección de datos ha llevado a la Agencia Española de Protección de Datos, en ejercicio de la competencia que le atribuye el art. 37.1 c) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, a dictar la citada instrucción para adecuar los tratamientos de imágenes con fines de vigilancia a los principios de dicha Ley Orgánica y garantizar los derechos de las personas cuyas imágenes son tratadas por medio de tales procedimientos. Esta instrucción, en su artículo 3, exige a los responsables que cuenten con sistemas de videovigilancia cumplir con el deber de información previsto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, y a tal fin deberán «colocar, en las zonas videovigiladas, al menos un distintivo informativo ubicado en lugar suficientemente visible, tanto en espacios abiertos como cerrados» y «tener a disposición de los/las interesados impresos en los que se detalle la información prevista en el art. 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999». El contenido y el diseño del distintivo informativo se ajustará a lo previsto en el anexo de esta instrucción, según el cual, el distintivo deberá incluir una referencia a la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos, una mención a la finalidad para la se tratan los datos («zona videovigilada») y una mención expresa a la identificación del responsable ante quien puedan ejercitarse los derechos a los que se refieren los arts. 15 y siguientes de la Ley Orgánica 15/1999. Como hemos señalado, en cumplimiento de esta obligación, la empresa colocó el correspondiente distintivo en el escaparate de la tienda donde prestaba sus servicios la recurrente en amparo, por lo que ésta podía conocer la existencia de las cámaras y la finalidad para la que habían sido instaladas. Se ha cumplido en este caso con la obligación de información previa pues basta a estos efectos con el cumplimiento de los requisitos específicos de información a través del distintivo, de acuerdo con la instrucción 1/2006. El trabajador conocía que en la empresa se había instalado un sistema de control por videovigilancia, sin que haya que especificar, más allá de la mera vigilancia, la finalidad exacta que se le ha asignado a ese control. Lo importante será determinar si el dato obtenido se ha utilizado para la finalidad de control de la relación laboral o para una finalidad ajena al cumplimiento del contrato, porque sólo si la finalidad del tratamiento de datos no guarda relación directa con el mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual el empresario estaría obligado a solicitar el consentimiento de los trabajadores afectados. En este caso, el sistema de videovigilancia captó la apropiación de efectivo de la caja de la tienda por parte de la recurrente que por este motivo fue despedida disciplinariamente. Por tanto, el dato recogido fue utilizado para el control de la relación laboral. No hay que olvidar que las cámaras fueron instaladas por la empresa ante las sospechas de que algún trabajador de la tienda se estaba apropiando de dinero de la caja. En consecuencia, teniendo la trabajadora información previa de la instalación de las cámaras de videovigilancia a través del correspondiente distintivo informativo, y habiendo sido tratadas las imágenes captadas para el control de la relación laboral, no puede entenderse vulnerado el art. 18.4 CE. Por ello, el control que debe realizar este Tribunal de las resoluciones judiciales recurridas en amparo ha de recaer, precisamente en enjuiciar si, como exige la doctrina reiterada de este Tribunal, el órgano jurisdiccional ha ponderado adecuadamente que la instalación y empleo de medios de captación y grabación de imágenes por la empresa ha respetado el derecho a la intimidad personal de la solicitante de amparo, de conformidad, nuevamente, con las exigencias del principio de proporcionalidad (SSTC 186/2000, de 10 de julio, FJ 6, y 98/2000, de 10 de abril, FJ 8). 5. Como señala la STC 186/2000, de 10 de julio, FJ 6, «el empresario no queda apoderado para llevar a cabo, so pretexto de las facultades de vigilancia y control que le confiere el art. 20.3 LET, intromisiones ilegítimas en la intimidad de sus empleados en los centros de trabajo. Los equilibrios y limitaciones recíprocos que se derivan para ambas partes del contrato de trabajo suponen, por lo que ahora interesa, que también las facultades organizativas empresariales se encuentran limitadas por los derechos fundamentales del trabajador, quedando obligado el empleador a respetar aquéllos (STC 292/1993, de 18 de octubre, FJ 4). Este Tribunal viene manteniendo que, desde la prevalencia de tales derechos, su limitación por parte de las facultades empresariales sólo puede derivar del hecho de que la propia naturaleza del trabajo contratado implique la restricción del derecho (SSTC 99/1994, de 11 de abril, FJ 7; 6/1995, de 10 de enero, FJ 3, y 136/1996, de 23 de julio, FJ 7). Pero, además de ello, la jurisprudencia constitucional ha mantenido, como no podía ser de otro modo, que el ejercicio de las facultades organizativas y disciplinarias del empleador no puede servir en ningún caso a la producción de resultados inconstitucionales, lesivos de los derechos fundamentales del trabajador (así, entre otras, SSTC 94/1984, de 16 de octubre; 108/1989, de 8 de junio; 171/1989, de 19 de octubre; 123/1992, de 28 de septiembre; 134/1994, de 9 de mayo, y 173/1994, de 7 de junio), ni a la sanción del ejercicio legítimo de tales derechos por parte de aquél (STC 11/1981, de 8 de abril, FJ 22). Por eso, este Tribunal ha puesto de relieve la necesidad de que las resoluciones judiciales, en casos como el presente, preserven «el necesario equilibrio entre las obligaciones dimanantes del contrato para el trabajador y el ámbito –modulado por el contrato, pero en todo caso subsistente– de su libertad constitucional (STC 6/1998, de 13 de enero), pues, dada la posición preeminente de los derechos fundamentales en nuestro ordenamiento, esa modulación sólo deberá producirse en la medida estrictamente imprescindible para el correcto y ordenado respeto de los derechos fundamentales del trabajador y, muy especialmente, del derecho a la intimidad personal que protege el art. 18.1 CE, teniendo siempre presente el principio de proporcionalidad». En efecto, de conformidad con la doctrina de este Tribunal, la constitucionalidad de cualquier medida restrictiva de derechos fundamentales viene determinada por la estricta observancia del principio de proporcionalidad. A los efectos que aquí importan, basta con recordar que para comprobar si una medida restrictiva de un derecho fundamental supera el juicio de proporcionalidad, es necesario constatar si cumple los tres requisitos o condiciones siguientes: si tal medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad); si, además, es necesaria, en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia (juicio de necesidad); y, finalmente, si la misma es ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto) [SSTC 66/1995, de 8 de mayo, FJ 5; 55/1996, de 28 de marzo, FFJJ 6, 7, 8 y 9; 207/1996, de 16 de diciembre, FJ 4 e), y 37/1998, de 17 de febrero, FJ 8] Del razonamiento contenido en las Sentencias recurridas se desprende que, en el caso que nos ocupa, la medida de instalación de cámaras de seguridad que controlaban la zona de caja donde la demandante de amparo desempeñaba su actividad laboral era una medida justificada (ya que existían razonables sospechas de que alguno de los trabajadores que prestaban servicios en dicha caja se estaba apropiando de dinero); idónea para la finalidad pretendida por la empresa (verificar si algunos de los trabajadores cometía efectivamente las irregularidades sospechadas y en tal caso adoptar las medidas disciplinarias correspondientes); necesaria (ya que la grabación serviría de prueba de tales irregularidades); y equilibrada (pues la grabación de imágenes se limitó a la zona de la caja), por lo que debe descartarse que se haya producido lesión alguna del derecho a la intimidad personal consagrado en el art. 18.1 CE. FALLO En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA, Ha decidido Desestimar el recurso de amparo interpuesto por doña Mónica Rebeca Liberato Rodríguez. Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». Dada en Madrid, a tres de marzo de dos mil dieciséis.–Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.–Adela Asua Batarrita.–Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan José González Rivas.–Santiago Martínez-Vares García.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Antonio Narváez Rodríguez.–Firmado y rubricado. Voto particular que formula el Magistrado don Fernando Valdés Dal-Ré a la Sentencia dictada en el recurso de amparo avocado núm. 7222-2013, al que se adhiere la Magistrada doña Adela Asua Batarrita I. Preliminar. 1. Como manifesté durante la deliberación del presente proceso constitucional, disiento de la decisión mayoritariamente adoptada. Dentro del máximo respeto hacia el parecer de mis compañeros del Pleno, quiero expresar, desde un principio y sin reserva alguna, mi intensa y extensa discrepancia. Primeramente, con la doctrina que se sienta sobre los derechos fundamentales concernidos, en particular respecto del art. 18.4 CE; pero de seguido, y también, con el método de enjuiciamiento que se utiliza así como con el canon de constitucionalidad que se aplica. En esta fase preliminar de la exposición de mi disentimiento, me siento obligado a manifestar la insólita forma con la que la presente resolución se separa de la jurisprudencia ya elaborada por este Tribunal sobre el derecho a la protección de datos de carácter personal en supuestos de video-vigilancia laboral, contenida de manera señalada en la STC 29/2013, de 11 de febrero, y que se articula –y es esta omisión la que me parece en verdad censurable– sin hacer esfuerzo alguno por abrir un diálogo en divergencia, ofreciendo al menos explicaciones, aun cuando fueran de manera sumaria pero fundada, en relación con los dos siguientes aspectos: de un lado, la identidad o no tanto de las circunstancias fácticas –que, por cierto, el Ministerio Fiscal niega– como de los derechos controvertidos en una y otra resolución y, de otro, los motivos de tan relevante alteración. De seguro, la nueva opinión del Tribunal se erige desde el mismo momento de su adopción, conforme dispone el art. 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en fuente de interpretación y aplicación de las normas en relación con esta tipología de conflictos; pero el proceso de cambio doctrinal se ha llevado a cabo sin aportar la obligada argumentación jurídico-constitucional sobre las razones que conducen a abandonar una jurisprudencia cuyo objetivo, primero y esencial, fue el fijar los límites del contenido esencial del derecho fundamental que el art. 18.4 CE confiere a los trabajadores. En relación con este silente modo de introducir un drástico giro en la doctrina establecida por este Tribunal, no me parece impertinente recordar la obligación de motivar, en particular en caso de apartamiento de nuestros propios precedentes. Pero esta mutación jurisprudencial no solo me parece objetable por la forma; lo es, sobre todo, por el fondo. Anticipando la conclusión final que he de desarrollar en breve, la doctrina ahora defendida se sitúa en esa senda, para mí preocupante, de retroceso en la protección de los derechos fundamentales de las personas que prestan un trabajo asalariado y que vengo denunciando en los últimos años a través de una sucesión de votos particulares. Una senda que revela una orientación que tiende a vaciar de contenido sustantivo un modelo constitucional de relaciones laborales acorde con el Estado social y democrático de Derecho (art. 1.1 CE). Por lo demás, tampoco quiero dejar de hacer constar que este pronunciamiento regresivo resultaba, a mi juicio, de todo punto innecesario. Los diversos intereses legítimos y constitucionales, enfrentados en este concreto conflicto, pudieron quedar perfectamente garantizados sin el sacrificio que la presente Sentencia lleva a cabo respecto de los derechos involucrados en el art. 18.4 CE de titularidad de quienes prestan un trabajo por cuenta ajena y dependiente. II. El juicio sobre el art. 18.4 CE. A) Una colisión de derechos ficticia. Contenido esencial versus ponderación y proporcionalidad. 2. La Sentencia responde a una noción del poder de dirección empresarial contraindicada por el modelo de relaciones laborales que instaura la Constitución. De forma directa y sin matización alguna, se atribuye a los poderes empresariales, genéricamente considerados, una conexión universal de constitucionalidad con los arts. 33 y 38 CE (párrafo tercero, FJ 4), improvisando y fraguando ex novo, con tales mimbres, conflictos entre derechos constitucionales que en realidad no concurren. No puedo en modo alguno compartir, desde una inteligencia constitucional de las relaciones laborales, esa concepción que convierte las facultades de vigilancia y control empresarial de la actividad laboral reguladas en la Ley del estatuto de los trabajadores (LET) en una fuente constitucional a partir de la cual pueda sostenerse una colisión conflictiva de derechos frente a los que alegan los trabajadores con una expresa invocación de sus derechos fundamentales, con el efecto consiguiente de conducir la solución del recurso planteado a una lógica ponderativa sometida al principio de proporcionalidad. A mi juicio, ni el art. 20.3 LET es un parámetro de constitucionalidad que limite los derechos fundamentales en el seno de la organización empresarial, siendo exclusivamente, y no es poco, una regla jurídica rectora de la relación contractual; ni los poderes o facultades empresariales son, sin excepción y de manera universal, expresiones directas e indefectibles de los arts. 33 y 38 CE que quepa confrontar de manera mecánica y sin mayor fundamentación con los derechos fundamentales de los trabajadores; ni, en fin, las facultades del empresario y, menos aún si se ejercen de modo irregular o desviado, como más adelante tendré ocasión de razonar, pueden restringir aquellos derechos en el ámbito de las organizaciones productivas, incluidos, claro está, los formulados en el art. 18 CE. Muy antes al contrario, los poderes y facultades del empleador quedan delimitados por el contenido esencial de los derechos fundamentales de los trabajadores, resultando obligado tener presente que dichos derechos delinean la regularidad del ejercicio de tales poderes y facultades. Unos y otras solo pueden ejercitarse en términos acordes con el ámbito en el que la plenitud del contenido esencial de aquellos derechos (art. 53.1 CE) quede garantizada. 3. Descartando este obligado método de enjuiciamiento, la presente Sentencia olvida que el contenido esencial de los derechos fundamentales constituye el obligado e imprescindible referente del juicio de constitucionalidad y que no cualquier factor comprometido, como aquí acontece con el interés o el derecho empresarial de vigilar el cumplimiento de la relación laboral, puede oponerse a su garantía sustantiva. Aceptando de manera acrítica que cualquier escenario de «conflicto de intereses» abre en el ámbito de las relaciones laborales un «conflicto de derechos fundamentales o bienes constitucionales merecedores de tutela», la Sentencia de mi disenso sortea y da de lado el juicio propio del contenido esencial de los derechos fundamentales, desembocando en una lógica de ponderación y proporcionalidad. Con semejante proceder metodológico, el contenido esencial del derecho fundamental a examen se diluye y la razón empresarial termina siempre imponiéndose, pues en la práctica totalidad de los conflictos entre las dos partes del contrato de trabajo resulta una tarea sencilla el crear recursos dialécticos para su empleo en una inteligencia de proporcionalidad. Y ello, aun cuando en modo alguno tales recursos resulten útiles en un examen dirigido a asegurar el contenido esencial de los derechos frente a medidas invasivas articuladas con meros apoyos legales. Aquí reside la clave de mi discrepancia. Esta torcedura del canon de enjuiciamiento y del referente de la tutela, explicitado con toda claridad en el art. 53.1 CE, no solo revela una desviación del juicio de constitucionalidad; adicionalmente, también evidencia una concepción de la empresa ajena a la cláusula social reconocida de manera explícita por nuestro texto constitucional, segregada de la sociedad civil e inmune a la Constitución. Es esta una concepción en la que los derechos fundamentales del trabajador no sólo se ven modalizados en función de la prestación concertada en el marco de un contrato de trabajo y de los deberes contractuales de ella nacidos; además y por encima de ello, esos derechos son suprimidos o, en el mejor de los casos, debilitados en su efectividad con vistas a asegurar una autoridad indiscutida y omnímoda del empresario, cuyos poderes e intereses, con carácter universal o sin apenas excepción, adquieren automáticamente y con el apoyo de los arts. 33 y 38 CE un rango de constitucionalidad y preeminencia, sin matices, contenciones o medidas. Frente a esa concepción, desterrada afortunadamente por nuestro texto constitucional desde su mismo pórtico (artículo 1.1), la efectiva cobertura de los derechos del trabajador y los de sus organizaciones representativas, columna vertebral del nuevo modelo de relaciones laborales informado por la Constitución, obliga a una visión distinta, gobernada por otros principios y generadora de valores que, resultando compatibles con las cláusulas de la denominada constitución económica, garanticen de manera real y efectiva el ejercicio por los trabajadores de los derechos fundamentales vinculados a su personalidad, a su condición de personas, y que, en modo alguno, pueden ser minados o atenuados por el simple hecho de celebrar ese negocio jurídico en que consiste el contrato de trabajo e integrarse, a resultas de ello, en una organización de mercado. En la defensa de ese modelo ha estado comprometida la jurisprudencia constitucional hasta fechas recientes, en las que parece haberse optado por introducir factores de desprotección, descartando incluso la búsqueda de un reequilibrio, en la hipótesis de haberse entendido que en el pasado pudieron haberse producido excesos de tutela en la delimitación de la cobertura constitucional. Por ello, ante esos expedientes técnicos que diluyen el contenido esencial del art. 53.1 CE, me veo obligado a recordar las palabras de nuestra STC 88/1985, de 19 de julio, FJ 2, que había ya confiado en no tener que reproducir treinta años después de ser escritas: «ni las organizaciones empresariales forman mundos separados y estancos del resto de la sociedad ni la libertad de Empresa que establece el art. 38 del texto constitucional legitima el que quienes prestan servicios en aquéllas por cuenta y bajo la dependencia de sus titulares deban soportar despojos transitorios o limitaciones injustificadas de sus derechos fundamentales y libertades públicas, que tienen un valor central y nuclear en el sistema jurídico constitucional. Las manifestaciones de ‘feudalismo industrial’ repugnan al Estado social y democrático de Derecho y a los valores superiores de libertad, justicia e igualdad a través de los cuales ese Estado toma forma y se realiza (art. 1.1)». B) El exceso del exceso: no sólo la colisión ficticia de derechos sino, adicionalmente, la colisión en la antijuridicidad. 4. Bastaría con lo expuesto para dar por cerrada mi discrepancia. Sin embargo, la Sentencia de la que me aparto ha elegido ir más lejos todavía. No se conforma con la levedad argumental de convertir cualquier actividad vinculada con el ejercicio de las facultades y derechos del art. 20.3 LET en una directa expresión amparada en los arts. 33 y 38 CE, ni con la pretendida concurrencia de tales preceptos constitucionales para deducir de manera errática la existencia de una colisión con los derechos fundamentales de los trabajadores, extrayendo el conflicto interpretativo del análisis del contenido esencial y arrastrándolo así a un juicio de ponderación entre derechos constitucionales. En el presente caso, lejos de detenerse en el enunciado y defensa de esa doctrina, la Sentencia procede a dar una extravagante vuelta de tuerca, sosteniendo la tesis de que el escenario de confrontación entre derechos –y, por tanto, la necesidad de utilizar juicios de ponderación y proporcionalidad– concurre incluso si los poderes empresariales se ejercitan con manifiesta irregularidad o exceso; esto es, fuera del marco de la ley. Tras haberse enunciado con la necesaria continencia y con la debida cita de la STC 292/2000, de 30 de noviembre, que el derecho a la protección de datos (art. 18.4 CE) no es ilimitado y puede encontrar condicionantes en los restantes derechos fundamentales y bienes jurídicos constitucionalmente protegidos, la presente resolución, en efecto, se libera de todo complejo y concibe esa concurrencia conflictiva no solo en casos de un ejercicio ordinario y ajustado a Derecho por el empresario de las facultades empresariales que le reconocen el art. 20.3 LET, instaladas con presteza y universalidad, como ya se argumentó, en los arts. 33 y 38 CE; superando toda razonable limitación argumentativa, hace constar que también resulta obligado recurrir al juicio de ponderación cuando el poder empresarial ejercitado incurre en incumplimientos legales. O por formular la idea en términos más próximos al caso a examen, en el decir de la Sentencia hay conflicto de derechos y necesidad de ponderación en clave de proporcionalidad incluso si el empresario manifiestamente no atiende e inobserva, sea cual fuere la causa, el deber legal de informar a los trabajadores ex art. 5 de la Ley Orgánica de protección de datos de carácter personal (LOPD). A fin de no razonar en el vacío o, lo que es igual, con vistas a acreditar la anterior aseveración, remito a la lectura de algunas afirmaciones contenidas en los párrafos tercero y cuarto del fundamento jurídico 4, de las que se deducen sin esfuerzo alguno proposiciones tan insólitas como las que se transcriben en su literalidad: «sin perjuicio de las eventuales sanciones legales que pudieran derivar, para que el incumplimiento de este deber por parte del empresario implique una vulneración del art. 18.4 CE exige valorar la observancia o no del principio de proporcionalidad»; o «en efecto, la relevancia constitucional de la ausencia o deficiencia de información en los supuestos de video-vigilancia laboral exige la consiguiente ponderación en cada caso de los derechos y bienes constitucionales en conflicto». Tales argumentaciones se sostienen con naturalidad y desenvoltura, pese a haberse recordado en la primera parte de la Sentencia que el deber de información previa forma parte del contenido esencial del derecho a la protección de datos (art. 18.4 CE), actuando como un complemento indispensable de la necesidad de consentimiento del afectado. En un contexto argumentativo como el expuesto, hay base para inferir que un acto de control empresarial encuadrable por su finalidad en el art. 20.3 LET, pero ejercido antijurídicamente y contra lo previsto en el art. 5 LOPD, puede prevalecer sobre el derecho fundamental del art. 18.4 CE y sobre la doctrina de este Tribunal, sentada en las SSTC 292/2000, de 30 de noviembre, y 29/2013, de 11 de febrero, si así se dedujera tras el pertinente juicio de ponderación y proporcionalidad efectuado. Si mi apreciación no quedara desmentida, una tesis semejante constituiría, sencillamente, un despropósito jurídico-constitucional, pudiendo arrastrar un caudal de consecuencias prácticas de imposible aceptación en nuestro Estado social. C) La Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre. 5. La gravedad de la argumentación expuesta y la levedad de su fundamentación se acentúan al comprobar como la resolución de la que me aparto termina por abandonar el discurso de los poderes empresariales y de los derechos y límites de los derechos fundamentales en el marco del contrato de trabajo para situar su ratio decidendi, en lo que concierne a la presunta violación del art. 18.4 CE, en un escenario por completo ajeno a ese discurso. Haciendo un imprevisto giro en el razonamiento hasta entonces llevado a cabo, en los pasajes finales del fundamento jurídico 4, en efecto, se erige como elemento decisivo para el juicio de constitucionalidad el contenido de las Instrucciones de la Agencia Española de Protección de Datos; en concreto, el de la 1/2006, de 8 de noviembre, que parece convertirse así en parámetro o canon de constitucionalidad. Acaso, el tránsito por camino tan espinoso puede haber sido debido a la desatención hacia la STC 29/2013, de 11 de febrero, que expresamente recordaba que la Constitución ha querido que la ley, y sólo la ley, pueda fijar los límites a un derecho fundamental. Pero sea como fuere y más allá de la razón determinante, me resulta imposible admitir que el derecho de los trabajadores a ser informados sobre la suerte de los datos obtenidos por su empleador, derecho este que forma parte del núcleo fuerte del habeas data, pueda concretarse en una mera pegatina con el correspondiente distintivo visible en un cristal, una vez cumplido, eso sí, en contenido y diseño –como recuerda la Ponencia aprobada– el sin duda trascendente anexo de la Instrucción citada. Contrariando de manera frontal la doctrina sentada por este Tribunal, según la cual el afectado o los afectados por la captación han de conocer el contenido de las imágenes captadas y el propósito perseguido por la implantación de sistemas de video-vigilancia, ahora se sostiene que, una vez insertado el distintivo y cumplidos los anexos, ya no es preciso especificar «la finalidad exacta que se le ha asignado a ese control», pues lo único importante será determinar si «el dato obtenido se ha utilizado para la finalidad de control de la relación laboral o para una finalidad ajena» (FJ 4). Por este lado, se ha suprimido todo rastro del derecho a conocer el uso y destino de los datos, aunque para alcanzar esa conclusión haya sido preciso, en el trance final, confundir el consentimiento con la información, acertadamente diferenciados en el anterior fundamento jurídico 3. En definitiva, la Sentencia olvida: i) la fuerte e intensa dación de contenidos que al derecho del art. 18.4 CE atribuyeron con su interpretación los precedentes pronunciamientos de este Tribunal; ii) la diferenciación de ese derecho con el derecho consagrado en el art. 18.1 CE, según establecieron y explicaron anteriores resoluciones; iii) que el control del uso y destino de los datos personales está constitucionalizado y en la base de la consagración del derecho fundamental, idea ésta que no es dable desdeñar hasta la nada, sobre todo en tiempos en los que el tratamiento de datos ofrece múltiples medios y sistemas que se perfeccionan a un ritmo vertiginoso y en los que las imágenes grabadas y tratadas pueden servir a propósitos tan inquietantes como la confección de un perfil ideológico, racial, sexual, económico o de cualquier otra índole, o ponerse al servicio de otras amenazas contra el individuo (STC 292/2000, de 30 de noviembre, FJ 6). Frente a todo lo que impugno y censuro, por tanto, estimo que la recta aplicación de un derecho fundamental como el garantizado en el art. 18.4 CE hubiera comportado, como en el pasado fue argumentado con solvencia jurídica y mesura interpretativa, declarar que no hay una habilitación legal expresa para la omisión del derecho a la información sobre el tratamiento de datos personales en el ámbito de las relaciones laborales; y que tampoco es dable situar su fundamento en el mero interés empresarial de controlar la actividad laboral a través de sistemas sorpresivos o no informados de tratamiento de datos que aseguren la máxima eficacia en el propósito de vigilancia. La lógica por la que ha optado la Sentencia de la mayoría, fundada en la más primaria utilidad o conveniencia empresarial, quebranta la efectividad del derecho fundamental del art. 18.4 CE, en su núcleo esencial; confunde la legitimidad del fin (en este caso, la verificación del cumplimiento de las obligaciones laborales a través del tratamiento de datos, art. 20.3 LET en relación con el art. 6.2 LOPD) con la constitucionalidad del acto (que exige ofrecer previamente la información necesaria, art. 5 LOPD). Y lo cierto es, sin embargo, que cabe proclamar la legitimidad de aquel objetivo (incluso sin consentimiento del trabajador, art. 6.2 LOPD, como señala la Sentencia aprobada) y, al mismo tiempo, hacer constar que lesiona el art. 18.4 CE la utilización, para ejecutar el acto, de medios encubiertos que niegan al trabajador la información exigible. En última instancia, la lectura de la resolución de mi disentimiento me suscita dudas sobre la verdadera finalidad a la que atiende la doctrina sentada, que enuncio en términos interrogativos: ¿se pretende asegurar un control legítimo por el empresario de la actividad laboral, con respeto a las garantías legales y a los derechos fundamentales o, por el contrario y más bien, se busca habilitar controles sorpresivos, que permitan identificar in fraganti a un trabajador que no cumpla debidamente su contrato? Si fuera esto último, como lamentablemente así me lo parece, no alcanzo a entender la conexión entre esa intención, no ya de controlar sino de «atrapar» al trabajador, con la libertad de empresa o el derecho a la propiedad que consagra la Constitución. En atención a lo razonado y a mi juicio, el despido debió calificarse como nulo, por no haberse cumplido el deber de información que impone al empresario el art. 18.4 CE. III. Una breve consideración sobre el art. 18.1 CE. 6. Una vez declarada la lesión del art. 18.4 CE, no precisaría examinar esta segunda alegación, igualmente invocada por la recurrente en amparo. Dejaré constancia, no obstante, de algunas objeciones al razonamiento utilizado para su desestimación. Por lo pronto, no tiene escasa entidad el modo cómo fluye el alegato de la Sentencia en el juicio de proporcionalidad, a tenor del cual (fundamento jurídico 4 in fine) procederá el examen «de conformidad, nuevamente, con las exigencias del principio de proporcionalidad (SSTC 186/2000, de 10 de junio, FJ 6, y 98/2000, de 10 de abril, FJ 8)». Se entiende como inevitable que ese es y no otro el control de constitucionalidad, según puede inferirse. Así lo demuestra que, al anunciar esta pauta de enjuiciamiento, se citen aquellas Sentencias (SSTC 98/2000 y 186/2000), como si la colisión de derechos que se apreció en los supuestos en ellas resueltos fuera generalizable a cualquier juicio del art. 18.1 CE; es decir, como si solo pudiera concebirse la tutela del art. 18.1 CE en la relación laboral desde el prisma de la proporcionalidad. En esa misma dirección, el fundamento jurídico 5 de la Sentencia comienza con una decidida declaración sobre el grandísimo alcance y eficacia de los derechos fundamentales; un estilo no desconocido en los últimos tiempos, que consiste en invocar con la máxima firmeza los derechos y su efectividad para posteriormente sacrificarlos ad casum. A esas elevadas palabras les sigue, sin embargo, la inmediata declaración de que la constitucionalidad de cualquier medida restrictiva de derechos fundamentales viene determinada por la estricta observancia del «principio de proporcionalidad». Otra vez la insistente proporcionalidad que olvida el mandato del art. 53.1 CE (contenido esencial) y que quiere trasladar al ámbito del amparo una lógica limitativa que ya ha empezado a aplicarse extensivamente, a mi juicio contraviniendo igualmente el art. 53.1 CE, al control abstracto de constitucionalidad de las leyes que afectan a derechos fundamentales. Para dar por concluso este Voto particular, y aunque sea aceptando a efectos puramente dialécticos la lógica de la resolución adoptada mayoritariamente, no me resisto a destacar, incluso, mi oposición al juicio de proporcionalidad que se efectúa. Por dos razones particularmente evidentes: i) porque al triple juicio que anuncia el penúltimo párrafo del fundamento jurídico 5 (idoneidad, necesidad y equilibrio) se antepone de manera anómala un nuevo juicio en el último párrafo (de justificación), generando una inmediata confusión sobre el único canon que la propia resolución maneja; ii) porque el juicio de necesidad que se efectúa muestra la incoherencia última del pronunciamiento, ya que acredita que ni la medida era la menos invasiva de las posibles (pues era menos agresiva para los derechos fundamentales del art. 18 CE, e igualmente eficaz para controlar la actividad laboral, que la grabación se hubiera llevado a cabo con información del fin laboral al que se procuraba), ni su verdadero fin era realmente el asegurar el cumplimiento de la actividad laboral, sino, por expresarlo en sus propias palabras, obtener «prueba de las irregularidades» (FJ 5, in fine). Todo este innecesario y deficiente embrollo, de seguro, solo puede comprenderse al constatar que, a fin de cuentas, el debate, que se dice de constitucionalidad, desemboca en un pretendido derecho a obtener pruebas para efectuar un despido con fundamento en el art. 20.3 LET y, por tanto, en los derechos a la propiedad y a la libertad de empresa (arts. 33 y 38 CE), objetivo éste, sin embargo, que se logra a costa de la restricción de los derechos fundamentales del trabajador. En tal sentido formulo el presente Voto particular. Madrid, a tres de marzo de dos mil dieciséis.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Adela Asua Batarrita.–Firmado y rubricado. Voto particular que formula el Magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos a la Sentencia dictada en el recurso de amparo avocado por el Pleno del Tribunal número 7222-2013 Con el máximo respeto a la opinión mayoritaria de mis compañeros en la que se sustenta la Sentencia, manifiesto mi discrepancia con la fundamentación jurídica y con el fallo, que, en mi opinión, hubiera debido ser estimatorio. Comparto sustancialmente el contenido del Voto particular que formula el Magistrado don Fernando Valdés Dal-Ré a la Sentencia, aunque creo útil que mi adhesión vaya acompañada de algunas matizaciones. 1. La sentencia admite que en el marco de la relación laboral existe el deber de información que establece el artículo 5 de la Ley Orgánica de protección de datos de carácter personal respecto de la instalación de una cámara situada en el lugar donde se desarrolla la prestación laboral enfocando directamente a la caja registradora ante la sospecha de que algún trabajador se está apropiando de dinero. La cuestión radica en (i) si esta información debe suministrarse a los trabajadores especificando el fin de control de cumplimiento de la relación laboral; o (ii) si, como entiende la opinión en que se funda la sentencia, el deber de información se cumple suficientemente mediante un anuncio hecho al público sobre la existencia de cámaras de seguridad en el establecimiento. 2. Discrepo de la opción ‘ii’ por las siguientes razones: a) La STC 29/2013 establece la doctrina de que el deber de información vinculado a la instalación de cámaras de vigilancia en el establecimiento laboral debe ir acompañada de información a los trabajadores sobre la finalidad de control de la actividad laboral. La sentencia a la que se refiere este voto no se atiene a esta jurisprudencia. b) Los precedentes del Tribunal citados como concluyentes (especialmente la STC 292/2000, de 30 noviembre) no son suficientes para justificar la postura de la Sentencia, pues se refieren a supuestos de hallazgo casual por las videocámaras instaladas legalmente por razones de seguridad, mientras que en el presente caso se trata de una cámara dirigida específicamente a posiciones que ocupan los trabajadores para investigar determinados hechos. c) Otra razón por la que los expresados precedentes son insuficientes radica en que tienen una antigüedad mayor de 15 años, periodo en el que se ha producido una evolución notable en el ámbito del derecho a la protección de datos. Entre otras circunstancias, se han dictado en el interregno las SSTEDH de 28 de enero de 2003, Peck c. Reino Unido, y 17 de julio de 2003, Perry c. Reino Unido, capitales en la materia. El tiempo transcurrido se refleja, entre otros aspectos, en el hecho de que los amparos resueltos entonces no se fundaban en el derecho a la protección de datos, sino, más primariamente, en el derecho a la intimidad. d) Puedo aceptar que no es necesario que la información dirigida a los trabajadores especifique el fin concreto de vigilancia, puesto que esto va implícito en la comunicación dirigida a ellos, pero no puedo aceptar que la información dirigida al público sea suficiente para cumplir este requisito, puesto que el art. 5 de la Ley Orgánica de protección de datos de carácter personal ordena específicamente que la información se dirija a los interesados, configurando con ello el contenido esencial del derecho, que en el ámbito laboral debe entenderse referido a los trabajadores (no me parecen eficaces los esfuerzos de alguna doctrina para demostrar que este aspecto pertenece a un ámbito de la legalidad ordinaria ajeno a la CE). e) Estaría dispuesto, dentro de ciertos límites, a reconsiderar la jurisprudencia sentada en la STC 29/2013 sobre el hallazgo casual, en paralelo con la evolución de la jurisprudencia penal sobre la materia; pero me parece que la omisión de toda información a los trabajadores sobre la existencia de cámaras específicamente orientadas a sus posiciones plantea un supuesto enteramente diferente: supone una lesión del derecho fundamental que afecta a su contenido esencial, cualquiera que sea el método esencialista o de ponderación que se utilice para determinar su contenido y la concepción, conflictivista o armonizadora, que se abrigue sobre la relación de trabajo. f) Aplicando el método de ponderación que utiliza la sentencia incluso hubiera estado dispuesto a considerar, al margen de más detallados tecnicismos, si podría justificarse que la instalación de la cámara se notificase únicamente al comité de empresa para evitar la frustración de la vigilancia (en la línea, por ejemplo, de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid de 9 de febrero de 2015, FJ 4). Considero, sin embargo, que dinamita el contenido esencial del derecho fundamental a la protección de datos (pues lo hace ineficaz, carente de todo sentido práctico e irreconocible) admitir, como al parecer defiende la opinión en que se funda la sentencia, que el empresario, ante cualquier sospecha que pueda abrigar, está autorizado por la Constitución a instalar libremente (siempre que en el entorno haya un aviso al público sobre la existencia de cámaras de seguridad) cámaras para el control del trabajo orientadas a seleccionar en primer plano determinadas posiciones ocupadas por los trabajadores. La opinión de la que discrepo equipara así el supuesto de cámaras instaladas para una concreta vigilancia de determinado trabajador o trabajadores ante la sospecha de actos ilícitos, al del hallazgo casual por las cámaras de vigilancia al público, que es el supuesto considerado en alguno de los precedentes que cita. 3. Finalmente, quiero hacer constar que, en aras de la búsqueda del consenso que según ciertos autores con autoridad en materia epistemológica (por ejemplo, Nino) constituye un procedimiento adecuado para hallar la verdad (cuando menos si se mantiene una actitud pragmática ante el Derecho en el sentido de Toulmin), ofrecí en la deliberación que el fallo estimatorio (que a juicio de varios de nosotros era ineludible) fuera acompañado del mantenimiento de las sentencias que dieron lugar al recurso de amparo, habida cuenta de que tanto en primera instancia como en suplicación se hace constar por los respectivos tribunales que existen otros elementos de prueba independientes de la videovigilancia suficientes para entender probados los hechos que dieron lugar al despido. No puedo sino lamentar haber sido vencido sin que esta propuesta fuera siquiera considerada. Madrid, a tres de marzo de dos mil dieciséis.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Firmado y rubricado.

El Tribunal Constitucional avala el despido de una cajera de tienda tras pillarla robando por una cámara sin comunicarle que existía

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente, doña Adela Asua Batarrita, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez, Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En el recurso de amparo núm. 7222-2013, promovido por doña Mónica Rebeca Liberato Rodríguez, representada por la Procuradora de los Tribunales doña Carmen Olmos Gilsanz y asistida por el Abogado don Enrique Arce Mainzhausen, contra el Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 23 de octubre de 2013 por el que se desestima el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 24 de julio de 2013 desestimatoria a su vez del recurso de suplicación interpuesto con la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 2 de León de 11 de marzo de 2013. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente la Magistrada doña Encarnación Roca Trías, quien expresa el parecer del Tribunal. I. Antecedentes 1. La Procuradora de los Tribunales doña Carmen Olmos Gilsanz, en nombre y representación de doña Mónica Rebeca Liberato Rodríguez, bajo la dirección del Letrado don Enrique Arce Mainzhausen, interpuso demanda de amparo contra las resoluciones que se mencionan en el encabezamiento mediante escrito registrado en este Tribunal el 9 de diciembre de 2013, por entender vulnerados los arts. 14, 15, 18 y 24 CE. 2. Los hechos en los que tiene su origen el presente recurso, relevantes para su resolución, son los siguientes: a) La demandante de amparo venía prestando sus servicios para la empresa Bershka BSK España, S.A. El 21 de junio de 2012 fue despedida por transgresión de la buena fe contractual. El departamento de seguridad de Inditex, a raíz de la instalación de un nuevo sistema de control informático de caja, detectó que en la tienda y caja donde prestaba sus servicios la demandante existían múltiples irregularidades, de lo que podría desprenderse una apropiación dineraria por parte de alguno de los trabajadores que trabajaban en dicha caja, entre ellos la demandante. Por ello encargaron a la empresa Prosegur Compañía de Seguridad, S.A., que instalara una cámara de videovigilancia en la tienda donde prestaba sus servicios la demandante y que controlara la caja donde trabajaba. La cámara se instaló, no comunicando a los trabajadores dicha instalación, si bien en el escaparate del establecimiento, en un lugar visible, se colocó el distintivo informativo. b) El día 21 de junio de 2012 se comunicó a la demandante su despido. En la carta de despido constaba que era despedida disciplinariamente porque se había venido apropiando de efectivo de la caja de la tienda, en diferentes fechas y de forma habitual. En concreto, se señalaba los días y horas en los que se había apropiado del importe de 186,92 €, habiendo realizado para ocultar dicha apropiación las operaciones falsas de devoluciones de venta de prendas. c) La demandante de amparo presentó demanda de despido contra Bershka BSK España, S.A. En su demanda solicitaba la declaración de nulidad del despido por atentar contra su honor, intimidad y dignidad, y subsidiariamente la declaración de improcedencia. La trabajadora en su demanda sostuvo que en el centro de trabajo no existía comunicación al público ni carteles comunicativos de la existencia de cámaras de videograbación, ni tampoco comunicación a la Agencia de Protección de Datos, ni autorización por la sección de seguridad privada de la comisaría de policía de León, ni tampoco comunicación o informe previo del comité de empresa de la instalación de la videograbación. Por Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 2 de León de 11 de marzo de 2013 se desestimó la demanda y se declaró procedente el despido. Señala el Juzgado que la empresa ha acreditado plenamente con arreglo al art. 105 de la Ley reguladora de la jurisdicción social los hechos que constan en la carta motivadores del despido, en base a lo siguiente: «A) Por la declaración testifical del responsable de seguridad de INDITEX, que manifestó que en el puesto de trabajo y en la tienda donde prestaba sus servicios la demandante se habían detectado irregularidades de las que pudieran derivarse una apropiación dineraria de carácter indebido. Por lo que se encargó a la empresa PROSEGUR la colocación de una cámara de videovigilancia. B) Por las declaraciones testificales de la responsable de recursos humanos y de la dirección de la empresa demandada en Castilla y León, que se valoraron como muy verosímiles por la contundencia y coincidencia respecto de los términos en que se hicieron. Y que, en síntesis, manifestaron que cuando a la actora se le leyó la carta de despido reconoció plenamente los hechos, pidiendo perdón y diciendo que su conducta respondía a una necesidad por una mala racha que duraba mucho tiempo. C) Por el escrito de finiquito firmado por la actora, tal y como se reconoció en el acto del juicio, que sin perjuicio de lo ya dicho en cuanto a la falta de enervación por el mismo de la acción de despido nulo, implícitamente está admitiendo los hechos, por la renuncia a la impugnación del despido ordinario». Y, por lo que se refiere a la instalación de la cámara de videovigilancia afirma la Sentencia que «en la instalación y grabación se cumplió escrupulosamente la normativa al respecto. En efecto, con arreglo a la STC 186/2000, de 10 de julio, concurría la situación precisa para el control oculto, esto es sin notificar expresamente la colocación de la cámara a los trabajadores, porque era, en principio, el único medio posible dicho control para satisfacer el interés empresarial de saber fehacientemente quien estaba realizando los actos defraudatorios de los que indiciariamente ya se ten ### RESUMEN: El Tribunal Constitucional avala el despido de una cajera de tienda tras pillarla robando por una cámara sin comunicarle que existía

Mediante el Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, se suprimieron los Ministerios de Economía y de Hacienda, y de Política Territorial y Administración Pública, y se creó el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, cuya estructura orgánica básica se estableció por Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre. La estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se ha desarrollado por Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, que a su vez ha sido recientemente modificado por Real Decreto 696/2013, de 20 de septiembre. Estos cambios en la organización administrativa exigen una adecuación de la normativa reguladora de los ficheros de datos carácter personal, agrupando en una sola norma, por razones de seguridad jurídica, la totalidad de los ficheros de la responsabilidad del nuevo ministerio. De acuerdo con lo anterior, en primer lugar, en la presente orden se lleva a cabo esta adecuación sustituyendo y refundiendo las disposiciones reguladoras de ficheros del antiguo Ministerio de Economía y Hacienda (en lo que se refiere a los órganos que han pasado al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) y del antiguo Ministerio de Política Territorial y Administración Pública que se encuentran actualmente vigentes. De este modo, podrá accederse de forma sencilla a la información correspondiente a cada uno de los ficheros existentes en el ministerio, evitando la dispersión normativa. Se regulan por sus propias disposiciones, y por tanto no se incluyen en la orden, los ficheros de datos de carácter personal de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, y de la Real Casa de la Moneda-Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. En la orden también se procede a la creación, modificación y supresión de ficheros de conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (LOPD) y artículos 52 a 54 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, aprobado mediante Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre (RLOPD). En concreto, se crean ficheros de la responsabilidad de los siguientes órganos directivos: Dirección General del Catastro; Dirección General de Ordenación del Juego; Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas; Dirección General de Presupuestos; Dirección General de Fondos Comunitarios; Intervención General de la Administración del Estado; Subdirección General de Asuntos Generales y Coordinación; Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios; Dirección General de la Función Pública; Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica; Instituto Nacional de Administración Pública (INAP); Dirección General de Coordinación de la Administración Periférica del Estado; Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno; Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y Entidades Locales; Subdirección General de Recursos Humanos; Delegaciones de Economía y Hacienda, Dirección General del Patrimonio del Estado e Inspección General. En cuanto a las modificaciones de ficheros, se ha llevado a cabo, en primer lugar, una adecuación de la descripción de los distintos ficheros a la nueva estructura orgánica en lo que se refiere a las menciones a órganos o departamentos ministeriales desaparecidos, al órgano responsable del fichero o a la unidad de ejercicio de derechos. Asimismo, tal y como exige el artículo 54.1 c) del RLOPD, se ha indicado el sistema de tratamiento utilizado en la organización de los datos (automatizado, no automatizado o parcialmente automatizado) en aquellos ficheros en los que no aparecía esta información, y se ha introducido un mayor nivel de detalle en la descripción de los datos de carácter identificativo sometidos a tratamiento en determinados ficheros en los que se utilizaban sólo expresiones genéricas. También se ha completado la descripción de algunos ficheros concretos en lo que se refiere a los usos del fichero, el colectivo o personas origen de la información o la dirección completa de las unidades y oficinas administrativas donde pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Por lo que se refiere a ficheros que se suprimen, en su mayor parte se trata de ficheros cuyos datos han pasado a formar parte de otros ficheros nuevos o existentes o cuya supresión se entiende necesaria para evitar duplicidades. La presente orden ha sido sometida al previo informe de la Agencia Española de Protección de Datos y se dicta al amparo del artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. En su virtud, dispongo: Artículo 1. Objeto. La presente orden tiene por objeto la creación, modificación y supresión de ficheros de datos de carácter personal existentes en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y en determinados organismos públicos adscritos al mismo. Artículo 2. Ámbito de aplicación. 1. La presente orden es de aplicación a los ficheros de datos de carácter personal existentes en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas y en los siguientes organismos públicos: Instituto de Estudios Fiscales (IEF), la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL), Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), Comisionado para el Mercado de Tabacos (CMT) y Parque Móvil del Estado (PME). 2. Los ficheros de datos de carácter personal existentes en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y en los organismos públicos a los que se refiere el apartado primero de este artículo son los que se relacionan en el anexo I de la presente orden. Artículo 3. Creación y modificación de ficheros. 1. Se crean los siguientes ficheros de datos de carácter personal, que se incorporan al anexo I de la presente orden: a) Fichero Base de Datos del Catastro-SIGECA. Responsable: Dirección General del Catastro. b) Fichero del Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego. Responsable: Dirección General de Ordenación del Juego. c) Fichero del Registro General de Licencias de Juego. Responsable: Dirección General de Ordenación del Juego. d) Fichero del Registro de Personas Vinculadas a Operadores de Juego. Responsable: Dirección General de Ordenación del Juego. e) Fichero de clientes de operadores. Responsable: Dirección General de Ordenación del Juego. f) Fichero de datos de monitorización. Responsable: Dirección General de Ordenación del Juego. g) Fichero de datos de inspección. Responsable: Dirección General de Ordenación del Juego. h) Fichero de procedimientos sancionadores. Responsable: Dirección General de Ordenación del Juego. i) Fichero de autorizaciones de juego presencial competencia del Estado. Responsable: Dirección General de Ordenación del Juego. j) Fichero de autorizaciones de juego ocasional. Responsable: Dirección General de Ordenación del Juego. k) Fichero de entidades de certificación. Responsable: Dirección General de Ordenación del Juego. l) Fichero de denuncias. Responsable: Dirección General de Ordenación del Juego. m) Fichero de registro de usuarios en sede electrónica. Responsable: Dirección General de Ordenación del Juego. n) Fichero de reclamaciones. Responsable: Dirección General de Ordenación del Juego. o) Fichero de sugerencias. Responsable. Dirección General de Ordenación del Juego. p) SOROLLA2 DGCPYPP. Responsable: Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas. q) RAYONET DGCPYPP. Responsable: Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas. r) SOROLLA2 DGP. Responsable: Dirección General de Presupuestos. s) ERYCA DGFC. Responsable: Dirección General de Fondos Comunitarios. t) Gestión del aparcamiento de la IGAE. Responsable: Intervención General de la Administración del Estado. u) Gestión de perfiles de usuario. Responsable: Subdirección General de Asuntos Generales y Coordinación. v) Usuarios del portal de entidades locales. Responsable: Subdirección General de Asuntos Generales y Coordinación. w) Fichero automatizado de registro entrada salida. Responsable: Subdirección General de Asuntos Generales y Coordinación. x) Fichero para la gestión del plan de pensiones. Responsable: Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL). y) Fichero automatizado de nóminas NEDAES. Responsable: Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL). z) Fichero de gestión de personal (BADARAL). Responsable: Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL). aa) Fichero de ayudas de acción social. Responsable: Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL). bb) Fichero de terceros (SOROLLA). Responsable: Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL). cc) Fichero de sujetos pasivos del Sistema de Información Contable (SIC´3). Responsable: Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL). dd) Ficheros de usuarios del a Intranet y el Gestor Documental. Responsable: Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL). ee) Fichero de gestión de personal a través de la Intranet y el Gestor Documental. Responsable: Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL). ff) Directorio-Agenda del correo electrónico de la AEVAL. Mozilla-Thunderbird. Responsable: Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL). gg) Directorio DNS de los usuarios de la red de área local de la AEVAL. Responsable: Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL). hh) Fichero distribución publicaciones. Responsable: Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL). ii) Fichero de formación del Curso de Experto UNED (profesores, alumnos, exalumnos y solicitantes del curso). Responsable: Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL). jj) Fichero de distribución de información. Responsable: Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL). kk) Fichero de becarios. Responsable: Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL). ll) Fichero Banco de Evaluadores. Responsable: Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL). mm) Fichero Directorio miembros Red Interadministrativa Calidad Servicios Públicos, foro de cooperación en el ámbito de la calidad y la evaluación. Responsable: Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL). nn) Fichero Directorio miembros comités y grupos de trabajo de la Red Interadministrativa Calidad Servicios Públicos. Responsable: Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL). oo) Fichero del Archivo de la Dirección General de la Función Pública. Responsable: Dirección General de la Función Pública. pp) Fichero de gestión de procedimientos de personal. Responsable: Dirección General de la Función Pública. qq) 060. Responsable: Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica. rr) Datos de empleados-Portal Funciona. Responsable: Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica. ss) Portal de Administración Electrónica-Comisión Permanente del Consejo Superior de Administración Electrónica. Responsable: Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica. tt) Registro de quejas. Responsable: Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica. uu) Registro de funcionarios habilitados. Responsable: Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica. vv) Fichero de acción social del personal funcionario y laboral del INAP. Responsable: Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). ww) Portal SGGP. Responsable: Dirección General de Coordinación de la Administración Periférica del Estado. xx) Acción Social. Responsable: Dirección General de Coordinación de la Administración Periférica del Estado. yy) Nómina. Responsable: Dirección General de Coordinación de la Administración Periférica del Estado. zz) Formación. Responsable: Dirección General de Coordinación de la Administración Periférica del Estado. aaa) Badaral. Responsable: Dirección General de Coordinación de la Administración Periférica del Estado. bbb) Concursos. Responsable: Dirección General de Coordinación de la Administración Periférica del Estado. ccc) Asuntos normativos. Responsable: Dirección General de Coordinación de la Administración Periférica del Estado. ddd) Sorolla 2. Responsable: Dirección General de Coordinación de la Administración Periférica del Estado. eee) Fichero ayudas al transporte de mercancías. Responsables: Delegación de Gobierno en Canarias y Delegación de Gobierno en Illes Balears. fff) Fichero vigilantes jurados. Responsables: Delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. ggg) Fichero automatizado Junta Arbitral del Transporte del País Vasco. Responsable: Delegación del Gobierno en el País Vasco. hhh) Fichero automatizado de salarios de tramitación. Responsables: Delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. iii) Fichero automatizado de quejas y sugerencias. Responsables: Delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. jjj) Participantes en premios convocados por la Delegación. Responsable: Delegación del Gobierno en Aragón. kkk) Fichero planes de empleo y unidades de promoción y desarrollo. Responsable: Delegación de Gobierno en Ceuta y Melilla. lll) Fichero violencia de género. Responsables: Delegaciones y subdelegaciones del gobierno. mmm) Fichero Registro territorial de Asociaciones. Responsables: Delegación del Gobierno en Ceuta y Delegación del Gobierno en Melilla. nnn) Fichero automatizado cita previa. Responsable: Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno. ooo) Fichero automatizado ACCEDA. Responsable: Delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. ppp) Fichero de datos de los representantes estatales y autonómicos en los Comités de la Comisión Europea. Responsable: Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y Entidades Locales. qqq) Fichero de datos de los responsables en los Comités de la Comisión Europea. Responsable: Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y Entidades Locales. rrr) Representantes laborales. Responsable: Subdirección General de Recursos Humanos. sss) Videovigilancia de las sedes de la Delegación en Zaragoza. Responsable: Delegación de Economía y Hacienda en Zaragoza. ttt) Control horario de las sedes de la Delegación en Alicante. Responsable: Delegación de Economía y Hacienda en Alicante. uuu) Usuarios de PLACE. Responsable: Dirección General del Patrimonio del Estado. vvv) Fichero de alta de terceros CIBI. Responsable: Dirección General del Patrimonio del Estado. www) Fichero de usuarios SIGIE. Responsable: Dirección General del Patrimonio del Estado. xxx) Fichero de seguimiento de denuncias de acoso laboral. Responsable: Inspección General. 2. Los ficheros de datos de carácter personal de la responsabilidad de órganos administrativos adscritos a los antiguos Ministerios de Economía y Hacienda y de Política Territorial y Administración Pública, que han pasado a integrarse en el Ministerio de Hacienda y Administración Pública, así como de los organismos públicos a los que se refiere el artículo 2.1, existentes a la entrada en vigor de la presente orden, quedan modificados en los términos establecidos en el anexo I de la presente orden. Artículo 4. Supresión de ficheros. 1. Quedan suprimidos los ficheros de datos de carácter personal que se relacionan en el anexo II de la presente orden. 2. El destino que vaya a darse a los datos o, en su caso, las previsiones que se adopten para su destrucción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54.3 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, aprobado mediante Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre (RLOPD), será el que se establece para cada uno de ellos en el anexo II de la presente orden. Artículo 5. Responsables de gestión y organización. Los titulares de los órganos responsables de cada fichero de datos de carácter personal adoptarán las medidas de gestión y organización que sean necesarias para asegurar la confidencialidad, seguridad e integridad de los datos, así como las conducentes a hacer efectivas las garantías, obligaciones y derechos reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (LOPD) y en sus normas de desarrollo. Artículo 6. Derechos de acceso, rectificación y cancelación. Los afectados por los datos de un fichero pueden ejercitar su derecho de acceso, rectificación y cancelación, cuanto proceda en virtud de la LOPD y sus normas de desarrollo o en la normativa específica que regule el fichero de que se trate, ante el órgano responsable del fichero a través de la unidad de ejercicio de derechos que se concreta en el anexo I. Artículo 7. Regulación. Los ficheros que se recogen en el anexo I se regirán por las disposiciones generales e instrucciones que se detallen para cada uno de ellos y estarán sometidos, en todo caso, a las normas legales y reglamentarias de superior rango que les sean aplicables. Artículo 8. Notificación. En cumplimiento del artículo 55 del RLOPD los ficheros serán notificados a la Agencia Española de Protección de Datos para su inscripción en el Registro General de Protección de datos en el plazo de treinta días desde la publicación de esta orden en el «Boletín Oficial del Estado». Disposición adicional única. No incremento del gasto público. La aplicación de esta orden, en particular en lo que se refiere a la creación de nuevos ficheros de datos de carácter personal, se atenderá con los medios personales y materiales existentes en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y en ningún caso podrá generar incremento de gasto público. Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 1. Quedan derogadas las siguientes órdenes en lo que se refiere a ficheros de datos de carácter personal de la responsabilidad de órganos administrativos pertenecientes al antiguo Ministerio de Economía y Hacienda que han pasado a integrarse en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas así como de los organismos Instituto de Estudios Fiscales, Comisionado del Mercado de Tabacos y Parque Móvil del Estado: a) Orden EHA/2242/2010, de 29 de julio, por la que se regulan los ficheros de carácter personal existentes en el Ministerio de Economía y Hacienda y en determinados organismos públicos adscritos al mismo. b) Orden EHA/1291/2011, de 9 de mayo, por la que se modifica la Orden EHA/2242/2010, de 29 de julio, por la que se regulan los ficheros de carácter personal existentes en el Ministerio de Economía y Hacienda y en determinados organismos públicos adscritos al mismo. c) Orden EHA/2979/2011, de 20 de octubre, por la que se modifica la Orden EHA/2242/2010, de 29 de julio, por la que se regulan los ficheros de carácter personal existentes en el Ministerio de Economía y Hacienda y en determinados organismos públicos adscritos al mismo. 2. Quedan derogadas las siguientes disposiciones en lo que se refiere a ficheros de datos de carácter personal de la responsabilidad de órganos administrativos y organismos del antiguo Ministerio de Política Territorial y Administración Pública que han pasado a integrarse en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: a) Orden APU/2074/2004, de 10 de junio, reguladora de los ficheros de datos de carácter personal del Ministerio de Administraciones Públicas y de sus organismos públicos. b) Orden APU/3359/2004, de 7 de octubre, por la que se modifica la Orden APU/2074/2004, de 10 de junio, reguladora de los ficheros de datos de carácter personal del Ministerio de Administraciones Públicas y de sus organismos públicos. c) Orden APU/702/2005, de 9 de marzo, por la que se modifica la Orden APU/2074/2004, de 10 de junio, reguladora de los ficheros de datos de carácter personal del Ministerio de Administraciones Públicas y de sus organismos públicos. d) Orden APU/4083/2007, de 28 de diciembre, por la que se crean ficheros de datos de carácter personal del Ministerio de Administraciones Públicas. e) Orden APU/793/2008, de 5 de marzo, por la se modifica la Orden APU/2074/2004, de 10 de junio, reguladora de los ficheros de datos de carácter personal del Ministerio de Administraciones Públicas y de sus organismos públicos. f) Artículo 8 y anexo II de la Orden PRE/3523/2009, de 29 de diciembre, por la que se regula el Registro Electrónico Común. g) Orden PRE/108/2010, de 25 de enero, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros automatizados de datos de carácter personal, gestionados por el Ministerio de la Presidencia. h) Orden PRE/767/2010, de 17 de marzo, por la que se crean ficheros automatizados de datos de carácter personal y se modifican otros gestionados por el Ministerio de la Presidencia. i) Orden TER/2232/2010, de 29 de julio, por la que se regulan los ficheros de datos de carácter personal del Ministerio de Política Territorial. j) Artículo 6 y Anexo II de la Orden TAP/1955/2011, de 5 de julio, por la que se crea y regula el registro electrónico del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública y por la que se modifica Orden PRE/3523/2009, de 29 de diciembre, por la que se regula el registro electrónico común. k) Resolución de 2 de febrero de 2010, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de carácter personal. l) Resolución de 10 de mayo de 2010, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se modifica la de 2 de febrero de 2010, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de carácter personal. m) Resolución de 1 de septiembre de 2010, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se crea un fichero de datos de carácter personal n) Resolución de 14 de julio de 2011, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se crean y suprimen ficheros de datos de carácter personal o) Resolución de 15 de abril de 2009, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se crean ficheros de datos de carácter personal. p) Resolución de 5 de abril de 2010, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se crea el fichero de datos de carácter personal «Historia de Salud Digital». q) Artículo 6.2 y Anexo I de la Resolución de 27 de mayo de 2011, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se crea y regula el Registro Electrónico de MUFACE. r) Resolución de 5 de agosto de 2011, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se crea el fichero de datos de carácter personal «Usuarios de cotizaciones». s) Resolución de 17 de noviembre de 2011, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se crea un fichero de datos de carácter personal. 3. Quedan derogadas las siguientes disposiciones del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: a) Artículo 13 y Anexo IV de la Orden HAP/1637/2012, de 5 de julio, por la que se regula el Registro electrónico de apoderamientos. b) Artículo 10 y Anexo III de la Orden HAP/566/2013, de 8 de abril, por la que se regula el Registro Electrónico Común. c) Orden HAP/689/2013, de 19 de abril, por la que se regula el fichero de datos de carácter personal de cooperación con las Administraciones Territoriales. d) Resolución de 4 de julio de 2013, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se crea un fichero de datos de carácter personal. Disposición final única. Entrada en vigor. La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 20 de diciembre de 2013.–El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro Romero. ANEXO I Relación de Ficheros de datos de carácter personal existentes en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y en determinados organismos públicos adscritos al mismo ANEXO II Relación de ficheros de datos de carácter personal del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y de determinados organismos públicos adscritos al mismo que se suprimen

Aquí Hacienda creando y eliminando ficheros con datos de carácter personal. La LOPD.

Mediante el Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, se suprimieron los Ministerios de Economía y de Hacienda, y de Política Territorial y Administración Pública, y se creó el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, cuya estructura orgánica básica se estableció por Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre. La estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se ha desarrollado por Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, que a su vez ha sido recientemente modificado por Real Decreto 696/2013, de 20 de septiembre. Estos cambios en la organización administrativa exigen una adecuación de la normativa reguladora de los ficheros de datos carácter personal, agrupando en una sola norma, por razones de seguridad jurídica, la totalidad de los ficheros de la responsabilidad del nuevo ministerio. De acuerdo con lo anterior, en primer lugar, en la presente orden se lleva a cabo esta adecuación sustituyendo y refundiendo las disposiciones reguladoras de ficheros del antiguo Ministerio de Economía y Hacienda (en lo que se refiere a los órganos que han pasado al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) y del antiguo Ministerio de Política Territorial y Administración Pública que se encuentran actualmente vigentes. De este modo, podrá accederse de forma sencilla a la información correspondiente a cada uno de los ficheros existentes en el ministerio, evitando la dispersión normativa. Se regulan por sus propias disposiciones, y por tanto no se incluyen en la orden, los ficheros de datos de carácter personal de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, y de la Real Casa de la Moneda-Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. En la orden también se procede a la creación, modificación y supresión de ficheros de conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (LOPD) y artículos 52 a 54 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, aprobado mediante Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre (RLOPD). En concreto, se crean ficheros de la responsabilidad de los siguientes órganos directivos: Dirección General del Catastro; Dirección General de Ordenación del Juego; Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas; Dirección General de Presupuestos; Dirección General de Fondos Comunitarios; Intervención General de la Administración del Estado; Subdirección General de Asuntos Generales y Coordinación; Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios; Dirección General de la Función Pública; Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica; Instituto Nacional de Administración Pública (INAP); Dirección General de Coordinación de la Administración Periférica del Estado; Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno; Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y Entidades Locales; Subdirección General de Recursos Humanos; Delegaciones de Economía y Hacienda, Dirección General del Patrimonio del Estado e Inspección General. En cuanto a las modificaciones de ficheros, se ha llevado a cabo, en primer lugar, una adecuación de la descripción de los distintos ficheros a la nueva estructura orgánica en lo que se refiere a las menciones a órganos o departamentos ministeriales desaparecidos, al órgano responsable del fichero o a la unidad de ejercicio de derechos. Asimismo, tal y como exige el artículo 54.1 c) del RLOPD, se ha indicado el sistema de tratamiento utilizado en la organización de los datos (automatizado, no automatizado o parcialmente automatizado) en aquellos ficheros en los que no aparecía esta información, y se ha introducido un mayor nivel de detalle en la descripción de los datos de carácter identificativo sometidos a tratamiento en determinados ficheros en los que se utilizaban sólo expresiones genéricas. También se ha completado la descripción de algunos ficheros concretos en lo que se refiere a los usos del fichero, el colectivo o personas origen de la información o la dirección completa de las unidades y oficinas administrativas donde pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Por lo que se refiere a ficheros que se suprimen, en su mayor parte se trata de ficheros cuyos datos han pasado a formar parte de otros ficheros nuevos o existentes o cuya supresión se entiende necesaria para evitar duplicidades. La presente orden ha sido sometida al previo informe de la Agencia Española de Protección de Datos y se dicta al amparo del artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. En su virtud, dispongo: Artículo 1. Objeto. La presente orden tiene por objeto la creación, modificación y supresión de ficheros de datos de carácter personal existentes en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y en determinados organismos públicos adscritos al mismo. Artículo 2. Ámbito de aplicación. 1. La presente orden es de aplicación a los ficheros de datos de carácter personal existentes en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas y en los siguientes organismos públicos: Instituto de Estudios Fiscales (IEF), la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL), Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), Comisionado para el Mercado de Tabacos (CMT) y Parque Móvil del Estado (PME). 2. Los ficheros de datos de carácter personal existentes en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y en los organismos públicos a los que se refiere el apartado primero de este artículo son los que se relacionan en el anexo I de la presente orden. Artículo 3. Creación y modificación ### RESUMEN: Aquí Hacienda creando y eliminando ficheros con datos de carácter personal. La LOPD.

Por Orden PRE/234/2015, de 13 de febrero («BOE» de 16 de febrero), se anunció convocatoria para la provisión, por el procedimiento de libre designación, del puesto de trabajo Subdirector/Subdirectora General-Oficina de la Transparencia y Acceso a la Información-Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y en el artículo 12.f) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, una vez acreditada la observancia del procedimiento, así como el cumplimiento por parte de la candidata elegida de los requisitos exigidos en la convocatoria, dispongo: Nombrar Subdirectora General de la Oficina de la Transparencia y Acceso a la Información a doña M. Victoria Figueroa Domínguez, DNI 00.696.574, funcionaria del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, ante el órgano que lo ha dictado, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el órgano judicial competente (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). Madrid, 20 de marzo de 2015.–La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, P. D. (Orden PRE/934/2012, de 24 de abril), el Subsecretario de la Presidencia, Jaime Pérez Renovales.

Nombramiento de la subdirectora general de la oficina de transparencia, Victoria Figueroa Domínguez

Por Orden PRE/234/2015, de 13 de febrero («BOE» de 16 de febrero), se anunció convocatoria para la provisión, por el procedimiento de libre designación, del puesto de trabajo Subdirector/Subdirectora General-Oficina de la Transparencia y Acceso a la Información-Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y en el artículo 12.f) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, una vez acreditada la observancia del procedimiento, así como el cumplimiento por parte de la candidata elegida de los requisitos exigidos en la convocatoria, dispongo: Nombrar Subdirectora General de la Oficina de la Transparencia y Acceso a la Información a doña M. Victoria Figueroa Domínguez, DNI 00.696.574, funcionaria del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, ante el órgano que lo ha dictado, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el órgano judicial competente (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). Madrid, 20 de marzo de 2015.–La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, P. D. (Orden PRE/934/2012, de 24 de abril), el Subsecretario de la Presidencia, Jaime Pérez Renovales. ### RESUMEN: Nombramiento de la subdirectora general de la oficina de transparencia, Victoria Figueroa Domínguez

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en don Juan Velarde Fuertes, a propuesta del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de noviembre de 2012, Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. Dado en Madrid, el 30 de noviembre de 2012. JUAN CARLOS R. El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, JOSÉ IGNACIO WERT ORTEGA

Se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, entre otros, a Juan Velarde Fuertes.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en don Juan Velarde Fuertes, a propuesta del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de noviembre de 2012, Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. Dado en Madrid, el 30 de noviembre de 2012. JUAN CARLOS R. El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, JOSÉ IGNACIO WERT ORTEGA ### RESUMEN: Se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, entre otros, a Juan Velarde Fuertes.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 20.1 c) de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en relación con el artículo 56 del Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo, se adjudican los puestos de trabajo que en anexo se relacionan pertenecientes a la convocatoria efectuada mediante Orden PRE/2356/2012, de 29 de octubre, y una vez acreditada la observancia del procedimiento debido, así como el cumplimiento por parte de los candidatos elegidos de los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, ante el órgano que lo ha dictado, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el órgano judicial competente (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). Madrid, 30 de noviembre de 2012.–La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, P.D. (Orden PRE/934/2012, de 24 de abril), el Subsecretario de la Presidencia, Jaime Pérez Renovales. ANEXO Convocatoria Orden PRE/2356/2012, de 29 de octubre (BOE del 1 de noviembre) Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia Gabinete de la Vicepresidenta del Gobierno Puesto adjudicado: N.º de orden: 1. Puesto: Secretario/Secretaria de Puesto de Trabajo Nivel 30. Puesto de procedencia: Ministerio, centro directivo, provincia: Presidencia, Gabinete de la Vicepresidenta del Gobierno, Madrid. Nivel: 15. Complemento específico: 6.069,00 euros. Datos personales adjudicatario/a: Apellidos y nombre: Pérez Dacoba, M. Jesús. NRP: 03498643035A1146. Grupo/Subgrupo: C2. Cuerpo o Escala: 1146. Situación: Activo. Puesto adjudicado: N.º de orden: 2. Puesto: Secretario/Secretaria de Puesto de Trabajo Nivel 30. Puesto de procedencia: Ministerio, centro directivo, provincia: Presidencia, Gabinete de la Vicepresidenta del Gobierno, Madrid. Nivel: 15. Complemento específico: 6.069,00 euros. Datos personales adjudicatario/a: Apellidos y nombre: Sampayo López, José Luis. NRP: 1178963213A6032. Grupo/Subgrupo: C2. Cuerpo o Escala: 6032. Situación: Activo. Puesto adjudicado: N.º de orden: 3. Puesto: Secretario/Secretaria de Puesto de Trabajo Nivel 30. Puesto de procedencia: Ministerio, centro directivo, provincia: Presidencia, Gabinete de la Vicepresidenta del Gobierno, Madrid. Nivel: 15. Complemento específico: 6.069,00 euros. Datos personales adjudicatario/a: Apellidos y nombre: Puga Abelenda, Ana María. NRP: 3237832024A1146. Grupo/Subgrupo: C2. Cuerpo o Escala: 1146. Situación: Activo. Puesto adjudicado: N.º de orden: 4. Puesto: Secretario/Secretaria de Puesto de Trabajo Nivel 30. Puesto de procedencia: Ministerio, centro directivo, provincia: Presidencia, Gabinete de la Vicepresidenta del Gobierno, Madrid. Nivel: 15. Complemento específico: 6.069,00 euros. Datos personales adjudicatario/a: Apellidos y nombre: Soriano Atencia, Concepción. NRP: 5160920913A1135. Grupo/Subgrupo: C1. Cuerpo o Escala: 1135. Situación: Activo. Puesto adjudicado: N.º de orden: 5. Puesto: Secretario/Secretaria de Puesto de Trabajo Nivel 30. Puesto de procedencia: Ministerio, centro directivo, provincia: Presidencia, Gabinete de la Vicepresidenta del Gobierno, Madrid. Nivel: 15. Complemento específico: 6.069,00 euros. Datos personales adjudicatario/a: Apellidos y nombre: Monreal Pelegrín, M. Carmen. NRP: 1743797524A1146. Grupo/Subgrupo: C2. Cuerpo o Escala: 1146. Situación: Activo. Puesto adjudicado: N.º de orden: 6. Puesto: Secretario/Secretaria de Puesto de Trabajo Nivel 30. Puesto de procedencia: Ministerio, centro directivo, provincia: Presidencia, Gabinete de la Vicepresidenta del Gobierno, Madrid. Nivel: 15. Complemento específico: 6.069,00 euros. Datos personales adjudicatario/a: Apellidos y nombre: Blasco García, M. del Rosario. NRP: 5079447435A6033. Grupo/Subgrupo: C2. Cuerpo o Escala: 6033. Situación: Activo.

Nombrado nuevos secretarios para el gabinete de la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 20.1 c) de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en relación con el artículo 56 del Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo, se adjudican los puestos de trabajo que en anexo se relacionan pertenecientes a la convocatoria efectuada mediante Orden PRE/2356/2012, de 29 de octubre, y una vez acreditada la observancia del procedimiento debido, así como el cumplimiento por parte de los candidatos elegidos de los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, ante el órgano que lo ha dictado, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el órgano judicial competente (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). Madrid, 30 de noviembre de 2012.–La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, P.D. (Orden PRE/934/2012, de 24 de abril), el Subsecretario de la Presidencia, Jaime Pérez Renovales. ANEXO Convocatoria Orden PRE/2356/2012, de 29 de octubre (BOE del 1 de noviembre) Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia Gabinete de la Vicepresidenta del Gobierno Puesto adjudicado: N.º de orden: 1. Puesto: Secretario/Secretaria de Puesto de Trabajo Nivel 30. Puesto de procedencia: Ministerio, centro directivo, provincia: Presidencia, Gabinete de la Vicepresidenta del Gobierno, Madrid. Nivel: 15. Complemento específico: 6.069,00 euros. Datos personales adjudicatario/a: Apellidos y nombre: Pérez Dacoba, M. Jesús. NRP: 03498643035A1146. Grupo/Subgrupo: C2. Cuerpo o Escala: 1146. Situación: Activo. Puesto adjudicado: N.º de orden: 2. Puesto: Secretario/Secretaria de Puesto de Trabajo Nivel 30. Puesto de procedencia: Ministerio, centro directivo, provincia: Presidencia, Gabinete de la Vicepresidenta del Gobierno, Madrid. Nivel: 15. Complemento específico: 6.069,00 euros. Datos personales adjudicatario/a: Apellidos y nombre: Sampayo López, José Luis. NRP: 1178963213A6032. Grupo/Subgrupo: C2. Cuerpo o Escala: 6032. Situación: Activo. Puesto adjudicado: N.º de orden: 3. Puesto: Secretario/Secretaria de Puesto de Trabajo Nivel 30. Puesto de procedencia: Ministerio, centro directivo, provincia: Presidencia, Gabinete de la Vicepresidenta del Gobierno, Madrid. Nivel: 15. Complemento específico: 6.069,00 euros. Datos personales adjudicatario/a: Apellidos y nombre: Puga Abelenda, Ana María. NRP: 3237832024A1146. Grupo/Subgrupo: C2. Cuerpo o Escala: 1146. Situación: Activo. Puesto adjudicado: N.º de orden: 4. Puesto: Secretario/Secretaria de Puesto de Trabajo Nivel 30. Puesto de procedencia: Ministerio, centro directivo, provincia: Presidencia, Gabinete de la Vicepresidenta del Gobierno, Madrid. Nivel: 15. Complemento específico: 6.069,00 euros. Datos personales adjudicatario/a: Apellidos y nombre: Soriano Atencia, Concepción. NRP: 5160920913A1135. Grupo/Subgrupo: C1. Cuerpo o Escala: 1135. Situación: Activo. Puesto adjudicado: N.º de orden: 5. Puesto: Secretario/Secretaria de Puesto de Trabajo Nivel 30. Puesto de procedencia: Ministerio, centro directivo, provincia: Presidencia, Gabinete de la Vicepresidenta del Gobierno, Madrid. Nivel: 15. Complemento específico: 6.069,00 euros. Datos personales adjudicatario/a: Apellidos y nombre: Monreal Pelegrín, M. Carmen. NRP: 1743797524A1146. Grupo/Subgrupo: C2. Cuerpo o Escala: 1146. Situación: Activo. Puesto adjudicado: N.º de orden: 6. Puesto: Secretario/Secretaria de Puesto de Trabajo Nivel 30. Puesto de procedencia: Ministerio, centro directivo, provincia: Presidencia, Gabinete de la Vicepresidenta del Gobierno, Madrid. Nivel: 15. Complemento específico: 6.069,00 euros. Datos personales adjudicatario/a: Apellidos y nombre: Blasco García, M. del Rosario. NRP: 5079447435A6033. Grupo/Subgrupo: C2. Cuerpo o Escala: 6033. Situación: Activo. ### RESUMEN: Nombrado nuevos secretarios para el gabinete de la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia.

La pandemia de COVID-19 está produciendo un grave impacto en la salud mental de la población. Esta situación ha puesto en evidencia la necesidad de prestar especial atención a la salud mental de la población no solo durante una situación de crisis sanitaria, sino también durante una situación de normalidad a través de la puesta en marcha de una política pública ambiciosa y de largo alcance. El deterioro de la salud mental ha ido acompañado del incremento de los factores de riesgo asociados al suicidio. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, durante el año 2020, el suicidio fue la primera causa de muerte externa en España. El artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como el artículo 67 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, establecen que podrán concederse, de forma directa y con carácter excepcional, aquellas subvenciones para las que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública. De conformidad con lo previsto en el artículo 28.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las normas especiales reguladoras de las subvenciones previstas en el artículo 22.2.c) deberán ser aprobadas por real decreto, a propuesta del Ministerio competente. Este real decreto tiene por objeto regular la concesión directa de una subvención a la Cruz Roja Española con el fin de poner en marcha un sistema de prevención, detección precoz y atención a personas con riesgo de conducta suicida, en línea con la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud 2022-2026. Las razones de interés público y social que justifican la adjudicación directa de una subvención mediante este real decreto se refieren a la necesidad de dar una respuesta rápida a la emergencia sanitaria generada por la pandemia de COVID-19, así como permitir la ejecución de la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud 2022-2026, que contempla como una de sus líneas estratégicas la prevención, detección precoz y atención a la conducta suicida. Según la Organización Mundial de la Salud, en todo el mundo, cerca de 1.000 millones de personas viven con un trastorno mental y una persona se suicida cada 40 segundos. En el momento actual, la pandemia provocada por el COVID-19 ha agravado esta situación y está teniendo repercusiones adicionales en la salud mental de las personas. En España, tanto los datos recogidos en la Encuesta Europea de Salud como por el Centro de Investigaciones Sociológicas reflejan un incremento de los trastornos ansioso-depresivos, de las conductas autolíticas y de la sintomatología compatible con el trastorno de estrés postraumático. Se registran, además, complicaciones asociadas a patologías mentales previas a la pandemia, como en el caso de los trastornos de la conducta alimentaria, de los cuadros psicóticos y de las conductas adictivas, tanto las asociadas al consumo de sustancias psicoactivas como las comportamentales o sin sustancia, especialmente aquellas relacionadas con las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Todo ello, acompañado de un incremento de la violencia de género y de los malos tratos a la infancia. En concreto, la Encuesta sobre la Salud Mental de los españoles durante la pandemia de COVID-19 publicada por el Centro de Investigaciones Sociológicas en febrero de 2021 registraba que el 23,4 % de la población española ha sentido miedo a morir debido al COVID-19 y que se ha duplicado la prescripción de psicofármacos. Ante esta situación, el 6,4 % de los encuestados ha decidido acudir a un psicólogo o psiquiatra desde que empezó la pandemia, en la mayoría de los casos por ansiedad (43,7 %) o por un trastorno depresivo (35,5 %). Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2020 la tasa de suicidios por edad y sexo fue de 8,3/100.000 hab./año. Durante ese año, el suicidio se mantuvo como la primera causa externa de mortalidad, con 3.941 fallecimientos, de los cuales 2.930 fueron hombres y 1.011 mujeres. En la etapa de la adolescencia se produce un punto de inflexión, pasando de 14 suicidios en el grupo de menores de 15 años a 300 suicidios en el grupo de 15 a 29 años. La Organización Mundial de la Salud ya advertía en el año 2000 que un suicidio individual afecta íntimamente, al menos, a otras seis personas. Cada año, esto supone que más de 18.000 personas supervivientes en España podrían sufrir las consecuencias trágicas y traumáticas de vivir un suicidio. En el contexto de la presente pandemia, la atención a la salud mental tiene una especial importancia, por lo que debemos ser capaces de convertir esta situación en una oportunidad para poner las bases de una serie de mejoras de las que salga una atención a la salud mental en nuestro país mejor y de mayor calidad en el futuro. La atención a la salud mental de las personas y de las comunidades de las que estas forman parte es condición indispensable para el desarrollo de calidad de vida y el ejercicio pleno de una ciudadanía en la que se conjuguen los derechos y deberes. A este respecto, el Ministerio de Sanidad ha presentado recientemente al Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud la nueva Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud 2022-2026. Este instrumento, que fue aprobado por unanimidad por todas las comunidades autónomas el pasado 2 de diciembre, constituye un marco de referencia, articulado en torno a objetivos y recomendaciones, para el posterior despliegue de programas y acciones sobre salud mental por las comunidades autónomas. Una de las líneas estratégicas de la nueva Estrategia de Salud Mental es la prevención, detección precoz y atención a la conducta suicida, en la que se contempla la creación de un sistema de atención telefónica a personas con pensamientos, ideaciones o riesgo de conducta suicida. Además, el Ministerio de Sanidad está trabajando, junto con las comunidades autónomas, en la elaboración del Primer Plan de Acción de Salud Mental para el periodo 2022-2024, en el cual se incluirá como una de sus líneas de acción la creación de un teléfono de información 24 horas para ofrecer atención profesional y apoyo a personas con riesgo de conducta suicida. La creación de una red de atención telefónica eficiente, coordinada e integrada supone una necesidad de primer nivel para prevenir, detectar y atender a las personas con riesgo de conducta suicida. Pero también supone un reto para los poderes públicos, debido a la gran complejidad del servicio, la escasez de precedentes y las transformaciones que está provocando la crisis sanitaria y social. Esta situación extraordinaria y cambiante hace necesaria la realización de un proyecto que permita conocer el desempeño, los requisitos y las necesidades de un futuro servicio de atención telefónica que incluya una colaboración intensa en actividades de información y prevención del suicidio, que, aun hoy, sigue siendo objeto de una alta estigmatización social. La puesta en marcha de un sistema de atención telefónica implica, necesariamente, la ejecución de actuaciones tales como la actualización del mapa de recursos comunitarios disponibles para la asistencia, prevención y apoyo psicosocial a personas con ideación o conducta suicida, la identificación previa de los requerimientos técnicos y tecnológicos del sistema de atención telefónica en materia de accesibilidad universal y el diseño y elaboración de materiales, acciones de formación y campañas de comunicación que permitan difundir el servicio entre los potenciales usuarios, los profesionales sociosanitarios y la ciudadanía en su conjunto. La Cruz Roja Española es una institución de ámbito nacional entre cuyos fines, de carácter altruista, se encuentran el fomento y la participación en programas de salud, así como la lucha por la no discriminación, contando con una dilatada trayectoria en la prevención y tratamiento de la salud mental. Una actividad que se ha visto incrementada a raíz de la pandemia de COVID-19, añadiendo el desafío de responder con garantía al reto científico y técnico que la sociedad exige, con su compromiso para afianzar la mejora permanente en la prevención de la conducta suicida. La Cruz Roja Española enmarca sus acciones dentro de la equidad en salud y accede de manera especial a las poblaciones en riesgo de exclusión social promoviendo su acceso a la asistencia sanitaria universal. Así mismo, la Cruz Roja Española tiene una importante implantación territorial y una elevada legitimidad social, lo que le convierte en un socio fundamental en la respuesta a la atención de la salud mental. Ante la concurrencia de las situaciones descritas, el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, establece la posibilidad, en determinados supuestos, de conceder una subvención de forma directa a uno o a un conjunto de beneficiarios. Este real decreto se somete a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia recogidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En este sentido, esta norma es necesaria y eficaz para poder desarrollar las referidas actuaciones públicas y se justifica por las expresadas razones de interés público. Resulta proporcional porque es el instrumento necesario para la ejecución de la acción a la que se refiere y garantiza el principio de seguridad jurídica. En aplicación del principio de transparencia, se han definido claramente el alcance y objetivo no solo de esta norma sino de la propia dotación presupuestaria con la que se financia la aportación del Estado y atiende al principio de eficiencia, pues no supone cargas administrativas accesorias y contribuye a la gestión racional de estos recursos públicos existentes. En la tramitación de este real decreto se ha recabado, entre otros, el informe de la Abogacía del Estado en el Ministerio de Sanidad. Este real decreto se dicta en ejercicio de las competencias constitucionalmente reservadas al Estado, al amparo del artículo 149.1.16.ª de la Constitución Española, que establece la competencia exclusiva del Estado en materia de bases y coordinación general de la sanidad. En su virtud, a propuesta de la Ministra de Sanidad, con el informe del Ministerio de Hacienda y Función Pública, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 22 de marzo de 2022, DISPONGO: Artículo 1. Objeto. Este real decreto tiene por objeto regular, con carácter excepcional y por razones de interés público y social, la concesión directa de una subvención a la Cruz Roja Española para el desarrollo de actuaciones dirigidas a prevenir, detectar de forma precoz y atender a personas con riesgo de conducta suicida, en particular, mediante la implantación de un sistema de atención telefónica para la prevención de estas conductas. Artículo 2. Régimen jurídico aplicable. Esta subvención se regirá por lo dispuesto en este real decreto y en la resolución de concesión, de conformidad con lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado mediante el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, salvo en lo que afecte a los principios de publicidad y concurrencia. Artículo 3.  Entidad beneficiaria. La entidad beneficiaria de esta subvención será la Cruz Roja Española. Artículo 4. Procedimiento de concesión. 1. Se autoriza la concesión directa de la subvención objeto de este real decreto, en aplicación de lo previsto en los artículos 22.2.c) y 28.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en el artículo 67 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, atendiendo al carácter singular que se deriva de las excepcionales circunstancias derivadas de la pandemia provocada por el COVID-19, y dado que concurren razones de interés público y social que determinan la improcedencia de su convocatoria pública. 2. La subvención se concederá mediante resolución de la persona titular de la Secretaría de Estado de Sanidad. Con carácter previo a la resolución de concesión de la subvención, la Cruz Roja Española deberá acreditar que no concurre en ninguna de las circunstancias o prohibiciones previstas en el artículo 13. 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como no ser deudora por procedimientos de reintegro. La comprobación de estos requisitos corresponderá a la Dirección General de Salud Pública. 3. La subvención se publicará en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Artículo 5. Actuaciones a financiar. Las actuaciones a financiar serán las siguientes: a) Desarrollo de un sistema de atención telefónica para la prevención de la conducta suicida dirigido a la población que asegure la confidencialidad, accesibilidad e inmediatez en la respuesta. b) Actualización del mapa de recursos comunitarios disponibles para la asistencia, prevención y apoyo psicosocial a personas con ideación o conducta suicida, a fin de realizar una correcta derivación si fuera necesario. c) Identificación y adopción de los requerimientos técnicos y tecnológicos del sistema de atención telefónica en materia de accesibilidad universal, que garanticen que este servicio puede ser utilizado por toda la ciudadanía en condiciones de igualdad y no discriminación. d) Colaboración con el Ministerio de Sanidad en el diseño y en la elaboración de materiales, acciones de formación y campañas de comunicación de las actividades en materia de prevención, detección precoz y atención a la conducta suicida. Las actuaciones previstas en el presente artículo deberán ejecutarse en los doce meses siguientes a la fecha que se determine en la resolución de concesión, fecha en la que deberá estar operativo el sistema de atención telefónica previsto en el apartado a), sin perjuicio de las actuaciones preparatorias que sea preciso realizar desde la notificación de la resolución hasta dicha fecha, para garantizarlo. Artículo 6. Gastos subvencionables. La subvención concedida a la Cruz Roja Española para la realización de las actuaciones señaladas en el artículo 5 se destinará a financiar, según se recoge en el artículo 31.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, los gastos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada. Artículo 7. Cuantía y financiación. 1. La cuantía de la subvención es de dos millones cuarenta y nueve mil setecientos cincuenta euros (2.049.750,00 euros). 2. Este importe se abonará con cargo al servicio 07 del presupuesto de gastos del Ministerio de Sanidad. 3. La cantidad prevista destinada a financiar esta subvención tiene el carácter de máxima, de conformidad con los límites fijados en el artículo 57 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Artículo 8. Compatibilidad con otras subvenciones. 1. Esta subvención será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos procedentes de cualquier Administración pública, de otros entes públicos o privados, de la Unión Europea o de organismos internacionales, que obtenga la entidad beneficiaria para la misma o similar finalidad. La Cruz Roja Española deberá comunicar al Ministerio de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud Pública, la obtención de los recursos citados. 2. El importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada. Artículo 9. Pago de la subvención. 1. El Ministerio de Sanidad desembolsará los fondos mediante dos pagos, correspondientes cada uno al 50 % de la subvención. El primer pago se efectuará tras la presentación de un informe de planificación de actuaciones y un presupuesto económico detallado de las mismas para la utilización de la subvención, dentro del mes siguiente a la resolución de concesión. El segundo pago se realizará tras la entrega de un informe de seguimiento con el contenido que se determine en la resolución de concesión, en la primera quincena del mes de noviembre. En ambos casos, se requerirá la validación previa por parte de la Dirección General de Salud Pública. El presupuesto presentado para la actividad servirá de referencia para la determinación final del importe de la subvención válidamente aplicada. 2. Con carácter previo al pago de la subvención, la Cruz Roja Española deberá acreditar, mediante declaración responsable, que no concurre en ninguna de las circunstancias o prohibiciones previstas en el artículo 13. 2, con excepción de lo establecido en la letra e), y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. El pago de la subvención se hará sin necesidad de constituir fianza o garantía, si bien, con carácter previo al cobro de la subvención, la entidad beneficiaria deberá acreditar que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como no ser deudora por procedimientos de reintegro. 3. La acreditación de cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social a las que se refiere el apartado anterior, se realizará mediante la certificación administrativa positiva expedida por el órgano competente. A efectos de lo anterior, la entidad beneficiaria de la subvención podrá autorizar a la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad para que obtenga dichas certificaciones de manera directa, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.4 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Artículo 10. Justificación de la subvención. 1. La entidad beneficiaria asume el cumplimiento de las obligaciones que se establecen en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, relativas a la justificación de subvenciones. 2. La entidad beneficiaria justificará el cumplimiento de las condiciones impuestas y la consecución de los objetivos previstos en este real decreto adoptando la modalidad de cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto, de acuerdo con los artículos 69, 72 y 73 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 3. La cuenta justificativa contendrá la siguiente documentación, que la Cruz Roja Española entregará en los tres meses siguientes a la finalización de la ejecución de las actuaciones: a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos. b) Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que contendrá: 1.º Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. 2.º Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el párrafo anterior y, en su caso, la documentación acreditativa del pago. A estos efectos, deberá aportarse copia de los justificantes del gasto realizado con cargo a la subvención recibida, así como un certificado que comprenda los pagos realizados por el importe de la subvención concedida debidamente cumplimentados y firmados por la Secretaría General de la Cruz Roja Española o el órgano competente. 3.º Indicación, en su caso, de los criterios de reparto de los costes incorporados en la relación a que se hace referencia en el apartado 1.º 4.º Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia. En caso de inexistencia de otros ingresos o subvenciones se hará constar tal circunstancia. A estos efectos, deberá aportarse certificado que, en caso de que las haya, acredite la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos destinadas a la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organizaciones internacionales, con indicación de la cantidad recibida, así como que dichas cantidades se han destinado a la misma finalidad y son compatibles con esta subvención. 5.º Certificado de la entidad beneficiaria que acredite haber registrado en su contabilidad el ingreso del importe de la cantidad recibida, así como que dicha cantidad se ha destinado exclusivamente a la finalidad para la que ha sido concedida. 6.º En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados. 4. La justificación de los gastos se realizará mediante factura o documento de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa. En ningún caso el coste de los gastos financiables podrá ser superior al valor de mercado. Artículo 11. Obligaciones de la entidad beneficiaria. 1. La Cruz Roja Española, como entidad beneficiaria de la subvención, estará sujeta a las obligaciones previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 2. Las obligaciones de justificación del cumplimiento de los requisitos y condiciones y de realización de la actividad y cumplimiento de la finalidad, incluida la adecuación a los indicadores que se determinen en la resolución de concesión, el sometimiento a las actuaciones de comprobación, así como las obligaciones de comunicación de la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas se realizarán ante el Ministerio de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud Pública. 3. Con carácter general, la entidad beneficiaria pondrá a disposición del Ministerio de Sanidad la información que precise, así como la estructura y apoyo técnico para la realización de las actuaciones establecidas en este real decreto, a fin de facilitar la implantación de las actuaciones que precisen de colaboración. Artículo 12. Incumplimientos y reintegros. 1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y, en su caso, de los intereses devengados por la subvención, así como la exigencia del interés de demora correspondiente, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos recogidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 2. El procedimiento de reintegro se regirá de conformidad con los artículos 41 a 43 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y por lo dispuesto en el capítulo II del título III del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. En caso de no realizarse el gasto o en caso de incumplimiento total o parcial de los objetivos previstos, la entidad beneficiaria deberá reintegrar los fondos recibidos de acuerdo con las causas previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, con respeto a los criterios de proporcionalidad que recoge el apartado segundo del mencionado artículo. 3. El órgano competente para exigir el reintegro de la subvención concedida será la persona titular de la Secretaría de Estado de Sanidad. Artículo 13. Régimen sancionador. Las posibles infracciones que pudiesen ser cometidas por la entidad beneficiaria se graduarán y sancionarán de acuerdo con lo establecido en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el título IV del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Artículo 14. Protección de datos. La entidad beneficiaria se someterá al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales, y a la normativa complementaria en la ejecución de lo previsto en este real decreto. Artículo 15. Publicidad y difusión. La Cruz Roja Española se compromete a destacar, en cuantas actividades realice para la difusión de las acciones previstas en el presente real decreto, la financiación efectuada por la Administración General del Estado, así como hacerlo constar en cuantos materiales se reproduzcan y utilicen para la difusión o publicidad de los proyectos financiados, de acuerdo con lo establecido en el «Manual de imagen Institucional de la Administración General del Estado», aprobado por Orden de 27 de septiembre de 1999 en desarrollo del Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre, y por la Resolución de 28 de febrero de 2020, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, por la que se actualiza el Manual de Imagen Institucional adaptándolo a la nueva estructura de departamentos ministeriales de la Administración General del Estado, y la Guía de Comunicación Digital para la Administración General del Estado, aprobada por Resolución de 21 de marzo de 2013, de la Secretaría de Estado para las Administraciones Públicas. La entidad beneficiaria se compromete a coordinar y validar previamente con el Gabinete de la persona titular del Ministerio de Sanidad todas las acciones de comunicación y difusión que realice, tanto directa como indirectamente, en relación con las actuaciones previstas en este real decreto. Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 1080/2021, de 7 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones destinadas a la cofinanciación de la contratación de agentes locales de innovación por parte de los ayuntamientos de las ciudades miembros de la Red Innpulso. Se modifica el artículo 1 del Real Decreto 1080/2021, de 7 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones destinadas a la cofinanciación de la contratación de agentes locales de innovación por parte de los ayuntamientos de las ciudades miembros de la Red Innpulso, que queda redactado en los términos siguientes: «Artículo 1. Objeto. Este real decreto tiene por objeto regular la concesión directa de subvenciones destinadas a la cofinanciación de la contratación, conforme a la normativa laboral o, en su caso, a la normativa general en materia de empleo público de agentes locales de innovación por parte de los ayuntamientos de las ciudades miembros de la Red Innpulso.» Disposición final segunda. Título competencial. Este real decreto se dicta al amparo del artículo 149.1.16.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y coordinación general de la sanidad. Disposición final tercera. Entrada en vigor. Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dado en Madrid, el 22 de marzo de 2022. FELIPE R. La Ministra de Sanidad, CAROLINA DARIAS SAN SEBASTIÁN

El Gobierno privatiza la atención del teléfono gratuito de ayuda a personas con riesgo de conducta suicida, el 024: se encargará Cruz Roja por dos millones durante un año.

La pandemia de COVID-19 está produciendo un grave impacto en la salud mental de la población. Esta situación ha puesto en evidencia la necesidad de prestar especial atención a la salud mental de la población no solo durante una situación de crisis sanitaria, sino también durante una situación de normalidad a través de la puesta en marcha de una política pública ambiciosa y de largo alcance. El deterioro de la salud mental ha ido acompañado del incremento de los factores de riesgo asociados al suicidio. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, durante el año 2020, el suicidio fue la primera causa de muerte externa en España. El artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como el artículo 67 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, establecen que podrán concederse, de forma directa y con carácter excepcional, aquellas subvenciones para las que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública. De conformidad con lo previsto en el artículo 28.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las normas especiales reguladoras de las subvenciones previstas en el artículo 22.2.c) deberán ser aprobadas por real decreto, a propuesta del Ministerio competente. Este real decreto tiene por objeto regular la concesión directa de una subvención a la Cruz Roja Española con el fin de poner en marcha un sistema de prevención, detección precoz y atención a personas con riesgo de conducta suicida, en línea con la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud 2022-2026. Las razones de interés público y social que justifican la adjudicación directa de una subvención mediante este real decreto se refieren a la necesidad de dar una respuesta rápida a la emergencia sanitaria generada por la pandemia de COVID-19, así como permitir la ejecución de la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud 2022-2026, que contempla como una de sus líneas estratégicas la prevención, detección precoz y atención a la conducta suicida. Según la Organización Mundial de la Salud, en todo el mundo, cerca de 1.000 millones de personas viven con un trastorno mental y una persona se suicida cada 40 segundos. En el momento actual, la pandemia provocada por el COVID-19 ha agravado esta situación y está teniendo repercusiones adicionales en la salud mental de las personas. En España, tanto los datos recogidos en la Encuesta Europea de Salud como por el Centro de Investigaciones Sociológicas reflejan un incremento de los trastornos ansioso-depresivos, de las conductas autolíticas y de la sintomatología compatible con el trastorno de estrés postraumático. Se registran, además, complicaciones asociadas a patologías mentales previas a la pandemia, como en el caso de los trastornos de la conducta alimentaria, de los cuadros psicóticos y de las conductas adictivas, tanto las asociadas al consumo de sustancias psicoactivas como las comportamentales o sin sustancia, especialmente aquellas relacionadas con las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Todo ello, acompañado de un incremento de la violencia de género y de los malos tratos a la infancia. En concreto, la Encuesta sobre la Salud Mental de los españoles durante la pandemia de COVID-19 publicada por el Centro de Investigaciones Sociológicas en febrero de 2021 registraba que el 23,4 % de la población española ha sentido miedo a morir debido al COVID-19 y que se ha duplicado la prescripción de psicofármacos. Ante esta situación, el 6,4 % de los encuestados ha decidido acudir a un psicólogo o psiquiatra desde que empezó la pandemia, en la mayoría de los casos por ansiedad (43,7 %) o por un trastorno depresivo (35,5 %). Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2020 la tasa de suicidios por edad y sexo fue de 8,3/100.000 hab./año. Durante ese año, el suicidio se mantuvo como la primera causa externa de mortalidad, con 3.941 fallecimientos, de los cuales 2.930 fueron hombres y 1.011 mujeres. En la etapa de la adolescencia se produce un punto de inflexión, pasando de 14 suicidios en el grupo de menores de 15 años a 300 suicidios en el grupo de 15 a 29 años. La Organización Mundial de la Salud ya advertía en el año 2000 que un suicidio individual afecta íntimamente, al menos, a otras seis personas. Cada año, esto supone que más de 18.000 personas supervivientes en España podrían sufrir las consecuencias trágicas y traumáticas de vivir un suicidio. En el contexto de la presente pandemia, la atención a la salud mental tiene una especial importancia, por lo que debemos ser capaces de convertir esta situación en una oportunidad para poner las bases de una serie de mejoras de las que salga una atención a la salud mental en nuestro país mejor y de mayor calidad en el futuro. La atención a la salud mental de las personas y de las comunidades de las que estas forman parte es condición indispensable para el desarrollo de calidad de vida y el ejercicio pleno de una ciudadanía en la que se conjuguen los derechos y deberes. A este respecto, el Ministerio de Sanidad ha presentado recientemente al Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud la nueva Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud 2022-2026. Este instrumento, que fue aprobado por unanimidad por todas las comunidades autónomas el pasado 2 de diciembre, constituye un marco de referencia, articulado en torno a objetivos y recomendaciones, para el posterior despliegue de programas y acciones sob ### RESUMEN: El Gobierno privatiza la atención del teléfono gratuito de ayuda a personas con riesgo de conducta suicida, el 024: se encargará Cruz Roja por dos millones durante un año.

El Director General de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) y la Directora General del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), han suscrito, con fecha 30 de diciembre de 2014, un acuerdo de encomienda de gestión entre la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado y el Instituto Nacional de la Seguridad Social para la realización de determinados reconocimientos médicos. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se dispone su publicación como anexo a la presente Resolución. Madrid, 23 de enero de 2015.–El Subsecretario de la Presidencia, Jaime Pérez Renovales. ANEXO Acuerdo de encomienda de gestión entre la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado y el Instituto Nacional de la Seguridad Social REUNIDOS En Madrid a 30 de diciembre de 2014. De una parte, don Gustavo Emiliano Blanco Fernández, Director General de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (en adelante, MUFACE), nombrado por Real Decreto 285/2012, de 27 de enero, en representación de la misma, y en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 11.2.K), H) e I) del Real Decreto 577/1997, de 18 de abril, por el que se establece la estructura de los Órganos de Gobierno, Administración y Representación de MUFACE. De otra parte, doña M.ª Eugenia Martín Mendizábal, Directora General del Instituto Nacional de la Seguridad Social (en adelante, INSS), de acuerdo con el nombramiento efectuado por Real Decreto 154/2012, de 13 de enero, en función de su cargo y en ejercicio de las facultades que le son atribuidas por el artículo 5 del Real Decreto 2583/1996, de 13 de diciembre. Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad suficiente y poder bastante para este acto, y EXPONEN I. El artículo 11 del texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, incluye dentro de las contingencias protegidas en este régimen especial la incapacidad temporal, derivada bien de enfermedad común o profesional, bien de accidente común o en acto de servicio o como consecuencia de él. A su vez, el artículo 12 del texto citado anteriormente incluye en su apartado b), entre las prestaciones a que tienen derecho los mutualistas, el subsidio por incapacidad temporal. II. La disposición final séptima de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009, en su apartado primero, modifica los artículos 18 a 22 del texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado. El artículo 19, apartado cuarto, en su nueva redacción establece que la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado podrá ejercer el control y seguimiento de la situación de incapacidad temporal del funcionario, desde su inicio, mediante reconocimientos médicos a desarrollar por las Unidades Médicas de Seguimiento de las que disponga, propias o dependientes de otras Entidades Gestoras de la Seguridad Social y Servicios Públicos de Salud, con los que la Mutualidad establezca acuerdos de colaboración. III. Los instrumentos de gestión y control de la incapacidad temporal en el sistema de la seguridad Social están fijados en el Real Decreto 625/ 2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos de incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración. IV. De acuerdo con las anteriores consideraciones, dado que el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, no obstante su incuestionable singularidad, se inserta dentro del marco del Sistema español de la Seguridad Social estructurado en un Régimen General y varios especiales, y con el fin de poder hacer efectivo el control y seguimiento de la situación de incapacidad temporal dentro del campo de aplicación de este Régimen Especial, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado ha decidido encomendar al Instituto Nacional de la Seguridad Social la realización de los reconocimientos médicos, con la oportuna remisión del Informe-valoración de sus resultados a la Mutualidad. V. Por lo que antecede y de conformidad con el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ambas partes suscriben el siguiente acuerdo de encomienda de gestión con arreglo a las siguientes: CLÁUSULAS Primera. Objeto de la encomienda. La encomienda tiene por objeto la realización en todo el territorio nacional de los reconocimientos médicos a los funcionarios incluidos dentro del campo de aplicación del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, que estén en la situación de incapacidad temporal (en adelante, IT) o que hayan solicitado la respectiva licencia, a través de los medios de que disponen las Direcciones Provinciales del INSS. Dichos reconocimientos médicos se realizarán a efectos de control y seguimiento de la situación de IT del funcionario, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 del texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, en la redacción dada por la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009, y su normativa reglamentaria de desarrollo. Segunda. Ejecución de las actividades y compromisos. A) MUFACE asumirá las siguientes actividades y compromisos: Remitirá con periodicidad diaria, a través de los sistemas establecidos en la aplicación informática a la que tendrán acceso los facultativos autorizados por el INSS, una relación comprensiva de aquellos funcionarios del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado domiciliados en cualquier punto del territorio nacional y que se encuentren en situación de IT o soliciten su reconocimiento médico, y cuyo control sea requerido expresamente por MUFACE, con los siguientes datos identificativos: – Nombre y apellidos. – Domicilio a efectos de notificación para este proceso. La provincia en la que se sitúe dicho domicilio servirá como referencia para la gestión del proceso con respecto a los consiguientes Servicios Provinciales de MUFACE y facultativos médicos de que dispone el INSS. – Teléfono/s de contacto. – Número de documento nacional de identidad. – Fecha de inicio de la licencia por enfermedad o de la enfermedad, si la licencia no ha sido concedida. – Código de diagnóstico de la principal enfermedad que origina la situación de IT o su solicitud. – Procesos de IT finalizados en los 180 días previos, susceptibles de ser acumulados al actual (en aquellos casos en que se solicite valoración de posible recaída). – Cualquier otro dato posible que, contenido en la aplicación informática establecida al efecto, pueda ser considerado de interés a los fines de esta función por la Comisión Paritaria Nacional de Seguimiento prevista en la cláusula tercera de este acuerdo (Comisión de Seguimiento), siempre y cuando no vulnere el contenido de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE del día 14). MUFACE podrá recoger en las mencionadas relaciones los casos concretos que, por petición expresa de los órganos de personal o de los mutualistas, requieran de un reconocimiento médico prioritario. En particular, deberán resolverse en un plazo máximo de siete días naturales los reconocimientos solicitados por los mutualistas tras serles denegada su solicitud de licencia por enfermedad (inicial o cualquiera de sus prórrogas), por existir contradicción entre el parte de enfermedad y el sentido del informe emitido por las unidades médicas que dependan o presten su colaboración con el órgano de personal competente para expedir la licencia (supuestos contemplados en el artículo 90.3 del Reglamento General del Mutualismo Administrativo, aprobado por Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo). MUFACE trasladará el informe de control derivado del reconocimiento efectuado por el INSS, en el formato y sistema establecidos en la aplicación, al órgano de personal competente para la concesión de la licencia por enfermedad procedente e informará al propio mutualista del resultado del reconocimiento. MUFACE se compromete con cargo a su presupuesto a dotar al INSS de los medios financieros precisos, en la cantidad y forma que se indica en la cláusula cuarta, para compensar el aumento de la carga de trabajo derivada de esta Encomienda de Gestión para los facultativos médicos de que dispone el INSS. MUFACE asumirá el coste de las posibles exploraciones y pruebas diagnósticas a sus mutualistas requeridas por las Direcciones Provinciales del INSS, en la forma establecida en los conciertos que tenga suscritos para la prestación de la asistencia sanitaria a aquéllos. B) El INSS asumirá las siguientes actividades y compromisos: Con respecto a la situación de IT se compromete a realizar, a través de los medios de que disponen las Direcciones Provinciales correspondientes a los domicilios de los mutualistas, los informes de control derivados de los reconocimientos médicos practicados a aquellos funcionarios del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado que se encuentren en situación de IT o soliciten su reconocimiento médico, y cuyo control de la situación sea requerido expresamente por MUFACE por encontrarse, de acuerdo con sus normas reglamentarias, en alguno de los casos siguientes: 1. Procesos cuya duración supere los tiempos óptimos especificados para cada patología en los protocolos técnicos utilizados por el INSS o elaborados expresamente por la Mutualidad. 2. Cuando el mutualista solicite expresamente a MUFACE una valoración de su situación, tras serle denegada su solicitud de licencia por enfermedad por existir contradicción entre el parte de enfermedad y el sentido del informe emitido por las unidades médicas que dependan o presten su colaboración con el órgano de personal competente para expedir la licencia. En este supuesto, el INSS comunicará el resultado del reconocimiento en un plazo máximo de siete días naturales. 3. Cuando el respectivo órgano de personal solicite a MUFACE el control de una situación determinada, con o sin estudio de recaída asociado. 4. Cuando exista cualquier otro proceso de IT en que se haya emitido el informe de ratificación del décimo mes y antes del cumplimiento del duodécimo mes desde el inicio de la misma, a los efectos de la concesión de la prórroga de la situación de incapacidad temporal más allá del plazo de 365 días. 5. Cuando exista cualquier otro proceso de IT en que se haya emitido el informe de ratificación del decimosexto mes y antes del cumplimiento del decimoctavo mes desde el inicio de la misma, a los efectos de la concesión de la prórroga de la situación de incapacidad temporal más allá del plazo de 545 días. Las Direcciones Provinciales del INSS, a través de los medios de que disponen, realizarán estos reconocimientos, mediante la aplicación de los protocolos técnicos utilizados con la población protegida habitualmente por el INSS o los elaborados expresamente, de forma acordada con MUFACE, a través de los procedimientos de gestión de los procesos establecidos en el presente acuerdo de encomienda de gestión. El procedimiento de comunicación entre MUFACE e INSS será preferentemente informático. A estos efectos, MUFACE dispone de una aplicación informática para el control de esta prestación que será utilizada por el personal autorizado del INSS en aras de una gestión ágil y eficaz de los reconocimientos médicos efectuados a los mutualistas de MUFACE. Los reconocimientos se efectuarán de acuerdo con la distribución territorial, frecuencias y número de reconocimientos estimados en el Plan de Trabajo que, para cada ejercicio presupuestario en el que esté en vigor este acuerdo, establezca la Comisión de Seguimiento. El INSS, en virtud de este acuerdo, permitirá la realización de hasta 30.000 actividades de reconocimientos médicos, entendiendo por éstas todas las solicitudes que se tramiten con independencia de que concluyan con un reconocimiento médico efectivamente realizado, a mutualistas de MUFACE por cada año de vigencia del mismo. El INSS acusará recibo de la relación de mutualistas a reconocer, enviada por MUFACE, mediante los sistemas establecidos en la aplicación informática, y procederá a efectuar, mediante los procedimientos que tenga establecidos o las posibilidades contenidas en dicha aplicación informática, las citaciones a los domicilios y/o teléfonos señalados, en los plazos estimados por la Comisión de Seguimiento desde la recepción de la relación de reconocimientos solicitados por MUFACE. En aquellos supuestos en los que sea necesaria la realización de exploraciones o pruebas diagnósticas complementarias, el INSS comunicará este extremo al mutualista y solicitará su realización de forma directa en el formato y procedimiento establecido por la Comisión de Seguimiento. La realización de la exploración o prueba en el plazo establecido por los facultativos médicos de los que dispone el INSS tendrá carácter obligatorio para el mutualista y la entidad médica de adscripción. Para ello, dichos facultativos médicos incluirán la información de esta circunstancia en la aplicación informática establecida al efecto para conocimiento del estado del proceso por MUFACE, que podrá trasladárselo al órgano administrativo para el que preste el funcionario sus servicios y, en su caso, a la entidad médica de adscripción. Simultáneamente, o tras la petición de la prueba o exploración, los facultativos médicos trasladarán al mutualista una nueva fecha de citación para que, una vez realizada aquella, se proceda al reconocimiento definitivo. Una vez efectuado el reconocimiento, el INSS enviará a MUFACE el resultado mediante un informe de control en el formato y sistema establecidos en la aplicación, que contendrá alguno de los siguientes extremos: – Valoración sobre si la situación de IT actual es recaída o no de otra situación finalizada en los 180 días previos, cuando se solicite expresamente esta información. – Valoración sobre si la enfermedad padecida por el mutualista justifica o no la concesión de una licencia por enfermedad o el mantenimiento de la situación de IT y la propuesta de fecha para un nuevo reconocimiento médico o, en su caso, la propuesta de fecha de alta, según proceda. – Valoración sobre si la situación médica del mutualista aconseja su examen para determinar si el estado de incapacitación tiene carácter permanente para sus funciones habituales. Tercera. Comisión de Seguimiento. Los Directores Generales de MUFACE e INSS designarán los representantes en la Comisión de Seguimiento, que será la encargada de velar por la correcta ejecución y desarrollo del objeto de la Encomienda de Gestión. En concreto, dicha Comisión asumirá las siguientes funciones: – Seguimiento y control permanente de los trabajos realizados, según el plan de trabajo establecido, y análisis de los mismos con el fin de detectar las situaciones imprevistas que dificulten su desarrollo, así como establecer las actuaciones que se deban emprender para mejorar sus resultados. – Resolución de los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respecto a la ejecución del presente acuerdo. La Comisión de Seguimiento se reunirá con la periodicidad que sus componentes estimen necesaria, aunque con una frecuencia mínima semestral. Esta Comisión podrá valorar la conveniencia de establecer en todas o algunas provincias Comisiones de Seguimiento Provinciales, con el fin de coordinar las actuaciones en este nivel territorial. La Comisión de Seguimiento estará compuesta de seis miembros, tres de ellos designados por el Director General de MUFACE y tres por la Directora General del INSS, actuando en la primera reunión anual como Presidente el que se designe por el Director General de MUFACE y como Secretario el designado por la Directora General del INSS, y de manera inversa para la según da reunión anual. Cuarta. Compensación por los gastos. MUFACE compensará al INSS por los gastos que puedan ocasionarse como consecuencia de este acuerdo. La aportación económica a satisfacer al INSS por MUFACE ascenderá a 1.332.175,00 euros, cuantía que se estima suficiente para absorber el incremento de cargas de trabajo en el INSS y garantizar la disponibilidad de los medios necesarios para atender las tareas que implican las actividades de reconocimientos médicos objeto de la presente encomienda. MUFACE anticipará el 10 % de la cantidad total de la aportación económica en el primer trimestre anual de vigencia de la encomienda, abonando el resto de la aportación a la finalización de la encomienda del año en curso, previa conformidad con la misma. La aportación de MUFACE se efectuará con cargo a la aplicación presupuestaria 15.106.222M.227.06 ingresándose en la cuenta corriente abierta en ES90 0182-2370-40-0000740724 a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social. Cuenta de ingresos Servicios Centrales del INSS. MUFACE asumirá el coste de las posibles exploraciones y pruebas diagnósticas complementarias realizadas a sus mutualistas, requeridas por los facultativos médicos de que disponen las Direcciones Provinciales del INSS, aplicándose las valoraciones establecidas al efecto por MUFACE en los conciertos con las entidades de seguro libre, con independencia de la adscripción del mutualista a efectos de asistencia sanitaria. En el caso de los mutualistas adscritos al INSS, el abono se realizará a dicha entidad gestora, mientras que en el supuesto de los mutualistas adscritos a entidades de seguro libre, MUFACE realizará el abono a la que corresponda. Quinta. Información entre las partes y tratamiento de la información. MUFACE e INSS se comprometen a informarse mutuamente sobre la evolución y problemática que encuentren durante el desarrollo de las respectivas actividades recogidas en la cláusula segunda. Será necesario obtener previamente el acuerdo entre ambas partes para informar a terceros sobre el contenido y desarrollo del acuerdo de encomienda de gestión, haciendo expresa mención a la existencia del mismo y siempre de conformidad con lo exigido por la legislación sobre protección de datos. El tratamiento de los datos sobre los funcionarios que se encuentren en proceso de incapacidad temporal, remitidos periódicamente por MUFACE se realizará por el INSS de conformidad con el artículo 12.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su Reglamento de desarrollo, utilizando los mismos a los exclusivos fines que se estipulan en el presente acuerdo. Sexta. Normas supletorias. En aquellos aspectos de procedimiento no establecidos en la presente Encomienda de Gestión y que no puedan ser contemplados por la Comisión de Seguimiento, se actuará de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio, por el que se desarrolla en materia de incapacidades laborales del sistema de la Seguridad Social, la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social; en el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros 365 días de su duración y demás normas de aplicación, así como con lo establecido en los artículos 18, 19, 20 y 21 del texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, en la redacción dada por la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009, y su normativa de desarrollo. Séptima. Vigencia y efectos. El presente acuerdo de encomienda de gestión que entrará en vigor el 31 de diciembre de 2014 y tendrá una duración anual prorrogándose de forma automática al término de cada ejercicio salvo que alguna de las partes manifieste lo contrario con cuatro meses de antelación a la fecha de su vencimiento y mediando comunicación expresa a la otra parte quedando condicionada dicha prórroga a la existencia de crédito necesario y suficiente así como a la aprobación del gasto correspondiente. El presente acuerdo de encomienda podrá ser resuelto por mutuo acuerdo de las partes, por el incumplimiento de cualquiera de sus cláusulas o por producirse circunstancias que hagan imposible o innecesario el cumplimiento del acuerdo, requiriéndose, en todo caso, aviso de una parte a la otra con al menos cuatro meses de antelación. En caso de resolución de este acuerdo, las partes quedarán obligadas al cumplimiento de sus respectivos compromisos pendientes hasta la fecha en que esa resolución se produzca. Octava. Régimen jurídico. Este acuerdo de encomienda de gestión es de carácter administrativo y se considera incluido en el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En prueba de conformidad, y para la debida constancia de todo lo convenido, ambas partes firman el acuerdo de encomienda de gestión entre la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado y el Instituto Nacional de Seguridad Social en cuadruplicado ejemplar y en todas sus hojas, en el lugar y fecha indicados al principio. Madrid, 30 de diciembre de 2014.–El Director General de MUFACE, Gustavo Emiliano Blanco Fernández y La Directora General del INSS, María Eugenia Martín Mendizábal.

Muface transferirá 1,3 millones/año a Seguridad Social por reconocimientos médicos de incapacidad a funcionarios

El Director General de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) y la Directora General del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), han suscrito, con fecha 30 de diciembre de 2014, un acuerdo de encomienda de gestión entre la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado y el Instituto Nacional de la Seguridad Social para la realización de determinados reconocimientos médicos. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se dispone su publicación como anexo a la presente Resolución. Madrid, 23 de enero de 2015.–El Subsecretario de la Presidencia, Jaime Pérez Renovales. ANEXO Acuerdo de encomienda de gestión entre la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado y el Instituto Nacional de la Seguridad Social REUNIDOS En Madrid a 30 de diciembre de 2014. De una parte, don Gustavo Emiliano Blanco Fernández, Director General de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (en adelante, MUFACE), nombrado por Real Decreto 285/2012, de 27 de enero, en representación de la misma, y en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 11.2.K), H) e I) del Real Decreto 577/1997, de 18 de abril, por el que se establece la estructura de los Órganos de Gobierno, Administración y Representación de MUFACE. De otra parte, doña M.ª Eugenia Martín Mendizábal, Directora General del Instituto Nacional de la Seguridad Social (en adelante, INSS), de acuerdo con el nombramiento efectuado por Real Decreto 154/2012, de 13 de enero, en función de su cargo y en ejercicio de las facultades que le son atribuidas por el artículo 5 del Real Decreto 2583/1996, de 13 de diciembre. Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad suficiente y poder bastante para este acto, y EXPONEN I. El artículo 11 del texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, incluye dentro de las contingencias protegidas en este régimen especial la incapacidad temporal, derivada bien de enfermedad común o profesional, bien de accidente común o en acto de servicio o como consecuencia de él. A su vez, el artículo 12 del texto citado anteriormente incluye en su apartado b), entre las prestaciones a que tienen derecho los mutualistas, el subsidio por incapacidad temporal. II. La disposición final séptima de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009, en su apartado primero, modifica los artículos 18 a 22 del texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado. El artículo 19, apartado cuarto, en su nueva redacción establece que la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado podrá ejercer el control y seguimiento de la situación de incapacidad temporal del funcionario, desde su inicio, mediante reconocimientos médicos a desarrollar por las Unidades Médicas de Seguimiento de las que disponga, propias o dependientes de otras Entidades Gestoras de la Seguridad Social y Servicios Públicos de Salud, con los que la Mutualidad establezca acuerdos de colaboración. III. Los instrumentos de gestión y control de la incapacidad temporal en el sistema de la seguridad Social están fijados en el Real Decreto 625/ 2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos de incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración. IV. De acuerdo con las anteriores consideraciones, dado que el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, no obstante su incuestionable singularidad, se inserta dentro del marco del Sistema español de la Seguridad Social estructurado en un Régimen General y varios especiales, y con el fin de poder hacer efectivo el control y seguimiento de la situación de incapacidad temporal dentro del campo de aplicación de este Régimen Especial, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado ha decidido encomendar al Instituto Nacional de la Seguridad Social la realización de los reconocimientos médicos, con la oportuna remisión del Informe-valoración de sus resultados a la Mutualidad. V. Por lo que antecede y de conformidad con el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ambas partes suscriben el siguiente acuerdo de encomienda de gestión con arreglo a las siguientes: CLÁUSULAS Primera. Objeto de la encomienda. La encomienda tiene por objeto la realización en todo el territorio nacional de los reconocimientos médicos a los funcionarios incluidos dentro del campo de aplicación del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, que estén en la situación de incapacidad temporal (en adelante, IT) o que hayan solicitado la respectiva licencia, a través de los medios de que disponen las Direcciones Provinciales del INSS. Dichos reconocimientos médicos se realizarán a efectos de control y seguimiento de la situación de IT del funcionario, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 del texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, en la redacción dada por la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009, y su normativa reglamentaria de desarrollo. Segunda. Ejecución de las actividades y compromisos. A) MUFACE asumirá las siguientes actividades y compromisos: Remitirá con periodicidad diaria, a través de los sistemas establecidos en la aplicación informática a la que tendrán acceso los facultativos autorizados por el INSS, una relación comprensiva de aquellos funcionarios del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado domiciliados en cualquier punto del territorio nacional y que se encuentren en situación de IT o soliciten su reconocimiento médico, y cuyo control sea requerido expresamente por MUFACE, con los siguientes datos identific ### RESUMEN: Muface transferirá 1,3 millones/año a Seguridad Social por reconocimientos médicos de incapacidad a funcionarios

I La economía española ha iniciado una etapa de crecimiento económico que acumula cinco trimestres de crecimiento del PIB. Esta evolución está teniendo, asimismo, impacto en términos de creación de empleo, tal y como se ha puesto de manifiesto en la Encuesta de Población Activa para el segundo y tercer trimestre de 2014 (+1,12 % y +1,59 % de crecimiento interanual del empleo). Sin embargo, la duración e intensidad de la crisis de los últimos años y el impacto que ha tenido sobre la ocupación exigen actuaciones de calado que contribuyan a intensificar la recuperación y a acelerar su transformación en términos de creación de empleo estable y de calidad. El desafío es ahora la reincorporación del elevado número de desempleados al mercado de trabajo para que participen de la reactivación económica. Por este motivo, el 29 de julio de 2014, el Gobierno, las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME y los sindicatos CCOO y UGT adoptaron el Acuerdo de propuestas para la negociación tripartita para fortalecer el crecimiento económico y el empleo, que recogía la voluntad de impulsar medidas en distintos ámbitos, desde un renovado protagonismo del diálogo social, destinadas a intensificar la evolución positiva de la economía y del empleo. En particular, la incidencia del desempleo de larga duración supone un reto que debe abordarse para que la recuperación sea rica en empleo e inclusiva, teniendo en cuenta a todos aquellos que buscan activamente una oportunidad en el mercado de trabajo. Para ello, resultan particularmente necesarias medidas de activación para el empleo que contribuyan a reducir el tiempo que los trabajadores pasan en situación de desempleo y faciliten su retorno al mundo laboral. Los Servicios Públicos de Empleo deben poner en común la información necesaria que posibilite la identificación de oportunidades de empleo, el seguimiento continuo y la evaluación de las actuaciones desarrolladas. En definitiva, deben acompañar a los desempleados durante todo el proceso y cumplir con eficacia su objetivo primordial de ayudar en la reinserción y mantenimiento del empleo. En atención a este objetivo, una de las iniciativas recogidas en el Acuerdo tripartito con carácter prioritario era el diseño, con la colaboración de las comunidades autónomas, de un programa de activación para el empleo con un contenido específico de orientación, formación, recualificación y/o reconocimiento de la experiencia laboral que, acompañado de una medida de protección, contribuyera a facilitar la reinserción laboral a los desempleados de larga duración con cargas familiares. En desarrollo de esta previsión, el 15 de diciembre de 2014, Gobierno e Interlocutores Sociales firmaron el Acuerdo sobre el Programa Extraordinario de Activación para el Empleo, destinado a mejorar la empleabilidad y dotar de nuevas oportunidades al citado colectivo de trabajadores desempleados, dadas sus mayores dificultades de colocación. Además, el programa de activación se ha diseñado de manera coherente con las Recomendaciones específicas del Consejo de la Unión Europea de 8 de julio de 2014 relativas al Programa Nacional de Reformas de 2014 de España. En particular, la tercera de estas Recomendaciones hace referencia a la importancia de contar con servicios públicos de empleo modernos, capaces de prestar servicios personalizados y eficaces especialmente a aquellas personas que tienen más dificultades para acceder a un empleo, como son los parados de larga duración. Asimismo, las citadas Recomendaciones reflejan la importancia de mantener el compromiso de los beneficiarios con el mercado laboral a través de su búsqueda activa de empleo, de manera que tanto las políticas activas como las pasivas estén alineadas a favor de la activación para el empleo. II El real decreto-ley consta de nueve artículos, cuatro disposiciones adicionales y siete disposiciones finales. El artículo 1 se refiere al Programa de Activación para el Empleo como un programa específico y extraordinario de carácter temporal, dirigido a personas desempleadas de larga duración que cumplan con una serie de requisitos. Los beneficiarios del programa se han definido a partir del colectivo de desempleados de larga duración con responsabilidades familiares que han agotado su protección por desempleo y que, precisamente por este motivo, se enfrentan hoy a mayores dificultades de colocación y especiales necesidades de protección. Los requisitos que deben cumplir los desempleados para acceder al programa están recogidos en el artículo 2 y se refieren a diversos aspectos como la necesidad de que hayan transcurrido al menos seis meses desde que los desempleados agotaran la Renta Activa de Inserción, el Programa Temporal de Protección e Inserción o el Programa de Recualificación Profesional de las Personas que Agoten su Protección por Desempleo; estar inscrito como demandante de empleo en el Servicio Público de Empleo competente a fecha 1 de diciembre de 2014 y la permanencia en dicha situación durante un determinado periodo de tiempo; carecer del derecho a la protección contributiva o asistencial por desempleo, o a la renta activa de inserción; carecer de rentas, de cualquier naturaleza, superiores en cómputo mensual al 75 por ciento del salario mínimo interprofesional; acreditar responsabilidades familiares; así como cumplir con determinadas obligaciones de activación. Por lo tanto, el programa está destinado a las personas con responsabilidades familiares que han estado vinculadas con el mercado laboral en el pasado y que son demandantes de empleo en la actualidad pero que, sin embargo, han quedado fuera del ámbito de la protección por desempleo hace al menos seis meses. Destaca además que el programa se fundamenta en una cultura de responsabilidad compartida de la activación para el empleo tanto por los Servicios Públicos de Empleo, proveedores de las medidas de activación, como por los propios beneficiarios. Así, el artículo 6, al regular el desarrollo del programa, reconoce a los Servicios Públicos de Empleo como los encargados de elaborar el itinerario individual y personalizado de empleo, asignar un tutor individual y, en definitiva, guiar a los beneficiarios en el proceso de retorno al empleo. Para ello contarán con sus propios medios o bien con la colaboración público-privada, cuyas sinergias deben ponerse a disposición de la activación para el empleo. Por su parte, los beneficiarios deberán cumplir con una serie de obligaciones de activación, recogidas en el artículo 3, que pueden agruparse en tres bloques: suscribir un compromiso de actividad, acreditar acciones de búsqueda activa de empleo, y participar en las acciones de mejora de la empleabilidad y búsqueda activa de empleo previstas en el itinerario individual y personalizado de empleo. De forma complementaria, el programa ofrece una ayuda económica de acompañamiento. En este sentido, el artículo 7 reconoce que la ayuda tendrá una duración máxima de seis meses y que su cuantía será igual al 80 por ciento del indicador público de rentas de efectos múltiples mensual vigente en cada momento. Esta ayuda permitirá a los beneficiarios participar activamente y hacer un mejor aprovechamiento de las medidas que les sean propuestas como respuesta a sus necesidades específicas en la búsqueda de empleo. Por tanto, el programa pretende evitar el riesgo de permanencia en situación de desempleo de sus beneficiarios y contribuir a su activación e inserción eficaz en el mercado de trabajo, mientras se pone a su disposición una ayuda económica que permita afrontar una situación personal difícil en la transición de vuelta al entorno laboral. Asimismo, el artículo 8 regula, como elemento novedoso de este programa, que los beneficiarios puedan compatibilizar un contrato por cuenta ajena con la percepción de la ayuda de acompañamiento. De esta manera, se permite la formalización de un contrato con una empresa privada y que esta tenga en cuenta la ayuda que continuará percibiendo el beneficiario en el cómputo de las retribuciones salariales que correspondan, durante un máximo de cinco meses. Se establece, por tanto, una excepción legal a lo previsto con carácter general en la normativa laboral en cuanto a la obligación empresarial de abonar íntegramente el salario correspondiente, lo que se justifica en disponer de un incentivo que pueda actuar eficazmente para la inserción y contratación laboral del colectivo objetivo del programa. Con esta medida, se potencian los incentivos para que el colectivo de desempleados pueda adquirir una experiencia laboral real, lo que supone un importante potencial de mejora de empleabilidad. En los artículos 4 y 5 se regulan los aspectos procedimentales tanto para incorporarse al programa como para que se tenga por producida una baja definitiva o temporal en dicho programa y en la percepción de la ayuda. Es especialmente relevante que para ser admitidos en el programa y obtener el reconocimiento de la ayuda económica de acompañamiento las personas desempleadas deban presentar la solicitud de incorporación al programa entre el 15 de enero de 2015 y el 15 de abril de 2016. Por último, el artículo 9 aclara que la financiación de la ayuda económica se incluirá dentro de la acción protectora por desempleo y se realizará con cargo al presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal. En cuanto a las disposiciones adicionales recogidas en este real decreto-ley, cabe señalar que la disposición adicional primera habilita al Servicio Público de Empleo Estatal a desarrollar el procedimiento de concesión y pago de las ayudas, así como a establecer los mecanismos necesarios de coordinación e intercambio de información con los Servicios Públicos de Empleo de las comunidades autónomas y las agencias de colocación cuando actúen en colaboración con aquellos. La disposición adicional segunda regula la distribución de competencias entre el Servicio Público de Empleo Estatal y los Servicios Públicos de Empleo de las comunidades autónomas. Al primero le corresponde la gestión y el pago de la ayuda económica prevista en el programa de activación, y los segundos serán competentes para asignar el itinerario individual y personalizado de empleo y las acciones de mejora de la empleabilidad para la realización de este programa de conformidad con lo previsto en los reales decretos de traspaso. La disposición adicional tercera prevé la realización de una evaluación del programa, con el fin de analizar los resultados obtenidos, tres meses antes de la fecha de finalización de su vigencia, para determinar su eficacia. Se realizará de forma conjunta entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, las autoridades competentes de las comunidades autónomas y los interlocutores sociales. En el año 2016 los resultados de esta evaluación se tendrán en cuenta para la asignación de fondos procedentes del presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal entre las diferentes comunidades autónomas, en los términos que se acuerden en la respectiva Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales. Las disposiciones finales segunda, tercera, cuarta y quinta contemplan, respectivamente, la modificación del apartado 2 de la disposición transitoria octava de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral; la modificación del artículo 2.1.b) del Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre, por el que se regula el programa de renta activa de inserción para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo; la modificación de los artículos 32.1.c) y 33.2 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, por el que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de Protección por Desempleo y, por último, la supresión de la letra c) del apartado 4 y la modificación del apartado 5 del artículo 21 bis de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo. III La disposición adicional cuarta regula los supuestos de fuerza mayor en los que la Tesorería General de la Seguridad Social puede reconocer a determinadas empresas, afectadas por una suspensión de contratos de trabajo o reducción de jornada, la exoneración del pago de hasta el cien por cien de la aportación empresarial prevista en el artículo 214.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social con la finalidad de favorecer el mantenimiento del empleo. Es necesario que las empresas que pretendan beneficiarse de la exoneración cumplan con obligaciones básicas como la de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social; justificar los daños sufridos, la imposibilidad de continuar la actividad laboral y las pérdidas de actividad derivadas directamente del supuesto de fuerza mayor; así como la de tener asegurados los bienes indispensables para realizar la actividad productiva al tiempo de producirse el acontecimiento de carácter catastrófico. En último término, resulta imprescindible que las empresas asuman unos compromisos básicos vinculados a realizar la reinversión necesaria para el restablecimiento de las actividades afectadas por la causa de fuerza mayor y a mantener en el empleo al cien por cien de los trabajadores afectados por la suspensión de contrato o la reducción de jornada. La exoneración a las empresas del pago de las cuotas empresariales de la Seguridad Social tendrá una duración máxima de 12 meses destacando que, cuando dentro del plazo de 12 meses se extinguiera algún contrato temporal por la expiración del plazo convenido o por la realización de la obra o servicio objeto del contrato, las empresas podrán seguir beneficiándose de la exoneración por el tiempo que reste hasta los 12 meses siempre que suscriba con el trabajador afectado por la extinción un contrato por tiempo indefinido. La Tesorería General de la Seguridad Social, previa solicitud de la empresa, podrá prorrogar por otros 12 meses la exoneración reconocida a las empresas siempre que resulte acreditado tanto que la empresa sigue cumpliendo los requisitos que determinaron el reconocimiento inicial de la exoneración, como que ha puesto en marcha los compromisos adquiridos en cuanto a la necesaria reinversión en la empresa y el mantenimiento en el empleo de los trabajadores afectados por la suspensión o reducción. IV En las medidas que se adoptan concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución Española como premisa para recurrir a la figura del real decreto-ley. Resulta crucial trasladar la incipiente recuperación económica al empleo con la mayor celeridad e intensidad posibles. Ello aconseja la adopción de medidas que estimulen las oportunidades de empleo, especialmente para aquellas personas con mayores problemas de empleabilidad y que, tras un período prolongado de recesión, corren el riesgo de mantenerse en esta situación quedando excluidos del citado proceso de recuperación y dificultando sus posibilidades de incorporación al mercado de trabajo y sus perspectivas de carrera profesional y evolución personal. El programa contenido en este real decreto-ley, con efectividad inmediata, da respuesta a esta necesidad y, como tal, tiene un carácter excepcional y limitado en el tiempo. Procede destacar la participación que han tenido las comunidades autónomas, así como los interlocutores sociales, en el establecimiento de las bases que han orientado el programa que regula este real decreto-ley. Lo mismo puede señalarse respecto de la exoneración del pago de la cuota empresarial cuyo fundamento último se encuentra en la existencia de catástrofes naturales de carácter imprevisible y que, por lo tanto, pueden afectar a las empresas y a su actividad productiva en cualquier momento. Por este carácter imprevisible y para favorecer el mantenimiento del empleo, es importante que las empresas se encuentren protegidas frente a las graves consecuencias económicas que suelen traer consigo este tipo de acontecimientos extraordinarios lo antes posible. Por consiguiente, la necesidad de la inmediata aplicación de las medidas que se adoptan constituye el hecho habilitante de extraordinaria y urgente necesidad que la Constitución exige en su artículo 86 para aprobar este real decreto-ley. En su virtud, en uso de la autorización concedida en el artículo 86 de la Constitución, a propuesta de la Ministra de Empleo y Seguridad Social y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 19 de diciembre de 2014, DISPONGO: Artículo 1. Objeto. 1. El presente real decreto-ley tiene por objeto regular el Programa de Activación para el Empleo. Se trata de un programa específico y extraordinario de carácter temporal, dirigido a personas desempleadas de larga duración que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 2. 2. El programa comprende políticas activas de empleo, actuaciones de intermediación laboral, gestionadas por los Servicios Públicos de Empleo con la finalidad de incrementar las oportunidades de retorno al mercado de trabajo, y una ayuda económica de acompañamiento gestionada por el Servicio Público de Empleo Estatal y vinculada a la participación en las mencionadas políticas de activación para el empleo. Artículo 2. Beneficiarios. 1. Podrán ser beneficiarias del presente programa las personas desempleadas que, presentando la solicitud de incorporación en el plazo indicado en el artículo 4, reúnan los siguientes requisitos a la fecha de dicha solicitud: a) Haber transcurrido al menos seis meses desde el agotamiento de alguna de las siguientes ayudas o prestaciones: la Renta Activa de Inserción (RAI) regulada en el Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre, por el que se regula el Programa de Renta Activa de Inserción para Desempleados con Especiales Necesidades Económicas y Dificultad para Encontrar Empleo, o en las normas que le precedieron, cuando se haya agotado el tercer derecho a la misma; el Programa Temporal de Protección e Inserción (PRODI) regulado por el Real Decreto-ley 10/2009, de 13 de agosto, por el que se regula el Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción; el Programa de Recualificación Profesional de las Personas que Agoten su Protección por Desempleo (PREPARA), regulado en el Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas, así como en los sucesivos reales decreto-leyes que han prorrogado dicho programa. A los efectos de este apartado no se considerará agotamiento la extinción derivada de una sanción o baja en el derecho por causa imputable al beneficiario. b) Estar inscrito como demandante de empleo en el Servicio Público de Empleo competente a fecha 1 de diciembre de 2014. Este requisito se entenderá cumplido en los supuestos en que el trabajador, aún no estando inscrito como demandante de empleo en dicha fecha, tenga interrumpida la inscripción debido a la realización de un trabajo por cuenta ajena, siempre que la duración del contrato haya sido por tiempo inferior a 90 días. c) Haber permanecido inscrito como demandante de empleo durante 360 días en los dieciocho meses inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud de incorporación al programa. d) Carecer del derecho a la protección contributiva o asistencial por desempleo, o a la renta activa de inserción. e) Haber cesado involuntariamente en un trabajo por cuenta ajena previamente al agotamiento del último derecho de los contemplados en la letra a) anterior. Además, si se hubiera trabajado tras el agotamiento de dicho derecho, haber cesado de forma involuntaria en el último trabajo realizado. f) Carecer de rentas, de cualquier naturaleza, superiores en cómputo mensual al 75 por ciento del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias, y acreditar responsabilidades familiares. La consideración de rentas y la acreditación de las responsabilidades familiares se efectuarán conforme a lo establecido en los apartados 3.2) y 2, respectivamente, del artículo 215 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. A estos efectos no se tendrán en cuenta las rentas derivadas de las actividades compatibles con la ayuda. g) En el caso de que tras el agotamiento de alguna de las prestaciones o ayudas incluidas en el apartado a) se hubiese percibido cualquier tipo de rentas mínimas, salarios sociales o ayudas análogas de asistencia social concedidas por cualquier Administración Pública, deberán haber transcurrido como mínimo 6 meses desde la finalización de la percepción de estas rentas antes de la solicitud de este programa. h) Cumplir con las obligaciones de activación previstas en el artículo 3. 2. A efectos del acceso al programa no se considerará desempleado a quien en la fecha de solicitud de incorporación al mismo se encuentre trabajando por cuenta ajena a tiempo parcial. Artículo 3. Obligaciones de activación. Para su incorporación y mantenimiento en el programa, las personas desempleadas deberán cumplir, además de los requisitos establecidos en el artículo 2, las siguientes obligaciones: a) Suscribir en el momento de la solicitud un compromiso de actividad en virtud del cual realizarán las distintas actuaciones favorecedoras de su inserción laboral que se acuerden por los Servicios Públicos de Empleo, o por sus entidades colaboradoras conforme a lo previsto en el artículo 6, así como: 1.ª Aceptar la colocación adecuada que les sea ofrecida por los Servicios Públicos de Empleo o por las agencias de colocación cuando desarrollen actividades en el ámbito de colaboración con aquellos durante la participación en el programa. A estos efectos se entenderá por colocación adecuada la regulada en el artículo 231.3 del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social. 2.ª Renovar la demanda de empleo en la forma y fechas en que se determine en el documento de renovación de la demanda y comparecer, cuando hayan sido previamente requeridos, ante el Servicio Público de Empleo Estatal, los Servicios Públicos de Empleo o las agencias de colocación cuando desarrollen actividades en el ámbito de colaboración con aquellos. 3.ª Comunicar, en el momento en que se produzcan, las variaciones de renta, patrimonio o de la unidad familiar, así como las situaciones que puedan dar lugar a incompatibilidad con la ayuda. 4.ª Reintegrar las ayudas indebidamente percibidas. 5.ª Facilitar a los Servicios Públicos de Empleo o, en su caso, a las agencias de colocación cuando desarrollen actividades en el ámbito de colaboración con aquellos, en el plazo de cinco días, el correspondiente justificante de haber comparecido en el lugar y fecha indicados para cubrir las ofertas de empleo facilitadas por los mismos. 6.ª Acreditar durante la vigencia del programa y cuando así les sea requerido por el Servicio Público de Empleo competente, la búsqueda activa de empleo. 7.ª Proporcionar la documentación e información precisa para la incorporación y mantenimiento en el programa y comunicar a los Servicios Públicos de Empleo y al Servicio Público de Empleo Estatal, el domicilio y, en su caso, el cambio del domicilio, facilitado a efectos de notificaciones, en el momento en que este se produzca. 8.ª Autorizar que los Servicios Públicos de Empleo comuniquen la condición de beneficiario del programa y de la ayuda económica a las agencias de colocación que desarrollen actividades en el ámbito de colaboración con los mismos, así como a las empresas que lo soliciten. 9.ª Informar a las empresas de su condición de solicitante o beneficiario del programa cuando realicen actuaciones de búsqueda activa de empleo o cuando celebren con estas contratos de trabajo. b) Acreditar ante el Servicio Público de Empleo Estatal que durante el plazo de un mes a partir de la presentación de la solicitud han realizado, al menos, tres acciones de búsqueda activa de empleo (BAE). La acreditación se efectuará dentro de los diez días hábiles siguientes al transcurso del citado plazo de un mes. Se considerarán actuaciones de BAE cada una de las siguientes: 1.ª Trabajo por cuenta propia o ajena. 2.ª Envío o presentación de currículos en, al menos, tres empresas distintas. 3.ª Realización de, al menos, una entrevista de trabajo. 4.ª Inscripción en, al menos, una agencia de colocación. 5.ª Inscripción como solicitante de empleo en, al menos, dos portales de empleo públicos o privados. 6.ª Presentación, al menos, a una oferta de trabajo gestionada por los Servicios Públicos de Empleo. 7.ª Cualesquiera otras ofertadas por los Servicios Públicos de Empleo y específicamente acciones formativas o acciones de información y actuaciones dirigidas al autoempleo y emprendimiento. c) Participar en las acciones de mejora de la empleabilidad y búsqueda activa de empleo, previstas en el itinerario individual y personalizado de empleo que, con carácter previo al inicio del programa, les haya sido asignado por los Servicios Públicos de Empleo. Este itinerario se asignará en el plazo de un mes desde la solicitud de acuerdo con lo previsto en el artículo 6. No obstante, si el Servicio Público de Empleo no hubiese podido realizar el itinerario en el citado plazo de un mes, para que la solicitud de admisión al programa sea aprobada, este itinerario deberá realizarse necesariamente antes del transcurso de los tres meses de plazo que tiene el Servicio Público de Empleo Estatal para resolver la solicitud, de acuerdo con lo indicado en el artículo 4.3. Artículo 4. Solicitud e incorporación al programa. 1. Para ser admitidos en el programa y obtener el reconocimiento de la ayuda económica de acompañamiento prevista en el artículo 7, las personas desempleadas deberán presentar la solicitud de incorporación al programa entre el 15 de enero de 2015 y el 15 de abril de 2016. La solicitud deberá presentarse, conforme al modelo que se determine, en la oficina de prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal que corresponda a la persona desempleada. La solicitud deberá acompañarse de la documentación acreditativa de que se reúnen los requisitos recogidos en el artículo 2 y contendrá el compromiso de actividad que deberá suscribirse por el solicitante. 2. Una vez comprobado por el Servicio Público de Empleo Estatal que se cumplen los requisitos de acceso recogidos en el artículo 2, se informará al solicitante de que, para proceder a su admisión al programa y al abono de la ayuda económica correspondiente, deberá acreditar haber realizado las acciones de la BAE en los términos establecidos en el artículo 3, así como tener asignado un itinerario individual y personalizado de empleo, en los términos establecidos en los artículos 3 y 6.2. Asimismo, se dará traslado de la solicitud al Servicio Público de Empleo competente a los efectos de que inicie las actuaciones necesarias para el diagnóstico del perfil del solicitante, la elaboración del itinerario individual y personalizado de empleo y la asignación de un tutor individual, en los términos establecidos en el artículo 6. 3. Una vez se haya acreditado la BAE y asignado al trabajador el itinerario individual y personalizado de empleo, así como el tutor individual, el Servicio Público de Empleo Estatal dictará resolución reconociendo la incorporación del trabajador al programa, lo que implicará su derecho a la percepción de la ayuda económica y la posibilidad, en su caso, de compatibilizarla con el trabajo en los términos previstos en el artículo 8. El Servicio Público de Empleo Estatal resolverá la solicitud en el plazo máximo de los tres meses siguientes a la fecha en que esta se hubiera presentado. Transcurrido el plazo sin que se haya dictado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada por silencio administrativo. 4. Contra la resolución adoptada por el Servicio Público de Empleo Estatal podrá interponerse reclamación previa a la vía jurisdiccional social en el plazo de treinta días desde la notificación de la misma. Artículo 5. Baja y reincorporación al programa y a la ayuda económica. 1. Causarán baja definitiva en el programa, dejando de percibir la correspondiente ayuda económica, los beneficiarios en los que concurra alguna de las siguientes circunstancias: a) Incumplimiento de las obligaciones derivadas del compromiso de actividad y que se concretan en el itinerario individual y personalizado de empleo, salvo causa justificada. b) No comparecer, previo requerimiento, ante el Servicio Público de Empleo Estatal o ante los servicios públicos de empleo, no renovar la demanda de empleo en la forma y fechas que se determinen en el documento de renovación de la demanda o no devolver en plazo a los Servicios Públicos de Empleo el correspondiente justificante de haber comparecido en el lugar y fecha indicados para cubrir las ofertas de empleo facilitadas por dichos servicios o las agencias de colocación cuando desarrollen actividades en el ámbito de colaboración con aquellos, salvo causa justificada. c) No acreditar búsqueda activa de empleo en los términos establecidos en el artículo 3, cuando sea requerido por los Servicios Públicos de Empleo. d) Rechazar una oferta de colocación adecuada que le sea ofrecida por los servicios públicos de empleo o por agencias de colocación cuando desarrollen actividades en el ámbito de colaboración con aquellos. e) Rechazar la participación en programas de empleo, acciones de promoción, formación o reconversión profesional, que determinen los servicios públicos de empleo o las agencias de colocación cuando desarrollen actividades en el ámbito de colaboración con aquellos. f) Causar baja voluntaria en el trabajo al que se acceda durante el programa. g) Trabajar por cuenta ajena a tiempo completo o parcial, por un periodo de tiempo igual o superior a 90 días, cuando la empresa no proceda a descontar del salario que legal o convencionalmente corresponda al trabajador la ayuda económica que este perciba, conforme a lo previsto en el artículo 8. h) Trabajar por cuenta propia por un período superior a 180 días. i) Acceder a una prestación por desempleo, subsidio por desempleo o renta agraria, u obtener otras pensiones, prestaciones o ayudas sociales. j) Dejar de reunir el requisito de carencia de rentas o de responsabilidades familiares contemplado en el artículo 2, salvo lo previsto en el apartado siguiente. k) El traslado al extranjero, salvo que corresponda a actuaciones contempladas en el itinerario individual y personalizado de empleo y haya sido autorizado por el tutor asignado en el Programa. l) La renuncia voluntaria al programa. m) Obtener o mantener indebidamente la percepción de la ayuda económica. 2. Causarán baja temporal en el programa, dejando de percibir durante el periodo de baja la correspondiente ayuda económica, los beneficiarios en los que concurra alguna de las circunstancias siguientes: a) El trabajo por cuenta ajena a tiempo completo o parcial por un periodo inferior a 90 días, cuando la empresa no proceda a descontar del salario que legal o convencionalmente corresponda al trabajador la ayuda económica que este perciba, conforme a lo previsto en el artículo 8. b) Trabajar por cuenta propia por un periodo inferior a 180 días. c) La pérdida del requisito de rentas o responsabilidades familiares contemplado en el artículo 2, por un periodo inferior a 180 días. 3. Producida la baja temporal en el programa y en la ayuda por las causas previstas en el apartado anterior, se podrá reconocer el derecho a la reincorporación al mismo siempre que se solicite dentro del plazo de solicitud previsto en el artículo 4.1 y se acredite cumplir los requisitos establecidos en las letras d) y f) del artículo 2, así como, en su caso, haber cesado en el trabajo por cuenta ajena acreditando situación legal de desempleo. La reincorporación exigirá la previa inscripción como demandante de empleo y reactivación del compromiso de actividad. El período de tiempo durante el que el trabajador se encuentre en situación de baja temporal en el programa, sin percibir la ayuda económica, de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 de este artículo, no se computará a efectos del período de duración de la ayuda. 4. Las bajas y las reincorporaciones al programa se resolverán por el Servicio Público de Empleo Estatal y se comunicarán a los Servicios Públicos de Empleo competentes a los efectos que correspondan en relación con la continuidad, o no, de las distintas acciones de inserción laboral previstas en el artículo 6. 5. La tramitación de las bajas en el programa en los supuestos previstos en los párrafos a), b), c), d), e) h), i) y k) del apartado 1 podrá iniciarse desde que se disponga de información sobre el incumplimiento de alguna de las obligaciones o desde que se detecten irregularidades en la ejecución del programa. Como consecuencia de ello, se cursará una baja cautelar en el programa y se dará audiencia al interesado para que, en el plazo de 15 días, formule por escrito las alegaciones que considere oportuno. Transcurrido dicho plazo se adoptará, en los 15 días siguientes, la resolución que corresponda. Contra la resolución que dicte el Servicio Público de Empleo Estatal podrá interponerse reclamación previa a la vía jurisdiccional social en los términos previstos en el artículo 4.4. 6. Los beneficiarios que hayan percibido indebidamente la ayuda económica de acompañamiento vendrán obligados a reintegrar su importe. La exigencia de la devolución se realizará conforme a lo establecido para las prestaciones por desempleo en el artículo 227 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y en su normativa de desarrollo. Artículo 6. Desarrollo del programa en materia de activación para el empleo. 1. El programa tendrá por objeto la activación y la inserción laboral de sus beneficiarios y se podrá acceder al mismo una sola vez. 2. Con carácter previo a la admisión en el programa, el Servicio Público de Empleo competente asignará al beneficiario un tutor individual que elaborará el itinerario individual y personalizado de empleo en el plazo de un mes desde la solicitud de la admisión al programa, a partir de una entrevista individualizada que permita realizar un diagnóstico previo del perfil del trabajador. 3. El tutor será el responsable de la elaboración, en su caso, y seguimiento del itinerario, de proponer las medidas de activación necesarias para posibilitar la inserción laboral del trabajador, así como del control de las restantes obligaciones adquiridas en el compromiso de actividad. En particular, el tutor será el encargado de gestionar los servicios y programas de orientación e intermediación y de formación profesional necesaria para la inserción laboral, así como de realizar un seguimiento individualizado de las colocaciones que se produzcan durante la vigencia del programa. El beneficiario deberá comunicar al tutor las posibles contrataciones que realice conforme a la compatibilidad prevista en el artículo 8. 4. La información relativa a los servicios o programas que configuren el itinerario individual y personalizado de empleo se deben recoger en el Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo en el plazo máximo de un mes desde que se hubieran iniciado. 5. Las medidas de activación tendrán en cuenta las tendencias actuales del mercado de trabajo y las necesidades formativas del beneficiario. Asimismo deberán contemplar la atención a las empresas, sus necesidades de contratación, el tipo de perfiles profesionales que precisen, la búsqueda y propuesta de candidatos mediante sondeos entre los participantes en el programa, y el seguimiento de las contrataciones realizadas. 6. Los Servicios Públicos de Empleo comunicarán al Servicio Público de Empleo Estatal: a) La identidad del tutor individual que se asigne al solicitante del programa, los itinerarios que se elaboren, y las colocaciones que se realicen durante la vigencia de los itinerarios, así como su seguimiento. Los itinerarios deberán ser comunicados inmediatamente después de su elaboración. b) El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas en el momento de la solicitud de incorporación al programa, así como del mantenimiento de la inscripción como demandante de empleo, la participación efectiva en el itinerario individual y personalizado de empleo y la búsqueda activa de empleo. Artículo 7. Ayuda económica de acompañamiento. Una vez dictada por el Servicio Público de Empleo Estatal la resolución de admisión al programa y de reconocimiento de la ayuda económica de acompañamiento, en los términos previstos en el artículo 4.3, los beneficiarios podrán percibir una ayuda económica de acuerdo con lo establecido en los siguientes párrafos: a) La duración máxima de la ayuda económica será de seis meses, si bien las acciones de inserción previstas en el programa pueden continuar realizándose con posterioridad a este plazo. b) La cuantía de la ayuda será igual al 80 por ciento del indicador público de rentas de efectos múltiples mensual vigente en cada momento. c) Los efectos económicos del reconocimiento de la ayuda económica se producirán desde el día siguiente al transcurso del plazo de un mes a contar desde el día de la presentación de la solicitud de incorporación al programa, siempre que el solicitante acredite, en los diez días hábiles siguientes a la finalización del período señalado, que durante el mismo ha realizado la BAE en el tiempo y forma establecidos en el artículo 3, y que le ha sido asignado por el Servicio Público de Empleo competente el itinerario individual y personalizado de empleo. Si transcurrido el citado periodo de un mes no se hubiera elaborado el itinerario individual y personalizado de empleo por el Servicio Público de Empleo competente, los efectos económicos de la ayuda sólo se producirán a partir de la fecha en que quede acreditado que el solicitante tiene asignado dicho itinerario, en los términos establecidos en el artículo 3. d) El pago periódico de la ayuda económica se realizará por el Servicio Público de Empleo Estatal dentro del mes siguiente al que corresponda el devengo. Artículo 8. Compatibilidad e incompatibilidad de la ayuda económica de acompañamiento. 1. Una vez admitido en el programa, la ayuda económica será compatible con: a) Las ayudas de cualquier naturaleza que se pudieran obtener por la asistencia a acciones de formación profesional para el empleo. b) El trabajo por cuenta ajena, a tiempo completo o parcial y de duración indefinida o temporal, hasta un máximo de cinco meses, siempre que el mismo se desarrolle en empresas o entidades que no formen parte del sector público, de acuerdo con el artículo 3.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 2. En el supuesto previsto en el apartado 1.b) el trabajador mantendrá la percepción de la ayuda económica durante la vigencia del contrato por el tiempo que le reste por percibir aquella hasta un máximo de cinco meses. Durante este tiempo, el empresario descontará la cuantía de la ayuda económica del importe del salario que corresponda percibir al trabajador legal o convencionalmente. En el supuesto de contratación a tiempo parcial, la cuantía de la ayuda económica a descontar del importe del salario será proporcional al tiempo efectivamente trabajado. No obstante lo anterior, el salario a tener en cuenta a efectos del cálculo tanto de indemnizaciones por extinción del contrato de trabajo como de bases de cotización a la Seguridad Social será el que, legal o convencionalmente, correspondiera al trabajador. Para la aplicación de la compatibilidad, el trabajador deberá presentar ante la empresa un documento acreditativo del periodo y cuantía de la ayuda económica reconocida, siendo válida a estos efectos la resolución adoptada por el Servicio Público de Empleo Estatal reconociendo la admisión al programa y el pago de la ayuda. 3. A esta contratación, le serán de aplicación las bonificaciones o reducciones en las cuotas a la Seguridad Social que correspondan según la regulación vigente siempre que el contrato celebrado cumpla los requisitos establecidos en cada caso. No obstante, la cuantía de la ayuda económica a descontar del importe del salario, en concurrencia con medidas de apoyo público distintas de las citadas bonificaciones o reducciones en las cuotas a la Seguridad Social, no podrá superar el 80 % del coste salarial anual correspondiente al contrato que se hubiera formalizado, sin incluir las cuotas a la Seguridad Social. En el caso de extinción del contrato antes de finalizar la participación del beneficiario en el programa, y siempre que no se reúnan los requisitos de acceso a una prestación contributiva o subsidio por desempleo, el trabajador deberá comunicar la citada extinción del contrato a la oficina de prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal dentro de los quince días siguientes a la misma, y reactivar el compromiso de actividad para mantener la participación en el programa y la percepción por el tiempo que reste de la ayuda económica de acompañamiento. 4. La ayuda económica será incompatible con: a) La obtención de rentas de cualquier naturaleza que hagan superar los límites establecidos, en los términos fijados en el artículo 2, sin que se computen a esos efectos las rentas que provengan de acciones o trabajos compatibles con la percepción de la renta. b) La percepción de prestaciones o subsidios por desempleo, o de la renta agraria. c) La percepción de pensiones o prestaciones de carácter económico de la Seguridad Social que sean incompatibles con el trabajo. d) La realización simultánea de trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena, a tiempo completo o parcial, salvo cuando sea compatible según lo establecido en el apartado 1.b). e) La percepción de cualquier tipo de rentas mínimas, salarios sociales o ayudas análogas de asistencia social concedidas por las Administraciones Publicas. Artículo 9. Financiación. 1. La financiación de la ayuda económica recogida en el artículo 7 se incluirá dentro de la acción protectora por desempleo y se realizará con cargo al presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal. 2. La financiación del diseño, asignación y seguimiento del itinerario individual y personalizado de empleo, así como las acciones de inserción incluidas en el programa de activación para el empleo, se realizarán con cargo a los presupuestos de las respectivas comunidades autónomas. 3. Las comunidades autónomas utilizarán en la ejecución de este programa, las cantidades procedentes del presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal que les sean asignadas como consecuencia de los criterios aprobados en la respectiva Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales de 2015, en los términos dispuestos en las normas o convenios que fijen, entre otras cuestiones las condiciones de gestión de estos fondos de acuerdo a lo establecido en el artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 4. Sin perjuicio de lo mencionado en el apartado anterior, las comunidades autónomas podrán destinar recursos propios adicionales para financiar la adecuada gestión del programa de activación e inserción para el empleo. Disposición adicional primera. Obligaciones de información. 1. A fin de garantizar el correcto funcionamiento de este programa y garantizar las mismas posibilidades de acceso a todos sus potenciales beneficiarios, se habilita al Servicio Público de Empleo Estatal para desarrollar el procedimiento de concesión y pago de las ayudas, así como para establecer los mecanismos necesarios de coordinación e intercambio de información con los Servicios Públicos de Empleo así como con las agencias de colocación cuando actúen en colaboración con aquellos. 2. Asimismo, los Servicios Públicos de Empleo competentes arbitrarán las medidas necesarias con el fin de informar en todo momento a las empresas y agencias de colocación que lo soliciten sobre los beneficiarios de este programa a los efectos de favorecer su inserción laboral. 3. En los casos de contratación de beneficiarios del programa que compatibilicen la ayuda económica conforme a lo previsto en el artículo 8, el empresario informará acerca de esta circunstancia en el momento de comunicación de la contratación. Disposición adicional segunda. Distribución de competencias. 1. Corresponde al Servicio Público de Empleo Estatal, a través de sus direcciones provinciales, la gestión y el pago de la ayuda económica prevista en el programa de activación. Las personas titulares de las direcciones provinciales, deberán dictar resolución que reconozca o deniegue el derecho a la admisión al programa, así como resolver las bajas y las reincorporaciones al mismo. Las resoluciones dictadas serán recurribles ante los órganos jurisdiccionales del orden social, previa reclamación ante dicho organismo, en la forma prevista en el artículo 71 de Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social. Asimismo, el Servicio Público de Empleo Estatal efectuará el pago de la ayuda prevista en el artículo 7, el control de requisitos e incompatibilidades, la exigencia de la devolución de las cantidades indebidamente percibidas, así como las compensaciones en las prestaciones por desempleo o en la renta activa de inserción de las cantidades indebidamente percibidas por cualquiera de dichas percepciones, todo ello en los mismos términos fijados para las prestaciones por desempleo. El Servicio Público de Empleo Estatal será también competente para desarrollar las acciones de mejora de la empleabilidad del ámbito de las políticas activas de empleo que hayan de ser financiadas con cargo a los créditos específicamente autorizados, por la Ley anual de Presupuestos Generales del Estado, en su estado de gastos como reserva de gestión directa, de conformidad con lo establecido en el artículo 13.h) de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo. 2. Las comunidades autónomas, que han asumido el traspaso de la gestión realizada por el antiguo Instituto Nacional de Empleo, actual Servicio Público de Empleo Estatal, en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación, serán competentes para asignar el itinerario individual y personalizado de empleo y las acciones de mejora de la empleabilidad para la realización de este programa, de conformidad con lo previsto en los reales decretos de traspaso. 3. El Instituto Social de la Marina ejercerá las competencias atribuidas al Servicio Público de Empleo Estatal relativas a la gestión del programa de activación cuando se aplique a los desempleados procedentes del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar. Disposición adicional tercera. Evaluación. Con el fin de analizar los resultados obtenidos por el programa, se procederá a una evaluación del mismo, tres meses antes de la fecha de finalización de su vigencia, para determinar la eficacia del Programa y, en su caso, determinar la necesidad de articular su continuidad o de realizar cualquier tipo de adaptación. Esta evaluación se realizará de forma conjunta entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, las autoridades competentes de las comunidades autónomas y los interlocutores sociales. Asimismo, en el año 2016, los resultados de esta evaluación se tendrán en cuenta para la asignación de fondos procedentes del presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal entre las diferentes comunidades autónomas, en los términos que se acuerden en la respectiva Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales. Disposición adicional cuarta. Exoneración del pago de cuotas en supuestos de fuerza mayor para favorecer el mantenimiento del empleo. 1. Las empresas que, previa resolución de la autoridad laboral, acuerden la suspensión de contratos de trabajo o la reducción de jornada por causa de fuerza mayor podrán solicitar a la Tesorería General de la Seguridad Social una exoneración de hasta el 100 por cien del pago de la aportación empresarial prevista en el artículo 214.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, siempre y cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que la causa de fuerza mayor derive de acontecimientos catastróficos naturales, imprevisibles o que habiendo sido previstos fueran inevitables, como terremotos, maremotos, incendios, inundaciones, plagas, explosiones, tormentas de viento y mar, siempre que supongan la destrucción total o parcial de las instalaciones de la empresa o centro de trabajo, impidiendo la continuidad de la actividad laboral para los trabajadores afectados. b) Que resulte acreditado, mediante informe preceptivo de la Dirección Especial de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social solicitado por la Tesorería General de la Seguridad Social, que la fuerza mayor reúne las características mencionadas en la letra anterior. Este informe se entiende sin perjuicio del exigido de conformidad con lo previsto en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores y su normativa de desarrollo. c) Que las empresas se hallen al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social y justifiquen los daños sufridos, la imposibilidad de continuar la actividad laboral y las pérdidas de actividad derivadas directamente del supuesto de fuerza mayor. d) Que las empresas, al tiempo de producirse el acontecimiento de carácter catastrófico, hubieran tenido asegurados los bienes indispensables para realizar la actividad productiva afectada por la fuerza mayor. e) Que las empresas se comprometan a realizar, mientras dure la exoneración, la reinversión necesaria para el restablecimiento de las actividades afectadas por la causa de fuerza mayor. Para verificar el cumplimiento de este compromiso, la Tesorería General de la Seguridad Social podrá requerir el asesoramiento e informes técnicos que correspondan. f) Que las empresas se comprometan a mantener en el empleo, durante el año posterior a la finalización de la suspensión o reducción, al 100 por cien de los trabajadores afectados por la suspensión de contrato o la reducción de jornada, excluidos los trabajadores recolocados en otros centros de trabajo. 2. La resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social deberá indicar el porcentaje de exoneración que se reconozca. Las circunstancias a tener en cuenta para fijar dicho porcentaje serán, entre otras, la situación económica de la empresa, el impacto económico de la fuerza mayor sobre otras empresas auxiliares de la afectada, las perspectivas de mantenimiento y creación de empleo a medio y largo plazo, así como el porcentaje de trabajadores indefinidos de su plantilla. 3. La exoneración a las empresas del pago de las cuotas empresariales de la Seguridad Social a que se refiere esta disposición tendrá una duración máxima de 12 meses a partir de la resolución de reconocimiento que dicte la Tesorería General de la Seguridad Social. Cuando dentro del plazo de 12 meses señalado en el párrafo anterior se extinguiera algún contrato temporal por la expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto del contrato, las empresas podrán seguir beneficiándose de la exoneración para dichos contratos por el tiempo que reste hasta los 12 meses siempre que suscriba con el trabajador afectado por la extinción un contrato por tiempo indefinido. La Tesorería General de la Seguridad Social, previa solicitud de la empresa, podrá prorrogar la exoneración reconocida a las empresas por otros 12 meses siempre que resulte acreditado tanto que la empresa sigue cumpliendo los requisitos que determinaron el reconocimiento inicial de la exoneración, como que ha puesto en marcha los compromisos adquiridos en cuanto a la necesaria reinversión en la empresa y el mantenimiento en el empleo de los trabajadores afectados por la suspensión o reducción. 4. Las empresas que incumplan los compromisos exigidos por las letras e) y f) del apartado 1 deberán reintegrar el importe de las cotizaciones de cuyo pago resultaron exoneradas con el recargo y los intereses de demora correspondientes, según lo establecido en las normas recaudatorias en materia de Seguridad Social, y ello sin perjuicio de la aplicación de lo establecido en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. No se considerará incumplida la obligación de mantenimiento en el empleo cuando el contrato de trabajo se extinga por despido disciplinario declarado como procedente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez del trabajador. En el caso de que se trate de contratos temporales, no se considerará incumplida la obligación de mantenimiento en el empleo cuando el contrato de trabajo se extinga por expiración del tiempo convenido o la realización de la obra o servicio objeto del contrato. 5. Lo dispuesto en este real decreto-ley será aplicable a las solicitudes de exoneración que se presenten a partir de su entrada en vigor. En ningún caso se reconocerá la exoneración cuando haya transcurrido más de 3 meses entre la fecha en que haya tenido lugar el acontecimiento extraordinario de fuerza mayor y la solicitud. Disposición final primera. Título competencial. Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.7.ª y 13.ª de la Constitución, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva sobre legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las comunidades autónomas, y las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, respectivamente. Disposición final segunda. Modificación de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. El apartado 2 de la disposición transitoria octava de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, queda redactado en los siguientes términos: «2. En los contratos para la formación y el aprendizaje que se suscriban hasta el 30 de junio de 2015, en los supuestos en que no exista título de formación profesional o certificado de profesionalidad relacionados con el trabajo efectivo a realizar, o centros formativos disponibles para su impartición, la actividad formativa inherente a estos contratos estará constituida por los contenidos mínimos orientativos establecidos en el fichero de especialidades formativas, accesible para su consulta en las páginas web del Servicio Público de Empleo Estatal www.sepe.es y en las de los Servicios Públicos de Empleo correspondientes de las Comunidades Autónomas, para las ocupaciones o especialidades relativas a la actividad laboral contemplada en el contrato; en su defecto, estará constituida por los contenidos formativos determinados por las empresas o comunicados por estas al Servicio Público de Empleo Estatal, a los efectos de su validación en el marco del Sistema Nacional de Empleo. Por Orden del Ministerio de Empleo y Seguridad Social se podrá ampliar el plazo antes señalado hasta el 31 de diciembre de 2015.» Disposición final tercera. Modificación del Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre, por el que se regula el programa de renta activa de inserción para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo. Uno. La letra b) del apartado 1 del artículo 2 del Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre, por el que se regula el programa de renta activa de inserción para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo, queda redactada como sigue: «b) Ser demandante de empleo inscrito ininterrumpidamente como desempleado en la oficina de empleo durante 12 o más meses. A estos efectos, se considerará interrumpida la demanda de empleo por haber trabajado un período acumulado de 90 o más días en los 365 anteriores a la fecha de solicitud de incorporación al programa. Durante la inscripción como demandante de empleo a que se refiere el párrafo anterior deberá buscarse activamente empleo, sin haber rechazado oferta de empleo adecuada ni haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales u otras para incrementar la ocupabilidad. En el momento de la solicitud se deberá acreditar haber realizado durante el periodo de inscripción antes indicado acciones de búsqueda activa de empleo en la forma que se determine reglamentariamente. En tanto se produzca ese desarrollo normativo se acreditarán de la forma establecida en el artículo 3 del Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el Programa de Activación para el Empleo. La salida al extranjero interrumpe la inscripción como demandante de empleo a estos efectos. No se considerará interrumpida la inscripción cuando el solicitante acredite que la salida al extranjero se ha producido por matrimonio o nacimiento de hijo, fallecimiento o enfermedad grave del cónyuge o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad o por el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal, y siempre que la estancia haya sido igual o inferior a 15 días. Asimismo, tampoco interrumpirá la inscripción la salida a países del Espacio Económico europeo y Suiza para la búsqueda o realización de trabajo, perfeccionamiento profesional o cooperación internacional, y siempre que la estancia sea inferior a 90 días. En los supuestos en que se interrumpa la demanda de empleo, se exigirá un periodo de 12 meses ininterrumpido desde la nueva inscripción.» Dos. El Gobierno podrá modificar, mediante real decreto, lo establecido en el apartado anterior. Disposición final cuarta. Modificación del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, por el que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de Protección por Desempleo. El Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, por el que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de Protección por Desempleo, queda redactado del siguiente modo: Uno. La letra c) del apartado 1 del artículo 32 queda redactada como sigue: «c) Transcurrido dicho plazo, si existiera responsabilidad, se dictará resolución señalando la cuantía de la prestación y el alcance de la responsabilidad del empresario o de los empresarios, debiendo hacer efectivo el importe de la prestación en el plazo de treinta días, contados desde la notificación de la resolución. Si no se reintegrara la deuda en dicho plazo se aplicará lo establecido en el artículo 69 y siguientes del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, así como lo establecido en el artículo 39 y siguientes de dicho Reglamento cuando el deudor sea una entidad pública.» Dos. El apartado 2 del artículo 33 queda redactado como sigue: «2. El trabajador dispondrá de un plazo de treinta días, a partir de la notificación de la resolución, para reintegrar la cuantía de la prestación o subsidio indebidamente percibidos. Transcurrido dicho plazo, sin que haya sido obtenido el reintegro de la deuda, en los casos en los que no se pueda aplicar la compensación o descuento según contempla el artículo 34 siguiente, o bien cuando, procediendo dicha compensación o descuento, no hubiera sido posible cancelar la deuda en su totalidad, se aplicará lo establecido en el artículo 80 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio.» Tres. El Gobierno podrá modificar, mediante real decreto, lo establecido en los apartados anteriores. Disposición final quinta. Modificación de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo. La Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, queda modificada como sigue: Uno. Se suprime la letra c) del apartado 4 del artículo 21 bis. Dos. El apartado 5 del artículo 21 bis queda redactado en los siguientes términos: «5. Las agencias de colocación podrán ser consideradas entidades colaboradoras de los servicios públicos de empleo, con el alcance previsto en las normas de desarrollo de esta Ley. El instrumento jurídico en que se articule esta colaboración deberá regular los mecanismos de comunicación por parte de las agencias de colocación de los incumplimientos de las obligaciones de los trabajadores y de los solicitantes y beneficiarios de prestaciones por desempleo previstas en el artículo 231.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.» Disposición final sexta. Facultades de desarrollo. Se faculta a la persona titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social para dictar las disposiciones que sean precisas para el desarrollo y ejecución de lo establecido en este real decreto-ley. Asimismo, se faculta a la persona titular de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, en el ámbito de sus competencias, para dictar cuantas resoluciones sean precisas para el desarrollo de este real decreto-ley. Disposición final séptima. Entrada en vigor. El presente real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». No obstante, las disposiciones relativas al programa de activación para el empleo regulado por este real decreto-ley producirán efectos desde el 15 de enero de 2015. La disposición final cuarta producirá efectos en la fecha de suscripción del concierto entre el Servicio Público de Empleo Estatal y la Tesorería General de la Seguridad Social que regule la colaboración en materia de recaudación en vía de apremio de las prestaciones indebidamente percibidas por los trabajadores y aquellas otras de cuyo pago sean responsables las empresas. Dado en Madrid, el 19 de diciembre de 2014. FELIPE R. El Presidente del Gobierno, MARIANO RAJOY BREY

Decreto ley para la ayuda con 426€ a parados larga duración. Decenas de requisitos, entre ellos estar 6 meses sin cobrar nada.

I La economía española ha iniciado una etapa de crecimiento económico que acumula cinco trimestres de crecimiento del PIB. Esta evolución está teniendo, asimismo, impacto en términos de creación de empleo, tal y como se ha puesto de manifiesto en la Encuesta de Población Activa para el segundo y tercer trimestre de 2014 (+1,12 % y +1,59 % de crecimiento interanual del empleo). Sin embargo, la duración e intensidad de la crisis de los últimos años y el impacto que ha tenido sobre la ocupación exigen actuaciones de calado que contribuyan a intensificar la recuperación y a acelerar su transformación en términos de creación de empleo estable y de calidad. El desafío es ahora la reincorporación del elevado número de desempleados al mercado de trabajo para que participen de la reactivación económica. Por este motivo, el 29 de julio de 2014, el Gobierno, las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME y los sindicatos CCOO y UGT adoptaron el Acuerdo de propuestas para la negociación tripartita para fortalecer el crecimiento económico y el empleo, que recogía la voluntad de impulsar medidas en distintos ámbitos, desde un renovado protagonismo del diálogo social, destinadas a intensificar la evolución positiva de la economía y del empleo. En particular, la incidencia del desempleo de larga duración supone un reto que debe abordarse para que la recuperación sea rica en empleo e inclusiva, teniendo en cuenta a todos aquellos que buscan activamente una oportunidad en el mercado de trabajo. Para ello, resultan particularmente necesarias medidas de activación para el empleo que contribuyan a reducir el tiempo que los trabajadores pasan en situación de desempleo y faciliten su retorno al mundo laboral. Los Servicios Públicos de Empleo deben poner en común la información necesaria que posibilite la identificación de oportunidades de empleo, el seguimiento continuo y la evaluación de las actuaciones desarrolladas. En definitiva, deben acompañar a los desempleados durante todo el proceso y cumplir con eficacia su objetivo primordial de ayudar en la reinserción y mantenimiento del empleo. En atención a este objetivo, una de las iniciativas recogidas en el Acuerdo tripartito con carácter prioritario era el diseño, con la colaboración de las comunidades autónomas, de un programa de activación para el empleo con un contenido específico de orientación, formación, recualificación y/o reconocimiento de la experiencia laboral que, acompañado de una medida de protección, contribuyera a facilitar la reinserción laboral a los desempleados de larga duración con cargas familiares. En desarrollo de esta previsión, el 15 de diciembre de 2014, Gobierno e Interlocutores Sociales firmaron el Acuerdo sobre el Programa Extraordinario de Activación para el Empleo, destinado a mejorar la empleabilidad y dotar de nuevas oportunidades al citado colectivo de trabajadores desempleados, dadas sus mayores dificultades de colocación. Además, el programa de activación se ha diseñado de manera coherente con las Recomendaciones específicas del Consejo de la Unión Europea de 8 de julio de 2014 relativas al Programa Nacional de Reformas de 2014 de España. En particular, la tercera de estas Recomendaciones hace referencia a la importancia de contar con servicios públicos de empleo modernos, capaces de prestar servicios personalizados y eficaces especialmente a aquellas personas que tienen más dificultades para acceder a un empleo, como son los parados de larga duración. Asimismo, las citadas Recomendaciones reflejan la importancia de mantener el compromiso de los beneficiarios con el mercado laboral a través de su búsqueda activa de empleo, de manera que tanto las políticas activas como las pasivas estén alineadas a favor de la activación para el empleo. II El real decreto-ley consta de nueve artículos, cuatro disposiciones adicionales y siete disposiciones finales. El artículo 1 se refiere al Programa de Activación para el Empleo como un programa específico y extraordinario de carácter temporal, dirigido a personas desempleadas de larga duración que cumplan con una serie de requisitos. Los beneficiarios del programa se han definido a partir del colectivo de desempleados de larga duración con responsabilidades familiares que han agotado su protección por desempleo y que, precisamente por este motivo, se enfrentan hoy a mayores dificultades de colocación y especiales necesidades de protección. Los requisitos que deben cumplir los desempleados para acceder al programa están recogidos en el artículo 2 y se refieren a diversos aspectos como la necesidad de que hayan transcurrido al menos seis meses desde que los desempleados agotaran la Renta Activa de Inserción, el Programa Temporal de Protección e Inserción o el Programa de Recualificación Profesional de las Personas que Agoten su Protección por Desempleo; estar inscrito como demandante de empleo en el Servicio Público de Empleo competente a fecha 1 de diciembre de 2014 y la permanencia en dicha situación durante un determinado periodo de tiempo; carecer del derecho a la protección contributiva o asistencial por desempleo, o a la renta activa de inserción; carecer de rentas, de cualquier naturaleza, superiores en cómputo mensual al 75 por ciento del salario mínimo interprofesional; acreditar responsabilidades familiares; así como cumplir con determinadas obligaciones de activación. Por lo tanto, el programa está destinado a las personas con responsabilidades familiares que han estado vinculadas con el mercado laboral en el pasado y que son demandantes de empleo en la actualidad pero que, sin embargo, han quedado fuera del ámbito de la protección por desempleo hace al menos seis meses. Destaca además que el programa se fundamenta en una cultura de responsabilidad compartida de la activación para el empleo tanto por los Servicios Públicos de Empleo, proveedores de las medidas de activación, como por los propios beneficiarios. Así, el artículo 6, al regular el desarrollo del programa, reconoce a los Servicios Públicos de Empleo como los encarg ### RESUMEN: Decreto ley para la ayuda con 426€ a parados larga duración. Decenas de requisitos, entre ellos estar 6 meses sin cobrar nada.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS). b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS). c) Número de expediente: 201300054. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Obras. b) Descripción: Obras de reforma del restaurante de la Residencia Jorge Juan en Alicante. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45215200 (Trabajos de construcción de edificios para servicios sociales). g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 2 de julio de 2013. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 405.239,36 euros. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 405.239,36 euros. Importe total: 490.339,63 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 3 de septiembre de 2013. b) Fecha de formalización del contrato: 9 de septiembre de 2013. c) Contratista: Construcciones Garzón, S.A. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 231.026,96 euros. Importe total: 279.542,62 euros. e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa. Madrid, 10 de septiembre de 2013.- Subdirector General Adjunto de la Secretaría General del ISFAS.

Contrato para la reforma del restaurante de la Residencia Jorge Juan en Alicante por un coste total de 490.339,63 euros

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS). b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS). c) Número de expediente: 201300054. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Obras. b) Descripción: Obras de reforma del restaurante de la Residencia Jorge Juan en Alicante. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45215200 (Trabajos de construcción de edificios para servicios sociales). g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 2 de julio de 2013. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 405.239,36 euros. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 405.239,36 euros. Importe total: 490.339,63 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 3 de septiembre de 2013. b) Fecha de formalización del contrato: 9 de septiembre de 2013. c) Contratista: Construcciones Garzón, S.A. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 231.026,96 euros. Importe total: 279.542,62 euros. e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa. Madrid, 10 de septiembre de 2013.- Subdirector General Adjunto de la Secretaría General del ISFAS. ### RESUMEN: Contrato para la reforma del restaurante de la Residencia Jorge Juan en Alicante por un coste total de 490.339,63 euros

FELIPE VI REY DE ESPAÑA A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgánica: PREÁMBULO Nuestro constituyente definió el modelo de Estado español como social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Justificado en la necesidad de equilibrar la desigual estructura en el ámbito laboral, el desarrollo posterior del artículo 37 de la Constitución se llevó a cabo en relación con el derecho a la negociación colectiva y a la adopción de las medidas de conflicto colectivo, así como con el desarrollo jurisprudencial, además de con el desarrollo de la libertad de sindicación estableciendo un sistema de relaciones laborales más democráticas para corregir la asimetría de las relaciones laborales preexistentes a 1978. Con la crisis como oportunidad, desde la llegada al Gobierno del Partido Popular en diciembre de 2011, se inició un proceso constante y sistemático de desmantelamiento de las libertades y especialmente de aquellas que afectan a la manifestación pública del desacuerdo con las políticas económicas del Gobierno. La reforma laboral, que prácticamente excluyó la negociación colectiva de los trabajadores y que devaluó o directamente eliminó otros muchos de sus derechos, no pareció suficiente y por ello se reforzaron, con ataques directos, todas las medidas que exteriorizaron el conflicto, utilizando la legislación en vigor, como la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, y el artículo 315.3 del Código Penal, en el corto plazo, y trabajando, en el medio plazo, para desplegar un entramado de leyes que asfixian la capacidad de reacción, protesta o resistencia de la ciudadanía y de las organizaciones sindicales, hacia las políticas del Gobierno. Así, se ha aplicado la forma agravada de coacciones prevista en el artículo 315, apartado 3, del Código Penal, sobre la más atenuada de coacciones genéricas, aunque en la mayoría de los casos los hechos no puedan ser entendidos como violentos o coactivos y, en consecuencia, como un riesgo cierto para la integridad de las personas o de los bienes o instalaciones donde se desarrollan. Con esta aplicación de la ley se ha tratado de disuadir a los ciudadanos de ejercer su derecho a la huelga y, en consecuencia, su libertad sindical. Si bien la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, vino a mitigar la respuesta punitiva de la ley, la misma no da una respuesta proporcionada, ni añade nada nuevo ni necesario atendiendo a la finalidad que la norma atendía. Por ello, el artículo 315.3 del Código Penal debe desaparecer de nuestro ordenamiento punitivo, toda vez que el genérico delito de coacciones ya protege de manera adecuada la libertad de no hacer huelga. De otra parte, todas estas actuaciones no se ajustan ni a las previsiones de nuestro sistema constitucional ni a las obligaciones que tiene España como signataria de los distintos textos nacidos en la Organización Internacional del Trabajo. Finalmente, han sido las razones antes expuestas y una forma de interpretación del delito, que amplió su aplicación en sentido contrario a cómo debería interpretarse teniendo en cuenta la doctrina constitucional existente sobre el mismo y el deber de todo intérprete de evitar que la interpretación de la norma disuada del ejercicio del derecho fundamental que limita, las que nos llevan a la necesidad de proponer la supresión de este precepto. Artículo único. Modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Se suprime el apartado 3 del artículo 315 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Disposición transitoria única. Revisión de sentencias. Los jueces o tribunales procederán a revisar las sentencias firmes dictadas de conformidad con la legislación que se deroga. Disposición final única. Entrada en vigor. La presente Ley Orgánica entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley orgánica. Madrid, 22 de abril de 2021. FELIPE R. El Presidente del Gobierno, PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN

Ley que deroga el artículo 315.3 del Código Penal, que imponía penas de hasta 3 años a los piquetes en las huelgas.

FELIPE VI REY DE ESPAÑA A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgánica: PREÁMBULO Nuestro constituyente definió el modelo de Estado español como social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Justificado en la necesidad de equilibrar la desigual estructura en el ámbito laboral, el desarrollo posterior del artículo 37 de la Constitución se llevó a cabo en relación con el derecho a la negociación colectiva y a la adopción de las medidas de conflicto colectivo, así como con el desarrollo jurisprudencial, además de con el desarrollo de la libertad de sindicación estableciendo un sistema de relaciones laborales más democráticas para corregir la asimetría de las relaciones laborales preexistentes a 1978. Con la crisis como oportunidad, desde la llegada al Gobierno del Partido Popular en diciembre de 2011, se inició un proceso constante y sistemático de desmantelamiento de las libertades y especialmente de aquellas que afectan a la manifestación pública del desacuerdo con las políticas económicas del Gobierno. La reforma laboral, que prácticamente excluyó la negociación colectiva de los trabajadores y que devaluó o directamente eliminó otros muchos de sus derechos, no pareció suficiente y por ello se reforzaron, con ataques directos, todas las medidas que exteriorizaron el conflicto, utilizando la legislación en vigor, como la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, y el artículo 315.3 del Código Penal, en el corto plazo, y trabajando, en el medio plazo, para desplegar un entramado de leyes que asfixian la capacidad de reacción, protesta o resistencia de la ciudadanía y de las organizaciones sindicales, hacia las políticas del Gobierno. Así, se ha aplicado la forma agravada de coacciones prevista en el artículo 315, apartado 3, del Código Penal, sobre la más atenuada de coacciones genéricas, aunque en la mayoría de los casos los hechos no puedan ser entendidos como violentos o coactivos y, en consecuencia, como un riesgo cierto para la integridad de las personas o de los bienes o instalaciones donde se desarrollan. Con esta aplicación de la ley se ha tratado de disuadir a los ciudadanos de ejercer su derecho a la huelga y, en consecuencia, su libertad sindical. Si bien la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, vino a mitigar la respuesta punitiva de la ley, la misma no da una respuesta proporcionada, ni añade nada nuevo ni necesario atendiendo a la finalidad que la norma atendía. Por ello, el artículo 315.3 del Código Penal debe desaparecer de nuestro ordenamiento punitivo, toda vez que el genérico delito de coacciones ya protege de manera adecuada la libertad de no hacer huelga. De otra parte, todas estas actuaciones no se ajustan ni a las previsiones de nuestro sistema constitucional ni a las obligaciones que tiene España como signataria de los distintos textos nacidos en la Organización Internacional del Trabajo. Finalmente, han sido las razones antes expuestas y una forma de interpretación del delito, que amplió su aplicación en sentido contrario a cómo debería interpretarse teniendo en cuenta la doctrina constitucional existente sobre el mismo y el deber de todo intérprete de evitar que la interpretación de la norma disuada del ejercicio del derecho fundamental que limita, las que nos llevan a la necesidad de proponer la supresión de este precepto. Artículo único. Modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Se suprime el apartado 3 del artículo 315 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Disposición transitoria única. Revisión de sentencias. Los jueces o tribunales procederán a revisar las sentencias firmes dictadas de conformidad con la legislación que se deroga. Disposición final única. Entrada en vigor. La presente Ley Orgánica entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley orgánica. Madrid, 22 de abril de 2021. FELIPE R. El Presidente del Gobierno, PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN ### RESUMEN: Ley que deroga el artículo 315.3 del Código Penal, que imponía penas de hasta 3 años a los piquetes en las huelgas.

En virtud de Sentencia número 91/2020 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Málaga se estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la convocatoria de pruebas selectivas para el ingreso en la escala Administrativa de la Universidad de Málaga operada por Resolución de 28 de octubre de 2019 (BOE de 7 de noviembre), y se anula la valoración de méritos contenida en el apartado «fase de concurso» del anexo I. En ejecución de la citada Sentencia, este Rectorado ha resuelto modificar el citado anexo I de la convocatoria, procediendo a establecer un nuevo baremo para la valoración de méritos en la fase de concurso, de acuerdo con las exigencias de la sentencia aludida, y procediendo a la conservación de todos los actos y trámites del procedimiento que ya se han efectuado, anteriores a la fase de concurso, en los términos siguientes: «ANEXO I Apartado 2. Fase de concurso Los aspirantes que superen la fase de oposición deberán aportar, en el plazo que el Tribunal determine, la documentación acreditativa de los méritos alegados para la fase de concurso, sin que puedan añadirse otros méritos que los referenciados en la solicitud, en los términos de lo establecido en la base 3.1 de la presente Resolución. El Tribunal hará pública la puntuación obtenida en la fase de concurso por los aspirantes que hayan superado la fase de oposición, tras la superación de los dos ejercicios, cada uno de los cuales tendrán carácter eliminatorio. Contra la puntuación otorgada por el Tribunal, podrán los interesados interponer reclamación en el plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la misma, transcurridos los cuales el Tribunal publicará las puntuaciones definitivas. En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá aplicarse para superar la fase de oposición. La fase de concurso se valorará de 0 a 40 puntos. En dicha fase, se valorarán los siguientes méritos, hasta el máximo establecido, de acuerdo con la siguiente escala: 1. Por servicios prestados como funcionario interino de la Escala Administrativa de la Universidad de Málaga o en otras Universidades públicas como funcionario en Cuerpos o Escalas del Subgrupo C1 de Administración general hasta el último día del plazo de presentación de solicitudes, 0,44 puntos por cada mes completo de trabajo, o la parte proporcional en días. 2. Por servicios prestados en otras Administraciones públicas como funcionario en Cuerpos o Escalas del Subgrupo C1 de Administración general hasta el último día del plazo de presentación de solicitudes, 0,22 puntos por cada mes completo de trabajo, o la parte proporcional en días. Los servicios prestados fuera de la Universidad de Málaga se acreditarán mediante documentación justificativa de la prestación de los servicios, con expresión de las funciones concretas que se han desarrollado, expedida por el órgano administrativo competente.» Málaga, 9 de junio de 2020.–El Rector, José Ángel Narváez Bueno.

La Universidad de Málaga tiene que modificar una oposición (por sentencia judicial) en la que daba el doble de puntos a la experiencia como interino en la propia universidad que en otras.

En virtud de Sentencia número 91/2020 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Málaga se estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la convocatoria de pruebas selectivas para el ingreso en la escala Administrativa de la Universidad de Málaga operada por Resolución de 28 de octubre de 2019 (BOE de 7 de noviembre), y se anula la valoración de méritos contenida en el apartado «fase de concurso» del anexo I. En ejecución de la citada Sentencia, este Rectorado ha resuelto modificar el citado anexo I de la convocatoria, procediendo a establecer un nuevo baremo para la valoración de méritos en la fase de concurso, de acuerdo con las exigencias de la sentencia aludida, y procediendo a la conservación de todos los actos y trámites del procedimiento que ya se han efectuado, anteriores a la fase de concurso, en los términos siguientes: «ANEXO I Apartado 2. Fase de concurso Los aspirantes que superen la fase de oposición deberán aportar, en el plazo que el Tribunal determine, la documentación acreditativa de los méritos alegados para la fase de concurso, sin que puedan añadirse otros méritos que los referenciados en la solicitud, en los términos de lo establecido en la base 3.1 de la presente Resolución. El Tribunal hará pública la puntuación obtenida en la fase de concurso por los aspirantes que hayan superado la fase de oposición, tras la superación de los dos ejercicios, cada uno de los cuales tendrán carácter eliminatorio. Contra la puntuación otorgada por el Tribunal, podrán los interesados interponer reclamación en el plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la misma, transcurridos los cuales el Tribunal publicará las puntuaciones definitivas. En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá aplicarse para superar la fase de oposición. La fase de concurso se valorará de 0 a 40 puntos. En dicha fase, se valorarán los siguientes méritos, hasta el máximo establecido, de acuerdo con la siguiente escala: 1. Por servicios prestados como funcionario interino de la Escala Administrativa de la Universidad de Málaga o en otras Universidades públicas como funcionario en Cuerpos o Escalas del Subgrupo C1 de Administración general hasta el último día del plazo de presentación de solicitudes, 0,44 puntos por cada mes completo de trabajo, o la parte proporcional en días. 2. Por servicios prestados en otras Administraciones públicas como funcionario en Cuerpos o Escalas del Subgrupo C1 de Administración general hasta el último día del plazo de presentación de solicitudes, 0,22 puntos por cada mes completo de trabajo, o la parte proporcional en días. Los servicios prestados fuera de la Universidad de Málaga se acreditarán mediante documentación justificativa de la prestación de los servicios, con expresión de las funciones concretas que se han desarrollado, expedida por el órgano administrativo competente.» Málaga, 9 de junio de 2020.–El Rector, José Ángel Narváez Bueno. ### RESUMEN: La Universidad de Málaga tiene que modificar una oposición (por sentencia judicial) en la que daba el doble de puntos a la experiencia como interino en la propia universidad que en otras.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por Auto de 26 de abril actual, ha admitido a trámite la impugnación de disposiciones autonómicas (título V LOTC) núm. 492-2018, promovida por Abogado del Estado en nombre del Gobierno de la Nación, contra la resolución del Presidente del Parlamento de Cataluña, por la que se propone la investidura de D. Carles Puigdemont i Casamajó como candidato a Presidente del Gobierno de la Generalidad de Cataluña, publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña n.º 3, de 23 de enero de 2018, y la resolución del Presidente del Parlamento de Cataluña de fecha 25 de enero de 2018 por la que se convoca sesión plenaria el 30 de enero de 2018, a las 15:00 horas, esta última exclusivamente en cuanto a la inclusión en el orden del día del debate del programa y votación de investidura del diputado D. Carles Puigdemont i Casamajó, publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña núm. 5, de 26 de enero de 2018, y en su parte dispositiva ha acordado: «1. Admitir a trámite la impugnación de disposiciones autonómicas (título V LOTC) promovida por el Gobierno de la Nación y, en su representación y defensa, por el Abogado del Estado, frente a la resolución del Presidente del Parlamento de Cataluña por la que se propone la investidura de don Carles Puigdemont i Casamajó como candidato a Presidente del Gobierno de la Generalidad de Cataluña, publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña, núm. 3, de 23 de enero de 2018, y la resolución del Presidente del Parlamento de Cataluña de fecha de 25 de enero de 2018, por la que se convoca sesión plenaria el 30 de enero de 2018, a las 15 horas, en la parte que se refiere a la inclusión en el orden del día del debate del programa y votación de investidura del diputado don Carles Puigdemont i Casamajó, publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña núm. 5, de 26 de enero de 2018. 2. Otorgar un plazo de veinte días al Parlamento de Cataluña, por conducto de su Presidente, y a las partes personadas para que puedan formular las alegaciones que estimen conveniente. 3. Tener por invocado por el Gobierno el artículo 161.2 de la Constitución, lo que, a su tenor y conforme dispone el art. 77 LOTC, produce la suspensión de las resoluciones impugnadas desde el día 26 de enero de 2018, fecha de interposición de la impugnación, que será comunicado al Presidente del Parlamento de Cataluña. 4. Declarar radicalmente nulo y sin valor ni efecto alguno cualquier acto, resolución, acuerdo o vía de hecho que contravenga la suspensión acordada en la presente resolución, incluidos los que sean confirmación o reproducción de algunos de los actos suspendidos. 5. Conforme al artículo 87.1 LOTC, sin perjuicio de la obligación que dicho precepto impone a todos los poderes públicos de cumplir las resoluciones de este Tribunal, y de acuerdo con lo pedido por la parte recurrente, notifíquese personalmente la presente resolución al Presidente del Parlamento de Cataluña, don Roger Torrent i Ramió y a los Miembros de la Mesa: don Josep Costa i Rosselló, don José María Espejo-Saavedra Conesa, don Eusebi Campdepadrós i Pucurull, don David Pérez lbáñez, don Joan García González y doña Alba Vergés i Bosch. 6. Se les advierte a todos ellos de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada. En particular, de que se abstengan de iniciar, tramitar, informar o dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, acuerdo o actuación alguna que contravenga la expresada suspensión, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de no atender este requerimiento. 7. Conforme al artículo 87.2 LOTC, recabar el auxilio jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para realizar las notificaciones, requerimientos y apercibimientos acordados. 8. Declarar que el presente auto es inmediatamente ejecutivo desde su publicación. Publíquese este Auto en el “Boletín Oficial del Estado”.» Madrid, 26 de abril de 2018.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra.

El tribunal Constitucional admite el recurso del gobierno para vetar la investidura de Puigdemont.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por Auto de 26 de abril actual, ha admitido a trámite la impugnación de disposiciones autonómicas (título V LOTC) núm. 492-2018, promovida por Abogado del Estado en nombre del Gobierno de la Nación, contra la resolución del Presidente del Parlamento de Cataluña, por la que se propone la investidura de D. Carles Puigdemont i Casamajó como candidato a Presidente del Gobierno de la Generalidad de Cataluña, publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña n.º 3, de 23 de enero de 2018, y la resolución del Presidente del Parlamento de Cataluña de fecha 25 de enero de 2018 por la que se convoca sesión plenaria el 30 de enero de 2018, a las 15:00 horas, esta última exclusivamente en cuanto a la inclusión en el orden del día del debate del programa y votación de investidura del diputado D. Carles Puigdemont i Casamajó, publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña núm. 5, de 26 de enero de 2018, y en su parte dispositiva ha acordado: «1. Admitir a trámite la impugnación de disposiciones autonómicas (título V LOTC) promovida por el Gobierno de la Nación y, en su representación y defensa, por el Abogado del Estado, frente a la resolución del Presidente del Parlamento de Cataluña por la que se propone la investidura de don Carles Puigdemont i Casamajó como candidato a Presidente del Gobierno de la Generalidad de Cataluña, publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña, núm. 3, de 23 de enero de 2018, y la resolución del Presidente del Parlamento de Cataluña de fecha de 25 de enero de 2018, por la que se convoca sesión plenaria el 30 de enero de 2018, a las 15 horas, en la parte que se refiere a la inclusión en el orden del día del debate del programa y votación de investidura del diputado don Carles Puigdemont i Casamajó, publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña núm. 5, de 26 de enero de 2018. 2. Otorgar un plazo de veinte días al Parlamento de Cataluña, por conducto de su Presidente, y a las partes personadas para que puedan formular las alegaciones que estimen conveniente. 3. Tener por invocado por el Gobierno el artículo 161.2 de la Constitución, lo que, a su tenor y conforme dispone el art. 77 LOTC, produce la suspensión de las resoluciones impugnadas desde el día 26 de enero de 2018, fecha de interposición de la impugnación, que será comunicado al Presidente del Parlamento de Cataluña. 4. Declarar radicalmente nulo y sin valor ni efecto alguno cualquier acto, resolución, acuerdo o vía de hecho que contravenga la suspensión acordada en la presente resolución, incluidos los que sean confirmación o reproducción de algunos de los actos suspendidos. 5. Conforme al artículo 87.1 LOTC, sin perjuicio de la obligación que dicho precepto impone a todos los poderes públicos de cumplir las resoluciones de este Tribunal, y de acuerdo con lo pedido por la parte recurrente, notifíquese personalmente la presente resolución al Presidente del Parlamento de Cataluña, don Roger Torrent i Ramió y a los Miembros de la Mesa: don Josep Costa i Rosselló, don José María Espejo-Saavedra Conesa, don Eusebi Campdepadrós i Pucurull, don David Pérez lbáñez, don Joan García González y doña Alba Vergés i Bosch. 6. Se les advierte a todos ellos de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada. En particular, de que se abstengan de iniciar, tramitar, informar o dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, acuerdo o actuación alguna que contravenga la expresada suspensión, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de no atender este requerimiento. 7. Conforme al artículo 87.2 LOTC, recabar el auxilio jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para realizar las notificaciones, requerimientos y apercibimientos acordados. 8. Declarar que el presente auto es inmediatamente ejecutivo desde su publicación. Publíquese este Auto en el “Boletín Oficial del Estado”.» Madrid, 26 de abril de 2018.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra. ### RESUMEN: El tribunal Constitucional admite el recurso del gobierno para vetar la investidura de Puigdemont.

Examinada la solicitud de inscripción de la Fundación Gabriel Cisneros resultan los siguientes Antecedentes de hecho Primero. Constitución de la Fundación. La Fundación anteriormente citada fue constituida por disposición testamentaria de don Gabriel Cisneros Laborda, complementada por escritura pública número 1.013, otorgada, en Madrid con fecha 20 de mayo de 2013 por sus herederos en cumplimiento de la voluntad del testador, ante el Notario del Ilustre Colegio de Madrid don José María de Prada Guaita. Segundo. Domicilio y ámbito de la Fundación. El domicilio de la Fundación quedó establecido en la localidad de Tarazona (Zaragoza), calle Plaza, n.º 2, hoy n.º 1, piso 2.º, código postal 50500 Tarazona (Zaragoza), y su ámbito de actuación se extiende a todo el territorio del Estado español. Tercero. Dotación. Dotación inicial: Treinta mil setecientos treinta euros (30.730 euros), mediante aportaciones no dinerarias descritas en la propia escritura de constitución, valoradas por expertos independientes. Dicha dotación está sujeta al principio de subrogación real del patrimonio y, en caso de enajenación o gravamen, requerirá autorización del Protectorado en los términos previstos en la Ley. Cuarto. Fines de la Fundación. En los Estatutos que han de regir la Fundación, incorporados a la escritura pública a que se refiere el antecedente de hecho primero, figuran como fines de la Fundación los siguientes: La defensa de los valores y principios de la Constitución de 1978 y asociar esta voluntad con el reconocimiento del papel de Gabriel Cisneros, promotor de la Fundación, constante defensor del consenso como instrumento de una reconciliación nacional profunda durante la época de la Transición a la democracia en España. Quinto. Patronato. Presidente: Don Juan-Jacobo Cisneros del Prado. Vicepresidenta: Doña María-Isabel Cisneros del Prado. Secretaria: Doña Irene-Paula Cisneros del Prado. Consta la aceptación de los cargos indicados por parte de las personas anteriormente citadas. Fundamentos de derecho Primero. Resultan de aplicación para la resolución del expediente: El artículo 34 de la Constitución Española, que reconoce el derecho de fundación para fines de interés general. La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. El Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia estatal. El Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de fundaciones de competencia estatal. La Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo, de delegación de competencias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en virtud de la cual se delegan en el Secretario General Técnico competencias relativas al Protectorado y Registro de Fundaciones atribuidas al Ministro. Segundo. Según los artículos 35.1 de la Ley de Fundaciones y 43 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal, la inscripción de las Fundaciones requerirá el informe favorable del Protectorado en cuanto a la idoneidad de los fines y en cuanto a la adecuación y suficiencia de la dotación, procediendo un pronunciamiento favorable al respecto. Tercero. Según la disposición transitoria cuarta de la Ley de Fundaciones, hasta tanto no entre en funcionamiento el Registro de Fundaciones de competencia estatal, subsistirán los actualmente existentes, por lo que procede la inscripción de la Fundación en este Registro de Fundaciones. Por todo lo cual, resuelvo inscribir en el Registro de Fundaciones la Fundación Gabriel Cisneros y su Patronato. Madrid, 22 de julio de 2013.–El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, P.D. (Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo), el Secretario General Técnico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, José Canal Muñoz.

Hijos de Gabriel Cisneros crean una fundación con su nombre para defender constitución y valores de transición

Examinada la solicitud de inscripción de la Fundación Gabriel Cisneros resultan los siguientes Antecedentes de hecho Primero. Constitución de la Fundación. La Fundación anteriormente citada fue constituida por disposición testamentaria de don Gabriel Cisneros Laborda, complementada por escritura pública número 1.013, otorgada, en Madrid con fecha 20 de mayo de 2013 por sus herederos en cumplimiento de la voluntad del testador, ante el Notario del Ilustre Colegio de Madrid don José María de Prada Guaita. Segundo. Domicilio y ámbito de la Fundación. El domicilio de la Fundación quedó establecido en la localidad de Tarazona (Zaragoza), calle Plaza, n.º 2, hoy n.º 1, piso 2.º, código postal 50500 Tarazona (Zaragoza), y su ámbito de actuación se extiende a todo el territorio del Estado español. Tercero. Dotación. Dotación inicial: Treinta mil setecientos treinta euros (30.730 euros), mediante aportaciones no dinerarias descritas en la propia escritura de constitución, valoradas por expertos independientes. Dicha dotación está sujeta al principio de subrogación real del patrimonio y, en caso de enajenación o gravamen, requerirá autorización del Protectorado en los términos previstos en la Ley. Cuarto. Fines de la Fundación. En los Estatutos que han de regir la Fundación, incorporados a la escritura pública a que se refiere el antecedente de hecho primero, figuran como fines de la Fundación los siguientes: La defensa de los valores y principios de la Constitución de 1978 y asociar esta voluntad con el reconocimiento del papel de Gabriel Cisneros, promotor de la Fundación, constante defensor del consenso como instrumento de una reconciliación nacional profunda durante la época de la Transición a la democracia en España. Quinto. Patronato. Presidente: Don Juan-Jacobo Cisneros del Prado. Vicepresidenta: Doña María-Isabel Cisneros del Prado. Secretaria: Doña Irene-Paula Cisneros del Prado. Consta la aceptación de los cargos indicados por parte de las personas anteriormente citadas. Fundamentos de derecho Primero. Resultan de aplicación para la resolución del expediente: El artículo 34 de la Constitución Española, que reconoce el derecho de fundación para fines de interés general. La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. El Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia estatal. El Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de fundaciones de competencia estatal. La Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo, de delegación de competencias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en virtud de la cual se delegan en el Secretario General Técnico competencias relativas al Protectorado y Registro de Fundaciones atribuidas al Ministro. Segundo. Según los artículos 35.1 de la Ley de Fundaciones y 43 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal, la inscripción de las Fundaciones requerirá el informe favorable del Protectorado en cuanto a la idoneidad de los fines y en cuanto a la adecuación y suficiencia de la dotación, procediendo un pronunciamiento favorable al respecto. Tercero. Según la disposición transitoria cuarta de la Ley de Fundaciones, hasta tanto no entre en funcionamiento el Registro de Fundaciones de competencia estatal, subsistirán los actualmente existentes, por lo que procede la inscripción de la Fundación en este Registro de Fundaciones. Por todo lo cual, resuelvo inscribir en el Registro de Fundaciones la Fundación Gabriel Cisneros y su Patronato. Madrid, 22 de julio de 2013.–El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, P.D. (Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo), el Secretario General Técnico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, José Canal Muñoz. ### RESUMEN: Hijos de Gabriel Cisneros crean una fundación con su nombre para defender constitución y valores de transición

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Departamento Jurídico. 2) Domicilio: C/ Bocángel, 26. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28028. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.forta.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Contratación del servicio de predicción y estimación de los resultados de las Elecciones Generales de 26 de junio de 2016. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Urgente. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 312.000 euros (IVA excluido). 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 312.000 euros. Importe total: 377.520 euros. 7. Requisitos específicos del contratista: b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La solvencia técnica: se entenderá acreditada la solvencia técnica por las empresas que acrediten que el proponente ha efectuado servicios similares a los descritos en la presente licitación (en concreto, sondeos electorales), indicando su importe, fechas y destinatario de los mismos. La solvencia económica y financiera: se entenderá acreditada por aquellas empresas que declaren un importe neto de la cifra de negocios anual igual o superior, para cada uno de los tres (3) últimos ejercicios, a tres (3) veces el presupuesto máximo de la presente licitación (IVA excluido). 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 6 junio 2016 (hasta las 12:00 horas). c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Forta. 2) Domicilio: C/ Bocángel, 26. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28028. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Sobres B (Oferta técnica y mejoras) y Sobres C (Oferta económica). b) Dirección: C/ Bocángel, 26. c) Localidad y código postal: Madrid, 28028. d) Fecha y hora: Sobres B (06/06/16, 13:00 horas) y Sobres C (07/06/16, 12:30 horas). 10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 31 mayo 2016. 12. Otras informaciones: El Secretario General de FORTA, actuando como Órgano de Contratación. Madrid, 31 de mayo de 2016.- El Secretario General de FORTA, actuando como Órgano de contratación.

La FORTA licita el contrato para las encuestas a pie de urna que emitirán las autonómicas

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Departamento Jurídico. 2) Domicilio: C/ Bocángel, 26. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28028. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.forta.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Contratación del servicio de predicción y estimación de los resultados de las Elecciones Generales de 26 de junio de 2016. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Urgente. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 312.000 euros (IVA excluido). 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 312.000 euros. Importe total: 377.520 euros. 7. Requisitos específicos del contratista: b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La solvencia técnica: se entenderá acreditada la solvencia técnica por las empresas que acrediten que el proponente ha efectuado servicios similares a los descritos en la presente licitación (en concreto, sondeos electorales), indicando su importe, fechas y destinatario de los mismos. La solvencia económica y financiera: se entenderá acreditada por aquellas empresas que declaren un importe neto de la cifra de negocios anual igual o superior, para cada uno de los tres (3) últimos ejercicios, a tres (3) veces el presupuesto máximo de la presente licitación (IVA excluido). 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 6 junio 2016 (hasta las 12:00 horas). c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Forta. 2) Domicilio: C/ Bocángel, 26. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28028. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Sobres B (Oferta técnica y mejoras) y Sobres C (Oferta económica). b) Dirección: C/ Bocángel, 26. c) Localidad y código postal: Madrid, 28028. d) Fecha y hora: Sobres B (06/06/16, 13:00 horas) y Sobres C (07/06/16, 12:30 horas). 10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 31 mayo 2016. 12. Otras informaciones: El Secretario General de FORTA, actuando como Órgano de Contratación. Madrid, 31 de mayo de 2016.- El Secretario General de FORTA, actuando como Órgano de contratación. ### RESUMEN: La FORTA licita el contrato para las encuestas a pie de urna que emitirán las autonómicas

BDNS(Identif.):302308 De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans): Primero. Objeto Ampliar la reserva del Fondo de Protección a la Cinematografía para la convocatoria de ayudas selectivas para la producción de largometrajes sobre proyecto correspondiente al ejercicio 2016. Segundo. Bases reguladoras Orden ECD/2796/2015, de 18 de diciembre ('Boletín Oficial del Estado' nº 306, de 23 de diciembre de 2015), por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas previstas en el Capítulo III de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, y se determina la estructura del Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales. Tercero. Cuantía El importe total de la ampliación para esta convocatoria asciende a la cantidad de 1.000.000 de euros. El importe máximo de la ayuda que se conceda será de 500.000 euros por proyecto beneficiario, siempre que dicho importe no supere el 40 por 100 del coste que en su día sea reconocido al largometraje. Madrid, 20 de julio de 2016.- La Directora General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, Lorena González Olivares.

Cultura amplía las ayudas a largometrajes sobre proyecto de 6 a 7 millones

BDNS(Identif.):302308 De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans): Primero. Objeto Ampliar la reserva del Fondo de Protección a la Cinematografía para la convocatoria de ayudas selectivas para la producción de largometrajes sobre proyecto correspondiente al ejercicio 2016. Segundo. Bases reguladoras Orden ECD/2796/2015, de 18 de diciembre ('Boletín Oficial del Estado' nº 306, de 23 de diciembre de 2015), por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas previstas en el Capítulo III de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, y se determina la estructura del Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales. Tercero. Cuantía El importe total de la ampliación para esta convocatoria asciende a la cantidad de 1.000.000 de euros. El importe máximo de la ayuda que se conceda será de 500.000 euros por proyecto beneficiario, siempre que dicho importe no supere el 40 por 100 del coste que en su día sea reconocido al largometraje. Madrid, 20 de julio de 2016.- La Directora General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, Lorena González Olivares. ### RESUMEN: Cultura amplía las ayudas a largometrajes sobre proyecto de 6 a 7 millones

Suscrito el Convenio de colaboración entre la Dirección General de Migraciones del Ministerio de Empleo y Seguridad Social e Ikea Ibérica, S.A. e Ikea Norte, S.L. para la mejora de la inserción social y laboral de los solicitantes y beneficiarios de protección internacional de la condición de apátrida y beneficiarios de protección temporal en España que residen en los Centros de Acogida a Refugiados pertenecientes a la Red Pública de Centros de Migraciones, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del citado Convenio, que figura como Anexo de esta Resolución. Madrid, 14 de junio de 2017.–El Secretario General Técnico del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Pablo Hernández-Lahoz Ortiz. ANEXO Convenio de colaboración entre la Dirección General de Migraciones del Ministerio de Empleo y Seguridad Social e Ikea Ibérica, S.A. e Ikea Norte, S.L. para la mejora de la inserción social y laboral de los solicitantes y beneficiarios de protección internacional de la condición de apátrida y beneficiarios de protección temporal en España que residen en los Centros de Acogida a Refugiados pertenecientes a la Red Pública de Centros de Migraciones En Madrid, a 6 de abril de 2017. REUNIDOS De una parte, don Ildefonso de la Campa Montenegro, Director General de Migraciones, en nombre y representación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en adelante MEYSS, con CIF S2819001E, en virtud de las atribuciones que tiene conferidas según nombramiento por Real Decreto 34/2017, de 20 de enero, en virtud de la competencia delegada de la Ministra para celebrar convenios con entidades públicas, de acuerdo con el artículo 7.1.a) de la Orden ESS/619/2012, de 22 de marzo, por la que se delegan y se aprueban las delegaciones del ejercicio de competencias en los órganos administrativos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y sus organismos públicos. De otra parte, doña Antonella Pucarelli, Directora General Adjunta, con domicilio en Avenida Matapiñonera, n.º 9, San Sebastián de los Reyes (Madrid), titular del Documento Nacional de Identidad número X7142166E, en nombre y representación de Ikea Ibérica S.A., con domicilio social en Avenida Matapiñonera, n.º 9, C.P. 28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid), constituida por medio de escritura otorgada ante el Notario de Madrid, don Emilio Garrido Cerdá, bajo en n.º 211 de los de su protocolo, el 21 de enero de 1993; inscrita en el Registro mercantil de Madrid, en el tomo 1251, folio 102, sección 8, hoja n.º 23549, Número de Identificación Fiscal A28812618 e Ikea Norte S.L., con domicilio social en Centro Comercial Megapark, 48903 de Barakaldo, Bizkaia, constituida por medio de escritura otorgada ante el Notario de Madrid, Don Emilio Garrido Cerdá, bajo el número 3922 de los de su protocolo, el 29 de diciembre de 2004; inscrita en el Registro mercantil de Madrid, en el tomo 20880, folio 138, hoja n.º M-370162, número de identificación fiscal B-84213420 (en adelante todas ellas «Ikea»). Ambas partes se reconocen, con el carácter que actúan, capacidad legal para suscribir el presente Convenio de Colaboración, y a tal efecto, exponen: Primero. Que la Dirección General de Migraciones (en adelante, DGM), dependiente de la Secretaría General de Inmigración y Emigración (en adelante, SGIE) del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, manifiesta que ostenta las competencias estatales en materia de acogida y atención al colectivo de solicitantes y beneficiarios de protección internacional, solicitantes y beneficiarios de la condición de apátrida y beneficiarios de protección temporal en España al amparo de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria procurando la integración en la sociedad y en el mercado de trabajo del colectivo anteriormente descrito. Que los Centros de Acogida a Refugiados (en adelante, CAR) son organismos pertenecientes a la red pública de Centros Migraciones regulada en los artículos 264 y siguientes del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, adscritos a la SGIE a través de la DGM. En concreto hay cuatro centros en España que responden a esta denominación: dos de ellos se ubican en Madrid, en el municipio de Alcobendas y en el distrito de Vallecas, otro en Mislata (Valencia) y el cuarto en Sevilla. Que los CAR tienen como funciones principales prestar servicios de acogida, alojamiento y manutención temporales, atención social, psicológica y orientación laboral y, desarrollar diversas actividades encaminadas a facilitar el proceso de integración socio-laboral de solicitantes de asilo, refugiados, personas con protección temporal y/o subsidiaria y otros colectivos protegidos al amparo de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, que carezcan de recursos económicos para hacer frente a sus necesidades y las de sus familias y se encuentren en situación de vulnerabilidad psicosocial. Segundo. Que Ikea, como empresa colaboradora, por su compromiso con la causa de los personas refugiadas a través de la alianza Fundación Ikea y ACNUR en marcha desde 2010, está interesada en implementar en coordinación con la DGM, la segunda línea de acción del proyecto denominado «El Poder de la Infancia con los Refugiados» (en adelante el Proyecto) descrito en su conjunto en el Anexo I, y en contar con la colaboración de ACNUR manteniendo un rol consultivo en el mismo. CLÁUSULAS Primera. Objeto del Convenio. Es objeto del presente convenio regular los términos y condiciones por los que se rige la colaboración de Ikea con la DGM para desarrollar la segunda línea de acción del Proyecto «El Poder de la Infancia con los Refugiados», denominada «Crecer». Para el desarrollo de las actividades orientadas a mejorar la empleabilidad de los usuarios y beneficiarios de los CAR en el mercado laboral que a continuación se relacionan, Ikea podrá proponer la colaboración de terceras entidades con las que mantenga convenios, siempre que coincidan con el objeto del convenio y contando con el conocimiento y autorización previos de la DGM. Formación a técnicos de empleo. Intercambio de buenas prácticas entre Ikea y los CAR en temas de recursos humanos y herramientas de mejora de la empleabilidad. Formación ocupacional. A partir del itinerario de formación para el sector de la distribución que imparten los CAR, se identificarán posibles acciones y líneas formativas en las que Ikea pueda aportar formación en el suelo de venta, incluyendo además posibles formaciones básicas (CV, procesos de selección, etc.). Formación en prácticas: Atendiendo al marco legal aplicable y la disponibilidad de Ikea, creación de vacantes en prácticas para refugiados, priorizando en la medida de lo posible aquellos que tengan la condición de padres y madres. Incorporación de los CAR en el proceso de información de vacantes disponibles en Ikea. Los CAR serán incluidos en el proceso de información de vacantes disponibles en Ikea para que puedan presentar candidatos. Ikea realizará sus mejores esfuerzos para dar cabida a lo estipulado en los párrafos precedentes, si bien en ningún caso Ikea asumirá compromiso alguno de contratación de los usuarios que resulte vinculante, quedando a su sola discreción la decisión de acuerdo con el curso ordinario de su negocio y las iniciativas laborales que estime oportunas. Segunda. Antecedentes de Colaboración. La DGM e Ikea, cuentan con experiencia de colaboración conjunta, al haber desarrollado la primera línea de acción del Proyecto «El Poder de la Infancia con los Refugiados», denominada «VIVIR», con la donación de mobiliario Ikea, equipamiento material y servicios para la dotación de zonas de juegos, estudio y TV en los espacios habilitados a tal fin en los CAR de Alcobendas y Vallecas, Mislata y Sevilla. Tercera. Descripción de la línea de acción «Crecer», objeto del convenio de colaboración. Las partes firmantes persiguen el objetivo común de «hacer posible que los adultos (padres y madres, entre otros) crezcan profesionalmente mejorando su formación, habilidades y capacidades (empleabilidad): Para garantizar que el desarrollo y crecimiento de los niños y niñas en el hogar se produzca en condiciones favorables, es necesario que los adultos generen ingresos con los que satisfacer los diferentes gastos. Las rentas del trabajo son por ello fundamentales. En Ikea se desea contribuir a la mejora de la empleabilidad de las personas acogidas, generando, en la medida de lo posible, nuevas experiencias a través de prácticas formativas y ofreciendo conocimientos para ayudar a quienes necesitan incorporarse al mercado laboral. Cuarta. Plazo de Ejecución. El presente Convenio obliga a las partes desde su firma, estableciéndose su vigencia hasta la finalización de la ejecución del Proyecto - prevista el 31 de diciembre de 2017. Quinta. Grupo de trabajo: Miembros asignados al proyecto. Las siguientes personas se constituyen como interlocutores válidos entre los CAR e IKEA en todas aquellas obligaciones derivadas del presente Convenio de Colaboración y su sustitución requerirá previa comunicación escrita entre las partes: IKEA: Arturo García, Enrique Puig, Mercedes Gutiérrez. CAR Alcobendas: Florentina Salvador Fernández, Pablo Moreno Grajera. CAR Mislata: Felipe Perales Biosca, Carmen Hidalgo Vidal. CAR Sevilla: M.ª Fuencisla Rodríguez Martín, Francisco Martínez Solas. CAR Vallecas: Santiago García Martínez, Cristina Espín Iluminatti. Sexta. Funciones del grupo de trabajo Para la definición, coordinación y seguimiento de las actividades de la segunda línea de acción «Crecer», objeto del presente Convenio de Colaboración, el Grupo de Trabajo relacionado en la cláusula anterior desempeñará, entre otras, las siguientes tareas: Identificar las acciones de mejora de la empleabilidad e implementarlas en diferentes unidades Ikea. Coordinar la ejecución local de las acciones. El día a día del proyecto será coordinado directamente por la tienda Ikea que corresponda y el CAR presente en cada territorio. Hacer el seguimiento y evaluación de las acciones mediante los indicadores necesarios para evaluar el impacto social del mismo, así como documentar el desarrollo del proyecto (fotografías, vídeos, testimonios), siempre de conformidad con la legislación que resulte de aplicación, especialmente en materia de protección de datos. Cualquier publicación de estos datos deberá contar con la aprobación previa de los responsables de ambas partes. Séptima. Obligaciones de las partes. Ninguna de las dos partes firmantes del Convenio podrá utilizar el nombre ni el logo de su contraparte para ninguna acción de comunicación o de cualquier otra índole sin autorización previa y expresa de las partes. Adoptar cuantas medidas sean necesarias para que durante el desarrollo del Convenio quede asegurada la responsabilidad civil frente a terceros de las actuaciones de cada una de las partes, como consecuencia de la ejecución del presente Proyecto. De esta forma, cada contraparte responderá de los posibles daños y perjuicios que se deriven de dicha ejecución en lo que afecte a la responsabilidad y actuación de cada una de las partes. Cumplir lo establecido en las disposiciones vigentes sobre relaciones laborales y de seguridad y beneficios sociales de toda clase, respecto a sus empleados y trabajadores. Comunicar a su contraparte la existencia de cualquier actividad, hecho o circunstancia que pueda razonablemente afectar, aunque sea indirectamente, el desarrollo del Convenio, así como cualquier litigio, arbitraje o procedimiento de cualquier índole que pudiera afectar sustancialmente al mismo. Tener asegurados todos sus bienes e instalaciones en la forma que es habitual en las empresas, instituciones y organismos de su mismo sector, cumpliendo las obligaciones que le impongan las correspondientes pólizas de seguros y, especialmente, el pago puntual de las primas. Aportar, en un plazo y antelación razonable, cualesquiera certificados, informes, y/o documentación que se requiera sobre la ejecución del Proyecto, debiendo ser previamente visados por la DGM, de forma que permita a Ikea beneficiarse de las bonificaciones y/o ventajas que pudiera obtener legalmente en forma y plazo. Octava. Confidencialidad. Las partes garantizarán la total confidencialidad de los datos sobre organización, método de trabajo, etc. a los que hubiera tenido acceso como consecuencia del presente acuerdo, comprometiéndose a no usar ninguna información, ni directa ni indirectamente, para beneficio propio ni de terceros. Toda la información, notas, comunicaciones, estudios, actas y demás documentación relativa al acuerdo a la que ambas partes tengan acceso por cualquier soporte se mantendrá con el debido nivel alto de confidencialidad. Novena. Comisión técnica. Se constituirá una Comisión Técnica a fin de coordinar las acciones contempladas en este Convenio, celebrando ordinariamente reuniones de coordinación semestrales e informando a la contraparte del desarrollo del programa. Se reunirá con carácter extraordinario cuantas veces lo precise la buena marcha de las actividades del Convenio a petición de una de las partes. Los componentes de las reuniones serán designados por Ikea y por la DGM y las fechas se determinarán de común acuerdo entre las dos partes. Ambas organizaciones se comprometen a la elaboración de las actas de las reuniones de coordinación de forma alternativa. El protocolo de actuación y funcionamiento se aprobará en la primera reunión producida. Décima. Comisión de Seguimiento. Se constituirá una Comisión de Seguimiento, que estará formada por los miembros de la Comisión Técnica y al menos un responsable de cada parte, reuniéndose ordinariamente una vez al año para realizar el seguimiento global del Convenio y, con carácter extraordinario, cuantas veces lo precise la buena marcha del Convenio a petición de una de las partes. La Comisión de Seguimiento realizará una memoria-resumen anual de las actividades realizadas- al efecto de evaluar los resultados obtenidos como consecuencia de la colaboración establecida entre ambas partes mediante el presente Convenio. Ambas partes se comprometen a elaborar los informes que sean precisos con los datos relacionados con el desarrollo de este Proyecto, acordando los plazos, forma y detalle que se requiera por una o las dos contrapartes, siempre que se respeten los preceptos de la Ley de Protección de datos y de procedimiento Administrativo y correspondan a la ejecución del mismo, teniendo en cuenta las especiales medidas de protección que requiere el colectivo. Ambas partes pueden verse sometidas a un proceso de seguimiento y control por parte de sus respectivos sistemas de evaluación y control, que en el caso de Ikea será de un tercero independiente y en el de la DGM por parte de los órganos de seguimiento y control establecidos para la administración pública española. La función de este tercero independiente será realizar y remitir a Ikea un informe de análisis del impacto social conseguido de las acciones a través del seguimiento a través de los indicadores recogidos en el mismo anexo. Undécima. Extinción del convenio. El convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución. Serán causas de resolución del presente Convenio, las citadas a continuación: Incumplimiento por cualquiera de las partes de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes. En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio. Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera previsto. Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio. Supuesto en el que se diera una circunstancia que pudiera, en su más amplio sentido, tener un efecto adverso para Ikea, o su marca comercial y para la Administración Pública Española. Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras leyes. Cualquier otro previsto en el presente convenio. En el supuesto de resolución del convenio por incumplimiento del mismo por cualquiera de las partes, la parte perjudicada por el incumplimiento quedará facultada para reclamar la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios que se le hubieran ocasionado. Además de las causas expuestas, el presente Convenio se puede extinguir por mutuo acuerdo entre las partes, por causa de fuerza mayor o por incapacidad sobrevenida del cumplimiento del objeto del Convenio, así como por el cumplimiento final de sus objetivos. No obstante, como condición esencial y atendiendo a la naturaleza del acuerdo, las partes acuerdan que podrán comunicar la resolución anticipada del acuerdo a instancias de cualquiera de ellas, mediante el envío de comunicación indicando la fecha efectiva de resolución. Dicha resolución no comportará compensación ninguna para la otra contraparte. Duodécima. Cesión. Los CAR no podrán ceder, transferir, sustituir ni subrogar a terceros en los derechos y/o obligaciones contraídas en virtud del presente Convenio sin el previo consentimiento escrito de Ikea. Así mismo Ikea no podrá realizar cesión alguna de los datos que pudiera obtener como consecuencia de la ejecución del Proyecto sin ajustarse a la Ley de Protección de Datos. Decimotercera. Notificaciones. Las partes convienen expresamente que toda notificación, comunicación, solicitud o requerimiento en relación con el presente Convenio o con el Proyecto deberá efectuarse por carta/correo electrónico o fax, señalando respectivamente como domicilio, a tales efectos, la dirección, números de teléfono, correos electrónicos y fax que seguidamente se especifican, o las modificaciones de las mismas que, en lo sucesivo, se comunicarán a todos los intervinientes: IKEA. Att. Arturo García. Director de Sostenibilidad. Dirección: Avda. Matapiñoneras, 9. C.P. 28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid). Teléfono: 91 492 50 00. Correo electrónico: sostenibilidad.ikea.es@ikea.com / Arturo.Garcia@ikea.com . Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Secretaría General de Inmigración y Emigración. Dirección General de Migraciones. Calle José Abascal, 39. C.P: 28003 Madrid. Decimocuarta. Legislación aplicable y jurisdicción. El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se encuentra excluido del ámbito de aplicación del texto refundido de la ley de Contratos del Sector Público aprobado mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en virtud de lo establecido en su artículo 4.1.C. No obstante lo anterior, se aplicarán los principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse, de acuerdo con su artículo 4.2. La jurisdicción contencioso-administrativa será la competente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes en el desarrollo del Convenio, dada su naturaleza administrativa. En prueba de conformidad, se firma el presente Convenio por duplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y fecha expresados al principio.–El Director General de Migraciones, Ildefonso de la Campa Montenegro.–La Directora General Adjunta de Ikea Ibérica S.A. e Ikea Norte S.L., Antonella Pucarelli. ÍNDICE DE ANEXOS AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES DEL MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL E IKEA IBÉRICA S.A., IKEA NORTE, S.L. Anexo I. Descripción del Proyecto «El Poder de la Infancia con los Refugiados». Anexo II. Primera línea de acción del Proyecto: «VIVIR». Resolución de la Subsecretaría de Empleo y Seguridad Social de 12 de abril de 2016 (donación CAR Sevilla y CAR Alcobendas). Resolución de la Subsecretaría de Empleo y Seguridad Social de 29 de septiembre de 2016 (donación CAR Mislata y CAR Vallecas). Anexo III. Imágenes de los espacios infantiles. ANEXO I Descripción del Proyecto «El Poder de la Infancia con los Refugiados» A) El compromiso de Ikea con la comunidad: El Poder de la Infancia Visión de Ikea. El sueño de Ikea es crear un mejor día a día para la mayoría de las personas. Y además queremos tener un impacto positivo en las personas y en el planeta. Estamos convencidos de que es la única manera para seguir creciendo como empresa, como una mejor empresa. Para conseguir este impacto trabajamos con tres objetivos: 1. Inspirar a millones de consumidores a vivir de una forma más sostenible en sus hogares. 2. Esforzarnos para ser independientes en el consumo de recursos y energía. 3. Crear una mejor calidad de vida para las personas y las comunidades. En materia de comunidad, los proyectos de Ikea se desarrollan respondiendo siempre a cómo esa acción puede ayudar directa o indirectamente a mejorar la situación de vulnerabilidad de los niños y niñas en España. Y son proyectos que nacen con un objetivo común: Queremos dar más poder a la infancia para que nos rete a ser mejores y a crear una mejor sociedad. Líneas de acción. Las tres líneas de acción de Ikea que se enmarcan dentro del objetivo de «Mejora de la calidad de vida de las personas y comunidades» son: 1. Vivir. Hacer posible que el hogar sea el lugar más bonito del mundo en el que vivan los niños y niñas: Queremos ofrecer soluciones para que el lugar más importante del mundo responda a todas las necesidades e ilusiones que puedan tener los niños y las niñas más vulnerables. El hogar es más que un lugar, es su patio de recreo, un espacio en el que confían y se sienten seguros. En Ikea queremos participar en proyectos que requieran amueblar, decorar y adaptar soluciones para transformar los hogares de los niños y niñas. 2. Crecer. Hacer posible que los adultos (padres y madres, entre otros) crezcan profesionalmente mejorando su formación, habilidades y capacidades (empleabilidad): Para garantizar que el desarrollo y crecimiento de los niños y niñas en el hogar se produzca en condiciones favorables, es necesario que los adultos generen ingresos con los que satisfacer los diferentes gastos. Las rentas del trabajo son por ello fundamentales. Sabemos que la crisis económica ha generado grandes bolsas de personas en búsqueda de empleo. En Ikea creemos que podemos poner nuestro granito de arena para contribuir a la mejora de la empleabilidad de estas personas, para generar nuevas experiencias a través de prácticas formativas, para ofrecer nuestros conocimientos y así ayudar a que quienes más lo necesiten reciban nuestro apoyo en su incorporación al mercado laboral. 3. Jugar. Hacer posible que los niños y las niñas disfruten aprendiendo y jugando: El acceso a la educación es la verdadera llave a la igualdad de oportunidades, la forma de romper con la transmisión generacional de la pobreza, a que los sueños y las aspiraciones de los niños y niñas puedan hacerse realidad. Por otro lado, el juego es una herramienta muy poderosa con la que, de forma divertida, los niños y las niñas aprenden valores, conectan con otros niños y niñas y comparten momentos saludables con sus familias. En IKEA podemos ayudar a generar buenas experiencias educativas y de juego para los más pequeños. B) Descripción del proyecto: «El Poder de la Infancia con los refugiados» Conscientes de la situación de emergencia en la que se encuentran miles de refugiados y que ha puesto sobre la mesa la trascendencia de este problema humanitario, IKEA desea poner soluciones, tiempo y recursos para aliviar sus necesidades y contribuir a crear, en la medida de lo posible, un mejor día a día para ellos. Desea poder contribuir a generar contexto y oportunidad para un futuro mejor. Para ello, IKEA activa dos de las tres líneas de acción anteriormente descritas: 1. Vivir. Donación de mobiliario, equipamiento material y servicios para la dotación en hogares y espacios de ocio infantiles. Donación de productos y equipamiento para hogares y espacios con la colaboración / complicidad de los Centros de Acogida a Refugiados (en adelante, CAR) y de las instituciones y ONG - que forman parte del Sistema Nacional de Acogida -encargadas de la gestión de los recursos habilitados para acoger a los refugiados. El objetivo es crear espacios acogedores y divertidos en aquellos casos en los que además se trate de familias con niños y niñas. En el Anexo II se describen todas las acciones realizadas. En lo que respecta a los cuatro CAR, la línea de acción VIVIR se ha formalizado mediante dos resoluciones de la Subsecretaría de Empleo y Seguridad Social por la que se acepta la donación de diverso mobiliario ofrecido por Ikea Ibérica S.A. con destino a los CAR. En el índice de anexos se incluyen copias de ambas resoluciones. 2. Crecer. Acciones orientadas a mejorar la empleabilidad de las personas refugiadas en el mercado laboral. El objetivo es mejorar su empleabilidad mediante acciones y programas formativos. La línea de acción Crecer es la que resulta objeto de este convenio entre la DGM e Ikea. ANEXO II Primera línea de acción del proyecto «El Poder de la infancia con los Refugiados»: Vivir A) Descripción de las acciones Hogares y espacios (marzo-agosto 2016). Para estandarizar la ayuda y hacerlo de forma más eficiente, Ikea ha desarrollado packs para la equipación de las salas de estudio y de ocio infantil de los CAR. Dichos packs están compuestos por productos y servicios necesarios de acuerdo a las necesidades básicas identificadas junto con los centros. Esta donación incluye, en su caso, la donación de productos Ikea, el diseño de interiores del espacio y el transporte y montaje de los mismos. Ikea, en ningún caso, se hace cargo ni financia la realización de obras necesarias (albañilería, fontanería, instalaciones eléctricas…) para habilitar los espacios. Los recursos de acogida deben garantizar el mantenimiento y el buen estado de las donaciones de Ikea para mantener el nivel de inspiración y diseño de interiores que Ikea ha puesto en el proyecto. Para la dotación de espacios y salas infantiles, Ikea cuenta con una bolsa Hogares que se destina a la donación de productos Ikea y servicios necesarios para hacer posible la equipación de los Centros de acuerdo a lo establecido en el párrafo segundo de este apartado. Requerimiento de los Centros: • Ubicados en mercados en los que contamos con unidades Ikea. • Habilitados para poder ser equipados por Ikea en el momento que las unidades Ikea dispongan de los recursos para apoyar el proyecto. Para la gestión, coordinación y seguimiento de esta línea de acción se crea el Grupo de Trabajo de VIVIR (integrado por personas de Ikea y de cada Centro) cuyas tareas han sido, entre otras: • Identificar los espacios, seleccionar las acciones a desarrollar en base a la urgencia y la capacidad de Ikea y aprobar las acciones necesarias en cada momento a disposición de este proyecto. • Supervisar la ejecución local del proyecto. El día a día del proyecto se ha coordinado directamente por la tienda Ikea de la localidad y el CAR de la zona. • Hacer el seguimiento y evaluación del proyecto mediante los indicadores necesarios para evaluar el impacto social del mismo. Como punto de partida se propone el siguiente listado de indicadores, que serán seguidos, evaluados y ampliados con los indicadores clave en las reuniones de seguimiento. El objetivo es evaluar el impacto social del Proyecto. Vivir (hogares) N.º de espacios / áreas infantiles. N.º familias beneficiarias. N.º niños/as beneficiarios. Medición de impacto de los espacios acondicionados (satisfacción, etc.). • Documentar el desarrollo del proyecto a través de fotografías, vídeos y testimonios. A tenor de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, se deberá informar a las personas beneficiarias del proyecto de la recogida de sus datos personales, debiendo la empresa obtener autorización cuando sea preceptiva, tanto para la recogida y tratamiento de estos datos, así como para la cesión a terceros derivada de las obligaciones de justificación y actuaciones de seguimiento y control a la que está sometida la empresa. Se informará además de los derechos que le asisten en particular relativos al acceso, rectificación, cancelación y oposición. Resolución de 12 de abril de 2016, de la Subsecretaría de Empleo y Seguridad Social, por la que se acepta la donación de diverso mobiliario ofrecido por Ikea Ibérica S.A., con destino a centros de acogida de refugiados Antecedentes Primero. Con fecha 9 de marzo de 2016, Ikea IBÉRICA S.A. ha formalizado el ofrecimiento, en forma de donación, de diverso mobiliario para su uso en los centros de acogida de refugiados (CAR) que este ministerio gestiona en Sevilla y en Alcobendas (Madrid), respectivamente. En su oferta, Ikea inscribe esta donación en el marco de su objetivo de ayudar, directa o indirectamente, a mejorar la situación de vulnerabilidad de los niños y niñas en España. Segundo. Por parte de la Secretaria General de Inmigración y Emigración se ha informado favorablemente, en fecha 22 de marzo, la procedencia y oportunidad de esta donación, que contribuye a mejorar los medios de gestión de que se dispone en los centros de acogida citados. Tercero. El artículo 21.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas regula el régimen jurídico aplicable a la donación de mobiliario a favor de la Administración pública. En el mismo se prevé que corresponde al titular del departamento ministerial formalizar la aceptación de dicho negocio jurídico, cuando el donante hubiera señalado el fin a que deben destinarse. En consecuencia, esta Subsecretaría, de conformidad con lo previsto en el artículo 21.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas, el artículo 10.1 d) del Real Decreto 343/2012, de 10 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el artículo 4.2 de la Orden ESS/619/2012, de 22 de marzo, por la que se delegan y se aprueban las delegaciones del ejercicio de competencias en los órganos administrativos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y sus organismos públicos, resuelve: Primero. Aceptar la donación ofrecida por Ikea Ibérica, S.A (en lo sucesivo IDEA) del mobiliario indicado en los anexos 1 y 2 del presente acuerdo para su ubicación y utilización en los centros de refugiados de que es titular el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en Sevilla y Alcobendas, respectivamente. Segundo. Esta aceptación incluye las siguientes condiciones: a) El mobiliario objeto de donación es nuevo sin que haya sido sometido a uso alguno. b) El mobiliario se entrega en condiciones adecuadas para su uso, de acuerdo con las características y condiciones de uso de cada producto. c) Ikea, bien directamente, bien a través de terceros, asume el traslado y montaje del mobiliario en su lugar de destino d) Ikea asume los costes económicos de dicho traslado y montaje. e) Ikea instruirá a las personas designadas en los centros receptores del mobiliario sobre su forma de uso. f) El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través de la dirección de los respectivos centros destinatarios, asignará y pondrá a disposición de IKEA los espacios correspondientes para la instalación del mobiliario objeto de donación. g) La entrega del mobiliario se documentará en un acta de entrega y recepción que se firmará por Ikea y por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. h) Se autoriza a Ikea, como complemento de la donación citada, para la ejecución de las siguientes obras en los espacios que se citan a continuación: 1. En la sede del CAR de Alcobendas: – Biblioteca: Pintura de una pared en color pizarra negro al agua y resto de paredes pintura en color NCS S 05000 N. – Sala infantil: Pintura de pared según referencias: NCS S 2060-G20Y y NCS S 0500 N. 2. En la sede del CAR de Sevilla: – Sala Polivalente: Pintura de paredes con referencia NCS s 0500 N e instalación de suelo laminado según norma EN 13329: 2009 (grosor 6 a 12 mm.) La ejecución de dichas unidades de obra se realizará en la fecha y horario que se acuerde con el citado centro. Tercero. Por parte de Oficialía mayor se dispondrá lo necesario, en el plazo de un mes tras la entrega del mobiliario, para el trámite de alta del mismo en los inventarios correspondientes. El Subsecretario de Empleo y Seguridad Social, P. D. (Orden ESS/619/2012, de 22 de marzo, «Boletín Oficial del Estado» de 28 de marzo), Pedro Llorente Cachorro. Resolución de 29 de septiembre de 2016 de la Subsecretaría de Empleo y Seguridad Social por la que se acepta la donación de diverso mobiliario ofrecido por Ikea Ibérica S.A., con destino a centros de acogida de refugiados Antecedentes Primero. Con fecha 13 de junio de 2016, Ikea Ibérica S.A. ha formalizado el ofrecimiento, en forma de donación, de diverso mobiliario para su uso en los centros de acogida de refugiados (CAR) que este ministerio gestiona en Madrid, distrito de Vallecas y en Mislata (Valencia), respectivamente. En su oferta, Ikea inscribe esta donación en el marco de su objetivo de ayudar, directa o indirectamente, a mejorar la situación de vulnerabilidad de los niños y niñas en España. Segundo. Por parte de la Secretaria General de Inmigración y Emigración se ha informado favorablemente, en fecha 7 de septiembre, la procedencia y oportunidad de esta donación, que contribuye a mejorar los medios de gestión de que se dispone en los centros de acogida citados. Tercero. El artículo 21.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas regula el régimen jurídico aplicable a la donación de mobiliario a favor de la Administración pública. En el mismo se prevé que corresponde al titular del departamento ministerial formalizar la aceptación de dicho negocio jurídico. En consecuencia, esta Subsecretaría, de conformidad con lo previsto en el artículo 21.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas, el artículo 10.1 d) del Real Decreto 343/2012, de 10 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el artículo 4.2 de la Orden ESS/619/2012, de 22 de marzo, por la que se delegan y se aprueban las delegaciones del ejercicio de competencias en los órganos administrativos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y sus organismos públicos, resuelve: Primero. Aceptar la donación ofrecida por Ikea Ibérica, S.A. (en lo sucesivo Ikea) del mobiliario indicado en los anexos 1 y 2 del presente acuerdo para su ubicación y utilización en los centros de refugiados de que es titular el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en Madrid y Mislata (Valencia), respectivamente. Segundo. Esta aceptación incluye las siguientes condiciones: a) El mobiliario objeto de donación es nuevo sin que haya sido sometido a uso alguno. b) El mobiliario se entrega en condiciones adecuadas para su uso, de acuerdo con las características y condiciones de uso de cada producto. c) Ikea, bien directamente, bien a través de terceros, asume el traslado y montaje del mobiliario en su lugar de destino. d) Ikea asume los costes económicos de dicho traslado y montaje. e) Ikea instruirá a las personas designadas en los centros receptores del mobiliario sobre su forma de uso. f) El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través de la dirección de los respectivos centros destinatarios, asignará y pondrá a disposición de Ikea los espacios correspondientes para la instalación del mobiliario objeto de donación. g) La entrega del mobiliario se documentará en un acta de entrega y recepción que se firmará por Ikea y por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. h) Se autoriza a Ikea, como complemento de la donación citada, para la ejecución de las siguientes obras en los espacios que se citan a continuación en la sede del CAR de Mislata: 1. Hall y terraza: Pintura, según referencias: terraza: NCS S1010 G90Y y hall NCS S0502Y. 2. Sala infantil: Pintura de pared según referencia: NCS S2060 G20Y. La ejecución de dichas unidades de obra se realizará en la fecha y horario que se acuerde con el citado centro. Tercero. Por parte de Oficialía mayor se dispondrá lo necesario, en el plazo de un mes tras la entrega del mobiliario, para el trámite de alta del mismo en los inventarios correspondientes. El Subsecretario de Empleo y Seguridad Social, P. D. (Orden ESS/619/2012, de 22 de marzo, «Boletín Oficial del Estado» de 28 de marzo), Pedro Llorente Cachorro. ANEXO III Imágenes de los espacios infantiles

Convenio con Ikea para los centros de refugiados.

Suscrito el Convenio de colaboración entre la Dirección General de Migraciones del Ministerio de Empleo y Seguridad Social e Ikea Ibérica, S.A. e Ikea Norte, S.L. para la mejora de la inserción social y laboral de los solicitantes y beneficiarios de protección internacional de la condición de apátrida y beneficiarios de protección temporal en España que residen en los Centros de Acogida a Refugiados pertenecientes a la Red Pública de Centros de Migraciones, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del citado Convenio, que figura como Anexo de esta Resolución. Madrid, 14 de junio de 2017.–El Secretario General Técnico del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Pablo Hernández-Lahoz Ortiz. ANEXO Convenio de colaboración entre la Dirección General de Migraciones del Ministerio de Empleo y Seguridad Social e Ikea Ibérica, S.A. e Ikea Norte, S.L. para la mejora de la inserción social y laboral de los solicitantes y beneficiarios de protección internacional de la condición de apátrida y beneficiarios de protección temporal en España que residen en los Centros de Acogida a Refugiados pertenecientes a la Red Pública de Centros de Migraciones En Madrid, a 6 de abril de 2017. REUNIDOS De una parte, don Ildefonso de la Campa Montenegro, Director General de Migraciones, en nombre y representación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en adelante MEYSS, con CIF S2819001E, en virtud de las atribuciones que tiene conferidas según nombramiento por Real Decreto 34/2017, de 20 de enero, en virtud de la competencia delegada de la Ministra para celebrar convenios con entidades públicas, de acuerdo con el artículo 7.1.a) de la Orden ESS/619/2012, de 22 de marzo, por la que se delegan y se aprueban las delegaciones del ejercicio de competencias en los órganos administrativos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y sus organismos públicos. De otra parte, doña Antonella Pucarelli, Directora General Adjunta, con domicilio en Avenida Matapiñonera, n.º 9, San Sebastián de los Reyes (Madrid), titular del Documento Nacional de Identidad número X7142166E, en nombre y representación de Ikea Ibérica S.A., con domicilio social en Avenida Matapiñonera, n.º 9, C.P. 28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid), constituida por medio de escritura otorgada ante el Notario de Madrid, don Emilio Garrido Cerdá, bajo en n.º 211 de los de su protocolo, el 21 de enero de 1993; inscrita en el Registro mercantil de Madrid, en el tomo 1251, folio 102, sección 8, hoja n.º 23549, Número de Identificación Fiscal A28812618 e Ikea Norte S.L., con domicilio social en Centro Comercial Megapark, 48903 de Barakaldo, Bizkaia, constituida por medio de escritura otorgada ante el Notario de Madrid, Don Emilio Garrido Cerdá, bajo el número 3922 de los de su protocolo, el 29 de diciembre de 2004; inscrita en el Registro mercantil de Madrid, en el tomo 20880, folio 138, hoja n.º M-370162, número de identificación fiscal B-84213420 (en adelante todas ellas «Ikea»). Ambas partes se reconocen, con el carácter que actúan, capacidad legal para suscribir el presente Convenio de Colaboración, y a tal efecto, exponen: Primero. Que la Dirección General de Migraciones (en adelante, DGM), dependiente de la Secretaría General de Inmigración y Emigración (en adelante, SGIE) del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, manifiesta que ostenta las competencias estatales en materia de acogida y atención al colectivo de solicitantes y beneficiarios de protección internacional, solicitantes y beneficiarios de la condición de apátrida y beneficiarios de protección temporal en España al amparo de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria procurando la integración en la sociedad y en el mercado de trabajo del colectivo anteriormente descrito. Que los Centros de Acogida a Refugiados (en adelante, CAR) son organismos pertenecientes a la red pública de Centros Migraciones regulada en los artículos 264 y siguientes del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, adscritos a la SGIE a través de la DGM. En concreto hay cuatro centros en España que responden a esta denominación: dos de ellos se ubican en Madrid, en el municipio de Alcobendas y en el distrito de Vallecas, otro en Mislata (Valencia) y el cuarto en Sevilla. Que los CAR tienen como funciones principales prestar servicios de acogida, alojamiento y manutención temporales, atención social, psicológica y orientación laboral y, desarrollar diversas actividades encaminadas a facilitar el proceso de integración socio-laboral de solicitantes de asilo, refugiados, personas con protección temporal y/o subsidiaria y otros colectivos protegidos al amparo de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, que carezcan de recursos económicos para hacer frente a sus necesidades y las de sus familias y se encuentren en situación de vulnerabilidad psicosocial. Segundo. Que Ikea, como empresa colaboradora, por su compromiso con la causa de los personas refugiadas a través de la alianza Fundación Ikea y ACNUR en marcha desde 2010, está interesada en implementar en coordinación con la DGM, la segunda línea de acción del proyecto denominado «El Poder de la Infancia con los Refugiados» (en adelante el Proyecto) descrito en su conjunto en el Anexo I, y en contar con la colaboración de ACNUR manteniendo un rol consultivo en el mismo. CLÁUSULAS Primera. Objeto del Convenio. Es objeto del presente convenio regular los términos y condiciones por los que se rige la colaboración de Ikea con la DGM para desarrollar la segunda línea de acción del Proyecto «El Poder de la Infancia con los ### RESUMEN: Convenio con Ikea para los centros de refugiados.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Agencia Estatal de Administración Tributaria. b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Económica. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Agencia Estatal de Administración Tributaria. 2) Domicilio: Calle Lérida, 32-34. 3) Localidad y código postal: Madrid 28020. 4) Teléfono: Información administrativa: 915831361; información técnica: 915831606. 5) Telefax: 915831352. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.contrataciondel estado.es. 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 3 de enero de 2013. d) Número de expediente: 13600000800-AV 6/13. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicio. b) Descripción: Servicio de Oficina Telefónica de Asistencia al Contribuyente. c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No. d) Lugar de ejecución/entrega: 1) Domicilio: Todo el territorio nacional. e) Plazo de ejecución/entrega: Desde la formalización del contrato hasta 31 de diciembre de 2013. f) Admisión de prórroga: Sí. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 2.396.694,22 euros. Importe total: 2.900.000 euros. 6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5. 7. Requisitos específicos del contratista: a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo U, subgrupo 7, categoría D. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 3 de enero de 2013. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Agencia Estatal de Administración Tributaria, Registro General (de lunes a viernes desde las nueve hasta las diecisiete horas treinta minutos y los sábados desde las nueve hasta las catorce horas). 2) Domicilio: Calle Lérida, 32-34. 3) Localidad y código postal: Madrid 28020. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Apertura del sobre D, o subsanación de defectos. b) Dirección: Calle Lérida, 23-34 - Salón de Actos. c) Localidad y código postal: Madrid 28020. d) Fecha y hora: 9 de enero de 2013 a las doce horas y diez minutos. 10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 7 de diciembre de 2012. Madrid, 10 de diciembre de 2012.- El Director del Servicio de Gestión Económica, Pedro Gómez Hernández.

La atención telefónica al contribuyente nos cuesta 2.900.000 euros al año

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Agencia Estatal de Administración Tributaria. b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Económica. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Agencia Estatal de Administración Tributaria. 2) Domicilio: Calle Lérida, 32-34. 3) Localidad y código postal: Madrid 28020. 4) Teléfono: Información administrativa: 915831361; información técnica: 915831606. 5) Telefax: 915831352. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.contrataciondel estado.es. 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 3 de enero de 2013. d) Número de expediente: 13600000800-AV 6/13. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicio. b) Descripción: Servicio de Oficina Telefónica de Asistencia al Contribuyente. c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No. d) Lugar de ejecución/entrega: 1) Domicilio: Todo el territorio nacional. e) Plazo de ejecución/entrega: Desde la formalización del contrato hasta 31 de diciembre de 2013. f) Admisión de prórroga: Sí. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 2.396.694,22 euros. Importe total: 2.900.000 euros. 6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5. 7. Requisitos específicos del contratista: a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo U, subgrupo 7, categoría D. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 3 de enero de 2013. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Agencia Estatal de Administración Tributaria, Registro General (de lunes a viernes desde las nueve hasta las diecisiete horas treinta minutos y los sábados desde las nueve hasta las catorce horas). 2) Domicilio: Calle Lérida, 32-34. 3) Localidad y código postal: Madrid 28020. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Apertura del sobre D, o subsanación de defectos. b) Dirección: Calle Lérida, 23-34 - Salón de Actos. c) Localidad y código postal: Madrid 28020. d) Fecha y hora: 9 de enero de 2013 a las doce horas y diez minutos. 10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 7 de diciembre de 2012. Madrid, 10 de diciembre de 2012.- El Director del Servicio de Gestión Económica, Pedro Gómez Hernández. ### RESUMEN: La atención telefónica al contribuyente nos cuesta 2.900.000 euros al año

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y en el artículo 7.7 del Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública, se acuerda publicar en el Boletín Oficial del Estado la revocación de la declaración de utilidad pública de las siguientes entidades: Primero. Asociaciones inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior: Denominación Sección N.º Reg. Nal. Fecha de revocación de la utilidad pública Casa de Valladolid en Madrid 1 12089 03/06/2014 Real Asociación de Hidalgos de España 1 223 03/06/2014 Segundo. Asociaciones inscritas en los Registros de las Comunidades Autónomas: Denominación CC.AA. Sección N.º Reg. CC.AA. Fecha de revocación de la utilidad pública Asociación Escuela el CAU. Comunidad Valenciana. 1 351 03/06/2014 Casa Regional de Murcia y Albacete en Valencia. Comunidad Valenciana. 1 23 03/06/2014 Asociación Gaditana de Fibro-mialgia-A.GA.FI. Andalucía. 1 6369 03/06/2014 Madrid, 7 de julio de 2014.–El Secretario General Técnico del Ministerio del Interior, Juan Antonio Puigserver Martínez.

La Real Asociación de Hidalgos de España ya no es de utilidad pública.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y en el artículo 7.7 del Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública, se acuerda publicar en el Boletín Oficial del Estado la revocación de la declaración de utilidad pública de las siguientes entidades: Primero. Asociaciones inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior: Denominación Sección N.º Reg. Nal. Fecha de revocación de la utilidad pública Casa de Valladolid en Madrid 1 12089 03/06/2014 Real Asociación de Hidalgos de España 1 223 03/06/2014 Segundo. Asociaciones inscritas en los Registros de las Comunidades Autónomas: Denominación CC.AA. Sección N.º Reg. CC.AA. Fecha de revocación de la utilidad pública Asociación Escuela el CAU. Comunidad Valenciana. 1 351 03/06/2014 Casa Regional de Murcia y Albacete en Valencia. Comunidad Valenciana. 1 23 03/06/2014 Asociación Gaditana de Fibro-mialgia-A.GA.FI. Andalucía. 1 6369 03/06/2014 Madrid, 7 de julio de 2014.–El Secretario General Técnico del Ministerio del Interior, Juan Antonio Puigserver Martínez. ### RESUMEN: La Real Asociación de Hidalgos de España ya no es de utilidad pública.

De acuerdo con la Orden ECD/2397/2012, de 5 de noviembre, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 7 de noviembre de 2012, por la que se establecen las bases reguladoras de la aportación complementaria del Estado a los Centros del Espacio Europeo de Educación Superior para estudiantes de Universidades, Instituciones de Enseñanza Superior y de Ciclos Formativos de Grado Superior participantes en el programa Erasmus, y con el fin de atender la aportación complementaria del Estado correspondiente a los estudiantes de Ciclos Formativos de Grado Superior que realizan sus estudios en Centros de Enseñanza Media participantes en el programa Erasmus durante el curso académico 2012/2013, a gestionar por el Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos como entidad colaboradora, dispongo: Artículo único. Modificación de la Orden ECD/2397/2012, de 5 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras de la aportación complementaria del Estado a los Centros del Espacio Europeo de Educación Superior para estudiantes de Universidades, Instituciones de Enseñanza Superior y de Ciclos Formativos de Grado Superior participantes en el programa Erasmus. La Orden ECD/2397/2012, de 5 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras de la aportación complementaria del Estado a los Centros del Espacio Europeo de Educación Superior para estudiantes de Universidades, Instituciones de Enseñanza Superior y de Ciclos Formativos de Grado Superior participantes en el programa Erasmus, queda modificada como sigue: Uno. Se añaden un tercero y un cuarto párrafo al artículo 1. «Finalidad y objeto de la subvención»: «Asimismo, en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 figura la aplicación presupuestaria 18.07.323M.488.02 que recoge la aportación complementaria del Estado para el desarrollo del programa comunitario Erasmus.» «Con cargo a la citada aplicación presupuestaria se financiaran hasta un máximo de 1.400.000.00 euros como aportación complementaria del Estado a los estudiantes de Ciclos Formativos de Grado Superior que realizan sus estudios en Centros de Enseñanza Media, participantes en el programa Erasmus durante el curso académico 2012/2013, a gestionar por el Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos como entidad colaboradora.» Dos. El artículo 2. «Beneficiarios», queda redactado como sigue: «Son beneficiarios de la subvención los estudiantes seleccionados para su participación en el programa Erasmus en el curso 2012-2013, de acuerdo con los requisitos establecidos en la normativa reguladora del programa de Aprendizaje, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea de 9-08-11 (Convocatoria de propuestas específicas EAC/27/11), receptores de las aportaciones económicas a través de las Universidades e Instituciones de enseñanza superior, así como consorcios de prácticas que actúan, “junto con el Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos”, como entidades colaboradoras.» Tres. El primer párrafo del artículo 6. «Forma de realización del pago», queda redactado como sigue: «El pago se efectuará a través de las entidades colaboradoras, “incluido el Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos, que las tramitará por el mismo procedimiento que las ayudas comunitariasˮ. Una vez incorporada la aportación complementaria al presupuesto de la entidad colaboradora, ésta deberá efectuar los libramientos a favor de los correspondientes beneficiarios, por las mensualidades devengadas hasta esa fecha, en el plazo máximo de 15 días hábiles.» Cuatro. El apartado a) del artículo 7. «Justificación del cumplimiento de la finalidad de la subvención», queda redactado como sigue: «Certificación acreditativa de haber efectuado la incorporación a su presupuesto de la subvención recibida. “Además, en el caso del Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos, certificación acreditativa del ingreso económico que corresponde a cada institución educativa o coordinadora de consorcio de prácticas Erasmus, en función del número de movilidades que vayan a realizar.ˮ» Cinco. Se añade un nuevo párrafo a continuación del tercero, del artículo 8. «Revocación y reintegro de la subvención»: «En las ayudas complementarias gestionadas por el Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos se exigirá a la institución correspondiente, el reembolso que proceda de los fondos complementarios transferidos, en caso de que en el informe final Erasmus se detecte que se ha realizado un número inferior de movilidades a las señaladas en el contrato de subvención». Disposición final única. Entrada en vigor. La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 24 de mayo de 2013.–El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert Ortega.

El Gobierno inyecta 1,4 mill más al Erasmus, pasando a ser de 38,242 millones de euros.

De acuerdo con la Orden ECD/2397/2012, de 5 de noviembre, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 7 de noviembre de 2012, por la que se establecen las bases reguladoras de la aportación complementaria del Estado a los Centros del Espacio Europeo de Educación Superior para estudiantes de Universidades, Instituciones de Enseñanza Superior y de Ciclos Formativos de Grado Superior participantes en el programa Erasmus, y con el fin de atender la aportación complementaria del Estado correspondiente a los estudiantes de Ciclos Formativos de Grado Superior que realizan sus estudios en Centros de Enseñanza Media participantes en el programa Erasmus durante el curso académico 2012/2013, a gestionar por el Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos como entidad colaboradora, dispongo: Artículo único. Modificación de la Orden ECD/2397/2012, de 5 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras de la aportación complementaria del Estado a los Centros del Espacio Europeo de Educación Superior para estudiantes de Universidades, Instituciones de Enseñanza Superior y de Ciclos Formativos de Grado Superior participantes en el programa Erasmus. La Orden ECD/2397/2012, de 5 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras de la aportación complementaria del Estado a los Centros del Espacio Europeo de Educación Superior para estudiantes de Universidades, Instituciones de Enseñanza Superior y de Ciclos Formativos de Grado Superior participantes en el programa Erasmus, queda modificada como sigue: Uno. Se añaden un tercero y un cuarto párrafo al artículo 1. «Finalidad y objeto de la subvención»: «Asimismo, en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 figura la aplicación presupuestaria 18.07.323M.488.02 que recoge la aportación complementaria del Estado para el desarrollo del programa comunitario Erasmus.» «Con cargo a la citada aplicación presupuestaria se financiaran hasta un máximo de 1.400.000.00 euros como aportación complementaria del Estado a los estudiantes de Ciclos Formativos de Grado Superior que realizan sus estudios en Centros de Enseñanza Media, participantes en el programa Erasmus durante el curso académico 2012/2013, a gestionar por el Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos como entidad colaboradora.» Dos. El artículo 2. «Beneficiarios», queda redactado como sigue: «Son beneficiarios de la subvención los estudiantes seleccionados para su participación en el programa Erasmus en el curso 2012-2013, de acuerdo con los requisitos establecidos en la normativa reguladora del programa de Aprendizaje, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea de 9-08-11 (Convocatoria de propuestas específicas EAC/27/11), receptores de las aportaciones económicas a través de las Universidades e Instituciones de enseñanza superior, así como consorcios de prácticas que actúan, “junto con el Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos”, como entidades colaboradoras.» Tres. El primer párrafo del artículo 6. «Forma de realización del pago», queda redactado como sigue: «El pago se efectuará a través de las entidades colaboradoras, “incluido el Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos, que las tramitará por el mismo procedimiento que las ayudas comunitariasˮ. Una vez incorporada la aportación complementaria al presupuesto de la entidad colaboradora, ésta deberá efectuar los libramientos a favor de los correspondientes beneficiarios, por las mensualidades devengadas hasta esa fecha, en el plazo máximo de 15 días hábiles.» Cuatro. El apartado a) del artículo 7. «Justificación del cumplimiento de la finalidad de la subvención», queda redactado como sigue: «Certificación acreditativa de haber efectuado la incorporación a su presupuesto de la subvención recibida. “Además, en el caso del Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos, certificación acreditativa del ingreso económico que corresponde a cada institución educativa o coordinadora de consorcio de prácticas Erasmus, en función del número de movilidades que vayan a realizar.ˮ» Cinco. Se añade un nuevo párrafo a continuación del tercero, del artículo 8. «Revocación y reintegro de la subvención»: «En las ayudas complementarias gestionadas por el Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos se exigirá a la institución correspondiente, el reembolso que proceda de los fondos complementarios transferidos, en caso de que en el informe final Erasmus se detecte que se ha realizado un número inferior de movilidades a las señaladas en el contrato de subvención». Disposición final única. Entrada en vigor. La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 24 de mayo de 2013.–El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert Ortega. ### RESUMEN: El Gobierno inyecta 1,4 mill más al Erasmus, pasando a ser de 38,242 millones de euros.

La Audiencia Provincial de Las Palmas, Sección Sexta, ha remitido liquidación de condena de inhabilitación absoluta para el desempeño de las funciones de Intervención-Tesorería como funcionario de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, practicada en relación con la ejecutoria penal/expediente de ejecución número proc. origen: 0000003/2017-00, pieza separada número 1, y auto de 13 de febrero de 2017, por el que se acuerda la firmeza de la sentencia 000008/2016, de 25 de noviembre, a don Carlos Francisco Sáenz Melero, funcionario de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, subescala Intervención-Tesorería, categoría superior, con número de Registro de Personal ****470546 A3013, en los siguientes términos: «Que debemos condenar y condenamos a Carlos Francisco Sáenz Melero como criminalmente responsable de un delito continuado de malversación de caudales públicos al Ayuntamiento de Arrecife en concurso con un delito de prevaricación, a las penas de cinco años y tres meses de prisión y nueve años de inhabilitación absoluta.» Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y en el artículo 138.1.d) del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, la pena de inhabilitación absoluta impuesta judicialmente comporta para el afectado la pérdida definitiva de la condición de funcionario de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, y de acuerdo con las atribuciones conferidas por el Real Decreto 307/2020, de 11 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, Esta Ministra resuelve: Declarar la pérdida definitiva de la condición de funcionario de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, subescala Intervención-Tesorería, categoría superior, de don Carlos Francisco Sáenz Melero, de acuerdo con el auto de fecha 13 de febrero de 2017, que acordaba la firmeza de la sentencia 000008/2016, de 25 de noviembre, y la ejecutoria penal 0000003/2017-00, dictados todos ellos por la Audiencia Provincial de Las Palmas, con efectos de 12 de junio de 2017. Madrid, 3 de julio de 2020.–La Ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias San Sebastián.

Penas de 5 años de carcel y perdida de condición de funcionario para el interventor de Arrecife condenado por malversación.

La Audiencia Provincial de Las Palmas, Sección Sexta, ha remitido liquidación de condena de inhabilitación absoluta para el desempeño de las funciones de Intervención-Tesorería como funcionario de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, practicada en relación con la ejecutoria penal/expediente de ejecución número proc. origen: 0000003/2017-00, pieza separada número 1, y auto de 13 de febrero de 2017, por el que se acuerda la firmeza de la sentencia 000008/2016, de 25 de noviembre, a don Carlos Francisco Sáenz Melero, funcionario de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, subescala Intervención-Tesorería, categoría superior, con número de Registro de Personal ****470546 A3013, en los siguientes términos: «Que debemos condenar y condenamos a Carlos Francisco Sáenz Melero como criminalmente responsable de un delito continuado de malversación de caudales públicos al Ayuntamiento de Arrecife en concurso con un delito de prevaricación, a las penas de cinco años y tres meses de prisión y nueve años de inhabilitación absoluta.» Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y en el artículo 138.1.d) del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, la pena de inhabilitación absoluta impuesta judicialmente comporta para el afectado la pérdida definitiva de la condición de funcionario de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, y de acuerdo con las atribuciones conferidas por el Real Decreto 307/2020, de 11 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, Esta Ministra resuelve: Declarar la pérdida definitiva de la condición de funcionario de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, subescala Intervención-Tesorería, categoría superior, de don Carlos Francisco Sáenz Melero, de acuerdo con el auto de fecha 13 de febrero de 2017, que acordaba la firmeza de la sentencia 000008/2016, de 25 de noviembre, y la ejecutoria penal 0000003/2017-00, dictados todos ellos por la Audiencia Provincial de Las Palmas, con efectos de 12 de junio de 2017. Madrid, 3 de julio de 2020.–La Ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias San Sebastián. ### RESUMEN: Penas de 5 años de carcel y perdida de condición de funcionario para el interventor de Arrecife condenado por malversación.